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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 8, de 23/05/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 8
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 8
celebrada el martes, 23 de mayo de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados ... (Página 247)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de venta de la
Empresa Nacional Santa Bárbara. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 13, de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 162/
000028.) ... (Página 248)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre rechazo
de la privatización prevista de la Empresa Nacional Santa Bárbara
(ENSB). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 10, de 8 de
mayo de 2000. (Número de expediente 162/000024.) ... (Página 248)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mantenimiento de la factoría
de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) en ACoruña y del carácter
público de esta empresa. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 17, de 22 de mayo de 2000. (Número de expediente 162/000032.)
... (Página 248)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
creación de una subcomisión para la mejora de la prevención de los
riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo, con especial
referencia al sector de la construcción. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 13, de 12 de mayo de 2000. (Número de
expediente 162/000030.) ... (Página 258)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de
licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera generación. (Número de
expediente 173/000001.) ... (Página 266)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país. (Número de
expediente 173/000002.) ... (Página 273)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la
Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los
productores de fruta seca y algarrobas. (Número de expediente 173/
000003.) ... (Página 282)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 247)
Proposiciones no de Ley . . . (Página 248)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de venta de la
Empresa Nacional Santa Bárbara . . . (Página 248)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre rechazo de
la privatización prevista de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB)
. . . (Página 248)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mantenimiento de la factoría de
la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) en A Coruña y del carácter
público de esta empresa . . . (Página 248)
Defiende la primera proposición no de ley, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Suárez
González. Hace una serie de reflexiones sobre la modificación del
status jurídico de la Empresa Nacional Santa Bárbara que se llevó a
cabo en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 1999, ante lo que su grupo presentó un recurso de
inconstitucionalidad, y sobre la decisión de privatización tomada por
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el pasado mes de
abril, cuando no había Parlamento. Considera que la Empresa Nacional
Santa Bárbara es una empresa básica en el sector de la defensa, con
un gran potencial tecnológico y una capacidad innovadora importante,
donde se han hecho ajustes e inversiones, donde se ha hecho un
esfuerzo en materia de formación y con una cartera considerable de
pedidos, por lo que sería un error vender la empresa a una
multinacional americana. Finalmente pide el voto favorable de la
Cámara a su proposición no de ley.
En segundo lugar, defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Llamazares Trigo.
Anuncia que su proposición no de ley va en el mismo sentido que la
presentada con anterioridad por el Grupo Parlamentario Socialista y
que votará a favor de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto sobre el mismo tema. Está convencido de que la
privatización está cerrada y sólo quedan los trámites del Consejo
Consultivo de Privatizaciones y del próximo Consejo de Ministros, por
lo que no aspira a torcer la voluntad del Grupo Parlamentario
Popular, pero sí a que el tema sea objeto de debate en el Parlamento
español. Hace una serie de reflexiones sobre la falta de información
al Parlamento sobre cada una de las privatizaciones que se han
llevado a cabo y, en particular, sobre la de la Empresa NacionalSanta
Barbara, y explica los tres objetivos que
persigue su proposición no de ley: el mantenimiento de mecanismos de
control público en un sector estratégico como es el de la defensa;
que cualquier alianza que se produzca garantice los contratos
actuales, además de las factorías y del empleo que tiene en estos
momentos la empresa y, por último, que este proceso se dé con total
transparencia y participación social y parlamentaria.
Por el Grupo Parlamentario Mixto defiende la proposición no de ley el
señor Aymerich Cano. Se refiere, en primer lugar, al anuncio de hace
poco más de un mes, hecho por el Gobierno en funciones, de su
intención de vender la Empresa Nacional Santa Bárbara a una
multinacional norteamericana. Considera que todas las bondades que
proclamaron el entonces ministro de Industria y el director de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales se ven desmentidas
en la práctica para la empresa nacional, en general, y para la
factoría de A Coruña en particular. Presenta las objeciones del
Bloque Nacionalista Galego a esta privatización e insta al Gobierno
español a suspender el procedimiento de venta, para que la empresa
mantenga su carácter público, sin perjuicio de que se busquen nuevos
socios industriales o tecnológicos; a que se elabore un nuevo plan
industrial par la Empresa Nacional Santa Bárbara, en el que la
factoría de A Coruña quede asegurada con la asignación no sólo de la
fabricación de armamento ligero, sino también de otros productos como
el carro de combate Leopard y el vehículo Pizarro, y a que se
garantice el mantenimiento de la factoría de A Coruña en los terrenos
que actualmente ocupa, como única garantía de futuro.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el proceso de venta de la Empresa Nacional Santa
Bárbara, se rechaza por 131 votos a favor, 168 en contra y 13
abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre rechazo de la
privatización prevista de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB),
se rechaza por 128 votos a favor, 171 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación, finalmente, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre mantenimiento de la factoría de la Empresa
Nacional Santa Bárbara (ENSB) en A Coruña y del carácter público de
esta empresa, se rechaza por 129 votos a favor, 174 en contra y 10
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
creación de una subcomisión para la mejora de la prevención de los
riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo, con especial
referencia al sector de la construcción . . . (Página 258)
Para la exposición y defensa de la proposición no de ley interviene
el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Explica que su propuesta está
orientada a promover en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo, del Congreso de los Diputados, la creación de una subcomisión
parlamentaria para estudiar toda la problemática de la siniestralidad
laboral, cuestión que ya ha sido planteada en una interpelación de
Izquierda Unida la semana pasada y que será objeto de una moción en
la tarde de hoy. Convergència i Unió pretende abordar de manera
sosegada y tranquila esta cuestión que afecta a los derechos de las
personas y añade que, en una sociedad que se pretende avanzada, son
inaceptables las situaciones que se dan actualmente en este ámbito.
Da una serie de informaciones sobre las cifras de siniestralidad
laboral y, situándose en la profunda dimensión humana del debate,
hace una serie de preguntas. Presenta una enmienda transaccional
y solicita el voto favorable para su propuesta.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios
Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y López i
Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas
interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), para la creación de una subcomisión
para la mejora de la prevención de los riesgos laborales y la
seguridad y salud en el trabajo, con especial referencia al sector de
la construcción, en los términos resultantes del debate y con la
incorporación de la enmienda transaccional puesta de manifiesto por
el portavoz del grupo proponente, se aprueba por 304 votos a favor y
una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 266)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias
de telefonía móvil UMTS o de tercera generación . . . (Página 266)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista defiende la moción el
señor Caldera Sánchez-Capitán. Comienza por mostrar su frustración
por el debate de la interpelación de la semana pasada, donde quedaron
en el aire más preguntas que respuestas y donde las explicaciones de
la señora ministra fueron puramente formales y las promesas no
pasaron de ser una lista de buenas intenciones, con las que, por otra
parte, se muestra totalmente de acuerdo. Vuelve sobre los argumentos
dados en la interpelación y explica los extremos de su moción, que
vienen a dar solución a una situación lesiva para los intereses
generales.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Caldera Sánchez- Capitán.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias
de telefonía móvil UMTS o de tercera generación, en los términos
resultantes del debate y con la incorporación de las enmiendas
puestas de manifiesto por el portavoz del grupo proponente, se
rechaza por 125 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país . . . (Página 273)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
el señor Frutos Gras. Defiende el lema de la manifestación del 1 de
mayo en Madrid: trabajar para vivir, frente a las especulaciones
y los pelotazos de la Bolsa. Se refiere a la proposición no de ley de
Convergència i Unió sobre el mismo tema y llega también a la
conclusión de que el principal aumento de accidentes se produce a
causa del incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales
de 1995. No es posible que se hagan grandes negocios especulativos y
fraudulentos y no se hagan cumplir las normativas vigentes en materia
de prevención de riesgos laborales. Reproduce el debate de la
interpelación y se remite a la experiencia de Aragón, donde ha habido
una disminución espectacular de los accidentes laborales con baja.
Finalmente expone las catorce propuestas que contiene su moción y
anuncia su voto contrario a las enmiendas del Grupo Popular,
aceptando, por el contrario, las del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista; Vázquez Vázquez,
del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Frutos Gras.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país, con el contenido
derivado del debate y las enmiendasincorporadas que han sido
aceptadas por el portavoz del grupo proponente, se rechaza por 126
votos a favor, 174 en contra y siete abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la Unión
Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores
de fruta seca y algarrobas . . . (Página 282)
El señor Maldonado Gili, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), presenta la moción en la que instan al
Gobierno a defender ante las autoridades de la Unión Europea la
reforma de la OCM de las frutas y hortalizas, al objeto de incluir en
las mismas los frutos secos y, mientras no se haga efectiva esta
reforma, el mantenimiento de una ayuda a la renta de los productores
de la fruta seca. Explica los principios en los que basa su petición
y pide el voto favorable de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ricomá de
Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka
Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Frutos Gras, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Maldonado Gili.
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura a la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la Unión
Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores
de fruta seca y algarrobas, en los términos del debate y de la
enmienda transaccional presentada por el grupo proponente, se aprueba
por 284 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución de las señoras y señores diputados que se irán
enunciando. Ruego a los miembros de la Mesa que se pongan en pie.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña
Ana Cristina Guarinos López, en sustitución de don Enrique
FernándezMiranda y Lozana, para prestar juramento o promesa de acatar
la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GUARINOS LÓPEZ: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Doña Ana Cristina Guarinos López ha adquirido
la condición plena de diputada.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don
Miguel Vicente Prim Tomás, en sustitución de don Juan Costa Climent,
para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o
prometéis acatar la Constitución?
El señor PRIM TOMÁS: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don Miguel Vicente Prim Tomás ha adquirido la
condición plena de diputado.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don
Fernando Martínez Maíllo, en sustitución de don José Folgado Blanco,
para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor MARTÍNEZ MAÍLLO: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don Fernando Martínez Maíllo ha adquirido la
condición plena de diputado.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña
María Asunción Oltra Torres, en sustitución de don José María
Michavila Núñez, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora OLTRA TORRES: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Doña María Asunción Oltra Torres ha adquirido
la condición plena de diputada.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don
Miguel Ramón Albiach Chisbert, en sustitución de don Gerardo
Camps Devesa, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ALBIACH CHISBERT: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don Miguel Ramón Albiach Chisbert ha adquirido
la condición plena de diputado.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don
José García Hernando, en sustitución de don Miguel Angel Cortés
Martín, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor GARCÍA HERNANDO: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don José García Hernando ha adquirido la
condición plena de diputado.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento
del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don
Ismael Bardisa Jorda, en sustitución de don Carlos Aragonés
Mendiguchia, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor BARDISA JORDA: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don Ismael Bardisa Jorda ha adquirido la
condición plena de diputado.
Por último, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central don Gervasio Acevedo Fernández, en sustitución de doña María
Mercedes Fernández González, para prestar juramento o promesa de
acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ACEVEDO FERNÁNDEZ: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don Gervasio Acevedo Fernández ha adquirido la
condición plena de diputado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PROCESO DE VENTA DE LA
EMPRESA NACIONAL SANTA BÁRBARA. (Número de expediente 162/000028.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE RECHAZO
DE LA PRIVATIZACIÓN PREVISTA DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BÁRBARA
(ENSB). (Número de expediente 162/000024.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MANTENIMIENTO DE LA FACTORÍADE
LA EMPRESANACIONALSANTA BÁRBARA (ENSB) EN A CORUÑA Y DEL CARÁCTER
PÚBLICO DE ESTA EMPRESA. (Número de expediente 162/000032.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre el
proceso de venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Para defender la iniciativa, tiene la palabra el diputado don
Celestino Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo
para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la situación actual de la Empresa Nacional Santa
Bárbara, y nos gustaría hacer algunas reflexiones para, a partir de
ellas, poder pedirles el voto a favor de nuestra iniciativa
legislativa.
En primer lugar, queremos recordar que la Ley de acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado del año 1999 modificaba la
configuración jurídica de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Esta
empresa se sustentaba en una ley, que era el soporte de su estructura
jurídica, que posibilitaba la articulación de contratos entre la
Empresa Nacional Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa. El último
contrato que Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa articularon
data del año 1981 y tiene 25 años de vigencia. Por tanto, está
actualmente en vigor.
El Grupo Parlamentario Socialista consideró entonces, en 1999, cuando
se presentó la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que esa ley
no era la vía para colar la modificación del status jurídico de esta
empresa y presentó un recurso de inconstitucionalidad, recurso que ha
sido admitido. Está claro que aquella decisión de modificar el status
jurídico de la Empresa Nacional Santa Bárbara por la vía de la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado hoy se
entiende perfectamente a raíz de una decisión que tomó recientemente
la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el
pasado mes de abril, cuando no había Parlamento, cual fue la decisión
de seleccionar como posible comprador de la Empresa Nacional Santa
Bárbara a la empresa norteamericana General Dynamics. Como antes
dijimos, la Ley de acompañamiento de los presupuestos no es la vía
más adecuada para hablar y debatir aquí sobre la industria del
armamento, que afecta tanto al sector de la defensa, y, además, se
toma la decisión en el mes de abril cuando todavía este Parlamento no
estaba constituido.
Señorías, la Empresa Nacional Santa Bárbara es una empresa básica en
el sector de la defensa, y estas empresas tienen un gran potencial
tecnológico y una capacidad de aportación de innovación importante.
Por tanto, cuando hablamos de interés nacional, esa palabra tiene
mucho que ver con la Empresa Nacional Santa Bárbara. En la mayoría de
los países de nuestro entorno sobre estas empresas, básicas en el
sector de la defensa, los Estados suelen tener un fuerte control,
bien directa o indirectamente. Por tanto, no pensamos que esta
decisión que se está tomando, la de entregar y vender la Empresa
Nacional Santa Bárbara a una multinacional norteamericana, sea una
decisión que se corresponda con lo que hacen los países de nuestro
entorno con respecto a las industrias del sector del armamento.
Además de esto, en estos momentos pensamos que también es un error
privatizar la Empresa Nacional Santa Bárbara porque tiene una
importante cartera de pedidos, como consecuencia -¿cómo no?- del
proceso de modernización del ejército español. Durante estos años en
la Empresa Nacional Santa Bárbara hubo un ajuste fuerte en materia de
empleo y en materia de instalaciones, en materia de actividad. Hubo
también inversiones en ella para modernizarla tecnológicamente
y hacerla más competitiva. Que ahora que tiene una importante cartera
de pedidos se la quiera privatizar nos parece un error importante.
Incluso muchos de esos pedidos responden a contratos con una vigencia
de cinco, siete o veinte años, por tanto cartera de pedidos
y márgenes de tiempo apropiados para asegurar con una cierta
perspectiva, en términos de años, la viabilidad de esta empresa y
asegurar su estabilidad.
Pero no sólo es que haya habido ajustes en materia de empleo o de
instalaciones en la Empresa Nacional Santa Bárbara, que se hayan
acometido inversiones en esta empresa en los años anteriores o que
esta empresa tenga una cartera de pedidos importantes. Sólo los
contratos Pizarro y Leopard se mueven en torno al medio billón de
pesetas y es de pensar que General Dynamics haya comprometido una
facturación de casi 15.000 millones de pesetas. No tiene parangón
hablar de 15.000 millones de pesetas, que es la facturación que
compromete General Dynamics, con el casi medio billón de pesetas que
sólo los contratos Leopard y Pizarro le aseguran a la Empresa
Nacional Santa Bárbara. Está claro que es una perita en dulce la
adquisición de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Hubo ajustes, hubo
inversiones, hay una cartera importante de pedidos, pero también se
buscaron por parte de la Empresa Nacional Santa Bárbara socios
tecnológicos en los últimos años para afrontar sus nuevos retos, como
Leopard u otros programas de armamento, y hubo un importante esfuerzo
de formación. Por tanto, también esta razón, la tecnológica, nos
lleva a la conclusión de que no tiene gran sentido vender la Empresa
Nacional Santa Bárbara a una multinacional americana. Por ejemplo, el
programa Leopard se va a hacer con tecnología alemana.
¿En qué medida este contrato no puede poner en peligro el programa
Leopard? Está claro que si queremos coches Ford no podemos encargar a
la BMV que nos los haga.
Les pedimos, por tanto, su apoyo a esta proposición no de ley.
Pensamos que no ha habido mucha transparencia en este proceso. El
Parlamento no estaba constituido; no ha habido un diálogo fuerte con
las comunidades autónomas; no ha habido transparencia, no ha habido
un esfuerzo importante por la transparencia.
Pensamos que no está claro a dónde conduce esta venta de la Empresa
Nacional Santa Bárbara. Por tanto, pensamos que no va a ser positiva
la privatización de esta empresa básica en el sector de la defensa.
Por ello les pedimos el apoyo, a partir de estas reflexiones, para
nuestra proposición no de ley. Y pedimos también -¿cómo no?- al
Bloque Nacionalista Galego que en su proposición no de ley, cuando
habla de las instalaciones de La Coruña, lo extienda al resto de las
instalaciones. Que sea una apuesta por la viabilidad del conjunto de
instalaciones de la Empresa Nacional Santa Bárbara, las instalaciones
de La Coruña, pero también las instalaciones de Asturias, Murcia,
Palencia, Granada, Sevilla o Madrid.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez.
De acuerdo con lo dispuesto en la Junta de Portavoces, se va a
proceder al debate conjunto de las proposiciones no de ley, la
presentada en este momento más las presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario
Mixto.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre el rechazo de la privatización
prevista de la Empresa Nacional Santa Bárbara, tiene la palabra el
señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para defender una proposición no de ley en el sentido
similar a la proposición no de ley defendida con anterioridad por el
Grupo Parlamentario Socialista, y también, aunque desde un punto de
vista más parcial, para apoyar en el mismo sentido la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Mixto.
Señorías, yo no soy tan optimista como el compañero que me ha
precedido en el uso de la palabra. Mi grupo parlamentario está
convencido de que, al contrario de lo que ha dicho el señor ministro
de Defensa, esta privatización está cantada, está cerrada y tan sólo
queda el trámite del Consejo Consultivo de Privatizaciones y,
finalmente, del próximo Consejo de Ministros. Por tanto, mi grupo
parlamentario no aspira hoy
aquí a torcer la voluntad del Grupo Parlamentario Popular ni aspira a
obtener la mayoría de los votos de esta Cámara. Sí aspiro, señorías,
a que este tema, por lo menos esta privatización en concreto, sea
objeto de debate en el Parlamento español, porque si hay algo
destacado en el proceso acelerado de privatizaciones desarrollado por
el Partido Popular en la última legislatura, y parece ser también que
acelerado en esta, es la falta de participación del Parlamento en
cualquiera de los procesos de privatización. Y llama la atención que
recientemente hayamos tenido un debate en esta Cámara en relación a
la fusión frustrada Telefónica-KPN, y que el Gobierno español viese
con preocupación que Holanda está obligada a presentar cualquier
proceso de privatizaciones -Holanda, tan liberal ella- ante el
Parlamento holandés, cosa que no ocurre en las relaciones entre el
Gobierno español y el Parlamento español sobre la política de
privatizaciones.
El Gobierno ha hurtado a este Parlamento todas y cada una de las
privatizaciones y solamente con motivo de iniciativas como esta
tenemos oportunidad en este Parlamento de pronunciarnos, es verdad
que a posteriori, sobre las mismas. Pero en este caso la cuestión es,
podríamos decir, mucho más grave, porque no solamente le ha hurtado
la decisión al Parlamento, sino que se le ha hurtado la decisión a un
Gobierno en pleno funcionamiento, a un Gobierno en pleno ejercicio de
sus funciones. Esta decisión de privatización de la Empresa Nacional
Santa Bárbara ha sido tomada por parte de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales con un Gobierno en funciones, y nosotros
afirmamos que esa decisión es todo menos legal. Esa decisión tenía
que haber tenido un expediente de urgencia o un expediente de
necesidad; expediente que no existe por parte del Gobierno en
funciones que tomó la decisión de privatizar la Empresa Nacional
Santa Bárbara. Por tanto, en nuestra opinión, grave insuficiencia la
de esta decisión en materia democrática; grave insuficiencia
parlamentaria y grave insuficiencia haber tomado esta decisión con un
Gobierno en funciones y, en nuestra opinión, bordeando claramente la
legalidad establecida en el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno.
Pero es que, además, no sólo hay un problema de procedimiento,
señorías, hay un problema de fondo, porque esta decisión no solamente
ha tenido carencias democráticas, esta decisión ha tenido también
graves carencias desde el punto de vista del procedimiento, ya que
desde el año 1998 llevan ustedes con el proceso de privatización
abierto en la SEPI de la Empresa Nacional Santa Bárbara, proceso que
teóricamente se cerraba en octubre de 1999. Cual no será nuestra
sorpresa cuando vemos que, después de haberse cerrado ese proceso de
privatización, después de haberse seleccionado tres empresas y
finalmente, parece ser, haberse decidido con carácter previo por una
de ellas, por la empresa General Dynamics, se abre de nuevo el
proceso de privatización en los primeros meses del año 2000 y nos
encontramos con una propuesta nueva por parte del consorcio alemán
encima de la mesa que es valorada por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. ¿En qué quedamos, señorías, en que el
proceso se inició en 1998 y terminó en octubre de 1999, o en que el
proceso, en realidad, ha sido un proceso doble de licitación, como
hay dobles contabilidades, en el que, finalmente, todo ha terminado,
parece ser, en los primeros meses del año 2000?
Pues bien, no es una cuestión baladí, señorías, porque este doble
proceso de participación en la privatización de la Empresa Nacional
Santa Bárbara es el que está dando lugar a una gran confusión y a una
sensación de arbitrariedad por parte de las empresas que han
participado en la venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara, y nos
encontramos con que el oscurantismo del método y esta doble
convocatoria a las empresas están alimentando que alguna de ellas,
que se haya visto preterida en la decisión final, en estos momentos
se esté planteando medidas contra los intereses de la Empresa
Nacional Santa Bárbara y en contra también de los intereses y de los
acuerdos que tiene el ejército español en relación fundamentalmente
con el programa Leopard. Para todos hoy es evidente que el Gobierno
alemán y el consorcio alemán han salido, podríamos decir, al menos
dolidos de este proceso y están iniciando una serie de represalias,
de las cuales la primera es renegociar el alquiler de un buen número
de Leopard que tiene en estos momentos el Ministerio de Defensa, el
ejército español. También es posible que el Gobierno alemán se
replantee aprobar o no la licencia aún no aprobada del programa
Leopard, que afecta a un contrato de 317.000 millones de pesetas y
que supone una parte importante de la carga de trabajo de la Empresa
Nacional Santa Bárbara.
Por tanto, tiene que estar muy claro el proceso para que nos podamos
creer inmediatamente que el compromiso de la General Dynamics
garantiza el futuro industrial y el empleo de la Empresa Nacional
Santa Bárbara, porque es posible que la General Dynamics haya
presentado una serie de propuestas para mantener el volumen
industrial y el empleo, incluso para incrementarlo, en la Empresa
Nacional Santa Bárbara, pero el principal problema de credibilidad de
su propuesta está precisamente en si esa privatización a manos de la
General Dynamics produce un quebranto de los acuerdos que se
mantienen entre el Gobierno español, todavía no aprobada la licencia
por parte del Gobierno alemán, en relación con el programa Leopard.
Si eso fuera así, si esta decisión quebrantase el acuerdo,
significaría que quedaría en papel mojado el conjunto de los
compromisos industriales y de empleo de General Dynamics para la
Empresa Nacional Santa Bárbara. Creemos que esa es una materia que
tiene que aclararse de forma definitiva por parte del Gobierno y, si
es posible, también por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Por último, nos preguntamos, con relación a la privatización de la
Empresa Nacional Santa Bárbara a manos de una compañía multinacional
americana, qué tiene que ver esto con la posición del Gobierno
español en la Unión Europea y en la Unión Europea Occidental; qué
tiene que ver esto con la firma por parte del Gobierno español de los
acuerdos de Colonia que le comprometen a coordinar las políticas
industriales de defensa con el resto de los Estados europeos, y digo
bien, Estados europeos; no me argumenten que estamos todos también en
la OTAN. Es un compromiso entre Estados europeos para coordinar las
políticas de reestructuración en materia de defensa.
Todos estos interrogantes tienen que ser aclarados por el Gobierno y
por el Grupo Parlamentario Popular. Por eso, la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida pretende fundamentalmente
tres objetivos. El primero de ellos, el mantenimiento de mecanismos
de control público en un sector estratégico como es el de la defensa.
Yo también pregunto al Grupo Parlamentario Popular y pregunto al
Gobierno: ¿Es que el sector de la defensa es menos estratégico que el
sector de las telecomunicaciones o que el sector energético para no
utilizar en él la acción de oro? A nosotros nos parece que bien
merece la pena utilizar la acción de oro en un sector como el de la
defensa nacional.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, vaya concluyendo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señora presidenta.
En segundo lugar, que cualquier alianza que se produzca (nosotros
creemos que son necesarias estas alianzas, que no privatizaciones)
garantice los contratos actuales, además de las factorías y del
empleo que tiene en estos momentos la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Les recuerdo, señorías, que todos los compromisos de mantenimiento
industrial y de empleo de las últimas privatizaciones se consolidan
en 4,5 billones de pesetas de privatizaciones y en 40.000 empleos
menos en las empresas privatizadas. La última, la empresa Initec, con
un expediente de regulación de empleo, después de que ustedes la han
privatizado hace tan sólo unos días. Y por último, señorías, que este
proceso se dé con total transparencia, participación social y
participación parlamentaria, y que en alguna cosa nos parezcamos a
Holanda, al menos en que las privatizaciones se tratan, se debaten y
se acuerdan en la representación de la soberanía popular, en el
Congreso de los Diputados.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre mantenimiento de la factoría de la Empresa Nacional
Santa Bárbara en A
Coruña y del carácter público de esta empresa, tiene la palabra el
señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, hace poco más de
un mes que un Gobierno en funciones anunció la intención de vender la
Empresa Nacional Santa Bárbara a una multinacional norteamericana,
una empresa integrante de lo que se da en llamar el complejo militar
industrial norteamericano. Las bondades que en su momento el entonces
ministro de Industria -hoy ministro de Asuntos Exteriores- y el
director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
proclamaron a los cuatro vientos acerca de esta venta, poco más de un
mes después, se han visto totalmente desmentidas en la práctica para
la empresa nacional en general y para la factoría de A Coruña en
particular. Esta evidencia refuerza el convencimiento de aquellos que
como el Bloque Nacionalista Galego tenemos objeciones de fondo,
objeciones de principio que hacer a esta privatización, a la
privatización de una empresa estratégica como la Empresa Nacional
Santa Bárbara, porque, desde nuestro punto de vista, sobre la
industria de la defensa los poderes públicos deben mantener una
influencia decisiva, una influencia dominante. Por cierto, esto no lo
decimos nosotros solos, sino que lo reconoce el propio Tratado de la
Unión Europea en el que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno
se amparan tantas veces para justificar otras medidas. El artículo
296 del Tratado de la Unión Europea, en su numeración actual, dice
que las disposiciones de ese tratado en ningún caso pueden obstar
para que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para
defender intereses esenciales relativos a su seguridad y que se
refieran -y cito literalmente- a la producción o al comercio de
armas, municiones o material de guerra. Por tanto, que no se ampare
el Gobierno en imperativos de política europea para justificar esta
venta y, menos aún, como ya han puesto de manifiesto desde esta
tribuna esta tarde, en imperativos surgidos de consejos europeos.
Tanto el Consejo de Colonia como el Consejo de Helsinki, de diciembre
de 1999, obligan al Gobierno español -por lo menos adoptó ese
compromiso- a contribuir a una identidad europea en materia de
defensa, a una autonomía de decisión europea en materia de defensa,
independiente por tanto de los Estados Unidos de América. Esto es lo
que proclamó muchas veces el anterior ministro de Defensa; bien es
cierto también que este señor se enteró de la intención de vender
Santa Bárbara por la prensa, todo un augurio de la transparencia con
que este Gobierno nos va a obsequiar en esta legislatura.
El Gobierno se ha embarcado en un procedimiento de venta, en un
procedimiento de privatización temerario y ruinoso. En primer lugar,
temerario, porque a través de él pierde cualquier posibilidad de
diseñar una política tan fundamental como es la de producción de
armas, dejando estas decisiones en manos de una multinacional
norteamericana, de una empresa nacional de una potencia militar
extranjera. En segundo lugar, ruinoso, porque -y este diputado ya lo
ha dicho en una pregunta por escrito que el Gobierno aún no ha
contestado-, díganme si no, señores y señoras del Grupo Popular, qué
otra calificación merecen los siguientes datos de la operación. El
precio de compra ha sido de mil millones de pesetas; el propio
conselleiro de industria de la Xunta de Galicia, el señor Yuste,
militante también del Partido Popular, tuvo que calificarlo como un
precio verdaderamente bajo. Compromiso de aportación de pedidos en
los próximos cuatro años: sólo 13.800 millones de pesetas. Cartera de
pedidos de la Empresa Nacional Santa Bárbara en el momento de la
privatización: más de 800.000 millones de pesetas. Pérdidas en el
último ejercicio: 2.569 millones de pesetas, muy lejos, señorías, de
la situación desesperada a la que aludían fuentes gubernamentales.
Por cierto, podríamos también hablar de cuál es el origen, de cuál es
la causa de las pérdidas de Santa Bárbara. ¿Serán operaciones
ruinosas como la empresa Discos Duros de Ordenador, de A Coruña,, en
la que se perdieron miles de millones de pesetas y que no llegó a
producir un solo componente informático? Podríamos investigar por
esta línea y seguramente llegaríamos a conclusiones bastante jugosas.
Hay también otras razones, a parte de las expuestas, que desaconsejan
a juicio del Bloque Nacionalista Galego la elección de General
Dynamics. En el momento de la venta -y también se ha puesto ya de
manifiesto esta tarde- el Ministerio de Defensa temía -lo decía la
prensa del día 15 de abril- las represalias de Alemania por no
adjudicar la Empresa Nacional Santa Bárbara al consorcio Krauss-
Maffei y Rheinmetall. Estas represalias ya se han materializado en
forma de una subida de alquiler de los carros de combate Leopard -los
108 que actualmente Alemania ha cedido al Ejército de Tierra español-
de 850.000 pesetas a veinte millones de pesetas anuales; es decir, de
2.160 millones a 91.800 millones de pesetas al año, diferencia que
habría que computar entre los datos de la operación. Datos
preocupantes: el patrimonio inmobiliario de Santa Bárbara no ha sido
cedido -y parece que no va a serlo- a General Dynamics. Esto abre
unas perspectivas muy preocupantes para factorías como la de A
Coruña, pero también para factorías de otros lugares del Estado
ubicadas en terrenos que -ya se ha manifestado públicamente- son
apetecidos, y hay intenciones claras de cogerlos, por especuladores
inmobiliarios con el apoyo muchas veces de poderes públicos del
propio Partido Popular y también de otros partidos. Entre los
elementos positivos, entre las bondades de esta operación, se dice
que General Dynamics se compromete -cosa a la que no se comprometía
la empresa alemana- a mantener la plantilla actual de la empresa por
un plazo de cinco años. Lo que no se dice tan alto es que la cláusula
penal por el incumplimiento de esta
obligación es únicamente de diez millones de euros, es decir, 1.650
millones de pesetas al cambio actual, y, también al cambio actual,
bastantes menos dólares, por tanto bastante menos gravoso cada día
que pasa para General Dynamics.
En el tiempo que me queda, voy a centrarme en la problemática
concreta de la factoría de A Coruña. En los últimos tres años sólo se
han invertido en esta factoría 46,5 millones de pesetas en números
redondos; en 1999, únicamente seis millones de pesetas; ninguna
inversión en maquinaria nueva y una inversión totalmente insuficiente
para superar la obsolescencia que actualmente sufre la maquinaria de
esta factoría. Pues bien, de los 10.000 millones de pesetas que
General Dynamics dice que va a invertir en los próximos cuatro años
ni una sola peseta se va a destinar a la factoría de A Coruña, que la
empresa compradora reconoce que es una factoría obsoleta. En el
proyecto industrial de futuro elaborado por la SEPI y también por
General Dynamics para la factoría de A Coruña se prevé que ésta quede
dividida en dos unidades de negocio independientes, cada una con sus
propias instalaciones, lo cual ya nos está diciendo que la factoría
se va a mover de los terrenos que ocupa actualmente y no hay que ser
un lince para saber que allí se van a realizar otras actividades,
especulación inmobiliaria. La primera unidad de negocio está dedicada
a la fabricación de armamento ligero, del fusil G-36, el futuro fusil
-aunque tampoco está decidido- del Ejército de Tierra. Otra unidad de
negocio, ya dije que con sus propias instalaciones, es para producir
-según se dice en este documento- componentes aeronáuticos, elementos
para motores de aviación. Sin embargo, en el propio documento y en el
relativo al plan industrial vemos cuáles son los productos que se
prevé fabricar en la factoría de A Coruña, únicamente se menciona el
fusil. Es decir, que ni la SEPI ni la propia empresa compradora
tienen demasiada fe en que aparezcan socios para fabricar componentes
de aviación en A Coruña. Por eso no extraña que cuando este documento
elaborado entre la SEPI y General Dynamics alude a la carga de
trabajo para la factoría de A Coruña no se aumente ni una sola hora
de las que la factoría tiene actualmente, y esto tanto para las armas
ligeras como para los componentes aeronáuticos. Tampoco se prevé
aumentar la plantilla actual. En definitiva, señores, negras
perspectivas para la fábrica de A Coruña.
A la vista de estos datos, instamos al Gobierno español, en primer
lugar, a suspender el procedimiento de venta, de privatización de la
Empresa Nacional Santa Bárbara, y a que se mantenga su carácter
público, sin perjuicio de que se busquen nuevos socios industriales
o nuevos socios tecnológicos; en segundo lugar, a que se elabore un
nuevo plan industrial para la Empresa Nacional Santa Bárbara en el
que la factoría de ACoruña quede asegurada con la asignación no sólo
de la fabricación de armamento ligero sino también de otros
productos como el carro de combate Leopard y el vehículo Pizarro; en
tercer lugar, a que se garantice el mantenimiento de la factoría de A
Coruña en los terrenos que actualmente ocupa como única garantía de
futuro para este centro productivo. El Bloque Nacionalista Galego no
se resigna, y espero que tampoco lo hagan los demás diputados y
diputadas elegidos en Galicia, muchos de ellos del Grupo Popular, que
en A Coruña -aparece en la prensa de hoy- apoyan las reivindicaciones
y las movilizaciones del personal de la factoría de Santa Bárbara.
Los ciudadanos y las ciudadanas que representan no entenderían que
ese compromiso asumido en Galicia no se tradujese ahora aquí en un
voto favorable a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hablaré con brevedad porque mi grupo espera la ocasión de tener un
debate, con motivo de la próxima comparecencia del señor ministro de
Defensa ante esta Cámara, sobre las repercusiones que para la
operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra,
tiene esta operación. Se mezclan aquí dos problemas dentro de un
mundo bastante complejo. En primer lugar, el que detectan las
iniciativas que han presentado los tres grupos de la oposición, el
Grupo Socialista, el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo
Mixto por parte del Bloque Nacionalista Galego. Ese es un problema de
tipo laboral, un problema de repercusión del sector estratégico de la
industria nacional que también ha tenido en sus palabras una
correlación con el problema de la defensa. El otro gran problema en
el que quiero fijarme para dar nuestra versión de la actitud que
vamos a tomar en la votación de hoy es, concretamente, la repercusión
de esta operación sobre las Fuerzas Armadas.
Mi grupo apoyó en su momento y sigue apoyando el proceso de
privatización que lleva el Gobierno del presidente Aznar, por
entender que hay una racionalización, se quita una serie de lacras,
de impedimentos, de flexibilidad, de operatividad, de competitividad,
de eficacia de sectores industriales, dando entrada a este proceso de
privatización. En segundo lugar, también habíamos apoyado la línea de
solucionar los problemas que tenía todo el complejo Santa Bárbara,
tanto Santa Bárbara Blindados como las otras unidades de este gran
complejo de fabricación de material de la defensa, en la medida en
que el contrato Leopard, con 317.000 millones de pesetas, venía a
permitir una viabilidad inmediata sobre todo de la división Santa
Bárbara Blindados.
Era una inyección de una cartera de trabajo con una
financiación garantizada de 317.000 millones. Se mantenían unas
factorías en España, las de Galicia que se han citado aquí, las que
hay en otras provincias del mapa español, y al mismo tiempo se
mantenían unas garantías -que también pedimos nosotros- para la
plantilla laboral y se daba una respuesta a una demanda técnica del
Estado Mayor del Ejército de Tierra con el carro que se consideró el
más avanzado en tecnología. Se produce un fenómeno y veremos qué va a
ocurrir en cuanto el Gobierno alemán termine de pronunciarse y
también -en la noticia que tengo- el Parlamento alemán. La política
del Gobierno, que estamos apoyando, puede quedar en suspenso si
Alemania, que tiene todavía la reserva de licencia, considera que no
es una empresa norteamericana cualquiera la que se quiere hacer cargo
de Santa Bárbara, es la Empresa General Dynamics que fabrica el carro
de combate que entra en competencia en los mercados mundiales y
operativos en acciones bélicas con el carro Leopard. Este es el
problema, así como también que desde hace años el Ejército de Tierra
español, con sus operativos personales, viene formándose en el manejo
del carro Leopard. Si no se fabricase el Leopard y Santa Bárbara
fuese a hacer el carro Abrams, el AM-1, que es el que fabrica General
Dynamics, el carro más moderno norteamericano pero con deficiencias
tecnológicas en su sistema de dirección de tiro y de carro, pudiera
ocurrir que entonces el Ejército de Tierra español tuviera que
dotarse de carros americanos como el AM-1 en detrimento del Leopard.
Yo pregunto: ¿cómo se compagina esto con los sistemas operativos de
Eurofor, de los que forma parte del núcleo fundamental de fuerzas
blindadas del ejército europeo la Brigada Acorazada número uno de
España, que tiene en este momento los carros Leopard de alquiler, y
donde se están formando los técnicos profesionales del Ejército de
Tierra, los conductores y tiradores de los carros? ¿Irían ahora a
cambiarse desde las maniobras de un lado y de otro al carro Abrams?
Es una pregunta a considerar.
Señora presidenta, mi grupo también apoyó en el debate de investidura
del presidente Aznar una, a nuestro juicio, muy acertada y
definitoria frase del compromiso del Gobierno español con la
industria de defensa europea. Leo textualmente del «Diario de
Sesiones» las palabras del en aquel momento candidato a la
presidencia del Gobierno hace una semana, señor Aznar. Dice que
proseguiremos la colaboración en materia de industria y de defensa en
el marco de la Unión Europea, como lo hemos hecho en esta
legislatura, porque se está refiriendo a que continuaremos la
racionalización de las estructuras de defensa, reforzaremos la acción
conjunta y armonizaremos nuestras capacidades militares con las de
nuestros aliados; nuestros aliados con los que estamos haciendo
acciones conjuntas de tecnología y de diseño y de sistemas de armas
sofisticadasen el aire con el eurocaza Eurofighter-2000, en el
ámbito naval con la fragata 100, tecnología e industria europea,
porque la tecnología va relacionada con la industria, y aquí nos
podemos inventar un proceso en que la tecnología sea europea y la
industria que fabrique sea norteamericana. Eso es lo que nos lleva,
en la línea de apoyo de las palabras del presidente Aznar - que
vuelvo a decir que suscribimos- de colaboración en materia de
industria y de defensa en el marco de la Unión Europea, a mantenernos
en este marco, el tecnológico y el industrial. Nosotros apostamos por
la privatización de Santa Bárbara, pero en el compromiso que había no
con los tanques Leopard sino con la industria alemana que los ha
diseñado, la Krauss-Maffei y Rheinmetall, porque esta es la que
permite la armonización y que no se distorsione la industria
armamentística o de defensa europea, ni siquiera en sus condiciones
laborales y de asentamiento en España.
Por estas razones, señora presidenta, y esperando que comparezca ante
la Comisión de Defensa y aclare estos extremos el señor ministro de
Defensa, en este punto, y por ser consecuentes con una situación que
pudiera producir en el Gobierno y en el Parlamento alemán medidas muy
contrarias a los intereses que estamos definiendo aquí, mi grupo, en
una situación de prudencia y de equilibrio, se va a abstener en esta
votación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el análisis de este tema...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor González de Txabarri.
Ruego a las señoras y señores diputados que se abstengan de utilizar
los móviles dentro del hemiciclo, al objeto de poder facilitar los
debates, y que quien los quiera tener abiertos lo haga en el pasillo.
Adelante, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señora
presidenta.
Decía que nos encontramos ante un problema complejo de más de una
dimensión. Estamos hablando de la privatización de la empresa Santa
Bárbara, por un lado, y de los procesos que se van siguiendo, por
otro.
Como saben SS.SS., el Grupo Parlamentario Vasco ha venido sosteniendo
tradicionalmente, prácticamente desde 1991, cuando comenzaron los
procesos de privatización de estas empresas adscritas al entonces
INI, actual SEPI, tanto en aquellas empresas que tenían beneficios
como en aquellas en las que estaban suspendidos en los Presupuestos
Generales del Estado, que hay que tender a unos procesos de
privatización que
fomenten una política industrial en competencia y con innovación
tecnológica. Esa ha sido la premisa mayor en la política industrial
que el Grupo Parlamentario Vasco ha venido sosteniendo en esta Cámara
y que, razonablemente, desde sus propios presupuestos filosóficos
e ideológicos quiere seguir manteniendo.
Hay una segunda derivada en el tema que nos ocupa hoy en estas
proposiciones no de ley que nos presentan tres grupos parlamentarios.
Se realiza este primer paso en el proceso de privatización en un
período interlegislaturas, cuando no hay control parlamentario,
cuando existe un período electoral movido, ciertamente delicado, y al
Grupo Parlamentario Vasco no le parece razonable que un Gobierno que
está precisamente en funciones pueda tener actuaciones y tomar
decisiones del relieve que nos ocupa, pues no participamos de los
tiempos con los cuales se ha tomado esta decisión, tampoco con el
cómo, porque es bien cierto que desde el grupo parlamentario seguimos
sin contar con suficientes elementos objetivos como para poder
analizar los parámetros a través de los cuales se ha desarrollado
esta privatización. No hay protagonismo por parte del Parlamento, ni
siquiera hemos sido informados los órganos competentes de esta Cámara
en relación al análisis de estos temas, desconocemos los datos
objetivos que han llevado al Gobierno a tender a esta privatización,
y por ello podemos hablar con toda claridad de falta de
transparencia. Por los datos que se observan y que se apuntan por los
distintos grupos parlamentarios también nos encontramos con que no ha
habido colaboración institucional con la comunidad autónoma, con los
organismos municipales donde estas empresas están radicadas, tampoco
con los agentes sociales representantes de los trabajadores en estas
empresas.
Creemos, señora presidenta, que esta es una mecánica de privatización
que no es aceptable. Compartimos que la política industrial de
defensa debe ser privatizada, debe funcionar con los parámetros
habituales en lo que es el mundo industrial, porque de otra manera
las empresas que están trabajando en el sector privado en estas
mismas materias se encuentran con una clara disfuncionalidad, con una
clara falta de competitividad y de posibilidad de competir con
empresas que están subvencionadas, con empresas que están claramente
protegidas. No compartimos, por tanto, este tipo de criterios que se
indican en alguna de las proposiciones no de ley, en las que se dice
que no se privatice esta empresa dado su carácter estratégico o su
incidencia sobre el interés nacional, o que debe mantenerse el
control público por el carácter estratégico de estas empresas. A
nadie se le oculta que hay otras empresas privadas que actúan con
normalidad sobre las mismas materias, que compiten en los mercados,
que compiten muchas veces en colaboración con esta misma empresa y
que trabajan razonablemente, dentro de los parámetros habituales en
políticas industriales, tanto en el Estado como en el ámbito europeo.
Si se aplica el criterio del potencial de
innovación tecnológica que puedan tener estas empresas, estaríamos
sosteniendo que un conjunto importante de empresas del país deberían
ser no ya privatizadas sino hechas públicas, lo cual no parece
razonable. Nos parece muy extemporáneo argumentar el abandono de
sectores estratégicos en manos de multinacionales. Son razonamientos
de otra época.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco no parece razonable que el
Gobierno, utilizando un período interlegislaturas, sin
transparencias, sin contar con esta Cámara, sin contar con los
agentes sociales de estas empresas, con los agentes institucionales
radicados tanto en estas localidades o en su comunidad autónoma,
o con el conjunto de las instituciones realice unas operaciones que se
nos ocultan a todos y, desde esa posición, es difícil argumentar o
poder incidir con un mínimo de rigor. Entendemos que tanto los
propios empleados como los suscriptores de estos contratos y el
conjunto de grupos parlamentarios merecemos otro respeto. Creemos que
decisiones estratégicas -esta vez sí- tan importantes deben ser
realizadas con otros procedimientos. Las formas en democracia son
importantes. Nos parecería muy razonable reprobar al Gobierno por
haber realizado este procedimiento con formas tan oscurantistas.
Desde esta perspectiva, sosteniendo que la mayor en el Grupo
Parlamentario Vasco es que todas estas empresas deben estar en el
sector privado, nos vamos a abstener en esta votación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a apoyar
las tres proposiciones no de ley que se presentan hoy en esta Cámara.
Aquellos supuestos -y no es hoy el único que podríamos tratar- en los
que dentro del Consejo de Ministros se producen posiciones
encontradas, en este caso entre el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Industria o entre los intereses que corresponde velar a
cada uno de estos departamentos ministeriales, por lo tanto al
Ministerio de Defensa entre otros el programa Leopard y al Ministerio
de Industria el mantenimiento de la empresa y de los puestos de
trabajo de estas empresas, en aquellos casos, repito, en los que se
dan estas contradicciones es normal que el Parlamento se suscite
diversos interrogantes. La posición de mi grupo -y en ello coincide
con algunas de las que han sido expresadas con anterioridad- es la
siguiente.
En primer lugar, no nos oponemos a la privatización de empresas del
sector de la defensa, ni entendemos que razones de orden tecnológico
puedan justificar el
mantenimiento de estas empresas en manos del sector público. Tenemos
empresas privadas que contribuyen a este sector de la defensa
aportando una alta tecnología. Acaba de hablar el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco de una empresa de turbopropulsores, situada en
Zamudio, que tiene una contribución muy importante en la elaboración
del caza europeo; es una empresa privada y no plantea mayor problema.
Por tanto, mantenemos en primer lugar ese rechazo al principio de que
las industrias de defensa deban mantenerse en manos del sector
público. En segundo lugar, somos fervientes partidarios de la
industria y de la tecnología de defensa europea, pero como también se
ha dicho la defensa de la industria y de la tecnología europea no
puede tener como consecuencia la adjudicación en la vía de
privatización de una empresa pública al peor postor, entendiendo por
peor postor no sólo aquel que se compromete a realizar unas
aportaciones, bien sea en carga de trabajo, bien sea en inversión
efectiva inferior a otros, sino que no se compromete, a diferencia de
lo que ocurre con General Dynamics, al mantenimiento de las empresas
y de los citados centros de trabajo. Si bien es criticable la falta
de transparencia en la que se ha producido este proceso, no es menos
cierto que incluso representantes sindicales y la prensa recogían, el
día 14 de abril de este mismo año, unas declaraciones en este sentido
del responsable de la Federación del Metal de Comisiones Obreras
señor Górriz, poniendo al mismo tiempo de manifiesto que tanto desde
el punto de vista laboral, esto es, mantenimiento de empresas y
puestos de trabajo, como desde el punto de vista comercial, la oferta
de General Dynamics era más favorable para los intereses de los
trabajadores que el planteamiento de las empresas alemanas Krauss-
Maffei y Rheinmetall.
Nuestro planteamiento es el siguiente. A pesar de estas razones que
se esgrimen en el día de hoy, las ventajas comerciales, laborales y
económicas que pueda aportar General Dynamics, respecto de las
empresas alemanas, en modo alguno aleja aquellas dudas que podamos
tener en cuanto al cumplimiento del programa Leopard y la
autorización de transferencia de tecnología que debe efectuar el
Gobierno alemán con relación a estas industrias. Queremos que quede
muy claro que el rechazo de estas proposiciones no de ley no supone
en modo alguno una exención de la responsabilidad del Gobierno, y
concretamente del Ministerio de Industria, respecto de esta decisión,
en el caso de que las consecuencias también de orden económico que se
puedan producir como consecuencia de represalias, llamémosle así, del
Gobierno alemán por esta situación -en cualquier caso no deja de ser
anómala y ya ha sido puesta de manifiesto por el portavoz de
Coalición Canaria- de la industria americana utilizando patentes
europeas o alemanas supongan unos importantes perjuicios para nuestra
industria de defensa y, en cualquier caso, para el erario público.
Una cosa es concordar con el Gobierno que a priori la oferta de
General Dynamics
era mejor que la de Krauss-Maffei y Rheinmettal, y otra cosa es que a
posteriori las consecuencias sean mucho más gravosas. En el caso de
que esas consecuencias gravosas se produzcan, mi grupo actuará en
consecuencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por último, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular voy a fijar posición en cuanto a las tres iniciativas que de
manera conjunta acaban de ser defendidas y que afectan a la Empresa
Nacional Santa Bárbara, a su grupo y al proceso de privatización en
que nos encontramos.
Conviene recordar brevemente el proceso en el que estamos. En el año
1996, por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio, se inició
una estrategia que más tarde se le encomendó a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, por la cual se pretendía que todo el
sector público empresarial abordara un programa de modernización, que
fundamentalmente lo que pretendía como objetivo fundamental era
garantizar la viabilidad definitiva y autónoma de todas las compañías
que constituyen este grupo industrial. Dentro de este grupo está la
Empresa Nacional Santa Bárbara, y en este sentido, señorías, me
permitiría recordarles que para el Grupo Parlamentario Popular la
mejor manera de garantizar esta importante empresa es teniendo la
estructura, el personal y la tecnología que le permitan fabricar
productos necesarios en el mercado que le es propio, e integrándose
también en alianzas para el diseño, para la fabricación y la
comercialización de esos productos, de la misma forma que se está
haciendo en otros países de nuestro entorno, sin que en ningún caso
se defienda la existencia de hipotéticos sectores llamados
estratégicos que, por otra parte, no tendrán que ser servidos
necesariamente por empresas públicas.
Permítanme que haga un ligero comentario respecto al supuesto
carácter estratégico de la industria de defensa que se ha esgrimido
por algunos portavoces en este debate. Debe tenerse en cuenta que hoy
ya el concepto de estrategia y de interés defensivo no es el concepto
tradicional que se suscribía exclusivamente al interés nacional.
Después de los acuerdos que España tiene en el marco de la Unión
Europea y en un marco mayor, más amplio, global de la OTAN, ese
carácter estratégico no tiene el sentido puramente nacional. Por eso
coincido con algunas intervenciones anteriores de otros portavoces,
en el sentido de que lo importante es contemplarlo dentro de la
industria general de España, independientemente del sector al que
afecte.
En cuanto a las iniciativas concretas que se han planteado, hay una
coincidencia general en la del Grupo Parlamentario Socialista con la
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y con la del Grupo
Parlamentario Mixto, formulada por diputados del Bloque Nacionalista
Galego, con un rechazo de la privatización. Me permito simplemente
reiterar que la política del Gobierno del Partido Popular, a través
de la SEPI, dentro del programa de modernización del sector público
empresarial del año 1996, pretende como objetivos fundamentales
garantizar la permanencia y la viabilidad de las empresas públicas y
mantener los niveles de empleo en estas empresas, objetivos que se
han cumplido hasta el momento en todos los procesos de privatización
desarrollados en nuestro país en los últimos cuatro años.
En el caso concreto de la Empresa Nacional Santa Bárbara, conviene
recordar que la estrategia desarrollada en los últimos cuatro años ha
permitido que la empresa lograra una importante mejora de su ratio
económico- financiero. Así, de 27.500 millones de pesetas de pérdidas
en el año 1996, se ha pasado a 2.200 millones de pesetas en el año
1999. Convendría recordar que las pérdidas acumuladas durante el
período 1990-1996 sumaron más de 110.000 millones de pesetas. Me
parece que es algo muy importante a la hora de abordar el proceso en
el que estamos.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, para
culminar este proceso de adaptación competitiva que se está
realizando en la Empresa Nacional Santa Bárbara, resulta
imprescindible ponerla en manos de un accionista privado con
capacidad tecnológica, industrial y comercial, que consolide a la
compañía como un centro de excelencia a nivel mundial en el sector de
las armas terrestres y garantice un volumen de negocio estable y
capaz de atender al mismo tiempo los requerimientos de la defensa
nacional española. La privatización de Santa Bárbara se realiza para
consolidar la compañía mediante su venta a una empresa internacional
de reconocida capacidad y prestigio en el sector, que le aporte
estabilidad en el empleo, inversiones, transferencias tecnológicas y
productos, así como acceso a mercados internacionales y carga de
trabajo que garantice la actividad productiva de todas sus factorías
y sus centros de producción.
Este proceso privatizador está sin concluir, por cierto, y no hay una
decisión definitiva del Gobierno sobre él. El acuerdo del consejo de
administración de 12 de abril de 2000 al que se ha hecho referencia
no es un hecho aislado, se enmarca dentro de un proceso que se inició
el 2 de diciembre de 1998, que pretendía conducir a la privatización
de la Empresa Nacional Santa Bárbara; no es un hecho aislado que se
pueda utilizar ahora, en el período del Gobierno en funciones.
Insisto en que el acuerdo definitivo que tiene que producirse para la
venta lo tiene que tomar el Consejo de Ministros de manera específica
con el informe previo, además,
del Consejo Consultivo de Privatizaciones, como aquí se ha esgrimido;
creo que es algo que debe tenerse en cuenta.
En la elección por la que la SEPI ha optado y que no es definitiva,
se tuvo en cuenta el plan de futuro presentado por la empresa General
Dynamics. Ese plan industrial de futuro significa fundamentalmente
mantenimiento de plantilla -incluso un incremento de 135 personas
hasta finales de 2003-, mantenimiento de la actividad productiva en
todas las factorías del grupo, aportación por parte de General
Dynamics de un volumen de facturación de más de 13.000 millones de
pesetas en cuatro años -más del doble de la facturación obtenido por
la compañía española en el último año-, apertura de mercados e
inversiones por valor de 10.000 millones de pesetas, junto a las
aportaciones de carácter tecnológico que figuran en el propio plan
industrial.
Señorías, el compromiso adquirido por esta empresa de asumir la
totalidad del actual grupo Empresa Nacional Santa Bárbara, de
mantenimiento de la totalidad de la plantilla actual garantizado
nominalmente y con una cláusula penal y de mantenimiento de su
estructura durante un período de al menos cinco años, significa un
compromiso importante para la viabilidad del grupo, para el
mantenimiento de los puestos de trabajo y, en definitiva, para el
mantenimiento de la actividad. Por eso, desde el Grupo Parlamentario
Popular nos parece que carece de sentido suspender o rechazar -como
propone alguna iniciativa- el proceso de venta de Santa Bárbara, pues
se ha realizado siguiendo escrupulosamente hasta el momento el
procedimiento previsto en el programa de modernización del sector
público empresarial. Con su alianza con General Dynamics se pretende
asegurar la viabilidad definitiva de Santa Bárbara, manteniendo la
actividad de todos sus centros y de sus actuales plantillas, así como
la realización, como les he dicho, de las inversiones y
transferencias de tecnología necesarias, con lo que se asegura la
viabilidad definitiva de la empresa Santa Bárbara, tal como figura en
los objetivos que se ha planteado la SEPI.
No se ha hecho ninguna referencia en las intervenciones a los
acuerdos del 23 de enero de 1997 ni al contrato INI-Defensa. Por
cierto, el primero terminó su vigencia el 31 de diciembre del pasado
año, y el contrato entre el antiguo Instituto Nacional de Industria y
Defensa, aunque está en marcha, de hecho ha perdido toda su vigencia.
Los objetivos ya están cumplidos porque, en definitiva, como SS.SS.
sabrán, en la disposición transitoria tercera de la Ley de
acompañamiento de los presupuestos de 1999 se ordenó su extinción no
más allá del 30 de junio del presente año. Por tanto, en este punto
nosotros rechazaremos las iniciativas que se planteen.
Si me permiten, haré un breve comentario respecto a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Mixto que mantiene alguna particularidad en
relación a la planteada por los grupos Socialista y Federal de
Izquierda Unida.
Caben los mismos comentarios respecto a la política general de
privatizaciones, respecto a las garantías de mantenimiento de las
actividades en todos los centros y factorías del grupo Santa Bárbara.
Pero quiero insistir en que es intención de este grupo y del Gobierno
que el proceso de privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara
y las alianzas estratégicas, tecnológicas, industriales y comerciales
que se establezcan contribuyan al mantenimiento de los puestos de
trabajo de los distintos centros y factorías y, por tanto, también
del centro al que S.S. se refiere.
Sólo haré dos comentarios al diputado del Bloque Nacionalista Galego.
Creo que S.S. estaba mal informado cuando ha hablado de una posible
operación especulativa en A Coruña. Los terrenos sobre los que se
asienta la actual factoría de A Coruña no son propiedad de la empresa
Santa Bárbara, por tanto, difícilmente puede haber una operación
especulativa, son propiedad del Ministerio de Defensa.
Por último, quiero recordarles que ya no sólo está el compromiso aquí
establecido por el Gobierno, sino que el propio sindicato Comisiones
Obreras en Galicia ha manifestado públicamente que no habrá reducción
de plantilla en la factoría respecto de la que S.S. plantea alguna
preocupación. Por tanto, quisiera tranquilizar a su señoría.
En definitiva, señorías, por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular votará en contra de las tres iniciativas que de forma
conjunta se han debatido, por resultar contrarias al programa de
modernización del sector público empresarial, que se viene llevando a
cabo con tan buenos resultados durante los últimos cuatro años, y
porque la privatización, con el compromiso del comprador del
mantenimiento de los centros de actividad y de los puestos de
trabajo, y una clara apuesta de futuro de incremento de actividad,
significa, en definitiva, repito, una clara apuesta de futuro.
Por todo ello, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Popular mantendrá su rechazo hacia estas iniciativa y, por tanto,
votará en contra.
Nada más. (Fuertes protestas en la tribuna de invitados.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Atencia.
Ruego a los señores ujieres que desalojen la tribuna. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de venta de la
Empresa Nacional Santa Bárbara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 131; en contra, 168; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
A continuación sometemos a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre rechazo de la
privatización prevista de la Empresa Nacional Santa Bárbara. (Pausa
debido a una avería en el tablero electrónico de votaciones.-
Rumores.)
Ruego a SS.SS. que se calmen. Vamos a esperar a ver si el mecanismo
electrónico funciona. (Continúan los rumores.)
Obviamente, señorías, esta votación no ha tenido validez. Cuando el
mecanismo se apague y lo podamos volver a poner en marcha,
iniciaremos de nuevo el trámite.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 128; en contra, 171; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
(La señora García Arias pide la palabra.)
Señora García, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora GARCÍA ARIAS: No ha funcionado el mecanismo cuando he
votado y quisiera que constara claramente en el «Diario de Sesiones»
que lo he hecho a favor de la propuesta de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García.
Sometemos a votación la tercera iniciativa debatida, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre mantenimiento de la factoría de la Empresa
Nacional Santa Bárbara en A Coruña y del carácter público de esta
empresa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 129; en contra, 174; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA
CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA LA MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE LOS
RIESGOS LABORALES Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON ESPECIAL
REFERENCIA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (Número de expediente 162/
000030.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), para la creación de una subcomisión
para la mejora de la prevención de los riesgos laborales y la
seguridad y salud en el trabajo, con especial referencia al sector de
la construcción. Para la exposición y defensa de la misma, tiene la
palabra el señor Campuzano. (Rumores.-Varios señores diputados
abandonan el hemiciclo.)
Ruego a aquellas señorías que vayan a abandonar el hemiciclo que lo
hagan en silencio y rápidamente.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, subo a la tribuna para
presentar una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
orientada a promover, en el seno del Congreso de los Diputados y, en
concreto, en la Comisión de Política Social y Empleo, la creación de
una subcomisión parlamentaria para estudiar toda la problemática de
la siniestralidad laboral. Esta cuestión ha sido objeto de atención
en esta Cámara hace justo una semana, a raíz de una interpelación que
ha planteado Izquierda Unida y que también será objeto de una moción
que discutiremos esta misma tarde.
La iniciativa de Convergència i Unió pretende abordar de manera
sosegada, matizada y tranquila una de las realidades más hirientes y
más sangrantes del conjunto de nuestra sociedad, que afecta a la
calidad de vida, a los derechos de las personas. Es evidente que en
una sociedad que se pretende avanzada no son aceptables las actuales
situaciones que se dan en este ámbito. Las cifras de siniestralidad
laboral que se registran en España es evidente que a todos nos
motivan a actuar. Hoy somos uno de los Estados de la Unión Europea
con una cifra más elevada de accidentes laborales. Las informaciones
que han aparecido en los medios de comunicación, y que hacen
referencia a cifras de la Organización Internacional de Trabajo, son
realmente escandalosas y sitúan al Estado español en unos índices muy
cercanos a los de los países del Tercer Mundo y muy alejado de los
estándares existentes en la Unión Europea. Estos cerca de 1.000
siniestros mortales anuales, estos 700.000 accidentes que requieren
baja médica, constituyen cifras de escándalo, inaceptables y, además,
en una evolución creciente desde la puesta en marcha en 1995 de la
Ley de Prevención de Riesgos. Noticias, informes, nos indican que
entre 1995 y 1998 hemos pasado de una cifra de 580.000 accidentes a
cerca de 752.000, un aumento de un 27 por ciento, y en víctimas
mortales hemos pasado de 982 a 1.071, incrementándose, por tanto, un
9 por ciento y con especial incidencia en sectores como el de la
construcción, en los ámbitos de las empresas de trabajo temporal y en
el terreno de la subcontratación. Esta cuestión ha sido objeto de
alarma social. La reciente jornada sindical
del 1 de mayo fue marcada precisamente por una reivindicación del
mundo sindical en esta materia. Ha habido declaraciones de los
ministros, intervenciones de expertos, reflexiones desde diversos
ámbitos y es evidente que hoy nuestra sociedad se plantea esta
problemática. El debate que tuvimos la semana pasada también puso en
evidencia esta situación. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.)
Es evidente que hoy esta Cámara es más sensible a esta realidad de lo
que ha sido en otros momentos. El trabajo hecho desde el mundo
sindical de denuncia de esta realidad es evidente. Por tanto, los
grupos nos hacemos eco muchas veces de iniciativas que han salido del
conjunto de nuestra sociedad.
Hoy creemos que es el momento de plantearnos, de preguntarnos si es
normal o no que en un momento de fase expansiva del ciclo económico
sucedan más accidentes en el trabajo; preguntarnos si la elevada
temporalidad o el funcionamiento de la subcontratación pueden
justificar esta situación; preguntarnos si simplemente estamos ante
un incumplimiento de sus obligaciones por parte de los empresarios,
si el abuso de las horas extraordinarias constituye un factor que nos
puede permitir entender lo que sucede; preguntarnos si el conjunto de
las administraciones públicas están aportando suficiente recursos
para combatir esta situación; preguntarnos si los medios de la
Inspección de Trabajo son suficientes; preguntarnos, como se hacía
también hace unos días, si era necesaria una intervención específica
del ministerio fiscal; preguntarnos si debemos exigir a nuestros
trabajadores mayores dosis de responsabilidad; preguntarnos si
estamos dando suficiente formación; preguntarnos también -se hacía en
la discusión de la semana pasada- si nuestra definición de accidente
laboral y enfermedad profesional corresponde a la que se producía en
otros países europeos. Es el momento de preguntarnos todas estas
cuestiones y aceptar que estamos ante un problema complejo, que tiene
mucho que ver con el funcionamiento de nuestro mercado laboral, que
tiene mucho que ver con el funcionamiento de nuestros sistemas de
formación en general y que tiene mucho que ver con la responsabilidad
colectiva de todos, de las administraciones, de los empresarios, de
sus organizaciones, de los trabajadores y de sus organizaciones.
Creemos que esto es inevitable.
Tenemos que situarnos en la profunda dimensión humana del debate, ya
lo planteaba el señor Frutos en su intervención de la semana pasada,
y preguntarnos si una sociedad avanzada y progresiva se puede
permitir el lujo de tener estas situaciones y si los valores de la
vida y la salud nos motivan para actuar en consecuencia. Esta
reflexión debemos trasladarla al ámbito del coste económico. Estos
días aparecían unas declaraciones del director de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo según las cuales la
accidentalidad en el trabajo en el conjunto de la Unión
Europea costaba cerca de 40 billones de pesetas, que se perdían entre
100 y 200 jornadas laborales y que estas cifras podían representar
entre el 2,6 y el 3,8 por ciento del PIB de la Unión Europea. Los
profesores Sagardó y Rivera, en un artículo publicado recientemente
en el diario El País, creo que citando informaciones del Ministerio
de Trabajo, nos hablaban de que esta situación podía representar
cerca del 3 por ciento del PIB español. Recordemos que en los
presupuestos para el año 2000 destinábamos un crédito ampliable en
previsión de la incapacidad temporal de cerca de 100.000 millones de
pesetas, orientadas a prever las consecuencias de esta situación. Por
tanto, nos encontramos ante una situación importante y grave, que
interpela al conjunto de la sociedad y a la que debemos dar respuesta
en términos presupuestarios, sociales, políticos y económicos.
Lo afrontamos después de la puesta en marcha de una ley que todos en
su día definimos como positiva, la Ley de prevención de riesgos
laborales, resultado del diálogo social, de un mandato
constitucional, de la aplicación de directivas de la Unión Europea y
de mandatos de la propia OIT, que establece un determinado modelo. Un
modelo, señorías, que hasta ahora no ha funcionado suficientemente
bien, esto es evidente. En los debates hemos puesto de manifiesto que
el modelo basado en la prevención y en la responsabilidad de
administraciones y de agentes sociales no ha funcionado. Y en este
debate no sólo debemos ser capaces de plantear cuestiones concretas.
Antes de entrar en el hemiciclo, dirigentes sindicales, que hoy nos
acompañan desde la tribuna, me planteaban que en esta Cámara ya hemos
elaborado muchas propuestas concretas y que la sensación de
frustración puede existir, y creo que todos podemos compartirla.
Seguramente es el momento de profundizar en el debate, de analizar
por qué suceden estas cosas, y esta Cámara tiene la obligación de
hacer este esfuerzo, de profundizar en el porqué de estas causas.
Hemos de preguntarnos si el modelo previsto en la ley está
funcionando y analizar cuáles son sus insuficiencias. Hemos de
preguntarnos, por ejemplo desde una sensibilidad como la que
representa Convergència i Unió, si tiene sentido hoy que la fundación
que prevé la Ley de prevención de riesgos laborales esté bloqueada,
fundación que ha tardado tiempo en constituirse y que hoy está
bloqueada. Ahí el Gobierno tiene una importante responsabilidad.
Hemos de preguntarnos si el conjunto de medidas que prevé la Ley de
prevención de riesgos son de fácil o difícil aplicación en la
práctica y en la realidad. Hemos de preguntarnos si nuestra
legislación da respuesta a los cambios tecnológicos que afectan al
mundo del trabajo. Hemos de preguntarnos si este sistema es
equitativo en función del cumplimiento real que se produzca de la
legislación por parte de los trabajadores o por parte de los
empresarios. Hemos de preguntarnos si este es un sistema costoso o no
y si debemos ser capaces de poner encima
de la mesa medidas que incentiven el cumplimiento de la ley, ya sea a
través de la prima en la contratación para aquellos que cumplan con
la ley, ya sea a través de la vinculación de las cotizaciones
empresariales en función del cumplimiento de la ley.
Estos debates se han de producir en el marco de una subcomisión
parlamentaria que nos permita la comparecencia de los agentes
sociales, de los responsables autonómicos de este ámbito, de expertos
del mundo de la universidad y que nos permita analizar cómo funciona
esta realidad en otros ámbitos de la Unión Europea, un ámbito que es
paralelo al diálogo social y que en ningún momento debe servirnos de
excusa para hacer aquello que al Parlamento no le toca, que es la
intervención en el diálogo social, que no debe ser excusa para
abordar las medidas legislativas que se deban de abordar, ni que el
Gobierno tome las decisiones que deba de tomar. Nos parece que un
ámbito de esas características puede servir para intentar plantear
este debate e intentar apuntar soluciones a esta cuestión que afecta
de manera tan directa a nuestro sistema de bienestar, a la calidad de
vida de las trabajadoras y de los trabajadores y, en definitiva, a
nuestro modelo de sociedad.
Convergència i Unió plantea este debate con voluntad de consenso, y
no sé si a todos pero sí a algunos de los portavoces les he
facilitado una propuesta de enmienda transaccional que intenta
recoger algunas de las cuestiones que se nos plantean. Intenta
recoger el planteamiento que hace el Partido Popular de no
comprometernos a que sea expresamente el Congreso de los Diputados
donde se resuelva esta comisión. Sabemos que la posición del Partido
Popular es que esto se produzca en el ámbito del Senado. Pretendemos
recoger parte de la propuesta que nos hace el señor Saura, esa
referencia al cumplimiento de una moción que se aprobó, a propuesta
del Grupo Mixto, en la anterior legislatura, la referencia al
necesario cumplimiento de la ley, y pretendemos también recoger una
línea que se nos plantea a través de una enmienda de Izquierda Unida
con relación a la problemática específica de la subcontratación. Al
margen del debate que tendremos después, nos gustaría que esta
propuesta de crear un espacio de diálogo y consenso parlamentario
fuese bien recibida hoy por todos los grupos de esta Cámara, por el
propio Gobierno y por los agentes sociales. Entendemos que las Cortes
Generales no deben renunciar a su intervención en la política laboral
y en la política social en aquellos aspectos que son más hirientes y
más necesarios, y un instrumento como una subcomisión puede ser un
buen espacio de trabajo. Con esta voluntad presentamos esta
proposición no de ley, para la que nos gustaría contar con el apoyo
del conjunto de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Creo que la iniciativa de Convergència i Unió es muy oportuna -y
luego veremos una iniciativa de Izquierda Unida- en el sentido de que
hoy el problema de la siniestralidad laboral es uno de los temas más
preocupantes, junto con el de la temporalidad, del mercado laboral El
señor Campuzano señalaba algunos datos que hacen que hoy España esté
en un nivel de siniestralidad laboral de 10,2 muertos por cada
100.000 empleados, lo que sitúa al Estado español en unas cifras de
accidentes laborales parecidas a las que tienen la India, los países
llamados del socialismo real o algunos países de América latina. Es
decir, España hoy está en unos niveles de siniestralidad laboral de
países en desarrollo o de países claramente subdesarrollados. Por
tanto, creemos que ésta es una iniciativa oportuna y votaremos a
favor de la iniciativa o de cualquier tipo de transaccional que vaya
en un sentido parecido al que nos presenta Convergència i Unió.
Nosotros hemos planteado tres enmiendas. Cuando la proposición no de
ley de Convergència i Unió hace referencia al tema de las
subcontrataciones, nosotros pedimos en la primera enmienda que se
tengan en cuenta, como punto de referencia, los contenidos de la
iniciativa legislativa popular que ha presentado Comisiones Obreras.
En segundo lugar, en la disposición adicional octava de la Ley de
prevención de riesgos laborales se dice que en seis meses cada
Ministerio presentará un plan de acción que después de cuatro años no
se ha planteado. Y en tercer lugar, como el señor Campuzano recogía,
está la necesidad de que esta subcomisión tenga en cuenta el
importante acuerdo adoptado por unanimidad en esta Cámara en febrero
de 1998, en el que se recogían una serie de contenidos respecto
a cómo desarrollar y aplicar la ley. Obtuvieron la unanimidad entonces,
la pueden obtener ahora y estoy seguro de que van a ser objeto de
acuerdo con los agentes sociales. Por tanto, saludo la oportunidad de
esta iniciativa y anuncio que vamos a votar cualquier texto
transaccional que vaya en la dirección que el señor Campuzano nos ha
explicado hace un momento.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados.
Señor Campuzano, bienvenido al club de los críticos. En la exposición
de motivos de su proposición no
de ley hablan ustedes de que en los últimos años, y como consecuencia
de la mayor actividad económica pero también del aumento de la
precariedad laboral, el número de accidentes ha tendido al alza. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.) Creo que es un
reconocimiento implícito de que determinadas formas de contratación,
determinada reducción o laminación de algunos derechos laborales y
sociales que tenían los trabajadores hasta hace pocos años representa
una mayor siniestralidad laboral; por tanto, bienvenido al club de
los críticos. Podemos entendernos en esta línea, lo que pasa es que,
a diferencia de la anterior legislatura, si estos señores están en
desacuerdo, difícilmente vamos a aprobar medidas que vayan más allá
de lo que dicen las propuestas por su grupo, corregidas, imagino, por
las enmiendas del resto de los grupos.
Usted propone un texto transaccional, nosotros hemos hecho una
enmienda y citamos dos cuestiones que nos parecen importantes. Una de
ellas es la subcontratación que usted recoge en su texto
transaccional, pero desaparecen los contratos a través de las
empresas de trabajo temporal. Apesar de eso, no vamos a hacer de esto
una cuestión de principios porque vale más avanzar un poquito que no
avanzar nada; por tanto, seguramente nos posicionaremos de forma
positiva. Le pido que al final, en la aceptación o no de las
enmiendas, explique si realmente desaparecen los seis meses que tiene
esta subcomisión para presentar un informe, si desaparecen o no o si
lo he entendido yo mal, si el texto de modificación sustituye al
conjunto del texto que ustedes habían presentado o no, porque
representaría la eliminación de los seis meses y entonces se podría
eternizar.
Entro brevemente en alguna de las argumentaciones que nos interesa
hacer. En primer lugar, si se crea la subcomisión, que se creará,
desde nuestro grupo proponemos que empiece verificando si se cumplió
y cómo la moción de finales de febrero del año 1998; una moción sobre
siniestralidad laboral que fue aprobada por todos los grupos
parlamentarios presentes en esta Cámara. En segundo lugar, sabe que
hay en marcha un plan de control, de revisión de las 30.000 empresas
con más índices de accidentes laborales en nuestro país, pero que hay
muchos problemas para poner en marcha este plan y para concretarlo en
muchas comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas se siguen
negando a ceder los listados de las empresas para que pueda haber una
verificación concreta in situ de los accidentes que se producen y si
se cumplen o no las normativas que están en marcha a partir de la Ley
de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, señor Campuzano,
hasta este momento la Generalitat se ha negado a facilitar los
listados de empresas que tienen más siniestralidad laboral. Es una
contradicción con la propuesta que hacen aquí porque ustedes sí que
aceptan, a partir de la filosofía de su propuesta, que haya una
verificación in situ, un control, una inspección que
permita saber por qué se producen los accidentes laborales y por qué
en unas empresas se producen más que en otras. Ha habido un cierto
aumento en el trabajo de inspección y de control por parte de la
Comunidad Autónoma de Cataluña y del conjunto de las comunidades
autónomas, y lo reconocemos, pero al mismo tiempo he de decir y
denunciar que los sindicatos todavía no pueden intervenir con toda la
potencia para verificar in situ la accidentalidad laboral en muchas
empresas, que es una reivindicación de los sindicatos. Por tanto, es
una de las cuestiones que planteamos ya de cara al trabajo de la
subcomisión en el momento que se reúna para organizar su trabajo.
Que la subcomisión que vamos a crear hoy no sea tampoco para hacer
críticas morales. Estas ya se han hecho. En este Parlamento hay
suficiente literatura sobre lo que es moral o no en el trabajo, en el
respeto a la vida, en el respeto a la salud de los trabajadores. Ya
hay suficiente, no se trata de hacer críticas morales, de hacer
moralinas, sino de reiterar la necesidad, eso sí, de formar e
informar con medidas concretas, crear una nueva cultura y aplicar
estas medidas a través del cumplimiento de la ley, de las normativas
y de la coerción cuando sea necesario, porque si no, como sabe usted,
hecha la ley, hecha la trampa y, por tanto, no se va a cumplir, como
ha sucedido hasta ahora.
Como señalamos la pasada semana en la interpelación que discutimos,
en aquel momento el señor Pimentel como secretario de Estado y
posteriormente el señor Arenas como ministro reconocían la gravedad
de los accidentes laborales en nuestro país en todas las gamas, es
decir, muertos, accidentes graves, accidentes leves, in itinere,
etcétera. Por tanto, todo esto ya lo hemos visto, lo hemos repasado
-formación, información, crear una nueva cultura-, pero tiene que
haber medidas muy concretas y muy ceñidas al terreno, con la
participación de los sindicatos, para que puedan verificar en cada
lugar, en cada sector y en cada subsector dónde se produce el mayor
número de accidentes según el número de trabajadores, que es en el de
la construcción, lo cual no quiere decir que dejemos los otros
sectores al margen de esta inspección o de este control por parte de
los sindicatos. Que la subcomisión no sea un intento de dilatar el
cumplimiento de los planes de formación, de inspección y de sanción.
Ya sabe usted la trampa aquella que se hace: cuando no hay solución a
un problema se crea una comisión o una subcomisión, que todavía es
peor, va pasando el tiempo, pasan los meses, y al cabo de un par de
años volvemos a discutir por qué no se han cumplido las resoluciones
de 1998 ni el informe con recomendaciones precisas que en aquel
momento presentó, si no recuerdo mal, el señor Griñán en el Senado,
que se aprobó en el año 1994 y que representaba, naturalmente, poner
en marcha una serie de valoraciones, fruto del análisis que se había
hecho de la realidad, y al mismo tiempo una serie de propuestas y
recomendaciones al Gobierno para que empezara a trabajar
y para cumplir una normativa. Posteriormente se aprobó la ley de
prevención de riesgos laborales, se pusieron en marcha algunas de las
recomendaciones pero todavía faltan muchas.
No se trata tampoco de estudiar las causas. Las causas están
estudiadas. Yo leía esta mañana el informe del Congreso que acabo de
citar, que fue aprobado por unanimidad de los grupos, y las causas
están suficientemente estudiadas, lo mismo ocurre con el informe que
se aprobó en el Senado y en la moción que se aprobó en el año 1998 de
acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Por tanto, ya está
planteado, no tenemos que hacer más filosofía ni más recomendaciones
ni más moralinas. La subcomisión, al mismo tiempo, no debe impedir
que se debata la proposición de ley para la regulación de
subcontratas presentada por Comisiones Obreras de la construcción y
apoyada por la UGT (los dos sindicatos mayoritarios trabajan al
alimón en todas estas cuestiones y a ellos nos referimos nosotros en
el momento de buscar elementos concretos de referencia para defender
nuestras posiciones en el Parlamento), ni debe impedir la creación de
la subcomisión que haya compromisos concretos y fuertes en los
próximos Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a las
necesidades que se derivarán de la aplicación de toda una serie de
normativas, concretamente, sin más tapujos y sin más dilaciones.
Señorías, señor Campuzano, esperamos que, a partir de aquí, el
Gobierno, representado en este momento en el debate a través de su
ministro de Trabajo, sea sensible, pero no sensible para recoger una
preocupación que ya se ha expresado suficientemente en esta Cámara,
sino para poner en marcha, con prontitud y con carácter imperativo,
toda una serie de normativas que se pueden poner en marcha y que en
muchos casos son burladas por los propios empresarios, muy en
concreto por empresarios que se sienten representados por dirigentes
empresariales como el señor Cuevas, que cada día exige un poco más de
desregulación en el terreno de la flexibilidad laboral, en el terreno
social, en el terreno de los accidentes laborales y en todo, y al
mismo tiempo no es capaz de recoger normativas aprobadas en esta
Cámara para intentar contribuir a ponerlas en marcha. Por tanto,
señorías, esperamos que de la aprobación de esta propuesta que hace
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) salga
inmediatamente un trabajo efectivo para solucionar el problema que
tenemos.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer
nuevamente -el miércoles pasado debatimos una interpelación relativa
a esta materia- el que se nos traiga una cuestión que a todos
preocupa porque, como acaba de decir el portavoz de Izquierda Unida,
los datos, lamentables, de siniestralidad y de accidentes de trabajo
están ahí. Desde esa perspectiva y sin perjuicio de lo que abordemos
a la hora de tratar la moción, nosotros nos alegramos y agradecemos
este planteamiento porque -ya lo dije el miércoles pasado-, entre
otras cosas, toda la sociedad, toda, debe tomar conciencia de la
trascendencia e importancia de esta cuestión. Si sobre accidentes
viarios se hacen campañas televisivas francamente duras a la hora de
concienciar a toda la población y a la juventud, indudablemente, el
Gobierno tiene una responsabilidad en esta materia, pero la tiene
toda la sociedad, todas las instituciones y, cómo no, los agentes
sociales. En este sentido -como el otro día también manifestaba el
propio ministro-, nosotros creemos que hay que actuar y que hay que
hacerlo decididamente también a nivel del diálogo social. Los
interlocutores sociales, sindicales y patronales, deben ir
articulando medidas efectivas que palien la siniestralidad. Sin
embargo, creemos que la proposición que se nos formula tiene un
encaje diferente y, por ello, nosotros hemos planteado una enmienda,
con el fin de sustituir la parte resolutiva que propone Convergència
i Unió.
Uno de los problemas que no se pueden ocultar a la hora del
tratamiento de la siniestralidad laboral son las diferentes
instituciones que inciden en la materia, y de todos los presentes
creo que es conocido que las comunidades autónomas están involucradas
competencialmente de manera importante. La ejecución en legislación
laboral, incluida -cómo no- la legislación relativa a la prevención
de riesgos, está, salvo en Ceuta y Melilla, residenciada en las
comunidades autónomas. Creemos que también hay razones de tipo
histórico en el sentido de que existe un precedente, ya que fue en la
V Legislatura cuando se creó una ponencia en la Comisión de Política
Social y de Seguridad Social del Senado, a fin de estudiar y luchar
contra la siniestralidad laboral. Estas razones nos han movido a
nosotros a plantear que, aunque esta Cámara sin duda debe de conocer
y abordar esta cuestión (de hecho, esta tarde va a debatir nuevamente
en torno a la moción que nos planteará Izquierda Unida y en otras
ocasiones lo volveremos a hacer), nos parece que el respeto exigible
a las competencias de las comunidades autónomas, la coordinación
imprescindible para abordar este tema con efectividad, el no obviar
uno de los factores que pueden distorsionar políticas que vayan a
incidir en contra de la siniestralidad laboral, en favor de su
prevención y en fomento de medidas que la palien no puede hacerse
excluyendo o no teniendo la debida consideración
a las instituciones de las comunidades autónomas. Por eso, subyace en
nuestra intención que sea el Senado, la Cámara Alta, como Cámara
territorial y como Cámara de refrendo y de representación más clásica
-si se quiere emplear ese término- de las comunidades autónomas el
seno donde desarrolle sus trabajos la subcomisión que el señor
Campuzano hoy nos plantea.
Efectivamente, abordamos además el tema de no establecer una
limitación temporal de salida. Suponemos que los seis meses que
aparecían en el texto original de la proposición no de ley creadora
de la subcomisión se establecían como el margen mínimo que establece
el Reglamento de esta Cámara para las subcomisiones. Pero nosotros
entendemos que el impulso que merece esta materia se debe dar dentro
del diálogo social al que antes aludí. Por otro lado, tampoco nos
parece conveniente fijar a priori seis meses, por ser una materia que
se ha revelado a todas luces como compleja. De manera que cuando no
se ha resuelto y cuando se ha manifestado un incremento negativo de
la siniestralidad, deberemos convenir todos en que no es un tema
baladí.
Estoy de acuerdo, como creo que también lo estarán mi grupo, toda la
Cámara y el Grupo de Izquierda Unida, en que indudablemente hay que
hacer menos apelaciones morales y todos debemos remar en la misma
dirección. En esta dirección de la trainera, el timonel podrá ser el
Gobierno, pero hay muchos remeros, y hay remeros que son
interlocutores sociales, hay remeros que son comunidades autónomas y
hay otro remero que es la propia sociedad. En ese sentido -luego me
referiré a ello- el Ministerio de Trabajo está formulando un convenio
con el Ministerio de Educación en un tema puntual que cito a título
de ejemplo. A mí me sorprendió el otro día, al visitar una empresa,
ver su sistema de prevención de riesgos. Me decían que organizaban
cursos, concursos y seguimientos de las medidas de prevención de los
padres o madres -más en los padres, porque era una empresa de
construcción- con los hijos, y que hacían una evaluación y un
seguimiento de los mismos. El factor hijo era un factor psicológico,
ya que cuando el padre llegaba a casa le decía: ¿Papá te has puesto
hoy el casco, te has puesto el cinturón, te has puesto las botas?
Esto, que parece una tontería, no lo es. Esto, que parece una
tontería, probablemente sea un elemento dinamizador de la
sensibilidad y de la toma de conciencia del trabajador de que hay que
cumplir, por incómodo que sea en ocasiones, las normas de trabajo,
que efectivamente, legalmente y en el ámbito de trasposición de
directivas comunitarias figuran con evidente y meridiana claridad en
nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, el tranco que nos queda
es superar el abismo y que tengan efectividad; y la efectividad, en
ocasiones, también pasa por concienciar a los propios trabajadores de
que cumplan con esta normativa.
Por esta razón hemos planteado una enmienda, que a su vez ha sido
objeto de modificación por el proponente, en el sentido de pretender
una refundición de las planteadas por otros grupos y que su carácter
sea de transaccional. Hay dos factores que añade a lo que nosotros
hemos propuesto. Uno, que cuando se hace especial referencia al
sector de la construcción se añada la problemática de la
subcontratación. El otro, que cuando se habla de que dicha
subcomisión deberá emitir un conjunto de recomendaciones legislativas
y administrativas destinadas a promover y garantizar la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se añada: evaluar el
cumplimiento de la legislación vigente y tener en cuenta el contenido
de la moción aprobada por el Pleno del Congreso, de 24 de febrero de
1998, de la que luego tendremos oportunidad de hablar. Esta última
parte me parece una obviedad, pero en aras del consenso, en aras de
hacer nuevamente un esfuerzo de aproximación, con la sensibilidad que
merece este tema -como ha dicho el señor Saura- y en el sentido de
que es importante que todos concitemos una unanimidad en la materia
para que, al final, esto avance efectivamente en la práctica, le voy
a aceptar esta parte de su añadido en la enmienda transaccional. Sin
embargo, he de decirle que cuando se aborda justamente la
siniestralidad en el sector de la construcción el problema de la
subcontratación está en la esencia de la construcción, pues es el
segmento del mercado donde se produce la mayor subcontratación. En
ese sentido, me parece que conviene no ponerlo. Además, me da la
impresión de que a veces por profundizar lo que se hace es limitar el
campo. ¿Por qué no hablamos también de la minería, de los acróbatas
de circo o de las pirotecnias en Valencia? Quiero decir que si, por
un lado, vamos a crear una subcomisión y vamos a apoyar el diálogo
social, por el otro, desde la premisa compartida de que existe un
enorme índice de siniestralidad laboral, un enorme índice de
mortandad laboral y un enorme costo económico para el país, debemos
dejar el campo abierto para que quien estudie, analice y aborde la
situación lo pueda hacer con libertad, con profundidad y en todas las
materias.
Por eso le pido que reflexione usted y a quien ha podido tener una
sensibilidad que compartimos, pero con toda la sinceridad del mundo
nos parece que no empece nada concluir con la palabra construcción en
la cual subyace, está ínsito como digo, el tema de la subcontratación
laboral que por otro lado y ya se ha expuesto también, va a ser
objeto de una iniciativa popular de Comisiones Obreras y de la
federación de la construcción.
Por tanto, señor Campuzano, con el ruego de que omita esa parte, le
manifiesto que estaríamos encantados de apoyar su enmienda
transaccional.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz. ¿Grupos que no
han presentado enmiendas y desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la
señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar brevemente la posición del Grupo de Coalición
Canaria ante esta propuesta.
La creación de la subcomisión que se contiene en la propuesta
entendemos que es necesaria. Si bien es cierto que fue un hito
importante la promulgación de la Ley de prevención de riesgos
laborales y desde entonces en el sentido legislativo se ha avanzado
bastante en España, también entendemos que se está bastante al día,
desde el punto de vista legislativo, en lo que se refiere a la
trasposición de las directivas europeas. Aun sabiendo y estando de
acuerdo con que las situaciones de auge de desarrollo económico
engendran de por sí mayores posibilidades en el crecimiento de los
índices de siniestralidad, por aspectos de los que ya se ha hablado
en esta Cámara como subcontrataciones, destajos, etcétera, la verdad
es que la realidad con que se enfrenta España es que, como ya se ha
dicho, estamos a la cabeza dentro de Europa, de los países que
mantienen unos mayores índices de siniestralidad. Esta desgraciada
situación, en concreto, no es diferente en gran parte del territorio
español y tampoco en la comunidad autónoma de Canarias, donde
aspectos como el boom de la construcción están teniendo últimamente
una incidencia importante en los accidentes laborales.
La problemática de la patología laboral, tanto en accidentes como en
enfermedades laborales, crea un importante impacto individual y
colectivo en la sociedad, tanto por la magnitud de muchas de las
patologías que afectan a gran parte de la población trabajadora, y
por tanto generan un gran número de bajas, como también, ya no por la
magnitud sino por la transcendencia a modo de supuestos de invalidez
y fallecimientos que generan otro tipo de problemas.
Hay estudios que estiman que en España son más de dos billones al año
los costes directos e indirectos ocasionados por el problema de la
patología laboral. Por eso entendemos y apoyamos la propuesta
planteada por CiU en concreto, con independencia de que pueda haber
una enmienda transaccional que signifique un avance en este sentido,
porque entendemos que ante esta situación que es intolerable en
general para España, es necesario hacer un esfuerzo por parte de
todos los entes sociales, empresarios, sindicatos, trabajadores,
etcétera, pero también es responsabilidad de las principales
autoridades tanto administrativas como políticas responder ante esto
poniendo en marcha todas las medidas que sean factibles y oportunas,
tanto en el ámbito legislativo, como en el ámbito administrativo y
como en el ámbito de la coordinación de la Administración del Estado
y de la Administración autonómica, y con la adecuada financiación
para que estas materias puedan concretarse.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, he estado
escuchando el debate atentamente, y cómo decía el señor Campuzano hoy
nos acompaña en la tribuna una amiga y compañera de la confederación
del Sindicato UGT que lleva estos temas, Dolors Hernández.Viendo su
cara, porque nos conocemos, compruebo que está poniendo cara de
asombro, ya que estamos hablando todos de que es un tema importante,
que vamos a crear una comisión, vamos a hacer no sé qué, como si
acabáramos de descubrir que hay accidentes laborales.
Señoras y señores diputados, tenemos una Ley de 1995, que es una de
las mejores leyes de Europa, es la Ley de prevención de riesgos
laborales, que lógicamente prevé una serie de medidas para paliar
este tema.
Señor Campuzano, me he permitido traer la ley en catalán, y, fíjese
qué casualidades, depende de las comunidades autónomas, y
precisamente en la comunidad autónoma, es decir en nuestro país, el
suyo y el mío, es donde más accidentes laborales tenemos, y es donde
menos está aplicada la Ley de riesgos laborales. (Aplausos.) Lamento
profundamente decírselo a usted, lo lamento porque sé que usted no
tiene responsabilidad, pero su portavoz, el señor Trías, que anteayer
estaba en el Gobierno, sí tiene responsabilidad; ya sabe usted que la
familia es para lo bueno y para lo malo, y en este caso le toca.
Según mi larga experiencia de negociar convenios, negociar
expedientes, cuando no nos poníamos de acuerdo y no queríamos romper
la cuerda, porque queríamos seguir manteniendo, decíamos vamos a
crear una comisión, y nos tirábamos meses en resoluciones, y luego,
¿qué pasa con la ley?
El año 1999, la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo a nivel
nacional hizo una encuesta, que traduciéndolo al castellano porque lo
tengo en catalán, dice: Nada más el 24,8 por ciento de los
empresarios tiene conocimiento aceptable de lo que es la ley, sólo el
16 por ciento de las empresas encuestadas había hecho una evaluación
de riesgos en su trabajo, sólo el 9 por ciento tenían hecho el plan
de emergencia, menos del 10 por ciento habían informado a los
trabajadores de lo que significa la Ley de riesgos laborales, y el 11
por ciento ni siquiera había hecho la formación. ¿Vamos a apoyar esta
subcomisión? Sí, en los términos que ustedes hayan planteado. Nos da
igual, porque
nuestro problema no es que se constituya una subcomisión, que vengan
los sindicatos, que venga la patronal, que nos cuenten cosas, no;
nuestra misión es que se cumpla esto, que en Cataluña se cree la
fundación entre los agentes sociales; que, como decía el señor
Frutos, en Cataluña y en todas partes digan quiénes son las empresas
que más accidentes tienen.
En los tres primeros meses del año, en la construcción en Cataluña ha
habido dieciocho muertos y cuatro en la industria. Si eso lo
extrapolamos a todo el año, es un 56 por ciento más que el año
anterior. Han hecho paro en la construcción en Cataluña y en todo el
Estado para reivindicar que se aplique la ley, y tenemos también una
iniciativa popular de Comisiones Obreras, apoyada por la UGT, para
debatir en esta Cámara. La creeación de esta subcomisión no debe
significar hurtar el debate de esa iniciativa popular, porque
realmente se van a tratar también los temas que llevan a la
consecuencia. Pero, ¿sabemos cuáles son las consecuencias? Sabemos lo
que hay que hacer; simplemente es cuestión de voluntad política, de
hacerlo, de poner medios. ¿Qué se necesita realmente? Buscar la
participación de los implicados, agentes sociales, poner recursos
económicos la Administración, los recursos humanos, formación a los
delegados de prevención, formación a los trabajadores de la
Administración que tienen que tocar estos temas, y campañas de
información.
El señor Azpiroz decía que es importante hablar de: papá, ¿te has
puesto el casco? Sí, señor Azpiroz, pero en una construcción de siete
pisos que el trabajador se caiga del 7.o y llegue al suelo es porque
no se cumplen las normas, no se han puesto los andamios, ni las
tapas, ni la protección; puede caerse de un piso a otro si están las
redes y las protecciones adecuadas, pero no puede llegar hasta abajo.
Por tanto, tenemos claro que hay un incumplimiento de la ley y
corresponde a la Administración, y en este caso a las comunidades
autónomas, que la cumplan y no venir aquí a hacer debates vacíos en
los que todos estamos de acuerdo. ¿Que hay que hacer campañas? Yo
pediría al Gobierno, como usted decía, que lo mismo que se hacen las
campañas duras de los accidentes de tráfico se hagan de los
accidentes laborales, que conciencien, pero que no se oculte el
nombre de los empresarios, que no pasen a la impunidad los que más
accidentes tienen, porque en Cataluña hay un 2 por ciento de las
empresas que tienen la mayoría de accidentes y no nos quieren dar los
nombres. Al final, la federación de la Construcción, la MCA de UGT,
si no hace algo la Administración ha decidido paralizar las empresas
que causan estos accidentes.
Hay que tomar medidas porque si no estaremos igual que con las listas
de espera. ¿Cuántas veces nos ha dicho el señor Romay Beccaria que se
han resuelto, que no hay problemas? Recurramos al «Diario de
Sesiones» ¿Cuántas veces me ha llamado a mí al orden el señor Trillo
por decirle: mentira? ¿Ahora qué pasa? Ahora sí hay problemas de
listas de espera, porque han
salido los jefes de cardiología y los demás a decirlo. Con esto pasa
igual. Hay un montón de accidentes de trabajo; es un problema que
representa una sangría para este país en coste de vidas humanas, que
es lo más costoso, pero además en costes económicos por las bajas.
Por tanto, es de inteligencia política y de ahorro económico poner en
práctica la ley; que se hagan campañas de información y de formación,
y que los agentes sociales participen. Repito, no nos oponemos, vamos
a votar a favor de que se cree esta subcomisión, que vengan y digan
aquí lo que quieran, porque podemos seguir analizando estas
cuestiones, pero debemos hacer cumplir las leyes, porque si no se
cumplen no nos sirve de nada estar aquí.
Acabo de ver el follón que se ha montado, y más de uno de ustedes
estará pensando: fíjate que alborotadores. ¿Se imagina alguno de
ustedes qué cabreo pillaron los que no estaban incluidos en las
listas y se han quedado sin ser diputados? Si hubieran estado ahí
cuando los han sacado, ¿qué hubieran hecho? A lo mejor más que ellos,
porque ganamos más. (Aplausos.) Eso lo que pasa en este país. Tenemos
que tomar conciencia para solucionar los problemas reales, y los
problemas reales se solucionan haciendo cumplir las leyes y haciendo
cumplir aquello que todos hemos acordado.
Señor Campuzano, para ir terminando, he hablado con la inspección de
Barcelona y cada año -está usted presente- solicito en nombre de mi
grupo la comparecencia del subsecretario para que nos explique
determinados programas, entre ellos el programa de la inspección, las
tareas que se le asignan a la misma, que luego se pasa a las
comunidades autónomas para que incluyan lo que tienen que incluir en
los temas de salud, en aquellos temas que son de su competencia, como
es el caso de salud laboral. Ni una comunidad autónoma me han dicho
que haya aportado nada al programa. ¿Sabe las directrices que tienen
los inspectores? Que pongan tantas multas y que vayan a ver como está
la Seguridad Social y cuánto recauda. Así no arreglamos el tema de
los accidentes laborales.
Termino diciéndole que vamos a apoyar su propuesta, la que hayan
pactado, nos da igual, porque todo lo que sea hablar de este tema es
bueno; pero por favor seamos serios, demos una respuesta a los
ciudadanos haciendo cumplir las normas. La única forma será
cumpliendo esta ley para que haya menos muertos y menos accidentes
laborales.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor Campuzano, a los solos efectos de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señora presidenta.
Creo que el debate que se ha producido a lo largo de esta tarde con
la defensa de las enmiendas más la última intervención, demuestran la
necesidad de que las Cortes Generales abunden en la reflexión
política y social sobre esta problemática. Las enmiendas que se nos
plantean introducen matices suficientemente diferentes que justifican
el esfuerzo de consenso; pero si la señora presidenta me permite
hacer un comentario, lo haré muy brevemente. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, esta Presidencia le puede
permitir, pero le ruega que no reabra el debate. Usted sabe muy bien
que este trámite está estrictamente tasado.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, esté tranquila que
no le voy a reabrir. Simplemente recomiendo a los portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida que trasladen
todas sus inquietudes al ámbito competencial del Parlamento de
Catalunya. Podría detenerme a explicar las actuaciones de la
Generalitat, pero no es lo que me toca y no lo voy a hacer asumiendo
las responsabilidades. Simplemente recomiendo que seamos capaces de
discutir lo que hay que discutir donde toque discutirlo y que seamos
capaces también de asumir una mínima dimensión crítica. Esta Cámara,
en la pasada legislatura, tan sólo celebró dos debates en relación
con la prevención de riesgos. Creo que todos somos responsables de
esta ausencia de actividad parlamentaria; pero en aras del necesario
acuerdo que necesitamos en esta materia y en cuanto a la propuesta
que nos hacía el señor Azpiroz, entiendo que la referencia...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor CANPUZANO I CANADÉS: Entiendo que la referencia al sector de
la construcción es absolutamente necesaria. Es un ámbito en el que la
referencia tiene que ser explícita. Nos hubiese gustado que la
referencia a la problemática específica del sector de la
subcontratación podría justificar la presencia de otros ámbitos. Por
tanto, la propuesta de enmienda transaccional que voy a leer, señora
presidenta, sería: El Congreso de los Diputados considera necesario
que en las Cortes Generales se proceda a la creación de una
subcomisión parlamentaria para la mejora de la prevención de los
riesgos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, haciendo
especial referencia al sector de la construcción. Dicha subcomisión
deberá emitir un conjunto de recomendaciones legislativas y
administrativas destinadas a promover y a garantizar la mejora de las
condiciones de seguridad y de la salud en el trabajo, evaluar el
cumplimiento de la legislación vigente y tener en cuenta el contenido
de la moción aprobada por el Pleno del Congreso del 24 de febrero de
1998.
Nos parece que ese texto puede permitir que las sensibilidades que se
han expresado a lo largo del debate encuentren acomodo. Estoy seguro
que esta subcomisión va a tener una visión mucho más crítica de la
aplicación y desarrollo de la Ley de 1995 que la que han tenido los
señores intervinientes en la presentación de sus enmiendas. En este
ámbito todos debemos ser mucho más críticos en relación a todo el
mundo. La responsabilidad es compartida entre las administraciones,
los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores. Es evidente
que hasta ahora el modelo no ha funcionado. Que el carácter crítico
se extienda a todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señorías, vamos a someter a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre creación de
una subcomisión para la mejora de la prevención de los riesgos
laborales y la seguridad y salud en el trabajo, con especial
referencia al sector de la construcción. El texto que se somete a
votación es el resultante del debate, con la incorporación de la
enmienda transaccional puesta de manifiesto por el señor Campuzano,
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 304; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el texto de la
proposición de referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ASIGNACIÓN DE
LICENCIAS DE TELEFONÍA MÓVIL UMTS O DE TERCERA GENERACIÓN. (Número de
expediente 173/000001.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias
de telefonía móvil UMTS o de tercera generación.
Para la defensa del texto de la moción tiene la palabra el señor
Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de la interpelación que en nombre de mi grupo
formulé a la ministra de Ciencia y Tecnología sobre la asignación de
las licencias de telefonía móvil de tercera generación, mi grupo
parlamentario, y
supongo que el resto de la Cámara, tiene una gran frustración.
Quedaron muchas más preguntas que respuestas. La ministra no
contestó, señorías, prácticamente a ninguno de los planteamientos que
hice en nombre de mi grupo. Fue un ejercicio de desinformación.
Les recuerdo que estas licencias se han obtenido en España por un
precio de 21.500 millones de pesetas, mientras en Inglaterra las
mismas han alcanzado un precio de mercado de un billón 300.000
millones de pesetas; aproximadamente cincuenta veces más. La señora
ministra tuvo un comportamiento excelente en defensa de los intereses
de su antigua empresa, Retevisión, que fue una de las adjudicatarias
de las licencias; licencia obtenida, como recalcan algunos analistas
internacionales, a un precio insignificante.
Fueron explicaciones puramente formales y buenas intenciones, que
nosotros compartimos. La señora ministra explicó que España debe ser
pionera en la introducción de esta nueva tecnología -por supuesto que
sí-; que en España las empresas están en proceso de despliegue e
inversión, para justificar el bajo precio de las licencias -ya lo
sabemos-; que el desarrollo de las nuevas tecnologías tiene una
relevancia clave para el desarrollo de la sociedad de la información
y el progreso económico y social -¡claro que sí!-; pero díganme
ustedes qué tiene que ver todo esto con el regalo hecho a esas
empresas. Ustedes me dirán: no tiene nada que ver porque las
condiciones de inversión y de explotación de las licencias serán
similares en Inglaterra y en España; similares en Francia, en
Alemania y en Italia, y todos estos países van a obtener un precio de
mercado por la asignación de las licencias infinitamente superior al
de España, al que han obtenido las cuatro empresas adjudicatarias. Y
yo les pregunto a ustedes: ¿es que en Inglaterra no tienen estos
objetivos de introducción de tecnología, inversiones necesarias y
desarrollo de las nuevas tecnologías? ¡Claro que sí! ¿Y por qué
entonces esa diferencia abismal en el precio?
También nos dijo la ministra que el Gobierno hace una apuesta
decidida por la introducción de la tecnología yendo más deprisa que
los demás. Sí, señoras y señores diputados, un par de meses, cuatro
meses, seis meses; pero les recuerdo que el período de explotación en
España será de 30 años. Más hubiera valido esperar un poco y ajustar
el precio de mercado de las licencias al interés público y no al
interés privado, no sólo al interés de las empresas adjudicatarias.
Aquí no se nos explicó el otro día las obligaciones asumidas por cada
empresa, ni las inversiones a que se comprometen, ni los precios que
cobrarán; sólo se hicieron vagas referencias a que en cuatro años
habrá inversiones muy importantes y se crearán bastantes empleos. Yo
les pregunto: ¿cómo es posible que ni los ciudadanos ni la opinión
pública conozcan los contratos mediante los cuales se ha formalizado
la adjudicación
de estas licencias? Sólo los conoce el Gobierno; no los conocen
los usuarios ni esta Cámara.
También nos dijo la señora Birulés que no hubo tacha jurídica, social
ni política contra dicho concurso. Sí la hubo; la hubo de mi grupo
parlamentario que pidió subasta pero, sobre todo, la hay de otros
operadores que se han quedado fuera de la subasta y que han
presentado un recurso ante los tribunales.
Por último, señorías, según la ministra, hasta que en Inglaterra no
tuvo éxito la subasta nadie dijo nada. Admitamos que esto es así,
pero visto el diferencial tan inmenso con aquel país -admitiendo,
digo, que esto fuera así-, ¿por qué no proponemos ahora alguna
solución? La señora Birulés no nos dio ninguna, sólo que el sistema
de subasta no contempla un ritmo determinado ni un volumen de
inversiones que permitan mayor rapidez, mayor calidad y mejor precio.
Esto, como creo que demostré en mi intervención, no es verdad.
Además, lo comprobaremos en el futuro porque veremos cómo los precios
en Inglaterra serán similares a los de España, veremos cómo el
despliegue de inversión será incluso más rápido en Inglaterra que en
España y veremos, en consecuencia, cómo los activos y las plusvalías
de las empresas adjudicatarias españolas serán muy superiores,
inmensamente superiores, a los que se producirán para las empresas
que obtienen las licencias en otros países europeos.
Señorías, voy a leer una cita de un periodista, Andy Robinson, que es
el corresponsal de Business Week en Madrid y colaborador de Cinco
Días, que conoce muy bien el procedimiento que se ha seguido en
Inglaterra. Escribía hace poco: La última ofensiva de Tony Blair
contra las rentas de monopolio es una especie de impuesto a priori
que imposibilita de antemano los beneficios excesivos de las
operadoras de tercera generación de teléfono móvil. Los inversores y
operadores han protestado de que los precios desorbitados pagados por
las cinco licencias perjudicarán la inversión y serán pasados al
usuario mediante alzas de precios al consumidor. Pero claro, ¿qué
iban a decir las empresas y los mercados? -dice este periodista- No
lo admiten, pero los accionistas saben perfectamente que el precio de
la licencia es un coste hundido que no afectará al precio final para
el usuario (y se refiere, por supuesto, a Inglaterra.) Acaba diciendo
lo siguiente, y yo lo comparto: El Gobierno español en cambio no ha
actuado contra las rentas de monopolio, ha privatizado pero sin
evitar el abuso de precios y el entusiasmo de los mercados que
generan beneficios y plusvalías excesivos; más bien parecen haber
hecho un favor gigantesco a los operadores de telefonía móvil que a
los usuarios que han de recibir estos servicios. ¿Hay posibilidad de
solución? Nosotros creemos que sí. ¿Hay alternativas a este regalo, a
este inmenso regalo que el Gobierno español ha hecho a cuatro
empresas para la operatividad de unas tecnologías indispensablespara
la calidad de vida del futuro de los españoles? Lo
hay. Por eso señorías, ¿qué pide el Grupo Parlamentario Socialista en
su moción? Primero, que se presente un informe ante la Comisión de
Economía para que se nos explique a los parlamentarios, a esta
Cámara, cuál ha sido el procedimiento seguido para la adjudicación de
estas licencias, las razones técnicas y económicas para la selección
de los adjudicatarios, las obligaciones impuestas a cada uno de
ellos, la cobertura territorial del servicio, sus plazos de puesta en
vigor y los precios que se cobrarán a los usuarios por la utilización
del servicio. Pero pedimos algo más. A la vista de la diferencia
entre el valor de mercado de estas licencias y lo pagado por dichas
empresas, creemos que se tiene que estudiar la posibilidad -y debe
hacerlo el Gobierno- de declarar lesivo a los intereses públicos esta
adjudicación y, en consecuencia, si se produce esa lesividad,
señorías, anular las licencias concedidas y abrir un nuevo
procedimiento para su futura adjudicación. En segundo lugar, mi grupo
pide que los servicios que se engloban dentro del concepto de
servicio universal de telecomunicaciones, es decir, señorías, el
derecho de todos los ciudadanos españoles, con independencia del
lugar de residencia o de su capacidad económica, al acceso a estos
servicios de futuro -estamos hablando de telefonía móvil de tercera
generación-, en nuestra opinión deben ampliarse, porque en estos
momentos son muy limitados, y deben incluir -y el martes pasado lo
veíamos en un debate en esta Cámara y el Grupo Popular estaba de
acuerdo con ello, espero que lo acepte- el acceso a un conjunto
mínimo de servicios de Internet que suponga servicios de navegación,
transferencia de ficheros y correo electrónico, con estructura de
tarifa plana y precio asequible al poder adquisitivo de cualquier
familia española. Pero es más, creemos que ese suministro tendrá que
ser gratuito para los alumnos que cursen estudios en cualquiera de
los ciclos educativos, para discapacitados en el grado que se
establezca, usuarios que presten servicio de acceso a la cultura
y personal sanitario que preste servicios en instituciones sanitarias.
Estas tecnologías, señorías, son ya hoy absolutamente imprescindibles
como herramienta de trabajo y lo serán más aún en el futuro. Se exige
garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos para
el acceso a las mismas. Por último, para la financiación de estos
servicios, proponemos que el Gobierno adopte las medidas oportunas,
incluso mediante la remisión de un proyecto de ley, con la finalidad
de recuperar la diferencia entre valor de mercado de estas licencias
y el precio realmente pagado por dichas operadoras para la obtención
de las mismas. Es decir, repartamos -como le dije a la señora
ministra- los beneficios de la explotación de estas tecnologías,
hagámoslo con justicia y equidad; hagámoslo garantizando el interés
público y el acceso igual a estas tecnologías por parte de todos los
españoles y hagámoslo, por tanto, exigiendo que quienes se han
llevado un regalo, quienes han obtenido
a precio insignificante una licencia que les proporcionará beneficios
billonarios en el futuro aporten al interés público una pequeña
parte, una parte importante para la financiación del servicio
universal. Por ese comportamiento juzgarán los ciudadanos al Gobierno
y a esta Cámara y seguiremos discutiendo, señorías, acerca de estos
problemas, porque veremos lo que va a continuar ocurriendo en el
resto de países de la Unión Europea. Por consiguiente, equilibremos
los intereses, hagamos un favor al interés público, garanticemos que
llegarán estas tecnologías a todos los ciudadanos mediante la
recuperación de una parte del valor de mercado que se les ha
regalado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Grupos que han presentado enmienda. Por el Grupo Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra, para su defensa, el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, me da la impresión de que con
esta iniciativa la estrella liberal que me atribuía el presidente del
Gobierno en una pregunta sobre la fusión frustrada entre Telefónica y
KPN se va a apagar inmediatamente. Y ha empezado a apagarse con la
iniciativa en torno al rechazo de la privatización de la Empresa
Nacional Santa Bárbara y va a apagarse seguramente de forma
definitiva con la posición de mi grupo parlamentario en torno a la
moción subsiguiente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
telefonía móvil de tercera generación.
Señorías, nosotros estamos de acuerdo en dos puntos fundamentales de
la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista: en todo lo que
tiene que ver con garantizar un servicio universal de
telecomunicaciones, en lo que plantea en su punto 2 de que incluya el
suministro de un conjunto mínimo de servicios de Internet accesibles
a todos los usuarios con independencia de localización geográfica,
que incluya navegación, transferencia de ficheros y correo
electrónico a una calidad tasada, con estructura de tarifa plana y
precio asequible a su poder adquisitivo. Nosotros en ese punto 2
estamos de acuerdo y estamos de acuerdo también en la primera parte
del punto 1, en la petición de un informe ante la Comisión de Ciencia
y Tecnología del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento
seguido para la adjudicación de licencias de telefonía móvil, UMTS o
de tercera generación. Sin embargo, tenemos dudas. Nosotros
quisiéramos tener la misma convicción que demuestra tener el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Caldera, sobre el
procedimiento más adecuado a seguir con relación a la adjudicación de
licencias de telefonía móvil. Quisiéramos tener esa convicción porque
no la tenemos y creemos que en la Unión Europea los distintos Estados
tienen, con colores
políticos también diferentes, posiciones muy diferenciadas.
Decía usted que va a haber una decisión prácticamente generalizada de
subasta. Nosotros tenemos nuestras dudas. En lo que conocemos, es
verdad que se ha utilizado el sistema de subasta en Inglaterra,
probablemente se vaya a un sistema mixto en Italia y hay una gran
división en Francia en torno al sistema a utilizar. Posiblemente
Francia se decante por el sistema de concurso, a tenor de las últimas
declaraciones del Gobierno francés, aunque el nuevo ministro Laurent
Fabius está planteando una posición más favorable a la subasta.
Decimos que nosotros no lo tenemos claro, y no lo tenemos claro por
dos razones fundamentales: quizás una de tradición, que a veces no es
mala. Nuestra tradición administrativa es la tradición del concurso y
habitualmente por razones de transparencia frente a la tradición
anglosajona, que es la tradición de la subasta. Pero es verdad que no
se puede vivir de tradición, que hay que adecuarse a las nuevas
circunstancias, en relación con las cuales nosotros también tenemos
dudas. Tenemos dudas de que el mecanismo de subasta, aunque obtuviese
un volumen muy importante de ingresos para el Estado, fuese, en
primer lugar, el más adecuado para el desarrollo de la nueva
tecnología y, en segundo lugar, con respecto a lo que usted dice, que
fuese utilizado ese ingreso del Estado, esos seis billones de pesetas
de ingresos que ha obtenido Inglaterra, para la universalización del
sistema, para igualar a los ciudadanos ante el sistema. ¿Quién dice
eso? El Gobierno tendrá la total potestad, porque no es recurso
finalista, de utilizarlo para eso o para cualquier otra cosa, incluso
para hacer más desigual el sistema de telecomunicaciones en España.
Por lo tanto, no tenemos su convicción ni en cuanto al volumen de
ingresos que se va a generar ni sobre todo en cuanto al destino de
dicho volumen de ingresos.
Pasemos a otro aspecto que nos importa mucho a la izquierda, que es
si con carácter previo a la utilización de los ingresos podemos
garantizar una mejor distribución territorial y social de la nueva
tecnología, de la tecnología UMTS. En nuestra opinión, eso sólo se
puede garantizar mediante el mecanismo de concurso o, como mucho, con
el concurso-subasta. A mí y a mi grupo parlamentario nos resulta
difícil pensar que el mecanismo en exclusiva de subasta vaya a
permitir, por ejemplo, que se responda a preocupaciones que tenemos
y que creo que compartimos sobre esta nueva tecnología,
a preocupaciones como las siguientes: dónde van a tener la sede esas
compañías que acudan al concurso en nuestro país, efecto sede muy
importante desde el punto de vista industrial; qué nuevas industrias
van a comprometer esas compañías en nuestro país, que también creemos
que es un aspecto importante o, por ejemplo, el volumen de empleo que
van a garantizar estas compañías como producto de esa adjudicación.
Esos factores, y también el factor de difusión
territorial, de equilibrio territorial, nos llevan a tener dudas
razonables sobre que el mecanismo de subasta sea el más adecuado. No
hemos tomado una decisión en esta materia y, por tanto, nos gustaría
que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista -en ese sentido
va nuestra enmienda- se quedara fundamentalmente en la petición del
informe y que en la segunda parte del punto 1 no prejuzgara que las
únicas vías alternativas son la subasta o el concurso-subasta. ¿Por
qué no el concurso también? Si al final nos dan argumentos, ¿por qué
no aceptar que los argumentos favorables al concurso tienen la misma
legitimidad que los favorables a la subasta o al concurso-subasta? En
ese sentido le planteamos una enmienda al Grupo Parlamentario
Socialista, que sin lugar a dudas mantiene su punto 2, en términos
generales, pero abre la posibilidad de que el concurso sea asimismo
un mecanismo no solamente lícito, sino, en nuestra opinión,
progresista para distribuir las nuevas tecnologías, en este caso la
tecnología de la UMTS o la de la telefonía de tercera generación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, tiene la palabra
el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
De la interpelación debatida la semana pasada parecía concluirse que
la moción que íbamos a discutir esta semana en esta Cámara pudiera
tener mayor contenido que el que plantea este texto presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista y, señora presidenta, otra vez a toro
pasado nos encontramos con una resolución realizada, al igual que en
el tema que hemos tratado en el primer punto del orden del día en
relación con la privatización de Santa Bárbara, en plena campaña
electoral, con absoluta falta de transparencia y sin posibilidad de
control parlamentario, condiciones y circunstancias que no comparte
este grupo parlamentario. En consecuencia, parece razonable que los
grupos parlamentarios puedan tener, sobre todo los interesados, fe y
datos fehacientes en relación con las circunstancias que han
concurrido en la resolución de este concurso. Nos parece que hay
procedimientos más adecuados, más rápidos o más expeditivos, como la
solicitud del expediente al Ministerio, para poder tener constancia
del asunto. No creo que sea necesario recurrir a una moción y a la
solicitud de voto por parte de todos los grupos parlamentarios para
que ese procedimiento administrativo pueda ponerse en marcha. Este
grupo parlamentario entiende que es razonable que el propio grupo
parlamentario solicite esa información para tener el expediente
completo y no entiende, en consecuencia, razonable el primer punto de
la moción para que el Gobierno
presente en el plazo de un mes ese expediente. Entendemos que es más
razonable que cada grupo parlamentario lo pueda solicitar por su
cuenta.
En segundo lugar, se hacen una serie de consideraciones, tanto en la
exposición de motivos como en el punto 2 de la moción que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el carácter universal
del servicio, circunstancias que comparte este grupo parlamentario,
en lo que son la teoría del planteamiento que se realiza en la
motivación, porque parece razonable que en todos los temas de
telecomunicaciones, y dado que la sociedad de la información y del
futuro va avanzando en esta línea, los criterios generales a través
de los cuales se van exponiendo los puntos en los que debe de basarse
el planteamiento de la política de telecomunicaciones sean los que
están expuestos en esta exposición de motivos: que incluya servicios
de Internet, que sea con carácter general, que existan tarifas planas
y precios asequibles... Son, indudablemente, criterios razonables para
establecer una política solidaria y de carácter universal en la
política de telecomunicaciones.
El problema resulta en la redacción de la moción cuando se salta y se
dice, desde esos puntos teóricos, que se revisen y amplíen, de
conformidad con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones, los servicios que se engloban dentro del servicio
universal de telecomunicaciones. Creemos que existe un salto
importante entre lo que se indica en la exposición de motivos y lo
que se dice en esta moción. Es mucho más razonable que se plantee una
proposición de ley que amplíe los contenidos, o que los revise o los
actualice en su caso, en relación con este artículo 37.2 de la Ley
General de Telecomunicaciones. En consecuencia, entendemos que se ha
usado la moción, en un tema razonable, de puro control parlamentario,
como es el de la resolución del concurso de telefonía móvil de
tercera generación, que razonablemente exigía una interpelación, un
elemento de control del Gobierno, para dar saltos cualitativos en la
parte resolutiva de la moción. Queremos resaltar este punto; nos
parece que el Grupo Socialista puede sostener los dos puntos que
presenta en esta moción, pero el Grupo Parlamentario Vasco entiende
que de los motivos que fueron objeto de interpelación urgente en el
Pleno anterior podía haberse derivado otra serie de puntos
resolutivos en la moción.
Señora presidenta, creo -y así lo entiende el Grupo Parlamentario
Vasco- que resoluciones de concursos tan importantes y tan relevantes
quizás ninguno debiera ser así, pero desde luego en ninguno de los de
este nivel debieran desarrollarse las condiciones que se han
ejecutado en relación con este concurso de telefonía móvil de tercera
generación. Otra vez estamos a toro pasado; creo que el Gobierno
tiene en el día de hoy, tanto en el tema de la privatización de Santa
Bárbara como en este tema, motivos para ponerse colorado por
el ejercicio de sus funciones en plena campaña electoral, pero a
partir de ahí entendemos que la política de telecomunicaciones debe
de conocer otros contenidos distintos a los que están recogidos en el
tema resolutivo de la moción, por lo cual el Grupo Parlamentario
Vasco no va a compartir esos dos puntos, habiendo entendido en la
interpelación que el objeto de la misma iba a ser sustancialmente
distinto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta moción pone de manifiesto la habilidad parlamentaria del
proponente que -como se ha dicho- excede de alguna manera el marco
propio de la interpelación para reproducir un debate que ya tuvimos
aquí la semana pasada. Mi grupo así lo manifestó en la prensa el día
18 de marzo de este mismo año a través de su portavoz entonces en la
Comisión de Industria, don Ignasi Guardans. Fue crítico con el
momento en el que se planteó la concesión de las licencias de los
móviles de tercera generación, un momento en el que disuelta la
Cámara la posibilidad de control parlamentario se ve -como saben SS.
SS.- tremendamente reducida e incluso la posibilidad de actuación a
través de la Diputación Permanente es muy escasa. También en aquellos
momentos manifestamos otra preocupación que fue la de las
participaciones cruzadas, preocupación que parece que se ha ido
resolviendo satisfactoriamente, primero en la propia adjudicación y
después a partir de la misma. Lo que no podemos compartir es la
preocupación del Grupo Parlamentario Socialista al menos en la misma
intensidad en que él lo efectúa. Entendimos que la interpelación era
necesaria, que la ministra compareció aquí para dar explicaciones, en
cualquier caso breves, y la justificación de la utilización del
sistema de concurso a través de cuatro fundamentaciones. Además la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
señor Llamazares, me excusa de entrar más profundamente en ese tema.
Los países de la Unión Europea están utilizando sistemas diversos y a
través de la subasta se hubiese podido obtener una recaudación
importante, pero tampoco podemos olvidar que en el ámbito del derecho
administrativo todos conocemos lo que son las bajas temerarias que
impiden posteriormente la prestación de un servicio. Hasta que
podamos examinar el expediente que en el día de hoy hemos solicitado,
a través de la posibilidad que tiene cualquier diputado para
solicitar informes o documentación del Gobierno, hemos de entender
que a través del concurso lo que ha prevalecido es la calidad,
extensión y rapidez en la prestación de un servicio
respecto de la obtención por parte del Tesoro público de determinadas
cantidades que podría aplicar a otros fines y que en algunos casos
podrían suponer una dificultad en la prestación de ese servicio. Por
tanto, a la espera de que podamos examinar ese expediente y comprobar
la corrección del sistema de concurso y las ventajas que se han
obtenido a través del mismo, poca cosa habría que decir respecto del
punto 1.
Respecto del punto 2, podemos decir lo siguiente. La semana pasada
tuvimos ocasión de votar una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, que fue además enmendada por otros grupos,
que incluía la extensión del servicio universal de telecomunicaciones
a Internet y además con determinadas condiciones en algunos casos de
sujetos especiales también a un precio especial. Esa proposición
enmendada fue aprobada por unanimidad, por 315 votos a favor. Por
tanto, a la semana de haber obtenido ese grado de consenso,
permítasenos decir que no parece que sea el mejor momento para
reproducir una moción que en cualquier caso son instrumentos
tremendamente semejantes. Todos podemos evolucionar, todos podemos
pensar diferente esta semana de lo que pensábamos la semana anterior,
pero también nos podemos dar un poco de tiempo. En cualquier caso, el
Grupo Parlamentario Catalán aporta también un elemento sobre el que
puede efectuarse esa reflexión y esa evolución. Estamos esperando a
que llegue el día 8 de junio, a que el Gobierno haya hecho uso de ese
plazo de 30 días hábiles que le permite el artículo 126.3 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, para poder tramitar
proposiciones de ley y la primera o la segunda proposición de ley que
podrá tramitarse es una presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
para la modificación no del artículo 37.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones, sino del artículo 37.1.a) para extender, no por
actuación del Gobierno, por así decirlo, sino con rango de ley, ese
servicio universal de telecomunicaciones a Internet. Ese es el
complemento necesario de la proposición no de ley aprobada por esta
Cámara la semana pasada, que reclamaba la modificación de la Ley
General de Telecomunicaciones para otorgar a Internet la
consideración de servicio universal. Esa es la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
que consideramos el marco adecuado y el más rápido para poder avanzar
en esta línea, tal y como todos deseamos.
Teniendo en cuenta estos razonamientos procederemos a votar en contra
de la moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Popular, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, señorías, debatimos hoy
esta moción que se presenta
por el Grupo Socialista, a consecuencia de la interpelación del
pasado miércoles, en la que esta Cámara tuvo la ocasión, a través de
las palabras de la señora ministra, de conocer con todo detalle las
razones que llevaron al Gobierno español a adjudicar las licencias de
telefonía móvil UMTS. Estas licencias se adjudicaron, como ustedes
saben, por el sistema de concurso y también tuvimos ocasión de
comprobar la corrección del proceso seguido. Fueron explicaciones más
que suficientes para nuestro grupo y, además, con un debate que nos
permitió observar el cambio que se ha producido en España en sólo
cuatro años de gobierno del Partido Popular en esta materia. ¿Quién
iba a suponer hace solamente cuatro años, con un monopolio de
telefonía fija, siendo prácticamente inexistente en España la
telefonía móvil, que hoy estaríamos debatiendo una moción para saber
por qué o cómo se han dado cuatro licencias de telefonía móvil, de
tecnología UMTS? Señorías, hace cuatro años ni siquiera pensábamos
que hubiera posibilidad, casi, de que existiera la telefonía móvil en
España. Aquí rememorando las palabras del señor Alcaraz del martes
pasado, sí que hemos pasado de la prehistoria -en este caso, señor
Núñez, no sólo en León sino en toda España- a ocupar lugares de
privilegio con los que entonces nunca hubiéramos podido soñar. Además
de haber llevado a cabo una liberalización ejemplar somos pioneros
-no vamos a ser pioneros sino que lo somos- en el mundo en tecnología
UMTS.
Señorías, no tiene mucho sentido, como decían otros portavoces de
grupos parlamentarios, la presentación de esta moción por el Grupo
Socialista. Los que hemos venido con la intención de escuchar a la
señora ministra sabemos que estos procesos que se han llevado
adelante se han hecho con total corrección, procesos que por cierto
están fijados en la Ley de Contratos del Estado y también en la Ley
General de Telecomunicaciones, y son sin duda, además, unos procesos,
que se han llevado adelante, beneficiosos para el conjunto de la
sociedad española, para todos los ciudadanos, para los usuarios de
telefonía, que afortunadamente somos todos nosotros. Y de esto,
señorías, deberíamos sentirnos todos orgullosos. De eso y de que
hayan bajado los precios para las familias; de que con estas
licencias esté prevista una inversión mínima en infraestructuras,
infraestructuras de calidad, infraestructuras innovadoras,
infraestructuras de vanguardia, en sólo diez años, de más de 2.700
millones de pesetas. Deberíamos demostrar satisfacción de que se
vayan a crear más de 36.000 puestos de trabajo directos y cientos de
miles de puestos de trabajo indirectos.Y además, señor Caldera, que a
usted le interesa mucho, se ha ingresado una buena cantidad en las
arcas del Estado, que se destinarán a otras cuestiones, como todos
ustedes saben.
Señorías, creo que deberíamos sentirnos de verdad orgullosos de este
proceso. Por eso no puedo comprender la presentación de esta moción
en el día de hoy. Y tengo que reconocerle, señor Caldera, que en aras
del
consenso que desde nuestro grupo siempre hemos propugnado -y usted lo
sabe- en materia de telecomunicaciones, hemos estado meditando en el
grupo la posibilidad de presentar una enmienda que pudiera ser votada
por todos. No por supuesto a la exposición de motivos, que como usted
sabe es inaceptable en todos sus términos y ni siquiera al punto 1 de
la moción, a los que luego me voy a referir, sino al punto 2 de la
misma. Pero, como decía el señor Silva, la verdad es que creemos que
esta Cámara se merece un mayor respeto y no debemos votar siempre las
mismas cuestiones, semana tras semana. Señor Caldera, la semana
pasada nuestro grupo estaba de acuerdo con su propuesta y esta semana
también lo está, pero no nos parece razonable votar semana tras
semana lo que se ha votado y se ha aprobado por unanimidad de esta
Cámara.
Por tanto, estando ante un gobierno que siempre -y ha dado buena
prueba de ello durante la pasada legislatura- cumple con diligencia
las decisiones de la Cámara, no tiene sentido volver a repetir un
debate y plantear un texto que ya hemos aprobado, un texto que se
presentó con una enmienda transaccional de, supongo que su compañera,
la señora Pleguezuelos, que fue portavoz el pasado martes y que todos
los grupos aprobamos por unanimidad en esta Cámara. Me estoy
refiriendo, como ustedes saben, a la importancia de extender el
concepto de servicio universal a Internet y a otros servicios. Por
cierto, señor Caldera, señorías, también el Gobierno en esto ha sido
pionero, porque es el principal impulsor; además, este Gobierno, el
Gobierno del Partido Popular, ha sido el que lo propuso en el Consejo
de Ministros de la Unión Europea y se aceptó por todos los países
miembros. En todo caso, con este texto de consenso que usted conoce,
no creo que sea necesario reiterar esta semana exactamente en los
mismos términos lo que aprobamos por unanimidad de la Cámara la
semana pasada.
En cuanto al punto 1 de su moción, señorías, como he dicho al
principio, las explicaciones dadas por la señora ministra el pasado
miércoles fueron absolutamente suficientes y clarificadoras, creo,
para la mayoría de la Cámara. Señoría, además, no hay peor sordo que
el que no quiere oír, y en este caso explicaciones las hay, las ha
habido, otra cosa es que a usted no le interese lo que se ha
explicado o lo que se venga a decir en estas Cortes. El problema es
que ustedes, señorías del Grupo Socialista, a diario pretenden
justificar la arbitrariedad, la discrecionalidad de su etapa de
gobierno comparándola con la etapa de gobierno del Partido Popular
que, por cierto (no hace falta que se lo recuerde, porque lo sabe muy
bien), ha supuesto que los ciudadanos incrementen su confianza en el
partido. Y le digo esto para que tomen buena nota porque, como usted
sabe, ha habido otras etapas de otros gobiernos y el partido que
gobernaba es verdad que volvía a ganar las elecciones, pero siempre
las ganaba con menor confianza que en la elección anterior.
La pasada legislatura la han centrado ustedes en el ataque a las
empresas privadas y muy concretamente a empresas de telecomunicación.
Se olvidaron del empleo, de la educación, de la sanidad, de los
grandes problemas de los ciudadanos. Creo que ustedes tienen ahora de
nuevo una oportunidad, con cuatro años por delante, para llevar otra
estrategia, porque la anterior ya sabemos a dónde les ha conducido.
Se pongan como se pongan, este Gobierno ha sido pionero en políticas
de telecomunicaciones y especialmente en esta materia. Se pongan como
se pongan, la liberalización de las telecomunicaciones fue llevada a
cabo en tiempo récord por este Gobierno y sólo beneficia a los
ciudadanos. ¿Por qué no pueden reconocerlo? Hemos sido el segundo
país en conceder estas licencias, por delante de Inglaterra y de
Francia. Señorías, fíjense que aquellos que pusieron empresas
públicas al servicio de empresas privadas -por cierto, también en
vísperas electorales-, aquellos que otorgaron concesiones de
televisión, monopolios de televisión, que nada tenía que ver con las
condiciones del concurso, aquellos que pusieron un canon a una
empresa de telecomunicaciones -por cierto, no a la otra que se
presentaba-, que fue anulado por la Unión Europea, tienen,
sinceramente, muy poco crédito en esta materia, y aquellos, señorías,
son ustedes, señores del Partido Socialista, cuando estaban en el
Gobierno.
Finalmente, invocan ustedes para acusar al Gobierno de España la
utilización de determinados procedimientos, como ha sido el de
concurso. Aprovecho para decirle al señor Caldera que no hay mayor
mentira que una verdad a medias, porque decía el pasado miércoles que
en la mayoría de los países se utiliza el sistema de subasta. Hasta
el momento sólo en un sitio se ha llevado a cabo la adjudicación
mediante el sistema de subasta. Se le olvida decir que España fue el
segundo país después de Finlandia, también por concurso, que otorgó
estas licencias, y luego sólo lo ha hecho el Reino Unido donde, como
usted bien sabe, del procedimiento se retiraron varias empresas,
entre otras Telefónica Móvil, y también se trató de hacer el
procedimiento de subasta en Turquía pero, desgraciadamente, con ese
procedimiento quedó desierto. Francia y Alemania están pendientes,
así como también Italia, Suecia y Portugal, que parece que se
decantan por el concurso.
Señoría, estamos cansados, llevamos mucho tiempo oyéndoles con
reiteración en muchas materias, también en telecomunicaciones, que
hay que seguir el ejemplo francés, que hay que seguir la política
francesa. Pues bien, señorías, en esta materia la autoridad
reguladora francesa se opone precisamente a la subasta que ustedes
invocan como ejemplo de actuación internacional. Ycita por cita
(aunque esta cita no es de Robinson, sino del presidente de la
autoridad reguladora francesa, que creo que sabe mucho de estas
cuestiones), según las palabras del presidente señor Hoover, al
basarse únicamente en un criterio financiero -se está refiriendo a la
subasta, y cito textualmente-, se corre el riesgo de comprometer el
desarrollo de la tecnología UMTS, ya que los criterios de concesión
dejarían a un lado principios tan importantes para el consumidor como
las tarifas y la calidad del servicio. Espero que usted pueda leer el
diario El País del día 12 de mayo y el diario Expansión del día 22 de
mayo para conocer exhaustivamente esta información.
Señoría, como ya hemos oído, la adjudicación se ha hecho siguiendo
criterios exclusivamente técnicos y económicos y pensando en el
interés general, en la competencia, que siempre trae mejores precios,
mayor calidad y nuevos servicios para los ciudadanos, como hemos
podido comprobar en los últimos años. Este Gobierno ha contribuido a
una mayor penetración de la telefonía móvil en España. Los precios se
van a reducir todavía más sin que el Gobierno grave a las empresas,
gravamen que luego repercutiría en los usuarios, y sobre todo este
criterio del precio para el usuario, junto con el criterio del
desarrollo tecnológico de las empresas, de la creación de puestos de
trabajo y de infraestructuras de futuro, al que hay que unir el valor
añadido para la economía nacional, han sido los principios rectores
de la actuación de nuestro Gobierno.
Señorías, ya finalizo. Para que la oposición sea creíble tiene que
reconocer los aciertos del Gobierno, si no, nunca será creíble.
Reconozcan, como les he dicho, que hemos sido pioneros en la
introducción de la tecnología, que hemos sido pioneros en
telecomunicaciones. Reconozcan que hay un mejor servicio para los
usuarios y que hay mejores precios y así serán ustedes creíbles. Pero
es que, además, para que la oposición creíble sea alternativa, hace
falta que centren su trabajo, sus preguntas, sus opiniones en las
grandes preocupaciones de los ciudadanos. Si siguen, señorías, los
próximos años permanentemente dedicados a intentar destruir la imagen
del Gobierno creando falsas arbitrariedades y atacando a empresas
privadas, a lo mejor, a lo mejor, hacen ustedes oposición, pero
seguro que con eso no hacen alternativa y, señorías, con toda
modestia, con toda humildad, les digo que si ustedes no son
alternativa les auguro muchos años en la oposición.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mato.
Señor Caldera, a los efectos de expresar la aceptación o rechazo de
la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta, aunque
me atrevería también a pedir permiso a la señora Mato para que nos
oriente sobre las iniciativas que habremos de presentar la próxima
semana. (Aplausos.) Gracias, la atenderemos con mucho gusto.
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, cuando esté en el uso de la
palabra, le sugiero que el permiso lo pida a la Presidencia, sea
quien sea la persona que ocupe esta Presidencia.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: De acuerdo, así lo haré, porque lo
necesitamos.
Efectivamente, hay dos enmiendas, no una sola, señora presidenta, si
me lo permite: una de autocorrección del propio Grupo Parlamentario
Socialista que, por supuesto, incorporamos al texto, y otra del señor
Llamazares que en este trámite voy a aceptar. Señor Llamazares, lo
que no se discute es el procedimiento, me da igual. Lo que no puedo
es estar orgulloso, como aquí se nos ha dicho, de un regalo de 3
billones de pesetas a las empresas adjudicatarias. (Rumores.) No
podemos estar orgullosos.
Señorías, les recuerdo que tanto en mi intervención de la semana
pasada como en esta, en ambas intervenciones, en ningún momento he
pedido responsabilidades. En todo momento he hecho referencia a un
lamentable error de cálculo, y propongo que ese lamentable error de
cálculo del Gobierno y el procedimiento seguido, que todos los grupos
han criticado, se corrija: a) con un informe -por tanto, acepto la
enmienda del señor Llamazares- y b) con la recuperación de ese valor,
que es un valor social y que se va a ir a unos pocos bolsillos...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera. Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
asignación de licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera
generación con el texto resultante del debate y la incorporación de
las enmiendas puestas de manifiesto por el portavoz del grupo, señor
Caldera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 125; en contra, 181; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la iniciativa de
referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS A
ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA REDUCIR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS
ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN NUESTRO PAÍS. (Número de
expediente 173/000002.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sobre medidas a adoptar por el Gobierno para
reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral
en nuestro país.
Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Frutos.
Señorías, ruego a los diputados que vayan a abandonar el hemiciclo
que lo hagan en silencio y rápidamente, al objeto de que podamos
continuar con el debate, y a los que permanezcan en él, que lo hagan
en sus escaños.
Adelante, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señora presidenta. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, decía en la pasada
manifestación del 1 de mayo en Madrid: El lema de la manifestación
tiene un sentido muy directo -el lema era: Trabajar para vivir-,
defendemos trabajar para vivir y que no se produzca lo que sucede en
la actualidad, que cada cinco horas y media hay una muerte de un
trabajador. Defendemos el trabajo -que todos los ciudadanos y
ciudadanas tengan un trabajo digno- frente a las especulaciones y los
pelotazos de la Bolsa. Este es un lenguaje normal y corriente, que
expresa nítidamente lo que está ocurriendo en la calle: mucha rapidez
en hacer grandes negocios, aunque sean especulativos y fraudulentos,
y luego muy poca agilidad en hacer cumplir las normativas que están
aprobadas desde hace tiempo. Lo que no es posible es que, una vez que
se tiene el puesto de trabajo, se esté arriesgando la vida por falta
de seguridad laboral. Este fue el leitmotiv de las manifestaciones
del 1 de mayo, y estas fueron las palabras del secretario general de
la UGT. Fidalgo, en nombre de Comisiones Obreras, también dijo algo
parecido.
Podríamos decir que el problema número uno que hemos visto en el
anterior debate sobre la propuesta de Convergència i Unió es que el
principal aumento de accidentes se produce a causa del incumplimiento
de la Ley de prevención de riesgos laborales, que se aprobó en 1995.
En esta ley había una serie de medidas y de normas a fondo que
permitían un trabajo, yo creo, muy serio, muy riguroso para haber
conseguido disminuir gradualmente los accidentes laborales. En 1995
se aprobó la ley ¿Qué ha pasado desde 1995 a 1999? En 1996, hay un
1.212.000 accidentes laborales con baja. En 1997, 1.321.000. En 1998,
1.486.000. Es decir, en tres o cuatro años ha habido un aumento de
casi el 38 por ciento de accidentes laborales con baja. ¿Por qué
sucede esto? La ley es buena, está bien. La ley recogía debates muy
importantes que hubo en el Senado y en esta Cámara y que luego se
concretaron finalmente en la Ley de prevención de riesgos laborales
¿Por qué ocurre esto? Porque la ley no se cumple. Yo creo que hay un
conocimiento suficiente de la ley por parte de los empresarios -creo
que es así-, pero muchos empresarios se chotean de la ley. No la cumplen.
Se chotean, del verbo chotear. Se burlan, es más fino, de la
ley. Simplemente porque les es más cómodo y más barato no cumplirla,
porque una prevención de riesgos laborales exige naturalmente un
gasto.
En el debate de la interpelación de la semana pasada intentamos
plantear, para que se viera claramente, que el gasto no era excesivo
para las empresas, que con formación, con información y con el
cumplimiento de determinadas normas de prevención se habrían evitado
muchos de los accidentes que luego fueron mortales o muy graves.
Decíamos también, y lo vuelvo a repetir (porque es una experiencia
que debería tenerse en cuenta y seguramente habría que enviar a una
comisión de este Parlamento en el momento en que se ponga a trabajar
en la subcomisión creada hace poco), que se fuera a Aragón y se viera
en concreto qué han hecho para que hayan tenido una disminución tan
espectacular de los accidentes laborales con baja. Sería interesante
ver qué han hecho y cómo lo han hecho.
En el debate anterior yo he intentado señalar cómo no hacen las
cosas, por ejemplo, gobiernos que en esta Cámara están apoyados por
el grupo que ha presentado hoy la proposición con relación a la
creación de una subcomisión y, sin embargo, en su comunidad autónoma
no cumplen. Por tanto, es necesario ver qué pasa. Es una observación
simplemente para que desde los partidos políticos se tenga en cuenta
la actuación de los gobiernos, aunque sea el gobierno del mismo
color. El partido político siempre tiene que estar por delante del
Gobierno, y lo diré con relación a una enmienda que tengo aquí
también, que normalmente los partidos políticos tendrían que estar
por delante de lo que son las decisiones del Gobierno.
La Fiscalía de Cádiz acaba de anunciar la creación de un servicio
especial de delitos en el ámbito laboral con la argumentación
siguiente: dado el alarmante crecimiento de la siniestralidad laboral
en la provincia desde o a pesar de la aprobación de la Ley de
prevención de riesgos laborales.
Señoras y señores diputados, sería duro admitir que una ley sirva
para delinquir aún más, para que haya más accidentes laborales,
homicidios laborales, en definitiva, para que haya más tullidos, para
que haya más gasto de la Seguridad Social, es decir, del conjunto de
la sociedad. Sería duro tener que admitir eso después de tener una
ley que es buena, que se puede mejorar, pero que es una ley para
trabajar, porque muchas partes de ella fueron fruto de un debate y de
un consenso. Además del no cumplimiento de la ley, la
subcontratación, que deriva también del incumplimiento de la ley, o
la precariedad en el trabajo es otro de los grandes elementos de la
siniestralidad laboral.
Al abrazo de la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995,
nosotros hemos detectado que muchos técnicos de las administraciones
en su conjunto y de laAdministración central están interesados en ver
cómo
se puede desarrollar a fondo esta ley; es decir, están interesados, a
partir de su profesionalidad y de su sentido cívico, en que la ley se
cumpla, están interesados en hacerlo.
Pero ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Qué quejas hay? ¿Qué denuncias hay?
Que las mutuas patronales y, en concreto, la CEOE son unos
recalcitrantes enemigos de medidas que representen un cierto gasto,
mayor gasto seguramente, pero no mucho mayor gasto, y que la CEOE, la
organización del gran empresariado, la que de hecho gobierna al
conjunto del empresariado domestique a los técnicos de las mutuas
patronales para que los técnicos de las mutuas patronales no vayan en
la misma línea que van los técnicos de las administraciones central y
periféricas.
Pero es que, además (y es otro de los grandes elementos a tener en
cuenta), hay un informe de la CES que plantea que los aspectos
sociales para dar un baremo, para puntear a una empresa que aspire a
una contrata pública, deberían tener en cuenta todos los elementos
que están contenidos en la ley, en el aspecto de la prevención, en
los aspectos sociales, en el aspecto del trabajo, etcétera.
Sin embargo nos encontramos ahora -y es un gran campo de
experimentación para el futuro inmediato- con que tenemos grandes
programas de obras públicas, de infraestructuras (plan Barajas, Metro
Sur, etcétera), para los que, desde diversos ministerios pero en
concreto desde el Ministerio de Fomento, se debería exigir una
cualificación de las empresas, es decir, la cualificación necesaria
para que las empresas puedan aspirar a un contrato público. Esto
sería lo fundamental.
Con relación a todo ello, nosotros presentamos una moción con catorce
propuestas concretas que son las siguientes: Poner en marcha las
medidas contenidas en la moción del 3 de marzo de 1998, aprobada por
unanimidad en esta Cámara. En definitiva venía a decir: hacer cumplir
la Ley de prevención de riesgos laborales en aspectos muy concretos.
Crear un servicio especial de delitos en el ámbito laboral que
intervenga en todos aquellos procedimientos relacionados con
homicidios o lesiones por imprudencia, motivados por un accidente de
trabajo, o delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la
Seguridad Social, etcétera.
Una tercera propuesta es la creación de un registro de empresas
sancionadas por infracción de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales. La cuarta, negociar con las organizaciones
empresariales y sindicales más representantivas la concreción del
ajuste de las cotizaciones sociales de los contratos temporales (otro
de los grandes elementos de la siniestralidad laboral) a la
incidencia de los mismos en el conjunto de gastos de la Seguridad
Social.
La quinta sería vigilar las condiciones de contratación de los
jóvenes en cuanto a información, formación y entrenamiento, así como
su adscripción a tareas adecuadas para ellos, para lo que sepan, para
su experiencia
concreta. Una sexta sería desarrollar la normativa necesaria, así
como controlar la aplicación de la existente con relación a los
aspectos económicos y organizativos en el trabajo, con el objetivo de
reducir la incidencia en accidentes relacionados con sobreesfuerzo.
Todo va relacionado con destajos, etcétera, condiciones que incumplen
normalmente la normativa y al mismo tiempo incumplen también los
convenios colectivos firmados entre sindicatos y patronales.
Séptima, adoptar las medidas necesarias para eliminar la posibilidad
de asignar al colectivo de trabajadores temporales las tareas de
mayor riesgo. Los trabajadores temporales que tienen una determinada
experiencia deben concretar su trabajo a partir de realizar tareas
que no representen un riesgo excesivo que no pueden poner en marcha a
través de los conocimientos, de la experiencia que tienen ellos en
concreto.
La octava sería profundizar en el desarrollo normativo, reglamentario
y administrativo de los aspectos relacionados con la prevención de
accidentes en el sector de la construcción, en el sector que, como
vimos en el debate de la semana pasada, hace más aportación a los
accidentes de todo tipo y en concreto los muertos.
La novena propuesta sería adoptar las medidas necesarias para la
regulación normativa de la subcontratación en el sector de la
construcción, con el fin de controlar las condiciones de contratación
y el control sobre las prácticas y efectos de la subcontratación de
actividades en el mismo. Tendremos ocasión de verlo en la subcomisión
que se ha creado en la medida en que se ha incorporado este elemento
de la subcontratación.
Otro punto es adoptar las medidas necesarias par la mejora de las
condiciones de trabajo de los profesionales del transporte por
carretera, en especial los trabajadores autónomos, tales como los
descansos adecuados, limitación de las jornadas y adecuación de los
vehículos a las necesidades de cada tarea. Debe haber un trabajo de
inspección serio, riguroso, porque los trabajadores autónomos por
carretera son muchas veces más explotados que muchos trabajadores por
cuenta ajena, por toda una serie de situaciones que se producen en
este sector y, por tanto, muchas veces es difícil para ellos mismos
cumplir las mínimas normativas de prudencia en su trabajo.El punto
once es adoptar las medidas necesarias de carácter administrativo o
de otro tipo, con el fin de disminuir los accidentes in itinere,
tales como el fomento del transporte público. Esto entra dentro de
otro debate, pero al mismo tiempo dentro de un debate fundamental
para evitar accidentes en tránsito.
El punto doce es adaptar la legislación vigente para permitir que un
grupo de pequeñas y medianas empresas pueda disponer de un delegado
sindical en materia de salud laboral (somos conscientes de que cada
pequeña empresa no puede disponer de este delegado, pero grupos de
empresas organizados a través del sector yde un ámbito territorial sí
que lo podrían tener), así
como la constitución y desarrollo de la figura del delegado
territorial de salud laboral.
El punto número trece es vigilar el cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de las Administraciones
Públicas. Por los datos que tenemos se incumple más la ley en el
conjunto de las administraciones públicas, donde paradójicamente se
debería dar un efecto positivo en la medida en que se cumpliesen más.
Finalmente, modificar la legislación vigente para que la elección de
mutua de accidentes de trabajo que preste servicios a una determinada
empresa sea realizada tanto por los representantes de la empresa como
por los representantes de los trabajadores.
Se han presentado una serie de enmiendas y aprovecho para definirme
sobre ellas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le rogaría que
fuese terminando. Ha excedido el tiempo ampliamente.
El señor FRUTOS GRAS: Estoy terminando, señor presidente.
Hay unas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular,
por el señor Azpiroz. Las he leído atentamente y usted mismo me ha
informado del esfuerzo que han hecho desde su grupo. Creo, señor
Azpiroz, que el aparato del Ministerio ha tenido más fuerza que su
buena voluntad en el momento de imponer determinadas propuestas que
se expresan aquí. Es una propuesta la que me hace el Grupo
Parlamentario Popular a la que sólo falta ponerle música; la
propuesta es casi de violines, aquello de que todos seremos buenos,
generosos, todo funcionará bien, lo pondremos en marcha todo. Estamos
lejos de la filosofía que expresa esta propuesta, sobre todo de la
que no expresa, y por tanto siento no poder recogerla aunque me
gustaría hacer un esfuerzo para ello.
Aceptamos las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
porque amplían en lo fundamental los elementos contenidos en nuestras
catorce propuestas, algunas cambian algunas de las nuestras pero en
una misma línea, y luego añaden un par de enmiendas que a nuestro
entender enriquecen la propuesta que hace Izquierda Unida. Por tanto,
aceptamos estas enmiendas.
Tenemos en este momento la oportunidad de reiterar algo que hemos
dicho en anteriores ocasiones, pero ahora ya con vocación de que todo
esto se cumpla y, además, con la aprobación de la creación de una
subcomisión que puede empezar a recoger los frutos del debate que ha
habido en estas dos semanas y comenzar a trabajar a conciencia para
que podamos dar un paso significativo en la solución del problema que
debatimos.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor González,
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señor presidente, señorías, en el debate que
mantuvimos la semana pasada en esta Cámara sobre la siniestralidad
laboral, todos los grupos intervinientes manifestamos la preocupación
por las altas cifras de accidentes laborales en nuestro país. El
señor Frutos acaba de hacer lo mismo, indicando la evolución de las
cifras. Sabemos que es un problema complejo que requiere la
cooperación y el esfuerzo de todos. Lo decía el señor ministro y cito
palabras textuales: El traslado de responsabilidades o pensar que
sólo una de las partes es el responsable directo de la solución de
este problema no es el camino; el camino es la cooperación
interinstitucional y el diálogo. Estamos de acuerdo con las palabras
que pronunciaba el señor ministro, pero creemos que hay que fijar las
responsabilidades de cada cual, las del Gobierno, las de las
administraciones autonómicas, las de los empresarios y las de los
trabajadores. Decía antes el señor Campuzano que se ha debatido
muchas veces este tema en la Cámara y puede ser que cree frustración
porque el índice de siniestralidad sigue aumentando. Pensamos que se
podría estar favoreciendo cierta tendencia a diluir la
responsabilidad entre todos, que en definitiva no deja de ser una
forma de que nadie asuma ninguna. En esta Cámara, como es obvio,
debemos referirnos a las responsabilidades del Gobierno.
Tenemos una ley de prevención homologable con las normas europeas,
posiblemente la mejor de Europa, y tenemos una ley que el Gobierno
puede ir desarrollando con las normas. Si bien es cierto que la
ejecución de estas políticas corresponde a las comunidades autónomas,
no lo es menos que el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir
la ley en todos los rincones del país, a pesar de las transferencias
de competencias. Es a la Administración del Estado a quien
corresponde, por tanto, coordinar las actuaciones de las
administraciones competentes para velar por el cumplimiento de la
ley. Para ello dispone de un instrumento básico que depende
exclusivamente del Ministerio de Trabajo: los servicios de
Inspección. El Gobierno, aprovechando, si fuese necesario, la
facultad que también posee de elaborar planes de acción al respecto,
debe impulsar y reforzar el papel y la actividad de la Inspección de
Trabajo, fundamentalmente los aspectos relativos a la vigilancia del
cumplimiento de la normativa y a la comprobación de la aplicación de
las medidas preventivas establecidas en la ley. En este sentido hemos
propuesto una enmienda, que el señor Frutos nos comunica que va a
aceptar, para desarrollar un plan específico de inspección de las
funciones desarrolladas por las mutuas de accidentes, en particular
en lo relativo a servicios de prevención y a todos aquellos aspectos
sobre prevención de la siniestralidad
laboral que tienen encomendadas legalmente. En opinión del Grupo
Parlamentario Socialista, a las mutuas que manejan recursos públicos
se les debe exigir absoluta transparencia respecto al uso de los
mismos. Por ello, creemos necesario someter a auditoría las funciones
desarrolladas por ellas para conocer, además de los aspectos
relacionados con su actividad preventiva, otros elementos tales como
los índices de accidentalidad y de incidencia para su comparación con
otras mutuas. Estamos convencidos de que los empresarios, deseosos de
reducir el número de accidentes en sus empresas, una vez conocidas
sus actuaciones, se asociarán a aquellas que garanticen con
resultados demostrados una menor siniestralidad laboral.
Otros de los aspectos que el mismo señor ministro señalaba como
fundamentales en el debate de la semana pasada eran las acciones de
divulgación. El señor Aparicio establecía una cierta analogía con los
accidentes de tráfico, asegurando que el conocimiento de las leyes y
de algunos de los efectos de las conductas temerarias ayudan y
cooperan en la causa. Apliquemos, pues, este convencimiento a la
materia que estamos tratando. El Gobierno debe desarrollar campañas
de divulgación permanentes en las que se incluya información
y publicidad periódica, semanal, quincenal o mensual, en los medios de
comunicación de los accidentes laborales, de sus causas y de sus
consecuencias. Con ello se contribuirá sin duda a un cambio de
cultura, a una mayor concienciación de los trabajadores, de los
empresarios, de las administraciones y en general de toda la
sociedad. Por último, dado que el mayor porcentaje de accidentes, el
70 por ciento aproximadamente, se produce entre trabajadores jóvenes
y con un contrato temporal, creemos primordial desarrollar un plan de
acción específico sobre la siniestralidad laboral de la juventud,
incidiendo de forma especial en la formación para los trabajadores
temporales, vigilando, por supuesto, como indica el Grupo de
Izquierda Unida, las condiciones de su contratación en cuanto a
información, formación y entrenamiento, así como su adscripción
a tareas adecuadas para ellos.
Las medidas propuestas en la moción presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida van a contribuir, sin duda,
y por ello las vamos a votar favorablemente junto a las enmiendas
propuestas por otros grupos, a paliar este tremendo problema, pero
eso sí, siempre que se cumplan, porque no podemos ocultar nuestra
sorpresa y extrañeza al observar que en el primer punto de dicha
moción se insta al Gobierno a poner en marcha la moción presentada y
aprobada por el Pleno de la Cámara el 24 de febrero de 1998. Ante
esto, señorías, la pregunta es obligada: ¿Es que el Gobierno no ha
impulsado el cumplimiento de las medidas aprobadas en dicha moción?
¿O no será que ya se ha caído en esa tendencia que mencionábamos al
principio de diluir las responsabilidades, que, como dijimos, no deja
de ser una forma de no asumir ninguna responsabilidad?
Esperemos que por el bien de los trabajadores especialmente no
sea así.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González.
Por el Grupo Mixto, el señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde el punto de vista del Bloque
Nacionalista Galego, la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida tiene el máximo interés, y más interés
tendría si llegara en algún momento a aplicarse lo que propone,
porque trata de fijar criterios de actuación y medidas a adoptar por
el Gobierno para disminuir el número de accidentes laborales,
accidentes que tienen un alto coste social y humano, más allá del
coste económico. Es una evidencia que el Gobierno tiene la obligación
de estudiar y conocer las causas fundamentales de esta alta tasa de
accidentes y adoptar medidas concretas y prácticas para disminuirlos;
por tanto tiene la obligación, desde nuestro punto de vista, de
actuar.
Nosotros creemos, y también muchos expertos, que uno de los factores
que contribuyeron de forma notable al aumento de los accidentes tiene
que ver con la modificación de las condiciones de empleo y trabajo.
Sin duda, en el grupo de los trabajadores temporales el índice de
accidentes es mucho mayor. Dicen las estadísticas que dos modalidades
de contratación, por obra o servicio y circunstancias de la
producción, suponen el 43,4 por ciento del total de los accidentes.
Sin duda también es una evidencia que las condiciones de trabajo,
cada vez peores, por cierto, tienen que ver también con el aumento
del número de accidentes. Está claro que el sobreesfuerzo, las largas
jornadas de trabajo y la necesidad de desplazarse entre el lugar
donde se vive y el tajo son, entre otras, causas conocidas que
inciden en este problema del que hablamos. Por tanto, si muchos de
estos factores son conocidos, el Gobierno debe tomar medidas
prácticas que los eviten; medidas que sólo pueden pasar por evitar
las causas que provocan los accidentes de trabajo y por hacer cumplir
la legislación vigente en materia de riesgos laborales mediante la
inspección del cumplimiento de la misma y la sanción cuando fuere
menester.
Dicho esto de manera genérica, la enmienda que presentamos pretende
incluir en la moción una referencia a los trabajadores del mar puesto
que en la misma se explicitan medidas referidas a otros colectivos de
trabajadores o trabajadoras. Es una enmienda de adición que pretende
incluir el siguiente texto: Adoptar las medidas necesarias para
mejorar las condiciones de trabajo en el mar, particularmente las
condiciones de trabajo a bordo de buques pesqueros; diseñar medidas
específicas para reducir la incidencia de la siniestralidad
laboral en la pesca y para reducir el elevado índice de mortalidad de
los accidentes ocurridos en este sector. La proponemos porque es
evidente que, por las características del medio en que se desarrolla,
la pesca y el trabajo en el mar en general son actividades peligrosas
en sí mismas. También es evidente que el número de accidentes, sobre
todo los graves y, por tanto, el número de muertos en el mar ha
aumentado espectacularmente en los últimos tiempos. Es constatable
que mientras los accidentes clasificados como graves suponían en 1998
el 1,44 por ciento del total general de los ocurridos en todas las
ramas de actividad a nivel estatal, esta categoría de accidentes
graves en el mar en buques pesqueros supuso un 3,02 por ciento. Las
cifras son peores en el caso de los accidentes mortales. La tasa de
mortalidad del conjunto de los accidentes laborales registrados a
nivel estatal ascendió al 0,14 por ciento; en el mismo período, la
tasa de mortalidad de los accidentes ocurridos en la pesca fue seis
veces mayor, ascendiendo de manera muy preocupante al 0,86 por ciento
del total. Por la información que tenemos del sector, estos datos son
todavía peores en 1999 y continúan por la misma senda en el presente
año.
Concluyo. Nos parece que es notoria la preocupación entre los
trabajadores por este problema. Es verdad que también una minoría de
empresarios, en todo caso los menos, está preocupada por esta alta
tasa de siniestros. El Gobierno no puede permanecer impasible dándolo
como inevitable o adoptando medidas parche que no resolverán nada.
Nos parece que es un problema muy serio que deberá abordarse con toda
seriedad y pronto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Intervendré con brevedad y desde el escaño. Creo que el debate que
está transcurriendo pone de manifiesto de nuevo la oportunidad de la
iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió de intentar trasladar
nuestras reflexiones en este ámbito a una subcomisión. Existen aquí
posiciones de fondo coincidentes en algunos aspectos: en la evidencia
de que las cifras son de escándalo, en la necesidad del cumplimiento
de la ley, en la necesidad de poner en marcha los recursos que las
administraciones deberían disponer con más énfasis, en el
cumplimiento de sus responsabilidades por parte de los directivos de
las empresas y empresarios. También se pone de manifiesto la
necesidad de la asunción de la responsabilidad de los trabajadores
-no es moralina, es una cuestión de decencia- y muchas de las
insuficiencias del sistema actual basado estrictamente
en la prevención y en la responsabilidad compartida, que no introduce
incentivos positivos para aquellas empresas que cumplen con la ley ni
prevé mecanismos discriminatorios en sentido positivo para esas
mismas empresas.
En el debate no todo está dicho a pesar de que a alguien le parece
que lo está; no todo está dicho en esta materia. Creo que
difícilmente podremos resolver la cuestión de fondo en un debate
planteado a través de una simple interpelación y de la moción
consiguiente. Intentar resolverlo así es quedarnos en la simplicidad
de las cosas y no profundizar en las causas de fondo. Por tanto,
nosotros nos confirmamos en la necesidad de la subcomisión para poder
entrar en el fondo de las cuestiones.
Nos gustaría que nuestras enmiendas fuesen aceptadas. Entendemos que
no lo sean finalmente por las discrepancias que tenemos en algunos
aspectos de la cuestión. Nos parece esencial la necesidad de
profundizar de verdad sobre el conjunto de medidas que se deben
desarrollar en este ámbito.
Finalmente, recomendaría a quien quiera abrir debates sobre aquellos
que se realicen en otros ámbitos competenciales que lo haga allí
donde toca; y si por desgracia, porque así sucede en el sistema
político, no se obtiene presencia parlamentaria donde corresponde el
debate, que se haga el esfuerzo de conseguir esa representación.
Sería importante más que nada por respeto al buen funcionamiento de
las Cámaras y a las responsabilidades que corresponde en cada lugar.
Por tanto, nuestra enmienda remarca la necesidad de que sea en el
marco de la subcomisión donde se planteen estas cuestiones, apunta al
necesario cumplimiento de lo aprobado en el año 1998 y plantea una
propuesta concreta que entendemos que debe ser objeto de reflexión.
No nos parece que sea la panacea pero sí que introduce un cambio
sustancial en la metodología que hasta ahora hemos tenido en el
modelo de prevención y de responsabilidad compartida. Nos parece que
es una línea que deberíamos seguir en esta legislatura.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
He escuchado con todo interés y respeto el debate y puedo decir que
siempre se aprende algo, al menos yo he aprendido. Como decía el
señor Campuzano, creo que en esta materia, a pesar de los tics, no
está dicho todo sino que hay que abordar todavía en el futuro
inmediato muchas consideraciones, matices, detalles y causas.
Voy a procurar ser rápido -ya que breve es difícil porque a la fuerza
he de ser extenso- a la hora de analizar siquiera brevemente (me veo
obligado a ello como portavoz del grupo que apoya al Gobierno) los
enunciados que plantea la moción de Izquierda Unida, asimismo las
razones y el contenido de la enmienda del Grupo Popular y también la
referencia a la moción aprobada en el año 1998, que figura en el
punto primero de la moción del señor Frutos. De todas maneras, antes
de entrar en lo concreto quiero decir que comparto que en buena
medida el problema es que aquí la ley no se cumple, no que no haya un
instrumento legislativo adecuado. La cuestión es exactamente por qué
no se cumple. El señor Frutos ha aportado su unilateral visión en la
materia y nos ha dicho que en su opinión el elemento fundamental del
incumplimiento legal se funda en que las empresas quieren ahorrar. Yo
tengo mis reservas. Puede haber alguna empresa que por razones de
estricta economía incumpla la ley, que sea ilegal, pero yo creo que
no es el denominador común de las empresas sino que hay causas más
profundas que analizar y que ver. Algunas se han apuntado a lo largo
del debate del miércoles pasado y de esta misma tarde y son las
relativas a las dificultades de coordinación que indispensablemente
hay que realizar entre los órganos competentes, a que la ejecución
está en las comunidades autónomas, al grado de sensibilidad de los
empresarios, al grado de conocimiento e información, al grado de
planes de prevención, al grado de cumplimiento por los trabajadores,
al grado de implicación social, al grado de la sensibilidad que
debemos tener ante la mortandad que efectiva y desgraciadamente se
produce.
Voy a hacer un breve repaso, desde nuestra perspectiva, de lo que nos
plantea, porque creo que el tema lo merece y que es mi obligación
hacerlo. El punto primero lo dejo para el final.
En el punto segundo usted nos plantea la creación de un servicio
especial de delitos. Voy a referirme a los puntos sin el epígrafe
porque si no no voy a tener tiempo. En este momento se está tratando
de la actualización de la instrucción 791, así como de la realización
de un seminario conjunto entre la Fiscalía y la Inspección de
Trabajo, a fin de aportar elementos técnicos y del conocimiento que
tiene la Inspección de Trabajo con relación al mundo laboral y al
mundo de la prevención de riesgos laborales.
En el punto tercero, promover la creación de un registro de empresas
sancionadas, he de admitirle que la previsión que hace el artículo 54
de la vigente ley de prevención de riesgos laborales establece que la
Administración ha de limitar o no realizar contratación con empresas
en el supuesto de que incurran en comisión de delitos o infracciones
administrativas muy graves. Esto es lo que en su día la Cámara aprobó
al respecto. Sin embargo, tiene problemas o ciertas dificultades -que
reconozco- jurídicas, prácticas y también de
derecho comparado en relación con otros países de la Unión Europea
que habrá que considerar en el futuro.
En el cuarto punto nos plantea negociar con las organizaciones
empresariales cotizaciones sociales de los contratos temporales. Si
con esta medida lo que persigue es introducir en su estima de bonus
malus -también algún otro portavoz anteriormente lo señaló- el
incentivo a aquellas empresas que cumplen la ley y que no tienen una
siniestralidad laboral, nos parece que es un tema a tratar o a
discutir, pero en todo caso no que se haga a partir del factor
temporalidad exclusivamente sino a partir del factor cualquier tipo
de contrato.
Respecto al punto quinto de su moción, vigilar las condiciones de
contratación, yo diría que de contratación y trabajo, consideramos
que la mejora de la formación profesional de los jóvenes es una
medida indispensable para asegurar la formación preventiva a la hora
de acceder al empleo.
Con relación al punto sexto, desarrollar la normativa de aspectos
ergonómicos y organizativos, no consideramos que se debe desarrollar
la normativa. La normativa se debe cumplir nuevamente en esta
materia. Se necesita hacer un mayor esfuerzo de divulgación y
formación para la prevención de trastornos musculoesqueléticos que en
general son -y aquí hay algún doctor- los que ocupan el primer lugar
en términos cualitativos en las bajas por esta materia de
sobreesfuerzos. He de señalar que este año justamente la semana
europea de la seguridad y salud del trabajo se dedica a esta materia.
En el punto siete, adoptar las medidas para eliminar la posibilidad
de asignar al colectivo de trabajadores temporales tareas de mayor
riesgo, la cuestión ha sido ya abordada con detalle en el Real
Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal, así como en el artículo 28 de la Ley 31/1995 sobre
la necesidad de formación e información de estos trabajadores. Se
reconoce, no obstante, ciertas dificultades por la gran demanda del
mercado laboral de empleo. Estamos en un momento de gran creación de
empleo, de gran absorción de mano de obra y, por tanto, los
parámetros de dedicación a esta materia quizá no son los deseables
pero estamos en un momento singularmente importante en el orden de
creación de empleo. En cuanto al Plan Nacional de Inspección de
Trabajo, sabe usted que esta es una materia fundamental y que está
contemplada en el mismo. Diré también, en orden a lo que en el debate
anterior se manifestó, que en el año 1999 la Inspección de Trabajo
paralizó la actividad laboral en 2.392 centros de trabajo, lo que
representa un incremento del orden del 250 por ciento con relación al
año 1996 y fundamentalmente en muchas empresas relativas a la
construcción.
Respecto al punto octavo entendemos que no es necesario un mayor
desarrollo reglamentario en el sector de la construcción. Este es el
único sector donde la normativa exige la presencia de un coordinador
de
seguridad tanto en la fase de proyecto como de ejecución de obra. Se
trata también de un sector prioritario, como acabo de exponer con
datos objetivos que no digo que sean suficientes a la vista de la
siniestralidad producida pero que sí son esfuerzos que desde la
Administración general del Estado se vienen realizando, y esta
evolución en concreto se está produciendo en la Inspección de
Trabajo. Están próximos a concluirse, en todo caso, los trabajos del
grupo especial creado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el estudio de la problemática del sector y también
la guía técnica que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo está elaborando sobre los mismos para facilitar la
aplicación del Real Decreto 1.627 del año 1997.
Con relación al punto noveno existe ya un proyecto de real decreto
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de prevención,
relativo a coordinación de actividades empresariales y que trata de
imponer determinados requisitos que garanticen unas mejores
condiciones de seguridad pero no de prohibir.
En relación con el punto décimo, los accidentes in itinere son una
cuestión no sólo dependiente del Ministerio de Trabajo sino, en buena
medida, del Ministerio de Interior y sobre el mismo probablemente
haya que formular un convenio que supongo que será fruto de uno de
los resultados de la subcomisión que en el Senado aborde esta
problemática.
Con respecto al punto duodécimo, relativo a las pymes, entendemos que
no se debe hacer por ley la figura que usted nos propone, sino que
debe ser objeto de acuerdo entre las partes y que se le debe dar
trato territorial y zonal para conseguirlo. La idea no es mala, pero
entendemos que debe ser vía convenio entre las partes y no vía
requerimiento legal.
En cuanto al punto decimotercero, tengo que decirle que en este
momento hay un elevado ritmo de constitución de servicios de
prevención en las administraciones públicas. Así, a 27 de enero de
1999 se ha creado una comisión paritaria de salud laboral en la
Administración general del Estado y está próximo el inicio de la
realización de las auditorías a las que antes creo que aludió el
portavoz del Grupo Socialista.
Pues bien, ante esta filosofía nosotros hemos presentado una enmienda
y, si tengo tiempo, luego entraré en el último punto, que era el
primero de su moción. Entendemos que hay que incluir, con carácter
prioritario, en el ámbito del diálogo social a desarrollar con las
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales los aspectos
relativos a la prevención de riesgos laborales con el objeto de
consensuar medidas dirigidas a reducir los altos índices de
siniestralidad laboral existentes y desarrollamos tres puntos en
concreto relativos a la construcción, el transporte por carretera y
el recurso a la subcontratación. Nosotros tenemos fe en el diálogo
social, en la madurez de los interlocutores sociales y tenemos la
experiencia y la capacidad para llegar
a acuerdos importantes en materias de enorme trascendencia, materias
relativas a la Seguridad Social -el Pacto de Toledo-, a figuras de
contratación, como el contrato a tiempo parcial o a la reforma del
mercado laboral. También creemos que aquí tienen capacidad para
profundizar, para atender a aquello que decimos y que desde el
conocimiento directo de la vida laboral, los trabajadores, sus
representantes y los empresarios puedan aportar fórmulas que son
imprescindibles abordar para paliar el alto índice que sufrimos.
El punto segundo de nuestra iniciativa plantea algo que también es
imprescindible: impulsar una mayor coordinación entre la
Administración general del Estado y las comunidades autónomas
responsables de la ejecución de la normativa reguladora de la
prevención de riesgos, utilizando entre otros instrumentos la
conferencia sectorial y la Comisión Nacional de Seguridad y de Salud
Laboral.
El punto tres propone proseguir -lo han pedido muchos de los que han
intervenido- con la aplicación de las medidas inspectoras en el
ámbito de la prevención de riesgos, con el objeto de garantizar la
plena efectividad de la normativa vigente, implementando los medios
humanos y materiales a tal fin.
Y en cuarto lugar, homologar -lo hablamos el miércoles pasado- las
estadísticas sobre siniestralidad laboral en España a los criterios y
metodologías utilizados en el resto de los países de Europa.
Lamento que no pueda aceptar esta enmienda. No creo que sea una
enmienda -lo ha dicho usted cariñosamente y así me lo tomo, de buen
grado- con música de violines, sino que subyace una filosofía clara,
una filosofía que en cuatro años ha conseguido que el Gobierno al que
apoya este grupo haya obtenido resultados importantes en lugares
tradicionalmente conflictivos del ámbito social y del ámbito laboral.
Nosotros creemos que aquí hay un camino que recorrer junto con las
comunidades autónomas, con las iniciativas legislativas y con esa
subcomisión a crear en el Senado.
Si el señor presidente me lo permite, siquiera brevemente me voy a
referir a las alusiones que ha hecho usted y el portavoz del Grupo
Socialista en orden al grado de cumplimiento de la moción, creo que
del señor Peralta, del año 1998. He de decirle que la Fundación de
Prevención de Riesgos se creó el 27 de abril de 1999, ante notario y
con la firma de las respectivas escrituras, y que el patronato ha
quedado constituido el 8 de septiembre de 1999, es decir, hace medio
año, estando iniciándose los trabajos dirigidos a adoptar el primer
programa de acción de la fundación.
Con respecto al punto de la adopción de un acuerdo de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades
autónomas, he de decirle que, tras la aprobación del protocolo de
declaración común por la conferencia sectorial, realizado el 15 de
marzo de 1999, el 8 de septiembre del mismo año tuvo lugar la
constitución del comité técnico del Ministerio
de Trabajo y comunidades autónomas sobre seguridad y salud en el
trabajo. El desarrollo de la red de España en la seguridad y salud en
el trabajo ha sido objeto de información y divulgación en Internet,
con una página web, y a través de la red española de SST. La
experiencia de Aragón, que tanto ha sido citada, sobre visitas
selectivas a empresas con mayor siniestralidad, con el fin de
asesorarlas, se está ampliando. Efectivamente, hay 36.000 empresas y
en ellas se concentra el 50 por ciento de la siniestralidad laboral.
Menos de un 3 por ciento de las empresas españolas aglutina a la
mitad de la siniestralidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Azpiroz, le rogaría que
fuese concluyendo.
El señor AZPIROZ VILLAR: Medio segundo, señor presidente. Gracias por
su flexibilidad. Concluyo enseguida, pero creo que le debo al señor
Frutos y a la Cámara esta explicación porque es ilustrativa y
conveniente, habida cuenta del interés que lógicamente ha despertado
el tema.
Respecto al establecimiento de un convenio-marco entre las
administraciones laborales y educativas, se está desarrollando un
proyecto-convenio en esta materia para insertarlo en la enseñanza
obligatoria y en la formación profesional reglada.
Establecimiento y desarrollo de un plan nacional de formación. Este
grupo de trabajo ha finalizado el plan nacional de formación y los
pasos inmediatos supondrán su valoración por las comunidades
autónomas y la búsqueda de la financiación correspondiente.
Para concluir simplemente le diré que en actividad legislativa ha
habido un real-decreto, el del 5 de febrero de 1999, hay cuatro
borradores de proyectos de realdecreto, hay guías técnicas
orientativas y, en cuanto al Plan Nacional de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en el año 1999 el 24 por ciento de las actuaciones
inspectoras se han referido exclusivamente al ámbito de la
siniestralidad laboral. Eso implica un crecimiento del 15 por ciento
en relación con el año 1998.
Si me pregunta si estoy satisfecho le diré que no; si esto resuelve
los problemas que tenemos, diré que no, pero también, en honor a la
verdad, hay que decir y reconocer que el Gobierno está haciendo
esfuerzos y todas las partes implicadas nos debemos esforzar en un
tema que creo que es de primera magnitud. En eso, y desde esas
perspectivas, seguiremos andando para paliar los efectos tan nocivos
y trágicos de la siniestralidad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Grupos que no hayan
intervenido y que deseen fijar su posición? (Pausa.)
El señor Frutos tiene la palabra a los solos efectos de la aceptación
o denegación de las enmiendas presentadas.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Ya he señalado anteriormente que aceptamos las cinco enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista, porque son coincidentes con nuestra
propuesta. Aceptamos también -y no me he referido a ella porque no la
conocía- la que ha presentado, a través del Grupo Mixto, el compañero
del Bloque Nacionalista Galego, porque es lógica y coincidente con
nuestra propuesta. No podemos aceptar, como he señalado
anteriormente, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular porque,
señor Azpiroz, liquida los 14 puntos de la propuesta de Izquierda
Unida. Además, la filosofía es bastante diferente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Perdone, señor Frutos.
Rogaría a SS.SS. que fuesen ocupando sus escaños en silencio.
El señor FRUTOS GRAS: Finalmente, las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tampoco pueden ser
aceptadas, ya que son filosofías diferentes. Podríamos coincidir en
los puntos 1 y 2, pero en el 3 hay una contradicción fundamental con
nuestra propuesta. Dice: considerar la implantación de incentivos a
las cotizaciones empresariales por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. ¿Además tenemos que dar dinero a los
empresarios para que no sean tan malos y cumplan la normativa? El
Gobierno está para gobernar, la inspección está para inspeccionar, el
control está para controlar. Por tanto, que se cumpla la ley en el
ámbito de cada comunidad autónoma -también de la suya- y en el ámbito
general por parte del Gobierno central. Por tanto, tampoco podemos
aceptar estas enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Naturalmente, nos encontraremos en la
subcomisión para ver el grado de coincidencia que hay en toda una
serie de medidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno
para reducir de manera significativa los índices de siniestralidad
laboral en nuestro país, con el contenido derivado del debate y las
enmiendas incorporadas que han sido aceptadas por parte del señor
Frutos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 126; en contra, 174; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DEFENDER ANTE LA
UNIÓN EUROPEA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS A LOS
PRODUCTORES DE FRUTA SECA Y ALGARROBAS. (Número de expediente 173/
000003.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la Unión
Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores
de fruta seca y algarrobas Para su defensa, tiene la palabra el señor
Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Señora presidenta, señorías, el pasado día
17 tuvo lugar en esta Cámara una interpelación al ministro de
Agricultura, encaminada a saber cuál sería su actuación y la del
Gobierno para defender ante la Unión Europea el mantenimiento de las
ayudas comunitarias a los productores de fruta seca y algarrobas.
Ahora, siguiendo los mecanismos parlamentarios, y como consecuencia
de aquella interpelación, el grupo de Convergència i Unió presenta
esta moción, que insta al Gobierno a que defienda ante las
autoridades de la Unión Europea dos aspectos importantes, como son la
reforma de la OCM de las frutas y hortalizas, al objeto de incluir en
las mismas los frutos secos y, mientras no se haga efectiva esta
reforma, el mantenimiento de una ayuda a la renta para los
productores de la fruta seca.
El primer aspecto sería en base a los siguientes principios:
establecimiento de una ayuda directa, desconectada, a través de las
organizaciones de productores, que garantice el mantenimiento de la
renta de los productores de frutos secos y algarrobas. También el
mantenimiento de la ayuda directa a tanto alzado para la avellana,
previsto en el artículo 55 del Reglamento de la Comunidad Económica
2.200/1996, para las campañas de los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Y
asimismo el establecimiento, de forma complementaria y con el
objetivo de continuar la mejora de las producciones, de una ayuda
para financiar acciones estructurales de arranque, nueva plantación y
reconversión varietal de este tipo de cultivos. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El segundo aspecto sería el mantenimiento hasta la reforma de la OCM
de una ayuda a la renta, que debería ser equivalente a las ayudas
actuales; ayudas estas dirigidas a los productores de fruta seca,
incluidos en las organizaciones de productores existentes dentro de
los programas de la mejora de calidad y de la comercialización, cuya
vigencia finaliza el año 2000.
Si bien es cierto que esta moción viene precedida de un compromiso
del señor ministro, el cual reiteró su voluntad de defender las
ayudas comunitarias al sector de la fruta seca y la algarroba,
también es cierto que esta moción quiere presentar las bases para
garantizar el futuro del sector. El sector ha hecho un gran esfuerzo
durante los últimos diez años para reorganizarse. Ahora, la Unión
Europea tiene la oportunidad de arbitrar ayudas al sector en la línea
que plantea esta moción, ayudas que permitan observar el futuro con
esperanza. Para todos aquellos hombres y mujeres que tienen como
única fuente de ingresos el cultivo de este producto, sólo les queda
una esperanza, y es la continuidad de la ayuda de la Unión Europea al
sector. Las medidas específicas establecidas por el Consejo de la
Comunidad en el año 1989, tomadas en un momento difícil del mercado
de los frutos secos, han dado unos resultados muy satisfactorios.
Desde el punto de vista de la organización del mercado, en España se
han constituido 73 organizaciones de productores reconocidas para el
cultivo de frutos secos y algarrobas, algunas de las cuales han
realizado o están iniciando un proceso de concentración muy favorable
para el sector, que la nueva normativa debe potenciar, favoreciendo
también la integración de nuevos agricultores al programa que se
propone. Igualmente, las organizaciones de productores, acogiéndose
a las ayudas de los planes de mejora o a otras estructuras, han
realizado importantes inversiones en la creación o modernización de
centros de manipulación y transformación de las producciones;
creación y modernización que han repercutido favorablemente en la
calidad y en la comercialización de los productos ofrecidos en el
mercado. Curiosamente nos encontramos ante un hecho de difícil
comprensión: Europa es altamente deficitaria. No hay excedentes,
señorías, por tanto, ¿qué sentido tiene recortar las ayudas
económicas a las zonas productoras de frutos secos? Por otra parte,
las exportaciones americanas a determinados países terceros gozan de
acuerdos preferenciales que no tiene la Unión Europea, con el
consiguiente perjuicio para nuestras exportaciones.
Decíamos durante la interpelación al señor ministro que la falta de
ayudas económicas al sector y la fuerte competencia de países como
Turquía y Estados Unidos, con aranceles muy bajos en la Unión
Europea, llevaría al abandono de los cultivos y, por tanto, a la
desertización de las zonas abandonadas. Por tanto, la falta de ayudas
económicas nos comportaría dos graves problemas. El primero, social;
el segundo, medioambiental.
En el primero veríamos a familias inmersas en la ruina. En España
140.000 familias viven del cultivo del fruto seco, de las cuales más
de 20.000 están en Cataluña. El segundo comportaría la desertización
de las zonas abandonadas y, por tanto, aumentaría el riesgo de
incendios. Quiero recordarles que, por ejemplo, en Cataluña hay un 60
por ciento de masa forestal. Pero esto no es solo un problema que
afecta a Cataluña, sino a otras comunidades autónomas como Andalucía,
Aragón, Valencia, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha, entre otras.
Para darles una visión más amplia del problema, permítanme que les
diga que alrededor de ese cultivo hay un importante sector de
transformación, así como también de comercialización, del que, por
ejemplo en Cataluña, dependen más de 5.000 familias. Por tanto,
señoras y señores diputados, vemos que estamos ante un problema de
importantes dimensiones humanas, que en estos momentos tiene
angustiadas a miles de personas y que asimismo ha creado alerta
social en muchos pequeños municipios agrícolas, cuya dependencia
económica de este sector es total. Sus ayuntamientos y sus habitantes
no entenderían que esta Cámara no fuera sensible con un problema que
afecta a hombres y mujeres que han vivido siempre en el campo y que
quieren seguir haciéndolo. Además, se encuentran ante la
imposibilidad de reconvertir el sector, ya que los productos que en
aquella tierra podrían implantarse -viñedos, olivos o cereales- se
encuentran ante la imposibilidad de conseguir derechos de plantación
por la legislación europea vigente. Nos encontramos, por tanto, ante
un sector que, después de haber perdido el 31 por ciento de su renta,
ahora puede desaparecer y esto en un Estado que aporta el 77 por
ciento de la producción comunitaria. Por este motivo, señoras y
señores diputados, hemos presentado esta moción que esperamos que sea
votada favorablemente por el conjunto de los grupos políticos de esta
Cámara.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortíz): Gracias, señor Maldonado.
¿Grupos que vayan a defender sus enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para ahorrar tiempo. La moción que al
parecer se va a aprobar hoy recoge algunos de los aspectos que
nosotros pretendíamos y también el sector, pero desde nuestro punto
de vista es insuficiente porque las organizaciones de producciones,
los cerca de 140.000 agricultores que ya se han citado aquí de
Cataluña, Andalucía, Aragón, País ValenÁia, Castilla-La Mancha o
Baleares piden algo más. Solicitan que si al final las cosas no van
bien, si las negociaciones no recogen sus aspiraciones, si la
consecuencia de éstas no permite el mantenimiento del cultivo y de
las rentas de sus productores, lo responsable es prever otro tipo de
medidas que también ellos reclaman: que las administraciones de
nuestro país se hagan cargo del problema. De ahí el texto de nuestra
enmienda que dice: Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que coordinadamente con las comunidades autónomas
afectadas garantice como mínimo las rentas actualmente percibidas por
los sectores, de lo que informará en todo momento a las
organizaciones de productores.
Señorías, esta enmienda no pretende sustituir en modo alguno las
negociaciones ni la postura firme del Gobierno que ya anunciamos la
semana pasada que íbamos a apoyar, simplemente es por si acaso, un
acaso que, por desgracia, puede llegar a suceder. Porque nadie de los
aquí presentes, estoy seguro, sea del grupo que sea, estamos
dispuestos al abandono de los cultivos y a la desertización de estas
zonas. El ministro decía la semana pasada que el Gobierno es
absolutamente consciente de la importancia económica, social
y medioambiental. Pues apelamos a esa conciencia para que el sector
esté seguro de su futuro.
Parece que van a rechazar nuestra enmienda, pero no quisiéramos
terminar nuestra intervención sin dejar constancia de dos cosas:
primera, que, a pesar de ello, vamos a votar la moción favorablemente
para que no quepa ninguna duda de nuestro apoyo al Gobierno en estas
negociaciones tan difíciles que se avecinan y, segunda, que sepan los
señores del Gobierno y de los partidos que le dan apoyo que el texto
de esta enmienda del Grupo Socialista servirá de base para que, si
las negociaciones no van como todos deseamos, traigamos aquí otra
iniciativa parlamentaria con los mismos planteamientos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortíz): Gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Popular, señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Tras la interpelación que tuvimos ocasión de debatir el pasado
miércoles, entendemos que si una cosa quedó perfectamente clara en
este hemiciclo fue que el ministro de Agricultura, señor Arias
Cañete, no es que asumiera los planteamientos que son ahora motivo de
esta moción, sino que vino a oficializar en sede parlamentaria el
compromiso de defensa que adquirió con los productores y que tuvo
ocasión de plantear en sus conversaciones con el comisario Fischler,
así como en todas las intervenciones que sobre el problema de los
frutos secos se han venido celebrando tanto a nivel del Comité
Especial de Agricultura como en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea. Sepan SS.SS. que el señor ministro se sabe perfectamente la
lección no por
obligación, memorizada o de corrido, sino por convicción, como
resultado del conocimiento a fondo de la problemática.
Expresiones -que aquí se citaron- del estilo de las ayudas suponen el
ser o no ser para el futuro del sector, actitudes como la
priorización en exclusiva del problema de los frutos secos en la
discusión del paquete de precios o el trabajo que se está realizando
en el seno del Ministerio sobre el presupuesto comunitario para
sustentar técnicamente las peticiones españolas, son comportamientos
evidenciados por el señor ministro que dan clara prueba de la
intención del Gobierno de realizar todas aquellas actitudes
necesarias para garantizar la continuidad de estos cultivos, asegurar
las rentas de las familias que de ellos dependen y mantener el
equilibrio territorial, consecuencia de lo expuesto.
Entendemos que todo esto representa un gran activo en el camino de
garantizar el éxito de la negociación. Obviamente, no es necesario
por sí solo. Además, hay que adjuntarle la confianza del sector, que
ya se ha manifestado en alguna ocasión en este sentido; la unidad
política traducida en el consenso, al que espero que se llegue en
esta Cámara, como parece ser, de igual forma que se ha llegado en los
distintos ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones e incluso
en el Parlament de Catalunya, y sobre todo hay que tener realmente
conciencia de que a partir de ahora viene lo difícil, de que a partir
de ahora entramos en el terreno más complicado, teniendo en cuenta
que la plena conciencia que tenemos en el ámbito nacional del
problema tiene que contraponerse al escepticismo y al desinterés
manifestado en reiteradas ocasiones por la mayoría de países
miembros. Es decir, nuestra sensibilización sobre los tremendos
efectos que ocasionaría la brusca interrupción de las ayudas, y que
ha provocado la unión de todos -sector, administraciones, grupos
políticos, sindicatos-, se puede convertir en indiferencia para el
grueso de los países comunitarios. Lo que tenemos claro es que una
cuestión de supervivencia para un colectivo importante de
agricultores, y para el futuro del desarrollo rural en muchas zonas
de España que ya se han mencionado aquí, puede convertirse en un
elemento de presión para quien no comparte tales problemas. Y,
finalmente, lo que obedece claramente a un aspecto de justicia, dada
la competencia desleal, entre otras, por ejemplo, de las
exportaciones turcas y americanas, puede ser visto como ajustes
propios del mercado.
Por todo ello, señorías -no nos engañemos-, la negociación lleva
tintes de cruzada y si la convicción sobre la justicia de lo que se
defiende, sobre la sintonía de lo expuesto con el sentido común, se
convierte en un instrumento potencialmente eficaz para sustentar la
negociación, no podemos menospreciar la necesidad de que el Gobierno
disponga de un margen de movimientos lo suficientemente amplio como
para poder diseñar la mejor estrategia negociadora que le permita
llegar a los objetivos por todos compartidos, y precisamente
sobre este aspecto incide nuestra enmienda. Con el horizonte
final y claro de conseguir aquellas ayudas de la Unión Europea que
mantengan el sector en las dimensiones actuales, y las rentas de los
agricultores a niveles suficientes que incentiven su continuidad,
pensamos que no es conveniente encorsetar el campo de maniobra del
ministro, porque en el proceso negociador pueden surgir
circunstancias que obliguen a ir trazando, minuto a minuto,
negociación a negociación, sesión a sesión, el mejor camino -en aquel
momento siempre, insisto-, con el horizonte final de llegar a los
objetivos que ya hemos dicho y ha quedado creo muy claro que son
plenamente compartidos por todos. Y es que hay que tener en cuenta
muchas cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es en el
marco del informe que sobre el funcionamiento de la OCM de frutas y
hortalizas presentará la Comisión al Consejo antes de finalizar el
año donde deben plantearse específicamente la situación y las
perspectivas de futuro del sector, partiendo de las posiciones que la
delegación española ya planteó en la reforma del año 1996. Recordemos
que en aquel momento se aplazó el análisis sobre la eficacia de los
mecanismos que la OCM contemplaba para todos los productos. En
consecuencia, entendemos que es a partir de dicho análisis donde
podrá producirse la necesidad de mantener las ayudas específicas para
la fruta seca y para la algarroba.
Fuera de este marco -seamos objetivos-, no es realista alcanzar un
compromiso de la Comisión con carácter permanente, teniendo en
cuenta, entre otras muchas cosas, la situación financiera que está
atravesando actualmente la Unión. Por ello, nuestra enmienda, en su
primer punto, insta al Gobierno a defender ante las instituciones una
línea de apoyo permanente al sector de fruta seca y algarrobas que
permita el mantenimiento del cultivo y de las rentas de sus
productores, en el marco de la próxima reforma de la OCM de frutas
y hortalizas. Sin embargo, sí es posible solicitar transitoriamente una
prórroga de los planes de mejora, aspecto que configura el segundo
punto de nuestra enmienda; aspecto que, por otro lado, ya se viene
haciendo y que, como decía, puede incluir la ayuda directa para la
avellana, pero sin descartar otro tipo de ayudas que cubran la
necesidad planteada. A lo mejor, la concreción con la que el Grupo de
Convergència i Unió ha formulado su enmienda puede obviar este otro
tipo de posibilidades.
En cualquier caso, entendemos que se trata de detalles menores;
matices que consideramos débiles frente a la necesidad que he
comentado también al inicio de la intervención de obtener un consenso
que legitime la que ha de ser negociación del ministro en el
transcurso de las sesiones a las que pronto tendrá que hacer frente.
Por ello, si el Grupo de Convergència i Unió recoge el sentir
completo de la moción que presenta el GrupoParlamentario Popular,
expresada en esta enmienda que
acabo de defender, votaríamos favorablemente la misma. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ricomá. ¿Grupos que no
han presentado enmiendas y desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el Grupo Vasco creemos firmemente que el medio rural, su papel
equilibrador demográfico y gestor del medio natural, precisa mantener
y desarrollar sus ejes básicos: mejores servicios, condiciones dignas
y desarrollo económico, y también el complemento necesario de las
ayudas públicas, en justa compensación al mantenimiento y desarrollo
medioambiental que soporta y ejecuta el medio rural para el bien y
disfrute del conjunto de la sociedad. Por todo ello, vamos a apoyar
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), que insta al Gobierno del Estado a la defensa de los
términos descritos ante la Unión Europea.
También queremos aclarar que, en caso de que no prospere esta defensa
ante las instituciones de la Unión Europea, apoyaremos las
actuaciones en la línea descrita por el diputado señor Sabaté, del
Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente.En primer lugar, nosotros apoyamos la
moción por razones de justicia social, porque creemos que se deben
atender las reivindicaciones de un sector que ya tiene muchas
dificultades para avanzar, para desarrollar sus actividades y para
ganarse razonablemente la vida.En segundo lugar, por razones
económicas que afectan al conjunto de la economía española, en la
medida en que este es un sector importante, y a veces los sectores
importantes no se deben valorar únicamente por la capacidad de añadir
valor a la riqueza en un momento determinado, sino por lo que
representan en cuanto a una riqueza estructural que existe en el país
en cualquier circunstancia. Es por tanto una riqueza que se tiene que
preservar, potenciando al mismo tiempo la mejora de los cultivos y la
mejora de las condiciones de vida de la gente. Y en tercer lugar, por
razones ecológicas. Estamos hablando incluso de las zonas de este
país, de España, que están sufriendo un proceso de desertización más
importante:
toda la provincia de Tarragona, el País Valenciano, Murcia, Albacete
y Castilla-La Mancha en su conjunto. Por tanto, es necesario también
que los hombres y mujeres que están en estas zonas, que se dedican a
estas tareas, y la riqueza que crean alrededor de las mismas
continúen existiendo. En mi grupo pensamos que si desaparecieran
estos trabajadores se perdería una riqueza humana y económica, y,
además de todo lo señalado en el terreno ecológico, también cultural,
porque significa una cultura de siglos que da una perspectiva
humanizada a nuestra economía. Por tanto, vamos a apoyar esta moción,
porque va en la línea de defender las necesidades de este sector.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor Maldonado, tiene la palabra a los efectos de expresar su
aceptación o rechazo de las enmiendas planteadas.
El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
En principio, no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista por lo
que significa de diversificar esfuerzos. Esta es una moción que
pretende básicamente instar al Gobierno a que defienda ante la Unión
Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores
de fruta seca y algarroba. La enmienda socialista no cumple el
objetivo de nuestra moción que, a más a más, recoge el sentir unánime
del Parlamento de Cataluña que en su día aprobó por unanimidad,
incluso con los votos del Partido Socialista, el contenido que hoy
presentamos.
Sí aceptaremos la enmienda del Grupo Popular dado que, por un lado,
enriquece la moción presentada por Convergència i Unió y, por otro,
recoge los aspectos importantes que hay que plantear al ministro y al
Gobierno. Por tanto, propongo una enmienda transaccional que ha sido
depositada en la Mesa y que ruego sea leída.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Señor Secretario, proceda a la lectura.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Enmienda transaccional a la
enmienda presentada por el Partido Popular. El texto quedará
redactado de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que defienda ante las instituciones de la Unión Europea
una línea de apoyo permanente al sector de fruta seca y algarrobas
que permita el mantenimiento del cultivo y de las rentas de sus
productores, en el marco de la próxima reforma de la OCM frutas y
hortalizas. Mantenimiento de la ayuda directa a tanto alzado para la
avellana, prevista en el artículo 55 del Reglamento CEE 2200/1996,
para las campañas 1997/1998, 1998/1999 y 1999/2000. Establecimiento
de forma
complementaria, y con el objeto de continuar la mejora de las
producciones, de una ayuda para financiar acciones estructurales de
arranque, nueva plantación y reconversión varietal de este tipo de
cultivos. Y a mantener, hasta que se instrumente esta línea de apoyo,
medidas transitorias que eviten las desfavorables repercusiones que
tendría la extinción de los mismos sobre los objetivos conseguidos
con los actuales planes de mejora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliart.
Vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para
defender
ante la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a
los productores de fruta seca y algarrobas, en los términos del
debate y de la enmienda transaccional aceptada por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 284; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
en los términos expuestos.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.