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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 383, de 03/07/2002
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de julio de 2002
Núm. 383
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como
enmiendas formuladas ... (Página 4)
162/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida
social, económica y política. Enmienda ...
(Página 8)
Aprobación ... (Página 9)
Comisión de Política Social y Empleo
161/001429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento del trabajo doméstico de la mujer en hogares ajenos. Desestimación así como enmienda formulada ... (Página 9)
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas
161/000876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reforma de la Orden Ministerial de 10 de mayo de 2001, por la que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para reparar los daños
causados por los temporales en los bienes y servicios de las entidades locales gallegas. Desestimacion ... (Página 10)
161/001219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre necesidad de acuerdo entre las Administraciones Públicas en materia de política de personal. Desestimación ... (Página 10)
161/001220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción de medidas para compensar a los empleados públicos la pérdida de poder adquisitivo en el año 2001. Desestimación ...
161/001397 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, sobre el traslado de la subdelegación del Gobierno en Málaga. Desestimación ... (Página 10)
161/001474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reclasificación profesional de los Celadores de Prisiones Militares. Desestimación ... (Página 11)
161/001508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de cesar de su cargo al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Desestimacion ...
(Página
11)
Comisión de Medio Ambiente
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción del puerto deportivo 'Marina Rubicón', en la zona denominada Berrugo, en el municipio de Yaiza (Lanzarote). Retirada ...
161/001234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posible ampliación de la Central Térmica Litoral de Carboneras. Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la finalización en el primer semestre del año 2005 del saneamiento integral de la Costa del Sol malagueña. Desestimación así como enmienda
formulada ... (Página 12)
161/001318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al inicio de las obras de encauzamiento del río Andarax, en el término municipal de Almería. Desestimación ... (Página
12)
161/001361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre realización de las obras de depuración del río Guadiaro, así como del abastecimiento de agua a Jimena de la Frontera (Cádiz) desde el Guadarranque.
Aprobación con modificaciones ...
(Página 12)
161/001430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la elaboración de un nuevo proyecto de recuperación ambiental y de acondicionamiento hidráulico del río Mero (A Coruña).
Desestimación así como
enmienda formulada ... (Página 12)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000195 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos de actuación del Gobierno para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial
... (Página 13)
172/000196 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en el término municipal de Zaragoza ...
172/000198 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria, como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley agraria
norteamericana (Farm Bill). ...
(Página 15)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000144 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental. Texto de la moción, enmienda
formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ...
(Página 15)
173/000145 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que el Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del día
20 de junio de 2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por
el Pleno de la Cámara ... (Página 16)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000012 Informe de la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Economia y Hacienda, para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, así como votos particulares presentados al mismo ...
(Página
19)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000525
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la
inseguridad ciudadana (núm. expte.
162/000525), publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 365, de 7 de junio de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo del artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes que debe adoptar
el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana (número 162/525).
Enmienda
Enmienda de modificación.
Reemplazar el texto de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista por el siguiente:
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta que la mejor forma de garantizar la seguridad ciudadana no es sólo a través de las políticas de policía, sino también mediante políticas sociales públicas tendentes a garantizar el disfrute
efectivo y pleno de los derechos sociales de la ciudadanía. El empleo estable, de calidad y con derechos, la asistencia social, las viviendas públicas, la sanidad, la educación, la cobertura contra el paro, las pensiones públicas de calidad y otra
serie de instrumentos del Estado social son, sin duda, la mejor manera de producir justicia social y, con ello, disfrutar de tasas bajas de criminalidad y de una alta sensación subjetiva de seguridad ciudadana.
2. El Congreso de los Diputados muestra su rechazo a los intentos de ciertas fuerzas políticas e instituciones públicas por vincular emigración y extranjería con incremento de la delincuencia, cuando es evidente que el origen de la
delincuencia, en la mayor parte de los casos, se encuentra en la exclusión social o administrativa y en la penuria económica y no en el origen cultural, nacional, étnico o espiritual de los delincuentes. Por ello, el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que ponga fin a sus políticas de exclusión de los inmigrantes y adopte medidas efectivas y reales de inclusión social de este colectivo.
3. En relación a lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que coordine su aparato estadístico policial con el Poder Judicial y con otras Administraciones Públicas, pues en estos momentos es evidente que las
estadísticas ministeriales apuntan de forma políticamente intencionada hacia la delincuencia de origen extranjero, cuando en las sedes judiciales, en la universidad y en los institutos de estudios de seguridad se tiene constancia de que la
delincuencia de origen español no ha descendido, sino que sigue existiendo, supone casi las tres cuartas partes del total de los delitos y faltas y está siendo, en cierta medida, descuidada por parte del Ministerio del Interior.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a interés del Fiscal General del Estado la máxima diligencia y eficacia en la persecución de todos los tipos de delitos, incluidos determinados delitos (gran fraude fiscal,
delitos económicos y societarios, delitos ecológico, etc.), que, en estos momentos, son prácticamente impunes.
5. El Congreso de los Diputados considera prioritario invertir la actual tendencia de privatización de la seguridad pública, no sólo por ser la seguridad ciudadana un derecho de todos los ciudadanos, independientemente de su renta que debe
ser prestado por las Administraciones Públicas, sino por ser evidente que la optimización de las políticas policiales públicas pasa por el abandono de la privatización de las mismas y la vuelta a lo público.
6. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a impulsar dinámicas de cooperación y colaboración entre las diferentes fuerzas policiales que operan en España de forma que éstas se ayuden mutuamente a prestar un eficaz
servicio público de seguridad
ciudadana y no se produzcan, como sucede ahora, innumerables duplicidades, descoordinaciones, solapamientos e ineficacias entre las policías al mando de las Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado.
7. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a implicarse seriamente en un proceso de negociación laboral con los representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los efectos de mejorar sus
condiciones laborales y equipararlas progresivamente con las de otras policías que operan en el Estado español.
8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que, en cooperación y colaboración con el resto de Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana, impulse un proceso de reordenación de las
diferentes policías del Estado español, de forma que se defina un modelo integral, claro, funcional y moderno de seguridad pública. El citado modelo policial deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones:
a) La racionalización del conjunto de recursos públicos en materia de seguridad pública en España.
b) La coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
c) La necesaria redefinición competencial de la Guardia Civil, con un impulso decidido de su carácter civil y policial.
d) El papel de las Policías Locales en la persecución de la pequeña delincuencia patrimonial y de las faltas.
e) Las políticas de proximidad (tanto en los núcleos urbanos, como en los rurales, así como en los nuevos fenómenos en materia de vivienda, urbanizaciones, etc.), de tal suerte que el servicio público de seguridad se acerque a los
administrados, garantizando con inmediatez los derechos y las libertades de éstos.
9. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a proteger y tutelar a las víctimas de los delitos de forma integral a través de la potenciación de las oficinas de asistencia a las víctimas, creadas por la Ley 35/1995, y
hasta la fecha insuficientemente impulsadas y dotadas.
10. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a crear un fondo estatal para ayudas económicas a los ciudadanos que hayan sido perjudicados por el delito en situaciones de extrema gravedad o necesidad. El fondo podría
nutrirse, además de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, de los bienes y dinero provenientes de actividades delictivas.
11. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas necesarias para, en cooperación con el Poder Judicial y con las Comunidades Autónomas, reformar nuestro sistema penitenciario de forma que la pequeña
delincuencia patrimonial se combata no sólo a través de la privación de libertad que satura nuestros centros penitenciarios, sino también a través de penas alternativas a la prisión de mayor eficacia social.
12. El Congreso de los Diputados, ante el creciente fenómeno de la inmigración y la presencia de culturas diferentes en nuestro país, insta al Gobierno de la Nación a adoptar medidas para promover la integración en los cuerpos de seguridad
de inmigrantes nacionalizados para lograr un mejor conocimiento de dichos sectores sociales y facilitar el desarrollo de las actuaciones de seguridad que afecten a extranjeros asentados en nuestro país.
13. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que dé cumplimiento en su integridad a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, así como lo que establece la Ley Orgánica 1/1996,
de Protección Jurídica del Menor, normas que consideran que en España no existen menores españoles o extranjeros, ya que todos son sujetos de los mismos derechos y obligaciones, debiéndoles ofrecer, a todos por igual, las mismas posibilidades de
integración y de desarrollo personal y social.
14. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a elaborar, en el plazo de tres meses y en cooperación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, un libro blanco sobre la seguridad ciudadana en España, a los
efectos acometer las reformas necesarias en esta materia con un suficiente conocimiento de la situación real, de las necesidades públicas y de las demandas ciudadanas en este campo.
Justificación
En virtud de los argumentos y datos que a continuación se explicitan se considera más adecuado a una política de izquierdas en materia de seguridad el texto de esta enmienda que el de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista.
En los últimos meses el Gobierno de la Nación se ha embarcado en una campaña para identificar inmigración con aumento de la delincuencia, para de esa manera identificar a los extranjeros con todo tipo de males públicos y privados. Tenemos,
de hecho, a un Gobierno teóricamente de centro reformista suscribiendo un discurso muy próximo al de la extrema derecha continental, a la que el PP se refieren eufemísticamente como partidos iconoclastas, en vez de nazis o de extrema derecha.
Identificar delincuencia con extranjería es, sin más, enarbolar un discurso racista y xenófobo que no sólo es deleznable desde el punto de vista moral y peligroso desde la perspectiva socio-política, sino que está expresamente proscrito por
nuestra Constitución, por nuestro
Código Penal y, por cierto, también por la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos que ha presentado el Gobierno ante las Cortes Generales.
Entendemos que es necesario poner de relieve factores que afectan al debate de la seguridad ciudadana y que ni el PP ni el PSOE tienen el interés o el vigor cívico de resaltar.
Las políticas neoliberales de destrucción del Estado social, así como la globalización económica han creado en la ciudadanía europea y en la española una sensación de total y absoluto desamparo ante los desafíos del futuro. Las
Administraciones Públicas han renunciado en buena medida a realizar sus políticas públicas de vivienda, protección social, educación, sanidad, cobertura contra el desempleo, pensiones, etc. Una buena parte de la población se ha visto a merced de
los designios del mercado salvaje y sin la adecuada protección ni del Estado ni de la Unión Europea, que no se ha embarcado en la globalización de la protección social. Surge, en ese contexto, el miedo (madre de muchos males sociales).
Al mismo tiempo grandes masas de desposeídos de África, América, Asia, etc., vienen a Europa y a España en busca de un futuro mejor. Esa búsqueda de un mejor futuro es tan legítima en los inmigrantes extranjeros que vienen hoy a España como
lo era en el caso de los españoles que tuvieron que emigrar en el pasado a otros lugares del planeta para poder vivir mejor.
Sin embargo, los Gobiernos neoliberales europeos han cerrado las puertas a estos inmigrantes creando inmensas bolsas de seres humanos en la ilegalidad que, oficialmente, no existen, no pueden trabajar y que están privados de los más
elementales derechos. Estas personas están siendo explotadas por diversos tipos de mafias. A nadie se le oculta que sin el trabajo de inmigrantes ilegales en España no se podrían sostener en España sectores como el de la construcción, los
servicios, el turismo o determinados servicios ilegales e informales de asistencia social (muchos niños y ancianos españoles están siendo atendidos por inmigrantes ilegales). Tampoco debe negarse que los inmigrantes ilegales no siempre consiguen un
trabajo legal o ilegal y que, en algunos casos, acaban siendo parte de círculos delictivos, etc.
En cualquier caso es claro que España, como otros Estados Miembros de la Unión Europea, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 8/2000, recibe legalmente mucha menos inmigración de la que su mercado de trabajo (legal o ilegal)
está demandando. Al mismo tiempo el sur tiene capacidad más que de sobra para suministrar una oferta de inmigrantes que supera de hecho la demanda europea (legal e ilegal) de mano de obra extranjera.
Lo anterior pone de relieve que la inmigración ilegal significa para España (y para el resto de la Unión Europea) en la mayor parte de los casos riqueza económica (a costa de la explotación brutal de los inmigrantes ilegales) y también,
aunque de forma secundaria, crimen que involucra a extranjeros. Extranjería es igual a riqueza y pujanza. Por otra parte, extranjería no es igual a delincuencia, pero explotación, falta de derechos y marginación de los inmigrantes si puede acabar
suponiendo el ingreso en círculos delictivos.
En conexión con lo anterior, es necesario resaltar que las estadísticas que maneja el Gobierno de la Nación sobre delincuencia no son fiables (se basan en sólo en lo denunciado, en las detenciones, etc.) y son claramente manipulables. De
hecho, mucho nos tememos que estas estadísticas están siendo manipuladas por las Autoridades Administrativas para dar a entender que el crimen en España sólo lo perpetran extranjeros y, de esa manera, crear alarma social y recoger votos en el campo
abonado del miedo.
En contra de la torticera intención del Ministerio del Interior está la realidad. Es un dato perfectamente contrastado por todo tipo de estudios en occidente que los inmigrantes no tienden a delinquir. De hecho, es menor la propensión a
delinquir de los inmigrantes que la de los nacionales, siempre y cuando los inmigrantes sean legales. Es fácilmente compresible. Los inmigrantes legales quieren trabajar y progresar personal y familiarmente. Si obtiene un permiso de residencia y
trabajo, siendo conscientes del recelo que provocan en algunos sectores sociales, tratan de mantenerse totalmente al margen del crimen. No es la inmigración la que crea una propensión a la delincuencia, sino que es la situación de ilegalidad (los
sin papeles) la que provoca un caldo de cultivo de la delincuencia.
Pero la intención del Gobierno del PP de crear la sensación de que sólo los extranjeros delinquen nos debe hacernos pensar sobre la delincuencia tradicional de origen español. Cabe preguntarse donde están los ciudadanos españoles que, hasta
ahora, se han dedicado a la delincuencia y eran objeto de tratamiento por nuestras policías, tribunales y centros penitenciarios. ¿Han dejado de delinquir? La respuesta es clara: no.
Simplemente el Gobierno de la Nación, para fundamentar su
posición política contra la inmigración, ha concentrado sus esfuerzos en la persecución de los inmigrantes ilegales, a los que se les considera delincuentes por el mero hecho de no disponer de los permisos administrativos de residencia (para el
Gobierno del PP tan delincuente es un inmigrante que delinque como uno que simplemente reside de forma no regular en España). Y como consecuencia de ese esfuerzo del Ministerio de Interior en la persecución de la inmigración se ha descuidado la
persecución del crimen de origen nacional que no ha dejado de existir de forma mágica.
En apoyo del anterior aserto acuden los estudios y datos aportados por diferentes fiscalías españolas y las recientes estadísticas suministradas por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP).
Frente a la afirmación del Gobierno de que durante el año 2001 el 40 por 100 de los detenidos por un delito o una falta penal eran extranjeros, los datos oficiales (del propio Ministerio del Interior) demuestran, como ha puesto de relieve el
IESP que la cifra real fue de un 28,2 por 100 (65.382 detenciones practicadas), frente al 71,8 por 100 de españoles (166.765 detenciones).
Frente a la afirmación del Gobierno de que en el caso de los delitos que más crecieron en 2001 la tasa de detenidos extranjeros llegó al 50 por 100, la realidad indica que las figuras delictivas que más crecieron fueron los delitos contra el
patrimonio (12,7 por 100) y la tasa de extranjeros detenidos por tal causa fue del 27,2 por 100, frente al 72,8 por 100 de españoles.
Frente a la afirmación del Gobierno, para explicar los actuales incrementos de la criminalidad, de que hay una relación directa entre inmigración y delincuencia, debe recordarse que la población inmigrante aumentó más del 17 por 100 entre
los años 1999 y 2000, y, en cambio, para igual período, el Gobierno presentó a bombo y platillo unas cifras de disminución de la criminalidad del 3 por 100, sin decir entonces una sola palabra del componente de la población extranjera en los índices
de criminalidad.
A tenor de las imputaciones que se realizan policialmente al practicar una detención, se observa que las causas esgrimidas para los detenidos extranjeros son muy similares a las referidas para los delincuentes españoles: el 50 por 100 de
unos y otros son acusados de un delito contra el patrimonio, en torno al 7,5 por 100 por tráfico de drogas, un 5,5 por 100 por delitos contra las personas, cerca del 2 por 100 por delitos contra la libertad sexual, el 11 por 100 por alguna falta
penal, y el resto por otras infracciones penales.
Si tomamos como referencia las cifras de detenciones practicadas y los niveles de reincidencia de los detenidos, podemos hacer una proyección del número de delincuentes que operaban en España en 2001, de modo que, admitiendo un significativo
margen de error, podemos estar hablando de un total aproximado de 161.000 delincuentes operando en nuestro país, de los que 125.000 serían españoles y 36.000 extranjeros (no más del 2,5 por 100 del total de nuestra población inmigrante).
Sirvan estos datos como mera muestra de lo que se viene denunciando desde hace meses desde ámbitos de la justicia y la policía española: el Gobierno del PP tergiversa las estadísticas para apoyar su opción política en materia de seguridad,
que no es otra que victimizar a los extranjeros y hacerles responsables de todos los delitos cometidos en España y de la sensación subjetiva de inseguridad que puedan tener algunos ciudadanos.
Pero no queremos dejar pasar de largo otro tema silenciado por el Gobierno de la Nación. ¿Sólo hay un tipo de delincuencia o hay varios? La pequeña delincuencia patrimonial es sin duda criminal, crea inseguridad ciudadana y los ciudadanos
tienen derecho a exigir que las Administraciones Públicas les protejan frente a ella. Pero, ¿qué hace el Gobierno del PP respecto a otros tipos de delitos? ¿Qué razones justifican la tolerancia casi total del Gobierno de la Nación con el delito
fiscal, con los delitos ecológicos o con los grandes delitos mercantiles, sólo por poner tres ejemplos? El Gobierno del PP es duro con el débil (el inmigrante ilegal y con el pequeño delincuente patrimonial) y suave con el poderoso (por ejemplo,
las tramas empresariales diseñadas para defraudar a Hacienda, muy de actualidad estos días al calor del caso BBVA). No sólo el pequeño delito crea inseguridad ciudadana y alarma social. Muchos españoles se sienten escandalizados ante lo fácil que
es en España estafar miles de millones y lo permisivo que es el Gobierno cuando el estafador es rico y poderoso. Esto último también crea inseguridad ciudadana.
Sin perjuicio de todo lo anterior, es necesario hacer hincapié en que España es un país con un índice de criminalidad especialmente bajo. La tasa de criminalidad de España es de las más bajas de Europa y nuestro país es uno de los menos
violentos del continente. Por el contrario, España tiene una de las mayores poblaciones reclusas de Europa Occidental en términos relativos. Estando la mayor parte de los delitos (así como de las penas) y de los penados relacionados con la pequeña
delincuencia patrimonial y con el fenómeno de las drogas.
En otro orden de cosas es necesario dejar claro que España no es un Estado con poca policía. Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado disponen de policía. Y el Gobierno de la Nación dispone,
incluso, de dos cuerpos: el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. De hecho, tenemos uno de los más altos ratios policía per cápita de toda Europa Occidental (el segundo tras Italia). No estamos pues ante un problema de escasos recursos
policiales, aunque sí de recursos muy mal coordinados (como demuestra la descoordinación entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en relación a la reciente captura de etarras en Madrid), con competencias mal definidas y, en algunos casos,
infrautilizados (notablemente en el caso de las policías locales en relación a las faltas) y mal pagados en términos relativos. En definitiva urge un replanteamiento del modelo policial español.
A lo anterior debemos unirle un proceso lento pero muy peligroso de privatización de la seguridad ciudadana, a través de todo tipo de empresas privadas que dan seguridad a aquellos ciudadanos que pueden pagársela y que dejan sin ese servicio
a las personas de rentas más modestas. El asunto es especialmente grave si tomamos como referencia dos hechos que han sido reflejados en estos últimos meses por la prensa. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, máximo
responsable en materia de seguridad pública y policía, ha recomendado a los madrileños que
contraten seguridad privada. Sin duda la zorra cuida el corral. Y más recientemente, elementos de extrema derecha apalean a periodistas a las puertas del estadio Santiago Bernabéu y el Cuerpo Nacional de Policía se dedica a mirar lo que
ocurre pues, según ellos, no son guardias jurados y no tienen obligación de proteger a los ciudadanos agredidos.
Dos anécdotas de las que se pueden extraer, sin duda, categoría. Los ciudadanos españoles no pagan impuestos para sentirse, en algunos casos, desprotegidos frente a la pequeña delincuencia patrimonial y, a la vez, ser verbalmente agredidos
por altos cargos del Gobierno del PP que promocionan la seguridad privada para los ciudadanos pudientes, cuando deberían de estar cuidando la seguridad pública universal, como servicio público para todos los administrados, independientemente de la
renta de éstos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
substitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados:
1. Considera necesario que para luchar de forma eficaz contra la inseguridad ciudadana se continúen impulsando, con el máximo consenso y cooperación con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, aquellas medidas de prevención de la
delincuencia y protección de la seguridad de los ciudadanos o de su patrimonio.
2. Insta al Gobierno a impulsar, con la máxima celeridad posible, las medidas contenidas en la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aprobada en el Pleno del Congreso del día 21
de mayo, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la reincidencia sobre la seguridad ciudadana, en el sentido de:
- Otorgar un tratamiento más completo a la multireincidencia o habitualidad de acuerdo con lo acordado en el pacto de Estado para la reforma de la Justicia.
- Impulsar el procedimiento abreviado para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas.
- Proseguir con el incremento de las plantillas policiales.
3. Insta al Gobierno a continuar impulsando, en el ámbito de sus competencias, aquellas actuaciones de carácter interdepartamental tendentes a la prevención de la delincuencia en aquellas zonas y sectores sociales más sensibles en los que
los índices de inseguridad ciudadana sean más elevados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000526
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política (núm. expte. 162/000526), publicada
en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 365, de 7 de junio de 2002.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda de adición a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política (núm. expte.
162/000526).
Enmienda
De adición.
De sendos guiones en la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, en el orden que se especifica:
Adicionar un segundo guión (nuevo), pasando el actual segundo a tercero:
- Establecer un plazo de desarrollo de adecuación de dichos indicadores, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea marcadas en las diferentes líneas estratégicas de acción.
Adicionar un guión cuarto del siguiente tenor:
- Dotar de competencias al Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para que sea un observatorio permanente que se encargue del desarrollo de los indicadores y estadísticas que permitan evaluar la situación de
las mujeres y la realidad de la evolución de la igualdad de oportunidades en España. Asimismo, se dotará al Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de recursos humanos y materiales cualificados para desempeñar sus
cometidos, entre los que destacarían el emitir informes periódicos y permanentes, y hacer un seguimiento de la actuación de los diferentes ministerios en este sentido. El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, además
de los representantes de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y ONG de mujeres, habrá de tener representación de los Institutos Universitarios de la Mujer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000526
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la
situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política (núm. expte. 162/000526), sin modificaciones con respecto al texto publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 365, de 7 de junio de
2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001429
La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del trabajo doméstico de la mujer en hogares ajenos (núm. expte.
161/001429), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 355, de 24 de mayo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Política Social y Empleo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al reconocimiento de trabajo doméstico de la mujer en hogares ajenos, para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo (núm.
expte. 161/001429).
Enmienda
De sustitución.
Se propone la sustitución del texto de la Proposición no de Ley por el siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un paquete de medidas de dignificación del trabajo doméstico en los hogares ajenos, que comience a aplicarse en el año 2003 con el objeto de revisar la regulación sustantiva y la de
protección social de estos trabajadores para:
A) Adaptarla a los cambios económicos y sociales que se vienen produciendo desde 1985 y que afectan principalmente a la titularidad del hogar, generalmente compartido; a la mayor participación de la población inmigrante en la concertación
de estos contratos, y a la mayor incidencia de la contratación por tiempo cierto o de carácter discontinuo.
B) Aproximar la normativa de esta relación laboral especial a la que rige cuando la prestación de los
servicios tiene lugar a favor de personas jurídicas o se produce para la atención y cuidado de las personas dependientes por motivos incapacitantes.
C) Hacer emerger la gran cantidad de empleo sumergido que caracteriza a este sector.
D) Hacer converger gradualmente la legislación de este régimen especial de protección social con el régimen general, de acuerdo con el espíritu que se deriva del Pacto de Toledo.
E) Y, en particular, incluir las siguientes medidas:
1. El establecimiento de desgravaciones fiscales en el IRPF para el contrato de trabajo doméstico efectuado a favor de aquellas familias que cuenten con unos ingresos inferiores a un determinado nivel.
2. La creación de una Oficina de Gestión del Trabajo Doméstico integrada en el INEM, que ofrezca:
a) Asesoramiento gratuito y gestión de contratos tipo.
b) Coordinación de contratos con la posibilidad de ejercer por horas o de modo discontinuo el trabajo en varios hogares, bajo un mismo contrato.
3. La creación de un nuevo modelo de contrato laboral doméstico que contenga incentivos similares a los que se aplican a los contratos actuales de los trabajadores de exclusión social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo P'arlamentario Socialista.
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas
161/000876
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la reforma de la Orden Ministerial de 10 de mayo de 2001, por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones para reparar los daños causados por los temporales en los bienes y servicios de las entidades locales gallegas (núm. expte. 161/000876), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada
en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 13 de julio de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001219
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la necesidad de acuerdo entre las Administraciones Públicas en materia de
política de personal (núm. expte. 161/001219), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 307, de 15 de febrero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001220
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre adopción de medidas para compensar a los empleados públicos la pérdida de poder
adquisitivo en el año 2001 (núm. expte.
161/001220), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 307, de 15 de febrero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001397
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el traslado de la subdelegación de Gobierno en Málaga (núm. expte.
161/001397), presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal Izquierda Unida y Mixto, y publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 349, de 10 de mayo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001474
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre reclasificación profesional de los Celadores de Prisiones Militares (núm.
expte. 161/001474), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 31 de mayo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001508
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la necesidad de cesar de su cargo al Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. expte. 161/001508), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 370, de 14 de junio de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Comisión de Medio Ambiente
161/000774
En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, del día 26 de junio de 2002, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley relativa a la construcción del puerto deportivo 'Marina Rubicón', en la zona denominada
Berrugo, en el municipio de Yaiza (Lanzarote) (núm. expte. 161/00774), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 189, de 4 de junio de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001234
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la posible ampliación de la Central Térmica Litoral de Carboneras (núm. expte.
161/001234), presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
310, de 22 de febrero de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posible ampliación de la Central Térmica Litoral de Carboneras, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente (núm. expte. 161/001234.)
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que no se proceda a la ampliación de la Central Térmica Litoral de Carboneras (Almería), con un tercer grupo de carbón y/o fuel como materia prima, contribuyendo de esta forma a no agravar el proceso
de cambio climático y satisfacer las demandas del Protocolo de Kioto.
2. Que el tercer grupo de generación de la central térmica de Carboneras (Almería) sea de ciclo combinado.
3. Que la planificación energética nacional contemple la instalación de un ciclo combinado con gas natural en Almería.'
161/001246
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la finalización en el primer semestre del año 2005 del saneamiento integral de la Costa del Sol
malagueña (núm. expte. 161/001246), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 310, de 22 de febrero de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la finalización en el primer semestre del año 2005 del saneamiento integral
de la Costa del Sol malagueña (núm. expte.
161/001246).
Enmienda
De adición.
Añadir en el punto 1:
'... Estableciendo para ello un detallado calendario de plazos y la creación de una Comisión de seguimiento entre la Confederación Hidrográfica del Sur y la Mesa en defensa del Litoral Malagueño...'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-José Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001318
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa al inicio de las obras de encauzamiento del río Andarax, en el término municipal de Almería (núm.
expte. 161/001318), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 329, de 25 de marzo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001361
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 26 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre realización de las obras de depuración del río Guadiaro, así como del abastecimiento de agua a
Jimena de la Frontera (Cádiz) desde el Guadarranque (núm. expte. 161/1361), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 339, de 19 de abril de 2002, en los siguientes
términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Acometer las obras de depuración del río Guadiaro.
2. Dar la máxima prioridad, dentro del desarrollo del Plan Hidrológico Nacional, a la ejecución del abastecimiento a la población de Jimena en calidad y cantidad suficiente.
3. Garantizar el uso del abastecimiento a la población de Jimena en calidad y cantidad suficiente.
Se aprueba la presente Proposición no de Ley condicionada a la aceptación de las dos condiciones que impone la propia Ley del Trasvase; es decir, la aprobación por la Comisión del Trasvase y a la aprobación del canon de trasvase por los
Planes de los Ayuntamientos.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001430
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 26 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar
la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un nuevo proyecto de recuperación ambiental y de acondicionamiento hidráulico del río Mero (A Coruña) (núm. expte. 161/1430), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en
el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
355, de 24 de mayo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un nuevo proyecto de recuperación ambiental y de acondicionamiento hidráulico del río Mero (A Coruña), del Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 161/001430).
Enmienda
De adición
Se propone la adición de un nuevo apartado f), con la siguiente redacción:
'f) Negociar, con inmediatez, a fin de no demorar las obras tan necesarias y sin cuestionar las inversiones, con los Ayuntamiento afectados, especialmente con el Ayuntamiento de Cambre, las alternativas presentadas a fin de llevar a cabo la
solución que más se ajuste a las necesidades del entorno, conciliando el necesario saneamiento y limpieza del río Mero, la prevención de inundaciones con la conservación y mejora del entorno natural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000195
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos de actuación del Gobierno para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana
en Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial (núm. expte. 172/000195), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentar la siguiente
interpelación urgente al Gobierno, sobre sus propósitos de actuación para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial.
Motivación
El actual proceso de sustitución policial en Cataluña, consistente en el despliegue de los Mossos d'Esquadra y el correlativo repliegue del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, parece haber entrado en una fase de aceleración de
acuerdo con las declaraciones públicas de responsables políticos tanto en la Generalitat de Cataluña como del Ministerio del Interior.
Una operación de sustitución policial es un proceso excepcional y muy delicado, en que debe de tenerse sumo cuidado en evitar situaciones de desprotección ciudadana y de creación de ámbitos objetivos de impunidad para las conductas
antisociales, antijurídicas y específicamente delictivas.
Como consecuencia clara del proceso de sustitución policial se produce una situación, que ha quedado especialmente patente en los resultados del último concurso anual de traslados del Cuerpo Nacional de Policía, de no petición de destino a
Cataluña por parte de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la alta movilidad geográfica de los mismos, que solicitan en elevado número el traslado a otras zonas, dada la falta de expectativas de permanencia
en Cataluña, por razón del proceso de sustitución dicho.
Ello comporta una falta real de dotación de los efectivos mínimos necesarios y, por otra parte, la falta de enraizamiento de los funcionarios en las localidades en que han de prestar servicio, con un alto grado de rotación, lo que
objetivamente dificulta el cumplimiento de su misión.
La situación en la conglomeración metropolitano barcelonés y en determinadas comarcas tarraconenses es especialmente grave en cuanto a déficit de dotación efectiva y de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con experiencia y
conocimiento del entorno, así como en cuanto a las infraestructuras y medios necesarios para el correcto desarrollo de las funciones de protección de las libertades públicas y de la seguridad ciudadana que el artículo 104 de la Constitución
encomienda a las policías.
La incidencia del proceso de sustitución policial, prolongado en el tiempo y variante en los ritmos, sobre una situación actualmente insatisfactoria puede tener el indeseado efecto de aumentar los aspectos negativos que se pueden detectar en
el momento presente.
Para evitarlo es necesario el trabajo conjunto de la totalidad de los agentes políticos involucrados en el proceso de sustitución, y de todas las administraciones con competencias actuales en temas policiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno para que explique las actuaciones que tenga previsto realizar para garantizar la adecuada protección de la libertad pública y la
seguridad ciudadana en Cataluña durante el proceso de sustitución policial actualmente existente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000196
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de
Defensa ubicadas en el término municipal de Zaragoza (núm. expte. 172/000196), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el Diputado don José Antonio Labordeta, adscrito al Grupo Mixto (Chunta Aragonesista), presenta la siguiente interpelación urgente sobre los
planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en el término municipal de Zaragoza.
Motivación
Las instalaciones y terrenos propiedad del Ministerio de Defensa en Zaragoza ocupan un tercio del término municipal. En concreto: El Centro Nacional de Adiestramiento número 1, San Gregorio, cuenta con una superficie de 28.924 hectáreas
que, junto al aeropuerto militar y el Centro Militar de San Fernando hacen de estas instalaciones el segundo acuartelamiento del Estado español.
Esta situación ha provocado, durante años, toda una serie de importantes limitaciones al desarrollo económico a la ciudad y sus habitantes, en cuestiones tan diversas como: La 'servidumbre' del aeropuerto civil de Zaragoza a las
intalaciones militares, 'las barreras' en la implantación de nuevas vías de comunicación, los impactos acústicos en el núcleo urbano de la ciudad y demás municipios de la ribera del Ebro por la realización de maniobras militares en el Campo de San
Gregorio (ubicado a las 'puertas' de la ciudad), la imposibilidad de acceso de determinados espacios de interés artístico, deportivo... (Iglesia de San Fernando, Centro Militar el Soto), entre otros aspectos...
A consecuencia de esta situación, y dado que no han existido las suficientes compensaciones por parte del Gobierno español, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acordó el pasado mes de septiembre de 2001 la necesidad de llegar a acuerdos
con el Ministerio de Defensa con el objetivo de intentar solventar estas demandas y problemas mencionados.
Transcurridos prácticamente diez meses desde el acuerdo plenario, presentamos la siguiente interpelación urgente sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en
el término municipal de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2002.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000198
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política
agraria como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley agraria norteamericana (Farm Bill) (núm.
expte. 172/000198), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta una interpelación
urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley agraria norteamericana (Farm Bill).
Antecedentes
El pasado 13 de mayo de 2002 el Presidente de los Estados Unidos de América firmó la nueva Ley agraria norteamericana, la Farm Security and Rural Investment Act de 2002, más conocida como Farm Bill, que sustituye a la Fair Act de 1996. La
nueva Ley agraria norteamericana será de aplicación durante el período 2002-2008.
Esta nueva legislación ha suscitado un amplio debate en el resto de países productores, y en especial en el seno de la Unión Europea, por cuanto se considera que la nueva Ley supone un paso atrás en el proceso de liberalización del comercio
agrario que se lleva a cabo en el seno de la Organización Mundial de Comercio y puede conllevar numerosos problemas para la agricultura europea.
En esta nueva orientación de su política agraria, los Estados Unidos han optado por incrementar de manera sustancial los recursos destinados a apoyar su sector agrario, del orden del 70 por ciento, y concentra el montante más importante de
estas ayudas en el apoyo interno a la producción, en forma de ayudas a la superficie, de la introducción de precios de referencia, así como otros mecanismos ligados a los precios como los pagos anticíclicos.
Esta orientación se contradice con las prioridades manifestadas por la Comisión Europea de cara a la próxima reforma de la PAC, en el sentido de reducir las medidas de apoyo interno para incrementar los esfuerzos en las políticas de
desarrollo rural.
Puesto que una de las políticas con mayor dimensión europea es la política agraria, de la orientación que ésta vaya a tomar en el futuro va a depender en gran parte la evolución de la actividad agraria en España.
En este contexto, los efectos que pueda tener la Farm Bill sobre la agricultura europea van a tener una traducción inmediata sobre el sector agrario español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera necesario que por parte del Gobierno español se analicen las consecuencias que pueden derivarse sobre nuestra agricultura debidas a la aprobación de la nueva Ley
agraria americana y se adopten aquellas medidas, compatibles con la PAC, que puedan contribuir a mejorar la posición competitiva del sector agrario español.
Es por esta motivación que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia de la aprobación de
la nueva Ley agraria norteamericana (FARM BILL).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPERLACIONES
Urgentes
173/000144
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la transposición e incumplimiento de directivas europeas en
materia medioambiental (número expediente 173/000144), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente Moción consecuencia de
interpelación urgente sobre la transposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental.
El Gobierno del Partido Popular se está caracterizando a nivel europeo por el incumplimiento sistemático en la transposición de directivas europeas en materia medioambiental. De los 499 casos de incumplimiento legal referentes a España que
la Comisión Europea tiene abiertos 324 corresponden a medio ambiente.
El retraso en la transposición de directivas al ordenamiento jurídico español supone un grave perjuicio para la preservación del medio ambiente, al mismo tiempo la falta de previsión por parte del Gobierno para transponer en plazo seis
directivas que cumplen en lo que resta del año 2002, hace suponer que aumentarán las denuncias o quejas hacia España en la Comisión Europea.
Por todo ello se presenta la siguiente,
Moción
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Transponer en el plazo de seis meses todas las directivas europeas relacionadas con la protección del medido ambiente.
2. Adoptar las medidas necesarias en colaboración y coordinación con las CC.AA. para el cumplimiento real de las directivas transpuestas y en especial para el cumplimiento de los límites de emisión de óxidos de nitrógeno establecidos en la
Directiva 88/609/CE.
3. Cumplir la Ley de Acceso a la Información Ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2002.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masat, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la
Moción Consecuencia de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario de IU-IC sobre la transposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental (número expediente 173/000144).
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del texto de la Moción, con la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Transponer, en el plazo de seis meses, todas las directivas comunitarias, en las que exista procedimiento de infracción por no transposición al ordenamiento jurídico español, relacionadas con la protección del medio ambiente.
2. Adoptar las medidas necesarias en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, para el cumplimiento efectivo de las obligaciones y los objetivos contenidos en las
directivas en materia ambiental transpuestas al ordenamiento jurídico español.
3. Depositar, con carácter urgente, el instrumento de ratificación del Convenio sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y remitir un Proyecto de Ley
de modificación de la Ley 38/1985, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, que incorpore y haga efectivas sus disposiciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000145
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que el Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno explique su
política en relación con la huelga general del 20 de junio de 2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país (número
expediente 173/000145), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de
interpelación urgente al Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del
Gobierno para que explique su política en relación con la huelga general del 20 de junio, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios
esenciales del país, para su debate en el pleno de la Cámara.
Motivación
Desde que se rompió el Diálogo Social y finalizaron las negociaciones con los Sindicatos sobre la Reforma del Desempleo, el Gobierno ha venido mostrando una actitud hostil y amenazante hacia la convocatoria de la huelga del día 20 de junio,
hacia los convocantes y hacia la huelga misma.
En algunas ocasiones se ha utilizado la fecha de la convocatoria como una excusa para calificar la huelga como una grave acción contra España. En otros se ha aludido a la irresponsabilidad de los convocantes y de sus apoyos, acusándoles de
perjudicar a la población, a la economía y a los intereses exteriores de la presidencia española de la U.E. En algún momento se han llegado a insinuar amenazantes recortes a las subvenciones o al sistema de financiación de las organizaciones
sindicales.
Todo ello se hace desde un grave incumplimiento directo o tácito de las responsabilidades que competen al Gobierno en el respeto y en el ejercicio del Derecho a la huelga que tienen los españoles por expreso reconocimiento constitucional.
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga de los trabajadores y garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad durante el ejercicio del mismo.
La doctrina del Tribunal Constitucional no recoge un sistema de lista cerrada que enumere los servicios esenciales de la comunidad, muy al contrario, considera que, a priori, no existe ningún tipo de actividad productiva que, per se, pueda
ser considerada como esencial, pues, sólo serán aquellas que satisfagan derechos o bienes constitucionalmente protegidos y en la medida y con la intensidad que los satisfagan.
Es a la Administración Pública competente a la que, ante cada convocatoria de huelga, corresponde la determinación de los servicios mínimos que garanticen el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, en la medida que también
satisfacen derechos o bienes constitucionalmente protegidos, y con la intensidad que no impidan u obstaculicen el ejercicio legítimo del derecho de huelga.
Sin embargo, a la luz de esta doctrina, el Gobierno en las medidas adoptadas en relación con la Huelga del 20-J ha confundido los servicios esenciales de la comunidad con cualquier servicio público. A su vez, en la determinación de los
servicios mínimos que, repetimos, sólo pueden acordarse en relación con los servicios esenciales para la comunidad, la falta de ponderación razonada entre los derechos o bienes constitucionalmente protegidos, ha privado y obstaculizado el ejercicio
del derecho de huelga.
Se ha obstaculizado el ejercicio legítimo del derecho de huelga cuando, a través de los Decretos y Órdenes que fijan los servicios mínimos, se ha pretendido garantizar un funcionamiento normal de la prestación de los trabajos
correspondientes, olvidando, una vez más, la jurisprudencia del TC cuando en Sentencias 53/86 y 27/89, entre otras, establece que 'el necesario mantenimiento de los servicios esenciales /.../ supone (garantizar) la mínima cobertura de los derechos,
libertades o bienes que el servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual.'
El derecho de huelga puede ser restringido cuando se ejercita en servicios esenciales, pero no de tal forma que queda vacío de contenido, que sea irreconocible como tal derecho. Y la intensidad de la restricción debe efectuarse en razón a
la duración y extensión de cada huelga, así como a las necesidades que existan en cada coyuntura, debiendo respetarse el mínimo indispensable para no dañar el derecho de huelga, circunstancia que obliga, a su vez, a la autoridad gubernativa a
motivar la razón por la que ante una huelga concreta convocada se han de fijar unos determinados servicios mínimos, motivación que será la que permitirá defender el derecho o interés legítimo que se considere vulnerado (STC 8/1992).
Pues bien, el establecimiento por el Gobierno de unos mínimos abusivos con absoluto desconocimiento de la legalidad vigente y de la doctrina ya reiterada en la materia por nuestro TC y TS, y que debía aparecer en la Exposición de Motivos de
los Decretos de servicios mínimos, en tanto en cuanto se erigen en la concreta norma reguladora del ejercicio legítimo del derecho de huelga efectuado el 20-J, atenta contra el mismo al privarle de contenido, al tratar de introducir una apariencia
en la prestación del servicio que priva de efectividad el paro efectuado.
Esta apariencia de normalidad es la que se ha tratado de crear en los usuarios de RTVE y de RNE al imponer el Decreto de servicios mínimos la emisión de una programación grabada. En ese sentido, la STS de 15 de septiembre de 1995, aprecia
que esta exigencia de mantenimiento de una programación pregrabada 'priva de repercusión apreciable a la huelga, sustrayéndole su virtualidad como medio de presión', y la STS de 20 de febrero de 1998 reitera que 'la huelga pierde virtualidad cuando,
afectando a un servicio esencial, no llega a conocimiento de los ciudadanos usuarios del mismo, cuyos intereses, sin soportar merma alguna, permanecen inmutables, lo que contradice los principios, reiteradamente exigidos por el Tribunal
Constitucional, de proporcionalidad de los sacrificios y del carácter restrictivo de los servicios mínimos'.
Se ha tratado de privar del derecho de huelga a las empresas y personal de seguridad privada, cuando la totalidad de las funciones desempeñadas por este personal
se han considerado prestaciones indispensables a mantener en materia de huelga, obviando aquellas actuaciones que no afectaban a los servicios esenciales para la comunidad.
El Ministerio del Interior, a través de la circular emitida por la Dirección General de la Policía, ha violentado el derecho de huelga al requerir a medios de comunicación, grandes centros comerciales y grandes centros de trabajo de todo el
Estado que se personasen en sus dependencias y aportasen una documentación que exigía, cuando menos, la imposición por parte de las empresas de unos servicios mínimos que no tenían por que establecer al no tratarse, en la mayoría de los casos, de
servicios esenciales y que, en cualquier caso, no le correspondía fijar, pues dicha competencia la tiene atribuida en exclusividad la autoridad gubernativa de la que depende el servicio público esencial afectado. Una documentación que exigía, a su
vez, la investigación de los empleados sobre su intención de secundar o no la huelga, lo que por sí mismo constituye una coacción para éstos o una intimidación ilícita.
El ejercicio del derecho fundamental del derecho de huelga no está supeditado a ninguna comunicación previa, mucho menos a la policía. La garantía del mantenimiento de los servicios esenciales por imperativo constitucional no se hace
depender del seguimiento del paro convocado, es independiente del mismo, y es responsabilidad gubernativa garantizar el ejercicio efectivo del derecho de huelga y de los otros derechos fundamentales en los que la misma incida, con respeto absoluto a
su contenido esencial. Esta Circular, los requerimientos que la misma contiene, evidencian una asimilación del derecho de huelga a un problema de seguridad ciudadana, situando el ejercicio efectivo de este derecho fuera del ámbito que le es propio.
Si el Gobierno hubiera atendido la propuesta sindical de servicios mínimos a mantener durante la huelga y negociado los mismos que, como señala nuestro TC, si bien no es requisito indispensable, si es deseable para evitar una unilateralidad
que vacíe de contenido el derecho, podría haber evitado incurrir en una práctica que, según señala nuestro Tribunal Constitucional, es anticonstitucional (STC 51/86, en relación STC 27/89 y 8/92).
El Gobierno también ha incumplido gravemente su responsabilidad política en la fijación de los servicios mínimos cuando, deliberadamente, y de forma inusitada en nuestro sistema democrático, ha emitido las normas de determinación de los
mismos en fechas que impedían a los sindicatos pedir la tutela de los Tribunales de Justicia para que ellos, frente el establecimiento abusivo del servicio, suspendieran las medidas y adoptaran las cautelas pertinentes que garantizaran el ejercicio
efectivo del derecho.
En definitiva, el Gobierno, a través de las actuaciones llevadas a cabo con ocasión de la convocatoria de la huelga del 20-J, y con el objetivo de minorar o perturbar sus efectos, ha vulnerado el derecho de huelga, pues, y como
reiteradamente ha señalado nuestro TC, el derecho reconocido en el artículo 28.2, no requiere de prácticas directas para ser violentado, bastan conductas indirectas de obstaculización o de creación de impedimentos que limiten, en cualquier grado, el
derecho fundamental, desde la total supresión de su ejercicio hasta su afectación más leve.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados,
1. Recuerda al Gobierno que nuestra Constitución, en su artículo 28.2, reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y le dota, como derecho fundamental en el que se fundamenta nuestro Estado social y
democrático, de eficacia jurídica inmediata y de una especial protección frente a las agresiones que impidan u obstaculicen el ejercicio legítimo del mismo. Asimismo, recuerda al Gobierno su responsabilidad política en la determinación de los
servicios mínimos, garantía del mantenimiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad y del ejercicio efectivo del derecho de huelga.
Por ello,
· Rechaza la actitud del Gobierno que, desde la convocatoria de la huelga general para el día 20, primero, mediante la promulgación, por la vía de un procedimiento de extraordinaria y urgente necesidad, de una norma que recorta los derechos
de los trabajadores; después a través de declaraciones hostiles e insidiosas contra los representantes de los trabajadores y contra estos mismos, y, por último, mediante el establecimiento de unos servicios mínimos abusivos, ha obstaculizado el
ejercicio legítimo del derecho de huelga que tienen los españoles.
· Reprocha, en consecuencia, el grave incumplimiento de las responsabilidades políticas en que ha incurrido el Gobierno a través de estas actitudes y acciones, pues, lejos de adoptar las medidas que removieran los obstáculos que impidieran
el ejercicio del derecho de huelga, ha dejado patente su falta de respeto y de entendimiento a la forma que constitucionalmente se arbitra para que los trabajadores manifiesten su oposición o descontento social, se reafirmen en sus reivindicaciones
y participen en la conformación de los derechos económicos y sociales que les son propios.
2. Insta al Gobierno a que en el futuro asegure que la intervención de la autoridad gubernativa correspondiente, en la fijación de los servicios mínimos en los servicios públicos esenciales de la comunidad, se realice siempre previa
consulta y negociación con los sindicatos convocantes de la huelga y, en todo caso, se dicten con la antelación necesaria para garantizar la
tutela judicial efectiva del derecho de huelga de los trabajadores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2002.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente al Ministro del Interior y Vicepresidente primero del Gobierno para que explique su política en
relación con la huelga general del 20 de junio, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista (número de registro 82982).
Enmienda
De adición.
Añadir in fine los siguientes puntos:
'3. Reprueba al Ministro Portavoz del Gobierno por las declaraciones realizadas a primeras horas de la mañana del día 20 de junio en las que textualmente expresó el deseo del Gobierno del PP con las siguientes palabras: Sencillamente ha
habido una ausencia total de la huelga general.
4. Insta al Gobierno a retirar el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, y el Proyecto de Ley, ambos sobre medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y abra una Mesa de negociación
con los agentes sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2002.-Francisco Frutos Gras, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, relativa sobre la política del Gobierno en relación a la huelga general del 20 de junio.
Enmienda
De adición.
Apartado: 3 (nuevo).
Texto que se propone:
Se añade un tercer apartado, que queda redactado en los siguientes términos:
'3. Reprocha la manipulación informativa ejercida a través de los medios públicos de comunicación antes, durante y después de la huelga general, e insta al Gobierno a garantizar una información veraz y neutral, con pleno respeto al
pluralismo político y social en los medios públicos de radio y televisión en el tratamiento informativo de hechos o situaciones que provoquen discrepancia o conflicto con la política económica y laboral del Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2002.-Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000012
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, del Informe aprobado por la Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras
energéticas (núm. expte. 154/000012), con fecha 24 de junio de 2002, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, así como de los votos particulares presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Excmo. Sr.:
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto, punto 1, de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, tengo el honor de elevar a V. E. el informe aprobado por la Subcomisión para el
seguimiento de las infraestructuras energéticas (núm. expte. 154/000012), en su reunión del pasado día 24 de junio de 2002.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2002.-Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, Luis Gámir Casares, Federico Souvirón García, Francisco Javier García Breva, Arantza Mendizábal Gorostiaga, Manuel José Silva i Sánchez, Jordi
Martí Galbis, Presentación Urán González, Pedro María Azpiazu Uriart, José Carlos Mauricio Rodríguez y Joan Puigcercós i Boixassa.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 19 de febrero de 2002, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, la
creación, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, de una Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas (núm. expte. 154/000012), en los términos de la propuesta de la citada Comisión (núm. expte. 158/000039),
publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 308, de 18 de febrero de 2002:
A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos con más de 10 Diputados y un representante de cada uno de
los grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá, al objeto de identificar correctamente y promover aquellas medidas legislativas necesarias para una correcta planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista:
Efectuar el seguimiento de la situación actual, de la previsión de cobertura de la demanda y de las necesidades mínimas de desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas, con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda en
condiciones adecuadas de seguridad y calidad en un horizonte de diez años.
Conocer y analizar las propuestas de los distintos agentes implicados en el desarrollo futuro de las infraestructuras energéticas de electricidad y gas, incluidas las Administraciones Públicas.
D) Conclusiones.
Las conclusiones de la Subcomisión se elevarán a informe para conocimiento y debate de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.
Composición de la Subcomisión:
Fernández de Trocóniz Marcos, D. Fernando (GP).
Gámir Casares, D. Luis (GP).
Souvirón García, D. Federico (GP).
Eguiagaray Ucelay, D. Juan Manuel (GS).
García Breva, D. Francisco Javier (GS).
Mendizábal Gorostiaga, D. Arantza (GS).
Silva Sánchez, Manuel José (GC-CiU).
Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).
Urán González, D. Presentación (GIU).
Azpiazu Uriarte, D. Pedro María (GV-EAJ-PNV).
Mauricio Rodríguez, D. José Carlos (GCC).
Puigcercós i Boixassa, D. Joan (GMx).
Bajas:
- Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GS) (16 de mayo de 2002, fecha renuncia Acta Diputado).
Relación de sesiones celebradas
7 de marzo de 2002
Sesión de constitución y ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
14 de marzo de 2002
Ordenación de los trabajos de la Subcomisión
21 de marzo de 2002
- Comparecencia de D. Pedro María Meroño Vélez, Presidente de la Comisión Nacional de la Energía.
- Comparecencia de D. Pedro Mielgo Álvarez, Presidente de la Red Eléctrica de España.
3 de abril de 2002
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Viera Chacón, Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Juan José Rosales Fernández, Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Ceuta.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. José Carlos Medero Ramírez, Consejero de Medioambiente de la Comunidad Autónoma de Melilla (no celebrada).
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. José Porta Monedero, Consejero del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Jesús Urrutia García, Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Pedro José Nalda Condado, Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Regional de Cantabria.
4 de abril de 2002
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Juan José Muñoz Ortega, Consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. José Luis González Vallve, Consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad de Castilla y León.
- Comparecencia del Honorable Sr. Antoni Subira i Claus, Consejero del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya (no celebrada).
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Manuel Amigo Mateos, Consejero de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Yuste, Consejero de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Luis Blázquez Torres, Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.
9 de abril de 2002
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Megías, Consejero de Tecnologías, Industria y Comercio de la Región de Murcia.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Príam Villalonga i Cerda, Consejero de Innovación y Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
17 de abril de 2002
- Comparecencia de la Excma. Sra. D Araceli Muñoz de Pedro, Consejera de Industria y Trabajo de la Junta de Castilla-La Mancha.
- Comparecencia de la Ilma. Sra. D Nuria Iturriagagoitia Ripoll, Consejera del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo de la Comunidad Foral de Navarra.
- Comparecencia del Honorable Sr. Fernando Castello Boronat, Consejero de Innovación y Competitividad de la Generalitat Valenciana.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Josu Jon Imaz San Miguel, Consejero de Industria, Comercio y Turismo del País Vasco.
18 de abril de 2002
- Comparecencia de D. Pedro Rivero Torre, Vicepresidente Consejero-Delegado de UNESA.
- Comparecencia de D Luisa Huidobro y Arreba, Presidenta del Operador del Mercado Eléctrico OMEL.
23 de abril de 2002
- Comparecencia de D. Victoriano Reinoso Reino, Presidente de UNIÓN FENOSA.
- Comparecencia de D. Manuel Menéndez Menéndez, Presidente de HIDROCANTÁBRICO.
- Comparecencia de D. Ricardo Rueda Forniés, Presidente de ELECTRA DE VIESGO, S. L.
7 de mayo de 2002
- Comparecencia de D. Íñigo Oriol Ybarra, Presidente de IBERDROLA.
- Comparecencia de D. Rodolfo Martín Villa, Presidente de ENDESA.
16 de mayo de 2002
- Comparecencia de D. Antonio Llardén Carratalá, Presidente de la Asociación Técnica Española de la Industria del Gas (SEDIGAS).
- Comparecencia de D. Antonio González-Adalid García-Zozaya, Presidente de ENAGAS.
- Comparecencia de D Isabel Monreal Palomino, Directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
- Comparecencia de D. Manuel de Delás, Secretario general de la Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores de Electricidad con fuentes de energías renovables (APPA).
- Comparecencia de D. Ismael González Hernández, Director general de la Asociación de Autogeneradores de Energía Eléctrica (AAEE).
22 de mayo de 2002
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Antoni Zabalza Martí, Presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).
- Comparecencia de D. José Luis García Ortega, Responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace.
28 de mayo de 2002
- Comparecencia de D. Juan Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo Villar Mir.
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Antonio Brufau Niubó, Presidente de Gas Natural SDG, S. A.
- Comparecencia de D. José María Lasala Escala, Presidente de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios (GRANCESS).
- Comparecencia del Excmo. Sr. D. Julio Bonis Álvarez, Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias.
- Comparecencia de D. Antonino Joya Verde, responsable de Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios.
5 de junio de 2002
- Comparecencia de la Ilma. Sra. D.ª Carmen Becerril Martínez, Directora general de Política Energética y Minas.
Documentación aportada por los comparecientes:
- Documentación aportada por D. Pedro María Meroño Vélez, Presidente de la Comisión Nacional de la Energía:
· Informe marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural, y su cobertura (aprobado por el Consejo de Administración con fecha 20 de diciembre de 2001).
- Documentación aportada por D. Pedro Mielgo Álvarez, Presidente de Red Eléctrica de España:
· Red Eléctrica de España (comparecencia ante la Subcomisión de Infraestructuras Energéticas del Congreso de los Diputados).
- Documentación aportada por D. José Porta Monedero, Consejero del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Aragón:
· Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte eléctrico y gasista de Aragón.
- Documentación aportada por D. Pedro José Nalda Condado, Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Regional de Cantabria:
· Propuestas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Documentación aportada por D. Manuel Amigo Mateos, Consejero de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Andalucía:
· Anteproyecto de Ley de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
· Situación energética de Extremadura.
- Documentación aportada por D. Pedro Rivero Torre, Vicepresidente y Consejero-Delegado de UNESA:
· Primeros comentarios sobre la Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte Eléctrico y Gasista 2002-2011.
- Documentación aportada por D.ª Luisa Huidobro y Arreba, Presidenta del Operador del Mercado Eléctrico OMEL:
· Consideraciones del Operador del Mercado en relación con las cuestiones planteadas por la Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas.
- 'Documentación aportada por D.ª Nuria Iturriagagoitia Ripoll, Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo de la Comunidad Foral de Navarra:
· La planificación energética en Navarra. Abril 2002.
- Documentación aportada por D. Victoriano Reinoso Reino, Presidente de UNIÓN FENOSA:
· Intervención de su comparecencia ante la Subcomisión.
- Documentación aportada por D. Íñigo de Oriol Ybarra, Presidente de IBERDROLA:
· Comparativa entre Tecnologías de Generación.
· Intervención y esquema de su intervención ante la Subcomisión.
- Documentación aportada por D. Rodolfo Martín Villa, Presidente de ENDESA:
· Perspectiva de la Planificación Energética en el período 2002-2010.
- Documentación aportada por D. Ismael González Hernández, Director general de la Asociación de Autogeneradores de Energía Eléctrica (AAEE):
· Asociaciones y Federaciones de Industrias.
· Las energías renovables: Eje de un nuevo modelo energético.
· 2002 average prices for res-e. Second edition.
- Documentación aportada por D. Albert Xalabarder i Miramanda, Presidente de la Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores de Electricidad con fuentes de energías renovables (APPA):
· Impactos ambientales de la producción de electricidad. Estudio comparativo de ocho tecnologías de generación eléctrica.
- Documentación aportada por D. Antoni Zabalza Martí, Presidente de AEGE:
· Texto de su intervención.
· Proyecciones oferta-demanda. Nueva potencia. Elasticidad Demanda/PIB.
Comparación con países del entorno.
- Documentación aportada por D. José Luis García Ortega, Responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace:
· Propuestas de Greenpeace para la estrategia de desarrollo sostenible: Energía. Febrero 2002.
· Propuestas de Greenpeace para la Agenda Medioambiental de la Presidencia Española de la Unión Europea. Octubre 2001.
· Propuestas de Greenpeace para la estrategia de desarrollo sostenible: Lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica. Febrero 2002.
· Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares. Alegaciones de Greenpeace. Noviembre 2000.
· Un poco de luz sobre los apagones con los que amenazan las compañías eléctricas. Mayo 2002.
· La energía solar térmica de alta temperatura como alternativa a las centrales térmicas convencionales y nucleares. Noviembre 2001.
· La postura de Greenpeace ante la energía nuclear: Abandono de la energía nuclear en 7 pasos.
· Propuesta de Orden Ministerial por la que se establecen las líneas prioritarias para los programas de gestión de la demanda eléctrica y el procedimiento administrativo de adjudicación de los incentivos.
Comentarios de Greenpeace. 23 de
diciembre de 1999.
· Folleto Smile.
· Los límites de la naturaleza: Cambio climático, combustibles fósiles y lógica del carbono.
· Interferencia peligrosa con el Sistema Climático: Implicaciones del Tercer Informe de Evaluación del IPCC para el artículo 2 del Convenio del Clima. Informe de Greenpeace. Octubre 2001.
· La energía nuclear no es la solución al cambio climático. Diciembre 1997.
- Documentación aportada por D. Juan Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo Villar Mir:
· Valoración del Grupo Villar Mir (GVM) del documento 'Planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011'.
· Proyecto ENERGAS (Energía y Gas de Huelva, S. A.).
- Documentación recibida:
- Documentación remitida por el Gobierno con fecha 16 de abril de 2002:
· Informes, documentos y aportaciones recibidos por el Ministerio de Economía de las Administraciones Públicas, agentes económicos y sociales y otros en el proceso de elaboración del documento titulado 'Planificación y desarrollo de las
redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011. Documento de trabajo. Febrero 2002'.
· Informes elaborados por Red Eléctrica de España, S. A. desde marzo de 2001 referentes a las previsiones de evolución y de cobertura de la demanda de energía eléctrica y a la planificación de las redes de transporte de energía eléctrica,
incluyendo los planes de inversiones a largo, medio y corto plazo.
· Informes elaborados por ENAGAS desde marzo de 2001 referentes a las previsiones de evolución y de cobertura de la demanda de gas natural y a la planificación de las redes de transporte de gas natural, incluyendo los planes de inversiones a
largo, medio y corto plazo.
· Informes elaborados por la Comisión Nacional de la Energía desde marzo de 2001 referentes a las previsiones de evolución y de cobertura de la demanda final de energía y a la planificación de las redes de transporte de energía eléctrica y
de gas natural y de las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, incluyendo los que aludan a las necesidades de inversiones a largo, medio y corto plazo.
· Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010 elaborados por el Ministerio de Economía, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético y el CIEMAT.
· Documentos de planificación energética vigentes en las Comunidades Autónomas.
· Informes de la Comisión Nacional de la Energía sobre Planificación Energética.
· Eficiencia energética y energía renovable número 3. Publicación del IDAE.
- Documentación remitida por el Gobierno con fecha 30 de abril de 2002:
· Plan de Fomento de las Energías Renovables. Memoria 2000. Seguimiento y propuestas de acciones de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
· Informe del CIEMAT sobre las actuaciones de I+D en el marco de las energías renovables.
- Documentación remitida por el Gobierno con fecha 6 de mayo de 2002:
· Informe-Resumen sobre Constitución de Reservas Estratégicas en el período 2002-2010 elaborado por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
- Documentación remitida con fecha 22 de abril de 2002, por D. Pedro Rivero Torre, Vicepresidente-Director
general de UNESA, en relación a su comparecencia ante la Subcomisión:
· Inercia de respuesta de las centrales térmicas a las modificaciones de la carga.
· Costes del KWh según tecnologías.
· Características básicas y costes de distintas tecnologías de generación.
· Costes de la generación para distintas tecnologías con entrada en servicio en 2002.
- Documentación remitida con fecha 21 de mayo de 2002, por D. Ismael González Hernández, Director general de la Asociación de Autogeneradores de Energía Eléctrica (AAEE)en relación con su comparecencia:
· Puntos a tener en cuenta para la promoción cogeneración.
- Documentación remitida con fecha 22 de mayo de 2002, elaborada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares:
· Propuesta de planificación energética para las Islas Baleares 2002-2011.
- Documentación remitida el 6 de junio de 2002 por la Confederación Española de Organización de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU).
· Valoración de la Confederación Española de Organización de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del documento 'Planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011'.
A la vista de todo lo anterior, la Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas en su reunión del día 24 de junio de 2002 ha acordado elevar a la Comisión de Economía y Hacienda el siguiente Informe:
Índice
I. Planificación en el Marco de la Política Energética y limitación del objeto de esta Subcomisión.
II. Recomendaciones.
III. Conclusiones.
El trabajo de la Subcomisión giró, desde un primer momento, en torno al Documento de Trabajo elaborado por el Ministerio de Economía en febrero de 2002 'Planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011' (en
adelante, 'Documento de Trabajo') y las comparecencias de autoridades del Gobierno, de organismos y entidades públicos y privados y de presidentes de empresas eléctricas y gasistas, así como consumidoras de estos sectores.
I. Planificación en el marco de la política energética y limitación del objeto de esta Subcomisión
El suministro de electricidad y gas natural es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, tanto en la provisión y prestación de bienes y servicios como en su faceta de factor de producción de utilización general, que puede llegar a
representar una de las claves de la competitividad de muchos sectores económicos.
Por otra parte, tal y como se contiene en la Exposición de Motivos de la Ley 54/1997, del Sector eléctrico:
'El transporte y la distribución de electricidad constituyen un monopolio natural: Se trata de una actividad intensiva en capital, que requiere conexiones directas con los consumidores, cuya demanda de un producto no almacenable -como la
energía eléctrica- varía en períodos relativamente cortos de tiempo. Además, la imposibilidad de almacenar electricidad requiere que la oferta sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone necesariamente una coordinación de la
producción de energía eléctrica, así como la coordinación entre las decisiones de inversión en generación y en transporte de energía eléctrica. Todas estas características técnicas y económicas hacen del sector eléctrico un sector necesariamente
regulado [...] Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia
regulación específica supone.'
Así, el nuevo marco de regulación del sector eléctrico español, surgido de la mencionada Ley, origina una modificación importante en relación con la situación preexistente, ya que supone que la generación de electricidad se realizará en un
marco de libre competencia, reconociendo el derecho a la libre instalación. Esto, entre otras implicaciones, supone que para este subsector se sustituye la anterior planificación centralizada por una planificación indicativa. Asimismo, se
liberaliza la actividad de comercialización basándola en los principios de libertad de contratación y elección de suministrador.
No obstante, en el sector eléctrico es necesario disponer de las infraestructuras de transporte y distribución precisas para suministrar a todos los consumidores finales la electricidad que demandan.
Adicionalmente, el adecuado desarrollo
de estas infraestructuras, así como su correcta regulación para abrir las redes a los distintos operadores en igualdad de condiciones, es esencial para que se pueda desarrollar una adecuada competencia en los sectores de generación y
comercialización. Por tanto, según se recoge en la citada exposición
de motivos, 'el transporte y la distribución se liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros a las redes. La propiedad de las redes no garantiza su uso exclusivo'.
En este sentido, la Ley del sector eléctrico mantiene la planificación vinculante estatal para las infraestructuras de transporte, mientras que, como se ha dicho, se abandona este concepto para las decisiones de inversión en generación,
donde se sustituye 'por una planificación indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar que se desenvuelva el sector eléctrico en un futuro próximo, lo que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos'.
De esta manera, la Ley 54/1997 establece en el punto 1 de su artículo 4 que 'la planificación eléctrica, que tendrá carácter indicativo salvo en lo que se refiera a instalaciones de transporte, será realizada por el Estado, con la
participación de las Comunidades Autónomas'.
Adicionalmente, el punto 2 del mismo artículo contiene que 'la planificación eléctrica será sometida al Congreso de los Diputados'.
De forma equivalente a la descrita para el sector eléctrico, la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos establece en el punto 1 de su artículo 4 que 'la planificación en materia de hidrocarburos tendrá carácter indicativo, salvo en lo que se
refiere a los gasoductos de la red básica, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista, a las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos
y a la determinación de criterios generales para el establecimiento e instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, teniendo, en estos casos, carácter obligatorio y de mínimo exigible para la garantía de suministro de
hidrocarburos'. Asimismo, en el punto 2 del mismo artículo se indica que 'la planificación en materia de hidrocarburos será realizada por el Gobierno con la participación de las Comunidades Autónomas y será presentada al Congreso de los Diputados'.
El proceso de planificación comenzó con la publicación en el 'BOE' de 19 de junio de 2001 de sendas Órdenes Ministeriales, mediante las que se convocó a los sujetos de los sectores eléctrico y gasista, a las Comunidades Autónomas, a
promotores de proyectos y, en general, a todos los interesados a que realizasen propuestas de desarrollo de las redes, así como a la aportación de toda la información que estimasen oportuna. A partir de esa recopilación, y tras su evaluación
preliminar, el Ministerio de Economía elaboró el Documento de Trabajo 'Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte Eléctrico y Gasista' de febrero de 2002. Por tanto, este Documento es el resultado de un trabajo en el que se ha contado
con la colaboración de un muy amplio conjunto de entidades, tanto públicas como privadas.
Dado su carácter de documento de trabajo, no contiene decisiones finales sino que traslada una serie de planteamientos de desarrollo de las redes de transporte eléctricas y gasistas. De hecho, en algunos casos, más que una propuesta de
desarrollo de dichas redes el documento contempla soluciones alternativas susceptibles de estudio.
En la fase actual, el citado Documento de Trabajo se encuentra en una fase de alegaciones abierta a todos los sujetos interesados, al objeto de que efectúen las valoraciones y las aportaciones que estimen oportunas.
Habría que enmarcar aquí el papel de esta Subcomisión, su misión -y sus límites- dentro de la planificación de seguimiento de las infraestructuras energéticas. Limitada en sus 'fronteras', no lo es en su contenido, ya que busca que sus
propuestas y sus recomendaciones resulten realmente útiles para el contenido final del Documento de Planificación.
Para esta Subcomisión, el Documento de Trabajo merece una valoración global muy positiva tanto en el contenido como en el proceso seguido para su elaboración, en el que se ha contado con la opinión de los diversos agentes implicados, así
como con la participación de las Comunidades Autónomas. Asimismo, cabe destacarse el proceso seguido para su tramitación que ha permitido la creación de esta Subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para analizar el Documento de
Trabajo de la Planificación con carácter previo a la presentación de la versión definitiva al Congreso de los Diputados.
El Documento de Trabajo responde al esquema previsto legalmente y diferencia entre contenidos de planificación obligatoria y planificación indicativa. La parte de planificación indicativa incluye previsiones sobre el comportamiento futuro
de la demanda, los recursos necesarios para satisfacerla, la evolución de las condiciones del mercado para garantizar el suministro y otro conjunto de previsiones que se convierten en instrumento esencial al servicio de instancias administrativas y
de operadores económicos, facilitando tanto la toma de decisiones de inversión por parte de la iniciativa privada como las decisiones de política energética. Pero, además, este ejercicio de previsión sirve como marco del contenido de la
planificación vinculante. Las decisiones de planificación obligatoria se refieren únicamente a las grandes infraestructuras sobre las que descansa el sistema eléctrico y gasista nacional y que permiten su vertebración.
Como se ha comentado, las previsiones del Documento de planificación se han elaborado tomando en consideración las aportaciones de las Comunidades Autónomas, del sector, de empresas que pretenden acometer nuevos proyectos, etc. En este
sentido, el Documento de Trabajo tiene un valor añadido al trasladar esa información en una doble dirección: Se nutre de esa información y, tras su elaboración y valoración, la devuelve como señal al mercado, de tal forma que se
favorecen, se contextualizan y se orientan las decisiones de inversión.
Por otra parte, como ya se ha dicho, el Documento de Trabajo elaborado por el Ministerio de Economía, así como el trabajo de la presente Subcomisión, se limita a su título, es decir, al Seguimiento de las Infraestructuras Energéticas, que
incluye los campos mencionados de la planificación vinculante (las redes de transporte de electricidad y gas, principalmente), así como las previsiones de la evolución de la demanda y la oferta en esos sectores, en el campo de la planificación
indicativa.
En consecuencia, existen otros muchos temas (algunos de ellos también enmarcados dentro de la planificación) que quedan fuera del objeto del Documento de Trabajo remitido por el Gobierno. Tal es el caso de las energías renovables, que fue
la base del Plan de Fomento de las Energías Renovables aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 1999. Por ello, en el presente Documento de Trabajo se realiza una previsión de la evolución de la potencia instalada utilizando estas fuentes y
se asume el objetivo allí establecido, consistente en que para el 2010 estas energías representen, al menos, el 12 por ciento del consumo de energía primaria [esto es una causa], lo que supone aumentar de forma muy significativa la aportación de las
energías renovables en la estructura energética española. El incremento en la previsión de demanda que se recoge en el Documento de Trabajo implica que se aumentan las previsiones de participación de las energías renovables en la cesta energética
española en términos absolutos. Por tanto, el Documento de Trabajo actualiza algunas de las previsiones sin entrar en los detalles. Por otra parte, en relación con el Plan de Fomento de Energía Renovables se puede observar, a junio de 2002, una
desigual evolución de la potencia instalada de las diferentes energías renovables, en relación con sus objetivos. Es, en todo caso, tomando como base dicho Plan, que analiza con mucha más extensión la problemática de las energías renovables, donde
se deben analizar sus posibles consecuencias en la política energética.
Tampoco es el objeto del Documento de Trabajo el trato con profundidad de políticas tan importantes como las medidas de ahorro y eficiencia energética, aunque pueden tener sin duda incidencia sobre la planificación al poder afectar a las
previsiones de la evolución de la demanda, principalmente en horas punta. Por ejemplo, las medidas relacionadas con el sector de transporte (entre las que se podrían encontrar el fomento de transporte ferroviario debido a ser un medio de transporte
con un elevado grado de eficiencia energética), responsable de los mayores incrementos de emisión de gases de efecto invernadero, quedan fuera del alcance de esta Planificación. En cualquier caso, el Documento de Trabajo sí contiene algunas medidas
relacionadas con la eficiencia energética (por ejemplo, la mencionada actualización del Plan de Fomento de Energía Renovables y la introducción de la eficiencia tecnológica en la generación mediante la coogeneración y los ciclos combinados de gas
natural).
Evidentemente, existen otras medidas que afectan a la regulación del sector y que influyen en diversos aspectos sobre la planificación que también quedan fuera del alcance del actual Documento, tales como la regulación de la garantía de
potencia, la fijación de una metodología para el cálculo de las tarifas de acceso e integrales (mientras continúen existiendo) y otras medidas tendentes a eliminar obstáculos a nuevos entrantes tanto en generación como en comercialización para
fortalecer e incentivar la competencia. En todo caso, se recuerdan algunos de estos aspectos.
Así, la garantía de potencia sería el principal mecanismo para lograr que la potencia instalada sea superior a la que se derivaría si la remuneración de los generadores proviniera exclusivamente de sus ventas de energía. De esta manera, al
asegurar una remuneración adicional a las plantas de generación se lograría, por una parte, fomentar la entrada de una mayor capacidad de generación y, por otra, retrasar el cierre definitivo de centrales con costes variables más elevados. Por
tanto, la garantía de potencia sería la señal que el regulador utiliza para lograr que la capacidad instalada, que se deriva de las decisiones de los agentes privados actuando en competencia, se sitúe en unos niveles que aseguren un adecuado margen
reserva en la generación de energía eléctrica. En todo caso, se trata de un mecanismo que necesita ser previsible, de forma que los agentes que van a tomar la decisiones de instalar nueva capacidad tengan la expectativa de que se va a mantener en
el tiempo.
Como se ha comentado, la fijación de las tarifas de acceso e integrales tampoco son el objeto de este Documento aunque también tendrían relevancia para la planificación, ya que dentro de las tarifas de acceso se incluye la retribución tanto
para la actividad de transporte como de distribución. El objetivo sería la previsibilidad y la suficiencia de estas tarifas. Por ello, se recomienda la puesta en marcha de una metodología para la fijación de tarifas que sea objetiva, estable y
transparente. En el caso de las tarifas integrales se debería estudiar su posible incidencia sobre el mercado liberalizado (que en el 2003 alcanzará al 100 por ciento de los consumidores), con el objetivo de disminuir las posibles distorsiones que
se pudieran ocasionar. En todo caso, hay que recordar que las tarifas integrales eléctricas han caído, en términos reales, en más de un 30 por ciento en los últimos seis años y que, al mismo tiempo, la calidad del suministro eléctrico, medida en
términos de TIEPI (tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada) ha mejorado, ya que este indicador ha mostrado una clara tendencia descendente (en el año 2001 se produce un pequeño repunte, pero, en todo caso, se sigue manteniendo
claramente por debajo de la media de la primera mitad de la década de los noventa).
Finalmente, existiría otro bloque de medidas tendentes a disminuir las trabas a los nuevos entrantes tanto en generación como en comercialización, con el objeto de promover el desarrollo de un mercado con un adecuado grado de competencia.
Especialmente importante sería el apoyo al desarrollo del mercado de comercialización con vistas a la plena liberalización de la demanda en el año 2003. Debido al elevado número de clientes eléctricos que tendrán capacidad de elección a partir de
esa fecha y la gran heterogeneidad entre sus consumos, sus necesidades de calidad, etc., el papel de los comercializadores (y la concurrencia entre estos) será esencial para que en el mercado se desarrollen fórmulas que permitan un adecuado grado de
adaptación a las preferencias y necesidades de los diferentes clientes. Esto es relevante para la planificación debido a que si este mercado realmente alcanza un elevado grado de desarrollo puede implicar una importante modulación de la demanda,
trasladando consumos desde las horas punta a las horas valle, con la consiguiente contribución a la eficiencia energética y la posible moderación del crecimiento de los consumos en horas punta (que sería el relevante para medir los márgenes de
potencia). Evidentemente, este tema, junto a otras medidas necesarias para enfrentarse a la plena liberalización de la demanda, revisten gran importancia, pero tampoco, como se ha dicho, constituirían el objeto de este Documento de Trabajo sobre
Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte Eléctrico y Gasista.
Por otro lado, para garantizar no sólo la igualdad de oportunidades a los nuevos entrantes en los mercados eléctrico y gasista sino también para que estos nuevos entrantes generen las expectativas de que, efectivamente, esa igualdad de trato
va a ser una realidad, se debería estudiar la posibilidad de reducir tanto los límites individuales como genéricos del sector en el capital de los gestores técnicos y económicos del sistema eléctrico y gasista. Con esta medida se reforzaría su
independencia y se evitarían que los potenciales conflictos de interés con sus accionistas pudieran afectar a su gestión. Asimismo, habría que estudiar los mecanismos que se podrían poner en práctica para garantizar que nuevos entrantes en el
mercado, en el caso de que así lo solicitan, puedan acceder al capital de dichas empresas sin que se superen los límites sectoriales previamente establecidos.
Centrándonos en el contenido, así delimitado, del Documento de Trabajo, las perspectivas para la próxima década, incluidas en el mismo, indican que el crecimiento del consumo primario o total de energía es previsible que cambie
sustancialmente en la próxima década, fundamentalmente asociado a la propia evolución de la economía, las nuevas ofertas energéticas, la introducción de nuevas tecnologías y la progresiva saturación de algunos mercados. Estas previsiones indican
que en el período 2000-2011 la intensidad energética primaria de la economía española tendrá un punto de inflexión, tendiendo a estabilizarse e incluso a descender ligeramente en los últimos años del período:
- El balance energético futuro español vendrá marcado por un mayor aporte de energías limpias y renovables, una creciente participación del consumidor final en el contexto de un mercado liberalizado, una utilización racional y eficiente de
la energía y una introducción masiva de tecnología que permita un sensible incremento de la eficiencia energética.
- En cuanto al balance energético por productos, las estimaciones contenidas en el Documento de Trabajo indican que, en el entorno del año 2011, seguirá siendo predominante el peso de los hidrocarburos, siendo el gas natural la fuente
energética de mayor crecimiento. El consumo de petróleo aumentará menos que el total de energía, aunque mantendrá un peso próximo al 50 por ciento del total, debido a su utilización como combustible en el sector del transporte, sector en el que se
producirá un gran crecimiento de la demanda. El consumo de gas natural continuará su tendencia actual de fuerte crecimiento en los próximos años, hasta alcanzar un peso superior al 22 por ciento del total en el año 2011, debido principalmente a su
utilización, a corto y medio plazo, en la producción de electricidad, tanto en centrales de ciclo combinado como en cogeneración. El consumo de carbón continuará su tendencia a la baja, tanto en España como en el conjunto de la UE, debido a su
sustitución por gas natural en generación eléctrica. La energía nuclear mantendrá una generación similar a la actual, por lo que su peso en la estructura de abastecimiento bajará. En cuanto a las energías renovables, se ha mantenido las
producciones de cada tipo de energía que figuran en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, lo que supone aumentar de forma muy significativa la aportación de dichas fuentes en la estructura energética española prevista para el 2011. La
consecución del objetivo del 12 por ciento implica que se incrementan las previsiones en términos absolutos, dado que ha aumentado la previsión de demanda.
- La demanda de energía en España, de acuerdo con el Documento de Trabajo, continúa aumentando de forma significativa, a pesar de disminuir la intensidad energética de muchos productos, ya que su evolución depende no sólo de la actividad
económica y de los factores climáticos, sino también de la tendencia a satisfacer un mayor número de necesidades que dependen de factores sociales, tecnológicos y económicos que modifican las pautas de consumo energético.
Es, por ello, que las líneas estratégicas más recientes abordan programas dirigidos a modificar las pautas de consumo, como complemento a la incentivación de mejoras tecnológicas (por ejemplo, la certificación energética de edificios y los
sistemas de etiquetado energético de electrodomésticos). La importante previsión de consumo final hace recomendable que en el
período de planificación se intensifiquen las actuaciones para mejorar la eficiencia energética en España.
- En relación con la estimación de demanda eléctrica, las consideraciones macroeconómicas y las correspondientes previsiones de crecimiento de demanda contenidas en el Documento de Trabajo se pueden considerar razonables y están en el orden
de las previstas habitualmente por los sectores implicados. En el año 2001, la demanda de energía eléctrica peninsular creció por encima del 5 por ciento y en la última década el crecimiento medio interanual se situó en el 3,9 por ciento. Las
proyecciones a futuro prevén un importante crecimiento de la demanda eléctrica, aunque algo menor que la de 2001 y, como dato positivo, puede destacarse la tendencia a la equiparación entre puntas de verano y de invierno. Así, 'el crecimiento medio
anual que se obtiene en el horizonte de estudio es de 3,5 por ciento, 3,3 por ciento y 3,0 por ciento para los escenarios superior, central e inferior, respectivamente'. Hasta el año 2005 se han elaborado tres escenarios mientras que 'a partir del
año 2006 se ha considerado tanto un crecimiento económico constante como una respuesta del consumo uniforme'.
- Por su parte, el incremento de potencia de generación eléctrica disponible previsto en el Documento de Trabajo para el período de planificación (especialmente en ciclo combinado y, en menor grado, en régimen especial) es suficiente no sólo
para cubrir los incrementos de la demanda punta previstos (tanto en invierno como en verano) sino también para incrementar el índice de cobertura en el horizonte considerado.
- En relación con el análisis de la demanda de gas natural, en el Documento de Trabajo se pone de manifiesto la confirmación de una tendencia ya detectada: La introducción progresiva y la importancia creciente del gas natural. Las
previsiones sitúan a esta materia prima al final del período de planificación con un 22,5 por ciento en términos de energía primaria, alcanzando la demanda total de gas 2,5 veces la demanda actual. Dentro de ello, el elemento que sin duda tiene
mayor relevancia es el desarrollo del mercado de la generación de electricidad en centrales de ciclo combinado, con un crecimiento que lo sitúa al final del período en más del 30 por ciento de la demanda total de gas.
- Entrando ya en la planificación vinculante, a la hora de establecer la evolución de la red de transporte de energía eléctrica para los distintos años del horizonte de estudio, se han tenido en cuenta decisiones ya tomadas y en curso de
ejecución, el desarrollo derivado de estudios precedentes y cuya necesidad se considera poco cuestionable y las nuevas necesidades de desarrollo derivadas del nuevo consumo y generación previstos. Asimismo, se ha considerado con carácter
prioritario el refuerzo en la conexión eléctrica entre Comunidades Autónomas y la conexión de las nuevas centrales de ciclo combinado a la red eléctrica.
Según los datos aportados por el Secretario de Estado de Economía de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados del 6 de marzo de 2002 para explicar
las líneas básicas del Documento de Trabajo, las inversiones en infraestructura de transporte en el sector eléctrico contenidas en dicho Documento en el horizonte 2002 a 2011 ascenderían a 2.700 millones de euros para las actuaciones incluidas (de
forma preliminar) en la propuesta de desarrollo, mientras que una serie de actuaciones que se encuentran pendientes de evaluación definitiva y que responden a propuestas de inversión procedentes de las Comunidades Autónomas, agentes del sector y
demás participantes en el proceso de planificación se cuantificarían en 1.222 millones de euros adicionales.
- En relación con las infraestructuras gasistas, en el Documento de Trabajo coherentemente con el fuerte crecimiento de la demanda prevista, se establece un gran desarrollo del mapa gasista español. Así, se realiza un ejercicio de
planificación, que incluye como planificación vinculante, las instalaciones de transporte de la red básica (>60 bar), así como las instalaciones del almacenamiento estratégico y las instalaciones asociadas a la capacidad total de regasificación. La
relación de gasoductos que se prevén, y en base a las distancias kilométricas entre poblaciones, se ha estimado entre 5.000 y 6.000 Kilómetros de nuevos gasoductos, cantidades que, prácticamente, duplican los kilómetros existentes en el año 2000.
Según los datos aportados en la comparecencia señalada en el punto anterior, la cuantificación económica de la infraestructura gasista de transporte prevista (incluyendo gasoductos, plantas de regasificación, estaciones de compresión y
almacenamientos subterráneos) ascendería para el período 2002-2011 a un valor en el entorno de los 3.872 millones de euros. Adicionalmente, existen otras propuestas de inversión pendientes de evaluación definitiva que supondrían una inversión
adicional de 2.311 millones de euros.
II. Recomendaciones
1. El Documento de Trabajo sobre la Planificación realiza un análisis del que se derivan unas razonables previsiones de crecimiento de la demanda tanto para la electricidad como para el gas natural a lo largo del período considerado, es
decir hasta el año 2011. Sobre este punto existe la experiencia de pasados Planes Energéticos que, aunque con un carácter diferente, también realizaban previsiones de demanda, las cuales tenían un reducido grado de cumplimiento. Por tanto, se
recomienda que el futuro documento sobre la planificación prevea la actualización en el tiempo de las estimaciones de evolución de la demanda (en períodos que, por ejemplo, podrían ser anuales o bianuales), con el
objetivo de ir corrigiendo dichas estimaciones en función tanto de las desviaciones que se vayan produciendo, así como de los nuevos datos (por ejemplo, sobre la evolución de las materias primas energéticas) de los que se vaya disponiendo.
Asimismo, se recomienda que en las previsiones sobre la evolución de la demanda, tanto en términos medios como de la demanda punta, se profundice en la realización de análisis de sensibilidad ante posibles variaciones en los supuestos realizados.
2. Continuando dentro del marco de la planificación indicativa, cobra especial importancia no sólo la construcción y puesta en servicio de instalaciones de generación que satisfagan las previsiones de cobertura eléctrica sino también su
ubicación. Por ello, se debería avanzar en la presentación de un marco indicativo que prevea objetivamente los elementos de valoración para la ubicación de las plantas de generación, de tal manera que se favorezca la eficiencia global de los
sistemas eléctrico y gasista. Hay que insistir en que este marco debe entenderse dentro de la planificación energética indicativa, como una herramienta para encauzar la actividad económica y su coherencia con el diseño y desarrollo de las redes de
transporte, tanto eléctrica como de gas.
En todo caso, hay que resaltar que se constata una tendencia a la corrección de los desequilibrios entre generación y demanda debido a que, de acuerdo a las solicitaciones de acceso a la red, las nuevas instalaciones de generación tenderían
a situarse en zonas deficitarias en producción eléctrica y con un crecimiento de la demanda mayor.
3. El Documento de Trabajo concede gran importancia a la ampliación de las conexiones internacionales (que posibilitan 'un gran número de ventajas de carácter técnico, económico, medioambiental, estratégico, etc.'). En un país como España,
donde existe un gran aislamiento con el resto de Europa en materia energética, éste es un objetivo fundamental tanto desde el punto de vista eléctrico como gasista. La importancia de tener un adecuado nivel de interconexiones es un hecho reconocido
ya a nivel europeo, y ello es así no sólo desde el punto de vista de la consecución de un auténtico mercado interior, del incremento de los intercambios comerciales y de la competencia, sino también desde el punto de vista de la seguridad y apoyo
mutuo de los sistemas energéticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Documento de Trabajo se realizó con anterioridad a la Cumbre de Barcelona. En dicha Cumbre se acordó 'asumir el objetivo de que los Estados miembro deberán tener un
nivel mínimo de interconexiones eléctricas del 10 por ciento de su capacidad de producción instalada para el 2005'.
En el Documento de Trabajo se destaca que Red Eléctrica está trabajando coordinadamente con el gestor francés, RTE, señalando, además, la existencia de acuerdos en el corto plazo para reforzar la capacidad de las redes actuales. Además,
existen diferentes alternativas para la puesta en práctica de nuevas líneas que son con las que se podría incrementar de manera importante la capacidad actual. En su comparecencia ante la Subcomisión de Seguimiento de las Infraestructuras
Energéticas, el Presidente de Red Eléctrica declaró que con los acuerdos existentes se pasaría a disponer de unos 3.000 megavatios para el año 2005, cifra algo inferior al Acuerdo de Barcelona. Por eso existe el compromiso, por parte de los
gestores, de presentar antes del final de 2002 una propuesta para incrementar la capacidad de interconexión.
Por tanto, dada la especial importancia que se concede a las interconexiones con Francia, se recomienda que se realicen las gestiones necesarias para agilizar esas conversaciones y para intentar que su resultado sea un nivel de interconexión
elevado, que pueda superar incluso los mínimos acordados en la Cumbre de Barcelona. Asimismo, se recomienda que se tomen las medidas necesarias para que, una vez aprobadas las actuaciones a adoptar, no se produzcan retrasos no justificados en la
obtención de las diferentes autorizaciones administrativas y, por tanto, que las nuevas líneas se construyan y se pongan en marcha en los plazos previstos.
4. En relación con las instalaciones de transporte urgentes, en el Informe Marco de la Comisión Nacional de Energía se resalta el hecho de los problemas que podrían existir en el suministro de gas natural en el invierno de 2003 si no se
adelanta la puesta en marcha de unas determinadas infraestructuras. A partir de ese año, la situación mejoraría considerablemente debido a las nuevas infraestructuras previstas. En concreto, según la Comisión Nacional de Energía, las restricciones
del suministro no sólo podrían llegar a afectar a buena parte de las centrales de ciclo combinado sino que, en el escenario de demanda convencional punta extrema, también podría resultar necesario el corte de 100.00m3(n)/h de demanda industrial
interrumpible en la llamada zona occidental al oeste de Haro (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia). Las infraestructuras que evitarían esta situación se recogen en la página 369 del
citado Informe Marco, y se refiere a los nuevos gasoductos Huelva-Córdoba y Córdoba-Madrid, las estaciones de compresión en Sevilla y Córdoba y la ampliación de la planta de Huelva.
En el Documento de Trabajo sobre Planificación se reconoce esta urgencia ('la construcción de los nuevos gasoductos Huelva-Córdoba... y del Córdoba Madrid... son -sin lugar a dudas- las infraestructuras más urgentes...') y su puesta en
marcha está prevista (los gasoductos y las estaciones de compresión) para el cuarto trimestre de 2003 de acuerdo con las consideraciones de la Comisión Nacional de Energía. Se recomienda que, dada la urgencia y las dimensiones de las obras, se
realice un seguimiento especial para garantizar
que, efectivamente, estas instalaciones van a estar disponibles para el invierno de 2003-2004.
5. En el caso de la red de transporte de electricidad se considera que debe tener un carácter prioritario el refuerzo en la conexión eléctrica entre Comunidades Autónomas, así como la conexión de las nuevas centrales de generación (tanto
las de régimen ordinario como las de régimen especial) a la red de transporte.
Asimismo, en el período sujeto a planificación se espera un importante desarrollo de la red de ferrocarriles de alta velocidad. Por ello, el Documento de Planificación debe recoger y, por tanto, resolver, en el ámbito de las redes de
suministro, las necesidades derivadas del Plan de desarrollo de alta velocidad previsto hasta 2010. Al mismo tiempo se propone que se estudie la posibilidad de la utilización conjunta de los nuevos pasillos de grandes infraestructuras (como los
trenes de alta velocidad o las autopistas y autovías) para disminuir el impacto ambiental y facilitar la tramitación administrativa de las nuevas redes de transporte de electricidad.
6. Como se ha recogido en el apartado I, la utilización del gas natural ha tenido un elevado crecimiento en la última década y está previsto que este importante desarrollo se mantenga en el horizonte de la planificación. Por ello, el
Documento final de planificación debe recoger, como objetivo explícito, la utilización universal del gas natural como sector energético emergente y que, como consecuencia, se ponga a disposición de todas las Comunidades Autónomas, incluyendo las
extrapeninsulares. Este planteamiento sería coherente con los principios que subyacen en el Documento de Trabajo:
Mejora tecnológica, eficiencia y ahorro de energía.
Mejora medioambiental.
Diversificación de los suministros.
7. En lo que se refiere a las entradas de gas natural al sistema, en la actualidad existe un equilibrio entre la proporción de gas natural (GN), a través de gasoductos, y gas natural licuado (GNL), a través de transporte marítimo. Se trata
de suministros con un alto índice de complementariedad. Así, por una parte, el suministro por gasoducto permite optimizar la cobertura de la modulación estacional, mientras que para la atención a las puntas de invierno son preferibles los
suministros de GNL, que suponen la forma más barata de atender un aumento importante de caudal requerido durante un reducido número de días. Adicionalmente, la conjugación de ambas formas de suministro permite además una mayor competencia entre
suministradores y, por tanto, la obtención de precios más bajos y estables del gas. Por todo ello, se recomienda que las fuentes de gas mantengan un equilibrio entre GN y GNL de forma que no sería aconsejable que ninguna de las dos fuentes redujera
su participación por debajo de un tercio del total.
8. En el caso de Baleares, el Documento de Trabajo analiza tres opciones diferentes para llevar el gas natural a esta Comunidad (gasoducto con la península, planta de regasificación en Mallorca y gasoducto a Ibiza y plantas de
regasificación tanto en Mallorca como en Ibiza). El Documento no se decanta por ninguna de las tres opciones aunque concluye que tanto los costes de inversión necesarios como los costes de operación y mantenimiento resultan inferiores en el caso
del gasoducto con la península. Se recomienda que en el Documento definitivo se avance en la definición de la mejor alternativa. Asimismo, se recomienda que se incluya un estudio sobre la viabilidad -y el coste- de la interconexión eléctrica entre
el archipiélago y la península. Este último proyecto podría ser interesante ya que, además de incrementar la garantía de suministro, permitiría la integración de la Comunidad Autónoma de Baleares en el mercado eléctrico peninsular.
9. En el apartado I se mencionaba que tanto en la infraestructura de transporte eléctrica como gasista existían una serie de actuaciones que respondían a peticiones básicamente procedentes de Comunidades Autónomas, agentes del sector y
demás participantes en el proceso de planificación, que ascendían a unos 1.222 millones de inversión adicionales en el caso del sector eléctrico y a 2.311 en el caso del gas natural, y que se encontraban pendientes de evaluación.
Se considera que es necesario prestar la máxima atención al análisis de estas actuaciones. Asimismo, este análisis debería contar con una valoración económica de las distintas inversiones previstas en infraestructuras eléctricas y de gas en
el período contemplado. Este análisis se justifica en la necesidad de que, en los casos en que los costes asociados a las diferentes infraestructuras propuestas supongan una carga excesiva para el conjunto del sistema, y que, por lo tanto, no sean
razonables desde un punto de vista económico, se pueda considerar la utilización de otros sistemas de financiación (como subvenciones de capital de diferentes fuentes) que faciliten su viabilidad.
10. Se propone que en el Documento de Planificación se subsanen algunos errores como la no inclusión de las Comunidades de Cantabria y Murcia en el Anexo: 'Directorio de Futuras Instalaciones de la Red de transporte Peninsular por
Comunidades Autónomas e Inversiones Atendidas y en Estudio'.
11. Por último, un tema que reviste gran importancia a la hora de realizar la planificación de redes y de entrada en funcionamiento de los diferentes equipos de generación es el de los marcos regulatorios de las Autorizaciones
Administrativas. Existen numerosos ejemplos de importantes redes de transporte que llevan esperando más de una década para culminar los proyectos que ya contaban con la pertinente autorización
administrativa. Con independencia de los graves perjuicios que estas dilaciones pueden ocasionar a la estabilidad del conjunto del sistema y a los problemas de suministro eléctrico que se pueden producir por no poder desarrollarse el
mallado de la Red, la paralización de estas líneas puede influir en proyectos de generación que tienen vinculada su evacuación a la realización de nuevos tendidos eléctricos.
Con la incorporación del gas natural a la cadena de la generación de electricidad, las interrelaciones entre distintos tipos de redes de transporte y la generación todavía se complica más y hace más necesaria una adecuada coordinación, para
lo que el actual Documento de Trabajo supone una importante ayuda. Sin embargo, es imprescindible garantizar la agilización de las obras de estas infraestructuras de transporte eléctrico y, sobre todo, dotarlas de claridad y certidumbre en los
plazos de concesión o denegación de las diferentes autorizaciones administrativas necesarias (esto es importante, ya que puede ser más positivo obtener una negativa en un plazo corto lo que permite buscar alternativas que una respuesta afirmativa en
un período dilatado de tiempo).
El marco para resolver estas dificultades debe abordar, para análisis y propuesta, elementos regulatorios, administrativos y jurídicos que permitieran un procedimiento de tramitación claro, una coordinación de las competencias entre
Administraciones y una clarificación de la normativa jurídica aplicable. Por ello, y dada la elevada complejidad que reviste este tema por las diferentes administraciones involucradas (e incluso diversos Departamentos dentro de la misma
Administración) se recomienda que se analice la puesta en marcha de un Plan que tenga el objetivo de, por un lado, incrementar la coordinación de las diferentes Administraciones para agilizar y mejorar la certidumbre sobre el período de respuesta y,
por otro, simplificar el proceso administrativo en la tramitación de los permisos pertinentes por parte de los agentes privados, tendiendo hacia una especie de ventanilla única.
Esta agilización, simplificación y mayor certeza en los plazos administrativos es necesaria no sólo para disminuir el tiempo global de los proyectos y permitir que se adecuen con mayor precisión a las previsiones, sino también para eliminar
los mayores desincentivos comparativos que estas auténticas barreras administrativas suponen para los nuevos entrantes (menos acostumbrados a tratar con las diferentes administraciones) en relación con los ya instalados.
III. Conclusiones
El trabajo de la Subcomisión de Seguimiento de las Infraestructuras Energéticas, creada en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, ha girado principalmente en torno al Documento de Trabajo 'Planificación y desarrollo de las redes de
transporte eléctrico y gasista 2002-2011', elaborado por el Ministerio de Economía en febrero de 2002, y las comparecencias de autoridades del Gobierno, de organismos y entidades públicos y privados y de presidentes de empresas eléctricas y
gasistas, así como consumidoras, ecologistas, etc.
El Documento de Trabajo, elaborado por el Ministerio de Economía, es previo a la remisión al Congreso de los Diputados de la versión definitiva del Documento de Planificación. De esta manera, se permite que el mencionado Documento de
Trabajo sea analizado no sólo por esta Subcomisión sino por los sujetos interesados, permitiendo la presentación de aportaciones y recomendaciones que contribuyan a enriquecer el Documento definitivo.
Asimismo, para la elaboración del propio Documento de Trabajo el Gobierno convocó a los sujetos de los sectores eléctrico y gasista, a las Comunidades Autónomas, a promotores de proyectos y, en general, a todos los interesados a que
realizasen propuestas de desarrollo de las redes, así como a la aportación de toda la información que estimasen oportuna.
La valoración del Documento de Trabajo es altamente positiva. Así, la propuesta responde al esquema previsto legalmente de diferenciación entre contenidos de planificación obligatoria y planificación indicativa. Se trata de un esquema de
planificación que, además, potencia la eficiencia.
Se promueve la compatibilización de la iniciativa privada con la obtención del mejor sistema desde un punto de vista integrador del conjunto del sistema energético nacional.
La planificación indicativa se convierte en instrumento esencial al servicio de instancias administrativas y de operadores económicos, facilitando tanto la toma de decisiones de inversión por parte de la iniciativa privada como las
decisiones de política energética. Este ejercicio de previsión sirve para enmarcar la planificación obligatoria que incorpora decisiones vinculantes sobre las que descansa el sistema energético nacional y que permiten su vertebración.
La finalidad primordial de la planificación de la red de transporte es mantener y mejorar la garantía de suministro de la demanda con un adecuado nivel de calidad, para lo que se apoya en un conjunto de criterios y requisitos de carácter
eminentemente técnico. Asimismo, ha de facilitar a todos los agentes un acceso equitativo y con mínimas restricciones a la red de transporte, como vehículo esencial del mercado eléctrico y de gas.
Las perspectivas para la próxima década, contenidas en el Documento de Trabajo, indican que el crecimiento del consumo primario o total de energía es previsible que cambie de manera sustancial, fundamentalmente asociado a la propia evolución
de la economía, las nuevas ofertas energéticas, la introducción de nuevas tecnologías y la progresiva saturación de algunos mercados. El balance energético futuro español vendrá marcado
por un mayor aporte de energías limpias y renovables, una creciente participación del consumidor final, en el contexto de un mercado liberalizado, para asegurar un uso racional y eficiente de la energía y una introducción importante de
tecnología que permita un sensible incremento de la eficiencia energética.
En cuanto al balance energético por productos, según el Documento de Trabajo, el consumo de gas natural continuará su tendencia actual de fuerte crecimiento en los próximos años, hasta alcanzar un peso superior al 22 por ciento del total en
el año 2011, debido principalmente a su utilización, a corto y medio plazo, en la producción de electricidad, tanto en centrales de ciclo combinado como en cogeneración.
La energía nuclear mantendrá una generación similar a la actual, por lo que su peso en la estructura de abastecimiento se verá reducida.
El Documento de Trabajo asume la consecución del objetivo del 12 por ciento a partir de fuentes de energía renovables, establecido en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, lo que supone aumentar de forma muy significativa la
aportación de dichas fuentes en la estructura energética española en 2011. El aumento en la previsión de demanda que se recoge en la propuesta, implica que se incrementan las previsiones de participación de las energías renovables en la cesta
energética española, en términos absolutos.
La importante previsión de consumo final requiere que en el período de planificación se apliquen o intensifiquen las actuaciones para mejorar la eficiencia energética en España, más allá de las mejoras de eficiencia tecnológica citadas y
cuyo alcance y definición no es objeto de esta Planificación. Las acciones y medidas que se diseñen estarán destinadas a eliminar barreras del mercado que impiden la difusión satisfactoria de la tecnología de la eficiencia energética y el uso
eficiente de la energía.
Las proyecciones muestran un importante crecimiento de la demanda eléctrica aunque, como dato positivo, puede destacarse la tendencia a la equiparación entre puntas de verano y de invierno, lo que determina para el conjunto del sistema un
mayor grado de eficiencia en la utilización de recursos necesarios.
Por su parte, el incremento de potencia de generación eléctrica disponible previsto en el Documento de Trabajo (principalmente mediante ciclo combinado y, en menor grado, en régimen especial) permite no sólo satisfacer los incrementos
previstos de la demanda punta sino, a la vez, mejorar el margen de cobertura.
Después del análisis del Documento de Trabajo, así como del contenido de las comparecencias, esta Subcomisión ha realizado diversas recomendaciones que se resumen a continuación.
Por un lado, las previsiones de demanda contenidas en el Documento de Trabajo son razonables. No obstante, la experiencia de anteriores Planes Energéticos y una realidad continuamente cambiante hace aconsejable que se prevea la
actualización en el tiempo de estas estimaciones sobre la evolución de la demanda.
Dentro de la planificación indicativa cobra especial importancia no sólo las previsiones sobre construcción de plantas de generación sino también su ubicación. Por ello, se debería avanzar en la presentación de un marco indicativo que
prevea objetivamente los elementos de valoración para la ubicación de las citadas infraestructuras. En todo caso, hay que resaltar que se constata una tendencia a la corrección de los desequilibrios entre generación y demanda debido a que, según
las solicitudes de acceso a la red, las nuevas instalaciones de generación tenderían a situarse en zonas deficitarias en producción eléctrica y con un crecimiento de la demanda mayor.
En un país como España donde, en materia energética, existe un gran aislamiento del resto de Europa, destaca la importancia de la ampliación de las conexiones internacionales. Éste debe ser un objetivo fundamental tanto desde el punto de
vista eléctrico como gasista. Actualmente, existe un acuerdo que permitirá incrementar el nivel de interconexiones de manera importante, aunque no permitiría alcanzar los niveles acordados en la Cumbre de Barcelona. Se recomienda que en el
Documento definitivo se tenga en cuenta las conclusiones de esta Cumbre y que se adopten las medidas necesarias para que una vez aprobadas las actuaciones a desarrollar no se produzcan retrasos no justificados en su puesta en marcha.
En relación con la red de transporte de electricidad se considera que debe tener un carácter prioritario el refuerzo en la conexión eléctrica entre Comunidades Autónomas y la conexión de las nuevas centrales de generación (tanto las de
régimen ordinario como las de régimen especial) a la red.
Asimismo, la propuesta de Planificación debe recoger y, por tanto, resolver, en el ámbito de las redes de suministro, las necesidades derivadas del Plan de desarrollo de ferrocarriles de
alta velocidad previsto hasta 2010.
El Documento de Planificación debe incluir, como objetivo explícito, la utilización universal del gas natural como sector energético emergente y, como consecuencia, su puesta a disposición de todas las Comunidades Autónomas, incluyendo las
extrapeninsulares. Este planteamiento sería coherente con los principios que subyacen en el Documento de Trabajo:
Mejora tecnológica, eficiencia y ahorro de energía.
Mejora medioambiental.
Diversificación de los suministros.
Las fuentes de gas (GN y GNL) tienen un alto índice de complementariedad.
Por ello, se ha recomendado que se mantenga un equilibrio entre el GN y el GNL, de forma que no sería aconsejable que alguna de las dos fuentes redujera su
participación por debajo de un tercio del total. La conjugación de ambas formas de
suministro permite una mayor competencia entre suministradores y, por tanto, la obtención de precios más bajos y estables del gas.
Por otra parte, es necesario prestar la máxima atención al análisis de las actuaciones, relativas tanto a infraestructuras eléctricas como gasistas, pendientes de evaluar. Este análisis deberá incluir una valoración económica de las citadas
infraestructuras. En aquellos casos en los que los costes no justifiquen su aceptación, se deberá considerar la utilización de otros posibles sistemas de financiación que puedan facilitar su viabilidad sin que impongan una carga excesiva para el
conjunto del sistema.
Por último, las Autorizaciones Administrativas revisten gran importancia a la hora de realizar la planificación de redes y de entrada en funcionamiento de los diferentes equipos de generación. Con la incorporación del gas natural a la
cadena de la generación de electricidad las interrelaciones entre distintos tipos de redes de transporte y generación resultan más complicadas, siendo necesaria una adecuada coordinación, para lo que el actual Documento de Trabajo supone una
importante ayuda. Adicionalmente, se recomienda que se profundice en la agilización y, sobre todo, mayor certidumbre en los plazos de concesión o denegación de las diferentes autorizaciones administrativas necesarias. Esta agilización,
simplificación y mayor certeza en los plazos administrativos son necesarios no sólo para disminuir el tiempo global de los proyectos y permitir que se adecuen con mayor precisión a las previsiones sino también para eliminar los mayores desincentivos
comparativos que estas auténticas barreras administrativas suponen para los nuevos entrantes (menos acostumbrados a tratar con las diferentes administraciones) en relación con los ya instalados.
Por acuerdo de los Grupos Parlamentarios autores de las mismas, manifestado en la reunión de la Subcomisión del día 24 de junio de 2002, se mantienen las propuestas de conclusiones del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario
Catalán (CiU) y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como votos particulares para su defensa ante la Comisión el próximo día 26 de junio de 2002.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formulan las siguientes propuestas de conclusiones de la Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas (núm. expte.
154/000012).
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
1. Redactar un plan de ahorro y eficiencia energética.
2. Explicitar las previsiones de gestión de residuos radiactivos y las actuaciones a afrontar con las centrales nucleares que cumplen 40 años de vida útil.
3. Diseñar una política de impuestos ambientales que refleje, hasta donde sea posible, las externalidades, al tiempo que propicie el ahorro y la eficiencia energética.
4. Modificar los objetivos tendenciales del Plan para satisfacer el protocolo de Kioto.
5. Ante el exceso de solicitudes de centrales de gas para la producción de electricidad, definir criterios objetivos para autorizar las necesarias. Debe tenerse en consideración la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía de
establecer un avance por los promotores de los proyectos para evitar inversiones en redes de gasoductos o líneas de evacuación eléctrica que no fructifican.
6. Adoptar las medidas necesarias para asegurar sistemas de evacuación eléctrica para la electricidad producida por fuentes renovables.
7. Adoptar las medidas necesarias para mejorar el sistema de explotación de los embalses hidroeléctricos con el fin de asegurar disponibilidad de recursos hídricos en períodos de sequías.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta las siguientes propuestas de conclusiones en la Subcomisión de seguimiento de las infraestructuras energéticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En su sesión del día 6 de febrero de 2002, la Comisión de Economía y Hacienda debatió la propuesta de creación de una Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, aprobándose su objeto y composición en el Pleno del
Congreso de los Diputados, en su sesión del día 19 de abril de 2002, en los siguientes términos:
'A) Composición.-La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, 2 representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y 1 representante de
cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.-En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.-La Subcomisión deberá, al objeto de identificar correctamente y promover aquellas medidas legislativas necesarias para una correcta planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista:
Efectuar el seguimiento de la situación actual, de la previsión de cobertura de la demanda y de las necesidades mínimas de desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas, con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda en
condiciones adecuadas de seguridad y calidad en un horizonte de diez años.
Conocer y analizar las propuestas de los distintos agentes implicados en el desarrollo futuro de las infraestructuras energéticas de electricidad y gas, incluidas las Administraciones Públicas.
D) Conclusiones.-Las conclusiones de la Subcomisión se elevarán a informe para conocimiento y debate de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.'
Del contexto del debate y de las intervenciones de los diferentes portavoces se desprende que el objeto de la subcomisión era el estudio global e integral del sector energético español. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
comparte plenamente esta perspectiva y constata la necesidad de realizar un ejercicio global de análisis del futuro energético en España, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la planificación de las redes básicas, los niveles de calidad, los
compromisos en eficiencia energética y en promoción de las energías renovables y aspectos medioambientales.
El sector energético se caracteriza por ser un sector muy intensivo en capital, como consecuencia de las elevadas inversiones que requieren sus instalaciones. Por otra parte, garantizar el suministro de energía, que depende en gran medida
de disponer de las infraestructuras adecuadas, es esencial para mantener la actividad económica y social de la sociedad actual. Estos dos aspectos requieren una correcta planificación si se quieren evitar gastos innecesarios y faltas en la
disponibilidad que, en cualquier caso, serían siempre en perjuicio de la economía y el bienestar de todos los ciudadanos.
La reciente legislación en la materia, que liberaliza las actividades del sector energético, deja en manos de las empresas privadas las decisiones de inversión en el sector. Asimismo, las leyes que establecen el nuevo modelo disponen la
responsabilidad de la planificación de determinadas actividades reguladas a las Administraciones Públicas.
Por este motivo se considera muy importante que las Administraciones Públicas no sólo lleven a cabo las competencias legalmente establecidas de planificación no indicativa de algunas actividades reguladas, sino que también realicen los
análisis de prospectiva para el conjunto del sector a fin de establecer una planificación indicativa, como dispone la legislación, que permita poner de manifiesto aquellos aspectos de riesgo para un abastecimiento energético fiable y coordinar las
actuaciones que requieran la participación de diferentes agentes.
Es necesario remarcar la importancia de que la planificación energética se continúe realizando en el futuro con una visión a largo plazo a fin de evitar tener que recurrir a planes de urgencia que imposibiliten alternativas más deseables
pero que requieran un período más largo de maduración, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución. En este ámbito debe tenerse en cuenta que, a pesar que el tiempo de ejecución de nuevos proyectos puede ser relativamente más breve que en
el pasado, la progresiva complejidad de la sociedad actual hace que los trámites previos al inicio de la ejecución se prolonguen cada vez más.
En este sentido, a fin de asegurar las necesidades futuras de energía, es necesario poner un énfasis especial en el hecho que los procedimientos de planificación de las redes básicas a escala peninsular sean cuanto más ágiles mejor, y que el
Ministerio de Economía y los gestores técnicos de los sistemas (REE y ENAGÁS) incorporen la opinión de las Comunidades Autónomas.
Un aspecto a tener en cuenta son las notables diferencias entre las infraestructuras requeridas por los diferentes vectores energéticos, tanto por su naturaleza como por el grado de desarrollo actual y futuro.
De esta forma, mientras que
las redes eléctricas tienen una madurez y extensión notables, las de gas natural manifiestan un incremento muy importante, a causa del nivel de desarrollo muy inferior y de la necesidad de ampliar la cobertura territorial y aumentar la longitud
mallas de la red.
Las infraestructuras petrolíferas, como también las del carbón, son por naturaleza muy diferentes de las anteriores, en no requerir transporte ni distribución por medio de redes fijas específicas, ya que los oleoductos disponen de sistemas
de transporte alternativos.
Por otra parte, la planificación debe incorporar elementos de defensa e incremento de la competencia, conveniencia de la introducción de nuevos agentes, diversificación exterior y prospectiva de precios de los posibles aprovisionamientos
exteriores para buscar las soluciones óptimas para los consumidores.
Uno de los aspectos más relevantes del inmediato futuro del sector energético español es la necesidad de revisión del modelo en relación a:
A) Incentivación de la inversión en generación eléctrica, tanto en régimen ordinario como especial. Revisión del tratamiento de la garantía de potencia y tratamiento adecuado de las primas al régimen especial.
B) Creación de un mercado único energético europeo. Impulso desde España.
Interconexiones y legislación.
Es necesario avanzar en la política europea en el ámbito de la energía sobre la base de los grandes objetivos formulados en el documento estratégico 'Economic Foundations for Energy Policy' (Comisión Europea, 1999): precios competitivos de
la energía, seguridad de abastecimiento y uso de la energía respetuoso con el medio ambiente.
Las interconexiones del sistema eléctrico español con la red eléctrica europea de la UCTE (Union pour la Coordination du Transport de I'Electricité), a través de Francia, responden a un esquema diseñado a principios de los años ochenta
fundamentalmente con criterios de seguridad del sistema eléctrico. Hasta ahora, la capacidad de las interconexiones no se ha ampliado y, a pesar de que el esquema del trazado continúa siendo válido, es necesario aumentar la capacidad para afrontar
el importante crecimiento del consumo registrado y el previsto en el futuro.
Después del acuerdo adoptado en la Cumbre de Barcelona, es necesario que el Gobierno dé cumplimiento al compromiso adoptado de incrementar la capacidad de interconexión energética hasta el 10 por ciento para el año 2005.
Es necesario aumentar la capacidad de interconexión para posibilitar un mayor uso comercial de estas instalaciones que permita la integración del mercado eléctrico español al europeo a fin de que los consumidores puedan beneficiarse de un
mercado más amplio de energía eléctrica, que el nuevo marco normativo permite y promueve.
C) Competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la distribución y fomento de la eficiencia y las energías renovables.
D) La fiscalidad de la energía. Ámbito europeo.
Es necesario un estudio de la fiscalidad de los productos energéticos, tanto a nivel estatal como comunitario, tendente a la reducción del consumo de productos energéticos por motivos medioambientales como la promoción de las energías
renovables.
E) La planificación indicativa y no indicativa de los hidrocarburos como se recoge en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
A tenor de las comparecencias realizadas y los documentos entregados en el seno de la Subcomisión, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) presenta las siguientes conclusiones al documento de Planificación y desarrollo de las
redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011:
1. Energía eléctrica.
1.1 Análisis de la previsión de la demanda de energía eléctrica.
El documento de trabajo de Planificación y Desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 contempla unas previsiones de evolución de la demanda de energía eléctrica a nivel peninsular y por Comunidades Autónomas
similares, aunque algo más bajas, a las que se han contemplado por algunas Comunidades Autónomas.
Asimismo, es necesario que la planificación y desarrollo de las redes contemple más escenarios de demanda de energía eléctrica y de eficacia de la eficiencia energética.
1.2 Análisis de la cobertura de la demanda de energía eléctrica.
Es necesario realizar un análisis de cobertura completo y a lo largo de todo el período de estudio, así como de estimaciones ordinarias y de demandas punta, en el documento de trabajo presentado por el Ministerio de Economía, habida cuenta
de las dificultades que en el corto plazo pudieran existir en el sistema eléctrico peninsular.
1.3 Instalaciones de transporte contempladas en la planificación.
De modo general, el documento de trabajo recoge, prácticamente de forma exhaustiva, las instalaciones propuestas por las Comunidades Autónomas.
Cabe destacar las siguientes, por su importante relevancia en el sistema general de transporte:
- Interconexión con Francia a través de la conexión Bescanó-Baixás, siguiendo la traza del Tren de Alta Velocidad.
- Necesidad de una interconexión por los Pirineos Central, a través de la traza Graus-Cazaril, pero no por el Puerto de Salau.
- Infraestructuras para la evacuación del régimen especial de las instalaciones de parques eólicos y plantas de tratamiento de purines.
- Necesidad de instalación de una mayor capacidad de sistemas de compensación de reactiva para el control de tensiones.
A la vez, se requiere la necesidad de analizar algunos aspectos adicionales como:
- Acercar la red de 400 kV a Barcelona, permitiendo mejorar la calidad del servicio.
- Analizar la posibilidad de introducir una tasa por punto de apoyo de la red de transporte a satisfacer a los ayuntamientos, similar al caso francés.
1.4 La distribución de energía eléctrica.
El desarrollo de la red de transporte está estrechamente ligado al desarrollo de la red de distribución. Por ello, se considera conveniente que el documento de trabajo
de Planificación y Desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 incorpore:
a) Una estimación de las inversiones a realizar en la red de distribución para poder cumplir con los niveles de calidad mínimos legalmente establecidos, así como los derivados por el crecimiento de la demanda.
b) Una evaluación del importe de la retribución de la actividad de la distribución, compatible con el perfil inversor estimado, así como el modelo definitivo de retribución.
c) Un planteamiento para establecer una relación entre objetivos de calidad del servicio, inversión necesaria y retribución de la actividad.
2. Gas natural.
2.1 Análisis de la previsión de la demanda de gas natural.
El documento de trabajo de Planificación y Desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 contempla unas previsiones de evolución de la demanda de gas natural a nivel peninsular y por Comunidades Autónomas similares,
aunque algo más bajas, a las que se han contemplado para el año 2005 por la Generalitat de Catalunya.
2.2 Infraestructura gasista.
Debe insistirse en la necesidad de realizar la conexión gasista con el mercado del centro de Europa, a través de Cataluña. Asimismo, debería analizarse la alimentación de un ciclo combinado adicional de 400 MW en Riba-roja, desde el
gasoducto Tivissa-Zaragoza.
Con relación al almacenamiento de gas natural, se considera necesario que estas infraestructuras se ubiquen cerca del consumo. Por ello, en caso que la propuesta Reus/Riudoms no pueda llevarse a cabo, debería recogerse el compromiso de
Enagás de estudiar otras posibles ubicaciones de este almacenamiento en Cataluña.
2.3 La distribución de gas canalizado.
Toda vez que, recientemente, se ha aprobado un nuevo sistema retributivo de las actividades del sector gasista, la planificación y desarrollo de las redes gasistas debería incorporar las estimaciones de extensión de la red de gas natural a
nuevas poblaciones aún no abastecidas, a petición de las Comunidades Autónomas.
3. La eficiencia energética.
Una vez superados los efectos de las crisis energéticas de los años setenta, se ha iniciado un período de precios energéticos bajos que ha llevado a incrementar los períodos de retorno de las inversiones en ahorro y a una cierta pérdida de
valor comercial de la eficiencia energética.
Hasta el momento, la economía de mercado no ha sido capaz de incorporar totalmente en los productos energéticos los costes derivados del impacto ambiental de la generación, transformación y uso de la energía. Este hecho ha contribuido
significativamente a generar la problemática ambiental global y ha obligado a los países desarrollados a intervenir por medio de políticas energéticas y ambientales específicas.
En el marco social, económico y técnico, las Administraciones deben adaptar a la nueva realidad para realizar una política de fomento de la mejora de la eficiencia energética, como tema estratégico para la sociedad, por las implicaciones en
los ámbitos económico, medioambiental, industrial y social. Debemos fomentar el uso de técnicas energéticas eficientes y el uso racional de la energía.
Cabe recordar que el Consejo Europeo, en su reunión de Barcelona, reclamaba la necesidad de mostrar avances sustanciales en la mejora de eficiencia energética para 2010.
Entre otras medidas, deberá avanzarse en la promoción de la gestión de la demanda, especialmente de los consumidores energéticos industriales, con el asesoramiento de las Administraciones y la implantación de proyectos integrales de
eficiencia energética.
Si bien, en la estimación de las instalaciones energéticas necesarias para cubrir la demanda, se debe ser prudente y trabajar con las previsiones más exigentes para la red de transporte de energía eléctrica y de gas natural, sería
conveniente conocer las previsiones que en eficiencia energética baraja el Ministerio de Economía, concretamente:
a) Los objetivos en eficiencia energética del país y las medidas, acciones y actuaciones que se desarrollarán para su logro.
b) El efecto en el margen de seguridad de las infraestructuras energéticas.
Adicionalmente, debería realizarse un Plan de Eficiencia Energética, contemplando medidas y acciones dirigidas al sector energético así como a los consumidores industriales, sector servicios, domésticos, transportes y primario.
4. La calidad energética.
La progresiva incorporación de un servicio en la vida cotidiana de los ciudadanos y la mejora de la prestación conducen al progreso de la sociedad en base a unas metas ya conseguidas y consideradas incuestionables. El suministro eléctrico
es un claro ejemplo de esta consideración. Asimismo, cabe tener en cuenta que el grado de desarrollo tecnológico y su continuo avance hacen que los ciudadanos y las empresas reclamen un suministro energético mejor. Con la aprobación de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se configuró un nuevo modelo del sector eléctrico que
abandona la noción de servicio público del suministro eléctrico por la de servicio esencial, de tal forma que debe quedar garantizado el suministro de energía eléctrica a todos los consumidores demandantes del servicio, con las debidas
condiciones de calidad y con el menor coste posible.
Esta regulación básica se ha visto completada con la aprobación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
Los aspectos clave de esta normativa son:
- Concepción de la calidad del servicio de suministro eléctrico como un conjunto de aspectos de continuidad, calidad del producto y atención al cliente.
- Definición de diversos parámetros indicadores de la calidad de continuidad individual y zonal. Establecimiento de valores estándar de cumplimiento obligatorio para las empresas distribuidoras y aplicación de descuentos en la facturación a
los clientes con incumplimiento de calidad individual.
- Definición de determinadas obligaciones de las empresas distribuidoras con relación a la calidad de atención al cliente. Establecimiento de penalizaciones económicas en caso de incumplimiento.
En el ejercicio de sus competencias, y de conformidad con el artículo 3.3 de la Ley 54/1997, la Generalitat de Catalunya aprobó el Decreto 329/2001, de 4 de diciembre, de Reglamento de suministro eléctrico, ampliando los requerimientos de
calidad del suministro eléctrico e incorporando los llamados micro cortes o interrupciones breves, a fin de reflejar las consecuencias que este tipo de incidencias tiene en la calidad del suministro.
En atención a los datos de calidad de suministro eléctrico en España, es necesario continuar con el establecimiento de mejoras en materia de calidad del servicio eléctrico, mejoras en materia de acometidas eléctricas y mejoras en materia de
derechos de los usuarios. Respetando los planteamientos comunes de la Unión Europea, se considera necesario profundizar en el proceso de atribución de competencias más plenas a las Comunidades Autónomas, que ya las vienen desarrollando en este
ámbito, especialmente por lo respecta a la fijación de la retribución económica de la actividad de distribución de energía eléctrica y de gases canalizados.
5. Potenciación de las energías renovables.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece en su Disposición transitoria decimosexta la necesidad de que el Plan de fomento de las energías renovables deberá hacer posible que, para el año 2010, las fuentes de
energía renovable cubran, como mínimo, el 12 por ciento del total de la demanda energética en España.
Por otro lado, el protocolo final de la cumbre de Kyoto compromete a los países firmantes a reducir, de manera global, sus emisiones de gas (CO, metano, óxidos de nitrógeno), que provocan efecto invernadero, en un 5 por ciento respecto a los
niveles de emisiones del año 1990 en el horizonte del período 2008 a 2012. La Unión Europea, firmante e impulsor fundamental del protocolo, se comprometió a reducir en un 8 por ciento sus emisiones, mientras que España ha asumido el compromiso de
limitar su incremento de emisiones desde el 25 por ciento previsto para el año 2010 hasta un 17 por ciento, debiendo realizar un esfuerzo considerable para conseguir este objetivo.
Una de las prioridades, pues, para limitar las emisiones de gases que producen efecto invernadero a la atmósfera es promover y crear, entre otras medidas, una cultura entre los ciudadanos y los agentes sociales hacia el uso racional y
eficiente de la energía y el incremento del apoyo a las energías renovables, dotándolas de un marco legal singular que garantice los objetivos establecidos por la normativa comunitaria, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y por
el Plan de fomento de las energías renovables.
Por ello, es necesario que el Gobierno tome la iniciativa legislativa, por medio del oportuno proyecto de ley, para el impulso y fomento de las energías renovables, incorporando las ayudas económicas necesarias para su efectivo cumplimiento,
territorializando los fondos y ayudas dirigidos al impulso de las energías renovables, las medidas de eficiencia energética y los sistemas de generación de energía de tipo descentralizado, conforme a las necesidades de cada Comunidad Autónoma.
También deberían tomarse las medidas necesarias para que las infraestructuras energéticas de transporte y distribución puedan incorporar la totalidad de la energía renovable que pueda producirse en España, a fin de mejorar la penetración de las
energías renovables.
Asimismo, entre otras medidas, debería profundizarse en la habilitación normativa de la Disposición transitoria decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, manteniendo las ayudas actuales así como revisando al
alza los parámetros económicos del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, de producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos o cogeneración, superando transitoriamente para
estas energías el límite del 90 por ciento, establecido en el artículo 30 de la propia Ley.
Por lo que respecta a la Planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista, las previsiones realizadas en el documento deben dar respuesta coherente a los objetivos y compromisos asumidos por
España en materia de energías renovables y emisiones de gases de efecto invernadero.
6. Otros objetivos estratégicos.
La política medioambiental de un país tiene el deber de contribuir a conservar, proteger y mejorar la calidad de su medio ambiente, garantizando la protección de la salud y un uso prudente y racional de los recursos naturales, además de
fomentar los principios de prevención y precaución.
Estas consideraciones de conservación y de protección del medio ambiente deben integrarse en la definición de los planes y de los programas económicos, de crecimiento y ordenación territorial, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo
sostenible. Esta actuación es básica en sectores como el transporte, el energético, las telecomunicaciones, la agricultura, los bosques y el turismo.
Por ello, la planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista debería realizar un ejercicio global de análisis del futuro energético, demostrando el encaje de todas las piezas que lo conforman: legislación, modelo,
planificación de las redes básicas, retribución de las actividades reguladas, niveles de calidad, compromisos en eficiencia energética, en promoción de renovables y aspectos medioambientales.
7. Revisión y evaluación de la planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista.
El Grupo Parlamentario Catalán entiende necesario que el Gobierno realice una revisión y evaluación, con carácter bianual, de los parámetros y las previsiones establecidas en el documento de trabajo 'Planificación y Desarrollo de las redes
de transporte eléctrico y gasista 2002-2011', al objeto de adaptarlos a los nuevos escenarios que puedan derivarse tanto del crecimiento de la demanda como del desarrollo del parque generados, tanto en régimen ordinario como en Régimen especial.
A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa a fin de presentar la siguiente propuesta de conclusiones a la Subcomision para el seguimiento de las infraestructuras energéticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
I. Antecedentes
En la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda celebrada el 6 de febrero de 2002 se debatieron dos propuestas de creación de Subcomisiones: la primera, del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), se refería a la creación de una
Subcomisión para el estudio del grado de cumplimiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables y se sustentaba en que las informaciones disponibles mostraban un bajísimo grado de ejecución del citado Plan que hacía peligrar la adecuada
consecución de los objetivos del mismo y presagiaba el incumplimiento de las normas nacionales y comunitarias, vigentes en la materia; la otra, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular (GPP), proponía la creación de una Subcomisión para el
seguimiento de las infraestructuras energéticas, apoyándose en 'la necesidad de colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo' para conseguir que el Gobierno cumpliera adecuadamente la obligación legal (artículos núm. 4 de la Ley del
Sector Eléctrico y de la Ley del Sector de Hidrocarburos) de someter (presentar) al Congreso de los Diputados la planificación eléctrica (en materia de hidrocarburos).
En el debate realizado, los portavoces del GPS aceptaron la integración de los objetos de las dos Subcomisiones propuestas en una sola Subcomisión y condicionaron su voto positivo a la aceptación de tres enmiendas, a saber: (i) extender el
objeto desde las 'infraestructuras' hasta la 'planificación energética' puesto que, con independencia de que tenga carácter vinculante o indicativo, es la planificación energética la que el Gobierno debe elaborar; (ii) iniciar los trabajos de la
Subcomisión una vez que el Gobierno hubiese presentado a la Comisión de Economía y Hacienda la planificación eléctrica y en materia de hidrocarburos anteriormente citadas; (iii) carácter público de los trabajos de la Subcomisión, como muestra de
transparencia y de la voluntad de que las opiniones de los interesados y el debate que tuviese lugar en el Congreso estuviesen disponibles para todos los ciudadanos. El GPP no aceptó las enmiendas citadas y el GPS se abstuvo de votar la propuesta
del anterior.
No obstante, cuando la citada propuesta del GPP se sometió al Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 19 de febrero de 2002, los Diputados del GPS se abstuvieron mostrando, así, su voluntad de posibilitar un debate parlamentario
sobre la necesaria planificación energética a pesar de las carencias y la falta de transparencia que conllevan un debate realizado en una Subcomisión como la propuesta por el GPP.
II. Sobre la naturaleza y objetivos de la Subcomisión
Las características propias de una Subcomisión de estudio no la hacen muy adecuada para abordar los objetivos y procedimiento propios de un proceso de
planificación energética. Por eso, ha resultado muy difícil identificar la naturaleza de esta Subcomisión para poderle asignar objetivos precisos y orientar su funcionamiento hacia la consecución de los mismos. De una parte, el marco
normativo vigente y el procedimiento para la planificación energética están claramente definidos; la introducción de una Subcomisión parlamentaria de estudio en ese esquema no es útil, por más que representantes del Gobierno o del GPP se hayan
referido a la Subcomisión como instrumento de colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo o como trámite de audiencia de un proceso de planificación energética que quiere recoger opiniones de los interesados legítimos. De otra parte, el
enfoque del documento inicial del Gobierno, centrado en las infraestructuras de transporte de energía eléctrica y de gas, exige que las posibles aportaciones al documento requieran considerar determinados aspectos estrictamente técnicos de la
planificación de infraestructuras de redes, algo que no es propio de la actividad parlamentaria.
La relativa incompatibilidad entre una Subcomisión de esta naturaleza y el procedimiento reglado para la planificación energética se pone de manifiesto en la inconsistencia del objeto formalmente asignado a la Subcomisión. No resulta
creíble que, gracias al aumento del nivel cuantitativo y cualitativo de la información disponible por los comisionados (a partir de la documentación aportada a la Subcomisión y de los análisis realizados en las comparecencias) se puedan identificar
y promover las medidas legislativas para realizar una adecuada planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista. Y ello, por dos razones: (i) porque la planificación energética necesaria es una competencia que las leyes atribuyen al
Gobierno, siendo, en este caso, la función del Congreso la de pronunciarse sobre una propuesta del Gobierno, y (ii) porque las hipotéticas iniciativas legislativas que pudieran derivarse de los trabajos de la Subcomisión no surgirían del debate
sobre los aspectos técnicos de la planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista, sino de la puesta en cuestión de los principios que inspiran las normas legales vigentes en materia energética, algo que no constituye el objeto de la
Subcomisión. Sólo el debate público y sistemático sobre los principios y criterios de la política energética -y de la planificación energética necesaria para conseguir los objetivos de la política energética- hubiese podido aportar elementos de
juicio necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Subcomisión.
Como consecuencia de lo anterior, podemos afirmar que no se han dado las condiciones mínimas imprescindibles para que la Subcomisión pudiese 'identificar y promover aquellas medidas legislativas necesarias para una correcta planificación y
desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista'.
III. Sobre el desarrollo de los trabajos de la Subcomisión
III.1 El documento de trabajo presentado por el Gobierno: carencias e insuficiencias.
1. El análisis y valoración del documento se puede realizar desde los siguientes puntos de vista:
· Adecuación al contenido esperado, por habitual, de un documento de planificación.
· Validez y solvencia de los supuestos e hipótesis básicos contenidos en el documento.
· Capacidad de las propuestas para contribuir a los objetivos de la política energética: (i) seguridad de un suministro de calidad, (ii) suministro a precios que favorezcan la competitividad de la economía española y (iii) conservación y
protección del medioambiente, es decir, lo que se denomina 'sostenibilidad medioambiental'.
2. El documento no reúne las características mínimas exigibles para considerarlo un adecuado documento de planificación energética:
· No contiene la planificación energética vinculante en el sentido que lo establecen las Leyes sectoriales vigentes: faltan (i) las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos y (ii) la determinación
de criterios generales para el establecimiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor.
· No es la planificación indicativa a la que se refieren las leyes sectoriales citadas; basta leer los artículos núm. 4 de las dos leyes para concluir que el documento no cumple las especificaciones ahí establecidas. En particular,
sorprende la ausencia de previsiones relacionadas con la calidad en el suministro energético.
· El documento realiza estimaciones y previsiones, en buena medida como simple agregación o integración de las realizadas por otros operadores y agentes sectoriales, y enuncia actuaciones en las redes, pero presenta las siguientes carencias:
(i) la definición de los objetivos a los que deben servir las actuaciones enunciadas y la jerarquización de los mismos, (ii) la evaluación de los costes de las actuaciones y la identificación de los agentes responsables de las mismas; las únicas
referencias en el documento atañen al volumen de las inversiones en gasoductos (4.000 millones de euros en cinco años) y a un estudio comparativo de tres actuaciones alternativas para la gasificación de las Islas Baleares, (iii) las fuentes de
financiación de los costes de las inversiones, y (iv) un mecanismo de seguimiento y actualización de la planificación vinculante.
· No queda claro el papel jugado por las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en la aportación de datos y propuestas. Se desconocen los criterios mediante los cuales los redactores del documento han ajustado los
planes eólicos de las CC.AA. y no se sabe cual es el grado de certeza de las propuestas de actuación formuladas por las CC.AA. y que el documento considera como en fase de estudio y evaluación. Estas carencias podrían haberse evitado si
el Gobierno hubiese convocado una Conferencia Sectorial de Energía para acordar y coordinar con las CC.AA. el contenido del documento de la planificación y las propuestas de las distintas Administraciones Públicas.
En suma, parece que el Gobierno se ha limitado a tomar nota de las previsiones de algunos de los operadores energéticos y a aceptar las consecuencias derivadas de las mismas en las redes de transporte de energía eléctrica y gas (materias
objeto de planificación vinculante).
Parece difícil que el documento sirva para proporcionar un marco de previsiones razonables y de orientaciones básicas de política energética que sustenten la adopción de decisiones por los operadores privados.
3. Los supuestos e hipótesis en los que se basa el documento son discutibles y no tienen en cuenta los efectos previsibles de las medidas de la propia política energética. En particular:
· Los supuestos de evolución del entorno macroeconómico son muy ingenuos ya que suponen que la economía española tendrá un crecimiento intenso (3 por ciento de media anual en el período), superior a la media de la Unión Europea (UE) y
estable (con tasa de inflación similar a la media de la Unión). Aunque en materia de previsiones económicas siempre hay espacio para la crítica, sería exigible, al menos, un análisis de sensibilidad que, aunque se anuncia por la existencia de
varios escenarios en las previsiones de demanda energética, no se explicita ni se desarrolla.
· Se supone que no habrá avances en el proceso de armonización fiscal en la UE que afecten a los precios relativos energéticos. Este supuesto (i) o bien, no se cumple, y ello tiene efectos relevantes debido al menor peso relativo de los
impuestos energéticos en España, es decir, subirían los precios relativos españoles si progresa la armonización, o (ii) quiere decir que el Gobierno del PP no va a hacer nada por estimular el proceso de armonización fiscal en el seno de la UE y se
va a oponer a las propuestas de otros Estados miembros. En la medida de lo posible, esta incertidumbre debería ser eliminada por el Gobierno. Igualmente, tampoco se explicitan las previsiones sobre el avance del grado de liberalización de los
mercados energéticos europeos y de formación del mercado interior de la energía, aspectos relevantes a la hora de establecer el perímetro territorial en el que analizar la seguridad del suministro y la magnitud y direcciones de los flujos de
intercambio de energía.
· Los supuestos sobre los hábitos de uso y consumo de la energía son continuistas y no tienen en cuenta los efectos de posibles políticas dirigidas hacia el uso racional y al ahorro y eficiencia energética. De la misma manera, se supone -y
se declara en varias ocasiones, de forma zafia en alguna como en los cuadros de evolución del consumo de energía primaria por fuentes de las páginas 34 a 37 del documento- que se cumplen los objetivos y actuaciones del Plan de Fomento de Energías
Renovables, cuando es conocido que su nivel de cumplimiento actual es muy bajo y que existen dudas serias sobre la posibilidad de que se cumplan al final de su vigencia temporal si no se cambian las políticas vigentes. Además, las previsiones sobre
la evolución futura de la demanda en los sistemas insulares (Canarias y Baleares) son especialmente elevadas, lo que no parece muy consistente con un modelo de desarrollo turístico sostenible.
Finalmente se supone que bajará la intensidad
energética de la economía española de forma intensa y concentrada en el tiempo sin que se aporten los factores y políticas que lo harán posible.
· Los supuestos de índole estrictamente energética sobre las tecnologías de producción de energía eléctrica son también discutibles y, en todo caso, no se explicitan sus razones y las consecuencias de los mismos; en concreto:
- Mantenimiento de la actual producción termonuclear sin tener en cuenta las tendencias existentes en los países de la UE y sin evaluar sus ventajas e inconvenientes.
- Reducción notable de la aportación del carbón de origen nacional a la producción de electricidad sin analizar los efectos sobre la estructura de oferta de la minería del carbón y su grado de compatibilidad con los procesos en negociación
sobre la futura minería del carbón española.
4. Lo más importante es que el documento no contiene las propuestas necesarias para que la política energética cumpla sus objetivos principales:
· No garantiza la seguridad del suministro energético de calidad:
- En el sector eléctrico, porque la nueva potencia necesaria para atender a la demanda (básicamente mediante la tecnología de ciclo combinado con gas natural-CCGN) se construirá en función de criterios administrativos, económicos y
energéticos (dice el documento) que no es posible prefigurar. En consecuencia, los listados de nuevas plantas y localizaciones son meras indicaciones sin fuerza vinculante. Porque, si es cierto que la planificación vinculante no abarca a las
actividades de generación, también lo es que el documento del Gobierno no propone mecanismo alguno que estimule las necesarias inversiones. ¿Vale el actual concepto de garantía de potencia? ¿Se pueden introducir mecanismos de mercado como las
subastas
para garantizar la nueva potencia necesaria? El Gobierno no parece preocupado por esto: así, cuando habla de energía eléctrica, la potencia instalada en el 2011 en CCGN será de 13.415 MW (pág. 79), y cuando habla de gas, será de 19.600 MW
(49 grupos de 400 MW, pág. 167); además estas previsiones son inconsistentes con las formuladas por Red Eléctrica de España en un estudio de cobertura de la demanda a largo plazo.
- En el sector del gas, porque el aprovisionamiento es una actividad liberalizada y la existencia de gas en cantidad, calidad y lugar necesarios dependerá de decisiones de los operadores privados que no es posible asegurar, salvo en la parte
contratada hoy bajo fórmulas 'take or pay'.
· Tampoco el documento contiene las decisiones necesarias para que el suministro se realice a precios competitivos. En el caso de la energía eléctrica, porque un buen precio depende fundamentalmente de la existencia de condiciones de
competencia efectiva y el documento supone que las interconexiones con Francia (condición básica para la entrada de energía de otros competidores europeos y para asegurar más la garantía de suministro) son todavía proyectos en estudio y que el nivel
de intercambio de energía en el 2010 será el mismo que existe en la actualidad (1.200 MW en invierno y 1.000 MW en verano; ver página 75 del documento); además, el documento no incorpora las políticas de fomento de la competencia necesarias para
que los precios puedan ajustarse a los costes. En el caso del gas, porque no existen previsiones sobre la evolución futura del precio ni análisis de sensibilidad sobre la elasticidad de la demanda al precio; en realidad, no se sabe el rango de
variación posible de los precios.
· Por último, el documento desprecia los aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental. Aunque se hace referencia al marco normativo, internacional de la UE y nacional, sobre las restricciones medioambientales, el documento no
contrasta sus previsiones y propuestas con las restricciones y compromisos medioambientales. Se puede afirmar que con la estructura de fuentes de demanda de energía primaria prevista en el 2010 no se cumplirá el Plan de Fomento de las Energías
Renovables y, lo que es más relevante, no se cumplirá el compromiso del Protocolo de Kyoto. ¿Cómo conciliar la ratificación del Protocolo con las previsiones de la planificación energética? ¿Cómo va a compatibilizar el Gobierno sus propuestas
energéticas (las que se deriven de este documento) con las propuestas sobre la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica que se contienen en el documento titulado Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (págs. 178 y
siguientes) propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente? Se suscitan dudas sobre si el proceso de elaboración del documento ha incluido la coordinación con otros Ministerios competentes.
5. En resumen, se trata de un mal documento de planificación que no ayuda a resolver los principales problemas actuales y futuros, particularmente la garantía del suministro de calidad, que no orienta a los operadores privados para adoptar
decisiones de inversión, preso de una política de liberalización mal entendida y peor aplicada y decididamente al margen de cualquier criterio de sostenibilidad medioambiental. En buena medida las carencias e insuficiencias del documento son una
expresión más del fracaso relativo de la política energética del Gobierno y, en particular, de la ineficacia de la regulación vigente para conseguir los objetivos asignados a la política energética.
III.2 Contenido y ritmo de los trabajos de la Subcomisión:
Las comparecencias de personalidades y representantes de diversos intereses ante la Subcomisión han sido insuficientes en relación con las necesidades de aportar informaciones y análisis relevantes a los comisionados. De una parte, no han
comparecido representantes de los intereses del sector de hidrocarburos líquidos, a pesar de que esta materia se incluye en aquellas que según la Ley deben ser objeto de planificación; de otra, no han comparecido expertos que pudiesen aportar
puntos de vista menos ligados a intereses concretos; además, no ha sido posible conocer suficientemente los puntos de vista de aquellos operadores privados que tienen interés en desarrollar proyectos y actividades energéticas en España; por
último, no han acudido representantes de otros Ministerios, como el de Medio Ambiente, cuyas opiniones son relevantes en relación con el objeto de la Subcomisión.
El ritmo de los trabajos de la Subcomisión ha sido intenso aunque algo atropellado en relación con la necesidad de disponer de tiempo para ordenar, sistematizar y valorar las informaciones y opiniones presentadas por los comparecientes.
Sería preciso que la Subcomisión hubiese tenido una vida más larga para que los comisionados pudiesen tener, siquiera, una opinión fundada sobre la planificación energética, al margen de que les permitiese o no cumplir el objetivo formalmente
asignado a la Subcomisión. El escaso tiempo de vida de la Subcomisión parece responder a un objetivo más relacionado con la ficción de la participación parlamentaria que con el cumplimiento del objeto formalmente establecido.
El contenido de los trabajos de la Subcomisión ha sido limitado en relación con las exigencias demandadas por su objeto formal. A ello han contribuido las carencias e insuficiencias del documento presentado por el Gobierno, como han puesto
de manifiesto algunos de los comparecientes; también aporta su contribución negativa el propio formato de funcionamiento de la Subcomisión. Por ello, no ha sido posible realizar el debate sobre los criterios y principios de la planificación
energética, debate necesario para orientar el proceso de planificación de las infraestructuras de transporte eléctrico y gasista.
III.3 Resultados de los trabajos de la Subcomisión:
Aunque, como se ha señalado anteriormente, los trabajos desarrollados por la Subcomisión no han permitido cumplir el objeto formalmente asignado a la misma ('identificar y promover correctamente aquellas medidas legislativas necesarias para
una correcta planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista'), ello no significa que no hayan sido útiles para conocer las opiniones de representantes de intereses privados y públicos respecto del documento presentado por
el Gobierno y sobre determinadas parcelas de la política energética. Algunas de tales opiniones y valoraciones son coincidentes con las expuestas en el apartado III.1 anterior. Sin ánimo de exhaustividad, de las expuestas en las comparecencias y
documentación recibida, cabe mencionar las siguientes:
· El documento no recoge el contenido mínimo de la planificación energética al que se refieren las leyes sectoriales vigentes. A este respecto, basta acudir al criterio de autoridad de la Directora general de Política Energética y Minas que
señaló, en su comparecencia ante la Subcomisión que 'Este documento no agota el concepto de planificación; faltan el almacenamiento estratégico de hidrocarburos ... que formarán parte de otro documento. Este documento no tiene por vocación el ver
como se actúa sobre la eficiencia energética de la demanda'.
· La metodología misma del proceso de planificación parece puesta en entredicho. Así, algunos representantes empresariales añoran expresamente el método usado en 1996 que terminó en el Protocolo del Sector Eléctrico a la vez que critican
las, en su opinión, asimetrías regulatorias que perjudican a los intereses de los operadores del sector eléctrico en relación con los del gas. Las Administraciones Autonómicas, por su parte, reclaman una mayor participación en las decisiones
finales de planificación de redes. Finalmente, los representantes de las energías renovables y, en general, del régimen especial de generación eléctrica, requieren una mayor atención y fomento de esas fuentes de energía por sus contribuciones al
desarrollo sostenible. En cualquier caso, nadie, salvo el Gobierno, parece identificarse con el documento y sus conclusiones.
· Las previsiones de demanda no son muy certeras. Algunos señalan la necesidad de aumentarlas en función de la experiencia reciente; otros, demandan la conveniencia de adecuarlas a los efectos de la puesta en marcha de políticas de ahorro
y eficiencia; la mayoría, en fin, sugiere que se realice un análisis de diversos escenarios y otro de sensibilidad sobre un escenario base.
· Existen fuertes discrepancias sobre si el documento de planificación debe o no identificar el margen de reserva (índice de cobertura) de la potencia eléctrica instalada respecto de la demanda previsible. Para los comparecientes en
representación del sector, es necesario, aunque el valor de este índice de cobertura varía de unos comparecientes a otros.
No obstante, en manifestaciones de la Directora general del ramo 'No se puede planificar el índice de cobertura porque
depende de decisiones empresariales libres. La garantía de potencia es una decisión regulatoria, no de planificación'. En cualquier caso, una estimación del índice de cobertura (y de los incentivos públicos para su consecución) parece necesaria
para orientar las decisiones de nuevos proyectos de generación en régimen de libre mercado.
· La magnitud y estructura de la nueva potencia eléctrica necesaria para la cobertura de la demanda son imprecisas y no se justifican suficientemente. A ello contribuyen la inconcreción sobre la evolución previsible de la capacidad de
interconexión con países vecinos (fundamentalmente, con Francia), la incertidumbre sobre la evolución futura del marco regulatorio (básicamente, tarifas y demás precios regulados, pero también otros aspectos) y las discrepancias sobre el peso
relativo de las energías renovables. Las opiniones y valoraciones al respecto son dispares, en particular sobre la cuantía y entrada en funcionamiento de las nuevas centrales de ciclo combinado, respecto a las capacidades de almacenamiento de gas,
regasificación y de infraestructuras de transporte de gas, lo que refleja tanto los intereses privados concretos (operadores actuales del gas versus operadores actuales eléctricos) como las diferencias en las previsiones de la demanda y de la
estructura de la misma. En cualquier caso, parece necesario disponer de una estimación razonada y consensuada que reduzca la excesiva incertidumbre existente.
· La vertiente territorial de la planificación energética esta sometida a fuertes críticas. De una parte, las estimaciones sobre la evolución futura de la demanda contenidas en el documento del Gobierno no son necesariamente compartidas por
los representantes de las Administraciones Autonómicas. Además, las previsiones de una y otras Administraciones sobre el peso relativo de las energías renovables (particularmente de la eólica, pero también de algunas otras) no son coincidentes.
Por último, existen notables discrepancias sobre el número y localización de las nuevas plantas de producción de energía eléctrica utilizando la tecnología de ciclo combinado con gas natural, así como proyectos de nuevos operadores que ni siquiera
son considerados. De nuevo, la luz aparece cuando la Directora general competente manifiesta en su comparecencia que 'En el documento final habrá que introducir algunas consideraciones sobre cuál debe de ser la distribución geográfica óptima de la
generación eléctrica (ciclos combinados)'.
· El objeto mismo del documento, la planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista
2002-2011, no se consigue con el texto conocido, por cuanto que se mantienen demasiadas imprecisiones sobre si determinadas actuaciones propuestas son propias de la planificación vinculante o simples previsiones de los operadores y/o de las
Administraciones Públicas a la vez que hay poca claridad sobre si determinadas actuaciones propuestas por unos y otros están aceptadas o no por el responsable de la planificación. En algunos casos, referidos tanto a las redes de transporte
eléctrico como a los gasoductos de la red básica, se mantienen diversas alternativas sin que quepa discernir los criterios que deberán utilizarse para seleccionar la más adecuada. Ciertamente, a este respecto el documento es 'un borrador sometido a
cambios'.
· El enfoque medioambiental es limitado y, por ello, induce a notables controversias. Así, mientras que algunos comparecientes estiman que la magnitud y estructura de la oferta previstas no aseguran el cumplimiento de los objetivos
acordados en compromisos internacionales (principalmente, el Protocolo de Kyoto) y en las normativas europea y nacional, otros sólo creen posible tales cumplimientos si se mantiene la estructura que propone el documento. Esta aparente paradoja
requiere que el Gobierno dedique mayor atención a estos aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y que explicite los impactos asociados a las diversas alternativas de dietas energéticas posibles. Sólo así se podrá discernir cual
es el grado de prioridad que el Gobierno concede a este vector de la política energética e identificar los costes y beneficios de todo tipo correspondientes a las alternativas en presencia.
· Como consecuencia de algunas carencias, indecisiones e imprecisiones señaladas anteriormente, y salvando a las referencias aisladas de algún operador o del propio documento, no ha sido posible disponer de un plan económico y financiero de
la planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista ni de una asignación de responsabilidades en la realización de las inversiones y su financiación. La confusión al respecto es apreciable en las declaraciones de la Directora general
cuando manifiesta que 'Infraestructuras que no tienen viabilidad económica clara deberán ser financiadas con ingresos distintos de los que proporciona el sistema (peajes y tarifas); que lo hagan las CC.AA. o los Fondos Estructurales)'. En suma,
se confunden los objetivos de la planificación energética de redes -que puede requerir inversiones no asumibles con criterios económicos privados como, por ejemplo, las relacionadas con la seguridad del sistema o con la garantía del servicio
universal- con los sistemas de financiación de las inversiones en estas infraestructuras de redes.
IV. Directrices y criterios para la planificación energética
Las Leyes vigentes encomiendan al Gobierno la elaboración de la planificación energética y el sometimiento -o presentación- de la misma al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, cuando el Gobierno cumpla con su obligación -lo que no ha
hecho con la presentación del documento analizado en la Subcomisión- será el momento de pronunciarse. Tampoco corresponde a los grupos parlamentarios elaborar una alternativa completa al contenido del documento presentado por el Gobierno; no forma
parte de sus funciones proponer proyectos de redes de transporte eléctrico que deben responder a criterios de optimización técnica y económica. No obstante, el GPS cree necesario y conveniente presentar a la Subcomisión las directrices y criterios
principales que deberían ser tenidos en cuenta por el Gobierno en el proceso de elaboración de la planificación energética:
l. La planificación energética que el Gobierno debe presentar (someter) al Congreso de los Diputados ha de ajustarse a las prescripciones contenidas en las leyes sectoriales vigentes. Eso significa que debe integrar a todos los subsectores
energéticos y que ha de contener el conjunto de determinaciones y aspectos (tanto en la parte vinculante como en la indicativa) que se contienen en la legislación vigente.
2. El documento de planificación energética que se remita al Congreso debe contener, con mayor o menor desarrollo, previsiones respecto de los siguientes aspectos de interés:
2.1 Evolución del nivel y de la estructura de la demanda de energía primaria y final en un escenario base, cuyos supuestos deben ser explícitos y estar justificados, y análisis de sensibilidad a las variaciones de los parámetros básicos.
2.2 Tendencias dominantes de las regulaciones en el ámbito de la Unión Europea, particularmente las referidas al grado de avance en la consecución del mercado interior de la energía: apertura de los mercados a la competencia, armonización
fiscal, redes transeuropeas de transporte, criterios sobre los niveles deseados de autoabastecimiento y diversificación.
2.3 Margen de cobertura deseado de la demanda, objetivos e indicadores de la calidad del suministro. Normas relativas al servicio universal.
2.4 Líneas directrices de las políticas de liberalización y defensa de la competencia que el Gobierno considera necesario aplicar.
Consecuentemente, estimaciones de la evolución futura de los precios y tarifas y del grado de intervención
del Gobierno en la fijación de las mismas.
2.5 Elementos básicos de las previsibles nuevas regulaciones medioambientales y efectos de las mismas sobre las cantidades, calidades y precios relativos de las distintas tecnologías de producción de energía final.
3. La planificación energética debe identificar su conexión con los objetivos básicos de la política energética:
seguridad en los suministros de calidad, precios competitivos de la energía final suministrada y sostenibilidad medioambiental. El Gobierno debe establecer su esquema de prioridades en la consecución de los objetivos citados.
4. En el contexto actual del sistema energético español y de sus conexiones con el exterior, la seguridad en los abastecimientos y suministros de calidad es un objetivo prioritario. La planificación debe establecer las determinaciones
necesarias para garantizar el suministro y asegurar la calidad del servicio. A tales efectos, puede ser necesario introducir incentivos económicos que hagan compatible la consecución del objetivo señalado con la libre iniciativa empresarial. El
concepto actual vigente en el sector eléctrico de retribución por garantía de potencia debe ajustarse para cumplir con la finalidad asignada.
5. La estructura objetivo de energía primaria y de energía final debe responder a la consecución de los objetivos básicos y al orden de prioridades establecido en cada momento. Teniendo en cuenta las incertidumbres relativas que afectan a
las diversas fuentes de energía primaria, es conveniente disponer de un margen de seguridad para modificar la estructura en función de acontecimientos no previstos o de criterios de oportunidad. La consecución de la estructura de generación
eléctrica deseada como objetivo de la planificación indicativa puede requerir la aplicación de incentivos económicos y, en su caso, la modificación de la regulación legal vigente.
6. La competitividad de los suministros depende, entre otros factores relacionados con los costes relativos de las diversas alternativas tecnológicas, del marco regulatorio existente. En el contexto actual del sistema energético español,
la planificación energética debe asumir que la regulación se orientará de forma prioritaria hacia la consecución, allí donde sea posible, de condiciones de competencia efectiva que pueden requerir normas referidas a la estructura y el funcionamiento
de los mercados.
7. La consecución de los objetivos de la política energética en un contexto de cambios en la estructura y funcionamiento de los mercados puede requerir un cierto grado de estabilidad regulatoria, entendida esta como la existencia explícita
de un conjunto de criterios que inspiran de forma estable las normas emitidas por el regulador. Con ello se pretende establecer un marco institucional que proporcione confianza y estimule a los inversores privados que asumen riesgos en las
actividades energéticas.
8. La sostenibilidad medioambiental es un objetivo básico de la planificación energética. Para avanzar en la consecución del mismo, y al margen de las determinaciones propias de la planificación vinculante, han de aplicarse los siguientes
criterios:
8.1 La planificación energética asumirá el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos suscritos por España en esta materia, particularmente los contenidos en el Protocolo de Kyoto.
Consecuentemente, la composición de la
energía final planificada y los procesos previos de transformación deberán someterse a las determinaciones y objetivos contenidas en el citado Protocolo.
8.2 El cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Fomento de las Energías Renovables de España 2000-2010 (y, en coherencia, del conjunto de Directivas y Reglamentos de la UE vigentes o en curso de promulgación) es una
restricción para la definición de la estructura objetivo de demanda primaria y del mix de generación eléctrica. Teniendo en cuenta la evolución real de la demanda de energía eléctrica, el Plan deberá ser actualizado en sus variables de referencia y
los instrumentos de apoyo y estímulo (primas, fiscalidad, etc.) deberán adecuarse para que se puedan cumplir los nuevos valores de los indicadores objetivos.
8.3 La planificación energética debe incluir previsiones de demanda que recojan los efectos de la aplicación sistemática de Planes de Ahorro y Eficiencia Energética. A tales efectos, los citados Planes identificarán los sectores y
actividades consumidores y definirán objetivos específicos de ahorro y eficiencia para cada uno de ellos junto con un esquema de apoyos e incentivos económicos que orienten las actuaciones de los agentes privados y públicos.
8.4 Los costes y precios de las energías finales deberán incluir, de forma progresiva, el conjunto de los costes y beneficios externos que produce su producción, transformación y suministro.
8.5 El Gobierno desarrollará planes de fomento de las actividades de I+D en el sector energético dirigidas principalmente al desarrollo de nuevas formas de producción y transformación de la energía de forma sostenible.
9. La planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista se adecuará, además de a criterios de eficacia técnica y eficiencia económica, a los siguientes:
9.1 Aseguramiento de un nivel de calidad del suministro igual y homogéneo en el conjunto del territorio nacional, sin perjuicio de algunas especialidades relacionadas con las diferencias entre los entornos urbanos y rurales. A tales efectos
se identificarán aquellas áreas y territorios en los que existan déficit o que se definan como zonas de intervención prioritaria. Las actuaciones que sean necesarias en los territorios insulares y extrapeninsulares para el cumplimiento del objetivo
citado deberán ser objeto, en su caso, de las correspondientes compensaciones presupuestarias.
9.2 Incremento del nivel de interconexiones con los países vecinos, principalmente con Francia. A tales efectos, el documento de planificación que deberá presentar el Gobierno al Congreso de los Diputados incluirá un Plan detallado de
desarrollo de las infraestructuras de transporte que, en la parte referida al sector eléctrico,
permita cumplir, como mínimo, los objetivos señalados en el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002.
9.3 Coordinación entre las infraestructuras de abastecimiento y transporte de gas y las nuevas plantas de potencia eléctrica de ciclo combinado y las redes de evacuación de estas nuevas plantas.
10. El documento de planificación energética que presente el Gobierno al Congreso de los Diputados debe incluir un Plan económico-financiero, cuyo contenido y grado de vinculación serán distintos según sea vinculante o indicativa. El
citado Plan incluirá los programas de actuaciones por subsectores y segmentos del proceso de producción, transformación y distribución de la energía, los planes de inversiones, la evaluación económica de los costes de las inversiones, los sistemas
de financiación de las inversiones y los agentes públicos y privados, responsables de las actuaciones, inversiones y financiación.
11. La estructura política de España y las propias prescripciones de la legislación energética exigen un alto nivel de coordinación de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en la elaboración y aplicación de la
planificación energética. En particular, la coordinación será necesaria para conseguir un nivel homogéneo y adecuado de calidad en el suministro, para asegurar una distribución territorial equilibrada y medioambientalmente sostenible de las nuevas
infraestructuras de transporte y plantas de producción y para respetar los objetivos singulares que cada Comunidad Autónoma desee establecer en su ámbito territorial y en el ejercicio de sus competencias plenas. Para ello, es necesaria la
revitalización de la Conferencia Sectorial de Energía como mecanismo básico de coordinación en esta materia.
12. La consecución de los objetivos definidos en la planificación energética requiere establecer un mecanismo de seguimiento que permita evaluar de manera continua el grado de cumplimiento de los programas de actuaciones en los hitos
temporales principales, introducir las modificaciones requeridas por la aparición de nuevos hechos y actualizar los parámetros de referencia y los programas de actuaciones a las nuevas necesidades. El mecanismo institucional de seguimiento
incluirá, además de otros instrumentos técnicos propios de las Administraciones Públicas, los siguientes:
· Participación de la Comisión Nacional de la Energía en los aspectos relacionados con la emisión de informes periódicos de seguimiento.
· Comparecencias periódicas del Gobierno ante las Comisiones competentes del Congreso y del Senado para informar y valorar en relación con el grado de cumplimiento de la planificación energética.
V. Conclusiones y propuestas
V.1 Conclusiones:
1. La orientación y enfoques dados por el Gobierno y el GPP a la Subcomisión no han permitido que se cumpla el objeto formal asignado a la misma en el Acuerdo del Pleno del Congreso de 12 de febrero de 2002. El formato y ritmo de trabajo
de la Subcomisión parecen responder más a objetivos mediáticos y de apariencia de participación parlamentaria que a los objetivos propios del control parlamentario.
2. El documento presentado por el Gobierno no es, ni por su alcance, ni por su contenido, un documento de planificación energética que responda a las prescripciones de la legislación vigente.
3. Las informaciones y análisis presentados en las comparecencias realizadas ante la Subcomisión han sido útiles a los comisionados para profundizar en el conocimiento de los sectores energéticos españoles. En particular, hay que destacar,
entre otros resultados del proceso de comparecencias, el elevado grado de descontento que existe hacia la política energética desarrollada por el Gobierno y las múltiples críticas, tanto formales como de fondo, realizadas al documento presentado
ante la Subcomisión.
V.2 Propuestas:
1. Declarar que, por las razones expuestas anteriormente, la Subcomisión ha resultado inútil e ineficaz para cumplir el objetivo de someter al Congreso de los Diputados la planificación energética que debe elaborar el Gobierno con la
participación de las Comunidades Autónomas.
2. Instar al Gobierno a que elabore y remita al Congreso de los Diputados, en el plazo más breve que sea posible, la planificación energética a la que se refieren las leyes sectoriales vigentes.
3. Instar al Gobierno a que elabore el documento de planificación energética de conformidad con los principios y criterios expuestos en el apartado IV de este Informe.