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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 83, de 17/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 83
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 79
celebrada el jueves, 17 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender al pago de
obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades
públicas por la reducción o exención en los precios públicos por
servicioss académicos a alumnos de familias numerosas
correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 28-1, de 11 de enero de 2001.
(Número de expediente 121/000028.) . . . (Página
4195)
- Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por
importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el
pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los
titulares de varias fincas expropiadas en el parque nacional de
Doñana. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 35-1, de 9 de marzo de
2001. (Número de expediente 121/000035.) . . .
- Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad
(procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 37-1, de 23 de marzo de
2001. (Número de expediente 121/000037.) . . .
Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General
del Poder Judicial correspondiente a 1999.
- Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de la
Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia
correspondiente al año 1999. (Número de expediente 245/000002.) . . .
(Página 4212)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 4195)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender al pago de
obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades
públicas por la reducción o exención en los precios públicos por
servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes
a los cursos 1996/1997 y 1997/1998 . . . (Página
4195)
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guerra
Zunzunegui, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por
importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el
pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los
titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de
Doñana . . . (Página 4196)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Breva,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Lara
Carbó, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometido a votación el proyecto de ley de concesión de un crédito
extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el
pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades
públicas
por la reducción o exención en los precios públicos por servicios
académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los
cursos 1996/1997 y 1997/1998, es aprobado por 204 votos a favor y uno
en contra.
Sometido a votación el proyecto de ley sobre concesión de dos
créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas
(25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de
diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el
Parque Nacional de Doñana, es aprobado por 207 votos a favor.
Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente
del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo) . . .
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley
intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez
Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; señora
Julios Reyes; del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y señores
Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka
Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas defendidas anteriormente, siendo
rechazadas.
Asimismo se somete a votación el texto del dictamen de la Comisión,
que es aprobado por 172 votos a favor y 125 en contra.
Propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General
del Poder Judicial correspondiente a 1999 . . .
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la
Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia
correspondientes al año 1999 . . . (Página
4212)
En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen
los señores Rejón Geib, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso
Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A continuación se procede a la votación de las propuestas de
resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el
estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder
Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente
al año 1999.
Se levanta la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER AL PAGO DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACIÓN A LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS POR LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR
SERVICIOSS ACADÉMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS
CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998. (Número de
expediente 121/000028.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre
iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001
pesetas para atender al pago de obligaciones derivadas de la
compensación a las universidades públicas por la reducción o exención
en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de
familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/
1998. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
En este crédito extraordinario existe una enmienda de carácter
técnico que fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Se ha
producido una variación en la aplicación presupuestaria para su
adaptación técnica a la estructura de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 como consecuencia de la reorganización
administrativa llevada a término en el año 2000.
En Comisión algún grupo señaló que se había producido un cierto
retraso en la concesión de este crédito extraordinario. Quiero decir
aquí que, como conocen SS.SS., en el año 1975... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Guerra.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Repito que en el año 1995, a propuesta del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y aprobado por unanimidad de toda la Cámara,
se modificó la normativa referente a familias numerosas, en el
sentido de que se consideraba familia numerosa a aquella que tuviese
tres hijos o dos en el caso de que uno de ellos fuera incapacitado.
Por ello se tuvo que pedir a todas las universidades que enviaran la
relación de alumnos que pertenecían a familias numerosas. Yo entiendo
que esto se debió hacer por el Gobierno de entonces, pero en estos
momentos no es cuestión de señalar quién tuvo o no la culpa en este
tema. Posteriormente, con el cambio de Gobierno, se solicitó a todas
las universidades que remitieran al Ministerio de Educación -entonces
Educación y Cultura; hoy Educación, Cultura y Deporte- la relación de
alumnos que pertenecieran a familias numerosas. Una vez que este
proceso llegó a su término fue cuando se pudo iniciar la tramitación
de este crédito extraordinario. Crédito extraordinario, señora
presidenta, que tiene el debido dictamen del Consejo de Estado por lo
que solicitamos que se apruebe por esta
Cámara. Se remitió al Senado; fue allí donde se elaboró esta enmienda
de carácter técnico, pasó por Comisión, fue aprobada por unanimidad
de todos los grupos y hoy viene al Pleno.
Perdonen SS.SS. que haya intervenido, pero quería aclarar las razones
de este posible retraso del crédito extraordinario, pues aunque
parezca que lo estamos aprobando con algunos años de retraso, repito
que fueron las universidades quienes tenían que remitir la relación
de alumnos de familias numerosas.
Señora presidenta, espero que se apruebe por unanimidad este crédito
extraordinario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE DOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE TOTAL DE 4.246.984.705 PESETAS (25.524.892 EUROS), PARA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998, A LOS
TITULARES DE VARIAS FINCAS EXPROPIADAS EN EL PARQUE NACIONAL DE
DOÑANA. (Número de expediente 121/000035.)
La señora PRESIDENTA: Antes de votar el punto del orden del día que
acabamos de discutir, vamos a iniciar el debate del proyecto de ley
sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de
4.246.984.705 pesetas, para el pago de las cantidades derivadas de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de
diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el
parque nacional de Doñana. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de este proyecto
de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios, que tiene su
origen en una resolución del jurado de expropiación de Huelva que fue
recurrida, y se ha tardado cuatro años y medio en contar con una
sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La
Administración desistió en el año 1999 y los propietarios pidieron la
ejecución de la sentencia, que es el trámite que ahora llega con este
proyecto de ley. Se ha esperado, por tanto, a una sentencia firme del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha tardado cuatro años
y medio, y esa es la razón fundamental del retraso. En el año 1999
las dos partes recurrieron
y la Administración, a nuestro juicio correctamente, desistió
porque de haber ido al Supremo la diferencia habría sido mayor, ya
que todas las diferencias que se han sustanciado en el Supremo han
tenido siempre un incremento mayor. El Grupo Socialista considera que
se debe aprobar y esperemos que tenga el voto favorable unánime de la
Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Breva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará también a favor del
proyecto de ley pues consideramos que es de justicia el pago que se
hará a los expropiados porque es del año 1993, es decir, de hace ocho
años.
Nuestro grupo parlamentario ha considerado, sobre todo en lo relativo
a los parques nacionales, que lo que debe hacerse es llegar a
acuerdos voluntarios porque si hay unos propietarios o unos
municipios que tienen unas fincas en un estado de conservación tal
que merecen ser incluidos en los parques nacionales, no se puede
penalizar ni a los propietarios ni a los municipios, sino que debe
llegarse con ellos a acuerdos voluntarios para poder incluir estas
fincas en el patrimonio de los parques nacionales.
Señorías, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto ampliar el
número de hectáreas incluidas en los parques nacionales, pero siempre
mediante acuerdos voluntarios con la propiedad porque creemos que hay
que premiar, no castigar como hacía el Partido Socialista en otra
época, aquellas fincas, aquellos propietarios de esos municipios
cuyos terrenos han sido mantenidos en buen estado de conservación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos las votaciones.
Dictámenes de Comisiónes sobre iniciativas legislativas. Proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
8.229.849.001 pesetas para atender al pago de obligaciones derivadas
de la compensación a las universidades públicas por la reducción o
exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos
de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/
1998.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
205; a favor, 204; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre concesión de dos créditosextraordinarios por
importe total de 4.246.984.705
pesetas para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de
1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el parque
nacional de Doñana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
207; a favor, 207.
PRESIDENTA:
La señora Queda aprobado el citado proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE
TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO.) (Número de
expediente 121/000037.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma
del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de
su calidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo.)
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por los
integrantes del Grupo Mixto ¿van a intervenir tres? (Asentimiento.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Saura Laporta. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que continuemos con el
debate.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Doy también por defendidas las enmiendas de Xunta Aragonesista y paso
a exponer la posición de Iniciativa per Cataluña-Verds. En el debate
de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2001, sobre
medidas urgentes del mercado de trabajo expusimos por qué razón nos
oponíamos a la convalidación. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura. Señorías, estamos en
debate, ruego a los señores diputados que ocupen sus escaños o
abandonen el hemiciclo en silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Decía que en el debate de convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 5/2001 sobre medidas urgentes de la reforma del mercado
de trabajo Iniciativa per Catalunya-Verds se opuso fundamentalmente
por dos razones, de forma y de fondo. En primer lugar, estamos en
contra por razones de forma porque, a nuestro entender, una reforma
del mercado de trabajo necesariamente se ha de consensuar y concertar
con los agentes sociales. Esto no sólo no había sido así, sino que el
Gobierno en el proceso de negociación entre sindicatos
y patronal había amenazado con legislar unilateralmente si no había
acuerdo. Estamos en contra de que el Gobierno no negocie con los
sindicatos y de que éstos se enteren por el Boletín Oficial del
Estado de las medidas del Gobierno. En segundo lugar, por razones de
fondo que, explicábamos, tenían que ver con que esta reforma laboral
del Gobierno central no hace frente a los dos problemas más
importantes que hoy tiene el mercado de trabajo, la temporalidad y la
siniestralidad. No es sólo que no haga frente, sino que desnaturaliza
o pervierte algunos de los contratos que en estos momentos existen,
como el contrato de formación o el contrato a tiempo parcial, por lo
que avanzamos hacia un tipo de competitividad, disminuyendo costes
laborales o desregularizando el mercado de trabajo.
Desde ese punto de vista, nosotros hemos presentado toda una serie de
enmiendas que no han sido aceptadas en el trámite parlamentario en
Comisión. El contenido del proyecto de ley que hoy viene a este Pleno
sigue siendo el mismo que entró en este Parlamento, por lo que vamos
a votar en contra y a mantener nuestras enmiendas, especialmente
aquellas que hacen referencia a la adopción de medidas que eviten el
encadenamiento sucesivo y abusivo de la contratación temporal o que
propongan medidas fiscales para desincentivar la contratación
laboral.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Mixto Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado cuatro
enmiendas, tres de supresión y una de modificación, con la voluntad
de evitar la desregularización del mercado laboral. Nosotros
entendemos que es necesaria esta reforma laboral sólo para integrar
en el mercado laboral sectores con demostrada dificultad: jóvenes,
mujeres, parados de más de 40 años o personas con alguna problemática
específica. Además, la incapacidad de conectar bien, de soldar el
modelo educativo y el mercado laboral, la hacen aún más necesaria,
pero no como ustedes la han planteado y menos en la forma en que que
lo han hecho obviando los sindicatos.
En el caso de los supuestos contratos de formación se crea un mercado
laboral de segunda -y en ese sentido van algunas de nuestras
enmiendas- donde se puede abusar de la menor cobertura de la
Seguridad Social, la cotización, los salarios más bajos,
aprovechándose de los colectivos con dificultades. Era más clara y
daba mayores garantías la redacción del anterior Real Decreto, de 24
de marzo de 1995, otra desregularización que iguala, en definitiva,
el tiempo completo con el tiempo parcial. Ha de mantenerse en este
caso el 77 por ciento del tiempo parcial respecto al tiempo completo,
como también definía el anterior real decreto del ámbito laboral. Por
otra parte, el que las horas complementarias puedan llegar al 60 por
ciento desregulariza y deja sin sentido el contrato a tiempo
completo, reduce las diferencias entre contrato parcial y contrato
completo y desaparece la posibilidad de denuncia del trabajador del
pacto de las complementarias. Por todo lo expuesto, quedaba mejor
redactado y daba más garantías a los trabajadores el anterior real
decreto. Finalmente, teníamos una enmienda para la generalización de
la prevención de los abusos de la utilización del contrato temporal
porque habría que dejar claro que no sólo son los contratos y la
negociación colectiva a nivel general, sino que también están
afectados los de rango menor. Por todo ello, presentamos las cuatro
enmiendas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a
exponer brevemente la posición andalucista respecto a esta reforma
del mercado de trabajo.
Hay una primera enmienda que no se escribe, que se expone -ya se
expuso en Comisión-, que es una enmienda al fondo, al no haber
conseguido el consenso con los agentes sociales. Ayer conocimos los
datos de evolución de la EPA y hemos comprobado que ha habido un
importantísimo cambio de tendencia, tanto en la no disminución de
paro como en la creación de empleo, aunque Andalucía se ha comportado
de una manera muy distinta al resto de España. Hemos escuchado
palabras del ministro diciendo que esto justifica la reforma del
mercado laboral. Nosotros quisiéramos hacer una llamada de atención
sobre ese binomio de flexibilidad y estabilidad porque, ante la
recesión o el menor crecimiento económico y de empleo que viene, será
necesario garantizar mucho más la estabilidad. En ese sentido van
nuestras enmiendas relativas a no desvirtuar el contrato de
formación, a llegar a acuerdos con los agentes sociales y a
garantizar una indemnización mayor que la que se contiene en la
reforma. Ha sido aceptada en Comisión la enmienda de los andalucistas
respecto a que se considere como cuantía mínima de despido los 8 días
por año y que esa cuantía mínima pueda ser superada y defendida por
los convenios colectivos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por último, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este
proyecto de ley, ya que ninguna de ellas fue incorporada por la
Comisión al texto que hoy debatimos, aunque a nosotros nos resulta
curioso que alguna de las aceptadas sean copia del texto y de la
justificación ofrecidos en enmiendas del BNG, como sucede, por
ejemplo, en el caso de los incentivos de la contratación por empresas
del transporte, de la pesca y de la agricultura, que responde a
planteamientos de este grupo, como el Gobierno reconoció en
contestación a una pregunta nuestra.
Mantenemos la posición que manifestamos hace dos meses en el debate
de convalidación, de oposición a esta nueva contrarreforma del
mercado de trabajo. Dijimos y mantenemos que esta reforma laboral y
las que se anuncian en materia de pensiones y de negociación
colectiva suponen un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores,
a los derechos de la mayoría social en beneficio de una minoría.
Tenemos que añadir que estas medidas en nada favorecen la
competitividad, la economía productiva; en nada van a favorecer a
empresarios preocupados de crear empleo y generar riqueza. Buscar la
competitividad -lo dijimos una y otra vez- vía costes laborales no es
solución, simplemente se recortan los derechos de los trabajadores.
Se habla de los efectos positivos de la de 1997 para justificar esta
reforma. Quiero darles algunos datos referidos a Galicia. Son datos
tercos y no precisamente tranquilizadores. Hubo un aumento de la
eventualidad del 33,94 por ciento en 1997 a un 35 por ciento en el
2000, eventualidad que, como ustedes saben, influye en la
siniestralidad laboral. Hubo un empeoramiento de la calidad del
empleo juvenil. Actualmente, un 63 por ciento de los trabajadores
gallegos menores de 30 años tienen un contrato eventual. Por cierto,
hay una tasa de paro superior a la media estatal, a pesar de que la
tasa de ocupación es inferior al 49 por ciento, etcétera. Como ven,
todo muy lejos de los objetivos marcados en la cumbre de Lisboa.
Sobre las medidas concretas contempladas en el texto que ahora se
somete a nuestra consideración, diré que la tramitación en Comisión
siquiera ha sido capaz de suavizar algunas de las reformas contenidas
en el decreto-ley. El contrato de inserción, desnaturalizado para
extenderlo a inmigrantes y a otros colectivos excluidos, va a ser el
nuevo contrato basura de esta reforma. Para nosotros no es buena
forma de acabar con la explotación. Por otra parte, la desregulación
del contrato a tiempo parcial, que hará imposible la conciliación de
este tipo de contrato con el estudio o la vida familiar; el
abaratamiento del despido improcedente, camino de la legalización de
un despido libre, que en la práctica va existiendo cada vez más, y la
precarización del empleo en las administraciones públicas demuestran
claramente que con esta reforma no se pretende
crear empleo, sino crear empleo más barato, en peores condiciones y,
si se acercan tiempos de crisis, como parece, facilitar los despidos.
En eso nosotros no podemos estar de acuerdo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la
señora Julios. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas de mi grupo que permanecen vivas para el
debate en este Pleno.
La enmienda 166, al artículo primero apartado ocho, que regula la
contratación temporal de inserción en las administraciones públicas,
propone que se añada un nuevo párrafo porque entendemos que esta
modalidad de contrato no está suficientemente definida y creemos que
debe quedar asimilado al régimen jurídico análogo al de los contratos
formativos.
También mantenemos viva la enmienda número 187, al artículo primero
apartado nueve número 5, cuando dice que mediante los convenios
colectivos se podrán establecer requisitos adicionales dirigidos a
prevenir abusos en la utilización sucesiva de las contrataciones
temporales. Nosotros proponemos el cambio del término podrán por
deberán, porque entendemos necesario introducir de forma sistemática
valoraciones de estas situaciones de abuso de contratación temporal
por las dos partes, tanto por empresarios como por trabajadores, en
el contexto de los propios convenios colectivos, de la negociación y
de la concertación, intentando excluir de nuestro panorama laboral
esta problemática. La enmienda 188 también va dirigida a este mismo
artículo y punto. Es una enmienda de adición -no voy a leerla-, que
en la misma línea de lo dicho anteriormente intenta profundizar e
introducir algunas medidas preventivas o disuasorias de cara a los
posibles abusos de que estamos hablando.
La enmienda 189 la retiramos puesto que ha sido introducida en el
propio texto, al establecer que a través de la negociación colectiva
se puedan señalar los cauces por los cuales se transmite información
a los trabajadores relativa al traspaso de puestos temporales
a puestos indefinidos.
La enmienda 190, que también ha sido retirada, planteaba que se
eliminara el apartado que hacía referencia a las nuevas formas de
despido por causas objetivas, pues entendíamos que tal como estaba
redactado podía generar problemas injustificados, fundamentalmente en
el funcionamiento cotidiano de la Administración pública. Tal como ha
quedado redactado el texto quedan limitados los supuestos en donde
esas situaciones se pueden dar.
Por último, en las enmiendas referidas al bloque del programa ya en
sí de fomento del empleo, mantenemos viva la enmienda 191, que hace
referencia a la posibilidad de aplicar las bonificaciones
establecidas en este programa de fomento del empleo a los
trabajadores acogidos al régimen especial de autónomos, pues tal como
está redactado sólo pueden acogerse a ellas cuando realicen su
primera contratación indefinida si es que antes no han hecho ningún
tipo de contratación. Creemos que esto, de alguna forma, penaliza a
aquellos trabajadores autónomos que con anterioridad habían realizado
algún tipo de contratación, por ejemplo de carácter temporal. Nos
parece una contradicción que si a estos trabajadores las
circunstancias les permiten pasar de un tipo de contrato temporal a
uno indefinido no puedan acogerse a este programa de fomento del
empleo.
La enmienda 192 también la retiramos porque entendemos que ha sido
absorbida por el nuevo texto. Por el contrario, mantenemos la
enmienda 193, en la que planteamos que dentro de los grupos definidos
como colectivos de exclusión social que pueden ser contratados
acogiéndose al programa de fomento del empleo se incluyan tres
supuestos que no están ahora mismo reflejados en el texto. El primero
de ellos son las personas con enfermedades mentales, discapacidades
psíquicas, físicas o sensoriales que estén en situación de desempleo;
en segundo lugar, el de los emigrantes españoles que hayan retornado
y que por dificultades de inserción sociolaboral se encuentren en
grave situación de necesidad; y el tercero, el de los inmigrantes
refugiados o asilados políticos que encontrándose en situación
regular, por dificultades de inserción sociolaboral se encuentren en
grave situación de necesidad. Entendemos que estos tres supuestos
forman parte también de colectivos definidos como grupos de exclusión
social con dificultades de acceder al mercado de trabajo normalizado.
Mantenemos viva la enmienda 194, que propone añadir un nuevo punto al
artículo octavo.1.b) con relación a que se especifique lo que se
refiere a exclusiones de bonificaciones. Hay un apartado que hace
referencia a que quedarán excluidas aquellas contrataciones que
afecten a cónyuges, ascendientes o descendientes directos. Nosotros
proponemos que se añada un párrafo aclarando determinadas situaciones
que afectan de forma directa a las microempresas o a los trabajadores
autónomos, pues en las microempresas familiares suele jugar un papel
importante el cónyuge, fundamentalmente la mujer o algún otro
familiar directo, y en la medida que se efectúen los controles
pertinentes y quede asegurado que estos contratos se realizan dentro
del ámbito del artículo 1.o del Estatuto de los Trabajadores
entendemos que tampoco debiera penalizarse esta situación, porque de
alguna forma se trata de potenciar que afloren ciertos aspectos de la
economía sumergida que hoy por hoy persisten en este ámbito.
Por último, mantenemos viva la enmienda que hace referencia a la
incorporación de un nuevo artículo que va dirigido a que sean objeto
de deducciones en el IRPF las cotizaciones a la Seguridad Social
generadas por el empleo dentro del ámbito de actuaciones particulares
que impliquen servicios de carácter familiar o doméstico realizados
en el domicilio. Entendemos que es necesario empezar ya a introducir
en la normativa de este país elementos que normalicen el trabajo
doméstico en la economía informal. Hoy por hoy es una de las líneas
que destaca el Parlamento Europeo, que en un reciente informe sobre
la normalización del trabajo doméstico en la economía informal -se ha
visto en otros países también-, entre otras medidas dice que es
recomendable introducir deducciones fiscales en los servicios
domésticos como una fuente importante, que lo es, de nuevos puestos
de trabajo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz
tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, el debate de esta reforma del mercado de trabajo no ha
resuelto las dudas políticas que su presentación ha generado, no ha
incorporado ningún elemento de tranquilidad a los trabajadores ni ha
permitido una aproximación de posiciones que equilibrara una reforma
dictada evidentemente por la patronal, como más adelante trataré de
explicar. Tampoco hemos recibido una explicación solvente sobre la
urgencia de esta reforma que justificara una irrupción tan impetuosa
en la negociación entre los agentes sociales, cuando todavía no se
habían agotado las posibilidades de diálogo; antes al contrario, han
aparecido razones para creer que el Gobierno pretendía resolver por
la vía de un expediente legislativo un compromiso electoral con la
patronal, algo así como un pago a cumplir.
La coincidencia de esta ruptura de la negociación social en un
contexto de ralentización del ciclo económico, no augura una
perspectiva de equilibrio social o una estrategia de esfuerzos
compartidos. Cuando las cosas han ido bien ha sido para una minoría,
y cuando se apuntan dificultades las padecen una mayoría. Después de
escuchar las opiniones del Partido Popular en este debate y el
período que ha cubierto, tenemos bastantes razones para esperar en un
futuro cercano una agenda sociolaboral bastante lesiva para los
trabajadores y trabajadoras. La temporalidad se articula como un
principio que organiza, o sea que se articula la voluntad de la
derecha; un régimen de despidos muy accesible y prácticamente
gratuito, reduciendo incluso derechos de información; un modelo de
baja renta; una contratación sin derechos para inmigrantes; un
principio de disponibilidad
del tiempo por parte de la empresa, y por tanto un modelo de
pensiones en el que las fuerzas políticas mayoritarias no garantizan
el mantenimiento de los niveles de contribución a través de cuotas de
los empresarios. Esta reforma se convierte en el primer paso de una
regulación desequilibrada del mercado de trabajo. El Grupo Popular ha
sido opaco a cualquier influencia de las sugerencias sindicales y
propuestas de los grupos políticos que permitieran equilibrar en
derechos y contribuciones las responsabilidades de empresarios y
trabajadores. Intentaron convencernos de que la reforma era la
propuesta de los sindicatos, y cuando comparecieron en la ponencia
tuvimos oportunidad de ver que esta reforma -cuando entró en el
Congreso- era en un 90 por ciento la deseada por la patronal, y sigue
siendo una receta patronal insolidaria para el mercado de trabajo,
sin que la derecha haya sido capaz de definir un compromiso o un
esfuerzo para los empresarios.
Las enmiendas que ha defendido Izquierda Unida y que mantiene hoy,
salvo la enmienda número 84 que el Partido Popular ha tenido a bien
aceptar, tienen el objetivo de imprimir un giro a estas
circunstancias tratando de equilibrar el mercado de trabajo, reducir
el exceso de temporalidad e incorporar algún elemento en el mercado
de trabajo que permita a los trabajadores algún dominio sobre el
tiempo de trabajo, apropiado por el empresario en esta reforma.
Señorías, el combate contra la temporalidad es ya un debate de modelo
social y de modelo laboral. Hace tiempo que la temporalidad ha dejado
de ser el mecanismo de colchón social en tiempo de crisis agudas de
empleo para pasar a ser un modelo estructural de comportamiento
social. La primera reforma se justificó diciendo que era bueno que un
joven llevara algunas pesetas a casa; hoy el joven motero repartiendo
pizzas es ya una estampa fija de una sociedad incapaz de proveer
empleos de calidad y con derechos. Esta reforma amplía la
temporalidad y amenaza la estabilidad a contratos públicos,
investigadores universitarios y alienta especialmente la abusiva
utilización del contrato formativo o la precariedad de contratos de
la Administración. Tras la persistente renuncia del Partido Popular a
encarecer la temporalidad y a mejorar las ayudas a la contratación
indefinida, se encuentra la defensa de un modelo social basado en la
precariedad, la renuncia a estabilizar un saber hacer, un
conocimiento específico por parte de los trabajadores y una evidente
intención de impedir la solidaridad. La desnaturalización del
contrato parcial y la manipulación de este contrato, especialmente
a partir de la utilización abusiva por parte del empresario de la
duración horaria del trabajo, extiende esta lógica de temporalidad
acabando con cualquiera de las virtudes de este contrato en materia
de conciliación de vida laboral y doméstica y la posibilidad -en este
caso imposibilidad- de realizar dos trabajos que permitan un modelo
de renta razonable. La negativa dela derecha a recuperar el límite de
jornada para este tipo
de contrato, evitando la desaparición que se propone de la distinción
entre tiempo completo y parcial y la equiparación de derechos, supone
la confirmación de una nueva contratación abusiva, una nueva merma de
derechos. Este modelo se cierra con un nuevo regalo al empresario: el
contrato de formación se convierte en un escandaloso instrumento de
manipulación de los recursos humanos en la empresa y una declaración
de la conversión de la inmigración en mano de obra basura a lo largo
de su vida laboral.
Hasta hoy, un espacio parecía capaz de limitar -cierto que cada vez
menos- este modelo de temporalidad. Nos referimos al sector público,
que recibe con esta reforma un severo golpe. Frente al aumento de la
temporalidad en el sector público, el 15 por ciento en 1996 y el 20
por ciento en la actualidad -proceso ligado a la amortización de
empleo público-, se crea un contrato de inserción temporal sin
duración máxima para la Administración. El objeto del mismo es
demasiado general, realizar una obra de servicio de interés general o
social como para delimitar la causa del contrato, y no está claro el
salario que deberá aplicarse a los trabajadores contratados bajo esta
modalidad; pero lo más importante es que no va a contribuir a reducir
la temporalidad en las administraciones públicas. En una palabra, no
es difícil interpretar que esta reforma no sólo no confronta con la
temporalidad sino que ha eliminado alguno de los obstáculos que
impedían su generalización como modelo social y como principio
regulador de todo el mercado de trabajo. No deseamos ser agoreros de
desgracias futuras, pero deseamos insistir en que probablemente la
urgencia de la derecha ha tenido más que ver con regalos a la
patronal y con la preparación del mercado de trabajo para tiempos
peores que con otra cosa.
Señorías, esta reforma establece una nítida fractura entre dos
modelos sociales, el auspiciado por la derecha y el defendido por la
amplia cultura de la cohesión representada por fuerzas sociales y
políticas. Las fronteras políticas entre derecha e izquierda
encuentran en esta reforma una evidente nitidez y determinan una
notable preocupación social. La agenda laboral que propone la derecha
no impulsa derechos, cohesión y renta digna sino que hace
precisamente todo lo contrario. Señorías, ¿tanto centrismo para esto?
El equilibrio y la mesura política no pueden significar otra cosa que
ausencia de tensiones sociales, esfuerzos de solidaridad
y estrategias de cohesión. Esta reforma cancela esta perspectiva.
Ustedes han traspasado el dominio del mercado de trabajo a una
desregulada decisión empresarial que camina en la dirección de
tensión, apropiación y debilidad de derechos laborales. En suma, es
una reforma que no será eficaz para crear empleos, que creará
tensiones añadidas y que endurecerá la negociación de convenios,
único espacio que hasta el momento dejan ustedes a los trabajadores.
Para ser coherentes,
quizá el siguiente paso que nos anuncien sea precisamente alterar esa
negociación colectiva.
La derecha excluye a los trabajadores del campo de las reglas de
juego, limita o reduce su amparo en una legislación que permita su
progreso y les pone a disposición patronal sin compensación alguna.
En una palabra, cualquier regla basada en el esfuerzo compartido
desaparecerá del mercado de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ruiz, le ruego vaya
concluyendo.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Acabo rápidamente.
Estamos evidentemente ante una legislación que se modificará en
cuanto una alternativa política lo permita, en la medida que ustedes
han agotado en esta materia su capacidad de diálogo. Señorías, ha
vuelto la derecha que da miedo y crea preocupaciones. Los electores
lo notarán y algunos lo han notado ya. No es que sea desesperadamente
lento que la sociedad española les comprenda, es que les han
entendido enseguida y no quieren caminar por la vía de tensión que
ustedes proponen en este ni en otros ámbitos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui. (El señor
Campuzano i Canadés pide la palabra.)
Señor Campuzano, el Grupo Parlamentario Socialista tiene enmiendas y
en principio era el señor Jáuregui quien tenía que defenderlas. En
cualquier caso, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
intervendría en fijación de posición.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, es que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también tiene sus
enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): En la lista de enmiendas que
yo tengo no aparece la relación de enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Me extraña, puesto que hemos mantenido
vivas las que no fueron aceptadas en Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): En cualquier caso, vamos a
comprobarlo. (Pausa.)
Los servicios de la casa dicen que no hay escrito de mantenimiento de
enmiendas, por lo que a continuación corresponde la defensa de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, esta ley se va
a aprobar en un suspiro. Quiero recordar -se lo decía ahora al señor
presidente- que en ponencia estuvimos 30 minutos y en Comisión tres
horas, que hemos presentado aproximadamente 40 enmiendas y ni una
coma se ha aprobado de alguna de ellas. Ahora dispongo de unos
minutos para defenderlas en Pleno, pero no lo voy a hacer. No voy a
entrar a hacer una defensa técnica y pormenorizada de las enmiendas,
pues creo que estamos ante un debate político, un debate
profundamente ideológico.
Señorías, al comenzar el nuevo siglo, la economía surgida de la
revolución tecnológica y de la globalización está alumbrando una
nueva sociedad laboral, un nuevo modelo de trabajo y de relaciones
laborales. El mercado es flexible y la empresa también tiene que
serlo, se dice, y de la flexibilidad surge un listado enorme de
exigencias relacionadas con la forma de trabajo: facilidad para
contratar y para despedir, mínima burocracia para la contratación,
plena capacidad de disponibilidad del empresario sobre la jornada,
sobre condiciones de trabajo, máxima movilidad ocupacional geográfica
y mínimos costes laborales y sociales para competir mejor así en la
globalización. Esa exigencia de flexibilidad es lógica. El listado
podría ser infinito, pero si aportamos sólo un punto de vista
economicista a las relaciones laborales, el corolario será la pérdida
de la seguridad y de la estabilidad y la depauperación de las
relaciones laborales mismas. Máxima flexibilidad y máxima
desregulación son dos tótems que abanderan hoy una ideología, una
posición política a la hora de enfocar este delicado problema, pero a
cambio el empleo se empobrece, se devalúa la relación laboral, crece
el subempleo y la precariedad, la siniestralidad y el dualismo
social, una vida laboral estresada y compulsiva y un abandono de las
tareas familiares porque la agenda laboral del padre y de la madre no
permite criar a los hijos. Este es el debate, señorías. La ley que
hoy analizamos entra de lleno en esta ecuación difícil y
contradictoria que la nueva sociedad laboral nos plantea.
El Gobierno, señor ministro, ha optado y ustedes también. Hoy,
señores diputados de otros grupos parlamentarios, nos retratamos
todos ante una ley que -esto es un tanto decepcionante-, a pesar de
su importancia, a pesar de que afecta a la vida de tantísimos
españoles, pasa desgraciadamente como un suspiro en el monotemático
panorama político de nuestro país; sólo se habla de Euskadi. Sin
embargo, es tan importante porque el mercado laboral de
aproximadamente 15 millones de españoles sufre una serie de
anomalías, sufre una serie de problemas que el Gobierno -creo yo-, ha
querido corregir después del fracaso del diálogo social. Permítanme
que se los recuerde: 32 por ciento de eventualidad frente a algo
menos de la mitad en Europa, siete de cada diez de nuestros jóvenes
son trabajadores precarios, sólo un 8 por ciento de trabajo a tiempo
parcial frente a un 38 holandés o un 20
largo de media en la Unión Europea; una subcontratación desaforada
que crece y junto a otras causas genera una altísima siniestralidad
laboral; un fenómeno de externalización laboral hacia el teletrabajo
y hacia los autónomos forzosos que expulsan del derecho del trabajo
al derecho mercantil a miles de trabajadores cada día; una fuerte
pérdida de poder adquisitivo en nuestros salarios, que es comprobable
en función de que el incremento de la inflación está por encima de
las previsiones tanto en salario mínimo como en muchísimos convenios
que no tienen cláusula de revisión, que no pueden aplicarla o en los
funcionarios; una tasa de actividad en España todavía baja -cinco o
seis puntos por debajo de la Unión Europea-; una grave discriminación
en el mercado laboral con las mujeres, porque hay más paro femenino y
hay peores condiciones de trabajo para las mujeres; una gran rigidez
geográfica en el país, con provincias que demandan trabajo, porque no
tienen paro, y provincias con más del 20 por ciento de paro que no
mueven sus trabajadores parados. Dicho en cuatro palabras: altísima
temporalidad, gravísima siniestralidad, mucho subempleo y un dualismo
sociolaboral exagerado.
Pues bien, señorías, la reforma laboral del Gobierno, me atrevo a
afirmarlo y espero que el tiempo de esta legislatura permita que
podamos comprobar quién acierta, señor ministro, no va a corregir
ninguna de estas anomalías, de estas graves injusticias de nuestro
mercado laboral. Es más, intuyendo lo que se deriva de los
planteamientos del Gobierno sobre negociación colectiva, me atrevo a
vislumbrar que estos problemas pueden seriamente aumentar en los
próximos años.
La reforma del Gobierno en primer lugar es consecuencia del fracaso
del diálogo social, un fracaso que también es atribuible al Gobierno
porque esta regla que permite atribuirse el éxito del acuerdo y
atribuir el fracaso -cuando se produce- a los agentes sociales no es
una regla justa. Se ponen las medallas cuando firman un acuerdo de
pensiones o cuando nos rememoran el acuerdo de 1997, pero no son
capaces de decir que este acuerdo también es atribuible al fracaso
del Gobierno porque el Gobierno, señores diputados, directa o
indirectamente ha sido protagonista de esta negociación.
La reforma es además una reforma contestada sindicalmente. Aceptando
la legitimación del Gobierno para intervenir cuando el diálogo
finaliza sin acuerdo, es una reforma que interviene en parte y que
provoca una contestación del mundo sindical que hace que esta reforma
laboral sea contestada sindicalmente y en el terreno de la fábrica,
como suele decirse. Por tanto, ese efecto balsámico que tienen los
acuerdos sociales para las relaciones laborales no se va a producir.
Suele decirse en el argot que más vale un mal acuerdo que una buena
ley; pero, es que además la ley no es buena porque -veamos- queremos
reducir la temporalidad y para ello reducimos el coste del despido de
los fijos como
gran panacea y gran reivindicación de los empresarios, encarecemos un
poco el contrato eventual con una pequeña indemnización y
establecemos una fuerte indemnización que estimule la contratación
estable. Pero, señorías, esta política ya la hemos experimentado
grosso modo y no ha bajado la temporalidad. ¿Por qué -pregunto- no se
ataca la causalidad en la contratación temporal? ¿Por qué no se ponen
límites al encadenamiento de los temporales en un mismo trabajador al
que le hacen sucesivos contratos eventuales de diferente concepto
para prolongar en abuso de ley, en fraude de ley, la contratación
temporal a un mismo trabajador o por qué no evitamos la concatenación
de contratos en un mismo puesto de trabajo a varios trabajadores, lo
que también es un fraude de ley? ¿Por qué no encarecemos de verdad
-si de encarecer se trata-, y no con tan pequeña indemnización la
rescisión de los temporales? ¿Por qué se crean nuevas figuras de
contrato temporal, como se ha hecho con la formación, extendiendo ese
contrato o con el nuevo contrato de inserción? ¿Cómo se corrige la
temporalidad? ¿Cómo se baja la eventualidad, si se crean nuevas
figuras de contratación temporal?
Ocurre lo mismo con la subcontratación. Sabemos que es causa
principal de la siniestralidad, sabemos que a través de su abuso se
externalizan relaciones laborales, tal y como decía antes, expulsando
al derecho mercantil a trabajadores que son dependientes. Entonces,
¿por qué no se ataca el fraude de ley en la subcontratación? ¿Por qué
no se ataca la puesta a disposición ilegal de trabajadores desde las
contratas a la empresa principal? ¿Por qué no se aumenta la
responsabilidad solidaria del empresario principal, cuando en una
sucesión encadenada de subcontrataciones se exoneran de
responsabilidades, por ejemplo, en seguridad laboral? Señorías,
¿recuerdan el contrato basura del año 1994? Se trataba de un contrato
de formación para jóvenes sin experiencia laboral. Ciertamente, era
un contrato de trabajo de bajo coste, porque pretendía estimular la
contratación de los jóvenes en paro, pero ahora en plena expansión
económica ustedes lo extienden...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jáuregui, le ruego vaya
concluyendo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Me queda todavía un rato, señor presidente.
(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Qué
quieren, que no hable, que no defienda las enmiendas? ¿Esta es la
manera de realzar el debate parlamentario? (Aplausos.) Le pido un
poco de flexibilidad, señor presidente.
Por eso, señorías, les pido que ustedes comprendan que la extensión
del contrato de formación a excluidos sociales, a minusválidos, a
inmigrantes, cualquiera que sea su edad, no es un contrato basura,
sino prácticamente una forma de neoesclavizar las relaciones
laborales, porque si son las empresas las que están demandando
hoy a trabajadores inmigrantes, ¿qué razón hay para estimular
su contratación mediante la reducción de sus costes? Así podríamos
seguir con otros ejemplos de esta reforma. El contrato a tiempo
parcial es una exageradísima concesión al empresario para disponer
del horario, del cuánto, del cuándo y del cómo en la forma de
realizar el trabajo. Se ha incorporado una nueva figura de despido
objetivo a entidades públicas y a ONG; cuando no tengan partida
presupuestaria se puede despedir y esta es una medida discrecional,
en nuestra opinión, porque basta con no pedir la subvención
correspondiente para rescindir miles de contratos. Y luego muchas
ausencias, nada sobre movilidad geográfica de nuestro mercado
laboral, nada para conciliar más y mejor trabajo y familia, nada para
vigilar y mejorar las relaciones laborales, nada para luchar contra
la discriminación de la mujer en la vida laboral, nada para evitar
las horas extraordinarias o para reducir la jornada que favorezca el
empleo.
Señorías, existe un debate en toda Europa sobre relaciones laborales,
preocupados por la calidad del empleo. Schröder acaba de plantear en
Alemania la necesidad de fortalecer las facultades de los comités de
empresa; Jospin ha elevado su voz frente a los despidos masivos,
planteando la posibilidad de que las empresas tengan que asumir
responsabilidades; toda la Unión Europea está debatiendo sobre la
calidad del empleo, sobre mejorar las relaciones laborales para
extender el derecho laboral a los teletrabajadores, para desarrollar
las responsabilidades de las empresas con su entorno social o
medioambiental; en toda Europa se abre una nueva ingeniería social
sobre jornada laboral, sobre mujer y trabajo, sobre trabajo y
familia, sobre trabajo y vida mientras en España se devalúa y se
empobrece la relación laboral.
Voy terminando, señor presidente. Yo sé que tienen ustedes un
argumento que se utiliza contra nosotros con frecuencia: ¡Y tú más!,
se nos suele decir, porque en el año 1985, efectivamente, el Partido
Socialista introdujo la temporalidad en el país. Quiero recordarles
que fue la consecuencia de un contexto que ustedes tienen que
recordar, porque la reconversión industrial que España abordó tarde
desde el año 1983 y una explosión demográfica nos colocaron con tres
millones y pico de parados y hubo que incorporar flexibilidad en la
contratación. Y en 1994, después de una crisis tremenda para el
empleo en los años 1992/1993, corta pero durísima en términos de
empleo, tuvimos que tomar una medida porque el 50 por ciento de
nuestros menores de 25 años no encontraba trabajo, y tuvimos que
crear un contrato, ciertamente barato, para que las empresas
estimularan la contratación. Pero yo les pregunto si hoy, en el año
2001, después de siete años de crecimiento económico y creciendo,
como estamos creciendo, sostenidamente, es necesario hacer una
devaluación de las relaciones laborales. Esto explica nuestra crítica
y esto -creoyo- aborta lo que suele ser el argumento de contrario,
del: ¡Y tú más!, que tan frecuentemente escuchamos. Hoy hay 15
millones de razones, las de 15 millones de trabajadores españoles,
para mejorar el empleo, no para empeorarlo.
Termino. Creo, señorías, que el rechazo de nuestras propuestas ha
sido -lo considero así- un desprecio notable al debate parlamentario,
porque no ha habido posibilidad alguna de discutir una sola de las 40
enmiendas...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jáuregui, le recuerdo
que ha consumido mucho más del tiempo de que disponía.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Me quedan dos minutos, señor presidente.
Estas enmiendas, por otra parte, recogían la jurisprudencia del
Tribunal Supremo sobre todos los problemas que hemos planteado. Su
apuesta por esta reforma, presidida por un afán desregulatorio y
flexibilizador, coloca la regulación laboral española y a su grupo en
la posición neoliberal más clásica en el debate ideológico sobre esta
materia. Creo que su reforma es regresiva y que nos coloca a todos
ante el mercado laboral más pobre y más injusto de la Unión Europea,
porque que el mercado regula la actividad económica, señorías, para
mí es evidente, pero que la política y el diálogo social más
interventor deben regular la sociedad laboral no debiera serlo menos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señor ministro, señorías.
Voy a fijar la posición del Partido Nacionalista Vasco,
fundamentalmente en la no aceptación de la enmienda número 56, que
proponíamos incluir como artículo nuevo en el capítulo II del
proyecto de ley de relaciones laborales. Para nosotros esta enmienda
presentaba un doble contenido. El primero era una salvaguarda
competencial en el sentido de considerar que el programa del Estado
resulta independiente de lo que establezcan las comunidades autónomas
en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción
económica, caso en el que estaría la Comunidad Autónoma del País
Vasco. El segundo contenido suponía un mandato legal para que la
Administración del Estado transfiera la gestión de ese programa a las
comunidades autónomas que conjugan en sus estatutos la competencia de
ejecución de la legislación laboral con la de gestión del régimen
económico de la Seguridad Social, caso en el que se encontrarían las
comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña.
Nuestra enmienda, nuestra posición, tenía un evidente sentido
reivindicativo ante el carácter consolidado que va adquiriendo la
estrategia del Estado para reservarse la ejecución de las políticas
activas del empleo, obviando la competencia autonómica y perpetuando
la presencia del Inem, sin realizar debate alguno directo sobre lo
justificado de su propia existencia. La trayectoria de estos años
demuestra que se trata de una actuación que progresivamente va
aumentando en el Estado, a la vez que se niega a incorporarlo a los
procesos transferenciales. Desde el punto de vista de la conexión con
la Seguridad Social, la mera presencia del mecanismo de la
bonificación ofrece de nuevo al Estado una coartada perfecta para
retrasar el debate transferencial, a cargo del retraso mismo que se
atribuye a la materia de la Seguridad Social.La bonificación en cuota
empresarial es un mecanismo clásico, con antecedentes hasta el año
1970, que incorpora la referencia de un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional en el que aparece, bajo la cita «a exenciones,
bonificaciones y reducciones de las cuotas», como incardinable en la
competencia del Estado, cuando afecte al patrimonio único de la
Seguridad Social, o en la competencia de las comunidades autónomas
cuando afecte a su competencia de ejecución de la legislación
laboral.Nosotros avanzamos en una enmienda la referencia a la
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de
gestión del régimen económico de la Seguridad Social, junto con la
citada de ejecución de la legislación laboral, que consideramos más
propia en este caso dado que la aplicación de la técnica
bonificatoria parte de una ejecución del presupuesto del Inem en
resoluciones de este organismo, que sólo se materializan
instrumentalmente a modo de compensaciones de efectos económicos los
servicios de la Seguridad Social, como lo prueba la propia regulación
del programa al referirse a la financiación con cargo al Inem y los
antecedentes de créditos extraordinarios que se han aprobado en
pasados ejercicios con cargo a remanentes de tesorería del Inem, otra
vez, para hacer frente al pago de costes de bonificaciones de la
Seguridad Social y regularizar correctamente la imputación contable
en cada caso.
Otra cuestión a considerar es la evolución que está teniendo el uso
de este tipo de incentivos por razones estrictamente referidas a las
fuentes de financiación, de donde vamos a ver que se deriva una nueva
vía de acercamiento a la Seguridad Social y una expectativa de futuro
crecimiento de este programa al incrementarse los argumentos que
permiten al Estado mantener su gestión centralizada. En términos de
gasto, lo que el Estado aplica a este programa supondrá más del 50
por ciento del total que se destina en todo el Estado a políticas
activas de empleo. Este tipo de salida incrementa enormemente el
potencial financiero destinado a políticas activas, garantizando al
Estado la gestión centralizada el hecho de que el origen de fondos se
encuentre
en la caja única de la Seguridad Social, a la que pertenecen, según
cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las cuotas de
empresarios y trabajadores por la contingencia del desempleo.
Asimismo, el Gobierno del Partido Popular ha ido más lejos mediante
el Real Decreto-ley 5/1999, convalidado con renuncia expresa a su
tramitación como ley ordinaria, por el que se modificó el artículo
206 de la Ley general de la Seguridad Social, incluyendo en la acción
protectora por desempleo las competencias de gestión de las políticas
activas de empleo que se desarrollan por la Administración general
del Estado o por la Administración autonómica correspondiente, de
acuerdo con la normativa de aplicación.
He aquí de nuevo otra razón para nuestra oposición. De otro modo,
todo esto es Seguridad Social y ahora, ya sin problemas legales de
cobertura para el desvío de fondos, encima con muchas coberturas
dialécticas -como las recomendaciones de la Unión Europea para
sustituir políticas pasivas por activas o el propio efecto
multiplicador del incremento de fondos para atender al problema del
desempleo- que acallan otras dimensiones de debate más oscuras, como
las referentes a la congelación del cuadro de prestaciones ordinarias
que perciben los desempleados, la pérdida de argumento de reducción
de los costes de la Seguridad Social que reclaman las necesidades de
flexibilización del mercado de trabajo o el fraude encubierto al
espíritu del Pacto de Toledo que, aun no comprendiendo a la acción
protectora del desempleo directamente, es claro que uno de sus
fundamentos principales se refiere a la separación de fuentes de
financiación, las contributivas para sus exclusivas prestaciones y
las impositivas para las prestaciones universales, caso del derecho
al trabajo. En definitiva, estamos ante una trayectoria de un enorme
desorden en todo, que fácilmente el Estado acaba conectando con la
indefinición del sistema de la Seguridad Social y que, sin embargo,
va ganando en claridad hacia un panorama en cuya foto final no
aparecen con nitidez las comunidades autónomas.
Pedimos, por tanto, que se modifique el esquema actual en el que la
Administración del Estado, defraudando la Constitución y los
estatutos de autonomía a nuestro entender, sigue siendo el gestor
público de la mayor parte de fondos, en cantidad y calidad, de la
acción de las políticas activas que se realizan en el Estado español.
Pedimos al Gobierno que deje de vender la imagen de que las políticas
activas del empleo las gestionan las comunidades autónomas, porque no
es verdad; en su mayor parte, a través de este programa de
bonificaciones, las sigue gestionando centralizadamente el Ministerio
de Trabajo, como muchas otras cosas. No es de extrañar, por tanto, y
no extrañará a SS. SS., que el Gobierno vasco haya rechazado hasta la
fecha las ofertas que le ha hecho el Gobierno del Partido Popular
sobre la transferencia del Inem porque -y lo dicho hasta ahora es un
botón de muestra- se la
ofrecen, financiera y funcionalmente, tan trucada como rebajada.
Hace unos días, el Banco de España incidió en la implicación de la
política económica sobre las políticas sociales, y entre sus
consideraciones incluyó la recomendación de sujetar los elevados
costes de gestión que entendió tiene el programa de fomento del
empleo. Hoy lo gestiona el Ministerio de Trabajo, el Inem y la
Seguridad Social.
Por todo ello, el Partido Nacionalista Vasco votará en contra de esta
ley. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, abordamos por cuarta vez en estos dos meses el debate
alrededor de la reforma laboral que el Gobierno puso en marcha a
principios de este año. En estos debates ya hemos tenido ocasión de
discutir a fondo sobre las causas que llevaron al fracaso del diálogo
social, sobre la necesidad que el Gobierno tuvo de plantear esta
reforma de manera unilateral y sobre el análisis que los diversos
grupos parlamentarios hacíamos de las propuestas que se nos
planteaban en esa iniciativa. Creo que todos los grupos, en su día
-quizás sea bueno que insistamos-, valoramos negativamente el modo en
la que la reforma había nacido. Hicimos elogios de lo que había sido
la pasada legislatura en materia social y laboral, que se había
caracterizado por un amplio acuerdo entre el Gobierno y los agentes
sociales y que nos había permitido desarrollar una política de
creación de empleo que, en términos generales, podemos calificar de
positiva.
Desde la perspectiva de Convergència i Unió, el Real Decreto-ley de
reforma del mercado de trabajo que nos planteaba el Gobierno nos
parecía positivo en la medida en que profundizaba en los conceptos,
en las ideas y en las políticas que se habían iniciado en 1993, que
se habían confirmado en 1996 y muy especialmente en la reforma de
1997. En el caso específico de Cataluña, la reforma de 1997 había
supuesto una importante creación de empleo y una significativa
reducción de la temporalidad -alrededor de cinco puntos-; además, la
creación de empleo fue especialmente significativa entre el colectivo
de mujeres. Lo que planteaba el Gobierno nos parecía positivo porque,
en la medida en que consolidaba el contrato de fomento de empleo y la
política de bonificaciones, introducía por primera vez medidas
específicas -si ustedes quieren- en la lucha contra la temporalidad y
potenciaba la utilización del contrato a tiempo parcial, respondía a
los objetivos que Convergència i Unió se podía plantear en materia de
empleo. En el debate de convalidación del real decreto
afirmábamos que sería bueno recuperar el consenso con los grupos
sociales, y hubo una experiencia parlamentaria que parece positiva:
la comparecencia de representantes de Comisiones Obreras, de UGT y de
CEOE y Cepyme, en el marco de la ponencia parlamentaria, que ha
servido para ilustrar al conjunto de los grupos de la Cámara sobre
aspectos diversos de la reforma laboral. También apuntábamos nosotros
que ese trámite parlamentario debería servir, fundamentalmente, para
mejorar aspectos de la propuesta del Gobierno que a nuestro grupo no
le satisfacían. Hoy, sobre ese conjunto de 24 enmiendas que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó, podemos decir
que 10 de ellas se han aceptado o transaccionado con el Grupo
Popular. Son enmiendas que, sin romper con la filosofía de fondo que
plantea el real decreto, introducen importantes mejoras y me gustaría
destacar algunas. En primer lugar, la introducción de una mayor
flexibilidad en los permisos laborales por maternidad en los
supuestos de nacimiento de bebés prematuros, una iniciativa que yo
creo que todos los grupos de la Cámara comparten y que fue objeto de
un debate monográfico a raíz de diversas proposiciones de ley que los
grupos parlamentarios presentamos. En segundo lugar, la posibilidad
de la reducción de las horas complementarias supletorias en el
contrato a tiempo parcial cuando concurran determinadas
circunstancias objetivas, como razones familiares, de formación o la
recepción de otro contrato a tiempo parcial. Nuestro grupo manifestó
su preocupación porque la nueva regulación del contrato a tiempo
parcial estableciese una excesiva flexibilidad desde la perspectiva
de las personas trabajadoras y esa posibilidad de renuncia a las
horas complementarias que introducimos configura de una manera
diferente esa posible mala utilización de las horas complementarias
en el contrato a tiempo parcial.
En tercer lugar, nos preocupaba que la ampliación de colectivos que
se pudiese beneficiar como fórmula de iniciación en el mercado de
trabajo de los contratos de formación para el empleo convirtiesen la
figura del contrato de formación en una fórmula exclusivamente de
abaratamiento de la mano de obra y de captación para un mercado de
poca calidad para los trabajadores extranjeros y nos parece que las
enmiendas que se han introducido con el apoyo del Grupo Popular
pueden evitar esas perversiones. En concreto queda muy claro que el
contrato de formación va a ser para trabajadores desempleados y en el
caso de los trabajadores extranjeros desempleados, para acreditar la
formación y la experiencia necesaria, y por tanto las posibilidades
de abuso de una utilización mal orientada de ese contrato para
trabajadores extranjeros, la ley lo deja bastante claro.
Introducimos, por tanto, una fórmula que puede permitir una mayor
inserción en el mercado de trabajo de colectivos con dificultades. Es
cierto que la dimensión formativa del contrato de formación queda
desdibujada,
pero creo que la objetivación de los colectivos que hemos
introducido parece correcta, desde nuestro punto de vista.
En cuarto lugar, hemos apostado por reforzar, con mandatos expresos,
la negociación colectiva como mecanismo para combatir la precariedad
del mercado de trabajo, y la experiencia de Cataluña nos demuestra
que quizás el principal instrumento para luchar contra la precariedad
en el mercado de trabajo no lo constituyan reformas del Estatuto de
los Trabajadores, sino la incorporación en el ámbito de la
negociación colectiva de estos mandatos. Hace pocos días veíamos en
la prensa que una importante empresa pública, en un acuerdo con los
agentes sociales, había apostado por la conversión de un número muy
importante de contratos temporales en indefinidos. Esa nos parece que
es una línea en la que debemos profundizar, y luego haremos alguna
mención a la próxima discusión sobre la negociación colectiva.
Finalmente también se introducía -para claridad y tranquilidad de la
opinión pública y de las personas trabajadoras- que esa nueva
indemnización que introduce la reforma laboral de ocho días por año
trabajado en el supuesto de los contratos a duración determinada sea,
en todo caso, una indemnización mínima y que la negociación colectiva
pueda abrir vías de incremento a esa posibilidad.
Este conjunto de enmiendas incorporadas en el trámite de Comisión nos
parece importante, van en la línea de conciliación de la vida
familiar y laboral, de introducción de medidas para luchar contra la
precariedad, de mayor estabilidad en la política de empleo, en la
contratación en definitiva, junto también con una enmienda
importante, que fue aceptada en el trámite de ponencia y que era
coincidente con enmiendas de otros grupos, en el sentido de evitar
los límites que inicialmente introducía el real decreto en la
utilización de las bonificaciones a la contratación estable en
determinados sectores económicos y a las empresas en función de las
cuantías que recibiesen, que junto con la nueva configuración, desde
un punto de vista más técnico, del contrato de inserción y de la
nueva causa objetiva de despido nos parece que clarifican bastante
algunas de las dudas y de las afirmaciones que se han planteado en el
debate que hemos tenido hace escasos minutos. ¿Satisface al cien por
cien las expectativas que Convergència i Unió tenía en relación con
sus enmiendas? Evidentemente no y nosotros en el trámite del Senado
vamos a insistir en determinadas cuestiones para profundizar en la
línea que marca la reforma. Vamos a insistir en la necesidad de que
la negociación colectiva pueda configurar el contrato a tiempo
parcial, en esa línea de reforzar una dimensión amplia de las
posibilidades del diálogo entre trabajadores y empresarios; vamos a
continuar defendiendo que en el contrato a tiempo parcial deba de
constar expresamente la distribución mensual de las horas trabajadas;
vamos a defenderque en la política de bonificación al trabajo estable
se incorporen las ONG que hayan desarrollado programas de la
prestación social sustitutoria; vamos a continuar defendiendo una
reducción de un punto del conjunto de las cotizaciones sociales, en
esa línea de acercarnos a las medias europeas, a las medias de la
OCDE en relación a los costes no salariales, y vamos a defender la
ampliación de los supuestos de coste cero, en la línea de lo que se
aprobó en el año 2000 por parte del Congreso de los Diputados. Por
tanto, esperamos que en el trámite del Senado los aspectos que se
deben mejorar de esta tramitación los podamos lograr. Lo vamos a
hacer apostando por lo que continúa siendo el principal valor añadido
que ha tenido en los últimos años la política social y laboral en el
Estado español, que es el valor del diálogo social. El Gobierno ha
anunciado la puesta en marcha en los próximos meses de mesas de
trabajo, de ámbitos de discusión y ha situado como prioridad abordar
las mejoras de la negociación colectiva. Vamos a pedir al Gobierno
que no se precipite, que deje tiempo y margen al diálogo entre la
patronal y las organizaciones sindicales a la hora de abordar una
posible reforma de la negociación colectiva. Quizás ese es el
instrumento más delicado para la cohesión social...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le ruego que
concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Concluyo, señor presidente.
Decía que este es el instrumento más delicado y más importante para
la estabilidad social y la cohesión de nuestra sociedad y que, por
tanto, abordar reformas legislativas en este aspecto va a requerir
prudencia, sentido común y no precipitarse. Si el Gobierno deja
margen a ese diálogo social va a encontrar el apoyo de Convergència i
Unió en las posibles tramitaciones parlamentarias de cualquier otra
modificación, siempre desde la lógica de que el diálogo social
seguramente va a ser el mejor instrumento social y político para
crear empleo y para luchar contra la precariedad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores diputados, señor ministro. Desde luego
no será este diputado el que no escuche, y además con detenimiento,
las dudas, los planteamientos y, cuando las hay, las propuestas que
formulan el resto de los grupos de la Cámara. Lamento reconocer que
creo que peor éxito tienen mis palabras cuando intervengo y me parece
que más infructuosamente
las pronuncio, porque creo que escasamente suelen ser
escuchadas.
He de decir que algunos, por ejemplo el señor Jaúregui, ha criticado
con cierta dureza determinados aspectos del proyecto de ley, pero ha
criticado más en el fondo, y por la filosofía subyacente en sus
palabras, la legislación preexistente que en buena parte ha sido obra
de gobiernos socialistas. Si esta es una rectificación de lo que han
hecho, bienvenida sea, pero su cuota de autoría sí tienen. Y digo
ahora y desde esta tribuna que al menos hasta el momento las medidas,
las reformas, las acciones económicas, sociales, de empleo, del
mercado de trabajo, del partido del Gobierno Popular no han ido mal
en términos de creación de empleo, y a los datos objetivos me remito.
Se ha dicho también hoy aquí, al menos por dos intervinientes, que
prácticamente no ha habido debate. No voy a entrar en si la ponencia
duró media hora o duró tres cuartos de hora, no voy a recordar que la
Comisión duró más de cinco horas, pero sí voy a recordar que este
diputado y sus compañeros que intervinieron en el debate procuraron
explicar las razones de desestimación y rechazo de determinadas
iniciativas planteadas por otros grupos, incluso las relacionadas con
grupos que no estaban presentes para defender sus enmiendas ni en
ponencia ni en Comisión. He de decir que sorprendentemente no se
produjo ninguna réplica, ninguna petición adicional de razones,
ningún contraste de ideas o debate de fondo. Es más, hoy es la
tercera ocasión en que en el Pleno de la Cámara, en relación con la
reforma laboral, se debate la convalidación del real decreto, el
tratamiento de las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo
del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida y teóricamente
hoy aquí al menos, señor presidente, al tratar las enmiendas y el
dictamen habido en la Comisión de Política Social de Empleo, se
empieza con unas palabras en el sentido de decir: Yo hoy no voy a
defender las enmiendas, no voy a profundizar en las razones de fondo
y no voy a ahondar en las razones técnicas sobre las cuales puedo
tener razón o no. Por tanto, se reproduce nuevamente un debate en
términos genéricos, que sin duda es apasionante, pero que es
multirreincidente porque es la tercera ocasión en breve tiempo que ha
tenido lugar este debate de filosofía.
Voy a recordar lo que eran los objetivos de la reforma. Hay una
lógica intrínseca, porque cuando se plantean por dos grupos políticos
diferentes dos enmiendas de totalidad con texto alternativo que
proponen dos modelos teóricamente distintos al que trae el Gobierno,
es difícilmente conciliable que pudiéramos acoger enmiendas que
formulan modelos diferentes al que plantea el Gobierno. Ahora
recordaré qué era lo que propugnaba el Gobierno, cuál ha sido el
trámite a lo largo del debate en la Cámara, lo que hoy va a salir
para el Senado y recordaré también que tiene toda la lógica acoger
enmiendas cuando van en la línea de los objetivos
marcados por el Gobierno, y lo hemos hecho con Convergència i
Unió, con Coalición Canaria y con algunas de otros grupos
coincidentes en determinados aspectos que nos parecían beneficiosos.
¿Cuáles eran los objetivos de la reforma? En primer lugar -y no voy a
utilizar un orden jerárquico sino una determinada sistematización-,
hacer efectivo el contrato a tiempo parcial en España. Este contrato
no ha conseguido los resultados queridos por todos, no ha conseguido
una homologación o por lo menos una aproximación a los estándares de
introducción en los mercados de trabajo de los países de la Unión
Europea, de los países de nuestro entorno. El Gobierno y el Grupo
Popular, así como también otros grupos, hemos planteado lo que hemos
considerado una imprescindible discriminación positiva en pro de la
incardinación de la mujer en el mercado laboral vía incremento de
bonificaciones, tanto en este proyecto de ley como en los resultados
que se deriven de la aplicación del acuerdo de 9 de abril con
relación a la Seguridad Social. Hemos introducido algo que fue objeto
de un debate autónomo y que también estaba en la filosofía y dentro
del objetivo del real decreto-ley inicial, como es lo relativo a los
permisos por el nacimiento de hijos prematuros, con una mejor
regulación de esa materia, que creo que es muy importante. Hemos
planteado la lucha contra la temporalidad con un mecanismo de
indemnización, inexistente hasta ahora, y una aproximación de los
costos extintivos de las dos figuras contractuales, el contrato
temporal y el indefinido; hemos ido a un incremento, en los contratos
de duración inferior a siete días, del 36 por ciento en la cotización
a la Seguridad Social para impedir las situaciones de bajas-altas,
bajas-altas y fraude tanto al trabajador como al sistema de Seguridad
Social. Hemos planteado, en consecuencia, el objetivo ineludible de
la transformación de la contratación en indefinida y, asimismo, dar
formación a quien no la tiene -posteriormente hablaré del contrato de
formación-.
En definitiva, ¿cuál ha sido el leitmotiv, el frontispicio de la
reforma laboral del Gobierno y del Partido Popular? Continuar
traduciendo los incrementos aún coyuntural o temporalmente
desacelerados de la economía en términos de creación de empleo y en
términos competitivamente mejores a los que se están produciendo en
el resto de los países europeos que, con las subidas del PIB que se
producen en sus Estados, no se están traduciendo en la cantidad de
generación de trabajo que nuestra sociedad hoy puede recibir
positivamente. Este es un eje vertebral y un motivo fundamental de la
reforma ante un fracaso por todos manifestado como tal, como una
pena, como un dolor, pero indudablemente cuando no hay -y lo dijimos
en los debates de totalidad precedentes- un acuerdo en el diálogo
social en el período prorrogado por ellos, hay que actuar. Los datos
de la EPA conocidos ayer son un buen argumento para insistir en la
necesidad de no estar pasivos, de no caer en la inacción y de no
estar esperando
el maná del cielo para que resuelva los problemas de nuestro mercado
de trabajo. Por lo tanto, creo que se ha trabajado bien y hay un
dictamen de Comisión en la línea de reforzar estos elementos. ¿Cuáles
han sido las reformas introducidas por el Parlamento? De esto no se
ha hablado prácticamente nada. Es más, cuando un grupo tiene mayoría
absoluta en una Cámara se tiende a decir que para qué interviene
porque es una mera repetición de los argumentos esgrimidos por el
Gobierno, sin ninguna posibilidad de iniciativas, sin ninguna
capacidad de modificación, sin ningún elemento de influencia o de
actuación en el debate parlamentario en pro de la modificación y
mejora de ese texto. Yo voy a decir que es justo reconocer que en
esta Cámara hemos reforzado y profundizado en los grandes objetivos y
en la filosofía que el Gobierno nos ha planteado aquí. Hemos mejorado
la definición del contrato de inserción. Hemos definido en una
disposición adicional nueva un concepto que preocupaba
a prácticamente todos los grupos de la Cámara como era el de la
exclusión social, que queda claramente determinado. Hemos
incrementado los costos de cotización a los contratos temporales
inferiores a siete días. Hemos traspuesto la directiva 98/50,
relativa al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la sucesión
de empresa, los derechos de información del trabajador y el
incremento y respaldo de las garantías de los mismos en tales
situaciones. Hemos mejorado el contrato de formación y, por cierto,
negamos ya por todas las enmiendas que se han formulado a la hora de
restringir el acceso a este contrato vinculado a la edad del que lo
recibe. O hay formación o no la hay. Nosotros no creemos que la
formación sea un coto exclusivo de la juventud, sino que se debe dar
y proveer a quien carece de ella, tenga la edad que tenga o provenga
de la situación que provenga. Por eso nos negábamos a muchas
enmiendas que solicitaban la inscripción en el Inem. ¿O es que acaso
una persona que esté tres años sin actividad laboral debe estar
inscrita en el Inem para poder acceder a la formación? ¿O es que
acaso quien esté inscrito en el Inem no recibe por ello los cursos de
formación que dependen del dicho Instituto y carecería de sentido por
esta razón que se pudieran acoger a un contrato de formación? Hemos
suprimido las limitaciones que plantea el artículo 12 en cuanto a las
bonificaciones. Hemos establecido nuevos contratos para la
realización de un proyecto específico de investigación y para la
incorporación de investigadores al sistema español de ciencia y
tecnología.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Azpiroz, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor AZPIROZ VILLAR: Procuraré, señor presidente.
Hemos establecido mejoras de carácter técnico y aclaratorias en
relación con todos los capítulos relativos
a las bonificaciones. Hemos dado una nueva redacción que creo que
ha resuelto los problemas que algunos planteaban y las prevenciones
que tenían en relación con el artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores, adicionando una letra e) como nueva causa del despido
objetivo. Hemos introducido modificaciones en la Lisos para
considerar como infracciones y sanciones el incumplimiento de los
derechos de información que establecía el real decreto-ley. No hemos
sido insensibles a las propuestas que han planteado los sindicatos en
ponencia -yo diría más bien a la propuesta-; cierto que no pude estar
hasta el final de la reunión, pero yo oí propuestas de Comisiones
Obreras y oí críticas políticas de UGT, y propuestas de Comisiones
Obreras se han incluido algunas. Recordaré que se formularon algunas,
como ocho días con carácter mínimo, que era lo que planteaba el
proyecto, pero que no tuviera una duda interpretativa, es decir, que
fuera una garantía para que no hubiera lugar a discusión. Lo hemos
introducido. Se nos pidió que tuviéramos en las horas complementarias
-que son horas pactadas, voluntarias, disponibles y no son horas
extraordinarias- la prevención de poder exceptuar ese pacto del
trabajador con el empresario y renunciar al mismo en determinados
supuestos. Lo hemos hecho transaccionando una enmienda de
Convergència i Unió cuando hay razones de conciliación de la vida
laboral y familiar, cuando hay razones de concurrencia con un
contrato a tiempo parcial o cuando hay razones de incompatibilidad
horaria por causa de la formación que debe recibir ese trabajador en
contrato parcial. Consecuentemente, creo que no ha sido vano el
tracto y el trámite parlamentario, en el que no se ha producido
ninguna huida por parte del Partido Popular ni nuestro grupo ha
eludido en ningún momento entrar a conocer el fondo de las
iniciativas que en concreto se plantean. Hoy se ha querido hacer, y
es muy legítimo, un nuevo debate de totalidad, un nuevo debate de
filosofía. Por nuestro lado no hay inconveniente tampoco en entrar en
ello. Nosotros nos reafirmamos en que hasta ahora nuestras propuestas
han funcionado y creemos que la reforma que hoy ha planteado el
Gobierno aquí va a contribuir a los fines que antes he señalado.
Concluyo, señor presidente. He dicho que en Comisión explicamos la
oposición a algunas enmiendas, incluso inaudita parte, porque no
estaban presentes los autores de las mismas. Hoy me ha sorprendido
tan sólo una cosa y es que se ha defendido aquí alguna enmienda
cuando no se ha mantenido, pero, en fin, comprendo que todo el mundo
es muy libre, aunque me parezca que esto a veces es poco coherente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiroz. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas al
proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente
del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo).
En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el señor
Labordeta Subías números 8, 14, 32, 33 y 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 20; en contra, 176; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 15, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 36 y 37, asimismo del
señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 126; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 13; en contra, 275; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Las enmiendas de la señora Lasagabaster han sido retiradas.
Sometemos a votación las enmiendas del señor Saura y votamos, en
primer lugar, las números 41 y 51.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 28; en contra, 263; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 42, 43, 49 y 54, también del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 13; en contra, 277; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 46 del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 137; en contra, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 52 del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 34; en contra, 159; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 120; en contra, 172; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, enmienda número 163.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 23; en contra, 262; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 12; en contra, 276; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez Castain. En primer lugar, enmiendas número
154 y 157.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 123; en contra, 171; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 12; en contra, 276; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 156, también del señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, cuatro; en contra, 278; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Aymerich. En primer lugar, enmiendas número 132,
135 a 141, 143 a 146 y 149.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 123; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 133, 148 y 153 del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 19; en contra, 176; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 150 y 151.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 31; en contra, 262; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 14; en contra, 274; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la 191.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 20; en contra, 273; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 186 y 187.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, tres; en contra, 271; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 193.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 31; en contra, 159; abstenciones, 106.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 194 y 195.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 133; en contra, 156; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 196.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 12; en contra, 264; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 188.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 125; en contra, 157; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la número
59.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 28; en contra, 262; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 60, 61, 64 a 67, 73, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 90,
95, 96, y 98 a 102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 12; en contra, 277; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 83, 88 y 97.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 13; en contra, 174; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 62.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 138; en contra, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 124; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 208, 221, 225
y 229.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 137; en contra, 158; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 220 y 222.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 128; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 223 y 227.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 112; en contra, 183; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 116; en contra, 173; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos a votación el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 172; en contra, 125.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
(Aplausos.)
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE A 1999.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA
MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1999. (Número de expediente 245/000002.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Propuestas de
resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder
Judicial correspondiente a 1999. Propuestas de resolución presentadas
con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento
y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados
y tribunales de Justicia correspondiente al año 1999.
En primer lugar, para la defensa de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
que defiende también en este turno las enmiendas presentadas al resto
de las propuestas de resolución, tiene la palabra el señor Rejón.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio
al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario ha estructurado
en tres bloques temáticos las propuestas de resolución contenidas en
el escrito de presentación, por lo que utilizaré dichos bloques
temáticos para explicar la idea que Izquierda Unida tiene de la
siempre pendiente, necesaria y urgente reforma de la justicia
española. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón.
Señorías, les agradecería que las tertulias las lleven a efecto fuera
del hemiciclo al objeto de que el señor Rejón pueda continuar con su
intervención.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta, y si no que tengan
las tertulias donde quieran, pero que nos dejen en paz.
En primer lugar, señorías, entendemos que es necesario modernizar la
justicia española, acabar con una larga lista de ineficacias
funcionales, retrasos judiciales y atavismos administrativos de tal
suerte que podamos homologar la justicia, en tanto que Administración
pública, al resto de las administraciones públicas españolas.
No voy a hacer hincapié en la lamentable situación material de la
Administración de justicia española ni a reiterarme en lo que ya
manifestamos en la Comisión de Justicia a este respecto. Prefiero
centrarme en los pasos que es necesario dar para cambiar esa
deficiente situación. Así, es necesario tomar como punto de partida
la necesidad de implicar a todos los actores del mundo de la justicia
para que trabajen conjuntamente en pos de una homologación
administrativa de la justicia española. La modernización del servicio
público justicia va a depender de la capacidad de trabajo conjunto de
Ministerio, grupos parlamentarios, comunidades autónomas, Consejo
General del Poder Judicial, sindicatos, asociaciones profesionales y
un largo etcétera. No será posible que se reduzcan los atrasos
judiciales ni que mejore la percepción ciudadana de la justicia si
juzgados y tribunales no empiezan a parecerse más al resto de las
administraciones públicas españolas, si no se da la colaboración
interinstitucional e interprofesional a la que me he referido
anteriormente. Precisamente para reflejar esta idea de colaboración
en pos de un servicio público más moderno, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida ha presentado las propuestas de resolución
números 11 y 12, pues en el fondo de todo este debate lo que se está
dilucidando es la insoportable realidad que supone tener unas
administraciones públicas españolas relativamente modernas
y homologables al resto de las administraciones públicas de la Unión
Europea, es decir, unas administraciones públicas del siglo XXI,
mientras continuamos teniendo una justicia que en lo administrativo
se parece más a las administraciones públicas europeas del siglo XIX
que a las del presente siglo.
Como ya se ha dicho, la primera receta contra esta situación de
atraso administrativo de la justicia es el diálogo y la concertación,
diálogo y concertación que corresponde dinamizar al Ministerio y a
todos los demás colaborar lealmente con el mismo, pero no se podrá
reformar el servicio público justicia teniendo sólo en cuenta a los
profesionales de la misma. De hecho, será necesario y hasta
democrático pensar en una reforma de la justicia española que tenga
como eje central y punto de partida inexcusable los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas en tanto que usuarios y usuarias del servicio
público justicia. Si se pretende arreglar los problemas de los
juzgados y tribunales españoles sin poner en el centro de los mismos
a los ciudadanos y sus derechos constitucionales y legales, estaremos
de nuevo en el camino de culminar otra reforma de la justicia en
falso. Los ciudadanos, la tutela
de sus derechos constitucionales y legales, su necesaria
participación en la Administración de justicia y los derechos de los
mismos en tanto que usuarios del servicio público justicia deben ser
la piedra sobre la que verdaderamente se construya todo el edificio
de lo que podríamos llamar, si llega a buen puerto, la reforma Acebes
de la justicia española. A este objetivo, a garantizar la certeza y
realidad de los derechos de los ciudadanos en tanto que usuarios del
servicio público justicia, hemos dedicado nuestra propuesta de
resolución número 3.
Sin embargo la justicia no es sólo un servicio público, dado que es
también un poder del Estado, y esta nueva vertiente también ha sido
objeto de nuestra atención. En primer lugar, entendemos que debe
garantizarse el sustrato democrático y la presencia de la soberanía
popular en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Ello será
imposible si el Ministerio de una u otra forma continúa en su intento
de corporativizar dicho órgano constitucional. Y precisamente por el
riesgo de pérdida de perfil democrático que podría sufrir el Consejo
General del Poder Judicial hemos presentado nuestra propuesta de
resolución número 14, pues entendemos que tanto el tenor literal como
el espiritual, si me permiten la expresión, de los artículos 1.1 y
117.1 de nuestra Constitución apuntan a una elección fundamentalmente
parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Son bien conocidas las posiciones de todos los grupos parlamentarios
y al menos hasta la fecha sólo el Grupo Parlamentario Popular se
mantiene en su intención de desdemocratizar el Consejo General del
Poder Judicial. Hoy, señorías, los grupos parlamentarios tenemos la
oportunidad de mostrar al Grupo Parlamentario Popular lo solo que se
va a encontrar en ese empeño. Precisamente en la línea contraria a la
defendida por el Grupo Parlamentario Popular, este grupo
parlamentario entiende que el Poder Judicial debería ser un poder
verdadero del Estado, capaz de generar endógena y autónomamente
políticas judiciales propias, susceptible de autoorganizarse
y autoadministrarse y de sustraerse sin dificultades a todo tipo de
injerencias, tutelas y presiones gubernamentales y/o corporativas. A
este objetivo hemos dedicado la propuesta de resolución número 17 y
esperamos el apoyo a la misma de los grupos parlamentarios que crean
en un Poder Judicial de ese cariz.
Para contribuir a un Poder Judicial de las características antes
citadas, será necesario que jueces y magistrados sean responsables,
tal y como dice el artículo 117.1 de la Constitución española, lo que
a nuestro juicio implica responsabilidad disciplinaria,
administrativa, penal, civil y también política. A este objetivo
hemos dedicado la propuesta de resolución número 18, y esperamos el
apoyo a la misma de los grupos parlamentarios que crean que la
independencia de los jueces y magistrados no puede confundirse con la
irresponsabilidad de los mismos cuando alguno de ellos no procure
la tutela judicial efectiva, a la que los ciudadanos tienen
derecho constitucional.
También consideramos necesario que se introduzcan nuevas fórmulas de
gestión de la figura del fiscal general del Estado si queremos
vertebrar un poder judicial verdadero e independiente. Para ello
hemos presentado una propuesta de resolución, la número 19, con el
objetivo de garantizar una mayor independencia del fiscal general del
Estado respecto al Gobierno que lo nombra, sin por ello tener que
tocar la Constitución vigente. A este respecto quiero hacerles
partícipes de la gran preocupación que reina entre los miembros del
Consejo Fiscal ante lo que ellos consideran intentos de
gubernamentalizar aún más -recalco el aún más- el ministerio fiscal,
cuestión que por sí sola sería de una extrema gravedad. Pero si
además tenemos en cuenta que el ministerio fiscal puede llegar a ser
instructor en los procesos penales, la gravedad de la situación
aumenta. Por todo lo anterior, pedimos el apoyo a nuestra propuesta
de resolución 19, propuesta que esperamos que apoyen aquellos grupos
parlamentarios que crean en un ministerio fiscal verdaderamente
independiente y liberado de chantajes gubernamentales. Hacemos a este
respecto una especial interpelación a los diputados y diputadas del
Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizo, señorías, el bloque dedicado al Poder Judicial, en tanto
que poder del Estado, con la mención de dos temas relativos a los
derechos ciudadanos y a la participación de la ciudadanía, que nos
preocupa extraordinariamente. Cada día entendemos menos el interés
del Ministerio en acabar con el modelo actual de jurado cuando éste
prácticamente lleva sólo unos años en funcionamiento real y no ha
demostrado ser ineficaz, sino más bien todo lo contrario. Y tampoco
compartimos el intento del Ministerio de cercenar las posibilidades
de defensa de los derechos ciudadanos a través del recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional. No son dos temas menores, señorías,
pues de hecho la defensa constitucional de los derechos ciudadanos y
la participación popular en la Administración de justicia son dos
elementos claves del pacto constitucional que suscribimos los
españoles en 1978. No se puede estar todo el día, por fas o por
nefas, rompiendo o subvirtiendo los elementos fundamentales de aquel
pacto constitucional de 1978. Por tanto, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida solicita de todos los grupos
parlamentarios que deseen defender el espíritu constituyente en
materia de justicia que voten a favor de las propuestas de resolución
15 y 16, para frenar, como se diría en latín, la reformatio impius
constitucional que pretende el Ministerio en materia de amparo
constitucional y participación ciudadana de la justicia.
Acabo, señorías, con el tercer bloque de las propuestas de resolución
presentadas por este grupo parlamentario. Son las relativas a las
relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Consejo General
del PoderJudicial. Sabemos que es un concepto que suscita cierto
rechazo, especialmente por la Mesa rodillo de esta Cámara, pero
este grupo parlamentario entiende que las relaciones entre el
Congreso y el Consejo General del Poder Judicial deben exceder el
marco del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El
hecho de que jueces y magistrados individualmente considerados sean
independientes no debe confundirse con el hecho de que el Consejo
General del Poder Judicial, órgano de gobierno de uno de los tres
poderes del Estado y elegido hasta ahora -y espero que por mucho
tiempo- por el Congreso y el Senado, deba colaborar con las dos
cámaras parlamentarias en la labor de legislación, control e impulso
que tienen éstas. Independencia en lo jurisdiccional no debe
confundirse, señorías, con irresponsabilidad en lo político pues,
como todos ustedes saben, un poder estatal irresponsable no es un
poder democrático. A este problema hemos dedicado las propuestas de
resolución 20 y 21, esperando de los grupos parlamentarios
comprometidos con un poder judicial verdaderamente democrático que
respondan y lo ayuden.
Señora presidenta, señorías, voy a fijar la posición de mi grupo
respecto a las propuestas de resolución de otros grupos
parlamentarios. Con respecto al Grupo Popular, debo decir que sus
propuestas de resolución de carácter panegírico o laudatorio, tipo
botafumeiro, las números 22, 23 y 24, recibirán nuestro voto
contrario. No pienso que les vaya a preocupar mucho, por otro lado.
Todo ello sin perjuicio de presentar una enmienda parcial a la
propuesta de resolución número 23 con el objetivo de mejorar su
texto. Respecto a su tono triunfal, con humildad, pero también con
firmeza, les recomiendo menos vanagloria y más visitas a los juzgados
y tribunales españoles -entiéndanme, no como inculpados de nada-.
Respecto a las propuestas de resolución números 25, 26 y 27,
votaremos a favor de las mismas por entender que, a pesar de que su
texto es un tanto laxo, caminan en una dirección que podemos
compartir perfectamente.
Con respecto a las propuestas del Grupo Socialista, votaremos a favor
de las mismas por compartir su espíritu y su texto, sin perjuicio de
un par de enmiendas parciales que en modo alguno modifican su sentido
sino que enriquecen dicho texto, al menos eso pensamos nosotros.
Votaremos a favor de las propuestas de resolución del Grupo Catalán,
Convergència i Unió, sin presentar enmiendas. Y quiero expresar
nuestra sorpresa ante la ausencia de enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco, echamos de menos el fino, riguroso y tenaz
trabajo de su portavoz, doña Margarita Uría, en la Comisión de
Justicia.
Acabo con una consideración formal sobre este trámite parlamentario.
No es de recibo en una sociedad que pretende ser una democracia
avanzada, tal y como reza en nuestro preámbulo constitucional, que se
vean reducidos los cauces de relación entre el Poder Legislativo y el
Judicial a una protocolaria y formal memoria
anual con las subsiguientes propuestas de resolución parlamentarias.
Es solamente un encuentro al año y cortito. Este grupo parlamentario
no acaba de entender las razones por las que la Mesa se obstina en
negar la capacidad de esta Cámara, en la que reside la soberanía
popular, para dirigirse al Consejo General del Poder Judicial y
hacerle ver las preocupaciones o sugerencias del Legislativo en
materia de política judicial, sin por ello menoscabar la
independencia de jueces y magistrados para juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado. Sé que hoy por hoy clamamos en el desierto, pero también
estoy persuadido de que en el futuro, señorías, se superará el
estrecho marco del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y veremos relaciones más fluidas entre estas Cortes y el Consejo
General del Poder Judicial, que emana de ellas.
Nada más y muchas gracias, señorías, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como de las
enmiendas presentadas a las propuestas de los demás grupos, tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán ha presentado cinco propuestas de
resolución a partir de la comparecencia del pasado 21 de marzo del
presidente del Consejo General del Poder Judicial. En dichas
propuestas instamos determinadas actuaciones, comportamientos o
informes del Consejo General del Poder Judicial. Con ello hemos
intentado seguir un precedente parlamentario que reconozco que no
está asumido unánimemente, pero que para mi grupo parlamentario tiene
pleno sentido, y es que, a partir de la presentación de la memoria
del Consejo, las propuestas de resolución debieran ir dirigidas
precisamente a instar o a solicitar determinadas actuaciones del
Consejo General del Poder Judicial y no, por ejemplo, del Gobierno,
en la medida que esa actuación de control de la actuación del
Gobierno es algo que se va haciendo semana a semana por parte del
Congreso; y mucho menos instar o solicitar determinados
comportamientos no ya del Gobierno del Estado, no ya de la
Administración general del Estado, sino de la Administración de las
comunidades autónomas. De ahí que, por una parte, el número de
propuestas que hemos presentado pueda estimarse breve y, por otra,
que procedamos a votar en contra de aquellas propuestas de resolución
que hayan sido presentadas por otros grupos y que precisamente lo que
hacen es solicitar actuaciones del Gobierno central o actuaciones de
los gobiernos de las comunidades autónomas, bien sea a
nivel de cooperación bien sea en el ámbito de desarrollo
reglamentario.
Mi grupo no tendría inconveniente en que una vez al año se efectuase
en esta Cámara un debate sobre el estado de la justicia. Sin embargo,
pretender convertir este trámite en un debate del estado de la
justicia nos parece que no es procedente. Primero porque, de acuerdo
con la práctica parlamentaria, entendemos absolutamente insuficiente
el plazo de cuatro días, a partir de la presentación de la memoria
por parte del presidente del Consejo, para formular propuestas de
resolución, y segundo porque el estrecho margen que nos ofrece este
debate, con diez minutos de intervención para cada uno de los grupos
para defender sus propuestas y fijar posición respecto de las
propuestas de los demás, nos abocaría a convertir esto en un
simulacro de debate de justicia, por lo que creo que habrá que ir a
otras fórmulas. Desde luego, si a raíz del pacto de Estado, si llega
a suscribirse, o a raíz de la reforma del Reglamento pretendemos
concentrar ese debate en un día, mi grupo no podrá estar más a favor.
En cualquier caso, efectúo esta explicación preliminar para que otros
grupos parlamentarios que han hecho propuestas que puedo considerar
sensatas en materia de reforma de la justicia sepan que en este caso
el voto negativo no va en contra del contenido, sino en contra de
esos aspectos en unos casos formales y en otros, más que formales,
competenciales de las relaciones entre las Cortes Generales y las
comunidades autónomas.
El interés que tenía mi grupo, que se pone de manifiesto en las
cuatro propuestas de resolución, se centra en lo siguiente: En primer
lugar, siempre hemos valorado muy positivamente aquellos informes que
nos ha ido suministrando el Consejo General del Poder Judicial,
muchas veces a instancias de la propia Cámara. Quiero recordar el
informe sobre la aplicación efectiva del Código Penal, así como el
informe sobre la aplicación de la Ley del jurado o el informe un poco
más restringido, cuya solicitud aprobamos aquí hace uno y dos años,
sobre aquellos problemas que en materia de competencia de los órganos
de la jurisdicción Contenciosoadministrativa había planteado la nueva
Ley de la jurisdicción.
Tomando como base esa valoración positiva de los informes,
solicitamos que se nos remita un informe sobre la aplicación de la
Ley de enjuiciamiento civil así como de la Ley de responsabilidad
penal de los menores. Entendemos que todavía no tienen el recorrido
suficiente como para habernos podido suministrar esa información
verbalmente en la Comisión de Justicia celebrada en marzo, que contó
con la presencia del presidente del Consejo, pero seguro que en estos
meses ya se empiezan a consolidar criterios y a poner de manifiesto
problemas que como legisladores debiéramos abordar. En ese sentido,
no tendríamos mayor inconveniente en aceptar la extensión de ese
informe a la propia Ley de la jurisdicción Contencioso-
administrativa,
en la medida en que, repito, el informe hasta ahora suministrado hace
referencia concreta y estrictamente a aquellos problemas derivados de
conflictos de competencia entre los órganos de esa jurisdicción.
En segundo lugar, valoramos positivamente la actividad institucional
de cooperación internacional del Consejo, que no es exactamente lo
mismo que la actividad internacional del Consejo General del Poder
Judicial. Mi grupo parlamentario entiende, y así nos lo han puesto de
manifiesto sectores empresariales, que todo aquello que conduzca a
que los sistemas jurídicos de otros países tengan una relación de
semejanza con el sistema jurídico continental -y si es con el sistema
jurídico español, con mayor motivo- constituye un factor que favorece
la penetración internacional de nuestras empresas en esos ámbitos. Me
estoy refiriendo muy concretamente al ámbito iberoamericano, pero
también en el ámbito de la propiedad inmobiliaria ésa podría
considerarse la situación de la actual Rusia. Repito, se trata de una
actuación del Consejo que favorece esa integración de sistemas
jurídicos, así como la formación de los jueces y magistrados de esos
países, que es algo que tiene un efecto inmediato en la facilitación
de la actuación internacional de nuestras empresas en esos ámbitos.
En su comparecencia, el presidente del Consejo puso de manifiesto el
enorme desequilibrio territorial en cuanto al origen de los alumnos
de la Escuela Judicial. Destacó dos elementos que resultan de gran
interés. Por un lado, la composición en cuanto a género de los
alumnos de la Escuela Judicial, en la que de 248 alumnos 166 son
mujeres y 82 son hombres, un 33 por ciento, lo que pone de manifiesto
la feminización de la Administración de justicia, que valoramos
positivamente. Sin embargo, respecto del origen, hay datos tan
relevantes como que de esos 248 alumnos sólo 12 son catalanes, lo
cual evidencia que una comunidad que representa el 16 por ciento de
la población del Estado y aproximadamente el 19,20 por ciento del
producto interior bruto sólo es capaz de proporcionar menos del 5 por
ciento de los alumnos de la Escuela Judicial. No se trata, señorías,
de ningún prurito carente de justificación. El que exista un mayor
equilibrio en cuanto al origen territorial de los jueces y
magistrados ayuda a estabilizar las plantillas en el ámbito de esas
comunidades autónomas, lo que permite acabar con esa volatilización
de las plantillas. Por otro lado, garantiza el arraigo del juez y
magistrado en la comunidad, arraigo fundamentalmente cultural, con lo
cual la acusación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió de
que la Administración de justicia no se ha adaptado al Estado de las
autonomías y que nos encontramos muchísimas veces con jueces y
magistrados incapaces de atender al ciudadano en la lengua propia, o
en una de las lenguas oficiales en dicho territorio, la podríamos
solventar bastante ventajosamente intentando garantizar ese
equilibrio en cuanto al lugar de origen de los jueces y
magistrados. De ahí que solicitemos del Consejo General del Poder
Judicial el desarrollo de programas y actuaciones destinadas a
garantizar ese equilibrio territorial y, al mismo tiempo, la
posibilidad de suscribir convenios en cuanto a este tipo de
programas, actuaciones e instrumentos con las facultades de Derecho,
con las universidades y con las propias comunidades autónomas.
Mi grupo parlamentario tiene un enorme interés en el desarrollo de
los juicios rápidos. Nosotros pretendemos algo más que rápidos, algo
de naturaleza inmediata, algo que pudiese desarrollarse prácticamente
en las veinticuatro horas siguientes a la comisión de determinado
tipo de delitos. El presidente del Consejo puso de manifiesto la
reducción del número de juicios rápidos, que se ha limitado a un 3,3
por ciento de los que se efectúan en la jurisdicción penal. Es
absolutamente fundamental avanzar en la línea de esos juicios rápidos
e inmediatos, en primer lugar, porque en un país como el nuestro, que
constituye un importante destino turístico y lamentablemente buena
parte de las víctimas de esos delitos son turistas, personas que nos
visitan, todo lo que no sea la celebración de un juicio de manera
casi inmediata determina la pérdida absoluta de testigos para la
celebración del mismo. De ahí que valoremos muy positivamente algunas
actuaciones que ya se están realizando con carácter de prueba piloto
en Barcelona, por las que se permite la práctica de esa prueba
testifical no como diligencia previa sino como prueba anticipada que
después permita ser perfectamente valorada en el juicio. En segundo
lugar, señorías, en unos momentos en los que el Tribunal
Constitucional pone en cuestión la alarma social como presupuesto
para acordar la medida cautelar de la prisión preventiva, y al mismo
tiempo nuestro respeto por la libertad de las personas conduce a que
esa prisión preventiva deba ser algo absolutamente excepcional, sólo
la celebración prácticamente inmediata de juicios, obviamente en
supuestos de delitos flagrantes, es lo que nos permite solventar ese
difícil equilibrio entre el respeto a la libertad, la disminución del
valor de la alarma social como base para adoptar la prisión
preventiva, y el traslado a los ciudadanos de una sensación de
seguridad a la que son acreedores.
Señora presidenta, haré referencia finalmente a las enmiendas que
hemos presentado a las propuestas de resolución de los otros grupos.
Hemos presentado una enmienda a la propuesta de resolución número 8,
del Grupo Parlamentario Socialista, en la medida en que somos
absolutamente conscientes y compartimos su criterio de que hay
órganos jurisdiccionales que están en una situación absoluta de
crisis, que necesitan un apoyo fundamental para poder salvar esta
situación de crisis ante la avalancha de asuntos que tienen
pendientes, por lo que consideramos fundamental concretar cuáles son
estos órganos. Por tanto, partiendo de la propuesta de resolución
número 8, del Grupo Parlamentario
Socialista, hacemos la concreción de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, que, como puso de manifiesto el propio presidente
del Consejo General del Poder Judicial, al inicio de los años noventa
tenía 4.000 asuntos pendientes y en estos momentos tiene 13.435; son
bolsas de asuntos pendientes que van incrementándose año a año, por
lo que es absolutamente imposible que con los mecanismos ordinarios
se pueda aliviar esta bolsa de asuntos pendientes. Quizá no tan
grave, pero algo similar se está produciendo en la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Por tanto,
compartiendo absolutamente su criterio, entendemos que hay que
concretar los órganos.
Hemos presentado también una enmienda a la propuesta de resolución
número 18, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Creo que todos
los grupos somos conscientes de que la independencia judicial tiene
como contrapartida el principio de responsabilidad. De ahí que
entendamos que hay que recordar al Consejo General del Poder Judicial
la necesaria exigencia de la responsabilidad disciplinaria,
administrativa y, aunque no directamente al Consejo, también le
incumbe la civil y la penal. Lo que hemos hecho es excluir la
responsabilidad política de la exigencia de esa responsabilidad,
porque no acabamos de entender qué es exigir responsabilidad política
a un juez o magistrado, pero creo que hay que avanzar decididamente
en el ámbito de esa responsabilidad.
Hemos presentado también una enmienda a la propuesta de resolución
número 23, del Grupo Parlamentario Popular, en la medida que su
redactado podría dar a entender que la reforma de la justicia,
incluso el propio pacto de Estado, debe enmarcarse en las propuestas
efectuadas por el señor ministro cuando compareció ante la Comisión
de Justicia e Interior. Nosotros entendemos que la comparecencia del
ministro y sus propuestas son una oferta que, desde luego, no agota
lo que deba configurarse como reforma de la justicia ni el pacto en
la medida en que otros grupos parlamentarios tenemos intereses que
pueden ser coincidentes en los ámbitos señalados por el señor
ministro, pero también tenemos intereses en otros ámbitos. El señor
ministro pudo hacer una oferta que es un punto de partida, pero en
ningún caso pudo constituir un marco cerrado que delimitase el ámbito
de una negociación política. Por ello hemos presentado esta enmienda
a la propuesta de resolución número 23, del Grupo Parlamentario
Popular.
Finalmente, quiero indicar que, en la medida en que las propuestas de
otros grupos sean coincidentes con algunas de las nuestras,
obviamente votaremos a favor de las nuestras y en contra de aquellas.
Lo digo simplemente para que nos lo entiendan.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorSilva.
Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Barrero tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, como todos los
años, debatimos hoy e informamos a la Cámara de distintas
resoluciones consecuencia de la información facilitada por el
presidente del Consejo General del Poder Judicial en la Comisión de
Justicia e Interior a la hora de presentar la memoria, por cierto,
del año 1999. Como consecuencia de ese debate producido en la
Comisión, todos los grupos parlamentarios aprovechan para hacer un
diagnóstico y creo que la mayoría de ellos coincide en que presenta
una situación realmente deplorable. La Administración de justicia
pasa en este momento por una situación realmente negativa y así lo
ponen de manifiesto distintas instituciones a las que acceden los
ciudadanos solicitando auxilio frente a una Administración de
justicia que, lejos de ser un servicio público real, en la práctica
se convierte en una especie de carrera de obstáculos, un servicio
ineficaz, lento y caro, lo cual hace que esté alejado de las
ambiciones de los ciudadanos. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo
advierte que algunas de las quejas más importantes que se le
presentan anualmente son las relativas a todos aquellos supuestos o
actos relacionados con la justicia. Los ciudadanos, en muchas
ocasiones, acceden desesperados ante el Defensor del Pueblo para que
solvente lo que la Administración de justicia no es capaz de
solventar. Y tiene sentido porque (recordaré de manera resumida
algunas de las cosas que decíamos en ese debate) en la Administración
de justicia, en este momento, en los distintos juzgados de España
están pendientes de resolver dos millones de asuntos. Es decir, hay
cientos de miles de ciudadanos que tienen pendiente una resolución en
justicia que quisieran que al menos se dictara pronto, y la tienen en
términos civiles, en términos penales, en el ámbito contencioso-
administrativo y en el ámbito social. Dos millones de asuntos penden
de solución en la Administración de justicia y los ciudadanos
españoles saben que la resolución de su litigio, de su conflicto con
cualquier otro ciudadano, no va a durar menos de dos años. Además, si
ese litigio llega al Tribunal Supremo, a esos dos años de media
tendrá que sumarle una serie de años para calcular la duración de su
proceso judicial. Por ejemplo, si ha tenido la mala suerte de que sea
un proceso civil, a la dilación del juzgado correspondiente tendrá
que añadir cinco años de media en el Tribunal Supremo; si su litigio
es penal, tendrá que añadir un año y nueve meses de media más en el
Tribunal Supremo; y si ese asunto es contencioso-administrativo
y llega al Tribunal Supremo en vía de recurso, a la media de tardanza
tendrá que aumentarle tres años para la solución de su conflicto.
El asunto es grave, señorías. Todos lo conocemos. Todos decimos que
tenemos una enorme voluntad de
solucionar este asunto; todos creemos que tenemos la solución, pero
año tras año venimos aquí a solicitar del Consejo en unas ocasiones y
del Gobierno en otras -por cierto, porque formalmente es posible como
consecuencia de una resolución de la Presidencia de la Cámara de
1983- una ayuda que al final no se da. Nosotros ostentamos la
representación del pueblo, levantamos nuestra voz, venimos aquí y un
año después volveremos a venir para decir que en lugar de dos
millones de asuntos pendientes ya son tres, que en lugar de cinco
años en el Supremo ya son siete, y seguiremos viniendo y seguiremos
diciendo que somos representantes del pueblo, aunque estaremos
alejados realmente de esa representación. ¿Qué nos dice el pueblo?
Esta es una cosa importante. Hace unos meses el Consejo General del
Poder Judicial hizo un sondeo muy amplio para calibrar y constatar la
opinión de los ciudadanos españoles acerca de los tribunales de
justicia y de su trabajo y, por ejemplo, el 76 por ciento decía que
la justicia en España funciona o mal o muy mal, y cuando a estos
ciudadanos se les preguntó -por cierto por primera vez, creo
recordar, en un sondeo serio para saber lo que piensa de la justicia-
si consideraban que el peor sitio para resolver los problemas que
tienen que ver con las controversias entre ciudadanos es la
Administración de justicia, el 82 por ciento dijo que sí; dicho de
otra manera, el 82 por ciento de los ciudadanos dijo que la
Administración de justicia es tan lenta que siempre que pueda
procurará evitarla. Según un sondeo del Eurobarómetro de los años
1997 y 1999 somos el tercer país por la cola en cuanto a confianza en
la Administración de justicia; detrás de nosotros están Italia, con
una apreciación parecida, Francia y Bélgica. Esto es lo que dicen los
ciudadanos. Además, de las instituciones del Estado los tribunales de
justicia son los terceros peor valorados, con un 2,7 por ciento de
aprecio sobre un baremo posible de 1 a 5; desgraciadamente también
sólo los partidos políticos y los políticos estamos detrás de la
confianza que los ciudadanos consideran debe prestarse a los
tribunales de justicia.
Esta es la panorámica actual y frente a ello algo tendremos que decir
los representantes del pueblo; a pesar de lo que decía el portavoz
catalán algo hay que decir. Hay que aprovechar este Parlamento para
levantar la voz y hablar de justicia. Como no tenemos oportunidades
de hacerlo, entre otras cosas porque no nos lo permite la mayoría
parlamentaria del Partido Popular, aprovechamos, a veces
desesperadamente, cualquier hueco parlamentario para hablar de estos
temas, de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país y,
como consecuencia de ello, señora presidenta, no hay más tela que
cortar que la que todos conocemos. Señorías, más dinero, más medios,
más personal en jueces y mejor pagado, mejor dotado.
No vamos a reiterar las resoluciones de otros años porque hay un
cierto pudor en reiterarlas de manera habitual a sabiendas de que
clamamos en el desierto de
un Gobierno con mayoría absoluta, pero vamos a intentar hacer otra
vez un pequeño esfuerzo para volver a decir algunas cosas que por lo
menos son coherentes con aquello que decimos en el Parlamento.
Señorías, si hemos dicho que hay que dotar de equipos técnicos al
Consejo General, a los tribunales, para una mejor ejecución de la Ley
Orgánica de responsabilidad penal del menor, qué menos que pedir más
personal y más medios, porque no hay todavía esos equipos técnicos
que dijimos que eran indispensables para que se pudiera ejecutar de
manera razonable la citada ley orgánica. Como bien decía el portavoz,
entre otros, del Grupo Catalán, si los juicios rápidos son una
magnífica operación destinada a rebajar la dilación de los procesos
penales especialmente en las zonas costeras, y en este momento hay un
nivel de reducción de esos juicios rápidos de hasta un 50 por ciento,
qué menos que seamos coherentes con aquello que aprobamos aquí y
pidamos que haya los medios materiales necesarios -si de eso se
trata-, a través del Gobierno y a través del Consejo General del
Poder Judicial, para que tengan lugar esos juicios rápidos que aquí
aprobamos como solución a los problemas de dilación. Si estamos
luchando por una Administración de justicia moderna y todos estamos
de acuerdo en que sea moderna, qué menos que tenga ordenadores, qué
menos que esté informatizada, qué menos que no aparezcan resoluciones
del propio Consejo General del Poder Judicial en las que se dice que
o no entienden los ordenadores o no funcionan o no se los arreglan.
Si esa es nuestra Administración de justicia y todos estamos de
acuerdo -porque qué menos que coincidir en eso-, estaremos todos de
acuerdo también en que este es el sitio adecuado para pedir que se
informatice la Administración de justicia por la vía que sea. Habrá
que plantear resoluciones que insten al Consejo General del Poder
Judicial, resoluciones que insten el apoyo de las comunidades
autónomas, no forzadamente sino para solicitar su auxilio, y que
insten al Gobierno de la nación, pero no pasemos por la vergüenza de
tener una Administración de justicia que todavía funciona con
legajos. Si estamos hablando de la Ley penal del menor, porque es
fundamental la acción reparadora de la pena en el mundo de la
represión del menor, la acción resocializadora y la acción
rehabilitadora, qué menos que pedir especialistas en la materia, que
no los hay, porque hemos hecho una Ley del menor que tiene que
ejecutarse y no se está ejecutando porque no existe aquella voluntad
política que requeríamos desde todos los puntos de este Parlamento
para hacer posible aquello que todos deseábamos, que era que el menor
tuviera su propia ley y especialistas que le rehabilitaran, le
reeducaran y lo recuperaran para la sociedad.
Pedimos al Consejo General del Poder Judicial que nos remita
estadísticas de manera habitual, pedimos que sea mensualmente, aunque
en el Parlamento nos asusten esas estadísticas, aunque sean tan
terribles como esas a las que he dado lectura, porque es posible
que podamos apoyar en la solución de los problemas de la
Administración de justicia y del propio Consejo, y solventar aquellas
dificultades que lo único que hacen las estadísticas es ponerlas de
manifiesto. Pedimos que nos manden informes para conocer la
implantación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de responsabilidad
penal del menor, porque los funcionarios nos dicen que la cosa va
mal, que no hay salas de vistas en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que no hay especialistas en menores, que no hay vídeos, que no hay
una serie de cuestiones que aprobamos en este Parlamento y que
dijimos que el Gobierno y el Consejo tenían que ejecutar y que no
ejecutan. Pedimos que se solventen los problemas de vacantes porque
no podemos ir por la Comunidad Europea con un mucho de vergüenza a la
hora de analizar la ratio juez-habitante; no podemos ser el último
país de la Unión Europea en la ratio juezhabitante. Si la media en la
Unión Europea es un juez por cada 8.000 habitantes, en este país que
tanto presume de moderno, sobre todo este Gobierno que tanto quiere
hacer presumir al país de que es moderno, no podemos ir por la vida
diciendo que nosotros tenemos un juez por cada 12.000 habitantes. Eso
tiene que tener solución y la tiene por la vía del Consejo General
del Poder Judicial. Tampoco podemos tener los asuntos pendientes que
tenemos, etcétera.
Señora presidenta, advierto que vamos a votar la mayoría de las
resoluciones del resto de los grupos parlamentarios en la
consideración de que nacen de la buena intención para solventar los
problemas; pero algunas nos producen una cierta desazón y un cierto
pudor a la hora de votarlas, por mucha que sea nuestra voluntad
aprobar esas resoluciones. Las tres primeras del Grupo Parlamentario
Popular son, pura y sencillamente, un canto de alabanza, una especie
de poner al resto de los grupos parlamentarios en situación de
palmeros de acciones políticas que han tenido su encuentro en este
Parlamento y que parece que les ha ido bien por la vía de aprobación
como consecuencia de la suma de votos. Y así, se nos dice que en el
Congreso de los Diputados tenemos que congratularnos del éxito
derivado de la puesta en marcha de la nueva ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Lo cierto es que el Consejo
General del Poder Judicial dice que el éxito escaso -porque todavía
penden más de 400.000 asuntos en lo contencioso-administrativo- viene
dado por un mayor trabajo de los jueces y, sin duda alguna, por un
inicio en la aplicación de la nueva ley. Pero congratularnos desde
aquí de que pasado un tiempo estamos todos dispuestos a aplaudir con
profunda excitación aquellas acciones que realizaba el Gobierno por
vía parlamentaria y como consecuencia de la suma de votos, nos parece
un poco impúdico. De la misma forma que hay un cierto pudor por parte
del Grupo Socialista -y eso que tenemos voluntad de apoyarles- en
constatar que las dificultades por las que pasa la justicia penden de
una reforma para hacerla más
ágil, más eficaz, más moderna, y que esa reforma tiene que ser la
enmarcada en lo dicho por el ministro de Justicia en el seno de la
Comisión de Justicia e Interior. Seamos más generosos. Podíamos decir
que es consecuencia de una iniciativa parlamentaria del Grupo
Parlamentario Catalán, en 1998, que fue capaz de unir todas las
voluntades y que dio lugar, por cierto, a una serie de medidas y de
fuentes de las que ha bebido el ministro de Justicia para hacer lo
que él sostiene como pacto de la justicia.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego que concluya.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino inmediatamente.
Es decir, de congratularse por todo, pero es difícil que nos
congratulemos. No nos pidan que nos congratulemos y aplaudamos en
esta Cámara la llamada ley de choque, una forma rimbombante de llamar
a algo que fue una medida para aumentar la jubilación de los
magistrados más mayores y rebajar la formación de los jueces más
jóvenes.
El resto de las enmiendas de carácter transaccional -y ya termino,
señora presidenta- contarán con nuestro apoyo. Si ustedes me
permiten, les diré que algunas de ellas no aportan nada. Pedimos al
representante del Grupo Popular que considere la oportunidad de
cambiar una enmienda transaccional que añade a la solicitud de todos
los grupos de que el Consejo General del Poder Judicial nos mande
encuestas para que este Parlamento conozca el estado de la justicia,
que por otra parte es una de las obligaciones de este Parlamento, que
nos las mande con periodicidad mensual, y ustedes quitan lo de
periodicidad mensual. Les advierto que periodicidad anual ya tiene la
memoria del Consejo, ya aparecen los sondeos una vez al año; si
quitamos lo de mensual lo dejamos como estamos. Si estamos de acuerdo
en que el Consejo debe remitir los datos que permitan incluso que el
Parlamento pueda ayudarles en la solución de los problemas de la
justicia, qué menos que poner que los sondeos tengan carácter
habitual.Por lo demás, señora presidenta, aceptaremos la mayoría de
las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a fijar la posición del Grupo
Popular en relación con las propuestas presentadas, que constan en el
texto correspondiente y que son de la 22 a la 27. Estas propuestas
ponen de manifiesto
-a pesar de que al señor Barrero le molestan las tres
primeras, según acaba de decir- que la puesta en marcha de la nueva
ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, después
de transcurrido dos años, ha sido -no hay que negarlo- un éxito; eso
no se puede negar. Celebrar cualquier éxito de una buena ley no tiene
por qué molestar a nadie. En segundo lugar, decir que es necesario
que se lleve a cabo la reforma de la justicia para conseguir que sea
más ágil, moderna y eficaz en el marco de las propuestas que el
ministro de Justicia presentó el 14 de febrero del presente año en la
Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, nos parece que en
absoluto está reñido el marco con el diálogo; de ninguna manera. No
debe entenderse que estamos hablando de una cuestión de
encorsetamiento o algo parecido, sino de diálogo totalmente abierto a
todos los grupos, como puso de manifiesto el señor ministro de
Justicia cuando apostó claramente por la reforma de la justicia en el
debate correspondiente que se celebrará a lo largo y ancho de esta
legislatura. En tercer lugar, la unificación de las oposiciones de
las carreras judicial y fiscal, con arreglo a la Ley Orgánica 9/2000,
de 22 de diciembre, es positiva y no hay por qué silenciarla. En
cuarto lugar, también queremos resaltar la labor de formación
continuada de jueces y magistrados, especialmente en campos como las
nuevas tecnologías y su aplicación práctica, y el derecho de la Unión
Europea. En quinto lugar, instamos a que el Consejo General del Poder
Judicial remita a esta Cámara un informe acerca del uso que haya
hecho de las facultades que el artículo 216 bis de su ley orgánica le
confiere cuando exista retraso o acumulación de asuntos. Finalmente,
nuestra última propuesta es que se remita por el propio Consejo un
anexo de los datos actualizados que facilite la sesión que se vaya a
celebrar.
Entrando, señorías, en las propuestas del resto de los grupos, al
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida le planteamos dos
enmiendas transaccionales, que ya conoce su portavoz. La que va
dirigida a su propuesta de resolución número 11 quedaría redactada en
el siguiente sentido: El Congreso de los Diputados constata la
necesidad de que el servicio público de la justicia alcance cotas de
eficacia administrativa cuando menos similares al del resto de los
servicios de las administraciones públicas españolas, de forma que la
imagen actual de la justicia mejore de forma rápida y sustantiva en
el marco de la reforma de la misma. Y la dirigida a la número 18
diría lo siguiente: Instar al Consejo General del Poder Judicial la
plena vigencia del principio de responsabilidad administrativa,
disciplinaria, civil y penal en el seno de la Administración de
justicia, de forma que junto con el principio de independencia y el
de responsabilidad sea una de las dos columnas que sustente el
edificio de la justicia española. El resto de sus propuestas no nos
parecen asumiblespor una serie de razones, fundamentalmente por las
siguientes. En lo que respecta a la número 12, consideramos que el
diálogo permanente con los sindicatos es norma básica de actuación de
todas las administraciones públicas; en concreto el Ministerio de
Justicia ha tenido ocasión de acreditarlo en las conversaciones en el
curso que está llevando a cabo sobre la reforma de la Administración
de justicia. Respecto a la número 13, consideramos que el objeto de
la resolución ya se contiene en el documento de trabajo al que he
hecho referencia. En cuanto a la número 14, relativa a que el pacto
de Estado con la justicia persigue un modelo con vocación de
estabilidad en el sistema de elección de los vocales del consejo, se
intenta conseguir un modelo consensuado y conforme con el espíritu
constitucional. En la número 15, las eventuales reformas del recurso
de amparo y el recurso de casación tienen como objetivo la mejor
defensa de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las
funciones que a estos recursos corresponde. En cuanto a la número 16,
consideramos que el modelo de jurado es perfeccionable, como otros
tantos aspectos de la Administración de justicia. Respecto a la
número 17, consideramos que la reforma, como ya expuso el ministro de
Justicia, ha de delimitar con claridad la delicada frontera entre la
política y la justicia y asegurar que el Poder Judicial desarrolla
eficazmente las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.
En cuanto a la número 19, la propuesta al Rey del fiscal general del
Estado, consideramos que esta resolución pretende una reforma
constitucional. Respecto de la propuesta número 20, la comparecencia
ante la Comisión de Justicia, lo pretendido no compromete ni al
Ministerio de Justicia ni al Consejo General del Poder General ni al
fiscal general del Estado sino a los órganos de las Cámaras.En cuanto
a la número 21, de Izquierda Unida, sobre las comparecencias del
Consejo y las exigencias de responsabilidad política, consideramos
que tanto el Ministerio como el Consejo del Poder Judicial y el
fiscal general comparecen siempre que son requeridos por esta Cámara
y que otra cosa es la exigencia de responsabilidad política, lo cual
es sólo predicable del Gobierno.
Vamos a aceptar todas las propuestas del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), unas por la vía del voto favorable y otras mediante
enmiendas transaccionales. Con la número 28 estamos totalmente de
acuerdo en cuanto a la remisión a esta Cámara de un informe sobre la
efectiva aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor con
indicación de los principales problemas que se vayan detectando. A la
número 29 proponemos una enmienda transaccional, que quedaría
redactada en los mismos términos, añadiendo al final: al objeto del
estudio se atenderá también a la jurisdicción contencioso-
administrativa. En cuanto a la número 30, estamos totalmente de
acuerdo en proseguir la actividad institucional de cooperación
internacional del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que se
refiere a la 31, proponemos una enmienda transaccional en
los términos siguientes: El Congreso de los Diputados solicita del
Consejo General del Poder Judicial el establecimiento e impulso de
las medidas necesarias que permitan un mayor equilibrio entre las
comunidades de procedencia de los aspirantes a la carrera judicial.
Sin perjuicio de las actuaciones que desarrolle directamente, podrá
suscribir convenios con las universidades, comunidades autónomas y
otras entidades. Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta
número 32, relativa a la remisión al Congreso de un informe en el que
se recojan las medidas que se estimen necesarias para impulsar los
juicios inmediatos en el orden jurisdiccional penal.
Muchas de estas propuestas coinciden con las del Grupo Socialista.
Estimamos que está mejor redactada la propuesta 32 respecto de la
número 2 del Grupo Socialista. Las propuestas 28, 29 y 31, a las que
he hecho referencia, de Convergència i Unió, entran dentro del mismo
espíritu de las números 6 y 9 del Grupo Socialista. Votaremos a favor
de las propuestas números 4 y 10 del Grupo Socialista. Al citado
grupo parlamentario le sugerimos las siguientes enmiendas
transaccionales. A la propuesta número 1, proponemos el siguiente
texto: El Congreso de los Diputados constata la importancia de
continuar en el proceso de formación de los miembros de los equipos
técnicos previstos en la Ley orgánica de responsabilidad penal del
menor para que puedan realizar con las debidas garantías la
importante función que la ley les encomienda, así como desarrollar
reglamentariamente los preceptos de la Ley de responsabilidad penal
del menor. A la propuesta del mismo grupo número 3, ofrecemos la
siguiente transaccional: El Congreso de los Diputados constata la
importancia de que en el marco de la reforma de la justicia se lleve
a cabo la informatización íntegra de la Administración de justicia.
Respecto de la número 5, mantenemos el texto excepto la referencia
que hace el Grupo Socialista a la «periodicidad mensual». Dice el
texto: El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del
Poder Judicial a remitir a esta Cámara estadísticas judiciales
referidas a juzgados y tribunales, que permita una real evaluación de
las disfunciones que se puedan estar produciendo, así como proponer
medidas para su corrección. Si se habla de que permita una real
evaluación de las disfunciones que se puedan estar produciendo, el
Consejo lo tiene que hacer con la agilidad correspondiente para que
conocazmos en todo momento cuál es la situación real y actual.
Consideramos que no es necesario hablar de «periodicidad mensual», lo
cual no está reñido, en absoluto, con la agilidad y con la prontitud
para conocer los problemas reales. A la propuesta número 8, ofrecemos
la siguiente transacción: El Congreso de los Diputados insta al
Consejo General del Poder Judicial a elaborar un plan de actuación
que permita, con carácter general, afrontar la importante bolsa de
asuntos pendientes, en especial donde haya mayor carga de trabajo.
Ofrecemos este mismo texto en relación con otra transaccional del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). De esta manera,
puesto que hay asuntos pendientes en distintos órganos
jurisdiccionales, no es necesario mencionar ninguno, sino todos
aquellos en los que haya mayor carga de trabajo y asuntos pendientes;
es una redacción global, que asumiría lo propuesto por Convergència
i Unió y por el Grupo Socialista. La redacción que planteamos
absorbería el espíritu de lo propuesto por los dos grupos citados.
El Grupo Parlamentario Popular tiene un espíritu abierto. Desde
luego, no comparto lo que ha dicho el señor Barrero -muy
moderadamente, pero lo ha dicho- de que algo tenemos que decir el
resto de grupos para hablar de la justicia. Ha dicho que la mayoría
parlamentaria nos sitúa en el desierto de un Gobierno con mayoría
absoluta. Creo que esta sesión de hoy, como otras que vendrán,
demuestra todo lo contrario; es decir, la mayoría parlamentaria
absoluta no va a ser ningún desierto en donde clamen sus voces, sino
todo lo contrario. Simplemente con ver todas las propuestas de
resolución, las transaccionales que admitimos y las que votamos a
favor, se puede ver que el balance es positivo y, aunque en este
momento no estemos, como ha dicho el representante de Convergència i
Unió, en el debate sobre la reforma de la justicia en sentido amplio,
sí estamos en el inicio de una serie de reformas que van a afectar de
forma positiva a la justicia. La postura del Grupo Popular es
totalmente abierta, dialogante y, por supuesto, cumple con lo que ha
dicho el ministro de Justicia.
Tengo que terminar, señor Barrero, diciéndole que, respecto a que no
hay salas de vista o vídeos para la aplicación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en la parte que conozco -y alguna conozco-, no
es cierto. Hay salas de vista suficientes, hay vídeos suficientes y,
lo más importante, hay una preparación encomiable de jueces,
magistrados y de todos los funcionarios. Otra cosa distinta es que,
con la aplicación durante todos estos meses de una nueva ley, la Ley
de Enjuiciamiento Civil, haya una serie de cuestiones que tengan que
reformarse o adaptarse, por las distintas disfunciones que supone el
cambio de una ley de hace más de cien años a una ley nueva. Una vez
que se conozcan esas disfunciones y transcurra un tiempo prudencial,
como dijo el ministro de Justicia, se harán, con el consenso de los
grupos, las reformas necesarias para que sea una ley duradera, lo
mismo que lo ha sido la que se acaba de derogar al entrar en vigor,
el 8 de enero del presente año, la ley nueva.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo no ha presentado ninguna propuesta de resolución a esta
memoria del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y
tribunales de justicia,
en primer lugar, porque, vista la memoria presentada ante la
Comisión de Justicia por el señor presidente del Consejo General del
Poder Judicial, estamos de acuerdo en los planteamientos generales.
En segundo lugar, nos mostramos reticentes a presentar propuestas de
resolución a memorias de este organismo, sobre todo cuando vienen con
tanta tardanza, porque estamos hablando de la memoria del año 1999,
de la anterior legislatura. En esta nueva legislatura mi grupo tiene
un compromiso con el Gobierno, expresado al señor ministro de
Justicia, de apoyo al pacto de Estado por la justicia y en ese pacto,
en sus casi 20 puntos, se contempla la solución a muchos de los
problemas que acertadamente viene trayendo a la Cámara la memoria del
Consejo General del Poder Judicial en los últimos años. Nos gustaría
una concordancia temporal entre las legislaturas y el año en que
debatimos las propuestas de resolución de la memoria correspondiente,
así como una adecuación armónica con las propuestas del Ministerio de
Justicia para el pacto de Estado por la misma.
Respecto a las propuestas de resolución presentadas, queremos
manifestar que vamos a dar nuestro voto negativo no al fondo sino a
la forma de todas aquéllas que instan al Gobierno. Nosotros
entendemos que la instancia es ante el Consejo General del Poder
Judicial, que es quien presenta la memoria, y los grupos
parlamentarios tienen siempre abierto el cauce reglamentario de esta
Cámara para, a través de las proposiciones no de ley, instar al
Gobierno a la solución de los problemas. Salvo corrección al respecto
de los grupos que han presentado propuestas de resolución relativas a
instar al Gobierno (algunas del Grupo Socialista y prácticamente
todas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida), las
votaremos en contra. Entrando ya en el contenido de las mismas, si se
subsana -repito- ese defecto de forma de instar al Gobierno y se
insta al Consejo General del Poder Judicial, nos parece adecuado lo
manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como
enmiendas transaccionales. Estamos de acuerdo con la enmienda
transaccional ofertada a las propuestas número 1 y 3 del Grupo
Socialista, que votaríamos favorablemente, así como la transaccional
a la propuesta número 8. Votaríamos favorablemente las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista número 6, 7 y 10; las restantes
recibirían nuestro voto en contra.
Respecto a las propuestas del Grupo de Izquierda Unida, estamos de
acuerdo con las enmiendas transaccionales a las propuestas número 11
y 18. Por rectificar la forma de dirección las votaríamos
favorablemente, pero no las restantes. Votaríamos favorablemente
todas las enmiendas del Grupo Popular porque se ajustan al
planteamiento de forma que hemos dicho de instar al Consejo General
del Poder Judicial y porque responden a criterios de observación de
una sistemática adecuada a la memoria de 1999 y reflejan cuestiones
muy normales, de sentido común diría yo, que es tener perfectamente
informada a esta Cámara, a través de la Comisión de Justicia, de la
evolución de textos legislativosimportantes como pueden ser la Ley de
responsabilidad
penal del menor, la Ley de enjuiciamiento civil o la Ley de
lo contencioso administrativo. Aunque hay dos enmiendas
transaccionales del Grupo Parlamentario Popular a las propuestas
número 29 y 31 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
dado que la 29 solamente añade lo correspondiente a la información en
la Ley de lo contencioso administrativo y la 31 suprime el concepto
de programa necesario, al ser prácticamente lo mismo, las votaríamos
favorablemente, incluyendo las dos transaccionales ofertadas por el
Grupo Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Vasco no ha presentado propuestas de resolución,
pero no se interprete ello como dejadez o pasotismo puesto que toda
la Cámara conoce el enorme interés y la especial dedicación que mi
grupo dedica a las cuestiones referidas a la justicia; toda la
Cámara, excepto el diputado señor Rejón, cuya acidez innecesaria
ciertamente lamento. Ahí está nuestra tarea en la elaboración de
distintos textos legales y ahí está también la propia intervención de
esta portavoz con ocasión de la presentación de la memoria por el
presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Nuestra crítica va al trámite. Se trata de cumplir un trámite al que
no vemos ningún sentido. Así lo manifestamos ya en la legislatura
pasada, por cierto, entonces con el consenso de quien representaba al
Grupo Federal de Izquierda Unida, el diputado señor Castellanos. Si
lo que se pretende con este trámite es algún engarce entre el órgano
de gobierno del Poder Judicial y el Poder Legislativo, así
configurado este trámite no sirve para tal finalidad. Se me dirá que
mi postura es estética. Pues sí, pero me parece honesto manifestarla
ante la Cámara, puesto que estamos ahora en momentos en los que se
habla de modificaciones de la legislación referida al Consejo General
del Poder Judicial. Es legítimo preguntarse qué tipo de actividad
ejerce esta Cámara cuando se trata de aprobar estas propuestas de
resolución. Creemos que debería encajarse dentro de lo que es la
actividad de impulso a la acción del Gobierno, que no se recoge
expresamente como tal tarea de impulso en ninguna normativa de ámbito
estatal y que sí aparece, sin embargo, contemplada en los estatutos
de autonomía vasco y catalán. Creemos que es la idea, traída de la
doctrina italiana, de que no sólo el Gobierno dirige la política,
sino que también el Parlamento tiene algo que ver con la dirección de
la actividad política del Gobierno.
Respecto del Consejo General del Poder Judicial, creemos que no cabe
instarle a nada. Esto es sólo testimonial; lo que se aprueba es sólo
manifestación de una voluntad de la Cámara, porque el Consejo no está
sometido
a la voluntad de la Cámara. Distinta cuestión es cuando se
presenta su memoria por el Tribunal de Cuentas o por el Defensor del
Pueblo, que en este caso sí son comisionados del propio órgano de la
soberanía popular. Visto el contenido, podría decirse que lo que se
hace es instar al Gobierno para que haga aquello a lo que le obliga o
que le pide la memoria del propio Consejo General del Poder Judicial,
pero para instar al Gobierno hay otros instrumentos normativos:
proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones o la propia tarea
legislativa. Siendo el contenido de casi todas las propuestas de
resolución, resumiendo, de petición de dación de medios a las
administraciones competentes, de evitar retrasos en la Administración
de justicia o de informes periódicos en relación con determinadas
materias, el contenido de ellas resulta, en relación con lo tratado
en esta Cámara, y dicho sea con todo el respeto a las formaciones
políticas que han presentado propuestas, reiterativo ad nauseam. Con
ocasión del debate de la Ley penal juvenil, de las reformas que ha
habido de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de
interpelaciones y mociones, en esta legislatura se han abordado esas
cuestiones un infinito número de veces.
Tampoco tienen ningún sentido las propuestas de resolución que
consisten en cantos al cielo, en que esta Cámara se felicite porque
aprobó una magnífica Ley de la jurisdicción contenciosa -por cierto,
fui ponente de ella y yo también me siento orgullosa- o porque la Ley
de Enjuiciamiento Civil fue felizmente aprobada. No debemos mirarnos
el ombligo -dicho sea en lenguaje coloquial, señorías- sino seguir
hacia delante y dejarnos de este tipo de vanaglorias.
Concluyo como inicié mi intervención, no se interprete nuestra
actitud como desinterés, sino como convicción absoluta de que la
mejora de la justicia en nada va a depender de lo que hoy apruebe
esta Cámara. Interprétese más bien como una llamada o como un deseo
del Grupo Vasco a dar otro carácter a este trámite al reformarse la
regulación del Consejo cuyo proyecto, que creemos ya muy avanzado,
ansiamos, por cierto, conocer.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Rejón, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las
enmiendas que le han sido presentadas, tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Aceptamos la de Convergència i Unió, como he
manifestado en la anterior intervención, así como las dos
transaccionales a las números 11 y 18, presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señor Barrero, tiene la palabra a los mismos efectos, para indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendasque han sido presentadas.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, creo que la tramitación de
las enmiendas números 1 y 5, presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular a enmiendas socialistas, no es posible. Por tanto,
mantendremos, obviamente, nuestra propuesta de resolución. Aceptamos
el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular presentadas
a nuestras resoluciones, creo que son tres o cuatro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Señor Bueso, tiene también la palabra para indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas que afectan a su propuesta de resolución.
El señor BUESO ZAERA: Se acepta la enmienda que se ha presentado a la
propuesta 23 de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.
Señorías, votaremos las propuestas de resolución presentadas con
motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y
actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados
y tribunales de justicia correspondiente al año 1999.
En primer lugar, procederemos a la votación de las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, comenzando por la número 11, que se somete a
votación en sus propios términos por cuanto no había enmienda con la
cual se pudiera transaccional el texto propuesto por el Grupo
Popular. No tenía enmienda inicial, señor Rejón.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 10; en contra, 170; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la propuesta de resolución numero 18, del
mismo Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos
del texto transaccional propuesto por el Grupo Parlamentario Popular
a la número 6 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 281; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de resolución.
Votamos seguidamente las propuestas de resolución números 15, 17 y
19, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 10; en contra, 270; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 112; en contra, 170; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las propuestas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 282; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Iniciamos a continuación la votación de las propuestas de resolución
del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar la número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 113; en contra, 167; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida propuesta de
resolución.
Votamos a continuación la número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 111; en contra, 168; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 3, con el
texto transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 112; en contra, 168; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 281; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 115; en contra, 165; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 8, con el
texto transaccional propuesto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 282; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 112; en contra, 169; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, votamos la propuesta de resolución número 10, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 283; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar la número 23, con la
incorporación del texto de la enmienda de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 172; en contra, 109; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación las propuestas números 22 y 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 169; en contra, 110; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 279; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas propuestas de
resolución.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.