Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 24, de 19/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 24
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 22
celebrada el martes, 19 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la
transmisión o reembolso de participaciones representativas del
patrimonio de Fondos de Inversión Mobiliaria en supuestos de
reinversión. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 64-1,
de 5 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000055.) . . .
(Página 1047)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para
la igualdad jurídica de las parejas de hecho. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 37-1, de 8 de mayo de 2000 y corrección del
texto en número 37-2, de 22 de mayo de 2000. (Número de expediente
122/000028.) . . . (Página 1053)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen
determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 27-1, de 25 de abril de
2000. (Número de expediente 122/000023.) . . . (Página 1053)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
uniones estables de pareja. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, núm. 40-1, de 8 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/
000034.) . . . (Página 1053)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre igualdad jurídica
para las parejas de hecho. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, núm. 58-1, de 29 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/
000048.) . . . (Página 1053)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
visualización de los distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas
placas de matrícula. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
56, de 15 de septiembre de 2000. (Número de expediente 162/000108.) .
. . (Página 1066)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales
del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la
economía y la industria española. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 6, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 162/
000017.) . . . (Página 1076)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua escalada en
los precios de los carburantes y sus efectos negativos en los
distintos sectores productivos, como el agrícola, pesquero y el de
transportes. (Número de expediente 173/000017.) . . . (Página 1084)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar
medidas que eviten el incremento desmesurado de los precios de los
carburantes. (Número de expediente 173/000018.) . . . (Página 1084)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los
costes sobre los sectores agrario y pesquero y del transporte
derivados del continuado aumento del precio de los carburantes.
(Número de expediente 173/000019.) . . . (Página 1084)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 1047)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la
transmisión o reembolso de participaciones representativas del
patrimonio de Fondos de Inversión Mobiliaria en supuestos de
reinversión . . . (Página 1047)
Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, para su toma en consideración, el señor Eguiagaray
Ucelay. El Grupo
Socialista pretende con esta iniciativa la liberalización del mercado
de fondos de inversión para eliminar los mecanismos de protección que
amparan a las instituciones financieras en contra de los ahorradores.
Explica que la mayoría de los ahorradores están cautivos por la
dificultad, debido a su coste, de cambiar de entidad gestora. Las
barreras a la decisión de abandonar un fondo, de pasar de la renta
fija a la variable o viceversa, de invertir en valores extranjeros o
nacionales, están determinadas por la fiscalidad, añade. Asegura que
su propuesta es totalmente liberal, pero que no debe asustar a nadie,
porque favorece los intereses de la mayoría y busca la configuración
de mercados eficientes que se ajusten a las prescripciones de la
competencia. Se trata, en definitiva, de proteger a los ahorradores,
de generar condiciones de neutralidad fiscal, de hacer más eficiente
la economía, de impedir que los intereses de unos pocos prevalezcan
sobre los de la mayoría.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de la
transmisión o reembolso de participaciones representativas del
patrimonio de fondos de inversión mobiliaria en supuestos de
reinversión, se rechaza por 111 votos a favor, 165 en contra y 16
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para
la igualdad jurídica de las parejas de hecho . . . (Página 1053)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen
determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho . . . (Página 1053)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones
estables de pareja . . . (Página 1053)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Saura), sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho . . .
(Página 1053)
Presenta la primera de las proposiciones de ley, para su toma en
consideración, la señora Castro Fonseca, en nombre de Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Afirma que la sociedad
española viene demandando desde hace tiempo la equiparación de las
parejas de hecho a los efectos jurídicos que se derivan del
matrimonio civil, así como la regulación normativa de las llamadas
situaciones convivenciales de mutua ayuda. Desde el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida apuestan claramente por una
transformación radical del actual modelo de relaciones afectivas y
sexuales entre las personas, basado en el concepto de familia
tradicional, en cuanto a derechos y libertades, con inclusión clara y
expresa de aquellas opciones sexuales distintas a la heterosexual,
pero en un plano de auténtica igualdad. Considera que el Parlamento
está obligado a acabar con la doble moral
y debe hacer una nueva lectura del artículo 9º.2 de las Constitución
que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones
necesarias para que la opción sexual de cada persona se pueda vivir
en circunstancias de libertad e igualdad efectivas y reales en todo
el territorio español. Izquierda Unida presenta esta proposición de
ley pretendiendo armonizar los derechos de todas y todos los
españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que han decidido
vivir, y con el objetivo de conseguir una regulación de las
relaciones afectivo-sexuales distintas al matrimonio civil, en
igualdad de derechos con éste, de forma que se reconozca a todas las
parejas, independientemente de su orientación u opción sexual o de su
forma de convivencia, los mismos beneficios de carácter económico-
patrimonial, fiscalidad, herencia, Seguridad Social, alimentos,
etcétera, y otros como son el hecho de la adopción de hijos, punto
este último que pasa a defender expresamente.
En segundo lugar, presenta la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, la señora
Alberdi Alonso. Explica el contenido de la proposición de ley que es
similar a la presentada en la Cámara el pasado 25 de abril, a
excepción de la inclusión en esta propuesta de la equiparación al
matrimonio en efectos procesales y tributarios y la reducción del
tiempo de convivencia a seis meses. Pretenden con su iniciativa
equiparar la situación de los convivientes de hecho con las uniones
matrimoniales en aquellos aspectos civiles, laborales,
administrativos, fiscales o procesales, que mantienen una
discriminación absurda y, sobre todo, desfasada, de la realidad
social. La sociedad, afirma, ya ha asumido el reconocimiento de las
uniones de hecho, homosexuales o heterosexuales, como una forma de
convivencia familiar que merece y reclama el apoyo de los poderes
públicos y el amparo de las leyes y del ordenamiento jurídico.
Finalmente, anuncia el voto favorable de su grupo a las propuestas de
los grupos de Izquierda Unida, Convergència i Unió y Mixto sobre el
mismo tema, y acusa al Grupo Popular de hipócrita, al negarse -como
se espera- a la toma en consideración de las mismas con la excusa de
querer presentar su propia iniciativa.
Presenta la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), la señora Pigem i Palmés. Su grupo somete a la consideración
de la Cámara una proposición de ley que es prácticamente la
transposición de la ley vigente y experimentada en Cataluña desde
hace más de dos años. Considera que es un hecho notorio que además de
la institución del matrimonio «stricto sensu» existen en la sociedad
situaciones convivenciales perfectamente
consolidadas y ampliamente aceptadas por los ciudadanos que reclaman
que el ordenamiento jurídico dé una respuesta adecuada que llene el
vacío legal existente y que permita superar las situaciones de
desigualdad y desprotección en que se encuentran precisamente por la
falta de reconocimiento y regulación. La finalidad de su iniciativa
no es otra, explica, que la de dar carta de normalidad jurídica a lo
que es normal en la vida cotidiana. Desarrolla el contenido de la
proposición de ley y anuncia su abstención en las proposiciones
presentadas por los otros grupos, haciendo un llamamiento al Grupo
Popular para que escuche a una amplia representación parlamentaria
que no hace sino recoger el clamor social al respecto.
Finalmente, presenta la última de las proposiciones de ley sobre el
mismo tema, el señor Saura Laporta, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto. Confiesa su desazón por las noticias que le han llegado de la
intención del Grupo Popular de votar negativamente las cuatro
iniciativas y muestra su convicción de que tarde o temprano la Cámara
aprobará el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho y de que
si las votaciones siguientes se produjeran con libertad de voto, hoy
también se aprobarían. Fundamenta este razonamiento en que ninguna
mayoría absoluta en el Parlamento puede ocultar una realidad social
que en la calle se acepta con normalidad y en que la Constitución
ampara y promueve las iniciativas que hoy presentan cuatro grupos
parlamentarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Estarás
Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho,
se rechaza por 133 votos a favor, 169 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho, se
rechaza por 135 votos a favor, 169 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre
uniones estables de pareja, se rechaza por 147 votos a favor, 171 en
contra y una abstención.
Sometida a votación, finalmente, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre igualdad
jurídica para las parejas de hecho, se rechaza por 138 votos a favor,
170 en contra y 11 abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 1066)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
visualización de los distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas
placas de matrícula . . . (Página 1066)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané i Guasch. Comienza
constatando la decepción de su grupo por el hecho de que el pasado
viernes el Gobierno aprobara, sin el consenso de ningún grupo
parlamentario, excepto del Popular, una decisión sobre las nuevas
placas de matrícula, cuando se sabía que hoy se iba a debatir el tema
en el Pleno del Congreso de los Diputados. Su proposición no de ley
propugna un modelo de matrícula compatible con la sigla estatal que
figura en esa placa, pero reflejando la pluralidad de las comunidades
autónomas. Considera un grave error la decisión adoptada por el
Gobierno de forma unilateral en cuanto al modelo de matrícula de
vehículos porque el modelo adoptado, en el que únicamente figura el
distintivo europeo y la sigla del Estado, se aparta absolutamente del
marco constitucional al no reconocer la pluralidad y demuestra una
nula sensibilidad autonómica por parte del Gobierno.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y de la Encina Ortega,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Jané i Guasch.
El señor De la Encina Ortega solicita de la Presidencia la lectura de
la enmienda de sustitución.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre la visualización de los
distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas placas de matrícula,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 141 votos a favor y 164 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales
del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la
economía y la industria española . . . (Página 1076)
Defiende la proposición no de ley el señor Llamazares Trigo, en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta
que con su iniciativa no sólo pretenden que la Cámara apruebe la
evaluación del proceso de privatizaciones, sino también su
participación, su conocimiento y su control en el proceso de
privatizaciones, que hasta el momento ha supuesto la enajenación de
4,7 billones de pesetas que antes estaban en manos públicas y que hoy
están, por diversos mecanismos, en manos privadas. Por otra parte,
añade, se trata también de que esta Cámara oriente la política
sectorial en materia industrial. Critica la política de
privatizaciones llevada a cabo por el Gobierno y se queja de que no
se haya contado para nada con el Parlamento, pasando a exponer el
contenido concreto de su proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora
Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Llamazares Trigo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos
sectoriales, sociolaborales y territoriales del proceso de
privatizaciones realizado en el sector público de la economía
y la industria española, con la incorporación de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 15 votos
a favor, 176 en contra y 101 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 1084)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua escalada en
los precios de los carburantes y sus efectos negativos en los
distintos sectores productivos, como el agrícola, pesquero y el de
transportes . . . (Página 1084)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar
medidas que eviten el incremento desmesurado de los precios de los
carburantes . . . (Página 1084)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los
costes sobre los sectores agrario y pesquero y del transporte
derivados del continuado aumento del precio de los carburantes . . .
(Página 1084)
En primer lugar interviene el señor Centella Gómez para defender la
moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señala que su grupo
presenta la moción con la intención de forzar el debate y de
trasladar a la Cámara la voz de miles y miles de ciudadanos que están
gritándole al Gobierno que cambie su política y que tome decisiones
que sean realmente eficaces y oportunas. Reitera los argumentos de la
interpelación urgente y se queja del talante poco negociador del
Gobierno, a pesar de sus buenas palabras, y de la manera en que ha
llamado al enfrentamiento entre los sectores afectados y el resto de
la población. Sin embargo, asegura, todo el mundo entiende el
problema de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores o
transportistas, porque la realidad es que las continuas subidas del
precio del petróleo está afectando a todo el país. A continuación
defiende el plan de actuación, que divide en tres bloques de
propuestas y termina haciendo un llamamiento al Parlamento
para que no dé la espalda a miles y miles de ciudadanos que hoy han
estado en la calle pidiendo al Gobierno que rectifique y que
gobierne.
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista y, asimismo, de la enmienda presentada
a la moción que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Bel i Queralt.
Explica que en la moción se plantean unos objetivos que pueden ayudar
a solucionar parte de los problemas creados por la subida de los
carburantes y por la pasividad del Gobierno para hacerles frente,
pasando a exponer la situación creada desde finales de la primavera.
Acusa al Gobierno de carecer de una política de diversificación de
fuentes energéticas, de ahorro de consumo de energía y de impulso de
energías renovables, así como del fracaso de la política de
liberalización de la distribución de carburantes, particularmente de
la regulación del acceso a nuevos competidores, y del fracaso de la
introducción de la competencia en España. La moción, explica,
persigue tres tipos de objetivos: medidas estructurales que permitan
diversificar el aprovisionamiento energético, impulsar el ahorro de
consumo y reducir la dependencia del petróleo; medidas fiscales que
afecten a los sectores especialmente golpeados, y medidas de reforma
de los mercados. A continuación se refiere a las mociones presentadas
por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Catalán
(Convergència i Unió), así como a las enmiendas presentadas a su
moción.
Para defender la moción consecuencia de interpelación urgente
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
interviene el señor Padrol i Munté. Pretende no repetir la avalancha
de cifras y datos que expresan la preocupante situación generada por
la evolución al alza de los precios de los hidrocarburos porque
considera que ya se ha analizado y expuesto en la Cámara
suficientemente la coyuntura generada por esta circunstancia y el
impacto económico que ha provocado en la evolución de la inflación,
en el bolsillo de los particulares y en los resultados y márgenes de
determinados sectores productivos, fundamentalmente el agrario, el
pesquero y el de transporte por carretera. Ante esta situación
considera que sólo hay dos caminos a seguir: el del diálogo con los
sectores más afectados y el de la concreción en las medidas que se
sugieran y que deban adoptarse, en el marco de las concretas
políticas económicas, a instancias de esta Cámara y por decisión del
Gobierno. De todas formas, añade, esta situación no debe dar lugar a
una valoración negativa en conjunto de la economía española ni de la
economía en general de
la zona euro, máxime si se tiene en cuenta que el balance global
sigue siendo positivo, pese a que en una nota recientemente elaborada
por la Comisión Europea la economía española es la más expuesta,
junto con la belga y la portuguesa, al incremento de los precios del
crudo en los mercados internacionales. A continuación pasa a explicar
las medidas concretas contenidas en su moción, medidas que,
considera, no pueden tomarse de manera unilateral por el Gobierno
español o por el Parlamento español, sino que ha de hacerse en un
marco de consenso con el resto de los Estados de la Unión Europea,
porque el mensaje que se estaría mandando a los países productores de
petróleo sería ciertamente pernicioso. Fija la posición de su grupo
en relación con las hipotéticas rebajas de la imposición especial
sobre hidrocarburos y anuncia la aceptación de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular a su moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a las mociones intervienen el
señor Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto, y el señor Gámir Casares, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen los señores Centella Gómez, Bel i Queralt y Padrol i
Munté.
Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de
interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para
hacer frente a la continua escalada en los precios de los carburantes
y sus efectos negativos en los distintos sectores productivos, como
el agrícola, pesquero y el de transportes, se rechaza por siete votos
a favor, 270 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de
interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, con la incorporación de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 103 votos a favor, 171 en
contra y siete abstenciones.
Sometida a votación finalmente la moción consecuencia de
interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con la incorporación de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 170
votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA TRIBUTACIÓN EN EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) DE LA
TRANSMISIÓN O REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL
PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA EN SUPUESTOS DE
REINVERSIÓN. (Número de expediente 122/000055.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la tributación en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas de la transmisión o reembolso de
participaciones representativas del patrimonio de fondos de inversión
mobiliaria en supuestos de reinversión.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor
Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, lo que venimos a decidir esta tarde no debiera llevarnos
demasiado tiempo de discusión, así que no esperen por mi parte ni un
discurso florido ni demasiadas palabras sobre una cuestión que, a mi
juicio, es tan importante como simple o tan simple como importante.
Lo podemos contar de una o mil formas, las que ustedes quieran, pero
todo se resume en saber si queremos defender a los ciudadanos que
colocan sus ahorros para que lo hagan de la mejor manera posible o
si, sobre todo y principalmente, lo que queremos es defender los
intereses de las entidades financieras en las cuales estos ahorros se
colocan. Lo demás -en lo que apenas me quiero entretener- son adornos
cuya discusión únicamente nos sirve para oscurecer la decisión
principal que tenemos que tomar esta tarde y, desde luego, para
distraer al personal. Déjenme que se lo formule de una manera
distinta a sus señorías, a los miembros de los diferentes grupos
parlamentarios.
Lo que el Grupo Parlamentario Socialista propone al Gobierno y a la
Cámara con esta iniciativa es la liberalización del mercado de fondos
de inversión. ¿Para
qué? Para eliminar los mecanismos de protección que amparan a las
instituciones financieras en contra de los ahorradores. Por tanto,
estamos ante una decisión que no es solamente de índole fiscal; es
una decisión que afecta a la competencia y que tiene que ver con lo
que uno entiende que puede ser la defensa de los intereses generales
frente a otros intereses, que siempre son legítimos, en cuanto sean
honestos, pero que nunca pueden tener la caracterización del interés
general. En el sector de la telefonía, de la electricidad o en el del
gas todos ustedes, señorías, como yo, estamos comprometidos en una
batalla por la liberalización, que consiste principalmente en algo
que se ha venido haciendo popular, en decidir quiénes son finalmente
los consumidores elegibles y, si acaso, en tratar de que todos los
ciudadanos, los consumidores, tengan libertad efectiva de elección de
suministrador: de teléfono, de electricidad, de gas y de tantas otras
cosas. Se dice que cuando los consumidores sean finalmente elegibles,
cuando no sean cautivos de las empresas que les suministran, se
habrán liberalizado los sectores.
Ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del sistema
financiero y de los fondos de inversión, y les parecerá la analogía
un poco tomada por los pelos, pero no hay tal. Salvadas las
distancias, aquí ocurre lo mismo. No tenemos, como en los sectores
mencionados, un problema de oligopolio de oferta que haya que
modificar. No es un problema de ausencia de entidades gestoras de
fondos. Sin embargo, la mayor parte de los ahorradores en fondos de
inversión tienen sus ahorros cautivos por la dificultad, por el coste
de cambiar de entidad gestora. Nada importa que la gestión se pueda
revelar ineficiente o que la rentabilidad esperada de un fondo de
inversión nada tenga que ver con la efectivamente obtenida o que la
modificación de los tipos de interés y, por tanto, de las
expectativas determine el deseo, por ejemplo, de los ciudadanos de
salir de fondos de inversión en renta fija hacia fondos de inversión
en renta variable, de fondos nacionales hacia valores extranjeros o
hacia otros, hacia fondos globales o hacia fondos garantizados. El
inversor está cautivo, no sólo por los encantos usualmente
desplegados por el gestor de su fondo para que mantenga la inversión
-encantos que, en la medida que sean efectivamente demostrables, no
tengo ninguna objeción a que se exhiban-, sino que lo que resulta
inexplicable y desde luego paradójico es que esté cautivo por
decisión expresa del Gobierno, que se convierte en el principal
aliado del statu quo de las entidades financieras. Las barreras a la
decisión de abandonar un fondo, de pasar de la renta fija a la
variable o viceversa, de invertir en valores extranjeros o nacionales
están determinadas por la fiscalidad, contra toda lógica, y en esta
situación se hallaba a finales del mes de julio un patrimonio de unos
32 billones de pesetas. Si esto es así, no veo ninguna razón,
señorías, para que mantengamos esta situación por más tiempo en
beneficio de
algunos intereses tan legítimos como particulares que, desde luego,
no son los de la mayoría. Espero que puedan coincidir conmigo en esta
apreciación.
Para contribuir a su tranquilidad, les diré algo que espero les
alivie. Entiendo razonable que alguien que oiga la propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista considere si una posición tan proclive
al mercado y a la defensa de la competencia, tan liberal en suma, no
podría resultar un exceso. Entiendo que algunos de ustedes, sensibles
como son a los derechos sociales y a los derechos fundamentales, se
pregunten si una posición de esta naturaleza no entraña riesgos para
el mantenimiento de valores y derechos que, por tratarse de bienes
superiores, habría que preservar frente a los caprichos de un mercado
de competencia.
Permítanme que tranquilice tan atribuladas conciencias como las que
sientan así diciéndoles que no estamos, por una vez, hablando de
derechos fundamentales ni a la vida, ni a la educación, ni a la
protección de la salud, ni siquiera de derechos de la infancia o de
la igualdad de los seres humanos, hombres y mujeres. Estamos hablando
de cosas muy importantes, es verdad, de algo tan importante -porque
nos afecta a todos- como es el interés de nuestros bolsillos; pero,
al fin y al cabo, estamos hablando sólo de dinero, del maldito
dinero, si ustedes quieren, y de la configuración de mercados
eficientes que se ajusten a las prescripciones de la competencia. De
modo que nadie tiene ninguna razón para preocuparse si la propuesta
le parece económicamente liberal, porque no puede ser otra cosa: lo
es; no puede dejar de serlo porque la realidad que tenemos hoy en
este mercado no responde al mínimo exigible en un mercado
competitivo, favorece a unos poderes y a unos intereses, está en
contra de los intereses de la mayoría y no fomenta siquiera las
condiciones de competencia.
No crean, sin embargo, que esto que puede resultar tan obvio ha sido
siempre tan pacífico. De hecho, hasta ahora no lo ha sido. Si la
memoria no me falla, esta es la cuarta vez que defiendo en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista que se pueda cambiar de fondo de
inversión sin coste fiscal. Estaba en nuestro programa electoral del
año 1996, lo discutimos a propósito de la reforma del impuesto de la
renta de las personas físicas, lo denunciamos cuando regularon
ustedes -la mayoría de esta Cámara- los seguros de vida llamados unit
linked y de nuevo a propósito de las recientes e históricas medidas
de junio, esas que iban a servir para arreglar la inflación e
introducir competencia por doquier en la economía española.
Tampoco ha sido pacífico en la historia esto de que haya que eliminar
la fiscalidad para producir competencia. A quienes conocen la
historia económica de nuestro país no les resultará difícil recordar,
por ejemplo, el papel que los impuestos han tenido en la defensa del
proteccionismo de nuestra economía. De hecho, la derecha política y
económica que gobernó sin interrupción
en el siglo XIX y durante buena parte del XX defendió un
proteccionismo de nuestra economía que se expresaba principalmente en
del mantenimiento de aranceles altos para la protección de los
intereses textiles y siderúrgicos. Que eso tuviera efectos
perniciosos en términos de atraso o de intensidad en el desarrollo
económico de España está ya fuera de duda, pero entonces como ahora
los impuestos -el arancel, en la época- fueron el mecanismo utilizado
por los intereses económicos para defender sus posiciones, para
reducir la competencia y para trasladar renta desde un sector -en
este caso los consumidores- a los productores. Por tanto, nada nuevo
bajo el sol, salvo la oportunidad de que ahora, situados nada menos
que en el siglo XXI, en el año 2000, hayamos aprendido todos que las
barreras a la competencia, donde esta efectivamente puede y debe
existir, son un mal asunto para los intereses generales. En el pasado
la derecha no lo entendió y me parece que no siempre lo entiende
tampoco ahora. Tengo la esperanza de que, si no la convicción pasada,
al menos la evidencia actual permita modificar las actitudes que
hasta ahora se han defendido en esta materia.
La reforma de la fiscalidad sobre la renta fue la base de la mayor de
las arbitrariedades en materia de imposición sobre el ahorro. En vez
de decidir sobre el ahorro que merecía el apoyo fiscal por razón del
plazo o de la finalidad, ustedes -la mayoría de la Cámara- hicieron
una elección absurda de figuras a bonificar, más pendiente de la
necesidad de distribuir los favores entre las entidades financieras
que del mantenimiento del principio de neutralidad y de racionalidad
económica. Y como la figura del seguro tenía que merecer algún tipo
de premio, puesto que otro tipo de entidades financieras y de figuras
habían merecido ya algunas compensaciones fiscales, tuvieron que dar
entrada en el ordenamiento jurídico a los unit linked, que, como es
sabido, se trata de figuras de colocación financiera en las que la
existencia formal de un seguro otorga un tratamiento fiscal
radicalmente distinto a realidades financieras y económicas
prácticamente idénticas a los fondos de inversión. Y las mismas
entidades que habían propiciado el desarrollo de los fondos de
inversión propiciaron, a partir de esta reforma legislativa, el
desarrollo de los unit linked con una publicidad que no dejaba lugar
a dudas y que sonaba a algo así como lo que casi todos ustedes habrán
recibido en sus domicilios: si usted va a invertir en fondos,
recuerde que ahora le podemos ofrecer lo mismo que le ofrecíamos
antes solamente que sin coste fiscal, porque ahora hay una exención
fiscal si usted invierte en unit linked, que es lo mismo, solamente
que con distinto nombre. No es extraño que los unit linked hayan
crecido hasta alcanzar posiciones que en la semana trigesimoctava de
este año, del 11 de septiembre, implican un volumen gestionado por
las entidades registradas de más de dos billones de pesetas, una
magnitud que no está por ciertolejos de los dos billones de pesetas
aproximadamente
que han salido en los doce últimos meses del patrimonio de los fondos
tradicionales de inversión. ¿Y por qué, me pregunto, los casi ocho
millones de partícipes que siguen teniendo sus ahorros en fondos de
inversión, por así decirlo, de los del antiguo régimen, no debieran
beneficiarse de la posibilidad, si lo desean, de cambiar el destino
de sus ahorros, siempre que los reinviertan en su totalidad, sin
coste fiscal alguno? Hay una razón de peso, sólo que esta razón -que
es de peso, lo confieso- es inconfesable o imposible de esgrimir para
justificar la actitud de un gobierno o de una Cámara, porque sería
inconfesable o sería inaceptable, como ustedes prefieran, argüir el
temor de las entidades financieras a que ello incremente la
competencia en la captación de pasivo. Y efectivamente esta ha sido
la razón por la que en las medidas de junio, a pesar de lo mucho que
se había hablado, no fuera posible introducir algunas también para
llevar la competencia al terreno de los fondos de inversión.
Naturalmente la eliminación de las barreras fiscales implicaría una
redistribución -y debe hacerlo- de patrimonio entre las distintas
entidades gestoras y también una especialización.
Pues bien, de eso se trata, señorías, y eso es lo que les propongo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que ayudemos, aquí, donde
no está en cuestión otro tipo de planteamientos o de derechos
superiores, que demos una entrada amplia, plena y total a lo que
significa la creación de condiciones de competencia que tiene que
reunir un mercado, que no puede ampararse en la fiscalidad como
mecanismo de creación de barreras artificiales que limiten la
competencia entre las instituciones financieras. Se trata de premiar
la solidez y la eficiencia en la gestión del ahorro privado, no de
premiar la cautividad de los fondos que en su momento fueron
colocados en unas entidades cuando quizás esa voluntad hoy no se
mantiene. Se trata de proteger a los ahorradores. Se trata de generar
condiciones de neutralidad fiscal. Se trata de hacer, en definitiva,
más eficiente nuestra economía, de impedir, por una vez, que los
intereses de unos pocos prevalezcan sobre los de la mayoría.
Termino, señora presidenta, señorías. Quiero decir a los miembros de
la Cámara y a los diferentes grupos que al Grupo Parlamentario
Socialista le gustaría contar con el apoyo unánime. Seguro que hay
varios grupos que piensan otorgar su apoyo a esta iniciativa. Me
gustaría dirigirme al grupo de la mayoría, al grupo del Partido
Popular para pedirles también su apoyo. Es verdad que la derecha
española históricamente no ha sido liberal. Yo no digo que lo vayan a
conseguir en breve. Como saben, en política, ser liberal es una
suerte de talante y de sensibilidad favorable a las libertades y los
derechos individuales que cuando no siempre se ha tenido a veces
cuesta aprender. Pero en economía ser liberal, especialmente hablando
de dinero, suele significar otra cosa, y es bastante más fácil
defender el papel
del mercado, aunque eso algunos lo identifiquen con una ideología
liberal en lo político.
La mayoría de esta Cámara, y desde luego la mayoría que representa el
Grupo Popular, predica a diario las excelencias del mercado, aunque
luego el Gobierno que ha surgido de esta mayoría no lo aplique todos
los días, como su política de liberalizaciones está poniendo de
manifiesto. No me negarán -espero- que la liberalización que ahora
les propongo es de las cantadas, de las que no tienen duda, de las
que es inevitable que se produzcan, de las que solamente se pueden
posponer por algún interés que ciertamente no es el interés general,
pero nunca por razones de competencia, por razones de eficiencia o
por razones de defensa del interés de los ahorradores.
Si no estuvieran dispuestos a avanzar en esta dirección, que es lo
más cantado y lo más fácil, ¿sería posible creer que pueden estar
dispuestos a hacer algo real en mercados mucho más complejos, como
son el de los carburantes, el de la electricidad o el del gas, en los
que han prometido actuar? No quisiera, señorías, tener que volver a
subir a la tribuna por enésima vez a contar algo que es obvio. Les
decía al principio que no hace falta emplear muchas palabras en
defender una cuestión como ésta. Solamente hace falta tener confianza
y déjenme que por una vez espere que no la decepcionen los miembros
de la mayoría.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eguiagaray. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Vasco
va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de
ley presentada por el Grupo Socialista, relativa a la tributación en
el impuesto sobre la renta de las personas físicas de la transmisión
o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de
fondos de inversión mobiliaria en supuestos de reinversión. Nos
parece, al igual que al Grupo Socialista, poco equitativo el hecho de
que las ganancias patrimoniales procedentes de fondos de inversión y
que son reinvertidas tengan que tributar, mientras que las
denominadas unit linked no lo tengan que hacer. Este hecho genera
distorsiones en el tratamiento neutral del ahorro que es preciso sin
duda corregir. Es más lógico que estas rentas tributen cuando
abandonen este modo de ahorro y se destinen, por ejemplo, al consumo
o a la inversión inmobiliaria.
El cambio fiscal que se propone obligaría igualmente a las entidades
financieras a competir para captar este tipo de recursos ofreciendo
mejores condiciones y cobrando menores comisiones a los clientes.
Pero lo
que nos parece más importante es que los inversores, muchos de ellos
pequeños, tengan la posibilidad de cambiar de fondo dentro de la
misma gestora o cambiar incluso de gestora en función de la evolución
de los mercados y de la aversión o preferencia del riesgo que tengan.
Si se produce, por ejemplo, una subida de tipos de interés, es
probable que muchos inversores prefieran pasar sus posiciones de
renta variable a renta fija garantizándose una rentabilidad y
minorando su riesgo. Hoy en día, debido a la tributación de estas
plusvalías, el inversor se encuentra atado de pies y manos y no
optimiza sus inversiones, lo que afecta a su rentabilidad y a la del
conjunto de la economía. El inversor ha de tener, sin duda, capacidad
y flexibilidad para adecuarse a los vaivenes del mercado.
Existe, sin embargo, un riesgo que es preciso tener en cuenta. Es más
difícil para la Hacienda pública controlar los movimientos de un
ciudadano cuando multiplica sus operaciones y cambia de fondos y de
entidades. Hay cierto riesgo de que aumente el fraude fiscal.
Entendemos, no obstante, desde nuestro grupo que este riesgo es
evitable desde la gestión, adecuando los sistemas informáticos, tarea
que en todo caso habrá de acometer el Gobierno.
Por todo lo anterior, nuestro grupo apoyará con su voto favorable la
presente iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
A riesgo de ser considerados no liberales, aunque el liberalismo vaya
por barrios, el liberalismo político y económico, nosotros no podemos
compartir en su texto estricto la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista. Y no la podemos compartir, por una parte, no tanto por el
texto como por el contexto y, por otra, por alguna de las razones que
acaba de aducir el Grupo Parlamentario Vasco.
En cuanto al contexto, nosotros, y creo que los ciudadanos en
general, tenemos una cierta preocupación en relación con la política
fiscal, sobre todo respecto a la desfiscalización de las rentas del
capital que se está generalizando en nuestro país y que en los
últimos días nos ha dado la sorpresa de que, mediante fraude de ley
o mediante la utilización de la ley, se puedan obtener plusvalías
multimillonarias y no cotizar a Hacienda por ellas. Es decir, a
nosotros nos preocupa el contexto de desfiscalización de las rentas
del capital, sobre todo cuando cada vez más son los ciudadanos
individuales los que con impuestos indirectos y con impuestos sobre
sus salarios contribuyen en medida mayoritaria a la Hacienda pública
española.
Pues bien, la propuesta que se nos hace no plantea únicamente un
conflicto entre entidades financieras y ahorradores. Nos estamos
olvidando de una parte de los sujetos. Es verdad que se trata de un
conflicto entre entidades financieras y ahorradores de forma directa,
pero indirectamente también afecta al conjunto de los ciudadanos. ¿O
no afecta al conjunto de los ciudadanos la fiscalidad? ¿O no afecta
al conjunto de los ciudadanos la fiscalidad, en este caso no de los
salarios sino de las plusvalías? En nuestra opinión, sí afecta al
conjunto de los ciudadanos y, por tanto, habría que tener en cuenta
esta contradicción, este conflicto de intereses, que es verdad que no
tiene que ver con derechos fundamentales, pero sí tiene que ver con
prestaciones sociales y con políticas de gasto público, porque de
algún sitio salen las prestaciones sociales y las políticas de gasto
público, fundamentalmente del sistema fiscal. Por tanto, estamos ante
una cuestión que no nos parece menor y normalmente a nosotros no nos
gusta jugar en el campo del adversario, y en este momento nos da la
impresión de que llevamos un tiempo haciéndolo, porque le planteamos
una propuesta al Gobierno que pensaba hacer el mismo en el marco de
los reales decretos aprobados en junio y finalmente no hizo.
Deberíamos pensar si no estamos jugando ya en el campo del
adversario, en el campo de la desfiscalización de las rentas del
capital. Nos parece que ese es un riesgo que no merece la pena
correr. Antes decía el Grupo Vasco que hay otros riesgos, el de la
opacidad y el del fraude fiscal. Señorías, cuando los datos apuntan a
que el fraude fiscal puede haber aumentado, según declaraciones de
los propios tribunales de justicia en los últimos años, sobre todo en
los últimos meses en nuestro país, nos parece que hay que tentarse la
ropa antes de tomar decisiones que aumenten la opacidad y que puedan
favorecer el fraude fiscal.
Por esas razones, y porque podía haber sido posible una iniciativa
que controlase los seguros financieros y no una iniciativa que
descontrolase la inversión, en este caso en los fondos de inversión,
porque podía haber habido esa iniciativa, pensamos que no merece la
pena desregularlo todo. No merece la pena quitar la fiscalidad de los
fondos de inversión para igualarlos a los unit linked. Creemos que
podían haberse formulado otras iniciativas que sugieren los
hacendistas, como es tributar como renta la plusvalía latente, o, por
otra parte, podía haberse planteado la obligatoriedad de retenciones
en los productos de inversión y en los seguros financieros como
fórmula de control fiscal, pero no se nos plantea ni una de las
propuestas, que mantendría la fiscalización de las rentas de capital,
ni la otra, que mantendría una cierta transparencia fiscal. Por
tanto, nosotros no podemos votar favorablemente esta iniciativa,
aunque sí estemos de acuerdo en que las entidades financieras no
primen sobre los ahorradores. Lo que pasa es que en este caso hay un
tercer factor en discordia, que es la fiscalidad, que afecta al
conjunto de la
ciudadanía, y nosotros en este caso preferimos la prudencia a tomar
una decisión de la que podamos arrepentirnos, como nos está
ocurriendo en estos momentos, porque me imagino que el Partido
Popular se estará arrepintiendo del real decreto que permite que
plusvalías en estos momentos no tributen y que la Hacienda pública
pueda dejar de ingresar medio billón de pesetas de grandes compañías
multinacionales.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tomo la palabra para fijar la posición
de mi grupo. Quiero señalar una obviedad, y es que todos sabemos que
la fiscalidad es cambiante, se basa en normas jurídicas que cambian y
es lógico y bueno que así sea porque la realidad económica y social
sobre la que se proyecta este ámbito de la política económica es
cambiante y demanda adaptaciones continuas. Lo que ocurre es que hay
cambios y cambios; hay cambios puntuales, numerosos y necesarios -y
ejemplos hemos tenido en las leyes de medidas fiscales,
administrativas y del orden social de cada año- y son buenos social y
económicamente, y hay cambios que deben verse desde una perspectiva
más distante o con una reflexión más fría, y no necesariamente
puntual, y este es uno de ellos. Lo digo al hilo de que cuando se
aprobó en esta Cámara la nueva Ley del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, la 40/1998, que mi grupo votó favorablemente, uno
de los objetivos fundamentales en la nueva regulación del IRPF,
aparte de buscar una bajada de impuestos, es precisamente obtener una
deseada neutralidad en el tratamiento tributario de las distintas
fórmulas de ahorro. Por tanto, introducir cambios en la tributación
del ahorro de forma puntual y sin una reflexión global sobre el
conjunto de tributos que recaen sobre el mismo es una iniciativa que
no consideramos conveniente.
A juicio de mi grupo, no es válida la comparación con los unit linked
por un motivo evidente. El tratamiento tributario de los unit linked
en España es un reflejo del hecho de que la normativa comunitaria
establece que los mismos son un producto de seguro y si bien es
cierto que en diciembre de 1999 se modificó el tratamiento tributario
de las rentas derivadas de los unit linked, también es cierto que
esta modificación no fue de carácter constitutivo, sino que fue
meramente aclarativa, estableciendo el criterio que ya se venía
aplicando por el Ministerio de Economía y Hacienda al respecto.
Por tanto, y por el hecho de que para modificar e introducir una no
tributación de las rentas derivadas de
la transmisión de participaciones de los fondos de inversión es
necesaria una reflexión global y sosegada sobre la fiscalidad del
ahorro y no es correcto hacerlo de manera puntual, mi grupo
parlamentario no votará favorablemente, sino negativamente, a la
proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez-
Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer el tono de la intervención
del portavoz socialista y, además, darle la bienvenida al club de los
que pensamos que las liberalizaciones son un buen camino. No sé si
esto es un nuevo mensaje de la dirección socialista, pero bienvenidos
sean a este club porque entendemos que -y así lo estamos aplicando
desde 1996- el camino de mayor libertad en el mundo económico lleva a
un mayor crecimiento y a una mayor creación de empleo y de bienestar.
Sin embargo, no estamos debatiendo aquí una liberalización del
mercado de fondos de inversión, como ha dicho el portavoz socialista,
sino simplemente un diferimiento del impuesto para un producto de
ahorro, sólo un producto y sólo del ahorro. Es una iniciativa ya
vieja, una iniciativa que se debatió y rechazó en esta Cámara porque
es inconsistente. Es verdad -y el señor Llamazares lo decía- que esta
iniciativa, esta decisión de mejorar la competitividad en el ahorro
la está estudiando el Gobierno porque nos importa mucho seguir
fomentando el ahorro, como estamos haciendo desde 1996. Nosotros, con
el apoyo de Convergència i Unió, del PNV y de Coalición Canaria,
hemos introducido desde 1996 muchas mejoras para los ahorradores,
muchas mejoras para incentivar el ahorro en España, para conseguir
que sea más competitivo, que se tribute menos y contribuya de una
manera más eficiente al crecimiento y a la creación de empleo. Desde
1996 se ha avanzado mucho. Ya en los decretos de 1996 se bajó el
tipo, el tipo marginal que existía hasta entonces, al 20 por ciento.
Lo hemos vuelto a bajar ahora en los últimos decretos al 18 por
ciento. Además, de acuerdo con unas conclusiones que se aprobaron en
esta Cámara en una subcomisión parlamentaria, establecimos una
reforma del IRPF que incentivaba el ahorro, que decía: Ciudadanos
españoles, hay una fórmula de ahorro que tiene que tener la mayor
rentabilidad financiero-fiscal, que es el ahorro-previsión, el ahorro
complementario a los fondos y planes de pensiones, para que todos los
ciudadanos españoles -porque creemos que eso se debe instrumentar
sobre todo desde la forma colectiva- puedan percibir una pensión
pública en una mano,
que hemos garantizado, y una pensión complementaria en otra. Después
había una segunda fórmula de ahorro a largo y medio plazo, que se
instrumenta fundamentalmente a través de los seguros de vida, que
obtiene una buena rentabilidad precisamente en el plazo y una tercera
fórmula de ahorro a medio y corto plazo, instrumentada a través de
fondos y depósitos, a los que también les hemos rebajado la
fiscalidad y les hemos hecho más competitivos.
En España se está fomentando el ahorro, se ha introducido mayor
competencia y mayor facilidad para la movilidad. Decía el señor
Eguiagaray que había 32 billones de pesetas en fondos de inversión, y
es verdad, pero de esos 32 billones de pesetas se ha movilizado en el
último año el 48 por ciento. Hay una gran capacidad de movilización a
través de las reformas que se han hecho hasta ahora.
Ahora nos trae una iniciativa que tiene lógica económica y fiscal, es
una iniciativa cuya música suena bien -hacer que se produzca un
diferimiento en el pago de impuestos a aquel ahorrador que no
desinvierte sino que se cambia-. Pero eso, señorías, es una propuesta
que tiene una falta de solidez considerable; es una propuesta
restrictiva que limita el diferimiento a un solo producto. ¿Por qué
la compra de participaciones en instituciones de inversión colectiva
permite diferir los impuestos y no sucede así con las acciones, las
obligaciones del Tesoro, con otros instrumentos de ahorro? Es una
propuesta que rompe el equilibrio entre los distintos instrumentos de
ahorro; se priman los fondos de inversiones con esta propuesta frente
al depósito a plazo -instrumento elegido por muchos ahorradores,
fundamentalmente ahorradores de rentas medias y bajas-, frente al
seguro de vida, frente a las acciones, etcétera. Señorías, mi grupo
entiende que cada ahorrador debe fijar su posición de ahorro según su
propio perfil -mayor o menor riesgo, mayor o menor plazo- y no debe
verse perjudicado por uno u otro instrumento. Pero además es una
propuesta -y en esto coincido con lo que ha manifestado aquí el
portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el portavoz de
Izquierda Unida- la que tenemos sobre la mesa imposible de gestionar
tributariamente; es una propuesta que abre una vía enorme de fraude
fiscal. Muchas de las restricciones del Gobierno para no llevar a
cabo este diferimiento en los productos de ahorro es precisamente
evitar el fraude fiscal. Da la impresión de que el Grupo Socialista o
no ha reparado en el fraude que puede suponer esta propuesta o no le
importa que se abra una nueva vía de fraude. Desde luego la propuesta
no tiene ninguna línea sobre cómo gestionar tributariamente esta
iniciativa. Es además una propuesta, señorías, que no garantiza una
protección del pequeño ahorrador frente al gran ahorrador, porque la
experiencia en otros países es que cuando se establece un
diferimiento en el pago de impuestos de los fondos de inversión,
cuando los ciudadanos pueden cambiar de fondo
de inversión, las instituciones establecen mayores comisiones de
entrada y de salida, que afectarían fundamentalmente a los pequeños
ahorradores y los grandes ahorradores podrían gestionar y negociar
sus propias comisiones.
Es una propuesta, por último, que prima a las rentas de capital
frente a las rentas de trabajo, que no pueden diferir impuestos. No
me digan, señorías, que lo hacen, como ponen en la exposición de
motivos, por comparación con los seguros de unit linked. Los seguros
donde el tomador asume el riesgo es un producto que no ha aprobado
este grupo parlamentario cuando estaba en el Gobierno, es un producto
que se aprobó siguiendo unas directivas comunitarias en la Ley de
ordenación y supervisión del seguro privado en esta Cámara en 1995
con un gobierno socialista. Lo que nosotros hemos hecho es determinar
que con ese tipo de seguros no se puede hacer una gestión
individualizada de cartera. En la ley, señor Eguiagaray, hemos
tratado de evitar que utilicen un instrumento de ahorro para la
gestión individualizada de cartera, pero el seguro, como usted sabe
muy bien aunque no lo haya dicho en esta tribuna, tiene una
tributación absolutamente diferente de los fondos de inversión. El
seguro está calificado como rendimientos de capital y, por tanto,
paga al marginal, excepto cuando hay un plazo largo, que es cuando
consigue una buena rentabilidad, y los fondos de inversión tributan
como incrementos de patrimonio, como plusvalías, ahora al 18 por
ciento. Sólo cuando transcurren cinco u ocho años el seguro de vida,
instrumentado como seguro unit linked o como seguro de vida normal,
consigue una rentabilidad mejor.
Desde luego, el Gobierno tiene interés en profundizar en una mejora
que fomente el ahorro. Es verdad, y lo han dicho portavoces
socialistas en la última temporada, que en España se está produciendo
un mayor incentivo al consumo que al ahorro; pero, señorías, todos
sabemos que cuando hay un crecimiento económico y además ese
crecimiento se distribuye de una manera más justa y llega a los más
débiles, que tienen más propensión al consumo que al ahorro, se
produce un mayor incentivo del consumo. Por eso, nosotros nos hemos
comprometido a fomentar mucho más el ahorro, pero queremos fomentar
el ahorro sin romper el equilibrio entre todos los instrumentos, sin
perjudicar a nadie y con sistemas que faciliten la gestión
tributaria, eliminando el fraude y no abriendo nuevas vías al fraude.
Queremos fomentar el ahorro, queremos fomentar la competencia y la
movilidad y, sobre todo, estamos comprometidos en incrementar la
cohesión de la sociedad, ayudando a los ciudadanos de rentas medias y
bajas y a los asalariados, y la propuesta que hoy trae el Partido
Socialista no garantiza estos principios y, por eso, nosotros
votaremos en contra, como hará el resto de grupos de la Cámara, según
han anunciado aquí, a excepción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV);
por cierto, que en la legislación vasca del IRPF, para la que tienen
todas las competencias, no está recogido.
Nosotros seguiremos...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que termine.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Nosotros seguiremos estudiando cómo mejorar el ahorro y les invito a
todos a sumarse a este club, señor Eguiagaray, pero desde 1996 se han
ido tomando medidas muy importantes en el ahorro; medidas que han
mejorado el ahorro en España, que han favorecido a los ahorradores y,
sobre todo, a los ahorradores pequeños y medianos y, desde luego,
hasta ahora siempre hemos contado con su voto en contra. Esperamos
que a partir de hoy ustedes se sumen a este club, que quiere
crecimiento, empleo y bienestar.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
tributación en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas de
la transmisión o reembolso de participaciones representativas del
patrimonio de fondos de inversión mobiliaria en supuestos de
reinversión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 111; en contra, 165; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MEDIDAS PARA
LA IGUALDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente
122/000028.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA , POR LA QUE SE RECONOCEN
DETERMINADOS EFECTOS JURÍDICOS A LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de
expediente 122/000023.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
UNIONES ESTABLES DE PAREJA. (Número de expediente 122/000034.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE IGUALDAD
JURÍDICA PARA LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente 122/
000048.)
La señora PRESIDENTA: En función de lo acordado en la Junta de
Portavoces, a continuación someteremos a debate conjuntamente la toma
en consideración de las siguientes proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho. En
segundo lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho. En
tercer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre uniones estables de pareja. Y por último, la iniciativa del
Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre igualdad jurídica para
las parejas de hecho.
Para la defensa y presentación de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Castro. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder iniciar el
debate.
Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para abrir el debate sobre la ley de parejas de
hecho. (Rumores.)
No se le escapa a ninguno de ustedes que la sociedad española viene
demandando desde hace tiempo la equiparación de las parejas de hecho
a los efectos jurídicos que se derivan del matrimonio civil, así como
la regulación normativa de las llamadas situaciones convivenciales de
mutua ayuda. (Rumores.)
Presidenta, rogaría silencio.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Castro.
Señorías, es imposible seguir el debate si hay conversaciones en los
pasillos o en los escaños. (Pausa.) Adelante señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: En los últimos tiempos asistimos a una
especie de baile en todas las comunidades autónomas, donde se vienen
aprobando poco a poco sucedáneos de lo que sería una regulación
digna, proceso que además se produce con cuentagotas y de forma
deslavazada en función de la idiosincrasia del Gobierno de turno,
exceptuando el Parlamento navarro, al que saludo desde aquí, porque
es el primer Parlamento de este país que ha tenido a bien aprobar una
ley que regula las parejas de hecho.
Desde este punto de vista y desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, apostamos claramente por
una transformación radical
del actual modelo de relaciones afectivas y sexuales entre las
personas (Rumores.-Pausa.), basado en el concepto de familia
tradicional, en cuanto a derechos y libertades, con inclusión clara y
expresa de aquellas opciones sexuales distintas a la heterosexual,
pero en un plano de auténtica igualdad. Hay que acabar con la doble
moral en esta sociedad y el Parlamento está obligado a acabar con la
doble moral en esta sociedad. Fíjense ustedes. Hasta hace poquito
tiempo, en este país se perseguían y discriminaban las conductas o
las relaciones homosexuales, se discriminaba a las madres solteras,
se marginaba a las parejas de hecho. Ahora, entre comillas, se
toleran éstas y otras formas de quererse y relacionarse, pero se
sigue negando la mayor. Y negar la mayor pasa por no entender de
relaciones afectivas, que es lo que está en el núcleo de lo que
queremos regular. No regulamos intereses económicos, sino una nueva
familia. Hay una pluralidad familiar en nuestra sociedad,
afortunadamente, y en esa nueva familia estamos regulando algo que
tiene que ver con un compromiso expreso, que se basa en la
afectividad. Supongo que todos sabemos aquí de qué estamos hablando.
Pues bien, en ese intento de acabar con la doble moral -y yo creo que
el Parlamento es el primero que está obligado a acabar con la doble
moral- deberían de hacer una relectura de la Constitución los señores
del equipo de Gobierno y enterarse de que la Constitución, en el
artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a promover las
condiciones necesarias para que la opción sexual de cada persona se
pueda vivir en circunstancias de libertad e igualdad efectivas y
reales en todo el territorio español.
Y, enlazando con lo de antes, quería decir -y no lo dije- que aquí lo
que se niega por parte del Partido Popular en la legislatura anterior
-y espero que no me sorprendan gratamente hoy, por desgracia- es la
mayor, y la mayor es que dos hombres o dos mujeres pueden amarse y
que igual que se presupone el acceso carnal en el matrimonio civil se
presupone el acceso carnal entre dos seres humanos que se aman,
independientemente del sexo. En el marco de este derecho y de otros
que están recogidos en nuestra Carta Magna, y en este mismo sentido,
todo hombre o toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio de su
libertad, puede constituir una comunidad de vida que dé lugar a la
creación de una familia o a cualquier modelo de convivencia digno de
la misma protección jurídica y social.
Por otro lado, ninguno ni ninguna de los que aquí nos sentamos
ignoramos que aún persisten en nuestra sociedad comportamientos
lesbos y homofóbicos, que se traducen en discriminación laboral, en
prohibición de manifestar libremente la afectividad en público o en
el desprecio o burla hacia gays y lesbianas o transexuales, y dando
prevalencia a las relaciones heterosexuales en la educación, en los
medios de comunicación y en todos los ámbitos en los que la
afectividad y la sexualidad tienen algún tipo de reflejo.
Por todo ello, y ateniéndonos y queriendo ser respetuosos con el
escaso tiempo de que disponemos, Izquierda Unida presenta esta
proposición de ley pretendiendo armonizar los derechos de todas y
todos los españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que han
decidido vivir y con el objetivo de conseguir una regulación de las
relaciones afectivo-sexuales distintas al matrimonio civil, en
igualdad de derechos con éste, de forma que se reconozca a todas las
parejas, independientemente de su orientación u opción sexual o de su
forma de convivencia, los mismos beneficios de carácter económico-
patrimonial, fiscalidad, herencia, Seguridad Social, alimentos,
etcétera, y otros como son el hecho de la adopción de hijos, y aquí
me voy a detener expresamente, porque sé que este es el punto más
polémico, y me dirijo a todas SS.SS., y particular y especialmente a
los portavoces de los otros grupos parlamentarios que van a hacer uso
de la palabra después de esta diputada. Yo no he encontrado -créanme-
sinceramente ninguna razón ética, legal, jurídica, de ningún tipo
para negar la adopción a las parejas de gays o de lesbianas. En lo
único que la comunidad científica está de acuerdo en el mundo entero
es que para el crecimiento integral de un ser humano es absolutamente
imprescindible y necesaria la afectividad. ¿Dónde está escrito que un
hombre por ser homosexual o una mujer por ser lesbiana no pueda dar
amor? ¿Por qué tanta preocupación?
Nosotros también pensamos en el niño antes que en nadie. Cuando hace
30 años esta diputada se separó de su pareja, de su marido, mis
hijas, como las de todas las mujeres que fuimos pioneras en esto del
divorcio o de la separación prematura porque no había divorcio
entonces (yo me separé en otras épocas), sufrían muchísimo porque el
marco referencial no era únicamente hombre-mujer, sino que era
hombre-mujer, además juntos y además para toda la vida. Claro que
sufrieron, claro que sufren los hijos de los padres separados ahora
también; claro que sufren tantos niños en el mundo por no tener las
prestaciones sanitarias suficientes, sufren muchos niños por no poder
vacunarse de una simple polio. Los niños sufren por muchas cosas
y hay que preocuparse de su sufrimiento, pero con honestidad y con
valentía. Preocuparse del sufrimiento de los niños con honestidad y
con valentía pasa por decir en esta Cámara que las instituciones no
son el lugar para que un ser humano crezca integralmente. Los
resultados están ahí, los niños que no han tenido nunca la fortuna de
que alguien les adopte son carne de cañón y un alto porcentaje de
esos niños pasan de la institución, con un tránsito relativamente
breve, a la cárcel. Por tanto, yo no entiendo cómo se puede uno
oponer a algo que es absolutamente elemental, que es el derecho de un
niño a crecer en una familia con afecto y con ternura. Desde luego,
ese derecho lo tienen los niños y ese derecho lo tienen los gays y
lesbianas porque
son seres humanos y porque aman como amamos los demás.
En nuestra proposición de ley exigimos además la adopción para gays y
lesbianas que pasa por dar carta de naturaleza a algo que ya está en
la sociedad. Que nadie crea que esto lo hacemos porque nosotros
siempre estamos en la radicalidad y en la revolución. No. Lo que no
puede ocurrir es que un Parlamento vaya 20 años por detrás de una
sociedad; no puede ocurrir que las leyes lleguen 20 años después de
que la sociedad nos esté planteando una realidad que es contundente y
que está ahí. Yo no voy a cuantificar, no me gusta cuantificar los
derechos, no me importa a cuántas personas afecte este problema, lo
que verdaderamente me importa es que independientemente del número de
personas que estén afectadas, porque esta ley no va dirigida sólo
a gays y lesbianas sino que va dirigida también a las parejas
heterosexuales que han optado por que nadie consagre su amor, ni
nadie con un papel le diga que le quiere, esta ley va dirigida a un
amplio colectivo social. Hay que reparar la injusticia, señorías,
creo que ha llegado el momento de reparar la injusticia para que
todos podamos sentirnos bien. Ha llegado el momento y para eso pido
expresamente al Partido Popular que no bloquee este debate, que como
grupo parlamentario debería presentar enmiendas a los proyectos de
ley que vienen a esta Cámara y que, por favor, desde el Parlamento
nos abstengamos de aplicar la moralina o las morales personales o
particulares, que todas son respetables, pero que no son aplicables a
las conciencias de los ciudadanos.
Por otra parte, quiero destacar que en nuestra proposición de ley
planteamos también la necesidad de equiparar a los matrimonios de
español o española con extranjeros a todos los efectos con los
matrimonios civiles. También planteamos -y esto es una necesidad- que
se produzca la unificación de los registros de parejas de hecho,
descentralizada y gestionada por el Ministerio de Justicia que sirva
a todos los efectos para acreditar las uniones de hecho.
En resumen, señorías, la proposición de ley que presenta en esta
Cámara el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pretende
hacer valer los derechos de todas las personas sin exclusiones por
razón de opción sexual ni por razón de forma de convivencia. En
definitiva, lo que antes decía, reparar la injusticia histórica para
que podamos todas y todos dormir tranquilos y sobre todo para no
seguir acumulando déficit democrático en esta Cámara. Ahora son los
gays, las lesbianas y las parejas de hecho, otras veces son las
mujeres y otras no sé quién, y mientras no estemos equiparados en
derecho, señorías, permitan que esta nueva diputada modestamente les
diga que la democracia está en solfa.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a
las parejas de hecho, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en esta tribuna en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para defender la proposición de ley de
reconocimiento de determinados efectos jurídicos a las parejas de
hecho, con independencia de su orientación sexual. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
La propuesta de nuestro grupo, presentada en la Cámara el pasado 25
de abril, es similar a la que tuvimos ocasión de presentar en la
anterior legislatura, a excepción de la inclusión en esta propuesta
de la equiparación al matrimonio en efectos procesales y tributarios
y la reducción del tiempo de convivencia a seis meses.
La convivencia estable entre dos personas, con independencia de su
orientación sexual, es una realidad de nuestras sociedades aceptada
socialmente con toda normalidad, salvo excepciones lamentables que
todavía perduran. Es una realidad que no debe permanecer al margen de
la cobertura jurídica, que puede y debe tener una regulación que
conforme sus manifestaciones y que sea reflejo de una realidad que
siendo distinta al matrimonio queda o debe quedar encuadrada en lo
que entendemos por familia.
La familia alberga hoy múltiples formas de convivencia, todas ellas
acreedoras del amparo jurídico y constitucional. El matrimonio ha
perdido el monopolio como eje de la familia que detentó durante tanto
tiempo. Las uniones de hecho homosexuales o heterosexuales, con o sin
descendencia, constituyen una realidad cada vez con mayor
implantación social, sin que hasta la fecha se haya producido una
regulación integral de las mismas, si bien han sido objeto de
regulaciones parciales y de pronunciamientos de los tribunales
acogiendo determinados efectos y derechos por vía interpretativa.
Aunque la unión de hecho y el matrimonio son realidades diferentes,
ambas se integran en el concepto de familia que contempla el artículo
39 de la Constitución, y por tanto ambas y no sólo una deben gozar de
la protección de los poderes públicos. Como tiene establecido el
Tribunal Constitucional pueden derivarse las mismas consecuencias en
determinados casos de una u otra situación, y también distintas sin
vulnerar por ello el artículo 14 de la Constitución.
No se trata, pues, de equiparar dos situaciones diferentes, sino de
no discriminar en el ámbito de protección del derecho a quienes optan
por un compromiso no matrimonial. Son numerosos los pronunciamientos
del Tribunal Constitucional en este sentido y podemos hablar de
doctrina consolidada en temas tales como pensiones o subrogación
arrendaticia. El Tribunal Constitucional ha precisado que no sería
inconstitucional que la ley equiparase a efectos de la pensión de
viudedad al cónyuge y al conviviente de hecho, o que se admita la
subrogación del conviviente de hecho en el contrato de arrendamiento,
en los mismos términos que el cónyuge supérstite Merece la pena en
este contexto citar una vez más la ya famosa resolución del Consejo
de Europa que predicó el reconocimiento de la eficacia de los
contratos y pactos matrimoniales entre personas que conviven de
hecho, y también -¡cómo no!- la resolución del Parlamento Europeo
sobre la igualdad de derecho de los homosexuales, reiterando la
convicción de que todos tienen derecho a un trato idéntico con
independencia de su orientación sexual.
Recientemente muchos países de nuestro entorno han aprobado
regulaciones que superan este vacío legal fruto de la hipocresía
social y de la discriminación, y han establecido en sus ordenamientos
efectos jurídicos a las uniones de hecho con independencia de su
orientación sexual. Países de nuestro entorno lo han afrontado de
forma distinta, como Francia, que aprobó el año pasado el llamado
pacto civil de solidaridad que incorpora múltiples formas de
convivencia que pueden darse en la realidad cotidiana y otorga a
todas ellas efectos, siempre que exista pacto y por tanto voluntad de
unión. Holanda, la última, va más allá y plantea el matrimonio entre
homosexuales o la posibilidad de adopción para este tipo de parejas.
Todo esto nos permite vislumbrar un camino de normalización en uno de
los temas todavía controvertidos y que son reflejo de grandes
prejuicios sociales. Muchos consideran con razón que uno de los
elementos principales a tener en cuenta en la adopción es la
capacidad para educar o para dar afecto a los menores por encima de
la opción sexual de sus progenitores, y ése es el verdadero interés
del menor al que alude la Convención de derechos del niño, ésa es su
mejor defensa.
En lo que se refiere al contenido de nuestra proposición de ley, el
proyecto, al igual que la mayoría de las propuestas, afecta a una
gran diversidad de materias. En primer lugar al Código Civil en lo
que alude a la vecindad y nacionalidad, donde se equipara a la
prevista para los cónyuges. También se extiende a los convivientes la
obligación de prestarse alimentos, así como los derechos
hereditarios, que se reconocen al conviviente en la sucesión
intestada en defecto de ascendientes y descendientes y antes que los
colaterales.
También se proponen importantes modificaciones en el Estatuto de los
Trabajadores. Por congruencia se modifica el artículo que excluye del
ámbito de aplicación del Estatuto a los trabajadores familiares para
incluir entre los mismos a la persona unida al empresario
o empresaria de forma estable por análoga relación de afectividad
a la conyugal con independencia de su orientación sexual, siempre que
haya convivencia. También se reconocen al conviviente los derechos de
traslado a la misma localidad cuando fuera destinado dicho
conviviente, de igual modo que hoy se prevé para cónyuges.
Las modificaciones que se introducen en nuestra propuesta en la Ley
general de la Seguridad Social son de gran calado, son importantes.
Hay que destacar la extensión que hacemos al conviviente del derecho
del cónyuge a percibir pensión de viudedad, también a la percepción
del auxilio por defunción y a la indemnización especial por accidente
de trabajo o enfermedad profesional. Proponemos, pues, la
modificación del artículo 174 de la Ley general de la Seguridad
Social, estableciendo el derecho a una pensión equivalente a la
pensión de viudedad para la persona que hubiera convivido de forma
estable con el fallecido o fallecida en análoga relación de
afectividad. También dentro de este bloque y en coherencia con lo
anterior, se extienden los beneficios de la asistencia sanitaria a
los convivientes.
En lo que alude a la Función pública, también ha sido preciso
introducir algunas modificaciones. Así se hace con la equiparación al
cónyuge con el conviviente en los concursos para la provisión de
puestos de trabajo y en la regulación de la excedencia voluntaria por
agrupación familiar.
Respecto al ámbito impositivo, se propone la equiparación a efectos
tributarios de la convivencia con el matrimonio. Es de destacar que
en esta materia existen numerosos países de la Unión Europea que ya
han dado lugar a esta modificación.
Del mismo modo, se propone la equiparación de los convivientes a los
cónyuges a efectos procesales, previsión que consideramos de enorme
importancia para evitar las dilaciones y complicaciones procesales de
este tipo de parejas a la hora de acudir a los tribunales.
En suma, en nuestra propuesta pretendemos equiparar la situación de
los convivientes de hecho con las uniones matrimoniales en aquellos
aspectos civiles, laborales, administrativos, fiscales o procesales
que mantienen una discriminación absurda, y sobre todo desfasada de
la realidad social que ya se ha asumido. La realidad social desde la
normalidad ya ha asumido el reconocimiento de las uniones de hecho,
homosexuales o heterosexuales, como una forma de convivencia familiar
que merece y reclama el apoyo de los poderes públicos y el amparo de
las leyes y del ordenamiento jurídico.
Así pues, la filosofía que enmarca el proyecto es fundamentalmente
dar cobertura jurídica a una realidad, de hecho numerosa y creciente
en nuestra sociedad: las uniones de hecho con independencia de su
orientación sexual. Ésta es la misma filosofía que, a nuestro juicio,
informa el resto de proposiciones de ley que hoy sedebaten para su
toma en consideración.
Nuestro grupo va a apoyar las distintas propuestas de Convergència i
Unió, de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, por entender que aunque
son diferentes en algunos aspectos buscan el mismo objetivo de
atribución de efectos jurídicos a las parejas de hecho, con la
singularidad de que en las propuestas del Izquierda Unida y del Grupo
Mixto se incluye la adopción por parejas homosexuales, que si bien no
se contempla en nuestra iniciativa no sólo no objetamos sino que
consideramos oportuno tomarla en consideración y estudiar las
fórmulas más adecuadas para que esa previsión se encuadre en nuestro
ordenamiento.
Respecto a la posición del Grupo Parlamentario Popular, que ha
anunciado que piensa oponerse a la toma en consideración de las
propuestas que hoy se debaten, se trata, dicho sea con todos los
respetos, de una posición equivocada, puesto que la realidad nos dice
que el tema está maduro y la sociedad española ve de una forma
generalizada con carácter positivo que se generen determinados
efectos jurídicos a las parejas de hecho de una u otra orientación
sexual. A nuestro juicio, es una postura hipócrita, pues tras el
burladero de querer proponer su propia iniciativa, que ya han tenido
tiempo para proponerla, se oculta la falta de voluntad política de
acometer este tema, y sobre todo el miedo a indisponer a elementos
sociales retardatarios y grupos religiosos de gran influencia, que
siguen queriendo regir la vida cotidiana de la ciudadanía.
(Aplausos.) Algunos querrían que estuviéramos en los tiempos que lo
que era pecado para la iglesia fuera delito para la sociedad. Ese
sentimiento de ligar pecado y delito sigue aún vigente, por
desgracia, entre los conservadores y en algunos elementos de nuestra
sociedad, y más en este tipo de temas. Creo que nos va a costar sacar
adelante estas normas, pues aún hay algunas -no sólo ésta- pendientes
ante la cerrazón de determinados grupos como el Grupo Parlamentario
Popular, y sobre todo ante el rodillo aplastante que ya se ve venir
en este y otros temas.
Aquí se percibe claramente que el camino al centro político que ha
anunciado el Grupo Parlamentario Popular no se transita y que existen
materias en las que va aflorar lo más reaccionario de sus posiciones
y de sus prejuicios. Pero no se preocupen, por más que se quiera
poner puertas al campo estas materias se abrirán paso en la dirección
adecuada de la libertad y de la igualdad. Ahora se oponen ustedes,
los conservadores, se opone el Grupo Parlamentario Popular al
reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas de hecho de uno u
otro signo, como en su momento se oponían los conservadores al
divorcio, augurando todo tipo de males a la familia tradicional. Sin
embargo, y a pesar de sus negativos vaticinios, hoy la familia o las
familias, como se quiera decir, que incluyen también las uniones de
hecho, gozan de buena salud. Así seguirá siendo en un futuro, desde
luego no muy lejano, cuando aun a su pesar y con su oposición
consigamos aprobar
una regulación que desde la normalización atribuya efectos
jurídicos a las parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales.
Ése es el sentir de los grupos políticos que hoy presentamos nuestras
propuestas, y son también los vientos que corren en la Unión Europea,
donde la mayoría de los países han regulado este tipo de uniones que
representan una opción más de vida, tan legítima y valorable
positivamente como las demás o como la única que durante tanto tiempo
ha sido reconocida de forma exclusiva.
En resumen y para terminar, reitero la posición de nuestro grupo en
lo que respecta a la toma en consideración de todas las propuestas, y
hago un llamamiento al Grupo Parlamentario Popular para que se una a
estas posiciones que son razonables y responden a una demanda social.
Que abandone esa postura de rechazo que ya mantuvo en la anterior
legislatura en la que se quedó solo y aislado, y que una vez más hoy
conducirá al Grupo Parlamentario Popular a que se visualice ese
aislamiento en que se encuentra, por más que nos imponga sus tesis
haciendo uso de su mayoría.
En las últimas semanas han hablado demasiado en el Grupo
Parlamentario Popular de acuerdo, de consenso, de centro político, de
posiciones templadas, pero llegada la hora de la verdad ni ante
propuestas tan razonables como las que presenta mi grupo y el resto
de grupos, muestran su conformidad. Queda clara cuál es su verdadera
posición, su verdadera cara ante estos temas de la vida cotidiana.
Esa posición es de conservadurismo del más viejo estilo y de negativa
a regular efectos jurídicos a las uniones de hecho que tal vez a su
pesar serán una realidad, también jurídica en un tiempo no muy
lejano.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Alberdi.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre uniones estables de pareja.
Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), voy a defender la proposición de ley que hemos presentado,
sobre uniones estables de pareja con independencia de su orientación
sexual. Ya en la pasada legislatura se presentaron ante esta Cámara
diversas iniciativas para regular las parejas de hecho. Nuestro grupo
parlamentario, entendiendo que existía una realidad social que
demandaba ser normalizada jurídicamente, propició con su posición
política que pudieran tramitarse las iniciativas de Coalición Canaria
y del Grupo Popular, que finalmente no llegaron a fructificar. No
obstante, ya expusimos entonces-y me remito al «Diario de Sesiones»-
que nuestra
posición no era coincidente con la proposición formulada por
Coalición Canaria ni con la proposición del Grupo Popular, y
manifestábamos que nuestra discrepancia con ésta última radicaba en
que el proyecto de contrato de unión civil propuesto por el Grupo
Popular no efectuaba el reconocimiento expreso de una realidad
reconocida socialmente que eran las parejas integradas por personas
del mismo sexo, y que por tanto la propuesta estaba desvirtuando la
realidad de lo que se nos estaba demandando regular. Dijimos también
entonces que nuestro modelo al respecto tomaba cuerpo en un
anteproyecto de unidades de convivencia diferentes del matrimonio,
que había elaborado el Consell Executiu de la Generalitat y que
remitido al Parlament de Catalunya culminó en la aprobación, en julio
de 1998, de la Ley de unión estable de parejas, ley que contó con el
consenso de todo el arco parlamentario catalán, con excepción del
Partido Popular, que lleva en vigor dos años y ya ha desplegado su
eficacia en la regulación de unas realidades sociales plenamente
consolidadas.
Hoy sometemos a la consideración de esta Cámara una proposición de
ley que es prácticamente la trasposición de la ley vigente y
experimentada en Cataluña desde hace más de dos años. Señorías, es un
hecho notorio que además de la institución del matrimonio stricto
sensu existen en nuestra sociedad situaciones convivenciales more
uxorio perfectamente consolidadas y ampliamente aceptadas por los
ciudadanos, que reclaman que nuestro ordenamiento jurídico dé una
respuesta adecuada que llene el vacío legal existente y permita
superar las situaciones de desigualdad y desprotección en que se
encuentran precisamente por la falta de reconocimiento y regulación.
La finalidad de esta iniciativa, de la iniciativa que presenta el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no es otra más que
la de proporcionar esta respuesta jurídica, dar en definitiva carta
de normalidad jurídica a lo que es normal en la vida cotidiana. Este
propósito entendemos que además de justo es necesario, porque allí en
donde no hay regulación, además de las consecuencias de desigualdad y
desprotección que ya hemos señalado, se produce una extralimitación
de la jurisprudencia, porque los tribunales se ven obligados a dar
solución jurídica a los problemas que en estas situaciones
convivenciales se plantean. Por tanto, ante el vacío legal existente
están creando derecho, lo hacen de forma dispersa y contradictoria, y
en definitiva se ven obligados a ejercer una función legislativa que
no les corresponde a ellos sino a nosotros. Ésta es nuestra
obligación y no podemos seguir rehuyéndola.
Entendemos que esta proposición que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) propone, además de un exquisito respeto
constitucional asume la recomendación de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo Europeo a los consejos de ministros de los Estados
miembros, ratificada el 11 de junio de 1985 por esta Cámara, sobre no
discriminación a los homosexuales, y también la resolución adoptada
el 8 de febrero de 1994 por el Pleno del Parlamento Europeo, sobre la
igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la
Comunidad Europea.
Por lo que se refiere a las características técnicas de nuestra
proposición, ésta tiene dos capítulos: el primero de ellos regula el
ámbito de aplicación, la acreditación de las parejas de hecho, así
como las normas de regulación de la convivencia, el régimen de
extinción de la misma y los efectos de dicha extinción. Es decir, nos
explica cuáles son las uniones estables que regula y los derechos y
deberes de los convivientes tanto durante la convivencia como a la
finalización de la misma; cómo se contribuye a los gastos comunes de
la pareja, la responsabilidad frente a terceros, las compensaciones
económicas y pensiones que pueden solicitarse a la ruptura y la
custodia de los hijos comunes en el caso de las parejas
heterosexuales.
El capítulo segundo de nuestra iniciativa pretende regular de modo
transversal todos los aspectos aún no regulados que se derivan de las
referidas situaciones convivenciales; es decir, modificaciones que
afectan a diversas leyes sectoriales (Código Civil, Ley orgánica del
Poder Judicial, Estatuto de los Trabajadores, Ley de la Seguridad
Social, Ley de medidas para reforma de la Función pública),
fiscalidad y equiparación procedimental; todo ello en consonancia con
otras proposiciones y con la finalidad de equiparar los derechos de
las uniones estables de pareja a los derivados del matrimonio.
Este capítulo permitirá a las uniones estables de pareja el acceso al
Estado del bienestar: medicina, pensión de viudedad, indemnización
por fallecimiento, equiparación fiscal con los matrimonios en todas
las figuras impositivas y equiparación procesal con la ya establecida
para los matrimonios para el conocimiento judicial de las materias
reguladas en esta proposición. Éste es el modelo que proponemos y que
lógicamente vamos a votar favorablemente. Coincidimos con el resto de
iniciativas en la necesidad de dar respuesta jurídica a estas
situaciones, pero no en el contenido concreto de las propuestas, por
lo que nos vamos a abstener.
Señorías, se han presentado en esta Cámara cuatro iniciativas que
denotan la clara voluntad de regular estas uniones por parte de una
amplia porción del arco parlamentario que representa a sectores
diversos de la sociedad; iniciativas que cada una y desde su propio
modelo quieren dar respuesta a la demanda social de regular
situaciones totalmente consolidadas; respuesta que como ya he dicho
no podemos seguir rehuyendo.
Hemos leído y oído estos días en el debate mediático que ha precedido
al de esta tarde en la Cámara, que el Grupo Parlamentario Popular
responderá a estas iniciativas retomando el contrato de unión civil
para regular estas situaciones. Creemos, y lo decimos con absoluto
respeto, que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular regula
situaciones que no tienen ninguna necesidad de ser reguladas y
extiende su ámbito de aplicación por no tener voluntad política para
reconocer jurídicamente la existencia de uniones distintas del
matrimonio basadas en el afecto. Creemos -y lo decimos también con
respeto- que esto es un error; que no es la regulación que la
sociedad nos pide y que la coherencia o la persistencia en un error
no convierte a éste en acierto.
Nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular mostrara su acuerdo
con esta amplia voluntad parlamentaria que no hace sino recoger
-insisto una vez más- la voluntad y la petición social al respecto,
máxime cuando han pasado ya tres años desde que se presentó la última
iniciativa durante la pasada legislatura y estas situaciones han
dejado de ser una novedad legislativa no sólo en los países de
nuestro entorno sino también en los ordenamientos de algunas
comunidades autónomas como Aragón, Navarra y Cataluña. Además, la
equiparación se ha producido ya en las normativas más recientemente
revisadas, como la Ley de arrendamientos urbanos o el Código Penal, y
no tiene sentido no extenderla a todo nuestro ordenamiento jurídico.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ofrece su
iniciativa para que pueda servir de base a un consenso. Exhortamos
especialmente al Grupo Parlamentario Popular a que vote
afirmativamente nuestra proposición con uno u otro alcance que
podremos concretar en la Comisión, donde además deberemos
perfeccionar técnicamente las iniciativas que aquí se aprueben,
empezando por los defectos la nuestra propia. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.)
Señorías -finalizo ya mi intervención-, si a pesar de la amplia
coincidencia existente para regular las parejas de hecho, hoy esta
Cámara no aprueba ninguna de estas iniciativas, no puedo dejar de
constatar que será única y exclusivamente responsabilidad del Grupo
Parlamentario Popular, porque en el legítimo ejercicio de su mayoría
absoluta habrá impedido que demos la respuesta que la sociedad nos
está solicitando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Para defender su iniciativa, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds nuestra proposición de ley en relación a la
igualdad jurídica para las parejas de hecho y creo que puedo decir en
nombre de los portavoces que me han precedido qué estado de ánimo
tenemos o cuál es mi estado de ánimo. Por un lado es de desazón,
porque salvo sorpresas el Partido
Popular ha anunciado que va a votar en contra de estas cuatro
iniciativas parlamentarias; desazón, por qué no, porque se quiere
ocultar, esconder una realidad de un entorno social. Pero les quiero
decir, señoras y señores diputados del PP, que subo a esta tribuna
con una profunda convicción: que tarde o temprano -y espero que
cuanto antes mejor- esta Cámara va a reconocer jurídicamente la
igualdad de las parejas de hecho que ustedes hoy niegan. Esta es una
convicción profunda de los cuatro portavoces que hoy hablamos.
También estoy absolutamente convencido -lo cual es un atrevimiento
por mi parte- de que si esta votación se produjera en conciencia, con
libertad de voto, hoy se aprobaría. Por tanto, quiero dirigirme a la
dirección del Grupo Parlamentario Popular para pedirle que deje
libertad de voto a sus diputados y diputadas; que este es un tema de
conciencia, de derechos, y que es importante que en temas como estos
todos los diputados y diputadas de cada grupo puedan votar en
conciencia. Por consiguiente, esta es mi y nuestra profunda
convicción.
Estamos defendiendo una iniciativa que hoy seguramente vamos a
perder, pero la vamos a ganar. Estamos convencidos de que hoy sólo la
disciplina de grupo impide que esta Cámara recoja lo que es una
mayoría social que piensa y siente en este sentido. ¿Por qué digo que
tengo esa convicción? En tres cosas la fundamento. Primero, en que
nadie -y tampoco una mayoría absoluta en el Parlamento- puede
ocultar, esconder, negar una realidad social. Las mayorías absolutas
pueden hacer muchas cosas pero no pueden borrar realidades sociales.
¿Y cuál es la realidad social a la que hoy nos estamos refiriendo?
Que hay muchas formas de familia, no sólo la familia tradicional
heterosexual, que sigue existiendo, sino que hay familias en las que
hay un hombre que, como aquí se ha dicho, ama a un hombre o una mujer
que ama a una mujer y que no hay ni ustedes tienen ni un solo
argumento para justificar por qué razón hoy niegan y discriminan
derechos por el solo hecho de que un hombre quiera a un hombre o una
mujer quiera a una mujer. No hay ni un solo argumento y los que
tienen se los habrán de guardar; si alguien tiene alguno seguro que
responde a argumentos reaccionarios que cuesta subir a esta tribuna a
defender. Pero es que además, mayoritariamente, la sociedad española
de esto ha hecho normalidad. Ustedes van a intentar que en esta
Cámara se borre la normalidad social que existe en este tema fuera de
este Congreso de los Diputados. Además, la Constitución ampara,
promueve, mandata las iniciativas que presentamos hoy cuatro grupos
parlamentarios. En ello baso la convicción de que hoy perderemos pero
mañana ganaremos y de que si hoy aquí hubiera una votación en
conciencia ya se habría ganado.
Quiero aprovechar esta intervención para desde aquí saludar a las
coordinadoras, a las asociaciones de gays y lesbianas que desde
tiempo inmemorial siguen luchando, sin desmayo, por conseguir
simplemente la
igualdad de derechos; que en las campañas electorales y fuera de
ellas, en el tema del sida y en otros temas hay hombres y mujeres
que, a pesar de que hoy están siendo discriminados, siguen luchando
sin desfallecer simplemente por tener los mismos derechos que otras
personas, independientemente de su orientación sexual.
Evidentemente, como se ha dicho también, estas iniciativas
parlamentarias tienen algunos antecedentes. Quiero hacer mención
simplemente -si me lo permiten- al antecedente del 27 de mayo de
1997, que fue la última vez que en el Pleno del Congreso de los
Diputados discutimos iniciativas parecidas. Quiero leer las últimas
cinco líneas de la intervención del portavoz del Partido Popular
sobre este tema. El 27 de mayo el portavoz, señor Trias Sagnier,
dijo: Para acabar, sobre esa base este grupo apoyará, impulsará la
subcomisión para que antes del 30 de junio de 1997, como tiene
empeñada su palabra el portavoz de este grupo y yo mismo, exista una
propuesta que elevar al Gobierno con el fin de que queden reguladas
de una vez por todas estas situaciones, sobre todo las de aquellas
personas que puedan alegar una cierta discriminación. Continuó
diciendo: Nada más; muchas gracias. El «Diario de Sesiones» dice,
entre paréntesis, aplausos. En mayo de 1997 el portavoz del Partido
Popular dijo: No se preocupen ustedes porque el portavoz de mi grupo
y yo - lo dijo literalmente- tenemos empeñada nuestra palabra en que
antes del 30 de junio esto ocurra. Evidentemente, la palabra personal
del señor Trias Sagnier y del portavoz del Grupo Popular me merecen
todos los respetos, pero está claro -no hace falta que lo diga- que
ha habido un incumplimiento grave de una palabra política, a pesar de
que en la anterior legislatura desde diversos grupos instamos a que
la ponencia se reuniera y acabara los trabajos.
Para terminar hablaré de dos últimas cuestiones. Hoy, tomando café,
una persona me decía: Esto ha pasado siempre, los homosexuales
siempre han estado discriminados y no sólo pasa en España. Yo le
decía: Es cierto, pero hoy en el mundo se está avanzando, se están
superando las discriminaciones por razón de sexo. Ha habido aquí
referencias: el Parlamento Europeo, en 1994, en la resolución sobre
igualdad de derechos de los homosexuales; en el año 1988 Dinamarca
fue el primer país que reconoció esos derechos; también Suecia,
Noruega, Francia, Bélgica, recientemente Holanda, incluso el Estado
español; coincido en que Navarra es la que ha tenido la mejor
iniciativa y que ha habido otras comunidades que se han acercado un
poco, como Cataluña o Aragón. Lo que quiero decir es que estamos
convencido de que el camino que hace pocos días nos ha marcado
Holanda es el que van a seguir todos los países. Esta no es una
cuestión política sino de libertad individual, porque ¿en función de
qué podemos reclamar la libertad de las personas cuando ésta consiste
fundamentalmente en la posibilidad de desarrollar la propia identidad
y estamos negando la
posibilidad de afirmar la propia identidad sexual ya que vamos a
discriminar a esa gente? ¿Qué concepto de libertad es este? La Unión
Europea, los países democráticamente avanzados tienen que
regularizar, normalizar, aquello que la sociedad ya tiene
normalizado. También quiero decir que en los medios de comunicación
la pregunta estos días es: ¿A cuánta gente afecta eso? ¿A muchos o a
pocos? Yo contesto siempre que nadie puede decir que no le afectan
discriminaciones de los otros. ¿Qué quiere decir que esta es una ley
sólo para los homosexuales? Mientras existan discriminaciones hacia
los homosexuales y lesbianas yo me siento discriminado y tengo la
obligación como diputado, como legislador, pero sobre todo como
persona, de intentar acabar desde aquí con las discriminaciones,
porque me siento mejor. Por tanto, una discriminación es una cuestión
que afecta a todo el mundo, no sólo a aquellos que la padecen.
Por todas estas razones, señores del Partido Popular, presentamos
nuestra iniciativa, que también contiene como cuestiones
diferenciales la adopción, que la diputada Marisa Castro ha defendido
de forma espléndida. Simplemente quería añadir a su definición de los
padres con afectividad que los hijos lo que quieren son padres y
madres felices; es decir, lo más importante que uno puede dar a sus
hijos es ser feliz él mismo y luchar por la felicidad. Que en este
trámite parlamentario ustedes hoy nieguen esto podría decir que es
intentar atrapar un tiempo, intentar esconder la realidad, pero sobre
todo es estéril. Su votación mayoritaria hoy no va a servir para
nada, va a servir para atrasar un tema que en la calle es normal.
Rectifiquen, piensen y como mínimo concedan la posibilidad de que
aquellos que piensan como nosotros nos puedan votar.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.) Por Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria fija su posición en congruencia con la iniciativa
que en la legislatura pasada presentó y que mereció un apoyo
mayoritario de la Cámara. Lamentablemente aquella iniciativa quedó
bloqueada durante el largo trámite de la pasada legislatura y
terminamos con su desaparición de los trabajos de la Cámara. Ahora
quiero hacer en nombre de mi grupo la siguiente reflexión. La
democracia, personalizada institucionalmente en nuestra Constitución,
supuso en aquel momento una consagración del principio de las
libertades del individuo, de la persona, sin ninguna discriminación;
y ahí está el título I de la Constitución española, de los derechos
del individuo. Derivado de ella vino la Ley del matrimonio civil, el
reconocimiento
del matrimonio por encima de la obligatoriedad que había en el
régimen anterior del matrimonio canónico o de cualquier otro tipo
religioso y, derivado de ésta, vino la Ley del divorcio. Hoy nos
encontramos con que esa Constitución tiene un espíritu abierto,
progresista, y nos tenemos que enfrentar con lo que quedó limitado al
matrimonio civil y a sus repercusiones en las leyes correspondientes
de la pareja matrimonial civil para llevarlo también a las parejas de
hecho. Mi grupo va a ser consecuente con aquella posición doctrinal,
ideológica y constitucional que mantuvo.
Quiero resaltar de las iniciativas que se han presentado su amplio
contenido, porque no se trata sólo de hacer un simple reconocimiento
de un derecho que nosotros creemos que está reconocido en el título I
de la Constitución respecto a la no discriminación por ninguna razón,
sino que debemos ser consecuentes para afrontar no solamente la letra
sino el espíritu de este mandato constitucional y correlacionarlo con
toda aquella serie de leyes que nuestro ordenamiento actual
contempla. A nuestro juicio son muy completas las iniciativas que a
este respecto han presentado los portavoces tanto del Grupo
Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), así como las otras complementarias. Dan una
imagen de la necesidad de una serie de reformas desde el Código Civil
a la Ley de la Seguridad Social, la Ley de los trabajadores y sus
cuestiones fiscales, es decir, todo un ordenamiento procesal y
tributario. Creemos que votar favorablemente la toma en consideración
de estas iniciativas es positivo porque permite a todos los grupos,
por vía de las enmiendas, plantear su posición, tanto de apoyo como
de rechazo, y que en el trámite parlamentario democrático encontremos
una respuesta a un hecho natural que a nadie obliga, y si obliga a
alguien será por imperativo legal a aquellas instituciones públicas,
del orden constitucional, gubernamental, administrativo o judicial,
que tengan que reconocer esos derechos. No obstante, sobre el común
de los individuos de la nación, hombres y mujeres, cualquiera que sea
su disposición ante los hechos naturales y los sentimientos, tienen
derecho a un amparo constitucional. Antes de que el Tribunal
Constitucional les venga a conceder este derecho, los legisladores
tenemos que reconocérselo aquí porque, como ya tuve ocasión de decir
en pasados debates en la Ley del divorcio, ni a nadie se le obligaba
a casarse ni a nadie se le obligaba a divorciarse. Era la utilización
de un derecho constitucional, en pro o en contra, pero tan legítimo
el pro como el contra. Por tanto, es necesaria una reflexión de la
Cámara sobre este problema, porque es un hecho que está en la
realidad aunque nos produzca rechazo o aceptación. Los que nos hemos
manejado en los principios de la transición centrista consagramos la
fase y la frase de que había que hacer normal a nivel de Gobierno y
de las leyes lo que era normal a nivel de la calle, siempre que no se
fuera en contra de principios constitucionales,
ni en la libertad del individuo ni de los grupos de opinión. Por
tanto, mi grupo se congratula de que parlamentos autonómicos como el
navarro y el catalán hayan entrado a legislar en estas materias. No
podemos organizar un caos administrativo, judicial y de derechos
civiles en el Estado español con unas comunidades cuyos parlamentos
están legislando sobre otra materia, otros no lo estén y otros estén
a la espera de cómo se pronuncia el Parlamento del Estado, las Cortes
Generales. Esa línea de congruencia que hemos querido respetar,
porque en la legislatura pasada salimos dolidos y frustrados por el
bloqueo de nuestra iniciativa, nos lleva hoy a anunciar aquí nuestro
apoyo mediante nuestro voto a las iniciativas que se han presentado.
Queremos destacar -y vuelvo a decirlo porque nos convencen sus
argumentos- las intervenciones que han realizado tanto el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el mejor sentido de
la naturalidad democrática, como la señora Alberdi, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista. Lo que queremos es apoyar el trámite
de aceptación y toma en consideración de esta iniciativa. Estamos a
favor no solamente del principio constitucional y político de tomar
en consideración unos textos que se pueden perfeccionar, sino también
de tomar en consideración el derecho constitucional de la persona a
vivir y convivir en sociedad, dentro del marco de las leyes naturales
y no impuestas desde una cerrazón ideológica que tienen que hacer que
un ciudadano cualquiera pueda sentirse realizado sea cual sea su
opción. Todo ciudadano debe trabajar por la libertad y la democracia.
Mi grupo va a dar su voto favorable a estas iniciativas que he
citado.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la apuesta por el reconocimiento de algo socialmente normal
lleva también al Grupo Vasco a apoyar, como han indicado grupos que
han intervenido con anterioridad, todas las iniciativas que se han
presentado. Y ello porque ya apoyamos estas iniciativas en la
legislatura pasada, porque mi grupo trabajó en la subcomisión que se
creó para la regulación de las parejas de hecho dejando siempre
constancia de forma muy clara que lo que pretendíamos que se regulase
eran relaciones de pareja basadas en el afecto y porque incluso en
esta legislatura lo llevamos de manera expresa en nuestro programa
electoral por entender que la no discriminación en razón de sexo,
también en el orden familiar o de pareja, es una exigencia que deriva
del Tratado de Amsterdam.Ocurre además que en estaCámara, desde hace
ya mucho tiempo, en la normativa
sectorial aludimos una y otra vez a la existencia de parejas de hecho
reconociéndoles derechos. Citaré, por hablar de las más antiguas, la
Ley orgánica del hábeas corpus, que permite a la pareja de hecho sin
distinción de sexo la solicitud de este derecho fundamental, de los
primeros en regularse, creo que incluso antes de ser aprobada la
Constitución. En la legislatura pasada, de las últimas leyes que
aprobamos por unanimidad de esta Cámara está la de indemnizaciones a
las víctimas del terrorismo y también aquí reconocemos el derecho
a pedir indemnización al conviviente de hecho, cualquiera que sea su
sexo, de una víctima del terrorismo. Sólo en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en la legislatura pasada, no conseguimos introducir que el
procedimiento especial que se regula en materia de familia pudiese
hacerse extensivo a estas uniones, pero todo es perfectible y, de
hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil ni siquiera ha entrado todavía
en vigor.
Hablando ya del ámbito vasco, conseguiríamos solucionar un problema
importante que tenemos en este momento. Desde el Gobierno vasco se
pretende presentar una ley de igualdad, una ley de reconocimiento de
uniones civiles que tropieza con enormes dificultades. Sabemos que
hay ley catalana, que hay ley aragonesa, pero es claro que no todos
los estatutos de autonomía son iguales; en nuestra percepción,
autonomía quiere decir diversidad y distinto nivel competencial. El
Estatuto vasco, que ciertamente es muy rico en otras competencias -en
materia fiscal hemos podido regular privilegios respecto de estas
uniones de hecho que otras comunidades no podrían-, no lo es sin
embargo en materia civil, que sólo tiene reconocidas especificidades
forales en materia sucesoria y, además, con un agravante importante:
el derecho civil foral es distinto en los tres territorios que
integran la comunidad autónoma y ni siquiera es un derecho continuo.
Por ponerles un ejemplo, quien les habla, esta diputada, por ser
vecina de Guetxo es aforada y en materia sucesoria o en materia de
régimen matrimonial, si contrajese matrimonio, tendría unas
determinadas disposiciones mientras que, por ejemplo, el portavoz de
mi grupo, teniendo vecindad en la villa de Bilbao, no puede tener ese
mismo régimen civil. Comprenderán ustedes que con estas
especificidades se nos hace muy difícil la posibilidad de llevar a la
Cámara una ley propia como sí han podido hacer Navarra, Cataluña o
Aragón, cuyas competencias en materia de derecho civil, repito, son
más amplias que las que hay en el Estatuto vasco. Nos urgen, por
tanto, las definiciones civiles, que creemos son competencia de esta
Cortes Generales, y nos vendría muy bien que cuanto antes, para poder
proceder a lo que el Gobierno vasco desea, se regulasen con el nivel
de norma que requieren por estas Cortes Generales.
Quiero aportar un dato concreto que ha existido en el Parlamento
vasco. Un parlamentario popular, con valor que admiro y gesto que
respeto, presentó una proposición no de ley en la que urgía a las
autoridades vascas
a dar información, apoyo y atención psicosocial a los
homosexuales y lesbianas por parte de la Administración. Decía en su
justificación que las sociedades democráticas han colocado en la
cúspide de sus valores la libertad, la tolerancia y el respeto hacia
la orientación sexual. Esta iniciativa -repito que de un
parlamentario popular-, con enmiendas variadas, fue votada por la
totalidad de la Cámara vasca: por el Partido Nacionalista Vasco y
Euskal Herritarrok, pasando por socialistas y populares. Existe, por
tanto, una circunstancia concreta ya en la realidad vasca que me
permito citar. Hay un llamamiento a las autoridades vascas para que
atiendan determinado tipo de solicitudes asistenciales, educativas y
también de divulgación o reconocimiento de derechos respecto de las
personas afectadas por esta situación de homosexualidad, que,
desengañémonos, son fundamentalmente a las que nos estamos refiriendo
cuando hablamos de regulaciones de uniones de hecho. Para los
heterosexuales existe el matrimonio civil y, quizá, solamente las
situaciones de ruptura de estas uniones de hecho serán las que
requieran regulación. Quienes no tienen otra opción y están
necesitando una regulación civil son precisamente, con mayor
intensidad, las parejas de homosexuales. Quiero terminar manifestando
que la ciudad de Vitoria-Gazteiz, gobernada por el Partido
Nacionalista Vasco -todos ustedes lo conocen-, tuvo entonces el
primer registro de parejas de hecho. Gobernada hoy por un alcalde
popular, tiene establecido un servicio acorde con esta resolución que
he citado del Parlamento vasco. Ya que su alcalde se sienta en la
bancada popular, debiera convencer a su grupo, a su partido, para
pasar de lo asistencial, de lo educativo, de lo prestacional, que no
es poco, al reconocimiento de derechos regulando estas uniones.
Concluyo con la cita del editorial de un diario de hoy, más próximo a
la ideología de ustedes que a la mía propia, desde luego, que se
titulaba Las parejas y los derechos de los hechos, que concluía
diciendo: Empiécese el camino que tiempo habrá de recorrerlo hasta su
término. Por que se empiece este camino y se recorra, el Partido
Nacionalista Vasco, el grupo vasco al que represento, está por la
tramitación de estas iniciativas.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señora presidenta, señorías, quisiera que
mis primeras palabras en esta mi primera intervención en esta Cámara
fueran de agradecimiento a la ciudadanía y a mi partido, que me han
dado la posibilidad de participar en esta Cámaracomo representante de
la soberanía y, por tanto, del
conjunto de la sociedad.Dicho esto, en nombre del Grupo Popular
quisiera fijar la posición en relación a las proposiciones de ley hoy
presentadas.
Debo iniciar mi intervención recordando que esto ha sido objeto de
debate en repetidas ocasiones en la pasada legislatura. Qué duda cabe
de que se trata de un debate de gran calado jurídico, social y humano
y que es necesario hacer una valoración muy ponderada, dado que
afecta a un gran número de preceptos de todos los sectores del
ordenamiento jurídico y a un gran número de personas. Por eso es
necesario situarnos en el ámbito de la responsabilidad, del
pluralismo y del bien común, pero sin caer en falsos progresismos y
teniendo en cuenta que es muy fácil caer en la falsa crítica
colocando a unos en una parte y a otros como avanzados o modernos,
como paladines en la defensa de derechos y libertades, y se da la
paradoja de que aquellos que gobernaron durante casi trece años, un
período muy amplio, con mayoría absoluta, no acometieron una
regulación de carácter general en cuanto a estas uniones de hecho.
Por tanto, señorías, parto de la base de que todos los grupos de esta
Cámara, todos los aquí presentes tenemos el decidido propósito de
luchar contra cualquier forma de discriminación que pudiera existir
en nuestra sociedad y de querer regular las uniones de hecho. No
puedo aceptar bajo ningún concepto que se achaque al Partido Popular
el no estar por el principio de la igualdad; estamos por el principio
de la igualdad, por el principio de la libertad y por todos los
principios que emanan de nuestro texto constitucional.
Efectivamente, en nuestra vida social, junto al matrimonio legal
aparecen fórmulas de convivencia diferentes que van encontrando
respuestas bien de carácter jurisprudencial, bien acuerdos o incluso
leyes de esta propia Cámara. El actual marco normativo de referencia
es muy disperso y diverso en cuanto al marco europeo, por tanto al
marco comunitario, al marco autonómico y al marco estatal y, en
consecuencia, será bueno dar una rápida visión de qué preceptos
comunitarios, autonómicos y estatales existen en esta materia. En
primer lugar, tenemos que referirnos a la Constitución. En nuestra
Carta Magna hay que destacar tres artículos: el artículo 14,
principio de igualdad; el artículo 32, referido al matrimonio, y el
artículo 39. Cuando la Constitución se refiere al matrimonio lo hace
de forma taxativa refiriéndose al hombre y a la mujer, y cuando se
refiere a la familia, en el artículo 39, lo hace de una manera más
amplia. En cualquier caso, confirmamos lo que ya decía la
Constitución, que el matrimonio siempre se centra en una pareja
heterosexual, y en este planteamiento coincido con el Grupo de
Convergència i Unió y con el Grupo Socialista, con las palabras del
portavoz socialista en el debate del año 1997 y con las de la ponente
socialista en este debate y en este momento. A mayor abundamiento, el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la jurisprudencia
constitucional, han descartado toda posibilidad de equiparación entre
uniones de hecho y matrimonios, resaltando además la imposibilidad de
realizar una conexión en bloque de sus efectos entre ambas figuras,
sin que esto signifique lesión del derecho de igualdad. En cambio, sí
podemos -y se admite por el Tribunal Constitucional- hacer extensivos
efectos del matrimonio a las uniones de hecho, por lo que nos debemos
mover en este marco. Se trataría de abordar un nuevo cuerpo normativo
diferente que va a regular una realidad diferente, conforme a un
contenido y a una naturaleza propios; se trataría de regular cada
realidad de acuerdo con su naturaleza. Recordemos que este Parlamento
ya ha regulado de forma especial el asunto de las parejas de hecho:
en la Ley de arrendamientos urbanos, en la Ley de indemnizaciones
para víctimas del terrorismo, en la Ley de apoyo a la movilidad
geográfica y en otras tantas leyes. También existen leyes, como se ha
recordado en esta Cámara, en distintos parlamentos autonómicos que se
han aprobado recientemente, la de Cataluña la primera, la de Aragón y
muy recientemente la de Navarra; distintos registros administrativos
en ayuntamientos y comunidades autónomas, así como la resolución, que
también se ha recordado en esta Cámara, del Parlamento Europeo, de 8
de febrero de 1994, sobre igualdad de derechos de homosexuales en la
Unión Europea -por cierto, mal formulada por la Unión Europea al
reiterar homosexuales y lesbianas (homo no significa hombre;
homosexuales lo abarcaría todo)- y que solicita los plenos derechos y
beneficios del matrimonio. Sin embargo, también la legislación
europea tiene algunas contradicciones; concretamente, dos meses
después de esta resolución que toda la Cámara toma como paradigma, el
día 14 de diciembre de 1994, cuando el Parlamento Europeo tiene que
hablar de la protección de las familias y de las unidades familiares,
parece volver sobre sus propios pasos al no incluir dentro del ámbito
de protección a la familia homosexual. También el Tribunal de
Justicia de Luxemburgo mantiene en el ámbito de la Comunidad Europea
una interpretación que restringe el matrimonio a la pareja
heterosexual. Basta con que nos fijemos, en este caso, en la
sentencia de 17 de febrero de 1998.
El estudio del derecho comparado también muestra cómo las
regulaciones existentes en los distintos países de nuestro entorno,
los países occidentales, son muy diversas y responden a realidades
sociológicas diversas. No es lo mismo España que Francia, Alemania,
Italia u Holanda. Recordemos, por ejemplo, a los países pioneros en
este tema, Dinamarca, Noruega o Suecia, la regulación recientemente
tramitada en Holanda o la de Bélgica, que nos habla de cohabitación
legal; la de Francia, de pacto civil de solidaridad, o la de Italia,
donde no existe tal ley y donde se va acometiendo la cuestión por vía
jurisprudencial. También se está debatiendo en estos momentos en
Portugal, y en Inglaterra no existe regulación general. Por lo tanto,
no estamos en el furgón de cola, pero tampoco vamos a hacer de
locomotora. Es una cuestión que se está debatiendo en toda Europa, en
todos los países de nuestro entorno, y conviene mirar qué han hecho
los otros países para saber cuál es el modelo que se puede acoplar
mejor a nuestra realidad sociológica.
Las uniones de hecho presentan, a su vez, múltiples formas de
manifestación que sólo tienen en común un dato: la ausencia de
matrimonio. Decía también un eminente jurista que el concepto de
unión de hecho se da normalmente por exclusión del concepto de
matrimonio. Esta multiplicidad se refleja también en el léxico
empleado. Parece que para el Partido Popular serían uniones civiles;
para el Partido Socialista, Grupo Mixto e Izquierda Unida, parejas de
hecho; para Convergència i Unió, uniones estables de pareja; para
Coalición Canaria, parejas de hecho estables. En fin, la terminología
podría ser muy variada y pone de relieve la multiplicidad de formas
en que puede manifestarse.
En cualquier caso, sentados estos principios básicos marcados por
nuestro ordenamiento jurídico, pasaré a explicar por qué el Partido
Popular va a votar en contra de estas cuatro propuestas. En ningún
caso votamos en contra porque no estemos de acuerdo con su
regulación; en ningún caso votamos en contra porque no creamos que se
tiene que abordar el tema; en ningún caso votamos en contra porque no
creamos que haya afectividad en una pareja de hecho, en una relación
heterosexual u homosexual. Está claro que entre dos hombres, dos
mujeres, una pareja, puede haber afectividad y que decidan acometer
un proyecto en común. Votamos en contra porque entendemos que ninguna
de estas propuestas va a resolver de manera satisfactoria el problema
de las uniones de hecho en España. (Rumores y Protestas.) Señorías,
si me lo permiten, la tolerancia y el principio de no discriminación
pasa también por respetar la libertad de expresar opiniones
diferentes. (Aplausos.) En primer lugar, la propuesta de Izquierda
Unida, Grupo Mixto y Partido Socialista, sobre todo las de Izquierda
Unida y del Grupo Mixto, configuran una institución cuya diferencia
con respecto al matrimonio consiste en ser mucho menos solemne y
mucho más fácil de disolver. Recordemos la jurisprudencia que ha
marcado el Tribunal Supremo, que creo que ha de ser la pauta, y por
tanto hay una imposibilidad de equiparar las situaciones, que no los
efectos.
En segundo lugar, deberían respetarse y ampararse las situaciones de
quienes quieran formalizar su unión así como la de aquellos que
quieran relacionarse más allá del derecho. (El señor Leguina Herrán
pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Estarás, un momento.
Señorías, ruego que respeten las intervenciones que se realizan desde
la tribuna sea quien sea el diputado o la diputada que esté en el uso
de la palabra.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
Lo cual no significa, como decía, que en caso de conflicto no sigan
vigentes los principios generales del derecho en cuanto al
enriquecimiento injusto, abuso, etcétera. Me refiero al principio de
desarrollo de la libre personalidad, al principio de la libertad. En
el caso de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), si el mero hecho de convivir, sin una expresa voluntad de la
pareja de estar en el ámbito del derecho, tuviera efectos jurídicos,
se podría dar la anécdota de suprimir de facto el noviazgo como etapa
previa a toda consecuencia jurídica (Protestas.), e incluso que se
otorgara estatuto de pareja estable a quienes convivieron apenas unas
noches si fruto de esta relación hubo descendencia. (Rumores.) No se
sorprendan, porque en la propuesta de Convergència i Unió...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Estarás.
Señorías, sería interesante que pudiéramos continuar con el debate si
las intervenciones de los escaños así lo permiten.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
No es de extrañar lo que digo porque si alguna dificultad tienen los
jueces a la hora de aplicar la ley de Convergència i Unió que está
vigente hoy en Cataluña es precisamente que para las parejas de
hecho, por el hecho de convivir, al utilizar la conjunción «o» en
lugar de utilizar la conjunción «y», rigen efectos jurídicos sin que
haya una declaración expresa de voluntad por parte de la pareja de
entrar en el mundo del derecho, y eso ha creado más de un perjuicio.
En tercer lugar, no entendemos la reducción en la propuesta
socialista de dos años, que solicitaban en el año 1997, a seis meses
de convivencia para que se considere que la convivencia es estable y
por tanto surte efectos jurídicos. No hay ningún referente en todo el
mundo de que seis meses signifiquen que haya una relación estable:
prácticamente hablaríamos de la fase de enamoramiento. (Rumores.) No
existe ningún referente en el mundo de que una relación de seis meses
se pueda considerar estable. Debería establecerse algún tipo de
modulación entre los beneficios que se otorgan y el tiempo de
convivencia. Fruto de la discrepancia entre esas propuestas es que
mientras Convergència i Unió marca dos años, Izquierda Unida y el
Grupo Parlamentario Mixto marcan un año y el Grupo Parlamentario
Socialista marca seis meses. Ya pueden imaginarse ustedes las
apreciaciones en este sentido.
En cuarto lugar, excepto en la propuesta de Convergència i Unió, que
es quizás la que reviste mayor calidad técnica, no se regula la
ruptura de la convivencia, y es evidente que por vía judicial no
dejarían de generarse derechos económicos y por tanto conflictos.
(Continúan los rumores.) Tampoco se explica cómo se va a impedir la
simultánea inscripción de diferentes...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Estarás.
Adelante, señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
Sigo haciendo mi exposición en el bien entendido de que todos van a
participar de ella como yo he participado de la de sus señorías.
He dicho en cuarto lugar que no se explica cómo se va a impedir la
simultánea inscripción de diferentes convivientes ni qué pasará
cuando una persona establezca y deshaga a lo largo de su vida una
serie de situaciones de convivencia con las consecuentes
consecuencias jurídicas.
En quinto lugar, la propuesta socialista, del Grupo Parlamentario
Mixto y de Izquierda Unida habla de una exigencia de publicidad y de
notoriedad de la convivencia, lo cual es contrario con la mera
declaración y además de imposible objetivización sin menoscabo del
derecho constitucional a la intimidad.
En sexto lugar, casi todas las propuestas aceptan que la unión de
hecho pueda llevarse a cabo aunque los convivientes tengan un vínculo
matrimonial en vigor si este vínculo no se ha podido deshacer por
causas ajenas a su voluntad. Reconocerán conmigo que esto atenta
contra el principio de seguridad jurídica.
En séptimo lugar, no hay justificación posible en cuanto a la
elección del grado de parentesco. La propuesta socialista, de
Izquierda Unida y Grupo Mixto excluye la aplicación de la norma que
hace el Código Civil de prohibir el matrimonio hasta el tercer grado,
a no ser que sea con autorización o dispensa del juez de Primera
Instancia. Se marca el segundo grado y no encontramos explicación
jurídica a este cambio.
En octavo lugar, la forma de acreditación es absolutamente ambigua e
insegura. El Grupo de Izquierda Unida, Socialista y Mixto proponen
incluso que la acreditación bastará hacerse delante del padrón de un
ayuntamiento. Imaginen que se inscribe una pareja de hecho en el
padrón de un ayuntamiento y se traslada a vivir a otro ayuntamiento.
Habría un momento en que, si no se vuelve a inscribir, se perdería
incluso la pista de cuál es el estado de aquella pareja. (Rumores.)
Tampoco comprendemos la alusión, en algunas propuestas, a que la
unión tiene que ser libre, pues libres han de ser todas las
modalidades de vida en común.
Por último, hay muchísimas incongruencias en torno a la presunción de
paternidad, en torno a la desheredación, algunas propuestas hablan
sólo de la sucesión intestada, otras de la sucesión intestada y
testada; creo que el tema de la nacionalidad tendría que llevarse con
una máxima prudencia, pues existe el riesgo de que su aplicación
facilitara la comisión de fraudes al no exigirse
formalidad para constituir una unión de hecho, y así podríamos
seguir con múltiples contradicciones. Por ejemplo, el tratamiento
desfavorable que se da en estas propuestas a los funcionarios
públicos en relación con el personal laboral. Se piden 15 días de
permiso en caso de que se constituya una unión de hecho para el
personal laboral y no se pide, en cambio, para los funcionarios.
Casi, casi es anecdótico.
Por último, he de resaltar que en el tema de la adopción por parte de
parejas homosexuales no existe consenso y el Grupo Popular manifiesta
su rechazo. Recordemos que la adopción es un instrumento de
protección de menores, el interés protegido es siempre el interés del
menor, así lo recordaba la Memoria de la Fiscalía General del Estado,
la Asociación Española de Pediatría e incluso el informe de la
Universidad Rotterdam de Holanda, a la que ustedes tanto recurren.
Precisamente el departamento de Psiquiatría Infantil y Juvenil de esa
universidad dijo que no podía afirmar la incidencia que sobre el
desarrollo de la personalidad del menor tendría la adopción por parte
de homosexuales. Por eso, aunque entendemos el derecho a hacer la
solicitud por parte de cualquier pareja homosexual, para nosotros, en
ese conflicto de intereses, prima siempre el derecho del menor.
La señora PRESIDENTA: Señora Estarás, le ruego vaya concluyendo.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Acabo anunciando que tenemos un punto de
partida, que es el contrato de unión civil. Sin duda, y quiero
reconocerlo en esta Cámara, hay lagunas, por lo que es un texto que
va a ser objeto de examen y tiene que perfeccionarse y pulirse. Entre
otras cosas, habrá que redefinir lo que significa este contrato de
unión civil, pero en ningún caso quisiera dejar pasar esta
oportunidad sin aclarar que el Partido Popular quiere regular este
tema, quiere hablar de afectividad, quiere hablar de parejas de
hecho, sin ninguna duda toda persona es capaz de amar y, por lo
tanto, entraremos a regular este tema, como no podría ser de otra
manera.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Estarás.
Señorías, sometemos a votación de manera sucesiva los cuatro puntos
del orden del día que han sido debatidos conjuntamente.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para la igualdad
jurídica de las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 133; en contra, 169;abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados
efectos jurídicos a las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 135; en contra, 169; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables
de pareja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 147; en contra, 171; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
igualdad jurídica para las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 138, en contra, 170, abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA
VISUALIZACIÓN DE LOS DISTINTIVOS O SÍMBOLOS AUTONÓMICOS EN LAS NUEVAS
PLACAS DE MATRÍCULA. (Número de expediente 162/000108.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre la visualización de los distintivos o
símbolos autonómicos en las nuevas placas de matrícula. Para su
presentación y defensa, tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.)
Señorías, ruego a quienes vayan a salir que abandonen el hemiciclo de
la forma más diligente posible, al objeto de poder continuar con el
debate.
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, en nombre de Convergència i Unió quisiera empezar mi
intervención en este Pleno constatando una decepción. En mi grupo
parlamentario constatamos una decepción por el hecho de que el pasado
viernes el Gobierno aprobara, sin el consenso de ningún grupo
parlamentario de esta Cámara excepto el Popular, las nuevas placas de
matrícula, cuando el Gobierno sabía que hoy íbamos a debatir este
tema en el Pleno del Congreso de los Diputados. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Con ello, el
Gobierno ha despreciado a esta Cámara y, si me lo permite, señor
presidente, ha despreciado a este Congreso de los Diputados y este
debate. Sabemos que es un tema polémico, sabemos que es un tema donde
afloran sensibilidades diversas, y ante un tema así, señorías, lo
mejor es intentar buscar el consenso, y el consenso se busca en esta
Cámara escuchando las propuestas de los diversos grupos
parlamentarios. Hoy todos tenemos la oportunidad -también los
diputados del Grupo Popular- de debatir cuál es nuestro modelo de
placa de matrícula. Nosotros consideramos que hay un modelo de
consenso, un modelo que habría suscitado mayores unanimidades. Por
tanto, señorías, en primer lugar, quiero que conste este malestar,
esta decepción inicial de mi grupo parlamentario.
Nuestro grupo presentó la proposición no de ley que ahora estoy
defendiendo el pasado 8 de septiembre, y nuestra proposición no de
ley, que estaba a disposición de toda la Cámara y que tenía el
Gobierno, propugnaba un modelo compatible con la placa europea,
compatible con la sigla estatal que figura en esa placa, pero hacía
posible que esa nueva placa europea reflejara la pluralidad de las
comunidades autónomas. Ese es el modelo escrito en nuestra
proposición no de ley, ese es el modelo que nuestro grupo presentó
intentando buscar el consenso, intentando encontrar una solución
aceptable para la mayoría de esta Cámara. Ante este planteamiento,
conocido desde el día 8 de septiembre cuando se presentó la
proposición no de ley, el Gobierno, de forma unilateral, aprueba el
pasado viernes una orden con un modelo de matrícula que, para nuestro
grupo, es un grave error, un modelo decepcionante. ¿Por qué es un
grave error? ¿Qué argumentos tenemos para decir que es un grave
error? En primer lugar, porque el modelo adoptado, el modelo por el
que se opta por una placa en la que únicamente figurará el distintivo
europeo y la sigla del Estado, sin ninguna diferenciación, se aparta
absolutamente del marco constitucional, es un modelo que no reconoce
la pluralidad. Señorías, en esta Cámara podemos hacer grandes debates
sobre la pluralidad, todos hablamos de la necesidad
de reconocer la pluralidad. Permítanme que les lea algunas frases
pronunciadas por el propio presidente del Gobierno desde esta
tribuna. En el pasado debate de investidura, el presidente Aznar
aludía -y lo afirmó en diversas ocasiones- a la pluralidad
constitutiva de España y, en su primer debate de investidura como
candidato, Jose María Aznar hacía referencia expresa -y lo cito
literalmente- a «la necesidad de reconocer, respetar y dar una
respuesta jurídica y política suficiente no sólo a la diversidad de
España» -decía el presidente Aznar- «sino a la plena asunción de su
heterogeneidad por sus hechos diferenciales». Añadía José María Aznar
que, en lo que al desarrollo autonómico se refiere, «el consenso no
es un método sino que es un requisito».
Señorías, en esta ocasión, nada más lejos de la voluntad de llegar a
un consenso, nada más lejos. Este era un tema de sensibilidad
autonómica y nada más lejos que la voluntad de consenso ha presidido
esta decisión del Gobierno. Con decisiones como ésta no se contribuye
en esta Cámara ni en la sociedad a asentar el Estado plural. El
Estado se hace más fuerte si en sus símbolos es capaz de reconocer la
pluralidad. Cuando no somos capaces de reconocer esa pluralidad, en
lugar de fortalecer el Estado lo que hacemos es debilitarlo.
El pasado viernes el Gobierno aprobó un nuevo sistema de matrículas,
siendo la primera reforma global que se hace tras la aprobación de la
Constitución. Ante este contexto, en lugar de reconocer la realidad
plural y autonómica del Estado, nos alejamos de ella y la
desconocemos. Les recomiendo un artículo de La Vanguardia: La soledad
de la E, escrito por uno de los ponentes de la Constitución, don
Miguel Roca Junyent. Miguel Roca dice en ese artículo cómo, después
de más de 20 años de una Constitución que consagra la estructura
autonómica del Estado, resulta que las siglas de las comunidades
autónomas no pueden compartir la placa de una matrícula de coche. No
es que sea un paso atrás, es mucho peor -dice Miguel Roca-, es una
tontería. No existe ni un solo argumento ni una sola razón de
carácter técnico capaz de compensar el enorme desacierto político que
se acaba de producir. Les recomiendo este artículo que figura hoy en
La Vanguardia. ¿Qué muestra todo ello, señorías? Una nula
sensibilidad autonómica. En el tema de las matrículas ustedes carecen
de sensibilidad autonómica. Han rehuido el consenso, han optado por
un modelo uniforme, unitario. Lo hacen, además -si me lo permiten-,
en la misma semana en que en Cataluña el Partido Popular pretende un
giro que llaman catalanista, un giro de profundización del Estado
autonómico que queda en meras palabras, en mera cosmética política.
Porque, a la hora de la verdad ¿qué van a votar hoy los diputados
elegidos en Cataluña por el Partido Popular? Y ya que hablamos de
matrículas, esta semana el Partido Popular ha puesto una nueva
matricula en Cataluña: han puesto la C. En cambio, esta misma semana
van a negar
con sus votos aquí, y serán los únicos diputados de Cataluña que lo
hagan, que los ciudadanos catalanes puedan tener las letras CAT en la
matrícula, junto con la sigla del Estado y junto con el distintivo de
la Unión Europea. Creemos que es un error, creemos que se desconoce
la realidad autonómica y plural que en muchas comunidades autónomas,
especialmente en las históricas, con una identidad nacional, cultural
e histórica profunda, como es el caso de Cataluña, nos duele, nos
sabe mal y provoca una irritación en los ciudadanos que podíamos
habernos ahorrado.
Señorías, se dice, con razón, que una imagen vale más que mil
palabras. Y como es así, me van a permitir que les muestre los dos
posibles modelos de placa de matricula que hoy estamos debatiendo
aquí. En primer lugar, me van a permitir que les muestre el modelo
adoptado el viernes por el Consejo de Ministros. Es un modelo propio
de un Estado centralista, en el que figura únicamente la sigla del
Estado, el modelo europeo, pero carente de cualquier identificación
territorial. Este es el modelo adoptado. Pero había otro modelo
posible, el modelo que propugna nuestro grupo parlamentario. El
modelo constitucional, el modelo de la pluralidad...( Aplausos.) El
modelo que hace posible la sigla del Estado, el símbolo de la Unión
Europea, pero que añade un distintivo autonómico que refleja la
pluralidad de las distintas comunidades autónomas. Este es un modelo
constitucional, un modelo adaptado a la Unión Europea. Hemos
renunciado a él. Hoy, señorías, había dos modelos. Lo que votamos hoy
aquí es un modelo u otro. O el modelo centralista y uniforme o el
modelo constitucional, el modelo autonómico, el modelo de la
pluralidad. Nosotros optamos por el de la pluralidad. Pero es que
optamos por el de la pluralidad, señorías, porque en el debate de
hoy, además de haber faltado a la estructura autonómica del Estado,
faltamos a los ciudadanos, porque es cierto que muchos ciudadanos
quieren la placa europea, pero también es cierto que los mismos
ciudadanos que responden afirmativamente a la placa europea querrían
ver reflejada también su identidad en esa placa.
Y si no pongamos ejemplos. Estados como Italia lo han hecho.
Reconocen una pluralidad en sus placas. El ministro de
Administraciones Públicas ha estado recientemente en Italia y sabe
que en esas placas, a la derecha, en una banda azul, está el
distintivo territorial. O en Alemania. ¿Es que es débil el Estado
alemán? ¿Es que es débil Alemania por le hecho de reconocer en sus
placas de matrícula el escudo de cada uno de los länder? Estoy
convencido de que cuando Austria adopte un modelo de placa europeo,
que lo hará seguramente, va a hacer una placa plural. Teníamos esos
dos modelos, y ustedes han optado hoy por el modelo más uniforme, más
centralista. Es una decisión que, repito, causa un problema a los
ciudadanos, porque muchos ciudadanos no van a sentirse cómodos con
esta placa uniforme. Por eso, otros Estados lo hacen de forma
diversa. Por eso, en Suiza, que no es de la Unión Europea, los
cantones figuran claramente en la matrícula. ¿Por qué vamos a crear
un problema cuando podíamos haberlo solucionado? Había una solución
de consenso posible, había una solución de armonía posible, había una
solución jurídica y técnicamente adecuada, y hemos renunciado a ella,
y es una lástima y produce una decepción, decepción porque hemos
obviado el debate de hoy. Yo tengo la esperanza de que, quizá, si no
se hubiese tomado el pasado viernes esta decisión, no se hubiese
adoptado, porque tras un debate en el que todos los grupos van a
poder expresar cuál es su modelo en el ámbito de los símbolos, que es
importante, creemos que ha sido un grave error.
Y, por último, nuestro grupo debe constatar la decepción que produce
el que no se cumpla la palabra dada. Señorías, había un principio de
acuerdo que se alcanzó el pasado mes de junio. El ministro del
Interior estaba de acuerdo, había definido técnicamente cuáles eran
las siglas de cada una de las comunidades autónomas. Había un acuerdo
con la Generalitat de Cataluña sobre un modelo de placa como el que
ahora les estoy mostrando. No pasaba nada y nos hubiésemos ahorrado
problemas, nos hubiésemos ahorrado batallas de pegatinas, nos
hubiésemos ahorrado discusiones estériles, porque había un modelo
posible, constitucional, adaptado al Estado autonómico, como dice hoy
uno de los ponentes de la Constitución, el modelo que no hay ningún
motivo para rechazar.
Señor presidente, señorías, hoy yo les pido a todos que cuando voten
piensen en si vamos a solucionar problemas o vamos a crearlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego vaya concluyendo,
señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Les pido, por favor, que cuando hoy voten
este modelo de matrícula, que es el que propone nuestra proposición
no de ley, piensen que con él seguro que acertaríamos a dar una
solución de consenso y ampliamente mayoritaria en el conjunto de la
población.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Se han presentado enmiendas por los grupos parlamentarios Mixto y
Socialista. Por el Grupo Parlamentario Mixto los señores Saura,
Puigcercós y Aymerich. Les ruego a los representantes del Grupo Mixto
que recuerden que tienen que repartirse el tiempo en su intervención.
En primer lugar, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que votaremos favorablemente la
proposición no de ley de Convergència i
Unió. Nosotros tenemos en trámite una, y hemos presentado una
enmienda, enmienda que fundamentalmente lo que pretende es dar mayor
efectividad a la proposición no de ley que presenta Convergència i
Unió. Quiero justificarla con tres ideas y una previa. Primero, es
curioso que con una plena mayoría absoluta posiblemente esta tarde
sea la tarde, desde 1996, donde la soledad política del Partido
Popular ha sido mayor. No ha habido ninguna otra tarde ni mañana en
la que en dos votaciones importantes, como la que se ha producido
antes y como la de ahora, el Partido Popular se haya quedado solo;
antes intentando parar la historia, y ahora metiendo la pata, y tarde
o temprano habremos de rectificar y cambiar las matrículas.
El representante de Convergència i Unió decía que se sentía
decepcionado y que no se fiaba de la palabra dada. Yo creo que lo que
es importante es que en el terreno de los símbolos se expresan las
concepciones profundas. Posiblemente -no lo sé- el Gobierno y los
miembros del Partido Popular pensarán hoy que ha sido un error, pero
lo que han expresado ha sido una concepción no asumida del Estado de
las autonomías. España no es un Estado centralista, es la suma de
diversas autonomías y nacionalidades y eso ha de tener una traducción
en todos los niveles, y especialmente en el simbólico.
Cuando estaba preparando la enmienda, pensaba: ¿qué digo? Esto es un
error grave, es un olvido, es una barbaridad política, es una
provocación... Es decir, creo que ha sido una de las medidas más
desacertadas del Gobierno del Partido Popular y espero que
próximamente se rectifique.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados, las enmiendas de Esquerra Republicana a la
proposición no de ley de Convergència i Unió responden a un doble
interés: en primer lugar, tratan de subsanar el error -o no- del
Gobierno español que, desoyendo a los diferentes grupos de la Cámara
y a buena parte de las naciones históricas que componen hoy el Estado
español, ha aplicado el rodillo nacionalista con la Orden ministerial
del 15 de septiembre que modifica el reglamento general de vehículos.
Modificación que, tal como han expresado los demás grupos, deja fuera
de las matrículas de los vehículos cualquier referencia territorial,
sea nacional, regional o provincial, abriendo así un conflicto grave
en aquellos países, regiones o comunidades que, por su personalidad
histórica, quieren mantener viva su identidad diferencial.
En segundo lugar, pretenden establecer un modelo de matrícula que, de
acuerdo con el reglamento europeo,
permita la identificación de las diferentes comunidades autónomas, o
bien volver al modelo tradicional, incorporando una letra más. De no
ser así, señorías, ustedes habrán creado y estarán alimentando un
conflicto que degenerará, a buen seguro, en una guerra de matrículas.
De la misma forma que los ciudadanos y la mayor parte de las
instituciones de Girona incorporaron el adhesivo de GI, de Girona,
encima de las matrículas que llevaban el rancio G, de Gerona, ahora
mismo en Cataluña instituciones públicas -como ayuntamientos y
diputaciones-, entidades, medios de comunicación, sindicatos,
etcétera, están repartiendo este adhesivo con la abreviatura de
Cataluña -CAT- para que los ciudadanos, libremente, lo peguen encima
de sus matrículas.
Han provocado ustedes una situación de conflicto y deben rectificar.
Rectifiquen, consensuen y respeten la pluralidad. Guarden de una vez
por todas el rodillo nacionalista español en el baúl de los
recuerdos. Si no, ya lo saben: la solución va a ser la pegatina; y la
pegatina, en este caso, va a ser un acto de insumisión. Parafraseando
al malogrado Hélder Câmara: cuando ordenar es fácil, obedecer es
imposible.
Señor presidente, en aras del consenso, retiraremos nuestras
enmiendas en favor del acuerdo con los demás grupos y anunciamos
nuestro voto favorable a la propuesta del Grupo de Convergència i
Unió y del Grupo Socialista.
Gracias, señores diputados y señoras diputadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Ya lo han dicho otros portavoces: estamos ante una cuestión
simbólica, pero eso no quiere decir que sea una cuestión de menos
importancia. Los símbolos hacen referencia a una realidad determinada
y pretenden que quienes los vean imaginen e interpreten esa realidad
de una cierta forma.
No es igual cómo se haga referencia al Estado español en las
matrículas de los vehículos a motor. No es indiferente, por ejemplo,
que los que vean las matrículas imaginen un Estado español uniforme o
que, por el contrario -y esa es la línea en la que va la enmienda del
BNG-, los símbolos de las matrículas reflejen la pluralidad nacional,
lingüística y cultural de ese Estado.
No es casual que el vicepresidente del Gobierno afirmase, para
justificar la aprobación en Consejo de Ministros del sistema de
matriculación vigente desde el pasado día 17, que España existe.
Parece exagerado, pero esa no es la cuestión. La cuestión es cómo se
concibe ese Estado y si esa identidad española es agresivamente
incompatible con la identidad de gallego, vasco, catalán o canario,
por poner sólo algunos ejemplos.
La cuestión es también -y el Gobierno deberá dar explicaciones- que
ese cambio de criterio obedece o, cuando menos, coincide
sospechosamente en el tiempo con una campaña de prensa lanzada desde
los medios de comunicación españoles más chauvinistas.
Con independencia de que se pretendan ocultar otros problemas, lo
cual ya es grave de por sí, de no corregirse esta tarde la orden de
15 de septiembre de 2000 augura malos tiempos en lo que se refiere a
la asunción de una pluralidad que, aunque de forma imperfecta, ya
figura en la Constitución. Por eso nosotros pretendemos simplemente
que las siglas distintivas de las naciones y de las comunidades
autónomas integradas actualmente en el Estado español figuren en las
placas de matrícula, algo perfectamente asumible por todos los
diputados y diputadas de esta Cámara y practicado, por cierto, en
otros Estados europeos, como ya se ha dicho, con bastante menos
diversidad interna que el español.
Ese es nuestro objetivo y, para conseguirlo, y en aras a un eventual
y deseable consenso, anuncio la retirada de nuestra enmienda a la
proposición no de ley de Convergència i Unió. Ahora bien, esta
retirada no quiere decir que renunciemos, para cuando esta iniciativa
se apruebe, a que la determinación de las siglas distintivas sea
acordada con cada una de las comunidades autónomas, sobre todo para
permitir la continuidad de siglas ya popularizadas como GCT en
Galicia o CAT en Cataluña utilizadas ya por un elevado número de
vehículos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De
la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Buenas tardes, señor presidente,
señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a fijar la
posición con respecto a la proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar, debo decirles que se ha
perdido por parte del Gobierno una oportunidad para haber hecho un
debate previo antes de que el pasado viernes 15 se aprobara la orden
por la que se modifica el anexo 18 del reglamento general de
vehículos. Es algo realmente poco comprensible, porque estamos de
acuerdo en que había una cierta celeridad, puesto que en cuatro o
cinco semanas se agotaban las matrículas en Madrid y ello podía
producir un problema; pero de la misma manera que se sabía que estaba
presentada ya una iniciativa del Grupo Catalán, se podía haber
esperado un viernes más y haber hecho un debate que hubiera
enriquecido, sin lugar a dudas, la posición final que hubiera
adoptado el Gobierno, que a buen seguro hubiera sido distinta de
haber oído a todo el arco parlamentario.
Sin lugar a dudas ese debate, aquí en el Parlamento, junto con una
consulta a las comunidades autónomas
pidiéndoles valoración sobre el particular, hubiera evitado hoy un
debate social, una polémica que, en cierta manera, no conduce a nada,
y a buen seguro, como digo, se hubiera generado un consenso
actualmente, y digo actualmente porque todos sabemos que hace unos
años era difícil.
No obstante, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Socialista
acepta la orden de 15 de septiembre a la que he hecho referencia.
Estamos de acuerdo con el contenido básico de ella, puesto que se
recoge expresamente además del símbolo de doce estrellas de la Unión
Europea la E de España y, por tanto, se ajusta a la reglamentación
europea. Pero a su vez consideramos que se debería añadir un
dispositivo que permitiera la introducción de un distintivo que
reflejara la realidad autonómica de España dentro de un marco
constitucional en el que se recoge una España plural, descentralizada
y autonómica.
Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacer un
debate en positivo, queremos plantear un debate en términos de
mejora, queremos, en definitiva, ayudar al Gobierno a corregir una
decisión para que se pueda dar satisfacción a un sentimiento legítimo
que no menoscaba en absoluto la soberanía estatal ni quita
competencias a nadie, puesto que se reconoce expresamente por todos
los grupos del ámbito parlamentario la E de España. Por tanto, nos
gustaría ayudar con nuestra enmienda a que el Grupo Parlamentario
Popular reconsiderara su situación.
Nuestra enmienda establece que, además de la obligatoriedad de la
introducción de la sigla E de España, se incorpore un distintivo de
las comunidades autónomas. No hablamos de que sea una sigla o un
símbolo; que decida el Gobierno, pero que se refleje la identidad de
la autonomía en la parte de la matrícula que considere oportuno.
Señorías, es que además nosotros consideramos que no es algo propio y
típico de España, es algo que han resuelto en otros países con menos
circunstancias autonómicas que nosotros. El señor Jané ha enseñado
antes una matrícula, y yo le voy a decir al Grupo Popular, por si no
lo sabe, cómo se han resuelto estos problemas en Europa. Por ejemplo,
en Alemania se introduce, además de la inicial del país, el escudo
del länder; es un Estado federal en el que aparece el escudito del
länder en el centro de la matrícula. En Irlanda se reconoce en la
matrícula la inicial del condado. En Francia, un país eminentemente
centralizado y centralista, aparece en las matrículas el departamento
con un número. Por citar un último ejemplo, en Italia aparece la
provincia y el año, además, obviamente, de las estrellas europeas, de
la «I» de Italia, de los números y las letras. Por tanto, esta es una
cuestión que se ha resuelto en otros países sin ningún problema, de
la misma manera que se indica en la propuesta que presenta hoy, en
forma de enmienda de sustitución, el Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, el distintivo o el indicativo regional es algo
que enriquecería, que ayudaría a no destapar sentimientos sociales,
políticos, culturales que hoy día hemos visto que se destapan.
Por otra parte, señores del Grupo Parlamentario Popular, queremos
pensar que ustedes han tenido un desacierto político, una actuación
desacertada y no queremos observarla como un error en el que hayan
tenido la intencionalidad política de marcar territorio, porque eso
sería poco entendible, sería volver a unos esquemas del pasado y aquí
creo que no ha lugar a ello, porque nadie pone en duda la unidad.
Debo volver a remarcar que ningún grupo del ámbito parlamentario ha
puesto en duda la «E» de España. Por tanto, si ustedes, señores del
Grupo Parlamentario Popular, quieren ser coherentes y mantener el
mismo discurso en todos los territorios, hoy tienen una oportunidad
de oro para hacerlo. Como digo, desde el Grupo Socialista les
queremos ayudar y por eso les pedimos que pongan en práctica el giro
autonomista que este fin de semana precisamente, sin ir más lejos,
después de aprobar la orden, han dado ustedes en Cataluña con ese
baño de barniz autonomista. Si ustedes asumen el nacionalismo
moderado, no echen por tierra la cantidad de folios y textos que a
buen seguro las mentes sesudas de su partido, de los responsables del
Partido Popular, habrán vertido este fin de semana en Cataluña
buscando el centro moderado catalanista. De lo contrario,
sinceramente, no va a haber quién les entienda. Incluso me planteo
que va a haber alguien que piense que en ese congreso de fin de
semana en Cataluña han triunfado más las tesis del señor Vidal
Cuadras que las del señor Piqué. Además me pregunto con qué cara va a
acudir el señor Piqué a Cataluña a decir que representa el centro
catalanista y moderado, cuando no son capaces siquiera de aceptar
algo tan simple como un símbolo, un distintivo de la comunidad
autónoma en una matrícula en la que aparece la «E» del Estado. No va
a haber quién les entienda, de verdad, porque van a hacer lo
contrario de lo que ustedes acaban de aprobar este fin de semana con
respecto al giro autonomista moderado que se han dado en Cataluña.
Señores del Partido Popular -ya termino-, sean consecuentes con lo
que dicen y con lo que aprueban; apoyen nuestra enmienda de
sustitución, que posibilita la incorporación de un distintivo de la
comunidad autónoma además de la «E» de España; de lo contrario,
estarán ustedes con aquello de enmendalla pero no mejorarla, es
decir, insistiendo en el error innecesariamente.
Nosotros, desde la postura de querer llegar a un consenso, de querer
posibilitar un tema que no debería haber llegado a ser discutido
aquí, sino que se tenía que haber resuelto antes, les proponemos que
apoyen la siguiente redacción: Que en las nuevas placas de
matriculación de vehículos que se regulan en la Orden ministerial de
15 de septiembre de 2000, acogiéndose a la normativa europea, además
de la obligatoriedad de la
sigla «E», distintiva de España, se incorpore un distintivo de las
comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla. Creo que eso da
satisfacción a todas las partes, está acorde con el mandato
constitucional de la España plural y autonómica y sería lo más
razonable de apoyar.
Por tanto, piénsenlo antes de votar, sobre todo, como ha dicho ya el
portavoz del Grupo de Convergència i Unió, los diputados catalanes;
que sepan que si hoy no votan esta enmienda de sustitución estarán
votando lo contrario de lo que votaron el fin de semana en su
congreso de Cataluña.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor De la Encina.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria anuncia que va a votar la enmienda que a su propia
iniciativa ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) porque nos parece sensata y tan racional que a veces explicar
la obviedad resulta innecesario; sin embargo, hay que buscar
argumentos para esta Cámara.
Buceando por la historia de la administración pública automovilística
española buscando por qué hay unas siglas en las matrículas, descubro
que obedecieron en su momento al legislador en tres condiciones: una
mayoritaria de las capitales de provincia, donde coincidía su nombre
con el de la provincia; otro grupo, propio del País Vasco, donde la
capital de la provincia no coincidía con el nombre y se optó por la
prioridad de la capital de la provincia; y un tercer grupo, en el que
se encuentran las islas Canarias, donde sus distintivos provinciales
no son en verdad de la provincia sino de la isla capitalina donde en
aquel momento, hace muchos lustros, estaba la Administración del
Estado sobre los registros de vehículos automóviles, y se optó por
esta fórmula.
Hoy en día, desde Coalición Canaria queremos dar a Canarias un
sentido de comunidad autónoma integrada. La geografía nos ha dado un
archipiélago de siete islas, por tanto, un territorio fragmentado,
donde cada isla tiene un sentido patrimonial, de orgullo legítimo y
constitucional, sobre la definición del nombre de cada isla. El
distintivo de la provincia de Las Palmas es GC, de la isla de Gran
Canaria, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el distintivo es
TF, de la isla de Tenerife. Nosotros políticamente nos sentimos
amparados por el título VIII de la Constitución Española, como
españoles y canarios, en la sensación de integridad de ese
territorio. Pero en Canarias desde el siglo pasado hemos vivido un
penoso y largo proceso político conocido con el nombre de pleito
insular, un enfrentamiento
político de intereses que ha dividido muchas veces a nuestro pueblo
canario en dos entidades de una provincia y de otra o de una isla
capitalina y de otra. Esto lo digo porque también queremos que acabe
este pleito insular en las matrículas de los automóviles, porque
llevando el distintivo de la comunidad autónoma, el ciudadano de un
territorio fragmentado en islas se va a sentir copartícipe de una
unidad territorial como la política de su propio Estado español.
Nos parece que la orden del 15 de septiembre dictada por el Gobierno
cubre perfectamente la identidad de Estado, como es España, y como es
el territorio de nuestra Unión Europea con la corona de las estrellas
amarillas. Pero haberse olvidado de una regla y de una norma de
identificación del ciudadano español, amparado por el título VIII de
nuestra Constitución, que hace de España un Estado administrativo de
las autonomías, donde hay símbolos de identidad externos con los que
se identifica el ciudadano y que no son antagónicos de ningún otro,
cuando tenemos unos tribunales superiores de justicia en cada
comunidad autónoma administrando una justicia en nombre y con una
simbología en esos jueces, donde detrás de esos tribunales está la
bandera de España, la de la Unión Europea y la de la comunidad
autónoma, ¿por qué el que ha redactado esa orden del 15 de septiembre
ha aplicado con esa torpeza una ley del péndulo absurda, que pasa
desde la terminología de la sigla provincial a hacerla desaparecer
totalmente? Entre la provincia española y el nombre del Estado, del
Reino de España, hay una cosa intermedia que está en la Constitución,
que son las comunidades autónomas.
No dejemos prevalecer siglas que hoy tienen un criterio incluso
rechazado por el propio sector comercial del mercado de segunda mano
del automóvil, que clama contra esa división, porque produce una
alteración de precios, produce una diferencia entre los ciudadanos
españoles a la hora de hacer transacciones comerciales con su
vehículo. Cuando tenemos una permeabilidad en todo el territorio
peninsular, cuando en Canarias nos encontramos incluso con una
fiscalidad distinta y con unos reconocimientos en transmisiones
patrimoniales diferentes y que son también de las comunidades
autónomas, ¿por qué no naturalizar ese hecho que está en la
Constitución? Si han querido pasar el péndulo, torpemente, desde la
sigla provincial o de capitalidad de la provincia o de la isla
capitalina, suprimirla y pasarla al Estado, vamos a dejarle al
ciudadano que tenga al menos también como signo externo y de
identificación no solamente una bandera, una simbología, unos
tribunales, una administración autonómica, sino lo que está
implícitamente reconocido en los primeros capítulos de la
Constitución española y en su título VIII: el Estado de las
autonomías como una seña de identificación, como una seña de
reconocimiento de la pluralidad del Estado, porque es esa suma la que
en resumen va a enriquecer este aspecto. Para nosotros en Canarias es
necesaria esa unidad, con unas siglas de
archipiélago canario, de islas Canarias, superando pleitos insulares
y rechazos que hay actualmente en las islas periféricas, que también,
en un absurdo, podrían sentirse exigentes con una identificación
insular, cuando hay mucho mar por medio entre una isla y otra.
Creemos que el sentido común más elemental, sin más razones, debe
hacer la rectificación por complementariedad de la orden de 15 de
septiembre y que se ponga, como señala la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la de otros grupos, la
franja azul en el extremo derecho de la matrícula con el código de
identificación de la comunidad autónoma. Ayudará incluso a la
autoridad administrativa que regula el tráfico en nuestra nación.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un asunto que jamás debió llegar a esta Cámara
si el Gobierno hubiese evidenciado la más mínima sensibilidad para
atender lo que era un deseo de significación identitaria
perfectamente de acuerdo con lo que es la composición plural y
compuesta de un Estado que se define como autonómico. Ha hecho, sin
embargo, muy bien el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en traerlo a esta Cámara porque nos ha evidenciado, primero,
esta falta de sensibilidad y un añadido más. Conociendo el Gobierno
que estaba ya incluido en el orden del día para ser debatido este
martes, no se esperó siquiera al debate y aprobó la orden, que es
orden, que no decreto, es decir, no hacía ninguna falta aprobarlo en
el Consejo de Ministros del viernes, porque tanto daba, por tratarse
de una orden ministerial, que hubiese sido aprobada el viernes pasado
como mañana miércoles, una vez producido -repito- el debate, y, por
lo menos, cubierto el trámite, si no se iba a hacer otra cosa, de ser
oídos los grupos de esta Cámara.
El deseo identitario en los coches se ha querido venir atribuyendo en
días pasados a un sentir nacionalista, lo cual no es necesariamente
cierto, no tiene por qué estar reñido con la adscripción a otras
opciones políticas. De lo que mi grupo no puede hablar, como ha
hablado el Grupo Catalán, es de que haya habido algún incumplimiento
de pacto. Evidentemente, no se lleva en estos tiempos hablar con el
Grupo Vasco ni con el partido al que represento ni tampoco, según he
constatado, con el Gobierno vasco, aunque tenga competencias asumidas
en materia de tráfico.
No vale tampoco ampararse en la exigencia de norma europea. La prensa
de estos días nos ha ilustrado hasta la saciedad con modelos
existentes en otros países y basta la mera lectura de la exposición
de motivos
de la orden aprobada por el Gobierno para ver que el reglamento
de la Unión Europea número 2411/88 no contiene nada que obligue a que
la mención del Estado se haga en la forma aprobada en la orden
ministerial a la que me estoy refiriendo, ni mucho menos hay nada en
la normativa europea que autorice o exija la exclusión de otros
signos distintos a esos, como podía ser la mención de la pertenencia
a la correspondiente comunidad autónoma, como se ha expresado por
distintos portavoces.
El grupo al que pertenezco va a apoyar, por supuesto, la iniciativa
de Convergència i Unió con las enmiendas que se acepten y creemos que
su paso por esta Cámara ha servido, como he indicado en el comienzo,
para acreditar que se ha utilizado simplemente el ordeno y mando, con
lo que el Gobierno no esconde, al aprobar esta orden, sus maneras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
Señorías, si el diputado que les habla fuera un político serio y
responsable -eso que se llama políticamente correcto, cosa que no
pretendo ser-, pondría la voz engolada, profunda y me haría una
pregunta retórica: ¿cómo estos señores -los políticos correctos no
dicen señoras y señores, solamente dicen señores-, con lo que está
cayendo en este país, pierden el tiempo hablando de placas y de
matrículas, con lo que nos cuestan, con el dinero que ganan? Me haría
esa pregunta, pero indiscutiblemente alguien, con una vieja
sapiencia, diría que gobernar es cuestión de prioridades, que
legislar también lo es, pero que no es menos cierto que la democracia
es como un velo tupido, donde tienen tanta importancia los marcos
como los distintos hilos que los cruzan, y, por lo tanto, los
pequeños problemas también ayudan a construir la democracia. Si este
diputado que les habla fuera un político pragmático, se dirigiría al
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y le díría: pero, hombre, por
Dios, ¿por qué han traído aquí el problema, por qué no lo solucionan
por la vía de los hechos? De la misma manera que muchos coches ponen
junto a la matrícula alguna pegatina de Soy rociero o I love Madrid o
no sé cuántos, ¿por qué no ponen ustedes la de su comunidad y ya está
y no nos traen aquí estos problemas? Pero alguien, yo creo que con
una vieja sapiencia, me diría que, por favor, el tema que estamos
discutiendo es mucho más serio que el de Soy rociero o el de I love
Madrid. Si fuera un político revanchista plantearía que por qué se
está permitiendo por ahí que muchas traseras de coches lleven la
gallina o el águila imperial -no era imperial- del antiguo régimen y
no se nos permita en estos momentos poneruna referencia
constitucional, y alguien, con una
sapiencia vieja, recordaría que no es lo mismo, que no se puede
comparar lo que fue un símbolo no preconstitucional sino
anticonstitucional con lo que es una referencia constitucional.
Señorías, si lo que me pide el cuerpo en este momento hubiera sido
salir corriendo y no entrar en la votación. Yo pertenezco a aquella
cultura de Yupanqui, de Larralde, de aquella canción que decía: Dicen
que la patria es un fusil y una bandera...la patria son mis hermanos
-continuaba-. Cuando se llega a esa situación yo creo que un político
tiene que tener una referencia, por lo menos el marco legal por un
lado y, por otro, la apuesta política. Yo creo que hay un marco
legal, el de nuestra Constitución, con todos los respetos, y desde
luego una apuesta política, la de mi grupo parlamentario, por un
modelo federal solidario. También me viene de camino defender -porque
ha habido muchas alusiones a lo federal y al avance- que el
federalismo es solidario y que luego nos veremos a la hora de la
financiación autonómica, que no es sólo un problema de poner la
etiqueta azul con el nombre en un momento determinado.
Señorías, sobre todo quiero destacar la irresponsabilidad del
Gobierno y también de algunas personas de otros grupos, que dicen que
no les importa y que van a estar poniendo pegatinas hasta que les
pongan la multa de 20.000 pesetas muchas veces. Pónganse la pegatina,
pero no me cacareen lo que van a hacer, porque en las peleas de los
símbolos o de los referentes, histórica y políticamente, no prima la
razón sino la pasión, y el Gobierno yo creo que, irresponsablemente,
ha generado un torpe caldo de cultivo para algún que otro
descerebrado, y, desgraciadamente, hay unos cuantos grupos por ahí
sueltos.
Desde luego, señores del Gobierno o señoras y señores del partido que
sustenta al Gobierno, me sumo al posicionamiento de anteriores
portavoces parlamentarios cuando planteaban que ustedes han hecho un
flaco favor al Parlamento. Habría que releer el discurso de
investidura del señor Aznar, releer la primera intervención de la
señora presidenta del Parlamento, que a lo mejor no está aquí en este
momento porque siente vergüenza -no preside el acto-, ella que decía
que iba a defender la centralidad y el protagonismo y el gran papel
del Parlamento. El asunto ya estaba en el orden del día. Aunque fuera
solamente por cortesía política, un gobierno no introduce un tema;
espera tranquilamente a que se produzca el debate -no hubiera que
haber esperado a que lo trajera el Grupo de Convergència i Unió, sino
el propio Gobierno-, bien en el Senado bien en el Congreso. Debiera
haber escuchado en un tema tan sensible que, como digo, cuando se
disloca no prima la razón sino la pasión.
Para terminar, como decía, nosotros nos vamos a la Constitución. Si
en el artículo 4 se dice: «Los estatutos podrán reconocer banderas y
enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán
junto a la
bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos
oficiales», no puedo entender que por defender las primeras letras de
la comunidad autónoma correspondiente estemos vulnerando nada, sino
muy al contrario; es decir, no creo que la Constitución se sienta
dañada porque extendiendo, a la trasera y a la delantera de los
vehículos de motor o de la forma que sea, lo que ella abre, y abre
generosamente, en el artículo 4, estemos vulnerando, ni mucho menos
estemos dañando lo que algunos llaman la unidad sagrada de España.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón. Quiero
decirle que la señora presidenta en estos momentos está representando
a este Congreso en un acto protocolario de hospitalidad al rey de
Marruecos.
Señor Seco.
El señor REJÓN GIEB: Señor Presidente, ¿es que aquí uno no puede
hacer juegos retóricos? Si a cada uno le va a enmendar la plana el
señor presidente del Parlamento, va a estar la cuestión complicada.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Creo, señoría, que es una
información que era interesante conocer.
Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Señor presidente, señorías, no seré yo menos
que el señor Jané y comenzaré constatando una doble decepción, en
primer lugar, porque el señor Jané haya hablado de acto unilateral
del Gobierno cuando ha aprobado una orden ministerial. Parece que
niega al Gobierno la posibilidad de ejercer la potestad reglamentaria
que le corresponde y no puedo creer que el señor Jané piense de esa
manera. La segunda decepción es porque, constatando las habilidades
de prestidigitador del señor Jané en la exhibición de esa placa de
matrícula, ha presentado una placa ciertamente desconocida para mí.
He visto muchos modelos de placas que presuntamente se iban a colocar
en los vehículos españoles, pero no había visto la que ha mostrado el
señor Jané. Pienso que podría haberse informado mejor y haber
exhibido la que todo el mundo daba como posible, en caso de haberse
admitido la referencia autonómica.
En ese ejercicio de buceo histórico-normativo al que se refería el
señor Mardones y que yo también me he tomado la molestia de realizar,
debo señalar que a principios del siglo XX, en 1907, se sintió la
necesidad de establecer un registro de matrículas de los vehículos a
motor, de los automóviles, dado el auge que tenía este medio de
locomoción y la necesidad de su correcta identificación, y se ideó un
sistema, que el señor Mardones ha explicado, que identificaba los
vehículos mediante la inicial de la provincia o de la capital y unas
cifras correlativas, sistema que se mantuvo, incluso con la entrada
en vigor en 1934 del Código de la Circulación, hasta que a finales de
la década de los sesenta y al aproximarse la provincia de Madrid a la
cifra del millón de vehículos matriculados, se consideró conveniente
simplificar este sistema de identificación de vehículos a motor
incluyendo en la matrícula una combinación de cuatro dígitos,
seguidos de una letra o combinación de dos letras, lo que elevaba el
número de posibles matrículas por cada provincia hasta la cifra de
5.400.000 vehículos. Este sistema entró en vigor en octubre de 1971,
por tanto, hace casi 29 años, pero este sistema, todos los sabemos
-lo han repetido hasta la saciedad los medios de comunicación-,
estaba próximo a agotarse; en apenas un par de semanas se acababan
las matrículas en la provincia de Madrid, por lo que resultó urgente
e inaplazable tomar una decisión al respecto, y básicamente había dos
opciones: continuar con el sistema de numeración de las matrículas
incorporando una letra más al final de las mismas o introducir la
placa europea, cambiando además el sistema de identificación por una
combinación aleatoria de cuatro cifras y tres letras, lo que, a pesar
de que yo soy de letras, me permite asegurar que supone hasta un
total de 80 millones de combinaciones, es decir, de vehículos.
La placa europea, como seguramente todos conocen y se ha explicado
aquí, tiene su origen en una resolución del Parlamento Europeo de
septiembre de 1988, en la que se invitaba a la Comisión a estudiar la
posibilidad de que todos los vehículos de los países pertenecientes
a la Unión Europea llevaran el distintivo comunitario en las placas de
matrícula. A este fin, un grupo de expertos elaboró un proyecto de
directiva del Consejo en 1990, que consistía básicamente en la
inclusión en la placa de matrícula de una banda vertical de color
azul en el margen izquierdo de la misma, que incluiría el símbolo
comunitario y la sigla distintiva del correspondiente Estado de la
Unión. Este tipo de matrícula de placa europea se ha adoptado en
diversos países a los que se ha hecho referencia: Italia, Irlanda,
Finlandia, Alemania, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Países Bajos,
Francia con carácter voluntario, el Reino Unido, que la incorporará a
partir del próximo día 1 de enero del 2001, y España desde la
aprobación y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
orden de 15 de septiembre pasado. Por cierto, se ha hecho referencia
a algunos de estos países como ejemplo de posibilidades de
identificación de regiones, provincias, cantones o localismos
diversos, y no se han citado otros que, en uso legítimo de sus
competencias, no identifican partes de su territorio. No se ha dicho,
por ejemplo, que Inglaterra no identifica de ninguna forma los
vehículos matriculados correspondientes a Gales, a Escocia o a la
propia Inglaterra, salvo que por algún grupo parlamentario se
pretenda negar tradición o carácter democrático a un país como el
Reino Unido.
Pues bien, en España, la placa europea inicia su recorrido histórico
en el año 1994. Afinales de ese año,
por el que era entonces ministro de Industria, que hoy se sienta, si
no estoy equivocado, en los escaños de esta Cámara, se convocó a los
industriales del sector de la fabricación de matrículas para pedirles
que hicieran un extraordinario esfuerzo inversor, un esfuerzo
económico, de forma que el 1 de julio de 1995, coincidiendo con la
Presidencia española de la Unión, se pudiera incorporar el sistema de
placa europea en España. Así, los empresarios hicieron esa inversión
y el 30 de junio de 1995, en Consejo de Ministros, el señor Belloch,
entonces ministro de Justicia e Interior, presentó al Consejo el
proyecto de real decreto que aprobaba y establecía ese sistema de
matrícula, esa placa europea. Sorprendentemente, fue retirado del
orden del día, no fue discutido y no fue aprobado, por tanto, ese
proyecto de real decreto que hubiera establecido la matrícula europea
tal como la conocemos hoy en día. La consecuencia es que en 1995 se
hizo eso y que en el año 2000 hemos tenido que aprobar la reforma del
reglamento general de vehículos introduciendo la matrícula europea.
Esa es la consecuencia. (Rumores.) La pregunta que tenemos que hacer
al Grupo y al Partido Socialista es por qué el día antes de la
entrada en vigor se retiró y no se aprobó el real decreto. Lo que
pasa es que la respuesta no la tiene el Grupo Socialista; la
respuesta la tiene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) (Aplausos.) Esa es la historia de la placa europea en España.
Así las cosas, el Gobierno tenía que tomar una decisión y ha elegido
la segunda opción: incorporar al ordenamiento español la placa
europea, la combinación de cifras y letras, buscando con esto un
triple propósito, que es dar solución al problema técnico del
agotamiento del sistema actual de matriculación, dar estabilidad a un
sistema de matriculación que puede ser modificado en el futuro, pero
que no tiene que serlo por razones técnicas, y dar cauce al
sentimiento europeo que tenemos los españoles, que queremos expresar
también a través de la placa de matrícula. Por ello, el Gobierno ha
optado por la placa europea y la anónima combinación de cifras y
letras sin incorporar en la matrícula distintivo alguno que
identifique la provincia ni la comunidad autónoma de origen. Y este,
sin duda, la no incorporación de referencia alguna a la provincia o
comunidad autónoma, es el aspecto más polémico de la decisión del
Gobierno y el que ha levantado algunas críticas; críticas que son
exclusivamente de algunos partidos de carácter nacionalista o de
algunos partidos de ámbito nacional que tienen corrientes o
sensibilidades no especialmente controladas, sino más bien un tanto
descontroladas, y que pertenecen, como digo, a formaciones de ámbito
nacional. Pero la obligación de un Gobierno serio y responsable es
tomar decisiones buscando el interés general por encima de intereses
particulares y por encima de localismos, por muy legítimos que sean.
El primer motivo que ha movido al Gobierno a tomar esta decisión ha
sido atender al sentir general de
todos los españoles, al sentir mayoritario de la sociedad española.
En este sentido, me van a permitir que haga referencia a algunas
encuestas, unas publicadas, otras no, sobre las preferencias de los
españoles en orden a la placa de matrícula que querían llevar en su
vehículo. Estas encuestas señalan que más del 80 por ciento quiere la
placa europea y sólo el 15 por ciento está en contra de la placa
comunitaria. Se podría pensar: claro, el 80 por ciento, los que dicen
que sí, son los que pertenecen o viven en comunidades autónomas en
las que no gobiernan partidos nacionalistas, mientras que el 15 por
ciento, los que dicen que no, son los que viven en esas comunidades.
(Rumores.) Sin embargo, si estudiamos esas encuestas con detalle,
observamos que en la provincia de Barcelona el 86 por ciento de los
encuestados dijo que quería la placa comunitaria (Rumores.), de igual
modo que lo dijo el 83 por ciento de los habitantes de la provincia
de Vizcaya, por ejemplo, el 76 por ciento de los habitantes de la
provincia de A Coruña o el 83 por ciento de los madrileños. No es la
única encuesta, hay otras. Esta a la que me refiero la hizo el
Comisariado Europeo del Automóvil con 7.200 personas preguntadas
sobre este tema. Hay otras, como digo, realizadas todas ellas por la
empresa Sondeos de Opinión, S.L. En junio de 1996 el 74 por ciento de
los entrevistados se manifestó a favor de la placa europea; el 25 por
ciento a favor de la otra. En marzo de 1998, el 86 por ciento se
manifestaba a favor de la placa europea y el 13 por ciento a favor de
la placa normal. En febrero de 1999, el 85,6 por ciento estaba a
favor de la placa europea y el 14 por ciento a favor de la placa
normal. Pero no solamente entre los usuarios del sector se expresa
mayoritariamente la preferencia por la placa europea sin ningún otro
distintivo. También desde los propios ámbitos catalanes se manifiesta
esa expresión. Tengo aquí una carta que puedo enseñarles -porque yo
también puedo enseñar papeles; ustedes enseñan placas de matrículas,
yo enseño papeles, señor Jané-, en la que el sindicato unitario de
trabajadores de autoescuelas, perteneciente a Comisiones Obreras,
envía una carta a doña Estrella Rivera, subdirectora general de
Educación y Formación Vial de la Dirección General de Tráfico, en la
que, entre otras muchas cosas, considera importante que no conste la
identificación de la comunidad autónoma así como tampoco la región,
provincia, comarca, etcétera. Aquí la tengo, a disposición de quien
la quiera. Por tanto, es amplísima la demanda social que opta por la
placa europea sin distintivo provincial ni autonómico alguno.
Hay una segunda razón de peso que ha movido al Gobierno a optar por
la placa europea y es el sector de la automoción, que reclamaba
unánimemente que no se incluyera ninguna... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Seco, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor SECO GORDILLO: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay que señalar que en España, como consecuencia de la identificación
provincial que hasta ahora ha regido, no existe un único mercado de
vehículos de segunda mano, sino que existen 52 mercados. Esto sólo se
soluciona eliminado la identificación comarcal, cantonal, local,
provincial o autonómica de las placas de matrícula y eso es lo que ha
hecho el Gobierno. No debemos olvidar que el sector de la automoción
es el más importante de la industria española, siendo las industrias
automovilísticas derivadas y auxiliares las que concentran el mayor
número de empleos del sector industrial español.
Evidentemente, ha habido reacciones a esta decisión del Gobierno,
unas a favor y otras en contra. No todas han sido en contra, como
ustedes pretenden. A favor se ha manifestado no solamente el sector
de la automoción sino la mayoría de la sociedad, empezando por los
fabricantes de matrículas, que han dicho que la decisión es acertada;
los usuarios; el Real Automóvil Club de España, el Comisariado
Europeo del Automóvil, la Asociación Española de la Carretera,
etcétera, etcétera. Son numerosísimas las asociaciones que han
mostrado su apoyo y su contento por la decisión del Gobierno y no por
ninguna otra.
En contra se han manifestado fundamentalmente, como decía,
formaciones políticas de corte nacionalista, con declaraciones que
van desde la lógica contrariedad por no haber visto recogidas a su
gusto unas aspiraciones que sin duda son legítimas, hasta algunas que
incluso podríamos llamar irresponsables, de miembros que se sientan
en esta Cámara, hacia la desobediencia civil o incluso hacia la
incitación a la infracción administrativa. Pero lo que es difícil
explicar realmente es la posición del Grupo Parlamentario Socialista
y ese arrebato nacionalista que ahora le ha entrado (Rumores.),
porque cuando en 1995 pudo aprobar el modelo de placa europea no lo
hizo; no lo hizo por presiones, sin duda del Grupo de Convergència i
Unió, y ya he hecho referencia antes al proyecto del Gobierno del que
formaba parte el señor Belloch.
Termino, señor presidente, señalando que gobernar es resolver los
problemas de los ciudadanos eligiendo entre las distintas opciones,
como muy bien decía el señor Rejón. El Gobierno del Partido Popular
ha gobernado respondiendo a los intereses generales de la sociedad
y no a intereses particulares, locales o localistas, por muy legítimos
que estos sean o hayan pretendido ser. Por todo eso, el Grupo
Parlamentario Popular votará en contra de la iniciativa que ha
presentado el Grupo de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Seco.
Señor Jané, tiene la palabra a los solos efectos de explicar su
aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, a esta
proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario se han
presentado cinco enmiendas y todas ellas, señorías, guardan un mismo
nexo. Todas las enmiendas presentadas podría decirse que van
dirigidas al mismo objetivo. Incluso la enmienda que presenta nuestro
grupo, una autoenmienda, también va en sentido idéntico que la
proposición no de ley. Va dirigida a votar hoy aquí un modelo de
placa de matrícula europeo. Antes se nos decía si se aceptaba o no el
modelo europeo. Nosotros aceptamos el modelo europeo, que se
plasmaría en una placa como ésta o similar. (El señor Jané i Guasch
muestra una placa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jané, usted ya ha
defendido su enmienda y su autoenmienda. Le ruego que, por favor...
El señor JANÉ I GUASCH: Me estoy pronunciando sobre las enmiendas.
Todas ellas quieren una placa que haga compatible el distintivo
europeo y la sigla del Estado con la sigla de la comunidad autónoma;
una sigla de la comunidad autónoma que nunca es un localismo. No han
entendido nada, no entienden nada del Estado autónomico si creen que
esto es un localismo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jané, está reabriendo el
debate. Le pido por favor que nos diga qué enmiendas acepta y qué
enmiendas rechaza. Es el turno de aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios.
El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo, señor presidente, acepta en
este trámite la enmienda presentada por el Grupo Socialista, porque
expresa lo mismo que nuestra proposición no de ley, que hace
compatible el modelo europeo con el modelo autonómico. Nos
congratulamos de que en esta Cámara haya hoy siete grupos
parlamentarios, de los que seis votaremos a favor de la proposición
no de ley. Uno quedará en solitario votando en contra.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, con la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por el proponente. (El señor
De la Encina Ortega pide la palabra.)
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, le rogaría, por
favor, que se leyera el texto de la enmienda de sustitución.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): La enmienda de sustitución
dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en las
nuevas placas de matriculación de vehículos que se regula en la Orden
de 15 de septiembre de 2000, acogiéndose a la normativa europea,
además de la obligatoriedad de la sigla «E» distintiva de España, se
incorpore un distintivo de las comunidades autónomas. ¿Es así?
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Y de Ceuta y Melilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Y de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 141; en contra, 164.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la proposición
no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDAUNIDA,
RELATIVAALAEVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SECTORIALES, SOCIOLABORALES Y
TERRITORIALES DEL PROCESO DE PRIVATIZACIONES REALIZADO EN EL SECTOR
PÚBLICO DE LA ECONOMÍAY LAINDUSTRIA ESPAÑOLA. (Número de expediente
162/000017.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente punto del orden del
día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos sectoriales,
sociolaborales y territoriales del proceso de privatizaciones
realizado en el sector público de la economía y la industria
española.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el
señor Llamazares, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, comparezco en
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para presentar la
proposición no de ley de referencia, en relación a la política de
privatizaciones.
No se trata tan solo de pedir a esta Cámara que apruebe la evaluación
del proceso de privatizaciones, se trata de algo que nosotros creemos
mucho más importante, de que esta Cámara apruebe su participación, su
conocimiento y su control del proceso de privatizaciones, que hasta
el momento ha supuesto la enajenación de 4,7 billones de pesetas que
antes estaban en manos públicas y que hoy están, por diversos meca
nismos,
en manos privadas. Por otra parte se trata de que esta Cámara, además
de asumir ese control de la política de privatizaciones, oriente la
política sectorial en materia industrial en este país, cosa que hasta
el momento tampoco ha podido hacer esta Cámara en el denominado
programa de modernización industrial. El denominado programa de
modernización industrial, que es el único documento -en este caso
documento aprobado por el Ejecutivo- que legitima la política de
privatizaciones, es un documento con un término eufemístico. Tras la
denominación de modernización lo que se esconde es una amplia
política de privatizaciones, que se ha desarrollado en nuestro país,
se ha acelerado en los últimos cinco años y que no ha contado con la
participación de este Parlamento. Aquel programa de privatizaciones,
mejor dicho ese programa de modernización industrial aprobado por el
Gobierno, no ha sido remitido a esta Cámara, no ha sido aprobado por
esta Cámara, y los únicos mecanismos con que ha contado este
Parlamento para participar en cierta medida, para ser oído en el
proceso de privatizaciones, han sido una lánguida subcomisión de
Economía sobre la política de privatizaciones y un Consejo Consultivo
de Privatizaciones creado ad hoc, a mayor loa de la política de
privatizaciones del Gobierno, y no como mecanismo de control o de
participación parlamentaria, en esa política de privatizaciones.
Señorías 4,7 billones de pesetas han sido enajenados del sector
público y han pasado al sector privado, y todo esto se ha hecho a un
ritmo de un billón por año y sin que esta Cámara haya tenido la
oportunidad de discutir o de aprobar los sucesivos pasos de la
política de privatizaciones. Algunos hemos visto con sonrojo como
Holanda -país liberal donde los haya- tenía que aprobar en su
Parlamento la fusión entre la empresa KPN y Telefónica; cómo Holanda
no solamente se veía obligada a informar al Parlamento de la
enajenación de esas acciones, sino que tenía que obtener la
aprobación del Parlamento holandés. No ha ocurrido así con el
Parlamento español, que se ha visto marginado de la política de
privatizaciones, que sin lugar a dudas ha sido la protagonista de la
política económica a lo largo de los últimos años, por parte del
Gobierno de Partido Popular, que ha acelerado, sin lugar a dudas, la
política de privatizaciones y que ha incrementado los ingresos como
consecuencia de esas privatizaciones, en particular en el sector
rentable. Digo en particular en el sector rentable, señorías, porque
si vemos dónde se ha centrado esa política de privatizaciones, que se
nos presentó como la forma de modernizar y de hacer viables sectores
públicos deficitarios y mal gestionados, tenemos que reconocer que ni
ha afectado a los sectores públicos deficitarios ni a los sectores
públicos mal gestionados. Esa parte del sector público está todavía
en proceso de privatización, mejor dicho en proceso de saneamiento
previo a la privatización, y donde se han cebado las privatizaciones
ha sido en el sector
público rentable y en el sector público no cuestionado en cuanto a
sus modelos de gestión ni en cuanto a la gestión propia de sus
directivos.
Finalmente, la política de privatizaciones de un sector público no
rentable y no eficiente ha sido una mera excusa para reducir la
presencia del sector público en la economía, sobre todo para reducir
la presencia del sector público más dinámico en la economía española,
del sector público que podía influir en la reordenación del sector
eléctrico, del sector de hidrocarburos o del sector de las
telecomunicaciones, del sector que podía avanzar en materia de
investigación y desarrollo y del sector público que podía favorecer,
en ciclos económicos bajos, el crecimiento de la economía española.
En definitiva, ha sido un torpedo en la línea de flotación de la
economía mixta que consagra nuestra Constitución. Si el título VIII
de nuestra Constitución es el título de los localismos, no me extraña
que la economía mixta sea puramente un nombre que no diga nada al
Partido Popular. Anosotros nos dice mucho, nos dice mucho de la
participación del sector público no solamente en los servicios y en
la Administración pública sino en la economía, porque nosotros
pensamos que no hay posible redistribución si no hay una distribución
previa, para lo que es imprescindible la participación del sector
público tanto directamente en la economía como a través de la
regulación legal o del sistema fiscal.
Señorías, otros han sido también los argumentos para esta política de
privatizaciones, los más cercanos la liberalización y la competencia
en esos sectores. Señorías, tenemos que decir que el Partido Popular
ha puesto el carro delante de los bueyes, ha llevado a cabo
precipitadamente las privatizaciones en el sector rentable, en los
segmentos más rentables de nuestra economía, pero ha dejado para
después las liberalizaciones. La consecuencia de una privatización
sin competencia es la creación de oligopolios privados -oligopolios
privados en saldo, que han obtenido las privatizaciones a bajo
precio- que hoy, sin una regulación de los precios, controlan
directamente los precios al no existir competencia. En estos momentos
está ocurriendo algo en el sector de carburantes que señala que esa
falta de competencia y esa obsesión por las privatizaciones no han
mejorado la situación de sectores económicos tan importantes como el
sector de carburantes, el sector eléctrico o el sector de
telecomunicaciones, que no han mejorado la competencia, y esa falta
de mejora de la competencia la están sufriendo fundamentalmente los
consumidores.
Otro argumento en defensa de las privatizaciones por parte del
Partido Popular ha sido la eficacia en la gestión, el cambio de un
modelo de gestión que decían político por un modelo de gestión
empresarial. Pues bien, señorías, sí se ha cambiado el modelo de
gestión; el modelo de gestión ya no tiene participación ni control
democráticos, es verdad, esta Cámara no discute los presupuestos de
muchas empresas hoy privatizadas,
no controla a esas empresas hoy privatizadas, pero lo que no ha
cambiado ha sido el control político de esas empresas privatizadas.
Lo hemos visto en el caso de Telefónica, donde el Gobierno ha hecho
gala de ese control político, que no de control democrático, de las
empresas privatizadas; lo hemos visto en la fusión KPN-Telefónica y
lo hemos visto también en la desigual fortuna del señor Villalonga,
presidente de Telefónica. Por tanto, otro de los argumentos
fundamentales, el de la eficacia en la gestión, ha caído en algunos
casos en el oprobio con asuntos como las stock options, que
demuestran que los modelos de gestión poco confesables no son
asimilables al sector público, sino que esos modelos de gestión,
cuando no hay control, también se dan en el sector privado de la
economía.
Señorías, las razones que he expuesto, junto con la evolución del
empleo en estos sectores económicos, nos llevan a la presentación de
esta iniciativa. Respecto a la evaluación del proceso de
privatizaciones, en cuanto al resultado para el empleo y para la
política territorial, la política de privatizaciones no ha sido
precisamente beneficiosa. En términos generales, el empleo de las
empresas privatizadas ha disminuido en torno a 50.000 empleos.
Ustedes dirán que se ha compensado con la creación de empresas
subcontratadas o empresas en el entorno de las empresas privatizadas,
que en general en el sector mantienen el volumen de empleo. Aceptando
esa valoración, lo que se ha hecho es sustituir empleo público,
empleo de calidad, por empleo precario, que es el que prima en estos
momentos en muchas empresas antes públicas y hoy en segmentos no
precisamente no rentables, como ocurre con el reciente caso de
Initec, en donde vemos cómo al día siguiente de la privatización se
produce un expediente de regulación y los trabajadores ven cómo se
deterioran sus condiciones de trabajo en el plazo no de meses ni de
años, sino de días y de horas.
Señorías, tampoco desde el punto de vista territorial ha habido
ninguna responsabilidad en el proceso de privatizaciones. Quedan
pendientes compromisos territoriales en relación al sector del
aluminio, al sector del acero que, con la política de
privatizaciones, han quedado claramente incumplidos. Estas razones
nos llevan, señorías, a presentar la proposición no de ley. Por una
parte, pretendemos que la evaluación del proceso de privatizaciones,
de la que he hecho un resumen de la opinión del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se pueda hacer con luz y taquígrafos en
el seno de este Parlamento. Ya que no hemos tenido la oportunidad de
participar, controlar y decidir las privatizaciones tan importantes
que se han realizado hasta ahora, déjennos por lo menos la
posibilidad de evaluar en qué medida esas privatizaciones, desde el
punto de vista de sus efectos sectoriales, sociolaborales y
territoriales, han respondido a las necesidades de la mayor parte de
la población o a las necesidades e intereses de una parte minoritaria
de la población y del propio Gobierno.
En consecuencia, proponemos que se establezca una moratoria a las
privatizaciones. De hecho ya existe, porque han llegado ustedes al
núcleo duro o al hueso de las privatizaciones. En estos momentos
tienen ustedes paralizadas la privatización del sector naval, la del
sector de armamentos, la del sector de bienes de equipo, y todo ello
porque se han encontrado con el sector público que tiene dificultades
para su rentabilidad, que tiene dificultades en su viabilidad, y ahí
no es tan fácil enajenar bienes públicos en manos privadas
interesadas. Es mucho más difícil y será necesario dedicar buena
parte de esos bienes públicos a un proceso de saneamiento que nos
costará cantidades astronómicas que, finalmente, no garantizarán ni
la viabilidad de las empresas ni el futuro de sus trabajadores.
Queremos también que este Parlamento garantice en el futuro la
información y participación en el proceso de privatizaciones,
información y participación que no tenemos hoy a través de la
subcomisión de la Comisión de Economía y Hacienda, ni a través del
Consejo Consultivo de Privatizaciones. También queremos que los
beneficios de las privatizaciones tengan un destino claro de carácter
inversor y social. Por otra parte, proponemos que en todo caso el
Gobierno presente ante la Comisión correspondiente un diseño del
sector público económico e industrial para la legislatura, diseño que
el Gobierno no ha presentado todavía, que no era el plan de
modernización, que finalmente era un plan de privatizaciones, y que
nosotros consideramos necesario. Consideramos imprescindible que no
solamente exista una política de liberalización, de competencia, como
reclama el Gobierno, o una política de privatizaciones, sino que esté
informada por una política sectorial, por una política industrial,
que este Gobierno no ha presentado en ningún momento ante la Cámara,
ni tampoco ha presentado el impacto territorial y social de esa
política industrial.
Ese es el sentido de la iniciativa. Lo he intentado exponer lo más
brevemente posible, por una parte porque considero el cansancio de
los diputados pero, por otro lado, no vaya a ser que antes de
terminar la iniciativa nos encontremos con la privatización del
Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente a completar, con
dos objetivos que consideramos prioritarios, la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Si evocamos los nombres
de Endesa o de Tabacalera o de Telefónica, podremos comprender hasta
qué extremo el proceso de privatizaciones indujo a una reducción de
plantillas, además de provocar efectos de concentración oligopólica y
de desubicación industrial, o cuando menos de reducción de la
presencia de estas empresas en determinado tipo de territorios. En
concreto, las acciones públicas de estas empresas, como otras muchas,
fueron vendidas en más de cuatro billones de pesetas. Pero lo
alarmante es que este valor se multiplicó espectacularmente, de tal
forma que no hicimos más que vender un patrimonio público que otros
aprovechan de manera suculenta y muy beneficiosa para los intereses
de una minoría. Se trata además de sectores que tienen que ver con la
energía, con las telecomunicaciones, que normalmente habían sido
considerados servicios públicos de carácter estratégico y que no
mejoraron precisamente a través de la privatización ni el servicio ni
mucho menos la competencia. La incidencia en el empleo, por tanto, es
clara; fue tan clara que incluso tuvo una grave incidencia en la
propia Seguridad Social.
Con la enmienda de adición primera proponemos que se mantenga el
mismo nivel de empleo que antes del proceso de privatización,
cuestión que hay que recordar al Gobierno continuamente, a pesar de
que sus promesas nunca se cumplieron en este campo. Y en segundo
lugar, adelantándonos a cualquier tipo de proceso, pero expresando
una preocupación por lo que queda, pensamos que es fundamental que
las sociedades o entes públicos como Correos, Renfe, Aena y Puertos
del Estado, no dejen de ser nunca mayoritariamente de propiedad
pública. En el caso de Correos porque es un servicio público esencial
para todo el hábitat del territorio del Estado español, especialmente
para las zonas rurales, y debe mantenerse, por tanto, en las zonas
donde es competitivo con la iniciativa privada. En el caso de Renfe
porque es fundamental para el transporte de viajeros y de mercancías
y para que haya un servicio equilibrado en todo el Estado y no aún
más jerarquizado de lo que está hoy en día. Y en lo que se refiere a
Aena y Puertos del Estado, con claras ganancias, porque representan
una red fundamental para el transporte, sobre todo de mercancías y,
por tanto, deben estar al servicio de la sociedad, con control de las
instituciones de carácter parlamentario. Esto no es incompatible
incluso con que puedan ser descentralizados y gestionados por las
comunidades autónomas, que nos gusta recordar que forman parte del
Estado también. Y no hablaré ya de los medios de titularidad pública,
los medios de comunicación, que a pesar de ser empleados hoy a favor
del Gobierno, en la medida en que las instituciones se democraticen y
el Gobierno tenga un control real parlamentario y sea un Gobierno
realmente de talante democrático, seguro que hará que sirva al
pluralismo de la sociedad, como establecen los estatutos por los que
deben regirse.
Estas son dos preocupaciones del Bloque Nacionalista Galego que nos
parece que sería bueno tener en cuenta a tiempo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, presidente.
Señorías, en la pasada legislatura asistimos a la ceremonia de la
confusión en el ámbito de las privatizaciones; es una estrategia
ampliamente utilizada por el Gobierno del Partido Popular. Así, se
creó una subcomisión de control parlamentario sobre los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público tras una iniciativa de Convergència i Unió que tenía sentido
porque pretendía controlar las privatizaciones a priori y que se
descafeinó en el trámite parlamentario: la subcomisión acabó teniendo
como objetivo simplemente conocer, sin necesidad de presentar ningún
informe, las operaciones concretas de privatización. En definitiva,
se trataba de conocer a posteriori lo que el Gobierno iba a hacer,
algo que evidentemente está entre las obligaciones de cualquier
trámite normal de control parlamentario. Lo que se hizo fue crear un
órgano puramente ficticio, fue un acto más de propaganda.Se creó un
instrumento sin ningún sentido que, por su propia naturaleza, impedía
el objetivo del control de la tarea de privatización.
Esto se vio claramente con el desarrollo posterior de los trabajos.
En primer lugar, el trabajo fue lento e irregular. Desde la
constitución de la subcomisión hasta las primeras comparecencias
pasaron dos años, y el instrumento de trabajo de dicha subcomisión
era precisamente las comparecencias parlamentarias. Además, en ese
proceso de ritmo francamente lento, se puso de manifiesto la falta de
respeto hacia el Parlamento por parte del Gobierno. Los ministros
responsables de las áreas económicas no comparecieron y los
presidentes de las empresas públicas lo hicieron en función de sus
intereses y, lógicamente, en función de sus agendas y no de las
peticiones del Parlamento. Gran parte de esas comparecencias se
hicieron en dos días y de forma apelotonada; y en dos días porque el
Grupo Parlamentario Socialista anunció que abandonaba la subcomisión
porque era totalmente ineficaz.
Otro capítulo de lo que ocurrió durante la pasada legislatura que no
tiene desperdicio fue el de la información. La información se
caracterizó por su escasez, su baja calidad y, sobre todo, por ser de
difícil accesibilidad. Hubo un rechazo firme a ofrecer informaciones
básicas, como en los casos de Aceralia o Inespal; faltó el acceso a
informes de auditorías de la Intervención General de la
Administración del Estado; hubo un conocimiento incompleto y parcial
de los informes del
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Eso sí, todo ello estaba
trufado y contrarrestado por las buenas palabras del presidente de la
SEPI diciendo que toda la documentación existente sobre
privatizaciones estaba a nuestra disposición en la SEPI; es decir,
que los miembros de esta Cámara teníamos que ir de archiveros, una
fórmula francamente excelente para facilitar la tarea parlamentaria.
En esta situación y con todas estas facilidades ofrecidas por la SEPI
y el Gobierno, estaba claro que los resultados de la subcomisión iban
a ser un rotundo fracaso y que, además, tendrían totalmente
garantizada la falta de transparencia. Nos encontramos con que
desconocemos cosas básicas sobre el proceso de privatizaciones.
Desconocemos los procedimientos y los métodos de valoración de
algunas empresas -Aceralia e Inespal, como he dicho antes- y los
acuerdos suscritos por los compradores de las mismas. Desconocemos la
naturaleza y las funciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones
y no sabemos si ha cumplido con su tarea de velar por la
transparencia y la publicidad del proceso -desde luego por el acceso
que desde esta Cámara hemos tenido a los informes, no-. Desconocemos
si ha habido cumplimiento de las normas jurídicas vigentes y de los
principios éticos que deben mantener en su comportamiento los
gestores públicos y los miembros de los consejos de administración
que fueron nombrados cuando las empresas eran públicas y que se han
quedado cuando las empresas son privadas. Desconocemos la aplicación
detallada de una buena parte de los recursos financieros producto de
la privatización. Desconocemos definitivamente los efectos que todos
estos procesos de privatización han tenido en el grado de
concentración del poder económico en España.
Por tanto, creemos que una proposición no de ley en el sentido de
solicitar nuevamente información del Gobierno en el plazo de este
período de sesiones, desde nuestro punto de vista resulta bastante
descafeinada y es por lo que hemos presentado una enmienda de
sustitución a la proposición no de ley de Izquierda Unida, en base a
una petición que ya realizó nuestro grupo parlamentario en el mes de
julio, y es la solicitud de creación de una comisión de investigación
para analizar las privatizaciones y que concretamente analice e
investigue la naturaleza de las funciones, de las actividades y del
régimen económico-financiero del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, para comprobar o conocer su grado de eficacia.
Una comisión de investigación para que investigue el comportamiento
-porque ya hemos dicho que lo desconocíamos- de los gestores públicos
responsables de los organismos gestores del proceso, así como de los
miembros de los consejos de administración de las empresas, en
especial el conocimiento de la actividad realizada al respecto por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con todas las
empresas que han sido privatizadas mediante salida a Bolsa. Asimismo,
queremos que la comisión investigue con detalle el resultado
económico-financiero del proceso de privatizaciones, para evaluar de
forma rigurosa los grados de eficacia o eficiencia resultantes de
esta actividad.
Finalmente, solicitamos que se analicen e investiguen los resultados
de los procesos de privatizaciones en relación a los intereses
generales y es en este ámbito donde más podríamos aceptar la
proposición mantenida por Izquierda Unida, porque precisamente
queremos que se conozcan todos los efectos que hayan podido tener
estar privatizaciones en la mejora de la competitividad de las
empresas y también en la elevación del nivel de empleo, en definitiva
la elevación o la situación del nivel de bienestar económico y social
de todos los españoles.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mendizabal.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El debate que se suscita hoy no deja de ser una reedición de aquel
que se formuló ya en mayo de 1996, también a consecuencia en aquel
caso de una interpelación y una moción de Izquierda Unida. Cabe
decir, sin lugar a dudas, que sí se aprecian algunas diferencias de
planteamiento, no se produce una descalificación tan global del
proceso de privatizaciones como la que se efectuaba a través de
aquella moción, pero mi grupo a pesar de ese avance, de esas
matizaciones o de esa mayor convicción en la bondad del proceso o
menor desconfianza en la bondad del proceso por parte de Izquierda
Unida, por diversos motivos no va a votar a favor de la proposición
no de ley.
En primer lugar y como decía anteriormente, no compartimos esa
descalificación global, que todavía se mantiene, del proceso de
privatizaciones. Nosotros que en su día fuimos impulsores de este
proceso entendemos que ha producido efectos beneficiosos de cara a la
estructura de las empresas resultantes de las anteriores empresas
públicas, que desde luego ha fomentado su internacionalización, la
participación internacional en su capital e incluso el mantenimiento
del nivel de empleo que es una de las cuestiones que sin lugar a
dudas preocupan a Izquierda Unida, pero también preocupan a mi grupo.
En segundo lugar, tampoco tenemos una especial desconfianza en cuanto
al sistema de control o de controles respecto de las privatizaciones.
Ciertamente existe un control ex ante, el control del Consejo
Consultivo de Privatizaciones, que en el fondo y tal como está
regulado en nuestra legislación no hace sino mantener los criterios
de los consejos consultivos de privatizacionesque podemos encontrar
en Francia, Italia o Portugal,
esto es órganos consultivos que emiten informes no vinculantes
integrados por personas de prestigio que son designadas por el
Gobierno. Se puede discutir su mayor o menor autonomía funcional
(desde nuestro punto de vista no existe una relación jerárquica ni
funcional con el Gobierno, otros grupos pueden tener distinta
opinión), pero ciertamente responde a un modelo ampliamente
compartido en el ámbito de la Unión Europea. Pero además de este
control previo a través del Consejo Consultivo de Privatizaciones no
cabe lugar a dudas de que se produce también un control posterior, un
control ex post, no hablo pura y simplemente del Tribunal de Cuentas
o de la Intervención General del Estado. Si el debate del que decía
que hoy producimos una reedición tuvo lugar en mayo, en octubre, en
la legislatura pasada mi grupo presentó -y lo ha recordado la señora
Mendizábal- una solicitud de creación de una subcomisión para el
seguimiento del proceso de privatización y reconversión. Por tanto,
además de los instrumentos que existen en la propia Administración
general del Estado ha existido esta subcomisión. De todas formas
tampoco es el único instrumento, y baste acudir también a la Ley de
1995, de régimen jurídico de autorización de venta de participaciones
del Estado en empresas públicas. Pero incluso hace relativamente
pocos meses, ya en esta legislatura, se han suscitado debates
concretos sobre algunas privatizaciones que todavía no se han
producido. Hemos podido debatir aquí precisamente sobre la situación
de Santa Bárbara y si la oferta de General Dynamics era el plan
industrial que convenía o no aceptar en una privatización muy
concreta, además en estos días todavía se debate, precisamente a raíz
de la cumbre hispano-alemana, si al final se procederá a la
enajenación a favor de General Dynamics o por el contrario a favor de
la oferta alemana. Nos encontramos con instrumentos suficientes como
para poder efectuar un seguimiento y un enjuiciamiento parlamentario
de esto que no deja de ser una política del Ejecutivo, y por tanto
perfectamente sometible y susceptible de ser controlada por el
Legislativo.
Mi grupo no es que esté absolutamente satisfecho del funcionamiento
de la subcomisión de seguimiento que se creó en la legislatura
pasada, pero entiende que los frutos han sido bastante óptimos como
para efectuar esta nueva solicitud y para que entre todos seamos
capaces también de lograr que ese seguimiento pueda realizarse con
mayor eficacia y con mayor eficiencia.
Si se solicita una comisión de investigación precisamente porque está
amparada la comparecencia de personas no vinculadas a la
Administración pública a través del delito de desobediencia del
Código Penal, puede que en algún momento también nos tengamos que
plantear si podemos o debemos extender ese delito de desobediencia
respecto de aquellos que no acuden, se muestran especialmente
reticentes o demasiado tímidos
para acudir al llamamiento que se efectúa en una subcomisión o en
una comisión de seguimiento.
Por tanto, entendemos que existen esos instrumentos que son idóneos.
Desde luego la política industrial, no sólo respecto del sector
público sino también muy fundamentalmente respecto del sector privado
es algo que mi grupo tiene mucho interés en suscitar en esta
legislatura; no les vamos a negar que nos preocupa que la sustitución
del Ministerio de Industria por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
además de un cambio de etiqueta pueda suponer cierta desorientación y
cierto abandono de sectores industriales tradicionales que no
integran el sector de nueva economía.
Respecto de la proposición no de ley que se nos plantea en el día de
hoy, por los motivos a que he hecho referencia y por motivos
históricos que son de todos conocidos, procederemos a votar e contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Silva.
Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley de Izquierda Unida sobre las privatizaciones
dice en su texto expositivo que la dinámica de privatizaciones ha
sido llevada a cabo con una decisión, intensidad y rapidez antes
desconocidas en España y en el entorno europeo en el que nos movemos.
Es claro que la experiencia europea y española muestra claramente que
esas afirmaciones no son ciertas. Las privatizaciones no son un
invento del Gobierno del Partido Popular, entre 1986 y 1996 los
gobiernos socialistas privatizaron por valor de 2,2 billones de
pesetas. Cuando el Gobierno del Partido Popular tomó posesión en 1996
el valor del sector público empresarial era de poco más que esos 2,2
billones de pesetas, o sea que más o menos se había privatizado la
mitad de las empresas que el Estado tenía en 1986.
Por lo que respecta al contexto europeo, tampoco es cierta esa
afirmación. La OCDE estima que el importe de las privatizaciones
realizadas en Europa hasta el año 2000 está en el orden de los
200.000 millones de dólares. El impacto del sector público en el
mercado europeo ha pasado en el conjunto de los países de la Unión
Europea del 15,3 por ciento en 1985 a aproximadamente el 9 por ciento
en 1998. Las previsiones apuntan a que se van a reducir al 2 por
ciento en pocos años.
Lo que sí ha cambiado sustancialmente con los gobiernos del Partido
Popular es la forma de llevar a cabo las privatizaciones. Saben
ustedes que por el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio
de 1996 se aprobó el programa de modernización del sector público
empresarial del Estado; desde entonces las privatizacionesse hacen
bajo los principios de concurrencia,
de publicidad y de transparencia. Si hacemos historia podemos
recordar que entre 1982 y 1996 se vendieron más de 60 empresas
públicas, de esas 60 empresas públicas 33 se vendieron mediante
adjudicación directa. Una novedad desde el año 1996 es la casi
generalización del sistema de oferta pública de venta, que sin duda
alguna potencia esos principios de concurrencia, de transparencia y
de publicidad. Otra virtud de la oferta pública de venta es que
amplía la base accionarial de las empresas. En el período de l996 a
2000 se estima que más de 4.000.000 de ciudadanos han accedido a la
condición de accionistas a través de las empresas privatizadas. La
oferta pública de venta también potencia los mercados financieros
puesto que los dota de mucha más profundidad y mucha mayor liquidez.
He de señalar que la pretensión de la proposición no de ley de
Izquierda Unida de que se haga una evaluación de las consecuencias
sectoriales, laborales y territoriales del proceso de privatización,
parece más una tarea de investigación del mundo académico que una
tarea del Gobierno. Hay muchísimos datos al respecto para hacer ese
estudio. Los criterios subjetivos sobre la interpretación de esos
datos es trabajo más propio de una universidad, de una fundación que
se dedique a esas cosas que del Gobierno, que obviamente formularía
un juicio positivo al respecto.
Tampoco parece razonable pedirle al Gobierno una moratoria en el
proceso de privatizaciones. El referido programa de modernización
prevé la privatización de la generalidad de las empresas públicas y
sobre la totalidad de su capital social. La única excepción a ese
principio es la minería del carbón, sometida como SS.SS. saben a
planes de reordenación aprobados en el ámbito comunitario. Fuera de
ese sector todas las empresas son privatizables. Acceder a la
moratoria significaría retrasar el proceso de modernización y
desaprovechar situaciones de mercado propicias para la venta, con
quebranto del erario público.
Por otra parte, no es riguroso decir que el Congreso ha estado al
margen del proceso de privatizaciones cuando en la anterior
legislatura hubo 1.800 iniciativas parlamentarias en relación con la
actividad principal de SEPI, que no es sólo la privatización sino
también la fase previa de saneamiento y consolidación de las empresas
a privatizar. De todo ello ha tenido cumplido conocimiento la Cámara,
también a través de la subcomisión de privatizaciones, de las
comparecencias del presidente del Comité Consultivo de
Privatizaciones, del presidente de SEPI, y de los presidentes de
varias empresas privatizadas. Además, en cumplimiento de la ley de
creación de SEPI se remite trimestralmente a las Cortes Generales la
misma información que las sociedades que cotizan en Bolsa están
obligadas a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Tampoco tiene mucho sentido decir que se privatiza para
conservar el control político; parece una paradoja que empresas
públicas que podrían controlar mucho
mejor el Gobierno las privatice para seguir controlándolas. No creo
que haya ni un Gobierno que nombre gestores o personas desafectas a
ese Gobierno para que gestionen las empresas públicas. Por tanto, eso
es una paradoja y una demagogia que no tiene mucho sentido.
No es lógico ni se puede sostener con rigor que los trabajadores
hayan sido convidados de piedra en el proceso de privatización. En
primer lugar porque generalmente se les ha hecho oferta de compra de
acciones de su empresa en condiciones ventajosas respecto a los del
tramo minorista, que como se sabe la oferta siempre es más favorable
que la del tramo institucional. Además, porque ha habido siempre
contactos fructíferos con las centrales sindicales. La prueba es que
prácticamente no ha habido conflicto laboral que haya surgido con
motivo de un proceso de privatización. No se recuerda.En tercer
lugar, porque se ha llevado a cabo la externalización de los
compromisos laborales asumidos por las empresas, lo que ha supuesto
un esfuerzo de más de un billón 300.000 millones de pesetas.
Otra justificación de la proposición no de ley es la ausencia de las
comunidades autónomas en los procesos de privatización. No parece
procedente que las comunidades participen en el proceso de
enajenación de unas empresas de titularidad del Estado. Ello no es
óbice para que dentro del espíritu de lealtad institucional se
mantenga la colaboración no sólo con las comunidades autónomas, sino
también con las administraciones locales en aquellos procesos en que
esas administraciones puedan verse afectadas de una u otra manera.
Respecto a la afectación de los ingresos derivados de la venta de las
empresas públicas, que también plantea la proposición no de ley, sabe
S.S. que hasta 1995 se podían destinar a reducir el déficit público y
a eso se destinaba, pese a lo cual ustedes no reducían el déficit.
A partir de entonces se ha venido utilizando en reducir la deuda, entre
otras a conseguir que la deuda histórica del INI que en 1996, cuando
el Partido Popular formó Gobierno, ascendía a 530.000 millones de
pesetas, sea hoy en lugar de una deuda histórica una reliquia
histórica. Saben SS.SS., por otra parte, que la Ley general
Presupuestaria establece el principio de no afectación de los
ingresos; tienen ustedes el cauce de la proposición de ley para
intentar modificar la Ley general Presupuestaria.
Lo que más sorprende es que proponen ustedes la creación de un
impuesto sobre los beneficios excesivos de las empresas privatizadas
¿A qué llaman ustedes beneficios excesivos? ¿Al 5, al 20, al 80 por
ciento? ¿Ustedes consideran serio, señores de Izquierda Unida, que un
país que pretende estar en una posición destacada en los mercados
internacionales alterara arbitrariamente las condiciones por las que
en su día acudió al mercado de capitales para la venta de sus
empresas públicas? ¿Dónde queda en esa pretensión el principio de
seguridad jurídica? ¿Qué credibilidad debe tener el
Estado español en esa economía globalizada? ¿Qué perjuicio no se
causarían a las magníficas expectativas de inversiones extranjeras en
España? ¿Cómo se puede hacer una propuesta de esa naturaleza?
Me voy a referir ahora a la enmienda del Grupo Socialista. El Grupo
Socialista propone crear una comisión de investigación con diversos
objetivos. Ya lo ha explicado la señora Mendizábal: investigar la
actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones, analizar el
comportamiento jurídico y ético de los gestores públicos para sacar
conclusiones solventes sobre la limpieza del proceso, estudiar el
resultado económicofinanciero del proceso de privatizaciones y los
resultados en relación con los intereses generales.
No vamos a apoyar esta enmienda del Grupo Socialista porque carece
absolutamente de oportunidad. Si en algo se ha distinguido el
Gobierno del Partido Popular en esta legislatura y en la pasada en
relación con el proceso de privatizaciones, ha sido en la
transparencia y en el rigor del proceso. ¿Quién fue el autor del
programa de modernización del sector público empresarial? El Gobierno
del Partido Popular ¿Quién cerró la hemorragia de fondos públicos que
ascendieron en el período 1989 a 1995 a 8 billones y medio de pesetas
cuando el valor de las empresas públicas a mediados de 1996 era
solamente de 2 billones y medio? (Un señor diputado: ¡Qué
barbaridad!) El Gobierno del Partido Popular ¿Quién creo el Consejo
Consultivo de Privatizaciones precisamente para darle más rigor al
proceso? El Gobierno del Partido Popular. (Rumores.)
Señorías, las ofertas públicas de venta realizadas desde junio de
1996 hasta el momento actual representan el 84,6 por ciento de lo
ingresado. Ello significa que es la fórmula que el Gobierno viene
utilizando, y sin duda la más transparente. Este Gobierno formula la
privatización como un plan expreso y explícito, abiertamente asumido
y como tal explicado a la sociedad. La participación se plantea bajo
los principios de generalidad y de totalidad. Generalidad quiere
decir que afecta a todas las compañías del sector público, y
totalidad que ha de privatizarse la total participación del Estado en
la compañía.
Por lo que respecta al control, además de los procesos genéricos de
la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal
de Cuentas, a partir del mes de junio de 1996 existen tres controles
adicionales: el informe preceptivo del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, la auditoria específica para cada operación por la
Intervención General, y finalmente el control parlamentario a través
del Pleno, la Comisión de Industria entonces del Congreso y del
Senado y la específica subcomisión de privatizaciones. Los gastos de
las ofertas públicas de venta se han reducido en más de 30.000
millones de pesetas. Eso significa que el coste se ha reducido del
11,5 por ciento de los ingresos al 8,4 por ciento. Respecto a los
precios a que se han vendido, basta decir que como media la
cotización de las empresas privatizadas está hoy
en línea con el índice del Ibex 35, ligeramente más rentable el tramo
minorista que el tramo institucional, lo cual da idea de que si
alguien se hubiera favorecido con el precio no serían los núcleos
duros de las empresas, sino esos más de 4.000.000 de modestos
accionistas. Además, la enmienda del Grupo Socialista, con una falta
de pudor clamorosa, propone que la comisión de investigación...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Albendea, le ruego vaya
terminando.
El señor ALBENDEA PABÓN: Enseguida termino, señor presidente.
Como decía, propone que la comisión de investigación analice lo
realizado a partir de mayo de 1996. Se olvida el Grupo Socialista que
en su etapa de Gobierno se iniciaron las privatizaciones de empresas
tan importantes y destacadas como Seat, Repsol, Endesa o Telefónica.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Estamos dispuestos, señores
del Partido Socialista, a reeditar la subcomisión de privatizaciones
que funcionó la pasada legislatura, pero no a crear una comisión de
investigación porque es absolutamente innecesaria.
En cuanto a la enmienda del Grupo Mixto defendida por el señor
Rodríguez, tampoco podemos prestarle nuestro apoyo ya que el nivel de
empleo ha de analizarse de forma global, no puede contemplarse
empresa por empresa. Es evidente que la creación de empleo es uno de
los grandes éxitos del Gobierno del Partido Popular; por eso, someter
cada empresa a la limitación que propone el señor Rodríguez no es
posible. Tampoco podemos aceptar la enmienda número 2. España no debe
autolimitarse a tendencias de privatización de servicios públicos
imperantes en nuestro entorno occidental. Por todo ello, no vamos a
aceptar ninguna de las dos enmiendas.
Finalmente, señores de Izquierda Unida, en esta proposición no de ley
están ustedes planteando un tema con una gran carga ideológica. Les
reconozco a ustedes muy gustoso la coherencia ideológica y también
les reconozco la perseverancia, pero la coherencia y la perseverancia
en un camino equivocado, en una dirección opuesta totalmente por la
que hoy discurre el progreso económico y social, y nosotros con el
máximo respeto a sus creencias no podemos acompañarles en esas
nostalgias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Albendea.
Señor Llamazares, a los efectos de aceptación o rechazo de las
enmiendas planteadas.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Tenía dudas en intervenir porque el señor
portavoz del Partido Popular ha aceptado y rechazado las enmiendas.
En todo caso, quiero decir por un lado y respecto a la enmienda del
Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista
Gallego, que la aceptamos, y por otra parte con relación a la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista hubiéramos deseado que
comprendiera el punto 1 que se refiere a la evaluación, en este caso
a la investigación de la política de privatizaciones, pero si se
mantiene como enmienda de totalidad y sustitución del conjunto del
texto, nosotros no la podemos admitir. Si se plantea como una
enmienda de adición o como una enmienda de sustitución del punto 1,
la admitiríamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares. Se
ha planteado como una enmienda a la totalidad.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales
del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la
economía y la industria española. El proponente de esta proposición
ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto;
por tanto así se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 15; en contra, 176; abstenciones, 101.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la proposición
no de ley anteriormente citada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE ALACONTINUA ESCALADA EN LOS
PRECIOS DE LOS CARBURANTES Y SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LOS DISTINTOS
SECTORES PRODUCTIVOS, COMO ELAGRÍCOLA, EL PESQUERO Y EL DE
TRANSPORTES. (Número de expediente 173/000017.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR
MEDIDAS QUE EVITEN EL INCREMENTO DESMESURADO DEL PRECIO DE LOS
CARBURANTES. (Número de expediente 173/000018.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATENUAR LOS
COSTES SOBRE LOS SECTORES AGRARIO Y PESQUERO Y DEL TRANSPORTE
DERIVADOS DEL CONTINUO AUMENTO DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES. (Número
de expediente 173/000019.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, los puntos 8, 9 y 10
del orden del día, relativos a las mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para hacer frente a la
continua escalada en los precios de los carburantes y sus efectos
negativos en los distintos sectores productivos, como el agrícola, el
pesquero y el de transportes; del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten el incremento
desmesurado de los precios de los carburantes; y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que
tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los costes sobre los
sectores agrario y pesquero y del transporte derivados del continuado
aumento del precio de los carburantes, se debatirán acumuladamente.
La Junta de Portavoces ha acordado esta mañana que los tres grupos
proponentes tengan un tiempo de 15 minutos para la presentación y
defensa de las mociones. Por tanto comenzamos el debate, y en primer
lugar corresponderá al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
la defensa de su moción.
Tiene la palabra el señor Centella. (Rumores.)
Señorías, permitan al orador que comencemos el debate de este punto
del orden del día.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, la semana pasada
asistimos en la interpelación a un extraño debate en el que el
ministro señor Montoro parecía más preocupado por defenderse, por
justificarse, y en algunos casos incluso llegó a parecer él el
interpelante, que por comprender que lo que se pretendía era
trasladar a esta Cámara un debate que diera esperanza de solución a
miles y miles de ciudadanos que en estos momentos pasan por una
situación de crisis, en algunos casos desesperada. Por eso salimos
preocupados la semana pasada y venimos hoy a esta Cámara con la
intención de forzar el debate, con la intención de trasladar a esta
Cámara la voz de miles y miles de ciudadanos que hoy, en las calles y
en las carreteras de este país, están gritándole al Gobierno que
cambie su política y diciéndole que es el momento de rectificar y de
tomar decisiones que sean realmente eficaces y oportunas. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Por eso
creemos que este es un debate importante, un debate que no puede ser
solamente pasar página, que no puede ser solamente venir a
justificarnos, sino a debatir con la voluntad de que hoy salgan de
aquí acuerdos que puedan
empezar a solucionar una situación muy grave que sufre este país.
Aestas alturas del problema tenemos la sensación de que el Partido
Popular, el Gobierno, está dando la espalda a miles y miles de
españoles, está dando la espalda a un grave problema y se está
poniendo, como decíamos la semana pasada, del lado de los poderosos,
del lado de las petroleras, que están haciendo su negocio a costa de
la economía de este país. En definitiva, lo que hace el Gobierno es
esperar a que amaine el temporal y que los problemas se solucionen
por sí solos. Triste postura la de un Gobierno que en este momento
tiene en la calle y en la carretera a miles y miles de manifestantes
y tiene preocupados a sectores económicos de este país. Por eso
decíamos la semana pasada que ustedes están siendo cómplices de las
petroleras y del gran negocio que están haciendo a costa de los
intereses de muchas economías de este país. Hoy tienen ustedes aquí
mayoría para aprobar las propuestas que quieran; tienen votos
suficientes para sacar adelante las medidas que quieran tomar, pero
hoy también tienen que saber que tienen enfrente a todos los sectores
que están afectados por la crisis y que hoy les están censurando
miles y miles de ciudadanos que hoy están votando en contra de
ustedes en las carreteras y en las calles de este país, miles de
ciudadanos que les dicen que no pueden seguir así, que hay que tomar
medidas eficaces y que vayan realmente al fondo del problema. Todos
los gobiernos tienen la obligación de escuchar las protestas, sobre
todo cuando vienen acompañadas de propuestas serias y rigurosas. Los
campesinos, los ganaderos y los pescadores no salen a la calle para
hacer turismo, no salen a la calle por diversión; salen a la calle
después de haber estado sufriendo y después de ver cómo su economía
se pone en peligro. Por eso Izquierda Unida apoya con rotundidad -y
lo quiere dejar bien claro hoy aquí- las movilizaciones de los
sectores afectados porque entendemos que están ejerciendo un derecho
ciudadano, pero también porque están ejerciendo la responsabilidad
que le falta a este Gobierno, que les da la espalda, que está más
preocupado por esperar a que pase el temporal que por solucionar el
problema. Por eso Izquierda Unida está hoy con los miles y miles de
manifestantes que han recorrido las calles y carreteras de este país.
Pero la situación es más grave. El ministro decía la semana pasada
que tenían un método: negociar, negociar y negociar. Sin embargo, ha
pasado una semana y se ha visto que lo que ellos llamaban negociar
era reprimir; que lo que ellos llamaban dialogar era la política del
palo. Eso se ha visto ayer cuando se reprimían las manifestaciones,
cuando se utilizaban las fuerzas de orden público para negociar. Ese
es el talante negociador de este Gobierno; a eso es a lo que nos
tiene acostumbrados este Gobierno. Hoy han dado ustedes un paso más y
han llamado al enfrentamiento ciudadano. Han querido enfrentar a los
manifestantes con el resto
de la población, y eso es muy grave. Ustedes no sitúan el problema
entre un Gobierno que no toma medidas y los sectores afectados, sino
entre los sectores afectados y el resto de los ciudadanos.
Afortunadamente este país tiene madurez democrática suficiente para
no caer en la tentación y hoy los miles de manifestantes tienen la
simpatía y la solidaridad del resto del país; porque el problema no
es solamente de los agricultores, de los ganaderos o de los
pescadores o transportistas; el problema lo sufrimos ya todos los
ciudadanos de este país. La realidad, señorías, es que las continuas
subidas del petróleo están afectando a todos los sectores del país;
están afectando muy directamente a unos sectores que, como el
agrícola, no pueden subir los precios porque ya están regulados por
la Unión Europea; y están afectando muy seriamente a la economía del
país, al bolsillo de todos los ciudadanos con subidas del índice de
precios al consumo que muchos no van a poder recuperar; todos
aquellos que no tienen pactados valores para recuperar en sus
convenios no van a poder equilibrar al final del año esta subida del
IPC, y tampoco la van a poder equilibrar los funcionarios. Por este
motivo hoy estamos todos los ciudadanos en la calle con los
transportistas y con los agricultores, defendiendo que este Gobierno
de una vez por todas se ponga al lado de las personas que tienen
problemas y no al lado de los que ganan dinero, de los que están
haciendo el gran negocio: las petroleras.
En este debate Izquierda Unida participa con responsabilidad y, en la
medida en que se nos deja, planteando alternativas claras. Hoy
presentamos aquí propuestas frente a una alternativa del Partido
Popular que es insuficiente e ineficaz. No es simple retórica puesto
que las medidas han demostrado ser insuficientes e ineficaces. Hace
cuatro meses, el vicepresidente del Gobierno decía en esta Cámara que
tenía la solución del problema: poner gasolineras en los
hipermercados. Después el presidente del Gobierno vino a decir que
tenía la solución: que los transportistas, los taxistas, consumieran
menos carburante. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Esas medidas ya se ha demostrado que son ineficaces.
Hoy les decía un representante de los manifestantes que ustedes
estaban intentando suministrar aspirinas para combatir un cáncer.
Repito que sus medidas son insuficientes y sobre todo son ineficaces.
La situación es grave y por tanto requiere medidas adecuadas a la
problemática que estamos sufriendo. En este sentido, desde Izquierda
Unida proponemos un plan de actuación que nos hubiese gustado poder
discutir con el Gobierno y con el Partido Popular. En ese afán
dialogante el Partido Popular ni siquiera ha intentado consensuar
propuestas con Izquierda Unida; ni siquiera se ha dignado enmendar
las iniciativas de Izquierda Unida. Simplemente va a utilizar la
mayoría parlamentaria para derrotarlas. Van a situar ustedes a este
Parlamento de espaldas a los intereses de esos miles y miles
de ciudadanos que hoy en la calle están protestando contra su
política.
Nosotros planteamos tres bloques de propuestas. El primero trata de
que se adopten las medidas necesarias para que disminuya la demanda
de productos derivados del petróleo. No se trata de que venga el
vicepresidente a decir que se consuma menos, lo cual, como decía la
semana pasada, es muy fácil decirlo desde el coche oficial pero es
muy hiriente oírlo desde el tractor o desde el taxi; es hiriente oír
decir que la solución es que se consuma menos petróleo. Hay que tomar
medidas eficaces, que, por cierto, ustedes vienen rehuyendo cada vez
que discutimos los Presupuestos Generales del Estado. Medidas
eficaces significan presupuestos y un plan concreto y no simplemente
que el presidente diga en la televisión que se consuma menos.
Planteamos una disminución del IVA en el transporte público
colectivo, una disminución del IVAen las bombonas del gas butano
y que se reduzca a tipos superreducidos en el gas licuado de uso
doméstico. Estas sí son medidas que fomentarían el transporte público
y una disminución en el consumo de carburantes.También solicitamos
que desde la Administración central se apoye, se incentive el
establecimiento de grandes zonas peatonales y de carriles-bici en las
grandes ciudades. ¿Saben ustedes cuántos carriles-bici hay en este
país? Solamente hay dos ciudades en este país que tienen carriles-
bici en condiciones. Por tanto, no vengan ustedes aquí a decir que
están haciendo algo cuando no hacen prácticamente nada.Asimismo
pedimos que se potencie el transporte masivo de mercancías por
ferrocarril y por otros medios de transporte que tengan un menor
potencial contaminante. Estas medidas, junto a la potenciación de una
política de ahorro energético y sobre todo acompañadas de
investigación y desarrollo de energías renovables, como la energía
bicombustible o la de cogeneración, podrían hacer que disminuyera el
consumo y que tuviéramos una verdadera política energética en este
país, que es lo que hace falta.
Un segundo bloque plantea adoptar las medidas necesarias para
mantener la seguridad en la oferta y la concurrencia en el sector de
producción derivada del petróleo. Solicitamos que se haga una
petición al Consejo de Seguridad de la ONU para que se eliminen las
restricciones de exportación de petróleo a Irak, que se acabe de una
vez con esa hipocresía, que se acabe de una vez con esa situación que
al final está pagando el pueblo iraquí y que está provocando lo
contrario de lo que se dice que se combate: que haya una menor oferta
de petróleo en el mercado. Es una petición que serviría para acabar
con esa injusticia que está costando la vida a miles de niños en Irak
por unas sanciones que al final no han conseguido ninguno de los
objetivos que se proponían pero que sí vienen a enriquecer más a las
petroleras. También planteamos que haya una puesta en común de las
reservas petrolíferas de la Unión Europea, que haya una petición a la
Unión Europea para que
los contratos de petróleo que haga se puedan pagar en euros y no
tengamos que depender de fluctuaciones de otras monedas. Igualmente
solicitamos medidas eficaces que favorezcan la concurrencia en el
almacenamiento y en la distribución de hidrocarburos con la
participación de nuevos operadores, como pueden ser las cooperativas
de consumidores de productos derivados del petróleo, que están
pasando un verdadero calvario para poder entrar en el mercado.
También planteamos una mayor regulación del acceso a los sectores
energéticos, en especial al de hidrocarburos, mediante el
establecimiento de peajes y la reducción de los plazos de vigencia de
los contratos. Como ven, son medidas simples pero que van de verdad
al fondo del problema; son medidas que pueden situar el problema en
vías de solución. También pedimos que se establezca de nuevo la
política de precios máximos en el sector de hidrocarburos hasta que
realmente no exista una verdadera competencia en el mismo. De esta
manera se podría evitar el oligopolio que en estos momentos existe y
del que el Gobierno está siendo cómplice.
En el tercer bloque proponemos que se adopten las medidas fiscales
oportunas para que se palien los aumentos de los precios del petróleo
en los sectores afectados y en la economía en general, así como
políticas de ahorro y de energías alternativas que no sean
contaminantes. Estas medidas deben tener tres pilares al menos. En
primer lugar, una tasa especial del cinco por ciento sobre los
beneficios de las empresas petroleras. Esta medida, que tanto ha
asustado a miembros del Gobierno, trata ni más ni menos que de hacer
justicia social, de poner una tasa a aquellos que están obteniendo
unos beneficios a costa de la economía de miles y miles de españoles.
Para esto es para lo que debe servir una tasa, un impuesto, una
fiscalidad: para redistribuir la riqueza. Evidentemente a ustedes les
duele porque están situados en un bando que es precisamente el que
está haciendo el negocio, el que está obteniendo beneficios, y les
duele que se hable de gravar estos beneficios. También planteamos
reducir el actual impuesto sobre hidrocarburos y modificar
técnicamente su figura para que tenga un carácter finalista y que lo
recaudado vaya a potenciar políticas de ahorro energético y de
energía alternativa no contaminante. Ese es un elemento sobre el que
podemos trabajar. Si es verdad lo que dice el señor presidente en la
televisión de que hay que ahorrar combustible, aquí hay elementos
para avanzar en este camino. Lo contrario es demagogia y lo contrario
es intentar echar la culpa a los ciudadanos de un problema que tiene
que resolver el Gobierno. Como no está el señor ministro no voy a
explicar qué significa la palabra temporal, teniendo en cuenta que
todas las medidas que toma un Gobierno son temporales. Cuando decimos
que esta reducción es temporal lo hacemos sabiendo que todas las
medidas tienen que ser temporales porque ningún impuesto que se fije
puede ser de por vida. Cualquier medida tiene que ser temporal y
gobernar
es tomar medidas que son temporales. Lo hemos quitado de la redacción
pero sigue manteniendo el mismo espíritu que decíamos la semana
pasada en la interpelación y que el señor ministro no llegó a
entender o no quiso entender.
Por último, planteamos destinar el incremento obtenido de recaudación
por la Hacienda pública y originado por el aumento del precio del
petróleo para compensar fiscalmente a los sectores productivos más
afectados por esta gran subida, como son el agrario, el del
transporte, el pesquero y otros. No es justo que al final, junto con
las petroleras, el otro gran beneficiado de la crisis sea el Estado.
Es un contrasentido que mientras se están arruinando miles y miles de
economías familiares, de economías medianas, al final el Gobierno
haga el negocio también junto con las petroleras. Como no es justo
planteamos una medida que puede venir a compensar esta situación. Son
propuestas realistas, posibles y sobre todo que van al fondo del
problema. Lo contrario es lo que ustedes están haciendo: recetar
aspirinas para combatir el cáncer. Ustedes podrán imponer hoy su
mayoría parlamentaria, podrán ganar la votación, pero la están
perdiendo en la calle y, sobre todo, lo que más nos preocupa es que
la está perdiendo este país, porque al final no se trata de que
ustedes ganen una votación sino de resolver un problema. Al final van
a tener que tomar estas medidas, pero las van a tener que tomar
cuando sea tarde, cuando ya el daño esté hecho, cuando sus amigos
hayan hecho el gran negocio y gran parte de este país haya acabado en
la ruina. Repito que todavía estamos a tiempo, todavía estamos en la
prórroga y todavía se pueden tomar medidas como las que plantea
Izquierda Unida.
Señor presidente, en relación con la enmienda presentada por el Grupo
Socialista podíamos haber llegado a una propuesta conjunta, puesto
que en lo esencial son bastante coincidentes, pero no merece la pena
presentar una enmienda transaccional PSOE-Izquierda Unida porque si
el Partido Popular no se ha dignado presentar enmiendas es porque ya
tiene dispuesto su rodillo para derrotar, sin siquiera rebatir, las
propuestas de Izquierda Unida y del PSOE. Pero es evidente -y hay que
señalarlo aquí- que hay coincidencias y que en lo esencial estamos de
acuerdo. Sucede igual con la enmienda que se nos presenta por parte
de Eusko Alkartasuna, en la que se especifica que al aplicar la
legislación vigente se tengan en cuenta las peculiaridades fiscales
de cada comunidad. Son enmiendas que podían ser perfectamente
asumibles; la enmienda del Grupo Socialista al ser muy minuciosa no
la vamos a poder aceptar, pero en lo esencial son muy parecidas.
Señorías, termino haciendo un último llamamiento porque hoy la gente
ha estado en la calle y no se merece que este Parlamento dé la
espalda a miles y miles de ciudadanos que hoy con su grito le han
pedido al Gobierno que rectifique y que haga lo que tiene que hacer:
gobernar.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Centella.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista y, asimismo, de la enmienda
presentada a la moción que ha defendido el portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señorías, esta moción es
consecuencia de una interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista a raíz de la especial gravedad que ha
alcanzado el problema de los carburantes y de la pasividad mostrada
por el Gobierno en el pasado y en el presente para hacerle frente.En
esta moción planteamos unos objetivos que creemos que pueden ayudar a
solucionar parte de los problemas.
La situación era grave a finales de la primavera y esto motivó ya
algunas iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista. La reacción
del Gobierno fue la pasividad. El único mensaje que el vicepresidente
Rato ha dado a la sociedad española ha sido el de que consuma un poco
menos. A este paso se puede llegar a pensar que el siguiente mensaje
del Gobierno sería encargar rogativas para tener un invierno
templado, que no hiciera frío y no usáramos la calefacción. El
Gobierno, como hace tantas veces, atribuye sólo a factores externos
los problemas de España y, por tanto, fía su solución a causas
externas. Nos dice -y es cierto- que el Gobierno no controla el
precio internacional de los carburantes y no determina la fijación de
la relación del tipo de cambio entre euro y dólar. Sin embargo, los
problemas que están padeciendo hoy muchos españoles, particularmente
la gente que trabaja en la agricultura, la pesca y el transporte, son
más graves como consecuencia de algunos de los pasivos de la política
de este Gobierno en los últimos años. Destacaré tres. En primer
lugar, el Gobierno ha carecido de cualquier asomo de política de
diversificación de fuentes energéticas, de ahorro de consumo de
energía y de impulso de energías renovables. Quizá por eso España
está a la cabeza de los países de la Unión Europea en materia de
dependencia energética del petróleo. La segunda ausencia de política
que agrava el problema en España es el fracaso de la política de
liberalización del Gobierno, la liberalización de la distribución de
carburantes y particularmente de la regulación del acceso a nuevos
competidores. En 1995 las dos compañías con más peso en la
distribución española, Cepsa y Repsol, concentraban el 78 por ciento
de los puntos de venta; en 1999 estas dos compañías continuaban
concentrando el 72 por ciento de los puntos de venta en España. Y si
el cálculo fuera por volúmenes de venta el nivel de concentración aún
sería mayor. ¿Se debe quizás a esto que España esté literalmente en
la cabeza de los países de la Unión Europea con una menor ratio
gasolinera-vehículos, que en nuestro caso en 1999 era de 0,4
gasolineras por 1.000
vehículos? Un tercer gran pasivo de la política de este Gobierno y
que trae consecuencia del fracaso de la liberalización ha sido el
fracaso de la introducción decompetencia en España. A veces se
discute si la similitud de precios entre estaciones de servicio es
consecuencia del pacto entre compañías o del seguidismo de las
menores respecto de la mayor, bench-marking. Creo que hay un
indicador más claro de lo postrada que está la competencia en la
distribución de combustibles. ¿Se les ha ocurrido pensar cómo puede
ser que los precios sean sensiblemente iguales en las estaciones de
servicio donde un operador coloca el combustible y en las estaciones
de autoservicio? Si el coste de distribución es diferente debe
reflejarse en los precios, y si no serefleja en los precios tenemos
un problema de competencia. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido
que el Gobierno y el grupo que le apoya continúen negándose a dar
poder e independencia al Tribunal de Defensa de la Competencia
porque, créanme, tenemos graves problemas en esto. Ante esta
situación muchos gobiernos de Europa han actuado. El Gobierno francés
ha adoptado diferentes medidas, entre ellas una reducción de
impuestos; el Gobierno italiano ha adoptado una reducción de precios
al por menor del gasóleo; el Gobierno holandés ha adoptado un aumento
de devoluciones fiscales del gasóleo, con efectos retroactivos; el
Gobierno portugués decidió a finales de la primavera mantener los
precios máximos; precios máximos como los que nos van a traer cuando
liberalicen la telefonía local. Se van a mantener los precios máximos
aprobados en diciembre de 1999 hasta finales del 2000. Quizá por eso
hoy el litro de gasóleo pesquero en Portugal cuesta 37 pesetas y el
litro de gasóleo que pagan nuestros pescadores cuesta 56 pesetas.
Aquí, si acaso, más allá de la ausencia hemos asistido a una alegría
encubierta del Gobierno al encontrarse con unos 100.000 millones de
pesetas sobrevenidos, derivados del aumento del precio de los
combustibles, el famoso efecto IVA implícito, y una impasibilidad
absoluta a la explosión de los beneficios de las petroleras, que
también se derivan en parte del aumento de los costes.
El Gobierno nos ha enredado con una discusión sobre una bajada
general de impuestos que nadie propone, y no puede continuar
enredando de esta manera. En términos generales, está bien asentado
que es razonable que los aumentos de costes, sobre todo si van a ser
permanentes, sean internalizados en precios, de forma que los agentes
económicos puedan mover la demanda para ajustarse con flexibilidad. A
esto se le llama elasticidad demanda/precio. Lo que decíamos antes se
aplica con generalidad a los ciudadanos que toman medios de
transporte privado y/o individual, pero hay algunas particularidades.
Miren el sector pesquero. ¿Cómo va a responder un barco de pesca al
aumento de precios? ¿Cómo va a seguir las peticiones del
vicepresidente Rato, saliendo a pescar y parando un par de millas
marinas antes? Es imposible, no está el
caladero; si no llega al caladero no pesca. En términos técnicos esto
se denomina elasticidad demanda/precio rígida a corto plazo. Por
tanto, si la elasticidad demanda/ precio es rígida a corto plazo, la
demanda no puede responder a cambios a corto en el precio, quedan dos
opciones: salir o amarrar, pero esto no puede ser una alternativa
para los pescadores españoles. En la agricultura pasa lo mismo.
Alguien puede plantearse si labra media finca y deja la otra media
para el año siguiente porque lo pide el señor Rato, pero es que el
barbecho hace tiempo que cayó en desuso. En agricultura, elasticidad
demanda/precio es bastante rígida a corto plazo. En algunos sectores
muy específicos como el agrícola y el pesquero, donde la elasticidad
demanda/ precio a corto plazo es muy rígida, donde no tienen
alternativa modal -no pueden tomar el tren- y donde no pueden
trasladar sus precios al producto final, tenemos un problema. Ante la
pasividad del Gobierno, la moción que defiende este grupo se dirige a
ofrecer soluciones en términos de objetivos generales y en términos
de medidas concretas.
La moción persigue tres tipos de objetivos. En primer lugar, impulsar
medidas estructurales que permitan diversificar el aprovisionamiento
energético, impulsar el ahorro de consumo y reducir la dependencia
del petróleo. Señalaré una medida particular -otro pasivo de la
política del Gobierno-: planes de impulso de la calidad y la eficacia
del transporte colectivo para aumentar el atractivo hacia los
ciudadanos, no vía precios sino vía tiempo, porque los ciudadanos
reaccionan al tiempo. Esto requiere infraestructuras y servicios
móviles. El segundo objetivo es coyuntural, temporal, vinculado a la
duración de la gravedad de la situación: medidas fiscales que afecten
a los sectores especialmente golpeados. Mencionaré tres. En primer
lugar, una reducción, en el marco de la normativa comunitaria, de los
impuestos especiales que gravan a los sectores pesquero y agrícola;
en segundo lugar, medidas de devolución fiscal, similares a las
holandesas, en los sectores de transporte por carretera y taxi; en
tercer lugar, la forma de financiarlo con una cierta ortodoxia y no
poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria, a través de dos
fuentes, los 100.000 millones del efecto IVA, el aumento imprevisto,
y el estudio de la implantación de una tasa extraordinaria sobre
beneficios extraordinarios generados por el aumento extraordinario
del precio de los combustibles para cuadra. El tercero, y otra vez en
términos más generales, el impulso de medidas de reforma de los
mercados. Decididamente. A largo plazo, mejorar la competencia con
liberalización real. Mencionaré dos medidas, y dejemos de enredar:
dar poder y autonomía al Tribunal de Defensa de la Competencia. Y, en
segundo lugar, dar la posibilidad a las cooperativas de vender
combustibles a terceros no socios -después volveré al matiz-. Este
conjunto de medidas, juntamente con algunas medidas fiscales que
afectan a la estimación objetiva por el
impuesto sobre la renta o al régimen simplificado del IVA, pueden
servir de acompañamiento a un paquete más general pero son
insuficientes y además corren el riesgo de ser injustas. Quizá hay
dificultad de distinguir entre cereales y cítricos, aunque el consumo
de gasóleo en la actividad de cereales es mucho mayor que en la
actividad de cítricos. No voy a meterme dentro de los cítricos,
porque también existen diferencias. Esto en economía se llama costes
de transacción por aplicación de medidas. Será muy caro afinar en
esta regulación, pero este conjunto de medidas pueden dar salida
a una situación de especial gravedad que algunos ciudadanos están
percibiendo, una situación a la que ha contribuido la situación
internacional en gran medida y que este Gobierno, por las políticas
que no ha aplicado y por su falta de reacción, ha contribuido a
agravar. Es hora de que las medidas comiencen a aplicarse, porque hoy
en España hay muchos ciudadanos que han visto afectada no sólo su
actividad económica, sino su vida. Hoy tenemos en las calles una
muestra evidente de que la desesperación crece. Ya es hora de que
empecemos a darles esperanza. Este es el sentido de esta moción.
Concluido este término de fijación de posición, voy a fijar nuestra
posición en el resto de mociones y dejaré para un punto posterior la
apreciación estricta sobre las enmiendas presentadas a nuestra
moción. Por lo que se refiere a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el portavoz ha puesto de manifiesto
la existencia de una gran cantidad de enmiendas que no van a aceptar.
Por ahí no va a ser posible un acuerdo, y aunque es cierto que en
algunos aspectos coincide la posición, en otros no.
Voy a centrarme ahora en la siguiente posición, aunque debo
confesarles que tengo un pequeño lío, porque la moción que se ha
presentado lo ha sido por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), pero ha sido anunciado hace un rato que esta
moción ha sido ya pactada con el Partido Popular. Por lo tanto, no sé
si referirme al inicio de la moción o al resultado del pacto. Pues
mitad y mitad. En la práctica, esta moción sólo incluye medidas
fiscales. Lo he dicho antes: algunas son afortunadas, creo que son
insuficientes y mal delimitadas pueden llegar a ser injustas por no
identificar correctamente a los perjudicados por el aumento del
precio del petróleo. Además de esa insuficiencia, tienen algunas
trampas. Voy a ello.
Previsiblemente, teniendo en cuenta los acuerdos políticos
existentes, va aprobarse esta tarde lo de las cooperativas y la venta
a terceros no socios. Han introducido la venta de cooperativas; lo de
terceros aparece en declaraciones a agencias de uno de los
acordantes; lo de no socios, en ninguna. Sean claros: ¿van a poder
vender las cooperativas a no socios o no? Todavía están a tiempo de
enmendar. Punto cinco. Hablan del Servicio de Defensa de la
Competencia y de dar cumplimiento al Real Decreto-ley de medidas
urgentes. ¿Todavía dos meses después no han dado cumplimiento a las
medidas urgentes aprobadas el 23 de junio? Suena poco creíble.
Incrementar las actuaciones urgentes de vigilancia sobre el
comportamiento de los operadores del mercado de la distribución de
hidrocarburos, bla, bla, bla. Lo de antes lo han probado en Alemania.
Es muy ortodoxo. En Estados Unidos y en Alemania, es una línea
mayoritaria en la Unión Europea. Denles poder y autonomía a los
órganos encargados de velar por la competencia. No se asusten con las
medidas que propone el Grupo Socialista, son unas medidas moderadas.
Miren si son moderadas -voy acabando, señor presidente- que no llegan
al extremo de algunas propuestas que ha formulado algún que otro
grupo parlamentario del Partido Popular en algún que otro rincón de
la geografía española. Les voy a leer: «El Parlamento insta al
Gobierno a que, a los efectos de romper la situación casi
monopolística del mercado de hidrocarburos en nuestra comunidad
autónoma, declare de utilidad pública y se expropien las
instalaciones de descarga y almacenamiento existentes en las islas de
Mallorca, Menorca e Ibiza, a fin de garantizar de esta manera una
mayor transparencia en el mercado y una efectiva competencia en las
Islas Baleares.» Esa es una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Parlamento de las Islas Baleares el 30 de
mayo, que no fue aprobada porque hay un Gobierno razonable. De todos
modos, una última pregunta en el alero: después de las proclamas de
su presidente sobre la vigencia del Partido Popular como único
partido con un mensaje común en España, ¿debemos pensar que esta
moción llegará también al Parlamento español?
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel.
Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el pasado miércoles mi grupo parlamentario presentó una
interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el
Gobierno para atenuar los costes sobre los sectores agrario, pesquero
y del transporte, derivados del continuado aumento del precio de los
carburantes. Me corresponde en este momento detallar la
fundamentación de la moción presentada por mi grupo el pasado
miércoles.
Ala hora de plantear esta argumentación, me he propuesto el intentar,
en primer lugar, no repetir la avalancha de cifras y datos que
expresan la preocupante situación generada por la evolución al alza
de los precios de los hidrocarburos. Y el propósito se debe a que en
esta Cámara ya se ha analizado y expuesto repetidamente la coyuntura
generada por esta circunstancia y el impacto
económico que ello ha provocado en la evolución de la inflación, en
el bolsillo de los particulares y en los resultados y márgenes de
determinados sectores productivos, fundamentalmente el sector
agrario, el sector pesquero y el sector transporte por carretera.
Entiendo que es especialmente destacable el detalle aportado por mi
compañero de grupo parlamentario, Ramón Companys, en la interpelación
debatida el pasado miércoles. Pero aun cuando las cifras hayan sido
profusamente expuestas en diversas intervenciones ya producidas en
esta Cámara, lo cierto es que la realidad no deja de proyectar
sombras de preocupación sobre la situación ya existente. Así, a día
de ayer el euro marcó nuevos mínimos respecto del dólar, acercándose
a la barrera de 200 pesetas frente al dólar, y el precio del barril
de crudo brent ayer cotizó prácticamente a 135 dólares,
lamentablemente espoleado por un nuevo factor negativo como es el de
las discrepancias entre Irak y Kuwait respecto de la territorialidad
de determinados yacimientos explotados por este último país.
Junto a estos datos económicos, en las últimas fechas se han empezado
a registrar, en descorazonador paralelismo con lo que está ocurriendo
en otros estados europeos, movimientos y manifestaciones de los
sectores económicos y sociales más afectados por las circunstancias
descritas. Entre ayer y hoy se han realizado actos de protesta en
Barcelona, Castellón, Vinaroz, Salamanca y un largo etcétera. Ante
esta situación, resulta evidente que sólo cabe seguir dos caminos
absolutamente complementarios e inseparables: diálogo con los
sectores más afectados y concreción en las medidas que se sugieran y
que deban adoptarse en el marco de las concretas políticas económicas
a instancias de esta Cámara y por decisión del Gobierno. Pero antes
de pasar a esta cuestión y al contenido concreto de la moción
presentada por mi grupo parlamentario, no quiero dejar de hacer
referencia a que, siendo cierto este análisis particular, singular y
específico de la situación económica generada por la evolución del
precio del crudo y de la cotización del euro, que es ciertamente
preocupante, ello no debe dar lugar a tener una valoración negativa
en conjunto de la economía española ni de la economía en general de
la zona euro; máxime si se tiene en cuenta además que el balance
global sigue siendo positivo pese a que, en una nota recientemente
elaborada por la Comisión Europea, la economía española es la más
expuesta, junto con la belga y la portuguesa, al incremento de los
precios del crudo en los mercados internacionales. Pero lo cierto es
que la valoración económica global sigue siendo positiva, y así lo ha
ratificado recientemente el Instituto para la Economía Mundial de
Kiel con las previsiones sobre crecimiento económico en la zona euro
y sobre creación de empleo. Por tanto, siendo negativamente
impactante la subida del precio del crudo en los mercados
internacionales, el balance económico global sigue presentando un
aspecto positivo.
Pese a este balance económico global, lo cierto es que no puede
volverse la espalda a la indiscutible circunstancia de que hay
personas que lo pasan mal; hay colectivos y sectores específicos que
lo están pasando realmente mal. A estas personas poco les vale que
hagamos un balance global de la economía con carácter positivo si día
a día están sufriendo las consecuencias negativas de la disminución
de renta disponible por la evolución al alza del precio de los
carburantes. Hay que dar cumplida respuesta a estas personas que
sufren y hay que dar cumplida respuesta de manera realista,
combinando siempre la perspectiva de la evolución económica a corto
plazo con la evolución a largo plazo; es decir, con responsabilidad.
Sólo a través del diálogo pueden los poderes públicos tomar una
conciencia real de las necesidades y las urgencias que tienen los
particulares afectados. En caso contrario, las medidas que se adopten
sin diálogo, sin profuso diálogo, pueden ser perfectas en lo
abstracto pero absolutamente ineficaces para sus destinatarios.
A esta necesidad de sugerir medidas concretas responde el contenido
de la moción que estoy ahora defendiendo en esta Cámara en nombre de
mi grupo parlamentario. Le diría al señor Bel que, como a mi grupo
parlamentario lo que más le preocupa es que las medidas que se
sugieran sean eficaces y sean aprobadas y la aritmética parlamentaria
es la que es, nos hemos preocupado muy mucho de que no queden en un
ejercicio de retórica verbal, sino que sean aprobadas finalmente por
el Pleno de la Cámara. Esto es lo que interesa: dar soluciones a los
ciudadanos afectados por la evolución de precios.
Las medidas concretas se articulan en los siguientes bloques: en
primer lugar, rebaja de la fiscalidad que soportan los sectores más
afectados por la subida del precio del crudo, fundamentalmente para
aquellas empresas de dimensión más reducida cuyos márgenes
y resultados acusan en mayor medida el alza en el precio de los
carburantes. Este objetivo debe lograrse reduciendo la tributación en
el ámbito del IRPF a las personas que contribuyen en este impuesto en
virtud del régimen de estimación objetiva por módulos -agricultores,
pescadores y transportistas- y reduciendo también la factura fiscal
del impuesto sobre el valor añadido por aplicación del régimen
simplificado de dicho impuesto. También debe aumentarse -y esto es
muy importante- la compensación prevista en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca, que en la actualidad, y como
consecuencia de sucesivas iniciativas de mi grupo parlamentario en el
pasado, aumentó hasta el cinco por ciento; entendemos que, habida
cuenta de la evolución del coste de las materias primas y de los
input energéticos para los sectores agrícolas, debería aumentarse
hasta una compensación cifrada en torno al siete por ciento. Con ello
se conseguirá compensar la pérdida de renta disponible que el
encarecimiento del gasóleo va a generar en los sectores
referenciados. Con la rebaja de impuestos propuesta tiene que
compensarse la pérdida de renta que en la actualidad se está
produciendo. Es significativo traer a colación una cifra aportada por
las organizaciones profesionales agrarias, que estiman que la pérdida
de renta disponible que puede producirse durante este año como
consecuencia de estas circunstancias puede alcanzar un nivel próximo
al 10 por ciento, cifra realmente preocupante.
En segundo lugar -segundo bloque de medidas- quiero referirme a la
tan deseada transparencia y mejora de la competencia en el sector de
los carburantes. Les recuerdo que mi grupo valoró positivamente las
medidas liberalizadoras que el Gobierno adoptó y esta Cámara
convalidó el pasado mes de junio en relación con la distribución de
carburantes. Es un acierto desde una óptica conceptual apostar, por
ejemplo, por la apertura de puntos de venta de combustible en las
grandes superficies, máxime si se atiende a la experiencia derivada
de lo ocurrido al respecto en otros Estados de la Unión Europea; pero
tales medidas no pueden constituir un punto final, sino una coma o, a
lo sumo, un punto y seguido. La vigilancia de la transparencia del
mercado de distribución de carburantes debe ser continua
y permanente, una labor constante. Por ello proponemos reforzar los
órganos e instituciones que se encargan de velar por la correcta
competencia en este tipo de mercados de nuestra geografía;
concretamente, reforzar el Servicio de Defensa de la Competencia.
Llegados a este punto, debemos tener en cuenta un hecho a mi juicio
muy importante. Es cierto que las empresas petroleras ganan dinero,
pero lo ganan las que producen y distribuyen -las que producen,
esencialmente-; las que sólo distribuyen ganan poco dinero hoy en
día. Lo cierto es que sería preocupante a medio plazo, desde la
óptica de la competencia, que las que sólo hacen distribución se
vieran expulsadas del mercado de forma irregular por las productoras
y distribuidoras; de forma irregular desde el punto de vista de la
competencia. El consumidor, a medio plazo, se resentiría de una
evolución del mercado de este tenor que espero que efectivamente no
se produzca; se habría producido un empeoramiento de su situación.
En tercer lugar, deben removerse aquellos obstáculos normativos que
impiden en la actualidad la libre distribución de carburantes a
terceros no socios -creo que es una medida en la que hay un amplio
consenso en esta Cámara- por parte de las cooperativas agrarias,
pesqueras y de transporte, garantizando las condiciones de seguridad
homogéneas en las mismas. Debe recordarse que en 1992, a partir del
desmantelamiento del monopolio de Campsa, desde el propio Gobierno se
instó a que estas entidades, que hasta el momento se habían limitado
a distribuir gasóleo entre sus socios, se incorporaran plenamente en
el mercado de distribución minorista de combustibles y carburantes.
Sin embargo, la Ley 34/1998, la Ley vigente sobre hidrocarburos, en
su disposición adicional decimoquinta establece que la labor
distribuidora con terceros no socios sólo podrá llevarse a cabo en
virtud de la constitución de una sociedad con personalidad jurídica
separada y distinta de la propia cooperativa, lo que de hecho ha
supuesto un obstáculo poco entendible, poco explicable para que este
tipo de entidades participe en la distribución al pormenor de
carburantes. Y digo que es poco explicable porque la justificación de
esta adicional decimoquinta es por razones del régimen fiscal
privilegiado para este tipo de cooperativas, pero todos sabemos que
este tipo de entidades tienen que llevar una contabilidad y cuenta de
resultados separada a efectos fiscales para que no se aplique el
régimen fiscal privilegiado a las operaciones que realizan con
quienes no son sus socios, con lo cual podríamos remover este
obstáculo que dificulta esta distribución al pormenor de carburantes
por parte de estas entidades y nada aporta desde el punto de vista
del rigor fiscal y de la aplicación de la normativa vigente. Máxime
si tenemos en cuenta que el artículo 43 de la citada Ley de
hidrocarburos establece que la actividad de distribución al pormenor
de carburantes y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida
libremente por cualquier persona física y jurídica. Levantemos estas
barreras y favorezcamos la competencia en el sector.
En cuarto lugar, debe incentivarse el uso de biocarburantes mediante
la opción de medidas fiscales al respecto. Los biocarburantes
definidos en la adicional decimosexta de la Ley de hidrocarburos
vigente deben ser objeto de potenciación por suponer una alternativa
siquiera reducida, en estado embrionario, a la fuerte dependencia de
los productos petrolíferos, y esta circunstancia es especialmente
importante en España, ya que se trata del cuarto mayor importador de
crudo de Europa detrás de Alemania, Francia e Italia, importando más
de cuatro millones de barriles diarios en marzo, de los que 833.000
procedían de la OPEP.
En último lugar, y última medida sugerida en la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, ¿qué sucede si
esta compleja y dolorosa situación se mantiene, qué sucede si los
sectores afectados no ven compensada de manera eficaz su pérdida de
renta en virtud de las medidas propuestas, situación que esperemos
que no se produzca, pero qué ocurriría en tal caso? Sucederá que
deberán explorarse otros caminos, deberán explorarse otras vías desde
la óptica de la responsabilidad política.
Lo cierto es que el resto de medidas que pueden tomarse, máxime si
hacen referencia a la imposición especial sobre hidrocarburos, no
puede -y es la posición de mi grupo parlamentario- tomarlas España de
manera unilateral, prescindiendo de las decisiones o de las opiniones
que puedan tener al respecto sus socios comunitarios. Es decir, que
si la situación se agravase de forma que determinados sectores se
vieran sometidos a mayores tensiones en relación al coste de sus
inputs energéticos, es posible que lleguemos a la conclusión de que
deben plantearse rebajas selectivas por categorías de consumidores
profesionales de la imposición especial sobre los hidrocarburos,
solución que, por cierto, apuntó recientemente la comisaria de
Energía de la Unión Europea en una entrevista publicada en un
determinado medio de comunicación diario. Se trata de una posibilidad
que no daría lugar a un incremento en el consumo de carburantes a
corto plazo, y aquí coincido con la intervención del señor Bel, del
Grupo Parlamentario Socialista, porque la demanda de estos sectores
a la evolución del precio no es elástica, con lo cual no se producirían
los riesgos apuntados desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el
Gobierno de que con una rebaja de la imposición sobre los carburantes
se vería incentivado de forma perniciosa el consumo del carburante,
porque se trata de rebajas para categorías de consumidores
profesionales, insisto, opción propuesta o apuntada incluso por la
comisaria de la Energía en el ámbito de la Unión Europea.Pero,
insisto, estas medidas no pueden tomarse de manera unilateral por el
Gobierno español, por el Parlamento español, no pueden tomarse si no
es en un marco de acuerdos, si no es en un marco de consenso con el
resto de Estados de la Unión Europea, porque si no el mensaje que se
estaría mandando a los países productores de petróleo es ciertamente
pernicioso. El mensaje sería de interpretación inequívoca: Sigan
ustedes en los actuales niveles de producción que ya trasladaremos
las pérdidas de bienestar y de riqueza económica a nuestros
consumidores en los países consumidores. Desde un punto de vista de
responsabilidad política internacional esto no puede y no debe
hacerse.
Por tanto, simplemente a efectos de fijar la posición de mi grupo
respecto a estas hipotéticas rebajas de la imposición especial sobre
hidrocarburos para categorías concretas de consumidores
profesionales, diré que, en primer lugar, debemos explotar las
medidas que sugiere la moción que hoy votamos en esta Cámara; si la
situación se alargara deberían explorarse otras medidas, siempre y
cuando fuera en un marco de acuerdo con el resto de Estado de la
Unión Europea y nunca de manera unilateral por parte del Estado
español. Qué duda cabe que para plantear cualesquiera otras medidas
que hicieran falta si la situación actualmente existente se
prolongara el próximo Ecofin del 29 de septiembre es un buen momento
para explorar opiniones y posibles consensos con otros Estados
miembros de la Unión Europea. Este es el sentido del quinto punto de
la moción que hoy debatimos. Lo contrario sería exigir a los sector
afectados esfuerzos que no son, desde un punto de vista social,
mínimamente exigibles ni presentables.
Para acabar, quisiera decir que mi grupo parlamentario aceptará la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por
entender que refleja una sintonía sobre el análisis de la situación
económica actual y una sintonía respecto a las recetas económicas que
deben proponerse y articularse de manera concreta para salir al paso
de la preocupante situación que determinados sectores del ámbito
económico y social están padeciendo.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Padrol.
Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Parlamentario Popular.Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer
lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevísimanente para dejar paso a la señora Lasagabaster.
El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas. La primera de
ellas se incardina a corto plazo dentro de la política del Gobierno,
para que tenga cuando menos la opinión de los grupos parlamentarios
de la Cámara, respecto de la revisión del precio de la bombona de
butano que, como saben todos ustedes, se estableció por el Real
Decreto de 1999 con un IVA del 7 por ciento, con cero de impuesto
especial y, por tanto, manteniendo un precio de 1.115 pesetas. Se
trata de que cualquier subida que se pueda realizar a partir del mes
de octubre no supere el índice de precios al consumo, que es la
manera de que no contribuyamos a una mayor inflación, sobre todo para
beneficiar a los hogares más desfavorecidos.
La segunda tiene una importancia estratégica de mayor alcance, pero
sin duda está relacionada con el problema de fondo que estamos
discutiendo, y es que si bien en el año 1997, con la crisis asiática,
la demanda de petróleo disminuyó alarmantemente, ahora no es así,
estamos en un ciclo expansivo de las economías y por tanto sería muy
positivo que Irak pudiese contribuir con su crudo a una oferta en el
mercado internacional, lo que sería beneficioso para los países
industrializados. No es un criterio exclusivo del Bloque Nacionalista
Galego, presidentes de organismos públicos de Estados de la Unión
Europea así lo han manifestado, e incluso, para que no sea piedra de
escándalo desde el punto de vista político, diré que el señor Fraga
Iribarne se declaró favorable a tal medida, ejerciendo incluso como
presidente de la Xunta de Galicia y para justificar en todo caso la
impotencia del Gobierno del Partido Popular de no poder actuar con
entera capacidad de maniobra en un contexto internacional tan
condicionado. En todo caso, comprendemos que es una medida de
carácter económico que tiene sin duda colaterales connotaciones
políticas, pero pensamos que es el momento oportuno de defenderlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
También intervendré brevemente. Es poco habitual que se presenten
interpelaciones que coincidan en sus objetivos y creo que también es
poco habitual, por desgracia, que ciertamente coincida lo que estamos
hablando aquí con lo que están manifestando los ciudadanos. En este
caso, la coincidencia hace referencia a la situación realmente
problemática a la que se enfrentan muchos de los sectores productivos
como los que se citan: agrícola, pesquero y de transporte, y
realmente es una situación de efectos negativos que hay que afrontar.
En este caso es sintomática esa coincidencia en interpelaciones, en
la realidad desgraciada de sus efectos negativos y en la necesidad de
establecer medidas como las que aquí se proponen.
Estamos de acuerdo con las mociones originales presentadas por los
grupos. Podríamos haber hecho algunas puntualizaciones como, por
ejemplo, en el caso de la propuesta de Izquierda Unida, establecer un
mayor número de medidas destinadas a posibilitar una verdadera
competencia entre las empresas petroleras. Estamos de acuerdo en
todas las medidas a que se hacen referencia en el punto 3 de la
propuesta. En las demás propuestas podríamos matizar, incidir en la
forma de articularse otras medidas como las que se proponen en el
Estado francés relativas al impuesto sobre sociedades o en el caso
del proyecto de real decreto de deducción por inversiones destinadas
a la protección del medio ambiente, que parece que todavía no está en
marcha. Es decir, tenemos matices que hacer pero en definitiva
estamos de acuerdo con las mociones originales aquí presentadas
porque al menos tratan de ver cómo se pueden paliar esos efectos
negativos.
El porqué de nuestras enmiendas, que anuncio ya que vamos a retirar,
después de haber conversado con dos de los ponentes de estas
mociones, es que aunque todos deberíamos ser conscientes de cuáles
son las competencias de cada Administración en materia tributaria
o de Hacienda, a veces hay que hacer recordatorios para que no haya
solapamientos de competencias que afectan a una u otra
Administración. Queríamos recordar esa especificidad, ese hecho
diferencial que tienen por razón del Convenio de Navarra o del
Concierto en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Somos conscientes
de que son diferentes competencias, puede haber solapamientos pero,
en todo caso, queríamos hacer el recordatorio. Hemos hablado con los
ponentes, no con todos -y me disculpo con el ponente portavoz de
Izquierda Unida-, y son conscientes de que hay que tener muy clara
esa diferencia de competencias. Creemos que como recordatorio valía,
pero no tenemos ningún inconveniente en retirarlas en este
momento. Por tanto, retiramos nuestras enmiendas a las tres mociones
y apoyaremos las mociones originales que se han presentado en esta
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, voy a utilizar
este turno para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
respecto de las tres mociones presentadas y simultáneamente defender
las enmiendas de nuestro grupo parlamentario. En teoría, dispondría
de quince minutos, pero, debido a la hora, intentaré ser ligeramente
más breve.
En cuanto a la moción de Izquierda Unida, desde el mayor respeto,
existe la mayor discrepancia. Además, es lógico, desde principios
ideológicos distintos es normal que se desarrollen posiciones
diferentes, y esto ocurre a lo largo de esta moción, tanto en su
parte técnica y económica como que si desde el Partido Popular se
hubiera redactado una frase sobre el problema de Irak se hubiera
hecho de manera distinta. Insisto, desde el mayor respeto,
simultáneamente, la mayor discrepancia, lo cual es normal.
Respecto al Grupo Socialista, desde su cambio de dirección, viene
diciendo que ya está preparado para gobernar; está preparado para
gobernar, sin duda. Lo creo y lo respeto. Pero supongamos que el
Partido Socialista hubiera estado en el Gobierno durante los primeros
quince días del mes de septiembre. Supongamos que al gobernar hubiera
utilizado para expresar sus ideas, en lugar de la prensa o los medios
de comunicación, el Boletín Oficial del Estado. Un partido en el
Gobierno puede utilizar el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué hubiera
ocurrido? El día 1 hubiera aparecido en el Boletín Oficial del
Estado: Se rebaja el impuesto relacionado con la gasolina en seis
pesetas. Me imagino que el día 2 hubiera aparecido en el Boletín
Oficial del Estado: Se copia a Francia en la colocación de un
impuesto especial para las petroleras que sirve para financiar la
disminución de impuestos relacionados con el gasóleo y con las
gasolinas. Cuidado, aquí hay un problema técnico. Francia no es que
pusiera un impuesto a las petroleras. No, vamos a ver. Había un
problema de tipo técnico-fiscal: determinados fondos -provisiones-
podían ser utilizados sin gravamen por las petroleras francesas y
esos fondos los eliminó Francia, con lo cual lo que hizo Francia fue
ajustarse a la posición española. Luego técnicamente es difícil decir
que Francia lo que hizo fue poner un impuesto sobre las petroleras
que debiéramos copiar en España cuando Francia lo que quitó fue una
deducción fiscal que no existía en España. Pero aquello fue lo del
día 2 de septiembre.
Sigamos a lo largo de este mes. El día 10 de septiembre el secretario
general, en uno de los diarios de mayor difusión de este país, dice
dos cosas: que hay que disminuir
ya los impuestos sobre el gasóleo y, en cierto plazo, sobre la
gasolina. El día 13 de septiembre. Perdón, día 13 de septiembre ¿a
qué hora? ¿Día 13 de septiembre a las 4,30 horas de la tarde? El día
13 de septiembre a las 4,30 horas de la tarde el secretario general,
en un debate sobre el tema de los precios del petróleo, no hace
mención en absoluto a los impuestos sobre los hidrocarburos. A las
7,30 horas de la tarde del mismo día, el portavoz económico del
Partido Socialista dice que hace falta reducir los impuestos
transitoriamente. Vale. Postura número 5. Supongamos que hubiera
estado en el Gobierno y que todo aquello hubiera ido apareciendo, en
vez de en la prensa, en el Boletín Oficial del Estado. Hubiéramos
tenido que crear un sistema especial de fe de erratas realmente
importante o hubiera tenido que plantearse un sistema de normas que
van cambiando la anterior. Gobernar es decidir, pero es decidir con
una coherencia continuada en el tiempo.
Pero hablemos ahora de la última propuesta de este impuesto
transitorio, que cuando suben los precios se bajan los impuestos y al
revés. ¿Tiene algún problema esta propuesta? Quizá alguno se
preguntara: el PSOE gobernaba cuando la crisis del Golfo Pérsico y
entonces subieron los precios y además parecía que era transitorio.
¿Entonces bajó los impuestos? No bajó los impuestos, al contrario, si
acaso, los subió y criticó duramente al franquismo de 1973 que bajó
impuestos. En España además las cosas transitorias tienden a ser
bastante permanentes. Porque, además, se dice que los impuestos
volverán a subir cuando los precios vuelvan a bajar a niveles
adecuados. ¿Cuándo los precios bajan a unos niveles que ya se pueden
elevar los impuestos? Si desde el PSOE se ha dicho que ahora a veces
parece que podemos llegar a movernos al son de manifestaciones,
manifestaciones y manifestaciones, entonces habrá manifestaciones,
manifestaciones y manifestaciones diciendo que no han bajado
suficientemente los precios y que no se pueden volver a subir los
impuestos. No sé si ése es el mejor sistema de plantear la política
fiscal en España.
Pero además de ello, estamos ante una crisis del precio del crudo del
petróleo. Desde la Unión Europea -uno de cuyos comisarios se llama
Pedro Solbes- se ha dicho que estamos ante una crisis de duración no
necesariamente corta, normalmente, y, en todo caso, indeterminada. Si
estamos ante una crisis que puede no ser corta, todo lo que se ha
dicho sobre elasticidad precio a corto plazo ¿tiene algún sentido? Si
esta crisis puede ser a medio plazo, sin duda empieza a jugar la
elasticidad precio.
En las filas del PSOE hay personas que son muy conocedoras de
economía y saben que juegan y que jugaron bastante a corto plazo las
elasticidades precio en 1973-1974. Están los magníficos estudios del
Banco de España sobre la forma en que empezaron a jugar las
elasticidades precio precisamente cuando la crisis de 1973-1974,
cuando el Gobierno franquista bajó
impuestos en aquel momento. Pues si es así, si empiezan a jugar y
pronto las elasticidades precio y además ante una crisis que puede
ser a medio plazo, nos podemos encontrar con que la demanda crezca y
de manera importante en relación a lo que crece en Europa por la
elasticidad precio, y que las funciones de producción sean mucho más
intensivas en energía petrolífera precisamente por esa elasticidad y
nos separemos de Europa como nos ocurrió en la crisis de 1973-1974.
En el mundo de los principios, ante situaciones parecidas lo lógico
es tomar medidas similares. Luego ¿está acaso diciendo el PSOE que si
sube el precio de la materia prima de un producto importante, bajaría
el impuesto de ese producto? Porque ante situaciones parecidas,
medidas similares. ¿O también está diciendo que si baja bruscamente
el precio, por ejemplo, de los ordenadores habría que ponerles un
impuesto para que las pymes no se encontraran con que tenían que
competir con ordenadores de penúltima generación contra los de última
generación? ¿Qué quiere decir todo esto? No pienso que sea
oportunismo político, pero se puede interpretar que se quiere decir
que no creen en los precios relativos y no creer en los precios
relativos es no creer mucho en el mercado.
Me parecía que el PSOE había tenido una evolución en su historia y
que hoy era bastante más promercado que hace años. Sin duda del
mercado rectificado en los temas de solidaridad y de ecología, aunque
en la ecología lo que ocurre es que, si acaso, las medidas propuestas
por el PSOE empeorarían la situación ecológica en relación a las
medidas propuestas, por ejemplo, por Convergència i Unió y enmendadas
por el Partido Popular.
Nos encontramos, pues, con un planteamiento discutible frente al cual
el análisis beneficio-coste del planteamiento alternativo que aparece
en la moción de Convergència i Unió con las enmiendas del Partido
Popular resulta mucho más lógico. En las dos se plantea reducir
impuestos, pero en unas se reduce distorsionando el sistema de
precios de mercado, haciendo que nos volvamos mucho más vulnerables a
los problemas de futuras crisis del petróleo. En la otra se rebajan
impuestos, pero dirigiéndolos directamente a incrementar la renta de
los sectores afectados, pesca, agricultura, transporte por carretera,
autotaxi, etcétera, compensándoles por la crisis del crudo. Luego en
los dos casos, con la misma medida, reducción de impuestos, en una la
relación instrumentoobjetivo es mucho más adecuada que en la otra.
Esto lo saben perfectamente las personas con conocimientos económicos
de las filas del PSOE -que son muchas-.
Pero además esto se haría a través de módulos, del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, del IVAy de muy distintas medidas
fiscales al respecto. Y además de ello se plantean unas medidas de
defensa de la competencia. ¿Qué es lo que se plantea con esas
medidas?
Con toda claridad, cuando se desmontó el monopolio del Estado, el
Gobierno del PSOE, en el sentido técnico de la palabra, creó un
oligopolio, y ahora lo que se plantea
es desmontarlo. El PP va a desmontar ese oligopolio -esto es lo que
se critica ahora desde el PSOE- y va a desmontarlo, como es lógico,
ejecutando los decretosleyes que se aprobaron muy recientemente, pero
son medidas estructurales y, al ser medidas estructurales, hace falta
un cierto tiempo para su pleno funcionamiento. Pero al mismo tiempo
fortalezcamos el Servicio de Defensa de la Competencia, introduzcamos
competencia por parte de las cooperativas. Hagamos un ambiente mucho
más competitivo que no va en la misma línea de lo que ha dicho algún
alto dirigente institucional del PSOE, que ha manifestado que lo que
nos ocurre viene de ciertas medidas liberalizadoras tomadas por parte
del Partido Popular.
Además de todo esto, la suma de la moción de Convergència i Unió con
las enmiendas del Partido Popular posibilitan actuar en la misma
línea que Europa y tomar nuevas medidas al mismo tiempo que Europa
para no descolgarnos de la política europea, como nos ocurrió en el
período 1973-1974 además de apoyar al unísono formas de energía
alternativa.
Acabaría diciendo que por parte del secretario general del Partido
Socialista se han hecho declaraciones que me parecen muy positivas.
Se ha dicho que en temas de política de Estado hay que llegar a
acuerdos, se ha dicho que es bueno que en los temas importantes haya
una cierta aproximación entre la oposición y el Gobierno. El Partido
Socialista, no en esta intervención, pero sí en otras, ha manifestado
que a veces parecía como si tuviéramos que tomar medidas al son de
manifestación, manifestación, manifestación. Yo pediría que ideas
mencionadas del secretario general del Partido Socialista -por las
que le felicito- se convirtieran en el lenguaje de los hechos, que se
haga política de Estado y se apoye al Gobierno del Partido Popular y
a la moción de Convergència i Unió con las enmiendas del Partido
Popular, para que se tomen las medidas necesarias en vez de al son de
manifestación, manifestación, manifestación, al son de diálogo,
diálogo, diálogo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Gamir.
En turno de aceptación o de rechazo de las enmiendas, en primer
lugar, tiene la palabra el señor Centella, del Grupo de Izquierda
Unida.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Tomo la palabra, como ya dije en mi
intervención, para decir que no aceptamos ninguna de las enmiendas
presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias.
El señor Bel tiene la palabra por el Grupo Socialista.
El señor BEL I QUERALT: Señor Gámir, a veces parecía usted comentar
la propuesta de rebaja de impuestos especiales que hizo el PP en
1991, porque
usted no se ha referido a la intervención de hoy ni a la moción que
ha presentado...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Bel, le recuerdo que el
turno de palabra es para aceptar o rechazar las enmiendas que se han
presentado a la moción que usted ha defendido.
El señor BEL I QUERALT: Gracias.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el Bloque
Nacionalista Galego, este grupo acepta la primera enmienda y no
acepta la segunda. Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas
y retiradas por Eusko Alkartasuna, este grupo agradece la retirada e
indica que el espíritu de la enmienda estaba implícito en la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Bel.
¿Señor Padrol?
El señor PADROL I MUNTÉ: Como he indicado en la tribuna, aceptamos la
enmienda del Partido Popular y rechazamos el resto de enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Vamos a proceder a la votación de las tres mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes que se acaban de debatir y lo haremos de
manera separada.
En primer lugar, procedemos a la votación de la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, cuyo proponente no
ha aceptado ninguna de las enmiendas que aquí se han debatido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, siete; en contra, 270; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada.
A continuación votaremos la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, con la enmienda del Grupo Mixto que ha
aceptado el proponente, la primera que presentó el señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 103; en contra, 171; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada.
Procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha
aceptado el proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 170; en contra, 108; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.