CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 726

RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA

Sesión núm. 23

celebrada el martes, 1 de abril de 2003

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley: - Relativa a mejorar la accesibilidad y la calidad de la información y comunicación que presta la Administración General del Estado a través del portal del ciudadano. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 161/001907.) ... (Página 23332)


- Relativa a la tramitación de los procedimientos administrativos mediante el uso de Internet. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001686.) ... (Página
23332)


- Sobre jornada de trabajo de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001911.) ... (Página 23335)

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- Relativa a la cooperación técnica y económica a través de los Presupuestos Generales del Estado con el Ayuntamiento de Quel (La Rioja).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001956.) ... href='#(Página23339)'>(Página 23339)


- Relativa al incumplimiento de la disposición adicional vigesimoctava de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, en cuanto a la aprobación del estatuto orgánico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002009.) ... (Página 23343)


Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PRESTA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DEL PORTAL DEL CIUDADANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001907.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas. Vamos a debatir cuatro proposiciones no de ley porque la número dos ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Popular. La Mesa
considera que las votaciones conjuntas de estas cuatro proposiciones no de ley se celebrarán a partir de las doce y media de la mañana.



- RELATIVA A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL USO DE INTERNET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001686.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la primera proposición no de ley, relativa a la tramitación de los procedimientos administrativos mediante el uso de Internet, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra doña
Ana Vázquez.



La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo satisfecha en esta Comisión porque, una vez más, el Partido Popular va a cumplir con los deberes y sobre todo con una promesa electoral, que realizó en el año 2000, sobre la importancia de una
administración que preste servicios de manera eficaz y en constante mejora en aquellas áreas que la sociedad le propone gestionar. Somos conscientes de que los ciudadanos exigen de los poderes públicos que estén a la altura de los nuevos tiempos,
lo que conlleva que las tecnologías de la información estén alterando de forma sustancial nuestros trabajos y nuestras vidas; frase con la que comenzábamos la exposición de motivos de esta proposición no de ley.



La relación que existe entre la sociedad y las nuevas tecnologías -en este caso Internet- no es unidireccional ni estática sino, todo lo contrario, recíproca y dinámica. A medida que los individuos y las organizaciones van contribuyendo al
cambio y adaptándose a él en las diferentes áreas demandan con mayor insistencia que el resto de las organizaciones con las que están en contacto hagan lo mismo. De este modo, las tecnologías avanzadas son percibidas no sólo como un agente de
cambio y de transformación social, sino también como una exigencia de la propia sociedad dinámica y como fuente de ventaja competitiva; realidad que lógicamente alcanza a las administraciones públicas. El Partido Popular considera una prioridad en
la actuación de las administraciones públicas el uso de Internet como una herramienta que va a permitir la agilización y la reducción de costes en la tramitación de los procedimientos administrativos. En este sentido, la modificación que se llevó a
cabo en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, respecto de la Ley 30/1992 se hizo con la finalidad de impulsar el uso de las tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas en la actividad
administrativa, especialmente en las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas, regulando registros telemáticos, notificaciones telemáticas y certificados y transmisiones telemáticas. A raíz de esta modificación, cada vez se
va haciendo más necesario el desarrollo reglamentario de estas figuras, con la finalidad de agilizar los trámites administrativos y reducir los plazos de resolución y notificación. Se deben establecer los requisitos y limitaciones de carácter
general de las garantías necesarias para la utilización de estos instrumentos y permitir la permanente incorporación a la actividad administrativa de las innovaciones tecnológicas. Hoy día, la implantación, desarrollo y generalización de la
utilización de las tecnologías de la información


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y de la comunicación en la actividad administrativa, en especial en las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones, constituye un factor estratégico para favorecer una sustancial mejora en la eficacia y calidad de los servicios
públicos, un efectivo acercamiento de las administraciones a los ciudadanos y, por ende, para impulsar la competitividad y el desarrollo económico y social. Por otra parte, hay que tener muy presente la aprobación por parte del Consejo Europeo de
Sevilla de la iniciativa e-Europe 2005, que refuerza el compromiso europeo común de colocar en línea los principales servicios públicos.



Por todo lo dicho anteriormente, consideramos importante la aprobación de esta iniciativa, que insta al Gobierno a que proceda a generalizar la tramitación de los procedimientos administrativos a través de Internet.
Me gustaría que fuera
una iniciativa aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios y una vez más reitero nuestro interés en que así sea. Algún grupo podrá decir que es el Gobierno el que tiene que hacerlo, pero lógicamente nuestra labor parlamentaria como
diputados incluye también traer debates a la Cámara y a estas comisiones.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Josu Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, por la fecha en que está presentada esta proposición no de ley, octubre del año pasado, no parece difícil relacionar esta iniciativa con una batería de proposiciones no de ley que el Grupo Parlamentario
Popular presentó por aquella época en la Cámara, vinculadas con la modernización administrativa y en general la mejora de los servicios públicos. Se trataba de una batería que, como tuve ocasión de hacer notar en el debate sobre una de ellas, no
puede disociarse del cambio de titularidad que se produjo unos meses antes en el ministerio del ramo. Con motivo del debate de aquellas proposiciones no de ley tuve ocasión de observar que algunas de ellas parecían excesivamente genéricas y estaban
ayunas de compromisos concretos y otras, por el contrario, curiosamente eran tan concretas que daba la impresión de que aspiraban a solemnizar un proyecto o plan de actuación que era una realidad, formalmente aprobado por la Administración general
del Estado, incluso en vías de implementación. En la presente ocasión nos da la impresión de que ocurre algo muy parecido. La proposición viene precedida de una exposición de motivos que en sus contenidos, tal y como está formulada, es
incontestable, hace una descripción resumida pero certera de la revolución que el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones está provocando en todos los órdenes de la vida económica, social, incluso política, para
concluir afirmando la necesidad de que también la administración pública responda a las exigencias que este fenómeno plantea adaptando -se dice- sus estructuras, sus modos de organización y de funcionamiento no sólo para responder coordinadamente a
los esfuerzos de modernización que el sistema económico y el conjunto de la sociedad está desarrollando sino también para mejorar el propio servicio público. Es decir, no solamente por inducciones exógenas sino por responder a un deber de carácter
endógeno, que sería el caso de la necesidad de mejorar el servicio público.



Nadie puede cuestionar hoy que la modernización de las organizaciones públicas pase por incorporar a sus métodos y formas de actuación las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Probablemente no sea suficiente y un plan
integral de modernización administrativa requiera incorporar además de las nuevas tecnologías otra serie de elementos organizativos y culturales. Lo incuestionable es que hoy sería inconcebible un plan serio de cambio administrativo sin aplicar
todo el potencial que las tecnologías de la información y de las comunicaciones aportan para mejorar la relación de las administraciones públicas con los ciudadanos y con las empresas; pero esto se puede hacer de muy diferentes maneras, se puede
hacer desde claves distintas, desde diferentes filosofías. Se pueden incorporar las tecnologías a la Administración pública como un empeño en simplificar los procedimientos y mejorar los modos de actuación, pero sin ninguna filosofía que trascienda
lo que es estrictamente una mejora procedimental y de funcionamiento; y se pueden incorporar desde una filosofía distinta, aquella que está prevaleciendo en las experiencias que se están denominando en el ámbito de la Administración comparada como
e-gobierno o gobierno electrónico; expresión esta metafórica, de nuevo cuño, que pretende simbolizar de alguna manera un cambio radical, un cambio profundo en la propia filosofía de las organizaciones públicas, no solamente en la autoconcepción o
autopercepción de las organizaciones públicas sino también en relación con su cometido, con su misión, con su ámbito relacional, con lo que viene a constituir su cometido esencial de carácter servicial.



¿Qué es lo que apreciamos en esta proposición? Por un lado que carece del más mínimo compromiso temporal o de contenido. La verdad es que los redactores de la proposición podían haber hecho un esfuerzo para fijar algo así como un
calendario de actuaciones concretas y precisar, por ejemplo, cuántos procedimientos habrán de poder ser tramitados por Internet, cuáles y en qué plazos, para qué fecha, y aunque se tratase de objetivos poco ambiciosos nos permitiría disponer de
algún parámetro para seguir, evaluar y controlar la acción del Gobierno, pero no lo hace. La proposición queda un poco ayuna de compromisos concretos y queda reducida a una especie de pium desideratum como podría ser la proclama de que todos hemos
de ser buenos o todos debemos comportarnos bien con nuestro prójimo; se queda reducida a una especie de declaración de buenos


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propósitos imprecisa y poco mensurable. Pero es que además tampoco compromete al Gobierno en la asunción de una determinada línea de orientación estratégica. Antes he intentado explicar que efectivamente hay dos maneras de incorporar la
tecnología al funcionamiento de la Administración pública, una que se circunscribe a la pretensión de mejorar los procedimientos, de agilizarlos y simplificarlos incorporando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y otra más profunda,
más revolucionaria, que apunta a una reconcepción integral de la función de los servicios públicos y de las organizaciones de naturaleza pública. Tampoco se aprecia en la proposición un compromiso en ese sentido; no. La proposición no apunta ni
marca una línea estratégica que pretenda encauzar la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración por esta vía a la que antes he hecho referencia del e-Gobierno o del gobierno tecnológico. Pese a todo nuestro grupo no se puede oponer
a esta proposición porque hace una proclama -insisto- imprecisa, indefinida, sin compromisos concretos, sin asunción de estrategias y de compromisos tan poco precisos de cara al futuro, pero es una proclama de la que difícilmente se puede discrepar
y con la que en principio estamos de acuerdo. Por tanto, con todas estas salvedades vamos a apoyar la proposición.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María José López.



La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Comenzaré por donde ha finalizado el señor Erkoreka. Ante esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista no puede hacer otra cosa que votar favorablemente porque sería imposible decir que no a una
cosa que no dice nada tanto en su exposición de motivos como en la petición que se desarrolla para instar al Gobierno; es una proposición genérica, no concreta nada, se mantiene en la abstracción y por tanto es imposible decir que no. Hay una
cuestión que nos parece imprescindible. Cuando se trae este tipo de proposiciones no de ley, como ha dicho la diputada que ha intervenido en nombre del Grupo Parlamentario Popular, pretenden traer a esta Comisión un debate, pero no sabemos qué
debate porque no concretan en qué momento quieren realizar lo que dice la exposición de motivos, con qué finalidad, cuál va a ser la formulación, qué tipo de procedimientos y por cuáles vamos a empezar, si por los que tiene obligación el ciudadano
por los que tiene obligación la Administración. Lógicamente el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente, como he anunciado al principio de mi intervención, y decía que no podía ser de otra manera porque lo que han venido a reconocer
esta mañana con esta proposición no de ley es lo que no han hecho. Llevan siete años gobernando, siete años anunciando que van a proceder a la modernización de la Administración, que van a proceder a la simplificación de los procedimientos
administrativos, que va a ser más fácil que el ciudadano pueda acceder a ese tipo de procedimientos y que puede haber una relación interoperativa entre la Administración y el ciudadano, pero a lo largo de esos siete años no se ha producido. A lo
mejor esta proposición no de ley sirve para algo y es un punto de partida.



La señora diputada quizá no tenga conocimiento en esta cuestión, pero quisiera que a partir de este momento no sólo lo tuviera sino que el Partido Popular se comprometiera a hacer entrega al Grupo Parlamentario Socialista del anuncio que
hizo el 27 de febrero el ministro de Administraciones Públicas, don Javier Arenas. (El señor Martínez Sanjuán: Bocanegra) Bocanegra, vale. Es una petición al Grupo Popular porque el ministro se comprometió. En el mes de noviembre se encargó un
estudio para que la Administración tuviera una información exhaustiva de qué problemas y qué carencias tecnológicas tenía. El plazo se cerraba a finales de marzo y hoy es uno de abril, con lo cual el estudio tiene que estar terminado, motivo por el
que solicitamos desde aquí que se nos entregue. Y lógicamente hay una segunda petición. Una vez que el ministro encarga el informe porque conoce que hay deficiencias en la Administración, anunció que inmediatamente conocido el resultado iba a
poner en marcha un plan de choque. Pues también queremos tener conocimiento del mismo y que nos diga cuáles son las medidas de ese plan de choque. Para ello, señora diputada, todo eso tendría que haber venido en esta proposición no de ley en vez
de hacer un brindis al sol, que si es un buen champán estamos dispuestos a brindar, pero como comprenderá con esta proposición no de ley poca cosa más podemos hacer. Es más, por si usted no conoce en qué situación se encuentran los procedimientos
de la tramitación administrativa en cualquiera de los ministerios a los que acceda, le diré que una buena página web de cualquier compañero suyo de partido con unos buenos enlaces es capaz de llegar adonde no está llegando la Administración. Así de
fácil. Lo que ha hecho la Administración hasta ahora no da ningún resultado y no sirve nada más que para plantear lo que usted ha propuesto con esta proposición no de ley y es decir que van a poner en marcha determinados procedimientos a través de
Internet. Primero, nos tendrá usted que decir qué procedimientos son, porque en este momento si usted se conecta -yo no tengo ningún inconveniente en hacerle entrega de una conexión mía de ayer-, comprobará que no existe ninguna tramitación de
procedimiento, lo que hay son formularios, que es un concepto bastante diferente. El único procedimiento que existe es en el que hay obligación del contribuyente a hacer algún tipo de acción, eso sí, pero por parte de la Administración no hay
procedimiento alguno. Es decir, no hay interoperatividad, señora diputada. Tampoco le puedo negar que la discusión de esta proposición no de ley sea por lo menos oportunista, puesto que el ministerio


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ha anunciado que a primeros de abril -le pido que nos diga exactamente cuándo y qué cosas se van a poner en marcha en el mes de abril- se pondrán en marcha 245 supuestos procedimientos. A partir de 1 de abril, que es hoy, quisiera saber
cuáles son los procedimientos (insisto en que no son procedimientos sino formularios) desde qué ministerio y a qué se van a referir. Además de a todo esto, ustedes se comprometieron a esa reducción de procedimientos que yo le he dicho que no han
cumplido y, como veo que el Partido Popular sigue teniendo un gran fervor por la propaganda y por el marketing, debo decir que están ustedes realizando con procesos obsoletos una modernidad que no existe. No obstante, nuestro voto será favorable,
como ya he anunciado al principio de mi intervención.



- SOBRE JORNADA DE TRABAJO DE 35 HORAS SEMANALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001911.)


El señor PRESIDENTE: Retirada la segunda proposición no de ley, pasamos al tercer punto del orden del día que es la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la jornada de trabajo de 35 horas
semanales en la Administración del Estado. Tiene la palabra doña Juana Serna.



La señora SERNA MASIÁ: Señorías, la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas tiene plena actualidad, porque incluso en encuestas de ayer mismo y del domingo
vuelve a aparecer el problema del paro como el más grave y más importante para los españoles y, por otro lado, porque el reciente acuerdo firmado por la Administración y los sindicatos sirve de marco para poder incardinar esta medida que debería
estar liderando en estos momentos la Administración general del Estado.



Cualquier debate que hagamos sobre las 35 horas, cualquier reflexión que leamos sobre este tema da lugar a que veamos que está totalmente ligado a tres problemas: el paro, la temporalidad en el empleo y la dificultad de conciliar la vida
privada y profesional, la vida laboral y familiar. En cuanto al problema del paro, que es realmente muy grave en estos momentos para nuestro país puesto que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, nos encontramos con que la EPA -y eso
que han cambiado los criterios en cuanto a su confección- referida al cuarto trimestre de 2002 nos indica que ha supuesto nada menos que un incremento del 12 por ciento, de manera que en nuestro país se sitúa en este momento en torno al 11,5 por
ciento. Quiero recordar que el paro de la mujer es bastante más alto, 3 puntos más alto. Es decir, que en nuestro país, tal y como nos indica la EPA, 620 personas quedan desempleadas cada día. Por otro lado, en cuanto a la creación de empleo nos
indica que en el año 2002 se ha producido el peor incremento de los últimos ocho años. ¿Qué significa esto? Que realmente la economía española se está congelando y que es incapaz de crear el empleo que debería estar generando. En cuanto al
problema de la temporalidad en el empleo, la propia Administración general del Estado admite que existe un 22 por ciento y que precisamente uno de los elementos que dan lugar a la firma del acuerdo por parte de los sindicatos es el intento de bajar
ese altísimo porcentaje de temporalidad a un 8 por ciento, temporalidad que según el debate que hemos ido teniendo sobre este tema a lo largo de toda la legislatura proviene de la congelación de la oferta de empleo público. En cuanto a la
conciliación de la vida laboral y familiar, quiero recordar a SS.SS. unos datos interesantes. Por ejemplo, Francia en el año 2001, dos años después de la ley Aubry, consiguió el índice más alto de natalidad de Europa alcanzando el 1,9 y que en
España está simplemente en el 1,1 en estos momentos. Es decir que se está produciendo un verdadero descenso en el ámbito de la natalidad y que solamente ha subido algo gracias precisamente al porcentaje tan alto de niños de mujeres inmigrantes que
están naciendo en nuestro país.



Si estos son los tres grandes problemas que dan lugar a que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado esta proposición no de ley, ¿cuáles son las posiciones que en relación con estos problemas se han ido tomando en la Unión Europea y
en nuestro propio país? Quiero recordarles, y está en la motivación de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que en la cumbre de Luxemburgo todos los Estados miembros se comprometieron a buscar fórmulas de reducción de la jornada
laboral con el fin de disminuir el alto índice de paro que existe en estos momentos.
¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto? Como SS.SS. saben, el Gobierno español es hostil a esta medida. Quiero citar textualmente al señor Rato, cuando
al hablar de este problema de creación de empleo dice: El modelo español de creación de empleo está basado en el crecimiento económico, en el control de gasto público y en el control de la inflación. Ese modelo que explicaba el señor Rato está
haciendo aguas continuamente y no solamente los grandes analistas económicos sino que el propio Gobierno está, trimestre a trimestre, desmintiéndose a sí mismo porque nunca las cifras de crecimiento económico se han cumplido, las previsiones del
Gobierno han quedado totalmente deshechas por la realidad y, por otro lado, ya no podemos hablar de control de inflación sino de un enorme descontrol en nuestro país. Por tanto, podríamos decir que el modelo Rato en relación con la creación de
empleo se está convirtiendo en un modelo excluyente.



Ya que citaba antes la ley de la ministra francesa Aubry, quería leerles algo que a mí me pareció interesante en relación con este debate. Dice -cito literal-:


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Los países industrializados nos equivocamos desde la crisis del petróleo, porque pensamos que había una única solución -subrayo única solución- que era que el retorno al crecimiento económico eliminaría el desempleo. No es así. Este modelo
ya no sirve. Hay que explorar otros caminos posibles.
Terminó la cita. En relación con esto, la postura del Grupo Parlamentario Socialista es considerar que otro camino posible para disminuir el índice tan alto de paro que hay en nuestro país es
precisamente la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Por tanto, si el Gobierno del Partido Popular es totalmente hostil a esta medida, nosotros somos favorables siempre que se cumplan tres premisas. Quiero recordar también que fueron los
gobiernos socialistas los que en el año 1983 redujeron la jornada a 37,5 horas, es decir, hace 20 años, por lo que nos parece que el Gobierno del Partido Popular debería revisar esta norma, que lleva ya 20 años vigente.



Las condiciones de mi grupo para que esta reducción de la jornada a 35 horas sea realmente interesante es que se genere empleo, que se aborde de forma descentralizada y que se haga por la vía del acuerdo con los agentes sociales. En
definitiva, hay que tener en cuenta que la economía española tiene actualmente muy poca capacidad para generar empleo, como demuestran los datos que les daba; que nuestro índice de paro es el más alto de Europa y que en la actualidad el lema que
proclamaba el señor Rato en el sentido de que el crecimiento económico genera por sí solo más empleo está siendo sustituido hoy por la idea de que el crecimiento económico, aun siendo necesario, no es suficiente para generar empleo.
Por lo tanto,
consideramos que es urgente y necesario adoptar la reducción del tiempo de trabajo como un instrumento esencial para reducir los altos índices de paro y de precariedad que existen en nuestro país.



Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo está plenamente de acuerdo con las normas que ya se han adoptado en muchas comunidades autónomas.
Quiero recordarle que en este momento nada menos que 11 comunidades autónomas de las 17 que
tenemos ya tienen una jornada de 35 horas. Las voy a citar: Andalucía, Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Baleares, Asturias, País Vasco, Ceuta y La Rioja. Las cito para que vean que en estas comunidades está representado
todo el espectro político español y que, por lo tanto, los partidos políticos, da igual que sean de Convergència, de PNV unido con Izquierda Unida, del Partido Socialista o del Partido Popular, sí que están de acuerdo en comunidades autónomas y
totalmente en contra de la hostilidad que el Gobierno ha demostrado en relación con esta medida. Además de las 11 comunidades autónomas que ya han adoptado esta medida, nos encontramos con que la Comunidad Valenciana la hará efectiva a finales de
2004 y en Castilla y León se sigue negociando en este momento sobre este tema, lo cual significa que nada menos que el 68 por ciento de los empleados públicos españoles ya trabajan con una jornada reducida de 35 horas. El señor Martínez Sanjuán ha
recordado hasta la saciedad en esta Comisión que solamente uno de cada cuatro empleados pertenece a la Administración General del Estado. Por lo tanto, estas experiencias que se están produciendo en las comunidades autónomas deberían dar lugar a
una profunda reflexión al respecto y por este motivo instamos al Gobierno para que lo lleve a cabo.



Quiero recordar además, señorías, que en todas las universidades españolas el personal administrativo y de servicios ya se rige por la jornada laboral de 35 horas y que en las corporaciones provinciales y locales, a finales de 2001, según
los datos que he conseguido, se habían firmado 540 convenios y en otras muchas corporaciones provinciales y ayuntamientos, aunque no han firmado el convenio para que el Gobierno no lo impugne, han llegado a acuerdos para las 35 horas semanales.
¿Qué quiero decir esto? Que en estos momentos sólo la Administración General del Estado y los organismos autónomos que dependen de ella quedan fuera de esta experiencia laboral que, sin embargo, debería estar liderando en estos momentos. Pues
bien, para el Grupo Parlamentario Socialista la Administración del Estado ha perdido una oportunidad de oro para introducir este asunto en el reciente acuerdo que ha firmado con los sindicatos. Podría contestar el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que está firmado por los sindicatos, pero en este momento, como muy bien dicen los sindicatos en todas sus declaraciones, el problema de la precariedad en el empleo, el problema del paro y el problema de la temporalidad en las
administraciones públicas es tan grave que, por supuesto, por un ejercicio de responsabilidad, tenían que firmar el acuerdo.



Señor presidente, esta proposición no de ley insta al Gobierno a que, previa negociación con los sindicatos, adopte las medidas necesarias para que la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración General del Estado se
establezca siguiendo el módulo de cálculo de 35 horas semanales, proyectándolo al cálculo anual de jornada máxima legal que les es aplicable. Esta medida es posible porque precisamente el acuerdo Administración-sindicatos señala que la jornada
tendrá una duración máxima de 37,5 horas semanales. Pero además esta medida es posible porque, como saben SS.SS., las 37,5 horas a la semana son una simple ficción porque cuando se divide su equivalente anual, que son 1.647 horas, por las semanas
laborales, no sale el cómputo, no cuadran las cifras. De hecho, están trabajando menos de esas 37,5 horas. Hagamos un ejercicio de responsabilidad y consideremos que lo que es un hecho sea un derecho de los empleados públicos.



Señorías -y con esto acabo-, los objetivos de esta proposición no de ley son sobre todo la creación de empleo, la estabilidad para el empleo temporal y la conciliación de la vida privada y profesional, es decir,


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de la vida familiar y laboral de los trabajadores españoles en el ámbito de las administraciones públicas. Nos parece que es una muy buena medida y que es un debate importantísimo el que hay que introducir, teniendo en cuenta que el modelo
de creación de empleo del Gobierno español está siendo excluyente e ineficaz, y por lo tanto instamos al Gobierno a que lidere algo que ya se está haciendo en nuestro país, por lo que debería llevarlo a cabo por el bien del empleo en España y para
conseguir los objetivos que les he indicado anteriormente.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra don Josu Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Voy a hacer una intervención muy breve, solamente para anunciar el voto favorable del Grupo Vasco a esta proposición; voto favorable que se apoya en la coherencia que el grupo quiere mantener con la posición que
viene sosteniendo nuestra formación política en todos aquellos ámbitos en los que goza de alguna responsabilidad para la gestión de recursos humanos en el ámbito público.
La progresiva aproximación al horario de 35 horas semanales viene siendo una
constante en estos ámbitos en los que nuestra formación política tiene alguna responsabilidad de gestión de recursos humanos y la adopción, en su caso, de las medidas compensatorias que fueran pertinentes, incluidas, por supuesto, si fueran
necesarias, las de creación de nuevos puestos de trabajo. Por tanto, en coherencia con esta posición, vamos a votar a favor de esta iniciativa.



El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Maillo tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.



El señor MARTÍNEZ MAILLO: Intervengo para fijar nuestra posición respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nuestra posición -inicialmente ya lo manifiesto- es contraria a esta proposición no de
ley.



He leído con mucha atención como no podía ser de otra manera, la exposición de motivos y también he escuchado con atención las reflexiones que ha planteado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y si inicialmente, cuando leí la
exposición de motivos, me produjo cierta extrañeza el contenido de esta proposición no de ley, escuchando los argumentos de la portavoz socialista me produce todavía más extrañeza su contenido porque supone desconocer la existencia de un acuerdo
suscrito entre los sindicatos y la Administración, entre los sindicatos y el Gobierno, de 13 de noviembre de 2002, para un periodo que está vigente en la actualidad, que es el de 2003 y 2004. Esto, a lo que parece no dar mucha importancia
fundamentalmente porque habla de los sindicatos como si no lo hubieran firmado, es un acuerdo sólido, firme, suscrito por los sindicatos y por el Gobierno para los próximos dos años; un acuerdo que contempla no sólo medidas en materia de jornada
laboral, sino también para la mejora de la Administración General del Estado. Digo que nos llena de extrañeza por las razones que se dan cuando dice que el planteamiento de la jornada de trabajo de 35 horas es un instrumento fundamental para la
creación de empleo y dice también en su exposición de motivos que constituye una prioridad. Pues bienvenidos a esa prioridad, porque nosotros llevamos ya muchos años en ella y estamos ejecutando políticas de empleo desde hace ya muchos años. Si su
gran aportación a esta política de creación de empleo es la jornada laboral de 35 horas en la Administración general del Estado, eso está bien pero sin duda nuestras aportaciones han sido mucho más fructíferas, porque cuando se habla de creación de
empleo hay que contemplar el histórico, y, si quieren, vamos a hacerlo. Podemos observar que desde el año 1996 hay casi cuatro millones más de nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Eso es algo innegable, y por tanto que se diga que
está en declive la política económica de Rato y no sé cuántas otras cosas que se han dicho en esta Comisión a uno le llena de cierta extrañeza y sorpresa, y más cuando se dice desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque parece ignorar la tasa de
paro que teníamos en el año 1996. Se la puedo recordar: el 22,91 por ciento de tasa de desempleo. Dígaselo a los casi cuatro millones de trabajadores que actualmente están afiliados a la Seguridad Social, a ver qué opinan ellos de esta situación.



También nos llena de sorpresa que cuestionen el crecimiento económico como motor para la creación de empleo. Si quieren inventar la economía, pueden reinventarla, pero, que yo sepa, el hecho de que España ha crecido desde el año 1996 por
encima del resto de los países de la Unión Europea ha sido un elemento fundamental para la creación de empleo, y que actualmente, en el contexto internacional en el que se vive, España siga creciendo por encima de lo que crece el resto de los países
europeos también me parece un elemento fundamental a tener en cuenta. Por tanto, bienvenidos a esa prioridad. Estábamos deseando que ustedes se acercaran a ella, pero me da la sensación de que llegan tarde y con una medida que se queda coja en
cuanto al planteamiento de creación de empleo. ¿Por qué? Porque hoy nadie puede discutir que la Administración pública tiene una incidencia directa en lo privado. Todos, las empresas y los ciudadanos en particular, nos dirigimos diariamente a la
Administración para resolver mil y un trámites, por lo que la Administración, en su sentido global, es un instrumento dinamizador de la economía. Es un instrumento que dinamiza y vertebra la economía y que incluso sirve como instrumento, como dice
muy bien el Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de empleo.
Pero no sólo en materia de jornada laboral; también se incide en el crecimiento económico


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y en la creación de empleo cuando se introducen políticas que ayudan a acercar la Administración al ciudadano, también en ese caso. Y hemos escuchado una anterior intervención de una compañera del Grupo Parlamentario Popular en torno a una
política que sin duda también supone acercar y modernizar la Administración general del Estado. ¿O es que alguien piensa que, por ejemplo, las iniciativas en materia de ventanilla única empresarial que se han puesto en marcha no significan también
una política importante a la hora de creación de empleo? ¿O es que el hecho de que no tengamos que pedir a la Administración más documentos de los que ya tiene no es un elemento para la creación de empleo? Yo creo que sí; creo que todo eso en
conjunto y la propia Administración en su conjunto son un instrumento perfectamente válido como elemento dinamizador para la creación de empleo. Por tanto, repito, bienvenidos a esa prioridad, pero nosotros llevamos en ella muchísimo tiempo.



En el acuerdo entre la Administración y los sindicatos se plantea entre sus objetivos prioritarios la racionalización de los recursos humanos y un correcto dimensionamiento del volumen de los mismos. En este sentido -se dice- el diseño de
planes de oferta de empleo tiene que ser equilibrado, conjugando criterios de racionalidad y de necesidad. Este acuerdo incorpora además el compromiso de elaborar un diagnóstico global de la situación de los recursos humanos en la Administración
general del Estado que permita detectar ámbitos y unidades deficitarios y excedentarios y diseñar la política de racionalización.



En cuanto a lo que se ha dicho respecto a la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración, este mismo acuerdo contempla elementos importantes porque sin duda constituye un compromiso importante para el
Gobierno. En este sentido, el acuerdo también ha introducido sustanciales mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados relacionadas con su profesionalización y cualificación, con la estabilidad en el empleo, la mejora en la calidad de
vida en el trabajo, así como medidas de ordenación retributiva e incentivos salariales.



Este acuerdo entre Administración y sindicatos establece en materia concreta de duración de la jornada laboral una duración máxima de dicha jornada de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, pero además señala
una jornada de 32 horas semanales de obligada concurrencia, admitiendo la flexibilidad para la realización del resto de la jornada, y hay un grupo creado en el ministerio que está tratando de hacer la adaptación entre la anterior instrucción en
cuanto a jornada laboral y la actual aplicación del acuerdo. Lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es, en terminología parlamentaria, hacer una enmienda de sustitución a un acuerdo suscrito entre los sindicatos y la Administración.
Saltándose el contenido del acuerdo, donde dice 'jornada máxima de 37 horas y media' pretende que diga 'jornada máxima de 35 horas'. Viniendo del Grupo Parlamentario Socialista, que es estandarte de la coherencia, es lógico que ya no nos llene de
sorpresa, pero no puede pedir al Grupo Parlamentario Popular que apoyemos la incoherencia porque en esa vía no nos va a encontrar. Si ha habido un acuerdo que ha sido labrado con dificultad, cuando los sindicatos y la Administración han tenido que
hacer un ejercicio importante de acercamiento de posturas y de flexibilización de posiciones y cuando hay grupos de trabajo dedicados precisamente a la ejecución de ese acuerdo, ahora no se puede plantear su modificación para los dos próximos años.
El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la recuperación del diálogo que ha habido entre la Administración y los sindicatos y por eso consideramos que esta proposición no de ley es absolutamente extemporánea. Tendría sentido en otra época, en
otro momento, antes del acuerdo o incluso después del acuerdo, pero creemos que ahora, además de incoherente, como he dicho antes, es extemporánea. En definitiva, ¿qué es lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista? Pedirle al Gobierno que
vaya en contra de los actos propios. El Gobierno ha firmado un acuerdo, y ahora se le pide que diga lo contrario de lo que ha firmado, y desde luego en ese ámbito no nos va a encontrar.



Hablamos de incoherencia porque es evidente, entre otras cosas, porque una proposición no de ley muy parecida, sobre la jornada de 35 horas, fue planteada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en el Pleno del Congreso el día
30 de octubre de 2001 -hace escasamente año y medio- y fue rechazada; sólo obtuvo el apoyo del grupo proponente y de algunos diputados del Grupo Parlamentario Mixto. El Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo, fomentando su clara coherencia con
la política de creación de empleo y sosteniendo además esa política coherente en materia de Administración pública.



Nosotros apoyamos el acuerdo alcanzado. Por cierto, su portavoz, en la comparecencia del secretario de Estado de Administraciones públicas en esta Comisión, literalmente se felicitaba y felicitaba también a los sindicatos y al Gobierno por
este acuerdo, y parece que ahora no es tan agradable su contenido. Nosotros consideramos que es un buen acuerdo, que no hay necesidad alguna de provocar ninguna ruptura, a no ser que lo que plantee el Grupo Socialista sea poner trabas u obstáculos
al desarrollo del acuerdo. Probablemente al Grupo Parlamentario Socialista no le ha gustado que hayamos suscrito este acuerdo, que es fruto del diálogo, de la negociación y de la flexibilización de posiciones de las partes. Quizá esto es lo que no
les ha gustado y ahora lo que se plantea es poner trabas y obstáculos en la ejecución, basándose en posiciones, como he dicho antes, absolutamente incoherentes. Desde luego, en este camino no nos van a encontrar. Nuestra posición es de claro apoyo
al acuerdo en el que se establece


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la jornada laboral en 37,5 horas, entre otras cosas, porque está suscrito por los sindicatos, que creo que algo tienen que decir sobre este tema.



La señora SERNA MASIÁ: Señor presidente, ¿me daría un minuto para contestar?


El señor PRESIDENTE: Le doy hasta dos minutos.



La señora SERNA MASIÁ: Solamente quiero decir dos cosas al portavoz del Grupo Popular. En primer lugar, este acuerdo lo que hace es firmar todas las medidas que durante la anterior legislatura y la actual estuvo diciendo y gritando el
Grupo Parlamentario Socialista que se llevasen a cabo, y frente a eso el Gobierno estuvo durante siete años de manos caídas.



Quería decir en segundo lugar que lo que dice el acuerdo es que se establece como máximo 37,5 horas. Por lo tanto, uno de los argumentos que he usado es que cambian las 35 horas de jornada laboral sin deshacer para nada un acuerdo con el
que siempre hemos estado de acuerdo y que hemos pedido al Gobierno durante muchos años que llevara a cabo. Es más, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estamos de acuerdo con todas nuestras comunidades que tienen firmados acuerdos de 35
horas, por lo que no hay ninguna incoherencia. Yo he querido ser educada y no le he dicho que la incoherencia es de ustedes porque supongo que las comunidades autónomas del Partido Popular que tienen las 35 horas no piensan como usted ni como el
Gobierno en relación con la Administración general del Estado, porque, si no, no las habrían establecido, por lo que donde existe incoherencia es en el seno de su grupo y de su partido.



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Maillo, otro minuto.



El señor MARTÍNEZ MAILLO: Desde luego, no he tratado ni mucho menos de plantear un problema de educación, sino simplemente he tratado de hacer ver a la Comisión las incoherencias del Partido Socialista. Lamento mucho que le moleste, pero
esa es una realidad. ¿Es que acaso ustedes no se abstuvieron hace poco menos de un año en aquella votación en la que se planteaba estrictamente esta misma medida? ¿Esto no es cierto? ¿Pueden desdecir lo que acabo de manifestar respecto a que en
el Pleno de 30 de octubre de 2001 se dijo lo que dijo el Grupo Parlamentario Socialista?


Por otra parte digo que en terminología parlamentaria lo que plantea el Partido Socialista es una enmienda de sustitución, y es verdad. Le invito a que se lea su propia proposición no de ley. Se la voy a leer textualmente. Dice: Previa
negociación con las organizaciones sindicales, adopte las medidas necesaria para que la jornada de trabajo de los empleados de la Administración general del Estado sujetos a régimen estatutario se establezca siguiendo el módulo de cálculo de 35
horas, proyectándolo al cálculo anual de jornada máxima legal aplicable a estos trabajadores. Actualmente, el acuerdo dice 37,5 horas de jornada máxima legal. Esto es una modificación, es un cambio radical en el contenido. No cabe que usted haga
una modificación unilateral de ese acuerdo y ponga 35 horas de jornada máxima, porque lo que está planteando es una modificación total y radical del contenido del acuerdo, y, reitero esa incoherencia -lo siento mucho- la hemos puesto de manifiesto
porque es real y cierta.



- RELATIVA A LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CON EL AYUNTAMIENTO DE QUEL (LA RIOJA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001956.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada también por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la colaboración técnica y económica con el Ayuntamiento de Quel, en La Rioja.



Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Tras escuchar lo que ha dicho el señor Martínez Maillo, le digo que el Grupo Parlamentario Popular no podrá en este caso acusarnos -entre comillas- de falta de coherencia en la presentación de esta proposición no
de ley, porque en todas las leyes de presupuestos mi grupo parlamentario ha presentado en los últimos años una enmienda para intentar resolver un problema importante no sólo de un municipio como el de Quel, sino de un conjunto de municipios que a lo
largo del valle del Cidacos, zona magnífica por sus características, por su predisposición, por la calidad de sus gentes, por su historia -y a la que invito a todos ustedes a conocer ahora que comienza una de las épocas más importantes, como es la
recolección de la verdura y de unas bellezas espléndidas- tiene un gran problema de seguridad en su municipio, consecuencia de la existencia de una montaña, más conocida como La peña, como la citaba el ilustre escritor y natural de la villa de Quel,
Bretón de los Herreros, cuando se refería a la peña que soporta los restos de un castillo muy antiguo de la época de los árabes y que tiene unos gravísimos problemas de estabilidad, produciendo de vez en cuando graves problemas en este municipio.
Este problema lo tienen una serie de municipios, a los que me referí anteriormente, a lo largo del valle del Cidacos como consecuencia de la morfología y características de los terrenos que están rodeando a estos municipios, que son rocas de
sedimentación que producen de vez en cuando gravísimos sustos a los integrantes de pueblos como Arnedo, Herce, Santa Eulalia, Arnedillo, etcétera. Es más, en el


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año 1991, a instancias de la Delegación del Gobierno de La Rioja, el Instituto Tecnológico Geominero de España elaboró un informe que en sus conclusiones, por las características de los montes que están encima del municipio de Quel, decía:
Se hace necesario elaborar un estudio de medidas de prevención y corrección encuadradas en un gran plan de actuaciones que resulten adecuadas y eficaces para dar respuesta y solución a los problemas de falta de seguridad que tiene esta montaña que
está encima del municipio de Quel. El clima, la estructura, las características, el riego, el desprendimiento y la vulnerabilidad -decía- hacen necesario asumir rápidamente medidas correctoras, medidas de saneamiento, medidas de prevención y
medidas de protección porque los resultados del análisis del estudio elaborado por el Instituto Geominero de España dicen que el municipio de Quel presenta zonas con un alto riesgo y puntos vulnerables, es decir, que hay intervalos del municipio y
zonas que están en la base de la misma ladera que, a la vista de los desprendimientos que se han producido, presentan gravísimos niveles de inseguridad y otros más lejanos presentan también graves problemas. En definitiva, que el informe del
Instituto Geominero de España dice que hay que sanear la roca, sanear la peña y establecer medidas de prevención.



En los últimos años se han tomado medidas sobre todo de prevención, pero no se han abordado de una forma seria medidas de saneamiento de la peña de este municipio de Quel, y en esos años se han conocido algunos problemas y circunstancias
graves: en el año 1967 una persona falleció como consecuencia del derrumbamiento de una parte de esta peña; todos los años en determinados momentos hay caída de rocas y material sedentario, y en el año 2002 hubo un gran desprendimiento de más de
3.000 kilos que produjo el hundimiento de una vivienda. Con tal motivo el ayuntamiento solicitó ayuda a la Administración general del Estado para resolver el problema de unos vecinos, ayuda que fue denegada por la Subdirección General de
Subvenciones y Gestión de Recursos de la Dirección General de Protección Civil. Por cierto, el ayuntamiento no recibió el escrito de resolución. Por tanto, a lo largo de estos últimos años el ayuntamiento de Quel y todos los ayuntamientos, de
todos los colores políticos, preocupados por este problema, han demandado ayuda a la Delegación del Gobierno de La Rioja, al Gobierno regional, a Protección Civil y a los grupos parlamentarios, pero en términos generales siempre han obtenido una
respuesta, que es que los problemas derivados de este municipio y de esta peña son responsabilidad del Ayuntamiento de Quel. Creo que esto no es así. Mi grupo parlamentario, que se ha reunido con los representantes del ayuntamiento en varias
ocasiones, piensa que no es una cuestión de responsabilidad o de competencia de carácter solamente jurídico, sino que es una cuestión de equidad, de justicia y de hacer verdad el espíritu de colaboración entre las administraciones españolas, más
allá del ámbito puramente competencial. Además de un problema de justicia, creo que es también un problema de conciencia, ya que es un ayuntamiento el que se dirige a un parlamentario y a un grupo parlamentario pidiéndoles ayuda, y ese grupo
parlamentario y ese diputado no debe hacer caso omiso a esta demanda de ayuda ya que se puede producir cualquier desgracia y nadie quisiera tener sobre su conciencia la responsabilidad de no haber hecho lo que creía que tenía que hacer. De tal
forma que, como decía al principio, mi grupo parlamentario ha venido presentando en los debates presupuestarios enmiendas para mejorar la financiación y la colaboración de la Administración central con el Ayuntamiento de Quel. ¿Por qué? Porque el
Ayuntamiento de Quel, emprendedor, laborioso, con futuro, tiene un presupuesto de ingresos que no llega a los dos millones de euros, y para que un ayuntamiento de estas características, como muchos en La Rioja y en España, pueda resolver este
problema tiene que buscar la colaboración, el entendimiento y la participación de las administraciones más poderosas y más potentes. El problema no se resuelve diciendo que no se es competente, porque el problema sigue estando -nunca mejor dicho-
sobre las cabezas de los ciudadanos, en este caso de Quel, pero podríamos hablar de Herce o de tantos municipios de España.



Podríamos entender que la colaboración histórica de determinadas administraciones con este municipio hubiese hecho que el municipio de Quel tuviera el nivel de financiación adicional, además de los presupuestos propios del ayuntamiento, para
haber abordado este problema.
Pero tampoco es verdad, porque a través del Plan Regional de Obras y Servicios, financiado conjuntamente con la comunidad autónoma, he estado revisando cuál ha sido la financiación desde los presupuestos del MAP al
municipio de Quel para ver si había tenido un trato especialmente favorable para que el ministerio en este caso o en otros momentos no hubiese atendido una demanda que es lógica, y no he encontrado ninguna respuesta favorable. Al contrario, la he
encontrado desfavorable, porque de cada cien pesetas del Plan General de Obras y Servicios con que en los últimos seis años se han financiado los municipios riojanos, 47 han venido de los presupuestos del MAP y 53 de los ayuntamientos. Pero en el
caso del Ayuntamiento de Quel, en los últimos seis años, en vez de 47 pesetas, como el resto de los municipios, ha recibido 35, y en todas las obras que ha tenido que realizar el municipio de Quel, el ayuntamiento ha tenido que poner 65. Por otra
parte, el municipio de Quel, que tiene este gravísimo problema, ha recibido un trato no satisfactorio del Ministerio de Administraciones Públicas. Por tanto, no ha habido financiación con cargo a los presupuestos ni de la comunidad, ni del
Ministerio de Administraciones Públicas, ni a través de las enmiendas que hemos venido presentando en los Presupuestos Generales del Estado, y el problema sigue existiendo


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cada vez con más gravedad. La única solución que les queda a los queleños y a la corporación del Ayuntamiento de Quel para intentar buscar una solución estable al gravísimo problema es que el Gobierno central colabore técnica y
económicamente a instancias del Congreso de los Diputados, y lo puede hacer si hay voluntad política de realizarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de señalar un determinado organismo que pudiera participar o colaborar, sino que a bote pronto se me
ocurren tres alternativas: una, Ministerio de Fomento; dos, Protección Civil, y tres, colaboración del Ministerio de Administraciones Públicas a través del programa característico de colaboración y cooperación con los ayuntamientos. Cualquiera de
ellos sirve para resolver un problema. Por eso hemos presentado la iniciativa de instar al Gobierno a colaborar y participar en la resolución de un problema serio que, si no se aborda en debidas condiciones, podría producir un gravísimo problema de
seguridad no sólo de medios físicos, sino también humanos, con la cooperación entre las administraciones públicas. Por eso, señor presidente, mi grupo parlamentario, a través de la presentación de esta proposición no de ley, insta al Gobierno a
resolver el problema que tienen históricamente. Puedo asegurarle, señor presidente, que no fuimos los socialistas los que pusimos la peña, ya que parece que somos los causantes de todos los problemas de este país -y permítame que haga esta broma-.
No pusimos la peña, estaba desde hace mucho tiempo, pero busquemos soluciones para evitar desgracias. La respuesta la tiene el Grupo Parlamentario Popular, la mayoría parlamentaria, así es que espero no sólo buenas palabras sino una votación
favorable y un compromiso serio y estable del Gobierno de España en estos momentos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Paloma Corres.



La señora CORRES VAQUERO: Sintiéndolo mucho, tengo que sorprender al señor Martínez Sanjuán porque mi grupo parlamentario no va a votar a favor de esta proposición no de ley. Pero es que además tengo que decir, respecto a las palabras del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista referidas a nuestra conciencia como grupo o a nuestra conciencia como personas, que la conciencia del Grupo Parlamentario Popular está muy tranquila no sólo en ese tema sino también en otros muchos. Eso
para comenzar.



A continuación quisiera decirle que la proposición no de ley que presenta hoy en esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista, a juicio de mi grupo parlamentario, quiere utilizar -no me atrevo a calificar de qué manera- un cauce de
colaboración respecto a resolver el supuesto problema de peligrosidad de la peña de Quel a través de los Presupuestos Generales del Estado. Efectivamente, no voy a ser yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la que niegue la coherencia
al señor Martínez Sanjuán, en cuanto a lo que él ha manifestado en esta Comisión, por haber presentado en los últimos años, a través de los Presupuestos Generales del Estado, enmiendas que hacían referencia a este problema. Bien es cierto que
estamos hablando de coherencia desde que empezó a gobernar el Partido Popular, porque no hay que olvidar que si bien el Grupo Parlamentario Socialista no ha puesto allí la peña, sí ha estado gobernando durante más de trece años este país y la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Me ha dado además un dato que desconocía, pero que me ha dado pie para continuar mi argumentación. El señor Martínez Sanjuán ha dicho aquí que desde el año 1991 existe un informe del Instituto Geominero de España
que hace referencia a la posible elaboración de un estudio para solventar los problemas de desprendimientos de la peña de Quel. Yo me pregunto -y se pregunta mi grupo-, ¿qué hizo el Partido Socialista del año 1991 al año 1995, que no elaboró ese
estudio ni tomó ninguna medida al respecto? El señor Martínez Sanjuán era también diputado entonces. No voy a ser yo quien diga que entonces el señor Martínez Sanjuán desatendió la obligación, como hoy ha dicho aquí, que tenía para con el
municipio de Quel, y tampoco voy a ser yo la que diga que en aquel momento existió una desatención a la tan gravísima peligrosidad que existe en la zona.
Efectivamente, la problemática no existe solamente en el municipio de Quel, como ha dicho el
señor Martínez Sanjuán, sino que existe en muchos otros municipios del valle del Cidacos -valle que, por circunstancias familiares, conozco bien ya que desciendo de aquella zona-, que comprende municipios con un gran atractivo turístico, económico y
de todo tipo; eso es cierto. Pero, como digo, la coherencia hay que demostrarla siempre, no sólo cuando no se gobierna. Cuando se gobierna se tiene una responsabilidad mayor que cuando no se gobierna, y la responsabilidad es atender la
problemática de los municipios.



Por otro lado, me gustaría resaltar que no sé si al municipio de Quel, gobernado por el Partido Socialista, le preocupa mucho o poco la peligrosidad de la peña, por cuanto cada año que pasa, y siendo competencia de la comunidad autónoma la
colaboración técnica y económica para con los ayuntamientos de la propia comunidad autónoma, el municipio de Quel solicita colaboración económica de la Comunidad Autónoma de La Rioja, gobernada por el Partido Popular, para otros muchos asuntos muy
diferentes del de la peligrosidad ocasionada por esta peña. La Comunidad Autónoma de La Rioja en ningún momento ha negado -y no podrán encontrar ningún documento que atestigüe lo contrario- la ayuda económica para ejecutar obras que hagan descender
la posible peligrosidad de la peña.
Repito que no podrá encontrar ningún documento; todo lo contrario, la Comunidad Autónoma de La Rioja, gobernada por el Partido Popular desde hace siete años, está dispuesta y abierta a que en cualquier momento
el


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alcalde de Quel o el gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Quel solicite su colaboración económica para la ejecución de obras que puedan ayudar a subsanar este problema. No se ha dado esa circunstancia, hay que decirlo así
de claro. No podemos apoyar esta proposición no de ley, porque entendemos que los Presupuestos Generales del Estado no son el cauce adecuado para atender este problema. Y, además, por lo que a nosotros nos consta, este asunto no debe ser una
verdadera prioridad del municipio de Quel.



No quiero concluir mi intervención sin hacer un pequeño comentario a las palabras del señor Martínez Sanjuán. La exposición de motivos es cuando menos interesante. Por otra parte, hace referencia a nuestro ilustre Manuel Bretón de los
Herreros y siempre está bien recordarle en sede parlamentaria. De la lectura de esa exposición de motivos no debe desprenderse una percepción errónea de la verdadera situación de la peña de Quel, no piensen SS.SS. que la peña está todos los días
ocasionando daños, a Dios gracias. No quiero minimizar los posibles riesgos de la peña, pero tampoco que se lleven ustedes la sensación de que la peligrosidad es extrema. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos tiene acostumbrados a
este tipo de discursos tremendistas, pero yo debo insistir en que no es ésta la situación. Ni la situación es tan extrema ahora ni lo era tampoco hace siete años. ¿O sí lo era? Si lo era entonces, insto a la falta de responsabilidad del Gobierno
socialista de entonces y a la falta de responsabilidad del señor Martínez Sanjuán, diputado del Grupo Socialista desde hace ocho o nueve años. La Comunidad Autónoma de La Rioja, gobernada por el Partido Popular, está dispuesta en todo momento a
colaborar económicamente, como por otro lado consta, y debe ser así porque es competencia suya la colaboración técnica y económica con sus ayuntamientos. Está dispuesta a colaborar, digo, económicamente con el Ayuntamiento de Quel para ejecutar las
obras que sean necesarias, siempre y cuando ese ayuntamiento se lo solicite. Pero hasta el momento no existe tal solicitud.



Concluyo. Mi partido y el grupo al que represento en ningún momento evaden la responsabilidad que pueda tener la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero entienden que no pueden apoyar esta proposición no de ley, porque se trata de utilizar un
cauce que no es el correcto, contraviniendo la propia Ley de bases de Régimen Local. (El señor Martínez Sanjuán pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer una segunda intervención, señor Martínez Sanjuán?


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Sí, muy brevemente.



Señor presidente, ante la ausencia de sustantivos, la señora Corres suele utilizar como respuesta los adjetivos. No calificaré los adjetivos, pero los utiliza. Además es un eufemismo, porque podría haber terminado mucho antes su
intervención, la intervención del Grupo Parlamentario Popular, diciendo: no quiero aprobar esta proposición no de ley. Se hubiera ahorrado toda una serie de argumentos estrambóticos la señora Corres.
Tampoco me extraña la actitud de la señora
Corres y del Grupo Parlamentario Popular, porque es coincidente con la de sus compañeros en el Ayuntamiento de Quel, que, cuando el alcalde presenta alternativas de este tipo no votan. El problema es que debe haber una especie de miedo escénico
para importunar o llamar a la puerta de una administración de tu mismo color político para decir: creo que tengo derecho a esto, tengo derecho a que se me resuelva este problema, tengo derecho a que se me encuentre una solución, porque yo sólo no
puedo. No estamos pidiendo nada más que esto, señora Corres. En el año 1991 se hizo un avance de estudio del Instituto Geotécnico y Minero. Desde entonces se ha venido llamando a muchas puertas; la última vez en el año 2002, cuando hubo un
problema serio, que usted conoce o debería conocer como diputada, que fue que cayó una peña. No sé si cada media hora o cada hora está cayendo una peña, pero es una peña, no es una catarata; sabemos distinguir. En el año 2002 se destruyó una
vivienda, y en la vivienda podía haber habido gente o podía no haber haberla hecho. Hubo suerte de que no la hubo. En el año 1967 había gente y murió.



Lo que queremos es que se resuelva el problema, no que se busquen argumentos pseudojurídicos y pseudocompetenciales para dar la callada por respuesta y para decir que no a un ayuntamiento que tiene un problema, sea éste o sea cualquier otro.
Eso es lo que se está pidiendo desde la responsabilidad y desde la conciencia que debe tener cualquier persona.
Yo no entro a calificar la conciencia de los demás, es algo que procuro hacer con la mía, no con la de los demás; allá cada uno. Usted
tendrá su conciencia y compórtese como le dé la gana, pero yo no soy quién para decir lo que usted hace bien o hace mal. Allá cada uno con su conciencia.
Eso es lo que he dicho. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Modales!)


El señor PRESIDENTE: Señora Corres, dos minutos.



La señora CORRES VAQUERO: Gracias.



No sé qué calificativos he utilizado, simplemente he contestado a la falta de conciencia con otra falta de conciencia. Me reitero en los argumentos, que creo que son contundentes. Si se nos habla de falta de responsabilidad, también yo
puedo hablar de falta de responsabilidad. Por otro lado, en ningún momento el Gobierno del Partido Popular, a nivel regional, desatenderá cualquier petición que el municipio de Quel le haga para ejecutar cualquier obra que suponga reducir los
posibles riesgos de la peña.



En cuanto al tono de voz utilizado por el señor Martínez Sanjuán, no voy a hacer ninguna referencia. No sé si es nerviosismo electoral. Quizás, al hablar en la


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exposición de motivos de que hace dos siglos don Manuel Bretón de los Herreros hizo referencia a esta peña, el dos le ha servido de referencia para pensar que, dentro de dos meses, él podría decir en el municipio de Quel que había conseguido
lo que no pudieron conseguir durante trece años de gobierno.



- RELATIVA AL INCUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCTAVA DE LA LEY 50/1998, DE 30 DE DICIEMBRE, EN CUANTO A LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002009.)


El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día. En este caso la proposición no de ley también está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y es relativa a la aprobación del estatuto orgánico de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Angel Martínez Sanjuán.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Si en cualquier administración, sea estatal, autonómica o local, existe un departamento administrativo que adquiere una especial importancia por sus funciones, por su actividad, por su profesionalidad, por lo
delicado de su trabajo, por su especial relevancia, por la motivación que deben tener sus componentes, por su independencia, éste debe ser la administración tributaria, porque es la recaudadora de impuestos y la que debe hacer verdad ese principio
constitucional de la igualdad en la recaudación y en la justicia social y redistributiva.



En la Administración del Estado, desde hace muchos años, concretamente desde el año 1990, se creó la Agencia Tributaria como órgano de características especiales para, desde una mayor autonomía, tener una mejor gestión de los tributos en un
marco específico y con un cierto grado de autonomía en su funcionamiento, en su financiación. La prueba está en que la agencia tributaria recibe financiación desde los presupuestos del Estado y tiene un porcentaje de sus propios ingresos. Es
verdad que la Administración tributaria debiera adaptarse a lo largo de todos estos años a unos principios de modernidad, de autonomía, de independencia, de carrera administrativa, tener un funcionamiento estable y duradero. En los últimos años,
desde que llegó el Partido Popular al Gobierno en los años 1996-1997, la Agencia Tributaria tristemente ha sido objeto de demasiados bandazos, demasiadas utilizaciones. Todavía recuerdo los ecos en este Congreso de aquella famosa comisión de
investigación de los 200.000 millones de condonación, decía el Partido Popular, a determinados contribuyentes, porque el Partido Socialista, el Gobierno socialista había utilizado -entre comillas- a la Agencia Tributaria para una determinada
función, cosa que no se pudo probar. Decía que desde los años 1996-1997 la Agencia Tributaria ha venido soportando demasiados bandazos: cinco directores generales, giménez-reynas, vinculaciones de todo tipo. La Agencia Tributaria durante mucho
tiempo ha estado demasiado sujeta a problemas de estabilidad, de funcionamiento y de falta de expectativas.



El clima que se creó en aquellos años no fue el más favorable para dar una alternativa y un futuro positivo al funcionamiento de la Agencia Tributaria. Los conflictos en aquella época se sucedieron; las crisis, la desmotivación del
personal, conflictos de todo tipo. La prueba está en que, cuando se discutieron los Presupuestos Generales del Estado para 1999, en pleno conflicto de determinados cuerpos de la Agencia Tributaria, hubo un debate importantísimo, interesantísimo,
tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. De tal forma que, a instancias de varios grupos parlamentarios, concretamente del Grupo Mixto, del Grupo de Izquierda Unida -en aquella época, todo hay que decirlo, el Grupo Parlamentario
Popular no tenía mayoría absoluta-, presentaron diferentes alternativas y enmiendas, que al final retiraron en aras del consenso, que fue definitivamente adoptado en el Pleno del Senado, creándose un compromiso político por parte de la mayoría, por
parte del Gobierno, de tal forma que en un plazo relativamente breve de tiempo, concretamente se decía seis meses -el señor Martínez-Pujalte, que estuvo aquí en todos los debates de aquella época, lo aceptó-, se creara el estatuto orgánico de la
Agencia Tributaria. Estamos hablando de seis meses a partir del año 1999, cuando entró en vigor la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1999.
Estamos en el año 2003 y este estatuto orgánico del personal de la Agencia
Tributaria no ha sido todavía presentado por parte del Gobierno.
De la misma manera que tampoco ha sido presentado el Estatuto básico de la Función pública, a pesar de que la única argumentación que encuentran los respectivos ministros y el
secretario de Estado de Administración Pública es echar la culpa siempre al Partido Socialista. Lo acaba de hacer en Mérida hace muy pocos días. Ni Estatuto básico de la Función pública ni estatuto de la Agencia Tributaria. Pero, eso sí, parece
ser que va a haber un estatuto del personal sanitario, del personal de la Seguridad Social, que es lo que ha anunciado la ministra de Sanidad hace muy pocas fechas.



No deja de ser, en cierto modo, un contrasentido que se estén parcelando determinadas cuestiones del ámbito de la Administración pública. Por tanto, no hay estatuto, ni ningún borrador, ni ninguna información que nosotros conozcamos y que
conozcan los trabajadores de la Agencia Tributaria. Lo piden los empleados de la agencia, lo pide la nueva realidad de la Agencia Tributaria


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del año 2003, con todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que descansa y responde a una parte cada vez más importante en la correcaudación y en la cogestión de determinados instrumentos fiscales, como el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales, etcétera. La realidad de la agencia, en cuanto a su funcionamiento y a su encaje, no es la del año 1990, en el que fue creada. Lo solicitan los
empleados de la Agencia Tributaria; es más, algunos sindicatos han presentado incluso un borrador para empezar a discutir, pero la realidad es que hoy no hay ningún movimiento. Y habiéndose incumplido la realidad prevista en aquella disposición de
la ley de acompañamiento para 1999, mi grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa parlamentaria.



¿Por qué es necesario tener un estatuto para la Agencia Tributaria, como lo demandan los trabajadores y también algunos sindicatos? Porque no es lógico que se sigan dando los bandazos, las indefiniciones, la falta de criterios objetivos, la
inestabilidad, la falta de carrera profesional, todas las consecuencias que se derivan del actual marco político, funcionamiento jurídico y de encaje de la Agencia Tributaria en estos momentos. Nosotros creemos que es necesario e instamos al
Gobierno a que presente un estatuto, acorde a la nueva situación, con una administración tributaria al servicio del poder político pero independiente de éste, no como está en estos momentos, con claros y demasiados tentáculos por parte de la
Administración General del Estado. Una administración tributaria más profesional que lo ha sido hasta ahora; una administración tributaria comprometida realmente con sus resultados y con su eficacia; una administración tributaria con autonomía
suficiente; una administración tributaria con sentido de permanencia y estable en el tiempo; en definitiva una administración tributaria con mecanismos de control adecuados tanto por parte del conjunto del Estado y de este Parlamento como de las
comunidades autónomas.



Por eso hemos presentado esta proposición no de ley instando al Gobierno a que presente el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria, coherentes con lo que defendió el Partido Popular hace años en el Congreso y en el Senado, coherente con
los votos que dieron a esta disposición, que exigía al Gobierno presentar el borrador del estatuto orgánico de la Agencia Tributaria; coherentes con el discurso que hace o quiere hacer el Partido Popular de tener y apostar por una administración
libre, autónoma y no dirigida ni dirigista, y coherente con las manifestaciones de tener una administración que dicen que no da bandazos. Como mi grupo parlamentario quiere ser coherente con lo que defendió y aprobó en su momento, con lo que ha
venido defendiendo respecto a lo que debe ser la Agencia Tributaria y su capacidad de funcionamiento acorde a la realidad, espero que también -y no pido realmente sino que todos seamos coherentes- sean coherentes apoyando y aprobando esta
proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Luis Ayllón.



El señor AYLLÓN MANSO: Señor presidente, voy a fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular respecto de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Como le decía a su portavoz, el Grupo Popular
también será coherente en esta ocasión y voy a explicar tanto los motivos de esa coherencia como los del sentido de nuestro voto.



Coincidimos plenamente con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de la misma manera que en su momento lo hicimos en el debate de la ley de acompañamiento del año 1999, que se realizó durante los últimos meses del año 1998, en que
es importante que las funciones que ha de regular el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria, todas esas disposiciones que están tratando aquellos temas que en el futuro debe regular ese estatuto, queden dentro de una única norma que sea mucho
más coherente y mucho más correcta a la hora de aplicar las funciones de la Agencia estatal de la Administración Tributaria. Como bien recoge la exposición de motivos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, es
verdad que hemos pasado por distintas fases durante estos últimos años en la Agencia estatal de la Administración Tributaria y es bueno, y se lo agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista, que recuerde que en estos últimos años se ha aprobado un
nuevo sistema, un nuevo modelo de financiación autonómica, también un nuevo modelo de financiación local. Es importante asimismo recordar, aunque no se diga así en la exposición de motivos, que se han producido importantes bajadas de impuestos,
como sería la segunda bajada consecutiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la eliminación del impuesto sobre actividades económicas. Agradecemos el interés demostrado en esta comisión por parte del Grupo Parlamentario Socialista
respecto de las normas reguladoras de la Agencia estatal de la Administración Tributaria y nos hubiese gustado que ese mismo interés se hubiese manifestado por parte de dicho grupo parlamentario en el momento en que el Partido Popular y el Gobierno
proponían constantes rebajas de impuestos a los ciudadanos españoles. Es una lástima que en esos momentos no hayamos encontrado también esa misma preocupación del Partido Socialista. Es verdad que si esas han sido las fases por las que ha
atravesado la Agencia Tributaria no lo es menos que en todo este periodo, desde el momento de la aprobación de dicha norma, de la ley de acompañamiento de los presupuestos del año 1999, se ha estado trabajando en la preparación de una importante y
necesaria modificación de la Ley general tributaria.
Los trabajos


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preparatorios de dicha modificación legislativa han sido en este tiempo uno de los ejes del Gobierno en materia fiscal, aparte, como hemos recordado anteriormente, de los cambios en los modelos de financiación, autonómica y local y la
continua rebaja de los impuestos que pagan los ciudadanos españoles.



Entendemos que la nueva ley general tributaria supone y supondrá una importante modificación del marco jurídico básico en el que se inscribe la actividad de la Agencia Tributaria, con importantes consecuencias prácticas en la organización y
funcionamiento de dicha entidad. Por ese motivo creemos adecuado que la aprobación del estatuto orgánico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se produzca con posterioridad a la aprobación de una ley general tributaria que va a
introducir importantísimas modificaciones en nuestro sistema tributario.
Evidentemente, de poco sentido común sería aprobar una importantísima ley como es el estatuto de la agencia -un estatuto que tiene que contar con un importante consenso por
parte de todos los sectores afectados en su aprobación- y que tuviéramos que hablar de un estatuto con una corta vida por la aprobación de una futura ley general tributaria, como he dicho, que a buen seguro estará en vigor el 1 de enero del año
próximo.
Posiblemente, la entrada en vigor de dicha norma hubiera podido afectar a los planteamientos del estatuto del que estamos hoy hablando en esta Comisión. Es verdad que en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, dentro
de esas fases que hemos comentado anteriormente, se dice que una de las motivaciones que aduce el Grupo Parlamentario Socialista para justificar la necesidad de la urgencia de esa aprobación es el hecho de que en los últimos meses, como ya he dicho
anteriormente, se haya aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica, que cambia en cierta forma el funcionamiento y las reglas del juego del sistema tributario de nuestro país. Quiero recordar que la aprobación de ese nuevo modelo de
financiación autonómica sí que ha incidido a la hora de tener en cuenta cuáles iban a ser las consecuencias de su futura o de su presente aplicación. En esa norma se ha creado el Consejo superior de dirección de la Agencia Tributaria, en el que
participan representantes de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y la ley que se aprobó a finales de 2001, la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, también regula la colaboración entre administraciones en materia tributaria y
la modificación de las disposiciones sobre participación de las comunidades autónomas en la agencia a través de la Comisión mixta de coordinación de la gestión tributaria y los consejos territoriales de dirección para la gestión tributaria.



Por eso -para no alargarme mucho más en los motivos del Grupo Parlamentario Popular- creemos que ha de ser en el marco de esa nueva ley general tributaria donde se impulse la aprobación de ese real decreto que ha de regular, de conformidad
con las disposiciones de dicha nueva norma, la estructura y funciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, insistiendo -como he comentado anteriormente- en la necesidad de que la vida de ese estatuto de la agencia sea una vida
mucho más larga de la que tendría posiblemente si se aprobara con anterioridad a la aprobación de la ley general tributaria. Nosotros creemos que en este momento es mucho más coherente esperar a la aprobación de esa ley general tributaria para
proceder a la aprobación del estatuto de la agencia que la coherencia que podría haber pedido en este caso el portavoz del Grupo Socialista, que sería aprobar una norma hoy que posiblemente tendría un tiempo de vida excesivamente corto.



El señor PRESIDENTE: Señor Ayllón, con su intervención termina el debate del último punto del orden del día, por lo que vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley, que, si estamos todos de acuerdo, realizaremos en el
orden en que las hemos debatido.



En primer lugar votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la tramitación de los procedimientos administrativos mediante el uso de Internet.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



En segundo lugar votamos la proposición que figura como número 3 en el orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y relativa a la jornada de trabajo.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Pasamos a la proposición no de ley relativa a la situación en el municipio de Quel, en La Rioja.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Por último, votamos la proposición no de ley debatida en última lugar, relativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Hemos completado el orden del día y se levanta la sesión.



Eras las doce y cincuenta minutos del mediodía.