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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 620, de 11/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 620
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 39
celebrada el lunes, 11 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
- Debate y votación de la solicitud de comparecencia urgente de don Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica de España, S.A., para informar sobre diversas cuestiones en relación con la adquisición del 25 por ciento de las acciones de
Antena 3 Televisión, S.A. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000425.) ... (Página 20332)
- Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica (Morenés Eulate) para informar sobre las líneas de actuación de su Secretaría de Estado. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001175.) ...
(Página 20340)
Preguntas:
- De la señora Díez de Baldeón García (Grupo Palamentario Socialista), sobre uso que se pretende dar a los edificios ocupados actualmente por los centros de humanidades y ciencias sociales dependientes del Centro Superior de Investigaciones
Científicas, CSIC. (Número de expediente 181/003038.) ... (Página 20360)
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), acerca de las previsiones sobre la aprobación del estatuto del becario de investigación que contemple sus derechos laborales y sociales. (Número de expediente 181/003035.) ...
(Página 20363)
- Del mismo señor diputado, sobre previsión de los gastos militares o de defensa en I+D+I previstos en los prósimos cinco años dentro de la Función 54. (Número de expediente 181/003036.) ... (Página 20364)
- Del mismo señor diputado, sobre la deuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el pago de cuotas internacionales a organismos y centros de investigación europeos. (Número de expediente 181/003037.) ...
- De la señora Palma i Muñoz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de los acuerdos necesarios para instalar en Cataluña el sintetizador de partículas sincrotrón. (Número de expediente 181/003046.) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA URGENTE DE DON JUAN VILLALONGA, EX PRESIDENTE DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., PARA INFORMAR SOBRE DIVERSAS CUESTIONES EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN DEL 25 POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE
ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A., A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000425.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar la Comisión de Ciencia y Tecnología con el debate y votación de la solicitud de comparecencia urgente de don Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica de España, S.A., para informar sobre diversas
cuestiones en relación con la adquisición del 25 por ciento de las acciones de Antena 3 Televisión, S.A.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señorías, el 23 de julio de 1997, el presidente de Telefónica, entonces don Juan Villalonga, alcanzó un acuerdo con don Antonio Asensio para comprar el 25 por ciento de las acciones que este último poseía en Antena
3 Televisión. Era un acuerdo por el que Telefónica pasaba a controlar la gestión de Antena 3, que fue seguida de otra serie de compras hasta alcanzar el 49 por ciento de las acciones que hoy todavía están en posesión de Telefónica. El acuerdo no
era la primera operación de la Telefónica de Juan Villalonga en el sector de los medios de comunicación, en el que había irrumpido anteriormente con la creación de Vía Digital, una plataforma de televisión de pago por satélite.
Tampoco fue la
última, porque las incursiones de Telefónica en España y fuera de España se mantuvieron durante bastantes años después. Fruto de ello se realizaron operaciones tan discutibles como la compra de Endemol.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó, con fecha 14 de agosto de 1997, una petición de comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras del presidente de Telefónica, don Juan Villalonga, para que explicara la compra de Antena 3 a la
que he hecho referencia. Se trataba de informar aquí, en el Parlamento, sobre algunos aspectos controvertidos de dicha compra, en concreto, los objetivos de la adquisición del 25 por ciento de las acciones, la comunicación remitida a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores según la cual Telefónica asumiría el control absoluto de dicha cadena de televisión, los planteamientos de la compañía Telefónica en relación con las decisiones acordadas por aquellos días por la Comisión Europea
sobre la presencia de los operadores de telecomunicaciones en canales de televisión y, finalmente, la relación existente del Gobierno con dicha operación de compra, una relación evidente, entre otras cosas, porque hubo que modificar la normativa de
las televisiones privadas para que Telefónica sobrepasara el 25 por ciento de las acciones en Antena 3, un tope establecido por ley en el momento de la compra a la que vengo haciendo referencia, algo que el presidente de la compañía, don Juan
Villalonga, ya tenía claro por esos días, meses antes de producirse la modificación legal en este Parlamento, como siempre a través de la ley de acompañamiento, cuando explicó a los bancos poseedores de las acciones de las que se haría cargo después
Telefónica la operación que estaba diseñando. Así constaba, y por eso se pedía aquí la presencia del presidente de la CNMV, en el folleto que Telefónica envió a la CNMV, donde ya anunciaba que se iba a hacer con el control de la gestión, un anuncio
que claramente en aquel momento desbordaba las posibilidades de la legalidad vigente. Don Juan Villalonga estaba, por tanto, al día de las previsiones del
Gobierno en relación con esta materia, porque era el Gobierno finalmente quien estaba impulsando la operación de compra de Antena 3 que estaba diseñando el presidente de Telefónica.
Al margen de estos aspectos controvertidos y controvertibles de la compra de Antena 3 por parte del presidente de Telefónica, pretendíamos que explicara en esta Cámara su política en relación con los medios de comunicación, como ya he
expresado ahora y como hoy no se le escapa absolutamente a nadie, una política auspiciada directamente desde el Gobierno, inmerso en aquellos días en una batalla por el control de los medios de comunicación; una batalla en la que el Gobierno
-quiero recordar brevemente en esta Comisión- utilizó todos los medios a su alcance: la inspección de telecomunicaciones, la fiscalía, los propios tribunales, incluso este Parlamento no se libró de entrar en aquella batalla por el control de los
medios de comunicación.
¡Qué lejos, por cierto, y qué ridículos quedan, vistos con la perspectiva que da el tiempo, aquellos debates terribles en esta Cámara en relación con el simulcript y el multicript ¿Se acuerdan, señorías? ¿En qué quedó aquello? En nada.
Para ser exactos, en nada no, en una regañina de la Unión Europea que nos obligó a cambiar una ley a los pocos meses de haberla aprobado en este Parlamento. ¡Qué ridículos quedan aquellos debates! ¡Qué ridículo queda el debate de la ley del fútbol!
¿Se acuerdan del interés general? Aquello no resultó baldío, hoy pagamos por el fútbol mucho más de lo que hemos pagado nunca en España, hoy vemos muchos menos partidos en abierto. Qué debates tan fantásticos los que tuvieron lugar en esta Cámara,
qué ridículos quedan, qué sobrepasados por los tiempos, qué inútiles fueron y qué batalla tan perdida por el Gobierno.
El hecho es que la Mesa del Congreso rechazó, el 3 de septiembre y el 4 de octubre de 1997, la petición del Grupo Parlamentario Socialista. El argumento era que se trataba de una empresa privada y que el presidente de una empresa privada no
tenía por qué comparecer en este Parlamento. El Grupo Parlamentario Socialista recurrió en amparo al Tribunal Constitucional y éste, en una reciente sentencia de hace unos días, ha venido a darnos la razón, o dicho en palabras del propio tribunal:
la Mesa del Congreso, con su decisión, con su rechazo arbitrario a admitir la comparecencia de don Juan Villalonga, ha causado -dice el Tribunal- una lesión en los derechos de los diputados socialistas, impidiéndonos el ejercicio de un derecho
fundamental a desarrollar en esta Cámara, nuestra función de control al Gobierno, un derecho que debemos desarrollar según la sentencia, sin impedimento alguno, un derecho directamente amparado por el artículo 23 de la Constitución española.
Más allá de otras consideraciones de la sentencia que no vienen al caso, sí resulta relevante, señor presidente, hacer brevemente una referencia aquí con relación al concepto que el Tribunal Constitucional tiene de lo que se denomina empresa
privada a los efectos de control en esta Cámara.
En este sentido la doctrina no deja lugar a dudas: la comparecencia del presidente de Telefónica es pertinente, ya que esta empresa tiene una relación directa con la Administración muy visible en
este caso, Telefónica, para la que el Gobierno estableció en el momento de su privatización la acción de oro, y más visible todavía por el hecho de que las tarifas de Telefónica aún hoy en día son aprobadas por el propio Gobierno. La conclusión del
Tribunal Constitucional no puede ser más clarificadora. La comparecencia del presidente de Telefónica era y es parte de la actividad de control al Gobierno que corresponde a esta Cámara y viene directamente amparada por el artículo 44 del
Reglamento que rige el funcionamiento de este Congreso de los Diputados.
Estamos hoy aquí, señor presidente, ante un debate que debía haber tenido lugar hace cinco años. Estamos, sin embargo, exactamente en el mismo supuesto material que ha amparado el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia. Estamos
ante una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que se incardina plenamente dentro de las legítimas funciones que corresponden a este Parlamento, y singularmente al grupo parlamentario mayoritario de la oposición, que es el control de la
acción del Gobierno. Señorías, quiero añadir algo más. Es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional es declarativa a efectos del caso concreto, puesto que la iniciativa ha decaído lógicamente al acabar la legislatura, como sucede con
todas las iniciativas pendientes en esta Cámara, pero, señorías, los derechos que nos asisten no han decaído. La iniciativa es posible, pero los derechos que el Tribunal Constitucional nos ha reconocido en su sentencia, esos derechos no han
decaído. La doctrina del Tribunal Constitucional debe ser aplicada y obliga a todos los poderes públicos conforme al artículo 87 de la Ley reguladora del Tribunal. Es al amparo de esos derechos -repito una vez más- que nos otorga la Constitución y
que la Mesa del Congreso vulneró en la anterior legislatura, por lo que solicitamos la comparecencia de don Juan Villalonga, para que explique en esta Cámara la compra de Telefónica de un 25 por ciento de Antena 3. Si el Grupo Parlamentario Popular
impide con su mayoría la comparecencia del presidente de Telefónica estaría, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, vulnerando nuestros derechos, impidiendo la legítima actuación de control que corresponde a esta Cámara y que forma parte de la
esencia misma de la democracia, estaría vulnerando la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional porque estaría aprovechando la mayoría para quitar derechos a la minoría, unos derechos tan importantes como son, repito, los que se
corresponden con la actividad de control al Gobierno.
Añadiré algo más -y termino, señor presidente-, desde el momento en que Antena 3 fue comprada por Telefónica hasta el momento en el que estamos, las
razones para solicitar la comparecencia no han hecho sino aumentar, porque hoy sabemos que la aventura digital que, de la mano del Gobierno, emprendió el entonces presidente de Telefónica ha originado fuertes pérdidas a nuestro primer
operador, a la compañía Telefónica de España.
¿Han reparado, señorías -seguro que algunos de ustedes sí-, que los casi 200.000 millones de pesetas que Telefónica ha recibido por el aumento de la cuota de abono que el Gobierno ha aprobado y los
españoles hemos pagado se corresponden prácticamente de forma exacta con las pérdidas que vía digital ha originado en la cuenta de resultados de Telefónica? ¡Qué paradoja, señorías! Los usuarios del teléfono, las familias españolas han acabado
pagando, con la subida en las cuotas de abono, las aventuras digitales y mediáticas de Telefónica, aventuras, repito una vez más, que hoy, nadie pone en duda, fueron inspiradas por el Gobierno y que queremos que aquí don Juan Villalonga nos confirme
en su comparecencia. Las incursiones de Telefónica en los medios de comunicación, amparadas, sugeridas, promovidas por el Gobierno con el afán de controlar a los medios de comunicación, las han acabado pagando las familias españolas en forma de
subidas de las cuotas de abono y, por supuesto, los accionistas de Telefónica. Bien es cierto que ante los accionistas tiene que dar cuenta el presidente en sus juntas de accionistas, no es el trabajo de este Parlamento, pero, en la medida en que
las tarifas las ha fijado el Gobierno, en que la cuota de abono la ha subido el Gobierno y en que el presidente de Telefónica lo nombró el Gobierno, corresponde a este Parlamento establecer la actuación de control sobre esas operaciones mediáticas,
ruinosas para la compañía, que han acabado afectando al bolsillo de todos los españoles, por supuesto al de los accionistas de Telefónica. Por eso presentamos hoy la comparecencia, porque queremos que se repongan nuestros derechos y porque creemos
que esa comparecencia está hoy más justificada que nunca en razón de los datos que acabo de dar.
Señoras y señores diputados, es evidente que si el Grupo Popular se opone hoy a esta comparecencia no sólo estaría impidiendo el derecho que nos asiste a los parlamentarios, no sólo estaría impidiendo la normal actividad de control de esta
Cámara que nos asiste a los parlamentarios y que ha sido ratificada plenamente en la sentencia del Tribunal Constitucional sino que no tendríamos más remedio que inferir que lo que estaba tratando de hacer es ocultar ante esta Cámara los efectos
desastrosos de una serie de decisiones de Telefónica, con su presidente a la cabeza, en relación con los medios de comunicación. Estaría tratando de impedir la comparecencia del presidente de Telefónica, don Juan Villalonga, cuyos méritos, por
cierto, para ser presidente de Telefónica se limitaban, por muy importantes que puedan serlo sentimentalmente, a haber sido el compañero de pupitre del presidente del Gobierno, señor Aznar, en sus años de colegio.
Señorías, las responsabilidades políticas de un mal nombramiento no terminan con un cese, por muy oscuro que sea ese cese y por muy bien acompañado que vaya de unos generosísimos salarios de tramitación en forma de stock options y no sólo de
sotck options. Y eso es lo que discutimos aquí, señorías. Estamos hablando del control del Gobierno, del control de una empresa que depende del Gobierno, del control del presidente de una empresa nombrado directamente por el presidente del
Gobierno y cesado por el presidente del Gobierno, del destino del dinero de Telefónica, del destino de las cuotas de abono y de las subidas que han pagado las familias para hacer frente a los errores que en la cuenta de resultados de Telefónica
supuso estas aventuras mediáticas.
Estamos discutiendo algo más hoy aquí. Estamos hablando de reponer un derecho vulnerado por esta Cámara. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional le dice a la Mesa de la Cámara que ha vulnerado un derecho fundamental de los
parlamentarios. Quiero decir, señor presidente, señoras y señores diputados, que la mayoría del Partido Popular que impuso esa vulneración de un derecho en la Mesa del Congreso de los Diputados a sabiendas de que lo vulneraba, ha cometido dos
errores. Un error que el Tribunal Constitucional ya ha sancionado porque ha vulnerado los derechos de unos parlamentarios, y otro muy importante y es que ha hecho un flaco favor a la imagen y a la dignidad de esta Cámara. ¿Qué pensarán los
ciudadanos cuando vean que el Tribunal Constitucional tiene que reponer los derechos de los parlamentarios en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pensarán de esta Cámara? Señorías, hoy, si aceptamos aquí, como pide el Grupo Parlamentario
Socialista, la comparecencia del señor Villalonga, si reponemos los derechos de los parlamentarios socialistas, estaremos haciendo un doble favor a esta Cámara. Desde luego, a los derechos de los parlamentarios, derechos que deberíamos compartir
todos (los que están en el Gobierno y los que están en la oposición), pero también a la dignidad de esta Cámara, que vería cómo se reponen esos derechos, reposición de la que sólo puede salir una ventaja para la imagen del Congreso.
Señoras y señores diputados, espero que el Grupo Parlamentario Popular reflexione sobre eso. Estamos solicitando la reposición de unos derechos, pero, sobre todo, estamos tratando de reponer la dignidad de una Cámara que ha sido revolcada
en el Tribunal Constitucional en algo tan serio como los derechos de sus parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición? Tiene la palabra la señora Urán, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: De manera muy breve, señor presidente, voy a empezar por donde ha terminado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Congreso de los Diputados junto con el Senado es el Parlamento de esta nación y se supone -y suponen así todos los ciudadanos- que es el máximo exponente de la democracia del Estado español. Pues bien, señorías, esa democracia, la
democracia de la que nosotros tendríamos que ser ejemplo, se ha visto vulnerada, se ha visto conculcada por una decisión que adoptó la Mesa de esta Cámara en la legislatura pasada y cuya sentencia a favor de quienes solicitaron su amparo se vio
refrendada hace pocos días por el Tribunal Constitucional diciendo clarísimamente que se había vulnerado un derecho; el derecho que tenían los parlamentarios del Grupo Socialista a solicitar una comparecencia y, por tanto, también a controlar al
Gobierno y a aquellas empresas que todavía no eran totalmente privadas.
La solicitud de comparecencia que discutimos hoy, además de hacer ese control que no se pudo hacer en su momento, y cuyas explicaciones ya ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pretende restituir el derecho que se vio
conculcado en su momento. Le haríamos un flaco favor a la democracia y, desde luego, a la representatividad de esta Cámara, si esta Comisión no aprobara hoy la solicitud de comparecencia y permitiera que el entonces presidente de Telefónica
compareciera para dar las explicaciones que se considerasen oportunas, según la solicitud que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de esta comparecencia, para
restituir el derecho de control que nunca se tenía que haber visto vulnerado en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Por una parte, lamento que se celebre esta sesión en el día de hoy y, por otra, agradezco que estemos reunidos en torno a la petición del Grupo Parlamentario Socialista. Lo lamento porque esta iniciativa no tiene
más finalidad que la de crear un clima de opinión respecto a una serie de decisiones. El Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer ver a la sociedad que se tomaron sin ningún control, sin transparencia, por intereses particulares de un partido
político, pero no se da cuenta el señor Pérez Rubalcaba de que hemos pasado la etapa; los ciudadanos lo saben, su partido también lo sabe, aunque le cuesta reconocerlo y aceptarlo. Lo cierto es que si vemos las encuestas que se realizan
permanentemente, por ejemplo, en temas como la corrupción, amiguismo y otras cuestiones similares, el 0,4 por ciento de los entrevistados tiene alguna preocupación por esa cuestión. Es verdad que algunos días las encuestas captan una preocupación
mayor y llegan hasta el 0,8 por ciento. Esa es la situación real y, como digo, el Grupo Parlamentario Socialista lo sabe, es una estrategia de partido como cualquier otra, y trata de crear una situación muy distinta. Estamos hablando de una
empresa privatizada.
Me sorprende que el señor Pérez Rubalcaba, que es el portavoz del grupo parlamentario y en su día fue el ministro encargado de estas cuestiones, plantee que una empresa privatizada no pueda adoptar una serie de decisiones -lo reconoce y así
es-, que tiene que rendir cuentas ante su junta de accionistas y su consejo de administración. Dicho sea de paso, estamos hablando de una privatización de la que ya se ha hablado en las Cortes; estamos hablando de unas comparecencias, como tendré
oportunidad de comentar a continuación, que ya se han realizado en esta Cámara; y estamos hablando de una empresa privatizada con total transparencia. Es verdad que hemos pasado etapa en esa cuestión, y antes las empresas cuando se privatizaban no
todas tenían la necesidad de un acuerdo del Consejo de Ministros, no había órganos independientes que velaran por la transparencia del proceso, no se realizaban controles específicos, no había control parlamentario y no comparecían los gobernantes a
las Cortes a explicar cuál era la cuestión. Es verdad que estamos hablando de una empresa privatizada de manera muy diferente, porque, como digo, atrás quedan una forma de actuar y de gobernar -por cierto, últimamente conmemorada en el acto de los
20 años de Gobierno socialista- y procesos salpicados de oscurantismo, de sospechas, cuando no, de escándalos.
Podríamos hablar muchísimo sobre esas cuestiones. Lo cierto y lo más espectacular de esta cuestión es que el señor Pérez Rubalcaba, el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mantenga que Telefónica, una compañía privada, no pueda realizar operaciones de compra de medios audiovisuales, operaciones que entran dentro de su estrategia como grupo político. Me gustaría saber si el
señor Pérez Rubalcaba quiere que comparezcan también en esta Cámara todos los presidentes de empresas privadas en materia audiovisual que tienen previsto llevar adelante alguna operación. Lo digo porque estamos hablando de una empresa privada que
ha sido privatizada con todas las garantías, con toda la transparencia y con todo el control que tiene que haber. Es importante destacar que los procesos de privatización siempre se han hecho, en todas las etapas, no son que se hayan empezado a
hacer a partir del año 1996, sino que siempre se hicieron, lo que pasa es que se hacían en condiciones diferentes. Ahora se hacen en todos los casos con autorización del Consejo de Ministros. No se trata de negociaciones sobre la mesa, como
ustedes saben que se hacía anteriormente. Se realizan informes externos de evaluación: se elabora un dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que también se creó por el Gobierno del Partido Popular; se hace una auditoría de la
Intervención General de la Administración del Estado sobre cada operación; se fiscaliza por el Tribunal de Cuentas y se hacen controles en el Parlamento. En esta Cámara han comparecido en multitud de ocasiones los ministros y los altos cargos de
la Administración para hablar sobre distintas cuestiones referidas a
la privatización de la compañía Telefónica, que es hasta donde estas Cortes deben intervenir, hasta que la compañía se convierte en una empresa privada. También se creó una subcomisión del seguimiento de las privatizaciones que ha
funcionado y ha elaborado un dictamen importante.
Digo importante porque se aprobó por la mayoría de esta Cámara, como también se aprobó -y tendré ocasión de referirme ahora brevemente a ello- la decisión de la Mesa. Les recuerdo -porque si no
estaríamos hablando de una falsedad- que cuando adoptaron la decisión de la subcomisión de privatizaciones y de la Mesa estábamos en la legislatura anterior. En la legislatura anterior el Grupo Parlamentario Popular tenía una mayoría minoritaria,
es decir, por sí solo no hubiera podido aprobar ese informe de la subcomisión, por sí solo no hubiera podido adoptar una decisión en la Mesa. Esto quiere decir que otros grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de los grupos parlamentarios
de esta Cámara que, como todos los demócratas sabemos, corresponden a la decisión que han adoptado los ciudadanos en las elecciones, estimó, por un lado, que las privatizaciones se habían realizado de manera ejemplar -y tenemos aquí la documentación
que lo corrobora, que es el dictamen que se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados- y, por otro lado, adoptó una decisión en la Mesa que fue recurrida por su grupo parlamentario.
Trata usted de mezclar una serie de cuestiones que hemos tenido ocasión de discutir en la Comisión de Ciencia y Tecnología en otras comparecencias y en otros foros diferentes. Repito que S.S. trata de mezclar lo que nunca se puede mezclar.
Me imagino que usted no pretende que los grupos que se dedican a las empresas privadas, que se dedican a hacer ofertas de medios de comunicación comparezcan en las Cortes, solamente quiere que comparezca Telefónica. Le recuerdo que hay algunas
empresas públicas que en su día no se privatizaron -y usted sabe muy bien de lo que hablo- pero que recibían indicaciones, órdenes de lo que tenían que hacer que en ese caso beneficiaban expresamente a alguna empresa privada. Esa era otra etapa.
Ahora estamos hablando de una empresa privada y usted trata de crear el clima ante la opinión pública de que Telefónica está controlada por el Gobierno, cosa que es falsa; de que Telefónica tuvo una persona al frente que trataba de actuar en
beneficio del Gobierno, cosa que es falsa, porque mucho más fácil nos hubiera sido, como se hacía en otras etapas y ustedes no hubieran podido decir nada, mantenerla directamente como empresa pública, poner a una persona que obedeciera las órdenes
del Gobierno y que apoyara al grupo de comunicación que a nosotros nos interesara en cada momento, como se había hecho permanentemente. Eso ya no cabe en la mente de los ciudadanos. Una falsedad que tengo que aclarar es que S.S. dice que la cuota
de conexión de Telefónica se le ha subido a los ciudadanos para pagar el gasto que se ha ocasionado en materia de medios audiovisuales. Esto es falso y usted lo sabe. Usted sabe que a nuestro grupo y al Gobierno no le hubiera gustado tener que
subir esa cantidad a los ciudadanos. Sabe S.S. que es una decisión de la Unión Europea que nosotros no podemos dejar de cumplir. Por eso se ha subido la cuota de abono a los ciudadanos. Pero usted también sabe que a los ciudadanos las cuentas
les salen de manera más positiva. Hablando de lo que significa la privatización de Telefónica y del éxito que ha supuesto la oferta pública de venta de acciones, tengo que decir que 1.200.000 familias -hecho que a usted se le olvida siempre- hoy
son propietarias de Telefónica, lo cual quiere decir que un poco de respeto nos debe merecer.
También es verdad que los resultados empresariales son bastante buenos y que los resultados para los consumidores -y ahí está la falacia que trata de
plantear- son buenos. Las llamadas provinciales se han reducido en un 40 por ciento; las llamadas interprovinciales en un 64 por ciento; las llamadas internacionales en un 49 por ciento, y las llamadas de fijo a móvil en un 38 por ciento.
Además, el número de móviles ha pasado de 900.000 a 31 millones en esta etapa. ¿Esto quiere decir que ha evolucionado le telefonía? Sí. ¿Quiere decir que los precios se han abaratado? No tengo la menor duda porque si no 31 millones de personas
no se hubieran comprado teléfono móvil. Hace seis años el teléfono móvil era un artículo de lujo; hoy, 31 millones de personas utilizan permanentemente el teléfono móvil. ¿Es verdad que cuesta dinero? Es verdad. ¿Es verdad que nos gustaría que
el teléfono fuera más barato? A nuestro grupo parlamentario el primero, lo que pasa es que hay que ser un poco riguroso con las cuestiones. Lo cierto es que las facturas telefónicas medias de los ciudadanos están bajando, salvo -y tiene usted
razón señor Pérez Rubalcaba- la del señor que no usa el teléfono jamás.
La persona que tiene un teléfono en su casa y que sólo paga la cuota de conexión y no usa el teléfono absolutamente para nada va a ver incrementada su factura telefónica;
ahora bien, cualquier persona que tenga un teléfono en su casa y lo utilice de forma medianamente normal, para lo que se utilizan los teléfonos, para hablar, para comentar, para llamar a algún amigo o a algún familiar, sin duda va a ver que la
factura telefónica se ha reducido. Por tanto, no trate de mezclar unas cuestiones con otras porque no tiene sentido.
Decía al principio de mi intervención que lamentaba la comparecencia, pero también me alegraba y la parte que me produce satisfacción viene dada porque tengo la oportunidad de decir que ustedes han manipulado -si me lo permite- de manera
vergonzosa una decisión del Tribunal Constitucional.
Durante este último mes leemos y escuchamos que el Partido Socialista dice que el Tribunal Constitucional ordena la comparecencia de los presidentes de empresas privatizadas, en este caso del ex
presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y de varios ministros, lo cual es rigurosamente falso. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que usted
mismo reconoce que es meramente declarativa, ha dicho que la petición suya de entonces se debería haber admitido a trámite; que se debería haber admitido a trámite, pero que, en cualquier caso, antes -en su día- y ahora la decisión
corresponde a la mayoría parlamentaria de esta Cámara.
Por tanto, el Tribunal Constitucional no ordena la presencia de nadie y lo único que hace es sostener que la Mesa debió admitir a trámite esa petición. La propia sentencia dice que las
comparecencias se tienen que decidir, por mayoría, en esta Cámara, y por eso estamos hoy aquí, porque la Mesa ha admitido a trámite su comparecencia y en la Comisión votaremos y decidiremos mayoritariamente si consideramos oportuno que comparezca el
señor Villalonga. Luego, esto no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen. Además, el Tribunal Constitucional no sólo no obliga a celebrar la comparecencia, sino que cierra la posibilidad de que se celebre esa comparecencia en la actualidad.
Por otra parte, el señor Villalonga ya ha comparecido: en la Comisión de Infraestructuras y, después de la interposición del recurso, los días 25 y 26 de marzo de 1999, compareció en el Congreso ante la subcomisión que estudiaba las
privatizaciones. Las comparecencias se celebraron; otra cosa distinta es que algunos grupos parlamentarios no quisieran asistir a las mismas. Como digo, la comparecencia se celebró en la subcomisión de privatizaciones, que después emitió un
informe que fue aprobado por la mayoría de la Cámara. Repito que la comparecencia del señor Villalonga se ha producido en este Parlamento en dos ocasiones: en una, en la Comisión de Infraestructuras, para informar de la política general de la
compañía Telefónica y, en otra, para hablar de la privatización de Telefónica.
Segunda falsedad que ustedes mantienen porque lo cierto es que si hay un problema de incomparecencia, aquí, si alguien no compareció, fue el Grupo Socialista; desde
luego, Juan Villalonga compareció en esta Cámara en la subcomisión de privatizaciones. Esa es la verdad, señorías. Ustedes se pueden molestar -espero que no-; esa es la verdad y no los titulares de prensa que, con suerte, provocan algunos días.
Podríamos hablar de muchísimas cuestiones más, pero como el presidente no me lo permitiría y tampoco creo que tenga lugar, diré que lo cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional lo único que manifiesta es que se tenía que tomar
en consideración la petición del Grupo Parlamentario Socialista y por eso se vulneraron los derechos de un determinado grupo parlamentario. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí y no quiere decir que la Cámara tenga que adoptar la
decisión que ustedes quieren porque, que yo sepa, ustedes no son la mayoría de la Cámara, no tienen la confianza mayoritaria de la sociedad.
Por tanto, será esta Cámara, esta Comisión en este caso, la que decida.
Hay que ser absolutamente
respetuoso con la decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados, en este caso de la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque tenemos la representación de los ciudadanos, la representación mayoritaria y si nosotros en nombre de los ciudadanos
con nuestras intervenciones, decidimos que no procede la comparecencia del señor Villalonga en estos momentos porque ya ha comparecido, porque ya no es presidente, porque ya compareció en esta Cámara y porque las actuaciones que ustedes demandan son
propias de un consejo de administración y de una junta de accionistas de una compañía privada, eso se merece todo el respeto y no se merece, desde luego, que su grupo parlamentario diga que la sentencia ordena, pide, exige o manda la comparecencia
de ninguna persona en esta Cámara. Repito, la sentencia dice expresamente que son las Cortes Generales en su autonomía las que tienen que decidir mayoritariamente si quieren que se celebre o no esa comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, sea usted breve.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Una réplica breve, señor presidente. No se pongan ustedes nerviosos. (Un señor diputado: ¡No nos ponemos nerviosos!) Yo creo que sí. (Risas.)
En 30 segundos le diré a la señora Mato que no es el momento de discutir sobre tarifas telefónicas. Es verdad que usted ha hecho aquí unas afirmaciones que no se sostienen. Eso de que no le ha subido el teléfono salvo a aquel que no lo
utiliza para nada no es verdad; el teléfono le ha subido a todo aquel para el que la cuota de abono es una parte relevante de su factura telefónica y eso no significa que no lo utilice, sino que lo utiliza razonablemente. Yo le diría que es al
revés: sólo se ha beneficiado de la bajada del teléfono el que llama mucho, pero no el que llama poco o de forma moderada. Pero ese no es el debate. ¡Claro que hay un debate sobre la cuota de abono! Un debate que tiene números. Señora Mato, a
Telefónica la subida de la cuota de abono que el Gobierno del Partido Popular ha aprobado en estos cuatro años le ha supuesto 200.000 millones de pesetas más de ingresos. Señora Mato, Telefónica ha perdido en Vía Digital 200.000 millones de pesetas
en cuatro años. Ese es el debate y como parece -hasta donde yo sé- que las cuentas de resultados de las compañías se cuadran por ingresos y gastos, si resulta que ha tenido 200.000 millones de pérdidas por la aventura digital que el Gobierno
encomendó a don Juan Villalonga y ha tenido una subida de ingresos por el aumento de la cuota de abono que el Gobierno ha puesto a las familias españolas, pues verde y con asas. Las familias españolas han enjugado en las cuentas de resultados de
Telefónica las pérdidas correspondientes a la aventura digital que el presidente don Juan Villalonga emprendió por indicación del Gobierno de la nación. Esa es la realidad en términos de balance de Telefónica.
Respecto al debate jurídico, señor presidente, ya he dicho que no puede reponer el derecho porque ha acabado la legislatura -lo dice la sentencia-; si la legislatura no se hubiera acabado estaríamos en otra discusión. Pero lo que está
claro es que ustedes no nos pueden quitar con una mayoría parlamentaria los derechos que la sentencia reconoce a los parlamentarios. Lo que discutimos hoy es, primero, si se reponen esos derechos -yo creo que se debe hacer- y, segundo, si -y léase
usted bien la sentencia- Telefónica y el presidente de Telefónica tienen que comparecer o no en esta Cámara. En estos extremos la sentencia es taxativa. En la medida en que Telefónica tiene una dependencia del Gobierno, Telefónica tiene que
comparecer en esta Cámara cuando lo pida la oposición o el grupo parlamentario mayoritario para dar cuenta de su actividad como parte esencial del control del Gobierno que corresponde a este Parlamento. Por tanto, si usted hoy vota que no, está
haciendo dos cosas al tiempo: primero, negarnos la reposición de unos derechos y bien podría hacer el Grupo Parlamentario Popular lo contrario por respeto a los propios parlamentarios, a esta Cámara y para reponer la dignidad de este Parlamento que
una mayoría parlamentaria hizo que el Tribunal Constitucional tuviera que reponer -¡menuda imagen han dado ustedes!- y, en segundo lugar, está usted negando la posibilidad que tenemos los parlamentarios socialistas de pedir una comparecencia del
presidente de Telefónica, algo que nos parece relevante. Este es el tercer tema que quiero tocar rápidamente. ¿Es relevante o no lo es? Yo le digo que era relevante hace cinco años, que este debate tenía que haber tenido lugar hace cinco años si
ustedes no lo hubieran impedido en la Mesa del Congreso. Pero hoy es todavía más relevante -eso es lo que he dicho- y no me entienda usted mal ni saque las palabras de contexto. Telefónica puede hacer lo que quiera porque es una empresa privada,
pero lo que yo le digo es que, según qué decisiones -dado que Telefónica depende de la Administración, entre otras cosas porque el Gobierno le fija las tarifas-, tiene que dar cuenta a este Parlamento, entre otras razones porque las tarifas, lo que
pagamos usted y yo por el teléfono y las familias españolas, las fija el Gobierno. Es relevante, claro que lo es.
Hablaba usted de un 1.200.000 accionistas. Deben estar que bufan, porque han perdido 200.000 millones de pesetas en Vía Digital por
la indicación del señor Aznar al señor Villalonga, su compañero de pupitre. Deben estar que bufan. Esa es una discusión que aquí tenemos que tener parcialmente -nos podríamos preocupar, sin duda-, que corresponde a la junta de accionistas, pero
aquí es relevante que el señor Villalonga explique por qué compró Antena-3 y cuál era su política de compra de los medios de comunicación para ponerlos a disposición del Gobierno, porque eso nadie lo duda hoy; que el Gobierno estaba detrás de
aquella operación es casi tanto como negar que estamos a lunes por la mañana y que es de día. Es imposible negarlo y mi consejo es que no vaya contra eso porque eso nadie lo niega. Yo no le quito a Telefónica capacidad para decidir, como empresa
privada que es, que haga lo que quiera, pero sí le digo que en la medida en que tiene prácticamente un monopolio y que sus tarifas dependen del Gobierno, las fija el Gobierno a todos los españoles, su comparecencia en esta Cámara es pertinente, como
le digo que comparezcan todos los grupos de comunicación que tengan una relación con el Gobierno como la que tiene Telefónica.
El señor PRESIDENTE: Vaya acabando.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Termino ya, señor presidente.
Esta aventura mediática, que ha tenido hitos para este Parlamento detestables, de los cuales creo que hoy cualquier persona sensata debería avergonzarse -porque estos debates que tuvimos aquí no sirvieron, como decía antes, más que para
causar estupor, cuando no risa, en la Unión Europea y que han acabado en nada, porque hoy hay lo que hay, señora Mato-, hace pertinente el debate respecto a Telefónica; lo hace porque esa aventura ha costado muchos miles de millones de pesetas a
una compañía que se sufraga con el dinero de todos los españoles a través de las cuotas telefónicas. Repito una vez más, señor presidente, que es un debate pertinente para la dignidad de esta Cámara. Si ustedes no quieren, explíquenlo, pero
expliquen las dos cosas, expliquen por qué no quieren reponer los derechos de los parlamentarios socialistas y expliquen qué tratan de ocultar impidiendo la comparecencia de don Juan Villalonga aquí, qué tratan de ocultar, por qué se impide al Grupo
Parlamentario Socialista conocer cuáles eran los planes del señor Villalonga, por qué se le impide a éste dar cuenta de una gestión ruinosa al frente de una compañía, repito, cuyas tarifas han permitido que siga adelante y cuyos costes finalmente
han pagado las familias españolas.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más? (Pausa.)
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señorías, en primer lugar, las Cámaras -y así se constata y así lo saben todos los parlamentarios y todos los órganos jurisdiccionales- son órganos de control de la acción del Gobierno y por tanto es el Gobierno, el
ministerio competente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CMT o cualquier otro organismo que dependa del Gobierno el que tiene que informar a las Cámaras sobre cualquier cuestión que tenga relación con las tarifas telefónicas, con
precios regulados o con cualquier otra cuestión que afecte a lo que significa el control necesario del Gobierno.
La sentencia, señoría, se ponga como se ponga, lo diga más fuerte o más flojo, lo digan en todos los titulares
de los medios de comunicación siempre que puedan -entre comillas- colocarlo en alguno de ellos, nunca ha dicho que el señor Villalonga tenga que comparecer en esta Cámara. Eso es absoluta y rigurosamente falso, y usted lo sabe, y me da
igual que sea ahora o que fuera antes. Si la sentencia hubiera salido hace dos años, hubiera dicho que se hubiera repuesto el derecho de los diputados a que se tomara en consideración, a que la Mesa tomara en consideración y admitiera a trámite la
petición.
Ahora bien, no dice la sentencia -porque nunca el Tribunal Constitucional se puede arrogar las competencias de este Congreso de los Diputados, de este Parlamento- que la comparecencia tenga que ser aceptada, y yo no he leído en ningún
lado ni conozco a nadie que piense en un sistema democrático que cuando un grupo parlamentario solicita la comparecencia de una determinada persona, si el resto de los grupos parlamentarios mayoritariamente votan en contra, es que son menos
demócratas; lo hacen porque simplemente consideran que no es oportuna la comparecencia. No es que se tenga nada que ocultar, porque, como le digo, tanto antes como ahora se ha votado por más grupos parlamentarios la no toma en consideración de la
presencia del señor Villalonga en esta Cámara. Por tanto, señoría, no trate usted de desviar la atención, no trate de mezclar temas y desde luego no trate de falsear la realidad. La sentencia no dice en ningún caso que hay que reponer una lesión
al Grupo Parlamentario Socialista y que eso implica que el señor Villalonga tenga que comparecer en las Cortes. Dice lo que dice, que se adoptó una decisión, que ha sido anulada por el Tribunal, por la que no se admitía a trámite la petición de
comparecencia que se ha presentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que inmediatamente el Grupo Parlamentario Socialista, aunque ya no tocaba porque estamos en otra legislatura, ha vuelto a presentar la petición de comparecencia, no del señor
Villalonga, sino del presidente de Endesa, de todas las empresas privatizadas que se les ha pasado por la cabeza, y de un gran número de ministros. A mí me parece muy bien que se pidan las comparecencias, sobre todo las de los ministros; ahora
bien, igual que me parece bien que la oposición pida las comparecencias de todo aquel que considere conveniente, en aras al rigor y a la seriedad, frente a los que entienden la política como un ejercicio de búsqueda de titulares en los medios
-titulares que no tienen la más mínima consistencia-, también es lógico que los demás grupos de la Cámara podamos no tener la misma opinión que usted y creo que usted debe respetar la opinión de los demás grupos parlamentarios. Nuestra opinión no
es sobre la sentencia, que dice lo que dice y no caben interpretaciones. La sentencia dice que se tiene que tomar en consideración por la Mesa, cosa que se ha hecho, y que la Cámara decide mayoritariamente lo que se hace con la comparecencia. Eso
es lo que estamos haciendo aquí. Ahora bien, nuestro grupo parlamentario no considera conveniente, porque no cree que tenga ningún sentido, que comparezca el señor Villalonga, porque recuerdo, por cierto, que ya ha comparecido en esta Cámara, y si
ha habido un problema de incomparecencia no ha sido del señor Villalonga, sino del Grupo Parlamentario Socialista, que en su día decidió que era más oportuno no comparecer. No hay un problema de incomparecencia, porque ya compareció. ¿Para qué
compareció? Para hablar de la privatización, para hablar en la Comisión de Infraestructuras de la situación de Telefónica y de la política general de la compañía en el nuevo marco de la liberalización y para hablar de los problemas que puede
plantear Telefónica o de las ventajas podía ofrecer a los ciudadanos.
Si quiere usted que hagamos un debate de tarifas, no lo vamos a hacer hoy, lo hemos hecho en más ocasiones y ojalá quiera usted que lo hagamos, porque le garantizo que nuestro grupo parlamentario tiene argumentos suficientes para que usted
al final tenga que darnos la razón. Yo sé que ustedes no quieren dárnosla, pero sé que saben que tenemos razón; en todo caso, desisto de que ustedes nos la den. Lo cierto es que los ciudadanos -y ahí no tengo la menor duda- saben que la tenemos.
Esto es como lo de la bajada de los impuestos. Ustedes no quieren que bajemos los impuestos y votan que no. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los ciudadanos vean en su nómina en el mes de enero que les hemos bajado los impuestos dirán: alguien
está mintiendo. ¿Quién es el alguien? El que decía que no nos bajaban los impuestos. Es lo mismo que con las pensiones. El PP quita las pensiones. Cuando al pensionista le han subido las pensiones sabe quién se las ha subido. Ustedes dicen:
las tarifas telefónicas han subido.
Bueno, el ciudadano que sabe que ahora tiene cinco teléfonos es verdad que paga más, pero porque cada uno de los hijos tiene un teléfono y ese ciudadano tiene más seguridad, más control sobre ellos, etcétera.
Usted dice que suben las tarifas, bueno, pues suben las tarifas; nosotros decimos que bajan y los hechos son los que valen: al final las tarifas bajan.
Señorías, entiendo que usted es el portavoz de esta Comisión y que le toca hacer estas intervenciones, pero me sorprenden precisamente en usted, que ha estado sentado a la mesa del Consejo de Ministros, que ha adoptado una serie de
decisiones relativas a los medios de comunicación que han supuesto la etapa -ahí sí que lo diría- más vergonzante por lo que ha significado de tratar de controlar los medios de comunicación, pero no a través de los público, sino entregando lo
público a lo privado -usted sabe muy bien de lo que hablo, como lo saben todos nuestros compañeros que están aquí sentados y también los periodistas que nos acompañan-.
Repito, que usted diga esto me sorprende.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente.
Señorías, por el conjunto de razones que hemos explicado en el día de hoy, porque la sentencia no dice lo que se ha mantenido aquí y lo que se ha mantenido en los medios de comunicación en los últimos tiempos, nuestro grupo parlamentario va
a votar en contra. Creemos, señorías, señor Pérez Rubalcaba, que con nuestro voto de verdad estamos haciendo un servicio a esta Cámara, un servicio a la democracia y un servicio a la sociedad. El día que usted quiera hablamos de privatizaciones,
el día que usted quiera hablamos de amiguismos y hablamos de cómo se privatiza ahora y de cómo se privatizaba en su etapa. Estoy segura de que ustedes van a perder el debate. Desgraciadamente para ustedes las memorias de los pueblos no son
frágiles y todo el mundo sabe con quién se asocia la corrupción y con quién se asocia la etapa o la época, de la que hemos pasado página, que afectaba al prestigio de toda la sociedad durante los primeros cinco años de la década de los noventa.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE SU SECRETARÍA DE ESTADO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001175.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, comparecencia del secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, para informar sobre las líneas de actuación de la secretaría de Estado. Damos la bienvenida a
don Pedro Morenés Eulate, que tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión a petición propia con el fin de exponer cuáles van a ser las líneas fundamentales de actuación en
la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica siguiendo asimismo la comparecencia, especificando algo más en lo que corresponde a la responsabilidad del compareciente, del ministro ante esta misma Comisión. Lo primero que tengo que
hacer es agradecer a la presidencia de la Mesa de esta Comisión y al resto de sus miembros la disponibilidad que han tenido para fijar esta fecha de la comparecencia y no la inicialmente prevista. Ya expliqué que un viaje para visitar al comisario
Busquin, visita que había sido pospuesta, por otra comparecencia ante esta Comisión, me aconsejaba ir allí y sus señorías fueron sensibles, algo que agradezco por la importancia de esta visita. Debo decir también, y me excuso por ello, que por
razones técnicas, ajenas desde luego a este compareciente, tampoco fue posible ver al comisario Busquin el día que tenía previsto; por tanto mis excusas y mi agradecimiento deben ser aún mayores. Dicho esto y sin más preámbulos, paso a enumerar
primero y a explicar después las líneas de actuación, objetivos y acciones que tiene previsto aplicar en el corto y medio plazo en las políticas que le corresponden la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Como señalaba el señor ministro el pasado 25 de septiembre, el objetivo de lograr el desarrollo científico y tecnológico que corresponde a España en beneficio de una mayor cohesión y de un mayor bienestar social de los ciudadanos es el punto
fundamental de esas políticas. Tenemos la obligación de exigir al sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad que sea un instrumento eficaz para conseguir principalmente la cohesión social y aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos,
objetivo que estoy seguro que todos compartimos. Para que eso sea posible debemos dotar al propio sistema de los instrumentos, medios y recursos humanos necesarios. Además, debe constituir un elemento que favorezca la cohesión territorial entre
todos los pueblos y las sociedades en España, coadyuvando con otras medidas del sistema a hacer posible el principio de igualdad constitucional que no sólo se manifiesta en el reconocimiento de la igualdad entre todos los españoles, sino que exige a
los poderes públicos que remuevan los obstáculos y propicien acciones de Gobierno que contribuyan a la igualdad real. Además debemos hacer que el sistema nacional se enmarque en el ámbito internacional del que España forma parte y muy
particularmente contribuya y se beneficie de la construcción del espacio europeo de investigación. La cohesión social y territorial en aras a la igualdad son los objetivos que también debemos exigir, y así lo pretendemos desde la Secretaría de
Estado de Política Científica y Tecnológica, al sistema nacional que hemos creado y que estamos impulsando. Quisiera destacar en este punto, aunque trasciende y se extiende en general a todas las secciones de esta secretaría de Estado, la necesidad
de que los agentes que contribuyen y colaboran a la elaboración del sistema de ciencia, Estado, comunidades autónomas, universidades, centros de investigación, investigadores, empresas y los propios ciudadanos, aúnen esfuerzos, impulsen acciones y,
en
definitiva, cooperen responsablemente en articular un verdadero sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad útil y eficaz y que esté al servicio de los ciudadanos, verdaderos destinatarios de la actuación de los poderes públicos. En
la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica tenemos un particular interés en la coparticipación para articular un sistema coherente. De ahí que el ofrecimiento de diálogo y apoyo que hice en esta Comisión en la primera
comparecencia que realicé ante ella se haya hecho extensivo a todos aquellos que tienen algo que decir -mucho, diría yo- para construir un verdadero sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación, empresa y sociedad. La corresponsabilidad no
sólo es un tema fiscal, sino que forma parte sustancial del modelo de Estado configurado en la Constitución -me atrevo a calificarla de garantía institucional- y exige a todos los poderes públicos, en particular al Estado, no sólo velar por dicho
modelo, sino idear mecanismos que permitan su vertebración armónica dentro del propio Estado y dentro de la sociedad misma. Creo sinceramente que el sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad puede y debe ser un instrumento decisivo para
lograr dicho objetivo. A la vista de lo anterior me van a permitir que sólo a efectos expositivos distinga entre la vertiente nacional de las líneas de actuación de esta secretaría de Estado y su vertiente europea e internacional, aun siendo muy
consciente de la permanente interacción que se produce entre ambas y que nosotros queremos potenciar de manera particular, como tendré ocasión de exponer en relación con la futura colaboración del plan nacional 2004-2007.
En el plano nacional o interno no cabe duda de que la ejecución del Plan nacional de I+D 2000-2003 es el punto de referencia en la elaboración de las políticas científicas y tecnológicas del Gobierno y evidentemente de las de la secretaría
de Estado que ocupo. Como sus señorías conocen, el actual plan nacional se encuentra ya en su tercer año de andadura y está a punto de iniciarse su tramo final en el año 2003. Constituye por tanto uno de los objetivos fundamentales de la
secretaría de Estado coordinar la ejecución del actual plan nacional procurando el cumplimiento de los objetivos marcados para este realizando un proceso de evaluación del mismo y llevando a cabo las tareas necesarias para la elaboración del
siguiente Plan nacional 2004-2007 con la colaboración de todos. En este ámbito se convierten en actividades prioritarias impulsar las políticas que promuevan las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológicas en clara
conexión con la mejora de la calidad de la investigación y en decidido apoyo a la industria y a las empresas de servicios; coordinar mejor las tareas científico-tecnológicas entre el sector público y el sector privado y reforzar la transferencia de
las aplicaciones derivadas de las actividades de investigación de calidad.
Éstos han sido los ejes básicos de la política científica y tecnológica del Gobierno y obviamente han de seguir siéndolo y de manera muy particular durante el último año de
vida del plan nacional actual; año en el que, no sólo debemos atender a la consecución de los objetivos específicos que se marcan en ese plan, sino que deberemos compatibilizarla con la elaboración del nuevo Plan nacional de I+D+I 2004-2007. Éste
es un objetivo prioritario al que dedicaremos todos nuestros esfuerzos en un proceso que se pretende abierto a la participación de los científicos, de las universidades, de los diversos organismos del ámbito de la investigación, de los centros de
investigación, de las empresas, de los agentes sociales y, de manera muy particular, de las comunidades autónomas; proceso que queremos ver culminado además en el último trimestre del año próximo y que ya ha empezado.
Por lo que se refiere a la política tecnológica de apoyo a la industria, las líneas de actuación en esta área están dirigidas a conseguir los dos objetivos siguientes: el fortalecimiento de la interrelación y la cooperación entre el ámbito
empresarial y los organismos, instituciones y agentes que actúan de interfaz con el mundo científico; la potenciación de la competitividad industrial y tecnológica de nuestras empresas, que pasa fundamentalmente por impulsar la absorción de
tecnología por las propias empresas y por ayudar a desarrollar sectores y mercados de más rápido crecimiento, favoreciendo al tiempo la reestructuración de algunos de ellos o de zonas que se encuentren con especiales dificultades, y el fomento, la
creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica y la participación de éstas en programas internacionales de cooperación en el ámbito tecnológico. Como ya conocen sus señorías, la línea de actuación básica en este ámbito corresponde al
programa de fomento de la investigación técnica. La filosofía fundamental de los instrumentos aplicados en este programa consiste en adaptarse a las necesidades de las empresas proporcionándoles una financiación diferenciada en función del riesgo y
del nivel de innovación de sus proyectos, con objeto de optimizar al máximo por obligación y por necesidad, los recursos públicos. Se pretende además priorizar los apoyos a sectores emergentes y a aquellos que ya aportan un alto valor añadido,
tales como la biotecnología, aeronáutica, automoción, alta velocidad ferroviaria y los bienes de equipo. El programa promueve también la vertebración del sistema de innovación, priorizando la realización de proyectos en colaboración con los agentes
del sistema, así como la creación entre ellos de consorcios nacionales e internacionales para la elaboración del I+D y en particular aquellos vinculados al programa marco de la Unión Europea, sexto ya, al programa Eureka y al programa Iberoeka. En
estos momentos el programa PROFIT está suponiendo la movilización de un importante volumen de recursos presupuestarios, ya que las ayudas correspondientes gestionadas por la secretaría de Estado en este programa han ascendido en el período
2000-2002 a casi 198 millones de euros en el capítulo 7, subvenciones, y a algo más de 727 millones en el capítulo 8, ayudas financieras.
Para el año 2003 está previsto que las ayudas correspondientes a las subvenciones del programa PROFIT, gestionado por la secretaría de Estado que comparece hoy aquí, se incrementen en un 4 por ciento y las correspondientes a préstamos en un
36,96 por ciento. Si nos estuviésemos refiriendo al PROFIT gestionado por todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces estaríamos hablando de unos aumentos del programa en general del 14,7 por ciento.
En cuanto a la potenciación y ayuda a determinados sectores, quiero destacar las acciones que se refieren de modo particular a algunos de ellos. En relación con el sector textil, dada su importancia en términos de producción y empleo,
cuenta con un plan específico integrado formalmente desde el año 2001 en el PROFIT. Como las claves del éxito de este sector son la calidad, el buen precio, la creatividad, la innovación en la producción, la venta de moda y la especialización del
producto para cada tipo de público, las líneas de actuación de la secretaría de Estado van a potenciar las características de este particular valor añadido del sector con distintos programas de ayuda, cada uno de ellos orientado a potenciar las
facetas de la actividad que he dicho. Ello contribuirá decididamente a que aumente la competitividad del sector y vea además favorecida su integración en el mercado internacional, lo que hoy en día es absolutamente esencial para lograr la
posibilidad de supervivencia ante competidores que ya tienen esta condición internacional. Ayudas como la revisión del tratamiento fiscal a la innovación, la potenciación del observatorio industrial, la cooperación a través del plan global de la
moda, así como la potenciación de centros tecnológicos situados en lugares donde el sector desarrolla su actividad o las redes de comunicación son elementos esenciales para potenciarlo.
Otro ámbito importante de la actuación en esta tarea que tenemos asignada es la reestructuración de sectores y reindustrialización de zonas desfavorecidas. El objetivo de este programa, como saben sus señorías, es crear las condiciones que
permitan la continuidad de algunos sectores en circunstancias especialmente difíciles, lo que ciertamente además constituye una excepción en el concepto de la política de ayudas del Estado y de la Unión Europea, y una regeneración o potenciación de
la capacidad tecnológica y productiva de aquellas zonas o sectores en los que se haya producido procesos de ajustes laborales en empresas pertenecientes o que traen origen del sector público estatal. Ello supondrá la creación de empleo alternativo
en otras empresas y otros sectores de mayor proyección en el futuro.
En concreto, para el sector naval la Unión Europea ha acordado el establecimiento de un mecanismo defensivo temporal frente a las actuaciones de competencia desleal llevadas a cabo por la industria y el Gobierno de Corea del Sur. Este
mecanismo ha entrado ya en vigor y durará hasta el mes de marzo de 2004. Las ayudas consignadas en el presupuesto para este sector ascienden a 190 millones de euros, que sin duda coadyuvarán a paliar la difícil situación de los buques gaseros,
quimiqueros, de transporte de refinados y portacontenedores, todo ello además de otras ayudas de tipo fiscal, de tipo leasing -instrumentos financieros- y de impuestos sobre el tonelaje. Estamos en estos momentos trabajando con el Ministerio de
Hacienda en la definición del sistema de aplicación de este nuevo esquema fiscal establecido en la Ley de medidas para el año 2002. Teniendo en cuenta la importancia no sólo del sector de la construcción naval, sino de todo el sector marítimo,
hemos diseñado un plan tecnológico que lo incluye a todo él y que se aplicará en el período 2003-2007 y en cuya gestión colaborará la fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas.
Se prevén además otras acciones, continuación de las emprendidas en ejercicios anteriores, relacionadas con la reindustrialización de zonas desfavorecidas, proyectos tecnológicos industriales cualificados, calidad y seguridad industrial,
área de control de mercado y área de promoción general de la calidad y seguridad. Algunas de ellas no sólo permiten la reactivación de sectores o zonas desfavorecidas, sino que van a contribuir decididamente, y así se ha puesto de manifiesto en su
método de elaboración, a construir conjuntamente un verdadero sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad, en apoyo decidido al objetivo que mencionaba inicialmente de promoción de la cohesión social y territorial. Baste como ejemplo el
proyecto de real decreto que se encuentra en estos momentos sometido a informe del Consejo de Estado sobre la prestación de los servicios de inspección técnica de vehículos, que ha sido fruto de una larga y fructífera negociación con las comunidades
autónomas y que ha permitido alcanzar el consenso deseado.
Algunas acciones concretas tienen que ver con la reindustrialización, con proyectos tecnológicos cualificados, con la calidad y la seguridad industrial, con el área de control del mercado y
con la homologación de los vehículos.
Por lo que se refiere a la política de infraestructuras tecnológicas y de creación de empresas de base tecnológica, que constituye otro de los ejes de la política tecnológica de este departamento, continuaremos con las líneas iniciadas en
años anteriores de ayudas a parques científicos y tecnológicos, ayudas a centros tecnológicos y con el apoyo a empresas de base tecnológica. Estas acciones tienen la virtualidad de fomentar la interrelación entre el sector productivo y el sector
investigador, haciendo posible de manera particular que el sistema de ciencia no se halle aislado o ajeno a las necesidades reales de nuestros ciudadanos o de nuestras empresas, incluso cuando ello, como es el caso, no es querido por quienes
desarrollan la investigación hoy en día.
Para finalizar esta breve descripción de algunos aspectos relevantes de la política tecnológica de la secretaría de Estado, habría que mencionar acciones normativas que impulsadas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología contribuyan al
favorecimiento de las inversiones y gastos en I+D, tales como la potenciación de los incentivos fiscales y su utilización, la búsqueda de soluciones viables entre los criterios de determinación conceptual de qué es I+D y qué es innovación y su
aplicación por parte de otros departamentos ministeriales, así como la colaboración en la solución de problemas concretos que puedan afectar a empresas que estén pasando por momentos difíciles desde el punto de vista societario y de la sociedad. En
esta materia es interesante destacar que se ha impulsado la constitución -lo dije antes- de un observatorio industrial en el que, con carácter periódico -ahora es bimestral-, los agentes sociales y el Ministerio de Ciencia y Tecnología intercambian
información y contemplan el desarrollo de acciones coordinadas. Esta medida contribuirá decisivamente, a mi juicio, a que el sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad constituya también el instrumento que hemos dicho al principio y además
permita encontrar soluciones innovadoras para conflictos aparentemente, pero sólo aparentemente, ajenos al sistema de ciencia, tecnología empresa y sociedad, como son aquellos que afectan hoy a determinadas empresas y sobre todo a su viabilidad.
También los viejos problemas requieren soluciones nuevas que hay que investigar, desarrollar y aplicarles criterios innovadores y desde el ministerio nos hemos empeñado en que este sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad contribuya
decididamente a ello. Al fin y al cabo el objetivo es la mejora en la calidad, en la condición de vida de nuestros ciudadanos, y todos los instrumentos orientados a la consecución de dicho fin deben contar con el apoyo y el impulso de este
departamento.
En cuanto a la política científica, el objetivo fundamental de la acción del Gobierno a través de la secretaría de Estado en esta materia es la potenciación de la excelencia y la competitividad internacional e interna de nuestros
investigadores y equipos de investigación. La ejecución de las diferentes actuaciones se realizará mediante el otorgamiento de ayudas y subvenciones a través de un mecanismo de concurrencia competitiva basado en la evaluación de la calidad y la
oportunidad científico-técnica de los proyectos, con la idea de incrementar no sólo la cantidad científica, sino fundamentalmente la calidad de los recursos humanos y materiales dedicados a la investigación y al desarrollo en nuestro país. En este
sentido uno de los principales objetivos será mejorar, como no puede ser de otra forma por el espacio temporal que tenemos concedido, la gestión interna y externa del departamento. Se está anticipando en el tiempo la convocatoria -ya se ha hecho-
de las diferentes ayudas, de tal manera que su estudio, valoración y resolución pueda realizarse con las mayores garantías a la hora de que las ayudas lleguen a sus destinatarios en un ámbito temporal razonable. Se pretende asimismo favorecer, y se
va a hacer, al interacción entre las intervenciones públicas y la actuación privada en materia de investigación, con el claro objetivo de mejorar y potenciar todo el tejido que se produce en ese ámbito.
En este contexto, con el objetivo señalado de fomentar la investigación de calidad y teniendo en cuenta las prioridades científico técnicas, podemos señalar cuatro grandes líneas de actuación: fomento de los recursos humanos, promoción de
infraestructuras científico técnicas, financiación competitiva de proyectos de I+D y actuaciones para favorecer la transferencia de conocimiento desde la investigación hasta la sociedad.
En cuanto a los objetivos de actuaciones de fomento de
recursos humanos, se centran en la formación, movilidad e incorporación de investigadores al sistema de ciencia, tecnología, industria y sociedad, agilizando los procesos internos y realizando una gestión más eficaz de los mismos y, en definitiva,
más eficaz de los recursos. Somos conscientes de la importancia que tiene no sólo la adopción de políticas incentivadoras en este ámbito, sino de que una correcta gestión de todos los procesos es la primera obligación y garantía del éxito de la
misma. Para ello hemos adoptado las medidas necesarias con el fin de corregir algunas situaciones que se habían detectado en convocatorias anteriores y que en esta misma Comisión se nos han señalado.
Promoción de infraestructuras científico-técnicas. Por lo que se refiere a las ayudas FEDER para las infraestructuras científicas, la convocatoria 2003-2004 ha sido publicada en el mes de julio, habiendo comenzado el plazo de recepción de
solicitudes en el mes de septiembre y esperamos que quede resuelta definitivamente en marzo de 2003. Se van a potenciar de modo particular en esta convocatoria los siguientes objetivos: la implicación de las comunidades autónomas, el refuerzo del
sistema de evaluación; se va a combinar la estrategia institucional con las necesidades individuales en equipamiento científico y se va a mejorar la transparencia de cara a los grupos de investigación a través de una mayor publicidad de todo el
proceso.
Por lo que se refiere a la red IRIS, España ha adquirido un compromiso formal para aumentar la conectividad a nivel europeo a 2,5 gigabits dentro de la red académica Géant, así como la adecuación de la red troncal y otras conexiones
internacionales a estos niveles de velocidad.
Pretendemos en este sentido aumentar la velocidad de la red nacional a 2,5 gigabits, aumentar la conexión a la Internet global a 622 megabits, conexión de Internet II y otras redes de investigación
norteamericanas a través de la conexión de 10 gigabits a la red que he mencionado antes, Géant, y la coordinación de la conexión con las redes académicas de Iberoamérica y del Mediterráneo sur.
Por último, está el programa de grandes instalaciones, en el que la colaboración de las comunidades autónomas es una de nuestras prioridades.
En muchas áreas científico técnicas la disponibilidad de grandes instalaciones es imprescindible
para posibilitar un salto cualitativo en determinadas áreas de conocimiento. Su selección se realiza por un comité asesor de grandes instalaciones, con la participación de expertos internacionales y en la medida de lo posible con uso de fondos
FEDER y colaboración de las comunidades autónomas. En proceso de ejecución están el gran telescopio de Canarias, el centro de astrobiología, el laboratorio de luces Sincrotrón en Cataluña, el buque de investigación oceanográfica y el proyecto ITER.
En cuanto a la transferencia de tecnología, quiero destacar el especial interés de la secretaría de Estado en promover acciones de transferencia de tecnología desde los centros públicos de investigación a las empresas.
Conscientes de la
necesidad de que los resultados de la I+D+I reviertan en la sociedad empresarial, se llevarán a cabo acciones concretas que lo harán posible. Así, se mantienen en principio los programas PETRI, OTRI y Torres Quevedo y se crea un nuevo programa que
me parece esencial para personal técnico de apoyo a estos centros de investigación con el objetivo precisamente de incrementar el desarrollo de la investigación y de mejorar los procesos de transferencia de los resultados de la investigación al
sistema descrito.
Voy a dedicar la parte final de mi intervención a señalar a grandes rasgos lo que constituye otra de las líneas básicas de la actuación de esta secretaría de Estado en el tiempo que tiene concedido y que transciende en su ejecución y sobre
todo en su proceso final a las previsiones del corto y medio plazo. Se trata de la elaboración del nuevo Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, que habrá de elaborarse en el año 2003 y que cubrirá los años
2004 a 2007.
Aunque es una de las actuaciones más importantes que nos queda por acometer en el próximo año, debe ir acompañada, en un ejercicio de responsabilidad, del análisis de los resultados del actual Plan nacional 2000-2003. Por ello, como
ideas básicas de esta última parte de mi intervención, querría destacar dos aspectos que además pretenden enmarcar toda la política de la secretaría de Estado: el análisis de lo que se ha hecho y la colaboración en lo que se va a hacer con todos
los agentes del sistema. Ambos elementos responsabilizan y corresponden a todos.
Probablemente, investigar en este país exigirá insistir en el incremento de los recursos, pero ya no debemos decir ninguno de nosotros que investigar es una tarea de
otros. La responsabilidad del sistema de ciencia, tecnología, empresa y sociedad nos compete y nos compromete a todos.
La ejecución del actual plan nacional de I+D+I es el punto de referencia en la elaboración de las políticas científicas y tecnológicas del Gobierno. La proximidad de su culminación convierte la elaboración del nuevo plan nacional en un
objetivo prioritario y requiere, como he dicho, una importante tarea de análisis de los resultados del actual. La Ley 13/1986 establece que el proceso de elaboración y aprobación para su remisión al Gobierno debe realizarse en el seno de la
Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología. No obstante, dado el papel crucial que deberá jugar el ministerio durante el proceso de elaboración del plan nacional, se considera fundamental la colaboración de todos los departamentos
ministeriales implicados, para lo que se ha establecido un grupo de trabajo interministerial de la misma forma que se hizo en el plan anterior.
La tarea que tenemos por delante en el proceso de elaboración del nuevo plan supone una oportunidad única en tiempo y forma para reflexionar, actualizar e impulsar las bases en las que se asienta la política científica y tecnológica de la
Administración general del Estado y adaptarla a las necesidades del sistema español de ciencia, tecnología, empresa y sociedad en los próximos años. Este sistema no ha detenido su evolución desde el momento en que el Gobierno aprobó el actual plan
nacional a finales del año 1999. España, entendemos, se encuentra en un momento bueno para reforzar su posición en el contexto internacional del I+D+I, para incrementar la competitividad de sus centros públicos y privados y para fortalecer la
cohesión del sistema. Este proceso de maduración de nuestro sistema en el contexto nacional e internacional se ha visto, además, impulsado por un crecimiento de los recursos humanos dedicados a la I+D+I, que ha superado el objetivo cuantitativo
indicado en el actual plan, así como del volumen de actividades financiadas o susceptibles de ser financiadas, como muestran los incrementos de propuestas recibidas en las diferentes convocatorias del plan nacional.
Esta evolución se ha concretado en un incremento del gasto de I+D en relación al producto interior bruto en los últimos años que, aunque consideramos todavía insuficiente y muy condicionado por el paulatino incremento del producto interior
bruto y el moderado incremento del gasto en el sector privado, está a su vez necesariamente vinculado a la coyuntura económica pero, asimismo, entendemos que debemos impulsar, ya lo dije antes, su crecimiento participativo de la riqueza nacional.
Sin embargo, existen una serie de elementos que en la actualidad han adquirido una gran trascendencia y que se tendrán especialmente en cuenta durante el proceso de la elaboración del plan. En primer lugar, la mayor integración de las actuaciones
de las comunidades autónomas, con el fin de otorgarles un papel más relevante y comprometido en el proceso general del Estado. El objetivo perseguido es conseguir una mayor corresponsabilidad en el plano nacional de las propias comunidades
autónomas. En el período de ejecución del actual plan nacional, se han generado en las comunidades autónomas nuevos marcos legislativos
relacionados con el I+D, así como la puesta en marcha de planes específicos de I+D+I regionales, que han apoyado un impulso a la I+D, y especialmente a la innovación de la que el plan nacional 2004-2007, no sólo no va a ser ajeno sino que va
a incidir de manera sustancial. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta en la elaboración del nuevo plan los crecientes compromisos derivados de la creación del espacio europeo de investigación e innovación. En este sentido, durante el
proceso de elaboración del Plan Nacional 2004-2007 deberán tenerse especialmente en cuenta los compromisos que adopte el Gobierno relativos a la apertura progresiva de programas nacionales de I+D a la participación en actividades conjuntas, de
acuerdo con el artículo 169 del Tratado de la Unión, o los compromisos derivados de los programas de la Fundación Europea de la Ciencia u otros organismos de carácter europeo. En tercer lugar, la incorporación en el plan nacional de las actuaciones
de organismos públicos de investigación. El actual plan nacional no contempla algunas de las actividades relacionadas por los OPI, que responden a su papel de suministrador de servicios tecnológicos avanzados ofrecidos a las diversas instancias de
las administraciones en apoyo de las políticas sectoriales del Gobierno. Sí lo están, por el contrario, las actividades de I+D que se concretan en su participación, a través de las convocatorias de los OPI en el plan nacional. En este sentido,
nuestros esfuerzos van a ir encaminados a continuar el proceso de fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica, tanto en recursos humanos como en infraestructuras. Nos hemos planteado los siguientes objetivos: dotarlos de los recursos
humanos suficientes para realizar su misión, incrementar la interacción entre OPI con otros agentes del sistema español de ciencia y tecnología, dotarlos de los presupuestos adecuados que permitan, dentro del ámbito general de los escenarios
económicos del Gobierno mejorar sus capacidades, y fomentar la adquisición de recursos externos que estén apoyados tanto en programas nacionales como internacionales. En cuarto lugar, el incremento de la cooperación estable entre el sector público.
El fortalecimiento tecnológico debe fundamentar los acuerdos entre ambos y que sean necesarios en actuaciones de gran alcance a medio y largo plazo, con el fin de estimular la inversión del sector privado en ciencia y tecnología.
Ello debe afectar
no sólo a fundaciones, sino también a las empresas e instituciones de diversa índole cuyas inversiones en I+D deben crecer. En quinto lugar, la cobertura financiera del nuevo plan nacional. Quisiera señalar la necesidad de cofinanciación de sus
actuaciones, ya sea por parte de otras administraciones como por los propios agentes ejecutores, estimulando los objetivos de corresponsabilidad antes terminados. En este sentido, será necesario considerar el uso de los fondos estructurales,
fundamentalmente del FEDER y del Fondo Social Europeo, y su relación con las prioridades de los programas operativos, financiando con estos fondos el período 2004-2006. En sexto lugar, incrementar la cooperación con fundaciones y otras entidades
privadas sin ánimo de lucro, con el fin de estimular la aportación de fondos económicos adicionales y facilitar la convergencia de sus actuaciones con las prioridades que se establezcan en el futuro plan nacional. En séptimo y último lugar, la
flexibilidad y la transparencia. Son elementos claves en la elaboración del nuevo plan nacional de I+D. El plan nacional debe ser capaz de evolucionar, a través de los programas de trabajo anuales, tanto en sus prioridades temáticas como en las
modalidades de participación o instrumentos de financiación que se consideren necesarios a partir de un proceso de evaluación continua del propio plan.
Permítanme sus señorías que aborde por último las líneas de actuación en cooperación científico-tecnológica internacional. En este apartado, el espacio europeo de investigación ha de jugar un papel determinante. La creación de este espacio
europeo de investigación no puede reducirse ni aislarse a las denominadas políticas comunitarias, sino que exige que las decisiones políticas nacionales en el ámbito del I+D+I sean acordes con aquellos objetivos, y además propicien y favorezcan la
participación de los agentes económicos institucionales y sociales. En este contexto, el reciente aprobado sexto programa marco está llamado a ser pieza fundamental decisiva y orientadora no sólo como instrumento de financiación de la I+D europea.
Estamos próximos a la terminación del quinto programa marco. Este programa ha supuesto para España la consagración definitiva de nuestro potencial investigador en Europa, como lo demuestra, aparte de los importantes retornos tecnológicos y
científicos, uno financiero del 6,4 del presupuesto total que han obtenido nuestros centros públicos y empresas. Las expectativas que el sexto programa marco genera a nuestra comunidad científica y tecnológica son variadas, y estoy convencido de
que todos los esfuerzos se verán recompensados por los beneficios que obtendremos. En este sentido, quizá el más inmediato es su propia contribución a la estrategia y orientaciones de nuestro propio sistema, como acabo de decir. El Gobierno
español y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en particular conceden una extraordinaria importancia al incremento de la relación entre las propias políticas nacionales de los Estados miembros en paralelo al sexto programa marco. El eje de
fortalecimiento del espacio europeo de investigación es una ocasión espléndida para hacerlo, si sabemos combinarlo con las actuaciones dentro de la política nacional y orientar éstas precisamente a que haya una participación mayor en el ámbito
europeo. De acuerdo con los planteamientos que he venido defendiendo, en nuestro país se apoyará la apertura progresiva y recíproca de los programas nacionales a participantes de otros países europeos, haciendo experiencias piloto en aquellos
aspectos en los que realmente partamos de una base
competitiva constatada. Ciencias marinas, astronomía, química o genómica son algunos de estos ámbitos donde creemos que ya podemos estar compitiendo e incorporando en igualdad de condiciones con otros ámbitos de la investigación en Europa.
No quisiera dejar de mencionar otros programas multinacionales de cooperación científica y tecnológica que también son objeto de atención por parte de esta secretaría de Estado, como son el programa de cooperación europea en el ámbito de la
investigación técnica y el programa iberoamericano de ciencia y tecnología, que es actualmente el de mayor impacto, o la especial mención a la Fundación Europea de la Ciencia. Conocen ustedes cuáles son los otros ámbitos europeos en los que estamos
cooperando, en ellos vamos a seguir.
Quisiera finalizar mi intervención pidiéndoles perdón por lo larga que ha sido y destacando lo que, a mi juicio, constituye los fundamentos básicos del sistema nacional de ciencia, tecnología, empresa y sociedad: la cohesión social, en
cuanto mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos; la contribución a la cohesión territorial, de modo que permita el equilibrio interregional, y la corresponsabilidad de todos los agentes que integran el sistema, corresponsabilidad que el
ministerio va a favorecer de manera permanente.
Nada más, señor presidente. Reitero mis excusas por la longitud de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor secretario de Estado, voy a referirme a algunos aspectos de su intervención, empezando por la cohesión territorial, que usted menciona como uno de los objetivos de la acción de su departamento. Desde luego,
debe ser uno de los objetivos porque hasta ahora la cohesión territorial brilló por su ausencia en la actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la verdad es que le queda poco tiempo, por lo menos en esta legislatura, para intentar variar
las circunstancias. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la presidencia.)
Cuando se habla de equilibrio territorial es necesario, y más en el caso de Galicia, atender a ciertos datos; por ejemplo, cuál es el porcentaje de gasto en I+D en relación con el PIB, que sigue por debajo del 1 por ciento; es decir, a
mucha distancia del 2 por ciento, que es la media europea, o del 3,5 que es la media de las regiones europeas más avanzadas. También quiero constatar que la mayor parte del gasto gallego en I+D proviene de las universidades y de otros centros de
investigación públicos; el gasto empresarial privado apenas representa el 35 por ciento del mismo. Las ayudas estatales, las inversiones estatales en I+D en Galicia no han contribuido, más bien todo lo contrario, a esta cohesión territorial. Por
ejemplo, en el caso del CDTI, los proyectos financiados en Galicia representan sólo el 3 por ciento de los proyectos aprobados en el conjunto del Estado, cuando la población gallega asciende al 6 por ciento, y en otros programas, como el Ramón y
Cajal, únicamente el 4 por ciento de los contratos se concedieron a universidades o centros públicos de investigación en Galicia. Esto provoca datos como que sólo el 1,5 por ciento de las patentes españolas provengan de Galicia, de investigadores
gallegos. ¿A qué obedece esta circunstancia? Obedece no sólo a la falta de cohesión territorial en la actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también a una política que no ha sido exclusiva del Gobierno del Partido Popular, sino que
procede de tiempos del Partido Socialista e incluso de antes, en cuanto obedece a un diseño desequilibrado del Estado; las tres cuartas partes del CSIC se siguen ubicando en Madrid y muchas empresas -antes públicas, ahora privatizadas- que operan
en Galicia tienen centralizada en Madrid su actividad de I+D, y así podemos hablar de IZAR, podemos hablar de Santa Bárbara antes de venderse a General Dynamics, podemos hablar de Tabacalera, aunque ahora tampoco está en Galicia, podemos hablar de
Repsol, de Telefónica, de ENDESA o de empresas privadas aunque operan en sectores de interés general, como Unión Fenosa, que precisamente después de esa unión trasladó a Madrid sus actividades de I+D. Desde luego, es imposible que pueda hablarse de
cohesión territorial si el Gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no apuestan claramente por variar este proceso, que no esta decreciendo, sino que se está incrementando.
Respecto a los organismos públicos de investigación en Galicia -lógicamente, voy a hablar de los dependientes de la Administración del Estado-, tengo que decir que tienen una dotación exigua; seguimos con una financiación estancada desde
los años ochenta, tanto en materia de personal como en materia de medios. Hay centros como por ejemplo los dos institutos oceanográficos, el de Vigo y el de A Coruña, cuya titularidad reclama el Bloque Nacionalista Galego que se transfiera a la
comunidad autónoma. Hay también otra serie de cuestiones. Cuando hablaba usted de localizar centros de referencia o de localizar grandes instalaciones ha hablado del sector del automóvil y del sector de la moda. No me diga usted que el nuevo
buque de investigaciones oceanográficas va a estar instalado en Galicia, porque un buque no está instalado en ningún sitio, va por todas partes. Lo digo -no sé si me adelanto- por si ése es el centro de referencia al que usted se va a referir,
perdón por la redundancia, como adjudicado a Galicia. Si fuese un centro de investigación ubicado en Galicia o dependiente de la comunidad autónoma y que se centrase en investigar aquellas cuestiones que realmente interesan al sector pesquero y al
sector transformador en Galicia podríamos hablar de ello, pero un buque es un bien mueble no un bien inmueble, aunque también pueda ser hipotecado, como nos enseñan en la carrera
de derecho. Respecto al automóvil, también se está creando en este momento, concretamente en la comarca de Vigo pero por parte del sector privado, un centro de investigación y de I+D en este sector; incluso rebasa lo que es el marco
territorial de Galicia y afecta también al norte de Portugal donde hay también muchas industrias auxiliares, todas ellas nucleadas alrededor de Citröen en Vigo. No sé qué tipo de apoyo va a haber desde su ministerio para este centro o si ese centro
de referencia, esa gran instalación a la que usted se refirió en el sector del automóvil, va a ser ésta. Me parece que no van por ahí los tiros. Lo mismo le digo en el sector de la moda, otro sector en el que Galicia es competitiva. Tampoco
parece -espero equivocarme, pero así se desprende de la información de que dispongo- que sea intención del Gobierno instalar en Galicia este tipo de centros de referencia de investigación, de I+D en este sector.
Sobre otras cuestiones a las que se refirió, sobre la política de reindustrialización, Galicia sigue siendo -lo es ya desde el año 1988- una zona de promoción económica, pero tanto cuando fue ZUR, zona de urgente reindustrialización, como
cuando fue ZID, zona industrial en declive, o ahora que es zona de promoción económica, las consecuencias de estas políticas se pueden calificar sin ambages como de fracaso estrepitoso. ¿Qué nuevos puestos de trabajo y qué nuevas industrias se han
creado al calor de estas ayudas en zonas como la comarca de Vigo o Ferrol? Más bien podríamos hablar de fraudes -a veces milmillonarios- como sucedió con la empresa de motores que se creó al calor de este tipo de ayudas en Porriño, cerca de Vigo, y
que se saldó con la pérdida de subvenciones de más de mil millones de pesetas. En lo que se refiere al nuevo plan de investigación científica y técnica, es loable su voluntad de colaborar con todos, incluso más allá de lo que establece la
normativa, el procedimiento de elaboración de este plan. Lo que sucede es que cuando dice que también aquí hay que corresponsabilizarse y que la corresponsabilidad no es únicamente fiscal -y alude a las comunidades autónomas- me da la impresión de
que lo que usted está buscando con esa corresponsabilidad es disfrazar de una forma más asumible otra cuestión y es que las comunidades autónomas contribuyan a paliar la falta de recursos o la falta de compromiso financiero de la Administración del
Estado con la investigación científica y técnica. Yo no hablo en nombre de mi comunidad autónoma porque no somos fuerza de gobierno allí, como usted bien sabe, y tampoco la fuerza que gobierna allí es un ejemplo de compromiso con este tipo de
materias de investigación científica y técnica, ni siquiera con la promoción de la investigación o del desarrollo tecnológico en atención a lo que son las necesidades del sector industrial gallego y de la propia sociedad gallega, más bien al
contrario. En todo caso, no estaría de acuerdo, como Bloque Nacionalista Galego, en que la comunidad autónoma tuviese que financiar lo que es competencia del Estado, porque pocos recursos tenemos como para que encima tengamos que contribuir a lo
que deben financiar otros, sobre todo cuando se habla de financiar también con fondos estructurales. Creo que -y de esto puedo hablar en nombre de la comunidad autónoma porque sí fue aprobado por el Partido Popular hace menos de un mes en el
Parlamento gallego- lo que urge es que Galicia gestione los fondos estructurales que le corresponden en cuanto que región Objetivo 1 para evitar que en este tema de la investigación y el desarrollo tecnológico, como en otros temas, fondos que le
corresponderían a mi país se estén invirtiendo en otras zonas, en otros territorios del Estado. No es ningún tipo de falta de solidaridad, sino creo que más bien todo lo contrario.
Una cuestión que usted me va a permitir, sobre algo a lo que no se refirió, es la situación del personal investigador. Creo que la importancia del colectivo de investigadores usted ya lo conoce, sobre todo de investigadores en formación o
de investigadores precarios, o incluso en muchos casos -y no tiene ningún tipo de humor lo que voy a decir- de investigadores sin papeles, es decir, que están en centros de investigación, en universidades sin tener ningún tipo de vinculación
oficial, contractual a través de una beca con su universidad y están desarrollando una labor docente investigadora de apoyo a cambio de ningún tipo de retribución económica. De acuerdo con estudios bibliométricos, más del 48 por ciento de las
publicaciones como primer firmante en revistas de relevancia internacional están firmadas por estos investigadores en formación, investigadores que carecen de estabilidad profesional, que carecen aún de cobertura sanitaria o que carecen de
prestaciones normales, desde nuestro punto de vista, a cualquier relación laboral.
Hay un informe, que les fue entregado a ustedes por un grupo de expertos nombrado por sus antecesores en el departamento, en septiembre de 2001, y ese informe contiene una serie de conclusiones, de recomendaciones que aún están pendientes de
ser ejecutadas o convertidas en medidas concretas y en una mejora concreta de la situación de este colectivo. Creo que podríamos -en lo que se refiere por lo menos a los investigadores dependientes de la Administración del Estado, los que están
acogidos a becas otorgadas por la Administración general del Estado- establecer una relación laboral especial del personal investigador que les dé estabilidad, que les dé la cobertura social y sanitaria de la que en este momento carecen y establecer
esta relación laboral a partir de un momento en el que creo que la seriedad del compromiso investigador y la seriedad y el rigor de la propia actividad investigadora -y lo digo desde mi propia experiencia como ex becario de formación de personal
investigador en la convocatoria del año 1990- sea en este momento lo que es la obtención del diploma de estudios avanzados, es decir, al acabar los cursos de doctorado. Creo que éste es el momento idóneo y así lo dice, además, el informe del grupo
de expertos nombrado por su Gobierno, para iniciar una
relación laboral, iniciar un vínculo estable con el centro de investigación o la universidad en la que estén prestando sus servicios y desde luego no sólo en atención a la situación personal, que ya sería importante, de este colectivo -sólo
en el caso de Galicia de más de 6.000 personas-, sino en aras también de resolver un problema grave que se advierte en lo que es el sistema español de investigación y desarrollo que es la pirámide de edad, en este momento muy numerosa en las edades
entre 40 y 50 años y muy reducida en lo que debería ser la base de los futuros investigadores o la base futura del sistema, que son los investigadores jóvenes que se están incorporando al sistema.
No sé qué proyectos tienen ustedes, aparte de extender esas prestaciones por maternidad de las que habló el ministro en su comparecencia del 25 de septiembre. En todo caso -no sé si parece fuerte la palabra-, les insto a que den
cumplimiento a las recomendaciones de ese informe, a que regulen ya, si está dentro de sus competencias, la relación de los investigadores con sus centros, con una relación laboral especial, con todo lo que ello significa de estabilidad y de
protección social, y que mientras tanto, por cierto, eximan a estos becarios de pagar a Hacienda, porque aquí se da un contrasentido: ustedes no los consideran trabajadores pero Hacienda sí considera las becas como rentas del trabajo. Pónganse de
acuerdo, den por una vez la razón a Hacienda y si tienen que tributar que lo hagan realmente como trabajadores, que lo hagan en función de una relación laboral existente.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero agradecer al señor Morenés su presencia hoy aquí. Voy a empezar con lo que yo considero que es una buena noticia, y es la felicitación a usted y a su equipo por el tratamiento, desde el punto de vista
informativo, a este diputado respecto a las preguntas que se hicieron en la comparecencia de presupuestos. No tengo ningún problema en reconocer que se ha contestado con diligencia, otra cosa es que no nos gusten los datos que vienen ahí porque no
estamos de acuerdo con su filosofía; pero sí es de justicia que quien se ha quejado reiteradamente en esta Comisión de falta de información diga claramente que se ha cumplido en los plazos marcados. Quiero agradecérselo y ponerlo de relieve.
Dicho esto, la verdad es que su intervención hoy aquí a mí me suena como una especie de música celestial. No puedo estar en contra prácticamente de nada de lo que usted ha dicho, pero el problema es que no hay casi ninguna novedad, no hay
medidas explicadas que permitan ver un poco la luz dentro de este relativo túnel o de esta cierta oscuridad que tiene el sistema de ciencia y tecnología. Sobre todo esto está basado en algo que tampoco tiene que ver con usted como persona, sino con
el ministerio, que es la falta de credibilidad, y luego me referiré a ello. Dice que se va a hacer un nuevo plan nacional. Esto es una novedad, pero ya estaba pensado que iba a ser así. Si usted pide colaboración en algo en lo que pueda
participar este grupo, nos tendrá a su disposición. ¿Qué ocurre? Si nos fijamos en el anterior plan nacional vemos que se ha incumplido de una manera tan flagrante en todas las cifras que se planteaban que hay una falta de credibilidad. Ustedes
lo van a hacer, nos parece muy bien, pero vamos adelante. Sobre todo, no le he oído lo que para mí era más importante, lo que podríamos llamar la estructuración del sistema. He escuchado una serie de medidas, pero nuevo solamente he oído que iba a
hacerse el plan -que ya estaba anunciado- el próximo año para 2004, un observatorio industrial nuevo -no sé qué diferencia tiene con otros que existían ya-, que parece una buena noticia, y, por último, que iban a crear -que es algo por lo que hemos
estado peleando desde estos bancos- un programa nuevo para personal de apoyo, sobre todo ligado a transferencia de tecnología. Las tres cosas me parecen muy bien. Pero repito que me hubiera gustado más oir -cuando se habla, por ejemplo, de
recursos humanos, y no tengo intención en esta intervención de entrar en guerras de cifras, porque creo que al final todos acabamos aburriéndonos y son difícilmente contrastables- que ustedes van a propiciar una auténtica carrera investigadora, que
van a definir un marco que permita, bien sea a través de un estatuto de los investigadores o bien con la fórmula que se busque, que haya una estabilidad y una seguridad de esos investigadores, de los llamados precarios -yo tengo una pregunta
específica y por tanto tampoco voy a extenderme aquí-, que están siendo, entre comillas, casi diría engañados. Tengo preguntas -y luego lo demostraré- en las que se hablaba de que casi en año y medio o dos años estaría este estatuto. Discutamos el
modelo, ustedes conocen el nuestro, se lo repetiré en la pregunta, pero es que usted ni siquiera ha hablado de esto ni, lo que es más importante, del conjunto de la carrera investigadora.
No se pueden ir cambiando las cosas a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos, o no se debe. ¿Realmente tenemos un modelo para una carrera investigadora? Le voy a dar un dato preocupante. Yo nunca fui partidario de que
hubiera una comparación exacta entre los investigadores de los OPI, de los organismos públicos de investigación, con los de la universidad, por ejemplo, en retribuciones económicas. Pero el hecho real es que cuando hay una comparación -y están
preocupadas las asociaciones de personal investigador- de las retribuciones que perciben los investigadores de los OPI con respecto a las retribuciones de los investigadores de las universidades, existe una diferencia de entre un 15 y un 20 por
ciento. Las retribuciones no son lo más importante, porque estoy de acuerdo
que el modelo tiene que ser el de los sexenios y el de los quinquenios, el modelo de la excelencia, etcétera, pero se está haciendo un despegue, también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque está muy desprotegido en los últimos
años. Falta esa buena noticia de decir: vamos a hacer un estatuto del investigador, vamos a buscar unas condiciones estables para estos becarios, pero también vamos a hacer una carrera razonable. No voy a entrar en cifras. Ya dije en una
comisión que ustedes para cotejar suman las plazas de investigador, y me ha salido una media, desde que gobierna el Partido Popular, de 85 plazas nuevas de investigador dentro de los OPI; me parece insuficiente. Cuando se habla de recursos
humanos, en la última intervención que hubo, que no estaba usted todavía, se decía que se ha incrementado en no sé cuántos puestos de investigadores. ¿Sabe usted que contaban a todos los precarios? Pongámonos de acuerdo en la nomenclatura, en las
medidas. El señor Pérez Rubalcaba ya se lo ofreció al ministro Piqué, pero parece que con poco éxito. Hagamos algo que estructure el sistema. En recursos humanos lo que necesitamos es una carrera del investigador para saber a dónde nos dirigimos.
En los temas de financiación, mi opinión es que va mucho más dirigida al sector privado, productivo, que al público. En ese sentido discrepo, porque hay un enmascaramiento de los gastos militares -a los que luego me referiré- y la cifra es
brutal. En los últimos años hemos gastado entre 1,1 y 1,2 billones de pesetas a través de los préstamos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología da para esos programas. No voy a entrar ahora es dichos programas, pero enmascaran estos temas de
crecimiento. Asimismo, nos encontramos con que mientras los instrumentos que financian la investigación pública, que es un motor, el fondo nacional, crece un 3, 5 por ciento, el PROFIT, que es un programa importante y va dirigido a la empresa
privada, tiene un crecimiento según el ministerio de un 14,9 por ciento y según su secretaría de Estado un 30 por ciento. Es decir, que mientras el fondo nacional crece un 3,5 por ciento, el PROFIT crece en torno al 30 por ciento. Esto no me
parece razonable. Ustedes llevan como ministerio dos años y medio y conocemos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Se van a limitar, por lo que usted ha dicho, a intentar mejorar la gestión para el próximo año, que no es poco
-luego me referiré a ello-, a tener unos resultados mejores, a preparar el plan nacional -que ojalá se haga bien-, con un problema que es la falta de credibilidad, porque no se han acompasado los datos que había en este plan nacional, que estaba
bien armado. El primer error fue imputar todos esos gastos militares al crecimiento de la función 54.
Con respecto a los equipamientos e instalaciones científicas, he de decirle que echo de menos -y hay una pregunta específica de Montserrat Palma, que por razones del cambio de esta Comisión no podrá realizarla pero lo haré yo- temas como el
Sincrotrón. Nosotros queremos una concreción porque sólo nos llegan rumores. ¿Cómo hacemos la planificación? Hemos pedido aquí una cartografía, un mapa de excelencia de nuestro país. Cuando hacemos estas inversiones de grandes instalaciones
queremos saber cuánto dinero vamos a gastar en el futuro contando con los errores que pueda haber. Se anuncia el ITER y queremos saber cómo está la situación. Es muy importante la coordinación con las comunidades autónomas. En esta Comisión hemos
puesto encima de la mesa los temas del Ramón y Cajal, que era un buen programa pero que se hizo, entre comillas, casi a espaldas de las comunidades autónomas. Esto es lo que les he venido anunciando de: yo legislo y tú pagas, yo tomo decisiones y
usted luego las aplica, porque el ministerio sólo paga el cien por cien el primer año. En este tema tendrán también nuestro apoyo.
En la política tecnológica ya me he referido al PROFIT. Simplemente le voy a dar un dato: en general, en cuanto a gastos de este ministerio, según las cuentas que yo tengo, las pymes afectadas están en torno al 15 por ciento. Tendremos
momentos en los que hablaremos sobre la forma en que se ha distribuido el PROFIT y tendremos que ponernos de acuerdo. ¿Es bueno dar cantidades importantes a multinacionales, aunque sea a través de préstamos, en algunos casos subvenciones, sí o no?
¿Es una política real que va a mejorar la industria de nuestro país? Tendremos que ponernos de acuerdo, pero las pymes, de las que hablamos todos, no van mejorando suficientemente. Ha habido un cambio en la nueva secretaría de Estado y ustedes
hablan de industria, cosa de la que no hablaba el anterior secretario de Estado, y me alegra. No nos gustó que del ministerio desapareciera la energía o la minería que forma economía. Este año ha habido, entre comillas, otro pequeño bocado -se han
llevado el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que va también a economía-; nos hemos quedado reducidos a textil, naval, química, etcétera, pero, en cualquier caso, con lo que tengamos, hagamos una política industrial
porque no la tenemos, aunque tenemos el apoyo tecnológico. Hay problemas además preocupantes. El otro día descubrí en los presupuestos que, por ejemplo, en la política de reindustrialización, en el Campo de Gibraltar, a 30 de septiembre se habían
gastado ustedes el cero por ciento del presupuesto -mírelo usted en los datos que nos dieron de este año-. Si además en el año 2001 se habían gastado -no tengo el dato exacto- en torno al 61 por ciento del presupuesto, significa que es un programa
que ha estado siempre bastante olvidado y aparcado. Estoy de acuerdo que hay que tratar los problemas industriales de una manera distinta a como se hacía hace 15 ó 20 años, pero no es menos cierto que existen problemas específicos, por ejemplo, en
el sector naval con los quimiqueros, con los diferentes barcos que eran más específicamente de España y que no tenían una
defensa ante la competencia desleal, donde hemos insistido hasta la saciedad y, al final, se ha llegado a lo que estamos proponiendo -anuncia usted alguna medida que ya conocíamos-, pero se ha rechazado todo el tiempo que lo hemos presentado
en esta Comisión. Usted no tiene por qué saberlo, pero se lo digo. Se sigue hablando sobre industria. Tengamos en cuenta que tenemos un problema grave.
Usted hablaba de la transferencia de tecnologías. Hay un problema importante. Yo no quiero hacer una descripción de cómo está nuestro país -porque no es el momento tampoco-, pero el dato que más me preocupa es el de la evolución;
aumentamos de modo drástico nuestros recursos hacia el sector productivo. ¿Sabe usted que ha disminuido el número de patentes por parte de las empresas españolas y ha aumentado el número de patentes por parte de los organismos públicos de
investigación? No es una paradoja, es la constatación de que estas políticas no van bien encaminadas -lo tiene usted en el propio informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas-; si usted compara verá -y me parece que es tremendo- desde el
punto de vista de las patentes, según mis datos, que el 0,59 de las patentes solicitadas en Europa son españolas; es una cifra ridícula. Hemos aumentado nuestro índice de dependencia prácticamente por cuatro en los últimos 10 años y hemos
disminuido nuestro índice de autosuficiencia del 0,16 al 0,02 -y son datos oficiales presentados por ustedes-. Algo pasa. Con estas nuevas medidas -ahora hablaré un poquitín de las fiscales- vamos a permitir una transferencia de tecnologías,
generamos conocimientos en las universidades y en los OPI y lo transformamos en el sector productivo. De pronto te encuentras con un dato que me llama mucho la atención: los OPI aumentan el número de patentes mientras que las empresas no. Algo
está pasando, hagamos una reflexión porque sigo pensando que en alguna medida tenemos una cierta política proteccionista de la empresa. Y que quede bien claro que no tengo nada en contra del sector privado, que comparto que tiene que invertir más y
la necesidad de que cada vez participe más, pero sobre todo que es necesario que sea un sector privado de emprendedores. Por eso cuando se oía hablar de empresas de base tecnológica, el programa NEOTEC, me siento satisfecho, me gustan esos
programas; me gusta menos cuando veo que hay -y a lo mejor es desconocimiento- subvenciones o préstamos a grandes multinacionales; cuando veo que hay pymes que no llegan porque tienen unas barreras en el entorno normativo para acceder a esos
préstamos, me da la sensación que el sistema no funciona, y se lo digo con toda claridad.
Voy terminando. Voy a acabar tocando uno de los aspectos que usted señalaba, por ejemplo, el tema internacional. Los datos a veces son tozudos, y dije que no quería dar demasiados datos. Por ejemplo, a lo largo de los años, por hacer
simplemente comparación con la etapa en que gobernaban ustedes, le podría decir que en el año 1990 el origen de los fondos procedía en un 6,8 por ciento del exterior, me da igual, pero en el año 2000, la última estadística que ha salido es del 4,9;
en 1996, por ejemplo, era el 5,5. Es decir, cada vez tenemos más dificultades para captar fondos del exterior, y esto tiene que ver con el V programa-marco, por ejemplo, donde el retorno ha bajado en relación con el IV. En el V programa-marco
nuestra contribución es de un 7,4 por ciento y el retorno que hemos tenido es de un 6,2, cuando en el IV programa-marco era de un 6,5 y obtuvimos el 6,3. Estas cifras, que tampoco hay que mirarlas fríamente porque hay sectores donde han ido mejor
las cosas y otros donde han ido algo peor, evidentemente muestran una preocupación. Esa proyección hacia el exterior, a mí me parece muy bien, pero los datos -repito- son bastante tozudos y no veo que estemos avanzando en esa captación de fondos.
Termino ya con los temas que tienen que ver con aspectos de gestión. Señor Morenés, usted ya tiene responsabilidades sobre estos temas, y le advierto cariñosamente que por las cosas que me llegan no van como creíamos que iban a ir, no están
mejorando. Yo tengo no una sino varias cartas de investigadores, por ejemplo, a un investigador se le comunica el 31 de julio que le dan un proyecto con equis euros y un becario. El 7 de octubre recibe una resolución de la Dirección General de
Investigación y le dicen que le han concedido este dinero. Por cierto, también estoy de acuerdo en que hayan publicado y hayan ganado esos meses en la convocatoria de ayudas a proyectos. Llevo dos años como voz que clama en el desierto, lo decía
en privado, lo decía en público, con proposiciones no de ley que el Grupo Popular votaba en contra. Si era tan sencillo, si se hacía en todos los lados hace muchos años, hagan ustedes un expediente anticipado de gasto, publiquen la convocatoria
antes de que acabe el año y ganen un tiempo precioso. En esta legislatura o al menos en esta Comisión, no se ha votado prácticamente ni una sola de las iniciativas presentadas por la oposición y algunas sinceramente creo que son sensatas y de
sentido común. Por eso aprovecho para decirle que menos mal que lo han publicado ustedes. Han perdido dos años por no hacer caso a algo -se pueden mirar las actas- que llevo diciendo desde hace más de dos años, pero, como decía, el PSOE no tenía
razón.
Sigo con el investigador. El 31 de octubre se publica esta convocatoria de becas y se publican posteriormente las becas que corresponden a proyectos. Bueno, pues la suya no sale. Le habían comunicado en julio que tenía dinero más beca, se
lo vuelven a decir en octubre y luego lo que publican es que no tiene esa beca. El va a preguntar a la subdirección general correspondiente y ¿sabe lo que le dicen? Que no hay becas suficientes. Ésa es una realidad.
¿Vamos a discutir si hacen falta cien o doscientas becas más? Yo no voy a entrar en esto en esta comparecencia que es de líneas generales, el problema es que esto sigue sin funcionar. Le aviso, y el que avisa no es traidor: cuidado con el
sistema informático que sigue teniendo problemas y espero que esta convocatoria se pueda hacer on line como se ha pedido y que no volvamos a la misma situación del año pasado. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
La burocracia dentro de la orden que han publicado ustedes sigue siendo enorme. ¿Usted sabe que ahora, según esa orden, el representante legal de cada organismo tiene que firmar un original para cada uno de los proyectos, que además se
exige que lo firme el presidente y que además tienen que firmarlo proyecto a proyecto? Por poner un ejemplo, ¿tiene sentido, si el CSIC manda 600 proyectos que haya 600 originales de quien es el representante legal? ¿Sabe usted que están detenidos
los fondos para pagar los proyectos por un problema alucinante derivado del impuesto de actividades económicas, que tenemos más de 1.000 proyectos esperando para ser pagados porque las entidades no estaban al corriente del pago de IAE, que por
cierto va a quitar el Partido Popular, cuando todos sabemos que hay una exención si no de derecho sí de hecho por parte de las universidades y organismos públicos de investigación. Todo eso son problemas que tiene usted en su ministerio. La
gestión no veo yo que se vaya arreglando. A todo esto, que quede claro que cuando se debatió la LOU, este grupo presentó una enmienda para hacer ya realidad lo que estaba ocurriendo, que las universidades no paguen el impuesto de actividades
económicas. Por supuesto, como era una propuesta del PSOE, se votó en contra.
Por lo tanto, señor Morenés, agradeciéndole de nuevo su intervención, yo creo que ha habido una escasa novedad en lo que usted ha planteado. En algunos casos la continuidad es buena, pero en este caso no, porque es la continuidad de una
línea que yo creo equivocada, que cojea mucho hacia un lado, que no tiene en cuenta suficientemente los problemas reales del sistema, que no resuelve aspectos que tienen que ver con temas tan importantes como pueda ser -aquí no se ha dicho nada y se
lo planteó el señor Pérez Rubalcaba al señor Piqué- qué pasa con Mesegué y el parque científico de la universidad de Barcelona. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué pasa con aspectos que usted no ha nombrado como ciencia y sociedad? ¿Qué pasa con las
células madre? Hoy se reunía la Comisión nacional de reproducción humana asistida. ¿Cómo está esa situación? ¿Está liderando el ministerio algo? ¿Qué pasa con el Sincrotrón? Déme usted algún dato, porque eso está en funcionamiento. ¿Han
llegado ustedes a un acuerdo, como yo tengo entendido, como siempre de tapadillo -de tapadillo yo- con la Generalitat, sí o no? Porque aquí el Grupo Socialista presentó una enmienda de 6 millones de euros que el Partido Popular votó en contra.
Todos esos temas -la carrera de investigador, qué va a pasar con los becarios, cómo vamos a dimensionar nuestro sistema, etcétera- son los que pueden dar una cierta, entre comillas, alegría al sistema. Con las promesas del nuevo plan
nacional estamos de acuerdo; con los nuevos programas, de acuerdo, pero, señor Morenés, repito que el tiempo se les está acabando y desgraciadamente esta va a ser una legislatura casi perdida para estos temas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, agradezco al secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, señor Morenés, su comparecencia hoy aquí y agradezco al Grupo Socialista la deferencia que ha tenido al invertir el orden
permitiéndonos poder asistir a la junta de portavoces.
Pasando ya al objeto de su comparecencia, mi grupo parlamentario quería incidir especialmente en un aspecto que usted mismo ha destacado. Usted en su comparecencia afirmaba que investigar es aumentar recursos. Es una frase del Gobierno,
una frase de su secretario de Estado de Política Científica, que mi grupo comparte. En este sentido, quiero manifestarle desde Convergència i Unió una preocupación por lo que podríamos considerar una cierta ralentización en la aportación de
recursos públicos destinados a I+D. Si repasamos las cifras, veremos que hay un objetivo que mi grupo comparte de llegar al 2 por ciento del PIB, que al final de la legislatura lo que en España se invierte en I+D significara ese 2 por ciento del
PIB. Para conseguir esta cifra, que nos situaría en el nivel medio de la Unión Europea, el Gobierno, también el sector privado y los poderes públicos deben aportar grandes recursos públicos destinados a I+D, y si repasamos las cifras del
presupuesto de este año vemos que la inversión en investigación se limita al 0,9 por ciento, no llegamos al 1 por ciento. Por tanto, debemos doblar para conseguir al final de la legislatura ese objetivo que nos habíamos marcado.
Bien es cierto que se está creciendo, pero si comparamos la cifra de crecimiento, en el presupuesto del año 2001 era de un 11,3 por ciento y para el próximo año es del 8,3. Por tanto, se sigue creciendo, pero se crece a un porcentaje menor
del que se crecía en ejercicios precedentes.
De ahí que mi grupo quiera mostrar una cierta preocupación y destacarle que Convergència i Unió considera que debemos aportar mayores recursos públicos destinados a I+D. Sin negar que se crece, debería
crecerse a un porcentaje superior para poder conseguir ese objetivo marcado por todos de llegar al final de la legislatura aproximadamente al 2 por ciento
del PIB. De ahí que el primer ámbito que le quería plantear Convergència i Unió es cuál es el horizonte de crecimiento hasta llegar a ese objetivo del 2 por ciento, que nos comentara desde el Gobierno qué previsiones existen para poder
cumplir lo que fue un compromiso de Gobierno al iniciar esta legislatura, que era terminar la misma con ese 2 por ciento, y, repito, estamos en el año 2002 en el 0,9. Por tanto, debemos doblar esta cifra y sabemos que no es un reto fácil.
Segundo aspecto que le quería plantear Convergència i Unió, el tema de las grandes instalaciones científicas. A nadie se le escapa -y usted también ha hecho un repaso de las mismas, aunque sin concretarlas- que las grandes instalaciones
científicas son elementos importantes para elevar el nivel científico y potenciar la colaboración y cooperación internacional de un país. De ahí la apuesta por lo que van a ser grandes instalaciones científicas para el Estado español. De entre
éstas le quiero plantear dos en concreto: sobre el Sincrotrón, que usted ha mencionado, nos gustaría conocer alguna concreción más. Sabe que tiene la colaboración de la Generalitat de Catalunya en este proyecto y la plena colaboración de
Convergència i Unió, pero necesitamos conocer del Gobierno cómo se concreta lo que es sin duda una gran apuesta de investigación y de futuro y como se está planificando la inversión pública para que ese Sincrotrón sea la realidad que todos deseamos
para nuestro desarrollo científico.
Otro aspecto dentro de este capítulo de las grandes instalaciones científicas que también ha mencionado usted, señor Morenés, es el proyecto ITER. El proyecto ITER es un proyecto internacional de reactor experimental de fusión termonuclear
de gran envergadura en el que España tiene una candidatura que está compitiendo con Francia, Canadá y Japón.
Sabemos también que no siempre es fácil en este contexto conseguir que, al final, la candidatura española sea la elegida, pero también es
cierto, señor Morenés, que hay grandes argumentos que avalan la idoneidad de la candidatura española, en este caso en la provincia de Tarragona, entre L'Hospitalet de l'Infant y L'Ametlla de Mar. Hay unos estudios hechos con rigor, con seriedad, y
sabemos que, si se consigue este proyecto para España, será un proyecto de una gran inversión pública que redundará también en un crecimiento de nuestra comunidad científica, de ahí que también le pida en este aspecto concreciones. ¿Qué está
haciendo el Gobierno para potenciar la candidatura española para tener el proyecto ITER? ¿Cómo nos estamos moviendo a nivel internacional? ¿Qué pasos se están dando? Sé que estos son aspectos que en ocasiones exigen prudencia y, por tanto,
entenderé que su respuesta también vaya en ese contexto de prudencia, pero Convergència i Unió le pide que no eludamos ningún esfuerzo en conseguir que esta candidatura sea una realidad y la provincia de Tarragona pueda albergar este gran proyecto
científico que consideramos de utilidad por la inversión pública que generaría, por el conocimiento científico que se generaría en España. Seríamos anfitriones de científicos de todo el mundo, en lo que va a ser, sin ninguna duda, un proyecto de
experimentación en nuevas metodologías y energías menos contaminantes y de mayor progreso para el conjunto de la sociedad. De ahí que mi grupo parlamentario, además de ofrecerle la colaboración, le pida que desde el Gobierno se emprendan todas las
acciones posibles y a todos los niveles para que la candidatura pueda tener el éxito que esperamos.
Un tercer aspecto, la Agencia de Evaluación y Prospectiva. La ANEP es una agencia que pretende vehicular los aspectos de evaluación científica y potenciar estudios y análisis prospectivos. Mi grupo querría conocer, señor Morenés, si
considera que los medios de los que dispone la ANEP son adecuados para el volumen de trabajo que debe prestar, qué criterios tiene de selección de coordinadores y evaluadores y qué control realiza de las memorias finales de los proyectos financiados
con ayudas públicas.
Termino agradeciendo la comparecencia del secretario de Estado, le ofrezco una vez más la colaboración de Convergència i Unió en ese gran objetivo de crecer en investigación científica, reiterándole la preocupación por la evolución de los
presupuestos en este ámbito, pues consideramos que la inversión debería ser aún más fuerte. Es necesario que en el ámbito de la política científica creemos entre todos grandes complicidades y acuerdos políticos para hacer realidad lo que debe ser
un futuro de mayor investigación científica porque ello, sin duda, redundará también en un crecimiento económico global y en una mejora de la sociedad en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra Juan Manuel Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Pido disculpas por el tono de mi voz pero estoy atravesando uno de esos catarros matutinos y periódicos que tradicionalmente ocurren en este periodo de tiempo.
Agradecemos una vez más al secretario de Estado que comparezca ante la Comisión, y de manera especial el énfasis que ha puesto en aportar datos a la información sobre el recorrido de la secretaría de Estado de la cual es responsable. Yo
creo que el conjunto de los diputados, a lo largo de esta mañana, hemos tenido ocasión de tener una visión mucho más amplia de cuál es la situación y cuáles son los progresos reales que ha hecho la Secretaría de Estado de Política Científica y
Tecnológica en los últimos años. Yendo a las cifras, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que expresar nuestra satisfacción por los muchos objetivos que la Secretaría de Estado que dirige el señor Morenés tenía que alcanzar, una serie de
objetivos fundamentales, entre ellos, reforzar la capacidad investigadora española mejorando el volumen y la cualificación de sus recursos humanos y materiales. A nosotros eso nos
parecía sustancial. Partíamos de una situación complicada, como se ha comentado con anterioridad por parte del resto de portavoces, en la que había que hacer una apuesta por esa cualificación de los recursos humanos y materiales en pos de
una política investigadora capaz de hacer que España converja desde el punto de vista de la investigación con el resto de países de la Unión Europea. Y hay que decir que, si nos remitimos a los datos, eso se ha cumplido. Yo creo que podemos ser
moderadamente optimistas. Sin lugar a dudas, el resto de los grupos parlamentarios, legítimamente, quieren llegar a más; yo creo que todos coincidimos en que necesitaríamos llegar a más hasta conseguir objetivos y metas aún más altas, pero creo
que vamos en la senda de lo correcto.
En el plano de la política científica me gustaría destacar el apoyo que se ha dado por parte de esta secretaría de Estado a la formación de nuevos investigadores: más becas, algo fundamental, en torno a un 47 por ciento, y mejor dotación,
con un incremento en torno a un 39 por ciento. Yo creo que se han dado también más oportunidades de continuidad profesional a través de los programas Ramón y Cajal, IDE y Torres Quevedo. Sin duda alguna habrá que seguir avanzando en esa línea,
pero en nuestro grupo parlamentario pensamos que hay una mayor protección jurídica y socioeconómica del becario, hay una mejora de sus condiciones, hay una definición del próximo estatuto del becario y una próxima inclusión en la Seguridad Social.
Hay una mejora de las condiciones en las que los investigadores desarrollan su actividad con nuevas facilidades y nuevas oportunidades, como la movilidad internacional; la licencia por actividad neoempresarial, que también es un instrumento básico;
el acceso a la Función pública, que ha sido criticado muchas veces por el portavoz del Grupo Socialista, que manifiesta su inquietud porque este Gobierno se fija mucho en el sector privado a través de ayudas que tienen ese interés y esa rentabilidad
de arrastre del sector privado al mundo de la investigación pero que olvidamos lo público. Por los datos que nosotros tenemos, que son los que tiene todo el mundo y el conjunto de los grupos parlamentarios, hay casi 1.000 nuevas plazas convocadas
sólo en los OPI, los premios nacionales de investigación. Se ha dado un apoyo decidido a la transferencia de resultados de investigación a la empresa a través de la reforma del régimen convencional y contractual de los OPI, a través de las
licencias y movilidad para el personal investigador, como comentaba anteriormente, a través de la contratación de doctores de empresa, de los programas ID y Torres Quevedo, a través de la red de oficina de transferencia de resultados de
investigación, del programa PETRI. Se ha fortalecido la investigación pública con un incremento en la dotación económica de un 66 por ciento en 2000-20001 y de personal con 1.000 nuevas plazas convocadas en los OPI, como decía anteriormente. Un
incremento de esas ayudas de 2000 a 2001 del 32 por ciento; un incremento al número de solicitudes; un incremento de la subvención media por proyecto. Se han emprendido acciones de estrategia. Las mejoras realizadas en la dotación de
infraestructura científica es notable. No quiero extenderme, pero van desde la financiación de la red informática y telemática hasta el equipamiento científico y tecnológico de todo tipo con 23 millones; la construcción y ampliación de centros
universitarios; mejora de la cohesión territorial; más reuniones del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología; la constitución de grupos de trabajo de las comunidades autónomas; la firma de acuerdos marco, etcétera. Hay datos absolutamente
objetivos para demostrarlo.
Respecto a las posiciones de otros grupos parlamentarios respecto de la gestión, sobre todo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado que ha habido carencias o cierta crítica hacia la gestión realizada en otros años.
Dentro de lo que es el gasto público en I+D, que es absolutamente prioritario para potenciar la investigación básica, para ampliar y mejorar la infraestructura científica y estimular el desarrollo, el crecimiento sostenido del presupuesto destinado
a la función 54, que es I+D, ha sido de un 330 por ciento en los últimos seis años. Los incrementos relativos de 1999 a 2000 han sido de un 10,3; del 2000 a 2001, un 14,1; y en 2001, un 7 por ciento. Todos ellos en un marco presupuestario de
estabilidad y de déficit cero y en una coyuntura internacional y con unos compromisos nacionales muy rigurosos desde el punto de vista presupuestario.
No quiero extenderme porque no quiero aburrir a SS.SS. y sin duda el señor secretario de Estado tendrá muchos más datos, pero sí quiero manifestar en nombre del Grupo Parlamentario Popular que nosotros estamos a favor de una política
científica clara de innovación y desarrollo que apueste por un sistema de excelencia científica, que consiga ese desarrollo y esa cuota de progreso que tanto necesita nuestro país y que definitivamente dejemos los lastres del pasado y de la historia
para competir en estos campos en términos de igualdad con el resto de los países a los que nos asemejamos. Para conseguirlo hay que hacer una serie de tareas, muchas de ellas complejas. Los grandes objetivos no se consiguen en un día, ni siquiera
en una sola legislatura, pero con los datos, que son públicos y notorios, en la mano podemos decir con moderada satisfacción que en el Grupo Parlamentario Popular queremos seguir avanzando y progresando en esta materia. Podemos decir que en la
Secretaría de Estado se ha hecho un excelente trabajo desde que se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha tenido un desarrollo político y en la gestión, pese a las complicaciones que comentaba anteriormente de criterios presupuestarios y
de coyuntura internacional, incluso de novedad, puesto que es un ministerio de nueva creación y siempre se tarda cierto tiempo en el ensamblaje interno. Pese a
todo eso, desde nuestro grupo parlamentario podemos decir, y yo creo que así lo constatan también el resto de personas que se dedican a estos temas, que ha habido un avance sustancial, fundamental, que va en la senda del desarrollo y del
progreso dentro de la sociedad de la investigación y del desarrollo tecnológico tan necesario en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Señorías, gracias por sus intervenciones. Voy a intentar contestar en el orden en el que se han producido y aclarar, en la medida de lo posible, lo que ha
sido la mía, que parece que en algunos aspectos no ha quedado suficientemente clara.
Al señor Aymerich quiero decirle dos cosas. En primer lugar, cuando nosotros planteamos la cooperación con las comunidades autónomas y en concreto con la gallega, que parece que usted quiere excluir de esa cooperación, lo hacemos no en el
sentido de sangrar a las comunidades autónomas en la parte -que además le recuerdo que es transferencia del Estado- de financiación que tienen por los acuerdos que existen con la organización del Estado en España, sino precisamente para ordenar y
rentabilizar de manera coherente todo el esfuerzo que se hace por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma. No creo que S.S. esté diciendo que quiere excluir de ese ámbito de cooperación a la comunidad gallega, pero por la manera en
la que la ha dicho parece que sí, y entonces entiendo que S.S. está diciendo que no se transfieran fondos a la comunidad gallega en proyectos específicos, como por ejemplo la construcción de un barco oceanográfico, que no se transfieran fondos para
las creaciones de cluster tecnológicos como el que se ha hecho en Vigo.
Señoría, creo que hay que tener muy presente que determinadas políticas o condiciones que se hacen y que tienen un entorno estatal tienen que ordenarse, y no vale establecer
políticas de orden general, como las que usted decía de la propia coherencia, es decir, nosotros no queremos participar en un sistema de inversión o en una ordenación general, y eso es más coherente o más solidario que lo que usted está proponiendo.
Eso es una contradicción en los términos -S.S. señalaba su origen jurídico- y creo que es bastante evidente que no se puede plantear, no se puede -permítame el casticismo- soplar y sorber a la vez. Es decir, nosotros lo que hemos propuesto es
coordinar el Plan nacional de I+D+I, con las comunidades autónomas, precisamente para que no haya un solo gasto que pudiendo coordinado ser eficiente por estar coordinado deje de serlo por no estarlo. Eso en cuanto a los principios generales que
motivan el interés de mi departamento o del departamento en la coordinación del asunto.
De su intervención deduzco que nada, absolutamente nada de lo que se hace le parece bien. Ese tipo de intervenciones, señoría, con todos mis respetos, creo que son poco rigurosas. Me parece que hay cosas que son mejorables, cosas que se
hacen mal y cosas que se hacen bien. Yo no pido que se digan las que se hacen bien, lo que pido es que se matice y que se hagan intervenciones rigurosas; lo pido en el mismo sentido que me piden a mí que la mía lo sea. Por tanto, yo trato de
hacer la mía rigurosa. En ese terreno de los principios y del rigor, tengo algunos puntos que clarificar en cuanto a las cifras que se han invertido en Galicia. La intervención del Estado en dos lugares que usted ha señalado, que son Ferrol y
Vigo, es notabilísima en el ámbito de la construcción naval. El Estado mantiene una inversión extraordinaria, porque tiene que ser así y porque se produce por conceptos de pura justicia y de pura competitividad en ámbitos mayores que el del propio
Estado, y éste que le habla ha trabajado durante muchísimos años en la construcción naval y se sabe muy bien el tema de Ferrol, de Vigo, de la construcción naval y otras cosas.
Si S.S. está señalando que el Estado no ha hecho un solo esfuerzo ni
lo sigue haciendo en Galicia no sabe de lo que está hablando, así de claro se lo digo. Por tanto, le ruego que repase exactamente cuáles son las transferencias que se hacen, por ejemplo, desde el sector de los apoyos a la construcción naval, a los
dos ámbitos que le he dicho, precisamente para favorecer que allí exista ese tipo de industria, que entiendo que es absolutamente esencial y que compite en el ámbito internacional, dicho sea de paso, construyendo fragatas para Noruega; luego, como
decía el señor Lissavetzky, ya hablaremos de ese asunto y de los beneficios o no que pueda significar para el I+D nacional. Por tanto, me gustaría que quede claro que nosotros no vamos a sangrar a nadie. Es más, estamos deseando cooperar con las
comunidades autónomas, contribuyendo con elementos de gestión, con elementos financieros y con recursos humanos a que esas políticas que se hacen allí, y no se hacen mal, se potencien.
Tengo aquí algunos datos, que le ahorraré a S.S. porque le
puedo informar de ellos por escrito, de cuáles son las participaciones en aspectos de infraestructuras, de ramones y cajales y en proyectos de I+D en los que ha intervenido Galicia, pero la verdad es que me parece un poco inconveniente que se diga
que el Estado no ha invertido dinero en Galicia porque aquí hay representantes de otras comunidades autónomas que podrían decir algo a ese particular.
En cuanto a los becarios, diré que es un asunto que hemos traído a nuestra primera preocupación política. Es verdad que existen -luego contestaré más extensamente porque hay una pregunta sobre esto- unos determinados compromisos de los
responsables políticos anteriores del ministerio en relación con los becarios. Nosotros queremos establecer dos premisas importantes. Primero, los conceptos: los becarios tienen
una determinada condición, que no son laborales, sino becarios. Una vez establecido eso, darles todo lo que se les pueda dar, en función de esa previa condición. Esa va a ser exactamente la política que vamos a seguir y, curiosamente, esa
política, y parte de la que ya venimos siguiendo, hace que, por ejemplo, los becarios tengan hoy un tratamiento que no tenían hace determinado tiempo. En ese sentido, vamos a ver qué podemos hacer más adelante. Comprendo que siempre se puede hacer
más, ustedes están ahí para exigir que se hagan más cosas y mejor y yo les aseguro que les escucho con extrema atención y no descarto ninguna manifestación, ninguna de las ideas que den ustedes por el hecho de que representen los intereses o los
puntos políticos que representan, ni mucho menos; no encontraran en mí ese tipo de rechazo porque estoy aquí para aprender de muchas cosas y enterarme de cuáles son las que estamos haciendo mal y mejorar las que estamos haciendo bien. Lo verán.
Tengo poco tiempo y debo priorizar, por lo que paso a la intervención del señor Lissavetzky. Señoría, yo tengo que priorizar determinadas cosas.
Respecto a hacer una revolución ministerial, le recuerdo su anterior intervención porque
simplemente la creación de nuevos equipos alarmó a su señoría. Lo que conceptualmente es bueno -y S.S. lo decía también la anterior vez que comparecí- hágase mejor; es decir, que los objetivos que se marcaron en su día no se conviertan en malos
porque no se puede llegar a ellos porque hay un mal proceso. En eso estamos. Su señoría me alerta -incluso me dice que el que avisa no es traidor-, yo entiendo el mensaje y espero que no tenga que compadecerse el mensaje con los términos empleados
porque no creo que estemos hablando ni de traiciones ni de amenazas ni de cosas semejantes. Creo que nosotros estamos haciendo ordenadamente lo que podemos, señoría. Creo que la gestión está mejorando, pero eso se demuestra solamente con hechos y
con datos. Yo no le voy a dar los datos, el año terminará y S.S. verá si nosotros hemos gestionado mejor o no. Usted saca una carta y me parece bien, porque es importantísimo que un asunto específico que afecta a una determinada persona sea
tratado con todo el interés que el Estado tiene que poner precisamente en el concepto individual de las personas, una a una; le ruego que me la haga llegar y trataré de ver qué es exactamente lo que ha ocurrido. Pero, señoría, no mezclemos los
temas. La gestión se mide en proyectos que se evalúan, en proyectos que se conceden, en financiación que llega a los que les han sido concedidos esos proyectos, y yo le digo, señoría -usted lo comprobará porque no se trata de hacer manifestaciones
de grandeza-, que este año vamos a gestionar mejor el presupuesto. Su señoría dice que ya es hora, porque todo lo que hacemos bien es porque le hacemos caso a usted. (El señor Lissavetzky Díez: Yo no he dicho eso.) Pues si no ha dicho eso, ha
dicho que S.S. lleva dos años y medio predicando en el desierto y que ahora que le hemos hecho caso las cosas -como, por ejemplo, en el lanzamiento de convocatorias- van bien.
Señoría, eso es exactamente lo que le he manifestado al principio. Yo
no voy a hacer oídos sordos a lo que parezcan cosas sensatas, ni siquiera voy a hacer oídos sordos cuando me parezca que la crítica se justifica por sí misma; cada uno sabrá lo que pretende con eso, pero es evidente.
Si vamos a ser rigurosos -yo
voy a tratar de serlo-, cuando meta la pata, valga la expresión, lo diré aquí con toda tranquilidad, pero cuando no la meta explicaré por qué no la he metido. Yo creo que en este momento estamos gestionando francamente mejor porque estamos
intentando poner en marcha los grupos de trabajo o, como decía usted, estructuras que se adecuen exactamente al problema que hemos tenido que afrontar, no por los gestores anteriores sino por lo que implica la creación y el impulso a un ministerio
que es nuevo y que tiene que compaginar determinadas culturas que no eran precisamente iguales.
Usted dice que lo mío le suena a música celestial -prefiero que suene a ese tipo de música que a otro tipo de música que podría calificarse de otra manera- y que no hay ninguna novedad. Claro que hay novedades, pero las novedades que yo he
explicado se las ha atribuido S.S. y, como a lo mejor es cierto, yo no lo negaré. Lo cierto es que nosotros hemos puesto en marcha dos cosas que creo que son importantes. Dice S.S. que tenemos falta de credibilidad y pretende ponernos desde el
principio ese sambenito, con lo cual nos hace muy difícil la tarea porque, hagamos lo que hagamos, como arrastramos una extraordinaria falta de credibilidad, nada va a ser lo que es sino lo que a S.S. le parece que tiene que decir que es. Nosotros
estamos aquí para demostrar a S.S., con la fuerza de los hechos y del trabajo, que lo que decimos es lo que hacemos.
En cuanto a la estructuración del sistema, nosotros vamos a adecuar la estructura del sistema de gestión de todo lo que tenemos encomendado a las necesidades que tiene este asunto. El tema de los becarios lo abordaré luego porque S.S.
tiene una pregunta al respecto, pero ya le he dicho en qué línea.
Enmascaramiento de las cifras como gastos militares. No sé ya cómo explicarlo. Me pasa -y permítanme el excurso- como cuando estaba en Interior y cada quince días me preguntaban cuándo iba el Gobierno a cesar al delegado del Gobierno en
Madrid. La décima vez que me lo preguntaron, el propio preguntante se dio cuenta de que el asunto había tenido el suficiente esfuerzo para hacer llegar a la opinión pública un determinado mensaje que no tenía mucho sentido. Nosotros no financiamos
gastos militares, ni armamento, ni programas militares, ni estos asuntos, ya lo explicaré luego; lo que hacemos es financiar empresas que se dedican a hacer programas militares y que para ello necesitan desarrollar I+D. El I+D es el I+D, la defensa
es la defensa y ni por I+D ni por defensa este Gobierno
tiene ningún complejo. A veces le he oído decir a S.S. que por ninguno de los dos sitios lo tiene tampoco. Me da la sensación de que alguien pretende hacer ver que el Gobierno tenga ese complejo o alguien, sin tenerlo, quiere que parezca
que lo tiene para conseguir una posición en la opinión pública. Lo reiteraré tantas veces como haga falta, para eso comparecemos ante esta Cámara.
En cuanto al Sincrotrón, creo que hay una pregunta sobre este tema.
Adelantaré que estamos trabajando en dos ámbitos: en el financiero para ver cómo podemos, con un esfuerzo importante que tienen que hacer el Estado y la comunidad autónoma
-y en eso estamos trabajando con la Generalitat-, proyectar en el tiempo. El verdadero problema del Sincrotrón no es el concepto ni su excelencia ni que haya que hacerlo o no, estamos absolutamente convencidos de que hay que hacerlo por las
necesidades que tenemos, sino la financiación. En ese tema estamos intentando clarificar dos aspectos: primero, los recursos necesarios para el año 2003, saber exactamente cuántos son, porque queremos llegar a la ejecución al cien por cien del
presupuesto y sería una mala noticia para todos que no lo hiciésemos y, segundo, la proyección financiera en el tiempo del proyecto que tiene un coste y que, además, tiene que convivir con otros programas de la función 54 que no podemos afectar por
el hecho de que sea un gran programa. Esta es la política que expliqué, una vez más, el primer día que vine aquí, es la política que explico ahora y les puedo decir que ya tenemos un cuadro financiero establecido. Estamos de acuerdo el Gobierno de
la Generalitat, como la Generalitat como el Gobierno en el marco financiero y no es de tapadillo, es simplemente que los dos financiadores del proyecto -si hubiese más estarían allí- se han sentado a trabajar. Eso no es tapadillo, eso es hacer el
trabajo donde se debe.
En cuanto a las patentes -sobre el Sincrotrón volveremos luego-, en la exposición que ha hecho S.S. hay una alegría y una preocupación. La alegría es que los organismos públicos de investigación y los investigadores están asumiendo que la
protección jurídica del conocimiento es una forma de enriquecimiento de un país, pero no ha sido fácil, señoría. Decía en la comparecencia en el Senado que convenía clarificar si realmente las patentes deberían de ser un elemento -cosa que no se
acepta por toda la comunidad científica- de cualificación desde el punto de vista de la excelencia científica o no, y derivado de eso se produciría un enriquecimiento de la sociedad en función de la cantidad de conocimientos protegidos que podría
haber. La tristeza es la disminución de la participación de las empresas. Nosotros nos estamos ocupando de eso. La valoración que tienen que hacer las empresas del beneficio que se produce por la protección jurídica de sus conocimientos, de su
tecnología, es algo cultural que tiene que ser ínsito en los consejos de administración de las empresas y probablemente en los órganos gestores.
En eso estamos.
¿Qué formulas hay? Dos. Por un lado, la divulgación, la difusión, es decir, la insistencia, que en los medios de comunicación se digan esas cosas, y a través de la fundación de ciencia y tecnología habrá que potenciar esas relaciones, esa
convicción de la bondad que se deriva de las políticas que se hacen en este ministerio. Por otro lado, que los elementos de la elaboración inicial de los conocimientos se trasladen a las empresas y allí hagan su labor pedagógica. Personalmente
creo que es mucho más eficaz, a la hora de incorporar conocimientos tecnológicos o científicos en las empresas, la presencia de un doctor o de un tecnólogo que el hecho de que haya grandes campañas publicitarias para que eso se pueda producir así.
Con esto sufren extraordinariamente las pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos trabajando con los centros tecnológicos, con los parques científicos y con el Torres Quevedo para llevar eso allí. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora dirá
usted: Es que no tienen ustedes mucho acierto. Señoría, nosotros estamos incrementando el número de doctores y de tecnólogos en las empresas. ¿Tendría que ir más deprisa? Tendríamos que ir más deprisa. Pero esa es la línea.
Quiero hacer una pequeña matización. En cuanto al fárrago administrativo, como decía usted, o los problemas de gestión administrativa de nuestros recursos, estamos dentro del marco que nos impone la ley y que no nos podemos saltar en aras a
una eficiencia. Estoy totalmente de acuerdo en que podría venir de ahí y, de hecho, en la Unión Europea apoyamos el sistema slim, que es el adelgazamiento de los todos los procesos administrativos para acceder a esto. Repito que no nos vamos a
saltar la ley. Las universidades no solamente no pagan el IAE -S.S. ya había dicho hace dos años que había que quitarlo- sino que algunas, además del IAE, no hacen frente a otros tributos estatales, entre ellos, por ejemplo, la Seguridad Social.
Estoy seguro de que a S.S. no le parecerá bien que a la Seguridad Social o a otros tributos estatales no se haga frente por quienes tienen que hacerlo.
Si le parece bien -a mí también me podría parecerlo- lo que habrá que hacer es establecer el cauce para que se haga, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una norma que viene derivada del Ministerio de Hacienda y no puede dar el
O.K a un pago a las universidades si éstas no están al tanto de sus obligaciones tributarias, que no sólo son el IAE.
Es importante que eso se sepa para que lo entienda todo el mundo. Así se lo manifesté a determinado representante de una
asociación de científicos cuando me dijo que a él en su universidad le habían dicho que llevábamos mucho tiempo sin pagar. Le dije: ¿Le importaría preguntar en su universidad cómo están en este ámbito? Y no me volvió a llamar.
Señor Jané, investigar no es incrementar recursos; se entiende lo que S.S.
quiere decir. Nosotros, en una línea ascendente, estamos tratando de incrementarlos. Ya lo he dicho muchas veces: vengo de dos ministerios en los que he tratado
-y todos, no creo que haya un solo responsable político que no trate de incrementar sus recursos y que no considere importante su política- de incrementar los recursos. Claro que sí, nosotros estamos incrementando los recursos en un ámbito de
solidaridad con la política del Estado manteniendo y explicando a quien nos quiere oír que esta política que nosotros estamos haciendo es esencial para el futuro, en este caso de España, y de España en la Unión Europea. La respuesta del Gobierno en
su conjunto a nuestra petición es una respuesta que en su día yo califiqué de alentadora, porque son presupuestos que van creciendo en una línea mayor que en otras situaciones y me despiertan una determinada ilusión, por lo que a este equipo le
corresponde, a la hora de gestionar estos asuntos.
Volviendo a los grandes acuerdos políticos que decía S.S., yo he presenciado aquí que se puede llegar a la participación de todas las partes interesadas, que son el Plan nacional de I+D+I. Curiosamente cuando lo he dicho se ha rebajado la
condición del plan a algo que hay que hacer y que tiene una determinada importancia. Yo no he dicho que el Plan nacional de I+D+I sea algo trascendente, sea hacer la nueva Constitución española o algo semejante; he dicho que es un proceso
interesantísimo para compartir puntos de vista, para establecer mecanismos y para desarrollar políticas que luego puedan servir a lo que todos los que estamos aquí entendemos como algo esencial, que es la política de I+D+I. A ninguno de ustedes les
he oído decir -y eso me alegra- que la política que estamos siguiendo sea insensata.
En cuanto a la Agencia de evaluación, creo en el Sincrotrón y en el ITER.
En cuanto a Sincrotrón, estamos trabajando en ello. No hay duda de qué es lo que vamos a hacer y cuándo. La negociación está terminada en cuanto a sus aspectos
financieros y no afecta de manera sustancial a las otras políticas que tenemos que llevar a cabo aquí. Respecto al ITER, España va a apostar de manera sustancial por él porque, independientemente del final del mismo, de lo que salga de la fusión
nuclear, es de extraordinaria importancia. Si me permiten SS.SS. la expresión, este proyecto tiene que salir. Este secretario de Estado va a ir a Estados Unidos a hacer campaña del ITER la semana que viene para explicar con claridad cuáles son
las bondades de este proyecto español y para que dentro de Europa se entienda que podemos participar en estos grandes proyectos sin necesidad de que tengan que estar instalados, como siempre, en otros países.
La candidatura española tiene establecida su estructura, el sitio, quiénes van a participar, los apoyos internacionales y la capacidad de las empresas españolas para poder desarrollar el trabajo. Estamos estudiando su financiación. El
Gobierno entiende el ITER como algo propio y no como algo que se le ha ocurrido sólo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual nos tranquiliza. Se presentó en la politécnica de Barcelona, y si S.S. tiene interés en conocer cuáles son todos
los aspectos del ITER, le puedo facilitar el libro en el que se define el proyecto, con sus aspectos técnicos, temporales y económicos.
Quería decirle al portavoz del Grupo Popular que, vista la trayectoria de los temas de investigación en el ministerio desde el año 2000, hay una serie de datos que apuntan a que el Gobierno -no nosotros, porque este equipo de Gobierno lleva
muy poco tiempo- ha hecho un importante, creciente y progresivo esfuerzo dentro las políticas generales de las que es responsable. Esto es lo que ahora podemos hacer sensatamente. Si sólo hubiese esta política a desarrollar por el Gobierno, no
estaríamos siendo especialmente generosos con esta política. Teniendo en cuenta otras políticas que defienden todos los grupos aquí representados con fuerza y con sentido, la que estamos realizando es la posible; no consiste en otra cosa la
política.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, un minuto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo para lamentar que el señor secretario de Estado no haya abandonado aún las formas del Ministerio del Interior, cuando tenía que comparecer como secretario de Estado de Seguridad y jefe de la Policía para
hablarnos de las cargas policiales, de que cuando se disolvían con brutalidad manifestaciones de estudiantes era un uso adecuado de la fuerza. Está usted ya en otro ministerio, en otra Comisión, le aconsejo que cambie las formas y que no
descalifique a los que sostenemos posturas diferentes. Usted dice que hacen la política posible, pero es que es sólo una de las políticas posibles. No tergiverse tampoco las palabras. Yo no dije que ustedes no inviertan en Galicia, sino que no
invierten lo que, desde nuestro punto de vista, deberían.
Agradezco que ponga de manifiesto los datos que usted tiene. Si no los puso es porque los que yo le di son ciertos; no son del Bloque Nacionalista Galego, son datos oficiales que aparecen
en publicaciones del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En segundo lugar, si usted conoce bien el tema de la construcción naval, cuénteme qué sucede entonces con IZAR-Fene, por qué no puede aún, a pesar de su gran política, construir buques convencionales y tiene que seguir construyendo
plataformas offshore; cuénteme también por qué se está deteriorando tanto, desde el punto de vista tecnológico como laboral, la plantilla en IZAR-Fene, por qué en momentos puntuales tiene que acudir a subcontratas en vez de establecer una plantilla
más estable o cuénteme cuál va a ser la carga de trabajo de IZAR-Fene para el futuro.
No estoy negando que hagan cosas sino que deben hacer más. Tampoco niego que haya que cooperar con las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, vaya acabando.
El señor AYMERICH CANO: Sólo un minuto. No niego que tenga que haber esa cooperación, pero no es para sangrar a las comunidades autónomas. Si sus prioridades -está demostrado por los resultados- no están contribuyendo al desarrollo
científico e industrial de Galicia, por lo menos deje que sea Galicia, con los fondos FEDER que le corresponden -y lo votó el Grupo Popular en el Parlamento gallego-, quien fije sus prioridades y emplee los fondos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, por un minuto.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Me he quedado sorprendido de su tono, señor Morenés. ¡Me parece perfecto! Yo he hecho una intervención contemporizadora en la que no he intentado, en absoluto, ridiculizar o exagerar algunas frases. Me habían
hablado bien de usted, pero me habían dicho que tenía poco sentido del humor; lo ha demostrado. Evidentemente, no estoy de acuerdo con su tono. Creo que no me ha escuchado o no me ha entendido. Yo he dicho textualmente que el Grupo Socialista
había presentado hace dos años el adelanto de las convocatorias y que se votó una proposición no de ley en contra en este Parlamento. Usted me dice que lo que yo estoy diciendo es que todo lo que se hace bien es gracias a mí.
¿Usted cree que es
una conclusión científica? Yo soy diputado, usted es secretario de Estado, respetémonos personal y políticamente. Yo tomo nota. En cuanto a lo de tapadillo, yo no he dicho que esté en Sincrotrón negociando con la Generalitat de tapadillo. He
dicho que me he enterado de tapadillo en el sentido de que alguien que ha estado por allí me ha dicho que cree que van a llegar a un acuerdo. Usted se lo toma como si yo hubiera dicho que están ustedes negociando de tapadillo. ¡Por Dios! ¡Cómo me
puede decir todas esas cosas! Esa es la anécdota. He empezado felicitándole por la información que ha enviado, usted no ha dado ni las gracias. Hay estilos en política y usted hoy me ha decepcionado en el estilo.
Termino enseguida, señor presidente. En los temas de gestión, falta credibilidad. ¿Por qué lo digo? Lo dicen veintiuna sociedades científicas. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido hasta ahora. Usted da buenas palabras; ojalá sea así.
Me habla de las universidades. Si no han pagado la Seguridad Social, ¡claro que tendrán que pagar! Hay un problema concreto, que es el impuesto de actividades económicas. Hable usted con sus amigos del Ministerio de Educación. Cuando he
dicho que el que avisa no es traidor, ¿qué quiero decir? Le falta a S.S. sentido del humor. Estoy diciendo que en sede parlamentaria estoy avisando de una situación que puede pudrirse y puede perjudicar a los investigadores por un tema resoluble.
¡Claro que sí! El que avisa no es traidor significa que lo digo en sede parlamentaria. Yo podría optar por callarme, esperar que se cayera, en mi opinión, o tuviera algún problema para luego apuntarme un tanto político en los medios de
comunicación. Yo no hablo tanto para los medios de comunicación posiblemente como usted. Me ha parecido de pésimo gusto también la referencia al delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Preguntaré siempre y cuando quiera y lo admita la
Mesa, las veces que quiera, sobre el Sincrotrón, sobre los gastos militares, sobre las células madre embrionarias, y usted dirá: no sé cómo tengo que explicarlo. Usted no es el profesor de esta clase, usted es un secretario de Estado que viene a
ser controlado con el máximo respeto. En ese sentido ha ido mi primera intervención y en ésta me he llevado en temas personales una decepción.
Dicho esto -termino en diez segundos, presidente- falta credibilidad. Lo que usted dice me suena a música celestial, a Obertura de Chaikovski 1812, porque hay mucho cañón por detrás que suena, me parece que tienen ustedes falta de un
proyecto político, unos presupuestos que muestran una especie de vuelo rasante en sus políticas, ausencia en obviedades, sus presupuestos son un brindis al sol y me parece que el futuro no va a ser mucho mejor del que tenemos ahora, que no es bueno.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor Morenés, me ha dado la impresión de que en la respuesta iba a aportar unos datos sobre lo que había preguntado mi grupo con relación al ANEP, pero, al final, esa respuesta no se ha producido. Le reiteraría las
preguntas que ha hecho mi grupo sobre esta Agencia de Evaluación y Prospectiva, que me ha dado la impresión que iba a contestar pero que después no se ha producido esa contestación.
Celebro la apuesta por el proyecto ITER. Afirma S.S. que es una apuesta potente del Gobierno, que no es del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que el Gobierno como tal la ha asumido. Le agradecería que nos hiciera llegar a mí y al resto
de portavoces de esta Comisión ese libro que me ha ofrecido porque generaríamos mayores complicidades en esta Cámara que son necesarias cuando un proyecto tiene que defenderse en la esfera internacional. Para finalizar, en todo el tema de la I+D+I,
la apuesta de mi grupo es clara en este ámbito y lo es también en un sector muy concreto, que es el textil. Yo quiero recordarle que el pasado 29 de octubre el Pleno de la Cámara aprobó una moción del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a favor del textil, cuyo último punto establece claramente que debemos promover las actividades de I+D+I de nuestras empresas en el ámbito de las nuevas fibras y textiles técnicos. En este
ámbito, también le pido el máximo apoyo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Lamento muchísimo este tono sobre las formas que comenta el señor Aymerich que utilizaba yo en el departamento de Interior. No creo que jamás se quejase
de mis formas el señor Aymerich entonces. Dudo mucho que fuesen otras que tratar de explicar las cosas con claridad.
Como las formas me parece importante, si he tenido alguna forma no correcta en la exposición de mis ideas, lo lamento profundamente. No ha sido esa mi intención, ni aquí ni en Interior. Yo creo que las formas son importantes, como ha dicho
el señor Lissavetzki.
En cuanto a Izar, la vieja discusión de que si Izar-Fene tenía que dedicarse al tema de barcos o no, en vez de a offshore, viene exactamente de 1988, que fue cuando se decidió que para que el astillero de Fene de lo que era pudiese seguir
adelante y no tuviese que ser cerrado de acuerdo con las instrucciones de Bruselas, se decidió que Astano se dedicase al offshore. Quiero decirle que eso, que ha pasado por muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, siendo Astano apoyado
permanentemente por el Estado, no le ha dado mal resultado. Si Astano hubiese decidido en su momento hacer buques, tendríamos ahora que un astillero que hoy día tiene un mercado importante desde el punto de vista de lo que no es la construcción del
buque entendido como elemento de transporte, tendría una situación realmente complicada. A través de todo este tiempo no fue una mala decisión, decisión que -si ve usted las cuentas de la compañía, que son públicas- que fue apoyada por el Estado.
Señoría, tengo algunos datos que antes no le he dado para no cansarle, pero ahora sí se los voy a proporcionar porque S.S. me los ha solicitado.
La participación de Galicia en la convocatoria de infraestructuras es del 8 por ciento sobre
el total de las ayudas que en este ámbito da el Estado; Madrid tiene el 9 por ciento, Castilla y León el 8,7 y Cataluña el 14. La participación en el Ramón y Cajal es del 3,3 sobre el total de contratos, y esto no se cofinancia con fondos
estructurales. En el año 2001 fue el 2,7; en el año 2002 ha sido el 3,3. En proyectos de I+D, en Galicia en el año 2001 ha sido el 4,3 por ciento y, en 2002, el 4,5 por ciento. Es verdad que hay una posibilidad de crecimiento, pero también una
progresión en la participación. En el año 1998 se concedió una ayuda de 1.000 millones de pesetas, además de algunos otros aspectos de Vigo, de los que ya he hablado, y los de la construcción naval que he dicho, para las comarcas de Ferrol, Eume y
Ortegal.
Señor Lissavetzky, yo no sé quién le ha dicho que yo no tengo sentido del humor, intentaré adquirirlo, pero hace falta tenerlo, sobre todo para escuchar con cierta tranquilidad el tono con el que S.S. me ha contestado, que ni se parece al
que yo he utilizado cuando he hablado con S.S. Recojo el guante de que hablemos con respeto, pero hagámoslo los dos. Yo ya sé que soy sólo un secretario de Estado que viene aquí a comparecer y S.S. es un representante popular, pero le recuerdo
que mi legitimidad es la misma que la suya y viene del mismo origen. Dice S.S.
que le he faltado en el tono, cuando lo único que he tratado, con sentido del humor, aunque con poco acierto, ha sido interpretar lo que usted ha dicho. Si así ha
sucedido, lo lamento, igual que lo he lamentado en la anterior contestación, pero no me ha dado la sensación de que utilizaba un tono distinto al de la ironía con la que S.S. lo planteaba, quizá con menos acierto que S.S. al emplearla. En ningún
momento le he querido faltar al respeto. Lo único que quiero, y lo he dicho a lo largo de mi intervención, es ser riguroso a la hora de hacer planteamientos en cuanto a las posibles causas de los problemas y a sus soluciones.
Mi intervención hoy en esta comparecencia es para decirles a SS.SS. que es fundamental que tengamos un fecundo diálogo entre todos nosotros a la hora de establecer algo que S.S. -debo decirlo y ahí está escrito- ha criticado no diré que
con ligereza. Dice S.S. que no le he escuchado, pero a mí me da la sensación de que, cuando he hablado de la elaboración del Plan nacional de I+D+I, S.S. tampoco me ha escuchado a mí. Yo he hablado de proceso, y cuando ha descalificado usted el
plan nacional como un elemento de novedad, ha sido cuando he aclarado que no es ninguna novedad y que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Simplemente he contestado -ya veo que con poco acierto desde el punto de vista de la ironía o la
retórica parlamentaria- a lo que S.S. luego ha replicado de una manera que, si me lo permite, me ha parecido fuera de tono. Si la mía ha sido fuera de tono, también la de S.S., aunque a lo mejor la he provocado yo, cosa que dudo.
Señor Jané, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva para nosotros es clave a la hora de dotar de legitimidad al proceso de la concesión de ayudas al Plan nacional de I+D+I. Nos preocupa muchísimo la agencia.
Entendemos que ha sido
un elemento clave y de prestigio dentro de la comunidad científica a la hora de hacer ese trabajo y creo que hay que dotarla de más medios. En cuanto al área de la prospectiva de la agencia, por ahora, en la primera fase, necesitamos que haga su
tarea de evaluación de manera eficiente. No diré que la segunda fase de la prospectiva no tenga que ser importante, y la estructura idónea para esa agencia la estamos estudiando en estos momentos. Para mí es fundamental
la primera fase de evaluación, teniendo en cuenta que prospectivas las hace la OPI y algunas otras organizaciones que podemos tener, para que se pueda producir esa afluencia de recursos económicos a la sociedad de la investigación, a las
instituciones que realizan investigación y desarrollo en tecnología, que es elemental. Yo tengo que dar los pasos de acuerdo con los métodos que tengo. No podemos insistir en los ámbitos de prospectiva porque afectarían de una manera sustancial a
la evaluación.
Ya he dicho en mi primera intervención que la evaluación, tanto del Plan nacional de I+D+I como de los proyectos actuales, nos interesa sobremanera. Una de las fórmulas en las que nosotros podemos y debemos gastarnos los recursos de
manera eficiente es saber qué ocurre al final.
Hay sistemas de medición, como puede ser la propia Oficina Nacional de Patentes y Marcas o como pueden ser los productos, la competitividad de nuestras empresas, todo eso es medible, pero tenemos que
ser capaces de evaluar, sobre todo en la comunidad científica que tiene una componente más aislada dentro de lo que es el sistema de evaluación. Para eso estamos pensando en el ministerio utilizar, mientras no se agiliza la evaluación inicial, la
propia Fundación de Ciencia y Tecnología, que nos podría ayudar a hacer evaluaciones concretas de algunos ámbitos a los que se les ha concedido ayudas y en estos momentos no sabemos cuál es el input posterior. En cuanto a los planes del textil, lo
he dicho ya en mi comparecencia, nosotros estamos empeñados en apoyar esos sectores.
- DE LA SEÑORA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE USO QUE SE PRETENDE DAR A LOS EDIFICIOS OCUPADOS ACTUALMENTE POR LOS CENTROS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEPENDIENTES DEL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC). (Número de expediente 181/003038.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que es el de las preguntas. Las preguntas 7 y 8 han quedado aplazadas. Empezamos por la número 6, a cargo de la señora Díez de Baldeón, sobre el uso que se pretende dar a
los edificios ocupados actualmente por los centros de humanidades y ciencias sociales dependientes del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor Morenés, como usted sabe, el pasado 4 de junio la junta de gobierno del CSIC aprobó una operación que tiene trascendencia porque implica el traslado de numerosos centros dependientes de éste,
concretamente el más importante de ellos es el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicado en la calle Duque de Medinaceli de Madrid, que alberga el Instituto de la Lengua, el Instituto de Historia y el Instituto de Filología. Esta
operación, que tiene un gran calado, supone el traslado de numerosos centros y su ubicación en la calle Albasanz, un edificio de 60.000 metros cuadrados, que está ubicado en el extrarradio de Madrid, en el polígono industrial de San Blas. La
operación ha tenido un rechazo contundente por parte de numerosas personalidades intelectuales de nuestro país y por parte también de los propios investigadores y del personal que trabaja en el CSIC. Le pregunto por las razones de su traslado a un
centro que fue construido inicialmente para albergar la Organización Nacional de Loterías del Estado, que fue rechazado por este organismo, como lo fue posteriormente por la Dirección General de Aviación Civil y por el Ministerio de Agricultura, y
ahora se pretende ubicar allí, ni más ni menos, que una de las bibliotecas más importantes de este país, que actualmente tiene su sede en la calle Duque de Medinaceli. La pregunta, porque ha habido numerosos rumores y desconcierto, es qué se piensa
hacer con este edificio histórico, que tiene una trayectoria muy singular y que está ocupado desde antes de la República. También nos gustaría saber qué se piensa hacer con otros edificios, porque en esta operación hay una permuta patrimonial
importante, en la que están afectados distintos edificios como, por ejemplo, el palacio de la vía Albani, en Roma, ocupado actualmente por el Instituto Cervantes. Parece ser que el Ministerio de Hacienda, propietario del edificio de la calle
Albasanz, para compensar patrimonialmente la cesión de este edificio, pretende quedarse con algunos otros propiedad del CSIC, entre ellos ese palacete romano, actual sede del Instituto Cervantes. ¿Cuál va a ser el uso o el destino final de todos
estos edificios? Sobre todo querría que me dijese cuáles son las razones para este traslado, en una operación que ha tenido múltiples rechazos por parte de académicos, historiadores, arquitectos, usuarios y del propio personal del CSIC.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): El Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrolla sus actividades en un conjunto de institutos de investigación por los que S.S. se
interesaba, pertenecientes al área de humanidades y ciencias sociales, que se encuentran dispersos en diversas sedes de la ciudad de Madrid. El más emblemático de todos ellos por su tradición, por el número de investigadores, por la superficie
ocupada y por la importancia de sus fondos bibliográficos es el centro de humanidades, que se encuentra en la calle Duque de Medinaceli. Como consecuencia de las propias tareas de investigación, del crecimiento de sus fondos bibliográficos (ha
pasado de 20.000 volúmenes a más de un
millón), así como del personal adscrito al mismo, las instalaciones actuales resultan insuficientes e inadecuadas, y ello a pesar de las reformas y adaptaciones que se han venido realizando con el fin de aprovechar al máximo los recursos
disponibles. De este modo, la actual sede en la calle Duque de Medinaceli dificulta, condiciona y en algún caso impide el correcto funcionamiento de dicho centro hasta el punto que la falta de espacio se configura como un factor limitativo del
propio crecimiento. Los servicios no se pueden prestar en las condiciones mínimamente exigibles y su fondo bibliográfico y documental (uno de sus mayores activos) tiene el acceso seriamente restringido. Esta situación, por otra parte, no es
exclusiva de este centro, sino que el resto de los institutos del área de humanidades presenta limitaciones similares, caracterizándose por su fragmentación y nulas posibilidades de expansión.
A todo ello se añade que en el centro de humanidades de
la calle Duque de Medinaceli las actuales condiciones de seguridad son aún más precarias.
Por ello la presidencia del CSIC ha acometido un proyecto que permitirá la instalación de los equipos de investigación en un edificio diáfano que posibilitará
planificar con perspectivas de futuro su distribución de acuerdo con criterios de afinidades temáticas y frecuencia de interacciones, superando así la anárquica ubicación actual de los diferentes grupos de investigación. El nuevo edificio permitirá
además la instalación de infraestructuras informáticas y ofimáticas necesarias para una gestión eficaz e innovadora de sus recursos. En definitiva, como muy bien sabe S.S., porque este asunto ha sido objeto de varias preguntas parlamentarias cuyas
contestaciones figuran en los correspondientes diarios de sesiones, el proyecto del CSIC pretende concentrar los centros de humanidades y ciencias sociales en un edificio del patrimonio del Estado, situado en la calle Albasanz de Madrid, que será
adscrito a dicho organismo en virtud de un acuerdo de colaboración de permuta de bienes inmuebles que en estos momentos se encuentra a punto de ser firmado por el subsecretario del Ministerio de Hacienda y por el presidente del CSIC.
Señoría, si bien le puedo responder sobre el uso que en la actualidad hace el CSIC del edificio de la calle Duque de Medinaceli y del que hará en un futuro del de la calle Albasanz, difícilmente podré contestarle acerca del uso que se vaya a
dar a aquél cuando sea abandonado por el CSIC, ya que corresponde al Ministerio de Hacienda, tal y como señala la Ley del Patrimonio del Estado, decidir la afectación de los inmuebles de titularidad estatal, aunque no tengo duda de que tratará de
adscribirlos a aquellos departamentos ministeriales y organismos públicos cuyas necesidades se adapten mejor a los distintos inmuebles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Díez de Baldeón García.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor Morenés, no me contesta a la pregunta. En esta casa se han hecho distintas intervenciones parlamentarias, concretamente una proposición no de ley en la que mi grupo parlamentario instó al Gobierno a
tomar una serie de medidas en este tema, pero sigue sin respondernos a la cuestión central. En torno a esta operación está surgiendo una gran confusión y ha habido una serie de rumores que deberían despejar. Ha ocupado muchas páginas en los
periódicos y me gustaría centrarme en una cuestión que me parece relevante. El pasado mes de mayo en un diario de tirada nacional se le hacía una entrevista al actual presidente del CSIC, señor Rolf Tarrach, en la que decía tres cosas muy
significativas. Decía literalmente que el punto débil del proyecto, es decir, el traslado del actual centro de la calle Duque de Medinaceli a la de Albasanz, al polígono industrial de San Blas, era su ubicación, que al propio presidente del CSIC le
parecía mala. La segunda cuestión que señalaba el señor Rolf Tarrach es que la operación ideal está muy lejos de ser la que se plantea, porque, dice él, la operación ideal sería sacar los centros de física, química y biología y llevarlos a donde
quieren ir, es decir, al campus universitario, y que una vez se hubieran trasladado todos estos edificios al campus universitario, se pudieran llevar los centros de humanidades al edificio de Serrano. Sin embargo, dice: Esta es la operación ideal,
pero está muy lejos de ser posible porque implicaría una financiación que no tenemos, dado que -dice- el traslado a Albasanz implica 3 ó 4.000 millones, mientras que el traslado según toda esta operación ideal implicaría unos 15.000 millones. El
propio presidente del CSIC, el señor Rolf Tarrach está reconociendo que lo que se hace aquí es una chapuza. Señor secretario de Estado, ustedes quieren utilizar un edificio que lleva ocho años desocupado en el extrarradio de Madrid y el Ministerio
de Hacienda quiere dar utilidad a un edificio que no ha querido nadie. No lo ha querido la Organización Nacional de Loterías, no lo ha querido Aviación Civil, no lo ha querido el Ministerio de Agricultura, no lo quiere nadie y ustedes quieren
llevarse la tercera o la cuarta biblioteca en importancia de fondos humanísticos y de ciencias sociales al extrarradio de Madrid, a una zona industrial, desubicándola del contexto cultural en el que está, junto a la Biblioteca Nacional, la Academia
de la Lengua, la Academia de la Historia, el Ateneo de Madrid, el Museo del Prado, en contra de todos los usuarios, en contra de numerosos académicos, como Gonzalo Anes, actual director de la Real Academia de la Historia, el señor Martín de Riquer,
el señor Rodríguez Adrados, el señor Pérez Sánchez, que, como saben, es director honorario del Museo del Prado, en contra de arquitectos como Fernando Chueca o Manuel Fernández Álvarez, y todo ello lo están haciendo ustedes a contrapelo de lo que
están diciendo todos los expertos que debe hacerse. En el fondo, y este es el rumor que me gustaría
nos despejara, parece ser que el sitio es apetecido por algunas de las fundaciones del Gobierno, como la Fundación Carolina. No sé si usted sabe algo de esto, pero lo lógico es que lo supiera. No es razonable que un edificio emblemático,
que está funcionando desde los años treinta como centro de estudios históricos, que ocupa un lugar privilegiado en el entorno cultural de Madrid, sea traslado, se haga con una operación que implica una nocturnidad evidente, que no hayan sido
consultadas las partes implicadas, que se decida su traslado a un polígono industrial y que usted me diga que el Gobierno no sabe qué uso se le va a dar a este edificio que es emblemático y que es muy importante. Señor Morenés, no es creíble.
Usted dice que será Hacienda quien lo decida, porque para eso el edificio es suyo. Es que el edificio es muy importante. Todos los edificios públicos en este país tienen un dueño que es Patrimonio Nacional o el organismo que sea, pero normalmente
en estas operaciones en que se hacen traslados se sabe cuál va a ser el uso de los edificios que se quedan vacíos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el edifico de Roma que ocupa actualmente el Instituto Cervantes? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Usted
no sabe nada? No sabe si se quedan vacíos, se cambian de sitio, se organizan traslados diferentes, se organiza el traslado de los centros que están actualmente en la calle del Duque de Medinaceli. ¿Con eso qué va a pasar? Es increíble que usted
nos diga que no sabe lo que van a hacer con ellos. Esto está dando pie a una serie de especulaciones importantes. Hay mucha gente que desea saber qué va a ocurrir, gente además de peso intelectual en este país. Mi grupo parlamentario tiene
interés en saber qué va a ocurrir con toda esta operación y desde luego no pueden ustedes seguir con la estrategia del calamar sobre una operación que está generando verdadera confusión y es la ubicación de una de las bibliotecas más importantes de
este país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): No voy a entrar en lo que me ha dicho usted de si yo no sé nada. La situación actual del edificio de la calle del Duque de Medinaceli no es la idónea para
lo que se hace allí. Eso lo dice el señor Tarrach, que es el responsable, y lo dicen los mismos señores que están ejercitando sus trabajos allí. En cuanto al traslado a la situación ideal, 15.000 millones pesetas, a Albasanz, 3.000 millones de
pesetas, si partimos de la base de que la situación no es la ideal, a mí no me parece en sí mismo descabellado. Es un argumento de posibilidades económicas partiendo de una base que hay que corregir, que tiene toda la lógica de la aritmética
financiera o económica por lo menos, y eso tampoco es descabellado. No es descabellado tampoco, o por lo menos si lo es no soy consciente de ello, que el responsable de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica no sepa qué va a
hacer la Dirección General de Patrimonio, que no depende de él, con los edificios que tiene, no solamente estos, sino otros, en España y fuera de España. Lo que sí le puedo decir, señoría, es que en estos momentos el palacio Albani está adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores. El Instituto Cervantes pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y a nosotros nos quieren llevar... (La señora Díez de Baledón García: Es propiedad del CSIC.) Señoría, está adscrito al Ministerio de Asuntos
Exteriores y lo utiliza éste, y el CSIC tiene que pagar una renta y ahora trata de trasladarse al palacio de España en Roma, donde se ubica la embajada ante la Santa Sede.
Yo tengo que proveer para que las actividades que se desarrollan en
organismos adscritos a la secretaría de Estado se hagan de la mejor manera posible, teniendo en cuenta todos los aspectos, que son la cuestión central de lo que le he dicho y es mi preocupación. No obstante, entiendo la preocupación de S.S. y lo
que está manifestando. Desde luego voy a estudiar a fondo todo aquello que ha dicho S.S. que no afecte al principio fundamental de que el continente donde ahora se hace el contenido reúna las condiciones para que ese contenido se haga de la mejor
manera. Eso lo tengo que ver, porque es fundamental. Me dice usted: no lo lleve a una zona industrial. Todo este proyecto está motivado porque todo ese ámbito de las humanidades en el CSIC no está establecido, desde el punto de vista de las
infraestructuras, en el mejor sitio. Yo he oído opiniones de todas las personas y las respeto extraordinariamente, no por los nombres que me ha dicho usted sino porque respeto todas las opiniones. Me parece que el asunto merece o puede merecer un
estudio en el sentido de cuál es el tema. Sí le digo que no creo que el ministerio tenga 15.000 millones de pesetas para instalarlo en lo que sería la solución ideal y que Albasanz es una posibilidad de arreglar una situación que hay que arreglar,
la situación no porque lo diga el secretario de Estado, sino porque lo dicen todos los señores que están allí trabajando y lo dice el sentido común. Yo no lo conozco, debo decir que no he estado en el palacio de Medinaceli, pero he sido informado,
y si S.S. lo conoce sabrá que realmente no se dan las mejores condiciones para el trabajo que allí se hace. Dicho esto, el primer problema a solucionar es cómo se trabaja allí y el segundo dónde tenemos que instalar a estas personas. Respecto a
qué va a hacer el Gobierno, a través de la Dirección del Patrimonio, con ese palacio, tengo que decir que no lo sé, pero no es mi responsabilidad saberlo. Lo que yo sé es cómo quiero que estén instalados los investigadores del CSIC en humanidades
para que puedan hacer bien su tarea y a eso me voy a dedicar.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) ACERCA DE LAS PREVISIONES SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DEL BECARIO DE INVESTIGACIÓN QUE CONTEMPLE SUS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES. (Número de expediente 181/003035.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta siguiente, previsiones sobre la aprobación del estatuto del becario de investigación que contemple sus derechos laborales y sociales. Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Voy a intentar ser breve, algo hemos hablado ya en la comparecencia y dado lo avanzado de la hora, espero ahorrar algo de tiempo a los miembros de la Comisión.
Este es un tema recurrente y tiene que ver con el estatuto del becario de investigación para contemplar sus derechos laborales y sociales. Nosotros hemos realizado numerosas iniciativas para intentar arreglar esta situación y aquí se podría
hablar de un incumplimiento flagrante del Gobierno. El 11 de diciembre de 2001 -leo rápidamente-, el secretario general de Política Científica, hablando de ese aspecto, decía: En cuanto a la situación en la que se encuentra el trámite, ya ha sido
informado por todos los organismos públicos de investigación, tanto los dependientes o adscritos al Ministerio de Ciencia como por los que se encuentran bajo la dependencia de otros departamentos; ha recibido ya la conformidad inicial del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha redactado, junto con el Ministerio de Ciencia, el correspondiente real decreto; ha pasado a consulta de la interministerial de Ciencia y Tecnología; se han evacuado los informes de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Ciencia y se encuentra pendiente el informe preceptivo de otros departamentos afectados: Educación, Cultura y Deporte, Sanidad y Consumo y Defensa, es decir, que en breve espacio de tiempo podría ser elevado a la
consideración de la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios y ulteriormente sometido a la aprobación del Consejo de Ministros. Repito, 11 de diciembre de 2001. A continuación, como iba pasando el tiempo, registro una pregunta
escrita a la que, en mayo de 2002, se me contesta textualmente: El Gobierno está ultimando una disposición reglamentaria que establece el régimen jurídico de los becarios de investigación y define su estatuto, esto es, el conjunto de derechos y
obligaciones de los mismos. La aprobación de esta norma, que se producirá en breve, es una más de las medidas anunciadas por el Gobierno, etcétera.
Este es el planteamiento. El nudo de la cuestión y la posición que hemos mantenido nosotros, que resumo rápidamente, es la siguiente: para los becarios posdoctorales, contrato laboral ya. Han pasado el ciclo formativo y tienen que tener
un contrato laboral, como ocurre en otras comunidades, por ejemplo, en Cataluña. Para los becarios predoctorales, hay dos niveles: aquellos que tienen ya el DEA -diploma de estudios avanzados-, que han hecho los dos primeros años, y aquellos que
están en tercero o cuarto, lo que se llama 2 + 2. En cualquier caso, se intenta que haya un estatuto del becario que recoja esos derechos y obligaciones y que permita, a las alturas del siglo XXI en que estamos, que se recojan esos derechos
laborales y sociales. Esas propuestas también fueron rechazadas cinco veces y no sé si se está dando marcha atrás; lo que sí hay es un incumplimiento flagrante porque, repito, en diciembre de 2001 se prometió que estaba prácticamente hecho y
realmente ha pasado un año y de esto nada de nada. Por tanto, la pregunta, sin entrar más en el fondo, es cuándo se va a aprobar el estatuto del becario, si es que se va a aprobar, y en qué condiciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): En primer lugar -me lo ha recordado antes y permítame que vuelva a la primera parte-, se me ha olvidado agradecer a S.S. el reconocimiento sobre el hecho
de que se haya mandado a tiempo la información; lamento que se me haya olvidado y se lo agradezco. En segundo lugar, S.S. ha hecho una definición del concepto de becario y una distribución de sus diversas fases. Ha hablado de los posdoctorales y
de los predoctorales. Nosotros estamos trabajando en el ministerio para dotar a los becarios de una mejor situación. Lo expliqué antes, pero conviene clarificar los conceptos. Lamento tener que insistir, pero en estos momentos, si hablamos de
derechos laborales, estamos hablando de trabajadores, y si hablamos de becarios, no podemos estar hablando de trabajadores con derechos laborales; tendrán que tener otros derechos.
Cuestión distinta es que los becarios de investigación, el
personal en formación, requiera o no de la dotación de una serie de coberturas del régimen general de la Seguridad Social o del sistema que permita alcanzar objetivos parecidos. Creo que es conveniente tener claro de qué estamos hablando. El
becario no es un trabajador por cuenta ajena; el becario es un señor que recibe una ayuda, no en forma de salario, para realizar una tarea formativa y a partir de ahí nosotros vamos a desarrollar el estatuto del becario. Creo, señoría, que esa es
la línea. Nuestro ministerio, que tomó en su día el liderazgo de la situación al problema de los becarios, tiene claro que tiene que consensuar esas políticas con otros ministerios, tanto con aquellos que tienen otros becarios como con el propio
Ministerio de Trabajo y el de Hacienda. En eso estamos. Su señoría dice que ha pasado un año y efectivamente es así. Estaba prácticamente a punto de llevarse al Gobierno el estatuto del becario.
Hubo un cambio en las personas responsables del
ministerio y nosotros estamos
viendo cuáles eran todos los problemas que tenía ese estatuto para poder salir adelante. En eso estamos trabajando. Yo voy a recibir personalmente a la comisión de los becarios, han venido ya al ministerio. Tenemos que hablar con
Educación, con Sanidad, con Defensa y con Asuntos Exteriores y creo que a partir del próximo mes de enero podremos tener un estatuto del becario de investigación y del tercer ciclo aceptable para los implicados y que pueda ser presentado a la
aprobación del Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Si no he entendido mal sus palabras, creo que representan una marcha atrás en función de los datos que yo tenía del borrador de decreto que estaba siendo informado por los ministerios. Le pediría que lo aclarara
porque uno de nuestros planteamientos era que en relación con los becarios predoctorales hubiera una figura de asimilados a trabajadores por cuenta ajena y que tuvieran, por tanto, la posibilidad de quedar incluidos en el régimen general de la
Seguridad Social. El Grupo Socialista planteó eso, el borrador de real decreto lo recogía textualmente -no voy a entrar en cuál fue antes o cuál después para que no diga que era yo el inductor, porque da igual-; esto venía ahí y lo que acaba de
decir usted textualmente es que no es un trabajador por cuenta ajena. ¿Es realmente un paso atrás? ¿No se va a contemplar ese régimen especial de la Seguridad Social? Porque si fuera así sería una malísima noticia y en este sentido creo que se ha
perdido mucho tiempo, no sólo en la etapa de diciembre de 2001 que era en lo que me basaba, sino en otras etapas anteriores, porque esto viene ya desde el año 2000. Sinceramente, creo que las comunidades autónomas van a acabar haciéndoles a ustedes
la política. En Aragón ya han tomado una decisión sobre las becas pre y posdoctorales y, por si no le ha quedado claro, la posición del PSOE es la siguiente: en becas posdoctorales, contrato laboral ya, porque han cumplido su período formativo;
dentro de la consideración de una beca como un período formativo, los dos primeros años no debe haber contrato laboral -así lo hemos dicho-, pero sí tienen que estar asimilados a ese régimen general de la Seguridad Social, y para los dos años
siguientes, tercero y cuarto, puede buscarse una fórmula tipo Aragón o de cualquier otra característica, que es en lo que estamos trabajando. Lo único que he sacado en claro es que va a ser en enero, fecha probable ha mencionado usted, y que, en mi
opinión, si no he entendido mal, es un paso atrás por la gran diferencia con lo que figuraba en ese borrador de real decreto que le puedo entregar si usted lo desea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): La sensación que tengo no es que damos pasos atrás, sino adelante.
El hecho cierto es que en estos momentos estamos trabajando en la mejora de la situación de los becarios mediante el establecimiento de un estatuto en el que se establezcan algunas de las peticiones que en estos momentos hacen los becarios
en relación con su situación. Pero vuelvo a decirlo: el concepto es muy importante, las causas por las que se derivan las protecciones que se solicitan o las ayudas que se solicitan son muy importantes y en eso del concepto creo que este
ministerio lo tiene muy claro, señoría, y, por tanto, no vamos a considerar a los becarios, digamos, como elementos establecidos en un régimen laboral, sino realmente como lo que son: como perceptores de unas determinadas ayudas a la formación que
puedan tener toda la amplitud que seamos capaces de darles. En este sentido, me gustaría clarificar que la tienen, es decir, hemos pasado de 240 euros/año aproximadamente a costes medios de 1.584 euros/año por becario. Quiero decirle que no debe
presentarse, en mi opinión, como si la situación del becario fuera de desamparo, sino como una situación de amparo que puede ser perfeccionada y en ese sentido es en el que nosotros vamos a trabajar con otros ministerios concernidos, no solamente
porque son responsables de los becarios, sino porque tienen que ver con todos esos regímenes que nos permiten mejorar su condición, para establecer un estatuto.
En cuanto a las referencias, por ejemplo, que tenemos en las comunidades autónomas, le quiero decir que la cobertura que tenemos hoy en día de los becarios a nivel nacional no tiene nada que envidiar en ningún sentido a lo que se está
haciendo en estos momentos en otras comunidades autónomas.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE PREVISIÓN DE LOS GASTOS MILITARES O DE DEFENSA EN I + D + I PREVISTOS EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS DENTRO DE LA FUNCIÓN 54. (Número de expediente 181/003036.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la pregunta respecto a la previsión de gastos militares o de defensa en I+D+I, previstos en los próximos cinco años dentro de la función 54.
Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: También rápidamente porque lo que quiero es el dato y no voy a entrar, al ser pregunta oral a estas alturas del debate, en la filosofía, pero el dato real es que hay un 34,3 por ciento previsto de gastos militares
en la función 54, gastos en I+D y el dato que añado yo es que, según los cálculos
que hemos hecho basados en preguntas escritas, hemos gastado ya desde que se iniciaron estos programas en 1998 -hay una parte también en 1997-, entre 1,1 y 1,2 billones de pesetas. Eso es lo que está comprometido en los programas que tienen
que ver con las fragatas F-100, el Leopard, el Eurofighter, el P-3 Orion y algunos otros más que están ya iniciados, que terminarán, en lo que a la parte científica se refiere, el año que viene, y otros seguirán durante más tiempo. Este 1,2
billones de pesetas vienen a significar 7.200 millones de euros. De todo eso se ha pagado ya -también según sus respuestas escritas- 550.000 millones de pesetas, 0,55 billones de pesetas, son 3.300 millones de euros. Es decir, tenemos una
planificación de esos 7.200 millones de euros en gastos en I+D de los que hemos pagado 3.300, nos quedan por pagar, por tanto, 3.900, que es una cantidad importante y esto, de alguna manera, hipoteca lo que es el crecimiento de la función 54.
La pregunta concreta, después de los antecedentes es: como este año se inician nuevos programas militares de I+D -se citan en la memoria helicópteros de ataque, submarinos S-80, blindados Pizarro, misiles aire-tierra, misil Meteor, un
avión-, ¿cuánto va a costar eso? El único dato que poseemos es: a) lo que va a costar para el próximo año -los datos los conocerá usted y por tanto no se los voy a decir- cada uno de los programas que se inician; y b) una información periodística
que hablaba en torno a un billón de pesetas, es decir, 6.000 millones de pesetas más. La pregunta -la hago en el horizonte de cinco años- es cuánto más va a costar o cuánto más vamos a gastar en estos nuevos programas militares para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Me gustaría hacer una precisión terminológica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no hace gastos militares, eso lo hace el Ministerio de Defensa. El
Ministerio de Ciencia y Tecnología financia vía capítulo 8 empresas que desarrollan programas para la defensa. Ya lo he dicho antes, ni el concepto de defensa nos repugna ni el concepto de I+D militar nos repugna. A través, y derivado de eso, se
puede llevar a cabo el cumplimiento de unas determinadas obligaciones con un aspecto fundamental de la política de Estado, que es la política de defensa, y además se cumplen. Derivado de eso hay otros temas importantísimos que han permitido a
nuestras empresas, a las que están desarrollando estos programas, tener hoy en día la posición que tienen en el mercado, que de otra manera no lo hubiesen podido tener en ámbitos no militares sino civiles. Pero como S.S. indicaba, creo que es
importante que se establezca ese concepto. También es importante que se establezca otro concepto. A través del capítulo 8 estamos dando financiación, no estamos dando subvenciones. Es importante porque no es lo mismo financiación que gasto.
Estamos ayudando a las empresas a desarrollar programas que luego, a través de los programas que tenga el Ministerio de Defensa, tendrán que ser devueltos, digamos, a la Administración. El coste será financiero, pero no es un coste desde el punto
de vista de lo que es el principal de la obligación que se contrae financiando a esas empresas.
La previsión para los programas tecnológicos-industriales cualificados de la defensa para el ejercicio 2003 ascienden a 1.049,97 millones de euros frente a 1.145,46 millones de euros del año 2002. Por el contrario, las previsiones para
proyectos -ya lo expliqué al presentar el presupuesto- tecnológicos cualificados civiles aumentan en un 50 por ciento, pasando a 195,85 millones de euros en 2003 frente a 127,82 millones de euros en el año 2002. Me ha preguntado S.S. sobre el
total del proyecto de presupuesto para el año 2003 y se lo acabo de dar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Le tengo que decir con el máximo respeto que casi me he quedado peor que antes. Usted me viene a dar el dato del año 2003 y ya lo tengo. Gracias. Lo pedía para el horizonte de cinco años por una razón, señor
Morenés. Hoy no vengo a discutir si es I, si es D, para eso necesitaríamos una discusión más larga; hoy quiero un dato para saber a qué nos comprometemos en este país de cara al futuro. Le he dicho que el resultado de los últimos años, desde que
empezaron estos programas, está -se lo vuelvo a repetir- entre 1,5 y 1,2 billones de pesetas, pongamos 7.200 millones de euros que han ido en capítulo 8 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de los cuales todavía queda alguna parte por pagar.
Repito que hemos pagado 0,55 billones y nos queda por pagar más del doble, el 54 por ciento más. Ya sabemos, por tanto, lo que nos va a costar esto, independientemente de las revisiones que haya.
Dicho esto, paso a la siguiente cosa, que es la que le pregunto. Cuál es el horizonte previsto. Usted dice: no son gastos militares. De acuerdo, tiene usted razón en la terminología; pero es que ustedes los computan en la función 54.
Ese es el problema. De defensa tengo el conocimiento que tengo, que es muy relativo. Nosotros no tenemos nada en contra de los gastos de defensa, pero sí estamos en contra de que eso se compute dentro de la función 54 -no quiero entrar en ese
debate ahora-, porque todo no puede ser. Cuando hablo de 1,2 billones sobre un total de 2 billones de los programas ya iniciados y de los que ya se saben las cantidades que son, estamos hablando de un porcentaje de I+D+I que está en torno al 60 por
ciento, y creo que me quedo corto. Quiero saber, de cara al futuro, qué va a pasar en los próximos cinco años. Ya sé leer los presupuestos,
claro qué sé que hay 1.049 millones de euros para este tipo de programas.
Incluso tuvieron la deferencia -porque lo solicité en la comparecencia- de enviarme lo que está asignado para el submarino S-80, para el Pizarro, etcétera. Como el
dato que se tenía del anterior equipo era que los nuevos programas militares -he dicho antes que eran helicópteros de ataque, submarino S-80, blindados Pizarro, misil aire-tierra, misil Meteor- estaban en torno a un billón de pesetas, le pregunto
cuánto es previsible -usted no me puede dar el presupuesto de 2004- que cuesten esos programas y de cuánto es previsible que forme parte el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese sentido -tómeselo a bien- le digo, con todo respeto, que se quite
un poco el gorro de defensa y se ponga un poco más el gorro de ciencia y tecnología, porque a mí lo que me interesa son esos datos. Repito que en el tema de defensa usted me va a ganar porque sabe más que yo, y digo ganar en el sentido del diálogo;
sabe usted más que yo. Yo no puedo saber si necesitamos cuatro fragatas o tres, porque no estoy formado para eso, pero lo que sí sé es que no se debe computar como función 54. Usted en la comparecencia ha dicho que nos gastamos el 0,94 por ciento;
nosotros no estamos de acuerdo, pero no vamos a pelear por los números. Me interesa saber esto cara al futuro porque, repito, es muchísimo dinero, somos el segundo país en la Unión Europea, detrás de Gran Bretaña, en este tipo, entre comillas, de
gastos militares en I+D o de préstamos a empresas a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y somos el tercero por la cola. Esto es paradójico y no me gusta ese crecimiento asimétrico, quiero saber las claves. Dijo usted que no estaban
terminados los contratos y por eso no se puede saber, pero el único interés que tengo es saber si esa proyección va a ser en cinco o seis años, cuánto cuesta en total y cuánto va a ir al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): La función 54 es I+D, por tanto, en opinión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto es financiación de I+D. En este tema tenemos conceptos distintos.
Nosotros no financiamos sistemas de armas, financiamos I+D a empresas que parte de sus productos son sistemas de armas. Nos lo piden las empresas, no nos lo pide la defensa. Ese es el planteamiento inicial.
Me pregunta que le diga el horizonte. Se referirá al horizonte conocido, porque los presupuestos de los años que vienen se desarrollan en función de lo que las empresas solicitan para desarrollar sus proyectos. Desde el punto de vista de
lo que estamos haciendo para esos años, están comprometidos, para el año 2004, y no para los siguientes, los de Eurofighter, Typhoon. Para el año 2004 está prevista la modernización del avión P-3 Orión. Para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 está
el avión de transporte militar A-400 M, con 128 millones en 2004, 135 en 2005, 105 en 2006 y 64 en 2007. Las fragatas F-100 en 2004, y no en los siguientes, tienen 55.696.000 euros y el carro Leopard tiene una financiación en 2004 de 206.900.130
euros, en 2005 de 130.700.000 euros, en 2006 de 88.800.000 euros y en 2007 de 15.700.000. Esto es lo que está comprometido por la plurianualidad de los programas solicitados por las empresas. El resto no tiene un reflejo presupuestario en la
planificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología simplemente porque no ha sido solicitado por las empresas. Si S.S. considera que es importante saber cuáles son los programas militares que están aquí, como es un dato que no tenemos nosotros,
le ruego a S.S. que a través de la Comisión de Defensa sea el Ministerio de Defensa el que especifique cuáles son las anualidades que piensan dedicarle a este asunto. Le recuerdo a S.S. que de esas anualidades hay parte que viene financiada por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y parte que no, y así se ha puesto en un determinado documento. En algunos sitios es el 35 por ciento, en otros el 70 por ciento y en otros sólo hay uno, que es el ILS de Eurofighter, que es el cien por cien
porque es un tema nuevo. Esto es lo que tenemos que hacer no porque nos lo pida la defensa sino porque nos lo pidan las empresas.
Le he leído los datos de la planificación que tengo aquí. En relación con la tobera vectorial no tengo el escenario
presupuestario de los helicópteros de ataque, de los aviones de reabastecimiento en vuelo ni todas las otras cosas que están financiando a las empresas que lo solicitan, porque no ha sido definido por las empresas; cuando nos lo soliciten las
empresas, se lo podré dar a su señoría.
- DEL SEÑOR LISSAVETSKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE LA DEUDA DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PAGO DE CUOTAS INTERNACIONALES A ORGANISMOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN EUROPEOS. (Número de expediente 181/003037.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la quinta pregunta sobre la deuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el pago de cuotas internacionales a organismos y centros de investigación europeos.
Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Muy brevemente porque es una pregunta meramente informativa. Voy a ver si tengo más suerte que en las otras o que en la anterior porque los datos que se me han dado los conocía. Yo preguntaba por el horizonte
nuevo.
La pregunta es sobre las cuotas internacionales. El ministerio tiene a su cargo bastantes cuotas y quiero saber el estado de ejecución en que está el conjunto de
estas cuotas, si se han pagado en el año 2001 y cómo están en el año 2002.
No quiero que me dé una explicación detallada, por supuesto, sino simplemente que me diga si se están cumpliendo nuestros compromisos pagando las cuotas, si hay
algún caso en el que no se cumplan y sus razones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Gracias, señoría, por la concisión de la pregunta.
Hemos tenido algún problema en pagar a su debido tiempo determinadas cuotas. Yo creo que todas están encaminadas y se van a pagar con la mayor inmediatez posible, pero reconozco que ha habido algún problema. Tengo aquí muy bien documentado
lo relativo a los organismos concernidos. Si a S.S. le parece oportuno, se lo puedo entregar porque su lectura llevará un determinado tiempo. Creo que es importante leerlo porque es aquí donde se dice. Si el presidente y SS.SS. lo consideran
oportuno, puedo hacerle llegar el estado concreto de cada cuota al CERN, al ILL, al Centro Europeo de Estudios Teóricos sobre Física Nuclear en Materias Afines, al Instituto de Biología Molecular Europeo, al Laboratorio Europeo de Biología
Molecular, al Sincrotrón Europeo, a la Organización Europea para Investigación Astronómica del Hemisferio Sur y al Comisariado de la Energía Atómica y al Laboratorio de Radiación Electromagnética; aquí se explica puntualmente el estado de cuotas.
Señalaría simplemente dos conceptos: ha habido retrasos, algunos derivados de la propia estructura que tienen las cuotas, algunas cuatrimestrales de las que se derivan algunas demoras de intereses; todo ello está ya encaminado, negociado
con los organismos que he citado y, salvo una que ya hemos pactado, que será a principios del año que viene y lo que se debe del año 2001 (no lo de este año que se pagará), todas están orientadas y se van a pagar este año. No obstante, señoría, si
usted quiere, le doy ahora mismo la documentación para que usted pueda analizarla con más minuciosidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Por supuesto, no vamos a leerlo ahora, me lo hace llegar y encantado, le agradezco las informaciones.
Formulaba la pregunta, por un lado, porque, entre comillas, me habían llegado noticias en cuanto a que se podía perjudicar a los becarios que van a estos organismos en el sentido de que es bueno estar al corriente de pago, etcétera y, por
otro, porque había oído, y me despierta la curiosidad, que el retraso que había habido en algunos pagos de estas cuotas era porque el anterior equipo se lo había gastado en la presidencia española de la Unión Europea. Yo lo entiendo, pero dése
usted cuenta, para muestra vale un botón. No me quiero meter con los que han estado antes. No sé si es cierto o no. Si un ministerio como el de Ciencia y Tecnología, con una presidencia española en la Unión Europea, no tiene presupuesto
suficiente y se dedica a sacar el dinero de las cuotas internacionales y retrasa los pagos para los viajes que tenían que hacer lógicamente, me llevaría un disgusto. Esta es la anécdota, la categoría lo otro. Si se está pagando bien, no hay ningún
problema, me da usted los datos y punto; si sabe eso, me lo contesta y si no, tampoco tiene mayor importancia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): No me consta -se lo digo con toda sinceridad- que, de las explicaciones que se derivan aquí, se hubiesen utilizado esos fondos para pagar otras cosas, sino
simplemente que hay determinados aspectos de la gestión de los recursos económicos que han retrasado el pago de estas cuotas.
En cuanto al CERN, usted se refiere a que los becarios tenían un problema porque no se les pagaba la cuota. Yo creo que se va a solucionar inmediatamente. Es cierto que el retraso en el pago de las cuotas hace que quienes representan o
están allí son miembros del país que debe la cuota, en este caso del CERN, no es una posición cómoda, y evidentemente se la estarán todo el día reiterando, diciendo a ver qué hace vuestro país que no nos paga. Creo que ha habido una determinada
lentitud a la hora de hacer frente a estos pagos y lo vamos a corregir, no hay problemas presupuestarios, no tenemos que recurrir a dineros extraordinarios para pagar las cuotas ni tenemos que detraerlos de otros conceptos. En ese sentido, no me
parece que obedezca a que ya hemos gastado el dinero y ahora vamos a buscarlo por donde sea. Creo que queda claro. No obstante, me comprometo a enviarle inmediatamente el tema de cómo están los pagos, y me parece que dentro de que todavía
requieren un determinado espacio de tiempo, están ya todos orientados, tienen todos su partida presupuestaria y se van a hacer inmediatamente.
- DE LA SEÑORA PALMA I MUÑOZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA INSTALAR EN CATALUÑA EL SINTETIZADOR DE PARTÍCULAS SINCROTRÓN. (Número de expediente 81/003046.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9 del orden del día, que es la pregunta sobre las previsiones
acerca de los acuerdos necesarios para instalar en Cataluña el sintetizador de partículas Sincrotrón.
Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Es una pregunta de mi compañera Monserrat Palma, quiero que conste así en el 'Diario de Sesiones', pero por motivo de cambio de fecha de la reunión no ha podido venir y teníamos interés en el tiempo de hacer esta
pregunta.
Hubo una comparecencia de la antigua ministra Birulés aquí. El 12 de abril se publicó en el BOE un protocolo de intenciones para construcción, equipamiento y explotación de un laboratorio de luz de Sincrotrón en Cataluña, y en esa
publicación en el BOE se hablaba de un convenio de colaboración que se firmará en el primer semestre del 2002. Ha pasado ya el primer semestre, eso era 30 de junio o julio, estamos en noviembre y yo quiero saber cómo está la situación. El 17 de
abril compareció aquí la ministra Birulés y la posición nuestra que era de apoyo simplemente planteaba una serie de dudas, algunas de las cuales me la ha levantado usted en su intervención en la comparecencia a petición propia. Las dudas que
teníamos y con las que no estábamos de acuerdo es que se hiciera a costa de otros grupos, entre comillas, y, como iban a entrar en juego fondos FEDER, y los fondos FEDER para Cataluña están tasados en una cantidad, me dicen que cercana a 6 ó 7.000
millones de pesetas, inicialmente se preveía que el coste sería en torno a 20.000 millones, 50/50 con la Generalitat de Cataluña, sin entrar en todas estas cifras sería bueno también que despejara, además de los datos, que no va a ser a costa, entre
comillas, de otros grupos por la utilización de fondos FEDER y que seguirá esa financiación.
También decíamos que se pusiera una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado de 2003, cosa que no ha ocurrido hasta el momento, y en este sentido también presentamos una enmienda que ha sido votada en contra. Pedíamos el
coste exacto o más aproximado porque son muchos años de construcción, y luego hablábamos de la posibilidad de si estábamos poniendo un Sincrotrón de última generación o no, si era un Sincrotrón de tercera generación, que consistía en laser de
electrones libres o era de segunda. Decíamos que ya que hacemos el esfuerzo hagamos el bueno, entre comillas, porque el bueno es el que están haciendo en Alemania, el más adelantado; ahí no salimos de dudas en esto, pero sobre todo lo que quiero
saber es qué pasa con todo ello, porque no entiendo que no se haya presupuestado para el año 2003 un proyecto que ha contado creo que con un apoyo mayoritario en esta Cámara, me consta que en el Parlament de Cataluña, los propios compañeros del
Grupo del Partit Socialista dels Catalans lo han planteado también, y, en ese sentido, cuál es la situación, si se ha firmado un convenio, y ya le digo lo que le decía antes de tapadillo, que de tapadillo me enterado, y me suena que parece ser que
va a haber una enmienda en el Senado porque se ha llegado a un principio de acuerdo inicial entre Convergència i Unió, o el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, mejor dicho. ¿Es esto así? Repito, algunos presentamos enmiendas y se
nos vota en contra, y si las cifras que me dan son muy parecidas a las que planteamos nosotros, a veces se nos queda un poco de cara de tonto en esto de la política.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Sobre el Sincrotrón decir, primero, que su no aparición en el presupuesto del año 2003 obedece a que no existía un soporte jurídico para poderlo incluir y,
segundo, que ese soporte jurídico es un convenio que vamos a firmar con la Generalidad. Ese soporte jurídico va a establecer que las obras se iniciarán en 2003 y se terminarán en 2008, a partir de cuyo año el Sincrotrón estará operativo. En los
presupuestos generales de 2003 el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a incluir, en la vía que S.S. ha dicho, la primera anualidad de 2.633.348 euros para iniciarlo en la fecha prevista. La Generalidad de Cataluña va a hacer lo propio en sus
presupuestos para el siguiente año. El Sincrotrón, que es lo que traté de explicar antes, para que no afecte a las otras actividades del ministerio y de la Generalidad en los ámbitos precisos, será financiado a 12 años, y es lo que estamos
acordando con la Generalidad. En cuanto a los aspectos técnicos, está previsto que el Sincrotrón dispondrá de cinco líneas operativas el año 2008, el total del coste será de 163.873.000 euros y el coste de funcionamiento de los años 2009 y
siguientes se calcula en 14.056.000 euros anuales.
Creo que he contestado a lo que S.S. me ha preguntado en cuanto a las especificidades del proyecto y, para que no ocurra lo que ha vuelto a ocurrir, tendremos simultáneamente el convenio cerrado con la Generalidad, incluida la partida
presupuestaria.
Lamento haberle entendido mal antes lo del tapadillo, pero he entendido sinceramente que habíamos hecho esto de tapadillo. Para no establecer temas de polémica, me gustaría ver si he entendido mal porque tengo alguna tendencia especial a
entender mal o si algo de eso ha sido dicho, pero no le quiero dar ninguna importancia, señor Lissavetzky, simplemente para que lo clarifique, porque no tengo mucha fama de buen gestor, por mucho que me lo digan, pero sí de ser una persona bastante
correcta en las formas y, por tanto, me gustaría que cualquier malentendido en ese sentido en esta comparecencia y en estas preguntas quede muy claro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Empiezo por las últimas palabras. Por supuesto que la relación va a ser absolutamente cordial y de trabajo conjunto desde distintas posiciones. Sobre los tonos y las frases yo le invito a que se lea el 'Diario
de Sesiones', porque usted me ha hablado antes de mi tono en la segunda, y a lo mejor yo he hablado con vehemencia, pero usted ha dicho una serie de cosas -y no vamos a entrar en ello- que a mí me han dolido. Ha entresacado una frase..., no vamos a
entrar en ello, no merece la pena, y en ese sentido asunto zanjado.
Diez segundos para el tema del Sincrotrón. Lo que sí ha de entender de alguna manera es un cierto grado de frustración, porque primero hay un retraso, lo que es habitual en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, vale, hay un retraso,
tengo que decirlo, es que lo hay; y segundo, ¿de dónde viene la frustración? Usted sabe que en el capítulo 4 o no sé en cuál puede tener una cantidad o abrir una nueva partida aunque no esté establecido el régimen jurídico del Sincrotrón, o se
puede inclusive citar. Yo creo que no lo citaron tampoco. ¿Cuál es la frustración? Que cuando se hacen iniciativas desde un modestísimo diputado como yo, que no tiene más categoría que diputado por Madrid, se votan todas en contra.
Pues si
habíamos presentado una enmienda de seis millones de euros, un poco por encima de los 5,4, vamos a hacer una transaccional y no pasa nada, vamos todos de la mano, el Sincrotrón apoyado por el Partido Popular, Convergència y el PSOE, pero como
cualquier cosa que se plantea -que era la primera parte de mi intervención-, no del Sincrotrón, sino de todo, es así, en ese sentido estaba un poco frustrado. Dicho esto, encantado de mantener una buena relación y por mi parte no quedará.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Por la mía tampoco, y creo que la manera correcta de utilizar esta Comisión en hacerlo en beneficio de las políticas que consideremos necesarias. Yo las
críticas las admito y me parecen, como he dicho antes, un elemento de reflexión importante. Por tanto, desde las posiciones distintas, que por supuesto respeto, así se hará.
De Sincrotrón no le puedo decir otra cosa. No sé si ha habido o no retraso, aunque lo intuyo. Lo que sí sé es que no se ha incluido en los presupuestos del año 2003 una partida nominativa para Sincrotrón, cosa que debemos de hacer. Sin
embargo, la incidencia del Sincrotrón en los presupuestos de los siguientes años tiene que ser limitada para que no afecte a otros programas de importancia que estamos abordando. Lo que le puedo decir es que tanto la Generalitat como el Gobierno
hemos diseñado el marco en el que se puede desarrollar el Sincrotrón y creo, por lo que me dicen, aunque me ha dejado usted con una duda, que el Sincrotrón que vamos a realizar todos -y cuando digo todos digo entre todos- es el Sincrotrón más
avanzado que podemos realizar. Me ha dejado usted con una cierta preocupación, pero tanto los científicos como los responsables directos del programa lo que me aseguran es que estamos haciendo exactamente lo que le he dicho, y en eso abunda el
interés que han mostrado otros sincrotrones fuera de España en participar en el nuestro.
Creo que eso debería tranquilizarnos a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.