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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 886, de 10/12/2003
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 886
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 117
celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Sobre la presencia de la Guardia Civil en la zona del Baix Maresme.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001570.) ... (Página 28140)
-Sobre medidas para retirar el monumento al general Francisco Franco ubicado en la Plaza Mayor de la localidad de Ponteareas (Pontevedra).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001801.)
... (Página 28140)
-Sobre garantías de respeto a los derechos humanos fundamentales, integridad y dignidad de las personas que permanecen detenidas en dependencias policiales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/001978.
... (Página 28140)
-Sobre creación de una comisaría de policía en Tomelloso (Ciudad Real) e incremento de la dotación de medios personales y materiales a las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Ciudad Real. (Número expediente 161/001961.) ...
-Sobre incremento de los efectivos y medios materiales de que disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001541.) ...
-Sobre la elaboración y desarrollo del reglamento de funcionamiento de las juntas locales de seguridad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/001600.) ... (Página 28148)
-Sobre el uso obligatorio de chalecos reflectantes por los conductores de los vehículos cuando deban salir del mismo y permanezcan a su alrededor.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001805.) ...
-Sobre el uso obligatorio de prendas de alta visibilidad por los conductores de los vehículos cuando, en carretera, se vean obligados a detenerse y salir de los mismos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/002045.) ... (Página 28150)
-Por la que se insta al gobierno a que resuelva la situación de la oficina de extranjería de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001842.) ... (Página 28151)
-Sobre seguridad ciudadana en la comarca del Vallés Occidental. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001922.) ... (Página 28154)
-Sobre objetivos de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos de interior. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001929.) ... (Página 28157)
-Sobre un plan de emergencia para el municipio de Morón (Sevilla).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001932.) ... (Página 28162)
-Relativa a la construcción de una nueva sede de la jefatura superior de policía en la ciudad de Granada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001994.) ... (Página 28163)
-Relativa a la falta de efectivos policiales en la ciudad de Granada.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001995.) ... (Página 28163)
-Para la creación de un centro de acogida para inmigrantes en Motril (Granada). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002001.) ... (Página 28168)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL EN LA ZONA DEL BAIX MARESME.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001570.)
-SOBRE MEDIDAS PARA RETIRAR EL MONUMENTO AL GENERAL FRANCISCO FRANCO UBICADO EN LA PLAZA MAYOR DE LA LOCALIDAD DE PONTEAREAS (PONTEVEDRA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001801.)
-SOBRE GARANTÍAS DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS QUE PERMANECEN DETENIDAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001978.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras diputadas, señores diputados.
Comenzamos la sesión prevista en el orden del día para la cual y a efectos de que puedan sustanciarse todos los puntos incluidos en el mismo se pidió ayer en la
reunión de Mesa y portavoces que todos los intervinientes se atuviesen en los términos más estrictos a los tiempos reglamentarios. Asimismo he de comunicarles que los puntos que figuran en los números 2,4, 5 y 13 han sido retirados del orden del
día por los grupos correspondientes. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, con relación al punto 4, como he expuesto anteriormente y ha sido hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular debería ser mantenido en el orden del día, si no en el de hoy en el de la
próxima sesión, porque remitirlo a otra comisión a estas alturas sería muy complicado y produciría una situación de indefensión para el diputado proponente de esta proposición no de ley. Mi grupo no tiene inconveniente en que se trate en la próxima
sesión que esta Comisión tiene previsto celebrar. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, a estas alturas nosotros no vamos a entrar en pequeñas discusiones y por tanto no vamos a tener ningún inconveniente en que en la próxima sesión del día 17 se aborde este punto. Pero que quede
constancia en el 'Diario de Sesiones' de que hace aproximadamente un año, por estas fechas, en el momento de la presentación de la proposición no de ley comentamos en una reunión de Mesa y portavoces que esta era una proposición que, entre comillas,
se había colado en esta Comisión cuando lo era estrictamente del ámbito de infraestructuras puesto que ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia tenían ninguna competencia sobre esta cuestión. Decidimos y pedimos que fuera devuelta a la Mesa
para que en su caso la remitiera a la Comisión de Infraestructuras. Sigue estando aquí; bueno, pues sigue estando aquí, veremos el miércoles 17 en esta Comisión de Justicia e Interior una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista que afecta al Ministerio de Fomento típica y exclusivamente sin que haya el más mínimo roce colateral de competencias con el Ministerio del Interior. Pero esto forma parte de los fantasmas y duendes parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: En efecto, señorías, en la reunión de ayer de Mesa y portavoces se acordó por razón de la materia excluir dicho punto del orden del día entendiendo -así se acordó, repito, en Mesa y portavoces- que era una materia más
propia del Ministerio de Fomento. En todo caso habiéndose acordado así y sin perjuicio de que pueda ser incluido en la sesión a tratar la próxima semana, pues como saben tendremos una el día 17, queda para entonces. (El señor Mayoral Cortés pide
la palabra.)
Sí, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, sólo quisiera hacer alguna observación complementaria a lo que se ha dicho. Mi grupo remitió obviamente su proposición no de ley a la Mesa y fue ésta quien clasificó, no ha sido mi grupo el que ha
metido aquí esta cuestión. Si era tema de Fomento debió remitirse a la comisión por el órgano competente, pero en aquel momento. Esta proposición no de ley se planteó y tiene fecha de 25 de noviembre del año 2002 y ha estado en este listado de
asuntos correspondientes a la Comisión de Justicia e Interior durante un año, es decir tiempo suficiente para que el órgano competente a la hora de clasificar, orientar y determinar en qué punto se trata lo hubiera decidido. Y quiero observar
fundamentalmente que siendo las cosas así se produciría una situación de indefensión, y queremos mantener el principio del derecho del parlamentario a plantear este tipo de iniciativas, porque a estas alturas del calendario parlamentario ya no
podría ser tratada en otro lugar. Por último es un tema de seguridad vial y nosotros creemos que tiene relación con la seguridad vial el tema de las luces en las carreteras, pero no voy a entrar ahora en ese debate porque no es el momento. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, brevemente.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, el señor Mayoral, en su intervención, excepto en la parte final, ha venido a decir exactamente lo mismo que yo señalaba. Naturalmente el Grupo Parlamentario Socialista no ha remitido esa proposición
no de ley a esta Comisión, fue el órgano correspondiente de la Cámara. Hace casi un año en reunión de Mesa y portavoces apreciamos todos -todos de común acuerdo, lo recuerdo perfectamente- que era una proposición no de ley que se había, entre
comillas, colado en esta Comisión por un error no imputable a nadie, desde luego no por la decisión del Grupo Parlamentario Socialista. Y acordamos todos verbalmente que fuera devuelta a la Mesa de la Cámara para su tramitación ante la Comisión de
Infraestructuras. Por tanto esa es la situación objetiva de la que desde luego no es responsable el Grupo Parlamentario Socialista; pero tampoco lo es el Grupo Parlamentario Popular. Digo, por tanto, que como a estas alturas no estamos dispuestos
a que nadie vea emboscadas o encerronas donde no las hay no tenemos ningún inconveniente en que el próximo miércoles se vea. Pero vuelvo a repetir: dejémoslo así, no queramos convencernos de que el Ministerio del Interior tiene competencias sobre
la iluminación de las autopistas
porque es obvio que no, es como si pretendiéramos decir que el Ministerio del Interior tiene competencias sobre determinados aspectos de la política agrícola de este país. Las cosas son como son.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gil Lázaro. Entendiendo por tanto vigente el acuerdo de Mesa y portavoces, sin perjuicio de la inclusión en el orden del día de la sesión a celebrar la próxima semana, queda excluido de la presente sesión dicho punto 4.
Decía que había sido retirado el punto 2, pero empezando lógicamente por el primero... (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
Sí, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, habíamos solicitado la posibilidad de que doña Clementina pudiera intervenir.
El señor PRESIDENTE: ¿A quién se lo habían pedido, señor Mayoral?
El señor MAYORAL CORTÉS: Bueno, quizás no se lo habíamos sustanciado a S.S., como es nuestro deber, pero habíamos pedido la posibilidad de que se viera en primer lugar el punto 12 del orden del día, lo hemos hablado con el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, que no ha manifestado inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy bien, señor Mayoral, pero sabe usted que, sin perjuicio de que pueda hablarse entre los grupos, a quien corresponde decidirlo es a la Presidencia. Entiendo que por parte del Grupo Parlamentario Popular no
habrá ningún inconveniente.
-SOBRE CREACiÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA EN TOMELLOSO (CIUDAD REAL) E INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES A LAS COMISARÍAS Y CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL EN CIUDAD REAL. presentado por el grupo parlamentario
sociAlista. (Número expediente 161/001961.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto número 12. Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la diputada señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Mi grupo parlamentario defiende hoy esta proposición no de ley, cuyo objetivo es la creación de una comisaría en Tomelloso (Ciudad Real) así como la creación y dotación de medios personales y materiales a
las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real. La delincuencia en la provincia de Ciudad Real ha registrado un fuerte incremento en los últimos años. Según datos de la Fiscalía, el número de delitos en 1996 fue de
26.986 y en el año 2002 fueron 33.445, lo que implica un fuerte incremento del 19,31 por ciento. La situación no mejora y, según respuesta parlamentaria del Gobierno, las infracciones penales ocurridas en la provincia de Ciudad Real en los seis
primeros meses del año 2003 han sido 6.483, es decir un 6,33 por ciento más que en el mismo período del año anterior. La provincia de Ciudad Real resulta también especialmente vulnerable en cuanto a la sustracción de vehículos; está ahora mismo a
la cabeza de las provincias de Castilla-La Mancha y de cada 100 vehículos que se sustraen en esta comunidad, 30 lo son en Ciudad Real.
Resulta lógico preguntar por qué se está produciendo este fuerte incremento de la criminalidad y qué está haciendo el Gobierno para corregirla. Nos encontramos que el incremento de la delincuencia es casi proporcional al descenso del número
de efectivos policiales y de la Guardia Civil. En lugar de incrementar las dotaciones policiales y de la Guardia Civil, el Gobierno ha ido paulatinamente reduciéndolas, con lo cual nos encontramos con delincuencia e inseguridad ciudadana al mismo
tiempo que reducción de efectivos policiales y de la Guardia Civil constituyen la cara y cruz de una misma moneda que siempre termina pagando el ciudadano. Según datos del Gobierno, publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del
Senado con fecha 8 de abril de 2003, el número de efectivos de la Policía Nacional pasó de 280 efectivos en el año 1996 a 219 en el año 2003 en Ciudad Real capital; hay, por tanto, 61 agentes menos, lo que implica un recorte del 22 por ciento en la
plantilla. En la provincia, los efectivos pasaron de 434 en el año 1996 a 382 en el año 2003, por tanto, 52 agentes menos, lo que significa un 12 por ciento de recorte en las plantillas. Según el catálogo de puestos de trabajo de la Policía, el
número de efectivos policiales está en la provincia muy por debajo de los policías necesarios para desarrollar su tarea. Además, la situación se agrava particularmente puesto que el año que viene estarán afectados 32 policías por la edad de
jubilación, con lo cual las plantillas se verán también recortadas. Por lo que respecta a la Guardia Civil, según datos también proporcionados por el Gobierno en abril de 2003, se ha producido un fuerte recorte en las plantillas. En el año 1996,
el número de efectivos de la Guardia Civil era en toda la provincia de 1.057 y en abril de 2003 era de 998, es decir, 59 guardias civiles menos.
Quizá, señorías, hasta aquí las cifras sean frías, aunque son suficientemente elocuentes, pero detrás de todo esto hay situaciones verdaderamente insostenibles. Por ejemplo, en Saceruela hay un solo agente para una gran demarcación, y aquí
la cuestión es clara, ¿qué ocurre cuando esta persona descansa o cuando enferma? Que el servicio queda sin nadie que lo atienda. En Mestanza, otra gran demarcación, solamente hay dos agentes; en Herrera de la Mancha, de una plantilla de 97
agentes, actualmente sólo hay 79; Puerto Lápice está sólo al
60 por ciento de su plantilla, y en Manzanares el equipo de atestados tiene su plantilla reducida actualmente al 50 por ciento. Podría seguir con los ejemplos, que son numerosos, pero estos son sólo algunos botones de muestra. Y quisiera
agradecer la dedicación y los esfuerzos de nuestra Policía y Guardia Civil, que creo que están realizando su tarea de forma encomiable, extraordinaria, y muchas veces al límite de sus fuerzas, porque, señorías, esta falta de efectivos policiales y
de la Guardia Civil se traduce, en el caso concreto de la Guardia Civil, en situaciones verdaderamente kafkianas y sangrantes; por ejemplo, la falta de efectivos está ocasionando que muchos guardias civiles tengan que hacer jornadas extras y horas
extraordinarias que se han estado pagando hasta hace muy poco tiempo a 0,60 euros, es decir a 20 duros la hora; ahora ha subido un poco más y está en 4,81 euros, es decir 800 pesetas la hora, un dinero que nos parece claramente insuficiente para
realizar esta tarea. Además, este colectivo tiene también problemas familiares puesto que realiza muchas más horas de su horario normal.
La escasez de efectivos policiales está ocasionando una considerable inseguridad ciudadana que se traduce en
un incremento de la delincuencia.
Creemos que muchos policías y muchos guardias civiles están trabajando al límite de sus fuerzas, en unas condiciones verdaderamente inhumanas en muchos casos. Por todo ello, presentamos esta proposición no de ley,
cuyo objetivo es dotar de personal suficiente a las plantillas de las comisarías de Policía y de la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real, reponiendo al menos el número de bajas causadas en los últimos seis años e incrementando las mismas
donde la situación de inseguridad así lo aconseje. Igualmente, pedimos dotar de los medios materiales necesarios a las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Ciudad Real, reforzar la coordinación entre la Policía Nacional, la
Guardia Civil y las policías locales, potenciando las unidades especializadas y acentuando la acción preventiva frente a las conductas delictivas a través de un incremento de los servicios policiales y coches patrulla durante las noches y fines de
semana.
La proposición no de ley se completa también con el objetivo de crear una comisaría en Tomelloso. Tomelloso es una población importante de Ciudad Real -supera los 30.000 habitantes- y debe contar cuanto antes con su propia comisaría, como
ocurre en otras poblaciones de la provincia como Alcázar, Puertollano o Valdepeñas. En este sentido, fue aprobada una resolución en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 25 de junio de 2002 y el 7 de junio de 2002 fue presentada en esta Cámara
una proposición no de ley sobre medidas para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana en la que se proponía en su punto 5 la creación de comisarías en núcleos de población superiores a los 30.000 habitantes.
Este es el objetivo de esta
proposición no de ley, cuyo objetivo final, como he dicho, es mejorar las condiciones del cuerpo de Policía y de la Guardia Civil, dotar de una comisaría de Policía a Tomelloso y en definitiva mejorar la seguridad ciudadana, que falta nos hace en la
provincia de Ciudad Real.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Esteve.
El señor ESTEVE FERRER: En esta proposición no de ley resultan curiosas algunas de las afirmaciones hechas por la portavoz del Grupo Socialista.
Después destacaré los momentos más brillantes de su intervención, pero voy a empezar por la
propuesta de dotar con personal suficiente a las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real, significando que la intención del Ministerio del Interior, como así lo ha demostrado en reiteradas
ocasiones, es incrementar esas plantillas no sólo en la provincia de Ciudad Real sino en el resto del territorio nacional.
Entre las medidas operativas del Plan de medidas contra la delincuencia aprobado por el Gobierno el 12 de septiembre de 2002, se recoge el incremento del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una elevación
notable de la oferta de empleo público para el período 2002-2004 de 20.000 plazas que ha llevado a que durante este año, respecto al Cuerpo Nacional de Policía, se haya convertido en funcionarios de carrera a 1.934 policías procedentes de la oferta
de empleo público del año 2000 y se hayan incorporado 3.000 policías procedentes de la oferta de empleo público del año 2001 como funcionarios en prácticas. En cuanto a la Guardia Civil, han sido 2.280 guardias procedentes de la oferta de empleo
público del año 2002 los que han obtenido un destino en prácticas, junto a otros 2.280 efectivos que han obtenido la condición de guardias profesionales. Es verdad que hasta que se ha aprobado este Plan de medidas contra la delincuencia ha habido
escasez de efectivos en algunos casos. La diputada socialista mencionaba las edades de jubilación de algunos miembros de estos cuerpos en la provincia de Ciudad Real y ese no es un devenir que sea impredecible; la edad de jubilación se podía haber
previsto con antelación a que entrara en el Gobierno el Partido Popular y tal vez ahora no tendríamos los problemas que tenemos en algunos destinos o en algunos puestos concretos como los que ha citado. Me hace gracia, por ejemplo, que haga mención
a que es poco lo que se paga por las horas extras. Le recordaría a la portavoz del Grupo Socialista que antes del año 1996 las horas extras se pagaban a cero pesetas, con lo cual, si multiplica por cien las cifras que acaba de dar, sabrá cuál ha
sido el incremento que ha habido en ese sentido. Este incremento de plantillas efectivamente, porque le he dado datos nacionales, se está haciendo en su distribución atendiendo a las prioridades que se establezcan en los distintos territorios, en
las distintas demarcaciones,
teniendo en cuenta criterios objetivos de población e índices delincuenciales. Me consta que el alcalde de Tomelloso, al que luego me referiré en relación con la petición de crear una comisaría de policía, ya ha hecho gestiones para
trasladar, tanto al ministerio como a la Delegación del Gobierno, los datos concretos de esa población.
También hacía referencia la proposición no de ley a aumentar los medios materiales. Tenemos que decir que en ese sentido se está haciendo un
gran esfuerzo en dotar a las comisarías y cuarteles de los medios suficientes y adecuados para el desarrollo de su labor y creemos que se está consiguiendo, porque la portavoz socialista no ha dicho, por ejemplo, que en el año 2002 se multiplicó por
tres el presupuesto que había para mejoras en los cuarteles de la Guardia Civil de Ciudad Real, cantidad que no ha descendido en este año y cuando se liquide el presupuesto sabremos la cifra total a la que ha ascendido. Tampoco ha dicho la portavoz
socialista que respecto a los efectivos de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha había 1.261 efectivos en el catálogo de 2002, que era el vigente en 2003, pero la realidad era que se superaba ese catálogo en 1.304, y hablo del conjunto de
Castilla-La Mancha.
En cuanto a reforzar la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado con la policía local, evidentemente estamos de acuerdo, cómo no lo vamos a estar si no hace más que proponer lo que viene incluido en el nuevo Plan de lucha
contra la delincuencia en el que esto representa una de sus prioridades, es decir, corresponsabilizar a las policías locales en la lucha contra la delincuencia a través de convenios con los municipios que estén interesados en ellos. Yo animaría a
que los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real intenten firmar convenios de este tipo -no se preocupe, que el Partido Popular hará lo propio con sus respectivos grupos municipales donde estén gobernando- y
le diría que el 19 de septiembre de 2002 ya se firmó un convenio marco de colaboración en este sentido entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. Respecto a la acción preventiva, también figura como
prioritaria en el Plan de lucha contra la delincuencia y en este sentido tenemos que significar que anteriormente ya se realizaban algunas actuaciones preventivas basadas en la determinación de zonas y horarios en que más acciones delictivas se
producían, al objeto de intensificar la actuación policial en las zonas y franjas horarias que más lo necesitaban, pero no cabe duda de que tendremos que ahondar en esas cuestiones.
Ha dado muchos datos y yo no voy a entrar en cifras, porque muchas de ellas no coinciden, a pesar de la fuente que cita, con las que este diputado tiene, ofrecidas también por distintos ministerios, el de la Presidencia y el del Interior,
pero quisiera decir que las cifras que utiliza, a raíz de las memorias anuales de la Fiscalía general del Estado, evidentemente no marcan exactamente cuál es la evolución de la delincuencia sino la evolución de la litigiosidad criminal en cada
territorio, que es distinto. Luego tendremos que ir a ver realmente cuánto hay de cierto o cuántos son los delitos y faltas que se cometen, porque cada uno utiliza las cifras como mejor le van. No es malo que haya una evolución importante en la
litigiosidad criminal, pero bien es cierto que los datos no son siempre reales. Digo que no es malo porque siempre nos hemos quejado de que hay algunos delitos que no se denuncian y creemos que es bueno que se denuncien, pero también es cierto que
muchas veces hay denuncias sobre temas que son materia puramente civil y que luego son archivados en cuanto llegan al juzgado. Un pequeño inciso. En cuanto a los robos de vehículos, es verdad que es la provincia donde más vehículos se roban en
comparación con otras provincias, pero también es verdad que es la provincia donde más vehículos hay y también es verdad que es la provincia donde más vehículos se recuperan, lo que da muestras de la efectividad de los cuerpos de Seguridad del
Estado para recuperar dichos vehículos.
Termino, refiriéndome a la propuesta de la creación de una comisaría en Tomelloso. Esta es otra de las curiosidades que se le plantea a este diputado como portavoz del Grupo Popular en cuanto a las afirmaciones de la portavoz socialista
porque, claro, es que en Tomelloso habría una comisaría de Policía Nacional si no la hubiese quitado el Partido Socialista, que la quitó cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Tomelloso, en la Diputación Provincial y en la Comunidad Autónoma. Si
no la hubiesen quitado, ocurriría como en Alcázar y Valdepeñas, poblaciones de menos habitantes que el propio Tomelloso, donde sigue habiendo comisaría de Policía Nacional. ¿Qué ocurre donde no la hay -y aquí no la hay porque el PSOE la quitó-?
Pues que tenemos una Orden ministerial de 10 de septiembre de 2001 donde se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de Policía y que es donde se determinan, las poblaciones que
cuentan con comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y las que deben contar con ella, en función de unos estudios objetivos basados en la población, conflictividad delincuencial social, presencia de la Guardia Civil, disponibilidad de efectivos y de
medios, etcétera. La creación de una nueva comisaría de policía con las necesidades que hay para adecuación de las ya existentes es complicado, lo que no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos con el propio Ayuntamiento de Tomelloso a la
hora de poder hacerlo. Al Grupo Popular le consta que el Ayuntamiento de Tomelloso, en la figura de su alcalde, está haciendo un gran esfuerzo para conseguir la recuperación de lo que el Partido Socialista le quitó cuando gobernó; el Grupo Popular
en el Congreso estará con el alcalde de Tomelloso, trabajará para conseguirlo, pero mientras tanto tenemos que rechazar dicha proposición
no de ley, primero porque muchas de las propuestas no hacen más que trasladar lo que dice el Plan de lucha contra la delincuencia y son meras intenciones que ya están recogidas en el propio plan y, por otro lado, porque algunas cosas ya se
están haciendo. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con su permiso, señor presidente, es para una cuestión de orden que no quería plantear sin que estuviera presente el señor Mayoral para que también pudiera tener audiencia. En todo caso, no hay nada mejor en esta vida
que corregirse uno a sí mismo y quiero corregirme a mí mismo.
El señor PRESIDENTE: Corríjase, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señor presidente.
Con ocasión del debate previo que hemos tenido sobre la inclusión o no de una determinada proposición no de ley, hemos señalado, tanto el señor Mayoral como yo, que el Grupo Parlamentario Socialista no había pedido que esa proposición no de
ley se tramitara ante esta Comisión y que, por tanto, tenía que haber habido un error del órgano correspondiente de la Cámara. No voy a asumir la corrección que pueda hacer el señor Mayoral, voy a asumir la que tengo que hacer yo. Como en esta
vida a veces la memoria falla, hay que recurrir a archivo. Yo, en este acto, he recurrido a mi archivo y efectivamente he visto que el Grupo Parlamentario Socialista solicitó que la proposición no de ley en cuestión se tramitara ante la Comisión de
Justicia e Interior; conforme a mis notas, vimos en su momento, hace casi un año, que con toda seguridad el motivo de fondo de esa proposición no de ley no correspondía a la Comisión de Justicia e Interior sino a la de Fomento y, según mis notas,
el propio Grupo Parlamentario Socialista así también lo apercibió. Conforme a mis notas, se quedó en que se tramitaría por escrito, a efectos de los servicios de la Cámara, la solicitud de traslado de esa proposición no de ley a la Comisión de
Infraestructuras, aunque originariamente el grupo proponente había solicitado que fuera a la Comisión de Justicia e Interior, y probablemente porque ese escrito, por las razones que fuere, no se tramitó es por lo que ha seguido figurando. Quería
hacerme esta autocorrección a los efectos simplemente de precisar que ni el órgano correspondiente de la Cámara ni sus servicios han cometido un error.
El señor PRESIDENTE: En definitiva, no había fantasmas en esta Cámara.
El señor GIL LÁZARO: No había fantasmas.
-SOBRE INCREMENTO DE LOS EFECTIVOS Y MEDIOS MATERIALES DE QUE DISPONEN LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001541.)
El señor PRESIDENTE: El punto número 1 del orden del día es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para la presentación de la misma, tiene el uso de la palabra el señor Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: La situación de la inseguridad en la provincia de Cádiz, que es sobre lo que versa esta proposición no de ley, es algo que ya se ha visto varias veces en esta legislatura y a mí, además de señalar el espíritu, me
gustaría hacer referencia a una cuestión, una cuestión siempre subyacente en los debates acerca de la falta de medios y el incremento de la inseguridad ciudadana. Esa cuestión consiste ni más ni menos que en la fortísima reducción que ha habido de
los efectivos, sobre todo de Policía Nacional, en los últimos seis o siete años. Los datos que obran en mi poder por una pregunta que formulé al Gobierno el año pasado hablan de una disminución de unos 300 efectivos -concretamente pasan de 1.617 a
1.340- desde 1996 hasta 2002, el año pasado. Cada vez que entramos en dialéctica Gobierno y oposición respecto al incremento de los medios se nos vende como un fortísimo esfuerzo del Gobierno el incremento de plazas en estos últimos años, sin ese,
pero de lo que se trata no es tanto de que estemos aumentando los medios existentes, sino que ni siquiera recuperamos las fichas primitivas de efectivos. Yo llamaría incremento de medios a que había que tener más, pero si ha habido un descenso
importante de medios y luego hay un incremento que no cubre ese descenso, no estamos hablando de incremento, sino de reducción, de esa disminución fortísima que hubo.
Una segunda cuestión que me gustaría señalar es que aquí hablamos solamente del número de efectivos y convendría hablar de la edad de los mismos, porque se está produciendo otro fenómeno y es que, sobre todo en Andalucía, concretamente en
Cádiz, las plazas por jubilación se cubren, supongo que por una serie de normas sobre los efectivos, por aquellos que las solicitan y que tienen más edad. Es decir, volvemos a tener unas plantillas muy envejecidas con respecto a las plantillas
medias. A nosotros nos parece que deberíamos mantener un cupo de edades de efectivos no por discriminación alguna, sino porque la lucha contra determinada delincuencia requiere de unas condiciones físicas de los efectivos que no se dan en la última
etapa de su vida laboral, que se corresponde con otras funciones. Por tanto, habría que hablar de números y de la edad de esos números y también de medios, porque el celo de los efectivos es indudable pero si no tienen medios adecuados tanto por lo
que se refiere a las comisarías
como por lo que hace referencia a las instalaciones fijas y a otro tipo de recursos, disminuye la eficacia. Y asimismo habría que hablar de coordinación. El problema de las juntas locales de seguridad y de coordinación de todos los
efectivos está encima de la mesa, todavía no se ha resuelto, de hecho vamos a tratar de ello con motivo del siguiente punto. Se trata de que en una provincia como la de Cádiz, cuyas circunstancias socioeconómicas de paro, de desempleo, de
inmigración y de ausencia de políticas sociales eficaces han hecho que tenga unos índices elevados de delincuencia, provocada por la droga y por otras situaciones, se haga un esfuerzo especial.
Así pues, con esta proposición tratamos de pedir al
Gobierno estas tres cosas: que se recuperen más números de efectivos, que se les doten de medios -aquí hemos mantenido debates en relación con poblaciones de la propia provincia que carecen de comisarías, como Puerto Real y Chiclana- y que se
incremente la coordinación con las otras fuerzas para reducir el aumento de la inseguridad ciudadana, que no es una imagen, sino que esa sensación de falta de seguridad está en la calle, es real, tanto por el incremento de la inseguridad como por la
disminución de los medios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Nos parece muy oportuna, aunque no es nueva, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, señor Núñez, esta iniciativa, ya que es similar a otra proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista hace
cerca de un año, la cual fue rechazada por los diputados del Grupo Popular. Es oportuna y lo seguirá siendo desgraciadamente si no se pone remedio a esta situación, ya que la provincia de Cádiz, por su extensión y sobre todo por su situación
geográfica -recordemos que es frontera sur de Europa-, tiene que afrontar de manera permanente fenómenos crecientes, como el de la inmigración irregular, el del narcotráfico o el del blanqueo de capitales por la cercanía con la Costa del Sol. Esta
circunstancia, para bien o para mal, no la tienen otras provincias, como Soria o León, que tienen otros problemas, pero por suerte para ellas no padecen el permanente problema de la delincuencia que sufre Cádiz por su situación geográfica. La
inseguridad ciudadana en la provincia de Cádiz ha reflejado, con datos aportados por el Gobierno de la nación, que en los tres últimos años la delincuencia ha aumentado progresivamente. En el año 2002 el conjunto de delitos y faltas en grado
consumado y de tentativa aumentó un 4,63 por ciento con respecto a 2001 y en ese año, en el 2001, lo hizo en un 2,52 por ciento en relación con el 2000. Estos aumentos obtenidos, reconocidos en respuestas parlamentarias por el propio Gobierno del
Partido Popular, han elevado la tasa de delitos y faltas por cada 1.000 habitantes hasta un 42,99 por ciento, superando en cinco puntos ni más ni menos que la tasa del año 1996. Por tanto, señorías del Grupo Popular, aquí han ganado claramente al
Gobierno socialista, ya que han incrementado de una manera espectacular los índices de delincuencia en los últimos años en la provincia de Cádiz. Esos son datos puestos sobre la mesa por el propio Gobierno de la nación. El aumento de la
delincuencia en la provincia de Cádiz guarda casualmente un paralelismo con la falta de efectivos policiales que se ha observado en los últimos años. El número de miembros pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en
la provincia de Cádiz era de 3.477, disminuyendo el mismo a 3.400 en 2001, por tanto en un 2,15 por ciento respecto a este período.
Señorías, esos datos estadísticos reflejan la pura realidad. ¿Y cuál es la realidad? Voy a intentar concretarla en siete conclusiones. La primera de ellas -siempre que podemos lo hacemos en cualquier ámbito de actuación- es reconocer en
esta Cámara la labor tremendamente positiva, plausible, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en toda España, pero especialmente en sitios como en la provincia de Cádiz, puesto que presta un gran servicio público, a pesar de los limitados
recursos de los que dispone. Por tanto, nuestro reconocimiento público una vez más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero, señorías, pareciera que el Gobierno del Partido Popular ha equivocado el mensaje y hemos pasado de barrer las
calles de delincuentes, que dijera en su momento el señor Aznar, a barrer las calles de efectivos de los cuerpos de seguridad.
En segundo lugar, son necesarios al menos 433 efectivos más de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz. Tengan en cuenta, como bien refleja el señor Núñez en la proposición no de ley, que se han perdido de manera real 300 efectivos de
la Policía Nacional, que la población se ha incrementado en más de 100.000 habitantes en estos últimos años y que han aparecido nuevos tipos de delincuencia organizada y por tanto, como mínimo, se supone que había que haber aumentado el número en
100 efectivos en estos últimos ocho años con respecto a lo que había. Pues no, se han perdido 300. Por tanto, según datos sindicales aportados al Grupo Parlamentario Socialista, la realidad reflejaría que hoy, de manera urgente, la provincia de
Cádiz necesita al menos 433 efectivos más para dar mediana solución a los problemas que se le plantean.
En tercer lugar, el Gobierno intenta cubrir las carencias con alumnos en prácticas, sin tener en cuenta su falta de experiencia, desconociendo además el medio en que se mueven. Tengan en cuenta, reitero, que la provincia de Cádiz -quien la
conozca sabrá que es así- es difícil.
Tenemos una colonia, la de Gibraltar, donde se producen fenómenos delictivos relacionados con el tráfico de tabaco de contrabando, etcétera. Hay una comisaría en la ciudad de La Línea, un puesto fronterizo;
una colonia que se une a una base hispanoamericana en Rota, el estrecho de Gibraltar, donde por el
ámbito marítimo se producen permanentes situaciones de narcotráfico y de inmigración irregular. Unido todo ello a la delincuencia habitual de toda zona, no cabe duda que el policía o guardia civil allí destinado tiene que tener un mínimo de
experiencia y los alumnos en práctica, cada vez más, temen ir allí e inmediatamente son trasladados a otro sitio por la problemática que tiene la provincia.
En cuarto lugar, en lo relativo a los medios materiales, el panorama es aún peor. El
Gobierno del Partido Popular ha recortado al máximo los presupuestos para el mantenimiento de las casas-cuartel y para el funcionamiento del servicio, reparaciones de vehículos, embarcaciones. Es escandalosa la falta de embarcaciones de los
servicios marítimos para atender esos fenómenos a que antes he hecho referencia. Y, por faltar, señorías, y no lo digo en tono de burla, es una realidad, falta hasta combustible para los medios patrulleros de la Guardia Civil en muchas zonas de la
provincia de Cádiz, especialmente en la sierra. Esto ha obligado a muchos de los alcaldes a tener que aportar, desde las arcas municipales, medios para suplir esa falta de combustible.
En quinto lugar, en los últimos meses la única embarcación que cubre el litoral desde Tarifa hasta Sanlúcar no está operativa por avería. Lo quiero decir aquí, señorías, porque es un punto de entrada de inmigración irregular permanente.
Hemos vivido, desgraciadamente, el 25 de noviembre, un naufragio con la muerte de 37 inmigrantes en Rota. No quisiéramos que se volviera a producir una situación igual y que de nuevo la falta de efectivos hiciera que nuevas personas perdieran la
vida. Lo dejo sobre la mesa porque ya lo hemos hecho público y lo hemos trasladado como iniciativa al Congreso. Hay que cubrir esa zona con embarcaciones para atender a la inmigración irregular e intentar salvar la vida de las personas, al menos
cuando intentan cruzar el Estrecho, aunque sea ilegalmente.
En sexto lugar, señorías, el SIVE, efectivamente, no ha servido como blindaje del Estrecho, que tan pomposamente nos vendió aquí en febrero de 1999 el director general de la Guardia Civil, pero al menos sirve para detectar embarcaciones y
para salvar vidas, pero no hay suficientes operativos ni medios para hacer frente a emergencias, como ha quedado demostrado recientemente el 25 de octubre en aguas de la bahía de Cádiz.
Por último, las instalaciones, los edificios especialmente, y los medios materiales, las motocicletas, los vehículos, son insuficientes. Voy a poner dos ejemplos: la comisaría de Jerez ha quedado incomunicada desde Semana Santa. Se ha
habilitado una antigua bodega de Jerez, en la que están hacinados 90 policías, que comparten su trabajo con vehículos, motocicletas, convirtiendo aquello en un espectáculo tercermundista. Pero en otra ciudad, con más de 125.000 habitantes, como es
Algeciras, su comisaría, que es la que más atestados de fenómenos migratorios tiene que trasladar de toda España, unido a los 6.000 ó 7.000 procedimientos de juicios y faltas que tramita, tiene 50 años y es calificada por los agentes que allí
prestan sus servicios de tercermundista y el Gobierno, desde el año 1999, lleva anunciando una nueva comisaría. ¿Para cuándo? Podríamos estar aquí mucho tiempo más detallando deficiencias, pero sé que el tiempo es limitado. Por eso vamos a apoyar
la iniciativa que se propone, pero con una enmienda in voce al punto 1 que diga que se cubran -tal como dice la proposición no de ley- todas las vacantes existentes en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la provincia
de Cádiz en al menos 433 efectivos. Es decir, introducimos la matización de 'en al menos 433 efectivos'. Ya se lo he comunicado al portavoz del Grupo Mixto, señor Núñez, que está de acuerdo. Lo digo para que quede constancia a la hora de la
votación.
El señor PRESIDENTE: Antes de conceder el uso de la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, he de decirle que para la admisión de una enmienda in voce tendría que haber habido una enmienda sobre la que pueda sustanciarse. En
este caso, respecto de esta iniciativa parlamentaria, no ha habido enmienda, por lo que no es posible someter a votación dicha propuesta. Queda simplemente a efectos dialécticos lo que usted ha defendido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en esta proposición no de ley. Lo haré con brevedad, pero no por falta de cortesía parlamentaria hacia su proponente, sino porque esta
misma iniciativa ya se ha debatido en esta Comisión y es sobradamente conocida la posición de mi grupo.
Tres son las propuestas que se realizan por parte del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, que se cubran las vacantes en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En segundo lugar, que se mejoren los medios
materiales y técnicos e instalaciones y, en tercer lugar, que se mejoren los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los municipios. A la primera de ellas tengo que decirle que el Grupo Parlamentario Popular
no tiene inconveniente en reconocer que existe un déficit en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con respecto al catálogo de puestos de trabajo del año 1995, que hay comisarías que están mejor dotadas que otras, como la
de Jerez, que está dotada al 95 por ciento, la de Algeciras al 96 y otras que efectivamente están peor. En el conjunto de la provincia, aproximadamente el índice de ocupación es del 90 por ciento. En el año 1991 había un total de 3.223 efectivos y
en el año 2003 de 3.319; es decir, que se está haciendo un esfuerzo por parte del Gobierno para cubrir este catálogo de puestos de trabajo referido al
año 1995. Pero una vez reconocido que efectivamente existe este déficit, tengo que decir que estamos sufriendo la consecuencia de políticas que no son del Partido Popular, políticas en las que no se convocaban plazas y no se preveía que en
estos años se iban a seguir produciendo bajas. (La señora López González: ¡Ocho años después!), que es lo que está ocurriendo, años en que gobernaba precisamente el Partido Socialista.
sabe S.S. perfectamente que el Gobierno del Partido Popular
ha puesto remedio a esta situación con la convocatoria de 20.000 nuevas plazas, que van a cubrirse en los años 2002 a 2004. Una vez formados, se irán distribuyendo por las distintas comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, según índices de
delincuencia, dotación de plantillas, etcétera.
Por tanto, el Partido Socialista, que tanto le gusta criticar, tiene que reconocer que en esos años su política fue precisamente la contraria de la que ahora está exigiendo: no convocaban plazas, no
preveían que se iban a producir bajas en estos años, bajas por fallecimiento, por jubilación, por pase a segunda actividad, y hoy estamos sufriendo aquellas consecuencias.
En el segundo de los puntos se pide que se mejoren los medios materiales e
instalaciones. Efectivamente, el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo, y aunque todo es susceptible de mejorar, puedo decirle que los medios con los que actualmente cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los aceptables y
adecuados para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas. Es curioso -lo digo porque se ha referido precisamente a Jerez, ciudad en la que resido- que el Partido Socialista diga que se ha habilitado una antigua bodega, cuando la misma
lleva en funcionamiento como centro de recogida de material de la Policía Nacional más de 15 años y el cuartel que actualmente ocupa la Policía Nacional es un palacio con unas instalaciones inmejorables. Por tanto, me extraña la crítica del Partido
Socialista.
En tercer lugar propone el Partido Andalucista que se mejoren los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los municipios. El señor Núñez sabe perfectamente que se ha firmado un convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias precisamente para lograr esta mayor coordinación a través de las juntas locales de seguridad y hay muchos ayuntamientos que ya están suscribiendo este
convenio, que está dando su resultado. Lo que ocurre es que hay ayuntamientos precisamente gobernados por el Partido Socialista, que porque hay que firmar el convenio con el Ministerio del Interior, gobernado por el Partido Popular, no acceden a la
firma de ese convenio. Hay que decirlo así.
Últimamente en Jerez se ha firmado este convenio y está dando sus resultados.
Por último, tengo que recordar a SS.SS. que en el mes de septiembre el Gobierno ha presentado un plan de lucha contra la delincuencia que ya está dando sus frutos y que cuenta con medidas legislativas, operativas y de personal y que
indudablemente va a incrementar la eficacia policial.
Por todo ello, porque se están adoptando las medidas y porque el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para abatir la delincuencia, mi grupo parlamentario va a oponerse a la proposición no de
ley.
-SOBRE LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001600.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del día, que igualmente es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de la misma y su presentación, tiene la palabra el señor Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Estaba reflexionando sobre las últimas palabras del portavoz que me ha precedido y veo con qué naturalidad se afirma, y aquí nadie mueve un músculo, que un gobierno local no firma convenios con la Administración
central porque son de distinto color político. hablando de temas como el que estamos hablando, de seguridad ciudadana, me cuesta trabajo creer que el color político de una administración lleve a no firmar ningún convenio y a no colaborar. Tengo
que reconocer que hay una diversidad muy grande en la posibilidad de colaboración entre unos ayuntamientos y otros -no siempre coincidente con el color político-, pero me parece que es una de las consecuencias trágicas de esta política ciega de
confrontación en la que va el color por delante de la finalidad.
El tercer punto de la anterior proposición se mencionaban las juntas locales de seguridad y se decía que son de un mecanismo de colaboración que ha funcionado durante algunos años de forma voluntarista. Como no tenían reglamento -existen,
pero no tienen reglamento y funcionan de forma voluntarista-, hay algunos municipios del Estado que han constituido una junta local de seguridad eficaz, que se reúne asiduamente, que elabora políticas y que funcionan. Hay otros que han constituido
unas juntas locales de seguridad que se reúnen muy de tarde en tarde, bien porque sean de distinto color político y entonces sostienen que la situación es trágica, bien porque sean del mismo color político y entonces se reúnen para decir que no pasa
nada, es decir, que nunca se reúnen para trabajar para decir cuáles son las políticas a medio y largo plazo y cuáles son los mecanismos de colaboración. Por último, está el esquema en sí competencial, que habrá que desarrollar según la última Ley
de grandes ciudades que hemos visto en este Parlamento en lo relativo a las competencias que tienen sobre todo los alcaldes de las grandes ciudades en materia de sanción, en materia de
represión del pequeño delito y en materia de coordinación de la lucha contra la inseguridad ciudadana. A este diputado le parece que no se puede dejar al albur y al voluntarismo de las personas que gobiernan en las distintas
administraciones este mecanismo imprescindible de colaboración y que si hay una materia en la que no puede haber la menor duda de la necesidad de colaboración absoluta entre las tres administraciones, es la seguridad, que afecta a los derechos
primarios de la persona.
La proposición no de ley se refiere, dada la situación de la inseguridad en España y la situación de escasa reglamentación todavía de estos mecanismos de colaboración, a la necesidad de redactar el reglamento de
funcionamiento de las juntas locales de seguridad en el que se reconozcan ya las competencias que tienen determinadas ciudades, y determinadas autoridades locales sobre inseguridad y cuáles son los mecanismos en fondo y forma que incrementen la
eficacia. Creo que todos estamos en el mismo espíritu, es decir, que hay competencias de los tres niveles, y también estamos todos en el espíritu de que o hay coordinación fortísima de esos tres niveles o se nos escapa la posibilidad de ser mucho
más eficaces con los recursos que tenemos. No creo que haya que insistir respecto a las competencias de los alcaldes porque ya se recogen en la legislación que hemos aprobado recientemente, sino en cómo se arbitra reglamentariamente el
funcionamiento de estas juntas locales de seguridad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios presentes que deseen hacer uso de la palabra respecto a esta proposición no de ley? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Como bien saben SS.SS., la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contempla en el artículo 54 la constitución de las juntas locales de seguridad en aquellos municipios que
tengan cuerpo de policía propio como instrumento para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que existen y actúan dentro de su ámbito territorial. Dice el
mencionado precepto que la composición y constitución de dichas juntas locales de seguridad se determinará reglamentariamente. Por tanto, debe entenderse que el desarrollo reglamentario corresponde al Gobierno de la nación. Por otro lado, el
precepto antes citado señala que la presidencia de las mencionadas juntas locales corresponderá al alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el subdelegado del Gobierno de la provincia, en cuyo caso la presidencia sería compartida con él. A
modo de recordatorio, también sabrán SS.SS. que la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior han firmado un convenio marco de colaboración con el objeto de potenciar las relaciones hasta ahora existentes entre las
instituciones firmantes y permitir así una mayor colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de policía local. El mencionado convenio prevé dentro del marco legal en vigor aspectos tan importantes
como los siguientes: intercambio de información policial entre los cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de policía local, utilización conjunta de bancos de datos policiales; uso de fórmulas de servicios integrados, especialmente los que
puedan suponer duplicidad en su prestación a efectos de evitar esa duplicidad; cuando sea preciso y cuando se estime conveniente poder compartir instalaciones y medios; colaboración en la potenciación y especialización en la formación de los
funcionarios policiales y constitución de mesas o grupos de trabajo dentro de las juntas locales de seguridad que coadyuven a la detección y asesoramiento respecto a las necesidades sociales relacionadas con la seguridad ciudadana. Las juntas
locales de seguridad, conforme al marco legal vigente, se encargarán de elaborar planes de seguridad para su aplicación en el término municipal respectivo y, cuando sea necesario, se elaborarán planes y operaciones puntuales ante eventos
extraordinarios. Y este mismo convenio prevé en una de sus disposiciones que este departamento, el Ministerio del Interior, impulsará la reglamentación de la constitución y composición de las juntas locales de seguridad.
Llegando al punto básico de la cuestión, es cierto que el instrumento legal al que hace referencia el señor Núñez es necesario. Es cierto que, conforme al marco legal vigente y a la reiterada jurisprudencia, que podría citar pero no lo voy
a hacer a efectos de síntesis de esta intervención, esa es una competencia que corresponde exclusivamente al Gobierno de la nación. Pero es cierto también que, por la complejidad del asunto y especialmente por la diversidad de los distintos
municipios en orden a sus exigencias de seguridad y también por la diversidad y distinta naturaleza en cuanto a formación, composición, número, dotación de los diferentes cuerpos de policía local, parecía conveniente para poder abordar ese texto
normativo con el mayor carácter de eficacia y de representatividad que el Gobierno abriera un período de trabajo en común con los representantes de los municipios para poder llevar a cabo una aproximación a lo que debe ser ese texto legal, dentro de
la diversidad y la complejidad de un texto legal que, repito, no puede homologar situaciones diferentes que son en sí mismas imposibles de homologar y que, por tanto, tienen que tener un carácter general que con las distintas características de cada
territorio, de cada municipio y de cada cuerpo de policía local, sin embargo, en términos generales puedan ser útiles para todos. Por eso el pasado 7 de marzo se constituyó la comisión de seguimiento prevista en la estipulación VI del convenio al
que acabo de hacer referencia, acordándose en esta reunión la constitución de una comisión mixta
para el estudio y posterior elaboración de un proyecto de borrador del reglamento de las juntas locales de seguridad, comisión que ha sido constituida y que ha empezado ya a desarrollar sus trabajos. Por tanto, apreciando en conjunto la
llamada de atención que supone esta proposición no de ley, no podemos compartir el fondo de esa llamada de atención precisamente porque entendemos que en el método de diálogo y de acuerdo entre administraciones se ha empezado ya a trabajar en los
términos que acabo de señalar y porque además algunos aspectos ya técnicos concretos de la proposición no de ley no podemos compartirlos en función, repito, de reiterada jurisprudencia, en lo que la proposición no de ley hace de referencia a las
comunidades autónomas. Por lo tanto, vamos a votar desfavorablemente, teniendo en cuenta y señalando que compartimos la necesidad expuesta por el señor Núñez de que este cuerpo normativo pueda ver la luz cuanto antes, pero también desde la
convicción expresada por mí de que ese cuerpo no tendrá sentido si no es a través de un proceso amplio de consenso y de trabajo compartido con las administraciones locales y que en ese sentido ya se viene trabajando. El espíritu que ha presidido la
vertebración de las políticas de seguridad del Gobierno es precisamente el que ha señalado el señor Núñez en su intervención, es decir, el de conjugar adecuadamente los tres niveles constitucionales de nuestro sistema público de seguridad interior,
el estatal, el autonómico y el local. Y en la cuestión que afecta a la proposición no de ley, en la que la relación es directa entre el nivel estatal y el nivel local, insisto, se viene ya trabajando de manera puntual en el seno de la comisión
mixta creada a los efectos de poder alumbrar cuanto antes, en términos de la mayor racionalidad, eficacia y consenso posible, el citado proyecto de reglamento.
-SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE CHALECOS REFLECTANTES POR LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS CUANDO DEBAN SALIR DEL MISMO Y PERMANEZCAN A SU ALREDEDOR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 161/001805.)
-SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD POR LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS CUANDO, EN CARRETERA, SE VEAN OBLIGADOS A DETENERSE Y SALIR DE LOS MISMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 161/002045.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la tramitación acumulada, como dijo al comienzo de la sesión, de los puntos números 6 y 7 del orden del día. Antes de continuar con la misma, quiero advertir a las señoras y señores diputados
que las votaciones se realizarán a partir de la una de la tarde.
Para la presentación de la iniciativa que figura en el punto número 6 del orden del día, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Voy a tratar de resumirla en dos o tres minutos.
En primer lugar quiero decirle que después del comentario que voy a hacer sobre esta PNL, nuestro grupo la va a retirar para que no pase a votación pero previamente
y en tres minutos quisiera, si se me permite, hacer una breve reseña.
Esta PNL se presentó y tuvo entrada en el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 2002, hace ahora aproximadamente un año. Mi grupo ha venido reflejando en la comparecencia del director general en la subcomisión, incluso con un
escrito presentado a la Comisión Jurídica del Consejo Europeo por la diputada María José López, nuestra preocupación por la cantidad de accidentes y de muertos que se producen alrededor del automóvil. Se cifran aproximadamente en 300 al año. Hemos
sido insistentes y persistentes en este tema y afortunadamente hoy tengo que decir que el Gobierno ha adoptado la medida de que los chalecos reflectantes sean obligatorios y se tengan que llevar en el automóvil con el fin de que no vuelvan a ocurrir
estos accidentes o al menos que se restrinjan al máximo, que es lo que todos pretendemos. No obstante, manifiesto que se ha retrasado en exceso la aplicación de esta norma aunque a fin de cuentas está, y espero que en el futuro esto sirva para que
los conductores adopten estas medidas precautorias que eviten circunstancias tan indeseables y que ocasionan, según datos de la Dirección General de Tráfico, un número importantísimo de accidentes. Por nuestra parte, nada más. Quiero expresar
nuestra satisfacción de que esto ya esté en marcha, aunque con la tardanza a la que he hecho referencia, y retiramos esta PNL para su votación porque ya no tiene sentido.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Voy a intervenir con la misma brevedad que el portavoz del Grupo Socialista y también anticipo que retiraremos esta proposición no de ley porque el petitum de la misma ya ha sido cumplido por el Gobierno, cuando en el
Consejo de Ministros del 21 de noviembre aprobó el reglamento general de circulación en el que se incluye la obligatoriedad de incorporar prendas reflectantes para hacer visibles a los conductores que por cualquier motivo se ven obligados a
abandonar su vehículo y descender de este. Nosotros promovimos durante la tramitación de la reforma de la actual Ley de tráfico la disposición final quinta, en la que se establece que el Gobierno regulará reglamentariamente, de acuerdo con la
normativa europea,
la incorporación de elementos de seguridad que hagan visible al conductor cuando, viéndose obligado a detener el vehículo en carretera, deba salir de este. He de reconocer que lo que dio pie a la redacción de esta disposición fue una
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se refería a la adopción de estas medidas exclusivamente para los conductores profesionales. En mi grupo, entendiendo que el 40 por ciento de los atropellos que ocurren en carretera tienen
lugar precisamente en condiciones de escasa visibilidad, entendimos que era una medida que debería ser incorporada para todos los conductores que se encuentran en estas circunstancias. De ahí que promoviéramos el contenido de la redacción de la
disposición final quinta. Aunque en ésta se hace referencia a que habrá que tener en cuenta la normativa europea, en este caso el Gobierno se ha adelantado a dicha normativa, que todavía no exige el carácter obligatorio de la incorporación de
prendas reflectantes, y no podemos en este caso dejar de expresar nuestra satisfacción por que se haya incluido una medida de estas características en el reglamento general de circulación. Sin más, anuncio, como decía al inicio de mi intervención,
la retirada de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Ha pedido la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, estas dos proposiciones no de ley que ahora se retiran vienen a plasmar lo que en su día fue un punto de consenso durante la tramitación de la ley y lo que ha sido también un punto de debate en la
subcomisión de tráfico y seguridad vial, que terminará sus trabajos la próxima semana. Proposiciones como éstas nos permiten hacer una valoración global positiva de los trabajos de la subcomisión, y aprovecho para hacer una reflexión: en cuanto a
la obligatoriedad del uso de chalecos reflectantes, nos puso en evidencia el colectivo de ciclistas que, tal y como ha quedado la norma, parece que sólo deben llevarlos cuando circulan por tramos oscuros, túneles, etcétera, lo que les puede
dificultar de alguna manera saber en qué momento lo deben llevar o no, por lo que deberían plasmarse claramente las excepciones en las conclusiones de la subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Habiéndose retirado las dos iniciativas, según las peticiones de los portavoces, no serán sometidas a votación los puntos 6 y 7 del orden del día.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RESUELVA LA SITUACIÓN DE LA OFICINA DE EXTRANJERÍA DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001842.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor de la Encina, tiene la palabra.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Nuestra ponente portavoz se encuentra en este momento -estaba al habla precisamente con ella- en otra Comisión.
Agradecería en su nombre que se pospusiera este punto al siguiente para que la dé tiempo a
llegar, si no tienen inconvenientes los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, es a los grupos parlamentarios a los que les corresponde posponerlo. (Pausa.) Como no hay ningún inconveniente por su parte y existe deferencia en ese sentido, queda pospuesto como siguiente punto
del orden del día. Lo que sí ruego es la máxima celeridad en avisar al ponente para que venga con prontitud.
(Pausa.)
Como acaba de entrar en la sala la señora Torrado, tiene la palabra para presentar y defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la cual se insta al Gobierno a que resuelva la situación de la Oficina de
Extranjería de Alicante.
La señora TORRADO REY: Perdón, señor presidente, por la tardanza. Desde mi oficina he visto que iba bastante rápida la tramitación del orden del día.
En primer lugar quisiera decir que Alicante es la tercera provincia española en número de extranjeros entre regulares e irregulares y la segunda en proporción al número de habitantes. Sin embargo, la Oficina de Extranjería de Alicante es en
la actualidad una de las que tiene peor funcionamiento de todo el panorama español, entre otras cosas, debido a que cuenta prácticamente con el mismo personal funcionario que hace 10 años. La consecuencia directa...
El señor GIL LÁZARO: No quisiéramos interrumpir, pedimos disculpas, pero este grupo pediría un receso de un minuto para que la señora Torrado no muriera en el intento. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Siguiendo el espíritu navideño del señor Gil lázaro, hacemos una pausa para que la señora Torrado pueda beber un poco de agua y se recupere del exceso de velocidad para llegar a la sala. (Pausa.)
Señora Torrado, cuando desee, puede continuar con su intervención.
La señora TORRADO REY: Después de haber tomado un poquito de aire y de agradecerles su deferencia, continuaré mi exposición sobre esta proposición no de ley.
Como decíamos, pensamos que el personal es mínimo en relación con la cantidad de extranjeros que viven y trabajan en nuestra provincia. La consecuencia directa
es que la oficina se encuentra saturada hasta tal punto que la resolución de los expedientes está tardando 18 meses, a pesar de que, según la ley, el plazo debería ser de tres. Algo que ilustra la situación es la renovación de los permisos
de trabajo y residencia, un procedimiento sencillo y automático cuando se cumplen todos los requisitos, que en la actualidad en Alicante se tardan en resolver 10 meses. Para tratar de arreglar algo la situación, recientemente se han transferido
todos los documentos referidos al procedimiento de asilo a la comisaría provincial de Alicante. Pues bien, lejos de mejorarse la situación, creemos que se ha empeorado en el procedimiento, puesto que en la comisaría no existe personal con la
formación específica y necesaria en materia de asilo y refugio.
El informe del Defensor del Pueblo del año 2002, que hemos visto en 2003, empieza su exposición sobre las oficinas de extranjería precisamente por la oficina de Alicante y lo hace,
como es normal, por su mal funcionamiento, porque, a pesar del refuerzo de personal que se hizo temporalmente, se priorizaron las solicitudes de arraigo, lo que hizo que se abandonasen el resto de tramitaciones y las demás peticiones, lo que provocó
un gran número de solicitudes sin contestar y que a finales de año no se normalizase la situación, sino que, al contrario, los problemas continuaban. Estas demoras ocasionan perjuicios no sólo a los inmigrantes sino también a los empresarios
nacionales que desean contratar a dicho personal y los puestos de trabajo que ofrecen no pueden ser cubiertos de forma rápida, creando un clima de inseguridad jurídica puesto que ni unos ni otros saben cuánto se dilatará en el tiempo la situación
administrativa a la que se ven sometidos.
La carencia de personal, las irregularidades en la tramitación de expedientes y la falta de medios materiales son sólo algunas de las graves carencias detectadas en la Oficina de Extranjería de Alicante.
Doce organizaciones que trabajan con
inmigrantes en Alicante reclamaron la urgente intervención del Defensor del Pueblo ante esta situación. La falta de medios es la responsable, en gran medida, de los miles de expedientes sin registrar, además de que las renovaciones de permisos y
otras solicitudes tardan un año en resolverse. hasta prácticamente esta misma semana, los inmigrantes han estado recibiendo un trato denigrante en unas dependencias antiguas y con graves deficiencias, sin que se pusiera en marcha la habilitación
prometida de la oficina de la calle del Campo de Mirra. Sabemos que esta semana han comenzado las obras o al menos se ha trasladado el personal a la otra oficina y parece que va a empezar en breve la rehabilitación. De todas maneras, la Delegación
del Gobierno había prometido al Defensor del Pueblo que la rehabilitación de esta oficina estaría terminada en el tercer trimestre del año 2003; estamos en el cuarto trimestre y ahora es cuando parece que van a comenzar las obras. Hasta este
momento la situación de la oficina era precaria y a ella acudía gran cantidad de gente. Se puede decir que las colas comenzaban a las 23 horas en la puerta de las oficinas, alargándose la espera hasta la mañana del día siguiente, sin tener siquiera
la certeza de si su caso sería estudiado. Ahora, con el cierre de la oficina de Campo de Mirras, se verá con toda seguridad agravada la situación en la otra oficina, además de que esperar tanto tiempo a la intemperie en un invierno puede conducir a
situaciones de peligro físico real, sobre todo por la situación atmosférica y por las situaciones de inseguridad ciudadana que se pueden dar en unas colas en las que se exacerban los ánimos de la gente que lleva tanto tiempo esperando. Hemos de
añadir que estas situaciones desesperadas hacen que surjan desaprensivos que aprovechan la coyuntura para conseguir un lucro económico. Ya se han abierto investigaciones para depurar posibles responsabilidades porque han aparecido documentos falsos
tramitados precisamente en estas oficinas. Y lo que es peor es que los problemas actuales se van a ver agravados con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de extranjería, ya que con los nuevos requisitos para la presentación de documentación,
la labor de las entidades gestoras ante el registro será complicada, por lo que se abre un período de dudas respecto a su aplicación práctica.
Por lo anteriormente expuesto presentamos esta proposición no de ley que intenta de alguna manera subsanar las faltas de personal, de medios técnicos y de medios físicos en las oficinas, de forma que garantice un trato justo para los
inmigrantes y una resolución de sus trámites con la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: podría comenzar esta intervención, señora Torrado, en función de los argumentos que S.S. ha esgrimido en esta proposición no de ley, sin duda no carente de interés, y todo iba bien hasta que he escuchado
algo que me ha parecido absolutamente improcedente, que es el supuesto -entrecomilladamente hablando- trato denigrante dispensado por la Oficina de Extranjería de Alicante a los inmigrantes. Ante una manifestación de estas características, que no
solamente se expresa en la proposición no de ley, sino que también usted manifiesta in voce aquí, no puedo más que remitirme a unos argumentos que sin duda usted comprenderá que no son los más adecuados para una imputación de estas características.
Permítame decirle, muy sucintamente que, desde mi modesto punto de vista, quien le haya podido informar al respecto carece de un absoluto conocimiento de la materia, quizá un decepcionante y raquítico conocimiento incluso de este mismo asunto, al
que de ninguna de las maneras pretendo quitar importancia, aunque sí precisar las manifestaciones relativas a la desidia de la administración que, como he dicho, nos resultan absolutamente improcedentes.
Tengo que reconocer que en su intervención, por una parte expresa determinados aspectos que vienen recogidos en la proposición no de ley, textualmente hablando, y por otra emplea un tono moderado, por lo que tengo que responder de una forma
distinta, aunque concitando voluntades en las dos. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.) Analizando más el texto, en la redacción del mismo se puede considerar que la proponente, podría incluso entonar un mea culpa por
la escasa actividad que tuvieron años atrás SS.SS. con la afortunadamente ya extinguida ley de extranjería que ustedes pusieron en marcha, de un marcado carácter represivo, por lo que resulta de todo punto inadecuado que usted haga estas
manifestaciones. También nos resulta irónico, señoría, que hable de trato denigrante, cuando a este Gobierno no se le puede atribuir nada parecido a esa acepción que usted ha mencionado en su proposición no de ley, ya que S.S. no puede ignorar de
ninguna de las maneras que las mejores propuestas que se han llevado a cabo han sido precisamente con el Gobierno popular, algo que ustedes han reconocido no solamente desde la comunidad que S.S. y yo compartimos, sino también desde otras
comunidades que usted conoce. La cosa, sin embargo, resulta distinta si hablamos sobre el asunto quizá más técnico de la proposición no de ley, y si S.S. me pregunta por la razón de los supuestos retrasos sin que ello lleve aparejado ningún
calificativo despectivo, entonces mi grupo podrá responderle coherentemente a esa proposición no de ley y aclararle si está o no en un error. Y como veo, que su tono ha sido distinto en la intervención, voy a intentar, en la medida de mis
posibilidades, aclararle este extremo.
En la proposición no de ley que ha presentado hay tres aspectos: uno hace referencia a los retrasos -entrecomilladamente hablando, supuestos retrasos-; el segundo se refiere a la habilitación del centro del Campo de Mirra y el tercero a la
falta de medios, que entiendo que no son solamente los de personal sino también medios informáticos y de soporte.
Entiendo que tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo, porque no podemos hablar de una situación actual sin entender exactamente
qué es lo que se produce desde el año 2000 hasta la fecha. Precisamente es en el año 2000 cuando, como S.S. conoce, se tuvieron que llevar a efecto una serie de procesos extraordinarios y la regulación extraordinaria de extranjeros entre los
períodos de 2000 y 2001. Hubo sin duda un gran incremento, no puede decirse otra cosa: hubo un aumento muy considerable de la carga de trabajo, algo que no escapaba a ninguna delegación, ni la de Alicante ni ninguna otra, por no citar otras
comunidades que S.S.
conoce. Además, el incremento de procesos extraordinarios fue muy amplio, podemos cifrarlo en más de 35.000 expedientes, más de 35.000 solicitudes que fueron formuladas al amparo de estos procesos extraordinarios, y para ello
-y aunque S.S. ha pasado de puntillas, lo ha reconocido- se reforzó entonces la plantilla. Hablamos de 27 contratos, entonces temporales, para el proceso de regulación 2000-2001, más dos intérpretes contratados, así como 15 puestos de auxiliares
administrativos requeridos al efecto.
Una vez tramitados todos los procesos extraordinarios de 2000 y 2001, insisto, las tareas de la oficina se centraron en la tramitación de los procedimientos extraordinarios, y para que efectivamente pudiera ser
coherentemente satisfecha la demanda y el trabajo, se tuvo que acudir a algo tan usual como son las nuevas tecnologías, de las que durante años y años careció aquella oficina, como usted o algún compañero suyo probablemente recordará. Y desde el
año 2002 contamos en la Oficina de Extranjería de Alicante con una nueva aplicación informática que permite hacer el seguimiento administrativo de cada expediente, haciendo coincidentes de esa forma las informaciones que ofrece el Ministerio del
Interior con las que ofrece el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Junto a ello se ha procedido a la implantación de una base de datos centralizada que permite la obtención de datos estadísticos así como evitar innecesarias duplicidades en
las solicitudes. En este momento, señoría, el Gobierno trabaja además en la implantación de una conexión informática de transmisión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores -algo a lo que hacía referencia hace muy poco S.S. en cuanto a la
concesión de visados- y la Subdelegación del Gobierno, ya implantada en Madrid y Barcelona, cuyos resultados han sido extraordinarios y que permite una inmediata información para la concesión de visados, que tanto preocupa según su proposición no de
ley a S.S. y, por supuesto, también a mi grupo, lo que sin duda entendemos que va a poder agilizar notablemente los procesos. En este momento además estamos pendientes de una relación de puestos de trabajo que, como usted sabe, está prácticamente
ultimada y se encuentra en la Subdelegación de Extranjería y que ha sido presentada ante la Comisión ejecutiva de la Comisión interministerial de Retribuciones.
Considero que con los dos argumentos precedentes puedo haber respondido al primero y segundo puntos de su proposición no de ley. No así en cuanto al tercero, ya que hablaba S.S. de medios materiales, y hemos de expresar nuestra
satisfacción porque se aprobó por la oficina de supervisión de proyectos del Ministerio de Administraciones Públicas el proyecto de acondicionamiento de zona de atención al público de la Oficina de Extranjeros de Alicante, que consiste en la
adaptación de un local de 356 metros cuadrados, planta baja, del parque móvil del Estado, situado en la calle Campo de Mirra, número 6, de Alicante. Este local cuenta con un espacio para 17 puestos de trabajo de atención al público, dos de
información, recepción y entrega de documentos y 15 de atención personalizada, incluida sala de espera con capacidad para 80 personas, dotada de aseo para el público. Las obras necesarias para el acondicionamiento del mencionado local están
actualmente
en ejecución y prácticamente ultimadas, después de la adjudicación de las mismas sobre la base de la convocatoria de la oportuna subasta pública mediante resolución de febrero del año 2003, de la subdelegación general de patrimonio
inmobiliario del Ministerio de Administraciones Públicas.
No obstante, la subdelegación del Gobierno en Alicante y el Ministerio de Administraciones Públicas están valorando la posibilidad de traslado en marzo del año 2004 de las diferentes
dependencias de la oficina de extranjeros a un local que reúne condiciones óptimas y que permitirá la unificación física de dichas dependencias.
Con la última salvedad se completa una información que hemos intentado ofrecerle de la mejor forma
posible. Creo que S.S. puede estar tranquila porque las cosas van a ir muy bien en la oficina de extranjería de Alicante. Estoy absolutamente convencida de que la ampliación que se va a llevar a cabo en el año 2004 va a suponer una de las mejores
situaciones que se puedan plantear en la subdelegación y al mismo tiempo ofrecerá el mejor servicio a los inmigrantes. Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos, no lo dude, señoría, la absoluta convicción respecto al trato que se debe dar a
cualquier ser humano.
-SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA COMARCA DEL VALLÉS OCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001922.)
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El siguiente punto del orden del día es una proposición no de ley sobre seguridad ciudadana en la comarca del Vallès occidental. Se trata de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa
tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: En un ya lejano 4 de febrero de 2003, el diputado Joan Marset y yo firmamos la proposición de ley que voy a defender en este momento. Insisto en lo de ya lejano porque, a pesar del tiempo transcurrido, el problema
persiste y los poderes públicos responsables no parecen tener ninguna intención -o al menos ninguna urgencia- de solucionar.
Señoras y señores comisionados, que existe un problema de inseguridad ciudadana en la comarca del Vallès Occidental, en la circunscripción de Barcelona, es algo tan indiscutible, que prácticamente todos los municipios de aquella comarca- y
digo prácticamente todos, porque no sé si algún pequeño municipio no participó en ello- llegaron a un acuerdo circunstancial para intentar resolver el problema. Todos o casi todos, con independencia del partido gobernante en cada uno de ellos,
forman parte del acuerdo, y lo aclaro porque también forman parte de esta plataforma los municipios de la coalición de Convergència i Unió, incluido aquel en el que la señora Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en este tema, ostenta
responsabilidades de gobierno, el de Sant Cugat del Vallés. Existe, por lo tanto, una constatación objetiva de la situación de inseguridad. Existe un diagnóstico compartido por todos los municipios -denunciada de forma quizá machacona, que es de
lo único que puedo arrepentirme, por quién les habla- no respecto a todos los problemas sociales, educativos, de injusticia social, etcétera, que provoca la delincuencia en general, sino respecto a la disfunción en el despliegue del cuerpo de mossos
d'esquadra y el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. En el caso del Vallès, esto está absolutamente claro. No sabemos por qué, y los proponentes de esta iniciativa no queremos
pensar ni por un solo momento que tenga nada que ver con el hecho de que las opciones políticas de Convergència i Unió y el Partido Popular tengan muy escasa representación electoral en aquella comarca, el despliegue del cuerpo de mossos d'esquadra
y su implantación en la comarca del Vallès occidental se dejó para el final. En cambio, se produjo un fenómeno curioso por parte de la administración competente, ocupada en aquel momento por el Partido Popular, que fue la disminución radical del
catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 181 en el catálogo de 1996 a 130 en el catálogo actualmente vigente. No alcanzamos a entender qué fenómeno de disminución de la inseguridad, de disminución de la
población en la comarca o de disminución de la complejidad de la vida social en la misma haya podido aconsejar esta disminución del catálogo sin la implantación todavía del cuerpo de mossos d'esquadra allí. Al contrario, nos parece que no hay
ningún interés por parte de estas administraciones -una de las cuales va a ser inmediatamente gobernada por otra fuerza política, y la otra continuará hasta el mes de marzo como está actualmente- en resolver el problema que tienen los ciudadanos del
Vallès Occidental. No se trata aquí de intentar desgastar a nadie. Se trata de que los diputados que firmamos esta proposición nos convirtamos en portavoces de los ciudadanos a los que representamos y de los alcaldes que se dirigieron a nosotros y
pongamos de manifiesto el incumplimiento de los acuerdos que se habían alcanzado. La disminución ha sido real porque estamos aproximadamente en un 80 por ciento de los 130 puestos a que se ha reducido el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía en
la comarca. Por lo tanto, la disminución real de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado crea una situación de inseguridad que sólo puede ser compensada con un esfuerzo absolutamente desproporcionado por parte de los municipios de
reforzamiento de sus cuerpos policiales y de sustitución de las competencias y actuaciones a las que debe dedicarse la policía local, puesto que no existen policías competentes en número y en presencia suficiente para garantizar la seguridad de los
ciudadanos.
Por todo ello, señorías, nosotros solicitamos algo enormemente modesto.
Pedimos a la comisión que se inste al Gobierno a que establezca los métodos de incentivo necesarios para que los funcionarios de los cuerpos estatales de seguridad
permanezcan en la comarca. No estamos ni siquiera pidiendo que se cubran todos los puestos, sino simplemente que se haga algo inteligente y políticamente adecuado para detener la sangría y la desertización de las comisarías y comandancias de la
Guardia Civil.
Además se produce un fenómeno que es constatable empíricamente: en este largo, complicado y territorialmente fragmentado proceso de despliegue de los mossos d'esquadra, con cuyo fondo estamos absolutamente de acuerdo los
socialistas, aunque no con su forma de desarrollo, se ha creado una situación de movilidad de la pequeña delincuencia, que, ante la presencia de nuevos policías en número superior en aquellos territorios actualmente servidos por el cuerpo de mossos
d'esquadra, se repliega a aquellos territorios en que el descenso de la policía no es sólo conocido por los responsables políticos, sino también muy conocido por los que, por desgracia, dedican una parte de sus esfuerzos a la comisión habitual de
delitos sobre todo contra la propiedad. Por ello, señorías, porque los derechos a la seguridad y a la libertad de los ciudadanos del Vallès Occidental no pueden ser en absoluto menores que los del resto de ciudadanos del conjunto del país,
solicitamos que la comisión apruebe esta modesta proposición de ley para mantener los niveles de seguridad de los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el proceso de despliegue del cos dels Mossos d'Esquadra en el territorio de Cataluña y el repliegue del nuevo cuerpo autonómico que es inherente al despliegue no es fácil; es un proceso complejo que tiene
sus dificultades. Creo que de esta materia no debería hacer elemento de confrontación política ni el señor Pedret ni ningún otro portavoz, puesto que el Gobierno de Cataluña -hasta ahora bajo la responsabilidad de mi formación política,
Convergéncia i Unió- ha hecho lo posible para que el despliegue se realice en las mejores condiciones. Y lo ha hecho sabiendo que no es una tarea fácil; no lo es, ni lo será tampoco para futuros gobiernos. No es una tarea fácil porque son muchos
los miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil a los que la expectativa del despliegue de los Mossos d'Esquadra en el territorio en el que desarrollan su actividad les da un incentivo para buscar otro destino que les asegure permanencia.
Decía el señor Pedret que la proposición es modesta y es modesta, efectivamente, pero útil, y contiene lo que piden, entre otros, los responsables de los municipios de la comarca. Se ha dicho que la responsabilidad de gobierno de esos
municipios la tienen distintas formaciones políticas. Por mi parte, quiero citar dos: Castellar del Vallès y Sant Cugat del Vallès, cuyos alcaldes, de Convergència i Unió, a la vez diputados en el Parlament de Catalunya elegido recientemente, nos
han planteado esto. De ahí que presentásemos a los Presupuestos Generales del Estado una enmienda, que no tuvo éxito en el Congreso y no sabemos si lo tendrá en el Senado, que pretendía buscar fórmulas que permitieran incentivar a estas personas y
una mayor dotación presupuestaria. Es más, esta enmienda no la presentamos pensando sólo en el Vallès Occidental, sino también en las comarcas de las Terres de l'Ebre y de Tarragona, que están en situación similar.
Nosotros vamos a votar a favor de la proposición puesto que la única apreciación en la que no coincidimos con el ponente es el elemento de crítica a la Administración autonómica de Cataluña, la Generalitat, que ha hecho todos los esfuerzos
necesarios para realizar el despliegue de la mejor forma posible, sabiendo que el mismo tenía para los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el inconveniente de saber que no tendrían una permanencia prolongada en el territorio,
de modo que muchos intentarían, legítimamente, buscar otros destinos por medio de los concursos. La competencia en materia de seguridad exige a las administraciones públicas -a todos- velar para que esto no ocurra y para que existan las dotaciones
necesarias. Hay problemas de seguridad de importancia: en Castellar del Vallès hemos tenido ejemplos recientes, y de ahí que, más allá de la discrepancia partidista, debemos aunar esfuerzos para que el proceso se realice de la mejor forma posible
y para crear incentivos que aseguren la permanencia de los policías nacionales y guardias civiles, porque mientras no llegue el despliegue de los mossos d'esquadra, se necesitan estos efectivos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y
ciudadanas que viven en la comarca de la que hablamos y también en las de Tarragona y Terres de l'Ebre.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Rodríguez Callao.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: El actual proceso de despliegue de los Mossos d'Esquadra en Cataluña y, en consecuencia, de repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se inició en el año 1994, tras el correspondiente acuerdo de
la Junta de Seguridad de Cataluña. Este acuerdo se alcanzó mediante el diálogo y la colaboración entre las dos administraciones: la Generalitat de Catalunya y el Ministerio del Interior. La asunción de competencias en materia de seguridad de los
mossos d'esquadra en Cataluña se viene realizando de conformidad con las previsiones acordadas por la Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de acuerdo con la política de pleno entendimiento y colaboración entre ambas
administraciones, diseñada tanto por la Generalitat de Catalunya como por el Ministerio del Interior. Continuando con esta política de entendimiento, y con
el fin exclusivo de dar la máxima seguridad a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, especialmente a los de la comarca del Vallès Occidental, se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el compromiso de mantener una política de
personal idéntica para toda nuestra comunidad autónoma. Por su parte, el Ministerio del Interior ha dotado de mayores recursos a las plantillas policiales de Cataluña para mantener y garantizar la seguridad ciudadana. Es importante recordar que en
este momento Cataluña cuenta con 4.000 efectivos de policía más que en el año 1994, es decir, que en 1994 Cataluña tenía 4.000 efectivos menos que los que actualmente trabajan en nuestra comunidad.
Ahora me voy a referir a la intervención del señor
Pedret y a lo que ha dicho respecto al ya lejano 4 de febrero de 2003, y le voy a contestar de un modo un poco sarcástico también, como el que ha usado él en su intervención. El 16 de octubre del presente año 2003 tuvo lugar en la Delegación del
Gobierno de Cataluña la reunión de la plataforma de alcaldes del Vallès Occidental que comentaba el señor Pedret con la delegada del Gobierno, doña Susana Bouis. En ella, una vez más, el Gobierno del Partido Popular daba cumplimiento a los
compromisos adquiridos aportando a la comarca del Vallès Occidental un incremento de 50 efectivos de policías nacionales desde octubre de 2003. Con ello, los efectivos de la comarca del Vallès Occidental son hoy 440 para toda la comarca,
distribuidos de la siguiente manera: en Cerdanyola del Vallès hay 47 efectivos, lo que representa un incremento de cinco; en Montcada i Reixac, tres efectivos más, que pasan a 38; en Rubí, los efectivos se incrementan en dos efectivos, pasando a
40; en la ciudad de Sabadell, sus 116 efectivos han pasado a 131 desde octubre de 2003; en Sant Cugat del Vallès, ciudad en la que ostento un cargo de responsabilidad municipal, no en el equipo de Gobierno como ha dicho el señor Pedret sino en la
oposición, ha habido un incremento de cinco efectivos, pasando a ser 46; y en Terrassa, a los 79 efectivos existentes se han agregado 20. Es de resaltar, en relación con la Policía Nacional, que los estudios comparativos entre enero y septiembre
de 2002 y el mismo período de 2003 indican que los delitos en la comarca del Vallès Occidental han disminuido un 8,6 por ciento. Las faltas se han incrementado algo, pero también es cierto que la función de la policía no es sólo la de tener muchos
efectivos, sino también la de prevenir y evitar que se cometan delitos.
En cuanto a los efectivos de la Guardia Civil, en el puesto de Badia del Vallès, que aglutina las poblaciones de Badia, Barberà, Polinyà, Santa Perpètua, Sant Quirze del Vallès y Palau-solità, han pasado de 45 efectivos a 50; en el puesto
de Sabadell, que aglutina a Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls, han pasado de 16 efectivos a 18; en el puesto de Matadepera se ha incrementado en tres el número de efectivos, pasando a ser 12; el puesto de Castellar del Vallès, que engloba
Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Gallifa y Sentmenat, los efectivos han pasado de 11 a 15. ¿Qué supone esto? Que en el cuerpo de la Guardia Civil el incremento ha sido de 19 efectivos. El estudio comparativo de infracciones entre enero
y agosto de 2002 y 2003 indica que los delitos cometidos en la comarca del Vallès Occidental han disminuido un 9,55 por ciento. También por parte de la Delegación del Gobierno, siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, se consiguió
que se realizaran jornadas extraordinarias por parte de la Policía Nacional y que sin tener a los policías nacionales in situ, adscritos en nuestras comisarías, tuviéramos un soporte de los grupos especializados de la brigada provincial de la
Policía judicial para las investigaciones de mayor relevancia y erradicación de puntos negros de tráfico de estupefacientes y que, en materia de orden público y de prevención de la delincuencia, se desplazaran regularmente a las localidades
vallesanas, es decir, del Vallés occidental, las unidades de prevención y reacción, las unidades de intervención de la policía y la brigada provincial de seguridad ciudadana. El Grupo Popular estaría dispuesto, si lo acepta el Grupo Socialista, a
plantear una enmienda in voce, y así apoyaríamos su proposición no de ley. la transaccional que propongo al Grupo Socialista sería la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe desarrollando las fórmulas adecuadas
mediante los incentivos necesarios para cubrir y mantener las plantillas previstas de las dotaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la comarca del Vallès occidental (Barcelona), en tanto no se produzca en las mismas el despliegue
del cuerpo de Mossos d'esquadra. Si el Grupo Socialista la acepta, votaríamos favorablemente esta proposición no de ley y si no, nuestro voto sería negativo.
Quisiera hacer un último apunte. Al Grupo Popular, al que represento en estos momentos, y al misterio del Interior nos gustaría que este diálogo de colaboración en el despliegue de los mossos d'esquadra se continuara desarrollando con la
misma fluidez con que se ha ido desarrollando hasta la fecha de hoy y que ustedes, con las nuevas responsabilidades de gobierno que van a ostentar en Cataluña, lo continúen haciendo de la misma manera que se ha hecho hasta la fecha de hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En cualquier caso, lamento decirle que no podemos proceder a la transaccional porque no hay una enmienda previa con la que transaccionar.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Es in voce.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, si el grupo proponente estuviera de acuerdo, se puede considerar como una corrección de error y, si no se opone ningún grupo, se podría votar en esos términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, hay situaciones -estoy seguro de que el señor presidente participa de mi opinión- en las que hay que aplicar aquello de que la ley se ha hecho para el hombre y no el hombre para la ley y, por
tanto, aunque fuera con esta interpretación amplia y flexible a la que los miembros de la Comisión de Justicia e Interior estamos bastante acostumbrados, no sólo en esta legislatura sino en anteriores, si entendiéramos que la propuesta de la señora
Rodríguez consiste en una corrección técnica de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, al que represento, y no a ningún órgano del Ejecutivo, estaríamos absolutamente de acuerdo en aceptar la corrección técnica y que se votara
con dicha corrección incorporada.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quisiera sumarme a la interpretación hecha por los señores Jané y Pedret. Siempre llega la Navidad y, en este caso en que la Navidad está ya próxima, me resulta especialmente significativo decir que el señor Pedret
tiene toda la razón.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pues si el señor Pedret está dispuesto a ser corregido, no hay problema.
El señor PEDRET I GRENZNER: El portavoz del Grupo Socialista que les habla está en esta ocasión no sólo sorprendido y emocionado por el reconocimiento por parte del señor Gil Lázaro de que tenga razón en algo, sino que se adhiere también a
la interpretación de la corrección y está dispuesto a que se vote como tal corrección. Muchas gracias, señor Gil Lázaro, y muchas gracias a la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Así lo haremos.
-SOBRE OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001929.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto del orden del día sobre objetivos de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos de interior, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra
la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: El 13 de febrero del presente año el Grupo Socialista presentó esta proposición no de ley sobre los objetivos de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos de interior. En la exposición de motivos que en su
momento presentó el Grupo Socialista se puso de manifiesto que esta proposición no de ley procede de un proceso de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea y que Europa debe concebirse como un espacio en el que tanto la libertad como la
seguridad son valores que deben ser compatibles y que deben potenciarse mutuamente.
Es verdad además que durante este año 2003, por motivos ajenos a la política interior de los gobiernos, por ser una política intergubernamental -como siempre se
trató tanto en los asuntos de justicia como en los de interior-, ha sido motivo de preocupación no sólo por parte del Parlamento Europeo sino también por parte de otros órganos, como el Consejo de Europa y la UEO, que han estado trabajando en la
coordinación de las actividades y actuaciones que tanto en materia de justicia como de interior se están llevando a cabo en las políticas intergubernamentales de los países europeos. Como digo, tanto en la Comisión de cuestiones jurídicas del
Consejo de Europa como en la UEO ha habido una preocupación durante este año 2003 porque estas materias estén claramente coordinadas y además tienen una relevancia especial a lo largo de este año, como decía.
Los asuntos de justicia y de interior durante mucho tiempo han estado única y exclusivamente sometidos a la regla de la unanimidad y situados fuera del ámbito comunitario. han correspondido siempre al estricto interés intergubernamental y
han estado sometidos a procesos muy lentos, muy tediosos y en algunas ocasiones bastante farragosos, sin que haya podido intervenir hasta este momento ni el Parlamento Europeo ni ningún tribunal de justicia cuya actuación se centre en el ámbito de
Europa, a pesar de que se trata de materias, entendemos nosotros, de una extraordinaria relevancia que afectan a la seguridad, como es el tema del terrorismo, la criminalidad organizada, el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, la justicia
civil y penal, la libre circulación de personas, el asilo y, naturalmente, los derechos fundamentales. No hay duda, por tanto, ante esta situación, de que los ciudadanos europeos quieren que estos asuntos sean asuntos intergubernamentales de
política interior, porque creen que la visión de Europa no es sólo importante para su tratamiento, sino para una solución consensuada de estos asuntos en todo el ámbito europeo. Así lo puso de manifiesto además el eurobarómetro durante el año 2002,
donde la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas figura en tercer lugar en las prioridades y, sin embargo, empieza a ocupar los primeros y segundos puestos, después de la paz y la seguridad, la lucha contra el paro. Se recoge un
apoyo de cerca de nueve europeos sobre diez y una amplísima mayoría de los encuestados, un 85 por ciento, declara que la Unión Europea debía tomar
decisiones en la lucha contra el terrorismo; es el tráfico de seres humanos, un 80 por ciento de los encuestados; en la lucha contra el crimen organizado, el 72 por ciento, y en la lucha contra la droga, el 71 por ciento. Sin embargo,
Europa muestra una grave dificultad para combatir eficazmente este tráfico de seres humanos, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de armas y los delitos que afectan especialmente a los más débiles.
Como
les decía al inicio de mi intervención, hay dos comisiones en el Consejo de Europa, la Comisión de Inmigración y la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, que han combatido de una manera bastante eficaz y que han exigido a los países que
conforman Europa que se tomen todas estas cuestiones con un gran interés, fundamentalmente para que todas las decisiones que se adopten estén lo más coordinadas posible para que su eficacia llegue a ser real y contundente y vayan dirigidas a la
solución de esos problemas. Es verdad que dado que nuestra proposición no de ley se presentó al inicio de este año, porque tiene un registro de entrada con fecha 11 de febrero de 2003, parte de sus objetivos pueden estar en marcha. No obstante, el
Grupo Parlamentario Socialista no puede dejar de subrayar que hay que seguir combatiendo e insistiendo en determinadas políticas, aunque algunas se hayan puesto en marcha.
La proposición no de ley recogía un total de seis puntos, que fundamentalmente venían a proponer al Gobierno y al Congreso de los Diputados que se impulsaran los siguientes objetivos. El primer punto se refería al espacio sin fronteras.
Prácticamente en casi la totalidad de la Unión Europea hay un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, que está consagrado, como todos ustedes saben, en el Tratado de Amsterdam. Debería convertirse en un asunto europeo regido por el método
comunitario, con una discusión pública, abierta y con una decisión de mayoría cualificada, a través de los órganos europeos establecidos, como el Tribunal de Justicia y el desaparecido tercer pilar, tal como lo hemos llamado durante estos últimos
años. El segundo punto que recogía nuestra proposición no de ley es muy concreto. Se refiere exclusivamente a que, en concordancia con lo que habíamos expuesto en el punto primero, la potestad legislativa sobre estas cuestiones debería recaer
también en instituciones europeas. El tercer punto se refería a que el sistema judicial y el policial deberían permanecer básicamente, como es lógico, en los poderes de los Estados, pero tendría que haber una fórmula de cooperación y de
coordinación judicial, a través del Eurojust, y policial, a través de Europol, cuyo desafío de futuro está en la puesta en marcha de una policía europea sin fronteras. No hace falta que les recuerde a ustedes cuál fue la última experiencia de la
falta de coordinación con Europol, que ya ha sido debatida muchas veces en esta Cámara; han corrido ríos de tinto -perdón, de tinta- sobre la situación de Rocío Wanninkhof y la orden de Interpol que no se recibió a tiempo y de la que la Guardia
Civil, al no estar coordinada con la Policía Nacional, no tuvo conocimiento de que existía dicha orden. Por eso este grupo insiste en que esa coordinación no sólo es importante, sino que es imprescindible. El cuarto punto de nuestra proposición no
de ley se refiere al reconocimiento mutuo de las sentencias civiles y penales, y la desaparición generalizada del instrumento de la extradición mediante la puesta en práctica del mandato que nosotros entendemos que debería ser el arresto europeo y
aproximación de las legislaciones nacionales penales.
Ya en el Consejo de Europa, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, se ha planteado un informe sobre la armonización de las legislaciones nacionales penales, que se remitirá en un breve plazo para
que puedan ratificarlo los gobiernos. El punto quinto se refiere exactamente a la creación de un fiscal europeo, cuya figura no solamente es para defender los intereses financieros de la comunidad, sino también para coordinar e impulsar la
persecución de delitos de dimensión supranacional que cada día son más habituales y que exigen la colaboración de todos los Estados miembros. El punto sexto, y último, se refiere a una política de inmigración y asilo europea que garantice la
gestión común y equilibrada de los flujos migratorios y las fronteras exteriores, de modo que se creen vías legales de acogimiento e integración de los ciudadanos de terceros países. Esto debería incluir el cuarto -y básico- de los derechos y
deberes de los inmigrantes de la Unión Europea y el estatuto de residentes de larga duración y de los refugiados.
En resumen, esta sería nuestra propuesta para hacer una mejor gestión, coordinación y armonización de en materia de justicia y asuntos de interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: El Grupo Parlamentario Socialista presentó esta proposición no de ley con anterioridad a la presentación del proyecto de tratado constitucional para Europa, realizado por la Convención Europea, por lo que muchas de
sus previsiones se hayan incluidas en este documento: el fiscal de la Unión Europea, Eurojust, etcétera. Por tanto, no son temas de debate en la Unión Europea, ya que están plenamente aceptados y estarán incluidos en el texto de la definitiva
Constitución europea.
Asimismo, señor presidente, durante los últimos meses, la subcomisión del seguimiento de la Conferencia Intergubernamental del Congreso ha estado trabajando, entre otros, sobre el tema del espacio de libertad, seguridad y justicia en la
futura Convención Europea. En este sentido, nuestro grupo parlamentario, a pesar de habernos abstenido en la votación del dictamen de la subcomisión y de haber presentado un voto particular al mismo, comparte globalmente la valoración contenida en
el dictamen de la subcomisión relativo a estos extremos. Este
dictamen afirma precisamente que la Comisión Mixta para la Unión Europea se felicita especialmente por los avances conseguidos por la Convención ante el objetivo de convertir el espacio de libertad, seguridad y justicia, consagrado en el
Tratado de Amsterdam, en asunto europeo. De igual forma, reconoce el esfuerzo realizado por España, especialmente en los últimos dos años, en el proceso de armonización europea y de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, con el objetivo
de hacer realidad la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. España ha impulsado importantes fórmulas de coordinación, a través de Eurojust, en lo que se refiere a la cooperación judicial y, a través de Europol, en
cuanto a la cooperación policial, siendo preciso continuar en esta línea. Asimismo, la Comisión constata que la Euroorden, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004, es el primer instrumento de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que
ha supuesto, de hecho, la eliminación de fronteras para la libre circulación del Estado de derecho entre los Estados miembros, superando el viejo procedimiento de la extradición, lo que significa un importante avance en la lucha contra el terrorismo
y otros delitos graves. En esta línea resulta preciso seguir avanzando, tanto en el ámbito civil como en el penal, en la doble dirección del reconocimiento mutuo y de la armonización. Del mismo modo, la Comisión Mixta contempla con satisfacción el
reforzamiento de los poderes del Parlamento Europeo en el control político de estas materias para combatir la intolerancia, el racismo, la xenofobia y la inmigración, que no puede reducirse a una cuestión de seguridad. Por ello, la política de
inmigración y de asilo europea deberá garantizar la gestión común y equilibrada de los flujos migratorios y de las fronteras exteriores, de modo que se creen vías legales de acogimiento e integración de los ciudadanos de terceros países. Igualmente
deberá incluir el cuadro básico de los derechos y deberes de los inmigrantes en la Unión Europea, así como un estatuto de residentes de larga duración y de los refugiados.
Nuestro grupo -repito- hace suya esta conclusión de la subcomisión, aunque
presentamos un voto particular en otros aspectos, pero en este aspecto estamos de acuerdo. De ahí que apoyar literalmente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sería entrar en contradicción con lo que habíamos postulado en la Comisión
Mixta para la Unión Europea, a través de nuestro diputado Ignasi Guardans. De ahí que nuestro grupo se va a abstener, respetando el contenido de la proposición no de ley, pero entendiendo que muchos de los aspectos quedan ya recogidos en ese
espíritu global que se acordó en la Comisión Mixta.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quiero comenzar mi intervención reiterando el ofrecimiento pleno del Grupo Parlamentario Popular -como lo ha sido en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro- para concordar siempre, con los grupos
parlamentarios y naturalmente con el principal grupo parlamentario de la oposición, en aquellos aspectos que inciden básicamente en el desarrollo de la política española en el seno de la Unión Europea en una materia tan sensible como la de justicia
y asuntos de interior, ámbito en el que por cierto España, como Estado y el Gobierno de España, con el soporte y el apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara, ha tenido un especial protagonismo en las líneas generales de ese diseño, teniendo
en cuenta además algunas de las situaciones muy particulares que se dan en nuestro país. Por tanto, quiero comenzar reiterando ese consenso. Me atrevería incluso, en el marco de ese consenso, a pedir al Grupo Parlamentario Socialista que una vez
que ha hecho una aportación positiva, como es sin lugar a dudas abrir en el día de hoy la posibilidad de que esta Comisión haga una reflexión final, en el tiempo en el que estamos de este período de sesiones y en el tiempo en el que estamos de
agotamiento de esta legislatura, sobre una cuestión tan importante como ésta, pudiera retirar el texto, no someterlo a votación, en la medida en que si se produce ese sometimiento a votación, por las razones que señalaré, tendríamos que votar en
contra.
Digo esto para que no quede ninguna duda. Si en este momento se produjera la retirada de dicho texto y por tanto no se sometería a votación, mi grupo parlamentario entendería que el Grupo Parlamentario Socialista, al introducir esta
iniciativa en el presente orden del día, ha hecho una aportación importante a esta reflexión final de los trabajos de esta Comisión durante la presente legislatura. Por tanto, en modo alguno imputaríamos ningún tipo de minusvaloración al hecho
mismo de que hoy hubiéramos podido estar hablando de esta cuestión.
De no producirse esa retirada -reiterando, como es natural, el ofrecimiento permanente de nuestra voluntad de consenso en estos asuntos-, si nos viéramos forzados a tener que pronunciarnos en votación sobre este texto tendríamos,
lamentándolo, que votar en contra, porque entendemos que la iniciativa que se nos plantea en su tenor literal es incompleta, es innecesaria y de alguna forma es incoherente con las actuaciones que ya está realizando el Gobierno en este ámbito que
van incluso más allá de las que plantea el grupo parlamentario autor de la misma. Por eso, nos parece oportuno insistir en esa cuestión, es decir, el contenido literal del texto que ahora se somete a nuestra consideración es mucho más reduccionista
-valga esa expresión, dicho con todo el respeto del mundo como es natural- que la propia acción global que el Gobierno viene desarrollando en el ámbito de los asuntos de justicia y de interior. Pero como me merece un enorme respeto esta iniciativa,
en función precisamente de lo que antes señalaba, de ese criterio de consenso, quiero detenerme en algunos de los aspectos en virtud de los cuales
nosotros solicitaríamos que este texto no se sometiera a votación.
Aplaudiríamos esa decisión en la medida en que supondrá que el Grupo Parlamentario Socialista, con la inclusión de este texto en el orden del día, ha permitido una reflexión
final de la Comisión de Justicia e Interior sobre asunto tan importante.
En cuanto a la exposición de motivos, hay una serie de manifestaciones con las que no podemos compartir ni su literalidad, ni su sentido. Se dice: 'los asuntos de justicia e
interior han estado sometidos a procedimientos farragosos, lentos y poco transparentes, sin intervención del Parlamento Europeo ni control efectivo por el Tribunal de Justicia'. A este respecto hay que recordar que a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam se introducen importantes modificaciones en el marco institucional y normativo del llamado tercer pilar. A partir de la entrada en vigor de dicho tratado los principales instrumentos en materia de justicia se han adoptado
por medio de decisiones marcos y decisiones que se han negociado en las distintas instancias en el seno del Consejo en un plazo medio de 15 meses. El Parlamento Europeo interviene en su elaboración mediante la emisión de un dictamen, conforme al
artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, y tanto las decisiones como las decisiones marco están sometidas al control del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por medio del recurso de legalidad establecido en el artículo 35 del
Tratado de la Unión Europea.
También debe tenerse en cuenta que las materias de cooperación civil forman parte del pilar comunitario desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y que desde el 1 de febrero de 2003, fecha de la entrada en vigor del Tratado de Niza,
las materias relativas a la cooperación judicial civil con repercusión transfronteriza, a excepción de los aspectos relativos al derecho de familia, están sujetos al procedimiento de codecisión previsto en el artículo 67 del Tratado constitutivo de
la Unión Europea. Igualmente, desde nuestro punto de vista, no es precisa la afirmación según la cual 'Europa muestra a la vez su dificultad para combatir eficazmente el tráfico de seres humanos, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la
corrupción, el terrorismo, el tráfico de armas, delitos que afectan principalmente a los más débiles'. Sobre ello es justo poner de manifiesto que el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha adoptado ya varias decisiones marco destinadas a
unificar el marco jurídico penal relativo a las figuras delictivas del blanqueo de dinero, decisión marco del Consejo de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, a la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los
instrumentos y productos del delito. Igualmente, ha adoptado decisión marco relativa al terrorismo: decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo.
Asimismo, decisión marco relativa al tráfico de seres
humanos: decisión marco del Consejo de fecha 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. Igualmente, el Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo político en relación con el proyecto de decisión marco relativo a
la lucha contra la corrupción en el sector privado, que será formalmente adoptado en cuanto se levanten las reservas parlamentarias que pesan sobre el mismo. Y, por último, se está negociando en el grupo de trabajo del Consejo sobre derecho penal
material el proyecto de decisión marco relativo al establecimiento de las disposiciones mínimas sobre los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. A la vista de esta intensa actividad
normativa, que además se completa con disposiciones destinadas a reforzar la cooperación judicial penal entre los Estados miembros con instrumentos como la orden europea de detención y entrega, o los proyectos relativos a la incautación y decomiso
de los instrumentos y el producto del delito, resulta difícil sostener a nuestro juicio que la Unión Europea no está luchando de forma efectiva contra estas formas de delincuencia, puesto que se están produciendo importantes avances en cuanto a la
unificación del marco jurídico penal y a la mejora de la cooperación judicial penal, merced a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.
En relación con el contenido concreto de la parte dispositiva de la proposición no de ley, nosotros aducimos las siguientes cuestiones. En cuanto al punto tercero, efectivamente el sistema judicial y policial deben coordinarse y cooperar,
si bien no sólo a través de Eurojust y Europol que es a lo que se limita el texto de la proposición, sino a través de otros instrumentos nuevos; de otros instrumentos nuevos que lo han sido en el presente y ya están por tanto incardinados en el
funcionamiento de la Unión y de otros instrumentos nuevos que, merced al acuerdo de los distintos países y Estados miembros, puedan instrumentarse en el futuro. En materia de justicia, junto con el importante trabajo de Eurojust relativo a la
coordinación de las investigaciones penales en relación con formas graves de delincuencia organizada, se olvida a nuestro juicio en el texto de la proposición no de ley hacer mención de dos instrumentos que están siendo y han sido una aportación
novedosa muy singular y que están ofreciendo en sus primeros pasos resultados muy importantes, como es la red judicial europea y la figura de los magistrados de enlace. No da la sensación que el impulso que el Gobierno ha llevado a cabo no
solamente para determinar elementos de coordinación necesarios entre Eurojust y Europol, sino también para introducir estos procedimientos y estas figuras nuevos, va mucho mas allá, ha sido mucho más ambicioso, que la limitación, como hace el texto
de la proposición no de ley simplemente de los elementos de coordinación policial y judicial al marco de Eurojust y de Europol.
En cuanto al punto cuarto, nosotros señalamos que el reconocimiento que pretende el texto de la proposición no de ley no sería tan sólo relativo a la sentencia, sino
que debería ser mucho más amplio, es decir, relativo, como es natural, al conjunto de las resoluciones judiciales. Técnicamente, y suponemos que no tiene más alcance que el de una pura precisión terminológica, nos parece que la expresión
'mediante la puesta en práctica del mandato de arresto europeo' no es exacta. En todo caso, la referencia técnica adecuada tiene que ser la orden europea de detención y entrega. Por otra parte, nos parece que técnicamente no es exacta, incluso es
limitativa, la expresión que en ese punto cuarto se hace en relación con la aproximación de las legislaciones nacionales. Entendemos que una cosa es el reconocimiento mutuo de resoluciones y otra, la aproximación de legislaciones, mecanismos ambos
necesarios para construir o para profundizar en la construcción del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, pero evidentemente diferentes el uno del otro y que, por tanto, no pueden ser confundidos. En cualquier caso, desde nuestro punto
de vista la implantación del principio de reconocimiento mutuo es piedra angular de la cooperación judicial, como señalan las conclusiones de Tampere.
Constituye un principio de capital importancia en la consecución del mencionado espacio de
libertad, seguridad y justicia. Y precisamente porque es así y porque así lo ha entendido desde el primer momento el Gobierno de España, el protagonismo del Gobierno de España en el impulso de todos esos contenidos tendentes a construir primero y a
fortalecer después, esos contenidos de cooperación judicial ha sido muy importante.
Me remito a las hemerotecas en relación con los trabajos de la Unión en este sentido durante los últimos años. Por eso nos podría parecer de alguna forma
contradictorio instar al Gobierno a que hiciera algo que ha situado como punto principal en su acción diplomática, política y técnica en el ámbito de la Unión. En coherencia con lo que acabo de decir y con el balance de actuación del Gobierno en
este sentido durante los últimos años, está también siendo decisivo, y SS. SS. lo conocen, el impulso que España viene dando ya en la negociación de todos aquellos otros instrumentos novedosos que puedan ser útiles para fortalecer ese principio de
cooperación judicial. Excuso detenerme, porque está en la memoria de todos en relación con este asunto, en el papel principalísimo que tuvo España al principio de la gestación, en la gestación y en el desarrollo de la decisión marco sobre la orden
europea de detención y entrega. Quiero además señalar que en el orden interior, y conforme al principio de coherencia con la actuación que España tuvo en el ámbito de cuestiones referentes a la orden europea de detención y entrega en el conjunto de
la Unión, España adelantó la entrada en vigor de este instrumento en lo que concernía a las obligaciones que asumía frente al mismo el Estado español.
En relación con el punto quinto, tengo que recordar que en el Consejo de Ministros de Justicia e
Interior, celebrado bajo presidencia española el 28 de febrero de 2002, los Estados miembros señalaron en relación con la presentación por la Comisión de la comunicación relativa a la creación de una fiscalía europea, que se trataba de una
iniciativa probablemente prematura a la vista de la necesidad de avanzar en los procesos de aproximación de legislaciones y de observar los resultados de la labor que organismos como Eurojust pueden desempeñar en la adecuada coordinación de las
investigaciones penales. Nosotros no estamos cerrados en modo alguno a la conclusión en su momento de esa fiscalía europea, pero parece necesario que esa fiscalía europea tenga que disponer de un orden jurídico común sobre el cual poder ejercer la
defensa del principio de legalidad, y ese orden jurídico común, por el momento, no parece que esté concluido.
Finalmente, en cuanto al punto sexto del texto de la proposición no de ley, nos parece que hay algunas expresiones que podrían inducir a confusión. Se dice literalmente: 'de modo que se creen vías legales de acogimiento'. Nos parece que
esa es una expresión ambigua que pudiera interpretarse en el sentido de abrir cuotas de entrada de nacionales de terceros países en la Unión Europea, sistema que no está previsto en el marco de la política de integración comunitaria. Por lo mismo,
la referencia que se hace a la integración de ciudadanos de terceros países solamente sería admisible, desde nuestro punto de vista, si se quiere decir que la integración debe referirse siempre a inmigrantes que residen legalmente en la Unión
Europea. En lo que se refiere al estatuto de residentes de larga duración, saben SS. SS. que ha sido aprobada formalmente a finales de noviembre una directiva del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de
larga duración. Asimismo, se han producido avances en lo que se refiere a la definición de los derechos y deberes de los inmigrantes y al estatuto de los refugiados. Por otro lado, interesa destacar también que la política europea de asilo,
inmigración y fronteras ya fue definida por el Consejo Europeo en Tampere, impulsada en su ejecución por el Consejo Europeo en Sevilla y establecida la continuidad y la coherencia de la acción comunitaria en este ámbito por el Consejo Europeo de
Salónica, por lo que entendemos que ese punto sexto de la proposición debería aludir, en todo caso, a que se siga trabajando para lograr las metas propuestas por los jefes de Estado y de Gobierno en los citados consejos europeos. No se trata, como
podría dar la sensación a partir de la lectura literal de ese punto sexto, de hacer una construcción ex novo sobre la base de un vacío, sino de afirmar que existe una política europea con trazos de continuidad asentada ya desde 1999 y que en los
sucesivos consejos, hasta el de junio de 2003, ha sido ratificada por los responsables de los diversos Estados miembros de la Unión Europea.
Señor presidente, señoras y señores diputados, hemos querido detenernos principalmente con detalle en la fijación de nuestra posición en esta proposición no de ley, que nos merece todo el respeto, precisamente
por esa cuestión, por el respeto que nos merece. Entendemos que esta proposición no de ley, que ha sido muy positiva para abrir hoy, en este tramo final de los trabajos intensísimos de esta Comisión de Justicia e Interior en esta
legislatura, una reflexión sobre asunto tan importante, no debiera sometérsenos a votación. Si en este punto el Grupo Socialista entendiera que con su texto ha abierto esa reflexión y ha contribuido a seguir abordando esa reflexión, aplaudiríamos
su decisión de no someterla a votación. Si, por el contrario, el Grupo Socialista entiende que esta proposición no de ley debe ser sometida a votación, por las cuestiones que he señalado y básicamente porque entendemos que es una proposición no de
ley que va por detrás de lo que está siendo ya la acción del Gobierno en el ámbito de la Unión Europea, incluso de la propia Unión Europea, nos tendríamos que ver forzados lamentablemente a votar en contra del texto, pero eso sí reiterando, como
reitero en este acto, nuestra voluntad de consenso y de diálogo con todos, y especialmente con el principal partido de la oposición, cuando se trata de hablar de asuntos que afectan al desarrollo de las políticas de justicia e interior en el ámbito
de la Unión Europea, que es lo mismo que hablar de los objetivos de seguridad y de libertad para todos los ciudadanos de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Con su intervención, finalizamos el debate de esta iniciativa.
-SOBRE UN PLAN DE EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE MORÓN (SEVILLA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001932.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre un plan de emergencia para el municipio de Morón. Para su defensa, puesto que es una iniciativa del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Moreno Sirodey.
La señora MORENO SIRODEY: Esta proposición no de ley, como decía el diputado y compañero Pedret, se presentó en un ya muy lejano mes de febrero, en los días previos a la guerra de Irak, cuyas consecuencias aún sufrimos hoy. La base militar
de Morón es de utilización conjunta por parte del Estado español y de los Estados Unidos. Es un lugar estratégico militar de interés tanto para la defensa nacional como internacional.
Todo ello hace que a lo largo del año la base registre un
importante tráfico aéreo y continuada actividad militar que afecta a la ciudadanía de Morón y a los municipios cercanos en condiciones normales y de paz, aunque no es éste el caso. Este despliegue de actividad se ve intensificado cuando surge un
conflicto internacional que, aunque a veces puede estar físicamente lejano, provoca situaciones de alerta que hacen que la ciudadanía y el pueblo de Morón en general lo vivan con una mayor cercanía, una mayor inquietud y una gran preocupación porque
saben que la base tiene un papel prioritario y fundamental en estos acontecimientos.
Esta proposición se presentó los días previos a la guerra de Irak y se notaba ese movimiento. También sabemos que, tras el atentado del 11 de septiembre, los
Estados Unidos tomaron medidas de seguridad para la base.
En los momentos en los que se presentó, como decía anteriormente, se percibían una serie de movimientos equiparables a una situación prebélica. Las medidas de seguridad se vieron
reforzadas, se incrementaron los dispositivos y las fuerzas auxiliares de seguridad.
Igualmente, tuvimos ocasión de ver en los momentos previos que había bastante movimiento en la base y por tanto una gran preocupación por parte de la población y
de todos los colectivos sociales de Morón. De hecho, las medidas de seguridad se vieron reforzadas e incrementados todos estos dispositivos.
Todas estas medidas de seguridad que se llevaron a cabo en la base contrastan con la desinformación que tienen la Administración autonómica y local por parte del Gobierno de la nación y con la ausencia de medidas de protección hacia la
población de la ciudadanía de Morón y de los pueblos limítrofes, como son Montellano, Coripe, El Coronil o Paradas y algunos otros más. Espero que los representantes del Grupo Popular no hagan alusión a que tienen ya el Plan de emergencia y
protección civil porque, como bien saben, no incluye el de riesgo nuclear ni el de conflicto bélico, que es competencia del Estado. No obstante, ante la alarma que se suscitó en la población y ante el peligro real que había, por parte de la Junta
de Andalucía se hizo un Plan de actuación municipal en el que se incluía a Morón y a todos los pueblos limítrofes que he citado anteriormente, coordinando así una serie de medidas de protección a la ciudadanía, medidas sanitarias y de desalojo, que
afortunadamente no llegó a aplicarse y esperemos que no llegue nunca. Nosotros por eso exigimos y pedimos que el Estado cumpla con su responsabilidad, elaborando un plan de emergencia y un protocolo de actuación.
Por todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario contar con un plan de emergencia y un protocolo de actuaciones detalladas que se puedan aplicar en situaciones de crisis, conflictos internacionales o en previsión de posibles accidentes
a la población y a la de los municipios cercanos. La Administración central tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía de estos municipios y poner en marcha las medidas necesarias para prevenir posibles contingencias. Por todo ello, el
Grupo Socialista presenta esta proposición en la que instamos al Gobierno a elaborar, concertadamente con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Morón y los municipios cercanos y limítrofes que puedan verse afectados, un plan de emergencia y un
protocolo de actuaciones donde se contemplen las medidas que tienen
que adoptar dichos municipios en caso de que sus núcleos urbanos, sus ciudadanos o su medio ambiente se vean afectados ante una situación de emergencia derivada de accidente, atentado o conflicto internacional.
Espero que el Grupo Popular,
que de manera tan acentuada y firme ha apoyado a Estados Unidos en la Guerra de Irak, tenga la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de los peligros que supone para esta población el mencionado apoyo hecho por parte del Gobierno y garantice
la seguridad de los ciudadanos votando afirmativamente esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señora Moreno, como usted muy bien ha dicho, esta proposición no de ley se hizo en el mes de febrero. En el mes de febrero presentaron ustedes una batería de iniciativas tendentes todas ellas a evitar a toda costa
que se desencadenara la guerra de Irak, con lo cual estaban ustedes contribuyendo a la supervivencia en el poder del sátrapa Sadam Husein. (La señora Moreno Sirodey: ¡Qué disparate!) El disparate que usted quiera. (La señora Moreno Sirodey:
¡Disparate absoluto!) Ustedes están siempre queriendo crear alarmas innecesarias para desgastar al Gobierno. (La señora Moreno Sirodey: Qué disparate.- Protestas.) Le ruego, señor presidente, me ampare porque no me deja hablar la señora Moreno.
Yo la he escuchado con absoluta atención. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Continúe, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Digo que son ustedes maestros en crear alarmas para desgastar el Gobierno y que esta proposición no de ley es absolutamente superflua porque ya existe un plan de emergencia para Morón. Existe un plan de emergencia
para todas las bases militares españolas y, por tanto, también para la base militar de Morón, y además disponen de planes de emergencia todos los aeropuertos civiles. El sistema tiene diversas formas. Una de ellas es la participación externa del
sistema de protección civil, que está compuesto por las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local, tal como estaba previsto desde que la base de Morón se creo hace más de 40 años. Ha habido situaciones prebélicas y bélicas, como
la que ha sucedido recientemente, en numerosas ocasiones, y la población de Morón está absolutamente tranquila, como se ha puesto de relieve en las últimas elecciones municipales. (Risas.) Sí, ríase, señora Moreno, pero allí gobernamos nosotros.
Por tanto, consideramos que no es necesaria la elaboración de un plan especial de protección civil en el municipio de Morón para atender los riesgos a los que se refiere la proposición no de ley distinto de los planes de emergencia que ya existen en
cada una de las bases, o distinto de los planes de protección civil existentes, el Plan municipal de protección civil de Morón, el Plan territorial de protección civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que acaba usted de decir que ha hecho la
Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no sólo para ese territorio sino para toda la comunidad, y la coordinación de la Administración general del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, como máximo responsable de la seguridad del Estado y su
protección civil.
Los ciudadanos de Morón están muy tranquilos y además están muy satisfechos con la base porque saben que es una fuente de riqueza para ellos y de creación de puestos de trabajo. Hay muchísimos moronenses allí trabajando que están encantados
con la base. Así que no hagan ustedes alarmismo innecesario.
-RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NuEVA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE GRANADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001994.)
-RELATIVA A LA FALTA DE EFECTIVOS POLICIALES EN LA CIUDAD DE GRANADA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001995.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a las iniciativas acumuladas relativas a la policía en Granada, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, me voy a referir a la relativa a la jefatura superior de Policía y continuaré con la que plantea la falta de efectivos policiales, tal y como está establecido en el orden del día.
El 22 de mayo del año 2002, el diario Ideal, de la ciudad de Granada, publica: Interior ubicará en un solar de la zona norte la jefatura superior de Policía. La sede de la plaza de los Lobos se trasladará a un edificio de nueva planta y
las obras del futuro complejo policial podrán comenzar en seis meses. No pierda la referencia de que es mayo del año 2002.
El 25 de febrero del mismo año, unos meses antes, el mismo periódico manifestaba que la policía iniciará en 2003 la obra de su nueva jefatura de Andalucía oriental. Estas manifestaciones las realizaba el subdelegado del Gobierno en la
ciudad de Granada y, según les comentaré, la información y los datos provenían del propio Ministerio del Interior. De hecho manifestaba en la misma fecha que el proyecto de construcción de la nueva sede de la jefatura superior de Policía de
Andalucía oriental en Granada comienza en ese momento
a adquirir visos de realidad inminente, tanto que la Subdelegación se ha marcado como objetivo poner la primera piedra en 2003.
Según la misma información que aportaba el subdelegado del Gobierno, don Alfonso Marín Sicilia, el Ministerio
del Interior se ha comprometido por escrito a poner en marcha el proyecto de construcción de la nueva sede de la policía inmediatamente. Los recursos económicos están disponibles, la diligencia para comenzar de inmediato, también. El subdelegado
seguía aventurando que la fecha para la puesta en marcha de la primera piedra del edificio de la policía no podía ir más allá del próximo año 2003.
Decía: este proyecto lleva 19 años de vicisitudes y no queremos que cumpla la veintena. Seguía
manifestando el subdelegado del Gobierno la necesidad de dar un impulso definitivo a este proyecto que se hace cada día más patente, debido a la realidad de las instalaciones, que son inadecuadas e insuficientes. Pues no sólo va a cumplir 20 años,
sino que va a cumplir 22 como sigamos a esta misma marcha, fundamentalmente porque no ha habido proyecto ni primera piedra en el año 2003, pero no auguramos que en el año 2004 estemos en mejor disposición, puesto que los Presupuestos Generales del
Estado no contemplan ni tan siquiera el presupuesto del proyecto para la sede de esta jefatura.
El 19 de junio del año 2002, ante esta misma Comisión y por esta misma diputada, representando a su circunscripción, se volvió a poner de manifiesto la necesidad de este proyecto y de que se adelantaran los trabajos con toda la celeridad
posible, porque la situación de la ciudad de Granada era bastante grave, ya que es una infraestructura absolutamente necesaria para poder prestar un servicio imprescindible para los ciudadanos y no se estaba cumpliendo con las previsiones que nos
había dado el Gobierno. Me encontré con una respuesta, que agradecí en su momento -y hoy vuelvo a reiterar el agradecimiento-, de la señora Torme, en la que me puso de manifiesto que todo estaba en marcha, que ella estaba segura de que el Grupo
Socialista no tenía ninguna intención de saltarse la legalidad -evidentemente le manifesté que no era mi voluntad-, pero que teníamos que esperar a que el proyecto se pusiera en marcha.
Ha transcurrido un año y medio y estamos en la misma situación. Los buenos deseos de la señora Torme no se han cumplido y, por supuesto, las promesas del Ministerio del Interior tampoco, con lo cual, como hemos manifestado en reiteradas
ocasiones -y esta diputada así lo ha hecho haciendo una clara observancia de su obligación, que es el seguimiento y control del Gobierno, durante los últimos dieciocho meses-, el proyecto está guardado en el baúl de los recuerdos y el ministerio no
tiene, parece, ninguna voluntad de ponerlo en marcha, siendo un proyecto necesario para la ciudad de Granada, pero fundamentalmente para dar una buena prestación del servicio de seguridad a los ciudadanos de esta ciudad, a los granadinos. Es verdad
que el Ministerio del Interior, a pesar de la disponibilidad que siempre tuvo del Ayuntamiento de Granada, a lo largo de esos 19 años ha ido rechazando diversos terrenos, hasta que por fin se hizo cargo de un terreno que le pareció adecuado. La
Administración municipal y el Ministerio del Interior finalmente aceptaron que allí se construyera la jefatura superior de Policía.
Concretamente nos referimos al Decreto de 27 de mayo, que el alcalde hizo llegar al Ministerio del Interior
ofreciéndole esa parcela que se encuentra situada en una magnífica zona, en el norte de la ciudad, y que tiene además unas magníficas conexiones con las vías rápidas de circunvalación de la ciudad, tanto de entrada como de salida, lo que nos parece
importantísimo para la ubicación de una jefatura que cuenta con un espacio de más de 13.000 metros cuadrados, de los cuales hay construidos unos 6.500 metros cuadrados.
Es verdad que en los últimos tiempos hubo una serie de diferencias entre la Administración central y el Ayuntamiento de Granada, que definitivamente se zanjaron. Con esta proposición no de ley esta diputada vuelve a reiterar que para la
ciudad de Granada es imprescindible que el ministerio haga un esfuerzo para que definitivamente se proceda a su construcción, con la misma celeridad con la que el Ayuntamiento de Granada puso en su día, hace casi tres años, a disposición el nuevo
espacio de la jefatura, aunque todavía estamos esperando esa respuesta acelerada por parte del ministerio. Tenemos que poner de manifiesto nuestra desconfianza a la vista de los hechos -que son bastante obvios y a ellos me remito-, porque parece
ser que esa no es la buena disposición que nos hizo llegar en un principio el ministerio, ya que han transcurrido, como digo, cerca de tres años y nos encontramos en la misma situación en la que estábamos. Nuestra proposición no de ley, a pesar de
ser del 6 de marzo de este año, está plenamente vigente así como las solicitudes que se hacen en la misma y sobre todo -algo que a nosotros nos parece fundamental- siguen respondiendo a las necesidades que los granadinos están demandando, la
construcción de la nueva sede de la jefatura superior de Policía.
Nuestra proposición no de ley decía: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo máximo de seis meses se inicien las obras de construcción de la nueva jefatura superior de Policía de la ciudad de Granada. No estoy
pidiendo nada que no se pueda cumplir, ya que en febrero y en mayo de 2002 el subdelegado del Gobierno adelantó que en el plazo de seis meses, como máximo, en el año 2003, se habría puesto la primera piedra y se iniciaría la construcción de la
jefatura. Estamos en diciembre de 2003 y no se ha hecho nada para que eso se lleve a cabo. Por tanto, nuestra solicitud sigue estando vigente.
El segundo punto de esa proposición no de ley se refería al compromiso para que se realizaran todas
las modificaciones necesarias para que el proyecto se finalice en el menor plazo de tiempo posible, adjudicando la construcción del mismo de forma urgente y ejecutando la totalidad del proyecto en el plazo de dos ejercicios presupuestarios.
Seguimos estando en plazo. Se nos pasó la oportunidad de que en el año 2003 fuésemos capaces de hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para que este proyecto se llevara a cabo, pero es que además se nos ha pasado el arroz de nuevo,
porque se han aprobado los presupuestos para el año 2004 y seguimos en la misma situación. Por tanto, reiteramos que esta petición es absolutamente necesaria e imprescindible para la ciudad de Granada, por lo que esta proposición no de ley, a pesar
de que se presentó a primeros de año -el 6 de marzo concretamente- y a pesar de que han transcurrido casi nueve meses sin discutirla, sigue estando vigente, las necesidades siguen estando ahí y los granadinos siguen esperando a que el Partido
Popular tome una decisión activa y ponga en marcha ese proyecto, teniendo en cuenta, además, la agilidad con la que se comportó el ayuntamiento para solucionar esos problemas que en un principio, hace tres años, se cuestionaron, pero que después se
resolvieron. Por ello, el Ministerio del Interior tendría que agilizar ese proyecto, pero a la vista está que no tiene ninguna voluntad.
Señor presidente, paso a la segunda proposición no de ley que aparece en el orden del día, que es la relativa
a la falta de efectivos policiales en la ciudad de Granada, y con ella quiero hacer una referencia que para nosotros es imprescindible. Al menos el Gobierno podría mentir bien, podría tomarse en serio cuando un diputado, en este caso una diputada,
hace un seguimiento de determinados asuntos de su circunscripción, y cuando se hacen preguntas orales y escritas y se hace el seguimiento de la contestación de esas preguntas, podría al menos tener la consideración cuando miente -que miente en muy
diferentes ocasiones- de tener memoria y recordar lo que dice en determinadas respuestas. Lo digo porque con relación a la proposición no de ley a la que voy a hacer referencia ahora, el ministerio ha estado mandándome respuestas que no tienen nada
que ver unas con otras, casi desde el inicio de la legislatura, pero en los últimos meses se ha disparado y han pasado a dar respuesta hasta el último que acaba de entrar en el ministerio. Las respuestas son claramente contradictorias, por lo que
ha habido que acudir a todo tipo de fuentes para ver si efectivamente esos datos eran reales o no tenían nada que ver con la plantilla policial de la ciudad de Granada.
Desde hace tres años hemos venido denunciando una situación muy grave de seguridad en Granada. Esta diputada siente que cada vez es más grave y preocupante, y así lo siente la ciudadanía. La evolución de la criminalidad, en concreto en
determinados delitos, ha puesto de manifiesto que la ciudad de Granada es insegura... (Ruidos en la megafonía impiden escuchar a la señora diputada.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora López, un momento, por favor.
Me dicen que su micrófono está haciendo un ruido que dificulta la audición. Si puede cambiar el micrófono, será mejor para escuchar correctamente su intervención.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Durante este tiempo, el Grupo Socialista se ha dirigido al Ministerio del Interior para tratar de obtener una comprobación lo más veraz posible de que las percepciones que tenían los ciudadanos de Granada
respondían a la realidad. El seguimiento de todas estas informaciones que se han ido obteniendo a lo largo de todos estos meses demuestra que la percepción de los ciudadanos no es equivocada, sino todo lo contrario, es acertada y que la inseguridad
ha aumentado de forma grave en Granada, siendo una preocupación real, con fundamento.
No voy a cansar a SS.SS con las tasas de criminalidad, puesto que el texto de la proposición no de ley ya lo pone de manifiesto, pero me parece muy importante señalar los últimos datos que hemos recibido, tanto del ministerio como del SUP
(el Sindicato Unificado de Policía) sobre la situación de la criminalidad en Granada. Hemos pasado de una situación intermedia de criminalidad, semejante a la del resto del país, a ser la tercera ciudad de Andalucía con mayor criminalidad, con un
total de 79,9 infracciones penales por cada mil habitantes. Además, la situación de la plantilla de la ciudad de Granada es cada vez más grave. Incluso hay determinadas fuerzas sociales de la ciudad que están sintiendo esta situación. El índice
de los delitos de robo ha incrementado y la situación de algunas zonas de la ciudad es mucho más grave que otras, llegando a estar la ciudad de Granada en una situación preocupante al encontrarse 10 puntos por encima de la media de criminalidad
nacional.
Esta situación no sólo fue puesta de manifiesto por esta diputada en diversas ocasiones, sino que además -he comparecido ante la prensa precisamente para tratar de concienciar al Ministerio del Interior para que efectivamente tome
decisiones sobre la ciudad y sobre la plantilla-, el SUP en unas manifestaciones realizadas ante los medios de comunicación el domingo día 7 de este mes manifiesta que la capital necesita 200 agentes más de los que tiene en la actualidad, porque
considera que los efectivos con que cuenta la ciudad son claramente insuficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según las respuestas de todo tipo que he obtenido del Ministerio del Interior, en las que no parecen ponerse de
acuerdo acerca de la situación real de la plantilla de Granada, porque cada vez que transcurren tres meses me dan datos diferentes, les puedo adelantar que en el año 1995 era de 1.200 policías, mientras que en la actualidad hay 586 policías, lo que
supone la mitad de la plantilla desde
el año 1995. Hemos ido perdiendo plantilla de Policía Nacional sucesivamente, año tras año. Este grupo parlamentario ha estado controlando si efectivamente se cumplían las promesas que nos hacía el Ministerio del Interior de ir dotando la
plantilla de Granada, pero hemos visto que no se ha ido dotando. Hace dos meses se produjo la incorporación de 40 policías a la ciudad de Granada, pero lógicamente se han ido perdiendo muchos más policías, sin que nunca lleguemos a recuperar la
plantilla inicial que teníamos. La situación es tan grave que los propios sindicatos de policía -les estoy dando datos de ayer- ya ponían de manifiesto que, aunque la plantilla de Granada tenga 586 policías, estos no son los que realmente cubren la
seguridad de los ciudadanos, porque no todos esos puestos de trabajo de la plantilla están cubiertos. Por lo tanto, entramos en una etapa en la que empezamos a tener serias dificultades por distintas circunstancias: en primer lugar, porque se
aproximan las Navidades y, lógicamente, los períodos vacacionales de esos policías; por tanto, como consecuencia de esa situación se van a producir bajas en este mes. Además la estación de esquí de Granada ha empezado a funcionar el día 22 de
noviembre, lo que significa una afluencia mayor de turismo no sólo en la estación de esquí, sino en la ciudad, porque teniendo en cuenta que la proximidad entre la ciudad y la estación es de 30 kilómetros muchos de los turistas que acuden a nuestra
ciudad para disfrutar de las pistas de la estación de esquí no se instalan en la estación, sino en la ciudad. Lógicamente, el desarrollo propio de la ciudad ha producido todo una ampliación del área metropolitana, donde la mayoría de los servicios
que utiliza la gente que reside en dicha área son los de la ciudad, y es donde trabajan, por donde transitan, donde viven y donde sus hijos van al colegio. Por lo tanto, ha habido un aumento de la incidencia de los visitantes de nuestra ciudad.
Todos estos datos no tendría que ponerlos de manifiesto esta diputada, sino que tenía que haberlos tenido en cuenta el Ministerio del Interior, adelantándose a las necesidades de nuestra ciudad, y no haber dado lugar a que hubiese desaparecido más
del 50 por ciento de la plantilla, que tendría que estar cubierta en la ciudad de Granada. Esta es una preocupación cada vez más intensa para nuestro grupo, porque los ciudadanos perciben una situación de abandono de la ciudad por el Ministerio del
Interior, al que no le interesa en absoluto la seguridad de los ciudadanos de Granada. Por lo tanto, creemos que esta proposición de ley está plenamente vigente, pues nuestra petición se ceñía fundamentalmente a cubrir con la mayor brevedad posible
los puestos de la plantilla de policía de Granada que actualmente se encuentran sin cubrir.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para el asunto de fondo, como no podía ser de otra manera, intervendrá la señora Fernández de Capel. Yo, simplemente, retomando el ambiente de las películas judiciales anglosajonas que tantas veces hemos visto, tengo
que decir -cortés, pero enérgicamente-: protesto por la utilización de la expresión el Gobierno miente. Su señoría, como en este caso no estamos en una película, no tiene que decir si acepta o rechaza la protesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Estamos hablando de unos problemas de tipo nacional que afectan a todas las comunidades, pero cuando estos problemas se relacionan con Andalucía, como ocurre con alguno de los problemas que existen en
España, sufren una transformación mágica. Son problemas que se arrastran desde hace muchos años, que durante un tiempo no son urgentes, ni siquiera existen ni se abordan, pero llegado un momento determinado esa magia hace que se conviertan -por mor
del juego político y de la lícita oposición- en urgentes. De esta manera, problemas que se dice que se arrastran desde hace 20 años se han convertido en inminentes, cuando en realidad estos problemas se están abordando. Se están abordando con una
serie de dificultades e incidencias, pero los problemas empiezan a existir, porque durante años ni siquiera existían.
Insisto en lo que ya se ha dicho en la Cámara: Me alegro de que se hable de una jefatura superior de policía para la provincia de Granada, porque durante algún tiempo se cuestionó incluso que la sede de la jefatura provincial estuviera en
la provincia de Granada, y se cuestionó su traslado. Como algunos de los desmantelamientos que sufrió nuestra provincia en un momento dado, en atención... (La señora López González pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora López.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Me refiero a asuntos como los de vías férreas, la capitanía general y tantas cosas, que a finales del siglo xix suscitaban una reacción de la ciudadanía y de la Administración para que no se
desmantelaran, mientras que la Administración autonómica y local del momento los dejaron morir. De modo que esa situación mágica que se produce forma parte del mismo juego.
Tengo que decir que me alegro de que se hable de estas cosas. Con todas las vicisitudes que se han ido acumulando desde cuando no había problemas ni necesidad de solucionarlos, y dada la urgencia con la que se van viendo todos a la vez y se
van resolviendo, sin prisa pero sin pausa, con todo el rigor que la ley exige, fue en enero de 2003 cuando el Ayuntamiento de Granada otorgó a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento escritura de cesión gratuita de una parcela destinada
a la construcción de una sede de la jefatura superior de Andalucía oriental, en Granada. Esta situación es fruto de una serie de conversaciones y acuerdos que es necesario plasmar en una escritura de cesión, que se hace en un momento
determinado, en enero de 2003; no tengo que explicar nada a quien me escucha, que sabe de esto bastante.
Además sabemos que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), con número A 28464725, está haciendo el proyecto
básico de construcción y ejecución de la nueva jefatura superior de policía de Granada. Cuando finalice el proyecto y se supervise continuarán los demás trámites, que no hace falta especificar en algunos ambientes -licitación, adjudicación y
ejecución de la obra-, acompañados de los preceptivos presupuestos para llevarla a cabo. Lo que no se puede es considerar plazos a priori sin tener en cuenta los plazos administrativos reglamentarios mientras se trabaja en ello. En honor del
interés y de la mejor voluntad que todos tenemos, me gustaría que no usáramos varas de medir el tiempo o la rapidez, si se hacen las cosas, como se están haciendo. Ya se ha dicho aquí que durante 20 años estas cosas no fueron importantes. ¿Cómo se
ha llegado a esto? Ignorando los problemas durante cierto tiempo para después ponerlos sobre la mesa a la vez, sin tener en cuenta que se empiezan a solucionar los problemas con eficacia y eficiencia; hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, como
a todos nos preocupa la seguridad ciudadana y el respeto y mejoras que exige la situación de nuestras Fuerzas Armadas, a todos nos gustaría que las soluciones no fueran para mañana ni para dentro de seis meses, sino para anteayer o para el año
pasado. Sin embargo, esto necesita realidad política, y no un picoteo para buscar deficiencias cuando se proponen soluciones, mientras que durante mucho tiempo no se trabajó con seriedad y haciendo el adecuado seguimiento, de modo que aquellos
polvos no trajeran estos lodos.
En cuanto a la segunda parte, la proposición no de ley acumulada, que se refiere a la falta de efectivos policiales en la provincia de Granada, volvemos a hacer la misma reflexión. Sabemos que en la provincia de Granada, como en tantas
otras de España, por una serie de factores que todos conocemos y que están en el ánimo de todos, es preciso incrementar el número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de otros muchos cuerpos, y ello por las mismas razones que expuse
anteriormente.
Son problemas que proceden de la dejación que se hizo en un momento dado, cuando algunos años ni siquiera se planteaba como necesaria la creación de una sola plaza -no hablo de años tan lejanos-; entonces no hubo un aumento cero en
la oferta de empleo público de la policía, sino en otros muchos cuerpos: me estoy acordando de las plazas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ejemplo. Hubo años de grandes fastos en este país durante los que no se creó ni una
sola plaza para investigación, y ahora las reclamamos todas con urgencia. Digo esto porque estamos hablando de una política global, de un criterio de gestión. Mientras se celebraban esos fastos de nefasta gestión, nunca aclarada, no salía ni una
sola plaza para la policía en España. Insisto en el dicho de que aquellos polvos trajeron estos lodos. Las plantillas envejecen, se renuevan y tienen sus problemas, y ahora estamos donde estamos.
Ahora tenemos que hablar de cómo está la situación, que no es la mejor ni la que queremos, porque, si no, la dejaríamos como están; no es así, porque estamos trabajando continuamente. La provincia de Granada está un 3 por ciento sobre la
media nacional en cuanto a efectivos. Sabemos que necesitamos más, naturalmente; pero en la previsión que se hizo para el año pasado no deben contarse sólo los funcionarios en servicio activo, sino también los de segunda actividad con destino y
los de prácticas, que sumaron más de 100, y los de la unidad adscrita de las comunidades autónomas. Así, sobre una previsión de 610 para 2002 nos encontramos con que teníamos 650 más los 52 que había. En este momento tenemos más del 8 por ciento
de lo que se había previsto como incremento. Desde luego, nos sigue pareciendo poco, pero esto es lo que tenemos. A 31 de octubre de 2003 tenemos una plantilla que, contando todos los efectivos operativos, es de 741 funcionarios. Desde luego, en
1995 había 1.200, pero de esos 1.200 algunos han causado baja, otros se han jubilado y se han presentado una serie de contingencias que no se previeron cuando se ofertó empleo público. En este momento sabemos que entre 2002 y 2004 hay una oferta de
empleo público de 12.825 plazas del Cuerpo Nacional de Policía -4.275 plazas por año-. Naturalmente, esto sólo permitirá ir cubriendo paulatinamente las necesidades que tenemos, como se pedía en la proposición no de ley de julio de 2002: de forma
progresiva; porque no puede ser de otro modo. Todo esto encaja con ese criterio de previsión que no puede resolver lo que se ha ido acumulando durante 20 años.
Durante mucho tiempo se ha hecho dejación de funciones, llegando a presentarse años
con oferta de empleo público cero en el sector, como he dicho. No podemos pensar que esas cuestiones... (Rumores.)
Señor presidente, le pido amparo, porque tengo la garganta un poco sensible.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Sí, señor Villarrubia, por favor, es que se oye mal.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias. Es que tengo hoy la garganta mal; pido disculpas a mis compañeros.
Esa necesidad se iba a presentar, lógicamente porque no se puede hacer dejación progresiva de responsabilidades. Naturalmente, señoría, a nosotros nos gustaría tener más de todo. Siempre lo digo: hay una serie de situaciones para las que
todo es poco y todo sería necesario, máxime cuando situaciones nuevas en
el país hacen que se presenten nuevas necesidades. Por supuesto, hay que atender esas nuevas necesidades, porque con estos mimbres tenemos que trabajar.
Naturalmente, la criminalidad existente en España en este momento, como en todos los
países de la Unión Europea, por una serie de factores en los que no vamos a entrar ahora porque no es cuestión, hacen que esa necesidad se incremente, pero también sería necesaria una serie de actuaciones globales por parte de todos porque, aunque
me parece lícito políticamente, no podemos incidir en una política de ir picando en asuntos coyunturales, sin hacer una política de gestión coordinada que actúe no sólo sobre los efectos sino también sobre las causas, como propone de forma
consciente el Gobierno. Aquí sería necesaria más comprensión política de Estado y menos de partido, que sería elogiable hacer, para ser más eficientes y más eficaces en las actuaciones. Me remito a algunos otros asuntos que han sido rechazados en
esta Cámara en otras condiciones y en otras comisiones, pero que inciden de forma global en estas necesidades. Otro asunto es cómo se va a resolver la cuantificación efectiva de esas plazas. (Rumores.) Por favor, si hablan... (El señor
Villarrubia Mediavilla: Ya está bien.) Hombre, está bien, pero -perdón, señor presidente por el inciso- también la seguridad laboral de los diputados debería interesar a la Presidencia. (El señor Villarrubia Mediavilla: La de los ciudadanos más,
porque está muy abandonada.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia, vamos a oír a la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Otro asunto sería la cuantificación efectiva de cómo van a incidir estas plazas en las nuevas previsiones para la provincia de Granada. Dado que ese número está previsto incrementarlo, como no puede ser
de otra forma, en atención al número de plazas que han salido a concurso público, esa incorporación de efectivos procedentes del Plan 2002-2004 está sujeta a los resultados de las distintas fases del proceso de selección y de formación, y la
distribución va a depender de múltiples factores y circunstancias que pueden ser cambiantes, así como de la disponibilidad de recursos personales y de las necesidades de las demás plantillas. No es posible adelantar unos datos concretos, como todo
el mundo sabe, en la gestión de recursos humanos de cualquier ministerio o de cualquier empresa; se puede conocer más o menos aproximadamente una situación, pero no se puede establecer a priori unas situaciones que todavía no se han producido.
Quisiera indicar que este año, después de esa resolución del concurso general de méritos, la dotación de la ciudad de Granada también se ha visto incrementada en 54 funcionarios. Naturalmente quiero reiterar que esa oferta de empleo público es la
más importante que se ha hecho en España en los últimos 15 años. Queremos hacer ver que nosotros no sólo estamos preocupados sino que actuamos desde la eficacia y desde la eficiencia de los recursos, frente a la premura de que todos los problemas
de España, por esa actuación mágica, se han planteado en los últimos años, mientras que durante algún tiempo ni siquiera existieron.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente intervendré para una cuestión de orden, señalando mi sorpresa porque, dado que la señora Fernández de Capel ha expresado que hoy tenía unas dificultades físicas para hablar, por lo visto, se ha jugado
descortésmente con ella. Me sabe muy mal citarme como ejemplo, pero no tengo más remedio. Durante el debate del punto 10 la señora González ha tenido un lapsus linguae que yo hubiera podido utilizar políticamente y no lo he hecho por cortesía. Ha
señalado que en relación con el caso Wanninkhof habían corrido ríos de tinto, aunque, a continuación se ha corregido: ríos de tinta. Comprenderá, señor presidente, que si hubiera querido ser mordaz, es decir, descortés, habida cuenta de lo que se
ha dicho en el caso Wanninkhof, hubiera podido darle la razón a la señora González, que habían corrido ríos de tinto, pero creo que la cortesía es esencial. Por eso lamento que con la señora Fernández de Capel no se haya sido cortés.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor Gil Lázaro. En cualquier caso tampoco el tono ha sido muy alto. El timbre de voz del señor Villarrubia es efectivamente muy marcado, pero creo que al final el debate ha sido
posible y hemos llegado a entender perfectamente la posición de la señora Fernández de Capel.
-PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA INMIGRANTES EN MOTRIL (GRANADA), PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al último punto del orden del día que es el relativo a la creación de un centro de acogida para inmigrantes en Motril. Tiene la palabra la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Si Boabdil llega a saber que los problemas de seguridad en Granada son culpa suya, creo que hubiera actuado de otra manera, porque la señora Fernández de Capel...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): No, señora López. La señora Fernández de Capel no ha
situado los problemas que hay en Granada en el señor Villarrubia, ha hablado simplemente de problemas de voz y ha pedido el oportuno respeto.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: No me refería a sus problemas de voz, sino a la cuestión de fondo del
debate de la proposición no de ley, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En cualquier caso, ya estamos en un punto distinto del orden del día, por lo que le ruego que se atenga a la cuestión.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Tienen relación los tres puntos del orden del día porque son necesidades que tiene la provincia de Granada desde hace unos años, y esta diputada lo que hace única y exclusivamente es ponerlos de manifiesto.
Supongo que a la señora Fernández de Capel no le gustará, pero hago lo que es mi obligación, que es hacer el control y el seguimiento de la gestión del Gobierno en mi circunscripción.
Como luego las referencias son que parece que las cosas surgen de manera inmediata en unos días y que nosotros queremos que se solucionen en una semana, para que la señora Fernández de Capel tenga los antecedentes históricos, al igual que en
las proposiciones no de ley anteriores le hacía referencia a cuál era la problemática y cuándo se suscitaba en el tiempo, hago lo mismo con esta proposición no de ley, añadiendo que en el año 2001 ya lo pusimos de manifiesto. Le anticipo que en el
verano de 2001 ya expusimos que empezaban a interceptarse en las costas de la ciudad de Motril una afluencia mucho mayor de pateras, produciéndose en ese mes de julio unos hechos lamentables. Se detuvo a 53 inmigrantes a bordo de una patera cuando
estaban aproximándose a las costas de la ciudad de Motril y 44 de los 53 inmigrantes que habían sido detenidos -porque el centro de acogida no tenía más capacidad y además las dependencias policiales también tenían esas deficiencias- habían dormido
a la intemperie y habían estado durante muchas horas amontonados en colchonetas con las muñecas atadas dos a dos, y nos parecía que era una situación que no debería producirse de nuevo. Como ya digo, eso ocurre en julio de 2001. En aquel momento,
no sólo pusimos los hechos de manifiesto, sino que también avisábamos de alguna manera de que esta situación en la costa de Motril se iba a estar produciendo con mayor asiduidad cada vez, fundamentándolo en que la costa de Cádiz tenía otra serie de
dificultades y también en que el Ministerio del Interior había comenzado una serie de instalaciones -aunque por lo visto luego no realiza todas las intervenciones que se habían previsto-, había comenzado a poner en práctica algunas medidas para la
contención de la llegada de inmigrantes y de alguna forma se estaban desviando esos flujos migratorios hacia otras costas, una de las cuales era la costa granadina.
También poníamos de manifiesto que Cruz Roja había hecho todos los esfuerzos
habidos y por haber y que había vigilado durante toda la noche el estado de los inmigrantes y había colaborado también muy eficazmente la Guardia Civil y la Policía Nacional,y por falta de espacio en las comisarías, como decía, habían estado los
inmigrantes en esa lamentable situación. Esa lamentable situación ha seguido produciéndose a pesar de las denuncias que durante todo este tiempo -repito, desde julio de 2001- han reiterado la Cruz Roja, las ONG, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Motril y algunas personas como, por ejemplo, esta diputada que en diferentes ocasiones ha puesto de manifiesto que no se estaban emprendiendo las soluciones adecuadas para que no se produjeran más ese
tipo de problemas.
No obstante, en diciembre del año 2002, el Gobierno decidió cerrar el centro de inmigrantes definitivamente, por lo que en nuestra opinión el Ejecutivo central no cumplió, desgraciadamente, con las promesas de adecuación de dicho centro que
realizó el año anterior. ¿Cuál es la situación actual? En primer lugar, para que sepamos exactamente de qué estamos hablando, hay que decir sencillamente que el aumento de la inmigración en las costas granadinas se ha triplicado, que lógicamente
no se han tomado medidas afortunadas para la contención de los mismos en la frontera y que para que no se produzcan las situaciones que sufren luego los inmigrantes en el centro de acogida, que decidió cerrar el Gobierno como he dicho antes. Hace
un mes, el día 13 de noviembre del año 2003 -si no recuerdo mal-, se decidió habilitar, como centro de acogida, un pequeño espacio que tiene la Cruz Roja dentro del puerto de Motril, que está situado dentro de las instalaciones de dicho puerto, con
cabida para unos 30 inmigrantes, que está abierto en unas condiciones poco adecuadas para el acogimiento de los mismos y que tiene una dificultad añadida que al encontrarse en unas instalaciones que están dentro del puerto de Motril, como bien
saben, la legislación no permite que se pernocte en las mismas. Por tanto, la solución es muy precaria y lo que ocurre es que los inmigrantes pueden estar allí durante el día, pero luego tienen que dispersarse y reubicarse, bien en instalaciones de
la Guardia Civil o bien en dependencias de la Policía Nacional. Para que la señora Fernández de Capel lo tenga en cuenta, hace 10 años que el Ayuntamiento de Motril puso a disposición del Ministerio del Interior un espacio lo suficientemente
amplio, no sólo para que se instalara la nueva comisaria de la ciudad de Motril sino también para que pudiera existir un centro adecuado para que la acogida de inmigrantes pudiese realizarse adecuadamente. Nosotros, como en las dos proposiciones
anteriores, nos sentimos claramente decepcionados y tenemos que poner de manifiesto que la situación de la llegada de inmigrantes, como decía al inicio de mi intervención, no sólo no ha cesado, sino que ha aumentado, ya que se duplicó en el año
2002, deteniéndose en las costas un montón de
pateras más y sufriendo 54 inmigrantes la misma situación que ocurrió en el año 2001, a la que he hecho referencia. En el verano del año 2003 ha habido una llegada masiva de pateras a las costas de Motril y, por tanto, de inmigrantes que se
encontraban posteriormente en una situación que entendemos que era poco deseable por tratarse de personas y seres humanos que llegan a nuestro país con la voluntad fundamentalmente de iniciar una vida mejor, aunque esta no sería la cuestión de
fondo. La cuestión de fondo es que seguimos sin solucionar un problema y sin dar salida al centro de acogida de inmigrantes de Motril, porque ahora mismo las 30 plazas que se han podido abrir en esas dependencias, que son propiedad de la Cruz Roja,
son claramente insuficientes, en las que no se puede pernoctar, con lo que los inmigrantes única y exclusivamente se pueden ubicar aquí durante el día y seguimos viendo que efectivamente el Gobierno, en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004, tampoco hace mención a ese centro ni tiene ningún tipo de dotación presupuestaria para que dicho proyecto tenga una realización próxima. Por tanto, la petición que se hacía en nuestra proposición no de ley, que era instar para que en el
plazo máximo de dos ejercicios presupuestarios se construyera en la localidad de Motril un centro de acogida para inmigrantes, sigue plenamente vigente y es una petición sensata, razonable, pero mucho nos tememos que cuando se vaya a tomar la
decisión de poder realizar ese centro de acogida lo normal es que por la marcha que llevan las decisiones en el Gobierno, por la falta de agilidad en la toma de decisiones, por la adecuación de los proyectos y por la existencia de esa dotación
presupuestaria, sea claramente insuficiente o se hayan producido desgraciadamente situaciones como las que se vienen produciendo desde el verano del año 2002.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A esta iniciativa se ha presentado una
enmienda, para cuya defensa tiene la palabra, la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Evidentemente, el problema de los inmigrantes ilegales en toda Europa y la puerta de entrada que tiene por algunos países, como España, presenta una de las situaciones más trágicas y lamentables a las que
se tiene que enfrentar una sociedad moderna, viendo cómo la desesperación, el dolor y la muerte llega a nuestras costas y naturalmente nadie bien nacido puede ser insensible a estos temas. La costa granadina tiene un acceso multitudinario desde el
año 2001, aunque las vías de acceso cambian, como todos sabemos, y alguno de los hechos más lamentables que se han podido vivir ha sido la llegada masiva de inmigrantes a esta zona en julio de este año. Desde ese momento, señorías, señor
presidente, se arbitraron diversas soluciones de emergencia para atender en instalaciones privadas -como muy bien se ha dicho aquí-, como un local de la Cruz Roja Española, con una capacidad para 30 personas, a los inmigrantes durante el breve
espacio de tiempo que permanecían en el municipio de Motril.
El Ministerio del Interior es consciente de que existe una problemática y ha venido realizando una serie de actuaciones tendentes a solucionar esta situación. En este sentido, sabemos que está prevista la construcción de una nueva
comisaría, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Motril a la Dirección General de la Policía, y existe la previsión de que junto a la misma se ubicará una dependencia para atender a los inmigrantes que llegan a las costas en esta zona.
Esto se hizo hace 10 años, como muy bien dice la señora López ratificando lo que dije anteriormente, es decir, se cedieron esos terrenos, pero no se gestionó el famoso centro, aunque está previsto, naturalmente. Quisiera recordar, porque a veces
nos olvidamos de que estamos en un Estado autonómico, que la construcción de centros de acogida para inmigrantes forma parte de la materia transferida a las comunidades autónomas, que es desarrollada por sus propios medios mediante la firma de
convenios con el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por lo que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no tendría por qué facilitar estos fondos, porque son responsabilidades transferidas, ya que las transferencias no solamente son para
tenerlas, sino también para ejercerlas y responsabilizarse de ellas. Es importante que hablemos también de esa labor global que tiene que hacerse entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen esas materias transferidas y que
desarrollan por sus propios medios o mediante convenios que pueden establecer con otras administraciones. También es importante decir y volver a ratificar que esos terrenos se cedieron hace 10 años, cuando no era competencia de la comunidad
autónoma, y que en ese momento no se gestionó dicho centro. En este momento, el pasado 12 de noviembre de 2003, el Ministerio del Interior y el presidente de la Cruz Roja han formalizado un acuerdo por el que se establece un sistema integral de
asistencia a los inmigrantes en las costas de Andalucía, con el objetivo de reforzar, con nuevos medios, un sistema completo de coordinación para la atención humanitaria que se presta a los inmigrantes que llegan en pequeñas embarcaciones.
Esto
tiene que hacerse de una forma global porque las vías de acceso son cambiantes y el hecho de que se haya producido en Granada en el año 2001 nos hace ver que se estaba produciendo en otras costas con anterioridad.
Por ello, es necesario una
política global que dé atención a esas necesidades complementarias en las que se apoye. Ese acuerdo con la Cruz Roja prevé la creación de un centro de coordinación en Sevilla que va a permitir, mediante un único número de teléfono, dar respuesta a
todas las demandas de actuación urgente en la costa andaluza ante la llegada de inmigrantes. Igualmente, están previstos cinco equipos de atención humanitaria que están situados en
unos puntos estratégicos que se abren en abanico, que jalonando la costa cubren puntos estratégicos como Málaga, Barbate, Motril y Tarifa que son esos puntos de inflexión que cubren en forma de arco todo el posible acceso a las costas
españolas, así como la ampliación de un catálogo de medios que se cubre con 14 personas más, 18 vehículos para salvamento y ayuda, dos embarcaciones más a las ya previstas, numeroso material sanitario, alimenticio, informático y de comunicaciones.
Para ello se prevé que hasta final de año el Ministerio del Interior aporte 899.000 euros en orden a llevar a cabo un plan de actuación urgente hasta finales de año. Aparte de esto si se leen los Presupuestos Generales del Estado las partidas
previstas para el Ministerio del Interior, casi todas, van encaminadas hacia la actuación en materia de inmigración.
Vuelvo a reiterar aquí esa demanda que a veces se echa de menos cuando se habla de actuaciones globales. Por ejemplo, cuando se ha
hablado de zonas de sombra con radares en la costa a mí me hubiera gustado contar con colaboración -me consta el apoyo de personas que de buena fe están interesadas en resolver estos problemas- y no ir espigando los problemas como si estos
estuvieran sueltos y no formaran parte de un amplio abanico de necesidades integrales, porque los puntos de dificultad no son estables y van a variar según las circunstancias cambiantes. Por esto estamos conformes en que este acuerdo tendrá una
continuidad a lo largo del año 2004, estando ya prevista la partida económica para su financiación en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Por ello, hay que saber mirar también en los presupuestos,
presupuestos que son de tipo global y que van a un caso concreto y no van provincializados, incluso lo que va provincializado en este caso.
Por todo ello, desde el Gobierno y desde mi grupo parlamentario no consideramos necesarios los términos en que se expresa esta proposición.
Insistimos en que este no es un tema para que se abandone ni mucho menos, sino que felicitamos al
Gobierno que está haciendo un gran esfuerzo en este tema, aunque habrá que continuar haciéndolo. Ese gran esfuerzo a día de hoy no prevemos que vaya a acabar con toda la problemática que toda la Unión Europea y todo el mundo, lo que podríamos
llamar el primer mundo, va a sufrir durante los años venideros y se continuará profundizando en los proyectos puestos en marcha para la atención de los extranjeros que llegan de forma ilegal a las costas de la provincia de Granada y a las costas de
toda España. Por ello, hemos propuesto una enmienda transaccional para seguir profundizando en estos aspectos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra, señora López González, a efectos de pronunciarse sobre la enmienda.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, no tengo más remedio que rechazarla.
La solicitud en nuestra proposición no de ley se refiere a que en el plazo máximo de dos ejercicios presupuestarios se construya en la localidad de Motril un centro de acogida para inmigrantes. La señora Fernández de Capel nos propone que
se inste al Gobierno a que continúe profundizando en los proyectos puestos en marcha para atención de los extranjeros que llegan de forma ilegal a las costas de Granada. Con todos mis respetos y sin ánimo de crear polémica, es que no tiene nada que
ver una solicitud con otra. No sería una transaccional, sino que sería más una enmienda de sustitución porque no estamos hablando de lo mismo. En nuestra proposición no de ley estamos hablando de la creación de un centro de acogida y la enmienda
que propone la señora Fernández de Capel, por lo que observo de sus palabras y su intervención, se refiere a un proyecto global que hay en toda Andalucía. Por todo lo cual, señor presidente, no podríamos aceptarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Lamento que no se pueda acoger favorablemente esta enmienda que nosotros hemos presentado, cuando la construcción de ese centro de acogida no es competencia de la Administración general del Estado sino de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, existe un convenio global en actuaciones muy claras, muy concretas y como hemos dicho con una visión estratégica y global de las necesidades en la zona que sabemos que se van a ir presentando y de forma
cambiante todos los días. Si nos remitimos a Boabdila diría que la política del ribat es política del siglo xi y no del siglo xxi. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Como la votación la teníamos prevista a la 1 del mediodía, simplemente quisiera retomar una cuestión para saber cuál va a ser la posición final a efectos de la votación del Grupo Parlamentario Socialista. Durante el
debate de la proposición número 10 sobre objetivos de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos de interior he señalado -quiero reiterarlo para que quede claro cuál sería nuestra interpretación a efectos de la decisión que tome el Grupo
Parlamentario Socialista- clarísimamente que rogaríamos que no se forzara a una votación de este texto. Si pudiera ser retirado este texto y no se sometiera a votación nosotros ese no sometimiento a votación lo aplaudiríamos sin lugar a dudas. Por
tanto, nadie puede tener una interpretación de una actitud de derrota, todo lo contrario, lo aplaudiríamos como expresión, primero, de que su inclusión en el orden del día ha permitido
una reflexión importante sobre un asunto importante y, segundo, que hecha esa reflexión seguimos caminando juntos en lo que ya hemos hecho y vamos a seguir haciendo juntos, que es el consenso básico en el impulso de los asuntos que afectan a
las competencias o políticas de justicia e interior en el ámbito de la Unión Europea. Creo que podría ser una contribución muy importante que este texto no se sometiera a votación porque -vuelvo a repetir- si así fuere nosotros aplaudiríamos sin
lugar a dudas y sin ninguna reserva la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista de haber instrumentado este texto para tener al final de esta legislatura y en esta Comisión una reflexión importante al respecto. En todo caso, necesitaría saber
si el Grupo Parlamentario Socialista finalmente va a someter o no a votación el texto de referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Sí va a haber votación, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Suspendemos la sesión hasta la una, hora en que están previstas las votaciones. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para proceder a la votación de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día.
Antes quiero advertir a SS.SS. que en el programa de festejos próximo a estas fechas esta Comisión de Justicia e Interior tendrá varias sesiones: el día 15, a las cuatro y media de la tarde, con la presencia del secretario de Estado de
Seguridad; el día 16, y lo recalco especialmente, a las nueve de la mañana se debatirá y a las diez se votará, subrayo, a las diez de la mañana se votará el informe de la subcomisión de seguridad vial, constituida en el seno de esta Comisión, y
después la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que esperemos se sustancie ese mismo día; y el día 17 de nuevo diversas proposiciones no de ley que están pendientes.
Sin más, procedemos ya a las votaciones, de acuerdo con lo sustanciado en la sesión de hoy.
Votamos la que figura en el punto 1 del orden del día, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre incremento de los efectivos y medios materiales de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La que figura con el número 2 había sido retirada y, por tanto, procedemos a la votación de la que figura en el punto número 3, sobre la elaboración y desarrollo del reglamento de funcionamiento de las juntas locales de seguridad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Igualmente, habían sido excluidas las que figuran en los puntos 4 y 5 del orden del día y la número 6 y la número 7 del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Popular habían sido retiradas en esta misma sesión, por lo que
procedemos a votar la proposición no de ley que figura en el punto 8, por la cual se insta al Gobierno a que resuelva la situación de la oficina de extranjería de Alicante.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la número 9, proposición no de ley sobre seguridad ciudadana en la comarca del Vallès Occidental.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, con la corrección propuesta por el Grupo Popular y aceptada por el señor Pedret.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, en esos términos se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, la número 10, proposición no de ley sobre objetivos de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos de interior.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la que figura con el número 11 en el orden del día, sobre un plan de emergencia para el municipio de Morón.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la que figura en el punto número 12 sobre creación de una comisaría de Policía en Tomelloso, Ciudad Real, e incremento de la dotación de medios personales y materiales a las
comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Ciudad Real.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 13 había sido igualmente excluida del orden del día, por lo que procedemos a la votación acumulada de las que figuran con los números 14 y 15 del orden del día, relativas a la construcción de
una base de la jefatura superior de Policía en la ciudad de Granada y la relativa a la falta de efectivos policiales en la ciudad de Granada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos la que figura con el número 16 del orden del día, a la cual se había presentado una enmienda que, al no haber sido aceptada, hace que se someta a votación la proposición no de ley
en sus propios términos originarios, sobre la creación de un centro de acogida para inmigrantes en Motríl, provincia de Granada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Nada más, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran la una y diez minutos de la tarde.