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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 32, de 05/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 32
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 30
celebrada el jueves, 5 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . (Página 1417)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Convenio entre el Reino de España y el Estado de Israel para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Jerusalén el
30 de noviembre de 1999. (Número de expediente 110/000002.) . . .
(Página 1417)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid
el 3 de febrero de 1999, y Canje de Notas de 9 de noviembre y 30 de
diciembre de 1999, que lo modifica. (Número de expediente 110/000003.)
. . . (Página 1417)
- Convenio celebrado sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre
las Administraciones Aduaneras, hecho en Bruselas el 18 de diciembre
de 1997, y declaraciones que España formulará al mismo. (Número de
expediente 110/000004.) . . . (Página 1418)
- Protocolo establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de
la Unión Europea, sobre la definición del concepto de blanqueo de
capitales y sobre la inclusión de información sobre matrículas de
vehículos en la lista de datos del Convenio relativo a la utilización
de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en
Bruselas el 12 de marzo de 1999. (Número de expediente 110/000005.) .
. . (Página 1418)
- Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de
España y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de
noviembre de 1999. (Número de expediente 110/000006.) . . .
(Página 1418)
- Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, hecho en Nueva York el 23 de mayo de 1997.
(Número de expediente 110/000007.) . . . (Página 1418)
- Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos, hecho en Kingston el 27 de marzo
de 1998. (Número de expediente 110/000008.) . . . (Página 1418)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Italiana relativo a
la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Roma el 4
de noviembre de 1999. (Número de expediente 110/000009.) . . .
(Página 1418)
- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Noruega para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 6
de octubre de 1999. (Número de expediente 110/000010.) . . .
(Página 1418)
- Segundo Protocolo adicional al Convenio de nacionalidad de 28 de
julio de 1961, suscrito entre España y Guatemala y modificado por el
Protocolo de fecha 10 de febrero de 1995, hecho en Guatemala el 19 de
noviembre de 1999. (Número de expediente 110/000011.)... (Página 1419)
- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del
Paraguay modificando el Convenio de doble nacionalidad de 25 de junio
de 1959, hecho en Asunción el 26 de junio de 1999. (Número de
expediente 110/000012.) . . . (Página 1419)
- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Brunei
Darussalam para supresión de visados, hecho en Kuala Lumpur el 8 y 13
de junio de 1999. (Número de expediente 110/000013.) ... (Página 1419)
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania, hecho en
Madrid el 20 de octubre de 1999. (Número de expediente 110/000014.) .
. . (Página 1419)
- Acuerdo sobre el salvamento, la devolución de astronautas y la
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, hecho en
Londres, Moscú y Washington el 22 de abril de 1968. (Número de
expediente 110/000015.) . . . (Página 1419)
- Canje de Notas por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13
del Tratado de Intercambio Cultural entre España y Uruguay de 13 de
febrero de 1964, hecho en Montevideo el 3 de marzo de 2000. (Número
de expediente 110/000016.) . . . (Página 1419)
- Acuerdo de relaciones cinematográficas entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno de la República Federal de Alemania, hecho en
Berlín el 11 de febrero de 2000. (Número de expediente 110/000017.) .
. . (Página 1419)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Bolivariana de
Venezuela sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho
en Madrid el 7 de marzo de 2000. (Número de expediente 110/000018.) .
. . (Página 1420)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Oriental del
Uruguay sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho
en Madrid el 7 de febrero de 2000. (Número de expediente 110/000019.)
. . . (Página 1420)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de marzo de 2000. (Número de expediente 110/000020.) ... (Página 1420)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y
técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de marzo de 2000. (Número de expediente 110/000021.) ... (Página 1420)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa Rica sobre
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y
técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de marzo de 2000. (Número de expediente 110/000022.) ... (Página 1420)
- Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Australia de
trabajo remunerado para familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 6 de marzo de 2000.
(Número de expediente 110/000023.) . . . (Página 1420)
- Canje de Notas de 30 de marzo y de 19 de mayo de 1998 constitutivo
de Acuerdo por el que se modifica el artículo 16 del Convenio de
Cooperación Cultural entre España y El Ecuador de 14 de julio de
1975. (Número de expediente 110/000024.) . . . (Página 1421)
- Convenio de cooperación técnica en materia de radiodifusión entre
el Reino de España y La República de Costa Rica, hecho en Madrid el 7
de abril de 1999. (Número de expediente 110/000025.) ... (Página 1421)
- Tratado General de cooperación y amistad entre el Reino de España y
la República del Ecuador, hecho en San Francisco de Quito el 30 de
junio de 1999. (Número de expediente 110/000026.) . . . (Página 1421)
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
de Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 3 de julio de 1999.
(Número de expediente 110/000027.) . . . (Página 1421)
- Acuerdo Europeo relativo a las personas que participan en
procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hecho en
Estrasburgo el 5 de marzo de 1996 y Declaración que España formulará
al mismo. (Número de expediente 110/000028.) . . . (Página 1421)
- Enmiendas al Convenio estableciendo la Organización Europea de
Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), hecho en Cardiff (Reino
Unido) el 20 de mayo de 1999. (Número de expediente 110/000029.) . .
. (Página 1421)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, representada por el Cuartel General Supremo de las
Potencias Aliadas en Europa, relativo a las condiciones especiales
aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de
un Cuartel General Militar Internacional, hecho en Madrid el 28 de
febrero de 2000. (Número de expediente 110/000030.) ... (Página 1421)
- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de
Honduras modificando el tratado de doble nacionalidad de 15 de junio
de 1966, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. (Número de
expediente 110/000032.) . . . (Página 1422)
- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República del
Ecuador que modifica el convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo
de 1964, hecho en Quito el 30 de junio de 1999. (Número de expediente
110/000033.) . . . (Página 1422)
- Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República del Paraguay, hecho en Asunción el 26 de junio
de 1999. (Número de expediente 110/000034.) . . . (Página 1422)
- Convenio establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de
la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de
conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como
Declaraciones que España va a formular al mismo. (Número de
expediente 110/000035.) . . . (Página 1422)
- Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1999, hecho en Londres el 13 de
abril de 1999, firmado en Nueva York el 30 de junio del mismo año.
(Número de expediente 110/000036.) . . . (Página 1422)
- Protocolo por el que se modifica el Convenio de 23 de julio de 1990
relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección
de los beneficios de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 25 de
mayo de 1999. (Número de expediente 110/000037.) . . . (Página 1422)
- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre la
ejecución de condenas impuestas por el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia, hecho en La Haya el 28 de marzo de 2000.
(Número de expediente 110/000038) . . . (Página 1423)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social. (Número de expediente 121/000012.) . . .
(Página 1423)
Declaración institucional. (Número de expediente 140/000004.) . . .
(Página 1444)
Elección de un señor Diputado, de conformidad con el punto tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992:
- Elección de un señor Diputado, de conformidad con el punto tercero
de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados
sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992. (Número de
expediente 052/000001.) . . . (Página 1445)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Modificación del orden del día . . . (Página 1417)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
68, punto 1 del Reglamento y considerando lo acordado por la Junta de
Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del punto 72
del orden día de la presente sesión, correspondiente al debate de
totalidad del Acuerdo entre España y el Fondo internacional de
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos,
hecho en Londres el 2 de junio de 2000, lo que se acuerda
por asentimiento.
Convenio entre el Reino de España y el Estado de Israel para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Jerusalén
el 30 de noviembre de 1999 . . . (Página 1417)
El señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, anuncia su voto en contra del dictamen, por los argumentos
señalados cuando se debatió su enmienda a la totalidad.
Sometido a votación, se aprueba por 199 votos a favor, seis en contra
y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid
el 3 de febrero de 1999, y Canje de Notas de 9 de noviembre y 30 de
diciembre de 1999 que lo modifica . . . (Página 1417)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio celebrado sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre
las Administraciones Aduaneras, hecho en Bruselas el 18 de diciembre
de 1997, y declaraciones que España formulará al mismo . . .
(Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de
la Unión Europea, sobre la definición del concepto de blanqueo de
capitales y sobre la inclusión de información sobre matrículas de
vehículos en la lista de datos del convenio relativo a la utilización
de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en
Bruselas el 12 de marzo de 1999 . . . (Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de
España y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de
noviembre de 1999 . . . (Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, hecho en Nueva York el 23 de mayo de 1997 . . .
(Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos, hecho en Kingston el 27 de marzo
de 1998 . . . (Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Italiana relativo a
la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Roma el 4
de noviembre de 1999 . . . (Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Noruega para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 6
de octubre de 1999 . . . (Página 1418)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Segundo Protocolo adicional al Convenio de nacionalidad del 28 de
julio de 1961, suscrito entre España y Guatemala y modificado por el
Protocolo de fecha 10 de febrero de 1995, hecho en Guatemala el 19 de
noviembre de 1999 . . . (Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del
Paraguay modificando el Convenio de doble nacionalidad de 25 de junio
de 1959, hecho en Asunción el 26 de junio de 1999 . . . (Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Brunei
Darussalam para supresión de visados, hecho en Kuala Lumpur el 8 y 13
de junio de 1999 . . . (Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania, hecho en Madrid
el 20 de octubre de 1999 . . . (Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo sobre el salvamento, la devolución de astronautas y la
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, hecho en
Londres, Moscú y Washington el 22 de abril de 1968 . . . (Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Canje de Notas por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del
Tratado de Intercambio Cultural entre España y Uruguay de 13 de
febrero de 1964, hecho en Montevideo el 3 de marzo de 2000 . . .
(Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo de relaciones cinematográficas entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República Federal de Alemania, hecho en
Berlín el 11 de febrero de 2000 . . . (Página 1419)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Bolivariana de
Venezuela sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho
en Madrid el 7 de marzo de 2000 . . . (Página 1420)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay
sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de febrero de 2000 . . . (Página 1420)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y
técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de marzo de 2000 . . . (Página 1420)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de marzo de 2000 . . . (Página 1420)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa Rica sobre
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7
de marzo de 2000 . . . (Página 1420)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Australia de
trabajo remunerado para familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 6 de marzo de 2000 . .
. (Página 1420)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Canje de Notas de 30 de marzo y de 19 de mayo de 1998 constitutivo de
Acuerdo por el que se modifica el artículo 16 del Convenio de
Cooperación Cultural entre España y el Ecuador de 14 de julio de 1975
. . . (Página 1421)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio de cooperación técnica en materia de radiodifusión entre el
Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en Madrid el 7 de
abril de 1999 . . . (Página 1421)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Tratado General de cooperación y amistad entre el Reino de España y
la República del Ecuador, hecho en San Francisco de Quito el 30 de
junio de 1999 . . . (Página 1421)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 3 de julio de 1999 . .
(Página 1421)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo Europeo relativo a las personas que participan en
procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hecho en
Estrasburgo el 5 de marzo de 1996 y Declaración que España formulará
al mismo . . . (Página 1421)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Enmiendas al Convenio estableciendo la Organización Europea de
Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), hecho en Cardiff (Reino
Unido) el 20 de mayo de 1999 . . . (Página 1421)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, representada por el Cuartel General Supremo de las
Potencias Aliadas en Europa, relativo a las condiciones especiales
aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de
un Cuartel General Militar Internacional, hecho en Madrid el 28 de
febrero de 2000 . . . (Página 1421)
El señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, se ratifica en los mismos argumentos que dio en el debate de
las enmiendas de totalidad y anuncia su voto en contra del Acuerdo.
Sometido a votación, se aprueba por 205 votos a favor, seis en contra
y tres abstenciones.
Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de
Honduras modificando el Tratado de doble nacionalidad de 15 de junio
de 1966, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999 . . .
(Página 1422)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República del
Ecuador que modifica el Convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo
de 1964, hecho en Quito el 30 de junio de 1999 . . . (Página 1422)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República del Paraguay, hecho en Asunción el 26 de junio
de 1999 . . . (Página 1422)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la
Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de
conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como
Declaraciones que España va a formular al mismo . . . (Página 1422)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1999, hecho en Londres el 13 de
abril de 1999, firmado en Nueva York el 30 de junio del mismo año . .
. (Página 1422)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo por el que se modifica el Convenio de 23 de julio de 1990
relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección
de los beneficios de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 25 de
mayo de 1999 . . . (Página 1422)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre la
ejecución de condenas impuestas por el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia, hecho en La Haya el 28 de marzo de 2000 . . .
(Página 1423)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 1423)
Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración socia . . . (Página 1423)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro del Interior (Mayor
Oreja), en nombre del Gobierno. Manifiesta que el proyecto de ley que
hoy presenta ante la Cámara se enmarca dentro de la prioridad que el
Gobierno concede a la política de inmigración y muestra su convicción
de que éste se enriquecerá en el trámite parlamentario con las
aportaciones que cada grupo ha realizado a través de las respectivas
enmiendas. Se ha querido reformar la ley desde la prudencia, con una
perspectiva internacional y en el seno de la Unión Europea. Compara
este proyecto de ley con la Ley de 1985 y concluye que el proyecto
que hoy presenta ante la Cámara introduce bases y condiciones para la
adaptación de los extranjeros y sus familias, buscando siempre una
mejor integración social y laboral. También supone un avance en lo
que significa el fomento de las sensibilidades hacia actitudes
racistas y xenófobas y ofrece instrumentos más eficaces contra
quienes trafican o explotan a los inmigrantes. Se refiere al Tratado
de Amsterdam y explica que la política de inmigración será una
política de la Unión que formará parte del primer pilar, lo que
afectará a un conjunto de disposiciones relativas a visados, al cruce
de fronteras, al asilo, al refugio, a la inmigración, en
definitiva, a todas las políticas relacionadas con la libre
circulación de personas. Expone, a continuación, los tres grandes
objetivos del Gobierno en el tratamiento del fenómeno de la
inmigración en los próximos años: una mejor convivencia, la
canalización de flujos migratorios hacia el territorio español,
ordenándola desde la legalidad, y la regulación de los instrumentos
más eficaces para luchar contra las mafias que trafican con seres
humanos. Asimismo, afirma, el Gobierno ha acometido esta reforma
porque es un compromiso político electoral de este Gobierno en las
últimas elecciones generales, porque un Gobierno no puede nunca
abdicar de sus principios y convicciones y porque se tiene la
evidencia de que la realidad del fenómeno migratorio en España se
está viendo desbordado por las previsiones de la ley vigente. Se
refiere a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y
asegura que el Gobierno afronta esta reforma desde el respeto a las
posturas de todos los grupos, con el convencimiento al mismo tiempo
de que su propuesta es la que, desde la prudencia, va a permitir una
respuesta más eficaz a la política de inmigración en el contexto
actual. A continuación explica las novedades más relevantes que se
introducen en la reforma y termina su intervención agradeciendo a
todos los grupos parlamentarios el trabajo realizado.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas al
proyecto de ley, intervienen el señor Labordeta Subías, la señora
Lasagabaster Olazábal, y los señores Saura Laporta y Aymerich Cano,
todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor
Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero
Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación conjuntamente todas las enmiendas de totalidad,
al ser todas ellas de devolución, al proyecto de ley orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, se
rechazan por 19 votos a favor, 183 en contra y 104 abstenciones.
Declaración institucional . . . (Página 1444)
La señora presidenta propone al Pleno de la Cámara una declaración
institucional, propuesta por los portavoces
de los distintos grupos parlamentarios, sobre la eliminación de la
pobreza y la violencia contra las mujeres, que se aprueba por
asentimiento.
Elección de un Sr. Diputado, de conformidad con el punto tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 . . . (Página 1445)
Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores
diputados.
Terminada la votación y verificado el escrutinio resultó elegido el
señor don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario
Socialista, al haber obtenido el mayor número de votos y haber
conseguido como mínimo los tres quintos requeridos de los votos de
los diputados que componen la Cámara.
Se levanta la sesión a las doce y treinta y cinco minutos del
mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Asunto previo. Exclusión de un punto del orden del día.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y
considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia
somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la
presente sesión del punto 72, correspondiente al debate de totalidad
del Acuerdo entre España y el Fondo Internacional de Indemnización de
daños causados por la contaminación de hidrocarburos, hecho en
Londres el 2 de junio de 2000. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del
punto de referencia.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día, dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Señorías, este punto VII comprende de los apartados 36 al 71, que
deben ser sometidos a votación sucesivamente. Desde la Presidencia se
va a ir leyendo el enunciado. Si algún grupo desea intervenir, será
el momento en el cual deba pedirlo. Y también iré solicitando de la
Cámara si es preciso realizar votación electrónica o podemos realizar
la votación por asentimiento.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL PARAEVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN JERUSALÉN EL
30 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000002.)
La señora PRESIDENTA: Punto 36, convenio entre el Reino de España y
el Estado de Israel para evitar doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio. (El señor Centella pide la palabra.)
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero decir que Izquierda Unida va a votar en contra, por los
argumentos que ya señalamos en su día en la enmienda a la totalidad
que presentamos cuando se tramitó.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella. Haremos
entonces votación electrónica.
Sometemos a votación el convenio entre el Reino de España y el Estado
de Israel para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
206; a favor, 199; en contra, seis; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CUBA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTAY EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID
EL 3 DE FEBRERO DE 1999, Y CANJE DE NOTAS DE 9 DE NOVIEMBRE Y30 DE
DICIEMBRE DE 1999 QUE LO MODIFICA. (Número de expediente 110/000003.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la
República de Cuba para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio
y Protocolo y canje de notas que lo modifica. ¿Algún grupo desea
votación electrónica? (Pausa.) ¿Podemos someterlo a votación por
asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado el convenio de referencia.
- CONVENIO CELEBRADO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA Y LA COOPERACIÓN ENTRE
LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE DICIEMBRE
DE 1997, Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA FORMULARÁ AL MISMO. (Número de
expediente 110/000004.)
La señora PRESIDENTA: Convenio celebrado sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y
la cooperación entre las administraciones aduaneras y declaraciones
que España formulará al mismo. ¿Aprueba la Cámara el convenio?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y SOBRE LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULAS DE
VEHÍCULOS EN LA LISTA DE DATOS DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, HECHO EN
BRUSELAS EL 12 DE MARZO DE 1999. (Número de expediente 110/000005.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo establecido sobre la base del
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la definición del
concepto de blanqueo de capitales y sobre la inclusión de información
sobre matrículas de vehículos en la lista de datos del convenio
relativo a la utilización de la tecnología de la información
a efectos aduaneros. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado el protocolo de referencia.
- TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS, HECHO EN TEGUCIGALPA EL 13 DE
NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000006.)
La señora PRESIDENTA: Tratado sobre traslado de personas condenadas
entre el Reino de España y la República de Honduras, hecho en
Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado el tratado de referencia.
- ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL
DEL DERECHO DEL MAR, HECHO EN NUEVA YORK EL 23 DE MAYO DE 1997.
(Número de expediente 110/000007.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar, hecho en Nueva York el 23
de mayo de 1997. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
-PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA AUTORIDAD
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, HECHO EN KINGSTON EL 27 DE MARZO
DE 1998. (Número de expediente 110/000008.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA ITALIANA RELATIVO A
LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO EN ROMA EL 4
DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000009.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
Italiana relativo a la readmisión de personas en situación irregular.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE NORUEGA PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 6
DE OCTUBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000010.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Noruega para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. ¿Lo
aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado el convenio de referencia.
- SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE NACIONALIDAD DE 28 DE
JULIO DE 1961, SUSCRITO ENTRE ESPAÑA Y GUATEMALA Y MODIFICADO POR EL
PROTOCOLO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 1995, HECHO EN GUATEMALA EL 19 DE
NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000011.)
La señora PRESIDENTA: Segundo Protocolo adicional al convenio de
nacionalidad del 28 de julio de 1961, suscrito entre España y
Guatemala y modificado por el Protocolo de fecha 10 de febrero de
1995, hecho en Guatemala el 19 de noviembre de 1999. ¿Lo aprueba la
Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO ADICIONALENTRE ELREINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 25 DE JUNIO
DE 1959, HECHO EN ASUNCIÓN EL 26 DE JUNIO DE 1999. (Número de
expediente 110/000012.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo adicional entre el Reino de España y
la República del Paraguay modificando el Convenio de doble
nacionalidad de 25 de junio de 1959. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y BRUNEI
DARUSSALAM PARA SUPRESIÓN DE VISADOS, HECHO EN KUALA LUMPUR EL8 Y 13
DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000013.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas constitutivo de acuerdo entre
España y Brunei Darussalam para supresión de visados. ¿Lo aprueba la
Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO
HACHEMITA DE JORDANIA, HECHO EN MADRID EL 20 DE OCTUBRE DE 1999.
(Número de expediente 110/000014.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y el Reino
hachemita de Jordania ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE EL SALVAMENTO, LA DEVOLUCIÓN DE ASTRONAUTAS Y LA
RESTITUCIÓN DE OBJETOS LANZADOS AL ESPACIO ULTRATERRESTRE, HECHO EN
LONDRES, MOSCÚ Y WASHINGTON EL 22 DE ABRIL DE 1968. (Número de
expediente 110/000015.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre el salvamento, la devolución de
astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre, hecho en Londres, Moscú y Washington el 22 de abril
de 1968. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 13
DEL TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y URUGUAY DE 13 DE
FEBRERO DE 1964, HECHO EN MONTEVIDEO EL 3 DE MARZO DE 2000. (Número
de expediente 110/000016.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas por el que se modifican los
artículos 11, 12 y 13 del Tratado de Intercambio Cultural entre
España y Uruguay de 13 de febrero de 1964. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO DE RELACIONES CINEMATOGRÁFICAS ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO
DE ESPAÑAY EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, HECHO EN
BERLÍN EL 11 DE FEBRERO DE 2000. (Número de expediente 110/000017.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de relaciones cinematográficas entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de
Alemania, hecho en Berlín el 11 de febrero de 2000. ¿Lo aprueba la
Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA
FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR,
ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, HECHO
EN MADRID EL 7 DE MARZO DE 2000. (Número de expediente 110/000018.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
Bolivariana de Venezuela sobre el libre ejercicio de actividades
remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas
y consulares. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO
Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 7
DE FEBRERO DE 2000. (Número de expediente 110/000019.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
Oriental del Uruguay sobre el libre ejercicio de actividades
remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y
consulares. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LAREPÚBLICADELPERÚ SOBRE EL LIBRE
EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL
PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES
DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 7 DE MARZO DE 2000.
(Número de expediente 110/000020.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Perú sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares. ¿Lo
aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE EL
LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS YCONSULARES, HECHO EN MADRID EL 7 DE
MARZO DE 2000. (Número de expediente 110/000021.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Ecuador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE
EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS YCONSULARES, HECHO EN MADRID EL 7 DE
MARZO DE 2000. (Número de expediente 110/000022.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Costa Rica sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas
para familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY ELGOBIERNO DE AUSTRALIADE
TRABAJO REMUNERADO PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL
DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES
DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 6 DE MARZO DE 2000.
(Número de expediente 110/000023.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y el Gobierno
de Australia de trabajo remunerado para familiares dependientes del
personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones
diplomáticas y consulares. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS DE 30 DE MARZO Y DE 19 DE MAYO DE 1998 CONSTITUTIVO
DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 16 DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y EL ECUADOR DE 14 DE JULIO DE
1975. (Número de expediente 110/000024.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas de 30 de marzo y de 19 de mayo
de 1998 constitutivo de Acuerdo por el que se modifica el artículo 16
del Convenio de Cooperación Cultural entre España y el Ecuador de 14
de julio de 1975. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE RADIODIFUSIÓN ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HECHO EN MADRID EL 7
DE ABRIL DE 1999. (Número de expediente 110/000025.)
La señora PRESIDENTA: Convenio de cooperación técnica en materia de
radiodifusión entre el Reino de España y la República de Costa Rica.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- TRATADO GENERAL DE COOPERACIÓN Y AMISTAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HECHO EN SAN FRANCISCO DE QUITO EL 30 DE
JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000026.)
La señora PRESIDENTA: Tratado general de cooperación y amistad entre
el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en San Francisco
de Quito el 30 de junio de 1999. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE TRINIDAD Y TOBAGO, HECHO EN PUERTO ESPAÑAEL3 DE JULIO DE 1999.
(Número de expediente 110/000027.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO EUROPEO RELATIVO A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN
PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 5 DE MARZO DE 1996 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULARÁ
AL MISMO. (Número de expediente 110/000028.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo europeo relativo a las personas que
participan en el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996 y Declaración que
España formulará al mismo. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ENMIENDAS AL CONVENIO ESTABLECIENDO LA ORGANIZACIÓN EUROPEADE
TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE (EUTELSAT), HECHO EN CARDIFF (REINO
UNIDO) EL 20 DE MAYO DE 1999. (Número de expediente 110/000029.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas al Convenio estableciendo la
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite, hecho en
Cardiff (Reino Unido) el 20 de mayo de 1999. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO
DELATLÁNTICO NORTE, REPRESENTADA POR EL CUARTELGENERALSUPREMO DE LAS
POTENCIAS ALIADAS EN EUROPA, RELATIVO ALAS CONDICIONES ESPECIALES
APLICABLES AL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN EN TERRITORIO ESPAÑOL DE
UN CUARTEL GENERAL MILITAR INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID EL 28 DE
FEBRERO DE 2000. (Número de expediente 110/000030.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, representada por el
Cuartel General Supremo de las potencias aliadas en Europa, relativo
a las condiciones especiales aplicables al establecimiento y
explotación en territorio español de un Cuartel General Militar
Internacional, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2000.
¿Intervenciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, quiero manifestar el voto
contrario de Izquierda Unida a este acuerdo. No obstante, he de
agradecer la lección
de estilo que nos dio el portavoz del Grupo Popular en su día, cuando
se discutió la enmienda a la totalidad, pero no estamos aquí para
ganar ningún premio literario, sino simplemente para defender lo que
consideramos intereses legítimos de este Estado. Por tanto, nos
ratificamos en los mismos argumentos que ya dimos en aquella sesión y
consideramos que éste es un acuerdo que no debía ser ratificado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella. ¿Algún otro
grupo desea intervenir? (Pausa.)
Sometemos a votación, ahora electrónica, el acuerdo entre el Reino de
España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
representada por el Cuartel General Supremo de las potencias aliadas
en Europa, relativo a las condiciones especiales aplicables al
establecimiento y explotación en territorio español de un Cuartel
General Militar Internacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
214; a favor, 205; en contra, seis; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el acuerdo de
referencia.
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
HONDURAS MODIFICANDO EL TRATADO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 15 DE JUNIO
DE 1966, HECHO EN TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de
expediente 110/000032.)
La señora PRESIDENTA: Punto 65. Protocolo adicional entre el Reino de
España y la República de Honduras modificando el Tratado de doble
nacionalidad de 15 de junio de 1966, hecho en Tegucigalpa el 13 de
noviembre de 1999. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR QUE MODIFICA EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 4 DE MARZO
DE 1964, HECHO EN QUITO EL 30 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente
110/000033.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo adicional entre el Reino de España y
la República del Ecuador que
modifica el Convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo de 1964,
hecho en Quito el 30 de junio de 1999. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE
ESPAÑAY LAREPÚBLICA DEL PARAGUAY, HECHO EN ASUNCIÓN EL 26 DE JUNIO DE
1999. (Número de expediente 110/000034.)
La señora PRESIDENTA: Convenio de cooperación judicial en material
penal entre el Reino de España y la República del Paraguay. ¿Lo
aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LAS DECISIONES DE PRIVACIÓN DEL DERECHO DE
CONDUCIR, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE JUNIO DE 1998, ASÍ COMO
DECLARACIONES QUE ESPAÑA VAA FORMULAR AL MISMO. (Número de expediente
110/000035.)
La señora PRESIDENTA: Convenio establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de
privación del derecho de conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio
de 1998, así como declaraciones que España va a formular al mismo.
Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- CONVENIO SOBRE AYUDAALIMENTARIA 1999, HECHO EN LONDRES EL 13 DE
ABRIL DE 1999, FIRMADO EN NUEVA YORK EL 30 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.
(Número de expediente 110/000036)
La señora PRESIDENTA: Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1999, hecho en
Londres el 13 de abril de 1999 y firmado en Nueva York el 30 de junio
del mismo año. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO DE 23 DE JULIO DE 1990
RELATIVO A LA SUPRESIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN EN CASO DE CORRECCIÓN
DE LOS BENEFICIOS DE EMPRESAS ASOCIADAS, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE
MAYO DE 1999. (Número de expediente 110/000037.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo por el que se modifica el Convenio de
23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en
caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, hecho en
Bruselas el 25 de mayo de 1999. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
EJECUCIÓN DE CONDENAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
PARA LA EX YUGOSLAVIA, HECHO EN LA HAYA EL 28 DE MARZO DE 2000.
(Número de expediente 110/000038)
La señora PRESIDENTA: Por último, apartado número 71, Acuerdo entre
el Reino de España y las Naciones Unidas sobre la ejecución de
condenas impuestas por el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, hecho en La Haya el 28 de marzo de 2000. ¿Lo acuerda la
Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE
11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000012.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día. Debates de
totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor
ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, el pasado 4 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el
proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Extranjería que hoy
inicia su debate parlamentario en esta Cámara y cuyo contenido estoy
seguro de que se enriquecerá con las aportaciones que cada grupo ha
realizado a través de las respectivas enmiendas.
Este proyecto se enmarca dentro de la prioridad que este Gobierno
concede a la política de inmigración, que trasciende a lo que es una
mera gestión de los flujos migratorios en el ámbito nacional, para
convertirse en
lo que es una política clave y esencial desde una perspectiva
internacional y en el seno de la Unión Europea. Con este proyecto
hemos querido reformar la ley desde algo esencial en el tratamiento
de este fenómeno cual es el principio de la prudencia, entendiendo
que hay un nuevo marco comunitario que tiene que ser nuestro
referente principal. Introducimos una regulación de la extranjería
que tiene su punto precedente en la Ley de 1985, ley que,
comparándola con la que hoy traemos al Congreso, supone un avance
relevante en lo que significan derechos y en el conjunto de
obligaciones que nos damos a nosotros mismos en el tratamiento de
este importante fenómeno. Introduce este proyecto de reforma de esa
ley de 1985 bases y condiciones para la adaptación de los extranjeros
y sus familias, buscando siempre una mejor integración social y
laboral. Supone también un avance en lo que significa el fomento de
las sensibilidades hacia actitudes racistas y xenófobas que pueden
estar en determinados niveles en el conjunto de las sociedades
europeas. Asimismo ofrecemos instrumentos más eficaces contra quienes
trafican o explotan a los inmigrantes.
Si el punto de origen, en nuestra opinión, es esa Ley del año 1985,
no se entiende esta reforma, señorías, sin comprender que el Tratado
de Amsterdam, como antes decía, introduce una novedad relevante de
presente y de futuro al decir que esta política de la inmigración
será una política de la Unión que formará parte del primer pilar, que
será algo más que lo que es hoy, una política simplemente de
cooperación intergubernamental propia del tercer pilar de la Unión
Europea. Y este horizonte, esta novedad sustancial va a afectar a un
conjunto de disposiciones relativas a visados, al cruce de fronteras,
al asilo, al refugio, a la inmigración, en definitiva, a todas las
políticas relacionadas con la libre circulación de personas.
Estas nuevas disposiciones significan que, por encima de cualquier
otra consideración, la Unión Europea va a articular un enfoque
uniforme, homogéneo, frente a lo que es una presión migratoria
externa. Para ello, los Estados miembros aceptan que, con la
desaparición de las fronteras interiores, se haga indispensable el
establecimiento de normas comunes para las llamadas fronteras
exteriores de la Unión, es decir, los puntos de entrada desde
terceros países. Si esto es así, la política española en esta materia
tiene que estar buscando ese horizonte europeo, tiene que estar en
consonancia con lo que son las políticas de inmigración del conjunto
de los países de la Unión Europea. El Gobierno, con esta ley, quiere
dirigirse a la búsqueda de una política global, integradora y que
además sea firme e implacable frente a quienes vulneran los derechos
de los extranjeros y desde luego acorde con las perspectivas de la
Unión después de Amsterdam y de la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de Tampere. ¿Cuáles son los tres grandes objetivos para los
próximos años para el Gobierno en el tratamiento del fenómeno
de la emigración? Primer objetivo, la integración y la convivencia en
la sociedad española de todos los extranjeros que residan en nuestro
país. Que sea posible una mejor convivencia en este ámbito y que la
inmigración en España tampoco altere el conjunto de la convivencia en
nuestra sociedad. El segundo objetivo es la canalización de flujos
migratorios hacia el territorio español, poniendo el acento en lo que
significa una inmigración de carácter legal, de tal modo que hagamos
el esfuerzo de ordenarla desde la legalidad. Y el tercer objetivo,
que regulemos instrumentos más eficaces para poder aislar, dentro de
este fenómeno, lo que significa la lucha contra las mafias, contra
las redes que trafican con seres humanos.
Si esos son los objetivos, ¿cuáles son las razones de la reforma?
Primero, porque es un compromiso político electoral de este Gobierno
en las últimas elecciones generales. Segundo, porque un Gobierno
podrá acertar o podrá equivocarse pero lo que no puede nunca es
abdicar de sus principios y de sus convicciones, que no son el fruto
de una ideología concreta y particular, sino que son el fruto de la
experiencia de la administración de la extranjería a lo largo de los
últimos años, de este Gobierno y de anteriores gobiernos, y que
evidentemente no pudo, por razones obvias, defender con éxito en la
tramitación de la actual ley en vigor. Tercero, porque, como indica
la exposición de motivos, partimos de la constatación o de la
evidencia de que la realidad del fenómeno migratorio en nuestro país
se está viendo desbordada por las previsiones de la ley vigente.
Con estos antecedentes, señorías, se aborda la reforma, que se hace
desde la realidad de la población extranjera en la actualidad,
teniendo en cuenta las previsiones de futuro de cara al próximo
siglo. Parece ya un hecho contrastado que, más allá de lo que pueden
ser los vaivenes en el desarrollo económico y social de España,
definitivamente la emigración ha convertido a España en un país de
destino de flujos migratorios y de tránsito hacia otros Estados;
dicho en otras palabras, al margen de que todavía tengamos algunas
características como país de emigración, sustancialmente nos hemos
transformado en un país de acogida.
Creo que estaremos todos de acuerdo si digo que la emigración es una
realidad positiva, que aporta al país que la recibe ventajas
económicas, sociales, culturales y de otra índole en la medida que
sepamos administrar, desde la legalidad, desde el orden, desde la
prudencia, desde la sensatez y desde la madurez este nuevo reto, este
nuevo fenómeno que, sin duda, en estos momentos tenemos por delante.
Tenemos la oportunidad de evitar errores que han sacudido a otros
países de nuestro entorno, otros países de la Unión Europa, en donde
ciertamente han prevalecido debates de carácter partidario, debates
ideológicos que, en demasiadas ocasiones, han fracturado y dividido a
la sociedad en la que se producía este fenómeno. Evidentemente,
tenemos la posibilidad de dar una respuesta desde la sensatez, en
el esfuerzo de evitar abusos hacia extranjeros, garantizando el
ejercicio de derechos y la asunción de responsabilidades.
Este proyecto de ley cumple, en opinión del Gobierno, un mandato
contenido en el artículo 13 de la Constitución española, que
establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades
públicas que garantiza su título I, en los términos que establezcan
los tratados y la ley. Este mandato constitucional se conjuga con los
compromisos internacionales de nuestro país como miembro de la Unión
Europea.
Quiero recordar que los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
miembros de la Unión acordaron en octubre de 1999 que se debía
garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que
residieran legalmente en el territorio de sus Estados. Dentro de lo
que debe ser una auténtica política de integración, pretendemos
conceder a estos residentes derechos y obligaciones comparables a los
ciudadanos de la Unión, fomentando conductas que hagan posible esta
integración social, cultural y socioeconómica, desarrollando siempre
las medidas necesarias contra el racismo y la xenofobia que, sin
duda, constituyen los elementos más perturbadores, en las próximas
décadas, de la convivencia no sólo en España sino en el conjunto de
la Unión Europea.
En definitiva, señorías, lo que el Gobierno trata de hacer con este
proyecto es aunar dos principios esenciales y básicos. En primer
término, la capacidad real de acogida en nuestro país, que no es
ilimitada ni infinita; lo importante es que sepamos entender y
comprender que lo más trascendental de este proyecto es determinar
cuál es la capacidad real de acogida de nuestro país. En segundo
término, las responsabilidades que España asumió en el Consejo
Europeo de Tampere y, en general, en todas sus relaciones con los
demás países de la Unión Europea. Por ello, hay que adoptar políticas
coherentes no sólo en el seno de la Unión Europea sino también con
los países terceros afectados por este fenómeno.
Señorías, hemos abordado la reforma de la Ley de Extranjería, que
posteriormente pasaré a justificar, con el esfuerzo de no
descalificar las posiciones de los demás grupos parlamentarios, que
pueden ir más allá de lo que significa la nueva ley. La justificación
de la reforma no es una descalificación de la posición de los grupos
parlamentarios que hoy van a presentar enmiendas a la totalidad de
este proyecto. Entre esa Ley del año 1985 y el horizonte de una
política común de la Unión en materia de inmigración, el Gobierno
cree que, por razones de prudencia, debe adoptarse un ritmo, una
cadencia determinada a la hora de afrontar este fenómeno, y hay otros
grupos que consideran que el ritmo tiene que ser otro diferente.
Pero, señorías, nosotros no tratamos en modo alguno de descalificar
las posiciones de los demás grupos. Nuestro deseo es que podamos
seguir avanzando entre todos para que la regulación de
la extranjería responda en cada momento a la dimensión social de este
fenómeno como auténtico instrumento de integración, y ojalá las
circunstancias permitan que en los próximos años todos confluyamos en
los ritmos que en estos momentos proponen algunos a este fenómeno, en
las propuestas que hoy hacen determinados grupos parlamentarios. Por
eso, nosotros afrontamos esta reforma desde el respeto a las posturas
de todos los grupos, desde el convencimiento al mismo tiempo de que
nuestra propuesta es la que, desde la prudencia, nos va a permitir
una respuesta más eficaz a la política de inmigración en el contexto
actual.
Presentamos este proyecto con ánimo de no caer en los errores que se
han planteado en algunos países de la Unión, que provocaron violentos
debates y divisiones innecesarias, demostrando que en estos proyectos
una carga ideológica no servía al final para satisfacer ni a unos ni
a otros y no había fórmula ni panacea mágica para resolver un
fenómeno tan importante. El Gobierno no quiere abrir distancias,
abismos y zanjas más allá de lo que puede significar una normal
diferencia a la hora de adoptar ese ritmo, esa velocidad, esa
cadencia en el tratamiento de un fenómeno de estas características.
Por ello, señorías, quiero en cualquier caso reconocer y valorar el
trabajo y las aportaciones de todos los grupos en este debate que se
inició en la anterior legislatura con la proposición de ley. Que
nadie piense que ha perdido el tiempo, porque la contribución de cada
uno de los grupos ha sido valiosísima, y ojalá podamos seguir
avanzando con generosidad y rigor ante el fenómeno de la inmigración.
La política de inmigración no sólo es la Ley de inmigración o el
proyecto de reforma que hoy plantea el Gobierno. La política de
inmigración, además de la ley, exige políticas activas que sean la
sustancia esencial de lo que es una política de inmigración. Por eso,
el Gobierno ha elaborado, simultáneamente a esta reforma, un programa
global de regulación y de coordinación de la extranjería y de la
inmigración en España, el programa Greco, que el Gobierno presentará
en esta Cámara en la subcomisión correspondiente para su posterior
estudio y debate, siempre sobre la base de llegar a un consenso lo
más amplio posible con todos los grupos políticos de la Cámara. Este
programa global de regulación de la inmigración se va a desarrollar
en más de 20 acciones, estructuradas en más de 70 medidas concretas,
que afectarán a los diferentes departamentos ministeriales con
competencia en esta materia.
Señorías, con este esquema inicial trataré a continuación de
sistematizar las novedades más relevantes que se introducen en la
reforma que propone el Gobierno. En primer término, en cuanto a los
derechos y libertades de los extranjeros, lo primero que quiero decir
es que las modificaciones introducidas obedecen a la preocupación del
legislador en reconocer a los extranjeros la máxima cota de derechos
y libertades. El proyecto de reforma parte de una premisa
fundamental, y es que
los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta ley en
condiciones de igualdad con los españoles. Pero pensamos que es más
precisa y más clarificadora esta reforma respecto de la situación de
los extranjeros que se encuentran legalmente en España,
distinguiéndola de aquellos que no tienen una residencia legal. En
nuestra opinión, la ley actualmente en vigor difumina esta distinción
entre residencia legal e ilegal, atribuyendo derechos que
constitucionalmente deben estar vinculados a unos y no a otros. Esta
difuminación de la distinción entre residencia legal e ilegal
dificulta claramente la aplicación de los mecanismos que el
ordenamiento jurídico prevé para controlar los flujos migratorios
y para asegurar la legalidad de entrada y permanencia de los
extranjeros en territorio español. Además, señorías, con estos
inconvenientes se está contrariando lo que son conclusiones del
Consejo Europeo de Tampere, que insisten en la legalidad de la
residencia como requisito para el reconocimiento de derechos a los
ciudadanos de terceros países, así como la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto al artículo 13 de la Constitución
española.
Pasando al plano de algunos derechos en particular dentro de este
capítulo, hay que destacar que en la reforma se vincula el derecho
político de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros
residentes en España al principio de derecho internacional de
reciprocidad. Y se clarifica la participación de los extranjeros
residentes en las corporaciones locales respecto a los asuntos que
les afecten. También en coherencia con lo que pensamos es la
jusrisprudencia emanada del Constitucional y en relación con las
libertades de reunión y manifestación, se especifica que son
titulares de las mismas los extranjeros que se encuentren legalmente
en nuestro país. La misma modificación conceptual se establece para
la titularidad y el ejercicio del derecho de asociación, del derecho
al trabajo, de la libertad de sindicación y huelga, y del derecho de
ayudas en materia de vivienda. En relación con el derecho a la
educación, todos los extranjeros tienen el derecho a la educación
obligatoria, y la educación no obligatoria se fija en las mismas
condiciones previstas para los españoles respecto a los extranjeros
residentes. Se introducen mejoras técnicas en el derecho a la
reagrupación familiar, circunscribiéndose al cónyuge, ascendientes y
descendientes de primer grado y a los menores de 18 años o incapaces
cuando el residente extranjero sea el representante legal. El derecho
a la asistencia jurídica gratuita se ha adecuado en la reforma a lo
dispuesto en la normativa sobre asistencia letrada gratuita para los
españoles. En relación con el derecho a la asistencia sanitaria, se
mantiene la regulación prevista en la ley vigente. Los extranjeros
inscritos en el padrón municipal tendrán derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, al igual que
todos los menores de 18 años, con independencia de su inscripción en
el padrón. En
todo caso, los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria
pública de urgencia.
El planteamiento de fondo a la hora de abordar esta reforma es que no
hay que tratar de hacer una lista de derechos, porque una exhaustiva
enumeración de los mismos no significa que mejoren los derechos de
los inmigrantes. Lo importante es que el cumplimiento de esos
derechos sea una realidad efectiva, que coincida el enunciado de un
derecho con la realidad de su ejercicio. Quiero decirles que en la
actual reforma que proponemos la valoración final sin duda es muy
exigente para nuestro Estado, para nuestro ordenamiento jurídico, en
definitiva, para nuestro Estado de derecho.
Una vez hecha la disección sobre derechos y deberes, entramos en el
capítulo segundo, referido al régimen jurídico de visados que, en
nuestra opinión, significa que el texto de la actual ley es confuso y
que no define con precisión la extensión de la potestad
administrativa de otorgamiento y denegación de visados. De la
interpretación de los actuales preceptos no queda claro que se trate
de una potestad en cuyo ejercicio la Administración ha de contar con
un cierto margen de estimación. El proyecto de ley parte de la
consideración de que el visado es un instrumento de política en
general y de política migratoria en particular. Por ello se ha
especificado que el ejercicio de la potestad de otorgamiento o
denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales y
se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior de
España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea,
como la política de inmigración, la política económica y la seguridad
ciudadana. En cuanto a la denegación del visado, se especifica que en
la resolución correspondiente deberán expresarse los recursos que se
pueden interponer, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el
plazo para interponerlos.
El proyecto incorpora, además, un régimen de situaciones y permisos
que incentiva a los extranjeros a entrar y residir en nuestro país
dentro del marco de la regularidad, frente a la entrada y estancia
irregular.
También es importante señalar que la entrada de los extranjeros, el
régimen de expedición de visados, la estancia y la prórroga de la
misma, se han adecuado en la nueva norma a lo establecido en el
Convenio Schengen. Como novedad, se ha introducido la posibilidad de
concesión de un permiso de residencia temporal por razones
humanitarias o circunstancias excepcionales. En suma, señorías, se
articula un régimen documental adaptado al contexto actual del
mercado de trabajo para que el extranjero que quiera trabajar lo
pueda hacer con todas las garantías y derechos.
El tercer capítulo sobre el que quisiera incidir es el procedimiento
ordinario de regularización de extranjeros, sobre el que hay que
realizar las siguientes consideraciones: el artículo 29.3 de la ley
actualmente vigente establece un procedimiento de regularización de
extranjeros que acrediten una estancia de dos años
en territorio español, que figuren empadronados en un municipio y que
cuenten con medios económicos de subsistencia. No se trata de una
simple habilitación al Gobierno para regularizar situaciones ilegales
en determinadas circunstancias, se trata de un mecanismo permanente
derivado directamente de la ley. Estamos ante un precepto que ofrece,
con carácter general e indefinido, requisitos poco exigentes. Es una
salida permanente para la situación de ilegalidad y esto, en la
práctica, significa una llamada para los extranjeros que permanecen
en situación ilegal durante el período establecido de dos años, ya
que saben que, pasado ese plazo y con la acreditación de esas
condiciones, serán regularizados automáticamente.
Señorías, esta previsión, unida a la limitación de facultades de
expulsión de extranjeros en situación ilegal, impide el
establecimiento de una política migratoria asentada sobre la
canalización de los flujos migratorios. No se puede nunca ordenar una
política de inmigración sobre lo irregular; al revés, habrá que saber
poner siempre el acento en que una política de inmigración sólo puede
ser administrada en la medida que se haga desde la máxima capacidad y
seguridad de la legalidad. Una norma de esas características carece,
además, de paralelo en derecho comparado en la Unión Europea.
Evidentemente, no puede decirse que contribuya a incentivar la
entrada en España mediante procedimientos legales desde el origen,
sino todo lo contrario.
El proyecto de ley suprime una confusión que se introduce con la
inscripción en el padrón que, en nuestra opinión, sólo debe reflejar
la población existente en cada municipio. El sistema para la
inscripción en el padrón no garantiza que toda persona inscrita en él
se encuentre realmente en el municipio, por lo que en sí mismo no
puede constituirse en un documento que acredite fehacientemente una
permanencia ni una situación de arraigo a efectos de residencia en
España. Señorías, la inmigración irregular no se detiene facilitando
al máximo el paso de ésta a la de carácter legal; se hace
fundamentalmente potenciando los mecanismos que faciliten la
inmigración legal desde el origen.
El cuarto tipo de medidas se refiere a las que hay que tomar en la
lucha contra la inmigración ilegal. Se introducen modificaciones
significativas que afectan a dos cuestiones distintas: en primer
lugar, las medidas de lucha contra la inmigración ilegal y contra las
mafias y personas que trafican con los extranjeros y, en segundo
lugar, la mejora de los mecanismos para evitar la inmigración de
carácter irregular o ilegal. La reforma incluye, de acuerdo con los
compromisos suscritos por España como miembro de Schengen, un
artículo nuevo relativo a las obligaciones de los transportistas y a
las sanciones por incumplimiento de tales obligaciones. Se contemplan
también las especiales circunstancias de las compañías de transporte
terrestre frente a las de transporte aéreo o marítimo, realizándose
una remisión
reglamentaria respecto a las condiciones del cumplimiento de esta
obligación.
Dentro de este grupo y conjunto de instrumentos legales, el proyecto
prevé sanciones a los transportistas que trasladen a extranjeros
hasta el territorio español sin verificar que cumplen los requisitos
para la entrada. Se tipifica también como infracción muy grave el
incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de
hacerse cargo, sin pérdida de tiempo, del extranjero transportado que
por deficiencias en la documentación necesaria para la entrada no
haya sido autorizado para entrar en España.
Respecto a las sanciones dirigidas contra el tráfico de personas, se
introducen medidas para profundizar en la lucha contra dicho tráfico
y explotación de seres humanos, permitiendo el control de
determinadas actividades o facilitando el control de los medios
empleados por los traficantes. Se prevén medidas como la clausura de
establecimientos de hasta cinco años o confiscaciones de medios y
bienes empleados en el tráfico y explotación laboral.
Señorías, en cuanto al régimen sancionador, he de decir que en un
Estado de derecho es necesario establecer los instrumentos que
permitan hacer efectivo el cumplimiento de las normas, como en este
caso las que rigen la entrada y permanencia en territorio español. La
ley orgánica actual no permite la expulsión de los extranjeros que se
encuentren de forma ilegal en el territorio español, y por este
motivo, señorías, se debe introducir como infracción sancionable con
expulsión la permanencia de forma ilegal en el territorio español.
Con esta medida, señorías, se pretende incrementar una cierta
capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la
inmigración ilegal. Los países de la Unión Europea cuentan en sus
ordenamientos jurídicos con la posibilidad de expulsar a los
extranjeros que se encuentren en esta situación. Con este mismo
criterio se acercaron las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere
y no hay ninguna razón para que España no tenga ese mismo instrumento
jurídico que tienen los demás países de la Unión Europea. Con este
mismo objetivo, entre las infracciones sancionables con expulsión la
reforma contempla la situación del extranjero que está trabajando sin
haber obtenido el permiso de trabajo cuando no cuente con
autorización de residencia válida, y con ello, señorías, se trata de
evitar que los extranjeros realicen actividades laborales
clandestinamente sin los derechos y obligaciones que les corresponden
como trabajadores.
Señorías, también se delimitan claramente las competencias de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el procedimiento
sancionador incoado en virtud de infracciones cometidas por
empresarios que contratan a extranjeros no titulares de permisos de
trabajo. Desaparece también la indefinición y la confusión que ha
creado esta ley orgánica respecto a la figura del retorno, y en esta
nueva ley se distingue claramente la
figura del retorno con la figura de la devolución. Se regula un
procedimiento preferente para la tramitación y resolución de
expedientes de expulsión ante la comisión de determinadas
infracciones, así como la ejecución de estas resoluciones de
expulsión adoptadas siguiendo este procedimiento. Con esto se cubre
una laguna de la Ley Orgánica 4/2000, que remite en el artículo 19 a
un procedimiento de urgencia que no aparece regulado.
Se tiene en cuenta en la regulación del régimen sancionador la
especial situación de los extranjeros que soliciten asilo, y,
asimismo, con el fin de garantizar la tutela judicial, se fijan
exhaustivamente los diferentes supuestos en los que es necesaria la
autorización judicial. Por último, se recoge expresamente la
necesidad de notificar la resolución de expulsión, con indicación de
los recursos que se pueden interponer, su plazo y órgano ante el que
proceda presentar el recurso, de conformidad con la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Señorías, termino haciendo una breve referencia a que en esta ley
definitivamente se da un gran impulso a la coordinación de los
poderes públicos y que se mantienen los mecanismos en la Ley Orgánica
4/2000. Se prevé la constitución del Consejo Superior de Política de
Inmigración, que estará integrado por representantes de la
Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de los
municipios. Estos últimos, al igual que las comunidades autónomas,
sin duda tienen que desempeñar un papel activo en el tratamiento de
este fenómeno. El objetivo de ese Consejo Superior será establecer
bases y criterios sobre los que se asentará una política global en
materia de integración social y laboral de los inmigrantes.
Respecto a la coordinación de los órganos de la Administración del
Estado, se hace una especial referencia a las oficinas provinciales
de extranjeros.
En relación con el apoyo al movimiento asociativo de inmigrantes, los
poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento
asociativo entre los inmigrantes, así como el apoyo a sindicatos,
organizaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales que,
sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social.
Por lo que se refiere al foro para la integración social de los
inmigrantes, se ha revisado su función como órgano de consulta,
información y asesoramiento sobre la integración de los inmigrantes
que se encuentran en España, que es, reitero, uno de los principales
objetivos de esta ley.
Hay una disposición adicional relativa a Canarias. Con relación a las
especiales circunstancias geográficas del archipiélago canario se
prevé que esa comunidad autónoma pueda elevar al Gobierno propuestas
que considere oportunas sobre trabajo y residencia de
extranjeros, de acuerdo con lo que establece su estatuto de
autonomía.
Quiero terminar, señorías, volviendo a agradecer el trabajo de todos
los grupos parlamentarios en esta Cámara que, vuelvo a reiterar, no
han perdido el tiempo, porque hoy el proyecto que presentamos podrá
perturbar, podrá hacer discrepante la posición de algunos grupos
parlamentarios, pero el Gobierno es consciente de que si hoy existe
este proyecto de ley es gracias al trabajo de todos los grupos
parlamentarios que han tenido en este terreno una preocupación y una
ocupación que quiero agradecer en nombre del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayor.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas de
devolución. Por parte del Grupo Mixto, a su vez hay cuatro enmiendas
de cuatro señores diputados.
En primer lugar, tiene la palabra para defender su enmienda, don José
Antonio Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, es paradójico que en un momento
sociohistórico en el que se apuesta por la libertad de comercio, por
la libertad de mercado, por las autopistas de la información, en
definitiva, por la mundialización y la globalización, la libertad de
la persona humana de desplazarse por su territorio, el planeta
Tierra, jamás haya estado tan limitada y restringida. La pregunta es
la siguiente: ¿es moralmente aceptable restringir el derecho de
cualquier persona a buscar y establecerse en espacios más favorables
para el desarrollo humano?
Desde hace algunas semanas venimos asistiendo a un auténtico
bombardeo de declaraciones y noticias tendenciosamente presentadas,
cuyo objetivo sería justificar la modificación de la actual ley. Poco
importa la inconsistencia de los argumentos o la exageración
demagógica de los acontecimientos. Todo es válido para crear una
opinión pública favorable a la reforma de una ley a la que apenas se
le ha dado la posibilidad de desarrollarse reglamentariamente y que
pasará a los anales legislativos como la ley orgánica más breve de la
legislatura democrática española desde 1975. Que nadie se llame al
engaño, la contrarreforma emprendida por el Gobierno significa un
regreso a la vieja Ley de Extranjería de 1985. Su contenido coincide
con las enmiendas que el Ministerio del Interior introdujo en el mes
de diciembre pasado en el debate parlamentario. Y es urgente debatir
en este momento la apertura o el cierre más o menos controlado de las
fronteras. La historia nos está demostrando que en muchos territorios
la apertura de las fronteras no significa el aumento de los flujos de
emigración, por ejemplo, el caso en Europa
Central de Chequia, Polonia y Hungría, o el caso en la Europa
Mediterránea, en la Europa del Sur, de España, Grecia y Portugal. La
desaparición de las fronteras no ha significado un aumento terrible
de la gran emigración de un lado a otro.
Los datos de estos últimos 15 años nos dicen que el flujo migratorio
no ha descendido pese al mayor control de fronteras. Lo que sí ha
habido es un incremento notable de las situaciones de irregularidad
administrativa generadas por una política de visados y permisos poco
razonables y rígidos. Se habla de integración social de los
inmigrantes, pero sólo referido a los inmigrantes residentes legales.
Sin embargo, el problema fundamental no es el de los residentes con
papeles; el escollo fundamental para el desarrollo de una política
convenientemente integradora es precisamente tratar de eliminar la
irregularidad.
Las asociaciones de empresarios, así como los estudios de los
consorcios bancarios señalan la necesidad de mano de obra inmigrante
en número mucho mayor al hasta ahora fijado por el Gobierno en los
contingentes anuales. Sin embargo, se somete la contratación a unos
controles administrativos que resultan insoportables para cualquier
economía de mercado. Una cosa es facilitar y organizar la llegada de
trabajadores extranjeros mediante políticas de cuotas nacionales y
otra muy distinta limitar el derecho de las empresas también a
contratar a aquel personal que entienda más adecuado para sus
intereses empresariales. Yo vivo en una zona donde el paro es mínimo,
y muchas empresas no pueden empezar proyectos porque se encuentran
con que no tienen mano de obra. Tienen de mano de obra en la
proximidad, pero en una situación tan irregular que ellos mismos no
se atreven a contratarla, y muchas de las obras se podrían empezar si
realmente estos impedimentos de los contratos de los inmigrantes
aparentemente ilegales se solucionaran de una manera más sencilla,
pero ahí están las obras paradas, ahí están los proyectos que no
pueden llevarse adelante porque desgraciadamente la ley impide la
contratación de una mano de obra rápida y mucho más efectiva.
La señora PRESIDENTA: Señor Labordeta, le ruego concluya.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Se achaca al incremento de inmigrantes un
supuesto aumento del desempleo, pero la realidad sociolaboral
española demuestra la no dependencia automática de tales factores
como lo pueden avalar las cifras del paro en este momento.
No puede ignorarse que el fenómeno migratorio es también un fenómeno
global, que afecta a los cinco continentes, y es conveniente, por
tanto, no olvidar que sólo un cambio de las actuales estructuras
socioeconómicas globales que se están pidiendo ya cada vez que el
Banco Mundial se reúne -y nos encontramos con
situaciones como la de Praga- permitirá actuar sobre las tendencias
que impulsan a las personas a emigrar. Sólo de esta manera se
conseguirá disminuir el flujo migratorio como necesidad vital de
búsqueda de unas condiciones dignas de vida humana.
La señora PRESIDENTA: Señor Labordeta, le ruego que dé por concluida
su intervención. Ha pasado sobradamente el tiempo.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Finalmente quiero decir que no es realista
ni políticamente correcto ni moralmente aceptable una regulación del
control de los flujos migratorios cuyo único componente sea el cierre
de fronteras y una concepción muy restrictiva de los derechos de las
personas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy telegráficamente, dos son las razones por las cuales se
presentan las enmiendas de devolución de totalidad a los proyectos de
ley: si el proyecto es o no oportuno y en si se está de acuerdo o no
con su contenido. Tenemos que decir que, uno, no es oportuno desde
nuestro punto de vista; dos, no estamos de acuerdo con el contenido.
Cualquier persona tendría que pensar por qué se ha modificado
sustancialmente la ley orgánica del 11 de enero, si era oportuno
hacerlo o si realmente no convenía, como les ha señalado el Consejo
General del Poder Judicial, ya que habría que haber esperado hasta
ver cómo se desarrollaba, hasta haber comprobado los efectos de esa
normativa y, sobre todo, hasta desarrollar reglamentariamente la
propia ley para ver exactamente cuáles eran las circunstancias o los
elementos que pudieran ser susceptibles de mejora. Efectivamente,
nosotros creemos que la Ley 4/2000 se tramitó muy acertadamente con
mucho consenso, por lo menos hasta el final -esa será otra cuestión
de la que tendríamos que hablar-, pero en todo caso creíamos que
había que darle un cierto margen de esperanza en el sentido de ver
qué es lo que se podía mejorar -todas las normas son susceptibles de
mejora-. Sin embargo, no creíamos que había que hacer una
contrarreforma como la que nos han planteado.
Ustedes han hablado del tema europeo, de la Unión Europea, de la
comunitarización en el primer pilar de asilo e inmigración, de las
conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Yo creo, señorías,
señores del Gobierno, que la Ley 4/2000 era perfectamente conciliable
tanto con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere como con lo
que es la comunitarización del asilo y la inmigración en el primer
pilar. Por tanto, no
creo que ahí esté la razón. Tampoco pienso que sea lo que ustedes han
denominado -no aquí, no lo han tenido a bien o no se han atrevido a
hablar de ello- el efecto llamada, pero han bombardeado
constantemente con estas cuestiones a la ciudadanía, y no sé si
realmente tienen razones para decirlo. El único efecto llamada
importante es la necesidad de todos esos ciudadanos y ciudadanas que
tienen que salir de sus países y que lo van a hacer, sea una u otra
la normativa, porque el dilema es sobrevivir o no tener ni trabajo ni
otro medio de subsistencia. Por consiguiente, no es de recibo ninguna
de las dos razones a las que ustedes aluden fundamentalmente para
modificar una ley que fue hecha con mucho consenso.
En relación con el contenido, nosotros divergimos en muchísimas de
las cuestiones que ustedes presentan y que se recogen en varios
artículos, pero hemos querido centrar nuestras enmiendas en los
aspectos más básicos de este proyecto de ley, los que hacen
referencia a los derechos y libertades. Este es un fenómeno muy
complejo que afecta no solamente al control policial de entrada o
salida y a las sanciones, sino que afecta también especialmente a lo
que es la convivencia entre todos nosotros, afecta a la educación, la
sanidad y la Seguridad Social. Debiéramos ser capaces de tener un
consenso máximo en estas cuestiones y, por consiguiente, tener un
nivel claro y consensuado de lo que deben ser los derechos y
libertades y la integración de los extranjeros. Por tanto, no estamos
de acuerdo en cómo los han establecido ustedes en su proyecto de ley,
en primer lugar, en el artículo 3, en el cual modifican
sustancialmente el punto básico del que luego se derivan todas las
modificaciones los demás derechos. Tampoco estamos de acuerdo en cómo
se recoge el derecho a la circulación, en que aparecen conceptos
jurídicos tan indeterminados, o los derechos cívico-políticos, como
son los del sufragio en las elecciones municipales, por no hablar de
los derechos a la libertad de reunión y manifestación, de asociación,
de sindicación y huelga, derechos que aparecen mermados para los
extranjeros en estas cuestiones que son fundamentales.
Si algo nos extraña es el tema de la educación. Aquí nos sorprende
por qué hacen ustedes esa restricción tan brutal, permítanme que se
lo diga, en relación con el derecho a la educación. Ustedes aluden a
que los menores de seis años no van a tener derecho a una educación
obligatoria y a nosotros nos parece un concepto erróneo, porque es en
esos momentos de la vida cuando se puede producir una integración
mayor en la sociedad en la que conviven y a la que han llegado.
Además de ser una merma de los derechos que tienen estas personas,
supone un error grave en lo que se refiere a una política de
integración. También nos sorprende, y no sabemos por qué lo han
realizado, ese corte tan tajante en lo relativo a la enseñanza
postobligatoria. Nosotros creemos que aquellas personas que han
llegado a ese nivel pueden perfectamente estar integradas, convivir y
tener derecho a esa enseñanza postobligatoria. Es mucho más grave no
tener la enseñanza infantil, pero la enseñanza postobligatoria
también debiera ser recogida como un derecho de esos ciudadanos y
ciudadanas para que no solamente puedan ejercitar los derechos que
tiene cualquier persona en el mundo en el día de hoy, sino también
para que todos nosotros podamos realizar una integración mayor.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Podríamos hablar de otras cuestiones, con cuyas modificaciones no
estamos en absoluto de acuerdo, tales como las reagrupaciones
familiares y, por supuesto, de este aumento de dos a cinco años para
conseguir la residencia.En definitiva y concluyendo, tendremos mucho
tiempo para hablar, hemos hablado mucho y vamos a tener que seguir
haciéndolo, porque yo creo que es una cuestión que afecta a todo el
mundo. Pienso que debemos llegar a un consenso, pero no debe ser un
consenso para restringir derechos y libertades a nadie, sean quienes
sean. Por un lado, yo diría que ustedes hablan de la Ley 4/2000,
primero, como si no existiera -partimos de 1985 sin que haya nada
entremedias-; por otro, como si fuera una ley en la que todo fuera
permitido. Yo creo que si ustedes leyeran bien la Ley 4/2000, verían
que era una ley en la que perfectamente se conciliaba
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por
favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Era una ley en la que se conciliaban todos los principios europeos y,
en definitiva, contenía todas las garantías para conseguir la
integración y una mejor aproximación a este fenómeno de la
inmigración.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds la devolución de este proyecto de ley. Hay muchas
razones para ello y ha habido muchas voces que han opinado que se
trata de una contrarreforma. Nuestra propuesta de devolución responde
a motivos políticos pero también a motivos profundamente éticos. Con
esto no quiero decir que haya otras votaciones que no se hagan desde
la ética,
pero creo que la posición que hoy hay que tomar en relación con esta
cuestión es un no por motivos políticos y por motivos éticos. ¿Por
qué? De las muchas razones que hay para decir que no a este proyecto
quiero destacar dos. La primera, señor ministro, es que no se trata
de prudencia en derechos y libertades; se trata de que esta ley
recorta derechos y libertades de personas. La segunda razón es que,
más allá del contenido de la ley, el discurso, la música y las
imágenes que durante nueve meses han acompañado a la presentación de
este proyecto de ley son un discurso, una música y unas imágenes que
desde el Gobierno del PP, sin ningún género de dudas, han fomentado
en la sociedad española mayor xenofobia y mayor racismo. Nosotros,
por tanto, ante una letra y una música que lo que pretende es
recortar derechos y cuyo impacto en la sociedad española es de
culpabilización de las personas que vienen a este país porque se
mueren de hambre y porque no pueden vivir en su país, ante esto, hay
un no político pero hay también un no, profundamente, desde la
dignidad humana y desde la ética.
Posiblemente aquí podría acabar sintiendo en todo caso que en el
debate que tuvimos en diciembre con relación a hoy han perdido fuerza
las posiciones de rechazo frontal a esta ley. Me hubiera gustado que
hoy aquí se hubiera reproducido la misma correlación de fuerzas que
el 22 de diciembre de 1999 tuvimos en esta Cámara. Señor ministro,
voy a darle un consejo. Su señoría no ha hablado de recorte de
libertades. Ha utilizado una frase muy sutil: hay que ser prudente.
Yo quiero pedirle al señor ministro, a pesar de que no está
escuchando, que sea imprudente, que en el tema de derechos y
libertades hay que ser imprudente, no prudente.
El discurso que el Partido Popular ha hecho en los últimos nueve
meses ha sido, en primer lugar, de tergiversación de la ley que
aprobamos: se ha intentado transmitir a la opinión pública que la ley
que aprobamos en diciembre no contenía controles fronterizos, y eso
es falso; que la ley que aprobamos en diciembre de 1999 no permitía
luchar contra las mafias, y eso es falso; que inmigrante, a menudo,
era sinónimo de delincuencia, y eso es falso. Las experiencias de
otros países nos dicen que los brotes de xenofobia y de racismo son
posibles hoy en todos los países porque los mecanismos internos de
las personas que llevan a esas actitudes pueden estallar en cualquier
momento a partir del miedo -no miedo físico; miedo a perder el puesto
de trabajo, miedo a perder la identidad, miedo a la diferencia de
otras personas-, y de ahí al racismo hay un paso. Por todo eso, señor
ministro, señoras y señores diputados, nosotros vamos a votar que no.
Votamos que no, además, planteando si existe un efecto llamada ahora
con esta ley. Yo recuerdo que cuando discutíamos la ley que aprobamos
en diciembre de 1999 destacados portavoces del PP decían que había un
efecto llamada con la ley. Nos preguntamos si lo que
ocurrió ayer y anteayer es el efecto llamada de la nueva ley o si lo
que resulta es que los países ricos, en lugar de aumentar las ayudas
al desarrollo de los países del Tercer Mundo, como incluso el Fondo
Monetario Internacional ha denunciado, las están disminuyendo. Por
tanto, votamos que no y pedimos la devolución desde la ética y desde
la política. Vamos a estar presentes en la tramitación parlamentaria
para mejorar los derechos y las libertades. Hay que cambiar la ley,
pero hay que cambiar también el discurso.
Este fin de semana, leyendo y releyendo algunas cosas, pensaba que
detrás de esto lo que hay son dos modelos de sociedad. Permítanme la
simplificación, voy a poner dos ejemplos y dónde estamos nosotros. El
22 de diciembre en el debate que se produjo aquí con motivo de la ley
-en esta sala había mucha alegría porque se iban a derrotar las
enmiendas del Grupo Popular del Senado-, el portavoz en aquel momento
del citado grupo acabó con estas palabras su intervención: «Pero
sepan muchos de los que se aprestan a celebrarlo» -entre los que se
contaba el diputado que les habla- «que no se estará derrotando al
Gobierno del PP, se estará derrotando, al dar curso a una mala ley,
al Gobierno de España en una materia en la que se ponen en juego
intereses vitales del Estado.' Releía un libro que leí hace nueve o
diez años, de Julia Kristeva, que se titula Extranjeros para nosotros
mismos, que es un recorrido de la visión del extranjero en toda
Europa, desde los griegos hasta Freud, que acaba diciendo: La
inquietante extranjería de Freud concluye este recorrido sugiriendo
una nueva ética respecto al extranjero. Se trata de no integrar al
extranjero sino de respetar su deseo de vivir de un modo diferente,
lo cual corresponde a nuestro derecho a la singularidad, la última
consecuencia de los derechos y deberes humanos.
Señor ministro, ni prudencia, ni recortes, ni intereses vitales del
Estado: una sociedad donde se respete la diferencia de las personas,
porque esa es, en última instancia, la función de la política.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por último, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Bloque Nacionalista Galego desde luego
quiere manifestar su más rotundo rechazo a este proyecto de ley de
modificación de la Ley 4/2000 y no quiere que lo cuenten entre los
grupos parlamentarios responsables o que contribuyen a la reforma de
una ley que fue aprobada hace escasamente nueve meses. Ha sido usted
muy cuidadoso, señor ministro, cuando hablaba de clarificar, de
adecuar, de
canalizar, pero podría haber hablado -lo cual respondería mucho mejor
al contenido de esta ley- de restringir y de reducir, que es en
definitiva de lo que se trata.
El Bloque Nacionalista Galego se opone a este proyecto de ley por
razones jurídicas, por razones éticas y por razones políticas.
Jurídicamente, nos oponemos porque una parte sustancial del contenido
del proyecto parece inconstitucional -y no lo decimos sólo nosotros,
sino que lo dijo también el Consejo General del Poder Judicial, cuyo
informe, por cierto, el Gobierno quiso evitar- y, efectivamente, no
reconoce a todas las personas los derechos de tutela judicial
efectiva, reunión, manifestación, libertad ambulatoria, asociación,
sindicación y huelga, que tal y como está en la Constitución se
reconocen no sólo a los españoles sino a todas las personas. Pero es
que jurídicamente hay otros argumentos. El Gobierno ha forzado la
interpretación de conceptos tales como el de urgencia y necesidad
hasta hacer que estos conceptos sean irreconocibles. Sabemos que
estas actuaciones antijurídicas no merecen por ahora en el
ordenamiento español sanción alguna, pero quede al menos constancia
de nuestro desacuerdo. No se puede hablar de urgencia en la
aprobación de un proyecto de ley porque en los escasos ocho meses que
llevamos de vigencia parcial de la Ley Orgánica 4/2000, y digo
parcial porque de mala fe no han procedido ustedes a su desarrollo
reglamentario, no ha sucedido nada que justifique la necesidad de su
reforma.
Lo que sí ha sucedido, y de eso deben responder ustedes, señores del
Gobierno y quienes les apoyen, es que han contribuido a crear un
clima de alarma social alrededor de la inmigración que no se
corresponde con la realidad y que alimenta brotes de racismo y de
xenofobia cada vez más frecuentes en el tiempo y extendidos en el
espacio, frente a los cuales se echa en falta una decidida voluntad
política de atajarlos. Recuerden lo sucedido en febrero en El Ejido y
el papel nulo como conciliador jugado por el alcalde popular de ese
municipio.
También hay otro argumento jurídico sobre la Unión Europea y Tampere.
Lo que se acordó en la cumbre de Tampere es que cada Estado mantiene
la potestad de determinar lo que constituya a los efectos de su
reglamento interno una situación de legalidad en la estancia y en la
residencia. Por tanto, no estamos hablando aquí de que la Ley 4/2000
sea contraria, por otro lado, no a normas sino a recomendaciones
comunitarias, sino a cómo queremos regular esa situación de
legalidad, con mayor o menor generosidad. Eso es lo que se discute
hoy aquí. Éticamente, el BNG no puede estar de acuerdo con los
valores que subyacen en la reforma, valores que rebajan la calidad de
la democracia en el Estado español al equipararla a los regímenes
imperantes en los Estados de origen de muchos inmigrantes, por
ejemplo,
al exigir la reciprocidad para el ejercicio del derecho de sufragio y
al legitimar la existencia dentro de ella de personas sin derechos,
condenadas a la clandestinidad, que sí es germen de marginalidad. En
definitiva, si para ustedes la diversidad de culturas, de lenguas o
de religiones es un problema, y lo demuestran no sólo para la
inmigración sino también por su incapacidad de asumir la pluralidad
interna del Estado español, para nosotros es un valor y una riqueza
que debe ser fomentada y regulada en positivo y no sólo, como ustedes
pretenden, tratada desde una perspectiva casi exclusivamente
policial.
Políticamente, en fin, nos oponemos también a esta reforma porque es
ineficaz y no va a poder resolver ninguno de los retos reales que la
inmigración plantea hoy en día. No va a poner fin a la explotación
laboral ni al tráfico ilegal de mano de obra, sino que al crear
ámbitos amplios de clandestinidad, la va a perpetuar. No va a
contribuir a eliminar los brotes de racismo y xenofobia, sino que, al
apoyarse la reforma, como ya se ha dicho, en un espíritu alarmista y
retrógrado, los va a alimentar. En fin, no va a contribuir a la
integración social de los inmigrantes porque precisamente su
finalidad es la contraria: dificultar el acceso a un estatus de
legalidad en la residencia y en el trabajo de los extranjeros no
comunitarios.
Quiero decirle que no renunciamos a mejorar este proyecto, como
demuestran las muchas enmiendas parciales presentadas, pero nosotros
seguimos participando del amplio consenso en que se apoya la ley aún
vigente. Son otros, los que promueven la reforma de esta ley o los
que la apoyen, los que deben dar explicaciones a una sociedad, la
gallega y la española, que no quiere volver a tener en su seno
personas en situación de ilegalidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, al oír al señor ministro presentar este
proyecto de ley parecería que estábamos hablando de una reforma de la
ley del año 1985, cuando respecto de esta todos convinimos en que
había quedado pasada de moda hace ya tiempo. Hablamos de la reforma
de una ley aprobada en el último tramo de la legislatura pasada, la
Ley 4/2000, respecto de la cual el Grupo Vasco pide la devolución del
proyecto al Gobierno porque siendo, como es, la regulación de los
derechos y libertades de los extranjeros y su integración social su
motivo -por tanto, una pieza clave, en un futuro, de convivencia
social, de reconocimiento de
derechos, un debate ético, un debate que va más allá de la política
interna de un Estado-, el Gobierno ha intentado transmitir siempre su
vertiente de problema -principal problema de convivencia, dijo en
mayo el propio señor ministro -, de alarma social -alarma en las
fronteras era el titular de un editorial de un periódico
paragubernamental- y de seguridad pública o de redes mafiosas,
aspectos éstos en los que incumbiría a los propios poderes públicos
acreditar su eficacia.
Es una ley, la vigente, y su reforma, en cuya tramitación ha estado
el Gobierno -éste y el precedente- torpe. Todos recordamos el sainete
final del trámite en el Senado del texto actual y su vuelta a esta
Cámara, cuando, en la intervención final, el portavoz del Grupo
Popular ya se pronunciaba por su reforma. Aello siguió una campaña
electoral, con inclusión en el programa del propio Partido Popular de
esta necesidad de modificación e insistiendo en la idea de coladero
del texto aprobado y alarmando con la existencia de mafias. Casi
nunca se habla por el grupo mayoritario en términos humanitarios o de
derechos; siempre la alarma social y el tremendismo. La ley que se
pretende modificar fue maldita, por tanto, antes de nacer. En
consecuencia, no es cierto lo que se dice en la exposición de motivos
del proyecto respecto a la Ley 4/2000: habiéndose detectado durante
su vigencia aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio
supera las previsiones de la norma. No se ha dado tiempo a que esto
se acredite, sino que se pensó ya modificarla antes de su aprobación.
Desde luego, toda la campaña del Partido Popular ha estado basada en
ello. No se han detectado deficiencias en la ley, puesto que no ha
habido tiempo para ello, como he manifestado.
Empiezan mal también esta vez la tramitación de la reforma, no en
cuanto a las consultas iniciales a los grupos políticos, gesto que es
muy de agradecer al delegado del Gobierno para la Inmigración, pero
evitan las consultas preceptivas al Consejo General del Poder
Judicial y al Consejo de Estado, que todavía hoy no se sabe si fue
olvido o error en ambos casos, pero en definitiva ambos órganos
emitieron informes críticos, no todo lo críticos que podían haber
sido desde nuestra óptica y que desde luego no en todo han sido
finalmente atendidos en el proyecto que se presenta.
Eso sí, la aparente alarma social sigue todos los días. No hay
enunciado de noticias que no incluya pateras o avalancha de
inmigrantes olvidando mencionar que siendo cierto, no es más de lo
que lo fue en el pasado reciente, en el que entraban por Ceuta y
Melilla, ni de lo previsible según las inercias mundiales de
desigualdad en el desarrollo. Esta es la causa, y no el efecto
llamada, efecto sin causa, ya que, como se ha escrito por un profesor
de ética, los inmigrantes no se mueven por nuestra ley de
extranjería. Pongan esta ley de extranjería en Albania y ya verán
ustedes cuántos van. Aludía el señor ministro al aspecto europeo. El
anteproyecto
de Carta europea arroja desde nuestro punto de vista un balance más
bien pobre en esta materia.
Vuelvo a los desequilibrios de la llamada globalidad. Los inmigrantes
no pueden ser atajados con medidas policiales por una razón muy
simple, porque en los países a los que ellos acuden, en el nuestro,
hay incentivos más poderosos que los obstáculos con los que tratan de
disuadirles de venir. Tiene escrito Vargas Llosa que las políticas
antiinmigratorias están condenadas a fracasar porque nunca atajarán a
aquellos, pero en cambio tienen el efecto perverso de socavar las
instituciones democráticas del país que las aplica y de dar una
apariencia de legitimidad a la xenofobia y al racismo, de abrir las
puertas de la ciudad al autoritarismo -Vargas Llosa dixit-.
Decimos en nuestra enmienda a la totalidad que estamos ante una
reforma que podría calificarse de precipitada y de oscura. Es
precipitada por las sobrias reservas que suscita el corto espacio de
tiempo transcurrido desde la aprobación de la regulación objeto de
reforma, sobre todo desde la perspectiva de la obligada ausencia de
una mínima valoración ordenada de los efectos que puede haber
provocado la modificación. No olvidemos que ni siquiera se ha hecho
su desarrollo reglamentario. Estamos como al principio, volviendo al
juego de las teorías y de la especulación, malas consejeras para
abordar una problemática ciertamente compleja, que exige un elevado
consenso de todas las fuerzas políticas y que, sin embargo, parece
tratarse una vez más bajo presiones injustificadas de tiempo.
Es también oscura porque siendo la reforma de la reforma -esto es una
contrarreforma-, nos encontramos con una importante propaganda para
difundir los argumentos que la justifican, relacionados con la
problemática de la seguridad pública, y no encontramos por ninguna
parte el análisis de qué ha ocurrido con el hilo conductor que guió
la reforma originaria, relacionado precisamente con la integración
social de los inmigrantes. Oscura es también en cuanto a los pactos.
En persona y por escrito manifesté al delegado del Gobierno para la
Inmigración la disposición del Grupo Vasco a participar en los
consensos que pudieran suscitarse. Ayer le oí en un telediario, en La
Primera de Televisión Española, que hay previstas 72 medidas, que nos
gustaría haber podido conocer -el ministro ha hablado de cuarenta y
tantas-. Espero con impaciencia oír al grupo mayoritario, pero
también al Grupo Socialista, no enmendante a la totalidad, quizá por
estos pactos que desde luego el Grupo Vasco desconoce y que el Grupo
Socialista parece tolerar, ya que, en palabras del señor Arenas, va a
ser esta la norma que marque lacapacidad para acordar que su nuevo
secretario general acredite ante la sociedad española. ¿Cabe pedir a
un partido mayor sumisión? Repito, espero explicaciones de un partido
que tiene una larga historia y una larga tradición de defensa de los
derechos y libertades.
Tiene que quedar claro que este proyecto se desenvuelve en la
dirección principal de excluir al colectivo de extranjeros que se
encuentran en situación ilegal de la titularidad y disfrute de
derechos y libertades que les concede la ley aprobada a finales de
año. En concreto, se les suprimen las libertades reconocidas de
reunión y manifestación, de asociación, de sindicación, de huelga
y de libre circulación. La exposición de motivos cita como justificante
el artículo 13 de la Constitución y jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, ciertamente muy antigua, del año 1985. Parece que no
se ha examinado desde el Gobierno que tenemos un Tribunal
Constitucional felizmente creativo en materia de derechos y
libertades. En el año 2000 hay por lo menos tres sentencias que esta
diputada tenga detectadas en las que el Tribunal Constitucional abre
paso a una novísima teoría sobre el contenido de los derechos
fundamentales. No alude ya al contenido esencial de los mismos, que
sería el desarrollado por las leyes orgánicas propias de cada Estado
y al que se referirían los tratados internacionales, que podrían ser
de aplicación vía 10º.2, sino que alude a un contenido absoluto de
esos derechos, es decir, al núcleo duro de los mismos, que es lo que
los hace reconocibles en cualquier parte y que creemos que permite
afirmar que, de acuerdo con esta teoría sentada por el Tribunal
Constitucional, teoría avanzada y novedosa en materia de
internacionalización de mínimos en la protección de derechos, va a
poder entenderse que esta norma deviene inconstitucional.
Se eliminan también las garantías jurídicas correspondientes, a fin
de que el Estado pueda disponer de un espacio para abordar
discrecionalmente, y sin control de ningún otro poder constitucional,
tanto la denegación de entrada a través de visado como la expulsión
inmediata. En la última etapa del último Gobierno socialista una y
otra vez tuvimos que escuchar, y fue leitmotiv de la primera campaña
electoral del Partido Popular en su acceso al Gobierno, que con ellos
no habría ámbitos exentos. Toda resolución administrativa, toda
decisión gubernativa debería ser justificada para posibilitar
posteriormente el recurso. Se ve ahora que sí hay ámbitos exentos y
los hay en un terreno que afecta a derechos y libertades de los
ciudadanos. El argumento esgrimido conecta con la famosa razón de
Estado, que esta vez aconsejaría poner en manos del mismo
instrumentos y herramientas de poder discrecional para preservar la
seguridad; otra vez la seguridad. Así, se diría que el Estado de
Derecho necesita despojarse de su propio apellido para ser eficaz en
esta misión. Fueron ustedes, señores del Partido Popular, enormemente
beligerantes con aquella famosa patada en la puerta que ya nos
enfrentó a este debate de seguridad- libertad, sólo que ahora se dirá
que las personas implicadas como extranjeros ilegales, ilegalidad que
ustedes mantienen, nos permiten introducir un sesgo de aparente
justificación, pero la realidad es que seguimos estando ante derechos
de personas. Digo en nuestra
enmienda que nuestra oposición no comprende una negación de los
problemas de seguridad y de control administrativo que suscita el
fenómeno de la extranjería, y aquí se hubiera podido contar con el
Grupo Vasco de habérsele buscado en las tramitaciones previas.
Tampoco negamos la posibilidad de que el legislador introduzca
limitaciones en el ejercicio de las libertades, pero entendidas como
elementos que faciliten la labor gubernamental, como modulaciones del
ejercicio práctico de esas libertades, en ningún caso en el sentido
de negar las propias libertades, algo que para nosotros le está
vedado al legislador por los propios términos del artículo 13.1 de la
Constitución, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal
Constitucional y no como lo interpreta la exposición de motivos. La
ley podrá determinar los términos o cauces especiales para el
ejercicio de las libertades, pero no podrá negarlas.
La cuestión hoy, en definitiva, es que los problemas se tienen que
abordar desde una mayor eficacia en el uso de las herramientas de
gestión y organización que se ponen en manos de los poderes públicos,
sin esperar apoyos del legislador extramuros de la propia
Constitución, incluso de planificación, y por eso formamos parte de
la subcomisión que ya se ha solicitado sea constituida por parte de
todos los grupos. Pero, previamente, aquellos a quienes se les llena
la boca hablando de la eficacia del Estado de Derecho tienen que
saber, de una vez, que los valores de igualdad y de no discriminación
que inspiran el sistema democrático cuestan necesariamente muchos
dolores de cabeza, mucho trabajo y esfuerzo ingrato a los poderes
públicos, lo que define la nobleza y alta estima de su misión ante la
ciudadanía. Por el contrario, el talante antidemocrático se demuestra
con la exclusión social y la simplificación o anulación de tales
valores. Se controla mejor, evidentemente, si se limitan las
libertades.
Tras la limitación de los derechos y la nueva holgura que se concede
a la arbitrariedad, me referiré al retoque que se ha hecho en materia
de infracciones y sanciones, pieza clave para garantizar la eficacia
y que ahora ya no se sabe bien qué bienes jurídicos tutela, si al
inmigrante frente a las mafias y la explotación, u otros nuevamente
vinculados al orden público y la seguridad frente a los derechos de
la persona. Véase, por ejemplo, la expulsión urgente basada en la
entrada ilegal o la devolución escoltada. ¿Es esto o no una
detención? No es nada claro, a pesar de la referencia que en el texto
se hace al Convenio de Dublín.
Respecto de las obligaciones de los transportistas, siempre nos hemos
manifestado en contra de esta traslación que se hace de una
obligación de los poderes públicos a particulares en relación con el
examen de la documentación que traigan los inmigrantes; la concesión
o no, la primera valoración de si debe otorgarse o no un asilo no
debe quedar nunca en manos privadas. Los amparos en Schengen creemos
que tampoco justifican este tipo de medidas contenidas en la ley.
Tiene también defectos de técnica legislativa porque, ¿qué pasa con
el Código Penal? La vigente Ley, la 4/2000, introducía modificaciones
en su articulado. El proyecto, sin embargo, en su disposición
adicional única habla de adoptar las medidas necesarias para que una
comisión técnica en el Ministerio de Justicia estudie las necesarias
reformas. ¿Esto quiere decir que esa parte de modificación del Código
Penal ha de entenderse ahora derogada? Parecería que sí. Manifiestan
además ustedes en la contrarreforma un batiburrillo en cuanto a los
títulos competenciales que se utilizan. Cierto es que una cosa es la
parte referida a derechos fundamentales y otra la que se refiere a
principios rectores de la política social y económica. ¿Qué preceptos
tienen carácter orgánico y cuáles no y qué títulos competenciales se
utilizan respecto de aquellos otros? La referencia que debiera
haberse hecho al 149.1 en sus apartados 1 y 2, relativa a los
artículos 10, 12, 13 y 14, salvando así la posibilidad de desarrollo
reglamentario por las comunidades autónomas, es la acorde con la
querencia del artículo 81.1 de la Constitución.
Por último, señorías, las llamadas al pacto político y social, gran
pacto de Estado, no se cohonestan con la pronta presentación de este
proyecto con tantos recortes, con la omisión inicial de informes
preceptivos, con el sectarismo o con la negociación con sólo
determinados partidos, esas famosas 72 medidas, de tal forma que sólo
la devolución del texto nos parece lo adecuado, lo sensato, para
empezar todos a fraguarlo con un debate serio y riguroso.Siendo
cierto que el legislador debe tener siempre los pies en el suelo, lo
dije en el debate anterior, si en alguna materia se le debe exigir
arriesgar es precisamente para hacer pedagogía social en materia de
derechos y libertades.Igualmente es cierto, señorías, que privar a
los extranjeros de estos derechos no va a evitar su venida, sólo va a
servir para que todos nos sintamos un poco más indignos en nuestra
condición de seres humanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Frutos
El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señor ministro, empieza a haber demasiados empujones en Madrid. Los
ciudadanos que querían presentar un papelito, un manifiesto por la
convivencia, han sido apartados a empujones. No es buena medida,
demasiados empujones se han dado ya en Madrid por el Delegado del
Gobierno. Esta no es una hoja peligrosa, es una hoja para la
convivencia, y eso se debe tratar bien, con prudencia. Y ya que usted
ha hablado de prudencia, yo le pido que sea prudente y que retire la
ley por razones políticas y jurídicas. A las jurídicas casi no me
referiré. Aunque sea por una vez, me siento representado por algunos
de los elementos
que ha desarrollado la señora Uría en el terreno jurídico, que ha
desarrollado un trabajo y un análisis riguroso.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, perdone, parece
ser que no se oye bien en la sala, suba los micrófonos.
El señor FRUTOS GRAS: ¿Ahora se oye? (Asentimiento.)
Le he pedido al señor ministro que sea prudente y que retire la ley,
porque a veces se nos pide ser prudentes, pero si la prudencia puede
llegar a traicionar los derechos humanos, sobra la prudencia, se
tiene que ser imprudente, se tiene que desbordar esta prudencia.
Ahora, repito, sea usted prudente, señor ministro.
Esta ley tiene una historia. Antes teníamos una ley policial y
restrictiva, la de 1985; posteriormente, fruto de un trabajo serio,
riguroso y profundo, aprobamos otra ley más política, más humanista y
también policial, porque no era permisiva, era extremadamente
restrictiva, pero era más política y más humanista, avanzaba
gradualmente enfocando desde el punto de vista jurídico y desde el
punto de vista político una solución al problema, instrumentaba
soluciones al problema de las migraciones masivas que tenemos a
principios del siglo XXI. La ley que aprobamos expresaba que la
política tiene unas funciones y la policía otras, no contradictorias
en el caso de que se busque el complemento. En todo caso, en
cualquier ley, y especialmente en ésta, se tenía que buscar el
elemento político, el desarrollo de la política en un sentido
humanista, más que el desarrollo policial en un sentido restrictivo.
La ley tuvo un largo proceso de elaboración. Los ministerios más
cercanos a la gente, Trabajo y Asuntos Sociales, eran los máximos
defensores, incluso con argumentaciones referidas a las necesidades
del mercado de trabajo. Si hay migraciones masivas de estas
características es por dos razones: porque la gente huye del hambre,
de la miseria, de las matanzas, de las mutilaciones, de la
prostitución de niños y niñas, etcétera, y, al mismo tiempo, porque
hay gentes en nuestro país y en el conjunto de Europa -y algunas de
ellas sin ningún escrúpulo- que sobreexplotan a los emigrantes que
intentan llegar aquí para ganarse el pan y el derecho a la vida. Por
tanto, los ministerios más próximos a la realidad concreta de la
gente, Trabajo y Asuntos Sociales, eran los máximos defensores. Sin
embargo, desgraciadamente, predominó en el Gobierno la posición de
control policial. En este caso concreto la defendieron los
ministerios de Interior y de Exteriores al alimón; esto es lo que
predominó. Y me da la impresión de que incluso lúcidos representantes
del Partido Popular, que tienen una visión social cristiana,
humanista, etcétera, no están muy conformes con los cambios que se
han producido, al menos por las cosas que uno oye por ahí. En todo
caso, que no tengan miedo a expresarlo
porque estamos en un debate serio para las próximas décadas, no en
un debate cualquiera. Al aprobar la Ley 4/2000, que era una ley
importante, más política y más humanista, en un momento determinado
al Gobierno le entró el vértigo y predominaron las posiciones más
cerradas y más de control policial. Y pensó el Gobierno: ¿y si
tenemos ahora una ley más avanzada que las que hay en nuestro
entorno? No creo que sea más avanzada, puede serlo en algunos
aspectos, pero al Gobierno le entró vértigo. Pues no pasa nada, señor
ministro, señores del Gobierno, simplemente, que por una vez en la
historia España podrá ser pionera de la defensa de derechos humanos
importantes ante un problema como es el de las migraciones masivas de
finales y principios de siglo, un problema serio e importante para el
conjunto de la Unión Europea y también para España.
La ley aprobada -y aquí está el primer incumplimiento- se mandó a la
vía muerta y no se desarrolló el reglamento. El incumplimiento de una
ley orgánica es algo grave en democracia, algo grave para la vida
parlamentaria. Se impulsó una campaña alarmista, que continúa.
Todavía el otro día, el señor Arenas hablaba del efecto llamada por
los centenares de personas que estaban presionando en las fronteras.
Es lo mismo, se continúa. Como hoy teníamos que discutir esta ley,
tres días antes se dice que hay una presión terrible en las
fronteras, cuando los datos empíricos, objetivos, dicen que,
amparándose en la ley, no ha habido ningún efecto llamada. Lo que
ocurre es que la gente ha continuado abandonando, quizá más que en
otros años, sus países en función de la degradación económica, social
y bélica de cada uno de estos países. Nada más que eso, así de
simple. Estos son datos empíricos con los cuales se debe trabajar, no
con efectos llamada que no tienen ningún valor desde el punto de
vista de lo que está ocurriendo. Esta Ley 4/200, que ustedes quieren
reformar, tampoco rompe los acuerdos de Tampere ni representa un
desacuerdo con las decisiones que se tomaban en el conjunto de la
Unión Europea. Con una cosa, con lo del efecto llamada, se alarma y
se contribuye a crear zonas de xenofobia, y la otra, eso de que la
ley desborda los acuerdos de Tampere, tampoco es verdad, no hay
ningún desbordamiento, sino regularizaciones que se han producido en
los últimos meses porque se tenían que producir en este año concreto.
Se han utilizado las cifras de estas regularizaciones para decir que
la ley tiene un impacto que hace que miles y miles de nuevos
ciudadanos de otros países quieran entrar en el nuestro, cuando se
trata, pura y simplemente, de regularizaciones de los que están ya
aquí. Por tanto, ni algunos de ustedes están satisfechos con esta
ley. El Foro por la Convivencia o la Asociación pro Derechos Humanos
ya han dicho que no están de acuerdo con la reforma de la Ley 4/2000.
El Consejo General del Poder Judicial considera su reforma más
cercana al control policial que a una ley de integración de la gente
que viene defuera a nuestro país. Por todo ello, Izquierda Unida ha
presentado una enmienda a la totalidad de devolución y defiende la
integridad de la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.
Solamente voy citar algunos aspectos en los que hay una
contrarreforma negativa de la ley. La contrarreforma modifica
derechos cívicos y políticos de los extranjeros, garantías jurídicas,
derechos que son universales para todos los seres humanos:
reagrupamiento familiar, entrada y política de visados, permisos de
estancia, residencia y trabajo, expulsiones y sanciones -en este caso
de una forma grave, y no quiero extenderme porque ya se ha detenido
en ello la diputada señora Uría-. Pero es que además, un tratamiento
inteligente, humanista y político de un asunto como el de las
migraciones masivas exige ir mucho más lejos incluso que esta ley que
debatimos hoy. Esta ley que hoy debatimos y que se va a aprobar
dentro de unas semanas es un elemento más del grave problema al que
nos enfrentamos. Se ha hablado de crear una subcomisión. Espero que
esta subcomisión, en la que se va a hablar de un plan integral o de
una propuesta de fondo, no se convierta en una tertulia para hablar
de cosas intrascendentes sobre el grave problema de las migraciones y
luego no se decida ninguna política concreta para hacer frente a
estos problemas. Espero que se tomen decisiones políticas
inmediatamente sobre un desarrollo sostenible, en el cual debería
intervenir toda la Unión Europea, con programas referentes a salud, a
educación, a desarrollo económico, a desarrollo social, etcétera.
Porque, señor ministro, todo lo demás, todo lo que se plantea me
suena -y perdone la expresión- a cuentos conservadores de viejas
políticas destinadas a la sobreexplotación de una mano de obra barata
y dócil debido a la situación en que viven esas personas. No me suena
a que en este caso concreto el Parlamento español pueda hacer una
aportación política y humanista a la solución de un problema grave y
que afecta a millones de seres humanos. En esta línea, en democracia
todo lo que no sea avanzar es retroceder. Yo espero que la bancada
socialista, como mínimo, no retroceda, no llegue a determinados
pactos -ya ha retrocedido la bancada de Convergència i Unió, que
tenía otra posición hace algún tiempo-, y que continúe defendiendo,
de forma perseverante, sistemática, lo que defendió en la Ley 4/2000,
todavía vigente; que sea posible, por la presión política y
dialéctica de todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta
Cámara, llegar a un acuerdo que signifique poner en vigencia, a
través del reglamento, la Ley 4/2000 sin modificarla en un sentido
regresivo, que nada diría en favor del desarrollo democrático que
puede hacer este Parlamento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos. ¿Algún
grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, ya en el debate de
la Ley 4/2000, la ley actualmente en vigor, dijimos que la
inmigración es uno de los fenómenos más importantes del actual siglo.
Pues bien, siendo un fenómeno importante, un fenómeno complejo para
cuya solución a gusto de todos nadie tiene una varita mágica que
resuelva todos y cada uno de los problemas implícitos en el mismo,
también dijimos que era necesario llevar a cabo un gran esfuerzo de
consenso, de entendimiento entre todas las fuerzas políticas
parlamentarias. Desgraciadamente, en el debate de la ley en vigor, en
el último momento, el Partido Popular rompió de forma unilateral el
acuerdo unánime que habíamos alcanzado en la Cámara. Ese acuerdo que
se reclamaba desde distintas instancias y que apelaba a ese
entendimiento entre todas las fuerzas políticas no fue posible.
Hoy recupera actualidad ese debate, aunque, a decir verdad, nunca lo
ha perdido. Basta seguir a través de los distintos medios de
comunicación social (escritos, radiofónicos o televisivos) las
noticias inherentes al fenómeno de la inmigración, pero hoy recupera
esa actualidad como consecuencia del proyecto de reforma presentado
por el Gobierno y las enmiendas de devolución a la totalidad
presentadas por tres grupos parlamentarios. El hecho de que se hayan
presentado estas tres enmiendas de devolución al proyecto de reforma
presentado por el Gobierno nos hace presumir que, a pesar de la
música, a pesar de la palabra, a pesar de la filosofía, tampoco va a
ser posible un entendimiento entre todas las fuerzas políticas para
encontrar un punto de equilibrio, una posición común para atajar una
posición partidista ante un fenómeno de esta naturaleza. Decimos que
hay que buscar una solución equilibrada, que no existen soluciones
ideales, que desde el punto de vista humano a muchos nos gustaría que
pudieran entrar a través de nuestras fronteras todas las personas que
en estos momentos pasan necesidades, pasan calamidades en distintos
puntos del mundo y, por la proximidad, en el África más cercana. A
algunos no les gustaría que entrara nadie, a otros muchos nos
gustaría que entraran todos, pero no es posible. Hay que buscar una
posición equilibrada entre los deseos de una parte importante de la
sociedad y las posibilidades reales que tiene un país de acoger a
esos inmigrantes.
Pedía el ministro en la presentación del proyecto de ley que no
caigamos en los errores que han cometido otros países de la Unión
Europea llevando este asunto a un debate partidista. Decía que había
que tener un respeto y que el propio Gobierno iba a mostrar un
respeto a la posición de todos los grupos; decía que este es un
asunto que no se debe instrumentalizar políticamente. Nosotros
compartimos esos deseos del ministro de no instrumentalizar este
tema, de respetar la posición de
todos los grupos parlamentarios, de intentar no convertirlo en un
debate partidista porque corremos el riesgo, desde esas posiciones,
de que esto se convierta de nuevo en un debate entre tolerantes e
intolerantes, entre solidarios e insolidarios, entre aperturistas y
ombliguistas, y hace falta ese equilibrio.
Señor ministro, mirar atrás dicen que solamente para tomar impulso,
pero si alguien ha instrumentalizado, si alguien ha jugado, si
alguien no ha intentado forzar un entendimiento entre las distintas
fuerzas políticas para buscar esa posición de equilibrio ha sido el
propio Gobierno en el debate de la ley en vigor y como consecuencia
de su entrada en vigor, haciendo un uso, con todos los respetos,
irresponsable de las razones, de las causas por las que en estos
momentos intentan entrar a través de nuestras fronteras miles de
ciudadanos de otros países, fundamentalmente del África más cercana.
Eso de que el efecto llamada es el causante de que en estos momentos
tengamos esos problemas a través del sur de la costa peninsular o a
través de los cientos de pateras que han llegado a Canarias a lo
largo de estos últimos meses racionalmente no se lo cree nadie, ¿o
alguien cree que desde el interior de los países del África más
cercana se produce un movimiento de esos ciudadanos para venir a
España porque tengan derecho a reunirse, a manifestarse o a poder
estudiar una carrera superior? ¿Alguien se cree que en estos
momentos, predominando la incultura en todos esos países donde la
mayor parte de los ciudadanos no sabe ni siquiera leer, sea una ley
la causante de que se produzca esa avalancha de ciudadanos que
quieren entrar por nuestras costas? Eso no se lo cree nadie y de ello
se ha hecho un uso partidista e irresponsable, un uso que
probablemente ha producido una fractura en la sociedad y en los
partidos políticos que hace difícil encontrar el punto de equilibrio,
ese consenso necesario. Yo me congratulo de que la posición del
ministro y del Gobierno sea la que ha ofertado hoy de respeto a la
posición de todos los grupos, de debatir para intentar conseguir una
solución equilibrada para hacer frente a este fenómeno.
Mi grupo entiende que el fenómeno de la inmigración hay que
afrontarlo desde el reconocimiento de algunas premisas que son
fundamentales e indispensables porque, si no hacemos ese
reconocimiento básico de una serie de cuestiones, es difícil
encontrar una solución equilibrada. Por ejemplo, reconocer que en
estos momentos existen países ricos y países pobres; que en unos
países existe un nivel de calidad de vida y en otros gente que en
estos momentos vive en la miseria, el hambre, la incultura; que en
unos países se puede trabajar para tener buenos niveles de calidad de
vida y desgraciadamente en otros no existe esa posibilidad para
trabajar y, por lo tanto, dar sustento a los suyos; que existe una
capacidad real de acogida en un país y que esa capacidad real que
tiene el Estado español de acogida -tenemos que ver realmente cuál
es- también
implica la existencia de diferencias territoriales porque no
todos los territorios del Estado tienen la misma capacidad de
acogida. Si queremos buscar una solución equilibrada, tenemos que
tener en cuenta que en España hay todavía 1.400.000 parados; o que el
Estado español tiene más de 2.000.000 de emigrantes que viven en
otros países, en algunos de ellos con el deseo de volver a España
porque viven en una situación difícil, complicada, como la de todos
los emigrantes que tenemos en Cuba o en Venezuela en estos momentos.
Y también existen en el Estado español centenares de miles de pobres
que aspiran a progresar, a vivir mejor. Por eso, señorías, el
problema de fondo, que no es otro que el lícito deseo que tienen los
ciudadanos de países subdesarrollados de vivir mejor, no lo vamos a
resolver sólo con una ley. Ni con la Ley 4/2000, que se trae hoy a
debate, ni ningún grupo, tampoco los que han planteado textos de
devolución o textos alternativos, lo va a solucionar porque es un
asunto que no se puede resolver sólo con una ley. Antes de la Ley 4/
2000 ya venían inmigrantes a nuestras costas; han venido, están
viniendo con la ley en vigor y vendrán a partir de que hagamos la
reforma de la ley: de ésta o de cualquier otra. Por eso, como con
ninguna ley se puede resolver el problema, tendremos que trabajar
entre todos para ver si encontramos esa solución de equilibrio.
Se trata de un asunto en el que existe una extraordinaria
sensibilidad social. Estamos jugando con las personas, con sus
sentimientos y sus necesidades y, como decía el señor ministro, todos
debemos hacer uso de la prudencia. Coalición Canaria cree que hay que
afrontar la inmigración desde una política global y no solamente por
medio de una ley. En ese sentido, hay que tener en cuenta los
derechos de los inmigrantes, debiendo comprometerse España a hacer
una clara oferta de sus necesidades en materia de mano de obra
inmigrante, así como ver la capacidad de integración social de los
inmigrantes, llegar a acuerdos bilaterales con sus países de origen y
comprometernos con países como Marruecos, para que Marruecos pueda
también controlar sus fronteras. El ministro hacía referencia a los
acuerdos de la Unión en el sentido de llevar a cabo una política de
interés. Si Marruecos tiene muchos intereses económicos que dependen
de la Unión Europea, ¿por qué no se le exige un esfuerzo en ese
sentido? Hay que declarar abiertamente la guerra, hay que luchar de
frente contra las mafias que en estos momentos están aprovechándose
de la situación de miseria de miles de personas y hay que impulsar
planes de cooperación con los países del África más cercana. Insisto
en que es necesaria una política global que pueda hacer frente a este
fenómeno.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz):Señor Rivero, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
Hay que tener en cuenta las diferencias territoriales de algunos
lugares del Estado español. En ese sentido, el señor ministro hacía
referencia a que en el proyecto de ley aparece Canarias porque es la
única comunidad del Estado español que en su artículo 37 tiene
regulado en materia de extranjería un trato preferente, pero hay que
situarse en Canarias, a 100 kilómetros de la costa africana, un
territorio fragmentado, superpoblado, que no tiene capacidad para
absorber mano de obra no cualificada, para poder arbitrar las medidas
necesarias y adecuadas a ese territorio.
En estos momentos hay una serie de problemas y tenemos que ver cómo
los resolvemos entre todos, qué es lo que podemos hacer con los
cientos de personas que viven en parques y jardines, que no tienen
papeles y como consecuencia de ello no pueden trabajar. No tenemos
capacidad de acogida y en estos momentos viven en condiciones
infrahumanas, no pudiéndoseles repatriar porque no tienen
documentación. ¿Qué hacemos con esto? Algo tendremos que hacer,
tendremos que ponernos de acuerdo y no hacer de la cuestión un uso
partidista, sino trabajar sensatamente.
Anunciamos que vamos a rechazar las enmiendas a la totalidad
presentadas, puesto que todas las leyes son mejorables y también la
Ley 4/2000. Vamos a intentar contribuir con nuestras aportaciones a
mejorar el proyecto del Gobierno y para ello vamos a presentar
enmiendas que van en la línea de garantizar los derechos y las
libertades de los inmigrantes, de reforzar los mecanismos de control
de entrada, de luchar contra las mafias, de respetar las
singularidades territoriales, políticas de cooperación, políticas de
integración social y, sobre todo, una que nos parece
extraordinariamente significativa desde el punto de vista de cómo
entendemos nosotros debe afrontarse el fenómeno de la inmigración,
que es desde políticas globales y que va en la línea de: El Gobierno
elaborará y someterá a la consideración de las Cortes Generales en el
primer año de cada legislatura y tras su discusión en los órganos
consultivos y de participación social un plan integral sobre
inmigración, elemento básico de la planificación de la política
española de inmigración. Además de las líneas generales y directrices
básicas, contendrá los objetivos, prioridades y recursos establecidos
para su efectiva realización. La planificación tendrá carácter
integral y abarcará las acciones e intervenciones del Estado español,
tanto de aspectos de integración social, de limitación y control de
los flujos migratorios como de cooperación para el desarrollo de los
principales países emisores. Dicho plan deberá contemplar las
especificidades de las zonas fronterizas afectadas en mayor medida
por esta problemática.
En definitiva, desde nuestra modesta aportación, queremos poner un
grano de arena para intentar encontrar ese punto de equilibrio que
entendemos es necesario en un proyecto de ley de esta naturaleza.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en cuanto a las enmiendas a la
totalidad del proyecto del Gobierno de reforma de la Ley 4/2000. Lo
hacemos partiendo de la historia de la Ley vigente y recordando que
es resultado de tres iniciativas parlamentarias en la pasada
legislatura -la de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y
Convergència i Unió- y de los trabajos del conjunto de los miembros
de la ponencia parlamentaria que la abordaron. La ley se hizo
partiendo de la voluntad de consenso, pero tuvo un final tormentoso
y complejo en su tramitación que nos lleva hoy a reiniciar el proceso
de su discusión en sede parlamentaria.
En este proceso parlamentario que iniciamos hoy, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se marca cuatro grandes
objetivos que superan el contenido estricto de la ley y alcanzan al
conjunto global de la política de inmigración que España necesita
para los próximos años.En primer lugar, la necesidad de recuperar el
consenso político y social sobre esta materia, roto en diciembre del
año pasado. En segundo lugar, asumir -recordando al pensador de la
izquierda nacional catalana, Campalans- que la política tiene que ser
fundamentalmente pedagogía; todos aquéllos que somos capaces de
construir la imagen pública con la imaginación -políticos,
periodistas y dirigentes sociales- tenemos la obligación de hacer
pedagogía en esta materia. En tercer lugar, cualquier legislación que
desarrollemos en este ámbito tiene que tener como objetivo
fundamental la integración social de la inmigración; no hay otra
respuesta posible en términos sociales y políticos ante el fenómeno
de la inmigración. Si nuestra legislación y nuestra política no están
orientadas hacia ese objetivo, estamos creando las condiciones para
que, desde la exclusión social, nuestra sociedad derive hacia la
crispación. En cuarto lugar -y creo que todos los ponentes anteriores
lo han dicho-, sin políticas globales en esta materia no seremos
capaces de construir el escenario en el que la inmigración se
convierta efectivamente en un elemento positivo para nuestra
sociedad.
Esos son los cuatro objetivos. Lo hacemos asumiendo que hoy el
Partido Popular, el Gobierno, concreta un compromiso electoral, lo
que es legítimo, pero también convencidos de que aquellos fines que
el Gobierno dice defender se hubiesen podido alcanzar sin plantear la
reforma de la ley. Estamos convencidos de que el eficaz control del
flujo migratorio, que es el principal
argumento que utiliza el Gobierno con relación a esta cuestión,
hubiera sido posible con la Ley vigente.
Decía al principio de mi intervención que es objetivo principal
recuperar el consenso. Entendemos que sin un amplio acuerdo político,
duradero en el tiempo y no sometido a los vaivenes electorales, no es
posible legislar sobre esta materia. Si hacemos un análisis de la
evolución de la legislación en países como Francia e Italia en estos
últimos años, veremos que los cambios de Gobierno han supuesto
cambios en la legislación y que estos cambios resultantes de los de
las mayorías parlamentarias no conllevaron nunca la mejora de las
condiciones de integración social de la inmigración ni una mejor
regulación del flujo migratorio.Estamos convencidos de que la Ley 4/
2000 puede ser reformable, pero también estamos convencidos de que la
propuesta que nos hace hoy el Gobierno no puede ser una propuesta
cerrada. Si el Gobierno se obstina en creer que el único espacio, la
única salida, la única solución posible es la que se formula en su
proyecto de ley, se estará equivocando. En el trámite parlamentario
que iniciamos el Gobierno deberá demostrar que es prudente y que está
en condiciones de asumir que su texto no es el único posible para
abordar la regulación del fenómeno de la inmigración. Es más, no
debemos hacer sólo una ley de integración desde el consenso, sino
también para el consenso, para el consenso sobre el conjunto de la
política de inmigración. Consenso, por tanto, como primer objetivo.
Segundo objetivo. Afirmábamos, recordando a Campalans, la necesidad
de hacer de la política pedagogía, y pedagogía quiere decir que todos
seamos capaces de explicar al mundo de la inmigración que en esta
sociedad también existen deberes, que sin la asunción de los deberes
difícilmente se puede construir una sociedad en democracia y que
nuestras sociedades, las sociedades plurales en términos nacionales,
lingüísticos y culturales del Estado español, también tienen derecho
a desarrollar su propia identidad.Pero también pedagogía es ser
capaces hoy de explicar que la Ley vigente no ha podido producir
efecto llamada y un simple análisis de las series de entrada de
inmigrantes por el estrecho de Gibraltar, por Ceuta, Melilla y por
Canarias en los últimos diez años nos indican claramente esta
cuestión. Por tanto, no podemos manipular parcialmente las cifras de
entradas; no es bueno confrontar derechos sociales de los inmigrantes
con derechos sociales de los ciudadanos españoles. En definitiva, al
Gobierno también hay que pedirle la pedagogía de saber enfatizar los
aspectos positivos en términos económicos, en términos sociales de la
inmigración, y el Gobierno es evidente que hasta ahora ha sido
incapaz de hacer pedagogía.
Decíamos también que debía ser una legislación orientada hacia la
integración social como mecanismo para evitar la exclusión, para
evitar la crispación. Porque, señorías, no hay un debate sobre
velocidades ni sobre ritmos, el único debate que creo que tiene esta
Cámara planteado es el de qué legislación podemos hacer para
facilitar, garantizar el objetivo de la integración social. Hoy nadie
en esta Cámara ni en la calle está defendiendo políticas de puertas
abiertas, nadie. Creo que la discusión se centra en qué legislación
hacemos para poder garantizar esa efectiva integración social. Y
a nuestro entender esa integración social sólo es posible con cuatro
líneas: una es garantizar derechos y deberes, algunos para los
inmigrantes regulares, pero algunos también para todos. Estabilidad
en los papeles. Hoy buena parte de los problemas que se derivan de la
inmigración surgen de aquellas personas que, habiendo tenido sus
papeles en regla, por el mal funcionamiento de nuestra Administración
se ven abocados a una situación irregular. Tratamiento también de la
problemática de la inmigración irregular que supere la retórica
centrada exclusivamente en la expulsión y que dé mecanismos que
seguramente nos eviten la necesidad de poner en marcha en un medio
plazo un nuevo proceso extraordinario de regularización que, como de
nuevo se ha demostrado, y como la OCDE ha indicado en diversas
ocasiones, es un mal sistema para resolver la problemática de la
inmigración irregular. Finalmente, procedimientos garantistas que
permitan también aplicar a los ciudadanos extranjeros el Estado de
derecho. Estos son los cuatro elementos básicos para una legislación
que queremos que se oriente hacia la integración social.
La ley debe garantizar el control de flujos. Creemos que la Ley 4/
2000 garantizaba ese control de flujos. Creemos que algunas medidas
que quizás el Gobierno introduzca en el proyecto refuerzan esa
perspectiva, pero la ley fundamentalmente debe decantarse hacia la
integración social.
Cuarto elemento, esa política global. Creo que hay que denunciar en
esta Cámara que en estos años no ha existido una política global de
inmigración, que los 245.000 inmigrantes en situación irregular que
han solicitado participar en el proceso de negociación no son el
resultado del efecto llamada, sino el resultado de nuestra ineficacia
en la gestión del flujo migratorio. Que la dramática situación que
hasta hace escasísimas horas se ha vivido en Almería no es el
resultado de la Ley vigente, ni quizás de la Ley de 1985, sino
simplemente es el resultado de la ausencia de esa política global de
inmigración. Que las muertes en el Estrecho tampoco son el resultado
ni de la Ley 4/2000, ni de la Ley de 1985; son el resultado de la
ausencia de una política activa de gestión del flujo migratorio. Ese
es el gran reto pendiente, creo, del Gobierno y del conjunto de los
grupos políticos: construir esa política global de inmigración.
A nuestro entender esta política tiene cinco ejes muy claros. En
primer lugar, una política que se fundamente en una gestión racional
e inteligente del flujo migratorio. Eso quiere decir simplemente que
seamos capaces de que el cupo, el contingente, funcione, que tengamos
los instrumentos que nos permitan detectar las demandas
laborales que existen en los sectores productivos aquejados de esa
falta de demandas. Que seamos capaces también de gestionar de manera
diligente todo el proceso de concesión de visados, de concesión del
permiso de residencia, de concesión del permiso de trabajo. Que
seamos capaces de dotar a los órganos consulares españoles en el
exterior de los medios suficientes para incidir en esta cuestión. Que
seamos capaces también de dar capacidad de intervención real a los
gobiernos autonómicos en la gestión del flujo migratorio y muy
especialmente en el terreno del ámbito laboral; gestión del flujo
migratorio racional e inteligente.
En segundo lugar, desarrollar políticas públicas potentes, orientadas
hacia la integración social. Sin esas políticas públicas potentes que
hoy, sobre la base de la distribución competencial de nuestro sistema
político, están en manos de comunidades autónomas y corporaciones
locales, es evidente que la integración social se queda simplemente
en una afirmación de carácter retórico. Por tanto, deberemos ir a una
concreción a través de un fondo estatal, que llene de contenido
económico a las políticas públicas que ayuntamientos y autonomías
deberán desarrollar en este ámbito.
En tercer lugar, está el tema de la cooperación en dos perspectivas.
Una de ellas es la cooperación en la gestión del flujo con los
propios países emisores de inmigración, y muy especialmente con
Marruecos, con Ecuador, con Colombia, porque si no hay esa
cooperación seremos incapaces de evitar la inmigración irregular.
También está la cooperación en términos económicos y sociales,
creando aquellas condiciones que puedan permitir a la gente vivir con
dignidad allí donde han nacido, si desean residir en su país. Es
evidente que esta es una asignatura pendiente en la política
española.
En cuarto lugar, hay que ser capaces, superando el discurso retórico,
de introducir elementos y voluntades que nos permitan luchar
eficazmente contra la explotación laboral de los extranjeros
indocumentados. El drama de Almería no es otro que ese: nuestra
ineficacia absoluta y radical en combatir la explotación laboral de
las personas extranjeras y ser capaces de combatir a las mafias. En
ese mismo nivel tenemos que situar la lucha contra las mafias y
contra la explotación laboral de las personas.
En quinto y último lugar, en la línea de esa reclamación de la
pedagogía que hacíamos, después de estos seis fatales meses que hemos
generado con relación a la percepción de la opinión pública sobre el
fenómeno de la inmigración, el Gobierno debe asumir la necesidad de
mantener una activa política de defensa de los valores, de la
convivencia, de la tolerancia, de la civilidad. Nos parece que en la
formación de esa opinión de la población sobre la inmigración hay que
hacer aún mucho, y el Gobierno en el marco de ese plan debería hacer
mucho. Los cuatro ejes fundamentales son: consenso, pedagogía, ley de
integración social y política global.
En el trámite parlamentario en el que estamos ahora está la propuesta
de la creación de una subcomisión, que hemos apuntado todos los
grupos. Nos parece que ése puede ser un buen ámbito para avanzar
hacia ese consenso en estas cuatro líneas. El anuncio del Gobierno
del denominado plan Greco nos parece interesante, positivo y
necesario, y esperamos avanzar en el marco de esta subcomisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy terminando, señor presidente.
Evidentemente, ese consenso final, esa pedagogía, va a depender mucho
de cómo seamos capaces en el trámite parlamentario de concretar
acuerdos con relación a las enmiendas que presentemos los diversos
grupos parlamentarios. A nuestro entender, habrá que discutir a fondo
en la ponencia sobre el ámbito competencial de las comunidades
autónomas, sobre el reforzamiento de los derechos para las personas.
Es evidente que hoy la discusión ya no es si reconocemos derechos a
los inmigrantes sin papeles sino qué derechos les reconocemos en el
terreno de la estabilidad de la situación administrativa de los
inmigrantes, en reducir al máximo la arbitrariedad de la
Administración, en dar un tratamiento eficaz a la problemática de la
inmigración irregular y en asumir compromisos concretos en la ley
para construir esa política de inmigración. En la misma línea que
apuntaba el señor Rivero, nuestro grupo entiende que el plan deberá
concretarse en una solución del mismo en sede parlamentaria.
A lo largo de estos últimos días algunos grupos parlamentarios hemos
mantenido conversaciones con el Gobierno en esta materia. Es evidente
que las conversaciones tienen un buen tono, podemos decir que van
bien orientadas, pero necesitamos concretarlas en el trámite
parlamentario, con las enmiendas que los grupos parlamentarios vamos
a plantear. Ahí quien tiene que mover pieza es el Gobierno. El
Gobierno conoce cuáles son las enmiendas de los grupos
parlamentarios. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en sede
parlamentaria deberán ser capaces de producir las aproximaciones que
sean necesarias.
Hoy mi grupo parlamentario no va a apoyar las enmiendas de retorno
que le han planteado los grupos de la oposición; lo hacemos con la
voluntad de expresar esa necesidad de consenso. Pero el Gobierno
también debe saber que el trámite parlamentario que vamos a iniciar
en las próximas semanas será el que marque la definitiva posición de
Convergència i Unió en relación con la aprobación o no de la ley. Hoy
el Gobierno no tiene garantizado el apoyo de Convergència i Unió al
proyecto que nos ha presentado, fundamentalmente va a depender de ese
trámite parlamentario.
Señorías, creo que todos tenemos asumido que nuestra sociedad
seguramente afronta el reto más importante,
y cuando digo esta sociedad ya no digo la sociedad catalana o la
sociedad española, digo la sociedad europea. Hoy Europa tiene ante sí
la posibilidad de convertir la inmigración en una oportunidad o en un
freno, de convertir la inmigración en aquello que permita avanzar en
términos sociales, culturales y democráticos o convertir la
inmigración en aquello que nos haga retroceder. La aportación que
España pueda hacer a este debate es ser capaces de consensuar esta
ley, ser capaces de hacer pedagogía alrededor de la inmigración, ser
capaces de orientarnos hacia la integración social y ser capaces de
construir una verdadera política global. Va a depender de todos, pero
fundamentalmente del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero utilizar la tribuna, si me lo permiten, para
dirigirme, en primer lugar, a los ciudadanos españoles y expresarles
la importancia que el Grupo Parlamentario y el Partido Socialista
conceden a la solución de este formidable reto al que nos
enfrentamos, que tiene que ser resuelto, señorías, desde la estatura
moral de una sociedad desarrollada como es la española, y que debe
hacerlo desde los parámetros del acuerdo. Por eso nos hemos esforzado
desde el Partido Socialista en presentarles a todos los grupos de la
Cámara y al Gobierno la arquitectura de un acuerdo de Estado que
regule el fenómeno de la inmigración, que el Gobierno ha venido
aceptando en ocasiones a regañadientes, en otras con un poquito más
de entusiasmo, pero para cuya solución definitiva aún quedan
bastantes estaciones para llegar a su término. Mi grupo, señorías,
distingue con meridiana claridad entre los objetivos y los
principios, y los principios, señores del Gobierno y señores del
Grupo Popular, les decimos de antemano que son irrenunciables y los
objetivos exigen que este formidable reto, este desafío, encuentre
por parte de todas las fuerzas políticas y de su máximo nivel de
representación, que es esta Cámara, unos mínimos que alejen de la
dialéctica partidaria las soluciones que precisa este reto.
Por lo tanto, señora Uría, señor Frutos, no teman ustedes, no hay
ningún cambio en la actitud del Partido Socialista, ninguno, no hay
ningún cambio. El fenómeno migratorio, señorías, es universal en el
espacio y en el tiempo y lo va a seguir siendo. Lo ha sido, lo es y
lo será. Por eso debemos abordarlo desde los parámetros, como decía
antes, del pacto de Estado en el que nosotros, la oposición,
renunciamos a la dialéctica partidaria. Pero el Gobierno tiene que
someter a consenso sus iniciativas y propuestas, porque esta
regulación supera con mucho el horizonte temporal de una legislatura
y planeará sobre la sociedad española durante las próximas
décadas, porque incide, señorías -y lo continuará haciendo y de
modo relevante, además-, en la vida de nuestro país y porque España,
que se ha convertido en poco tiempo en un país de inmigración, conoce
perfectamente por su tradición los problemas que acarrea una
inadecuada solución a este reto. Lo conoce muy bien y si el
tratamiento resulta adecuado y esta Cámara hace un esfuerzo por
llegar al mínimo común denominador que articule una política de
Estado para el tratamiento de este reto, señorías, ello será
trascendente para la convivencia social y también, ante todo y sobre
todo, para la calidad de nuestra democracia.
Hemos de resolver este desafío entre todos y evitar que se convierta
en un grave problema. Porque la inmigración -aquí lo han dicho todos
los grupos políticos: hagamos lo posible- es un desafío necesario,
porque la inmigración la precisa nuestro país, entre otras, por
razones sociales, económicas, demográficas y también, señorías, de
valores; un pacto de Estado, pues, de todos y para todos, un pacto de
Estado de los grupos políticos que aquí están representados pero
también de los poderes territoriales -comunidades autónomas y
ayuntamientos-, también de las organizaciones sindicales y de las
organizaciones empresariales y también de las organizaciones que
defienden los intereses de los inmigrantes. Un pacto, pues, muy
amplio, señorías, que permita establecer ese mínimo común denominador
sobre la aplicación de políticas de inmigración que todos respetemos.
¿Significa ello, y quiero dejarlo muy claro, que, alcanzando ese
pacto, las diferencias se diluyen y la identidad de criterios se
alcanza? No, señorías, no nos confundamos. La visión del mundo de los
conflictos, de las relaciones, del desarrollo económico, de las
políticas sociales, de la política de valores es distinta de un
gobierno conservador y de una fuerza política progresista, y debe
continuar siéndolo; es distinta, pero renunciamos a la dialéctica del
enfrentamiento para alcanzar el mínimo común denominador. ¿Significa
un acuerdo de Estado la inexistencia de oposición? No, señorías.
Quiero transmitir a los ciudadanos españoles que esto no significa
ausencia de alternativa de oposición, sino aportación para el acuerdo
mínimo y para sacar el tratamiento de este formidable reto del
enfrentamiento y la diferencia, pero también permite hacer oposición
constructiva, como quiere el Grupo Parlamentario Socialista, con las
propuestas que en esa arquitectura de diseño de pacto ha venido
realizando a la sociedad española y a esta Cámara. En razón de todo
ello, señorías, es evidente que la política de inmigración no puede
limitarse a la discusión que suscita la actual reforma de la ley. El
pacto debe abordar esa ley pero también otros aspectos que definan
una política integral de inmigración para nuestro país.
Señor ministro, tengo que decirle que no nos gusta el texto que
ustedes remiten a la Cámara. No coincidimos con él ni en su
oportunidad ni en sus contenidos pero, señor ministro, estamos
persuadidos -y así se lo transmito a los ciudadanos españoles- de que
el objeto de
la reforma es tan importante -regular el fenómeno migratorio- que
requiere de actitudes generosas -y creo entender que sus palabras
finales de presentación del texto lo son- y voluntad de consenso,
antes que cicatería e intransigencia.
Este debate debe constituir una oportunidad para el diálogo sereno y
constructivo entre todos los grupos políticos -y digo todos porque la
aspiración de mi grupo consiste en alcanzar un acuerdo final en la
votación de conjunto que abarque a toda la Cámara y, si no fuera así,
y en ello llevaría la mayor responsabilidad el Gobierno, señor
ministro, el consenso quedaría seriamente limitado-, diálogo que
permita sentar las bases por primera vez en España de una política
migratoria integral que afronte la llegada de los ciudadanos
extranjeros a nuestro país, no desde la improvisación, el erratismo o
los guiños electoralistas -va por el ausente señor Arenas-, sino
desde la planificación, el rigor y la responsabilidad que nos
corresponde, sobre todo, señorías, porque los intereses de los
ciudadanos prevalecen frente a cualquier otro cuando se trata de
abordar cuestiones esenciales para su futuro. Además de la ley, la
mera acumulación de políticas sectoriales debe dejar paso, señoras y
señores diputados, a una actuación concertada de todos los
instrumentos de actuación política de que disponemos, desde la
Administración central a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Señorías, el reto, por tanto, para España se aleja del falso dilema
entre políticas restrictivas y políticas permisivas con respecto a la
inmigración. Los adecuados controles fronterizos, la correcta
canalización de los flujos de inmigrantes son elementos que deben
formar parte de cualquier política migratoria de un país avanzado. La
primera víctima de una inmigración desordenada son los propios
inmigrantes, que se ven en la imposibilidad de acceder a las
oportunidades que les surgen en la nueva vida que han emprendido, por
no hablar de su caída en redes ilegales, que les explotan y ponen en
peligro sus vidas.
Queriendo dar una verdadera oportunidad al diálogo, renunciamos,
señores y señores diputados, a presentar una enmienda de totalidad al
texto que envía el Gobierno. Comprendemos y respetamos la decisión de
los grupos políticos que sí enmiendan este texto; la respetamos, pero
les decimos que no renunciamos al acuerdo de todos, a un buen
acuerdo, permanente, estable, que eleve, como dije al principio, la
estatura moral de este país. Ahora bien, el acuerdo precisa
requisitos y mi grupo los va a expresar con claridad. La tramitación
de la reforma de la ley debe hacerse en paralelo a los trabajos de la
subcomisión ya creada para elaborar un plan integral de inmigración.
Dicho plan debe contener propuestas de políticas de desarrollo
-también de codesarrollo- con los países emisores de emigrantes y
acuerdos con los mismos para ordenar la inmigración de forma
regulada. Deberá incorporar un plan de coordinación de la política de
inmigración con comunidades
y ayuntamientos que aborde los diferentes aspectos de dicha
política en función de los repartos competenciales y la financiación
correspondiente, que supondrá incrementos presupuestarios del orden
de 30.000 millones de pesetas para el año 2001. Por último, es
necesaria la integración de nuestra política de inmigración en los
acuerdos establecidos en la Unión Europa, la intensificación del
control de fronteras frente a la inmigración ilegal y la lucha contra
las mafias que trafican con seres humanos.
En relación con el texto de la ley, el acuerdo debe garantizar la
defensa de los derechos y libertades fundamentales de los
inmigrantes; la regularización de los inmigrantes que han visto
denegada su solicitud en el último proceso -alrededor de 50.000-; el
establecimiento de un contingente anual de trabajadores extranjeros
previa consulta con comunidades, sindicatos y organizaciones
empresariales; el establecimiento de un proceso de regularización
para quienes lleven más de dos años en España, tengan medios de vida
suficientes y demuestren arraigo; la creación de un fondo nacional
para la integración social de los inmigrantes y el establecimiento de
procedimientos que garanticen la defensa de los derechos de estos
inmigrantes.
Señorías, el desafío de la inmigración no es un problema de orden
público. Quiero, señor ministro, transmitirle nuestra queja por el
comportamiento de las fuerzas de seguridad o, mejor dicho, de los
responsables políticos de las fuerzas de seguridad frente a la
plataforma por la convivencia que hoy, ante el Congreso de los
Diputados, quería expresar con un texto sus posiciones y que han sido
maltratados. No es un problema de orden público -y quiero utilizar
aquí la expresión de un compañero suyo de Gobierno, el señor
Pimentel-, es un problema que afecta a personas; los inmigrantes son
personas.
El acuerdo necesita también el abandono -ya lo han dicho aquí algunos
intervinientes- de cualquier tentación partidista y el desempeño de
una adecuada pedagogía. Nosotros no compartimos lo que ustedes llaman
efecto llamada, especialmente las declaraciones del señor Arenas de
los días pasados y, menos aún, la alarma creada alrededor de la
inmigración por la televisión oficial. Los inmigrantes de Ghana,
señor ministro, no leen el Boletín Oficial del Estado, no lo leen;
los inmigrantes de Ghana vienen empujados por el hambre, la necesidad
y la desesperación. Quizás ello resulte difícil de comprender para
quienes se empeñan en levantar muros mentales, muros ideológicos que
tapen la miseria, pero ésta existe y, a la postre, los muros son
franqueables y pueden dejar al descubierto -y es nuestra
responsabilidad evitarlo- el egoísmo y la insolidaridad, impropios de
un país de emigrantes como es España. Señorías, el acuerdo necesita
una visión más amplia, generosa e integral de los problemas. No
podemos pronunciarnos tan alegremente sobre las razones que empujan a
los inmigrantes, necesitamos más confianza.Como dijo un clásico:
cuanto menos se sabe,
más se desconfía, y necesitamos confianza de la sociedad española
hacia quienes vienen buscando un mejor sistema de vida y necesitamos
confianza entre todos para resolver este formidable desafío.
Distinguimos, pues -y acabo-, entre objetivos y principios. Los
objetivos exigen un acuerdo de mínimos que nos lleven al pacto de
Estado; los principios son irrenunciables, y siempre correremos desde
mi grupo parlamentario tras los principios de la igualdad y de la
integración. Cuando el secretario general del Partido Socialista
Obrero Español planteó al presidente del Gobierno alcanzar, con el
apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, un pacto de Estado
sobre inmigración creo que supo interpretar el deseo de los españoles
en relación con la necesidad de abordar el reto migratorio desde una
cuestión de Estado que fuese razón suficiente para trabajar por un
consenso que atendiese a las responsabilidades de un país como el
nuestro y permitiese a la sociedad española afrontar con confianza,
esa confianza a la que no contribuye el señor Arenas (Rumores.), las
próximas décadas, despejando cualquier sombra de incertidumbres o
desconfianza acerca de la presencia de ciudadanos de otros países en
el nuestro. Por eso esta renuncia a la enmienda de totalidad. Por eso
la abstención ante las enmiendas de totalidad que presentan otros
grupos parlamentarios, a quienes respetamos en su decisión. Pero esta
renuncia no hace sino trasladar a la finalización de la tramitación
del texto, con la votación de conjunto, el sentido definitivo de
nuestro voto. Será sí, si se cumplen las condiciones que antes
enumeré. Todo queda abierto, señorías, hasta ese momento.
Queremos una ley que contribuya a seguir haciendo de España un
espacio de tolerancia, profundizando en la cultura de un país abierto
y plural, cuya experiencia histórica refuerza su disposición para la
acogida y para la convivencia. Haremos todos los esfuerzos posibles
para ello. También los debe hacer el Gobierno y el Partido Popular y
moverse de sus posiciones. Sabemos que seremos por ello juzgados por
los españoles, y con severidad si no alcanzamos el acuerdo, con el
juicio más trascendente, el juicio moral. Por eso se necesita y se
precisa generosidad, que el PSOE ha demostrado renunciando a la
enmienda de totalidad. Ahora les toca a ustedes, señores del Gobierno
y del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señora presidenta, señorías, el proyecto de
ley que el Gobierno ha traído a la Cámara nos parece una respuesta
coherente a lo que se debe entender como política de inmigración. No
hace falta que yo les recuerde, porque ya se ha hecho aquí, que la
vigente Ley 4/2000 tuvo un mal origen.
Fue una tramitación influenciada por un proceso electoral que,
además, ni definió ni estableció un modelo de inmigración. A eso
habría que añadir errores técnicos tanto conceptuales como en la
propia ley. Hay que decir que no se adapta a nuestra realidad
socioeconómica y que va en dirección opuesta a las legislaciones de
los países europeos en esta materia.
Queda, por tanto, clara la necesidad de una reforma. Señorías, para
el Partido Popular un marco legal de esta naturaleza debe basarse en
garantizar la integración y la convivencia de todos los extranjeros
que residan en nuestro país. Debemos planificar y canalizar los
flujos migratorios teniendo en cuenta la capacidad de acogida de
España. Debemos regular los intrumentos más eficaces para luchar
contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas y de mafias,
todo ello en el marco de los compromisos asumidos en la Unión
Europea.
Para nosotros, obviamente, estos objetivos no se alcanzan con la
vigente ley. Ustedes han denunciado en esta Cámara (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Muñoz. (Pausa.)
Adelante, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Gracias, presidenta.
Aquí se ha denunciado lo que puede llegar a ser mano de obra barata,
marginalidad, precariedad en el empleo y todos esos abusos que han
ido mencionando. Señorías, eso se propicia precisamente con una ley
que favorezca la irregularidad, utilizando palabras que se han dicho
en la Cámara. Es una imprudencia crear falsas expectativas, es más,
yo diría que es una gran irresponsabilidad. Eso sí crea un efecto
llamada. Digan lo que digan, ahí están las cifras que hacen mención a
que se ha producido un incremento espectacular en las situaciones de
irregularidad.
Para nuestro grupo, la línea a seguir es totalmente opuesta. Nosotros
queremos incentivar la regularidad, no queremos un cierre de
frontera, no se confundan, queremos que las personas que vengan a
nuestro país lo hagan con todas las garantías. Señorías, ese ha sido
el principio y la base de la reforma, y ese fue nuestro compromiso,
un compromiso reflejado en nuestro programa electoral y avalado por
la mayoría de los españoles. Hemos querido traerlo a esta Cámara,
después de haberlo debatido con grupos sociales, con partidos
políticos y después de las oportunas aportaciones que hicieron el
Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Es un
proyecto que, como ya ha mencionado el ministro, garantiza los
derechos fundamentales de todos los extranjeros, independientemente
de su situación de regularidad o no, en las mismas condiciones que
los españoles: el derecho a la libertad, el derecho a su ideología, a
una tutela judicial efectiva, a una asistencia sanitaria, a una
educación obligatoria, a una asistencia jurídica gratuita, y también
a los servicios y a las prestaciones sociales básicas. Es un proyecto
que garantiza los derechos de configuración legal a todos los
residentes en nuestro país y es una clara apuesta por la integración.
Lo queremos hacer a través de la reagrupación familiar, lo queremos
hacer a través del empleo, garantizando las mismas condiciones que
los españoles, facilitando la permanencia en el mercado laboral,
haciendo de la renovación una norma y algo habitual y no
estableciendo excepcionalmente los trámites para poder lograrlo a
través de un sistema público de ayudas a la vivienda, en las mismas
condiciones que los españoles, a través del acceso a la educación en
todos los niveles, a través de las prestaciones y servicios de
Seguridad Social y con todas las garantías jurídicas.
Este es, señorías, el proyecto del Partido Popular; el proyecto que
este Gobierno ha traído a esta Cámara. Porque hay que ser
consecuentes, queremos hacer una apuesta clara por una inmigración
regular, teniendo en cuenta también situaciones de irregularidad
sobrevenidas. Por eso quiero hacer aquí una mención expresa a un
artículo, al artículo 29.4 nuevo, una nueva incorporación que no he
oído en ninguna de las intervenciones que me han precedido y que hace
mención a las situaciones de irregularidad sobrevenidas por
circunstancias excepcionales humanitarias. Eso es lo que debe tener
un auténtico proyecto de futuro.Deseamos añadir que para nosotros un
Estado de derecho debe establecer los instrumentos que permitan la
efectividad del cumplimiento de las normas y que, además, posibilite
luchar contra las mafias y contra las personas que trafican con
extranjeros. Por eso nos parece importante que en este proyecto se
recojan esas sanciones, así como el reforzamiento de la lucha contra
las mafias y los que se lucran con la explotación. Quiero dejar aquí
claro que, aunque las competencias en materia de inmigración, en lo
referente al control y planificación, deben de ser del Estado,
valoramos muy positivamente la creación de ese Consejo Superior de
Política de Inmigración, donde se coordinarán y planificarán las
distintas actuaciones de las administraciones en cada una de sus
competencias.
Señorías, quiero terminar diciendo, en nombre de nuestro grupo, que
vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas, porque
entendemos que la ley vigente no configura una política de
inmigración. Tengo la absoluta seguridad de que, a partir de aquí y
por parte de todos los grupos de la Cámara, habrá un trabajo serio,
en profundidad, en la ponencia de la propia ley y en el programa
global que el Gobierno y el propio ministro se han comprometido a
traer a esta Cámara en el seno de la subcomisión creada con la
aprobación de todos los grupos. Ahí es donde nosotros queremos ver
las enmiendas, ahí es donde nosotros queremos debatir cuáles pueden
ser las incorporaciones al texto. Si su postura, como decía el señor
Caldera, es inamovible, ustedes están reclamando un consenso con
ustedes mismos. Señorías, porque nosotros entendemos que este
proyecto es un buen proyecto de
futuro, ahí no nos van a encontrar. Tenemos que ser suficientemente
abiertos como para entender que esta norma que hoy se está debatiendo
puede tener mejoras, no lo dudamos. En cualquier caso, no son
posturas inamovibles lo que nosotros reclamamos.
Necesitamos un marco jurídico adecuado, es cierto, y por eso tenemos
una especial sensibilización hacia este proyecto de ley. Ahora bien,
para nosotros no es menos importante poder contar con un programa de
acción de Gobierno donde se fijen claramente las líneas de actuación
para los próximos años, donde haya políticas de desarrollo, de
cooperación y de integración.
Señorías, la inmigración es un gran reto, es un reto de futuro, que
hará sin duda a nuestra sociedad más rica, más plural y más
solidaria. No les quepa la menor duda de que esa es la ambición del
Partido Popular y de este Gobierno. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.
Sometemos a votación conjuntamente, por ser todas ellas de
devolución, las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, señores
Labordeta, Saura, Aymerich y señora Lasagabaster, y las presentadas
por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, al proyecto de ley orgánica de reforma de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 19; en contra, 183; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las
enmiendas de referencia
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000004.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de pasar al punto siguiente del
orden del día, quiero proponer a la Cámara la siguiente declaración
institucional que ha sido hecha llegar a esta Presidencia por parte
de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Desde que en Montreal (Canadá) se constituyera la plataforma
reivindicativa para la eliminación de la pobreza y la violencia
contra las mujeres, distintos países de todo el mundo han comenzado a
movilizarse en solidaridad con esta causa. El pasado día 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, se concretaron las acciones para
realizar la llamada Marcha mundial de las mujeres 2000, que culminará
en Nueva York el próximo 17 de octubre, Día Internacional de la
Pobreza, con una concentración de mujeres de todo el mundo ante
Naciones Unidas, donde una delegación política presentará al
secretario general, Kofi Annan, un manifiesto
que recoge 17 medidas dirigidas fundamentalmente a eliminar la
pobreza y a asegurar una distribución equitativa de la riqueza
mundial entre ricos y pobres y entre hombres y mujeres, denunciando
la creciente feminización de la pobreza y exigiendo planes de acción
que incluyan medidas específicas. Asimismo, esas medidas se dirigen a
eliminar la violencia contra las mujeres, de modo que los Estados
reconozcan en sus leyes y actos que todas las formas de violencia
contra las mujeres son violaciones de los derechos humanos
fundamentales y no se pueden justificar por costumbres, religión,
cultura o poder político.
En lo que respecta a la Unión Europea, mujeres de los países miembros
se concentrarán en Bruselas (Bélgica) el día 14 de octubre, como paso
previo a la cita final en Nueva York. Por todo ello, se propone al
Pleno del Congreso de los Diputados la adopción de la siguiente
declaración:
Primero, el Congreso de los Diputados se adhiere a la Marcha mundial
de las mujeres 2000 y da su apoyo a los objetivos de la misma.
Segundo, el Congreso de los Diputados felicita a todas las
organizaciones de mujeres e instituciones que en nuestro país han
realizado actividades con motivo de la Marcha mundial de las mujeres
2000 y se solidariza con todas las mujeres del mundo que el día 17 de
octubre elevarán sus reivindicaciones ante el secretario general de
Naciones Unidas.
Tercero, el Congreso de los Diputados dará traslado de la presente
declaración a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Aprueba la
Cámara esta declaración? (Asentimiento.- Aplausos.)
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE
LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992.
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO
DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992. (Número de
expediente 052/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto décimo del orden del día: Elección de un
diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la
Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales,
de 2 de junio de 1992.
Anuncio a SS.SS. que vamos a iniciar una votación con urna
inmediatamente. Como consecuencia de la renuncia presentada por don
Luis Martínez Noval a su condición de diputado de los que acceden a
secretos
oficiales, y de acuerdo con la resolución de la Presidencia, de 2 de
junio de 1992, el Grupo Parlamentario Socialista propone a don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán como candidato para ser elegido por el Pleno
de la Cámara a los efectos señalados.
La elección se rige por lo dispuesto en el artículo 205 en relación
con el 204, ambos del Reglamento. Cada diputado podrá escribir en las
papeletas un nombre de diputado perteneciente al grupo parlamentario
cuyo representante se pretende sustituir y cuya candidatura ha sido
presentada. Resultará elegido el candidato que más votos obtenga,
siempre que haya conseguido, como mínimo, tres quintos de los votos
de los miembros del Congreso. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Se va a proceder a la
votación. Por el señor secretario se dará lectura de los nombres de
los señores diputados para que suban a esta tribuna con la papeleta
del candidato que propongan, un solo nombre en cada una de las
papeletas.
Señor secretario. (Pausa.)
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores
diputados.)
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Votos emitidos, 283; votos a
don Jesús Caldera, 274; votos en blanco, ocho; votos a don Alfonso
Guerra, uno.
Queda, por tanto, elegido, a efectos de la resolución de la
Presidencia de 2 de junio de 1992, el diputado perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista don Jesús Caldera, cuyo representante se
pretendía sustituir, al ser el que más votos ha obtenido y haber
conseguido como mínimo los tres quintos requeridos de los votos de
los diputados que componen la Cámara. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» núm. 30,
correspondiente a la sesión plenaria del pasado martes, 3 de octubre,
en el Sumario (página 1309, primera columna), línea 5.ª, figura el
señor Bel i Queralt como interviniente en representación del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cuando debería decir en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista . También en esa misma
columna, última línea, aparece la señora Julios Reyes, en
representación asimismo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), cuando realmente lo hace en nombre de su propio Grupo
parlamentario, Coalición Canaria.