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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 655, de 17/12/2002
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2002 VII Legislatura Núm. 655

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión núm. 40

celebrada el martes, 17 de diciembre de 2002



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley: - Sobre presencia de observadores de derechos humanos en Israel y en los territorios ocupados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001473.) ... href='#(Página21298)'>(Página 21298)


- Relativa a la posición del Gobierno español en un supuesto ataque militar de Estados Unidos a Irak. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001579.) ... (Página 21302)


Dictamen sobre: - Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 25 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000206.) ... href='#(Página21306)'>(Página 21306)


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- Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile de 28 de enero de 1997, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000207.) ...
href='#(Página21306)'>(Página 21306)


- Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina de 28 de mayo de 1966, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002.
(Número de expediente
110/000208.) ... (Página 21306)


- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la regulación y ordenación de los flujos migratorios entre ambos Estados, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000209.) ... href='#(Página21306)'>(Página 21306)


- Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo hispano-peruano de Seguridad Social de 24 de noviembre de 1978, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000210.) ... (Página 21306)


- Canje de notas, hecho en Lisboa los días 8 y 9 de octubre de 2002, constitutivo de acuerdo entre España y Portugal sobre creación de una comisión arbitral para evaluar las indemnizaciones correspondientes a los españoles cuyos bienes
fueron confiscados en la revolución de 1974.
(Número de expediente 110/000211.) ... (Página 21307)


- Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, relativo al Fondo fiduciario UNESCO/España de cooperación para el desarrollo, hecho en París el 11
de septiembre de 2002. (Número de expediente 110/000212.) ... (Página 21307)


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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE PRESENCIA DE OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS EN ISRAEL Y EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001473.)


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Comenzamos la Comisión.



Sin influir para nada en los portavoces, que emplearán el tiempo que les parezca oportuno, a la una y cuarto hay un acto en el Congreso de los Diputados del 25 aniversario de la entrada de España en el Consejo de Europa. Como supongo que
varios diputados de esta Comisión tendrán deseo de asistir, vamos a discutir las dos proposiciones no de ley y al término de la segunda procederemos a la votación de ambas, no antes de la una menos cuarto.



Proposición no de ley sobre presencia de observadores de derechos humanos en Israel y en los territorios ocupados, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la diputada señora García Manzanares.



La señora GARCÍA MANZANARES: Señorías, la dramática situación en Israel y Palestina es conocida sobradamente por todos y no voy a reiterar la descripción de lo que está ocurriendo a lo largo de estos dos últimos años. Basta decir que cada
día quedan, desgraciadamente, desfasadas las cifras de víctimas de los atentados de unos de las represalias de otros, de los muertos de unos y de los muertos de otros. No obstante, me gustaría recordar las últimas cifras de las que disponemos a
diciembre del presente año y donde todavía no parece vislumbrarse el final de esta crisis de derechos humanos que se viene desarrollando desde la denominada segunda Intifada, exactamente dos últimos años.



Por una parte, la fuerza de defensa israelí que, como saben SS.SS., utiliza habitualmente aviones, helicópteros, tanques para atacar a palestinos, a zonas palestinas densamente pobladas, ha matado ya a unos 1.800 palestinos, en la mayoría de
los casos ilegítimamente, aunque todos los casos sean muertes inocentes. Entre las víctimas figuran más de 300 niños, así como unas 80 personas muertas en asesinatos selectivos. En ese mismo período de tiempo los grupos armados, los grupos
terroristas palestinos, han matado a más de 600 israelíes, de los cuales 450 son civiles, incluidos 82 niños. Estas muertes se han producido como consecuencia de ataques deliberados contra familias y otros civiles que con frecuencia han adoptado


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la forma de atentados suicidas con bomba contra autobuses, restaurantes, mercados, lugares públicos; en fin, millares de personas más, tanto palestinos como israelíes, han sufrido lesiones que en muchos casos les han dejado lisiados para
toda su vida. Desgraciadamente, estos datos estarán ya mañana desfasados.



La comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, lleva a cabo esfuerzos importantes para intentar frenar esta escalada de violencia, las continuas violaciones de los derechos humanos y los incumplimientos del derecho
internacional comunitario. Sin embargo, los limitados resultados de estos esfuerzos no deben llevarnos a la pasividad y al abatimiento por una situación que todos vemos cada vez más deteriorada; al contrario, hay que incrementar los intentos para
lograr el cese de todos los actos de violencia, de todos los actos de provocación y de todos los actos de destrucción. Así, voy a resaltar las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como la declaración del Consejo de
la Unión Europea. Esta proposición no de ley lleva esperando nueve meses, desde marzo del año pasado. Entonces la hacíamos pensando en los esfuerzos que podíamos añadir durante la presidencia europea.



En aquellos momentos había una reciente declaración del Consejo de la Unión Europea. Posteriormente ha habido otras que también resaltaré.
Recordemos cómo hace casi ya un año, en marzo de 2001, la Comisión internacional de investigación,
creada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidió que se estableciera de inmediato una presencia eficaz de observadores internacionales de derechos humanos en la zona, que sirviera para la protección de estos derechos y del
derecho humanitario internacional, especialmente la IV Convención de Ginebra.
Estamos hablando de marzo del año pasado que es cuando presentábamos esta iniciativa. Pero he de recordarles también que en el mes de abril de 2002, a lo largo del 58.º
período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estuvo siempre presente la situación de Oriente Próximo. Y la cada vez más grave situación de la zona llevó al alto comisionado de los derechos humanos a mencionar la
posibilidad nuevamente de una misión que visitara la región. Como resultado de una sesión especial dedicada a Oriente Próximo, se adoptó una resolución en la que se apoyaba la idea de dicha misión. Dado que posteriormente resultó imposible que la
misión viajara a la zona, se adoptó una nueva iniciativa en la que se pedía al alto comisionado que informase a la Comisión, basándose en los informes de todas las organizaciones implicadas presentes en los territorios ocupados. El informe, fue
seguido de una resolución en la que se deploraba la negativa de Israel a cooperar y se condenaba la violación de los derechos humanos de los palestinos llevada a cabo por Israel.



Nuevamente Naciones Unidas, Unión Europea, la Liga Árabe y otras organizaciones intergubernamentales han hecho declaraciones y han aprobado resoluciones sobre el asunto que nos ocupa, se han enviado delegaciones a la zona y se han previsto
planes de paz. Pero todos los intentos de poner fin a la violación de derechos humanos e implantar un sistema de protección internacional en Israel y en los territorios ocupados, en concreto, mediante el envío de observadores con un mandato
definitivo en materia de derechos humanos, han sido socavados por la negativa del Gobierno israelí. Esta negativa, desgraciadamente con frecuencia, ha sido también respaldada por Estados Unidos que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU, tiene capacidad de apoyar, vetando resoluciones del Consejo.



Señorías, también el Congreso de los Diputados, este Parlamento, ha mantenido una constante preocupación por la gravedad de la situación en la zona. Hemos debatido y aprobado, tanto en el Pleno de la Cámara, como en esta Comisión de Asuntos
Exteriores, numerosas iniciativas, reiterando siempre, junto a la condena a todos los actos de violencia, a todos los actos terroristas, medidas de apoyo a los esfuerzos diplomáticos, a iniciativas que persigan una solución negociada y justa para
los conflictos y al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
Incluso también el propio Grupo Parlamentario Socialista y todos los grupos planteamos la posibilidad de despliegue de una fuerza internacional de interposición y de
observadores, aunque finalmente no quedara incluido en las resoluciones que, de consenso, siempre se aprobaban. Recordemos la última negativa en el Pleno, el 3 de noviembre pasado, que era un compendio de todas las anteriores.



Hoy, y termino ya señor presidente, una vez más queremos insistir en la gravedad de este conflicto, en el grado de deterioro que se está produciendo y en que no podemos, como parte de la comunidad internacional, mirar hacia otro lado, por
más que la actualidad informativa nos desplace, cada día, de un conflicto a otro, con el riesgo de dejar abandonado a su suerte al conflicto anterior. Se ha cronificado de tal manera que debemos insistir en todo cuanto está ocurriendo y en lo que
nos hemos comprometido porque, como decía al principio, los datos de hoy mañana estarán desfasados. Por ello, presentamos nuevamente una proposición no de ley para que el Gobierno inste a la Unión Europea a promover la presencia en Israel y en los
territorios ocupados de observadores internacionales, con un mandato claro, transparente, público, encargado de velar por que se respete el derecho internacional y los derechos humanos.



Hemos recibido hoy, con agrado, una noticia que recoge la prensa y es que nuevamente, a iniciativa del Gobierno inglés, se quiere hacer un llamamiento a los cuatro grandes más implicados en la posibilidad de resolución del conflicto -Estados
Unidos, Rusia, la


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Unión Europea y Naciones Unidas-, citando a los líderes israelíes y palestinos en enero a una nueva reunión para ayudar -dice- en el proceso de paz. En ese sentido, nosotros -España es miembro de la Unión Europea- no solamente recogemos con
agrado que se reinicie esta posibilidad de retomar una posible solución al conflicto, sino que insistimos en esta presencia de observadores.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ricomá.



El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Intervenimos brevemente para suscribir los principios que inspiran la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre una cuestión que lamentablemente, legislatura tras legislatura, viene
siendo materia de preocupación y trabajo en el seno de esta Comisión de Asuntos Exteriores y que más lamentablemente todavía sigue casi sin empezar a sellarse, de una forma positiva y definitiva como todos desearíamos. Pienso que son muchas las
coincidencias, al menos en aquellos aspectos más sustanciales, sobre los parámetros que deben marcar la solución definitiva en el conflicto entre Israel y Palestina.
Pienso también, y tengo la certeza, de que, además, existiría plena unanimidad
sobre el criterio de que el diálogo entre las partes es la única herramienta para garantizar la paz y la seguridad en el futuro de los pueblos afectados. Está claro también que la duración del conflicto, por un lado, y la convicción, tristemente no
suscrita por las partes, de momento, relativa a cómo deben ser los cimientos sobre los que debe sustentarse el acuerdo que todos deseamos, pueden generar desaliento, cansancio y abatimiento, como se dice en la exposición de motivos de la proposición
no de ley, siendo todos ellos aspectos que también nosotros estamos obligados a combatir. Por ello, el mantener el tema vivo y perfectamente actualizado en el seno de esta Comisión, el incorporar nuevas aportaciones que enmarquen el desarrollo
futuro del conflicto, en los parámetros de respeto a los derechos internacionales y a los derechos humanos, es tan positivo como necesario.



Sentado este acuerdo general y de principios, y sin profundizar más en la evolución histórica del conflicto, en el cómputo de víctimas injustas que está teniendo este conflicto y sin profundizar tampoco en lo que es una opinión homogénea y
una actuación continuada de la comunidad internacional sobre esta cuestión, entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que es bueno actualizar y concretar en lo posible la proposición no de ley que se nos presenta. Por ello hemos introducido
una enmienda que básicamente da cobertura a tres aspectos. El primero de ellos es obvio y la señora García Manzanares lo da por entendido. Es una obviedad que el Gobierno ya no ejerce la presidencia de la Unión Europea y, por tanto, ya no puede
actuar como tal, sin menoscabo de que España y su Gobierno, como miembros de la Unión Europea, pueden y deben seguir instando al conjunto de los países miembros para continuar con su política dirigida a intentar mediar de forma positiva en este
conflicto.
Por otro lado, la proposición no de ley se presentó un 24 de mayo y la presidencia española finalizaba en junio, por tanto, difícilmente la propia dinámica de funcionamiento de esta Comisión podía absorber en el plazo de presidencia esta
iniciativa y, en consecuencia, difícilmente, desde el papel de presidencia de la Unión Europea el Gobierno podía haber ejercitado el mandato que pueda salir del Congreso de los Diputados.



En segundo lugar, hemos considerado oportuno, procedente, definir de forma más clara las condiciones en las que deberían desplegarse los observadores internacionales. Indiscutiblemente había que hacer referencia a su seguridad, sin la cual
es imposible desarrollar una tarea con garantías y con eficacia. Su presencia en los territorios ocupados (que no en Israel, sino en los territorios ocupados, por ser las zonas de mayor riesgo, más calientes y en las que aquellos aspectos que se
señalan en la proposición no de ley relativos a la violación de los derechos humanos pueden estar más a flor de piel) debe producirse sobre la base del acuerdo de las dos partes; es decir, en base el acuerdo de Israel y de Palestina.



Antes ha citado el diálogo como el denominador común que debe seguirse en la gestión de la crisis y vemos claramente que la presencia de observadores es un símbolo de imparcialidad, de arbitraje y, también, una nueva manifestación, una nueva
expresión, de las muchas que ha habido -la ponente del Grupo Socialista las ha mencionado-, de la voluntad de colaboración de la comunidad internacional. Por tanto, hay que dejar bien claro que se trata de un elemento positivo en el camino hacia la
normalización entre dos culturas, entre dos pueblos, entre dos religiones, si me apura, entre dos civilizaciones que están en el mismo territorio y, en consecuencia, condenadas a entenderse. Las dos deben tener cabida, las dos deben ser capaces de
salir de radicalismos del momento en beneficio de un futuro en paz y en libertad, y las dos, lógicamente, deben ser capaces de garantizarse mutuo respeto en aquellos aspectos que regulan las relaciones internacionales y las relaciones entre
personas; es decir, en el derecho internacional y en los derechos humanos.



Resulta necesaria la convicción por ambas partes, israelíes y palestinos, de que la presencia de observadores internacionales es una apuesta para garantizar el desarrollo de la crisis sobre la base de un reglamento definido, aceptado,
internacional y que fuerce y vaya ciñendo el tema hacia la única arma eficaz y posible, que es el diálogo; por eso en nuestra enmienda hemos querido hacer referencia a este aspecto. En consecuencia,


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y dando por sentado nuestro compromiso con las tesis que han inspirado la presentación de esta proposición no de ley, y a efectos de clarificación y de concreción para el resto de los grupos parlamentarios, nuestra enmienda dejaría el texto
de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el ámbito de la Unión Europea, promueva la presencia en los territorios ocupados de observadores internacionales, con un mandato claro, transparente y público,
encargados de velar por que se respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, siempre y cuando se cumplieran dos condiciones indispensables: que el envío se realice con el acuerdo de todas las partes afectadas, Israel y la
Autoridad Nacional Palestina, y que se ofrezcan las garantías suficientes para obtener la máxima seguridad de los observadores.



Este es el texto que, antes de iniciar la sesión, hemos dialogado con el grupo proponente y creemos que refleja el espíritu de lo que viene siendo una posición unitaria de los grupos en esta Cámara, dando unos matices de concreción y de
actualización acordes al tiempo que corre.



Con el deseo doble de que este texto sea aprobado por todos los grupos y de que algún día esto deje de ser tema de debate y de posicionamiento en esta Comisión, finalizo mi intervención.



El señor PRESIDENTE: Le ruego que nos haga llegar el texto definitivo.



¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.



El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Quiero, con toda brevedad, expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego en este debate.



Como ya hicieron constar intervinientes anteriores, y especialmente la señora proponente, la presencia de observadores internacionales en el marco de este conflicto ha sido solicitada por diversas organizaciones con el fin de vigilar el
respeto a los derechos humanos, que, como es evidente, están siendo gravemente violados, tanto en Israel como en los territorios ocupados. Es verdad que la presencia de estos observadores contribuiría a disminuir el alto número de violaciones de
estos derechos, pero también es muy posible que esta iniciativa que hoy vamos a apoyar no sea viable en la práctica, en tanto que mucho nos tememos que el Gobierno israelí, que es el factor clave en la aceptación de la presencia de estos
observadores, a la luz de actuaciones anteriores, no acepte la presencia de los mismos, porque estamos convencidos de que Israel no quiere testigos incómodos sobre sus actividades, fundamentalmente en los territorios ocupados.



En todo caso, nosotros vamos a votar a favor porque siempre es interesante que este Congreso de los Diputados tenga una posición activa y tome partido por la defensa de algo tan básico como es la garantía, el respeto a los derechos humanos
en el mundo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: La iniciativa que propone hoy el Grupo Socialista es perfectamente oportuna. Ojalá no lo fuera; ojalá fuera uno de esos textos que se presentan en una fecha en el registro del Congreso de los Diputados y que,
pasado cierto tiempo, uno puede intervenir diciendo que es una cosa fuera de lugar y que ya no tiene la actualidad que tenía cuando se presentó. Desgraciadamente no es así y cada día que pasa la necesidad que plantea la proposición no de ley del
Grupo Socialista de intentar tener observadores internacionales sobre el terreno es cada vez mayor. Mi grupo -imagino que ningún grupo de esta Cámara, pero, lógicamente, yo hablo por el mío- no puede considerarse neutral en un conflicto como este
ni querría que nadie nos considerara neutrales. De entrada, nos consideramos tremendamente implicados porque nos afecta muy directamente, nos afecta a todos ver que estamos en una situación de las peores que se han vivido en muchos años, que el
conflicto está absolutamente enconado, viciado, podrido; si se me permite la expresión, está podrido en su raíz más interna, a diferencia de otras ocasiones, en que se percibía algún tipo de luz al final del túnel. No tenemos ninguna duda -y es un
buen momento para reiterarlo- sobre el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos de Israel a la seguridad y a vivir en un Estado con fronteras seguras; sobre el derecho de todos y cada uno de ellos a la vida y a circular y vivir en libertad en
todas las ciudades, sin temer que puedan saltar por los aires por un criminal suicida -no por suicida menos criminal- en un autobús urbano, en una discoteca, en un mercado o en cualquier otra aglomeración. Eso es algo que hay que decir y proclamar
sin matices y con toda contundencia, pero también debemos proclamar en este momento el derecho de los palestinos a vivir; el derecho de cada uno de los ciudadanos palestinos a tener una esperanza de vida, a optar a un futuro, a soñar, si se me
permite la expresión; el derecho a aspirar a vivir en paz en su territorio, a tener seguridad, a poder escoger su propio líder político, a organizarse como comunidad política y cultural, y ese derecho les está siendo negado.



Es profundamente triste percibir que a cada acto irracional de violencia por parte palestina le sigue un acto de violencia, muchas veces injusta, que tiene la aparente legitimidad que le da un Estado. Muchas veces no son más que actos
movidos no por un marco político que intente acercar la paz a una de las zonas más violentas del planeta, sino sencillamente por el deseo de venganza, que no se legitima por el hecho de que sea la


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venganza de todo un pueblo en lugar de la venganza de un individuo. Cuando las decisiones de un gobierno se fundamentan sólo en vengar muertes anteriores, quedan deslegitimadas cada una de esas actuaciones y queda deslegitimado el Gobierno
entero que las toma. Cuando de forma permanente, y nos duele decirlo a aquellos que hemos defendido siempre todos los derechos del Estado de Israel, se deslegitima un gobierno, se está deslegitimando toda la estructura de poder que le sustenta y se
está contribuyendo a la deslegitimación íntegra del Estado completo que justifica esa estructura de poder. Eso debe ser detenido. La comunidad internacional, que es quien legítimamente reconoció y dio a luz al Estado de Israel, que nació por un
voto de las Naciones Unidas y sin cuyo voto hoy no existiría (es muy importante reiterar esto, porque sin el voto de los que entonces formaban la comunidad internacional, hoy no habría Estado de Israel y demasiadas veces se olvida por los propios
ciudadanos de Israel), tiene hoy la obligación moral, y jurídica en el fondo, de intervenir en este conflicto con todos los medios, incluidos los medios coactivos, si finalmente hace falta.



Nosotros apoyamos clarísimamente, sin matices, la necesidad de ese tipo de intervención. Aceptamos que hoy, porque así es como debe plantearse en este momento, pero sin descartar que algún día haya que hacerlo de otra manera, aunque la
correlación de fuerzas nos haga difícil imaginar ese escenario, haya que hacerlo intentando buscar el beneplácito de todas las partes implicadas. Sin duda será difícil enviar observadores internacionales a los territorios ocupados sin el
consentimiento expreso del Estado de Israel y, lógicamente, también de la Autoridad Palestina, que los viene pidiendo y que estará encantada de que estén ahí. Es un buen momento para dejar claro que es posible que algún día haya que hacerlo,
incluso sin el consentimiento expreso, porque nadie tiene derecho a arrogarse el monopolio de la fuerza frente a ciudadanos de otro Estado o incluso frente a los propios ciudadanos sencillamente por vengar sus propias muertes, por ilegítimas,
injustas y crueles que sean todas y cada una de esas muertes, si de esa sucesión de actos políticos de venganza no va a derivar una solución pacífica y estable que traiga la paz.



Bienvenida sea esta proposición no de ley y bienvenidas sean las actuaciones del Gobierno que de ella se deriven. Esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia y ponga en práctica lo que hoy -entiendo que por unanimidad- le vamos a pedir,
que es promover la presencia en los territorios ocupados de observadores internacionales, con un mandato claro, transparente y público. Por tanto, asuman el compromiso no desde la neutralidad, sino el compromiso con los derechos, con los derechos
de unos y con los derechos de otros, llamando criminales a los que lo son y denunciando los actos de violencia, aunque se hagan con uniforme, allí donde se produzcan.



El señor PRESIDENTE: Señora García Manzanares.



La señora GARCÍA MANZANARES: Intervengo para manifestar que estamos de acuerdo con la oferta de enmienda que cambia algunos aspectos desfasados y que hemos consensuado adecuadamente.



El señor PRESIDENTE: Esa enmienda conjunta es la que someteremos a votación.



- RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN UN SUPUESTO ATAQUE MILITAR DE ESTADOS UNIDOS A IRAK. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001579.)


El señor PRESIDENTE: La segunda proposición es la relativa a la posición del Gobierno español en un supuesto ataque militar de Estados Unidos a Irak, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. A esta proposición no de ley hay una
corrección de error y hay también una enmienda de importancia que presenta el propio señor Vázquez, diputado del Grupo Mixto, BNG, porque añade un nuevo punto 3, tercero en el sentido de desestimar la participación de las Fuerzas Armadas en un
eventual ataque militar contra Irak. Va a proceder a su defensa incorporando esta enmienda.



Tiene la palabra el señor Vázquez.



El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Siguiendo esa afirmación de que unos conflictos no deben tapar a otros y en la convicción de que la proposición no de ley que presentamos, aunque fue registrada por el Bloque Nacionalista Galego el pasado 4 de
septiembre, tiene actualidad es por lo que voy a proceder a su defensa. Es verdad que en septiembre, por iniciativa del señor Bush, se reabrió el debate sobre la necesidad, a criterio de los norteamericanos, de atacar militarmente Irak y acabar con
su régimen.
Desde entonces ese debate sigue estando de actualidad porque el Gobierno del señor Bush en ningún momento hizo renuncia pública a llevar adelante este ataque. Al contrario, para mi grupo y para muchos observadores cualificados se hace
evidente que la decisión del Gobierno norteamericano está tomada sin el convencimiento de su propia opinión pública, que cada día, según aparece en los medios de comunicación, se muestra más crítica con esta decisión. Todo ello, a pesar de que Irak
en su momento aceptó una de las condiciones básicas exigidas por Estados Unidos para evitar la intervención militar como era el regreso incondicional de los inspectores de la ONU. Como saben SS.SS., pese a ello, Estados Unidos porfió en la
necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos dictase una nueva resolución, lo que por fin consiguió el 8 de noviembre, la 1441, que establece nuevas condiciones, que hay que decir que nuevamente el Gobierno iraquí aceptó, estando


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en este momento los inspectores de la ONU actuando sobre el terreno, con aparente normalidad según sus propias declaraciones y sin dificultades para cumplir la misión encomendada. También conocen SS.SS. que Irak cumple con otra de las
exigencias entregando el listado de armamento e instalaciones solicitado. Pese a ello, todo el mundo da por hecho que Estados Unidos encontrará cualquier pretexto para llevar adelante sus planes militares y, finalmente, el ataque se producirá,
salvo que exista la suficiente presión de la opinión pública y también de los gobiernos del mundo en sentido contrario. Esto es básico para que este hipotético conflicto tome una dirección u otra.



Es evidente que nuestra posición es conocida, nosotros no creemos que en este momento esté justificado en ningún caso un ataque militar contra Irak. Vuelvo a insistir, porque estoy seguro de que saldrá en el debate, que nada tiene que ver
esta posición con la defensa de un régimen concreto, sino que tiene que ver con la defensa de un marco de relaciones internacionales que no puede estar regido por los intereses o deseos exclusivos de una gran superpotencia. No se puede mantener un
marco de relaciones internacionales civilizado si se rige por los intereses de una potencia hegemónica que en exclusiva, y a veces con el seguidismo acrítico de algunos gobiernos, decide qué régimen es un peligro, quién es demócrata y quién no,
quién es terrorista, quién presta apoyo al terrorismo o no, y así sucesivamente. No se puede utilizar la fuerza, la supremacía militar para imponer al mundo entero un modelo económico y social o un modelo político. Esa vía es inaceptable. No se
puede pasar de la concepción vigente hasta el momento de que la fuerza sólo se puede usar en legítima defensa a la doctrina del ataque preventivo. No se puede hacer añicos la legalidad internacional vigente porque, entre otras cosas, a la larga es
una fuente de peligro y de inestabilidad para todos.



Hay una pregunta que hay que responderse y es si el Gobierno de Irak hoy es una amenaza para los Estados vecinos y aún más una amenaza para el mundo. Existe una convicción generalizada de que no lo es, incluso muchas de las señorías aquí
presentes de las que apoyan al Gobierno así lo creen; solamente el Gobierno español y otros gobiernos parecen apuntalar la posición contraria, la posición de la guerra. Tanto es así que, a pesar de una importante campaña de propaganda de defensa
de esa necesidad de intervención militar, el propio CIS en septiembre de este año recogía algunas conclusiones sobre lo que pensaba la opinión pública española.
Solamente el 8,2 por ciento creía que Irak fuese una amenaza para la paz del Estado
español. Por cierto, resalta esta cifra con que había nada menos que un 19 por ciento de la opinión pública española que sí pensaban que era Estados Unidos la amenaza para la paz, lo cual no deja de ser llamativo. Aún así, el Gobierno sigue
defendiendo que Irak es una amenaza para la paz y la seguridad internacional; sigue defendiendo que es necesario el ataque a Irak y, según dicen los medios de comunicación, está dispuesto incluso a enviar tropas y armamento para cooperar en ese
ataque si Estados Unidos lo decidiese. Nos preocupa mucho esa posición y la rechazamos.



A veces puede que el Gobierno se niegue a oír lo que decimos algunos grupos políticos, pero debería oír a su propia opinión pública y a muchas renombradas personalidades, algunas de ellas con responsabilidad en la vigilancia del embargo
impuesto a Irak o en las inspecciones hechas por la propia ONU en su momento, que se oponen decididamente a la intervención militar. Debería escuchar por lo menos esas voces, ya que no quiere escuchar las nuestras. Es una evidencia casi
objetivable para todo el mundo que el eventual ataque contra Irak no tiene más que una justificación, que es el control geoestratégico y de la producción de petróleo, que es una materia prima capaz de desatar las peores consecuencias -consecuencias
a veces de muerte y destrucción en las que no deberíamos participar- y las peores ambiciones desde el punto de vista económico, que también pueden tener, aunque sea de forma colateral -término que ahora está de moda-, consecuencias en forma de
catástrofes ecológicas, como ya han visto ustedes.



Naturalmente, seguimos defendiendo que Irak debe cumplir las resoluciones de la ONU, pero solamente esas resoluciones; seguimos defendiendo que ese cumplimiento debe vincularse al levantamiento de un embargo que sólo provoca muerte y
desolación entre la población; seguimos defendiendo que deben cesar los bombardeos anglo-norteamericanos mantenidos a lo largo de los años -por cierto, sin que existiese autorización alguna- y, desde luego, seguimos defendiendo que el Gobierno debe
oponerse a esa política impulsada por los Estados Unidos. Ustedes saben que en el pasado hubo otras intervenciones y que mañana será Irak, pero habrá más, porque Irán ya está en el punto de mira. Fíjense ustedes precisamente en el caso de Irán, un
país que fue agredido militarmente en su día por Irak, que sufrió unas consecuencias tremendas por esa intervención militar de los iraquíes y, sin embargo, en este momento también se opone a la intervención militar sobre Irak. También Arabia Saudí
empieza a aparecer en el punto de mira de una manera más difuminada. Por tanto, creemos que hay que parar esta guerra -así lo piensan miles de personas en el mundo- y hay que dar una oportunidad a la paz, pero para parar esta guerra todos tendremos
que cooperar, los ciudadanos y los gobiernos. Por eso demandamos del Gobierno español que tome una posición en ese sentido.
Efectivamente, eso es lo básico en esa cuestión. El Gobierno español debe actuar con independencia, teniendo como norte
primordial la defensa de los intereses de sus ciudadanos -que no ven necesidad alguna de apoyar un eventual ataque contra Irak-, y no estar al servicio muchas veces acrítico y sumiso de los norteamericanos, porque


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corre el riesgo no sólo de tener sobre su conciencia el apoyo a acciones que creemos injustas, sino también de hacer el ridículo, como pasó recientemente con la detención de ese famoso barco portamisiles, cuando el Gobierno recibió la orden
de detención y la orden de liberación, sin tener en el fondo ninguna capacidad práctica de decidir.



Por eso presentamos la siguiente proposición no de ley, que dice textualmente lo que sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: en primer lugar, mantener públicamente y defender en los foros y organismos internacionales una
posición contraria a un hipotético ataque militar de Estados Unidos contra Irak; en segundo lugar, comunicar al Gobierno de Estados Unidos su negativa a permitir el uso de las bases de utilización conjunta en suelo español para este fin, y en
tercer lugar, como decía el señor presidente, desestimar la participación de las Fuerzas Armadas en un eventual ataque militar contra Irak.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: En este caso, a diferencia de lo que he dicho en la anterior proposición no de ley, no comparto el tenor literal de este iniciativa, aunque quizás sí el momento. Habrá ocasión de pronunciarse, como lo hemos hecho
con anterioridad, sobre la posición que tiene que tener el Gobierno español en caso de un eventual ataque a Irak.
Hemos dejado muy claro, y no me importa reiterarlo, que vinculamos todo apoyo a ese eventual ataque a Irak a un incumplimiento por su
parte de la resolución 1441. Apoyamos en su momento que culminara la negociación que dio lugar a dicha resolución, y a partir de ese momento esperamos que toda acción armada, todo uso de la fuerza, toda consecuencia no deseable -como viene a decir
la resolución 1441, si no recuerdo mal- para Irak se derive sólo de un incumplimiento por su parte de las condiciones que ahí se le pusieron. Por tanto, hacer ahora un pronunciamiento abstracto, que ignore el marco de Naciones Unidas y que no tenga
en consideración dónde estamos exactamente, exigiendo que el Gobierno español no se vincule de ninguna manera a una acción armada, nos parece sencillamente inoportuno.
Vamos a esperar y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si los
Estados Unidos intentaran una acción unilateral, España no debería prestar su apoyo a esa decisión, pero no estamos en esas circunstancias y por tanto no acabo de ver la oportunidad de hacer una especie de proclama hoy por parte de esta Comisión de
Asuntos Exteriores que ignore la realidad del momento en el que estamos, que es muy delicada y se va matizando día a día en función de la situación, del análisis de los inspectores de lo que ocurre sobre el terreno y del análisis por parte de los
expertos del informe presentado por Irak. Por tanto, hoy es precipitado hacer algún tipo de proclamación, más allá de seguir prestando nuestro apoyo y nuestra adhesión a los términos de la propia resolución de Naciones Unidas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.



El señor MARÍN GONZÁLEZ: Esta proposición no de ley ha sido ya objeto de varios debates, incluso en sesiones plenarias, en los que se había generado un gran consenso entre todos los grupos, salvo el grupo parlamentario que apoya al
Gobierno, que la rechazó sistemáticamente en sendas votaciones en el Pleno del Congreso.



Nuestra posición respecto a la propuesta va a ser la abstención, porque entendiendo el fondo de su posición, coincidimos con lo que acaba de decir el señor Guardans. Es una proposición no de ley finalista, que anticipa un resultado que está
por ver. En consecuencia, no nos parece que en este momento debamos votarla favorablemente.



A pesar de eso, quiero resumir nuestra posición para que no haya equívocos. En primer lugar, seguimos echando en falta la comparecencia del presidente del Gobierno para informar de la posición del Gobierno, que hemos conocido por
declaraciones dispersas, pero nunca a través de una comparecencia formal. No hemos tenido éxito, pero pensamos que sería muy útil que el presidente del Gobierno compareciera aquí. En segundo lugar, pensamos que la resolución del Consejo de
Seguridad debe cumplirse y los inspectores deben hacer su trabajo sin limitaciones. En tercer lugar, y refiriéndome al momento que estamos viviendo, será el dictamen de los inspectores y no la percepción de la Administración norteamericana quien
deberá determinar si el régimen iraquí cumple o no la resolución.
Este es el punto político central en el que nos encontramos, porque al menos en el plano de las noticias, no sé si con el objetivo de aumentar la presión -eso no nos toca juzgarlo
aquí esta mañana-, el elemento que se está desgranando es la aparente atribución que hace la Administración norteamericana de lo que tiene que ser el dictamen final de los inspectores, cuando tienen que ser los inspectores, en el cuadro del mandato
que han recibido, los que tienen que elevar su informe final, al objeto de que el Consejo de Seguridad pueda determinar si el régimen iraquí cumple o no la resolución.



Seguimos sin estar de acuerdo con las declaraciones del presidente del Gobierno -enfatizo, declaraciones del presidente del Gobierno- de apoyar eventualmente una guerra unilateral fuera del cuadro de Naciones Unidas.
Seguimos manteniendo
esta posición de principio.



Por último, lo que sí me gustaría señalar aquí esta mañana es que esperamos, a pesar de los desmentidos del Gobierno y de una manera particular del ministro


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de Defensa, señor Trillo, que el Gobierno español no haya sido solicitado ni formal ni informalmente a poner capacidades militares en manos de los Estados Unidos para una eventual guerra unilateral. Tenemos confianza en el Gobierno y no se
nos pasa ni por la imaginación que, efectivamente, se hubiera producido esta demanda de capacidades militares porque, insisto, lo que nos han dicho es que ni formal ni informalmente esto se ha producido. Vamos a esperar la respuesta del Gobierno a
este respecto.



En cualquier caso, señor presidente, después del episodio del barco que contenía los misiles se impone la prudencia, no vaya a ser que terminemos descubriendo dramáticamente otra vez -no siendo responsabilidad del Gobierno ni de la Armada
española sino de los Estados Unidos- que este episodio y otros que pudieran producirse en el futuro nos lleven a la conclusión de que somos una especie de objeto instrumental de una estrategia que se nos escapa. Este es un tema serio que apunto y
lo dejo ahí. Nos creemos lo que nos ha contado el Gobierno a pies juntillas, porque de lo contrario estaríamos ante una situación francamente muy delicada.



Sin embargo, aun teniendo simpatía respecto al fondo de lo que propone el colega del BNG, creemos que lo que aporta aquí son elementos finalistas a la crisis. Hay que dejar que los inspectores hagan su trabajo, que estos se eleven al
Consejo de Seguridad y a partir de ese momento se tomarán naturalmente las decisiones que la legalidad internacional y el Consejo de Seguridad pudieran eventualmente aceptar. Eso sí, en el supuesto de que fuéramos al cuadro de guerra unilateral, ya
sabe el Partido Popular que nosotros pensamos que, en cualquiera de los casos, sería necesario que el Gobierno por lo menos informara al Congreso, en el supuesto de que hubiera decidido poner a disposición negadas capacidades militares para este
tipo de decisión.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soravilla.



El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: El señor Vázquez ha injertado sobre los argumentos que ya tenía un tercer punto. La propuesta inicial efectivamente tiene actualidad, pero no en los mismos términos que cuando se presentó el día 4 de
septiembre.



Por una parte, le puedo decir que sentimos las mismas inquietudes que S.S.
por este asunto que es de la máxima importancia, aunque no podemos desde luego coincidir con el análisis que S.S. hace. En todo caso en lo que coincidimos -en esto
coincidimos todos- es en desear que esto no acabe en un conflicto armado. Lo que sí permanece fijo en toda la argumentación es ese cliché antiamericano básico, y yo en este caso, recordando una famosa frase de Winston Chuchill, creo que los
americanos acaban haciendo las cosas bien aunque cometen todos los errores por el camino. En este sentido, el Gobierno no sólo escucha las voces, sino que también desde el principio de este conflicto ha insistido en agotar la vía diplomática
favoreciendo la opción multilateral, visualizándola sobre todo en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, tanto desde el punto de vista bilateral como dentro del marco de algo que nosotros estamos defendiendo constantemente que es la
política exterior de la Unión Europea, una política común. La consecuencia de todo esto -aquí tendría que hacer referencia quizás a lo que se ha dicho desde el Grupo Socialista- es que el presidente ha manifestado reiteradamente en sede
parlamentaria y con mucha claridad la posición del Gobierno que, desde luego, este grupo apoya. En cuanto a la cita que ha hecho de un apoyo eventual a una operación unilateral, precisamente esto se hizo antes de obtener los resultados que gracias
a la presión se consiguieron. Los resultados son que el 8 de noviembre se aprobó, quiero recordar que por unanimidad, la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad, entre cuyos votos se cuenta el de un país árabe. En ella -y quiero insistir sobre
los argumentos del señor Vázquez- se garantiza la soberanía y la integridad territorial de Irak, pero también se le advierte de las consecuencias graves que tendría el incumplimiento, una vez más, de esta resolución.
Además, ésta ha ido seguida por
dos resoluciones, la 1443 y la 1447, referidas al tema de petróleo por alimentos, donde se le otorgan 180 días más a partir del día 5 de diciembre. De esta manera se distingue claramente entre lo que es el régimen dictatorial y autocrático y lo que
es la población que está padeciendo este régimen.



Señor Vázquez, quiero recordarle que las democracias más importantes del mundo que estaban sentadas en la cumbre de la OTAN en Praga apoyaron, sin ninguna duda, el 21 de noviembre pasado esta Resolución 1441 y decidieron que iban a actuar de
modo efectivo si no se cumplía dicha resolución. El Consejo de Copenhague hace muy pocos días ha hecho una declaración en este mismo sentido y el objetivo que se marca es el mismo que la Resolución 1441, despojar a Irak de armas de destrucción
masiva. Hay que seguir ejerciendo la presión sobre Sadam para que cumpla, porque tiene un largo historial de incumplimientos de resoluciones de la ONU y, a pesar de lo que dice, creo que en esto estamos todos de acuerdo.



Usted ha hecho una mención constante a encuestas. Yo tengo una muy reciente del Consejo de Asuntos Exteriores de Chicago donde las prioridades tanto de las poblaciones Estados Unidos como de la Unión Europea coinciden precisamente en
focalizar tres elementos fundamentales en cuanto a peligros que conciben como amenazas: el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva en manos de Irak y el fundamentalismo islámico. Hasta el momento parece que toda esta resolución
se está cumpliendo y el informe se ha presentado en la fecha.
Pero también quiero aquí hacer notar que se ha presentado un informe de 12.000


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páginas que forma parte, yo creo, de la estrategia de Irak, que parte de esos documentos sabemos que ya son informes anteriores del año 1998, lo cual hace dudar un poco de ellos y, desde luego, hay que comprobarlo todo. Tanto la Agencia de
Energía Atómica como la UNMOVIC están desarrollando efectivamente la misión. En este momento hay 23 inspectores que están inspeccionando y a final de año habrá 100. Actualmente habrán inspeccionado unas 20 instalaciones y están previstas más de
1.000. Desde luego hay una serie de elementos de nuevas tecnologías -ya no podemos ver las armas químicas y biológicas como un antrax o una viruela- que permiten otra serie de cosas. Existe material de doble uso y laboratorios móviles. En cuanto
a la capacidad nuclear, se supone, por los datos que tenemos, que si Irak tiene acceso a material nuclear entre uno y cinco años podría tener armas nucleares. La labor es larga y nada fácil.
Personas muy responsables en Estados Unidos están
diciendo que la guerra no es inevitable, sino que depende exclusivamente del cumplimiento por Sadam Hussein de la resolución de la ONU. El problema, vuelvo a repetir, no son tanto los arsenales como el propio desarme, que es lo que se prevé. Sadam
es un peligro potencial, eso lo sabemos todos, y porque tiene capacidad suficiente, y lo sabemos porque, ha desencadenado dos guerras y ya ha hecho uso de las armas químicas.



Hablando de geoestrategia (usted ha hablado de un control estratégico del petróleo y también se ha referido a una zona grande que se conoce como el gran Oriente Próximo), la posesión de estas armas por parte de Irak sí que sería una
desestabilización de toda esa zona. Desde luego, si Irak cumple y hay desarme, no habrá conflicto armado; estoy absolutamente convencido de ello. En todo caso, apoyamos a nuestro Gobierno para que siga esa política sostenida en el tiempo y le
insto a que siga defendiendo el orden internacional, el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y que mantenga su voz unida a la de nuestros socios y aliados de la OTAN.



Con respecto a todo lo demás, como el uso de las bases y las capacidades militares, a mí me parecen que son una hipótesis aunque si existieran habría que evaluar las circunstancias concretas. En todo caso, lo que sí debemos hacer es honrar
nuestros compromisos internacionales que vuelvo a recordar, son la ONU, la Unión Europea, la OTAN y sobre todo los acuerdos bilaterales que tenemos con Estados Unidos. En consecuencia por todo ello, señor Vázquez, votaremos en contra de su
propuesta.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las dos proposiciones no de ley tal como han sido discutidas. En primer lugar, proposición sobre presencia de observadores de derechos humanos en Israel y en los territorios ocupados,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre la que al final han llegado a un acuerdo y que en el propio debate ha sido enunciada adecuadamente. En estas condiciones, sometemos a votación
la proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La segunda es relativa a la posición del Gobierno español en un supuesto ataque militar de Estados Unidos a Irak. Es del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Vázquez, del BNG, con una modificación que ha añadido el propio señor Vázquez. En
esas condiciones se somete a votación.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 15; abstenciones, seis.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



DICTAMEN SOBRE:


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO DE 2002. (Número de expediente 110/000206.)


- CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE 28 DE ENERO DE 1997, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000207.)


- ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA DE 28 DE MAYO DE 1966, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002.
(Número de expediente
110/000208.)


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA SOBRE LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN VARSOVIA EL 21 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000209.)


- ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO ADMINISTRATIVO HISPANO-PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1978, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000210.)


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- CANJE DE NOTAS, HECHO EN LISBOA LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2002, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ARBITRAL PARA EVALUAR LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ESPAÑOLES CUYOS BIENES
FUERON CONFISCADOS EN LA REVOLUCIÓN DE 1974.
(Número de expediente 110/000211.)


- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, RELATIVO AL FONDO FIDUCIARIO UNESCO/ESPAÑA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, HECHO EN PARÍS EL 11
DE SEPTIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000212.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al debate y posterior aprobación de los dictámenes sobre acuerdos. ¿Algún grupo pretende intervenir en alguno de los puntos? (Pausa.)


Señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor presidente. Aunque mi grupo va a votar favorablemente todos, pero desde Coalición Canaria queríamos destacar el punto 5.º, referente al Acuerdo complementario del Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España y la República de Argentina. Dadas las circunstancias difíciles, tanto económicas como sociales que atraviesa la República Argentina, y dado también la cantidad de emigrantes que han venido de Argentina a España
(concretamente en Canarias se está formando una amplia colonia de antiguos emigrantes, incluso hijos, nietos, descendientes de emigrantes españoles que fueron a Argentina tanto desde otras partes de la Península como desde Canarias), quiero dejar
constancia aquí de que estamos totalmente favor de este convenio de Seguridad Social.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Pues en ese caso procederé a leer el acuerdo, preguntaré los votos a favor, en contra y abstenciones, y diré el resultado de la votación.



Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 25 de junio de 2002.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile de 28 de enero de 1997, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina de 28 de mayo de 1966, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la regulación y ordenación de los flujos migratorios entre ambos Estados, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo hispano-peruano de la Seguridad Social de 24 de noviembre de 1978, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Canje de notas, hecho en Lisboa los días 8 y 9 de octubre de 2002, constitutivo de acuerdo entre España y Portugal sobre creación de una comisión arbitral para evaluar las indemnizaciones correspondientes a los españoles cuyos bienes fueron
confiscados en la Revolución de 1974.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, relativo al fondo fiduciario UNESCO/España de cooperación para el desarrollo, hecho en París el 11 de
septiembre de 2002.



Efectuada la votación, dijo.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Consumido el orden del día y deseándoles felices Navidades, se levanta la sesión.



Era la una y diez minutos de la tarde.