CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 597

NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MERINO DELGADO

Sesión núm. 31

celebrada el martes, 22 de octubre de 2002

ORDEN DEL DÍA:


- Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Camps Devesa) para informar sobre la estrategia nacional de España en relación con el futuro del sistema de pensiones. A petición del Gobierno.
(Número de expediente
212/001149.) ... (Página 19428)

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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.



El señor PRESIDENTE: Buenos días.



Vamos a iniciar esta sesión de la Comisión. En primer lugar, damos las gracias por su comparecencia en el día de hoy al secretario de Estado, quien tiene la palabra para informar sobre la estrategia nacional de España en relación con el
futuro del sistema de pensiones.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa): Gracias, presidente.



Estoy seguro de que no sorprenderá a SS.SS. que empiece mis palabras diciendo que me es muy grato volver a comparecer a petición propia ante todos ustedes en esta Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por el
Pacto de Toledo. Desde que ocupo la Secretaría de Estado de la Seguridad Social constituye ésta mi cuarta comparecencia en este foro. La primera de ellas, allá por junio del año 2000, tuvo como objeto la exposición de la postura del Gobierno sobre
las actuaciones a desarrollar en relación con el Pacto de Toledo. La segunda, celebrada en abril del año pasado, tuvo como finalidad informar a SS.SS.
sobre el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social firmado sólo
días antes de la citada comparecencia por el presidente del Gobierno y por los máximos representantes de Comisiones Obreras y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
La tercera comparecencia se celebró hace poco más de un año
y tuvo como objeto informar a SS.SS. sobre la evolución prevista de las pensiones y de las cotizaciones a nuestro sistema de Seguridad Social. Hoy comparezco de nuevo ante este importante foro para poner en conocimiento de SS.SS.
el contenido del
informe de estrategia nacional elaborado por el Reino de España en relación con el futuro del sistema de pensiones; informe que ya obra en poder de SS.SS. desde hace algunos días y que estoy seguro de que habrán tenido tiempo de analizar
pormenorizadamente. De ahí que permitan que mi intervención no vaya a resultar demasiado extensa lo que, por otra parte, estoy seguro de que agradecerán también.



Como saben SS.SS., el citado informe se enmarca en el compromiso adquirido por los países de la Unión Europea de presentar las estrategias nacionales en relación con el cumplimiento de los once objetivos establecidos por el Consejo Europeo
de Laeken, compromiso que tiene su marco más amplio en el trabajo común que en el entorno europeo se viene realizando de cara a los retos que se presentan a los sistemas de pensiones frente al proceso de envejecimiento de la población. En este
cuadro pueden ver SS.SS. cuáles fueron estos once objetivos que ya conocen, pero podrán apreciar también que son de directa aplicación al sistema español y que, además, mantienen plenamente su vigencia. Y es que a nadie se le escapa que los
sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea adolecen de un mismo riesgo: el envejecimiento de la población que se producirá en los próximos años y que, por su magnitud, podría poner en peligro los actuales sistemas de protección social
conocidos como modelo social europeo. La situación actual de los sistemas de pensiones en los Estados miembros de la Unión Europea, gracias a diversas combinaciones de lo que denominamos los tres pilares -seguridad social obligatoria y sistemas de
pensiones profesionales y privados-, constituyen sin lugar a dudas la mejor garantía para proporcionar a las personas mayores un nivel de prosperidad e independencia económica adecuados. Sin embargo, el envejecimiento de la población y la
jubilación de las generaciones de lo que se denominó el baby boom representará un reto importante para la supervivencia de los sistemas de pensiones; de no efectuarse las reformas oportunas podría comprometer el futuro de los sistemas actuales.
Ante esta situación y teniendo como antecedente los métodos de coordinación abierta en materia de empleo e inclusión social, el Consejo Europeo de Laeken consideró oportuno extender dicho sistema al ámbito de las pensiones. Lo que en definitiva se
propone, es un conjunto de objetivos y modos de trabajo que permitan crear un marco común y coordinado para todos los países miembros. La estrategia del método de coordinación abierta tiene la peculiaridad, en el ámbito de las pensiones, de
tratarse bajo el principio de subsidiariedad, cosa que no ocurre en el ámbito del empleo o de la inclusión social. ¿Qué se quiere decir con ello? Decimos que entonces la competencia plena es materia de los Estados y la Unión Europea, al no existir
ningún artículo en los tratados constitutivos que mencione la citada competencia, sólo puede ejercitar las labores de coordinación que los Estados acepten.



El planteamiento apropiado en el ámbito comunitario consiste, justamente, en combinar los actuales procesos políticos que inciden en el futuro de los sistemas de pensiones con el método abierto de coordinación, de forma que no altere las
responsabilidades políticas respectivas en el ámbito europeo y nacional. De esta forma, el establecimiento de las políticas nacionales de pensiones sigue siendo responsabilidad de los distintos Estados miembros. En definitiva, de conformidad con
el principio de subsidiariedad, el método abierto de coordinación supone acordar objetivos comunes, trasladarlos a las estrategias políticas nacionales, y, como parte de un proceso de aprendizaje mutuo, realizar una supervisión periódica del
progreso de cada Estado miembro, sobre la base, entre otras cosas, de indicadores que deberán ser acordados y definidos conjuntamente.



En el método abierto de coordinación en materia de pensiones han intervenido tanto los comités de protección social como el de economía de la Unión Europea y


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es que conviene tener en cuenta que aunque el campo de las pensiones es muy sensible a los comportamientos de la economía y a las decisiones que sobre esa materia adoptan los Estados miembros, e incluso más allá de la propia frontera
europea, no se puede olvidar que toda modificación que se pretenda introducir en materia de pensiones tiene importantísimas repercusiones sociales. Pues bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los consejos europeos de Laeken y Barcelona
aprobaron once objetivos comunes que pueden agruparse en tres grandes principios. El primero de ellos, mantener pensiones adecuadas, es decir, que deben asegurarse ingresos suficientes a los jubilados y a las personas a su cargo, garantizando, en
combinación con los sistemas sociosanitarios, unas condiciones dignas de vida a las personas mayores. El segundo, garantizar la viabilidad de los sistemas de pensiones; se trata, en definitiva, de que el futuro impacto del envejecimiento
demográfico no ponga en peligro el equilibrio de las finanzas públicas a largo plazo, ni dé lugar a un reparto injusto de cargas entre generaciones. Finalmente, el tercero, modernizar los sistemas de pensiones; se trata de contribuir a mejorar la
flexibilidad del mercado de trabajo, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en materia de empleo y protección social y la adaptación de los sistemas de pensiones a las nuevas necesidades individuales y de la sociedad en su conjunto.



En el Consejo Europeo de Laeken, tantas veces mencionado ya, se determinó asimismo que se deberían presentar, por cada uno de los países miembros y antes del 15 de septiembre de este año, informes nacionales de estrategia. En la misma
reunión se instó al Consejo y a la Comisión a que presentaran, en el año 2003, un primer informe conjunto al consejo europeo de primavera, en el que se evaluasen las estrategias nacionales en materia de pensiones y se identificasen las buenas
prácticas en ellas contenidas. Para dar cumplimiento a este mandato, el Reino de España ha elaborado su informe de estrategia nacional, en el que se entra a estudiar en detalle cómo se encuentra la situación con respecto a los once objetivos
aprobados, especificando en cada uno de ellos la situación actual, los efectos de las últimas reformas llevadas a cabo y, en su caso, las previsiones de futuro.



Entrando ya en el análisis del citado informe, como he dicho anteriormente, no es mi intención reproducir a SS.SS. el contenido del mismo, pero sí que me gustaría resaltar que en el caso español existen una serie de peculiaridades que muy
brevemente paso a detallar.



En primer término, hay que tener en cuenta que el problema del envejecimiento nos afectará en fechas posteriores al resto de los países.
En el pasado y en esta Comisión ya tuve ocasión de señalar que se está produciendo un incremento
paulatino del número de personas mayores de 65 años y es que, sin lugar a dudas, uno de los rasgos definitorios de los tiempos en que nos ha tocado vivir es el importante aumento de las personas mayores que constituyen un segmento de la población
con un peso específico cada vez más grande en la pirámide demográfica de las sociedades modernas. Ello es consecuencia, por un lado, de las importantes transformaciones sociales, económicas y culturales que se han venido sucediendo, sobre todo en
la segunda mitad del siglo XX, que han afectado a la evolución de la natalidad y, por otro, también de los grandes avances habidos en el campo de la medicina y de la salud pública y su repercusión en el incremento de la esperanza de vida. A este
respecto, España no es ninguna excepción al resto de los países de la Unión Europea, si bien en nuestro caso el fenómeno se está produciendo con un cierto retraso en relación con otros países de nuestro entorno, como pueden ser Alemania, Francia o
Italia. Insisto en que España será uno de los países europeos que registrará más tarde el proceso de envejecimiento, lo que la coloca en una situación comparativamente mejor que la del resto de países de nuestro entorno. Las generaciones menos
numerosas de los que alcancen la edad de jubilación en los próximos años permitirán un respiro demográfico para el sistema de pensiones y esto nos lleva a contar con un amplio margen de maniobra respecto a otros países de nuestro entorno
comunitario.



En efecto, las proyecciones de ingresos y gastos que recientemente ha elaborado España, y de las que tuve ocasión de informar a SS.SS. en mi última comparecencia ante esta Comisión, nos alientan a ser optimistas al respecto, dado que se
prevé obtener superávit constantes, al menos hasta el año 2015, hasta donde llegan nuestras proyecciones de ingresos y de gastos, lo que permitirá adoptar, considero que de forma realista, las medidas adecuadas que neutralicen a largo plazo los
efectos del envejecimiento.



A lo anterior se debe añadir una característica fundamental en el proceso de reformas efectuadas por España en los últimos años, y es que todas las reformas han tenido como referente fundamental el Pacto de Toledo, que ha marcado, en efecto,
un hito importante en la evolución de nuestro sistema de pensiones. En primer lugar, porque constituye el gran compromiso político en materia de pensiones porque, como ya he tenido ocasión de señalar alguna vez, constituye el gran activo de nuestra
democracia en materia de Seguridad Social; en segundo lugar, porque la importancia del Pacto de Toledo deriva precisamente de la propia importancia y alcance de las distintas medidas que conforman el mismo. Esa importancia es aún mayor si tenemos
en cuenta el marco en el que las mismas se han desarrollado a través del consenso social y las negociaciones con los interlocutores sociales.



A corto plazo, la finalización de los trabajos que actualmente lleva a cabo esta Comisión permitirá -estoy seguro de ello- renovar el compromiso político y el consenso y disponer de nuevas recomendaciones en las que se situarán los ejes de
la reforma, las grandes líneas maestras que debe seguir cualquier


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reforma que se pretenda acometer en materia de Seguridad Social.



Asimismo, y como característica de nuestro sistema de protección social, merece destacarse que en el ámbito de las pensiones públicas existe una garantía establecida por ley para la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el
incremento previsto del correspondiente índice de precios al consumo, con el compromiso de compensar las posibles diferencias que existan entre el incremento previsto y el real. Las pensiones con revalorización general, las no mínimas, han tenido
una ganancia de poder adquisitivo en los últimos años que se sitúa en el 1,6 por ciento en términos reales en el período 1996-2002; pero paralelamente las políticas llevadas a cabo en los últimos años de subidas de las pensiones mínimas han
supuesto una intensificación de la protección de los pensionistas con cuantía más baja de pensión. Prácticamente todas estas políticas se han llevado a cabo, previo acuerdo con los interlocutores sociales y con el objetivo de aplicar cuantías de
revalorización anuales más intensas para acercar sus importes a los del salario mínimo interprofesional. El acuerdo con las organizaciones sindicales en 1999 estableció unas cuantías de pensión mínimas aplicables a la revalorización del año 2000
que ya entonces supuso una importante ganancia de poder adquisitivo. Tras alcanzar este objetivo, se ha continuado intensificando la protección de los colectivos más desfavorecidos que, en aplicación del Pacto de Toledo, ha supuesto una mejora
concreta para las pensiones de viudedad afectadas por la cuantía de pensión mínima. En el conjunto de todas las pensiones, tanto las de revalorización general como las que tienen garantías de mínimos, la ganancia del poder adquisitivo por
revalorización en el período 1996-2002 ha oscilado desde el 1,60 de las pensiones con revalorización general hasta el 38,69 de las pensiones de viudedad para menores de 60 años con cargas familiares.



Como cuarta peculiaridad quiero destacar que el buen comportamiento de la economía en los últimos años y los efectos de las medidas de fomento del empleo, a lo que no es ajena, desde luego, la labor del Gobierno, han permitido alcanzar un
importante aumento del total de afiliados, de tal manera que se ha llegado a cerca de 16.300.000 afiliados a mediados de este año en el que nos encontramos, lo que supone un aumento de más de cuatro millones en el período desde enero de 1996 hasta
junio del año 2002, desde luego con un beneficioso efecto sobre los ingresos del sistema.



En relación con las medidas de fomento al empleo, las actuaciones fundamentales de futuro se inscriben claramente en dos grandes líneas: conseguir los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Empleo y la continuidad de medidas de
fomento del mercado de trabajo que desde 1997 han contribuido a un incremento en el número de afiliados. Todo lo anterior, y es un número que plasma claramente la evolución de nuestro sistema de protección social, ha permitido mejorar la relación
afiliados-pensionistas, que ha pasado de un 2,06 en 1996 a un 2,42 con los últimos datos disponibles de 2002.



Esta situación, junto con una contención en el incremento del número de pensiones de jubilación por el efecto de las generaciones nacidas durante la guerra civil, ha permitido que en los últimos años se haya producido un superávit en las
cuentas de la Seguridad Social, que alcanzó el 0,83 del producto interior bruto en la liquidación de las cuentas del año 2001 en términos de contabilidad nacional. Estos superávit, a su vez, han permitido que por primera vez se haya constituido un
fondo de reserva, fondo que constituye un gran instrumento de confianza en el futuro de las pensiones y que ya ha alcanzado la cuantía prevista para el año 2004 en el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social.
Así, el
acuerdo de abril de 2001 entre el Gobierno y los interlocutores sociales recomendó la necesidad de que se hicieran dotaciones al fondo que cubrieran al menos una mensualidad de pensión o, lo que es lo mismo, algo más del 1 por ciento de nuestro
producto interior bruto, y que sería deseable, en relación con las orientaciones recogidas en el Plan de estabilidad, incrementar la cuantía del fondo hasta alcanzar ese importe al que hacía referencia. No obstante, los buenos resultados actuales
han permitido ya, en el año 2002, alcanzar ese objetivo con un total de 6.020 millones de euros, que son los que ahora se encuentran materializados en el fondo de reserva.



Cabría concluir diciendo que España hoy se encuentra preparada para afrontar los retos de futuro. Se han adoptado las medidas oportunas para que el sistema de Seguridad Social sea un sistema moderno, preparado para el envejecimiento
demográfico venidero y que cuenta, además, con un nuevo sistema de jubilación gradual y flexible. En este sentido, es de destacar el beneficio que supondrá la reciente norma de regulación de la jubilación gradual y flexible que entró en vigor en
enero del presente año y que va a permitir facilitar la permanencia en activo para las personas de edad avanzada y continuar la actividad más allá de la edad legal de jubilación, con los beneficios que ello va a suponer para el conjunto de la
sociedad y para el sistema de pensiones en particular.



En el cuadro que en estos momentos se está mostrando se recogen las principales novedades introducidas por la Ley de jubilación gradual y flexible, que estoy seguro que ya son conocidas por SS.SS., y que todas ellas tienen como objetivo
común el fomento de la permanencia en el mercado de trabajo para los trabajadores de mayor edad. Estas reformas, unidas a unas cuentas saneadas y a un fondo de reserva en constante aumento, nos permiten presentar un informe que avala y fomenta la
reforma constante en materia de Seguridad Social.



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Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, el planteamiento en las reformas futuras, que son necesarias para garantizar la supervivencia, el mantenimiento y la estabilidad del sistema español, ha de contemplarse desde las siguientes
perspectivas. En primer lugar, rentabilizando al máximo los buenos resultados actuales del sistema de pensiones derivados de las reformas iniciadas con el Pacto de Toledo y del buen comportamiento del mercado de trabajo; aprovechar el amplio
margen de maniobra que ofrece el hecho de que las repercusiones importantes en el sistema de protección social del efecto del envejecimiento no se producirán previsiblemente hasta alrededor del año 2020; continuar con políticas estables de economía
y protección social que hagan posible el mantenimiento de la estabilidad económica, lo que a su vez supondrá mantener la necesaria estabilidad en las cuentas públicas.



En conclusión, las perspectivas en cuanto al futuro del sistema de pensiones en España se enmarca en los resultados de las reformas llevadas a cabo desde 1997, en el mantenimiento y consolidación de un marco estable de disciplina y rigor
presupuestario, en el actual superávit del sistema, en las dotaciones al fondo de reserva, en el margen de maniobra existente hasta el año 2015 y, por tanto, en el espacio temporal de que se dispone para acometer reformas adicionales que
contrarresten el efecto del envejecimiento. Todo lo cual nos lleva a ser responsablemente optimistas y digo responsablemente porque en una materia tan importante como es la Seguridad Social no se puede caer en la autocomplacencia ni en euforias que
podrían resultar injustificadas, pero es evidente que tampoco podemos cerrar los ojos ante la realidad que nos rodea siendo plenamente conscientes de que la Seguridad Social es una materia enormemente cambiante que va intrínsecamente ligada a los
actos que experimenta nuestra sociedad. Por ello, y a pesar de que los datos y perspectivas son buenos, hay que continuar trabajando, hay que continuar sentando las bases y los pilares para que la Seguridad Social de mañana esté al menos igual de
saneada y sea igual de eficaz de lo que es hoy. En definitiva, lo que pretendemos es trabajar con el objetivo de que los que hoy aspiran o aspiramos a ser pensionistas en el futuro podamos ver cumplida esa posibilidad sin ningún tipo de riesgo para
el sistema.



El señor PRESIDENTE: Gracias al secretario de Estado por la brevedad de la que ha hecho gala, tal como nos había dicho.



Iniciamos ahora las intervenciones de los grupos. En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, señora López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero agradecerle la comparecencia al señor Camps y rogarle disculpe mi incorporación tardía, pero los problemas en el aire parece que no menguan sino que aumentan.



Desde que me he incorporado le he escuchado con suma atención. He visto que además de ponerlo en plan bonito y maravilloso para que lo podamos entender, estamos haciendo referencia prácticamente a lo que es el documento que con anterioridad
nos habían entregado. He de decirle que he leído el documento con atención e incluso lo he releído por si me había equivocado o había leído mal. Un documento de estas características que ha sido entregado en Europa y del que van a disponer no sólo
los parlamentarios europeos, sino todos los gobiernos comunitarios, debería tener un poco más de rigor porque ya nos gustaría al conjunto de la población y a mí que algunos apartados fueran verdad. Si leemos el documento, vemos que se confunde un
poco con la propaganda a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno, la del todo va bien, y con agrandar aquello que está bien poniéndolo en plan maravilloso y fenomenal. Espero que si el resto de países de nuestro entorno presentan documentos como
éste, no nos engañen de esta manera, por lo menos para enterarnos bien.



Espero que su comparecencia hoy aquí, aparte de que nos permita debatir este documento y aclarar todo lo que se pueda aclarar, reanime esta Comisión, ya que parece que estamos en paro o tenemos un desajuste entre oferta y demanda de los que
son tan habituales últimamente. Hemos estado inactivos durante los últimos meses y espero que su presencia hoy aquí sirva para dar un empujón que devuelva el ritmo que siempre ha tenido esta Comisión que ha desarrollado estudios y trabajos muy
importantes.
Yendo a lo que dice el documento, no sé si su comparecencia va a significar eso, que es lo que deseo, o el cierre de la Comisión porque aquí ya nos dice lo que va a pasar. Leo textualmente: A corto plazo los trabajos que actualmente
lleva a cabo la Comisión no permanente del Pacto de Toledo permitirán disponer de nuevas recomendaciones que se situarán tal que previsiblemente constituirán, entre otras,...Y aquí ya dice entre otras cual va a ser: El cálculo a toda la vida
laboral o sea al principio de proporcionalidad en la contributividad de toda la vida laboral de un trabajador.



Quiero decirle, señor Camps, en nombre de mi grupo parlamentario que haremos todo lo posible para que el diálogo social se plasme en acuerdos -lo deseamos, lo aplaudimos, lo compartimos-, pero quiero recordarle también que el Pacto del
Toledo, del cual todos estamos orgullosos y todos nos vanagloriamos de que es lo mejor que le ha pasado al sistema, es un pacto político surgido y hecho en esta Cámara. Si ustedes lo que piensan hacer es traernos a esta Comisión un acuerdo que diga
aquí está, pasamos a una mayor contributividad a partir del año, le he de decir que puede empezar a pensar que no contará con el apoyo de mi grupo parlamentario. Estamos refiriéndonos a que se tenga en cuenta


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toda la vida laboral y en ni un solo apartado del documento ni en ninguna comparecencia suya ni en ningún documento del Ministerio de Trabajo ni en ningún otro -o no lo he sabido ver yo o no lo ha sabido ver mi grupo- hay ningún estudio de
lo que ha supuesto para el sistema el paso de los ocho años a los 15 años. ¿Cuál ha sido el efecto sobre el gasto del PIB en pensiones el paso de ocho años a 15 años? No lo sabemos, sería interesante conocerlo antes de meternos en otro, que, así,
a bote pronto, y escuchando a gente de todos los espectros, personalmente estoy convencida de que es perjudicial para los trabajadores, que pueden llegar a perder hasta un 20 por ciento de su pensión, en según qué sistemas, si se pasa a toda la vida
laboral. Por lo tanto, aprovecho para pedirle, si fuera posible y estuviera hecho o si no que lo realizara, que nos hiciera un estudio de lo que ha significado de beneficio para el sistema tomar esta medida en el pasado y que ya está. Con ello
podríamos valorar si realmente en el futuro será necesario, no diríamos si lo son o no, tomar cualquier otra medida porque nos orientaría también en el sentido de cómo hacerla. Le reitero y deseo que sigamos con los mismos objetivos y con la misma
voluntad que inspiró el Pacto de Toledo, donde participemos todos, evidentemente, en los debates.



Hablaba usted también de la Ley de jubilación flexible y aquí, en el documento, se habla de que es una ley muy beneficiosa que va a traer consecuencias muy positivas para el conjunto de los trabajadores y para el sistema. Quiero decirle
algunas cosas respecto a esta ley. Como usted bien sabe, mi grupo parlamentario apoyó la reforma de 1997, no así la Ley 35/2002, de jubilación flexible, porque en ella hay medidas que realmente perjudican y no benefician al sistema en nada, es
decir, no crea nada nuevo para el sistema y encima perjudica a colectivos. Usted sabe, porque lo hemos comentado algunas veces, que hay varios colectivos de prejubilados con anterioridad a esta ley que no son prejubilados voluntarios aunque se
establezca en la ley que para poder cobrar la jubilación sean voluntarios, sino personas que han sido obligadas a jubilarse porque su empresa ha cerrado, porque su empresa ha hecho reducciones de plantilla, por lo que sea; esta gente perteneciente
a colectivos muy importantes de todo el Estado, en algunos casos, con 40 años de cotización o más se ha quedado con el 60 por ciento de la pensión, teniendo en cuenta además, como usted bien sabe, que la ley de 1997 les ha perjudicado porque desde
1997 les contabilizan sus bases a partir de los 60 años, con lo cual les coge periodos en los cuales tienen cotizaciones mínimas mientras que anteriormente a 1997 las cotizaciones cogían todas las bases en activo.



Mi grupo elaboró alguna enmienda para que se aplicaran los coeficientes reductores a estos colectivos en los mismos términos con que se aplica a los nuevos jubilados a partir de la Ley 35/2002, y no fue posible. A mí me gustaría que
informase a nuestro grupo parlamentario de si es posible cuantificar el coste que supondría aplicar a estos colectivos los coeficientes reductores de esta Ley 35/2002.



Esa ley también contiene la información correspondiente al fondo de reserva, debate en el que no coincidimos y en el que mantenemos diferencias importantes. Es cierto que se ha llegado al fondo de reserva antes de lo establecido, pero
también lo es que no se ha llegado en los términos en los que lo fijaba el acuerdo firmado con Comisiones, que hablaba de 12 años; si miramos los años transcurridos, vemos que no se le ha aplicado la doceava parte correspondiente a cada año. Por
lo tanto, no se ha cumplido ese acuerdo. Es más, mi grupo defendió que todos los complementos a mínimos deberían pagarse de los Presupuestos Generales del Estado en un tiempo menor de lo que establecía el acuerdo y que todo debería ir al fondo
establecido para el futuro. En lo que estamos de acuerdo con usted es en que este fondo nos puede servir para solventar desequilibrios en momentos puntuales, pero no nos servirá para cubrir el desfase que se producirá por cuestiones demográficas,
de edad, etcétera.
Nosotros hemos mantenido en esta cuestión una posición diferente que nos impidió estar de acuerdo con esa ley. Repito que nos gustaría saber el coste que le supondría a la Seguridad Social aplicar los coeficientes reductores a
estos colectivos con anterioridad a lo que establece la ley actual.



Respecto a la jubilación flexible, hemos hablado de retrasar, de manera voluntaria obviamente, la jubilación. ¿Usted nos podría hacer el cálculo de lo que supondría para el sistema el hecho de retrasar uno o dos años la edad de jubilación?
Nos gustaría contar con ese estudio dentro de la Comisión y sería interesante tenerlo antes de concluir los trabajos.
También el documento se refiere a la revalorización de las pensiones, incluso ha dicho que las pensiones mínimas han crecido por
encima del IPC. Esto ha sido así durante algún año, pero, en términos constantes, las pensiones siguen siendo bastante mínimas. A lo mejor habría que afrontar, tal como hace una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la mejora de esas
pensiones mínimas, ahora que podemos hacerlo. Esto sería, repito, cumplir con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por eso me gustaría saber si podría hacernos un estudio del coste que supondría hacer una revalorización de las pensiones
de un punto por encima del IPC. ¿Cuánto nos costaría?


Hablando de colectivos más concretos, el de las viudas tiene una situación muy complicada y está cobrando pensiones muy bajas. Nos gustaría conocer algunos datos para conocer los costes que podrían suponer mejorar estas pensiones. En el
acuerdo alcanzado con Comisiones Obreras en 2001 se establece subir un punto de aquí a seis años, del 45 por ciento al 52, si mal no recuerdo, y al 70 por ciento a aquellas personas que tengan cargas familiares. Nos gustaría saber el coste que
supondría establecer las pensiones mínimas de viudedad


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en torno al salario mínimo interprofesional. No el porcentaje en conjunto, sino el coste que supondría las pensiones mínimas, que son las más desprotegidas.



He leído el documento y hay otro apartado que me ha llamado especialmente la atención. Se dice en el documento que en nuestro país los pensionistas tienen, además de la pensión garantizada -sea contributiva o no, así como el derecho a los
medicamentos-, el acceso, con carácter universalista a las residencias para la tercera edad y las ayudas a domicilio. Me gustaría saber -supongo que a muchos colectivos y a gente mayor también- qué colectivos tienen cubiertas las residencias de
tercera edad. Porque no sé si sabe usted lo que hay que esperar, a veces, para que una persona mayor tenga una plaza en una residencia. Yo, por diferentes motivos, he visitado hace poco dos o tres residencias en Barcelona y hay esperas hasta de
cuatro y cinco años para poder tener derecho a una plaza de residencia, en residencias subvencionadas que tienen un coste que puede ser aceptable para un pensionista, como son cien mil pesetas. En el documento se establece la pensión media, sobre
todo de las mujeres, por ejemplo, de 60 a 64 años, 480 euros; de 65 a 69, 458 euros; 330 euros; 474 euros, incluso algunos colectivos de hombres, etcétera. ¿Cómo es posible pagar esas residencias? Dónde esta la universalidad y la gratuidad de
esas residencias para esas personas mayores. ¿Y qué decir del servicio a domicilio? Las familias que tienen que solicitar para sus mayores estos servicios podrían decirle lo que cuesta una hora de atención a una persona en las grandes ciudades.
Desconozco en los pueblos pequeños, pero puedo decir lo que cuesta en Barcelona. Hay un sinfín de empresas, incluso multinacionales, que se dedican a este servicio. Le puedo asegurar que de gratuidad, nada, y de coste elevado, seguro; estamos
hablando en torno a las 1.500/2.000 pesetas la hora de atención a este servicio. Por tanto, señor Camps, dar a entender en el documento que este servicio es gratuito y universal para todos los ciudadanos, me parece que no es honesto con las
personas que lo van a leer ni con nosotros mismos. No sé si de todo lo que le he ido preguntando usted ha tomado nota, si no, no tengo inconveniente en pasárselo por escrito, porque me gustaría que nos enviara la contestación para poder seguir
trabajando en esta Comisión.



El Grupo Parlamentario Socialista -y creo que lo ha demostrado a lo largo de las legislaturas- ha venido trabajando en esta Comisión con ganas, pensando en el futuro del sistema y así vamos a seguir. Eso no quiere decir que tengamos que
asumir todo aquello que se nos dé como hecho. Si estamos hablando de un acuerdo, si ya tienen establecido cómo pasar a toda la vida laboral, dado que este grupo parlamentario no ha participado, vamos a estar en contra; si, como le he solicitado,
nos mandan el estudio de lo que supone, lo debatimos en la Comisión, empezamos a trabajar -como lo hemos hecho en el pasado- sobre nuevas recomendaciones que ayuden al futuro o, en los mismos términos del Pacto de Toledo, seguimos trabajando en esas
directrices, sabe que cuenta con el Grupo Parlamentario Socialista, pero hay cosas que tenemos que dejar claras de antemano para que no haya confusiones.



Se me olvidaba hablar de otro asunto que tampoco he comprendido. En esta Comisión hemos estado hablando del año 2040, del 2050 y ahora, de repente, en este documento volvemos al 2015, 2020. ¿Por qué hablar sólo hasta el 2015-2020? ¿Por
qué no podemos extrapolar esto, como habíamos hecho al principio, hasta el 2040 ó 2050? La gente que hemos de trabajar y los que han de incorporarse en los próximos años al mundo laboral ya hemos nacido todos, ya estamos aquí. Los que nos hemos de
jubilar dentro de 20 ó 30 años -yo antes de los 20- ya estamos aquí. Es decir, que no tenemos que coger una bola y hacer futurología, sino que podemos hacer previsiones. Nos extraña este corte repentino y que las previsiones sean hasta el 2015
sólo.



Espero que su estancia en esta Comisión sirva para revitalizarla y que retomemos los trabajos, la discusión, el debate y el entendimiento entre todos los grupos parlamentarios y que no se hagan las cosas por imposición de ninguno de ellos.



El señor PRESIDENTE: En representación de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario de Estado, le voy a reiterar una afirmación que le hacía recientemente como consecuencia de su comparecencia para el asunto de los presupuestos. Usted lo rechaza, lo niega, pero yo voy a
tratar de argumentar por qué creo que esto es así.



Recientemente, la Comisión Europea ha reprochado al Gobierno español dos aspectos de su política en materia de pensiones. Por un lado, le reprocha que no haya sido capaz de medir el posible impacto del envejecimiento de la población
española sobre el sistema público de pensiones y, por otro lado -eso que usted interpreta de otra manera-, que los excedentes de recaudación de la Seguridad Social no hayan ido todos a nutrir el fondo de reserva de las pensiones y se hayan destinado
a enjugar el déficit del Estado. Si usted sigue negando esto, yo le rogaría que nos dijera hoy, aquí, a qué se destina el superávit de la Seguridad Social. Si no se destina a enjugar el déficit del Estado, ¿a qué otra cosa se dedica? Por lo menos
debemos saber de qué estamos hablando.



Esta advertencia respecto al desvío del fondo de pensiones está relacionada con el riesgo que plantea el envejecimiento sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, ya que una forma de garantía es aumentar de forma sustancial sus
reservas en momentos como los actuales en que la demografía no es favorable, se


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están jubilando las generaciones nacidas en la guerra civil -cuyos efectivos son reducidos- y el gasto en pensiones está creciendo muy por debajo de la tendencia histórica. Siendo importantes las prestaciones sociales, las pensiones
absorben el principal protagonismo por volumen de recursos, y es uno de los motivos por los que desde hace algún tiempo la viabilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en un tema cíclico de controversia en los medios de comunicación.
Así, en el periodo 1993-1996 se publicaron varios informes con conclusiones muy pesimistas para el año 2030 anunciando déficit para el año 2000. Afortunadamente, la realidad no ha seguido ese rumbo y la situación financiera de la Seguridad Social
española, en general, y del sistema de pensiones, en particular, es bastante solvente en la actualidad. Hoy en día hay acuerdos casi generalizados sobre la viabilidad del sistema hasta el año 2025-2030, pero han aparecido algunas voces anunciando
para el 2050 un horizonte bastante sombrío, cuando no insostenible. Peor conclusión se obtiene de los mensajes en los medios de comunicación, en las entidades financieras y aseguradoras, en los que se transmite al espectador la casi obligada
adscripción a un plan de pensiones adicional si se quiere disponer de una renta digna en el momento de la jubilación, ya que en su opinión el actual sistema público de pensiones no la podrá garantizar.



En nuestra opinión se da una excesiva importancia a las proyecciones demográficas y del gasto a 20 e incluso a 50 años. No estamos en contra de que se hagan tales ejercicios, pero sí de que se tomen como verdades absolutas. Como ejercicio
teórico, esas proyecciones son útiles para repensar las formas de financiar el gasto creciente y, sobre todo, para alentar sobre otras decisiones que habrá que tomar, sean éstas sobre el mercado de trabajo, la natalidad o la política de inmigración.
Lo que es mucho más cuestionable es que en base a proyecciones a 50 años -no siempre neutras- se intente reformar de forma más o menos radical las pensiones.



Pasado tiempo suficiente desde el Pacto de Toledo, parece oportuno recordar brevemente aquellos análisis catastrofistas que alarmaron a la sociedad con la ruina de la Seguridad Social. El estudio de la fundación BBV daba un déficit para el
año 2000 en la Seguridad Social del 1,65 por ciento del producto interior bruto (1,6 billones de pesetas). Otro trabajo de la fundación FEDEA nos alarmó con un déficit del 2,7 por ciento del PIB también para el año 2000 (prácticamente tres billones
de pesetas de déficit). Pues bien, no ha habido déficit alguno. En 1999 el excedente del sistema se ha situado en 250.000 millones de pesetas y en el 2000 el excedente superó los 400.000 millones de pesetas. Si se hubiesen financiado los
complementos de mínimos con aportaciones públicas, el excedente contributivo ascendería a un billón 100.000 millones de pesetas. Si a cinco años se producen esas diferencias entre realidad y proyección, el crédito que se puede dar a proyecciones a
20 ó 50 años es más bien escaso. Ya en 1989 un informe del Consejo Europeo señalaba que el debate sobre la financiación de los sistemas de Seguridad Social, desde la perspectiva del envejecimiento de la población, en la actualidad está impregnado
de un alarmismo exagerado. Más que el riesgo económico es en realidad el riesgo del hundimiento de la solidaridad lo que acecha a los sistemas de pensión y, en general, a los regímenes de Seguridad Social.



La Organización Internacional del Trabajo ha realizado un debate general sobre la Seguridad Social -temas, retos y perspectivas-, y en el documento podemos leer lo siguiente: el envejecimiento de la población no constituye una amenaza para
los sistemas de Seguridad Social, sino más bien un problema para la formulación de las políticas económica y social y para el mercado de trabajo. Compartimos plenamente esta opinión, y pensar en las pensiones del futuro requiere pensar también en
otras políticas que resumiré a continuación brevemente.



Sobre el mercado de trabajo y el empleo. Se precisa que el pleno empleo y estable sea la máxima prioridad. Aumentar la tasa de ocupación, especialmente la femenina, reducir el paro de larga duración, en fin, acabar con la temporalidad, es
el mejor favor que se puede hacer a nuestra sociedad y a nuestra protección social.



Sobre la emigración. Si las previsiones, incluso las más optimistas, prevén un deterioro de la relación activos-pasivos como consecuencia de la baja tasa de natalidad, al margen de otras decisiones que puedan definirse como natalistas, se
precisa una verdadera política migratoria, que no de extranjería, que defina, entre otros, el volumen anual de inmigrantes que vamos a acoger, que en nuestra opinión debería acompasarse con el crecimiento económico, su integración y acogimiento en
nuestro país.



Sobre el sistema de protección social. En contra del pensamiento dominante, es preciso reforzar el Estado de bienestar precisamente allí donde más se precisa: mejora y reforzamiento de las prestaciones directas por hijo a cargo de los
servicios sociales destinados al cuidado de la infancia y de las personas dependientes. El reforzamiento del Estado de bienestar en esta línea, además de facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, supondría un incremento
importante del empleo en unos servicios muy intensivos en manos de obra. Según los últimos datos, España se ha distanciado mucho más del gasto social europeo, hasta situarse esa diferencia en siete puntos del producto interior bruto, cuando en 1995
esa diferencia era de seis puntos.



Esa enorme divergencia social tiene también consecuencias sobre el empleo.
España es el país de la Unión Europea que menos empleo tiene en los servicios de carácter comunitario y ocupa el último lugar, junto con Grecia, en empleo, en
sanidad y servicios sociales. Existe, en nuestra opinión, margen suficiente para mejorar la protección social mediante las prestaciones


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y servicios de carácter universal que acabo de enumerar. Lógicamente su financiación debería hacerse exclusivamente con cargo a la fiscalidad general. Los ingresos fiscales en España son 7,7 puntos del producto interior bruto inferiores a
la media europea.



Quisiera exponer sintéticamente cuáles son nuestras prioridades para el nivel contributivo de la Seguridad Social. En este sentido, voy a resumir bastante. La mejora financiera del sistema ha sido consecuencia de la buena situación
económica disfrutada desde 1995, pero también de las medidas adoptadas desde 1985. El Pacto de Toledo, firmado por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, supuso un espaldarazo al sistema español de Seguridad Social. Más tarde, en
1996, el acuerdo sellado entre el Gobierno, Comisiones Obreras y la UGT concretó buena parte de las propuestas incluidas en el Pacto de Toledo. El reciente acuerdo firmado en abril del presente año por Comisiones Obreras, CEOE y Gobierno refuerza
los cimientos para el futuro.



Realizar proyecciones de gasto para un futuro superior a los 30 años contiene dificultades añadidas, al aumentar la dificultad para prever cuál será la evolución de las dos variables básicas de influencia. Las complicaciones son mayores
para la cuantía media que para el número de pensiones, dado que los posibles beneficiarios de las prestaciones al final de este período ni siquiera se han incorporado al mercado de trabajo. Es muy difícil anticipar cuál será la estabilidad de la
ocupación, con su consiguiente influencia en los años cotizados, así como los salarios percibidos y, por tanto, las bases.



Constatando la dificultad añadida de realizar un informe que permita obtener conclusiones generales para un espacio tan poco homogéneo de esta materia como es la Unión Europea, un análisis más detallado del documento muestra el uso de
algunos supuestos de forma excesivamente radical, cuando no errónea. Es importante insistir en que las simulaciones a largo plazo de este tipo de intentos contienen un considerable grado de incertidumbre, de vaguedad. Por un lado, las proyecciones
de la ratio de dependencia de las personas mayores son bastante robustas, pero, por otro lado, las otras variables demográficas y económicas tienen un alto grado de incertidumbre. Las simulaciones están basadas en una combinación de factores para
los que habitualmente no se realizan previsiones a tan largo plazo, aunque se ofrece una panoplia de posibles resultados, pero las limitaciones de los modelos demográficos y económicos necesariamente restringen el alcance del análisis. Estas
consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando se hacen conclusiones sobre estas perspectivas a 50 años.



Señor secretario de Estado, quisiera concluir haciéndole alguna sugerencia, porque últimamente traen a esta Comisión del Pacto de Toledo los temas bastante hechos. En algún momento tendremos que analizar cuál es el rumbo de esta Comisión,
si se trata de que nos traigan los planteamientos ya definidos y hechos, con lo que yo creo que esta Comisión va a tener una labor parlamentaria bastante débil, en contra de lo que ha venido siendo. En ese sentido, quiero hacerle una pregunta sobre
unas afirmaciones, recogidas en los medios de comunicación, que el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos hacía recientemente referidas a la equiparación de autónomos al régimen general de la Seguridad Social. El presidente de la
Asociación de Trabajadores Autónomos afirmaba que hay un compromiso por parte del Gobierno para que automáticamente los trabajadores autónomos sean equiparados al régimen general de la Seguridad Social. Quiero recordarle que esa es una antigua
reivindicación, que nosotros hemos traído iniciativas a esta Cámara con ese supuesto y se nos han rechazado porque no estaban dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Antes de encontrarnos con otro hecho consumado, le rogaría que nos
dijera si existe algún tipo de compromiso sobre esta materia, porque en este caso sería motivo de felicitación, pero estamos ante acontecimientos que en lugar de darse en el sitio natural y habitual se están dando en otros escenarios.



El señor PRESIDENTE: En representación de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Inmaculada Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Ante todo, quiero agradecer la cuarta presencia del secretario de Estado y la exposición que nos ha hecho. Como ustedes saben, nuestro grupo parlamentario desde siempre ha tenido una especial sensibilidad por el
tema que nos afecta y es objeto de esta Comisión.
Hemos de dar un impulso definitivo a los trabajos de esta Comisión, un impulso que pueda permitir un debate profundo sobre el tema de las pensiones, un encuentro de soluciones y de recomendaciones
de actuación.



A raíz de la exposición del secretario de Estado, desearía hacer cuatro breves reflexiones, que desde nuestro grupo consideramos relevantes dentro del debate en el que estamos participando. En primer lugar, una breve consideración sobre el
entorno y las bases macroeconómicas en las que nos estamos moviendo. El momento económico a nivel europeo e internacional, si bien no lo podemos considerar crítico, sí podemos afirmar que no es fácil.



La coyuntura económica está marcada por una desaceleración en el crecimiento y un riesgo de desaceleración en la creación de empleo, variables claves para la estabilidad económica y presupuestaria a nivel europeo. Si bien en España el ritmo
de crecimiento se ha mantenido por encima de la media europea, los efectos de la desaceleración en Europa y en Estados Unidos no han dejado de notarse y el mejor comportamiento de nuestra economía en términos de crecimiento y de creación


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de empleo no debe relajarnos, pues los riesgos de un mantenimiento de ritmos más bajos en estos términos -crecimiento, creación de empleo e inflación- para finales de este año y para el próximo ejercicio subsisten y están muy presentes.



De la exposición del secretario de Estado hemos visto que realmente se ha producido una reforma en el mercado de trabajo, que ha sido y es fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas y que ha permitido registrar unos
incrementos importantes en el número de afiliados a la Seguridad Social. El ritmo y el nivel de desarrollo económico que hemos tenido en los últimos años en España ha contribuido clara y favorablemente a marcar una tendencia positiva. Pero no es
suficiente. Factores como la desaceleración registrada en la economía estadounidense y europea, como he dicho antes, las crisis de Argentina y el marco de incertidumbre en Brasil, el marco de desconfianza y la fuerte volatilidad registrada por los
mercados financieros, la menor confianza empresarial, la desaceleración también en el ritmo de exportaciones y en el crecimiento y el riesgo de un menor ritmo de creación de empleo -que, no por ser el último de los factores es el menos importante
sino todo lo contrario-, son factores que marcan riesgos para nuestra economía. La política económica y en concreto los presupuestos cuyo debate vamos a iniciar hoy en el Congreso, han de contar por tanto con medidas que permitan reconducir las
variables más críticas y, por tanto, creemos que hemos de hablar de unos presupuestos que, dentro de un marco realista, puedan dar confianza a los mercados, al tejido empresarial, industrial y financiero y, sobre todo, al conjunto de la sociedad.
Han de ser unos presupuestos en los que la estabilidad no sea sinónimo de menor gasto social; han de ser generadores de confianza, de estabilidad y de empleo, que son los ejes básicos de la política social y del sistema de pensiones.



La segunda reflexión se orienta a Europa desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde la vertiente de estabilidad presupuestaria. Cumplimos los ejes trazados en Maastricht y marcados por el pacto de estabilidad, no en términos de
inflación pero sí en términos de déficit y de deuda.
Pero el equilibrio presupuestario no debe ser sinónimo de reducción del gasto social. Conseguir un marco de cohesión social, un mejor Estado del bienestar en el conjunto de los países europeos
es un objetivo marcado en Lisboa y ha de ser para nosotros prioritario. El margen de ulteriores mejoras en nuestro país es aún amplio y hemos de apostar por todas aquellas medidas que dentro de un marco de estabilidad presupuestaria permitan
mejorar el Estado del bienestar. En segundo lugar, en relación con las políticas de pensiones, Europa llama gradualmente a un acercamiento en las políticas de los distintos países europeos, en una cierta tendencia a la uniformidad que permita hacer
de Europa un mercado único, un mercado real y llegar a cumplir con el principio de libre circulación de personas, llegando también a una movilidad real de las personas y los trabajadores. Laeken, como se ha visto también en su exposición, llama a
afrontar de manera coordinada el problema del envejecimiento adaptándolo a un nuevo marco, a las nuevas necesidades sociales y, por tanto, a un nuevo reto de garantizar la viabilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones.



El tercer eje de reflexión es para nuestro grupo un aspecto clave de debate sobre el que entendemos hemos de avanzar en el corto plazo. Se trata de las pensiones de viudedad, al que usted también ha hecho referencia, pero tomándolo en
términos de plazo es un problema más a afrontar en el medio que en el corto plazo. Nuestro marco de actuación y el sistema de protección social que estamos implantando en España es bueno, ha incorporado mejoras sustanciales que han permitido
mejorar en el Estado de bienestar la situación de las personas mayores. El documento que hoy se nos ha presentado hace referencia a ello. Pero hemos de ser conscientes de que aún hoy existen colectivos que no están recogiendo las frutos de estas
mejoras, al menos plenamente; colectivos como el de viudas, sobre el que hemos de incidir claramente en términos de mejoras en el corto plazo. Nuestra apuesta es por un incremento de unas pensiones, las de viudedad, claramente deficientes y que no
responden al principio que perseguimos desde nuestro sistema de protección social, como es el de erradicar la pobreza, combatir situaciones de necesidad en los colectivos más desfavorecidos, como es o puede ser este de las viudas, y ello a través de
la actuación y mejora de las pensiones más bajas. Hemos de asegurar niveles de vida decentes, un bienestar económico viable a las personas de edad avanzada y en este sentido las mejoras incorporadas no son aún suficientes o no han alcanzado a todos
los colectivos afectados.



Vinculado a las pensiones de viudedad, insistimos también en conseguir compatibilizar las pensiones de viudedad con las del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), aspecto sobre el que continuaremos insistiendo y que afecta a un
colectivo poco numeroso de personas que están dentro del marco de aquellas que tienen pensiones extremadamente bajas y, por tanto, necesariamente mejorables, sobre la base de los principios antes comentados y que persigue nuestro sistema de
protección social.



Por el carácter residual de las pensiones del SOVI, por el hecho de ser estas pensiones el principal medio de subsistencia de un colectivo importante y en aras de avanzar en la mejora de nuestro sistema de protección social, entendemos que
es necesario y queremos insistir en la flexibilización del régimen de incompatibilidades, al que están sujetas este tipo de pensiones, permitiendo su compatibilidad con las pensiones de viudedad de cualquiera de los regímenes del actual sistema de
la Seguridad Social o del régimen de clases pasivas.



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Un cuarto y último aspecto es el referido a la definición de un modelo de políticas de dependencia, avanzar en este aspecto de una manera amplia y más global, que no sólo afecte a cuestiones parciales, es otro de los retos pendientes que
tenemos.



Nuestra apuesta, señor secretario, es, por tanto, clara. Sobre la base de una valoración positiva de las mejoras de las políticas llevadas adelante, del camino en el que estamos y de las mejoras incorporadas en nuestro sistema y apostando
por un marco de estabilidad económica y financiera, pretendemos avanzar hacia nuevas reformas y medidas orientadas a mejorar ulteriormente el Estado de bienestar.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señor secretario de Estado, queremos agradecer, una vez más, su comparecencia a petición propia y como exponente de esa disponibilidad que usted también ha trasladado a esta Comisión y que queremos
agradecer especialmente.



Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la valoración general del informe y de su tono básico es enormemente positiva. Creemos que es un informe realista y en absoluto triunfalista. Pensamos, además, que traslada un mensaje muy
claro a las instituciones europeas. Tenemos margen en estos momentos en nuestro país, pero vamos a utilizar de forma eficiente ese margen. Precisamente porque tenemos un horizonte de estabilidad es por lo que estas reformas necesarias,
imprescindibles, pueden hacerse en un marco básico de acuerdo y de consenso. Para el Grupo Parlamentario Popular el respiro demográfico que se extrae de los estudios estadísticos que han sido presentados en esta Comisión no es la excusa sino más
bien la base sólida desde la que se nos puede permitir actuar en los próximos años.



Desde luego, el tono general del informe también traslada algo muy relevante para esta Comisión, que es la voluntad de consenso, la absoluta vigencia del Pacto de Toledo y la necesidad de reafirmarlo en los próximos meses. En ese sentido,
una estrategia nacional de pensiones (en tiempos en los que algunos hablan de definir modelos de previsión propios creo que es muy importante reafirmar la relevancia de las estrategias nacionales, de todos, ante la Unión Europea) nos parece positiva
en términos generales. Concede una importancia destacable a la estabilidad macroeconómica, que no olvidemos que es la que establece las condiciones y las garantías desde las que es posible hablar de un sistema de protección social estable y seguro,
y no puede por menos que reconocer que nuestro propio sistema ha contribuido de forma eficaz a combatir en los últimos años situaciones de necesidad, ha estimulado el empleo y ha coadyuvado al esfuerzo solidario por atender especificidades sociales
y de grupos colectivos especialmente necesitados. Ese es el camino adecuado y es el que plasma este documento que nosotros juzgamos positivo. Por eso creemos que el documento va a tener una valoración positiva por parte de la Comisión, es más,
estamos seguros de que va a ser estimado y reconocido y me atrevo a decir que con muy pocas matizaciones que, de producirse, en todo caso serán en la línea de profundizar aspectos ya contenidos, como el de la contributividad o el de la
proporcionalidad, y no tanto de su revisión en profundidad.



Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos necesario destacar que del documento se extrae una conclusión muy importante, que es la voluntad de este Gobierno de ampliar la intensidad de la protección. Creo que las política sociales son el
verdadero objetivo de este Gobierno, lo ha sido a lo largo de estos años y es muy importante reafirmar que es nuestro compromiso, con medidas que abonen la estabilidad y el fondo de reserva, incidiendo, además, en las pensiones más bajas y
fomentando ese segundo pilar de la protección a través de los planes de pensiones.



El documento, ya lo ha expuesto el secretario de Estado, plantea once objetivos y con independencia de su articulación concreta creo que la coincidencia con los mismos es plena, por cuanto constituyen líneas de actuación perfectamente
coherentes, perfectamente enmarcadas en el actual Pacto de Toledo. Una primera aproximación al documento, en su primera parte, que hace referencia a la necesidad de pensiones adecuadas, nos lleva a establecer que esa necesidad de seguir
intensificando la protección de las pensiones mínimas constituye un objetivo irrenunciable para este grupo parlamentario y para este Gobierno; que es importante no renunciar a ello y reafirmarlo permanentemente si se cumplen, como es lógico y
natural, los requisitos previos de sostenibilidad, que son condición imprescindible. Creo que el Gobierno del Partido Popular lo ha hecho y le instamos a que lo siga haciendo, si es posible desde el diálogo, pero con ese doble esfuerzo que va, por
una parte, a garantizar la revalorización universal de nuestras pensiones y, por otra parte, a estimular esas mejoras adicionales a colectivos, mejoras pactadas y acreditadas y, por supuesto, no lo olvidemos, sostenibles en el tiempo.



Aquí se ha suscitado que el debate sobre los complementos por garantías de mínimos francamente ya no resulta demasiado útil para la sociedad. No nos preocupa, al menos al Grupo Parlamentario Popular, la ubicación de su financiación, porque
hemos sido nosotros los que la hemos clarificado definitivamente; y en absoluto compartimos esta novedosa teoría de la doceava parte, por la cual este Gobierno se ve obligado a incorporar una doceava parte de esos complementos a mínimos cada año.
Señora Chamosa, eso no lo dice en ninguna parte, en ningún acuerdo social, no lo dice en ningún documento. Por tanto este Gobierno, que cumple


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sus compromisos, lo hará en la medida en que lo considere oportuno. Que esa doceava parte se realice en este presupuesto, en el siguiente o en el posterior en ningún caso avala ningún tipo de incumplimiento por parte del Gobierno de sus
compromisos con los agentes sociales y con el propio Pacto de Toledo. Es más desde el Grupo Parlamentario Popular podemos aspirar a que los complementos a mínimos no sean necesarios en este país y a no debatir permanentemente sobre su financiación
o no; con la política del Partido Popular eso es posible como objetivo. Hemos pasado (lo dice el documento) de un 23 por ciento en 1995 de las pensiones de jubilación del régimen general que necesitaban estos complementos a mínimos a un 15 por
ciento en el año 2001; es decir, estamos avanzando claramente en la innecesariedad de estos complementos a mínimos. Por supuesto compartimos, como no podía ser de otra manera, la necesidad de estimular la creación de más servicios sociales o de
una adecuada respuesta social e institucional al fenómeno de la dependencia. Señor secretario de Estado compartimos el criterio de que el Estado impulse esa cobertura, se responsabilice de la garantía de igualdad, en definitiva, que la cobertura de
la dependencia se realice mediante el sistema más adecuado, pero eso sí con intensas garantías públicas.



Respecto al nivel de reemplazo de la pensión de jubilación, que ha parecido preocupar también a algún grupo parlamentario, que se ve afectada por la edad del pensionista y por su carrera de cotización, el camino futuro no puede ser otro que
el de seguir avanzando en los criterios de contributividad y de proporcionalidad. Estamos aquí ante una situación realmente de coherencia, lo que se consideraba oportuno respecto a esta cuestión en el Pacto de Toledo vigente lo seguimos
considerando; no entendemos por qué lo que era equilibrio y proporcionalidad en el Pacto vigente, lo que era un reflejo más acorde con la realidad del esfuerzo contributivo, lo que consideraba el Partido Socialista en su momento y el resto de los
grupos lo avalaron, que era ayudar a la estabilidad económica o reconducir la necesaria correlación de cotizaciones y prestaciones o que servía para homologar la acción protectora de los distintos regímenes, valía para el año 1995 y no vale ahora
para seguir considerando la posibilidad de extender la consideración del resto de la vida laboral. ¿Por qué valía para tener en cuenta de uno a ocho años o de ocho a quince años y estos mismos argumentos no pueden valer igualmente para continuar en
esta línea en el futuro? Tendremos que estudiarlo y valorarlo, pero no deja de ser una señal de incoherencia que los mismos argumentos que en su día se esgrimieron para tomar en consideración más años de la vida laboral de los trabajadores ahora se
esgriman precisamente en sentido contrario.



También, como es lógico, nos parece positivo que hayamos flexibilizado la hasta ahora barrera infranqueable del cien por cien de la base reguladora y los trabajadores puedan permanecer en activo más allá de los 65 años, mejorando la cuantía
de su pensión en un 2 por ciento adicional por cada año trabajado, porque este grupo no se cansará de abundar en la idea de lo que supone de cambio de filosofía, de la moderna concepción de la jubilación que tienen las medidas contenidas en esta Ley
35/2002. Con la oposición de otros grupos parlamentarios, sin duda, habrá que estudiar los detalles y los efectos de esta ley y avanzar más, si cabe, pero ese es un camino, señor secretario de Estado, que no debemos abandonar ya nunca en este país.
Un aspecto de indudable interés es el desarrollo de la protección voluntaria y libre, en especial el llamado segundo pilar de la protección, el sistema de empleo. Su potenciación, paralela a la culminación del proceso de externalización de los
fondos internos de las empresas, exige fórmulas que necesitan mayor impulso.



El segundo de los grandes ámbitos de este documento, que habla de la sostenibilidad financiera, a mi grupo le parece extremadamente importante. Decir que la receta en nuestro país es crear más empleo estable y más empleo de calidad, como
plantean algunos, resulta una obviedad de tal naturaleza que evidentemente no vamos a insistir en ello.
El caso es que cuando los programas económicos se reducen a eso, a eslóganes corremos el riesgo no sólo de no avanzar sino además de retroceder
con recetas superadas el camino andado. Decir que una medida contra el paro es crear 10.000 funcionarios nuevos en el INEM es de por sí una muestra significativa de lo que digo. Pero el documento parte de un hecho cierto, hemos avanzado mucho en
la creación de empleo y creamos empleo ahora cuando nadie lo hace prácticamente en Europa y hemos incrementado la afiliación a la Seguridad Social en cifras históricas.
Cuatro millones de afiliados más no es, señor secretario de Estado, una cifra
baladí y para este grupo parlamentario es una cifra que por sí misma enorgullece a un gobierno, enorgullece a un grupo parlamentario y enorgullece a unas políticas; desde luego, si no hay déficit en la Seguridad Social de este país es porque se han
desarrollado unas políticas económicas y unas políticas sociales que, por cierto, casi nunca, señor Ruiz, han tenido el respaldo parlamentario de su grupo.
Precisamente porque hemos avanzado mucho es bueno que identifiquemos dónde hemos de seguir
actuando, y ahí está la integración de la mujer y de los colectivos con más dificultades: los jóvenes, los parados de larga duración o los desempleados mayores de 45 años. Sin embargo, para avanzar en este camino no podemos obviar que la
estabilidad macroeconómica, que el equilibrio presupuestario, que el déficit cero o las cuentas saneadas constituyen no un capricho de este Gobierno, no un sacrificio, sino una exigencia inexcusable. ¿Cómo puede defenderse el recurso al
endeudamiento presente y futuro en un país al que todos los estudios califican con toda probabilidad como el más envejecido del mundo en las próximas décadas, con lo que eso


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supone de gastos asociados a las pensiones o a la sanidad?


Señor secretario de Estado, no abogamos por el equilibrio presupuestario ni por dogmatismo ni por capricho ni por un pueril empeño en no dar nuestro brazo a torcer, sino porque esa es la mejor garantía para nuestro sistema de protección
social. Por eso resulta preocupante que en este país se levanten ahora voces que cuestionen que uno de los logros económicos más importantes y que han contribuido de manera eficaz a la consecución de este superávit presupuestario en la Seguridad
Social se dilapide en estos momentos. Ese superávit es el que ha permitido conseguir unas cifras absolutamente espectaculares de dotación del fondo de reserva que ha superado ampliamente las previsiones incluso pactadas con los acuerdos sociales.
Hoy mismo en esta Cámara hemos vuelto a oír al Grupo Socialista pedir que todo el superávit de la Seguridad Social vaya al fondo de reserva, al mismo tiempo que les hemos oído pedir que se incrementen las pensiones mínimas del sistema, que también
se incrementen las pensiones de aquellos colectivos más desfavorecidos ¿Cómo es posible incrementar las pensiones de los más desfavorecidos si todo el superávit de la Seguridad Social va a dotar el fondo de reserva? Seamos coherentes y no entremos
en una dinámica muy poco coordinada con lo que han sido los trabajos de esta Comisión que han sido desarrollados desde el rigor y la seriedad. Señorías, más personas trabajando más protegidamente y más adaptado su trabajo a sus circunstancias y
necesidades es un camino en el que este grupo está de acuerdo y se enmarcan las políticas desarrolladas por este Gobierno. Por eso nos parece extremadamente acertado el enfoque estratégico que liga nuestros avances en materia de consolidación
fiscal con dos grandes reformas, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el nuevo sistema de financiación autonómica. Eso es avanzar en el enfoque correcto. Las previsiones de gastos e ingresos en pensiones y cotizaciones sociales pueden
darnos un margen de maniobra, pero ese margen radica en la intensidad y la gradualidad de las medidas y no en su dirección u orientación.



Señor secretario de Estado, respecto al tercer gran ámbito, el de la modernización y la adaptación a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad, evidentemente es importante tener en cuenta los efectos de la temporalidad y del trabajo a
tiempo parcial, lo que hace oportuno recabar iniciativas que sin merma del principio básico de contributividad avalen mejoras en el nivel de protección de estos trabajadores. Nuestra vocación es la estabilidad en el empleo, la contratación
indefinida y unas garantías mínimas para todos, pero no podemos desconocer el dinamismo del mercado de trabajo, las nuevas necesidades de los individuos, de la sociedad y de la economía global en la que nos movemos. Por eso es tan importante que
este Gobierno haya conseguido hacer compatible el salario y la pensión para los mayores de 60 años o introducir esa jubilación parcial que precisamente incorpora una nueva visión al proceso hasta ahora vigente de plena ruptura, de pleno deslinde
entre la situación del trabajo y la actividad y la situación de jubilación y de pasividad que imperaba hasta ahora, o la compatibilidad entre el cobro parcial del subsidio y el trabajo por cuenta ajena, o esa equiparación entre regímenes
configurando un sistema general de derechos y obligaciones en el que tenemos que seguir avanzando. Nosotros nos felicitamos por las decisiones que se han tomado y se han incorporado al proyecto de ley de acompañamiento de estos presupuestos.
Señorías, la convergencia de regímenes y especialmente del régimen especial de trabajadores autónomos constituye una recomendación del Pacto de Toledo plenamente vigente y en la que hay que ir, por supuesto, avanzando. A mi grupo simplemente le
gustaría hacer una consideración respecto a la necesaria integración de la mujer en el mercado de trabajo porque, aunque el documento dice que es posible que no exista diferencia por razón de sexo en los requisitos y fórmulas de cálculo en el
sistema, no cabe duda de que tenemos todavía mucho recorrido y muy importante, y es un fenómeno muy a tener en cuenta el que se produce en nuestro país en relación con los índices de natalidad y con los nacimientos diferidos que se producen
fundamentalmente en las mujeres mayores de 30 años, lo cual implica como objetivo general de este país conseguir rejuvenecer el calendario de la maternidad. Para eso hacen falta acciones adicionales en la economía, en el empleo, hacen falta también
compromisos culturales de apoyo social, de reconsideración del papel social de la maternidad, de corresponsabilidad y de reconocimiento a todos los niveles de ese valor, incluso como aporte a la propia sostenibilidad futura del sistema de protección
social, porque las aportaciones no solamente son en forma de cotizaciones, sino también en forma de hijos que contribuirán decisivamente al soporte de nuestro sistema en el futuro.



Finalizo, señor secretario de Estado. Compartimos los aspectos contenidos en el informe porque es coherente con las políticas que estamos llevando a cabo, porque evidencia que hemos avanzado -y hemos avanzado mucho- y que ésta, la que se
plasma en este documento, ya no es una estrategia de supervivencia ni fruto del estado catatónico en que nos encontramos la Seguridad Social en 1996; es una estrategia acertada, que gradual pero sosteniblemente se reforma y se moderniza y que
partiendo de unos resultados positivos nos ofrece ahora capacidad de maniobra. Para eso hace falta responsabilidad -como dice el señor secretario de Estado-, prudencia y perseverancia en un camino a todas luces positivo.
Afortunadamente el
subsector de la Seguridad Social se ha convertido en un elemento de estabilidad macroeconómica y no de inestabilidad, que es lo que históricamente había significado; los superávit consecutivos son el mejor resultado logrado en su


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historia, probablemente fruto de esa política antisocial que algunos nos achacan en un ejercicio de autointoxicación que roza a veces lo alucinógeno. Esta situación de superávit debe ser alabada, puede ser alabada y, desde luego, supone la
mejor manera de prepararse adecuadamente para el futuro. Por eso compartimos el contenido, la forma y, sobre todo, las políticas que soportan esta estrategia nacional para España.



El señor PRESIDENTE: Para contestar a los diferentes grupos, tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa): Intentaré no dejarme nada en el tintero o, en este caso, en el folio.
Permítame que empiece mi intervención agradeciendo el tono, hasta en la discrepancia, que han tenido
todos los portavoces que han ejercido su derecho al uso de la palabra tras mi comparecencia de esta mañana. El objeto de ella -creo que en ello coincido con el portavoz Grupo Parlamentario Popular- estaba circunscrito a la presentación de un
informe relativo a la obligación del Reino de España, así como del resto de países miembros -de acuerdo con el compromiso adquirido con los organismos de la Unión Europea-, de asumir el reto del envejecimiento demográfico. Este informe no quería
más que recoger y poner de manifiesto los esfuerzos realizados por todos y por nuestro país desde hace mucho tiempo, especialmente desde que empezaron los intensos procesos de reforma de nuestro sistema de protección social, basado en el acuerdo
político de los Pactos de Toledo de 1995. Señorías, desde entonces lo hemos hecho bien en las formas y en el fondo, desarrollando acuerdos políticos y sociales de esas recomendaciones. Se trataba de reformas de importante calado en nuestro sistema
que no había que dejar de acometer, porque el peor favor que le podíamos hacer a nuestro sistema de protección social es el inmovilismo, el anquilosamiento y no solucionar hoy lo que, sin lugar a dudas, van a ser retos en el futuro inmediato.
Esa
era la intención de este secretario de Estado. Alguna de sus intervenciones casi me obliga a entrar en un debate general sobre el sistema de protección social de un tiempo a esta parte; como SS.SS. saben de mi talante, lo haré. En modo alguno
quiero que parezca que han quedado cuestiones sin contestar o, en todo caso, consideraciones sin rebatir.
Permítanme que lo haga desde el principio que hoy quería que inspirase toda mi intervención, y es la importancia del acuerdo, del consenso y
de continuar con las reformas que entre todos hemos sido capaces de poner en marcha; eso es lo que se plasma en el documento que hemos trasladado a los órganos de la Unión Europea.



En primer lugar, tengo que agradecer a la señora López i Chamosa que formalmente me diga que lo he hecho bonito. Entenderá que no coincida tanto en sus consideraciones -por utilizar un término no muy intenso- de falta de rigor, incluso de
engaño, diciendo: ustedes quieren engañarnos, como a los órganos de la Comisión Europea. Al final de su propia intervención, señoría, los engaños no se han puesto de manifiesto. Sólo ha vuelto a utilizar esa expresión - a la que, como uso
retórico, S.S.
está legitimada- en algo en lo que el Gobierno tiene poca responsabilidad, y que le comentaré al final de mi intervención. Desde luego (si quiere zanjamos así este debate), al final, los órganos de la Unión Europea nos pondrán a
cada uno en nuestro sitio y nos dirán si el informe que presentamos el día 15 está avalado por dichos organismos o si, por el contrario, como usted ha expresado aquí esta mañana, hemos intentado decir lo que no era. Yo estoy absolutamente
convencido de que si algo no le falta a este informe es rigor, porque recoge más lo hecho que apunta hacia lo que hay que hacer.



Su señoría ha dicho que mi presencia aquí tal vez les animara a todos ustedes a continuar con los trabajos en esta Comisión. Yo conozco a gran parte de las personas que han tomado la palabra en el día de hoy y soy plenamente consciente de
que SS.SS. se saben animar solos. Sepa S.S. que, si mi presencia en esta Comisión sirve de impulso para que los trabajos avancen y ello acabe con una renovación del Pacto de Toledo, estoy dispuesto a venir todos los días si hace falta; desde
luego como impulsor, pero no como determinador de competencias. No es al Gobierno a quien corresponde tomar las decisiones que se tienen que tomar en este ámbito parlamentario, pero sí tenía que recoger en su informe -porque si no hubiéramos sido
poco rigurosos- lo que sabíamos que se estaba haciendo en este ámbito parlamentario hasta este momento. Por eso (y lo ha leído S.S.) en el informe aparece la palabra previsiblemente en relación con todas las intervenciones de la mayor parte de los
expertos. Incluso en las propias formulaciones que se han realizado por los responsables de los distintos grupos parlamentarios o la mayor parte de ellos se veía claramente dos líneas en las que se puede hacer especial incidencia en la renovación
del Pacto de Toledo: el reforzamiento de la contributividad y de la proporcionalidad y la atención al fenómeno denominado de la dependencia. Así lo hemos plasmado en el informe. No se trata de que demos por hecho que ya se va a producir, sino que
las reflexiones desde hace bastante tiempo ya en esta Comisión avanzarán por esas dos grandes líneas, según lo que hemos podido leer en el propio 'Diario de Sesiones'. Si no es así, a nadie se le dan ni se le quitan razones; simplemente se habrán
tomado estas decisiones en este ámbito, que es completamente soberano, y que el Gobierno, sea cual sea, tiene que aceptar y desarrollar posteriormente, si es posible con acuerdo social.



Si S.S. le hubiera preguntado a este secretario de Estado si hubiera preferido hacer este informe con la renovación del Pacto de Toledo ya hecha y con las nuevas


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recomendaciones que se pudieran incluir en el mismo, le hubiera dicho que sí. Hubiera sido incluso hasta mucho más fácil y hubiéramos podido presentarla ante los órganos de la Unión Europea con un informe en el que también se recogieran
muchas previsiones de reforma y de futuro de las que hemos podido llevar en el nuestro, pero tenemos que ser tremendamente respetuosos con el trabajo de esta Comisión y de esta Cámara, por lo tanto, los tiempos -por eso le decía que yo no
determinaba ni tiempos ni competencias- los marcan SS.SS., no los marca el Gobierno. El Gobierno tiene que mantenerse a la espera de las decisiones que se tomen en esta Comisión.



Ha hecho posteriormente S.S. referencia a ciertas cuestiones al hilo del propio informe. Yo he solicitado una serie de estudios, algunos habían sido solicitados con anterioridad, como el estudio del efecto que ha tenido sobre el sistema de
pensiones el paso de ocho a quince años en el cálculo de la base reguladora, que se está realizando ya desde una petición verbal que me hizo su compañero de grupo señor Griñán, para que pueda servir como objeto de reflexión en esta Comisión para
tomar cualquier decisión en el futuro. Unirlo todo para dar por seguro automáticamente que reforzar la contributividad y la proporcionalidad, ir hacia sistemas que tengan en cuenta todo el esfuerzo laboral va a ser perjudicial para el conjunto de
los trabajadores, me parece una afirmación exagerada y arriesgada. Porque S.S. ha dicho textualmente: Incluso puede haber una merma en las pensiones del 20 ciento, según qué sistema. Señoría, si el sistema no se sabe, si el sistema se tiene que
acordar, si es una reflexión que hay que abrir con los firmantes del acuerdo social el año que viene y si somos conscientes que, dependiendo del sistema, puede o no haber merma en las pensiones que se tengan que percibir, con mayor o menor tiempo
desde el momento en que uno está trabajando en activo y va a pasar a pasivo; hacer afirmaciones poniendo primero la merma y luego decir según qué sistema, me parece -ésas sí- falto de rigor. En todo caso, tendremos que decidir entre todos, si
estamos de acuerdo en el principio de reforzar la contributividad y la proporcionalidad, qué sistema tenemos que hacer y, a continuación, cuando estemos todos de acuerdo en el sistema (que es algo que corresponde claramente a esta Comisión y por eso
se puso el plazo de 2003 para que el Gobierno y los agentes sociales fueran respetuosos con las decisiones que aquí se tomaran para desarrollar ese sistema posteriormente), veremos si hay perjuicios o no para las pensiones que tienen que recibir los
que abandonen la vida activa y hagan la pasiva. En términos absolutos es difícil afirmarlo. El estudio para el conjunto del sistema lo tendrán SS.SS., pero lo que sí sabemos es que hemos pasado de ocho a quince años para el cálculo de la base
reguladora y la pensión media de jubilación ha crecido más de un 25 por ciento en nuestro país, con lo cual en términos absolutos nadie puede decir que automáticamente más años de cálculo de base reguladora traigan consigo menores pensiones. No,
más años de cálculo de base reguladora, han traído a nuestro país mejores pensiones.
(La señora López i Chamosa: Es verdad.)


¿Qué pasa con las expectativas de pensión? Justamente las expectativas de pensión pueden verse mejoradas o empeoradas en función de la carrera profesional que uno tenga. ¿Qué se les dice a los trabajadores -por cierto el ejemplo lo ha
puesto hoy aquí también S.S.- que los últimos años de sus carreras laborales justamente han estado percibiendo la prestación por desempleo o el subsidio porque han sido objeto de prejubilaciones en sus empresas? Seguro que a los trabajadores les
iba a mejorar su pensión tener en cuenta más años de vida laboral, porque los años anteriores de su vida laboral son mejores que los últimos. ¿Que puede darse la situación contraria? Tal vez, se puede dar el caso de que uno tenga sus mejores años
al final de su vida laboral, pero -fíjese lo que le digo- no con la última reforma de 1997, ya con la del año 1985 se pasó de dos a ocho años para el cálculo de la base reguladora. En 1997 pasamos de ocho a quince y si estábamos convencidos -y hago
mías las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular- de que entonces tomamos una decisión acertada -en los años 1985 y 1997-, no podemos decir ahora que los argumentos que nos sirvieron para tomar aquellas decisiones hoy no tienen ninguna
validez, para al menos plantearnos la reflexión de si tenemos que seguir reforzando la proporcionalidad entre el esfuerzo que uno hace a lo largo de su vida laboral y lo que tiene que percibir en el momento en que sea pasivo. Al efecto, le digo a
S.S.: estudios, todos los que hagan falta, pero hagamos la reflexión conjuntamente en esta Comisión y el Gobierno con los agentes sociales -como tienen firmado en el último acuerdo- y seamos capaces de establecer un sistema en el que, sabiendo que
lo verdaderamente justo es ir a esta proporción entre esfuerzo y pensión, tampoco haya nadie que pueda decir que sale perjudicado por el nuevo cálculo que se pueda determinar de la base reguladora. Además, sabemos que lo hacemos porque es la línea
adecuada y porque lo hace todo el mundo. Yo soy un convencido de que cuando todo el mundo lo hace es porque no están muy equivocados, y todos los países de nuestro entorno europeo ya lo hacían o están introduciendo sus reformas y están yendo hacia
el cálculo de la base reguladora teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se realiza a lo largo de una vida laboral. Es difícil que nos podamos equivocar todos. Por otra parte, se hace así a lo largo y ancho de toda la Unión Europea con
independencia del color político de los gobiernos.



Posteriormente ha hablado S.S. de la jubilación gradual y flexible y ha dicho que dentro de este nuevo sistema, del que estamos especialmente orgullosos, hay medidas que perjudican a colectivos. No; no hay ni una sola medida que
perjudique al colectivo que usted ha


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citado. Usted ha citado al de los prejubilados, un importante colectivo en el que hay que diferenciar entre los que son prejubilados y los que se han jubilado anticipadamente después de ser prejubilados, que es distinto. Acerca de los
primeros -aún los hay- no puede decir S.S. que hayan empeorado con la reforma, porque se les van a aplicar coeficientes reductores mejores que los que se les hubieran aplicado antes de la jubilación gradual y flexible introducida por este Gobierno.
Es decir, ese colectivo, los que aún son prejubilados y se tienen que jubilar anticipadamente, tras la reforma lo va a hacer en mejores condiciones de lo que lo hubieran hecho antes. ¿Qué pasa con aquellos que sí se jubilaron ya anticipadamente,
con coeficientes reductores en sus jubilaciones, después de muchos años de trabajo, incluso con largas carreras de cotización, de 35, 40 y más años? Somos conscientes de que el esfuerzo que realizaron a lo largo de su vida laboral también se tiene
que ver recompensado, aunque se jubilen de manera anticipada, y más en los casos en que esa jubilación anticipada no se realice con carácter voluntario, sino obligatorio. Ya en la reforma de 1997 se introdujeron mejoras para esos colectivos y por
primera vez en un acuerdo social, en el del año pasado, de 2001, aparece que habrá que estudiar la situación de esos colectivos para ver la posibilidad de mejorar la situación en la que abandonaron el mercado de trabajo y las pensiones que reciben
en estos momentos.



Pedía S.S. un estudio sobre cuál sería la aplicación de los nuevos coeficientes reductores a todo el colectivo de jubilados anticipados que tenemos en nuestro país. Lo pediremos, pero ya le aseguro que el dato va a ser de envergadura.
Estamos hablando de 1.200.000 jubilados anticipados. Le voy a decir algo -por sentar principios- que el Gobierno y este secretario de Estado no comparten. Yo no creo que todos los jubilados anticipados sean iguales sino que llegaron a esa
situación de manera muy distinta dependiendo del momento y de la empresa de la que se jubilaron. El esfuerzo hay que hacerlo con aquellos que salieron obligados, de peor forma y manera, del mercado de trabajo. No podemos tratar igual al señor que
salió con una renta muy alta garantizada, con un convenio especial que le permitía mantener su prestación hasta el momento en que decidiera ir a la jubilación anticipada, que al que salió con una indemnización pequeña y sin poder suscribir un
convenio con la Seguridad Social que mantuviera sus derechos. En este caso no podemos ser injustos y lo que tenemos que hacer y lo que ésta haciendo ahora el Gobierno es reunirse con todos los colectivos de prejubilados y jubilados anticipados para
intentar determinar cuáles de ellos necesitan verdaderamente una atención inicial porque su salida del mercado de trabajo fue distinta de la de otros colectivos que salieron de forma tal que les permitía estar en una situación mucho más favorable
que otros jubilados anticipados de nuestro sistema. En ese terreno y con ese principio va a avanzar el Gobierno, téngalo claro S.S., y el Gobierno lo va a hacer y lo podrá hacer sólo desde un sistema de protección social como el que ahora tenemos,
con superávit financiero, con protección social que permita justamente atender a colectivos que en un momento determinado salieron del mercado de trabajo como salieron.



Me habla S.S. de colectivos perjudicados por su reforma. No, señoría, en todo caso colectivos perjudicados, cómo salieron y por qué salieron, muy pocos desde que gobierna este partido, principalmente cuando gobernaban otros. Si hubo algún
perjuicio fue de raíz entonces. Colóquense S.S. y su grupo con quienes ahora intentamos arreglar una situación que no es responsabilidad de este Gobierno, que entendemos como injusta en muchos casos y que debería contar con el apoyo de todos y
menos con la crítica de algunos. Luego S.S. se ha hecho un pequeño lío -permítame que se lo diga- con el fondo de reserva y los complementos a mínimos; ha mezclado el fondo de reserva, los complementos a mínimos e incluso ha dicho en un momento
determinado que el fondo de reserva debía dotarse en menos de 12 años. No obstante ese pequeño batiburrillo entre dos cuestiones, que tienen cierta relación pero que no deben mezclarse en demasía, he creído entender lo que S.S. intentaba decirme.
El fondo de reserva ya está dotado en cuanto al compromiso social, en el fondo de reserva el Gobierno ha cumplido sus compromisos sociales y hoy tiene ya la cuantía que estaba acordada como deseable en el año 2004. La reflexión subsiguiente, que
también corresponde a esta Comisión, es qué tenemos que hacer con los superávit, que haberlos los habrá, a partir del año que viene y en adelante. Saben SS.SS. -hoy no es día de debate presupuestario- que ya hay una dotación, una aportación
inicial al fondo de reserva para el año que viene. Además hemos querido ser respetuosos con la posición de los agentes sociales firmantes del acuerdo, CC. OO. y CEOE. Esa aportación inicial para el fondo de reserva para el año que viene no pasa
de un tercio del superávit previsto, que es lo que en todo caso los agentes sociales siempre han determinado como principios que deben regir la dotación de ese fondo, la mejora de prestaciones o la rebaja de cotizaciones sociales. Sí, tendremos que
decidir, y eso corresponde a SS.SS., no sólo al Gobierno y a los agentes sociales, qué fondo de reserva queremos tener a partir del año que viene porque de las previsiones que hicimos en su momento las expectativas se han visto claramente colmadas y
hoy tenemos aquel fondo que todos pedíamos -con una mensualidad de pensiones o el 1 por ciento de nuestro PIB- que es un elemento más de garantía del mantenimiento de nuestro sistema de protección social. Es bueno que el sistema de protección
social vaya a seguir teniendo superávit y también lo es que hagamos una reflexión de hacia dónde vamos a dirigir esos superávit de nuestro sistema de Seguridad Social. Desde luego yo prefiero una Seguridad Social en superávit que una Seguridad


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Social en déficit -luego haré unos comentarios al hilo de la intervención del señor Ruiz López-. Retomando con cierto rigor el hilo de la intervención de S.S. vuelvo a decirle que mezcla el fondo de reserva con los complementos a mínimos
de pensiones, y ha acusado al Gobierno de incumplir el acuerdo. Bueno, tiene cierta gracia -permítame la expresión- que usted acuse al Gobierno de incumplir el acuerdo y que el otro día en una comisión de seguimiento los firmantes del acuerdo
dijeran justamente lo contrario, que el Gobierno cumplía sus acuerdos. En todo caso, S.S. no debería hacer juicios de valor sobre cumplimientos o no que las propias partes firmantes entienden como válidos.



Hay otra cuestión, que es lo que S.S. quiere decir. Cuando ustedes dicen que la financiación de los complementos a mínimos a cargo de los impuestos generales no superará el plazo de doce años están incumpliendo porque, si yo divido la
cuantía entre doce, ponen ustedes un poco menos de lo que les correspondería. Igual el año que viene ponemos un poco más.
Vea S.S. que su argumento no es excesivamente sólido. Desde luego estamos en cuantías que se acercan a esa doceava parte,
nadie puede decir que estemos muy lejos de ella. Además nosotros quisimos ser plenamente respetuosos con las decisiones que había tomado esta Comisión y con cualquier Gobierno que pudiera venir después del actual, sea del color político que fuera;
por eso el acuerdo dice que no se superarán los doce años, no que se hará en doce años. El Gobierno que sea, el que venga, que tiene ese plazo para poder hacerlo y tiene un acuerdo firmado con parte de los agentes sociales, podrá tomar la decisión
que entienda más oportuna. Ya lo ha dicho S.S. y estoy seguro de ello (el portavoz de su grupo parlamentario no se atrevió a tanto en la Comisión de Presupuestos, pero ustedes ya tienen una propuesta), y dicen que cuando ustedes gobiernen la
financiación de los complementos a mínimos será a cargo de impuestos de una manera inmediata. Ya tenemos solucionado el problema; como ustedes dicen que van a ganar en el año 2004, nos quedan para financiar los complementos a mínimos a cargo de
impuestos este año y el que viene, porque en 2005 ustedes ya financiarán la totalidad de los complementos a mínimos con impuestos. Si ese supuesto se da, que no creo -el de que gobiernen ustedes-, el que seguro que no se produce es que ustedes
financien la totalidad de los complementos a mínimos en el año 2005 con impuestos. Si saben que eso no se puede producir, no abran debates que luego no se van a poder mantener. De todas maneras, en este caso le digo que el tiempo nos pondrá a
todos en nuestro sitio.



Ha preguntado la señora López i Chamosa si tenemos algún estudio sobre lo que supone atrasar la jubilación y su relación con el producto interior bruto y el peso que tiene el gasto en pensiones sobre el mismo. No lo tenemos hecho, lo
tenemos prácticamente finalizado, y la conclusión del mismo es clara: cuanto más atrasemos la edad de jubilación, más mantendremos estable el sistema para el futuro; a ese pensamiento no hay que darle excesivas vueltas. Nosotros estamos en una
situación claramente mejor que los países de nuestro entorno. La Unión Europea está pidiendo que alcancemos algo que ya tenemos, que son los 63 años de edad efectiva para la jubilación. La media de la Unión Europea está en 58 y nosotros
prácticamente estamos en 63, pero eso no quiere decir que tengamos que pararnos, sino justamente lo contrario: establecer un sistema, como el que hemos establecido, de jubilación gradual y flexible para seguir incentivando de forma voluntaria que
las personas de mayor edad se mantengan en el mercado de trabajo y, de quererlo así, puedan continuar trabajando de forma completa o parcial en el momento en que ya tienen derecho a percibir una pensión de jubilación.



Posteriormente S.S. ha hecho referencia a la cuestión de las pensiones mínimas, y ha dicho textualmente -creo que lo he recogido bien- que las pensiones mínimas son bastante mínimas. Las pensiones mínimas son pensiones mínimas, pero, si me
permite usar la expresión que utiliza S.S., las pensiones mínimas son bastante mínimas, pero son menos mínimas en los términos en que S.S. se ha expresado. Le diría más: Las pensiones mínimas son bastante mínimas, pero son bastante menos mínimas
de lo que eran. Ha preguntado S.S. si tenemos un estudio de cuánto supondría subir un 1 por ciento las pensiones mínimas. Vamos a ser rigurosos. ¿Qué pensiones mínimas? ¿Todas las pensiones mínimas? ¿Las pensiones mínimas de viudedad, las de
orfandad, las de jubilación? ¿Con cargas o sin cargas? ¿Mayores o menores de 65 años? ¿Metemos también las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez? Yo estoy dispuesto a estudiar todo lo que S.S. me pida, pero dígame exactamente
qué es lo que tenemos que estudiar. Ahora, sí le puedo decir lo que hacemos nosotros: subir las pensiones mínimas de las personas más necesitadas dentro del sistema.
Además ahí incluimos las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez,
que, como muy bien sabe S.S., bajo gobiernos del Partido Popular han tenido dos veces un incremento claramente por encima de lo que sería el mantenimiento del poder adquisitivo de esas pensiones.
Asimismo, las viudas y viudos, principalmente
viudas, que no solamente han visto mejorar sus pensiones mínimas, sino que además todo el colectivo de viudas y viudos de España, especialmente aquellas que tenían cargas familiares y que era su única o principal fuente de renta, han visto
claramente mejoradas en el último año sus prestaciones de viudedad.



Le puedo dar un dato, y también ha sido preocupación de algún otro portavoz parlamentario. El Gobierno tiene cuantificado lo que le va a costar pasar del 45 al 52 y alcanzar el 70 por ciento de cálculo de la base reguladora, con esos
requisitos para el colectivo de viudas y de viudos de nuestro país. Estamos hablando, si


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me permiten que se lo diga en pesetas, de alrededor de 190.000 millones de pesetas de subida para un colectivo de 2.000.000 de pensionistas. El acuerdo se firmó en el año 2001 y se empezó a poner en práctica a partir del año en el que nos
encontramos, estamos hablando de tres años, 2002, 2003 y 2004. Le puedo asegurar que nunca en la historia del sistema de protección social de este país se había hecho un esfuerzo por el colectivo de viudos y de viudas como el que va a hacer el
Gobierno del Partido Popular en estos tres años, nunca.



Su señoría ha hecho una reflexión que me parece tremendamente injusta, dirigida no a mi persona, sino en este caso al cargo que yo represento, a la Secretaría de Estado, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Gobierno. Me dice que
cómo podemos poner en nuestro papel la vocación de universalidad de los servicios sociales, que también son parte de la asistencia a nuestros mayores, no sólo las pensiones sino también la sanidad y los servicios sociales. No hacemos más que
recoger el sentir de todos y cada uno de los responsables en la materia de nuestras comunidades autónomas, de todos, de los de su partido, de los de mi partido, de los de Convergència i Unió, y también del señor Txueka, que en estos momentos no
está, pero estoy seguro de que también de los de su partido, que gobierna en una comunidad autónoma. Pregúntele usted al responsable que quiera de cualquier comunidad autónoma y dígale si quiere o no quiere que tengan vocación de universalidad
todos los servicios sociales en relación con nuestros mayores, residencias, asistencia domiciliaria, centros de día, evidentemente, para aquellos que no tienen medios propios para poder garantizárselos acudiendo a la oferta privada.
Todos lo
quieren. Vocación de universalidad es lo que recogemos nosotros, que tenemos un sistema, en este caso descentralizado administrativamente dentro de los servicios sociales, y todos pretendemos que haya esa posibilidad para aquel que lo necesite y no
pueda. Su señoría me dice: Es que no lo hay. Ya lo sé que ahora no la hay, que tenemos problemas en todas y cada una de las comunidades autónomas para dar todos los servicios que las personas mayores necesitarían, ya lo sé, en todas las
comunidades, en unas menos y en otras más. Y más que se va a agravar el problema, porque eso sí que era objeto del informe que estaba presentando hoy. El envejecimiento de la población lleva ligado el fenómeno de la dependencia de una manera tan
clara y rotunda que como no seamos capaces hoy de empezar a poner soluciones a ello, nos vamos a encontrar con que lo que es un reto se va a convertir en un problema dentro de 15 ó de 20 años en nuestro país, y un problema además serio. Por tanto,
lo que tenemos que hacer, a juicio del Gobierno, es, en primer lugar -y permítame la expresión-, ponernos en sus manos, porque estamos esperando a ver qué dice esta Comisión respecto al asunto de la dependencia. Como le he dicho al principio, es de
las cuestiones que previsiblemente el Gobierno cree que saldrán acordadas en la renovación del Pacto de Toledo.
¿A la vez, qué va a hacer el Gobierno? Lo que ha acordado con los agentes sociales: abrir un grupo de trabajo en el que el plazo ya ha
sido vencido, pero ya hemos conseguido que todas las comunidades autónomas y ayuntamientos de este país vayan a participar en el mismo, menos una, la Comunidad Autónoma de Aragón, que no sé por qué, pero no quiere venir.
Vamos a abrir ese grupo de
trabajo para que reflexionen también aquellos que tienen competencias en la materia -Gobierno, ayuntamientos y comunidades autónomas-, porque la dependencia no puede ser tratada sólo desde el aspecto puramente económico, de una prestación que se
pueda crear o mejorar, sino también desde la vertiente de la asistencia social y sanitaria, competencias que tienen hoy las comunidades autónomas y con las que hay que ser tremendamente respetuosos. Esos caminos tienen que andarse paralelamente y
tienen que andarse ya, porque tampoco podemos esperar -aunque el tratamiento a la dependencia no es una situación verdaderamente acuciante en nuestro país-, ya que si no empezamos a tomar soluciones hoy difícilmente podremos resolver el problema en
el futuro.
En todo caso, señoría y volviendo a los temas de asuntos sociales, si quiere realizar usted alguna crítica por el tiempo que se tarda en llegar a entrar en una residencia, en recibir asistencia domiciliaria o en estar en un centro de
día, diríjala a los responsables de dichas políticas y no al secretario de Estado de la Seguridad Social.



Posteriormente S.S. ha hecho una serie de consideraciones respecto a las proyecciones, que también han hecho otros portavoces esta mañana. Si algo hemos querido ser con nuestras proyecciones es rigurosos; por eso nuestras proyecciones
llegan hasta donde llegan. Por eso las proyecciones de ingresos llegan hasta el año 2015, porque es hasta donde podemos nosotros determinar con credibilidad y rigor qué ingresos presumimos que tendrá el sistema. Como no queremos jugar a adivinos y
pitonisos, nuestras proyecciones llegan hasta el año 2015, periodo que tampoco le debería extrañar a S.S. porque es exactamente el mismo periodo de tiempo que se marcó cuando se hicieron las anteriores proyecciones por el anterior Gobierno en el
año 1995; se cogió exactamente la misma duración temporal. No nos tiene que extrañar a nadie porque además le digo a S.S.
que estas proyecciones las han hecho las mismas personas, exactamente los mismos actuarios de la Seguridad Social que
hicieron las del año 1995. En relación con esto también le haré algún comentario al señor Ruiz. Eso en relación con los ingresos, pero los gastos llegan hasta el año 2040 porque los gastos sí se pueden determinar a mucho más largo plazo. Lo que
nos dicen las proyecciones de gasto es que a partir del año 2015 o del 2020 -por poner una cifra exacta-, en ese período quinquenal, se va a incrementar de manera importante el gasto en prestaciones en nuestro país por una cuestión


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demográfica principalmente. Ese es justamente el reto al que este informe tiene que poner base de solución, el del envejecimiento demográfico. Esa es una cuestión difícilmente discutible y nadie puede decir que tenga ninguna falta de rigor
porque las previsiones -sobre todo cuando tienen esa base de cambio demográfico- resultan difícilmente discutibles. Eso es precisamente lo que lleva al Gobierno no sólo a presentar este informe junto con el resto de gobiernos de la Unión, sino a
decir que es hoy cuando tenemos que empezar a adoptar soluciones si queremos que aquello no se convierta verdaderamente en lo que pueda resultar un peligro para nuestro sistema de protección social. Por eso no creo -lo reitero y lo volveré a decir-
en el inmovilismo y en el anquilosamiento. La posición más fácil para este secretario de Estado sería decir: Señores, tenemos la mejor Seguridad Social de la historia de España -que es verdad-, pero como la tenemos, vamos a estar todos muy
contentos y no vamos a hacer absolutamente nada. Ese sería el peor error que podríamos cometer, sin lugar a dudas; lo tenemos que hacer, señoría -permítame que en esto comparta la conclusión que usted ha expresado-, como lo hemos venido haciendo
hasta ahora, con acuerdo político y con acuerdo social en el desarrollo del acuerdo político. Sin querer determinar ningún tiempo en esta Cámara, en ese papel de impulsor que S.S. me ha dado al principio de su intervención, quisiera animarles a
todos ustedes a que esa renovación del Pacto de Toledo esté cuanto antes porque creo que es algo enormemente importante no sólo para el sistema de protección social de nuestro país sino también para el conjunto de la sociedad española.



En el terreno personal, señoría, le diré que a pesar que ha manifestado que espera jubilarse dentro de 15 ó 20 años -creo que ese ha sido el tiempo que ha dado, más o menos-, estoy seguro de que con las ganas que pone S.S. en el trabajo
poco me costará convencerla para que se acoja al nuevo sistema de jubilación gradual y flexible y sea capaz de alargar su vida laboral, aunque sea compatibilizándolo con parte de la pensión, cosa que se puede hacer a partir de ahora. (Risas.)


Al señor Ruiz López tengo que decirle que ha reiterado una cuestión que el otro día tuvimos ocasión de manifestar, que no de debatir, respecto a los informes europeos y el superávit de la Seguridad Social y su relación con las cuentas del
Estado. Es un tema recurrente, pero el señor Ruiz quiere que entremos y yo entro y lo intentaré explicar, porque lo he hecho en muchas ocasiones incluso en esta Cámara, de la forma más didáctica posible.



En primer lugar, no es cierto que haya informes europeos que indiquen lo que el señor Ruiz dice. Hubo un informe que nos dijo que teníamos que ser más ambiciosos en la dotación del fondo de reserva. Nada más publicarse en el informe que
teníamos que ser más ambiciosos, fíjese si fuimos ambiciosos que lo dotamos con todo lo que estaba previsto llegar de aquí al 2004. ¡Más ambición que esa! Seguimos siendo tan ambiciosos que lo seguimos dotando en los ejercicios del año que viene.
El informe no dijo que lo hiciéramos mal, pero tampoco dijo en modo alguno que se pusieran en solfa nuestras cuentas públicas en términos de contabilidad nacional por la existencia de un superávit en la Seguridad Social y un déficit en el subsector
Estado. Le tengo que decir al señor Ruiz que hará prácticamente dos o tres semanas las cuentas del Estado español han sido ya revisadas por los organismos europeos y han cerrado las cuentas del año pasado, donde esta situación ya se daba, con un
déficit del 0,1 en las cuentas, ya las han cerrado y han dicho que están bien y que no hay ningún problema. Hay otros países que tienen más problemas para presentar sus cuentas, es un debate que ahora mismo tenemos. O sea, que no se pone en solfa
esto. Además es una cuestión tan tremendamente clara que estar constantemente llamando a lo que podría ser la confusión para no sé qué réditos, tampoco lo acabo de ver claro, no acaba de ser comprensible, sobre todo por la sociedad española y por
los pensionistas.



Tenemos un sistema de Seguridad Social con superávit y tenemos un subsector Estado con déficit. Bueno, pero como tenemos que presentar unas cuentas en términos de contabilidad nacional, al igual que hacen todos los países de nuestro
entorno, el famoso SEC-95, pues los subsectores compensan sus déficit y sus superávit, a efectos de presentación de las cuentas en términos de contabilidad nacional, y ese superávit de un lado se compensa con el déficit del otro; podría no haber
déficit en el otro y entonces habría una situación de superávit; o podrían estar en equilibrio los dos subsectores; o podría ser uno mayor que el otro y entonces aparece déficit o superávit. Creo que es algo relativamente sencillo de comprender,
incluso para una persona que como yo es de letras, porque eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con que una sola peseta de la Seguridad Social se destine a algo que no sean funciones de la Seguridad Social: pagar pensiones,
gestionar el sistema o dotar el fondo de reserva. Ni una sola peseta. Me preguntan siempre: ¿Dónde está la peseta o el euro que no está en el fondo de reserva? Señorías, siempre lo digo, en la cuenta, ¿dónde quieren que esté? En la cuenta que
tiene la Seguridad Social en el Banco de España, si no tenemos más; o está en el fondo de reserva o está en la cuenta. Ello sin entrar en unos debates sobre derechos caja-devengo, que siempre que se debate en esta Cámara a alguien le ha salido mal
cuando ha salido. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando en términos presupuestarios de que existen derechos reconocidos pendientes de cobro y justamente en términos de contabilidad nacional lo que se hace es el ajuste de quitar los
derechos reconocidos pendientes de cobro para acercarlos solamente al criterio de caja. Por eso a lo mejor resulta que alguien puede ver que no existe tampoco cierta diferencia entre


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lo que es, en términos presupuestarios, la ejecución de un presupuesto y en términos de contabilidad nacional.



Hay una pregunta que es lo que realmente podría preocupar a un pensionista de hoy o a quien sea pensionista en el mañana: ¿Es que el dinero de mis cotizaciones sociales o de la parte que está financiando el Estado, vía impuestos, que van al
sistema de protección social, se está utilizando para hacer otras cosas? No, radicalmente no, sólo para hacer las funciones propias que tiene encomendadas la gestión de la Seguridad Social. Con lo cual sería bueno que en este debate no llamáramos
a la confusión constantemente sobre si la Seguridad Social está financiando con superávit el déficit del Estado, porque no es cierto que esté financiando el déficit del Estado. El Estado tiene déficit, la Seguridad Social superávit, la Seguridad
Social ahorra su superávit y al Estado no le queda más remedio que hacer con su déficit lo que se hace con todos los déficit, que es acudir a la deuda para que se pueda financiar lo que sus propios ingresos fiscales no le permiten en ese caso, pero
no desde luego el dinero de la Seguridad Social. Quiero reiterar, señoría, que puestos a elegir prefiero una Seguridad Social en superávit -a lo mejor lo hago de manera egoísta, porque soy el secretario de Estado- que en déficit. Si me dan a
elegir y me dicen: ¿Qué prefiere usted? Si tengo que elegir quién está en déficit, si la Seguridad Social o el subsector Estado, como secretario de Estado le digo que prefiero que esté en déficit el subsector Estado y que esté en superávit la
Seguridad Social.
Usted me dirá que la situación ideal sería todo el mundo en equilibrio presupuestario. Bueno, a lo mejor esa sería la situación ideal, pero hay quien comparte, como cree el Gobierno, que desde luego lo mejor para las cuentas
públicas es la de estar situadas en equilibrio presupuestario, como están en estos momentos las cuentas públicas españolas.



Coincido con lo manifestado por el señor Ruiz en cuanto al momento, a la menor presión demográfica y a la situación de nuestro mercado de trabajo debido al incremento que ha habido de puestos de trabajo y de afiliación.
Posteriormente ha
hecho una referencia a que algunos informes del año 1995 auguraban ya déficit en el sistema de Seguridad Social para el año 2000 que -y ha utilizado esa expresión- afortunadamente no se han producido. El que no haya en estos momentos los déficit
que algunos auguraron en el año 1995 tiene poco o nada que ver con la suerte y tiene mucho que ver con las reformas que se vienen haciendo desde el año 1996 tras el Pacto de Toledo, mucho que ver. La principal causa de que estemos como estamos son
los cuatro millones más de afiliados que en estos momentos tiene nuestro sistema de protección social, aparte de esa menor presión demográfica que pueda existir en estos años, pero que no hubiera servido para nada, repito, si no tuviéramos cuatro
millones más de cotizantes de los que teníamos en el año 1996, junto al resto de políticas no sólo económicas y de empleo, sino de protección social, que hacen que cada vez nuestro sistema tenga una mayor racionalización en cuanto al destino de los
fondos del mismo.



El señor Ruiz nos pedía menos proyecciones, que no hiciéramos mucho caso de ellas, a la vez que la señora López i Chamosa nos pedía más proyecciones y durante más tiempo. Estoy por hacer a ambos una propuesta.
Vamos a quedarnos con las que
aciertan. En el año 1995 acertaron unas proyecciones: las que hicieron los actuarios de la Seguridad Social española. Tengan ustedes la plena convicción de que puestos a acertar, los que vuelven a acertar en el año 2001 son los actuarios de la
Seguridad Social española, que son las proyecciones que se contienen en este informe y que además se trajeron hace más de un año a esta propia Comisión, porque si fueron capaces de acertar entonces, hay que presumir al menos que habrán sido capaces
de acertar ahora. Estoy completamente seguro de ellos. Además, con eso acabamos con un debate que desde luego al Gobierno no le interesa en absoluto, porque cree que está completamente superado, que es el debate sobre la capitalización y el
reparto. Nosotros tenemos un buen sistema de Seguridad Social, apoyado en tres pilares, porque así lo determina nuestra Constitución, y creemos que ese sistema tiene vida para rato. Ya hemos cumplido cien años y nos quedan bastantes más que esos.
No hay que entrar en falsos debates, que la sociedad ni quiere ni entiende, sobre capitalización y reparto. Podrán aparecer informes de las instituciones que usted quiera, que el Gobierno irá a lo suyo, que es mantener viable a futuro el sistema de
protección social, tal como lo tenemos configurado en estos momentos. No somos alarmistas, en absoluto, sino realistas. Hoy estamos bien, pero queremos seguir avanzando, reformando, para seguir estando bien en el futuro. Para eso, hay que
coincidir con todo lo que S.S. ha dicho: pleno empleo y estable, pues pleno empleo y estable, la principal de las bases para ello; el fenómeno de la inmigración, que hoy tenemos ya, en números redondos, 800.000 afiliados a la Seguridad Social
provenientes de terceros países, con crecimientos de más del 140 por ciento de un año para otro. Me parece que eso pone claramente de manifiesto el esfuerzo de integración socio-laboral que se está haciendo por parte de nuestro país, con unos
crecimientos verdaderamente espectaculares de la mano de obra extranjera.



Evidentemente -como también ha dicho su señoría- tenemos que atender al fenómeno de la dependencia. El fenómeno de la dependencia también va a traer consigo -la expresión nunca la considero la más afortunada, pero es la que está al uso-
nuevos yacimientos de empleo. Sus señorías, junto con el grupo de trabajo al que anteriormente he hecho referencia, tienen que decidir cómo afrontar ese tratamiento de la dependencia.



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Coincido en varias cuestiones de la intervención del señor Ruiz, pero una de ellas no la he entendido bien. Dice que vamos siete puntos por debajo de la media europea en los ingresos fiscales. No sé si el señor Ruiz con esto quería
decirnos que subiéramos los impuestos; si es así, la respuesta es que no, que los vamos a bajar, porque creemos que eso también es bueno para crear empleo, para crear afiliaciones al sistema de Seguridad Social y para mantener el sistema estable a
futuro.



Nuevamente coincido con el señor Ruiz respecto a la importancia del Pacto de Toledo. Ha hecho una reflexión sobre ello y ha calificado los acuerdos posteriores como beneficiosos. Ha dicho que aceptaba toda clase de sugerencias. Ha
utilizado la expresión mantener el rumbo de esta Comisión, y yo desde luego no me considero el timonel de esta Comisión.
Sus señorías saben marcar el rumbo perfectamente, pero me tienen aquí como el último -y permítanme otra vez el símil marinero-
de los grumetes para hacer que este barco llegue a buen puerto.



Posteriormente ha hecho una reflexión sobre la equiparación de autónomos al régimen general y unas declaraciones, no sé exactamente de qué representante -porque hay varias plataformas de autónomos-, aunque en esto coinciden todas. El
Gobierno lo que ha hecho hasta ahora es cumplir con la recomendación del Pacto de Toledo sobre convergencia de regímenes, cumplir con el acuerdo de 1997, cumplir con el acuerdo del año 2001 y este año, en el proyecto de ley de acompañamiento, se
contempla la principal de las medidas que en dicho acuerdo se manifestaba. Los autónomos, a partir del año que viene, tendrán acceso a la invalidez permanente total cualificada y también, cuando así lo decidan, tendrán cubierto los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales. Son dos peticiones históricas del colectivo de autónomos en nuestro país que van a ser una realidad el año que viene, y lo hemos hecho dentro de ese marco. Además lo hemos hecho dentro del mandato de esta
propia Cámara, porque éstas también se encontraban recogidas en las conclusiones de la subcomisión que al efecto se constituyó en esta Cámara y que fueron aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados. Le diría más al señor Ruiz, hay una
serie de conclusiones de esa subcomisión que no están contempladas en el acuerdo entre el Gobierno, Comisiones Obreras, CEOE y CEPYME. Sin embargo, el Gobierno está dispuesto no sólo a estudiarlo, que ya lo está haciendo, sino también, en virtud de
las conclusiones de sus estudios, a adoptarlas, como sería, por ejemplo, la ampliación, desde el cuarto al decimoquinto día, para que puedan percibir la prestación económica de incapacidad temporal en el caso de los autónomos, así como algunas otras
más que tenemos que hacer para cumplir el mandato de esta propia Cámara y el acuerdo de la subcomisión, aunque en su momento no fuera determinado como prioridad por los agentes sociales y el propio Gobierno.



Comparto prácticamente las cuatro reflexiones que ha hecho la señora Riera, pero, a su vez, permítame que le haga yo algunas. El momento económico no es fácil, es verdad, no debemos relajarnos, pero es cierto que lo estamos afrontando de la
mejor de las maneras posibles. En otros momentos en nuestro país estaríamos bastante peor que lo que está sucediendo ahora en Alemania o Francia. Estaríamos destruyendo empleo, tendríamos riesgos de inestabilidad en nuestro sistema de protección
social y, en cambio, ahora seguimos creando empleo. Es cierto que creamos menos empleo que hace dos o tres años, pero seguimos creándolo en un momento de desaceleración económica mundial. Lo que tenemos que hacer es seguir incidiendo en esas
políticas a las que hacía referencia S.S., económicas, de empleo y de protección social adecuadas para mantener en unos momentos complicados, como son estos, esa creación de empleo. Así, podremos conseguir el mantenimiento de estas políticas que
nos permitan -aquí quiero, si me permite S.S., realzar la coincidencia- no mantener sino aumentar el gasto social. Si algo nos caracteriza, como sociedad avanzada que es la sociedad española, es que no podemos renunciar a eso que se ha denominado,
lo he dicho en mi primera intervención, modelo social europeo. Y se caracteriza claramente porque hasta en la peor de las situaciones tenemos que ser capaces de no poner en riesgo el mismo y de ir avanzando constantemente en la medida de lo posible
en lo que tiene que ser la cobertura social en nuestro país. Lo estamos consiguiendo y gran parte de ese éxito es el equilibrio en las cuentas públicas. Así como otros países de nuestro entorno están cargando sobre sus déficit nuevamente, lo que
puede ser el mantenimiento de sus políticas sociales, y eso va a ser un error que les va a pasar factura a medio y largo plazo, nosotros estamos consiguiendo que desde el equilibrio de nuestras cuentas públicas mejoramos nuestra cobertura social.
En los presupuestos que hoy se empiezan a debatir en esta Cámara se ve claramente ese incremento de gasto social para un año en el que, con equilibrio presupuestario, estamos creciendo mucho menos de lo que crecíamos en años anteriores. Se ve
claramente en el presupuesto de la Seguridad Social, en este caso no son mis competencias, pero basta asomarse, permítanme la expresión, al presupuesto de Asuntos Sociales para el año que viene y verán que hay crecimientos superiores al 20 por
ciento en muchas partidas que desde luego están muy por encima del crecimiento tanto de nuestra economía como también de la desviación de precios o de la desviación de inflación calculada para el año que viene. Desde esa perspectiva también puedo
hacer mías las palabras de S.S. en cuanto a que las situaciones, a los retos del mañana tenemos que empezar a darles soluciones también hoy.



Asimismo, hay situaciones, y aquí no sé si puede haber cierta discrepancia, a lo mejor la hay, que tenemos que afrontar hoy en día. Ha hecho referencia S.S.



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a las pensiones de viudedad. Ya he dicho antes el enorme esfuerzo que se está haciendo. Es un esfuerzo tremendamente importante no sólo para las viudas, sino también para los pensionistas que perciben prestaciones mínimas o los que
llamamos perceptores de prestaciones SOVI. Sin embargo, podemos seguir avanzando. El esfuerzo es importante, pero podemos seguir avanzando y hay algunas cuestiones como la que ha hecho referencia S.S., respecto a compatibilidades e
incompatibilidades que también se están estudiando en el seno del Gobierno para ver si podemos mejorar la situación de algunos colectivos. En este caso me estoy refiriendo concretamente a los perceptores de prestaciones SOVI, pero sólo lo podemos
hacer, y permítanme esta reflexión, desde un sistema de Seguridad Social saneado financieramente como el que tenemos ahora. Lo que sería una locura es que desde un sistema de Seguridad Social inestable financieramente, encima nos dedicáramos a
cargar el gasto del mismo a mejorar las prestaciones. Se puede hacer como lo estamos haciendo ahora.
Hacerlo de otra manera, que parece que sería la conclusión a la que llegarían otros grupos, sería una auténtica locura para nuestro sistema de
protección social.



En cuanto a la dependencia, ya hemos hecho una serie de referencias que creo que a S.S. le son completamente válidas. Comparto plenamente la conclusión final respecto a que tenemos que seguir realizando nuevas reformas. No podemos
pararnos en la realización de reformas para poder seguir mejorando nuestro sistema de protección social. Las reformas, en todo caso y comparto lo dicho por S.S., son para mejorar. Su señoría representa a un grupo que ha hecho de la reforma
constante, pactada, casi bandera de muchas o de todas de sus políticas. Lo comparto plenamente.
Tienen razón y debe ser así. Al menos en materia de Seguridad Social estoy completamente convencido de ello. Son las constantes reformas, reformas
pactadas, reformas consensuadas sin parar las que permiten que un sistema vaya evolucionando, adaptándose a la realidad profundamente cambiante y dando soluciones a los problemas o retos que sabemos tenemos que afrontar de presente y de futuro.



Estoy seguro de que a nadie le extrañará en esta Comisión que diga que coincido plenamente con la intervención del señor Burgos. Permítanme resaltar algunas consideraciones que ha hecho tremendamente acertadas. En cuanto a la
proporcionalidad, contributividad, etcétera, ya me he referido anteriormente. También ha utilizado otra expresión, pero si pone en el eje de nuestra actuación política en materia de Seguridad Social del Gobierno, y desde luego del grupo que lo
sustenta, que lo hacemos para ampliar la intensidad de la protección, ese es verdaderamente el objetivo de nuestra política y quiero volver a decirlo aunque sea de otra manera. Sólo podremos pagar más y mejores pensiones si tenemos una Seguridad
Social como la que tenemos ahora, si no, será imposible.



Coincido en cuanto a las reflexiones que ha hecho S.S. sobre los complementos a mínimos -también las he hecho yo anteriormente-, sobre los servicios sociales. En cuanto a la dependencia ha dicho una cosa que me parece tremendamente
importante. Habla S.S. de que ha de afrontarse la solución a ese reto en esta Comisión, de que también se tiene que hacer fuera de ella pero que hay un principio que el Grupo Parlamentario Popular en ese debate desde luego no renuncia a él y va a
mantener, principio que ya le puede decir también el Gobierno que hace completamente suyo, el de la igualdad y el de la solidaridad. Sea cual sea el sistema de atención a la dependencia, sea cual sea el sistema que se acuerde para hacer frente a
este fenómeno, lo que no contempla el Gobierno es que puedan existir diferencias en razón del territorio en el que uno tenga la desgracia de ser una persona dependiente necesitada de cualquiera de los auxilios. Hay que garantizar un mínimo para
toda persona dependiente, con independencia, y permítanme utilizar en este caso esa doble expresión, de donde uno esté residiendo en el momento en que tenga necesidad de protección, y el Gobierno, en toda esta fase de decisión sobre cuál tiene que
ser nuestro sistema, va a mantener a rajatabla ese principio de igualdad y de solidaridad. Tal vez -y digo tal vez porque estamos convencidos de ello, pero la conclusión final no depende sólo del Gobierno- la mejor de las soluciones sería una ley
básica de dependencia consensuada entre el Gobierno, agentes sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos. Respetando escrupulosamente las competencias de todos y cada uno de ellos debemos ser capaces de determinar el nivel de atención a
situaciones como esta, que en ningún caso puede ser vulnerado.



Ha hablado S.S. del moderno concepto de jubilación, de los 4 millones de afiliados más. No lo he dicho en mi anterior intervención, pero voy a usar sus palabras: el Gobierno está tremendamente orgulloso de unas políticas que han traído un
buen resultado; a mí me parece un resultado histórico. Tal vez la perspectiva histórica nos permita dentro de algunos años evaluar, de manera distinta a la que se pueda hacer desde la inmediatez, el cambio que se ha producido en nuestro país en
los últimos años, sobre todo en relación con nuestro mercado de trabajo y nuestro sistema de protección social. Desde luego hemos sido capaces de crear cuatro millones de afiliados más en seis años, el doble de los que se crearon en los 12 años
anteriores, el doble en la mitad de tiempo.



En cuanto al equilibrio presupuestario, tampoco hay discrepancia, señoría (más empleo más afiliaciones más estabilidad para el sistema). Yo no lo tengo aquí, si no, lo enseñaría -SS.SS. lo conocen-, un cuadro que tampoco lo hemos puesto
hoy en el que se ve claramente la relación entre déficit o superávit, empleo y afiliación.



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A mayor déficit del Estado, menos empleo y menos afiliación, por lo tanto, más inestabilidad para el sistema de protección social; a equilibrio presupuestario o superávit, más empleo, más afiliación y, por lo tanto, mayor capacidad para
cualquier sistema de protección social, capacidad que se ve en el fondo de reserva y capacidad que se ve también en todas las referencias que ha hecho S.S. respecto a la modernización, que es algo que preocupa al Gobierno, porque si estamos
hablando de adaptarnos a los tiempos cambiantes, tenemos que tener en cuenta que están cambiando las formas de producir, que se producen cambios sustanciales en nuestro mercado de trabajo y que la preocupación desde la Seguridad Social española es
desde luego que nadie, por esos cambios que se están produciendo, pueda tener mermas en la cobertura social a la que sin lugar a dudas tiene derecho. La reforma que hicimos, en cuanto a la protección social, del tiempo parcial y la jubilación
parcial en nuestro país son avances en ese camino de intentar compatibilizar nuevas formas de trabajo y de producción con cobertura social plena para los trabajadores que así lo desean.



Quiero decirle, en relación con las referencias que usted hace respecto a la mujer, que no puedo estar más de acuerdo. Son muchas, y he tenido ocasión de decirlo en mi primera intervención, las cuestiones que tienen que ver con el
mantenimiento a futuro de nuestro sistema de protección social, pero una de ellas, sin lugar a dudas, pasa por la incorporación plena de la mujer a nuestro mercado de trabajo. La incorporación plena de nuestra mujer al mercado de trabajo sólo será
posible, como bien ha dicho S.S., si tenemos en cuenta que hay que compatibilizar la maternidad con la incorporación al mercado laboral. Para ello se tomaron iniciativas como el doble coste cero, la Ley de conciliación familiar y laboral, las
medidas de incorporación al mercado laboral de mujeres que hayan tenido un hijo -que cuentan ya con el cien por cien de las bonificaciones de cotizaciones al sistema-, y también con la aparición en la reforma del IRPF de un impuesto negativo para
las mujeres con hijos de cero a tres años que se encuentren en el mercado laboral, así como las bonificaciones para empresarios que contraten mujeres en esa situación. Estamos en el buen camino, pero todo esfuerzo en esta materia es poco, y hay que
seguir incidiendo en dar mayores posibilidades a las mujeres que quieran incorporarse a nuestro mercado laboral sin que, en ningún momento, el hecho de ser madre pueda alejarlas del mismo o ser un impedimento para que no se produzca.



Reitero que comparto totalmente mi conclusión final con el señor Burgos, y permítanme que acabe como he empezado, sin que a nadie de esta Comisión le pueda extrañar.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguna puntualización sobre lo dicho? Dada la hora, a lo mejor alguien quiere comer, si no, seguiríamos aquí hasta las cuatro, que es la hora prevista para iniciar el Pleno.



Señora López i Chamosa, tiene la palabra brevemente.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, quiero comer y quiero hacer alguna puntualización.



Por falta de tiempo no voy a entrar en todos los temas, pero tiene usted la costumbre de considerar algunas cosas literalmente, y otras como mejor le parece, para luego dar su explicación. (Risas.)


Le quería comentar dos cuestiones. En cuanto a los servicios sociales, yo no estoy en contra -faltaría más, cómo no voy a estar a favor y alegrarme- de que el Gobierno muestre su vocación de servicios universales. Lo que yo digo es que en
el documento no se manifiesta la vocación sino que lo afirma. Esto es lo que yo le he manifestado.



Respecto al tema de las pensiones, es verdad que pasar de 8 a 15 años ha permitido que la pensión media siga creciendo, sin ninguna duda. Lo que habría que analizar es que si nos hubiéramos quedado en los 8 años seguramente habría crecido
más. No podemos decir las cosas a medias.
Usted ha hablado de pasar de 2 a 5 años de cotización. Como es bastante más joven que yo, no lo recordará, pero cuando estábamos en dos años en este país nadie cotizaba por salario real, sino que cotizaba
por lo mínimo, y cuando faltaban dos años para la jubilación se pasaba a la cotización máxima. Por ello era eminentemente necesario corregir eso.
Creo que es asumible por todos. Se trata de poner cada cosa en su sitio.



En cuanto a las pensiones de viudedad y su compatibilidad con el SOVI, es algo que nosotros también venimos reclamando desde hace tiempo. Hay un estudio de la secretaría de la Seguridad Social de hace tres o cuatro años, a petición de esta
diputada, que cuantifica la compatibilidad del SOVI con la pensión de viudedad en 9.000 millones de pesetas. Por lo tanto creo que sería factible hacerlo sin ningún coste.



Cuando he hablado de la subida de las pensiones mínimas por encima de la inflación, me he referido a todas. ¿Cuánto costaría? Y quiero decirle al señor Burgos que yo todavía no he pedido esas subidas, sino los costes que supondrían las
mismas. Luego decidiremos si las pedimos o no, pero ahora estoy hablando de coste.



Voy a hacer una reflexión en relación con esta Comisión. ¿Quién no puede coincidir con usted cuando dice que quiere una Seguridad Social con superávit? Eso es algo que quiere todo el mundo. No creo que haya nadie en este país que quiera
lo contrario. Son afirmaciones innecesarias, por ser compartidas por todo el mundo. Y el señor Burgos, al que tengo un respeto personal y aprecio, sólo se ha dedicado a criticar a los grupos parlamentarios y a mi partido, pero no ha dicho
absolutamente nada de lo que quiere el PP en estos temas. Pues bien, señorías, si ese es el contenido de esta Comisión,


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cerrémosla, porque no sirve realmente para lo que el secretario de Estado está diciendo que tiene que servir y que mi grupo comparte; tiene que servir esta Comisión para debatir y hacer propuestas. Por tanto pediría al presidente que si
realmente tenemos propuestas del Gobierno encima de la mesa, -porque no nos engañemos, señor Camps, no va a haber diferencias entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, sería lo nunca visto-, que saquemos conclusiones y tomemos decisiones.
Si no es así, le sugeriría al señor presidente que mientras tanto cierre la Comisión o la suspenda en el tiempo hasta que podamos entrar a debatir. Porque hacer intervenciones en las que unos nos metamos con otros y que el Grupo Popular sólo sirva
para meterse con el Grupo Socialista, no tendría mucho sentido.



Me voy a referir a un tema muy importante para mí. Comparto lo que usted dice; los prejubilados no son todos iguales. Cómo van a ser todos iguales. Comparto totalmente la definición que usted ha hecho. ¿Sabe por qué yo le hablo de
todos? Porque he formulado dos preguntas a este Gobierno, en ocasiones diferentes, solicitándole que me diferenciara, de 1.260.000 prejubilados, cuántos son procedentes de un expediente y cuántos no, o si son voluntarios de la jubilación
anticipada. Usted me dice que es imposible saberlo porque ese dato no existe, porque ni el INEM ni la Seguridad Social hacen la diferenciación. Señor Camps, yo le digo, si no puedo hacer diferenciación de los prejubilados que salieron más
perjudicados, mejoremos al conjunto. Si se puede hacer la diferenciación, obviamente, que se compense a aquellos que han sido más perjudicados. Pero prefiero beneficiar a unos antes que perjudicar a los que no merecen ser perjudicados.



Es verdad -y con esto termino- que algunos prejubilados lo han sido en anteriores gobierno, porque la ley ha sido aplicada antes y después, pero hay muchos de ahora, de Telefónica y de empresas pequeñas, que se han quedado con coeficientes
bajos. Pero es más, si tanto recuerda usted el pasado, recuerde que prejubilados anteriores, provenientes de reconversiones industriales, están ricamente jubilados porque cobran el cien por cien a los 60 años. Por tanto en el pasado ha habido de
todo. Lo único que pido, repito, es que se compense a aquellos que salieron perjudicados en las rescisiones de contratos y en los cierres patronales.
(El señor Ruiz López pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz, muy brevemente.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario de Estado, ser ambicioso en el fondo de reserva lo puedo interpretar como destinar los recursos de la Seguridad Social a ese sistema y no a otros menesteres.
Cuando la Comisión decía que
había que ser ambicioso se refería no solamente a cumplir con el fondo de reserva, sino precisamente a que todos los recursos se destinaran a la Seguridad Social. Usted dice que mejor una Seguridad Social con superávit que con déficit.
Efectivamente.
Pero depende de qué y a costa de qué. Porque si vamos a estar orgullosos de tener una Seguridad Social con superávit, pero al mismo tiempo tenemos a la mitad de los desempleados sin cobertura, si hay colectivos importantes de esta
sociedad con pensiones de miseria, para eso no merece tener una Seguridad Social con superávit. Lo primero que hay que hacer es atender a todos los colectivos, dándoles la cobertura que todavía no tienen y si después de eso seguimos teniendo una
Seguridad Social con superávit, bienvenida sea. Afortunadamente, la situación de la Seguridad Social es buena y tiene que ver con el ciclo económico que ustedes han tenido la suerte de gestionar. Eso nadie se lo va a negar. Y cuidado con las
previsiones a largo plazo, y he puesto ejemplos.



También quiero decirle que el hecho de que el Partido Socialista y nosotros estemos en la oposición no quiere decir que coincidamos en todo.
La pluralidad es muy bonita y coincidimos en muchas cosas, pero en otras no. Mi grupo ha apoyado
el último acuerdo de pensiones con Comisiones Obreras y CEOE y el Partido Socialista no.



Usted ha puesto al mismo nivel la capitalización y el reparto. Yo sólo quiero hacerle una puntualización. El sistema de reparto es obligatorio y el de capitalización es voluntario.



El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Sólo quiero agradecer las palabras del secretario de Estado y la puerta abierta que ha dejado con relación a les pensiones SOVI.



Espero que este informe que se ha presentado, que nos ha de servir internamente, también pueda servir para acercar posiciones en el ámbito europeo.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señora Chamosa, este es un parlamento. No debería usted sentirse tan molesta porque entre 26 referencias que he hecho a este documento sobre la estrategia nacional de este país se me haya deslizado alguna
referencia a alguna de sus puntualizaciones. Como parlamentarios que somos, eso no sólo no nos debería disgustar, sino que es precisamente la esencia de nuestra presencia aquí. Probablemente, a usted no le gusta que le recuerden algunas de sus
contradicciones, pero es que ha incurrido en dos que, de pasada, en el entorno de una intervención que este portavoz sí ha querido centrar en el objeto de esta comparecencia, que es el debate de esta estrategia nacional, se han podido deslizar. En
todo caso, han sido figuras metafóricas y recursos expresivos que forman


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parte del escenario en el que nos movemos y que no deben molestar a ningún portavoz.



Señor secretario de Estado, la receta que se traduce de sus palabras es clara: Estado y Seguridad Social, Seguridad Social y Estado deben trabajar conjuntamente, aplicando políticas coherentes, políticas coordinadas, que combinen rebajas de
impuestos, bonificaciones selectivas en cotizaciones y que de esa manera consigamos mantener esta línea de equilibrio presupuestario, de incremento del empleo, de incremento de la afiliación y de saneamiento financiero.



El señor PRESIDENTE: Para terminar, tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa): Voy a ser muy breve.



Señora Chamosa, no sé si la costumbre que tengo en mis intervenciones es mala o buena o si la adquirí en esta Cámara, pero estoy dispuesto a cambiarla si S.S. entiende que no es la adecuada, aunque nos ha valido, entre otras cosas, para ver
que en materia de Seguridad Social coincidíamos más de lo que de su primera intervención se desprendía. Me ha quedado alguna duda sobre si su grupo parlamentario y su partido se están replanteando ahora el apoyo que hicieron en su momento al
cálculo de base reguladora pasando de 8 a 15 años. Su señoría lo recordará, porque creo que lo votó afirmativamente, pero con las expresiones que ha utilizado no sé si es que se están replanteando aquello -fíjese cómo cambio mi costumbre; no lo
afirmo, lo pregunto- o si lo que entonces veían bueno ahora lo ven malo. No acabo de ver por qué -y no me tome el ejemplo literal- pasar de 8 a 15 años era bueno y de 15 a 16 es malo. No lo veo.



En todo caso, los informes que ha pedido S.S. le serán facilitados por el Gobierno. Sabe usted que es una cuestión muy compleja. Probablemente hubieran tenido pensiones mayores de lo que han subido las pensiones medias de jubilación o no.
O depende del colectivo, o de sus últimos años de cotización, o de cómo evolucionen los salarios en nuestro país, porque si cambian de una manera o de otra van a tener una repercusión en la pensión que se vaya a calcular. Depende de tantas cosas,
señoría, que afirmar con rotundidad que lo que está haciendo todo el mundo sea lo mismo que bajar las pensiones me parece tremendamente arriesgado, permítame ese juicio de valor.



Vuelvo a los informes y veo que S.S. se los estudia. Se estudió el del SOVI y la compatibilidad, que es el que estamos utilizando de base para ver cómo podemos llegar, porque si hubiéramos podido hacerlo en los términos del propio informe
y gastarnos los 9.000 millones de pesetas en esa compatibilidad lo hubiéramos hecho. Si no lo hemos podido hacer hasta ahora es porque no podemos o el Gobierno entiende que no se puede; pero lo que no queremos hacer es cerrar toda la puerta, por
eso la tenemos abierta a fin de ver la posibilidad de que se pueda mejorar vía compatibilidad-pensiones SOVI, petición tanto de su grupo como de otros de esta Cámara. Lo que sí me extraña es que luego diga: tráigame usted el estudio de la subida
de todas las pensiones mínimas en un uno por ciento para que podamos tomar decisiones. El año pasado también pidieron esa subida y no me pidieron ningún estudio previo. ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Sin estudio? Hubiera sido algo paradójico. ¿O
tenían un estudio que luego se demostró irreal y por eso se lo piden este año a quien lo calcula bien antes de hacer los suyos propios? (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.- Risas.- Rumores.) Que me lo pida este año
para tomar una decisión y que no lo hiciera en los años anteriores, cuando pedían eso exactamente igual, me lleva a que lo hacían de una manera arriesgada -no sabemos lo que cuesta pero vamos a pedirlo- o se han dado cuenta de que quien hace los
números bien es el Gobierno y ahora nos los piden antes de hacerlos ustedes mismos. Usted quiere un uno por ciento de todas las pensiones mínimas. Se le facilitará; pero mi Gobierno en ese caso se tiene que mover en el marco del acuerdo con los
agentes sociales, que sabe que no es la subida de todas las pensiones mininas. Allí se determina claramente qué pensiones mínimas de jubilación y cuáles de viudedad deben incrementarse por encima del mantenimiento del poder adquisitivo, como
también en las pensiones SOVI. Pero no se habla de todas las pensiones mínimas porque se entendía que algunas de éstas, que incluso han superado al salario mínimo interprofesional, han alcanzado un nivel que hace que tengamos que volcar todos
nuestros esfuerzos en otras pensiones mínimas que están mas bajas que otras que no necesitan de ese esfuerzo.



En cuanto al tema de los jubilados anticipados o prejubilados, ante nuestra propia imposibilidad de poder determinar fragmentariamente distintos colectivos, dentro de ese enorme colectivo que son los jubilados anticipados, es por lo que
hemos abierto esta ronda, para ver si ellos mismos son capaces -junto con nosotros- de determinar cuáles son los que tienen necesidad más perentoria para ser atendida por parte del sistema de protección social. Los colectivos de prejubilados y
jubilados anticipados, con los que yo me he reunido también comparten esa necesidad de si no es posible para todos, y entienden por qué presupuestaria y financieramente, que en todo caso sea posible para algunos, aquellos que peor salieron del
mercado de trabajo, de sus empresas, en un momento determinado.



Con el señor Ruiz tengo discrepancia de criterio en alguna cuestión y no es extraño, igual que tengo coincidencia con el portavoz Grupo Parlamentario Popular. La Seguridad Social no está con superávit a costa de que tengamos equis número de
desempleados sin cobertura. Tenemos menos desempleados sin cobertura que cuando


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la Seguridad Social estaba con déficit. Es decir, tenemos a la Seguridad Social con superávit y más cobertura para los desempleados de este país, y no es a costa de que haya pensiones de miseria en nuestro país expresión que ha utilizado
usted y que yo reproduzco por ser riguroso. La Seguridad Social tiene superávit y las pensiones de miseria son de menos miseria porque han subido de forma muy importante en los últimos años, con lo cual el superávit no es a costa de ello. Habría
que concluir de su expresión que el superávit se ha conseguido a base de bajar pensiones y dejar sin cobertura a desempleados, y lo que se ha producido es justamente lo contrario: hay superávit en la Seguridad Social, hay más cobertura para los
desempleados de este país y hay mejores pensiones mínimas, o las pensiones más bajas se han visto claramente aumentadas en los últimos años en los que se ha conseguido el superávit. Tampoco es cierto que esto tenga absoluta relación e
identificación con el tema de los ciclos i económicos. Yo sé que la labor de la oposición parlamentaria, si es posible, es negarle todo mérito al Gobierno y una manera muy fácil de hacerlo es decirle que ha tenido el ciclo a favor; que con el
ciclo a favor, usted y cualquiera. Pero ¿cómo va el ciclo ahora? Me temo que no tan a favor. Pues con el ciclo no tan a favor presentamos los mayores superávit de la historia de la Seguridad Social, y el año que viene, con el crecimiento
económico más bajo de los últimos años en los presupuestos, la Seguridad Social presenta unas cuentas con un superávit del 0,5. Algún mérito tendrán la labor de Gobierno y las políticas que el Gobierno desarrolla para que esto se produzca. Yo no
le digo que toda, pero reconocer algún mérito a la labor del Gobierno y sus políticas en este caso lo avalan los propios hechos a los que estaba haciendo referencia.



Agradezco nuevamente las palabras de la portavoz de CiU y el guante de la puerta abierta a la que hacía referencia S.S. está recogido. Al portavoz del Partido Popular exactamente lo mismo, acabando con una última reflexión, señor
presidente, si me lo permite. La labor de esta Comisión, a la que se ha hecho referencia, es tremendamente importante, y en estos momentos más que nunca la sociedad española en su conjunto y los que ya son pensionistas, perceptores de prestaciones,
están deseando que haya una renovación del Pacto de Toledo; renovación de expresión política y también de contenidos para esa adaptación a la realidad cambiante, que permita a quien le toque, el Gobierno y los agentes sociales, poder seguir
desarrollando ese proceso de reformas constantes a las que anteriormente hacía referencia.



Si me permite, en este caso, un deseo, señor presidente. Por lo que me toca de relación con esta casa, los parlamentarios de este país no sólo están suficientemente preparados, sino dispuestos a que esto sea una realidad dentro de pocos
meses.



El señor PRESIDENTE: Damos las gracias al secretario de Estado por sus buenos deseos. Tranquilizamos a la señora López i Chamosa, porque seguro que después de lo que ha dicho el secretario de Estado vamos a tener esas conclusiones pronto.



Se levanta la sesión.



Eran las tres de la tarde.