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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 4, de 09/05/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 4
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 4
celebrada el martes, 9 de mayo de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Declaración institucional relativa al asesinato de don José Luis
López de Lacalle. (Número de expediente 140/000001.) . . . (Página 132)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 132)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados:
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista,
Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo
46.1. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 39-1, de 8 de
mayo de 2000. (Número de expediente 410/000002.) . . . (Página 133)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan Hidrológico
Nacional y al Plan Nacional de Regadíos. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 5, de 24 de abril de 2000. (Número de
expediente 162/000008.) . . . (Página 133)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el Plan
Hidrológico Nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 10, de 8 de mayo de 2000. (Número de expediente 162/000022.) . .
. (Página 133)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
suspensión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE),
estableciendo la necesarias compensaciones financieras para las
corporaciones locales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 5, de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 162/000011.) .
. . (Página 143)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Declaración institucional relativa al asesinato de don José Luis
López de Lacalle . . . (Página 132)
La señora presidenta propone a la Cámara la aprobación de una
declaración institucional condenando el atentado terrorista
perpetrado el domingo pasado, que se aprueba por asentimiento.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 132)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados . . . (Página 133)
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista,
Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1
. . . (Página 133)
Por el señor secretario (Oliart i Pons) se procede a la lectura de la
propuesta de reforma del Reglamento.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados por la
que se modifica el artículo 46.1, presentada por los grupos
parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV),
de Coalición Canaria y Mixto, se aprueba por 270 votos a favor, uno
en contra y dos abstenciones.
Aprobada la toma en consideración de dicha propuesta, se somete a
continuación a la consideración del Pleno su tramitación directa y en
lectura única, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley . . . (Página 133)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al Plan
Hidrológico Nacional y al Plan Nacional de Regadíos . . . (Página 133)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el Plan
Hidrológico Nacional . . . (Página 133)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso
el señor Morlán Gracia, que empieza su intervención refiriéndose a la
indudable importancia y trascendencia que tiene para el país el Plan
hidrológico nacional y el Plan nacional de regadíos. Considera que es
tiempo y momento para que se presenten ante la Cámara los dos planes,
tras su pase por el Consejo Nacional del Agua, puesto que ahora no
hay problemas acuciantes de sequía y se lleva cuatro años de retraso,
amparándose el Gobierno anterior en los planes de cuenca. Añade que
durante cuatro años se ha entretenido a los ciudadanos con el Libro
Blanco del agua y con la puesta en marcha de unas sociedades de agua
que han resultado poco
eficaces como gestoras, llegando el fin de la legislatura
sin que se cumpliera el compromiso del presidente
del Gobierno y de la anterior ministra de
Medio Ambiente de presentar ante la Cámara el
Plan hidrológico nacional. Manifiesta que frente a
la pretensión de privatizar el mercado del agua, los
socialistas entienden que el agua es un bien público,
que no puede estar sujeto a contratación mercantil.
Confían en la planificación como un elemento
importante para equilibrar el territorio y desarrollar
la gestión del recurso natural y así lo han
demostrado en los años que gobernaron, sacando la
Ley de Aguas y la aprobación de varios planes de
cuenca, presentando en 1995 el anteproyecto de ley
de plan hidrológico nacional y abogando en el presente
por la presentación inmediata en la Cámara
de un Plan hidrológico nacional y de un Plan nacional
de regadíos. Expone los motivos por los que consideran
urgente la aprobación de su proposición no
de ley y muestra la disposición de su grupo parlamentario
al diálogo y a la negociación, pero nunca
a la adhesión a un documento propuesto por el
Gobierno.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende la proposición no de ley
la señora Urán González. Manifiesta que su grupo
presenta esta proposición no de ley porque en el
debate de investidura el presidente del Gobierno
mostró cierta ambigüedad al hablar de la presentación
inminente en la Cámara del Plan hidrológico
nacional, pero sin fijar plazos. Esto fue lo que pasó
durante toda la anterior legislatura, en la que siempre
se prometía para los próximos meses el Plan
hidrológico nacional sin que al final se aprobara.
Asimismo, su grupo considera urgente la aprobación
del Plan nacional de regadíos y proponen que
ambos planes se presenten en la Cámara antes del
30 de junio de este año, para que puedan ser debatidos
en el próximo período de sesiones. Muestra la
disposición de su grupo al diálogo y al consenso
ofrecido por el Gobierno y explica los contenidos
que, según su propuesta, deberían figurar en el Plan
hidrológico nacional.
Se refiere, a continuación, a la enmienda presentada
por el Grupo Popular a su proposición no de ley y
desconfía de la voluntad política de dicho grupo de
acometer con celeridad el estudio de dicho plan.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen
la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y los
señores Aymerich Cano y Saura Laporta, del
Grupo Mixto, a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas presentadas a la propuesta socialista
interviene el señor Morlán Gracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Ochoa de Eribe Elorza, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas presentadas a la propuesta de Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene
la señora Urán González.
Sometida a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa
al Plan hidrológico nacional y al Plan nacional
de regadíos, en los términos resultantes del debate y
con la incorporación de la enmienda del Grupo
Popular, que ha sido aceptada por el grupo proponente,
se aprueba por 309 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre el Plan hidrológico nacional, en los términos
que se derivan del debate, con la aceptación de las
enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto y
Socialista en el Congreso, tal y como ha sido expuesto
por el grupo proponente, se rechaza por 132 votos
a favor, 180 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), sobre supresión del
impuesto sobre actividades económicas
(IAE), estableciendo las necesarias compensaciones
financieras para las corporaciones
locales. . . (Página 143)
Presenta la proposición no de ley el señor Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). Expone las causas que han llevado
a su grupo a presentar la proposición no de ley
para suprimir la actual regulación del impuesto
sobre actividades económicas, estableciendo las
necesarias compensaciones financieras para las
corporaciones locales, y los problemas que surgieron
con la configuración de este impuesto, en la que
su grupo siempre manifestó de forma clara su posición
contraria, por entender que de los distintos
fines que una figura impositiva debe siempre perseguir,
el impuesto sobre actividades económicas sólo
da correcto cumplimiento al fin de allegar suficientes
recursos financieros para las administraciones
públicas, en este caso las corporaciones locales, resultando un
impuesto que grava el simple ejercicio de las actividades
empresariales, profesionales o artísticas, con independencia de los
resultados, de que exista o no afán de lucro y de que la actividad
que se realice sea puntual o continuada en el tiempo. Explica la
labor parlamentaria llevada a cabo por su grupo a favor de una
reforma radical del impuesto sobre actividades económicas, que
considera oportuno abordar al inicio de esta legislatura, aclarando
que en su proposición no de ley también se engloba la supresión total
de este impuesto para las entidades sin ánimo de lucro.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Vázquez Vázquez, Saura Laporta y Núñez
Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sevilla Segura, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canari, y Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas interviene el señor Padrol i Munté.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre supresión del impuesto sobre
actividades económicas, estableciendo las necesarias compensaciones
financieras para las corporaciones locales, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional que ha sido asumida por el
grupo proponente, se aprueba por unanimidad.
Antes de suspender la sesión, la señora presidenta recuerda a la
Cámara que hoy, día 9 de mayo, se cumple el L Aniversario de la
Declaración de Schuman, origen de las Comunidades Europeas y punto
de partida de la actual Unión, reconociendo la labor de todas las
personas que a lo largo de cincuenta años han venido trabajando por
la paz y la libertad en el entorno de la Unión Europea.
Se suspende la sesión a las seis y veinte minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL ASESINATO DE DON JOSÉ LUIS LÓPEZ
DE LACALLE. (Número de expediente 140/000001.)
La señora PRESIDENTA: Comienza la sesión.
Señorías, ante el nuevo atentado ocurrido en el País Vasco el pasado
domingo, donde se ha segado una nueva vida que solamente había
defendido la libertad de expresión, propongo a la Cámara, tras
acuerdo de la Junta de Portavoces, la siguiente declaración
institucional:
El Congreso de los Diputados, desde la representación del pueblo
español que encarna y ante el asesinato de don José Luis López de
Lacalle perpetrado en atentado terrorista el domingo pasado, desea en
primer lugar hacer llegar a la familia su condolencia y solidaridad
y expresa su repulsa por este crimen inicuo, como todos los cometidos a
través del terror, con desprecio de la vida y de los valores que
sustentan la convivencia en un Estado democrático de derecho como el
que nuestra Constitución consagra. El Congreso de los Diputados
manifiesta que tales valores deben fundamentar la unidad de todos
frente a quienes pretenden imponerse por la violencia y el terror y
alienta a toda la sociedad y a sus instituciones a seguir trabajando
para defender tales valores. ¿Aprueba la Cámara la declaración?
(Asentimiento.- Aplausos.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Como asunto previo al orden del día, procede el
acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de dos
nuevos señores diputados. Ruego a los miembros de la Mesa que se
pongan en pie.
Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al
llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral
Central, doña Elena García-Alcañiz Calvo, en sustitución de doña
Concepción Dancausa Treviño, para prestar juramento o promesa de
acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña Elena García-Alcañiz Calvo ha adquirido
la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al
llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral
Central doña Lucita Villar Jar, en sustitución de doña Ana María
Pastor Julián, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora VILLAR JAR: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña Lucita Villar Jar ha adquirido la
condición plena de diputada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA,
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO
(EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1.
(Número de expediente 410/000002.)
La señora PRESIDENTA: De conformidad con el acuerdo adoptado en la
reunión de la Junta de Portavoces del día de hoy, se procederá en
primer lugar -punto primero- a la toma en consideración de la
proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista,
Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EA-
PNV), de Coalición Canaria y Mixto de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.
De conformidad con el citado acuerdo adoptado en la Junta de
Portavoces, se procederá en primer término a la lectura de la
propuesta de reforma del Reglamento por el secretario primero de la
Cámara.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Propuesta de reforma del
Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el
artículo 46.1, artículo único. El artículo 46.1 del Reglamento del
Congreso de los Diputados quedará redactado en los siguientes
términos: Son comisiones permanentes legislativas las siguientes:
primera, Constitucional; segunda, Asuntos Exteriores; tercera,
Justicia e Interior; cuarta, Defensa; quinta, Educación, Cultura y
Deporte; sexta, Economía y Hacienda; séptima, Presupuestos; octava,
Agricultura, Ganadería y Pesca; novena, Infraestructuras; décima,
Política Social y Empleo; undécima, Sanidad y Consumo; duodécima,
Régimen de las Administraciones Públicas; treceava..., Medio
Ambiente; catorceava..., Ciencia y Tecnología. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Oliart, un momento. Señorías,
ruego guarden silencio para que sea posible oír las palabras del
señor secretario primero.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Disposición final primera: La
Mesa del Congreso de los Diputados
adoptará las disposiciones necesarias a efectos de trasladar
los asuntos pendientes a las comisiones que resulten competentes por
razón de la materia a consecuencia de la entrada en vigor de esta
reforma.
Disposición final segunda: La presente modificación del Reglamento
del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. También se
publicará en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Madrid, 3 de mayo de 2000.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
Vamos a someter a votación la citada propuesta de reforma, por lo que
procede la llamada a votación. (Pausa.)
Señorías, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 270; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Tomada en consideración la propuesta de reforma
del Reglamento de la Cámara, se somete al Pleno la propuesta de su
tramitación directa y en lectura única. Esta votación se hará por
asentimiento de la Cámara. ¿Presta la Cámara asentimiento? (Pausa.)
Muchas gracias, señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL Y AL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. (Número de expediente 162/
000008.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 162/000022.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
Plan hidrológico nacional y al Plan nacional de regadíos.
De acuerdo con lo expresado en la Junta de Portavoces y que en las
proposiciones no de ley se incluye una de Izquierda Unida sobre el
Plan hidrológico nacional, se someterán a debate las dos
proposiciones conjuntamente.
En primer lugar, y para la defensa de la proposición no de ley del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas
gracias, señor ministro, por su presencia en este debate.
Señoras y señores diputados, iniciamos esta séptima legislatura...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Morlán.
Ruego a las señoras y señores diputados que vayan a permanecer en el
hemiciclo, que lo hagan en sus escaños y a las señoras y señores
diputados que deseen abandonarlo, que lo hagan de la forma más rápida
y silenciosa posible, al objeto de que los demás podamos seguir el
debate.
Adelante, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que iniciamos esta séptima legislatura, en cuanto a
proposiciones no de ley se refiere, con un tema de indudable
importancia y trascendencia para el desarrollo de nuestro país, para
la preservación de nuestro medio ambiente y para contribuir a mejorar
la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos españoles.
El Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley en los
términos en que lo ha hecho porque, a la vista de los antecedentes
que han existido, es tiempo ya de que el Plan hidrológico nacional y
el Plan nacional de regadíos se presenten en esta Cámara tras su pase
por el Consejo Nacional del Agua, en un momento en el que el agua en
algunos sitios nos ayuda y evita los problemas de sequía que tenemos
y en otros no, como, por ejemplo, Baleares. El Grupo Socialista
quiere que estos dos documentos se presenten en esta Cámara de manera
inmediata.
Durante estos últimos cuatro años, se nos ha entretenido en esta
Cámara con la aprobación de los planes de cuenca. Apesar de haber
sido elaborados por el Gobierno anterior, se aprobaron en la última
legislatura, y con ello se entendía que se había dado un paso
importante. No es ese el criterio del Grupo Socialista. Durante estos
cuatro años se nos ha entretenido con el Libro Blanco del agua, que
se ha definido como un instrumento previo al Plan hidrológico
nacional, según se decía. También se decía que íbamos a conocer sus
conclusiones antes de finalizar la legislatura, pero ese momento no
se ha producido. Durante cuatro años, se nos ha entretenido con la
puesta en marcha de unas sociedades de agua cuya gestión ha resultado
muy poco eficaz, y lo que han hecho ha sido demorar la solución de
problemas de agua que existen en muchos rincones de nuestro
territorio. Durante cuatro años hemos oído al presidente del Gobierno
y a la anterior ministra de Medio Ambiente comprometerse en esta
Cámara a que el Plan hidrológico nacional se presentara aquí, fuera
discutido y aprobado aquí, y nos hemos encontrado con que tampoco se
ha hecho. El Gobierno ha presumido de una nueva cultura del agua y lo
que está claro es que, después
de cuatro años, esta cultura ha quedado casi en blanco y, lo que
es peor, se ha abierto al mercado un producto -según dicen ellos-, un
recurso -según decimos nosotros- de interés general escaso que afecta
al desarrollo del conjunto del Estado. Y ellos lo han privatizado y
lo quieren introducir con mayor asiduidad, si hacen caso a las
peticiones de sectores empresariales, en lo que es el mercado puro y
duro, como si se tratara de cualquier otro producto que hay en
nuestro país.
Frente a esas pretensiones, el Grupo Socialista entiende que el agua
es un bien público, un bien que no puede estar sujeto a la
contratación mercantil, un bien que tiene que ser usado con
racionalidad, un bien que tiene que ser tratado con todos los
elementos de debate que permitan que haya agua en el conjunto del
Estado y que los ciudadanos y ciudadanas de este país no tengan
dificultades en su consumo y uso. Nosotros confiamos en la
planificación como un elemento importante para equilibrar el
territorio y desarrollar la gestión de este recurso natural. Lo hemos
demostrado porque, después de la Ley de Aguas, sacamos adelante en
bastantes consejos del agua los estudios y la aprobación de los
correspondientes planes de cuenca. Lo hemos demostrado porque en el
año 1995 presentamos un anteproyecto de ley de Plan hidrológico
nacional, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, pero
asumimos un riesgo político importante al traerlo a esta Cámara.
Estamos perfectamente legitimados porque hemos puesto de manifiesto
nuestra voluntad de desarrollar un Plan hidrológico nacional y un
Plan nacional de regadíos, y podemos seguir comprometiéndonos para
que este instrumento se traiga a la Cámara, se discuta, se busque el
mayor acuerdo y entendimiento posible y se dé solución a uno de los
problemas emblemáticos que tenemos en el conjunto del Estado.
Solicitamos la presentación de estos documentos de manera inmediata
por dos motivos. Por un lado, porque es necesario presentarlos ya a
pesar del sosiego que nos han aportado las últimas lluvias que han
caído. Es un buen momento porque, aunque hayan pasado a segundo
término las necesidades de este recurso, debemos hablar de cómo
ponernos de acuerdo para que sea perfectamente distribuido y haga
frente a todos aquellos problemas que tenemos en nuestros respectivos
territorios. De otro lado, porque instamos a la aplicación de uno de
los compromisos más emblemáticos sobre el que el señor Aznar, tanto
en campaña electoral como en la sesión de investidura, dijo que iba a
ser uno de sus pilares básicos en la oferta de consenso hacia otros
grupos políticos.
Ante esta petición, ante la insistencia en demandar estos documentos
-el Plan hidrológico nacional y el Plan nacional de regadíos-, nos
encontramos con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la
que se plantea cierta flexibilidad en cuanto a su presentaciónen esta
Cámara y la no comprensión del Plan
nacional de regadíos. De acuerdo con lo que ustedes decían en la
anterior legislatura, tenían que ser dos documentos presentados al
unísono con la finalidad de coordinar y concertar las políticas a
desarrollar en materia de agua en el futuro. Entendían ustedes que
tenían que ser presentados y discutidos a la vez, pero nos
sorprendemos al ver que su apuesta va encaminada a demorar la
presentación del Plan hidrológico nacional, a no concretar ni hacer
referencia alguna al Plan nacional de regadíos, aunque esté
presentado en el Consejo Nacional del Agua, y a poner de manifiesto
la escasa voluntad de cumplir con sus propios compromisos
electorales.
Señorías, señor ministro, el Grupo Socialista del Congreso, como hizo
en su campaña electoral y como hace con esta intervención, está
abierto al diálogo y al acuerdo; está abierto a discutir con claridad
y transparencia sobre todos los aspectos que incidan en la
elaboración del Plan hidrológico nacional. Queremos hacerlo desde la
perspectiva de que son ustedes quienes tienen que tomar la iniciativa
de asumir la presentación de ese plan de forma inmediata y de que
tiene que producirse un debate que no hubo con el Libro Blanco del
agua. Hubo un debate social, según dicen, pero esta Cámara estuvo
ausente del mismo.
Desconociendo cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron;
viendo las manifestaciones de su predecesora, que afirmaba que en el
plazo de 10 días después de las elecciones, después de configurado el
Gobierno, ustedes podrían llevar el Plan hidrológico nacional al
Consejo Nacional del Agua, lo que les decimos es que pongan en
práctica esos compromisos y acepten una propuesta del Grupo
Socialista del Congreso que no hace sino recoger sus propios
compromisos. No ponemos meses, no ponemos fechas. Estamos fijando un
término lo suficientemente exigente como para que los cumplan y lo
suficientemente ambiguo, si quieren, para que lo hagan en un plazo
que convenga a la tramitación del plan tanto en el Consejo Nacional
del Agua como en su presentación y aprobación por el Consejo de
Ministros y en su presentación a esta Cámara. No nos parece en
absoluto un dislate. Nos parece una posición razonable porque el
problema del agua es de tal entidad que, o lo planteamos desde
perspectivas de políticas de Estado, a las que estamos dispuestos a
colaborar para dar solución a los problemas del conjunto del país, o
difícilmente podremos hacer frente a futuros periodos de sequía que
pueden surgir en los próximos años. Espero que así lo reconozcan
porque en la anterior legislatura una parte del Gobierno decía que no
había sequía y otra parte que sí. Que sirva de una vez por todas para
marcar cuáles son sus pautas de trabajo en este proceso de la gestión
del agua. Sin olvidar que cualquier decisión que tomemos en esta
Cámara va a tener mucho que ver con el diseño en materia de aguas en
la política europea, puesto que está discutiéndose
en estos momentos en el Parlamento Europeo y en la Comisión.
Yo creo que con todos esos elementos se puede articular una política
de aguas, política que desde el Grupo Socialista instamos de manera
seria y responsable para que se lleve a cabo con la aceptación de
esta proposición no de ley, puesto que eso va a permitir entrar a
contemplar cada uno de los aspectos y demandas concretas que va a
plantear el plan, cada uno de los fundamentos de todo tipo que van a
sustentar la presentación de ese plan. Nosotros estamos dispuestos
a aportar nuestra experiencia y a colaborar, pero ya digo que en la
línea del diálogo y no de la adhesión, puesto que no somos
partidarios ni nos adheriremos nunca a un documento propuesto por el
Gobierno. Estaremos de acuerdo con el diálogo y con la negociación,
pero con nada más.
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, le ruego concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: No nos pidan lo que no les podemos conceder.
Señorías, el Grupo Socialista -voy concluyendo, señora presidenta-
pretende dar seriedad al hecho de que este recurso normalice su
gestión y su planificación y sepamos todos cuáles son los objetivos y
los criterios que ha de traer consigo el Plan hidrológico nacional,
el cual, indudablemente, es una de las materias más importantes que
tenemos en nuestro país.
Tengo que decir que a la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida hemos formulado dos enmiendas, una de las cuales
tiene que ver con lo que nosotros entendemos es una mejor redacción
de todo lo relacionado con los precios, las tasas y los cánones de la
gestión del agua. Y la otra la hemos presentado porque entendemos
que, dentro de lo que son los organismos de cuenca, tienen que tener
una presencia importante los municipios que están afectados por
embalses, cuyas pretensiones nunca han sido escuchadas ni tenidas en
cuenta, siendo bueno que colaboren con el resto de organismos,
instituciones y colectivos preocupados por la gestión del agua, que
colaboren en el desarrollo de las políticas de agua que se lleven a
cabo en cada una de las cuencas.
Por todo ello, señorías, espero que ustedes acepten esta proposición
no de ley y que podamos poner en marcha un mecanismo para regular la
gestión del agua en este país a partir de este momento.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
A continuación, para la defensa de la proposición node ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre el Plan hidrológico nacional, tiene la palabra la señora
Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha
presentado esta proposición no de ley porque, como grupo
parlamentario, después de la intervención del presidente del Gobierno
en el debate de investidura, nos sentimos escépticos con respecto a
la mención que hizo de la aprobación del Plan hidrológico nacional.
Habló de su presentación inminente en esta Cámara, pero no habló de
plazos. En los cuatro últimos años de legislatura hemos visto que la
presentación siempre era de manera inminente, en los próximos meses,
en un plazo no lejano ..., y no ha llegado a terminar de presentarse,
sino que siempre se ha puesto algún tipo de excusa, como que había
que aprobar los planes de cuenca o el debate del libro blanco, debate
que por cierto no se ha producido en esta Cámara, dicho sea de paso.
La última fue en el mes de septiembre del año pasado, cuando el
propio presidente del Gobierno dijo que en el momento en que se
acabara el debate del Libro Blanco del agua y se tuvieran las
conclusiones se presentaría. Pues bien, acabamos la legislatura sin
haber aprobado el Plan hidrológico nacional y yo creo que si en algo
está todo el mundo de acuerdo es en la necesidad urgente de aprobar
dicho plan. Pero para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida no solamente es necesaria la aprobación del Plan hidrológico
nacional, sino que al mismo tiempo debe aprobarse también el Plan
nacional de regadíos.
Señorías, estamos hablando del agua, que es un bien limitado, que es
un bien de uso público limitado, en el que asimismo tiene mucho que
ver la forma en que se van a implantar las zonas de regadío o cómo se
van a ampliar dichas zonas y en qué espacios o comunidades autónomas,
precisamente para saber con exactitud con qué caudales hídricos
contamos para que puedan ser rentables económicamente para los
agricultores y medioambientalmente sostenibles, para que no cometamos
errores que después nos llevarían a tener problemas de suministro de
agua para regadíos o incluso para abastecimiento humano. Por eso, el
Grupo Parlamentario Federal no solamente marca un plazo en su
iniciativa. Señorías, en 1996 se aprobó una iniciativa similar a la
que hoy presenta y defiende el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, prácticamente con los mismos contenidos que hoy trae
esta iniciativa, y fue aprobada por unanimidad de la Cámara. Porque
el debate sobre el Plan hidrológico se veía necesario, imprescindible
y urgente a principios ya de la legislatura pasada. Es más, se aprobó
otra iniciativa en el mes de octubre de 1998 -y también por
unanimidad de esta Cámara- fijando el plazo del 30 de junio del año
1999 para que pudiéramos tener aquí el Plan hidrológico nacional
y fuera debatido.
Señorías, lo que el Grupo Parlamentario Federal plantea en su
iniciativa es que debe de estar aquí el Plan hidrológico nacional y
el Plan nacional de regadíos antes del 30 de junio de este año, es
decir, antes de que acabemos este período de sesiones, para que en el
próximo pueda ser debatido el Plan hidrológico en la Cámara,
consensuado con los grupos parlamentarios y con las organizaciones
sociales que están interesadas y que tienen algo que ver y algo que
decir en los temas del agua. Por eso marcamos dos plazos: uno el de
la presentación el 30 de junio y otro el de que esté aprobado antes
de finalizar el año 2000.Pero queremos ir más allá, queremos creer
que es verdad lo que dice el Gobierno cuando habla de diálogo y de
consenso. Desde este grupo parlamentario estamos dispuestos a
dialogar y, a ser posible, a consensuar ese Plan hidrológico nacional
y el Plan nacional de regadíos. Por eso hablamos también de los
contenidos que deberían figurar en el Plan hidrológico nacional. No
podemos hablar del Plan hidrológico nacional sólo y exclusivamente
como si fuera la percha de la que se van a colgar las diferentes
obras hidráulicas que pueden tener mayor o menor respaldo social o
mayor o menor rentabilidad social.
Señorías, el Plan hidrológico nacional tiene que ir más allá; tiene
que ir en la dirección en la que estamos planteando la proposición no
de ley. Es más, el Libro Blanco del agua, aunque en algunos de sus
aspectos sea contradictorio, habla de la necesidad de la gestión de
la demanda, de la conservación y de las funciones ambientales de los
ríos, de los acuíferos y de los humedales. Con nuestra iniciativa,
señorías, pretendemos dar la orientación que debe de tener el Plan
hidrológico nacional de gestión de la demanda, entre otras cosas
porque hablando como hablamos del agua como recurso limitado, no se
puede hacer una oferta ilimitada porque no existe ese recurso; hay
que ofertar, gestionar la demanda, ofrecerla a la ciudadanía, cubrir
las necesidades y los servicios, mejorando los servicios y las
explotaciones. Para eso se necesita que el plan aborde de manera
global el ciclo hidráulico. El ciclo hidráulico no se refiere sólo y
exclusivamente al abastecimiento de aguas superficiales, tiene que ir
mucho más allá; tiene que contemplar cómo se va a hacer toda la
depuración de las aguas residuales para que sean reutilizables. No se
puede hablar solamente de implantación de depuradoras, sino de las
condiciones que deben de tener esas depuradoras para que las aguas
sean de calidad y se puedan volver a utilizar. Es más, se tiene que
hablar de cómo se van a solucionar las sobreexplotaciones de los
acuíferos y también, señorías, se tiene que contemplar en el Plan
hidrológico nacional cómo se va a utilizar la desalación de las
aguas. Desde nuestro punto de vista no tiene que ser un incremento de
la oferta, sino que tiene que venir a completar, en todo caso, la
demanda que puede surgir en algunas zonas que tienen carencias del
recurso hidráulico.
Señorías, en nuestra iniciativa planteamos también -y estamos
convencidos- que el Plan hidrológico debe tener, o la Ley de Aguas
debe de reflejar, que los gravámenes que se puedan introducir en los
cánones del agua no tienen que ser impuestos que tengan sólo y
exclusivamente la recaudación como base. Estos impuestos tienen que
tener un carácter finalista, estar dedicados precisamente a la
conservación del dominio público hidráulico, a incrementar el ahorro
y a mejorar las infraestructuras de abastecimiento con los convenios
que se puedan establecer o a mejorar los regadíos en aquellos casos
en que no tengan la calidad necesaria o el ahorro que deben de tener.
Por tanto, señorías, estamos hablando de que es necesario abordar las
reformas que sean precisas para lograr la transparencia y la
democracia en la gestión del agua. Asimismo, es necesario que exista
un funcionamiento mucho más democrático de las confederaciones
hidrográficas y que además estén representadas todas las
organizaciones agrarias, sindicales y de usuarios que tienen algo que
decir con referencia a la gestión del agua. Creemos que es necesario
que haya una modificación para un funcionamiento mucho más
democrático de los sindicatos de regantes.
Por último, señorías, en nuestra iniciativa pedimos al Gobierno que
elabore un informe trimestralmente para que esta Cámara tenga
conocimiento de cuáles son los desarrollos tanto de la Ley de Aguas
como del Plan hidrológico nacional o de las distintas actuaciones en
materia hidráulica.
Señorías, las diferentes modificaciones de la Ley de Aguas que se
hicieron en la legislatura pasada no vinieron a ser el instrumento
útil y válido para que se fomentara o mejorara el ahorro en el
consumo del agua, sino todo lo contrario. Las medidas que se han
tomado y la reforma de la Ley de Aguas se ha basado fundamentalmente
en la compraventa de las concesiones que se tienen en el agua y se ha
dado cobertura, aunque se pretenda negar, a un mercado del agua, a un
negocio del agua. Se ha privatizado, si quieren ustedes de manera
sutil, el mercado del agua. Por tanto, no sirve para hacer frente a
la escasez de este recurso ni tan siquiera para hacer válido lo que
decía el libro blanco: la gestión de la demanda. Además se están
cambiando los usos y en lugar de ir a usos prioritarios se está yendo
a usos que tienen rentabilidad económica. Siendo clara diré que se
está yendo a los usos que las empresas eléctricas le están dando al
agua en su explotación de generación de energía eléctrica que les
produce pingües beneficios.
Desde nuestro grupo parlamentario seguimos defendiendo lo que propone
esta iniciativa que hemos planteado y no creemos que sea imposible
que el Pleno de esta Cámara la apruebe en el día de hoy, porque -
como ya he dicho antes- es similar a la que, por unanimidad, se
aprobó en el año 1996. Suponemos que debe estar acabado el debate del
Libro Blanco del agua
y que deben estar aprobados todos los planes de cuenca y al Gobierno
no le tiene que resultar imposible, si realmente tiene voluntad
política de ello, presentar el Plan hidrológico nacional y el Plan
nacional de regadíos antes de finalizar este período de sesiones,
aunque suponemos que no va a ser así por la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular. Señorías, este grupo
parlamentario ha presentado una enmienda que deja sin fecha, lo que
denota que no tiene prisa en que se presente, el Plan hidrológico
nacional y, desde luego, nos ha servido para que tengamos mucho más
claro de lo que lo teníamos que no hay demasiada voluntad política
para que este debate se produzca cuanto antes mejor y con tiempo
suficiente para que se pueda llegar a consensos.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, le ruego vaya concluyendo.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Hay recomendaciones que se hacen desde la Unión Europea y que se
deben cumplir ya en nuestro país, referidas a los criterios de
planificación y, desde luego, a la calidad del agua, calidad que en
estos momentos existe en muy pocas cuencas de nuestro país. Lo que sí
existen son ríos bastante contaminados que además afectan a zonas que
deberían tener una producción agrícola saneada y que están viendo
afectada su renta, fundamentalmente la de sus agricultores, por la
mala calidad de las aguas.
Por tanto, señorías, esperemos que se haga la luz entre las filas del
Partido Popular y que pongan ustedes la capacidad política que tienen
para aprobar iniciativas que lo que quieren es abrir un debate que
consideramos imprescindible para seguir funcionando en una materia
tan importante en nuestro país como es el agua.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Al punto número 2 se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que caiga en la tentación de iniciar mi
intervención con las ejemplares palabras de fray Luis de León:
Decíamos ayer... Desde el punto de vista personal porque supone un
honor representar de nuevo al Grupo Parlamentario Popular en esta
legislatura en temas medioambientales y desde el punto de vista
sectorial porque la pasada legislatura finalizó con la aprobación, en
diciembre de 1999, del proyecto de ley que modifica la Ley de Aguas
de 1985.
A lo largo de los cuatro años de la VI Legislatura, la más larga de
la democracia, se debatieron en esta
Cámara numerosas iniciativas sobre política hidráulica. Fueron
debates rigurosos e intensos en los que se contrastaron los puntos de
vista de los diferentes grupos parlamentarios y del Ministerio de
Medio Ambiente. El inicio de la VII legislatura queda marcado hoy por
la presentación de dos proposiciones no de ley, del Grupo Socialista
y del Grupo de Izquierda Unida, también sobre política de aguas y
concretamente sobre el Plan hidrológico nacional.
Permítanme, Señorías, que manifieste mi estupor ante las iniciativas
de los grupos proponentes, estupor debido a que ambos grupos
parlamentarios solicitan lo que el presidente Aznar en su debate de
investidura consideró una de las prioridades del Gobierno: el Plan
hidrológico nacional. Dijo textualmente el señor Aznar: Nuestra
prioridad en este ámbito es resolver un problema que afecta de forma
crucial al bienestar y a la prosperidad de todos los españoles, la
política del agua. A tal fin presentaremos de forma inmediata un Plan
hidrológico nacional basado en criterios racionales y solidarios, un
plan para el que buscaremos el mayor acuerdo posible. Ahí terminan
las palabras del señor Aznar.
Estamos pues ante unas iniciativas parlamentarias que tienen trampa
ya que se solicita algo a lo que literalmente se refirió el
presidente del Gobierno, afirmando, además, que se buscaría el mayor
acuerdo posible. La respuesta a esas palabras, en opinión del Grupo
Popular, son estas dos proposiciones no de ley, que se diría suponen
un atajo para la confrontación de los acuerdos propuestos y ello pese
a que en su intervención el señor Martínez Noval se mostró partidario
de llegar a este acuerdo. Se solicita precisamente lo que hoy ha
anunciado el nuevo secretario de Estado de Aguas y Costas: la
eminente convocatoria del Consejo Nacional del Agua para la
presentación del anteproyecto de dicho plan, al mismo tiempo que se
inicia el diálogo con las distintas administraciones públicas y los
agentes económicos y sociales.
Permítanme, señorías, que les recuerde que cuando se creó el
Ministerio de Medio Ambiente, hace ahora cuatro años, la situación en
que se encontró no fue sólo con los problemas reales dimanantes de la
realidad física y económica de España en lo que al agua se refiere,
sino también con un clima enturbiado profundamente por iniciativas
descoordinadas y carentes de contenido para servir al interés
general, promovidas por el anterior gobierno socialista. Ante esa
situación la principal tarea que se emprendió fue serenar, objetivar,
buscar consenso..., y se consiguió, pero exigió cierto tiempo y
ocasionó al final del proceso una demora en los plazos que el
Ministerio se había señalado. Fue, señorías, un proceso largo y
complejo, pero que dio sus frutos. Resulta ridículo que nieguen
ustedes la evidencia. Se consiguió pacificar las controversias más
hondas sobre el tema que se han vivido en España; se aprobaron con
consenso los planes hidrológicos de cuenca; se elaboró
el Libro Blanco de agua que dio a conocer el diagnóstico de la
situación hidráulica de este país y se presentó al debate de los
sectores de la sociedad española que tienen alguna implicación en el
tema del agua.
Tenemos ahora, señorías, el conocimiento exacto de los recursos
hídricos de que dispone España, de las demandas reconocidas en cada
cuenca, de la distribución de los usos que tienen asignados cada uno
de los usuarios de las cuencas. Conocemos en qué cuencas es
deficitaria España y por qué razones, en qué cuencas puede ser
excedentaria y en qué condiciones y qué es lo que habría que hacer
para solventar el problema de aquellas regiones. La modificación de
la Ley de Aguas de 1985, a la que se han referido algunos portavoces,
permite tener el respaldo jurídico para utilizar los recursos no
convencionales, la reutilización, la desalación y la mejor gestión de
las aguas subterráneas. Con todo ello, señorías, el camino hacia el
Plan hidrológico nacional está despejado y esperamos que, con el
mayor acuerdo posible y con las aportaciones de todos, sea pronto una
realidad.
En lo que se refiere a los dos textos presentados y defendidos por
sus portavoces, se solicita la presentación, de manera inmediata en
el texto del Grupo Socialista y antes del 30 de junio en el texto de
Izquierda Unida, del Plan hidrológico nacional. Con todo el respeto,
señorías, parecen desconocer el artículo 18.1.a) de la vigente Ley de
Aguas, en el que se indica que el Consejo Nacional del Agua informará
preceptivamente el proyecto del Plan hidrológico nacional antes de su
aprobación por el Gobierno para su remisión a las Cortes. Sus
peticiones, señorías del Grupo Socialista, del Grupo de Izquierda
Unida, imposibilitarían este trámite legal que, como he dicho, ha
anunciado ya el nuevo secretario de Estado de Aguas. De ahí el
sentido de nuestra enmienda, que trata de racionalizar su propuesta.
Al objeto de conseguir este consenso, consenso al que se han referido
los portavoces que me han precedido, proponemos una enmienda
transaccional a la enmienda que hemos presentado, que diga: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara
el Plan hidrológico nacional en el plazo más breve posible, una vez
debatido y emitido el preceptivo informe del Consejo Nacional del
Agua. Esta es, señorías de los grupos parlamentarios, la propuesta
que hace el Grupo Parlamentario Popular.
En lo que se refiere a los demás puntos del texto de Izquierda Unida,
y muy brevemente señora Urán, admitirá que los contenidos del Plan
hidrológico nacional están fijados en la Ley de Aguas, y a ello se
ajustará la propuesta que se presente, como no puede ser de otra
manera. También la propia Ley de Aguas regula el régimen económico-
financiero del dominio público hidráulico y no se contempla ningún
impuesto general con base recaudadora, por lo que, señoría, no queda
demasiado claro el sentido de lo que usted propone. De otra parte,
tanto las confederaciones hidrográficas
como las comunidades de regantes se caracterizan por un régimen de
funcionamiento interno democrático y, en la composición de los
órganos colegiados de las confederaciones, existe una amplia
representación de usuarios y agentes sociales. Por todo ello,
señoría, nuestro voto será negativo a sus propuestas.
Finalmente, el debate de las iniciativas de referencia se produce en
unas circunstancias que probablemente no tengan antecedente, ya que
aún no ha comparecido, aunque lo ha solicitado, el ministro de Medio
Ambiente en la Comisión correspondiente para exponer su programa de
acción, en el que sin duda se incluirán sus prioridades, su
calendario de acciones y sus opciones sobre las diferentes áreas de
la problemática medioambiental. No sé si llamarlo descortesía, pero
no quiero dejar de destacar el carácter insólito de una iniciativa
parlamentaria cuyo contenido figura en el programa electoral del
Partido Popular y en el discurso de investidura del señor Aznar.
Sería deseable que la urgencia que subyace en las proposiciones hoy
debatidas no olvide los marcos legales de los procesos que solicita y
se convierta en colaboración rigurosa para que el Plan hidrológico
nacional sea, más pronto que tarde, una realidad útil como respuesta
a un problema que el Gobierno de la nación entiende prioritario. Lo
demás sería -y supondría un mal comienzo- apostar, como tantas veces
hemos tenido ocasión de denunciar, por la demagogia y no por la
satisfacción de una demanda real en la que todos estamos
comprometidos porque, señorías, los problemas del agua son problemas
de Estado.
Señora presidenta, señorías, no es la primera ocasión en que, desde
esta tribuna, insisto en el rigor necesario cuando se trata de
carencias o de mejoras en la realidad medioambiental. La defensa del
medio ambiente, y dentro de él de la política hidráulica, no debe ser
bandera de enfrentamientos sino cauce de concordias. Con este
espíritu, que ha sido el que siempre hemos tenido, inicia el Grupo
Parlamentario Popular, que me honro en representar en esta ocasión,
su acción parlamentaria en esta legislatura. Espero que los demás
grupos parlamentarios estén en un camino fructífero.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Al punto número 3, proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se han presentado diversas enmiendas.
En primer lugar, enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por
los diputados del Bloque Nacionalista Galego. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
La enmienda que presentamos desde el Bloque Nacionalista Galego a la
proposición no de ley de Izquierda Unida se justifica por dos motivos
fundamentales. En primer lugar, porque se trata, sobre todo en el
inciso primero del apartado 4 tal y como quedaría redactado de
aceptarse nuestra enmienda, de permitir que las confederaciones
hidrográficas respondan de una manera más eficaz, más fiel, al peso
específico que ciertas comunidades autónomas tienen en las
actualmente configuradas confederaciones hidrográficas. Estoy
pensando en la comunidad autónoma galega, concretamente en la
Confederación Hidrográfica del Norte, con sede en Oviedo, de la que
son una parte sustancial la cuenca del río Miño y la cuenca del río
Limia. En segundo lugar, porque se trata de permitir que en los
consejos de cuenca participen también representantes... (Rumores.)
Por favor.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Aymerich.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor AYMERICH CANO: Decía que se trata, como segundo motivo, de
permitir que en los consejos de cuenca participen las comunidades
autónomas en cuyo territorio se extiendan las competencias de estos
órganos y, por otra parte, clarificar la referencia genérica que en
la proposición no de ley de Izquierda Unida se hace a los movimientos
ciudadanos. Nosotros precisamos más al hablar de organizaciones
ecologistas y medioambientales.
Este es el sentido de nuestra enmienda y su justificación. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
A continuación, y también presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, hay una enmienda firmada por el señor Saura, de Iniciativa per
Catalunya.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, anuncio nuestro voto favorable a las dos
proposiciones no de ley. Aprovecho para explicar que son
absolutamente oportunas, porque es cierto que el señor Aznar dijo
hace unos pocos días que el Gobierno iba a presentar el Plan
hidrológico, pero es que el señor Aznar y la anterior ministra ya
dijeron muchas veces que lo iban a presentar y no lo presentaron. La
propia ministra dijo que en diciembre de 1998 el plan estaría
presentado; no se presentó y esta Cámara tomó dos acuerdos para que
en junio de 1999 el Gobierno presentara el plan, y tampoco se ha
presentado. Por lo tanto, la historia del Plan hidrológico, hasta
hoy, es el reiterado incumplimiento del Gobierno a la hora de
presentar este plan. Por todo ello, pensamos que estas dos
proposiciones no de ley son oportunas y las votaremos favorablemente.
Ala proposición no de ley de Izquierda Unida hemos presentado tres
enmiendas porque nos sentimos más cómodos y pensamos que es una
proposición no de ley más completa que la del Partido Socialista.
Entendemos que estas proposiciones son oportunas porque es urgente la
aprobación del plan y, sobre todo, porque siendo la cuestión del agua
una política de Estado, se introdujo una modificación en la Ley de
Aguas que no sólo no fue de consenso, sino que tuvo una gran
contestación, por tres razones. Primera, porque introducía la
privatización del derecho del uso público del agua; segunda, porque
laminaba competencias de las comunidades autónomas y, tercera, porque
decidía una serie de obras hidráulicas sin planificación pública. Por
tanto, es necesario hacer el plan, y es necesario un cambio en la
política de aguas por parte del Gobierno. (Rumores.) En ese sentido,
nuestras tres enmiendas plantean, en primer lugar, que el Plan
hidrológico debería contener también un informe previo del Consejo
Asesor de Medio Ambiente... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Saura.
Señorías, con el murmullo que hay en la Cámara es difícil que los
intervinientes puedan ser escuchados. Les ruego guarden silencio.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
La segunda enmienda, en la línea de la que ha hecho el Bloque
Nacionalista Galego, plantea hacer especial hincapié en la
participación de las entidades ecologistas en el proceso. En la
tercera enmienda proponemos el aplazamiento de la aplicación de las
obras hidráulicas contenidas en el título VIII de la Ley de Aguas,
porque consideramos que no se puede empezar a hacer obras hidráulicas
sin, previamente, haber establecido una planificación pública.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
A la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
ha sido presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
que la ha dado por defendida en su intervención anterior.
Señor Morlán, tiene la palabra a los solos efectos de expresar su
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Si el texto que resulta de la intervención de la señora De Lara es
que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara el Plan hidrológico nacional en el plazo más breve posible,
una vez debatido y emitido el preceptivo informe del Consejo Nacional
del Agua, la aceptaremos, a pesar de que nos gustaría que
estuviera incluido el Plan nacional de regadíos, porque no entendemos
que pueda ser sustituido o evitado en este trámite. Indudablemente,
si esto no se acepta en estos momentos, plantearemos una nueva
iniciativa para que se lleve a cabo la presentación del Plan nacional
de regadíos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán. ¿Hay otros grupos
que no hayan sido enmendantes y que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
A la vista de estas dos proposiciones no de ley, Coalición Canaria
quiere decir aquí lo siguiente. En primer lugar, existe en ambos
textos una omisión, que es comprensible, de la problemática
legislativa y material que tiene Canarias en el tema del agua, don
precioso y que funciona con unos esquemas legales y técnicos
distintos de los del resto de la Península, fundamentalmente por no
existir allí organismos de cuenca hidrográfica y dada la peculiaridad
de la obtención del recurso hidráulico en Canarias, bien como agua
mineral subterránea de galerías, bien como agua procedente de las
potabilizadoras de agua de mar -que es una de las garantías de futuro
de cantidad y de calidad de este recurso hidráulico-, bien en uso
urbano, en uso turístico o en uso agrario.
Los puntos primeros de estas dos iniciativas no posibilitan el
conocimiento del tema canario. La iniciativa socialista pide al
Gobierno la remisión inmediata del Plan hidrológico nacional y del
Plan nacional de regadíos, cosa que es de imposible cumplimiento en
el caso canario. La diferencia con la iniciativa de Izquierda Unida
es que aquí se señala que debe hacerse antes del 30 de junio del
corriente año, por lo cual estamos en las mismas circunstancias de
perentoriedad y es imposible de cumplir.
Por otro lado, como bien ha recordado aquí la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, existe un imperativo legal, que es la Ley 29/
1985, la Ley de Aguas, cuyo artículo 18 deja claro que hay un trámite
normativo preceptivo, que es la audiencia y el informe que debe
emitir el Consejo Nacional del Agua. A fecha de hoy, el Consejo
Nacional del Agua no ha emitido ningún informe preceptivo previo que
tenga que ser remitido al Consejo de Ministros. Por tanto, vamos a
dar el tiempo suficiente para que este órgano colegiado, el Consejo
Nacional del Agua, emita el preceptivo informe sobre el Plan
hidrológico nacional y sobre los planes de regadíos, porque Coalición
Canaria quiere ver qué aspecto tiene este dictamen legal -según la
Leyde 1985- del Consejo Nacional del Agua, para poder
recoger la problemática que en cualquier caso podría ser omitida -lo
cual no estaríamos dispuestos a apoyar aquí con nuestros votos- o
tergiversada en cuanto a las competencias legales que la Ley de
Aguas, el Estatuto de Autonomía de Canarias y las normas del
Parlamento de Canarias han señalado a este respecto. Por estas
razones y por considerar que debe aceptarse plenamente el trámite
normativo que señala la ley, que es el dictamen del Consejo Nacional
del Agua, creemos que hasta que éste no llegue aquí no deben pedirse
estos plazos al Gobierno.
Por las razones que he expuesto, señora presidenta, nuestro grupo va
a votar en contra de estas dos iniciativas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) está de acuerdo básicamente en
las formulaciones de las proposiciones no de ley presentadas tanto
por el Grupo Socialista como por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y, por tanto, pensaba apoyarlas en su votación. No
obstante, al hilo de las mismas se me ocurren algunas reflexiones.
El contenido del Plan hidrológico nacional, según está determinado en
el artículo 43 de la Ley 29/1998, de Aguas, lo convierte en un
instrumento fundamental para el uso sostenible y solidario de los
recursos hídricos del conjunto del territorio español, ámbito en el
que existen no pocas situaciones de tensión ante la disparidad entre
la disponibilidad y la demanda que en él se dan y que en más casos de
lo que sería deseable pueden obedecer a una incorrecta planificación
no sólo de la oferta de recursos, sino también y sobre todo de su
demanda. Esta visión tradicional de pretender satisfacer casi
indiscriminadamente aquellas demandas que se plantean sin someterlas
a un análisis ambiental y económico suficiente ha conducido, sobre
todo en el caso de los regadíos -no olviden SS.SS. que suponen en
torno al 80 por 100 de la demanda actual-, a un círculo vicioso que
retroalimenta de tal suerte que áreas con escasos recursos reclaman
una creciente disponibilidad cuando quizá no se hayan planteado
medidas rigurosas de racionalización y de ahorro. El resultado es que
se han ido proponiendo a lo largo del tiempo distintas posibilidades
de trasvases intercuencas que han ido generando una serie de
expectativas en las zonas que recibían el agua sólo parejas a las
inquietudes y recelos de los ciudadanos de las cuencas cedentes y de
aquellos que temen los efectos de este tipo de actuaciones sobre los
ecosistemas acuáticos. Sobre todos estos aspectos, el Plan
hidrológico nacional es un instrumento
indispensable y urgente. Sus contenidos, tasados por ley en el
referido artículo 43, han de ser contemplados desde un amplio abanico
de puntos de vista cuyo eje central debe situarse sobre las
condiciones ambientales y económicas para evaluar la realización de
algún trasvase, siempre en el entendido de que, y en todo caso,
serían actuaciones realmente excepcionales. En un momento en el que
el planeta debe reflexionar seriamente sobre la gestión que se
realiza de sus recursos, si se pretende que las generaciones futuras
no hereden de las actuales un caos irresoluble o de muy cruenta
solución, tales condicionantes ambientales y económicos deben ser
determinantes, en cierto modo, como se plantea y define en los
borradores de la futura directiva marco europea sobre las políticas
del agua, que ha de constituir el faro y la guía que oriente la
adopción de decisiones en este campo.
Indisolublemente unido a este Plan hidrológico nacional aparece el
Plan nacional de regadíos que debe regir sobre la demanda de este
sector, que es el que condiciona mayoritariamente la asignación de
los recursos en prácticamente todo el Estado. Nosotros entendemos que
ambos documentos son las auténticas columnas vertebrales del
desarrollo económico y social de España y de la conservación del
recurso natural por excelencia y los ecosistemas acuáticos. Por
tanto, en el plazo más breve posible debe darse luz a esta ley que
está reclamándose y conjuntamente al Plan nacional de regadíos. Si la
propuesta alternativa del Partido Popular es ésta que nos ofrece,
entendemos que es una propuesta coja y que habría que aceptar como
mal menor, pero siempre pensando que hay que reclamar inmediatamente
la previsión del Plan nacional de regadíos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ochoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Sobre este tema en el que estamos muy interesados desde hace muchos
años tenemos que decir lo siguiente. El señor Morlán, con el que
hemos coincidido también muchos años en los debates sobre el Plan
hidrológico, ha empezado hablando de la historia de los últimos
cuatro años, es decir la última legislatura, y de todos los plazos
incumplidos. He de recordar que viene de mucho antes, viene de los
años noventa, pero no voy a entrar sólo en la crítica de plazos
incumplidos hace muchos años pero de trabajos positivos que han ido
avanzando, llegando en 1993 a tener una primera información del Plan
hidrológico -válida entonces cuando se dijo que no- que se ha
continuado y, sin cumplir plazos, hemos llegado al día de hoy. En
diferentes forossobre el agua donde hemos coincidido distintos
portavoces
de esta Cámara siempre he dicho que el momento oportuno para hablar
del Plan hidrológico iba a ser la legislatura que empezase en el
2000, porque a partir de ahora parece que vamos a estar un tiempo sin
elecciones y, por tanto, puede haber unos tres años para buscar el
consenso de forma tranquila y sosegada. Al principio de la sesión de
hoy parecía que no iba a ser posible, pero veo que al final sí lo
será porque el Grupo Socialista acepta la enmienda del Grupo Popular
con un añadido in voce que -permítanme decir- ha sido iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió) y que consiste en
fijar el plazo, que no figuraba en la enmienda original del Grupo
Popular, dejando al margen la expresión del plazo inmediato, que
quiere decir ahora mismo, lo cual es incumplible.
Es muy importante que las dos vías de trabajo que tenemos para llegar
a este consenso nos permitan entendernos: que se puede aprobar el
Plan hidrológico en esta legislatura y que hay que profundizar en los
trabajos de cerebro ya elaborados, añadiendo los trabajos de corazón
de todos aquellos que piensan en su territorio específico, así como
en la problemática que el Plan hidrológico comporta, para aunar estas
dos vías. Esto no se puede hacer de manera rápida; necesitamos
tiempo. Yo espero que en esta legislatura podamos aprobar el Plan
hidrológico. Es lógico que siga su camino pasando por el Consejo
Nacional del Agua; es indiscutible.
Señor Morlán, usted ha empezado hablando de los términos en que había
hecho la propuesta, pero reconocía también que tras su pase -palabras
textuales- por el Consejo Nacional del Agua. Por tanto, si tiene que
pasar por el Consejo Nacional del Agua, la palabra inmediata no sé si
es adecuada. Lo que vamos a aprobar es muy importante porque la
primera sesión que tiene esta Cámara dará un signo positivo al Plan
hidrológico. De otro modo hubiésemos empezado muy mal esa vía hacia
el consenso.
Por otro lado, nuestro grupo no va a apoyar la proposición no de ley
de Izquierda Unida porque tiene una serie de contradicciones, como es
el hecho de que se tenga que presentar antes del 30 de junio y
aprobar el Plan hidrológico antes de fin de año. Esto no coincide con
lo que nosotros creemos que debe hacerse. Incluso en los puntos 3 y 4
se pide una serie de cosas que antes del 30 de junio deben cambiarse
en el plan que en estos momentos ya está elaborado, con lo que
estaríamos otra vez iniciando grandes debates. Por tanto, si hay que
cambiar alguna cosa en la ley del Plan hidrológico, en todo caso, vía
enmienda puede realizarse.
Nosotros daremos el voto positivo a la proposición no de ley del
Grupo Socialista, con la enmienda aceptada del Grupo Popular, pero no
podremos darlo a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señora Urán, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas que han sido presentadas.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.Señorías, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no puede aceptar la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, entre
otras cosas, porque hablar del plazo más breve posible es
prácticamente decir que cuando sea. Señorías, he dicho anteriormente
que ya están todos los trámites anteriores previstos. El problema del
trámite del Consejo Nacional del Agua no es tal. En nuestra
iniciativa no se pide que venga sin el informe del Consejo Nacional
del Agua; sencillamente se pide que venga antes del 30 de junio y que
se pueda tener aprobado el Plan hidrológico nacional antes de
finalizar este año. Por tanto, señorías, no podemos admitir la
enmienda que se ha presentado por el Grupo Popular a la iniciativa
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Vamos a aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Mixto en
nombre del Bloque Nacionalista Galego, con un inciso en el número 4
que estaría después de las organizaciones sindicales agrarias,
medioambientales y ecologistas, y las asociaciones de usuarios. Así
incluiríamos parte de la enmienda que también ha presentado al punto
4 el Grupo Socialista y que dice lo siguiente: así como de los
municipios afectados por la construcción y la explotación de embalses
en la gestión del agua. Creemos que aceptando la enmienda del Grupo
Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, también queda incluida la
enmienda que se presenta a este punto 4 por parte de Iniciativa per
Catalunya.
Vamos a aceptar también las enmiendas al punto 1 y el nuevo apartado
que plantea Iniciativa per Catalunya, perteneciente al Grupo Mixto,
así como la enmienda al punto 3 que presenta el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán.
Señorías, les ruego que vayan ocupando sus escaños. (Pausa.)
Señorías, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista relativa al Plan hidrológico nacional y al
Plan nacional de regadíos, en los términos resultantes del debate y
con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular que ha sido
aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 309; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición
no de ley.
A continuación se somete a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre el Plan hidrológico nacional, en los términos que se
derivan del debate con la aceptación de las enmiendas de los grupos
parlamentarios Mixto y Socialista, tal y como ha sido expuesto por el
grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 132; en contra, 180; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la proposición
no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE),
ESTABLECIENDO LAS NECESARIAS COMPENSACIONES FINANCIERAS PARA LAS
CORPORACIONES LOCALES. (Número de expediente 162/000011.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos el debate de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre supresión del impuesto sobre actividades económicas,
estableciendo las necesarias compensaciones financieras para las
corporaciones locales.
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Padrol.
(Pausa.)
Ruego a las señoras y señores diputados que vayan a permanecer en el
hemiciclo que lo hagan en silencio y los que vayan a abandonarlo que
lo hagan de la forma más rápida posible y también en silencio.
Adelante, señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Buenas tardes, señora presidenta, señoras y
señores diputados.
Intervengo, señorías, para exponer las causas que han llevado a mi
grupo parlamentario a presentar la proposición no de ley para
suprimir la actual regulación del impuesto sobre actividades
económicas, estableciendo las necesarias compensaciones financieras
para las corporaciones locales. No cabe ninguna duda de que el
impuesto sobre actividades económicas es un impuesto que ha planteado
diversos problemas de aceptación desde su mismo nacimiento,
nacimiento producido en virtud de la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales. Cierto es que la creación de esta figura
impositiva generó en su momento alguna ventaja muy comentada en su
diseño conceptual. Estoy refiriéndome a la simplificación de la
estructura tributaria municipal que la aparición del nuevo impuesto
significaba. Recordemos que con el IAE se sustituían diversas figuras
tributarias locales por una sola. Concretamente el impuesto sobre
actividades económicas
englobó a las licencias fiscales de actividades comerciales
e industriales y de actividades profesionales y de artistas, a los
impuestos sobre la erradicación y sobre la publicidad y al impuesto
municipal sobre el gasto suntuario. Ello resultó en sí positivo, ya
que suponía una mejora de la racionalidad y simplicidad del sistema
tributario. Pero los problemas surgieron con la concreta
configuración de este tributo. Quiero recordar, además, que desde el
primer momento, desde los primeros debates políticos sobre la
concreta estructura del impuesto sobre actividades económicas, mi
grupo parlamentario manifestó una clara posición contraria a la
plasmación final que del mismo se llevó a cabo. El motivo es bien
sencillo. De los distintos fines que una figura impositiva debe
siempre perseguir, el impuesto sobre actividades económicas sólo da
correcto cumplimiento a uno de estos fines, a uno de estos objetivos,
como es el de allegar suficientes recursos financieros para las
administraciones públicas, en este caso las corporaciones locales.
Desde un principio el IAE, el impuesto sobre actividades económicas,
resultó ser un impuesto que grava el simple ejercicio de las
actividades empresariales, profesionales o artísticas, con
independencia de los resultados del ejercicio, de que exista o no
afán de lucro y de que la actividad que se realice sea puntual o
continuada en el tiempo, lo que ha supuesto un gran aumento del
número de contribuyentes susceptibles de ser objeto de gravamen por
esta figura impositiva. Las cuotas están fijadas por unas tarifas de
carácter estatal, de aplicación directa o fruto de la combinación de
diversos elementos tributarios, idénticas para todos los sujetos
pasivos o los particulares que desarrollan una determinada actividad
económica. A esta tarifa debe añadírsele un porcentaje adicional en
función del coeficiente municipal, el índice de situación de local y
el recargo provincial; coeficientes y porcentajes que elevan
sustancialmente la cantidad a pagar por el sujeto pasivo.
Tampoco desde otras ópticas puede ser defendido el impuesto sobre el
que estamos debatiendo, por ejemplo, desde su configuración como
impuesto censal. Ello se debe a que la envergadura de la detracción
tributaria que desde un principio se advirtió que iba a generar
impide la consideración como una figura tributaria propiamente
censal, máxime si se considera la precipitación con la que se produjo
su entrada en vigor, circunstancia que motivó que por parte de mi
grupo parlamentario en su momento se instara a una prórroga de la
fecha finalmente prevista para tal circunstancia, sin que esta
propuesta fuera acogida, insisto, en aquel entonces. Recordemos que
su entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 1992 y no de 1993,
como propuso mi grupo parlamentario, Convergència i Unió. Como
rotundo ejemplo de la posición de mi grupo respecto de la entrada en
vigor del IAE traigo a colación una intervención del diputado
Salvador Carrera al respecto. Leo literalmente: Es este un impuesto
que representa un
fuerte incremento de la presión fiscal. La envergadura de las deudas
tributarias que se derivan de su aplicación demuestra que el impuesto
no tiene principalmente naturaleza censal; sin duda alguna no la
tiene. Pero no es éste el único problema, sino que estamos ante un
elemento con un carácter recaudatorio mucho mayor que el de los
impuestos a los que sustituye. Perjudica a las actividades económicas
modestas en mayor medida de lo que beneficia a las más potentes. Por
lo tanto, a nadie debe extrañar que haya generado un intenso rechazo
social.
Estamos por tanto ante un impuesto prentendidamente simplificador,
con un potencial recaudatorio notable -es junto con el IBI la mayor
fuente de recursos tributarios para las corporaciones locales-, pero
sin duda alguna resulta poco defendible desde la óptica de los
efectos que el mismo produce en el desarrollo de las actividades
económicas de nuestro país, con especial incidencia negativa en los
colectivos más amplios de nuestro tejido productivo -pequeñas y
medianas empresas, trabajadores autónomos y emprendedores que inicien
una actividad económica-, lo que se ha traducido en efectos negativos
sobre la creación de empleo. Es por ello que desde el inicio de la
singladura de esta figura impositiva el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) se ha mostrado singularmente activo en la proposición de
modificaciones sobre la estructura de esta figura tributaria. Basta
con recordar la enmienda a la totalidad presentada por Convergència i
Unió al proyecto de ley regulador de las haciendas locales pidiendo
su devolución al Gobierno, las más de 20 enmiendas al articulado que
creaba este impuesto, las cuales iban dirigidas directamente a
minorar su impacto recaudatorio. Posteriormente se han presentado por
mi grupo diversas enmiendas a los textos articulados de proyectos de
ley que introducían modificaciones en este impuesto, fundamentalmente
leyes de Presupuestos Generales del Estado, destacando la tramitación
parlamentaria de los presupuestos para los años 1994 y 1995.
Dentro de las modificaciones normativas que desde una perspectiva
histórica parlamentaria se han producido, quisiera destacar una de
ellas porque a nuestro juicio demuestra la especial sensibilidad del
grupo ante la poca neutralidad de esta figura impositiva, por su
condición de carga para la actividad productiva española. Me estoy
refiriendo a la propuesta en su día formulada de crear tanto en el
impuesto de la renta de las personas físicas como en el impuesto
sobre sociedades una deducción en la cuota impositiva en cuantía
igual al 20 por 100 del importe satisfecho por los particulares con
ocasión del pago del impuesto sobre actividades económicas.
No acaba aquí, como SS.SS. saben, la labor parlamentaria de mi grupo
en pro de la reforma radical del impuesto sobre actividades
económicas. En la última legislatura, concretamente el 10 de abril de
1997, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó
una moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán para la
aplicación de un plan de modernización del comercio interior, en el
que se contenían un conjunto de medidas fiscales, administrativas,
financieras y laborales. Entre este abanico de medidas, el Grupo
Parlamentario Catalán planteó la propuesta específica de revisar el
impuesto sobre actividades económicas para vincular la factura fiscal
final de esta figura tributaria más estrechamente a los rendimientos
obtenidos en la correspondiente actividad sometida a gravamen. Dicha
moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios. El texto concreto de la misma planteaba -y cito
textualmente- una revisión del impuesto sobre actividades económicas
que vincule este impuesto de manera más estricta a los rendimientos
obtenidos en la actividad comercial. La moción también exigía que el
Gobierno suministrase información estadística respecto de la
recaudación originada por este impuesto. Pues bien, habida cuenta de
que la actitud de mi grupo parlamentario desde que nació el impuesto
sobre actividades económicas ha sido un claro rechazo a su
configuración práctica, un claro rechazo a su estructura, a su
regulación y a sus esquemas normativos, entendemos que en coherencia
con este papel histórico que mi grupo siempre ha adoptado, el inicio
de esta legislatura es un momento óptimo para reiterar al Gobierno
que proceda a una reforma radical de este impuesto para adaptar la
factura final a satisfacer a los rendimientos que concretamente se
hayan obtenido en el ejercicio de las actividades económicas,
empresariales, profesionales o artísticas objeto de gravamen. Así
esperamos contar con que la sensibilidad social que claramente se ha
puesto de manifiesto respecto de este tema en orden a solicitar y
exigir una derogación de la actual regulación del IAE, se refleje en
la posterior votación que tenga lugar.
Para acabar, quiero hacer una referencia a que en opinión de mi grupo
la proposición no de ley presentada engloba también una revisión
drástica del IAE, una supresión para las entidades sin ánimo de
lucro. Si no se entendiera que está incluido en el texto de la
proposición no de ley presentada, sería reiterada expresamente esta
propuesta en un momento ulterior.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
A esta proposición no de ley han sido presentadas diversas enmiendas.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Han sido
presentadas dos enmiendas, con lo cual la intervención del Grupo
Parlamentario Mixto deberá repartirse el tiempo. Además, hay un
tercer interviniente; por tanto, si son tres los diputados del Grupo
Mixto que van a intervenir, tendrán tres minutos aproximadamente cada
uno.
En primer lugar, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas y señores diputados, empezaré mi breve intervención
diciendo que el Bloque Nacionalista Galego comparte la filosofía y el
fondo de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) acerca de la supresión para la mayoría
de las empresas y los trabajadores autónomos del actual impuesto
sobre actividades económicas. Compartimos también la oportunidad de
la iniciativa; está bien empezar esta legislatura debatiendo sobre la
supresión de un impuesto, al que por cierto y como Bloque
Nacionalista Galego nos opusimos desde el primer momento en que se
estableció por considerarlo injusto y regresivo y respecto del cual
venimos solicitando su supresión reiteradamente, naturalmente sin
éxito, para la mayoría de los actualmente afectados. También
compartimos el interés del grupo proponente en buscar una solución
rápida y adecuada a un tema como éste (que por cierto fue una de las
propuestas estrella del Partido Popular durante la campaña
electoral), de manera que no quede durmiendo indefinidamente.
Efectivamente, el impuesto de actividades económicas es como decía un
impuesto injusto y regresivo, ya que por el solo hecho de establecer
un negocio éste se ve gravado por dicho impuesto, independientemente
de los beneficios que obtenga o incluso de su generación, lo que en
muchos casos supone una dificultad añadida para quienes empiezan una
actividad, como también supone una dificultad más en el caso de que
la empresa pase por una mala racha. Tampoco es un impuesto progresivo
-como debería ser- porque para actividades económicas semejantes el
pequeño propietario se ve proporcionalmente más gravado que el
grande. En fin, en la práctica se demostró que es un impuesto poco
ajustado a la realidad económica y social.
Dicho esto, las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta
a la proposición no de ley de Convergència i Unió no pretenden variar
la propuesta en lo sustancial, sino tratar de precisar algunas
cuestiones.
En la enmienda número 1 proponemos sustituir 'aquellas empresas
generadoras de empleo' por la expresión 'empresas de economía
social'. Lo hacemos así porque empresas generadoras de empleo en
principio son todas, incluidas las grandes empresas que nosotros no
creemos que deban ser excluidas del pago de este impuesto. Está claro
que deben ser excluidos del impuesto los autónomos y los pequeños
empresarios; nosotros creemos adecuado que también se excluya de este
impuesto sobre actividades económicas a las empresas llamadas de
economía social, es decir cooperativas, sociedades anónimas
laborales, etcétera; aquellas empresas cuyo fin fundamental es el
mantenimiento del empleo. En definitiva, nos parece que con esta
enmienda se precisa más qué empresas deben ser eximidas del pago del
IAE, sin dejar la puerta abierta a las
grandes empresas en tanto que generen empleo, ya que como decía
nosotros no vemos la necesidad de que sean excluidas del pago de este
impuesto.
La enmienda número 2 se refiere a unos problemas básicos a resolver
-naturalmente por el Gobierno- a la hora de suprimir el IAE. Se trata
de la compensación a los ayuntamientos por la merma de sus ingresos
como consecuencia de esa supresión. En esa enmienda número 2 se
precisa que los ingresos de los municipios en ningún caso serán
inferiores a los que obtenían por medio del IAE. Proponemos esto
porque es fácil entender que los municipios ya pasan por suficientes
dificultades económicas como para que, como consecuencia de la
supresión del impuesto, sufran alguna merma en sus ingresos por
pequeña que sean; por tanto, creemos que se deben garantizar
totalmente sus ingresos actuales. La segunda parte de la enmienda se
refiere a que dichas compensaciones no podrán financiarse mediante la
creación de nuevos impuestos indirectos. Naturalmente, esto lo
incluimos por reafirmar nuestra oposición a la configuración actual
del sistema impositivo cada vez más basado en la imposición
indirecta, que por mucho que se diga nos sigue pareciendo un sistema
más injusto.
Por último, la enmienda número 3, de adición, en esencia propone que
para la reforma de la actual ley se prevean o se incluyan fórmulas
que garanticen la función censal que en este momento tiene el IAE y
que se perderá en el caso de que se suprima para la mayoría de las
empresas radicadas en un determinado municipio.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
He de decir en primer lugar que como Iniciativa per Catalunya-Verds
coincidimos en la propuesta de fondo, que es la supresión de un
impuesto; impuesto que ha significado para los ayuntamientos graves
confrontaciones con sectores económicos de sus ciudades y que es un
impuesto perverso desde el punto de vista de incentivar determinadas
actividades económicas.
Por tanto, estamos de acuerdo con el primer punto y hemos introducido
un par de enmiendas porque nos parece que no es realista plantearse
que la modificación de ley puede haberse producido antes de enero del
año 2001. Planteamos el año 2002, pero con un sistema transitorio en
el ejercicio 2001 por el cual los sujetos pasivos de este impuesto
dejen de pagarlo.
La segunda idea es que no se puede ser generoso con el bolsillo de
los demás, y en ese sentido creo que la redacción del punto 2 de la
proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) no es
afortunada. Dice la redacción que se nos presenta que el Gobierno
hará las compensaciones económicas necesarias a las corporaciones
locales a fin de que no suponga un grave perjuicio para dichas
haciendas territoriales. Nosotros decimos que ni grave ni débil ni
flojo; no puede significar ningún perjuicio, y por tanto proponemos
que existan compensaciones que, como mínimo, garanticen el actual
nivel de ingresos.
Y la tercera idea es que con IAE o sin IAE, el problema de la
financiación local de los ayuntamientos continúa siendo un gran tema
pendiente, y en ese sentido hacemos una nueva enmienda al punto 3 por
la que planteamos que en el marco de esta reforma se contemple una
mejora de la financiación local, que como mínimo sitúe a los
ayuntamientos en un nivel de gasto del 25 por 100 del general de las
administraciones públicas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, intervengo muy brevemente
para posicionar a los andalucistas de acuerdo con esta eliminación
del impuesto; impuesto que reduce la carga fiscal sobre pymes y sobre
autónomos, pero aclarando que la compensación de este impuesto, que
tiene una clara vocación municipal porque es un impuesto que evita la
traslación del hecho imponible, debe hacerse teniendo en cuenta que
dicha compensación puede disminuir la capacidad de autonomía
financiera de los ayuntamientos y la capacidad de corresponsabilidad
fiscal. Deberemos ser capaces de encontrar en el escenario global del
marco de financiación municipal un hueco mediante el cual esta
compensación sea compatible con cesión de nuevos impuestos y con
mantener o incrementar, en su caso, la corresponsabilidad fiscal de
los ayuntamientos y su autonomía financiera.
Por tanto, apoyamos la supresión del impuesto, pero no la traslación
lineal de la compensación económica, sino que ésta debe hacerse de
manera que no haya menoscabo de la autonomía municipal.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ha presentado una serie de enmiendas a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en
el sentido de buscar que esta iniciativa se realice en primer lugar
con el acuerdo político de esta Cámara, con la negociación necesaria
con la Federación Española de Municipios y Provincias y que al final
la modificación o supresión del impuesto sobre actividades
económicas se dé necesariamente en un marco de progresividad fiscal,
de autonomía y de suficiencia de las instituciones locales.
Hemos escuchado con mucho interés la intervención del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aunque no nos ha
convencido mucho. No nos ha convencido mucho porque si hay alguna
causa en la iniciativa de esta proposición no de ley, no es tanto la
posición tradicional del grupo parlamentario proponente sino el
debate establecido por el Grupo Parlamentario Popular en las
recientes elecciones en torno a la supresión del impuesto sobre
actividades económicas. Nos preocupa que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) traslade a esta Cámara la supresión
súbita y no negociada del impuesto sobre actividades económicas, y en
ese sentido preferimos considerar que lo ha hecho por precipitación,
trasladando el debate electoral, y que si hoy tuviera que hacerlo,
después del debate de investidura, seguramente lo haría de otra
forma.
En ese sentido, también hemos visto con sorpresa las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En el debate de
investidura la iniciativa de supresión del IAE nos parece que se
vinculaba más a la realidad fiscal, a la situación de los municipios
españoles y también al beneficio que se pretende aportar a los
autónomos. En ese sentido, el señor Aznar planteaba ante esta Cámara
que la supresión del impuesto sobre actividades económicas se iba a
hacer mediante la modificación global de la Ley de Haciendas Locales,
previo acuerdo político en esta Cámara, mediante la negociación
necesaria con la Federación Española de Municipios y a lo largo de la
legislatura. Lo que se propone hoy por parte del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) es una reedición reducida y súbita de
esta posición del Grupo Parlamentario Popular y del ahora presidente
del Gobierno. Nos proponen la supresión del impuesto sobre
actividades económicas. No hablan para nada de negociación, y nos
proponen que se haga con efectos del 1º de enero del año 2001.
Nosotros que estamos de acuerdo en la necesidad de modificar a fondo
el impuesto sobre actividades económicas, tenemos serias dudas en
cuanto a que esto se pueda hacer de la manera planteada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En ese sentido, hemos
presentado una serie de enmiendas, al igual que otros grupos
parlamentarios, para que en todo caso esta modificación de la Ley de
Haciendas Locales tenga lugar a través de la necesaria negociación
con la Federación Española de Municipios y Provincias. Nos parece que
sin esta negociación la supresión del impuesto sobre actividades
económicas no puede ser otra cosa que traumática para las
instituciones locales. Por tanto, si se acepta esta enmienda
consideraremos nuestra posición respecto a la iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por otra parte, consideramos también que esta cuestión no afecta sólo
a los autónomos o pequeños y medianos empresarios, porque es
necesario resaltar que en estos momentos hay todo un debate sobre la
deuda de las comunidades autónomas y sobre la deuda municipal,
y resulta curioso que las primeras medidas sean para quitar un recurso
a las comunidades autónomas o a los municipios en este caso; nos
parece paradójico que en estos momentos se estén planteando estas
iniciativas cuando hay un debate público sobre la suficiencia
financiera de comunidades autónomas y de municipios, y también
tenemos cierta preocupación porque ésta sea una medida selectiva, es
decir que finalmente beneficiemos a quien decimos querer beneficiar,
y no hagamos algo que nos parece muy preocupante y es continuar en
una senda regresiva en el reparto impositivo en nuestro país; senda
regresiva que lleva a que en estos momentos del impuesto sobre la
renta de las personas físicas el 79,5 por 100 recaiga sobre los
impuestos de los profesionales y trabajadores y el resto sobre los
impuestos de los beneficios empresariales. Nos parece preocupante
esta evolución y por tanto estaremos atentos a la recepción por el
grupo proponente de las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios y en concreto a las del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Señora presidenta, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista tiene intención de votar a favor de esta
proposición no de ley, aunque ha presentado dos enmiendas que en
nuestra opinión mejoran la redacción y el sentido de la misma, por lo
que espero sean aceptadas por el grupo proponente. Estamos a favor,
como ya lo estuvimos en la legislatura pasada cuando apoyamos la
moción sobre modernización del comercio interior que incluía la
revisión del IAE; moción que por cierto y al menos en este punto no
fue aplicada por el Gobierno pese a que el Grupo Parlamentario
Popular también la apoyó. Espero que en esta legislatura los
incumplimientos del Gobierno del PP respecto a las propuestas
aprobadas en esta Cámara sean menores que en la anterior y que sus
promesas se vean correspondidas con los hechos. En concreto espero
que esta proposición, que puede contar con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, la veamos cumplida lo antes posible y no vaya
a engrosar el cajón de las cosas que se dicen pero que no se hacen.
Apoyamos la proposición porque creemos que el diseño de algunos
impuestos -y no sólo el IAE-, que pudo tener su justificación en su
momento ha quedado obsoleto y la experiencia plantea más problemas
que soluciones.
Sin caer en la posición implícita en algunos planteamientos de que el
mejor impuesto es el que no existe o el que pagan otros, consideramos
que la creación de empleo y la creación de nuevas empresas requiere
de una revisión global de los mecanismos públicos de apoyo, que
aunque no se agota en los impuestos los incluye. Mi grupo está
convencido de la necesidad de que los poderes públicos apoyen
cualquier iniciativa privada que aporte a la colectividad más valor
del que cuesta dicha ayuda por razones económicas de incrementar la
riqueza del país y el empleo, pero también por razones éticas de
apoyo al libre desarrollo de la creatividad individual. Sobre esto
anuncio que ya presentaremos iniciativas parlamentarias que yendo más
allá del esquema tributario incluyan también a éste como pieza
esencial de una política de estímulo y apoyo a los autónomos, a las
pequeñas y medianas empresas y en general a ese conjunto que se llama
microempresas, especialmente si surgen de proyectos impulsados por
jóvenes emprendedores.
En esa visión más amplia de la necesaria reorientación de la política
económica se inscribe nuestro apoyo actual a esta proposición no de
ley, a la que sin embargo hemos presentado dos enmiendas para que el
necesario replanteamiento del IAE no acabe trasladando simplemente
carga impositiva de unos contribuyentes a otros, y sobre todo para
que no deje desarbolados a nuestros municipios y provincias tanto de
recursos como de autonomía financiera y capacidad política para
decidir dentro de los márgenes previstos por la ley el esquema
tributario propio con que financiar los servicios que se prestan a
los ciudadanos. Por eso creemos importante hacer constar en la
proposición la necesidad de que el Gobierno, cuando presente aquí la
modificación legislativa que se le reclama, lo haga tras haber
pactado, hablado y en la medida de lo posible acordado dicho texto
con la Federación Española de Municipios y Provincias, que a nadie se
le oculta está especialmente sensibilizada con esta iniciativa. Ésa
es nuestra primera enmienda.
La segunda subraya el aspecto necesario y complementario de la
modificación solicitada del IAE, que no se agota en un problema de
suficiencia financiera de las entidades locales y por tanto de
compensación desde el Estado, sino que, como he dicho, afecta también
a la capacidad de decisión y autonomía financiera de dichas
entidades. Si la reforma del IAE que se trae a esta Cámara o su
eventual sustitución por otra figura impositiva no permite a los
poderes locales ejercer los mismos márgenes de autonomía financiera
que ofrece hoy el IAE, estaremos asestando un duro golpe a la
capacidad de decisión propia de los ayuntamientos y diputaciones y
con ello se estará reduciendo la calidad y extensión de nuestra
democracia. Como estoy convencido de que nadie en esta Cámara
pretende eso, estoy igualmente convencido de que nuestras enmiendas
serán aceptadas y no sólo podremos alcanzar con
ello un acuerdo ampliamente mayoritario en un asunto tan importante,
sino que todos, contribuyentes y administraciones saldremos ganando.
En todo caso, y como es obvio, esperaremos la remisión por parte del
Gobierno del proyecto de ley a que le insta esta proposición para
fijar nuestra posición definitiva sobre el mismo, pero eso sí,
señores del Gobierno y de la mayoría gubernamental, si de verdad
creen en ello háganlo y no vuelvan a incumplir promesas aceptadas.
Tengan la seguridad de que si lo hacen cuentan con nuestra
predisposición al acuerdo, pero en otro caso seremos insistentes en
la denuncia de un incumplimiento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Por último, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de comenzar esta intervención permítanme felicitar a
los nuevos portavoces económicos que han hecho uso de la palabra y
con los cuales tendremos muchos debates a lo largo de esta
legislatura y también, por qué no, muchos puntos de encuentro.
En esta primera intervención estoy plenamente satisfecho de que todos
los grupos de la Cámara parezcan coincidir en una promesa que hizo el
Partido Popular en la campaña electoral. No puedo estar más que
satisfecho. Nosotros en la campaña electoral dijimos que había que
suprimir el IAE para los pequeños empresarios y hoy parece que toda
la Cámara se quiere sumar a esa propuesta del Partido Popular.
Agradezco vivamente a todos los grupos parlamentarios que se estén
uniendo a esa propuesta.
Señorías, mi grupo está absolutamente convencido y absolutamente
comprometido con la idea de que hay que suprimir el IAE, pero hay que
suprimir el IAE fundamentalmente para los autónomos, para los
pequeños negocios y para los emprendedores, para que no haya una
traba al inicio de la actividad. Hemos presentado una enmienda para
ajustarnos exactamente a lo que pretendemos; una enmienda técnica
diciendo que queremos eximir del IAE a los pequeños negocios, a los
autónomos y a los emprendedores. Además, recogemos que esa
modificación tiene que garantizar a las corporaciones locales que no
van a perder financiación en la prestación de los servicios -y a ello
se refería el señor Saura-, ni poca ni mucha, ninguna; no tienen que
perder ninguna financiación y tienen que mantener sus niveles de
autonomía o suficiencia. Habrá que estar atentos para no perjudicar a
ningún ayuntamiento, no vaya a ser que los ayuntamientos que han
tenido una presión fiscal elevadísima salgan beneficiados frente a
los ayuntamientos que han sido más moderados en la
presión fiscal; no vamos a mejorar a los que han puesto complementos
altísimos a su tipo de IAE, perjudicando a los que han puesto bajos
complementos.
Esta iniciativa, señorías, no puede concebirse como una propuesta
aislada. Mi grupo parlamentario, el Partido Popular cuando la
presentó en la campaña electoral, no la concebía como un hecho
aislado, como una promesa electoral, como un regalo a unos cuantos
señores; es una propuesta que se enmarca dentro de una política
económica determinada; una política económica determinada con la que
se pretende que España crezca, que la economía española siga
creciendo de manera estable, que sigamos creando empleo de manera
sostenida y que además mejoremos los niveles de bienestar de todos
los ciudadanos. Señorías, no hay ninguna política económica que no
tenga como objetivo capital mejorar los niveles de bienestar de los
ciudadanos y sobre todo de aquellos más desfavorecidos. Dentro de esa
política económica general hay unas líneas de actuación básicas que
el presidente del Gobierno reiteró aquí en el debate de investidura.
La primera es mantener la estabilidad presupuestaria, ir tendiendo a
un déficit cero para el año 2001. Ayer el nuevo ministro de Hacienda
anunciaba que incluso en el año 2000 se podía rebajar el nivel de
déficit público previsto en el presupuesto. Esta medida también tiene
que estar enmarcada con el cumplimiento de ese gran objetivo de
estabilidad presupuestaria. Luego hay que seguir en el camino de las
reformas estructurales, de la liberalización; y como tercer gran eje
hay que apoyar la oferta productiva, apoyar fundamentalmente a las
pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son las que están
actuando de motor de la generación de empleo. También apoyar a los
emprendedores. El portavoz del Grupo Socialista hablaba de jóvenes
emprendedores; yo hablaría de todos los emprendedores, emprendedores
y emprendedoras que no tengan trabas para iniciar su actividad
económica. Esa política económica está dando unos excelentes
resultados; es innegable que los resultados son absolutamente
positivos. Hace pocos días salía el estudio de la fundación de las
Cajas de Ahorro que daba un crecimiento para 4,2, que está además
impulsando la creación de empleo de manera importante -somos el país
de Europa que más empleo está creando-, y además está mejorando los
niveles de bienestar.
Por tanto, señorías, mi grupo cree que es importante seguir
manteniendo esas líneas de política económica, y dentro de ellas está
la supresión del IAE para los pequeños empresarios, para los
autónomos y para los emprendedores, puesto que supone una traba a la
actividad económica. El IAE es un impuesto por trabajar, por ejercer
una actividad; es un impuesto que impide a muchos emprendedores
iniciar su camino como empresarios, puesto que supone una traba
económica. Además, como muy bien ha señalado el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego, es un impuesto que
proporcionalmente perjudica más a los pequeños que a los grandes. Por
ello, la Comisión interministerial que estudiaba un marco para las
pequeñas y medianas empresas ya hace un año reconocía que era
necesario modificar la estructura del IAE. Por eso en campaña
electoral dijimos, dentro del marco de la política económica general
que planteábamos para los próximos cuatro años, que había que eximir
del IAE a pequeños empresarios, autónomos y emprendedores. Desde
luego, si algo ha caracterizado al Gobierno del Partido Popular es
que cumple lo que promete. Por tanto, esta proposición no de ley de
Convergència i Unió es como acertar una quiniela los lunes. Seguro
que se acierta, porque seguro que lo vamos a hacer, seguro que el IAE
va a desaparecer para pequeños empresarios, para autónomos y para
emprendedores, porque este Gobierno se ha caracterizado por cumplir
lo que promete. Y va a cumplir lo que promete porque eso es bueno
para la sociedad. (Rumores.-Aplausos.) No se pongan nerviosos,
señores de la oposición. Ya sabía que se pondrían algo nerviosos,
pero es que es una realidad contrastable. Hemos cumplido lo que
prometemos y así seguiremos.
Señorías, quiero hacer una última mención. Es necesario señalar que
las corporaciones locales no van a perder financiación. Hay que
seguir profundizando en el modelo de financiación de las
corporaciones locales, no sólo de ayuntamientos sino también de
diputaciones. El presidente lo dijo en esta tribuna. Hay que seguir
estudiando para que a lo largo de esta legislatura concluyamos con un
nuevo modelo que garantice la autonomía, la suficiencia, se puedan
prestar los servicios necesarios a los ciudadanos y por eso queremos
que se recoja en esta proposición no de ley.
Mi grupo va a afrontar todas las reformas necesarias porque creemos
que es bueno seguir, y hacerlo pronto, por el camino del crecimiento
económico, de la creación de empleo y de la mejora del bienestar de
todos los ciudadanos. Desde luego, esta medida se inscribe en ese
marco.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. ¿Grupos
que deseen intervenir y que no hayan presentado enmienda? (Pausa.)
Por Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo con gran brevedad para manifestar que estamos discutiendo
una iniciativa oportuna, que viene a sumarse de una manera positiva y
activa a lo que fue un compromiso electoral y que mi grupo apoyó en
el debate de investidura del presidente, señor Aznar. Estamos
hablando de una coincidencia de opiniones. Por lo que se ha escuchado
aquí, todos los grupos estamos de
acuerdo en el fondo de la cuestión, que es la supresión del impuesto
de actividades económicas. Impuesto que ya en los últimos años venía
siendo impopular tanto para el consumidor como para los pequeños
empresarios, los autónomos y las empresas familiares.
En territorios como el de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
pequeña y mediana empresa, la empresa familiar, los autónomos venían
teniendo dificultades para salir adelante, sobre todo, por la
competencia de las grandes superficies comerciales. Como bien ha
señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el impuesto que
pagan viene a gravar la creación de puestos de trabajo y su
supervivencia, lo cual repercute en los ingresos de estas pequeñas
empresas y autónomos.. Esto ha llevado al cierre de muchos pequeños
negocios y era necesario inyectarles un balón de oxígeno con la
fórmula de la supresión de un impuesto. Pues bien, en eso parece que
estamos todos de acuerdo y las enmiendas presentadas son de matiz, de
circunstancia, respecto a cómo tenemos que modificar la Ley 39/1988,
sobre haciendas locales.
Vamos a buscar el consenso para que la Federación Española de
Municipios no tenga en su seno ningún problema, ninguna inquietud,
por la supresión de un ingreso que vaya a dislocar la estructura de
los presupuestos municipales. Es lógico que esto se atienda, pero que
también se evite trasladar un impuesto a otro sector, bien el de
consumidores, bien el de usuarios, bien quien lo tenga que soportar,
penalizando su viabilidad económica y comercial. Creo, por tanto, que
tenemos el espíritu del consenso, para que entre todas las fuerzas
políticas, incluso extendiéndolo a la opinión de la Federación
Española de Municipios para que aporte sus ideas, con un sentido de
racionalidad, podamos resolver el problema.
Mi grupo desearía que por parte del grupo proponente de la
iniciativa, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se
aceptaran -porque estamos de acuerdo, repito, en el fondo- las
enmiendas que perfeccionaran de una manera racional el texto. Mi
grupo se inclina por la que ha planteado el Grupo Parlamentario
Popular, porque viene a señalar una modificación de la Ley 39/1988,
de haciendas locales, y recoge una de las preocupaciones que yo
comparto, y que había señalado el señor Saura, que no tiene que
perjudicar, ni mucho ni poco, a los ingresos de las haciendas
municipales, es decir, no tiene que perjudicar en nada la supresión
del impuesto de actividades económicas.
En esa línea de consenso votará mi grupo favorablemente la enmienda
transaccional a que se llegue por los grupos proponentes.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Vasco
quiere manifestar su apoyo a la toma en consideración de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán,
sobre supresión de la actual regulación del impuesto sobre
actividades económicas, estableciendo las necesarias compensaciones
financieras a las corporaciones locales. Sin embargo, también
deseamos poner de manifiesto, ya desde este momento, una serie de
cuestiones que ha de contemplar el futuro proyecto para que nuestro
grupo lo considere favorablemente.
Es un sinsentido, desde el punto de vista de la equidad fiscal,
gravar una actividad productiva por el mero hecho de que exista y de
manera independiente a la evolución y a los resultados obtenidos en
el ejercicio de la misma. Además, es incuestionable que los recargos
municipales sobre la tarifa general han constituido una vía fácil de
obtención de recursos locales, sin mayor complejidad, lo que ha
elevado la presión fiscal local y dificultado la implantación
territorial de iniciativas económicas de carácter menor, para las
cuales dicho impuesto afecta negativamente a la rentabilidad de su
negocio. Estoy pensando en trabajadores autónomos, pequeños
comerciantes, etcétera. Desde este punto de vista, la reforma del IAE
puede suponer un incentivo añadido a la generación de actividad y al
nacimiento de pequeños empresarios, de los que nos encontramos tan
necesitados.
Si bien desde el punto de vista de la incentivación económica la
proposición de ley no presenta duda alguna, y por eso la apoyamos,
las incógnitas a resolver se plantean en otros campos, básicamente en
el relativo a la financiación local.
Si tomamos como referencia los datos correspondientes a la Comunidad
Autónoma de Euskadi, del año 1997, el IAE representaba
aproximadamente el 5 por 100de la recaudación total de los
ayuntamientos y el 25 por 100 de los impuestos directos de carácter
local. Estos porcentajes son sin duda significativos desde el punto
de vista de la financiación local y obviamente los ayuntamientos no
van a estar dispuestos a prescindir de dichos recursos. El importe en
el conjunto del Estado, extrapolando estos datos, puede superar hoy
en día el cuarto de billón de pesetas. La compensación financiera a
los ayuntamientos no deberá realizarse de la cómoda manera de
aumentar las transferencias del Estado a las corporaciones locales.
En primer lugar, porque iría en detrimento de la autonomía municipal
y, en segundo lugar, porque afectaría al déficit del Estado y
dificultaría el cumplimiento del plan de estabilidad.
Siguiendo las recomendaciones del documento del subgrupo de trabajo
para el estudio de la reforma del sistema tributario local, fechado
el 20 de mayo de 1998 y realizado por el Ministerio de Economía y
Hacienda -cito textualmente-, sería conveniente estudiar la
posibilidad de introducir reformas estructurales en el IAE, de modo
tal que el gravamen refleje con mayor
precisión el beneficio realmente obtenido por el sujeto pasivo en el
ejercicio de la actividad económica. De esta forma, la compensación
económica habría de financiarse en función de los resultados
económicos obtenidos por los mismos colectivos a los que se les
suprime el impuesto. Tampoco se puede perder el carácter censal del
IAE, tanto a efectos estadísticos como de la gestión tributaria de
las haciendas. Muchos de los colectivos afectados hoy por el IAE son,
por intrínsecas características, proclives al fraude fiscal y no
podemos darles más facilidades para que sigan defraudando.
Conviene recordar que, en el País Vasco, el IAE es un tributo
concertado de normativa autónoma. Ello quiere decir que la reforma
que pudiera derivarse de esta proposición no de ley no sería
necesariamente de aplicación en el ámbito vasco; por tanto, no sería
una norma de aplicación general en todo el territorio del Estado.
Desde el Partido Nacionalista Vasco, creemos que, en el marco del
pacto fiscal acordado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno
Vasco, el futuro proyecto de ley debería precisamente ser analizado,
estudiado y acordado en la Comisión mixta de evaluación normativa a
efectos de evitar futuros conflictos. Además, creemos que esta
reforma habría que englobarla en una más amplia, correspondiente al
nuevo modelo de financiación municipal y autonómica, que ha de entrar
en vigor a partir del año 2002. Las cosas hay que hacerlas bien y,
desde nuestro grupo, no vemos la urgencia de que la propuesta de
Convergència i Unió, aun siendo interesante, entre en vigor a partir
del 1 de enero del 2001. Por lo comentado, señorías, creemos que es
una reforma que hay que acometer, una reforma necesaria, pero dadas
sus implicaciones hay que hacerla con tranquilidad y con perspectiva
global.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu Señor Padrol, a
los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas.
El señor PADROL I MUNTÉ: Mi grupo celebra el carácter constructivo de
las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos
parlamentarios y entendemos que vienen a reforzar la finalidad
perseguida por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
al presentar la proposición no de ley que se acaba de debatir.
A la vista de las distintas enmiendas presentadas, y sin perjuicio de
la valoración global positiva de todas ellas, mi grupo acepta las
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista, de las que resulta un texto transaccional
que, si la señora presidenta me permite, procedería a leer ante esta
Cámara.
La proposición no de ley quedaría redactada de la siguiente manera:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, previa
consulta con la Federación Española de Municipios y Provincias, un
proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales, que, con el objeto de crear
empleo, contemple: 1) La modificación de la actual regulación del
impuesto sobre actividades económicas al objeto de posibilitar una
exención del mismo para las pequeñas y medianas empresas y los
trabajadores autonómos. 2) Las compensaciones económicas necesarias
para las corporaciones locales al objeto de evitar que la
modificación del impuesto sobre actividades económicas suponga ningún
perjuicio para dichas haciendas locales y con la finalidad de
garantizar, en su actual nivel, la autonomía y suficiencia financiera
de las corporaciones locales.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Padrol. Muchas gracias.
Procedemos a llamar a votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
supresión del impuesto sobre actividades económicas, estableciendo
las necesarias compensaciones financieras para las corporaciones
locales, en los términos que han resultado de la
enmienda transaccional que ha sido asumida por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 306.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta.
Señorías, antes de suspender la sesión, permítanme que recuerde a
esta Cámara que hoy, día 9 de mayo, se cumple el 50.o aniversario de
la declaración de Schuman, origen de las Comunidades Europeas, y por
tanto punto de partida del proceso de la constitución europea y de la
actual Unión. Desde esta Presidencia, entendemos que es adecuado y es
un homenaje de justicia reconocer a tantas cuantas personas, a lo
largo de estos 50 años, han venido trabajando por la paz y por la
libertad en el entorno de la Unión Europea.
Muchísimas gracias.
Se suspende la sesión, que se reanudará el próximo jueves, día 11 de
mayo, a las nueve horas.
Se suspende la sesión.
Eran las seis y veinte minutos de la tarde.