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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 18, de 27/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 18
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 17
celebrada el martes, 27 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 708)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 16-1, de 24 de abril de 2000. (Número de
expediente 122/000012.) . . . (Página 708)
Modificación del orden del día:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), para la modificación del
sistema de designación del Fiscal General del Estado. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, núm. 34-1, de 8 de mayo de 2000. (Número
de expediente 122/000025.) . . . (Página 717)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
potenciar el aprendizaje temprano de un idioma extranjero. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 37, de 26 de junio de 2000.
(Número de expediente 162/000077.) . . . (Página 728)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre inmigración. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 29, de 12 de junio de 2000.
(Número de expediente 162/000060.) . . . (Página 734)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mantener e impulsar el sector de los astilleros
públicos. (Número de expediente 173/000012.) . . . (Página 743)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno
en relación a la aplicación de la nueva Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en materia de obligación de
declarar y las medidas a adoptar para evitar la inseguridad jurídica
que dicha aplicación está produciendo en los contribuyentes. (Número
de expediente 173/000013.) . . . (Página 750)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a
adoptar para la gestión adecuada del caladero de merluza del
Atlántico Norte. (Número de expediente 173/000014.) . . . (Página 755)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 708)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 708)
Del grupo Parlamentario Socialista, sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales . . . (Página 708)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, la
señora Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista. Es la
segunda vez que su grupo presenta esta iniciativa y las razones
siguen siendo las mismas. Pretenden con ella cubrir un vacío
normativo existente en el ordenamiento jurídico en materia forestal,
ya que, opinan, se debe sustituir sin más dilaciones la antigua Ley
de Montes de 1957 y abrir así de nuevo el debate que, sin duda, puede
ser enriquecido con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Su
propuesta es una ley básica elaborada en colaboración con las
comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha
y Andalucía y con expertos en materia forestal y asociaciones
ecologistas; una ley que, desde el respeto a las comunidades
autónomas, pretende ser el referente que armonice en materia forestal
todo el territorio nacional. Por otra parte, añade, es un compromiso
del Partido Popular del año 1996 que no cumplió, por lo que su grupo
presento la primera proposición de ley en septiembre de 1998,
iniciativa que fue rechazada con la promesa de que en unos meses el
Gobierno presentaría un nuevo proyecto de ley. Han pasado dos años
más, y la ley sigue inédita pese a que el Gobierno la consideraba una
de sus prioridades. Afirma que no puede seguir esta situación cuando
la desertificación avanza y peligran las especies forestales, se
destruye la cubierta vegetal y con ello gran parte de la
biodiversidad del país. Puesto que el Partido Popular tiene la
responsabilidad de gobernar, pregunta al Gobierno sobre las medidas
que piensa adoptar al respecto y pasa a exponer los argumentos en que
se basa la proposición de ley. Finalmente solicita el voto afirmativo
de la Cámara para su toma en consideración porque con ello se
contribuirá a salvar las masas forestales que hoy están en peligro y
que afectan, reitera, a toda la biodiversidad del país.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ochoa de Eribe
Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los
señores Companys Sanfeliú, del Grupo ParlamentarioCatalán
(Convergència i Unió), y Madero
Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales, se rechaza por 112 votos a
favor, 175 en contra y ocho abstenciones.
Modificación del orden del día . . . (Página 717)
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de
los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, relativa a
la derogación de la disposición adicional primera de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica . . . (Página 717)
La señora presidenta comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la
tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la
proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de
Coalición Canaria, relativa a la derogación de la disposición
adicional primera de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y
coordinación general de la investigación científica y técnica, lo que
se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 717)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para la modificación del
sistema de designación del fiscal general del Estado . . . (Página 717)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el
señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Lo hace en nombre
de Iniciativa per Catalunya-Verds por considerar que la designación
del fiscal general del Estado requiere un máximo de consenso puesto
que tiene la misión constitucional
de promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y
social y no se puede convertir en un servidor leal del Gobierno de
turno. Recuerda debates encendidos sobre la elección del fiscal
general del Estado y determinadas actuaciones del último fiscal
general que dieron lugar a que diversos grupos parlamentarios
pidieran su dimisión o destitución. Se refiere a la moción que se
aprobó el 27 de mayo de 1997, en la que se instaba al Gobierno a
presentar un proyecto de ley de reforma del Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal que, entre otras cuestiones, contemplara la
designación del fiscal general del Estado, y critica los sucesivos
incumplimientos del Gobierno en la materia, siendo una de las razones
que ha movido a su grupo a presentar esta iniciativa. Explica el
texto de su proposición de ley y asegura que, a parte del
incumplimiento del Gobierno respecto de la moción que se aprobó hace
tres años y de la seguridad de que no lo va a cumplir, les mueve a
presentar la proposición de ley, para su toma en consideración, el
creer que es fundamental el acercamiento del Parlamento a la figura
del fiscal general del Estado y el acabar con la utilización
partidista, contraria al papel de imparcialidad e independencia que
la Constitución asigna al fiscal general del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López
Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, para la modificación del sistema de
designación del Fiscal General del Estado, se rechaza por 14 votos
a favor, 272 en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 728)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
potenciar el aprendizaje temprano de un idioma extranjero . . .
(Página 728)
Presenta la proposición no de ley, en nombre delGrupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el
señor Guerra Zunzunegui. Considera que en los últimos veinte años se
ha dado un gran avance en cuanto a la escolarización de la población
infantil, puesto que todos los niños entre 6 y 16 años están
escolarizados, pero queda pendiente, aparte del mejor aprendizaje de
las humanidades, las matemáticas o la lectura comprensiva, el idioma
extranjero. Se ha dado un gran avance en la cantidad, pero no en la
calidad, transmitiendo a la Cámara la preocupación de su grupo por la
enseñanza de la informática y de idiomas extranjeros. Considera muy
tardío el inicio del aprendizaje de otro idioma a la edad de 8 años,
por lo que su proposición no de ley propone que se inicie a los 6 o
-si fuera posible- en el ciclo de la educación infantil, entre 3 y 6
años. Se refiere a las enmiendas presentadas a su proposición no de
ley y solicita el voto favorable de la Cámara.
Defienden las enmiendas presentadas a la proposición no de ley las
señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Palma i
Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martí i Galbis,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el
señor Guerra Zunzunegui.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas para potenciar el aprendizaje
temprano de un idioma extranjero, en los términos resultantes del
debate y con la incorporación de las enmiendas, tal y como ha sido
puesto de manifiesto por el portavoz del grupo proponente, se aprueba
por 283 votos a favor y ocho abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre inmigración . . .
(Página 734)
Defiende la proposición no de ley el señor Jáuregui Atondo, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar muestra su
desacuerdo con las palabras pronunciadas por el ministro del Interior
con motivo de la toma de posesión del secretario de Estado de
Inmigración en el sentido de que la inmigración se iba a convertir en
el principal problema de convivencia de los españoles, pero teme que
se puedan convertir en realidad si no se hacen bien las cosas en
política de inmigración. Su proposición no de ley responde al único
propósito de abordar la política de inmigración desde una actitud
política y
humana distinta a la del Gobierno; es decir desde el consenso en el
método y la integración en el contenido. Considera que la política de
inmigración es una cuestión de Estado que reclama el consenso,
abordando la política de inmigración desde una perspectiva global y
de integración. Critica la política llevada a cabo por el Gobierno y
su afán de reformar la Ley de Extranjería y pide el voto favorable de
la Cámara para su propuesta, que pasa a explicar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Frutos
Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora
Uría Etxeberría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Muñoz Uriol,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Jáurregui Atondo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre inmigración, en los términos dimanantes del debate
y del texto de la enmienda transaccional presentada por el grupo
proponente, se rechaza por 117 votos a favor, 154 en contra y 15
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 743)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mantener e impulsar el sector de los astilleros
públicos . . . (Página 743)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Se queja en primer
lugar de la falta de información por parte de la señora ministra de
Ciencia y Tecnología sobre las líneas generales para la creación de
una nueva sociedad que va a abarcar a todos los astilleros públicos
que hoy dependen de AESA, en una situación crítica todos ellos.
Considera preocupante el silencio que mantiene el Gobierno ante la
situación y pregunta de nuevo sobre cuál va a ser la reestructuración
societaria e industrial de los astilleros públicos del Estado
español. Manifiesta que
el Bloque Nacionalista Galego rechaza totalmente una nueva
disminución de la capacidad productiva o de la diversificación
productiva y expone en qué consiste su moción. Considera que las
medidas de orden empresarial si se deben discutir en sede
parlamentaria porque, tras quince años de experiencia, se puede
juzgar perfectamente cuáles son las causas exclusivamente técnicas o
empresariales y cuáles las causas de carácter político que han
llevado a los astilleros públicos del Estado español a esta situación
cada vez más peligrosa. Traza los mínimos que harían positiva esta
reestructuración y resalta los tres puntos clave de su moción: dotar
a la nueva sociedad de una política comercial agresiva; establecer un
programa de inversiones orientado a la mejora de las instalaciones
y de los procesos productivos de la calidad y de la formación de los
trabajadores, así como a potenciar el desarrollo tecnológico; y una
nueva ordenación productiva que permita la constitución de un
complejo integral de la construcción naval sobre la base de las
empresas gallegas del sector que se integran en la nueva sociedad,
que les permita abordar todo tipo de producción naval, civil y
militar, al igual que sucede en el sur peninsular. Continúa
explicando los distintos puntos de su moción y anuncia la aceptación
de las enmiendas de adición de los grupos Socialista y Federal de
Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente intervienen el señor De la Encina Ortega, del
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Castro Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Souvirón
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mantener e impulsar el sector de los astilleros
públicos, se rechaza por 111 votos a favor, 149 en contra y nueve
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno en
relación con la aplicación de la nueva Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en materia de obligación de
declarar y las medidas a adoptar para evitar la inseguridad jurídica
que dicha aplicación está produciendo en los contribuyentes . . .
(Página 750)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Pozuelo Meño, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Plantea a
la Cámara tres propuestas concretas que considera aportan soluciones
a las dificultades y a la inseguridad jurídica en que se han visto
sumidos los contribuyentes en estos meses de campaña de declaración
de la renta. Reitera el desconcierto y la falta de orientación de
miles de ciudadanos cuando conocieron el contenido real de la nueva
Ley del IRPF y las condiciones que se han establecido para su
aplicación, que no coinciden con la publicidad y propaganda elaborada
por el Gobierno. Critica el nuevo impuesto, reiterando los argumentos
dados en la interpelación urgente presentada la semana anterior
y expone los tres puntos de que consta su moción. Finalmente anuncia la
aceptación por parte de su grupo de dos enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y espera que la moción
sea aprobada.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Ruiz
López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso
En turno por alusiones interviene el señor Martínez Noval.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Pozuelo Meño.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno en
relación a la aplicación de la nueva Ley del impuesto sobre la renta
de las personas físicas en materia de obligación de declarar y las
medidas a adoptar para evitar la inseguridad jurídica que dicha
aplicación está produciendo en los contribuyentes, en los términos
derivados del debate y la incorporación de las enmiendas que han sido
aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 106 votos a favor
y 160 en contra.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre las medidas a adoptar
para la gestión adecuada del caladero de merluza del Atlántico Norte
. . . (Página 755)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Txueka Isasti, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Hace referencia al debate, a su juicio interesante, de la semana
pasada, con motivo de la interpelación presentada por su grupo sobre
la problemática del caladero de merluza del Atlántico Norte, debate
en el que coincidieron los diversos grupos políticos y el señor
ministro de Agricultura. Explica algunos de los aspectos de aquel
debate en los que hubo coincidencia de opiniones y presenta el marco
de entendimiento que permitirá a toda la flota y a las distintas
administraciones abordar con ánimo y sin recelos el debate del
caladero de merluza del Atlántico Norte. En relación con las
enmiendas presentadas anuncia una enmienda transaccional que confía
contará con el apoyo de todos los grupos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista; Vázquez Vázquez,
del Grupo Parlamentario Mixto; Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Mantilla Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar para
la gestión adecuada del caladero de merluza del Atlántico Norte, en
los términos originados por la enmienda transaccional, se aprueba por
249 votos a favor y cuatro abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución.
Ruego a los señores miembros de la Mesa que se pongan en pie.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña
Francisca Pol Cabrer, en sustitución de doña María Luisa Cava de
Llano y Carrió, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora POL CABRER: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña Francisca Pol Cabrer ha adquirido la
condición plena de diputada. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don
Jesús Javier Perea Cortijo, en sustitución de don Manuel Ángel
Aguilar Belda, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor PEREA CORTIJO: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Jesús Javier Perea Cortijo ha adquirido la
condición plena de diputado. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE USO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS FORESTALES. (Número de expediente 122/
000012.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre uso y aprovechamiento sostenible de
los espacios forestales.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el inicio de la etapa estival que vivimos parece un momento
oportuno para que la proposición de ley sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales que hoy viene a Pleno,
presentada por el Grupo Socialista, sea tomada en consideración. Es
la segunda vez que el Grupo Socialista presenta esta iniciativa, y
las razones por las que dicha proposición de ley fue elaborada y
presentada en el año 1998 son las mismas por las que al inicio de
esta legislatura la volvemos a presentar. Pretendemos con ello cubrir
un vacío normativo existente en nuestro ordenamiento jurídico en
materia forestal, ya que pensamos que se
debe sustituir, sin más dilaciones ya, la antigua Ley de montes de
1957 y abrir así de nuevo el debate que sin duda puede ser
enriquecido con las aportaciones en el trámite parlamentario de los
grupos que, como oposición, contribuimos además a la tarea de
legislar e impulsar.
Se trata de una ley básica elaborada en colaboración con las
comunidades autónomas de Extremadura, Castilla- La Mancha y Andalucía
-recoge por tanto la sensibilidad autonómica-, con expertos en
materia forestal y asociaciones ecologistas; una ley que, desde el
respeto a las comunidades autónomas, sea el referente que armonice en
materia forestal todo el territorio nacional. Es una iniciativa que
responde a la realidad del tiempo que vivimos, a los objetivos de una
auténtica política forestal sostenible y que, además, se corresponde
también con los principios establecidos en los convenios
internacionales.
Es, por otra parte -y tengo que decirlo-, un compromiso del Partido
Popular del año 1996. Esperamos dos años, y, ante la falta de impulso
del Gobierno, presentamos en septiembre de 1998 esta iniciativa, que
se debatió y se rechazó, entre otras razones, con la promesa -decía
el Grupo Popular en aquel debate- de presentar en unos meses un nuevo
proyecto de ley. Nuevamente, van dos años y la ley sigue inédita,
pese a que el Gobierno la consideraba una de sus prioridades.
Señorías, no podemos seguir con la gran contradicción de que es una
prioridad, pero no hay ley. Es la paradoja de un continuo anuncio de
incumplimientos y aplazamientos. Y mientras, vemos cómo avanza la
desertificación, cómo peligran las especies forestales, cada vez más
arrasadas -ayer mismo, el ministro reconocía la destrucción de 30.000
hectáreas en sólo los cinco meses que van de este año-; vemos cómo se
destruye la cubierta vegetal, de tan difícil regeneración, y con ello
gran parte de nuestra biodiversidad. La protección es, desde luego,
una obligación, puesto que de la extensión de los espacios forestales
depende en gran medida la calidad del agua, del suelo, del aire, del
conjunto de la biodiversidad. Y la responsabilidad de gobernar la
tiene en este momento el Partido Popular. Díganme, señorías, qué es
lo que van a hacer sobre esta cuestión.
Conozco los reproches que se hicieron a esta iniciativa en la pasada
legislatura. Se nos dijo, entre otras cuestiones, que era
excesivamente intervencionista, reglamentista y que no la hemos
presentado en nuestra etapa de Gobierno. Los tiempos, señorías, y las
prioridades son diferentes, y con absoluto respeto a las comunidades
autónomas y, desde luego, con la apoyatura que la Constitución
reserva al Estado para dictar legislación básica sobre montes y
aprovechamientos forestales, consideramos que en este momento nuestra
proposición es el instrumento adecuado que permite armonizar todo el
territorio nacional con criterios de sostenibilidad. Si para
conseguir esos objetivos la ley es un poco más intervencionista que
productivista, será
en beneficio de avanzar en la visión amplia de futuro en la que deben
primar las funciones naturales y ecológicas que tienen tanto que ver
con la desertificación y el cambio climático. De la estrategia
forestal elaborada por el Gobierno se desprende, precisamente, la
necesidad de esta ley, y de la misma estrategia también se desprende
que más de los dos tercios del territorioespañol es susceptible de
desarrollar procesos de desertificación. De hecho, un 40 por ciento
está afectado y un 18 por ciento presenta procesos graves. Además,
una hectárea de bosque contiene de 100 a 200 toneladas de carbono y
esa función de sumidero de CO2 también peligra con la destrucción de
las masas forestales de cualquier tipo.
Desde luego, como objetivos y argumentos básicos mantenemos los que
en el anterior debate esgrimió la entonces portavoz de mi grupo doña
Cristina Narbona. En primer lugar, la evidencia de que es necesario
un instrumento legal acorde con los objetivos que hoy requiere la
política ambiental. Una ley básica que permita armonizar y
desarrollar la política forestal de las distintas comunidades
autónomas, incluso fundamental, si me lo permiten, para Ceuta y
Melilla: Ceuta tiene un monte y no tiene potestad legislativa. Es
cierto que por imperativos de la política europea ya se elaboró la
estrategia forestal y se creó el Consejo Nacional de Bosques, este
último con escasa participación social; Consejo que deja fuera,
además, los montes no arbolados, que constituyen aproximadamente el
50 por ciento de la superficie forestal. Son hechos que habrá que
adaptar a la proposición de ley en el trámite parlamentario
correspondiente. Pero faltan los planes nacionales a desarrollar y
que esta proposición de ley contempla. Son cuatro: un plan nacional
para la conservación y mejora de los espacios forestales y sus
producciones; un plan nacional de lucha contra la erosión y la
desertificación; un plan nacional de lucha contra incendios y el plan
nacional de conservación de los recursos genéticos forestales,
fundamentales incluso para canalizar y obtener fondos europeos a
través de los respectivos proyectos forestales.
El Gobierno anuncia un plan forestal, que entiendo que debería ser
posterior a la ley. Por lo que he oído en algún debate parlamentario,
para dedicarlo más a la reforestación de tierras agrarias. Pero
tendrán que contemplar y priorizar objetivos y prioridades que en
este momento desconocemos, como desconocemos también cuál es la
política forestal de este Gobierno. Señores del Grupo Parlamentario
Popular, ¿es acaso similar al modelo gallego, donde se primó el
eucalipto con subvenciones a fondo perdido de 182.000 pesetas/
hectárea en detrimento de pinos y frondosas, modelo más propio de los
años sesenta y setenta totalmente anticuado, que no respeta la
multifuncionalidad de los espacios forestales y que contribuye a que
se extiendan los incendios y a la pérdida de tierra fértil?
A mi juicio, hay un segundo argumento importantísimo y es que en este
texto aparecen objetivos y criterios de desarrollo sostenible que
tienen que ver con la gestión de los espacios forestales, con unos
criterios de mínimos a aplicar en los montes de titularidad pública
y con los oportunos incentivos a los privados, que en ningún caso van
en detrimento de los niveles de renta y actividad. Recomienda además,
en vías de preservar esa sostenibilidad, utilizar técnicas silvícolas
de carácter sostenible, minimizando la maquinaria pesada -ha hecho
cortas sólo en determinados supuestos- o el uso de sustancias tóxicas
para conseguir esos objetivos. Abordamos también una reforma de la
fiscalidad, más incentivadora de buenas prácticas que coercitiva, que
motive un cambio de comportamiento más respetuoso y saludable con el
medio ambiente.
El tercer y último argumento de plena actualidad por la etapa estival
que vivimos -que ayer reconocía el propio ministro dando cifras
significativas, a las que ya me he referido, de los incendios de este
año- se refiere a que es urgente establecer un marco que en el ámbito
estatal regule la lucha contra los incendios, adoptando medidas de
prevención y coordinación entre administraciones. Lo más lamentable
es que de seguir así, dilatando en el tiempo las resoluciones y
amparándonos en todo tipo de disputas y lamentaciones, llegará un
momento en que ya no habrá objetivos que cumplir y no habrá montes
que preservar.
Señorías, solicito de los distintos grupos políticos de esta Cámara
el apoyo a esta iniciativa, con el ánimo de que en el trámite
parlamentario tengan cabida todas aquellas enmiendas que puedan
mejorarla o enriquecerla. Es más, si el Gobierno dispone de algún
nuevo borrador -creo que hubo dos la pasada legislatura-, sería el
momento adecuado para consensuarlo con esta iniciativa, empezar a
trabajar de inmediato y asumir el papel responsable que como Poder
Legislativo la sociedad nos demanda. Lamento la ausencia en este
debate del ministro de Agricultura, aunque ya supongo que serán
razones importantes las que le mantienen ausente de la Cámara. Desde
luego, su presencia daría más credibilidad, si cabe, al cambio de
talante anunciado y posiblemente vería con buenos ojos la toma en
consideración de esta ley.
Reitero, señorías, el voto afirmativo para la toma en consideración
de esta proposición de ley, porque creemos que con ello contribuimos
a salvar las masas forestales que hoy están en peligro y que afectan
a toda la biodiversidad de nuestro país.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto han pedido la palabra los señores Aymerich y
Labordeta, por lo que tendrán que compartir el tiempo establecido de
los 10 minutos.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para anunciar el voto negativo del Bloque Nacionalista
Galego a esta proposición de ley del Grupo Socialista, ya que desde
nuestro punto de vista incurre en los mismos vicios y carencias que
la legislación estatal de 1957, el decreto de 1982, que pretende
sustituir, es decir, una legislación homogeneizadora que ya tuvo para
Galicia efectos perversos, como fue, por ejemplo, el fomento de la
repoblación con especies alóctonas, o, debido a esta repoblación con
especies de fuera, el aumento de los incendios forestales y también
la en su momento privación de la propiedad de los montes a las
comunidades vecinales y su paso a los municipios. En definitiva, una
homogeneidad que produce unos efectos en relación con los cuales
tenemos experiencia en Galicia.
El Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce la competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma gallega en materia de montes y
aprovechamientos forestales y me extraña que una diputada elegida en
una circunscripción gallega desconozca este extremo, porque el Estado
lo único que puede hacer es diseñar unas directrices básicas para que
dentro de las cuales cada comunidad autónoma, y sobre todo la
gallega, porque en esta materia tiene unas peculiariades propias (en
Galicia, más que fomentar la repoblación y la reforestación, habría
que impedir que muchas tierras agrícolas se vean precisamente
sustituidas por terrenos forestales), pueda elaborar una política
propia en la materia.
Por esa razón, y porque consideramos que con instrumentos como la
estrategia forestal estatal, el plano nacional de acción, etcétera,
se invaden competencias autonómicas y se impide elaborar esa política
propia en materia forestal, es por lo que el Bloque Nacionalista
Galego anuncia el voto negativo a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
La política forestal ha sido definida por la Unión Europea como una
política medioambiental básica, ya que los bosques constituyen
ecosistemas fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad.
De ellos se derivan recursos directos, como la madera, la caza, los
pastos o la resina, y recursos indirectos. Estamos de acuerdo también
con compatibilizar esta proposición con una necesidad de ley básica
forestal que sustituya la actual legislación, totalmente anticuada y
volcada casi exclusivamente en la lucha contra los incendios. Es
preciso actualizar el catálogo de montes públicos,
acometiendo el deslinde y el amojonamiento, montes públicos afectados
muchas veces por ocupaciones ilegales. Debido al eficaz papel de los
bosques en la lucha contra la erosión y la pérdida del suelo, es
preciso acometer tareas de reforestación planificada, ya que la falta
de planificación ha provocado la desaparición de ecosistemas de
incalculable valor.
Por último, es necesaria la inversión en silvicultura preventiva
frente a áreas, cortafuegos y fajas auxiliares, que se llevan a cabo
con maquinarias pesadas en terrenos con fuerte pendiente y que
desencadenan la erosión.
Por todo ello, estamos de acuerdo con la toma en consideración de
esta proposición de ley, que puede ser mejorada en la fase de
enmiendas y que nosotros apoyaremos positivamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo de Coalición Canarias, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario anuncia su voto negativo a la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Efectivamente, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, esta
proposición ya se había presentado en la anterior legislatura. Ha
recordado dos de las objeciones fundamentales que entonces se
alegaron: el carácter fuertemente intervencionista que tenía y el
reglamento que contempla el articulado de la ley. Estaríamos de
acuerdo en que fuera como ley básica de montes, pero una ley básica
no es un reglamento. El reglamento debe llevar incluidos en el texto
los conceptos más detallados que el que hoy se nos presenta, muy
extenso por cierto, con una problemática muy diversa: desde
aprovechamientos forestales hasta la lucha contra los incendios en el
medio forestal español. Eso requiere, en primer lugar, una
disposición de las comunidades autónomas competentes en la materia.
No se puede alegar aquí únicamente que este texto coincide con los
que hayan aprobado las comunidades autónomas de Extremadura,
Castilla-La Mancha y Andalucía. Hay otras comunidades autónomas con
un patrimonio forestal que también tienen competencias. Desde el
punto de vista de Coalición Canaria, las masas forestales que tenemos
en nuestro Archipiélago, y algunos endemismos propios de esta región
archipielágica y de islas vecinas de la región denominada
geográficamente como Macaronesia, hacen que tengamos un cuidado
exquisito con la legislación específica sobre las masas forestales
canarias. Pero al mismo tiempo debemos respetar las competencias que
tiene la Comunidad Autónoma de Canarias. El Gobierno autónomo canario
en aspectos forestales ha realizado diversas transferencias
a los cabildos insulares, que efectúan no sólo la lucha contra
los incendios forestales, sino la adquisición de propiedad forestal
de particulares para ir aumentando su patrimonio forestal.
Otra cosa que me llama la atención es que se intenta retocar una de
las leyes más perfeccionadas que hemos heredado a lo largo del
tiempo, que es la vigente Ley de Montes. La Ley de Montes de 1957,
señoría, anterior a la Constitución, tuvo su desarrollo posterior en
un reglamento, con un fuerte carácter técnico. Usted sabe que se
aprobó la Ley 5/1977, de fomento de la producción forestal, y el año
siguiente se promulgó el reglamento que desarrollaba estos
aprovechamientos. Ustedes traen ahora el fomento de la producción
vegetal. Se aprobó la Ley 4/1989, que venía a estipular una especie
de doctrina conservacionista, respetando por supuesto la Ley de
Montes de 1957 en aquellos aspectos relativos a la conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.
Mi grupo está dispuesto a discutir un proyecto que envíe el Gobierno
en el que se preserve la naturaleza. O se habla de ley de montes o no
entramos en esa materia. Creemos que es importante que el título con
que la nueva ley salga de este Parlamento sea de montes, si así lo
estimamos los legisladores. Y no que con subterfugios se hable de
aprovechamiento sostenible o de los espacios forestales, porque si no
entramos en otra materia que puede derivarse de una ley de montes,
pero que no es la ley de montes. Es una ley de aprovechamientos, como
la que he invocado, la Ley 4/1989, de conservación de espacios
naturales, o la ley de fomento de la producción forestal. De
cualquier forma, que vaya también acorde con las directivas que está
emitiendo la Unión Europea, sobre todo en los capítulos de ayudas y
subvenciones. En el momento presente no es incompatible la
legislación actual española con las líneas de apoyo de la Unión
Europea, sobre todo cuando hay sustitución de cultivos o se promueven
iniciativas con estímulos económicos para la producción forestal,
para el mantenimiento o aumento de esas masas forestales. Por tanto,
requiere un compromiso no solamente legislativo de esta Cámara sino
un compromiso ejecutivo por parte del Gobierno central y sobre todo
de las comunidades autónomas. Dentro de una norma general, básica,
que no es muy perentoria, si las comunidades autónomas no demandan
este instrumento de coordinación, mi grupo, defendiendo este
principio constitucional y de nuestro estatuto de autonomía en las
competencias sobre masas forestales, quiere que se recupere el
espíritu que hubo en un sentido técnico forestal con la Ley de
montes. Hablamos de Ley de montes que es algo más que una ley de masa
forestal; es una ley de marco amplio, de conjunto, y eso tiene que
estar reflejado aquí y no complicarla con otros temas adicionales
como vienen, pasando muy someramente por encima de otroscomo la
propiedad de las masas forestales privadas, de
los montes privados, tengan o no determinado tipo de clasificación de
masas arbóreas.
También queremos, señoría, que se tengan en cuenta los antecedentes
de que disponemos, porque en esta materia hay que escuchar a los
órganos colegiados. Recientemente, el pasado mes de febrero se aprobó
un real decreto que introduce la figura del Consejo Nacional de
Bosques y queremos que ese órgano colegiado, consultivo, que ya está
en el decreto de primeros de este año, emita sus pareceres en los
dictámenes técnicos para que en esta Cámara podamos hacer la
legislación pertinente. Por éstas y otras razones es obvio, señora
presidenta, puesto que se han reiterado en el debate de la
legislatura pasada, que mi grupo votará en contra de la toma en
consideración de esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Ochoa.
El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta. Señorías,
antes de entrar en la discusión propiamente dicha de la proposición
de ley del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, sobre uso
y aprovechamiento sostenible de los espacios forestales, como
representante del Grupo Vasco, quiero señalar a SS.SS. algunos
antecedentes que son interesantes anteponerlos a la discusión propia
de este punto. Como es sabido por ustedes, las provincias vascas
gozaban de competencias preconstitucionales muy amplias sobre este
tema y las ejercían con notable aprovechamiento. Como consecuencia
del pacto autonómico, el Estatuto de Autonomía del País Vasco,
aprobado mediante Ley orgánica el 18 de diciembre de 1979, otorgaba a
la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias exclusivas en
montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y
pastos. No obstante, hay que reconocer que, según el artículo
149.1.23 de la Constitución, el Estado mantiene competencias
exclusivas en legislación básica -repito, básica- sobre las citadas
materias. Posteriormente, en el País Vasco la Ley de territorios
históricos de 1983 otorga a su vez a los órganos forales provinciales
de los respectivos territorios históricos competencias exclusivas en
montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y
pastos, guardería forestal y conservación y mejora de los suelos
agrícolas y forestales. Las instituciones comunes del País Vasco se
reservan exclusivamente competencias legislativas en materias como
defensa contra incendios, sanidad, investigación forestal y otras
similares. Las diputaciones forales sobre la base de esa competencia
establecieron sus propias normas forales, aprobadas en el territorio
histórico de Álava en el año 1986 y en los de Vizcaya y Guipúzcoa en
el año 1994. Por su parte, el Parlamento vasco, en
sesión del 5 de julio de 1992, plantea un plan estratégico rural
vasco y aprueba la resolución número 24 de este Parlamento, que
establece la necesidad estratégica de crear este plan integral para
la conservación y mejora del medio natural, considerando que para la
ejecución de estos objetivos se requiere una adecuada planificación
para posibilitar unos cambios y mejoras que precisan de largos
periodos de maduración. En este sentido, se adquirió el compromiso de
elaborar, en el plazo máximo de dos años, el citado plan. Así, este
plan, concebido como una actuación a 35 años, ha sido aprobado con el
nombre de Plan forestal vasco con vigencia del año 1994 al 2030, que
recoge una sistematización de objetivos y acciones a aplicar en las
áreas de ordenación, forestación, gestión, investigación
medioambiental, formación, comercialización, vertebración sectorial y
mejora de la competitividad en el sector de transformación de la
madera.
La proposición de ley que se nos presenta hoy contiene, a juicio del
Grupo Vasco, junto a puntos muy acertados, otros que no lo son tanto
y dificultan su posible aceptación como ley básica de montes por su
carácter demasiado intervencionista y reglamentarista. Aceptando y
apoyando esos puntos acertados, vamos a destacar lo que, a nuestro
juicio, supone dificultades de aceptación por el Grupo Vasco,
empezando por el nombre elegido para la proposición de ley, que no
nos parece muy acertado. Si su objetivo es precisamente cumplir con
el mandato constitucional de realizar una ley básica de montes y
aprovechamientos forestales, lo lógico es llamarla así, sin más
ambages, que es lo que el mandato constitucional da como competencia
al Gobierno.
También sería de desear que, en la exposición de motivos de la ley,
se eliminasen algunas cuestiones que no hacen más que aumentar, a
nuestro juicio, la confusión existente en este país hacia lo
forestal. Así, afirmar que en la anterior Ley de montes de 1957
apenas se consideraban los valores ambientales propios del espacio
forestal no es cierto, porque una lectura de su articulado deja bien
a las claras la existencia de un buen número de puntos referentes a
la protección hidrológico forestal, a la conservación de suelos, a la
protección de embalses y regueras, defensas contra incendios,
etcétera, artículos que posteriormente han ido siendo adaptados a la
legislación foral vasca en cuanto compete al ámbito vasco, que es al
que represento. Afirmar que los planes de ordenación de los recursos
naturales son nuevas herramientas básicas de gestión forestal es
olvidar la realidad de los actuales proyectos de ordenación forestal
y plantes técnicos de gestión. A diferencia de estos planes de
ordenación de recursos naturales, los proyectos de reordenación
cuentan con unas instrucciones generales muy concretas, y a nuestro
juicio acertadas, sobre los requisitos de su articulado y vigencia,
además de contar en algún caso con más de un siglo de antigüedad. No
me voy a referir al Plan de ordenación
de la dehesa de la Garganta en Segovia, que data de 1859, pero sí al
proyecto de ordenación forestal del monte Irisasi, de Guipúzcoa, en
el ámbito vasco, que data de 1895, de hace más de un siglo. Por
tanto, esto debe corregirse. El término aprovechamiento sostenible,
que se implica como novedoso, ya está implícito desde el siglo XIX en
los objetivos de estas ordenaciones forestales, que son básicamente
la persistencia de las masas, el rendimiento sostenido de las mismas
y el máximo de utilidades a alcanzar.
En este ámbito de lo que nos parece incompatibilidades de una ley
reglamentarista o intervencionista, en el artículo 13.1 aparece la
posibilidad de declaración de utilidad pública de los montes públicos
o privados que presenten características propias para ello. A nuestro
juicio, mezclar así los montes de distintos tipos de propiedad y de
gestión posterior supone una ruptura de la praxis de las últimas
décadas y obligaría a modificar la normativa vasca en este ámbito, ya
que su norma foral reconoce la figura legal de monte de utilidad
pública sólo para montes públicos y de monte protector para los
montes privados que presentan características semejantes a los montes
de utilidad pública.
Los criterios y técnicas agrícolas elegidas como representantes de la
silvicultura sostenible tampoco nos parecen muy correctos porque, a
nuestro juicio, dejan fuera de lugar a las masas forestales españolas
y vascas más productivas formadas por especies xilófilas y tratadas
por medio de cortas a hecho, por ejemplo el chopo, el pino radiata,
el pino pinaster y otras especies que proporcionan cerca del 70 por
ciento de las cortas anuales en el Estado y en el caso vasco el 90
por ciento. Afirmar con carácter general que las cortas a hecho o los
desbroces extensivos no son prácticas sostenibles es absurdo. Como
puede comprobarse, hay países de amplia tradición forestal sostenible
como Finlandia, Alemania, etcétera. Asimismo, vendría bien saber qué
se entiende por utilización de ejemplares genéticamente manipulados,
porque ahí entraríamos en el problema de si supone prohibir la
selección de los árboles padre o si entramos en la hibridación, los
injertos o mejora genética en sí misma, la clonación; sobre eso
podríamos hablar largo y tendido. De todas formas, en el artículo
33.2, para tener algún sentido como ley básica deberían eliminarse,
como mínimo, los puntos c), e), g) y h).
Dar prioridad en las reforestaciones a las especies autóctonas y de
crecimiento lento es un lujo para un país como el nuestro, y hay que
pensárselo mucho antes de tomar esa decisión. Cuando un país necesita
importar madera debido a que la producción de sus montes es bajísima
e inferior a sus necesidades, obligar, en el caso vaso a nuestra
comunidad autónoma, a cumplir este artículo, puede suponer un peligro
para la productividad de nuestros montes, centrada en las especies de
crecimiento rápido y de turno medio, y pone en
juego el mantenimiento de miles de puestos de trabajo forestales e
industriales de elaboración de la madera.
Hay también un aspecto fiscal. Considerar con carácter general los
rendimientos forestales como irregulares choca con la autonomía
fiscal vasca que en algunos casos concretos, como normativas fiscales
de Vizcaya, considera los ingresos forestales como regulares,
fiscalizables dentro del sistema de módulos, y en absoluto como
irregulares. Luego, hemos detectado algunas omisiones. Se omite la
necesidad para los propietarios privados de montes de solicitar a la
Administración foral un permiso o licencia de corta, la obligación de
los propietarios de montes públicos de mantener un fondo de mejoras
también, la obligación por el propietario de reforestar un monte en
el plazo de dos años posteriores a la corta a hecho. Y hay un aspecto
del matorral climático que también hay que especificar más
claramente, porque no es lo mismo hablar de un matorral climático de
una zona deforestada que del matorral climático como concepto
general, que puede estar ubicado en masas forestales que exigirían su
eliminación para que tuviesen productividad.
Hay muchos otros puntos que quisiera tocar pero, dado que el tiempo
se acaba, solamente le digo al Grupo Socialista que no nos vamos a
oponer a que esta proposición de ley se discuta en la Comisión.
Inicialmente, con esas dificultades tampoco podemos apoyarla; en todo
caso, nos abstendremos y esperaremos a que en Comisión los
planteamientos que se hagan por todos los grupos satisfagan nuestras
peticiones al respecto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ochoa.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestro grupo parlamentario entiende que es una iniciativa oportuna,
cuyo debate deberíamos tomar en serio y trabajarlo en la Comisión
para que pudiera ser mejorada en aquellos aspectos que crean todos y
cada uno de los grupos parlamentarios, para que de una vez por todas
en esta Cámara pudiéramos poner al día una ley, como la que tenemos
en estos momentos, que es la Ley de montes, que es preconstitucional.
Señorías, en la Ley de 1957 puede haber cuestiones que todavía siguen
siendo útiles y válidas a la hora de poder regular el uso y
explotación de las masas forestales españolas. Está claro que la Ley
de 1957 no contempla, porque no podía, hechos que en estos momentos
están sucediendo en nuestro país, como la erosión y
la desertificación, porque en aquel momento no se estaban
produciendo. Es cierto, señorías, que cada vez es más necesario
abordar con urgencia una ley que no solamente sea una ley básica, que
debe de serlo, sino que además establezca las pautas mínimas que se
deben seguir en todas las comunidades autónomas para un uso
y aprovechamiento sostenible de los espacios forestales. Además,
señorías, toda la legislación europea nos va a llevar a esa
necesidad, a que realmente hablemos de la regulación del uso y
aprovechamiento de los espacios forestales de una manera sostenible,
que no sostenida. Estamos hablando, señorías, de una ley que se tenía
que haber hecho hace muchísimo tiempo, precisamente para tener en
cuenta que las leyes básicas no pueden ser llevadas a la práctica
después de que las propias comunidades autónomas, en el uso de sus
facultades y sus competencias, han empezado ya a legislar, porque
después resulta mucho más complicado poder llegar a un mínimo
armónico, respetando las competencias de las diferentes comunidades
autónomas y aquellos proyectos que ya se han puesto en marcha en
ellas. Señorías, sigue siendo necesario que se haga una ley básica, y
puesto que el Gobierno del Partido Popular -el Gobierno socialista
anterior también-, en la legislatura pasada, a pesar de su compromiso
de traer la ley a esta Cámara en diferentes ocasiones, no la ha
traído, los grupos de la oposición -como se nos ha dicho en muchas
ocasiones- tenemos perfecto derecho a utilizar nuestra iniciativa
legislativa para debatir y, si se aceptan, aprobar determinadas
leyes, en todo caso todas las que esta Cámara tuviera a bien tomar en
consideración.
Además, señorías, no hace tanto tiempo que compareció el ministro de
Medio Ambiente, y en su comparecencia, al explicarnos las líneas
generales de su departamento, nos decía textualmente, según el
«Diario de Sesiones» de la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara:
Una segunda línea de protección del medio ambiente que tenemos que
desarrollar es la de protección y fomento del hábitat de nuestra
biodiversidad, esto es, la lucha contra la desertificación, la
reforestación y la protección del territorio y, en general, de sus
especies. En esta línea vamos a desarrollar totalmente dos
estrategias emblemáticas, por un lado, la estrategia forestal y, por
otro, la estrategia para la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica. Ambos documentos son piezas fundamentales de
este Ministerio, cuentan con el apoyo social y se han de desarrollar
a través del Plan forestal, que incluirá con posterioridad una nueva
Ley de montes que sustituya a la vigente del año 1957.
Señorías, supongo -doy por hecho- que el ministro, cuando hacía esta
relación, estaba hablando de la necesidad de aplicar la estrategia
para la conservación de la diversidad biológica y también la
estrategia forestal. La única crítica que se puede hacer a esta
intervención es, precisamente, que, para poder llevar a cabo
tanto la estrategia para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica como la estrategia forestal, es necesaria la
creación de la ley de montes o de la ley de uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales. Si no, tanto la estrategia
forestal como la estrategia de conservación de la diversidad
biológica quedarán en estricto papel mojado, porque no se pueden
llevar a la práctica. Uno de los pilares de la estrategia de la
diversidad biológica es precisamente la estrategia forestal, y uno de
los pilares de la estrategia forestal son los planes forestales que
debe hacer el Estado, a nivel nacional, y las comunidades autónomas
en el ámbito de sus respectivas competencias. Pero además, señorías,
esto es así no solamente porque no se van a poder llevar a la
práctica, sino porque además, a partir de determinado momento,
empieza a generalizarse en todos los países del mundo la necesidad de
implantar la certificación forestal, y las certificaciones
forestales, el etiquetado ecológico de las explotaciones madereras
quiere decir también el uso sostenible de la explotación de los
espacios forestales. Por tanto, señorías, cada vez empieza a ser más
perentoria la necesidad de la aprobación de una nueva ley que nos
permita abarcar de manera coordinada con el resto de las comunidades
autónomas y con auténtico respeto a ellas, a sus competencias, una
ley básica que permita desarrollar no solamente las estrategias, sino
además el que sea realidad un uso y una explotación sostenibles de
nuestras masas forestales.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa porque,
además, hay demasiados planes que están funcionando cada uno por su
lado sin que haya un único hilo conductor que los pueda coordinar y
llevar a la práctica de una manera mucho más rentable ecológicamente
y para aprovechar los pocos recursos que ya existen para este tipo de
actuaciones. Estamos hablando del Plan contra la desertificacion y la
erosión, que no tienen después coordinación con los usos
aprovechables. Además, hay algo muy importante en la iniciativa que
nos presenta el Grupo Socialista, que se da la posibilidad de que las
repoblaciones forestales se puedan hacer con especies autóctonas, que
son las que van a garantizar que no se puedan producir tan
severamente los incendios forestales. Hay otro aspecto que también
nos parece relevante: la coordinación que tiene que haber entre todas
las administraciones públicas en la lucha contra los incendios.
Señorías, en esta Cámara ya se dan solicitudes de convenios entre
comunidades autónomas para poder luchar contra los incendios, ya que
pueden pasar de una comunidad autónoma a otra y deben coordinarse.
Sería conveniente que se pudieran coordinar no sólo las comunidades
autónomas, sino también todo el territorio del Estado español.
Si esta proposición de ley se tomara en consideración, no habría
ningún problema en escuchar a todos los especialistas, a todos los
expertos en esta materia. Estoy casi convencida de que en ese caso el
Grupo
Socialista estaría abierto a corregir cualquier criterio
intervencionista que pudiera haber en la ley, como también los
criterios reglamentaristas que existen dentro de la misma. Nunca
hemos defendido que se dejen demasiadas cosas para su desarrollo
reglamentario, porque después vienen los problemas, e incluso con
algunos reglamentos se ha variado el espíritu real de la propia ley.
Por tanto, mi grupo parlamentario va a votar a favor porque nuestros
bosques no pueden seguir esperando más.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, de Convergencia i Unió, tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, en este momento nos encontramos debatiendo la admisión a
trámite de una proposición de ley de uso y aprovechamiento sostenible
de los espacios forestales que ha presentado el Grupo Socialista.
Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente por boca de su ministra
en la anterior legislatura expresó la voluntad de presentar de una
forma inmediata un proyecto de ley sobre ordenación del sector
forestal, pero han pasado dos años y esa propuesta no se ha cumplido.
Por tanto, entiendo que el Grupo Socialista vuelva a insistir
presentando, por segunda vez, esta iniciativa frente a este
incumplimiento. Lo que sí me preocupa es que esa propuesta que se ha
presentado es idéntica a la del año 1998 y, consiguientemente, no se
ha hecho ningún esfuerzo en la mejora del texto para cambiar nuestro
criterio al respecto. Por tanto, tengo la sensación de que se va a
reproducir lo que en este mismo hemiciclo tuvo lugar hace casi dos
años. Nuestro posicionamiento es el mismo que en 1998. La normativa
que se aplica en materia de montes en el ámbito del Estado se apoya
sobre la ley de 1957, de hace más de cuarenta años. Estamos todos de
acuerdo en que la problemática de los años cincuenta no tiene nada
que ver con la de esos momentos; han cambiado muchísimas cosas. En
cuanto a la estructura productiva rural, de forma especial las
despoblaciones en las zonas rurales o la baja rentabilidad de los
bosques ha cambiado el perfil en esas zonas; ha habido cambios
importantes en la sociedad urbana como máximos consumidores del ocio
ligado al medio natural; ha habido importantes cambios en
competencias en materia competencial; ha aparecido la Unión Europea,
las comunidades autónomas. También el Estado asume compromisos de
Gobierno, por ejemplo, la cumbre de Río, la de Helsinki y Ginebra
sobre la sostenibilidad y multifuncionalidad de los bosques y la
preservación de la biodiversidad. Por lo tanto, está plenamente
justificada la necesidad de que exista una normativa que se convierta
en punto de referencia de la
política forestal de las comunidades autónomas y que en el marco de
sus competencias éstas les permitan poder aplicar una política propia
de forestación, de gestión y de ordenación de los montes adecuada a
la idiosincrasia de su entorno. Pero, a pesar de esa necesidad, no
estamos de acuerdo con la propuesta que ha presentado el Grupo
Socialista, y es una lástima porque en esos dos años no se ha
evolucionado en la línea menos intervencionista y más próxima a un
modelo descentralizado que promulga la Constitución.
Resumiendo muchísimo, yo diría que hay dos puntos o dos razones de
especial interés por lo cual nosotros no vemos claro ese proyecto de
ley, primero, porque entendemos que lamina las competencias propias
de las comunidades autónomas. La proposición de ley que se ha
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en ningún caso puede
pensarse que es una ley de bases. En realidad, se trata de una
propuesta reglamentarista, sólo cabe decir que está compuesta por 81
artículos, 9 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales, regulando todo
lo regulable y relegando a las comunidades autónomas y a sus
parlamentos a un papel absolutamente marginal, yo diría de comparsa,
sin ninguna posibilidad de tener una política forestal propia,
negándoles las competencias de ordenación y gestión de sus zonas
forestales, adaptada a la realidad y a la característica
medioambiental donde está situado el monte, como reconocen la
Constitución y los estatutos de autonomía. Es más, da la impresión de
que el equipo que ha redactado este proyecto tiene poca fe en la
capacidad de las comunidades autónomas, ya que invade sus
competencias, iniciando un ciclo de restatalización de las
competencias. Por ejemplo, atribuyendo al Estado la política forestal
en el territorio español, dice en el artículo 9 que se articulará
mediante la evolución de nuestra técnica nacional forestal, que será
aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, oído el Consejo Nacional
Forestal y el Consejo Asesor de Medio Ambiente. En realidad, la
propuesta que hace el Grupo Socialista es que las comunidades
autónomas jueguen en el futuro un papel de hacer unos informes que ni
siquiera son vinculantes.
Esta ley es intervencionista en el papel de la iniciativa privada,
puesto que la deja reducida a las representaciones legales en la
discusión de los planes nacionales elaborados por la Administración,
aspecto que choca frontalmente con algunas legislaciones autonómicas
vigentes que tienen muy buenos resultados. Los montes se han
conservado durante tantos años gracias a los ciudadanos, a los
cuidados de los propietarios, y esos son los más interesados en que
estén en óptimas condiciones. El presente texto proyecta una visión
bucólica de la gestión de los espacios forestales y para su
aplicación, a nuestro entender, se necesitaría una dotación
presupuestaria de tal magnitud que como
mínimo no existe en estos momentos en los presupuestos. Si tenemos
medianamente claro que la política forestal no es uniforme ni puede
ser la misma en todo el territorio del Estado ni tampoco en todo el
territorio de la mayoría de las comunidades autónomas, que los
comportamientos de los bosques son diferentes según las especies que
las forman, pero sobre todo que su comportamiento depende del
microclima de la zona, de las características físico-climáticas del
suelo, así como de su orografía y su situación geográfica,
concluiremos que estas variables nos dan resultados absolutamente
diferentes, independientemente de que sean de la misma especie y
variedad. Por consiguiente, estamos hablando de dar un tratamiento al
bosque lo más personalizado posible, y desgraciadamente este concepto
queda anulado por el proyecto de ley que se ha presentado.
En consecuencia, de acuerdo con nuestra propia posición del año 1998,
nuestro grupo votará en contra, no porque no crea que no sea
necesaria su aprobación con la máxima celeridad posible para tener
una normativa- marco sino porque la aprobación sería sin lugar a
dudas un menoscabo a la capacidad de las comunidades autónomas para
administrar los bosques y un paso atrás en el proceso de construcción
de un Estado descentralizado.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señora presidenta, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Popular en este turno de fijación de posiciones
sobre la proposición de ley que nos trae en la tarde de hoy el Grupo
Socialista. Quisiera decir en primer lugar a la señora Marón que no
nos ha dado apenas argumentos para convencernos de la bondad de su
texto, sino que simplemente se ha limitado, como algún otro portavoz,
a insinuar que en estos años pueda haber habido una parálisis en la
gestión de la administración forestal. Pues bien, ni la
Administración central ni las comunidades autónomas han estado
paradas. Ha habido gestión forestal intensa y se han desarrollado
satisfactoriamente las medidas de acompañamiento de la PAC y sobre
esta base estimamos que se han forestado muchos miles de hectáreas,
así como también que se ha efectuado un ingente número de trabajos
silvícolas. Los fondos europeos a disposición del sector forestal han
sido incrementados de manera notable y progresiva, y si a ello además
agregamos la cofinanciación central y autonómica, tenemos como
resultado que en los últimos cuatro años, y especialmente en 1999,
los recursos han sido mayores que nunca y la masa forestal española
afortunadamente ha crecido y ha mejorado de manera clara. Por si
hay alguna duda, el presidente del Gobierno anunció hace breves
fechas un plan forestal nacional con una dotación de 350.000 millones
de pesetas.
Entrando en el texto de la proposición de ley básica forestal, mi
grupo entiende, como hace dieciocho meses, señora Marón, que no se
explicita de manera clara en ningún capítulo cuáles son las
competencias que corresponden al Estado y cuáles a las comunidades
autónomas. Es más, en nuestra opinión, hay algunos artículos que
invaden claramente el ámbito competencial autonómico, y en este
sentido reiteramos, sobre todo al portavoz del Grupo Vasco y al del
Bloque Nacionalista Galego, que sí se puede y se debe hacer una ley
básica forestal. Ahora bien, hay que respetar las competencias del
Estado y de las comunidades autónomas, y, repito, entendemos que en
la proposición no queda determinado el ámbito territorial central y
autonómico.
Asimismo mi grupo entiende que hay una importante laguna en ese texto
y es que se olvida de los montes vecinales de mano común. Es más, de
la lectura del artículo 4 deducimos que se los confunde con los
montes comunales de propiedad pública, pero la confusión que he
señalado antes no es sino una muestra de la falta de rigor en la
clasificación de los montes según el régimen de propiedad, que es un
tema esencial en una ley básica, y este tema repito que es esencial
para que se produzca una deseada armonización entre la ley básica
y las diversas normas que ya han elaborado algunas comunidades
autónomas como la vasca y otras.
También quisiera señalar, señorías, un tema importante para mi grupo
dentro de lo que debe de estar contenido en una ley básica forestal y
es el de la propiedad privada. En el artículo 12 ni siquiera están
previstos los convenios de colaboración con los titulares de montes
privados, y de su lectura, así como de la del artículo 25, deducimos
que esta proposición de ley es, como la señora Marón ha reconocido,
intervencionista y yo diría que auténticamente confiscatoria. El
Grupo Popular piensa que es uno de los errores más importantes de la
iniciativa. Señorías, más del 70 por ciento de la superficie forestal
española es de propiedad privada (montes en mano común, propietarios
particulares de grandes, medianas y pequeñas superficies,
cooperativas, etcétera) y nuestro grupo piensa que la inmensa mayoría
de los legítimos propietarios cuida sus montes, no hace
aprovechamientos abusivos y tiene una clara conciencia de la función
social de su propiedad. En múltiples casos, a través de sus
asociaciones, hemos constatado cómo están poniendo en marcha unos
planes de gestión sostenible bastante más realistas y eficaces que
los realizados desde algunas oficinas públicas. Frente a ello,
repito, la proposición de ley que estamos debatiendo le da a los
privados un tratamiento auténticamentedeplorable por intervencionista
y confiscatorio,
tratamiento que se completa con un sistema de sanciones sencillamente
aberrante e impropio del siglo XXI. Finalmente, quiero agregar que en
los diversos artículos de la proposición donde se tratan los aspectos
fiscales y de las subvenciones, se adoptan medidas contrarias al
ordenamiento fiscal español y también al europeo -por tanto, son de
imposible aplicación en nuestro criterio-; como tampoco se da un
tratamiento adecuado a las industrias de la madera y del papel, que
son sectores importantes y muy dinámicos en España.
Concluyo, señora presidenta y de mis palabras se deduce claramente
que en el Grupo Parlamentario Popular pensamos que no es esta la
norma básica que el sector forestal necesita para su desarrollo
armónico y sostenible. Por tanto, no contará con nuestro apoyo en la
votación subsiguiente. Por el contrario, solicitamos a los diputados
y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista y al resto de los
compañeros de la Cámara su colaboración para culminar ese proceso
denominado estrategia forestal española, que condiciona la
elaboración de una ley básica forestal, actualmente en curso, que
será consensuada con las comunidades autónomas, con los centros de
investigación, propietarios forestales, sindicatos y grupos sociales
interesados en la conservación de nuestros montes. Sólo así se
conseguirá una norma adecuada a la realidad y efectiva en su
aplicación. No se trata de imponer un modelo desde el Estado, sino de
diseñar un modelo estatal que dé acogida a esa realidad plural, que
es el mosaico agrícola, ganadero y forestal existente en España.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre uso
y aprovechamiento sostenible de los espacios forestales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 112; en contra, 175; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ),
VASCO (EAJ-PNV) Y DE LA COALICIÓN CANARIA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN
DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 13/1986, DE 14 DE
ABRIL, DE FOMENTO Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA. (Número de expediente 122/000049.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de abandonar los escaños, ruego
treinta segundos de atención. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha
acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa
y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley de
los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y de Coalición Canaria,
relativa a la derogación de la disposición adicional primera de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura
única por el Pleno de la proposición de ley de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), PARA LA MODIFICACIÓN
DEL SISTEMA DE DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. (Número de
expediente 122/000025.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto para la modificación del sistema de
designación del fiscal general del Estado.
Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Saura. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds la toma en consideración de la proposición de ley
para modificar el sistema de designación del fiscal general del
Estado.
El fiscal general del Estado, como ustedes saben perfectamente, tiene
la misión constitucional de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público y social, funciones éstas que, evidentemente,
requieren un máximo de consenso en cuanto a su designación para que
el fiscal general del Estado no se convierta en
un servidor leal del Gobierno que pierde credibilidad, como ha
ocurrido con anteriores fiscales generales del Estado y está
ocurriendo con el actual.
Quiero recordar a las señoras y señores diputados que en la anterior
legislatura uno de los asuntos que más debates promovió, debates
encendidos o fuertemente contrastados, fue la elección del fiscal
general del Estado y determinadas actuaciones concretas suyas. Estas
últimas motivaron, además, debates sociales y públicos y peticiones
por parte de diversos grupos parlamentarios de dimisión o destitución
del fiscal general del Estado. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
En el primer tramo de la legislatura pasada, exactamente el 27 de
mayo de 1997, el Pleno de esta Cámara aprobó una moción en la que se
instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley de reforma del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal que, entre otras cuestiones,
contemplara la designación del fiscal general del Estado. El punto
primero de dicha moción decía lo siguiente, y leo literalmente: El
Pleno del Congreso insta al Gobierno a presentar una reforma del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal que signifique -punto
primero- que el candidato propuesto por el Gobierno para ser nombrado
fiscal general del Estado por el Rey comparecerá, tras ser oído el
Consejo General del Poder Judicial, ante la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados para que los grupos
parlamentarios puedan tener un conocimiento de sus méritos
y trayectoria profesional que les permita expresarse sobre la idoneidad
para desempeñar el cargo. Esta es una moción que se aprobó en esta
Cámara el 27 de mayo de 1997, no recuerdo si por unanimidad, que
instaba al Gobierno a promover una modificación de ley que
contemplara -insisto- el hecho de que el candidato a fiscal general
del Estado hiciera una comparecencia previa en la Comisión de
Justicia e Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial. Era
un acuerdo que intentaba acercar la figura del fiscal general del
Estado al Parlamento, que abría una vía de necesidad de consenso en
la designación del fiscal general del Estado y era un acuerdo que,
por tanto, reforzaba los criterios objetivos e imprescindibles de
imparcialidad e independencia de la figura del fiscal general del
Estado. (La señora Vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
Presidencia.)
Los meses fueron pasando y el Gobierno no presentaba esta propuesta
de modificación de ley, incumpliendo el compromiso que esta Cámara le
había atribuido. Un año después, en abril de 1998, la entonces
ministra de Justicia respondía a una pregunta oral diciendo que en
muy breve plazo el Gobierno iba a cumplir la
moción que se aprobó en mayo de 1997 y que ya contaba con los
informes preceptivos necesarios de la Secretaría General Técnica de
la Fiscalía. Pero también los meses fueron pasando y a pesar de que
la ex ministra de Justicia dijo que en muy breve plazo iba a
presentar el Gobierno esta modificación, no se presentó y en
noviembre de 1998 en esta Cámara se vio también la toma en
consideración de una proposición de ley, exactamente como la que
defiendo yo hoy, que presentamos Cristina Almeida, en nombre del
Partido Democrático de la Nueva Izquierda, y yo mismo, en nombre de
Iniciativa por Cataluña. La toma en consideración fue rechazada
porque el Partido Popular votó negativamente, y la legislatura acabó
incumpliendo el Gobierno el compromiso que en 1997 esta Cámara le
había atribuido. Hoy, 27 de junio del año 2000, estamos en una nueva
legislatura, a más de tres años de ese acuerdo de la Cámara y a más
de dos de que la ex ministra de Justicia dijera que en muy breve
plazo iba a presentar la iniciativa, lo que no se ha hecho. Es una de
las razones que nos ha movido a Iniciativa por Cataluña-Verds a
presentar esta proposición de ley. ¿Qué dice el texto? El texto es
una modificación del artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio
fiscal, que contempla fundamentalmente dos ideas. Una, que ya se
incorporaba en la moción de 1997, es sobre la forma de designación
del fiscal general del Estado. He de decir en primer lugar que la
propuesta que hacemos no quita absolutamente ningún derecho al
Gobierno, porque las funciones o atribuciones del Gobierno en este
procedimiento vienen, como ustedes saben perfectamente, absolutamente
concretadas en la Constitución. Lo único que dice nuestra iniciativa
para la modificación del artículo 29 es que el candidato que el
Gobierno vaya a proponer al Rey tenga una comparecencia previamente
en la Comisión de Justicia, donde los diputados y las diputadas
puedan examinar su idoneidad, puedan conocer la visión que el
candidato o candidata tienen de la Fiscalía, puedan saber cuáles son
sus propuestas, en definitiva, que el Congreso de los Diputados no
esté ausente, como ocurre ahora, en un proceso de designación de una
figura institucional importantísima en la vida democrática de este
país. La segunda idea que contiene nuestra modificación es cómo se
puede cesar al fiscal general del Estado, considerando todas aquellas
medidas que ya se contienen en estos momentos en el artículo 46 del
Estatuto orgánico, pero añadiendo que también la Comisión de Justicia
e Interior puede elevar al Gobierno y, por tanto, al Rey el cese del
fiscal general del Estado. ¿Por qué, señoras y señores diputados,
presentamos hoy esta proposición de ley? La primera razón la he
dicho, porque intentamos, de forma parcial -la moción de 1997 era
mucho más amplia-, dar respuesta al primer punto de esa moción y a un
incumplimiento del Gobierno, pero, además, porque estamos convencidos
de que el Gobierno no piensa cumplir este
mandato; es decir, no sólo porque no lo ha cumplido, sino porque
tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere que el candidato o
candidata a fiscal general del Estado comparezca previamente en la
Comisión de Justicia e Interior. La tercera razón es porque desde que
se aprobó esa moción, desde que en 1997, a raíz de los primeros
debates en esta Cámara, con motivo de algunas actuaciones y de la
elección del fiscal general del Estado, se tomó el acuerdo -insisto-
en esta Cámara de que el Gobierno presentara una propuesta de
modificación de ley cambiando el sistema de designación, hemos tenido
la experiencia de que la trayectoria de la actuación del fiscal
general del Estado ha sido nefasta. Además, el Gobierno ha demostrado
por activa y por pasiva la utilización partidista que ha hecho de la
figura del fiscal general del Estado. Convendrán conmigo en que las
actuaciones del fiscal general del Estado han promovido una grave
inestabilidad en el ministerio fiscal; que la figura del fiscal
general del Estado ha sufrido un gran deterioro social; que ha habido
intervenciones especialmente desgraciadas y escandalosas, no sólo en
el tema Pinochet sino en otros muchos; que la relación del fiscal
general del Estado con el resto del ministerio fiscal y en concreto
con las asociaciones fiscales ha sido absolutamente irregular, llena
de desencuentros, y, sobre todo, que el fiscal general del Estado
continuadamente ha mantenido una posición cerrada de defensa de las
posturas del Ejecutivo, como recientemente y de forma muy simpática
el propio señor Fraga Iribarne nos recordaba: que el fiscal general
del Estado lo que estaba haciendo era defender las posiciones del
Gobierno. Por tanto, las razones que nos mueven hoy a decir a esta
Cámara que tomemos el acuerdo para que el Gobierno cumpla lo que tuvo
que cumplir hace tres años son en primer lugar, el incumplimiento; en
segundo lugar, porque pensamos que el Gobierno no va a cumplir el
compromiso; en tercer lugar, porque es fundamental el acercamiento
del Parlamento a la figura del fiscal general del Estado y, en cuarto
lugar, porque queremos acabar con la utilización partidista,
contraria al papel de imparcialidad e independencia que la
Constitución asigna al fiscal general del Estado, que este Gobierno
está haciendo del fiscal general del Estado y que también se ha
producido en anteriores gobiernos.
Por todas esas razones, señoras y señores diputados, les pedimos el
voto favorable, no sin antes hacer referencia a lo que fueron los dos
elementos que en la anterior legislatura esgrimió el Grupo Popular
para votar en contra de esta iniciativa. El primero era que se
trataba de una propuesta deficiente desde el punto de vista técnico.
He de decir que hoy, en el trámite procedimental en que nos
encontramos, no discutimos las enmiendas técnicas; el texto que
presentamos se puede cambiar en su totalidad. Hoy el debate es sobre
si esta Cámara considera políticamente necesario abrir una vía
legislativa para modificar la designación del fiscal general del
Estado. Eso es lo que decidimos hoy y posteriormente
podemos cambiar todo el texto, una parte, medio texto o añadir cuatro
textos más, porque lo que estamos discutiendo hoy no es el contenido
técnico y concreto de la proposición de ley, sino la apertura de un
proceso legislativo que ha de culminar, de acuerdo con la voluntad de
la mayoría de esta Cámara, en un nuevo método de designación del
fiscal general del Estado.
El segundo argumento que esgrimió el Grupo Popular para votar en
contra de nuestra iniciativa en noviembre de 1998 fue que no se había
incumplido el mandato del Congreso, porque dicho mandato no decía en
cuánto tiempo había de cumplirlo el Gobierno, y el portavoz en aquel
debate, el señor Ollero, que veo que sonríe -no sé si hoy va a ser
otra vez el portavoz-, decía que se incumplía igual por un día que en
1998. No creo que hoy -o igual sí- diga lo mismo; no creo que hoy
vuelva a insistir en que no se ha incumplido porque da lo mismo
incumplirlo al día siguiente que tres años después. Señoras y señores
diputados, el tiempo dice que el Gobierno no ha cumplido -el señor
Ollero quiere que no digamos incumplido- lo que se acordó, no ha
cumplido el mandato. El contenido de la proposición de ley es
modificable absolutamente y mejorable, pero lo que hoy debatimos aquí
es si esta Cámara decide abrir un proceso legislativo que dé
respuesta política a un acuerdo de 1997 en el que, insisto, lo único
que se hace es no quitar competencias al Gobierno, no modificar que
sea el Rey quien nombra al fiscal general del Estado, sino
simplemente que el candidato comparezca en esta Cámara en la Comisión
de Justicia y sea evaluado o examinado por dicha Comisión con el
objetivo, insisto, de que la persona que salga obtenga el máximo
consenso como garantía de la independencia y de la imparcialidad,
adjetivos éstos imprescindibles para que el fiscal general del Estado
cumpla aquello que establece la Constitución.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Saura. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sabe el señor Saura que mi grupo, que apoyó el discurso de
investidura del señor presidente del Gobierno, se ha comprometido en
la comparecencia del ministro de Justicia, señor Acebes, ante la
Comisión de Justicia e Interior a apoyar los principios políticos
fundamentales del plan de choque para la justicia y todo el cuerpo
doctrinal y de intenciones políticas y administrativas del pacto de
Estado por la justicia. Por tanto, ese pacto de Estado por la
justicia es para Coalición Canaria el marco, el escenario y el área
que debe comprender todos aquellos aspectos que entendamos que, en la
actual estructura legislativa de la Administración de justicia,
debamos tener, sea el nombramiento de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial, tema que vuelve a surgir al debate
político abierto con esta iniciativa del pacto de Estado por la
justicia, sea el nombramiento de la figura del fiscal general del
Estado, y que la ley que lo soporta y lo sustenta, la Ley 50/1981,
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tenga que recibir
también la atención debida en ese pacto de Estado por la justicia. Y
sobre todo una figura en que todo el ministerio fiscal está obligado
por los condicionantes legales que afortunadamente tiene la Ley
citada, que son los principios de legalidad y de imparcialidad,
principios que tienen que ser exigidos, por supuesto, en el
procedimiento de todos los fiscales. También es exigible el principio
de legalidad en sus decisiones y de imparcialidad en las mismas al
fiscal general del Estado.
Señor Saura, las formas en que eso se tiene que presentar son muy
importantes. No vale decir que se puede modificar el texto que se
presenta en la iniciativa. Está claro que este Parlamento, en
trámites de Ponencia y Comisión, lo modifica todo, pero lo que no se
puede hacer es pedir que tomemos una decisión contraria al
planteamiento de Coalición Canaria de que tiene que tomarse en el
marco del consenso para un plan de Estado de la justicia, tocando
todas las cuestiones que tengan que tocarse para que la cuestión sea
global. No se puede hacer un nombramiento en ninguna estructura seria
del Estado interviniendo cinco instancias. Si ustedes se fijan en
este texto, señorías, tratando de modificar el artículo 29, va a
resultar que para nombrar fiscal general del Estado tienen que
intervenir cinco instancias: en primer lugar, el Rey, que dice aquí
que es quien nombra; en segundo lugar, el Gobierno, que es el que
propone; en tercer lugar, el Consejo General del Poder Judicial, que
es el que oye, según este texto; después, la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados, como cuarta instancia -y
ahora haré algún comentario-, y, en quinto lugar, este señor tomará
posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Cinco instancias en la
estructura orgánica del Estado. Le podían haber puesto seis, porque
entre la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y el
Pleno soberano de esta Cámara, que sanciona todas las decisiones,
salvo que sea con competencia legislativa plena por Reglamento y que
un grupo pida la avocación, esto tendría que venir a Pleno.
Si estamos haciendo un nombramiento de un señor que va a nombrar el
Rey a propuesta del Gobierno, parece que debería pasar formalmente,
si se acepta esta fórmula de participación del Congreso de los
Diputados, al Pleno del Congreso, y no a la Comisión de Justicia de
Interior, para ratificar a este personaje de la jurisdicción
correspondiente, en este caso, del ministerio fiscal. Esto supone
unas contradicciones tremendas que tenemos que resolver. Sí, señor
Saura. Porque
resulta que para destituirle o para cesarle -repito destituir porque
cesar es verbo intransitivo- se hace el procedimiento al revés; es
una resolución de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso la
que directamente entra en el Gobierno y éste se ve obligado a
proponer al Rey la destitución del fiscal general del Estado. Esto,
en un sistema orgánico de poderes, no tiene vía; es de imposible
cumplimiento. Así de claro, esto es un galimatías. O hay un poder
legislativo o hay un poder judicial y fiscal o hay un poder
gubernamental en la propuesta de los nombramientos. Dígase cuál es la
fórmula, porque parecería más lógico que esto fuera a la Comisión
consultiva de nombramientos que hemos creado en esta Cámara y que
dicha Comisión conozca del fiscal general del Estado como conoce de
los miembros del consejo de Radiotelevisión Española, de los del
Consejo de Universidades o de cualquiera de los órganos competentes
que se han señalado para que esta Cámara entre en esos temas.
La forma es muy importante, porque se va a dilucidar qué capacidad de
control vamos a tener sobre esta persona y por eso es importante que
lo aclaremos. ¿Que hay que hacer nuevas reflexiones sobre la manera
de nombramiento del fiscal general del Estado y de su sometimiento al
control de esta Cámara? Como representante de una institución que
tiene que velar por el principio de legalidad, que es el que legisla
en estas Cámaras, y después garantizar el principio de imparcialidad,
estamos de acuerdo. Pero veo el procedimiento totalmente inviable.
Por tanto, tenemos que reflexionar sobre este tema, tenemos que
discutirlo y consensuarlo en el marco de la oferta del Gobierno de
pacto de Estado por la justicia. Lo menos que merece cualquier
nombramiento es que las formas de elección, designación,
nombramiento, toma de posesión, etcétera, estén correctamente
expresadas y no sean contradictorias entre sí. Si no es así, no hay
quien lo pueda armonizar. No me parece lógico tomar posesión delante
del Tribunal Supremo, una instancia que, según esta iniciativa, no ha
intervenido para nada en el proceso.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar en contra
de la toma en consideración de esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, de los dos parámetros a analizar para posicionarnos en una
proposición de ley, que son qué se pretende regular, si se desea
regular esa materia, y si el texto tiene la corrección técnica mínima
para, aunque sea a través del cauce de las enmiendas, concluir con
una redacción aceptable, al Grupo Parlamentario Vasco, desde las dos
perspectivas y pese a los errores técnicos que se han anotado, le
parece conveniente y necesario votar a favor de la propuesta que se
nos presenta desde Iniciativa per Catalunya. Nos parece necesario
regular la elección del fiscal general del Estado de una forma
distinta por dos motivos. Uno hace referencia a nuestro propio credo
político. En nuestros sucesivos programas electorales llevamos desde
hace tiempo la idea de reforzar la vinculación del fiscal general del
Estado con el Poder Legislativo, entendiendo que es garantía de los
principios de legalidad e imparcialidad; garantía de introducir en su
nombramiento la soberanía popular, incluyendo a tal efecto en el
estatuto del ministerio fiscal un elemento de legitimación
parlamentaria que establezca -más de lo que la iniciativa pretende-
la necesidad de elección del candidato por el Congreso con alguna
mayoría cualificada. Exigencia de mayoría cualificada que nos parece
que no requeriría modificación constitucional, puesto que hay
abundante doctrina que opina que bastaría con la modificación del
propio estatuto orgánico que regula el ministerio fiscal. Este mismo
requisito de legitimidad parlamentaria también nos gustaría
trasladarlo a la elección de los fiscales jefes de los tribunales
superiores de justicia y así figura, repito, en nuestros programas
electorales.
La segunda razón para desear regular esta materia es de índole de
cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Cámara. En su
propuesta, el señor Saura hace referencia a algo que es cierto: en la
pasada legislatura, a iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defendida por el señor Castellano, aprobamos una
moción consecuencia de interpelación donde se propugnaba un sistema
de elección del fiscal general del Estado que no era el de mayoría
parlamentaria que mi grupo sostiene pero sí el de algún examen, que
en cierta medida aparece regulado, repito, en términos que nosotros
enmendaríamos, en el texto del artículo 29 que el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida nos propone. Una de las críticas que
podrían hacerse al texto presentado es la mezcla de lo institucional
con lo personal. Aunque son de sobra conocidas por esta Cámara las
distintas refriegas, la nefasta experiencia que el grupo al que
represento ha tenido con el fiscal general del Estado en distintos
momentos o en sus distintas comparecencias ante esta Cámara, mi
grupo, repito, prefiere desgajarse de lo personal y ceñirse a lo
institucional. Nos parece necesaria la regulación distinta de la
figura de la elección del fiscal general del Estado y creemos que,
pese a las críticas que hacemos al presente, tampoco los tiempos
pretéritos ofrecen mejores ejemplos de distancia o de imparcialidad
en quienes han podido desempeñar este puesto.
En cuanto al sistema que se articula, nos parece ciertamente complejo
y mi grupo tampoco tiene una excesiva
confianza o fe en estos trámites, puestos en marcha por primera
vez en esta legislatura, de examen de los méritos y trayectoria
profesional de quienes vayan a desempeñar determinados puestos. Hemos
podido experimentar en carne propia que de las posibilidades que
ofrecería un interrogatorio de este estilo, preguntas técnicas,
preguntas éticas referidas a la forma de abordar o de reaccionar
antes determinadas cuestiones, desde luego difíciles de medir, o
preguntas de talante o de tendencia personal, en las comisiones en
las que se han dado se han ceñido a cuestiones técnicas que suelen
tender a lo objetivo. Poco más que los estudios cursados o los
puestos desempeñados ha podido ser objeto de interrogatorio en los
casos en los que se ha efectuado en esta legislatura respecto de
determinados puestos institucionales. A pesar de ello, a pesar de que
no nos satisfaga el tenor del artículo 29, creemos que es un bien
mayor la necesidad de que sea regulada de forma distinta la elección
del fiscal general del Estado.
Nos parece mejor que peor apoyar la iniciativa que nos presenta el
señor Saura y por tanto nuestro grupo votará favorablemente su toma
en consideración.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quisiera felicitar al Grupo Mixto, concretamente al
señor Saura, por la presentación de esta proposición de ley, puesto
que entendemos que es lo máximo posible, en el marco de la
Constitución española de 1978 y específicamente en el marco de su
artículo 124.4. Esto nos hace ver que si verdaderamente en un momento
determinado queremos huir de los distintos obstáculos que planteaba
el señor Mardones o de los múltiples vericuetos, éste tendrá que ser
uno de los muchos temas que en su día habrá que tocar de la muy buena
en su momento Constitución española de 1978.
Nosotros entendemos en este momento que la iniciativa del Grupo Mixto
es positiva, por lo que vamos a votarla favorablemente. La
consecuencia de esta iniciativa a corto plazo y la reforma de la
Constitución a largo plazo no es otra que el hecho de que al final
del proceso el fiscal o la fiscal general del Estado es elegido por
el Parlamento y ello, entre otras cuestiones, porque para nosotros el
Parlamento es el que crea la legalidad y el fiscal actúa en defensa
de la misma. Segundo, porque el fiscal general se denomina, como su
propio nombre indica, del Estado y la institución más simbólica del
Estado es el Parlamento. Y, por último, señoría, porque los graves
problemas de inestabilidad del ministerio fiscal del Estado en los
últimos años y el deterioro de la credibilidad social de sus
actuacionesno tendrán solución, no nos engañemos, en tanto se
mantenga el actual sistema de designación del fiscal general del
Estado por parte del Gobierno.
La nefasta experiencia de los fiscales generales habidos hasta ahora,
incluida la declaración de ilegalidad hecha por el Tribunal Supremo
respecto del nombramiento de alguno de ellos y su cerrado
posicionamiento en defensa del Ejecutivo en asuntos de grave
incidencia social, entre otros el último de Ercros, pone de
manifiesto este grave fallo del sistema. Por eso hablo de la frescura
y de la idoneidad de la iniciativa del Grupo Mixto. Nosotros hacemos
la crítica no por la persona o personas que pudieran ocupar en un
momento determinado la Fiscalía, que en última instancia no son los
responsables de forma personal; lo es el propio sistema que los elige
y que los va creando. A nosotros no nos vale que el Gobierno del
señor Aznar, en una táctica envolvente, legítima, entierre el
cardenalato cuando llegue el otoño y se abran los juzgados, antes de
que el señor Cardenal entierre a parte de su Gobierno. Y tampoco nos
vamos a conformar con que coloquen a una persona de amplio espectro
en una jugada legítima en una operación similar a la realizada con el
Defensor del Pueblo.
Una última cuestión que ha salido a relucir en la intervención de
algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra es
que se dice que es un tema que tiene que entrar dentro de la carpeta
general del pacto de Estado. A ver si vemos el pacto de Estado. Hasta
ahora, políticamente, en el Registro de esta Cámara lo único que
conocemos es un supuesto plan de choque, que más parece un parche de
choque, porque será todo lo ambicioso que se quiera, pero al final no
resuelve ningún problema y además es muy alicorto; es un parto de
montes.
Desde luego, es el momento en que el Gobierno, si no quiere que
legítimamente los grupos de la oposición salgamos con iniciativas
parlamentarias, que en su momento lógicamente tendrían encaje y
enclave en ese pacto de Estado, lo que tiene que hacer es sentar, si
quiere, a los grupos parlamentarios y negociar una integridad, ver
los límites de ese pacto de Estado y negociar las formas, el
contenido, la temporalidad de las distintas fases de ese pacto de
Estado. Mientras eso no lo veamos los grupos de la oposición y no
tengamos una perspectiva a corto y a medio plazo, entenderemos
legítimamente que todo el mundo, con el Reglamento en la mano,
presente iniciativas sobre este tema, de la misma manera que
entenderemos que legítimamente el grupo parlamentario que soporta al
Gobierno, en uso del resultado electoral, frene o pare estas
iniciativas, que yo creo que en nada benefician ni en nada ayudan a
ese pacto de Estado, que es necesario y cuya idea mi grupo ha
felicitado. Si no se quiere que vayan creciendo champiñones más o
menos esporádicos de iniciativas de este tipo, por favor, sentémonos,
hablemos de esa integridad de pactos, hablemos de los contenidos y
hablemos de las distintas fases. De otra forma, nos iremos
encontrando elementos de hechos consumados, como sería ese
supuesto plan de choque.
Felicito de nuevo al Grupo Mixto, al diputado señor Saura, y
mostramos el apoyo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
a la iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Rejón.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Silva
tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente, estamos debatiendo en el día de hoy una proposición de
ley idéntica a otra ya debatida el 10 de noviembre de 1998 y cabe
decir que todos los planteamientos son idénticos, salvo uno, y es que
el 10 de noviembre de 1998 el Gobierno tenía un retraso de año
y medio en remitir aquí un proyecto de ley y en el día de hoy ese
retraso ya es de tres años. Y eso conviene recordarlo.
En cualquier caso, puede abordarse la proposición desde una
perspectiva de oportunidad y de fondo. Mi grupo, que ha asumido el
planteamiento del Gobierno y ha aceptado la oferta de negociar por
fases ese pacto de Estado por la justicia, entiende que la
modificación del estatuto orgánico del ministerio fiscal es un
aspecto que debe ser contenido de ese pacto de Estado por la
justicia. Por lo tanto, desde esa perspectiva de oportunidad -hemos
aguantado tres años- estamos dispuestos a esperar un poquito más para
ver si somos capaces de incluirlo en ese pacto de Estado.
Desde una perspectiva ya más de fondo, y después de desear que sirva
un poco de aldabonazo esta proposición de ley para recordar aquella
moción que aprobamos el 27 de mayo de 1997, sí que hay que indicar
que la proposición de ley tiene algunas diferencias con la moción
aprobada en 1997. Y desde esa perspectiva podríamos decir que incurre
en algunas incongruencias, en unos casos omisivas -hay aspectos de
los que no habla- y en otros casos activas, y es que hay aspectos en
los que habla o dice más cosas de las que acordamos o aprobamos el 27
de mayo de 1997. Incurre en alguna omisión, que seguro que estaba
también en la voluntad de sus autores, como es no tratar la necesidad
de otorgar al ministerio fiscal una partida presupuestaria propia o,
uno de los aspectos más acuciantes, que es, entre otros temas,
ajustar lo que son en realidad las comparecencias del ministerio
fiscal ante la Comisión de Justicia de esta Cámara a lo que debiera
ser su regulación legal, bien sea en el estatuto orgánico del
ministerio fiscal o donde lo podamos hacer, puede que, con
anterioridad incluso, en el propio Reglamento de la Cámara. Por lo
tanto, hacía referencia al envío de la memoria del ministerio fiscal
y sobre todo a la posibilidadde adoptar propuestas de resolución por
la Comisión
de Justicia o por el Pleno del Congreso, una vez presentada esa
memoria.
Tenemos que decir, sin embargo, como indicaba, que la proposición de
ley va más allá del planteamiento de la moción que aprobamos el 27 de
mayo de 1997. Uno de los aspectos fundamentales de la proposición de
ley es la introducción de esa audiencia previa, audiencia previa que
por lo demás es muy querida del Grupo Parlamentario Catalán. Yo
querría recordar a SS.SS. que el 2 de abril de 1994 se aprobó en un
debate de política general, como propuesta de resolución número 20,
una de Convergència i Unió, que pretendía precisamente que el
Gobierno remitiese un proyecto de ley en el que se estableciera la
obligación para determinados cargos públicos de comparecer con
carácter previo a su nombramiento ante el Congreso de los Diputados,
para que se pudieran analizar datos de interés, atendiendo a las
responsabilidades que estos altos cargos debieran asumir. Por tanto,
no seremos nosotros en ningún caso, ni éramos, ni somos, ni seremos,
los que nos opongamos a ningún tipo de audiencia previa. Pero hay que
reconocer que es diferente la audiencia previa establecida en la
moción de 27 de mayo de 1997 que trasladar al ámbito parlamentario el
nombramiento del ministerio fiscal, que es de alguna manera lo que
efectúa la proposición de ley que debatimos en el día de hoy. Lo que
aprobamos aquel 27 de mayo de 1997 era que debiera producirse esa
audiencia de los candidatos a ocupar el cargo de fiscal general del
Estado para que los grupos parlamentarios, no la Comisión de Justicia
del Congreso, no el Pleno del Congreso de los Diputados, los grupos
parlamentarios, pudiesen expresarse sobre su idoneidad para ocupar el
cargo. Lo que pretende la proposición de ley que debatimos hoy es que
la Comisión de Justicia e Interior, no los grupos parlamentarios,
apruebe propuestas de resolución tanto respecto del nombramiento como
respecto del cese del fiscal general del Estado. Eso es tanto como ir
a un modelo de fiscal parlamentario que no es tampoco el modelo que
tiene mi grupo y que, en la medida que constituye el elemento
fundamental, el elemento esencial de la propuesta de resolución, nos
lleva, como nos llevó el 10 de noviembre de 1998, a votar en contra.
No nos oponemos al planteamiento de la temporalidad, que era otro de
los contenidos de la moción de 1997, sin limitar, ya que se
establecía el carácter temporal del cargo de fiscal general del
Estado, amovible únicamente por motivos objetivos, temporalidad que
se concreta más en la proposición de ley que ha presentado el señor
Saura, pues se fija en el plazo de cinco años. Sin embargo, como
decía anteriormente, en la medida en que no se pretende regular una
modalidad especial de audiencia, sino que la proposición de ley tiene
como núcleo esencial trasladar el nombramiento del fiscal general del
Estado del Gobierno al Parlamento, cosa con la que en principio no
estamos de acuerdo, votaremos en contra de la proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
López.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la legislatura no ha cumplido todavía tres meses y no es la
primera vez que se trae a debate en esta Cámara la figura del
ministerio fiscal. No es la primera vez; ya en el primer turno de
control parlamentario este diputado tuvo la ocasión de formular una
pregunta oral en Pleno al ministro de Justicia, pregunta que tenía
como objeto precisamente una disfunción detectada en el
funcionamiento del ministerio fiscal al no presentar acusación contra
un delito gravísimo con resultado de muerte, el asesinato de una
mujer en Gran Canaria. De hecho, una pregunta parlamentaria
igualmente destinada al Pleno de esta Cámara fue interceptada hace
poco por la Mesa de la Cámara y no fue admitida con una consideración
estrictamente abstracta, acerca de la valoración que le merece al
Gobierno la posible utilización de los fiscales y del ministerio
fiscal como instrumento de obstaculización de la acción de la
justicia. A través de una conexión psicológica que se efectuó en ese
momento con respecto a unas declaraciones recientes, que han sido
también traídas a colación en este debate de la proposición de ley,
que había efectuado Manuel Fraga en Chile, la pregunta fue inadmitida
a trámite por su falta de conexión con la responsabilidad del
Gobierno y con la competencia del Gobierno. Lo cierto es que era una
pregunta abstracta acerca de la valoración que merece la utilización
de los fiscales como instrumento de obstaculización de la acción de
la justicia. No será la última vez que en esta legislatura los
fiscales y el ministerio fiscal sean debatidos en esta Cámara. No
tenemos la menor duda. De hecho, el fiscal fue un gran protagonista
de la legislatura anterior y esta Cámara tuvo ocasión de pronunciarse
repetidamente sobre la figura del ministerio fiscal porque, de forma
muy justificada, durante la legislatura anterior el ministerio fiscal
fue un problema, un problema político, un problema severo.
Nosotros compartimos con el grupo proponente, con Iniciativa por
Cataluña-Los Verdes, la preocupación por el ministerio fiscal y
compartimos el papel que el fiscal general del Estado desempeña en
una correcta conducción de este, que ha llegado a ser un problema
político a lo largo de los últimos cuatro años y seguirá siéndolo
-todo lo indica así- un protagonista de este arranque de la
legislatura que está a punto de culminar su primer período de
sesiones. Sin embargo, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista, el problema no está en el modelo de
designación del fiscal general del Estado, residenciado en el
artículo 29
del estatuto orgánico del ministerio fiscal. Prueba de ello es que,
en los debates que tuvieron lugar en la anterior legislatura, se
adoptaron por esta Cámara sucesivas mociones consecuencia de
interpelaciones que no reseñaban en el método de designación del
fiscal general del Estado el problema fundamental que es necesario
acometer, máxime si esto se pone en conexión con las modificaciones
de más largo alcance que puede recibir el estatuto orgánico del
ministerio fiscal, dentro de lo que se ha venido a denominar en esta
legislatura, en la anterior y en la última legislatura de mayoría
socialista, el pacto por la justicia. Un gran pacto en el que los
actores políticos, y no sólo ellos sino también los órganos que
tienen competencia en la conclusión de los asuntos que afectan a la
Administración de Justicia, notablemente el Consejo General del Poder
Judicial, en su caso los órganos de la Fiscalía, el Consejo Fiscal,
la Junta de fiscales, la representación de las asociaciones
profesionales y de los funcionarios que trabajan en el ámbito de la
Administración de Justicia, puedan contribuir a sacar a la justicia
de la situación de desvalorización social en que se encuentra en
estos momentos.
Efectivamente, se ha puesto de manifiesto durante este debate que, de
esas resoluciones que fueron adoptadas por esta Cámara, se desprenden
diferencias más que notables respecto de la proposición de ley que
ahora se nos somete a consideración. En concreto, el propio
proponente, el señor Saura, nos recordaba la moción adoptada por esta
Cámara el 27 de mayo de 1997. Esa moción tiene un contenido bien
distinto al de esta proposición. Desde luego, no afecta tanto al
modelo de designación del fiscal general del Estado cuanto a la
relación de la Fiscalía con esta Cámara y a la posibilidad de que
esta Cámara, a través de la Comisión de Justicia e Interior, pueda
efectuar consideraciones a través de los portavoces de los grupos
parlamentarios en el trámite de designación, en lo que se ha
denominado la audiencia parlamentaria del propuesto como candidato
a la Fiscalía General del Estado. Ése es un objetivo con el que, de
acuerdo con esta filosofía de parlamentarización de nombramientos
correspondientes a altas instituciones u órganos del Estado, estamos
perfectamente de acuerdo. Es un objetivo que suscribimos, pero en
unos términos distintos a los de la proposición de ley. Esa moción,
que fue aprobada no por unanimidad sino por una amplia mayoría de
esta Cámara, se refiere a que los grupos parlamentarios puedan
expresarse sobre la idoneidad del candidato. Una cosa distinta es
expresarse a través de una resolución que tiene su objetivo, que es
ser políticamente vinculante para el nombramiento de un Gobierno que
responde ante la Cámara. Ése es el sentido de las resoluciones que se
adoptan en la Cámara en un sistema como el nuestro, de Gobierno de
naturaleza parlamentaria.
Se hablaba también de la posibilidad de fijar un mandato determinado
en su número de años para el fiscal general del Estado, pero no hasta
el punto de vincular
a un Gobierno entrante a la continuidad de un fiscal general del
Estado que no ha sido designado por ese Gobierno y hasta el punto de
condenar al Gobierno a soportar lo que pueda auspiciarse como una
espiral de judicialización de la revocación o el cese, desde el punto
y hora en que se contrae a causas legalmente tasadas la posibilidad
de remoción del fiscal general del Estado. Ese es un modelo en el que
los socialistas sencillamente no estamos. Nosotros creemos que el
modelo constitucional, expresado de forma absolutamente paladina en
el artículo 124 de la Constitución, es un modelo digno de ser
defendido. El fiscal es nombrado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, bajo su responsabilidad. De la misma manera y por la misma
razón, el fiscal puede ser removido, naturalmente oído el Consejo
General del Poder Judicial, bajo la responsabilidad política del
Gobierno. Puede haber razones, y todos podemos alcanzarlas con la
imaginación, que aconsejen el cese de un fiscal general del Estado,
instrumento decisivo de enlace de la responsabilidad política del
Gobierno en la conducción de la política interior con la política
criminal, que es una manifestación de la política interior. Esta
política criminal necesita un enlace con el Gobierno, responsable
ante el Parlamento, que no es solamente esta Cámara. Tenemos un
Parlamento bicameral y pueden existir razones que aconsejen la
remoción, el cese, la sustitución, de un fiscal general del Estado
bajo la responsabilidad política del Gobierno. Esta Cámara está en su
derecho de extraer juicios políticos, de deducir juicios políticos de
la oportunidad o del acierto en el nombramiento de un fiscal general
del Estado.
Precisamente por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista le
hemos dado importancia al enorme desacierto que significó en su
momento el nombramiento del actual fiscal general del Estado y le
hemos dado importancia a la exigencia de su remoción, a la exigencia
de la responsabilidad política del Gobierno en haberle colocado a la
cabeza de un instrumento decisivo, no el único, en la realización de
una política criminal, como es la Fiscalía General del Estado, que
está produciendo una incidencia marcadamente política, con un color
perfectamente reconocible en la conducción de esa política criminal
en aquellos asuntos que resultan políticamente interesantes para el
Gobierno. Por eso estamos en disposición de exigir la responsabilidad
política, pero no a través del instrumento de cambiar el modelo
legislativo -que afectaría a cualquier gobierno, no a éste- de
designación del fiscal general del Estado.
Hay otras consideraciones de carácter más o menos técnico que
podrían, en principio, obstar a la toma en consideración de la
proposición de ley; y digo más o menos técnico porque existen otros
elementos adicionales que serían susceptibles de perfeccionamiento en
el trámite legislativo en el caso de que la proposiciónde ley fuese
tomada en consideración, en particular el
último párrafo, cuando se señala que el mandato deberá ser de cinco
años -con lo cual se produce el efecto de que se puede vincular a un
gobierno a trabajar con un fiscal general del Estado que no haya sido
de su confianza en el momento del nombramiento- no renovable. Es una
disposición que tampoco estaríamos dispuestos a compartir, aunque
podría ser objeto de modificación en el trámite legislativo. Al mismo
tiempo, se señala que será cesado por el rey, a propuesta del
Gobierno, oído el Consejo, tras una resolución de la Comisión de
Justicia e Interior del Congreso de los Diputados en este sentido o
por los motivos previstos en el artículo 46 del presente estatuto.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es decir, siendo una
proposición de ley de apenas cuatro puntos, este último punto 4 nos
parece no sólo desacertado en su intención sino muy desafortunado
desde el punto de vista de que está vinculando una disposición del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que está prevista
exclusivamente para los fiscales de carrera, en realidad en lo que se
refiere a su jubilación, a la figura del fiscal general del Estado
que, desde nuestro punto de vista, puede recaer perfectamente en un
jurista de reconocido prestigio con quince años de ejercicio
profesional, como recoge la redacción actual del artículo 29 del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal y que, desde luego, no
debiera abandonar el cargo simplemente por el cumplimiento de la edad
de jubilación. Como he dicho, estas consideraciones de carácter
técnico no serían las decisivas porque indudablemente serían
susceptibles de modificación en el trámite legislativo.
Es importante subrayar, y con esto concluyo, lo siguiente.
Compartimos con el grupo proponente y con los que han anunciado su
disposición favorable a votar la toma en consideración de la
proposición de ley la preocupación política que subyace, lo que se ha
llamado aquí un incumplimiento que ahora, iniciada la legislatura, va
a cumplir tres años con respecto a una moción que en su momento
vinculaba políticamente al Gobierno a adoptar iniciativas y que no
afectaban al sistema de designación del fiscal general del Estado,
sino que iban más allá en el sentido de permitir al Parlamento,
a través de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso,
pronunciarse sobre el candidato, no de forma vinculante; igualmente
iba en el sentido de permitir la remisión de la memoria anual de la
Fiscalía a la Comisión de Justicia para su examen, debate y, en su
caso, formulación de propuestas de resolución, así como de consignar
específicamente las partidas presupuestarias destinadas a la Fiscalía
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, evaluadas por el
fiscal general del Estado y oído el Consejo Fiscal y que, por tanto,
no afectaban específicamente a este nombramiento que nosotros creemos
que está perfectamente descrito y resuelto, como problema
constitucional que es, en la propia Constitución, en el artículo 124.
Compartimos la preocupación política, aunque la iniciativa
que se ha adoptado no nos parezca la adecuada para dar solución al
problema del ministerio fiscal en España y anunciamos la disposición
del Grupo Parlamentario Socialista a hacer del fiscal general del
Estado un problema durante esta legislatura.
Hemos escuchado desde el primer día en la comparecencia del ministro
de Justicia, la intención de convocar a los grupos políticos, además
de a los otros actores involucrados, a eso que se ha llamado el
debate por el pacto por la justicia y, por supuesto, vamos a
participar activamente de esa convocatoria, como no podía ser menos.
No es que tengamos excesiva confianza en las posibilidades de
entendimiento, en particular en la figura del fiscal general del
Estado, estando las cosas como están y habiendo sido la trayectoria
la descrita en la legislatura anterior, pero sí consideramos que es
en el marco de un entendimiento, de un diálogo o de una conversación
mucho más amplia donde debe tener lugar una posible reforma del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, no conectada, como he dicho
al principio, con el artículo 29, el sistema de designación del
fiscal general del Estado, sino con el papel protagonista del fiscal
en la ordenación del procedimiento criminal, del enjuiciamiento
penal. El Grupo Socialista propone un reforzamiento serio de las
facultades de conducción de la investigación criminal del ministerio
fiscal, actualmente residenciadas, como todo el mundo sabe, en el
juez de instrucción. En este protagonismo se juegan muchísimo las
reformas introducidas en la figura y en el papel del fiscal en el
procedimiento penal de menores, donde vamos a poner el énfasis.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo enseguida, señora presidenta.
Aprovecho para llamar de nuevo la atención -y lamento que no esté
aquí el ministro de Justicia para poder escuchar estas
consideraciones que tanto afectan al ámbito de competencia de su
Ministerio- sobre el serio peligro que estamos corriendo de que, una
vez más, las profecías del Partido Popular se autocumplan, porque el
Partido Popular ha hecho desde el Gobierno todo lo necesario para que
se cumplieran, en el sentido de perjudicar la viabilidad de esa
potenciación del protagonismo del fiscal en la conducción de los
procesos en el procedimiento penal de los menores. Efectivamente,
entramos en la zona de alarma roja respecto a las posibilidades de
que esa ley pueda cumplir su efecto, pueda ser plenamente operativa
desde el día de su entrada en vigor, anunciada para el próximo 13 de
enero, desde el punto y hora en que no se están adoptando las medidas
orgánicas, presupuestarias y de todo orden para que la ley pueda
cumplir su cometido.
Por tanto, anunciamos nuestra disposición a hacer del fiscal un
problema y a traerlo a esta Cámara cuantas
veces sea necesario, sin perjuicio de lo cual anunciamos que no
votaremos favorablemente la toma en consideración de la iniciativa,
por congruencia con nuestro voto a una proposición, reproducida ahora
en su literalidad, en el debate que tuvo lugar en esta Cámara el 10
de noviembre de 1998, en el que no apoyamos dicha proposición por las
mismas razones que actualmente he expuesto.
Gracias por su benevolencia, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos hallamos, como ha habido ocasión de constatar, ante un
debate clónico, porque estamos repitiendo por tercera vez un debate
que ya tuvo lugar, como se ha recordado, en primer lugar, el 27 de
mayo de 1997, en segundo lugar, el 10 de noviembre de 1998, y hoy, en
tercer lugar. La verdad es que el único hilo conductor que cabe
encontrar entre estos tres debates es que el señor Saura ha votado a
favor en las tres ocasiones, pero no le encuentro otra continuidad a
la cuestión. Aprovecho también para resaltar que lo más valioso de la
propuesta ha sido el hecho de que la haya defendido el señor Saura,
de cuyo trabajo en esta casa soy testigo excepcional, y que ha
contribuido a dar más nivel a esta propuesta que a las anteriores. De
todas maneras, parece que ha sido un poco deudor de ellas, porque
creo que ha leído el debate anterior, en el que nuestra añorada
Cristina Almeida, refiriéndose al primero, decía: Fue una moción
aprobada por todo el mundo, me parece que con el voto en contra de
alguno de los diputados. Eso lo dijo doña Cristina Almeida el 10 de
noviembre de 1998. Luego, aquí, ya se ha matizado que fue una mayoría
sustanciosa. Voy a descubrir el secreto mejor guardado de este
debate, y es qué pasó en la votación: 185 votos a favor; 138 votos en
contra. Eso es lo que ocurrió: votó todo el mundo a favor, como la
señora Almeida, en un alarde, se permitió recordar en el segundo de
los debates. Pero es que ese segundo debate, quizás como consecuencia
del rigor empleado en la defensa de la propuesta, tuvo el siguiente
resultado: 25 votos a favor; 288 en contra. Hoy se nos trae por
tercera vez y se nos dice que es un mandato del Parlamento al
Gobierno. Pues si el Gobierno le hace el mismo caso que le hace el
propio Parlamento, ya le haría un favor, pero ya se ve que el propio
Parlamento empieza a estar un poco cansado de esta propuesta que
tenemos aquí, por tercera vez, pasada por el microondas
parlamentario, y que ya se ve que no da más de sí.
Se ha dicho que el fiscal fue un problema en la legislatura anterior.
Los que estuvimos aquí en la legislatura
anterior podemos certificar que no fue un problema, fue el problema.
Yo comienzo a pensar que eso es bueno. Si durante esta legislatura el
fiscal general es el problema, buena señal, señal de que no hay otro,
y desde luego en la legislatura anterior no hubo otro. Se ve que no
hubo manera de encontrarle al Gobierno otro problema en el ámbito de
la justicia. De ahí que el señor Cardenal hiciera honor a su nombre y
se llevara todos los cardenales imaginables en sucesivas sesiones. La
cosa no debe ir mal cuando en este momento hay pedidas siete
comparecencias del señor Cardenal. O sea, parece que el Gobierno no
lo va haciendo mal. Yo me apunto a que el señor Cardenal siga siendo
el problema y allá él, que se las apañe, porque va a ser el que acabe
sufriendo este asunto.
La propuesta es de un notable carácter coyuntural. Señor Saura, una
de las virtudes que debe tener la proposición de ley es que sea
creíble al menos para su autor. Si uno lee la exposición de motivos
de esta proposición de ley ve que su autor no se la cree, porque es
absolutamente coyuntural. Usted pretende que tomemos en consideración
positivamente una proposición de ley que se refiere a los desmanes
del fiscal actual. Imagínese que la aprobamos, la convertimos en ley
y todo fiscal tendrá una ley enfrente que habla de sus desmanes,
porque se supone que la exposición de motivos es del artículo y el
artículo es el mismo, usted no va a cambiarlo. Mejor dicho, usted ha
dejado claro que está dispuesto a cambiarlo. Es tan coyuntural que S.
S. ha afirmado aquí que podemos cambiar lo que queramos. Supongo que
si podemos cambiar lo que queramos, podremos votar a favor o en
contra. Da exactamente igual. Su señoría lo que quería era traer por
tercera vez una cuestión que ha ido perdiendo acogida en este
Parlamento, y una vez que la ha defendido se da por satisfecho. En
ese sentido, me parece un acto de realismo bastante admirable.
Aquí seguimos con los mismos discursos, lo cual habla en favor de
todos. El Grupo Socialista sigue defendiendo su modelo, que quedó
arquetípicamente definido en un fiscal general inolvidable, canario
por más señas, que es el modelo de fiscal que depende del Gobierno y
que prácticamente forma parte del Ejecutivo, está soldado al
Ejecutivo. No es nuestro modelo, es un modelo respetable y hay que
reconocer que aquel fiscal general lo cumplió de maravilla, haciendo
horas extraordinarias, incluidos transportes en maleteros de coches
de presuntos implicados, por utilizar un nombre musical. Otro modelo
es el modelo parlamentario, que hemos visto defender una y otra vez a
algún otro grupo. Es perfectamente respetable, pero tiene un pequeño
problema, que hay que cambiar la Constitución. Tampoco es un problema
insalvable. Señora Uría, S.S., que es una jurista de categoría, como
estamos acostumbrado a comprobar, me reconocerá que si la
Constitución hace un reparto de los tres poderes del Estado, un
poder, el Legislativo, no puede desapoderar al Ejecutivo
de algo que la Constitución le ha dado. Eso es algo elemental
constitucionalmente hablando. Otra cosa es que, como don Pablo
Castellano, de grata memoria en esta Cámara, dijera con finura
jurídica, el Gobierno pueda autolimitarse. Eso es distinto, pero el
Poder Legislativo no puede quitarle al Ejecutivo algo que le ha dado
la Constitución. Es algo bastante elemental y es lo que se pretende
con estos intentos de dar paso, sin solución de continuidad y sin
tocar la Constitución, a un modelo que no es, creo yo, el del Grupo
Socialista, pero digamos que está más cerca de ése que el modelo
parlamentario. Podíamos llegar a un fiscal general similar al
Defensor del Pueblo, incluso se ha aludido a esa figura hoy aquí en
otro contexto, pero no es el modelo que hay en la Constitución.
Puestos a repetir, podemos repetir cuestiones, ya que el texto es el
mismo. Para empezar, no se habla de que los juristas que pueden ser
fiscales sean españoles. Podemos tener un fiscal general danés. Bien,
cabe esa originalidad. No se entiende muy bien por qué desaparece el
término españoles del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, donde
está recogido actualmente, sobre todo cuando luego se nos dice, como
ha recordado muy bien el señor López Aguilar, que, entre otros
motivos, el fiscal general cesará por las razones del artículo 46.
Ese artículo afecta sólo a los fiscales, y el fiscal general
solamente es fiscal desde que gobierna el Partido Popular. Antes no,
antes se buscaba a un amigo, aunque no fuera fiscal. Además, una de
las razones del artículo 46 para cesar a alguien, como muy bien es
sabido por los que lo han leído, es la pérdida de la nacionalidad,
con lo cual no deja de ser curioso que se quite la nacionalidad del
texto cuando es motivo para dejar de ser fiscal.
Todo este sistema, si lo que se pretende es que la cuestión del
fiscal general siga animada, es muy eficaz. Ahora, si se pretende una
adecuada coordinación entre los poderes del Estado, yo quisiera saber
qué es lo que estamos aquí planteando, porque se habla de una
propuesta del Gobierno tras oír al Consejo General del Poder
Judicial, que eso está en la Constitución, tras una resolución de la
Comisión de Justicia de esta Cámara, resolución que habrá que
entender que no es vinculante. Entonces, ¿qué sentido tiene una
resolución de esta Cámara que no es vinculante? Si lo que se pretende
es enfrentar a dos poderes, desde luego es un bonito escenario. Yo
recuerdo al señor Saura que en estos días estamos estrenando el
procedimiento de audiencia previa en esta Cámara, y no mediante
resoluciones ni mediante votaciones, tratándose de candidatos que va
a elegir la propia Cámara, y resulta que no se hace en esos términos.
Cuando hay otro poder implicado, yo creo que no tiene ningún sentido
hacer ese tipo de planteamiento si lo que se pretende es engranar el
juego de los distintos poderes a la hora de dar paso a este
nombramiento.
Por otra parte, la continuidad entre la primera propuesta, entre la
moción que en su día fue aprobada por esa mayoría que dice, y ésta es
muy problemática. En aquella propuesta no se hablaba en absoluto de
un sistema de cese como éste. Se decía que cesaba el Gobierno por
causas objetivas. Ahora, no; ahora aquí el Gobierno cesa, oído el
Consejo General del Poder Judicial, mediante una resolución, con lo
cual es el Gobierno, por lo visto, el que toma la iniciativa, no es
esta Cámara la que hace una especie de moción de censura al fiscal,
porque esta Cámara es oída una vez que el Gobierno decide cesar, no
antes. En fin, estamos creando un lío bastante considerable, y desde
luego suscribo las opiniones que ya se han manifestado desde los más
diversos grupos de que no sabemos, al final, en qué modelo de
Fiscalía estamos. Se ha montado una maraña del juego de poderes y, al
final, no es fácil saber de qué estamos hablando aquí.
Por otra parte, tenemos una propuesta realmente llamativa, que esta
Cámara examine los méritos y la trayectoria profesional del
candidato. Esta Cámara es competente para hacer cuantos juicios
políticos estime oportunos. Para valorar méritos profesionales no es
competente esta Cámara, así de fácil. Es como si S.S. me dice que los
catedráticos de universidad se van a nombrar por esta Cámara
apreciando sus méritos, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Esta
Cámara juzgará políticamente a quien quiera juzgar, pero no tiene
ningún sentido que intentemos que esta Cámara se convierta en un
tribunal profesional porque no parece que eso sea lógico. La
idoneidad de la que se habla debe ser lógicamente una idoneidad
política. En fin, esto es lo que tenemos hoy aquí, un mandato a un
Gobierno anterior. Yo no sé si recordar lo que es una investidura y
en qué medida una investidura da paso a un nuevo gobierno, con un
discurso donde hay unos compromisos y, por tanto, esta especie de
herencia de legislatura a legislatura. Por eso decía que, salvo la
continuidad que le da el señor Saura con su voto voluntarioso, yo no
acabo de ver esa continuidad tan fácilmente. Por otra parte, esta
investidura, como se ha recordado, ha arrancado con una oferta de
pacto por la justicia, donde es lógico que estos problemas se
analicen en un contexto más amplio.
Entre otras cosas, yo sigo sin entender cómo se puede considerar
irrrelevante el modelo de fiscal general que se defiende sin antes
aclarar el modelo de fiscal que se defiende en el ámbito penal, y
sigo sin entender que haya algún grupo que esté defendiendo a la vez
que el fiscal sea instructor y que esté vinculado al Gobierno, lo
cual convierte al Gobierno en instructor para regocijo de la
oposición, porque si, tal como está el asunto ahora, cada vez que no
hay otra cosa de la que hablar se recurre al fiscal general, el día
que los fiscales instruyan podremos hablar del fiscal de Arcos de la
Frontera con gran tranquilidad, o sea, que va a ser mucho más
divertido. El señor Cardenal lo agradecerá
porque acabará con menos cardenales, pero vamos a acabar con todos
los fiscales sometidos a control parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Sí, señora presidenta.
Por estas razones y por todas las que expondremos la próxima vez que
se plantee esta misma iniciativa, porque no dudamos de la
perseverancia de los que la traen aquí, vamos a votar en contra como
en las tres ocasiones anteriores. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la modificación
del sistema de designación del Fiscal General del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 14; en contra, 272; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de
referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA
POTENCIAR EL APRENDIZAJE TEMPRANO DE UN IDIOMA EXTRANJERO. (Número de
expediente 162/000077.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, proposición del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso sobre medidas para potenciar el aprendizaje temprano de
un idioma extranjero.
Para la presentación de la misma y su defensa, tiene la palabra el
señor Guerra Zunzunegui. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en
silencio, al objeto de poder continuar con el debate.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la educación en España en estos últimos años, yo diría que
desde hace más de veinte años, desde los pactos de La Moncloa, ha
experimentado un gran avance en lo que significa cantidad, es decir,
todos los niños y niñas desde los seis hasta los 16 años están
escolarizados. Esto que parece algo normal en algunos
de los países de la Unión Europea o de los países occidentales, hace
22 años no era así en nuestro país. Hemos conseguido... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guerra.
Señorías, es materialmente imposible seguir el debate del
interviniente que está en la tribuna. Reitero a las señoras y señores
diputados que permanezcan en el hemiciclo que lo hagan de una forma
que permita seguir los debates.
El Señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que hemos dado un gran avance en el tema educativo. Todos los
niños y niñas en España entre 6 y 16 años están escolarizados. A lo
largo de los sucesivos gobiernos, el Gobierno de UCD, los Pactos de
la Moncloa, los catorce años de Gobierno socialista y los cuatro años
y medio de Gobierno popular, indudablemente se han conseguido estos
objetivos. Ya en la legislatura pasada dijimos que había que pasar de
la cantidad a la calidad. Recordarán SS.SS. los debates sobre
humanidades, sobre matemáticas y sobre lectura comprensiva. Lo
decíamos no sólo en esta Cámara, en la Comisión de Educación, sino
que lo han puesto de manifiesto todos los informes del INCE. Pero hay
un tema muy importante, que es el del idioma extranjero. Dentro de
unos años, si en algún tema se pude considerar la posibilidad de
analfabetismo de nuestros niños y niñas será el de la informática
para la nueva generación y el idioma extranjero, que parece que no,
pero que tienen una correlación. Hoy, en la proposición no de ley que
trae a esta Cámara el Grupo Popular, es indudable la preocupación,
que será compartida por todos los grupos de la Cámara, respecto del
idioma extranjero. De todos es sabido, especialmente los que tienen
algún contacto con la enseñanza y les preocupa este tema -creo que
son todos los miembros de esta Cámara- que en la edad temprana los
niños y niñas es cuando mejor pueden iniciar el aprendizaje de una
lengua extranjera. En estos momentos, y conforme a la Logse, nuestros
chicos y chicas inician este aprendizaje del idioma extranjero
a partir de los ocho años, inicio que consideramos tardío. La
proposición de ley plantea la necesidad de que comience a los seis
años y también en el ciclo de la educación infantil, entre tres y
seis años. En estos momentos, ya hay un porcentaje muy importante
incluso entre seis y ocho años, pero esta Cámara debe instar a las
autoridades competentes, al Ministerio, y éste a su vez de
conformidad con las comunidades autónomas, a que esta enseñanza del
idioma extranjero sea obligatoria entre 6 y 16 años y se vaya
ofertando de una manera progresiva en la educación infantil. La
proposición sólo pretende alentar al Gobierno en este sentido.
Se han presentado algunas enmiendas que nuestro grupo considera que
aclaran la proposición no de ley.
Quiero hacer mención a la propuesta del Grupo Mixto, de la señora
Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, en la cual indica que sería
conveniente que el texto hablara de la progresiva generalización del
estudio de un idioma extranjero. Nos parece pertinente y oportuno,
porque aquí hay un problema que hay que solucionar, que es el
profesorado. Algunos de los profesores no tienen los conocimientos
suficientes para, de entrada, enseñar un idioma extranjero, aunque lo
comprendan y lo entiendan, porque es diferente enseñarlo.
Hay otra enmienda a nuestra proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que dice: «... y con pleno
respeto a sus competencias en este ámbito». Nuestro texto insta al
Gobierno a establecer, de acuerdo con las comunidades autónomas...; ¡No
faltaría más! Las comunidades autónomas tienen competencia en esta
materia y debe existir un acuerdo general, por lo que no nos parece
mal el contenido de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). A nuestro juicio, significa remachar, pero no
vemos inconveniente en favor del consenso. Por tanto, el texto diría:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, de
acuerdo con las comunidades autónomas y con pleno respeto a sus
competencias en este ámbito, la progresiva generalización del
estudio, etcétera.
También hemos estudiado con detenimiento las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista. Una entra en el presupuesto del 2001, pero
no creemos que sea cuestión financiera o del presupuesto del 2001.
Debe hacerse de conformidad con las comunidades autónomas y la
proposición no de ley no tiene por qué instar a que en el presupuesto
del 2001 exista financiación al respecto.La otra enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista dice: previa consideración, estudio y
planificación de las medidas a adoptar en el seno de la conferencia
sectorial de educación. Si se dice que se hará de acuerdo con las
comunidades autónomas, es indudable que se planteará en la
conferencia sectorial. Por eso, sintiéndolo mucho, porque nos hubiese
gustado que la proposición se aprobara por unanimidad, no podremos
aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, la intención de esta
proposición no de ley es compartida por toda la Cámara. Se ha puesto
de manifiesto en diferentes ocasiones en la Comisión de Educación. La
ministra indicó en su última intervención su preocupación por el
idioma extranjero. En definitiva, queremos que los chicos y chicas
españoles aprendan un idioma extranjero obligatoriamente desde los
seis años, y vamos a ver si desde los tres. En un momento como el
actual, un idioma extranjero es fundamental; un chico o una chica
española que salieran de la educación secundaria obligatoria sin
conocer suficientemente a fondo un idioma extranjero tendrían una
gran deficiencia en su preparación.
Mi grupo solicita de la Cámara el voto favorable a esta proposición
no de ley con las enmiendas que se han admitido, que entendemos
completan la intención del texto. Estaremos agradecidos al Grupo
Parlamentario Socialista si vota a favor también y no ve ánimo de
controversia en la no aceptación de sus enmiendas. En materia de
educación -ya lo ha dicho la señora ministra- somos partidarios del
máximo diálogo posible. Tratándose de esta cuestión, la Cámara
debería aceptar por unanimidad esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Grupos que han presentado enmiendas. (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, compartimos los motivos que preceden a la proposición
no de ley. Es probable que la Comunidad Autónoma del País Vasco sea
pionera en este aspecto. Ya en el curso 1989-1990 se inició una
experiencia de introducción del inglés en el ciclo medio de EGB en
forma de enseñanza directa del idioma o como medio vehicular para
aprendizaje de otras áreas. Esta experiencia continuó ampliándose a
nuevos centros ininterrumpidamente hasta el curso 1993-1994, en el
que se generaliza el estudio del idioma extranjero en el segundo
ciclo de educación primaria. En el curso 1996-1997 se inicia un
proyecto experimental de plurilingüismo en 20 centros de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en los tramos 4-8 años, 8-12 y 12-16, cuyo
objetivo es la capacitación idiomática del alumnado al menos en tres
idiomas -euskera, castellano e inglés- y en el curso 1999-2000, 163
centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco ya
participan en la introducción temprana del inglés a partir de los
cuatro años. La previsión es que en los próximos dos o tres años, a
partir de una incorporación progresiva de nuevos centros, esta
experiencia se generalice a todos los centros de educación infantil y
primaria.
No podemos sino compartir los motivos de esta proposición no de ley.
Nuestra intención a la hora de presentar la enmienda es la de que,
por un lado, la experiencia que ya he señalado anteriormente nos dice
que la introducción de cambios en los centros educativos es más
eficaz cuando se cuenta con la voluntad de los centros escolares que
contextualizan estos proyectos en función de su situación, de su
motivación, de los recursos de que dispone y de su propia concepción
de un proyecto lingüístico de centro y, por otro lado, la puesta en
marcha de estos proyectos exige garantizar procesos de formación del
profesorado, elaboración de materiales curriculares apropiados y
asesoramiento a los centros. Una introducción progresiva permite una
mayor flexibilidad para ir adoptando las decisiones más correctas en
cada caso, lo cual no impide que puedan marcarse plazos concretos
para su aplicación. Estos proyectos, que ya están siendo aplicados en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, están recibiendo premios y
distinciones en el ámbito europeo por ese aprendizaje en distintas
lenguas. Lo que queremos es que nuestros niños y niñas sepan desde
edad ya temprana al menos tres lenguas: el euskera, el castellano y
el inglés. Esta educación de lenguas es muy adecuada y creemos que el
sistema educativo en la Comunidad Autónoma del País Vasco está siendo
igualmente adecuado en otras cuestiones.
Dado que hablamos de materia educativa, tengo que decir que no
estamos en absoluto de acuerdo y denunciamos las declaraciones de la
Academia de Historia respecto a la educación en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y, en concreto, en las ikastolas. Es verdad que se
puede tener mayor rigor en el estudio de humanidades, pero, desde
luego, no estamos de acuerdo en que se uniformicen aspectos
históricos y culturales de las distintas comunidades del Estado. No
se puede permitir que se diga que lo único que pretende nuestro
sistema educativo es favorecer determinadas corrientes de racismo y
exclusiones sociales, hecho absolutamente falso. Por lo tanto,
denuncio esta declaración. Creemos que nuestro sistema educativo está
a la misma altura que los demás y no pretende, en ningún caso, lo que
afirma la Academia de Historia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMAI MUÑOZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos
enmiendas a la proposición no de ley del Partido Popular. Vaya por
delante una manifestación que tranquilizará al portavoz del Partido
Popular: la proposición saldrá por unanimidad, pero por sentido de
responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista que, aun no viendo
aceptadas sus enmiendas, entiende que el objetivo, aunque sea
únicamente comparable a un deseo, a una declaración de intenciones,
cree que es compartido por todos.
Han perdido ustedes una oportunidad excelente de dar relieve a un
tema especialmente importante: el aprendizaje temprano de la lengua
extranjera, que no es un capricho, una moda, ni tan sólo un gesto
snob, como podría deducirse de la lectura de una proposición no de
ley especialmente simplista, sino que se trata de un asunto de gran
trascendencia y complejidad desde la perspectiva social, cultura,
educativa e incluso laboral
y económica. Para demostrarlo, quiero decirles que en el contexto
europeo ha existido en los últimos años una preocupación constante
por fomentar el aprendizaje de idiomas, entendiendo instituciones
como la Comisión Europea y el Consejo de Europa que el aprendizaje de
idiomas es especialmente importante para reconocer y reforzar la
diversidad lingüística como elemento clave del patrimonio europeo;
para hacer extensivo a todos el derecho recogido en el artículo 18
del Tratado de la Unión relativo a la libre circulación y residencia
en el territorio de los Estados miembros; en definitiva, para
favorecer la capacidad de inserción laboral, la competitividad de las
empresas y la economía europea en su conjunto. Los datos de la
Comisión Europea nos indican que el 45 por ciento de los ciudadanos
europeos es ya multilingüe, aunque existen grandes diferencias entre
países: desde países como Luxemburgo, en los que casi el cien por
cien de la población domina otro idioma además de la lengua materna,
hasta España, en el que sólo un 10 por ciento de la población habla
francés y menos de un 20 por ciento inglés. Son datos del estudio
encargado por la Comisión Europea.
La preocupación se ha plasmado en la elaboración de distintos
documentos que recomiendan el aprendizaje precoz del idioma
extranjero. El Libro Blanco sobre la educación y la formación, de
1995, fijaba entre sus objetivos fundamentales dominar tres lenguas
comunitarias y para ello recomendaba a los Estados miembros de la
Unión Europea favorecer el aprendizaje precoz con el fin de
aprovechar la privilegiada capacidad de los niños para aprender
idiomas, privilegiada capacidad, señor Guerra, que no surge por
generación espontánea, sino que es necesario cultivar; los programas
y acciones de la Unión Europea son sobradamente conocidos por todos,
como Sócrates y Leonardo da Vinci. La última acción ha sido la
declaración del año 2001 como Año Europeo de las Lenguas.
En el contexto educativo español, cabe decir que la Logse impulsó la
introducción de la enseñanza de idiomas, especialmente el inglés, a
partir de los 8 años. Hay que recordar que con la anterior regulación
educativa, con la educación general básica, el aprendizaje de un
idioma extranjero se iniciaba en el llamado ciclo superior a partir
de sexto curso. En estos momentos, implantada la enseñanza del idioma
a partir de los 8 años, es normal, muy aceptable y recomendable
impulsar el aprendizaje, que no asimilación de conocimientos, del
idioma extranjero. Pero hay que recordar que esta implantación no
está exenta de algunos problemas y dificultades. No hay más que
hablar con los profesores especialistas en enseñanza de un idioma
extranjero. Ellos exponen algunas dificultades que existen en
secundaria y en primaria y explican que no es fácil dar clases con
grupos de 30 ó 35 alumnos, especialmente para actividades como serían
la comprensión y la expresión oral.
Por otra parte, completados los traspasos de competencias en
educación a las comunidades autónomas, es fácil proponer ahora
grandes acciones y mejoras. ¿Con qué recursos? ¿Comprometiendo los
recursos de las comunidades autónomas? No hay más que recordar que
los traspasos no se realizaron según las necesidades derivadas de la
implantación global de la Logse, sino que éste fue un largo y
conflictivo proceso negociador que en los últimos tiempos, entre 1996
y 1999, sufrió diferentes períodos en los que las negociaciones
permanecieron en vía muerta debido a la negativa del Gobierno del
señor Aznar a asumir el coste adicional de la implantación gradual de
la Logse.
Mientras los Presupuestos Generales del Estado de los diferentes
ejercicios consolidaban un desigual reparto de recursos entre los
centros públicos y los privados, naturalmente a favor de estos
últimos, está claro que el Gobierno del Partido Popular no situó
durante esta época a la educación en una posición prioritaria de su
acción política, sino que, por el contrario, cedió a la tentación
cicatera de regatear esfuerzos y recursos, desaprovechando una
oportunidad excepcional que la coyuntura económica ofrecía. La
peligrosa dualización del sistema puede llevarnos -y esto es lo que
no queremos de ninguna manera- a una escuela pública de los problemas
y a una escuela privada de las soluciones, situación del todo
inaceptable para cumplir con el objetivo de igualdad de
oportunidades. Un sistema educativo que pretenda como objetivo
prioritario una educación básica y obligatoria de calidad, como
quiere esta proposición no de ley, una educación de calidad para
todos como un instrumento de progreso y de cohesión social, no existe
si no hay una escuela pública de calidad. Ahora proponen extender la
enseñanza del idioma extranjero a la educación infantil y al primer
ciclo de primaria sin especificar con qué medios cuentan. Este es el
sentido de la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado: no expresar solamente un deseo que podemos compartir,
sino concretar, con propuestas políticas y con compromisos
presupuestarios, esta acción.
Señores del Partido Popular, con esta propuesta no han inventado nada
nuevo. La Comisión Europea y el Consejo de Europa lo llevan
recomendando desde hace tiempo; algunas comunidades autónomas incluso
intentan llevarla a cabo de forma voluntaria en función de los
recursos disponibles. Lo saben bien los parlamentarios del Grupo de
Convergència i Unió pues la Generalitat de Cataluña lleva
contemplando en las instrucciones que proporciona a los centros
educativos cada año la posibilidad de llevar a cabo de forma
voluntaria estas actuaciones en el primer ciclo de educación
primaria. Si se hace de forma voluntaria y en pocos centros
educativos es por falta de recursos personales y materiales. Este
objetivo, si no va acompañado de estos recursos, va a quedar en nada.
La obligatoriedad definida por ley es a partir de los ocho años.
Sería recomendable, efectivamente, empezar antes, pero con
condiciones. Hay unas condiciones de implantación que son
ineludibles, con recursos humanos, materiales y financieros. Que los
niños aprendan, en este caso idioma extranjero, pero que aprendan
cualquier cosa, no se hace por generación espontánea; insisto, es
necesario crear entornos educativos orientados y dirigidos que
proporcionen las condiciones adecuadas para que los niños aprendan. Y
esto no se hace gratis. En ningún caso puede ser en detrimento de los
niveles en los que el aprendizaje de un idioma extranjero está
consolidado. Con todo este jaleo de poner y quitar horas de distintas
materias que quiere llevar a cabo su Ministerio, no vayamos a vestir
un santo para desnudar a otro. Sería bien recibido por profesores
y alumnos que se mejoraran también las condiciones de lo que está
implantado en primaria y en secundaria. Los profesores afirman que en
algunas situaciones es imposible conseguir un buen nivel de
aprendizaje. Criterios pedagógicos y didácticos sobre la enseñanza y
el aprendizaje de idiomas en general nos indican que es fundamental
garantizar la continuidad en el aprendizaje, mantener cierta
intensidad y reducir los grupos. ¿Está el Gobierno español en
condiciones de asegurar esta implantación? ¿Ha calibrado las
consecuencias que dicha implantación conlleva? ¿Ha pensado por qué
poquísimas escuelas han iniciado voluntariamente algún tipo de acción
en esta dirección, como citaba antes, en algunas comunidades
autónomas? ¿Ha tenido en cuenta lo que significa plantear esta
cuestión después de completar el proceso de transferencias en materia
educativa a las comunidades autónomas? Así cualquiera, comprometiendo
los recursos de los demás.
La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista introduce los mínimos
para empezar a hablar sobre el tema. Primero, el marco competencial
para la toma de decisiones, que consideramos que es la conferencia
sectorial de educación, porque hay que sentarse con todas las
comunidades autónomas para tratar estas cuestiones. Y, segundo, la
financiación para cumplir las condiciones técnicas y psicopedagógicas
necesarias.
La propuesta del Partido Popular, como he dicho antes, es una
declaración de intenciones que pretendíamos mejorar y concretar con
nuestras enmiendas. Es una propuesta como a las que nos tiene
acostumbrados habitualmente el Partido Popular: es una propuesta de
farol. Por respeto a las necesidades educativas del alumnado, por
respeto a la importancia que las instituciones europeas han atribuido
al aprendizaje de los idiomas, por respeto al futuro de nuestros
alumnos en el que tanto nos jugamos, el Grupo Parlamentario
Socialista solicitaba la aceptación de estas enmiendas por el grupo
proponente y el apoyo de los demás grupos. Entendemos que sólo así la
propuesta se convertiría en real, posible y efectiva, y no en un
brindis al sol. El Grupo Parlamentario Popular, negándose a aceptar
el evidente enriquecimiento y concreción de su propuesta, da muestras
una vez más de sectarismo, de conducta propagandística y de falta de
voluntad en situar la educación para todos en un lugar prioritario de
la acción política.
La señora PRESIDENTA: Señora Palma, le ruego concluya.
La señora PALMA I MUÑOZ: Termino enseguida, señora presidenta.
Lamentamos no poder aportar este enriquecimiento de mínimos para
tratar un tema tan importante y, aunque no creo que sirva para nada,
solicitaría una vez más que el Grupo Parlamentario Popular
replanteara su propuesta. En caso contrario, habremos perdido una
oportunidad de oro para situar en un lugar prominente un tema tan
importante como el aprendizaje del idioma extranjero.
Muchas gracias, señorías, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Palma.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, me corresponde
intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) para defender nuestra posición en relación con esta proposición
no de ley sobre medidas para potenciar el aprendizaje temprano de un
idioma extranjero.
Debo expresar nuestra satisfacción por la presentación y el debate de
esta iniciativa parlamentaria. Estamos delante de una propuesta que
sintoniza plenamente con uno de los centros de interés que desde
siempre han caracterizado el posicionamiento del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en un ámbito de tanta trascendencia
como es el de la educación. Esta declaración de intenciones, cuya
paternidad puede ser compartida por todos los grupos parlamentarios
de esta Cámara, en nuestro caso tiene una doble vertiente que
justifica y avala lo dicho anteriormente. En primer lugar porque, más
allá de las diferencias que pueden darse en el modelo educativo
defendido por los diferentes grupos de esta Cámara, desde
Convergència i Unió hemos trabajado intensamente por la mejora y la
modernización del sistema educativo. En ese sentido, cabe destacar el
esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya a lo largo del dilatado periodo de tiempo en el que lleva
gestionando las competencias en materia de educación, así como las
importantes aportaciones del Grupo Parlamentario Catalán en las
Cortes Generales en las anteriores legislaturas. Por otro lado, por
el simple hecho de que Cataluña, del mismo modo que las otras
naciones y nacionalidades con idioma propio del Estado español, es
especialmente sensible a la importancia del valor añadido
que supone el conocimiento y el uso de un segundo e incluso de
un tercer idioma extranjero.
En segundo lugar, y dejando de lado la oportunidad y la virtualidad
del procedimiento parlamentario escogido para debatir esta
proposición no de ley, nuestro grupo parlamentario coincide con el
objetivo que persigue esta iniciativa por convicción, por coherencia
con nuestra trayectoria histórica a la que he hecho referencia, pero
también por una cuestión de compromiso político y electoral. El
programa electoral de nuestra coalición Convergència i Unió, con el
que nos presentamos ante el electorado catalán el 12 de marzo en las
anteriores elecciones legislativas, incorporaba el dominio de lenguas
extranjeras como uno de los contenidos curriculares más valorados.
Afirmábamos que poseer ese dominio constituye un enriquecimiento
personal, a la vez que permite participar en la sociedad llamada
global. En esta línea, nos comprometíamos a seguir dando prioridad a
un sistema educativo riguroso en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, abierto al estudio de dos lenguas extranjeras al
finalizar los estudios reglados, objetivo que requiere la
generalización de la enseñanza de estas lenguas en la educación
primaria y su oferta en la educación infantil.
Dicho esto, y desde la coincidencia con la afirmación de que los
niños y las niñas asimilan con más facilidad los conocimientos a
edades más tempranas, también debe tenerse en cuenta que los estudios
y las disciplinas que se enseñan a los tres, cuatro o cinco años
deben incardinarse en una visión de conjunto sin perder de vista que
otras disciplinas van a ser el objeto de aprendizaje por esos mismos
niños y niñas.
De acuerdo con criterios estrictamente pedagógicos, podemos decir que
el tema del aprendizaje de las lenguas, su mutua influencia, la
capacidad de asimilación de diferentes aspectos lingüísticos según la
edad, la ubicación de los aprendizajes lingüísticos en el conjunto
del despliegue de las potencialidades intelectuales, la rentabilidad
posterior en la edad adulta de determinadas adquisiciones tempranas,
etcétera, hacen que una decisión como la que nos ocupa sea
trascendental, ciertamente recomendable, aunque no necesariamente
valorada, como antes decía, en la globalidad del conjunto de
enseñanzas y disciplinas que van a darse a ese colectivo de niños y
niñas.
En tercer lugar, más allá del argumento universalmente compartido,
relativo a la preparación y a la calificación técnica, que va a
permitir a los jóvenes competir más eficazmente en la sociedad global
gracias al conocimiento y al dominio de uno o de dos idiomas
extranjeros, quisiera subrayar que, cuando hablamos de las ventajas
que supone el dominio de uno o más idiomas extranjeros, no podemos
ceñirnos únicamente a aspectos competitivos y de mejora de la calidad
técnica. Creo que también debemos tener en cuenta aspectos
intangibles y valores como el de la comprensión yel de la
sensibilidad hacia la diferencia, el enriquecimiento
personal que ello supone y la formación humanística, así como la
predisposición a la sociabilidad, entre otros aspectos.
Coincidimos, pues, en el fondo y en la forma de esta proposición no
de ley. Dicho esto, nuestro grupo parlamentario ha presentado una
enmienda de adición con el objeto de clarificar que la generalización
del estudio de un idioma extranjero en esas etapas escolares sea
implementada no solamente de acuerdo con las comunidades autónomas,
tal y como especifica literalmente el texto de la proposición no de
ley, sino también con pleno respeto a sus competencias en este
ámbito, cuya aceptación, sobre la que se acaba de manifestar el
portavoz del Grupo Popular, significará una mayor concreción en un
aspecto que consideramos de vital importancia no sólo para nuestra
comunidad autónoma, sino también para el resto de comunidades
autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de
educación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y no hemos presentado enmiendas porque realmente no nos creemos
esta proposición no de ley. Nos parece sorprendente que el proponente
sea precisamente un miembro del equipo de Gobierno y que traiga una
proposición no de ley a esta Cámara, porque, si realmente en la
voluntad política del Partido Popular estuviera poner en marcha la
segunda lengua en la escuela, ustedes saben muy bien cómo hacer las
cosas y hubieran traído a esta Cámara una proposición de ley.
Naturalmente, nos hubiéramos encontrado con la mayoría absoluta del
Partido Popular, como nos encontramos con medidas que ustedes toman
en relación con la salud, el copago, etcétera.
Dicho esto, quiero insistir en que no hemos oído hablar de
financiación y este no es un tema baladí. Por lo tanto, me van a
permitir que empiece diciéndoles que confunden ustedes la educación y
lo que ello significa con la formación para el empleo. Es increible
leer en la exposición de motivos de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular que la educación es uno de los pilares
básicos de la sociedad de pleno empleo. Desde estos bancos no
compartimos esa información. La escuela, la educación en los niveles
más tempranos no puede ser considerada de ninguna manera como uno de
los pilares básicos de la sociedad de pleno de empleo. Es un
argumento absolutamente falso. Solamente hace falta que echen ustedes
un vistazo a las estadísticas de paradas y parados de este país
para comprobar que es un argumento falso, porque no solamente están
en paro los que no han tenido posibilidades de formarse y de ir a la
universidad, sino que están en paro los médicos, los biólogos, los
químicos, los fontaneros, es decir, es un argumento que francamente
me parece impropio de un equipo de Gobierno.
Esta visión instrumental de la escuela nos alarma. Y nos alarma
porque el primer objetivo de la escuela, señorías, es contribuir al
crecimiento integral de los seres humanos; es decir, al crecimiento
integral de los niños y de las niñas, potenciando valores que no por
repetidos dejan de ser fundamentales, como son la cultura de la paz,
de la solidaridad, el respeto a la diferencia, la igualdad, valores
en sí mismos generadores de seres humanos capaces de convivir
democráticamente en una sociedad de iguales y, más aún, personas
formadas integralmente, independientemente de su futuro laboral.
Yo me preguntaba cuando leía la proposición del Grupo Popular si lo
que ustedes están planteándonos es que la escuela tiene que estar
para hacer fontaneros, médicos, físicos. No, el principal objetivo de
la escuela es hacer que los niños y las niñas que salen de ella sean
ciudadanos. Ese es el primer objetivo de la escuela.
Si a esto añadimos los desacuerdos históricos que sustentan los
expertos en el tema respecto a la conveniencia o no de iniciar
tempranamente el aprendizaje de una segunda lengua extranjera
(estudios de expertos que dicen que la iniciación excesivamente
temprana puede producir problemas como la dislexia, la disminución de
vocabulario de la propia lengua y, por lo tanto, menor fluidez
verbal), mientras no tengamos la constancia de que existen argumentos
contundentes que demuestren lo contrario, la prudencia en política
debe guiar la acción del Gobierno del Partido Popular. Y en lo que se
refiere a la escuela infantil, no debería implantarse esta medida,
primero porque no pueden, porque el propio proponente acaba de
decirnos desde la tribuna que no tienen reciclado al profesorado, con
lo cual ya me contarán si piensan que van a enseñar la lengua los
conserjes en los colegios. Y, segundo, porque hay dudas, y como hay
dudas queremos hacer uso de la prudencia política. Le recomendamos al
Partido Popular que generalice en la segunda etapa el aprendizaje de
la segunda lengua, pero que de ninguna manera lo haga antes de esa
segunda etapa que empieza a partir de los seis años, porque no está
claro que sea conveniente ni que sea necesario.
Como decía la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra
-creo que era la compañera del Grupo Parlamentario Socialista- esto
es un brindis al sol. Efectivamente, esto es un brindis al sol. No
hay recursos, no hay financiación, no hay profesorado reciclado para
asumir estas tareas tan complejas y, además, ustedes no tienen
voluntad política de hacerlo, porque de tenerla no hubieran venido
aquí con esta proposición
no de ley. Por eso, desde este grupo parlamentario nos vamos a
abstener.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por último, señor Guerra, a los solos efectos de indicar la
aceptación o denegación de las enmiendas tiene la palabra.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
A esos solos efectos. Como ya indiqué desde la tribuna, aceptamos la
enmienda de Eusko Alkartasuna, así como la enmienda de adición del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
He escuchado que esto era un esnobismo. Nunca había oído en esta
Cámara eso en muchos años. Esnobismo es sine nobilitatis.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, muchas gracias.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre medidas para potenciar el aprendizaje temprano de un idioma
extranjero, en los términos resultantes del debate y con la
incorporación de las enmiendas, tal y como ha sido puesto de
manifiesto por el portavoz del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 283; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
(Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INMIGRACIÓN. (Número de
expediente 162/000060.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre inmigración. Para la presentación y defensa de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, quiero empezar
mi defensa de la proposición no de ley con una cita del ministro del
Interior, señor Mayor Oreja. La inmigración, decía Mayor Oreja, se va
a convertir en el principal problema de convivencia de los españoles.
Fueron palabras pronunciadas por el ministro del Interior con motivo
de la toma de posesión del secretario de Estado de Inmigración.
Quiero decirles, en primer lugar, señorías, que a mí no me gustan. A
mi grupo le parece que estas palabras
denotan una filosofía, una actitud ante el problema de la
inmigración concebida como una amenaza, como una circunstancia
indeseada o indeseable, con un alarmismo extraordinario, como el
presagio de un nuevo jinete del Apocalipsis. A mí no me gustaron,
pero les confieso que temo que se conviertan en realidad si no
hacemos bien las cosas en política de inmigración (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Esta proposición responde a un solo propósito: abordar la política de
inmigración en nuestro país desde una filosofía, desde una actitud
política y humana distinta a aquella con la que ha iniciado su
andadura el Gobierno respecto de este tema. Yo diría que hay dos
palabras clave, el consenso y la integración: consenso en el método,
integración en el contenido. Consenso en cuanto a que sea el arco
parlamentario, como ha sido a lo largo de toda la democracia
española, el que, en función de políticas de acuerdo, consiga
establecer leyes y políticas globales de inmigración que no respondan
sólo a lo que el Gobierno denota en estos primeros días de su
andadura en esta política; es una especie de obsesión monolítica,
monotemática, por reformar la Ley de Extranjería.
Es importante que abordemos de esta manera esta política porque
estamos ante una cuestión de Estado. Si cabe hablar de una política
de Estado por antonomasia, creo que la política de inmigración lo es,
y esta política reclama precisamente ese camino, un camino de
consenso y un camino de concebir la política de inmigración como una
política global. Les confieso que este puede ser uno de los fracasos
importantes del país, quizá también del Gobierno del Partido Popular,
pero esto sería lo menos importante porque no hemos empezado bien. No
hemos empezado bien cuando el Gobierno ubica la política de
inmigración en el Ministerio del Interior, policializando la
cuestión, por otra parte con unas competencias de simple coordinación
de una serie de departamentos ubicados en Trabajo, Exteriores,
etcétera, sin facultades funcionales ni orgánicas. No hemos empezado
bien cuando el presidente del Gobierno en unas declaraciones cargadas
de oportunismo cargó, valga la redundancia, contra la oposición,
acusándonos de demagogia con motivo de los trágicos acontecimientos
de Dover. No hemos empezado bien cuando el Gobierno convierte la
contrarreforma o la reforma de la Ley de Extranjería en el alfa y
omega de la política de inmigración, sin concebir la política de
inmigración como una política global y de integración. No hemos
empezado bien, señorías, cuando esta reforma se hace a toda prisa,
sin calcular, sin evaluar cuál es el funcionamiento de la actual ley
que aprobamos todos hace sólo unos meses, sin darle plazo, sin dar
oportunidad a la propia ley de demostrarnos sus ventajas y sus
inconvenientes. No hemos empezado bien cuando, además, esa reforma se
hace unilateralmente, porque elproyecto de reforma se ha presentado
por el Gobierno a
los grupos parlamentarios no para que lo consensuemos como una
iniciativa común, sino con el plazo absolutamente taxativo de que el
30 de junio, pasado mañana, el Gobierno aprobará en el Consejo de
Ministros el proyecto de reforma de la ley. Se trata de una reforma
que afecta al corazón mismo de la ley. No cabe interpretar que el
Gobierno quiere reformar cuatro cosas que le parecen mejorables, ya
que la reforma es una auténtica contrarreforma porque cambia la
naturaleza y los derechos fundamentales de la ley.
Esta proposición quiere evitar ese camino y quiere recuperar, como
les decía al comienzo, consensos y principios. Quiero dejar claro a
los representantes del Gobierno, a quienes no veo pero supongo que me
escuchan, y a los representantes del Grupo Popular y de todos los
grupos, que el Partido Socialista quiere tratar este tema como una
cuestión de Estado y que, por tanto, estamos abiertos a una
negociación seria de un conjunto de medidas, de un abanico amplio de
medidas que hay que tomar en política de inmigración y que incluimos
en ese contexto nuestra voluntad de mejorar y de reformar la actual
ley si fuera preciso, pero en ese marco, en ese contexto, con
sosiego, en un marco de práctica común de entendimiento sobre el
conjunto de las políticas que hay que realizar en esta materia.
Fieles a ese espíritu, tengo que decir, señora presidenta, que de las
cuatro enmiendas que hemos recibido de cuatro grupos parlamentarios
hemos redactado ya, y luego lo presentaré a la Cámara, un texto con
la proposición no de ley transaccionada con el Partido Nacionalista
Vasco, con Eusko Alkartasuna y con Izquierda Unida en los aspectos
que ellos nos han planteado y que ya hemos hablado con anterioridad.
Quiero pedirles, señorías del resto de los grupos, la aprobación al
espíritu de esta propuesta que, repito, tiene que recuperar
fundamentalmente un camino que no se ha iniciado bien. En mi opinión,
esta política consensuada tiene que recoger una serie de principios
que me gustaría resumir a continuación, en la segunda y final parte
de mi intervención.
Primero.-En política de inmigración, aparte de leyes y de propuestas
diversas, estamos hablando de personas, personas con derechos, con
los derechos humanos que hemos estado reivindicando y que hemos
conseguido implantar en las democracias occidentales a lo largo del
siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del mismo. Permítanme,
hablando de personas, una cita periodística que creo que viene al
caso, ustedes la ubicarán: Estaba muy oscuro dentro del contenedor,
nos tropezábamos con cuerpos sin vida mientras intentábamos alcanzar
las puertas. Todos arañábamos las puertas. Golpeábamos
angustiosamente las puertas y las paredes del contenedor. Cuando
abrieron, creíamos que era un ángel que nos enviaban del cielo. Son
los dos chinos que salvaron su vida de los sesenta que había en un
contenedor en Dover; 58 murieron.
No sólo apelo, señorías, a los derechos humanos, apelo a sentimientos
de solidaridad; sentimientos que tienen además una explicación lógica
en nuestra cultura, en nuestros orígenes, porque somos todos hijos de
inmigrantes. Permítanme que les haga una pregunta a cada uno de
ustedes: ¿Quién no tiene un emigrante en su familia? Yo tengo un
hermano que fue albañil en Francia, tengo tíos en Argentina; seguro
que todos ustedes tienen alguno. Ha habido dos millones de españoles
que se fueron de España. ¿No sería bueno que nos aplicáramos el viejo
dicho de no quieras para otros lo que no quieres para ti?
Segundo.-Estamos en una sociedad globalizada, en una sociedad de la
información. Hace sólo unos días muchos africanos habrán visto desde
cualquier poblado de África, de Nigeria, de Kenia, de cualquier país
africano, la opulencia y el despilfarro a través del fútbol, por
poner un ejemplo, en cualquier país europeo. Estamos en una sociedad
que transmite por televisión a la miseria y al hambre, la opulencia y
el despilfarro. Por tanto, aceptemos que va a haber una presión
migratoria permanente en nuestro siglo. Afrontemos ese problema como
es.
Tercero.-Aceptemos que nuestra economía los necesita, porque nuestros
campos, nuestras obras, nuestros hogares están llenos de esas
personas que vienen a realizar las tareas que no realizan los
españoles. Cuidan a nuestros niños, cuidan a nuestros mayores.
Nuestra demografía los reclama. Naciones Unidas ha recordado que
España, el país con la demografía más baja del mundo, necesitará
150.000 cabezas de familia anuales; pero España sólo acepta 30.000
personas, no cabezas de familia al año. La ONU nos ha dicho que
España necesitará doce millones de inmigrantes de aquí al 2050, y a
pesar de eso, si llegaran, nuestra relación de activos y pasivos en
la Seguridad Social no pasará del 1,4 en el año 2050, suponiendo que
llegaran doce millones. España puede y debe hacer una política de
regulación propia. Tampere recomienda que se homologuen las
legislaciones, pero tenemos que hacer nuestra propia legislación,
tenemos que hacer nuestra propia política, ajustándonos lógicamente a
las directivas, pero éstas tardarán; sólo la de integración familiar
tardará todavía meses. Por tanto, hagamos nuestra propia política.
Créanme, señorías -y ahora me dirijo a los representantes del Partido
Popular-, una muestra de que nosotros queremos tratar este tema en
serio es reconocer que tenemos que aumentar, que intensificar nuestro
esfuerzo en el control de fronteras y en la lucha contra las mafias,
que es una política paralela a la política de inmigración, pero que
no puede ser la única. Esto es lo que me parece clave. Ahí les vamos
a apoyar siempre. Pero permítanme que les diga que es un gravísimo
error -y para mí es el núcleo de la política del Gobierno y del
Partido Popular en este tema- que la política de inmigración se
concentre en evitar la inmigración ilegal en vez de dedicar los
máximos esfuerzos a regular
y a facilitar la inmigración legal, la que necesitamos. La política
de inmigración debe abarcarlo todo, y la lucha contra la inmigración
ilegal se favorece con una política que intensifique los instrumentos
de la inmigración legal. Cupos, reagrupación familiar, integración
social, eso es política de inmigración.
Por cierto, basta de ironías y basta de confundir a la opinión
pública. En España, el efecto llamada no lo da la Ley de extranjería.
El verdadero efecto llamada es saber que va a trabajar, que les
espera un campo en el Maresme o una obra en Madrid, que les esperan
para trabajar, por eso vienen. Si llegan a España y les espera un
trabajo, la política de inmigración tiene que atender esas demandas
de mano de obra, desde la legalidad, no desde el dumping social que
esclaviza la relación laboral y que crea, en palabras de Carlos Marx
-supongo que se podrá citar en estos tiempos y en este foro a este
autor-, un ejército de reserva. Yo le enmendaría y diría: un ejército
de esclavos para la explotación laboral impune. Señorías, España es
un Estado complejo. La política de inmigración cuesta dinero. Hay que
dedicar un esfuerzo económico importante, lo veremos, en el
presupuesto del 2001, pero hay que dedicar un esfuerzo económico
importante a colaborar con las comunidades autónomas porque España
tiene repartidas las competencias de integración social en las
comunidades y en los ayuntamientos. Esa es la política de
inmigración.
Termino. La convivencia multiétnica, señorías, es un signo de los
tiempos. Cuántas veces en España oímos a altísimos dignatarios del
país recordar con orgullo los tiempos de convivencia multiétnica y
multirreligiosa de musulmanes, judíos y cristianos, en pocos sitios,
desgraciadamente, y por poco tiempo. En el siglo XXI, como decía hace
poco tiempo Carlos Fuentes, un escritor mejicano, al presentar su
última obra, Los últimos días de Laura Díaz: El mundo será mestizo o
no será. Vargas Llosa, todavía en palabras más bellas, decía:
California es un espejo del milenio que viene en el que los seres
humanos se moverán por el ancho mundo como por su casa. Cruzarán a su
antojo unas fronteras que se habrán adelgazado hasta volverse
inservibles. Convivirán y se mezclarán con hombres y mujeres de otras
lenguas, razas y creencias y echarán raíces donde les plazca, es
decir, donde encuentren aires propicios para materializar el derecho
a la felicidad. ¿Por qué España que tiene todavía una cuota tan baja
de inmigración, en relación con toda Europa no puede convertirse en
un modelo de convivencia, que la enriquezca, que la haga vanguardia?
Es verdad que es problemático en otros países de Europa, pero por qué
no hacemos que España pueda conseguir, por ejemplo, como la sociedad
norteamericana, una sociedad absolutamente potente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jáuregui, le ruego vaya
concluyendo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Ya termino, señorías.
Voy a finalizar con una frase que tampoco es mía, es de un ministro.
No es de un ministro socialista, es de un ministro que lo fue del
Grupo Popular. Manuel Pimentel dijo: Los inmigrantes son personas, no
un problema de orden público. A mí, esta frase sí me gusta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Grupos que han presentado enmiendas. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera hacer unas reflexiones que van a coincidir con lo que
señalaba el portavoz del Grupo Socialista, especialmente en lo que se
refiere a la exposición de motivos de esta proposición no de ley.
Hemos dicho en varias ocasiones y al hilo de haber tratado de estas
cuestiones que hablar de inmigración no es hablar de un problema, que
hablar de inmigración es hablar de un fenómeno en el cual confluyen
muchas cuestiones tales como trabajo, bienestar social, asuntos
exteriores, orden público, pero también otras que afectan a la
convivencia diaria entre todos. Es significativo por eso que en la
ley que aprobamos en la legislatura pasada se hablara de Ley orgánica
de los derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español.
Por tanto, no hablamos exclusivamente de una cuestión de orden
público, no hablamos exclusivamente de una cuestión de seguridad, no
estamos planteando esta cuestión como un problema, sino como un
fenómeno que vamos a tener que visualizar, que debatir, no solamente
en un corto plazo, sino durante mucho tiempo y muchos años desde la
mejor perspectiva, sobre todo desde la de la convivencia ciudadana
entre todos.En este sentido, hubiera sido quizás mejor -permítanme
que lo diga- que se hubiera dado un cierto margen de confianza a la
ley que se aprobó no hace demasiado tiempo, para ver cómo
evolucionaba su aplicación, si había que modificar cuestiones, -no
somos partidarios de no hacerlo-, pero siempre desde la perspectiva
de su aplicación, de un análisis crítico pero razonable, de una
cierta realidad y, en definitiva, viendo exactamente cómo funcionaba
la aplicación de esos derechos y libertades a esas personas. No
entendemos, aunque lo haya dicho el Grupo Popular ya desde la
anterior legislatura y por supuesto en ésta, que ya estaban decididos
a modificarla; desde luego no podemos compartir que las
modificaciones afecten al núcleo sustancial de derechos y libertades
fundamentales, y en todo caso nos parece
que es importante que se haya presentado esta proposición no de ley.
Hemos querido aportar una serie de cuestiones, especialmente en dos
materias, una primera, de mejora técnica, hablando de personas que no
tienen la situación de regularidad, en lugar de ilegales, y
especialmente en el punto 3.o, en lo que se refiere a la asistencia
letrada. Cuando se habla de asistencia letrada, especialmente en
casos de asilo o refugio, lo que suele ocurrir es que las personas
que vienen, que desgraciadamente tienen que salir de sus países y de
sus naciones no son conocedoras de si pueden ser susceptibles de ser
beneficiarios de ese amparo por asilo o por cuestiones de refugio.
Quizás fuera conveniente solicitar y dar ese beneficio de asistencia
letrada al menos para saber, para informar y ver si esas personas
pueden ser objeto de ese amparo por razones desgraciadas de tener que
pedir asilo o refugio. Por tanto, nos hubiera gustado que se ampliara
esa cuestión de ese beneficio que nos parece lógico a todas las
personas. También hemos querido hacer una pequeña aportación en lo
que se refiere a los menores, a aquellos menores que están
acompañados por sus mayores, quienes no tienen situación de
regularidad, para que también aparecieran explicitados en esta
proposición para ser objeto de los beneficios y protección
correspondiente a su situación.
En definitiva, aportamos cuestiones importantes, que no se
encontraban en esta proposición no de ley; apoyaremos la enmienda
transaccional y hacemos esa reflexión de observar esta cuestión como
fenómeno no como problema, y con la mejor voluntad de convivencia
entre todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señoras diputadas, señores diputados, señores
proponentes, ¿por qué no vuelven al consenso de diciembre, que aprobó
la ley, la que está en marcha, la que se tiene que desarrollar, que
está apalancada, frenada, bloqueada, en una serie de aspectos
fundamentales, para saber si realmente la ley es buena o es mala?
Ustedes han creado un alarmismo innecesario en el sur, por hechos que
ocurren en el sur cada día, lamentables hechos, que tienen un
tratamiento. A las mafias se las trata con las leyes,
fundamentalmente las policiales, no con el palo y la zanahoria, sino
con el palo, las policiales, y además hay leyes suficientes para
hacerlo. Los otros temas referidos a la inmigración y a la situación
de hombres y mujeres que vienen a nuestro país o que van a Europa,
tratando de pasar por nuestro país, van en función de las necesidades
de comer, de huir de la
guerra que tienen en países donde no hay comida, donde hay guerra,
donde hay una situación terrible.
Pero además crean alarmismo aprovechando lo que acaba de ocurrir en
Dover, la lamentable desgracia fruto también del aprovechamiento de
determinadas situaciones por parte de las mafias, que, repito, tienen
un tratamiento específico, concreto: ley y palo, o palo y ley, pero
tienen un tratamiento.Lo demás, la inmigración, repito, tiene otro
tratamiento, desde el humanismo, desde los derechos humanos y desde
los derechos sociales.
Les hago una pregunta, ya sé que es retórica, pero se la hago para
que ustedes también se la planteen: ¿Con algunas actitudes no están
contribuyendo a levantar alguna jauría xenófoba en nuestro país, que
no existía, o que existía pero estaba soterrada, y que se debe
reeducar, no levantando nuevas expectativas de jauría humana, como
otras que se han visto en otros países y en otras circunstancias? En
esto el Ministerio del Interior y su titular no deberían sembrar el
terreno para una política de orden autoritario, sino para, desde la
autoridad de la ley (de una ley como la aprobada ya, y naturalmente
en lo que respecta a la autoridad de la Policía en todo lo que son
mafias, en todo lo que es delincuencia), intentar abordar el problema
y solucionarlo a fondo. Eso está en la ley. ¿Qué hay en la ley? Hay
política, que tiene unas funciones concretas, pero para eso se tiene
que desarrollar y reglamentar de forma concreta, lo expresa
exactamente la ley. ¿Qué más tiene la ley? Tiene también tratamiento
policial, no es una ley permisiva, aunque ustedes consideren que hace
un reclamo para que todos los inmigrantes del mundo vengan a España.
No, no, no es una ley permisiva, que tiene, junto al tratamiento
político, uno policial. Van ustedes demasiado acelerados, acabamos de
ponerla en marcha el mes de febrero, y ya han llegado ustedes a la
conclusión, frente a las opiniones que hay del Foro de la
inmigración, de las centrales sindicales, de otras organizaciones,
movimientos sociales que piden tranquilidad, porque lo que está
emergiendo ahora de inmigración ilegal es lo que habíamos anunciado
nosotros que existía, entre 120, 150.000 inmigrantes ilegales. Por
tanto, no se aceleren, tengan en cuenta de nuevo el problema que
discutimos mal, tarde y peor la semana pasada, que es el de Europa,
de cómo tratar determinadas cuestiones. De nuevo se lo vuelvo a
plantear, uno de los problemas de fondo de esta Europa que se está
construyendo es cómo se contribuye a sacar a determinados países del
hambre y de la guerra, es decir, cómo contribuye Europa; y ahí
estaría el sentido histórico de Europa, de lo mejor de Europa, en el
humanismo, en el desarrollo de los derechos sociales y de los
derechos humanos, y aquí está el reto que tienen ustedes en el marco
europeo, ver como Europa contribuye a eso. Hay planes y programas de
desarrollo económico y social que con poco dinero son capaces de
generar una dinámica que en el momento que se pone en marcha crea en
poco tiempo otra situación, y hay experiencias concretas de eso en
todo el mundo. Por tanto, este es otro elemento que les propongo en
la línea del desarrollo de esta ley.Es una ley que acaba de entrar en
vigor, y todo el Foro de la inmigración, la Comisión de las Naciones
Unidas, los sindicatos, nosotros, otras gentes, demandamos una cierta
prudencia, y ver qué da de sí la ley desde la defensa del principio
de que la ley es buena.
Sobre la proposición no de ley nosotros hemos presentado cinco
enmiendas que van en la línea, en primer lugar, de recordar que es
una ley de mínimos, que no se trata de aplazar la reforma sino de
mejorar la ley en todo caso, viendo lo que ocurre al final, por
ejemplo, de este año o de unos cuantos meses realmente. or eso hemos
planteado una enmienda, que ha sido aceptada por el grupo proponente,
en relación con la mejora y reforma de la ley. Algunas de las
propuestas que hay en la proposición no de ley -así lo expresamos-
son mecanismos ya propios de la ley, no algo complementario, que
debería desarrollarse y aplicarse ya en concreto. La proposición no
de ley les estimula a que hagan esto; muy bien. Estamos de acuerdo y
vamos a votar favorablemente. También recogen nuestras enmiendas la
exigencia de aplicación de todo esto, de aprobación del reglamento,
que ha sido aceptado por parte del grupo que presenta la proposición
no de ley. Igualmente, en la constitución del Consejo Superior de
Política de Inmigración lo han tenido en cuenta. Esta proposición no
de ley puede estimularles a ustedes a hacerlo. La responsabilidad de
su grupo es exigir al Gobierno, al que dan apoyo, que aplique la ley.
A partir de la experiencia que nos da la ley, veremos cómo la
mejoramos o cómo la reformamos; reformarla no en el sentido de
rebajar lo que dice, sino a lo mejor aumentando algunos elementos
contra los cuales ustedes están posicionados.
Vamos a defender la ley y su desarrollo, a mejorar y reformar. Nos
parece que esta proposición que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista va en esta línea. Les pediríamos que se sumasen, ustedes y
el grupo de Convergencia i Unió, a esta voluntad política de avanzar
con lo que tenemos en este momento, que es bastante. En la medida en
que lo pongamos en marcha con todas las consecuencias, dará
resultados satisfactorios en lo inmediato.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente. Señorías, si
partiésemos de una situación a regular limpiamente, de un punto cero
o de un folio en blanco, al Grupo Vasco le hubiera gustado dar al
delegado del Gobierno para la Inmigración, señor Fernández
Miranda, al menos el periodo de gracia de los cien días a los que
creemos tiene derecho quien comienza una misión, ya que ha cumplido
con lo que suele ser en estos casos normal, pero que empieza a no
serlo, de recibir y oír a todos los grupos parlamentarios sobre una
reforma legal que, eso sí, se nos presenta como indubitada, dado el
apoyo y el juego de mayorías en esta Cámara. Repito, el Grupo Vasco
le agradece el gesto y se lo reconoce. Pero ocurre que estamos
hablando de una materia en la que venimos arrastrando un cúmulo de
desaciertos por parte del partido en el Gobierno, de dejación de
responsabilidades, de actitudes irresponsables que nos hacen
posicionarnos a favor de hacer algo y cuanto antes, a exigirle al
Gobierno actitudes de cumplimiento de la legalidad vigente, con la
colaboración de todos los agentes sociales e instituciones, incluidas
aquellas en las que el Partido Nacionalista Vasco tiene
responsabilidades de gobierno, como es el Gobierno vasco o dos de los
territorios históricos en los que, por cierto, ya nos hemos puesto a
ello.
Simplemente mirando a los países de nuestro entorno, hace años se
veía venir el movimiento de inmigrantes al llamado primer mundo, en
busca de lo que las deficiencias o los desequilibrios en el
desarrollo mundial hace que no encuentren en sus lugares de origen:
una vida digna en parámetros de simple humanidad. En el tiempo que yo
llevo de diputada, que es sólo una legislatura, en varias ocasiones
desde el comienzo de la legislatura pasada hubo iniciativas,
proposiciones no de ley o mociones sobre esta materia, sobre los
necesarios cambios en la ya vetusta Ley de extranjería. Hubo
señorías, una subcomisión con el expreso objetivo de estudiar los
problemas derivados de la inmigración. Hubo cuatro iniciativas
legislativas, que fueron todas ellas tomadas en consideración y que
convergieron en un trabajo conjunto de todos los grupos. Hubo 18
meses de intensa actividad de ponencia y trabajo efectivo en los que
conocimos, queriendo saberlo los ponentes, alguna actitud o lo que
opinaba al respecto el Ministerio de Trabajo, pero tuvimos ciertas
dificultades para saber cuáles eran los posicionamientos desde el
Ministerio del Interior o desde los ministerios responsables de la
política económica. Incluso en el mes de julio, al producirse la
comparecencia del ministro del Interior, Mayor Oreja, para explicar
qué había ocurrido en los desgraciados incidentes de los
asentamientos rumanos de Malmea, tuve ocasión de preguntarle
directamente qué se opinaba en el Ministerio en cuanto a los avances
que estaba haciendo la ponencia en relación con esta ley, pero no
obtuve contestación ninguna. Nunca parecieron tomarse en serio que la
iniciativa parlamentaria se estaba tramitando en serio e iba a
concluir en lo que para nosotros, los ponentes por lo menos, era un
buen fin. Conseguido un texto en común, se produjo después en el
Senado el parón, o mejor, elintento de freno y marcha atrás que se
quiso hacer de
manera rocambolesca, para después, desde el Gobierno, ya nuevo,
escatimarse esfuerzos, al menos desde nuestra perspectiva, en la
puesta en vigor de la ley para que se produzca en la sociedad el
efecto pernicioso de que la situación tiende a ser ingobernable. Se
ha jugado con situaciones humanas a la búsqueda de una vida mejor, no
dándoles una posibilidad de integración, que es lo que la ley
pretende, de forma que se han generado reacciones de racismo o de
xenofobia. El señor Frutos ha aludido a acusaciones de crear
alarmismo social. El mismo error se ha cometido al situar la
Delegación del Gobierno para la Inmigración en el Ministerio del
Interior. Son personas, no son un problema de orden público. Repito
yo también la frase pronunciada por el ex ministro, señor Pimentel.
Esta Secretaría debiera haberse ubicado en la Vicepresidencia Primera
o en algún otro Ministerio, que permitiese acreditar en el partido
que gobierna un interés distinto del mero mantenimiento del orden
público. Nos sorprende que siempre que desde el Grupo Popular se
alude al asunto se hable del efecto llamada de la ley, de que no sea
coladero de ilegales, cuando no de paraíso de las mafias, como si la
labor preventiva en relación con ellas no le hubiera correspondido al
propio Ministerio del Interior. Jamás se alude a ella en términos de
derechos humanos.
Señorías, en trámite de ponencia, cuando vimos la ley el 10 de
noviembre de 1999, un gran día desde nuestra perspectiva, manifesté
que la reforma emprendida no sólo respondía a objetivos humanitarios
o de justicia, sino que también obedecía a una necesidad económica.
Puede ser un remedio para paliar la falta de mano de obra que
comienza a sentirse en determinadas regiones españolas, lo cual hace
necesario una política coherente de inmigración que permita el
ingreso en el mercado laboral de los trabajadores inmigrantes en
condiciones dignas. El acceso de trabajadores inmigrantes a España,
porque eso es garantía del sostenimiento del sistema de pensiones o
del propio sistema de Seguridad Social, nos parecía un bien
atendible. El grupo al que yo represento ha preferido siempre la
lectura humanitaria sobre la necesidad del texto, pero incluso desde
la frialdad del sistema económico y desde la previsión social nos
parecía que había que apostar por la ley. A la ley no se le ha dado
tiempo y ya se pretende cortocircuitar en su alcance de proclama de
derechos, pero sobre todo en sus potencialidades de integración
social. Por eso, nos ha parecido bien no esperar el margen de
cortesía que suele darse a quien inicia una tarea y apostar por
apoyar lo que como proposición no de ley nos presenta hoy el Grupo
Socialista, que no es otra cosa que instar al Gobierno a que finalice
el proceso de regularización extraordinario previsto en la propia Ley
4/2000, que aprobamos al finalizar la pasada legislatura; que
intensifique el control de fronteras, especialmente en el Estrecho y
en Canarias, porque nadie pretende que esto sea un coladero; que
desarrolle política de creación de centros de
emergencia de inmigrantes. En fin, señorías, no les voy a leer el
tenor entero de la iniciativa socialista, que mi grupo apoya y que ha
enmendado en algunos aspectos parciales en sus puntos 4.o, 5.o y 7.o,
pero con la finalidad de realizar un ejercicio competencial más
acorde con la distribución de competencias vigente en el bloque de
constitucionalidad, como suele ser pauta de nuestra actuación ante la
Cámara y también evitar planificaciones cuantitativas, que nos
parecía tendían a limitar los derechos y garantías reconocidos a los
inmigrantes, como por ejemplo la libertad de movimientos, que a
nuestro grupo le parece un derecho esencial humano. Como activa
ponente que fui de la ley, como activo impulsor de la misma que fue
el grupo al que represento, debemos dar una oportunidad a la ley
vigente, con la puesta en práctica de las iniciativas que el Grupo
Socialista sugiere. Debemos dar una oportunidad no a la ley, es mejor
decir que la oportunidad es para sus destinatarios, para que el texto
legal pueda cumplir su finalidad de ser no sólo proclama de derechos
y libertades, sino esa finalidad última de conseguir la integración
social de los inmigrantes.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Campuzano tiene la
palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, abordamos esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista que constituye el primer debate mínimamente
a fondo de esta legislatura sobre política de inmigración. Lo hacemos
a pocas semanas de que el Gobierno haya anunciado, después de las
últimas elecciones generales, su voluntad de modificar la legislación
vigente, en pleno proceso de regularización, que tiene previsto
terminar el próximo mes de julio, y habiendo asumido todos que la
inmigración forma parte ya de la agenda política española de manera
indudable. Lo hacemos, además, con un debate mal enfocado. Terminamos
mal esta cuestión la pasada legislatura. El día del mes de diciembre
en que aprobamos la ley hoy vigente no fue un buen día, lo dijimos
desde esta tribuna. Lo hacemos después de una campaña electoral en la
que, por primera vez en la historia de España, la inmigración ha
estado a la orden del día. Lo hacemos, además, en un momento en que
se justifica el cambio de la ley por razones equivocadas;
seguramente, eso es más responsabilidad del Gobierno que de nadie.
Estamos enfatizando los aspectos conflictivos del fenómeno de la
inmigración, jugamos con las cifras -estamos confundiendo a la
opinión pública con las cifras-, y estamos simplificando al máximo
uno de los fenómenos más complejos que tiene que afrontar
hoy el conjunto de las sociedades europeas. Sobre todo, no hemos
abordado ninguna de las cuestiones que deberíamos plantear para
resolver de verdad este asunto. Hemos instalado a la opinión pública
en el miedo y la desconfianza hacia el fenómeno de la inmigración. En
este contexto se plantea el debate de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución al texto del
Partido Socialista; al ponente del Grupo Parlamentario Socialista le
va a ser difícil encajarlo en el contexto de su iniciativa. Nos
parece, con toda modestia, que los tres puntos que constituyen la
enmienda de Convergència i Unió son aquellos en los que todos los
grupos de la Cámara están de acuerdo. Los grupos no coincidimos en
las bondades o no de la ley o en cuanto a la oportunidad de
modificarla o no, pero sí coincidimos es en tres cuestiones: en
primer lugar, que es necesario recuperar el consenso político en esta
materia, y no sólo el consenso político sino también el social. Fue
una de las virtudes que caracterizó el debate parlamentario de la
pasada legislatura, al menos hasta el mes de noviembre, y fue virtud
de los debates de 1990 y 1991 en esta Cámara. En segundo lugar (y ya
ha sido destacado por los ponentes anteriores), tan sólo con leyes no
podremos resolver ninguna de las cuestiones que hoy se han suscitado.
Por tanto, deberíamos ser capaces de plantear una política de
inmigración global e integral. Tan sólo con ley, sin política, no
resolveremos ninguna de estas cuestiones. En tercer lugar, hoy, a
principios del mes de junio, lo que debemos hacer es terminar el
proceso de regularización que está en marcha y estudiar qué indica
ese proceso. Nos parece que esas tres cuestiones son las únicas en
las que de un modo genérico coincidimos todos los grupos de la
Cámara. Por tanto, planteamos esta enmienda de sustitución del texto
de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista con la
voluntad de que se convierta en un posible espacio de encuentro para
todos los grupos de la Cámara para recuperar el trabajo parlamentario
que debería orientarnos: el trabajo hacia el consenso; es ahí donde
debemos hacer el esfuerzo.Lo dicho plantea dos exigencias. Una, que
la oposición asuma que este es un ámbito en el que no está
justificado el desgaste del Gobierno por el desgaste mismo; está
justificada la discrepancia, la crítica o la confrontación política
de opciones diferentes, pero no el desgaste por el desgaste. El
Gobierno debe asumir también que su mayoría absoluta no es suficiente
para cambiar una ley que regula el fenómeno de la inmigración.
Nosotros entendemos que es ahí, en la asunción de estas evidencias,
donde podemos encontrar el consenso. Hasta hoy hemos hecho mucha
política de emigración y hemos hecho poca política de inmigración. Lo
recordaba el profesor Javier de Lucas en un artículo que publica este
mes Le monde diplomatique y afirmaba que esta falta de política de
inmigración y una política, en el peor sentido del término, en
emigración, es
lo que puede conllevar, por ejemplo, un aumento de los emigrantes sin
papeles, de los emigrantes indocumentados.
Nuestro grupo está convencido, señorías, de que vamos a iniciar en el
mes de septiembre un período de sesiones donde todos los grupos
deberemos hacer un esfuerzo de diálogo, de consenso, de búsqueda de
soluciones y, previsiblemente, ya hay una mayoría suficiente en
términos aritméticos, no suficiente en términos de legitimidad
social, que puede cambiar esta ley. Veremos lo que sucede este otoño,
pero estamos convencidos de que hoy la sociedad española lo que está
reclamando son políticas que centren sus esfuerzos en la integración
social. La gran aportación que tuvimos en la pasada legislatura en
esta materia fue creer todos que el gran objetivo político era la
integración social y preparar a nuestra sociedad para un futuro que
necesariamente va a ser multiétnico. Hoy en el debate esta reflexión
sobre la dimensión de la integración social seguramente está menos
presente o ha desaparecido, porque estamos discutiendo
fundamentalmente sobre el control de fronteras, la lucha contra las
mafias y el cumplimiento de los acuerdos europeos.
También entendíamos, y eso estaba poco presente en los debates de
este pasado otoño, que cualquier política de cooperación debería
incorporar la dimensión del codesarrollo. Esta mañana algunos
parlamentarios, al menos los de Convergència i Unió, hemos tenido la
oportunidad de tener un encuentro con un representante del Jubileo
2000 de Ecuador, país latinoamericano desde el que en lo que llevamos
de año, a fecha 30 abril, 30.000 ciudadanos habían llegado por
Barajas al Estado español. Alguien podrá decir que es el efecto
llamada de la ley, lo discuto, pero después de oír esta mañana al
representante del Jubileo 2000 de Ecuador es evidente que la
situación de ruina de ese país está provocando que miles de hombres y
mujeres de clases medias y formados huyan de una realidad desastrosa
en términos económicos y financieros. Debemos de ser capaces de
incorporar de verdad en nuestras políticas de cooperación esta
dimensión. Hoy no hay otro efecto llamada que el efecto salida que
provocan situaciones como las que se padecen en Ecuador. Por parte
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ofrecemos esta
enmienda y nuestra actitud a la búsqueda de este diálogo, convencidos
de que no debemos centrar el debate tan sólo en el control de
fronteras y en la lucha contra las mafias, sino que debemos ser
capaces de poner encima de la mesa aquellas políticas que nos demanda
la sociedad. Lo hicimos mal en la pasada legislatura; esperamos
hacerlo mejor en ésta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que no hayan presentado enmiendas y quieren tomar la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señor presidente, señorías, hoy debatimos en
esta Cámara una proposición no de ley para tratar la política global
del Gobierno en materia de inmigración. Efectivamente, tenemos un
reto, España tiene un reto de futuro, lo que supone sentar las bases
para nuestro modelo social y plural, y aquí emplazamos a todos los
grupos para ese debate, que no debe de obviar lo que es la calma y,
sobre todo, lo que es el rigor. Efectivamente, el Gobierno es el
responsable de planificar, de ordenar y de dirigir los flujos
migratorios sobre la base de nuestra realidad, de nuestras
posibilidades de acogida y de los compromisos internacionales, pero
qué duda cabe que es compromiso y responsabilidad de todos ustedes
hacer una oposición constructiva, y realmente, señor Jáuregui, con
esta proposición que plantea y con su intervención tan tremendista no
creo que vayamos por un buen camino. (Rumores.) Usted decía que el
Gobierno no había empezado bien. Yo creo que han sido ustedes los que
no han empezado bien en este asunto. (Continúan los rumores.-El señor
Sanjuán de la Rocha: ¿Será posible?)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor.
La señora MUÑOZ URIOL: Cuando nosotros hablamos de inmigración
hablamos de mercado laboral, hablamos de integración y hablamos de
codesarrollo. De eso hemos venido a hablar aquí. Nuestro mercado
laboral ha ido evolucionando y también lo ha hecho en la inmigración.
Se han acrecentado y ampliado los sectores de actividad, se han
ampliado las posibilidades reales de trabajo y se han flexibilizado
los criterios en cuanto a contingentes y en cuanto a renovación, y
eso, señorías, ha sido en la pasada legislatura, con un Gobierno del
Partido Popular. Por si no lo sabían, les diré que antes de 1998
quien no tuviera cotizados seis meses en la Seguridad Social tenía
muy difícil poder renovar su permiso de trabajo, con lo cual era casi
seguro que caería en una situación de irregularidad, circunstancia
que nuestro Gobierno puso de manifiesto y modificó, dando la
posibilidad de la formación mediante los cursos del Inem como otra
propuesta en cuanto a criterios de renovación.
Han hablado aquí, aunque poco -la verdad es que lo he echado de
menos-, de integración. Quiero recordar una cosa a los señores del
Partido Socialista. Ustedes hicieron un plan de integración de
inmigrantes en 1994, pero no lo dotaron de presupuesto; no lo dotaron
en 1994 ni en 1995 y hasta 1997 ese plan no tuvo dotación
presupuestaria. Hoy, con un Gobierno del Partido Popular, hay que
decir que son más de 7.000 millones los destinados a políticas de
inmigración, o sea, que
se pueden hacer programas de formación ocupacional, de búsqueda de
empleo, de aprendizaje de idioma, de mediación social, de
asesoramiento legal, programas concertados con comunidades autónomas
o atención integral de las necesidades de la inmigración. También, en
la pasada legislatura se han llevado a cabo campañas de
empadronamiento con apoyo a las ONG y programas de vivienda, sanidad
y educación.
Señorías, lo que hay que pedir en esta Cámara es fundamentalmente
coherencia y la verdad es que no se puede defender aquí un proyecto y
que luego no se lleve a la práctica en los lugares donde se pueda
acometer. Por ejemplo, sorprende la actitud del Partido Socialista en
Andalucía, porque aquí ustedes piden planes de vivienda, pero en
aquella comunidad autónoma afirman que los planes de vivienda son
para los andaluces. No voy a hacer mención a las citas que usted ha
hecho, pero le dejo aquí todas estas noticias de periódicos, en las
que muchos dirigentes socialistas han hecho la misma afirmación. Por
referirme a una en concreto, citaré la del señor Perales, consejero
andaluz de Gobernación y antiguo compañero suyo. Leo textualmente:
Nuestra obligación va a ser que los inmigrantes regularizados que
haya en Andalucía tengan los derechos que les correspondan. Lo que no
podemos es atender a la inmigración ilegal. La ley nos obliga a
atender a la inmigración regularizada y el responsable de la
inmigración ilegal es el Gobierno. Esto es de mayo pasado, así que yo
les recomendaría que estas proposiciones se las pasen también a sus
compañeros de partido para que se enteren de cuál es la política que
están llevando a cabo en esta Cámara. (El señor Sanjuán de la Rocha:
Es que contra las mafias tenéis que luchar vosotros.)
Esta proposición de ley nos parece que no tiene lugar, primero,
porque si por algo se ha caracterizado este Gobierno ha sido
precisamente por asumir su responsabilidad. Se han puesto en marcha
las medidas necesarias para dar cabida a la inmigración: desde la
creación de una Delegación del Gobierno para la Extranjería (El señor
Sanjuán de la Rocha: Desde el Ministerio del Interior.) hasta el
propio compromiso del presidente del Gobierno cuando, en el debate de
investidura, asumía una política de Estado con el máximo acuerdo
entre las fuerzas parlamentarias.
Nos recriminan no haber puesto en marcha la ley y no llevar un
proceso de regularización. Les diré que hasta la fecha han sido más
de 2.000 los millones que la Administración ha puesto a disposición
de este proceso de regularización, con un incremento de personal, de
funcionarios y de traductores, y que para la campaña de información
se han utilizado 80 millones, que han hecho posible que de los
162.000 expedientes contabilizados hasta la fecha ya esté resuelto el
40 por ciento. No tengo que recordar aquí lo que supuso el proceso de
regularización de 1996, cuando un año y medio después -y no les
exagero- todavía teníamos expedientes sin resolver.
Hablan de sanidad o de educación. Pues sepan ustedes que más de
39.000 inmigrantes tendrán su cartilla sanitaria en el ámbito Insalud
y que actualmente más de 80.000 niños inmigrantes están
escolarizados, independientemente de la situación administrativa de
sus padres, tanto en la educación infantil como en la primaria,
secundaria, bachillerato y educación especial, en la que tanto en
Madrid como en Cataluña son especialmente numerosos.
Hay una cuestión que, cuando la leí, me sorprendió por lo impactante
que era. En su proposición no de ley dicen que el Gobierno debe
desarrollar una política de creación de centros de emergencia para
inmigrantes ilegales al objeto de que se respeten los derechos
humanos de estas personas mientras se tramita su repatriación o su
demanda de asilo. En esta Cámara nadie ha venido a hacer demagogia,
pero con estas afirmaciones yo no tengo más remedio que preguntarles:
¿ustedes estuvieron en 1996 y antes de 1996 en Ceuta y Melilla?
¿Dónde les quedaban a ustedes entonces los derechos humanos?
(Protestas.) Porque si hay alguno de SS.SS. que no haya estado en
Ceuta y Melilla, aquí tienen las fotografías de lo que eran antes de
1996. (Continúan las protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, silencio, por favor.
La señora MUÑOZ URIOL: Había dos centros de inmigrantes, uno en
Melilla, que era un cementerio de coches con más de 1.200
inmigrantes, y otro en Ceuta, que, después de haber estado en los
bajos de las murallas, era un campamento con más de 1.500 personas.
No tengo que decirles lo que supuso de portadas en televisiones y
radios internacionales esta situación que aquí viene recogida. En
1997, el Gobierno del Partido Popular, aunque les pese, firma un
acuerdo con varias ONG para dar asistencia sanitaria, alimentación y
atención social a los inmigrantes, y además empieza a construir los
centros de estancia temporal para inmigrantes. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Muñoz, un momento, por
favor.
Señorías, les ruego que nos escuchemos. Estamos en el Parlamento.
¿Qué les parece si hacemos el ejercicio de escuchar a quien está
hablando en estos momentos?
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, presidente.
En Melilla, señorías, contamos actualmente con un servicio médico de
24 horas, módulos fijos para 320 personas, escuelas para niños,
guardería infantil, y todo eso ha sido posible con un presupuesto,
tanto en Ceuta como en Melilla, de más de 600 millones para cada una
y con un mantenimiento de más de 150 millones de pesetas. Se están
llevando a cabo ahí, donde ustedes
dicen que empecemos a actuar, planes de empleo territorial como apoyo
en la seguridad e higiene, empleo de viveros o de la construcción. Se
están llevando a cabo programas de mediación social y además se están
haciendo programas de enseñanza del lenguaje. Les comento el caso de
Las Palmas, donde, dado el incremento de la presión migratoria, se ha
puesto en marcha un centro provisional con intención de que en el año
2001 haya otro nuevo. Eso sí que es para nosotros respetar los
derechos humanos.
Hablan de codesarrollo y, efectivamente, yo estoy con el señor
Frutos, que hacía una referencia amplia al tema. Para nosotros es
pilar básico, al igual que lo es la planificación, la integración, el
control de fronteras y la lucha contra las mafias. En el año 1997,
nuestro país aún era receptor de ayuda al desarrollo y hasta 1981
figurábamos en las listas del Banco Mundial como país en vías de
desarrollo. Pues bien, de acuerdo con los últimos datos de que
disponemos, la ayuda oficial española al desarrollo ha supuesto más
de 200.000 millones de pesetas, lo que es un 0,26 de nuestro PIB. En
términos porcentuales, nos situamos por encima de la media de los
países de la OCDE, que son los llamados países donantes. La Ley de
cooperación internacional para el desarrollo, que se aprobó en esta
Cámara en 1998, señala, en cuanto a los principios de actuación, la
promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los
países. Somos conscientes de que el cambio efectuado en nuestro país
en cuanto a los movimientos migratorios ha sido directamente
proporcional a nuestro mayor grado de desarrollo. De ahí que nuestro
interés se centre de manera muy especial en apoyarlo y que hablemos
de codesarrollo en nuestras políticas de inmigración: planes de
desarrollo rural, formación, microcréditos que harán posible en los
próximos tres años más de 40.000 millones o convenios firmados con
ONG para crear empleos de carácter estable en la región mediterránea
y, mediante la creación de pequeñas empresas y de talleres
familiares, dar un frenazo a la inmigración ilegal, que es una de las
propuestas que pensamos traer a esta Cámara.
Para terminar, me parece importante incidir en el papel decisivo
jugado por España dentro del compromiso europeo con el desarrollo de
los países del sur, lo que ha supuesto más de un billón 400.000
millones de pesetas en cooperación y que ha sido valorado muy
favorablemente como la ocasión que ha tenido España de influir
positivamente en la configuración de una política comunitaria.
Quiero asegurar a SS.SS. que el Gobierno tiene muy definida y muy
clara cuál es su política de inmigración. El ministro del Interior la
dio a conocer en esta misma Cámara y dijo cuáles eran sus líneas
prioritarias: en primer lugar, una modificación legislativa que
hiciera posible la ordenación de la inmigración, que evitara la
entrada incontrolada de inmigrantes y que garantizara una lucha
implacable contra las mafias. También habló
de un plan global de inmigración que se presentará en la Cámara en el
próximo periodo de sesiones. Así pues, con toda coherencia y con todo
rigor político, yo espero de esta Cámara que en esta apuesta tan
importante para nuestro futuro como es la inmigración se siga en esa
línea y en esa trayectoria. Lo decía al principio, aquí es difícil
hacer otro tipo de afirmaciones y, por supuesto, nos es muy difícil
admitir la demagogia. Es por esto, señores, por lo que no aprobaremos
su proposición no de ley.
Muchas gracias y nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Muñoz.
Señor Jáuregui, a los efectos de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, la postura del Grupo
Parlamentario Socialista está definida en una enmienda transaccional
que ya hemos presentado. Sin embargo, tengo que contestar al
representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
porque, aunque su propuesta está hecha con buena intención, no aborda
la realidad, es como una nube que no pisa tierra.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jáuregui, le pido por
favor que no reabra el debate; es a los solos efectos de aceptar o no
aceptar las enmiendas.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, es que tengo que
contestar por qué no acepto la enmienda de totalidad de Convergència
i Unió. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): El señor Jáuregui sabe como
contestar sin necesidad de tener que reabrir el debate.
El señor JÁUREGUI ATONDO: La enmienda transaccional recoge la
propuesta íntegra de Eusko Alkartasuna, las propuestas del Partido
Nacionalista Vasco, con unas enmiendas que hemos introducido, y las
de Izquierda Unida -unas sí y otras no-, en una corrección que el
texto que ahora sometemos a votación recoge definitivamente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchísimas gracias, señor
Jáuregui. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre inmigración, que se somete a votación en los
términos dimanantes del debate y del texto de la enmienda
transaccional que ha sido enunciada por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 117; en contra, 154; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARAMANTENER E IMPULSAR EL SECTOR DE LOS ASTILLEROS
PÚBLICOS. (Número de expediente 173/000012.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno
para mantener e impulsar el sector de los astilleros públicos.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, los que de ustedes y las que de
ustedes asistieran la otra semana al debate de esta interpelación
pudieron comprobar que la señora ministra del ramo no informó de las
líneas generales para la creación de una nueva sociedad que va a
abarcar a todos los astilleros públicos, a los astilleros que hoy
dependen de AESA, a los astilleros de Bazán, Astano, Juliana, Cádiz y
Manises. Y no lo hizo en el contexto de una situación crítica donde
todos ellos tienen problemas -unos más que otros-, donde todas las
plantillas están sometidas a expedientes de regulación y donde hay un
plazo de sólo seis meses para dirimir o clarificar un horizonte que
nada menos que afecta a una de las pocas industrias que tiene el
Estado español que son realmente autóctonas y que tienen una gran
capacidad competitiva como sin embargo tuvimos la ocasión de
concordar el día anterior.
Llama la atención que ante una situación de este tipo el Gobierno, ni
dentro ni fuera de la Cámara, por propia iniciativa, se apreste a dar
explicaciones. Hay un mutismo total, un silencio preocupante que nos
gustaría deshacer cuando menos con nuestras propuestas. Porque, ¿cuál
va a ser la nueva reestructuración societaria e industrial bajo la
cual se van a amparar los astilleros públicos del Estado español? En
todo caso, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, no
estamos dispuestos a que consista en una nueva disminución de la
capacidad productiva, ya hoy muy mermada en relación con la década de
los ochenta, que no sea una nueva disminución de empleo, de los
casi 40.000
puestos de trabajo a los 10.000 actuales y aún con peligro de
disminución. Tampoco estamos por la labor de que sea una disminución
de la diversificación productiva haciendo que algunos de estos
astilleros construyan nada más que determinado tipo de artefactos y
que ni siquiera se desarrollen todas sus potencialidades dentro de
una industria que tiene una gran maleabilidad y una gran capacidad de
diversificación.
Nosotros ofrecemos la filosofía que pensamos que debería sustentar la
nueva reestructuración societaria e industrial. No se puede
argumentar, como estaba casi implícito en las palabras de la señora
ministra, que las medidas de orden empresarial no deben de ser
discutidas o evaluadas políticamente en sede parlamentaria. Se trata
de empresas públicas y tenemos una experiencia detrás de más de 15
años para juzgar cuáles son las causas exclusivamente técnicas o
exclusivamente empresariales y cuáles las causas de carácter político
que han llevado a los astilleros públicos del Estado español a esta
situación cada vez más peligrosa. No hay que confundir autonomía de
ciertos organismos como la SEPI con falta de responsabilidad política
ante las instituciones democráticamente elegidas por los pueblos del
Estado español. No se puede, por lo tanto, ocultar o aprovechar la
dualidad de la dependencia ministerial para no hablar del tema. En
todo caso, nosotros queremos trazar los mínimos que harían factible y
positiva esta integración, es decir, aceptable, y querríamos sobre
todo remarcar tres puntos clave de nuestra moción.
En relación con la reorganización empresarial que se realice a la
hora de constituir la nueva sociedad que integre el conjunto de los
astilleros públicos pensamos que hay tres cuestiones claves. La
primera de ellas es dotar a la nueva sociedad de una política
comercial agresiva que permita la dotación de carga de trabajo
precisa para eliminar la subactividad y recuperar cuota de mercado en
el contexto europeo y mundial. Si ustedes observan la situación de
los astilleros públicos a lo largo de estos 15 últimos años, verán
que hay algo llamativo. Hay momentos en los que hay trabajo excesivo,
sobrante, y hay momentos en los que cae brutalmente, de tal manera
que se está siguiendo una táctica que muchas veces parece
intencionada de stock and go, con continuos dientes de sierra, que
son inexplicables si hubiera una política comercial adecuada a su
debido tiempo y perfectamente planificada. La segunda cuestión es
establecer un programa de inversiones orientado a la mejora de las
instalaciones y de los procesos productivos de la calidad y de la
formación de los trabajadores, así como para potenciar el desarrollo
tecnológico preciso para la atención de una demanda de creciente
valor añadido. Tenemos que incluir nosotros, y vamos a aceptarla, una
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que dice:
Por lo que se debe elaborar, negociar con sindicatos y aplicar un
plan
estratégico de la nueva sociedad integrada que garantice la
viabilidad futura del conjunto.
Hay un tercer apartado dentro de este primer punto de la
reorganización empresarial que nos gustaría, como gallegos, resaltar
de forma especial y es una nueva ordenación productiva que permita la
constitución de un complejo integral de la construcción naval sobre
la base de las empresas gallegas del sector que se integran en la
nueva sociedad, que les permita abordar todo tipo de producción
naval, civil y militar, al igual que sucede en el sur peninsular.
Efectivamente, todos los astilleros están en una situación peligrosa,
pero, si ustedes miran los datos de la cartera de pedidos que hay,
observarán que lo especialmente peligroso es que un astillero como
Astano no tiene nada contemplado en su cartera de pedidos. Y lo que
es peor, está excluido de la construcción naval convencional.
La propia señora ministra recordaba el otro día, aunque ocultaba un
dato esencial que después daré, que hay un compromiso de que hasta un
período determinado, incluso hasta después de haber terminado el plan
de competitividad, no puede entrar en el ámbito convencional. El
período es muy largo, pero se sabe que con una petición por parte del
Gobierno español se podría adelantar, petición que estoy seguro de
que en su momento no tendremos inconveniente en llevarla a cabo,
adelantar en esta dirección y hacer esto posible, pero no es
inmediato. En estos momentos no se puede hacer esta transformación;
es decir, que, en caso de que se haga esta nueva sociedad, en la ría
de Ferrol habrá construcción militar y todo lo más construcción
offshore, si se consigue seguir manteniendo ese aspecto del mercado
vinculado a Astano. Ustedes saben que se fue trasladando también
progresivamente hacia el sur. Además, no es de recibo hacer esta
diferenciación, porque hoy cada vez es más claro que no hay
diferencia entre el buque y el offshore. El offshore puede perforar,
puede transformar y puede transportar. Por tanto, desde el punto de
vista tecnológico, es imposible hacer una diferenciación para
justificar diferencias de trato y para justificar que no haya incluso
subvenciones a los contratos de offshore. Hacemos ese especial matiz
porque nos parece que es de recibo, que es necesario y además no
comprendemos, desde el punto de vista político, por qué, después de
10 años excluido de la construcción naval, el Gobierno del Partido
Popular volvió de nuevo a otro período de 10 años para mantener las
ayudas a otros astilleros públicos. Es muy respetable, pero, desde
una óptica gallega, no lo podemos aceptar indefinidamente. Quiero
decir ahora con toda claridad que sería una buena ocasión en este
momento para colocar el norte en otra orientación.
Nosotros entendemos también el problema de todo el Estado español que
es que tenemos un grave problema dentro del contexto internacional y
no solamente con Corea. Lo tenemos con Corea, lo tenemos con Japón,
lo tenemos dentro de la propia Unión Europea,
porque no cabe duda de que otros astilleros son también competidores
nuestros. No hay que confundir la unión monetaria o económica con el
gran debate que hay por la cuota de mercado en sectores industriales
fundamentales. Y este es uno de ellos. Por eso, en la segunda parte
de nuestra moción estamos proponiendo al Gobierno que, ya que
fracasaron las decisiones de la OCDE de 1994 y no se respetan a nivel
internacional, se defienda en todo caso que hay que respetarlas, pero
todos, y que no se dé ayudas a nadie.
Mientras no se logre esa situación, el Gobierno español tiene que ser
consecuente y defender, en todas las plataformas y especialmente en
la Unión Europea, la continuación de las ayudas ligadas a los
contratos, no haciendo exclusión de las producciones offshore.
Además, se debe aplicar a los astilleros del Estado español el mismo
tipo de medidas de ayuda que se practican en los astilleros europeos.
Sólo hay que ver el octavo informe sobre ayudas de Estado en la Unión
Europea para comprobar que estamos muy por debajo de las ayudas
medias de la Unión Europea. Éste es el motivo por el que no vamos a
aceptar la enmienda del Grupo Socialista a estos dos apartados,
porque pensamos que reduce excesivamente la cuestión competitiva a un
caso coreano y obvia todas las contradicciones que debemos superar,
por lo menos unitariamente, dentro del Estado español, frente al
contexto europeo y al contexto internacional. No les voy a dar los
datos, para no molestarles excesivamente, sobre cuál fue la demanda
que hubo en 1998, cuando más disminuyó, que cayó un 18 por ciento a
nivel internacional -pasó de 22,7 a 18,6 millones de toneladas de
registro bruto compensado-, pero es curioso, Japón bajó un 21 por
ciento; Corea, un 23 por ciento; el Estado español, el 76 por ciento;
sin embargo, la Unión Europea, donde estamos nosotros, creció en su
conjunto el 17 por ciento. Por tanto, las cuestiones no son tan
simples, sino que son más complejas de lo que quiere dar a entender
el Gobierno español para escabullirse del conflicto dentro de la
Unión Europea.
Planteamos algo, en tercer lugar, con lo que el Gobierno siempre dijo
que estaba de acuerdo, que empezó a practicar tendencionalmente de
una manera muy limitada. Ya que se acepta que hay que actuar con la
flota mercante española, por lo menos para que no paguemos tantos
fletes por el transporte marítimo, que se desarrolle ese transporte
marítimo de cabotaje y exterior con una flota propia. Además -también
hizo alusión la ministra a esta cuestión-, que se vaya a una política
de eliminación de los buques que están por debajo de las medias
estándard que se requieren para la seguridad humana y para la
seguridad ecológica y de todos los buques que tienen más de 18 y 19
años, que es la mayoría de la flota a nivel mundial.
Creo que esta moción, si no hubiera una política del avestruz por
parte del Gobierno, una política de alarmante pasividad y silencio,
aquí dentro y fuera también,
debería ser aceptada en sus rasgos generales. Solamente no se
hará si no hay una política industrial.
Acabo, señora presidenta, diciendo que también aceptamos, además de
la enmienda de adición del Grupo Socialista, la enmienda al punto 2
añadiendo una letra nueva c), que da una serie de medidas que
completan más las que nosotros ofrecemos en este segundo punto.
Asimismo colocaríamos, como letra d) del punto 2 de nuestra moción,
la enmienda de adición de Izquierda Unida, que se centra
exclusivamente en Corea del Sur, si bien es cierto que aludiendo a
las responsabilidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial para que no haya una desviación de los fondos que recibe
Corea de estos organismos internacionales para seguir apoyando de
forma injustificada a su industria.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.
Grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, el Grupo
Parlamentario Socialista. Para defensa de las mismas, tiene la
palabra el señor de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Nos parece que ha sido acertado y oportuno este debate porque estamos
en un momento de gran incertidumbre sobre el futuro del sector naval
español, en especial sobre las perspectivas de los astilleros
públicos españoles. Por ello, quiero manifestar la posición de apoyo
del Grupo Parlamentario Socialista a la moción que se presenta esta
tarde a la Cámara. En este sentido, y dando continuidad a la posición
que el Grupo Parlamentario Socialista mantuvo en el debate del Pleno
de la semana pasada, a raíz de la interpelación urgente presentada
por el Grupo Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego, hemos
presentado distintas enmiendas a la moción que hoy se discute.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que existe una
actitud de ineficacia y pasividad del Gobierno, porque no presenta a
los sindicatos el plan estratégico de la nueva sociedad fusionada
Bazán-Astilleros Españoles, de forma que pueda ser negociado y
garantizándose así la supervivencia de la actividad, el empleo y los
puestos de trabajo de los siete centros que tiene Astilleros
Españoles en España. El Gobierno no consigue aportar nueva carga a
los astilleros civiles. Los barcos que se anunció antes de las
elecciones que se iban a contratar, que se habían prometido allí
donde están esas siete factorías, en España, de Astilleros Españoles,
aún no han comenzado a fabricarse; eso sí, el anuncio se hizo
reiterativa y solemnemente antes de las elecciones. Han pasado ya
muchos meses y no se sabe nada sobre el particular.
Señorías, hoy mismo el diario Economía y Empresa,de Andalucía,
titulaba: Astilleros Españoles Andalucía
al borde del abismo por inanición. En este sentido, se decía, y no
eran palabras del Grupo Parlamentario Socialista, por parte de las
centrales sindicales, que la falta de pedidos afecta ya al 80 por
ciento de los trabajadores y el expediente de regulación de empleo
que tienen actualmente se piensa prorrogar por otros tantos meses.
Tenemos que lamentar la actitud de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI, que da la callada por respuesta
ante esta situación asfixiante que están viviendo los astilleros
españoles. Por otra parte, señorías, el Gobierno adopta una actitud
pasiva ante las instancias de la Unión Europea, no presentando
alternativas para el conjunto de la construcción civil europea ni
española y permitiendo de esta manera que las malas prácticas del
dumping coreano sigan, a pesar de que anuncian medidas. Por último,
tenemos que lamentar que, mientras esta situación se produce,
empresas públicas españolas, como Trasmediterránea, solicitan avales
al Estado para construir catamaranes en Australia. Igualmente,
empresas privadas solicitan ayudas en forma de avales al Estado y
éste se las concede, para hacer buques fuera de España. Realmente es
incomprensible.
En este sentido van las enmiendas que hemos presentado de adición al
punto primero del párrafo y que acabo de oír al interpelante que son
aceptadas, por lo que nos congratulamos. Pero también queremos decir
que el Gobierno español tiene que defender ante la Unión Europea el
mantenimiento del sistema de ayudas públicas al sector público naval
español más allá del 31 de diciembre de 2000. Saben ustedes,
señorías, que en esa fecha la Unión Europea no permitirá más las
ayudas públicas al sector naval, y esta circunstancia puede suponer
la auténtica muerte de nuestros astilleros españoles. El anterior
ministro, señor Piqué, anunció en esta Cámara en octubre que iba a
luchar para que eso no se produjera. Llegó a la cumbre de ministros
europeos de Industria y no hizo absolutamente nada; muy al contrario,
se replegó a lo que allí se dijo. Algo parecido ha pasado ahora en la
segunda cumbre, ya con la nueva ministra de Ciencia y Tecnología,
señora Birulés, la cual tampoco ha tenido una actitud de defensa de
la prórroga de las ayudas públicas al sector naval español más allá
del 31 de diciembre de 2000; tampoco anunció la semana pasada aquí
cuáles son las medidas, cuál es el plan estratégico que tiene
previsto para compensar esa pérdida de ayudas públicas. Vino, como ha
dicho el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, a esta Cámara a no
informar en absoluto. Por eso hemos mantenido esta enmienda que
consideramos que puede suponer una salida, una válvula de escape para
la situación difícil que tienen nuestros astilleros.
Hemos presentado otra enmienda de sustitución al punto 2 b) de la
interpelación, solicitando que se elabore y se ponga en práctica una
iniciativa comunitaria de apoyo a la mejora de la competitividad del
sector naval español, que se financie con recursos presupuestarios
del programa marco de I+D y de los propios fondos estructurales.
Pensamos que las ayudas fundamentalmente tienen que partir de Europa
y de ahí esa enmienda de sustitución al punto 2 b), que espero que
acepte el grupo interpelante.
Por último, pedimos el desarrollo de otra serie de medidas ante la
Unión Europea, ante la Comisión Europea en este caso, y en este
sentido hemos presentado otra enmienda de adición al punto 2, la
letra c). Esta enmienda trata de introducir otro tipo de medidas, no
del tipo de la prórroga de las ayudas a las que me he referido
anteriormente, pero sí medidas que serían muy importantes para ayudar
a salir de la situación a los astilleros. Voy a citar la rebaja de la
tributación de las distintas industrias implicadas en la construcción
naval, trabajar por el sistema de cotización a la Seguridad Social y
que se reduzca la antigüedad de los barcos, lo que conllevaría la
renovación de la flota pesquera y de la marina mercante. Entre estas
ayudas, quiero destacar una que vemos muy importante y de gran
futuro, que es implementar la obligatoriedad del doble casco para
aquellos buques dedicados al transporte de crudo, de combustibles y
de derivados, tal como viene siendo objeto de estudio por parte de la
Unión Europea a partir del accidente del petrolero Erika en aguas
francesas. Saben ustedes que aquello supuso una catástrofe de una
considerable magnitud. Con medidas de este tipo no sólo se evitarían
esas catástrofes, sino que además se incrementaría notablemente la
construcción naval. Medidas como ésta podrían suponer la contratación
de dos billones de pesetas para todos lo buques comunitarios. Sería
una auténtica medida práctica que desde España tendríamos que
impulsar, porque, señorías, España es el país más afectado y al que
más le debe incumbir adoptar medidas de presión ante la Unión
Europea. Hay otros países, como Alemania y como Francia, que también
están en esta línea, pero en menor consideración. Por tanto, son
medidas que el Gobierno español debe tener en cuenta y que no está
teniendo.
Como decía al principio de mi intervención, la situación de los
astilleros españoles es muy grave en su conjunto, es una situación
que empeora día a día, y lo que es todavía más importante, la
situación tiene visos de ir a peor a corto plazo. Nosotros entendemos
que la moción que presenta hoy el Grupo Mixto, a través del Bloque
Nacionalista Galego, debería ser apoyada por toda la Cámara, porque
sería la mejor manera de presentarnos con un aval suficientemente
fuerte en la Comisión Europea para exigir que, de verdad, de una vez
por todas, se adopten medidas que hagan sobrevivir a un sector que,
como ya se ha dicho también, es la única industria realmente
importante que nos queda en España y que da empleo a miles de
trabajadores. Además, y lo más importante, como dije la semana
pasada, la economía de los lugares donde están los centros de
trabajo, llámese Cádiz, llámese Ferrol, llámese Cartagena, llámese
País Vasco, etcétera, depende casi en
exclusividad de la supervivencia de este sector. Y hasta ahora no se
están dando alternativas para el supuesto de que la situación vaya a
peor, como he dicho, y para que la actividad económica y la riqueza
de los ciudadanos de esa zona tenga un futuro. Ya dije el otro día, y
termino, que a veces estos temas del sector naval pueden parecernos
áridos, puede parecer que no tienen importancia, pero, señorías, les
garantizo que hay miles de familias que están pendientes de las
decisiones que próximamente pueda adoptar el Gobierno. Creo que la
aprobación de estas medidas hoy por esta Cámara sería un aval
importante para ayudar a esas familias y para ayudar al empleo y a la
economía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor de la Encina.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
El 18 de mayo se reunió en Bruselas, como todos saben, el Consejo de
ministros de Industria de la Unión Europea, con la presencia de la
nueva ministra, doña Anna Birulés. Voy a intentar explicar brevemente
cuáles son las conclusiones que salieron de este Consejo de
ministros. Ahí se escenifica la falta de unidad de la Unión Europea.
Solamente España, Italia y Grecia abogan por el mantenimiento de las
ayudas más allá del 31 de diciembre de 2000 o que se autoricen otras
excepcionales vinculadas a la competencia desleal de Corea del Sur,
para que el sector no se vea afectado. Holanda y Dinamarca consideran
que los impuestos no están para subvencionar a empresas o sectores
moribundos. Alemania, Francia y Reino Unido parecen haber renunciado
a pedir la continuidad de las ayudas, pero, al mismo tiempo, Holanda
entrega a compradores de Indonesia cientos de millones para que
compren grandes buques construidos en astilleros holandeses, con el
pretexto de que se trata de ayudas al desarrollo. ¿No hay firmeza
frente a Corea? El Consejo de Industria se ha limitado a repetir
rutinariamente las viejas propuestas recetadas en la reunión del 9 de
noviembre de 1999, en la que ya se había planteado la necesidad de
reunir pruebas para denunciar a Corea ante la OMC por competencia
desleal y por obstáculo al libre comercio. En aquella ocasión, España
tuvo la oportunidad de haber solicitado al Fondo Monetario
Internacional y al Banco Mundial la apertura de una investigación
acerca de Corea. Sin embargo, ni se han reunido pruebas, ni se han
presentado denuncias ante la OMC, ni se ha exigido una investigación
del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. De esta
manera, obviamente todo se convierte en papel mojado, en amenazas
para la galería y, obviamente, Corea se da
cuenta de que Europa es un tigre de papel. Por tanto, tenemos que
decir que la posición de España en el Consejo de Industria ha sido
débil, que el presidente del Gobierno español no se ha implicado en
este proceso y que eso nos preocupa tremendamente, dada la
importancia que nosotros concedemos a este problema.
Después de todo esto, lo único que está claro es la situación crítica
de los astilleros de este país que recorre de norte a sur la
península. Estamos hablando de Asturias, estamos hablando de Bazán,
estamos hablando de Sevilla, de Cádiz, estamos hablando de un sector
importantísimo. La parte de la Unión Europea en el mercado mundial ha
caído del 25 por ciento, en 1998, al 17 por ciento en 1999. En enero
de 2000, la situación ha empeorado. Corea ha conseguido nada menos
que el 72 por ciento de los nuevos contratos frente a tan sólo el 7
por ciento la Unión Europea. Corea sigue vendiendo navíos un 30 por
ciento por debajo de su coste y, con ayudas públicas del Estado
coreano, los propios astilleros coreanos, incluso los que están
declarados en quiebra, construyen buques más modernos y en un tiempo
inferior a los astilleros europeos, que ni siquiera mantienen su
posición en el subsector de barcos especializados, salvo en la
construcción de cruceros. Además, Corea proyecta abrir nuevos
astilleros.
Los astilleros europeos, no solamente los españoles, atraviesan en
general una crítica situación. Al tiempo que no cesa de aumentar la
capacidad de producción, la competencia coreana es más fuerte y los
precios siguen cayendo en picado. Como ustedes saben, los sindicatos
han hecho serias críticas al respecto y anuncian movilizaciones,
movilizaciones que, además, son continuidad de múltiples
movilizaciones anteriores que han protagonizado los trabajadores de
este sector. Pues bien, ante esto ¿qué hacer? Decía la ministra
Birulés, después de la reunión del Consejo de Ministros del 18 de
mayo, que se mantendrá la colaboración del Gobierno con los
astilleros, pero ésta, de autorizarse, será para modernización
e innovación, reducción de costes fijos y para dotarla de mayor
competitividad.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida queremos
agradecer al Bloque Nacionalista Galego que nos haya aceptado las
enmiendas que hemos propuesto, pero queremos insistir en algunas
propuestas de calado, como son las relativas a la responsabilidad del
Gobierno español, que debe insistir con más fuerza para conseguir la
continuidad de las ayudas. Tiene que convencer a la Comisión y
aprovechar todo a fondo en el nuevo informe que la Comisión tiene que
presentar al Consejo en septiembre sobre la actitud de Corea para
exigir que al menos se utilicen ayudas especiales para compensar los
efectos de la competencia desleal. La Comisión y los Estados miembros
deben presentar ante la OMC una denuncia formal contra la República
de Corea por competencia desleal y obstáculo al comercio. La Comisión
y el Consejo deben acelerar la aprobación de la norma que obligue a
que todos los petroleros que pretendan entrar en puertos de la Unión
Europea estén dotados con doble casco. Además, sin esperar a que se
apruebe ese reglamento comunitario, el Gobierno español debería
estudiar con las compañías petroleras del país y del transporte de
crudo la conveniencia de emprender desde ahora mismo un programa de
reconversión de los buques petroleros españoles para dotarlos de
doble casco.
El Gobierno debería fomentar un acuerdo para que las compañías
gaseras españolas encomienden a los astilleros españoles la
construcción de todos sus barcos gaseros. El Gobierno debería
estudiar asimismo la petición de los constructores navales españoles,
como Astano, de conceder ventajas fiscales especiales al sector, tal
y como viene haciendo Alemania con sus propios astilleros. Asimismo,
el Gobierno debería facilitar el desarrollo tecnológico de la
industria naval española, tanto a través de ayudas españolas como
comunitarias de I+D, así como la búsqueda de nichos comerciales para
determinados navíos en subsectores especializados. Todo ello
naturalmente con vistas a la consolidación, diversificación y
desarrollo tecnológico en el marco de un verdadero plan de renovación
de la flota española, exigencia que les reclaman a ustedes no
solamente los trabajadores afectados, no solamente los sindicatos,
sino también humildemente los parlamentarios de estos bancos del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro. ¿Grupos que, sin
haber presentado enmiendas, desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías. hubo un momento en el que el Gobierno de aquel instante, en
los años setenta, decidió que España debía disputar la primacía en el
campo mundial de la industria naval a Japón y para ello se consideró
que sería conveniente hacer unas enormes inversiones para que se
ampliara la capacidad de producción. Y se amplió la capacidad de
producción sin ampliar al mismo tiempo la modernización de las
correspondientes plantas industriales españolas. Desde ese momento,
probablemente la industria naval española empieza a cojear. Es el
momento en que los gobiernos europeos además hacían frente a fuertes
procesos de reconversión, estaban embarcados en ellos, porque sin
ninguna duda ya se habían dado cuenta de que el sector naval no iba a
tener un futuro tan boyante como había sido su pasado.
El espejismo, sin embargo, dura en España hasta los primeros años de
la década de los ochenta. Entre 1984
y 1994 se producen tres reconversiones navales, cada una de las
cuales venía a poner en evidencia el fracaso de la anterior, y así
hasta que el Tribunal de Cuentas, después de examinar rigurosamente
las mismas, las correspondientes a las primas y subvenciones que se
habían dado al sector naval, emite el correspondiente informe en el
que evidencia el fracaso no sólo de las tres reconversiones de los
años 1984 a 1994 sino también de los tres objetivos perseguidos en
esas reconversiones. Es decir, no se había conseguido ni un grado de
ocupación aceptable en la capacidad de producción, ni los índices de
productividad previstos en los programas oficiales, ni el saneamiento
de la situación económicofinanciera de las empresas. Eso es lo que
dijo, y así consta, el informe del Tribunal de Cuentas. En estas
condiciones, en 1995 se aprueba el Plan estratégico de competitividad
naval. Es un plan que se recibe con enormes recelos por los agentes
sociales y quizás por ello llegamos al año 1996 con una situación en
que las ayudas estatales al sector naval estaban congeladas por la
Unión Europea, en que no se había logrado hacer un convenio con los
sindicatos representativos del sector para fijar situaciones como las
de competitividad, redimensionamiento o productividad, entre otras,
que permitieran que este plan fuera viable de acuerdo con los
parámetros de la Unión Europea. Además, Bazán estaba no sólo al borde
de la quiebra técnica sino que no tenía un solo pedido en su cartera,
como tampoco lo tenían la mayoría de los otros astilleros, hasta el
punto de que el presidente de Andalucía, señor Chaves, ya resignado,
decía que habría de ser el siguiente gobierno el que solucionara el
problema de los astilleros en España. Parece que algo premonitorio
había en sus palabras, porque, a la vista de ese panorama, cuatro
años después la construcción naval en España está sensiblemente mejor
que en ese período de tiempo. El Plan de modernización del sector
público empresarial español ha permitido mejorar las expectativas de
los astilleros españoles y apostar por la viabilidad futura de una
industria tan importante frente a esa componenda de la supervivencia
del día a día, que era lo que había en ese momento. Ello a pesar de
los problemas inducidos por la sobrecapacidad de la oferta mundial de
la industria naval y también por el tan traído esta tarde aquí, a
esta tribuna, problema de competencia desleal de Corea.
Comprenderán por todo lo dicho que, a la hora de fijar posición en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción que
debatimos, tengamos muy en cuenta el marco que el Gobierno ha fijado
para llevar a cabo su política en materia naval a través de la SEPI y
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque se ha demostrado el
más eficaz no sólo de los últimos años sino también de las últimas
décadas.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha investigado en
profundidad la situación de los astilleros públicos en España para
determinar cuáles son
las medidas precisas que garanticen su viabilidad. En ese sentido, la
SEPI y los sindicatos representados en el sector han firmado sendos
acuerdos, el 22 de diciembre del año 1999 y en marzo de este año,
para tratar de conseguir el objetivo de dar una solución global a los
astilleros públicos civiles, comprometiéndose además a negociar el
proceso de integración de la construcción naval civil y militar, así
como la posible salida de los distintos astilleros mediante acuerdos
tecnológicos con socios tanto nacionales como internacionales. La
SEPI deberá fijar previamente un plan de empresas y, una vez fijado,
habrá de negociar con los representantes de los sindicatos en una
nueva mesa, y podemos decir que en este momento la Sociedad Estatal
ya ha iniciado los correspondientes estudios para ver el resultado de
la integración de los astilleros de AESA con los de Juliana, los de
Manises, los de Cádiz, Astano y Bazán, que pilotará, en cuanto que es
el astillero que mayor potencial de desarrollo tecnológico tiene en
nuestro país, toda esa operación. También está elaborando en este
momento el plan de futuro para la integración que se producirá de las
actividades civiles y militares de los astilleros españoles.
Al mismo tiempo, y sin que se piense que se lleva a la práctica la
política del Gobierno solamente con las medidas anteriores, la SEPI
ha diseñado un plan tecnológico para mejorar la oferta de los buques
españoles, al tiempo que, de acuerdo con lo que pedía el
representante del Grupo Mixto, está llevando a cabo una política
comercial que da resultados tan claros como contratos del ferry para
Trasmediterránea, que se va a realizar en Puerto Real, el buque
hospital para el Instituto Social de la Marina, que se va a construir
en los astilleros de Juliana, la transformación de un buque en
tablero para un armador noruego, que se va a construir en Cádiz, la
draga para un grupo belga, que se va a construir en Sestao, dos
dragas que se construirán en los astilleros de Juliana, y los tres
buques gaseros para Repsol-Enagas, que darán carga de trabajo a los
astilleros de Sestao y de Puerto Real, estos últimos están
simplemente pendientes de la firma. Además, hay otras ofertas que se
van a concretar en los próximos días, como lo relativo a ferrys
rápidos y a cinco portacontenedores. Esta es la políticaque está
haciendo el Gobierno en materia naval. Comprenderán que a partir de
este esquema tomemos posición frente a la moción que se nos ha
presentado y que digamos que si todos los grupos están de acuerdo en
que hay que ir a la integración de los astilleros militares y los
astilleros civiles en España, el Gobierno ya está haciendo el proceso
correspondiente. Por tanto, no hay que instar al Gobierno a que haga
algo que ya está haciendo.
En cuanto al marco que debe tener esa empresa y las circunstancias
que la deben rodear, entendemos que el marco adecuado debe ser aquel
en el que ya se está debatiendo, que es el que une a la SEPI con los
sindicatos más representativos del sector, en cuanto que ahí
están representados los empresarios, los astilleros y los
trabajadores. Teniendo en cuenta lo indicado por la comunidad
europea, porque si no no tendría ningún sentido práctico la decisión
que pueda adoptarse, es en ese marco en el que hay que tomar las
medidas que se nos piden. En lo que se refiere a la necesidad de
hacer presión en la Unión Europea para que se tomen medidas frente a
la situación de los astilleros coreanos, ya dijo la semana pasada la
ministra que están en ello, y además de manera contundente, tomando
medidas que pueden llegar a ser de carácter comercial. También se
está negociando para que la construcción naval española no tenga
ninguna diferencia con respecto a las ayudas que pueda tener la
construcción naval en otros países europeos.
En lo que se refiere al tercer punto de la moción, los buques de
doble casco, o lo que se viene llamando la ITV de los buques, que
pasan por los astilleros para que su situación ofrezca las
correspondientes condiciones de seguridad y no atente contra las
prescripciones ecológicas, no está mal recordar que es una
competencia europea y que la vicepresidenta de la Comisión Europea,
Loyola de Palacio, ya ha dicho que se va a tomar esa medida en los
próximos meses.
Nos parece que todo lo que se nos propone es lo que ya está haciendo
el Gobierno. Por tanto, la moción no tiene sentido y ese es el
significado de nuestro rechazo a la misma. Por lo demás, nunca está
mal que hablemos de un sector tan importante en España como el naval.
Es importante que se nos dé esa posibilidad con iniciativas como las
que hoy nos ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. A la vista de
las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, está claro
que en el asunto de la construcción naval española todos queremos que
no se cumpla aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Estamos seguros de que el tiempo por venir va a ser mejor y que, de
una vez por todas, los astilleros españoles van a encontrar la
necesaria viabilidad para que nuestra industria naval ocupe el sitio
que le corresponde dentro del concierto mundial de la construcción
naval. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Souvirón.
Tiene la palabra el señor Rodríguez a los efectos de ratificar su
posición de aceptación o denegación ante las enmiendas presentadas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a aceptar la enmienda de adición en
el punto uno, al final del párrafo e), que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista , en cuanto concreta un plan estratégico
pactado con los sindicatos. No podemos aceptar las dos enmiendas de
sustitución, porque reducen los textos que intentan sustituir. De
todas maneras, quedan recogidas en parte en la enmienda que presenta
Izquierda Unida, que la vamos a aceptar como punto d) al punto
dos nuestro. También aceptamos la enmienda de adición del Grupo
Parlamentario Socialista de un nuevo punto c) en el apartado dos, por
cuanto concreta más medidas que están dentro de la filosofía general
de la moción, que intenta perseguir la pervivencia e impulso del
sector naval público del Estado español.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Mixto sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para
mantener e impulsar el sector de los astilleros públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción de
referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE
DECLARAR Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITAR LA INSEGURIDAD JURÍDICA
QUE DICHAAPLICACIÓN ESTÁ PRODUCIENDO EN LOS CONTRIBUYENTES. (Número
de expediente 173/000013.)
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre
la posición del Gobierno en relación con la aplicación de la nueva
Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas en materia de
obligación de declarar y las medidas a adoptar para evitar la
inseguridad jurídica que dicha aplicación está produciendo en los
contribuyentes.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Pozuelo.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la moción
que vamos a debatir ahora, en la que planteamos a la Cámara tres
propuestas concretas que aporten soluciones a los problemas, a las
dificultades y a la inseguridad jurídica en que se han visto sumidos
los contribuyentes en estos meses de campaña de declaración de la
renta cuando se han dirigido a la Agencia Tributaria para conocer sus
obligaciones para con la
Hacienda pública, sobre todo en aquellos casos en que sus ingresos
eran inferiores a tres millones y medio de pesetas. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Le planteé al ministro la semana pasada el desconcierto, la falta de
orientación, el laberinto, en definitiva, en que se habían visto
metidos miles de ciudadanos cuando conocieron el contenido real de la
nueva Ley del IRPF y las condiciones que se han establecido para su
aplicación, que no coinciden de ninguna manera con la publicidad y
con la propaganda elaboradas por el Gobierno en plena campaña
electoral. Muchos pensionistas se enteraron entonces, por ejemplo, de
que si tenían más de una pensión a cargo de diferentes organismos del
Estado no estaban exentos de presentar declaración de la renta, a
pesar de que sus ingresos fueran inferiores a tres millones y medio
de pesetas. En otros casos, los trabajadores que consideraban tener
derecho a devolución, comunicaron sus datos a la Agencia Tributaria
según el modelo 104, el más simple y el más eficaz según ustedes, y
para asombro suyo recibieron comunicaciones en las que se les decía
que, según los cálculos de la Administración tributaria, el resultado
arrojaba una cuota positiva, sin más; nadie sabía cuál era el paso
siguiente, cómo había elaborado la Agencia los datos, cómo se habían
hecho los cálculos y qué proceso se había seguido para llegar a esos
resultados. Lo mismo ocurría cuando se les notificaba una devolución
y no estaban conformes con ella.
Señorías, todo esto ha creado inseguridad jurídica e indefensión en
el contribuyente ante la Administración tributaria en todo el proceso
de comunicaciones y devolución rápida que se ha establecido a través
de los modelos 104 y 105. El contribuyente desconoce si debe o puede
recurrir las comunicaciones de la Administración tributaria, si debe
solicitar una liquidación provisional si no está de acuerdo con el
resultado notificado por Hacienda, o si simplemente lo que debe hacer
es presentar una declaración de la renta. La casuística y las
situaciones en que se han visto envueltos los contribuyentes son muy
variadas. En general, se ha puesto de manifiesto la mala estructura
que tiene el impuesto en algunos casos y la pésima gestión que han
desarrollado los responsables de la Agencia Tributaria actuando con
una improvisación y una falta de medios materiales y personales
realmente alarmante en unas circunstancias como las de este año en
las que se implantaba por primera vez la reforma de la Ley del IRPF.
Pero las respuestas del ministro la semana pasada fueron realmente
desalentadoras. El Gobierno no se ha enterado de nada, no sabe lo que
está pasando, desconoce cuáles son los problemas que se han generado
en la implantación del nuevo impuesto, eso sí, quiso aclarar los
conceptos que, según él, tenemos equivocados. Señorías, esto parece
realmente una broma. Es el Gobierno quien ha confundido con una
publicidad engañosa a los contribuyentes ocultándoles el contenido
real de la ley y
ahora quiere justificar lo injustificable y de nuevo se sirve de
eslóganes que, en este caso, sí nos cuesta trabajo entender.
El Gobierno afirma que los ciudadanos con ingresos inferiores a tres
millones y medio de pesetas no tienen obligación de declarar porque
literalmente están fuera del impuesto, salen del impuesto. ¿Alguien
puede explicar qué quiere decir esto? Estamos hablando de ciudadanos
que tienen derecho y obligación a contribuir con sus rentas al
conjunto de las cargas del Estado, trabajadores y pensionistas a los
que mensualmente en sus nóminas se les retienen cantidades a cuenta
de lo que debe ser la cuantía total de sus aportaciones a la Hacienda
pública, trabajadores que el propio Gobierno les exige que hagan
declaración de renta para justificar sus ingresos en multitud de
ocasiones como, por ejemplo, cuando solicitan becas para sus hijos,
cuando quieren acceder a subvenciones o prestaciones de cualquier
naturaleza o cuando quieren adquirir una vivienda de protección
oficial o una vivienda con créditos hipotecarios subvencionados.
Entonces, señorías, ¿qué quiere decir que salen del impuesto? ¿Qué
absurdo gueto de marginalidad virtual están montando ustedes?
Hagamos, por favor, un esfuerzo para volver a la realidad.
En esta moción el Grupo Socialista plantea, como decía antes, tres
propuestas concretas para dar solución a alguno de los problemas que
hemos planteado en esta Cámara. Con su aprobación el Gobierno
cumpliría su más significativa promesa, y es que los contribuyentes
con rentas inferiores a tres millones y medio de pesetas no tengan la
obligación de presentar declaración, independientemente del número de
pagadores que hayan tenido a lo largo de este ejercicio. Pedimos
además de manera explícita que la no obligación de declarar se
aplique a los pensionistas, independientemente también del número de
pagadores que hayan tenido, y que, en su caso, se refieren
normalmente a diferentes organismos del propio Estado, y que no hayan
tenido esos ingresos superiores a los tres millones y medio de
pesetas.
En segundo lugar, señorías, queremos que el Gobierno informe y dé
respuesta adecuada a los contribuyentes que han hecho uso del sistema
de devolución rápida según los modelos 104 y 105. Queremos que les
notifique de manera clara y precisa si, pese a no proceder la
devolución, existe o no la obligación de presentar declaración de la
renta. De esta forma creemos que se restablecería la mínima garantía
y seguridad jurídica a los ciudadanos.
En tercer lugar, consideramos que el Gobierno debe establecer los
medios necesarios para permitir a los contribuyentes la aplicación
del mínimo familiar por descendientes en aquellos casos en que los
ingresos de estos últimos no superen la cifra reglamentariamente
establecida y aunque hayan presentado solicitud de devolución que les
pueda corresponder. En los casos en los que se haya hecho ya
declaración de renta para el ejercicio de 1999 creemos que se debería
proceder al
oportuno crédito fiscal a favor del contribuyente para el próximo
ejercicio.
Señora presidenta, se han presentado a esta moción del Grupo
Socialista dos enmiendas por parte del Grupo de Izquierda Unida que
mi grupo considera que son positivas porque concretan en el primero
de los casos nuestra propuesta y en el segundo sirven para
complementarla. Aprovecho, por tanto, este momento para anunciar la
aceptación por parte de nuestro grupo de las mismas y su
incorporación al texto de la moción que hemos presentado.
Señorías, espero que la moción pueda ser aprobada, ya que así los
ciudadanos comprobarían que el Gobierno sabe reconocer dónde están
sus problemas y que sabe rectificar con hechos la publicidad engañosa
que emitió. De esta manera creo que volverían a confiar en los
poderes políticos que les administran y avanzaríamos
considerablemente en el desarrollo de ese modelo de lealtad y de
transparencia que debe regir siempre las relaciones entre los
ciudadanos y las administraciones que los rigen, en este caso, de
manera muy especial, entre la Administración de la Hacienda pública y
los ciudadanos.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pozuelo.
Ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y, en su nombre, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida saluda
una vez más la presentación de una moción que suponga medidas para
evitar la inseguridad jurídica a la que están sometidos los
contribuyentes con la aplicación de la nueva Ley del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, denunciando también el
incumplimiento de lo prometido por el Partido Popular durante la
campaña electoral respecto a la devolución por el IRPF, dirigido a
los trabajadores con un rendimiento inferior a 3.500.000 pesetas. Una
vez más, voy a solicitar el cumplimiento de las promesas electorales
del PP, a riesgo de que me acusen de estar de acuerdo con el programa
de dicho partido, lo que, como ustedes comprenderán, no deja de ser
una broma, pues bastante tenemos en Izquierda Unida con nuestro
propio programa para ocuparnos del de los demás.
Estamos hablando de la capacidad de gestión del Gobierno y no de las
características de su política fiscal, respecto a lo cual este grupo
ya ha manifestado su posición crítica. Así, el ciudadano debe
buscarse la vida para conocer sus derechos, dada la falta de
información y la confusa y engañosa campaña del Partido Popular, con
ausencia de una normativa legal para garantizar al contribuyente su
derecho a optar por la declaración
ordinaria en el caso de corresponderle la devolución rápida y no
haberla solicitado. De igual modo, el sistema de devolución rápida
puesto en marcha por el Partido Popular oculta algunos requisitos que
obligan al trabajador a presentar su declaración a pesar de tener
unos ingresos inferiores a 3.500.000 pesetas, como son el poseer una
cuenta vivienda u otros ingresos procedentes de distintas fuentes y
las altas retenciones. Esto, señores del Partido Popular, se
olvidaron de contárselo a los trabajadores de este país.
Pero es más, el sistema de retenciones tan cacareado por ustedes está
mal calculado, como ya denunció Izquierda Unida en su día. Frente a
la promesa del Gobierno a 5 millones de contribuyentes de que no
tendrían obligación de declarar, en la práctica sólo 2 millones han
utilizado el sistema de devolución rápida. Desde Izquierda Unida
estimamos que cerca de 4 millones de contribuyentes podrían haber
usado este sistema por cumplir los requisitos y haber soportado
retenciones excesivas y, por tanto, con derecho a devolución.
Consecuentemente, el sistema de devolución rápida ha sido un fracaso
y las retenciones han sido excesivas con carácter general. El diario
Cinco Días de 15 de marzo de 2000 afirmaba que la devolución media de
IRPF crece un 21 por ciento pese a la reforma fiscal; en otras
palabras, que el 80 por ciento de los contribuyentes tiene derecho a
devolución en la campaña de renta de 1999 frente al 70 por ciento de
la campaña de 1998. Menuda simplificación, señores del Gobierno, por
no hablar de la desorientación del contribuyente por la deficiente
información de la Administración tributaria. Si algún contribuyente
tiene un problema con su devolución rápida puede hacer mayor intento
conectando con el teléfono de atención al usuario que aparece en la
comunicación de la Administración, teléfono permanentemente
colapsado. En resumen, gracias a su campaña publicitaria, algunos
contribuyentes no han presentado declaración y han perdido su
devolución, así como otros que, obligados a declarar o ingresar,
pueden ser sancionados. Todavía quedan tres días, y desde aquí yo
pido a todos los españoles con retención que lo hagan porque si no
perderán su dinero.
En definitiva, asusta pensar que, tal y como ha manifestado el
ministro de Hacienda, se valore ampliar el sistema de devolución
rápida en el futuro, y es innegable que se produce una quiebra del
principio de seguridad jurídica no explicitada en la propaganda
gubernamental, alejada, por otro lado, de los intereses de los
trabajadores de este país, siendo en este sentido los sectores más
débiles, como el de los pensionistas y jubilados, los que salen más
desfavorecidos y perjudicados en la aplicación de este nuevo método
de gestión. Les recuerdo que los responsables de economía no tuvieron
ningún problema para reducir la recaudación anualmente en 120.000
millones de pesetas, rebajando de forma significativa las
aportaciones de 134.000 contribuyentes, el 1 por ciento del total, es
decir, los más
ricos, con la excusa de que el resto también vería reducida, aunque
escasamente, su aportación.
Como ya ha comentado la portavoz del Partido Socialista, las dos
enmiendas que vamos a proponer a continuación han sido asumidas. No
obstante estar de acuerdo con el texto, queremos explicar el punto a)
de una manera más eficiente. Este punto merece una aclaración. Los
contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo -las pensiones
están incluidas- inferiores a 3,5 millones de pesetas anuales no
están obligados a declarar, pero si reciben estos rendimientos de más
de un pagador, dos pensiones por ejemplo, una del Ministerio de
Trabajo y otra del de Economía, el límite es de 1.250.000 pesetas. La
explicación es sencilla. Imaginémonos un pensionista que cobra una
pensión de tres millones de pesetas anuales, cada mes le habrán
retenido un 13,86 por ciento, un total anual de 415.920 pesetas; no
está obligado a declarar, pero si hiciera la declaración en junio,
saldría una cuota cero a pagar, y ya la retención se ha ajustado
perfectamente a la liquidación final del impuesto. Imaginémonos otro
pensionista que cobra dos pensiones por importe de un millón y medio
de pesetas cada una; le habrán retenido un 4,37 por ciento en cada
pensión, un total anual por ambas de 131.180 pesetas; está obligado a
presentar declaración de tal forma que le saldrá una cuota a ingresar
de 284.740 pesetas. Señorías, podemos estar de acuerdo con lo
manifestado en la letra a) de la moción añadiendo que el sistema de
retención se ajuste, en la medida de lo posible, a la liquidación
final del impuesto, de tal forma que la exención de la obligatoriedad
de presentar declaración sea efectiva. Esto es, además, lo que
prometió el Partido Popular y no ha cumplido.
En la segunda enmienda se trata de añadir a la teoría que son
necesarios recursos. En este sistema hemos de mencionar que en esta
campaña de renta, si algún contribuyente ha tenido algún problema con
su devolución rápida -y al parecer ha sido así en muchos casos-,
puede desesperarse intentando llamar, como ya hemos dicho antes, al
teléfono de atención al usuario, pues ha estado permanentemente
colapsado. Es necesario potenciar los medios humanos y materiales
precisos para una mayor fluidez de información y comunicación entre
los contribuyentes y la Administración tributaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz. ¿Grupos
que desean intervenir y no hayan presentado enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Padrol tiene la palabra.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Sólo quiero reiterar la posición de mi grupo, que ya puse de
manifiesto el pasado miércoles en el debate
sobre la interpelación urgente. No entendemos que pueda hablarse de
inseguridad o sorpresa para los contribuyentes, para los ciudadanos
españoles, cuando la obligación de no declarar tiene efectos desde 1
de enero de 1999 para una campaña de la renta que se está
desarrollando en las fechas en las que estamos. Por lo tanto, se
reguló con antelación suficiente.
En cuanto al texto de la moción, nuestro voto va a ser negativo por
dos motivos esenciales. Uno, de tipo técnico, porque la regulación
del impuesto sobre la renta aplicable al IRPF del año 1999 tiene que
estar en vigor el 31 de diciembre del citado año y esa fecha,
evidentemente, ya ha pasado. Enlazando con el motivo puramente
técnico, si se trata de evitar inseguridad jurídica para los
contribuyentes españoles nada sería más inseguro que revisar todos
los postulados normativos que afectan a una campaña que ya está en
vigor y a punto de terminar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero hacer dos reflexiones en esta moción para expresar nuestro
voto negativo. La primera es que hace dos años aprobamos el IRPF.
Hace dos años aprobó esta Cámara un nuevo impuesto más moderno, un
impuesto que nos homologaba con los sistemas fiscales más modernos de
Europa, que favorecía el crecimiento y el empleo, que repartía con
mayor equidad la carga tributaria, que bajaba los impuestos a todos
los ciudadanos pero fundamentalmente a los de rentas más bajas:
asalariados, pensionistas, y que simplificaba el proceso. ¿Qué ha
pasado en estos dos años? Que España está creciendo por encima de la
media europea, que estamos creando empleo de una manera muy intensa,
que la carga tributaria se ha repartido con mayor equidad y que los
contribuyentes están haciendo una declaración con mayor sencillez.
Por contra, ¿qué nos encontramos en el Grupo Parlamentario
Socialista? El desconcierto. ¿Qué nos encontramos? El desconcierto.
Un diputado del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz de economía,
dice que a lo mejor pide objeción de conciencia para votar nuestro
decreto-ley porque parece que está de acuerdo con las medidas
fiscales. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Eso es mentira,
te vas a condenar!-El señor Martínez Noval: ¡Parece mentira a lo que
tienes que llegar!-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Según recogen los teletipos, un
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista pide que el PSOE ...
(Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez Noval, por
favor. ¡Señorías, por favor! (Rumores.-Protestas.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No sé si alguien del Grupo
Parlamentario Socialista ha filtrado esta noticia con intención o ha
engañado a los medios de comunicación. (La señora Cunillera i
Mestres: ¡No sabe!) Pero sí es verdad una cosa, señorías: que
mientras unos diputados del Grupo Parlamentario Socialista dicen que
les parecen bien las medidas fiscales, otros diputados socialistas
quieren recurrir al Constitucional. Sinceramente, yo no me aclaro. No
sé dónde están ustedes, si van o vienen, si más impuestos o menos
impuestos... (Aplausos.-Protestas.) Si más equidad o menos equidad. No
sé dónde están ustedes. (Aplausos.) Tendremos ocasión de debatirlo el
próximo jueves.
Quiero decirles una cosa, señorías, porque en la moción, como en la
interpelación, se habla, se dice, se comenta, la publicidad, la
propaganda. Y todo son falsedades; todo son falsedades. Yo se lo voy
a demostrar. (Protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras
que no se perciben.)
Señorías, el artículo 79 de la ley es clarísimo: Los contribuyentes
están obligados a presentar y suscribir declaración con los límites y
condiciones que se fijen: rendimientos de trabajo con el límite de
3.500.000. Y luego sigue: El límite a que se refiere la letra a) del
apartado 2 anterior será de 1.250.000 pesetas cuando haya varios
pagadores. Pues bien, no hay ninguna enmienda del Grupo Socialista a
este proyecto de ley diciendo que eso no está bien. Ustedes decían
que eso estaba bien. Ahora me pueden decir que la publicidad no dice
la verdad y yo lo respeto, puesto que el Ministerio, para informar a
los ciudadanos y ciudadanas españoles, repartió más de 16 millones de
ejemplares de este folleto publicitario (El señor Martínez-Pujalte
López muestra un documento a la Cámara.) para que tuvieran seguridad
jurídica y usted no se lo ha leído y viene a esta Cámara a engañar.
El folleto explica quiénes no tienen que presentar declaración:
rendimientos del trabajo que no superen los tres millones de pesetas
brutas anuales. No obstante -línea siguiente, no letra más pequeña,
sino la misma, se ve que no ha llegado a leerla-, el límite será de
1.250.000 cuando se perciban rendimientos del trabajo de más de un
pagador.
Razones para esto, las ha explicado el portavoz de Izquierda Unida
fantásticamente, porque si hay varios pagadores se da una falta de
equidad: se hace pagar más impuestos al que percibe 1.250.000 pesetas
de varios pagadores con retenciones más bajas que al que percibe
3.500.000 con un solo pagador, pero que tiene retenciones más altas.
Además, como usted sabe -yo sé que lo sabe, aunque no lo diga aquí-,
el impuesto es progresivo y, por tanto, eso hay que aplicarlo así.
Al PSOE no le gustó el impuesto y ahora intentan lanzar botes de humo
y traernos una moción para engañar a los ciudadanos. (Protestas.) La
moción dice exactamente: Ustedes han hecho publicidad engañosa -el
Gobierno- porque no ponen un 1.250.000 pesetas. No será porque no lo
explicita el folleto bien claro. A lo mejor es que ustedes no saben
leer, no se lo han leído o tienen la voluntad de engañar a los
ciudadanos, pero esa es la pura verdad y es lo que dice el folleto.
(Aplausos.)
Como sé que ustedes se lo han leído, me consta que lo que están
haciendo es intentar engañar a la opinión pública. Les quiero hacer
una consideración que me parece importante y tómensela con todo el
cariño. (Rumores.) Me parece que esta moción es una
irresponsabilidad, porque en campaña de renta, cuando los ciudadanos
están cumpliendo con sus obligaciones tributarias (Varios señores
diputados desde los bancos socialistas: ¡Piqué! ¡Piqué!), el que
ustedes presenten esta moción significa que están cayendo en una
irresponsabilidad manifiesta. (Varios señores diputados desde los
bancos socialistas: ¡Piqué! ¡Piqué!) Ustedes tendrían que hacer una
seria reflexión, como le dice uno de los cuatro candidatos del Grupo
Socialista a la Secretaría General, sobre su política tributaria
y pensar si, efectivamente, no están confundiéndose al atacar a un
sistema tributario que hace crecer la economía, que hace crear
empleo, que mejora el bienestar y que reparte con equidad la carga
tributaria. Un portavoz socialista les ha dicho que este es uno de
los motivos por los que perdieron las elecciones y yo les aconsejo
que reflexionen. Si no lo quieren hacer, sigan ustedes así, que
nosotros seguiremos pensando en los ciudadanos y en un sistema
tributario justo que sea eficientepara los objetivos de política
económica y que distribuya además con equidad la carga tributaria.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martínez Noval pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez-
Pujalte.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, pido la palabra en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, que se siente aludido por las
afirmaciones del portavoz del Grupo Popular. Sobre la base del
artículo 71.3 del Reglamento, creo tener derecho a manifestarme.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez Noval, el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha contestado la proposición
de su propio grupo parlamentario. Imagino que se referirá S.S. a
alguna otra cuestión que no tiene que ver con la propuesta.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Ha hecho alusiones al grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Tiene la palabra S.S. por un
minuto.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor Pujalte, tiene que estar completamente
ayuno de argumentos para traer a colación incluso los chistes que se
cuentan en las reuniones del Grupo Parlamentario Socialista. Está
usted completamente ayuno de argumentos. Si todo lo que tiene que
decirnos es lo que manifiesta desde esa tribuna... (El señor Martínez-
Pujalte López enseña unos teletipos.) ¿Qué me dice de los teletipos?
¿También los teletipos publican chistes y bromas que se dicen en
reuniones internas?
Cuando tiene usted que traspasar la puerta de un grupo parlamentario
de una reunión cerrada para utilizarla como arma arrojadiza contra
nosotros, admítame, señor Pujalte, que está usted completamente
huérfano de argumentos. Tenemos toda la razón.
Señor Pujalte, otra cuestión. En materia...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez Noval, tiene
que terminar.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Ahora concluyo, señor presidente. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
En materia de responsabilidades, de posiciones políticas que tienen
consecuencias económicas, ¿qué nos va a decir usted? Nos dijo que
éramos unos irresponsables cuando atacábamos a la compañía
Telefónica. ¿Qué le parece a usted? (Aplausos.) ¿Quién es el
responsable ahora de eso? (Aplausos.-El señor Martínez- Pujalte López
pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, el turno de alusiones
no da origen a réplica. Reabriríamos un debate que está agotado.
(Pausa.) Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señora Pozuelo, tiene la palabra al objeto de indicar su aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas. Solamente a esos efectos.
La señora POZUELO MEÑO: Las enmiendas son aceptadas por el Grupo
Socialista, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno en relación
a la aplicación de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en materia de obligación de declarar y las medidas
a adoptar para evitar la inseguridad jurídica que dicha aplicación está
produciendo en los contribuyentes, en los términos derivados del
debate y la incorporación
de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 106; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS AADOPTAR
PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL CALADERO DE MERLUZADELATLÁNTICO NORTE.
(Número de expediente 173/000014.)
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
sobre las medidas a adoptar para la gestión adecuada del caladero de
merluza del Atlántico Norte.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, gabon, buenas noches.
La semana pasada y fruto de una interpelación urgente promovida por
el Grupo Vasco, Partido Nacionalista Vasco, debatimos la situación
del caladero de merluza del Atlántico Norte; debate que, a pesar de
la tensión y actualidad futbolera que se apreciaba, se desarrolló, a
nuestro entender, de forma interesante. En dicho debate, todos los
grupos y el ministro coincidíamos en aspectos importantes de la
problemática de dicho caladero. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Txueka, un momento. (Pausa.)
Adelante.
El señor TXUEKA ISASTI: Coincidíamos en confirmar la delicada
situación del stock de la merluza en dicho caladero y su situación,
agudizada y preocupante sobre todo de las zonas 7 y 8 de las tres en
que se halla subdividido el caladero. Coincidíamos en la necesidad de
elaborar un plan urgente de medidas para la recuperación de dicho
stock, con la participación de todas las autoridades y
administraciones implicadas, así como científicos y flotas afectadas.
Coincidíamos en que el análisis técnico pesquero del caladero ha de
realizarse en su conjunto, siendo así que es único e indiviso el
sistema que científicamente se aplica anualmente para la evaluación
del estado de dicho recurso por parte del Consejo Internacional para
Exploración del Mar, CIEM. Coincidíamos en que uno de los aspectos
que agravan importantemente dicha situación era la captura de
inmaduros y juveniles y que habría que adoptar controles
efectivos sobre su pesca en los desembarcos, así como en el
transporte de productos pesqueros. Nosotros añadíamos la exigencia de
su control en la comercialización y en el consumo público.
Señores, en la actualidad, la flota está acometiendo una necesaria
renovación de sus barcos de cara a mantener su eficiencia y poder
garantizar una mínima viabilidad a su actividad empresarial,
viabilidad cuestionada por diversos factores. Como inciso, quiero
comentar que, recientemente y en esta misma Cámara, debatimos
diversas proposiciones no de ley para adoptar medidas que paliaran
las subidas constantes que se estaban produciendo en el gasoil
pesquero. En dicho debate el Grupo Vasco aportaba unos datos de la
repercusión que, en la cuenta de explotación de un barco medio, como
los de la flota de merluza que hoy nos ocupa, tenía dicha subida. A
efectos de refrescar los datos, brevemente los voy a volver a citar.
Sobre una facturación media de un barco de estas características, de
150 millones de pesetas, sólo la subida interanual producida en el
último año supone alrededor de 16 millones de pesetas, con lo cual el
margen empresarial, si existía, se ha reducido en más de un 10 por
ciento. Somos todos tremendamente conscientes de que, si no se
arbitran políticas y medidas efectivas en este caladero en concreto,
no habrá futuro para casi nadie y su pesquería desaparecerá, como han
desaparecido otras especies tan cercanas en tiempo como el besugo,
etcétera.
Por otra parte, es indudable que existen intereses económicos
legítimos y diversos. Los derechos de pesca y su efectividad actual
en las diversas zonas del caladero no son iguales ni afectan en igual
medida a las flotas del Cantábrico. Dichos derechos tienen un valor
económico, empresarial y social importantes. Tampoco la rentabilidad
empresarial de las flotas es la misma. Existen barcos que no alcanzan
los días mínimos de pesca necesarios para rentabilizar los mismos.
Entendemos lógico y necesario que tales derechos y situaciones sean
factores básicos a la hora de abordar la situación, de proponer
medidas y, en su caso, de abordar, si fuera preciso, las
compensaciones oportunas.
Pues bien, en la moción que presentamos hemos planteado un marco de
entendimiento, un marco que permite a toda la flota y a las distintas
administraciones abordar con ánimo y sin recelos el debate del
caladero de merluza del Atlántico Norte. Asimismo, planteamos que una
serie de medidas concretas, como el control de las pesquerías por el
dispositivo denominado caja azul, así como una aplicación realista
del Reglamento 2742 del Consejo Europeo, que posibilita la
transferencia de cuotas entre zonas, acompañándolos de la
consiguiente transferencia de esfuerzos, son instrumentos adecuados
e interesantes en manos del Ministerio para abordar este mismo año
actuaciones en esta línea.
Para finalizar, se han planteado enmiendas por partedel Bloque
Nacionalista Galego, de Izquierda Unida,
del PSOE y del Partido Popular. Éstas se han enmarcado en línea con
las propuestas planteadas en la moción, lo que adelanto, ya que hemos
propuesto una transaccional a todos los grupos y esperamos que cuente
con su acuerdo y aprobación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka. ¿Grupos que han
presentado enmienda? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a estas alturas de la noche lo mejor es precisamente
degustar una buena merluza porque de estos ricos caladeros salen
importantes y buenas piezas.
No voy a reiterar los argumentos expuestos por el proponente, dado
que en la tarde de hoy hemos alcanzado un acuerdo de todos los grupos
parlamentarios en una enmienda transaccional con el objetivo de
impulsar y tomar medidas para recuperar el caladero de la merluza del
Atlántico Norte. Por tanto, es el objetivo prioritario que nos hemos
planteado en el acuerdo a través de la transaccional, así como
mejorar el control de la pesca y la comercialización de inmaduros.
Por ello, señorías, no reitero los argumentos y tampoco el debate que
hemos tenido aquí con motivo de la interpelación. Aquel día
apelábamos a la necesidad de alcanzar un acuerdo con el objetivo
fundamental de impulsar las medidas tendentes a recuperar el caladero
de la merluza del Atlántico Norte. Anuncio que el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de la enmienda transaccional acordada y con
esto, señora presidenta, concluyo mi intervención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
No sé si seré tan breve como el portavoz socialista para hablar de
merluzas, pero estamos tratando un problema importante. El Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) presenta una moción, fundamentalmente
dirigida a que el Gobierno adopte medidas destinadas a paliar los
problemas por los que actualmente pasa la flota que sustancialmente
tiene base en el puerto de Euskadi y que pesca merluza en el
Atlántico Norte, actividad que esta flota lleva a cabo en buena parte
en la conocida como zona 8.
Como Bloque Nacionalista Galego naturalmente compartimos la
preocupación del grupo proponente por la situación de esta flota,
porque la situación del stock
en la zona 8 no es buena. Sin embargo, tengo que decir que no
compartimos plenamente las soluciones que se proponen en la moción
para resolver esa situación y es por lo que presentamos nuestra
enmienda.
Quisiera decir en este debate, en primer lugar, que, en opinión del
Bloque Nacionalista Galego, hay dos conceptos que no deben mezclarse,
y me refiero a la afirmación que se contiene en la moción en el
sentido de que al tratarse de un stock único, el de merluza, no
tendría sentido la existencia de distintas zonas de gestión. Para
nosotros es una afirmación discutible porque aunque el stock es único
la población no se distribuye uniformemente por toda la zona de
pesca. Es evidente que, por ejemplo, los juveniles se concentran en
una zona más que en otra, etcétera. Por tanto, la existencia de
distintas zonas de gestión del recurso puede tener sentido no sólo
para distribuir el esfuerzo, sino también para permitir mejorar o
solucionar los problemas que puedan surgir en un momento determinado
y que permitiría actuar de una manera parcial en la zona de pesca y
no globalmente, lo que, a lo mejor, de hacerse así, repercutiría más
negativamente en los intereses de la flota.
En nuestra modesta opinión, el que todos los barcos pudiesen acceder
a toda la zona de pesca podría solucionar temporalmente los problemas
de una determinada flota, pero es discutible que sirviese para evitar
el agotamiento del stock de merluza, que precisamente se trata de
conservar.En todo caso, la zona única de pesca es una cuestión a
estudiar, como todas. Lo importante es saber bajo qué premisas se
realizaría la actividad pesquera si se adopta esta zona única.
En segundo lugar, nos parece discutible que se reconozca que existe
una deficiencia en el stock -el stock está mal no sólo en la zona 8,
sino en otras- y que al mismo tiempo se solicite un aumento del
esfuerzo. Nosotros creemos que si el stock no pasa por sus mejores
momentos, el incremento de esfuerzo no haría más que agravar la
situación.
En tercer lugar, quiero decir que cualquier medida que varíe las
condiciones bajo las que las flotas están realizando actualmente su
actividad deberán hacerse con sumo cuidado. Reconocía ahora el
portavoz del Grupo Vasco que es notorio que existen intereses
contrapuestos, cuando menos entre aquellos armadores que realizaron
un esfuerzo económico para conseguir derechos de acceso y días de
pesca en las zonas 6 y 7, y los que no, e incluso los que en su día
los vendieron.
Dicho esto, vuelvo a repetir que compartimos con el Grupo Vasco la
preocupación por el estado de los recursos y la necesidad de estudiar
medidas que permitan su recuperación, de manera que al final de todo
esto se consiga hacer rentable la actividad de las flotas. Por eso
presentamos una enmienda.
Nuestra enmienda tiene un punto primero que pretende impulsar el
estudio de las causas que provocan la situación del stock de merluza
en el Atlántico Norte, así como la elaboración y puesta en marcha de
un plan
de medidas urgentes de recuperación integral del referido stock, con
participación naturalmente de autoridades, científicos y flotas
implicadas. Creemos que lo fundamental para poner remedio a las cosas
es saber qué causas son las que originan el mal estado del recurso.
Decía antes que la zona 8 está notoriamente mal, pero también lo está
en otras. Estudiando las causas es como se podrán buscar las
soluciones.
En el punto segundo proponemos que el Gobierno promueva a nivel
europeo las medidas oportunas, con la colaboración de las autoridades
estatales y autonómicas, controladores en barcos de juveniles de
merluza por parte de las flotas comunitarias y su comercialización en
el Estado español, o, en su caso, en otros estados miembros, en
consonancia con la constatación -y aquí parece que hay acuerdo- de
que actualmente existe un exceso de pesca de juveniles, que sin duda
puede ser un factor que está incidiendo negativamente en el stock.
Por tanto, en ese terreno, nosotros compartimos que es necesario un
adecuado control por parte de todas las autoridades implicadas.
En el tercer punto proponemos que el Gobierno piense en establecer
medidas compensatorias de apoyo para aquellas flotas que, como
consecuencia del mal estado del recurso o de las medidas que hubiese
que adoptar para recuperarlo, se viesen afectadas en su actividad
normal, es decir, que hubiera ayudas para tripulantes y armadores.
Este es el sentido de nuestra propuesta y de nuestra enmienda.
Para concluir, señora presidenta, queremos decir que el Gobierno debe
tomarse en serio la situación del caladero, y, desde luego, impulsar
medidas en el seno de la Unión Europea con visión de futuro, basadas
naturalmente en criterios sólidamente científicos, con el acuerdo de
los agentes implicados, de manera que pueda seguir manteniéndose una
actividad de la que dependen un importante número de puestos de
trabajo, y -como comentario al margen- no tratar de salir de una
situación sin intención de trabajar en este sentido.
En todo caso, está planteada una enmienda transaccional, que al
parecer va a ser apoyada por la mayoría de los grupos, pero que no
nos satisface plenamente, en cuanto que no compartimos exactamente la
redacción de algunos puntos y en la medida en que, desde nuestro
punto de vista, abre la puerta a la toma de algunas decisiones de
consecuencias prácticas, que en principio nosotros tenemos dificultad
para prever en este momento. Por tanto, nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente, para manifestar que vamos a votar
favorablemente la enmienda transaccional, porque recoge parte de
nuestra propuesta. Consideramos que estamos ante una cuestión
importante, y la aprobación de esta propuesta debe tener un
seguimiento por parte del Gobierno. Es una realidad que la situación
del caladero de merluza del Atlántico Norte es un problema que debe
preocupar no solamente a los que están directamente implicados, sino
al conjunto de la flota, porque estamos ante un tema importante, como
decía. Repito que esperamos que el Gobierno tome en cuenta esta
aprobación y que no deje pasar más tiempo sin actuar, porque de otra
forma estaríamos haciendo simplemente un canto al sol. Como no
queremos eso, vamos a votar afirmativamente, esperando -repito- que
sirva para algo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decíamos el pasado miércoles que el Grupo Popular estaba dispuesto a
buscar todo tipo de consenso en el tema de la merluza que se captura
en las zonas 8, 7 y 6 denominada como el Gran Sol. Tanto es así que
el Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución que ha
sido aceptada por la práctica totalidad de los grupos y que ahora se
transforma en una enmienda transaccional. Nos referíamos también
miércoles a si somos conscientes todos de que el Gran Sol está en una
situación delicada. La zona 8 está en sus límites mínimos, la 6
también y la 7 tiene un stock suficientemente aceptable.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) se presentaron
varias alternativas y en algunas estamos de acuerdo. Hay que
analizar, como decía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, las
causas que dan lugar a que el stock no sea lo suficientemente válido
para que la flota denominada de los trescientos no se reduzca.
Asimismo, se lo quería decir al Grupo Socialista, ya que durante su
mandato se han reducido a doscientos uno, pero es otra de las flotas
que está siendo ubicada, como dice el señor Blanco, en algunas
ocasiones. Hay que buscar suficientes cuotas para que sea rentable.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) propone una serie de medidas en
las que el Grupo Popular no está de acuerdo. De ahí que la enmienda
vaya por esos términos. Primero, quieren ampliar el número de días de
presencia en el caladero a los 315. Eso ha sido un acuerdo unánime
del sector y, por tanto, diremos que si el sector está de acuerdo en
esos días, que se lleve a cabo.
Solicitan que haya intercambio entre las zonas 6 y 7 a la 8 y de la 8
a la 6 y 7. Eso está permitido a la flota española, pero nosotros
decimos que sí, siempre y cuando haya stock disponible ¿Qué significa
eso? Que todos los que tengan derechos históricos, como decía el
portavoz del Bloque Nacionalista Galego, no se vean perjudicados.
Es decir, que una vez agotados sus días de pesca todos en la 6 y 7,
si hay estock disponible, se pueda transferir, de acuerdo con la
normativa comunitaria.
Hay un aspecto que queremos comentar. Todos somos conscientes de la
situación real que existe. La zona 8, como sabemos los que estamos en
este tema, es donde desovan las madres para tener allí a sus peces y
es donde están los juveniles hasta que son mayores y, lógicamente,
pasan a las zonas 6 y 7. Si en la zona 8 no se controla la pesca de
los juveniles, los mismos no pueden desarrollarse y pasar a las zonas
6 y 7. Ustedes bien saben que por parte del Gobierno, de la
Administración central hay un acuerdo con la Guardia Civil y las
comunidades autónomas para vigilar los desembarcos y el transporte y
comercialización. Eso lo están haciendo las autonomías de una forma
positiva. Sin embargo, en el País Vasco los resultados son escasamente
positivos. Está claro que el control de las carreteras en el País
Vasco por parte de la Guardia Civil, por razones obvias, no puede ser
lo suficientemente positivo como deseamos nosotros. Lo que le digo y
lo hemos demostrado hoy aquí es que el Grupo Popular tiene deseos de
consensuar los temas pesqueros. Rogaría a los representantes del PNV
que pidan a su Gobierno que colabore con la Administración central
para controlar los embarques y la comercialización de inmaduros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla.
¿Grupos que no han presentado enmienda? (Pausa.)
Por Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hablar muy brevemente y desde el escaño para posicionarnos
respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) al problema de la mejora en la gestión de los caladeros de
merluza del Atlántico Norte. Es de todos sabido la situación de
precariedad en que se encuentran los stoks de merluza en ese sector,
de forma muy especial por lo que hace referencia a la zona 8, y quizá
en menor medida, pero también están en situación preocupante las
zonas 6 y 7.
Estamos de acuerdo que hay un declive progresivo en el stock de
merluza, que de seguir así entiende nuestro grupo que por parte de la
Unión Europea se tendrá que tomar las medidas adecuadas para
recuperarlo.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que uno
de los factores más importantes que provocan esta situación es la
captura de juveniles, por lo que, independientemente de que se pueda
autorizar el traspaso por parte española de cuota de merluza de las
zonas 6 y 7 a la 8, para recuperar el potencial de pesca hay que ser
inflexibles en el cumplimiento de la prohibición de capturas por lo
que se refiere a las tallas mínimas y a la eliminación de los mercados
de los inmaduros mediante un esfuerzo, tanto en el momento del
desembarque como en las lonjas durante la venta.
Es importante también el control de entrada de productos pesqueros
inmaduros de otros países, básicamente comunitarios, mediante el
control durante el transporte. Eso, a mi entender, no es sólo válido
para intentar subsanar el problema de la merluza en el Atlántico
Norte, sino que también es para la conservación de la mayoría de las
especies que pueblan las plataformas litorales de la península.
Para finalizar, entendemos que sería bueno que la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco tuviera unanimidad, y de hecho eso
es lo que demanda el sector y nuestra obligación en esos casos es
encontrar soluciones a los problemas existentes.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Por lo manifestado por los portavoces, entiendo que el texto que se
somete a votación es el de la enmienda transaccional que se ha
presentado a la Mesa por parte del grupo proponente.
Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a
adoptar para la gestión adecuada del caladero de merluza del Atlántico
Norte, en los términos originados por la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
253; a favor, 249; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.