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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 30, de 03/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 30
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 28
celebrada el martes, 3 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día 1309
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Estatuto de
los Trabajadores para la reducción de las horas extraordinarias, así
como de introducción de otras medidas incentivadoras de la creación
de empleo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 13-1,
de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000009.) . . .
(Página 1309)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre yodación de
sal para consumo humano y/o de animales. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 61, de 22 de septiembre de 2000. (Número
de expediente 162/000114.) . . . (Página 1318)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 37, de 26 de junio de 2000.
(Número de expediente 162/000082.) . . . (Página 1323)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en el nuevo Tratado que se elabora en la Conferencia
Intergubernamental, para dotarla de un carácter jurídico vinculante.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 56, de 15 de
septiembre de 2000. (Número de expediente 162/000107.) . . .
(Página 1323)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda.
(Número de expediente 173/000023.) . . . (Página 1335)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los
desequilibrios regionales en España y sobre las políticas e
instrumentos de corrección de los mismos. (Número de expediente 173/
000024.) . . . (Página 1343)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. (Número de
expediente 173/000025.) . . . (Página 1349)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día . . . (Página 1309)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
68.1 del Reglamento y considerando lo acordado por la Junta de
Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del punto I del
orden del día de la presente sesión, correspondiente a la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de
regulación de las sociedades civiles de actividades entre
profesionales, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 1309)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Estatuto de
los Trabajadores para la reducción de las horas extraordinarias, así
como de introducción de otras medidas incentivadoras de la creación
de empleo . . . (Página 1309)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
para su toma en consideración, el
señor Jáuregui Atondo. Considera llegado el momento de abordar el
debate sobre jornada laboral y empleo desde una perspectiva de rigor
y sensatez y explica tres postulados que configuran la posición del
Grupo Socialista: primero, pueden ser instrumentos favorecedores del
empleo la flexibilización progresiva en la forma de prestación de la
relación laboral, la reducción de la jornada de trabajo y el reparto
del tiempo de trabajo; segundo, son condiciones necesarias para la
aplicación de estas fórmulas la negociación colectiva y la aplicación
individualizada de las fórmulas que se pacten a la relación laboral a
fin de no reducir la productividad; y tercero, los poderes públicos
deben estimular y favorecer una dinámica de enriquecimiento de la
negociación colectiva en esa dirección, proponiendo a tal efecto las
reformas legales necesarias y que las administraciones públicas fijen
estímulos y bonificaciones para la creación de empleo derivado de
estas fórmulas. Termina afirmando que el progreso técnico y el avance
económico no pueden tener otro sentido histórico ni otra recompensa
vital que darnos a todos más empleo trabajando menos y más tiempo
para vivir más.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo
Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Estatuto de
los Trabajadores para la reducción de las horas extraordinarias, así
como de introducción de otras medidas incentivadoras de la creación
empleo, se rechaza por 116 votos a favor, 159 en contra y 20
abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 1318)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre yodación de sal
para consumo humano y/o de animales . . . (Página 1318)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso la señora Fernández de Capel Baños. Considera que la
proposición no de ley que presenta su grupo es una asignatura
pendiente que España tiene en materia alimentaria para conseguir el
mayor bienestar físico e intelectual de los niños. Explica las
consecuencias de la carencia de yodo y los beneficios que se
producirían con la yodación de la sal para uso humano, animal y de la
industria agroalimentaria, según el documento sobre los derechos de
la infancia, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1992, en la
cumbre de la Infancia convocada por las Naciones Unidas. Los Estados
firmantes de aquel documento, entre ellos España, contrajeron la
obligación de promover las medidas oportunas para asegurar estos
derechos de los niños. Por eso, añade, presenta esta proposición no
de ley y pide el voto favorable para que los niños españoles tengan
los derechos que les corresponden y que les otorgan los acuerdos
internacionales que España tiene comprometidos, firmados y
ratificados, a fin de prevenir las deficiencias intelectuales
ocasionadas por la carencia de yodo, todo ello con el respeto y el
marco competencial adecuado en el seno de las administraciones
territoriales competentes.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); y Arola Blanquet, del Grupo
Parlamentario Socialista; y las señoras Julios Reyes, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la
señora Fernández de Capel Baños.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre yodación de sal para consumo humano y/o
animales, con la incorporación de las enmiendas aceptadas en el
transcurso del debate, se aprueba por 279 votos a favor, uno en
contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea . . . (Página 1323)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en el nuevo Tratado que se elabora en la Conferencia
Intergubernamental, para dotarla de un carácter jurídico vinculante
. . . (Página 1323)
Se realiza el debate de las dos proposiciones no de ley de forma
conjunta, defendiendo en primer lugar el señor López Garrido la
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Considera que Europa
está pasando por un momento difícil, aun cuando exista una situación
económica de crecimiento. Sin embargo existen nubarrones sobre la
moneda europea y falta un horizonte político claro, quizás porque se
esté en momentos de transición y no se sabe qué objetivos tiene la
Unión Europea después del mercado único. Por lo tanto, añade, es
ahora cuando es más necesario un salto político como la Carta de los
Derechos Fundamentales y explica la forma en que ésta se ha
desarrollado y las mejoras que se han ido produciendo. Su Grupo
Parlamentario cree en un modelo de Unión Europea en la que exista la
participación social y la solidaridad en el interior y en el
exterior, es decir, una unión política que haga realmente visible y
no difuso un auténtico gobierno político y económico de la Unión que
explique en última instancia las dificultades del euro o la
inseguridad de ciudadanos como los daneses en cuanto al futuro de esa
moneda.
A continuación defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida elseñor Llamazares Trigo. Se
refiere al proyecto de
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que será
estudiado por el Consejo Europeo en su reunión de Biarritz los días
13 y 14 de octubre, con vistas a su proclamación solemne por las
instituciones comunitarias y a su eventual incorporación al nuevo
Tratado que los jefes de Estado y de Gobierno deberán aprobar en la
reunión del Consejo Europeo que se celebrará en Niza los días 7 y 8
de diciembre. Por ello, considera llegado el momento de instar al
Gobierno a que proponga la inclusión, en el orden del día de la
Conferencia Intergubernamental, de la incorporación de esta Carta al
Tratado, para dotarla de un carácter vinculante y con protección
jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Analiza el contenido de la Carta de los Derechos
Fundamentales y pide que el Gobierno español mantenga un mensaje
claro y nítido ante el Consejo Europeo, para que se otorgue a la
carta el impulso que se merece.
En defensa de las enmiendas presentadas a las dos proposiciones no de
ley intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y el señor
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen lo señores López Garrido y Llamazares Trigo.
Sometido a votación el texto conjunto que han acordado todos los
grupos parlamentarios, se aprueba por 276 votos a favor, uno en
contra y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 1335)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda . . .
(Página 1335)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Morlán Gracia. Se
refiere a la interpelación presentada la semana pasada en relación
con las malas condiciones que se dan actualmente para la posibilidad
de acceder a una vivienda en régimen de propiedad o de alquiler,
siendo una de
las razones principales la reforma de la Ley del suelo planteada por
el Gobierno del Partido Popular, y explica los puntos de la moción
que plantean las condiciones necesarias, según la alternativa de su
grupo, para llevar a cabo una política adecuada de vivienda que evite
el incremento del precio y lo disminuya en la medida de lo posible, a
la vez que potencie la vivienda de protección oficial tanto en
alquiler como de propiedad. Finalmente se refiere a las enmiendas
presentadas a la moción por el Grupo Popular, Convergència i Unió y
el Grupo Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente intervienen los señores Jané i Guasch, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ortiz González,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y Rodríguez Sánchez,
del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Morlán Gracia.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda, con
la incorporación de las enmiendas que se deducen del transcurso del
debate, se rechaza por 103 votos a favor y 166 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los
desequilibrios regionales en España y sobre las políticas e
instrumentos de corrección de los mismos . . . (Página 1343)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Núñez Castain. Está seguro de
que toda la Cámara compartirá con él que el problema de los
desequilibrios regionales es uno de los problemas vertebrales del
sistema político y una política fundamental de la Unión Europea. Se
refiere a la convergencia entre regiones en la Unión Europea y opina
que esta se va logrando, sin embargo, añade, esta convergencia no se
da entre las regiones de España Asegura que los desequilibrios entre
las regiones de España es un problema histórico y, tras hacer un
análisis de los mismos utilizando variables macroeconómicas, concluye
que la variable de la renta per cápita en Andalucía no resiste la
comparación, porque la convergencia nominal no coincide con la
convergencia real. Persigue con su moción el que, al ser los
desequilibrios regionales un problema de Estado, se busque un
denominador común que permita
abrir un espacio para trabajar en la solución de estos problemas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente intervienen los señores Bel i Queralt, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Merino López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Núñez Castáin.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los
desequilibrios regionales en España y sobre las políticas e
instrumentos de corrección de los mismos, en los términos derivados
de debate, se aprueba por 270 votos a favor y 11 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo . . .
(Página 1349)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Se refiere al debate de la semana pasada con
motivo de la interpelación urgente, en el que, al analizar la
situación del mercado de trabajo, se pusieron de manifiesto
importantes coincidencias en cuanto a la desigualdad existente entre
hombres y mujeres. Da una serie de datos que avalan su tesis y
explica las medidas que plantean en su moción que, manteniendo una
línea continuista con lo que ha sido la política del Gobierno en los
últimos años, abre nuevas líneas que darán mayor eficacia a la hora
de afrontar uno de los principales retos que tiene planteados la
sociedad española, como es la escasa tasa de actividad femenina.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente intervienen las señoras García Pérez, del Grupo
Parlamentario Socialista; Sainz García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Julios Reyes, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, se aprueba
por 264 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, comienza la sesión Asunto previo al
orden del día: exclusión de uno de los puntos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y
considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia
somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la
presente sesión del punto I, correspondiente a la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de
regulación de las sociedades civiles de actividades entre
profesionales. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del
punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE
LOS TRABAJUADORES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, ASÍ
COMO DE INTRODUCCIÓN DE OTRAS MEDIDAS INCENTIVADORAS DE LA CREACIÓN
DE EMPLEO. (Número de expediente 122/000009.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, de
modificación del Estatuto de los trabajadores para la reducción de
las horas extraordinarias, así como de introducción de otras medidas
incentivadoras de la creación de empleo.
Para la presentación y defensa de la propuesta, tiene la palabra el
señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidente, señorías, la proposición
de ley que les traemos hace referencia a un tema que creo que es
importante desde el punto de vista del debate político sobre empleo o
políticas de empleo y, en concreto, sobre la ecuación entre empleo y
jornada laboral o tiempo de trabajo.
Ustedes recordarán que hace algunos años, cuando salíamos de la
crisis de 1993 y 1994, la repercusión en el empleo de la crisis
económica de esos dos años fue tremenda -recuerdo el contexto: 20 por
ciento largo de paro en España, entre 11 y 12 por ciento en Europa,
20 millones de parados en Europa, tres millones largos en España,
etcétera- y se discutió, señorías, sobre las medidas de reducción de
jornada de trabajo o reordenación del tiempo de trabajo desde una
perspectiva que para algunos era una panacea, una solución a ese
problema que, además, se acrecentaba porque todo el mundo veía con
enorme preocupación que la globalización y la revolución tecnológica
afectaban, cada día más, al empleo menos cualificado.
La evolución económica tan favorable que ha habido en este ciclo
económico y concretamente la mejora del empleo han conseguido una
atenuación de este debate en los años posteriores, pero todavía sigue
habiendo dos actitudes que pudiéramos calificar de extremas en
relación con este problema: quienes consideran que la reducción de la
jornada tiene que establecerse de una manera impositiva a través de
una ley, sin tener en cuenta que eso anularía la negociación
colectiva y probablemente las repercusiones directas en la
productividad de las empresas, pudiendo causar efectos contrarios al
objetivo pretendido de crear empleo; y quienes, imbuidos de un
neocalvinismo, diría yo, consideran que la solución al problema del
paro es trabajar más y más para crear más empleo, sin darse cuenta de
que también en ese horizonte se produce una situación en la que unos
se drogan con el trabajo mientras muchos se drogan porque no lo
tienen.
Hoy, señorías, sabemos que este debate entre jornada laboral y empleo
es ya más atenuado y que lo podemos calibrar y evaluar mejor porque
se han puesto en marcha ya políticas importantes en varios países
europeos -pienso desde luego en Francia, pero también en Holanda o en
Alemania- y porque, por cierto, muchas comunidades autónomas
españolas han venido ya practicando políticas que relacionan la
jornada laboral y el empleo. Personalmente, permítanme una referencia
individual. Fui consejero de Trabajo del Gobierno vasco y tuve el
honor de proponer iniciativas legislativas que ya ponían en marcha
modalidades que jugaban
con la jornada de trabajo como instrumento favorecedor del empleo.
Hoy podemos, pues, tener una visión más equilibrada, que evalúe mejor
esta ecuación.
Yo querría sugerirles la conveniencia de que abordemos este debate
-por cierto, no será la única vez que lo hagamos, porque me consta
que hay otras iniciativas de parecido calado al respecto- desde una
perspectiva de rigor y de sensatez, por lo menos así lo pienso hacer
yo, y querría compartir con ustedes tres afirmaciones que en el fondo
configuran la posición del Grupo Socialista. Primero, en el marco de
una flexibilización progresiva en la forma de trabajar, en la forma
de prestación de la relación laboral, la reducción de la jornada de
trabajo y el reparto del tiempo de trabajo pueden ser, señorías,
instrumentos favorecedores del empleo. Segundo, la negociación
colectiva y la aplicación individualizada de las fórmulas que se
pacten a la relación laboral a fin de no reducir la productividad
son, en nuestra opinión, condiciones necesarias para la aplicación de
estas fórmulas; por tanto, estamos apelando a la negociación
colectiva y estamos implicando que el factor de productividad, clave
en la competitividad de las empresas, sea tenido en cuenta a la hora
de regular las modalidades de prestación laboral y las modalidades de
reducción o de reordenación del tiempo de trabajo. Pero para que todo
esto funcione, tercer principio, los poderes públicos deben de
estimular y favorecer una dinámica de enriquecimiento de la
negociación colectiva en esta dirección y, a tal efecto, creemos
oportuno y conveniente que las administraciones públicas fijen
estímulos, bonificaciones, etcétera, para la creación de empleo
derivado de estas fórmulas y por supuesto que acometan, en su caso,
las reformas legales necesarias.
Señorías, esta es nuestra posición. No estamos, pues, a favor de una
ley impositiva que reduzca de manera masiva y generalizada y, por
tanto, obligatoria, la jornada laboral. Pero tampoco estamos de
acuerdo con que, habiendo como se está ocurriendo notables
incrementos de productividad por la innovación técnica en nuestros
procesos de producción, trabajemos más horas cada año.
No podemos compartir esa realidad, por otra parte evidente. Nos
parece absurdo, desde luego anacrónico, y también lo calificaría de
reaccionario y regresivo, que en los noventa la jornada laboral esté
creciendo sobre los ochenta o en el dos mil sobre el noventa. Y esto
pasa hoy en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa y en España. Me
he permitido comparar nuestra jornada laboral media pactada en
convenios y deben saber, señorías, que en el 2.000 es mayor que la
que había pactada en convenios en los noventa. Y, sobre todo, no es
que sea anacrónico, reaccionario o regresivo, es que es profundamente
injusto que las horas extraordinarias de unos pocos priven del
trabajo a muchos. Esta es, señorías, y entro ya en el contenido de la
proposición de ley, la primera medida que proponemos, una nueva
regulación del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores que nos
lleve a conseguir reducir las horas extraordinarias autorizadas a las
imprescindibles, porque sí debe de haber horas extraordinarias, pero
tienen que ser las imprescindibles, y a que aumentemos y
fortalezcamos el control de la inspección del trabajo sobre los
límites sobrepasados, sobre las violaciones -por cierto, sistemáticas
y frecuentísimas en nuestro mundo laboral- de esos límites marcados
en la ley. ¿Qué proponemos en la reforma del artículo 35? Yo diría
que cuatro cosas sustancialmente. Primera, que sea la negociación
colectiva, sindicatos y empresarios, los que determinen cuáles son
las horas extraordinarias que ellos mismos pactan realizar, cuándo
son imprescindibles, cuáles deben realizarse, cuáles no y cuáles
deben sustituirse por empleo. Segundo, un nuevo límite en los topes
legales. Ahora la ley establece 80 horas al año como máximo. El Grupo
Socialista propone que las rebajemos a 60 al año, pero que
establezcamos otros dos controles: diez al mes y dos al día, para
permitir que la inspección de trabajo, cuando visita una empresa,
pueda comprobar si se han producido en el inmediato pasado
vulneraciones en un período mucho más controlable. Tercero, que la
prestación de horas extraordinarias sea voluntaria y, por tanto,
eliminar su obligatoriedad desde el punto de vista de los contratos
individuales. Y, cuarto, favorecer que las horas extraordinarias se
compensen por tiempo libre.
Ahora los números, señorías. En España se hacen aproximadamente 60
millones de horas extraordinarias al año. Estas son las que marca la
encuesta de coyuntura laboral del Ministerio de Trabajo. El cálculo
teórico de las jornadas laborales que este número de horas
extraordinarias proporcionaría al mercado laboral equivale a 52.000
empleos nuevos. Sé que es un cálculo teórico, pero también sé que las
horas extraordinarias de la encuesta de coyuntura laboral son mucho
menores que las reales. Ustedes saben como yo que en las horas
extraordinarias hay un sistemático fraude permanente de economía B,
de economía negra, que no se denuncia y que se practica, sobre todo
en algunos sectores. Saben que no son 60 millones, quizás son 150 ó
200 millones de horas extraordinarias cada año, que posiblemente
equivaldrían a cien mil empleos nuevos, si este país hiciera en su
legislación esta operación de reforma para combatir algo que es,
repito, no sólo anacrónico e injusto, sino incluso malo para la
productividad y, desde luego, fatal para la siniestralidad laboral.
Porque ahí también hay un nido de accidentes laborales. Quiero
recordarles, señorías, que sólo el 10 por ciento de los asalariados
españoles realiza el conjunto de las horas extraordinarias que están
siendo computadas en la encuesta del Ministerio de Trabajo. Esta es
la primera propuesta que les hacemos.
La segunda pretende favorecer la contratación temporal o interina de
parados que sustituyan a trabajadores que abandonan transitoriamente
su trabajo por causas
legales, es decir, por excedencias, permisos de maternidad,
servicio militar, formación, etcétera. La fórmula es que allá donde
las empresas habitualmente amortizan ese empleo que ha quedado
vacante por ese permiso legal haya una contratación, y que haya una
contratación temporal o interina para personas que proceden de los
colectivos en paro más desfavorecidos, menores, mujeres o mayores de
40 años. Esta es una fórmula típica del reparto del tiempo de trabajo
que no tiene contraindicaciones económicas ni economicistas, puede
hacerse, y proponemos que el Gobierno regule esta fórmula.
La tercera plantea que el empleo estable creado como consecuencia de
la adopción, en negociación colectiva, de una fórmula de reducción de
jornada en las empresas que creen empleo -es decir, el empleo creado
como consecuencia directa de un acuerdo sindical que, adoptado por
sindicatos y empresarios, reduce la jornada en una empresa- pueda ser
también estimulado económicamente por el Gobierno mediante fórmulas
de bonificación que permitan precisamente estimular esta orientación
hacia la reducción de la jornada.
No estamos exigiendo una ley, estamos proponiendo que la negociación
colectiva se estimule hacia un horizonte lógico. Son, pues, señorías,
tres medidas cargadas de sentido común; y digo de sentido común
porque creo sinceramente que, desde un punto de vista económico,
inclusive empresarial, no tienen contraindicaciones, son
perfectamente asumibles, pero desde un punto de vista ideológico son
medidas cargadas de un espíritu progresista. Y les voy a señalar, en
el final de mi intervención, qué quiero decir con esto. En el
incierto y apasionado debate sobre el futuro del trabajo, sobre la
forma en la que trabajamos, sobre la enorme movilidad que hoy en día
está configurando la nueva relación laboral, la movilidad geográfica
funcional, la flexibilidad en sus máximas expresiones, no sólo el
cómo sino el cuánto tiene una enorme trascendencia tanto desde el
punto de vista sindical o económico, como ideológico y político, ya
que es la consecuencia que se deriva de una aspiración a la
progresiva reducción de la jornada laboral.
Señorías, digo esto -y aquí se inscribe probablemente el contenido
más político de mi intervención, el menos técnico, si ustedes
quieren- porque la reducción de la jornada es una aspiración natural
del movimiento obrero, que además a lo largo de la historia ha tenido
siempre un corolario lógico con el avance económico y con el progreso
técnico. Recuerden, por ejemplo, que a principios del XIX, con la
máquina de vapor y los enormes incrementos en productividad que trajo
ese invento, la jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas a la
semana, y a finales del XIX, con la electricidad, a principios del
XX, con el fordismo y el sistema fordista de producción, o con el
motor de explosión, la jornada se bajó de 60 a 48 horas, y luego a 40.
Permítanme,señores del Grupo Popular, que reivindique aquí
-tan aficionados ustedes que son a rememorar nuestro pasado en el
Gobierno- al ministro Almunia, que introdujo en España la jornada
laboral de las 40 horas por primera vez, lógicamente. Pero lo que no
se puede comprender, señorías, es que hoy, que estamos experimentando
el descubrimiento extraordinario de tres grandes inventos
tecnológicos, como son la microelectrónica, la informática y las
telecomunicaciones, y que se están produciendo notables incrementos
en productividad, la jornada laboral no se reduzca progresivamente.
En primer lugar, no tiene ningún sentido histórico que además toda
esa revolución tecnológica y toda esa globalización no produzcan un
mundo más justo y sí que agrande sus diferencias. No tiene sentido
que el progreso técnico no esté al servicio de la humanidad. En
segundo lugar, porque hay cada vez más gente que entiende el ocio, el
tiempo disponible como un tiempo para ser vivido por sí mismo y, por
tanto, somos cada vez más quienes pensamos que el ocio es una forma
de ingreso, que el tiempo de trabajo o el menos tiempo de trabajo es
una forma de salario. Si ustedes me permiten un eslogan, querría
incorporar mi alegato en contra de las horas extraordinarias con una
idea que seguro que ustedes comparten, y es ésta de que las horas
vividas con la familia, con los amigos, leyendo, en un concierto, en
el campo, en casa, esas sí son horas extraordinarias. En tercer
lugar, porque la revolución feminista que afortunadamente estamos
viviendo en los últimos cuarenta años exige una adaptación de hábitos
sociales y una progresiva participación del hombre en las tareas
domésticas y familiares que evite la doble jornada que realizan
nuestras mujeres.
La señora PRESIDENTA: Señor Jáuregui, le ruego vaya concluyendo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Termino ahora mismo, señora presidenta.
La progresiva reducción de la jornada se convierte así en un
instrumento favorable a la igualdad de géneros y a la superación de
esa vieja e injusta ecuación que coloca a la mujer junto al hogar.
Este debate entre jornada laboral y empleo, señorías, no puede ser
enfocado sólo desde una perspectiva economicista o empresarial, que
yo asumo como habrán podido comprobar. La razón económica y la lógica
de la eficiencia y de la competitividad no pueden guiar solas este
debate; eso sería confundir la razón de los medios con el sentido de
los fines, la razón de la economía con el sentido de la sociedad.
Dicho de otra manera, el mercado es el medio económico
imprescindible, pero la política está llamada a regular la sociedad,
el fin último de una convivencia justa.
Por eso, y con esto termino, señorías, el progreso técnico y el
avance económico no pueden tener otro sentido histórico ni otra
recompensa vital que darnos a
todos más empleo trabajando menos y teniendo más tiempo para vivir
más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley por estimar que su contenido
supone un avance respecto a lo establecido al hacer las propuestas de
reducción positiva del número máximo de horas extraordinarias en
cómputo anual y de limitación en el número a realizar en sectores o
actividades que entrañen riesgo, penosidad o peligrosidad, que, por
cierto, tan bien explicó el señor proponente. También nos parece
positivo que se inste al Gobierno a apoyar económicamente la creación
de empleo vinculada directamente a la disminución de la jornada
laboral a treinta y cinco horas en el horizonte del 2002.
Dicho esto, creemos que el contenido de la proposición de ley debería
ahondar más en la regulación de la compensación de las horas
extraordinarias por días de descanso, estableciendo más límites para
evitar prácticas fraudulentas que puedan suponer un abuso. Decimos
esto porque esta posibilidad contemplada en la actual legislación, si
bien tiene una evidente virtualidad flexibilizadora de la jornada de
trabajo que puede beneficiar a empleador y trabajador, también se
convierte a veces en una vía fraudulenta de alteración de esta
jornada saltándose lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de
los Trabajadores.
Desde nuestro punto de vista, sería también aconsejable someter a
control administrativo, en concreto al de la Inspección de Trabajo,
la realización de horas extraordinarias, ya que lo establecido en el
Real Decreto 1561/1995 dispone de manera simplificada que
mensualmente la empresa informe a los representantes de los
trabajadores. En nuestra opinión, también debería ser informada la
Administración laboral, lo que sin duda ayudaría a evitar que
determinadas empresas o sectores acudiesen en exceso a las horas
extraordinarias.
Por último, la presente propuesta contiene, en nuestra opinión, una
redacción continuista en relación con la facultad del Gobierno para
suprimir o reducir por tiempo determinado la realización de horas
extraordinarias en determinados sectores de actividad o ámbitos
territoriales. Nosotros entendemos que desde el punto de vista
competencial estaríamos ante un acto de ejecución de la legislación
laboral al tratar de establecerse
restricciones por tiempo determinado, que incluso se puede referir a
un ámbito territorial y derivadas de una coyuntura concreta, por lo
que esta facultad también debe atribuirse a los gobiernos de las
comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en la materia.
Dicho lo cual reiteramos nuestro voto favorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley por suponer un avance
respecto a lo actualmente establecido en esta materia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on,
buenas tardes.
A la hora de fijar nuestra posición respecto a esta proposición de
ley sería conveniente recordar que las horas extraordinarias vienen
siendo un instrumento de ordenación del tiempo de trabajo para hacer
frente a necesidades coyunturales del mercado que han existido
siempre y en todos los países. Por tanto, la existencia de horas
extras no es consecuencia de ninguna patología del trabajo ni, por
tanto, hay que satanizarlas, máxime en un país como España en donde
los límites legales se sitúan por debajo de la media de la de los
países de nuestro entorno económico.
A nuestro juicio limitar el número de horas extraordinarias por
debajo de lo actual supondría introducir una mayor rigidez en el
ordenamiento jurídico laboral, en un momento en que se demanda en
todo el mundo una mayor flexibilidad en los sistemas de relaciones
laborales; esta mayor rigidez incidiría negativamente en la
competitividad de nuestras empresas.
La fórmula de realización de horas extraordinarias por necesidades
del mercado dentro de los límites legales es utilizada
preferentemente por las pequeñas y medianas empresas, que tienen
graves dificultades en acceder a otros instrumentos de ordenación del
tiempo de trabajo -establecimiento de turnos, distribución irregular
de la jornada, etcétera-, debido, fundamentalmente, a su dimensión.
No son las grandes empresas, que pueden adoptar otros instrumentos de
ordenación del tiempo de trabajo, las que vienen utilizando en mayor
medida las horas extraordinarias, como se señala en la exposición de
motivos de esta proposición de ley, sino las pequeñas y medianas
empresas que son las que están creando, además, la gran mayoría del
nuevo empleo.
En el Estado español, y a pesar de contar todavía con índices
elevados de desempleo, se están observando graves problemas a la hora
de encontrar personal cualificado, sobre todo en determinadas zonas
industriales -Madrid, Cataluña, Navarra, Guipúzcoa, Álava,
Valencia, por ejemplo-, que son las que ostentan además índices de
paro menores y similares a los europeos.
En consecuencia, la posibilidad de contratar nuevos trabajadores en
aquellos supuestos en los que esta solución fuera posible para evitar
la realización de horas extraordinarias se hace de hecho inviable por
no existir en la actualidad en el mercado de trabajo trabajadores con
la cualificación que en estos momentos requieren las empresas en los
sectores de actividad más relevantes. En estos supuestos la
limitación de horas extraordinarias supondría, a nuestro juicio, un
grave perjuicio para las empresas, que no podrían hacer frente a las
necesidades del mercado.
De conformidad con lo ya expuesto, un ejemplo de ello es el acuerdo
vasco para el empleo en el que se establecen posibilidades de
realizar horas extraordinarias en unos supuestos determinados y
perfectamente reglados. Por ejemplo, por tratarse de un tiempo de
trabajo tan corto que no haga viable una nueva contratación, por ser
materialmente imposible contratar en el tiempo recorrido y por
inexistencia de personal parado con la cualificación adecuada para el
puesto correspondiente.
Por todo ello, y dado que la proposición de ley también tiene
elementos positivos, la posición del Grupo Parlamentario Vasco va a
ser la de abstenernos en esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al tomar posición sobre esta proposición de ley, tenemos la
misma sensación que ya expresamos en la Cámara en otras ocasiones, en
el sentido de que se apunta en la buena dirección y se queda a mitad
de camino. En este caso esta sensación se debe a dos cuestiones. En
primer lugar, al texto de la propia propuesta y, en segundo lugar, a
la consideración de que quizá merecería analizar en su conjunto la
reducción y reordenación del tiempo de trabajo como política de
empleo.
A esta insatisfacción responden las propuestas que se presentan y que
justificaremos en esta exposición. En cualquier caso, nos apresuramos
a señalar nuestra importante aproximación al texto que se nos
propone, que restituye, sin duda, un vínculo no pocas veces perdido
con las reflexiones que los sindicatos españoles y europeos han hecho
sobre esta materia; también, aunque esto quizá tenga menos
trascendencia para el empleo, un encuentro entre el grupo proponente
y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en esta materia.
Queremos empezar por la segunda de las insatisfacciones que apunté.
No dejaremos de reiterar una conocida opinión de Izquierda Unida para
que la reducción en el tiempo de trabajo tenga una incidencia
positiva en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la
reducción del desempleo. Dentro de la política general de empleo, la
estabilidad del mismo debe ser un objetivo fundamental. Creemos
sinceramente que el tiempo de trabajo debe ser considerado hoy de
forma integral, teniendo en cuenta no sólo la duración de la jornada
laboral en sentido estricto, sino otros elementos como su
reordenación, las horas extraordinarias, el trabajo a tiempo parcial
como una forma de empleo voluntario y con derechos, la interrupción
voluntaria del empleo, las jubilaciones anticipadas y los contratos
de relevo.
La propuesta que se nos formula atiende a las horas extraordinarias y
a los incentivos que promueven la jornada de 35 horas. No son
cuestiones menores, son fundamentales, pero insistimos en que
deberíamos hacer un esfuerzo para considerar estas cuestiones en su
conjunto. Sí nos parece que, estableciendo en la propuesta un sistema
de incentivos para sustitución de trabajadores que interrumpen
voluntariamente el empleo, resulta un contrasentido no incluir la
jubilación anticipada voluntaria y el contrato de relevo entre las
medidas a incentivar. Esta es la razón por la que, si esta
proposición de ley se admite, presentaremos en su momento una
enmienda en este sentido. Del mismo modo, seguimos llamando su
atención, y la de toda la Cámara, en cuanto la necesidad de reformar
y reflexionar sobre el contrato a tiempo parcial.
La primera de las insatisfacciones a la que aludía se refiere a las
insuficiencias que detectamos en el texto presentado. Desde luego,
compartimos la filosofía en lo que se refiere a las horas
extraordinarias. La propuesta reconoce elementos fundamentales de una
posición que tienda a limitar, en el camino de la supresión, las
horas extraordinarias; considera el reforzamiento necesario de la
negociación colectiva; reconoce el descanso como mecanismo de
compensación; prohibe las horas extraordinarias cuando se produce
distribución irregular de jornada y en actividades de riesgo, y
establece topes.
Como señalaremos a continuación, creemos que debe reflexionarse más
sobre los contenidos que la propuesta da a estos principios, pero
debemos constatar una ausencia que parece llamativa y que pretende
superar la propuesta de nueva disposición adicional que presentaremos
en su momento. Me refiero a la necesaria comunicación, por parte de
los empresarios, a la autoridad laboral y a los representantes de los
trabajadores, al control por parte de la Inspección de Trabajo y al
régimen de sanciones.
En el campo de la negociación colectiva, la propuesta ha dejado
abierto el contrato individual en una cuestión tan trascendente como
la opción entre remuneración o descanso. No creemos oportuno dejar
abierta
esta posibilidad fuera de la negociación colectiva. En su ausencia
debe primar el descanso. Éste es esencial para compensar las horas
extraordinarias. De hecho, como se señala, creemos que a partir del
año 2002 sea el único sistema de remuneración que además, en nuestro
criterio, debe ser primado para superar la perversa monetarización de
la hora extraordinaria. Claro que el núcleo de toda propuesta en este
campo es la de topes. Nos parece insuficiente el límite que en ella
se establece. Tomando el tope mensual, no haría sino aceptar en estos
momentos la realidad actual. Los últimos datos publicados se refieren
al primer trimestre de este año. Las 13.872.000 horas efectuadas
suponen una media por cada trabajador que las realiza de 24,6; es
decir, 30 horas por trabajador son las hechas en Canarias,
prácticamente 29 en Andalucía, 29,7 en Madrid, 29,2 en La Rioja, o
sea, el tope mensual establecido por la proposición permitiría
mantener las prácticas actuales. Siempre nos referimos a lo que es el
primer trimestre, ya que se han dado los datos recientemente de este
año 2000.
Es evidente que, en materia de reducción de jornada, se ha detenido
hace tiempo el impulso de eficaz reducción de los ochenta. El propio
firmante de la propuesta recordará que el ejercicio en que llegó al
Ministerio la reducción de la jornada pactada en convenio -no citaré
la peor circunstancia de la medida efectiva- fue de casi siete horas,
pero en el último año de su mandato la reducción apenas fue de una
hora y media. Las reducciones de jornada han ido decreciendo hasta
que a partir de ese momento han llegado a ser inapreciables, y el
hecho bastante dramático es que a partir del segundo trimestre de
1999 -y aquí ya me refiero a jornada efectiva- la jornada ha
aumentado, salvo en el sector de la construcción; es decir, no sólo
tenemos pendiente el impulso de la reducción de jornada, sino que
caminamos en la dirección contraria. Es fundamental en este campo
impulsar la negociación. Esta es una responsabilidad del Gobierno. La
diferencia entre jornada negociada y no negociada en trabajadores a
tiempo completo es de casi cinco horas. El Gobierno debe asumir su
propia responsabilidad, en cuanto al desarrollo de las reformas de
tipo necesarias, para que la reducción del tiempo de trabajo sea
abordada, en ese sentido más amplio, en el marco de la política de
fomento de empleo.
A este respecto, no dejamos de reclamar que se establezca cuanto
antes la elaboración de los instrumentos normativos y financieros más
adecuados para promover la reducción general de la jornada laboral.
Ciertamente, en esta materia tan importante como los instrumentos
normativos, es necesario el establecimiento de un sistema de
incentivos financieros a los que se refiere la proposición de ley. En
este punto hubiéramos deseado mayor precisión, al menos en el sentido
de dejar claro que se proponga cualquier incentivo a cargo de las
políticas de fomento de empleo, exonerando a los recursos de la
Seguridad Social de merma en este punto
con destino a las empresas que alcancen acuerdos, reduzcan jornada y
establezcan compromisos de creación de empleo. Probablemente también
deberían establecerse cautelas y criterios de contabilidad con otras
ayudas públicas y precisar que las administraciones públicas y sus
empresas deben quedar excluidas del sistema de incentivos.
No quiero dejar de insistir, en este final de mi intervención, en que
la reducción del tiempo de trabajo es una reivindicación histórica
del conjunto del movimiento sindical, que a través de distintas
experiencias se está abordando en el conjunto de la Unión Europea en
diversos modelos y que se ha incorporado con fuerza en el marco
general de las políticas de empleo. Insistimos, sea cual sea el
resultado de esta proposición, en profundizar en el debate y en las
negociaciones, incorporando a sectores y empresas a una reflexión a
la que conviene saber que no dejan de resistirse aspectos como la
gestión del conjunto del tiempo laboral, cuestión en la que no
podemos olvidarnos de considerar evaluables el uso social del tiempo
y el reparto de las responsabilidades entre hombres y mujeres. Hay
distintos instrumentos políticos a utilizar: negociación a nivel
estatal, iniciativa legislativa y negociación en las empresas. Esas
son las tres dimensiones que Izquierda Unida desea impulsar.
Queremos anunciar en esta toma en consideración nuestro voto
positivo. Si saliera adelante esta proposición de ley, Izquierda
Unida haría las aportaciones que hoy hemos venido desarrollando aquí
con el ánimo de mejorar esa propuesta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Abordamos la toma en consideración de esta proposición de ley que nos
plantea el señor Jáuregui, al que le reconocemos su experiencia en el
Gobierno vasco en esta materia y también su reflexión sobre este
asunto.
Nos plantea el Grupo Socialista hoy una iniciativa orientada a la
creación de empleo desde la lógica de la regularización del tiempo de
trabajo, situando esta actuación en dos perspectivas muy claras: por
un lado, la reducción de horas extraordinarias y, por otro, el
incentivo a la ocupación estable a través de la reducción de la
jornada laboral y a través de la negociación colectiva, es decir, del
pacto entre empresa y sindicatos.
De entrada hay que decir, en primer lugar, que hoy en España
cualquier iniciativa orientada a la creación de empleo estable, con
nuestras tasas de paro y de actividad, tiene que ser bienvenida; por
tanto, esta iniciativa también lo debe ser. En segundo lugar, es
evidente
que hoy -y el señor Jáuregui en su intervención también hacía
referencia- el reto del conjunto de los mercados de trabajo del mundo
occidental está en la combinación entre la flexibilidad ante el
cambio tecnológico y la garantía de los derechos de las personas
trabajadoras. En el caso del Estado español yo creo que todos
coincidimos en la necesidad de avanzar hacia la reducción real de las
horas extraordinarias. En la anterior legislatura esta cuestión ha
sido objeto de diversos debates, de reflexiones del propio Gobierno.
En la perspectiva del diálogo social, los agentes sociales tienen muy
en cuenta también esta realidad. También es cierto que en los años
1997, 1998, 1999 y en los primeros meses del año 2000 ha habido una
reducción del total de horas extraordinarias por trabajador que las
han realizado y del total de horas por trabajador a tiempo completo.
Me estoy refiriendo a la última memoria del CES, la de 1999, que
indica una cierta tendencia a la reducción, resultado de la buena
marcha de la economía y también del encarecimiento de las horas
extraordinarias estructurales. Creo que estas cuestiones están encima
de la mesa.
En este primer ámbito, a nuestro entender, el Grupo Socialista nos
plantea una modificación del Estatuto de los Trabajadores,
introduciendo demasiada rigidez para combatir la presencia de las
horas extraordinarias. Nosotros, en concreto, no podemos coincidir en
todos los extremos de la modificación que nos plantea el señor
Jáuregui. Nos parece que no ayudaría al objetivo de reducción de las
horas extraordinarias. Continuamos entendiendo que en el actual marco
legal, y con una voluntad real de los agentes sociales a través de la
negociación colectiva, podríamos avanzar en esa reducción de las
horas extraordinarias. Pero también la proposición de ley aborda otra
cuestión, que es el incentivo a la creación de ocupación desde el
acuerdo entre empresarios-organizaciones sindicales en la reducción
de la jornada laboral. Este es un modelo que sí coincide plenamente
con la posición que Convergència i Unió mantiene ante el debate sobre
la jornada laboral en cuanto al tiempo de trabajo, ante el objetivo
social de avanzar hacia la semana de las 35 horas. De hecho, el señor
Jáuregui hacía referencia a una de las experiencias en el terreno
autonómico que ha desarrollado iniciativas en este mismo campo, como
fue el pacto por la ocupación entre el Gobierno de la Generalitat
y los agentes sociales en Cataluña, que precisamente contemplaba esta
posibilidad y que finalmente se convirtió en un decreto del Gobierno
de la Generalitat, que incentiva la ocupación a través de una fórmula
similar, como apunta el señor Jáuregui. Este segundo apartado
encuentra nuestro pleno apoyo en esta toma en consideración. Entiendo
que en ese terreno el gran reto va a ser que se incorpore de verdad
en el diálogo social el objetivo de la reordenación del tiempo de
trabajo. Estamos convencidos de que va a ser uno de los
elementos importantes, como lo fue en anteriores rondas de
negociación.
Una de las tentaciones cómodas que nuestro grupo podía tener hoy era
decir: señor Jáuregui, no se lo tomamos en consideración; veamos qué
sucede en el diálogo social. Pero no se lo vamos a plantear de esta
forma; nos parece que es perfectamente compatible que se pida esa
toma en consideración en esta Cámara, pero también observemos a dónde
nos lleva el diálogo social. Evidentemente, coincidimos con ustedes
en que el debate que se nos plantea va mucho más allá de la reflexión
sobre la flexibilidad, sobre adaptarnos a las nuevas necesidades de
la economía, ya que liga también con las necesidades reales de las
personas a finales de este siglo. En esa aspiración personal de la
reducción de la jornada laboral es evidente que nosotros también
coincidimos.
Todo nos lleva a un voto matizado, que no puede ser otro que la
abstención ante esa toma en consideración, convencidos de que una de
las grandes prioridades de la política laboral, de la política social
en España en los próximos años será avanzar en esa reducción de la
jornada laboral.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar la posición del Grupo Popular en relación
a la proposición de ley que ha planteado el Grupo Socialista,
idéntica a otra que formuló en la anterior legislatura y caducó.
He de decir que me ha gustado el debate que ha planteado el señor
Jáuregui. Ha puesto encima de la mesa cosas de interés, cosas sobre
las cuales es probable que todos tengamos que pensar y debatir en el
futuro inmediato. Creo que hay debates abiertos porque la realidad
socioeconómica del mundo en que vivimos está cambiando. Usted ha
hecho mención a las tres revoluciones pendientes en nuestra sociedad:
la revolución biogenética, la revolución de los materiales y la
revolución del mundo de la información. Evidentemente, eso va a
producir transformaciones, como el teletrabajo, la reducción de
jornada, etcétera.
Como se ha dicho hace un momento por otros intervinientes, este
debate también se hizo en la anterior legislatura, fundamentalmente
-que no exclusivamente- por parte de Izquierda Unida. Izquierda Unida
-lo ha dicho aquí-, coherentemente, ha mantenido que había que
reglamentar, que había que legislar los contenidos de la reordenación
del tiempo de trabajo. Hasta la fecha, el resto de los grupos están
de acuerdo con lo establecido en noviembre de 1997 en la
cumbre extraordinaria sobre el empleo de Luxemburgo, en su directriz
tercera, que instaba e incitaba a la negociación colectiva con los
sectores sociales para la regulación de la jornada de trabajo. Hoy
usted ha hecho una aportación novedosa: un cierto cambio de la
posición del Grupo Socialista en el sentido de que, aunque
formalmente pregonan la negociación colectiva, que estoy convencido
de que también apoyan, nos piden de facto una modificación legal,
cual es la del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que,
como con acierto decía el señor Campuzano hace un momento, en su
conjunto introduce rigideces que no van a favorecer la reducción
deseable del número de horas extraordinarias. Por lo tanto, vaya por
delante que compartimos esa intención, ese deseo, esa necesidad de
progresivo descenso de las horas extraordinarias, también matizado,
como decía el señor Txueka, ya que es propio de la realidad económica
y de la pluralidad de situaciones de los diversos sectores
productivos, económicos y empresariales el que en diversas ocasiones
existan las horas extraordinarias.
No discutiré la bondad de reducir de 80 a 60 horas; pasamos de 100 a
80 y podemos hacerlo a 60, por qué no, y tampoco le voy a discutir
determinadas cuestiones, como restaurar los límites diarios -usted
apunta mensuales- en el cómputo de las horas extraordinarias.
Nosotros consideraríamos más certero poner un límite semanal; de
hecho, eso estaría en sintonía con la directiva comunitaria 93/104,
de 23 de diciembre de 1993. En todos los países de Europa se habla de
un promedio de hasta 48 horas. Ir a una situación de diez horas al
mes nos parece que es imponer un corsé que hace que en ocasiones no
sea operativo ante la demanda real y la necesidad práctica, que usted
también conoce, del mundo de las empresas.
He de decir que desde este punto inicial, aunque usted al final ha
dicho que desde una perspectiva social, sindical o progresista -como
usted ha querido autodenominarse-, ha sido una lucha histórica la
reducción de la jornada per se, en el momento actual lo que
filosóficamente están planteando ustedes y lo que todos nos estamos
planteando o lo que está en el debate social, si prefiere que así lo
exprese, es la reducción de jornada para la consecución de nuevo
empleo. Ha habido básicamente dos modelos, el que ustedes ponen
encima de la mesa y otro que es el que nuestro grupo, nuestro partido
y nuestro Gobierno han venido aplicando de facto en la práctica en
los últimos cuatro años, que es considerar que más interesante que
repartir un pastel de ocho raciones entre diez es crear dos pasteles
de ocho raciones, porque sin duda todo el mundo comerá más. Usted
hacía una cita, cuyo relevo me obliga a coger. Decía que en el año
1983 su Gobierno, el de entonces, que era socialista -también era mi
Gobierno-, planteó la reducción de la jornada, Hay que indicar
también que eso se tradujo en un cuarto de millón de nuevos
desempleados. España pasó de 2,5 millones
de desempleados a 2 millones tres cuartos de desempleados, y la
progresiva y paulatina reducción de la jornada en nuestro país del
año 1983, por imperativo legal y por sucesivas convenciones sociales,
hasta hace cuatro años se ha venido traduciendo en una destrucción
del empleo o en un aumento del paro hasta cifras tan significativas
como son los aproximadamente 3 millones de trabajadores sin trabajo.
Por lo tanto, nosotros compartimos, en la primera parte de su
proposición, lo referente a que hay que buscar mecanismos que tiendan
a que en la realidad se produzca una reducción de las horas
extraordinarias, pero pensamos que un mecanismo que legalmente
intente regular todos los extremos se ha de mostrar necesariamente
tan ineficaz o más que los actualmente existentes, ya que, como aquí
todos han reconocido, en muchas ocasiones la realidad social y
económica vulnera y supera las previsiones legales hoy en día
presentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Hay también en el artículo único de su proposición puntos con los que
estoy en desacuerdo. No entendemos qué beneficio plantea reducir de
cuatro a tres meses el momento de compensación de descanso por las
horas extraordinarias realizadas de más. No entendemos tampoco cómo
en los trabajos penosos se pretende limitar las horas
extraordinarias. Habría que plantear el debate respecto a los
trabajos peligrosos, tóxicos o penosos en cuanto al cómputo total de
la jornada, pero no en cuanto al cómputo con la posibilidad o no de
introducir horas extraordinarias. No estamos de acuerdo tampoco con
algo que yo creo que usted ha expresado al revés de lo que dice la
letra, que es la voluntariedad o no, reflejada en el contrato
individual del trabajador, para acceder a la realización de horas
extraordinarias. Y no estamos de acuerdo tampoco en la
incompatibilidad que establecen con la distribución irregular de la
jornada. Es más, le diré que nos resulta francamente imposible
entender las razones por las que ustedes introducen este punto y
estamos dispuestos a escuchar cualquier explicación al respecto.
La segunda parte se refiere a la reducción de la jornada a 35 horas,
y yo he abordado hace un momento algunos aspectos en ese sentido. Es
un debate presente en la sociedad europea, fundamentalmente, porque
la sociedad americana tiene jornadas más largas. A mí me parece que
este debate va a continuar, aunque sigo pensando que es mejor terapia
la de crear riqueza que la de repartir la que hay. Porque además la
pregunta es: ¿Por qué 35 y no 30?, o ¿cuándo se ha acreditado
ciertamente como hecho científico e irrefutable, como dato objetivo,
que la reducción de la jornada se ha traducido en la práctica en la
generación de empleo? Acabo de dar unos datos ciertos y objetivos que
pueden acreditar perfectamente cuanto estoy argumentando.
Así pues, ¿cuál es nuestra apuesta? Pues la que ha venido haciendo el
Gobierno desde la creación de riqueza y empleo; desde la apuesta que
hace para el año
que viene, con una previsión de 382.000 nuevos empleos; desde la
previsión también de establecer mecanismos de incentivación de
determinadas formas o situaciones laborales y de contratación. De
hecho, la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar incluso
ha venido a resolver una de las peticiones que usted plantea en el
punto segundo de la disposición adicional, cual es que ya tenemos
incentivado lo que es la sustitución, el interinaje de aquellas
personas que vienen, por ejemplo, a sustituir a una madre que va a
cuidar al hijo, a una madre que está embarazada y corre peligro su
vida, un supuesto de adopción, un supuesto de acogimiento, etcétera
¿Se podrá ampliar esto? En esos términos probablemente podamos
discutir en el futuro; pero, en buena medida, el tronco de lo que
plantea el Grupo Parlamentario Socialista en ese terreno yo creo que
ya está concedido. Como también está concedido en buena medida,
aunque se pueda recorrer un mayor camino en el futuro, la propia Ley
de Presupuestos Generales del Estado, la Ley 55/1999.
Como ha dicho el señor Campuzano, una realidad objetiva es que las
horas extraordinarias están cayendo, se están reduciendo . Arguyen en
la exposición de motivos que las horas extraordinarias crecen en un
momento de expansión económica, y es verdad en su inicio, porque la
fórmula más rápida de contratación de un empresario, antes que
contratar a alguien que es difícil de acomodar, es incrementar el
número de horas de su plantilla para afrontar una mayor demanda, un
mayor pedido de suministro. Pero en el momento actual, en 13
comunidades autónomas han venido bajando las horas extraordinarias y
en tan solo cuatro de toda España se han incrementado ligeramente. En
este sentido, el Gobierno puso de su parte medidas legislativas en el
año 1997, cuando en la Ley 65/1997 y en la 66/1997 se acordó el mismo
tratamiento cotizante a las horas estructurales y no estructurales; o
cuando se ha sacado de la base reguladora del desempleo la cotización
de las horas extraordinarias.
Estamos de acuerdo con la filosofía de la parte primera de su
proposición, pero no en la argumentación, no en la materialización;
en parte sí y en parte no, como le he detallado hace un momento. En
el otro gran debate, aunque personalmente no estoy muy convencido de
que la reducción vaya a generar ningún empleo, sí creo que la nueva
sociedad nos va a plantear nuevas fórmulas de trabajo, nuevos modelos
de relaciones laborales y probablemente tengamos que atenernos a
diseñar nuevas fórmulas que contemplen, como decía hace un momento,
situaciones de trabajo, situaciones donde la nota característica del
llamado contrato de trabajo -la genuidad, la dependencia, etcétera-
puedan estar trastocadas por unos nuevos modos de trabajar.
El Plan de empleo de los tres últimos años establece en su directriz
decimoquinta la convicción de que la regulación de la jornada debe
hacerse con el compromiso, con la negociación colectiva y con el
fruto del
diálogo social, que en otras materias tan buenos resultados ha dado.
¿Qué es lo que puede regular por ley el Estado? ¿Qué puede hacer esta
Cámara, las Cortes Generales? Regular la jornada; regular la forma en
que se aplican las horas extraordinarias y en su caso, si se quiere,
regular también la forma en que se pagan, es decir, la forma de
descanso o retribución. En lo demás, si vamos a analizar o a dejar,
en este caso en la negociación colectiva, que determinen las causas
tan atípicas de la realización de horas extraordinarias, cosa harto
difícil de hacer, nos podemos encontrar con que es materia propia del
ordenamiento jurídico y por lo tanto competencia que debería ser
estricta de esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que termine, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Por tanto, reconocemos las labores positivas
que tiene su proposición. Sin embargo, por todo lo dicho no podemos
apoyarla, sin perjuicio de que volvamos a debatir y seguramente en el
futuro nos encontremos en algunas cosas en beneficio de todos. Hoy
por hoy nosotros apostamos doblemente: crear riqueza y que los
interlocutores sociales lleguen a acuerdos en bien de todos los
trabajadores y de toda España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiroz.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.)
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Estatuto
de los Trabajadores para la reducción de las horas extraordinarias,
así como de introducción de otras medidas incentivadoras de la
creación de empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 116; en contra, 159; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la proposición
de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE YODACIÓN DE
SAL PARA CONSUMO HUMANO Y/O DE ANIMALES. (Número de expediente 162/
000114.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: proposiciones no
de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre yodación de sal para consumo humano y/o de animales.
Para la presentación y defensa de la propuesta, tiene la palabra la
señora Fernández de Capel. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños al objeto de poder continuar con
el debate. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego ocupen sus
escaños o abandonen el hemiciclo y guarden silencio. Señorías, es
preciso un poco más de silencio para poder continuar con el debate.
Adelante, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que nos ocupa es una asignatura
pendiente que España tiene en materia alimentaria para conseguir el
mayor bienestar físico e intelectual de nuestros niños. La carencia
de yodo se asocia tradicionalmente con el llamado bocio endémico, que
tiene su presencia en algunas comunidades autónomas españolas. Pero,
si esto es una manifestación visible, existen otros problemas mucho
más graves como son el deterioro mental de los individuos que,
durante el desarrollo embrionario y fetal, así como desde su primera
infancia, no recibieron la aportación adecuada de yodo. Esto,
señorías, es a veces mucho más difícil de detectar desde el punto de
vista médico. El screening, que sobre el hipotiroidismo congénito se
realiza satisfactoriamente en España desde hace más de 20 años, puso
de manifiesto que a veces nuestros niños no alcanzan las condiciones
óptimas en todas las etapas del desarrollo de su sistema nervioso y
esto puede conducir a ligeros retrasos en su capacidad intelectual
que sólo se traducen a veces en fracaso escolar.
España firmó, y posteriormente ratificó, el documento sobre los
derechos de la infancia que entró en vigor el 2 de septiembre de
1992. Esto fue en la cumbre de la infancia convocada por las Naciones
Unidas para revisar un documento anterior existente sobre los
llamados derechos de la infancia. Como consecuencia de esta cumbre,
se incluyeron dos artículos. El primero era: Todo niño tiene el
derecho a una cantidad adecuada de yodo en su dieta. El segundo
artículo decía: Toda madre debe tener una nutrición adecuada de yodo
durante el embarazo para evitar que el niño tenga un desarrollo
mental atrasado por una carencia de este micronutriente esencial.
Señorías, los Estados firmantes tienen, tras la existencia de dicho
documento, que fue firmado en representación de España por el propio
presidente del Gobierno, a la sazón el señor González, la obligación
de promover las medidas oportunas para asegurar estos derechos a
nuestros niños. Desde la Organización Mundial de la Salud, con el
pleno apoyo de Unicef, se promueve esta yodación de la sal para uso
humano, animal y de la industria agroalimentaria. Porque no tiene
sentido yodar la sal solamente en una parte de la cadena alimentaria,
sino que debe ser un continuum de la yodación para que surta los
efectos apropiados y necesarios. Esta es una de las razones que no
haría falta
explicar en otros foros, porque es una obviedad. Todo esto cuenta ya
con más de 20 años de experiencia en la lucha de la erradicación de
la deficiencia del yodo. En una reciente reunión de la Organización
Mundial de la Salud, se han evaluado todos los beneficios que supone
la yodación universal de la sal. Beneficios que están materializados
en algunos países en mejores rendimientos escolares y en algo que ha
puesto en boga el desgraciado accidente de Chernobyl, una menor
capacidad en las personas que toman sal yodada para absorber las
radiaciones en accidentes parecidos al que sufrió Europa en años
pasados. Sin embargo, tampoco se yoda la sal de manera arbitraria
sino que existen unas medidas y unas recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud sobre las cantidades precisas, que
son conocidas por todos los científicos que trabajan en este campo.
Todo esto no sería posible, señorías, sin los investigadores que
durante tantos años abordaron esta lucha en todo el mundo, con
estudios, con tenacidad, con sacrificio y dedicación, y que se han
dedicado a estas investigaciones que aportan tanto para la salud y
para el futuro de nuestros niños. Internacionalmente se reconoce en
esta lucha la ingente labor llevada a cabo por dos españoles, la
doctora Monrreale y el doctor Escobar que trabajan en España, desde
hace más de 50 años, en paliar la carencia de yodo y que hoy honran
esta Cámara con su presencia.
También se hace necesaria, señorías, una concienciación social y una
orientación médica adecuada, para que se ajusten los hábitos
alimentarios saludables, que en nuestro país se han ido abandonando,
sobre todo en la infancia, por razones que sería obvio comentar en
este momento y que sólo alargarían el debate de forma innecesaria,
porque es algo que SS.SS. conocen sobradamente. Por ello, desde el
ámbito de la sanidad, todos deberemos concienciarnos de que una vez
más la mejor acción que podemos llevar a cabo es la educación para la
salud.
Señorías, pido el voto favorable para que los niños españoles tengan
los derechos que les corresponden y que les otorgan los acuerdos
internacionales que España tiene comprometidos, firmados y
ratificados, a fin de prevenir las deficiencias intelectuales
ocasionadas por esta carencia. De este modo, y todo ello con el
respeto y el marco competencial adecuado en el seno de las
administraciones territoriales competentes (comunidades autónomas,
ayuntamientos, etcétera) podrá llevarse a cabo una orientación
correcta, preventiva de males que son difícilmente detectables.
Señorías, sin esta coordinación desde el Consejo interterritorial de
las comunidades autónomas -algunas de ellas ya realizan una amplia
lucha para la erradicación de las enfermedades ocasionadas por
carencia de yodo, tal como sucede en Asturias, en Galicia, en el País
Vasco, en Cataluña y en Extremadura-; sin esa coordinación que debe
hacerse, repito, desde el Consejo interterritorial,
promoviendo, auspiciando, pero dejando naturalmente el marco
competencial de desarrollo y de puesta a punto de estos métodos, no
será posible poder erradicar en España el mal que en este momento se
está causando a nuestros niños, que muchas veces no alcanzan el
bagaje intelectual que por su herencia tendrían, porque su medio
ambiente en este momento, su carencia de yodo nutricional pone en
peligro su capacidad intelectual. Es un derecho de nuestra sociedad,
es un derecho que nuestros hijos nos reclaman, el de una alimentación
y una orientación adecuadas, fácilmente alcanzable, como ya se está
haciendo en muchas comunidades autónomas. Por tanto, señorías, pido
el voto favorable para nuestra proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, en primer lugar y por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí (La señora
Julios Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Las enmiendas
van por orden de presentación, señora Julios, no por número de
diputados del Grupo.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora
positivamente la presentación de esta proposición no de ley, porque
con su aprobación -lo esperamos y apostamos por ello- se incidirá en
modificar una carencia sanitaria que todavía subsiste en nuestros
días en la mayoría de las comunidades autónomas del Estado español.
Se trata de una iniciativa parlamentaria realista y oportuna, aunque
su presentación pone también en evidencia que nos encontramos por
detrás de una buena parte de los países europeos en cuanto a este
problema sanitario. Además, debe constatarse que hay un número
importante de comunidades autónomas, como antes ha referido la
portavoz del Grupo Popular, entre ellas Cataluña, que desde hace años
llevan adelante planes de acción para reducir el déficit de yodo
entre la población.
Ciertamente, durante la década de los ochenta y los noventa, tanto
las autoridades sanitarias como los profesionales de la salud, en el
ámbito de todo el Estado, han impulsado diferentes medidas y
actuaciones al objeto de reducir el déficit de yodo entre la
población y de una manera especial entre la población infantil, que
es, como se ha visto, la más afectada por esta anomalía sanitaria. El
déficit de yodo es, tal y como se ha citado anteriormente, un
problema sanitario que no puede infravalorarse. En ese sentido, las
consecuencias de esta anomalía, como son el bocio endémico y el
hipotiroidismo, entre otras, han disminuido gracias a diferentes
campañas de sensibilización y actuaciones a favor
de un mayor consumo de sal yodada y alimentos ricos en yodo como el
pescado. Todavía queda camino por recorrer para formar parte del
grupo de países europeos que como Finlandia, Austria, Suecia, Noruega
y Suiza han conseguido eliminar la carencia de yodo en la dieta de
sus habitantes.
Las evidencias de que esta deficiencia está pendiente de solución,
sobre todo si se presta atención a la epidemiología, a los análisis
de la conducta alimentaria de los españoles relativas al consumo de
pescado y a la cuantificación del consumo de sal yodada en el Estado
español, alertan sobre el riesgo de mal funcionamiento tiroideo de
los niños, adolescentes y especialmente de las mujeres embarazadas.
En este sentido, y más allá de las obligaciones que nos impone la
ratificación del Estado de la Convención sobre los derechos de la
infancia de las Naciones Unidas del año 1992, nuestro grupo
parlamentario cree que esta iniciativa parlamentaria debería dar
lugar a un plan de acción que permitiera acabar en pocos años con
este problema sanitario. Recordemos que la yodación de sal está
aconsejada por la Organización Mundial de la Salud desde hace cinco
años, cuando recomendó a los países miembros la adopción de esta
medida para eliminar las enfermedades causadas por déficit de yodo en
el año 2000, o sea en el presente año. Estamos, pues, ante un
problema sanitario que afecta a una gran parte de la geografía
española, aunque en zonas muy localizadas del interior y montañosas y
sobre el que se viene actuando de manera parcialmente eficaz por las
diferentes administraciones sanitarias y también educativas en este
segundo ámbito, por lo que se refiere a las actuaciones de yodación
de sal de consumo en los centros escolares. En este contexto, y
aunque Cataluña forma parte del conjunto de esas 14 comunidades
autónomas en las que aún en estos días existen áreas en las que el
aporte de yodo es todavía insuficiente, en los últimos años se ha
disminuido notablemente la incidencia del bocio en las zonas
endémicas de las comarcas del Pirineo. Precisamente en esta misma
línea de lo que hoy estamos discutiendo el Parlamento de Cataluña
aprobó en el mes de junio del año 1999 una resolución con la que se
aprobaba dar impulso a una campaña de sensibilización ciudadana en
las comarcas pirenaicas, al objeto de promover el consumo de sal
yodada. Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia de que los
responsables de la política sanitaria trabajen codo a codo con los
profesionales de la salud y con las corporaciones sanitarias y
sociales académicas, es recomendable que la implementación de las
medidas contenidas en esta proposición no de ley tenga lugar con la
máxima participación y colaboración de entidades como la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición, así como de las sociedades
científicas de ámbito autonómico, apreciando las importantes
aportaciones y estudios que esta sociedad y otras análogas vienen
realizando sobre trastornos producidos por el déficit en el consumo
de yodo.
Finalmente, y teniendo en cuenta que las acciones previstas en el
texto de esta proposición no de ley, a nuestro entender, podían ser
consideradas como insuficientes o parciales, dada la naturaleza de
esta problemática sanitaria, nuestro grupo parlamentario ha
presentado dos enmiendas. La primera es de modificación, al objeto de
incorporar la potenciación del consumo no sólo de sal yodada, sino
también de alimentos ricos en yodo, especialmente por parte de la
población escolar. La segunda enmienda, de adición, en forma de
segundo párrafo, pretende que se tengan en cuenta y se respeten, como
no podía ser de otra manera, las competencias de las diferentes
comunidad. Con relación a esa segunda enmienda, y observando la
autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que viene
a recoger el planteamiento y la filosofía de la presentada por
nuestro grupo parlamentario para preservar las competencias de las
comunidades autónomas, anunciamos su retirada.
Por todo ello, y atendiendo a la mejora del texto que supone la
aceptación, en el caso de que se produzca o se confirme, de nuestra
primera enmienda y de la propia enmienda del Grupo Popular, nuestro
grupo parlamentario votará favorablemente a esta proposición no de
ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señora presidenta.
Tal vez por mi condición de novato en estas lides en este Parlamento
no deja de sorprenderme, y también a mi grupo, el que hoy podamos
estar discutiendo aquí esta proposición no de ley. Cuando uno repasa
el orden del día y ve que este punto va entre la modificación del
Estatuto de los Trabajadores y la evaluación de la Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea no deja de tener una cierta
sorpresa por este debate que se produce hoy aquí, en el Pleno de esta
Cámara. Pero la sorpresa no es una situación en la que uno se pueda
mantener y, por tanto, bien está incluso aquello que por el foro
parece que puede no estar bien; pues bien está. Como no queremos
hacer ningún tipo de homenaje a la teoría de Peter, cuando dice que
siempre se le puede dedicar mucho tiempo a un tema relativamente poco
importante, y no siéndolo éste en el fondo tampoco -no es un tema
poco importante-, desde el punto de vista de la atención sanitaria,
de la promoción de la salud, de la prevención, etcétera, nosotros,
desde el respeto que nos parece el trabajo de la comunidad
científica, de los profesionales que están actuando, hemos querido
ofrecer una enmienda que fundamentalmente lo que pretendía sobre el
texto presentado en origen era aclarar algunos puntos. Qué se hace
-esto parece
claro-, pero quién lo hacía o quién lo hace, dónde lo hace, cómo lo
hace y con quién lo hace, esto es lo que nosotros con nuestra
enmienda pretendemos defender hoy aquí, y que fundamentalmente -se lo
reiteraré después a la ponente del Grupo Popular- lo que quiere y lo
que pretende es aclarar algunas dudas que pudiéramos tener. En primer
lugar, señalo el respeto a los ámbitos competenciales y, por
supuesto, a que esto debe negociarse, establecerse en el seno del
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reitero, al
objeto de respetar el marco competencial vigente, porque son viejas
-SS.SS. las pueden conocer- respuestas del Gobierno, sobre propuestas
o preguntas que se han hecho en el pasado en esta Cámara, que decían:
los programas sanitarios, tendentes a la protección y promoción de la
salud, así como la educación sanitaria son funciones transferidas a
las comunidades autónomas en general. Por tanto, como viene a recoger
la ponente en su autoenmienda, era importante que se estableciera la
presencia de las comunidades autónomas ante el órgano que nos parece
más lógico y obvio que es el Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
Esta campaña que ha descrito la ponente puede y debe tener mayor
incidencia, por decirlo de alguna manera, en aquellos lugares en los
que sabemos, a través de los distintos informes, que existe
especialmente esta patología. Por eso, es conveniente que en el seno
de ese propio Consejo interterritorial se conozcan, una vez más, si
se quiere, los reiterados informes que al respecto se han
establecido. ¿Por qué el tercer punto? Fundamentalmente porque toda
campaña debe tener elementos de control que aseguren que aquello que
se intenta hacer se consigue. Dicho de otra manera, es evidente que
no está en el ánimo de nadie poner una especie de chiringuito
permanente de sal yodada en nuestro país. Pero la experiencia de
pasadas campañas dice que cuando se controla la sal teóricamente
yodada hay una buena e importante parte de la misma que, analizada,
no es tal. Es competencia, obviamente, de las comunidades autónomas
la vigilancia alimentaria, y deberán ser ellas las que vigilen la
calidad del producto que le estamos ofertando al ciudadano para que
se prevenga o luche contra una enfermedad. Por tanto, hay otro papel
de las comunidades autónomas al respecto. Obviamente, los programas
de educación para la salud que realizan las comunidades autónomas
deben dedicar (particularmente aquellas que tienen problemas
endémicos de la patología de la que hablamos) especial atención a
este problema en los programas de alimentación y de nutrición. En ese
sentido van nuestras enmiendas: respeto a los niveles competenciales
de las comunidades autónomas; que realmente esa campaña tenga un
seguimiento, tenga un control, que esa campaña incida con especial
atención en aquellos lugares en los que estos problemas existen y,
finalmente, que no se nos pierda en el
tiempo como una acción puntual sino que se incorpore de forma
sistemática a los programas de educación que en estos momentos están
realizando las comunidades autónomas.
Señoría, nosotros -que esperamos una enmienda transaccional, porque
todos los grupos hemos enmendado, incluso el proponente, en el mismo
sentido-, y anticipo nuestra posición, votaremos favorablemente a la
proposición que ustedes nos traen hoy aquí. Y ello es así también
porque desde el punto de vista político -y es al que me refiero- esta
es una proposición no de ley placebo, es decir, que no compromete a
quien la receta, nosotros, y no perjudica a quien la recibe, cuyo
destinatario -aparte, obviamente, de los que sufren la patología- son
las comunidades autónomas. Por tanto, como a nadie daña y lo que
abunda tampoco daña, cuente usted, sea cual sea finalmente su texto,
incluso el suyo autoenmendando, con nuestro voto favorable, aunque
con nuestra sorpresa de haber conseguido introducir un punto tan
importante entre el anterior y el siguiente que se va a discutir hoy.
Muchas gracias por la atención que me han prestado. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arola.
Ahora sí. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Deseo manifestar brevemente la postura de nuestro grupo, Coalición
Canaria y, por supuesto, apoyar la iniciativa. El déficit de yodo es
un tema importante debido a que es un problema de salud pública de
nuestra población y, sobre todo, por las consecuencias que está
ocasionando. Aún siendo factible y de costes bastante bajos la
erradicación de este problema de salud, efectivamente persiste en
España y en muchas de nuestras comunidades autónomas con las
consecuencias importantes que conlleva para la población.
Nosotros hemos presentado algunas enmiendas, en primer lugar a la
exposición de motivos, fundamentalmente con un carácter técnico,
intentando dar un poco más de énfasis a ciertas circunstancias, como
es la posibilidad de erradicar este problema y también resaltando la
diversidad. Porque la prevalencia y la incidencia de este problema de
salud, que, como indicamos en la enmienda, están ligadas a factores
geográficos, climatológicos, etcétera, no es igual en toda España, e
incluso dentro de cada comunidad autónoma las situaciones no son
iguales. Esto quiere decir que hay que poner especial énfasis en
aquellas zonas que son de alto riesgo.
En ese sentido iba la enmienda al texto de la propuesta, para que
esto pueda ser operativo realmente y no entre en colisión con las
competencias de las comunidades autónomas, como ya se ha dicho por el
propio grupo proponente, el Grupo Popular, y los demás que
me han precedido, encauzándolo a través del Consejo interterritorial,
sobre todo en lo que se refiere a las transferencias ya existentes en
este caso de salud pública. Sí entendíamos que, al igual que ha
ocurrido en otros países, incluso en los países europeos en los que
se ha conseguido erradicar este problema de salud, debiera trabajarse
desde el Consejo y con las comunidades autónomas de una forma no
coyuntural, es decir, no a modo de campaña, que tiene un inicio y un
fin, sino a modo de un programa continuado. En ese sentido, es
importante que se pueda consensuar con las comunidades autónomas la
periodicidad con que deben hacerse controles sistemáticos, para
comprobar que tendemos a erradicar este problema de salud.
No obstante, manifestamos nuestro voto positivo a la enmienda
transaccional que pueda surgir del debate.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios. ¿Turno de
fijación de posiciones? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de mi grupo debo manifestar parecida perplejidad
a la que ha manifestado el representante socialista al ver incluido
este punto en el orden del día. Si uno examina el apartado tercero,
que, junto a la Carta Europea de Derechos, se vaya a hablar de los
problemas del yodo, de las carencias del yodo en la alimentación,
siendo conscientes de la importancia de la yodoprofilaxis, nos ha
sorprendido realmente. No se nos alcanza qué tipo de actuación es la
que se pretende realizar dentro de las que corresponde hacer a unas
Cortes Generales o a un Parlamento. Si se trata de excitar la acción
del Gobierno, no debemos olvidar que es el grupo mayoritario quien la
presenta. Qué necesidad había del paso por el Congreso de este
asunto. Con su contenido, evidentemente no podemos estar más de
acuerdo. Todos somos conscientes de los trastornos causados por las
deficiencias de yodo, pero la propia diputada que ha presentado el
tema en nombre del Grupo Parlamentario Popular ha admitido que hay
comunidades autónomas que ya están actuando en esta materia -y así es
en la Comunidad Autónoma del País Vasco- porque la competencia en
materia de salud pública está transferida a distintas comunidades
autónomas.
Los trastornos que las carencias de yodo, según tablas
internacionales, causan al feto, al neonato, al niño, al adolescente
y al adulto, son muy importantes, pero, repito, no se nos alcanza si,
para presentar una campaña de publicidad, dirigida a concienciar a la
sociedad o incluso para dar instrucciones a los profesionales, hace
falta el paso por este Congreso de una
cuestión de esta índole. Creemos que hubiera bastado con que se
hiciese una rueda de prensa por parte de la señora ministra o que lo
hubiese incluido como punto del orden del día de una reunión del
Consejo Interterritorial. Porque esa es otra de las cuestiones que un
numero de las enmiendas pretende salvar, las competencias asumidas
por las comunidades autónomas.
El grupo al que yo represento ni siquiera ha presentando enmiendas.
Entendemos que el tenor de la iniciativa es tan ambiguo que tampoco
creemos que pretendiese alterar el orden legal y constitucionalmente
establecido. Por ello, como han manifestado quienes me han precedido
en el uso de la palabra, vamos a votar que sí. ¡Cómo vamos a decir
una cosa distinta a una obviedad! Pero sí quisiéramos que quedara
constancia de que se ha traído la típica iniciativa según la cual los
gobiernos deben hacer el bien y evitar el mal. Y eso ya lo
esperábamos de cualquier Gobierno sensato.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.
En primer lugar, quiero anunciar que vamos a votar a favor de esta
proposición, con las enmiendas pertinentes de Convergencia i Unió, en
cuanto a lo del marco competencial, y también con las del Grupo
Parlamentario Socialista.
Mi grupo no ha presentado enmiendas, porque yo no sabía que el
Partido Popular se iba a apuntar al minimalismo. A este paso, podemos
acabar discutiendo en la Cámara sobre el sistema de organización
social de las hormigas. Pienso que perpleja es una palabra que se me
queda cortita para la cara que se me pone cuando el grupo mayoritario
que sustenta la acción del Gobierno viene con esta proposición a este
hemiciclo. Francamente, a mí no me gustaría ser la señora Villalobos.
El Gobierno no tiene hecho un estudio epidemiológico de este
problema. Porque estamos hablando de la sanidad del siglo XIX. No
estamos hablando de un problema de salud que aparece ahora y que es
un nuevo reto. Estamos hablando de una cuestión del siglo XIX,
repito. No hay estudio epidemiológico, no hay planes de actuación, se
les olvida el marco de las competencias al propio grupo del Partido
Popular.
A mí personalmente esto me parece un desastre y lo que pediría al
grupo mayoritario en la Cámara es que tenga un poco más de respeto a
su propio Gobierno, a la ministra de Sanidad, que queda en
entredicho. Este es un problema de salud pública y si lo que aquí se
está diciendo es que el Gobierno no está actuando, se está diciendo
que el Gobierno no está actuando. Y si el Gobierno no actúa, es
irresponsable. Y, desde luego, el
Gobierno no tiene que olvidar el marco competencial jamás. Y es el
grupo mayoritario el que viene a la Cámara con una proposición no de
ley que no sé lo que quiere decir. Porque ¿de qué estamos hablando?
¿De educación sanitaria, señorías? ¿O estamos hablando de yodar sal?
¿O estamos hablando de que todo el mundo tiene problemas endémicos en
este país con el yodo? Pues no. Este tipo de actuaciones han de
dirigirse a poblaciones concretas, no indiscriminadamente.
Poblaciones concretas que tienen problemas mayores, por el
alejamiento del mar, por el transporte, etcétera, y padecen
sistemáticamente dietas bajas en yodo.
Ahora bien, para terminar -y es que a mí me gusta reírme también en
el ejercicio de mis obligaciones parlamentarias-, creo que esto es
producto de que hemos tomado poco yodo de pequeños.
Muchas gracias. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por último, señora Fernández de Capel, a los solos efectos de indicar
la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la
palabra.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Si la cosa era tan obvia, debió hacerse cuando lo firmaron
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego que
únicamente indique la aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, ha retirado el
aspecto que implementaba las medidas de las comunidades autónomas,
que creemos que está previsto en nuestro texto. Sobre la puesta en
marcha de las acciones oportunas, tendentes a promover la
sensibilización, ese párrafo queda incluido en el texto y nos parece
adecuado.
De la enmienda del Grupo Socialista, lamento decir que queda
claramente expuesto en nuestro texto el marco competencial. Siento
que los informes no los conozcan, pero existen de la Organización
Mundial de la Salud y de Bruselas, del año 1999.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
En cuanto al estudio epidemiológico, existen los estudios
epidemiológicos adecuados de más de 17 comunidades autónomas,
previstos (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego, por favor,
que se atenga al cumplimiento del Reglamento e indique si acepta o
rechaza las enmiendas. Única y exclusivamente, señora Fernández de
Capel.
Señorías, les ruego guarden silencio.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Aceptamos la enmienda de
Convergència i Unió, en los términos en que ha quedado después de que
el portavoz retirara uno de sus aspectos. Se rechaza la enmienda del
Grupo Socialista, porque creemos que está explícita e implícita en
todo nuestro texto. En cuanto a la enmienda de Coalición Canaria, la
exposición de motivos podría ser eterna, porque podríamos
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, ¿la acepta o la
rechaza?
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: La rechazamos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández de Capel.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre yodación de sal para consumo humano y/o
de animales, con la incorporación de las enmiendas que han quedado
puestas de manifiesto en el transcurso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 279; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA
CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de
expediente 162/000082.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA
INCORPORACIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN
EUROPEA EN EL NUEVO TRATADO QUE SE ELABORA EN LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL, PARA DOTARLA DE UN CARÁCTER JURÍDICO VINCULANTE.
(Número de expediente 162/000107.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la elaboración de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea y asimismo proposición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, relativa a la incorporación de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el nuevo tratado que se
elabora en la Conferencia Intergubernamental, para dotarla de un
carácter jurídico vinculante.
En función de lo acordado en la Junta de Portavoces, el debate de
estas dos iniciativas se realizará de forma conjunta.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, el Grupo
Socialista presentó hace algunos meses, cuando aún no se conocía el
texto final elaborado por la convención sobre la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, una proposición no de ley. Porque
en esta legislatura todavía no ha habido ningún debate,
desgraciadamente, no lo ha habido todavía, sobre la política europea
y sobre los desafíos de Europa en un momento especialmente difícil.
Hay que reconocer que es un momento difícil, aun cuando convive con
una situación económica no mala sino de crecimiento económico. Pero,
de forma paradójica, estamos viendo que la moneda europea, sobre la
que tantas ilusiones se depositaron como un paso histórico en la
unión de este continente, sufre día a día retrocesos. Incluso se ha
hablado de una cierta crisis de la unión monetaria. Recientemente,
como consecuencia de ello, hemos asistido a un acontecimiento no
precisamente favorable a la construcción europea, como es el
referéndum de Dinamarca sobre el euro, que ha tenido un resultado
negativo.
Y vemos cómo en Europa crece un cierto desánimo, en algunos ámbitos,
una cierta falta de fe en los objetivos futuros de la Unión y, como
consecuencia, como pasa siempre, hay un recrudecimiento de las tesis
más renacionalizadoras o intergubernamentales, en detrimento de las
posiciones europeístas más abiertas. Hay unas ciertas dudas también
sobre la ampliación al este, sobre sus ritmos, sobre la forma de
llevarlas a cabo, sobre el coste que eso puede tener, sobre una
posible desestabilización de la construcción europea. Falta aún
horizonte, un horizonte político claro, quizá porque estamos en un
momento de transición, cuando acaba el objetivo del mercado único y
no se sabe bien qué objetivos tiene la Unión Europea. Eso siempre
redunda en desapego respecto de los ciudadanos y por tanto en una no
buena posición de la Unión Europea, de cara a desafíos como la
globalización o como la llamada nueva economía. En momentos de
transición es cuando más importante es saber dónde se quiere ir. Y la
Unión Europea se encuentra con que para ese momento carece de
adecuados instrumentos institucionales -ese va a ser uno de los
objetivos de debate en Niza precisamente, en la Conferencia
intergubernamental, que finalizará
en Niza con una modificación, esperemos, de los tratados- y
también insuficiencias en cuanto a la relación de la Unión Europea
con los ciudadanos.
Es ahora, por tanto, más que nunca necesario un salto político para
quienes apostamos por Europa y por más Europa y no por un retroceso
en los ambiciosos objetivos que se fueron construyendo desde la
segunda mitad de este período posterior a la Segunda Guerra Mundial.
En este momento precisamente, en esta coyuntura, hay que incluir, hay
que instalar la Carta de Derechos Fundamentales. Afortunadamente, en
el Consejo de Colonia se lanza la idea de una Carta de Derechos
Fundamentales, una asignatura pendiente de siempre de la Unión
Europea.
Los ciudadanos europeos están aceptablemente protegidos en derechos y
libertades respecto de sus Estados, incluso con ese instrumento que
es el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, y su 50
aniversario se va a celebrar a finales de este año, pero no así
respecto de la Unión Europea. Se ha dicho ya en alguna ocasión, no sé
si fue Jacques Delors, que si un Estado pidiese el ingreso a la Unión
Europea y tuviese la estructura política que tiene la Unión Europea,
se le diría que no reúne las condiciones democráticas para ello. Esa
Carta de Derechos Fundamentales es un elemento fundamental en ese
salto político hacia adelante y en esa conexión con los ciudadanos.
Por tanto, es muy relevante la Carta de Derechos Fundamentales
precisamente en este instante y hay que valorar positivamente el
procedimiento que se ha desarrollado en esa llamada convención sobre
la Carta de Derechos Fundamentales y las mejoras que han ido
produciéndose, y así lo hacemos en nuestra proposición no de ley.
Hay que decir también que estos avances que se han producido han
venido ayudados por intervenciones, por presiones del Parlamento
Europeo, muy decididas, de parlamentos nacionales claramente
europeístas, de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, de
la sociedad civil e incluso de movilizaciones, sin las cuales no se
habría conseguido que la Carta tuviera en la redacción actual, que se
va a someter a los jefes de Estado y de Gobierno, primero en Biarritz
y luego en Niza, un contenido claramente aceptable. La proposición no
de ley de nuestro grupo hay que explicarla en este contexto, un
contexto donde es necesario dar un salto hacia adelante, hacia la
Unión Europea. Y en el Parlamento español no había habido todavía un
debate al respecto, porque en este Parlamento faltan debates de fondo
sobre las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos.
Y esta proposición de ley va también en ese sentido, en el sentido de
que, en última instancia, esta Carta de Derechos Fundamentales sea
una parte del derecho de la Unión, tenga carácter vinculante. Que no
sea una mera declaración de intenciones, como tantas otras hemos
conocido. Que tenga una realidad vinculante.No se trata de
condicionar o de presionar en un determinado
sentido la posición del Gobierno español en Biarritz o en Niza, sino
de que se sienta apoyado por el Parlamento español, esperemos que con
práctica unanimidad, que el Parlamento del Estado español apoya una
Carta de Derechos Fundamentales, apoya ese proceso de
constitucionalización de la Unión Europea y además quiere que se haga
ahora, precisamente ahora, cuando se necesita ese apoyo, esa ayuda,
ese salto, esa solidaridad con el europeísmo, con la construcción
europea. Una Carta -no voy a reiterar su contenido ahora- que
refleja, quiero destacarlo, el principio de indivisibilidad de los
derechos, una Carta dirigida, en prácticamente todos los artículos, a
todos los ciudadanos; una Carta que establece derechos nuevos
relacionados con la bioética, con la protección de datos de carácter
personal, o la protección del medio ambiente, o el derecho a una
buena Administración, y que, sin duda, es una expresión real dirigida
a la ciudadanía, que constituye un primer paso hacia una construcción
europea. Incluso el propio Comité Económico y Social ha apoyado hace
unos días que esta Carta forme parte de los tratados. Pero todavía
más, para nosotros, esta Carta lo que tiene es un gran significado
político. Porque corresponde a la forma que, al menos desde el
socialismo democrático, entendemos que debe tener esa construcción
europea, corresponde a nuestro modelo de construcción europea. Por
cierto, no conocemos con ese detalle el modelo de construcción
europea que defiende el Gobierno o el grupo que le apoya.
Nosotros tenemos claro que ese modelo de construcción europea tiene
que basarse en los ciudadanos y ciudadanas, tiene que ser un modelo
democrático, que supere el llamado déficit democrático de la Unión
Europea, que tiene que basarse en un espacio de libertades. Europa
como espacio de libertades y no como mero espacio de transacción de
mercaderías. Europa como espacio de derechos sociales.
Quiero recordar una vez más que sigue bloqueada en la Unión Europea
una directiva de participación de trabajadores en sociedades anónimas
europeas, que está bloqueada porque el Gobierno español la bloquea y
no va adelante. Nosotros creemos en una Unión Europea con ese tipo de
participación social y en una Unión Europea solidaria, en el interior
y en el exterior. Una Unión Europea hacia una unión política que haga
visible, realmente visible, y no difuso, oculto, como ahora todavía
es, un auténtico Gobierno de la unión, Gobierno político y económico,
que explique en última instancia las dificultades del euro o la
inseguridad de ciudadanos como los daneses en cuanto al futuro de esa
moneda.
Ese es el modelo que defendemos, ese es el modelo en el que creemos
desde el Grupo Socialista y desde el ámbito del socialismo
democrático. Por eso nosotros presentamos esta proposición no de ley,
inserta en el contexto que vivimos e inserta en el modelo de Europa
en el que creemos. Nosotros esperamos que esta concepción
sea compartida por los distintos grupos de esta Cámara, que
esta proposición no de ley pueda concitar en torno a sí un consenso
que pueda recibir el apoyo muy mayoritario, inmensamente mayoritario,
de esta Cámara de todos los grupos. Nos dirigimos especialmente al
grupo que sostiene al Gobierno, al Grupo Popular, que ha presentado
una enmienda, que es muy aceptable en la mayor parte de su contenido
y que estamos dispuestos a considerar, siempre que se garantice que
un objetivo esencial en este momento es que se incluya en los
tratados la Carta de Derechos Fundamentales y que tenga un carácter
vinculante y no meramente declarativo. También a Izquierda Unida, que
ha presentado una proposición no de ley que va a defender
a continuación y que va en una línea parecida a la de esta proposición
no de ley. Asimismo al Bloque Nacionalista Galego, que ha presentado
una enmienda, y a otros grupos de esta Cámara.
Nosotros queremos que la inclusión en los tratados de la Carta de
Derechos Fundamentales se haga ahora. Se puede hacer ahora, todavía
se puede hacer ahora, como ha recordado esta misma mañana, una vez
más, el Parlamento Europeo, por cierto con una entusiástica
intervención de portavoces de casi todos los grupos parlamentarios y
también de los dos más significativos, el Popular y el Socialista.
Cuando Europa se encamina a definir mucho más una política exterior y
de seguridad común, cuando Europa se abre a la ampliación por la que
apostamos decididamente, más necesario que nunca es que se dé un
salto hacia el proceso constituyente europeo con una Carta de
Derechos Fundamentales hoy. Esta es una tarea de presente, no una
tarea que se pueda dejar ad calendas graecas. Hoy Europa necesita del
aliento de la gente, de los ciudadanos y de las ciudadanas europeas y
el mejor modo de hacerlo es diciendo a esos ciudadanos y ciudadanas
que tienen, todos ellos, sea cual sea su nacionalidad o su origen,
derechos fundamentales, que, en última instancia, es el objetivo
prioritario de la política, conseguir que eso sea disfrutado por la
gente, al servicio de lo cual están todos los instrumentos o técnicas
institucionales, que tienen un lugar muy secundario. Hoy aquí, en
este Parlamento, nosotros queremos que ocupe el primer lugar el papel
de los ciudadanos, de sus derechos, para que vean que esos son los
objetivos de la Unión, no sólo el de un mercado único, sino el de la
igualdad ante la ley, el de los derechos democráticos de
participación, el de un modelo social europeo, que sin duda
constituye una de nuestras señas de identidad.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, relativa a la incorporación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UniónEuropea en el nuevo tratado que se elabora
en la Conferencia
Intergubernamental, para dotarla de un carácter jurídico vinculante.
Para la presentación y defensa de la misma, el señor Llamazares tiene
la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, recientemente, el 14 de junio, en sede parlamentaria, el
ministro de Asuntos Exteriores declaró que la posición de España no
es contraria a la inclusión de la Carta en los tratados, pero que eso
dependerá de su propio contenido y de que se cumplan determinadas
condiciones. Como ven, toda una declaración de iniciativa política en
relación con la Unión Europea. Pues bien, señorías, ya tenemos la
Carta. Ayer, día 2 de octubre, la convención encargada de su
elaboración clausuró sus trabajos y adoptó el texto preliminar de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este proyecto
será estudiado la semana próxima por el Consejo Europeo, en su
reunión de Biarritz, los días 13 y 14 de octubre, con vistas a su
proclamación solemne por las instituciones comunitarias.
Posteriormente se estudiaría su eventual incorporación al nuevo
tratado que los jefes de Estado y de Gobierno deberán aprobar en la
reunión del Consejo Europeo que se celebrará en Niza los días 7 y 8
de diciembre. Por ello, consideramos hoy, al igual que el Parlamento
Europeo, que ha llegado el momento de instar al Gobierno a que
proponga la inclusión en el orden del día de la Conferencia
Intergubernamental de la incorporación de esta Carta al Tratado, para
dotarla de un carácter vinculante y con protección jurisdiccional
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Desde el inicio de la convención, en diciembre de 1999, el Gobierno
ha trasladado a lo largo de estos meses una posición que nosotros
consideramos de tibieza, de indefinición y últimamente de ambigüedad
calculada. El representante personal del Gobierno español, don Alvaro
Rodríguez Bereijo, ha planteado en la convención algunas propuestas
que nosotros consideramos razonables. Sin embargo, a lo largo de la
convención, España ,y en particular el Gobierno español, se ha
preocupado sobre todo de que los derechos económicos y sociales
incorporados a la Carta no supusiesen un incremento del gasto
público. Por otra parte, los representantes del Gobierno español y
sus propuestas no han ido demasiado lejos en derechos fundamentales
y no han sido precisamente propuestas avanzadas en relación a la
libertad de expresión u otros derechos fundamentales. En todo lo
referente a la Carta, el Gobierno de España ha estado, en nuestra
opinión, a la defensiva, no ha estado en la punta de lanza como
tantas veces se reclama en lo que afecta a la construcción europea.
Así, las primeras redacciones de la Carta, con esta posición del
Gobierno español y de otros gobiernos europeos, han sido a todas
luces insuficientes, por no decir frustrantes. Sólo la contestación
de la opinión
pública, la iniciativa política y la de las organizaciones sociales
han convertido hoy la Carta en una propuesta aceptable.
Hoy tenemos un proyecto de Carta de Derechos Fundamentales y se
impone para nosotros disipar las dudas. Pedimos que el Gobierno se
defina y tome posición. Como el propio Gobierno reconoce, la
convención ha cumplido razonablemente bien su cometido. Tenemos una
Carta equilibrada, realista y que no plantea problemas de orden
constitucional. La Carta, sin embargo, no incluye todo lo que mi
grupo parlamentario, seguramente todo lo que el Gobierno hubiera
deseado. Algunos artículos se sitúan a la zaga de la Carta Social
Europea. No incluye, por ejemplo, el derecho ad referendum en el
conjunto de la Unión y, en nuestra opinión, no se garantiza la plena
igualdad de derechos fundamentales a los inmigrantes que vienen de
los países de la Unión, por ejemplo, no garantiza el derecho al
trabajo. Pero también reconocemos los avances conseguidos en la
última fase de la convención: el reconocimiento del derecho de huelga
y de sindicación; el derecho de los trabajadores a la información y
consulta con anticipación suficiente sobre los asuntos que les
afectan en el seno de la empresa; la protección en el caso de despido
injustificado; la protección y la igualdad entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y
retribución; el derecho a la objeción de conciencia y, sobre todo, el
carácter evolutivo de la Carta cuando se afirma el derecho de la
Unión a acordar en el futuro una protección más desarrollada en todo
lo que afecta a los derechos humanos.
Esta Carta es para nosotros un compendio de los derechos mínimos
aceptables por todos los Estados miembros. Recoge y distingue una
amplia gama de derechos y de libertades personales, civiles,
políticas, económicas y sociales, así como nuevos derechos de tercera
generación que responden a los nuevos fenómenos sociales, científicos
y tecnológicos. La Carta recoge asimismo un patrimonio de valores
comunes que deben servir de referencia a los ciudadanos de los
Estados miembros y también a los países candidatos en el umbral de la
ampliación. Este texto puede ser la piedra angular de la futura
Europa, de una futura Europa política, el germen para nosotros de la
futura Constitución europea.
Los derechos fundamentales son indispensables para el fortalecimiento
de la dimensión social de la Unión Europea y para la salvaguarda y el
desarrollo del modelo social europeo, tan distinto del que impera,
desgraciadamente, en otras regiones del planeta. El carácter
esencialmente económico y mercantil que hasta el momento ha
caracterizado la construcción europea no ha parecido y no parece
suficiente para renovar el interés y la adhesión de los ciudadanos.
Los altos índices de abstención registrados en las últimas elecciones
europeas y los resultados del referéndum danés muestran la necesidad
de una indicación clara del compromiso
de los Estados miembros con una Unión basada en los valores de la
libertad, de la igualdad y la solidaridad, completando la dimensión
económica con una verdadera unión política y con una dimensión
democrática y social. La Carta, si es tangible, colocará al
individuo, al ciudadano, en el corazón de Europa y contribuirá
a superar el escepticismo actual, conectará con las preocupaciones, con
los problemas y con las aspiraciones cotidianas de los europeos, hará
que se sientan protagonistas de la construcción de Europa y
demostrará que la Unión Europea es mucho más que un proyecto de
mercado. Lo que se está discutiendo ahora va más allá de la inclusión
de algunos derechos económicos y sociales, incluso va más allá de la
modernización de estos derechos ante los retos de la electrónica o de
la biotecnología.
Finalmente, se trata de si estos derechos van a ser reales, si no van
a ser únicamente virtuales; es decir, si estos derechos se van a
incorporar a los tratados y se van a someter a la jurisdicción del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, he ahí la cuestión
fundamental. Una Carta de los Derechos Fundamentales que se redujera
a una proclamación no vinculante defraudaría las legítimas
expectativas de los ciudadanos y las legítimas expectativas de una
unión política. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
No queremos una carta retórica, sino práctica, un instrumento útil y
que los ciudadanos vean en Europa una garantía adicional de sus
derechos, más allá de lo que establece la propia Constitución de cada
país. La Comisión Europea ha otorgado su apoyo al proyecto elaborado
por la convención, como también lo ha hecho el Parlamento Europeo.
Numerosas instituciones y organizaciones sociales representativas han
solicitado que la Carta sea incluida en el orden del día de la
Conferencia Intergubernamental y que, una vez aprobada, adquiera
carácter jurídico vinculante mediante su incorporación al nuevo
Tratado de la Unión Europea. Tal es el caso, por ejemplo, del
Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones y de la Confederación
Europea de Sindicatos. Los secretarios generales de Comisiones
Obreras y de UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, así lo han
pedido públicamente al presidente del Gobierno. En ese sentido, la
Carta no puede ni debe quedar segregada de la reforma institucional
que se plantea en la Conferencia Intergubernamental. Por ello,
partiendo de la moción adoptada por unanimidad en el Pleno del
Congreso de los Diputados el pasado día 28 de junio, instamos al
Gobierno, y más concretamente al presidente del Gobierno, a que
proponga expresamente la inclusión de la Carta en el orden del día de
la Conferencia Intergubernamental, con el fin de que permanezca
abierta la posibilidad de que se incorpore en el nuevo Tratado. En
los tres próximos meses el Consejo podrá incluso mejorar el
articulado del texto aprobado por la convención y así lo esperamos,
confiando en que estos retoques no signifiquen de nuevo un paso
atrás.
Tal y como afirma la Comisión Europea, ha llegado la hora de
demostrar con hechos que queremos pasar de la unión económica y
monetaria a la unión política y la Carta es un jalón fundamental en
esta unión política. Pedimos que se otorgue a la Carta el impulso que
merece y, por ello, solicitamos del Gobierno español un mensaje claro
y nítido al Consejo Europeo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que cuando se está a tiempo,
cuando estamos en un proceso de debate sobre lo que cada uno de los
grupos políticos imaginamos que debe ser la Unión Europea, es
fundamental hablar con claridad. Partiremos del momento actual. Desde
luego, el Bloque Nacionalista Galego piensa que los trabajos que se
llevaron a cabo en lo que se vino a llamar la convención, ahora que
están tocando a su fin, tienen un resultado abiertamente
desequilibrado. No hay que ser muy agudo para notar que la Carta que
se nos presenta tiene un fuerte desequilibrio entre derechos sociales
y medioambientales frente a derechos económicos y de propiedad. En
ese sentido, compartimos la preocupación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista en sus puntos 5, 6 y 7. Sin duda,
pensamos que hay que presionar, aunque haya una mejor predisposición
por parte de los gobiernos, para que se refuerce la voluntad de dar
carácter legal y otorgar derecho de recurso al Tribunal Europeo de
Justicia cuando se violen los derechos de esta Carta, que es como un
embrión de Constitución. En ese aspecto, sea bienvenida cualquier
presión sobre el Consejo Europeo a celebrar en Niza en diciembre; la
compartimos plenamente, como se encarga de manifestar la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el punto 4.
En el punto de partida, por lo tanto, compartimos que no se puede ser
más restrictivo de lo que hoy está plenamente en vigor en los Estados
de la Unión Europea. Por ello, la Carta Europea de los Derechos
Sociales, las tradiciones constitucionales comunes, la convención
y los tratados internacionalmente reconocidos por la Unión Europea no
pueden ser rebajados en absoluto en esta Carta. Así, compartimos en
esencia el contenido del documento, igual que la necesidad de que
participen los parlamentos de los Estados y los parlamentos de las
nacionalidades y regiones en la conformaciónde la Carta Europea.
Dicho todo esto, por claridad también, tenemos que expresar desde el
Bloque Nacionalista Galego las prevenciones que manifestamos a través
de las enmiendas. La primera de ellas, y fundamental para nosotros,
es la concepción de lo que debe ser un marco supraestatal o, según
las palabras de los partidos de ámbito estatal, supranacional. Para
nosotros es esencial que cualquier construcción europea reconozca
que, además de los Estados, hay las identidades nacionales de muchos
pueblos que constituyen Estados de carácter plurinacional. En segundo
lugar, es fundamental que se reconozca en los derechos económicos el
respeto por el derecho a producir de todos los pueblos, que tienen
sin duda ventajas comparativas unos frente a otros. Y lo decimos
porque, por la experiencia de integración en la entonces Comunidad
Económica Europea, sabemos lo que puede costar a pueblos pequeños,
como en el caso concreto de Galicia, una integración conforme a
reglas de juego trucadas. Nada más pronunciando el caso de la leche,
el caso del sector naval o el caso de la pesca, de amplias
consecuencias aun hoy en día, puede uno entender el porqué de nuestra
posición. Y no hay fondo estructural de ningún tipo que compense
tamaña pérdida de economía productiva y de las potencialidades de un
país. Cuando se habla de la Europa del Este, habría que tener en
cuenta el respeto a esta diversidad económica, la necesidad de
intercambios económicos en mutuo beneficio, y eso es lo único que
puede garantizar una interdependencia que sea favorable para todos.
Por eso nos asusta que se vincule en cierta manera el proceso de
unidad política de la Unión Europea a los imperativos de la
globalización o de la nueva economía. Nosotros pensamos que la
globalización o ese eufemismo de la nueva economía, que no existe,
realmente provoca resultados muy negativos no solamente en el Tercer
Mundo, sino también en amplios sectores sociales en la Unión Europea
y en territorios, por ejemplo, de carácter periférico, como puede ser
el nuestro. Cualquier proyecto mundial debe basarse en un proyecto
económico alternativo al actual, y desde luego es la única garantía
de que haya paz y diálogo en el mundo.
Y, por fin, en relación con las enmiendas números 2 y 3, solamente
enfatizamos la importancia de que los ciudadanos de la Unión Europea,
como pertenecientes a pueblos también diferenciados, participen en la
construcción democrática de Europa. No creo que la convención haya
sido un modelo en este aspecto, a pesar de que haya sido mejor que
otras plataformas mucho más cerradas, pero el hecho de que este
Parlamento mismo esté hablando una vez que la Carta está perfilada
por lo menos en primera instancia no deja de ser significativo.
Nosotros más que europeístas, somos universalistas y pensamos que
habría que apoyarse en todas las declaraciones que tienen un amplio
valor universal y no solamente en aquellas estrictamente europeas,
igual que hacemos mucho hincapié en que lo
importante es el alcance práctico de esta Carta, es decir, el grado
en que los individuos van a poder hacer valer estos derechos.
Y acabo con el único punto de adición, que es un párrafo para
nosotros fundamental. Desde el punto de vista de la diversidad
cultural y lingüística, sería básico que en los derechos
fundamentales de la Unión Europea se reconociesen los derechos al uso
sin cortapisas de las lenguas que se hablan en todos los Estados y la
normalización y usos públicos de estas lenguas; que no haya
discriminación por motivos de lengua en los territorios de la Unión
Europea; que no haya jerarquización de idiomas dentro de esos
territorios que puedan contar con dos o tres idiomas y, por supuesto,
que exista un derecho que resulta transversal en la vida de las
personas, en su actividad social, en el trabajo, ante la justicia, en
la enseñanza, en el ocio, en la diversión. Por lo tanto, en este
momento pensamos que el modelo transnacionalizador está conllevando
que las lenguas de los Estados opaquen los derechos de las lenguas
nacionales que son oficiales en sus territorios y además está
provocando la pugna entre las lenguas estatales por su hegemonismo
propio dentro de esta estructura jerarquizada y que yo llamaría, sin
eufemismos, imperial.
Estas son nuestras reticencias, que, desde luego, no estamos
dispuestos a obviar en este momento del proceso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, señorías, quiero que mis
primeras palabras sean de agradecimiento a los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Socialista, y en concreto a sus
portavoces, señores López Garrido y Llamazares, por la ocasión que
nos brindan de debatir de nuevo en esta sede parlamentaria un tema de
la máxima importancia para el proceso de construcción europea. Y me
satisface constatar cómo desde que se inauguró la VII Legislatura
y retomamos por tanto la actividad parlamentaria, la negociación de la
Carta de Derechos Fundamentales ha sido objeto con éste de al menos
cuatro debates en sesión plenaria.
El ministro de Asuntos Exteriores explicó -lo ha vuelto a hacer esta
mañana en la Comisión Mixta para la Unión Europea- con todo lujo de
detalles, en una primera comparecencia antes del verano, cuál era la
postura del Gobierno. Señorías, el Gobierno ha sido desde el
principio adalid de una Carta ambiciosa y respetuosa con el mandato
de Colonia. Había que realizar por consenso un trabajo de
codificación que, dando una clara visibilidad a los derechos
fundamentales en la Unión, al mismo tiempo pudiera aportar un
verdadero valor añadido en relación a la profusión de textos ya
existentes en el ámbito
de los derechos humanos en Europa y también aportara una
significativa seguridad jurídica que permitiera mejorar el nivel de
protección actual de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
Señorías, desde el primer momento el Grupo Parlamentario Popular,
que, como dije en la primera ocasión, apoyó en su programa electoral
el desarrollo de una Carta de Derechos Fundamentales, recogida en su
discurso de investidura por el presidente del Gobierno, impulsó el
proyecto. El 20 de junio pasado, con motivo del debate de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en
concreto por el señor Saura, de Iniciativa per Catalunya-Els Verds,
mi grupo prometía de forma clara el apoyo a una Carta de Derechos
Fundamentales que tuviera como referencia de base la Constitución
española, ejemplo claro de protección de los derechos individuales y
de los derechos socioeconómicos de tercera generación. Decíamos y
decimos que no queremos una simple declaración programática o una
Carta retórica difícil de asimilar, sino algo que nos permitiera a
todos profundizar en el desarrollo de un modelo de convivencia, de
común denominador en la Unión Europea, que refleje de verdad el
sentir del conjunto de la sociedad y que pueda ser aceptado por los
futuros países de la ampliación. Pues bien, señorías, hoy disponemos
de un texto, fruto del arduo trabajo desarrollado por los miembros de
la Convención, del cual podemos estar satisfechos. Lo cierto es que
quizás a algunos nos hubiese gustado avanzar más, como han anunciado
algunas de las señorías que me han precedido en el uso de la palabra.
Es el texto del consenso, y esta palabra, señorías, significa
negociación, cesión, acercamiento, acuerdo. Y creo que es el momento
de agradecer a nuestros compañeros Jordi Solé Tura y Gabriel Cisneros
la gran labor que han desarrollado para hacer posible el documento
actual. Texto que recoge la preocupación, expresada también por esta
Cámara, respecto a la igualdad real y efectiva del hombre y la mujer
en el debate de 19 de septiembre pasado, con motivo de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular a este respecto y que tan
brillantemente defendió María Jesús Sainz.
Señorías, en ambas ocasiones, el 28 de junio y el 19 de septiembre,
esta Cámara aprobó sendos textos en los que se instaba al Gobierno a
estudiar la posibilidad -en aquel momento- de inclusión de la Carta
de Derechos Fundamentales en el Tratado. Pues bien, recientemente,
como todos estarán al tanto, el presidente del Gobierno, en una
conferencia pronunciada en el Instituto Francés de Relaciones
Internacionales, decía, refiriéndose al marco constitucional de la
Unión que es objeto de debate: Nada impide que un texto que sea
formalmente un tratado tenga un contenido constitucional. En cuanto
al contenido de este pacto constitucional, quisiera destacar dos
aspectos, el primero de ellos la Carta de Derechos Fundamentales. Yo
soy partidario de que esta Carta forme parte del Tratado, para
lo cual sería preciso alcanzar un consenso suficiente sobre un texto
que recoja los derechos personales derivados de la dignidad
individual de cada ser humano y dar mayor visibilidad a los valores
en los que se asienta la integración europea. Esta mañana, el
ministro de Asuntos Exteriores ha profundizado en el tema y ha dicho
que la voluntad es que finalmente pueda ser vinculante para que el
texto tenga naturaleza jurídica.
Señorías, esta es la consigna que, de parte del señor Aznar, ha
seguido el señor Rodríguez Bereijo y es la fase en la que nos
encontramos. Tengo que decirles además que el señor Rodríguez Bereijo
ha sido señalado como padre de la Carta por todos los miembros de la
convención, por el rigor, la objetividad y la claridad que ha
envuelto sus intervenciones y sus palabras, disintiendo por lo tanto
en esto, señor Llamazares, de su opinión, totalmente contraria.
El documento remitido por la convención, señorías, convención que ya
se ha disuelto, se conocerá informalmente en Biarritz y formalmente
en Niza, tal y como está previsto. En Niza, el Consejo Europeo deberá
aprobarla -espero que lo haga con su redacción actual- y a partir de
ahí deberán decidir en una reunión posterior el carácter que se le va
a dar. Señorías, señor presidente, éste es un proyecto de todos, de
los parlamentos nacionales -ya he mencionado al señor Solé Tura, del
Grupo Socialista, así como a mi querido amigo y compañero, don
Gabriel Cisneros-, del Parlamento Europeo, cuyo presidente de
delegación, Íñigo Méndez de Vigo, es amigo y compañero de partido, de
los presidentes del Gobierno, del nuestro, como he dicho,
representado tan brillantemente por el señor Rodríguez Bereijo, del
Partido Popular Europeo y de la Internacional Socialista. Es un
proyecto del conjunto de la sociedad, que ha generado un gran debate
social, implicando a todos los sectores y dando lugar por lo tanto a
un alto nivel de expectativas. Por ello, tal y como hemos hecho en
ocasiones anteriores, señorías, debemos aunar hoy aquí voluntades
para que nuestro Gobierno, nuestro presidente en concreto, con el
apoyo de este Parlamento, pueda sacar este texto adelante, que es un
mínimo común denominador.
Por este motivo, con la idea de aunar voluntades y de dar a nuestro
Gobierno un claro mandato negociador, es por lo que mi grupo
parlamentario ha presentado la enmienda que obra en poder de todos
ustedes. He hablado anteriormente con los portavoces de los partidos
Socialista e Izquierda Unida y en este momento quisiera proponer de
viva voz una enmienda a mi enmienda transaccional, al apartado número
4 de la enmienda socialista, que diría lo siguiente: El Congreso de
los Diputados ha conocido con satisfacción la conclusión de los
trabajos de la convención redactora del proyecto de Carta de los
Derechos de la Unión Europea y expresa su sustancial acuerdo y
respaldo al contenido de dicho proyecto. Reclama que en ninguna
instancia sucesiva de tramitación de esta iniciativa se
produzcan modificaciones que supongan restricción alguna de la amplia
y avanzada gama de derechos y libertades que el proyecto contiene y
traslada al Gobierno su firme voluntad de que en el próximo Consejo
Europeo de Niza se asuma y proclame formalmente la Carta, conforme a
la decisión del Consejo Europeo de Colonia, con vistas a su inclusión
en el Tratado de la Unión Europea con carácter vinculante. Este es el
texto que presento de viva voz a la enmienda transaccional, que
sustituiría al punto número 4 de la enmienda enmendada del señor
López Garrido. Asimismo, le pediría al señor López Garrido que, en
aras del consenso, tuviese a bien retirar los párrafos 6 y 7 de su
actual texto de enmienda enmendado.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez Casañ.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria sigue siendo congruente con anteriores fijaciones
de posición de su grupo en iniciativas como la que debatimos
últimamente, gracias a la gestión del señor Saura, para apoyar la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hoy llegamos a
este trámite y mi grupo quiere hacer constar su felicitación a los
redactores de la Carta en la convención, habiéndose citado ya a
nuestros compañeros parlamentarios, don Gabriel Cisneros y don Jordi
Solé Tura, citación a la que me sumo muy gustoso. Asimismo, nos
satisface el hecho de que un miembro del cuerpo de letrados de este
Congreso, el señor don Íñigo Méndez, haya presidido con su buen hacer
y criterio jurídico las deliberaciones de esta Comisión.
Llegamos al texto, un texto sobre el que hay que reflexionar en
Biarritz antes de ser definitivamente aprobado en la reunión del
Consejo de Niza. Mi grupo parlamentario apoya este texto
íntegramente, porque dicho texto -que ya hacemos nuestro- viene a
recoger la letra y el espíritu del Título I de la Constitución
española. De ahí que haya sido muy cómoda la posición española para
aceptar un texto de estas características. No en vano han sido dos
padres de nuestra Constitución los que han podido trasladar este
espíritu del Título I de la Constitución. Este es un reconocimiento
político-histórico, y yo quiero dejar constancia aquí, pese a su
obviedad, de que dos redactores de la ponencia de la Constitución
española hayan trasladado la letra y el espíritu del Título I de la
Constitución española a esta Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
Llegados a este punto, y porque deseamos que lo bueno sea lo mejor,
queremos que tenga también un carácter jurídico vinculante. Esta
mañana, como ha
recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que me ha
precedido en el uso de la palabra, en la comparecencia con el
ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, ya me manifesté en la
línea de que para que tenga un carácter jurídico positivo tiene que
ser vinculante. Pero las ideas y los documentos que surgen en la
Unión Europea tienen un proceso lento de maduración y este proceso da
unas garantías. Les recuerdo que el Grupo de Coalición Canaria, con
el apoyo de varios grupos de esta Cámara, defendió ya en la anterior
Conferencia Intergubernamental el asunto de las regiones
ultraperiféricas y cómo el Tratado de Maastricht en su momento vino a
recoger el carácter de las regiones ultraperiféricas, entre las que
se incluye archipiélago, junto con otros territorios de Francia y de
Portugal. Pues bien, solamente después de muchos años, cuando
llegamos al Tratado de Amsterdam es cuando entra en el derecho
positivo imperativo, con el artículo 299. Ese es un proceso de
maduración y de reflexión, porque a nadie se le puede ocultar, sobre
todo a los que hemos seguido día a día los debates de la convención,
que no había posturas conformes y que no eran unos países
cualesquiera los que se estaban oponiendo a determinadas redacciones:
desde los que ponían objeciones a consideraciones, no ya de tipo
histórico o político, sino a la palabra religiosos en la construcción
de la idea de los derechos y de las libertades en Europa -y el
Gobierno francés dijo algo al respecto-, hasta los posicionamientos
del Reino Unido de la Gran Bretaña y de los países nórdicos, que se
pueden ver obligados a procesos de referéndum que pueden generar
tensiones internas y adecuaciones indebidas. Yo prefiero que se vaya
generando una cultura, que haya una impregnación de esta doctrina, de
estas ideas que trae en este momento el proyecto, que queremos que
sea carta en Niza, de los derechos fundamentales europeos, puesto que
no se puede pasar de la noche al día de una simple declaración de
intenciones a un derecho positivo imperativo en el acervo
comunitario. Vamos a dejar unos procesos de adecuación y de
reflexión. La prisa aquí sería enemiga, por aquello de que lo mejor
es enemigo de lo bueno. Esperamos que las reticencias que han
planteado el Gobierno británico y algunos parlamentarios tanto
británicos como nórdicos, fundamentalmente suecos, daneses y algún
finlandés, así como de otros países que estaban en la órbita, como lo
estaba afortunadamente España, Alemania o Italia, no vayan a romper
un consenso en Niza, que se ha conseguido muy hábilmente en las
reuniones de la convención.
Junto con el texto, tenemos algo que proteger y es el consenso que ha
permitido llegar a él, fruto sobre todo de las cesiones que han
tenido que hacer el Reino Unido y los países nórdicos, así como los
que llevábamos otras teorías más avanzadas en el sentido de que las
directivas comunitarias y todo el acervo legislativo propio español,
todo nuestro cuerpo jurídico, tuviera un carácter de impregnación
positiva inmediata, en
relación con este tiempo del momento procesal. Esperemos que para una
próxima Conferencia Intergubernamental muchos de los aspectos, sino
todos, que contempla este documento hayan infiltrado y hayan
impregnado precisamente las directrices de la nueva Europa que
queremos hacer.
Por esas razones, señor presidente, mi grupo va a apoyar la enmienda
transaccional que se ha ofertado aquí, que creo que recoge este
consenso, este espíritu amplio, para que podamos tener en esta misma
Cámara, en el momento actual, hoy, el mismo espíritu de consenso que
se consiguió en la convención, frente a posturas enfrentadas, para
que todos los signatarios, hace unos días, hayan podido poner su
firma como miembros de esa convención en un documento de un valor
político, social, ético y de todos los órdenes constructivos, de un
espíritu de servicio de la Unión Europea para sus ciudadanos. Por
ello mi grupo se suma positiva y gustosamente a esa enmienda
transaccional.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo quiere saludar -al contrario de lo que ha hecho
con el punto anterior del orden del día- la oportunidad de la
inclusión en el orden del día, como proposiciones no de ley, de las
dos iniciativas del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida,
en un día tan oportuno -quizá planeado pero tal vez no- como el día
de ayer, en el que se produjo la conclusión de los trabajos de la
llamada convención para elaborar la Carta Europea de Derechos que,
por cierto, el diputado señor Cisneros ha tenido la amabilidad de
entregarme calentita, según él mismo ha manifestado.
Por tanto, quiero empezar saludando y felicitando, aunque mi grupo no
esté del todo de acuerdo con las conclusiones de los trabajos, la
labor que sin duda han llevado a cabo los dos representantes que han
intervenido en nombre de las Cortes Generales, tanto el diputado
señor Cisneros, a quien ya me he referido, como el profesor Jordi
Solé, en la actualidad senador, ambos ilustres constituyentes.
En unos momentos en los que se está aludiendo al crecimiento de la
Unión Europea, a la necesidad de modificación de su articulación
institucional, a Europa en la búsqueda de una constitución, recordaba
yo, a la hora de preparar esta intervención, un trabajo doctrinal del
profesor Díez Picazo, que leí hace años y que me pareció magnífico,
en el que hacía referencia a una constitución sin declaración de
derechos, en referencia a las reflexiones constitucionales sobre los
derechos fundamentales en la Comunidad Europea, en la línea de
reforzar la legitimidad democrática del sistema
europeo. Esto, que entonces señalaba -corría entonces el año 1991- el
profesor Díez Picazo, es lo que se ha intentado paliar con el encargo
que han recibido quienes han intervenido en estos trabajos para poder
efectuar lo que ayer finalmente fue objeto de terminación como
proyecto de declaración.
El Consejo Europeo, en junio de 1999, decidió que procedía hacer un
catálogo, redactar una Carta de Derechos Fundamentales con el objeto
de hacer dichos derechos más visibles a los ciudadanos. Se señaló
entonces que determinados parámetros del Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
debían ser tenidos en cuenta, de la misma manera que era importante
que la Carta tuviese en cuenta los derechos económicos y sociales que
recoge la Carta Social Europea y la Carta Comunitaria de los derechos
sociales fundamentales de los trabajadores, en la medida en la que no
se establezcan únicamente objetivos para la acción de la Unión
Europea.
De lo que hemos leído -repito, se nos acaba de entregar el texto
definitivo- vemos que ha habido recogida -si me permiten la
expresión- de estos principios, quizá no con todo el pormenor que
hubiera sido deseable, pero en cierta forma sí han sido objeto de
tratamiento en lo que la Convención ha considerado el final de sus
trabajos.
De lo que conocíamos hasta ahora, repito, creo que se puede afirmar
que, al no existir en el tratado un elenco de derechos garantizados,
el Tribunal de Justicia Europeo ha venido integrando los derechos
fundamentales en el ordenamiento comunitario como principios
generales del derecho que él garantizaba y para lo que se inspiraba
en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros,
afirmándose así que la disposición en la que aquél basa su
competencia, el artículo 220, ofrece el basamento comunitario para la
protección dispensada, si bien el carácter efectivo del recurso, en
aquel precepto previsto, contra un acto comunitario que lesione
derechos fundamentales es, como todas SS.SS. saben, dudoso.
La línea jurisprudencial anteriormente citada tuvo reflejo en el
derecho positivo comunitario, pero lo cierto es que el artículo 6.2
del tratado no contiene ninguna declaración de derechos propiamente
comunitaria ni contempla compromiso alguno de adhesión al Convenio
Europeo de Derechos Humanos, sin que el Tratado de Amsterdam aporte
tampoco novedad alguna en tal sentido, salvo el procedimiento de su
artículo 7, para violaciones de derechos fundamentales por parte de
un Estado miembro.
Dado que el Tribunal de Justicia, en su dictamen 2/94, declaró que
las instituciones comunitarias no pueden dictar normas en materia de
derechos humanos ni concluir convenios internacionales en esta
materia, la solución para semejante déficit pasa por la elaboración
del catálogo, cosa que ya ahora se ha hecho, tarea a la que se ha
dedicado esta convención que ha elaborado
este proyecto de Carta y que creemos será incluido en la próxima
cumbre de Niza, a celebrar en diciembre de este año 2000.
Aunque el contenido de los artículos ya redactados es en gran medida
tributario de los derechos reconocidos, y si bien la Comisión de
Libertades y Derechos de los Ciudadanos, del Parlamento Europeo,
pidió en su informe anual que los derechos económicos y sociales
fuesen incorporados, como ya he dicho, así como los derechos del
niño, el debate importante ahora no atiende tanto a los contenidos
como a la naturaleza jurídica de la Carta, que para unos ha de tener
el valor de declaración simbólica, de alto significado político,
mientras que otros -y esta Cámara esperamos que se pronuncie en ese
sentido- entienden que ha de integrarse en el tratado con valor
jurídico en sentido estricto, con lo que sería de carácter vinculante
e invocable por toda persona ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, a través de los artículos 230 y 234 del tratado.
Dado que la garantía de los derechos fundamentales sin procedimientos
eficaces de tutela resulta finalmente ilusoria, para mi grupo parece
preferible la segunda de las posiciones -y es eso lo que vamos a
apoyar-, porque toda ampliación de competencias del Tribunal de
Justicia, aunque parezca pequeña, supone la apertura de una vía que,
lejos de tener retorno, el propio Tribunal, como su historia indica,
se encargará de ir ensanchando.
En cualquier caso, en orden a la preferencia declarada por el valor
normativo, hay que acudir al derecho comparado, donde los Estados
federados en su momento en Estados Unidos intentaron sostener que
bastaba con las declaraciones de derechos de cada uno de ellos. Se
puso de manifiesto que también la federación podía poner en peligro
aquellos derechos, por lo que la Constitución de Estados Unidos
necesitó de la introducción de sus 10 primeras enmiendas, como todos
ustedes saben.
Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que la bienintencionada
afirmación del Tribunal de Justicia de que los tratados son la carta
constitucional básica de una comunidad de derecho no puede empañar la
adecuada protección de la realidad existente, y en ésta se detecta
que aún no ha surgido en la Unión un cuerpo político nuevo
susceptible de erigirse en poder constituyente, y ello sin perjuicio
de que el catálogo de derechos fundamentales constituya uno de los
-el otro es la limitación del Gobierno por el imperio de la ley-
elementos esenciales de cualquier Constitución, con lo que se ha
avanzado bastante, de manera importante, creemos, en la creación de
una opinión pública europea, de una conciencia acerca de la necesidad
de elaborar una Constitución más completa.
Por lo que hace a los titulares de los derechos, inspirándose en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, derechos invocables por toda
persona, sea o no nacional del Estado o parte de aquél, el proyecto
de
carta establece un derecho a un recurso efectivo ante un tribunal,
pero no aclara si tal derecho se reconoce sólo a los ciudadanos de la
Unión -no he logrado verlo, por lo menos en la lectura apresurada que
de él he hecho-, en el sentido del artículo 8 del Tratado de
Maastricht, o alcanza también a toda persona que se encuentre en el
territorio de la Unión, lo que incluiría a los extranjeros
inmigrados.
Parece que lo más progresista sería apostar por esta segunda
interpretación y en tal sentido se ha pronunciado el pasado mes de
marzo la Comisión de Asuntos Exteriores y de Derechos Humanos del
Parlamento Europeo al mantener que la Carta debe aplicarse a
cualquiera que se encuentre en territorio de la Unión Europea y no
debe reservarse sólo a los ciudadanos de esta última, aun cuando
pueda reservarse un capítulo exclusivamente a los derechos ligados a
la ciudadanía europea. Con esto enlazo, señorías, este debate con el
que tendrá lugar el próximo jueves cuando debatamos a la totalidad la
modificación del proyecto de ley de extranjería.
Cabe preguntarse igualmente si la invocabilidad general referida es
viable con la actual redacción del artículo 230 del tratado o exige
la modificación de este. Pues bien, para el supuesto de que la Carta
llegue a ser un instrumento jurídico vinculante, como esta Cámara
parece ser que va a desear, la Comisión de Justicia e Interior del
Parlamento Europeo afirmó que, en virtud de dicho precepto, toda
persona podrá interponer recursos contra las decisiones y reglamentos
que le afecten directa o individualmente, y con ello se mantienen las
actuales restricciones del artículo 230, afección directa
e individual, pero se amplía el ámbito material de los derechos, lo que
probablemente afectaría asimismo a la vía del recurso prejudicial.
La falta de definición acabada del círculo de los titulares de los
derechos y libertades nos conduce a una cuestión que va a ser o,
mejor, que lo es ya, el ámbito más conflictivo en materia de
protección de derechos fundamentales, cual es el de la regulación de
los flujos migratorios y el derecho de defensa de los inmigrantes,
pues no puede olvidarse que el más conflictivo de los protocolos
complementarios del Convenio Europeo de Derechos es el relativo a las
garantías procesales para los extranjeros. Dada esta situación, cabe
interrogarse acerca de la efectividad de la inclusión en la Carta de
un artículo relativo al derecho de defensa de los inmigrantes cuando
no ha existido la voluntad política para garantizarlo en el seno del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo mismo que acerca de si no
existiera tal precepto, o la Carta no llegara a ser aprobada, la
compatibilidad de una política común de inmigración con normas
comunitarias directamente aplicables a todos sin el establecimiento
simultáneo de un sistema de garantías que posibilite el contraste de
tales normas con los derechos fundamentales de los extranjeros.
Las posibilidades, por tanto, quedan todavía abiertas y pasan por la
aprobación en la conferencia de Niza de la Carta de Derechos
Fundamentales o, si ello no sucediera, flexibilizar el use standing
del artículo 239 del tratado, en relación con los derechos existentes
en la realidad, sin perder de vista la eventualidad de
instrumentalizar, además, las modificaciones necesarias que permitan
la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
Señorías, comenzaba yo hablando de una necesidad de Constitución
europea. Se está a la espera del estudio del estatuto de los poderes
en el marco de la Unión Europea. Estamos ahora con el estatuto de las
libertades y derechos que, con algunas pegas que he señalado, entre
ellas, por ejemplo, que la protección de la pluralidad lingüística no
merezca más que una pequeña proclama y que no haya ni asomo de
mención a la posibilidad de tutela de derechos colectivos, y faltaría
un tercer estadio, el de la articulación territorial del poder que
toda constitución contiene, cómo han de articularse dentro de la
Unión Europea los poderes locales, la Europa de las regiones,
potenciar el comité de regiones, cambio de circunscripciones
electorales, la legitimación de las regiones ante el Tribunal.
Como lo que se afirma en las propuestas de resolución, fruto de las
transacciones, en la medida en que como representante de mi grupo he
entendido hablan de que lo que se insta al Gobierno es a que se
apruebe lo ya acordado, sin retrocesos, en la esperanza de que no
haya tales retrocesos y de que en la línea que he indicado se
produzcan avances, el Grupo Vasco se suma también al consenso hoy
obtenido en esta Cámara respecto de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias señora Uría.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando se debatió la proposición no de ley, presentada por el Grupo
Mixto, en concreto por Joan Saura, que también iba en la línea de lo
que era obtener el apoyo de este Parlamento a la elaboración de la
Carta y a su carácter vinculante, mi grupo tuvo ocasión de manifestar
en ese momento con toda rotundidad nuestro apoyo más absoluto a lo
que ha sido este proceso de elaboración de ese documento, cuyos
trabajos terminaron ayer y que, por tanto, se produce una
coincidencia feliz como es que, por una vez, estemos debatiendo en
este Parlamento algo en pura contemporaneidad con el momento en que
ese hecho está teniendo lugar.
Parece evidente, y buen reflejo de ello son los medios de
comunicación, que esta Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea está levantando
unas expectativas en la opinión pública que no hay que
defraudar. Todos venimos diciendo desde hace tiempo, y hoy mismo
tenía ocasión de comentárselo al ministro de Asuntos Exteriores esta
mañana en su comparecencia, hasta qué punto el conjunto de lo que son
las políticas de la Unión Europea queda absolutamente alejado de los
intereses de los ciudadanos. Es un discurso esotérico, más o menos
propio de expertos, que algunos entienden menos que debates sobre
astrofísica o política nuclear. Es un tema que les pilla
absolutamente de lejos y, sin embargo, esta Carta de Derechos
Fundamentales es, por su propio contenido, algo que está permitiendo
cumplir el objetivo de hacer más próxima la Unión Europea y sus
instituciones al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la Unión y,
aunque sólo fuera por eso, aunque evidentemente es por mucho más, ya
tendría que ser bienvenida.
Además, yo comparto un párrafo que aparece en la proposición no de
ley originaria del Grupo Socialista en el que se alaba el método
seguido para la elaboración de este documento. Porque, como ya
tuvimos ocasión de poner de relieve en ese momento, es un método
absolutamente novedoso, entre asambleario y constituyente abierto,
aunque evidentemente ha seguido sus cauces, pero que ha permitido un
altísimo grado de transparencia y de implicación, no sólo de los
poderes públicos de los distintos gobiernos, a través de delegados
representantes de cada uno de los primeros ministros o jefes de
gobierno, sino también representantes de las distintas Cámaras, y
aquí ha sido citada, y no quiero ser menos en esa cita repetida, la
tarea de don Gabriel Cisneros y del señor Solé Tura, en
representación del Congreso y del Senado, cuyo altísimo nivel
jurídico y personal y cuya altísima experiencia han permitido tener
dos portavoces y dos representantes de estas Cámaras de primerísima
calidad; pero es que junto a ellos también han participado en los
trabajos de la convención algunas ONG que también han hecho valer su
voz y han podido aportar su pensamiento y el de los millones de
personas que representan, con una representación que es distinta de
la nuestra pero que también, no lo olvidemos, es un cierto tipo de
representación, han podido hacer llegar esa voz a la convención. Hay
que felicitarse también por ese proceso y por el hecho de que se haya
abierto una vía de participación en la elaboración de lo que son los
grandes textos europeos que deberá ser seguida en adelante.
Si examinamos lo que es el contenido de los derechos de ese texto que
finalmente ayer quedó cerrado para su sumisión a la cumbre de
Biarritz, ahí podríamos estar hablando mucho más rato. Los portavoces
que me han precedido ya han hecho referencias en un sentido o en
otro; es un texto que podría ser mejor de lo que es, es un texto que
en algunos casos iguala por debajo; algunos con una sensibilidad
distinta echamos de menos, por poner un ejemplo, la referencia a los
derechos lingüísticos, que nos parece que no son unos
derechos menores y que por lo menos son tan importantes o más como
algunos de los derechos que sí aparecen allí. Quiero recordar que hay
una lengua hablada por millones de personas en Europa que es la única
lengua que no es oficial en la Unión Europea, y esa es una de las
lenguas que se hablan en España, evidentemente me estoy refiriendo a
la lengua catalana. No querría centrarme en eso, sólo digo que esa
es, por ejemplo, una de las carencias que tiene este documento junto
con otras. Pero es indudable que también tiene grandes aciertos y que
consagra de una forma muy clara y muy explícita determinados derechos
que hasta ahora formaban aparte, si se quiere, de lo que es la
práctica jurídica del conjunto de los Estados pero no tenían su
positivación en un documento de estas características.
El debate, tal como se ha venido planteando, y ya lo dije en su
momento, no me parece acertado en la medida en que se intente
plantear sólo una dicotomía entre el carácter vinculante y el no
vinculante. Yo entiendo que ese no es el debate, sino que es un
debate de contenido, es un debate del peso que tiene que tener este
documento, y hay un dato más para la reflexión, un dato de enorme
importancia pero sobre el cual no se puede fundamentar todo, que es
el carácter vinculante o no, es decir, directamente aplicable ante
los tribunales, de este texto al final de su camino. Sobre ese debate
ya tuvimos ocasión de manifestar los problemas jurídicos concretos
que planteaba, no querría volver a incidir sobre eso. En cambio sí
diría hoy, por ejemplo, la dificultad que podría tener, en caso de
que finalmente se optara -que es una posibilidad- porque el texto
tenga un carácter absolutamente vinculante, por tanto de puro derecho
positivo, la dificultad que tendría la ratificación de ese texto por
parte de algunos Estados de la Unión Europea. En consecuencia,
estamos de nuevo ante el conflicto habitual que tenemos quienes somos
partidarios de la Unión Europea que podríamos ser partidarios de
nivel diez de unidad y de integración, y éste sería un ejemplo, y
entonces nos podemos quedar cuatro o cinco, o rebajar un poco
nuestras aspiraciones de forma que pueda permitir que otros -y me
refiero muy particularmente al Reino Unido- puedan no descolgarse de
ese proyecto, y eso vale también para determinados países
escandinavos.
Es perfectamente probable que, en aras de que este documento no deje
de ser un documento válido para el conjunto de la Unión Europea,
acabe rebajándose su intensidad de eficacia jurídica como precio a
pagar para que no sea un documento continental y no un documento
europeo.
En todo caso, y de ahí que nos parezca muy acertada la enmienda
transaccional que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y, según la información de que disponemos (y le corresponderá
al portavoz socialista señalarlo), en principio parece que aceptada,
para que pueda salir de aquí una votación unánime que subraye el
apoyo que le presta esta Cámara a este texto, el compromiso de esta
Cámara con este
texto y la aspiración que tenemos todos de que el mismo tenga el
máximo valor jurídico y político posible sin atarnos las manos y sin
impedir que, a la hora de la verdad, cuando se tenga que optar por
una forma u otra, se puedan tener en consideración otros elementos
que, insisto, a lo mejor no son los que más querríamos. Por poner un
ejemplo concreto, a todos nos gustaría que la Cámara de los Comunes
tuviera el grado de entusiasmo europeo que flota en el Congreso de
los Diputados, pero sabemos que no es así. Por tanto, a la luz de
todo ello es como habrá que decidir.
Termino, señor presidente. Pleno apoyo de mi grupo a esta carta.
Felicitación a todos los que han intervenido en su elaboración, y muy
particularmente a los que han representado en un caso concreto al
presidente del Gobierno y muy particularmente a las Cámaras, y
felicitación al Grupo Parlamentario Socialista y al de Izquierda
Unida por la oportunidad de haber traído hoy esta iniciativa a la
Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Tiene la palabra el señor López Garrido, a los efectos de aceptación
o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, nuestro grupo agradece la
disposición al consenso manifestada por el Grupo Parlamentario
Popular y acepta, en los términos leídos desde la tribuna por su
portavoz, la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, que sustituye al punto 4 de nuestro texto, que
dice: Que el Consejo Europeo de Niza asuma y proclame formalmente la
Carta con vistas a su inclusión en el Tratado de la Unión Europea con
carácter vinculante.
En correspondencia a esa disposición, nuestro grupo también va a
aceptar la sugerencia del portavoz, señor Martínez Casañ, del Grupo
Parlamentario Popular, de retirar los apartados 6 y 7 de nuestro
texto que estuvieron redactados en un momento en que todavía no
habían acabado los trabajos de la convención que, como se ha dicho
repetidamente aquí esta tarde, acabaron precisamente ayer.
En relación con las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego,
sentimos no poder aceptarlas. Son enmiendas que no suscitarían el
consenso general de esta Cámara, que creo es esencial esta tarde para
poder apoyar con la máxima fuerza este respaldo a una Carta de
Derechos Fundamentales que queremos que sea una parte de ese proceso
constituyente europeo.
Pero respecto a lo que decía el portavoz del Bloque Nacionalista
Galego y también los portavoces del Grupo Vasco y de Convergencia i
Unió, señor Guardans, quiero recordar que el artículo 22 de la Carta
en la redacción que tiene en este momento, es decir, desde ayer por
la tarde que acabaron los trabajos de la convención,
dice: La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa
y lingüística. Por tanto, aunque imagino que no con la intensidad que
hubiera preferido el grupo enmendante, hay que decir que esa
preocupación también está incluida en la Carta de Derechos
Fundamentales.
Por último, señor presidente, no querríamos dejar de felicitar y
agradecer la labor desarrollada en esa convención por dos ilustres
representantes del Parlamento español, como son los señores Gabriel
Cisneros, diputado, y Solé Tura, senador, a los que reitero nuestra
consideración y agradecimiento por su trabajo, sin duda exitoso, en
estas labores que han acabado ayer, creemos que satisfactoriamente,
en la convención que se ha ocupado de elaborar la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Llamazares a los mismos efectos.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, nos hubiera gustado un
pronunciamiento más contundente y más claro, un pronunciamiento de
diez, pero aceptamos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular
que, en nuestra opinión, tiene los requisitos indispensables. En
primer lugar, la incorporación a los tratados y, después, el carácter
vinculante de la Carta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señorías, vamos a proceder a la votación conjunta, porque ha habido
un acuerdo de los grupos parlamentarios en un texto único, de las dos
proposiciones no de ley que se acaban de debatir: la primera de ellas
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la segunda, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en el nuevo tratado que se elabora en la Conferencia
Intergubernamental, para dotarla de un carácter jurídico vinculante.
Por tanto, como he dicho, votaremos conjuntamente el texto único al
que han llegado a acuerdo los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 276; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por tanto, queda aprobado el
texto al que los grupos parlamentarios habían llegado en su consenso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA.
(Número de expediente 173/000023.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente punto del orden del
día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer
lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista sobre política de vivienda.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
El pasado miércoles tuvo lugar en esta Cámara, como ustedes saben,
una interpelación sobre política de vivienda que planteaba el Grupo
Parlamentario Socialista en razón a que las condiciones que se dan
actualmente no son las más adecuadas para que muchos ciudadanos
tengan la posibilidad de acceder a una vivienda en régimen de
propiedad o de alquiler. Decíamos que una de las razones de que no se
consiguiera era que la reforma de la Ley del suelo planteada por el
Gobierno del Partido Popular en los últimos tiempos en nada
coadyuvaba, sino más bien lo contrario, a que la aportación del
precio del valor del suelo disminuyera el precio final de la
vivienda.
En esta moción, que está vinculada con nuestra alternativa a la
reforma de la Ley del suelo, que defendimos el pasado jueves y que
fue rechazada fundamentalmente con los votos del Grupo Parlamentario
Popular, se plantean varias posibilidades que entendemos necesarias
para llevar a cabo una política adecuada de vivienda en España que
evite el incremento del precio y lo disminuya en la medida de lo
posible a la vez que potencie la vivienda de protección oficial tanto
en alquiler como de propiedad.
Los puntos que recoge esta moción afectan, en primer lugar, a un
aspecto fundamental de la política del suelo como son los métodos de
valoración. La legislación actualmente en vigor sobre la forma de
valorar el suelo -que, desde nuestro punto de vista, tiene que
modificarse- venía contemplada en la reforma de la Ley del suelo que
planteó el Gobierno y de ella se ha desprendido, como todo el mundo
sabe, una especulación sobre el valor de aquel que debe ser
corregida. Si todo el mundo piensa -o, al menos, los sectores
afectados- que el suelo urbanizable existente en España es suficiente
y que lo que demanda la sociedad es suelo urbanizado, debe tener
lugar primero un cambio en los sistemas de fijación del precio para
corregir el lucro excesivo que se obtiene con la planificación
urbanística y conseguir por todos los medios que el precio del
suelo suponga una proporción inferior a la que ahora tiene en el
precio final de la vivienda.
En segundo lugar, entendemos que, dado que la política de suelo y
vivienda depende del Estado en su estructura básica y de las
comunidades autónomas en cuanto a la ejecución y desarrollo de los
planes, habría que ir a un concierto entre las comunidades autónomas
y la Administración central con la finalidad de crear suelo
físicamente urbanizado; suelo que esté a disposición del operador
privado o público para que su repercusión en el precio final de la
vivienda no sea el resultado de la especulación que hay en este
momento en el mercado español. Como consecuencia de ello, al igual
que ya se ha planteado en algunas otras comunidades de muy distinto
signo, la figura del agente urbanizador, la figura del agente
edificador o la figura del agente rehabilitador son para nosotros
figuras intermedias entre la iniciativa privada y la iniciativa
pública que han fomentado el que se llevara a cabo la construcción de
viviendas a unos precios más asequibles para los bolsillos de los
ciudadanos.
En tercer lugar, señorías, nosotros planteamos que este Plan de
vivienda que hay actualmente en vigor -el Plan de vivienda 1998-2001-
de verdad se quiera cumplir, que de verdad sirva para algo, que de
verdad sirva para que la protección oficial, en sus diversas
modalidades, tenga alguna presencia mayor en los planes de actuación
no sólo en cuanto a la fórmula de financiación por parte del
Gobierno, sino en los planes de actuación de algunas comunidades
autónomas. Para ello entendemos que ese plan tiene que tener unos
objetivos mínimos y que esos objetivos mínimos pasan por destacar
algunos aspectos que nosotros consideramos importantes en la política
de vivienda.
Hemos de hacer frente tanto a la vivienda en alquiler como a la
adquisición de vivienda. Hay que recuperar, dentro del Plan de
vivienda, que todo lo que no se ha cumplido hasta ahora en los años
anteriores de la vigencia del plan se acelere y se lleve a cabo antes
o en el momento en que finalice el plan. Es decir, en definitiva, hay
que recuperar el tiempo perdido para que la VPO en este país esté a
la altura de las previsiones del Plan de vivienda que se establecía
incluso por parte del propio Gobierno.
En nuestras intervenciones anteriores sobre vivienda planteamos que
si había 56.000 actuaciones sin llevar a cabo y 380.890 millones de
pesetas de financiación sin ejecutar, lo que es lógico es que esas
previsiones se cumplan y para ello instamos a que sea uno de los
objetivos básicos de la política de vivienda. También planteamos que
el acceso a la vivienda se eleve de los 30 a los 35 años, pero que
ese acceso a la vivienda no sea una fórmula alternativa a la que se
ofrezca al usuario de la vivienda, sino que sea una fórmula
complementaria. Es decir, si hasta ahora había subsidiación de tipos
de interés, que ésta se mantenga, sobre todo cuando nos estamos
encontrando con que en el mercado hipotecario
los tipos de interés se elevan y si ahora se suprime esa figura, lo
que estamos haciendo es cargar sobre los bolsillos de muchos
ciudadanos de menos de 35 años la obligación de hacer frente a lo que
da de sí la subsidiación de tipos de interés y, por tanto,
incrementar su aportación a la devolución del crédito hipotecario.
Esto tendría que complementarse, según nuestro criterio, con la
fórmula que se plantea ahora desde el Gobierno que es la subvención.
Es decir, no puede ser subsidiación o subvención, tal y como se
plantea en la enmienda del Grupo Popular, sino que tiene que haber
una complementariedad entre la subvención y la subsidiación.
De igual manera planteamos que se elimine el tope de los 70 metros
cuadrados en las viviendas de protección oficial y su ampliación
hasta el máximo de 90 metros cuadrados. Entendemos que en las
condiciones de vivienda que actualmente estamos observando esta
limitación no obedece a ninguna objetividad especial y es cierto que
pone cortacircuitos a muchos de los ciudadanos y ciudadanas españolas
que tienen interés en comprar una vivienda de una dimensión mayor que
la admitida por este sistema de protección oficial, que sin lugar a
dudas les limita y les condiciona en la iniciativa que tienen.
Planteamos igualmente, señorías, que se deje en el 4 por ciento el
IVA de las viviendas protegidas. Para fomentar la vivienda de
protección oficial y que los contribuyentes, los ciudadanos
españoles, vean que la protección oficial es una salida que tienen
para hacer frente a sus necesidades de vivienda, sería bueno es que
el 7 por ciento actual se redujera al 4 por ciento.
Proponemos también, señorías, una serie de medidas encaminadas al
establecimiento de incentivos fiscales en el IRPF, entre otros, para
aquellos propietarios de vivienda en alquiler que tienen que estar
pendientes de que sus arrendatarios cumplan o no las condiciones
necesarias según sus rentas para acceder a lo que llamamos renta
antigua. En la Ley de Arrendamientos Urbanos definimos que algunos de
estos propietarios de renta antigua tenían serias dificultades para
salir adelante, y puesto que hay unas limitaciones para abonar unas
rentas superiores, plateamos que los propietarios que tengan que
soportar esas rentas inferiores tengan algún tipo de incentivo
fiscal.
Queremos también que se incentive el arrendamiento de viviendas. Si
todo el mundo es consciente de que en España existe un escaso
porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que están viviendo en régimen
de alquiler en comparación con otros países de la Unión Europea, lo
que sí que es cierto es que este cambio de cultura no se hace de la
noche al día; este cambio de cultura se tiene que llevar a cabo
mediante la implantación de fórmulas que hagan posible, tanto al
arrendador o al propietario del piso como al futuro arrendatario, el
acceso a este tipo de viviendas.
Señorías, también hacemos referencia a unos aspectos importantes
sobre la rehabilitación y la calidad de la
edificación, sobre todo en vivienda protegida, a una serie de medidas
de protección de carácter medioambiental en las viviendas de
protección oficial, es decir, a una serie de aspectos que tienen que
ver con lo que es la calidad, la rehabilitación de las zonas que se
encuentran en nuestros municipios en una situación de deterioro
importante y donde hace falta que exista un mayor apoyo por parte de
las administraciones públicas.
Planteamos en nuestra moción, señorías, que el patrimonio municipal
del suelo es uno de los instrumentos necesarios para que se produzca
una auténtica política del suelo que permita el abaratamiento del
suelo y de las viviendas de VPO. Para ello decimos que para que se
forme y se mantenga ese patrimonio municipal de suelo es necesario
que los ayuntamientos cedan parte del 25 por ciento de este suelo
para viviendas de VPO.
Señorías, formulamos una serie de propuestas relacionadas con un
programa de actuación concertado con las comunidades autónomas sobre
suelos de titularidad estatal. Aquí nos encontramos con que en muchos
municipios de nuestras grandes ciudades existen suelos propiedad de
Renfe, del Ministerio de Defensa y de diversas administraciones, que,
en combinación con las decisiones de planeamiento que tomen los
ayuntamientos, podían perfectamente facilitar la creación de suelo
urbanizado y la disposición de este suelo a la iniciativa privada o a
la pública para que se construyan viviendas en alquiler y para que se
llevara a cabo una recuperación integrada de las áreas degradadas de
las ciudades.
Por último, en nuestra moción, puesto que existen -y somos todos
conscientes- inmuebles desocupados, que los propietarios no tienen
interés de ponerlos en el mercado de alquiler, y puesto que estamos
todos pendientes de ver cuál es la salida que se les da a los jóvenes
en materia de vivienda, sería bueno que por parte de las
administraciones públicas se estableciera una serie de ayudas a estos
propietarios para que no les suponga ningún deterioro en su propio
patrimonio la puesta de estos inmuebles fundamentalmente a
disposición de los jóvenes.
Señorías, a esta moción se han presentado una serie de enmiendas y me
gustaría hacer un breve comentario antes de finalizar, señor
presidente, diciendo cuáles entendemos nosotros que pueden ser
aceptadas y cuáles no. Empezaré por decir que de las dos enmiendas
que plantea el Grupo Popular, a lo largo de mi intervención he puesto
de manifiesto por qué entendíamos que no podían ser admitidas.
Respecto a la primera, que hace referencia a la edad máxima de 30 a
35 años, porque se establecía una alternancia: subsidiación o
subvención, y nosotros entendemos que tiene que haber una
complementariedad. En cuanto al segundo punto, que se refiere a
eliminar el tope de 70 metros cuadrados, estamos de acuerdo; sin
embargo, respecto a la eliminación de la condición de que la unidad
familiar tenga cuatro miembros o más, no lo estamos. Por tanto,
esas dos enmiendas que plantea el Grupo Popular no se incorporarían a
nuestra moción.
Respecto a las enmiendas que plantea Convergència i Unió, por
ejemplo, señor Jané, en cuanto a aumentar la información sobre las
ayudas existentes en materia de vivienda, todo el mundo dirá que sí.
En cuanto a promover convenios entre el Estado y las comunidades
autónomas para la rehabilitación, todo el mundo está de acuerdo, lo
que sucede es que no deja de ser sino una enmienda parcial a un texto
más amplio, en el que se abarcan otra serie de aspectos que no
contemplan lo que a nosotros nos interesa en una política de
vivienda. Por ello, aunque nos gusta el espíritu de las alternativas
que plantea Convergència i Unió, es cierto que afectan escasamente al
punto 3 de la moción y entendemos que no pueden ser aceptadas como
enmiendas de sustitución del conjunto de la moción que nosotros
estamos defendiendo.
Por último, respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, Bloque
Nacionalista Galego, tengo que decir que respecto a su primera y su
segunda enmienda -no sé si porque no está muy claro nuestro texto o
porque ustedes lo han entendido mal- nosotros lo que pretendemos con
nuestra moción es fomentar el alquiler en este país porque entendemos
que hay poco alquiler. Sus enmiendas lo limitan si tenemos en cuenta
las previsiones que nosotros queríamos hacer. Sin embargo, sí es
cierto que no nos parece mal aceptar las enmiendas 3 y 4 como una
adición al texto de la moción en los puntos correspondientes.
Señorías, esta moción que plantea el Grupo Socialista define una
política de vivienda y una política de atención sobre uno de los
problemas fundamentales de la vivienda, que es el precio del suelo, y
junto con lo que se ha debatido en las semanas anteriores, da una
muestra de cuáles son las pautas de desarrollo de la política de
suelo y vivienda en el conjunto del Estado por parte del Partido
Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Morlán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán
Convergència i Unió, el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) coincide con gran parte de la moción hoy
defendida por el diputado del Grupo Socialista don Víctor Morlán.
Compartimos buena parte de los puntos de esa moción. Quizá no
compartimos, señor Morlán, el grado de concreción de la misma.
Entendemos que se hace difícil hoy en esta Cámara que pueda aprobarse
una moción de esta índole tal y como está planteada, aunque, repito,
mi grupo coincide en gran parte de los puntos de la misma, pero no en
todos. Por ejemplo, en el primer punto mi grupo no cree adecuado
plantear ahora un nuevo proyecto
de ley en materia de valoraciones de suelo, ya que creemos que
debería hacerse vía programas y medios, no vía legislativa. Pero en
otros puntos hay un grado de coincidencia grande. Mi grupo hoy
plantea a la Cámara con esta enmienda global a la moción una
propuesta de consenso. Lo que hoy intenta mi grupo con esta enmienda
a la moción -que abarca todos sus puntos, no es cierto que abarque
sólo una parte de ellos, su espíritu intenta abarcar toda la moción
del Grupo Socialista- es que podamos aprobar en esta Cámara un texto
que pueda ser un punto de encuentro entre el grupo mayoritario y el
principal grupo de la oposición, un texto que pueda ser aceptado por
todos. Es un texto que en algunos aspectos no se puede concretar,
pero el espíritu está reflejado en nuestra enmienda a la moción,
enmienda que intenta dirigir un mensaje al Gobierno, un mensaje que
valore positivamente lo hecho hasta ahora en los planes de vivienda,
pero que marque unas prioridades para el futuro plan de vivienda,
unas prioridades para intensificar la promoción de la vivienda de
alquiler, especialmente para las rentas más bajas, un plan que
debería -según mi grupo parlamentario- impulsar medidas tendentes a
reducir las dificultades de los compradores a la hora de efectuar el
pago de la entrada. Nos referimos en concreto en este punto, que
puede parecer un poco abstracto, a que las ayudas que contempla el
Plan de vivienda puedan destinarse a pagar los impuestos indirectos
que el ciudadano paga cuando compra la vivienda, el IVA o el impuesto
de transmisiones patrimoniales. Ahora hay un impedimento legal que
impide que las ayudas del Plan de vivienda puedan destinarse al pago
de estos impuestos indirectos.
Nuestra enmienda a la moción también tiene un alto contenido social,
abarca todos aquellos aspectos destinados a flexibilizar la
adquisición de la vivienda cuando va dirigida a familias numerosas o
a personas con alguna discapacidad física que les impide una adecuada
movilidad. En estos supuestos debe ampliarse la superficie, en estos
supuestos debemos implementar unas ayudas complementarias. Igualmente
nuestra enmienda recoge un punto específico del Grupo Socialista
cuando pedimos que se impulsen ayudas para la promoción de
alojamientos destinados a fines de integración social - jóvenes,
personas mayores, inmigrantes-.
Un aspecto esencial en este ámbito de la vivienda, señorías, es el de
la fiscalidad. Nuestra enmienda también, aunque de forma genérica,
recoge la necesidad de reducir la fiscalidad que grava la vivienda,
reducción que nuestro grupo entiende que, si hoy se aprueba esta
enmienda a la moción, después el Gobierno debe implementar en varios
proyectos de ley y que quizá los grupos de esta Cámara podremos
plasmar no tanto en medidas concretas de la moción, sino en enmiendas
legislativas. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que debe bajarse el
IVA de la vivienda protegida, estamos absolutamente de acuerdo en
implementar en este ámbito un IVA superreducido. También nuestro
grupo
en este ámbito de la fiscalidad considera necesario reformar el
impuesto de sucesiones y donaciones en los casos de donaciones de
padres a hijos, cuando el hijo adquiere la vivienda habitual o bien
cuando se transfiere la vivienda habitual. Entendemos también que
debe haber una modificación en el IBI cuando se aplica
indiscriminadamente en razón de la superficie de la vivienda, porque
a veces esa superficie no es un lujo que deba gravarse con un IBI más
alto sies una familia numerosa, una familia con muchos miembros. Aquí
también deberemos entre todos reflexionar sobre las medidas fiscales,
al igual que deberemos también intentar alargar el período máximo de
las cuentasvivienda. Son aspectos que, repito, nuestro grupo
contempla pero no especifica en esta moción. ¿Por qué? Porque nos
gustaría, señor Morlán, que hoy se aprobara este catálogo de
recomendaciones al Gobierno, para que, por lo menos, saliera del
debate un texto de consenso que pudiera ser aprobado. Ese es el
pragmatismo que ha llevado a nuestro grupo a presentar esta enmienda
a la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Por último, hay una serie de medidas en nuestra enmienda destinadas a
favorecer la rehabilitación, en concreto, la de los cascos antiguos
de las ciudades y de aquellos barrios con problemas de patologías
estructurales. También recogemos de forma explícita un punto de la
moción socialista, el que se refiere a la promoción de la formación
de patrimonios municipales de suelo. También aquí nuestro grupo
coincide claramente con el grupo proponente de la moción de hoy.
En resumen, señorías, nuestro grupo parlamentario desde la
coincidencia en muchos puntos considera que hoy la concreción no nos
llevará a una posición de encuentro que permita aprobar una moción.
Nos gustaría que hoy esta Cámara aprobara la moción del Grupo
Socialista con esta enmienda, que entendemos que en nada contradice
el espíritu de la moción del grupo proponente y que podría suponer un
encuentro con el grupo mayoritario.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, voy a hacer un
turno de alguna manera mixto porque, por una parte, voy a defender
las enmiendas que ha presentado mi grupo a la moción subsiguiente de
interpelación del Grupo Socialista y, por otra, señor presidente, me
parece que debo fijar la posición respecto a la totalidad de las
enmiendas que han formulado y se han presentado por el Grupo Catalán
(Convergència y Unió) y también por el Bloque Nacionalista Galego
dentro del Grupo Mixto, no sólo a la moción, que es el núcleo del
debate de esta tarde.
Con referencia fundamentalmente al grupo proponente quiero hacer,
señor presidente, dos consideraciones o reflexiones previas. La
primera, señor Morlán -no se enfade si le llamo mi querido amigo,
aunque adversario; espero que eso no le cree problemas en su grupo
porque se lo llamaré, lo siento-, es que hace muy pocos días se ha
aprobado una moción, que tuvo su origen en una interpelación del
Grupo Mixto, de Esquerra Republicana de Cataluña -y no por una
votación escueta, sino por una votación que sólo contó con la
abstención de su grupo y lo demás fueron votos afirmativos- en la que
se acotaron, se diseñaron las líneas de modificación de la política
de vivienda y que estaba en línea con la exposición del Gobierno. En
este orden de cosas, bueno es volver sobre el tema de la vivienda,
que es importante, rico, trascendente para la sociedad española, pero
respecto al cual ya digo que quedaron acotadas las líneas para una
modificación inmediata de la política de vivienda.
La segunda, señor portavoz del Grupo Socialista, es que su moción
responde a un modelo que no podemos compartir, sobre todo en lo que
concierne a política de suelo. No quiero retrotraerme a debates de la
Ley del suelo, en la que S.S. y yo fuimos ponentes, y ponentes
bastante activos, pero es evidente que S.S. y yo, su grupo y el mío,
tenemos modelos radicalmente distintos. El modelo de ustedes es
intervencionista, el modelo de ustedes tiene una noción distinta de
lo que es el papel del Estado, una noción distinta de cómo es el
derecho de propiedad en materia inmobiliaria y urbanística y tiene
ideas diferentes en la temática de las valoraciones. En definitiva,
no podemos compartir el mismo modelo y ese modelo se plasmó
normativamente en una ley, la Ley 8/1990, de la que arranca el texto
refundido de 1992, que tuvo el honor -si es un honor- de ser derogada
en sus dos terceras partes por la sentencia de 20 de marzo de 1997
del Tribunal Constitucional, consiguiendo ese Guinness al que yo me
refiero de los gobiernos a los que los tribunales de garantías
derogan una ley importante.
Señor Morlán, en el trasfondo de la moción que nos plantea -y a veces
no en el trasfondo, sino en la misma superficie- está el empeño de su
grupo de volver a los principios, a los criterios que inspiraron la
Ley 8/1990 y el texto refundido de 1992 y, por tanto, de entrada
tenemos que estar en desacuerdo. En ese orden de cosas, interpelo
cordialmente al portavoz de Convergència i Unió, que ha manifestado
la coincidencia en no pocos puntos con la moción de su grupo y espero
que en éste no lo esté, porque Convergència i Unió votó con nosotros
el texto refundido que luego se convirtió en la Ley de 13 de abril de
1998. Aquí está, por tanto, nuestra discrepancia de fondo. Hay otras
discrepancias que son menores en temas operativos, concretos, de puro
derecho administrativo, pero en las concepciones fundamentales, como
son las concepciones sobre el suelo, sobre el derecho de propiedad,
sobre el
papel de la iniciativa privada, sobre el papel de las autonomías,
nuestra discrepancia, desafortunadamente, es frontal, como se ha
manifestado recientemente en la enmienda de texto alternativo que
sustanciamos la semana pasada a propósito de la tramitación como
proyecto de ley del Decreto-ley de 23 de junio, de liberalización del
sector inmobiliario, y S.S. sabe con toda precisión a qué me refiero.
En este contexto, señor portavoz del Grupo Socialista, no podemos
aceptar el punto 1 de su moción, relativo a la modificación de la
normativa en materia de valoraciones de suelo. Ya en el debate que
sostuvimos entonces pusimos en evidencia cómo los conceptos de
valores de suelo que figuraban en la ley de 1992 y el concepto de
valor urbanístico eran absolutamente ficticios y además inoperantes
para contener el fenómeno de la especulación del suelo, y así reza en
la Ley 6/1998 que debatimos y en la que se dice que mantener los
criterios de valoración de suelo fuera del valor de mercado, que es
el que proclama la Ley de 1998, no es más que una fuente de
conflictos que a nadie beneficia y que proyectan una sombra de
injusticia que resta credibilidad a la Administración.
No podemos aceptar, en la misma línea de movernos en la
inconstitucionalidad o al borde de ella, la concertación con las
comunidades autónomas, a la que se refiere el punto 2 de su moción,
de la creación de suelo urbanizado mediante los sistemas de gestión
-dice su moción- que están poniendo en marcha las leyes autonómicas.
No se puede estar de acuerdo con una cosa y la contraria, y ustedes
dicen que apliquemos modelos de gestión que están aplicando las
comunidades autónomas, cuando saben de sobra que, según la sentencia
de 20 de marzo de 1997 (a la que, por cierto, y perdón por la
digresión, un ilustre jurista, don Eduardo García de Enterría,
califica de tornado en el mundo jurídico inmobiliario de este país),
los modelos de gestión urbanística son competencia exclusiva de las
comunidades autónomas. Por consiguiente, esos modelos de gestión y la
apelación a la figura del urbanizador, del edificador, etcétera,
desafortunadamente, y en desacuerdo con el personal punto de vista de
este portavoz en este momento, están vedados a la Administración del
Estado, por ser competencia claramente autonómica. Por otra parte, la
figura del agente urbanizador está reconocida indirectamente en la
Ley de 1998, en cuyo artículo 4 se dice claramente que la ley
reconoce la iniciativa privada en la gestión urbanística, incluso a
favor de quienes no ostenten la propiedad del suelo.
Tampoco podemos aceptar, señor Morlán, el punto 3 en los diferentes
renglones en que se subdivide, salvo en dos, a los cuales me
referiré, que son los que motivan nuestra enmienda, donde se pretende
el establecimiento de objetivos mínimos anuales para el Plan de
vivienda. Lo que preconiza S.S. en el apartado a) es tanto como
repetir los renglones del Plan de vivienda en vigor. Reformular ese
mismo plan nos parece que
no tiene sentido. Por otra parte, la coordinación con los
ayuntamientos pasa a través de las comunidades autónomas, por lo que
un plan estatal no podría, en principio, conectarse directamente con
las administraciones locales. Asimismo, la propuesta de destinar un
porcentaje mínimo del 50 por ciento de las viviendas protegidas
a promoción pública parece desconocer que esta modalidad es
estrictamente autonómica. El Estado tiene tan sólo un capítulo en el
presupuesto de promoción pública referido a Ceuta y Melilla, por la
singularidad de estos espacios territoriales.
En cambio, aceptamos, como dice el texto de nuestra enmienda, el
apartado b), con alguna modificación meramente de redacción, en el
sentido de que en la promoción del acceso a la primera adquisición se
eleven las limitaciones de edad de 30 a 35 años, así como se elimine
el tope de 70 metros y se amplíe a 90 metros cuadrados, en el bien
entendido de que debe conocer S.S. que la conexión entre los metros
cuadrados y el número de miembros de la familia es, por otra parte,
obvia. En la normativa actual son 70 metros cuadrados para menos de
cuatro componentes de la familia, que sube a 90 metros cuando son
cuatro o más los componentes de la familia.
Igualmente no podemos aceptar las propuestas de índole fiscal. En un
futuro más o menos remoto podríamos estar de acuerdo, pero no en el
presente, de cara a la fiscalidad del momento y a los Presupuestos
Generales del Estado. Como saben SS.SS., el 4 por ciento del IVA se
aplica a las viviendas de promoción pública y a las de régimen
especial. Generalizarlo para el conjunto de las viviendas supone una
decisión tributaria que en este momento no conviene adoptar.
En lo que concierne al apartado e) de su propuesta, incentivos
fiscales para los propietarios de viviendas en alquiler y para los
propietarios de renta antigua cuyos inquilinos no estén obligados a
actualizar dicha renta, sabe S.S. que, como consecuencia de la moción
que se probó hace dos semanas por la mayoría, a la que me he referido
al principio, estamos pendientes de un estudio, que se ha
comprometido el Gobierno a acometer, del impacto que la Ley de
Arrendamientos Urbanos tiene al respecto. Esperemos, señoría, a que
se elabore este estudio, veremos el impacto y entonces adoptaremos
las medidas tributarias o fiscales que correspondan.
Lo mismo hay que decir -no quiero entretenerme, señor presidente, en
el análisis pormenorizado capítulo a capítulo- de los apartados de su
moción. En unos casos claros se trata de temas que corresponden a las
comunidades autónomas, por definición legal.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ortiz, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Voy acabando, señor presidente; o voy
intentando acabar.
En definitiva, no podemos aceptar más que los dos apartados que
componen el contexto de la enmienda que hemos aceptado. Comprendo que
ante una moción amplia, que obedece a toda una filosofía previa, a
todo un modelo urbanístico y de política de vivienda, ofrecerle esas
migajas de dos apartados concretos no puede merecer el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista.
Sólo dos palabras, señor presidente, respecto a la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nuestra simpatía absoluta respecto a los objetivos que persigue.
Nuestra discrepancia -en la que no voy a entrar apartado a apartado-
respecto a la redacción porque a pesar de su aspecto de carácter
general tiene un componente maximalista en su redacción. Esas
propuestas debe guardarlas el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para lo que queda de legislatura y en esta
navegación, que espero que en muchas cosas hagamos juntos, pueden
encontrar la simpatía y el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. En
todo caso, bastantes de ellas cuentan con la simpatía de este grupo.
En lo que concierne a las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego,
que todavía no ha tomado la palabra, adelanto nuestro rechazo, en
particular a uno de los apartados, el número cuatro, en el que se
propone algo que quedó rechazado en el análisis de la moción
subsiguiente a interpelación que se vio la semana pasada o hace dos
semanas, aquella en la que se propone una penalización fiscal para
las viviendas desocupadas. Mi grupo no está por las medidas
sancionadoras sino de otro orden y de fomento, y en segundo término,
el tema requiere una meditación mucho más pausada y sosegada que la
que merecería en este momento.
En definitiva, señor presidente, y termino, en lo que concierne a la
moción básica o fundamental, que es la del Grupo Parlamentario
Socialista, nos separan dos modelos distintos de entender el suelo,
la política de vivienda y me temo que también el papel del mismo
Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta cuatro enmiendas a la moción
del Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de interpelación
urgente sobre política en materia de vivienda. La primera de ellas es
una enmienda de supresión en el punto 3, apartado e), ya que
compartimos los objetivos perseguidos por la moción, pero creemos que
los incentivos fiscales sobre el IRPF deben administrarse con
suficiente cautela, sobre todo después de las sucesivas reformas que
ha
sufrido este impuesto, impulsadas por el partido que sustenta a este
Gobierno. Por eso proponemos que los incentivos fiscales contemplados
en el punto 3, apartado e), de la moción se restrinjan a los
propietarios de viviendas en alquiler de renta antigua cuyos
inquilinos no estén obligados a actualizar dicha renta. Creemos que
en este caso esos incentivos están justificados y que su impacto
sobre la recaudación por IRPF será mínimo.
La segunda enmienda, también de supresión, pretende eliminar el
apartado correspondiente a la letra f) del punto 3. Al igual que en
la enmienda anterior, compartimos el objetivo, es decir, el
incremento de la oferta de vivienda de promoción pública en régimen
de alquiler, pero creemos que la opción más acertada es el incremento
de la oferta de este tipo de viviendas de titularidad pública. No
compartimos el criterio de que las administraciones públicas deban
promover viviendas para ser colocadas en el mercado de alquiler por
terceras personas y menos que se deban subvencionar a estos
arrendadores. El Estado español presenta uno de los índices más bajos
de la Unión Europea en cuanto a la oferta de vivienda de titularidad
pública en régimen de alquiler, siendo este un mecanismo que podría
influir decisivamente en el precio de la vivienda.
La enmienda número 3 es de adición y propone añadir dos nuevos
apartados en el punto 3 con la siguiente finalidad. En la misma línea
defendida en la moción, nuestra intención con esta enmienda es la de
reforzar los mecanismos del Plan de vivienda destinados a fomentar la
rehabilitación de viviendas usadas destinadas a primera residencia
habitual. Creemos que, como criterio general, la rehabilitación de
viviendas debería priorizarse con respecto a la nueva construcción.
Pensamos, además, que se debe prestar especial atención a los núcleos
históricos de las ciudades, pero también a la rehabilitación en el
medio rural, donde estas políticas pueden ser realmente efectivas y
contribuir a frenar el proceso de despoblación que afecta a muchas
poblaciones rurales. Para incrementar la efectividad de las medidas
de rehabilitación, consideramos que debería incrementarse la
superficie máxima computable, habida cuenta de la escasa adecuación
de las superficies actuales a la realidad, particularmente en el
medio rural.
La última enmienda es de sustitución y se propone sustituir el
apartado 6, de forma que se tenga en cuenta que en el Estado español
hay hoy un parque de viviendas deshabitadas que, según todas las
estimaciones, supera el 20 por ciento del total, siendo un fenómeno
bastante generalizado en toda la geografía estatal. Esto es posible
porque el coste fiscal en relación con el mantenimiento de una
vivienda vacía es muy bajo, de tal forma que un contexto de fuerte
incremento de la demanda de adquisición de viviendas favorece los
comportamientos especulativos de acumulación de viviendas para su
posterior venta en el momento más oportuno. En algunas ciudades es
casi imposible adquirir
viviendas de nueva construcción, ya que mayoritariamente son
acaparadas por especuladores que avivan el crecimiento de los
precios, llegando a transmitirlas incluso antes de realizar la
escritura, con incrementos cercanos a los dos millones de pesetas
para viviendas de 70 metros cuadrados. Consideramos que el
establecimiento de ayudas para los propietarios de inmuebles
desocupados podría fomentar aún más esta demanda especulativa. Si lo
que se pretende es poner en el mercado viviendas vacías, lo que se
debería hacer a nuestro juicio es incrementar el coste para el
propietario por tenerlas deshabitadas y, si lo que se persigue es
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de alquiler, creemos
que sería preferible y más efectivo subvencionar a los arrendatarios
y no a los arrendadores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar
afirmativamente la moción consecuencia de interpelación presentada
por el Grupo Socialista con respecto a la política de vivienda y a la
política del suelo. Llevamos ya varias semanas debatiendo no
solamente sobre política de vivienda, sino también sobre política de
suelo, habiéndose plasmado de manera bastante clara en esta Cámara
las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios en relación
con esta materia.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida apuesta, no por la
intervención del Estado en la política de vivienda y en la política
de suelo, sino precisamente por que el Estado sea el que reconduzca,
a través de las conversaciones y de las concertaciones con las
comunidades autónomas, aquellas políticas que en una época de
expansión económica han demostrado que no están dando el fruto que se
esperaba y que, por tanto, están llevando a una situación bastante
delicada a algunos sectores de la población. Ello es precisamente la
política de vivienda.
Ya decíamos -lo hemos manifestado desde este grupo parlamentario en
diferentes ocasiones- que con la política de vivienda que se ha
realizado hasta ahora se ha impedido del acceso a la vivienda a
sectores importantes de la población como son los jóvenes, las
familias monoparentales y las personas mayores con menos recursos
económicos. Estamos de acuerdo con la modificación que plantea el
primer punto de la moción del Grupo Socialista. Hay que tomar medidas
para acabar con la especulación del suelo y, posiblemente, esta no
sea la única, pero, desde luego, sí es una medida diferente para que
podamos empezar a controlarla especulación que sufre el sector del
suelo y, en
concreto, el suelo, dado que se ha demostrado que las medidas
adoptadas por el Gobierno no han servido para alcanzar este objetivo.
Es importante que se concierte con las comunidades autónomas, como
establece el punto 2 de la moción, el suelo físicamente urbanizado
para que se puedan edificar viviendas protegidas con precio limitado
y que se puedan crear sistemas de gestión y no lo que pretende hacer
el Estado: concertarlo con las comunidades autónomas y que éstas sean
las que lo lleven a cabo.
Estamos de acuerdo también con que hay que modificar los objetivos
anuales del Plan de vivienda. Está claro que el Plan de vivienda no
se está cumpliendo en la mayoría de las comunidades autónomas. A
nosotros, como grupo parlamentario, no nos sirve que se nos diga que
el aumento de los tipos de interés y el aumento del precio de la
vivienda va a llevar a un aumento de la construcción de la vivienda
de protección oficial. La vivienda de protección oficial tiene que
estar al alcance del ciudadano que la necesita, con independencia de
cuáles sean sus recursos económicos o las dificultades para poder
tener un crédito a un determinado interés o una vivienda a un
determinado precio.
Es necesario que se amplíe la edad máxima para poder acceder a las
viviendas de protección oficial de 30 a 35 años y, además, que no
solamente se subsidien los intereses en los créditos hipotecarios,
sino que también se puedan complementar las ayudas directas al
momento de la compra de la vivienda. Hay muchas parejas jóvenes que
tienen problemas para dar la primera entrada y poder acceder a una
vivienda incluso de protección oficial. Desde luego, es necesario
ampliar los metros cuadrados de las viviendas, además de eliminar la
necesidad de que la unidad familiar tenga cuatro miembros, porque
puede ser que en ese momento sólo esté compuesta por dos miembros y
en un futuro lo esté por más y no por ello tengan que cambiar de
vivienda e intenten acceder a una que no esté al alcance de sus
recursos. También nos parece importante, en los puntos que establece
la moción, que se intensifiquen las declaraciones de áreas de
rehabilitación en colaboración con los ayuntamientos, donde se pueda
informar en esta materia a los sectores interesados y que así se
pueda contribuir a la rehabilitación de núcleos urbanos y de
patrimonio arquitectónico. Si nos fijamos en muchas grandes ciudades,
y ya en no tan grandes ciudades, los núcleos urbanos se deterioran
porque van desapareciendo las familias de su entorno, dejan de
convertirse en lugares de encuentro para pasar a ser lugares
meramente de trabajo que no generan esa habitabilidad que una ciudad
debe tener.
Es importante que se creen los patrimonios municipales de suelo y que
los ayuntamientos tengan que mantener este patrimonio con un 25 por
ciento del suelo para viviendas de protección oficial. Además, es
importante que se pueda crear un programa de actuación concertado con
las comunidades autónomas sobre
los suelos de titularidad pública y que en este plan estén marcados
los objetivos contenidos en esta moción. Si algo tiene esta moción
que al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le gusta precisamente
es la concreción y los objetivos claros que se quieren alcanzar con
ella, objetivos que en gran medida nuestro grupo parlamentario
comparte. De ahí que no hayamos presentado ninguna enmienda a ella.
Por tanto, vuelvo a repetir, señorías, que nuestro grupo se muestra
favorable a esta moción, por lo que la votaremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señor Morlán, a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas
presentadas.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco al Grupo de Convergència i Unió el esfuerzo que ha hecho,
porque indudablemente hay muchos temas que son similares, pero
lamento no aceptarle las enmiendas, porque desvirtúan el conjunto de
la moción que hemos presentado.
Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, señor Ortiz, no voy a
entrar en debate con usted, ya tendremos la oportunidad, pero no se
las acepto.
En cuanto a las presentadas por el señor Rodríguez, le tengo que
indicar que sí aceptamos las enmiendas números 3 y 4, si bien la
número 4 me gustaría que me dijera si está dispuesto a que sea de
adición, porque si es de sustitución no se la aceptamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, aceptamos la
propuesta que nos hace el señor Morlán.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez,
gracias, señor Morlán. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre política de vivienda, con la incorporación de las
enmiendas que se deducen del transcurso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 103; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN ESPAÑA Y SOBRE LAS POLÍTICAS E
INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 173/
000024.)
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
situación de los desequilibrios regionales en España y sobre las
políticas e instrumentos de corrección de los mismos. Para su defensa
tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, estoy seguro de
que comparten conmigo, de un extremo a otro de la Cámara, que el
problema de los desequilibrios regionales es uno de los problemas
vertebrales del sistema político y, por tanto, uno de los temas
estrella a todos sus niveles de la Unión Europea, que realiza como
política fundamental, casi de justificación de esta construcción de
un espacio único. Esto hace que las políticas de reequilibrio
conducentes a que las condiciones de competitividad de las distintas
regiones que conforman la Unión Europea sean similares.
Sus señorías conocen la búsqueda de esta convergencia entre regiones
en la Unión Europea, búsqueda que ha llevado al Gobierno español
históricamente a luchar por que el número de los instrumentos que
persiguen precisamente ese reequilibrio en la Unión Europea cada vez
sea mayor para producir esa convergencia. Saben SS.SS. que esa
convergencia, que busca el Estado español entre España y el resto de
países de la Unión Europea, se aproxima, funciona, se va acercando.
También dentro de nuestro país se busca la convergencia entre las
regiones. No tenemos una España equilibrada. Y no es un problema ni
de un cuatrienio ni siquiera de dos décadas; es un problema
histórico, de siglos. No sólo existen desequilibrios entre las
regiones españolas sino también intrarregionales. La comunidad que
represento, Andalucía, también cuenta con fuertes desequilibrios
internos. Y siguiendo esta teoría en los distintos escalones
provinciales, comarcales y locales siempre nos encontramos con el
problema de los desequilibrios. En su análisis se suelen utilizar
variables macroeconómicas, que explican una convergencia nominal,
pero que muchas veces no convergen de forma real. Hay factores por
los cuales nos parecemos y otros, el fundamental, el de la riqueza
per cápita, que no resisten el análisis. Mi comunidad es la tercera
de España en PIB, y es la penúltima en PIB per cápita. La distancia
entre las regiones con mayor valor añadido bruto per cápita y menor
valor añadido bruto per cápita es mayor en 1999 que en 1995, como ha
demostrado el último informe del Instituto Nacional de Estadística, y
mayor de 1980 a 1995. Quiere decir, señorías, que nos encontramos con
la paradoja de que, produciéndose crecimiento económico en cifras
cerradas similares
entre las regiones y el Estado, las diferencias son cada vez mayores,
porque los acercamientos no pueden realizarse a base de crecer igual,
porque si los desiguales crecen igual, cada vez son más las
distancias. Sé, señorías, que en esta Cámara no todos tenemos las
mismas recetas. Sé que los instrumentos que emplea el Gobierno para
luchar contra estos desequilibrios (el manejo de los fondos europeos
en el marco comunitario de apoyo, la cuantía del Fondo de
compensación interterritorial o las políticas de incentivos
regionales) cada grupo político, desde su legítimo pensamiento, desde
su ideología los utilizaría de distinta manera, con mayor o menor
intensidad.
Yo persigo, señorías, con la moción consecuencia de la interpelación
de la semana pasada, que al ser los desequilibrios un problema de
Estado todos estemos de acuerdo en el denominador común en el que
podemos estarlo y abramos un espacio para trabajar en la solución de
estos problemas. Estaremos de acuerdo en que esos desequilibrios
siguen y en que la convergencia real no es igual que la convergencia
nominal. Estaremos de acuerdo en que no es suficiente con los
instrumentos que tenemos. A mí no me gustaría que este tema, que es
de Estado, por el que todas SS.SS están preocupadas como yo (y
supongo que coincidimos en que hay que corregirlo), se convirtiera
exclusivamente en instrumento de pimpampum entre Gobierno y
oposición. A mí me gustaría más que fuéramos capaces, al menos, de
diseñar el marco donde discrepar, pero en los instrumentos, no en el
análisis. Porque aquí mismo, en esta tribuna, se ha dicho que hay
muchos datos, estudios y expertos que ya tienen perfectamente
explicados los problemas de política regional, los de los
desequilibrios. Habrá mucha explicación para los datos, pero muy poca
para cuáles son los instrumentos eficaces para su corrección, para
cuáles son las variables que miden las condiciones desiguales de
competitividad, para que no sólo tengamos el instrumento
constitucional de la solidaridad, en la que regiones con más riqueza
dan y traspasan a las regiones con menos para equilibrar el nivel de
servicio, sino que tengamos políticas de corrección para la
producción de renta, para la capacidad de generación de riqueza, ya
que eso es lo que tiene que ser igual entre las regiones. No me
parece que debamos de construir un modelo que estructuralmente
funciona desequilibrado, teniendo que establecer permanentemente
flujos entre los que más tienen y los que menos tienen sólo por
criterios de solidaridad para equilibrar las prestaciones. Tenemos
que coger el toro por los cuernos y producir medidas que equiparen
las condiciones de competitividad, y habrá que analizar si todas las
comunidades españolas tienen esas mismas variables -no quiero entrar
en ellas-, que pudieran ser: acceso a la tecnología, formación
humana, dotación de infraestructuras, todas esas variables técnicas
que configuran un escenario donde las empresas dicen que compiten de
forma desigual, o que pudieran ser
fenómenos tan irresolubles desde el punto de vista geográfico como la
distancia al centro de Europa, que produce determinada sinergia,
porque mientras más lejos está menos existe; por tanto, o se
contrarrestan o no habrá nunca condiciones de competitividad.
A mí me parece, señorías, que quizá el termómetro más claro, y no es
que sea el único factor, del mapa de los desequilibrios en nuestro
país lo dé el mapa de desempleo; una situación donde las variables
globales son que la economía y el empleo crecen, pero las específicas
son que tenemos lugares ya con pleno empleo técnico y otros, como la
provincia por la que soy diputado, donde no superan el 30 por ciento.
Mientras tengamos ese mapa serán imposibles condiciones iguales de
competitividad. Los instrumentos con que cuenta el Estado deben de
ser reforzados con este criterio de reequilibrio. La Cámara debe
considerar que es absolutamente imprescindible que haya
discriminación positiva para estas regiones con menos nivel de renta,
regiones Objetivo 1, que necesitan no de dotaciones anuales para el
mismo nivel de prestaciones, sino de grandes acciones sobre sus
infraestructuras para equiparar la capacidad de generación de renta.
Necesitamos incrementar el Fondo de compensación interterritorial.
Sus señorías saben como yo que la dotación actual no resiste
análisis; que si comparamos los Presupuestos Generales del Estado con
la dotación que damos a este fondo de reequilibrio no llega a la
altura del zapato; que los desequilibrios son que ahora mismo hay
regiones con más del doble del valor añadido bruto per cápita que
otras, y esto no se puede hacer con medidas que afectan al 1, al 2 o
al 3 por ciento de las inversiones, no sólo en volumen de inversiones
sino en su prioridad de ejecución.
Me parece, señorías, que prestaremos un servicio a la comunidad si
somos capaces de discutir tranquilamente este gravísimo problema y de
sustituir una visión interregional, basada exclusivamente en el
agravio, por otra del análisis frío del empleo de la justicia y de la
equidad para conseguir el reequilibrio, como digo, de generación de
riqueza. No es bueno que cada comunidad funcione sintiéndose
agraviada con el resto, no es bueno tener solamente mecanismos de
reparto solidario, sino que es bueno que trabajemos con nuestro
presupuesto con la misma filosofía con que lo hace el de la Unión
Europea, que trabajemos en equiparar las condiciones para que no
tengan que producirse estos trasvases.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia
de interpelación urgente tiene la palabra, en primer lugar, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, en la
interpelación que tuvimos ocasión de debatir la semana pasada había
una gran coincidencia entre todos los grupos en la necesidad de
contemplar el objetivo de la reducción de los desequilibrios
territoriales como uno de los objetivos consensuados de la política
económica. En un momento en que la evaluación de la convergencia
económica en España en los últimos cinco años da lugar a claroscuros,
no hay un balance claro sobre si en general las regiones menos
desarrolladas se han acercado o no. Saben ustedes que para el Grupo
Parlamentario Socialista revestía especial importancia el cierto
retraso en las políticas de promoción de la productividad del sector
privado en las regiones menos desarrolladas que ha habido en los
últimos tiempos. Aludíamos, en primer lugar, al estancamiento, al
retroceso de la inversión en infraestructuras, en términos de
producto interior bruto, y al efecto que este retroceso tiene sobre
la productividad de aquellas regiones más carentes de
infraestructuras. Hoy nos preocupa que, además del estancamiento de
previsiones presupuestarias, el grado de ejecución del presupuesto en
materia de inversión no sea todo lo boyante que sería de desear.
Decíamos también que nos preocupaba el estancamiento de la mejora de
la educación, particularmente de la educación pública, con la
deficiente financiación de las reformas educativas. Lo decíamos
porque somos conscientes de que la educación pública tiene un peso
particularmente elevado en las regiones menos desarrolladas; lo tiene
en todas las comunidades autónomas de España, pero en las regiones de
menor desarrollo la dependencia de la educación pública es mayor en
el sistema educativo. Por eso, se pueden hacer las cosas mejor de lo
que se han venido haciendo. Cuando hemos visto la moción del
representante del Partido Andalucista, las propuestas que incluye
permiten avanzar en la dirección correcta. Nosotros hemos presentado
una serie de enmiendas en un texto conjunto, que en realidad vienen
a enmendar una serie de aspectos parciales. En primer lugar, hemos
pedido la supresión del establecimiento de beneficios fiscales en las
regiones menos desarrolladas, porque no es buena vía la de andar
estableciendo discriminaciones en regímenes fiscales entre las
diferentes regiones. Tampoco creemos que sea buena vía establecer
discriminación de regímenes fiscales en este caso. En segundo lugar,
hemos presentado una enmienda de adición, que se corresponde también
con otra de supresión del párrafo tercero, sugiriendo afirmar en el
párrafo segundo el carácter del Fondo de compensación
interterritorial como instrumento al servicio de la solidaridad, pero
suprimiendo ese carácter fundamental que en el texto original se daba
en la financiación autonómica al reequilibrio regional. Bajo nuestra
concepción el criterio fundamental de la financiación autonómica es
asegurar una prestación igualitaria de servicios en el conjunto del
territorio español. Además, existen instrumentos de acompañamiento
que permiten ayudar a la reducción de desequilibrios territoriales.
En tercer lugar, no hemos presentado enmienda porque no existía la
forma de hacerlo, porque no sería elegante enmendar la moción
remitiendo algo al Senado. No hemos presentado enmienda al último
apartado de la moción cuando se plantea manifestar la necesidad de un
acuerdo para trasladar a la Comisión de Economía y Hacienda la
pertinencia . Apesar de ello, si el resto de las enmiendas son
aprobadas, vamos a votar a favor, aunque no estamos de acuerdo en que
el Congreso sea el foro adecuado para la elaboración de este tipo de
estudios. Y me explicaré, retornando a lo que decíamos la semana
pasada.
No hay que seguir repitiendo la necesidad de reformar el Senado para
dar lugar a la presencia de las comunidades autónomas para mejorar la
calidad de la política que se hace, sino mencionando en particular la
existencia de la Comisión General de Autonomías, que ya existe en el
Senado y que funciona de forma deficiente con relación a lo que sería
el deseo de todos. Para nosotros la Comisión General de Autonomías
del Senado es el foro indicado para cumplir los objetivos tan loables
que se ponían de manifiesto en la moción. Por tanto, si la moción es
aprobada y el asunto llega a la Comisión de Economía, en ella
defenderemos su remisión a la Comisión General de Autonomías del
Senado. Pero más allá de los aspectos específicos de método, la
semana pasada tuvimos un ejemplo muy concreto de por qué quizás no
sea demasiado bueno que en el Congreso se discuta de estas cosas
teniendo el Senado. La intervención del representante el Grupo
Popular, el señor Merino, la semana pasada, fue un intento de
trasladar a esta Cámara el enjuiciamiento político de un gobierno
regional. Ese ha sido el acto de menosprecio mayor para el
ordenamiento institucional que este diputado ha tenido ocasión de
contemplar, porque nuestro ordenamiento institucional es claro. El
Congreso de los Diputados tiene como función controlar la acción del
Gobierno de España, y los parlamentos regionales tienen como función
controlar la acción de los gobiernos regionales. Confundir estas
funciones es confundir nuestro ordenamiento institucional. La semana
pasada, todos los intervinientes -estoy seguro de que todos- conocían
que de 1995 a 1999 la región de Murcia es la región que ha tenido
mayor estancamiento económico entre las menos desarrolladas y es la
región que ha divergido más hacia abajo, y nadie lo mencionó, aunque
es cierto que la región de Murcia desde 1995 está gobernada por el
Partido Popular. Pero esta Cámara, más allá de descripciones de
datos, no debe entrar a evaluar la política ni de la región de Murcia
ni de la región de Andalucía ni de cualquier otra. Yo no sé si hoy
continuará esta línea de confundir los términos e intentar trasladar
el juicio político sobre gobiernos regionales a esta Cámara, pero si
seguimos
en éstas -yo no soy ni quien tengo el deber ni el derecho ni me
corresponde decir nada al respecto-, señorías, tengo la convicción de
que no será fruto de la ignorancia sino de la estulticia. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señoría.
Hoy el Grupo Parlamentario Popular sube a esta tribuna con la
satisfacción de haber cumplido uno de los objetivos que el presidente
Aznar, en su debate de investidura y a lo largo de todas sus
intervenciones, y como nuestro portavoz también ha señalado, ha
reiterado en esta legislatura, que era el diálogo y la búsqueda de
consenso con todas las formaciones políticas representadas en esta
Cámara. Y lo decimos así porque se había presentado por nuestro grupo
un texto alternativo que va a desembocar, por el esfuerzo del
diálogo, en un texto único, con un objetivo claro de búsqueda de
propuestas y de soluciones al problema que se plantea en esta moción
por el proponente, señor Núñez, amparándose en el artículo 138 de
nuestra Constitución, en el que el Estado garantiza la realización
efectiva del principio de solidaridad, partiendo de la base -y en eso
todos coincidimos- de que este desequilibrio territorial que tiene
España y que tienen nuestras regiones no es un caso aislado, no es un
caso único, porque podemos hablar de desequilibrios territoriales a
nivel mundial, a nivel europeo y, lógicamente, a nivel de España. Son
desequilibrios históricos, como bien ha dicho S.S., que no han
surgido del Gobierno del presidente Aznar, sino que llevan muchos
años -también sería injusto decir que son fruto de la gestión de
anteriores gobiernos socialistas-, pero que constituyen un problema
al que tenemos que buscar solución entre todos.
También sería injusto decir que el Gobierno del presidente Aznar, el
Gobierno del Partido Popular, no ha sido sensible en sus años de
mandato a estos desequilibrios. El Gobierno, a través de su gestión,
ha hecho esfuerzos por buscar el equilibrio y por mejorar la
situación económica de las regiones más desfavorecidas. Esfuerzos
cuyos frutos se han visto en la negociación de los últimos fondos
europeos, que se han incrementado en un 13,9 por ciento respecto al
período 1994-1999; es un dinero que va a ir destinado a reequilibrar
nuestros territorios y a mejorar su situación.
Sería injusto, aunque políticamente legítimo, decir que el Gobierno
del Partido Popular, el Gobierno del presidente Aznar, no ha mostrado
sensibilidad en los Presupuestos Generales del Estado a lo largo de
sus años de mandato. Se ha hecho un esfuerzo de apoyo
económico a las regiones más desfavorecidas; los presupuestos
incluyen incentivos a la iniciativa privada dirigidos a que ésta
lleve inversión a las regiones más desfavorecidas; el Fondo de
compensación interterritorial se sitúa este año en 146.564 millones
de pesetas. Decía S.S. que es una cantidad ridícula en el conjunto
del presupuesto; pero S.S. está utilizando los datos -y los números
son muy sufridos- según le conviene. Sería injusto decir que
solamente se dedican 164.000 millones de pesetas a reequilibrar
nuestras regiones; es un titular muy fácil, pero S.S. sabe bien que
no son solamente 164.000 millones. Sabe que las aportaciones no
provienen sólo de fondos europeos, sino que otras partidas
presupuestarias también tienen su influencia positiva en la búsqueda
del equilibrio territorial; que la inversión del Ministerio de
Fomento en infraestructuras para Andalucía -y no quiero entrar hoy en
el debate andaluz porque esta moción debe ampliar su ámbito y no
estar referida sólo a Andalucía- tiene un incremento de más de
100.000 millones, pasando de 193.000 a 293.000 millones. El valor
global de las cifras es mucho mayor que el dicho por S.S., y viene a
demostrar la sensibilidad del Gobierno del presidente Aznar en la
búsqueda de ese equilibrio. Hay que decir, y quiero que quede
constancia de ello en esta Cámara, que la búsqueda del equilibrio de
las regiones más desfavorecidas no se hace con la discriminación de
las mejor dotadas económicamente. También sería injusto buscar el
equilibrio a base de recortar o de despreciar a las regiones que en
estos momentos se muestran más favorecidas por la historia y por las
circunstancias; hay que buscar el equilibrio a través de la ayuda y
el esfuerzo en pro de las regiones más desfavorecidas sin discriminar
a las otras.
Yo decía en el debate del otro día que no se podía echar toda la
culpa al Gobierno de España. Si tenemos espíritu constructivo y el
deseo de resolver entre todos el problema de los desequilibrios
territoriales, hay que reconocer que todas las administraciones
tienen algo que ver y que todas tienen que poner su granito de arena
para lograr el equilibrio. Me reconocerán ustedes que por muchas
medidas que adopte el Gobierno de España es incapaz de resolver los
desequilibrios por sí solo. Si no hay colaboración entre las
administraciones públicas, si no existe la colaboración de las
corporaciones locales y de la iniciativa privada, será imposible
lograr el reequilibrio y la igualdad de todas las comunidades
y regiones. El otro día decía con sinceridad que creemos que la
política económica del Gobierno del presidente Aznar está dando
frutos, está permitiendo que se inicie ese camino de reequilibrio y
todos tenemos que confluir en el esfuerzo. Este grupo parlamentario
y este Gobierno al que sustenta no se va a conformar solamente con
esto, queremos ir a más y vamos a más en ese proceso de lograr ese
equilibrio. Hay que seguir trabajando y va a ser un buen marco el
próximo modelo de financiación autonómica, que nos va a permitir
buscar caminos y fórmulas que logren esos reequilibrios. Es un
modelo de financiación basado en la suficiencia financiera de las
comunidades autónomas, en la solidaridad interterritorial y con un
objetivo que es la convergencia real. Y debe ser una búsqueda del
esfuerzo y del trabajo.
Lamento profundamente que el portavoz socialista valorara mi
intervención del otro día como un enjuiciamiento al presidente de la
Junta de Andalucía, al cual yo respeto como presidente de todos los
andaluces que es, y yo como andaluz que soy lo respeto, pero no hubo
confusión en la intervención de este portavoz el otro día. Es
necesaria la colaboración y S.S. sinceramente me dará la razón,
estará de acuerdo conmigo en que es necesaria; si queremos de verdad
el equilibrio regional es necesaria la colaboración de todas las
administraciones, y todos tenemos que colaborar para lograrlo. Por
tanto, no fue en ningún momento una intervención de enjuiciamiento,
sino de análisis de cómo se podía llegar a esa situación.
Quiero concluir, señorías, diciendo que desde el Grupo Parlamentario
Popular se ha hecho el esfuerzo de diálogo, se ha consensuado con el
resto de formaciones un texto único que nosotros vamos a votar
favorablemente. Coincidimos con el portavoz del Grupo Socialista en
que este debate debería de llevarse a cabo en el Senado, pero también
reconocemos y comprendemos que el ponente no tiene representación
parlamentaria en el Senado y que, por tanto, el único foro donde
puede plantearlo es en el Congreso de los Diputados. Pero, de verdad
y con sinceridad, este es un debate de la Cámara Alta, es un debate
del Senado, es un debate donde las comunidades también tienen cosas
que añadir, cosas que decir y ese sería el marco idóneo para ello.
Pero, por no restar al señor ponente y a la moción que ha presentado
protagonismo y para tratar el asunto en esta Cámara, hemos llegado a
ese acuerdo con las otras formaciones y anunciamos nuestro voto
favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En el tema de las correcciones de los desequilibrios regionales e
interregionales Coalición Canaria, por la especial situación
legislativa, jurídica que tiene el archipiélago canario frente a la
legislación comunitaria por su régimen especial, el tratamiento
fiscal diferente al del resto del territorio peninsular y balear, ha
mantenido siempre una aproximación a los criterios de solidaridad con
todas las comunidades autónomas delEstado español. Y por esta línea
de congruencia nos
hemos dirigido a la Cámara para pedir el apoyo de los distintos
grupos parlamentarios para el mantenimiento de Canarias como región
de Objetivo 1, junto a la complementariedad que el carácter de región
ultraperiférica significa. Por tanto, la sintonía con un principio de
reciprocidad y de solidaridad nos hace dar hoy nuestro voto de apoyo
a la iniciativa que ha presentado ante la Cámara el parlamentario del
Grupo Mixto por el Partido Andalucista, señor Núñez Castain. La vamos
a apoyar en su integridad porque hace un planteamiento sensato,
racional, y con la enmienda conjunta que se nos ha hecho llegar y el
apoyo de los otros grupos parlamentarios (me alegra haber escuchado
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular esta racionalización del
discurso para una sintonía equilibrada, lo cual no excluye que en los
órganos competenciales y en las comisiones mixtas entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas se vaya avanzando para tener
dispuesto un debate y la aprobación de un futuro nuevo modelo de
financiación de las comunidades autónomas) sí tratemos en este
momento de hacer una primera aproximación a ese proyecto de
financiación.
Por tanto, apoyamos esta moción, consecuencia de la interpelación de
la semana anterior hecha por el señor Núñez Castain, de la que
compartimos sus extremos, con las adecuaciones que se han hecho para
no producir ninguna marginación, ya que entendemos que el incremento
del fondo de compensación interterritorial está al alcance de la
Cámara, sobre todo ahora que tenemos el nuevo proyecto de
Presupuestos Generales del Estado. Recurrir a fórmulas que ya están
consolidadas en el derecho administrativo de las comunidades
autónomas en España es positivo así como que este fondo de
compensación interterritorial sirva para lo que estaba concebido y
siempre se ha mantenido: corregir los desequilibrios interregionales,
según el principio de solidaridad que señala el artículo 138 de la
Constitución española. Tenemos que tener bien consolidadas las
regiones de Objetivo 1, porque, como ha recordado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, se nutren no solamente de presupuestos
generados por el Estado español en su política de recaudación fiscal
sino por las aportaciones fundamentales de los fondos de desarrollo
de la Unión Europea. En España, como receptor de estos fondos, su
dedicación a las comunidades autónomas está regida por el principio
de aproximación a la solidaridad, para evitar desequilibrios
interregionales.
Con esto, señorías, nosotros estamos haciendo un testimonio de
solidaridad, en este caso desde la propia comunidad del diputado, la
comunidad andaluza, a la que nosotros apoyamos con este respeto al
principio de identidad. Vamos a ser solidarios con esta moción, en la
fórmula que se ha estipulado por el portavoz del Grupo Popular y con
el texto que nos ha hecho llegar el señor Núñez Castain, y desde
Coalición Canaria la apoyamos con nuestro voto.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, mi grupo parlamentario,
que va a votar favorablemente esta moción del Grupo Parlamentario
Mixto, no hace más que recibir alegrías en este Pleno de la Cámara.
En primer lugar, sobre el reconocimiento de la realidad. Parece ser
que, de forma bien diferente a lo que ocurrió en el Pleno anterior,
el Grupo Parlamentario Popular reconoce que hay desequilibrios
territoriales en la economía española. En el Pleno anterior parecía
que no había desequilibrios o desigualdades sociales, que no había
problemas en el acceso a la vivienda; en este caso parece ser que sí
hay desequilibrios territoriales. Lo que pasa es que hay un debate
sobre los mismos y distintos informes sobre si estos han aumentado o
no en el último período de crecimiento económico. Los informes que
nosotros tenemos, a reservas de que el Grupo Popular nos pueda
trasladar otros informes contrastados, son contundentes. Han
aumentado los desequilibrios territoriales entre las regiones de
menor nivel económico y las regiones de mayor nivel económico y se
han producido otras situaciones en regiones de niveles medios, de
crecimiento económico por encima y por debajo de la media. Sin
embargo, nos parece incontestable que la política económica del
Partido Popular produzca no solamente desigualdades sociales sino
desequilibrios territoriales. Por eso estamos tan contentos de que el
Partido Popular reconozca los efectos de su política, al menos con
relación a los desequilibrios territoriales y a pesar de los
esfuerzos del señor Aznar.
En segundo lugar, también estamos contentos de que con esta
iniciativa el Grupo Parlamentario Popular vaya a autoenmendarse en el
proyecto de presupuestos para el próximo año, porque, si como dice
esta iniciativa, va a aumentarse sustancialmente el fondo de
compensación interterritorial y va a ser un objetivo fundamental de
la política económica, en concreto de los presupuestos para el
próximo año, las regiones Objetivo 1 y en general las regiones menos
desarrolladas del Estado español, ustedes seguramente tendrán que
cambiar la política fiscal, tendrán ustedes que cambiar el papel de
lo público y del gasto público en la economía y tendrán que cambiar
muchos elementos de la política de inversión, del fondo de
compensación interterritorial y de otros fondos que tenemos para los
equilibrios regionales. Por tanto, también estamos muy contentos de
que el Grupo Parlamentario Popular esté dispuesto a la autoenmienda.
A tenor de lo que conocemos de los fondos y de los fondos ejecutados
de inversión en años anteriores, no parece que ese sea el camino, ni
en el fondo de compensación interterritorial ni en el sistema de
financiación de las comunidades autónomas, que no
ha ejecutado ni una sola peseta del fondo de nivelación ni en los
fondos europeos. Y me alegro de oír al Grupo Parlamentario Popular
que han conseguido un incremento de los fondos europeos para los
próximos años. Mis noticias en relación con la unión Europea no son
esas. Mis noticias en relación con la Unión Europea son que se
produce un presupuesto restrictivo para el próximo año que va a
afectar a todos los capítulos de la política de la Agenda 2000. No sé
si el Grupo Parlamentario Popular tiene otras informaciones y lo
veremos contrastando los fondos europeos. También siento alegría por
el conocimiento del Partido Popular de que la política europea, los
marcos comunitarios de apoyo vayan a aumentar sustancialmente en las
regiones Objetivo 1 y en las regiones deprimidas del Estado español.
Por último, comparto con algún grupo parlamentario, y el Grupo
Parlamentario Socialista lo ha planteado en esta Cámara, el necesario
respeto a la división institucional en un Estado de las autonomías.
Me gustaría que ocurriera no solamente con los grupos parlamentarios
que en determinado momento tienen la responsabilidad de Gobierno en
una comunidad autónoma o a nivel del Estado sino que esa actitud
fuese la actitud general. Yo creo que la actitud general no es esa.
La actitud general en estos momentos es el menosprecio a las
competencias, a las atribuciones de las comunidades autónomas y a los
órganos institucionales de las comunidades autónomas y todos nos
permitimos opinar e interferir en lo que son sus legítimas
competencias. Es algo que ya se ha tomado por una cuestión normal
y me alegro de que en esta Cámara también se hable de la anormalidad de
esas posiciones.
Mi grupo parlamentario, finalmente, desearía, si pudiera, no tener
que votar el último punto de esta moción, porque creemos que este
debate tiene más que ver con las funciones del Senado, con un Senado
distinto, incluso a través de la reforma de su Reglamento, cosa que
no compartimos, pero parece ser que lo comparten los grupos
mayoritarios del Senado. Pensamos que es materia a trabajar por el
Senado y no por la Comisión de Economía del Congreso de los
Diputados. En todo caso, para que no se diga que no estamos en el
consenso sobre el apoyo a las regiones Objetivo 1 y que no estamos en
el consenso a favor del equilibrio territorial, votaremos
favorablemente aunque nos duela y pensemos que este tema es un tema
del Senado si queremos darle algún contenido territorial.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por último, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, muy rápidamente voy a expresar la
posición de mi grupo con respecto a la moción debatida hoy en esta
Cámara. Mi grupo lo primero que quiere decir es que comparte la
preocupación y el interés por impulsar un adecuado desarrollo
armónico territorial en la creación de riqueza y bienestar entre los
distintos territorios que componen el Estado español. Lo que ocurre
es que mi grupo parlamentario también quisiera matizar dos cuestiones
con las que no está de acuerdo. En primer lugar, respecto del
análisis efectuado que sirve de base al texto final de la moción, es
cierto que en España existen todavía importantes desequilibrios
territoriales, pero también lo es que a la hora de efectuar una
autocrítica en relación con esta situación económica y social no
debemos olvidar que, afortunadamente, España es hoy uno de los países
que, dentro del marco de la Unión Europea, no presenta mayores
desequilibrios territoriales. Son datos de la Comisión Europea, datos
en los que se dice, expresado en términos de desviación respecto del
PIB per cápita, que el Estado de la Unión Europea más desequilibrado
territorialmente es Alemania, con un desequilibrio de 32,7 puntos
porcentuales; después va Francia, con 27,7 puntos porcentuales;
Italia, 24,8; Austria, 27,1; Reino Unido, 19 y España, 15,3. Son
datos de la Comisión Europea.
Por tanto, siendo cierta la autocrítica que se pudiera hacer en el
marco de esta Cámara, de este Congreso de los Diputados, cierto es
asimismo que debemos mirar en nuestro entorno de la Unión Europea y
ver que el Estado español no es, ni con mucho, de los que presenta un
mayor desequilibrio interterritorial expresado en términos de
desviación del PIB per cápita. Esto no quita que exista esta
desviación, este desequilibrio, pero no pensemos que estamos -como
creo que muchas personas piensan-, dentro de las situaciones, de los
márgenes más elevados de desequilibrio interterritorial. Insisto,
esto sin desviarnos un ápice de la preocupación, porque el desarrollo
interterritorial debe ser armónico, debe ser equilibrado, por el bien
de todos los ciudadanos españoles.
Otra cuestión que quisiéramos traer a colación es otro dato objetivo
-no es tanto una opinión, aunque coincide con el dato-, expresado en
un informe de la Dirección General 16 de la Comisión Europea en el
año 1996, en un documento llamado Cohesión económica y social en la
Unión Europea. En este documento de la Dirección General 16 de la
Comisión Europea se hace una reflexión sobre cómo debe ser un proceso
óptimo de desarrollo armónico territorial. Se dice: Mucho cuidado con
efectuar una aproximación de los parámetros nominales que sirven para
computar los desequilibrios territoriales a este respecto a corto
plazo porque lo que debe hacerse es una adecuada asignación de
recursos que permita a los distintos territorios de cada Estado
miembro lo mejor de sí en el desarrollo y en el bienestar social,
para que no se produzca un retroceso en el desarrollo de todo. Me
explico. ¡Ojo con una
aproximación de los parámetros a corto plazo que miden los
desequilibrios territoriales, porque a medio plazo esto lastra el
desarrollo económico y social de todo el territorio de un Estado
miembro de la Unión Europea! Lo digo yo en este momento, pero es la
transcripción de un informe de la Comisión Europea, de la Dirección
General 16, del año 1996. Insisto, es una transcripción, es un hecho.
Teniendo en cuenta estos hechos, que no advertimos en la exposición
de motivos, y determinadas discrepancias sobre las recetas concretas
que se formulan en la moción, la coincidencia respecto de que la
propuesta de creación de una subcomisión para el estudio de los
desequilibrios regionales es materia más propia del Senado que del
Congreso de los Diputados, es el motivo por el cual mi grupo
parlamentario no va a votar a favor de la moción. No votará en
contra, porque compartimos la preocupación de que debe lograrse un
adecuado desarrollo interterritorial y armónico en la creación
y distribución de riqueza, pero, por los motivos particulares a los que
he hecho referencia, que son tanto de fondo como de forma, mi grupo
parlamentario se va a abstener en esta votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por último, el señor Núñez tiene la palabra, a los solos efectos de
expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas, aunque del
desarrollo del debate esta Presidencia he creído entender que había
una enmienda transaccional que iba a ser aceptada.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Efectivamente, señora presidenta, hay una
enmienda transaccional que incorpora en el punto 1 una aportación de
la enmienda del Partido Popular respecto a considerar las regiones
con menos nivel de renta, que incorpora todas las enmiendas del Grupo
Socialista que han sido descritas por el portavoz y que por tanto
suponen una síntesis de la moción presentada.
Quiero hacer una observación a los grupos, en el sentido de llegar a
un acuerdo con esos dos grandes grupos respecto a las mociones. No es
el momento ahora de discrepar o no respecto a
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de la enmienda. Usted sabe que en este trámite
no hay réplica.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: A esos solos efectos, aceptadas están.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Núñez.
Señorías, vamos a someter a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
situación de los desequilibrios
regionales en España y sobre las políticas e instrumentos de
corrección de los mismos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 270; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la moción en
los términos que se han derivado del debate.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. (Número de
expediente 173/000025.)
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Campuzano.
(Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio, al
objeto de poder continuar con el debate.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señora presidenta.
La semana pasada se debatió en el pleno de la Cámara la interpelación
de nuestro grupo parlamentario con relación a las medidas que tiene
previsto impulsar el Gobierno para favorecer la igualdad entre
hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Nosotros creemos que ese
fue un debate interesante, en el que se pusieron de manifiesto
importantes coincidencias en el conjunto de los grupos
parlamentarios. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Campuzano. (Pausa.)
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Decía que se pusieron de manifiesto importantes coincidencias de los
grupos parlamentarios, coincidencias en los aspectos negativos de la
situación, y tuvimos que recordar -y el propio ministro coincidía en
este análisis- que hoy el Estado español es aún la sociedad con la
tasa de empleo femenina más baja de la Unión Europea, el 37,6. Somos
también la sociedad en que la diferencia de ocupación entre hombres y
mujeres es la más elevada del conjunto de la Unión Europea, el 30,30,
y el desempleo femenino, el 23,1, continúa siendo de los más elevados
del conjunto de la Unión. Se puso asimismo de manifiesto la evolución
positiva que en los últimos años se ha producido en esta materia, con
un mayor crecimiento del empleo entre el colectivo de mujeres. Pero
todos coincidimos en la necesidad de que con las políticas que hasta
ahora hemos venido desarrollando teníamos que ser más eficaces, más
audaces y ser capaces de concretar nuevas iniciativas. También
entendíamos que existían cuestiones más de fondo, de carácter más
estructural, que no iban a depender estrictamente de las políticas
públicas que desarrollásemos; que estábamos ante la necesidad de
avanzar en un cambio de mentalidades del conjunto de la sociedad y
muy especialmente de los varones; que estábamos en la necesidad de
avanzar en un desarrollo más importante del conjunto del Estado del
bienestar, y muy especialmente en el conjunto de las políticas
públicas orientadas a facilitar precisamente la conciliación de la
vida familiar y la vida laboral, para hombres y para mujeres; que se
habían producido avances en el terreno de la política fiscal, pero
que aún quedaba terreno para avanzar; y finalmente que en el terreno
de las políticas específicas, de las políticas activas de ocupación,
también existían otras oportunidades. Hacíamos, por tanto, un balance
con aspectos positivos y con aspectos negativos.
Como resultado del debate, nuestro grupo parlamentario ha presentado
una moción que desarrolla buena parte del contenido de la discusión
de la semana pasada y que entendemos que aporta la virtud de mantener
una determinada línea continuista en lo que ha sido la política del
Gobierno en los últimos años pero que también abre nuevas líneas que
pueden darnos mayor eficacia en responder a uno de los principales
retos que tiene planteada la sociedad española, como es la escasa
tasa de actividad femenina.
En la moción introducimos la necesidad del pleno desarrollo de la ley
de conciliación, una ley aprobada en la pasada legislatura, que
obtuvo un apoyo parlamentario contundente, que es evidente que supone
un avance en la situación hasta ahora existente, pero que en muchos
aspectos es una ley tímida. Y en el marco del desarrollo de la ley de
conciliación, nuestro grupo parlamentario hace tres propuestas
concretas. En primer lugar, la necesidad de un compromiso del
conjunto de las administraciones públicas, Gobierno del Estado,
gobiernos autonómicos y gobiernos municipales, para poner en marcha
un plan de guarderías, uno de los principales déficit que hoy tiene
nuestra sociedad en esta materia, una de las principales demandas de
las parejas jóvenes que optan por tener hijos y por trabajar los dos
miembros de la pareja. En segundo lugar, la puesta en marcha de una
política fiscal que bonifique a aquellas empresas que opten por
ofrecer servicios de guardería a sus empleados. Este es un sistema
que está funcionando en muchos países de nuestro entorno más
inmediato y que puede tener una importante capacidad de dar respuesta
a la necesidad de guarderías que tienen las familias trabajadoras del
Estado español. Nos parece
que en esa política fiscal más imaginativa deberemos ser capaces
de avanzar en los próximos años. Finalmente, en este mismo ámbito de
la conciliación de la vida familiar y laboral, planteamos avanzar
para introducir en la negociación colectiva el establecimiento del
cómputo anual de la jornada laboral, desde la perspectiva de
flexibilizar el horario laboral para dar respuesta a las necesidades
que los miembros de las parejas puedan tener en este ámbito,
enlazando además con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que
precisamente otorgaba a una mujer la posibilidad de organizar su
jornada laboral en función de sus responsabilidades como madre. Para
nosotros, ese terreno de la conciliación de la vida familiar y
laboral, el reforzamiento del Estado del bienestar en esta materia,
la activación de más políticas fiscales orientadas en este ámbito,
son cuestiones sobre las que nos parece que deberíamos estar en
condiciones de avanzar en los próximos meses, en los próximos años.
Como segunda propuesta, introducimos la necesidad de incrementar, en
la línea en que el Gobierno ya lo ha venido haciendo en los últimos
planes de empleo, pero más si cabe, en el conjunto de políticas
activas, aquellas medidas específicamente orientadas al colectivo
femenino y que además, de alguna manera, ya están previstas en las
recomendaciones que la Unión Europea -y que fueron objeto de
referencias en el debate de la semana pasada- ha hecho llegar al
Gobierno español en este ámbito. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la Presidencia.)
En tercer lugar -y esto también ha sido objeto de discusión y diálogo
con el Grupo Parlamentario Popular-, la necesidad de mejorar el marco
legal que regula la plena equiparación retributiva entre hombres y
mujeres. El Estado español, como otros Estados europeos, hoy tiene
ahí importantes diferencias. Nosotros planteamos la necesidad de
avanzar hacia una reforma legal que refuerce el principio de plena
igualdad. Como cuarta línea de trabajo, planteamos una actuación, en
la que quizás en algunos aspectos ya se ha avanzado en los últimos
tiempos, por esa posibilidad de que las mujeres en situación de
excedencia por permiso parental o similar tengan la posibilidad de
aprovechar ese periodo de no actividad laboral para mantenerse en
condiciones de futura posible presencia en el mercado de trabajo, a
través de su reciclaje, a través de su formación. Esta nos parece una
línea importante para reforzar esa plena competitividad de las
mujeres en el mercado laboral.
La quinta línea, entendiendo que no hablamos de contratos que hagan
referencia específicamente al colectivo de mujeres pero sí de
contratos que nos parece que en la práctica, en el conjunto de los
países de nuestro entorno, han permitido una creación muy importante
de ocupación dirigida a mujeres, es la necesidad de flexibilizar el
contrato a tiempo parcial y lanecesidad de regular dos fórmulas
contractuales que en
la nueva economía están apareciendo con mucha fuerza y que hoy
padecen de un cierto vacío legal. Estamos hablando del trabajo a
distancia y del teletrabajo, no como propuestas contractuales
específicas para las mujeres, ni mucho menos, pero sí en fórmulas
contractuales que pueden dar mayores posibilidades de ocupación a las
mujeres que quieran trabajar. La sexta propuesta, un compromiso que
poco o mucho ya hace tiempo que ha anunciado el Gobierno, es la
regulación de la exoneración de las prestaciones sociales durante un
periodo de dos años por razón de maternidad, con independencia de
cuándo se produzca la incorporación o reincorporación de la mujer a
su puesto de trabajo. La séptima línea es reforzar las funciones de
la Inspección de Trabajo. Todos coincidimos en que seguramente la
Inspección de Trabajo tiene también mucho terreno que recorrer para
hacer cumplir la legalidad.
Este conjunto de siete propuestas, en estas últimas horas y
prácticamente desde el jueves, nuestro grupo parlamentario las ha
dialogado con el Grupo Parlamentario Popular y creo que, después de
la intervención de la portavoz de dicho grupo, señora Sainz, vamos a
estar en condiciones de llegar a un amplio acuerdo sobre ellas. Van
en la línea de profundizar en lo que se ha hecho pero también
plantear retos nuevos. Por otro lado, nuestro grupo parlamentario
está ahora en condiciones de anunciar que dos de las propuestas que
se formulan en la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, en concreto la número 2 y el punto 12 de la enmienda número
3, podrían ser asumidas por nuestro grupo parlamentario, en la medida
en que introducen medidas específicas no contempladas en la propuesta
inicial. Todo ello, con la voluntad que hubiésemos tenido de
incorporar una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que
estamos seguros de que en los próximos tiempos será objeto de
análisis en profundidad, porque nos parece que está en una línea
acertada para avanzar, como es la distinción entre el permiso
parental y marental. Es evidente que otros Estados de Europa han
creado legislaciones más avanzadas que la que hay en el Estado
español.
Este conjunto de medidas nos parece que puede ir en esa línea, en la
que creo que todos coincidíamos en el debate del pasado martes, desde
la satisfacción por haber avanzado en estos años en esta materia pero
también desde el convencimiento de que al Estado español, a España,
aún le queda mucho terreno para avanzar en el desarrollo de políticas
activas más orientadas a la ocupación de mujeres, a reforzar el
Estado de bienestar, a una política fiscal que tenga más en cuenta a
las familias y a un marco legal que no consagre la discriminación
laboral de las mujeres. Estamos convencidos de que con las propuestas
que hoy formula nuestro grupo parlamentario y el conjunto de
enmiendas que han formulado el resto de los grupos podemos construir
un consenso político suficientemente amplio para
dar un nuevo impulso a estas actuaciones del Gobierno español en los
próximos años.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.
La semana pasada se celebró un debate bastante importante acerca de
la situación de la mujer en el mercado laboral y las actuaciones que
desde este Gobierno se pueden desarrollar para favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres. Aunque la semana anterior ya se hizo alguna
reflexión sobre la situación actual, creemos que ahora también es
momento de discutir esa situación que está viviendo la mujer con
respecto al mercado laboral, una situación bastante poco grata, pues
accede a trabajos pocos cualificados, con una excesiva rotación y con
un sueldo más bajo que sus compañeros a pesar de realizar el mismo
trabajo. Aunque en estos momentos las mujeres jóvenes están mejor
formadas, por desgracia, tienen que acceder a trabajos de menor
cualificación.
Ante esta situación, en el informe de la Comisión Europea se hizo una
recomendación a España, que ya se comentó la semana pasada,
manifestando la diputada del Partido Popular que no se trataba de una
recomendación exclusiva a España, sino también a otros países. Yo
creo que de nada sirven los consuelos absurdos. Aunque la
recomendación de poner en marcha políticas activas de empleo que
favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral se haga a
otros países, el hecho de que España tenga que hacerlo no nos puede
eximir de la responsabilidad que en estos momentos tenemos.
El objetivo a cumplir, que plantea el Consejo Europeo en su reunión
de Lisboa, de aquí al 2010 es que en España se deben crear 3.600.000
empleos netos, de los cuales 2.500.000 tienen que destinarse a las
mujeres. En ese reto nos encontramos y ante el mismo debemos poner en
marcha no sólo políticas activas de empleo, sino políticas integrales
que favorezcan la igualdad de la mujer con respecto al hombre,
políticas en materia de empleo, pero también políticas en materia
social. Para ello, consideramos que la moción que hoy nos presenta el
Grupo de Convergència i Unió abarca bastante bien cuáles pueden ser
las necesidades actuales y cuáles las medidas a poner en marcha para
corregir esta situación. Aún así, desde el Grupo Socialista hemos
presentado una serie de enmiendas que consideramos mejoran la
propuesta que en estos momentos se está haciendo. Por una parte,
cambiar el término guarderías por escuelas de educación infantil; no
sólo consiste en cambiar el término,
porque en estos momentos estamos en un proceso de adaptación a la
Logse en todo el territorio español, y las anteriores guarderías o
guarderías laborales tienen que denominarse escuelas de educación
infantil.
Por otra parte, no sólo queremos incidir en el tema de las escuelas
de educación infantil, sino también en el desarrollo del Plan de
ayuda a domicilio, puesto que, por desgracia, en estos momentos las
mujeres son asimismo las que tienen que sufrir la carga de tener que
cuidar a personas mayores dependientes de ellas, por lo cual, el
desarrollo más amplio del Plan de ayuda a domicilio supondría, aparte
de evitar esta carga a las mujeres, poder desarrollar en materia de
empleo un gran número de puestos de trabajo a los que las mujeres
pudieran acceder, aunque no exclusivamente.
En relación con lo que el grupo proponente ha comentado sobre el
permiso de paternidad, volvemos a insistir, al igual que lo hicimos
en la moción sobre familia, en la necesidad de regular un permiso de
paternidad independiente al de maternidad. Sabemos que en estas
cuestiones es importante llegar a un consenso, y por ese consenso
vamos a aceptar que esta enmienda no sea admitida, pero también
queremos denunciar aquí la actitud retrógrada de algunos grupos, que
no son capaces de asumir que en una situación en la que se está
hablando de igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral
hay que conseguir otras metas, estando entre ellas el permiso de
paternidad. Esto no solamente tiene que quedar reflejado por escrito
en un papel. Por eso, desde el Grupo Socialista insistimos en que
vamos a hacer un seguimiento para que lo que hoy aprobemos aquí
realmente se ponga en marcha y no quede reflejado simplemente en un
papel, donde todos decimos lo mucho que creemos en la igualdad de los
hombre y las mujeres. Queremos que se ponga en marcha y que sea una
realidad. Consideramos que todavía queda un largo camino para
conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
Con nuestras propuestas podríamos recorrer ese largo camino con pasos
firmes y decididos. De esta manera no lo hemos conseguido. Serán
pasos cortitos, menos decididos, menos valientes, pero aun así vamos
a aprobar esta moción y a hacer un seguimiento para que se cumpla con
efectividad, con esfuerzo financiero y con la voluntad de todos los
grupos de trabajar por este tema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora García.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición, en nombre de mi
grupo, ante la moción de Convergència i
Unió y defender al mismo tiempo la enmienda de nuestro grupo que trae
causa de la interpelación del pasado miércoles, que nuestro grupo
valoró también de forma positiva porque permitió que en esta Cámara
se pudiese debatir y pudiésemos dialogar sobre el importante tema del
trabajo de la mujer.
Como decíamos hace unos días, estamos convencidos de que no sólo la
mujer tiene derecho a acceder al mercado laboral en términos de
igualdad real con el hombre, sino que, al mismo tiempo, ello
contribuirá a que nuestro país sea capaz de mantener un ritmo de
crecimiento importante y a que se distribuya la riqueza de una forma
equitativa. Tanto en la comparecencia del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer
como la semana pasada en esta Cámara recordábamos la actual situación
de la mujer, la situación laboral , los problemas, las dificultades y
las diferencias importantes en relación con el hombre. Pero, al mismo
tiempo, señalábamos cómo, afortunadamente, en poco más de cuatro
años, ha descendido el porcentaje del paro femenino en casi diez
puntos, cifra realmente importante y significativa, un indicador
claro de que la situación va avanzando. Ello unido al hecho real de
que más de 1.200.000 mujeres se han afiliado a la Seguridad Social en
estos cuatro años, marcando un hito histórico, nos sigue indicando
que desde el Gobierno se está trabajando en el camino adecuado. Sus
señorías tendrán que coincidir conmigo en que todo ello no es más que
consecuencia de unas medidas de índole político general y económico
adecuadas. Junto a esas medidas de tipo económico general también
existen compromisos claros de acción y políticas rigurosas en el área
de igualdad de derechos de la mujer. Todo ello lo decíamos -y lo
vuelvo a repetir- sin ningún triunfalismo, porque somos los primeros
en manifestar que es necesario seguir mejorando. Por ello nos alegró
que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales manifestará la voluntad
del Gobierno de intensificar aquellas políticas más eficaces, que son
las que están ayudando a corregir esas dificultades que todavía hoy
persisten.
Señalaba también nuestro grupo el miércoles pasado que confiábamos en
que la moción fuese dirigida a intensificar las medidas contempladas
en el Plan de empleo, que considerábamos ambicioso y que tenía como
uno de los ejes y pilares fundamentales las políticas de
profundización en la igualdad. Al mismo tiempo decíamos que nos
felicitábamos por el anuncio hecho por el ministro de seguir
trabajando, ampliando y, en todo caso, profundizando en la aplicación
de la Ley de conciliación. Ley que sin duda es de las más avanzadas
en la materia en relación con los países europeos y que está
orientada a facilitar un reparto igualitario y equilibrado entre
ambos sexos. Es algo que todos consideramos -creo que hay una
coincidencia de todos los grupos políticos- fundamental, básico e
imprescindible para la incorporación de la mujer en el mundo laboral.
Pues bien, afortunadamente, hoy podemos decir que nuestro grupo
coincide en líneas generales con el contenido de la moción presentada
por Convergència i Unió. Hemos dialogado con ellos y podemos decir
que hemos alcanzado un marco general. No obstante, nuestro grupo ha
presentado una enmienda que va dirigida fundamentalmente a matizar
aquellas actuaciones que nos parece que deberían ser enmarcadas en
las que ya ha anunciado el Gobierno que se están realizando en el
Plan de empleo, o a intensificar aquellas otras que viene realizando
ya el Gobierno, más allá del ámbito del Plan de empleo y de la Ley de
conciliación.
Así, señorías, nuestro grupo no podía sino coincidir con el punto 1,
en el que, bajo el epígrafe de desarrollo de la Ley de conciliación
de la vida laboral y familiar, plantea una serie de apartados que
consideramos de interés y en los que sabemos que está trabajando ya
el Gobierno. Tal es el caso del real decreto que el Gobierno está
perfilando, en el que se pretende desarrollar, en materia de
Seguridad Social, lo relativo a las prestaciones por maternidad y por
riesgo durante el embarazo. Y , cómo no, queremos apoyar también lo
relativo a la financiación del plan de guarderías con fondos
públicos. Señorías, este punto no sólo está previsto en el programa
con el que el Partido Popular se presentó a estas últimas elecciones
sino que coincide con las políticas que el Gobierno, desde hace más
de cuatro años, está claramente implantando. Por ejemplo, en la
actualidad hay previstos más de 3.000 millones de pesetas para este
programa, que partía prácticamente de cero hace cuatro años. El
objetivo es extender y promover un amplio plan de guarderías que
ayude a compatibilizar las obligaciones familiares con el desarrollo
de una carrera o de un trabajo profesional, y eso sabe nuestro grupo
que también es importante y básico.
Nuestro apoyo al apartado 2 es natural, porque insiste en seguir
profundizando en la aplicación de las acciones dirigidas a la
igualdad de oportunidades que se recogen en el plan de acción. En
este sentido, deseo recordar que, como objetivo de la acción de los
servicios públicos de empleo que figura en el Plan de empleo para el
año 2000, se contempla una participación femenina de más del 61 por
ciento en el conjunto de las medidas. Esto supone un incremento
frente a las que se realizaron el año pasado, y en esa línea
concordamos también, señorías, con ustedes.
Aunque no me voy a detener en todos los apartados, no quiero terminar
sin dejar de referirme a algunos más. Nuestro grupo da gran
importancia al apartado 4, por referirse a las acciones formativas,
que consideramos básicas. Básicas desde el primer momento, pero sin
duda fundamentales para aquellas mujeres que están en el período de
excedencia o de baja por maternidad. Por tanto, plena coincidencia
con la propuesta de la moción.
Lo solicitado en el apartado 6 lo remitimos, compartiéndolo en
nuestra enmienda, a la mesa del diálogo
social que sobre la reforma laboral se ha de acometer en breve,
porque pensamos que ése es el marco adecuado para conseguir el máximo
de los acuerdos. Y nos detenemos un momento en el apoyo al apartado
6, porque la propuesta tiene el mismo contenido que otro de los
compromisos contemplados en el programa del Partido Popular en las
últimas elecciones. Propuesta de gran calado social, de importante
calado social, que valoramos clara y abiertamente de forma positiva y
que, a nuestro juicio, y de ahí la enmienda que hemos presentado,
debe ser instrumentada teniendo en cuenta los foros abiertos con los
distintos interlocutores sociales que contempla en este momento el
Ministerio de Trabajo, así como también los trabajos que está
realizando la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, que tiene
su sede precisamente en este Parlamento. Tenemos que apoyarla desde
la coincidencia de nuestro grupo de seguir colaborando con la
Inspección de Trabajo, incorporando en los programas generales
medidas encaminadas a la detección de cualquier tipo de
discriminación, esa discriminación que también preocupa a nuestro
grupo, cual es la discriminación salarial.
Termino señalando, señorías, que aceptamos la transaccional que nos
presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la
que se recoge nuestra enmienda, según adelantaba, y en la que se
ofrecía la incorporación de dos propuestas de Coalición Canaria. Yo
querría ofrecerle en este momento a Convergència i Unió una
transaccional al punto de su moción relativo a los beneficios
fiscales a las empresas, que quedaría redactada de la siguiente
manera: Estudiar y analizar un marco fiscal favorable para aquellas
empresas que opten por ofrecer servicios de guarderías para los hijos
de sus trabajadores o trabajadoras de modo gratuito o de precio
inferior al mercado.
Sólo me resta, señora presidenta, añadir que valoramos de forma
positiva los posibles acuerdos a los que podamos llegar todos los
grupos parlamentarios de la Cámara y de una manera especial con
Convergència i Unió a través de esta moción, porque de ese acuerdo y
de la moción que salga con el mayor apoyo parlamentario se perfilará
una serie de propuestas concretas que confiamos sean un buen
instrumento en este empeño, sin duda compartido por el Grupo Popular,
de mejorar la participación de la mujer en el mundo laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Sainz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la
palabra, por el Grupo de Coalición Canaria, la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera manifestar el sentido de nuestro voto y explicar las
enmiendas que hemos presentado y, por
supuesto, adelantar que, en función de la enmienda transaccional que
se ha pactado por Convergència i Unió, nuestro voto va a ser
positivo.
Nosotros entendemos que ha sido oportuno el debate de la
interpelación la semana pasada y de la moción consiguiente, y no sólo
consideramos que es oportuno sino que entendemos que nunca son
suficientes las iniciativas que desde todos los ámbitos de la
sociedad se tomen y se tengan en cuenta en torno a la defensa de los
derechos y de la igualdad de la mujer.
Es cierto, y se comentó también la semana pasada, que ha habido
conquistas en nuestro país; es cierto que se está haciendo un
esfuerzo desde la Administración central y desde las administraciones
autonómicas en lo que se refiere a las políticas y a los planes de
empleo sobre este tema. A pesar de ello, las cifras del desempleo
femenino siguen siendo alarmantes, desde nuestro punto de vista, en
comparación con el desempleo masculino, teniendo en cuenta el
porcentaje que representa la población femenina en la población
total. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) En ese sentido,
entendemos que las mujeres continuamos sufriendo una situación de
discriminación a la hora de enfrentarnos con el mercado laboral. Cada
vez son más los sectores laborales, dentro del mercado de trabajo, en
los que ni siquiera puede existir la justificación de la falta de
preparación por parte de la población femenina: ni desde un punto de
vista cuantitativo, pues son cada vez más las mujeres que salen en
los ámbitos de la formación universitaria, ni tampoco desde un punto
de vista cualitativo, puesto que también las estadísticas refrendan
que los porcentajes de tituladas con mejores expedientes recaen sobre
la población estudiantil femenina.
Pensamos que, si bien es cierto que la tasa de actividad de la mujer
es mayor y está aumentando en comparación con la del hombre, hay que
tener en cuenta que es a expensas de los contratos a tiempo parcial,
que son los únicos tipos de contratos donde la mujer supera al
hombre. Ante esta realidad, entendemos que, en consonancia con las
recomendaciones del Consejo de Europa y también del documento
aprobado en la sesión especial de la Naciones Unidas, celebrada en
junio de este año en Nueva York, es oportuno que salga adelante esta
moción con el máximo consenso posible e incluso que queden abiertos
debates sobre distintos aspectos presentados en las enmiendas de mi
grupo y en las de otros grupos políticos para que los podamos retomar
con posterioridad a lo largo de esta legislatura.
Nosotros hemos planteado tres enmiendas de adición en las que
intentamos especificar algunas acciones que nos parecen importantes y
que se complementan con las ya expuestas en la propuesta en torno a
tres áreas. En lo que se refiere al incremento de la cualificación
profesional de las mujeres, es necesario profundizar y promover
acciones positivas en el acceso a la formación en aquellos sectores
en que la mujer en España está infrarrepresentada y, sobre todo, en
aquellos en
donde hay altas expectativas de empleo para el futuro, nuevas
tecnologías, transporte, construcción, etcétera. Hay otra serie de
enmiendas en la línea de promover medidas para la inserción laboral
de las mujeres e incentivar la maternidad.
Voy a hacer una reflexión , y termino, señora presidenta, en relación
a la enmienda transaccional, que creo que no se ha aceptado, pero que
me parece importante y que tendremos que seguir debatiendo, que trata
de la necesidad de apoyar y promocionar empresas de la economía
social que den apoyo a las familias que tienen familiares mayores o
discapacitados a su cargo. Nuestro grupo entiende que el papel de
cuidadoras, no sólo de los hijos sino de la población mayor o de los
discapacitados, es uno de los roles tradicionales que hemos
desempeñado las mujeres en la sociedad. Esta situación, unida al
aumento de la esperanza de vida, es un problema de índole
sociosanitario cada vez más acentuado en nuestra sociedad. Entendemos
que tenemos que buscar e incentivar alternativas que permitan
articular una respuesta de la sociedad en su conjunto, no sólo de las
administraciones públicas, que suplan este papel tradicional de la
mujer en este cambio de rol de la mujer en la familia y en la
sociedad. Estamos convencidos de que éste es un elemento que tarde o
temprano tendremos que desarrollar en el contexto de la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la moción consecuencia de interpelación. La va a apoyar
porque, una vez más, discutimos en esta Cámara medidas para
incentivar y apoyar la incorporación de las mujeres, en condiciones
de igualdad, al mercado laboral. Bien está que sigamos incentivándolo
en esta Cámara porque, a pesar de que se hayan podido tomar medidas
en algunos casos más de declaración de intenciones y en otros algo
más efectivas, es cierto que se sigue materializando en el día a día
la discriminación de las mujeres en el mercado laboral por diferentes
causas, y no solamente la discriminación, porque también padecemos la
discriminación en esta ocasión en positivo, es decir, cada vez más
arriba, por el porcentaje de mujeres que todavía sufren el desempleo
y una falta de preparación para poder acceder a los puestos de
cualificación profesional que, hoy por hoy, se exige en el mercado.
Todas las medidas que se pudieran aportar desde esta Cámara serían
necesarias, así como que se pusieran en marcha cuanto
antes. La mayoría de las que plantea el Grupo Parlamentario de
Convergencia i Unió nos parecen correctas para desarrollar la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras.
Algunas de las medidas que plantea el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, aunque no hayamos presentado ningún tipo de
enmiendas, nos sugieren al menos una reflexión, como cuando en la
medida número 5 plantea flexibilizar la regulación del contrato a
tiempo parcial y regular el trabajo a distancia y el teletrabajo.
Creemos que es necesaria la regulación del trabajo a distancia y del
teletrabajo, pero nos parece como mínimo un poco peligroso hablar de
la flexibilización de la regulación del contrato a tiempo parcial
cuando sabemos que este contrato se inició para toda la sociedad,
pero que la mayoría de las personas que se acogen al mismo, y que lo
hacen porque es lo que normalmente se les oferta, son precisamente
las mujeres, y esto nos perjudica. Hablar de la flexibilización de
este tipo de contrato, cuando además la mayoría de las personas que
se acogen a él son mujeres con baja cualificación profesional y con
menos probabilidades de que se les cualifique por las propias
empresas, al menos nos suscita alguna que otra duda.
Nos parecen interesantes las cuestiones que plantea con respecto a la
promoción, en el ámbito de la negociación colectiva, del
establecimiento de la jornada laboral con cómputo anual por motivos
familiares. Ahí sí que creemos que sería necesario que, a través no
solamente de la negociación colectiva sino de alguna medida
incentivadora que pudiera tomar el Gobierno, se pudiera hablar de la
flexibilización de horarios, tanto para hombres como para mujeres,
para que se pudieran atender precisamente las cargas familiares, ya
fuera el cuidado de niños o de personas mayores. Eso sí que ayudaría
a que las mujeres que soportan cargas familiares pudieran atender sus
obligaciones, con independencia de que algunas de ellas tengan que
estar cubiertas por los servicios que puedan prestar las distintas
administraciones, y generaría menos conflictos a la hora de la
incorporación de las mujeres al mercado laboral.
En definitiva, señorías, esperamos que la transaccional que se
apruebe no sea solamente una declaración de intenciones. Desde luego,
desde mi grupo parlamentario intentaremos hacer el seguimiento de la
puesta en marcha de lo que hoy aquí se apruebe, y que de verdad eso
se plasme en unas medidas concretas para que la ciudadanía, y en este
caso concreto las mujeres, pueda notar que desde el Parlamento y
desde el Gobierno se
están haciendo políticas que le permiten una mayor incorporación al
mercado laboral en condiciones de igualdad y con una buena formación
ocupacional o profesional.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por último, señor Campuzano, a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo agradece el tono y la actitud de todos los grupos que
han intervenido en el debate, y muy especialmente la actitud de los
grupos enmendantes. Nosotros aceptamos el conjunto de la enmienda
transaccional que nos ofrece el Grupo Popular, incluido el punto que
hacía referencia a las bonificaciones fiscales, y mantenemos el
conjunto de ese texto más la enmienda número 2, de Coalición Canaria,
y el punto 12 de la enmienda número 3, también de Coalición Canaria.
Nos parece que configuran una moción que puede suscitar el apoyo de
toda la Cámara y marcar un nuevo impulso a la política del Gobierno
en esta materia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señorías, vamos a someter a votación la moción, consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de
trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 264; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.