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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 51, de 19/12/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 51
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 49
celebrada el martes, 19 de diciembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la integración de
los funcionarios de los Equipos Psicopedagógicos en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología
y Pedagogía. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 89-1, de
17 de octubre de 2000. (Número de expediente 122/000076.) . . .
(Página 2427)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992,
sobre protección de la seguridad ciudadana. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 42-1, de 12 de mayo de
2000. (Número de expediente 122/000031.) . . . (Página 2434)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de modificación de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
seguridad ciudadana, en relación con la tenencia de drogas para el
consumo propio. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 68-
1, de 9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000059.) . . .
(Página 2434)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre activación
del Plan de Fomento de las Energías Renovables. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 103, de 1 de diciembre de 2000. (Número
de expediente 162/000153.) . . . (Página 2444)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para la mejora de la eficiencia en el uso de la energía, el cierre de
las centrales nucleares y el fomento de las energías renovables.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 37, de 26 de junio
de 2000 (Corrección de error en «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 45, de 7 de julio de 2000). (Número de expediente 162/
000084.) . . . (Página 2444)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para que se adopten medidas que
promuevan la eficiencia energética y la diversificación de fuentes de
energía mediante el impulso e incentivación de las energías
renovables. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 71, de 6
de octubre de 2000 (Corrección de error en «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 77, de 17 de octubre de 2000). (Número de
expediente 162/000120.) . . . (Página 2444)
Modificación del orden del día . . . (Página 2445)
Proposiciones no de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fiscalidad del gasóleo
para calefacción. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 91, de 10 de noviembre de
2000 (Corrección de error en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 94, de 17 de noviembre de 2000). (Número de expediente 162/
000138.) . . . (Página 2456)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa al gasóleo de calefacción. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 75, de 13 de octubre de 2000. (Número de
expediente 162/000121.) . . . (Página 2456)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para sacar adelante el Acuerdo de Pesca con
Marruecos. (Número de expediente 173/000035.) . . . (Página 2460)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios
políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el
Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las
características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse
con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de
coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta
materia. (Número de expediente 173/000036.) . . . (Página 2469)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar el
Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control de
consumo de tabaco mediante la afectación de parte de la recaudación
de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad. (Número de
expediente 173/000037.) . . . (Página 2475)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 2427)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la integración de los
funcionarios de los Equipos Psicopedagógicos en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y
Pedagogía . . . (Página 2427)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, la
señora Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere
la proposición de ley a la situación administrativa irregular que
padece un colectivo de profesionales de la psicopedagogía, cuya
función es asegurar las condiciones que permitan que los procesos de
cambio, provocados por las situaciones de enseñanza y aprendizaje, se
produzcan de la mejor manera posible. Su grupo pretende con esta
proposición de ley dar una solución definitiva a la situación de
agravio de un grupo de profesionales que llevan dedicando veintitrés
años de su vida a la orientación educativa, por lo que pide a todos
los grupos de la Cámara que reconozcan mediante norma de rango de ley
el derecho de todos estos funcionarios a ser integrados en el cuerpo
de profesores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad psicología
y pedagogía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Castro Fonseca,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Julios Reyes, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y los señores Guardans
i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la integración de los
funcionarios de los equipos psicopedagógicos en el cuerpo de
profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad psicología
y pedagogía, se rechaza por 133 votos a favor y 160 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992,
sobre protección de la seguridad ciudadana . . . (Página 2434)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
seguridad ciudadana, en relación con la tenencia de drogas para el
consumo propio . . . (Página 2434)
Presenta la primera de las proposiciones de ley, para su toma en
consideración, el señor Aymerich Cano, del Grupo Mixto. Se refiere a
la llamada «Ley Corcuera»,
en donde se introduce por primera vez en el ordenamiento
español la sanción administrativa por la tenencia de drogas y su
consumo en lugares públicos, así como el abandono en lugares públicos
de los útiles empleados para su consumo. Asegura que la
jurisprudencia ya no considera infracción, ni penal ni
administrativa, que los adictos compartan droga entre sí, ni que
compartan sustancias prohibidas, por lo que considera que la sanción
administrativa es socialmente injusta e ineficaz para un tratamiento
adecuado de una cuestión tan compleja como la del consumo de drogas.
En este sentido recuerda algunos precedentes parlamentarios que,
opina, pueden ayudar a enriquecer el debate y a fijar la posición de
los diferentes grupos. En definitiva, propone la derogación de los
artículos 25, 28.2 y 29.2 de la Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana para normalizar la relación entre la sociedad y
uno de los problemas más graves que hoy sufre, abandonando medidas
represivas sobre los consumidores finales, que ya demostraron su
ineficacia, y primando la prevención y la información, dirigidas
ambas a desalentar el uso de drogas peligrosas, legales e ilegales, y
a rehabilitar y reinsertar socialmente a los toxicómanos, siempre y
cuando esta rehabilitación y reinserción sean necesarias.
Presenta la segunda de las proposiciones de ley el señor Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. En esta proposición de ley se
propone la supresión del artículo 25 de la «Ley Corcuera» al objeto
de invertir la actual tendencia de prácticamente todos los países
desarrollados, donde se está criminalizando al usuario de drogas y,
en cambio, se observa una total ineficacia en la persecución de los
grandes traficantes de droga, que hace que, hoy, el negocio del
tráfico de drogas esté entre los dos o tres más sustanciosos del
mundo. Recuerda el debate que se produjo en la Cámara a partir del
proyecto de ley de seguridad ciudadana, donde su grupo presentó una
enmienda de devolución en la que ya se planteaba la supresión de este
artículo 25, y la intervención del ponente del Partido Popular, señor
Trillo, quien subrayó de forma muy argumentada la ineficacia y la
inutilidad de las sanciones en el tema de la droga. Después de hacer
un balance de la aplicación de la «Ley Corcuera» en estos años, llega
a la conclusión de que la represión no es el método adecuado cuando,
al mismo tiempo, la sociedad convive con drogas legales, y se trata
de que los posibles daños, tanto de las drogas legales como de las
ilegales, sean afrontadas desde la responsabilidad, desde la
educación y la formación de las personas que han de conocer los
límites de estas sustancias.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señorasUría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Varela Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez, de modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992,
sobre protección de la seguridad ciudadana, se rechaza por 15 votos a
favor, 162 en contra y 120 abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición de ley del
Grupo Mixto, señor Saura, de modificación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en
relación con la tenencia de drogas para el consumo propio, se rechaza
por 11 votos a favor, 165 en contra y 117 abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 2444)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre activación del
Plan de fomento de las energías renovables . . . (Página 2444)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para la mejora de la eficiencia en el uso de la energía, el cierre de
las centrales nucleares y el fomento de las energías renovables . . .
(Página 2444)
Del Grupo Parlamentario Socialista, para que se adopten medidas que
promuevan la eficiencia energética y la diversificación de fuentes de
energía mediante el impulso e incentivación de las energías
renovables . . . (Página 2444)
El señor Gámir Casares, en primer lugar, pide la aprobación de la
Cámara para el Plan de fomento de energías renovables del Gobierno
del Partido Popular. Este plan, asegura, ya ha sido entregado a todos
los portavoces de los grupos parlamentarios y presentado en el
Parlamento por el secretario de Estado de Economía, así como resumido
por la
señora ministra de Ciencia y Tecnología en el debate de una
interpelación sobre un punto concreto del plan en el Senado, por lo
que el proponente sólo insistirá en sus puntos básicos intentando
presentar nuevos enfoques y fijando la posición de su grupo sobre las
proposiciones de ley de los grupos parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida.
La señora Urán González defiende la segunda proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para la mejora de la eficiencia en el uso de la energía, el cierre de
las centrales nucleares y el fomento de las energías renovables, así
como las enmiendas que su grupo presenta a las otras iniciativas.
Muestra su total rechazo a las instalaciones nucleares, por las
repercusiones de toda índole que tienen para la humanidad, y propugna
el fomento de las energías renovables como medio de llegar a un
consumo responsable de energía, que dé cumplimiento a las necesidades
de la sociedad pero sin ponerla en riesgo, ni a la sociedad presente
ni a la futura. Finalmente aclara que el plan de fomento de energías
renovables al que se refiere el señor Gámir no ha sido repartido a
los portavoces y explica la posición de su grupo en relación con las
otras iniciativas sobre el mismo tema.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la proposición no de
ley, para que se adopten medidas que promuevan la eficiencia
energética y la diversificación de fuentes de energía mediante el
impulso e incentivación de las energías renovables, el señor García
Breva. Recuerda en primer lugar que el Plan de fomento de las
energías renovables se aprobó el 30 de diciembre de 1999, con el
objetivo de que para el año 2010 el 12 por ciento del consumo de
energía eléctrica proviniera de energías renovables, desarrollando un
nivel de inversiones de un billón 700.000 pesetas y un nivel de
ayudas públicas, entre subvenciones, incentivos fiscales y primas, de
878.000 millones de pesetas. Como ha pasado ya un año, su grupo
considera que ha llegado el momento de hacer un balance de dicho
plan, por lo que pasa a analizar las medidas fiscales, normativas,
presupuestarias, de eliminación de barreras financieras que contiene
dicho plan, así como sus objetivos. Asegura que, a pesar de lo que
dice el señor Gámir, el plan de fomento de energías renovables ni se
ha repartido a los portavoces, ni se ha presentado específicamente en
la Cámara y sólo el señor Folgado, secretario de Estado de Economía,
hizo una breve descripción del mismo en la Comisión de Economía.
Finalmente fija la posición de su grupo con respecto a las otras
iniciativas.
En defensa de las enmiendas presentadas a las tres proposiciones no
de ley intervienen los señores
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto;
Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen el señor Gámir Casares, la señora Urán González y el
señor García Breva.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre activación del Plan de fomento de las
energías renovables, con la incorporación de las enmiendas en los
términos derivados del debate, se aprueba por 177 votos a favor, 119
en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para la mejora de la
eficiencia en el uso de la energía, el cierre de las centrales
nucleares y el fomento de las energías renovables, con la
incorporación de las enmiendas en los términos derivados del debate,
se rechaza por 117 votos a favor, 177 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, para que se adopten las medidas que promuevan la
eficiencia energética y la diversificación de fuentes de energía
mediante el impulso e incentivación de las energías renovables, con
la incorporación de las enmiendas en los términos derivados del
debate, se rechaza por 118 votos a favor, 177 en contra y dos
abstenciones.
Modificación del orden del día . . . (Página 2455)
La señora presidenta, de acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento
y oída la Junta de Portavoces, propone al Pleno de la Cámara la
modificación del orden del día, en el sentido de que el dictamen de
la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de
actividades de excelentísimos señores diputados, que figura como
punto 37 del mismo, pase a ser debatido después del apartado VII,
correspondiente a las enmiendas del Senado, lo que se aprueba por
asentimiento.
Proposiciones no de Ley (continuación) . . . (Página 2456)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fiscalidad del gasóleo para
calefacción . . . (Página 2456)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa al gasóleo de calefacción . . . (Página 2456)
La señora Mendizábal Gorostiaga, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, manifiesta que la proposición no de ley que su grupo
presenta es una iniciativa más de las que su grupo ha propugnado
durante esta legislatura para afrontar el problema planteado por el
incremento continuado de los precios de los carburantes, del que sin
duda han sido componentes importantes el incremento sufrido por los
precios de los crudos y la evolución desfavorable de la paridad euro-
dólar. Sin embargo, añade, no se puede olvidar otro componente
importante que contribuye a que este incremento de precios se
generalice y es, sin lugar a dudas, según sus palabras, la falta de
capacidad de respuesta del Gobierno y la elusión de la
responsabilidad. Su proposición no de ley, explica, trata de regular
la fiscalidad del gasóleo para calefacción, cuyos precios han sufrido
una de las mayores subidas registradas en todo el período, y hace un
análisis comparativo con otros países de la Unión Europea, pasando a
exponer las medidas fiscales que se proponen en su proposición no de
ley.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto
interviene el señor Rodríguez Sánchez. Se refiere asimismo al
crecimiento desmedido de los precios de los carburantes derivados del
petróleo, sin que el Gobierno haya adoptado medidas con la misma
intensidad con que lo han hecho otros gobiernos comunitarios, a pesar
de las reivindicaciones de los sectores más afectados. Según opinión
de su grupo, el Bloque Nacionalista Galego, no se puede achacar la
subida de los precios del gasóleo, tanto en sus variedades de
combustible como de carburante, exclusivamente a la cotización
internacional del barril de crudo, sino que, opina, convendría
recordar otras explicaciones como pueden ser las maniobras
especulativas de las grandes distribuidoras, los criterios poco
transparentes en el mercado de Londres o el control en la producción
y en la distribución de las grandes compañías petrolíferas, por no
hablar también de la tendencia de Estados Unidos a intentar ahorrar
sus reservas petrolíferas. Acusa al Gobierno de ser cómplice de esta
situación, demostrando un total desprecio por las preocupaciones de
los consumidores domésticos, que han soportado el crecimiento de los
precios sin ningún tipo de medida paliativa por parte del Ejecutivo,
y explica los tres puntos de que consta su proposición no de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gámir
Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre fiscalidad del gasóleo para la calefacción, en los
términos derivados del debate, se rechaza por 117 votos a favor, 165
en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al gasóleo de calefacción, se rechaza por 118 votos a
favor, 164 en contra y 11 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 2460)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca con
Marruecos . . . (Página 2460)
El señor Díaz Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, poniendo de
relieve la situación por la que atraviesa la flota pesquera española
desde noviembre de 1999, y denunciando el hecho de que el sector en
sentido amplio, trabajadores directos e indirectos, está en situación
de crisis no declarada, viviendo una reestructuración encubierta. Se
refiere al debate de la semana pasada con motivo de la interpelación
urgente y asegura que España tenía que liderar la política pesquera
comunitaria, porque es la primera potencia extractiva y también el
principal mercado de la Unión Europea en materia pesquera. Afirma que
gobernar no es solamente gestionar el día a día, sino anticiparse a
los acontecimientos y preparar el futuro, por lo que su grupo demanda
que sigan las negociaciones sin plazo y que se fuerce un acuerdo
razonable que permita continuar con posibilidades de pesca a la flota
española afectada, que permita mantener el empleo y, al tiempo,
generar actividad económica para dinamizar el tejido productivo en
los territorios base de las flotas, para lo que contarán con el apoyo
del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de acepar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Díaz Díaz.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca de
Marruecos, en los términos derivados del debate, se aprueba por 289
votos a favor.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios
políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el
Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las
características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse
con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta
materia . . . (Página 2469)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Julios Reyes. Reconoce
que no es un tema nuevo, pero asegura que se torna más urgente ante
la necesidad de afrontar la negociación del nuevo escenario de
financiación de la sanidad próximamente, al empezar el nuevo año,
siendo el gasto del medicamento uno de los principales elementos que
dificultan el esfuerzo de ajustar los presupuestos al gasto real del
sistema sanitario público. Explica el contenido de la moción y
asegura que, de ser aprobada, la Cámara se estará manifestando desde
posiciones de corresponsabilidad y compromiso político en la búsqueda
de soluciones que den viabilidad y garantías de futuro al Sistema
Nacional de Salud como pilar fundamental del Estado del bienestar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
y Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Riera i Ben,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la
señora Julios Reyes.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios
políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el
Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las
características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse
con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta
materia, en los términos derivados del debate y de la enmienda
transaccional, se aprueba por 265 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de política general y presupuestaria que piensa adoptar el Gobierno
para incrementar las actuaciones de prevención y control de consumo
de tabaco mediante la afectación de parte de la recaudación de los
impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad . . . (Página 2475)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Riera i Ben.
Reitera el argumento de que con las cifras y los datos persigue
evidenciar que el tabaquismo es un grave problema de salud pública,
que es directamente responsable de muchas muertes prematuras y que
tiene también una elevada tasa de morbilidad y, en consecuencia, el
coste económico y social que genera es enorme. Manifiesta que aunque
la semana pasada fue fácil ponerse de acuerdo en este diagnóstico, a
la hora de la verdad, el compromiso político de luchar contra el
tabaquismo y sus consecuencias se constatará en la moción de hoy.
Explica de nuevo el contenido de la moción y pide su aprobación, así
como que los señores de la Comisión de Sanidad prediquen con el
ejemplo, lo que sería una gran victoria de toda la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen el
señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida;
Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la
señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Julios Reyes,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Riera i Ben.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de política general y presupuestaria que piensa adoptar el Gobierno
para incrementar las actuaciones de prevención y control de consumo
de tabaco mediante la afectación de parte de la recaudación de los
impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad, se aprueba por 227 votos
a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LOS EQUIPOS PSICOPEDAGÓGICOS EN EL CUERPO DE
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA Y
PEDAGOGÍA. (Número de expediente 122/000076.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
integración de los funcionarios de los equipos psicopedagógicos en el
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad psicología
y pedagogía.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy es un día importante o puede ser un día muy importante
para un colectivo de personas que tienen ya 23 años a sus espaldas
con una situación irregular desde el punto de vista administrativo.
Se trata de un colectivo no muy numeroso, por su dimensión, de
profesionales de la educación, se trata de un colectivo de unas 750 u
800 personas en toda España, que ha venido desempeñando una labor
encomiable profesional
y personalmente. Personalmente, por las razones que expondremos a
continuación. Se trata de profesionales de la psicopedagogía,
psicólogos y pedagogos, cuya función es, de una forma ya definitiva
desde 1977, asegurar las condiciones que permitan que los procesos de
cambio, provocados por las situaciones de enseñanza y aprendizaje, se
produzcan de la mejor manera posible. Estos profesionales de la
psicopedagogía, psicólogos y pedagogos, empiezan a realizar sus
tareas a partir de una norma legislativa, que es la Ley de 1970, en
la que se reconoce el derecho a la orientación y la prescripción del
diagnóstico y orientación para los alumnos en aquel momento
necesitados de educación especial. Más tarde, el desarrollo de las
leyes educativas ampliará estos horizontes de la intervención
educativa a todo el alumnado. La Lode, en 1985, y la Logse, en 1990,
contemplaban la orientación y la intervención psicopedagógica como
elementos básicos del sistema educativo para todos los alumnos y
también como instrumento de soporte y de ayuda de la mejora en la
calidad de la educación para todos los agentes que intervienen, no
sólo los alumnos, sino también los profesores, las familias y, en
general, los agentes sociales.
A lo largo de estos años, estos profesionales han visto, han vivido y
seguramente han confiado y han profesado diferentes modelos de
intervención psicopedagógica en el desarrollo de los procesos
educativos. Pero, en definitiva, su campo de actuación es el
entramado de relaciones e interacciones que tienen lugar en el ámbito
educativo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Su función es atender a profesores, alumnos, entornos
sociales, familiares y culturales, atender también a la formulación
de objetivos y contenidos, atender al diseño de metodologías,
etcétera. Su campo de actuación constituye un conjunto complejo, en
el que su función es un instrumento fundamental para analizar,
comprender y enriquecer el proceso educativo. En cualquier caso, con
esta proposición no de ley no pretendemos exaltar las excelencias ya
sobradamente reconocidas del trabajo de los psicopedagogos, sino que
el Grupo Socialista pretende o tiene la intención de resolver una
situación de irregularidad administrativa histórica y que pesa ya
demasiado, sobre todo para la dignidad profesional y personal de
estos profesionales.
Como hemos dicho antes, en el año 1977 se crearon las plazas de
psicólogos y pedagogos para atender a esta nueva función que el
sistema educativo incluía en su campo de actuación. En el primer
momento, estas plazas se ocuparon con maestros, es decir,
funcionarios del grupo B del cuerpo de maestros, licenciados en
psicología y/o pedagogía y el instrumento administrativo que se
utilizó fue la comisión de servicios. Posteriormente, entre los años
1988, 1989 y 1990, se realizaron concursos públicos de méritos, para
que dichos profesionales optaran a la ocupación definitiva de dichas
plazas del grupo A, con la pérdida consecuente de sus
plazas de grupo B. Los nombramientos para aquellos que ocuparon
dichas plazas se realizaron como psicólogos y pedagogos. En 1990, la
aprobación y posterior implantación de la Logse conlleva la creación
de la especialidad de psicología y pedagogía dentro del cuerpo de
profesores de secundaria. Progresivamente, colectivos de
psicopedagogos no provenientes del cuerpo de maestros acceden con más
o menos facilidades a dichas plazas. Hay que destacar los contratados
laborales de los equipos multiprofesionales, que accedieron por un
turno especial.
Los funcionarios psicólogos y pedagogos procedentes del cuerpo de
profesorado de EGB, posteriormente llamado cuerpo de maestros, han
venido desarrollando durante todos estos años las mismas funciones
asesoras y de orientación psicopedagógica en todos los niveles de la
educación obligatoria. Ante esta situación, entre 1990 y 1994
presentaron recursos contencioso-administrativos en los tribunales de
la mayoría de las comunidades autónomas, en los que se pedía el
reconocimiento del derecho a ser clasificados dentro del grupo A y el
de sus derechos profesionales y laborales. Han ganado sentencias
cerca de 800 profesionales, prácticamente el 100 por cien de los
funcionarios que recurrieron ante los tribunales, y hay que destacar
una coincidencia entre todas las sentencias promulgadas: en todas
ellas existen frases, casi idénticas textualmente, que coinciden en
declarar el derecho de los recurrentes a ser integrados en el grupo
A, de acuerdo con su titulación de licenciados, con todos los efectos
derivados de tal asignación. A pesar de ello, la Administración
educativa ha venido realizando una interpretación sesgada de dichas
sentencias, considerando que esta integración equivale exclusivamente
a la retribución correspondiente al grupo A. Por tanto, dichos
profesionales perciben desde entonces retribuciones idénticas a las
de compañeros que no están en su misma situación y que realizan el
mismo tipo de tareas.
Desde 1995 se han venido explorando distintas posibilidades, unas
impulsadas desde la propia Administración -hay que decir que son las
menos- y otras impulsadas desde el ámbito parlamentario. Desde 1996,
esta Cámara y el Senado han debatido distintas iniciativas
parlamentarias que exploraban distintas soluciones, no todas
acertadas, y se ha mantenido muy alto el interés -especialmente del
Grupo Socialista- por encontrar una solución a este problema.
En primer lugar hay que destacar el acuerdo que la Administración
educativa del último Gobierno socialista estableció en febrero de
1996 con los sindicatos, en el que se reflejaba en un punto
específico el compromiso para establecer un turno especial de
oposición para que estos funcionarios pudieran acceder al cuerpo de
profesores de secundaria en la especialidad de psicología
y pedagogía. Posteriormente, esta fórmula del turno especial fue
rechazada por sentencia de 1996 del Tribunal Constitucional pocos
meses después. Pero,
como hemos dicho antes, señorías, en el Parlamento, tanto en el
Congreso como en el Senado, se aprobaron distintas iniciativas. A
destacar, en 1997, la iniciativa de Coalición Canaria, una
proposición no de ley, aprobada por unanimidad por esta Cámara, en la
que se instaba al Gobierno a estudiar genéricamente una solución para
el problema. En 1998, una moción del Senado instaba al Gobierno a
establecer fórmulas de promoción interna, fórmulas que, después de un
análisis detallado, se han demostrado ineficaces. Después, en la
iniciativa parlamentaria quizás más contundente y aprobada también
por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados
el 28 de septiembre de 1999, se instaba al Gobierno a proceder a la
integración automática mediante real decreto, de acuerdo con la
disposición adicional primera de la Ley 30/1984, de medidas para la
reforma de la función pública. Y este es el camino adecuado, el
camino acertado, sobre la base de esta disposición adicional primera
de la Ley 30/1984 establecer la integración automática para aquellos
funcionarios que, proviniendo del cuerpo de maestros, ocuparon
definitivamente las plazas de grupo Ade psicólogos y pedagogos, con
unos requisitos determinados.
Apartir de aquí se elabora un borrador de real decreto -existió y
circuló durante unas semanas-, que daba en general cumplimiento al
mandato del Congreso de los Diputados, borrador que no ha visto la
luz y que forzó a mi grupo, al Grupo Socialista, a presentar esta
proposición de ley, pues estaba claro que dicha integración debería
tener rango de ley. Pero mientras tanto, señorías, seguían ocurriendo
algunas cosas. Hubo algunas integraciones de situaciones similares de
diferentes tipos de funcionarios, de profesionales de la función
pública, de trabajadores de la función pública, de diferentes
departamentos, desde Hacienda hasta del propio sistema educativo,
algunos inspectores de educación. El caso más reciente es el de los
maestros de taller, que, a través de la ley de acompañamiento para
los presupuestos del año 2000, fueron integrados en el cuerpo de
profesores titulares de escuela universitaria, algunos sin los
requisitos necesarios, fijando una moratoria de cinco años para que
cumplieran estos requisitos. Y mientras tanto también hubo más
sentencias, en este caso ya no de las retribuciones, ya no de los
concursos de traslados, sino de los derechos pasivos. Ha pasado tanto
tiempo, señorías, que, aparte de que desgraciadamente por causas
naturales, el colectivo ha visto disminuido su número de integrantes,
también se han producido algunas jubilaciones, jubilaciones que han
obligado a los afectados a recurrir una vez más ante los tribunales
para reivindicar derechos pasivos. El último caso ha sido una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Madrid que reconoce el derecho a que se revise la pensión de un
psicopedagogo que se jubiló de forma anticipada, desgraciadamente por
enfermedad. Existe en estos momentos
otro caso en los tribunales por las mismas razones en Barcelona.
Señorías, no sabemos qué más hay que hacer para rendirse a la
evidencia de que estamos ante una situación de agravio de un grupo de
profesionales que llevan dedicando 23 años de su vida a la
orientación educativa, seguramente producto de aquellos procesos de
implantación de nuevos servicios en la función pública que producen
alteraciones de este tipo. El acontecimiento más reciente y que hace
más incomprensible que existiera una resistencia por parte del
Gobierno a proceder a esta integración, que es la evidencia que creo
que debe hacer decantar la intención de voto de los distintos grupos
de la Cámara a favor de la toma en consideración de nuestra
proposición de ley, es la Orden de 25 de febrero de 2000, por la que
se nombra funcionarios de carrera del cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, especialidad psicología y pedagogía, al
personal integrado en el mismo en virtud de una orden foral del
departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.
Señorías, es una orden ministerial rubricada en febrero pasado por el
entonces ministro de Educación y por el director general de Personal
y Servicios, señor Rafael Catalá Rojo -leo textualmente-, con una
relación a continuación de los funcionarios que se integran. El
argumento para justificar dicha integración no es otro que el que
hemos citado para defender nuestra propuesta, el de la disposición
adicional primera de la Ley 30/1984, el hecho de que estos
funcionarios realizan funciones docentes similares a las de los
respectivos cuerpos, siempre que reúnan los requisitos de titulación
exigidos para el ingreso en cada uno de las distintas situaciones.
Existe también una orden, en el caso del Gobierno vasco, por la que
se integran igualmente en el cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria los funcionarios procedentes del cuerpo de maestros
psicólogos y pedagogos. En este caso, una orden que sólo tiene
vigencia en el ámbito de competencias del Gobierno vasco.
Nuestra pretensión hoy, señorías, no es otra que conseguir que demos
ya solución definitiva a esta situación. Creemos que no se trata hoy
de reprochar nada a nadie, de recriminar quién pudo hacer y no hizo,
porque a lo largo de estos años, a lo largo de este tiempo,
seguramente habría motivos para reproches en distintas direcciones.
Lo que es flagrante es que ha habido acuerdo a nivel de los distintos
grupos parlamentarios, que hay unos mandatos del Parlamento para que
esto se solucione de una forma determinada y que existen precedentes,
como las órdenes que acabo de citar, que nos demuestran que esto es
posible. Ante la ley, dice nuestra Constitución que todos los
ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas somos iguales. Por
tanto, no podríamos comprender de ninguna manera que en unos casos
estas integraciones puedan realizarse y en otros, no.
Por todo ello, pedimos encarecidamente a todos los grupos
parlamentarios que reconozcamos mediante
norma de rango de ley el derecho de todos estos funcionarios a ser
integrados en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, en la
especialidad psicología y pedagogía.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Palma. ¿Grupos
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Brevemente diré que el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, que
hace referencia a la integración de los equipos psicopedagógicos en
el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, simplemente porque
esta proposición de ley trata de dar respuesta y de solucionar la
situación de un colectivo que aún no ha visto reconocidos sus
derechos administrativos, aunque sí los económicos, eso sí, como
consecuencia de diversas sentencias. Es jurisprudencia consolidada
del Tribunal Supremo que el nivel 21 del complemento de destino,
asignado al cuerpo de maestros, es único para todos los funcionarios
integrantes de dicho cuerpo, con independencia del puesto de trabajo
que desempeñen, aunque corresponda al primer ciclo de la ESO, que
tiene señalado como complemento de destino superior hasta el nivel
24.
El colectivo a que se refiere esta proposición de ley tiene
reconocido ese nivel superior por razones justificadas, y así se
determinó en las últimas sentencias, entre otras del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. La primera razón es que poseen
titulación superior y por tanto están en condiciones académicas
equiparables a los funcionarios integrados en los cuerpos de
secundaria. La segunda razón es que accedieron a puestos de trabajo
servidos por funcionarios del grupo A, como es el caso del cuerpo de
secundaria, a través de procedimientos selectivos públicos en los que
se observaron los principios constitucionales de mérito y capacidad.
En definitiva, este colectivo viene desempeñando en la actualidad su
trabajo dentro de los equipos psicopedagógicos junto a otros
funcionarios del grupo A, los maestros que pertenecen a los mismos
reúnen la titulación académica de licenciado universitario y su
incorporación a ese puesto de trabajo se realizó por concurso de
méritos público conforme a lo establecido en el artículo 23 de la
propia Constitución. Por tanto, es lógico que este colectivo vea
reconocido sus derechos económicos, los referidos a sus complementos
de destino, conseguido por ellos mismos después de acudir a los
tribunales, como es de justicia que vean reconocidos sus derechos
administrativos integrándose en una especialidad específica dentro
del cuerpo de profesores
de enseñanza secundaria, objetivo último que se conseguiría, sin
duda, aprobando las modificaciones que se plasman en esta proposición
de ley.
Por todo lo dicho, vamos a votar favorablemente su toma en
consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la integración de los funcionarios de
los equipos psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria de las especialidades de psicología y pedagogía. Y no lo
puede hacer de otra manera porque, tal y como ha indicado la portavoz
del Grupo Socialista, la señora Palma i Muñoz, el Gobierno vasco
procedió a la regularización de este tema, indudablemente sólo para
el ámbito de sus competencias, no podía ser de otra forma; si no, el
problema estaría resuelto. Tal y como se indica en la exposición de
motivos que presenta el Grupo Socialista, también el Gobierno de
Navarra a finales de 1999 y el Gobierno vasco en marzo de 2000 han
adoptado esta toma en consideración y lo tienen ya regulado en su
propio boletín, de forma que estos profesores quedan integrados en el
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en las especialidades de
psicología y pedagogía, estos funcionarios procedentes del cuerpo de
maestros que, con titulación de licenciados en psicología o
pedagogía, obtuvieron plazas por concurso público de méritos en los
equipos psicopedagógicos de la Administración educativa y que además
ocupan muchas plazas en el grupo A, dentro de las condiciones que
aquí se exponen.
Se ha dicho ya que existían varias sentencias, una de 1999, otra de
2000, que indicaban la procedencia de realizar estos nombramientos y
de integrar este colectivo de psicólogos y pedagogos en el grupo A, y
el Gobierno vasco, en el ámbito de su competencia, ha dado ya por
terminado este proceso con la publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco de 31 de marzo de 2000, de forma que se declara, en el
ámbito educativo vasco, integrados en este cuerpo de profesores de
enseñanzas secundarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco a
estos funcionarios procedentes del cuerpo de maestros con estas
titulaciones y con esta carrera administrativa, dentro de las
previsiones legislativas que en este terreno se han ido haciendo.
Lo que no nos parece razonable, señor presidente, es que un tema que
lleva existiendo muchos años, que ha pasado por todo tipo de ámbitos
parlamentarios, por todo tipo de ámbitos judiciales y políticos, siga
coleando
de esta manera. Quisiéramos que en el día de hoy, y al hilo de
esta proposición de ley del Grupo Socialista, fuese un tema cerrado.
Conocen todas SS.SS. que, tanto en Comisión como en distintos ámbitos
de esta Cámara, es una cuestión que está suficientemente trillado. Se
nos llena la boca muchas veces de decir que esto es un Estado de
derecho y, a la vista de los precedentes, de este tipo de historiales
o de los sufrimientos que estos colectivos tienen que padecer para
que sus derechos se vean reconocidos, muchas veces, señor presidente,
a uno le entra la duda razonable. Esperemos que hoy se pueda concluir
con este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de
Txabarri.
Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar que vamos a votar a favor de la tramitación
de esta propuesta del Grupo Socialista, porque la verdad es que
pretende dar respuesta a una demanda que viene coleando desde hace
más de once años, ya que desde el decreto 238/1983 los maestros que
poseían la licenciatura de psicología o de pedagogía fueron
incorporados a los servicios provinciales de orientación escolar y
vocacional sin que esto se resolviera; de hecho, hasta los años 1988-
1989 no pudieron acceder a las plazas y además, con carácter
definitivo, estos profesores perdieron la categoría de origen. Los
gobiernos posteriores no abordaron este problema, al menos no
atisbaron una solución definitiva y sobre todo, desde que se aprueba
la Logse y la puesta en marcha de una atención externa a la escuela
con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y los
centros de profesores y de recursos que están funcionando desde 1994,
esta realidad sigue planteada sin que se hayan resuelto las legítimas
aspiraciones de este colectivo.
El acuerdo del Ministerio de Educación con los sindicatos en el año
1996 para la mejora de la calidad de la enseñanza e implantación de
la reforma estableció un turno especial para los maestros de los
equipos de orientación educativa y profesional, pero una sentencia
del Tribunal Constitucional hace inviable la celebración de estas
pruebas restringidas, por lo que al día de hoy seguimos sin dar
ninguna respuesta ni administrativa ni profesional. Algunas
comunidades autónomas, como la navarra y la vasca, han solventado el
problema integrando a estos docentes en el cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria en la especialidad de psicología y pedagogía. Es
obvio que nadie puede oponerse a la propuesta socialista, que es
impecable en cuanto al articulado. El artículo primero plantea tres
requisitos para acceder a este puesto de profesor de secundaria: que
ocupe actualmente un puesto en un equipo psicopedagógico,
que haya renunciado a su plaza de maestro y que obtuviera
la plaza por concurso público de méritos. En el artículo segundo les
mantiene en su destino actual y les facilita el acceso a la provisión
de puestos docentes de secundaria y en el tercero les reconoce la
antigüedad desde que obtuvieron el carácter definitivo en los equipos
psicopedagógicos de la administración educativa.
Izquierda Unida está de acuerdo con el objetivo que mueve la
propuesta socialista, pero no vemos clara, señorías, la articulación
legal que se propone, dado que hoy no existe prácticamente el llamado
territorio MEC, estas competencias están transferidas y la ubicación
puede ser en otros puestos, según la realidad de cada comunidad
autónoma. Pero hoy aquí lo que debatimos es la toma en consideración
de la propuesta y anunciamos que vamos a votarla favorablemente,
porque responde a una necesidad concreta, y cuando se abra el plazo
de enmiendas Izquierda Unida presentará sus planteamientos. Es más,
cualquier grupo de los presentes en la Cámara podría reservarse la
opción de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, por lo
que esperamos, señorías, que el voto de toda la Cámara sea favorable
y que este inicio de siglo vea la solución de un problema que deriva
nada menos que desde la reforma del señor Villar Palasí en el año
1970. Creemos desde estas filas que treinta años es un plazo
suficiente para resolver este problema, de modo que anuncio nuestro
voto favorable a la tramitación parlamentaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a exponer brevemente la posición favorable de mi grupo a la toma
en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Socialista. Entendemos que tanto psicólogos como pedagogos, aunque
ciertamente no representan un colectivo importante desde el punto de
vista cuantitativo, aportan un gran valor cualitativo por la
excelente labor que han venido realizando, que ya ha especificado la
propia portavoz del Grupo Socialista, y además por entender que estas
disciplinas son importantes desde el punto de vista
multidisciplinario para garantizar la calidad de la enseñanza y los
nuevos retos a las que esta se enfrenta, por la importante labor
desde el punto de vista psicopedagógico tanto en igualar las
condiciones de acceso a la educación como en el desarrollo de los
contenidos de ésta. En la línea de la proposición no de ley que
presentó mi grupo, Coalición Canaria, en 1997 sobre la necesidad de
resolver las irregularidades administrativas que afectan a este
colectivo y entendiendo que podamos ensu momento, conforme se tramite
la proposición de ley,
hacer las correspondientes aportaciones en enmiendas a la misma,
anunciamos nuestro voto positivo a su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Hay que reconocer que a este portavoz y a este grupo parlamentario le
sorprende comprobar cómo cosas, cuya solución teóricamente no debería
costar especialmente, llevan -como se decía hace un momento- 30 años
pendientes; depende de cómo se computen, pero en todo caso llevan
quinquenios y decenios, sin duda, pendientes de resolución. Es
sorprendente. La última iniciativa en esta Cámara a este respecto fue
una proposición no de ley del propio Grupo Socialista, tramitada en
la Comisión de Educación y Cultura cerca del final de la legislatura
anterior, en la que finalmente se sometió a votación una enmienda
propuesta por mi propio grupo parlamentario y elaborada de hecho por
mi predecesora como portavoz en este ámbito, hoy consejera de
Educación precisamente del Gobierno catalán. Esa enmienda fue
aprobada por unanimidad y en ese momento creo entender que también
existía el Grupo Parlamentario Popular, algo tenía que decir en lo
que era la configuración de mayorías y minorías y votó algo que decía
exactamente que se resolviera en los términos en los que viene a
intentar hacerlo ahora la proposición de ley que se somete a
votación. Por tanto, cuesta un poco entender cómo podemos llegar a
esta situación en la que aparentemente es posible que hoy el grupo
mayoritario de la Cámara no suscriba este texto.
El contenido de la proposición de ley nos parece absolutamente
oportuno, lo compartimos en su integridad aunque no en su literalidad
-entre otras cosas, tiene un artículo repetido: la disposición
adicional cuarta es idéntica a la final primera y, en fin, hay temas
que por vía de enmienda hubiéramos podido retocar- e incluso,
intentando ser objetivo, tenemos algunas dudas sobre hasta qué punto,
suponiendo que el Gobierno fuera partidario de resolver este tema, es
necesaria una proposición de ley. Creemos que esto probablemente
podría resolverse por real decreto, pero, en todo caso, siguiendo los
antecedentes que no voy a repetir, que ha expuesto muy bien la
portavoz socialista, que aparecen en la exposición de motivos de la
proposición de ley y que han sido reiterados por otros grupos,
subrayamos el pleno apoyo que damos desde mi grupo y desde las
formaciones políticas que lo componen al papel de los psicólogos y de
los psicopedagogos que ya recogió en su momento la Logse nada menos
que directamente en su propio artículo 2 -luego aparece más veces,
pero desde el propio artículo 2 se reconoce
la importancia de la atención psicopedagógica en la orientación
educativa-, que tiene todo el sentido en términos abstractos y en
términos concretos para convertir en norma jurídica lo que una y otra
vez están dictando los tribunales de Justicia reconociendo una serie
de derechos a este conjunto de funcionarios que no quieren seguir
siendo funcionarios de segunda respecto de sus iguales y que no se
conforman, legítimamente, con una mera equiparación en términos
estrictamente remunerativos, que es a lo máximo que aparentemente ha
accedido hasta este momento la Administración central. Por tanto,
nosotros le prestamos nuestro apoyo y queremos aprovechar para dejar
claro a ese colectivo, que es posible que lamentablemente hoy
continúe sin ver sus aspiraciones satisfechas, que cuenta con toda la
simpatía y todo el apoyo de este grupo parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me corresponde fijar la posición
respecto a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista
relativa a la integración de los funcionarios de los equipos
psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria,
especialidad de psicología y pedagogía. Debo empezar diciendo que yo
personalmente y pienso que también mi grupo parlamentario estamos de
acuerdo con gran parte de la argumentación dada por los diversos
portavoces a lo largo del debate de esta iniciativa. La compartimos
porque somos conscientes desde hace muchos años de la problemática de
este colectivo y no en vano durante los últimos fuimos muchos los que
nos hemos ocupado y preocupado de intentar resolver este problema
administrativo.
Efectivamente, con fecha 25 de febrero de 1997 se aprobó por el
Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al
Gobierno a que estudiase las medidas necesarias tendentes a
regularizar la situación de los psicólogos y pedagogos pertenecientes
al cuerpo de maestros que accedieron a aquellas plazas de los equipos
psicopedagógicos mediante concurso público de méritos.
Posteriormente, como aquí se ha recordado, la Comisión de Educación y
Cultura del Senado, en sesión celebrada en junio de 1998, aprobó una
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista incorporando
el contenido de la propuesta de modificación presentada por el Grupo
Parlamentario Popular instando al Gobierno a facilitar el acceso al
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de
psicología y pedagogía por el sistema de promoción interna a los
funcionarios pertenecientes al cuerpo demaestros procedentes de los
servicios de orientación
escolar y vocacional valorando especialmente como mérito en el
correspondiente baremo esta circunstancia. En ejecución de esta
proposición no de ley, se elaboró un proyecto de orden de
convocatoria estableciendo un sistema de pruebas en promoción interna
para el acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en
aquellas especialidades de psicólogos y pedagogos pertenecientes al
cuerpo de maestros que accedieron a las plazas de los equipos
psicopedagógicos mediante concurso público de méritos. La tramitación
de dicho proyecto se detuvo, como SS.SS. saben, al producirse una
nueva proposición no de ley del Congreso instando a la integración
directa en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de aquel
colectivo. Esta última proposición, aprobada en la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso de los Diputados en septiembre de
1999, instaba al Gobierno para que de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional primera, 1) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la Función pública, integrase
automáticamente, por real decreto, en el cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria a aquellos maestros que, con titulación de
licenciados en psicología y pedagogía, obtuvieron plazas por concurso
público de méritos en los equipos psicopedagógicos de la
Administración educativa y que ocupan dichas plazas del grupo A de
forma definitiva, después de haber renunciado a sus plazas de
maestros, del grupo B.
Creemos, señorías, que no se da el presupuesto necesario para la
aplicación de la disposición adicional primera, 1) de la Ley 30/1984,
antes citada. En este sentido, en el colectivo al que se refiere la
proposición de ley no se da el requisito de haber sido seleccionados
para acceder a la Función pública en calidad de titulares de plazas
no escalafonadas, presupuesto este que posibilitaría la integración
en un cuerpo concreto de acuerdo con lo preceptuado en aquella
disposición. La citada disposición adicional primera declara a
extinguir todas las plazas no escalafonadas de funcionarios previendo
que el Gobierno, mediante real decreto, procederá a su reordenación,
agrupación y clasificación integrándolas en su caso en los cuerpos y
escalas que tengan asignadas igual titulación académica o funciones
y retribuciones similares.
Señorías, las plazas no escalafonadas han respondido históricamente a
la necesidad de seleccionar funcionarios para el cumplimiento de
tareas específicas desligadas de las funciones de los cuerpos
tradicionales, viéndose favorecida su creación por ausencia de
interministerialidad en los cuerpos en el sistema de Función pública
anterior a la Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964. El
personal seleccionado accedía a la condición de funcionario de
carrera quedando vinculado a un puesto específico que pasaba a
servir, puesto que quedaba al margen del sistema de cuerpos. Ha de
resaltarse que no suponía sólo un sistema de provisión de puestos,
sino fundamental y primariamente un sistema
de acceso a la Función pública para el desempeño de funciones
específicas, sin que sus titulares se adscribieran a un cuerpo
concreto. Por todo ello, señoras y señores diputados, no tratándose
de plazas no escalafonadas, no puede a nuestro juicio tramitarse al
amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley
30/1984, por lo que no tendría sentido aprobar esta proposición de
ley.
La disposición adicional cuarta de la proposición de ley señala que
tiene su base en lo dispuesto en los artículos 103.3 y 149.1.18 de la
Constitución, así como en las disposiciones adicionales primera, 1) y
decimoquinta, 2) de la Ley 30/1984, de 28 de julio, y en la
disposición adicional cuarta de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de ordenación general del sistema educativo. Su preámbulo,
señora Palma, y hemos tenido ocasión de leerlo todos detenidamente,
es asimismo claro en cuanto que se trata de una integración
automática del colectivo de psicólogos y de pedagogos al amparo de
esa disposición adicional primera, 1) de la Ley 30/1984, que es la
norma en la que básicamente se fundamenta. Aquí se ha hablado de
sentencias, pero no, probablemente porque no interesaba, a tenor del
contenido de la intervención de la portavoz socialista, de una
sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente la 302/1993, de
21 de octubre, que ha puesto límites estrictos a la posibilidad de
una integración automática, incluso por ley, de un colectivo sin
efectuar pruebas objetivas de reclutamiento, aunque fueran
específicas o de turno restringido, declarando que no puede
convertirse un tiempo efectivo de servicios en título de legitimación
exclusivo que permita el acceso a la Función pública de carácter
permanente. He aquí, señorías, el quid de la cuestión.
Yo tengo la convicción firme de que las diputadas y diputados de
buena voluntad, que pienso que son todos, no pueden poner en duda la
gran preocupación de nuestro grupo parlamentario y del partido en
pretender resolver esta situación. Hay hechos a lo largo de los
últimos años que así lo atestiguan. Quiero dejar claro en nombre de
este grupo parlamentario que el Ministerio de Educación no se opone
en modo alguno a la regularización de la situación de este grupo de
profesionales, sino más bien todo lo contrario, y buscaremos sin
demora alguna de tiempo las fórmulas que permitan resolver este
problema. Aunque el debate no ha sido agrio, de lo cual personalmente
me alegro, tengo que decirle a la portavoz socialista que alguna
implicación en el devenir de la situación de estos profesionales
tendrá su partido a lo largo de los últimos años, porque no es menos
cierto -y aquí se ha dicho- que este es un problema que data del año
1977 y que, curiosamente, en la profusión de leyes socialistas sobre
educación, fundamentalmente a partir de Maravall, con la Lode y con
la Logse, hemos tenido que percatarnos de la importancia de ambas a
través de cuestiones que nosotrosnunca hemos objetado. Además, hay
partes en esas
leyes a las que nos hemos opuesto, en las que en modo alguno hemos
puesto en duda el servicio de orientación escolar, vocacional y
profesional, porque creemos que un sistema educativo de calidad
necesita de profesionales que sean capaces de salvar una situación, a
través de una educación especial, para aquellos alumnos que así lo
requieran. Lo hemos puesto de manifiesto y figura en todos cuantos
debates se hayan celebrado por parte de ambas Cámaras en las
intervenciones de los portavoces de nuestro grupo parlamentario. Por
tanto, señorías, nosotros estamos convencidos de que este problema
hay que arreglarlo y yo me comprometo, en nombre de mi propio grupo
parlamentario, a darle una solución lo antes posible.
El sentido negativo de nuestro voto está referido, única y
exclusivamente, a los términos estrictos en que se plantea la
proposición de ley del Grupo Socialista, la cual dispone una
integración automática de los equipos psicopedagógicos en el cuerpo
de profesores de enseñanza secundaria. Créanme, señorías, que no
tomar en consideración esta propuesta no significa en modo alguno
dejación o que vayamos a rendirnos, como decía la portavoz
socialista, sino todo lo contrario. Vamos a demostrar cómo es
posible, dentro de la legalidad, la solución a un problema de muchos
años y que en modo alguno ha sido abandonado por este grupo
parlamentario ni por el Ministerio, sobre lo que otros no podrán
decir lo mismo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora Cunillera i Mestres:
Es una vergüenza.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fernández
Rozada. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la
integración de los funcionarios de los equipos psicopedagógicos en el
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad psicología
y pedagogía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 133; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ
YVÁZQUEZ), DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992,
SOBRE PROTECCIÓN DE LASEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 122/
000031.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA, EN RELACIÓN CON LA TENENCIADE DROGAS
PARAELCONSUMO PROPIO. (Número de expediente 122/000059.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación del artículo 25 de la Ley orgánica 1/1992,
sobre protección de la seguridad ciudadana. Este punto se debatirá
conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación de la
Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
seguridad ciudadana en relación con la tenencia de drogas para el
consumo propio.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la Ley orgánica sobre protección de la seguridad
ciudadana de 1992, conocida popularmente como ley Corcuera, por causa
del enérgico ministro que la impulsó y que por su causa también hubo
de dimitir, se introduce por primera vez en el ordenamiento español
la sanción -aunque sanción administrativa, sanción- del consumo en
lugares públicos y de la tenencia de drogas no destinadas a su
tráfico. En concreto, el artículo 25 de esta ley tipifica como
infracción administrativa la tenencia de drogas y su consumo en
lugares públicos así como el abandono en lugares públicos de los
útiles empleados para su consumo. (Rumores.) A pesar de eso ...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich.
Adelante, señoría.
El señor AYMERICH CANO: Decía que, a pesar de esta tipificación, la
jurisprudencia ya no considera infracción que los adictos compartan
droga entre sí, compartan entre sí sustancias prohibidas; ni
infracción penal ni tampoco, por supuesto, infracción administrativa.
Esta regulación -aún vigente- parte del supuesto erróneo de que en el
marco jurídico existente a su entrada en vigor el pequeño tráfico
quedaba sin sancionar, con lo cual -gran avance- se sanciona
administrativamente su consumo y se ahonda en la represión
indiscriminada del consumidor final, socialmente injusta e ineficaz
para un tratamiento adecuado de una cuestión tan compleja como la del
consumo de drogas, apartada del simplismo represivo de raíz
norteamericana que aquí tuvimos ocasión de conocer directamente los
miembros de la Comisión Mixta sobre las Drogas
cuando almorzamos, entre pitillo y pitillo, con el señor Pino
Arlacchi, alto responsable de las Naciones Unidas para esta materia;
señor Pino Arlacchi que, entre otras lindezas, defendió el Plan
Colombia como una contribución a la defensa de los derechos humanos
en ese país.
Para justificar la proposición de ley que presenta el Bloque
Nacionalista Galego, y antes de realizar un análisis de los preceptos
que la misma intenta derogar, permítanme una referencia a algunos
datos incluidos por parlamentarios precedentes que pueden ser de
ayuda para enriquecer el debate y para fijar la posición de los
diferentes grupos. En primer lugar, quiero destacar que pasados más
de ocho años desde la entrada en vigor de esta regulación, hay que
reconocer que el Partido Popular tenía toda la razón del mundo
cuando, situado entonces en una loable posición de defensa de los
derechos y de las libertades fundamentales, defendió la presentación
de una enmienda de supresión del actual artículo 25 de la ley
Corcuera con el argumento de que las sanciones son de todo punto
inútiles -cito literalmente- e ineficaces para combatir el consumo de
drogas. En coherencia con esa posición mantenida ocho años atrás,
también el Grupo Parlamentario Popular votó favorablemente en la
legislatura pasada una proposición no de ley del Bloque Nacionalista
Galego en la que se instaba al Gobierno -también cito literalmente-
a impulsar un amplio debate con conclusiones, a través de la Delegación
del Plan Nacional sobre Drogas, que evalúe la efectividad de la
aplicación del artículo 25 de la Ley orgánica de protección de la
seguridad ciudadana en la prevención, rehabilitación y reinserción
social de drogodependientes -debate, por cierto, que aún está
pendiente-, y es que la sanción se ha mostrado de todo punto
ineficaz. Los datos revelan que el consumo no sólo disminuyó desde
1992, sino que incluso aumentó al mismo ritmo que lo hizo el tráfico
de drogas a gran escala. Igualmente, los datos demoscópicos indican
que la población considera que las medidas más eficaces contra las
drogas son, y por este orden, el combate al tráfico ilegal y la
información y atención a los drogodependientes. Y frente a una
mayoría de la población que considera que los adictos a la heroína, a
la cocaína y al alcohol son enfermos, sólo el 2,6 por ciento de los
gallegos entrevistados por el CIS en 1994, después de la entrada en
vigor de esta ley, entendieron que el consumo de drogas debía ser
reprimido. Por tanto, al reprimir la tenencia y el consumo de drogas,
la ley va en sentido contrario al propugnado por los ciudadanos. Y
también en este punto entiende este diputado y el Bloque Nacionalista
Galego que el Parlamento no debería ir muy por detrás de la sociedad,
ni de la gallega ni de la española. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, la sanción administrativa de la tenencia y del
consumo de drogas es socialmente discriminatoria, incrementa la
marginalidad en que ciertos
consumidores se desarrollan, aquellos que carecen de medios o de un
entorno familiar y social favorable y es socialmente discriminatoria
tanto por la forma en que se impone -y aludo a mi propia experiencia
como redactor de numerosos recursos solicitados por mis alumnos- como
por los efectos que produce. Se intenta con ella limpiar ciertas
zonas de las ciudades, apartando a los drogodependientes a lugares en
los que son menos vistos por los visitantes, criterios clasistas e
intolerantes e inaceptables para el grupo que represento. Se alude a
veces por los agentes que imponen las sanciones a la insolvencia de
los sancionados para decirles que total qué más les da si son
insolventes, insolvencia que justo despliega todos sus efectos cuando
éstos comienzan a rehabilitarse y a tener medios con los que ganarse
la vida. Las sanciones se imponen aludiendo a un productivismo
policial que, incidiendo sólo en criterios puramente estadísticos,
desanima a los propios agentes, los cuales, como alguien dijo, se
convierten en personas que se dedican a multar excursionistas. Se
puede producir la pérdida de beneficios penitenciarios, de los que
disfrutan muchos drogodependientes, como libertad condicional y
permisos y, sobre todo, se incurre en paradojas y contradicciones
como la siguiente. Si alguien es heroinómano y se inyecta, será
multado si tira la jeringa en un lugar público pero, si la lleva
encima, también va a ser multado, bien porque en la jeringa queden
restos de drogas o bien, y esto también sucede, porque se entiende
que llevar la jeringa supone portar un arma y, de acuerdo con el
reglamento de armas, al que esta ley Corcuera también se remite, se
le puede imponer una sanción administrativa. En definitiva, ¿qué
culpa tienen los drogodependientes de que no haya narcosalas en la
inmensa mayoría de los municipios?
Consideración aparte merece la aplicación de esta sanción por
tenencia y consumo de unas sustancias que son bastante menos
perjudiciales que el alcohol que se dispensa en el bar de este mismo
hemiciclo y que incluso poseen probados efectos terapéuticos para
determinadas dolencias. Me refiero, como bien entienden SS.SS., a las
sustancias derivadas del cannabis, sustancias que presentan como
único problema el de comercializarse en muchas ocasiones a través de
los mismos circuitos que otras sustancias prohibidas, pero que
presentan una problemática completamente diferente a la de la heroína
o la cocaína e incluso a la del alcohol. Es necesario volver a la
diferencia clásica y justificada entre drogas duras y drogas blandas
porque, aunque este no es el lugar ni el momento de abordar un debate
que algún día tendrá que ser abordado en esta Cámara, ¿qué sentido
tiene someter a un consumidor de cannabis a un tratamiento de
desintoxicación? ¿Tiene sentido responder a un movimiento creciente
de apoyo a la legalización de estas sustancias con medidas puramente
represivas y recaudatorias, que no resisten el mínimo contraste
médico sociológico? El BNG entiende desde luego que no, máxime cuando
estas medidas conducen a situaciones tan
absurdas como la del pasado día 5 de diciembre en Montesalgueiro,
provincia de A Coruña, en que más de 20 Patrol de la Guardia Civil en
el momento en que se inició la operación salida, en medio de un
temporal de viento y lluvia en Galicia, se dedicaron a cachear a
todas las personas que acudían a una fiesta en un lugar privado,
precisamente a la Segunda copa cannabis. Para los consumidores de
estas sustancias, la legislación represiva y recaudatoria es la única
fuente de exclusión y de marginación social.
En definitiva, al proponer la derogación de los artículos 25, 28.2 y
29.2 de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, el
Bloque Nacionalista Galego pretende normalizar la relación entre la
sociedad y uno de los problemas más graves que hoy sufre, abandonando
medidas represivas sobre los consumidores finales, que ya demostraron
su ineficacia, y primando la prevención y la información, dirigidas
ambas a desalentar el uso de drogas peligrosas legales e ilegales y a
rehabilitar y reinsertar socialmente a los toxicómanos, siempre y
cuando esta rehabilitación y esta reinserción sea necesaria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura
para la defensa de la proposición de ley.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds, la propuesta de modificación de la Ley orgánica
1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, conocida
popularmente como ley Corcuera.
El objeto de nuestra modificación es que deje de ser sancionable el
consumo público o la tenencia ilícita de drogas. Nuestra propuesta no
tiene nada que ver con la posible modificación del Código Penal, que
no proponemos, o sea que estamos absolutamente de acuerdo por lo que
hace referencia a la persecución y a la tipificación del tráfico de
drogas como delito. Nuestra propuesta tiene, puede tener, el efecto
de invertir la actual tendencia que prácticamente está ocurriendo en
todos los países desarrollados, donde se está criminalizando al
usuario de drogas y, en cambio, hay una laxitud o una falta de
eficacia en la lucha contra los grandes traficantes de droga, que
hace que hoy el negocio del tráfico de drogas esté entre los dos o
tres principales negocios y beneficios del mundo.
Por lo tanto, lo que proponemos hoy es la supresión del artículo 25
de la ley Corcuera, supresión que viene justificada, en primer lugar,
porque la propia ley acepta, no sanciona, el consumo privado de
drogas. En cambio, sanciona el consumo público de drogas y, desde una
reciente sentencia de 1998 del Tribunal Supremo,
la tenencia de drogas, ya sea para el autoconsumo público o privado
también es objeto de sanción. Es decir, que estamos en una situación
en la que fumar hachís en el ámbito privado no es motivo de sanción,
pero fumarlo en el ámbito público sí lo es y tener hachís, ya sea
para fumarlo en el ámbito privado o público también es objeto de
sanción. Por lo tanto, creemos que esto es -no sé si la palabra
adecuada es barbaridad- una incoherencia que se debería modificar y
por eso proponemos la supresión de este artículo.
Ustedes recuerdan, o deben recordar, que el debate que se produjo en
esta Cámara a partir del proyecto de ley de seguridad ciudadana fue
un gran debate político y un gran debate social, en la medida en que
la ley Corcuera lo que pretendía era hacer una gran cruzada policial
contra el tema de las drogas. En aquel debate presentamos una
enmienda de devolución, planteamos la supresión del artículo 25, y
esa ley desafortunada, y sobre todo inútil, fue objeto de una
anulación parcial por parte del Tribunal Constitucional. Pero, como
el señor Aymerich ha dicho, posiblemente una de las intervenciones
más brillantes en torno al artículo 25 se produjo por el ponente del
Partido Popular, que en aquel caso fue el actual ministro de Defensa,
señor Trillo, quien subrayó de forma muy argumentada la ineficacia
y la inutilidad de las sanciones en el tema de las drogas. Es decir,
que si en la votación de hoy se volviera a repetir la que mantuvieron
los grupos políticos ahora hace ocho años, la proposición de ley que
nosotros planteamos se aprobaría.
También se ha hecho referencia antes a cuál ha sido el balance en
estos ocho años de aplicación de la ley Corcuera. He preguntado por
escrito al Gobierno cuál es el nivel de aplicación de la ley y de las
sanciones y se me ha contestado recientemente que desde 1997 hasta
1999 cada año se producen más de 47.000 sanciones y que sólo de enero
a mayo de 2000 se han producido prácticamente 12.000. La pregunta es:
¿de verdad alguien puede creer que la aplicación de la ley Corcuera
ha servido para avanzar positivamente en la problemática de las
drogas? ¿Alguien puede creer eso? Yo creo que la respuesta es que
nadie puede creerlo. Pero, sobre todo, señoras y señores diputados,
hoy la inutilidad y la ineficacia de las sanciones en el tema de las
drogas es una opinión y un hecho aceptado por distintos y amplios
sectores de la sociedad. Por un lado, las opiniones de los
especialistas, de los juristas, de los psicólogos, nos dicen de forma
reiterada que es un gran error que en el Estado español esté
sancionado el consumo de pequeñas cantidades en ámbitos públicos. Los
profesionales nos dicen que la represión no es el método adecuado
cuando, al mismo tiempo, la sociedad convive con drogas legales, y
que se trata de que los posibles daños, tanto de las drogas legales
como de las drogas ilegales, es decir, tanto del tabaco, del alcohol,
como del hachís, sean afrontadas desde la responsabilidad, desde la
educación, desde la formación de las personas
que han de conocer los límites de estas sustancias. Por tanto,
esta es la opinión prácticamente unánime de los especialistas en este
problema. Sin embargo, por otro lado, el sector social que
mayoritariamente es hoy protagonista de estas prácticas, que es el
sector joven, la juventud, no percibe en absoluto que el consumo de
cannabis tenga que ser castigado. Es más, su diaria, su cotidiana
realidad es una realidad absolutamente ligada al consumo de
determinadas drogas y, recientemente, en un estudio de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción, titulado Percepción social de los
problemas de drogas en España, así se manifiesta. A este grupo de
personas, a los jóvenes que se inician en el consumo de drogas
legales o ilegales, lo peor que se les puede hacer es tratarlos como
delincuentes, lo peor que se les puede hacer es penalizarlos, y se
trata de que desde la sociedad, desde la Administración, desde el
Estado, insisto, se haga pedagogía en relación con el uso de las
drogas.
Por tanto, señoras y señores diputados, pido el voto favorable a la
supresión del artículo 25 de la ley conocida popularmente como
Corcuera, porque está claro que hoy no se puede afrontar la realidad
de las drogas desde la sanción o desde la prohibición; que esto es
inútil, que esto ha fracasado y que esto no soluciona nada, sino que
trae más problemas. Que se trata de que la relación histórica de
siempre que los hombres y las mujeres han tenido con las drogas se
haga desde el autoconocimiento, desde el conocimiento de la sustancia
y desde la responsabilidad y formación de cada persona.
En ese sentido, señoras y señores diputados, solicito el voto
favorable a la modificación de esta ley y, en concreto, a la
supresión del artículo 25.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Vasco no lo tenemos tan claro o, al menos,
no en toda su extensión como los dos proponentes de esta iniciativa.
Cuando en la legislatura pasada, el 13 de abril de 1999, se produjo
en esta Cámara el debate en relación con la supresión de un cierto
párrafo, una cierta frase del artículo 25.1, nuestro grupo estuvo
ciertamente a favor, puesto que derivaba de la jurisprudencia sentada
por una sentencia que venía a introducir una tremenda confusión
cuando consideraba que podía ser punible la mera tenencia, aunque no
estuviera destinada al tráfico. Ello ocasionaba, repito, una
confusión, teniendo en cuenta que, según la Ley de seguridad
ciudadana, la tenencia para el consumo
privado no es sancionable, sí lo es el consumo público. Ocurría
entonces -nosotros lo pensábamos así- que se estaba penando un acto
que en sí mismo era preparatorio o podía serlo de una conducta que
era impune, lo cual resultaba absolutamente absurdo, y parecía que
para considerar punitivamente su incidencia directa, bien como acto
preparatorio, bien como elemento inicial del proceso de ejecución de
un acto ilícito que podía ser el consumo público, debería estar
relacionado con una actividad especialmente grave desde la
perspectiva de los bienes jurídicos a proteger, carácter que reúne el
tráfico pero que no tiene en sí mismo el consumo en lugares públicos
-decía yo entonces en esta Cámara-. En consecuencia nos parecía que
podía afirmarse que la sanción de la tenencia para el consumo, sea
éste en lugar público, sea éste en lugar privado, carece de
justificación objetiva y razonable, lo que la convierte en arbitraria
y, por tanto, desde nuestro criterio, prohibida por el artículo 9.1
de la Constitución, tanto si procede de la interpretación judicial,
como si procede de la obra del propio legislador.
Todo ello, señorías, lo vinculaba yo entonces a la tenencia ilícita
en relación con la Ley de seguridad ciudadana, es decir, con los
bienes jurídicos que la Ley de seguridad ciudadana protege. Podría
haberse hablado, y el legislador podría perfectamente hacerlo, de una
tenencia ilícita en otros ámbitos o protegiendo bienes jurídicos
distintos, como podría ser la tenencia en relación con la utilización
sanitaria, el comercio, la investigación científica o la docencia,
pero creemos que estos ámbitos exceden, repito, de lo que es el
objetivo de la Ley de seguridad ciudadana.
Cuando hablamos de consumo público, hay que buscar dos claves.
Primero, cuál es el bien jurídico protegido para considerar
sancionable esta conducta, y la primera es que no lo es ni el buen
gusto ni ningún tipo de moralidad, o moralina en este caso, sino más
bien una suerte de tranquilidad ciudadana que creemos que sí existe
respecto de determinados consumos, pero que exigiría definir qué es
lugar público. No es lo mismo que una persona de mi edad líe unos
canutos en una cafetería a que un grupo de chicos jóvenes se estén
inyectando en un parque calificado como público. Creemos que el bien
jurídico protegido de tranquilidad ciudadana no padece en ambos casos
y por eso sí haríamos un llamamiento a que la definición de lugar
público sea precisada de una forma distinta para limitar el ámbito de
lo sancionable conforme a este precepto.
Creemos que también es fundamental hacer un uso imaginativo del
derecho, de tal forma que no sea, como se ha manifestado por los
proponentes de la iniciativa, la reprensión, la mera multa, lo único
que se pretenda al sancionar esta conducta. Cierto es que en materia
de infracciones administrativas no es exigible la rehabilitación
social, pero el punto segundo del artículo 25 habla de que las
sanciones impuestas en estos casospueden suspenderse si el infractor
se somete a tratamiento
de deshabituación. Es práctica habitual -en el ámbito de la
Administración vasca por lo menos, y así se hace desde la
Ertzaintza-, cuando se trata de jóvenes o de menores, sustituirles la
multa, que normalmente es pagada por sus padres, por la imposición de
determinadas medidas que, aun no previstas en la ley, pueden obtener
de una manera más fácil la finalidad que la ley pretende.
No estamos de acuerdo con lo que se afirma en alguna de las
iniciativas de que se trate simplemente con esta norma de reprimir el
consumo de drogas. La política de considerar sancionable estas
conductas en la Ley de seguridad ciudadana nos parece que para nada
es contradictoria con la idea de la información veraz, de los
mensajes transparentes y directos, de la intervención temprana de las
políticas educativas e, incluso, de las políticas de rehabilitación y
prevención de las recaídas e inserción social de los
drogodependientes, lo que ocurre no sólo en el ámbito administrativo
sino que incluso vienen exigiéndolo últimamente los tribunales. Es
todavía reciente la sentencia del Tribunal Supremo en la que se dice
que incluso respecto de las penas graves que exceden de los tiempos
penalmente previstos, el cumplimiento de la pena deberá hacerse en
establecimientos especialmente adecuados para la rehabilitación
social de los drogodependientes. De la misma manera que la sentencia
1.441, del año 2000, considera que determinados casos de tráfico o de
suministro no constituyen conducta delictiva cuando el suministro se
hace por persona allegada para aliviar de inmediato un síndrome de
abstinencia, también si se adquiere por un grupo de personas ya
adictas en cantidades menores y para una ocasión determinada, o
también los casos de convivencia entre varias personas que ya sean
drogadictas en el que alguno de ellos proporciona droga a otro,
propiciándose un consumo compartido, o también aquellos otros
supuestos en que por la mínima cantidad o por la ínfima pureza en
dosis pequeñas, siempre a título gratuito y entre adictos, es de todo
punto evidente que no ha existido riesgo alguno de expansión en el
consumo ilícito de esta clase de sustancias. Creemos que la
reprensión en materia con la drogadicción no existe, ni en el ámbito
penal y mucho menos en el ámbito administrativo. La conciencia social
de que se trata de conductas de adicción a sustancias más o menos
peligrosas según los casos, lleva a que lo educativo, lo preventivo o
lo rehabilitador prime en casi todas las políticas públicas,
repetimos, pero, hoy por hoy, desde la opción política a la que yo
represento no vemos tan claro el que sin más puedan desaparecer de lo
sancionable determinados consumos en lugar público. Sí estaríamos por
suprimir el párrafo que antes he indicado del artículo 25.1, también
por una definición de lugar público circunscrita a determinados
lugares y no a establecimientos en los que puedan reunirse personas
a consumir de manera privada determinadas sustancias, y también por la
imaginación en la utilización
del derecho, reprimiendo sólo lo que sea reprimible, pero
rehabilitando o poniendo medidas para todos aquellos casos en los que
sí sea posible, aunque estemos hablando del ámbito de lo
administrativo. Hoy por hoy, repito, nuestra formación política
prefiere que haya un estudio sensato y pausado de cual es la
circunstancia actual, que podría perfectamente radicarse en la
Comisión mixta que existe para el estudio de las drogas y que, aun no
teniendo estas competencias normativas, sí podría avanzar en un
estudio que posteriormente fuese presentado a la Cámara por distintas
formaciones políticas. Hoy por hoy, repito, lo que mi formación
política considera más sensato es abstenerse ante las iniciativas que
se nos presentan.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para la fijación de
posición, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida en relación con las iniciativas legislativas presentadas por
los dos miembros del Grupo Mixto.
Este problema que se plantea aquí hoy, aunque se reduce a eliminar o
a pedir la supresión de un artículo del Código Penal, es un debate
sobre libertades, y así lo va a enfocar esta diputada. Las drogas, y
digo las drogas, porque la droga es una utilización absolutamente
incorrecta, las drogas han sido elementos de integración social en
todas las culturas. ¿Cuándo aparece la droga como problema, señorías?
Lo señala la Organización Mundial de la Salud: cuando aparece el
abuso y el trasvase cultural. Tenemos que hacer un esfuerzo para
educar a la población en general y particularmente a los niños en la
escuela, en la cultura del consumo responsable para evitar las
conductas abusivas en este tema como en otras cuestiones. Ahora bien,
es curioso que sabemos convivir perfectamente con las drogas legales,
véase la propia, el alcohol, que es la droga que desde hace mucho
tiempo genera mayor gasto sanitario, mayor número de accidentes de
tráfico, mayor absentismo laboral, mayores patologías asociadas en el
ámbito familiar y por ende en el ámbito social, convivimos
perfectamente con esta droga sin plantearnos ningún problema.
Cualquier persona que abusa puede en cualquier momento chocar con
nuestros intereses y hay una tolerancia social porque es una droga de
nuestra cultura. Este artículo es arbitrario, porque viola el
principio de igualdad, ¿por qué al señor que le gusta beberse
güisquis puede hacerlo donde la plazca, cuando le plazca y a la hora
que le plazca, y al que prefiere fumarse un canuto de cannabis
-droga, por cierto, muchísimo menos peligrosa, por no decir
beneficiosa
en muchísimos aspectos- se le sanciona por consumir en público? Y, lo
que es peor aún, señorías -y ésta es una reflexión que a mí me
gustaría que el Partido Popular se la tomara muy en serio-, con este
tipo de políticas represivas no solamente fomentamos el consumo de
drogas, sino que cambiamos la tendencia, y voy a poner un ejemplo muy
concreto, con el ánimo de que SS.SS. entiendan el interés de esta
diputada en que vayamos avanzando y vayamos planteándonos otros
caminos, porque las políticas represivas ya nos han dicho a dónde
hemos llegado. Con esto de sancionar el consumo de drogas en público,
el Ayuntamiento de Madrid, a través de su alcalde, sacó un bando
diciendo que iba a sancionar a todos los drogadictos que fueran
sorprendidos en la calle en esta situación. Primera cuestión, es
absurdo plantearse que un drogadicto va a pagar una multa. Pero lo
más grave es que se sancionan los locales públicos, bares, pub,
etcétera, donde se consume hachís, porque el hachís huele, y el
hachís es una droga natural. ¿Saben ustedes lo que hacen los chavales
jóvenes cuando la Policía interviene, les pone delante de su papá,
multa al bar donde le han pillado fumando un canuto? Ala semana
siguiente no se fuman un canuto, directamente se meten una droga
química o de diseño para el cuerpo, y eso no es sancionable porque
eso nadie puede valorarlo.
Yo creo que en las cuestiones en las que todos tenemos mucho interés
en profundizar en políticas que nos hagan avanzar y llegar a mejorar
la situación, como es en el tema de la droga, todo lo que no es
bueno, señorías, es malo; así de claro. Cualquier error en las
políticas de droga, en las publicitarias, todo lo que no es bueno es
malo, es incentivador. El debate que a mí me interesa es el de las
libertades; no me interesa este debate de la arbitrariedad: los del
alcohol, sí; los del cannabis, no. En materia de drogas, los
esfuerzos hay que centrarlos en la prevención, en la rehabilitación y
en la reinserción social. Seguir satanizando a determinados
consumidores de drogas mientras no se puede satanizar a los que
consumen cocaína o heroína... Claro que los de la heroína se satanizan
solos porque es una droga que viola el principio de la propiedad
privada en la que se basa este sistema, de modo que saltamos contra
la heroína lo primero; los toxicómanos que dependen de la heroína
tienen que recurrir trágicamente al robo y a convertirse en
delincuentes para poder mantener su hábito.
Sin ánimo de cansarles, no hay nada más absurdo que la pretensión de
cobrar sanciones administrativas a un politoxicómano -si exigiéramos
la evaluación de estas políticas, quedarían totalmente en evidencia-
y, además, no hay nada más cínico que permitir que las drogas
propias, las de nuestra cultura, no sean satanizadas y que lo sean
sin más las drogas que han llegado aquí producto de un trasvase
cultural.Hablando del cannabis, hay investigaciones clínicas de hace
más de doscientos años que demuestran que tiene efectos terapéuticos
beneficiosos para la salud de las personas y para procesos
concretos, como los depresivos, cancerosos, sida, etcétera.
Va llegando el momento de que este Parlamento, y por supuesto la
Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas, se atreva, en beneficio
de las víctimas a las que además les imponemos el plus de
condenarlas, ponerles multas y perseguirlas, a abrir nuevos debates
que nos permitan encontrar nuevos caminos y reencontrarnos con las
víctimas de las drogas.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para fijar nuestra posición respecto a las
proposiciones de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario
Mixto.
Quiero señalar, en primer lugar, que desde el Grupo Parlamentario
Catalán podemos compartir muchas de las razones y una gran parte de
las motivaciones que los proponentes nos han dado para justificar la
supresión del artículo 25 y concordantes de la Ley Orgánica 1/1992,
también llamada Ley Corcuera.
La norma legal cuya supresión se nos propone se justificó en su día
-y me remito al «Diario de Sesiones»- como una medida para disuadir
del consumo de drogas, en especial del consumo público de las mismas.
También se dijo que sería una medida beneficiosa para los
consumidores porque se pensaba que, al ofrecerles la posibilidad de
suspender la sanción si se sometían a un proceso de desintoxicación,
entrarían en contacto con el sistema asistencial e iniciarían
procedimientos de deshabituación. Coincidimos con lo que aquí se ha
dicho y admitimos que la norma, en su ejecución y en su
comportamiento, se ha revelado ineficaz de una manera general en la
consecución de los objetivos que pretendía. En su aplicación ha
evidenciado, además, numerosas tensiones, problemas y contradicciones
que ya se han puesto de manifiesto en esta Cámara con ocasión de
otros debates y que no voy a pormenorizar, entre los que quisiera
resaltar que es una norma perversa que convierte en drogodependientes
a meros consumidores, los cuales, para eludir la sanción que se les
impone, acuden a un centro de deshabituación que en muchas ocasiones
no puede realizar un tratamiento porque no existe ninguno para un
consumidor ocasional. Una norma, por lo demás, que no distingue entre
sustancias y que no cumple siquiera -estamos en desacuerdo con lo que
se dice en la exposición de motivos de una de las iniciativas que
estamos debatiendo,menos con lo que ya se ha dicho desde esta
tribuna-
con la pretendida finalidad recaudatoria porque las multas, en la
gran mayoría de los casos, se imponen a personas que son insolventes.
Es cierto, por otra parte, que en este tema de las drogas hoy en día
hay una opinión ampliamente consensuada en distintos sectores de la
sociedad implicados en la lucha contra las mismas que considera que
las sanciones a los consumidores se han revelado absolutamente
inútiles e ineficaces para disuadir de su consumo, y que el esfuerzo
de las administraciones para lograr esta finalidad debe orientarse
hacia la prevención, dando información específica acerca de los
efectos que se derivan del uso de estas sustancias, de todas,
incluidos el alcohol y el tabaco y también hacia la prevención, dando
información y lanzando un mensaje educativo que fomente la
responsabilidad de las personas.
Por todo ello, reitero, el Grupo de Convergència i Unió comparte la
mayor parte de las razones que los grupos proponentes nos han dado.
Ahora bien, desde nuestro punto de vista es imperativo abordar la
modificación de la normativa legal cuya supresión se nos está
proponiendo teniendo en cuenta dos requisitos esenciales. El primero
de ellos es que la derogación o supresión del artículo 25 y
concordantes de la Ley Corcuera venga como consecuencia de una
propuesta global de medidas de las que se desprenda claramente un
mensaje educativo que transmita la preocupación por el consumo de
estas sustancias, así como las pertinentes medidas de prevención,
formación e información acerca de las mismas y de sus efectos. No
hacerlo así, abordar únicamente la supresión del artículo 25
desgajado de una propuesta global en la que se digan las medidas que
sí consideramos eficaces, puede suponer lo que los americanos
denominan enviar o emitir un mensaje equivocado, porque puede los
ciudadanos puedes percibir esta derogación como que se está valorando
positivamente el consumo de estupefacientes, lo que podría llegar
incluso a incentivar este consumo. Este sería el primer requisito: no
supresión únicamente, sino cambio de la norma ineficaz por medidas
eficaces.
El segundo requisito que consideramos imprescindible es que este tema
debe abordarse desde el consenso de todas las fuerzas políticas. El
mensaje que debemos dar debe ser una propuesta no sólo global, sino
también consensuada y el lugar adecuado para formular esta política
es, a nuestro parecer, la Comisión Mixta para el Estudio de las
Drogas. Este es justamente el objeto y la razón de la existencia de
esta Comisión: elaborar una política global y de consenso en estas
materias tras el debate de las mismas, debate que, además, ha
comenzado ya a producirse en dicha Comisión en donde justamente hace
escasas fechas nuestro grupo parlamentario ha solicitado la
comparecencia de miembros de la Plataforma Nacional para la
Normalización del Uso del Cannabis, para informar sobre la situación
y problemática de los consumidores de marihuana. Propuesta global
y elaborada desde el consenso.
En Cataluña este es un tema que de forma conjunta todos los partidos
políticos ya se están planteando. Todas las fuerzas políticas
representadas en el Parlament de Cataluña, incluido el Partido
Popular de Cataluña, han aprobado conjuntamente una proposición no de
ley que suscribe en su integridad la mesa de acuerdos para una
política consensuada en drodependencias, acuerdos que incluyen el
estudiar la supresión de este artículo 25 pero no desgajado, sino
junto a otras propuestas para hacer más eficaz la lucha contra la
droga. Y es desde esta apreciación de la necesidad de ir todos juntos
y con propuestas globales y no parciales desde donde afrontamos hoy
estas proposiciones de ley cuyo contenido final podemos compartir,
pero no en la forma en que hoy se presentan.
Por todo ello, señores Aymerich y Saura, hoy nos vamos a abstener
-sabemos que las iniciativas no van a ser aprobadas- a la espera y en
la confianza de que salga de la Comisión Mixta de la droga una
propuesta que aborde este tema de una manera global y que pueda ser
objeto del apoyo de todo el arco parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la fijación de su
posición, tiene la palabra la señora Varela.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy vuelve a esta Cámara el debate sobre el artículo 25 de
la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana.
El pasado 13 de abril de 1999 el Grupo Mixto propuso a esta Cámara la
modificación del mencionado artículo y hoy, un año y pico más tarde,
el Grupo Mixto vuelve a proponer para su toma en consideración, a
través de dos proposiciones, no ya la modificación sino la supresión
total del artículo 25 de la citada ley orgánica.
Quiero comenzar recordando a SS.SS. que cuando se tramita el proyecto
de ley de seguridad ciudadana la situación de represión del tráfico
de drogas en España tenía varios problemas. Un primer problema
radicaba en que ni el legislador español ni la jurisprudencia del
Tribunal Supremo eran partidarios de someter a sanción penal a los
consumidores de drogas; así, la reforma en 1983 sancionó en el propio
Código Penal la situación preexistente de no incriminación. Pero esto
acarreaba problemas, ya que el tráfico permanecía en muchos casos sin
castigo al quedar disfrazado ese pequeño tráfico como si fuera para
consumo.
Un segundo problema consistía en que el consumo en público generaba
un rechazo hacia los toxicómanos. Ese rechazo se trasladaba a los
centros de atención que eran, por cierto, recibidos con hostilidad
por los vecinos y eran percibidos como una amenaza para la salud de
la comunidad. La Ley de seguridad ciudadana esta-
bleció una sanción administrativa que le permitió a España cumplir
sus compromisos internacionales de sancionar el consumo de drogas de
acuerdo con su derecho interno, establecido en varios convenios y
convenciones internacionales.
Existen unos compromisos legales adquiridos por España. Podemos
recordar la Convención única de 1961, que en su artículo 33 establece
que las partes sólo permitirán la posesión de estupefacientes con
autorización legal; el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de
1971, donde se establece que se limitará la posesión de las
sustancias incluidas en su ámbito de aplicación a fines médicos y
científicos y que las partes adoptarán todas las medidas posibles
para prevenir el uso indebido de sustancias; la Convención de
Naciones Unidas de Viena de 1988, que en su artículo 3.2 establece
que cada una de las partes adoptará las medidas necesarias para
tipificar como delitos penales, conforme a su derecho interno, cuando
se cometan intencionadamente, la posesión, la adquisición o el
cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo
personal.
Tengo que añadir, señorías, que la Ley de seguridad ciudadana redujo
muy notablemente los consumos más escandalosos y los percibidos como
amenaza para la sociedad, disminuyendo también el rechazo hacia los
centros de atención. Es necesario añadir que la mencionada ley tuvo
efectos positivos hacia el colectivo de consumidores, incitándoles a
establecer contacto con el sistema asistencial mediante suspensión de
la sanción si se entraba en un proceso de deshabituación. El artículo
25 de la ley tuvo un importante efecto positivo en la opinión pública
al disuadir de la práctica de consumo escandaloso, con un fuerte
impacto en la sensibilidad ciudadana, que atribuía a los toxicómanos
una imagen social que dificultaba su atención y reinserción social.
A pesar de dicho efecto positivo, el Grupo Parlamentario Socialista
es capaz de examinar algunos problemas que se evidencian en la
aplicación posterior de la ley. En primer lugar, nos encontramos con
la criminalización de los toxicómanos. Efectivamente, en los últimos
años el número de detenidos por cuestiones relacionadas con las
drogas ha ascendido y sin embargo desciende el número de
procedimientos judiciales por tráfico de drogas; cada vez se producen
más detenciones sin que luego den lugar a un procedimiento. Hay que
reconocer que las 50.000 pesetas mínimas con las que en la ley se
sanciona el consumo o tenencia pública parecen desproporcionadas para
una simple tenencia de sustancias que causen un daño menos grave a la
salud y que en la práctica dificultan la ejecución material de la
misma sanción que se impone normalmente a un colectivo que
generalmente se declara insolvente. En la actualidad los que abonan
el importe de las sanciones son los padres de los menores de edad
que, dicho sea de paso, reciben un doble castigo ya
que, por un lado, sufren el problema de la drogadicción del hijo y,
por otro, tienen que sufragar el importe de la sanción.
Otro problema del referido artículo 25 es el de la no discriminación
entre sustancias. Ello conlleva dos problemas añadidos: uno, que en
la inmensa mayoría de los casos se aboca a la interposición de la
sanción mínima, sea cual sea la sustancia intervenida, y, otro, que
se crea problemas al sistema asistencial ya que la sanción no podrá
suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de
deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado. Al no
distinguirse entre sustancias, se impide tratar de manera adecuada
situaciones muy distintas de consumos muy diferentes con efectos
también diferentes, ya que no se puede entender, por ejemplo, que se
aplique el mismo tratamiento para un fumador de hachís que para un
heroinómano.
El cuarto problema es el de no haber protocolizado en su día,
mediante acuerdos con las comunidades autónomas, cómo debe entenderse
realizado este sometimiento a un tratamiento de deshabituación, que
normalmente se considera imprescindible en los casos de adicción a
drogas que causen un daño más grave a la salud. Tampoco debe hacerse
la regulación de los programas mediante reglamentos de la
Administración sancionadora, sino que deben quedar bajo la exclusiva
responsabilidad del sistema terapéutico.
Señorías, las proposiciones no de ley presentadas hoy en esta Cámara
tratan no de modificar sino de dejar sin contenido, de suprimir el
artículo 25. Entendemos que quizás el espíritu de estas proposiciones
sea el de eliminar el que sea sancionable la tenencia de pequeñas
dosis de estupefacientes para consumo personal, pero se propone la
supresión total del artículo. Pues bien, el artículo 25 sanciona dos
actos diferentes: el consumo de estupefacientes en lugares públicos y
la tenencia ilícita de drogas. El Grupo Parlamentario Socialista
considera que retirar todo el artículo y dejar vía libre para que los
toxicómanos vuelvan a la situación anterior de poder consumir drogas
ilegales en cualquier lugar no es procedente en este momento, máxime
cuando está admitido y aceptado socialmente, por poner un ejemplo, la
prohibición de fumar en determinados lugares públicos. El Grupo
Parlamentario Socialista entiende que no se debe modificar
profundamente la ley porque es necesario mantener el espíritu de la
misma. El consumo público debe seguir sancionándose y, del mismo
modo, comprendemos que la tenencia de pequeñas cantidades para el
consumo privado no debe ser sancionable, ya que el problema de la
drogadicción no se soluciona con sanciones sino, más bien con
prevención y rehabilitación. El problema del consumo ilegal de drogas
se soluciona con medidas preventivas y asistenciales, no con medidas
represivas. Además, la lucha contra el narcotráfico tiene que ir por
otros caminos más duros, si hace falta, pero no por el camino de
sancionar esa tenencia minúscula para consumo privado. Por
poner otro ejemplo, para que sea más entendible, sería paradójico
instalar narcosalas para que los toxicómanos puedan ingerir sus dosis
en condiciones sanitarias adecuadas y, al mismo tiempo, que a la
entrada de las salas la policía los detuviese y sancionase esa
tenencia de drogas que, lógicamente, el toxicómano tiene que llevar
encima; es totalmente ilógico.
Para ir terminando, señorías, no compartimos la idea, como he
mencionado anteriormente, de la supresión total del artículo 25, por
lo que en esta votación nos vamos a abstener. Quiero anunciar ahora
que mi grupo presentará una proposición, o la Comisión Mixta para el
Estudio de las Drogas podría elaborar un estudio de modificación del
referido artículo, con el objetivo de que se puedan corregir los
efectos que la propia aplicación de la norma ha revelado. Mi grupo
presentará esa propuesta con el objeto de mejorar la eficacia y
eficiencia de la norma, corrigiendo alguna de sus aplicaciones
negativas e incentivando sus objetivos globales, como son: motivar a
los consumidores de drogas a cesar en sus consumos e iniciar
tratamientos sin criminalizarlos en modo alguno, disminuir los
consumos que son más vividos por la comunidad ciudadana como una
agresión y disminuir el rechazo social a los toxicómanos. Esa
modificación se hará con el objetivo de mantener el punto de
equilibrio que la legislación y la jurisprudencia española han
defendido siempre.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora
Varela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición, tiene la
palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, iniciaré mi intervención anunciando el
voto contrario del Grupo Parlamentario Popular a la toma en
consideración de las dos proposiciones no de ley formuladas por los
señores Aymerich y Saura.
En cualquier política sobre drogodependencias, sobre todo desde el
ámbito de la seguridad ciudadana, son dos los principios que informan
el ordenamiento jurídico: por una parte, está el de evitar el daño a
la salud del drogodependiente y, por otra parte, el de garantizar la
seguridad ciudadana y preservar la salud pública en general. Estos
principios están recogidos en los convenios internacionales a los que
ha hecho referencia la señora Varela en su intervención. Así quisiera
recordar, como ella lo hacía, la Convención única de 1961, que sólo
permite la posesión de estupefacientes con autorización legal, y a
eso nos hemos comprometido al ratificar esta Convención; el Convenio
sobre sustancias psicotrópicas de 1971, que limita la posesión a
fines médicos y científicos, obligando a las partes a adoptar las
medidas posibles para prevenir el uso indebido de
estas sustancias y, por último, la Convención de Naciones Unidas,
hecha en Viena en 1988, que insta a las partes a adoptar las medidas
necesarias para tipificar dentro del ordenamiento jurídico interno
como delito la mera posesión fuera de los casos establecidos en los
dos convenios anteriores.
Las dos proposiciones no de ley que hoy estamos debatiendo postulan
la supresión del artículo 25; del artículo 28, párrafo segundo; del
artículo 29, párrafo segundo, y el archivo de los expedientes
sancionadores que se hayan incoado y que no estén todavía ejecutados.
Pretende, en consecuencia, que no se consideren como infracciones a
la seguridad ciudadana la tenencia ilícita de drogas tóxicas y
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estén
destinadas al tráfico; que no se considere infracción a la seguridad
ciudadana el consumo de estas mismas sustancias en lugares, vías,
establecimientos y transportes públicos; el abandono en dichos
lugares de los instrumentos o útiles empleados para su consumo y,
como decía, el archivo de los expedientes sancionadores.
Se han mezclado en el debate, no intencionadamente, conceptos
contenidos en el artículo 368 del Código Penal. Se ha hablado varias
veces de la distinción entre drogas que causan leve daño a la salud y
drogas que causan un grave daño a la salud. Yo creo que este no es el
debate. No estamos debatiendo el tratamiento penal del tráfico de
drogas, que es lo que recoge el artículo 369 del Código Penal, aparte
de la producción, la transformación industrial, etcétera, de lo que
es el orden jurídico-administrativo sancionador. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.) Porque si analizamos las cuestiones
de las dos proposiciones no de ley que se presentan respecto del
abandono de los útiles o instrumentos utilizados para el consumo de
las drogas, es cierto que dependiendo de las drogas, de las pautas de
consumo, de las formas de administración, hay circunstancias en las
que no se produce riesgo para terceros, ni siquiera alarma social.
Ejemplos hay de ello, pero también hay ejemplos de todo lo contrario.
Si pensamos en el abandono de las agujas hipodérmicas en parques
infantiles, en plazas públicas, en las playas de nuestro litoral,
todos sabemos que eso genera alarma social, riesgo para terceros. Son
conductas, desde nuestro punto de vista, plenamente sancionables. Yo
creo que la petición maximalista de ambos parlamentarios, en cuanto a
la derogación del artículo 25 en su conjunto, no es consciente de que
esta petición es algo que no resulta deseable para los ciudadanos.
Si nos referimos al consumo, efectivamente no comporta un nivel de
riesgo similar al del abandono de los útiles o utensilios, pero no
podemos pensar que sea una conducta indiferente ni que deba
desaparecer del ámbito tipificador y sancionador de la Ley Orgánica
1/1992 para la seguridad ciudadana. Lo ha dicho alguno de los
portavoces que antes han intervenido: se le estaría dando al consumo
de drogas tóxicas, de estupefacientes
o de sustancias psicotrópicas un carácter de normalidad -yo no
diría un carácter ejemplificador, pero sí al menos un carácter de
normalidad- del que no goza en la sociedad. Y todos somos conscientes
de las protestas y denuncias que formulan los ciudadanos, ya sea
individual o colectivamente, a través de los presidentes de las
asociaciones de vecinos, cuando detectan que en determinadas zonas de
nuestros pueblos y ciudades existen consumos habituales de estas
sustancias.
La simple tenencia nos lleva a hacer consideraciones de mayor
profundidad, consideraciones que se han hecho ya incluso
jurisprudencialmente, porque late siempre esa aparente contradicción
entre el orden penal y el orden administrativo sancionador. Es cierto
que en la ley orgánica hay alguna laguna u oscuridad puesto que se
sanciona el consumo en lugar público, pero el consumo privado de
estas sustancias no es sancionable ni administrativa ni penalmente.
¿Dónde está la diferencia entre lo que es tenencia ilícita y lo que
no es tenencia ilícita? La ley nos dice que la mera tenencia es
constitutiva de una infracción administrativa. ¿Esto implica una
inseguridad jurídica? ¿Implica una contradicción entre el orden penal
y el orden administrativo? ¿Implica que se pueda hablar de
inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley orgánica para la
seguridad ciudadana? El Tribunal Constitucional nos ha dicho ya que
no es así. Ha resuelto un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
contra este artículo y nos ha dicho que en absoluto es
inconstitucional puesto que no hay ninguna contradicción con las
exigencias del principio de legalidad. Es cierto que no identifica
cuáles son las sustancias que se deben de considerar o cuál es esa
tenencia ilícita, pero nos remite a otros órdenes legislativos,
a otras leyes, en concreto, a la Ley 17/1967, de 8 de abril, sobre
normas reguladoras de estupefacientes. El Tribunal Supremo también ha
tenido ocasión de decirnos que está perfectamente ajustado a derecho
la sanción de la mera tenencia, aunque se trate de escasas
cantidades. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el artículo
25.2 de la ley orgánica nos facilita un instrumento de prevención. Mi
grupo y yo mismo personalmente consideramos que el hecho de que la
sanción que se pueda imponer pueda ser sustituida por un tratamiento
no de desintoxicación sino de deshabituación, es decir, un
tratamiento para promover hábitos saludables, siempre que este
tratamiento se desarrolle en un centro debidamente acreditado, es un
elemento preventivo. Esta posibilidad que establece el artículo 25.2
de la ley orgánica significa la oportunidad que muchos padres tendrán
de que jóvenes que se están iniciando en los consumos puedan ser
perfectamente detectados y puedan saber cómo deben afrontar un
problema al que se están enfrentando sus hijos.
Señorías, estamos de acuerdo en una cosa. Hay un consenso, yo diría
que unánime, entre todos los grupos de la Cámara -y así lo han
manifestado todos los portavoces que han intervenido en este punto-
en que lo
importante es la prevención. Lo dice la exposición de motivos de las
dos proposiciones de ley que debatimos, y ahí estamos absolutamente
de acuerdo. De hecho, la labor de prevención que se está haciendo es
conocida por todos ustedes. El incremento presupuestario en políticas
de prevención es constante y ustedes saben además que la estrategia
2000-2008, que se ha aprobado recientemente, contempla las políticas
de prevención en la cúspide de la lucha contra los problemas
derivados de las drogodependencias. Ese es el camino por el que
debemos avanzar, pero yo creo que no debemos rechazar de una manera
tan amplia la sanción, la irregularidad administrativa que supone la
tenencia y el consumo de drogas en lugares públicos. Es algo que la
sociedad no admite. Les puedo decir que este viernes, en una reunión
con la Plataforma Galega contra el Narcotráfico, cuya insignia llevo
en la solapa, me decían que no entendían cuál era el verdadero
sentido de estas dos proposiciones. Realmente, las organizaciones no
gubernamentales que están cerca de este problema apuestan por
mantener la regulación administrativa de la sanción por el consumo de
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en vías,
lugares, establecimientos y transportes públicos. En consecuencia, mi
grupo, el Grupo Parlamentario Popular, va a votar en contra de la
toma en consideración de estas proposiciones no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la
proposición de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich,
Rodríguez y Vázquez, de modificación del artículo 25 de la Ley
Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 15; en contra, 162; abstenciones, 120.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la toma en
consideración de la citada proposición de ley.
Votamos, a continuación, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en relación
con la tenencia de drogas para el consumo propio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 11; en contra, 165; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la toma en
consideración de la proposición de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACTIVACIÓN
DEL PLAN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente
162/000153.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAD, SOBRE MEDIDAS
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA, EL CIERRE DE
LAS CENTRALES NUCLEARES Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
(Número de expediente 162/000084.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS QUE
PROMUEVAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICAY LA DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE
ENERGÍAMEDIANTE ELIMPULSO E INCENTIVACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
(Número de expediente 162/000120.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. Van a ser debatidas conjuntamente las siguientes proposiciones
no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso sobre activación del Plan de fomento de las energías
renovables; en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre medidas para la mejora de la eficiencia en el
uso de la energía, el cierre de las centrales nucleares y el fomento
de las energías renovables; y por último, la del Grupo Parlamentario
Socialista para que se adopten medidas que promuevan la eficiencia
energética y la diversificación de fuentes de energía mediante el
impulso e incentivación de las energías renovables.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, así como de las enmiendas, si las hubiere, a las otras
proposiciones no de ley, tiene la palabra el señor Gámir. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder continuar con el
debate.
Adelante, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a pedir la aprobación de esta Cámara para el Plan de
fomento de energías renovables preparado por el Gobierno del Partido
Popular. Entre nosotros y con un toque de complicidad, la verdad es
que
cuando hay tres proposiciones de ley seguidas no es demasiado cómodo
que a uno le toque defender la primera porque no va a decir la última
palabra, pero espero que la palabra que se diga les parezca
suficientemente justa porque realmente defiende un plan que es
coherente. (Rumores.) Un plan que tiene una cierta dificultad...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gámir, por favor.
Señorías, con el actual murmullo de la Cámara es imposible que se
pueda oír la intervención del diputado que está en el uso de la
palabra. Ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: El Plan de fomento de las energías renovables
en España ha sido ya entregado a todos los portavoces de los grupos
parlamentarios y ha sido ya presentado en el Parlamento, en la
Comisión de Economía, por el secretario de Estado de Economía,
Energía y Pymes. Aún más, la ministra de Ciencia y Tecnología hizo
también un resumen del mismo en el Senado, a propósito de una
interpelación sobre un punto concreto de dicho plan. Aunque sólo sea
por cortesía parlamentaria, volver a repetir una vez más en este
Pleno lo que ya se ha dicho en sede parlamentaria nada menos que dos
veces parecería un exceso de reiteración, por lo que la forma de
presentar este plan va a ser la siguiente. Voy a insistir en sus
puntos más básicos y voy a intentar presentar nuevas orientaciones,
nuevos enfoques a lo ya dicho en intervenciones anteriores y, como es
lógico, al mismo tiempo tendré que prestar atención a la fijación de
posición de nuestro grupo sobre las proposiciones no de ley de los
grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida.
Empezaré diciendo que lo básico de este plan es que busca que en el
año 2010 las energías renovables impliquen el 12,3 por ciento de toda
la demanda de energía primaria en España. Estamos en el 6,3 por
ciento, por lo que significa duplicarlo. Pues bien, lo que voy a
decir responde a un análisis novedoso que he estado haciendo estos
días. Plantea que España va a ser colíder en un plan de energías
renovables a escala europea. Sólo hay dos países en Europa que con
rango de ley han aprobado un objetivo en cuanto a energías
renovables, y esos dos países son Alemania y España. Aún más, el plan
alemán, que se puede decir que es más ambicioso en cuanto a
crecimiento porcentual que el español, al final plantea la meta de
que el 10 por ciento de todas las energías primarias sean energías
renovables, mientras el plan español se plantea el 12,3 por ciento
como meta. Y solamente hay otros dos países, Italia y el Reino Unido,
que por disposición no legal, de rango inferior, se han planteado al
respecto objetivos claramente menos ambiciosos que los de España. De
forma que en este caso sí podemos decir
que España es un país co-líder en cuanto al impulso que quiere dar a
las energías renovables en relación con los demás países europeos.
Este plan es también coherente con el resto de la política energética
del Partido Popular. Este tema es muy importante. Cuando el Partido
Popular planteó su decisión de no reducir los impuestos de los
hidrocarburos estaba fomentando las energías renovables. Yo pregunto
a SS.SS.: ¿Conocen alguna forma más eficaz de desincentivar las
energías renovables que bajar los impuestos de los hidrocarburos?
Porque al final el gran problema que tienen las energías renovables
son sus precios relativos. Si bajamos los impuestos de los
hidrocarburos bajan los precios de los hidrocarburos. A través de sus
efectos sobre el gas, la elasticidad de sustitución con las energías
no renovables, estamos dañando claramente las expectativas de
crecimiento de las energías renovables, como hacemos con los
biocombustibles y como haremos también cuando se discuta el gasóleo
doméstico en relación con la biomasa, etcétera. De forma que la
postura del Grupo Parlamentario Popular tiene la ventaja de su
coherencia y queda perfectamente conectada con la postura de
compensar a los sectores que han sufrido más por la subida del precio
del crudo, pero no por la vía de la reducción de los impuestos sino
por la vía de la renta directa. Si esta política es coherente con el
resto de la política energética del Partido Popular, también lo es
con otras dos partes básicas de su política, que son la política de
medio ambiente y la política de I+D.
En cuanto a la política de medio ambiente se refiere, los 6 puntos
que podemos ganar con las energías renovables implicarían hasta 36
millones de toneladas métricas de CO2 evitadas, en caso de que
sustituyan a la electricidad proveniente de carbón, y 14,5 millones
si es electricidad proveniente del gas. Como se ve, aunque no sabemos
exactamente cuál va a ser el impacto final, la política que se va a
realizar sobre energías renovables tendrá una repercusión
verdaderamente importante sobre el medio ambiente. También es
coherente con el plan de I+D+I del Gobierno popular, y en esta misma
tribuna destaqué que el año 2003 va a ser el primero en que España se
va a colocar en la relación investigación como porcentaje de la renta
nacional en el lugar que le corresponde para su estado de desarrollo.
Pues bien, este fuerte impulso que se va a dar por lo pronto de aquí
al 2003 al I+D+I es totalmente coherente con la política de energías
renovables, porque la materia prima de la política de energías
renovables es la innovación tecnológica. Si su gran problema son los
precios relativos, la innovación tecnológica es la que tiene que
hacer nuevos sistemas en su aplicación, en su D+I, y tiene que hacer
nuevos sistemas que hagan más competitiva esta energía en relación
con las energías más convencionales, como ha ocurrido, por ejemplo,
con la eólica y como puede ocurrir con las restantes, de forma que
engarzan las diversas piezas de esta política económica
entre sí y al mismo tiempo con un esfuerzo financiero
considerable. La verdad es que sería mejor proyectar las cifras en el
hemiciclo, pero quiero recordar la importancia y coherencia de doblar
la profundización de las energías renovables dentro de las energías
primarias. Hasta el 2006 -porque el plan será del 2004 hasta el 2010-
se van a utilizar 2,7 billones de pesetas, de los que 0,9 billones
corresponden a incentivos fiscales y primas al régimen especial. Por
cierto, estas primas al régimen especial no son una especie de
ecosubsidio, sino que responden a una fórmula polinómica y pueden
descender en el momento en que el resto de la política económica
apoye a las energías renovables. Si restamos estos 0,9 billones nos
quedan 1,8 billones de inversiones, incluyendo en ellos las
subvenciones a las biomasas, entre los que casi 0,3 billones son
inversión pública, de la que casi 0,2 proviene de la Unión Europea.
Es decir, nos movemos en una magnitud de cifras muy importante,
precisamente para conseguir un plan de tal ambición y, al mismo
tiempo, coherente todo ello, desde la política financiera hasta la
política de medio ambiente, la política de I+D y el resto de la
política energética, con los objetivos indicados en cuanto a las
energías renovables en España se refiere. Por ello pido a SS.SS. que
en este momento hagan lo que este plan no tiene, porque ha sido
conocido por esta Cámara y por el Senado pero falta ser endosado
formalmente por el Congreso, al que pido que lo vote favorablemente,
incluso como plan de mínimos, cuando se proceda a la votación de esta
proposición no de ley.
A continuación fijaré postura respecto a los planteamientos de las
proposiciones no de ley presentadas por otros grupos parlamentarios.
En la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista -lo diré como
siempre, sin ninguna acritud, con una frase que me recuerda a algún
famoso parlamentario de este hemiciclo- hay un problema de falta de
credibilidad. Cuando se acaba de apoyar la reducción de los impuestos
de los hidrocarburos es difícil ir más lejos en políticas de energías
renovables. Parece como si a veces la política energética del Grupo
Parlamentario Socialista fuera una especie de blanco móvil. Yo
recuerdo, cuando hace muy poco tratábamos el tema de los impuestos
sobre los hidrocarburos, que conté hasta siete posturas diferentes:
desde la del secretario general de que había que hacer una reducción
general a la que plantó el portavoz económico que decía que era una
especie de derecho móvil, lo cual llevaba a un precio fijo que
prácticamente desliberalizaba el sector. Pero todas ellas lo que
hacían al final era reducir el precio de los hidrocarburos por su
conexión a través del gas y afectaban negativamente a las energías
renovables. No tiene credibilidad, porque sea popular y haya
manifestaciones en la calle, estar diciendo con una mano que bajemos
los impuestos de los hidrocarburos y con la otra decir que aumentemos
el apoyo a las energías renovables, porque en el fondose está cayendo
en un problema de falta de credibilidad,
en un problema de contradicción. Lo comprendo porque hacer eso
es más populista, pero a veces ser más populista no es la mejor forma
de conseguir la mayor credibilidad en lo que se realiza. Por cierto,
hablando de cambios de postura, ¿cuál es la postura en este momento
del Grupo Parlamentario Socialista sobre las energías renovables?
Porque también nos empezamos a encontrar con un problema de cambio de
postura.
A finales de septiembre se defendió en esta Cámara por el Grupo
Parlamentario Socialista que lo que se debía hacer era llevar ese 12
por ciento, que es un objetivo tremendamente ambicioso, tremendamente
difícil de conseguir, al 17,5 por ciento. Esto se defendió, se
argumentó en contra y se podía haber profundizado en dicha
argumentación: si aproximadamente se requieren 1,7 billones de
inversión para conseguir el 12 por ciento y para incrementar 6
puntos, para incrementar casi 12 puntos y pasar del 6 al 17,5 por
ciento se requerirían 3,4 billones de pesetas. Es algo
extraordinariamente difícil. Si ya es difícil conseguir la
financiación del 12 por ciento, conseguir el 17,5 por ciento no tiene
credibilidad. Pero de pronto nos encontramos con que en esta
proposición no de ley ha desaparecido ese objetivo y uno no puede por
menos de hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que ocurre en la
política energética del Grupo Parlamentario Socialista? Cuando
hablamos de impuestos sobre los hidrocarburos su planteamiento cambia
de día en día, y empieza a ocurrirnos lo mismo cuando hablamos de su
postura en relación con las energías renovables, pues lo que plantean
en algún momento es que crezca el objetivo al 17,5 y en una
proposición no de ley plantean otros temas. ¿Cuáles son esos temas?
Los que plantean en esta proposición no de ley, si no fuera por
ciertos adjetivos y frases que aparecen en la exposición de motivos,
parecería en parte un apoyo a la política del Partido Popular, porque
lo que vienen a proponer es desarrollar la normativa de las
instalaciones energéticas renovables. De acuerdo. Eso quiere decir
que apoyan el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. Es
decir, lo que se está pidiendo es lo que se está haciendo. O
plantean, por ejemplo, que hay que incentivar el uso de las energías
renovables en consumidores y empresas. De acuerdo. Parece que están
apoyando lo que acaba de hacer precisamente el IDAE: realizar una
convocatoria para la concesión de ayudas a la energía solar térmica
de baja temperatura. También dicen en su proposición no de ley que
hay que tomar medidas de actuación ejemplar por parte del Gobierno.
Han sido varias, la última la inauguración el pasado 21 de
septiembre, en los jardines del complejo de La Moncloa, de una
pérgola fotovoltaica que es una de las de mayor potencia de España.
De manera que, insisto, si no fuera por la contradicción de su
postura, que no sabemos cuál es, y por algunas frases que están
manifestando, así como ciertos adjetivos y expresiones, parecería que
lo que se desprende
de la última versión del Grupo Parlamentario Socialista es un apoyo a
la política del Partido Popular. No sabemos lo que ocurrirá en la
siguiente.
Paso a un análisis del planteamiento de la fijación de postura frente
a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Tengo que decir lo que he dicho otras veces: desde
el mayor respeto, el mayor desacuerdo. Es lógico. Ustedes parten de
principios ideológicos diferentes y es normal que lleguen a
conclusiones distintas y, como es lógico, no tienen ustedes el mismo
problema que el Partido Socialista. El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista decía hace poco en la Comisión de Economía
que consideraba que su partido era más liberal que el Partido
Popular. Ustedes no tienen esas pretensiones y, como no las tienen,
su planteamiento, como es lógico, va a ser diferente y les comprendo,
pero comprendan también que el Partido Popular tenga un planteamiento
diferente al suyo. Ustedes, por ejemplo, plantean la desaparición en
pocos años de todas las centrales nucleares, algo que tiene una gran
carga ideológica por su parte, pero la postura del Partido Popular
está relacionada con lo que hoy existe en Europa. Es decir, la media
de la energía nuclear en Europa implica la tercera parte, el 30 por
ciento de toda la energía primaria, cifra en la que se encuentra
España, con una moratoria además que muchos países de Europa no
tienen y con el sistema del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo
informe negativo es vinculante. Es decir, España plantea unas
cantidades de energía nuclear, dentro de la mix de energía, que son
comparables con las de Europa, con un sistema de seguridad muy
marcado al respecto. Es lógico que en el planteamiento que ustedes
hacen no entren en el costo económico o de empleo o en los problemas
medioambientales que pueda plantear su propuesta o en el desarrollo o
subdesarrollo español. Ahora bien, yo les pediría que cuando pongan
ejemplos de otros países, que es la parte documental de su moción, lo
hagan de manera más completa, porque en este momento a escala mundial
el dato es que están incrementándose las unidades de energía nuclear.
El dato es claro al respecto. Pero aún hay más. Hablando de Suecia,
desde el referéndum que tuvo lugar en 1980 no se ha cerrado más que
una unidad de una central y, según un reciente estudio del organismo
de las Naciones Unidas especializado en esta problemática, una
encuesta demuestra en este momento que casi el 80 por ciento de la
población sueca ha cambiado de opinión. Dicen que en Estados Unidos
no se van a ampliar las centrales nucleares. No, pero se está
planteando darles 20 años más de vida útil, esto es pasar de 40 a 60
años, y eso es como ampliarlas en un tercio. Dicen ustedes que la
opinión pública de España está más en contra de la energía nuclear
que otras opiniones públicas europeas y llevan razón. Pero la
pregunta es: ¿Es que hay que gobernar a golpe de encuestas? Ustedes
han sido el partido del programa, programa, programa. El Partido
Popular se presentó con un programa a estas elecciones y con dicho
programa, que incluía la política energética, consiguió la mayoría
absoluta. Su obligación en este caso es convencer a la opinión
pública de que su postura sobre la energía nuclear, que repito que no
es una postura muy clara a favor de la misma, sino de control, de
moratoria y de buscar la seguridad al respecto, es perfectamente
razonable. El Partido Popular tendrá la evolución que pueda tener al
respecto, pero, como es lógico, lo que no se puede hacer es gobernar
-porque entonces habríamos acabado con las ideologías en los
partidos- diciendo que como las encuestas dicen esto es
automáticamente lo que se debe hacer. Por ejemplo, en relación con
las privatizaciones, tema del que algo conozco, las encuestas en el
año 1996 daban como resultado que, por pequeñas diferencias, la
sociedad española estaba en contra de las mismas. En este momento, el
resultado es que la sociedad española está claramente a favor de lo
realizado en privatizaciones. Luego a la opinión pública se le ha
podido influir con un buen hacer desde el Gobierno, que es una forma
de argumentar.
La señora PRESIDENTA: Señor Gámir, le ruego vaya concluyendo.
El señor GÁMIR CASARES: De acuerdo.
Por razón del tiempo, aunque ésta es una polémica indudablemente
importante, no voy a entrar en otras consideraciones. Ustedes son más
modestos, entre comillas, que el PSOE en su anterior propuesta. Piden
que el objetivo en vez del 12 sea el 15 por ciento. No están por el
17,5, parece que abandonado por el PSOE, pero están por encima del
12, aunque tampoco explican muy bien el porqué.
Acabaría -ya que me lo pide la señora presidenta- solicitando al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que, aparte de exponernos
su moción, tenga la amabilidad de explicarnos la serie de
contradicciones que tienen en su política energética. Sería
interesante que no se ciñera a su moción, sino que la introdujera en
lo que ha sido su política energética general. Con el mejor tono de
voz posible le digo que si nos explicaran simultáneamente las
contradicciones de su política energética y esa paradoja que
significa aquello del socialismo libertario, tendríamos hoy una de
las grandes intervenciones que quedaría plasmada en la historia de
este Congreso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para la presentación y defensa de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, así como de las enmiendas presentadas a las otras iniciativas,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez que se defienden en esta Cámara
iniciativas similares para fomentar el uso de las energías
renovables. A nuestro grupo parlamentario le parece que para que
nuestro país sea respetuoso con su entorno el camino a empezar,
porque realmente está en mantillas, es que se consuma la energía de
una manera responsable y que además esta producción de energía sea la
que necesita la sociedad, que dé satisfacción a sus necesidades sin
que aumente la contaminación y sin que pongamos en riesgo no
solamente la sociedad actual, sino las sociedades venideras.
Señorías, digo esto porque, a pesar de que el portavoz del Partido
Popular decía que el buen hacer puede llevar a que la sociedad cambie
de opinión, hace muchísimo tiempo que hay una cantidad impresionante
de campañas a favor del uso de la energía nuclear para la producción
de energía eléctrica y en nuestro país la ciudadanía se sigue
pronunciando en contra, y no creo que la incidencia que puedan tener
los grupos ecologistas sea tan grande como para que nuestra sociedad
cambie de opinión. Al contrario, con el paso del tiempo, señorías, se
ha ido afianzando el convencimiento en nuestra sociedad de que el uso
de la energía nuclear no es lo más acertado, y no solamente porque
las instalaciones nucleares sean un riesgo para la población, sino
porque tenemos que tener en cuenta que aún no se ha resuelto la
problemática de la gestión de los residuos de alta actividad que, hoy
por hoy, generan las centrales nucleares, y no se va a resolver
mientras no haya un compromiso del Gobierno con la sociedad de que no
se van a producir más residuos de alta actividad. Señorías, yo creo
que hay sucesos lo suficientemente significativos a todo lo largo y
ancho del mundo para que nuestra sociedad se reafirme cada vez más en
que el tener instalaciones nucleares es un riesgo que no se debe
producir. Por mucho que se diga que es improbable que puedan ocurrir
accidentes nucleares, se están produciendo, y se están produciendo en
lugares en los que el uso de las nuevas tecnologías y de la
tecnología punta daba a entender que era más difícil, menos probable
que ocurrieran. Podemos hacer referencia a Tökai Mura o, simplemente,
al submarino que tenemos anclado en la bahía de Gibraltar y que
estamos demandando que se lo lleven a tierras británicas.
Por lo tanto, señorías, yo creo que nuestra opinión pública lo que
tiene es información, aunque no toda la que tendría que tener, porque
si la tuviera toda todavía serían mucho más reacios a que se siguiera
utilizando este tipo de energía. Está claro que nuestra ciudadanía,
en este caso y en la mayoría, tiene una coherencia que nace desde el
momento en que dispone de información sobre la instalación de
centrales nucleares. Hay una situación en la que nosotros no queremos
caer, de ahí que hayamos presentado una iniciativa en los términos en
que lo hemos hecho. No podemos apagar la luz, no queremos que se
tenga que apagar, pero sí queremos que se empiece a funcionar de
forma distinta. Es necesario
y conveniente que se empiece no sólo a fomentar el uso de las
energías renovables para producir energía eléctrica, sino que es
imprescindible que se empiece a elaborar un plan de ahorro y mejora
de la eficiencia en el uso de la energía.
Como en todo, cuanto más se quiera por parte de la población y más se
les dé, más se seguirá demandando. No es necesario el alto consumo
energético que se produce en nuestro país, cuando con planes de
ahorro y eficiencia energética tendríamos que gastar mucha menos
energía. Sería mucho más fácil cerrar las centrales que más
contaminan e ir aumentando la producción por energías renovables. Hay
expertos que dicen que el porcentaje que se estableció en la ley de
regulación del sector eléctrico no alcanzará el crecimiento en la
creación de energías renovables o en la generación de electricidad
a través de las energías renovables si se sigue aumentando la demanda
energética. Por tanto, se hace imprescindible hacer este plan de
ahorro y mejora de la eficiencia en el uso de la energía. Se tiene
que empezar haciendo un plan que proponga que sean las instituciones
las que den ejemplo y que esté amparado por los fondos que se
destinen desde el Gobierno para que pueda llevarse a la práctica.
Además de esto, es necesario que se proceda a la clausura. Señorías,
no va a pasar nada si cerramos Zurita y Garoña, absolutamente nada,
porque son un peligro cada vez mayor para la sociedad. Cada vez son
más obsoletas, cada vez pueden tener más fallos y su seguridad cada
vez es menor. Creemos que es necesario que se empiece por el cierre
inmediato de estas dos centrales nucleares y que después se produzca
un cierre paulatino de todas las centrales nucleares en un período de
tiempo que nosotros proponemos no sea superior a los siete años; el
plazo sería negociable, pero con el objetivo de realizar el cierre en
un período no excesivamente largo.
Es necesario que se realicen planes de reindustrialización en las
zonas afectadas por las instalaciones de centrales nucleares. Todos
sabemos, y en el mapa de la instalación de las centrales nucleares se
ve perfectamente, que la mayoría de ellas suele estar en zonas
deprimidas, con escaso desarrollo económico y totalmente dependientes
de la instalación de la central nuclear, no dependientes en la
creación de puestos de trabajo, sino en las subvenciones que reciben
por ser municipios afectados por la instalación de centrales
nucleares. Sería necesario tomar en serio la diversificación del
desarrollo económico de estas comarcas para que sus ciudadanos
mantengan los niveles económicos que tienen en estos momentos y
puedan seguir viviendo con dignidad. Es necesario que haya voluntad
política para llevar a cabo el plan de fomento de las energías
renovables, y esa voluntad política se tiene que poner en práctica
manteniendo los apoyos económicos a las fuentes renovables. Además,
es necesario aumentar ese mínimo que establece el acuerdo de la Unión
Europea
del 12 por ciento hasta el 15 por ciento, y hacerlo en un período de
tiempo más breve, es decir, en el año 2007. Habría que redactar un
nuevo plan de fomento de las energías renovables que contemple esta
revisión al alza.
Señorías, es necesario que la ciudadanía se tome en serio el consumo
de energía eléctrica, pero hay que tomarse más en serio todavía cómo
se genera esa energía, dar la información a los ciudadanos para que
sean conscientes de cómo se puede contaminar o no, dependiendo de la
generación de la energía que se consume, y la necesidad no sólo del
ahorro por no encender la luz o no utilizar un determinado
electrodoméstico, sino poner al alcance de la ciudadanía aquellos
utensilios que sean más eficientes en el consumo energético. Para eso
es imprescindible que el Gobierno actúe.
Esta es la iniciativa que mi grupo parlamentario ha presentado, que
cree que si realmente el Gobierno tuviera voluntad política para
llevar a cabo estos planes, como el plan de fomento de las energías
renovables, no habría inconveniente alguno para que se aprobara en
esta Cámara. Pero es más, señorías, desconocemos, desde luego esta
portavoz desconoce el plan de fomento de las energías renovables que
ha presentado el Gobierno, que no sé ni cuándo lo ha presentado ni si
lo tiene a su disposición y, desde luego, no lo he visto en ningún
momento. Señorías, a esta portavoz no le ha llegado y no dispone de
él absolutamente para nada. Si no recuerdo mal, se aprobó a finales
del mes de diciembre junto con el mismo decreto que rebajaba las
subvenciones a las energías renovables. Es grotesco que se presente
un plan -del que no dispongo y no conozco- y, al mismo tiempo, se
reduzca la subvención a las energías renovables.
Señorías, la posición que mantiene mi grupo parlamentario con
respecto a la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista es de apoyo y cree que además complementa la propia
iniciativa que mi grupo parlamentario ha presentado. La única
enmienda que hemos planteado a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista dice que todas esas medidas para promover la eficiencia
energética y la diversificación de las fuentes de energía se recojan
-como planteábamos en nuestra propuesta- en un plan, puesto que nos
parece lo más adecuado para poderlas llevar a la práctica.
Con respecto a la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, como viene siendo habitual en esta Cámara, el partido que
apoya al Gobierno vuelve una y otra vez a decirle al Gobierno que
haga lo que dice que está haciendo; nos parece, cuando menos, que
está empezando a ser una tomadura de pelo para esta Cámara. Señorías,
no podemos continuar en esta situación. Desde luego, mi grupo
parlamentario no va a respaldar una iniciativa que le dice al
Gobierno que apruebe la estrategia de diversificación o que el
Congreso de los Diputados aprueba la estrategia del Gobierno sobre
diversificación energética. Desconocemos cuál es esa estrategia de
diversificación y, desde luego, desconocemos
cuál es el plan de fomento de las energías renovables. Lo
que está clarísimo es que dice: que se inste al Gobierno a la
activación completa de dicho plan en el más breve plazo posible. Se
supone que el plan preverá unos plazos y que el Gobierno tiene la
intención de cumplir esos plazos. Desde luego, el grupo parlamentario
que lo sustenta no lo tendría que poner en duda. En consecuencia,
señorías, nos parece muy bien que el Grupo Parlamentario Popular
utilice su capacidad de presentar iniciativas, pero este tipo de
iniciativas en las que insta al Gobierno a que haga lo que ellos
mismos dicen que el Gobierno ya está haciendo, creemos que es una
pérdida de tiempo en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señora presidenta, señorías, después de
escuchar al portavoz del Grupo Popular, parece que el plan de fomento
de las energías renovables se ha presentado hoy o ha nacido hoy, sin
embargo el plan de fomento de las energías renovables se aprobó por
el Gobierno anterior el 30 de diciembre de 1999, con los siguientes
objetivos, como bien ha dicho: que para el año 2010 el 12 por ciento
del consumo de energía eléctrica provenga de energías renovables,
desarrollar un nivel de inversiones de un billón 700.000 pesetas y un
nivel de ayudas públicas, entre subvenciones, incentivos fiscales y
primas, de 878.000 millones de pesetas.
El Grupo Parlamentario Socialista en este momento lo que pretende no
es hablar del plan, sino hacer un balance del plan, porque el plan
tiene ya una vigencia de un año y estamos en condiciones, después de
numerosas iniciativas parlamentarias de las que hemos obtenido
respuestas por escrito del Gobierno sobre la ejecución del plan, de
hacer el balance de un año, y en las respuestas que el Gobierno nos
ha dado a nuestras iniciativas nos hemos encontrado con el siguiente
panorama.
De las medidas fiscales que contemplaba el plan el Gobierno no
considera oportuno adoptar ninguna medida fiscal específica para las
energías renovables, y el marco que establece actualmente el impuesto
sobre sociedades, el IVA o el IRPF, es un marco satisfactorio
y positivo, en contra de lo que dice el sector de renovables y el
propio plan de fomento de energías renovables, que plantea medidas
fiscales específicas para incentivar las inversiones en energías
renovables.
Con respecto a las medidas normativas del plan, han adoptado una sola
medida, que es el real decreto de conexión a la red de la solar
fotovoltaica. Han adoptado este real decreto con dos años de retraso
y dejando flecos tan graves como los derechos de verificación que
todavía cobran arbitrariamente las compañías eléctricas. El resto de
medidas normativas está sin cumplir.
En cuanto a las medidas de eliminación de barreras financieras, el
Gobierno no ha adoptado ninguna medida de las previstas en el plan de
fomento de las energías renovables. Pero hay más en este balance. El
30 de diciembre del año pasado, el mismo día que aprueba el Consejo
de Ministros el plan de fomento, el mismo Consejo de Ministros
aprueba una rebaja de las primas a las energías renovables en un
ejemplo de incoherencia política. Ahora el Gobierno nos ha contestado
por escrito que no piensa modificar las primas hasta el año 2002 ni
redistribuirlas, como propone el propio plan de fomento, creando una
gran incertidumbre para el futuro del sector, que ve cómo ante la
inoperancia del Gobierno la propia Comisión Europea en estos momentos
puede eliminar todas las primas a las energías renovables. El
Gobierno ha suprimido de la tarifa eléctrica en el año 2000, y lo
plantea también para el año que viene, los programas de gestión de la
demanda para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, en otro
gesto de incoherencia política, y nos dice por escrito que no hay
intención de volver a incluirlos en la tarifa.
Con respecto al reflejo presupuestario del plan de fomento, sólo se
han consignado en los presupuestos 3.676 millones correspondientes a
la transferencia al IDAE, importe que no varía del año 2000 al 2001,
sin que sepamos qué reflejo presupuestario tienen los 878.000
millones de ayudas previstas y los 5.000 millones previstos también
para proyectos de innovación tecnológica. Cuando preguntamos al
Gobierno por los efectos del plan de fomento, nos responde que hasta
el año 2004 no se puede evaluar su grado de ejecución. Eso supone que
en esta legislatura no vamos a conocer ningún dato del desarrollo del
plan de fomento de energías renovables. Pero es que en algunas de las
respuestas que el Gobierno nos ha dado dan a entender que ni siquiera
se han leído sus propios compromisos. Así, cuando nos dicen que el
plan de fomento no cuantifica objetivos de empleo, y en la página 23
de ese plan de fomento habla de 200.000 empleos hasta el año 2010.
Otro de los objetivos que plantea el plan de fomento es la
disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera y el
cumplimiento de los compromisos de la cumbre de Kioto para no
incrementar esas emisiones en más de un 15 por ciento hasta el año
2010. Lo que el Gobierno nos ha respondido es que los compromisos de
Kioto sólo obligan a España a partir del año 2008. Ello explica cómo
el mismo IDAE en esta semana anterior nos ha informado que España
duplicará ese porcentaje pactado en Kioto para el año 2010. La
conclusión es que el Partido Popular está incumpliendo sus propios
compromisos, y al diferir cualquier evaluación del plan de fomento al
2004 o al 2008 demuestra también una falta de voluntad política para
apoyar las energías renovables. De no cambiar este panorama, el plan
de fomento será un gran fraude para el sector de las renovables y
también para la sociedad española.
En esta legislatura, en las comparecencias del Gobierno, no se ha
presentado específicamente el plan de fomento, a pesar de lo que dice
el señor Gámir. Sólo el secretario de Estado de Energía, el señor
Folgado, hizo una breve descripción del mismo en la Comisión de
Economía, once meses después de su aprobación por el Consejo de
Ministros. El plan no se ha repartido, como ha dicho ahora mismo la
portavoz de Izquierda Unida.
Hay algo más: la desaparición del Ministerio de Industria y el nuevo
organigrama del Consejo de Ministros ha creado un enorme barullo en
el sector ya que, mientras la política energética la decide el
Ministerio de Economía, los instrumentos para desarrollar esa
política están en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los recursos
en el de Hacienda y buena parte de los objetivos del plan dependen de
la gestión del Ministerio de Agricultura y del de Medio Ambiente.
El poco interés del Gobierno en este tema se demuestra también en el
proyecto de presupuestos para el año 2001 al rechazar la inclusión en
el mismo de medidas fiscales que se contemplan en el plan de fomento
para incentivar las inversiones destinadas a energías renovables,
tanto en el IVA como en el IRPF, y disminuir también las partidas
presupuestarias destinadas a programas de ahorro y eficiencia
energética. El mismo anuncio que ha hecho el Gobierno recientemente
de criterios para la tarifa eléctrica del año que viene, como la no
modificación ni aclaración a futuro del sistema de primas o la no
inclusión de los programas de gestión de la demanda, es otra
demostración de la incoherencia política y de la contradicción con lo
aprobado en el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 1999.
Para nuestro asombro, muchos de estos datos que estoy refiriendo aquí
están publicados en el boletín del IDAE del mes de octubre y en la
proposición no de ley del Partido Popular que, sorprendentemente,
insta a su propio Gobierno a cumplir con sus acuerdos y compromisos,
lo que no ha hecho en este año ya perdido para las energías
renovables. Todo un despropósito, una incongruencia y un
reconocimiento implícito del desinterés del Gobierno por la
diversificación, el ahorro energético y las energías alternativas. Un
reconocimiento del Partido Popular de que su Gobierno no ha tomado
este año ninguna medida seria para desarrollar el plan de fomento de
energías renovables.
Esta contradicción política no se puede arreglar sólo con una
proposición no de ley. España es el único país de Europa que no ha
reducido su grado de dependencia energética, que sigue siendo el más
alto de la Unión Europea; ahí sí que somos los primeros, importamos
el 70 por ciento de la energía que consumimos. Reducir esta
dependencia es uno de los objetivos del plan que el Gobierno está
incumpliendo.
Queremos decirle al Gobierno que cambie su orden de prioridades, que
se dedique menos a gestionar los nuevos monopolios del sector
energético y más a romper con dos círculos viciosos de los que
depende el futuro de las energías renovables en España. El primer
círculo vicioso es muy simple: por cada peseta que damos a las
compañías eléctricas en el recibo de la luz por los CTC, las
compañías se endeudan en dos pesetas más. Este círculo vicioso hay
que romperlo e insisto otra vez en que ojalá se tome el Gobierno el
mismo interés por la vigencia de las primas a las energías renovables
durante los próximos diez años que el que se ha tomado por los CTC en
Bruselas. El segundo círculo vicioso es el que describía el último
informe de la ONU sobre la energía en el mundo: la fuerte inversión
inicial que requiere la utilización de las energías renovables. En
ese informe se hacía un diagnóstico esperanzador que confío en que el
Gobierno escuche: la tendencia a la caída de costes de las energías
renovables; concretamente, un 20 por ciento cada vez que se duplica
el uso de la tecnología en renovables.
El incremento de la demanda de renovables repercute en un importante
descenso de su coste. Este hecho es el que mueve al Grupo
Parlamentario Socialista a instar al Gobierno a que priorice el
desarrollo de las medidas fiscales, normativas y financieras
contenidas en el plan de fomento de las energías renovables, y a que
financie los programas de gestión de la demanda y la reordenación de
las primas y su vigencia durante los próximos años. Por cada peseta
que dediquemos a las energías renovables, tendremos más competencia
en los mercados, menos dependencia energética, más calidad ambiental
y más innovación tecnológica.
No quisiera dejar de citar la pérgola fotovoltaica de La Moncloa,
inaugurada el 29 de septiembre, que seguramente se le habrá olvidado
al señor Gámir. Que esa sea la única acción ejemplar que el Gobierno
ha hecho en energías renovables en este último año, de la que se nos
da cuenta por escrito, resulta un poco gracioso. Como si La Moncloa
fuera el único edificio de la Administración pública. Yo le diría,
¿para cuándo la fotovoltaica, por ejemplo, en todos los colegios,
señor Gámir? Porque mientras la superficie de captadores solares por
habitante en España está en 8,7 metros cuadrados, en la Unión Europea
está ya en 20 metros cuadrados y los objetivos del plan de fomento
son 115 metros cuadrados. ¿Cómo se va a conseguir si no hay un
programa de acciones ejemplarizantes y no lo han desarrollado durante
este año?
Creo que en temas de energía no es bueno hacer gracias como las que
se hacían recientemente desde el Gobierno de que para ahorrar energía
no utilizáramos los coches; no es bueno hacer gracias porque estamos
tratando del futuro, de la calidad de vida de las generaciones que
seguirán a las nuestras, y por eso y por la responsabilidad que ello
entraña es por lo que pedimos la aprobación de esta proposición no de
ley.
Quisiera terminar fijando la posición del Grupo Socialista sobre las
proposiciones no de ley que han presentado los demás grupos. Hemos
presentado una enmienda a la proposición no de ley de Izquierda Unida
para que se modifique el punto número 2 de su proposición en el
sentido que voy a leer -y como se refiere a las centrales nucleares,
quiero leerlo expresamente-. Nosotros queremos que en la proposición
de Izquierda Unida se cambie el punto número 2 por el siguiente
texto: «A que proceda al cierre progresivo de todas las centrales
nucleares del Estado, con el horizonte de la próxima década, sin
sobrepasar en ningún caso el año 2018, buscando el máximo consenso
social y político posible. Acordado el cierre, proceder a la
redacción de un nuevo plan de gestión de residuos radiactivos, con el
máximo acuerdo político posible de los partidos políticos, los
sectores sociales y las organizaciones ecologistas.» Nada más y
muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García Breva.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a las distintas
proposiciones no de ley tiene la palabra, en primer lugar, por parte
del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego tiene presentadas dos enmiendas de
adición a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida sobre energías renovables que se fundamentan en un
acuerdo de principio, un acuerdo de partida con esta proposición no
de ley y, en menor medida -y ello fundamentará también nuestro voto
favorable-, con la del Grupo Socialista, porque consideramos que el
modelo energético ideal es aquel que sea limpio, que sea
ambientalmente sostenible, que sea autosuficiente y que sea
renovable, es decir, un modelo energético totalmente distinto,
totalmente alejado de los modelos energéticos reales; modelos como el
mix energético actual, que depende en gran medida de combustibles
fósiles, es altamente contaminante y poco eficiente. Para ello
consideramos que es necesario incrementar la participación de este
mix energético de las fuentes energéticas renovables -de acuerdo con
la Unión Europea, deberán ser de un 22 por ciento- y ahondar en
medidas orientadas al ahorro y a la eficiencia energética y a la
evaluación, prevención y corrección de los impactos ambientales
creados por el actual modelo, también de los creados por las nuevas
fuentes de energía renovables, necesitadas, desde nuestro punto de
vista, de una regulación adecuada con urgencia. Por ejemplo, en
Galicia la instalación de centros de producción de energía eólica
está creando problemas porque, a su manera, también contaminan y
compiten por el espacio con
otras actividades tradicionales como puede ser la producción
forestal, la ganadería o la agricultura, al margen de la
contaminación paisajística que suponen, y sobre todo también de
energías que tradicionalmente se consideran renovables como las
hidroeléctricas, pero que coincidirán conmigo en que tienen un
impacto sobre el entorno que desde luego las harían merecedoras de
una regulación más exigente.
Partiendo de estas consideraciones, la primera de las enmiendas que
planteamos a la proposición no de ley de Izquierda Unida pretende la
adición de un punto 5 para ahondar en el carácter ejemplarizante de
las administraciones públicas, y en particular de la Administración
general del Estado, para que en el horizonte del año 2010 la
Administración general del Estado disminuya un 35 por ciento su
consumo energético respecto de los niveles actuales, fijando para
estos efectos unos objetivos anuales de disminución de los que
anualmente también se informará al Congreso de los Diputados. La
segunda, la adición de un nuevo punto 6 a su proposición no de ley,
en la que se insta también a la Administración general del Estado a
utilizar su capacidad de compra para estimular la eficiencia
energética y la utilización de energías renovables, promoviendo a
estos efectos las reformas y desarrollos oportunos de la normativa
reguladora de la contratación pública. En este momento, la
legislación de contratos de las administraciones públicas carece
-salvo una orden ministerial del Ministerio de Medio Ambiente de la
legislatura anterior, que prácticamente no se aplica- de cualquier
consideración de tipo ambiental que sirva para dirigir en este
sentido la política de contratación pública y que la convierta en un
agente activo de promoción y de fomento del uso de las energías
renovables.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergènia i Unió), tiene la palabra el señor
Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán tomo la palabra para exponer nuestra
posición política respecto de las tres proposiciones no de ley que
nos ocupan y que, desde opciones muy distintas y matices relevantes,
tienen como objeto común la promoción y el fomento de las energías
renovables.
Nos encontramos ante una temática que supera las fronteras de un
debate meramente técnico o político, ya que la trascendencia de las
energías renovables se proyecta en múltiples frentes y escenarios,
tal como se han encargado de apuntar los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra. En ese sentido, las energías
renovables, por su naturaleza y por los beneficios que comportan a
toda la sociedad, interactúan en ámbitos
tan diversos y complejos como son los mercados energéticos, la
problemática medioambiental, el sistema económico, el empleo y la
generación de riqueza, la tecnología y la innovación, entre otros.
Estamos, pues, como digo, ante algo del mayor interés ciudadano, que
debe ser considerado desde la máxima prioridad por los poderes
públicos al objeto de su adecuada promoción, impulso y fomento. Esta
realidad adquiere una mayor relevancia en unos momentos en los que la
sensibilidad de la opinión pública mundial en relación con la
problemática del calentamiento del planeta, consecuencia del
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, es un
factor que en ningún caso se puede descuidar por parte de los
gobiernos y de las administraciones públicas de los países más
avanzados, entre los que afortunadamente se encuentra el nuestro.
La III conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático, más conocida como el protocolo de Kioto,
estableció en algo más del 5 por ciento la reducción global de las
emisiones de los seis principales gases de efecto invernadero en el
período 2008-2012, respecto a los valores del año 1990. Con
independencia de los resultados de la cumbre de La Haya,
recientemente celebrada y que todos podemos coincidir en que ha sido
un fracaso estrepitoso, es del todo imprescindible que el Estado
español impulse el fomento de las energías renovables, contribuyendo
con ello a la diversificación de las fuentes primarias para
garantizar la seguridad del suministro, la eficiencia en su
utilización y la protección del medio ambiente, junto a los
beneficios colaterales que comportará a diversos sectores y
subsectores de nuestra economía. Debemos tener en cuenta, además, las
obligaciones del Estado español en lo que se refiere a la
incorporación de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico
interno así como las nuevas normas comunitarias que, como es el caso,
por ejemplo, del proyecto de directiva relativa a la promoción de la
electricidad generada a partir de energías renovables en el mercado
interior de la electricidad, nos aportarán renovadas pautas con el
objetivo de hacer efectiva la previsión del incremento del 6 al 12
por ciento en lo que se refiere al consumo nacional bruto de energías
renovables.
Son muchas las razones, los beneficios y los requerimientos que nos
deben empujar a hacer un decidido esfuerzo en la línea de incrementar
la producción y el consumo de energías renovables, más allá de los
objetivos orientativos establecidos para la Unión Europea en su
conjunto y de la responsabilidad política y medioambiental que se
deriva de hacer frente a los perniciosos efectos e impactos de ámbito
regional o global sobre el medio ambiente que provoque el consumo
masivo de energías que tienen por origen fuentes fósiles. Una de las
razones que a nuestro entender es determinante, como ya se ha
reproducido anteriormente, es la peligrosa dependencia energética que
tiene el Estado
español, especialmente en lo relativo al petróleo y al gas, en esos
dos casos próxima al 100 por cien en ambos recursos. Precisamente
estos días los medios de comunicación nos han alertado del peligro
del colapso eléctrico que se nos avecina este invierno. Esperemos que
no se produzca, pero es verdad que hay un cierto peligro, debido al
estado de las infraestructuras eléctricas de transporte. Pero este no
es hoy el debate.
En este contexto, el Gobierno aprobó a finales del año pasado el plan
de fomento de energías renovables en España. Se trata, según nuestro
criterio, de un plan que, aunque adolece de algunos defectos y
lagunas, especialmente en lo relacionado con su financiación y con la
participación de las comunidades autónomas en la gestión de los
fondos públicos, creemos que responde, en líneas generales, a los
objetivos de la política europea en este ámbito, especialmente por lo
que se refiere al objetivo último de alcanzar el referido 12 por
ciento de consumo de energía primaria con energías renovables en el
año 2010. Aprovecho para constatar y reconocer las aportaciones de
las diferentes comunidades autónomas en las fases previas a la
elaboración del plan, participación que creemos que debería
prolongarse en el tiempo y materializarse en las diferentes fases de
desarrollo y aplicación del mismo. Haré referencia dentro de pocos
instantes a una enmienda que el propio Grupo Parlamentario Catalán ha
presentado a la proposición no de ley del Grupo Popular.
Desde la aprobación del plan por el Gobierno en el mes de diciembre
del año 1999, los grupos parlamentarios creemos que no hemos tenido
la oportunidad de ser informados en detalle de los planes del
Gobierno y de los ministerios afectados en lo que se refiere a su
puesta en marcha, desarrollo y planes sectoriales de implementación.
No obstante, desde nuestro grupo parlamentario somos conscientes de
que la disolución de las Cortes, el proceso electoral, la
constitución del nuevo Gobierno y el poco tiempo transcurrido en esos
dos escasos períodos de sesiones de la actual legislatura no han
constituido el mejor de los contextos para su abordaje. Esta
circunstancia se ve hoy parcialmente enmendada a través de la
sustanciación de las tres proposiciones no de ley presentadas por los
grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida. Se trata de tres
proposiciones no de ley con sustanciales diferencias entre sí, aunque
las tres persiguen el incremento de la producción de energías
renovables.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y más allá del primero de
sus apartados, con el que coincidimos y por lo que nuestro grupo
parlamentario ha presentado una enmienda en una línea análoga a la
proposición del Grupo Parlamentario Popular, creemos que en su
conjunto es una propuesta política incompatible con la situación
actual de la energía en España. Nuestra opinión es que el cierre de
las centrales nucleares no puede plantearse de este modo en el
momento
actual, en estos términos, con los crecimientos actuales, la demanda
eléctrica y la precariedad del parque de generación existente. Por
otro lado, los objetivos del plan de fomento de las energías
renovables ya son suficientemente ambiciosos para pretender ahora
aumentar hasta el 15 por ciento la producción energética con fuentes
renovables en el año 2007. Creemos, pues, que se trata de una
propuesta voluntarista pero poco realista, por lo que no podremos dar
nuestro apoyo.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista creemos
que en su conjunto no aporta ideas diferentes o nuevas con respecto a
las contenidas en el propio plan de fomento de las energías
renovables en España. Las medidas de la proposición no de ley
socialista ya están de alguna manera incorporadas en su conjunto en
el plan, aunque a partir de ahora va a corresponder al Gobierno
concretar mucho más sus actuaciones, al objeto de garantizar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo plan. Por esta
razón, nuestro grupo parlamentario tampoco apoyará esta iniciativa
parlamentaria.
En tercer y último lugar, con relación a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular nuestro grupo parlamentario entiende que
se trata de una propuesta con la que de alguna manera se busca dar
carta de naturaleza al plan aprobado en su día por el Gobierno,
respecto al cual esta Cámara hasta el momento y de una manera
integral no se ha manifestado, más allá del tratamiento singular y
muy parcial que se dio en su día en la Comisión de Economía, a lo que
se ha referido antes un portavoz de otro grupo.
Como he dicho anteriormente, valoramos el conjunto del plan como un
instrumento positivo aunque perfeccionable en algunos aspectos, por
lo que estamos de acuerdo con el primero de los dos puntos que
contiene. También lo estamos con el segundo, aunque la literalidad de
su texto no establece ningún compromiso explícito y concreto por lo
que se refiere a la activación temporal completa del plan. Sin
embargo, y atendiendo a nuestra voluntad política de intentar mejorar
y profundizar en el contenido de la parte dispositiva de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo
ha presentado tres enmiendas. Todas ellas, según nuestro criterio, la
enriquecen y a su vez creemos que no son contradictorias con las
líneas y los objetivos contenidos en el plan. La primera de ellas
hace referencia a la participación activa de las comunidades
autónomas en el despliegue del plan de fomento de energías
renovables. Nos parece que es del todo necesaria su responsabilidad
de acuerdo con el marco competencial vigente, debido a su
conocimiento de la realidad y del territorio sobre el que debe actuar
el mencionado plan. La segunda insta al Gobierno a presentar un nuevo
plan de eficiencia energética. Creemos que el actual plan, según
nuestra información, de ahorro y eficiencia energética finaliza este
año y no nos consta, al menos a mi grupo parlamentario, ninguna
previsión del Gobierno de impulsar otro plan que dé continuidad al
vigente actualmente. La tercera enmienda está referida a la necesidad
de que el Gobierno fomente e impulse un acuerdo de carácter
voluntario entre las diferentes empresas distribuidoras de
electricidad, al objeto de incrementar la producción energética de
origen renovable.
Mi grupo parlamentario cree que la implicación de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica en el aumento de la producción
energética de origen renovable es absolutamente determinante en el
contexto de la necesaria cooperación entre las empresas, el sector
productivo, las administraciones públicas y el conjunto de la
sociedad. Este planteamiento está contenido en el plan de fomento de
las energías renovables, aunque con un planteamiento teórico; hace
alusión a que se ha llevado a cabo en otros países, en concreto en
Francia. Yo creo que sería muy importante que el Gobierno del Partido
Popular incorporara esta variable en su nuevo plan.
Pensamos que estas tres aportaciones enriquecen el texto de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y
esperamos que el Grupo Popular tenga la sensibilidad suficiente para
considerarlas positivamente, al objeto de mejorar el conjunto de su
redacción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo, desde la óptica de las fuentes de aprovisionamiento
energético básico en el archipiélago canario, se congratula de las
iniciativas que han presentado hoy en esta Cámara los tres grupos
proponentes y las enmiendas que se han hecho acreedoras de estar en
el debate. Como bien ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, don Luis Gámir, España puede presumir jurídicamente en este
momento en el marco de la Unión Europea en materia energética de ser
uno de los dos países, junto con la República Federal de Alemania,
que tienen una disposición legislativa de mínimos e incluso superior
a la alemana, como se ha recordado -ellos el 10 por ciento y
nosotros, el 12 por ciento, mínimo-, para ir hacia ese índice
indicativo que la Unión Europea ha situado alrededor del 20 ó 22 por
ciento en la concurrencia de las fuentes energéticas, en el
denominado mix, la mezcla de una misma corriente eléctrica pero de
procedencias energéticas distintas.
El mercado canario se caracteriza en este aspecto por ser puramente
binomial: una empresa eléctrica, Unelco, dependiente del grupo
Endesa, cuyo aprovisionamiento
energético es fundamentalmente de combustibles fósiles, de
los combustibles de los gasóleos pesados para la producción de
energía eléctrica. Por lo tanto, se trata, en una zona turística, con
uno de los centros de observación científica, observatorios
astrofísicos de primer orden, que exigen por una ley especial
aprobada en este Parlamento la pureza de los cielos para la
observación, de tener las menores fuentes contaminantes. Qué duda
cabe de que nuestra adscripción a esta teoría que hoy nos está
imbuyendo a todos en conciencia es positiva, una sustitución de la
fuente energética de combustibles fósiles derivados del petróleo. No
tenemos otra alternativa que la energía renovable, obtenida por
energía eólica, dado que Canarias ni tiene acceso -y nos
congratulamos de ello- a las fuentes del mercado de energía nuclear,
como existe en la Península, ni tenemos cuencas hidrográficas con los
saltos de agua de las presas para producir energía hidroeléctrica.
Por consiguiente, nuestra situación en el mix es puramente binomial,
repito. Yestamos de acuerdo en que hay que ir a un impulso de estas
energías renovables, en nuestro caso archipielágico, básicamente en
la energía eólica, con las pequeñas concurrencias de la energía solar
para las cédulas fotoeléctricas, que todavía no tienen un acceso
económico.
Como se trata de un tipo de empresas eléctricas, las enmiendas que se
presentan con una incentivación fiscal a nosotros no nos parecen
prioritarias, porque una empresa como el grupo Endesa -la filial que
tiene en Canarias, Unelco- no tiene por qué estar pendiente de que
haya un tratamiento fiscal determinado, sino que cumple con unas
directivas que están ya en la Ley 54/1997, del sector eléctrico.
Nos congratulamos de que en diciembre del pasado año el Gobierno
aprobase por fin lo que estaba en la disposición transitoria
decimosexta del plan correspondiente de fomento de las energías
renovables. Creemos que, por una serie de vicisitudes políticas,
parlamentarias y gubernamentales, no ha existido el incentivo
suficiente en los contactos entre Administración central,
administraciones autonómicas periféricas y las empresas que están en
el sector eléctrico para impulsar este plan. El plan ya está desde el
30 de diciembre de 1999 ahí y nos parece que es el momento de darle
un impulso, por lo menos que de esta Cámara salga ese incentivo de
instar al Gobierno para que actúe en la misma línea en que nosotros
estamos de acuerdo con los dos puntos de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular y hacerlo dentro del decenio 2000-2010. Nos
quedan ya prácticamente nueve años. Y creemos que esto no puede
avanzar si no hay una concurrencia y una cooperación no solamente de
las comunidades autónomas sino, por ejemplo, en nuestro archipiélago
canario, de los cabildos, cuyo papel es fundamental, porque tienen
competencias igual que los ayuntamientos -desde las licencias de
obras en las instalaciones-, dado que la energía eólica en nuestro
territorio, por el muy buen
aprovechamiento de los vientos alisios, puede permitir, señora
presidenta, una necesidad de concurrencias entre la Administración
central o general del Estado, la Administración del Gobierno autónomo
y la de los cabildos insulares, para las autorizaciones y apoyos
correspondientes. En esa misma línea, las instalaciones de energía
eólica en nuestro archipiélago se vienen haciendo en triple
colaboración, fundamentalmente de los cabildos insulares, para tener
un nuevo suministro alternativo en el sector de servicios, que viene
con un crecimiento al menos como mínimo aritmético, si no
exponencial, del consumo de energía eléctrica.
De aquí que a nosotros nos parezcan oportunas, y las queremos apoyar
si el Grupo Parlamentario Popular las acepta, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque las creemos muy
razonables. En primer lugar, porque dan entrada precisamente a esto
que estoy hablando, que es un defecto actual, la colaboración de las
comunidades autónomas. Incluso digo más, de las entidades locales
propias de nuestro archipiélago. Y después, porque es necesario un
estudio de eficiencia, que haya un plan para ver la relación coste-
aplicación-demanda y coste de esta energía en las redes, dado que al
final, cualquiera de estas energías alternativas se colocan en las
líneas de alta tensión de la red principal, sean de procedencia
eólica, sea de otra procedencia, de energía renovable, incluso las
nucleares y por supuesto las hidroeléctricas, que no es el caso de
nuestra comunidad. Pero es necesario conocer un plan de eficiencia
del grado de aplicación, de rentabilidad y de constancia en el uso.
No nos olvidemos de que las fuentes de energías alternativas y
renovables tienen una fuerte dependencia de las situaciones
meteorológicas y los fenómenos que las producen, sea luz solar, sea
energía, sean vientos propiciatorios de mover las turbinas aéreas que
generan esta electricidad.
Las otras cuestiones de la tercera enmienda no son de aplicación a
nuestra comunidad autónoma, pero entendemos que sí son generalizadas
y nosotros las apoyaríamos con nuestro voto, si son aceptadas por el
Grupo Parlamentario Popular. En cualquier caso, y con los
convincentes argumentos que ha dado el señor Gámir, que compartimos
plenamente, podemos situar a España dentro de la Unión Europea como
un país verdaderamente de derecho comparado en esta cuestión de las
energías alternativas de primerísimo orden, de lo que nos podemos
sentir satisfechos, si este impulso que queremos dar a todas las
administraciones públicas se consigue en la línea de las iniciativas
que se han presentado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Alos únicos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las
enmiendas, tiene la palabra en primer lugar el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, con respecto a las tres
enmiendas, la primera se acepta, dado que se ha aceptado ya una
moción similar en el Senado, cuando la ministra explicó allí el plan
de energías renovables.
La segunda enmienda se acepta, porque existen diversas medidas en el
plan e incluso el plan manifiesta que el cumplimiento...
La señora PRESIDENTA: Señor Gámir, le ruego que en su intervención
únicamente explicite la aceptación o rechazo de las enmiendas, no que
inicie otra intervención.
El señor GÁMIR CASARES: La segunda enmienda se acepta. Y la tercera,
por razones que en este caso no se pueden siquiera confesar, queda
también aceptada.
La señora PRESIDENTA: Se ha referido a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Gámir. Hay una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GÁMIR CASARES: La enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista no se acepta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gámir.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Aceptamos las dos enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego y aceptamos también las
dos enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista,
pero la segunda, que está presentada como enmienda de sustitución, la
aceptamos como enmienda de adición, puesto que no es contradictoria
con el punto 4 de nuestro texto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán. ¿El Grupo
Parlamentario Socialista acepta que la enmienda de sustitución sea
admitida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como
de adición?
El señor GARCÍA BREVA: Lo aceptamos y aceptamos también la enmienda
que Izquierda Unida ha presentado a nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Breva. (Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños. Vamos a proceder a las
votaciones.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre activación del plan de fomento de las energías renovables, con
la incorporación de las enmiendas en los términos derivados del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 177; en contra, 119; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas para la mejora de la eficiencia en el uso de la
energía, el cierre de las centrales nucleares y el fomento de las
energías renovables, con la incorporación de las enmiendas en los
términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 117; en contra, 177; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa citada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para que se
adopten las medidas que promuevan la eficiencia energética y la
diversificación de fuentes de energía mediante el impulso e
incentivación de las energías renovables, con la incorporación
asimismo de las enmiendas en los términos puestos de manifiesto en el
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 118; en contra, 177; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada esta iniciativa.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Presidencia propone una
modificación en el orden del día del siguiente tenor: Conforme al
artículo 68.1.º del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los
portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el
dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores diputados, que
figura como punto 37 del mismo, pase a ser debatido después del
apartado VII,
correspondiente a las enmiendas del Senado; por tanto, como último
punto del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FISCALIDAD DEL GASÓLEO
PARA CALEFACCIÓN. (Número de expediente 162/000138.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), RELATIVA AL GASÓLEO DE CALEFACCIÓN. (Número de expediente
162/000121.)
La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fiscalidad del gasóleo para
la calefacción.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Mendizábal. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y abandonen el hemiciclo en silencio
aquellos que quieran hacerlo. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y abandonen en hemiciclo, si lo van
a hacer, al objeto de poder continuar con el debate. Señorías, con el
nivel de murmullo de la Cámara es imposible que la señora Mendizábal
pueda iniciar su intervención. (Pausa.)
Adelante, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, esta proposición no de ley que debatimos
hoy es una iniciativa más de las que mi grupo ha presentado durante
esta legislatura para afrontar el problema planteado en el transcurso
de este último año de un incremento continuado de los precios de los
carburantes, del que sin duda ha sido un componente importante el
habido en los precios de los crudos, acompañado también por una
evolución desfavorable de la paridad euro-dólar, que, por otra parte,
parece que va remitiendo en las últimas semanas y esperamos y
deseamos que esta tendencia se mantenga. Sin embargo, como hemos
denunciado en diversas ocasiones en estos debates, existe otro
aspecto que contribuye a que este incremento de precios se generalice
y que sea todavía más importante sin duda por la falta de capacidad
de respuesta del Gobierno y por la elusión de su responsabilidad,
echando balones fuera. Es decir, el Gobierno podía haber incidido con
una serie de medidas concretas en la aceleración de un proceso de
liberalización de un mercado que está totalmente encorsetado
y que tiene frenada la entrada de la competencia por una Ley de
Hidrocarburos que es claramente insuficiente y que, de hecho, lo que
está haciendo es proteger la estructura oligopolística en este
sector. Hemos denunciado, como ya he dicho en diversas ocasiones, la
insuficiencia de los también múltiples planes de liberalización que
ha presentado el Gobierno, planes que pretendían, de una u otra
manera, incidir en estos mercados pero cuyo balance está claro que es
totalmente negativo. Está claro también que la falta de eficiencia de
estos planes en estos momentos no es algo que nadie ponga en duda.
(La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Por nuestra parte, hemos ido presentando múltiples iniciativas
encaminadas, por un lado, a impedir las prácticas restrictivas de la
competencia, fomentando, por otro, la entrada de nuevos competidores,
y a la vez hemos presentado iniciativas encaminadas a posibilitar un
comportamiento más transparente y más eficaz de los órganos que
tienen reconocidas atribuciones en materia de defensa de la
competencia. Sin embargo, este comportamiento alcista de los precios
de los carburantes ha tenido y sigue teniendo una especial incidencia
en colectivos específicos. También por eso, en su momento, formulamos
iniciativas concretas para sectores como el agrícola o el del
transporte.
La proposición no de ley que presentamos hoy trata de regular la
fiscalidad del gasóleo para calefacción. La subida del precio de este
producto ha sido una de las más altas de las registradas en todo el
período. Si hacemos un análisis comparativo con los cinco países de
nuestro entorno pertenecientes a la Unión Europea, como son Alemania,
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, comprobamos que el mayor
incremento registrado en el año 2000 en el gasóleo para calefacción
corresponde a España, tanto si esta comparación del porcentaje la
hacemos con impuestos como si la hacemos sin ellos. Por tanto, en una
primera instancia vemos que hay una situación de desventaja y de
agravio comparativo con los países de nuestro entorno en lo que se
refiere a los precios del gasóleo para calefacción durante el año
2000. En definitiva, las familias españolas sufren un mayor
incremento, considerable, en el gasto necesario para mantener sus
hogares caldeados. También tenemos que tener en cuenta que en este
caso las recomendaciones del vicepresidente del Gobierno señor Rato
de moderar el consumo de los productos petrolíferos tienen muy poco
fundamento y resultan francamente difíciles porque, lógicamente, la
demanda de este combustible para calefacción es inelástica, como muy
bien lo explica el portavoz socialista en estos temas, señor Bel. Nos
encontramos con que donde sí existe una posibilidad de evitar este
incremento excesivo sobre el gasto familiar es precisamente en el
ámbito de la fiscalidad, porque, señorías, tenemos un margen
importante, es decir, podemos disminuir elimpuesto especial dentro de
los márgenes establecidos
por la Unión Europea. Así, si hacemos un análisis comparativo de los
impuestos indirectos, es decir, de los impuestos especiales en los 15
países de la Unión Europea, observamos que España ocupa el quinto
lugar, lo que significa que tiene el impuesto especial más alto en
quinto lugar, detrás de Dinamarca, Italia, Holanda y Suecia. Sin
embargo, cuando hacemos el análisis comparativo sin la inclusión de
los impuestos, vemos que España es el país que ocupa el lugar octavo.
En definitiva, si hacemos la comparación total, España ocupa el
séptimo lugar.
Este análisis comparativo del nivel de los impuestos especiales nos
da una visión más detallada de dónde pueden encontrarse los márgenes
de maniobra y las diferencias que podemos tener con el resto de los
países de nuestro entorno. Estas dos razones, el mayor incremento del
precio total del gasóleo para calefacción durante este año en España
que en el resto de los países y el mayor impuesto especial que tiene
España -de los cinco mayores- de los 15 países de la Unión Europea,
son las que nos han llevado a presentar esta proposición no de ley
que insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para proceder a
una rebaja inmediata del impuesto especial de gasóleos para
calefacción de 10 pesetas por litro, pasando de 13.097 pesetas por
1000 litros a 3.097 pesetas.
En el segundo punto de nuestra proposición no de ley, acorde con el
resto de las iniciativas que hemos mantenido en esta Cámara tanto con
nuestras proposiciones no de ley como con nuestra posición en las
mociones como consecuencia de interpelación y con la postura
mantenida en las comparecencias, proponemos al Gobierno que inste a
los órganos de defensa de la competencia a investigar y en su caso a
sancionar toda evidencia de colusión de precios y de prácticas
restrictivas de la competencia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora
Mendizábal.
Señorías, para la defensa de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Durante el último año todos hemos sido testigos del crecimiento
desmedido de los precios de los combustibles y de los carburantes
derivados del petróleo. El incremento de los precios en el Estado
español ha superado con creces la evolución media de los mismos en
los demás Estados de la Unión Europea sin que el Gobierno haya
adoptado medidas para paliar el crecimiento de los precios con la
misma intensidad con que lo han hecho otros gobiernos comunitarios a
pesar de las reivindicaciones de los sectores más afectados. Esta
dispar situación se constata especialmente en la evolución
de los precios del gasóleo, tanto en sus variedades de
combustible como de carburante, desmintiendo la justificación argüida
por las empresas distribuidoras y apoyada por el Gobierno, que
atribuye el crecimiento de los precios exclusivamente a la cotización
internacional del barril de crudo.
Nosotros pensamos, como Bloque Nacionalista Galego, que caben también
otras explicaciones y convendría recordarlas continuamente, como
pueden ser las maniobras especulativas de las grandes distribuidoras,
con sus fondos ya pagados o adquiridos a un determinado precio; los
criterios poco transparentes en el mercado de Londres, en el que se
fija el precio del crudo, o el control en la producción y en la
distribución de las grandes compañías petrolíferas, por no hablar
también de la tendencia de Estados Unidos a intentar ahorrar sus
reservas petrolíferas. Por lo tanto, el corolario de esta situación
son unas empresas petrolíferas que mientras afirman estar soportando
la mayor parte del incremento de costes mediante la contención de sus
márgenes de explotación, presentan cifras récord en sus cuentas de
resultados y, por otro lado, un Gobierno cómplice, que se niega a
restablecer el control de precios sobre un sector claramente
oligopolista, con el mayor grado de concentración del sector en la
Europa comunitaria y que se frota las manos al ver cómo crecen los
ingresos fiscales cada vez que suben los precios de los carburantes,
contribuyendo por lo tanto directamente al crecimiento de aquellos
mediante el efecto del impuesto sobre el valor añadido. Cabe
recordar, señorías, que en España la cuota de mercado de Repsol es
del 43 por ciento, que la de Cepsa es del 22 por ciento y que la de
BP es del 10 por ciento, con lo cual tres grandes compañías
petrolíferas controlan el 75 por ciento del mercado en España.
También podríamos hablar de las ganancias y, por limitarnos solamente
a Repsol, en el tercer trimestre del año 2000 tuvo ventas por valor
de más de cinco billones de pesetas, lo que significa un 86 por
ciento más que en el mismo período del año 1999, y si hablamos del
resultado neto atribuido, ganó 294.883 millones de pesetas, un 204
por ciento más que en el mismo período de 1999. Al día de hoy, con la
cotización del barril de petróleo por debajo de los 25 dólares USA,
no se justifican los precios que las petroleras mantienen para los
carburantes y todavía menos los precios del gasóleo de calefacción,
que a pesar de la reducción de la cotización internacional del
petróleo, no han sufrido ninguna modificación para los consumidores.
Los últimos datos que poseemos significan que el litro de gasóleo
para la calefacción está a 84 pesetas cuando se trata de un precio de
compra hasta 1.000 litros y de 81 pesetas después de los 1.000
litros.
Ustedes, todos y todas, saben tan bien como yo que la demanda del
gasóleo de calefacción presenta un comportamiento estacional y que se
dispara cuando se acerca el invierno. La reposición del gasóleo de
calefacciónes uno de los principales gastos a que se han de
enfrentar las comunidades de vecinos a lo largo del año, y este año
lo están haciendo a un precio que dobla el que pagaron hace dos
inviernos, hasta el punto de que muchas comunidades de vecinos han
decidido suprimir o reducir drásticamente el servicio de calefacción.
Hasta el momento el Gobierno ha demostrado un total desprecio por las
preocupaciones de los consumidores domésticos, que han soportado el
crecimiento de los precios sin ningún tipo de medida paliativa por
parte del Ejecutivo. Contrasta con las medidas adoptadas por otros
gobiernos europeos, como el alemán, o como el francés, que ya en el
mes de septiembre incluyó en su reforma fiscal una modificación del
30 por ciento sobre la tasa que grava los combustibles domésticos,
financiada en parte con una contribución especial de las petroleras,
que asciende a 533 millones de euros. El ministro de Economía
francés, señor Fabius, aseguró entonces que se trataba de una
contribución en consonancia con los beneficios -son palabras
textuales- totalmente excepcionales que están obteniendo las
petroleras.
En lo que va de año, y se puede demostrar, según los últimos datos
del INE, dentro de los gastos comprendidos en el grupo 3, vivienda,
la rúbrica correspondiente a calefacción y alumbrado acumula un
crecimiento del 6 por ciento, dos puntos por encima de la valoración
interanual del índice general de precios al consumo. Es la tercera
rúbrica más inflacionista, detrás de los servicios de transporte,
también afectada por los precios del gasóleo, y de los servicios
turísticos y financieros. El Gobierno todavía está a tiempo de hacer
frente a esta situación si el Partido Popular acepta las
proposiciones no de ley que hoy estamos defendiendo aquí el Grupo
Parlamentario Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, en nuestro
caso destinada a la reducción de los impuestos especiales que gravan
el gasóleo de calefacción teniendo en cuenta además el incremento de
los ingresos fiscales que han obtenido mediante el IVA de los
hidrocarburos.
En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego considera que en este
momento deben tenerse en cuenta dos cuestiones que arrojan luz sobre
nuestra proposición no de ley, en primer lugar, que los precios
libres están demostrando que cuando se mezclan con la depreciación
del euro y con pequeños picos en la demanda provocan precios
excesivos y desde luego comportamientos especulativos de las grandes
empresas que actúan en régimen de oligopolio, y, en segundo lugar,
que las economías domésticas tienen una determinada instalación de
combustible que no es prescindible de la noche a la mañana. Por lo
tanto, el Bloque Nacionalista Galego defiende tres puntos: la
reducción de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, en
concreto el gasóleo de calefacción, que se puede compensar
perfectamente con un incremento de los ingresos fiscales que se han
obtenido mediante el IVA de los hidrocarburos; de forma más
estratégica, fomentar la instalación de
energías no fósiles y, finalmente, establecer un precio máximo, como
se hace con el butano, del gasóleo de calefacción, que podría ser
revisado cada año. Pensamos que es fundamental porque este no es un
caso coyuntural, sino que se repetirá en muchas ocasiones y es
gravosísimo en el presente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Rodríguez. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, sobre el debate de la imposición
especial sobre los hidrocarburos esta Cámara ha tenido diversas
ocasiones para pronunciarse. Quisiera recordar y traer a colación que
mi grupo parlamentario presentó hace algo más de dos meses una
interpelación urgente, en pleno fragor y debate sobre el precio de
los hidrocarburos y de la escalada que se estaba produciendo como
consecuencia del incremento del precio del crudo en los mercados
internacionales y de la devaluación del euro respecto del dólar;
interpelación urgente de la que resultó una moción aprobada por esta
Cámara con un amplio respaldo y de la que se dedujeron una serie de
medidas. Quiero recordar esta iniciativa parlamentaria de mi grupo de
Convergència i Unió porque entonces tuvimos ocasión de manifestar
cuál es nuestra posición a este respecto. Evidentemente, fuimos
impulsores de una iniciativa parlamentaria de la que resultaron una
serie de medidas realmente importantes para atajar los efectos de la
subida del crudo en relación con determinados sectores: agrícola,
pesquero y del transporte por carretera de mercancías y personas.
Dijimos ya en aquella ocasión que si la situación de elevación
sostenida de los precios de los hidrocarburos se mantenía en el
tiempo, posiblemente deberíamos plantearnos algunas medidas sobre el
nivel de la imposición especial sobre los hidrocarburos, siempre
sobre sectores en concreto y siempre de acuerdo con el resto de
países miembros de la Unión Europea, para no mandar mensajes
equívocos a los países productores y una imagen de disensión entre
los miembros de la Unión Europea.
Habida cuenta de la posición que mi grupo parlamentario ya manifestó
en aquel debate y que ha venido manteniendo posteriormente en otras
intervenciones de tipo político a este respecto, por coherencia con
el planteamiento antes indicado y por dos cuestiones particulares
a las que haré referencia a continuación, no vamos a apoyar estas dos
iniciativas que se acaban de exponer por el Grupo Parlamentario
Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista
Gallego. También quisiéramos manifestar, respecto de la iniciativa
del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Gallego, que
hemos tenido ocasión de posicionarnos en contra de la referencia a
los precios máximos, medida que consideramos absolutamente ajena a la
evolución de una economía moderna en un país adelantado como es el
nuestro. En relación con la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, la llamada que hacíamos a ser cuidadosos con las posibles
oscilaciones coyunturales y al impacto que podían tener sobre la
economía la apreciamos si atendemos a las cuantías que se citan en la
exposición de motivos de la proposición no de ley sobre precios de
los hidrocarburos y los que se registran hoy en el mercado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Padrol.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, señorías, recientemente el
portavoz de economía del Partido Socialista decía que su partido era
un partido más liberal que el Partido Popular. Más liberal quiere
decir que acepta más el mercado. Aceptar más al mercado quiere decir
que se acepta más el juego de los precios relativos y parece que se
quiere aceptar más el juego de los precios relativos no aceptando que
exista elasticidad en el precio de la demanda ni elasticidad en los
precios de sustitución ni nada parecido. Es una nueva teoría
económica del mercado que realmente podrían patentar porque lo que
están diciendo es único en el mundo de las teorías sobre el mercado.
Aquí hay dos políticas sobre los impuestos a los hidrocarburos: una,
la que plantea su secretario general cuando le dice al señor Aznar:
le exijo, le reclamo que baje los impuestos de los hidrocarburos.
Piden ustedes la rebaja general de los impuestos de los hidrocarburos
y después van pidiéndola por trozos además, y este es uno de los
trozos. Esta política va contra el ahorro en los hidrocarburos. Es
indudable que si se baja su precio, aumenta la demanda, porque
existirá alguna elasticidad- precio. Se impide que haya funciones de
producción que sean menos intensivas en hidrocarburos al mismo
tiempo; y, por último, dificulta sin duda el desarrollo de las
energías renovables porque la elasticidad de sustitución funciona.
Esto quedó claro cuando el secretario de Estado presentó el plan de
energías renovables el 31 de octubre de 2000, aunque parece que en
aquel momento algún grupo parlamentario no estaba presente.
Siendo esta la política del Partido Popular, como lo fue la del PSOE
en el año 1991 y en la de UCD, es contraria a la del PSOE actual -y
contraria a la del franquismo en el año 1973-, que insiste en que la
línea es bajar los impuestos a los hidrocarburos de una forma o de
otra. En este caso, aparte de este problema de principio,
de la contradicción interna entre decir que se quiere creer al
mercado y plantear que las elasticidades de precios no funcionan, nos
encontramos con que el gasóleo de calefacción tributa a fiscalidad
reducida, al 13,09, es decir, igual que el resto del gasóleo
unificado, el empleado en agricultura, en maquinaria de construcción,
en obras públicas, maquinaria viaria y motores fijos. Desde un punto
de vista técnico y de gestión, el gasóleo de calefacción no es
individualizable del resto del gasóleo bonificado, por lo que habría
que establecer con carácter previo toda una infraestructura logística
y de gestión tributaria para distinguir esta categoría fiscal nueva
del gasóleo. Ello no es posible y llevaría a tener que extender la
bonificación a todo el gasóleo en sí, a todo el gasóleo bonificado,
con lo cual se iría en contra de la filosofía por la que no se
bajaron los impuestos a los sectores agrario, pesquero y de
transportes, sino que lo que se hizo fue una compensación vía renta,
que luego se llevó a cabo con el Real Decreto-ley 10/2000, del 6 de
octubre. En cualquier caso, el impuesto especial sobre este producto
es actualmente del 13,1, siendo la media de la Unión Europea del
20,1. Esta baja fiscalidad, junto con un precio sin impuestos también
más bajo, nos lleva a que el precio de venta en España durante el mes
de octubre, por ejemplo, estuviera en las 82 pesetas y en la primera
semana de noviembre en 81,7 pesetas, frente a la media de la Unión
Europea, que se colocaba en 94 pesetas.
Respecto a la mayor competencia del sector, parece que el PSOE la
basa, y pide que se inste a los órganos de defensa de la competencia
a investigar, en lo que dice en su exposición de motivos. Dice el
PSOE algo tan curioso como lo siguiente: El precio del crudo de
diciembre de 1999 a octubre de 2000 ha subido un 24 por ciento. Sin
embargo -agrega-, los precios de los carburantes han subido un 40 por
ciento y, además, el del gasóleo ha subido el 52 por ciento. Esto es
lo que dice esta exposición de motivos, lo que quiere decir que no
hay competencia, porque el crudo solamente sube el 24 por ciento, el
40 por ciento los carburantes y el 52 por ciento el gasóleo. Se
olvida un pequeñodetalle y es que existe una cosa llamada relación
entre el dólar y el euro, en la que ha habido una depreciación del 15
por ciento. Luego si añadimos al 25 por ciento de aumento del precio
del crudo el 15 por ciento de devaluación, resulta que
aproximadamente en pesetas el precio del crudo ha aumentado un 44 por
ciento, y eso derrumba toda su teoría de que son conspiraciones
monopolísticas por las que sube mucho más el precio de los
hidrocarburos o del gasóleo que el del crudo. Al contrario, este
precio es superior, esta subida del precio del crudo en pesetas es
superior a la de los hidrocarburos y superior a la propia del crudo.
Aquí tienen ustedes un puro error de hecho. El error de hecho es
decir que el precio del gasóleo de calefacción está en 91 pesetas. El
precio del gasóleo de calefacciónestaba en 82,8, 82,1, 81,7, de forma
que no ha
subido en absoluto ese 52 por ciento, sino que ha subido,
aproximadamente, un 39 por ciento. Yo les pido dos cosas, primero,
que comprueben sus datos y, segundo, que vean algo tan simple como
que el crudo se vende en dólares y, como tal, hay que ver su relación
en pesetas; luego hay también que ver la relación entre el dólar y el
euro, lo cual no ocurre en la comparación que ustedes realizan.
Respecto al apoyo a los combustibles no contaminantes, y contesto a
las dos proposiciones no de ley simultáneamente porque tienen puntos
comunes y puntos diferenciados, hay que recordar la Ley 38/1992 y los
sistemas que plantea al respecto en los impuestos especiales, pero
hay que recordar también que la mejor forma de desarrollar los
sistemas energéticos no contaminantes es precisamente no rebajar los
impuestos de aquellos que son más contaminantes, planteamiento que
parece que no ha sido entendido por una parte de esta Cámara.
Respecto al precio máximo, en un sentido diferente hay que recordar
que la evolución de los productos petrolíferos en general, y del
gasóleo C en particular, vienen marcados por los precios
internacionales del crudo. Lo lógico es seguir profundizando en la
competencia y en la liberalización y no plantearse una política de
precios máximos que, dicho sea de paso, no sólo proviene del Bloque
Nacionalista Galego, sino que el Grupo Parlamentario Socialista
cuando en el caso de los hidrocarburos defendió un derecho móvil, que
exigía al final un precio fijo de dichos hidrocarburos, venía a
plantear el precio máximo y simultáneamente la desliberalización del
sector. No entiendo las contradicciones internas en la política
energética del Partido Socialista de pedir que se desarrollen las
energías renovables y presentar proposiciones no de ley como la que
acaban de plantear.
Para finalizar, les recordaría una antigua frase de Marx cuando dice
que la superación de las contradicciones produce una razón muy
importante de crecimiento histórico. Le pediría al Grupo
Parlamentario Socialista que por una vez fuera un poco marxiano y nos
demostrara la capacidad de superación de sus contradicciones
y lanzara un mensaje coherente en esta Cámara sobre su política
energética.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
VICEPRESIDENTA La señora (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Gamir.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a votar.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
fiscalidad del gasóleo para la calefacción, en los términos derivados
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 117; en contra, 165; abstenciones, 12.
PRESIDENTA:
La señora Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al
gasóleo de calefacción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 118; en contra, 164; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR ELGOBIERNO PARASACAR ADELANTE ELACUERDO DE PESCA CON
MARRUECOS. (Número de expediente 173/000035)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar
el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca con Marruecos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Díaz. (Rumores.)
Adelante, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
desde noviembre de 1999 cerca de 400 barcos españoles, de Andalucía,
Galicia y Canarias, están amarrados. Hay alrededor de 4.000
trabajadores directos parados que desesperan aguardando un nuevo
acuerdo para salir a faenar. Los pescadores afectados se encuentran
en una franja de edad media de 45 años, en la que es difícil su
reubicación profesional y tampoco es posible la prejubilación.
Además, viven en comarcas con alto índice de paro, como Barbate o el
Barbanza.
Es cierto que armadores y trabajadores directos han estado
subsidiados en el largo año sin actividad, pero también lo es que el
sector en sentido amplio, trabajadores directos e indirectos, está en
situación de crisis no declarada viviendo una reestructuración
encubierta. El otro día decía el señor ministro que no son tantos los
afectados. Es verdad que algunos, desesperados de tanto esperar, se
han buscado la vida en otra parte. Las subvenciones, con ser
importantes, son muy inferiores
a las remuneraciones del personal cualificado de la flota. Uno sabe
ya de docenas de gallegos que se han ido a Canarias a trabajar en la
construcción o en la hostelería, y también que los más cualificados,
como patrones de pesca, mecánicos y otros especialistas, están
trabajando ya en otras flotas, alguna no española. Estas salidas
individuales, a veces en precario, no hacen más que acentuar el
declive económico de los territorios base de la flota que estamos
tratando. El problema es que, un año después de vencer el acuerdo
anterior, no hay nada concreto; no se sabe cuándo habrá acuerdo ni se
ve próximo uno aceptable. La situación actual es fruto de la dejadez
o incapacidad del Gobierno para impulsarla en la Unión Europea y
sacar adelante la negociación, y también de la pérdida de cinco años
sin buscar soluciones alternativas o complementarias. Si pesamos
tanto en la Unión Europea, si somos los más de los más, ¿por qué no
se nota? ¿O es que la pesca es un tema menor para el Gobierno?
Aclárense: o no pesan, o no quieren.
Los acuerdos anteriores fueron difíciles, pero nunca estuvo antes la
flota amarrada durante un año; tampoco estuvieron nunca las cosas tan
confusas, y todo ello pese al comportamiento responsable y exquisito
de la oposición para no obstaculizar los acuerdos. Señor Mantilla, no
siempre fue así. En 1995 ustedes jugaron a desgastar al Gobierno, no
apoyar el acuerdo. El otro día citaba usted las hemerotecas, pero
éstas no refrendan sus tesis. Como usted entró en materia le citaré
algunos titulares del año 1995: El PP dice que tenemos un Gobierno
débil para hacerse oír en las instancias europeas -apoyo claro-; los
eurodiputados del PP piden mano dura con Marruecos -apoyo sutil-; el
PP dice que el Gobierno español no está siendo suficientemente
beligerante con Marruecos -ayuda inestimable-; hay que decir a
Marruecos que mientras no se resuelva la negociación no entrará en
España un kilo de pescado marroquí -guiño sutil a Marruecos-; el PP
recusará a los ministros de Agricultura y Exteriores por no estar en
condiciones de defender los intereses pesqueros -apoyo
incondicional-; el PP es partidario de ampliar las aguas
jurisdiccionales -alegría de la huerta del señor ministro-, y
podíamos seguir. Esto decían en la oposición para ayudar. Señor
Mantilla, ¿cree usted que ayudaban con eso?
Cuando el PP asume el Gobierno de España en la primavera del año 1996
sabe ya que es necesario renegociar un acuerdo de pesca con Marruecos
y al tiempo, para cubrir eventualidades, para cubrir posibles
rebajas, conseguir caladeros o salidas alternativas. Lo sabían y no
hicieron nada, o por lo menos nada se ve. El acuerdo era difícil, lo
sabíamos todos, pero más difícil empezando tarde, y ustedes empezaron
tarde, y se lo decíamos también el otro día, por intereses
electorales. No querían ustedes unas negociaciones difíciles en
período electoral; por ello arbitraron con diligencia las ayudas para
adormecer al sector y aparcar el problema
hasta después de las votaciones. Lo malo es que se les fue el tiempo.
España, que debería tener el máximo interés en la renovación del
acuerdo, no presionó en su momento como debía a los negociadores
europeos y así las negociaciones empezaron tarde y sin una posición
clara por parte de la Unión Europea. De todos modos, las cosas están
difíciles pero no quiere decir que sean imposibles.
El miércoles pasado el señor ministro reiteró que ahora, en diciembre
del año 2000, estaban buscando caladeros alternativos para parte de
la flota. Nos parece bien, muy bien, le deseamos éxito, aunque no
podemos menos que lamentar que no lo hicieran antes; si lo hubieran
hecho antes es posible que las negociaciones con Marruecos fueran hoy
diferentes. De todos modos en materia de pesca tengo que reconocer
que poco van a mejorar las cosas para España mientras no nos
decidamos a liderar la política pesquera común. Somos la primera
potencia extractiva y también el principal mercado de la Unión
Europea en materia pesquera. Pero las cosas no van bien. Así mientras
la Unión Europea aumenta la demanda de pescado está disminuyendo la
tasa de cobertura de este mercado y nosotros perdemos cuotas de pesca
dentro de la Unión Europea mientras otros Estados ganan cuotas de
pesca en la Unión Europea.
Esto es así, señores, porque no lo estamos haciendo bien. Somos de
los que creemos que no tenemos que pedir perdón por ser una potencia
pesquera, debemos pedir respeto, como nosotros respetamos también a
otras potencias de la Unión Europea en otros campos. Holanda debiera
ser el ejemplo a seguir en lo que se refiere a apoyo a la flota en el
exterior. Quisiera decirles, señores del Partido Popular, que
gobernar no es solamente gestionar el día a día, sino anticiparse;
mejor diría que la palabra clave es anticiparse a los acontecimientos
y preparar el futuro. Si lo hicieran en este y en otros temas no
habría problemas o serían menos complicados.
Es por ello que nosotros hoy no queremos seguir mirando al pasado,
nos preocupa el futuro del sector, o sea, cómo garantizar futuro a
los barcos y a los hombres que hace algo más de un año faenaban en
caladeros gestionados por Marruecos. Aestas alturas, después de más
de un año con la flota amarrada, nosotros, al igual que el sector,
sólo queremos un acuerdo razonable que permita continuar con
posibilidades de pesca a la flota española afectada, que permita
mantener el empleo en el sector y al tiempo genere actividad
económica para dinamizar el tejido productivo en los territorios base
de estas flotas. Para ello queremos que sigan las negociaciones sin
plazo y que se fuerce un acuerdo razonable. La Unión Europea es
responsable de negociar, pero a España, a su Gobierno, corresponde
impulsar esa negociación; lo sabían ustedes cuando eran oposición y
lo olvidaron pronto cuando llegaron a ser Gobierno.
No nos sirve decir que Marruecos no quiere acuerdos de pesca. Japón y
Rabat renovaron en enero su tratado bilateral de pesca y 60 buques
coreanos capturan cefalópodos en aguas marroquíes; lo mismo pasa con
la flota rusa. Está claro, pues, que Marruecos suscribe acuerdos
pesqueros, sólo hay que motivarlos. Los acuerdos con Marruecos nunca
fueron fáciles pero siempre hubo acuerdos para el sector.
La prórroga de ayudas es necesaria pero no arregla el problema; los
subsidios sirven sólo como solución temporal. Nosotros, al igual que
el sector, queremos trabajo para los afectados; el trabajo es lo
único que garantiza pan para hoy y futuro para los que vengan
después. Además, las subvenciones comunitarias no cubren, y
difícilmente cubrirán, los perjuicios ocasionados por pérdidas de
empleo indirecto y también por pérdidas de mercado. Por ello,
nosotros demandamos en nuestra moción que se firme un nuevo tratado
de pesca con Marruecos y que el Gobierno se comprometa a garantizar
la continuidad de la flota que hasta noviembre del año 1999 estaba
faenando en aquellos caladeros, entre otras cosas porque parte de la
flota por su edad y características no tiene autonomía para otra
alternativa y el desguace no es salida. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Queremos, asimismo, que se garantice la continuidad del empleo
español, no queremos que se puedan plantear salidas a la flota a
costa del empleo nacional. El sector nos preocupa porque genera
riqueza y también porque genera empleo. En nuestra moción no
demandamos inicialmente la continuidad de las ayudas, porque
entendíamos que después de la cumbre de Niza estaban garantizadas,
cuando menos, hasta marzo. Si fuera así, si estuvieran garantizadas,
nos parecería una gestión positiva por parte del Gobierno, pero si no
están garantizadas nosotros queremos que se garanticen. Por ello,
aceptaríamos la enmienda del Grupo del BNG o aceptaríamos también una
transacción sobre las tres enmiendas, la del Partido Popular, la de
BNG y la de Izquierda Unida, que diría: Garantizar las ayudas
económicas que actualmente tiene el sector en sus mismos niveles y
cuantías más allá del año 2000, con el fin de abordar, si es preciso,
la prolongación de las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo de
pesca satisfactorio, demandando del Consejo de la Unión Europea el
respaldo a esta posición. Esta sería, en principio, nuestra propuesta
de punto 3 para la moción que hoy planteamos. Haríamos otra
modificación de carácter técnico, que sería en el punto 1, y donde
dice continuidad que diga actividad.
Señorías, están en juego alrededor de 4.000 empleos directos y 20.000
empleos indirectos o inducidos; está en juego el futuro económico y
social de comarcas enteras de Andalucía, Galicia y Canarias, cuyo
tejido productivo depende de la pesca. Barbate en Andalucía y el
Morrazo y Barbanza en Galicia son el exponente más claro de estas
comarcas azotadas fuertemente por
el paro y fuertemente dependientes de la pesca. El problema es serio
y debe tener una salida que no sea simplemente un compromiso en la
Cámara, sino una salida que permita realmente mantener la actividad
productiva de esta flota y de estas zonas del territorio peninsular
y también insular.Nosotros, al igual que la mayoría del sector, sólo
queremos un acuerdo razonable, repito, que permita continuar con las
faenas de pesca a la flota y a los trabajadores españoles afectados.
Para conseguirlo, señores del Gobierno, tienen nuestro apoyo y a
través de la moción queremos que tengan el apoyo de la Cámara. Este
no es el momento de reestructurar, es el momento de negociar, de
liberalizar la mayoría de la flota afectada en aguas marroquíes y
buscar salida a la flota excedentaria si la hubiera; pero la salida
tiene que ser siempre faenando. Por eso no aceptamos, hoy por hoy,
enmiendas que hablen de reestructuración. La negociación no ha
terminado, cuando finalice analizaremos los resultados y hablaremos
de salida si es necesario. Como la negociación continua abierta,
demandamos del Gobierno un mayor esfuerzo, una mayor presión para
conseguir un acuerdo para que la flota, que lleva más de un año
amarrada, vuelva a faenar.
El señor ministro de Agricultura y Pesca se comprometió dos veces en
el último mes ante esta Cámara a hablar con Fischler para dar un
nuevo impulso político de negociaciones. Confiamos en que se haga y,
aunque tarde, que salga bien. En el esfuerzo por sacar adelante el
problema, sinceramente los socialistas queremos estar. De ustedes
depende, señores del Grupo Popular, que esto sea así.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción,
consecuencia de interpelación urgente, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, permítame que
empiece esta intervención haciendo constar el sentir de nuestro grupo
parlamentario y el mío propio por la muerte de Carlos Cano, poeta
y cantante andaluz que tantas veces cantó a los pescadores y a los
barcos de Andalucía. Quiero que conste en el «Diario de Sesiones»
nuestro pesar, que creo que es extensivo de toda la Cámara.
Desde hace meses nuestro grupo viene denunciando que las
negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos eran la crónica de
un fracaso anunciado. Sin embargo, en este momento empezamos a pensar
que estábamos equivocados, que las negociaciones entre la Unión
Europea y Marruecos son una auténtica farsa, un auténtico engaño. No
nos podemos creer que la Unión Europea sea tan poco beligerante, que
el comisario Fischler, que parece el ogro de los niños cada vez
que negocia con España, se convierta en un corderillo cuando está
negociando el acuerdo pesquero con Marruecos. Señorías, empezamos a
pensar que las cartas estaban marcadas desde el principio y que la
apariencia de negociación, cuyo final, bien sea con la ruptura
definitiva o bien sea con un mal acuerdo, sólo persigue justificar el
interés último, que no es otro que el de forzar la reconversión de
parte de nuestra flota pesquera.
La realidad es que el acuerdo pesquero concluyó hace más de once
meses y este Gobierno no solamente no consiguió su continuidad sino
que en este momento no está en condiciones de decir qué es lo que va
a pasar a partir del día 1 de enero. La realidad es que hay 423
barcos parados, 4.255 tripulantes que no ven horizonte y hay zonas
importantes de este país que ven peligrar un futuro que siempre han
tenido ligado a la pesca. Por eso para nosotros cada vez está más
claro que el Gobierno español mantiene una actitud vergonzante, de
pasividad, que se traduce no sólo en que después de más de once meses
no se puedan comprometer en una fecha para firmar el acuerdo, sino
que han mantenido una actitud bastante despreocupada sobre lo que
pasaba en el caladero marroquí en el que, como ustedes saben, barcos
de otros países comunitarios llevan pescando más de dos años y medio
con artes que entendemos pueden ser dañinas para la persistencia de
ese caladero. Y todo esto ocurre sin que el Gobierno español haya
presentado denuncias efectivas.
Nos estamos gastando dinero que debía haber sido empleado para
renovar y modernizar nuestra flota y, al final, desde que el señor
Arias Cañete -que debería estar en esta Cámara para recibir el apoyo
de todas las fuerzas políticas, si de verdad quisiera una
negociación, pero se ve que no tiene interés- llegó al Ministerio, no
hizo otra cosa más que dar fechas, que se iban incumpliendo una tras
otra, y en lugar de situarse a la cabeza de las reivindicaciones de
mayor dureza a la Unión Europea, de lo que se preocupaba era de
intentar calmar los ánimos cuando en realidad lo que había que hacer
era acelerar, presionar y conseguir que la Unión Europea se tomase en
serio la negociación con Marruecos. Le ha faltado esa voluntad para
que la Unión Europea cambie su política, para que la Unión Europea se
tome en serio las negociaciones como si fuese un asunto prioritario,
en el que nos jugábamos en gran parte el futuro de nuestra flota
pesquera. Así hoy nos vemos con esa falta de perspectiva en la cual
el propio ministro, cuando teóricamente se nos dice que no ha acabado
la negociación, ya habla de reconversión. Vaya fórmula de negociar,
cuando antes de terminar la negociación ya se está dando la salida de
la reconversión. Creemos sinceramente que el subconsciente volvió a
traicionar al señor ministro en este caso.
Entendemos que el tiempo se termina y que estamos a tiempo de pedir
responsabilidades. Así se lo dijimos al ministro en el mes de octubre
y nos contestó que no
nos preocupásemos, que había tiempo y que al final habría acuerdo.
Estamos a tiempo de pedir responsabilidades y por eso hoy aquí
pedimos en esta enmienda la reprobación de la actuación del señor
ministro en relación con las negociaciones del acuerdo pesquero,
porque su gestión ha sido un fracaso, porque ha realizado una mala
gestión, porque no solo no ha sido capaz de conseguir ese acuerdo,
sino que le ha faltado voluntad para situarse en sintonía con lo que
reclamaba el sector, que era mayor contundencia. Esta mala gestión
evidencia que el Gobierno nunca lo consideró un tema prioritario de
su gestión. Reiteradamente le dijimos al ministro que nos ofrecíamos,
igual que otros grupos parlamentarios, para acompañarlo y apoyarlo,
pero es una evidencia -y ahí está el «Diario de Sesiones»- que cada
vez que se ha discutido el tema pesquero en esta Cámara siempre ha
sido motivado por planteamientos de la oposición, el Gobierno ha ido
a remolque, se ha defendido en esta Cámara y nunca ha venido a pedir
apoyo, a plantear en abierto y no en ofensiva, que es lo que tiene
que hacer un Gobierno.
Lo que el Gobierno está forzando es esa reconversión encubierta de
nuestra flota, bien mediante el agotamiento que ya se está dando,
bien mediante el desistimiento de muchos que ante la falta de
perspectiva creen que se deben buscar la vida de otra manera, bien
mediante la obligación de la Unión Europea para que se fuerce esa
reconversión. El Gobierno español nunca ha estado a la altura de las
circunstancias. El Gobierno español, en definitiva, es cómplice de
ese intento de reconversión, pero le decimos que no se engañe. El
otro día hubo una gran manifestación en Barbate. Estos días hay
presiones en todas las provincias andaluzas, gallegas, canarias, que
dejan muy claro algo que tienen que oír en los bancos del Partido
Popular, en el Ministerio y en la Unión Europea, y es que las fuerzas
políticas que nos comprometimos con el sector pesquero no estamos
dispuestos a admitir una reconversión por el método Cañete, no
estamos dispuestos a admitir que se fuerce la desaparición de gran
parte de nuestro sector pesquero. Estamos dispuestos a llegar hasta
el final no solamente en la defensa de un modo de vida, sino también
en la defensa de importantes zonas de este país que se pretenden
eliminar. Por otra parte, estimamos sinceramente -y así lo expresamos
aquí- que en la Unión Europea se está tomando una decisión que este
Gobierno no es capaz de valorar y si la valora es peor todavía pues
es cómplice de ella, y es que se está intentando situar a importantes
zonas de este país como una zona de servicio o, peor, como una zona
para la especulación urbanística. No estamos dispuestos a admitir la
utlización de la pesca, como antes la política agraria comunitaria,
como elemento para consolidar determinados regímenes del norte de
África, muy especialmente Marruecos, porque ni nuestros pescadores ni
nuestros agricultores pueden ser moneda de cambio para no sabemos qué
acuerdos políticos.
Demandamos más energía y más convicción al Gobierno español y
exigimos que se oponga a estos propósitos y que asegure el
mantenimiento del acuerdo pesquero con Marruecos como la única
garantía de continuidad de una parte importante de nuestro sector
pesquero. Izquierda Unida siempre ha defendido -y lo repito una vez
más- un acuerdo pesquero en pie de igualdad, un acuerdo pesquero que
sea solidario con el pueblo de Marruecos. Otra cosa es hablar de
regímenes en Marruecos. La riqueza pesquera de Marruecos tiene que
tener una repercusión en el pueblo marroquí y por eso queremos un
acuerdo justo y solidario. Eso no empece que también exijamos firmeza
a la hora de negociar, porque existen posibilidades de negociar con
firmeza, existen mecanismos para negociar con firmeza que todavía no
se han expresado. El ministro Cañete podrá ser una buena figura para
el próximo carnaval en Cádiz, pero es un mal ministro y pedimos por
eso su reprobación en esta Cámara, porque no ha estado a la altura de
las circunstancias y sería negativo que siguiese en la defensa de los
intereses españoles.
Creemos, en definitiva, que hay que terminar con esta negociación de
una forma positiva. Es importante que el Gobierno, de una vez por
todas, se convenza de que tiene que poner la carne en el asador. De
ahí que junto con nuestra reprobación, junto con nuestras críticas,
también queramos plantear aquí la disposición no solamente del grupo
parlamentario, sino de todos los hombres y mujeres de Izquierda Unida
en Andalucía y en el resto de España para apoyar una actitud firme
del Gobierno español ante la Unión Europea, cualquier iniciativa que
intente forzar de verdad y no de forma encubierta una buena
negociación con Marruecos. Cualquier iniciativa del Gobierno en este
sentido contará con nuestro apoyo, pero no vamos a ser es cómplices
de ningún intento de reconversión encubierta, de reestructuración
planificada que significa el fin de parte importante de nuestra
flota. Tengan por seguro que vamos a estar en contra de esta
reconversión y que vamos a estar donde siempre hemos estado, en la
defensa del sector pesquero frente a los intereses de la Unión
Europea de acabar con gran parte de ella. Esperamos, con toda
sinceridad, que, aunque sea el final del partido, el Gobierno cumpla
con su obligación y también se ponga a la cabeza de la defensa de
esos intereses.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella. Le
recuerdo, por cierto, que, dentro de la exquisitez del tratamiento
parlamentario, el ministro es don Miguel Arias Cañete.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas,
el señor Mantilla tiene la palabra.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me gustaría preguntarle al señor Centella dónde estaba
metido de 1982 al 2000, durante los años en los que la flota de
Marruecos se ha reducido de 1.200 barcos a 400 barcos. Si eso no ha
sido una reconversión, sin duda usted habría hecho lo indecible para
que esa reducción no se produjera. (Asentimiento.)
Señor Centella, usted aprovecha las circunstancias para oponerse a
cualquier iniciativa. Yo nunca le he visto apoyar ninguna medida ni
de la oposición ni del Gobierno, usted siempre va por libre y muchas
veces sin saber por qué o porque no lo sabe. Porque no lo sabe,
seguro que es así. Tengo serias dudas de que usted sepa distinguir lo
que es una sardina de un tiburón. El tema de Marruecos le va, le
gusta porque es un tema en el cual toda la Cámara está a favor en
intentar conseguir un nuevo acuerdo.
Como usted ya lleva años también en el Congreso, supongo que tiene un
comportamiento parlamentario. Yo no le he interrumpido en absoluto y
le rogaría que, por favor, hiciera lo mismo. Usted ha intentado
menospreciar no solamente al Partido Popular, sino a su ministro.
Quisiera saber qué ha hecho usted en estos cuatro últimos años, en
los cuales sabíamos que el acuerdo de Marruecos no tenía cláusula de
revisión. Yo no le he visto en ninguna moción, no le he visto en
ninguna pregunta, no le he visto en ninguna interpelación. Acude en
estos momentos porque hay que revolver y como a usted le encanta,
pues no es de extrañar. Usted sabe que estamos totalmente a favor
todos los grupos en intentar conseguir un buen acuerdo. Hay más de
4.000 tripulantes en Marruecos, fundamentalmente andaluces y
gallegos, los cuales suponen cerca de 20.000 puestos indirectos. Es
una gran riqueza la que nos estamos jugando y, por tanto, todos los
grupos parlamentarios -lo venimos diciendo desde hace cuatro años-
tenemos que buscar un acuerdo para Marruecos. En eso estamos de
acuerdo.
Quiero decirle, señoría -también se lo digo al señor Díaz-, que los
anteriores ministros de Agricultura y Pesca, la señora Loyola de
Palacios y don Jesús Posada, ambos ya intentaron buscar soluciones
para el tema de Marruecos. Los marroquíes, primero Hasan II y después
Mohamed VI, no han querido negociar y siguen sin quererlo o han
puesto encima de la mesa un acuerdo que el otro día calificábamos de
infumable. Y ese acuerdo no vale; no nos vale cualquier acuerdo,
porque nosotros tenemos nuestra propia decencia y no podemos aceptar
un acuerdo que favorezca a unos poco barcos mientras los otros tienen
que ir a buscar otros caladeros alternativos.
Señor Centella, no puedo aceptar bajo ningún concepto que, desde su
ignorancia, pida la reprobación de un ministro que es conocedor
profundo de la Unión Europea y que desde el primer momento ha puesto
todo su interés y entusiasmo en conseguir un buen acuerdo con
Marruecos, y usted bien lo sabe. Usted no dice la verdad cuando
comenta que el Partido y el Gobierno
sólo han venido a esta Cámara a defenderse de la oposición; no es
cierto. Usted sabe que lo primero que ha hecho el señor ministro es
comparecer en esta Cámara y buscar el consenso en temas de pesca,
consenso -yo creo que usted es muy frágil de memoria- que en gran
parte hemos conseguido con la Ley de Pesca. Ese consenso lo ha
solicitado aquí el señor ministro a voluntad propia, no pedido por
ningún grupo de la oposición y mucho menos por usted.
Vuelvo a repetir que, considerando que el tema es importantísimo, no
se puede aceptar bajo ningún concepto que alguien pretenda revolver.
En un tema tan delicado para nuestra flota como éste, no se puede
aceptar que venga usted aquí con frivolidades, pidiendo la
reprobación de un ministro. (El señor Centella Gómez: ¡Si es la
moción!-Rumores.) Ya sé que es la moción, señor Centella. Ya la he
leído.
Continuando con el tema, le vuelvo a recordar que Marruecos, país
soberano de sus aguas, desde 1940 hasta 1975 tuvo acuerdos puntuales
con España, desde 1975 hasta 1979 hubo un acuerdo tripartido entre
Mauritania, Marruecos y España, y a partir de 1983 tiene convenios
con la Unión Europea.
Al portavoz del Grupo Socialista, señor Díaz, quiero decirle que él
sabe bien -lo contestaba así el Gobierno el 10 de enero de 1996;
todavía gobernaba el Partido Socialista- que en ese convenio no había
cláusula de revisión. Y le diré también, para su conocimiento, que el
2 de marzo de 1995 -ya ve que también yo he ido a la hemeroteca- el
entonces ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, decía lo
siguiente: Es muy difícil sostener que a Marruecos no se le pueda
dejar pescar en sus aguas si quiere aumentar sus capturas. Y añadía:
Es muy difícil argumentar que otros no puedan pescar o aumentar sus
capturas en sus propias aguas; todos los grupos parlamentarios
deberíamos hacer nuestras reflexiones, no digo que inmediatamente,
pero sí más tarde o más temprano. ¿Qué quería decir? En estos
momentos Marruecos tiene más de 3.000 barcos, de los cuales 500 son
de gran altura y tiene las famosas 3.000 pateras que son las que dan
de comer a más de 10.000 familias. En estos momentos Marruecos tiene
más de 100.000 empleos vinculados al sector pesquero. ¿Les extraña
que Marruecos intente buscar un acuerdo válido para su flota? ¿Les
extraña que Marruecos intente buscar un acuerdo válido para su sector
pesquero? Es totalmente normal. A mí me gustaría saber, especialmente
del señor Centella, qué opinaría si él estuviera en la piel de los
señores marroquíes. Seguro que nos echaría; seguro, porque como usted
es tan drástico en sus planteamientos, no habría motivo para ningún
acuerdo. Tenemos que negociar con Marruecos, tenemos que buscar un
buen acuerdo con Marruecos, porque es cierto que Marruecos depende de
nosotros en determinados temas.
Al señor Díaz le diría que soy partidario -lo he dicho en más de una
ocasión- de que todas las entradas
de pescado, sean marroquíes o de cualquier otro país, tengan que
tener un control higiénico sanitario estricto, lo que posiblemente no
se cumpla en estos momentos, y lo digo porque seguro que no tenemos
los medios humanos y físicos para realizar esa labor. Estoy
totalmente convencido de que es un problema que podemos tener.Termino
diciéndole al señor Díaz que el comportamiento del Grupo
Parlamentario Popular en la negociación del acuerdo de 1995 ha sido
exquisito. Tengo aquí la moción de abril de 1995, en cuyo segundo
punto se proponía que los barcos faenasen hasta tanto no hubiese
acuerdo y el tercer punto se refería a que hubiese ayudas para esa
flota. Y el primero -leo literalmente- dice: Que en el seno de la
Unión Europea se emprendan las actividades necesarias para garantizar
la firmeza de la posición comunitaria en las negociaciones pesqueras
con Marruecos, de tal forma que se evite una reducción arbitraria de
la licencia de pesca. Eso era y eso es prácticamente lo que vamos a
aprobar hoy. Una moción responsable desde un partido de la oposición.
Lo que nosotros queríamos en aquel momento lo seguimos queriendo hoy,
que haya un buen acuerdo, porque más de 4.000 pescadores,
fundamentalmente más de 1.500 gallegos y más de 1.500 andaluces así
lo necesitan.
Sabemos que el día 23 los señores Prodi y Fischler van a Marruecos
para intentar buscar una negociación política, ya que la negociación
técnica no ha prosperado. También sabemos que el día 13 de enero hay
otra reunión prevista. Estamos totalmente convencidos de que podemos
llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas flotas, pero tenemos que
pensar todos los grupos parlamentarios en que este no es un tema
político que le afecta a un grupo más que a otros, es un tema
político que afecta a todos los españoles. Buscando ese consenso y
buscando esa ayuda, estamos dispuestos a completar la moción que ha
presentado el Grupo Socialista con una enmienda al punto tercero,
porque supongo que será de ayuda a nuestro Gobierno para que presione
ante la Unión Europea, para que, a su vez, presione ante Marruecos
con el fin de tener un convenio que sea satisfactorio -como usted
decía- para España y para Marruecos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mantilla.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el problema, señor Mantilla, es que el
tiempo sigue corriendo y el punto en que se encuentran las
negociaciones entre la UniónEuropea y el Reino de Marruecos para
alcanzar ese
nuevo acuerdo de pesca satisfactorio para nuestros intereses no
induce precisamente al optimismo. En esta Cámara cada uno tratará de
mantener la posición que crea conveniente, es lógico: unos defenderán
la magnífica actuación del Gobierno y otros, legítimamente, podemos
no estar de acuerdo con eso.
Señor portavoz del Grupo Popular, estamos ante las consecuencias de
un proceso negociador mal planteado, porque ni el Gobierno ni la
Unión Europea establecieron como premisa básica de negociación la
necesidad de mantener la actividad de la flota en aguas gestionadas
por Marruecos, una flota, efectivamente, ya muy reducida como
consecuencia de acuerdos anteriores. Esto usted no me lo puede
desmentir, las negociaciones no se establecieron sobre esta premisa.
En segundo lugar, está mal planteado porque no se utilizaron los
mecanismos de negociación de que dispone la Unión Europea ni se
pusieron las contrapartidas que permitiesen que a Marruecos le
resultase apetecible firmar este acuerdo. No se pusieron las
contrapartidas. A lo que sin duda, señor portavoz del Grupo Popular,
contribuye una estrategia negociadora de la Unión Europea equivocada,
que consiste en dejar la pesca fuera de las negociaciones globales
con terceros países, lo que aumenta las dificultades para conseguir
esos acuerdos.
El Bloque Nacionalista Galego ha insistido e insiste en la necesidad
de que el Gobierno juegue un papel distinto en la determinación de la
política de pesca de la Unión Europea. En esencia, que el Gobierno
cuente con el peso político que le corresponde al Estado español como
principal potencia pesquera de esa Unión, salvo que el Gobierno esté
de acuerdo con el actual papel político que juega, que todo puede
ser.
En segundo lugar, ese papel y ese peso político deben conducir al
establecimiento de una política de pesca de la Unión Europea que
ampare y defienda los intereses de nuestra flota, algo que hoy no
sucede. Porque no sucede en el caso de Canadá, como ocurrió en el
pasado, no sucedió en el caso de Argentina, no sucede hoy con
Marruecos, no sucede con las cuotas de merluza y así sucesivamente.
Esa es, exactamente, una de las cuestiones que una y otra vez no se
quieren abordar. Es necesario redefinir esa política de pesca y el
Gobierno español tiene que jugar otro papel, si quiere jugarlo, en la
definición de esa política pesquera. Para nosotros es fundamental ese
cambio de orientación, si no queremos que nuestras flotas vayan
perdiendo presencia en aguas internacionales, perdiendo una actividad
en la que por cierto somos especialistas y tenemos posibilidad de
competir, y que por ello se pierda la riqueza y el empleo que hoy se
generan.
Tengo que decir que el Gobierno sigue sin tener clara la necesidad de
ese cambio de papel. Señor Mantilla, en vez de usar la
descalificación con los grupos de la oposición o usar tinta de
calamar para desviar las responsabilidades, tiene que comprender S.S.
que es el Gobierno precisamente, porque los ciudadanos así lo
han dicho, el que tiene la responsabilidad de conseguir un buen
acuerdo. También quiero decir que el Gobierno contó con el apoyo
unánime de esta Cámara para llevar a cabo esa negociación para lograr
un acuerdo en el que nosotros tuvimos algo que ver. Debo añadir que
el Partido Popular huyó de ese acuerdo, huyó del acuerdo de esta
Cámara, porque nunca tuvo la voluntad de caminar en la dirección que
en septiembre de 1999 acordamos. El Gobierno tiene que asumir esas
responsabilidades en vez de seguir transmitiendo a la opinión pública
un lamento estéril por no conseguir un acuerdo, evidenciando, repito,
su falta de peso o su complicidad con esos negociadores europeos, y
sin -como decía- poner los mecanismos de negociación precisos para
avanzar.
El portavoz del Grupo Popular dice una y otra vez que el Gobierno,
como el que más, desea alcanzar un acuerdo de pesca con Marruecos,
pero desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, no pasa de ahí,
no pasa del deseo, y con deseos, señor portavoz del Grupo Popular,
obviamente no se avanza. Como grupo político, estamos haciendo
propuestas en positivo, como lo hicimos cuando se impulsó la famosa
moción de 1999, a la que me refería, que son rechazadas por el Grupo
Popular, sin que ese grupo nos proponga más contrapuestas que la
resignación o la aceptación de lo que nos dan, por más que sea
injusto.
Hoy, a través de las enmiendas que presentamos a la moción del Grupo
Socialista, lo vamos a volver a hacer. Las propuestas que presentamos
son lógicas, consonantes con lo que piensa el sector pesquero y
acordes con el tiempo en que estamos viviendo esta negociación. Por
cierto, un sector pesquero que manifestó la necesidad de que exista
un acuerdo para poder sobrevivir, y que señaló de manera expresa que
no cree buenas las alternativas al acuerdo que están ofreciendo en
este momento el Gobierno y la Unión Europea. Se manifestó en la calle
y ayer mismo en encierros en Marín y en Riveira; lo señalo para
conocimiento de las señoras y señores diputados, porque alguno me
decía que el sector pesquero no se estaba movilizando.
Se trata de una necesidad de acuerdo que comparte también el resto de
la sociedad, porque la no renovación traerá consecuencias para todo
el tejido económico que se genera y que depende de la actividad de
esos barcos, tejido industrial o tejido comercial. La no renovación
del acuerdo va a tener un importantísimo impacto negativo sobre la
economía de comarcas que hoy viven en gran parte de la actividad de
estos barcos. Y no basta con prometer que se crearán puestos de
trabajo alternativos en tierra, porque eso el Gobierno ya lo debería
haber hecho y no estar esperando a prometer puestos de trabajo
alternativos en tierra cuando no se renueva este acuerdo. Convendrá
conmigo el portavoz del PP que buena falta nos harán los empleos en
el mar y en tierra. Y tampoco se puede decir, como dice el Gobierno,
que para compensar la no renovación se
están buscando caladeros alternativos para que los barcos puedan
seguir faenando, porque insisto en que es una obligación del Gobierno
y nuestras flotas bien que necesitan los caladeros en los que puede
pescar hoy y otros en los que pueda hacerlo en el futuro.
No se busquen salidas falsas o se sustituya el fracaso en las
negociaciones por promesas de actuar sobre cuestiones sobre las que
el Gobierno ya debería estar haciéndolo. La situación que tenemos
actualmente es límite, es díficil, y sin embargo cabe la posibilidad,
si hay voluntad política, de aceptar propuestas que la reconduzcan.
El Bloque Nacionalista Galego enmienda la moción del Grupo
Socialista, porque le digo con todo respeto al señor Díaz que la
moción, tal como la formulaba, nos parece demasiado general, no
demanda implicación alguna ni propone vías alternativas al estado
actual de las negociaciones, y es en esencia poco adecuada para el
momento que estamos viviendo. Quizá tendría sentido hace un año, pero
no ahora. Y en ese sentido, proponemos en el punto 1 de nuestra
enmienda lo siguiente: Demandar de la Unión Europea que prosiga las
negociaciones con el Reino de Marruecos para alcanzar un nuevo
acuerdo de pesca que permita el mantenimiento del número de barcos y
las condiciones en que la flota afectada faenaba hasta el 30 de
noviembre de 1999. En consecuencia, la Unión Europea considerará
prolongar el proceso negociador, si es necesario, más allá del 31 de
diciembre de este año y contemplará las contrapartidas necesarias
para hacer posible ese acuerdo de pesca. Nos oponemos a la estrategia
actual de la Unión Europea y del Gobierno de pretender cerrar el
acuerdo, tal como están las ofertas encima de la mesa en este
momento, a 31 de diciembre. En consonancia con eso, añadimos un punto
nuevo, número 3, a la enmienda número 2, que dice lo siguiente:
Demandar de la Unión Europea la financiación necesaria para mantener
las actuales ayudas a tripulantes y armadores más allá del final del
año 2000, con el fin de abordar, si es preciso, la prolongación de
esas negociaciones. Y no, como está diciendo el Gobierno en este
momento, que se prolonguen las ayudas para abordar el proceso de
reconversión. No; que se prolonguen las ayudas para seguir negociando
este acuerdo. Y volvemos a insistir, con un punto nuevo, número 4, en
que se demande a la Unión Europea la paralización temporal de
cualesquiera otros procesos de negociación pendientes con el Reino de
Marruecos hasta que se alcance un acuerdo de pesca satisfactorio. No
lo decimos como mecanismo de opresión, sino como mecanismo de
presión, y si no, que se nos ponga algún otro encima de la mesa. Si,
como vengo diciendo una y otra vez, este no sirve, que nos pongan
otro mecanismo de presión alternativo, si realmente existe la
voluntad de la Unión Europea de conseguir un acuerdo de pesca. Si no,
efectivamente, es que tal prioridad, a pesar de lo que se diga, no
existe.
Para concluir, se trata de que el Gobierno defienda la necesidad de
que la Unión Europea siga negociando con criterios claros y con
mecanismos eficaces para conseguir alcanzar este acuerdo. Nosotros
esperamos que estas enmiendas sean aceptadas por el Grupo Socialista.
Señor Mantilla, usted comentaba que nos extrañaba que Marruecos
quiera conseguir un buen acuerdo para sus intereses. A mí,
francamente, no me extraña nada; todo lo contrario. Lo que me
extraña, señor Mantilla, es que ustedes renuncien precisamente a
conseguir un buen acuerdo para los nuestros.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
A estas alturas del proceso de negociación entre la Unión Europea y
Marruecos resulta una obviedad hablar, desde una comunidad autónoma
como la canaria, de la transcendencia e importancia que el cierre de
un acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos tiene para esa
parte de España que se llama Canarias y que afecta también a las
flotas pesqueras que operan desde puertos canarios o desde puertos
del sur de la Península, bien para la Comunidad Autónoma de
Andalucía, bien para la Comunidad Autónoma de Galicia, incluso para
armadores de la zona de los pesqueros bermeanos que operan también
allí. Esto obliga a una posición de Estado solidaria que tiene que
salir de esta Cámara.
Mi grupo quiere traer aquí unas palabras conciliadoras entre los
distintos esquemas dialécticos de los que los portavoces han hecho
legítimamente uso hasta este momento en la Cámara. Porque donde está
el contrincante no es a nuestro lado; donde está el contrincante es
al otro lado, y es el que tiene la soberanía en los caladeros
pesqueros tanto de la soberanía anterior marroquí como de la
anexionadas de las aguas del banco pesquero canario sahariano. Esto
hace que tenga que salir de aquí una unidad de criterio que refuerce
la posición de intermediación del Gobierno español, como miembro de
la Unión Europea, entre el comité presidido por el comisario de
Agricultura y Pesca de la Unión Europea, señor Fischler, y las
autoridades marroquíes. En el fondo Marruecos sabe que si cierra el
acuerdo pesquero en contra de nuestros intereses -españoles
fundamentalmente- se va a encontrar con una posición mucho más dura,
y desde luego mi grupo la va a exigir en las iniciativas
parlamentarias desde esta Cámara respecto del producto que Marruecos
quiere colocar en competencia con los productos
españoles en territorio comunitario; me estoy refiriendo
fundamentalmente a los productos cítricos, hortofrutícolas y al
sector del tomate. Aunque aquí se dijo que nada se permitía para
cambiar peces por tomates ni tomates por peces, Marruecos sabe que se
va a encontrar con esta situación, de ahí que apoyemos que haya un
acuerdo. Nos parece muy oportuna la iniciativa que llega con esta
moción del Grupo Parlamentario Socialista, a fin de complementarla
con otras enmiendas que se han presentado, para que salga un texto
que en la lectura que haga el Gobierno marroquí vea que tanto desde
esta Cámara como desde la comisión negociadora del señor Fischler hay
una política unitaria de consenso. Es decir, que dejemos aparcadas
otras diferencias legítimas sobre las actuaciones positivas o
negativas de las personas que están del lado de la Unión Europea -sea
nuestro ministro de Agricultura, sea el comisario Fischler- para
dejar una pieza política importante que llame la atención correctora
del Gobierno marroquí por proceder de otras altas instancias
políticas del Gobierno de España, por las relaciones comerciales y
por las instituciones máximas del Estado, y de la Unión Europea,
teniendo en cuenta que en Marruecos funcionan dos estructuras de
poder concéntricas o centralizadas, el Gobierno que pudiéramos
denominar normal, la autoridad que deriva fundamentalmente del
principio del Reino alahuita marroquí en la figura del soberano, y la
Unión Europea posee el instrumento del Tratado de Adhesión. Algunas
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista
Galego, apuntan en esta dirección.
Señorías, desearía que hubiera una votación unitaria en el buen
entendimiento de las enmiendas que también ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, que están en esa línea de aumentar la
concordia, la conciliación y la complementariedad a la iniciativa de
la moción del Grupo Parlamentario Socialista, a fin de que se haga
este reconocimiento. Si se llegara a ese texto, pediría que cuando se
hable de los caladeros marroquíes se introduzca también a fin de que
se reconozca (esta Cámara lo ha defendido reiteradamente y España
apoya las iniciativas de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el
referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental) lo que los
armadores y los pescadores llaman el banco pesquero canario-
sahariano, que ha sido una figura jurídica tiempo atrás. Porque una
cosa son los caladeros de soberanía directa marroquí y otra los que
se atribuyó Marruecos, en administración directa sin un acuerdo de
Naciones Unidas, del banco pesquero canario-sahariano. Pediría que
este reconocimiento fuera también admitido y mi grupo, con deseo de
solución y de satisfacción, votará la propuesta conjunta que de aquí
salga porque entendemos que este problema tenemos que resolverlo
desde un criterio de imagen de unidad de las fuerzas políticas
parlamentarias españolas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervendré muy brevemente desde el
escaño para posicionarme respecto de la moción consecuencia de
interpelación que se sustanció la semana pasada en esta Cámara. No
voy a entrar técnicamente en el fondo de la cuestión porque hemos
debatido largamente, durante los últimos tiempos, mucho y en
profundidad sobre estos temas relativos a la pesca. Recuerdo cómo en
otra legislatura -en aquel momento yo era senador- los portavoces del
Partido Popular arremetían con dureza contra el ministro de
Agricultura de la época, en aquel momento socialista, porque cedió a
las peticiones de Marruecos en referencia a la denuncia del convenio
un año antes de que expirase; es decir, se había firmado el convenio
por cuatro años y al final sólo se aplicaron tres años. Por tanto,
los que ya llevamos cierto tiempo en esto conocemos las tretas, cómo
se llevan las cosas y que Marruecos siempre ha sido un socio difícil.
Tuve la oportunidad hace unos meses, en la anterior legislatura, de
acompañar al presidente de la Cámara, el señor Trillo, en un viaje
oficial a Marruecos, entrevistándonos entre otros con el ministro de
Agricultura y con el primer ministro, con quienes conversamos acerca
de los problemas de la pesca. Estoy hablando del año pasado. Nadie
ponía en duda en aquel momento, y creo que ahora tampoco puede
hacerse, que se trata de un tema de soberanía nacional y que es
absolutamente lógico que Marruecos quiera tener una presencia cada
día más importante en la gestión del sector pesquero. Personalmente
creo -me gustaría equivocarme- que Marruecos está interesado no sólo
en una contraprestación de carácter económico, sino también en la
puesta a punto de sus infraestructuras para que en un futuro próximo
pueda explotar sus propias riquezas piscícolas. Desde el punto de
vista democrático ese posicionamiento es justo. Ahora bien, ello no
debería ser argumento suficiente para que la Unión Europea, que es la
que tiene competencias en la materia, actúe de una forma más
coordinada y sobre todo con más interés; y cuando digo con más
interés lo hago utilizando el adjetivo más suave que en este momento
encuentro. El Estado español no puede estar de brazos cruzados
esperando que el señor Fischler le solucione sus problemas. Y lo
cierto es que en la situación actual de bloqueo se pone en duda la
capacidad de acción del Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo, por
consiguiente, la situación de indefensión en que ha quedado el propio
sector muy grave. No quiero ni pensarlo, pero cada vez se ve más
claro que la política actual de la Unión Europea está más en la línea
de indemnizar y reestructurar que no en la de solucionar el problema.
Lo cierto es que el Estado español, ya sea a través del Ministro de
Asuntos Exteriores o del propio presidente, a nuestro entender no ha
agotado todas las posibilidades de propiciar un acuerdo que sería
beneficioso para el sector. El tema es grave y habrá que encontrar
una posición de consenso.
La moción que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español
entiendo que es un redactado de buenas intenciones y la presentada
por el Partido Popular, sobre todo en su apartado segundo, visualiza
su poca esperanza en un desenlace favorable para los intereses de los
pescadores; o sea, que está preparando el aterrizaje. Por encima de
todo, como una moción trata de instar al Gobierno, sería bueno, en la
línea del portavoz del Grupo de Coalición Canaria que acaba de
intervenir en este momento, encontrar un texto que fuese capaz de
aglutinar el sentimiento generalizado de la Cámara y que diese visos
de solución a un problema que va a afectar a la supervivencia de un
sector muy necesitado. Les puedo asegurar, señoras y señores
diputados, que el sector no entiende que aquí nos peleemos
verbalmente por una coma o por unas palabras o unos adjetivos de más.
Creo que en este momento el tema de la pesca es un tema de Estado y
habría que encontrar una solución para que pudiésemos elaborar una
moción por unanimidad, porque eso daría fuerza al ministro de
Agricultura, al ministro de Asuntos Exteriores y si hace falta al
propio Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.
Señor Díaz, tiene la palabra a los efectos de la aceptación o rechazo
de las enmiendas presentadas.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, mantenemos nuestra propuesta
porque pensamos que es aceptable. En principio defendemos un acuerdo
que garantice la actividad de la flota, el empleo y también ayudas
económicas. Paso a leer el texto definitivo.
El punto 1 comprendería la propuesta del Grupo Socialista,
modificando únicamente continuidad por actividad y añadiendo la
expresión, después de marroquíes, «y banco pesquero canario
sahariano». El punto 2 sería el de la propuesta socialista. Y un
punto 3, que nacería de la transacción de las enmiendas del Grupo
Mixto, BNG, de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular, que
diría lo siguiente: Garantizar las ayudas económicas que actualmente
tiene el sector en sus mismos niveles y cuantías más allá del año
2000, con el fin de abordar, si es preciso, la prolongación de las
negociaciones hasta alcanzar un acuerdo de pesca satisfactorio,
demandando del Consejo de la Unión Europea el respaldo a esta
posición. Estos serían los tres puntos de la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz. ¿Los
grupos parlamentarios enmendantes, de los que se recogen las
enmiendas, están de acuerdo? (Asentimiento.-La señora presidenta
ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca de
Marruecos, en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 289.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la moción de
referencia. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LOS CRITERIOS
POLÍTICOS Y DE PLANIFICACIÓN SANITARIA QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN MEDICAMENTOS, LAS
CARACTERÍSTICAS DEL NECESARIO PROCESO DE DIÁLOGO QUE HA DE MANTENERSE
CON LOS DIFERENTES SECTORES IMPLICADOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE
COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESTA
MATERIA. (Número de expediente 173/000036.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios
políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el
Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las
características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse
con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta
materia. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra
la señora Julios. (Rumores.)
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo en silencio para que la señora
Julios pueda intervenir y sobre todo ser escuchada.
Adelante, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en la tarde de hoy exponemos la moción
presentada por el Grupo de Coalición Canaria, producto de la
interpelación debatida en
el Pleno del anterior miércoles, sobre las medidas de contención del
gasto sanitario en medicamentos. (Rumores.) Decíamos entonces que si
bien no es este un problema nuevo,...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Julios. (Pausa.)
Adelante, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Decíamos entonces que si bien no es este un problema nuevo, se torna
más urgente ante la necesidad de afrontar la negociación del nuevo
escenario de financiación de la sanidad próximamente, al empezar el
nuevo año, pues el gasto en medicamentos es uno de los principales
elementos que dificultan el esfuerzo de ajustar los presupuestos al
gasto real del sistema sanitario público. Comentábamos -y todos somos
conscientes- la complejidad del problema y del esfuerzo que a este
respecto se viene realizando desde las diversas administraciones
sanitarias, pero que estos esfuerzos se ven mermados en gran medida
por la poderosa tendencia de integración de España en el mercado
farmacéutico europeo en particular. La tendencia al crecimiento del
precio efectivo del medicamento y la convergencia del precio en
Europa impactan lógicamente más en España, pues partimos de precios
más bajos. Esbozábamos en la interpelación la necesidad de dar un
salto cualitativo, de adoptar estrategias globales e integradoras en
la gestión del gasto en medicamentos que implicasen la planificación
de acciones sobre los diferentes elementos y agentes que intervienen
en la cadena del medicamento. Hablábamos de la industria, la
distribución de mayoristas, la atención sanitaria, la prescripción
médica, la dispensación, las oficinas de farmacia y las necesidades
del ciudadano. Asimismo hacíamos énfasis en que si bien gran parte de
los aspectos normativos del medicamento y de la prestación
farmacéutica forman parte de la legislación básica del Estado, de sus
competencias, en gran medida son las comunidades autónomas las que
sufren de los aciertos o desaciertos en la gestión de esta
prestación, y que si bien hoy por hoy son sólo las transferidas las
que lo viven más directamente, conforme culmine el proceso de
transferencias este proceso se extenderá al resto de las comunidades.
Pues bien, esta reflexión, en la que creo que coincidimos todos los
grupos que participamos en el debate, la hemos expresado de la
siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en
primer lugar, diseñar conjuntamente con las comunidades autónomas, y
articulado a través del consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, un plan integral de estabilidad en la prestación pública
del medicamento.
Decíamos que si queremos que este problema se afronte con la
necesaria corresponsabilidad han de abrirse los cauces necesarios de
coparticipación con los
diferentes sectores implicados, que permitan un proceso de consenso y
de debate sosegado, además de con las comunidades autónomas con el
resto de los sectores implicados. Este camino es el que más
posibilidades de éxito puede tener, el que puede ir dotando de
estabilidad a la prestación, de más eficacia en la continuidad de los
efectos de las medidas de contención, así como en el acierto de que
estas medidas garanticen no alterar la calidad de la atención
sanitaria ni la prestación farmacéutica. Esto se recoge en el segundo
punto de la moción, instando al Gobierno a encauzar las negociaciones
con los interlocutores pertinentes de los sectores implicados, con el
fin de propiciar un proceso de diálogo, consenso y corresponsabilidad
que permita dar viabilidad al plan integral que hemos mencionado. Se
entienden en la moción como sectores implicados el farmacéutico, y
dentro de éste a la industria, a la distribución y a la oficina de
farmacia, también a los facultativos prescriptores y a los usuarios
del Sistema Nacional de Salud como consumidores. Asimismo, también
figuran en esta moción las condiciones sobre las que debe basarse el
pacto, que serían las siguientes. En primer lugar, consolidar y
mejorar la calidad de la prestación y la prescripción del medicamento
en el Sistema Nacional de Salud y su uso racional, entendiendo, como
ya hemos expresado en otras ocasiones, que las medidas han de tomarse
siempre en un contexto de mejora de la calidad del sistema y del uso
racional del medicamento, insistiendo en que las medidas no han de
tomarse en exclusiva bajo el prisma de la valoración económica, ni
tampoco bajo el prisma comercial del medicamento como si fuera
cualquier otra mercancía. Por el contrario, debe primar siempre una
valoración sanitaria del problema. No olvidemos que el medicamento es
un producto sanitario y además un pilar fundamental de la asistencia
sanitaria. Como segundo punto básico entendíamos la necesidad de
consolidar y mejorar la calidad de la prestación farmacéutica,
desarrollando los aspectos contenidos en la Ley general de sanidad
sobre la consideración de la oficina de farmacia como un
establecimiento sanitario involucrado en la dispensación sanitaria
del medicamento y en el uso racional del mismo. Es importante el
papel del farmacéutico como agente educativo en la dispensación del
medicamento, en el uso racional del mismo y en la divulgación de los
genéricos entre los ciudadanos.
Como tercer punto hablábamos de establecer un diagnóstico común sobre
los factores que determinan el crecimiento del gasto farmacéutico,
fijando actuaciones y compromisos que deben asumir las distintas
instancias interesadas, para articular un marco presupuestario
plurianual que delimite un horizonte de estabilidad tanto para las
administraciones sanitarias como para los diferentes sectores. Son
múltiples los factores que intervienen en el crecimiento del gasto.
Sólo a modo de recordatorio, en el debate del miércoles invitaba
a SS.SS. a que hiciéramos el cálculo de cuál sería
el gasto en medicamentos si gastando lo mismo el gasto sanitario con
respecto al PIB no fuera como es el actual en España sino el de otros
países. Pues bien, buscando datos de una fuente reconocida como es la
OCDE y remitiéndonos a las últimas series publicadas que hacen
referencia al año 1997, observamos que para ese año el gasto
sanitario supuso en España el 7,4 del PIB y, a su vez, el gasto
farmacéutico un 20,4 por ciento del total del gasto sanitario. Si en
vez del 7,4 por ciento y para ese mismo año la fracción del PIB nos
hubiera situado, por ejemplo, en el 8,6 por ciento que para ese año
dedicaron países como Suecia, los Países Bajos o Grecia, el gasto
total farmacéutico hubiera pasado a representar en vez del 20,4 por
ciento el 17,6. Lo que quiero expresar con estas comparaciones es que
el impacto de lo que significa el gasto en medicamento en cada país
depende de lo que éste esté dispuesto a invertir en sanidad, es
decir, de la prioridad, entre otras cosas, que se le dé a la
prestación sanitaria, básica en el Estado de bienestar, en la
evolución de los presupuestos del Estado. Por eso recalcamos en esta
moción que es necesario que todos los sectores implicados, y que
hemos comentado, pongan en común su análisis, el diagnóstico del
problema, los diversos puntos de vista sobre los factores que
determinan el crecimiento del gasto y que permita, manejando la misma
información, tener un lenguaje común que favorezca el articular un
marco presupuestario que delimite un horizonte de estabilidad y que
permita también fijar la necesaria corresponsabilidad que venimos
comentando, fijando actuaciones y compromisos que deben asumir las
distintas instancias interesadas.
El cuarto y último punto de la moción -y ya termino- hace referencia
a que se presente, en el plazo de seis meses, a esta Cámara y a
través de la Comisión de Sanidad los contenidos de dicho plan, así
como los resultados de los procesos de consenso establecidos.
Hemos intentado expresar en esta moción una serie de medidas
concretas que den viabilidad al debate producido la semana pasada en
torno a la interpelación y, sobre todo, que permitan, en caso de ser
aprobada la presente moción, que el mandato de esta Cámara se
convierta en un elemento catalizador y dinamizador, tanto para el
Gobierno como para las administraciones autónomas, pero también para
los demás sectores implicados, en la búsqueda de soluciones.
Entendemos que de ser aprobada esta moción se estará también
manifestando esta Cámara, desde posiciones de corresponsabilidad
y compromiso político de los partidos aquí representados, por la
búsqueda del diálogo, la búsqueda de un camino de consenso que
encuentre soluciones, que dé viabilidad y garantías de futuro al
Sistema Nacional de Salud, a la prestación del medicamento, como
pilar fundamental del Estado del bienestar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, muy brevemente
quiero expresar nuestra opinión sobre la moción que se nos presenta,
así como defender la enmienda que hemos presentado a la misma.
El gasto farmacéutico en España mantiene un nivel elevado tanto en la
proporción de gasto sanitario como en relación al producto interior
bruto y, además -es lo peor para nosotros-, tiene tendencia a
aumentar y las medidas que se han tomado han dado un resultado
bastante pobre. Los factores determinantes del gasto farmacéutico
y su tendencia creciente tienen que ver con la estructura y el
funcionamiento del sector farmacéutico y del sistema sanitario en
general, y no con mayores aportaciones a la salud de la población.
(La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
Presidencia.) Se hace preciso, por tanto, controlar el ritmo de
crecimiento de este gasto, actualmente cercano al 25 por ciento, para
aumentar otras partes del gasto sanitario que son necesarias para
unos servicios suficientes y eficaces. Las diferencias del gasto
sanitario por habitante en cifras absolutas en relación con otros
países de mayor nivel de desarrollo deben alcanzarse manteniendo
o incluso reduciendo la proporción de este gasto en relación con el
producto interior bruto. Para Izquierda Unida las características de
los mercados farmacéuticos son: el establecimiento de precios de
medicación, muy superiores a los costes de producción, el desarrollo
preferente de especialidades que garanticen un consumo sostenido, la
inducción de demanda de medicamentos a los usuarios del sistema
sanitario, la inducción a la especialización de los médicos, la
importancia del gasto farmacéutico, fundamentalmente del gasto
público, la intervención de los poderes públicos en el sector para
garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos y también la
intervención de estos poderes públicos para controlar el gasto
farmacéutico con medidas sobre la oferta y sobre la demanda.
Hay algunas medidas que son de desarrollo general como el copago, el
control administrativo de los precios, los medicamentos genéricos, el
control de la publicidad farmacéutica, los proyectos pilotos de
atención farmacéutica, las reformas en las oficinas de farmacia, el
seguimiento de la prescripción farmacéutica y la utilización de
formularios o protocolos terapéuticos orientativos. Estas medidas han
de valorar la incidencia sobre otros parámetros como la equidad, y no
exclusivamente sobre el gasto farmacéutico. El mantenimiento de la
prestación farmacéutica como prestación universal propia del Estado
del bienestar exige intervenciones dirigidas al establecimiento de un
sistema
de regulación de precios y de productos farmacéuticos. En el caso
de España, el control del gasto y de su ritmo de crecimiento debe
partir de algunas consideraciones generales: las políticas
farmacéuticas deberían ser políticas de Gobierno que superen las
contradicciones entre los intereses empresariales y los intereses
sociales. Además, deben existir otras, como la modificación del
modelo del ejercicio profesional farmacéutico, así como amplios
márgenes de actuación sobre las medidas que han sido aplicadas
recientemente. Por último, planteamos la constitución de centrales de
compra en el Sistema Nacional de Salud, la implantación de documentos
de identidad sanitarios y sistemas de información que eviten la
intermediación de colegios farmacéuticos, medidas específicas de
control y de inducción en la prescripción.
Con estos planteamientos, hemos presentado diversas enmiendas a la
moción. Planteamos añadir un nuevo punto número 5, que diría: retirar
del registro de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios todos aquellos productos inapropiados u obsoletos. Otra
enmienda trata de añadir un nuevo punto 6, cuyo texto sería: impartir
la normativa que garantice que la autoridad competente en el registro
revise cada cinco años la autorización correspondiente, de forma que
se eliminen aquellos fármacos que se revelen injustificados por los
avances científicos y que se vayan demostrando obsoletos para las
indicaciones que justificaron su registro. Un nuevo punto 7 diría:
obligar a las empresas de productos farmacéuticos a emitir
presentaciones cuyos envases contengan el número de unidades
estrictamente necesarias para el tratamiento por cuya indicación
fueron registrados. Por ultimo, proponemos añadir un punto 8 que
diga: modificar la normativa actual con objeto de prohibir la
publicidad de los medicamentos registrados en medios de comunicación
de masas. Creemos que estas enmiendas pueden ampliar una moción con
la cual estamos de acuerdo en general y que, por tanto, vamos a
apoyar positivamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Centella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda,
tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy la moción que presenta el Grupo de Coalición
Canaria a raíz del debate que tuvimos la semana pasada sobre la
política del medicamento. Quiero felicitar a la portavoz de Coalición
Canaria porque, en mi opinión, ha recogido con buen criterio los
aspectos más importantes en que debe radicar el debate sobre la
construcción de un plan integral que afecte al medicamento.
Tengo que manifestar que el Grupo Parlamentario Popular comparte los
criterios generales y la política general de la moción presentada por
Coalición Canaria. Comparte quiénes son los autores: el Gobierno y
las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial.
Comparte cuál es el procedimiento: el consenso y el diálogo. Comparte
cuáles son los sectores que deben tratar el asunto: el sector
farmacéutico en todos los campos de la cadena, los facultativos
prescriptores y los consumidores y usuarios del sistema. Comparte
cuáles son los objetivos: la consolidación y la mejora de la calidad
de la prestación, la política global del medicamento, la disposición
sanitaria en relación con las oficinas de farmacia y el
establecimiento de un diagnóstico correcto de las múltiples variables
que inciden en la política del medicamento. También coincide en el
plazo: consideramos que los seis meses es tiempo prudencial para su
desarrollo y para que se dé información a la Cámara, a través de la
Comisión de Sanidad, sobre las actuaciones y contenidos del plan.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda que viene a facilitar, a
nuestro entender, el desarrollo y la oportunidad de este plan.
Pretendemos ampliar el camino; pretendemos insistir en la política de
diálogo y en las conversaciones que el Ministerio y las distintas
comunidades autónomas puedan llevar a cabo en el seno del Consejo
Interterritorial. No debemos poner ningún tipo de cortapisa a la hora
del diálogo, no cerremos el camino. Para ello tenemos que tener el
criterio más amplio y olvidar cualquier dificultad que ponga en duda
que la mayor parte de los grupos de esta Cámara puede ponerse de
acuerdo en esta moción y sobre todo que se llegue a conseguir la
realización de este plan integral. En ese sentido está esbozada la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que pretende llevar a cabo
la magnífica propuesta -repito- que ha hecho el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, y espero que sea aceptada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Mingo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las
enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora diputada Julios Reyes, tengo que empezar esta intervención
recordando un sobre que encontré ayer cuando llegué al despacho, que
decía: Sé amable, serás más feliz. Desde este planteamiento es desde
el que hemos hecho nuestra enmienda y desde el que vamos a hacer la
defensa de la misma aquí.
Entendimos cuando usted planteó la interpelación al Gobierno sobre
qué políticas pensaba desarrollar para planificar de una forma
estratégica la contención del
gasto farmacéutico que lo hacía desde una concepción de sistema
sanitario público. Así lo entendimos y, leída después su
intervención, todavía nos afirmamos más en ello. Creemos que usted
viene a plantear hoy un debate que podría afectar al menos al uso
racional del medicamento, a un plan de estabilidad financiero en
relación con el porcentaje del gasto sanitario con respecto al PIB y
también, por qué no decirlo, cómo podría afectar todo ello a un
modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud en un horizonte
de transferencias al conjunto de las comunidades autónomas,
y recuerdo de memoria que usted hablaba de las posibles ineficiencias
por un mal planteamiento, y en ese sentido lo digo.Pero me ocurre
otra cosa, y es que muchas veces entiendo más, por ejemplo, lo que
dice el portavoz sanitario del Partido Popular que lo que dice la
propia ministra, porque a su interpelación correctamente planteada
nosotros podemos leer que la respuesta de la ministra fue que tenía
montada una comisión dependiente del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud que analizaba los elementos que intervienen
en toda la prescripción de la medicina y pretendía tomar medidas
estructurales y no coyunturales; decía también la ministra que tenía
una mesa de negociación con el Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos; que las oficinas de farmacia eran un elemento
fundamental de los planteamientos sanitarios. Acabáramos, habría que
hacer la pregunta al revés: ¿pero no hay ninguna farmacia o
farmacéutico que no cumpla con esta condición? Decía también que
tenía una mesa de negociación con la industria farmacéutica; decía
que tenía una negociación con las organizaciones sindicales y
sociedades científicas y además después decía que había un comité.
Muchas palabras para no decir nada; muchas palabras -reitero- para no
explicar cuál era su política, y desde ahí empiezan los problemas con
la moción que hoy se debate, porque cuando escuché, por ejemplo, a la
representante del Partido Nacionalista Vasco sí me enteré y comprendí
qué es lo que se estaba haciendo en Euskadi; no así, repito, cuando
habla la ministra, y por eso nuestra portavoz, Matilde Valentín,
empezaba más o menos diciendo: No sabemos todavía cuál es la política
farmacéutica del Ministerio de Sanidad del Gobierno popular y por
ello nuestra enmienda, que es lo que fundamentalmente tenemos que
defender hoy aquí.
Sabe usted que nosotros planteamos que se realice en el seno del
Comité Interterritorial un plan integral sobre prestación
farmacéutica y uso racional del medicamento. No coincidimos en el
título. Conoce usted también qué pretende la elaboración de dicho
plan, que no disiente fundamentalmente de lo que usted pretende. Pero
dada esa ausencia de conocimiento, de posible percepción o de falta
de transparencia en la respuesta de la señora ministra, nosotros
hemos puesto toda la carne en el asador, si me permite decirlo, a la
hora de establecer qué condiciones debería cumplir el plan,
sobre qué condiciones se debería basar o sobre qué elementos
metodológicos consideramos nosotros que esta Cámara podría -no sé si
todos éstos y no sé si falta alguno- indicar por qué camino podría
ir: diseño de campañas, mayor control en la promoción de medicamentos
en el sector público, mejorar y coordinar los sistemas de inspección,
posibilidad de prescripción basándose en principios activos, revisión
del tamaño de los envases para ajustarlos a la duración del
tratamiento, financiación selectiva de nuevos medicamentos, estudiar
la posibilidad de dispensar envases fraccionados por las propias
farmacias, negociación de un sistema de descuentos, información
farmacológica actualizada, elaboración de guías farmacoterapéuticas
y elaboración del plan de gestión integral de la prestación
farmacéutica.
Tome usted como quiera esta enmienda nuestra, aunque diga que es de
sustitución, porque lo importante es conseguir -y quiero recalcarle
el contenido del último párrafo, que también está en nuestra
enmienda- que este plan se presente a esta Cámara en un plazo
determinado a través de la Comisión de Sanidad, para poder conocer y
debatir no sólo los procesos de negociación, sino también el
resultado y las medidas concretas que finalmente tendrán que dar
contenido a dicho plan. Señora Julios, si las condiciones sobre las
que se ha de basar desaparecen, si se cambia el objetivo, el título
del plan, si finalmente el contenido del plan no se presenta y si no
se conoce y se debate por la Comisión el contenido y por supuesto
también cómo se ha hecho, nos podemos encontrar con que desde la
mejor de las voluntades al final estamos haciendo un brindis al sol
o, si usted lo prefiere, dándole palos al agua.
Esperamos su oferta para decidir nuestro voto; no venimos con una
posición cerrada en aras al consenso, en aras a conseguir los
objetivos que ya he expuesto en esta tribuna y que yo creo que
compartimos todas las fuerzas políticas, aunque, señor representante
del Partido Popular, al menos a nuestro entender, su ministra las
explique de forma bastante confusa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Arola.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora Julios, mi grupo va a apoyar la moción que usted presenta. En
todo caso, si usted acepta alguna de las enmiendas que otros
proponentes le han expuesto en el Pleno, nosotros no tendríamos
inconveniente en dar por bien sentado aquello a lo que usted asiente.
De todas maneras, además de felicitarla, como han hecho hoy y como
hicieron el otro día en la interpelación otros portavoces, quisiera
aprovechar este turno
de fijación de posición para hacer una reflexión que creo que es
compartida, pero que no por compartida deja de ser interesante
reiterarla. De hecho, uno de los retos que aún no tenemos resuelto en
política sanitaria es el de planificar, el de hacer planes
integrales, como pide la moción de la señora Julios, de Coalición
Canaria, sobre la problemática de la política del medicamento, sobre
la problemática del coste cada vez más alto del medicamento en el
conjunto de la sanidad. Como no hemos sido capaces de resolverlo de
manera integral, seguimos teniendo tentaciones, o las sigue teniendo
el Gobierno, que ya se demostraron ineficaces en otros gobiernos,
pero a pesar de esto aquí la experiencia de otros no sirve para
aprender de los errores ajenos. Lamentablemente, cuando nos
encontramos ante situaciones de alarma porque se dispara el gasto
farmacéutico -la señora Julios ha matizado muy bien que estos
conceptos son relativos porque dependen del porcentaje que gastamos
con relación al PIB de sanidad-, la tentación fácil es la de decreto
o proyecto de ley -normalmente decreto- por el cual se decide que
alguien va a sufrir un recorte. Unas veces es la industria
farmacéutica, otras es la oficina de farmacia y en ocasiones las dos
juntas. Las políticas de selección de listas positivas o negativas de
medicamentos son medidas que tienen efectos coyunturales cero, sólo
de manera muy puntual tienen efectos positivos, porque a medio y
largo plazo se demuestra que son totalmente ineficaces y tienen un
efecto rebote.
Cuando hablamos de política de medicamento, las medidas son positivas
si se dirigen a la estructura, como decía el portavoz socialista,
medidas que van desde la potenciación de los medicamentos genéricos,
a los precios de referencia, a la racionalización y a la educación
del uso en el consumo, etcétera. Este es el camino que debemos
seguir.
En este tema todos juntos podríamos ponernos un aprobado justo, pero
tampoco quiero suspender al Gobierno, ni a éste ni al de entonces,
entre otras cosas porque mi grupo parlamentario, por coherencia,
participaría de los aprobados y de los suspensos. Por tanto, no
quiero suspender a nadie pero sí reflejar que es una asignatura que
tenemos pendiente. Las intenciones van mucho más allá de la realidad.
Espero que se apruebe esta moción -y pienso que se va a aprobar-,
porque conecta además con declaraciones que ha hecho la ministra de
Sanidad y Consumo según las cuales tiene la voluntad de lanzar este
plan integral y que este tema sea discutido en el Consejo
Interterritorial de Salud. Estaría bien que durante esta legislatura,
que todavía queda trecho, fuéramos capaces de sentar unas bases
válidas para hoy y para los distintos ministerios que pueda haber en
un futuro, pero, sobre todo, que se marcaran unos criterios a seguir.
Tenemos que tener muy claro que el problema de que se dispara el
gasto del medicamento no lo vamos a solucionar a golpe de decreto. A
veces los decretos son un mal necesario,
pero hay que saber distinguir entre lo que es la medicina y la
extirpación del tumor. Señora Julios, nosotros la vamos a apoyar y
espero que haya un amplio consenso en este tema.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Riera.
Señora Julios, ¿desea manifestar la aceptación o rechazo de las
enmiendas aquí defendidas?
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la actitud de los grupos de esta
Cámara ante la moción que hemos presentado, así como el trabajo y el
esfuerzo de consenso de los grupos que han presentado enmiendas.
Tanto las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista como por
Izquierda Unida no expresan planteamientos de divergencia con el
contenido y el fondo de la moción y especifican medidas concretas que
deberían formar parte de dicho plan. Muchas de las expresadas pueden
ser compartidas por nuestro grupo, pero también otras que no han sido
mencionadas ni por los grupos enmendantes ni por nosotros mismos de
forma intencionada en el seno del Consejo Interterritorial.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señora
Julios, que manifieste si las acepta o las rechaza. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora JULIOS REYES: Por lo tanto, hemos presentado una enmienda
transaccional a la enmienda del Partido Popular y a las enmiendas
presentadas por los otros grupos, enmienda de la que dispone la
presidenta y que he repartido a los demás grupos, en donde planteamos
específicamente, recogiendo parte de las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista, que el plan integral pase a llamarse de medidas de
control del gasto farmacéutico y uso racional del medicamento; en
donde planteamos también, en referencia a las enmiendas del Grupo
Popular, que entendemos imprescindible se mantenga la necesidad de
que se asuma por parte de los distintos interlocutores hablar de un
horizonte de estabilidad y en donde planteamos también el aspecto que
nosotros señalábamos y que reitera el Grupo Socialista de que se
presente en el plazo de seis meses a esta Cámara y a través de la
Comisión de Sanidad información sobre la marcha de estas actuaciones,
así como de los contenidos del plan. Entendemos que esta enmienda
recoge parte de lo presentado por el Grupo Socialista y no desvirtúa
los objetivos, en última instancia, pretendidos en la moción
presentada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios políticos y
de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el Gobierno
para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las
características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse
con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta
materia, en los términos derivados del debate y de la enmienda
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 265.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la iniciativa de
referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE MEDIDAS
DE POLÍTICA GENERAL Y PRESUPUESTARIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA INCREMENTAR LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROLDE CONSUMO DE
TABACO MEDIANTE LA AFECTACIÓN DE PARTE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS
IMPUESTOS SOBRE EL TABACO A DICHA FINALIDAD. (Número de expediente
173/000037.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de política general y presupuestaria que piensa adoptar el Gobierno
para incrementar las actuaciones de prevención y control de consumo
de tabaco mediante la afectación de parte de la regulación de los
impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra la señora
Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Decía la semana pasada en la interpelación que en nombre de mi grupo
formulé al Gobierno sobre las medidas de política general y
presupuestaria que piensa adoptar para incrementar las actuaciones de
prevención y control del consumo de tabaco que con las cifras, con
los datos que expuse perseguía evidenciar algo que todas SS.SS.
saben: que el tabaquismo es un grave problema de salud pública, que
es directamente responsable de muchas causas de mortalidad prematura
y que tiene también una elevada tasa de morbilidad y, en
consecuencia, el coste económico-social que genera es
enorme. Fue fácil, señorías, ponernos de acuerdo en aceptar este
diagnóstico -no lo negó en absoluto la señora ministra de Sanidad ni
ningún portavoz de los distintos grupos parlamentarios que
intervinieron para fijar su posición-, pero también dije que, más
allá de constatar evidencias científicas y de manifestar buenos
propósitos, a la hora de la verdad el compromiso político de luchar
contra el tabaquismo y sus consecuencias pasaría la prueba del
algodón en el trámite de la moción correspondiente, es decir, hoy.
La moción que en nombre de mi grupo parlamentario presento para su
discusión insta al Gobierno a que, en colaboración con las
comunidades autónomas, impulse una campaña de prevención contra las
consecuencias sanitarias -es decir, para la salud de las personas-
que se derivan del consumo del tabaco; insta a que, a tal fin, los
presupuestos destinados a sanidad se incrementen como mínimo en un
importe equivalente al 1 por ciento de lo que recauda el Estado
procedente del impuesto especial sobre las labores del tabaco;
solicita que este incremento presupuestario se distribuya entre las
comunidades autónomas con competencias transferidas y el territorio
Insalud en función de la población protegida; insta también al
Gobierno a que realice un estudio que permita estimar los gastos
directos que soporta el sistema público de sanidad por el tratamiento
de las enfermedades vinculadas al tabaquismo, así como los costes
indirectos asociados (este estudio debería reflejar la incidencia
actual y la futurible dentro del gasto sanitario público.); e insta
al Gobierno para que, previa consulta a las comunidades autónomas,
elabore un conjunto de propuestas destinadas a mejorar la prevención,
el control y la investigación de las enfermedades derivadas del
consumo del tabaco. En resumen, señorías, proponemos estudiar,
evaluar y cuantificar la incidencia del tabaquismo en la sanidad para
poder actuar, para prevenir, para controlar. No digo que el problema
se acabe de descubrir hoy o la semana pasada, no tengo esta
presunción, no sería cierto. No digo que no exista preocupación y
ocupación por el tema del tabaquismo. Digo que mi grupo desea incidir
en esta problemática, no podemos bajar la guardia; al contrario, es
necesario que los poderes públicos hagan pedagogía constante de que
determinados hábitos, por ser socialmente aceptados, no se convierten
en hábitos recomendables y mucho menos en hábitos saludables. Insisto
en la idea de que el único consumo responsable respecto al tabaco es
aquel que no existe. Se puede hablar del buen uso en el consumo del
alcohol, pero no en el tabaco. Todos los esfuerzos y todo el dinero
que destinemos hoy a prevenir y curar el tabaquismo revertirá en un
futuro en la reducción del gasto sanitario. Estoy proponiendo que
invirtamos hoy para ahorrar mañana y, sin duda, es posible. Sé que
tres grupos parlamentarios, el Grupo Popular, el Grupo Socialista e
Izquierda Unida, han presentado enmiendas al texto de la moción que
mi grupo defiende. Desearía,
mi grupo parlamentario desea que en el trámite de exposición
de las mismas encontremos la fórmula que permita reflejar y
consensuar las aportaciones que los distintos grupos quieren hacer.
Lo valoro positivamente. Nosotros perseguimos un objetivo, no una
propuesta concreta; no queremos que sea la nuestra exclusivamente,
sino que queremos y celebramos que SS.SS. se sumen a este consenso,
queremos y celebramos que SS.SS. intenten mejorar el texto que
nosotros hemos presentado. Confío en que llegaremos a este acuerdo. A
esta portavoz la van a encontrar, en nombre de mi grupo, totalmente
dispuesta.
Permítanme que, dirigiéndome de manera muy especial a aquellas de SS.
SS. que sufren el hábito del tabaco, les haga un brindis y una
propuesta: acepten el reto, prueben a dejar de fumar. Para ustedes,
ahora fumar es un placer, pero yo les aseguro que, si dejan este
placer, descubrirán otros importantes: que las cosas tienen olor, que
las cosas tienen sabor y el tabaco los mata, los ahoga. Disfruten,
vivirán mejor. Aprueben, señorías, esta moción. Consensuemos el texto
y, sobre todo, los portavoces de sanidad prediquemos con el ejemplo.
Podría ser una gran victoria de toda la Cámara. Espero que así sea.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, sólo quiero decir que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida da por defendidas las enmiendas en los términos
planteados.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidente.
Recojo el guante de la señora Riera cuando manifiesta que todos los
grupos políticos con representación parlamentaria coincidimos en el
diagnóstico del tabaquismo, coincidimos en sus enormes repercusiones
negativas para la salud pública y coincidimos en que este es un
verdadero problema de salud pública no sólo en nuestro país, sino en
todo nuestro entorno. Prueba de ello es que hace quince días
aproximadamente la Comisión de Sanidad aprobó por unanimidad una
iniciativa, iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, a la que
distintos grupos -el Socialista y el Popular- habían presentado
enmiendas y, como es natural, en un problema de tanta envergadura y
de tanta repercusión
social, la Comisión de Sanidad, en un esfuerzo de consenso, acordó
una proposición no de ley en la que se insistía en el aspecto en el
que nuestro grupo y el Gobierno entienden que es más importante
actuar. No es en la asistencia sanitaria ni en la financiación de la
asistencia sanitaria, que eso tiene otros tiempo y otros aspectos,
sino en la política de prevención.
Y, en esa línea de consenso, el Grupo Popular ha presentado una
enmienda a la moción de Convergència i Unió que incide en el ámbito
de la prevención, en el ámbito del estudio y en el ámbito del
análisis del problema. La prevención en la juventud, en la
adolescencia, donde la mayor parte de los fumadores se inicia en el
hábito de fumar, antes de que el hábito se transforme en adicción. En
el punto quinto de esta enmienda se habla de seguir impulsando las
actuaciones que se están llevando a cabo en las áreas de educación de
la salud, de formación y desarrollo profesional y de investigación
para la prevención del consumo del tabaco y del alcohol en el primer
ciclo de educación secundaria obligatoria. Pero es más, en aquella
proposición no de ley se incidía especialmente en cuáles eran las
medidas más idóneas que se tenían que tomar para que aquellos
ciudadanos que tienen la adicción al tabaco la abandonaran y se
instaba al Gobierno a que, a través del Instituto de Salud Carlos III
y de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, estudiara y planificara
cuáles eran los mejores procedimientos diagnósticos para llevar a
cabo esta iniciativa. En el grupo de trabajo de salud pública en el
propio Consejo interterritorial -y lo mencionaba la ministra el
pasado miércoles-, el grupo de estudio de las enfermedades sobre el
tabaco había informado, en el pasado mes de septiembre, de las 51
recomendaciones que se debían tomar en el ámbito del Consejo
interterritorial para llevar a cabo medidas de prevención del consumo
del tabaco. Ese es uno de los puntos, el tercero en concreto, que
nuestro grupo presenta en esta enmienda de modificación.
Compartimos el criterio de la señora Riera sobre la necesidad de
estudiar exactamente cuáles son los costes sanitarios del tabaquismo
en España. Por ello, el primer punto de nuestra enmienda propone
financiar un estudio sobre estos costes sanitarios, cuya primera fase
debe comenzar ya en el año 2001. Ya su vez, puesto que entre esas 51
recomendaciones existe una -y se ha hablado repetidamente en esta
Cámara- sobre cuál podía ser la incidencia del papel del impuesto
sobre el tabaco en el inicio del consumo en los jóvenes y en su
abandono en los fumadores, se firma, y esta es la propuesta número 2,
un convenio con la Universidad de Barcelona para que realice un
estudio al respecto. Además, se potencia esta labor de prevención, en
el punto cuarto de nuestra propuesta, para continuar con los trabajos
en el ámbito de la asistencia sanitaria y en el de la salud,
insistiendo, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, en el ejemplo
de los profesionales sanitarios y continuando con la campaña: Corta
por lo sano.
Nuestro grupo parlamentario entiende que esta propuesta hace hincapié
en los aspectos de prevención, que son -y creo que lo comparten todos
los grupos- los más importantes para incidir en la mejora de la salud
de la población y también para que nos podamos ahorrar determinados
gastos en el capítulo sanitario, en el tratamiento de los enfermos
que tienen enfermedades donde alguna incidencia tiene el tabaco, para
dedicarlo a otras alternativas terapéuticas de otros muchos enfermos
y de otras diferentes patologías. Sin embargo, estamos abiertos,
señora Riera, a cualquier tipo de transacción que permita que todos
los grupos políticos estemos de acuerdo en esta política que es
necesario consensuar para afrontar con las mayores posibilidades
e ilusiones los objetivos en relación con el problema del tabaco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pérez Domínguez
tiene la palabra.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías. Yo me había traído directamente la chapita
con el: Sé amable. Y espero que vamos a terminar de manera amable
esta sesión.
Señora Riera, ya la semana pasada le comentaba el interés que para mi
grupo tenía el tema de esta interpelación de su grupo. Creo que esta
tarde de nuevo va a ser posible en este tema, como lo fue en la
Comisión de Sanidad, y lo recordaba el portavoz del Grupo Popular, el
acuerdo de todos los grupos de la Cámara, ante un problema de salud
pública tan importante como es el del tabaquismo. Sin embargo, aun
reconociendo la bondad de su iniciativa en la moción que hoy trae de
nuevo a la Cámara, y con la voluntad de colaborar, presentamos dos
enmiendas para corregir algunos aspectos que nos alejan y para
procurar encontrar puntos en común. En ese sentido, quiero reconocer
que usted y su grupo, señora Riera, son constantes al fijar de nuevo
en su moción la dotación del equivalente de un 1 por ciento de lo
recaudado por el impuesto especial sobre las labores del tabaco.
Mi grupo, y yo también, hacemos de la constancia virtud y en ese
sentido presentamos la enmienda de sustitución al punto número 1.
Como usted sabe, en la sesión anterior ya dimos los argumentos por
los que no nos parecía adecuada la afectación de un impuesto para una
finalidad concreta, por lo que, estando básicamente de acuerdo en que
debe existir una dotación presupuestaria (su falta es lo que hoy por
hoy hace inviable que se estén llevando a la práctica, como nos
gustaría, las medidas y las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y de las directivas europeas en nuestro país)
para la realización de medidas de prevención y control del
tabaquismo, entendemos que no se puede fijar apriorísticamente en un
porcentaje determinado de un impuesto del que hoy se recauda una
cantidad y mañana se recaudará otra distinta, sino en que dicha
dotación sea la suficiente, para afrontar con garantías esta política
que nos parece sumamente importante.
La única modificación que hacemos a este punto es al texto que habla
del porcentaje, señalando que sea una cuantía suficiente y necesaria
para la descripción que hacen en su moción de la política que se debe
llevar en este caso. También presentamos una enmienda de sustitución
al punto número 2 de su moción, porque cuando menos parece una
propuesta arriesgada y de poca consideración con las distintas
autonomías, y viniendo de un grupo como el suyo, que se fije ya en
esta moción el criterio de distribución, es decir de financiación,
entre las distintas administraciones competentes, de los recursos
económicos que se dedicarán a la puesta en marcha de estas medidas
que espero que hoy aprobemos todos. Y más aún cuando en el horizonte
próximo se encuentra el nuevo proceso de negociación de la
financiación sanitaria, que, como todos ustedes saben, finaliza en el
año 2001, y que abarcará el período 2002/2005.
Se han presentado estas dos enmiendas por parte del Grupo Socialista.
El resto de la moción, que es bastante completa, lo compartimos.
Esperamos que con dotación presupuestaria suficiente, con los
criterios que ponga en marcha el Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y con todos los estudios que ustedes proponen en
esta moción seamos capaces por fin de afrontar en las mejores
condiciones para todos este grave problema de salud pública que tiene
nuestro país.
En cuanto a los problemas de efectividad económica, y de coste-
efectividad, de los que tanto hemos hablado, recientemente ha llegado
a mis manos un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias, del Instituto Carlos III, que es un informe previo, un
informe de síntesis para posteriores informes, que dice lo siguiente,
y creo que vamos a adoptar hoy una buena medida si les hacemos caso:
Comparadas con otras intervenciones preventivas, la detección, la
prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco a través de los
servicios asistenciales se considera una acción preventiva
extremadamente coste- efectiva. Por ejemplo, varias veces más
eficiente que la detección y manejo clínico de la hipercolesterolemia
y de la hipertensión arterial. Estamos tomando una medida importante
o debemos tomarla.
Espero que el consenso de todos los grupos permita a la proponente
aceptar las sugerencias de los distintos grupos enmendantes y que
salgamos siendo también amables con el resto de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pérez
Domínguez. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Por mi parte, quiero manifestar brevemente la posición favorable del
Grupo de Coalición Canaria a lamoción presentada por la señora Riera
y el grupo al que ella representa. Entendemos que el tabaco es hoy
por hoy uno de los factores de riesgo al que se puede atribuir
directamente gran parte de las causas de enfermedad y de muerte de
nuestra sociedad y que a su vez es causante en última instancia de
muchos de los costes para poder atender los procesos de enfermedad y
muerte originados por este factor de riesgo que es controlable y por
lo tanto prevenible. Felicitamos al grupo proponente y a su
representante por la iniciativa y por la constancia en resaltar la
necesidad de abordar este problema desde muchos aspectos integrales y
en estudiar de qué forma se pueden aplicar medidas que puedan ayudar
a paliar los costes que el tabaquismo tiene para el sistema y sobre
todo a prevenir, que es lo que más importa, la persistencia del vicio
de fumar que todavía tenemos muchos ciudadanos.
Sólo quiero aportar a este debate, con independencia de las enmiendas
transaccionales que se puedan negociar con el grupo proponente, que
en el seno del Parlamento de Canarias también se han debatido, aunque
con matices diferentes, muchos de los aspectos que ahora se comentan
a través de una iniciativa, que prosperó y que se aprobó, en la que
se ligó por la condición específica del régimen económico y fiscal de
Canarias parte de los impuestos recaudados en este sentido con
efectos finalistas hacia el sistema sanitario y hacia otros aspectos
de los sistemas públicos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Señora Riera, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Yo quiero agradecer el talante de todos los portavoces y, en aras del
consenso, mi grupo propondría que a la enmienda que presenta el Grupo
Popular, que recoge
también parte de la enmienda que defendía la portavoz del Grupo
Socialista, en el punto 1, donde dice: «Realizar un estudio sobre los
costes sanitarios del tabaquismo en España, cuya primera fase debe
comenzar a principios del año 2001», se añada, para que quede claro
que hay una voluntad política y no sólo un decreto de intenciones: «Y
que las conclusiones del estudio se tengan en cuenta en el momento de
establecer la financiación sanitaria para el nuevo período 2002-
2005, para atender las partidas destinadas a la realización de
actividades relativas a la prevención y control de las enfermedades
derivadas del consumo del tabaco.» Yo aceptaría esta enmienda y, si
consigue el consenso, nos damos por satisfechos y les doy las
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Por los grupos enmendantes, el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Aceptamos la transaccional del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar
el Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control
de consumo de tabaco mediante la afectación de parte de la
recaudación de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
230; a favor, 227; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la moción.
Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro
de la tarde.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.