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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 671, de 18/12/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 671
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles, 18 de diciembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (López Blanco), para informar sobre las líneas de actuación de su secretaría de Estado. A petición del Gobierno.
(Número de expediente
212/001171.) ... (Página 21774)
Preguntas: - Del señor Suárez González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas para apoyar al sector de construcción naval. (Número de expediente 181/002987.) ... (Página 21792)
- Del señor Lissavetsky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medida en que va a financiar el Ministerio de Ciencia y Tecnología el vuelo de un astronauta español a la estación espacial internacional.
(Número de expediente
181/003159.) ... (Página 21796)
- Del mismo señor diputado, sobre contratados de la última convocatoria del Programa Ramón y Cajal incorporados a sus centros de trabajo. (Número de expediente 181/003161.) ... (Página 21798)
- Del mismo señor diputado, sobre cantidad de fondos correspondientes a las convocatorias del Plan Nacional de I+D+I del año 2001 que debían haberse abonado en dicho año y no fueron incorporados a los Presupuestos Generales del Estado de
2002, que se han pagado con créditos de los mismos. (Número de expediente 181/003162.) ... (Página 21799)
- De la señora Palma i Muñoz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre motivos de los cambios introducidos a través de la ley de medidas fiscales y del orden social para el año 2003 que afectan al personal de los organismos públicos de
investigación. (Número de expediente 181/003045.) ... (Página 21802)
- De la misma señora diputada, sobre previsiones acerca de la carrera para el personal investigador, técnico y de apoyo a los organismos públicos de investigación. (Número de expediente 181/003048.) ... (Página
21802)
- De la misma señora diputada, sobre instrumentos de gestión que el Gobierno piensa introducir en los organismos públicos de investigación para mejorar el desarrollo de actividades y mejorar la capacidad de generar ingresos propios. (Número
de expediente 181/003047.) ...
(Página 21805)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LÓPEZ BLANCO), PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE SU SECRETARÍA DE ESTADO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de
expediente 212/001171.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a empezar la Comisión de Ciencia y Tecnología.
En primer lugar, la comparecencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, para informar sobre las líneas de actuación de la secretaría de Estado.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Permítame, en primer término, expresar mi satisfacción por esta comparecencia fuera del marco del presupuesto, aunque lo hago siempre
consciente de estar cumpliendo con la obligación que siempre tiene el Gobierno de dar cuenta de su actividad ante los representantes de la soberanía y ante los parlamentarios, lo que hago con gusto y satisfacción. Quiero manifestar en esta primera
comparecencia a petición propia la mejor disposición para con todos los miembros de la Comisión y todos los grupos tanto fuera como dentro de los trabajos de la Comisión.
Si me permiten, voy a hacer, en esta primera comparecencia, una exposición general de la situación en la que, a nuestro juicio, se encuentra en estos momentos el sector de las telecomunicaciones y los problemas que se plantean en orden al
desarrollo de la sociedad de la información en España. Haré una visión general y, por supuesto, para cualquier cosa que ustedes estimen oportuno estoy dispuesto a entrar en el detalle que consideren necesario.
Haré una pequeña referencia general a lo que es la situación actual del mercado de las telecomunicaciones, que creo que es el punto de partida indispensable para esta visión general, caracterizado por un contexto general de desaceleración
económica que hace que el sector de las telecomunicaciones se encuentre en estos momentos en una situación difícil, con un estancamiento de la demanda, sobre todo en el sector de la telefonía básica, no compensada por el crecimiento de la banda
ancha, que sin duda a medio y largo plazo compensará esta situación de estancamiento en el sector de la telefonía básica, pero éste es un efecto que todavía no se ha producido. El sector de las telecomunicaciones, si me permiten la licencia, ha
sido una de las víctimas favoritas de las crisis de los mercados financieros. Si al principio parecía que iba a quedar al margen de la crisis de las empresas puntocom, al final el sector financiero ha sido uno de los más afectados por las crisis de
los mercados financieros. Esto tiene un efecto, que me permito destacar, bastante preocupante, y es que la propia circunstancia de que los mercados financieros se muevan
en la desconfianza con las empresas de telecomunicaciones está poniendo freno en estos momentos a determinadas decisiones de inversión y de tipo estratégico que sería muy conveniente que las empresas de telecomunicaciones estuvieran tomando
en este momento.
Si me permiten resumir la situación, desde nuestro punto de vista, en Europa nos encontramos con un fuerte endeudamiento de las operadoras de telecomunicaciones tradicionales que en algunos casos rozan las cifras de endeudamiento, que eran
características de las empresas de alto riesgo, de bonos basura, la no existencia de redes alternativas, salvo en la telefonía móvil, totalmente desarrolladas, el alejamiento de los inversores del sector de las telecomunicaciones y, por qué no
decirlo, también una serie de disfunciones importantes en el marco regulatorio que se han puesto muy de manifiesto en la diversa regulación de la telefonía móvil UMTS en cada uno de los países. La situación en España es semejante, en líneas
generales, aunque permítanme destacar dos características que, a mi juicio, son diferenciales en relación con la situación en el resto de los países europeos. En primer término, una mejor posición relativa de Telefónica que tiene una situación
financiera mejor que la de la media de los operadores europeos de telecomunicaciones y, en consecuencia, también ha recibido un menor castigo desde el punto de vista bursátil. En segundo lugar, la existencia también, en cuanto a uno de los
elementos esenciales del desarrollo de las telecomunicaciones en los últimos años, de menor gravedad de los problemas regulatorios existentes en el desarrollo de la tercera generación de telefonía móvil, en la medida en que el procedimiento
utilizado en nuestro país se ha mostrado en la práctica mucho más flexible a la hora de afrontar situaciones difíciles que los de otros. Parece que a estas alturas es difícil discutir que, cuando se tomó la decisión de recurrir al concurso y no a
la subasta, a medio plazo fue un gran acierto.
En cuanto al sector audiovisual, que es otro de los sectores a los que se refieren, junto con la sociedad de la información, las competencias de la secretaría de Estado, permítanme destacar que, desde mi punto de vista, en estos momentos
tenemos que afrontar tres problemas fundamentales a los que me referiré después que es, en primer término, una regulación fragmentaria, y a veces poco coherente, del régimen jurídico de la televisión; en segundo lugar, una situación a estas alturas
poco justificable de la televisión local por ondas; y, en tercer lugar, la situación de desarrollo de la televisión digital terrenal en la que nos encontramos, al igual que en el Reino Unido, con un problema de atasco de desarrollo de la televisión
digital terrenal. A todos esos problemas me referiré después.
Permítanme un primer comentario, y es que la situación en el sector de las telecomunicaciones difícil, pero no es mala. Es una situación que, en todo caso, si se analiza en términos relativos es muy buena. Nunca, probablemente, el sector
de las telecomunicaciones en España se ha encontrado en los últimos años en una situación como está ahora, pero eso no quiere decir que no estemos afrontando un momento difícil que exige una política activa desde la administración pública para
afrontar los problemas que se plantean en el sector de las telecomunicaciones y en el desarrollo de la sociedad de la información.
Y, en cuanto se refiere al sector audiovisual, el elemento fundamental de todo ello es la necesidad de abordar una serie de reformas normativas a las que me referiré después también.
En este contexto y una vez caracterizada, como he dicho, la situación del sector de las telecomunicaciones, me gustaría desarrollar brevemente lo que considero que son los ejes fundamentales de la política de telecomunicaciones y para la
sociedad de la información de la secretaría de Estado y luego me referiré también a la necesidad de reforma del sector audiovisual.
Seis puntos voy a desarrollar como ejes que considero fundamentales de la política de la secretaría de Estado y del Ministerio de Ciencia y Tecnología en estas áreas. En primer lugar, voy a referirme a las medidas que, dado el tiempo
transcurrido desde mi nombramiento, que son varios meses, ya han sido adoptadas y que se encuentran en este momento en proceso de ejecución o de diseño. Decía que el primero de los ejes de esa política tiene que ser abordar los problemas de la
competencia en el ámbito de la telefonía básica. Como decía al principio, y en este caso la situación española no es distinta de la de otros países, nos encontramos en el ámbito de la telefonía básica con una situación de estancamiento de la
demanda, que tiene unos problemas y unas consecuencias graves en la actividad de las empresas, que no ha sido todavía compensada, como sin duda lo acabará siendo en el futuro, por el desarrollo de la banda ancha y, sobre todo, de las aplicaciones,
servicios y contenidos que tienen que ir sobre esta tecnología de banda ancha. Desde este punto de vista, se han adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos y se han incluido en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado una serie de medidas que se refieren al ámbito de la telefonía básica y de las cuales voy a destacar, citándolas únicamente, cuatro de ellas: En primer término, la modificación del sistema de intervención de precios de
Telefónica, es decir, la modificación de lo que se viene en llamar el price cup.
En segundo lugar, la limitación aprobada por parte de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de determinadas ofertas comerciales de Telefónica para evitar la utilización del mecanismo de planes de precios con efectos
anticompetitivos.
En tercer lugar, y esta es una medida incluida en la Ley de acompañamiento, la autorización y el establecimiento del sistema del llamado bucle virtual, que nosotros también decimos, para que sea más reconocible,
que supone la introducción de la factura única en los servicios de telecomunicaciones prestados en acceso indirecto.
Y, por último, quiero destacar también dentro de estas medidas (como ustedes saben son más, pero estas cuatro son las que creo que merecen señalarse con más énfasis) la regulación de la interconexión por capacidad para los operadores
alternativos a Telefónica.
Estas medidas relativas al sector de la telefonía básica tienen una finalidad fundamental que es mejorar las condiciones de competencia en el mercado de la telefonía básica para mejorar, a su vez, la estructura del mercado y favorecer,
fundamentalmente, los procesos de concentración. Es decir, consideramos que la estructura actual del mercado de la telefonía básica no es la más adecuada. Como demuestra, por otro lado, el caso de la telefonía móvil, para que haya unas condiciones
de competencia adecuadas es necesario que existan operadores alternativos a Telefónica con masa crítica suficiente y, sobre todo, con capacidad de inversión y con capacidad de establecimiento de redes alternativas. Estas medidas tienen por
finalidad fundamental, en el corto plazo, permitir un desarrollo de estos operadores alternativos a Telefónica favoreciendo así los modelos de concentración. Pero quiero dejar claro, y luego me referiré a ello, que en modo alguno medidas de esta
naturaleza pueden fundamentar un modelo de regulación sostenible a medio y largo plazo. No creemos que un modelo de intervención administrativa pueda estar fundado, por ejemplo, en una indefinida intervención de precios o en una limitación de la
capacidad comercial de ninguna empresa que opera en libre competencia en el mercado.
El segundo eje en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información es la necesidad de despejar determinadas incertidumbres tecnológicas y de mercado que recaen sobre el sector de la telefonía móvil. No es necesario que les reitere
a ustedes la importancia que tiene el sector de la telefonía móvil. Por si no fuera suficiente, les remito al informe del otro día de la Comisión Europea donde ponía de manifiesto que la evolución de los precios de la telefonía móvil en España
había sido sosteniblemente a la baja y que eran de los que más habían bajado en el ámbito de la Comunidad Europea, con unos operadores que, manteniendo un margen de beneficios razonable, a su vez han sido capaces de mantener un proceso de inversión
muy importante para el sector de las telecomunicaciones y para la economía en su conjunto.
No obstante, la telefonía móvil afrontaba en estos momentos dos problemas básicos: en primer término, las incógnitas sobre el desarrollo del UMTS, problema que no es, como ustedes saben, exclusivo de nuestro país, sino que se refiere a todo
el entorno europeo; y, en segundo lugar, la existencia del sistema de avales que tienen comprometidos con la Administración para el cumplimiento de los compromisos y garantías que han asumido con la misma. En estos momentos están actuando con un
efecto muy preocupante y no deseado cuando se estableció este sistema de garantías, y es como lastre en el propio desarrollo de la actividad tanto de las operadoras como de determinadas empresas industriales. Por eso estamos trabajando en estos
momentos, y está muy avanzado este proceso, en un acuerdo con los operadores que, por una parte, permita reestructurar los avales que tienen presentados frente a la Administración y, por otra, establecer un marco en el cual se puedan renegociar
todos los compromisos que estos operadores tienen con la Administración. Y estamos discutiendo con ellos, básicamente, de cuatro temas fundamentales. En primer término, establecer un marco razonable pero flexible para el lanzamiento del UMTS.
En segundo lugar, el establecimiento por parte de estos operadores de una lista de servicios que van a prestar a los ciudadanos en el próximo futuro y que tengan que ver con la sociedad de la información. Quiero destacar este aspecto porque
creemos que es necesario que tanto los operadores, como la Administración, como todos nosotros, dejemos de hablar de tecnologías, dejemos de hablar de desarrollos tecnológicos, dejemos de confundir a los consumidores y a los usuarios con esas siglas
que tanto nos gustan y que tanto gustan al sector de las telecomunicaciones y empecemos a hablar de lo que de verdad preocupa a los consumidores, que son los servicios. Por tanto, un aspecto esencial con los operadores de UMTS va a ser que nos
digan cuáles son los servicios, sobre todo de tercera generación, que están en condiciones de prestar, con independencia de las plataformas tecnológicas y sin empeñar por ello el desarrollo del UMTS en nuestro país.
En tercer lugar, estamos hablando con los operadores de compromisos de calidad, compromisos de cómo mantener y mejorar los niveles de calidad.
Y, por último, estamos discutiendo con los operadores sobre cuáles van a ser los compromisos de
inversión que van a tener en el próximo futuro porque consideramos que, si va a existir un relajamiento de las garantías que tienen comprometidas, es perfectamente razonable que por parte de la Administración se exija y se requiera de los operadores
el mantenimiento de unos niveles de inversión altos. Lo que pretendemos con este acuerdo, que espero que en las próximas semanas pueda estar finalizado con las operadoras, es de una vez despejar el futuro del UMTS y poder dirigirnos al sector y a
los consumidores diciendo que la apuesta tecnológica que supone el UMTS está firme, pero con un planteamiento razonable y con unas condiciones de desarrollo razonables.
El tercer lugar de la política en materia de telecomunicaciones es la introducción de un nuevo marco regulatorio que tenga por finalidad favorecer la actividad del sector. Como ustedes saben perfectamente, estamos
en el proceso de introducción del último paquete de directivas comunitarias en materia de telecomunicaciones. Creemos que esta es una magnífica oportunidad para establecer, desde la continuidad, un nuevo marco regulador en el ámbito de las
telecomunicaciones que tiene que basarse en tres principios: el principio de previsibilidad, el principio de flexibilidad y el principio de intervención mínima. Creemos que son principios fundamentales, que se derivan directamente de las
directivas y que es necesario aprovechar esta oportunidad para introducirlos claramente sin ninguna reserva mental en el ordenamiento jurídico español.
Desde el punto de la filosofía, permítanme decirles que cuando se enfoca el trabajo de hacer un proyecto de ley caben dos perspectivas: Una, pensar que la finalidad de una norma, la finalidad de una ley es favorecer la intervención y la
actividad de la Administración y, por tanto, hacer las normas pensando en cómo tiene que ser esa intervención administrativa, o bien pensar que las normas tienen que tener como finalidad última favorecer la actividad de las empresas, de los que se
desarrollan en el sector, de la prestación de nuevos servicios y del interés de nuestros consumidores. Pues bien, de estas dos perspectivas nos ha parecido más razonable la segunda. Estamos preparando un proyecto que se encuentra muy avanzado y
que en el próximo período de sesiones, espero que al principio, tendrá entrada en esta Cámara.
Permítanme destacar de todo el proyecto (como reflejo de esta filosofía de regular no pensando en la intervención de la Administración, o en establecer mecanismos en que la intervención de la Administración sean cómodos, sino en el
desarrollo del sector) la supresión de los sistemas de control ex ante para la realización de las actividades en el sector de las telecomunicaciones, suprimiendo el concepto de autorización administrativa que estaba en otros proyectos de ley
anteriores, y ello, evidentemente, sin otros límites que los que se derivan de la necesaria protección del espectro público radioeléctrico en aquellos casos en que los servicios de telecomunicaciones se prestan sobre él.
Cuarto eje de la política en materia de telecomunicaciones: el establecimiento de una política a corto y medio plazo que trate de paliar en la medida de lo posible la difícil situación en que se encuentra el sector industrial. Si me
permiten ustedes decírselo, todos los temas de los que les he hablado hasta ahora, y de los que les voy a hablar después, nos ocupan y bastante en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Éste, que es la situación de la industria y especialmente de
la industria nacional, nos ocupa y sobre todo no preocupa mucho porque, en estos momentos y en el corto plazo, nos encontramos ante una muy difícil situación de nuestras empresas -y subrayo lo de nuestras-, sobre todo de las empresas españolas que
desarrollan su actividad en el sector de las telecomunicaciones. Estamos en estos momentos ante un delicado momento en el que podemos empezar a destruir tejido industrial en la industria de telecomunicaciones y creemos que es necesario poner en
marcha todas las acciones posibles para que esto no suceda.
Estamos también en un avanzado proceso de elaboración de un programa de apoyo global a las industrias de nuevas tecnologías, telecomunicaciones y servicios de la sociedad de la información, con un conjunto de medidas -alguna de las cuales ya
han sido puestas en práctica, otras lo serán en el futuro más inminente- que tratan de incidir sobre la oferta y que tienen una aplicación a corto plazo de las cuales quiero destacar las siguientes. En primer término, la aprobación e impulso del
programa de renovación de la telefonía rural, que creemos que puede suponer una importante inyección de recursos en el sector industrial en el año 2003.
En segundo lugar, les he hablado con anterioridad del acuerdo al que estamos llegando con los operadores de UMTS y cómo uno de los aspectos importantes es el de que aceleren sus planes de inversión para el año 2003. Precisamente, este
requerimiento en el acuerdo con los operadores no tiene otra razón de ser que intentar ayudar al desarrollo de la industria y a la difícil situación que atraviesa, sobre todo la española que es la que tiene un tamaño mediano o pequeño, durante el
año 2003. Y también un plan de desarrollo de la televisión digital terrenal al que me referiré después y que puede tener un importante efecto a corto plazo sobre la industria auxiliar de las telecomunicaciones. Por último, un impulso del proceso
de compras públicas y de renovación en materia de telecomunicaciones, como por ejemplo el plan director de telecomunicaciones que en estos momentos tiene muy avanzado el Ministerio de Defensa.
Junto a estas medidas relativas a la oferta, que se basan en el corto plazo, estamos también, en este plan, estudiando una serie de medidas que se refieren a la demanda, cuyo plazo de efecto es mayor, tales como el establecimiento de un
nuevo mecanismo de incentivo que tenga en cuenta el éxito que los productos o los servicios a los que se refieren puedan tener en su comercialización; las aplicaciones que tengan que ver con el desarrollo de la sociedad de la información, la
reformulación de los programas existentes desde el punto de vista del ministerio y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por un lado, con una reformulación a la que ya tuve ocasión de referirme ante esta Comisión en la comparecencia
presupuestaria a algunos aspectos del programa PROFIT, y el impulso de otros programas, como, por ejemplo, NEOTEC, que están conectados a las nuevas tecnologías y que están produciendo un efecto muy importante. Por tanto, en este plan estamos, en
estos momentos, en su estudio y elaboración, pero estas son las líneas fundamentales del mismo.
El quinto eje de la política en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información se refiere a la necesidad de establecer un nuevo marco normativo del sector audiovisual. Como ya les decía anteriormente, la regulación del sector
audiovisual ha sido fragmentaria y no siempre coherente y es necesario hacerlo con coherencia y con un planteamiento único. Tres aspectos quiero destacar en esta materia. En primer término, la situación de la televisión digital terrenal o
terrestre (les confieso que lo que no he conseguido durante los tres meses que llevo en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es saber si hay que decir terrestre o terrenal; los ingenieros del ministerio insisten en que debe ser terrenal)
es de un estancamiento absoluto que le lleva, probablemente, a la no viabilidad, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que, por ejemplo, es exactamente lo mismo que ha ocurrido en otros países como el Reino Unido, donde se estableció un
modelo muy parecido de desarrollo de la televisión digital terrenal y los resultados fueron que el operador se encontró, igual que sucedió en España con grandes dificultades.
Es necesario dar un nuevo impulso a la televisión digital terrenal.
Estamos en conversaciones tanto con los operadores de televisión como con los fabricantes para llevar a cabo un plan de impulso de la televisión digital terrenal que
permita establecer un desarrollo de este sistema, que consideramos que tiene una gran importancia, contando con los operadores de televisión que actualmente son licenciatarios de la televisión digital y contando también de una manera muy importante
con los fabricantes de equipos de televisión que tienen un extraordinario interés en el desarrollo de la televisión digital.
Desde este punto de vista, aunque su marco es la ley de lo audiovisual, a la que me referiré después, también tiene una gran importancia el adelantamiento del apagón analógico que, como se ha anunciado públicamente, consideramos que tiene
que tener varios años de anticipación en relación con la fecha en la que se encuentra establecido actualmente, aunque siempre desde la conciencia de que, si no hay un desarrollo de la televisión digital, podemos poner en las leyes las fechas que nos
parezca oportuno, pero al final, si no hemos logrado desarrollar la televisión digital, no tendrá ninguna aplicación práctica.
Pero creemos que la aplicación de una fecha clara para el apagón analógico también fomentará el propio desarrollo de la
televisión digital.
En el marco audiovisual, también tiene un aspecto fundamental, que quiero destacar, la situación de la televisión local. La televisión local se encuentra en una situación que yo caracterizaría de difícilmente sostenible en cuanto a su
situación actual, en un proceso largo y que ha ido deteriorándose con el tiempo. Necesitamos con urgencia abordar un plan de desarrollo que permita entrar de una vez a la televisión local en un proceso de prestación de sus servicios de acuerdo con
unas normas claras, unas normas establecidas firmemente en la ley. En la situación actual, como ustedes saben, la práctica totalidad de los operadores en materia de televisión local carecen de licencia para la prestación de este servicio. Nosotros
creíamos que la intervención en materia de televisión local no podía esperar a la nueva ley de lo audiovisual, porque esta ley necesitará un período de maduración mínima. Si para llevar a cabo el proceso de regularización o de normalización de la
televisión local, desde el punto de vista de la concesión de frecuencias, teníamos que esperar a que la ley de lo audiovisual estuviese aprobada, resultaría que íbamos a prolongar en exceso ese proceso de regularización de las frecuencias en las que
actualmente se presta el servicio de televisión privada.
Desde ese punto de vista, la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado establece -esa es la medida más importante en materia de televisión local- el calendario y las condiciones en las que desde el 1 de enero del año
2003 va a empezar el proceso de planificación de frecuencias de la televisión local, de manera que con ese calendario, que está establecido ya en la próxima ley, se establezca el proceso, primero, de planificación por parte de la Dirección General
de Telecomunicaciones del espectro radioeléctrico y, posteriormente, el proceso de adjudicación de televisiones locales por parte de las comunidades autónomas. Este es un proceso que lleva entre 16 ó 18 meses.
Si hubiéramos esperado a la ley de lo
audiovisual para ponerlo en marcha lo prolongaríamos en exceso. Estamos hablando de que la regularización o la adjudicación de licencias de televisión local se produzca durante el primer semestre del año 2004, empezando el proceso el 1 de enero de
2003.
Si hubiéramos esperado a la ley de lo audiovisual, nos encontraríamos con que ese proceso de adjudicación de licencias lo estaríamos retrasando, aproximadamente, un año más. Por eso nos ha parecido que la presente situación no permitía mayor
espera y que eso justificaba sobradamente el proceso de planificación de la televisión local en la Ley de acompañamiento, introduciendo un elemento de gran importancia. Quiero decir aquí que enfocamos con la flexibilidad necesaria ese proceso de
digitalización de la televisión local. No debemos olvidarnos que estamos en presencia de la televisión local, que tiene que ser un elemento irrenunciable en cualquier planteamiento televisivo de futuro.
Es en este contexto, y con la necesidad de que sea previsible para los agentes que en el futuro quieran tomar parte en el proceso de adjudicación de licencias de la televisión local, en el que se han establecido también en la Ley de
acompañamiento las normas de incompatibilidad que ustedes bien conocen.
Otro aspecto dentro de este eje del establecimiento de un nuevo marco audiovisual es la ley de lo audiovisual, que yo espero que esté también a principio del
próximo período de sesiones presentada a esta Cámara y que tiene una importancia que no es necesario que les resalte. En principio estamos planteándonos una ley conjunta para la radio y para la televisión que establezca un marco definitivo
para el desarrollo de ambos servicios en España y que plantee tres temas fundamentales, que sólo voy a dejar esbozados porque estamos todavía en el proceso de desarrollo del mismo.
En primer término, la clara diferenciación entre televisión de
servicio público y televisión que no tiene la condición de servicio público. En segundo lugar, el establecimiento de un mapa claro y nítido, desde el punto de vista territorial, que diferencie claramente entre televisiones de ámbito nacional, de
ámbito autonómico y de ámbito local con características diferenciales para cada una de ellas. Y, en tercer y último lugar, proporcionar un impulso definitivo al proceso de digitalización de la televisión.
El sexto y último eje con el que voy a terminar esta descripción de los aspectos fundamentales de la política de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se refiere a este aspecto. El sexto eje de
cualquier política de telecomunicaciones tiene que ser el establecimiento de una estrategia sólida y consistente en materia de sociedad de la información. Yo querría transmitirles dos o tres reflexiones sobre este tema antes de entrar en detalles
más concretos. Estamos acostumbrados todos a pensar que el problema del desarrollo de la sociedad de la información en España es de gran importancia, es un problema estratégico, es un problema fundamental donde España se juega el futuro, etcétera.
Cuando hablamos de la sociedad de la información tendemos todos a movernos en las grandes palabras. A mí me gustaría decir que es necesario transmitir que ya no es un problema urgente, que ya no es un problema importante, que ya no es un problema
estratégico, que en estos momentos el desarrollo de la sociedad de la información es un problema urgente. Es un problema urgente con carácter general para la sociedad española y es un problema urgente también para el sector de las
telecomunicaciones.
Antes me refería a que el sector de las telecomunicaciones en lo que es su subsector más importante, que es la telefonía básica, se encuentra ante un problema de estancamiento de la demanda y que cuando se analizan las soluciones a medio
plazo para ver cómo puede desarrollarse ese sector, que es uno de los sectores básicos para cualquier economía, uno se encuentra siempre con la necesidad de crecimiento de la banda ancha. La banda ancha sólo va a crecer si existe un suficiente
desarrollo de la sociedad de la información que permita su crecimiento, porque uno de los problemas que tiene el crecimiento de la sociedad de la información, sin duda el más importante, es el de la ausencia de un número crítico, una masa crítica
suficiente de contenidos y de servicios que justifique la utilización de las aplicaciones que van sobre banda ancha. Esto no quiere decir que el problema haya dejado de ser importante o estratégico para España, pero también quiero decir que no se
nos debe olvidar que ya no es un problema del mañana, que es un problema de hoy mismo, sin olvidar que, probablemente, es uno de los factores más importantes que lastran la competitividad de la economía española en estos momentos, el nivel de
desarrollo de la sociedad de la información y, en determinados aspectos, la utilización de las nuevas tecnologías.
Vamos a aspectos más concretos, y permítanme destacar en materia de la sociedad de la información algunos de ellos. Por ejemplo, una evaluación de la política agrupada en torno a la iniciativa INFO XXI. Hay dos reflexiones que querría
transmitirles: En primer término, que existen unas circunstancias totalmente nuevas que las que había en el desarrollo del mercado y, sobre todo, en el futuro previsible a corto plazo que cuando el programa INFO XXI se puso en marcha. Estamos
hablando de un programa que se pone en marcha en un momento en el que todo lo relativo a la sociedad de la información, todo lo relativo a Internet estaba en auténtica ebullición y, por tanto, existía una dinámica en el sector empresarial y una
dinámica en el sector privado que parece que iba a impulsar de una manera que no ha hecho el desarrollo de la sociedad de la información. Por tanto, existen ahora nuevas circunstancias que exigen de las administraciones públicas un papel distinto
del que dio lugar al programa INFO XXI en su momento.
Ahora bien, también quiero decir que, desde el punto de vista de los programas básicos, con alguna excepción que tampoco voy a obviar, uno fundamental es el programa Internet para todos; con esta excepción, el resto de los programas que se
agrupaban en torno a la iniciativa INFO XXI creemos que, con algunos ajustes, están funcionando razonablemente.
Quiero destacar, por ejemplo, que el programa Internet en la escuela, que tiene un período de maduración importante, está empezando su
desarrollo y creemos que va a dar unos grandes frutos y algunas iniciativas más que, si quieren, en algún momento podemos comentar.
En segundo lugar, como ustedes saben también, el Gobierno hace unas semanas designó una comisión especial para el estudio de los problemas relativos al desarrollo de la sociedad de la información, presidida por don Juan Soto, persona
sobradamente conocida y de prestigio más que acreditado en este ámbito y, por tanto, no es necesario que les reitere su cualificación para ello. Esperamos que sea capaz, en los cuatro meses que tiene la comisión para sus trabajos, de hacer al
Gobierno unas recomendaciones desde la independencia sobre qué ejes tiene que tener una política de desarrollo de la sociedad de la información.
En todo caso, desde nuestro punto de vista y en tanto la comisión también realiza sus trabajos, creemos que tres son los elementos esenciales de cualquier política en materia de sociedad de la información: en primer
término, políticas y acciones sobre el sistema educativo; en segundo lugar, políticas y acciones sobre las pequeñas y medianas empresas, que son el eje fundamental del tejido industrial español; y, en tercer lugar, y permítanme que lo
destaque de una manera muy especial, la necesidad de hacer un desarrollo rápido de todo lo relativo a la administración electrónica. Sin duda, la administración electrónica es la gran contribución que se puede hacer desde las administraciones
públicas, que se puede hacer desde el Estado al desarrollo de la sociedad de la información. El Estado, la Administración y las administraciones públicas son, sin duda alguna, los titulares de contenidos más importantes y de servicios más
importantes que pueden ser puestos a disposición de los ciudadanos. Por tanto, es una responsabilidad que tienen que afrontar en el corto plazo para impulsar clarísimamente todo lo relativo a la administración electrónica. No se nos ocurre tampoco
otra palabra más corta ni más de marketing para hablar de este fenómeno que el de administración electrónica.
Me voy a referir a dos aspectos en materia de la sociedad de la información. En primer lugar, estamos en la política de desarrollo reglamentario de la ley de servicios de la sociedad de la información y en la elaboración de la nueva ley de
firma electrónica. Como ustedes habrán tenido noticia, pusimos en marcha una página web para las consultas que se pudieran formular en cuanto a la aplicación de la ley y parece ser, por lo que a través de esta página web percibimos, que los
problemas iniciales se van resolviendo, estableciendo criterios claros de aplicación.
El último de los aspectos en materia de sociedad de la información que querría destacar es que uno de los ejes fundamentales de la política del ministerio es, está siendo y será potenciar extraordinariamente la actividad del ente público
empresarial Red.es. Nos parece que es un instrumento muy idóneo para todas las políticas de desarrollo de la sociedad de la información no sólo desde el punto de vista de las actividades de promoción de la sociedad de la información es decir, de
incorporación de aquellas personas que no lo están en estos momentos, sino también un aspecto que quiero destacar muy especialmente, que es la prestación de servicios a la comunidad de internautas. Es decir, queremos que Red.es también sea una
entidad que preste servicios, que no sólo se preocupe de que las personas que no usan Internet lo utilicen sino que también preste determinados servicios de interés general a los internautas. Así es, como ustedes saben, la administradora del
dominio puntoes y tiene una iniciativa fundamental relativa a la seguridad en la red, que es el centro de alerta antivirus. En estos momentos se está a punto de aplicar un nuevo servicio que se va a titular navegaseguro.es, que es un servicio de
interés general, cuya finalidad es permitir sobre todo a los padres que puedan descargar desde la página web de Red.es un programa de navegación segura, de manera que puedan con total tranquilidad permitir que sus hijos naveguen por Internet con un
programa adecuado que les filtra determinados contenidos que no puedan ser aconsejables para sus menores.
Esto también nos lleva a una reflexión y es que nos gusta en la regulación de Internet y de la sociedad de la información, en la medida en que ello sea posible, acudir a estos mecanismos de autorregulación antes que a establecer mecanismos
coercitivos o normativos que sean de prohibición o de limitación siempre que existan, como en este caso, instrumentos alternativos que permitan que la autorresponsabilidad y la autorregulación lleven la actividad de las personas en Internet a los
cauces debidos.
Les agradezco su paciencia y me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta, que me temo que sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por Convergència i Unió, el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queríamos agradecer expresamente la comparecencia del secretario de Estado, una comparecencia a petición propia y que creemos justificada. Por el
propio contenido, estamos ante un panorama legislativo de cambios que tiene una relevancia especial, también atendiendo a lo que han sido sus primeras palabras. Usted está al frente de una secretaría de Estado que debido al contexto económico
puede, en alguna ocasión, dificultar lo que sería la propia evolución del sector de la sociedad de la información, de las telecomunicaciones, por lo que es importante en este ámbito, en su secretaría de Estado, aunar esfuerzos e intentar que desde
los poderes públicos, desde este Parlamento también como legisladores, podamos emitir un mensaje positivo y de certidumbre ante los operadores, de certidumbre ante quienes operan en el ámbito de lo audiovisual. Por tanto, es importante su
comparecencia; se la agradecemos.
Usted ha hecho referencia a una serie de cambios que se han producido en la recientemente aprobada ya en el Senado, la vamos a ratificar mañana en el Congreso. Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, conocida también
como Ley de acompañamiento a los presupuestos. Sabe que mi grupo parlamentario ha mostrado siempre una actitud positiva, de colaboración, de intentar buscar en todos los proyectos de ley transacciones, vías de acuerdo porque hemos creído más en el
acuerdo que en el disenso. Somos un grupo que en todas las legislaturas siempre se nos ha caracterizado por intentar buscar puntos de acuerdo y en muchas ocasiones aprobamos leyes en este Parlamento que al final no es ni mucho menos aquella ley que
hubiese sido el resultado de la aprobación al cien por cien de las enmiendas de mi grupo, pero sabemos que ha habido un grado de transacción importante, que
hemos sido flexibles en las negociaciones y, al final, hay un punto de acuerdo y siempre ha sido esta por nuestra parte, por Convergència i Unió, una actitud que ha presidido la actuación de nuestro grupo parlamentario. Así ha sido, por
ejemplo, y aquí están algunos de los ponentes del Grupo Popular, en la recientemente aprobada ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico en que, tras muchas negociaciones, nuestro grupo hace un balance de 50
enmiendas aprobadas, que no eran literalmente las que habíamos presentado, pero que sí que se realizó una negociación intensa con el anterior secretario de Estado, con la propia ministra y con los ponentes del Grupo Popular, a quienes les quiero
agradecer también esa flexibilidad.
En cambio, señor secretario de Estado, nosotros tenemos que lamentar y mucho lo que ha ocurrido este año con la Ley de acompañamiento a los presupuestos. Lamentamos la forma en que se han producido los cambios normativos y el contenido de
los mismos. En primer lugar, la forma. No es de recibo, señor secretario de Estado, que desde el Gobierno se introduzcan en la Ley de acompañamiento, sin previa consulta con los grupos parlamentarios ni con aquellos que hemos mostrado una actitud
de colaboración, una serie de cambios en materia de televisión local, también de televisión privada que vienen a alterar y mucho aspectos sustanciales en la regulación y que hubieran podido tener un cauce distinto, no en la Ley de acompañamiento.
Estas formas desacertadas, que nosotros valoramos de forma crítica, se han visto aún incrementadas en la última fase de la Ley de acompañamiento. ¿Cómo podemos en el Senado, vía enmienda del Grupo Popular, introducir tantos cambios y tan
trascendentes para el sector? Esos cambios son legítimos desde el punto de vista de que el Senado tiene capacidad para enmendar. Yo no lo voy a discutir. El Senado tiene capacidad para ello. Pero esa capacidad de enmendar también puede ser
compartida con el conjunto de los grupos parlamentarios a través de lo que pueda ser una negociación política. Entendemos que se ha tramitado este proyecto con rapidez, pero además con cierta dosis de improvisación porque el propio sector ha
quedado alarmado del contenido de muchas de estas medidas.
Entendemos que tampoco se ha sido sensible a lo que ha sido un intento de nuestro grupo de acercamiento y de buscar también aquí una transacción. A pesar de la formas, que no consideramos acertadas, mi grupo intentó buscar una vía de
negociación, de transacción y finalmente debemos lamentar que tampoco tuviera fumata blanca el acuerdo. De ahí que mi grupo, lamentándolo mucho, porque hacemos una excepción a lo que es la tónica legislativa en toda esta serie de modificaciones,
haya votado en contra del capítulo relativo a su secretaría de Estado en el Senado y mañana vamos a votar en contra de las enmiendas del Senado relativas a su ámbito de actuación en la Ley de acompañamiento. Lo anuncio solemnemente: votaremos en
contra. ¿Por qué? Porque no se ha hecho bien ese proceso de negociación. Si había realmente esa intención de colaborar, no se ha demostrado. El dicho de que el movimiento se demuestra andando, a partir de un movimiento sí vamos a colaborar, pero
al final en qué se traduce ese intento de colaboración.
Vuelvo a ofrecer la colaboración leal de mi grupo parlamentario porque el calendario legislativo que se nos viene encima es importante: ley de telecomunicaciones; ley de firma electrónica; ley del audiovisual. Por tanto, hemos empezado
mal pero eso no tiene por qué presuponer que vayamos a continuar mal. Saben quienes me conocen que soy una persona optimista por propia naturaleza y, por tanto, yo espero que se puede reconducir este mal inicio de lo que ha sido una negociación en
un ámbito importante. He hablado de las formas, pero ahora me quiero referir al contenido, porque al final las formas pueden ser desacertadas, pero avalan unos cambios que el contenido de los mismos pueda resultar positivo. Consideramos que no lo
es. En primer lugar, no lo es por un aspecto que para mi grupo es esencial, que es el ámbito competencial.
Nosotros podemos negociar muchos aspectos, pero nunca vamos a ceder cuando en un proyecto de ley podamos considerar que se vulneran
competencias de las comunidades autónomas. Y ahora, sinceramente, consideramos que con los cambios introducidos en el Senado se vulneran esas competencias.
Usted hacía referencia hace unos minutos a la necesidad de que la nueva normativa de televisión local clarificara; fuera una norma más clara.
Usted hablaba de una cierta indefinición y que hacía falta ese esfuerzo de clarificación. Lo
podemos compartir. Pero en esa normativa nueva de televisión local, de alguna forma, se regulan las emisiones en cadena y se está posibilitando emisiones en cadena de televisiones locales más allá del territorio de una comunidad autónoma, con lo
cual estamos vulnerando las competencias de esa comunidad autónoma y estamos vulnerando lo que por esencia es una televisión local que siempre tiene un ámbito inferior al de la comunidad autónoma. Por tanto, nosotros, en todo caso, queremos que la
posibilidad de emitir en cadena se circunscriba siempre al ámbito de una comunidad autónoma, puesto que el ámbito local, por definición, siempre es inferior al de esa comunidad autónoma. Por eso queremos que sean las comunidades autónomas las que
tengan el control de la formación de cadenas y emisión en cadena en las televisiones locales por ondas terrestres y de ahí que nosotros también defendemos claramente que la autorización para la instalación de más de una estación debe corresponder a
la comunidad autónoma. Son aspectos que no se han recogido, que venían enmendados por nuestro grupo en el Senado, y usted lo sabe porque le fue así comunicado también por parte de Convergència i Unió. Cuando
vimos los cambios nos parecieron graves y optamos por no enmendarlos en el Congreso para ver si era posible el acuerdo y esperar al Senado para presentar una enmienda. Presentamos enmiendas en el Senado e intentamos buscar transacciones y
al final, lamentablemente, esto no ha sido posible.
También lamentamos los cambios producidos en materia de televisión privada. Debemos tener en cuenta que el sector audiovisual necesita de la existencia de operadores de cierta magnitud que aseguren su viabilidad en el mercado.
Evidentemente, debemos garantizar la pluralidad y la libre competencia, pero no a costa de restricciones injustificadas que pueden afectar al desarrollo del sector. Especialmente en los ámbitos autonómico y local, unos ámbitos en los que el sector
privado audiovisual debe consolidarse y profesionalizarse en beneficio tanto de los operadores como de los usuarios. De ahí que mi grupo no lo pueda compartir.
Consideramos, además, que vulneran las competencias autonómicas y afectan gravemente al
sector las incompatibilidades que, a través de enmiendas del Grupo Popular, se han introducido en el Senado. Unas incompatibilidades que, en el ámbito, por ejemplo, autonómico y local, establecen una limitación drástica que impide, sin tan siquiera
exigir una participación mayoritaria, la mera participación en una televisión autonómica y en una televisión local. Si una empresa participa en el capital de una televisión local, ya no puede participar en el capital de una televisión privada de
ámbito autonómico de esa comunidad, y eso es una limitación drástica que, en todo caso, debería haber establecido una comunidad autónoma, porque estamos hablando siempre de un ámbito autonómico, no de un ámbito supraautonómico. Por tanto, creemos
que esa incompatibilidad tan drástica es negativa para el sector y va a perjudicar los planes de expansión de empresas del sector, que es necesario consolidar y afianzar. Si el Gobierno pretendía hacer una limitación como ésta, podía haberla hecho
con mayor sosiego parlamentario y legislativo esperando a la anunciada ley del audiovisual, y no introducirla con calzador como enmienda del Grupo Popular en el Senado en el último momento del trámite legislativo en la Ley de acompañamiento. No
compartimos las formas ni el contenido y por ello votaremos en contra mañana. Lamentándolo mucho, vamos a votar en contra de estas modificaciones porque las consideramos apresuradas contrarias al ámbito competencial de las comunidades autónomas y
de ahí que ya estamos estudiando un posible recurso ante el Tribunal Constitucional y consideramos que por su contenido tampoco van a beneficiar al desarrollo del sector en España. Por tanto, lo lamentamos profundamente.
A pesar de lo anteriormente expresado, señor secretario de Estado, repito una vez más que esta posición crítica de mi grupo no tiene por qué presuponer que esa vaya a ser nuestra tónica en lo que queda de mandato.
No va a ser esta la tónica
del Grupo Catalán ni lo ha sido nunca, pero también es cierto que si cuando intentamos acercarnos a transaccionar recibimos silencios o propuestas que pretenden ser una transacción pero que supondrían claramente una claudicación de nuestro
posicionamiento, no la podemos aceptar por dignidad de grupo y por la lealtad que nos ha caracterizado siempre en todas las legislaturas en nuestra actuación parlamentaria. De ahí que hoy tengamos esta queja que esperamos que se pueda reconducir en
lo sucesivo, porque claramente vamos a tener proyectos importantes, como la ley de telecomunicaciones, en la que las nuevas directivas abren también nuevos conceptos, como el de comunicación electrónica, con competencias de las comunidades autónomas
en medios de comunicación social, que les reconoce el artículo 149 de la Constitución.
Vamos a tener el reto de la administración electrónica. El ministro de Administraciones Públicas nos ha indicado ya la necesidad de que también en el ámbito de
las administraciones se busquen colaboraciones para esa administración. El concepto de administración electrónica es una buena definición de lo que pretendemos. En Cataluña le damos otro nombre que también es cercano al ciudadano, que es
administración abierta, porque la administración electrónica va a ser una administración más abierta al ciudadano, que en cualquier momento va a poder acceder a la administración para solucionar por la vía electrónica los distintos trámites y
cumplimentar los distintos formularios. Tiene que ser una administración más cercana, más eficaz y, sobre todo, más próxima en el sentido de que el ciudadano, esté donde esté, pueda acceder a ella a través de Internet. De ahí que quiera recordar
que una vez más gracias al Grupo Parlamentario Catalán y también al consenso de los otros grupos se ha conseguido al final la propuesta de que Internet sea servicio universal y por tanto eliminemos los TRAC y en cualquier lugar, aunque sea alejado,
se pueda recibir Internet, porque Internet tiene consideración de servicio universal, con unos calendarios de supresión de los TRAC que se acordaron en una disposición anexa a la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico.
Voy terminando ya, pero quiero expresar una vez más nuestro agradecimiento por su comparecencia pues entendemos que es útil y acertado que el Gobierno quiera comparecer y ofrecer colaboración ante ese panorama legislativo y ante el futuro
del sector. También compartimos las inquietudes relativas a la necesidad de la autorregulación en materia de Internet. Nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley a los efectos de proteger a la infancia en el uso de la red. Los que
somos padres queremos tener alguna garantía de que nuestros hijos accedan únicamente a las páginas web que son convenientes para su edad y para la formación que todos queremos inculcarles, y por tanto estamos dispuestos a colaborar al máximo en
estos aspectos.
Espero que la visión crítica que hoy le he ofrecido no sea un precedente.
Esta no ha sido nunca la tónica de nuestro grupo, pero le quiero repetir una vez más que si seguimos con esa pauta, no iremos por el buen camino; no iremos por ese
camino del consenso y al final el Grupo Popular se quedaría solo en el Parlamento, sin la colaboración del conjunto de los grupos parlamentarios. Además, me temo que siguiendo esa pauta de las prisas y la aceleración de enmiendas en el último
momento, tampoco tengan al final la complicidad de los agentes sociales y de la sociedad en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Francisca Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Doy también la bienvenida del Grupo Socialista al señor López Blanco y nuestro agradecimiento tanto por el contenido como por la forma de su exposición. Porque hay una reflexión de carácter general por la
que yo quisiera empezar, y es que su intervención confirma sin duda, no podía ser de otra forma, lo que inició el ministro Piqué, el nuevo titular de este ministerio, el pasado 25 de septiembre, y es que en cuanto a los contenidos y a cómo se ha
venido desarrollando la política del ministerio en la etapa anterior, aparentemente, aunque con muy buenas palabras, ustedes vienen a enterrar la anterior política -lo que les agradecemos porque era una política muy errática- por tanto, están
planteando cambios de rumbo, muchos de los cuales yo creo que compartimos la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Pero quiero empezar en esta reflexión de carácter general confirmando que, además de ese cambio de rumbo, hay algo que en la
forma no ha cambiado y es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha utilizado en los últimos años bastante también la Ley de acompañamiento, pero, curiosamente, en este período el ministro Piqué, el ministerio que hoy usted representa -lo
decíamos durante el debate- ha actuado con demasiadas prisas. Es verdad que el sector venía demandando planes de choque, como los hemos venido demandando desde la oposición, y algunas iniciativas se recogieron en el famoso decálogo de ASTEL, por
ejemplo. Pero siendo algunas bastante urgentes, por lo que incluso nosotros no nos hemos opuesto, como en el caso del bucle virtual, a su inclusión en la Ley de acompañamiento por ser una medida que al hilo del debate parlamentario se podía
agilizar, consideramos que cogerlo como percha para lo que deben ser debates consensuados con el sector y con las fuerzas políticas es un tremendo error. En las enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista se quedó solo, no nos apoyaron en el
Congreso, aunque sí en el Senado el Grupo de Convergència i Unió, pero les demandamos que no se podían hacer estas reformas con tantas prisas.
Un cambio de modelo necesita, sin ninguna duda, contar con el sector, saber a ciencia cierta cuál es la posición de las fuerzas políticas y contar con las administraciones públicas, con el liderazgo, desde luego, del Gobierno, pero con el
diálogo con todos. Porque este no es un tema menor. Muy al contrario, es un tema tremendamente importante. Como le decía al representante del Partido Popular en el debate de la Ley de acompañamiento, la televisión local lleva casi catorce años:
siete de responsabilidad de ustedes y siete nuestra prácticamente. Por tanto, vamos a repartir culpas. No me diga usted que era tan urgente que no podíamos esperar. ¿No podíamos ni siquiera esperar si no tanto a la tramitación de la ley de lo
audiovisual, sí a traer una reforma sosegada, pactada con las comunidades autónomas? Puestos a ser generosos como fuerza política, yo les propuse un período transitorio al menos hasta que las comunidades autónomas hagan sus concursos, porque la
gente está emitiendo en las condiciones en las que se les ha dejado durante estos catorce años -y asumo la parte de responsabilidad que como fuerza política nos corresponde- y sin duda requieren un marco estable, un marco normativo, una
normalización, pero esa normalización no puede hacerse con las prisas con las que se ha hecho.
Agradezco por tanto en primera instancia el fondo de muchas de las políticas y de los seis apartados que yo ahora, con más o menos detalle, iré desglosando, pero, compartiendo muchas de las cosas y sobre todo el cambio de rumbo que veo en el
ministerio, considero que no se ha empezado con buenas formas el debate presupuestario. No se puede trabajar con prisas, sino con sosiego, con consenso y contando con todos, desde luego con el sector, que está mal. Ha dicho que la situación del
sector es difícil pero no es mala, y sin duda es difícil y no es tan malísima como algunos dicen, pero mala es. Usted sabe que sí es mala, porque una pérdida de empleo prevista que supera el 31 por ciento en el sector y una falta o pérdida de
inversión que está en torno al 50 por ciento en el ejercicio económico que vamos a cerrar es una mala situación. Por eso, porque es una mala situación, mi fuerza política, el Grupo Parlamentario Socialista, está de acuerdo con el ministerio en que
aquí hace falta que todos empujemos, y como hace falta que todos empujemos, cuando el ministro viene y presenta un plan de choque con algunas de cuyas propuestas estamos en total desacuerdo, como es la modificación del marco tarifario, le decimos
que en estos puntos no estamos de acuerdo, pero le damos un voto de confianza porque creemos que el sector lo necesita. En ese sentido, señor López Blanco, yo creo que hay que cambiar la formas.
Yo le hago ese ruego porque es seguro que el sector
saldrá beneficiado del diálogo, del acuerdo y de cualquier posición en la que finalmente haya un respaldo de todas las fuerzas políticas.
También quiero decirle que, como también se habló en la comparecencia del ministro en estos términos -eso sí, fue el 25 de septiembre y después se produjeron todas las modificaciones en la ley de medidas- obras son amores y no buenas
razones. Por tanto, la retórica parlamentaria de hablar de acuerdo y de diálogo no se puede quedar ahí, sino que el movimiento se demuestra andando.
Nosotros hemos pedido comparecencia específica para dos aspectos que consideramos básicos. Uno es la medida que el ministro definió y que usted ha concretado hoy respecto al UMTS y a la flexibilización de avales y de compromisos de
inversión. El ministro se comprometió el 25 de septiembre por la transcendencia del tema; ya que estamos hablando de unos compromisos que afectan al conjunto de la ciudadanía española.
Consecuentemente, queremos esa comparecencia, aunque sin duda
puntualmente tocaré alguno de los temas. También hemos pedido una comparecencia específica sobre las modificaciones del modelo audiovisual.
Por tanto, no me centraré ahí específicamente y mi intervención se va a dirigir fundamentalmente a las dos
grandes áreas que usted tiene bajo sus competencias: las telecomunicaciones y la sociedad de la información, sin separarlas porque son inseparables. Usted decía que la sociedad de la información ya no es un sector estratégico, sino urgente, pero
yo creo que en estos momentos es tan urgente porque es estratégico para que el sector pueda ayudarse para salir de la crisis. Consecuentemente, sigue siendo tan estratégico que si no es la pieza angular de este ministerio, difícilmente podremos
seguir trabajando.
Hablando de telecomunicaciones, cuando usted ha ido desglosando las actuaciones, ha ido reconociendo al final todos los fallos que se han cometido en la liberalización. El modelo era europeo, pero su práctica, con la Ley general de
telecomunicaciones, con las modificaciones y con los ejes de esa ley en España, sin duda ha tenido una casuística yo diría que incluso contraria a algunos de los principios de la liberalización europea, y desde luego la práctica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, dando vaivenes y regulando de forma intervencionista, no ha colocado al sector en la mejor de las posiciones. Es verdad, señor López Blanco, que la situación actual del mercado es mala por el contexto general de desaceleración
económica y por la coyuntura internacional, pero lo es también por las claves de desarrollo de nuestro modelo.
Consecuentemente, ahí hay que actuar y creo que reconocer los errores cometidos es un buen principio. Ustedes han liberalizado, pero no
han desregulado, y hacía falta porque en un mercado en competencia hay que regular sólo al dominante, hay que regular sólo mercados maduros y hay que regular pero estableciendo principios y no normas, y aquí se han hecho auténticos bosques
normativos.
La Ley general de telecomunicaciones actual deja para el desarrollo reglamentario prácticamente todo. Cuando le decíamos a su antecesor que los decretos de desarrollo y reglamento iban a estar en torno a los doce o catorce, él respondía que
no llegarían a cuatro. Superan los veinte.
¿Sabe usted lo que eso supone al final? Que las empresas dedican más dinero a los abogados para que resuelvan los asuntos -y usted es abogado- y les clarifiquen y les den asesoramiento jurídico que a
invertir, y necesitamos que las empresas inviertan. Por su exposición, parece que usted habla con conocimiento de causa y, consecuentemente, dice: Vamos a hacer una política no intervencionista, sólo donde haga falta intervenir, en el dominante,
porque el mercado financiero ha mostrado desconfianza y ha situado al sector en una posición difícil. Es verdad que la situación de Telefónica es mejor que la del resto de las operadoras dominantes en otros países, pero no me parece de recibo decir
que eso es fruto de no haberse equivocado como Gobierno en el procedimiento de concurso y no de subasta, porque yo ahora le hago el análisis contrario y luego usted me contesta. ¿Qué ha pasado al final? Lo que ha conseguido el procedimiento ha
sido que Telefónica, por una vía, dio el dinero al Estado alemán y no al español y, por otra, que es cuando tiene pérdidas, no ingresa al Estado español, es decir, a todos los ciudadanos, los impuestos que vendrían derivados de la ley, el impuesto
de sociedades, por ejemplo.
Luego hemos perdido por las dos vías, por el sistema y porque la inversión no se ha quedado en el Estado español. La de Telefónica, nuestro operador dominante, se ha ido fuera. A toro pasado todas las fuerzas políticas
escogemos elementos que justifican nuestra posición anterior, pero yo creo que no ha sido tan positivo el procedimiento porque al final tampoco disponemos de esos recursos, y ahora nos estamos planteando flexibilizar avales y compromisos,
compartiendo redes además, es decir, volviendo a retroceder. No estamos en desacuerdo con sentarnos con el sector y ver cuál es la mejor salida, porque es evidente que hay que buscar alguna, pero queremos que sea en sede parlamentaria y creemos que
nos legitima que estemos hablando de unos compromisos de inversión que se hicieron por el procedimiento de concurso, es decir, que se han demorado, y no sólo la tecnología. La ministra Birulés decía que íbamos a ser pioneros, y hoy vemos el humo
del UMTS tan lejano como en el resto de los países, con la diferencia de que además estamos replanteándonos las condiciones de aquel concurso.
Hablaba usted de un nuevo marco regulatorio, y yo creo que es importante que se haga al menos con los tres principios en los que se ha fundamentado, y se aproveche el ajuste y el nuevo marco europeo para hacer una nueva ley general de las
telecomunicaciones basada en los tres principios de previsibilidad, flexibilidad e intervención mínima. En ese sentido quiero hacerle un ruego. Es verdad que las leyes no deben ser muy extensas, pero tampoco deben dejarlo todo para el desarrollo
reglamentario, como le he dicho anteriormente, porque
si lo deja todo para el desarrollo reglamentario, volvemos al bosque normativo, volvemos a una regulación excesiva y, en definitiva, a que las empresas necesiten, como ha pasado con la LSCI, despachos de abogados que les asesoren. Están
ganando más que las empresas; se lo aseguro. Hace poco se presentó aquí un libro, y es que la Ley de comercio electrónico es tan complicada que hay que montar una asesoría jurídica con la que se pueden forrar. Eso es legítimo, pero también es
legítimo y deseable que no sea así, porque al final las empresas del sector necesitan, más que avales, que no les compliquemos la vida en su actividad. En ese sentido, podemos hablar de planes de choque y de programas específicos que nos ayuden a
salir de la coyuntura, pero el marco tiene que ser estable, porque ese ha sido el gran error de la política que se ha venido desarrollando anteriormente. Lo hemos demandado por activa y por pasiva desde el Grupo Parlamentario Socialista. No se
puede dar vaivenes. Un mercado, incluso intervencionista, si cambia continuamente el rumbo, no le da estabilidad al sector. El sector quiere un marco estable, quiere saber a cinco años cuál va a ser su fiscalidad y cuál va a ser el marco
regulatorio. Necesita una estabilidad, y esa estabilidad sólo la dan unas reglas del juego que sean claras. Las reglas del juego tienen que ser lo más claras y menos intervencionistas posible, y tienen que favorecer la competencia porque sólo así
se abaratarán realmente y llegarán a los ciudadanos estos servicios. Yo quisiera rogarle, pues, que no haga un nuevo bosque normativo con una nueva ley general de las telecomunicaciones que vaya derivando al desarrollo reglamentario posterior todas
las propuestas. También le quiero pedir que en la regulación el regulador independiente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tenga el peso que se le quitó en la anterior ley a favor del Gobierno, porque me parece que es un error no
separar lo que es ser juez y parte en muchas cosas. Nos hemos dotado de un instrumento importante y consecuentemente debemos darle mayores competencias en este sentido. Señor López Blanco, ¿cómo ha previsto el Ministerio de Ciencia y Tecnología
incentivar las inversiones y la competencia si no hay licencias en la nueva ley? Al menos en algunas jornadas que se han realizado se hablaba de la posibilidad de que no hubiera licencias en el nuevo proyecto. En ese sentido, quiero conocer cómo
se incentivan las inversiones y, por supuesto, la competencia. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la presidencia.)
Respecto al bloque virtual, que saben que no enmendamos porque parecía razonable, no obstante, tenemos una experiencia negativa con el bucle de abonado que yo creo que debe servir también al Ministerio de Ciencia y Tecnología para aprender,
y eso significa que hay que ver cómo se desarrolla la norma, porque el mal desarrollo de la norma del bucle de abonado ha hecho que dos años después de salir la normativa Birulés en diciembre de 2000 tengamos sólo 2.192 bucles de abonados. Yo me
daría con un canto en los dientes si dentro de seis meses usted me dijera que hay en torno a 50.000 bucles de abonados, porque eso sería competencia. Me temo que no va a ser posible.
Ya le he hablado del tema audiovisual y le he dicho que entendemos que hacer un cambio de modelo es muy fuerte y hacerlo con prisas y sobre todo legislar contra el sector -y creo que en este caso lo han hecho así- no es el mejor camino. No
es el mejor camino, y mucho menos si se hace con prisa y a golpe de Ley de acompañamiento. El ministro dijo que la ley vendría antes de finales de año pero no nos lo creímos nadie. Fue en una entrevista periodística en un medio en el que el
ministro debió sentirse muy cómodo y dijo eso, pero luego conoció la realidad y le dijeron que no sería viable antes. Usted nos dice que vendrá en este período de sesiones, y espero que tenga el sosiego y el debate público, político y social que
este tema, sin duda, merece.
Respecto a los avales voy a ser también muy breve porque hemos pedido una comparecencia sobre este tema. De todas formas, hay una cosa clara: si se aligeran las cargas reduciendo las exigencias, tenemos que buscar efectos positivos para
los ciudadanos, hay que buscar ese contrapeso. Creo que ese tiene que ser el principio fundamental; si no lo es, no va a tener el apoyo del Grupo Socialista.
Yo quería abordar el tema del servicio universal porque usted planteaba que la telefonía rural podía ser uno de los elementos básicos en ese programa para incentivar y ayudar de alguna manera a la industria.
Nosotros conocemos las
condiciones en las que está trabajando Telefónica y quisiéramos saber si en el pliego de condiciones de Telefónica tienen ustedes previsiones tanto de cobertura como de plazos, inversión y, sobre todo, qué tipo de prestaciones se van a abordar.
Porque yo creo que no se trata sólo de garantizar el servicio universal en este momento a los que tienen la tecnología TRAC. Se trata también de que se pueda definir lo que haya en el futuro, y creemos que Telefónica está hablando de cuatro
tecnologías: la móvil, la satélite, el metálico y la LMDS. Por tanto, quisiera saber qué medidas de inspección está planteando el ministerio.
Voy a pasar a la cuestión del desarrollo de la sociedad de la información.
Ya he hecho la valoración genérica de que el desarrollo de la sociedad de la información no se puede separar de las telecomunicaciones.
Usted ha enterrado parte de la política de telecomunicaciones, pero al INFOXXI le ha puesto el INRI; lo acaba de enterrar con todos los honores, eso sí, como un señor. Usted acaba de enterrar como un señor a INFOXXI, porque ha dicho que no
se va a tomar ninguna medida de las emblemáticas.
Usted sabe que dispongo de todas las respuestas, salvo dos que me faltan, del seguimiento del INFOXXI en cada uno de los ejercicios económicos.
Ayer decía un medio de comunicación que ustedes me
confirmaban que eran 90.000. En
mi respuesta no vienen las 90.000 como tal número; debe ser una información dada al ministerio que no me dieron a mí, pero no importa: en el programa o en la acción emblemática, en alfabetización digital, es decir, alfabetizar a 1.000.000
de ciudadanos, 90.000 no es el 1 por ciento, no llega. De un millón a 90.0000 es un fracaso. Yo creo que es un fracaso, y si somos serios, tenemos que medirlo. El programa de bibliotecas, Internet en las bibliotecas, sobre el que también tengo la
respuesta, va a empezar, según ustedes confirman, en 2003. Es decir, nosotros hemos tenido la primera versión del INFOXXI a finales de 1999; segunda edición, eso sí, con bombo y platillo, con presidente incluido, en enero de 2001; la tercera
versión se supone que será la que nos aporte la comisión creada últimamente. Si no es tercera versión, es porque de verdad hoy enterramos la uno y la dos por ineficaces y porque no han servido para nada, y mire que lo lamentamos.
Señor López Blanco, cuando compareció a petición del Grupo Socialista el 6 de marzo de 2001 la señora Birulés para explicarnos el Info21, después de haberlo presentado el presidente del Gobierno en Vitoria, nosotros le dijimos que este
programa tenía varios problemas. El primero, que no se había hecho ni con el sector (el sector lo supo después; se le presentó el 14) ni con las comunidades autónomas y el resto de las administraciones públicas, que además tienen competencias en
el asunto (la conferencia con las comunidades autónomas se produjo una semana después), y tampoco con el Parlamento ni con los políticos.
Así no es viable que converjamos con Europa. Le pedimos un plan de convergencia con indicadores, con financiación real, con unos objetivos en los que se establezca lo prioritario para cada período, con los recursos e indicando la forma en
que se va a medir. Los últimos datos los dieron la semana pasada, salvo la métrica que presentan el viernes en el ministerio.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Pleguezuelos, le ruego vaya terminando su intervención.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino, señora presidenta.
Salvo que el viernes en la presentación por CEDISI de la métrica de la sociedad de la información nos aporte otros datos, los últimos que tenemos son de CMT y por primera vez del Instituto Nacional de Estadística, y nos dicen que sólo el
17,3 por ciento de la población usa Internet en sus hogares, frente a una media europea del 40 por ciento. Yo sé que no es ese el único indicador; en el ADSL, por ejemplo, estamos mejor, y como yo quiero ser muy positiva, le digo de antemano que
estamos bien respeto al resto de Europa, pero tenemos 900.000 de ADSL por parte de Telefónica y de módem cable no llegan a 200.000, es decir, 1.100.000 ó 1.200.000. Pero me siento ahí más cómoda que en la penetración de Internet, y supongo que
usted también. Si queremos de verdad que el diálogo, el consenso y el nuevo rumbo de este ministerio permitan que la sociedad de la información se desarrolle como un sector urgente y estratégico, tenemos realmente que hacer un plan de convergencia
que nos permita situarnos en la media europea, porque las dos comunidades que están mejor, Cataluña y Madrid, no llegan a la mitad de la media europea, y así perdemos el tren del desarrollo tecnológico y no nos lo podemos permitir.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: En primer lugar quiero agradecer la presencia del secretario de Estado, señor López Blanco, quien comparece a petición propia para explicar y dar datos lo suficientemente interesantes e importantes sobre las líneas
generales de esta etapa que yo no diría que es nueva pero en la que sí hay nuevos responsables que asumieron responsabilidades en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es de agradecer la prontitud, la disponibilidad, el buen tono y el talante del
señor López Blanco a lo largo de su exposición, que yo calificaría de brillante e interesante y en la que yo creo que ha desmenuzado los objetivos, los intereses y lo que va a hacer y está haciendo ya la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.
Voy a ir al grano en mi intervención, pues creo que eso me lo agradecerán los compañeros parlamentarios en esta mañana ya prácticamente prenavideña, tras una noche en la que muchos tuvimos importantes responsabilidades desde el punto de
vista de la socialización con el resto de compañeros, de confraternidad y buen hacer. Quiero empezar diciendo que, como representante del Grupo Parlamentario Popular, no puedo coincidir con muchas de las afirmaciones que se han hecho a lo largo de
esta mañana con respecto a esta comparecencia. El Grupo Parlamentario Popular no puede estar de acuerdo con afirmaciones respecto a que hay un cambio de rumbo en la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hay ruptura respecto a etapas
en la que se hacía una cosa que se ha enterrado y en las que, con palabras propias de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha enterrado la política anterior que había hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo tengo que decir que
no, puesto que precisamente es este Gobierno el que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es precisamente el equipo de Birulés el que conforma una de las etapas quizá más complicadas, que es la de creación de un nuevo ministerio. Yo creo que
a S.S. no se le escapará que crear un nuevo ministerio, un ministerio estratégico, un ministerio esencial, un ministerio sumamente importante para los intereses generales de nuestro país supone un esfuerzo y lleva un tiempo
de rodaje, en el que hay que aglutinar funcionarios, hay que ir concretando responsabilidades, hay que ponerlo en marcha y hay que empezar a rodar. Ese rodaje se ha hecho en un tiempo récord desde el punto de vista de la atención, de la
exclusividad y del esfuerzo que ha hecho el anterior equipo de la señora Birulés, y por tanto no veo ni puedo estar de acuerdo en que hay ninguna ruptura. Es cierto que cuando cambian las personas, cambian muchas veces las ideas o pueden cambiar
los talantes, los pulsos, los ritmos. Es lógico porque cada persona tiene su propio ritmo, sus propias dimensiones y su propia manera de entender las cosas, pero sin lugar a dudas en esta legislatura el Ministerio de Ciencia y Tecnología siempre ha
tenido claros sus objetivos y ha hecho una apuesta muy importante por converger. La portavoz del Grupo Socialista decía que entre Madrid y Cataluña ni siquiera llegamos a la mitad de la media europea, pero hay que decir, para hacer justicia a la
verdad, que precisamente nosotros partimos de una base esencialmente baja, prácticamente de subdesarrollo, y que gracias a este ministerio y a estos años de gestión, pocos puesto que se pone en marcha en el año 2000 y estamos en las cercanías ya del
año 2003, se han ido recortando diferencias, se ha ido poniendo orden en el sector y a pesar de una crisis absolutamente coyuntural, una crisis internacional que escapa a las propias responsabilidades y al propio entorno de nuestro país, se han dado
verdaderos pasos de gigante en el compromiso y el objetivo de alcanzar el desarrollo pleno de la sociedad de la información en el conjunto de nuestro país.
No quiero dejar pasar mi intervención sin hacer alguna apreciación respecto a los fallos en los modelos que la señora Pleguezuelos ha comentado que ha cometido el Gobierno, en este caso el Gobierno del Partido Popular, fallos en la
liberalización, fallos en el modelo, etcétera. Yo creo, señoría, que si algo ha tenido claro el Gobierno ha sido precisamente su criterio. Ha tenido criterio, y eso no siempre es fácil, pero para eso se está en el Gobierno: para tener criterio y
para tomar decisiones, algunas más acertadas, otras menos. Yo creo -y el tiempo así lo ha demostrado, pese a que S.S. quizás piense lo contrario- que, por el contexto internacional y por cómo se ha ido desarrollando la liberalización del sector,
ha habido un Gobierno con voluntad de liberalizar. Ya en la anterior legislatura hubo un Gobierno que tuvo claro que había que hacer un proceso de liberalización que mejoraría la calidad del producto, que bajaría, sin lugar a dudas, el precio que
están pagando los usuarios y que, en definitiva, mejoraría la calidad y generaría progreso y riqueza. Esa voluntad se expresó poniendo en marcha un proceso de liberalización; se hizo una apuesta para la concesión de licencias de los operadores que
yo creo que fue acertada, que fue la del concurso, frente a la de otros grupos políticos, y especialmente el que representa S.S., que nos hablaba en épocas pasadas de la subasta. Yo creo que a la larga se ha demostrado que el criterio que asumió el
Gobierno era en este contexto complejo, dinámico y terriblemente cambiante, quizá el más acertado, y por tanto no podemos hablar de política errática del Gobierno, no podemos hablar de desorganización, no podemos hablar de ruptura y no podemos
hablar, a nuestro juicio, de falta de perspectiva o falta de estrategia.
Yo sí hablaría de cambios de rumbo en el grupo de la oposición. En pocos años hemos visto cómo cambian de criterio de manera permanente y que , en función de dónde está la crítica o de dónde creen oportunamente que debe de estar, cambian
muchas veces de criterio. Yo reafirmo, desde el Grupo Popular, por tanto, que el Gobierno en esta materia ha hecho sus obligaciones y ha cumplido sus deberes. Uno de los grandes objetivos de este Gobierno es generar riqueza y progreso, y por tanto
a nadie le tiene que alarmar que los abogados ganen dinero. Pues que los abogados ganen dinero, que ganen los economistas, que ganen los médicos. En definitiva, es lo que hace este Gobierno, que es dinamizar la economía, generar progreso y
riqueza, y no se ha creado aquí ningún bosque complejo en contra de las empresas, sino todo lo contrario: se ha puesto orden, se han puesto normas, se han puesto unas reglas del juego claras en las que todos y cada uno de los miembros que componen
el escenario de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones saben cómo deben comportarse.
Han hablado aquí tanto el portavoz del Grupo Catalán como la señora Pleguezuelos del proyecto de ley de lo audiovisual y de las iniciativas de la Ley de acompañamiento, que han sido criticadas de una manera, yo diría, dura y legítima, por
otra parte, pero tengo que decir que al final un Gobierno tiene que gobernar. Yo creo que este es un Gobierno -y lo ha demostrado a lo largo de los años que lleva asumiendo la responsabilidad de gobierno- que sabe dialogar, al que le gusta
dialogar, que tiene vocación de diálogo, de comunicación, de transparencia, de poder sumar, y que no solamente ha llegado a numerosos acuerdos con el Grupo Catalán, que tengo que reconocer que siempre hace esfuerzos de receptividad y de
entendimiento, sino que además ha logrado importantes logros en todas las materias con otros grupos políticos, como el Grupo Socialista, en teoría principal adversario nuestro, y siempre ha habido un esfuerzo de comunicación y de entendimiento con
el resto de los grupos. Pero al final un Gobierno tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones que muchas veces vienen marcadas por la prontitud, por la necesidad, por la urgencia y por cómo se va desarrollando un sector tan cambiante y tan
terriblemente dinámico como es el audiovisual. Y la verdad es que el régimen actual en materia audiovisual era y es insostenible.
Hasta el momento se han realizado parches sucesivos para afrontar una situación; ha habido un conjunto de normativas que son casi todas anteriores al año 1996,
y la legislación, como saben SS.SS., es dispersa, sin que exista ninguna ley que aglutine a este importante sector audiovisual en su conjunto, y en España tenemos normativas para todos los gustos colores y tamaños sobre televisión privada
analógica, televisión por satélite, televisión local, televisión digital terrenal, televisión pública, etcétera. Además existen, como saben también SS.SS., distintas catalogaciones según la tecnología, lo que ya ha dejado de tener sentido, sin
lugar a dudas, después de los avances y del desarrollo de la televisión. Por todo lo expuesto, es necesario, a nuestro juicio, establecer una estructura coherente que aglutine a toda la televisión, que dé seguridad jurídica a las empresas
mediáticas y que dé a conocer las reglas del juego. Las empresas saben cuál es el marco en el que deben y pueden moverse, y sin lugar a dudas esto facilita las estrategias de las compañías y del conjunto de los ciudadanos, que verán y ven
protegidos también sus propios derechos. Esa alegalidad existente, que incluso podríamos denominar ilegalidad en algunos ejemplos, en las televisiones locales ha dado lugar a situaciones paradójicas, que yo creo que SS.SS. conocerán tan bien como
yo, como que hay muchas poblaciones españolas en las que los ciudadanos no pueden ver algunas cadenas privadas debido a las interferencias provocadas por las cadenas locales. En definitiva, la situación es insostenible, y el Gobierno tiene la
vocación de no cercenar ningún debate puesto que va a haber un proyecto de ley audiovisual que se va a traer a la Cámara, que va a tener sus plazos, sus tiempos, sus formas para poder debatir, para poder hablar de él, para poder enmendar, para poder
mejorar, para poder enriquecer, pero que, llegado el caso, llegada esta situación que yo calificaría de insostenible y urgente, al final el Gobierno ha tenido que asumir su responsabilidad y poner en marcha, a través de la Ley de acompañamiento, una
serie de iniciativas que son interesantes. Señorías, si no se hubiera hecho así y se hubiera esperado a la ley audiovisual, que va a tener sus plazos, sus tiempos y va a dar oportunidad a debatir ampliamente sobre el tema, probablemente se hubiera
retrasado la ordenación por lo menos dos años porque, como saben muy bien SS.SS., primero tendría que entrar en vigor la ley, cumplir los trámites parlamentarios, después se tendría que legalizar la planificación del espectro, es decir, repartir
entre municipios y comunidades la frecuencia, etcétera, es decir, prácticamente 18 meses.
La situación era, pues, de alarma en el propio sector, era insostenible, y el Gobierno, en el ejercicio de sus responsabilidades, la ha tenido que afrontar a través de la Ley de acompañamiento que quiero decir que es una práctica
parlamentaria que se ha hecho aquí siempre, y que ha hecho el Gobierno Socialista, el Gobierno catalán de Convergència i Unió en la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de la Junta de Andalucía en Andalucía, porque es una práctica legítima, común
y ordinaria en la actividad parlamentaria. Por tanto, yo creo que no debemos rasgarnos las vestiduras ni hacer alharacas ni nos tienen que dar pataletas. Creo que vamos a tener grandes posibilidades de debate, de consenso y de acuerdo y que, por
tanto, todo llegará a su tiempo. Lo único que pido al resto de los grupos es que comprendan también la responsabilidad y el sentido del Gobierno en esta materia.
Finalmente, como lo prometido es deuda y prometí que iba a ser breve, finalizo mi intervención diciendo que se están poniendo las bases. La señora Pleguezuelos tiene una serie de datos y yo tengo otros que creo que son objetivos, como la
evolución de usuarios del último mes de Internet de GM y otras magnitudes. No creo que tengamos que entrar en una guerra de cifras que a nadie interesa, y, con los datos en la mano y siendo objetivos y realistas, creo que hay un proceso de
evolución, que estamos en la senda del crecimiento del desarrollo de la sociedad de la información, que, sin lugar a dudas, habrá que concentrar y habrá que exigir más y más posibilidades y más recursos, como lo está haciendo ya el Gobierno, pero
que afortunadamente cada vez son más las transacciones comerciales que se hacen en la red y es mayor el número de usuarios y ciudadanos que acceden y se comunican a través de la red. Creo que, pese a la crisis de carácter internacional que yo
apuntaba, el sector de las comunicaciones sigue siendo todavía fuerte, dinámico y está en fase de pronta recuperación. Las líneas generales que nos ha expuesto hoy el señor López Blanco redundan en esa estrategia, una estrategia del convencimiento,
de la reflexión, de la experiencia que se ha vivido ya después de dos años de gestión al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos llevan, probablemente al final de esta legislatura, a conseguir los logros todavía lejanos de
convergencia con el resto de Europa porque partíamos muy deficitariamente. Creo que estamos en la senda correcta, en el camino indicado y que en los próximos años, cuando hagamos un análisis sosegado y objetivo de la evolución de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información en el conjunto del país, sin duda alguna, SS.SS. verán que en esa evolución el Gobierno del Partido Popular ha contribuido de manera determinante a la riqueza, al progreso y al desarrollo.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): El secretario de Estado de Telecomunicaciones, señor López Blanco, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Permítanme empezar por una parte de la intervención del diputado señor Moreno que se refiere a si estamos o no estamos cambiando. Yo
quiero decir aquí que, como él ha destacado, la labor del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los dos últimos años ha sido de una gran importancia y que este ministerio supone por primera vez -y esa es
una idea que yo quiero destacar- un planteamiento integrado de todo el proceso de innovación, investigación, desarrollo industrial, de sociedad de la información, de telecomunicaciones, es decir, supone conceptualmente un avance muy
importante en un ministerio como tienen que plantearse los ministerios en el siglo XXI. Quiero reivindicar también, como ha hecho él, la tarea de la ministra Birulés y de su equipo durante estos dos años en los que han tenido, como él ha dicho muy
bien, un reto muy importante, que ha sido poner en marchar un ministerio que surgía de diversos orígenes, lo que, como saben ustedes, es muy difícil. Pero para ser justos en el juicio sobre la gestión del ministerio en estos dos años, tenemos que
esperar a que pase algún tiempo, porque muchas de las políticas que se están practicando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que se van a practicar en los próximos meses y que tienen mucho que ver con decisiones tomadas por la ministra
Birulés y su equipo requieren una maduración, y los programas de INFO XXI y algunos otros requieren maduración. Se puede hablar de los datos de Internet. Miremos el Eurobarómetro, que marca tendencias y que dice cómo España, que está en una
situación que no es la que nos gusta y sobre todo en cuanto a usuarios de Internet, está reduciendo su diferencia con Europa. Digo yo que algo tendrán que ver en esto la señora Birulés y su equipo. Quiero dejar claro desde el principio que el
equipo de la ministra Birulés ha hecho magníficamente un trabajo muy difícil.
Voy a centrarme en el tema audiovisual porque es con el que se ha empezado. Aquí se plantea un problema de forma y otro de fondo. Insisto en que los cambios más importantes que se pretenden introducir en la Ley de acompañamiento tienen que
ver con una situación que, señora diputada, no podía esperar otros catorce años y probablemente no podía esperar mucho más porque hay momentos -y le agradezco lo que ha dicho respecto a que la responsabilidad es de todos- en los que hay que empezar
a poner orden en determinadas situaciones. Y la situación en la que se movía la televisión local en España no era tolerable y además iba a empeorar. Por tanto, era necesario empezar el proceso de regularización de la televisión local, y cuando
hablo de regularización quiero decir adjudicación de las licencias para la gestión de televisiones locales a las personas que, sean o no las que en estos momentos están emitiendo, reúnan los requisitos para ello. Por tanto, hay una primera
decisión, y es que no puede esperarse a la ley de audiovisual porque en un proceso que necesariamente consume 18 meses no podemos llevar -permítanme la pedantería- el dies a quo, o momento del inicio del cómputo, al año 2004, porque entonces vamos a
prolongar el proceso en exceso.
En consecuencia, permítanme decirles que, desde el punto de vista de la forma, si hay alguna medida que por su urgencia y su necesidad se justifica que esté en la Ley de acompañamiento, es precisamente la de poner en marcha un proceso de
esta naturaleza, que es la regularización del panorama de la televisión local en nuestro país. Habrá un segundo momento que permitirá ecualizar, analizar y, si es necesario, limar alguna arista del planteamiento y algunas cosas incluso del
planteamiento del proceso de planificación de adjudicación de licencias. Probablemente habrá que hacerlo, y se puede hacer en la ley de lo audiovisual. Pero había una responsabilidad irrenunciable, que era la de dar de una vez una señal de que la
regularización de la televisión local iba a venir pronto y que ese proceso no dependía o dejaba de depender de la ley de lo audiovisual, sino que empezaba el día 1 de enero de 2003. Esa ha sido la razón por la que se ha tomado esta medida, ese es
el contexto y esa ha sido la razón, plenamente justificada, para utilizar el procedimiento de la Ley de acompañamiento, que creo que pocas veces como esta ha estado tan justificado.
Planteaban el diputado señor Jané y la diputada señora Pleguezuelos el fondo de esto, y quiero referirme primero al ámbito competencial. Lo que creo es que no se puede incurrir en contradicción, es decir, no podemos defender al mismo tiempo
que el control de las cadenas tiene que ejercerse sólo por las comunidades autónomas y, por tanto, que la cadena tiene que ser un concepto que esté limitado al ámbito territorial de una comunidad autónoma, y eso no por otra razón sino por la de
defender la competencia autonómica en esta materia, y luego decir que son restricciones injustificadas las que se introducen en la ley porque necesitamos operadores fuertes que puedan impulsar la televisión digital.
Si necesitamos operadores
fuertes que puedan impulsar la televisión digital, a lo mejor lo que hay que hacer es permitir que haya emisión en cadena fuera del ámbito de una comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que no se debería incurrir en ese tipo de contradicciones y
decir que para unas cosas necesitamos operadores fuertes y para otras no. Lo que intenta fundamentalmente la introducción del régimen de incompatibilidad, como he dicho, es dar certeza y poner unas reglas de juego a quienes a partir del año 2004
vayan a ir a los procesos de adjudicación de las licencias de televisión local. De todas maneras, quiero decir que al principio del período de legislatura tenemos que empezar la discusión de la ley de lo audiovisual. Ese es otro contexto desde
todos los puntos de vista, y yo creo que es un buen momento para replantear todo el esquema no sólo de la televisión local sino también el esquema general de la televisión en España, con todo lo que eso supone, la regulación de la televisión, lo
cual no quiere decir que lo que se haya hecho no esté bien, que creo que lo está. Pero en todo caso tenemos una discusión por delante y yo creo que tenemos que aprovechar también esa oportunidad.
En cuanto al resto de los temas que plantea la diputada señora Pleguezuelos, le digo que hay dos medidas que tienen su sitio razonable en la Ley de acompañamiento,
el bucle virtual y la interconexión por capacidad, que son dos medidas concretas. Yo creo que tienen ahí un esquema fijo, porque todo el paquete de medidas que hemos puesto en práctica tiene un alcance coyuntural que no podía esperar más,
aunque también estoy de acuerdo en que con la ley de telecomunicaciones tenemos la gran oportunidad de plantear algunos otros temas.
Respecto a si la situación del sector es mala o no, yo no voy a ser el que rehuya la realidad, pero la situación del sector es difícil, como he dicho, y me da igual reconocer que es mala. Depende de cuál sea el punto de referencia. Si la
situación del sector se compara con cómo estaba en términos absolutos y relativos el sector de las telecomunicaciones en España hace veinte años, la situación es magnífica. Ya nos hubiera gustado hace veinte años tener una crisis como la que ahora
tenemos. Si el punto de comparación es cómo estaba el sector hace unos años, efectivamente la situación es difícil y mala. No me importa reconocerlo porque es una discusión que tampoco tiene mayor transcendencia. Pero también es importante ver
cuáles son los puntos de comparación en estos casos.
No voy a entrar ni voy a decir más sobre el audiovisual ni sobre el UMTS porque supongo que ya lo he dicho con lo que he dicho y además ustedes quieren que lo haga el ministro. Me parece estupendamente, y cuando venga ya les dará todas las
explicaciones que ustedes le soliciten, aunque con independencia de ello y si en algún momento me las quieren pedir a mí, vendré encantado a dárselas.
Sobre los fallos del modelo en materia de telecomunicaciones, yo creo que algunas de las cosas que se dicen de los bosques legislativos tienen mucho que ver con la situación del propio modelo; no podemos olvidarnos que las leyes surgen en
momentos concretos con finalidades concretas, y aquí hemos tenido una Ley de ordenación de las telecomunicaciones en una situación de monopolio en el año 1987 que empezaba a atisbar un proceso de liberalización de las telecomunicaciones; hemos
tenido una Ley general de telecomunicaciones que lo que fundamentalmente ha hecho con las reformas de la ley de ordenación es regular todo el proceso de liberalización y por tanto los problemas de la liberalización, y ahora tenemos que ir a otra ley
con otros problemas, y es una ley que tiene regular un mercado maduro en el que ya hay unas condiciones de competencia. Por tanto, muchas cosas de los problemas del modelo también se explican perfectamente por la situación en que se encuentra el
desarrollo del sector en esos momentos. Está la Ley anterior en un proceso de acabar la apertura de la liberalización. Ahí, el problema de los títulos habilitantes y de las licencias es el problema esencial. En la nueva ley, que es el problema de
un mercado que está en plena competencia o unas condiciones de competencia muy distintas, el problema de las licencias, el problemas los títulos habilitantes ya es un problema mucho menor. Los problemas van a ser otros; los problemas entre otras
cosas van a ser las interconexiones, y eso es lo que vamos a intentar.
Por tanto, nos parece que lo que exige en estos momentos el desarrollo del sector es que dejemos de estar centrados en el problema de las licencias y de los títulos habilitantes
y pasemos a estar centrados en la propia actividad del sector, favoreciéndolo.
Alguna referencia de todas maneras sobre el tema del UMTS. Me va a perdonar, pero no cabe duda que hay dos decisiones aquí que explican por qué, cuando el otro día en Francia el Gobierno francés pone sobre la mesa del Consejo Europeo de
Telecomunicaciones que quiere dar ayudas públicas, España puede decir que no está de acuerdo con ello, entre otras cosas porque el regulador español no ha cometido los errores que han cometido otros reguladores. Error número uno que no cometió, y
yo sigo pensando que fue una gran decisión, ir al concurso como modelo de adjudicación, porque respondía en ese momento mejor a la necesidad de lo que entonces parecía que iba a llegar, que era un rápido desarrollo del UMTS. Segundo, cuando se
solicita que se cambie del modelo de concurso a subasta, yo creo que se va a un procedimiento que, afortunadamente se ha mostrado mucho más flexible, que ha sido el de establecer una tasa de carácter anual que permita adaptarse a la situación
concreta de los operadores.
Por tanto, me parece que hemos tenido un mecanismo que nos ha permitido adaptarnos mucho mejor que otros países y por eso ahora podemos decir que no nos gustan las ayudas comunitarias.
En cuanto a la ley nueva, el desarrollo, la verdad es que yo no tengo mayor interés en dar de comer a mis compañeros de profesión; el desarrollo reglamentario es inevitable. Yo creo que el problema no es que haya mucho desarrollo
reglamentario o poco, sino que haya un buen desarrollo reglamentario y nosotros pensamos que tenemos que intentar hacer un desarrollo reglamentario al tiempo y coherente; por tanto yo creo que ese sí es de verdad el problema, no tanto decir si hay
muchos o pocos reglamentos, que yo creo que tiene que haber pocos, sino si hay un desarrollo reglamentario rápido y coherente y eso es lo que queremos hacer, pero esté tranquila, señora diputada, que no vamos a hacer una ley anoréxica, y si lo
intentamos usted tiene mecanismos para decirnos que lo estamos haciendo e intentar ponerle remedio. Queremos hacer una ley que sea pequeña, que sea corta, que se entienda bien y que regule lo que tiene que regular y nada más; y un desarrollo
reglamentario sobre todo coherente.
En cuanto al bucle virtual, estoy absolutamente de acuerdo que el problema del bucle virtual es esencialmente su aplicación, y en estos momentos ya hemos constituido en el ministerio un grupo de trabajo con los operadores para analizar cómo
aplicar esta medida, aun antes de que se haya aprobado la Ley de acompañamiento. Yo creo que efectivamente ese es el problema,
si en algún momento quieren ustedes más detalles sobre cuáles van a ser las medidas de aplicación, estaríamos encantados en dárselas; pero somos plenamente conscientes de que ese es el problema y por eso lo estamos haciendo con los
operadores, porque son ellos los que conocen los problemas prácticos que implica esta medida y que son de aplicación.
No sé si se puede hacer un paralelismo evidente entre el bucle virtual y el bucle en general, tema que tiene algunos problemas de modelo de negocio para los operadores, que también si quieren algún día podemos discutir más despacio y que
sería largo verlo aquí, y tiene problemas de hasta qué punto los operadores tienen alternativas para construir otros modelos de negocio, que las tienen. Entonces, yo creo que es un tema de reflexión; lo está siendo en toda la Comisión Europea y en
todos los países europeos. Efectivamente yo tampoco creo que debamos estar muy satisfechos de los resultados del bucle, pero porque hay problemas de modelo y sobre todo hay problemas porque es perfectamente posible establecer modelos alternativo.
Yo creo que cuando este año las tarifas que cobra Telefónica por el alquiler del bucle bajen, como van a majar, probablemente eso nos permitirá saber si ese problema es de precios o no es un problema de precios, y por tanto podamos ir ahí.
En cuanto al servicio universal y sobre todo el TRAC, algunos datos que me solicita la señora diputada, decir primero, que los plazos que se han establecido con Telefónica son exactamente los que venían en la ley, por tanto es necesario que
esté desarrollado entre los años 2003 y 2004; en consecuencia creo que es un programa de una gran ambición y con pocos precedentes en cuanto a los ritmos en España.
Vamos a ver, dos reflexiones sobre la solución propuesta por Telefónica: La primera, que necesariamente va a tener que ser una solución que combine tecnologías porque parece evidente, así lo considera Telefónica y probablemente tiene razón,
que no es posible hacer el cien por cien del TRAC sobre tecnología LMDS. Por tanto habrá que meter otras tecnologías, pero sí les voy a decir que criterio indispensable para la introducción de esas nuevas tecnologías será que para los que las
presten sean en condiciones de competencia. Por tanto, estamos analizando con Telefónica en estos momentos todas estas condiciones.
Sí quiero decirle una cosa de su intervención y es que la escalabilidad es un elemento esencial. Es decir, estamos hablando de conexión a Internet funcional, lo cual quiere decir 56 kas, es decir lo que es un modem V90 en estos momentos;
pero toda solución tecnológica, y por eso el LMDS era una buena solución, tiene que ser escalable a velocidades superiores. Por tanto, sí le puedo asegurar que cuando estamos hablando con Telefónica en estos momentos dos son nuestras prioridades
fundamentales: En primer lugar ésa, es decir que cualquier solución tecnológica que se establezca sea escalable a velocidades superiores de la velocidad funcional de acceso a Internet, y en segundo lugar estamos diciéndole a Telefónica que es
necesario que haga un esfuerzo importantísimo en el año 2003 con este programa porque creemos que es uno de los programas que puede aliviar y mucho, porque estamos hablando de cantidades importantes de dinero, de 475 millones de euros entre los dos
años, y estamos hablando de un programa que puede contribuir a aliviar la situación de la industria en la medida de lo posible.
En cuanto a la sociedad de la información, vuelvo a decir sobre el programa INFO XXI y reitero lo que he dicho. Yo creo que los programas que se pusieron en marcha en el marco del INFO XXI han funcionado razonablemente bien, entre otras
cosas porque eran programas, y vuelvo a mi reflexión inicial, que exigían una maduración, entre otras cosas porque buena parte de ellos y los que mejor van a salir, exigían además una colaboración con las comunidades autónomas, y eso exige un plazo
de maduración. Por tanto, antes de enterrar al programa INFO XXI, vamos a ver si a lo mejor, como decía mi paisano Zorrilla, los muertos que matamos gozan de mejor salud de la que pensamos. Ahora hay algún caso concreto en el paraguas INFO XXI que
consideramos hay que replantear muy seriamente, y el caso característico, y tampoco me importa decirlo, es el Internet para todos, que creemos es un programa que tenía algunos problemas de planteamiento y hay que replantearlo.
Internet en la escuela, que es el gran programa de INFO XXI, creemos que está funcionando, que va a funcionar muy satisfactoriamente y que desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad de la información, a todos, al Estado y a las
comunidades autónomas y al país en general, nos va a dar grandes satisfacciones.
Bibliotecas, creemos que va a funcionar bastante bien y que es un programa bien planteado.
Digitalización del patrimonio, creemos que va a funcionar bastante bien y también creemos que en general el programa INFO XXI es un buen punto de partida para que la comisión especial nos haga recomendaciones sobre esta materia y sobre cómo
actuar en este sentido. Pero quiero reiterar que estamos en una situación muy distinta otra vez a cómo surgió el programa INFO XXI en una sociedad absolutamente eufórica con todo lo que tenía que ver con Internet, en la que todas las empresas
únicamente tenían la preocupación de como hacer actividad en Internet y luego los inversores no tenían otra preocupación que cómo invertir en Internet. El papel que tiene que jugar el Estado ahora es muy distinto porque la situación es muy
distinta, y algunos datos muestran que la situación no es todo lo que debería ser de buena. Por tanto, hay que replantear también el papel de la Administración en el desarrollo de la sociedad de la información.
Por último decir que coincido con la filosofía de la convergencia, que yo creo tiene que ser la filosofía con
la que nos planteemos el esfuerzo en esto y en todo, pero muy especialmente en esto. También digo que, cuando uno ve el Eurobarómetro y ve las cosas que dice el comisario Liikanen, se da cuenta de que tenemos que hacer un esfuerzo de
convergencia muy importante en algunas cosas y en otras no tanto. La verdad es que cuando le hablan de cómo está la situación de la introducción de Internet en el sistema educativo en España o el desarrollo de la administración electrónica, que son
elementos muy importantes en el desarrollo de la sociedad de la información, y uno ve el Eurobarómetro y los informes de Liikanen, se queda un poco aliviado, aunque existan datos que yo no voy a poner en cuestión y que no son halagüeños sobre la
situación de diferencia todavía en el numero de internautas o en alguno de los datos básicos sobre esto.
Y con esto, señora presidenta, doy por terminada mi intervención, agradeciéndoles a todos otra vez su paciencia.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Estamos todos muy contentos de su exposición y de su compañía esta mañana en esta Comisión de Ciencia y Tecnología.
Pasamos a la segunda parte del cumplimiento del orden del día fijado.
Despedimos al señor secretario deseándole unas felices fiestas de Navidad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Igualmente.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pido disculpas y vamos a hacer un minuto de silencio porque no nos hemos sumado a la manifestación que todos los miembros de esta casa han realizado. Así pues, si a SS.SS.
les parece, vamos
a guardar este minuto de silencio aquí, aunque no sea el de las doce. (Pausa.)
Quiero que conste en acta el reconocimiento y el pésame a la familia de la víctima, Antonio Molina, una víctima más de la defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en favor de la libertad.
Muchas gracias a esta familia y vaya nuestro más sentido pésame.
Continuamos la sesión.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR SUÁREZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA APOYAR AL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. (Número de expediente 181/002987.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor subsecretario, en nombre de la Comisión y en el mío propio, quiero darle la bienvenida una vez más a esta Comisión de Ciencia y Tecnología. No sé si debo felicitarle, señor
subsecretario, porque le hayan ampliado sus competencias en el ministerio al tener que responder a estas preguntas, que en todo caso es evidencia de su capacidad y de su eficacia.
Gracias subsecretario de Estado, gracias don Tomás Pérez Franco por acompañarnos esta mañana, y vamos a proceder a las preguntas que los grupos parlamentarios han formulado.
La primera pregunta corresponde al Grupo Socialista, formulada por don Celestino Suárez González, sobre las medidas para apoyar al sector de construcción naval.
Tiene la palabra, señor Suárez González.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: He de agradecer al señor subsecretario su comparecencia en esta Comisión de Ciencia y Tecnología para responder a una pregunta sobre el sector naval, porque sigue dependiendo del Ministerio de Ciencia y Tecnología
lo relativo al sector naval y buena parte de los sectores industriales, sobre todo los tradicionales; es cierto que es positivo que exista un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también es cierto que los grandes paganos de la creación de ese
ministerio y de la desaparición del antiguo Ministerio de Industria y Energía siguen siendo los sectores industriales tradicionales, que en este país representan un porcentaje muy importante del PIB, cercano al 20 por ciento sin incorporar la
energía, por tanto un volumen muy importante de actividad y más de 3 millones de trabajadores, si es que aún se sigue sin resolver ese problema del actual Gobierno español desde que desapareció el Ministerio de Industria y Energía, que era si
seguían con la remodelación los sectores industriales dependiendo de Ciencia y Tecnología o pasaban al Ministerio de Economía. Al menos el sector naval sigue dependiendo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por tanto yo creo que es un problema
del señor gobierno que usted tenga que responder a tantas cosas, llámense temas relativos a investigación o llámense temas relativos a la política industrial.
No se trata de que hable aquí de la importancia del sector naval, un sector importante en nuestro país, un sector con importante potencial exportador, algo venido a menos últimamente, un sector con un volumen importante de empleo, en torno a
los 50.000 trabajadores entre directo e indirecto, un sector con un importante potencial tecnológico y un sector que va a seguir siendo necesario en el país tanto en el plano de la defensa como por la importancia que va a seguir teniendo en el
futuro el transporte marítimo, y más con lo que está ocurriendo últimamente. Es un sector que tiene problemas importantes que todos hemos reconocido y que nadie pone en cuestión desde las autoridades europeas hasta el propio Gobierno español o las
fuerzas políticas, y que sufre una muy fuerte competencia desleal por parte de los astilleros coreanos y los astilleros
del sureste asiático. Por tanto es un sector que necesita un marco de ayudas y un marco jurídico; un marco directo de ayudas y también un marco jurídico de apoyo al propio sector.
Por empezar con alguna de las medidas que nosotros entendemos importantes, la Unión Europea ya ha denunciado a Corea del Sur por competencia desleal; la denunció en el pasado mes de octubre; unos meses antes el Consejo de Ministros
correspondiente a la Unión Europea, siendo ministra la señora Birulés, había acordado el mecanismo de ayuda y había dicho que el mecanismo de ayuda a los astilleros es inseparable de la denuncia. La denuncia se ha producido y el mecanismo de
ayudas, según nos consta a nosotros en documentación oficial, está en vigor o autorizado por la Unión Europea a partir del 1.º de octubre de este año. Hay Estados que ya han puesto en marcha los instrumentos para aplicar ese mecanismo de ayuda a la
industria de construcción naval en su ámbito territorial, porque son ayudas directas que pagan los Estados miembros, y al menos nosotros no tenemos conocimiento de que el Gobierno español haya puesto en marcha el mecanismo de ayudas a la industria
de construcción naval.
En primer lugar, nos gustaría saber cómo está esto y nos gustaría reincidir con cargo a qué partida presupuestaria se van a pagar las ayudas a la construcción naval. Hace 20 días debatimos en esta misma Comisión una proposición no de ley en
la que se instaba al Gobierno a no retrasar el pago de las antiguas primas a la construcción naval, las que se pagaron con la normativa de ayudas que estuvo en vigencia hasta finales del año 2000. Debatimos una iniciativa demandando que se pagasen
porque había retrasos, y al final llegamos un acuerdo donde todos reconocimos que había retrasos; recuerdo que llegamos a un acuerdo en torno a una redacción del texto que habla de que tan pronto como haya medios financieros para pagarlas que se
paguen; pero todo el mundo reconoció que había retrasos; hay retrasos en el pago de las antiguas primas a la construcción naval. Por tanto nosotros, al margen de cómo está el tema de las ayudas, insistimos en cuándo va a entrar en vigor, con
cargo a qué partida presupuestaria se van a pagar, porque la partida presupuestaria que hay, que está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología como primas a construcción naval, estamos viendo que tiene serios problemas a la hora de liquidar lo que
son las ayudas que se devengan del anterior sistema de ayuda a la industria de construcción naval.
Igual que le planteo esto, yo creo que es importante saber cómo están otras medidas que indirectamente y de carácter fiscal pueden ser beneficiosas para la industria de construcción naval. Hay retrasos en lo que es la decisión de
autorizaciones respecto al task list, la tasa por tonelaje, una medida fiscal que indirectamente es positiva para la industria de construcción naval fue aprobada en los presupuestos del año 2002 pero no hay conocimiento de que se haya empezado a
aplicar. Es más, algunos problemas hubo en su aplicación que tratan de corregirse a través de los presupuestos para el próximo año y la Ley de acompañamiento. Por tanto, segunda pregunta, ¿cómo está la entrada en vigor de la tasa por tonelaje en
nuestro país?
Otra medida que el ministro de Ciencia y Tecnología comprometió; la comprometió el señor ministro de Ciencia y Tecnología en su intervención inicial en esta Comisión de Ciencia y Tecnología el pasado mes de septiembre. En aquella Comisión
de Ciencia y Tecnología nos anunció con mucho interés y como cosa novedosa, un plan tecnológico de apoyo al sector de construcción naval. Nos gustaría saber cómo está ese plan tecnológico de apoyo al sector de la construcción naval, de qué partida
presupuestaria dentro del presupuesto de Ciencia y Tecnología va a depender, si del programa de investigación y desarrollo tecnológico o de qué partida presupuestaria va depender. Nos gustaría saber cómo está eso porque estamos hablando de un
sector con un importante potencial tecnológico, un sector que demanda un esfuerzo importante desde el Gobierno en materia de investigación y desarrollo tecnológico.
Por continuar con otra medida, esa también indirecta, el apoyo del Gobierno al sector de construcción naval y que permite ir articulando un marco jurídico y normativo de apoyo. El pasado mes de mayo el anterior secretario de Estado habló en
esta Comisión y nos los presentó como una buena noticia para el sector de construcción naval, la necesidad de adaptar el Decreto 442/194 de créditos a la exportación; adaptar ese decreto a las nuevas condiciones que la OCDE ha definido para los
créditos a la exportación. Esta medida también es positiva aunque indirecta, no es una medida de apoyo directo a la industria de construcción naval, pero es una medida que repercute sobre el conjunto del sector y es positiva para los astilleros.
Se nos presentó como una buena noticia esas nuevas condiciones de la OCDE a los créditos a la exportación, para eso hay que adaptar el Real decreto 442/194, se nos presentó como una buena noticia en el pasado mes de mayo y seguimos sin saber cómo
está la adaptación del Real decreto 442.
Fundamentalmente, le querría preguntar por estas cuatro cuestiones: las ayudas directas; ¿cómo están las ayudas directas? ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se van a pagar las ayudas directas? ¿Qué posibilidades hay de incorporar en
estos momentos a las ayudas directas los barcos metaneros? Sabe usted que la Unión Europea dejo abierta la puerta a incorporar en los próximos meses, a principios del año que viene los metaneros si se demostraba fehacientemente que había
competencia desleal en este segmento de barcos por parte de lo astilleros coreanos ¿Cómo está la aplicación de la tasa por tonelaje? ¿Cómo está el proceso de adaptación del Real decreto 442/194, a las nuevas condiciones de la OCDE sobre los
créditos a la exportación? ¿Cuáles
son y cómo están sus previsiones respecto al anuncio que hizo el ministro de Ciencia y Tecnología en esta Comisión de un plan tecnológico para el sector de construcción naval?
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Señor Suárez, voy a intentar contestarle al tema. Yo creo que la presidenta, cuando hablaba de que se me han ampliado las competencias no se refería a que yo hubiera asumido
las competencias de industria. Estoy en Ciencia y Tecnología, que todavía sigue manteniendo por cierto determinadas competencias de industria, salvo la energía, que como todos sabemos pasó al Ministerio de Economía, pero hasta ahora el resto del
Ministerio de Industria está perfectamente encajado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Concretando y ciñéndome a las preguntas que usted me ha formulado, le voy a contestar a la que me ha realizado. Como usted sabe perfectamente posiblemente mejor que yo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene dos tipos de medidas a la
construcción naval: medidas horizontales de apoyo, es decir aquellas que van dentro de los programas de apoyo a los distintos materiales o los distintos componentes, que también sabe que va a través del Profit, programa al fomento de la
investigación tecnológica, y otra serie de medidas específicas que son las que usted dice y que todos conocemos como las primas a la construcción naval y la subsidiación de intereses generalmente en tres puntos.
Estas medidas, tanto las horizontales como las específicas, se están concretando en apoyo a programas y proyectos diseñados para mejorar la competitividad en el sector; también apoyo al funcionamiento y a la financiación de las medidas
fiscales, como acabamos de decir; y por último las contenidas en el plan tecnológico al que el ministro hizo alusión, como S.S. ha recordado, en el mes de septiembre.
Voy a intentar darle una contestación sucinta a cada una de las preguntas realizadas y que prácticamente se concretan en dos: Cómo está la trasposición del Real decreto 424, y qué medidas se van a tomar para el plan tecnológico.
También saben ustedes que las medidas que se han adoptado por la Unión Europea han consistido fundamentalmente en meter un programa temporal de defensa contra el dumping o contra la competencia desleal que pueden estar realizando los
astilleros coreanos. También sabemos que el Plan de primas a la construcción naval terminaba, como S.S., ha dicho, en el año 2000, es decir, para los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre del año 2000; a partir de ahí no se podían dar más
primas a la construcción naval, y la subsidiación de intereses. ¿Esta situación qué ha producido? Que las primas a la construcción naval hayan descendido y, sin embrago, la subsidiación de intereses, los créditos de subsidiación de intereses hayan
sufrido un incremento importante. Concretamente y si no recuerdo mal los datos, sin incluir el año 2002 y desde el año 1985, de primas a la construcción se han hecho efectivos alrededor de los 500.000 millones de pesetas -hablo en pesetas por la
época que me estoy refiriendo- y de intereses alrededor de los 63.000. Actualmente, se está invirtiendo, como digo, la relación.
El período de defensa temporal, como usted llama, que se ha introducido por la Unión Europea ha de ser recogido, como usted muy bien ha dicho, en nuestra normativa. Consiste fundamentalmente el sistema en volver a permitir dar primas a la
construcción naval hasta un 6 por ciento del coste de la construcción siempre que haya competencia desleal. Si no hay competencia desleal, no se puede establecer. Esto ha de recogerse en el mismo decreto en que se va a recoger al mismo tiempo las
medidas adoptadas por la OCDE que consistían en ampliar el plazo de amortización de los créditos a la exportación de ocho a doce años y en fijar el tipo de interés, que hasta ese momento estaba en un 8 por ciento fijo y actualmente se hace al tipo
de interés de referencia comercial. Ambas medidas han de ser recogidas en este decreto que estamos poniendo en marcha. Entonces, señoría, no me queda más remedio que contarle cuál es la situación del decreto.
La situación del Real decreto es que está pendiente de informe de la Comisión Europea y, paralelamente, puesto que es un trámite prescriptivo, lo están informando los ministerios de Hacienda y el Ministerio de Fomento. Eso es preceptivo,
previo a la tramitación por el Consejo de Estado. Tenemos que esperar, sobre todo por las observaciones que pueda hacer la Comisión Europea, para remitirlo, como le digo, al Ministerio de Fomento y en ello estamos. Espero que sea lo más rápido
posible y desde el ministerio voy a intentar agilizarlo.
Respecto a las medidas de carácter fiscal, la tasa por tonelaje es una tasa de difícil aplicación porque creo que es sobre el neto, sobre el importe neto del valor de la construcción y a veces es difícil su aplicación. Se está en grupos de
trabajo ya constituidos (me dirá que ya podían haberse constituido antes, evidentemente) entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, precisamente para poner en marcha esta tasa de tonelaje; para meter en nuestro
ordenamiento fiscal, en nuestra normativa fiscal la regulación de esta tasa de tonelaje.
Por último, me dice que el ministro anunció un plan tecnológico para la construcción naval. El plan tecnológico consistirá en agrupar, en darle un sistema integrador a todas las ayudas al sector marítimo. Ahora mismo las ayudas al sector
marítimo están dispersas. No solamente son las primas a la construcción naval o la financiación, sino que, como he dicho antes, hay
ayudas horizontales que están recogidas en el PROFIT. Se trata hacer un plan especial donde se recojan todas las ayudas que actualmente existan, se les dé uniformidad e integren las ayudas que se le den al sector marítimo en su conjunto.
Ahí habrá ayudas industriales, ayudas medioambientales y ayudas de todo tipo. En ese plan se está trabajando y se elaborará a lo largo del ejercicio 2003. Pienso que la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica lo tendrá en el año
2003.
Respecto a los buques metaneros o los gaseros, efectivamente está prevista la posibilidad de incluirlos dentro de posibles beneficiarios de la percepción de estas ayudas de primas, etcétera. La previsión existe. El problema que tienen es
que tiene que darse, como he dicho antes también, la competencia desleal, es decir, que para ir a un concurso, a un contrato que se realice de construcción de un buque, tendrá que estar presente un coreano y que al mismo tiempo se pueda demostrar
que está haciendo competencia desleal respecto al resto. En ese caso es cuando se le podrá dar la ayuda; o sea, que la posibilidad de hacerlos existe en el reglamento de la Comunidad Europa, pero todavía no se ha dado el caso ni se ha presentado,
y habrá que presentar a la Comisión los distintos casos que se vayan dando a medida que se vaya aplicando.
Me preguntaba con cargo a qué partidas presupuestarias se van a pagar las nuevas actuaciones. Pues a las mismas partidas con las que se vienen pagando ahora mismo las primas a la construcción naval; a las mismas. Lo que no sé es la
cuantía y lo que no sé tampoco, señoría, y perdóneme que se lo diga así de claro, es por qué me dice que hay retraso en el pago de las primas a la construcción naval. Posiblemente lo haya. Me preocuparé de ello. Será un problema de gestión
porque, que yo recuerde, hace unos días remití un acuerdo a Consejo de Ministros autorizando, no de primas sino de intereses, el compromiso hasta el año 2016. Si eso está, no entiendo por qué hay problemas salvo que haya alguna cuestión de gestión,
sobre el que en este momento no puedo contestar. No se preocupe que yo me ocuparé; vamos, sí, preocúpese, pero yo me ocuparé de buscar donde están las razones y poder agilizarlo.
No sé si tengo que contestarle alguna cosa más, señoría. (El señor Suárez González pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Suárez, le voy a dar la palabra, pero con un ruego. Usted es consciente, conoce esta casa y el Reglamento, de que se ha excedido bastante en su primera intervención. Le ruego que
tenga brevedad y sé de su capacidad de síntesis para que así sea.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Rápido, dos cosas simplemente:
Hay países europeos que ya han puesto en marcha el mecanismo temporal defensivo de ayudas a la industria de construcción naval. Nosotros tenemos mucho miedo y serias dudas de que haya celeridad por parte del Gobierno español, visto lo
visto, para ir poniendo en marcha este mecanismo jurídico de apoyo a una industria como es la de la construcción naval directamente o indirectamente que necesita de ayudas, aunque sólo sea por la competencia tan brutal de los astilleros del sureste
asiático.
Hay datos que a nosotros nos preocupan mucho. La facturación en la industria de construcción naval ha caído, está descendiendo la facturación en la industria de construcción naval. En los dos últimos años, comparando 2000 con 2001 y no
perdiendo de vista el 2002, la facturación va a caer en torno a un 18 por ciento y la contratación va a caer por encima de un 30 por ciento. Eso es mucho. Eso significa que se está ofreciendo una ralentización muy importante en lo que es la
contratación y la facturación en los astilleros de nuestro país. Claro que hay razones ahí mundiales que tienen que ver mucho con esto y razones europeas, pero está claro también que el retraso que se está produciendo por parte del Gobierno español
en la puesta en marcha de este marco de ayudas a la industria de construcción naval, llámense ayudas directas, llámense tasa por tonelaje, llámese Plan tecnológico de ayuda para el sector naval, está incidiendo también mucho y puede seguir
incidiendo en esta caída en la contratación por parte de los astilleros de nuestro país.
Voy al tema de la presupuestación y con cargo a qué partidas presupuestarias se aplicará el sistema temporal de ayudas a la industria de construcción naval, así como de qué partidas presupuestarias va a colgar el Plan tecnológico, porque si
no esto se queda en humo, no va más allá del papel.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Suárez le reitero, por favor, brevedad.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Hubo un debate muy un interesante hace veinte días donde aquí todo el mundo asumió, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, que había problemas a la hora de pagar a los astilleros las primas a la construcción
naval y, a partir de esa realidad, uno se preocupa de con cargo a qué partidas presupuestarias se va a ejecutar todo esto. Ese es uno de los problemas serios de fondo.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Entiendo que los problemas de retraso no deben ser motivados, y no son motivados, por falta de créditos presupuesto para atender eso. No lo son. Los créditos presupuesto están
ahí. Por lo tanto, el retraso puede ser motivado por otras razones de gestión que no tienen nada que ver con los créditos presupuestos o con las partidas en que se va a pagar, porque las partidas están ahí. Y están todas ahí. No hay déficit,
digamos, en créditos presupuesto para atender esas necesidades. Usted ha dicho que posiblemente
los haya y lo analizaré, me preocuparé y me ocuparé de ver cuáles son las razones porque créditos presupuesto hay. Por supuesto, cuando se ponga en marcha el nuevo mecanismo, las partidas van a ser las mismas, refiriéndome a la aplicación
presupuestaria concreta, a la naturaleza del gasto; no puede ser otro distinto. ¿Dotarlo? Se tendrá que dotar adecuadamente, pero las primas a la construcción naval, como he dicho antes, están bajando. Por lo tanto, este nuevo aflorar de un
período temporal de ayudas no tiene por qué suponer tampoco ningún grave problema puesto que quizás con mantener los créditos presupuesto o subirlos un poquito podamos cubrir incluso lo que ahora se nos impone como nuevo. No creo que sea un
problema de créditos presupuesto, señoría. Creo que no, pero ya le he dicho que lo miraremos y me preocuparé de ver ante el gestor, para preguntarle al gestor cuál es la situación real del tema.
Respecto al Plan tecnológico le he contestado que estará dentro del PROFIT; o sea, dentro del programa PROFIT se creará agrupando todo lo que va de ayudas al sector marítimo, para crear una visión más completa de lo que se está haciendo por
ese sector.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDA EN QUE VA A FINANCIAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL VUELO DE UN ASTRONAUTA ESPAÑOL A LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL.
(Número de expediente
181/003159.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos a la siguiente pregunta formulada por el señor Lissavetzky: medida en que va a financiar el ministerio de ciencia y tecnología el vuelo de un astronauta español a la Estación
Espacial Internacional.
Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: He de dar también la bienvenida al señor subsecretario, siempre bien recibido en este Congreso, y agradecerle su presencia.
Voy a entrar de lleno en la pregunta. El Gobierno publicó una noticia en El Gobierno informa, en la que se decía que Pedro Duque volará a la Estación Espacial Internacional en abril de 2003. Esto era el 27 de noviembre de este año. Ya
otros medios de comunicación se habían hecho eco de esta nórtica hace bastante tiempo y lo que pasa es que la nota de El Gobierno informa es, como casi siempre, el Gobierno informa poco y mal, porque, claro, aquí no dan una serie de datos y por lo
tanto no se pueden tener.
Dentro de esta propaganda oficial típica, yo le voy a hacer preguntas muy concretas: ¿Cuánto cuesta el viaje de don Pedro Duque? Si se va a realizar, como parto de la nota de prensa del ministerio, cuánto cuesta el viaje de don Pedro
Duque, que creo que es de doce días de duración, a la Estación Espacial Internacional? ¿Con cargo a qué presupuesto se paga? ¿Con qué criterio se ha decidido este gasto? ¿Qué retorno se piensa que va a dar el viaje en sí? Y ya por curiosidad,
¿es, entre comillas, lo que se conoce como un taxi espacial?; ¿va con turista a bordo? Estos datos sería interesante que los conociéramos todos.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): El señor Pérez Franco tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Muy bien, señoría, voy a intentar contestarle a lo que acaba de exponer.
El viaje se financiará con cargo a las aportaciones que España realiza a la Agencia Espacial Europea, es decir, con cargo al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, CDETI, que es el que gestiona estas ayudas. La financiación se
realizará dentro del marco financiero global de nuestras aportaciones a la Agencia Espacial Europea, que es del orden de 668 millones de euros en el período 2002-2006. Por lo tanto, no hay un incremento, digamos, de esta aportación como
consecuencia del viaje previsto del señor Duque en la nave Soyuz rusa. Simplemente se financiará con cargo a esta aportación.
¿La cuantía del coste? Perdóneme que le tenga que decir que ahora mismo esa cuantía no se conoce, y no se conoce porque este señor no va como un turista espacial, sino que es un participante en la misión que el Soyuz va a realizar en la
Estación Espacial Internacional. Por lo tanto, va como un ingeniero, como un científico que va a realizar un conjunto de experimentos en microgravedad y que creo que serán muy interesantes para la comunidad científica española y para la comunidad
científica mundial en realidad.
Los problemas que serán abordados son los siguientes tipos de estudio: estudio sobre crecimiento de determinados cristales y cristalización; estudio de solidificación de aleaciones para uso industrial; procesos de evaporación en láminas
delgadas, y estudios de los efectos de microgravedad en la sangre con aplicaciones clínicas en tierra como es el seguimiento de terapias contra el cáncer. Si la misión es esta, si los estudios que se realizan son estos, que la Agencia Espacial
Europea adopte por ella y los científicos españoles y España está interesada en ello, no podemos decir que el viaje se pueda considerar como un viaje turístico o como de un pasajero, sino que es un participante en la misión que se va a realizar.
Ya le he dicho con cargo a qué presupuesto se va a realizar el experimento. Cuánto cuesta depende de la negociación que actualmente se está realizando. Tenga en cuenta que el Soyuz, las bases de lanzamiento son bases alquiladas por el
Gobierno ruso, bases que tiene que pagar por ellas y luego tiene que, por lo tanto, recibir aportaciones para la realización de estos viajes. Una
de estas aportaciones es esa. Otra de las aportaciones son los viajes turísticos de verdad que se están realizando, que no vienen al caso en este momento sobre este viaje de don Pedro Duque por las razones que ya le he comentado de las
funciones que tiene que realizar allí. El coste dependerá de la negociación que se está realizando actualmente y que yo desconozco.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: La verdad es que en esta y en las otras preguntas que tengo con usted, aunque sea alto cargo del ministerio, comprendo que no sepa cosas. Le voy a dar algún dato que me han facilitado en el CDETI por si puedo
completar su información.
En primer lugar, deseamos desde este grupo que, si realiza el viaje don Pedro Duque, tenga éxito y vaya todo absolutamente bien. Estamos orgullosos de tener un astronauta español, pero nosotros no estamos hablando tanto de eso, y nunca he
dicho que él vaya de turista, no malinterprete mis palabras. He preguntado simplemente que si llevábamos un turista incorporado. Yo respeto al máximo al astronauta y deseo el éxito de su carrera. Como siempre, lo que intento es poner la lupa o el
microscopio electrónico sobre cómo se gasta el dinero del sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, y si esto es una prioridad o no.
El dato que le doy, por si usted no los sabe, a mí me lo han dicho en el CDETI, no es demostrable, son 14,5 millones de euros. Lo que ha costado en otros casos era de ese orden; en un caso fueron 18 millones en otro país; 14,5 millones de
euros es el dato que me ha dado. Es oficioso, evidentemente. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo, porque, claro, yo no sé con qué criterios, que es lo que le preguntaba, se ha decidido el gasto. Cuando hay un gasto en el sistema de
ciencia y tecnología, lo normal es que pase a través de un control riguroso y que alguien se responsabilice de esa decisión. Un proyecto de investigación pasa por una agencia de evaluación y prospectiva, que dice es bueno o es malo, hágase o no se
haga y se toma luego una decisión. Cuando algún otro aspecto tiene que ver con una variante tecnológica, existen fórmulas por las que las comisiones toman estas decisiones.
¿Qué es lo que echamos en falta? Por lo menos de sus palabras no puede deducirse que haya habido una evaluación. No existen unos criterios claros para que hayamos tomado una decisión de gastar un dinero que, si parto de esa cifra es de
14,5 millones de euros; en otro caso tendría que poner una mayor, de 18 millones, que es la de Italia. Vamos a dejarlo en 14,5 y ya verá cómo acierto en la cifra. Resulta que encontramos con sorpresa que es más del doble de las subvenciones
previstas en el Programa nacional del espacio de este año. Si sumamos subvenciones más préstamos, viene a salir en torno a 13 millones de euros, es más el dinero en llevar a un astronauta español con dinero de la función 54 del sistema de ciencia y
tecnología a este viaje. Entonces, no entendemos que se considere esto una prioridad, porque, si se paga con cargo a la cuota esa, que, como usted sabe, tiene la parte, llamémosle, científica y la otra parte que es la voluntaria, la tecnológica, la
que se conoce o que funciona con las normas del justo retorno, pues ya me dirá usted a mí, me gustaría saber qué beneficios van a sacar las empresas, que es a las que va dirigido. Yo he hablado con algunas empresas y creen que esto es un poco
folclore por parte del Gobierno. Y, desde luego, hable usted con la comunidad científica encargada de temas del espacio y consideran también que es un gasto no prioritario en el concepto del sistema de ciencia y tecnología. La cosa curiosa es si
va a ir un cantante, si va a ir un torero; no sé quién irá acompañando al astronauta. Ha habido cartas en los medios de comunicación también. Termino ya. No me queda absolutamente claro con estos datos, que amplían un poquitín lo de la escueta
nota de El Gobierno informa en algunos aspectos que no creo que se puedan considerar como una investigación clara ni unos retornos claros. Si son unos retornos claros, dígamelo, pero están perjudicando ustedes a las empresas porque desvían un
dinero, cuya cantidad usted ha dicho, que está en torno a 124 millones de euros para este año, el año que viene más o menos esa cantidad, y así hasta cinco años. No creo que sea razonable.
El Programa Nacional del Espacio, en una respuesta a este diputado el 8 de abril, resulta que tuvo una ejecución en torno al 57,9 por ciento. Con esta respuesta del 8 de abril resulta que ejecutamos mal: Programa Nacional del Espacio, 58
por ciento. Eso sí, somos muy rápidos a la hora de tomar decisiones en una serie de gastos que, repito, yo creo que para nosotros, y termino ya, señora presidenta, no son prioridad. Cuando se toma una decisión, por ejemplo, una acción especial
para el tema del Prestige de 6 millones de euros, nosotros aplaudimos y sé que se va a tomar, si no se ha tomado ya, por el ministerio. Sin embargo, nos suena un poco raro, una asimetría por la que, cuando para el Prestige nos gastamos 6 millones
de euros, resulta que estamos dando 14,5 millones de euros, si mis cifras son correctas, para este viaje. Repito, nuestro país funciona al revés. Italia lo financió con Aeronáutica militar y con la Agencia Espacial Italiana. Este país es
diferente, somos los segundos en gastos militares; más del 34 por ciento de gastos militares en I+D se hacen en este país y además, a más a más, gestionamos mal el Programa Nacional del Espacio, y no contentos con esto, tomamos como prioridad algo
que a juicio de este grupo no lo es.
Por supuesto, deseamos el máximo éxito en este viaje a don Pedro Duque y esperamos que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se dé una respuesta clara y concreta porque estamos manejando dinero
público y la comunidad científica e investigadora tiene que saber en qué se gastan o no se gastan adecuadamente bien, como es nuestra opinión, esos fondos.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Pérez Franco tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Señoría, en ningún momento de verdad mi intención ha sido manipular sus palabras. Sí que le he oído decir que era un viaje turístico; no que lo haya puesto en su boca, sino
que quizá lo he entendido mal y lo haya sacado de otro sitio, pero el viaje tiene un carácter científico.
Respecto al coste, no sé el dato que le ha dado el CDETI; no si es correcto; no tengo noticias de ello; creo que no porque, como he dicho antes, está pendiente de la negociación que se está realizando; por lo tanto, que ya el CDETI tenga
el dato antes de que se hay producido la negociación es un tanto extraño. Ese dato seguramente sea muy fiable, puesto que usted lo tiene, pero es raro que se sepa antes de que se acabe la negociación.
Tema distinto es lo que usted me critica de la gestión del programa del espacio. Si su ejecución ha sido del 58 por ciento, pueden haber ocurrido dos cosas: o no ha habido acciones suficientes para que sean priorizadas como tales o no se
gestionó bien, porque ese 58,7 por ciento supongo que se refiere al año 2001, señoría. Lo mismo hubo algún problema de gestión, pero relacionar ambas cosas no es excesivamente bueno. Esto se tenía que haber priorizado como acción espacial, por lo
tanto, sin que sea sometido a los comités de evaluación ni a la comparación porque no hay concurrencia. Es una cosa muy especial y, por lo tanto, no hay competitividad, no hay concurrencia y no vale que se someta. Se podría priorizar,
efectivamente. Dentro de las acciones prioritarias puede estar esta en primer lugar y las otras en el último, siempre que sean de carácter voluntario y siempre que no estén sometidas al régimen de competitividad.
No le puedo decir más, señoría.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CONTRATADOS DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL INCORPORADOS A SUS CENTROS DE TRABAJO. (Número de expediente 181/003161.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día formulada por el señor Lissavetzky: contratados de la última convocatoria del programa Ramón y Cajal incorporados a sus centros de trabajo.
Para formularla en sus términos tiene la palabra señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: También con concreción. Hay una segunda convocatoria del Programa Ramón y Cajal en este año 2002 prevista para 500 investigadores y la pregunta es: ¿Cuántos han sido contratados ya por los centros públicos de
investigación? De otra manera también: ¿Cuántos se han incorporado ya a su centro de trabajo? ¿Se ha abonado ya la subvención por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología correspondiente a esta anualidad del Programa Ramón y Cajal? Según mis
datos, hasta este momento, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado; reconozco que yo hoy no he visto el Boletín Oficial del Estado, pero hasta ayer no se había publicado. Según tengo entendido, todavía no estaba firmada hasta hace un
par de días la resolución por el secretario de Estado para estos 500 nuevos Ramón y Cajal y, yo tengo el miedo de siempre: se puede -entre comillas-, lo digo siempre, perder el dinero por no gastarlo a tiempo ¿Cómo está la situación? Esos son los
datos que quiero, señor subsecretario.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Efectivamente, la resolución definitiva no ha salido todavía. No está aprobado. La convocatoria del 2002 tenía que haberse sacado su resolución en el mes de octubre puesto que
hay ocho meses, pero se va en ello con cierto retraso. Estamos en ello. La propuesta de resolución está hecha y en el momento en el que sea autorizada y firmada, que cumpla todos los requisitos, creo que hay un trámite de fiscalización. En el
momento en el que esté eso, saldrá y se podrá ejecutar perfectamente en este año puesto que, como S.S. sabe, esto se paga por anticipado una vez firmado el contrato por los investigadores.
Del año 2001 sabemos que hay 621 que se han incorporado definitivamente a sus puestos de trabajo y hay 100 investigadores de los elegidos en la anterior convocatoria que todavía no han remitido la información suficiente para saber si ya se
han incorporado o no se han incorporado.
La convocatoria del año 2002 exigirá dar un plazo para que estos señores que sean contratados den la información correspondiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, plazo que en la convocatoria anterior no existía.
Esto es un dato que le
aporto simplemente para que sepa que vamos a intentar controlar la incorporación de estos señores para que sea lo más rápida posible y lo mejor posible, pero la resolución no está hecho; está pendiente de examen.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Lissavetzky, tiene usted la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: ¡Hombre!, pues nos ha dado usted una mala noticia.
El actual ministro Piqué prácticamente el único objetivo en política científica y tecnológica que se marcó en su comparecencia aquí fue mejorar la gestión. Si resulta
que ahora este programa, que es fundamental dentro de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, no tiene firmada esa resolución y estamos pendientes de que no se pierdan -vuelvo a poner las comillas- esos fondos, que es
mucho dinero, me parece que es una broma.
Si el objetivo era que el equipo ministerial del señor Piqué mejorara la gestión, hay que decir que en este caso concreto la gestión es peor.
¿Por qué digo esto? Vamos a comparar 2001 y 2002: En 2001, la convocatoria se hizo el 19 de abril; en el 2002 el 4 de febrero, es decir, 45 días antes. La evaluación de la ANEP y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, en el
2001 se hizo a finales de agosto; y en el 2002, en la primera quincena de junio; manteníamos 45 días de ventaja con respecto al año anterior. La comisión de selección dio los resultados en el 2001 el 14 de septiembre y en el 2002 el 27 de julio;
seguíamos manteniendo esos 45 días; habíamos ganado inclusive dos, íbamos por 47. Da igual; 45 días de ventaja por haber sacado antes la convocatoria. La resolución de la secretaría de Estado en el 2001 fue el 20 de diciembre y estamos en el
2002 a 18 de diciembre no se ha firmado, no se sabe si se va a firmar a tiempo, con lo cual se puede perder el dinero y, entonces, ¿qué quiere que le diga?
La gestión del señor Piqué en este tema es pésima. No sólo no la ha mejorado, sino que la ha empeorado, porque hay fundamentalmente dos retrasos y le pido que me diga las razones de los retrasos: Primer retraso, ¿por qué firmo el 2 de
septiembre el nuevo secretario de Estado, el señor Morenés, cuando, como he dicho anteriormente, se tenía ya la propuesta hecha por la comisión de selección el 27 de julio? ¿Por qué dejar ese lapso desde el 27 de julio hasta el 2 de septiembre?
Sólo hay una cierta razón lógica, pero no con tanto tiempo. Este es el primer retraso. Ahí perdimos ya los 45 días.
Segundo retraso: ¿por qué no se ha firmado todavía? Porque si no se firma la resolución, no se puede pagar y estamos castigando con eso a las universidades y a los organismos públicos de investigación, porque hay ya -y no me ha respondido
a esto- algunos investigadores de esta anualidad del Ramón y Cajal que se han incorporado a sus centros de trabajo y les está adelantado el dinero la universidad o los organismo públicos de investigación ¿Dónde está el ministro de Ciencia y
Tecnología? ¿De campaña? ¿Está missing? Yo creo -y esto no va dirigido tanto a usted como al ministerio- que hay una situación organizativa calamitosa en el ministerio y en la secretaría de Estado. Nunca pensé que pudiéramos empezar a echar de
menos al anterior equipo en la gestión. Y si no es incompetencia, es mucho peor, porque espero que no se deba a una decisión de dejar los pagos, porque no haya dinero suficiente, del 2002 al 2003; eso sería una irresponsabilidad. Quiero pensar,
simple y llanamente, que hay una pésima gestión, y para mí es otro fiasco. La gestión no mejora, sigue habiendo un descontento en la comunidad científica, que se siente desamparada, y creo sinceramente, señor subsecretario, que tendrán ustedes que
adoptar las medidas adecuadas para que esta situación no se convierta en crónica.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Señoría, creo que la gestión ha mejorado bastante con respecto al ejercicio 2001.
No se trata de equipos sino quizá de adoptar medidas adecuadas, de conocimientos y de presión
para que esas medidas se pongan en funcionamiento. Efectivamente, como S.S. ha dicho, se había avanzado 45 días, pero luego se han perdido quizá por algún trámite, como he dicho antes, por algún problema de fiscalización, y por eso posiblemente el
secretario de Estado no haya podido firmar. Estamos en ello, y no le quepa duda de que, si es posible y no hay un problema irreversible, la situación será resuelta antes de final de año y se harán todos los pagos.
Sin embargo, no se puede decir
que no se ha mejorado la gestión simplemente porque esta rúbrica no haya tenido una mejora sustancial.
Observe el resto de los datos de la ejecución presupuestaria, que es el indicador clave de cómo va la gestión en el ministerio; compare
noviembre con noviembre, que es el último mes que tenemos, y verá que la mejora ha sido sustancial y sustantiva. Creo que lo ha sido y creo que terminaremos el ejercicio 2002 bastante mejor que se terminó el 2001.
En resumen, estoy de acuerdo con S.S. en que este tema hay que solucionarlo, hay que agilizarlo y hay que pagar antes de que finalice el ejercicio. Estoy totalmente de acuerdo, pero de ahí no puede deducir que la gestión del ministerio no
se ha mejorado sustancialmente.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA CANTIDAD DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I DEL AÑO 2001 QUE DEBÍAN HABERSE ABONADO EN DICHO AÑO Y NO FUERON INCORPORADAS A LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL 2001, QUE SE HAN PAGADO CON CRÉDITOS DE LOS MISMOS. (Número de expediente 181/003162.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos a la siguiente pregunta, que formula también el portavoz socialista, señor Lissavetzky, sobre la cantidad de fondos correspondientes a las convocatorias del Plan Nacional de I+D+I del
año 2001 que debían haberse abonado en dicho año y no fueron incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado
del 2001 y que se han pagado con créditos de los mismos. Tiene usted la palabra, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Esta pregunta se refiere a lo mismo. En la anterior pregunta me refería a los contratados del Ramón y Cajal de 2002 y dije que en ese punto -lo verá usted escrito- la ejecución o la gestión era peor. Lo que pasa
es que sigo teniendo una preocupación. El señor subsecretario ha venido a decir, utilizando mis palabras, que el año 2002 fue un desastre de gestión en el ministerio. Usted dice que fue peor que este. No voy a entrar en ello. Fue un desastre de
gestión. Quedó un porcentaje importantísimo sin gastar, un 15 por ciento del conjunto, pero de lo que yo llamo los fondos que financian fundamentalmente universidades y organismos públicos la cantidad es bastante mayor: el 15 por ciento del total
del ministerio, de la función 54. Quedó mucho dinero sin gastar, como se reconoció en esta Comisión. Esto afectó mucho a la investigación, pues el dinero no llegaba a los investigadores, que sí recibían la comunicación de que tenían asignada una
serie de proyectos.
Acuñamos el término -entre comillas- de corralito científico: decían que iba a haber equis dinero pero que no se podía disponer de él. Hubo retrasos en las convocatorias; 21 sociedades científicas enviaron a esta Comisión una
carta; se han perdido miles de millones de pesetas o decenas de millones de euros y denunciamos la situación. Al final pedimos que se asumiera la situación, que acabó con el cese de la ministra, del secretario de Estado y del director general de
Investigación.
Nosotros todavía tenemos algunas dudas sobre ese ejercicio y se las voy a preguntar claramente, porque, igual que tuvimos razón al denunciar los retrasos, creo que desgraciadamente a lo mejor la tenemos también al decir qué es lo que se ha
perdido del año anterior. La pregunta es la siguiente: ¿Qué cantidad se ha comprometido y qué cantidad se ha pagado con cargo a los presupuestos de 2002 que corresponda a los pagos del 2001 y que no se ha incorporado a los presupuestos? Es decir,
el dinero para los acreedores que tenemos del año 2001 no se gasta por mala ejecución presupuestaria y se paga con fondos del 2002. Queremos saber qué cantidad es esa, referida al conjunto del plan nacional, proyectos, becas, lo que usted me quiera
decir.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): señor subsecretario de Estado.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Señoría, la pregunta es muy concreta y creo que se está refiriendo a los créditos que quedaron comprometidos en el ejercicio anterior y que, por lo tanto, se han tenido que
traspasar al ejercicio corriente como tales créditos comprometidos y que, al no efectuarse las incorporaciones de crédito por estar en suspenso la aplicación del artículo 73 de la Ley general presupuestaria, inciden sobre el presupuesto del
ejercicio 2002 y, por lo tanto, están consumiendo créditos del ejercicio 2002 los compromisos adquiridos en el ejercicio 2001. Creo que esa es, concretamente, su pregunta, señoría.
Respecto a ella le tengo que decir que en lo que se refiere al programa de investigación, que es al que más ha hecho alusión, es cierto que el año pasado -lo estamos viendo constantemente en la prensa- la comunidad científica no recibía las
ayudas, pero este año parece que eso al menos se ha calmado. Por lo tanto, parece que la comunidad científica debe de estar un poco más contenta que el año pasado. No sé si contenta del todo, porque contenta del todo es francamente difícil, pero
posiblemente algo más contenta sí esté.
En lo que se refiere a los programas de investigación, es decir, al Fondo nacional de investigación, becas y alguna cosa más, el crédito final que tenían era de 296 millones de euros aproximadamente. Los compromisos adquiridos en ese
momento, con resoluciones ya tomadas y que, por lo tanto, suponían un acreedor, en su propia terminología, para la Hacienda pública, fueron 229 millones de pesetas. Es decir, las obligaciones que se reconocieron fueron 189 millones. Por lo tanto,
la diferencia entre los créditos comprometidos, que era donde estaban los acreedores, y las obligaciones o propuestas de pago, que es lo que se paga en realidad, fue de 40,3 millones de euros. Eso respecto al programa de investigación.
Para el resto del Programa Nacional de I+D+I la situación era la siguiente. El crédito definitivo de los programas de la función 54 fue de 498.655 millones de pesetas (estamos hablando del año 2001, por lo tanto lo hago en pesetas). Los
compromisos adquiridos fueron de 459.000; las obligaciones reconocidas fueron de 424.000. Haciendo la misma cuenta que he hecho antes, en realidad quedaron 35.000 millones de pesetas que tuvieron que pasarse a compromisos del ejercicio 2002, y eso
es lo que vamos a atender con el ejercicio 2002, que creo que ya está prácticamente satisfecho.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Lissavetzky, tiene usted la palabra
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Agradezco al subsecretario la información que me ha dado. El resumen inicial ha sido magnífico. Lo ha dejado más claro que yo en mi intervención. Ese era el dato que quería y de verdad se lo agradezco. Me he
hecho un pequeño lío al final porque ha cambiado a pesetas.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Son treinta y cinco mil millones de pesetas.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: O sea que tenemos 40 millones euros en el fondo nacional y becas, y
la diferencia, según usted, de 35.000 millones de pesetas, que deben ser 210 millones de euros.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): No sé exactamente.
La señora VICEPRESIDENTE (García-Alcañiz Calvo): Las matemáticas las dejamos, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: No importa, pero tengo que intervenir porque, obviamente, el señor subsecretario, que está haciendo un esfuerzo esta mañana, que le vuelvo a agradecer, dice algunas cosas con las que no puedo estar de acuerdo.
Dice que la comunidad científica recibe las ayudas este año y que estará más contenta. Pero es que está recibiendo las del año pasado, señor mío, con un año de retraso. No han hecho ustedes ni un solo pago del año 2002. Lo que tenían que haber
pagado en el 2001 lo están pagando en el 2002. Claro que las han recibido, pero un año más tarde. Están más contentas, lógico, porque peor es no recibir nada. Fíjese que hasta junio o julio no empezaron a pagar aquello que habían comunicado el
año anterior. No se apunte, pues, el ministerio este tanto, porque realmente la gestión ha sido escandalosa en el año 2001 y se ha perdido dinero. Haremos las cuentas despacio, pero yo creo que en los programas de investigación 40 millones de
euros es una cantidad importante. Si no tengo mal los datos, el fondo nacional para 2002 tiene un total de 246 millones de euros. Si dividimos 40 entre 246 millones de euros, hay en torno -hago el cálculo rápidamente- a un 17 por ciento -si esas
cifras que me da usted son correctas, que a mí me salían más altas pero me voy a fiar de lo que dice el ministerio y las pediré por escrito- o un 20 por ciento del presupuesto de 2002 para este fondo nacional, etcétera, que se ha gastado. Ya parten
ustedes con una cierta ventaja con respecto a sus antecesores, y ojalá ganen ustedes la carrera. O sea que, como teníamos esos acreedores, ya tienen como mínimo un 17, un 18 o un 20 por ciento de ese dinero que ya tenían adjudicado.
Creo sinceramente que así no vamos bien. Tengo serias dudas sobre lo que ocurra este año y las noticias que tengo son intranquilizadoras. No me voy a referir a ampliación de plazos de las convocatorias, no voy a entrar en eso. No sé,
sinceramente, cómo va a acabar la situación de gestión de este año, a la que habrá que restar, obviamente, la cantidad que ya estaba comprometida del año pasado por la mala gestión del equipo anterior. No sé si las cosas están funcionando para que
dentro de este año se pueda tener una fiscalización adecuada para no perder -entre comillas- dinero. En algunas cosas puede ocurrir que tengamos años sabáticos. Lo del Ramón y Cajal, si se pierde lo de este año, tendrá que ser con cargo al año
siguiente, si no se consigue que se firme en estos días. Veremos cuántos proyectos se firman en los días que quedan de diciembre, pero las noticias que yo tengo no son nada positivas. Luego va a intervenir el señor León y si vamos a este ritmo,
podemos prorrogar el plan nacional un año más, porque se van a tomar ustedes un año sabático en la gestión del plan. Entre lo que no nos gastamos en el 2001 y lo que puede que no nos gastemos en el 2002, si esto va así, se irá comprimiendo porque
ese dinero no se incorpora, y a lo mejor podíamos tomar otro año más para hacer el plan nacional. Repito, que creo que hay una acefalia en el ministerio, que falta la cabeza del ministro y no sé hasta qué punto funcionan bien las cosas en la
secretaría de Estado. Con respecto a su persona no me voy a referir en absoluto y tengo el máximo respeto por el trabajo de los funcionarios, pero repito que la incompetencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología está perjudicando gravemente a los
investigadores, por lo que les pedimos desde aquí, por favor, que reaccionen cuanto antes.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pérez Franco): Señoría, yo no me atrevería a poner calificativos a la situación del ministerio, y menos de incompetencia. Yo creo que hay bastantes personas competentes en el ministerio que
son capaces de llevar a cabo el proyecto que se ha puesto en marcha. Tenga en cuenta que, como ya he dicho en alguna ocasión, es un proyecto nuevo, difícil, que hay que madurar en el conjunto del ministerio. Tenga en cuenta que se están haciendo
esfuerzos para adelantar y mejorar la gestión que el año pasado se califica de catastrófica. Para el año 2003 no solamente hemos ampliado plazos, si se refiere a la última ampliación de plazos de presentación de solicitudes a los científicos que se
ha hecho para el año 2003 -que ahora le explico el porqué- sino que se han adelantado las convocatorias con respecto a los ejercicios anteriores. Y se han adelantado de forma importante. Yo creo que eso ya es un síntoma de mejora de la gestión.
(El señor Lissavetzky Díez: Lo hemos solicitado nosotros.) No sabía señoría, que lo habían solicitado. Le agradezco la solicitud si es así, porque hemos coincidido.
Hemos adelantado la convocatoria y la hemos adelantado bastante ¿Con qué fin?
Pues con el fin de ejecutarlo a lo largo del ejercicio, claro que sí, porque los problemas de gestión a veces no son tan fáciles de resolver. Y hay que empezar por ahí; hay que empezar por tomar medidas de ese tipo.
Yo soy más optimista respecto a que la resolución del Ramón y Cajal va a salir en tiempo y en forma. Yo soy más optimista, señoría, y así lo espero. Yo creo, de verdad, que el esfuerzo que se está haciendo es muy importante, y ahora le
paso a contar por qué, si es que se ha referido a eso S.S., se ha ampliado el plazo de
presentación del año 2002. Por una razón muy sencilla: porque las universidades y los organismos de investigación han puesto un preplazo, con lo cual se había reducido el plazo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología había dado. Hay que
poner el preplazo, lógicamente, porque los rectores y los gerentes o los presidentes de los organismos de investigación querrán ver qué es lo que están pidiendo sus investigadores. Y nos encontramos con que coincidieron exactamente en un mismo día
casi todas las presentaciones, lo cual era una locura porque nos estaba degradando totalmente el sistema, y por eso se tomó la decisión de aplazarlo doce días. No creo que haya perjudicado nada sino, al contrario, creo que ha beneficiado muchísimo
porque al día de ayer estaban todas las solicitudes completadas y metidas en los sistemas en los que deben estar. Por lo tanto, yo creo, señoría, que algo se está haciendo, aunque no sea mucho.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias, señor Pérez Franco, por su intervención, y en nombre de la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la Comisión y en el mío propio le deseamos lo mejor en las próximas
navidades.
- DE LA SEÑORA PALMA I MUÑOZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVOS DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS A TRAVÉS DE LA LEY DE MEDIDAS FISCALES Y DEL ORDEN SOCIAL PARA EL AÑO 2003 QUE AFECTAN AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN. (Número de expediente 181/003045.)
- DE LA SEÑORA PALMA I MUÑOZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CARRERA PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR, TÉCNICO Y DE APOYO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. (Número de expediente 181/003048.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señoría, continuamos la sesión dando la bienvenida a don Gonzalo León, secretario general de Política Científica. Es su primera comparecencia en esta Cámara y en esta Comisión y le deseamos
de verdad toda suerte de parabienes y éxito, de lo que estamos seguro por la competencia de todos conocida del señor León.
Las preguntas correspondientes a los puntos siguientes del orden del día son de la señora Palma, que las va a hacer conjuntamente. La primera se refiere a los motivos de los cambios introducidos a través de la ley de medidas fiscales,
adminnistrativas y del orden social para el año 2003 que afectan al personal de los organismos públicos de investigación, y la siguiente a las previsiones acerca de la carrera para el personal investigador, técnico y de apoyo de los organismos
públicos de investigación.
La señora Palma i Muñoz tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor León, bienvenido a esta Comisión. Para mí es un honor ser protagonista de estas preguntas en su primera comparecencia ante esta Comisión como secretario general de Política Científica y, por lo tanto,
responsable directo también de los organismos públicos de investigación, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones técnicas. Estas dos preguntas están dirigidas básicamente a conocer la situación en cuanto a recursos humanos, y nos
pareció correcto, tal como se acordó en Mesa y portavoces, hacerlas conjuntamente puesto que están claramente relacionadas.
No hace falta que resalte yo aquí la importancia que los recursos humanos y la política en recursos humanos tiene para los organismos públicos de investigación; tampoco va a ser el objetivo de mi pregunta hablar del número de plazas o de la
dotación económica para las mismas, sobre el que ya hemos discutido en anteriores debates, pero sí quiero saber de primera mano cuáles son los motivos que han impulsado al Ministerio de Ciencia y Tecnología a crear en los últimos tres años
diferentes escalas. Nos dicen que para racionalizar, pero en el Grupo Socialista tenemos serias dudas respecto a que este proceso de creación de escalas sirva precisamente para esto. En las últimas leyes de acompañamiento de los años 2000, 2001 y
2002 se han creado tres escalas: la de investigadores titulares; la de técnicos superiores especialistas y la de técnicos especialistas grado medio, de ayudantes de investigación y de auxiliares de investigación de los organismos públicos
dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esto se ha hecho sin elaborar un estatuto del personal investigador ni diseñar una carrera de personal investigador técnico y de apoyo que nos parece del todo necesario. Además, desde hace
unas semanas existe el mandato de esta Cámara al Gobierno para que se haga precisamente esto: que se diseñe una carrera de personal investigador técnico y de apoyo, puesto que se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
sobre la que mi grupo se abstuvo por las razones que después supongo que tendré ocasión de exponerle. Mi pregunta es, pues, cuáles son los motivos de la creación de escalas y las previsiones acerca de la definición de la carrera de personal
investigador.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Para mí también es un placer estar aquí por primera vez a este lado de la sala.
Sentado ahí también he estado ya alguna que otra vez.
Pasando directamente a contestar la pregunta, puedo decir que en los últimos años se han producido a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología varias iniciativas que han promovido, efectivamente, la creación de una serie de escalas que
lo que han pretendido globalmente ha sido establecer un marco lo más uniforme posible en los organismos públicos de investigación que pueda permitir incrementar la movilidad y facilitar también un escenario en el cual se pueda mejorar el proceso de
promoción y creación de puestos de trabajo dentro de la oferta pública de empleo por los organismos públicos de investigación.
Es evidente que todas las actividades de investigación se basan fundamentalmente en la existencia de recursos humanos cualificados. Eso es algo que para quienes además hemos tenido grupos de investigación durante muchos años queda fuera de
toda duda; es el elemento fundamental, mucho más que la existencia de equipos, que efectivamente lo es, pero en algunas áreas es un elemento fundamental. Lo que ha ocurrido con las medidas introducidas en la Ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social para el año 2003 ha sido simplemente continuar el proceso iniciado el año pasado con dos medidas que son de carácter técnico y que de alguna manera completan un proceso iniciado el año anterior. En este sentido,
por referirme a la primera, que está contenida en el artículo 43 del proyecto de ley, se permite la integración en la escala de investigadores titulares de funcionarios que se incorporaron en estos organismos a través de procesos selectivos que
estaban convocados antes pero que culminaron después de la entrada en vigor de este proceso a principios de año, con lo cual, quedaban fuera de ese proceso de integración, y lo que efectivamente parecía y parece absolutamente razonable es que esas
personas puedan incorporarse porque su proceso selectivo había culminado después del 1 de enero del año pasado. Por lo tanto, no creo que en este sentido tenga ninguna otra justificación mayor que la mera de acomodar unos plazos de un proceso
selectivo por el cual esas personas quedaron fuera.
La segunda de las medidas, que aparece como artículo 46 de este proyecto de ley, establece y complementa lo que ya aparecía en el artículo 47 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social del año 2001, creando escalas de
técnicos especialistas de grado medio, ayudantes de investigación, y de auxiliares de investigación de los organismos públicos de investigación y que establece la integración automática en dichas escalas de un personal funcionario correspondiente a
nueve escalas que pertenecían al ministerio, por lo que eso se podía hacer, escalas que se suprimen para pasar a estas nuevas tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CIEMAT, del IEO y de INIA, que son los organismos que se ven
directamente afectados. Ese artículo, que prevé la integración automática, permite la integración de un personal que realiza funciones vinculadas a la investigación y además está acompañado, si se quiere, del artículo 40 de la Ley de 2001, que, con
una integración voluntaria, permitía a personal que no pertenecía a esas escalas integradas una articulación mucho mayor del enorme conjunto de escalas y cuerpos existentes ahora mismo en los organismos públicos por su diferente historia y
trayectoria, en el que, si no recuerdo mal, había 36 cuerpos distintos. Creo que compartiré con S.S. la necesidad de reducir ese conjunto enorme de situaciones en las que nos encontramos. En definitiva, las medidas incorporadas en los dos
artículos citados de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social de este año no son más que de carácter técnico y complementan las actuaciones ya iniciadas el año pasado y resuelven casos particulares planteados en la puesta en
marcha de la aplicación de este proceso.
La segunda parte de su pregunta es más general porque implica no solamente estas medidas sino un marco más global de la promoción de las carreras del personal de los organismos públicos, investigador, técnico y de apoyo. La primera
consideración es que, desde nuestro punto de vista, el esfuerzo de mejora del potencial humano que tenemos en los organismos públicos de investigación no debe restringirse al personal investigador.
Creemos que la labor investigadora requiere el
concurso de equipos en los que tanto los investigadores como los técnicos especialistas superiores como de grado medio y todo el personal de apoyo constituyen un todo en el proceso de mejora y potenciación de las actividades de investigación.
Estamos en un momento en el que la complejidad de muchas de las actuaciones de investigación requiere que los grupos que se constituyan para poder ejecutarlas estén constituidos por personas procedentes de todos esos niveles, porque todos ellos son
necesarios. Por lo tanto, las actuaciones que se están haciendo en diferentes escalas, y no solamente de investigadores, corresponden a la visión de que la investigación requiere el concurso de personas en diferentes niveles y forma parte de este
proceso.
En la situación actual, durante el año 2003 vamos a poner en marcha un conjunto de actuaciones de implementación del tipo de medidas que aparecen aquí. Por un lado la funcionalización de investigadores titulares fundamentalmente en el
CIEMAT y muy pocos en el resto de los organismos públicos de investigación. Ya se ha enviado al Boletín Oficial de Estado y es posible que se haya publicado hoy o se plublicará mañana, es decir, ya está en marcha en este momento.
Lo relativo a la función de técnicos superiores especialistas de grupo A se manda al Boletín Oficial del Estado también en enero y está pendiente únicamente del problema técnico de determinar el detalle de los temas.
Pensamos que en enero
también estará en marcha. Queda el turno libre de técnico superior especialista y la consolidación de técnicos existentes, y espero que la de técnico superior especialista pueda estar en
diciembre y la consolidación de técnicos posiblemente en enero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos acelerando el proceso de puesta en marcha de las consecuencias de la aprobación de estas actuaciones. Más allá de ello, y
dentro de la proposición no de ley a la que se ha referido, pensamos que el proceso que se ha iniciado para disponer de un marco de actuación concreto y que englobe a todos los OPI, los organismos públicos de investigación facilite la movilidad.
Creemos que se debe reflexionar sobre esto y me parece muy bien el mandato recibido en el sentido de permitir que no solamente la carrera de investigador y la promoción del personal investigador de los centros tenga una carrera profesional clara,
sino que también sea así para el personal técnico superior especializado. Me parece que es necesario que ese personal tenga también una trayectoria de carrera profesional muy clara, porque realmente son cada vez más necesarios sobre todo en
organismos públicos de investigación que disponen de equipamientos sofisticados y en los que ese personal realiza una serie de funciones absolutamente necesarias. Lo digo además porque por mi propia experiencia profesional he estado muy ligado a
las actividades de carácter técnico, como posiblemente S.S.
conoce. Es decir, soy perfectamente consciente de la necesidad de avanzar en el camino emprendido.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor León, su respuesta es impecable desde el punto de vista técnico, pero vayamos al fondo de la cuestión, que es la orientación en cuanto a la política de personal en los organismos públicos de investigación, que
ha estado a lo largo de estos últimos años de existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología sometida a los avatares comunes al propio ministerio y que ha afectado también a otros ámbitos, no sólo al de recursos humanos.
Efectivamente, estas escalas se han creado y estaríamos de acuerdo en que debe existir también una carrera clara para el personal técnico y de apoyo. Es un personal muy importante para el desarrollo de la actividad investigadora de los
organismos públicos de investigación, pero no es menos cierto que esto hay que hacerlo, precisamente, con un marco, con una cobertura, sabiendo hacia dónde se va y qué se pretende.
En este momento disponemos de tres escalas que podríamos decir que están más o menos moviéndose en el cosmos, ausencia del estatuto del personal investigador en el sistema público de investigación y ciencia. Si estamos sin un estatuto de
personal investigador, nos encontramos con que se mantienen todavía como escalas propias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas las de científico titular, investigador y profesor de investigación. Es decir, de ninguna manera hemos
acometido con todo esto una integración de todo el conjunto. De alguna forma se está reflejando aquí una incapacidad, una falta de voluntad, no sé si es una cosa o la otra, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de dotarse de un estatuto
de personal de investigación, a fin de que se integre en un mismo esquema el conjunto de las escalas. Además, si recordamos un poco lo que hemos escuchado y presenciado en esta Comisión, los diferentes responsables del ministerio nos han expresado
aquí voluntades e intenciones muy diversas; desde quien dijo que había que refundir todos los organismos públicos y crear una sola escala, hasta quien dijo que había que ir poco a poco, que no había que crecer demasiado en temas de recursos
humanos, en función de las dotaciones presupuestarias. Es decir, ha habido bastantes contradicciones y bastante incertidumbre en esta Comisión.
Mientras tanto las repercusiones para los organismos públicos de investigación son bastante deprimentes, especialmente para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que supone el 80 por ciento del personal de los OPI, ya que no
está en consonancia lo que está ocurriendo con lo que también en esta Comisión nos dijo su presidente poco después de tomar posesión del cargo, cuando nos habló de que en política de recursos humanos en los organismos públicos de investigación y en
el consejo, concretamente, había que hacer algo parecido a los fichajes futbolísticos. Yo recuerdo que el señor Tarrach nos dio aquí una lección de cómo se hacía para conseguir a los mejores, a las estrellas, y nos parece que esto no iría en esta
línea.
Por otra parte, usted nos ha dicho que esto es para flexibilizar y para mejorar la movilidad. En la última convocatoria que aparece en el Boletín Oficial del Estado de 7 de diciembre, que es concretamente de 46 plazas para escalas de
ayudantes de investigación en diferentes organismos públicos, en diferentes OPI, viendo el listado de plazas agrupadas por especialidades una se da cuenta de que con este sistema a lo mejor vamos en dirección contraria a lo que se pretende, porque
una especialidad para diferentes organismos o para diferentes centros genera unos perfiles tan amplios que a lo mejor para ocupar estas plazas se requiere un nivel de especialización determinado. Puede ocurrir que al haber respondido estas personas
a un perfil amplio precisamente no tenga las habilidades ni las competencias necesarias, con lo cual generamos también un problema de formación del propio personal que genera una sobrecarga. Es decir, aparece personal que hay que formar y esto no
va en beneficio de la eficacia y de la gestión en recursos humanos.
Si a ello añadimos que la precarización de las condiciones laborales para personal de investigación está también presente en los diferentes centros, por ejemplo, que las escalas científicas cobran menos que los asimilables en la universidad,
que un catedrático de universidad, esto genera un malestar, una incertidumbre y una serie de rumores que es bastante preocupante,
sobre los que no sé si usted nos podrá decir algo. Incluso circular rumores sobre posibles cambios en la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sorprendería demasiado porque lo que le estoy exponiendo yo aquí,
las dudas y los reparo sobre estas medidas que ustedes han tomado en los últimos tiempos, va en dirección contraria de lo que su responsable había afirmado ante esta Comisión.
Esperamos que el diseño de la carrera de personal investigador sea una realidad, porque desde el Grupo Socialista venimos reclamándola desde hace tiempo. Le daríamos un voto de confianza, pero he de decirle que han empezado ustedes un poco
la casa por el tejado. Han creado primero las escalas sin el marco necesario que debería ser este estatuto o esta definición de carrera de investigador.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Le agradezco que diga que por lo menos las respuestas que he dado inicialmente corresponden a un detalle suficientemente técnico y claro en cuanto se refiere a las medidas.
Es verdad que han existido rumores recientes sobre la necesidad o no o que si se iba a acometer una fusión de organismos públicos de investigación.
Le puedo decir que en estos momentos no hay en la perspectiva de nuestro Gobierno una
intención de hacer eso.
Me parece que es compatible la existencia de organismos públicos de investigación (unos son, evidentemente, mucho más multidisciplinares y otros más sectoriales, porque es así y porque su historia de creación y su trayectoria lo han hecho
así) con el mayor esfuerzo posible para intentar homogeneizar las condiciones, facilitar la movilidad y el trabajo conjunto. Son dos cosas diferentes. No es necesario, realmente, crear un único centro para poder hacer un montón de cosas. Es
cierto que ello implica la posibilidad de que eso esté reforzado no solamente a través de una serie de escalas, sino también de una voluntad política de hacer que se pueda cooperar y trabajar conjuntamente entre ellos, las universidades y otros
múltiples organismos precisamente para acometer tareas que superan en el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Eso es perfectamente compatible. También lo es que, con independencia de las escalas que actualmente existan, se pueda y trabajar en
la existencia de una carrera con posibilidades hacia el futuro y con mecanismos de promoción que superen los procedimientos o los incentivos que actualmente existen.
Es verdad también que la referencia de las universidades como un marco sobre el cual tener, digamos, una trayectoria, una evolución salarial, etcétera, se ha utilizado ampliamente. No creo que eso sea precarización.
Ese es un mecanismo
evidentemente distinto. Sí puede haber un ritmo distinto en el caso de la evolución salarial, sobre todo en el caso del CSIC, que es quien ha utilizado más esa mimetización de los niveles en la universidad, incluso manteniendo, si se quiere, al
antiguo agregado, ya inexistente en la universidad. Este es un tema que estamos analizando, el de precisamente esa evolución. Hay que tener presente que las universidades transferidas a las comunidades autónomas tampoco tienen todas el mismo nivel
salarial ni la misma evolución, y conozco bien esas diferencias que existen. Es verdad. Por lo tanto, no existe tampoco un marco de referencia único cuando se habla de las universidades para tenerlo presente.
Lo que sí es verdad es que en los próximos meses vamos a seguir analizando con atención cuál es ese proceso de evolución y plantear las necesidades de mejora que se puedan hacer en el futuro, pero eso es independiente de la existencia de las
escalas. Es cierto que este marco que tenemos no ha culminado en unas únicas escalas; y es verdad que existen y se mantienen unas escalas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de las ya creadas.
La existencia de una serie de medidas, de unos procesos de funcionalización también que están en marcha indican que nos estamos moviendo para intentar tener una situación mucho más estable en los próximos tiempos. En mi opinión, el proceso
que se ha iniciado, y que vamos a ver con todo este tipo de pruebas de acceso, de funcionalización, de consolidación, etcétera, va a limitar la dispersión que actualmente existe. En los próximos meses veremos cómo podemos, precisamente siguiendo
esa proposición no de ley, analizar en detalle la evolución futura que puede tener. Pero se puede hacer todo eso, créame, sin necesidad de modificar la estructura de unos organismos públicos de investigación diferentes, que lo que creo que tienen
que hacer es insertarse mucho más en el tejido de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología, ser útiles también a los sectores en los que tienen una clara vocación sectorial y, por otro lado, favorecer la existencia de centros mixtos de
interacción con el resto del sistema de ciencia y tecnología.
- DE LA SEÑORA PALMA I MUÑOZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE EL GOBIERNO PIENSA INTRODUCIR EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE
GENERAR INGRESOS PROPIOS. (Número de expediente 181/003047.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día: Instrumentos de gestión que el Gobierno piensa introducir en los organismos públicos de investigación
para mejorar el desarrollo de actividades y mejorar la capacidad de generar ingresos propios.
Para formularla en sus justos términos, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Yo creo que la pregunta está muy clara, pero quiero decir al señor secretario general que responde también a la preocupación del Grupo Socialista lo que hemos escuchado en los últimos años.
A nuestro entender, los organismos públicos de investigación han estado sometidos a bastantes dudas y a bastantes bandazos, incluso respecto a su identidad y a su futuro, y qué medidas había que adoptar en el plano organizativo e
institucional. Empezamos hace mucho tiempo con la aplicación de la LOFAGE, que generaba una disyuntiva para los organismos públicos de investigación sobre qué fórmula jurídica y administrativa querían adoptar. Anteriormente hubo un momento en el
que también se habló de agrupar los OPI, como se ha recordado aquí, subsumidos en el CSIC pero se dio marcha atrás enseguida; se creó un comité coordinador y posteriormente la LOFAGE mantuvo a los OPI durante un par de años ante estas dudas. En el
2000 se crea la Secretaria General de Política Científica y declaraciones diversas de diferentes responsables nos ofrecen un diverso y florido muestrario sobre cuál puede ser el futuro de los organismos públicos de investigación.
Tal como está formulada la pregunta no obedece más que a dos cuestiones: una proclamación, yo diría que casi retórica, de responsables del ministerio ante esta Comisión que han dicho que hay que dotarlos de instrumentos de gestión para
mejorar la flexibilidad y para que tengan más capacidad para generar ingresos, y también me refiero a la proposición no de ley que fue aprobada en esta Comisión hace pocas semanas, que en uno de sus puntos instaba al Gobierno precisamente a esto.
Nos pareció sorprendente que el grupo político que da apoyo al Gobierno le mandate para lo que se supone que debería estar haciendo desde hace mucho tiempo, pero, en cualquier caso, le pediríamos al secretario general si nos puede concretar en qué
consisten estos instrumentos y para qué van a servir.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor León, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Realmente su pregunta tiene, además, dos partes: una, que puede estar referida más a instrumentos de gestión, y otra que es la de mejora de la capacidad de generar ingresos
propios, que me parece que son dos elementos que están relacionados, pero que son también diferentes, porque se podría mejorar la gestión sin necesidad de incrementar recursos propios o incrementar recursos propios sin modificar los procedimientos
de gestión. Las dos preguntas coinciden en algo que me parece fundamental, y es que los organismos públicos de investigación sean capaces de interaccionar con los sectores de nuestra sociedad de la manera mejor posible.
En estos momentos, independientemente de lo que han supuesto las medidas de mejora de personal, sí hay un elemento de gestión que estamos agilizándolo porque nos parece enormemente importante. Los organismos públicos de investigación, con
independencia de las plantillas de que disponen, tanto de personal laboral, laboral fijo o funcionario, disponen también de otro mecanismo por el cual se contrata personal por realización de trabajos concretos; es lo que técnicamente se conoce a
partir del 2001 como realización de un proyecto específico de investigación a partir del cual, efectivamente, se pueda realizar una modalidad de contratación. Estas modalidades de contratación requieren la autorización previa por parte del
Ministerio de Administraciones Públicas para que se pueda realizar ese proceso de contratación. Una cosa que me ha preocupado, porque ese tema no me era tampoco ajeno en algunas de mis actividades anteriores, es que ese proceso se pudiera hacer con
rapidez.
En muchos casos la contratación de personal se produce por la existencia de un nuevo proyecto, proyecto que se ha firmado por el organismo en cuestión y que exige su puesta en marcha cuasi inmediata. En muchos casos son proyectos
nacionales financiados a través de cualquier organización pública o privada y en otros casos son incluso proyectos de carácter internacional. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que puede ser el programa marco, que requiere para su puesta en
marcha no solamente el empleo del personal de plantilla existente en el propio organismo, sino también la contratación de un personal específico para la realización de ese tipo de actividad. Por ello hemos estado trabajando con el Ministerio de
Administraciones Públicas para disponer de un sistema en el cual las autorizaciones para la posible contratación de ese personal se puedan realizar de una manera muy rápida, casi inmediata y sobre todo, además, preservando que estos organismos
puedan tener dificultades para la incorporación inmediata y el comienzo de la actividades de cualquier proyecto que realicen precisamente porque haya demoras en la posible contratación de ese personal. Eso es lo que se está haciendo. Tenemos el
compromiso de que, mediante el establecimiento de un adelanto en la parte nacional y de unas comunicaciones rápidas en el Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que se refiere al personal en programas internacionales, se pueda realizar esa
contratación sin pérdida de tiempo. Es decir, es un problema de agilización, en lo que se refiere a recursos humanos, que nos parece también extraordinariamente importante.
Un segundo elemento, que se publicará además en el Boletín Oficial del Estado inmediatamente porque ya
tenemos todas las autorizaciones se refiere a algo que también estaba previsto en la ley de medidas anteriores: el desarrollo de las licencias -sigo un poco con el tema de este personal ligado a ese tipo de actividades- para la
participación de los organismos públicos en empresas de base tecnológica. En el marco del artículo 19 de la Ley de la ciencia se encuentra en tramitación una orden ministerial, que es la que regula la concesión de las licencias para el personal
investigador y técnico que desarrolla lo que ya estaba en la ley de medidas, que pasa a desempeñar sus servicios en empresas de estas características. En ese sentido, lo que se permite precisamente es facilitar ese proceso que pueda ayudar a que
esos organismos y esas personas puedan incorporarse a esas empresas.
Otro tema también es el de la captación de recursos en relación con el programa marco de I+D de la Unión Europea. Las convocatorias de este programa marco arrancan ahora. De hecho ayer, si no recuerdo mal, se celebró la primera de las
convocatorias correspondiente al sexto programa marco; es decir, que la Comisión, ha cumplido los plazos que a sí misma se había establecido, aunque todavía se está culminando el modelo de contrato y el acuerdo de consorcio. Hay cosas que no están
todavía totalmente cerradas, pero estamos preocupados porque los organismos públicos de investigación deben tener suficiente agilidad para poder gestionar, no sólo para ellos mismos, sino también como responsables o como coordinadores de actuaciones
dentro del programa marco, las transferencias económicas que se pueden dar dentro de las acciones que realizan.
Con independencia de otro tipo de actuaciones que se pueden dar en el marco de esa proposición -entendemos que es una especie de reforzamiento de unas situaciones iniciadas para poder pensar otro tipo de ayudas-, al menos sí que he querido
expresar algunas cosas concretas y específicas en marcha y que están relacionadas con la pregunta que me formula.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Palma, tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Muy brevemente para decirle que en las tres cuestiones concretas sobre las que usted nos ha informado aquí suena bien la música para responder al objetivo de flexibilización, agilización, mejora de la eficacia,
etcétera.
En cuanto al tema de las licencias, habría que saber en cuántas empresas de base tecnológica se ha producido esta participación por parte de organismos públicos de investigación. Es decir, en este caso los rendimientos hay que verlos a
partir de datos objetivos y de los resultados. Hay muchas cosas pendientes, diríamos que pululando alrededor de la declaración de mejora de la agilización y de la gestión de estos organismos públicos de investigación. Las noticias que llegan no
son precisamente para superar la burocratización y la centralización de la que adolece esta gestión y para lo que se supone que se toman estas medidas. Hace pocos días se ha producido un hecho, que podría parecer anecdótico, pero no lo es. Se ha
producido un episodio que creo que lo han solucionado ustedes. Me dirá usted si ya está arreglado a día de hoy.
En la presentación de proyectos para la convocatoria del plan nacional, los equipos de investigadores del Centro Superior de
Investigaciones Científicas se encontraron con que un buen día el registro del Consejo no estaba autorizado para recibir estos proyectos cuando siempre se había hecho así. Esto provocó, además, unos problemas de plazos porque, como usted sabe,
estos proyectos tienen que estar debidamente autorizados por los responsables dentro del propio Consejo. Luego la convocatoria se aplazó por otros motivos, no sé si muy felices o no. Parece ser que esto lo han resuelto, pero coincidirá conmigo,
señor León, en que cuando estamos haciendo grandes propuestas para mejorar, para agilizar, para flexibilizar, para tener iniciativas tan interesantes como procurar la inmediatez en la contratación de personal -siempre y cuando se mantenga la
transparencia, la publicidad de las condiciones que tiene que tener cualquier contratación desde la Administración pública-, luego nos encontremos con situaciones como estas, que son yo diría que casi decimonónicas. No es de recibo que a finales
del año 2002 nos encontremos con un problema como este que nos muestra que, en lugar de superar esta burocratización, muchas veces la realidad es más tozuda que las declaraciones de los responsables ministeriales y que hay algunas cosas que están
más centralizadas y más burocratizadas que nunca.
Quedan otras cosas pendientes. Por ejemplo, si han pensado ustedes en que en estas propuestas de nuevos instrumentos de gestión hay que tener en cuenta agentes, a los que usted se ha referido en la anterior pregunta, que son muy importantes
en la relación con los organismos públicos de investigación, como las universidades, las comunidades autónomas, incluso los diferentes sectores empresariales, que en la dinámica de cooperación deben de alguna forma todos converger en la mejora de
esta gestión. Hay un tema pendiente desde hace mucho tiempo. No sabemos todavía cuáles son los resultados de los beneficios que se ofrecían, a través de incentivos fiscales, a las empresas que demostraran inversiones en actividades de
investigación e innovación tecnológica. Le recuerdo que estos incentivos entraron en vigor en el año 2000 y debieron ser liquidados a partir del 2001 con la declaración a mediados de año del impuesto de sociedades y estamos a finales del 2002. Lo
hemos preguntado por diferentes canales en diversas ocasiones y a día de hoy todavía no sabemos cuáles han sido estos resultados. Estos sí que nos parece que serían, en caso de que existiesen, instrumentos para mejorar la gestión. Lo demás, señor
secretario general, por
mucho que desde el ámbito técnico al que usted representa muy bien se hagan muchos intentos, si no existe una dirección política clara de hacia dónde vamos y qué queremos decir cuando estamos hablando de instrumentos de gestión más
flexibles, la verdad es que no deja de ser eso: retórica y declaraciones de intenciones.
Nos parece importante empezar ya a concretar de qué estamos hablando no sólo, como he dicho al principio, porque exista un mandato de este Parlamento para que se haga, sino también porque existe la obligación política, después de una
temporada larga de existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de hacer algo más que declaraciones, que buenas intenciones y que encima no vayan todas en la misma dirección. Espero que con el nuevo equipo ministerial podamos empezar a ver
alguna luz en estos temas. Hasta la fecha no ha sido así, sino que las contradicciones nos han llevado a no saber en ciertos momentos dónde está el norte. Lo más grave es que no lo sepan los responsables del ministerio.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora, Palma, le ruego vaya concluyendo.
La señora PALMA I MUÑOZ: Termino señora presidenta.
Aparte de pedirle que me aclare estas dos cuestiones concretas, que creo que son muy importantes, hacerle el ruego de que en la medida de sus posibilidades tengan en cuenta la preocupación que le expresa el Grupo Parlamentario Socialista,
pero que es evidente en muchos sectores de los organismos públicos de investigación.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor, secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Sobre la necesidad de dar información con respecto a los incentivos fiscales, lamento no poder hacerlo hoy, pero la trasladaré a quien lo pueda llevar.
No es mi competencia
en estos momentos. Ese aspecto yo no se lo voy a poder aclarar.
Con respecto a lo demás, hay que tener en cuenta una cosa. La agilidad administrativa que en estos momentos tiene cada uno de los organismos públicos de investigación no es la misma. Algunos organismos públicos de investigación, por
razones incluso históricas, por la manera en que han estado funcionando, tienen más margen para poder realizar determinadas cosas desde el punto de vista administrativo que otros organismos. Nos encontramos con una situación en la que no es lo
mismo el caso del CSIC que el del IEO o el de INIA, puesto que responden a unas estructuras diferentes y eso hace complicado el establecimiento de un único marco de actuación.
Es verdad que la centralización y la descentralización están en el núcleo de las posibles actuaciones que se puedan hacer precisamente para la agilización. Particularmente, el tema que ha citado del registro del Consejo, efectivamente, es
una anécdota. Es un a anécdota que, además, ha venido provocada por un cambio de directriz en la fiscalización, en la intervención, y no ha supuesto por nuestra parte un intento de centralizar directamente todas las actuaciones. Lo que sí es
verdad es que, cuando eso se produce en el proceso de entrega de la información, genera no sólo una incertidumbre, sino también un problema de plazos, que es lo que felizmente se ha resuelto y no existe ningún problema en ese sentido. Decía también
que hay que tener presente que los organismos públicos de investigación no actúan solos, sino que lo hacen en relación con universidades, empresas, otros grupos y entidades tanto públicas como privadas que, aunque tengan que someterse a los modos de
funcionamiento de unos organismos públicos que están sujetos a unas estructuras administrativas concretas, desean que tengan la máxima agilidad para actuar en los procesos negociadores. Tampoco es muy grave la situación porque, si se mira el número
de contratos que estos organismos públicos de investigación están firmando con diversas entidades en los últimos años, observamos que su número está. Es verdad que pueden existir dificultades, pero no parece que sean insalvables. Antes al
contrario, se está produciendo un incremento continuo en los últimos años en el número de proyectos que se están firmando con diversas entidades.
Se observa también un incremento del número de patentes, con unas estructuras de apoyo en los organismos públicos de investigación a ese tipo de gestión que han ido mejorando y complementando sus propios procedimientos. ¿Que hay que
trabajar en esa línea? Estoy de acuerdo con usted. La agilización administrativa no implica sólo una voluntad política por parte del ministerio, sino también una interacción con otros ministerios que tienen que favorecer ese proceso. Eso nos va a
permitir el próximo año, mediante la creación de grupos de trabajo conjuntos con administraciones públicas y con el Ministerio de Hacienda, poder presentar actuaciones específicas que vayan mejorando ese proceso. He empezado mi intervención
hablando de cosas concretas que se han hecho, porque, aparte de que es mi forma de trabajar, es la mejor manera de señalar que, independientemente de la retórica y de los grandes discursos, se están haciendo cosas en la medida y con el ritmo en que
podemos y no le quepa la menor duda a S.S. de que se incrementará.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES RED IRIS. (Número de expediente 181/003159.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos a la última pregunta del orden del día de hoy: medidas para solucionar los problemas de carácter administrativo del centro de comunicaciones red Iris.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Lissavetzky, por el Grupo Socialista.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero agradecer la presencia de don Gonzalo León en la Comisión en aquel lado de la mesa. Como S.S. sabe muy bien, la red Iris se creó en el año 1988 dentro del primer Plan Nacional de I+D como un instrumento
tecnológico que tenía y tiene como objetivos la creación, gestión y evolución tecnológica de las infraestructuras de comunicaciones, interconecta a todas las universidades y centros de investigación españoles y sirve para el suministro de y
coordinación de servicio de comunicaciones, pero tiene algunos problemas. Da servicio a 300 instituciones, entre ella al Congreso de los Diputados. Cuando entramos en el e-mail, nuestro correo desde el ordenador de la casa, red Iris está ahí y no
sólo en esto. Es bueno en ciencia hacer el método de prueba y error e intentar entre todos, en la línea que decía el señor León, mejorar la situación. Como decía al principio, la red Iris se crea como proyecto del primer plan nacional, tiene una
dependencia estratégica y de financiación actualmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes lo fue de la OCIT y antes de la CICIT, pero que además tiene una dependencia funcional del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y yo creo que habría que intentar favorecer en la medida posible su funcionamiento. Primero dependió de una fundación, Fundesco, después del CSIC; siempre ha dependido o bien del ministerio o bien de CICIT o de la OCIT. En cualquier caso, en
ninguna de estas situaciones se ha llegado a definir un estatus favorable para su funcionamiento. Por eso, cuando se hace una comparación con otros países europeos, vemos que no existe una homologación clara con la inmensa mayoría de ellos; falta,
a mi modo de ver, flexibilidad para su funcionamiento, no es un instituto de investigación tipo de los del CSIC y tampoco tiene un estatus como el centro de cálculo. Se necesita una entidad jurídica y sistema de gestión que permita disponer de un
marco laboral adecuado que cubra las necesidades de recursos humanos actuales y futuras y que permita un mantenimiento y desarrollo de red Iris equiparable al resto de redes europeas, asimismo como de disponer de los procedimientos de gestión
adecuados para el desarrollo de una red ágil, moderna y estable equiparable al resto de redes de nuestro entorno. La pregunta es muy concreta: ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para mejorar la situación de red Iris?
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Efectivamente, red Iris surge con el programa nacional, antes que Fundesco, en mi escuela, en mi propio centro de cálculo; fue el germen de red Iris hasta que, tres años
después, se decide trasladarlo a Fundesco.
Por lo tanto, lo he vivido muy directamente. Es verdad que después fue adscrito al CSIC y que en estos momentos carece de una personalidad jurídica propia, está ligada al CSIC en la medida en que toda su
gestión administrativa y su personal está contratado a través del CSIC. Esto no ha impedido, ni muchísimo menos, que se haya producido una mejora sustancial, enorme, de sus capacidades. Justo es reconocer que en los últimos dos años ha existido
una mejora sustancial de sus capacidades. En estos momentos las conexiones internacionales andan a unas velocidades que son similares a las que se tienen en el núcleo europeo. Eso ha significado que la evolución tecnológica de red Iris se pueda
hacer perfectamente sin necesidad de que disponga de una estructura diferente.
Tampoco es que esa estructura sea única y no existan otras redes a nivel europeo que dispongan de una situación similar. Por los datos de los que yo dispongo, la
austriaca, la finlandesa, la italiana y la sueca tienen una estructura similar a ésta. Es cierto que otras tienen otra, pero eso responde a la forma en la que cada uno de los países se ha ido amoldando a la situación. Quería separar dos cosas. En
primer lugar, la evolución tecnológica de red Iris ha ido mejorando y mejorará en el futuro. El concurso recientemente publicado y adjudicado va a permitir disponer de una red con una estructura muy superior a la que tenemos ahora. Recuerdo que es
una estructura en estrella, radial, y vamos a pasar a una estructura mayada con una red que va a permitir disponer de una redundancia en los accesos a las diferentes comunidades autónomas, lo cual mejora muchísimo la situación.
En segundo lugar, desde el punto de vista de personal, al que se ha referido S.S., es verdad que el personal adscrito a red Iris en estos momentos, salvo dos funcionarios -el director y un administrativo-, es contratado con la modalidad de
obra y servicio.
Teniendo en cuenta los proyectos que ejecuta, entre los que destaco los que tienen que ver con el programa marco a través de las comunicaciones internacionales, me parece importante que su personal disponga de una estabilidad
mayor. Le puedo decir que se está ya en discusión para que la mitad de ese personal -doce puestos- sea funcionario y correspondan a cuatro en el grupo A, cinco en el grupo B y tres en el C, con niveles 26, 22, 17 con el fin de consolidar la mayor
parte del personal estable. Red Iris ha sufrido también -por cerrar el capítulo de personal- una situación de rotación. Pero no sólo ha sido red Iris, yo también lo he sufrido en de la propia universidad. Cuando el sector de telecomunicaciones
requería un número de personal muy elevado había ofertas tentadoras que producían
una rotación mucho mayor de la deseable. Red Iris no era un caso aislado.
Desgraciadamente, la situación del sector en este año ha hecho que ese proceso de rotación ya no exista y se ha producido, por otra vía, una estabilidad mayor en el
personal, que no en el tipo de contratación.
En resumidas cuentas, con independencia de que en el futuro se pueda pensar en una estructura de red Iris con una personalidad jurídica propia y una estructura diferente, en estos momentos la situación en la que se encuentra ha permitido -y
los hechos lo demuestran- que su evolución tecnológica se haya podido hacer. Ahora mismo no tiene nada que desmerecer en cuanto a conexiones internacionales de otros países y la evolución hacia una red mayada a nivel nacional la va a colocar en una
situación extraordinariamente buena desde el punto de vista tecnológico.
Desde el punto de vista personal, la existencia de funcionarios para la mitad de su personal va a facilitar también ese proceso. Y, efectivamente, está sometido, en los
mecanismos de gestión administrativa, a la gestión administrativa del CSIC de la que depende.
Por tanto, la agilización de la que hemos hablado en otros organismos públicos de investigación también favorecerá indirectamente la gestión
administrativa de la citada red Iris.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Lissavetzky, tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señor León, ya que tiene usted tanto cariño a la red Iris, aplíquele ese cariño. Aplicar ese cariño significa tener en cuenta algunas de las cosas que se plantean. Yo saco una primera conclusión de su
intervención: la red Iris no va a tener una estructura diferente. Esto es lo que ha venido a decir usted aquí; lo tendrá que corroborar ahora en la segunda intervención. No pasa nada. Debatamos por qué creemos que es bueno que tenga una
estructura diferente:
El cariño también se demuestra -y no era usted el responsable- cuando se envía un manifiesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en febrero de este año, pidiendo una entrevista por parte de los trabajadores para exponer su situación y
plantear una serie de aspectos que son mejorables.
Desde febrero hasta este momento nadie les ha contestado. Muéstrese también el cariño ahí. S.S. habla de 25 trabajadores, muchos de los cuales han firmado una posición con relación a ese
aspecto. Y sería bueno que se tuviera en cuenta este hecho. ¿Quién pone en duda el trabajo y que ha habido una evolución tecnológica favorable? ¿Pero sabe usted a base de qué? Del puro voluntarismo de muchos de esos trabajadores, o de todos
ellos, que han hecho un esfuerzo adicional. Le voy a contar una anécdota.
En el año 2001 se cayó un fin de semana la red Iris. A la entonces ministra, doña Anna Birulés, le hacían una entrevista en un chat y le preguntaban porqué se había caído
la red Iris. La respuesta de doña Anna Birulés fue la siguiente: 'Hay gente trabajando en la sala de mantenimiento, aunque es cierto que no es suficiente. Como supongo sabe, el problema se resolvió el domingo por la mañana, pero, aun así, creemos
que es demasiado tiempo de respuesta, por eso se está mejorando'. La señora Birulés se creía que había gente trabajando allí. No, señor, fue un trabajador -concretamente una trabajadora- que tuvo que levantarse -y no sé si estaba siquiera en
Madrid, sino en otra provincia- e ir al centro para arreglar este tema. Ésta es la anécdota; falta personal.
La comparación, como usted sabe muy bien, está en la asociación para la combinación de iniciativas para mejorar los servicios de comunicación de la comunidad investigadora europea y, cuando uno mira los cuadros, se ve la relación de personal
de nuestra red Iris respecto a redes similares de otros países. No estamos en tan buena situación. ¡Claro que evoluciona tecnológicamente bien! Pero lo que estamos pidiendo aquí es que se tenga en cuenta el esfuerzo de ese personal que, muchas
veces con voluntarismo, está llevando a cabo ese trabajo. S.S. ha reconocido que ha habido por parte del mercado una succión de trabajadores cotizados; dice usted ahora que eso es rotación, pero ese hecho demuestra a las claras que no se estaba
teniendo en cuenta el valor del trabajo que se estaba haciendo ahí. Pone algunos ejemplos respecto al estatus jurídico y dice que hay ejemplos para todo. Yo no sé si valen más los que usted ha citado -todos son válidos- que Francia, Alemania o
Inglaterra, pero yo me quedo con los grandes: Francia, Alemania e Inglaterra. Señor León, no estaría de más que cuando se mandan cartas se respondieran, por usted o por quien corresponda porque, como el secretario de Estado no ha venido, yo se lo
tengo que decir a la persona que comparece aquí. Usted se lo traslada a quien le parezca conveniente porque, aunque se cambie de equipo me imagino que habrá un traspaso de papeles. Pues bien, desde febrero están esperando a que se les conteste.
Contésteseles que yo creo que es importante.
En segundo lugar, ya le anuncio que vamos a presentar una proposición no de ley para debatir, en el próximo período de sesiones, sobre una cosa muy sencilla, sobre un estudio comparado con otros países para y ver si entre todos se busca una
solución. En esta pregunta -voy terminando, señora presidenta- no vengo a decir si el Gobierno lo ha hecho bien o mal. Lo ha hecho mal en no contestar o en no sabérselo, como la anterior ministra en el caso que he citado. Lo que solicito es
alguna solución. Ya le anuncio esa proposición no de ley.
Termino definitivamente. Yo creo que pueda dar más servicios especiales a la comunidad científica e investigadora la red Iris y para eso es necesario avanzar en una línea que está más cercana a lo que se plantea desde aquí que a la
situación actual. Yo también soy investigador, del CSIC. El CSIC cumple con lo que
tiene que cumplir, pero realmente hay un encorsetamiento en muchos aspectos que podrían mejorarse. Espero que se estudie también con cariño la propuesta del Grupo Socialista y que se sea consciente de que todo es mejorable en esta vida,
incluso la red Iris que muchas veces ha ido adelante gracias a sus trabajadores y con el olvido del ministerio actual.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): El señor León tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Si me he expresado mal antes, quisiera aclarar que no he dicho que no se vaya a modificar, lo que he dicho es que en estos momentos su estatus le ha permitido hacer cosas,
pero eso no significa que no se vaya a estudiar una estructura diferente en el futuro. Ese proceso está abierto y hay que estudiarlo. Esas redes a la que usted se refiere tienen problemas, ventajas e inconvenientes. Las cosas no son blancas o
negras, en eso posiblemente podamos estar de acuerdo. A mí me parece correcto el que se realice un estudio. Eso siempre ha estado pendiente en las modificaciones que ha habido de red Iris; no es una cosa nueva, y, efectivamente, yo no lo descarto
en el futuro.
En cuanto al personal, siento esa carta. Tenga S.S. la seguridad de que contestará la persona que tenga que contestar. Lo que sí le digo es que este proceso de estabilización del personal, que afectará al 50 por ciento, es una manera
clara de dar un mensaje.
¿Que el número de personas puede crecer? Tendrá que amoldarse a la actividad de red Iris. Pensando en determinados servicios de la red en el futuro, hay muchas cuestiones que pueden requerir un personal adicional.
Precisamente por eso
hemos comenzado el análisis con la dirección de red Iris para el presupuesto de funcionamiento del año que viene, teniendo en cuenta los nuevos servicios que se puedan poner en marcha. No sólo no está cerrado, sino que está en discusión el
desarrollo de estas actividades, pero no le quepa la menor duda de que el análisis de su futuro es algo que debemos hacer, no hay ningún inconveniente en abordarlo y, efectivamente, los cariños se demuestran con acciones concretas. Por eso me he
referido a la consolidación en el sentido de dar aspectos específicos.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias, señor secretario general de Política Científica. En nombre de la Comisión, de la Mesa y portavoces y en el mío propio, quiero agradecer su comparecencia y su colaboración con
esta Cámara. Le doy la bienvenida de nuevo y le deseo para los próximos días lo mejor para usted y su familia.
Antes de acabar, quiero agradecer a todos los servicios de la Cámara su ayuda y su colaboración.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Ciencia y Tecnología, del miércoles 18 de diciembre de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.