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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 609, de 04/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 609
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 42
celebrada el lunes, 4 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete) para informar sobre: - La propuesta de liquidación de cuentas de la Comisión sobre las ayudas al lino. A petición propia.
(Número de expediente
214/000150.) ... (Página 19876)
- La posición de España ante la decisión de la Comunidad Europea de sancionar con 99 millones de euros, al considerar probada la existencia de fraude en la campaña del lino 1998-1999-2000. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000990.) ... (Página 19876)
- La posición del Gobierno sobre la petición de devolución de fondos relacionados con el fraude del lino. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000991.) ... (Página 19876)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos esta sesión número 42 de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con la comparecencia del excelentísimo señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a quien damos la bienvenida, así como a sus
colaboradores y colaboradoras. La comparecencia tiene por objeto atender una serie de solicitudes. En primer lugar, la del propio Gobierno; a continuación, la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y, por último, la del Grupo
Parlamentario Socialista. Todas las solicitudes están relacionadas con la campaña del lino.
Para que pueda hacer su exposición, cedemos la palabra al excelentísimo señor ministro de Agricultura. Tiene la palabra, señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Como saben SS.SS., el Gobierno solicitó por propia iniciativa comparecer ante esta Comisión tan pronto conoció la propuesta formal de corrección financiera que había
formulado la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea sobre el cultivo del lino textil en el Reino de España, fundamentalmente para aclarar muchos mensajes erróneos difundidos en los últimos días.
En primer lugar quiero señalar que la propuesta de corrección financiera es un trámite más dentro del proceso de liquidación de cuentas y un paso previo para que en su caso la Comisión adopte una decisión final, en el supuesto de que las
comunidades autónomas decidan no acudir al órgano de conciliación. No se trata de una propuesta definitiva, señorías, sino de un trámite del proceso de liquidación de cuentas; estamos solamente ante un trámite del proceso de liquidación de
cuentas. La Comisión tiene que tomar una decisión final en el supuesto de que las comunidades no acudan al órgano de conciliación. Por tanto, el primer paso a dar es acudir al órgano de conciliación, si así lo requieren las comunidades autónomas.
Debo decir ya que en este momento hay comunidades autónomas, como la catalana -que no está afectada por las inspecciones, pero sí lo está por la decisión final de la Comisión-, que ha manifestado al Gobierno su interés en que éste acuda al órgano de
conciliación y que, en el caso de Cataluña, ponga de manifiesto que las inspecciones realizadas en el territorio catalán han demostrado la corrección de los controles realizados. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y el consejero de Extremadura nos ha manifestado también su voluntad. El Gobierno ha dirigido cartas a todas las comunidades autónomas para que fijen su posición sobre la propuesta de corrección financiera. Se van recibiendo las
respuestas y debo señalar que los argumentos que aportaron las comunidades autónomas en su día para rebatir el informe de la OLAF no convencieron a los técnicos de la Comisión y que, cuando ésta solicitó la opinión del Estado miembro acerca del
informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude, el ministerio, por primera vez, requirió a los órganos competentes en la gestión y control -que son las comunidades autónomas, a pesar de lo que afirme algún político, no se sabe con qué fundamento
jurídico- para que elaboraran un contrainforme basado en las actuaciones de gestión, control y pago y en su caso recuperación de las ayudas del lino textil.
Ya en su día, respecto al informe de la OLAF -que tenemos en esta mesa-, los organismos pagadores de las comunidades autónomas afectadas contestaron y debo decirles que Castilla y León nunca estuvo de acuerdo con lo señalado en el informe de
la OLAF, afirmando que de los resultados de sus controles -que fueron más minuciosos y completos que los de la propia OLAF- no se dedujo nunca la existencia del fraude señalado en el controvertido informe. Además, en el ejercicio responsable de sus
competencias, quitaron autorizaciones a las transformadoras que no actuaron correctamente. Extremadura repitió su informe y, como Castilla y León, discrepó tanto en la forma en que se llevó a cabo la inspección como en los resultados obtenidos en
dicha investigación. Ambas comunidades afirmaban que no había habido fraude en su territorio y que las consecuencias financieras que se derivaban de las investigaciones de la OLAF no resistían un análisis teórico. Castilla-La Mancha, por el
contrario, admitió desde el principio la existencia de fraude, lo cual supone que no se habían realizado los controles necesarios por parte de su Consejería de Agricultura para erradicar el fraude ab initio.
Francamente, si los órganos que
gestionan, controlan y pagan en una comunidad autónoma comunican al ministerio que en el interior de su territorio se ha producido un fraude, obviamente el FEGA, como interlocutor único ante el Feoga-Garantía, traslada esta postura a la Comisión
porque nadie conoce mejor que una consejería de Agricultura su propia forma de actuar y de funcionar. Es más, en la propia carta en la que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha transmitía al FEGA su opinión respecto al informe de la
OLAF se señalaba taxativamente que los únicos datos válidos son los aportados por este organismo pagador. Se reconoce que los únicos datos válidos son los suyos porque es la única que conoce la realidad del cultivo en su provincia, en su región y
en su comunidad autónoma y por tanto quien conoce todos los datos. En Castilla-La Mancha, estando de acuerdo con la existencia de fraude en su territorio y con la forma de inspeccionar de los servicios de la Comisión, lo que no se compartía es la
cuantificación del fraude que concluía el informe de la OLAF.
Teníamos tres planteamientos distintos: dos comunidades que negaban el fraude en su territorio y que afirmaban
que se habían hecho todos los controles necesarios durante todas las campañas y una comunidad que decía que en su territorio se habían producido determinadas disfunciones. En su día, cuando aunamos todos los argumentos de las comunidades
autónomas, establecimos un cuerpo de argumentación que se sometió a la Comisión Europea. En este momento la propuesta de corrección financiera rebate el contrainforme del Estado miembro que es la suma del informe remitido por las comunidades
autónomas debidamente argumentado y estructurado con los cuadros anejos que permitan una comprensión racional del conjunto de la situación del lino en el territorio nacional. Se concluye con una propuesta de recuperación de ayudas de 99.236.019
euros, que en principio correspondería a todas las ayudas pagadas en España desde el 19 de marzo de 1999. Se pide la recuperación de todas las ayudas -no de supuestos de fraude determinado en industrias determinadas- de España desde el 19 de marzo
de 1999. El fundamento que mantiene la Comisión a la hora de proponer esta recuperación es el siguiente. Dice: La única conclusión posible que cabe extraer de cuanto antecede es que las autoridades españolas competentes, sea por lo que fuere, se
abstuvieron de implantar el sistema de control que era necesario. Desde luego, en mi opinión, y debido a la confusión que algunos han querido introducir en todo el proceso, el informe aclara en su página 3 que las comunidades autónomas son
administraciones responsables de los controles y verificaciones. Se dice: administraciones responsables, a pesar de que a alguno no le guste el término o que no quieran aceptarlo.
Señorías, se pueden preguntar por qué motivo la Comisión reclama el cien por cien de las ayudas percibidas desde el 19 de marzo de 1999. La explicación viene en la propuesta, cuyo punto 4.5, titulado Evaluación de las consecuencias
financieras, señala textualmente lo que sigue: El documento de trabajo VI, 5.330/97, contiene las directrices de la Comisión sobre las correcciones financieras. Los gastos pueden rechazarse por completo si las deficiencias detectadas son tan
graves que constituyen una infracción absoluta de las normas comunitarias, de modo que todos los pagos se puedan considerar irregulares. Obviamente, esto es lo que dice la Comisión en su propuesta de corrección financiera. Con esto desde luego no
quiero decir en ningún momento que esté de acuerdo el Gobierno con la apreciación del documento, porque se nos hace muy difícil pensar que todos los pagos se hayan realizado indebidamente y que todos los agricultores hayan sido unos defraudadores,
como algunos quisieron dar a entender.
Señorías, les pido especial atención, ya que me voy a centrar en el motivo por el que la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea no piensa de la misma forma que el Gobierno, sobre todo porque algunos siguen pensando que toda
la culpa del problema del lino está en la única administración que no tiene competencias en esta materia para su control.
El párrafo que les he leído antes establece que la Comisión estima que la situación antes descrita es un ejemplo de este tipo.
Los fraudes constatados por la OLAF han puesto de relieve una práctica caracterizada por el incumplimiento total de las normas comunitarias por todos los involucrados, incluidos los servicios españoles responsables de los controles -repito,
señorías, incluidos los servicios españoles responsables de los controles-. ¿Quiénes son los servicios españoles responsables de los controles? Aunque sea pesado volver a reiterarlo, en la página 3 define a las comunidades autónomas como
administraciones responsables de los controles y verificaciones. Esto es así.
En cuanto a las cantidades pagadas durante el período objeto de la liquidación por cada comunidad autónoma, han sido publicadas en todos los medios. Si han realizado la suma, señorías, se habrán percatado de que no coincide la cantidad de
99 millones de euros establecida en el documento.
La Comisión ha cometido un error realizando la suma de los períodos, ya que el 2001 lo ha sumado como si fueran pesetas, cuando ya se pagaba en euros, y posteriormente lo ha convertido en euros, lo
que lógicamente ha provocado una reducción de la cuantía final. La cifra definitiva, que la propia Comisión pide al Estado español que defina, ascendería a 116.419.767euros. Esta cuantía, en el caso de que se liquidara al Estado miembro -y digo en
el caso porque esto será al final de un largo proceso contencioso, después del órgano de liquidación y después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el tema-, se repercutirá en los presupuestos autonómicos en virtud
del principio de corresponsabilidad financiera, que aunque se formaliza en el artículo 44 de la Ley 55/1999, se aplica desde la constitución de los organismos pagadores de las comunidades autónomas, momento en el que se hicieron plenamente
responsables de todo lo relacionado con la gestión, control y pago de las ayudas directas de la PAC, entre las que se encuentra el lino textil.
Soy consciente de la resistencia que la aplicación de este principio conlleva, pero también lo que es muy complejo es que el presupuesto de todos los españoles tenga que soportar las irresponsabilidades o la falta de controles de alguna
comunidad autónoma particular. Si partiéramos del principio de que vale relajar los controles, lo que pasaría es que las comunidades autónomas no tendrían ningún interés en realizar la impopular labor de controlar el pago de las ayudas directas y
el buen fin de las mismas: paga otro, paga el presupuesto general del Estado, pagan todos los españoles, da lo mismo lo que ocurra en el interior de una comunidad autónoma. Esto es lo que algunos creen que estaba pasando en su territorio y ahora
mismo se cuestionan que una comunidad autónoma tenga que afrontar estos pagos. Da igual no hacer controles, da igual que existan
fraudes, porque al final la factura la va a pagar otro. No es así, señorías. De todos es sabido que se pueden lanzar cortinas de humo para evitar cualquier tipo de responsabilidad. Es muy fácil. Lo que desde luego es obvio es que
repercutiendo las consecuencias de las gestiones autonómicas en el presupuesto nacional se conseguiría difuminar la responsabilidad que cada uno tiene que asumir por sus propios actos, pero es injusto para los administrados de cada comunidad
autónoma, porque tienen derecho a conocer las actuaciones de sus gobiernos autonómicos, con sus consecuencias concretas, para evaluar su gestión. ¿De qué manera podrían, señorías, los presupuestos nacionales, soportar una corrección financiera que
se fundamenta en el incumplimiento total de la normativa comunitaria por parte de todos los implicados, básicamente las comunidades autónomas? Algunos creen que el presupuesto lo soporta todo; el Gobierno no comparte esta misma opinión.
Dejando de lado la corresponsabilidad financiera y, por llamarlo de alguna manera, la falta de disciplina presupuestaria de algún partido político, me gustaría volver al contenido de la propuesta formal. El punto 4.6 de la propuesta se
titula Recuperación de los fondos desembolsados.
Resumiendo su primera parte viene a señalar la obligación por parte del Estado miembro de recuperar los importes pagados como consecuencia de las irregularidades. Solicita información y dice: La
Comisión pide a las autoridades españolas que le faciliten un resumen completo de las medidas adoptadas con respecto a la ayuda comunitaria perdida por las actividades fraudulentas organizadas por el sector. Además, las autoridades españolas deben
indicar con precisión para cada ejercicio qué importe está siendo objeto de un procedimiento de recuperación o ha sido ya plenamente o parcialmente recuperado. Pues bien, estas actuaciones que solicita la Comisión que se lleven a cabo las tienen
que realizar los organismos pagadores, que son los que han hecho uso de esos fondos comunitarios; y aunque algún consejero de Agricultura señale reiterativamente, y por razones que desconocemos, que él no tiene nada que ver con el fraude, los
escritos procedentes de su Consejería dejan bien claro que los únicos datos válidos son los que aporta su organismo pagador. Lo único que espero es que ahora esa misma Consejería utilice sus datos de una manera distinta a como los ha utilizado en
materia de controles y que nos han llevado a la situación que conocemos todos.
La medida propuesta por la Comisión, de recuperación total de las ayudas, es en mi opinión absolutamente desproporcionada. El Gobierno no cree que todos los cultivadores de lino textil hayan defraudado y no cree en la existencia de un
fraude generalizado, como algunos han querido señalar, consiguiendo su propósito: que todos los agricultores españoles tengan que devolver las ayudas. Lo curioso es que esta medida, que puede traer repercusiones gravísimas a muchas familias de
agricultores, desde luego no se debe a la mala actuación del Gobierno, como quieren transmitir los responsables políticos de alguna comunidad autónoma, sino que se debe exclusivamente a todos los que han participado en el incumplimiento total de las
normas comunitarias, sobre todo los servicios encargados de los controles, como manifiesta el escrito de la Comisión. En opinión del Gobierno el fraude no ha sido tan desmesurado, ni mucho menos, como luego podré analizar, como para justificar la
propuesta de la Comisión. No obstante, es el resultado de una investigación en la que una comunidad autónoma, a diferencia del resto, que manifestaba que había realizado todos los controles necesarios para evitar el fraude, reconoce la existencia
de fraude en su territorio y reitera en los medios de comunicación que existe un fraude generalizado, aunque desde luego no aclara las medidas que ha adoptado para corregir ese fraude y evitarlo en el futuro. Estas actuaciones llevan a estas
consecuencias. Porque el problema en este momento no es que estemos discutiendo un volumen de fraude determinado en una comunidad autónoma que se ha puesto de manifiesto por una denuncia y que lleva a la recuperación de un volumen concreto de
ayudas. Estamos discutiendo que se ha puesto en marcha una campaña política que ha imputado un fraude generalizado, cuyo resultado ha sido tal presión política que en este momento en comunidades que han ejercitado los controles correctamente se
reclama igualmente a sus agricultores la devolución de las ayudas. Porque cuando se ponen en marcha campañas de esta naturaleza las consecuencias son imprevisibles y luego no se quieren asumir ni en propio territorio de la comunidad autónoma que
pone en marcha el ventilador. La situación es esta.
El ministerio, a través del FEGA, como organismo de coordinación que ostenta la interlocución única ante el Feoga-Garantía, ha remitido ya la propuesta formal a todas las comunidades autónomas para que comuniquen, como ya les he manifestado,
si desean que acudamos al órgano de conciliación y que nos remitan los informes sobre sus actuaciones que consideren necesarios para conformar la postura defensiva del Estado miembro, sobre todo para desvirtuar la imputación de un fraude
generalizado y para acotar los supuestos de fraude a los términos exactos en que se hubiera producido en cada una de las comunidades autónomas. Yo espero que no le choque a nadie que las comunidades autónomas tengan que manifestar su voluntad al
respecto y dar la información relevante, pero es que se debe a su competencia exclusiva en la materia y son las únicas que pueden rebatir la postura de la Comisión. El FEGA coordinará y colaborará en todo lo necesario, pero desde luego no se puede
inventar las actuaciones de otras administraciones.
El hecho de que una sola administración autonómica no esté de acuerdo con el contenido de la propuesta obliga al Gobierno a defender su postura y nos hará
acudir al órgano de conciliación. En este momento, con las primeras reacciones que estamos obteniendo, es manifiesto, señorías, que vamos a acudir al órgano de conciliación. El FEGA tendrá que elevar la línea defensiva de todas las
comunidades que discrepen de los argumentos del contenido de la propuesta. Algunas, como Extremadura y ambas Castillas, tendrán que señalar si quieren acudir al órgano de conciliación y si mantienen o modifican los informes que remitieron en su
momento. Debo decir que Extremadura y Castilla y León han remitido informes muy detallados, Castilla-La Mancha, más reducidos, pero también combatiendo en parte las imputaciones y el resto de las comunidades, que no estaban afectadas por los
procesos de inspección, tendrán que manifestarse al respecto también sobre la corrección de los controles realizados en su territorio y desde luego la improcedencia de las imputaciones que formula la Comisión Europea. Si todas las comunidades
autónomas estuvieran de acuerdo en no acudir al órgano de conciliación, la propuesta formal se convertiría en definitiva, porque sería asumida por el Gobierno. Pero en este momento, como ya hay discrepancias, podemos saber que tendremos que acudir
al órgano de conciliación y a partir de ese momento la Comisión tendrá, más tarde, que publicar formalmente su decisión debidamente motivada, contra la cual podremos interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como es
obvio, todos los trámites se llevarán a cabo en función de lo que señalen las comunidades autónomas, que son las principales interesadas, y llevaremos los procedimientos contenciosos de la corrección financiera del lino hasta los extremos que estas
decidan o los argumentos que estas aporten con la técnica jurídica que pueda sumar el Gobierno de la nación para aglutinar estos argumentos y darles la mayor capacidad de persuasión y de convicción.
En opinión del ministerio, la propuesta de la Dirección General de Agricultura es claramente desproporcionada, aunque solamente sea porque ya en el propio informe de la OLAF se señala que en Cataluña se realizó la gestión correctamente. Y
si hay una comunidad, aunque solamente fuera una, en que ha habido una gestión correcta, no se pueden trasladar las conclusiones ni la corrección financiera a comunidades autónomas que ni siquiera se han inspeccionado. En Cataluña ha sido revisada
y se ha encontrado correcta, otras comunidades ni siquiera se han inspeccionado, pero sin embargo se generalizan los supuestos de fraude. También nos parece inverosímil que todas las comunidades autónomas, hasta las inspeccionadas por la OLAF,
hayan gestionado incorrectamente las ayudas al lino. Que haya podido asistir algún pago irregular, señorías, es posible, pero que todos los cultivadores de lino textil de este país sean unos defraudadores y que haya un fraude generalizado no es
creíble, pese a que haya habido algún dirigente autonómico que haya pretendido generalizar el fraude y que ahora, cuando tiene que recuperar las ayudas supuestamente irregulares, dice que solamente fueron unos pocos los defraudadores. La verdad es
que hay una comunidad autónoma que debería aclararse. ¿Es un fraude generalizado, como han señalado al principio de este proceso, o es un fraude que afecta a unos pocos, como señalan ahora? Hasta hace bien poco tanto el presidente como el
consejero de Castilla-La Mancha hablaban de fraude generalizado y que el fiscal anticorrupción, cuando generalizaba el fraude, les estaba dando la razón. Me remito a las hemerotecas para comprobar todas las declaraciones que se han hecho en este
sentido. Ahora que tienen que recuperar los pagos realizados a los agricultores es cuando se dice que solamente defraudaron unos pocos y que estos pocos están en la Audiencia Nacional. Hay que tener una cierta sensatez política para mantener una
misma línea de argumentación a lo largo de todo un proceso como este tan complejo y de consecuencias financieras tan graves para los agricultores afectados.
La diferencia entre un fraude generalizado y un fraude de pocos agricultores, o de pocas industrias transformadoras, o de industrias transformadoras en colaboración con un grupo pequeño de agricultores -les recuerdo que en la Audiencia
Nacional se ha pedido que se concreten las acusaciones, pero en este momento hay 42 personas imputadas, que no es lo mismo que un colectivo de cientos de agricultores o de cientos de empresas- es fundamental en el caso que nos ocupa. Si el fraude
lo han cometido unos pocos, lo normal es que las comunidades autónomas hubieran actuado como en el caso de cualquier línea de ayuda: se paralizan los pagos, se deniegan las subvenciones, se recuperan los pagos que no reúnen los requisitos
establecidos y aquí no ha pasado nada. Si se hubiera actuado así no hubiera pasado absolutamente nada. Ahora bien, cuando se intenta sembrar vientos se recogen tempestades; tempestades que afectan a muchas familias que tendrán que recibir alguna
explicación. Yo no me he inventado la imputación de fraude generalizado en el lino. Yo no era ministro en aquella época pero lo he leído en los medios de comunicación y he vuelto a leerlo en las hemerotecas. Hubo una campaña en este país -y
algunos de ustedes estaban en la Comisión de investigación- en la que se dijo que en este cultivo había un fraude generalizado.
Espero que a partir de ahora cada uno asuma su responsabilidad y dejen de difuminarla argumentando que entre los perceptores puede haber familiares de algún ex alto cargo del Ministerio de Agricultura. Que existan familiares de ex altos
cargos o de altos cargos entre los beneficiarios de subvenciones en principio no quiere decir nada, porque si estos familiares solicitan una subvención, como cualquier español, la condición de familiar de alto cargo no es ni mejor ni peor. Todos
están sujetos al cumplimiento de la misma normativa. (El señor Centella Gómez: ¿Cuál es la normativa?)
Lo único que tiene que hacer la comunidad autónoma es supervisar la documentación, controlar su solicitud y en función del resultado de estas operaciones... Señor Centella, dado que he oído su comentario y que usted me parece una persona
muy responsable, después tendré ocasión de decirle toda la normativa que había que cumplir, que es copiosa. Aún así, si S.S.
tiene mucho interés le puedo decir rápidamente -porque es fácil conocerla- cuál es la normativa que había que cumplir en
esta materia.
Por ejemplo, había que cumplir con la cantidad mínima de semilla que estaba fijada mediante Orden de 7 de marzo de 1996 -que es importante para saber si uno quiere sembrar de verdad o no-; realizar los cruces con el servicio
integrado de información geográfica, centralizado desde la campaña 1996/1997, e incorporar la declaración de la superficie sembrada de lino a la declaración del SIG, lo cual está regulado mediante Orden de 27 de noviembre de 1997; comprobar el
rendimiento medio de fibra que deberá ser igual como mínimo al 20 por ciento, con un contenido máximo de impurezas del 25 por ciento, como recoge el Decreto 1729/1999; determinar un uso industrial pedido para la fibra resultante; limitar el
derecho a la ayuda a los agricultores que no presenten un aval antes del 31 de julio; comprobar la obligatoriedad del uso de dosis mínimas de semilla certificada, etcétera. Hay una serie de normas que permitían un control y, desde luego, entre
ellas estaba verificar los procesos industriales para los cuales había competencia plena desde el proceso de transferencia y cumplir toda la normativa de organismos pagadores que está en vigor desde 1997. Algunos parece que tienen competencias de
Pascuas a Ramos. El que no se hayan transferido las competencias no significa absolutamente nada. Por tanto, había que comprobar todas estas cuestiones pero algunos no lo hicieron más que cuando consideraron que era la gran ocasión para colocarse
al frente de la manifestación.
Señorías, no quisiera acabar esta comparecencia sin hacer alusión a ciertas declaraciones que últimamente han aparecido en la prensa tanto nacional como regional, por lo menos, para que todos sepamos dónde estamos. En todos los medios
aparecen declaraciones del presidente de una comunidad autónoma determinada y de su consejero de Agricultura en las que dicen que tienen la conciencia muy tranquila y que han hecho todo perfectamente bien. Si en este país no ha pasado nada. Pero
donde la Comisión extrapola a las comunidades de Extremadura y Castilla y León los criterios para determinar que ha habido fraude es de los hechos que están reconocidos en Castilla-La Mancha. Hay una falta de control en una comunidad autónoma
determinada que da lugar a que se paguen ayudas vulnerando la legalidad y la normativa comunitaria y eso se traspasa a las demás comunidades, a las inspeccionadas y a las no inspeccionadas.
Quiero reiterar la normativa comunitaria. En el informe de la OLAF -lo tengo aquí y está a su disposición- se establece claramente que en España la competencia para la aplicación del derecho comunitario derivado en el ámbito agrícola
corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas, singularmente desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1992. El Real Decreto número 2.206, de 28 de diciembre de 1995, establece la responsabilidad de los organismos
pagadores de las comunidades autónomas para efectuar los controles y verificaciones de las operaciones efectuadas en su ámbito territorial financiadas por el FEOGA-Garantía. Por tanto, la competencia para efectuar los controles y verificaciones de
las actividades que dan lugar a períodos de ayudas directas como son las del lino en el ámbito de la política agrícola común de España pertenece exclusivamente a las administraciones de las comunidades autónomas. Por ello, los servicios de la
comunidad autónoma son responsables de la gestión y ejecución -lo dice la OLAF, no este ministro- de los controles a los que deben someterse los productores de lino y las instalaciones de transformación con el fin de que se cumplan las condiciones
para optar a ayudas comunitarias. En el mismo orden de ideas, la Comisión Europea, en su respuesta de 14 de febrero de 2001 -y estoy dando fuentes que no son del Gobierno para que queden definidas con toda nitidez las responsabilidades-, afirma que
está informada de que, según la distribución de competencias propias del derecho español, la concesión y control de pago de las subvenciones de la organización común del mercado del lino es exclusivamente competencia de las autoridades de las
comunidades autónomas españolas. El Parlamento Europeo, en resolución de 14 de marzo de 2001 relativa al informe anual 1999 de la Comisión sobre la protección de intereses financieros, establece en su punto 1.b) que en algunos Estados miembros
existe la sospecha de que se cometieron irregularidades y fraudes graves en relación con las ayudas comunitarias para el cultivo del lino. Al parecer, en España se solicitaron ayudas a la producción que fueron concedidas por autoridades regionales
y todo ello, violando las disposiciones comunitarias relativas a la organización común del mercado del lino. También le recuerdo que la Fiscalía Anticorrupción -de la que precisamente no se puede decir que no es independiente- (Protestas.) en su
informe de 19 de diciembre de 2000 establece que, según el sistema de distribución de los poderes del Estado, legislativo... La división de poderes afortunadamente en este país es una realidad y la independencia de los mismos afortunadamente
también. Por tanto, desde la fiscalía (el Poder Judicial) se establece que, según el sistema de distribución de competencias entre el Estado español y las comunidades autónomas, éstas son las competentes para la concesión de subvenciones y el
control tanto de los primeros transformadores como de los productores.
El Tribunal de Cuentas, en su informe anual del año 2000, establece lo mismo, que en este país el control de la organización común del mercado del lino lo ejercen los gobiernos autonómicos. Señorías, el Parlamento Europeo, la Comisión
Europea, el Tribunal de Cuentas europeo, el fiscal anticorrupción, la OLAF y sobre todo la legislación española nacional y autonómica, todos, señalan que los fallos se han dado en un ámbito que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Por eso causan asombro las declaraciones a los medios de comunicación del presidente de Castilla-La Mancha y su consejero en el sentido de que tiene, la conciencia absolutamente tranquila y la sensación del deber cumplido.
Evidentemente han
cumplido con su deber, han acabado con todas las ayudas del lino en todas las comunidades autónomas de España, incluso en las que han sido bien inspeccionadas, que no tienen absolutamente la culpa, y en las que niegan la existencia de fraude como
Extremadura -comunidad socialista-y Castilla y León. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que dice la Comisión en su propuesta de evaluación de consecuencias financieras? Que los fraudes detectados por la OLAF han puesto de relieve una práctica
caracterizada por el incumplimiento total de las normas comunitarias por todos los involucrados, incluidos los servicios españoles. Nos extraña que haya una administración que esté tan contenta cuando por una actuación irresponsable, resumida en la
falta de control denunciada por la Comisión y el pago a solicitantes que no había generado ningún derecho, se produce la situación en la que estamos.
El Gobierno, a partir de este momento, va a elaborar con todo el rigor las líneas de argumentación para reducir estos temas a su justa dimensión: aquellas comunidades que reconocen el fraude en su territorio, aquellos agricultores respecto
a los que debe ser acotado el fraude, y defenderá a todas aquellas otras que dicen haber realizado controles a priori. Es muy fácil ponerse al frente de las denuncias cuando se lleva mucho tiempo sin hacer absolutamente nada. Hay una diferencia
fundamental. Hay comunidades que en sus escritos manifiestan que desde el principio del cultivo del lino hacían los controles en las instalaciones de fábricas en, antes y después del pago de las subvenciones y otras que a finales del año 1999
solamente denuncian el fraude en su territorio y quieren colocarse la medalla. Señorías, el pirómano no se puede meter a bombero; son condiciones muy distintas. (Rumores.) No es el guardia civil que denuncia y se dice que qué malo es el guardia
civil. No, señorías. Esto es no ejercer las competencias propias durante un tiempo determinado, luego tener que reconocerlo en unas denuncias que se formulan y después hacer un juego político mucho más peligroso. Si simplemente se hubiera
denunciado el supuesto fraude en tres instalaciones fabriles y se hubieran recuperado las ayudas, nos encontraríamos ante un hipótesis normal. Lo malo de este proceso es que se ha hecho una imputación de fraude generalizado que ha afectado a todos
los españoles. Por eso, en este momento el Gobierno se ve en la obligación de defender a todos los agricultores españoles que de buena fe han cultivado el lino y lo han transformado en establecimientos que han actuado con rigor. Esa va a ser la
actuación del Gobierno: tratar de corregir la situación de dificultad en la que nos encontramos por culpa de algunas afirmaciones políticamente rentables a corto plazo. Señorías, ¿dónde estaríamos si se perdiera ante el Tribunal de Justicia?
Habría que recuperar las ayudas de los agricultores y pagar la corrección financiera del presupuesto de las comunidades autónomas. Lo que a mí me preocupa es que personas que tienen alta responsabilidad institucional llamen a la desobediencia civil
y a la vulneración del derecho comunitario, nacional y autonómico. Me parece de enorme gravedad que un presidente y un consejero autonómico digan que no van a recuperar las ayudas porque no quieren, que la legalidad comunitaria no va con ellos, que
en Castilla la Mancha no se aplica el derecho comunitario porque aquello debe ser Ruanda Burundi. Mire usted, Castilla la Mancha es parte de la Unión Europea, los castellano-manchegos son ciudadanos de la Unión Europea y están sujetos a todas las
ventajas que tiene la PAC, a todas las garantías jurídicas que ofrece el derecho comunitario, pero también a todas sus responsabilidades, al cumplimiento de todos los controles necesarios y a la devolución de ayudas. Cuando uno empieza a ir por un
camino tiene que llegar hasta el final; no se puede dar un paso para adelante, medio para atrás y jugar a ser el bueno y el malo de la película al mismo tiempo. Aquí hay que jugar simplemente a seguir una senda de corrección, rigor y seriedad.
Nos encontramos en una aplicación del derecho comunitario por parte de la Comisión que para el Gobierno es excesiva. El Gobierno niega que exista un fraude generalizado y está convencido de que ha habido muchos agricultores que han actuado de buena
fe, que han sembrado con semilla certificada, que han obtenido los rendimientos de transformación de varilla suficientes, e instalaciones en las que se ha operado correctamente, que inspeccionadas por funcionarios autonómicos han constatado su buen
funcionamiento. Por lo tanto, el Gobierno los va a defender hasta el final. Pero si algún día este procedimiento se pierde, hay que observar la legalidad comunitaria, porque no se puede ser ciudadano comunitario para percibir ayudas y luego ser
extraterrestre para no devolverlas cuando corresponde. Lo que me extraña es que desde las altas magistraturas se haya manifestado que no se va a observar la normativa del Estado de derecho. Eso es lo que me parece más grave de todo este proceso,
porque todos los días se dan supuestos de fraude en las ayudas, señorías. La semana pasada se vieron en la Audiencia Nacional supuestos de compradores intermedios del sector lácteo por cantidades de 90 millones de euros, es decir, por igual cuantía
de la
que estamos hablando, que vamos a recuperar desde el Gobierno. Se trata de supuestos normales y corrientes, y trataremos de trabajar para que las firmas que defraudan en el sector lácteo paguen lo que tengan que pagar y recuperen lo que han
perdido. Es algo normal, todos los días nos encontramos tratando de luchar para la represión del fraude. Lo que no es tan corriente es que, ante el cumplimiento de la política agraria comunitaria, un Gobierno autonómico diga que no va a cumplir la
legalidad comunitaria. Es asombroso que se diga que en Castilla la Mancha no se recuperarán nunca las ayudas, cuando se ha reconocido el fraude en su territorio y lo acreditan los escritos de la OLAF. Señorías, este tema es muy grave. El Gobierno
va a actuar con todo rigor estableciendo la defensa jurídica suficiente, pero también va a aplicar toda la normativa precisa; este Gobierno o el que esté en su momento, porque da igual el signo político. Cualquier Gobierno, de cualquier signo
político, que esté al frente de la política agraria española estará obligado por la normativa comunitaria a recuperar estas ayudas; da igual el color político. La ley se aplica tanto a gobiernos populares, socialistas como de Izquierda Unida.
Todos están obligados a cumplirla, aunque parece haber comunidades autónomas donde el derecho no llega. Señorías, yo creo que la grandeza del Estado de derecho es que todos somos iguales ante la ley, establecido además en la Constitución española.
Por esa razón este Gobierno aplicará la ley y defenderá a los agricultores hasta sus últimas consecuencias, pero si hubiera que hacer alguna corrección financiera o devolución, no les quepa la menor duda a SS.SS que se pondrán en marcha los
mecanismos de recuperación necesaria en aquella parte del territorio nacional que lo requiera.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como primer solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra su portavoz señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Después de su extensa explicación, que como explicaré mi grupo no comparte, quiero comenzar afirmando que el lino reapareció en nuestro país como consecuencia exclusiva del alto nivel de ayuda que tenía este cultivo
por parte de la PAC. Esta es una circunstancia que nosotros no denunciamos como algo negativo o irregular, sino que consideramos interesante que se intenten recuperar desde la PAC cultivos como el lino, en el que queda patente su interesante
futuro.
Otra cosa es, señor ministro -y ahí empieza la responsabilidad del Gobierno-, que se desaprovechara la oportunidad que brindaba la PAC para recuperar ese cultivo y que el Gobierno no hiciera nada para situarlo en niveles de rentabilidad
similares a los que existen en otros países.
Usted nos ha dado algunos datos, pero este tema lo estudiamos durante bastante tiempo en una comisión parlamentaria y allí se evidenció que en las ayudas de la PAC había responsabilidades de distintas
administraciones, pero no sólo en el reparto, ni siquiera en el control.
Para nosotros la responsabilidad está en el Ministerio de Agricultura, que tiene la obligación de que estas ayudas tengan la mayor rentabilidad y productividad social,
beneficiando así al conjunto de la economía nacional. Esta era una obligación del Gobierno que no cumplió y por eso es un tema tan grave. La primera responsabilidad política del Gobierno es el hecho de que al Ministerio de Agricultura nunca le
interesó el grado de rentabilidad que tenía el lino en nuestro país, más allá del cobro de las ayudas comunitarias. En las declaraciones de altos cargos que comparecieron ante la Comisión de investigación, incluida la de la propia ex ministra, se
dijo que se desconocía el destino del lino transformado y la existencia de un plan para la mejora de la calidad y la comercialización de lino. Esto evidencia que al Gobierno en ningún caso le interesó que el lino tuviese un carácter productivo, más
allá del cobro de las ayudas. La primera pregunta que nos hacemos es por qué no hubo ningún interés por parte del Gobierno en un cultivo que pasa en cinco o seis años prácticamente de la nada a ocupar 100.000 hectáreas en este país. Ni el
Ministerio de Agricultura ni ningún otro departamento de la Administración atienden a esta situación. Otra contradicción en la que no cayó la Secretaría de Comerció es que mientras aumentaban espectacularmente las hectáreas dedicadas al lino en
nuestro país, de forma paralela aumentaban las importaciones y disminuían las exportaciones. Era una circunstancia contradictoria que en ningún caso el Gobierno se preocupó de saber a qué se debía. Representantes de la industria productora de
papel denunciaron una realidad y era que nuestra industria tenía que rechazar el lino que se transformaba en nuestro país por su falta de calidad. Nuestra industria tenía que importar más del 80 por ciento para su consumo por no encontrar en
nuestro país lino de calidad. Nuestro lino no alcanzaba ni el 50 por ciento de los parámetros de calidad exigidos, y eso al Gobierno no le preocupaba.
El cultivo del lino se pone en marcha en función de unas ayudas comunitarias, un cultivo que generó una industria de transformación, y para el cobro de las ayudas era necesario presentar un certificado de transformación, pero una vez
obtenido dicho certificado -porque la transformación era otra cosa- se cobraba la ayuda y el ciclo se rompía.
El lino no se comercializaba más allá del 20 por ciento en opinión de los comparecientes más optimistas y del 10 por ciento en opinión de
los restantes comparecientes; entre un 80 y un 90 por ciento del lino no se comercializaba. La mayoría de los componentes de la Comisión hacíamos una regla matemática y concluíamos que había unas 100.000 hectáreas, con una producción mínima de
1.000 kilos por hectárea; que si teníamos en nuestro país 100.000
toneladas de lino para transformar, del que sólo se comercializaba un 10 ó un 20 por ciento, habría 80.000 toneladas anuales de lino que no sabíamos dónde estaban, que no fuimos capaces de determinar dónde estaban y que al Gobierno nunca le
preocupó saberlo. No sé si con estos datos se puede decir que es un fraude generalizado, pero el 80 ó 90 por ciento es una cantidad muy elevada. Nadie se preocupó en el ministerio por señalar que los agricultores no podían mantener indebidamente
un cultivo que no tenía salida ni ninguna rentabilidad comercial, a pesar de que desde las organizaciones profesionales y desde los sindicatos agrarios se requirió en determinadas ocasiones la conveniencia de regular el sector, ya que su
espectacular crecimiento podía llevar aparejado -como así ocurrió- su propia destrucción. El Gobierno desoyó estos planteamientos, el Gobierno dio de lado a estos planteamientos y mantuvo esa situación que al final, como se ha demostrado, ha
significado la muerte y la desaparición del cultivo porque era imposible mantenerlo. En esas circunstancias la Unión Europea empezó a denunciar la situación. En el año 1996 se remitió por la Comisión Europea un escrito en el que se señalaba la
preocupación que había por el espectacular incremento del cultivo del lino; se volvió a repetir en el año 1999 y desde la propia Unión Europea se hablaba de la existencia de prácticas generalizadas de caza a la prima, de lo que se desprende -decía-
que las autoridades españolas deben prestar una atención especial a las condiciones relativas al cultivo, a la cosecha y a la transformación. Esto le llega al Gobierno en el año 1999 y la Unión Europea ya habla de generalización. Por tanto, no nos
puede acusar a los que hemos hecho la denuncia de ser los que empezamos a emplear esta terminología. Sin embargo, la respuesta del Gobierno al escrito, en pluma de su director general de Agricultura, ha demostrado la alarmante inquietud existente
en el cultivo del lino por las medidas de control basadas en la exigencia de unos requisitos mínimos. El Gobierno, en lugar de poner coto a lo que pasaba, manifiesta su contrariedad porque se exigen unos rendimientos mínimos. Por eso cuando usted
leía algunas condiciones, también tendría que haber leído la otra parte, que el Gobierno español trató de que no hubiera muchos controles. Don Carlos Díaz Eimil decía que esta inquietud era compartida por el Gobierno español que se oponía al
establecimiento de unos rendimientos mínimos para poder cobrar subvenciones. Esta era la postura del Gobierno español en aquel momento. Todo esto parece un contrasentido, parece que no tiene mucha explicación. No podemos entender un Gobierno que
apueste por el desarrollo productivo del cultivo y que no quiera poner controles. Este contrasentido comienza a resolverse cuando empieza a verse que altos cargos del Gobierno estaban relacionados directamente con el cultivo del lino. Por otra
parte, se hace evidente que a mayor cultivo del lino, menor margen tenían los que la Unión Europea llama cazadores a la prima.
Si quienes tenían que diseñar la política del Gobierno sobre el cultivo del lino estaban directamente relacionados con su
cultivo y con el cobro de las primas comunitarias, son evidentes los motivos por los que no se preocupaban de hacer que esa industria fuera competitiva, porque a mayor competitividad, mayor profesionalidad y menor margen para los especuladores.
Esta es la historia del lino en nuestro país, señor Cañete. A partir de ahí, se hacen evidentes las capacidades del Gobierno central y se hacen evidentes también las responsabilidades que puede haber desde otras administraciones. Pero aquí
ha habido un problema de principio y es que la decisión del Gobierno de no reconocer en ningún momento responsabilidad alguna ha imposibilitado que se vaya más allá, a determinar cuáles eran las responsabilidades. Esta es una realidad que el
Gobierno alguna vez tendrá que empezar a reconocer. Usted ha dicho que en aquel momento no era ministro de Agricultura. De acuerdo. Pero el Partido Popular tendrá que empezar a asumir en algún momento sus responsabilidades políticas, porque las
ha habido. Es evidente que ha habido una responsabilidad política en el Gobierno central, como también es evidente que ha habido una responsabilidad administrativa en las comunidades autónomas y como también es evidente que en el ámbito jurídico
puede haber responsabilidades individuales de aquellos que hayan incurrido en irregularidades y que se hayan aprovechado de las subvenciones de la Unión Europea para el cultivo del lino. Este es el cruce de responsabilidades del que tiene que
surgir la resultante final; pero si se sigue atrincherado en negar cualquier tipo de responsabilidad de su Gobierno será imposible avanzar en esa resultante final. Mientras tanto la Unión Europea sigue haciendo su trabajo. No nos pueden acusar a
nosotros de que hayamos sido los que hayamos provocado que la Unión Europea tome cartas en el asunto, no nos considere con tanta capacidad de influir en la Unión Europea. Le recomiendo que se lea lo que dijo la actual comisaria Loyola de Palacio en
su personación ante la justicia, porque entra en contradicción con lo que usted ha señalado aquí hoy. Se habla claramente de irregularidades y de fraude generalizado. Por tanto, la contradicción no está en estos momentos nada más que entre lo que
ha dicho usted aquí hoy y lo que se dijo en aquella personación. El problema no estaba solamente en el control, ésta es sólo una parte del problema señor Cañete, no es el único problema como ustedes quieren hacer ver. El problema político estaba
en que desde el Gobierno no se quiso desarrollar una verdadera industria del lino. Si desde el Gobierno se hubiese impulsado, hoy no tendríamos problemas y esos agricultores a los que usted ha señalado en repetidas ocasiones, los profesionales,
podrían haber tenido en España un hueco, cosa que hoy no tienen; pero no lo tienen no porque se hayan acabado las subvenciones, no lo tienen porque en España no
se ha desarrollado una industria que posibilite la transformación del lino. En España no se transformaba el lino, en España se especulaba con el lino de forma casi generalizada, porque estamos hablando del 80-90 por ciento. Esa es la
realidad. ¿Y por qué no se hacía? Simplemente porque quienes tenían que hacer esa política eran los que cobraban las primas, porque parte del Ministerio de Agricultura estaba ligado a los que cobraban las primas. Son datos que ya se han señalado,
incluso ha habido quien tuvo que presentar la dimisión y quien está en estos momentos ante la justicia por ello. Algunos altos cargos del Gobierno estaban involucrados en este cobro de primas y, por tanto, no tenían ningún interés en desarrollar la
industria del lino. Esa es la realidad que ustedes no han querido asumir. A partir de ahí, señor Cañete, ¿quién tiene que pagar, si finalmente hay que pagar? Evidentemente, habrá que intentar que no pague quien no tenga culpa. Pero no nos
corresponde en estos momentos ver eso, lo que nos corresponde en estos momentos es exigirle al Gobierno central que de una vez por todas asuma la responsabilidad que ha tenido, porque si no se asume no se podrá avanzar en clarificar cada una de las
responsabilidades.
Señor Cañete, termino pidiéndole que asuma la responsabilidad, que reconozca de una vez por todas que el Gobierno central no quiso que en España se impulsase una verdadera industria transformadora del lino y que de ahí viene una gran parte
de los problemas que luego hemos tenido.
Asuma esa responsabilidad y a partir de ahí podremos seguir hablando de otras responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señor presidente, nosotros también pedimos la comparecencia del señor ministro para dar explicaciones sobre un hecho realmente grave, un hecho trascendente.
Señor ministro, la primera cuestión que se me ocurre después de su intervención, que ha sido una intervención en la que yo creo que ha mezclado demasiadas cosas y ha pasado por alto información fundamental de este procedimiento abierto por
la Comisión Europea, es: ¿Ha habido fraude o no ha habido fraude para el Gobierno? Ustedes dan la impresión de haber sido tocados de plano en este tema, se sienten desbordados y hoy ha venido usted aquí a manifestar sus obsesiones políticas en
relación con un presidente o con altas instancias, como dice usted. Pero ¿ha habido fraude o no ha habido fraude? Esa es la cuestión. Porque si ha habido fraude, el Gobierno de España no puede andar enredando por ahí, tiene que enfrentarse
directamente a la cuestión; y para enfrentarse directamente al problema, con sentido de la responsabilidad, no vale poner a los agricultores españoles, a todos los agricultores españoles nada menos, a cientos de miles de agricultores españoles como
burladero detrás del que defenderse o detrás del que intentar escapar a la responsabilidad que se tiene, porque se tiene responsabilidad directa en esta cuestión, como luego vamos a ver.
Le voy a leer una parte del informe de la OLAF, que se refiere a los agricultores, después de su inspección sobre el terreno, por cierto acompañados por funcionarios del FEGA. Dice lo siguiente: En total se ha entrevistado a 17
productores; sólo uno de ellos era agricultor a tiempo completo, es decir, que consideraba el trabajo de su tierra como su principal fuente de ingresos; los demás ejercían profesiones principales como agente inmobiliario, médico, mayorista de
semillas e intermediario en la venta de productos agrícolas, mayorista de materiales para la construcción, etcétera. Cuando usted utiliza el argumento de quién quiere a los agricultores y quién no quiere a los agricultores, no les hace usted ningún
favor, como ellos mismos se están encargando de decir, de manera contundente, a través de sus representantes, para que nadie les utilice para eximirse de sus propias responsabilidades. Insisto, señor ministro, ¿ha habido fraude o no ha habido
fraude? Porque ha hecho usted una lectura curiosísima en relación con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, con el informe de la OLAF y con la corrección financiera y sus argumentos, tal y como ha sido comunicado muy recientemente al Gobierno
español. Dice usted que ha habido -y yo no sé si espera que alguien le pueda creer un argumento de tal calidad- una comunidad autónoma que reconoce que se ha cometido fraude, y ha habido otra, por ejemplo Castilla y León, que dice que no. La OLAF,
la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas, todos dicen lo mismo con respecto a la trama montada para el fraude del lino en España; el mismo mecanismo, el mismo instrumento, la misma forma, a través de unas
transformadoras, etcétera. Pero usted matiza, por su obsesión política en esta materia y la del Partido Popular. ¿Dónde están esas matizaciones en los informes, por ejemplo de la OLAF? Es más, le diré que hay una matización. La Comisión agradece
las facilidades que se han dado en Castilla-La Mancha para hacer la investigación, y hace lo contrario con el Gobierno. Usted recordará que se han denunciado presiones de una funcionaria del FEGA por parte de su ministerio, y usted recordará las
acusaciones muy directas hechas por la propia OLAF a las transformadoras de Portugal con respecto a la inspección que se estaba haciendo. Por tanto, desde luego que hay matices. Pero esa matización me parece difícilmente defendible. Es muy
difícil que se pueda mantener. ¿Ha habido fraude o no ha habido fraude? Porque se declaraba en la Comisión de Investigación en relación a doña Loyola de Palacio en el verano de 1999: Conoce también la señora ministra, puesto que usted las firma,
las órdenes ministeriales correspondientes donde se recoge la obligación del Fondo especial de
garantía de establecer, en colaboración con comunidades autónomas, este plan nacional de controles. Efectivamente, claro que lo reconoce, como no podía ser de otra manera. Pero señoría -dice Loyola de Palacio en aquella comparecencia-, yo
aquí no he visto cazaprimas por ningún lado. No existía fraude alguno. Y ahora nos encontramos con que hay una declaración -hecha por la Comisión Europea, a través de una investigación sobre el terreno y bastante exhaustiva- de existencia de
fraude generalizado. Usted dice: Es imposible que todos los perceptores de una ayuda hayan sido unos corruptos. ¿Realmente cree que esa base argumental la podemos aceptar como válida en lo que estamos discutiendo aquí? ¿Usted sabe por qué se
habla de fraude generalizado? ¿O no sabe por qué se habla de fraude generalizado? Se habla de fraude generalizado porque se reciben ayudas por sembrar lino y ese lino no se transforma en fibra. Ese es el fraude generalizado. ¿O no lo ha
entendido todavía? ¿O usted cree que se pueden dar ayudas para sembrar lino a través de unas transformadoras que ponen en marcha este mecanismo -semillas certificadas, la certificación de la transformación, etcétera-, usted cree que se pueden dar
ayudas para transformar paja en lino y que ésta no se produzca? ¿O es que usted no ha leído que el 98 por ciento del lino supuestamente transformado, de la fibra transformada, no se vende en ninguna parte, que solamente se paga, el 2 por ciento, a
través de una empresa, que investiga lógicamente la OLAF, lo que tendría que haber hecho el ministro de Agricultura? (Rumores.) Sí, sí, señor ministro. Tendría que haber investigado. Cuando a ustedes, a su antecesora en el cargo le dicen desde la
Comisión Europea que se están produciendo estos hechos, cuando se lo dicen desde la Junta de Extremadura, desde Castilla-La Mancha, ¿ustedes qué hacen? La pregunta, señor ministro, es por qué ustedes no hacían nada. Le voy a decir a quién hay que
preguntárselo, hay que preguntárselo a los que se llevaban el dinero. (Varios señores diputados: A los que estaban en el ministerio.- El señor Madero Jarabo: Díselo a Bono.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, yo les voy a rogar silencio a todos los diputados, salvo a los que estén en el uso de la palabra.
Tiene la palabra, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: La pregunta es por qué ustedes no hacían nada.
Porque argumenta una y otra vez sobre competencias. ¡Si las competencias están perfectamente establecidas, si nadie las cuestiona! Aprovecha usted una encuesta que
hace la OLAF a las comunidades autónomas para manifestar que dice que son las comunidades autónomas las responsables. ¿Dónde dice esto? Las comunidades autónomas tienen una parte de responsabilidad en estos trámites, la Comisión Europea tiene la
suya como autoridad comunitaria, y el Gobierno tiene otras diferentes. Y, ¿sabe usted quién tiene responsabilidades decisivas, sobre los manuales de control, por ejemplo, o en cuanto a la orden ministerial para la declaración de superficies y
regulación de ayudas, o respecto a las normas básicas o a los planes de coordinación? ¿Sabe usted quién tiene responsabilidades fundamentales? El FEGA. Y, ¿sabe usted quién dirigía el FEGA en aquel momento? (Un señor diputado: El del lino.)
Alguien que se llevaba, a través de intermediarios familiares, grandes cantidades de recursos y grandes cantidades de dinero. (El señor Madero Jarabo: ¡Uy, uy, uy!) El señor López de Coca. Le puedo decir las cifras exactas. (La señora Guarinos
López: Denuncia.) Todo gracias a esta trama, que le voy a decir cómo describe la OLAF, para que no quede duda ninguna. (El señor Isasi Gómez: Al juzgado.- Rumores.) No se preocupe, señoría, este señor ya me ha presentado una querella.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio. Señor Isasi, le ruego silencio.
El señor CUADRADO BAUSELA: A ustedes les dará las gracias todos los días, señorías; a mí me ha presentado una querella, y ahí está. (El señor Isasi Gómez: Tiene la obligación de ir al juzgado.) Me ha presentado una querella por mis
manifestaciones en la tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, silencio!
El señor CUADRADO BAUSELA: No se pongan nerviosos; este tema tiene un largo recorrido. Tiene un recorrido tan largo que asistiremos muchas más veces a que sea presentado como culpable quien ha denunciado esta trama de corrupción;
siempre; no tienen ustedes otro discurso. Y todo eso para proteger la falta de asunción de responsabilidades políticas.
Miren lo que dice exactamente la OLAF en la página 69 de su informe: Tras el análisis de los datos sobre todas las unidades de transformación, se revela claramente una situación fraudulenta. Eso es lo que dice la OLAF, y lo asume la
Comisión Europea en la comunicación que hace al Gobierno de España. Y sigue: especialmente, en lo que se refiere a las cantidades de paja que se han declarado como enviadas para su transformación. Las transformadoras han inflado de forma
sistemática estas cantidades, con el propósito de poder proporcionar al productor un certificado de transformación, en consecuencia, y permitir a este último percibir una ayuda por una cantidad de paja de lino que, en la mayoría de los casos, nunca
se ha producido y transformado o, en la mejor de las hipótesis, sólo se ha producido y transformado parcialmente. ¿Hay que proteger esto, señor ministro? ¿Qué sentido de la lealtad, o de la defensa de los intereses de España, puede llevar a
proteger
esto? La OLAF no matiza. Existe la misma trama en Castilla-León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en el resto; esto era una muestra y no hace ninguna excepción, todo lo contrario. Por eso habla de fraude generalizado.
¿Qué ha hecho el Gobierno español para defender los intereses de España, y para no tener que pagar una corrección financiera tan elevada? (Esta es la primera, y está pendiente otra.) El Gobierno de España, a través de una serie de
alegaciones, ha pretendido decirle a la OLAF, a la Comisión, que no son ciertas afirmaciones como esta que he leído, y otras de las que el informe está plagado. Y, ¿qué ha hecho, en concreto, el Gobierno de España? Ha hecho cosas que no debe
volver a hacer, señor ministro. No las vuelva a hacer por el buen nombre de nuestro país. (Rumores.) Por ejemplo, no vuelva a decir a la Comisión Europea, para defenderse de acusaciones tan graves, que algunos agricultores hacían horas gratis en
las transformadoras; no lo vuelva a decir. Y no porque no se lo crean; lo dice la Comisión, pero es de sentido común, después de haber hecho la inspección en presencia del Gobierno de España y sin presentar ningún documento que se refiera a
alguna transformadora: ¿No me dicen que con tres trabajadores es suficiente? ¿Para qué haría falta entonces que algunos agricultores lo hicieran gratis en su tiempo libre? (Rumores.) Y el resto de las transformadoras, ¿qué? Está demostrado que
es imposible.
Cuando se habla de una transformación de 14 millones de kilos, a pesar de que físicamente sólo es posible transformar 2 millones, ¿qué argumentos quiere dar, como ha dado en nombre del Gobierno de España, para desmentir una cosa como
ésta? ¿Cómo ha hecho en la misma dirección con las existencias, algo que es físicamente imposible de mantener? O, ¿cómo es posible que avale el Gobierno de España la existencia de facturas falsas -lo dice textualmente la OLAF- para intentar
demostrar que se ha transformado paja en fibra y que no se ha hecho, como es bastante evidente por los datos que antes le he dado, a través de la propia inspección? Por tanto, señor ministro, no vaya en esa dirección, con ese tipo de argumentos que
no se pueden mantener y que además dejan en muy mal lugar al Gobierno de España y al Estado español.
En tercer lugar, ocurre como en esa gran película, Casablanca: Tócala otra vez, Sam; otra vez la misma canción. Las comunidades autónomas son las responsables, usted no tiene nada que ver con esta historia, los manuales de control no
tienen nada que ver con el Gobierno ni con el FEGA, los altos cargos del ministerio se dedicaban al lino por casualidad. Es curioso, pero ustedes argumentan que es una parte muy pequeña; qué casualidad, que se dedicaran todos al lino -un cultivo
tan pequeño, aunque aumentó espectacularmente en esos años en los que ellos fueron altos cargos del ministerio-; se podían haber dedicado a otras cosas, pero no, todos se dedicaron al lino, ¡qué casualidad!, y además en esos años. Pues bien, señor
ministro, usted puede hacer todos los bailes que quiera, todos los cruces que quiera, todas las ensaladas de argumentos que quiera para encajar lo que usted persigue: yo no tengo nada que ver con esto -por lo que se ve el ministro de Agricultura
tiene poco que ver con la agricultura y con el lino menos- y, por tanto, es responsabilidad de las comunidades autónomas; vayan ustedes a exigirles a las comunidades autónomas. Esa es la peor de las estrategias que podía seguir el Gobierno. En el
verano de 1999 hubo una Comisión de investigación que trabajó durante el mes de julio y cerró sus trabajos en el mes de septiembre -no voy a recordar los avatares de dicha Comisión que fueron realmente importantes-; piensen en la fecha, verano de
1999. Después de esa fecha el cultivo del lino marca un récord en la campaña 1999-2000. En aquella Comisión se dijeron cosas. Es curioso, por una parte los grupos de la Comisión que mayoritariamente aprobaron unas conclusiones decían que no había
fraude y otros grupos dijeron que existían las situaciones que ahora la Fiscalía Anticorrupción, la OLAF y la Comisión Europea contundentemente nos ponen delante de los ojos. Se puede cometer el mismo error, señor ministro. Podemos volver a
reiterar que no ha habido fraude, que no ha habido ese tipo de situaciones y que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción se están inventando cosas, que es un poco la conclusión que se puede sacar.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, se le va terminando el tiempo.
El señor CUADRADO BAUSELA: Quisiera plantear al menos un par de cosas más y luego sacar unas conclusiones muy breves.
En la cuarta conclusión de esa Comisión, que se aprobó mayoritariamente por tres grupos de la Cámara, se dice: Existen elementos suficientes -de entre los que destacan las cifras de importación de lino- no sólo para el sector textil sino
también en la industria auxiliar del automóvil o en el sector de producción papelera para creer que, con independencia de las deficiencias graves del actual sistema de ayudas europeas, se trata de un cultivo que podría desarrollarse con éxito y
tener una salida comercial en diversos sectores. Cuando se dice esto, la OLAF dice que sólo el 2 por ciento del lino transformado, de la fibra transformada, tiene facturas que justifiquen o expliquen haber hecho la venta. O se dice, por ejemplo,
que no se detecta que exista en este sector un índice de fraude relevante en la sexta conclusión. Menos mal que no existía un fraude relevante, por primera vez un cien por cien en la corrección financiera de las ayudas.
¿Qué está haciendo la OLAF?
¿Qué está haciendo la Comisión Europea? ¿Se están inventando todo? O hay que decir que aquella Comisión no sirvió para haber sacado una lección que hubiera evitado que al menos en la campaña 1999-2000
se produjera la situación que se produjo. Le recordaré los datos, señor ministro, de la corrección financiera y a quién afecta. Afecta al 55 por ciento -y he dado antes las fechas- de Castilla y León, al 33 por ciento de Castilla-La Mancha
y al 11 por ciento de Extremadura. Reflexiónese sobre los datos cuando se habla de quién ha actuado diligentemente y quién no lo ha hecho.
Conclusiones, señor presidente, telegráficamente. Primero, la actuación del Gobierno, esta actuación del Gobierno obsesionado porque no sea evidente lo que ya es evidente, por ocultar lo que es evidente en este momento, que se ha producido
una falta de responsabilidad política en esta materia que le puede costar muy cara al Estado español, esa actuación, señor ministro, está trayendo graves dificultades para la legitimidad de la política agraria común. Parecen ustedes obsesionados en
ocultar las evidencias, y esas evidencias, no lo olvide -antes he dado un dato, señor ministro-, no acusan a los agricultores españoles. Con la línea de defensa que han utilizado, que han elegido, le están haciendo un gravísimo daño al conjunto de
los agricultores españoles.
En segundo lugar, háganle un favor a la sociedad española. No tienen más posibilidades de enredar en este tema, señor ministro. Lo siguen intentando, por lo que veo. Yo esperaba hoy otras explicaciones en la comparecencia. Háganle un
favor a la sociedad española, reconozcan la evidencia y asuman las responsabilidades políticas. ¡Qué le vamos a hacer! Doña Loyola de Palacio afirmó solemnemente en su día que si alguna vez se demostraba que había habido un fraude en relación con
el lino en su etapa de ministra, ella dimitiría automáticamente. El no asumir responsabilidades políticas no puede cargárselo el Gobierno español al conjunto de la sociedad española. ¿Cuánto nos va a costar mantener esta ocultación de una directa
y gravísima responsabilidad política?
En tercer lugar, hubo un fallo estrepitoso en la Comisión de investigación. Leer hoy las conclusiones de aquella Comisión y leer a la vez el informe de la OLAF y los resultados de la comunicación que le ha llegado al Gobierno español pone
en evidencia, de una manera categórica, y es imposible mirar hacia otro lado, quién tenía razón y quién no.
Asúmase la responsabilidad y ¡qué le vamos a hacer!, porque en estos casos y en estas situaciones o se asume la responsabilidad o paga el
conjunto de la sociedad y parece que ustedes han elegido la segunda opción.
En cuarto lugar, no enreden más en materia de competencias, que están muy claras las competencias de cada cual, de los tres niveles competenciales, están muy claras. ¿Pero ustedes creen -y termino, señor presidente- que alguien puede
creerse en la sociedad española, aunque ustedes sigan insistiendo una y otra vez, en que el culpable del fraude del lino es quien lo denunció? ¿Pero ustedes creen que alguien les puede creer en esta tesitura? Y ustedes siguen insistiendo en lo
mismo. Salgan de esa situación porque no van a poder mantenerlo mucho tiempo, ya que no es de recibo y sobre todo porque es responsabilidad de un Gobierno asumir su responsabilidad y no esconderse detrás de agricultores, detrás de comunidades
autónomas, cuando es evidente esa responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia.
En primer lugar, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señor ministro, quiero agradecerle su presencia y su información, que creo que ha sido muy completa. Por tanto, bienvenido otra vez a la Comisión de Agricultura.
Voy a hacer una intervención muy breve, porque he tenido la oportunidad de intervenir sobre este tema en multitud de ocasiones. Lo hemos debatido en Pleno, lo hemos debatido en Comisión, he formado parte de la Comisión de investigación y,
por tanto, lo único que haría sería repetir argumentos que, efectivamente, constan en los diarios de sesiones de las diferentes sesiones. Nuestro grupo parlamentario entiende que efectivamente las comunidades autónomas tienen una responsabilidad
importante en la gestión, en el control y en el pago y, por tanto, ellas eran las que tenían que haber puesto los mecanismos para evitar que eso sucediese. En algunos casos se hizo y en otros a lo mejor se hizo con una cierta relajación.
Tendríamos ejemplos en el lino y en otros temas, en los que creo que las comunidades autónomas en algún momento tenemos que hacer una autocrítica, ya que a veces las cosas no las hacemos como se deberían hacer. El Gobierno se equivoca, las
comunidades autónomas también nos equivocamos y a veces los partidos políticos también nos equivocamos.
Señor ministro, en ese aspecto le diré que el Tribunal Constitucional nos dio las competencias, afortunadamente, aunque éstas después hay que
ejercerlas.
Nuestro grupo parlamentario -lo dejó claro en la Comisión de investigación y lo ha dejado claro en diferentes intervenciones- no está de acuerdo con que el fraude haya sido generalizado. Entendemos que el fraude ha sido puntual. Ha habido
mucha gente que ha hecho bien las cosas y otros que quizá no lo han hecho suficientemente bien. Lo que pasa es que el fraude llegó en un momento en el que las estrategias políticas apostaron por el ventilador, se dio publicidad al tema y al final
ha habido unos grandes perdedores, que básicamente han sido los agricultores y los ganaderos, que con ese debate que continuamos manteniendo en este momento están perdiendo credibilidad en todos los aspectos. El sector agrario no está en este
momento
para perder la poca credibilidad que tiene. Creo que en esos temas habría que cerrar filas e intentar resolver el problema que tenemos encima de la mesa.
He estado leyendo la carta que se ha enviado desde OLAF y se deduce de ella que efectivamente se está imponiendo una corrección del cien por cien. Con eso tampoco estaríamos de acuerdo, porque se aplicaría sobre todo a aquellas comunidades
autónomas que o han tenido investigaciones y no se ha descubierto nada o no las han tenido y por tanto estaríamos en una correcta situación. Por tanto, señor ministro -y con eso voy a terminar-, le pido que de cara a los órganos de conciliación
lidere una estrategia que permita resolver el problema de una forma airosa, sobre todo el de esas tres comunidades autónomas que están en una situación compleja, y que no permita que se castigue también a los que nada tienen que ver con eso. Me
consta que alguna comunidad autónoma ya se ha dirigido a usted; lidere esta situación e intentemos salir lo antes posible de este problema que le puedo asegurar que por encima de todo está desprestigiando a nuestro sector.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor ministro por su presencia en la Comisión de Agricultura para informar sobre este tema de las ayudas del lino. No es la primera vez que viene, ya que en esta semana
celebramos el primer aniversario de su comparecencia para hablar del lino. Señor ministro, hace un año menos tres días estuvo S.S. aquí para hablar de este asunto. Además, le diré que el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo con
la información que nos ha ofrecido, con los datos que nos ha aportado y, sobre todo, con el diagnóstico de la situación.
Lamentablemente, quienes me han antecedido en el uso de la palabra -lógicamente exceptúo al representante de Convergència i Unió- han vuelto a repetir los mismos tópicos, los mismos lugares comunes que ya habíamos oído tantas y tantas veces
cuando se sigue hablando de una trama inexistente, cuando se sigue insultando a los funcionarios diciendo que presionaron, no sé a quién, ni cómo ni de qué manera; cuando se dice, con un desahogo impropio de un político que se considere mínimamente
democrático, que el ministro debe sustituir a la OLAF en sus tareas -¡pero qué barbaridad es esa, nunca lo habíamos oído, señor ministro!-; cuando se insulta gravemente a algunas personas diciendo que se lo han llevado -¡Pero qué lenguaje es ese!
¡Pero qué acusaciones son esas!-, e incluso se dice con descaro el nombre de quien se lo ha llevado. Mi grupo, señor ministro, señor presidente, está realmente atónito ante manifestaciones de este calibre que ya sobrepasan cualquier barbaridad que
nos pudiéramos imaginar. Yo no voy a entrar en ese juego, mi grupo no va a entrar en ese juego, porque si hubiera alguien que se lo ha llevado, habría que preguntarse quién lo ha pagado. No vamos a entrar por ahí, vamos simplemente a tratar de
seguir por el camino correcto y positivo, porque entendemos que es nuestra obligación y sobre todo porque nos repugna que el PSOE siga insultando y mintiendo, porque precisamente mentir y repetir mil veces la misma mentira es lo único que saben
hacer.
Esa técnica, que ya es muy vieja y tiene un autor conocido, ya no vale.
Señorías, fracasado el intento del señor Bono, de su consejero, el señor Alonso, y de todo el Partido Socialista de engañar a la opinión pública, sólo les quedaba
insultar, lo hacían y lo siguen haciendo, insultar con acusaciones graves como las que aquí se han vertido nuevamente, graves e infundadas contra determinadas personas y seguir vituperando a la señora De Palacio, cuando la responsabilidad única y
directa está en las comunidades autónomas y en este caso concretamente en Castilla-La Mancha, pues ahí está residenciada la gestión, inspección y pago de las ayudas comunitarias. Para que no haya duda, me permito, señor presidente, leer el apartado
b) de la página 10814, del 'Boletín Oficial del Estado', número 70, del jueves 21 de marzo de 1996. En él se habla de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de agricultura, es decir,
funciones y competencias que de manera exclusiva se traspasan a Castilla-La Mancha.
Dice el apartado b) Servicios que se traspasan -leo textualmente-. Se traspasan los medios del Fondo Español de Garantía Agraria afectados a las actividades de
gestión de ayudas, actividades que comprenden la recepción de solicitudes, verificación de datos, evaluación de solicitudes conforme a los criterios de valoración establecidos en la norma reguladora de la concesión de la ayuda, resolución de
expedientes, tramitación, liquidación y pago de las primas, indemnizaciones o subvenciones, así como las actividades de inspección y control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios.
Señorías, ¿hay alguna duda de que
estas competencias están transferidas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en tiempo y forma? No hay ninguna duda, como tampoco hay ninguna duda de que aquí se trata de interpretar de manera torticera para qué se creó la Comisión hace tres
años y cuáles eran sus fines. La Comisión se creó para demostrar, y así se demostró de manera clara y prístina, que no había ninguna trama en el Ministerio de Agricultura, no cualquier otra cosa, sino que no había ninguna trama y, por tanto,
ninguna responsabilidad política ni en la entonces titular del Ministerio de Agricultura ni en los altos funcionarios que estaban falsamente acusados. Precisamente, referido a las competencias, todos los consejeros que comparecieron en esa Comisión
de investigación dijeron que era responsabilidad de su consejería, que era responsabilidad de su
comunidad autónoma. Así consta en el 'Diario de Sesiones', así consta en las resoluciones de la Comisión y así consta en la votación que finalmente el Pleno de esta casa, el Pleno del Congreso de los Diputados, manifestó de forma clara y
tajante. Para nosotros siguen siendo serias y definitivas las resoluciones que un Congreso de los Diputados en Pleno adopta, para otros parece que tiene un valor pasajero o ningún valor, quizá ese sea su temple democrático. (Protestas.) Pero es
que además lo ha dicho también el Parlamento Europeo, lo ha dicho también el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, lo ha dicho la propia Comisión Europea y lo dice la OLAF, la oficina antifraude, en su página 3, como nos ha leído el señor
ministro. Por tanto, no hay ninguna duda de quien tiene las competencias, como tampoco hay ninguna duda respecto a lo que he dicho antes: de lo que se trata es de vituperar y de hacer todo el daño político que se pueda a una persona honorable como
es la vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora De Palacio. Siempre que se produzca alguna comparecencia o alguna intervención en esta Comisión o en el Pleno y este tema salga a relucir este portavoz estará obligado a decir que fue una gran
ministra, que administró muy bien, que fue orgullo del Gobierno de España, que miró por los agricultores y que, además, en lo referente a ayudas agrícolas -el pasado día 30 hubo ocasión de hablar de ello- prácticamente las dobló respecto a las del
período que transcurrió desde 1996 hasta la fecha de la Agenda 2000, que fue finales de 1999. Por el contrario, siempre recordaré que, durante la época que felizmente acabó en el año 1996, los ministros socialistas cada vez que iban a Bruselas o se
venían con una multa o una correción financiera de 200.000 millones de pesetas -parece que se nos ha olvidado-, o bien se venían con una norma que obligaba a matar vacas, o bien con una norma que obligaba a arrancar cepas, o bien con las tres cosas
a la vez. (Rumores.) Eso estaba ocurriendo hasta que el Partido Popular entró en el Gobierno de España en 1996.
Señor presidente, señorías, a estas alturas de los acontecimientos nadie duda de que hace tres años -todos miramos las fechas, claro que sí- el Partido Socialista, en vísperas de una campaña electoral municipal, autonómica y europea montó
una patraña que pensaba que le iba a dar réditos electorales. No solamente no le sirvió de nada sino que ha desencadenado un proceso contra España y contra los agricultores españoles que, de entrada, ha conseguido que se hayan anulado las ayudas a
un cultivo y que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude reclame la devolución de las ayudas que entregó para el cultivo del lino. Esta es la realidad dura de los hechos y no otra. Y aún parece que falta alguna corrección, según avisa la
OLAF. Además, como sigamos con afirmaciones como las que se han hecho aquí esta tarde, veremos en qué queda esto. Ya en la Comisión -prudentemente advertido quien lo decía, parece que rectificó- sigue insistiendo en la inutilidad de un cultivo y
en decir que para qué queremos un cultivo que luego no sirve para nada. Señor presidente, no quiero entrar en ese terreno resbaladizo porque técnicamente eso se llama excedentes y si hablamos de excedentes entramos en un terreno peligroso y vamos a
dar demasiadas pistas a quienes en estos momentos han escuchado las palabras de los que me han antecedido en su uso, y lo están escuchando desde la propia OLAF. ¿Es que un cultivo cuyo producto no se utiliza enteramente para algo no puede ser
cultivado? Repito que, por prudencia y por patriotismo (Rumores.) prefiero no hacer afirmaciones bárbaras como las que aquí se han escuchado atentando brutalmente contra algunas cosechas, incluso de mi tierra, donde hay excedentes. (Continúan los
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio para que podamos escuchar al portavoz del Grupo Popular.
El señor MADERO JARABO: No quiero seguir por ese terreno porque sería dar demasiadas pistas, aunque el ataque a quien de manera tan torpe trata de defender su postura indefendible sería muy fácil.
Señor presidente, señor ministro, es lamentable que se quiera engañar a la opinión pública -usted, señor ministro, lo ha señalado- afirmando el señor Bono y el señor Alonso que esas ayudas no las devolverá ni Castilla-La Mancha ni los
agricultores. Es más, las hemerotecas son muy tozudas y el señor Alonso dijo: Esto no se lo cree el ministro ni harto de vino. Yo no sé, señor ministro, si usted se harta de vino (Risas.), yo, desde luego, sí, muchas veces me harto de vino, pero
la frase corresponde a un estilo barriobajero -señor Isasi, esa es la validez que le da al vino el señor consejero- que entiendo que no se debe emplear en estas ocasiones. Quienes afirman estas cosas saben -si no lo saben sería gravísimo, pero se
lo decimos desde aquí- que en la Unión Europea no hay que devolver nada sino que en la primera liquidación que se efectúe se desquita la cantidad que se les adeude. Es decir, no hay que devolver nada, ellos se lo cobran por anticipado. Eso es lo
grave y parece ser que quien afirma de manera ligera que no va a pagar, aparte de llamar a la desobediencia civil, no sabe lo que se trae entre manos.
Señor ministro, al inicio de mis palabras he dicho que estaba de acuerdo con su diagnóstico de la situación. Mientras los socialistas y su acólito, el señor de Izquierda Unida (Protestas.), como en todos los asuntos en que intervienen, sólo
pretenden enredar y perjudicar al agricultor, el Gobierno deberá plantear, señor ministro, y así se lo demandamos, las reclamaciones y recursos... (Rumores.) decía, señor ministro, que pedimos desde nuestro grupo que el Gobierno plantee las
reclamaciones y recursos oportunos ante la Unión Europea, en conciliación primero y, si es preciso, ante
el Tribunal de Justicia posteriormente. Naturalmente, tal como el señor ministro ha dicho, se reclamará y apelará en nombre de aquellas comunidades autónomas que lo deseen. Voy a decirlo claramente: si Castilla-La Mancha da por buena la
comunicación de la OLAF, no se podrá defender a quien no quiere ser defendido; entendemos que esto es así de claro. Nos parece que el escrito de la Comisión -y también lo apunto en nombre de mi grupo- es un auténtico disparate y una medida
desproporcionada y aberrante. Aquí hay dos cuestiones: en primer lugar, todo este disparate lo han generado el Partido Socialista y el señor Bono y, en segundo lugar, señor ministro, deseamos que den resultado las gestiones y recursos que haga el
Ministerio de Agricultura a requerimiento de las comunidades autónomas, que son, como hemos visto hoy y mil veces antes, las titulares de las competencias. El Partido Popular sigue creyendo en la honestidad de los agricultores y la medida de la
Comisión nos parece, repito, injusta y aberrante.
Termino, señor presidente. Sólo me queda agradecer al señor ministro su información en esta Comisión y esperar acontecimientos porque, a buen seguro, se reproducirán hechos muy curiosos y posiblemente no muy felices en las próximas fechas.
El señor PRESIDENTE: Una vez finalizado el turno de portavoces, damos la palabra al señor ministro de Agricultura para que conteste a las preguntas y reflexiones realizadas por sus señorías.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): En primer lugar quiero decir que no creo que el señor Centella atente contra los agricultores españoles; el señor Centella ha hecho una intervención razonable dentro de
la crítica. Otra cosa es el señor Cuadrado, cuya intervención me ha asombrado.
Era consciente de la enorme influencia que el grupo PRISA tiene en la dirección de la política socialista (Risas.), pero cuando he oído la intervención del señor Cuadrado que respondía a un artículo que apareció en El País, en el que se
comentaba que la única argumentación del Gobierno (era un tocho así de grande) era que había habido un trabajo voluntario en determinadas unidades -y lo ha reproducido el señor Cuadrado-, la carcajada ha aflorado a mis labios. Ha dicho: qué
sonrojo me ha producido que el Gobierno de España, este Gobierno malévolo, utilice un argumento tan baladí como este tema, qué sonrojo me produce que ustedes no tengan otro argumento. Señor Cuadrado, si vamos a hablar largo y tendido de este tema.
Usted me ha querido dar una patada a mí y se la ha dado a otro, y ahora le explicaré a quién porque a mí no me la ha dado.
El Gobierno de España, cuando prepara sus alegaciones, se dirige a las comunidades autónomas y éstas le explican cómo funcionan las unidades productivas en su territorio, cuántos trabajadores hay en cada fábrica, y me voy a remitir a una
comunidad autónoma no precisamente popular pero casualmente del señor Rodríguez Ibarra, que es el que me dirige la comunicación: informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura en respuesta al informe presentado
por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude como consecuencia de su visita a Extremadura en junio del año 2000. Aquí, el señor Rodríguez Ibarra y su consejero, mi buen amigo don Eugenio, me dicen -cito textualmente-: No estamos de acuerdo
acerca de los criterios empleados para los cálculos y ese desacuerdo es el que explica la diferencia existente entre los cálculos efectuados por los investigadores de la OLAF y el órgano gestor de la Comunidad Autónoma de Extremadura -que no es
precisamente del Partido Popular-. Dice: Ante todo es necesario exponer una circunstancia que no se conoce por parte de los investigadores de la OLAF debido a que en ningún momento se ha preguntado por ella y a que tampoco se ha considerado
relevante explicarla por parte de la unidad transformadora ni por parte del órgano gestor, y es la siguiente. Entre los acuerdos de la Sociedad Limitada Lino Textil de Extremadura existe una cláusula recogida en el punto 5 del contrato de
transformación, según la cual los productores de lino, al entregar la varilla a la fábrica, están obligados a colaborar directamente en los trabajos relativos a transformación de una de esta maneras: a) personalmente, aportando su trabajo en
aquellas tareas que se le indiquen (acarreando pajas de lino, etcétera); b) autorizando expresa o tácitamente a que la empresa transformadora alquile los servicios de otra persona, siempre a cargo del productor que entrega la varilla en sustitución
del mismo, motivo por el cual al considerarse una huebra -con hache- o prestación de un servicio, la empresa transformadora no tiene la obligación de tener a sus trabajadores dados de alta ante la Seguridad Social y, por lo tanto, no aparecen los
TC1 ni los TC2 de esos trabajadores que en su día se remitieron a la OLAF.
Documento anejo número 1. La realidad es que, en el período de transformación, la fábrica cuenta con el trabajo de cuatro personas por turno y no tres. Así pues, debe
establecerse el criterio de que el trabajo habitual de la unidad transformadora se compone de un turno de cuatro personas o dos turnos de ocho.
Señoría, este es un argumento que me da a mí el consejero extremeño de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del que no tengo por qué dudar, y que el Gobierno lo incorpora a su argumentación. (El señor Cuadrado Bausela: es contradictorio.)
Yo no me invento ningún argumento, señor Cuadrado - y le he escuchado con mucha atención- sino que incorporo a mi argumentación el argumento textual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, puramente socialista, lo mismo que he incorporado los de
Castilla-La Mancha.
Yo no he ocultado nada a la OLAF. He incorporado los argumentos que me han dado en Castilla León, los de Castilla la Mancha y los de Extremadura.
Por lo tanto, si usted se sonroja, hágalo en Cáceres y Badajoz. Empiece a sonrojarse por
ahí, que yo lo único que he hecho es incorporar la argumentación que ellos me han dado. Puedo creer más en un argumento que en otro, pero eso ocurre en todo pleito donde no se usa un único argumento; aproximadamente, hemos utilizado más de 200
argumentos. Uno puede hacerse el gracioso y elegir el más candente o el que sale en un informe de prensa, pero tiene su origen donde lo tiene y yo no me lo he inventado. Y las cosas no son ni dejan de ser contradictorias. Cada comunidad autónoma
ha justificado sus rendimientos en base a una argumentación y yo me creo perfectamente la que dice la Junta de Extremadura. Usted no, porque a usted le conviene que todo salga mal y que todos los agricultores españoles paguen. A mí no. Yo estoy
defendiendo a todos los agricultores españoles, porque es mi papel como coordinador de las defensas. Además, señorías, vamos a ver si sabemos donde estamos. Estamos iniciando un proceso y ustedes están en el final del mismo, dando por supuesto el
fraude generalizado y exigiendo responsabilidades políticas. Señorías, esto no ha hecho más que empezar, pero ya se van delimitando los fraudes y vamos sabiendo un poco más, aunque el Gobierno no tiene capacidad de control, y ahora entraré en ese
tema. Por tanto, señorías, los argumentos son los que utiliza cada parte.
El Gobierno los asume todos, los coloca, los estructura y llega a delimitar el fraude, que reconoce, y del cual hablaré también porque me lo han pedido sus señorías.
En segundo lugar, voy a referirme al tema de las competencias de cada cual. Yo supongo que usted conoce a un personaje muy notable que se llama José Bono Martínez. (El señor Cuadrado Bausela: Qué obsesión.) (Un señor diputado: No
insulte.) Le suena. Este es un personaje político, por tanto no le estoy aplicando ningún calificativo peyorativo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio para que hable el señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Es un personaje político, presidente de una comunidad autónoma, para clarificar más las cosas, y nunca utilizaré un adjetivo peyorativo para nadie en esta Cámara. En el
decreto 125/1996, de 30 de septiembre, firmado por el presidente don José Bono Martínez, se dice lo siguiente.
El organismo pagador, que actúa bajo la superior autoridad del consejero de Agricultura y Medio Ambiente y cuya dirección ordinaria
corresponde a la directora general para la política agraria comunitaria, ejercerá las siguientes funciones, y cito textualmente: Adopción, en relación con los fondos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, de las medidas necesarias
para: asegurar la realidad y regularidad de las operaciones, prevenir y perseguir las irregularidades y recuperar las cantidades pagadas indebidamente.
El mismo presidente, señor Bono, es el que dice hoy que no va a cumplir su propio reglamento y que no va a recuperar nada. Eso es grave, ya lo haga un presidente de una comunidad o un funcionario público; eso es gravísimo. Esto establece
nítidamente las funciones del organismo pagador. Señoría, ¿usted cree que yo puedo ahora mismo entrar en Castilla la Mancha a controlar los forrajes de secados? Ni tengo a un funcionario, ni la competencia necesaria. Ahora, si usted quiere que lo
haga, dígale al señor Bono que me devuelva las competencias y yo me comprometo a controlar los forrajes de secados en su comunidad autónoma mañana. (El señor Cuadrado: Como en el lino.) No, perdone, si me dan las competencias para ello lo hago.
Lo que no puedo controlar son los temas sobre los que no tengo competencias. Y lo ha dicho el portavoz de Convergéncia i Unió: se reclaman competencias a la Administración central del Estado, se le gana un pleito constitucional, se establece
quienes son los organismos pagadores, se transfieren y se asume con todas sus consecuencias. El Gobierno tiene la capacidad legislativa de trasponer la legislación comunitaria, y lo ha hecho, incluso, yendo más lejos de lo que establece dicha
legislación, señor Centella. Porque hemos establecido rendimientos mínimos, que no obliga la legislación comunitaria; hemos obligado a dosis mínimas de semilla, que no obligaba; hemos ido acotándolo por encima de la legislación comunitaria. Pero
no tenemos facultades de control. Los medios humanos los hemos transferido y las competencias las hemos transferido. Y no juguemos a la ceremonia de la confusión. No vale jugar a la ceremonia de la confusión.
Este es un contexto de plenas competencias autonómicas -mal que les pese a alguno- es el imperio de la ley, que obliga a recuperar las cantidades indebidamente pagadas, sobre todo cuando se reconoce que se han pagado indebidamente. Porque
yo podría comprender -no lo comprendería-, podría intentar comprender la lógica de una argumentación de aquellas comunidades que dicen: oiga que yo lo he hecho todo bien, ¿por qué tengo que recuperar? Pero el que reconoce las cosas que ocurren en
su comunidad y dice que tampoco piensa recuperar es ya muy complicado. Eso hay que explicárselo a los ciudadanos. (El señor Cuadrado Bausela: Eso no es así.) Es que es así. Se ha dicho que no se va a recuperar ninguna cantidad si hay ese fraude
generalizado que se quiere que exista. (El señor Cuadrado Bausela: Parece usted un maniqueo.) Eso es lo grave.
Ustedes me preguntan: ¿Hay fraude generalizado? Pues mire usted, con los datos que me dan las comunidades autónomas, no. Según la propia OLAF hay comunidades, como Cataluña, en la que se han hecho bien los controles. Y a partir del
momento que la OLAF en la campaña 2000 dice que se han hecho bien los controles
y me suma la 1999 con la 2001, porque se dice que a partir de 1999 se empiezan a hacer las cosas bien en España y en las comunidades autónomas, pero entonces me suman todas las campañas. Me piden la primera, la segunda y tengo todavía por
liquidar las anteriores. Por eso yo digo: fraude generalizado, no. ¿En cuánto cuantifica usted el fraude? Con los elementos que me dan los organismos de control de las comunidades autónomas, yo tengo que descartar que haya ni un solo fraude en
Castilla y León y ni un fraude en Extremadura, comunidades muy distintas. Porque me suministran argumentos y porque estoy argumentando en la línea de fraude cero o fraude insignificante o desviaciones típicas, estadísticas, que son razonables. Por
tanto, me tengo que centrar exclusivamente en cuáles puedan ser los supuestos de fraude que puedan existir en la comunidad autónoma que reconoce la existencia de fraude. Eso es más complicado. Tendríamos que decir a este respecto, que en el
ejercicio Feoga 2000 no debe haber fraude en España, porque se sirvió a Castilla y León, se comprobó sobre el terreno, se consideró satisfactoria, no parece que haya base jurídica para la corrección que se propone en el año 2000 y año 2000, fraude
cero en España, que es lo que va a defender el Gobierno.
En el año 1999 hay dos comunidades autónomas que me están diciendo que no tienen fraudes y con todos esos datos tenemos una desviación -si los datos de las alegaciones que hemos hecho son de
unos 14 millones de kilos- que, deducidas las reducciones practicadas por algunos organismos pagadores, nos quedarían 3 millones kilos y estaríamos hablando a lo mejor de un riesgo de 273 millones de pesetas. Por tanto, en nuestras argumentaciones
trataremos de reducir los fraudes a lo que las comunidades autónomas admiten, porque ahí no tengo argumento de defensa.
Si una comunidad autónoma me dice que esto es lo que le ha pasado, tengamos en cuenta los volúmenes que no casan, según la
información de las comunidades autónomas, tengamos en cuenta las reducciones que ya se han practicado, tengamos en cuenta los casos en que hay avales y cantidades retenidas y hagamos la liquidación razonable.
El Gobierno va a avanzar en esta línea de defensa. No podemos actuar en otra línea. No tengo competencias para ninguna otra cosa.
¿Responsabilidades políticas? Oiga, ¿por qué? ¿Responsabilidades políticas? ¿De qué, si el Gobierno no
tiene ninguna capacidad de control? Se ha legislado y, por supuesto, responsabilidades políticas puede tener la propia comunidad en la que hay una explosión de cultivo que pasa de 1.235 hectáreas a 44.000, pues bien, será ella la que tiene que
controlar. Pero el Gobierno no tiene ninguna capacidad de control, ningún proceso industrial, no autoriza a las fábricas, no tiene funcionarios para contar sus rendimientos y este es un sistema en el que cada cual tiene que asumir sus propias
competencias. Algunos quieren jugar a que aquí no pasa nada y quieren hacer de esto un ejercicio dialéctico en que hay unas responsabilidades políticas y los demás no tienen nada que ver con la historia. Señorías, esto no es así. Aquí no hay un
fraude generalizado porque las propias comunidades afectadas lo niegan; hay un fraude que está limitado a una comunidad y a un sector de la comunidad, porque tampoco la comunidad admite toda la corrupción financiera. Lo que no entiendo es el
discurso de hay fraude generalizado y hay responsabilidades políticas, y luego es un fraude que está acotado a tres empresas transformadoras, y tampoco admito los cálculos que hace la OLAF.
Señores, aquí no se pueden tener seis discursos políticos
a la vez. Yo no he dicho que hay generalidad, yo he dicho que hay un fraude limitado a determinada comunidad autónoma y me atengo a las consecuencias financieras que esa comunidad autónoma pone encima de la mesa. Es que es así.
En segundo lugar, sobre las competencias, cada uno tiene sus propias competencias. Soy interlocutor ante el FEGA, aúno las posiciones, establezco la coordinación de los escritos de defensa y trato de garantizar la mejor asistencia jurídica
en el Tribunal de Luxemburgo para que esto tenga un resultado satisfactorio y no paguen justos por pecadores; esto es lo que puede hacer un ministro en esta materia.
Ustedes piden responsabilidades políticas, ¿de quién? Si solamente hay una
capacidad normativa que se expresa en el Boletín Oficial del Estado, que es público para todos los españoles. Aquí no hay ninguna opacidad, todos los agricultores tienen la misma información, todos los agricultores conocen si el lino es o no
rentable en función de la prima que se recibe y de las obligaciones que se asumen. El señor Centella dice: Es que no se ha querido que haya una industria del lino. Es que el Gobierno no puede promover el desarrollo industrial autóctono de las
plantas transformadoras del lino en una comunidad autónoma, porque ni tenemos capacidad de autorizar las instalaciones ni tenemos política de desarrollo industrial en el seno de las comunidades autónomas, sino que tenemos una política de incentivos
regionales generalizada que es igual en todo el territorio, que se aplica a toda la industria agroalimentaria, y que cada comunidad autónoma aplica según sus prioridades. Hay comunidades autónomas que priorizaron la transformación del lino, aunque
luego han cerrado las fábricas, y otras que han apostado por otros procesos industriales muy distintos. Cada cuál puede hacer lo que quiera.
Esto no se llama play it again, Sam, porque yo tengo siempre el mismo discurso, señor Cuadrado. Desde el
primer día dije que esto era responsabilidad de las comunidades autónomas, dije que había corresponsabilidad financiera -en el caso de que la hubiera-, dije que llegaría hasta el final en la defensa de los agricultores y dije que si al final había
que recuperar cantidades, había que recuperarlas para los agricultores. He mantenido el mismo discurso, pero los que han cambiado de discurso son los que decían que había un fraude generalizado en
toda España y ahora dicen que no hay fraude generalizado. Es decir, tirios o troyanos, churras o merinas, pero esto no puede ser la ceremonia de la confusión. Desde luego, yo no voy a contribuir a la ceremonia de la confusión. Pondré
todos los argumentos que las comunidades autónomas me suministren, las defenderé a todas con el mismo entusiasmo y si a usted le parece que los argumentos de Extremadura son risibles, haga usted un viaje a la comunidad extremeña, hable con el señor
Rodríguez Ibarra, y que en el próximo escrito retire el argumento y me dé uno distinto. Pero, en tanto el señor Rodríguez Ibarra no cambie su línea de argumentación, seré solidario con el señor Rodríguez Ibarra y usaré sus argumentos.
Señorías, el Gobierno no trata aquí de burlarse de nadie, no trata de burlarse del decoro español ni trata de tener un discurso incoherente. El Gobierno considera que aquí estamos ante una corrección financiera como tantas otras, porque ya
se han comentado los problemas de la superación de la cuota láctea, que aproximadamente es diez veces más que esto, las correcciones financieras por no haber tenido un SIG en el aceite de oliva, que son más altas que esto, y los problemas que
tenemos en el sector lácteo. Estos son temas del día a día, por lo que estamos bregando todo el día con correcciones financieras. Lo que pasa es que esta es más llamativa porque hay una cacería política y a ustedes les ha interesado amplificarla.
Lo que pasa es que hay veces que el tiro rebota en la piedra y le pega a uno y ustedes han disparado a un objetivo, este ha rebotado y le ha dado a todos los agricultores que son productores de lino en España. Lo que intento es que aquí salgan
heridos los que tienen que salir y que no paguen justos por pecadores. Señorías, en ese empeño pueden contar con toda la actuación del Gobierno español, con toda nuestra diligencia y con todo el esfuerzo que vamos a poner para que, en el
procedimiento de conciliación o en el eventual procedimiento contencioso comunitario, sean defendidos los agricultores españoles de acuerdo con los datos que nos proporcionan los organismos responsables del control que son nada más y nada menos que
las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Con estas palabras del señor ministro y agradeciendo de nuevo su presencia y la de sus colaboradores, se levanta la sesión.
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.