Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 67, de 13/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 67
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 63
celebrada el martes, 13 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de Régimen Económico y Fiscal
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 26-1, de 25 de abril de 2000. (Número de
expediente 122/000022.) . . . (Página 3274)
Modificación del orden del día . . . (Página
3281)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación del artículo 87.2 del Estatuto de los
Trabajadores. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 45-1,
de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000035.) . . .
(Página 3281)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
plurilingüismo en el Documento Nacional de Identidad (DNI). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de
2001. (Número de expediente 162/000211.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
plurilingüismo y permisos de conducir. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000212.) . . . (Página 3287)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la encefalopatía
espongiforme bovina y al riesgo que supone para las personas la nueva
variante de enfermedad de Creutzfeld-Jacob. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000194.) . . . (Página 3299)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la
propagación en España de la epidemia de la fiebre aftosa. (Número de
expediente 173/000047.) . . . (Página 3306)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del
Gobierno para la prevención de riesgos y la reducción del número de
accidentes laborales en nuestro país. (Número de expediente 173/
000048.) . . . (Página 3314)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno explique las actuaciones que ha realizado o piensa realizar
para acabar con la creciente feminización de la pobreza y promover la
independencia económica de las mujeres incluyendo el empleo,
erradicando la cada vez mayor carga de pobreza que recae sobre las
mujeres españolas. (Número de expediente 173/000049.) . . .
(Página 3321)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, de Régimen Económico y Fiscal de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla . . .
El señor Segura Clavell defiende ante el Pleno de la Cámara la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma
en consideración. En un primer momento hace una descripción temporal
de los acontecimientos que han ido marcando la posición del Grupo
Parlamentario Socialista, desde la pasada legislatura, con respecto a
la petición de un tratamiento singular y específico para las ciudades
de Ceuta y Melilla que, si bien es cierto que tienen en muchos de sus
componentes sociales, socioeconómicos, geográficos y por su propia
circunstancia de desarrollo aspectos diferenciales entre ellas, sin
embargo presentan componentes comunes que pasa a exponer. En una
segunda fase
se refiere a los contenidos de la proposición de ley y solicita a la
Cámara el voto favorable para que se inicie una tramitación que,
considera, es menester que se ponga en marcha y se agilice, habida
cuenta de la paralización sufrida por algunos de los componentes en
el transcurso del tiempo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón
Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y González
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de régimen económico y fiscal de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se rechaza por 126 votos a
favor, 168 en contra y cuatro abstenciones.
Modificación del orden del día . . . (Página
3281)
La señora presidenta, de conformidad con el artículo 68.1 del
Reglamento y considerando lo acordado por la Junta de Portavoces,
somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día del punto
50, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de
fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, lo
que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 3281)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación del artículo 87.2 del Estatuto de los
Trabajadores . . . (Página 3281)
Defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para su
toma en consideración, el señor Rodríguez Sánchez. Destaca el
fenómeno de la agrupación y concentración de capital y de las
decisiones empresariales, favorecido y acelerado por la
mundialización económica, lo que lleva a los denominados grupos de
empresa, constituidos formalmente por empresas o sociedades
independientes que gozan de personalidad jurídica propia y
diferenciada, pero que en realidad actúan como una unidad en términos
económicos y empresariales. Considera que la incidencia de los grupos
de empresa en las relaciones de trabajo es muy importante y es
necesario que se realice un estudio riguroso y amplio en el que
participen los agentes sociales para alcanzar una regulación de los
diversos aspectos de las relaciones laborales en el seno de los
grupos de empresa, resaltando la necesidad de superar la ignorancia
del derecho laboral sobre estos grupos en toda su amplitud y de
impulsar de manera urgente las reformas necesarias para adecuar la
representación de los trabajadores al nuevo nivel colectivo que
representan dentro de dichos grupos. Analiza los textos legislativos
que conforman el cuerpo básico del derecho del trabajo aplicable en
el Estado español y llega a la conclusión de que no se
institucionaliza ninguna instancia propia o específica de
representación de los trabajadores en los grupos de empresa,
indefinición que su proposición de ley intenta superar con la
aplicación del mismo criterio de representatividad que el aplicado en
los convenios de ámbito superior a la empresa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López
(don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez,
de modificación del artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores,
se rechaza por 21 votos a favor 273 en contra y 13 abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 3287)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
plurilingüismo en el documento nacional de identidad (DNI) . . .
(Página 3287)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre plurilingüismo
y permisos de conducir . . . (Página 3287)
Defiende las dos proposiciones no de ley la señora Martín Vivas, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se trata,
explica, de instar al Gobierno a que adopte las disposiciones
reglamentarias necesarias para que los datos que figuran en el
documento nacional de identidad y en los permisos y licencias de
conducción de vehículos a motor y ciclomotores que sean expedidos en
el territorio de las comunidades autónomas que, además del
castellano, tengan otra lengua oficial propia figuren también
redactados en dicha lengua a petición del interesado. Expone los
argumentos que han llevado a su grupo a presentar estas iniciativas y
explica el contenido concreto de las proposiciones no de ley, que
confía en que merezcan el respaldo de todos los grupos de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Saura
Laporta, Rodríguez Sánchez y Puigcercós i Boixassa, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Chacón Piqueras, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Rejón Gieb,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso relativaal plurilingüismo en el documento
nacional de
identidad, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, se aprueba por 298 votos a favor y nueve abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre plurilingüismo y permisos de conducir,
también en los términos derivados del debate, con la incorporación de
las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba
por 296 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la encefalopatía
espongiforme bovina y al riesgo que supone para las personas la nueva
variante de enfermedad de Creutzfeld-Jacob . . .
Defiende la proposición no de ley la señora Valentín Navarro, del
Grupo Parlamentario Socialista. Asegura que la iniciativa que su
grupo presentó ante la Cámara el día 22 de enero relativa a la
encefalopatía espongiforme bovina y al riesgo que supone para las
personas la variante de la enfermedad de Creutzfeld- Jacob es
rigurosa y no le guía otro afán que el de colaborar para que la
protección de la salud de las personas sea el único objetivo que
mueva a los grupos políticos a tomar iniciativas de estas
características. A continuación critica duramente la gestión del
Gobierno del Partido Popular ante uno de los mayores problemas de
salud pública de los últimos tiempos y afirma que desde el Ministerio
de Sanidad se debe prevenir la aparición de la variante de
Creutzfeld-Jacob en las personas, adoptando las medidas necesarias y
su dotación económica. El Grupo Parlamentario Socialista propone en
su iniciativa que el Gobierno disponga de una única voz científica
que dé respuestas a las interrogantes que se plantean y proponga
medidas concretas tendentes a evitar la posible transmisión a las
personas de la encefalopatía espongiforme bovina.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y la señora Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Valentín Navarro.
Sometida a votación la proposición no de ley del grupo Parlamentario
Socialista relativa a la encefalopatía espongiforme bovina y al
riesgo que supone para las personas la nueva variante de enfermedad
de Creutzfeld-Jacob, en los términos de la enmienda transaccional que
ha sido leída por la portavoz del grupo proponente, se aprueba por
295 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la
propagación en España de la epidemia de la fiebre aftosa . . .
(Página 3306)
Presenta la moción consecuencia de interpelaciónurgente el señor
Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Se refiere en primer lugar al debate de la semana pasada con
el ministro de Agricultura en torno a la fiebre aftosa y afirma que
le dio la sensación de que en el Ministerio no se barajaba con la
suficiente importancia la posibilidad de que dicha enfermedad
atravesase el Canal de la Mancha y llegase al continente y de que
había una cierta resistencia a tomar medidas de precaución adecuadas.
Reitera los argumentos de la interpelación urgente sobre el tema y
explica las medidas que su grupo propone en la moción, adelantando su
disposición a aceptar algunas enmiendas de los grupos a fin de que se
pueda aprobar por unanimidad, que es lo que el sector está deseando
en este momento.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y
los señores Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Vázquez Váquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Txueka Isasti,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Companys Sanfeliú. En el mismo turno interviene
también la señora Cunillera i Mestres.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la
propagación en España de la epidemia de la fiebre aftosa, en los
términos derivados del propio debate y con la incorporación de las
enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se aprueba
por 291 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del
Gobierno para la prevención de riesgos y la reducción del número de
accidentes laborales en nuestro país . . . (Página
3314)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
González Vigil, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tras
leer unos datos del Ministerio de Trabajo sobre la siniestralidad
laboral en los que se observa una evolución al alza se pregunta cómo
el portavoz del Grupo Popular pudo decir en el debate de la
interpelación que las cifras demostraban que había una tendencia
regresiva en esta materia. Por el contrario desde su grupo, y a la
vista de las cifras que acaba de señalar, se considera que la
prevención de la siniestralidad en España va muy mal, y lo mismo
opina el sector de la construcción, la sociedad en general y otros
grupos parlamentarios que están en la oposición. Se pregunta por qué
el Gobierno no acepta ninguna de las sugerencias que se le hacen
desde los grupos políticos, los sindicatos y los especialistas en la
materia, y rechaza el criterio del señor Aparicio sobre que las
cifras absolutas son engañosas y hay que remitirse a los índices de
incidencia, porque el crecimiento del empleo no tiene por qué
conllevar necesariamente un aumento de siniestralidad. Por el
contrario, añade, el crecimiento de la economía y del empleo deben
llevar a una intensificación de las medidas preventivas y de las
campañas formativas. A continuación explica las medidas contenidas en
los veinte puntos de su moción y, ante las cifras reales que se han
puesto de manifiesto, considera que ha llegado el momento de cambiar
de camino e introducir mejoras para el bien de todos, del Gobierno,
de la sociedad en general y de los trabajadores
y sus familias, que son los que sufren las consecuencias de
esta grave lacra que es la siniestralidad laboral.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz
López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Corgos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor González Vigil.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del
Gobierno para la prevención de riesgos y la reducción del número de
accidentes laborales en nuestro país, en los términos derivados del
debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas
por el grupo proponente, se rechaza por 110 votos a favor y 160 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno explique las actuaciones que ha realizado o piensa realizar
para acabar con la creciente feminización de la pobreza y promover la
independencia económica de las mujeres incluyendo el empleo,
erradicando la cada vez mayor carga de pobreza que recae sobre las
mujeres españolas . . . (Página 3321)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida la señora Castro Fonseca.
Contestando a la última intervención del señor ministro de Trabajo en
la interpelación urgente de la semana pasada, afirma que
efectivamente puso mucha ideología en su intervención, y la va a
seguir poniendo, pero no puso vehemencia en la acepción literal de
cualquier diccionario que dice que vehemencia es ímpetu con
violencia. La señora Castro dice no tener conciencia de haber
mantenido ninguna actitud violenta en esta Cámara, pero no puede
evitar apasionarse en la defensa de los derechos de un colectivo al
que pertenece. Reitera los argumentos dados en la interpelación de la
semana pasada, y aunque reconoce que la moción de su grupo contiene
un paquete importantísimo de medidas que supondría mucho dinero y que
el Grupo Popular no la iba aaceptar en su conjunto, no esperaba que
éste presentara
una enmienda que considera un brindis al sol. Adelanta su
rechazo a la enmienda presentada por el Grupo Popular porque, dice,
se les pide un voto de confianza y ella, aunque es una persona
confiada, no se fía. Sin embargo, anuncia que aceptará las enmiendas
del Grupo Socialista porque son enmiendas de concreción que mejoran
la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Riera
Madurell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Julios Reyes, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Pigem i Palmés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Castro Fonseca.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno explique las actuaciones que ha realizado o piensa realizar
para acabar con la creciente feminización de la pobreza y promover la
independencia económica de las mujeres incluyendo el empleo y
erradicando la cada vez mayor carga de pobreza que recae sobre las
mujeres españolas, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 92
votos a favor, 141 en contra y seis abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE
LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 122/
000022.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, de régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla. Para la presentación y defensa de la iniciativa,
tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Socialista trae para su defensa en
el Pleno del Congreso de los Diputados, para cubrir este primer
trámite, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, de régimen económico y fiscal para las
ciudades de Ceuta y Melilla.
Señoras y señores diputados, no podemos dejar de hacer referencia, en
esta primera fase de la intervención de este diputado socialista en
representación de su grupo, a la tramitación que a lo largo de la
pasada legislatura fundamenta la presentación de esta proposición de
ley. Consiguientemente en esta primera parte haremos una descripción
temporal de los acontecimientos que han ido marcando la posición del
Grupo Parlamentario Socialista con respecto a la petición de un
tratamiento singular y específico para las ciudades de Ceuta y de
Melilla que, si bien es cierto que tienen en muchos de sus
componentes sociales, socioeconómicos, geográficos y por sus propias
circunstancias de desarrollo aspectos diferenciales entre ellas, sin
embargo presentan componentes comunes que este grupo parlamentario
quiere poner de manifiesto. En la segunda parte fundamentaremos y
describiremos algunos de los contenidos que se recogen en la
proposición de ley. En esta fase en que nos encontramos vamos a
solicitar naturalmente a la Cámara, con la defensa de la misma, el
voto favorable para que se inicie una tramitación que es menester se
ponga en marcha y, aprovechando este punto en que nos encontramos, se
dinamice su situación, habida cuenta la paralización que algunos de
los componentes que nosotros planteamos han tenido en el transcurso
del tiempo.
Señorías, es menester poner de manifiesto que la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, el 21 de diciembre del año 1995, adoptó
por unanimidad el acuerdo de remisión al Congreso de los Diputados de
una proposición de ley de régimen económico y fiscal de Melilla para
su tramitación en las Cortes Generales. Esta iniciativa tenía su
origen en la Ley orgánica que desarrolla el Estatuto de Autonomía de
Melilla, que en su disposición adicional segunda dice textualmente:
Subsistirán las peculiaridades económico-fiscales existentes
actualmente en la ciudad de Melilla, sin perjuicio de las necesarias
adaptaciones que hayan de realizarse derivadas de la vinculación de
España a entidades supranacionales. Mediante ley del Estado se
actualizarán y garantizarán las peculiaridades del régimen económico
y fiscal de Melilla.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias recogidas en el
Estatuto de Autonomía de Melilla y, particularmente, en el artículo
13 de la Ley orgánica de su Estatuto de Autonomía, en el que se dice
textulamente que la Asamblea de la ciudad de Melilla podrá solicitar
del Gobierno un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de
su defensa y podrá solicitar la adopción de un proyecto de ley,
precisamente haciendo uso de ese precepto, la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el 21 de diciembre del año 1995, como he dicho,
aprobó por unanimidad el texto de la proposición de ley de régimen
económico y fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se remitió
al Congreso de los Diputados, se publicó en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el 21 de febrero de 1997 y superó el trámite de toma
en consideración en la sesión plenaria del 10 de marzo de 1998, como
consecuencia de un debate en el que, por abrumadora mayoría de 300
votos a favor, dos en contra y una abstención, se fijaba sin
paliativos la voluntad política derivada de la práctica unanimidad
del Congreso de los Diputados en el sentido de entender la necesidad
de un tratamiento global modernizador de la economía de Melilla y,
por tanto, de iniciar el proceso parlamentario de debate de una
iniciativa que surgía desde la propia Asamblea de la ciudad de
Melilla para la que se abría un proceso legislativo en aquel momento.
Señorías, a principios del mes de abril de ese año de 1998 se abrió
el preceptivo plazo temporal de presentación de enmiendas, que fue
experimentando ampliaciones sucesivas concedidas por la Mesa del
Congreso como consecuencia de peticiones mayoritariamente formuladas
por algunos de los grupos aquí presentes, de forma que fue un año
después, el 17 de mayo de 1999, una vez cerrado definitivamente el
plazo de presentación de enmiendas, cuando se publicaron en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las enmiendas que los
diferentes grupos parlamentarios presentaron para su debate
preceptivo en la tramitación de tal proposición de ley.
Transcurrieron los meses consecutivos del año 1999 sin que se
produjese el resto de la tramitación en la fase de ponencia o
Comisión, de tal manera que la disolución de las Cortes Generales a
comienzos del año 2000 trajo consigo que la tramitación
parlamentaria, que se inició en diciembre de 1995, a día de hoy no
haya vuelto a encontrar su camino parlamentario para dar solución a
una necesidad manifestada por la Asamblea de la ciudad de Melilla.
En segundo lugar, como consecuencia de lo que nosotros hemos
interpretado como la necesidad de poner en marcha toda una serie de
mecanismos de desarrollo económico y social de ambas ciudades -no
solamente la de Melilla, a la que he estado haciendo referencia, sino
también la Ciudad Autónoma de Ceuta-, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una proposición de ley en la pasada legislatura,
casi en paralelo a la tramitación a la que, procedente de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, he hecho referencia, que
se presentó el 30 de noviembre de 1998 y fue objeto de un debate el
20 de abril de 1999 en el Pleno de esta Cámara, con el resultado de
su no admisión a trámite como consecuencia del voto en contra de los
grupos parlamentarios que apoyaban al Gobierno en la pasada
legislatura.
Posteriormente, y como expresión reiterativa del compromiso explícito
del Grupo Parlamentario Socialista con las ciudades de Ceuta y
Melilla, volvimos a presentar la referenciada proposición de ley, que
se publicó el 17 de mayo de 1999. Continuando con la que nosotros
consideramos necesaria descripción secuencial, conviene destacar que
el Grupo Parlamentario Popular, que a lo largo de la pasada
legislatura mantuvo la posición política que está recogida en el
«Diario de Sesiones», presentó a mediados del año 1999 una
proposición no de ley que tituló «Para la actualización
y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla». Nosotros quisiéramos destacar
que en la exposición de motivos de esa proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, que luego se aprobó en el Pleno del
Congreso de los Diputados, se contienen argumentaciones con las que
estamos de acuerdo y en las que, curiosamente, se resumen nuestros
planteamientos. Así, entre otros párrafos con los que fundamentaban
el proyecto de resolución del Grupo Parlamentario Popular, se decía:
Con el propósito de cambiar dicha situación, y al amparo de lo
previsto en la disposición adicional segunda de los respectivos
estatutos de autonomía, las ciudades de Ceuta y Melilla han asumido
como objetivo prioritario la actualización y perfeccionamiento del
régimen económico y fiscal. En el caso de Melilla, a través de la
iniciativa legislativa que se tramita en esta Cámara y en el caso de
Ceuta mediante un proyecto de ley a remitir por parte del Gobierno de
la nación a las Cortes Generales, de acuerdo con las bases que se
establezcan en el conjunto de las fuerzas políticas, económicas y
sociales. Es decir, queremos dejar muy claro que en la exposición de
motivos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
se justificaba la necesidad de un proyecto de ley que debería remitir
el Gobierno para la normalización de la situación económica de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Así pues, señorías, y con el voto a favor de los diputados integrados
en los grupos parlamentarios que apoyaban al Gobierno en la pasada
legislatura, se aprobó el proyecto de resolución que se presentó a la
consideración del Pleno del Congreso de los Diputados, del que,
integrado por dos puntos, destacaremos en esta transcripción el
párrafo primero del punto primero, que fue lo que se aprobó a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, reitero, a mediados del
año 1999, y que dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que en el plazo más breve posible (mediados
del año 1999, dicho entre paréntesis), promueva por medio del
correspondiente proyecto de ley -y lo subrayo: proyecto de ley- las
medidas que sean apropiadas en orden a completar el desarrollo y
actualización del régimen económico y fiscal especial de Ceuta, cuya
tramitación sea coordinada con la de la propuesta de similar alcance
ya presentada en esta Cámara por la Ciudad Autónoma de Melilla. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
En consecuencia, señorías, esta descripción temporal de los
acontecimientos que han acompañado la larga tramitación no culminada
durante la pasada legislatura de la iniciativa parlamentaria que
surgió a finales del año 1995 en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y el convencimiento de la necesidad de avanzar en la
consolidación y modernización de un régimen especial para ambas
ciudades, que posiblemente puedan ser diferenciadas una de la otra en
alguno de sus contenidos como consecuencia también de la diferencia
de ambas ciudades, es lo que ha animado al Grupo Parlamentario
Socialista a reiterar la presentación a comienzos de esta legislatura
de una proposición de ley que ya presentamos y defendimos en la
pasada y que hoy volvemos a traer a la consideración del Pleno con el
ánimo de intentar consensuar, en la fase de tramitación posterior,
todas aquellas modificaciones e incluso autoenmiendas que el propio
Grupo Parlamentario Socialista pueda presentar a algunos de los
artículos que nosotros estamos presentando. Y lo hacemos, señorías,
por cuanto entendemos que la voluntad de la Cámara, manifestada en la
sesión plenaria del 11 de mayo de 1999, hace -reitero una vez más-
algo menos de dos años, en el sentido al que ya hemos hecho
referencia de la presentación -como decía la resolución aprobada-, en
el plazo más breve posible, de un proyecto de ley de las medidas
apropiadas en orden a completar el desarrollo y actualización del
régimen económico y fiscal especial de Ceuta y de Melilla, no ha sido
cumplimentada por el Gobierno. En consecuencia, si ustedes, señoras y
señores diputados que constituyen la mayoría absoluta, tuviesen un
gesto, yo diría, de democracia parlamentaria, habida cuenta la
resolución de hace casi dos años de mandatar al Gobierno que
cumpliese la presentación de un proyecto de ley que no ha traído,
darían el voto favorable a la admisión a trámite de esta proposición
de ley a efectos de modularla a lo largo de su tramitación posterior
y adaptarla al sentimiento mayoritario, y deseablemente unánime, de
esta Cámara, habida cuenta que los socialistas nos negamos a que
Ceuta y Melilla sean motivo de interés político y batalla denigrante
de naturaleza política. Son dos ciudades fundamentales en la
estructura del Estado español, en las que residen ciudadanos
españoles que tienen la obligación y el derecho a recibir los apoyos
que estas Cortes Generales y el propio Gobierno del Estado les
suministren.
Señorías, queremos recordar una vez más, a efectos de un mejor
conocimiento de la realidad que nos ocupa, que cuando el Reino de
España firmó el Acta de Adhesión a la Comunidad Europea contó con un
protocolo anexo, el número II, que recogió los tratamientos
diferenciados para las ciudades de Ceuta y Melilla y para las islas
Canarias, de ahí que ya con la Ley 8/1991, con la que se aprobó el
arbitrio sobre la producción e importación para las ciudades de Ceuta
y Melilla, se adaptaba la fiscalidad de estas dos ciudades a los
contenidos preceptuados en el protocolo II del Acta de Adhesión. Con
tal ley se creó y se reguló el arbitrio sobre la producción o
elaboración así como la importación de toda clase de bienes muebles
corporales en las ciudades de Ceuta y Melilla. También, señorías, con
posterioridad, en la Ley 13/1996, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, es decir, en la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1997, se
modificó la figura tributaria y se convirtieron en impuesto para la
producción los servicios y la importación de las ciudades de Ceuta y
Melilla así como los contenidos de algunos de los artículos de la ley
que creó el arbitrio sobre la producción y la importación de tales
ciudades. Con posterioridad ha habido normativa diversa que ha ido
adaptando la normativa tributaria aplicable a las ciudades de Ceuta y
Melilla a la ordenación comunitaria, trasponiéndose la misma al
ordenamiento jurídico español.
Señorías, una vez más queremos poner de manifiesto que con nuestra
proposición de ley no pretendemos que Ceuta y Melilla se conviertan
en lugares de opacidad fiscal ni en paraísos o semiparaísos fiscales
en los que se incumpla la normativa comunitaria. Esto queremos
dejarlo muy claro. Nosotros creemos que en los contenidos de la
proposición de ley se recogen algunos de los contenidos que ya han
sido autorizados por la Comisión Europea, que los ha considerado
instrumentos oportunos para el desarrollo de otras zonas integradas
en la Unión Europea del Estado español y de otros países que,
amparados por un pasado histórico de singularidad reconocida y de
situación geográfica singular, han conseguido compatibilizar derechos
históricos con la tendencia homogeneizadora que inspira en la
actualidad las políticas comunitarias; conceptos de naturaleza
política que impregnan todos los contenidos de la proposición de ley
que estamos defendiendo, tal como puede comprobarse en muchos de los
artículos de la misma.
Es por ello, señorías, que planteamos en el artículo 1, con un texto
que lo especifica claramente, que el territorio español comprendido
en los límites de los territorios municipales de las ciudades de
Ceuta y Melilla se declara territorio franco a efectos aduaneros y
comerciales, sin más limitaciones que las resultantes del
ordenamiento nacional o comunitario o las derivadas de razones de
seguridad, sanitarias o medioambientales. Y análogamente en artículos
sucesivos, porque
en los artículos 3 y 4 se regulan las políticas económicas del Estado
en Ceuta y Melilla asegurando la creación y desarrollo de la
actividad industrial, potenciando la creación de empleo, asegurando
el abastecimiento energético, garantizando la suficiencia de su
Hacienda, manteniendo las comunicaciones con el resto del territorio
nacional y garantizando la aplicación de la Carta Europea de
Autonomía Local a ambas ciudades, con el compromiso del Estado de la
aplicación plena de dicha Carta a las mismas. En los títulos primero
y segundo se ofrece un amplio conjunto de regulaciones de políticas
de fomento, incentivos y ayudas a las iniciativas empresariales así
como ayudas y subvenciones para la generación y mantenimiento del
empleo. En esa línea proponemos la elevación al 75 por ciento -antes
era del 50 por ciento- del límite a los incentivos y ayudas a las
iniciativas empresariales que se produzcan en las zonas de promoción
económica respectivas, se propugna la puesta en marcha de una agencia
especializada de empleo, que las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contingencias comunes, así como las correspondientes al
régimen especial de trabajadores autónomos, tengan una bonificación
del 50 por ciento o que para los centros especiales de empleo se
reduzca al 51 por ciento de la plantilla el número de trabajadores
minusválidos que el centro precise para obtener dicha cualificación.
Estos son ejemplos mencionados como casos concretos.
En el título tercero se plantean una serie de medidas tendentes a
favorecer la actividad económica que van desde el planteamiento de
deducciones en la cuota íntegra que se contempla en el artículo 12,
hasta las que se especifican en el artículo 20 con la introducción de
la deducción por inversiones, donde se establece que los tipos de
porcentaje de deducción aplicables serán superiores a un 80 por
ciento de los establecidos en el régimen general del impuesto, o
respecto del límite aplicable, que también será superior al 80 por
ciento del establecido en el régimen general. Señorías, la
introducción en el artículo 18 de la figura de la reserva para
inversiones constituye una de las aportaciones más innovadoras de la
proposición de ley, habida cuenta que este mecanismo ya ha sido
autorizado en las islas Canarias por parte de la Comisión Europea y
se puede llegar a erigir en uno de los elementos más incentivadores
de la potenciación de la actividad económica, de la mejora y
modernización de las instalaciones productivas, a la vez que
generador de empleo.
En cuanto a las disposiciones adicionales, se plantea en la segunda
que el Instituto de Crédito Oficial mantenga abierta una línea
especial de préstamos con tipos de interés preferentes para financiar
las inversiones en activos fijos que realicen las pymes en Ceuta y
Melilla y siempre que el producto interior bruto por habitante se
mantenga inferior a la media nacional. En la tercera se recoge la
previsión de una posible adaptación futura de la ley que podría
surgir de esta iniciativa parlamentaria,
en el supuesto de una potencial integración futura en el territorio
aduanero de la Unión Europea.
En la cuarta se mandata al Gobierno a gestionar ante las
instituciones comunitarias un reconocimiento equivalente a la
condición de región ultraperiférica que se define en el artículo
299.2 del Tratado de la Unión Europea, de lo que se podría derivar un
futuro de beneficios vinculados a las ayudas comunitarias con
independencia de la calificación o no de región Objetivo 1 y a las
singulares condiciones geográficas de ambas ciudades.
La quinta -con ello termino, señorías- establece un complemento de
residencia a favor de los trabajadores que residan en cualquiera de
dichas ciudades y que no disfruten de tal complemento o cuyo devengo
fuera de cuantía inferior a la que se fija en la que podría ser la
ley derivada de la actual proposición si ustedes votan a favor de su
tramitación posterior. Por ello, el módulo para el cálculo y abono de
este complemento sería el salario base contenido en la reglamentación
u ordenanza de trabajo correspondiente o, en su caso, en el convenio
colectivo de trabajo aplicable. Debemos indicar al respecto que, si
esta proposición de ley fuese admitida a trámite, que intuimos que
no, presentaríamos una autoenmienda elevando el complemento de
residencia de un 25, valor recogido en nuestra propuesta inicial, a
un 33 por ciento, algo que hoy se reclama con insistencia por todos
los estamentos sociales de ambas ciudades.
Señorías, en las disposiciones transitorias...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego vaya
concluyendo, ya que ha superado ampliamente su tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
En las disposiciones transitorias se complementan toda una serie de
políticas que configuran un estatus económico complementario del
estatus fiscal recogido en la Ley de 1991, modificada con
posterioridad, lo que daría un corpus, toda una estructura de
desarrollo económico a dos ciudades autónomas que necesitan del apoyo
global de las Cortes Generales españolas, de todos sus grupos
parlamentarios. De ahí, señorías, que pidamos el voto favorable para
que se admita a trámite esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura. ¿Algún
grupo parlamentario desea fijar posición? (Pausa.)
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida en relación con la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista,
sobre el régimen económico y fiscal de Ceuta y Melilla. En primer
lugar, quiero manifestar humildemente en nombre de mi grupo que no es
serio plantear proposiciones de ley en función de coyunturas
políticas o electorales que se puedan estar dando en estos momentos
en Ceuta y Melilla. No es serio. Ceuta y Melilla, nadie lo niega,
tienen una especificidad territorial y una problemática
socioeconómica severa que todos conocemos y sin duda merecen la
atención del Gobierno y de las fuerzas parlamentarias de la oposición
más allá de los meros intereses electorales de cada uno; legítimos,
pero meros intereses electorales de cada uno. Por ello, antes de
posicionarnos sobre el texto de esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero poner de relieve el oportunismo con
el que se suele hacer referencia a Ceuta y Melilla en esta Cámara,
oportunismo que, antes que nada, es una falta de respeto hacia los
ceutíes y los melillenses y que, como ya se ha visto -ahí están los
debates de la VI Legislatura-, no supuso ningún avance práctico en la
situación real de los habitantes de estas dos ciudades españolas del
norte de África.
Señorías, cuando estaba planteándome la posición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida me dije: disimula mucho, procura que
no se te note el hecho de que no tienes muy claro, a pesar del
reconocimiento constitucional, el papel de Ceuta y Melilla. Pero cada
vez que leía el texto de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista me daba cuenta de que a quien más se le
notaba que no le tenía ningún respeto era al Grupo Parlamentario
Socialista. Y me explico.
Señorías, desde la Asamblea de Melilla vino a esta Cámara una
iniciativa parlamentaria y ha tenido el trámite parlamentario que
sea. Sin embargo a esta Cámara no ha venido nada de Ceuta. No
obstante, incluso cuando se presentó una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, cuyo partido en aquel momento ya
sostenía al Gobierno del mismo signo, por lo menos guardaron una
determinada forma en la redacción diciendo que se debía tener en
cuenta el tema de Melilla y que, en el caso de Ceuta, para la
redacción del documento correspondiente por parte del Gobierno,
debería hablarse con el resto de las fuerzas con representación
electoral en la ciudad de Ceuta. Por lo menos formalmente, luego
estoy seguro de que no le harían ningún caso o que no se pondrían al
habla, como ha sucedido en otros territorios y comunidades autónomas.
A mí me extraña muchísimo que aquí, cuando todo el mundo reconoce la
capacidad de esas ciudades para esa iniciativa, ciudades autónomas
por la transitoria quinta de la Constitución de 1978, cuando todo el
mundo reconoce la iniciativa de que podrían haber traído esas leyes,
no se haya comprobado por qué no las han traído, discutido, etcétera.
Nos podrá gustar más o menos la composición política electoral de las
distintas asambleas, pero mucho nos tendremos que tentar la ropa las
fuerzas democráticas porque mucha culpa tenemos las fuerzas
democráticas de que surjan personajes
execrables de la calaña del señor Gil o de sus fuerzas
políticas o de algún que otro bandidazo, como muy bien decía don José
Rodríguez de la Borbolla. Pues bien, antes de entrar en el núcleo de
este debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, quiero hacer una observación
previa.
La Constitución española, señorías, sólo crea dos regímenes
especiales en materia fiscal, que, como todos ustedes saben, son el
vasco y el navarro. Izquierda Unida es, como no podía ser de otra
forma, sensible a los graves problemas sociales, económicos y de todo
tipo que sufren las ciudades autónomas, más que nada sus ciudadanos.
Pero ello no es óbice para que entendamos que es bueno tratar de
resolver todos los problemas de este tipo mediante fórmulas
extraordinarias o excepcionales. Los problemas que sufren Ceuta y
Melilla, no de forma idéntica, pero si en forma de dificultades
sociales y económicas severas, también los padecen en otras partes
del territorio español y el recurso a los regímenes fiscales y/o
económicos especiales no es para estos otros casos tan recurrentes
como lo son en el de Ceuta y Melilla. Señorías, hablar en
determinados momentos de que Ceuta y Melilla son las capitales del
paro es ponerse una anteojera y utilizar datos comparables entre
comunidades autónomas. No voy a entrar en comparaciones entre
ciudades, pero según el último de estos tochos de La Caixa que de vez
en cuando invaden nuestros casilleros, Anuario Social de España del
2000, por ejemplo el índice de paro en Ceuta es del 26,9 por ciento y
en Melilla del 21,7. Voy a compararlos con provincias de mi comunidad
autónoma. Señorías, Cádiz tiene el 29,3, Sevilla el 27,4 y Córdoba el
26,3, por hablar de la problemática del paro y para ellas no se
plantea una salida en un momento determinado mediante regímenes
especiales. También Extremadura, Andalucía y Galicia están muy debajo
de Ceuta y Melilla en cuanto a PIB por habitante. Por lo tanto, claro
que hay problema económico, como lo hay en el resto del territorio
español.
Desde Izquierda Unida, por tanto, no consideramos que el régimen
fiscal y económico sea una especie de panacea que todo lo sana. Por
ello, mantenemos cierto escepticismo distante respecto al texto que
nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista o frente a otros
textos similares que sin duda va a haber y hubo en el pasado. Pero
incluso en caso de que el régimen especial fuese un instrumento
adecuado para atajar los problemas sociales y económicos, focalizados
en una determinada zona del territorio español, lo mismo que se exige
un régimen especial para Ceuta y Melilla, como antes argumentaba,
podría concederse otro para Aragón, para Extremadura o para
Andalucía, por tener tres ejemplos que SS.SS. a buen seguro
consideran altamente análogos en temas económicos o sociales. Sin
embargo, ni para Aragón ni para Andalucía o Extremadura son
frecuentes las soluciones particulares, sinoque, por el contrario, en
el marco de la negociación del
sistema de financiación de las comunidades autónomas surgen este tipo
de asuntos y se les debe tratar de dar una solución coherente dentro
el marco financiero y fiscal general español. Por ello, quizás sería
más coherente tratar de buscar solución a los problemas de Ceuta
y Melilla dentro del marco general y es posible, señorías, que sea más
eficaz y beneficioso tanto para los ceutíes como para los
melillenses, aun a riesgo de no ser electoralmente atractivo ni para
el PSOE ni para el PP.
Dicho todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida va a votar a favor de la toma en consideración. Siempre es
bueno que haya textos con los cuales empezar a trabajar,
indiscutiblemente luego veríamos las enmiendas y qué piensan
realmente los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla a través de
sus representantes. Así pues, voto a favor, pero desde unas
determinadas consideraciones. En primer lugar, Izquierda Unida
comparte la preocupación por los problemas sociales y económicos de
estas dos ciudades y entiende que desde el Estado se deben articular
acciones tendentes a garantizar la igualdad en materia de derechos
sociales y económicos de los ceutíes y de los melillenses en relación
con el resto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. En
segundo lugar, algunas de las medidas contempladas en la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Socialista nos parecen oportunas,
otras no las compartimos con el mismo entusiasmo y echamos en falta
algunas medidas de revitalización y protección social importantes
como, por ejemplo, el carácter progresivo que casi desaparece del
IRPF. En tercer lugar, sin perjuicio de todo lo anterior, Izquierda
Unida es partidaria de la articulación -eso sí- de un plan fiscal,
financiero y económico para Ceuta y Melilla dentro de un marco global
estatal. Por último, y sin entrar a juzgar un punto que no
compartimos, como es el del excesivo peso de las exenciones fiscales
en contraposición al escaso peso relativo de la inversión efectiva y
política activa de fomento público, vamos a votar a favor de la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, pues consideramos que su tramitación en el seno de esta
Cámara podría ayudar a diseñar acciones públicas que son necesarias,
muy necesarias de regeneración para Ceuta y Melilla.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, hace casi dos años, concretamente el 20 de abril de 1999,
debatíamos aquí en este hemiciclo esta misma iniciativa. Iniciativa
que no se ha modificado ni en una sola coma y que presentó el Grupo
Socialista de aquel entonces. Sin embargo, en estos dos últimos años
han cambiado situaciones y
cosas, yo diría que muchas cosas. No solamente ha cambiado la
evolución de los regímenes económicos y fiscales de ambas ciudades
-de los que luego hablaré-, sino que esos cambios han afectado a la
situación política tanto de Ceuta como de Melilla. Me van a permitir
que haga una pequeña incursión en el pasado reciente para concretar
cuál debe ser la posición de todos nosotros en el pasado y en el
futuro con respecto a ambas ciudades autónomas.
Desde junio de 1999, dos meses después de que el señor Segura y yo en
este hemiciclo debatiéramos sobre este mismo texto, las elecciones
autonómicas y municipales auparon al Gobierno de ambas ciudades a un
grupo de mercenarios económicos que utilizaron sin ningún tipo de
rubor ni escrúpulo el engaño como eje fundamental de lo que ellos
denominaban programa electoral. Sirvan como ejemplo de esas promesas
la construcción de un aeropuerto flotante en el mar, hoteles de lujo
sobre los muelles del puerto, canales venecianos en el centro de la
ciudad o un fabuloso barco que uniera Melilla y la Península casi a
la velocidad de la luz. En fin, una realidad virtual que, trasladada
a la población con tal despliegue de medios publicitarios como hasta
ese momento no se había visto nunca en ambas ciudades, consiguió, sin
ningún género de dudas, seducir a un número importante de ceutíes y
melillenses. Pues bien, dos años después de aquellos cantos de
sirena, que han llevado a las ciudades al borde del abismo, éstas han
recuperado el pulso, han recuperado la sensatez, y los recientes
gobiernos constituidos tanto en Melilla, con anterioridad, como en
Ceuta hace bien pocas fechas, dan fe de lo que estoy diciendo. Sin
embargo, las secuelas y consecuencias de ese tiempo pasado son
palpables, ya que el estancamiento, cuando no retroceso, de ambas
ciudades ha llevado al consenso y acuerdo de todos. De todos los que,
como el Partido Socialista o el Partido Popular, tienen una larga
trayectoria democrática y de responsabilidad, o de los partidos de
corte local que tienen vocación de servicio o, en último término, de
personas que se han rebelado ante las barbaridades y locuras que se
estaban haciendo. Todos ellos intentan, desde el consenso -fíjense en
la palabra, la repetiré muchas veces-, la negociación y la sensatez,
tirar y empujar del carro en la dirección del desarrollo de ambas
ciudades.
En este punto, en este presente, ya estamos en esta fecha, es donde
debe entrar este arco parlamentario, ya que seguramente -como ya sabe
el señor Segura, al que aprecio muchísimo por el interés que pone en
las ciudades de Ceuta y Melilla- desde esa discrepancia a la hora de
llevar a cabo la votación es desde donde debemos partir con un
compromiso, el de escuchar no sólo a nuestros compañeros de partido
de las ciudades de Ceuta y Melilla, sino también a los gobiernos de
las ciudades que, junto con el Gobierno central, tienen que realizar
un análisis para que ese amplio consenso de todos nosotros determine
las actuaciones a seguir con
respecto a los regímenes económicos tanto de Ceuta como de Melilla.
Precisamente hoy, y esto es público, con lo cual no tengo ningún tipo
de reparo en afirmarlo desde esta tribuna y que así quede recogido en
el «Diario de Sesiones», los presidentes de ambas ciudades se
encuentran reunidos y entrevistándose con el vicepresidente segundo y
ministro de Economía, y mañana, en la ciudad de Melilla, se reunirán
ambos presidentes nuevamente con el secretario de Estado de Hacienda
para tratar no sólo de la actualización o modificación del régimen
económico y fiscal sino también de otras cuestiones que son de mucho
interés para Ceuta, para Melilla y para sus ciudadanos.
Fíjense, señoras y señores diputados, cómo han cambiado las cosas.
Hoy por hoy, tanto en Ceuta como en Melilla se está considerando la
posibilidad de la incorporación al área de la unión aduanera europea,
con un período -eso sí- transitorio, como bien sabe el señor Segura
que se hizo en Canarias en su día, que pueda mantener y ampliar sus
otras singularidades económicas y fiscales, y todavía, sobre este
tema en concreto, no se ha tomado decisión alguna en un aspecto tan
fundamental, por lo que hay que ir de la mano de la negociación, de
la discusión, en todo caso, y del consenso para sacar esto adelante.
Hemos de hacer notar que el texto que propugna el Grupo Socialista, y
el señor Segura lo ha reconocido indudablemente desde esta tribuna,
está desfasado. Hay que hacer modificaciones sobre ese texto -diría
que algo más, pero dejémoslo simplemente en ese desfase- por cuanto
en la legislatura anterior ya se produjo una actualización del
régimen económico y fiscal de ambas ciudades en materias esenciales,
tales como la nueva regulación del IRPF en la deducción por las
rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, que precisamente constituye uno
de los elementos fundamentales de ese régimen económico y fiscal. Por
cierto que en esa ley y en el apartado concreto de las modificaciones
para Ceuta y Melilla, esta Cámara votó unánimemente -el Grupo
Socialista, el Grupo Popular, todos los que estábamos aquí- este
aspecto concreto. En segundo lugar, tenemos la imposición indirecta
de carácter local que alguien en esta Cámara, en concreto el Grupo
Socialista, dudaba que se llevara a cabo. Eso fue a finales de 1996,
y me estoy refiriendo al impuesto de producción, servicios
e importación en la modificación del anterior y antiguo arbitrio. En
tercer lugar, el reconocimiento expreso de las peculiaridades
fiscales de Ceuta y Melilla en la Ley orgánica que regula la
financiación de las comunidades autónomas; con tal motivo, en la
última reforma de la citada ley se introduce una nueva disposición
adicional en virtud de la cual se recoge expresamente la existencia
de los regímenes fiscales especiales de Ceuta y Melilla entre los
distintos regímenes especiales de España. En cuarto lugar, creemos
que sería necesario que fueran dos textos formalmente independientes,
y no uno, los que definieran los regímenes
especiales tanto de Ceuta como de Melilla, como bien se ha expresado
desde esta tribuna, por las diferencias que existen entre ambas
ciudades, y también una ley específica de cesión de tributos.
Ahora hay que tener en cuenta no solamente lo que se ha hecho en la
anterior legislatura, que ha mejorado sustancialmente el régimen
económico de las ciudades, sino lo que se está haciendo pensando en
el futuro. Puedo afirmar desde esta tribuna que, con el compromiso
del Grupo Parlamentario Popular, en la próxima ley sobre el impuesto
de sociedades se contemplarán medidas específicas para las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla que beneficiarán sin duda el desarrollo
industrial, base fundamental del futuro de ambas ciudades. He de
decir que, aunque esté menos maduro, se está trabajando también en
las posibles modificaciones de las cotizaciones sociales en Ceuta y
Melilla.
Señoras y señores diputados, señor Segura, seguramente estamos de
acuerdo con el objetivo, pero diferimos en cuanto al método. Voy a
hacer una pequeña parada en este punto porque aquí he oído algo así
como que, de un plumazo, se ha sacado de la Constitución a Ceuta,
Melilla, Canarias y Baleares. Por cierto, curiosamente, las dos
únicas ciudades que vienen contempladas en el texto constitucional
con nombre y apellido -permítaseme la expresión- son Ceuta y Melilla
en su régimen autonómico. No se puede subir a esta tribuna para
hablar del futuro de estas ciudades haciendo un discurso
ininteligible y con una versión absolutamente libre de los hechos.
Hay que estar en Ceuta, hay que estar en Melilla, hay que vivir en
aquellas ciudades. No es alusión, señor Rejón, pero le invito
formalmente a que nos visite, a que esté con nosotros y, a partir de
entonces, podremos tener una versión seguramente igual, pero distinta
desde su punto de vista, de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Volviendo al punto en el que quería terminar, apreciamos
y reconocemos esa sintonía cada vez mayor entre la postura del Grupo
Socialista y la nuestra en cuanto al interés por ambas ciudades;
sintonía que, en épocas anteriores, no muy lejanas, estaba muy lejos
de darse por cuanto hubo momentos en que la discrepancia y el
antagonismo fueron patentes. Por cierto, personajes como los que
hemos tenido en las ciudades en los últimos tiempos se debían también
a declaraciones por parte de formaciones políticas que hablaban de
colonialismo y que, seguramente sin quererlo -luego se modifican
posturas-, echaron en brazos de estos personajes a los ciudadanos,
quienes a través de las urnas huyen del temor que se les provoca con
ciertas declaraciones. Señor Segura, la firma del Partido Socialista
Obrero Español en la reciente moción de censura de Ceuta, que ha dado
la ayuda necesaria para que el nuevo Gobierno de la ciudad empiece a
funcionar, es un ejemplo, sin ningún género de dudas, de ese
acercamiento necesario entre dos formaciones políticas que aspiran a
gobernar este país; dentro de diez años -permítaseme
la ironía-, seguramente el PSOE tendrá esa oportunidad.
Voy a terminar diciendo que, desde el Grupo Parlamentario Popular,
desde el Partido Popular, entendemos que, previamente a la
elaboración de un texto, debería constituirse un grupo de trabajo
integrado por representantes tanto del sector público como del sector
privado, incluido el Gobierno central y grupos parlamentarios,
teniendo la misión de elaborar un informe sobre la regulación del
régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla que contemple los beneficios con los que cuentan en la
actualidad en materias como la fiscalidad, subvenciones al
transporte, incentivos regionales, etcétera, para que de ese
consenso, de esa negociación, de ese hablar entre todos, consigamos
de una vez por todas una estabilidad futura de las ciudades de Ceuta
y Melilla en el ámbito de la economía, que es muy necesaria no
solamente para los que allí vivimos sino también para el conjunto de
España.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley:
Del Grupo Parlamentario Socialista, de régimen económico y fiscal de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 126; en contra, 168; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de referencia.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de entrar en el debate del
siguiente punto del orden del día, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 68.1 del Reglamento y considerando lo acordado por la
Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la
exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 50,
correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de fomento
y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. ¿Lo acuerda
la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia queda aprobada la exclusión del orden del día del
punto de referencia.
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (continuación):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ
YVÁZQUEZ), DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 87.2 DELESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES. (Número de expediente 122/000035.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley:
Del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez,
de modificación del artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Para la defensa y presentación de la misma, tiene la palabra el señor
Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan
en silencio y con la mayor fluidez posible. (Rumores.)
Un momento, señor Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el avance de procesos de
descentralización, segregación y externalización de determinadas
actuaciones productivas, tradicionalmente integrantes de la empresa,
va acompañado en la actualidad de un fenómeno de agrupación y
concentración de capital y de las decisiones empresariales,
favorecido y acelerado por la mundialización económica. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
En este contexto surgen con identidad propia los denominados grupos
de empresa, constituidos formalmente por empresas o sociedades
independientes que gozan de personalidad jurídica propia y
diferenciada, pero que en la realidad actúan como una unidad en
términos económicos y empresariales. La incidencia de los grupos de
empresa en las relaciones de trabajo es muy importante, tanto desde
el punto de vista individual en lo relativo a contratación y sucesión
de contratos, movilidad o despidos, como colectivo, por ejemplo
regulaciones de empleo, despidos objetivos, representación sindical.
Por ello se requiere un estudio riguroso y amplio en el que
participen los agentes sociales para alcanzar una regulación de los
diversos aspectos de las relaciones laborales en el seno de las
mismas, tal y como propugna el Bloque Nacionalista Galego a través de
una iniciativa no legislativa dirigida a esta Cámara que aún no ha
sido debatida. Por tanto, resaltamos la necesidad de superar la
ignorancia del derecho laboral sobre los grupos de empresa en toda su
amplitud, tarea que requiere cierto tiempo de análisis y debate entre
los agentes interesados, pero es preciso impulsar de manera urgente
las reformas necesarias para adecuar la
representación de los trabajadores al nuevo nivel colectivo dentro de
los grupos de empresa.
La presente proposición de ley no olvida la importancia y amplitud de
la problemática de los grupos de empresa en las relaciones de
trabajo, pero quiere llamar la atención sobre un aspecto concreto
relativo a la esfera de la representación de los trabajadores en las
agrupaciones de empresas, la legitimación para intervenir en la
negociación colectiva en el supuesto de convenios colectivos que
afectan a grupos de empresa, puesto que la indefinición legislativa
actual condiciona en gran medida la negociación colectiva en el
Estado español.
Es necesaria una respuesta urgente a esa cuestión latente, al margen
de tratar posteriormente con más profundidad y amplitud la regulación
específica de los grupos de empresa desde la órbita del derecho
laboral. Si analizamos o hacemos una búsqueda en los textos
legislativos que conforman el corpus básico del derecho del trabajo
aplicable en el Estado español, nos encontramos ante el hecho de que
no se institucionaliza ninguna instancia propia o específica de
representación de los trabajadores en los grupos de empresa. Existe
un escaso régimen legal relativo al comité intercentros que se aplica
a grupos fuertemente integrados y por tanto integrantes de una
empresa; en cambio nada se dice en la ley respecto al grupo de
empresas como tal. Aún así existe una importante contribución de los
tribunales de lo social que han forjado una generosa interpretación
jurisprudencial de la noción de empresa, facilitando en algún caso la
creación de comités de grupo de empresa o instancia asimilada, pero
valorando esos esfuerzos de órganos jurisdiccionales coincidiremos
todos en que la construcción dogmática de la representación de los
trabajadores en los grupos de empresa y la legitimación para negociar
en ese ámbito corresponde al poder legislativo. La indefinición de la
legislación laboral respecto a las formas de representación de los
trabajadores dentro de los grupos de empresa, genera al mismo tiempo
problemas en cuanto a la identificación de los sujetos legitimados
para negociar un convenio de empresa, existiendo incertidumbre acerca
de la aplicación de los criterios referidos a los convenios de
empresa (véase el apartado 1, del artículo 87, del Estatuto de los
Trabajadores), o bien de los criterios aplicables a los convenios de
ámbito supraempresarial (apartado 2, del artículo 87, del Estatuto de
los Trabajadores). Esta proposición de ley ofrece como solución
superadora de esa indeterminación la aplicación del mismo criterio de
representatividad que el aplicado en los convenios de ámbito superior
a la empresa, porque ofrece indudables ventajas frente a otros
posibles resultados, como se razonará a continuación.
En primer lugar, debemos advertir que las reglas derepresentación
unitaria de los trabajadores parten de la empresa y del centro de
trabajo, resultando elegidos los representantes de los trabajadores,
delegados de personal
y comités de empresa, en su caso, en dichos ámbitos y nunca en
los de los grupos de empresa. Como consecuencia de esta
circunstancia, de optar por los criterios del artículo 87.1 del
Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de los grupos de
empresa, habría que decantarse por negociar a través de las
representaciones sindicales que en su conjunto sumen la mayoría de
los miembros del comité, y tratándose de grupos de empresa serían
aquellas que aglutinen la mayoría de entre todos los comités de las
empresas integrantes del grupo. En esta situación, la eficacia
general del convenio de grupos sería limitada, puesto que carecería
de ella en aquellas empresas que forman parte de la agrupación
empresarial en cuyo comité ostenta una representación sindical
mayoritaria aquella que no tuviese representación en la Comisión
negociadora. En síntesis, de abordar la reforma por esa vía, el
problema radicaría en la hipotética falta de correspondencia entre el
ámbito y representación de los trabajadores y la unidad de
negociación del convenio.
En segundo lugar, la ley 10/1997, por la que se transpone la
Directiva 94/45 C, para la creación de comités de empresa en el
ámbito de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria,
tiene un carácter limitado a este respecto puesto que su aplicación
se restringe al ámbito de las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria, excluyendo expresamente las de dimensión
estatal, aportándonos por ello una solución fragmentaria. Ante ello,
la proposición de ley que formula el Bloque Nacionalista Galego se
inclina por considerar el convenio colectivo como de ámbito
supraempresarial introduciendo el inciso incluidos los grupos de
empresa en el enunciado del artículo 87.2 del Estatuto de los
Trabajadores. Ello otorgaría la legitimación para negociar desde la
perspectiva de los representantes de los trabajadores a las
organizaciones sindicales que cumplan los requisitos señalados en el
apartado 2 del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. De igual
modo, tampoco se dificulta la legitimación por la parte empresarial
al aplicarse los criterios del apartado 3 del mismo artículo del
Estatuto de los Trabajadores que no se modifica.
A raíz de esta modificación, la legitimación para negociar en los
convenios colectivos de los grupos de empresa corresponderá respecto
al banco social a las organizaciones sindicales más representativas,
tanto a nivel de Estado como autonómico y aquellas que ostenten el 10
por ciento en el ámbito del grupo empresarial cuyo convenio laboral
sea objeto de negociación colectiva. Con relación a la parte
empresarial, como sabemos se exige la presencia de una asociación más
representativa. Debe entenderse que la empresa dominante del grupo
negocie en calidad de asociación empresarial cuyo propósito es la
defensa de los intereses económico- empresariales respecto del ámbito
de las propias empresas que integran el grupo, constituyendo así una
equiparación perfectamente acorde con el ordenamiento
laboral entre el concepto de empresa de grupo y asociación
empresarial a efectos de la negociación colectiva de convenios
colectivos de grupos de empresa por la vía del artículo 87.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
Desde un punto de vista funcional, la atribución de legitimidad para
negociar a los sindicatos más representativos presenta la ventaja de
que no se circunscribe a una única estructura empresarial, es decir a
una sola de las empresas del grupo empresarial, y por tanto su
proyección organizativa sobre el conjunto opera en favor de la
actitud de esta representación sindical unitaria, y favorece también
la correlativa actuación de las estructuras sindicales ante la
posibilidad de cambios en la estructura de los grupos de empresas que
suelen ser más que frecuentes.
Queda por matizar la adecuación al cuerpo normativo laboral de la
atribución de legitimación de los sindicatos más representativos
directamente, tanto a nivel estatal como autónomico, para negociar
los convenios de los grupos de empresa sin valerse por ello de los
órganos sindicales de la empresa y del centro de trabajo.
Partimos de que es una solución perfectamente constitucional, dado el
reconocimiento privilegiado de las organizaciones sindicales en la
propia Constitución dentro de su título preliminar. Hay que recordar
el artículo 7 de la Constitución española, y la constante
interpretación jurisprudencial efectuada por el Tribunal
Constitucional a favor de que las mismas ostentan una función
genérica de representación y defensa de los trabajadores, resultando
por tanto una solución idónea para la negociación de los convenios de
grupos de empresa.
Además, siempre se otorgará legitimación para negociar a aquellas
organizaciones que ostenten una representación significativa en los
órganos de representación de los trabajadores existentes en el ámbito
del grupo de empresas, de conformidad con el apartado c) del artículo
87.2 del Estatuto de los Trabajadores. Se opta por tanto, señorías,
por modular la legitimación para negociar los convenios de grupos de
empresas entre las organizaciones sindicales más representativas,
como consecuencia lógica del sistema representativo establecido en el
título II del Estatuto de los Trabajadores, y la revisión que a él
hace la Ley Orgánica de Libertad Sindical para la defensa de los
intereses colectivos de los trabajadores, y al mismo tiempo aquellas
que cuenten con una representación significativa en los órganos de
representación de los trabajadores de las empresas del grupo,
alcanzando así el objetivo de extender la eficacia general que el
artículo 37 de la Constitución española reconoce al resultado de la
negociación colectiva de las partes sociales, al cumplirse los
mínimos de representación exigidos para casos análogos en la ley, sin
vulneración de los derechos sindicales.
En suma, y concluyendo, el Bloque Nacionalista Galego presenta una
propuesta legislativa modesta en
relación con la magnitud de las cuestiones que suscitan los grupos de
empresa en el ámbito laboral, pero consideramos que debe ser abordada
de manera urgente, al margen de otras regulaciones más ambiciosas en
esta materia, al referirse a la legitimación de las partes en la
negociación colectiva y la eficacia y alcance de éstas en los grupos
de empresa, que de no solucionarse seguirá generando litigiosidad
abundante, ocasionará distorsiones e incluso paralizará la
negociación colectiva en el seno de importantes grupos de empresa del
Estado español, y lo más importante, mantendrá a los agentes sociales
inmersos en un clima de inseguridad jurídica acerca de la eficacia
general de convenios negociados en el ámbito de grupos de empresas
que debe ser clarificada definitivamente a través de propuestas
concretas, que servirán además para avanzar en la regulación de
importantes aspectos de trascendencia laboral relativos a los mismos.
Esta proposición de ley no es más que una contribución en este
sentido.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Rodríguez. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta propuesta es oportuna. Deberíamos reflexionar no sólo
sobre el punto que se nos plantea, sino sobre el de la regulación de
los derechos de representación y negociación en todas las nuevas
formas que en estos momentos se perciben en la relación entre capital
y trabajo. Los cambios en los procesos productivos, la
descentralización y la introducción de nuevas tecnologías han
producido cambios en la organización de la industria y el trabajo que
están generando notables vacíos en la capacidad de negociación de
sindicatos, y sobre todo en los derechos de muchos trabajadores
a negociar condiciones de trabajo. Las nuevas formas económicas están
extendiendo en realidad la negociación individualizada de las
condiciones de trabajo. Nos encontramos ante franquicias que no
incorporaran los derechos colectivos de negociación con sus
contrataciones ajenas a convenios, teletrabajos sin regulación,
nuevas relaciones contractuales sin control sindical, tejido difuso
en empresas de nuevas tecnologías basadas en una autonomía lesiva
para los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores, que supuso en
su momento una auténtica constitucionalización de derechos, envejece
mientras sufre notables ataques de toda índole. Ciertamente los
sindicatos, mediante acciones y negociaciones en el campo de la
negociación colectiva, han logrado frenar la tendencia al vacío de
contenidos negociadores que se percibe en el mercado de trabajo, pero
no disponen de la necesaria cobertura
legal para impulsar de forma firme el valor y los contenidos de
la negociación colectiva. Este derecho de negociación colectiva no es
un valor menor o escasamente importante. Admitir el valor de la
negociación colectiva en todos los ámbitos no es sólo una cuestión de
principio democrático; todas las directivas y consejos de la Unión
Europea enfatizan la importancia de este principio como elemento
esencial de políticas económicas territoriales o industriales.
Resulta evidentemente un contrasentido afirmar este valor y vaciarlo
en la práctica, y en estas iniciativas de vaciado pueden señalarse
desde la negociación del derecho a la función pública hasta la
despreocupación por el desarrollo de este derecho de espacios
sociales y laborales cada vez más importantes.
Los procesos de segregación de empresas de subcontratación y los
procesos de negociación en grupos de empresa son uno de estos
espacios, como acertadamente apunta la propuesta. La realidad es que
estos procesos están suponiendo la aplicación de diferentes convenios
colectivos para actividades que antes se desarrollaban en la misma
empresa y bajo regulación contractual. Los trabajadores se ven
privados de derechos de negociación y de regulación básica que son
homogéneas para esas empresas, independientemente de la
descentralización productiva que se ha producido.
El derecho de negociación y sus contenidos deberían permitir regular,
en términos de derechos laborales, la relación entre empresa
principal y subsidiaria y determinar condiciones básicas para
trabajadores y trabajadoras que desarrollan actividades coordinadas
por el mismo centro productivo.
La realidad es que cada vez más nos encontramos con convenios que
nacen, no tanto por la necesidad de adaptarse a una empresa concreta
supletoria de un ámbito superior, sino para huir de las obligaciones
de este convenio superior que podría ser de aplicación y con la
intención de abusar de la menor presencia sindical para reducir el
nivel de protección de los trabajadores y trabajadoras.
La atomización y el nacimiento de múltiples procesos de negociación,
o incluso su desaparición, suponen de hecho una desvinculación de la
negociación colectiva, la ruptura de relaciones entre trabajadores de
la misma actividad, y la ausencia de garantías reales para ellos y
ellas.
Las empresas utilizan esta técnica para impulsar una menor intensidad
en los contenidos de la negociación colectiva y eludir la presencia
sindical más activa en las empresas centrales, vulnerando el espíritu
y probablemente la letra de la negociación colectiva. A este objetivo
responde la modificación del Estatuto que se propone, y en esa medida
cuenta con nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Con mucha brevedad, y desde el escaño.
Esta iniciativa del grupo parlamentario del Bloque Nacionalista
Galego incide sobre una cuestión que el propio ponente del grupo
galleguista ha afirmado, como es el de la magnitud de la incidencia
de la realidad de los grupos de empresa en el marco del derecho
laboral y, como se ha hecho referencia en estos últimos minutos, es
evidente que los procesos de descentralización y concentración del
mundo empresarial chocan también a veces con un sentido mucho más
clásico del derecho laboral.
En este sentido, la propuesta que hoy se nos plantea incide en la
necesidad de garantizar la participación en los procesos de
negociación colectiva en ámbitos territoriales seguramente
inferiores, respondiendo a vacíos que hoy existen en la legislación
española, y por qué no en el conjunto de la legislación europea en
ese ámbito.
Nuestro grupo aborda esta propuesta con extremada prudencia,
seguramente no desde la discrepancia de fondo en la cuestión que se
plantea, pero sí en la necesidad de entender que abordar
exclusivamente la cuestión de la negociación colectiva en la
reflexión de ámbito jurídico y específicamente en el ámbito del
derecho laboral no es la mejor manera de empezar la acción
legislativa en esa materia.
Por tanto, desde esa prudencia ante la propuesta que nos plantea el
Bloque Nacionalista Galego, mi grupo hoy va a abstenerse en la
votación subsiguiente a este debate y seguramente invitaría al
Gobierno a ser capaz de plantear un debate más general y más a fondo
sobre el marco jurídico de los grupos de empresa y especialmente en
relación con sus aplicaciones respecto al derecho laboral. Garantizar
esa capacidad de intervención de los trabajadores en la defensa de
sus condiciones de trabajo es una de las características
fundamentales de nuestro sistema social y económico y creemos que en
el marco de estos procesos que inciden en tantísimas cuestiones del
derecho laboral hay que empezar a encontrar respuestas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la iniciativa que hoy nos propone el Grupo Mixto, a través
de los diputados del BNG, incluye la expresión de grupos de empresas
dentro de la regulación y enumeración de los sujetos legitimados por
el lado de los trabajadores para firmar convenios de ámbito
superior a la empresa. Pero junto a ello, y a pesar de no estar
incluido en la exposición de motivos, se incluye una modificación de
enorme trascendencia para el régimen jurídico de la legitimación en
la negociación de convenios, se amplía la legitimación de los
sindicatos que no tengan el carácter de más representativos a nivel
estatal o autonómico, otorgándoles el derecho a participar en la
negociación de los convenios que por razón de su ámbito funcional o
geográfico le sitúen con un número de representantes elegidos del 10
por ciento. Respecto a la primera de las modificaciones propuestas,
ello significa definir el ámbito de grupo de empresa como un ámbito
superior a la empresa. En este punto hay que recordar que el
estatuto, a efectos de legitimación, sólo distingue dos niveles: el
de empresa y el superior, lo que a efectos de la representación de
los trabajadores quiere decir trasladar a la misma la legitimación
vigente en el ámbito sectorial. Entendemos con esta proposición que
la motivación del Bloque Nacionalista Galego es incluir de esta
manera a los sindicatos más representativos de comunidades autónomas
como sujetos legitimados para negociar los correspondientes convenios
de grupo; pero ya en la práctica, señorías, la jurisprudencia ha
reconocido un punto de equilibrio para cubrir la laguna existente en
cuanto a la legitimación para negociar convenios de grupos de empresa
que se aproxima a la iniciativa planteada. Este equilibrio puede
sintetizarse en la necesidad de aplicar las reglas de legitimación
sectorial para el banco sindical, que incluye no sólo los sindicatos
con presencia en los órganos de representación sino también a los más
representativos a nivel estatal o autonómico, y aplicar el criterio
de legitimación de los convenios de empresa para el lado empresarial,
lo que excluye la legitimación de asociaciones empresariales.
Por tanto, señorías, rechazamos en primer lugar el cambio de modelo
que se propone respecto de la legitimación de los sindicatos con
representación sectorial, y ello por tres razones. La primera, porque
altera el régimen de representación sindical, configurado en la Ley
Orgánica de libertad sindical y que es un punto de equilibrio en las
relaciones laborales de nuestro país, que ha sido expresamente
declarado constitucional en su diseño de mayor representatividad.
Segundo, porque en la forma puede parecer inconstitucional en la
medida que se modifica el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de libertad
sindical, que expresamente confiere la facultad de la negociación
colectiva a quienes reúnan acumulativamente los requisitos del 10 por
ciento de representación referido a un ámbito funcional y territorial
coincidente con el del convenio. Tercero, por la incoherencia
y racionalidad del modelo propuesto, que en primer lugar conduciría a
una representatividad en cascada con los sindicatos más
representativos a nivel de grupo, de comarca, de provincia, de
comunidad autónoma o de cualquier otro ámbito superior al de la
empresa, que estarían legitimados independientemente de su presencia
o no en el sector a que se refiere el convenio, lo que provocaría
un caos a la hora de configurar las mesas de negociación y la propia
seguridad jurídica de lo pactado. Sindicatos con presencia en el 10
por ciento provincial tendrían posibilidad de negociar cualquier
convenio de sector que se firme en la provincia, lo que rompe el
concepto de la mayor representatividad otorgada en virtud de unos
resultados electorales de los sindicatos que defienden los intereses
generales a nivel estatal o de comunidad autónoma. No obstante, la
mera referencia al concepto de grupo de empresa sin definir éste,
hace que la propuesta sea incompleta puesto que existen diversas
definiciones de grupo de empresas, tanto en el área sociolaboral como
en la normativa sobre bonificación y subvenciones, concepto de grupo
a efecto de constitución del comité de empresa europeo, como en la
esfera mercantil, normas tributarias del mercado de valores y
contables tienen su propio concepto de grupo de empresa. Además, las
principales dificultades para trasladar la negociación colectiva al
grupo de empresa no radica sólo ni principalmente en el problema de
la legitimación. En diversos foros sindicales y en los análisis de
los pocos ejemplos de convenio de grupo de empresas pueden observarse
tres grupos de cuestiones que inciden negativamente en el desarrollo
de este nivel de negociación e interlocución: en primer lugar la
ausencia de derechos de información y consulta que son la base de
cualquier proceso posterior de negociación, por ejemplo, la ausencia
de un centro de representación que supera el concepto de
representación de centro de trabajo recogido en el Estatuto. En
segundo lugar la ausencia de una responsabilidad compartida que
asegure el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas
dominantes del grupo; esta cuestión no afecta sólo a los supuestos de
fraude o de utilización indebida del grupo de empresas, sino también
a las propias posibilidades para abordar las cuestiones que a
sindicatos y empresarios pueden interesar. Por citar un ejemplo
significativo, la movilidad del personal dentro del grupo con la
plena garantía de conservación de sus derechos adquiridos y del
desarrollo de una carrera profesional dentro del grupo. Por último,
una cuestión organizativa, que está al margen de la política
normativa y se refiere a la necesidad de contar con una estructura
sindical ágil que permita llegar con una sola voz a los convenios que
pueden afectar a empresas enclavadas en distintos sectores y que
facilitan una correcta articulación de contenido entre los convenios
de grupo y los convenios sectoriales aplicables a las distintas
empresas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
En definitiva, estamos ante una iniciativa confusa y un tanto
peligrosa que es preciso rechazar claramente respecto a la
modificación de la legitimación de los sindicatos con el 10 por
ciento de representación sectorial y respecto a la alusión a los
grupos de empresa, porque aunque dirigido a una realidad que precisa
de dichaintervención no recoge aspectos clave que puedan tener
una eficacia directa en la solución de los problemas que pretenden
corregirse.
Por todo lo anteriormente expuesto, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista va a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Velasco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Obviamente subo a esta
tribuna para fijar la posición del Grupo Popular en relación con la
proposición de ley de reforma del artículo 87 en su punto 2 del
Estatuto de los Trabajadores formulada por el Bloque Nacionalista
Gallego, del Grupo Mixto.
En primer lugar hemos de decir que a nosotros, aun considerando y
entendiendo las razones que han traído este debate a la Cámara hoy
aquí, nos parece que carece de justificación el objeto de esta
reforma. La actual redacción del artículo 87.2 entendemos que no
plantea exclusión alguna respecto a ámbitos superiores a los de una
sola empresa, y que por tanto aquí se incluirían los grupos de
empresa. Diríamos más y es que el ánimo del legislador ha sido no
excluir la previsión del punto 2 a convenio alguno de ámbito, como he
dicho superior al de una sola empresa, que viene regulado en el punto
1 del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido
son varias las sentencias y hay una consolidada jurisprudencia. Hay
sentencias resolviendo recursos de unificación de doctrina por las
salas de lo social de los diversos tribunales y del Tribunal Supremo
en este caso, en las cuales se contemplan de forma pacífica diversos
supuestos que pueden y deben identificarse a los grupos de empresa a
efectos de legitimidad para negociar convenios de ámbito superior a
una empresa. Citaré las sentencias 72/1998, de 3 de julio, de la
Audiencia Nacional; la 373/1998, de 5 de marzo, del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia y la 548/1997, de 29 de enero, del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares, por parecernos las más claras en
cuanto a lo que acabo de exponer. En este punto iremos algo más lejos
al manifestar que la propia jurisprudencia ha establecido incluso la
posibilidad de la existencia de un grupo parcial de empresas y, por
tanto, la posibilidad de suscripción de convenios parciales en grupos
de empresa; es decir, no afectando a todas las empresas que componen
el grupo. Hay que recordar que la reforma del mercado laboral del año
1994 no hizo mención a la cuestión y también -lo ha citado el
proponente- que la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre los derechos de
información y consulta de los trabajadores en empresas y grupos de
empresa de dimensión comunitaria, que supuso la adaptación a nuestro
ordenamiento jurídico y la trasposición de la Directiva 94/45 de la
Unión Europea, tampoco hizo esta mención, que si se hubiera deseado
se podía haber hecho tranquilamente. Es más, no recuerdo que ningún
grupo de la Cámara, al menos en aquel entonces, prestara una
particular atención o tan siquiera planteara esta cuestión.
En definitiva, consideramos que el legislador, al menos hasta el
presente, no ha querido la concreción que se plantea porque se estima
que el carácter genérico que plantea el artículo 87.2 es suficiente,
tal y como ha venido desarrollando la jurisprudencia, tal y como
ustedes reconocen en la exposición de motivos de la proposición no de
ley, en la que ha fundado buena parte de su intervención al decir que
ha configurado una jurisprudencia por la que atribuyen condición de
empresario en cuanto el grupo de empresas o sociedades constituye
realmente una unidad económica, una unidad empresarial que actúa bajo
un mismo criterio de organización y bajo la misma dirección
empresarial. En este sentido, hemos de decir también que cuando se
habla de grupo de empresas no estamos hablando de una cuestión
homogénea. Hay grupos de empresas homogéneos y grupos de empresas con
unidades productivas totalmente diferentes, en los cuales no sólo no
es posible hacer un convenio de grupo de empresas o actuar como un
empresario, sino que sería contradictorio, introduciría rigideces e
iría en contra de la propia dinámica del mercado laboral y de las
empresas que componen dicho grupo. Por tanto, hay grupos de empresas
que se asimilan a empresas, hay posibilidades de grupos de empresas
con actuaciones parciales y hay grupos de empresas con una
heterogeneidad, pluralidad y diferencia en la composición de las
mismas y que, por tanto, no deben permitir una actuación homogénea.
Simultáneamente a esta proposición de ley ustedes han planteado una
proposición no de ley, la 162/33, en la que plantean dos cuestiones.
Por una parte, instan -lo ha hecho usted en la tribuna- al Gobierno
para que traiga a la Cámara un proyecto de ley con carácter amplio y
extenso a la hora de regular el tema de los grupos de empresa,
incluso hablan de grupos de empresa y más extensamente de grupo de
sociedades, y por otra parte asimilan el grupo de empresas a la
condición de empresario. En nuestro criterio, esto es una
contradicción con el propio texto de la proposición de ley, porque si
el grupo de empresas queda asimilado a un empresario o a una empresa
en singular, el cauce, a efectos de negociación colectiva y de
legitimación, ya viene previsto en el artículo 87.1 y no en el 87.2,
que, como bien decía anteriormente el portavoz del Grupo Socialista,
se plantea para los supuestos que exceden del ámbito de empresa o
inferior a la empresa y que, por tanto, la jurisprudencia ha ampliado
a los supuestos en que casuísticamente y de acuerdo con las
coordenadas que viene exigiendo a la hora de interpretar qué es o qué
no es un grupo de empresa puede incardinarse perfectamente en este
artículo 87.2, jurisprudencia que se ha planteado sobre todo a partir
del levantamiento
del velo -de la teoría del levantamiento del velo-, aplicada
jurisprudencialmente en este campo.
Al Grupo Popular le parece, por tanto, que no es necesaria la
modificación legal que plantean. Consideramos que, en todo caso, si
se quiere hablar de negociación colectiva habrá que hacerlo en un
campo más extenso, más amplio y profundizando más en la cuestión,
y nos parece que aceptar lo que nos formulan supondría una modificación
sustancial de prácticamente todo el Estatuto de los Trabajadores,
parte de la legislación de Seguridad Social y parte de otras
legislaciones sectoriales que anteriormente se han citado desde esta
tribuna. Pero además nos parece que, en contra sin duda del espíritu
que informa la iniciativa que debatimos, se podría poner al
trabajador en una posición de debilidad y de inseguridad jurídica si
aplicáramos automáticamente la agrupación del grupo de empresas al
concepto empresa en singular, porque en definitiva puede resultar
mucho más fácil disolver -por emplear un término gráfico- un grupo de
empresas que la estructura de la propia empresa. De manera que el
tema tiene su profundidad y su complejidad. Se ha hablado
anteriormente aquí de responsabilidad, y evidentemente sería muy
importante dilucidar y aclarar la responsabilidad en este ámbito y en
este campo, siempre que considerara el Grupo Popular, que no es el
caso, que esta medida fuera imprescindible, como plantea el Bloque
Nacionalista Galego. Creemos también, por último, que la iniciativa
va contra la descentralización de los convenios colectivos y de la
negociación colectiva y que se pueden introducir, como digo,
rigideces que en definitiva perjudiquen el desenvolvimiento
empresarial y del mercado laboral. Aparte de esta nuclear
modificación, que es a la que ustedes aluden en su exposición de
motivos tanto de la proposición de ley que ahora discutimos como de
la proposición no de ley a la que anteriormente hice referencia, no
sé si por voluntad del grupo proponente o por un error mecanográfico,
en la letra c) del punto 2 del artículo 87, donde viene regulado en
el Estatuto de los Trabajadores el ámbito geográfico y funcional,
ustedes dicen: ámbito geográfico o funcional. En este punto concreto
la oposición de nuestro grupo es clara y contundente. Supongo que no
era esa la previsión o la voluntad que ustedes tenían, porque en todo
caso ni en su intervención ni en la exposición de motivos de ambas
iniciativas se ha hecho mención alguna a este singular caso de
modificación que quiero creer que obedece entonces más a un error que
a una voluntad política deliberada. Por todas estas razones, señora
presidenta, el Grupo Popular no va a poder votar a favor del trámite
que plantea el Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo
Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez
y Vázquez, de modificación del artículo 87.2 del Estatuto de los
Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 21; en contra, 273; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL
PLURILINGÜISMO EN EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI). (Número
de expediente 162/000211.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PLURILINGÜISMO Y PERMISOS DE CONDUCIR. (Número de expediente 162/
000212.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En función de lo acordado por la Junta de Portavoces, se van a
debatir de forma conjunta las siguientes proposiciones no de ley: del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
plurilingüismo en el documento nacional de identidad, y del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre plurilingüismo y permisos
de conducir.
Para la defensa y presentación de las dos iniciativas, tiene la
palabra la señora Martín. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo trae a esta Cámara dos proposiciones no de ley en
las que insta al Gobierno a que adopte las disposiciones
reglamentarias necesarias para que los datos que figuran en el
documento nacional de identidad y en los permisos y licencias de
conducción de vehículos a motor y ciclomotores que sean expedidos en
el territorio de las comunidades autónomas que, además del
castellano, tengan otra lengua oficial propia... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Martín.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: ...que sean expedidosen el territorio de las
comunidades autónomas que, además
del castellano, tengan otra lengua oficial propia figuren también
redactados en dicha lengua a petición del interesado.
Quisiera comenzar señalando algo que para nosotros es absolutamente
fundamental, el reconocimiento a la realidad plural que es España.
Desde la unidad del Estado, el reconocimiento de la diversidad es no
sólo aceptar las cosas como son, sino comprender y valorar lo que las
nacionalidades y regiones reflejan en su historia, en su cultura y en
su lengua. Estos elementos de identidad no son sólo provechosos para
las comunidades respectivas sino para el conjunto de España. Como SS.
SS. saben, desde el punto de vista competencial y de acuerdo con el
artículo 3.1 de la Constitución de 1978, el castellano es la lengua
oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de
conocerla, así como el derecho a usarla. Respecto de las demás
lenguas españolas, el apartado 2 de este mismo artículo señala que
serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de
acuerdo con sus estatutos. De ahí que en las comunidades autónomas
con lenguas propias el uso de las mismas sea oficial y se tenga
derecho a utilizarlas en cualquier relación con las autoridades
administrativas. Es decir, que desde el punto de vista estrictamente
competencial, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución,
únicamente el castellano es la lengua oficial del Estado, ya que las
demás lenguas que se hablan en España tienen carácter oficial sólo en
las respectivas comunidades autónomas. Por tanto, la cooficialidad de
las lenguas propias en las respectivas comunidades autónomas es un
derecho que tiene un contenido territorial.
Desde la Constitución de 1978 los esfuerzos por la convivencia
cultural y lingüística han ido dotando del valor de la tolerancia y
del respeto hacia las manifestaciones más diversas de los pueblos que
integran el Estado, no debiendo olvidarse que uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico es precisamente el pluralismo.
Para nosotros, en el marco constitucional, la riqueza de las
distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que debe
ser objeto de especial protección, respeto e incluso creo -yendo un
poco más allá- que no sólo constituye un elemento de identidad de
quienes lo hablan, sino que forma parte del acervo y la riqueza
cultural de los habitantes de otras zonas que desde el respeto y
también desde la admiración valoran lo que ha supuesto la lengua en
la historia de esas comunidades autónomas. Por ello, la realidad
plurilingüe de nuestro Estado impone la necesidad de facilitar al
ciudadano, en sus relaciones con la Administración, el uso indistinto
del castellano como lengua oficial estatal y de las demás lenguas
españolas oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de
acuerdo con sus respectivos estatutos, lo que obviamente parece
conforme con los principios que nuestra Constitución establece como
marco de referencia para la organización y funcionamiento de las
administraciones
públicas y, por otra parte, adecuado a la moderna concepción de
las mismas, que pretende como objetivo general la mejora de las
relaciones que han de mantener con los ciudadanos a fin de
incrementar la calidad de los servicios que prestan. En este orden de
cosas, el objetivo de facilitar el uso indistinto de cualquiera de
las lenguas oficiales en el territorio de determinadas comunidades
autónomas ha sido recurrente en los actos de impulso parlamentario,
plasmado en múltiples resoluciones de ambas Cámaras, sobre todo en
las últimas legislaturas, y en un reiterado compromiso contraído por
miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración general del
Estado. Este propósito permanente debe plasmarse en un acto de
impulso al Gobierno para que se vaya avanzando y consolidando la
práctica administrativa, ya existente, del uso conjunto de las
lenguas cooficiales en determinados documentos expedidos por la
Administración general del Estado en territorios de comunidades
autónomas con lengua oficial propia. Quiero recordar a SS.SS. que, el
pasado 6 de febrero, el Parlament de Cataluña trajo a esta Cámara una
proposición de ley sobre este tema, cuya filosofía era coincidente
con las proposiciones que hoy debatimos, pero que no recibió el apoyo
mayoritario de esta Cámara por la complejidad del procedimiento
legislativo planteado.
Las proposiciones no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario
Popular, además de instar al Gobierno para que por vía reglamentaria
introduzca las modificaciones oportunas para hacer efectiva la
pluralidad lingüística de España, le otorga un plazo razonable para
efectuar dichas modificaciones, siendo dicho plazo de tres meses para
los permisos de conducir y de seis meses para el documento nacional
de identidad. Hay que resaltar que las proposiciones no de ley
introducen determinadas puntualizaciones. En primer lugar, la
referencia a petición del interesado. En efecto, la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, en su artículo 36, ha venido a recoger el
criterio jurisprudencial según el cual sobre el criterio que al
respecto pueda tener la Administración a la que se dirija el
ciudadano sobre una de las dos lenguas cooficiales está el derecho de
éste a elegir la lengua cooficial. Por consiguiente, por encima de la
facultad de la Administración se alza el derecho del ciudadano a
elegir en sus relaciones con aquélla la lengua a utilizar. Ello nos
lleva a que en el texto de la proposición no de ley que presentamos
para su aprobación en esta Cámara se reconozca el derecho del
ciudadano a elegir que el documento pueda expedirse bien en las dos
lenguas cooficiales, bien sólo en castellano.
Por lo que se refiere concretamente al documento nacional de
identidad, cabe señalar que los estatutos de autonomía reconocen de
forma expresa la competencia exclusiva del Estado respecto de la
expedición del mismo.Así queda reflejado, por ejemplo, en el artículo
13.4 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, que hace una reserva expresa a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo la dependencia del
Gobierno. Por lo que se refiere a los permisos y licencias de
conducción, el bilingüismo ha de afectar a los datos personales y a
las condiciones técnicas, pero no a aquellos epígrafes que acreditan
la titularidad del documento y su ajuste en cuanto a formato y modelo
a las normas comunitarias. En este sentido, la Directiva 91/439, del
Consejo de las Comunidades Europeas, referida al permiso de conducir,
contempla la posibilidad de que los Estados elaboren una versión
bilingüe del mismo utilizando una de las siguientes lenguas: alemán,
danés, español, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés y
portugués, a las que se han incorporado las lenguas de los Estados
que posteriormente han pasado a formar parte de la Unión Europea. Sin
duda alguna, al decir española, los tratados se refieren al
castellano en el sentido del artículo 3.1 de la Constitución, por lo
que las demás lenguas españolas no son de uso oficial en las
relaciones con la Unión Europea. Dicha directiva, en su anexo I,
apartado tercero, establece que las inscripciones que figuren en
todas las páginas, excepto en la primera, se redactarán en la lengua
del Estado miembro que expida el permiso. En caso de que un Estado
miembro desee redactar dichas inscripciones en una lengua nacional
distinta elaborará una versión bilingüe del permiso utilizando una de
las lenguas mencionadas, sin perjuicio de las restantes disposiciones
del presente anexo.
No quisiera concluir este debate, señorías, sin mencionar a los
distintos grupos de esta Cámara que han mantenido una posición
coherente sobre el tema que hoy debatimos y que han impulsado
diversas iniciativas parlamentarias en defensa del plurilingüismo,
iniciativas cuya cuestión de fondo nuestro grupo ha compartido
siempre, no coincidiendo en otros aspectos por razones de oportunidad
o de viabilidad técnico-jurídica. Ahora bien, permítanme que
manifieste, al mismo tiempo, nuestro rechazo a discursos demagógicos
como los planteados reiteradamente por el Grupo Socialista, que a lo
largo de los catorce años que ha gobernado y con mayoría suficiente
para hacerlo no ha sido capaz de plantear y sacar adelante una
iniciativa como la que hoy presentamos para incorporar las lenguas
cooficiales en estos documentos. Quiero dejar patente, señorías, que
precisamente porque en el Grupo Parlamentario Popular estamos
convencidos y estamos involucrados en este proceso de desarrollo de
la realidad plurilingüe de España hemos presentado nuestras
propuestas y porque, en definitiva, convenimos en que es bueno dar
cauce jurídico a lo que de hecho ya se viene haciendo desde 1995, a
raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
de fecha 8 de noviembre de 1994, para los permisos y licencias de
conducción de vehículos a motor y ciclomotores. Por todas estas
razones, señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado estas proposiciones
no de ley para su debate y aprobación, que esperamos
merezcan el respaldo de todos los grupos de la Cámara. En relación
con las enmiendas que han presentado los diferentes grupos esperamos
la defensa de las mismas para decidir si las aceptamos o no.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Tras oponerse a la toma en consideración de una amplia batería de
proposiciones de ley de iniciativa autonómica presentadas por
diferentes parlamentos territoriales y que en lo esencial aspiraban a
ver reflejada la pluralidad lingüística del Estado en una serie de
documentos y efectos públicos expedidos y emitidos por la
Administración general del Estado, el Grupo Popular nos emplaza ahora
a debatir sobre dos proposiciones no de ley que tienen por objeto
instar al Gobierno a facilitar la incorporación de las lenguas
autonómicas cooficiales a dos documentos que emite la propia
Administración general, el documento nacional de identidad y las
licencias y permisos de conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Cuando el pasado 6 de febrero se debatieron en esta Cámara las
proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña que planteaban la
incorporación de las lenguas autonómicas cooficiales al DNI y a los
permisos y licencias de conducir vehículos de motor, el Grupo Popular
expresó su respaldo a la filosofía que inspiraba a ambas iniciativas,
aunque votó en contra de su toma en consideración aduciendo
únicamente discrepancias en el procedimiento. Según expresaba su
portavoz, el Grupo Popular compartía plenamente el sentido, el
alcance, el contenido y la orientación de las proposiciones
debatidas, pero la única razón -la única- por la que se veía forzado
a oponerse a su toma en consideración era la, a su juicio,
improcedencia del procedimiento arbitrado en ambas iniciativas para
hacer efectivo su contenido. La única razón, el único motivo por el
que el Grupo Popular votaba negativamente estas proposiciones era el
hecho de que la vía reglamentaria era, en su opinión, más ágil, más
rápida y más sencilla que la reforma legal que planteaban las
proposiciones entonces debatidas, a efectos de introducir en el
ordenamiento jurídico las modificaciones necesarias para asegurar la
presencia de las lenguas autonómica cooficiales en estos dos
documentos administrativos.
Con estos antecedentes, uno no puede menos que sorprenderse cuando
comprueba que el contenido de las proposiciones no de ley que ahora
debatimos no selimita, como en principio cabría esperar, a sugerir
una
reforma procedimental, no se limita a reconducir la reforma
legislativa que planteaban las proposiciones de ley rechazadas en su
día hacia una reforma de carácter reglamentario, sino que plantea
modificaciones de fondo en relación con el texto de las citadas
proposiciones. De ahí que el Grupo Vasco haya presentado sendas
enmiendas contra estas dos iniciativas del Grupo Popular.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley que propone la
incorporación de las lenguas autonómicas cooficiales en el documento
nacional de identidad, nuestra enmienda pretende, en primer lugar,
eliminar del texto de la proposición no de ley la idea de limitar la
presencia del bilingüismo a los datos personales. A nuestro juicio,
carece de sentido circunscribir el bilingüismo del documento nacional
de identidad exclusivamente a los datos personales, toda vez que en
la actualidad parte de éstos, el nombre propio del titular y el de
sus padres pueden ser consignados no ya en ambas lenguas oficiales
sino en la lengua cooficial que elija el interesado. Además, en su
caso, otra parte de los datos personales, los apellidos y los lugares
de nacimiento y domicilio, pueden también ser escritos con la grafía
correspondiente a cualquiera de las lenguas que tienen rango oficial
en los diferentes territorios del Estado.
Además, el documento nacional de identidad no incorpora sólo datos
personales. Según la orden de 12 de julio del año 1990, debe incluir
otras informaciones que, al menos en el caso de algunas lenguas
cooficiales, se reflejan gráficamente de forma distinta a como lo
hace el castellano. Tal es el caso, por ejemplo, de la fecha de
expedición, el período de validez, el sexo del titular, la palabra
España, las iniciales DNI y la mención al Ministerio del Interior,
que preceptivamente tienen que figurar en el documento nacional de
identidad.
Así pues, si lo que se pretende es avanzar algo en relación con la
situación vigente y no quedarse estancados en la misma, no son los
datos personales los que han de abrirse al bilingüismo, porque ya lo
están, sino el propio formato del DNI, el conjunto del soporte
material sobre el que se consignan tanto aquellos datos como el resto
de la información que debe figurar en el citado documento, por
prescripción legal.
Conviene recordar que la proposición de ley del Parlamento de
Cataluña, cuya filosofía aseguraba compartir el Grupo Popular,
apostaba por redactar el DNI íntegramente en las dos lenguas
oficiales y no sólo los datos personales. Si de verdad se está de
acuerdo con su contenido, con su filosofía, habrá que asumirlo ahora,
y si alguien se opone a hacerlo ahora pondrá de manifiesto que su
discrepancia con la iniciativa del Parlamento catalán no era
meramente procedimental sino de fondo.
Nuestra enmienda pretende asegurar que las dos lenguas cooficiales
figuren con signos de escritura o de impresión equivalentes en tamaño
y dimensión, sin que
ninguna de ellas pueda verse minusvalorada frente a la otra, lo cual
creemos que está en consonancia con la filosofía de la proposición de
ley del Parlamento catalán que en su día se debatió.
Finalmente, se propone suprimir la pretensión de subordinar la
redacción bilingüe del DNI a la petición del interesado, porque
constituye una medida contraria a la normalización de las lenguas
autonómicas cooficiales. La petición del interesado tiene sentido
cuando al ciudadano se le permite elegir entre un formato
íntegramente redactado en una de las lenguas oficiales y otro
elaborado, también en su totalidad, en la otra lengua oficial, pero
cuando los poderes públicos optan por redactar un modelo bilingüe,
establecer un formato de documento oficial íntegramente bilingüe,
este modelo bilingüe ha de ser único, universal y no sujeto a la
elección del interesado, porque así lo exige la razón y también por
motivos de economía.
Por lo que se refiere a las licencias o permisos de conducir
vehículos de motor, nuestra posición es muy semejante a la descrita
en relación con el documento nacional de identidad. También en este
caso proponemos eliminar del texto de la proposición no de ley las
expresiones limitativas orientadas a reducir la presencia del
bilingüismo en estos documentos a los datos que se refieran a
circunstancias personales y a otras que hagan referencia a las
condiciones técnicas de las correspondientes autorizaciones
administrativas. También en este caso hay que recordar que las
proposiciones de ley del Parlamento catalán, cuya filosofía
compartíamos unánimemente en esta Cámara, apostaban por una redacción
íntegra bilingüe de este documento. A este respecto, también hay que
poner de manifiesto que, de acuerdo con el Real Decreto 772/1997, de
30 de mayo, que regula el modelo del carnet de conducir, además de
los datos que se refieran a circunstancias personales y a las
condiciones técnicas de las correspondientes autorizaciones
administrativas, han de figurar extremos como la mención del Reino de
España, la letra E como signo distintivo del Estado español, la
mención permiso de conducir escrita con letras mayúsculas, la mención
modelo de las Comunidades Europeas, etcétera; elementos que, de
acuerdo con la texto propuesto por el Parlamento de Cataluña, tenían
que figurar en bilingüe en todos los documentos nacionales de
identidad y que, sin embargo, de acuerdo con esta proposición, no van
figurar en ambas lenguas oficiales.
Por lo demás, nuestra enmienda a esta proposición aspira, igualmente
y por las mismas razones antes expuestas, a que las dos lenguas
cooficiales hayan de figurar con signos de escritura o de impresión
equivalentes en tamaño y dimensión y a suprimir la cláusula que
subordina la presencia del bilingüismo a la previa solicitud del
interesado.
Este es el sentido de nuestra enmienda que, si no es aceptada por el
grupo promotor de esta iniciativa, lógicamente nos veremos obligados
a no votar a su favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar,
el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero anunciar que, en el caso de que
el grupo mayoritario no aceptara las enmiendas transaccionales que se
han presentado, no votaríamos favorablemente la proposición no de ley
del Grupo Popular y nos abstendríamos.¿Por qué? El Grupo Popular nos
propone dos cosas: que en Cataluña -digo en Cataluña, pero es lo
mismo para el País Vasco o para Galicia-, para que el DNI contemple
aspectos de la lengua catalana o de cualquier otra lengua cooficial,
primero, el interesado o la interesada lo ha de solicitar y, en
segundo lugar, nos propone que sólo consten en catalán, gallego o
euskera los datos personales.
Estamos en contra de estas dos concreciones y nuestra enmienda dice
que todo el documento nacional de identidad o el permiso de conducir
sea bilingüe, en castellano y en las respectivas lenguas de las
comunidades, y que no sea necesario solicitarlo. Si en Cataluña, o en
el País Vaso o en Galicia, hay dos lenguas oficiales, la castellana y
la catalana; si, además, en Cataluña, según el Estatuto de Autonomía,
la lengua propia es la catalana, ¿por qué razón hemos de solicitar en
muchos actos administrativos el reconocimiento de una cosa que está
reconocida? ¿Qué pasaría si les dijéramos a ustedes que para pedir el
DNI en Madrid hicieran constar que lo querían en castellano? Dirían:
¡Qué barbaridad! ¡Cómo vamos a exigir que para pedir el DNI en
Madrid, en Valladolid o en Salamanca se haga constar que sea en
castellano! Pues lo mismo les decimos desde Galicia, desde el País
Vasco y desde Cataluña. El catalán, el euskera o el gallego son
lenguas oficiales, normalizadas, reconocidas en la Constitución y en
el estatuto. Creemos que no se ha de hacer ninguna anormalidad,
excepción ni concesión y que, por lo tanto, automáticamente, esos
documentos se deben dar en catalán y en castellano, en gallego y en
castellano o en euskera y en castellano.
Además, en el caso de que se aprobara el texto como el Partido
Popular propone, es decir, que sólo se aplique los datos personales,
esta mañana he tenido la paciencia de coger mi DNI y ver cómo
quedaría según la propuesta del Partido Popular. En la parte frontal
de mi DNI, España, no se traduce y quedaría España, con ñ; nombre, no
se traduce y quedaría igual (yo ya tengo Joan en mi DNI, por lo
tanto, quedaría igual); primer apellido, Saura, según ustedes, no se
traduce y quedaría igual; segundo apellido, Laporta, quedaría igual y
Ministerio del Interior quedaría igual. De entrada, la parte frontal
de mi DNI, con la propuesta que ustedes hacen, quedaría igual. Pero
¿qué ocurriría en el reverso?
Se lo leo. Nació en, no se traduce y quedaría igual; Barcelona es
Barcelona y quedaría igual; provincia, no lo traducen ustedes y
quedaría igual; hijo de, no lo traducen y quedaría igual; mi padre se
llamaba Juan y mi madre Matilde, Juan quedaría igual y es cierto que
la letra y se transformaría en una i; a continuación, mi dirección
quedaría igual, la localidad quedaría igual y la provincia quedaría
igual. Es decir, ustedes nos proponen, me proponen que tenga que ir a
solicitar que este documento sea en catalán, con unas normas que el
cambio que significa en mi DNI es una y por una i. Me parece
ridículo.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Me parece ridículo, pero detrás de esta
ridiculez hay una obstinada persistencia a reconocer efectivamente el
plurilingüismo del Estado español. Por lo tanto, espero y deseo que
del conjunto de enmiendas que se han hecho, fundamentalmente,
introduzcamos que todo el DNI es bilingüe y que no necesita ninguna
solicitud especial, sino que es norma porque en Galicia, en el País
Vasco y en Cataluña existen dos lenguas oficiales.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego, para llegar a una conclusión, quiere
hacer previamente algunas advertencias. Creo que sería bueno que
todos nos habituásemos a considerar que lo normal es que las lenguas
tienen una base territorial y son propias u originarias de una
sociedad. En este aspecto, las creaciones colectivas expresan la
capacidad de inteligencia y de comunicación específica de cada
sociedad. Indudablemente, como recordaba nuestro Castelao, solamente
los animales utilizan una lengua única y universal y las personas,
pertenecientes a sociedades diferentes, hablamos por naturaleza
originaria de forma diferente.Los estatutos de autonomía, por lo
menos los de Galicia y Cataluña, recuerdan que la lengua propia de
cada uno de estos países es el gallego y el catalán.
La segunda cuestión que nos gustaría recordar es que solamente por
colonización y/o conquista puede aparecer una lengua, como lengua de
individuos de una sociedad nacional, que originariamente no la tenían
como propia. También es cierto que puede aparecer otra lengua por
oleadas emigratorias.
La tercera cuestión que queremos recordar es que no existe
oficialidad posible si no hay deberes por parte de las
administraciones públicas para proteger los derechoslingüísticos
colectivos y de los ciudadanos. En el
caso que nos ocupa, en el Estado español caben dos opciones: o
consideramos que hay territorios en los que hay que proteger sus
derechos lingüísticos colectivos (lo normal es que el catalán, el
euskera y el gallego sean las lenguas prioritarias y que haya que
proteger los derechos individuales de los que no lo hablen) o, bien,
se elige una opción de carácter individual para todos, con lo cual, a
gusto del consumidor.
La intención del Partido Popular está clara: presentar como norma el
castellano y como excepción de objetores de conciencia el gallego, el
catalán y el vasco. Desde luego, nosotros no estamos dispuestos a
aceptar una propuesta de este tipo. Solamente aceptaríamos una
propuesta que partiese del supuesto de que la Administración general
del Estado, con su marco competencial, en todas sus actuaciones
respecto a los ciudadanos en territorio de Galicia, de Euskadi, de
Cataluña y de otros territorios que tengan lengua propia, debe de ser
consecuente con una práctica bilingüe de carácter formal, es decir la
utilización de los dos idiomas en toda su documentación, en igualdad
de condiciones formales, sin jerarquías ni subordinaciones. Además
pensamos que este es un requisito esencial para que nos consideren a
todos ciudadanos del Estado español, y que esto se refleje
lógicamente en la documentación oficial. Nuestra enmienda va en esta
dirección. Esperamos que se abra paso este mínimo de consideración
que, vuelvo a repetir, es básico en una concepción elementalmente
democrática desde el punto de vista de una filosofía bilingüe, no de
unilingüismo territorial con protección de los derechos individuales
de los ciudadanos que hablen otra lengua distinta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en estas propuestas del Partido
Popular subyace el debate y la contradicción entre dos artículos de
la Constitución española: el artículo 3.1, que hace referencia a la
supremacía del español o castellano sobre las demás lenguas
oficiales, y una interpretación extensiva del artículo 14, que
contempla la igualdad ante la ley. Es verdad que la concepción
constitucional del artículo 14 no se refería en ningún caso a las
lenguas, pero la jurisprudencia posterior ha dejado muy claro que la
igualdad entre las lenguas tiene que ser posible. La redacción que
propone el Partido Popular establece diferencias entre los
catalanohablantes, los gallegoparlantes o los euskaldunes y los
castellanohablantes, porque nosotros tenemos que requerir a la
Administración un paso administrativo que no se requiere en ningún
caso a los castellanohablantes. Nuestra enmienda busca la igualdad
ante la documentación, tanto el carné de identidad, como el
pasaporte o como el permiso de conducir.
En segundo lugar, las dos propuestas del Partido Popular tal como
están redactadas supondrían una regresión, concretamente en el
documento de identidad. Se daría un paso atrás, porque la toponimia,
según la Ley de bases de régimen local, ya está catalanizada, tanto
en lo que se refiere a los municipios, como en lo que se refiere a
las comunidades autónomas. Por esta razón, los datos personales que
se catalanicen, euskaldunicen o galleguicen constituirán una
regresión, porque ya está así. ¿De qué estamos hablando pues? Estamos
pidiendo que la redacción de los documentos, como se ha hecho en los
Estados federales o de tradición pluricultural y plurilingüística,
caso de Suiza o de Bélgica, esté en todos los idiomas. Por esta
razón, las dos enmiendas de Esquerra Republicana buscan la igualdad
de las lenguas en todo el Estado. En el caso del documento de
identidad parece normal que sea redactado sólo en catalán, sólo en
euskera, sólo en gallego o sólo en castellano. El bilingüismo estaría
superado si el Gobierno del Estado asumiera la doctrina que se puede
generar a partir del artículo 3.3 de la Constitución de protección de
las demás lenguas oficiales del Estado.
Finalmente, tampoco tendría sentido que fueran los ciudadanos quienes
requirieran que el documento fuera así, y que no fuera un proceso
automático, porque en este caso se constituiría un fantástico censo
de aquellos ciudadanos de Cataluña, del País Valenciano, de las islas
Baleares, del País Vasco, de Navarra o de Galicia, que requiriesen el
documento en su lengua oficial. Esto afectaría incluso a la
confidencialidad o a la intimidad de las personas.
Por esta razón, nuestras enmiendas buscan la superación de una mala
solución a la propuesta que hizo aquí el Partido Popular para
rechazar en esta misma Cámara las diferentes propuestas del
Parlamento de Cataluña respecto al carné de identidad, el pasaporte y
el permiso de circulación.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.Señorías, me
gustaría poder subir hoy a esta tribuna y parecer creíble, bien
porque se lo crean ustedes o porque pueda creerlo yo, cuando les diga
que estamos ante una proposición no de ley que va a suponer un avance
en la obligación constitucional y estatutaria de reconocimiento,
respeto y protección del carácter plurilingüe y pluricultural del
Estado español.Estamos todos de acuerdo en que, tras más de veinte
años de Estado de las autonomías, su desarrollo normativo es aún
deficiente y que la profundización en el mandato del artículo 3 de la
Constitución y de los estatutos de autonomía, en lo referente al
pluralismo lingüístico, forma parte, en definitiva, de nuestra España
pendiente o que estamos todos de acuerdo en lo esencial de unir
lenguas, símbolos e identidades y de hacerlo, por tanto, innovando el
ordenamiento jurídico al instar hoy al Gobierno a que apruebe las
disposiciones reglamentarias pertinentes para que figuren en los
documentos personales de carácter oficial. Porque, señores del Grupo
Popular, esperamos que se estén refiriendo ustedes a la totalidad de
los documentos. No es sólo que la toponimia esté regularizada, es que
le emplazo, señora diputada, a mirar ahora mismo aquí -usted es
catalana igual que yo- su propio carné de conducir y verá que está en
bilingüe más allá de lo que son estrictamente sus datos personales.
Por tanto, también nombre, apellidos, etcétera. Confío en que esto
vaya más allá de los datos personales strictu sensu porque si no
habría en esta proposición, señora diputada, una doble involución -ya
le explicaré la primera- y que el completo, el global de los
documentos sean redactados en lengua castellana así como en la lengua
propia de cada uno de los territorios del Estado en que exista
cooficialidad lingüística. Sin embargo, considero que estaríamos
faltando a la verdad si les dijera todo eso y así lo considero,
señorías, por tres razones: En primer lugar, por falta de voluntad
política. En segundo lugar, señorías, por falta de lealtad
institucional básica. Y, finalmente, por falta de eficacia real en
esa profundización del Estado autonómico a través de la redacción
actual, señores del Grupo Popular, de esta proposición no de ley.
Lo que me parece demagógico, señores del Grupo Popular, es la
declaración de intenciones que han hecho ustedes en esta tribuna con
la redacción que tiene la proposición no de ley que han presentado
ustedes. Les comento que aquí hay falta de voluntad política porque
quien hoy eleva a esta Cámara la iniciativa que nos ocupa, el Grupo
Popular, por un total ya de cuatro veces ha votado en contra en esta
legislatura, la de su mayoría absoluta, de iniciativas legislativas
cuyo objeto era el que hoy prometen, cuando no solicitan nuestro
apoyo para profundizar de forma efectiva en el reconocimiento
pluricultural y plurilingüe de nuestro Estado. Ni el uso del catalán
en el ámbito de la Administración de justicia ni la moneda
europlurilingüe ni sellos en todas las lenguas oficiales del Estado
ni la iniciativa legislativa que iba a procurar la redacción también
en catalán, gallego y euskera de los pasaportes, documentos oficiales
de identidad y licencias de conducción merecía el apoyo del Grupo
Popular en esta Cámara. ¿Cómo votan en contra de todos y cada uno de
los parlamentos autonómicos que les solicitan estos avances en el
proceso autonómico de nuestro Estado tratando de salvar dignamente
los muebles? ¿Cómo disimulan
que no es ésta su voluntad política? Lo hacen, como en esta
ocasión, corriendo a presentar en el registro, el mismo día en que
debatimos en esta Cámara esas proposiciones de ley, otras como la de
hoy, esta vez en forma de simple comanda al Gobierno, pero eso sí
algo más diluidas en cuanto al reconocimiento del plurilingüismo
estatal.
Pero siendo preocupantes, a mi juicio, estas argucias con las que no
engañan a nadie, lo más preocupante es que su incomprensión de
nuestro modelo de Estado, además de ser de fondo lo es también de
forma; de forma por cuanto al agua que le echan al café autonómico
hay que añadirle que sólo dan ustedes por bueno el café propio, es
decir, que manifiestan una profunda deslealtad institucional para los
parlamentos autonómicos, voluntades populares tan estatales como las
que nosotros representamos aquí, pero tal vez más legitimadas por
cuanto conforman la voluntad de las minorías culturales y
lingüísticas que dan finalmente, cuando son escuchadas, sentido a la
calidad de una democracia que se predique avanzada.
Ni un solo voto en contra trajeron a esta Cámara y sí, en cambio, más
de una y de dos unanimidades, es decir, con los votos favorables de
los grupos populares en los parlamentos autonómicos (vamos, que la
deslealtad con ustedes mismos es ya para nota), las proposiciones de
ley de uso de las diferentes lenguas estatales en las monedas, los
sellos y los documentos identificativos oficiales.No eran quizás
suficientes sus propias voluntades. El Grupo Popular muestra en esta
Cámara una grave deslealtad institucional.
Pueden decirme ustedes que existe un argumento sólido tras estas
desconsideraciones como que tenemos voluntad política, no queremos
esos adelantos a través de normas legales, basta con una moción que
inste al Gobierno a adoptar las normas infralegales pertinentes. Eso
pudiera explicar algo. Pero, ¿saben qué ocurre entonces? Que, por
fortuna, la historia es muy terca y tiende a repetirse
indefectiblemente, y entonces les recordaré que ya votamos en esta
Cámara en 1997, por unanimidad, una proposición no de ley, como la de
hoy, para que emitiéramos nuestra nueva moneda europea en nuestras
diversas lenguas estatales y, como es bien sabido, en cuanto han
tenido ustedes la oportunidad de rechazarlo, estrenando así su
monolingüe y monocultural mayoría absoluta, lo han hecho escasamente
hace unos meses.
Les falta también voluntad política para estos asuntos, y, si no es
así, les emplazo hoy a que nos lo demuestren próximamente, dando
apoyo a esa misma iniciativa legislativa, la del europlurilingüe, que
ha vuelto a introducir en la Cámara el Grupo Parlamentario
Socialista, salvados los obstáculos de tipo técnico en los que esa
vez se escudaron ustedes para volver a salvar dignamente los muebles
de su voto en contra.Les emplazo de nuevo a ello.
Lo realmente curioso de su proposición no de ley es que bajo la
pretensión de avance en el desarrollo del proceso autonómico a
través, según reza su propia exposición de motivos, del uso
indistinto del castellano como lengua oficial estatal, y de las demás
lenguas españolas oficiales en las respectivas comunidades autónomas,
con esta redacción exacta, no sólo, señorías, no avanzamos nada sino
que vamos hacia atrás, aunque lo cierto es que el asunto parece
sencillo. La Constitución, los estatutos de autonomía y todas las
directivas europeas que atañen a estas cuestiones, se lo recuerdo,
prevén, incluso comandan, la innovación de nuestro ordenamiento
jurídico para exigir al Estado y a los organismos que de él dependen
adaptarse a su condición y carácter de pluriidentitario,
pluricultural y plurilingüístico.
Como en estos más de veinte años de Estado autonómico aún no habíamos
llegado a ello, nos encontramos con múltiples sentencias de nuestros
tribunales que enmiendan la plana al Estado (les recuerdo que el
mandato socialista se inició con algunas comunidades autónomas que lo
ejercían de oficio, y le emplazo de nuevo a que mire su licencia de
conducción, catalana igual que la mía), exigiendo a las autoridades
que cumplan las normas y que, por tanto, den un cauce a lo comandado
por la Constitución, estatutos de autonomía y las diversas leyes de
normalización lingüística que con ese u otro nombre han ido aprobando
los diversos parlamentos de nuestras comunidades autónomas con lengua
propia.
Así les traigo por especialmente clarificadora la dictada por el
Tribunal Supremo el 26 de enero de 1998, siguiendo una jurisprudencia
que ya comenzó en 1994, estimando la pretensión de un ciudadano de
Valencia, de expedición de su licencia de conducción allá donde no se
hacía, toda ella, además de en castellano, en valenciano. Reza la
propia sentencia que la consecuente cooficialidad lo es con respecto
a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico,
sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración
central y de otras instituciones estatales en el sentido estricto,
siendo por tanto el criterio delimitador de la oficialidad del
castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el
territorio, independientemente del carácter estatal, autonómico,
local de los distintos poderes públicos. De lo que se deduce, con
esto y más párrafos de la sentencia, y ateniéndonos a la normativa
europea, la Constitución y el bloque de la constitucionalidad, que
existe en el conjunto del Estado español el derecho de todo ciudadano
a ser atendido verbalmente y por escrito en la lengua autonómica
cuando en ella se inicie, se impulse el procedimiento, pues entre
otras cuestiones la negación de este derecho supondría el
mantenimiento de un status inferior para la lengua autonómica sin
ningún tipo de cobertura legal y supralegal en nuestro ordenamiento
jurídico.
Primero quiero decirles, y les repito, que durante el mandato
socialista ya de oficio se impulsó la redacción en bilingüe de las
licencias de conducción; pero, sobre todo, quiero decirles que con la
redacción de la proposición no de ley del Grupo Popular no sólo no
avanzamos nada (ya les digo que los propios tribunales fallan en
contra de las autoridades españolas cuando niegan a un ciudadano o
ciudadana el derecho a obtener su documento de identidad o su carné
de conducir en la lengua propia de su comunidad autónoma), sino que
vamos hacia atrás, y lo hacemos por cuanto estaríamos solicitando al
Gobierno, con esta proposición no de ley, que dé cobertura jurídica a
una situación de inferioridad de la lengua propia de las comunidades
autónomas respecto al castellano que en nada se adecua a nuestra
Constitución o al bloque de la constitucionalidad. Estaríamos
convirtiendo con ella en excepcional lo que debiera ser la norma o
incluso la norma de especial protección, por cuanto si alguna lengua
necesita en el Estado español discriminación positiva es la
minoritaria respecto del castellano.
En definitiva, señorías, si aceptáramos al Grupo Popular que la
redacción de los documentos personales bilingües lo sea sólo a
petición del interesado, además de desconocer que es el Estado el que
debe proteger las lenguas oficiales en el mismo y no el ciudadano a
título individual, estaríamos dando cobertura de derecho a una
discriminación que hoy se halla vigente de hecho y que, si algo
requiere, es reversión fáctica a través de la innovación de nuestro
ordenamiento jurídico, pero nunca dar cobertura jurídica a lo que es
una anomalía causada por el escaso avance de nuestro proceso de
normalización plurilingüe.
Por tanto, señorías, mi grupo, como ven, es muy crítico respecto a la
falta de voluntad política y a la deslealtad institucional que
entendemos que el Grupo Popular muestra en esta Cámara de forma
reiterada respecto a los avances de nuestro Estado autonómico para el
reconocimiento y la protección de su carácter pluricultural
y plurilingüe. No obstante, siempre que sea suprimida de su iniciativa
la frase «a petición del interesado», que daría cobertura jurídica a
una excepción que debiera ser la norma, y algo que, además, los
tribunales ya están llevando a cabo, y en algunas otras comunidades
incluso de oficio, a causa de la falta de protección por parte del
Estado de las lenguas minoritarias, apoyaríamos esta iniciativa. Sólo
así estaríamos realmente votando en esta Cámara una iniciativa que
supusiera un avance en la construcción y perfeccionamiento de nuestro
Estado autonómico, que es lo que entendíamos que veníamos a hacer hoy
aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, nunca es
tarde si la dicha es buena. Se supone que estamos aquí, y lo
comprobaremos en el momento de la votación, en observación del
cumplimiento de una promesa. No ha habido peregrinación previa, pero
quizá la ocasión lo hubiera justificado. Cuando hace unas semanas el
Parlamento de Cataluña trajo aquí sendas iniciativas, por las cuales
se pretendía convertir en derecho exactamente lo que hoy se debate,
el Partido Popular (y les recuerdo a ustedes que tiene la mayoría
absoluta de esta Cámara, porque, a veces, parece que los consensos
hacen que... No, las cosas son como son porque el partido Popular vota
en un sentido o en otro) impidió la aprobación de esa norma con una
serie de pretextos de tipo jurídico-reglamentario, afirmando
compartir totalmente el fondo político de esos textos y sosteniendo
que ya se ocuparía, en el plazo más breve, y a eso es a lo que
asistimos hoy, de traer a esta Cámara las iniciativas por las cuales,
por vía reglamentaria, se instaría al Gobierno a llevar a cabo
aquello mismo que las proposiciones de ley en su momento intentaban.
Los textos que ha traído (y ahora me detendré en las enmiendas) el
Grupo Parlamentario Popular no son exactamente lo mismo, pero
queremos creer -insisto, lo veremos en el trámite específico de
aceptación de enmiendas y en la votación- que esos textos serán
enmendados y aprobados respondiendo a lo que era el sentido de fondo
de aquellas iniciativas y que, por tanto, el Partido Popular cumpla
con la promesa que realizó y sea coherente con lo que sostuvo también
en el Parlamento catalán.
Lo importante, por consiguiente, y lo que nosotros valoraremos más
allá de los discursos de unos y otros, es el resultado de lo que
tiene que salir hoy de aquí, el compromiso firme por parte del
Gobierno, por parte de quien es el responsable de la Administración
general del Estado de convertir en derecho positivo vigente aquello
que los tribunales ya están imponiendo en aplicación de la
Constitución, convertir en derecho positivo vigente el derecho de
cada uno de los ciudadanos de las comunidades autónomas donde existen
lenguas oficiales distintas de la lengua castellana a tener su
documento nacional de identidad y su documento de conducir redactado
en los dos idiomas que son cooficiales en esas comunidades,
redactando así todo aquello que va más allá de lo que es el nombre
del Estado, algo que, insisto, ya los tribunales han venido
imponiendo en el marco del carné de conducir y no se ha impuesto en
el marco del carné de identidad probablemente porque no ha habido
ningún ciudadano que así lo haya provocado ante los tribunales de
justicia.
Es sorprendente que en el Grupo Parlamentario Popular, antes incluso
de las enmiendas y en el propio
tono de la intervención (a pesar de que en la exposición de motivos
se siga hablando de la necesidad de facilitar al ciudadano en sus
relaciones con la Administración general del Estado el uso indistinto
del castellano como lengua oficial estatal, etcétera, y las demás
lenguas oficiales) siga flotando, como ha flotado en todos los
debates anteriores que hemos tenido sobre esta misma cuestión, una
especie de pánico ante un supuesto efecto disgregador de iniciativas
de este tipo. Hay una especie de sensación de que aquí peligra algo y
yo querría que nos explicaran qué. ¿Peligra la unidad del Estado?
¿Peligra la igualdad entre los ciudadanos? ¿Qué es exactamente lo que
peligra para que no pongamos en práctica la Constitución?
Algunos creemos que es radicalmente lo contrario, algunos creemos que
el Grupo Parlamentario Popular, como otros gobiernos en el pasado
-aunque damos la bienvenida a las rectificaciones que empezaron ya en
el año 1995 progresivamente, pero que no fueron así en tiempos
anteriores, pero en todo caso son rectificaciones que se han
producido y que aceptamos-, sigue percibiendo la introducción de la
diversidad lingüística en los documentos oficiales como un elemento
que podría quebrar la unidad del Estado. Y digo que creo que es más
bien exactamente lo contrario, y ahí es donde tienen ustedes un
gravísimo error, puesto que son ustedes y los gobiernos que les han
precedido los únicos responsables de que haya ciudadanos en España
que, cuando contemplan el documento que dice que pertenecen a un
determinado Estado, se lo diga en un idioma que no es el suyo. En
ningún otro Estado de Europa los ciudadanos que tienen un documento
que les acredita como ciudadanos, cuando sacan ese documento de su
bolsillo, cuando se examinan y constatan que forman parte de ese
Estado, ese Estado se lo está diciendo en un idioma que no es el
suyo, en un idioma que puede ser oficial pero que no es su lengua.
Eso sólo ocurre en España y de eso tiene la responsabilidad ese
Gobierno durante muchos años, aunque hoy estemos -insisto- en un
proceso de rectificación del que tiene la responsabilidad su
Gobierno. Si ustedes siguen contribuyendo o han contribuido hasta
ahora a que haya ciudadanos que consideren que aquello para ellos les
es extraño -por no utilizar la palabra extranjero, aunque provenga de
la misma etimología-, es responsabilidad exclusiva suya y se confirma
aquello de que en España hay muchos más separadores que separatistas.
Vamos camino de rectificar, tenemos el compromiso político, que no
valoraremos en su justa medida hasta que veamos el Boletín Oficial
del Estado con las normas cuya aplicación hoy se solicita. Vamos
camino de rectificar, pero aun así el texto que se ha traído no es,
en su literalidad, el que creemos más oportuno. Y por eso hemos
presentado tres enmiendas en un caso y dos enmiendas en el otro a las
dos proposiciones no de ley que hoy estamos debatiendo aquí
conjuntamente.
Por un lado, pretendemos dejar claro -se nos dice por parte del
Partido Popular y así queremos creerlo- que era un simple error de
redacción, que no estaba en su espíritu. En todo caso, para evitar
ese tipo de riesgos queremos dejar claro que lo que se va a redactar
en los distintos idiomas oficiales en España, aquello que los
ciudadanos podrán leer a partir, no de ahora, sino de cuando esto se
apruebe en su propia lengua, no es su propio nombre o la conjunción
copulativa que une los dos apellidos del señor Saura y de otros
ciudadanos, incluido, por ejemplo, yo mismo, como en Cataluña es
habitual, sino todos aquellos textos que se contienen en esos
documentos redactados en los dos idiomas oficiales en Cataluña, en
Euskadi, en Valencia, en Navarra, en Galicia y en parte de Aragón,
aquellos textos que hagan referencia a las circunstancias personales
y las circunstancias técnicas del vehículo en el caso de los permisos
de conducir y del carné de identidad.
En segundo lugar pretendemos, en ambos casos también, la supresión de
esa mención (que se nos ha recubierto con una especie de
argumentación jurídico-legal sobre la que volveré) de que esto sólo
puede hacerse a petición del interesado, como si así lo impusiera la
Ley de procedimiento administrativo, cosa que en absoluto es así. Por
tanto, entendemos que, si los dos idiomas son oficiales -que lo son,
y lo son porque así lo establecen la Constitución y los Estatutos-,
los documentos se expidan automáticamente en ambos en esos
territorios para todos los ciudadanos que en ellos residen.
Finalmente pretendemos -y ahí nos tememos que el Grupo Parlamentario
Popular mantendrá sus reservas, pero no por eso dejamos de mantener
nuestra discrepancia al respecto- que esto también se extienda no
sólo al carné de conducir, no sólo al documento nacional de
identidad, sino también al pasaporte. No hay ni una sola regla
vigente en el derecho internacional público, ni un solo tratado, ni
una sola norma en derecho europeo que impida al Gobierno español que
las menciones sobre las circunstancias personales de sus ciudadanos
en el pasaporte también estén redactadas en catalán, en castellano,
en euskera, en gallego, incluso, en aras de la paz, diré que en
valenciano, que es un idioma que yo hablo todos los días. A partir de
ahí no hay ninguna norma que lo impida, sólo falta de voluntad
política.
No voy a detenerme mucho más en eso. Sí me voy a detener en una
última mención que ha hecho en su intervención la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, porque no es la primera vez que así se hace;
lo hicieron el otro día con el ámbito del pasaporte y lo han vuelto a
hacer en parte con el tema del carné de conducir, y es algo que en
cierto modo engaña a la opinión pública. Yo no sé si lo ha hecho
conscientemente, pero, por si acaso y por especial sensibilidad, por
ser también portavoz en este tipo de materias, se lo quiero subrayar.
No engañemos a la opinión pública diciendo que este Parlamento no
puede hacer determinadas
cosas porque se lo impone una directiva de la Unión Europea. No hay
ninguna directiva de la Unión Europea, ninguna, ni siquiera la que
usted ha citado, que impida al Gobierno español hacer todo en catalán
si quisiera, siempre y cuando respete determinadas cosas en
castellano. El hecho de que no esté el catalán en un listado de
lenguas oficiales en la Unión Europea no impide para nada que,
mientras exista una de esas lenguas oficiales, también estén otras
que, efectivamente, no son lenguas de la Unión Europea pero sí son
lenguas oficiales en una parte de su territorio. Por tanto, no citen
ustedes aquí esa directiva. Pero es más, no citen aquí más ni esa
directiva ni otras, porque así se hizo cuando se discutió aquí la Ley
de ordenación del seguro privado, y así se viene haciendo con
frecuencia, como si las directivas fueran encíclicas vaticanas que se
nos impongan a este Parlamento, porque si esa directiva no recoge la
lengua catalana como uno de los idiomas que pueden aparecer ahí, el
euskera, el gallego o las demás lenguas oficiales que puedan existir
en España, si eso no se recoge en esas directivas es porque el
Gobierno español no quiso. Luego si el Gobierno español no protege
las lenguas oficiales en España, ¿quién lo va a proteger en una
reunión en Bruselas, Dinamarca, el Gobierno italiano? Esas directivas
se aprueban por unanimidad y sólo dicen aquello que el Gobierno
español ha querido que dijeran o que el Gobierno español ha impedido
que dijeran. Así que, por favor, no nos engañen más, no engañen más a
la opinión pública citando aquí directivas europeas como si, en
virtud de esas directivas, no pudieran hacer lo que en el fondo
querrían, porque no es así. Si no lo hacen es porque no quieren.
Pero vuelvo a donde estábamos: esperamos, y lo veremos con la
aceptación de las enmiendas, con la votación y con el Boletín Oficial
del Estado, que hoy sí sea un día importante, porque en política, más
allá de los discursos y de la fundamentación mayor o menor de las
decisiones, lo importante es lo que acaba convirtiéndose en realidad
jurídica. Esperamos que así sea, y esperamos que, a partir de que
esto entre en vigor, todos los ciudadanos españoles tengan los
documentos que les vinculan con el Estado español -y en este caso
utilizo la expresión en su rigor más estricto: las vinculaciones con
el Estado español por parte de los ciudadanos de Barcelona, de San
Sebastián, de Donostia, de Valencia o de A Coruña- en su propio
idioma y no en un idioma que a ellos, les guste a ustedes o no, les
es ajeno.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
He seguido con interés este debate, sobre todo veintitantos años
después de aprobada la Constitución, con su título VIII, y desearía
que la racionalidad que se deduce, que emana del sentido común y del
sentido constitucional -vuelvo a repetir: título VIII- de las
enmiendas presentadas encuentre un texto consecuente, congruente,
armónico y que haga naturales las cosas en cualquier documento.
Parecería absurdo que tuviera unas restricciones un derecho
individual, de personas físicas, en los dos documentos básicos del
Ministerio del Interior, documento nacional de identidad y permiso de
conducir, que no tiene un testamento ante un notario de cualquier
comunidad bilingüe, restricciones que no existen en ninguna
deposición judicial en cualquier comunidad bilingüe, restricciones
que no existen en los registros civiles, precisamente en los
registros, donde constan los datos para la obtención del primer
documento nacional de identidad. Parece absurdo que cuando una
persona, por su mayoría de edad, tiene la obligación -no el derecho,
porque está reconocido previamente a la mayoría de edad- de tener la
cédula de identidad correspondiente tenga unas restricciones
impuestas por el predominio de una lengua sobre otra. Quien diseñó
técnicamente el modelo vigente de documento nacional de identidad
tiene que saber que lo diseñó pensando en que cabrían en espacios en
blanco hasta tres denominaciones distintas de cada uno de los
conceptos que se expresan en él. Es decir, hay espacio suficiente en
un documento tan pequeño como el que permite el scanner hoy día para
la identificación policial de casos dudosos, porque tengamos en
cuenta que los datos de la lectora automática electrónica están en el
dorso del documento nacional de identidad, en tres renglones
inferiores cuyo espacio está ocupado todo por dígitos o señales
geométricas, ya que es una lectura electrónica. En el momento en que
estamos introduciendo ya con una generalidad comercial el código de
barras de identificación, parece extraño que tengamos que hacer aquí
limitaciones que no hacen los registros civiles en la Administración
de justicia de las comunidades autónomas, caso del País Vasco,
Cataluña o Galicia, por poner los tres ejemplos clásicos de
bilingüismo hoy día en España.
Nosotros pedimos que se acojan todas estas peculiaridades con toda
naturalidad. A ningún ciudadano de los Países Bajos le pasa nada al
circular por Europa porque los documentos para su identificación
vayan expresados en francés, holandés o flamenco. Tengamos en cuenta
que el documento nacional de identidad, incluso el permiso de
conducir, son documentos de uso común, con lenguas oficiales pero
admitidas en la pluralidad de la Unión Europea, donde valen estos
documentos y no pasa absolutamente nada, hay un inmediato
reconocimiento por cualquier agente policial de que está delante de
un ciudadano europeo. ¿Por qué dentro
del Estado español no puede haber este reconocimiento fáctico de las
autoridades policiales? Porque parece que estamos hablando aquí de
una reserva de autoridades policiales del Ministerio del Interior,
cuando otros ministerios de la Administración del Estado español, y
pongo como ejemplo el de Justicia, han naturalizado perfectamente
este bilingüismo en la identidad. Y vuelvo a decir que hay espacio
tipográfico utilizable hasta para tres columnas distintas en
cualquiera de los conceptos, porque en el documento nacional de
identidad no hay más que datos escuetos de identificación. Se habla
aquí de los datos personales, pero es que el documento es el propio
acto personal, como bien se ha señalado, para la identificación, y
tiene una identificación visual normal, de persona a persona, y una
identificación electrónica óptica en el reverso en los tres renglones
inferiores.
Pues bien, señorías, vamos a hacer esto normal y natural, después de
los años transcurridos desde la aprobación del título VIII de la
Constitución, y por ello nuestro voto irá en esa dirección positiva,
esperando que haya un encuentro en un texto que satisfaga, sin que
nadie tenga que manifestar una voluntad expresa, porque el ciudadano
español tiene libertad de moverse por cualquier parte del Estado
español, y no solamente dentro de él, con el mismo documento, sino
también en la Unión Europea. Defendemos la aceptación total, plena y
óptica del bilingüismo en lo que se refiere a reflejar los datos
personales de residencia habitual o domicilio para que no haya ningún
problema cuando las distintas administraciones soliciten un documento
de identidad, sea un banco para cobrar un talón nominativo, sea un
comercio para cotejar una tarjeta de crédito, que está expedida
precisamente de la misma manera natural que las academias de conducir
pueden dar sus clases en catalán en la comunidad autónoma catalana,
en euskera en la vasca y en gallego en Galicia, y parece ser que el
documento de conducir, habilidad que se ha aprendido en cualquiera de
las lenguas vernáculas de estas comunidades autónomas, no tiene
ningún desmerecimiento de eficacia conductora frente a otros que
estén expresados en la lengua oficial del Estado.
Con esto, dicho por mi grupo, que está en una comunidad autónoma que
solamente tiene la lengua oficial del castellano, lo que intentamos
es hacer una aproximación de solidaridad y racionalidad, vuelvo a
decir, con el título VIII de la Constitución española.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, hubo un tiempo
mágico, sin duda, a veces irresponsablemente
mágico, aquel tiempo en el que la derecha no tenía el
Gobierno; el poder nunca ha dejado de tenerlo. Digo que había un
tiempo mágico en el que la gente de izquierdas solía decir
-permítanme que lo exprese coloquialmente- que la derecha lo que
tenía que hacer era dedicarse a ser educada, a decorar y... no continúo
para no ser lapidado como machista porque no está el horno para
bollos. Pero cuando la derecha, además de tener el poder -como es
lógico, cuando se tiene el poder se tiene el Gobierno- tiene el
Gobierno, hay que pedirle que sea seria; es lo mínimo que se le puede
pedir a alguien que tiene el Gobierno y que además tiene una
determinada trayectoria sociocultural y política. Hay que ser serio.
Señorías, yo me sumo a lo que han dicho muchos portavoces que han
subido a la tribuna respecto a que de esto ya hemos estado hablando.
Y si ustedes pensaban cerrar puertas, muy bien, voten en contra, como
votaron en su momento, y sanseacabó. Y si ustedes pensaban abrir
puertas, ¿por qué no utilizaron legítimamente la iniciativa de los
Parlamentos de varias comunidades autónomas para introducir en el
trámite normal de enmiendas las modificaciones que ustedes están
considerando? Con ello hubiéramos obtenido además una economía de
papel y de tiempo, que tampoco es malo, y se hubiera dado más vida a
iniciativas que vienen de los Parlamentos, a pesar de que al final lo
que salga no se parezca a lo que entró, que es uno de los muchos
riesgos que se corren en las democracias y cuando se utilizan todos
los mecanismos posibles. Pero, en lugar de eso, señorías, traen
ustedes una iniciativa, como les decía, poco seria, nada seria. Y eso
no es bueno. En primer lugar, no es seria porque, si se aprobara al
pie de la letra, algunos de los documentos o carnés de conducir de
ciudadanos y ciudadanas de algunas comunidades autónomas estarían en
ilegalidad; algunas de las planchas que se han hecho de las partes
fijas de los documentos de conducir, por ejemplo, de la comunidad
vasca, porque están en las dos lenguas oficiales, serían ilegales. Si
se aprobara la proposición no de ley tal cual, como han dicho algunos
portavoces, en lugar de avanzar o de dejar las cosas como estaban
estaríamos dando marcha atrás. Pero también falta de seriedad por una
cuestión: porque de la misma manera que existe una emigración fiscal,
en caso de aprobarse su proposición no de ley, acabarían de inventar
la emigración lingüística: igual que hay una emigración fiscal habría
una emigración lingüística. Leyendo y releyendo la proposición no de
ley me parecía ver la pluma de un eximio político de la derecha
catalana, el señor Vidal-Quadras: ustedes están planteándole a un
sector de los ciudadanos y ciudadanas que resistan ante el normal
desarrollo constitucional y estatutario que de las políticas
lingüísticas hacen los distintos Parlamentos y Ejecutivos de
comunidades autónomas donde existe la cooficialidad de dos lenguas.
Por tanto, señorías, no socavemos las políticas lingüísticas que,
dentro del marco de la Constitución, se están haciendo desde
distintas comunidades autónomas. Cuando ustedes le están diciendo a
un ciudadano: vaya con su carné de identidad o de conducir y lo que
ustedes quieran póngalo en castellano o en la otra lengua oficial,
están ustedes haciendo una invitación a determinados grupos a una
insumisión o a una resistencia pasiva y están dividiendo irónicamente
en grupos a los que en su carné de identidad, entre el nombre del
padre y el nombre de la madre tengan la «i» latina o tengan la «y»
griega. Y eso, cuando menos, es muy poco serio.
Señorías, termino como en otra de las intervenciones al respecto
diciendo: por favor, no se abracen ustedes tanto al castellano,
porque parece que la única lengua española que existe en este país es
el castellano, y cuando ustedes defienden tanto, tanto, tanto el
castellano alguien, como les decía, va a hacer la similitud entre
castellano y derecha y eso, a Dios gracias, ya está pasado. No se
abracen tanto al castellano; como decía la vieja canción popular,
agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señora Martín, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora MARTÍN VIVAS: Señora presidenta, en relación con la
proposición no de ley sobre el documento nacional de identidad, el
Grupo Parlamentario Popular acepta las enmiendas números 2 y 3 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La número 2,
porque aclara aún más lo que ya de por sí era voluntad...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Martín, no debe argumentar sino
decir simplemente lo que acepta y lo que rechaza.
La señora MARTÍN VIVES: Bien. Digo que era voluntad del Grupo
Parlamentario Popular porque lo complementa. Y la número 3 porque
pretende la supresión del final del texto «a petición del
interesado». En cuanto a los permisos de conducir, aceptaríamos las
enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y en el mismo sentido las dos enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, una a la proposición no de ley sobre
el DNI y la referida a los permisos de conducir, puesto que ambas son
idénticas a las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), la número 3 en cuanto al DNI y la número 2
respecto a los permisos de conducción. Esperamos que algunas
pretensiones expuestas esta tarde por los portavoces de otros
grupos también se vean reflejadas con la aceptación de estas
enmiendas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso relativa al plurilingüismo en el documento
nacional de identidad, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y una del Grupo Socialista, que han sido
aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 298; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
de referencia.
Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre plurilingüismo y
permisos de conducir, también en los términos derivados del debate,
con la incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y la enmienda del Grupo Socialista, que
han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 296; en contra, uno; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA ENCEFALOPATÍA
ESPONGIFORME BOVINA Y AL RIESGO QUE SUPONE PARA LAS PERSONAS LA NUEVA
VARIANTE DE ENFERMEDAD DE CREUTZFELD- JACOB. (Número de expediente
162/000194.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la encefalopatía espongiforme bovina y al
riesgo que supone para las personas la nueva variante de la
enfermedad de Creutzfeld-Jacob. Para la defensa y presentación de la
misma, tiene la palabra la señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Valentín.
Señorías, hay una diputada en la tribuna intentando intervenir y
esperando que el murmullo que hay en la Cámara haga audible su
intervención. Les ruego que abandonen el hemiciclo en silencio y de
la manera más rápida quienes lo vayan a hacer y que el resto ocupe
sus escaños.
Adelante, señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.El día 22 de
enero, el Grupo Parlamentario Socialista presentaba ante esta Cámara
una proposición no de ley relativa a la encefalopatía espongiforme
bovina y al riesgo que supone para las personas la variante de la
enfermedad de Creutzfeld-Jacob. Presentábamos esta iniciativa de una
forma absolutamente rigurosa, creo que con mucho sentido común y con
un afán absolutamente constructivo, pensando única y exclusivamente
en colaborar para que la protección de la salud de las personas fuera
el único objetivo que moviera a los grupos políticos a tomar
iniciativas de estas características. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Esta proposición no de ley se presenta como consecuencia de la
aparición del primer caso del mal llamado de las vacas locas el día
22 de noviembre del año pasado, el primer caso que se hizo público en
nuestro país y que ha puesto de manifiesto cómo no debe gestionarse
una crisis como ésta por parte del Gobierno de la nación, una crisis
que supone uno de los mayores problemas de salud pública de los
últimos tiempos. Fundamentalmente, lo que ha imperado desde el primer
momento en la gestión de esta crisis han sido los mensajes
contradictorios, la descoordinación entre los distintos departamentos
del Gobierno y los titubeos sobre las medidas que habían de
adoptarse, con lo cual los ciudadanos españoles han desconfiado desde
el primer momento de los controles que garantizan la seguridad de los
alimentos y, por tanto, da la sensación de que no se sienten
protegidos en su salud.
Señorías, como decía anteriormente, estamos ante uno de los mayores
problemas de salud pública de los últimos tiempos y, a nuestro
entender, el Gobierno del Partido Popular no ha sabido gestionar
correctamenteesta crisis. Reaccionó tarde, haciendo caso omiso de las
indicaciones del Comité científico europeo que en junio del año
pasado declaró ya España como país con nivel de riesgo 3 sobre 4. En
aquel momento el Gobierno no supo o no quiso anticiparse al problema
con medidas de control de la enfermedad y no actuó hasta que no
surgió el primer caso. También se actuó de forma improvisada, y esto
hizo que determinadas medidas aprobadas no se pudieran llevar a cabo
por falta de infraestructuras como laboratorios, plantas
incineradoras o sistemas eficaces de recogida de materiales
específicos de riesgo. La improvisación hizo que incluso un
real decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, se
rectificara a los quince días de su publicación porque, entre otras
cosas, el certificado veterinario exigido para garantizar la salud de
los animales destinados al matadero era absolutamente inaplicable. El
Gobierno no supo asumir su responsabilidad en un problema de Estado
como creemos que es éste. Al contrario, intentaron, como siempre,
mirar para otro sitio de modo que pudieran justificar su
incompetencia, o bien hacia Europa o bien hacia las comunidades
autónomas o bien, como en algún caso anterior, al Gobierno socialista
de Felipe González. Si todo esto, además, lo aderezamos con las
declaraciones, poco afortunadas y en ocasiones frívolas, de la señora
ministra de Sanidad, podemos concluir que esta forma caótica de
gestionar ha causado un inmenso daño al sector y una profunda
preocupación en los ciudadanos. Este fin de semana, en un diario de
tirada nacional, se ponía en evidencia que los ganaderos españoles
han perdido en los cien días de crisis bovina más de 50.000 millones
de pesetas. Y hasta este momento, hemos hablado fundamentalmente de
sanidad animal, con todo lo que ello significa para aquellas
familias, miles de familias españolas, a las que este problema puede
suponerles la ruina de su negocio, y también con todo lo que ello
significa de incertidumbre para la sociedad. Pero, señorías, por
encima de todo esto, al Grupo Socialista le preocupa la crisis de la
encefalopatía espongiforme bovina, por el riesgo que puede suponer
para la salud de las personas, y si ese riesgo es previsible, porque
disponemos de experiencias en otros países, nos tenemos
obligatoriamente que anticipar al problema. Que no nos pase con la
salud de las personas lo mismo que nos ocurrió con las vacas. No
esperemos a que aparezca un caso para empezar a adoptar medidas
improvisadas. Desde el Ministerio de Sanidad las decisiones se han de
adoptar ya, con la dotación económica que sea necesaria para poder
aplicarlas de forma inmediata.
En estos momentos de tranquilidad, supuesto que todavía no existe en
nuestro país ningún caso declarado de la variante de la enfermedad de
Creutzfeld-Jacob, creemos que es la ocasión de anticiparnos y poner a
disposición todos los recursos sanitarios para prevenir y poder hacer
frente en el supuesto de que se produjera algún problema con la salud
de las personas. Aplicando el principio de precaución, ante la duda
sobre los riesgos para la salud de las personas, hay que adoptar las
medidas de protección que se estimen pertinentes, sin demora y sin
cicatería desde el punto de vista de las previsiones económicas, para
poder hacerles frente.
Señorías, estamos hablando de una enfermedad mortal. Estamos hablando
de una zoonosis transmisible al hombre, de una nueva encefalopatía
espongiforme, variante de la enfermedad de Creutzfed-Jacob, que se
describe en el Reino Unido en el año 1996, de la que se han
comunicado, hasta el día 28 de diciembre de 2000, 92 casos: 88 en el
Reino Unido, tres en Francia y uno
en Irlanda. Estamos ante una enfermedad caracterizada por la
degeneración rápidamente progresiva del sistema nervioso central, que
afecta a personas más jóvenes que las formas clásicas, con una media
de edad de 28 años, cuyo desenlace, de momento, siempre es fatal.
Estamos ante una enfermedad sobre la que existen todavía muchas dudas
desde el punto de vista científico y existen muchos interrogantes.
¿Qué ocurre con las transfusiones sanguíneas, con las vacunas, con
los instrumentos quirúrgicos, con los trasplantes, con los fármacos
o con los cosméticos? No existe evidencia científica que permita sacar
conclusiones acerca de estas cuestiones, por lo que es absolutamente
prioritario que en España sean los científicos, los expertos, los
entendidos, los que hablen, asesoren, transmitan la información
y continúen investigando sobre este tipo de enfermedades.
Desde el Grupo Socialista, señorías, proponemos que el Gobierno
disponga de una única voz científica que dé respuesta a los
interrogantes que se plantean y proponga medidas concretas tendentes
a evitar la posible transmisión a las personas de la encefalopatía
espongiforme bovina. Desde la protección de los trabajadores de
mataderos o industrias cárnicas hasta los riesgos laborales derivados
del trabajo en laboratorios, tanto de diagnóstico como de
investigación. En este último caso, por ejemplo, el acceso
restringido al lugar de trabajo, la utilización de cabinas de
seguridad biológicas, la indumentaria necesaria de protección o el
hecho de que las dependencias donde se realicen estos trabajos de
diagnóstico o de investigación no incluyan otro tipo de actividad,
pueden ser medidas tendentes a proteger la salud de los
profesionales.
Señorías, España tiene experiencia para enfrentarse a un problema de
salud pública de esta envergadura y lo ha demostrado en ocasiones
anteriores, pero creemos que ha de hacerse por el Gobierno de forma
absolutamente coordinada con las comunidades autónomas, con la
sociedad científica, con los profesionales del sector sanitario y con
todos los sectores de la población que se vean afectados. El Gobierno
ha de recurrir a los expertos para informarse, para transmitir
mensajes, que en otro caso pueden causar alarma a la población, y
para afrontar de forma ordenada los riesgos de transmisión de la
encefalopatía espongiforme a los seres humanos.
Creo que no favorecen nada comentarios como el que esta misma mañana,
de nuevo, hacía la señora ministra de Sanidad cuando se refería a la
leche y las gangas respecto a la compra de este producto. En un
momento determinado, tuvo que venir un comisario europeo a llamar la
atención a la señora ministra de Sanidad y decirle que, si existían
gangas de carne, ella era la máxima autoridad sanitaria y la
responsable de que todos aquellos productos alimenticios que lleguen
a la mesa de los ciudadanos como consumidores, con independencia de
su precio, tenían que tener las condiciones higiénico-sanitarias, las
garantías desde el punto
de vista de seguridad alimentaria, de modo que la protección de la
salud estuviera garantizada. Hoy vuelve a incidir diciendo que se
tenga cuidado cuando se compra la leche porque las gangas no son
buenas (Aplausos.) -da la sensación de que quiere que se dé una
vuelta por aquí otra vez algún otro comisario europeo-; se tiene que
impedir que a la mesa de los ciudadanos llegue cualquier producto en
malas condiciones, con independencia de que cueste dos pesetas o
cien; ésa es una responsabilidad, entre otras, de la señora ministra
de Sanidad.
Estas razones son las que motivaron al Grupo Socialista a presentar
la proposición no de ley que hoy defendemos, fundamentalmente
dirigida a que el Gobierno elabore el programa de seguimiento y
prevención de la transmisión a seres humanos de la encefalopatía
espongiforme bovina, contando con las comunidades autónomas, con los
profesionales, con la comunidad científica y con la dotación
económica suficiente.
He dicho anteriormente que lo único que nos movía era anticiparnos al
problema y proteger la salud de los ciudadanos...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Valentín, le ruego que
vaya concluyendo.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor presidente, termino enseguida.
Entre otros objetivos, el Grupo Socialista incluía en la proposición
no de ley la puesta a punto de los servicios y dispositivos
asistenciales que pudieran ser necesarios, tanto para prevenir la
enfermedad como para investigarla o para tratarla en el supuesto
hipotético de que se diera algún caso en nuestro país. Otro de los
objetivos era la vigilancia y el control epidemiológico de la
enfermedad y la información transparente y veraz a la población, de
manera fácil de entender y periódicamente actualizada. Establecíamos
también el seguimiento de los conocimientos científicos que se
desarrollaran en nuestro país y en otros países, de modo que fuéramos
avanzando conjuntamente en el tratamiento de esta enfermedad; y,
sobre todo, pedíamos que los profesionales sanitarios estuvieran
permanentemente informados de qué líneas de investigación se están
siguiendo, cuáles son las pautas de actuación y los protocolos, tanto
de prevención como de tratamiento o dediagnóstico, habilitando los
servicios de referencia que fueran necesarios. Hace poco,
precisamente, los profesionales de atención primaria y las sociedades
científicas se quejaban de no recibir la información puntual por
parte del Ministerio de Sanidad en lo que se refiere a la encefalopía
espongiforme bovina y el riesgo que para la salud humana puede tener.
Decíamos que tienen que incluirse como enfermedades de declaración
obligatoria las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Sabemos que con fecha 1 de marzo se ha publicado una orden del
Ministerio de Sanidad en la que se
estructura la transmisión de datos para hacer un seguimiento
epidemiológico correcto en todo el territorio nacional. Por eso decía
yo al principio que esta proposición no de ley se presentó el día 25
de enero de este mismo año, y desde esa fecha hasta este momento
algunas medidas se han ido poniendo en marcha; pero creemos que
existen algunas otras que se tienen que incorporar a las actuaciones
del Ministerio de Sanidad, para tratar de la manera más rigurosa
posible este problema.
Pedíamos la constitución de un comité científico formado por expertos
científicos independientes y con la máxima implicación del Instituto
de Salud Carlos III. Señorías, este instituto es el soporte
científico y técnico del Sistema Nacional de Salud.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Valentín, ha superado
ampliamente el tiempo que tenía previsto para su intervención.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor presidente, si me permite terminar,
estoy a punto de hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Es lo que le estoy rogando,
señoría.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Hemos esperado dos meses para poder
debatir esta proposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Ya, pero hay unos tiempos
tasados en cada uno de los debates. En cualquier caso, le ruego vaya
terminando, señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Creo que es importante para todos. Si me
permite, termino enseguida.
El Instituto de Salud Carlos III -decía- creo que no se ha utilizado
convenientemente y que no ha participado en este problema como
debería de haberlo hecho, con las potencialidades que tiene para
poder hacerlo. Pedíamos que se creara también una comisión permanente
de seguimiento en el seno del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, de la que formaran parte todos los directores
generales de salud pública de las comunidades autónomas, para estar
permanentemente en contacto e informados de todas las cuestiones
referidas a esta enfermedad. Pedíamos unos servicios de referencia
para la enfermedad de Creutzfeld- Jacob, no solamente la adecuación
de las salas de autopsia, sino también la puesta en marcha de
servicios y la dotación de los medios necesarios para que los
profesionales sanitarios puedan trabajar con las máximas garantías de
seguridad y para que, cuando exista la más mínima sospecha de que una
persona ha fallecido como consecuencia de la variante de la
enfermedad de Creutzfeld-Jacob, pueda hacerse la autopsia o la
necropsia que la familia considere oportuno, cosa que no ha ocurrido
hasta este momento. Y hacemos especial hincapié en la necesidad de
poner en marcha programas
específicos de investigación. Creemos que la investigación de
esta enfermedad nos puede solucionar muchos problemas de cara al
futuro, pero para ello el Gobierno no puede actuar como lo ha hecho
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no ha incluido la
investigación en neurociencias en la convocatoria del trienio
correspondiente a los años 2001-2003. Se tiene que potenciar la
investigación para que tanto el diagnóstico como el tratamiento de
esta enfermedad pueda resolverse cuanto antes, con lo que puede
suponer de mejora para la salud de las personas.
Señorías, ésta es, muy resumidamente, la proposición no de ley que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó en enero de este año. Nos
gustaría sinceramente que los grupos políticos de la Cámara la vieran
como un acto de buena voluntad.
VICEPRESIDENTE El señor (Camps Ortiz): Señora Valentín, en estos
momentos ha duplicado el tiempo que tenía previsto para su
intervención.
La señor VALENTÍN NAVARRO: Y sobre todo trata de colaborar a la
solución de un grave problema, que no afecta en este momento a la
salud humana, pero que tenemos que prevenir de cara al futuro.
Muchas gracias, y gracias, señor presidente, por su benevolencia.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valentín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en este punto para anunciar que el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida va a apoyar la tramitación parlamentaria
de esta proposición no de ley del Grupo Socialista, como no podía ser
de otro modo, ya que la que nosotros presentamos el 28 de noviembre
duerme el sueño de los justos, por aquello de los cupos, y en ella
nos ocupábamos ya de todo lo relativo a la sanidad humana y a las
posibles repercusiones que la encefalopatía espongiforme bovina podía
tener en la salud humana.
Aunque la comunidad científica afirma que la incidencia de
enfermedades causadas por priones en el ser humano es muy baja y que
la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob, relacionada
con el mal de las vacas locas, no supondrá un problema en nuestro
país, hemos de reconocer todas y todos que se ha creado una gran
alarma social, motivada, y conviene matizarlo, por el mal hacer del
Gobierno, y particularmente de los ministros responsables, pero que
en todo caso, por las repercusiones que tiene, hemos de afrontar
desde este Parlamento adoptando una serie de medidas
que sobre todo devuelvan la confianza y la seguridad a los
ciudadanos.
Entre las medidas que la proposición del Grupo Socialista plantea,
echamos de menos las encaminadas a la transmisión de la enfermedad
por vía parenteral, por utilización de sangre potencialmente
infectada, como las que han adoptado ya otros países, concretamente
Estados Unidos, y también las relacionadas con el control de la
transmisión de animales infectados a los seres humanos. Las
enfermedades más conocidas en la raza humana causadas por priones son
la variante humana del mal de las vacas locas, que ha afectado a 80
personas en Europa, y la enfermedad de CreutzfeldJacob, que afecta a
una persona por millón de habitantes al año. Otras enfermedades
producidas por priones, como el kuru, están prácticamente erradicadas
desde que se pusieron medidas de control en la población donde se
desarrollaban. Además de todas las medidas encaminadas al control de
la encefalopatía espongiforme bovina que plantea esta proposición, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que se deben
desarrollar fármacos que intenten controlar la proteína. En este
sentido, en la actualidad ya hay un pensamiento muy claro en la
comunidad científica en cuanto a que sí hay los modelos, es decir que
sí saben cómo pueden actuar sobre la proteína y cómo curarla. El
problema es que disponemos de agentes que no pueden usarse en los
seres humanos porque son muy tóxicos y representan un potencial
peligro para la salud humana. Tenemos la esperanza de que la
comunidad científica también resuelva ese problema. Debemos pues
prepararnos para afrontar adecuadamente el diagnóstico y, en su caso,
el tratamiento de los casos que pudieran darse en nuestro país -ojalá
no se produzca ninguno-, y para eso es preciso que existan unidades
de referencia capacitadas profesional y técnicamente para alcanzar
este objetivo, que es el que este Parlamento debe plantearse.
Dicho esto, supongo que la señora Valentín aceptará las enmiendas de
Izquierda Unida, que van en la línea de adoptar medidas para
preservar la calidad de nuestros bancos de sangre y minimizar así el
riesgo de contagio de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob por
transfusiones sanguíneas. Retiramos la enmienda número 2 in voce
-supongo que esta práctica parlamentaria es posible, si no fuera así,
espero que la Mesa me lo diga- y mantenemos la enmienda número 3, en
la que planteamos que se destinen 200 millones de pesetas de la
dotación presupuestaria del Fondo de investigaciones sanitarias de la
Seguridad Social para que se investigue la transmisión de la
encefalopatía a los seres humanos.
No tengo nada más que decir. Les agradezco la atención prestada.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias,señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas
tardes.
La encefalopatía espongiforme bovina vuelve a la Cámara a raíz de una
proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento,
presentada por el Grupo Socialista. La novedad con relación a este
asunto estriba en que por primera vez en el Pleno de laCámara
enfocamos el tema de la encefalopatía espongiforme bovina
prevaleciendo el lado de la salud pública sobre la atención ganadera,
sobre la atención agraria. Este es un nuevo enfoque y felicito a la
señora Valentín por esta proposición no de ley.
Es verdad que esta iniciativa fue registrada el 25 de enero. De ahí
en adelante esa fecha va a representar el límite de algunos
argumentos en los cuales nuestro grupo parlamentario no puede estar
de acuerdo con el Grupo Socialista y, fundamentalmente, lo es en la
exposición de motivos de esta proposición no de ley. En la exposición
de motivos la propuesta socialista acusa al Gobierno de pasividad, de
no hacer nada, de descoordinación, de mirar hacia otro lado. En una
parte de la intervención de la señora Valentín -tengo que reconocer
que sólo ha sido en la primera parte y lo agradezco- ha insistido en
los aspectos negativos y en la crítica a la acción del Gobierno, como
toda oposición tiene que hacer. También es verdad que ha ido
reconduciéndose a lo largo de su intervención como lo hizo en la
última Comisión de Sanidad en este Congreso el portavoz del Partido
Socialista que intervino en aquel momento, que reconoció públicamente
que la ministra no había estado pasiva, sino que había hecho muchas
cosas no solamente después del día 22 de noviembre en que se detecta
el primer caso de encefalopatía espongiforme, sino también desde
bastante antes y con varios meses de antelación, y no solamente el
Ministerio de Sanidad y Consumo, sino también -y es importante-, en
el Consejo Interterritorial, la Dirección General de Salud Pública de
todas las comunidades autónomas que tienen competencias en la
materia.
Es justo destacar que la proposición no de ley del Grupo Socialista
tiene un gran alcance y plasma objetivos importantes en la prevención
de la enfermedad impidiendo que pase de la cadena ganadera a la
cadena humana. Lo curioso del caso es que la mayor parte de las
propuestas que hace esa proposición no de ley se están cumpliendo ya
y se están desde antes del día 25 de enero. Uno de los puntos
fundamentales de la propuesta sería la elaboración de un programa de
seguimiento y prevención de la transmisión de la enfermedad. Este
programa fue aprobado por el Gobierno a finales de diciembre y puesto
en marcha el 1 de enero del año 2001.
Otro de los puntos importantes de esta proposición y con el que
también estamos de acuerdo, es la potenciación
de la vigilancia, la prevención y el control de la enfermedad,
pues también antes de esa fecha se pone en marcha el Registro
Nacional de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, entra en
funcionamiento la coordinación internacional en el Instituto de Salud
Carlos III y está en funcionamiento y se potencia la investigación de
esta enfermedad en los distintos ámbitos donde se causa.
En esta proposición no de ley la señora Valentín así mismo insiste en
la necesidad de crear un comité científico- técnico específico para
el estudio de la enfermedad, y también aquí tengo que manifestar,
como lo hizo la ministra de Sanidad en su comparecencia en el pasado
mes en la Comisión de Sanidad, que este comité científico-técnico
multidisciplinar está creado desde el día 8 de enero del año 2001 y
está compuesto por investigadores básicos, por veterinarios, por
neurólogos, por patólogos, por hematólogos, es decir, por aquellas
distintas especialidades médicas que afectan a la patología de esta
enfermedad.
En consecuencia, como coincidimos en el fondo con el Grupo Socialista
en cuanto a la necesidad de trabajar y de insistir en la prevención
de la enfermedad y de evitar en la medida de nuestras posibilidades
que la enfermedad afecte a la especie humana en España, como ha
sucedido en otros países, hemos presentado una enmienda de
sustitución que viene a recoger el impulso necesario para que el
Gobierno, las comunidades autónomas, el mundo científico y todos
cuantos estamentos tengan relación con esta patología aúnen esfuerzos
para erradicar la enfermedad, para impedir su extensión y para
prevenir un eventual paso del agente patógeno a la cadena
alimentaria.
Para terminar, señor presidente, muy brevemente, me gustaría destacar
dos aspectos. El primero es que debemos dejar claramente especificado
que hasta el momento actual no se ha demostrado que la leche o la
sangre sean vehículos de contaminación de la enfermedad, porque al
hilo de algunas declaraciones podemos crear sentimientos encontrados
en la población en general e incidir desagradablemente en un proceso
que los consumidores y usuarios, junto con las distintas fuerzas
políticas y con el Gobierno, parece que están controlando con
relación a la comunicación y en beneficio de todos los ciudadanos
españoles. Por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario y los
científicos están muy al loro de ello, muy preocupados respecto a
este asunto, ni la leche ni la sangre son vehículos contaminantes de
la enfermedad.
A mí me gustaría, señora Valentín, que dentro del espíritu de diálogo
que estamos teniendo en el ámbito sanitario y del acuerdo global que
hemos especificado en la agencia española de seguridad alimentaria,
que es otro aspecto importante que se contempla en las medidas de
precaución y en las medidas definitivas, a mi juicio, para garantizar
la seguridad alimentaria y prevenirla salud pública de todos los
ciudadanos españoles,
tuviera en cuenta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y que
en colaboración con las enmniendas de los otros grupos políticos
pudiéramos pactar una transaccional que diera tranquilidad a los
ciudadanos y que vieran que todos los grupos políticos enfocamos el
tema de la encefalopatía espongiforme bovina desde un ámbito de la
prevención humana en beneficio de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora
Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta para el debate en el Pleno de
esta tarde una proposición no de ley relativa a la encefalopatía
espongiforme bovina y al riesgo que supone para las personas que sin
duda hay que reconocer, señora Valentín, que es una propuesta
oportuna y que conecta con el sentir de la gente en estos momentos.
Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, si bien hay una
tendencia que parece que marca una cierta mejora en lo que ha sido
una grave crisis aún no estamos en una situación óptima de poder
afirmar que las aguas hayan vuelto a su cauce. Por tanto, bienvenida
sea esta iniciativa. Además, en nombre de mi grupo quiero decirle que
consideramos que está hecha -no me estoy refiriendo a la exposición
de motivos pero sí al texto que usted presenta para la votación-
desde un criterio en el que prima bastante el sentido común, en el
que prima bastante lo que debe hacerse y que incluso recoge muchas
cosas que ya se están realizando.
En este sentido, entre la exposición que usted ha hecho en la
presentación en la que en algún momento ha dado a entender que, por
parte del Gobierno, no se había hecho nada y la réplica
correspondiente que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, en la que
ha dado a entender que naturalmente el Gobierno lo hacía todo,
nuestro Grupo se quedaría en un término medio e indicaríamos, como se
dice vulgarmente, que ni tanto ni tal calvo. Con toda sinceridad el
Gobierno ha actuado, ha tomado medidas y las comunidades autónomas
con competencias transferidas hemos trabajado de acuerdo con nuestras
responsabilidades y nuestras competencias. A nuestro entender, si
algo ha fallado, ha sido más la comunicación que la actuación. En
política es tan importante lo que se hace, como lo que se explica que
se hace; porque, si lo que se hace está bien pero se explica mal, el
resultado para la población es malo. Por tanto, en nombre de mi grupo
-y ya se lo manifesté a la señora ministra cuando tuve oportunidad-
tengo que decir que consideramos que la política informativa sobre
este problema no ha sido la más idónea, pero también es cierto que
últimamente ha habido rectificaciones
y estamos dando la sensación, que la hubiéramos tenido que dar
desde el principio, de que la situación se controla y que tanto el
Gobierno como las comunidades autónomas, por encima de defender
cualquier interés de negocio -entre comillas- tenemos la obligación y
estamos defendiendo lo que son intereses de salud pública, es decir,
el interés de las personas.
Insisto, señora Valentín, en que a mi grupo le parece que su
propuesta contiene elementos más que razonables. Usted los ha
expuesto largamente y no voy a repetirlos, porque compartimos los
medios, los recursos y estamos totalmente de acuerdo en una cosa que
usted explicita también en la proposición y es que los programas se
implementan cuando hay dinero para ello. Por eso mi grupo
parlamentario ha presentado una enmienda transaccional y pido a SS.
SS. que, como recoge bastante tanto el sentido del grupo proponente,
como alguna de las inquietudes que podría tener el grupo que
representa al partido del Gobierno, la miren con benevolencia -y
estoy segura que así será- para que partiendo de aquí, partiendo del
espíritu de esta enmienda que nosotros hemos presentado, podamos
encontrar, y seguro que lo haremos, el término ajustado que nos
satisfaga a todos.
Nuestra enmienda, como estamos hablando de prevenir, quiere también
prevenir una tentación que, a veces, algunos grupos de la Cámara, y
no en exclusiva el del Gobierno, tienen cuando detectan problemas. Es
aquello de aplicar a grandes males, grandes remedios, y muchas veces
lo que se entiende por grandes remedios pasa por retrotraer y
centralizar las competencias que tenemos las comunidades autónomas,
en este caso en materia de salud, y convertirlo todo en competencias
únicas del Estado por considerar que así se solucionan las cosas. He
de decir, señora Valentín, en honor a la verdad, que usted deja muy
claro en su proposición no de ley que todo lo que plantea debe
hacerse con la complicidad y contando con las comunidades autónomas.
Usted lo explicita y nosotros así lo reconocemos y valoramos. Pero
como, insisto, también queremos prevenir, la enmienda que mi grupo ha
presentado incide en este aspecto y decimos textualmente que instamos
al Gobierno para que, respetando las competencias que las comunidades
autónomas poseen en materia de salud pública, elabore un programa de
seguimiento y prevención de la transmisión a seres humanos de la
encefalopatía espongiforme bovina, contactando con las comunidades
autónomas, con los profesionales sanitarios de la comunidad
científica y con la dotación presupuestaria suficiente para poder
desarrollarlo e implementarlo de inmediato.
Nosotros pensamos que por este camino podemos entendernos, y tenemos
la convicción de que al final habrá un gran acuerdo en la Cámara.
Como ha dicho el señor Mingo, ya lo hemos conseguido en temas más
conflictivos, y creo que es además un requisito imprescindiblepara
que se visualice de alguna manera que la
voluntad de todos los grupos políticos de la Cámara - el Gobierno, la
oposición y todas las fuerzas aquí representadas- es que estamos por
sumar esfuerzos, por sumar propuestas, con el objetivo importante de
garantizar la salud de todos los ciudadanos españoles y de
devolverles la confianza que han perdido, y evidentemente una de las
formas de explicitar que estamos trabajando en el buen sentido es que
seamos capaces de llegar a acuerdos.
En esta línea insistimos una vez más en que toda precaución es poca,
en que toda precaución debe tomarse y exigirse, porque recordemos que
a veces el Gobierno ha tenido la tentación de pensar que el Estado
español estaba libre de males. Lamentablemente hay que recordar que
la entonces ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio, cuando
ya se estaba detectando la enfermedad de la encefalopatía
espongiforme en Inglaterra y se le preguntó qué medidas pensaba
adoptar para evitar que llegase a España, presumió que nosotros
estábamos inmunes y libres. Esto fue una falta de precaución. De
haber tomado medidas en aquel momento, cuando era de prever que nos
podía afectar lo que también afectaba a otros, seguramente las
consecuencias que ahora hemos sufrido habrían sido mucho menores. Por
tanto, pocas euforias, pocas alegrías en estos temas; nada de ir
sobrados o de ir prepotentes; pensar que lo que pasa en los países
vecinos puede pasarnos a nosotros; seriedad; transparencia; rigor;
trabajar en colaboración y contando con las comunidades autónomas;
trabajar muy estrechamente en estos temas de salud pública con los
que de alguna manera están muchas veces en el origen del problema, es
decir, con el Ministerio de Agricultura, con las normativas que deben
tomarse desde el Ministerio y desde las consellerías de Agricultura
con los productores, porque la mejor medida en temas de salud pública
es aquella que ya no debe tomarse porque se ha atajado el problema en
su inicio.
Con este espíritu fijamos nuestra posición al tiempo que presentamos
esta enmienda, reclamamos el consenso de la Cámara y esperamos que la
proponente, señora Valentín, en nombre del Grupo Socialista, tenga
a bien aceptarla.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera. ¿Grupos
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Vasco coincidimos con el Grupo Socialista al entender
que el Gobierno del Estado no ha actuado de modo diligente en este
asunto tan grave y que tanta inquietud ha sembrado en la opinión
pública de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme
bovina. Efectivamente se ha generado un gran daño en la población, no
tanto quizá por el riesgo de la propia enfermedad cuanto por no haber
informado suficientemente de estos riesgos para la salud pública,
riesgos potenciales que felizmente no están manifestándose como
reales, por lo menos hasta el momento presente.
Ha habido gobiernos autónomos que sí han actuado con mayor
diligencia. En determinadas comunidades autónomas, la vasca por
ejemplo, se ha actuado de una forma más clara y se están atendiendo
algunas de las cuestiones que plantea la proposición no de ley no
desde ahora sino quizá incluso desde tiempos pretéritos, en concreto
teniendo registros de las autopsias de las posibles enfermedades de
este tipo desde el año 1983.
Examinado el contenido de la iniciativa que nos presentan, vemos que
es pura coordinación, coordinación que, como técnica administrativa,
tiene mil vericuetos en su plasmación, pero que desde luego bien
entendida se aleja mucho de la idea de la superioridad y de la
prepotencia en las relaciones Estado-comunidades autónomas que hemos
estado viendo en esta materia hasta el momento presente.
También es cierto, señorías, como se indica en la exposición de
motivos de la propia proposición no de ley, que en el Estado se
cuenta ya, desde la aprobación de la Ley general de sanidad en el año
1986, con sistemas de coordinación entre las autonomías y el Gobierno
central para abordar un problema de salud pública de esta
envergadura, entre ellas el Consejo interterritorial, en el que
existen ya comisiones técnicas, grupos de trabajo y en el que son
habituales las reuniones de los encargados de salud pública de las
distintas comunidades autónomas.
Con todo, como el derecho a la protección de la salud es un derecho
de medios, y cuantos más medios se pongan y cuanto más se inste a los
poderes públicos mejor, nos parece bien la instancia que desde el
Grupo Socialista se hace a que se preocupen en el Gobierno, a que se
hagan cosas. También nos parece que se debe manifestar que en el
punto 1 de la proposición no de ley, cuando pide elaborar un programa
de seguimiento y de prevención de la transmisión a seres humanos de
esta enfermedad de la que estamos hablando, este cometido se podría
encuadrar perfectamente dentro de lo que van a ser las funciones que
correspondan a la agencia alimentaria que está en este momento como
proyecto de ley tramitándose en esta Cámara, proyecto sobre el que
conocemos, por cierto, que se está llegando a importantes acuerdos
entre las formaciones mayoritarias y algunas otras, pero del que
carecemos absolutamente de información. Cierto es que los dos grupos
mayoritarios son, y ellos lo dicen constantemente, el 80 por ciento
de la Cámara, pero gobernar es trabajar desde las mayorías sin
desconocimiento de las minorías, que también colaboramos en el
quehacer normativo de la Cámara. Bueno sería, y quiero que mi
intervención sirva como llamada de atención, para que se nos traslade
a las demás formaciones que tenemos presentadas enmiendas
parciales por dónde van esos acuerdos a que se está llegando en este
momento.
Con todo, repito, señorías, entendiendo que coordinar es acordar
sistemas técnicos homogéneos, intercambiar información, y esto puede
hacerse en el Consejo interterritorial, lo que definitivamente
después de las enmiendas presentadas por las distintas formaciones va
a quedar como instancia al Gobierno nos parece adecuado. Creemos que
se le insta al Gobierno no tanto a que haga un trabajo que ya debería
estar haciendo, sino a que lo haga bien, que tiene un matiz distinto.
Entendiéndolo con esta orientación, el Grupo Vasco se apunta a lo que
nos parece es el sentir mayoritario de esta Cámara y votará
favorablemente la proposición no de ley incluidas las enmiendas con
las que quedará finalmente redactada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señora Valentín, a los efectos de aceptación o rechazo de las
enmiendas que se han ido planteando a lo largo del debate.
La señor VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Voy a dar lectura a una enmienda transaccional, a la que hemos
llegado tras un acuerdo, agradeciendo de antemano la voluntad de
entendimiento que han mostrado los distintos grupos políticos y
entendiendo que dentro de este programa que se expone en la
proposición no de ley se incluyen, entre otras, las medidas concretas
que en él se reflejaban: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que, respetando las competencias que las comunidades
autónomas poseen en materia de salud pública, desarrolle y
complemente el programa de seguimiento y prevención de la transmisión
a seres humanos de la encefalopatía espongiforme bovina, contando con
las comunidades autónomas, con los profesionales sanitarios y la
comunidad científica, y con dotación presupuestaria suficiente para
impedir la extensión del brote de la encefalopatía espongiforme
bovina y el eventual paso del agente patógeno que la causa a la
cadena alimentaria humana como medida de protección de la salud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valentín. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la encefalopatía
espongiforme bovina y al riesgo que supone para las personas la nueva
variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob, en los términos
de la enmienda transaccional que ha sido leída por la portavoz
del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 295; en contra, dos; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
de referencia. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN EN ESPAÑA DE LA EPIDEMIA DE LA FIEBRE AFTOSA. (Número de
expediente 173/000047.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la propagación en
España de la epidemia de la fiebre aftosa.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Companys. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, la semana pasada tuvimos oportunidad de debatir con el
ministro de Agricultura en torno a la problemática de la fiebre
aftosa. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Companys, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Gracias, señora presidenta.
Decía que la semana pasada tuvimos oportunidad de debatir con el
ministro de Agricultura en torno a la problemática de la fiebre
aftosa. El debate fue interesante, no obstante me quedó la sensación
de que en el Ministerio no se barajaba con la suficiente importancia
la posibilidad de que dicha enfermedad atravesase el Canal de la
Mancha y llegase al continente. Es más, hemos encontrado cierta
resistencia en el ámbito ministerial a tomar medidas de precaución
adecuadas, sobretodo, y lo dije el otro día, partiendo de la base de
que el
sector porcino es, después de las hortalizas, el que tiene un peso
más importante en la producción final agraria. Somos el quinto país
productor del mundo, y obedeciendo no sé qué tipo de interés, a nivel
de Unión Europea no fuimos capaces de tomar todas las medidas
adecuadas para evitar que dicha enfermedad llegase al continente.
Hay que tener presente que se trata de un sector muy castigado. Hace
un año dejamos la peste porcina clásica y ahora tenemos una amenaza
real, que es la glosopeda; es decir, se trata de un sector que desde
hace mucho tiempo está pasando problemas. Ya tenemos el brote
epidémico situado en el continente, ya ha atravesado el Canal de la
Mancha y Francia ha reconocido la existencia de un brote. Por tanto,
aquellas declaraciones del ministro de Sanidad francés, en las que
afirmaba que sería un verdadero milagro que Francia escapara de la
enfermedad, se han hecho realidad. Efectivamente era un milagro, y
los milagros abundan poco. Ya tenemos el brote situado en Francia y
en este momento yo digo que será milagroso que no llegue a España. No
se han hecho las cosas bien; las medidas se han tomado como siempre,
tarde y mal; sobre todo tarde y en interés de no se sabe qué.
En el momento que el Reino Unido demostró su incapacidad para
controlar dicha enfermedad, y a la vista de la poca confianza que nos
provocan los actuales mecanismos de control sanitario del movimiento
de animales y la virulencia así como la capacidad de contagio de
dicha epizootia, nuestro grupo parlamentario optó de forma clara por
la inmovilización del ganado durante 15 días, por dos motivos
básicamente: la sintomatología del animal es muy clara, por tanto la
detección del foco es muy sencilla y el período de incubación
realmente es corto, lo que asegura que en un período máximo de 15
días se pueda confeccionar un mapa apidemiológico bastante seguro sin
que, por otra parte, se afecte de forma irreversible el
funcionamiento del sector. No se nos hizo caso; el ministro no estaba
por la labor y la Comisión Europea continúa sin enterarse. Sólo las
crecientes críticas y amenazas que llegaban desde Francia, Italia o
Bélgica, que apostaban claramente por el cierre de fronteras, con
amenaza de hacerlo de forma unilateral, impulsaron a la Unión Europea
a tomar medidas de movilización, pero para desgracia nuestra en el
momento que se toma esa decisión el foco ya estaba instalado en
Francia, y lo mismo nos puede suceder en España. De hecho, la
trasposición por el Ministerio de la normativa sobre la
inmovilización se publicó el viernes, o sea hace sólo cuatro días;
por tanto nos espera una larga agonía de 10 ó 12 días para saber
definitivamente el estado en que se encuentra la cabaña en el Estado
español.
Le dije al señor ministro la semana pasada que debía tomar decisiones
de forma rápida, pues la obligación del Ministerio es defender los
intereses del sector, y ahora hay que identificar, buscar y
sacrificar todo el
ganado procedente de Francia que ha entrado en los últimos 15 días.
Ese trabajo es muy costoso debido a la gran movilidad de los animales
pero sobre todo por su elevado número. El sector tiene motivos para
estar preocupado, especialmente cuando comprueba cómo se toman las
decisiones y se da cuenta en manos de quién se encuentra. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Companys, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Companys, a ver si es posible que se le escuche.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta, por su
amparo.
Efectivamente, el foco está instalado en Francia, sólo es cuestión de
días que dicha enfermedad llegue a España y en el ámbito de la Unión
Europea ahora todo son prisas. A las diez de la mañana de hoy se ha
reunido con urgencia el Comité Veterinario permanente de la Unión
Europea y se han puesto a estudiar nuevas medidas restrictivas para
evitar que la enfermedad se extienda después de confirmarse el foco
que existe en Francia. En definitiva, no hay programación y se decide
sobre la marcha, o sea se improvisa, y eso no es bueno para el
sector. De hecho no hay que tener mucha memoria para recordar que la
previsión del Comité Veterinario de la Unión Europea era que el brote
alcanzara su máxima virulencia la semana pasada, pero esta semana ha
habido más brotes y la situación va in crescendo. Bélgica, Portugal y
Holanda han decidido hoy martes cerrar las importaciones de ganado
procedente de Francia y España también ha tomado una decisión
semejante, lo que nos parece positivo. El sistema de control del
movimiento de animales no funciona adecuadamente y no se ha actuado
penalmente contra aquellos que incumplen las normativas y ponen en
peligro al sector. Le decía al señor ministro la semana pasada que el
Ministerio debe actuar con diligencia y tomar las medidas adecuadas
para evitar la aparición de algún foco en suelo español. Le decía que
la inmovilización de todos los animales que son susceptibles de coger
la enfermedad debería haber sido el principal acuerdo de la Comisión
no el día 6 de marzo sino desde el momento en que Inglaterra demostró
su incapacidad de controlar el problema. Ahora todo es mucho más
difícil; el virus continúa haciendo estragos en el sector, y
desgraciadamente otra vez van a ser los propios ganaderos los que van
a tener que cargar con los costes de unas decisiones no tomadas.
Señoras y señores diputados, espero que en esta ocasión nadie se
atreva a opinar que dadas las circunstancias las comunidades
autónomas van a ser responsables de la aparición de la enfermedad.
Por todo esto, señora presidenta, señoras y señores diputados, el
problema es importante, y yo estoy seguro de que si no tomamos las
medidas adecuadas en pocos días podemos tener el brote en el Estado
español.
Hemos presentado una moción y esperamos poder aceptar algunas
enmiendas de los grupos a fin de que se pueda aprobar por unanimidad,
que es lo que el sector en este momento está deseando.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, respecto de esta moción, consecuencia de la interpelación
que tuvimos ocasión de debatir aquí la semana pasada por iniciativa
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que hemos
considerado pertinente y oportuna, y más cuando hace apenas 24 horas
de la confirmación del primer foco de fiebre aftosa en ganado bovino
en el continente europeo, concretamente en Francia, las medidas
cautelares no digo que sean necesarias sino que se encuentran
verdaderamente en el imperativo de imprescindibles. La alta
contagiosidad de esta tremenda virosis de animales de pezuña hendida
hace que adoptemos inmediatamente un sistema lo más disuasorio
posible de cualquier infracción para proteger el patrimonio ganadero
español. A esta moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), con cuyas líneas maestras coincidimos plenamente, y en línea
con nuestra intervención de la semana pasada, hemos presentado una
enmienda que trata de ser complementaria en la mencionada línea de
disuasión para que no sólo se adopten unas medidas de policía
sanitaria o zoosanitaria y veterinaria de higiene pecuaria, lo más
duras, drásticas e imprescindibles en este momento por la movilidad
sino que se contemple también un fenómeno que no se entiende en el
sector ganadero sólo como movilidad de especies receptibles como son
las concentraciones de animales en ferias y mercados. Precisamente en
esta línea ya dijimos aquí que coincidíamos con la estructura y la
sistemática de la orden ministerial emitida por el ministro de
Agricultura, señor Arias Cañete, publicada en el Boletín Oficial del
Estado del pasado viernes 9 del marzo, en cuyo punto tercero se habla
de la prohibición de transportes animales de especies sensibles. Esto
estaba recogido en el texto original de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nuestra enmienda también viene a reconocer lo que figura en el punto
cuarto de la orden ministerial, la prohibición de concentraciones de
animales. En el punto cuarto de la orden ministerial firmada por el
señor Arias Cañete, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se
expresa de manera explícita y concreta la diferencia del movimiento o
transporte de animales
con la prohibición de concentraciones del tipo ferias, mercados o
concurrencia de animales vivos en los procesos comerciales. Por
tanto, nuestra enmienda es de ortodoxia y armonía equilibrada, y
similar al contenido sistemático de la orden ministerial. Pero al
invocarse aquí una coordinación entre la Administración central, el
Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas que tienen
transferida esta competencia de higiene y sanidad pecuaria y tienen
los mecanismos administrativos para ejercerla, incluso la propia
estructura funcionarial, no olvidemos que, junto a estas competencias
orgánicas y territoriales de las comunidades autónomas las carreteras
están en toda la estructura del Estado, valga la obviedad, y hay un
servicio del Estado que tiene encomendada esta cuestión con las
excepcionalidades -que también se suman- de la policía autonómica
vasca, de la policía autonómica catalana, en la vigilancia del
tráfico en las carreteras, pues no se trata solamente del código de
circulación sino de aquellas medidas de policía sanitaria que también
están encomendadas a estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y policías autonómicas -igual que las municipales- para colaborar
cuando hay una situación de crisis en los aspectos que aquí
contemplamos. También hacíamos especial referencia a las fuerzas de
la Guardia Civil, que, sobre todo en el medio rural, tienen
encomendada esta responsabilidad. No olvidemos que con motivo de la
prohibición de la comercialización, fabricación y circulación de
harinas procedentes de animales, harinas cárnicas, ha sido la eficaz
actuación del Seprona, el servicio de protección del medio ambiente
de la Guardia Civil en el medio rural, el que ha conseguido detectar
todas aquellas infracciones y circuitos viciados de un producto
contumaz que era necesario sacar fuera de las cadenas de alimentación
y comercialización. Por ello, señora presidenta, hemos presentado
nuestra enmienda, para reforzar las actuaciones disuasorias, puesto
que la experiencia nos demuestra que la irresponsabilidad de
determinados infractores es lo que contribuye a una difusión de esta
epizootia tan grave para nuestro ganado.
Así pues, compartimos plenamente la intencionalidad suscrita por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el cual ha
desarrollado los aspectos de policía zoosanitaria y gubernamental en
concordancia con la orden ministerial, ya que si no existe esta
intensificación no solamente en el transporte de animales de que
habla el punto 3 de la orden ministerial, sino también en las
concentraciones de animales vivos en ferias, mercados o exposiciones
ganaderas, estaríamos abriendo una brecha muy peligrosa, y después de
lo que acaba de suceder en Francia necesitamos poner en situación de
alerta y de emergencia todas nuestras actividades. Por esta razón,
Coalición Canaria se suma a la intencionalidad de la Cámara de
sensibilizar a todos los poderes públicos y a todas las instituciones
para quehagan cumplir los reglamentos específicos y pongan
todos los medios necesarios para que no nos veamos desagradablemente
sorprendidos, sobre todo cuando en España existe una doctrina que yo
respeto pero que no comparto profesionalmente, que es haber
abandonado los sistemas inmunitarios vacunales frente a actuaciones
de sacrificio, el sacrificio obligatorio de animales sospechosos o
afectados, algo que puede causar daños al patrimonio ganadero
cuantitativa y cualitativamente hablando, ya que no solamente se
sacrifica una cantidad de especies susceptibles, sino un patrimonio
genético que es muy difícil de recuperar. Por tanto, esta prevención
tiene que tener un carácter disuasorio si no queremos llevarnos
sorpresas desagradables.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señores diputados,
debemos reconocer la importancia de la iniciativa que estamos
debatiendo, aunque se trata de una iniciativa un tanto triste, pues
evidentemente todos desearíamos no hubiese sido necesaria. La
realidad es que nos encontramos ante una situación realmente
preocupante, una situación que según noticias de última hora nos
obliga a todos y de manera muy especial al Gobierno, a ser
responsables. Que en Francia se estén dando casos no es un hecho más,
puesto que estamos hablando de un país fronterizo con España, en el
que repercute muy seriamente todo lo que conlleva la entrada y salida
de vehículos y personas por cuestiones de turismo. Estamos ante una
situación que de no afrontarse con urgencia nos puede dejar mal y por
eso Izquierda Unida, que va a votar a favor de la iniciativa que hoy
se presenta, ha querido resaltar la importancia de que se adopten
todas las medidas necesarias mientras subsista peligro de epidemia de
la fiebre aftosa. Todas las medidas que se tomen son pocas, siendo
importante que se adopten y que se ejecuten con seriedad. No puede
haber casos como el que Telecinco televisó la semana pasada, cuando
en un reportaje se ridiculizaba prácticamente la ejecución de las
medidas que el Gobierno había planteado en un vuelo LondresMálaga
y se obviaban todas las medidas.
Señorías, creemos que es el momento de que el Gobierno demuestre
estar a la altura de las circunstancias. Entendemos que es difícil
controlar el problema, pero lo que está claro es que vamos a peor.
Creemos que hay que aprovechar el debate -y lo tenemos que decir-
para resaltar la necesidad de una vez por todas de ir hacia otro tipo
de ganadería y de agricultura. Es evidente que el caso de la fiebre
aftosa no se puede comparar con otra porque se puede dar en cualquier
tipo de granja, incluso en la más ecológica, pero también
es verdad que un modelo de agricultura y ganadería en el que
prima el mercantilismo, prima el beneficio, también provoca una serie
de condiciones que al final, aunque sea de forma indirecta, repercute
en la propagación de la fiebre aftosa. Estamos muy preocupados con la
frontera francesa; hay que tomar medidas urgentísimas para evitar que
este verano el caos se apodere de esa frontera. Si no tomamos medidas
ahora la situación en el verano, en la frontera más importante de
entrada de vehículos en España, puede ser realmente muy complicada.
Junto con todo esto, queremos resaltar el debate de la agricultura y
de la ganadería porque estimamos que es importante ir hacia un nuevo
modelo de agricultura y de ganadería que nos permita saber realmente
lo que consumimos, que el beneficio no lo sea todo, sino alcanzar una
ganadería y una agricultura sostenibles y que estén realmente al
servicio del consumo y no al contrario.
Por eso, repito, hemos presentado esta enmienda. Hoy tenemos la
obligación de salir con una postura clara, lo más unitaria posible,
pero es importante -y echamos en falta la presencia del ministro- que
hoy el Gobierno saque la conclusión de que tiene que actuar con
firmeza y rapidez, pues no estamos solamente hablando de mera
declaración de intenciones; lo que hoy acordemos aquí mañana tiene
que empezar a cumplirse por el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con motivo del debate de la interpelación que presentó en
esta Cámara el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el miércoles
pasado, creo que es conveniente resaltar que tuvimos dos acuerdos.
Uno primero en el que estábamos en una situación de sanidad animal
muy grave para la cabaña ganadera española y un segundo en el que
debemos afrontar esa situación con el rigor necesario para que no
contribuyamos a crear alarma social.
A partir de esos acuerdos básicos, nuestro grupo tiene serias dudas
ante las medidas que ha ido adoptando el ministro de Agricultura para
articular las soluciones al problema. Eso ya lo pusimos de relieve en
el debate de la interpelación y por eso, y tal como anunciamos
también en ese debate, hemos estudiado detalladamente las propuestas
que contiene la moción que Convergència i Unión nos presenta hoy como
consecuencia de aquella interpelación. La hemos estudiado con detalle
y hemos presentado unas enmiendas que anuestro entender complementan
y mejoran lo propuesto,
tal y como dijo la pasada semana el mismo interviniente de hoy de
Convergència i Unió.
Nosotros hemos presentado tres enmiendas a esa moción, que responden
a dos líneas básicas que nos parece que esa moción no puede dejar al
margen si quiere seriamente llevar la tranquilidad al sector ganadero
y el apoyo de esta Cámara al Gobierno para que adopte las medidas que
son absolutamente necesarias.
Nos parece que no se puede hablar de un problema sanitario como el
que nos ocupa en este momento en el sector ganadero, obviando el
contexto sanitario en que se desenvuelve España. Esta enfermedad, la
fiebre aftosa, es altamente contagiosa y afecta no sólo al Reino
Unido, país en el que se detectaron los primeros focos y que por
cierto respecto de la semana pasada han aumentado considerablemente
-estamos hablando de más de 150 focos en este momento-, sino que ya
hay focos en la Europa continental que exigen respuestas concretas y
claras. Nosotros hemos dicho aquí reiteradamente que no podemos
seguir ignorando el grave déficit que tenemos en España a la hora de
afrontar las epidemias animales. Es urgente la presentación en este
Congreso de la ley de sanidad animal -un incumplimiento de este
Gobierno desde el año 1997- y esa carencia, esa falta de marco legal
hace que no existan los mecanismos que deberían activarse en
situaciones de este tipo. No me cansaré de insistir en que las
excusas donde se refugia el Gobierno no tienen ninguna validez. No
puede ser que una y otra vez se nos diga desde el Gobierno y desde el
Grupo Popular que no saben cómo compatibilizar el necesario respeto a
las competencias de las comunidades autónomas con la respuesta global
y coordinada del Estado frente a epidemias como la que nos ocupa. No
es la primera vez que esto nos ocurre; ocurrió ya en el pasado con la
peste porcina clásica y más recientemente con las vacas locas, pero
no han aprendido, estamos igual que estábamos. Nos encontramos hoy
con una noticia fechada el 7 de marzo en la que el MAPA estudia ahora
la creación de una red de alerta sanitaria, una red coordinada que ha
de tener un comité presidido... etcétera, pero como cada vez que hay
una epidemia, que hay un problema, son promesas que no se concretan.
Nuestra segunda enmienda va a reforzar el sentido de la moción que ha
presentado Convergència i Unió, porque nos parece que no es digno de
este Congreso instar al Gobierno a que se dirija a la Comisión
Europea para que exija un mayor cumplimiento de sus normas sanitarias
animales. El Gobierno en esta situación, como ha de hacer siempre, ha
de exigir el estricto cumplimiento de las normas de que se han dotado
los Quince. Por ello, y porque pensamos que ha debido ser un lapsus
del grupo proponente, hemos presentado la segunda enmienda.
Los casos detectados en Francia, de los que hemos tenido noticia en
las últimas horas, ponen de relieve la necesidad de habilitar medidas
para instalar medios
técnicos que posibiliten la desinfección eficaz en fronteras, puertos
y aeropuertos. Debemos ser exigentes con la necesidad de estas
medidas. Ya hemos dicho antes que estamos hablando de una enfermedad
altamente contagiosa y que puede afectar de una manera decisiva al
sector ganadero español si se detectara algún foco en nuestro país.
Por ello hacemos mucho hincapié en el punto nuevo que proponemos
añadir al texto de la moción. No es una reivindicación de nuestro
grupo; lo piden las organizaciones agrarias, lo está pidiendo el
sector y lo piden las comunidades autónomas. Creemos que el grupo
proponente será receptivo a esta petición porque ha estado encabezada
en días pasados por el consejero de Agricultura de la Generalitat de
Cataluña, que pertenece al mismo grupo que el proponente. Tenemos una
nota de la Asociación nacional de comerciantes de porcino que se
preguntan dónde desinfectan los vehículos y hacen referencia a una
cuestión que me parece que debería quedar constancia en esta Cámara y
es que no podemos hablar de estos temas solamente cuando hay
problemas. Le decía el otro día al ministro de Agricultura que cuando
hablamos de sanidad animal en épocas de epidemia es evidente que los
temas nos van pillando; tenemos que hablar cuando no hay problemas.
YAncopor dice justamente eso y se pregunta algo que también hace el
conjunto de esta Cámara. La legislación nos obliga a limpiar y a
desinfectar y nosotros nos preguntamos dónde y cómo. ¿Cuándo nos
daremos cuenta de que debemos implantar en nuestro territorio centros
de limpieza y desinfección eficaces y eficientes para preservar la
cabaña ganadera de enfermedades infecciosas? Espero que el grupo
proponente sea receptivo a nuestra enmienda y, si el Grupo Popular no
quiere hacer caso al Grupo Socialista, que haga caso a lo que le pide
el sector ganadero para ver si así tenemos más suerte.
El señor ministro nos decía el miércoles pasado que hemos de esperar
quince días para poder valorar la suficiencia de las medidas
adoptadas. Yo creo que hoy podemos decir que no tenemos esos quince
días, que no podemos esperar más porque se puede instalar el caos -si
no lo está ya- en el sector ganadero español y el Gobierno tiene la
obligación de llevar la tranquilidad a ese sector. No queremos pensar
que el Gobierno pueda dejar pasar los días para que el tema que hoy
nos ocupa acabe desapareciendo de los titulares de los medios de
comunicación, porque aunque se consiguiera, aunque esa fuera la
intención, no sería óbice para que los problemas del sector ganadero
español sigan estando sobre la mesa. El miércoles pasado, en nombre
de mi grupo tuve el honor de decir al Grupo Parlamentario Popular y
al grupo proponente que debíamos hacer el esfuerzo de consensuar una
moción que diera tranquilidad al sector y que diera al Gobierno, con
el respaldo de este Congreso, el mecanismo para tomar las medidas que
el sector demanda y para exigir lo mismo en la Comisión Europea.
Nosotros vamos a respaldar una moción que contenga los puntos que
nuestro grupo ha presentado como enmienda porque los consideramos
imprescindibles, de acuerdo con lo que están reivindicando el sector
ganadero, las organizaciones agrarias, las comunidades autónomas, en
definitiva, todos los que están preocupados por la enfermedad que hoy
nos ocupa.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, el señor Madero tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Señora presidenta, señorías, es esta una
ocasión más, en esta Cámara, en la que tratamos con la seriedad
debida un tema tan importante como el de la sanidad animal y mi grupo
quiere expresar su satisfacción y su felicitación a todos los grupos
parlamentarios por el tono constructivo que se está empleando en esta
iniciativa, sobre todo porque vemos posible que entre todos
coadyuvemos de manera eficaz a parar esta epizootia que tenemos a las
puertas de casa. Las fronteras de Francia las tenemos a un paso, pero
es que las de Inglaterra no están tan lejos y los barcos y los
aviones no necesitan pasar por carretera o frontera física alguna.
Además, Marruecos está al sur y llevamos tiempo conteniendo esta
epizootia; si no teníamos bastante con la encefalopatía espongiforme
ahora tenemos la fiebre aftosa.
Señor Companys, el Grupo Parlamentario Popular comparte la finalidad
de todos los puntos que su grupo parlamentario nos ha presentado en
esta moción, consecuencia de la interpelación de la semana pasada.
Entendemos -y creo que lo entienden todos los grupos- que esta moción
va dirigida a evitar en España la propagación del foco de fiebre
aftosa, que si bien apareció hace unas semanas en el Reino Unido, con
más de 50 focos localizados, también es cierto que hoy ya está
comprobado que está presente en el noroeste de Francia, en la región
de Mayenne, por lo que debemos instar al Gobierno a que siga
adoptando las medidas oportunas tendentes a restringir el movimiento
de animales y a que se intensifiquen las medidas de protección
y control.
Señorías, mi grupo no es partidario -y creo que aquí tampoco ha
habido ningún entusiasta de ello- de aplicar medidas unilaterales
ante problemas como éste de la fiebre aftosa que, si se tomaran,
afectarían a la totalidad de los Estados miembros de la Unión
Europea. Somos partidarios de que se sigan adoptando todas las
medidas que la propia Unión Europea ha ido acordando conforme a la
evolución de esta epizootia. En este sentido, siguiendo las
directrices comunitarias, debemos recordar que la decisión de la
Comisión del 29 de enero y las decisiones adoptadas por el Comité
Veterinario permanente de la Unión Europea, según nos ha recordado el
señor Mardones, fueron aprobadas en sus reuniones del 27 de febrero y
posteriormente del 6 de marzo. Pues bien, el Ministerio de
Agricultura ha publicado ya tres órdenes ministeriales con medidas
cautelares preventivas para evitar el riesgo de la propagación de la
fiebre aftosa en la cabaña ganadera nacional: la Orden del 28 de
febrero, la del 2 de marzo y la del 8 de marzo, tendentes, repito, a
la inmovilización de animales para evitar la transmisión del virus
causante de esta epizootia. Lógicamente, de estas inmovilizaciones
queda excluida acertadamente la celebración de manifestaciones
culturales o de espectáculos taurinos. Repito que estas
manifestaciones o espectáculos no se ven afectados por la orden, ya
que no implican un intercambio de ganado entre las distintas
explotaciones.
Mi grupo entiende que el Gobierno ha actuado con diligencia, que ha
publicado la normativa oportuna en el momento adecuado y con
auténtica agilidad, conforme a lo que dictan las directrices de la
Unión Europea, y que ha actuado en colaboración y cooperación con las
comunidades autónomas. Hasta ahora se ha hecho lo que se debe hacer,
incluyendo que hoy se ha prohibido todo tipo de tránsito de ganado
procedente de Francia. Por todo ello, señorías, mi grupo, que no
tiene las dudas que la señora Cunillera ha expresado, entiende que en
su momento -y será en breve plazo- vendrá la ley de sanidad animal, y
para ella esperamos la misma colaboración que la de momentos como
éste.
Respecto a las enmiendas presentadas, señor Companys, mi grupo acepta
cinco de los seis puntos. (Rumores.) Concretamente en el quinto
entendemos que hay una coincidencia con lo expresado por el
representante de Coalición Canaria, el profesor Mardones, autoridad
en la materia, y que al haber esa coincidencia nuestro texto se
enriquece con su aportación, con la explicitación de las
restricciones en ferias, mercados y concentraciones. Al mismo tiempo,
señor Centella, me felicito porque por una vez puedo aceptarle una
enmienda que nos parece absolutamente razonable, así como los
retoques técnicos que en la materia ha aportado el Grupo Socialista.
Respecto a la enmienda que ha presentado el representante del Bloque
Nacionalista Gallego, no decimos más que nos adherimos a las
manifestaciones del señor Companys. Si existe esta preocupación es
porque el tema es complicado, y me parece que vamos a tener en fechas
próximas más fiebre aftosa porque el tema está difícil, señorías.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir para defender las
enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a esta moción de
Convergència i Unió, a pesar de que al parecer no le gustan al
portavoz del Grupo Popular. En todo caso, estamos ante una moción que
nos parece muy oportuna, en primer lugar, porque se nos plantea un
nuevo y grave problema que afecta al sector productor o
comercializador de ganado y, en segundo lugar, porque los brotes de
fiebre aftosa a nivel europeo distan mucho de estar controlados. Hoy
mismo se confirma la aparición de un nuevo brote en Francia y estamos
pendientes de confirmación de casos sospechosos en Bélgica e incluso
en Portugal.
Señoras y señores diputados, la pregunta que se hacen muchos
ganaderos y consumidores es qué está pasando, qué es lo que está
fallando en la política agraria común, en la política agraria en
general, para que a un problema le suceda otro; esta es la pregunta
que se está haciendo la gente. Nosotros venimos insistiendo en la
necesidad de reformar a fondo una política que parece hacer agua por
más de un sitio. Recuerden la reciente crisis de las dioxinas en los
pollos en Bélgica, el mal de las vacas locas en el que estamos
inmersos, la reaparición de fiebre aftosa, ahora aparecen noticias
sobre la posible contaminación por dioxinas del pescado de
piscifactoría, etcétera, y lo que vendrá. ¿Qué pasa? Todos deberíamos
preguntárnoslo y buscar soluciones efectivas, o mucho nos tememos que
el sector productor de carne, tan importante económicamente, va
camino de una crisis profunda y dejará atrás más consecuencias que la
muerte de miles de animales y pérdidas económicas inmediatas. Sin
duda habrá que reflexionar sobre la PAC, sobre la globalización y
sobre muchas otras cuestiones para establecer las bases de una nueva
política de la que desaparezcan algunos de los riesgos actuales.
Sepan, señoras y señores diputados, que hoy los productores están
desconcertados, crispados, desmoralizados, no ven futuro. Como
nosotros compartimos la preocupación, vamos a apoyar al Gobierno en
todas aquellas medidas destinadas a impedir que aparezcan brotes, en
este caso de fiebre aftosa, en nuestras ganaderías. Desde luego, si
no se consigue frenar la entrada del virus, las consecuencias para
nuestros ganaderos serían simplemente catastróficas; si no se
consigue frenar la entrada de este virus, tendríamos una situación
-basta mirar hacia un lado- parecida a la que está padeciendo Gran
Bretaña. Digo que las consecuencias serían catastróficas si se
declararan brotes, porque las consecuencias negativas ya las está
padeciendo el sector por los simples efectos derivados, por ejemplo,
de la inmovilización del ganado, la supresión de ferias, etcétera. En
todo caso, nosotros compartimos la necesidad de actuar con
contundencia y rigor para evitar la entrada de la fiebre aftosa.
Dicho esto, en la medida en que no existen focos de infección y que
se ha descartado que padezcan la enfermedad las partidas importadas
en su día de países con brotes, nos parece que sería posible incluir
una excepción más entre las contempladas en el artículo 3 de la Orden
de 8 de marzo, relativa al movimiento de ganado hacia los cebaderos,
para dar salida a un problema real, y es que no se queden en las
explotaciones los bovinos descalostrados. Sin duda, habría que
hacerlo con todos los controles, con los informes sanitarios
veterinarios pertinentes, restringiendo la concentración de los lotes
a determinadas áreas geográficas, etcétera; es decir, con todas las
garantías. En ese sentido va nuestra enmienda número 1. En la medida
en que las disposiciones contempladas en la orden citada tienen como
límite temporal el 27 de marzo, tampoco supondría un problema
excesivamente importante a corto plazo; pero sí lo supondría si estas
medidas se siguen prolongando en el tiempo. Lo que proponemos es que,
debiendo adoptar medidas rigurosas, la actuación frente al problema
debe también considerar las circunstancias derivadas de estar exentos
de focos de enfermedad y procurar -repito- dentro del control
necesario, evitar pérdidas innecesarias. En todo caso, dejamos esta
cuestión encima de la mesa (sabiendo como sabemos que esta enmienda
no se va a aceptar), que hace referencia a un problema que se puede
agudizar, como decía antes, debido a futuras medidas de
inmovilización de los animales.
La enmienda número 2 se refiere al punto 2 de la moción, en el que se
propone redactar un plan de sanidad animal, coordinado con las
comunidades autónomas, que posibilite la implantación de un modelo de
prevención, detección, lucha y eliminación de cualquier foco de
infección, etcétera. Yo lo digo con todo respeto, pero esto nos
induce a pensar que ese plan no existe, lo cual en este momento sería
preocupante. Nosotros proponemos una redacción alternativa porque,
como decía, mal estaríamos si se estuviese aún en la fase de redactar
un plan para prevenir, detectar y luchar contra los focos de fiebre
aftosa. Queremos creer que esos planes existen, que el Gobierno
dispone de ellos y, por tanto, se trataría de coordinar entre el
Gobierno central y las comunidades autónomas las medidas ya previstas
en los planes de prevención y lucha contra la enfermedad, y, en todo
caso, de actualizar esas medidas si fuese necesario.
Una tercera enmienda se refiere a la necesidad de extremar el control
y, por tanto, las medidas de desinfección de cualquier vía posible de
contaminación -otros portavoces ya insistieron en ello-, hoy más
necesarias que nunca a la vista de que los focos de la enfermedad
siguen extendiéndose por Europa.
Por último, nosotros hacemos referencia a una cuestión que creemos
importante (efectivamente, podrá gustar o no gustar) y es que el
sector está sufriendo ya, como decía antes, las consecuencias de esta
nueva crisis
y, por tanto, habría que establecer también medidas de ayuda para
un sector duramente castigado en los últimos tiempos y que
francamente no levanta cabeza. A nosotros nos parecen imprescindibles
esas ayudas para evitar que muchos de los actores simplemente
desaparezcan. Por eso nuestra enmienda propone que se establezcan
ayudas para ese sector.
Compartimos a grandes rasgos la filosofía que impregna la moción de
Convergència i Unió y esperamos que las medidas que se adopten sean
las adecuadas para impedir la entrada de la enfermedad. Asimismo,
esperamos que las medidas que se tomen a nivel europeo erradiquen los
focos existentes, y lo hagan rápidamente. Señoras y señores
diputados, crucemos los dedos porque el ritmo de los acontecimientos
induce a pensar que puede que estos deseos no se vean cumplidos en la
práctica. En todo caso, conviene tener esperanza, porque la esperanza
es lo último que se pierde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Turno de fijación de posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, tras confirmarse
el primer caso de fiebre aftosa el 22 de febrero en el Reino Unido, a
la hora de plantearnos medidas para afrontar esta crisis,
indudablemente éstas deberían responder a los tres retos que se nos
plantean. El primer reto es que hay que afrontar la transmisión, ya
sea producida por vía directa, por contacto entre animales
infectados, ya sea producida por vía indirecta, a través de cualquier
objeto contaminado por el virus, ya sea por vectores animados, como
humanos y perros, ya sea por vectores inanimados, como ropa,
camiones, carne, leche, pienso, etcétera, y en su caso a través del
viento, que como todos ustedes saben y ya se ha comentado puede
transmitirla hasta 60 kilómetros por tierra y 300 por mar. El segundo
reto fundamental al que tendríamos que hacer frente es el de la
prevención, sabiendo que el pilar fundamental es la prohibición de la
entrada en el país de animales vivos procedentes de lugares donde la
enfermedad se encuentre presente y la prohibición de la entrada de
productos animales de otros países, como carne, leche y cuero, sobre
todo si no han sido previamente tratados contra el virus de la fiebre
aftosa. Esperemos que no, pero si se produjera en el territorio
estatal, deberíamos tener los controles preparados porque han de
responder de dos maneras. En los países que tienen pocos animales y
rebaños infectados, mediante el sacrificio obligatorio de todos los
animales infectados o con anticuerpos, y en países en los que la
enfermedad está extendida, mediante vacunación durante un período de
varios años
hasta lograr reducir al máximo el número de casos de enfermedad.
La moción consecuencia de interpelación presentada por Convèrgencia i
Unió afronta adecuadamente, en términos generales, estos
planteamientos aquí expresados. Solicitamos que las enmiendas
propuestas, que han sido enormemente positivas, se intenten
consensuar en un documento único. El Grupo Vasco dará su apoyo a la
moción presentada con las enmiendas consensuadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por último, señor Companys, tiene la palabra a los efectos de indicar
la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, no podemos aceptar las
cuatro enmiendas que ha presentado el Bloque porque, aunque la
filosofía de una parte de ellas está integrada en la moción, sería
difícil encontrar una cierta unanimidad al respecto. Aceptamos el
punto cinco del Partido Popular, que viene enriquecido por una
aportación de Coalición Canaria que haremos llegar a la Mesa
seguidamente. Aceptamos la enmienda de Izquierda Unida, que propone
la adición de un número 7, con su propia redacción. El Partido
Socialista ha presentado una enmienda de adición al punto 2, que
dice: Presentar el proyecto de ley de sanidad animal en el presente
período de sesiones. Sustituiríamos «en el presente período de
sesiones» por «a la mayor brevedad posible»; el resto quedaría con la
misma redacción. Aceptamos también una enmienda de carácter técnico,
que es la sustitución de la expresión «un mayor cumplimiento» por «el
estricto cumplimiento». El punto 7 del Grupo Socialista entendemos
que queda subsumido en la propuesta de Izquierda Unida y que, por
tanto, ahí queda reflejada la filosofía al respecto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Estaríamos de acuerdo en que la
adición de un punto nuevo quedara subsumida en la propuesta de
Izquierda Unida, siempre que además de viajeros y mercancías
incluyera ganado; viajeros, mercancías y ganado procedentes de zonas
de países en donde se hayan declarado brotes de fiebre aftosa.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cunillera.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, aceptamos esa
sugerencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Companys. (Pausa.)
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la
propagación en España de la epidemia de la fiebre aftosa, en los
términos derivados del propio debate y con la incorporación de las
enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 291.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL
GOBIERNO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE
ACCIDENTES LABORALES EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/
000048.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del
Gobierno para la prevención de riesgos y la reducción del número de
accidentes laborales en nuestro país.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada, con motivo de una interpelación formulada
al Gobierno, coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en
vigor de la Ley de prevención de riesgos laborales, debatíamos en
esta Cámara la evolución de la siniestralidad en los cinco años de
vigencia de dicha ley, y les puedo asegurar que, al fijar su
posición, el Grupo Popular nos llamó poderosamente la atención.
Voy a indicar algunos datos de forma telegráfica. Número total de
accidentes. Año 1996, 1.212.846; año 2000, 1.801.416. Crecimiento,
47,6 por ciento. Accidentes con baja. Año 1996, 616.237; año 2000,
935.274. Crecimiento, 51,7 por ciento. Accidentes graves. Año 1996,
10.865; año 2000, 11.359. Crecimiento, 6,3 por ciento. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Accidentes mortales. Año 1996, 982; año 2000, 1.131. Crecimiento, 15
por ciento.
Por sectores. Agricultura. Año 1996, 38.666; año 2000, 44.055.
Crecimiento, 13,9 por ciento. Industria. Año 1996, 211.399; año 2000,
273.760. Crecimiento,
29,4 por ciento. Construcción. Año 1996, 130.792; año 2000, 232.092.
Crecimiento, 77,5 por ciento. Servicios. Año 1996, 241.298; año 2000,
385.367. Crecimiento, 59,7 por ciento.
Señorías, estos son los datos que nos da el Gobierno, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Ante estos datos, el portavoz del
Grupo Popular, y leo el «Diario de Sesiones», termina su intervención
diciendo:: Señorías, este drama existe pero afortunadamente las
cifras están demostrando una tendencia regresiva en esta materia.
Señorías, señor ministro, creo que estamos en el buen camino y le
animamos a seguir en el mismo. Ya me dirán ustedes, espero que, por
el bien de los trabajadores fundamentalmente, el ministro no siga sus
exhortaciones. Da la sensación de que, cuando hablamos de la
siniestralidad laboral, vivimos en dos mundos diferentes: un mundo
irreal, donde habitan el Grupo Popular y el Gobierno; y el real,
donde vivimos el resto de los seres humanos. Y difícilmente podremos
dar soluciones a los problemas si no reconocemos que existen.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, a la vista de las cifras que
acabo de señalar, creemos que la prevención de la siniestralidad en
España va mal; va muy mal y que no se trata de una cosita. Creemos
que se trata de un problema muy grave. Lo mismo opinan los
sindicatos, que en el último año han realizado dos huelgas generales
en el sector de la construcción; lo mismo opina la sociedad en
general, léase la prensa económica de los últimos 30 días, o los
últimos editoriales de algunos diarios de difusión nacional y, por
supuesto, lo mismo opinan otros grupos de esta Cámara que están en la
oposición. Con ello, para tranquilidad del señor ministro, no estoy
haciendo una película de buenos y malos, ni estoy haciendo
responsable único al Gobierno. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones
y lo confirmamos una vez más: el problema de la siniestralidad
laboral es muy complejo y es de todos. Todos somos responsables, unos
más, por supuesto, y otros menos. Nadie podrá decirnos que los
trabajadores tienen la misma responsabilidad que los empresarios, por
poner un ejemplo. Pero es que el Gobierno, aunque todos estemos de
acuerdo, no parece escuchar a nadie ni admitir ninguna sugerencia.
El 23 de mayo del año pasado discutíamos en esta misma Cámara una
moción sobre el mismo tema. Debatíamos sobre las causas, creo que de
una forma bastante completa, y de las posibles soluciones que se
podían dar a los problemas, y el Grupo Popular votó en contra,
supongo que por razones partidarias. ¿Se han dado cuenta, señorías,
que en este tema todos, sindicatos, grupos políticos, especialistas
en la materia, todos señalamos las mismas causas y proponemos las
mismas medidas? ¿Por qué no las aceptan? ¿Por qué no las hacen suyas?
¿Es que estamos todos equivocados menos el Gobierno? ¿O es que se
está más preocupado en justificar las actuaciones que en buscar
soluciones?
Decía el señor Aparicio que las cifras absolutas, a veces, son
engañosas y se remitía a los índices de incidencia. No creo que la
sociedad comparta ese criterio. La gran alarma social existente en
nuestro país viene motivada por la realidad cotidiana, por las
alarmantes cifras. Insisto en lo que dijimos la semana pasada: el
crecimiento de empleo no tiene por qué conllevar necesariamente
aumento de siniestralidad. En Europa no ocurre como aquí. Crece la
economía, crece el empleo y no crece la siniestralidad al ritmo que
en España. Alo que sí tiene que conllevar obligatoriamente el
crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo es a una
intensificación de las medidas preventivas y de las campañas
formativas.
Aquí lo que ha ocurrido es que, al mismo tiempo que ha ido aumentando
el empleo, han crecido una serie de fenómenos que son la causa de la
siniestralidad, como la temporalidad y el recurso a la
subcontratación, que todos ellos han producido una altísima
precariedad y un altísimo índice de siniestralidad.
El crecimiento económico -repetimos- debe suponer también una mejora
de las condiciones de trabajo, y esto no está ocurriendo en nuestro
país. Sólo un ejemplo que sirva de ilustración. En la cuarta encuesta
nacional de condiciones de trabajo que en 1999 realizó el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene Laboral, el 74 por ciento de los
trabajadores señalaba que en su puesto de trabajo existía riesgo de
accidentes. El objetivo nuestro debe ser justo reducir ese riesgo, y
para ello no hay otra manera que intensificar las medidas
preventivas.
Con esa finalidad hemos presentado esta moción. En ella plasmamos una
serie de medidas tendentes a: primero, intensificar las labores e
divulgación, información, formación y sensibilización. Segundo,
reforzar las actuaciones de la inspección. Tercero, destacar el
importante papel de la fiscalía y solicitar su colaboración. Cuarto,
hacer eficaz la acción de las mutuas como servicios de prevención,
hacer eficaz la acción de las mutuas que hasta ahora si se destaca
por algo es por su total ineficacia. Quinto, estimular a los
empresarios para que cumplan la ley. Sexto, garantizar la
participación de los trabajadores y sus representantes en todo tipo
de actividad preventiva. Séptimo, prestar especial atención a los
colectivos, sectores y actividades con mayores riesgos.
Para ello tenemos un instrumento valiosísimo: la ley que entró en
vigor hace cinco años; una ley que no es que haya fracasado, sino que
no se ha aplicado y que aún no es conocida por el 75 por ciento de
los empresarios. Esa sí es la responsabilidad del Gobierno; esa
responsabilidad no puede ser compartida ni con empresarios, ni con
trabajadores, ni con sindicatos, ni con la sociedad en general; es el
Gobierno el que tiene que poner todas las medidas para que se cumpla
la ley en todos los rincones del territorio nacional.
En los 20 puntos que hemos presentado en la moción viene muy claro el
camino a seguir en cada uno de ellos. Creemos que son medidas fáciles
de aceptar, no contravienen ninguna normativa, y además estamos
seguros -por eso lo proponemos- de que son medidas que darían
resultados a muy corto plazo. Alguna de ellas por supuesto sabemos
que necesitan un gran esfuerzo; que el cien por cien de los
empresarios en España conozcan la ley es difícil, lo reconocemos, por
el escenario tan complejo que tiene el tejido empresarial en nuestro
país, pero creemos que cuando se trata de garantizar el derecho de
los trabajadores a la protección de su salud y de sus vidas todo
esfuerzo en recursos humanos, técnicos y presupuestarios es, además
de obligado, prioritario.
Hacemos hincapié en algo que reclaman los agentes sociales y que en
la ley viene recogido como un principio básico. El artículo 12 de la
ley eleva a la categoría de principio básico de la política de
prevención -y lo digo entrecomillado- la participación de éstos en la
planificación, programación, organización y control de la gestión
realizada con todos los aspectos preventivos. ¿Por qué entonces no se
garantiza este principio básico en las mutuas de accidentes, máxime
cuando son entidades que gestionan recursos públicos? ¿Por qué no se
democratizan? ¿Por qué no se da entrada a los representantes de los
trabajadores, que en definitiva son los mayores sufridores del
incumplimiento de la ley? Con este mismo principio básico, si existen
empresas donde por su escaso número de trabajadores no puede haber
delegados de prevención, ¿por qué no se crea la figura del delegado
territorial de prevención? Creemos que no costaría ningún trabajo, e
incluso, como decía el ministro en el Senado, se pueden optimizar
muchísimo los recursos.
Para ir terminando, señorías, diré que hay cosas que se pueden hacer,
pero que para ello se necesita una voluntad política, una clara,
firme y decidida voluntad política y siento decir que en algunas
ocasiones la echamos de menos. La voluntad política se demuestra con
hechos y los hechos a veces brillan por su ausencia. Sólo voy a citar
dos ejemplos: uno, el plan de formación nacional, que está
consensuado desde hace meses entre los agentes sociales y las
comunidades autónomas. No se pone en marcha porque en los
presupuestos de 2001, ni en ningún otro sitio, se le ha dotado
presupuestariamente. ¿Por qué no se le dota si la economía va bien,
como dicen ustedes? ¿Por qué no se le dota de presupuesto para que se
ponga en marcha? O el plan de campañas de sensibilización. Nadie duda
de que en España jamás se va a cumplir la filosofía de la ley, que en
definitiva es crear una cultura preventiva en toda la sociedad en
general si no se conciencia y si no se sensibiliza sobre esto a la
sociedad. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Creo que hicimos una campaña en
noviembre de 1997 y ya está. Hay comunidades autónomas que, siguiendo
lo que viene como la primera gran área
en el plan de acción de la siniestralidad laboral, están tomando
iniciativas en este sentido, como la comunidad andaluza. ¿Por qué el
Gobierno, y he estado por sugerir una idea que muestra lo fácil que
sería aplicar estas medidas...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, le
insto a que concluya.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Termino, señora presidenta. ¿Por qué el
Gobierno no utiliza, por ejemplo, la televisión, que es un ente
público, para hacer campaña de sensibilización, del tipo de las que
están haciendo, por ejemplo, con los accidentes de tráfico? ¿Costaría
mucho trabajo dar información puntual de los accidentes graves, muy
graves y mortales que ocurren en España diariamente en los
informativos? ¿Costaría mucho trabajo hacer anuncios publicitarios
destinados a sensibilizar a la sociedad? ¿Costaría mucho trabajo
crear programas específicos en Televisión Española al menos, como
marca el plan de acción, donde con una periodicidad semanal,
quincenal o mensual se dé cuenta de los accidentes más graves y de
los mortales? Que se expliquen sus causas, sus consecuencias, el
drama humano que conlleva un accidente mortal, grave o muy grave y
que se explique la responsabilidad que tienen los empresarios y los
trabajadores. ¿Costaría mucho trabajo, señorías? Nosotros creemos que
no. Pónganlo en marcha mañana. Díganselo al señor Ferrari. Después de
la rueda de prensa que hoy se ha dado en la Moncloa, donde no
entendemos cómo allí se dice...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor González Vigil,
le ruego que concluya.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Concluyo ya, señora presidenta.
No entendemos cómo allí se muestra una preocupación y se dice que se
van a aceptar una serie de medidas y aquí se vota en contra. No lo
entendemos. Donde se legisla es aquí. Señorías, concluyo
parafraseando al portavoz del Grupo Popular pero, por supuesto, en
otro sentido. Señorías, señor ministro cuando lea el «Diario de
sesiones», creemos que las cifras van mal, muy mal. Por lo tanto,
tenemos que cambiar el sentido, tenemos que cambiar de camino,
introducir mejoras para el bien de todos, del Gobierno, de la
sociedad en general y de los trabajadores y de las familias, que son
los que sufren las consecuencias de esta grave lacra que es la
siniestralidad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Para la defensa de
las enmiendas presentadas a la moción por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Una vez más estamos ante una iniciativa que intenta reducir los
accidentes laborales. Tengo que reconocer que subo a esta tribuna con
pocas expectativas de que el partido en el Gobierno recoja estas
inquietudes sociales, no sólo las de los partidos en la oposición
porque ahí está la última huelga general en el sector de la
construcción, seguida masivamente por los trabajadores que sufren más
estos accidentes laborales, o ahí está también la ILP que se presentó
en este Parlamento, avalada por más de 700.000 firmas. No quiero
recordarles aquí cómo despachó el partido en el Gobierno el esfuerzo
de miles y miles de trabajadores en crear una sensibilidad que
reduzca un problema que tenemos ahí. Quiero recordarles que ni tan
siquiera se tuvo la sensibilidad de tomar en consideración esta
iniciativa legislativa popular. Se despachó como aquel que dice en
diez minutos.
Nuestro grupo parlamentario ya presentó el 23 de mayo de 2000 una
propuesta de moción con 14 medidas concretas, apareciendo algunas de
ellas recogidas en esta moción que se nos presenta hoy por el Grupo
Socialista -nos felicitamos por ello-, sin olvidar la preocupación
que sentimos al pensar que ha pasado casi un año desde que nuestro
grupo presentó las medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de
manera significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro
país y vemos que un año después es necesario volver a recogerlas y
plantearlas porque los índices de siniestralidad siguen subiendo y es
responsabilidad de todos, como se ha dicho aquí ya, y del Gobierno
adoptar medidas para reducirlos. Por eso esperamos que esta vez sea
aprobada esta propuesta para que sea realmente cumplida y aplicada
con toda rigurosidad y conseguir los fines que nos preocupan a todos.
Desde nuestro grupo, que aprueba esta moción que hoy se nos presenta,
queremos además presentar unas enmiendas a la moción que pensamos la
complementan y mejoran sus posibilidades de intervención. En primer
lugar, presentamos una enmienda de modificación al punto 14 (uno de
los puntos que mencionábamos nosotros en nuestras medidas presentadas
en mayo del año 2000), en la que incluimos la figura del delegado
sindical en materia de salud laboral. Aun sabiendo que cada pequeña
empresa no podría disponer de este delegado, los grupos de empresa
organizados a través del sector y de un ámbito territorial sí que lo
podrían tener. Esta propuesta ya fue formulada aquí por mi compañero
Francisco Frutos y volvemos a reiterarla dada la importancia y la
necesidad de la existencia de una figura en materia sindical que
garantice el cumplimiento de las funciones en materia de prevención y
riesgos laborales. Vigilancia, formación y concertación entre
empresarios y trabajadores constituyen una de las terapias más
efectivas para afrontar la cuestión de la siniestralidad.
En segundo lugar, como acabo de señalar, hemos de reiterar la
formación como la mejor arma para evitar accidentes de trabajo en la
empresa. La Ley de prevención de riesgos laborales prevé el derecho
de los trabajadores a la formación masiva de nivel básico sobre los
riesgos que entraña su trabajo durante la jornada laboral y los
empresarios tienen la obligación de facilitar estos programas de
formación a sus empleados. Por esto en el punto 1 de la presente
moción solicitamos que se incluyan en las campañas de divulgación no
sólo los accidentes mortales o graves producidos en la empresa, sino
la forma de prevenir estos accidentes a través de diversos organismos
como el Instituto Nacional de Empleo o la formación continua,
completamente gratuita para las empresas.
En tercer lugar, volvemos a referirnos a los trabajadores autónomos
de carretera, olvidados en esta propuesta y que constituyen otro de
los sectores afectados por diversas situaciones que se producen en
dicho sector y cuyo problema principal es la prolongación de la
jornada laboral que desempeñan y que en la mayoría de los casos no se
controla. Sabiendo que muchas veces es difícil para ellos mismos
cumplir las mínimas normativas de prudencia en su trabajo, son
necesarias medidas que mejoren estas condiciones, realizando
posteriormente una vigilancia seria y rigurosa del cumplimiento de
dichas condiciones.
Por último, es necesario un servicio especial de delitos en el ámbito
laboral. Deben estudiarse, conocerse y sancionarse rigurosamente
todas aquellas imprudencias cometidas por las empresas y que han
originado accidentes mortales o muy graves. Es necesario concienciar
a empresarios y trabajadores de la importancia de la formación,
información y prevención de riesgos laborales y es irresponsable que
no se adopten las medidas necesarias para evitarlos aun
conociéndolas. Eso es negligencia y tiene que llevarse a través de un
servicio específico como el que estamos proponiendo.
Es sorprendente que una de las causas de mortalidad más importante en
nuestro país sea la mayor tolerancia jurídica que se soporta; la
imprudencia que causa la muerte y especialmente cuando esta
imprudencia se basa en el incumplimiento de normas legales de
seguridad. Debe ser perseguida y penada. Este servicio debería
incluir una acción fiscal que, de oficio o por denuncia, investigara
las múltiples situaciones de riesgo e incumplimiento que sin duda
existen.
Conocemos el olvido de la normativa sobre prevención de accidentes
laborales que se da, tanto en el mundo empresarial para ahorrar
costes como en el mundo de los trabajadores, movidos por el miedo a
la pérdida de su puesto de trabajo, pero el Gobierno no puede, en
ningún caso, obviar la máxima responsabilidad que tiene ante este
grave problema y, por tanto, debe tomar medidas como las presentadas
aquí hoy, medidas que formen, informen, prevengan, vigilen y
garanticen la seguridad en el trabajo.
Para terminar, al anunciar nuestro voto afirmativo a la moción,
esperando de la derecha una mínima sensibilidad sobre la cuestión, no
quiero dejar de señalar la especial responsabilidad que incumbe a las
administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas
y Administración central. Esta responsabilidad pública debe plasmarse
en acciones concretas, mesuradas, que atiendan al núcleo del
problema.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez ni va a ser la última que el Pleno de
esta Cámara, y seguramente la Comisión de Política Social y Empleo,
aborden en la presente legislatura el que es seguramente uno de los
problemas más acuciantes del ámbito laboral y social del Estado
español: nuestro elevadísimo nivel de accidentes, de enfermedades de
trabajo, de muertes, en el ámbito laboral. Lo recordaba el portavoz
de Izquierda Unida hace unos segundos. Han venido iniciativas de su
grupo; nuestro grupo también planteó en su día la creación de una
subcomisión en el seno de esta Cámara sobre esa cuestión, que fue
remitida al Senado por acuerdo de los grupos. Por lo que me consta,
en el Senado se está trabajando en esa subcomisión, pero es evidente
que la sensación en la que todos estamos instalados desde hace tiempo
es que quizá el conjunto de políticas que se está impulsando, tanto
por parte de las administraciones como de los agentes sociales, no
está siendo suficiente.
Es evidente que abordamos un problema que tiene una dimensión humana
dramática, que afecta a un número considerable de familias españolas,
pero además estamos hablando también de un problema que tiene costes
económicos muy importantes y muy elevados para el conjunto de la
sociedad, para el Estado y para las empresas. Hace unos días
recordaban algunos expertos que en Estados Unidos se afirma que por
un dólar de coste directo que tiene para la empresa un accidente
existen entre 5 y 55 dólares ocultos, costes que la empresa no asume
como efecto negativo del accidente o de la enfermedad mal gestionada.
Por tanto, no es tan sólo la dimensión humana que afecta a estas
personas y a sus familias y el coste directo que tiene para el Estado
lo que se deriva de estos procesos, sino que están también los costes
que tienen para las empresas los accidentes de trabajo, en todas y
cada una de sus modalidades.
Yo creo que en todos los debates que hemos tenido hasta ahora se ha
formulado, en mayor o en menor profundidad,
el diagnóstico de las razones de estas circunstancias.
Concretamente, se ha discutido sobre qué entendemos por accidente en
España y se han apuntado causas como la relación entre el incremento
de actividad y la creación de empleo en el auge de los accidentes; la
existencia de un marco legal complejo, a veces difícil de aplicar y
difícil de entender y seguramente poco conocido por el conjunto de
actores de la vida económica y social; la ausencia total de una
cultura real de prevención por las empresas y por los propios
trabajadores; la insuficiencia de medios de la Inspección de Trabajo
y la insuficiente e ineficaz coordinación de las administraciones
públicas en esta materia; la aparición de colectivos nuevos, como el
de los trabajadores autónomos dependientes, que aparecen con nuevas
situaciones de desprotección en este ámbito; los elevados índices de
temporalidad de nuestro mercado de trabajo; las disfunciones
importantes en el ámbito de la subcontratación; las disfunciones de
nuestro sistema de aseguramiento; la regulación de las mutuas;
también quizá la excesiva centralización del conjunto de nuestras
políticas o, como apuntaba el ministro en el debate de la semana
pasada, el tratamiento económico de las bajas, especialmente los
primeros días. Son una panoplia de circunstancias y elementos que yo
creo que nos obligan a ser prudentes cuando subimos a la tribuna a
plantear posibles medidas, pues no existen soluciones milagrosas para
este fenómeno tan complejo y tan difícil.
Para nuestro grupo parlamentario, entendiendo con modestia que
nuestras afirmaciones de esta noche tampoco van a ser especialmente
diferentes ni originales ni, seguro, milagrosas, existen dos grandes
troncos de actuación: uno de ellos es el de concienciar y estimular.
El marco de la Ley de prevención de riesgos, insisto, complejo,
difícil y poco conocido, sin concienciación y sin estímulo, no se
demuestra que sea útil. A nuestro entender, nuestra gran obsesión
debe ser hacer asumir a nuestras empresas que la prevención es un
elemento de la competitividad, como lo es el medio ambiente o como es
un buen clima de relaciones laborales dentro de la empresa. Y esa
concienciación de las empresas pasa también por estimular la
prevención, y estimular la prevención pasa por la activa gestión de
las reducciones o recargos en las primas de los seguros de
accidentes, de trabajo y enfermedades, por políticas fiscales que
permitan que las inversiones que se hagan en prevención tengan
deducciones de carácter fiscal y por adaptar el actual marco
regulador, definido en el Real decreto 2930/1979, decreto antiguo, a
la realidad de la evolución de la siniestralidad en el caso español.
Estimular y activar la conciencia de la cultura de la prevención es
para nosotros algo que hasta ahora no ha funcionado.
En segundo lugar, lógicamente debe existir un mayor compromiso del
conjunto de las administraciones en sus incrementos de la eficacia y
la eficiencia de la Inspección de Trabajo, esa coordinación entre
comunidades autónomas y Estado, esa coordinación entre
los antiguos gabinetes técnicos de temas de salud y la Inspección de
Trabajo; quizá una reflexión sobre la constitución de un nuevo cuerpo
especializado en materia de inspección con funcionarios de otros
Estados de la Unión Europea; una efectiva territorialización de los
fondos de la fundación de riesgos laborales; quizá una gestión de las
mutuas por parte de las comunidades autónomas; en definitiva, nos
parece esencial un mayor compromiso público de las administraciones
públicas en esta materia.
Estas son las dos líneas que apunta Convergència i Unió que se deben
desarrollar. Pero les decía al principio de mi intervención que no va
a ser ni la primera ni la última vez que discutamos y debatamos en
esta legislatura sobre estas cuestiones. En ese sentido, es bueno que
el Grupo Parlamentario Socialista haya planteado hoy esta iniciativa.
En el Pleno de la semana pasada el señor ministro y el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista también hicieron referencia a ello.
Nos decían que en esta semana se iba a hacer público el denominado
informe Durán, ese informe que el presidente del Gobierno ha
encargado a título personal al presidente del CES sobre esta
cuestión. Creo que ahí vamos a tener un buen instrumento de análisis
y de discusión sobre esa cuestión e incluso sugerí a los portavoces
del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista
que sería interesante que en su momento el señor Durán compareciese
ante la Comisión de Política Social y Empleo para poder debatir esos
extremos. Ahí tenemos un margen, pero creo que el diálogo social aún
no se ha roto. Se ha roto en los aspectos que el Gobierno ha
legislado, pero las mesas que hacen referencia a los temas de salud y
prevención de riesgos continúan en marcha. Hay que dejar margen para
que el diálogo social apunte soluciones a esta situación y también es
bueno que desde los grupos políticos lancemos o sugiramos propuestas
de actuación a los agentes sociales. Nuestro grupo parlamentario
planteará en los próximos días y en ese marco algunas iniciativas
concretas orientadas precisamente a sugerir soluciones a los agentes
sociales en las políticas que en esta materia España deberá impulsar
en los próximos años, dirigidas siempre hacia el estímulo activo de
la cultura de la prevención y a un mayor compromiso de las
administraciones públicas en su lucha contra esta lacra social.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
En el turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, para anunciar el voto del Bloque Nacionalista Galego
a favor de esta moción y para explicar también muy brevemente por
qué, a pesar de
echar en falta en la moción algunos extremos, no la enmendamos.
En efecto, echamos en falta en esta moción algunos extremos referidos
a todo lo que es la seguridad de la vida humana en el mar, es decir,
la seguridad laboral a bordo de buques, sean estos de pesca o
mercantes. Es cierto que si no en el título sí en el espíritu y quizá
en el origen de esta moción están los accidentes laborales en el
sector de la construcción, por lo menos eso es lo que yo he podido
interpretar, pero la razón de no presentar enmiendas es que
precisamente mañana, a instancias del Bloque Nacionalista Galego,
discutiremos en esta Cámara la problemática de la protección y de la
prevención de los accidentes que puede amenazar a la vida humana en
el mar, y en especial a bordo de buques pesqueros, a la vista de que
en lo que llevamos de año ya son bastantes las víctimas, muchas de
ellas gallegas, que hay que lamentar en este sector.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez
Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos debatiendo una cuestión
importante y compleja, una cuestión que tiene una tremenda incidencia
en la sensibilidad social. Esto es algo reconocido por todos. Les
adelanto, señorías, que por nuestra parte no existe ninguna
satisfacción en relación con las cifras y que no existirá ninguna
satisfacción en esta materia mientras se sigan produciendo accidentes
laborales. Sabemos que estamos hablando de cifras preocupantes y
ciertamente importantes, pero no podemos olvidar que estamos viviendo
una etapa de crecimiento económico importante, un crecimiento
económico que por primera vez se está traduciendo en una efectiva
creación de empleo -2.500.000 empleos en cuatro años y medio,
aproximadamente- que hace que se incorporen al mercado laboral
personas que no han trabajado nunca. La cultura de la prevención de
riesgos laborales en este país era casi inexistente, por lo que
tuvimos la necesidad de legislar para armonizar nuestra propia
legislación con la de la Unión Europea. Quizá -lo dije la semana
pasada- pudimos haberlo hecho antes. La propia Unión Europea nos
amonestó formalmente, ya que la Ley de prevención de riesgos
laborales tenía que entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 1992
y no lo estuvo hasta febrero de 1995. Decía la semana pasada que
hemos perdido un tiempo importante en la promoción y en la generación
de esa nueva y necesaria cultura.
Pues bien, no respondía a un capricho del partido político gobernante
en aquel momento, sino que se trataba de buscar un consenso, un
consenso que era difícil
de alcanzar. Fueron razones de diferencias entre los agentes sociales
las que impidieron que se cumplieran los plazos de trasposición de la
legislación europea. Eso lo reconocemos desde el Grupo Parlamentario
Popular, pero han de reconocerme SS.SS. también que, desde que el
Partido Popular gana las elecciones y se hace cargo del Gobierno, la
labor normativa ha sido muy importante: 19 reales-decretos y 4
órdenes ministeriales. Esto sirve para negar la mayor, para negar
aquello que se ha dicho de que el Gobierno y el Partido Popular no
son sensibles al problema de la siniestralidad laboral, para negar
que no se estén adoptando medidas, medidas que hay que tomar a través
del consenso con los agentes sociales y también de los mecanismos de
los que el Estado dispone para controlar esta situación. Sancionar y
aplicar la ley en todo su rigor es una de las posibilidades, pero,
señorías, entendemos (y yo creo que del discurso de quienes han
intervenido en este debate también se deduce así) que lo que hay que
hacer es una fundamental labor de prevención, labor de prevención que
se inicia con la formación y la información. Hay que difundir esta
nueva situación, esta nueva cultura, la nueva legislación.
Tampoco podemos olvidar que hay muchos casos de situaciones de baja
que se están atribuyendo a enfermedad profesional y a accidente de
trabajo. Seguramente encontraríamos también una explicación
razonable, no aceptable, pero seguramente una explicación entendible.
Por una parte, una diferencia de protección y, por otra, una
repercusión económica importante en la empresa. De cualquier manera,
tampoco podemos olvidar el dato de que, dentro de esas cifras de
siniestralidad, y no es algo que nos pueda satisfacer o tranquilizar
siquiera, solamente el 2 por ciento de los accidentes son graves o
mortales. Y digo solamente entre comillas, ya que en ningún caso le
quito un ápice de importancia a una cifra, permítanme la redundancia,
tan importante.
La Inspección de Trabajo, señorías, investiga absolutamente siempre
los accidentes mortales, los graves y aquellos que afectan a
colectivos en especial situación de riesgo. Se han desarrollado,
señorías, 1.500.000 actuaciones y se han levantado 93.000 actas, lo
que supone un incremento del 67 por ciento comparando los datos del
año 2000 con los de 1995. Las actas de infracción se han multiplicado
por 5 en el mismo período y contamos hoy en día con un 17 por ciento
más de inspectores que antes. Se ha puesto en marcha el plan de
choque, ese plan importante que afecta a un 3 por ciento de las
empresas españolas, a muy pocas empresas que concentran,
curiosamente, el 40 por ciento de los accidentes.
En el período que va de enero a diciembre del año 2000 hemos
comprobado que el índice de incidencias se ha reducido en 21 puntos,
y todo ello gracias a la labor de los agentes sociales, del Estado y
de las comunidades
autónomas. El índice de incidencia, señorías, baja en prácticamente
todas las comunidades autónomas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista decía la semana pasada
que no quería dañar la acción del Gobierno, y nosotros creemos que
esa afirmación era sincera. Decía, además, su portavoz al ministro de
Trabajo: Sabemos, señor ministro, que usted está en ello, y cito
textualmente el «Diario de Sesiones»; que les íbamos a poner muy
fácil ganar las próximas elecciones aunque no querían. Yo atribuí eso
a un lapsus linguae, pero me empiezan a entrar las dudas de si fue de
verdad un lapsus linguae o no, porque inmediatamente reconoció que
había consultado, que había visto el informe que el presidente del
Gobierno -fíjense la sensibilidad del Partido Popular- había
encargado al profesor don Federico Durán y que no se atrevía a
proponer todas las medidas que allí se contenían, que hay medidas que
sabe que no se pueden tomar de pronto. Señorías, va a ser muy difícil
que disipen la duda de una posible utilización de este informe. Esto
quizá es un ejemplo del cambio tranquilo. Tranquilidad desde luego
que sí si lo ha hecho otro. No sabemos si se pueden adoptar las
medidas -yo no conozco todavía el informe- o no. En todo caso, les
pido que dejen que sea la sociedad la que lo valore, que conozcamos
el informe y podamos valorarlo y discutirlo; permitan que este
informe sea conocido por la Mesa de prevención de riesgos laborales,
que saben ustedes que se convocó en el mes de julio; permitan,
señorías, que sea el diálogo social. No nos digan por una parte que
legislemos y, por otra, critiquen que no respetamos el diálogo
social. Permitamos que los agentes sociales se pongan de acuerdo
sobre la materia. Dejen ustedes que conozca también este informe la
Comisión creada al efecto en el Senado.
Yo leía ayer, señorías, en el mismo periódico que el día 9 publicaba
una filtración del informe y el contenido en extracto de la moción
que hoy discutimos, una carta al director que el profesor Durán
enviaba a ese mismo periódico en la que lamentaba la filtración.
Decía el señor Durán que él había procurado mantener la
confidencialidad y afirmaba con ironía: casi lo consigo. También
decía que se veía obligado a salir al paso de las interpretaciones
que se habían hecho del informe diciendo que es falso afirmar que el
Gobierno no adopta las medidas necesarias. Y decía también algo muy
importante: que, en cuanto a los datos estadísticos, hay casos en los
que se producen sobre-registros y otros casos en los que hay infra-
regristros. Yo creo, señorías, que hay que mirar detenidamente ese
informe, hay que estudiarlo detenidamente y procurar no tomar esas
medidas de pronto, como decía el señor González Vigil la semana
pasada.
Es importante destacar que en esta materia la labor de las
comunidades autónomas es absolutamente indispensable. El artículo
149.7 de la Constitución atribuye como competencia exclusiva de las
comunidades autónomas
la ejecución de la legislación laboral. Reconózcannos,
señorías, que se han introducido mejoras en nuestra legislación, que
en la reforma laboral tan criticada se han realizado apuestas por la
transparencia en la subcontratación, que es una de las razones que
tradicionalmente se exponen para criticar o para señalar como causa
de la siniestralidad laboral. En la reforma se contiene una mejora de
la estabilidad en el empleo y se hace también una apuesta por la
disuasión de la temporalidad. Todas estas causas venían siendo
denunciadas como incidentes en la siniestralidad laboral.
Yo le decía al señor ministro el otro día que creía que estaba en el
buen camino, y lo sigo creyendo, sin tener en ningún momento la
mínima sensación de satisfacción por las cifras de siniestralidad
laboral que hoy presenta nuestro país. Es un tema que vamos a seguir
discutiendo a lo largo de esta legislatura y en las próximas semanas
o meses tendremos ocasión de volver a debatir sobre este asunto y de
contemplar cuáles son los planteamientos de los restantes grupos.
Señorías, la labor de la oposición es doble: por una parte, el
control de la acción del Gobierno y, por otra, el impulso de la
acción del Gobierno. El Grupo Socialista en este caso ha pretendido
correr ante la inminencia de la presentación del informe del profesor
Durán al presidente del Gobierno, y en esas carreras hay que tener
cuidado, porque se corre el riesgo de tropezar. ¿Por qué una
interpelación urgente? ¿Por qué no una iniciativa legislativa
directa? ¿Por qué no una proposición no de ley? Quizá porque las
prisas son malas consejeras y nos llevan a obviar, a olvidar, que
existe la Mesa de prevención de riesgos laborales y que en este tema,
como en muchos otros, pero en este especialmente, tendremos que
contar con la colaboración de los agentes sociales para hacer las
reformas y la legislación que los agentes sociales nos vengan a
demandar.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
En el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la
palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Aceptamos las enmiendas números 1, 2 y 4 del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y no aceptamos la número 3 porque creemos
que, respecto al tema que estamos tratando, el punto número 6 de
nuestra moción es más completo.
Respecto a las enmiendas de Convergència i Unió debo entender que no
son de adición...
La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Prosiga con su
explicación, porque no se encuentraaquí el señor Campuzano.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Deduzco que no son de adición. Si lo fuesen
no tendríamos inconveniente en incluirlas, pero como no es así y como
la moción que propone no creemos que cumpla el objetivo de la
nuestra, no las vamos a aceptar.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista sobre las actuaciones del Gobierno
para la prevención de riesgos y la reducción del número de accidentes
laborales en nuestro país, que se somete a votación en los términos
derivados del debate, con la incorporación de las enmiendas que han
sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
270; a favor, 110; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EL
GOBIERNO EXPLIQUE LAS ACTUACIONES QUE HA REALIZADO O PIENSA REALIZAR
PARAACABAR CON LA CRECIENTE FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y PROMOVER LA
INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES INCLUYENDO EL EMPLEO,
ERRADICANDO LA CADA VEZ MAYOR CARGA DE POBREZA QUE RECAE SOBRE LAS
MUJERES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 173/000049.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para que el
gobierno explique las actuaciones que ha realizado o piensa realizar
para acabar con la creciente feminización de la pobreza y promover la
independencia económica de las mujeres, incluyendo el empleo,
erradicando la cada vez mayor carga de pobreza que recae sobre las
mujeres españolas.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Castro.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Rumores.) Un momento, señora
Castro. (Pausa.) Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenas noches, señorías. Subo a esta tribuna, como bien saben, para
defender una moción consecuencia de
una interpelación parlamentaria de mi grupo, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre la feminización de la pobreza.
Tengo que confesarles que subo con ganas de terminar pronto porque
suelo creer en aquellas cosas que defiendo y creo firmemente en la
necesidad de conciliar la vida laboral y familiar también para las
mujeres políticas, de lo contrario, nos veremos también excluidas del
marco de la política. Dicho esto, el compromiso que adquiero de
inmediato, si ustedes me dejan y me escuchan, por favor, es ser
breve. Digo que prometo ser breve si se me permite hablar, para que
todos podamos descansar.
Decía el señor ministro, en la réplica a la interpelación sobre la
feminización de la pobreza, cuando esta diputada ya no podía opinar,
que había puesto yo en esta tribuna mucha vehemencia y mucha
ideología. Tengo que decir que he puesto ideología, y la voy a seguir
poniendo porque no tendría sentido estar en esta Cámara defendiendo
posiciones distintas desde la misma óptica partidista o ideológica,
pero no he puesto vehemencia, al menos en la acepción literal de
cualquiera de los diccionarios a los que acudan; diccionario
etimológico, diccionario de la Real Academia o diccionario de uso
dicen que la vehemencia es ímpetu con violencia. Pues bien, esta
diputada no tiene conciencia de haber tenido ninguna actitud violenta
en esta Cámara, aunque desde luego no puedo evitar apasionarme en la
defensa de los derechos de un colectivo al que obviamente pertenezco,
porque supongo que todos ustedes ya se habrán dado cuenta de que soy
una mujer. (Risas.)
Dicho esto, me gustaría un pequeño recordatorio. Decíamos el otro día
que cinco comunidades autónomas concentran más de la mitad de los
hogares pobres encabezados por una mujer. Estas comunidades son
Andalucía, Valencia, Cataluña, Galicia y Madrid. Este mapa, por
decirlo así, de los hogares pobres encabezados por mujeres coincide
básicamente con el mapa general de los hogares pobres, pero queremos
partir de la base de situar la pobreza territorialmente con el ánimo
de que SS. SS., que representan aquí territorios al igual que yo,
sepan que una de las prioridades en esos territorios es erradicar la
feminización de la pobreza.
El otro día hablábamos ya de cómo eran las mujeres pobres en nuestro
país. Decíamos que tenían pocos hijos, que generalmente son mujeres
mayores, viudas en la mayoría de los casos. O sea, que la mayoría de
los hogares encabezados por mujeres pobres en este país lo están por
una mujer viuda. El 62 por ciento del total de los hogares pobres
están encabezados por mujeres separadas o divorciadas. La deficiente
protección que se ofrece a las mujeres separadas y divorciadas a las
que el ex marido, ex cónyuge, ex amante, ex lo que sea, no pasa
pensión de alimentos para sus hijos, la dificultad que tienen estas
mujeres para cobrar esta pensión incide también, señorías, en que un
20 por ciento de los hogares pobres esté encabezado por una mujer
separada
o divorciada. Igualmente decíamos el otro día que un 14 por ciento
de los hogares pobres están encabezados por mujeres solteras, en su
mayoría con hijos. Estas mujeres, señorías, tienen un bajo nivel de
estudios, incluso hay un elevado índice de analfabetismo entre ellas.
Esto tiene que ver, fundamentalmente, con el elevado número de
mujeres viudas mayores que ocupan el primer puesto en la proporción
de mujeres pobres. Dado el ritmo de incorporación de las mujeres
españolas a los estudios superiores, es de esperar que esta
proporción no sea tan alta en los próximos años; aunque yo no sería
tan optimista si traducimos inmediatamente que formación o
cualificación es igual a puesto de trabajo de igual valor y de igual
salario. Pero más allá de esta consideración, es un dato francamente
alentador.
La mayoría de las mujeres pobres son de las llamadas inactivas, como
decíamos también el otro día. Pues bien, en el año 1996 (año en que
ustedes llegan al poder en este país), y según la encuesta Edis, casi
dos tercios de estas mujeres llamadas inactivas se dedicaban a las
labores del hogar, por lo que cabe suponer que vivían de las
pensiones de jubilación o de las pensiones de viudedad. De hecho,
según esta misma encuesta de Edis, casi el 76 por ciento de estas
mujeres se sitúan fuera del mercado de trabajo. Este dato es muy
importante porque significa que este colectivo tan amplio de mujeres
depende exclusivamente del sistema de protección social y no del
mercado de trabajo. Sobra decir que hay una mayor incidencia del paro
femenino con respecto al masculino (casi doblamos la tasa), por
tanto, es de esperar que el paro sea uno de los factores más
importantes a la hora de contribuir a la pobreza de los hogares
encabezados por las mujeres. Señorías, el paro significa un factor
evidente de pobreza, que se ve agravado por ese limitado alcance de
las prestaciones por desempleo. La difícil incorporación de las
mujeres al mercado laboral en general hace que no les dé tiempo
a encontrar otro empleo en el período que cobran el desempleo. Trabajan
en la economía sumergida (ya lo dijimos el otro día y no voy a perder
más tiempo en eso) y, debido a la elevada edad de las mujeres pobres
que encabezan estos hogares, es mayor la proporción de las mujeres
que padecen alguna minusvalía.
A pesar de que, como decíamos, la gran mayoría son mujeres viudas,
sin embargo, son las mujeres más jóvenes, procedentes de una ruptura
afectiva, matrimonial o de otro tipo y que encabezan hogares con
hijos las que padecen situaciones de pobreza más graves. En este
sentido, los hijos, señorías, son un factor de riesgo para caer en
situaciones de pobreza severa. Luego si están ustedes tan interesados
(y me dirijo expresamente al equipo de Gobierno, al Partido Popular)
en cambiar la suerte demográfica de este país, tomen nota porque los
hijos son una de las causas de que los hogares encabezados por
mujeres pobres entren en la pobreza severa. De manera que si hay
interés en cambiar eso, habrá que
hacer políticas que puedan cambiar la voluntad de las mujeres
respecto a si tienen o no tienen hijos.
Para resumir, el perfil socio-demográfico de las mujeres pobres en
España es el de una mujer viuda, separada, divorciada o soltera, pero
siempre mujer sola, mayor, inactiva, con un nivel de formación muy
bajo y que encabeza un hogar de pequeñas dimensiones. Vistos todos
los factores, la situación de pobreza económica de estas mujeres,
señorías, hay que ponerla en relación tanto con la insuficiencia de
las prestaciones sociales como con el mercado de trabajo, pero dada
nuestra suerte con el mercado de trabajo, hay que ponerla
fundamentalmente en relación con las prestaciones sociales.
Ustedes saben que la pobreza tiene consecuencias psicosociales muy
importantes y que el Estado de bienestar nos favorece a todas y a
todos, pero fundamentalmente a nosotras las mujeres, por lo que lo
vamos a defender con uñas y dientes si hace falta. Pues bien, vamos a
hacer un pequeño repasito de nuestro sistema de bienestar para ver
cómo están las cosas. Si tenemos en cuenta el estudio sobre la
pobreza de Rowntnee, en el que se demostró que los períodos más
problemáticos para caer en la pobreza son los de la vejez y el
momento de la crianza de los hijos, comprenderemos claramente hasta
qué punto dependen las mujeres pobres del sistema de bienestar. Las
características del sistema de bienestar español son: primero, que
está dirigido fundamentalmente a otorgar prestaciones económicas y no
a transferir servicios, y segundo, que está dirigido primordialmente
a las personas mayores. El 81,7 por ciento de los hogares encabezados
por mujeres recibe alguna prestación. Teniendo en cuenta esta
circunstancia, puede asegurarse que la situación de los hogares
encabezados por las viudas depende enteramente de las prestaciones
sociales y que el riesgo de caer en la pobreza de los hogares
encabezados por mujeres con cargas familiares ha disminuido
relativamente en aquellas sociedades en las que ha sido decisivo el
papel de las políticas sociales, que no es el caso del país en el que
estamos. De los hogares pobres encabezados por mujeres, el 68,2 por
ciento recibe sólo una prestación. Es el colectivo de mujeres mayores
viudas el que tiene una cobertura casi generalizada del sistema de
protección social, mientras que el resto de los hogares encabezados
por mujeres, señorías, recibe una protección muy deficiente o
prácticamente inexistente, son las paradas, jubiladas, madres
solteras, las llamadas mujeres inactivas. Dado el carácter
contributivo de nuestro sistema de pensiones, la escasa participación
laboral de las mujeres durante su vida activa se traduce, cómo no, en
una mayor dependencia de las pensiones de viudedad y de las no
contributivas, menos generosas, como todos saben, que las de
jubilación. Sin embargo, a pesar de la escasa cuantía de la
prestación no contributiva que reciben hogares encabezados por
mujeres jóvenes con cargas familiares, esta pensión representa el
único recurso económico del que puede disponer, puesto que hay una
escasez total y una trayectoria laboral de absoluta debilidad, por lo
que no disponemos de ningún tipo de recursos. Digo esto, y espero no
tenerlo que volver a decir en esta Cámara: la situación
podría volverse desesperada, como ha ocurrido en otros países que se
nos presentan como el gran milagro de la democracia y de la igualdad,
como Estados Unidos, donde estas mujeres han dejado de ser pobres
para ser mujeres que viven en la exclusión social, sin techo, sin
casa y sin ningún tipo de protección. No voy a contar más cosas para
ser coherente con la conciliación de la vida laboral y familiar.
Esta diputada es consciente de que la moción que presenta Izquierda
Unida supone un paquete importantísimo de reformas legislativas, un
paquete de medidas que suponen mucho dinero. Esperaba que el Partido
Popular no aprobase esta moción en su conjunto, pero lo que no podía
esperar es que presentaran una enmienda que sinceramente, con todos
los respetos, es un brindis al sol. Esto ya lo han disfrutado ustedes
desde el año 1996 hasta aquí. Ahora no pueden distraerme ni a mí ni a
mi grupo parlamentario presentando esta enmienda en la que en
realidad lo que nos piden es un voto de confianza. Sinceramente, yo
soy una persona confiada, pero no lo suficiente como para fiarme de
ustedes. No obstante, tengo que decir que su enmienda es exquisita,
pero lo que más me divierte es la justificación: mejora técnica. Yo
creía que tenía buenos técnicos en mi grupo, y sinceramente lo sigo
creyendo. A pesar de ello, agradezco la buena intención del Partido
Popular, pero no voy a aceptar esta enmienda, porque cuando uno
gobierna tiene que saber cuáles son sus responsabilidades, y desde
luego no son ni venir a dar la charla a la oposición ni tampoco venir
a instar al Gobierno, porque para eso tienen ustedes las reuniones de
grupo, los teléfonos, etcétera. Esta práctica parlamentaria se repite
y se repite y no es de recibo.
Siento que no esté el ministro responsable del tema porque me hubiera
gustado decirle personalmente que esperaba mayor generosidad
política, en este caso concreto del Partido Popular y también del
señor Aparicio.
La señora PRESIDENTA: Señora Castro, le ruego termine.
La señora CASTRO FONSECA: Termino, presidenta. Gracias por su
paciencia.
Voy a aceptar, sin embargo, las enmiendas del Grupo Socialista porque
son de enmiendas de concreción que mejoran la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Hoy voy a procurar no
cambiar el tono de voz para que no se me vuelva a acusar de
vehemente. Espero y deseo que el Partido Popular reflexione y, aunque
sea con una práctica parlamentaria discutible, que sean capaces de
traer como propias algunas de estas propuestas que hace Izquierda
Unida. No obstante, para finalizar, les advierto a ustedes que soy
luchadora y no me voy a quedar aquí, porque cada una de las
propuestas que recoge esta moción van a ser debatidas en esta Cámara
en proposiciones no de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo comparte globalmente los argumentos y
criterios expresados desde esta tribuna por la portavoz del Grupo
Federal de Izquierda Unida, por lo que vamos a dar nuestro apoyo a
esta moción en su conjunto y aunque algunos de sus apartados, tal
como figuran en el texto, nos parezcan muy generales, de ser
aprobados requerirían de un desarrollo posterior mucho más concreto y
exhaustivo y, sobre todo, requerirían de medidas evaluables y
económicamente cuantificadas. En ese sentido, es decir, en el sentido
de concretar algo más alguno de los puntos, van, señorías, las dos
enmiendas de modificación que nuestro grupo presenta al apartado 2 de
la moción y nos complace que vayan a ser aprobadas por el grupo
proponente.
En mi intervención voy a referirme únicamente a las dos enmiendas de
adición, enmiendas con las que nuestro grupo pretende incidir y poner
énfasis en un par de aspectos que si bien están citados de pasada en
el texto de la moción, nos parecen esenciales y, por ello, creemos
merecen un tratamiento más diferenciado. El primero de ellos se
refiere, señorías, a la necesidad de tomar medidas claramente
eficaces para evitar la discriminación de la mujer en el empleo. En
el contexto de un país desarrollado como el nuestro, con economía de
mercado, lo que a nuestro entender más explica la feminización de la
pobreza es la existencia de distintas pautas de empleo en función del
género. Si en promedio las retribuciones que perciben las mujeres en
su conjunto son en un 30 por ciento inferiores a las de los hombres,
es absolutamente necesario desarrollar políticas que incidan
directamente en las causas de la discriminación. Ciertamente, la
discriminación laboral que sufren muchas mujeres es consecuencia de
haber tenido a lo largo de su vida menos oportunidades de acceso a la
educación y a la formación y también es consecuencia, en muchas
ocasiones, de las dificultades de compatibilizar la vida familiar y
su vida laboral, lo que tiene sin duda una clara incidencia sobre su
puesto de trabajo y sobre su salario. En este sentido, aplaudimos
todas las medidas que figuran en la moción destinadas a mejorar la
formación de las mujeres y a poder compatibilizar, como muy bien dice
el texto, los roles productivo, reproductivo y familiar. Sin embargo,
quiero decir aquí que algunas de las medidas propuestas en la moción
han sido también presentadas con anterioridad por nuestro grupo y
figuran en nuestro programa electoral.
Pero si bien es cierto que en muchos casos la discriminación salarial
es consecuencia de la discriminación social, no es menos cierto que
muchas mujeres sufren directamente una discriminación salarial
encubierta, ya sea porque se las contrata masivamente en puestos de
menor valor y por tanto menos remunerados, ya sea porque
se fijan salarios inferiores a las categorías ocupadas
mayoritariamente por mujeres, ya sea porque se utilizan criterios
subjetivos en ascensos que permiten discrecionalidad, o ya sea porque
se incentiva la contratación de mujeres a base de reducir sus
derechos.Es pues urgente, señorías, prevenir, detectar y eliminar
estas formas encubiertas de discriminación por razón de género, de
manera que se dé una igualdad retributiva real por la realización de
trabajos de igual valor. Por esto, señorías, en nuestra enmienda, con
relación al apartado 2 de la moción, proponemos añadir un punto más
por el que se inste al Gobierno a poner en marcha políticas dirigidas
a evitar la discriminación de las mujeres en el empleo, de manera que
se eliminen todas las medidas que limiten de alguna manera sus
derechos laborales.
Con relación al apartado 3 de la moción, que es el que hace
referencia a medidas para garantizar la independencia económica de
las mujeres maltratadas, quiero decir ante todo que muchas de las
propuestas de esta moción deberían estar incluidas dentro de una ley
integral contra la violencia de género, como ha propuesto en
repetidas ocasiones nuestro grupo de acuerdo con nuestro programa
electoral.En cualquier caso, vamos a votar favorablemente cada una de
las medidas, pero sí que nos gustaría recordar aquí con relación a
este apartado que el Gobierno se comprometió en el Plan de empleo de
2000 a diseñar y desarrollar itinerarios de empleos para mujeres
víctimas de malos tratos, las paradas de larga duración y las mujeres
con dificultades especiales. Este es un compromiso que asumió el
Gobierno ante la Unión Europea y para darle cumplimiento recibe
fondos europeos. Señorías, en estos momentos éste debería ser un
proyecto prioritario para el Gobierno y no lo es.
En la enmienda que presentamos proponemos añadir al apartado 5 de la
moción un nuevo punto en el que se pide al Gobierno que, con
urgencia, cumpla este compromiso. Quiero decir también con relación
al objetivo de garantizar la independencia económica de las mujeres
maltratadas, planteado en el apartado 5 de la moción, que el Grupo
Socialista tiene presentada una proposición no de ley proponiendo al
Gobierno la puesta en marcha también de una serie de medidas de apoyo
al empleo para mujeres víctimas de malos tratos.
Igualmente, señorías, sucede con relación al último apartado de la
moción, en el que se propone la posibilidad de concesión de asilo
político a las mujeres procedentes de zonas donde no se respeten los
derechos de las mujeres. También con relación a este problema el
Grupo Socialista tiene presentada una proposición no de ley, que está
pendiente de ser debatida en la Comisión Mixta de los Derechos de la
Mujer.
Para terminar, señorías, quiero referirme brevemente a la primera de
las propuestas de la moción, en la que se insta al Gobierno a
concretar un pacto de Estado para corregir las desigualdades con
relación a las mujeres en torno a un auténtico plan de acción bien
elaborado y sobre todo bien presupuestado. Quiero recordar que el
Grupo
Socialista ha denunciado en repetidas ocasiones desde esta tribuna
que los planes que elabora el Gobierno quedan siempre únicamente en
buenas palabras al tratarse de planes que no figuran en los
Presupuestos Generales del Estado. Señorías, en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 no figuraban presupuestados ni
el plan contra la exclusión ni el plan contra la violencia doméstica
y ninguno de estos planes ha sido presentado ni en este Parlamento ni
a las asociaciones de mujeres que trabajan a favor de la igualdad de
oportunidades de las mujeres.
Por tanto, señorías, pacto de Estado, sí, pero un pacto real, en el
que todos y todas nos sintamos implicados, un pacto de Estado para
desarrollar de verdad políticas serias a favor de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Si esto es así, señorías, el
Gobierno nos tendrá a su lado. En caso contrario, nos tendrá enfrente
pero siempre defendiendo a las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Buenas noches, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición y, al mismo tiempo,
defender la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo
Popular a la moción del grupo de Izquierda Unida. Tal como había
señalado en la intervención de la semana pasada, creemos sinceramente
desde el Grupo Popular que las políticas de igualdad constituyen un
objetivo fundamental y prioritario de este Gobierno. Esto lo basamos
en que hay una serie de acciones, de medidas y de planes que, a lo
largo de estos años, se han ido presentando y han conseguido mejorar
las cifras, en este momento no satisfactorias, en las que se
desenvuelve la situación de la mujer y de una manera muy especial en
el ámbito laboral. No se puede negar que existe una mejora
sociolaboral de la mujer en el día de hoy, frente a los datos con los
que este Gobierno empezó a trabajar en el año 1996. Siendo hoy así,
nos encontramos con una moción en la que reconocemos lo que tiene de
sensibilidad y de preocupación por el problema de la mujer, pero
somos un grupo que apoya al Gobierno y estamos convencidos también de
que hay que tener en cuenta el reparto de las competencias
autonómicas que entre todos nos hemos dado, por eso, desde el
convencimiento de que se está trabajando en la buena línea, no
podemos apoyar esa moción. No obstante, hemos presentado una enmienda
de sustitución porque lo importante es continuar, es profundizar en
aquellas acciones, en aquellos planes y en aquellas medidas que,
hasta la fecha, podemos decir que han dado un buen resultado.
Por lo que al primer punto de la moción se refiere, donde se pide un
pacto de Estado, aquí se ha dicho que pacto de Estado sí, pero
enmarcándolo en la elaboración de planes de acción que tenían que
llevar consignación presupuestaria. A mí me gustaría que me dijesen
en qué presupuesto de los catorce elaborados por el Grupo Socialista
había alguna consignación para esos dos planes de igualdad elaborados
por el Gobierno socialista. En ninguno. En cambio, señorías, yo sí
les puedo decir que los planes de acción se están elaborando en
colaboración con las competencias que tiene cada una de las
administraciones y hay una coordinación evidente con las comunidades
autónomas, un diálogo importante, una cooperación básica y
fundamental y, además, podríamos incluso decir que ese pacto de
Estado en torno al principio de igualdad lo tenemos en nuestro país,
porque estoy segura que por supuesto el Gobierno, pero también cada
una de las administraciones autonómicas, tienen como objetivo
fundamental el principio de igualdad que se enmarca en esa
cooperación mutua que nos parece importante para avanzar en ese
principio.
Al mismo tiempo quiero decirle que si esto puede ser referencia al
pasado, también estamos, como anunció ya la directora del Instituto
de la Mujer y el ministro en la interpelación de la semana pasada, en
fase de elaboración de un cuarto plan de igualdad de oportunidades.
En ese plan se va a hablar de la colaboración con las comunidades
autónomas y también de la cooperación con las organizaciones no
gubernamentales, aspecto de gran interés.
Por lo que se refiere al segundo punto, y en relación con la adopción
de medidas para garantizar el acceso al trabajo o la equiparación
salarial, como consideración general tengo que decir que la mujer
constituye y ha constituido el objetivo prioritario de la política de
empleo del actual Gobierno. En todos los planes de empleo elaborados
ha tenido siempre un pilar fundamental la política de igualdad, pero
no solamente ha estado en concreto en una serie de pilares y de
acciones reflejadas en los planes de empleo nacionales, sino que ello
se ha llevado a cabo en colaboración con las directrices de la
política europea en este sentido. También se ha hecho un esfuerzo
importante desde las medidas que en esta área venían ya específicas,
de acción claramente compensatoria y de acciones positivas en el III
Plan de igualdad de oportunidades, y en el plan aprobado en el año
2000, de aplicación para el 2001, había algunas medidas más
importantes y específicas.
Señorías, querría también recordar que las cosas no han debido de ir
tan mal, ya que el año que acaba de terminar, el año 2000, marca un
hito histórico en la contratación de las mujeres, en el empleo de las
mujeres, porque por primera vez en la historia de nuestro país se ha
contratado a más mujeres que a hombres. Por tanto, si eso es así, si
estamos elaborando y programando una serie de medidas y acciones
importantes que anunció la directora del Instituto de la Mujer, que
por
el tiempo no puedo aquí recordar, y que fueron calificadas por los
grupos de la oposición de importantes y numerosas en esa línea de
contribuir a mejorar la acción de empleo de las mujeres, creo que ese
es el camino a seguir y en el que debemos de ahondar.
También recientemente se acaba de aprobar una serie de medidas de
reforma del mercado laboral que, como aquí ya se recordó, tienen como
objetivo fundamental la incorporación de la mujer. Se abre el abanico
de forma extraordinaria a la incentivación para la contratación de
las mujeres, lo que, de seguir en esa línea, da unas previsiones
importantes de incorporar incluso a más mujeres que a hombres al
mercado laboral.
Por lo que se refiere a la propuesta de habilitar una pensión no
contributiva para mujeres mayores de 60 años carentes de cualquier
tipo de renta, percepción o patrimonio, sinceramente entendemos que
los términos en los que se plantea no resultan los más equilibrados y
podría dar lugar a un desequilibrio injusto en relación con otras
pensiones. Ha de buscarse un marco adecuado que propicie un consenso
reflexivo. Además, establecer una medida de tal naturaleza
exclusivamente para las mujeres, impidiendo su acceso a los hombres
cuando también estén en estado de necesidad, como se dice, creemos
sinceramente que podría implicar un exceso de la noción de acción
positiva y supondría incluso una conculcación del principio
constitucional de la igualdad.
Por lo que respecta al apartado 3, y en concreto a la idea de crear
un fondo de garantía de alimentos, compartimos la idea, es sin duda
un compromiso de nuestro grupo y sabemos que hay que dar cobertura a
las situaciones de necesidad que se puedan derivar del impago, pero
sabemos que hay que hacer las cosas bien. Recientemente en esta
Cámara se debatió, y un compañero lo dejó claramente reflejado en el
«Diario de Sesiones» , por lo que eludo también el volver a reiterar
esos argumentos perfectamente manifestados.
En relación con la propuesta de reforma del decreto que regule el
régimen especial del trabajo doméstico, cabe decir que las dos
finalidades que se proponen como objetivo para esa reforma
-estabilidad y garantías- nos parecen sin duda importantes, pero ya
han aparecido contempladas y en la regulación actual se han mejorado.
Nuestro grupo no está cerrado a una posible reforma, pero las cosas
hay que hacerlas también desde la responsabilidad teniendo en cuenta
las características y las peculiaridades de este tipo de contratos.
También tengo que decirles que el Instituto de la Mujer va a disponer
en breve de un estudio en el que se analizan las condiciones
laborales de este colectivo de trabajadores, estudio que podría
servir de base a una eventual, en su caso, reforma del mencionado
real decreto.
Por lo que respecta a la agilización de los procesos matrimoniales en
las causas de violencia doméstica, ya se anunció también en el
Parlamento, en la Comisión mixta, que está contemplada esa acción en
el II Plan de
lucha contra la violencia doméstica que se está realizando. Figura de
hecho también, como saben SS.SS., en las medidas elaboradas como
recomendaciones por el Consejo General del Poder Judicial.
Entrando en el punto 4 de la moción y aunque estamos de acuerdo con
todo lo que sea mejorar lo que es el ámbito de educación y de
implementación de los valores de la paz, de la igualdad, etcétera,
señorías en esa línea se está claramente trabajando y se está
trabajando desde las acciones, en colaboración con el Ministerio, en
aplicación del III Plan, se seguirá ahondando en el IV y también
figura como uno de los objetivos fundamentales o áreas de actuación
en el Plan contra la violencia doméstica, tanto el I como en el II.
Por lo que respecta, y voy terminando, a los puntos 5 y 6, cabe decir
que algunas de las medidas son claramente competencia de las
comunidades autónomas. En cualquier caso, debemos recordar que las
mujeres maltratadas tienen ya prioridad en el otorgamiento del
salario mínimo de inserción en las administraciones autonómicas, que
son las que los implantan, y que ya desde el Ministerio de Trabajo se
les da prioridad en los cursos de formación, en las escuelas-taller,
etcétera. También desde la aplicación que vienen haciendo las
comunidades autónomas del baremo para la adjudicación de las
viviendas sociales se las tiene en cuenta.
Señorías, no podemos aceptar esta moción en sus propios términos,
pero sí deseamos volver a manifestar a través de nuestra enmienda el
compromiso del Grupo Popular con el objetivo de la igualdad, para lo
que ofrecemos esta enmienda transaccional, en donde lo que al final
solicitamos es que de acuerdo con esos objetivos del Gobierno se
elabore ese IV Plan. Sabemos que eso va a ser ahondar en medidas
acertadas, porque buenos resultados han dado hasta la fecha. Por
supuesto que ha de hacerse en colaboración con las comunidades
autónomas, porque se trata de buscar la coordinación y la integración
horizontal y vertical entre todas las administraciones y las
organizaciones no gubernamentales. Igualmente solicitamos al Gobierno
que se sigan adoptando medidas para garantizar el acceso al trabajo y
para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. También mi
grupo tiene iniciativas en esta línea para acabar con esa
discriminación salarial, que se verán próximamente.
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego que concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Sí, señora presidenta.
Termino diciendo que al retomar nuestro convencimiento de que en
estos últimos años se ha trabajado de modo importante para impulsar
las políticas de igualdad, alcanzando esas mejoras notables,
volvemos, por supuesto, a reiterar con esta enmienda que es un
compromiso con el objetivo más justo y solidario por el que desde la
vida política se puede y se debe trabajar. Trabaja esta Cámara,
trabajamos todos los grupos políticos,
pero no debemos olvidar que es una cuestión de justicia y de
bienestar para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, para anunciar el voto favorable del Bloque
Nacionalista Galego a esta moción presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, porque aparte de que la consideramos acertada, la
enmienda que pensábamos formular ya la introdujo la señora Castro,
seguramente después de nuestra intervención de la semana pasada sobre
todo lo referente a la reforma del régimen laboral y de protección
social del trabajo doméstico.
Animamos a la señora Castro y a los demás grupos de la Cámara a
trabajar en este sentido y sobre todo a hacerlo sin esperar a esas
benéficas intenciones o a esos anuncios de actuaciones del Gobierno
que nos acaba de hacer la portavoz del Grupo Popular, doña María
Jesús Sainz, porque la igualación que el Gobierno quiere hacer en
materia laboral de hombres y mujeres la veremos el jueves con la
discusión del decreto-ley y será una igualación por abajo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo de Coalición Canaria, la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera en primer lugar felicitar al grupo proponente y en especial
a su portavoz, la señora Castro, por la oportunidad de traer
nuevamente una iniciativa a esta Cámara para debatir sobre el derecho
a la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades, con el deber
de avanzar en acortar las diferencias que aún persisten en nuestro
país.
Nuestro grupo entiende que la lucha contra la pobreza -y,
especialmente, la mayor incidencia de ésta en la población femenina-
pasa por dotar a las mujeres de igualdad con respecto al hombre en
cuanto a capacidad e independencia económica. Esto implica acceder
a la formación, al empleo de calidad y a la posibilidad de permanencia
en el mismo. Hoy en día, a nuestro entender, las formas en que
afronta la población femenina las posibilidades de acceso son también
diferentes dentro de la población femenina además de por condiciones
sociales, por condiciones generacionales. Entendemos que las
actuaciones en este sentido tienen que ser diferenciadas, ya que no
es lo mismo para las generacionesmás jóvenes que han tenido un mejor
acceso a
la formación y, por ello, ya no es éste un factor diferenciador con
el hombre pues están más que demostradas sus potencialidades
laborales y profesionales. Quiero decir que la persistencia de
factores discriminatorios, que los hay, en este grupo de población
femenina viene dada por los otros roles que la mujer continua
realizando en la sociedad. Me refiero a la maternidad y al papel de
cuidadora en la familia. Esto necesita, además de romper barreras
tradicionales en nuestra cultura, medidas de protección en el primer
caso, de modo que la maternidad no sea un elemento discriminatorio
para la contratación, y medidas que avancen más rápidamente en
materia de conciliación de la vida laboral y familiar en ambos casos.
Por el contrario, el acceso a la formación y al empleo de las
generaciones de mujeres no tan jóvenes ha sido sustancialmente
diferente. Estamos hablando de las generaciones que han visto
sacrificadas facetas importantes del desarrollo de sus vidas en
beneficio del resto de los componentes de su familia, en primera
instancia, cuando fueron niñas y, con posterioridad, cuando fueron
adultas. Entendemos que en la actualidad, cuando se encuentran en una
mediana o avanzada edad, la sociedad tiene una deuda y un compromiso
social para con ellas, debiendo articular, por tanto, medidas
subsidiarias de protección, de forma que tengan igualdad de acceso a
las prestaciones propias del Estado de bienestar, y, sobre todo,
eludiendo la precipitación inevitable de estas mujeres, como ha
expuesto la diputada interpelante, señora Castro, a la pobreza, de
modo que la exclusión laboral a la que se han visto abocadas a lo
largo de sus vidas no conlleve también una exclusión social y una
situación de marginación.
En referencia, y concluyo, señora presidenta, a la concreción de la
moción que hoy se debate y aun compartiendo el espíritu de la misma,
entendemos que se abordan de forma quizá muy genérica diversas áreas
muy complejas. Son medidas en el mundo laboral, en el ámbito
educativo, en el de la cultura; quedan anunciadas reformas
legislativas importantes, actuaciones ante la violencia de género que
nosotros entendemos, y también lo planteamos así en nuestro programa
electoral, deben ser integrales y por medio de una ley única, asilo
político, etcétera. Todo ello es importante pero, dada su
complejidad, cada uno de estos temas implica una mayor
profundización, no pudiendo ser abordadas por razones obvias en el
contexto de esta moción.
Por ello anunciamos nuestra abstención en esta votación
y manifestamos también a la portavoz de Izquierda Unida la
predisposición de nuestro grupo a trabajar en una línea de consenso
en aquellas propuestas que, de forma desglosada y por medio de otras
iniciativas, S.S., como ya ha anunciado, estamos seguros que
continuará presentando a lo largo de esta legislatura en las líneas
de trabajo que ella misma ha marcado en esa moción, pero que nos
permitan a todos una mayor concreción y la posibilidad de hacer más
operativas las posibles medidas.
Asimismo quisiera instar desde este escaño al Grupo Popular y al
Gobierno a que realmente se suscite un debate sosegado y constructivo
sobre los temas que se han tratado en esta tarde aquí y que, además
de las concreciones a que se pueda llegar por otro tipo de
iniciativas a lo largo de esta legislatura y como ya se ha planteado
en la elaboración de ese IV Plan integral de oportunidades entre
hombres y mujeres, se cuente realmente con la aportación y el debate
ya no sólo de las comunidades autónomas y de las ONG, sino también de
los grupos políticos representados en esta Cámara como garantía,
además de que ese plan nazca desde el consenso, de unos mayores
niveles de concreción ante las necesidades muy concretas de un
problema que, hoy por hoy, aún no está resuelto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para manifestar en primer lugar mi aprecio por
la especial sensibilidad que manifiesta la señora Castro con la
tendencia hacia la igualdad porque es sólo eso de momento, tendencia
hacia ella, siendo, además, absolutamente cierto que quedan todavía
muchas cosas por hacer.Una interpelación que en principio nació para
hablar de la creciente feminización de la pobreza, cosa que es
absolutamente cierta, y para promover la independencia económica de
las mujeres se ha convertido después, en la moción, en una auténtica
moción río que recoge cuestiones extraordinariamente diversas.
En cuanto a la idea de concretar un pacto de Estado, con una política
integral, con un presupuesto anual convenido con las comunidades
autónomas, no nos suscita especial entusiasmo el que coloque en
condición de igualdad o de paridad a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos en cuanto al ejercicio de potestades públicas, de
la misma manera que no se contempla la especial financiación o el
especial sistema de financiación que tenemos algunas comunidades
autónomas.
Las medidas que se contemplan en el punto 2 son todas interesantes,
pero son coincidentes -y en determinadas comunidades autónomas ya se
están llevando a cabo- con las que se contienen en los planes de
igualdad. Algunas de ellas tienen un matiz de inconstitucionalidad,
en cuanto que las medidas a favor de las mujeres no se contemplan con
el equilibrio del parámetro de igualdad que la discriminación
positiva constitucionalmente admisible exige. ¿Las reformas legales?
Unas nos gustan más que otras. Por ejemplo, en cuanto a la creación
del fondo de
garantía de alimentos, el grupo parlamentario que represento ya se ha
manifestado a favor del mismo en esta misma legislatura. Tampoco
vemos que sea necesario adoptar medidas legales para agilizar los
procedimientos de nulidad, separación o divorcio, puesto que las
mismas normas vigentes, si existe voluntad y espíritu para hacerlo y
medios materiales suficientes, permiten la obtención de divorcios en
un tiempo récord, como en este momento se están obteniendo en los
territorios históricos vascos.
Respecto a promover la igualdad en los ámbitos educativos
y culturales, ocurre lo mismo que con otras medidas, que son cosas que
en parte se están haciendo, que en parte corresponden a las
comunidades autónomas y, en todo caso, teniendo un contenido
admisible, parece excesivo ponerlas así, todo mezclado, de forma nada
sistemática. El dar un salario de emergencia en algunas comunidades
lo hemos establecido ya a través del IMI o del salario social. De la
misma manera, me suscita algunas dudas esta comunicación entre
procedimientos civiles y procedimientos penales cuando el derecho a
la presunción de inocencia también existe respecto del presunto
maltratador. Me suscita tremenda simpatía, eso sí, el punto 6, en
cuanto a la concesión del derecho de asilo.
Señora Castro, dudaba de qué hacer. No le puedo decir que no por la
inquietud que la iniciativa manifiesta y por el aliento que en la
misma subyace, que mi grupo comparte, pero también me parecía extraño
decirle que sí porque la moción me parece una mezcla asistemática
respecto de cosas que no siempre corresponde instar al Gobierno del
Estado. Pensaba abstenerme; sin embargo, el tenor de las
intervenciones, así como el contenido de la enmienda socialista, que
ha sido aceptada, y sobre todo con la convicción de que es más
importante dar un paso, me llevan, pese a todos los matices de
crítica que he manifestado, a dar finalmente el voto afirmativo a lo
que se ha pactado por el grupo de Izquierda Unida y por el Grupo
Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Pigem. (Rumores.)
Un momento, señora Pigem. Señorías, les ruego que ocupen sus escaños
y permitan que se oiga la intervención de la diputada.
Adelante.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, vaya por delante la felicitación del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) a la portavoz del grupo proponente por
la oportunidad de la interpelación de la semana pasada. Decía la
señora Castro en su intervención del pasado miércoles que quizá el
tema
podría resultar un poco empachoso porque alrededor de la fecha del 8
de marzo se había hablado mucho de las mujeres en esta Cámara.
Nuestro grupo parlamentario no lo ve así, en primer lugar, porque la
celebración del Día Internacional de la Mujer tiene, entre otras, la
finalidad de poner sobre la mesa la situación de las mujeres para su
debate y evaluación, y por tanto una interpelación al respecto no
puede ser más que oportuna. En segundo lugar, porque pensamos que
siempre es buen momento para debatir acerca de los temas de género, y
más si la iniciativa parte de alguien como la señora Castro, de la
que nos consta que no tiene acerca de este tema una preocupación
circunstancial sino, por el contrario, esencial y permanente;
preocupación que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) compartimos, y por tanto reiteramos la felicitación por la
oportunidad de la interpelación.
Con respecto a la moción que como consecuencia de dicha interpelación
se ha presentado, la hemos leído atentamente y vemos que plantea
muchos temas, todos ellos de gran importancia, tanta, que, haciendo
una valoración global, podríamos decir que la moción pretende abarcar
un universo tan completo, tan complejo, tan global y tan concreto en
algunos puntos al mismo tiempo, que peca, a nuestro modo de ver, de
una cierta dispersión, máxime si tenemos en cuenta que algunos de los
temas deben efectivamente abordarse desde la Administración central,
pero otros muchos desde las comunidades autónomas, que son las que
tienen competencias exclusivas en determinadas materias.
Desde Convergència i Unió, tal como le he dicho, compartimos no sólo
la preocupación por los temas que se plantean en la moción, sino
también la necesidad de abordar programas y propuestas concretas en
muchos de ellos. Discrepamos de alguna de las propuestas concretas
que se hacen, al menos no las acabamos de comprender en la manera en
que vienen redactadas, porque a nuestro modo de ver conculcan o
menoscaban otros derechos o situaciones igualmente dignas de
consideración. Finalmente creemos que en una propuesta tan universal,
el catálogo debiera incluir materias que echamos de menos.
Compartimos con la proponente y también con la opinión expresada por
el ministro en la interpelación que una de las piezas claves para que
las mujeres puedan tener autonomía personal es el tema laboral. En
este campo, y desde el punto de vista de Convergència i Unió, es
capital formular políticas activas para favorecer la igualdad entre
hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Creemos que la política
realizada por el Gobierno va efectivamente por el buen camino, pero
también pensamos que deben adoptarse nuevas medidas que potencien el
acceso al trabajo, la permanencia en el mismo y la equiparación
salarial. Por ello, nuestro grupo parlamentario presentó
recientemente una interpelación y una moción al respecto que, como
puede recordar S.S., fue aprobada por la Cámara y que significó un
mandato al Gobierno para que implemente significativas medidas que
favorezcan la igualdad entre
hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Pero además pensamos que
los factores que explican las diferencias que hay entre España y los
países de nuestro entorno en las tasas de actividad femenina radican
no sólo en la regulación laboral sino también en el acceso a la
educación de las mujeres, objetivo que en buena medida se va
consiguiendo, y también en las políticas familiares que consideramos
aquí, en el Estado español, muy insuficientes y muy alejadas de la
media europea. Por ello, y con respecto a este último tema, en el
anterior período de sesiones presentamos una interpelación seguida de
la correspondiente moción, que también fue aprobada. En esta moción
se instaba al Gobierno a que impulsara medidas para mejorar el apoyo
a la familia, a que impulsara políticas familiares, para familias
tradicionales, evidentemente, pero también, y sobre todo, para
familias monoparentales, monomarentales en la mayoría de los casos,
familias en situación de riesgo social, etcétera.
Señora Castro, le he dicho ya que compartimos las líneas generales de
su moción no sólo en el terreno laboral sino también en que hay que
abordar el tema educativo, el cultural, las políticas de protección a
las mujeres maltratadas, etcétera. Pero también he de decirle que
echamos de menos algunas cosas, y por citarle algunas le indicaré que
echamos de menos la visibilidad, en ese pacto de Estado que usted
propone, de que el mismo debe hacerse imperativamente con la
participación de las comunidades autónomas con competencias en estas
materias. Usted lo señala puntualmente, pero no de manera
estructural, y gran parte de los temas que propone ya se están
abordando por los gobiernos de las comunidades autónomas, que son las
que tienen competencias exclusivas al respecto. Echamos también de
menos referencias más concretas acerca del incremento de las
pensiones de viudedad así como la compatibilización de las mismas con
las del SOVI; echamos de menos medidas para desarrollar la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral e incluso echamos de menos
la introducción de la generalización de estadísticas por sexos que
nos permitieran valorar la evolución de las políticas que se vayan
implementando.
Señoría, usted podría decirme que si hubiera presentado enmiendas en
ese sentido las hubiera podido aceptar. Pues mire, lo he intentado y
lo que ha pasado es que el texto resultante era tan absolutamente
prolijo y extenso que he de volver a lo que le decía al comienzo de
mi intervención, en el sentido de que el texto que nos ha presentado
excede por su bondad de lo que es una moción. Es casi un libro blanco
de temas de género que consideramos muy interesante pero que creemos
que es más materia de una subcomisión de estudio que concluya con un
amplio catálogo, como digo, con un libro blanco, que el texto
concreto de una moción.
Por todo ello, mi grupo parlamentario va hoy a abstenerse en la
seguridad de que, coincidiendo como coincidimos en la preocupación
por los temas que plantea, podremos llegar a futuros acuerdos en las
iniciativas de
los temas más concretos en que, como ya nos ha anunciado, va a
desarrollarse el contenido de esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Señora Castro, del contenido de su primera intervención se ha
deducido desde la Presidencia que acepta las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y que rechaza o no acepta la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular. ¿Es así?
La señora CASTRO FONSECA: Sí, efectivamente, así es, presidenta.
Además, si me lo permite, quiero dar las gracias a todos los
portavoces que han intervenido por su aliento personal, y espero que
la próxima vez les convenza para que además me voten.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Castro.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las
actuaciones que ha realizado o piensa realizar para acabar con la
creciente feminización de la pobreza y promover la independencia
económica de las mujeres incluyendo el empleo y erradicando la cada
vez mayor carga de pobreza que recae sobre las mujeres españolas. Se
somete a votación en los términos derivados del debate y con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
239; a favor, 92; en contra, 141; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las once y cinco minutos de la noche.
Corrección de errores.-En el «Diario de Sesiones» número 64,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes, 6 de marzo
de 2001, páginas 3081 y 3088, en la toma en consideración de
proposiciones de ley de Comunidades Autónomas, se atribuye la
intervención de uno de los representantes del Parlamento de Cataluña
al señor Carbonell y Aymerich, cuando los apellidos correctos son
Carbonell i Abelló.
Asimismo, en el «Diario de Sesiones» número 65, sesión plenaria del
miércoles 7 de marzo de 2001, página 3148, segunda columna,
Declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer, en
la línea 48, donde se dice «... recaen de forma simétrica sobre las
mujeres», debe decirse «... recaen de forma asimétrica sobre las
mujeres».