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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 582, de 10/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 582
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 70
celebrada el jueves, 10 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Número de expediente 121/000109) ...
- Del señor secretario de Estado de Seguridad (Astarloa Huarte-Mendicoa).
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001245) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001307)
... (Página 18818)
- Del señor director general de la Guardia Civil (López Valdivielso). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001250) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001311) ...
(Página 18829)
- Del señor director general de la Policía (Díaz de Mera y García Consuegra). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (números de expedientes 212/001249) y 212/001252) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 212/001310) ... (Página 18835)
- Del señor director general de Instituciones Penitenciarias (Yuste Castillejo). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001248) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente
212/001315) ... (Página 18843)
- Del señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (González González). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001246) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 212/001308) ... (Página 18850)
- Del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Robles Orozco). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001247) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente
212/001309) ... (Página 18857)
- De la señora subsecretaria de Interior (Cospedal García). A solicitud del Grupo de Coalición Canaria (número de expediente 212/001199), del Grupo Parlamentario Socialista (números de expedientes 212/001253 y 212/001251) y del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (números de expedientes 212/001306 y 212/001312) ... (Página 18865)
- Del señor secretario de Estado de Justicia (Catalá Polo). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de expediente 212/001215), del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001225) y del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001294) ... (Página 18871)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003. (Número de expediente 121/000109.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (ASTARLOA HUARTE-MENDICOA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001245) Y GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001307.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión.
Antes de empezar, damos la bienvenida al secretario de Estado de Seguridad, conocido de la Comisión y de la casa. Estoy seguro de que seguirá disfrutando de nuestra hospitalidad. Le deseamos el mayor éxito en el ejercicio de sus funciones
que son de tantísima responsabilidad y de tanto interés para todos.
Dicho esto, entramos en el desarrollo ordinario de la Comisión. Para formular las preguntas que estime pertinentes al secretario de Estado de Seguridad en relación con el motivo de su comparecencia, por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor secretario de Estado, en primer lugar bienvenido a esta su casa, nunca mejor dicho. Esperamos que su estancia aquí resulte no sólo gratificante, sino también eficaz y rentable desde el punto de vista de la
información que deseamos solicitarle, porque como sabe usted esta sesión se centra fundamentalmente en la necesidad de obtener los datos que el Gobierno debe aportar acerca de unos presupuestos que se van a debatir en esta Cámara y respecto a los
cuales los grupos de oposición, y particularmente el mío, quieren conocer ciertas precisiones antes de presentar las correspondientes enmiendas.
Lo primero que me gustaría es que nos diera una explicación sobre el incremento real que tiene el propio Ministerio del Interior, diferenciando aquellas partidas que se dedican específicamente a seguridad ciudadana de aquellas otras que no
tienen mucho que ver con ella. En este sentido, también sería muy importante que nos indicara cuál es el crecimiento porcentual del presupuesto respecto al año anterior, en los términos que le he dicho anteriormente.
Hay una cuestión muy importante en relación con el Ministerio del Interior, respecto a la cual le queremos pedir el mayor grado de precisión posible. Partiendo de la afirmación del señor ministro del Interior de que el llamado Plan de lucha
contra la delincuencia es un auténtico plan, deseamos saber, en primer lugar, los objetivos cuantificados del plan; en segundo lugar, la duración temporal y objetivos periodificados del mismo; en tercer lugar, la extensión territorial, el ámbito
espacial de aplicación del plan, y en último lugar, la financiación del plan de lucha contra la delincuencia. En relación con los programas operativos que contiene el plan -obviamente me refiero a la dimensión de Interior, no a la de Justicia, que
tiene otro ámbito de sustanciación-, en lo que se refiere al refuerzo de presencia policial en la calle y la oferta pública de 20.000 plazas hasta el año 2004, queremos que nos diga con la mayor precisión posible si se trata de cubrir 20.000
vacantes o de crear 20.000 plazas nuevas a añadir obviamente a las ya existentes, porque el resultado sería muy distinto.
Si se trata de añadir y crear plazas nuevas, según nuestras cuentas, en lo que se refiere a la Policía -porque también sería
conveniente diferenciar la parte que crece la Policía de la parte que crece la Guardia Civil- pasarían de 45.000 que hay en este momento a 57.825, que son las que habría en el año 2004; si las cuentas del Gobierno son crear nuevas plazas, como
hemos escuchado al señor ministro.
En el año 2003, señor secretario de Estado, ¿cuántos policías del Cuerpo Nacional habrá en nómina como servicio activo? No quiero saber en este momento cuáles son los alumnos en prácticas, ni tampoco los de segunda actividad, sino aquellos
que pueden ser plenamente operativos y estar en nómina como activos, y de ellos, cuántos policías nuevos se añaden en el año 2003 a los efectivos en servicio activo ya existentes. También queremos saber cuál ha sido el coste de la plantilla del
Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2002 y cuál va a ser en el año 2003, y lo mismo de la Guardia Civil. Otra cuestión muy importante, yo diría que importantísima, es saber cuál es el importe del incremento de las retribuciones, no solamente
la totalidad de lo que aparece en el proyecto de presupuestos, sino también el incremento de retribuciones que se piensa realizar -si es que el Gobierno piensa realizar alguno- en total, a la Guardia Civil por un lado y al Cuerpo Nacional de Policía
por otro.
Obviamente también queremos saber si se ha alcanzado algún acuerdo con los sindicatos policiales para la consecución de tal subida. Por otra parte, si hay un acuerdo, queremos saber si se limita a una subida puntual o si el Gobierno
tiene algún proyecto de homologar las retribuciones. También sería conveniente que nos hiciera un informe sobre las revisiones de los catálogos de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. ¿Qué cambios ha habido en
los catálogos? ¿Cuál es el número de efectivos nuevo? ¿Cuál es el importe del catálogo nuevo? ¿Qué parte se cubre con los Presupuestos Generales del Estado de 2003? En relación con la mejora de las condiciones de trabajo y económicas del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil que se van a introducir en el año 2003, me gustaría saber si ha habido algún pacto con los sindicatos, porque aunque la Guardia Civil no tiene organización sindical, el Cuerpo Nacional de Policía sí lo
tiene.
Pasando a los programas específicos que se contienen en el Plan de lucha contra la criminalidad del Gobierno, queremos conocer, en primer lugar, el programa de seguridad de los barrios. ¿Afecta a todos los municipios de España en el año
2003? Claro está que donde no actúe la Policía Nacional o la Guardia Civil, porque donde se haya producido un despliegue de policía autonómica no sería el caso de plantearlo, pero en el resto sí. ¿Qué gasto va a implicar este programa específico
de seguridad en los barrios? ¿Qué número de efectivos va a tener asignados? ¿Cuántos policías más se van a necesitar para llevar a cabo este despliegue en los barrios? ¿Se va a construir alguna comisaría nueva? Esta es una pregunta muy
importante para nosotros, señor secretario de Estado. ¿Se va a construir alguna comisaría nueva o el Gobierno se da por contento con las existentes? ¿Qué cantidad va a asignar el Ministerio del Interior para convenios específicos de colaboración
con los ayuntamientos? Esta es otra pregunta importante porque otro de los puntos cardinales del Plan de seguridad ciudadana del Gobierno es precisamente conseguir la colaboración de los ayuntamientos mediante la participación de las policías
locales en las tareas de seguridad ciudadana. ¿Cuántos convenios se van a firmar? Y sobre todo, ¿tiene previsto el Gobierno financiar alguna parte del desarrollo de estos convenios? Porque muchos de estos convenios van a implicar la creación de
salas conjuntas o de instrumentos conjuntos de gestión de denuncias, etcétera.
En relación con el Plan de seguridad para el comercio en el año 2003, ¿qué gastos va a llevar? ¿Qué cantidad se le asigna? ¿Cuántos policías más se necesitan para desarrollar este plan? Para potenciar unidades de investigación dedicadas a
combatir las bandas organizadas, ¿cuántas unidades se van a crear? ¿Cuántos policías van a destinar a esas atenciones? ¿Qué se va a invertir en relación con este plan específico de seguridad en el comercio, en instalaciones, en inversiones reales,
en gasto corriente? En lo que se refiere a planes de respuesta ¿cuánto van a costar esos planes que se señalan en el plan del Gobierno? Fundamentalmente estoy tratando de hacer, señor secretario de Estado, una pormenorización para saber el
contenido real que lleva toda la articulación que ustedes señalan en el plan del Gobierno de lucha contra la criminalidad.
En relación con el programa de atención al turismo, le haría prácticamente las mismas preguntas. ¿Cuánto costarán las medidas específicas de vigilancia y control preventivo en calles, estaciones, locales? ¿Qué número
de efectivos van a movilizar y en qué ciudades se va a desarrollar todo esto? Los servicios de atención al turista extranjero, los SATE, ¿se extenderán al resto de las ciudades?
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le quedan unos segundos.
El señor MAYORAL CORTÉS: Creo que este es un turno para preguntar.
Si la oposición no puede preguntar es un turno inútil.
El señor PRESIDENTE: Estamos hablando de los tiempos que hemos convenido.
El señor MAYORAL CORTÉS: Por otra parte, no veo muchos colegas de la oposición que me vayan a hacer la competencia.
El señor PRESIDENTE: Sabe S.S. que ha hecho muchas preguntas y el secretario de Estado tiene que hacer un esfuerzo muy grande para contestarlas. Me remito a lo que hemos acordado.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando.
Le haré las mismas preguntas en relación con el programa especial de atención a las víctimas de delitos de carácter sexual o violencia domésticas. ¿Qué extensión tiene? ¿Qué poblaciones? ¿Qué dotación policial? ¿Qué coste? El programa
de lucha contra el narcotráfico cuánto va a costar ¿Cuántos policías se van a destinar en el año 2003? ¿Con cuántos efectivos se reforzará? En cuanto a los programas específicos de lucha contra las nuevas formas de delincuencia, obviamente le
haría las mismas preguntas: potenciación de unidades de investigación dedicadas a combatir las bandas organizadas. Me voy a detener brevemente, y voy terminando, en los programas de atención al ciudadano. ¿Qué coste van a tener en el año 2003?
¿Se van a remodelar oficinas de documentación? ¿Cuántas? ¿Se van a modernizar oficinas de denuncias? ¿Cuántas y con qué coste? La separación de oficinas de denuncias y oficinas de detenidos: ¿cuántas? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuánto van a
costar? ¿Dónde se van a hacer? ¿Cuántos nuevos equipos de atención a inmigrantes se van a crear?
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, por favor concluya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando.
¿Cuántos equipos de lucha contra la inmigración clandestina? ¿Cuántos equipos multidisciplinares de apoyo se crearán en el Cuerpo Nacional de Policía? Lo mismo le pregunto respecto a las Udyco, UCRIFD, SAF, UDE que, como usted sabe, señor
secretario de Estado, es la herencia terminológica del Plan Policía 2000, que son unidades ya existentes. Queremos saber cómo se va a ampliar, en qué cantidades, con qué número de efectivos y con qué coste.
Finalmente -y acabo-, se dice en el propio texto del Gobierno que estos programas vendrán acompañados de los correspondientes programas de dotación de medios materiales, equipos técnicos de investigación, autoprotección, transmisiones,
etcétera. Pues bien, si vienen acompañados de la correspondiente dotación, se supone que el Gobierno a estas alturas tiene que saber lo que se piensa gastar en el año 2003. Eso es lo que en definitiva le pregunto, señor secretario de Estado.
Lamento que parezca una especie de encuesta, pero creo que no hay otra manera de saber que ésta y tiene que darse cuenta de que nosotros tenemos menos oportunidades y unas posibilidades ínfimas de obtener una información precisa, salvo en aquello
que derive de la buena fe del Gobierno y del deseo de informar a la oposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Yo también quiero iniciar mi intervención dando la bienvenida al señor Astarloa en esta su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior en su nueva responsabilidad como secretario de Estado de
Seguridad; primera comparecencia precisamente en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos, que es un acto político de gran importancia porque se concretan todas las prioridades políticas de un Gobierno. En los Presupuestos
Generales del Estado para 2003 hay una clara apuesta por las áreas de justicia y de seguridad ciudadana, áreas que sin duda afectan a los derechos y las libertades de los ciudadanos, de manera que por eso celebramos esa apuesta y ese carácter
prioritario con que se contemplan.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos que nos explique cuál es el alcance exacto del incremento de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Seguridad respecto a los del ejercicio pasado y en qué partidas concretas se refleja
dicho incremento. Por otra parte, como decía, si los Presupuestos Generales del Estado son esa plasmación de las opciones políticas del Gobierno, entendemos que en materia de seguridad ciudadana estos presupuestos han de ser un reflejo del plan de
lucha contra la delincuencia. De ahí que quisiera que nos confirmara si las previsiones presupuestarias de la sección 16 van a permitir el desarrollo de este plan; si ese fuerte incremento presupuestario que tiene el Ministerio del Interior supone
la concreción económica de las numerosas medidas operativas que incluye este plan. Por otra parte, pasando al capítulo 6, inversiones, quisiera que nos expusiera cuál es el montante global que se va a dedicar a la mejora de las infraestructuras de
la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y cuáles son las partidas establecidas con este
fin. Por último, quisiera saber cuál es el desarrollo actual del sistema integrado de vigilancia exterior, del SIVE.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
Dispone aproximadamente de media hora. En ese tiempo conteste usted lo que pueda; en otro caso, se podrán arbitrar otros mecanismos para que llegue la información a la
Cámara.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): En primer lugar, quiero agradecer tanto a la presidencia como a las señorías intervinientes la bienvenida. Efectivamente soy de la casa. No es la primera vez que
comparezco ante esta Comisión, porque vengo de responsabilidades que también son de su competencia, pero sí es la primera vez en el ejercicio de la responsabilidad de secretario de Estado de Seguridad. Con motivo de esta primera comparecencia
permítanme, tanto la presidencia como SS.SS., que manifieste mi máxima disponibilidad para colaborar en cuantos trabajos desee desarrollar la Comisión y para estar, como decía el señor Mayoral, siempre disponible para que tenga la máxima información
a la hora de poder desarrollar esos trabajos.
Tengo todas las preguntas encima de la mesa, y voy a hacer una primera reflexión sobre el conjunto de preguntas que ha hecho el señor Mayoral.
En primer lugar, después de haber asistido a la comparecencia anterior del señor ministro, para
presentar el plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, me alegro de que el señor Mayoral haga suyos uno por uno todos los objetivos del plan. (El señor Mayoral Cortés: Sólo he preguntado.) Entiendo que lo hacía con la buena intención de
compartir el éxito de todos y cada uno de esos objetivos. Ha hecho un repaso muy completo de lo que esencialmente ese plan significa, desde las cuestiones de personal a los medios materiales, y hablando de las acciones desde la previsión de una
incidencia especial en determinadas políticas de seguridad como la de proximidad de barrios, de comercio, de turismo, etcétera. Me parece una buena noticia compartida que el conjunto de objetivos los tengamos encima de la mesa, que el conjunto de
objetivos no sea pura literatura escrita en un papel, sino que los vayamos haciendo caminar de forma cotidiana. En alguna intervención explicando el plan he dicho que lo importante es que diariamente estemos comprobando que cada uno de los
elementos del plan se pone en acción, que se va a ejecutar y que se pone en marcha cada una de las medidas necesarias para que esa ejecución se produzca. Desde luego, verlo desde la perspectiva presupuestaria, como ha hecho S.S., me parece que es
importante para considerar cuáles son las capacidades que para cada una de las acciones del plan existen. Tengo que hacer una precisión sobre lo que va a ser el marco de mi contestación a cada una de las cuestiones, incluso diciendo a la
presidencia y a S.S. que si de esta comparecencia tiene que salir otra la realizaremos. Espero que a lo largo de la mañana, y con las intervenciones de los siete altos cargos del Ministerio del Interior que van a comparecer a lo largo del día,
pueda tener un pálido reflejo que responda a cada una de las cuestiones que usted plantea, porque en el fondo no ha planteado sólo y estrictamente preguntas presupuestarias sino que ha requerido un examen detallado de cuál va a ser el modus operandi
para que cada una de las medidas que están contenidas en el plan se pongan en ejecución: número de unidades que se va a dedicar a esto, número de medios materiales que se va a dedicar a lo otro. Creo que todo eso hay que hacerlo en esta Comisión,
probablemente no esta mañana, pero conviene hacer un seguimiento también parlamentario, igual que lo vamos que hacer en el ministerio, de cada una de las puestas en ejecución de cada una de las medidas. Y en la medida en que no conteste a algunas
de las cuestiones que me ha planteado porque quedan fuera del ámbito estrictamente presupuestario, queda mi compromiso de que lo hagamos cuando la Comisión quiera, porque es muy bueno que todos los ciudadanos tengan noticia precisa de que la letra
del papel se está traduciendo en acción y que esa acción cotidianamente va evolucionando en la ejecución de determinadas medidas, medios personales, medios materiales, número de unidades, territorios en los que se van localizando cada una de las
acciones, etcétera.
Con ese preámbulo, como son muchísimas las cuestiones sobre las que me gustaría dar respuesta a SS.SS., si me lo permiten iré de lo general a lo particular y si alguna cosa me dejo volvemos sobre ello. El presupuesto de este ministerio,
como el de cualquiera de los restantes ministerios y, en general, el conjunto de los presupuestos de los organismos y entidades que están incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, responden a una filosofía que es bien conocida; responden
y se enmarcan en la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno. De hecho culminan, la política presupuestaria de estabilidad -lo saben SS.SS.- en la medida en que siendo el eje de la política económica del Gobierno, estos presupuestos son
los primeros que se elaboran bajo la vigencia de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Eso tiene diversos significados, sobre lo que como es lógico no me voy a detener, pero déjenme que resalte fundamentalmente dos. Uno, de carácter
general económico que conocen bien, busca el equilibrio de las cuentas públicas y la mejora de la transparencia en la elaboración, ejecución y control del presupuestos en todos los ámbitos, también en el que nos ocupa esta mañana, y eso se entiende
que es decisivo para continuar creciendo y creando empleo a mayor ritmo que en los demás países de la Unión Europea, es decir, todo se enmarca en ese escenario macroeconómico. Además, yendo a lo que aquí interesa, la estabilidad presupuestaria
ayuda de forma muy significativa a hacer realidad la política económica del Gobierno, es
obvio, pero también y sobre todo a dirigir, a encauzar el mayor esfuerzo presupuestario hacia las políticas que los ciudadanos perciben como más cercanas, más cotidianas, más requeridas por la sensibilidad ciudadana en cada momento. En ese
marco empiezo por destacar en esta comparecencia la importancia del presupuesto del Ministerio del Interior para atender esas exigencias y esa sensibilidad social que en este momento tenemos todos los ciudadanos. El presupuesto del Ministerio del
Interior para 2003 -y SS.SS. lo han examinado bien, como acaban de demostrar en sus intervenciones- trae estricta correspondencia con los esfuerzos que en este momento histórico concreto que estamos viviendo se van a hacer en materia de seguridad.
Si el otro día esta Comisión trataba con todo detalle el plan de acción, hoy lo que tratamos es la correspondencia necesaria, la respuesta financiera necesaria para poder hacer realidad el plan de acción. Eso quiere decir que el presupuesto del
ministerio -lo decía la señora Torme en el planteamiento de sus primeras preguntas- traduce en términos económicos y financieros con toda claridad lo que es una prioridad política máxima y acredita que no estamos hablando solamente, como antes
decía, en la letra de los papeles sino en la realización efectiva del deseo de hacer de la política de seguridad ciudadana una prioridad.
Me preguntaba el señor Mayoral por el contraste con el presupuesto del año pasado, cifras, porcentajes y demás. El incremento de los presupuestos del Ministerio del Interior para el año 2003 es, en términos porcentuales, de un 9,96 por
ciento en relación al año 2000, ascendiendo a un total de 5.647 millones de euros, es decir, 511 coma algo (digo coma algo porque no me voy a detener en las comas en ninguna de las cifras porque si no me eternizo) millones de euros más. Puedo hacer
una precisión y es que en la medida en que este presupuesto recoge una cantidad determinada para elecciones municipales y autonómicas, el porcentaje que les acabo de dar, si se separa esas cifras, hay que reconducirlo en términos homogéneos a un
7,33 por ciento, pero en la pregunta que usted me hacía y que traduce el total de lo que es el presupuesto estamos hablando de un 9,96 por ciento. Aparte de la importancia en términos numéricos que eso en sí mismo tiene, permítanme que destaque
-por eso decía lo de la cuestión prioritaria- que se produce en el marco de estabilidad en el que, como saben, el crecimiento general de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio no está ni mucho menos a ese nivel. De hecho es
probablemente una de las partidas de los presupuestos generales para 2003 que más crece respecto de 2002 y en conjunto representa, tras el Ministerio de Defensa, el ministerio que mayor peso tiene en los presupuestos. Eso quiere decir que estamos
hablando de la disponibilidad, de los medios económicos necesarios para atender eso que hemos planteado: la conciencia de la demanda de la sociedad española y el decidido impulso que se quiere imprimir a la lucha contra la criminalidad y, en
general, a la protección de los ciudadanos.
En esta primera aproximación general destacaría de este presupuesto un segundo elemento que intentaré luego acreditarlo dato a dato en la medida en que sea capaz. Es un presupuesto internamente equilibrado. Es decir, como el señor Mayoral
planteaba respecto del plan de seguridad, trata de incidir donde más se necesita. Si S.S. recuerda el debate en la comparecencia del señor ministro ante la Comisión, había un dato económico que resultó indiscutido y que en principio parecía
proporcionado y razonable, que era cifrar en términos generales una primera aproximación económica a la realización del plan de lucha contra la inseguridad en una aportación adicional de unos 500 millones de euros.
Pues bien, recuerde el dato que
le di hace un minuto porque estamos hablando de un incremento global para este ejercicio de más de 500 millones de euros en el conjunto del presupuesto del Ministerio del Interior. Eso quiere decir dos cosas. Que en ese equilibrio interno del
presupuesto se hace particularísima incidencia -es lo lógico, es lo suyo y es lo que responde, como antes decía, a las necesidades sociales que se tratan de atender- en la realización del plan de lucha contra la inseguridad ciudadana -por eso hablo
yo de equilibrio interno-, pero haciéndolo compatible, con lógica presupuestaria, con el mantenimiento de políticas estructurales de medio y largo plazo. Si recuerdan SS.SS., el señor ministro insistió muy especialmente en su comparecencia en dos
elementos de la realización del plan. Uno era la capacidad para atender día a día los problemas que se vayan produciendo, no ser dogmáticos a la hora de la aplicación de los recursos, sino atender de verdad las necesidades diarias. El segundo era
que no se trataba de dar soluciones puntuales en un momento concreto para salir de un apuro, sino de establecer políticas que tengan sostenibilidad y continuidad en el medio y largo plazo. Eso exige adoptar medidas aquí y ahora, hoy, para que se
pueda realizar en Madrid el plan Focus, por ejemplo, pero al mismo tiempo trazar una estrategia de medio y largo plazo en la que las infraestructuras -luego hablaremos de ellas, señor Mayoral- tengan una continuidad - se ha hablado ya en esta
Comisión y me parece una de las cosas más importantes que entre todos tenemos que hacer-, un plan de infraestructuras, de edificios, comisarías, cuarteles, planificado desde ya con un alcance del medio y largo plazo -se ha hablado de diez años en
esta Comisión en la comparecencia anterior-, y no solamente hablando de infraestructuras y de edificios sino en todos los ámbitos, un plan sostenido de personal, de telecomunicaciones, de informática, etcétera.
Los presupuestos tratan de combinar
eso, insisto, con los datos que en la medida de mis capacidades les aportaré a continuación.
Me han planteado SS.SS. dos tipos de cuestiones: una de la que en ningún caso me puedo evadir porque es mi responsabilidad directísima como gestor, que es el conjunto de partidas que están incluidas en la sección 02, es decir en la
Secretaría de Estado de Seguridad, y me voy a referir a todas ellas; y otra serie de cuestiones que son las que traducían eso que yo decía antes que era no tanto una revisión económica del plan sino de toda la ejecución del plan en todos sus
detalles, que entre hoy y otros días podremos hacerlo. Empiezo con mi responsabilidad gestora directa. No dejaré de contestar en lo que pueda a la segunda parte, es decir, a las precisiones sobre la realización del plan de lucha contra la
delincuencia, en el bien entendido de que esta segunda estoy seguro de que con mucha más solvencia que yo se va a completar a lo largo de la mañana con las restantes comparecencias y muy señaladamente tanto con la del director general de la Policía
como del director general de la Guardia Civil.
En lo que se refiere a la sección 02, Secretaría de Estado de Seguridad, yo creo que conocen bien la conformación de esa sección, que es precisamente la que contiene la mayoría de los planes estructurales que deben realizarse a medio y largo
plazo y que dan sustento a todos y cada uno de los planes concretos que Cuerpo Nacional de Policía, por un lado, y Guardia Civil, por el otro, han de realizar y tienen traducidos a su vez en sus respectivas secciones presupuestarias. En el caso de
esta sección de políticas fundamentalmente estructurales, la dotación para seguridad ciudadana asciende para el año 2003 en general, es decir, sumando la sección con las políticas y los datos económicos concretos de las otras secciones, a 5.424
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,4 respecto a 2002. Este importante aumento de recursos es el que en su conjunto-, luego lo desmenuzaré- debe permitir instrumentar las medidas de la lucha contra la delincuencia. Y dentro de
ese marco global, el presupuesto consolidado del servicio 02, Secretaría de Estado de Seguridad, experimenta un incremento de 43.764.840 euros, lo que supone un aumento del 30,08 con respecto al año pasado. Me voy a detener un segundo porque leía
yo días pasados lo que fue el debate presupuestario en la comparecencia del año anterior y ya salió una cuestión que me parece importante destacar para todos, y es que aquí se refleja el carácter sostenible de estas políticas porque SS.SS.
valoraron cómo en este servicio 02 y concretamente en algunos de sus capítulos se producían incrementos hasta de un 263,8 por ciento, que son cifras muy impresionantes que se que debatieron y valoraron el pasado año.
Efectivamente lo que se hace es
ir recogiendo de forma sostenible esas políticas estructurales, y ahora esa sostenibilidad se vuelve a traducir en la medida en que vuelve a incrementarse de forma muy significativa en un 30,08. ¿Por qué se produce ese incremento? Hay capítulos
más significativos que otros, no quiero dejarme de referir a ninguno porque por todos me han preguntado, alguna mención haré, aunque me detendré en los que considero más relevantes.
El capítulo 1 responde fundamentalmente a una cosa que nos va a salir varias veces a lo largo de esta explicación sobre la sección, que es el crecimiento del desarrollo de la gestión del SIRDEE. Sus señorías conocen muy bien el SIRDEE, el
Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (han hablado de él en numerosas ocasiones), conocen el plan plurianual instrumentado en su día para su puesta en marcha, y conocen que estamos en la fase final de la implementación de
la importantísima primera fase de ejecución, que empieza a traducirse ya cotidianamente en cada una de las partidas presupuestarias. En el capítulo 1, en relación con el número de personas, policías y guardias civiles que están ya dedicados a la
gestión del SIRDEE, se explica un incremento determinado de 292.370 euros.
En el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, el presupuesto del año 2003 se incrementa en un 67,27 por ciento con respecto al año anterior. Es debido fundamentalmente a una serie de variaciones presupuestarias, que las más
relevantes son las siguientes. En primer lugar, el incremento en seguridad para protección de cargos públicos en País Vasco y Navarra (no hace falta que me detenga un segundo sobre la significación, importancia y valor compartido que todos los
miembros de esta Comisión dan a esta cuestión) que se traduce para el ejercicio que viene en 43.299.680 euros. Se traduce en algo que va creciendo también, y es bueno que no lo olvidemos, aunque está en segundo plano siempre pero en todo caso
creciendo, y creciendo para bien, que es la instrumentación de la asistencia técnica necesaria para el funcionamiento de todo el complejo Schengen, que determina una cantidad de 125.000 euros que, sumados a otros trabajos técnicos, de elaboración de
tarjetas de control y entrada en fronteras, hace un total de 231.740 euros. Como antes decía, lo fundamental es SIRDEE, que va pasando poco a poco -y ese es el síntoma de su implantación y de su ejecución y utilización cotidiana- de capítulo 6 a
capítulo 2. Deja de ser la inversión que se programó para ser la realidad que está en ejecución en este momento, con un importe de 13.409.340 euros. Todo eso genera un crecimiento, a pesar de que desaparecen dos gastos, (quiero también contar en
qué ahorramos por lo menos para que sea conocido) que dejan de ser necesarios respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Deja de ser necesario todo lo que se había presupuestado para atender los gastos que ocasionó la presidencia española de
la Unión Europea, lógico, y dejan de ser necesarios algunos de los gastos del capítulo 4, transferencias corrientes, para cooperación policial, en la medida en que se han reducido las necesidades de locomoción y dietas ocasionadas con ese motivo.
Como he hablado
del capítulo 4 (aunque no sea lo más relevante, como sé que también alguna vez se ha hablado con detenimiento de esto en la Comisión lo menciono) se incluye, como es habitual, la transferencia a la Gerencia de Infraestructuras, GIF, por un
importe prácticamente idéntico, sin variación, respecto al que ya se produjo para el presupuesto del año 2002.
En capítulo 6, servicio 02, que es el que incluye, como antes anunciaba, las inversiones reales, estamos hablando de una dotación importantísima de 227.686.180 euros. Ese es el capítulo del que tienen que salir proyectos generales
estructurales de la Secretaría de Estado y, por otra parte, previsiones para sufragar en parte -verá S.S. que van saliendo las distintas partidas presupuestarias- las inversiones previstas para el plan de lucha contra la delincuencia. Lo detallo.
Con cargo a esta partida se van a invertir, en primer lugar, 14.953.180 euros para el abono de lo que queda en capítulo 6 del SIRDEE, para el abono de la cuarta y última anualidad de la primera fase del SIRDEE que da cumplimiento definitivo al
acuerdo del Consejo de Ministros que puso esto en marcha el 31 de julio de 1998. Asimismo, la dotación incluye en el capítulo 6 el proyecto -cabría decir, superproyecto, porque hablaron también de ello en el último debate presupuestario- de lo que
se agrupa bajo la denominación del Plan de inmigración Sur. Como de eso van a hablar mucho luego, supongo, con el delegado del Gobierno para la Extranjería, no voy a insistir mucho en ello; sólo diré que esta partida que se creó, como saben, ex
novo en el año 2000 se mantiene e incrementa -pasa a ser ahora de 6.712.850 euros- y sigue teniendo la misma finalidad para la que se creó que es la de unificar todas las políticas migratorias, tanto en lo que se refiere a la articulación de los
CIE, por un lado, como en lo que se refiere a uno de los puntos que S.S. ha mencionado expresamente y que yo quiero recordar aquí, que es la potenciación de las UCRIF, de las unidades para la lucha contra las redes organizadas; uno de los puntos,
que como usted mencionaba, resultan esenciales en la articulación del plan de lucha. Me lo preguntaba territorializado y de esta manera se lo respondo. Está previsto ponerlo en ejecución de entrada en las diez ciudades que se han seleccionado a
tal efecto, más Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla. Esto incluye también las medidas necesarias para el mayor control en fronteras pero, insisto, de esto se puede hablar a lo largo de la mañana con más solvencia que con la que lo haga yo. En este
punto de políticas estructurales, capítulo 6, sección 02, Secretaría de Estado, está también la cuestión de otro superproyecto que es el Plan Canarias. Sus señorías lo conocen bien; sé que hay preguntas sobre este plan por parte de algún señor
diputado y en la medida en que también se formularán a lo largo de la mañana, tampoco voy a insistir en ello. En todo caso se mantiene -aunque se han realizado prácticamente todas las medidas que se comprometieron el año pasado por estas fechas a
la hora de anunciar la partida correspondiente para el Plan Canarias- una partida de la misma cuantía prácticamente a efectos de poder continuar con la realización de comisarías y con las reformas y mejoras de casas cuartel que son necesarias en
Canarias.
El plan de lucha contra la delincuencia incluye un capítulo -al que se ha referido también su señoría, señor Mayoral con especial detenimiento y en el que yo también incido muy especialmente- relativo a las inversiones necesarias en equipos,
telecomunicaciones, etcétera para no sólo dotar de nuevas infraestructuras sino del conjunto de medios técnicos y materiales necesarios que van desde el armamento a los más sofisticados equipos informáticos o tecnológicos. Ese conjunto de
previsiones para los medios va apareciendo en distintas partidas presupuestarias; una de ellas es la que estamos comentando en este momento. Es la partida que corresponde a todas las inversiones necesarias en equipos, telecomunicaciones y sistemas
a nivel nacional que son necesarias para engarzar los medios nacionales con los internacionales y, concretamente, para hacer operativo algo que está siendo de una creciente utilidad para todos nosotros como son el SIS y el SIRENE, es decir, lo que
antes inscribía yo dentro del conjunto de medidas del superproyecto Schengen. Por último, dentro de estos proyectos estructurales financiados con cargo a este capítulo 6 de la sección 02 hay que hablar de dos que también son bien conocidos por esta
Comisión; por una parte el SIVE y el crecimiento del plan de nuevas tecnologías de la seguridad, por la otra. El SIVE aparece en los presupuestos para el ejercicio que viene incrementado en una cantidad de 1.670.810 euros, es decir, como antes
decía respecto a otros planes estructurales, crece y crece bien y está todavía en la fase expansiva de la inversión. En cuanto a los equipos informáticos estamos hablando de una partida muy importante para seguir incrementando la capacidad de que
las nuevas tecnologías se incorporen a todas y cada una de las acciones del desarrollo de la seguridad ciudadana, de 2.745.870 euros. Creo que no hace falta que me detenga -y menos con la escasez de tiempo que tengo- en desarrollar cómo se concreta
para el SIVE y para los equipos informáticos; si SS.SS. quieren que entremos en algún detalle luego lo haremos. El señor presidente me ha puesto un plazo, el plazo se va acercando y yo no quería dejar de hablar de la segunda parte, como me
comprometí, aunque, insisto, en los términos que sirvan de marco a lo que a lo largo de la mañana, con las restantes comparecencias, podamos ir desarrollando porque si no va a resultar imposible que con esta intervención -salvo que la alarguemos
más- lo repasemos todo.
El presupuesto para el año 2003 en el área de seguridad ciudadana a cargo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asciende a un total de 3.862,37 millones de euros, es decir, un 8,72 por ciento más que lo previsto
para esta concreta política de plan de lucha contra la delincuencia en el ejercicio anterior. Esto quiere decir -vuelvo a repetir lo que decía al principio de mi intervención, ya concretando- que la principal apuesta del ministerio en este
momento para la lucha contra la criminalidad es el plan de lucha que se presentó el 12 de septiembre, que se debatió en esta Comisión y que S.S. ha recordado punto a punto y que tiene en los presupuestos la correspondiente traducción económica para
hacer real el incremento del número de efectivos y las mejoras retributivas en las plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad y las inversiones en las diferentes áreas de infraestructuras, telecomunicaciones, informática, organización de unidades,
etcétera. No hace falta, me parece, que resuma las medidas estratégicas, pues su señoría lo ha hecho probablemente mucho mejor que lo haría yo en cualquier caso. Saben SS.SS. que esta es la mayor apuesta estratégica del Gobierno en esta materia
en muchísimos años y que para conseguir la eficacia de estas medidas se ha diseñado el correspondiente presupuesto realista añadiendo un tercer elemento a los de suficiencia y equilibrio que decía al principio de mi intervención. No se trata de
hacer un brindis al sol ni de dejar las palabras que están en un papel sin traducción económica, sino que se intenta hacer un presupuesto realista incidiendo lógicamente -es en los dos elementos esenciales en los que su señoría ha insistido
especialmente y yo me voy a detener en ellos- en capítulo 1 y en capítulo 6. El capítulo 1, gastos de personal del servicio 03 de la Dirección General de la Policía, experimenta en el año 2003 un incremento del 7,71 por ciento. el capítulo 1,
servicio 04, Dirección General de la Guardia Civil, tiene previsto aumentar en el próximo año un 8,22 por ciento y es, gracias a ese incremento en las dotaciones presupuestarias, que se pueden acometer, como decía su señoría, desde la perspectiva
del plan de personal, las medidas clave para la ejecución de la lucha contra la delincuencia
Decía S.S.: divida un poco las cifras globales. En las cuentas que yo me he hecho, susceptibles de ser corregidas por cualquier opinión mejor fundada en economía, en este caso, estamos hablando de un aumento en relación con 2002 de 47,7
millones de euros para atender las ofertas de empleo público y más de 80 millones de euros dirigidos a la actualización y mejora de las condiciones de trabajo en sus distintas vertientes, sea la vertiente de mejora retributiva o sea la vertiente de
estímulo en sus diversas manifestaciones, y S.S. ha recordado varias vías de estímulo que están incluidas en el plan, desde personas en segunda actividad que puedan desear continuar prestando sus servicios a cada uno de los elementos que conforman
la productividad por objetivos, etcétera. Me preguntaba S.S. que cómo va la concreción de todo esto en relación con los sindicados. Esa es una pregunta importante a la que, sin perjuicio de lo que luego, insisto, a lo largo de la mañana se vaya
aclarando, yo no quiero dejar de contestar. Conoce S.S. el planteamiento de eso. Estamos haciendo, tanto por parte del Ministerio del Interior como por los propios sindicatos, los máximos esfuerzos para concretar que todas y cada una de estas
medidas puedan ser interiorizadas por los protagonistas que tienen que llevarlas a cabo y yo espero que, tal como hasta hoy se ha producido en los contactos y conversaciones que hemos mantenido con los sindicatos, eso se traduzca efectivamente en la
previsión de que el presupuesto para el año 2003, que responde a un plan plurianual que nace en este momento, se haga con esa interiorización y ese acuerdo con los sindicatos que pretendemos y que -déjeme que sea en este punto particularmente, no
diré voluntarista, sino optimista- estoy seguro de que seremos capaces de conseguir.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, vaya concluyendo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Voy terminando, señor presidente.
Me preguntaban SS.SS. si, además de oferta de empleo y actualización de retribuciones, hay traducción de todas esas importantes previsiones que están en el plan respecto a los programas de formación. Yo quiero, sin detenerme porque ya no
me deja la presidencia -y además lo hace con razón-, decir que sí, que el incremento de los programas de formación para la Dirección General de la Policía es de un 62,02 por ciento respecto a las cifras del ejercicio anterior y que el incremento de
los créditos de formación para la Dirección General de la Guardia Civil es de un 40 por ciento. Cuando tantas veces, a la hora de traducir las medidas concretas, se insiste en la especialización y, dentro de la especialización, en la formación, es
luego necesario traducirlo económicamente y, como ven SS.SS., el presupuesto hace un gran esfuerzo para traducir eso en los programas de formación de la Policía y en los créditos de formación de la Guardia Civil.
Las inversiones. Me preguntaban SS.SS., particularmente el señor Mayoral, por las inversiones en cuarteles y comisarías. Las inversiones de la Dirección General de la Policía se van a incrementar un 7,89 por ciento en relación con el año
2002, destacando la mejora de las infraestructuras. Por ahorrar tiempo, diré que con estas cifras que les acabo de dar, con ese porcentaje, el presupuesto de la Dirección General de la Policía asociado a inversiones en materia de infraestructuras
experimenta un incremento de 3.350.010 euros y que el presupuesto de la Dirección General de la Guardia Civil en este capítulo experimenta un incremento de 13.378.510 euros. Aunque me temo que, por el problema de tiempo, esto habrá que concretarlo
durante la mañana y, si no da tiempo en esta mañana, lo veremos donde haya que verlo, esta financiación adicional está
destinada a la realización más plausible posible de las exigencias del plan en materia de infraestructuras. En concreto y sin querer extenderme demasiado, déjenme que destaque -y algunas de las cosas las ha dicho S.S.
y yo coincido en la
importancia de destacarlo- la remodelación de las oficinas de documentación, denuncias y expedición de DNI y pasaporte, la separación progresiva de las oficinas de denuncias y las oficinas de tramitación de detenidos -creo que se habló
suficientemente de eso en la comparecencia anterior. Dentro de la cantidad que le acabo de señalar este es un objetivo absolutamente prioritario, como lo es también el perfeccionamiento, la consolidación y generalización de los sistemas de denuncia
por teléfono e Internet y el diseño de sistemas informáticos que permitan diversificar los lugares de presentación de las denuncias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tenemos que concluir.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Un minuto y termino, señor presidente.
No quiero dejar de mencionar, porque es otro de los temas que creo que todos coincidimos que es de los estructurales y máximamente prioritarios, el plan de acuartelamientos, a cuya financiación va dirigida una parte significativa de los más
de 53 millones de euros con que estaban dotadas las inversiones respecto al presupuesto anterior.
Terminaré, señor presidente, intentando agrupar otra serie de cuestiones que planteaba el señor Mayoral, porque es punto esencial de la realización del plan. Decía el señor Mayoral: veamos, política a política, lo que hay para los barrios,
lo que hay para el comercio, lo que hay para el turismo, lo que hay para las unidades especializadas, etcétera. Como no quiero alargar más esto y sin perjuicio de que en las restantes comparecencias podremos ir aclarando eso punto a punto, déjeme
que le diga solamente que, si no quedase satisfecho respecto a la concreción partida a partida, programa a programa, barrios, turismo o comercio, de los datos que se obtengan con nuestras intervenciones de esta mañana, yo me comprometo a traducir
eso en un papel que S.S. tendrá a su disposición para poder realizar las enmiendas a cada uno de esos puntos.
Sé que no he contestado a muchas de las cosas que están todavía encima de la mesa, sé que muchas se van a contestar después pero en todo caso, sea esta mañana o sea en otro momento, lo que sí quiero es manifestar mi disposición a
contestarlas todas para que no quede ninguna clase de duda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor secretario de Estado, yo he podido comprobar que tenía usted todas las preguntas sobre la mesa, pero no todas las respuestas. Eso ha quedado evidente y lo ha reconocido S.S. Le voy a pedir por favor que todo
eso que le he preguntado nos lo conteste a la mayor brevedad posible, considerando que la brevedad posible tiene un horizonte temporal de 48 horas porque, si no, no podremos hacer con conocimiento de causa las enmiendas que obviamente tenemos
derecho a presentar en relación con el debate presupuestario. También quiero aclararle que el hecho de que yo me haya detenido pormenorizadamente en los programas y objetivos que dicen ustedes que configuran lo que yo llamo o lo que puede llamarse
plan de lucha contra la criminalidad no quiere decir que yo haya hecho míos los objetivos, entre otras cosas porque no existen, no están claros. Hay un objetivo genérico de lucha contra la criminalidad, pero eso no es suficiente. Sabe S.S. mucho
mejor que yo que los objetivos en la planificación son una determinación de elementos mucho más concretos, temporalizados, cuantificados, etcétera.
He intentado interiorizar con unos esfuerzos extraordinarios todo lo que S.S. nos ha expuesto, pero es importante también que ustedes, a la hora de gestionar el presupuesto, sepan que yo no dudo que se intente realizar un presupuesto en
términos de estabilidad presupuestaria, pero, por favor, espero que no se envíe a la Cámara el próximo año el quinto proyecto de ley de crédito extraordinario para pagar los gastos corrientes y servicios del Ministerio del Interior en las distintas
secciones y particularmente en la relativa al programa de seguridad ciudadana, el 222.A, que es lo que recientemente hemos tenido que debatir en esta Cámara. Es importante, señor secretario de Estado, que nos explique usted el tema del incremento
de las retribuciones. Yo tomo nota de que hay un incremento previsto de 80 millones de euros para retribuciones en lo que se refiere a los distintos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo creo que ese no es el horizonte que se estaba
manejando hasta la fecha, es la mitad de lo que parece que se estaba manejando como subida retributiva a negociar con los sindicatos, con lo cual deseo y espero, como dice el presidente Aznar, que se llegue a algún acuerdo y no se trate solamente de
interiorización de decisiones ad extra, sino de decisiones compartidas y realizadas de común acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, termine, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: En cuanto a los programas operativos, no me ha contestado. El punto nuclear del presupuesto, si crece o cuánto crece, es una cuestión casi de mitología. Todos los gobiernos y desde luego el Grupo Popular y sus
gobiernos, han venido
siempre con incrementos espectaculares, luego aparecen las leyes de créditos extraordinarios, evidentemente, pero a mí las cuentas no me salen.
Ha hecho S.S. dos cuentas y ninguna de las dos me ha convencido plenamente. El presupuesto crece en torno a 500 millones en su totalidad.
Como muy bien ha dicho S.S. hay que descontar gastos que no van orientados a seguridad ciudadana.
No puede crecer el presupuesto del Ministerio del Interior 500 millones de pesetas en la parte relativa a seguridad ciudadana, como se ha afirmado.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Perdone, esta es una cuestión importante. Si no puedo decir esto, es cuestión de lanzar un SOS y desaparecer de la sala.
Decía que 500 millones no sube el presupuesto del Ministerio del Interior en lo que se refiere a su atención a la seguridad ciudadana, entre otras cosas porque, como muy bien ha dicho S.S., hay un incremento importantísimo del crédito
dedicado a partidos políticos. Si a 500 millones le descontamos 135 millones, que es lo que crece la partida de partidos políticos, vemos que ya la subida es de 365 millones de euros.
Pero ahí no acaba la cosa, porque hay que hacer otros
descuentos que son importantes, y usted lo sabe perfectamente. Hay 90 millones de euros que se transfieren de seguridad vial -y este es un tema que yo le rogaría, señor secretario de Estado, que se lo tomara muy en serio-, se transfiere dinero de
seguridad vial al Tesoro público, sobra dinero en la Dirección General de Tráfico. Y se transfieren 91 millones. Si lo restamos de los 365 anteriores y nos da un crecimiento de 274 millones de euros. Esto para los incrementos retributivos, la
Secretaría de Estado de Seguridad, formación, la Dirección General de Policía, la Guardia Civil, Protección Civil, Instituciones Penitenciarias, Tráfico y las delegaciones del Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, concluya, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Teníamos pensado que las retribuciones se iban a incrementar más, pero evidentemente queda un incremento bastante menor que lo que dice el Gobierno en términos de gasto y de inversión en materia de seguridad del
Ministerio del Interior. Lamento también que esta mañana se esté dando una mala noticia a los sindicatos policiales.
Creo que las expectativas de los sindicatos policiales, de los agentes de la Policía y de la Guardia Civil estaban mucho más
elevadas y con los 80 millones de euros que ha dicho S.S. la subida va a ser realmente minúscula, si es que se produce.
Espero que todas las peticiones de información sean tramitadas a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Intervengo brevemente para agradecer las explicaciones que nos ha dado el secretario de Estado de Seguridad y la disponibilidad que ha manifestado ante esta Comisión para desarrollarlas en un futuro, pormenorizarlas y
entrar con mayor detalle en las mismas.
También considero, con el secretario de Estado, que es bueno tener un plan y lo que es mejor es que este plan haya sido contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. Si este Gobierno se caracteriza
por algo es por una cualidad que a veces escasea en política y es la credibilidad. Cuando el Gobierno ha anunciado que iba a acometer determinado plan o una línea de actuación lo ha hecho y para ello además ha contado con los medios materiales,
personales, técnicos y por supuesto con las partidas presupuestarias que los amparan y que hacen posible que el plan concreto que se fuera a lleva a cabo pudiera desarrollarse. En este caso, el secretario de Estado ha dejado muy claro que hay una
correspondencia muy clara entre los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio del Interior con las distintas medidas operativas que se contemplan en el plan, pero, lo que me parece más importante, sin que una apuesta, que pudiera ser
coyuntural o que respondiera a una determinada sensibilidad social, vaya en menoscabo de políticas estructurales a medio y largo plazo. Es un dato muy relevante que se haya hecho ese equilibrio entre esta clara apuesta del Gobierno, del Ministerio
del Interior, en el plan de lucha contra la delincuencia, con el mantenimiento de esas políticas de infraestructuras, de adquisición de nuevas tecnologías y la política de personal.
En cuanto a los créditos extraordinarios, y hablo de historia, de épocas en las que yo no participaba como diputada en esta Cámara, en otros momentos esos créditos extraordinarios se convertían en la práctica ordinaria en la técnica
presupuestaria del Ministerio del Interior. Esto ya no viene siendo así. No obstante, hay veces que se hace, convalidamos hace unos meses un crédito extraordinario para afrontar los pagos a víctimas del terrorismo. Ojalá no hubiera que tomar
medidas de esas características, pero cuando por determinadas coyunturas es necesario generar un crédito extraordinario, todos los grupos lo aceptamos y lo aprobamos. Desde mi grupo queremos entrar con mayor detalle en algunas de las partidas
presupuestarias, pero entendemos que el trámite más adecuado será la formulación de preguntas concretas a los siguientes comparecientes, de manera que en este trámite no formularé ninguna cuestión más.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, señor secretario de Estado, intervenga con brevedad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Seré enormemente breve, ya que no lo he sido en mi primera intervención, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer muy de verdad a los dos señores diputados
sus preguntas y sus intervenciones. He tratado de responder con la máxima información de lo que soy capaz en el tiempo de que disponemos esta mañana y en todo caso sigo en esa disposición para lo que SS.SS. quieran.
Decía S.S. que no acaba de ver los objetivos. Yo no estoy de acuerdo en que no haya objetivos y además tampoco estoy de acuerdo en que usted S.S.
no acabe de verlos. Yo creo que S.S. comparte los objetivos. (El señor Mayoral Cortés:
Los fines.) S.S. ha hablado de objetivos. Y es que tiene que compartirlos, porque el objetivo de todo lo que estamos hablando esta mañana es poner todos los medios necesarios para atender lo que creo que todos queremos atender, que es seguridad
ciudadana. Decía S.S. que no había desarrollado mucho los programas operativos, pero en media hora no puedo repasar el plan entero. Insisto en que lo hacemos cuando quiera, porque es importante que lo hagamos y es importante que llegue a todos
los ciudadanos que no estamos hablando de letra puesta en un papel, que estamos hablando de acciones, con más o menos fortuna, que se ponen en ejecución para atajar los problemas y que vamos a hacer un seguimiento periódico de esas acciones.
Su señoría es -tengo que felicitarle- un parlamentario clásico, es verdad, lo he vivido, lo sé, y en consecuencia realiza sus funciones con una solvencia extraordinaria, porque es capaz de decir, y con solvencia, que, cuando el presupuesto
del Ministerio del Interior crece prácticamente un 10 por ciento para el próximo ejercicio, usted tiene cuentas que demuestran que no crece prácticamente nada, sólo unos milloncitos. Y es capaz de decir que probablemente una de las cosas más
importantes que están en el presupuesto, que es el capítulo 1, para el próximo ejercicio, con el incremento de la oferta de empleo público sostenida hasta 20.000 personas en los próximos años, con un cambio en las condiciones económicas y
retributivas, significa que recibimos una mala noticia y que los sindicatos tienen que estar superpreocupados. Pues no, eso no es así.
Reciben una buenísima noticia, es una noticia buenísima para todos. Yo sostengo hace muchos años que tenemos
que prestar un interés muy significativo a las cosas que son el núcleo del Estado. Desde que se inicia la transición hemos tenido que hacer muchas cosas, han ido creciendo, han ido evolucionando y el corazón del Estado está ahí, y el corazón del
Estado lo tenemos esta mañana encima de la mesa, y es una buenísima noticia que haya un presupuesto del Ministerio de Interior que pone el acento en el capítulo 1 en el corazón del Estado. Como SS.SS. es un parlamentario clásico en esta casa y
hace sus deberes maravillosamente bien, es hasta capaz de demostrar que las mejores noticias que tiene este presupuesto deben convertirse en las peores noticias pero no es verdad.
El presupuesto sube lo que sube y recoge en el capítulo 1 lo que
recoge.
Decía antes -y no lo decía a humo de pajas porque estas cosas no se pueden decir así- que espero que todos seamos capaces de interiorizar esta mejora. Voy a hacer una última referencia porque no quiero dejar pasar esto en términos de
política presupuestaria y termino ya, señor presidente. Estamos en programación y vamos a programación y esto tiene que tener su correspondencia en la perspectiva presupuestaria. Eso quiere decir que a medio y largo plazo cosas como a las que S.S.
se refería, las modificaciones presupuestarias y los créditos extraordinarios, tienen que cobrar otro ritmo que el que han tenido también desde el inicio de la transición, como decía la señora diputada. En todo caso, allí donde es necesario atender
necesidades económicas que permitan atajar problemas de verdad sentidos de ejecución de las políticas de seguridad, este secretario de Estado tiene que decir por supuesto bienvenidos sean también, lo que uno recibe de las épocas anteriores y los que
eventualmente fuesen necesarios.
Terminaré con una reflexión que ya hacía ante esta misma Comisión pero en mis otras responsabilidades anteriores, lo hacía para la justicia entonces y lo hago para la política de seguridad en este caso. Ese esfuerzo en el corazón del
Estado, que también lo es para la justicia, debe realizarse incluso respecto de aquellas partidas presupuestarias en las que el presupuesto correspondiente, allí Justicia, aquí Interior, es un presupuesto de previsión de gasto y a su vez de
transferencia de gasto. Su señoría se refería a la cuestión del dinero correspondiente a la Dirección General de Tráfico y decía: ponga su acento en eso y mire hacia un futuro. Pongo mi acento y además les digo lo mismo que decía desde el
Ministerio de Justicia, que, en la medida en que somos capaces de generar recursos seamos también capaces de ir atrayendo cada vez más esos recursos hacia el gasto correspondiente, en este caso del Ministerio del Interior. En eso también voy a ser
optimista porque creo que cada vez más somos capaces de animar la sensibilidad -que yo agradezco- del Ministerio de Hacienda en esa dirección. Espero que, para el próximo ejercicio, a los muy importantes datos que hemos estado viendo esta mañana
podamos añadir alguno más que nazca de la utilización de ese tipo de bien.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le despedimos con afecto.
- DEL DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL (LÓPEZ VALDIVIELSO), A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
(Número de expediente 212/001250.) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001311.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto siguiente del orden del día y damos la bienvenida al señor director general de la Guardia Civil, que comparece nuevamente ante la Comisión.
Sin más pérdida de tiempo, que está muy escaso, doy la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Mayoral, para que formule las preguntas que estime pertinentes.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, no voy a formular preguntas que ya se han hecho anteriormente. Doy por no contestadas la mayor parte de las preguntas que hice al secretario de Estado sobre el desarrollo, el contenido,
la financiación, los objetivos y los recursos disponibles para todos y cada uno de los planes específicos que configuran el Plan de seguridad ciudadana del Gobierno.
Voy a preguntarle al director general de la Guardia Civil, al que evidentemente doy la bienvenida a esta Comisión una vez más, algunas cuestiones más particularizadas que llaman la atención de mi grupo y que, desde nuestro punto de vista,
requieren una información. En primer lugar le preguntaría sobre el Plan de seguridad en los cuarteles. El señor ministro del Interior compareció por primera vez en esta Comisión y habló de este plan. Nosotros queremos saber en qué consiste, cuál
es su alcance real, porque en aquel momento no pudimos tener esta información, cuánto se va a gastar en el año 2003 y cuántos cuarteles necesitan este plan de seguridad. En definitiva, a cuántos cuarteles se va a aplicar el plan de seguridad. ¿Se
va a aplicar a todos, a algunos, en unas zonas sí y en otras, no? El ministro del Interior se comprometió a realizar un plan de infraestructura, lo dijo aquí, de todos los edificios dedicados a seguridad, se entiende que no solamente de la Guardia
Civil sino también de la Policía Nacional. Obviamente le pregunto al director de la Guardia Civil por la parte que le pueda afectar. ¿En qué medida este plan de infraestructuras se desarrollará a lo largo del año 2003? Número de edificios a los
que va afectar, cuántos se van a construir nuevos, cuántos se van a mejorar y en definitiva cuánto se va a gastar más en el año 2003. Con relación a esta cuestión del plan de infraestructura es importante también saber qué parte van a poner los
ayuntamientos, qué parte las comunidades autónomas y qué parte las diputaciones. De todos es sabido que la Dirección General de la Guardia Civil habitualmente realiza este tipo de actividades inversoras con la participación de ayuntamientos,
comunidades autónomas y diputaciones. Sobre el Plan SIVE le preguntaría el grado de ejecución en este momento, las previsiones de ejecución en el año 2003 y las previsiones de implantación definitiva y aplicación generalizada de este plan al objeto
de conseguir la efectividad que todos deseamos. En este momento hay una fase importante, todos lo sabemos, de desarrollo de este plan pero sin embargo se están observando determinados huecos, determinados coladeros, determinados fallos y lagunas
que originan cambios en lo que se refiere a la afluencia de inmigración ilegal o actividades ilegales que tienen por destino las costas españolas.
En cuanto a los efectivos me gustaría que nos diera una información, o que nos la entregara, si no la tiene disponible, nos da lo mismo que en las próximas 48 horas nos la aporte, sobre los efectivos reales en nómina, los que cobran porque
están en activo, no la plantilla teórica, que puede ser que tenga huecos, con relación a los años 2002 y 2003. Otras preguntas: ¿Cuántos guardias civiles han ingresado en los años 2002 y 2003? ¿Cuántos se han jubilado en los años 2002 y 2003?
¿Cuántos han pasado a la reserva en los años 2002 y 2003? Y ¿cuántos han aprobado en las oposiciones en ambos años? También me gustaría que el director general nos informe sobre los cambios numéricos habidos en aquellos agentes de la Guardia Civil
que se dedican a tareas burocráticas, servicios, talleres, etcétera. Aquello que implica una no dedicación a la misión fundamental de un agente de la autoridad, de un agente de la Guardia Civil, que supone su dedicación a otros menesteres.
Queremos estos datos cuantificados, señor director general. ¿Se va desarrollando el pase de agentes que se dedican a estas cuestiones que no son propias de agentes de la autoridad y en qué número los años 2002 y 2003, a destinos y menesteres
específicos de seguridad ciudadana? En relación con las casas cuartel, S.S. sabe que ha habido una polémica importante meses atrás. Importantes medios de comunicación de este país cuestionaban la permanencia de este modelo de convivencia familiar
de los guardias civiles en el ámbito específico del cuartel. Parece que hubiera sectores importantes que quisieran disociar las dos dimensiones: casa, por un lado, y cuartel, por otro. Nosotros consideramos que ésta es una apuesta que merecería
la pena desarrollar, porque mejoraría mucho las condiciones de vida para todos y sería beneficioso en términos generales para el trabajo y la eficacia de la Guardia Civil. Por lo tanto, además de si se hubiera dictado alguna disposición, yo le
pregunto si hay algún tipo de ayudas para que el guardia pueda acceder a una vivienda propia de alquiler o alguna ayuda que le permita vivir fuera de la casa cuartel, como ocurre ya con los militares y con los policías nacionales; solamente la
Guardia Civil mantiene una estructura de convivencia que parece que ya está un poco anticuada.
Finalmente los costes de personal. Me gustaría que me informara S.S. sobre las modificaciones retributivas que se vayan a poder producir o que el Gobierno piense llevar a cabo a lo largo del año 2003, relativas al incremento del sueldo y
no solamente referidas a la productividad.
Es una cuestión importantísima porque, como todo el mundo sabe, las retribuciones de policías y guardias civiles son bastante inferiores por términos medios a las que cobran otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no son del Estado. Hay
una aspiración y un anhelo unánime para que se mejoren las retribuciones de los agentes de la Guardia Civil y particularmente para que se realice una homologación retributiva. Eso no se puede hacer en un año, eso lo sabemos todos, pero queremos
saber si se van a dar pasos de mejora retributiva de carácter puntual o si se enmarcan en un plan preciso de homologación retributiva a medio plazo, que desde nuestro punto de vista sería lo más adecuado.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, por favor.
La señora TORME PARDO: Nos sumamos a la bienvenida que desde el Grupo Socialista se ha dirigido al señor director general de la Guardia Civil.
Y siguiendo la fórmula técnica acordada respecto a las comparecencias de presupuestos de
formulación escueta de preguntas concretas, voy a pasar a efectuar alguna de las cuestiones que interesan especialmente a nuestro grupo; muchas de ellas coincidentes con las que ha hecho el señor Mayoral, por lo que no me alargaré en su
planteamiento.
Coincido con él en la gran importancia de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros somos conscientes de que hay una gran apuesta por una mejora de las retribuciones y querríamos que el
director general de la Guardia Civil pudiera confirmarnos qué mejoras retributivas se van a realizar al personal de la Guardia Civil en el presupuesto del año 2003. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la formación de los efectivos de la
Guardia Civil es esencial y tiene un carácter prioritario para la puesta en marcha de nuevas especialidades, como la que se incluye en el Plan de lucha contra la delincuencia del que estamos hablando, la especialidad de seguridad ciudadana, me
gustaría que expusiera las previsiones presupuestarias en relación a la formación de los miembros de la Guardia Civil. En tercer lugar, desde nuestro grupo queremos conocer las prioridades de inversión de la dirección general de la Guardia Civil
para el año 2003. Otra cuestión a la que el señor secretario de Estado ha hecho referencia era el capítulo 1 y 6, pero no lo ha hecho tanto respecto del capítulo 2, que consideramos fundamental para garantizar la operatividad de la Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, quisiéramos que nos diera su opinión sobre la partida de gastos corrientes en el presupuesto para el año 2003 y si será suficiente para garantizar la operatividad de la Guardia Civil. Y finalizo
preguntándole qué otras fuentes externas de financiación al presupuesto tiene la Guardia Civil, si es que las tiene, para afrontar sus proyectos de modernización.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.
Señor director general, tiene usted la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL(López Valdivielso): Voy a intentar contestar a las preguntas que me ha formulado el señor Mayoral.
Respecto a la primera, que hacía referencia al Plan de seguridad de cuarteles, he de decirle
que nosotros ya teníamos un plan de mejora de la seguridad de nuestros cuarteles en el que veníamos invirtiendo todos los años una cantidad importante, en torno a los 200 millones de las antiguas pesetas, para ir mejorando todos los sistemas de
seguridad de nuestros acuartelamientos. En el transcurso del año 2003 vamos a hacer un especial esfuerzo y contamos con un presupuesto de 18 millones de euros. Tengo un documento con todos los cuarteles e instalaciones en las que se va a ir
invirtiendo y comprobará que es amplio. Invertiremos esos 18 millones de euros más la partida que todos los años dedicábamos a la mejora de la seguridad de nuestras infraestructuras. Y no sólo es esto, sino que, dentro del capítulo 6, la partida
más importante es la de acuartelamientos y eso incluye la instalación de sistemas de seguridad.
Todas las obras de reforma y la construcción de nuevos cuarteles tienen incluida una parte de seguridad. Yo no sabría precisarle ahora exactamente,
pero por un lado tenemos esos 18 millones de euros, lo que veníamos aplicando habitualmente cada año más toda la parte que de inversiones en nuevas infraestructuras tiene el apartado de seguridad, de medidas de autoprotección. Están programadas las
inversiones en medidas de seguridad.
En relación con las infraestructuras, tenemos un plan permanente de acuartelamiento, así lo llamamos, en que se establecen, zona por zona, aquellas obras prioritarias. Le podría dar por escrito la relación de las obras que pensamos afrontar
en el año 2003. Suele tener algunos cambios, porque, como sabe, los expedientes de construcción de nuevos acuartelamientos son complicados y ello provoca que, ante el retraso por cualquier circunstancia, de algún proyecto o licencia de obras,
tengamos que saltarnos alguna de las prioridades. Si vemos la relación histórica, podemos decir que vamos cumpliendo perfectamente ese plan de infraestructuras. Por lo que se refiere al año 2003 le puedo decir que las obras más importantes que
vamos a afrontar son: la construcción del nuevo cuartel en Barakaldo, Sigüenza, Monterroso, en la provincia de Lugo, Villamartín, en Cádiz; vamos a iniciar las obras del nuevo servicio aéreo en Torrejón, vamos a llevar a cabo una acción importante
en Vizcaya, en Algorta, vamos a iniciar la tercera fase de Intxaurrondo, y otras muchas obras. Le comento estas porque me lo ha pedido, pero no estoy en condiciones ahora mismo de decirle todas las obras que vamos a abordar, porque muchas son obras
menores. Esto le puede servir un poco de guía,
aunque no tendría inconveniente en mandar a la Comisión la relación de todas aquellas obras que tenemos previsto iniciar en el transcurso de este ejercicio.
Aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Le podría decir que las comunidades autónomas aportan en torno a los 1.000 millones de pesetas. Nosotros tenemos una serie de convenios con las comunidades autónomas, por ejemplo,
con Castilla y León o con Extremadura, como sabe muy bien, y con con distintos ayuntamientos. Y le puedo decir que, en términos generales, en estos convenios los ayuntamientos suelen aportar el 20 ó 25 por ciento del importe total y el resto es con
cargo de los presupuestos del Ministerio del Interior. No sé si con esto he contestado a lo que me preguntaba. No le puedo decir ahora exactamente qué obras se van a hacer este año. Lo que sí le puedo decir es que, respecto a esta cuestión,
nosotros hemos firmado 81 convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para la construcción de nuevos acuartelamientos y en estos momentos 24 se encuentran en tramitación. Los ayuntamientos suelen dar el terreno, por supuesto, hacen el
proyecto y luego aportar una cantidad del 10 al 15 por ciento del importe de la obra. Si sumamos todo podíamos estar en la cifra que he citado.
En cuanto al SIVE, servicio integral de vigilancia exterior, quiero decirle que el nivel de ejecución es del 100 por cien. Todo lo que teníamos previsto invertir para la puesta en marcha del SIVE se ha invertido y todo lo que estaba
programado está en estos momentos funcionando. Para el año 2003, tenemos un presupuesto de 27 millones de euros, que son 4.579 millones de pesetas; lo previsto en los años anteriores ya digo que está todo invertido, ejecutado al 100 por ciento y
lo que se pretende este año, desde el punto de vista práctico, es terminar todo el despliegue en Canarias, todo el despliegue en el litoral de Algeciras y hacer ya el litoral de Málaga; eso es lo previsto para el año 2003. Como sabe, hay una parte
de soporte técnico, lo que es SIVE propiamente dicho, y otra parte que es la potenciación de las unidades que tienen que completar el funcionamiento del SIVE. De esos 27 millones de euros a los que para el 2003 me he referido, 20,223 son soporte
técnico y 7,300 para potenciación de unidades; las dos cosas dan los 27 millones de euros, que son 4.579 millones de pesetas. No tenemos huecos.
Insisto en que lo que estaba programado se ha ejecutado y el alcance y la parte de perímetro que se
tenía pensado cubrir está cubierta, lo cual quiere decir que tenemos que ir aplicando el desarrollo del SIVE. Como digo, lo que vamos a hacer este año es todo el litoral de Algeciras, Canarias e iniciar, casi terminar, todo el litoral de Málaga.
Efectivos. Al día de hoy exactamente no se lo puedo decir. Nuestro catálogo sabe que son 72.516 guardias civiles en activo y yo podía decir que hoy podemos tener en torno a 2.500 vacantes sin cubrir. Lo que se pretende con el plan de
recursos humanos es cubrir y tener cubierto permanentemente al 100 por ciento el número de nuestro efectivos.
¿Cuántos ingresaron en el año 2002? Ingresaron 2.240. El plan de recursos humanos planteaba el ingreso de 2.240 guardias cada año y son
los que han ingresado este año. ¿Cuántos han pasado a la reserva en 2002? No estoy en condiciones en este momento de informarle con exactitud, pero yo diría que en torno a 1.500 ó 1.600 guardias civiles han pasado a la reserva en el año 2002.
Cambios de signo burocrático. Sabe que el plan de recursos humanos se completaba no solamente con tener cubierto el catálogo sino con destinar guardias, que hoy estaban dedicados a tareas burocráticas o logísticas, a tareas operativas.
Hemos puesto en marcha ya dos acciones; una que afecta a nuestro servicio de material móvil, y otra, al servicio de transmisiones. Hemos tomado la decisión de externalizar todas las operaciones sobre el mantenimiento de nuestra flota de vehículos
en la periferia, en las comandancias, y eso nos permite llevar 875 guardias civiles que estaban en estas misiones a servicios operativos. Por lo que se refiere a las transmisiones, la paulatina puesta en marcha del SIVE nos está permitiendo también
destinar un número importante de guardias civiles que estaban en esas misiones a tareas operativas. Podríamos plantearnos el objetivo para el año 2003 de que, además de esos 800, un número similar pudiesen incorporarse en el ejercicio 2003.
Casas cuartel. Sabe S.S., porque hemos hablado en alguna ocasión de esta cuestión, que el concepto casa-cuartel, que es un concepto antiguo y tradicional en la Guardia Civil, sigue siendo necesario. Por las características de nuestro
despliegue, es preciso que a guardias civiles que destinamos a determinados puestos les tengamos que dar una vivienda, porque hay muchos pequeños municipios en todo el territorio nacional donde no hay ninguna oferta de vivienda y por tanto o les
proporcionas un sitio donde vivir o no podrían residir en el municipio. Antes existía aquello de la casa del maestro, del médico, del veterinario, pero ahora los maestros, los médicos y los veterinarios no viven en el municipio y, tiene que ir y
volver, pero el guardia civil sí que tiene que estar en el municipio, por lo que hay que darles la posibilidad de que puedan vivir en el municipio donde están destinados y, como no hay oferta de vivienda, el concepto casa-cuartel sigue siendo
necesario. Dicho eso, es cierto que tenemos una política de reducir el número de pabellones. Hoy se construyen muchos menos pabellones viviendas de los que se construían antes y por ejemplo se puede decir que en las comandancias en las capitales
de provincias, donde hay oferta de viviendas, cuando planificamos la concesión de una nueva comandancia, el número de pabellones nunca es superior al 30 por ciento de la plantilla de guardias civiles en ella. Quiero recordarle que vivir en la
casa-cuartel no es obligatorio, el guardia civil que quiera vivir fuera del cuartel, lo puede hacer. Me preguntaba si hay algún tipo de ayudas. No, no las hay y
por el momento no hay ninguna previsión de que pueda haberlas. Nosotros pensamos que en estos momentos es más importante destinar nuestros recursos a la mejora de los pabellones existentes que a un plan de ayudas para aquellos guardias
civiles que no quieran vivir dentro de los pabellones que están en la casa-cuartel, por decirlo de alguna forma.
Se interesaba por los gastos de personal. El capítulo I sube de manera importante este año, como ha dicho el secretario de Estado, el 8,22 por ciento, 128 millones de euros, más de 21.000 millones de las antiguas pesetas. Con este
incremento nosotros perseguimos tres objetivos: por un lado, un incremento generalizado de la retribución de todo el personal de la Guardia Civil en un escenario de dos a tres años; segundo objetivo, la mejora de la retribución de aquellos
efectivos más directamente implicados en la mejora de la seguridad ciudadana, puesto que no podemos olvidar que tenemos un horizonte que es el plan de seguridad ciudadana, del que se ha venido hablando en esta comparecencia y, aparte de esto, a
determinadas especialidades de las que se van a beneficiar más de 40.000 efectivos, todos los guardias civiles de rural, porque son los que están implicados en la seguridad ciudadana más directamente, la especialidad de fiscal, Tráfico, el Seprona o
los comandantes de puesto. Se trata de dar un plus a aquellos guardias que prestan servicio de uniforme y de forma más cercana, con mayor contacto al ciudadano. Y por último, el incremento del capítulo I tiene también un incremento importante de
los incentivos al rendimiento, de la productividad, porque creemos que hay que compensar el esfuerzo adicional, las prolongaciones de servicio que hacen muchos guardias civiles y así la partida de incentivos al rendimiento crece este año un 36 por
ciento, se sitúa en 90 millones de euros, más de 15.000 millones de pesetas. Y le recuerdo los importantes incrementos que ha habido en los últimos años, ya que se han multiplicado por cinco desde el año 1996. Hay tres objetivos, con un gran
incremento en el capítulo I, incrementar a todos los guardias civiles, un poco más a aquellos que están más implicados en la seguridad ciudadana, y mejorar los incentivos al rendimiento para quienes, en el desarrollo de sus funciones, tienen
prolongaciones de jornada o servicios o misiones especiales.
Yo creo que el señor Mayoral no me ha hecho más preguntas. Creo que he contestado a todas las que me ha formulado.
Ya que estamos hablando del capítulo I, la señora Torme planteaba temas relacionados con la formación. Creo que ha dicho el secretario de Estado que nuestras dietas para formación, que son la materialización de los planes, crecen para el
año 2003 un 40 por ciento. Venimos haciendo un esfuerzo muy importante. Hemos formado más de 6.000 guardias civiles en los últimos años y queremos seguir con ese plan de formación, para lo que el incremento que prevén estos presupuestos es del 40
por ciento. En cuanto a las prioridades del capítulo VI, de las inversiones, que por cierto crece de manera muy importante, el 12 por ciento, en la guardia civil, quiero recordar que esto no es algo excepcional, sino que en los últimos años, desde
1996, se han producido crecimientos muy importantes.
El año 1996 teníamos 23,4 millones de euros para inversiones y este año tenemos 96,7, 16.000 millones de pesetas. Las prioridades. Primera prioridad, mejora de las infraestructuras, ya lo he
dicho: para eso vamos a dedicar más del 50 por ciento del capítulo VI, más de 50 millones de euros. Segunda prioridad, seguir con la renovación de nuestra flota, también aquí hemos hecho un importante esfuerzo; en 2003, vamos a tener en principio
casi 20 millones de euros, 3.200 millones de pesetas, lo que nos va a permitir seguir con ese plan de modernización. Hay que añadir la partida que, para renovación de flota, está en el presupuesto de la Dirección General de Tráfico, que son otros
11 millones de euros. Además, en el capítulo 2 hay una partida de renting de 200 millones de pesetas, que nos va a permitir comprar otros 319 vehículos más. Y la tercera prioridad del capítulo 6 también es seguir en ese esfuerzo inversor en el
área de nuestras capacidades tecnológicas, informática, comunicaciones, equipos de investigación, y va a crecer este año la partida destinada a estos efectos un 18 por ciento. Siendo consciente de las limitaciones presupuestarias a todos los
niveles, este año tengo que manifestar mi satisfacción porque se han atendido prácticamente todos los requerimientos que en su momento la Guardia Civil hizo, y con este aumento del 12 por ciento en el capítulo 6 vamos a poder seguir adelante con
todos los supergrandes proyectos que nos habíamos planteado.
En cuanto al capítulo 2, la verdad es que es el que menos crece, no hay un crecimiento muy importante, solamente el 2,5 por ciento, pero sinceramente porque tampoco necesitamos más -digo esto entre comillas-.
El capítulo 2 ha crecido de
manera muy importante en los últimos años y creemos que con esta cantidad, 200 millones de euros, 33.000 millones de pesetas, vamos a poder cumplir las misiones, las tareas, las funciones que tenemos encomendadas. No olvidemos que el capítulo 2 lo
hemos doblado en dos años. El año 2000 nuestro capítulo 2 eran 100 millones y ahora son casi 200, hablando en euros. Estamos bien. En estos momentos no tenemos carencias dignas de mención y esa es la razón por la que habiendo tenido que optar
entre el capítulos 2 o el capítulo 6 hemos preferido centrar nuestro esfuerzo presupuestario en el capítulo 6.
Me preguntaba la señora Torme por fuentes externas de financiación. Es una cuestión muy importante, por eso me lo pregunta. Porque, además de nuestro capítulo 6 propiamente dicho, que he dicho que eran 96,7 millones de euros, tenemos, lo
que nos proporciona la GIESE, la Gerencia de Infraestructuras, que nos va a permitir aportar otros 7,8 millones, la Dirección General de Tráfico invierte en la Guardia Civil 20,6 millones
de euros, a través de los convenios a los que nos hemos referido, esos aproximadamente 6 millones de euros; luego tenemos para la seguridad de acuartelamientos los 18 millones de euros a los que me he referido y aproximadamente 9 millones
de euros que nos corresponderían, aunque no es inversión propiamente dicha, del SIRDEE; en total estamos hablando de 158 millones de euros, 26.300 millones de pesetas, que nos van a permitir, como digo, seguir avanzando en esos grandes proyectos
que tenemos en marcha.
No sé, señor presidente, si me ha quedado alguna pregunta por contestar.
El señor PRESIDENTE: Nos lo dirán en seguida los señores diputados.
El señor Mayoral tiene la palabra.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor director general, como decía el clásico, la realidad es el venir a menos de la idea, y de los proyectos, de los presupuestos, de las cifras y de los porcentajes que se airean por parte del Gobierno.
Hay una cuestión muy importante, la más importante, que yo quería que quedase clarificada esta mañana, la he planteado anteriormente. Es la cuestión de las retribuciones. Su señoría habla de unos porcentajes, ha dicho que va a haber una
mejora de retribuciones dos, tres años, pero no ha dicho cuándo. Y no nos ha dicho cuánto está presupuestado para esa mejora de retribuciones durante el año 2003. Si nuestros cálculos no nos engañan, esa mejora debería alcanzar la cifra de 130
millones de euros aproximadamente. Teniendo en cuenta que el señor secretario de Estado anteriormente ha dicho que para mejora de retribuciones para los dos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se preveían 80 millones de euros, está claro que
aquí hay un fallo espectacular y no va a haber una mejora retributiva para la Guardia Civil y la Policía Nacional que merezca tal nombre. Va a haber unas mejoras muy limitadas, unas paguillas que se van a subir, permítame que utilice ese término,
no lo quiero utilizar de forma excesivamente peyorativa, pero creo que no es lo que se está esperando. Salvo que me diga usted que efectivamente vamos a tener un incremento de en torno a los 130 millones de euros en el año 2003 no creeré que vaya a
haber una mejora significativa de retribuciones para la Guardia Civil. Habrá algunas mejoras, pero no significativas.
Señor director general, es importante que me clarifique este concepto, sobre todo porque ha dicho con un cierto grado de imprecisión que las subidas estaban pensadas para dos o tres años. A mí lo que me interesa saber es qué va a pasar en
el año 2003. Si ustedes tienen un horizonte mejor todavía, donde prevean incrementos en la línea de homologación retributiva, que bien necesaria es, para años posteriores, me gustaría mucho. Me gustaría mucho que eso fuera cierto y que así lo
estuviera planteando el Gobierno. Sobre la mejora de la productividad no le voy a discutir la cifra, porque tampoco es mi misión. Sólo quiero decirle que sería conveniente que se modificase el sistema de asignación del incentivo de productividad,
porque usted sabe perfectamente, señor Valdivielso, que existen protestas y un cierto grado de discrecionalidad, y dos personas que hacen los mismos servicios a veces no perciben las mismas retribuciones por este concepto. Esto es importante que se
corrija, porque si no se instala una especie de sensación de injusticia en el tratamiento de las personas, lo cual desmoraliza bastante, desde mi punto de vista, en la prestación de los servicios. En cuanto a las casas cuartel, constato que no hay
previsto por parte del Gobierno establecer ningún tipo de ayuda ni previsión de hacerlo en el futuro. La propia política que usted mismo ha manifestado cuando ha dicho: cuando construimos ya no creamos alojamiento superior a un tercio de las
personas que tengan que trabajar allí. Yo veo que hay una política en este sentido iniciada ya por el Ministerio del Interior, por su Dirección General. Sin embargo, quizá falte algo que creo que en Defensa sí existe y es un apoyo al desarrollo de
ese objetivo que implica mejorar las condiciones de vida, porque obviamente las casas cuartel son unos cubículos muy determinados donde no cabe todo y las familias a veces no están suficientemente bien alojadas.
Voy terminando, señor presidente, ya veo su inquietud, pero espero que este trámite lo solventemos con más premura que el anterior. Solamente debo hacerle una precisión. No me ha quedado claro, y quizá ha sido por culpa mía, señor
Valdivielso, la diferencia que existe en lo que se refiere al Plan de seguridad de cuarteles respecto al plan de inversiones. Me ha dado la impresión de que en algún momento S.S. ha dicho que eran la misma cosa, que ya se preveía. Como el señor
ministro aquí hizo la previsión económica que usted ha señalado anteriormente. Si mis cálculos no me engañan, 18 millones de euros son aproximadamente 3.000 millones de pesetas, que es la cifra que él dijo cuando compareció, y eso era
específicamente Plan de seguridad. Bien, diferenciémoslo del plan de inversiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, termine, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando.
Respecto al SIVE constatamos que el año 2003 no va a quedar operativo todavía y por tanto no es un instrumento suficientemente eficaz para lo que tiene que cumplir. La aportación de ayuntamientos y comunidades autónomas nos parece excesiva.
Es voluntaria, claro que sí, pero a veces sabemos que les cuesta y que incluso se endeudan para resolver una obligación que finalmente es del Estado. En cuanto a los efectivos en destinos burocráticos, si mal no recuerdo, señor Valdivielso, en
cierta ocasión dijo usted aquí, me parece que fue el año pasado, que eran 8.000 los que había que
manejar en términos de traslación a actividades operativas. Un 10 por ciento, 800, que es lo que piensan pasar el año que viene, es una cantidad todavía insuficiente. Habría que acelerar esa operación.
Finalmente, en Tráfico, señor
Valdivielso, Guardia Civil de Tráfico. Es importante que piensen ustedes en el incremento que ha habido de siniestralidad, en el problema de la inseguridad vial que padecemos, en el incremento de carreteras, en tantas cosas como crecen en nuestro
país afortunadamente por la vitalidad de la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, por favor, que nos salimos del tiempo.
El señor MAYORAL CORTÉS: Todo eso exige un incremento de la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico, que no hemos visto reflejada en ninguna parte.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Quiero traer a colación las palabras que pronunciaba anteriormente el secretario de Estado: la gran habilidad que tiene el señor Mayoral para, ante la evidencia de los datos y de las cifras, negar que haya habido
incrementos importantes o que se haya conseguido mejorar por ejemplo el Plan de infraestructuras. El director general ha hablado de un 12 por ciento de incremento en las inversiones para realizar ese plan, a lo que además ha añadido otras cuantías
distintas, entre otras las que provienen de esas fuentes de financiación externa, que también tienen tanta importancia. De todos modos, se ha hablado de un incremento en el capítulo 1 de más del 8 por ciento, lo que puede contribuir de forma muy
clara, al incremento de las retribuciones de los efectivos de la Guardia Civil.
Hay otro capítulo que me parece muy significativo también: el de la formación, aspecto por el que preguntaba al señor director general y para el que él ha mencionado un incremento de un 40 por ciento. Me parece un esfuerzo importantísimo,
que contribuirá a mejorar la calidad e incrementará la eficacia, y, sobre todo, incidirá positivamente en ese valor que se resalta continuamente cuando se habla de lucha contra la delincuencia: el de la especialización. Me gustaría que el director
general nos dijera si los planes de formación previstos por la Guardia Civil pretenden hacer hincapié en la extensión de unidades sobre las que ha dado ya cumplida información en otras sesiones de la Comisión; unidades como, por ejemplo, los
equipos de atención a la mujer y a los menores -EMUME-, o los que trabajan contra la delincuencia organizada y la droga, o los de atención al inmigrante -EDATI-. Se trata de una apuesta fuerte por la formación, que puede contribuir a la
especialización, uno de los valores que priman en la cultura de la seguridad ciudadana.
En cuanto al SIVE, la verdad es que he entendido todo lo contrario de lo que ha entendido el señor Mayoral. Decía él que no estará operativo en 2003, y yo, de las palabras del señor director general, he deducido que está operativo este año
2002 y que, además, se han ejecutado el cien por cien de los créditos consignados anteriormente y se encuentra en funcionamiento pleno todo lo programado. De todas formas, el director general corroborará estos extremos.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Intervendré con toda brevedad.
Creo que sí he dado cifras del capítulo 1, y lo ha dicho también la señora Torme: crece un 8,22, que son 128 millones de euros (21.000 millones de pesetas) más de lo que teníamos en 2002. Le he dicho que el incremento general de las
retribuciones para todo el personal en 2003 supondrá 63 millones de euros. Le he dicho que la productividad crecerá un 36 por ciento. Sí que le he dado cifras de incremento. Por supuesto, no le puede precisar cuánto más va a ganar cada guardia
civil, porque no es fácil.
Usted sabe que no es fácil el sistema retributivo de la Función pública, y menos el de las fuerzas de seguridad. (El señor Mayoral Cortés: Eso es lo que quería saber.) De todos modos, le digo que hay un aumento
importante y sensible, que se notará: hay una parte general para todo el personal, para una serie de especialidades que ya le he dicho que la constituyen guardias civiles vestidos de uniforme y que prestan servicio más en contacto con los
ciudadanos, y la productividad sobre cuyo reparto hemos debatido muchas veces. De entrada, como sabe, el concepto de productividad tiene un componente de discrecionalidad; según la norma que regula la productividad, alguien tiene que decir a quién
le conceden la productividad. Dicho eso, en el caso de la Guardia Civil, tengo que decirle que más del 80 por ciento de la partida de productividad se reparte con criterios estrictamente objetivos; es decir, que para aquellos efectivos operativos
que prestan servicio como lo que se llama guardia civil con papeleta y uniforme, el criterio es absolutamente objetivo, no hay ningún tipo de discrecionalidad por parte del mando, e insisto en que estamos hablando de más del 80 por ciento de la
partida de productividad.
En cuanto a las casas cuartel, he dicho un tercio donde hay oferta de vivienda. En otros sitios, si hay ocho guardias, hay que hacer ocho pabellones, porque no tienen dónde vivir. La ayuda para vivienda no nos la planteamos; tenemos que
administrar los recursos que la sociedad pone en nuestras manos y, por ahora, preferimos dedicar recursos a mejorar los pabellones existentes que a dar ayudas a quienes no quieren vivir dentro del cuartel.
El SIVE, como usted sabe, era un proyecto a terminar en 2005. Hemos seguido a rajatabla la programación
que teníamos desde 2002 hasta 2005, ejecutando al cien por cien todo lo previsto, y hemos terminado todo. Respecto a 2003 y dónde van esos 20 millones de euros, lo tengo muy claro, se lo he dicho: terminar el despliegue en Algeciras,
terminar el despliegue en Fuerteventura, terminar el despliegue en Málaga, continuarlo en Cádiz, iniciarlo en Ceuta, y una serie de materiales: identificación de matrículas, banco de reparación, emisoras a través de Hispasat, etcétera. Estamos
ejecutando el SIVE al cien por cien y sigue un nivel de cumplimiento que no se aparta en nada de lo programado. De todos modos, no es una inversión que se pueda hacer en un año, como usted sabe, sino en cinco; y en eso estamos.
Los guardias que se van incorporando desde tareas burocráticas o logísticas a operativos suponen esa cantidad. Ahí están incluidos los que completarán el catálogo, 8.000, que efectivamente es la cifra que di y que mantengo. La
incorporación es paulatina; le he hablado de 800 para este año, del servicio de material móvil, pero puede que haya otros tantos de transmisiones. Partimos de que ha habido por lo menos 2.000 que se han incorporado en años anteriores.
En cuanto a la intervención de la señora Torme, he contestado ya a algunas de sus preguntas. Dentro de nuestro plan de especialización, tenemos previsto crear más EMUME, más EDATI y más EDOA. Hicimos un despliegue inicial y, a medida que
los presupuestos de formación lo permitan, y este año lo permitirán, incrementaremos el número de estos equipos, fundamentalmente el de EMUME y EDATI.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. Damos por concluido este punto del orden del día. Le agradecemos su presencia aquí y su exposición.
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA), A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (números de expediente 212/001249 y 212/001252) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de
expediente 212/001310).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: comparecencia del director general de la Policía, al que damos la bienvenida en esta su primera comparecencia ante la Comisión. Es un compañero de las Cortes Generales,
dejó su escaño en el Senado para asumir estas responsabilidades, y le deseamos mucho éxito en su gestión.
Para hacerle las preguntas pertinentes, relacionadas con la comparecencia de hoy, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Mayoral.
(El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.)
El señor MAYORAL CORTÉS: Bienvenido, señor director general. Aunque ya conoce usted esta casa, como ha dicho el señor presidente, es la primera vez que comparece en estas funciones. Espero que tengamos ocasión de dialogar y debatir con
S.S. en el futuro, en otro tipo de comparecencias que le solicitaremos.
Hoy tratamos de obtener información del Gobierno acerca de las previsiones presupuestarias del año 2003. En este tipo de comparecencias, yo tengo que hacer la labor de abogado del diablo, por así decirlo. Eso no quiere decir que mi misión
sea diabólica, sino que trato de averiguar cosas que el Gobierno no dice a veces, o que no están suficientemente claras, o que necesitan ser aclaradas. A veces, también tratamos de navegar en la maraña de propaganda que todo Gobierno -y
particularmente el del Partido Popular- hace con los incrementos presupuestarios. Luego, la realidad es menor, y viene a comprobarse cuando el Gobierno manda a las Cortes una ley de crédito extraordinario para cubrir insuficiencias que no fueron
previstas, como hemos tenido ocasión de debatir recientemente.
Desde esta perspectiva, yo no le voy a hacer ni mucho menos las mismas preguntas que ya le hice al secretario de Estado porque éste es el responsable máximo de la seguridad después del señor ministro, planteándoles a ustedes cuestiones de
carácter más operativo y sectorializado. Como digo, no voy a repetir las preguntas relacionadas con el desarrollo del plan de seguridad ciudadana del Gobierno, pero sí quiero hacer algunas precisiones sobre cuestiones que están planteadas y que es
conveniente que se expliquen con absoluta claridad. Solamente voy a infringir esta regla de conducta de no preguntar lo mismo que al secretario de Estado en lo que se refiere al número de efectivos, a la oferta de empleo público que el Gobierno ha
cifrado, en cuanto a policías nacionales, en 12.800. Este asunto no me lo ha contestado el secretario de Estado pero es muy importante desde la perspectiva del director general de Policía. ¿Se trata de plazas nuevas, de un incremento de la
plantilla o de la cobertura de vacantes? De 12.800 vacantes que se producen en los años 2002, 2003 y 2004. Antes hice una contabilidad al señor secretario de Estado -a la que no hizo referencia- por la que, de ser cierto que se trata de un
incremento de plantilla, es decir, de plazas nuevas adicionales a las ya existentes, resulta que en 2004 el número de efectivos policiales se pondría en 57.000, y no creo que esa sea la cifra, ni siquiera el propósito del Gobierno. Ahora comparece
S.S., como director general, pero también compareció en el mismo cargo el señor Cotino, que señaló que el óptimo de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía debería ser de 50.000 agentes, algo que también desde esa perspectiva nos parece
insuficiente. Abundando en esta dirección le pregunto sobre
el número de efectivos que habrá al finalizar 2002 y el número de efectivos en 2003 -no de catálogo, sino efectivos reales, cobrando nómina, en activo- que no sean ni alumnos en prácticas ni agentes que pasen a segunda actividad. Esto es lo
primero que queremos saber, cuál es en número de efectivos la previsión del año 2003 y su incremento.
La cuestión de las retribuciones creo que afecta muy directamente a S.S.
porque ha habido un largo conflicto, que todavía no sabemos en qué trámite está ni si está resuelto o no, entre todos los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y
el Ministerio del Interior. Una de las raíces de este largo conflicto era precisamente de carácter retributivo y el objetivo que planteaban los sindicatos policiales era la homologación retributiva. Sabemos que hay algo relacionado con algunas
subidas de retribuciones, que ojalá se produzca. Si esa subida de retribuciones se realiza en los términos en los que venía funcionando la previsión -una previsión, diríamos, moderada-, debería alcanzar para Guardia Civil y Policía Nacional del
orden de los 180 millones de euros, pero ha dicho el secretario de Estado que la previsión global era de unos 80 millones de euros. Para que esa previsión de una subida mediana para el Cuerpo Nacional de Policía fuera correcta deberíamos hablar en
torno a 50 millones de euros. Usted nos dirá si se va a producir o no. ¿Que va a haber incremento? Eso lo damos por descontado; la cuestión que se debate no es la reparación de una injusticia seria sino cuál es el incremento real. Lo que antes
le preguntaba al director general de la Guardia Civil.
Aparte de los porcentajes y los incrementos globales, ¿en cuánto va a crecer el sueldo de un policía nacional? ¿Cuánto más va a ganar un policía nacional? Y las dos preguntas básicas que en
definitiva le formulo son, primero, cuántos policías nacionales más va a haber operativos, en activo, en el año 2003 y segundo cuánto más van a ingresar en su bolsillo en términos de concreción total y absoluta, cómo se va a incrementar el sueldo
para los policías nacionales. Estas son cuestiones de la máxima importancia y trascendencia.
Otro tema es el derivado del rechazo del incremento del número de efectivos policiales que tienen que pasar por la formación en la academia de Ávila. Según la memoria que aporta el Gobierno, en el año 2003 iniciarían su formación en Ávila
1.500 personas de la oferta de empleo público de 2001 y 2.100 de la oferta de empleo público para 2002.
Obviamente esto plantea un problema importante desde el punto de vista de la capacidad de formación de las instalaciones de Ávila. ¿Están o no
preparadas las instalaciones de Ávila para recibir y mantener durante nueve meses -y subrayo, señor director general, las palabras nueve meses- la formación presencial de este número de policías? También puede ser que se estén buscando
alternativas: aulas abiertas, complementar la formación durante tres meses en comisarías, cosas que hemos escuchado y que de ser así consideraríamos alarmante, porque puede redundar en un empeoramiento de la formación o en una cierta disminución de
la capacidad formativa, de la adquisición de formación de los policías nacionales. En consecuencia, deseo que nos informe sobre estos temas y sobre si el Gobierno piensa, habida cuenta de la necesidad de formar más policías, en alguna alternativa
de incremento de los instrumentos de formación, de instalaciones, de profesorado, que puedan permitir el mantenimiento del nivel formativo que hasta ahora tiene la policía y que se plantea en nueve meses de formación presencial en la academia
-obviamente estoy hablando de los de base, los otros tienen mayor exigencia formativa y de presencia- y el año de prácticas en una comisaría.
Antes le preguntaba cuántos policías más, cuántas retribuciones más y ahora finalizo con dos preguntas también precisas: ¿cuántas comisarías más va a crear? No hablo de reparaciones de comisarías, por lo que también le pregunto en
inversiones. ¿Va a haber alguna comisaría más? ¿Se van a crear más comisarías en este país o se van a mantener las existentes? Quiero que nos informe también sobre si se va a construir alguna en sustitución de edificios antiguos que hayan dejado
de ser útiles o que necesiten una sustitución porque hayan cambiado las condiciones. Asimismo pregunto por el incremento previsto en lo que se refiere a medios, sobre todo porque teóricamente todo lo que le estoy preguntando ha de tener una
incidencia importantísima sobre el cumplimiento de un plan como el de lucha contra la criminalidad, que ha planteado el Gobierno y cuyos diversos programas el secretario de Estado esta mañana no ha sido capaz de explicarnos detenidamente en qué
consiste cada uno ni el conjunto de recursos que implica el desarrollo de todos y cada uno de ellos, su temporalización, espacio, etcétera, porque estas cosas son muy bonitas diseñadas en términos de documentación, pero la realidad viene determinada
por el conjunto de recursos que se apliquen, y si no hay recursos, ni están definidos, ni sabe cuándo, cómo ni por qué, finalmente estos planes no se llevarán a cabo, como pasó con el Plan Policía 2000.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Torme.
La señora TORME PARDO: También desde el Grupo Parlamentario Popular queremos darle la bienvenida al director general de la Policía en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior, así como desearle mucho éxito en la alta
responsabilidad que ejerce y que tan directamente incide en la garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. En la medida en que el éxito de S.S. al frente de la Dirección General de la Policía beneficiará a todos los españoles,
debe saber que cuenta con todo nuestro apoyo.
Se ha pronunciado el señor Mayoral diciendo que aunque ejerce de abogado del diablo él nunca actúa diabólicamente. Esa afirmación estaría lejos de ser pronunciada por el Grupo Parlamentario Popular. Ejerce ese derecho a las preguntas
buscando una transparencia, unas aclaraciones del presupuesto y es un aspecto que también queremos desde el Grupo Popular, pues deseamos contribuir a ello con las preguntas que formulamos. Ha realizado un juicio de valor sobre el enmarañamiento con
que se elaboran y explican los Presupuestos Generales del Estado. Simplemente quiero señalar que la técnica presupuestaria es la que es y, aunque el Gobierno del Partido Popular tiene sin duda una extraordinaria capacidad de iniciativa, en este
caso la técnica presupuestaria no es un invento suyo, es una técnica ya consolidada en nuestro sistema que por supuesto este Gobierno respeta. En cuanto a las explicaciones, veo que se están dando muchísimos datos concretos por capítulos,
incrementos porcentuales y partidas concretas en los diversos conceptos. De manera que de enmarañamiento nada, sino voluntad de explicar con gran transparencia cuáles son esas prioridades por las que ha optado el Gobierno y cómo se plasman en los
Presupuestos Generales del Estado, en este caso en la sección 16, correspondiente al Ministerio del Interior.
Además, se señalaba -y aquí hemos hablado de ello a lo largo de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad y del director general de la Guardia Civil- de la concreción presupuestaria del reciente plan que se ha puesto en marcha,
el plan de lucha contra la delincuencia.
El señor Mayoral decía que el secretario de Estado no ha explicado algunos aspectos, como la temporalización. Son aspectos que sin duda exceden de lo que ha de ser una comparecencia presupuestaria, y así se
ha pronunciado el secretario de Estado de Seguridad, ofreciendo su disponibilidad a comparecer aquí para dar información detallada del cumplimiento de la programación del mismo. En cuanto a que no hay recursos, ya se está diciendo en todas las
comparecencias. Es un presupuesto realista que hace frente tanto a esos planes estructurales a medio y largo plazo del Ministerio del Interior como al desarrollo y a la puesta en marcha de este plan concreto de lucha contra la delincuencia.
Siguiendo con esa voluntad de que se expliquen y clarifiquen determinados aspectos, le voy a formular una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las líneas generales de actuación de la Dirección General de la Policía para el año
2003 y en qué medida se encuentran cubiertas por las diferentes partidas de gasto del proyecto de presupuestos para dicho año?
Pasando al capítulo 1, quisiera que nos pudiera informar sobre los resultados que se están obteniendo de las medidas puestas en marcha para reforzar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cuál es el efecto de la ampliación de edades
para el pase a segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía, que entró en vigor el primero de enero de este año? Otra cuestión que queremos plantearle es acerca del funcionamiento operativo de los servicios. ¿Puede garantizar el presupuesto
para el año 2003 la suficiente cobertura para estos gastos esenciales para el desarrollo ordinario de la actividad policial? ¿Se garantizan los gastos tan elementales como el combustible de automoción y las dietas de los funcionarios? Otra
cuestión es si tiene previsto la Dirección General de la Policía la puesta en funcionamiento del documento nacional de identidad con firma electrónica. En este sentido, quisiera que nos informara sobre la financiación para este importante proyecto
que se contiene en el proyecto de presupuestos del Estado. ¿Existe alguna previsión en el proyecto de presupuestos para la implantación de una nueva libreta de pasaporte que incorpore medidas técnicas en la misma para evitar su alteración o
falsificación?
Por último, quisiera plantearle otra cuestión acerca de si la Dirección General de la Policía tiene algún plan de adecentamiento y mejora de los edificios policiales, en particular de las dependencias de atención al público.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor director general de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Muchas gracias, señor presidente, por las amables palabras que me ha dirigido el presidente en ejercicio, aunque creo que también las comparte el suplente. Y muchas
gracias también al señor Mayoral y a la señora Torme por sus cálidas palabras de acogida.
Es verdad que es la primera vez que me siento en esta parte de la mesa.
Por tanto, estoy en buenas condiciones de comprender lo que me espera de contrario, en aquella parte, puesto que esa tarea parlamentaria la he ejercido durante mucho
tiempo, y singularmente durante mucho tiempo en esta casa en tareas presupuestarias. Así es que me sumo cariñosamente a la reflexión que hizo antes el señor secretario de Estado con referencia a la agudeza interpretativa que el señor Mayoral tiene
del presupuesto y de su manejo en términos de oposición.
Lo que quiero decirle, porque nobleza obliga, es que con independencia de los límites que establece el Reglamento de la Cámara, usted puede contar con mi plena disponibilidad para aportarle cuanta información y cuanta documentación necesite,
con el fin de facilitar el correcto trabajo de su acción parlamentaria de oposición.
Contestando concretamente a las preguntas que me han formulado, estamos hablando de 12.775 nuevos efectivos en un horizonte que abarca hasta el año 2004, es decir, a razón de 4.275 nuevos policías por año. Eso aclara perfectamente las dudas
que pudiese tener.
Con referencia a la homologación, he de decir que es una carencia histórica y estructural, si tomamos como referencia las policías autonómicas y las locales. Por tanto, lo que hay en este equipo ministerial, en la Dirección General de la
Policía, es una firme determinación de acortar, en el menor tiempo posible, esas distancias en términos de homologación que existen con referencia a otras policías autonómicas y locales. La voluntad a que me refiero queda de manifiesto en función
de los hechos cuantitativos y numéricos que le voy a dar a continuación. Pero, por lo mismo que le dije hace un rato, por la lealtad debida, no me pida lo que no le puedo dar; es decir, no me pida precisiones concretas sobre cuánto va a ganar tal
o cual policía. ¿Y por qué? Porque enganchándome en el razonamiento de la pretensión y de la propensión a acortar esas distancias, esta es una bandera que sigue y seguirá enarbolando esta dirección general, en tanto en cuanto tenga
responsabilidades en ese ámbito. Es decir, vamos a seguir trabajando en el acortamiento de las situaciones que puedan suponer agravio retributivo y, en consecuencia, sería por mi parte una dejación de funciones decir que esto es lo que van a
conseguir en 2003 o esto es lo que van a conseguir en el horizonte temporal de 2004. No, esa pretensión nuestra es permanente; es un compromiso con el Cuerpo Nacional de Policía y con las organizaciones sindicales.
En cuanto a las mejoras retributivas, en los términos que le he dicho, es de dominio común que la CECIR del día 25 aprobó el catálogo de puestos de trabajo, catálogo que pongo a su disposición si usted me lo solicita; es de dominio común la
mejora del complemento específico singular mínimo con repercusión en todos los puestos de trabajo; y es de dominio común, y así consta en el catálogo, el incremento de una cantidad equivalente a un punto del nivel de complemento de destino para
todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Las anteriores mejoras retributivas a las que me he referido, como usted sabe y yo también, tienen efectos del mes de julio de 2002. No obstante, la mejora del complemento específico singular mínimo para 2002 se aplicará en un primer tramo
del 20 por ciento y está prevista -y lo digo así para que conste en el 'Diario de Sesiones'- la aplicación de la mejora restante, es decir, los dos tramos 40/40, a lo largo del ejercicio presupuestario de 2003. Así es que, en la medida de lo
posible, le he dado los datos que usted solicitaba. Pero ahora le quiero hablar de otro aspecto, de un componente retributivo también importante, que es el de la productividad.
Como se sabe, en la Dirección General de la Policía la productividad se viene aplicando con los siguientes criterios. La llamada funcional, mediante la asignación de cuantías mensuales en razón del destino en determinadas unidades y
servicios policiales existentes en una serie de ciudades y de plantillas determinadas; es decir, se trata de una combinación de los llamados criterios funcionales y criterios territoriales. Las cuantías son iguales para todas las unidades y
plantillas, aunque todo el personal de una misma unidad percibe igual cantidad. Este criterio de productividad se viene aplicando así, como usted conoce sin duda igual que yo, desde el año 1992. Otro aspecto es el de los turnos rotatorios. La
prestación del servicio de manera habitual en turnos rotatorios completos de mañana, tarde y noche tiene una asignación de productividad de 15.000 pesetas al mes y se viene aplicando desde 1989. Los denominados servicios extraordinarios, a los que
no queremos ni debemos ni podemos renunciar, surgen con ocasión de operaciones determinadas y concretas: operación verano, operaciones especiales de protección y dispositivos especiales, por ejemplo, la presidencia europea. Se vienen aplicando
desde el año 1992. La productividad para el personal de cuerpos generales ligadas a jornadas superiores a la normal y apertura de oficinas de atención al público en tardes y sábados y también una productividad variable asociada a la dirección por
objetivos, la famosa DPO.
El gasto en los tres últimos años, en 2000, 2001 y 2002, se situó en torno a los 20.500 millones de pesetas. De ellos, en torno a 9.000 están asociados a la llamada dirección por objetivos. Tengo aquí todas las curvas que demuestran las
inflexiones de productividad, pero eso, a expensas de que usted pueda precisar y yo le dé mayores informaciones, responde a su pregunta número 4.
La pregunta número 5 tiene que ver con los alumnos en formación en el centro de Ávila. Ha hablado usted de 1.500, de 2.100 y yo le añado 75 más, a mayor abundamiento, de la escala ejecutiva; es decir, que podemos estar hablando de 3.675.
Y la pregunta era: ¿está el centro de formación preparado para asumir y para aceptar este contingente de alumnos? La respuesta es categórica: sí. No me negará que yo conozco el centro muy bien, lo conozco desde hace muchos años, pero la última
vez que he estado en el centro ha sido la semana pasada en un día no lectivo, concretamente el día 2, acompañando y mostrándole la calidad de nuestro sistema docente al director general de la Policía argelina.
Contestaré a cosas que usted no me pregunta, pero que es importante que comprenda, que comparta y que conozca. Por ejemplo, tenemos seis comedores y tenemos la capacidad de impartir mil comidas por hora. Las aulas son modulares de dos
tipos: de 40 y de 90 plazas. Sobre lo que más le puede preocupar, sobre qué hacemos con tanta gente si no hay capacidad residencial, le puedo decir que he encargado ya estudios que benefician a la ciudad de Ávila, y mucho, lo cual me alegra, y que
benefician también a los policías. Fíjese usted lo que supone decir que los alumnos de tal curso o del tal otro pueden dormir fuera. Tenemos el tema resuelto sin producir ningún desembolso ni ninguna cantidad extraordinaria. Además, dentro de
pocos días vamos a firmar,
como también es de dominio común, un convenio con la Junta de Castilla y León. Estamos a una distancia de cien millones de pesetas, no sabemos si van a poner 700 u 800, frente a la aportación que ha de poner el Cuerpo Nacional de Policía y
la dirección general. En virtud de ese convenio, se va a proceder a la formación de las policías locales de Castilla y León.
Ahí tenemos un componente importante de aulario para poder atender a toda la programación en materia de formación de
personal que ha establecido el plan del Gobierno. En cuanto al nivel formativo, le diré que he pedido que se estudie en profundidad el sistema formativo. El sistema formativo, que es bueno, queremos que sea muy bueno. Para eso y para armonizar
esas dos ideas con la tercera de situar en condiciones óptimas de formación al mayor número posible de agentes en la calle para tareas operativas, he pedido que se revisen los ciclos formativos, que se negocie la posibilidad de homologar
determinados ciclos con créditos universitarios y que esa revisión tenga como horizonte la siguiente idea: acortar los ciclos teóricos, incrementando la calidad, y aumentar los ciclos prácticos con el fin de que esos jóvenes policías en fase de
formación puedan estar en contacto directo con las realidades operativas.
¿Cuántas comisarías se van a crear? Esta era la pregunta número 6. Tengo aquí una respuesta que le puede satisfacer. Para el año 2003 no hay previsión de creación de nuevas comisarías. Está claro cuál es el despliegue territorial que por
ley tienen adjudicados el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, pero como dato preciso le diré que la comisaría de Quart de Poblet, Chirivella y Manises se va a desdoblar en Chirivella-Alacuas y Quart de Poblet-Manises. Ello con
independencia de un montón de obras, que era la parte subsidiaria de la pregunta principal, que se van a efectuar en muchas comisarías. Por darle algunas referencias y también con el compromiso, si usted quiere, de enviárselo pormenorizadamente,
hay reformas en la de Mieres, en la de Buenavista, en la de Pola de Siero, en la de Sama de Langreo, en San Fernando, Cádiz, hay reforma en la comisaría provincial de seguridad ciudadana en la misma provincia, en Las Palmas, en el aparcamiento de
Canillas, en Madrid, hay una previsión con programación plurianual para una nueva comisaria general de policía científica, reformas en nuestra sede de Rafael Calvo, reformas en los GEO; es decir, sería interminable y no quiero cansarle con datos
prolijos.
Ha hecho referencia a medios vinculados al plan de seguridad. Sin ánimo de contradecir ni de rectificar ninguna de sus más que naturales curiosidades, le diré que hay muchos medios. Le digo los que tienen reflejo en el capítulo 6, por
ejemplo: en automoción 6,1 millones de euros; en helicópteros, 0,5 millones; en armamento, 2,1; en informática, 7,7; en telecomunicaciones, 4,2; en sistemas especiales, 0,9; en medios materiales, 3,8; y en obras, 20,7. Estamos hablando, en
total, de 45,8 millones de euros. Verdaderamente el plan está muy bien concebido, tiene su desarrollo, pero -se lo digo con todo afecto y lo podemos discutir fuera de este foro- es técnicamente imposible dar respuesta a las precisiones que usted
solicita. No podemos hacer precisiones cuantitativas ni cualitativas ni presupuestarias, porque los focos delincuenciales no son previsibles en esos términos. No es previsible saber cuántas actuaciones policiales de choque vamos a tener que
afrontar, contra cuántos delincuentes y, en consecuencia, lo tercero va de suyo, no sabemos cuánto dinero vamos a emplear en eso. Lo que sí hace el plan es prever de forma precisa en términos de prospectiva todas las posibles respuestas que se
puedan dar en términos genéricos a esos focos delincuenciales. Creo que he contestado a todas las preguntas que me ha formulado el señor Mayoral.
Con referencia a las que me ha formulado la diputada del Grupo Popular, voy a contestar lo más rápidamente que pueda para no cansar a sus señorías. En primer lugar, me pregunta sobre las líneas generales de actuación para 2003 y en qué
medida se encuentran cubiertas las diferentes partidas. Creo que con la respuesta genérica que le he dado al señor Mayoral contesto a la suya, pero por precisar un poco más le diré que, como usted no desconoce, lo que pretendemos hacer en función
de lo que contempla el plan es, básicamente, reforzar la presencia policial en las calles, intensificar la ejecución de programas específicos en la prevención de inseguridad en sectores, en lugares y en franjas horarias que tenemos identificados, y
establecer planes específicos de lucha contra las nuevas y emergentes formas de delincuencia. A todo eso le damos respuesta con la oferta de personal a la que ya me he referido de una manera pormenorizada. En ese sentido, el capítulo 1 crece un
7,71 por ciento, el capítulo 2 crece en un 2 por ciento, el capítulo 4 es el necesario para hacer frente a las cuotas que tienen dimensión internacional, como son las de Cepol, Europol e Interpol, y el capítulo 6, que es importantísimo, como he
dicho antes al señor Mayoral y he pormenorizado, crece en un 7,89 por ciento.
Respecto al pase a la segunda actividad, que es un tema importante y ya está medido, como se sabe, hubo una modificación de edades. Para la escala superior se pasó de 60 a 62 años y para el resto de las escalas, de 56 a 58 y de 55 a 58. En
el período enero-septiembre de 2002, los resultados han sido los siguientes. El número de funcionarios que debían pasar a segunda actividad con arreglo a las edades anteriores era de 1.445 y el número de funcionarios que han optado por el pase a
segunda actividad ha sido de 745, mientras que el número de funcionarios que han optado por continuar en activo ha sido de 700; porcentualmente, el número de funcionarios que han optado por continuar en activo ha sido del 48,44.
Son datos
francamente satisfactorios, que indican que estamos en la buena
dirección para reconducir toda la eficacia que debe derivar de la segunda actividad.
Me ha preguntado sobre el funcionamiento operativo de los servicios y si el presupuesto de 2002 puede garantizar la suficiente cobertura para estos gastos, que son esenciales para el desarrollo ordinario de la actividad policial. La
respuesta es, categóricamente, sí. No voy a pormenorizar por no resultar prolijo, pero el argumento preciso que da sostén a la respuesta categórica lo pongo a disposición de su señoría.
Se ha interesado por dos aspectos específicos y concretos, uno de los cuales tiene que ver con una de las ideas más fuertes del Plan INFO XXI, que es el DNI electrónico. El DNI electrónico es un objetivo prioritario de la Dirección General
de la Policía con el fin de mejorar permanentemente los servicios. Lo que pretendemos es entregar el documento de identidad en el acto en el que se solicita, incorporando en ese documento, al objeto de facilitar un torbellino de servicios, la
llamada firma electrónica. Tengo aquí datos sobre el coste y sobre el chip. En la definición del chip intervienen dos tipos de autoridades: la de registro y la de certificación. Para no resultar prolijo, omito todo lo que tiene que ver con la
financiación, pero me referiré a las previsiones sobre el calendario de aplicación. La adjudicación de contratos se hará a 1 de enero de 2003, la ejecución de los llamados contratos de primera fase se hará en el primer semestre de 2003, está por
determinar dónde se haría la experiencia piloto, pero sería en el tercer trimestre de 2003, y la entrada en funcionamiento de la primera fase será en el cuarto trimestre de 2003.
Me ha preguntado también sobre la nueva libreta que sustituirá al pasaporte. Aquí le diré que se pretende dotar a los ciudadanos que así lo soliciten de una serie de medidas que dan cobertura a la seguridad o a los flancos que ofrece la
seguridad del actual pasaporte; medidas que tendrán que ver con nuevos materiales a emplear, con tintas, con láminas de seguridad para protección de datos personales impresos, etcétera.
Desde este punto de vista, paso a informarle rápidamente de
los costes, que pueden agruparse en dos conceptos: los costes unitarios de las nuevas libretas, que suministrará, como es lógico, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con cargo a capítulo 2, y los costes de los nuevos equipos de impresión con
que deben dotarse las oficinas de expedición de pasaportes, con cargo al capítulo 6.
No quiero extenderme más y respondo categóricamente a su última pregunta con referencia al plan de adecentamiento. Efectivamente, sí.
Creo haber contestado a SS.SS., y ahora me someto con todo gusto al turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, le rogaría que empleara el método telegráfico, dada la hora y lo que nos queda todavía.
El señor MAYORAL CORTÉS: Está claro que una oposición no puede ser telegráfica. Si fuera telegráfica, desaparecería como oposición. La oposición requiere literatura, como sabe su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, la comparecencia del señor director general de la Policía es la primera y detrás vendrán otras en las que usted podrá hacer el debate político. Ajústese a los presupuestos.
El señor MAYORAL CORTÉS: No todos los días le podemos tener aquí con nosotros.
Quería manifestarle nuestro deseo de que todas las informaciones que nos han prometido los distintos comparecientes se nos hagan llegar en el plazo previsto de 48 horas. Mi experiencia en este tipo de trámites me dice que con ocasión de las
comparecencias de los altos cargos del Ministerio del Interior la acumulación del trabajo en correos se intensifica porque no disponen de todos los datos para aportarlos aquí.
Quiero hacer alguna precisión sobre cosas que ha dicho su señoría. En primer lugar, quisiera saber si los 12.800 policías nacionales que forman parte de la oferta pública de empleo durante los años 2002, 2003 y 2004 son plazas nuevas o es
cobertura de vacantes. Ustedes tienen que ser serios en esto -me va a permitir que ponga mayor énfasis en este asunto- y decir la realidad al país. Aquí lo que hay es cobertura de vacantes.
Ustedes saben que en este momento hay un déficit
importantísimo en lo que se refiere al número de efectivos. Efectivamente, los que ingresen serán personas nuevas, señor director general -estaría bueno que ingresaran personas a punto de jubilarse-, pero lo harán para cubrir vacantes que existen
en el Cuerpo Nacional de Policía. Esa es la precisión que creo que ustedes debieran hacer y reiterar porque este tipo de ocultaciones, finalmente, no conducen a nada, absolutamente a nada. El otro día, el señor ministro, varias veces, cometió la
equivocación de decir que se trataba de 20.000 policías nuevos, cuando eran guardias civiles por un lado y policías por otro. En todo caso, siempre he visto reiterada la idea de que son nuevos, no desde el punto de vista de que son nuevos porque
ingresan, sino porque son plazas nuevas. Es importante que quede suficientemente claro que se trata de cubrir 12.800 vacantes que existen, sin que como consecuencia de esta cobertura se vayan a cubrir todas las que existen en el catálogo del año
1995, que ha estado vigente hasta la fecha.
En cuanto al tema de retribuciones, S.S. me ha dado porcentajes. No le voy a negar nunca la evidencia, creo que es una tontería, lo que sí le digo es que, como S.S. no me ha dicho cuánto puede subir el sueldo de un policía, para mí es una
cuestión que está en términos dudosos. Quiero saber si el sueldo de un policía, como consecuencia de los parámetros que ha manejado S.S., va a
subir 10.000, 15.000 ó 20.000, en sus distintas categorías, y cuánto va a subir en enero y en las otras dos subidas que ha dicho S.S., que va a haber. Díganoslo con claridad porque si no, mantendremos la duda. Toda falta de información a
la oposición redunda en una duda y yo, salvo que en su contestación me diga otra cosa, me voy a ir con la duda de cuánto va a subir el sueldo de un policía. Esto me hace llegar a la conclusión de que posiblemente la subida es bastante menor de la
que en principio estaba prevista. Yo le he dicho anteriormente una cantidad y S.S. no me la ha desmentido, no me ha dicho nada en contra.
Según las explicaciones que nos ha dado, el centro de formación de Ávila nos suscita muchas dudas; es más, diría que alguna de las dudas que tenía ya se me han convertido en certeza. Su señoría ha dicho que van a acortar los ciclos
formativos teóricos; eso no lo he dicho yo, lo tengo anotado literalmente. Eso quiere decir que vamos a pasar de nueve a seis meses.
Yo le creo cuando dice que lo quiere hacer sin que se pierda calidad, pero es evidente que Ávila no da abasto.
Es tan evidente, que S.S. ha dicho que para 3.600 policías tienen tres turnos de comida. Tendrán que montar un cuarto, porque si son 1.000 por turno, el cálculo es evidente, hay que montar cuatro turnos. (El señor director general de la Policía,
Díaz de Mera y García Consuegra: ¿Cuál es el problema?) Que un turno irá detrás de otro, que empezarán a comer a la una y media y terminarán a las cuatro y media, si los turnos son secuenciales; si son al mismo tiempo, no hay turnos, es un turno
solo. En consecuencia, creo que en Ávila no dan abasto.
Por otra parte, está el tema de dormir fuera. Efectivamente, ustedes autorizan que duerman fuera porque ya no caben dentro. Es evidente. Señor director general, ¿quién va a pagar eso? Ustedes dan la opción y dicen: usted puede vivir
fuera, puede alquilar. Es un buen negocio para los hoteles y las pensiones de Ávila, señor director general. ¿Han pensado si les van a pagar algo por dormir fuera a los alumnos que no puedan dormir dentro? (El señor director general de la
Policía, Díaz de Mera y García Consuegra: Ya se hace.) Bien, si me dice que es así, me parece estupendo, incluso a alguno le gustará más dormir en un lado que en otro.
El tema de acortar los ciclos me ha llamado la atención. Dice que van a modificar el sistema formativo y evidentemente es porque no quieren dotar de más recursos alternativos, ampliar y redimensionar la capacidad que tiene el centro de
Ávila. Ese es el problema que tienen y que no van a resolver.
Finalmente, otra duda importante con la que esta mañana me voy de aquí es la siguiente. Dicen que las medidas del plan de seguridad ciudadana del Gobierno tiene reflejo en los correspondientes capítulos. Eso es un misterio para nosotros,
señor director general. Usted dice: eso tiene su reflejo en su capítulo, y me da un porcentaje. Pero, por ejemplo, yo le pregunto: para el programa de seguridad en los barrios, que dicen que van a hacer, ¿cuántos recursos consumen de todo tipo,
financieros, personales o de instalaciones? Porque eso es lo que da virtualidad a las cosas y tanto el secretario de Estado como usted mismo me han dicho que hay previsiones en los capítulos. Pero ustedes han presentado aquí un plan, y un plan se
configura con programas concretos, donde se señalizan los objetivos sectoriales y subsectoriales, se especifican los recursos, etcétera. Eso es pedir la concreción de lo que ustedes dicen que hay.
Como esto no nos lo ofertan, señor director
general, creemos que este nuevo plan es tan fantasioso y tan irreal como el Plan Policía 2000. Esta es la conclusión que estamos sacando, porque precisamente fallan los instrumentos fundamentales. Luego resulta que a la hora de la verdad el Plan
Policía 2000 nunca aparecía en los presupuestos, y los planes que ustedes traen ahora tampoco aparecen reflejados presupuestariamente, singularizados y establecidos con la precisión que la técnica planificadora permite desde después de la guerra
mundial hasta nuestros días, porque la invención de la planificación es bastante antigua, lo que pasa es que aquí nos hemos olvidado de que la planificación puede realizarse con la precisión requerida. La planificación o la programación requiere
precisión, saber a dónde vamos y con qué contamos, y de esto, señor director general, nada de nada, ni el secretario de Estado ni usted nos han dicho nada sobre el particular y nos han suscitado una duda inmensa sobre el alcance de este plan del
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias por haberse atenido al tiempo, señor Mayoral, y habernos hecho un relato corto, que también es literatura, en vez de una novela.
Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Todas las explicaciones que estamos escuchando en esta sesión nos confirman esa correspondencia económica del plan de lucha contra la violencia en los propios presupuestos, lo que nos da una gran tranquilidad y viene
a corroborar esa credibilidad con la que se caracteriza este Gobierno.
Señor director general, ha dado datos en los que ahora no voy a entrar, pero me parece muy significativo ese incremento del capítulo 1, de más del 7 por ciento, con un esfuerzo importantísimo, histórico, que se suma al del ejercicio
anterior, en el incremento de la oferta de empleo público, así como en las mejoras retributivas. A este grupo parlamentario con sus explicaciones le ha quedado clara cuál es la línea que se está siguiendo.
Son importantes las inversiones que se contemplan en el capítulo 6 y que van a permitir mejorar las condiciones de todos los edificios dependientes del Cuerpo Nacional de Policía, así como proyectos novedosos que contribuyen a dar una mayor
calidad en la atención a
los ciudadanos, como el DNI electrónico o la nueva libreta de pasaporte.
No sólo es más calidad, por reducción de los tiempos de espera y que los trámites sean inmediatos, sino que además contribuyen a una seguridad, impidiendo que se
puedan falsificar o, por lo menos, dificultándolo.
En cuanto al centro de Ávila, para esta portavoz ha quedado muy claro que el señor director general no ha hablado de acortar los ciclos formativos, ha hablado de una reestructuración, distinguiendo, por una parte, los ciclos teóricos, donde
ha señalado la conveniencia de que se puedan acortar pero asegurando la calidad, y por otra, los ciclos de carácter práctico, que ha dicho que conviene alargar. Ha hablado de un estudio que se ha encargado para poder hacer una valoración de cómo
está el sistema formativo y contribuir a su mejora. No nos quedemos con una parte, con lo que es acortar determinados ciclos, sino con el conjunto de esa reestructuración, porque sin duda sabemos todos que en las tareas policiales la formación
práctica es esencial. Me parece importante que se apunte esa dirección, que se puedan alargar las clases prácticas.
Ha señalado que es un centro que conoce muy bien por su vinculación personal con esa provincia, que tiene unas instalaciones adecuadas para las funciones que tiene encomendadas. En este caso también ha apuntado aspectos novedosos, como esa
firma que ha anunciado de un convenio con la Junta de Castilla y León. En este trámite voy a hacer una petición, que en un futuro nos invite a los miembros de esta Comisión de Justicia e Interior a que visitemos ese centro; centro que, sin duda,
es un gran referente y además prestigioso, no sólo en España sino también a escala internacional. De ahí que haya frecuentemente visitas de personas a las que les ha llegado la referencia de ese gran modelo de enseñanza. Le pido esa invitación
porque podríamos comprobar in situ cómo funciona.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Señor Mayoral, me comprometo a que en 48 horas tendrá usted la información que solicita. En la sala de comisiones hay un subdirector general muy capacitado para dar
respuesta en tiempo real a sus pretensiones.
Yo no oculto nada, he dicho categóricamente que estamos hablando de nuevas plazas. Usted puede hacer la interpretación semántica que quiera de la palabra nueva, pero nueva significa lo que significa, no voy a dar yo ahora nuevas
interpretaciones a un concepto que está clarísimo, porque todo el mundo sabe lo que significa nuevo.
En cuanto a su duda cartesiana de cuánto puede subir el sueldo de un policía, se lo he dicho, pero se lo voy a decir con más claridad: le he dicho lo que le puedo decir y no le digo lo que no le quiero decir. No se lo digo por descortesía,
sino porque quiero seguir trabajando en esa previsión de mejora que hay en el horizonte inmediato. Se lo digo con todo afecto y con toda claridad.
Respecto a la duda, ya decía Ortega que la duda es el sustrato más profundo, firme y sustancial del hombre. O sea, que instalémonos en la duda porque será la forma de dar vitalidad a nuestra capacidad como hombres. Le tomo la palabra y
subrayo lo que ha dicho la diputada Ana Torme, yo no he dicho -y me remito al 'Diario de Sesiones'- lo que usted dice que yo he dicho con referencia a los ciclos formativos. En ningún caso he dicho que se vayan a acortar, sino que he dicho que he
encargado un estudio para ver la posibilidad de acortarlos tomando en consideración dos ítems. Uno, que no vaya en detrimento de la calidad y, dos, que los ciclos formativos teóricos pudiesen eventualmente decrecer, creciendo los prácticos, pero
dando a los prácticos la categoría homologable de ciclos docentes en aquellos que tengan homologación con las enseñanzas civiles.
De modo que le niego la mayor, no he dicho eso, de modo que no se quede usted con eso.
Otra cuestión. Cuando yo comía aquí en el Congreso de los Diputados los turnos que había en el autoservicio no significaban cuatro turnos igual a cuatro horas; eso es una evidente exageración, se puede comer en veinte o veinticinco
minutos. Por tanto, no conviene argumentar sobre bases que no tienen nada que ver con la realidad.
Vivir fuera. Hay un número de alumnos que viven fuera y que además perciben una subvención por ese hecho. Es una posibilidad que hay que explorar y se puede explorar sin grandes costes y con gran complacencia, presumo, de los futuros
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Respecto al plan de seguridad ciudadana y a su reflejo en diferentes capítulos presupuestarios y yendo muy al detalle, me voy a referir a la seguridad en los barrios. Reproduzco casi en su literalidad el argumento que le di sin pedírmelo.
No comparto que sea lo mismo la planificación que la programación. Me gusta más, por mi forma política de estar en la vida, la programación y me gusta menos la planificación. No sé cuál de las dos palabras le gusta a usted más. La programación es
precisa y tiene su reflejo en los presupuestos, lo impreciso es lo que no se puede prever. Lo que le he dicho antes. ¿Cómo voy a saber yo si en el barrio de la Concepción va a haber en el año 2003 siete o cuarenta y siete focos delincuenciales?
Por tanto, la programación es correcta y la planificación es otro concepto sobre el que no me quiero pronunciar.
Concluyo mi intervención dándoles las gracias, singularmente a usted, porque no se me escapa la benevolencia que ha tenido conmigo. Tomo muy buena nota de ello. Ha sido caballeroso, ha sido muy consciente de que era mi primera intervención
como director general,
se lo apunto, se lo agradezco y se lo valoro. A la señora Torme le cojo la palabra. Inmediatamente haremos a esta Comisión una invitación para que puedan visitar el centro de formación que es, sin ninguna duda, el mejor de toda Europa.
Muchas gracias a todos ustedes también por soportarme a mí.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor Díaz de Mera, director general de la Policía Nacional por su presencia en la Comisión y por la información que nos ha brindado.
Suspendemos la sesión el tiempo justo para recibir al señor director general de Instituciones Penitenciarias. (Pausa.)
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE CASTILLEJO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001248) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/001315).
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Reanudamos la sesión con la presencia del señor director general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste, que no es un desconocido en esta Comisión porque comparece con asiduidad,
colaborando con sus trabajos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista para formular las preguntas que considere oportunas, tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Agradezco al señor Yuste su comparecencia hoy aquí para cumplir este trámite de explicación de los presupuestos, que es algo más que un trámite; para nosotros es la oportunidad de traducir los fríos números y
averiguar qué interesantes realidades esconden. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy.
Usted sabe perfectamente que tenemos una discrepancia básica sobre el modelo penitenciario y eso condiciona la posición que tenemos sobre los presupuestos que nos presentan. A usted le parece que el sistema penitenciario está bien y que
hacen lo que deben hacer, y nosotros creemos que el sistema penitenciario español se está mostrando incapaz de cumplir su función constitucional de reinsertar en la sociedad a quienes han cometido delitos. No debe, pues, atribuir nuestras críticas
y nuestro escepticismo a la mala fe o al empecinamiento ni le tiene que extrañar que manifestemos, un año más, nuestra severa discrepancia con las cuentas que nos presenta.
Nosotros creemos que para renovar y actualizar el sistema penitenciario y para adaptarlo a las necesidades de la población penitenciaria de hoy, sería necesario, primero, tener conciencia de que es preciso hacerlo y, segundo, realizar un
esfuerzo presupuestario que ustedes están muy lejos de acometer. Usted sabe perfectamente que la tipología de las personas que cometen delitos ha cambiado sustancialmente respecto de la de hace veinte años y que en los últimos años están cambiando
de nuevo; usted sabe que hay un alto porcentaje de la población penitenciaria con patologías importantes, patologías físicas y psiquiátricas; usted sabe que la mayoría de los reclusos son reincidentes; sabe que hay un número elevadísimo de
internos que se están cronificando en las prisiones; sabe que hay una población extranjera creciente en nuestros centros penitenciarios, una población, por cierto, con la que los funcionarios apenas pueden comunicarse porque no conocen su idioma.
¿Cómo van a recibir estas personas el tratamiento adecuado si apenas es posible la comunicación? Sin embargo, ustedes hacen como que no ven nada de todo esto, siguen como si el mundo no se moviese, trayéndonos, año tras año, unos presupuestos
marcados por el continuismo. No se trata ya de que no compartamos el diagnóstico y las preocupaciones y, por lo tanto, las soluciones que se aplican -hoy yo no quiero hacer filosofía, no quiero dedicarme a esto-, sino que los presupuestos que
ustedes nos presentan, en nuestra opinión, ni siquiera atienden las necesidades básicas que en este momento resultan imprescindibles para que el sistema funciones de una manera correcta.
Señor Yuste, la población penitenciaria se incrementó casi un 8 por ciento en el año 2002 respecto de 2001. No sabemos qué incremento va a experimentar en este año, pero le vemos muy lejos de prever en sus cifras esta realidad e incremento.
Si, como ha dicho su Gobierno, la previsión de subida salarial de los empleados públicos va a ser de un 3 por ciento, que es justamente el incremento que ustedes han previsto en el capítulo 1, yo le pregunto, cómo van a atender las necesidades de
personal que representa el incremento de la población penitenciaria, cómo han previsto que van a completarse las plantillas de los centros penitenciarios que no están funcionando debidamente porque tienen módulos cerrados porque no hay suficiente
personal para atenderlos. Quiero que me conteste a esto.
Supongo que sabe que hay centros penitenciarios que tienen módulos cerrados porque no hay suficiente personal como para que todos estén abiertos y, mientras hay módulos cerrados, en los
módulos que sí están en funcionamiento los internos se hacinan estando dos y tres personas en cada una de las celdas individuales. Quiero que me diga también cuál es en este momento la ratio interno/funcionario y cuál ha sido la evolución de la
ratio interno/funcionario en los tres últimos años.
El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de abril de 2002, decía que los efectivos de personal funcionario en los centros penitenciarios a fecha 31 de diciembre de 2000 ascendían a 15.928 funcionarios, de los que 222 eran
interinos, mientras que en la relación de puestos de trabajo señalaba 18.050, por lo que
las plazas no cubiertas a esa fecha ascendían a 2.122. Es una situación en nuestra opinión muy poco alentadora la que se ha venido produciendo respecto del personal de los centros penitenciarios, y queremos saber qué medidas van a tomar
ustedes para atajar esto, qué medios, qué partidas han previsto para resolver estas disfunciones entre la relación de puestos de trabajo y la plantilla real.
Señor Yuste, como las cifras globales no nos dicen más que los incrementos globales, lo que vamos a hacer es darle una detallada lista de las cuestiones que queremos que nos precisen para que nos indique si están incluidas en su proyecto de
presupuesto porque, de no ser que hayan conseguido ustedes hacer el milagro de los panes y los peces, las cuentas no salen, pero nunca hay que descartar nada. Por eso voy a hacerle llegar estas preguntas por escrito de una forma detallada para que
nos las conteste en 48 horas como reglamentariamente debe hacer.
Deseamos que nos detalle qué plantilla de funcionarios han contemplado para 2003, cuántas nuevas incorporaciones van a producirse vía ofertas de empleo público, cuántas contrataciones interinas han previsto.
Consecuentemente con esto,
queremos que nos detalle si prevén que se abran en 2003 todos los módulos cerrados que tienen los centros penitenciarios en este momento. Nos gustaría precise cuántos centros de inserción social han previsto que se pongan en marcha en 2003. Quiero
detenerme un poco en esto porque, en nuestra opinión, es una muestra de escándalo de la ineptitud y de la falta de previsión del Gobierno en la gestión de la política penitenciaria. Como sabe, el 30 de abril de 1998, el Consejo de Ministros, el
Gobierno, hace nada menos que cuatro años y medio, acordó no hacer más centros penitenciarios -algunos del plan de amortización de centros estaban todavía pendientes-, porque decían que no preveían que se incrementase la población penitenciaria.
Una gran visión la del Gobierno porque de entonces a hoy la población penitenciaria se ha incrementado en un 15 por ciento. Se acordó al mismo tiempo la construcción de 24 centros de inserción social para el cumplimiento de los arrestos de fin de
semana, los terceros grados, etcétera. Hace cuatro años y medio; a día de hoy, no se ha hecho ni uno sólo de estos centros.
He preguntado detalladamente por la situación de cada uno de ellos y ninguno está en funcionamiento. Hace cuatro años y
medio que el Gobierno asumió este compromiso. Voy a preguntarle detalladamente por la previsión presupuestaria que han hecho para poner en marcha cada uno de estos centros a los que ustedes se comprometieron hace cuatro años y medio.
Quiero que me
conteste en qué partida de sus presupuestos está contemplado cada uno de esos centros, cada uno de los 24 centros que se comprometieron a poner en marcha y cuya falta en este momento está contribuyendo al hacinamiento en los centros penitenciarios
porque como sabe, en muchos centros penitenciarios están las personas que cumplen sus terceros grados porque no existe un centro de inserción social en el que puedan estar cumpliendo ese tipo de pena.
Quiero que nos indique de manera precisa y detallada qué partidas presupuestarias han previsto ustedes para acometer la construcción de los cuatro nuevos centros penitenciarios que han anunciado que construirán.
Queremos que nos lo indique
lo más detalladamente posible en todos sus pasos, no vaya a ser que suceda lo mismo que con los centros de inserción social. Ya sabemos que un centro penitenciario no se construye en dos días, pero si no se atribuyen los fondos pertinentes en el
presupuesto desde el momento en que se acuerda desarrollar esa obra, además de engañar a la opinión pública diciendo que se van a hacer cosas que no se prevé hacer, no se harán ni en dos días ni en dos años ni en dos siglos, señor Yuste.
Señor director general, deseamos nos indique detalladamente, además de los centros nuevos cuya construcción van a iniciar y sus compromisos para abrir los módulos que están cerrados y los centros de inserción social que van a abrir y en qué
momento y con qué presupuesto, qué inversiones han previsto realizar en los centros ya existentes para modernizar sus instalaciones y para adecuarlas al reglamento penitenciario y a la ley.
Queremos saber si han previsto ustedes hacer inversiones
en centros antiguos, centros como el de Ibiza en el que, además de un mobiliario totalmente corroído, de un mobiliario indigno para un centro penitenciario de nuestro país, todavía existen celdas de 16 personas Queremos saber qué inversiones van a
hacer en algunos de los centros del sur de España todavía con tejados de uralita en los que no se puede vivir en verano. Queremos saber saber de manera y detallada en qué centros de los que no disponen de instalación de calefacción han decidido
intervenir en el año 2003 y qué dinero han destinado parar eso.
Queremos también que nos hable del trabajo de los reclusos, señor Yuste.
Sabemos, porque lo ha dicho aquí muchas veces, que está muy satisfecho del nivel de actividad laboral que hay en nuestros centros penitenciarios y sabe que no sólo no
compartimos su satisfacción, sino que pensamos que ese es uno de los principales déficit del tratamiento penitenciario que se aplica a nuestros centros, porque no sólo es que trabaje una proporción mínima de los internos, es que en la mayor parte de
los casos se trata de trabajos de apenas unas horas mensuales que no crean hábito ni estabilizan la recepción de ingresos. Sinceramente, le damos una importancia extrema a este asunto y por eso queremos saber si van a mantener la misma dinámica o
si han previsto dedicar un esfuerzo mayor a esta cuestión.
También nos interesa detalle que presupuesto han destinado a las unidades de custodia en los hospitales públicos, que es otro de los pendientes de su Dirección General, y cuya inexistencia constituye un problema importante para el
funcionamiento de muchos hospitales
¿Cuántas de estas unidades van a poner en marcha en el año 2003? ¿Cuáles concretamente?
Ya le he dicho que no quería hablar de la filosofía, que la dejaremos para otra ocasión. Tampoco queremos hacer de esta comparecencia un repaso de su gestión, pero comprenderá que estemos preocupados por la imprevisión que manifiestan
acerca del problema del incremento de la población penitenciaria y la realidad actual de la población penitenciaria. Es muy fácil, señor Yuste, manifestar intenciones cada vez que se les pregunta lo que quieren hacer, lo que piensan hacer, lo que
van a hacer, pero este es el momento de ver cómo han traducido en cifras, cómo han traducido en euros todas esas cosas que nos han venido diciendo a lo largo de los últimos años. Espero ansiosamente su respuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Tormes, tiene la palabra .
La señora TORME PARDO: La señora Gallizo ha hecho un esfuerzo por centrar su intervención en preguntas presupuestarias, pero hay argumentos que desbordan lo que es esta tramitación, argumentos que se esgrimen recurrentemente en las
reiteradas comparecencias del director general en esta Comisión a las que hacía referencia el señor presidente. Ha definido esta política como inmovilista, continuista, lo que se traduce a su juicio en los presupuestos. Hay datos suficientemente
significativos para contrarrestar esta opinión, y me voy a remitir únicamente a la reciente intervención del ministro de Interior en esta Comisión el pasado día 17 de septiembre. Al hablar de instituciones penitenciarias, mencionaba el capítulo de
infraestructuras, y señalaba que, desde 1996, se han puesto en marcha 13 nuevos y modernos centros penitenciarios, definiéndolo como una renovación de infraestructuras sin precedentes; se han incorporado al sistema más de 14.000 plazas nuevas que,
descontando las plazas amortizadas por clausura de prisiones obsoletas, implican un crecimiento neto de más de 10.000 plazas. Queda clara la apuesta y que no hay un inmovilismo. Se quiere atender a las necesidades del sistema penitenciario español
y esa atención va acompañada de disponibilidades presupuestarias.
En cuanto a las preguntas que queremos formularle, nosotros sí consideramos que la política penitenciaria -así se establece en la Constitución y en la ley orgánica- recoge el objetivo de esencial de facilitar la reinserción social. A ello
se contribuye con muchas de las iniciativas que se han puesto en marcha desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Por ello, quisiera que nos diera alguna explicación sobre esas medidas. Quisiera que expusiera si las previsiones
presupuestarias permiten desarrollar programas que tienen tanta incidencia en ese objetivo de reeducación y reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad, programas como el de control telemático de aquellos internos
que acceden al tercer grado o programas de tratamientos específicos. En este caso quiero hacer especial referencia al que está dirigido a los condenados por malos tratos que, a nuestro juicio, es esencial para combatir esa lacra social que es la
violencia doméstica.
Asimismo, señor director general, quisiera que nos informara sobre las inversiones que van a permitir desarrollar el crédito consignado en el capítulo 6 del presupuesto de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Quiero hacer
un paréntesis porque soy consciente, y creo que también la señora Gallizo, de que las nuevas infraestructuras, tanto centros de inserción social como centros penitenciarios, están encomendadas a una sociedad estatal, ASIEP, modelo de gestión que
puso en marcha el Gobierno socialista. No recuerdo muy bien la fecha, pero creo que fue en los años noventa y algo.
Una última cuestión que le queremos formular desde el Grupo Parlamentario Popular. Aunque no tenga reflejo presupuestario por el carácter de autofinanciación, ¿podría exponer las expectativas de la Administración Penitenciaria para
incrementar el número de reclusos que realizan un trabajo productivo en los centros? La apuesta aquí ha sido clara, y en este caso tampoco coincido con las manifestaciones de la portavoz socialista. No ha habido inmovilismo, sino una apuesta
clara. En todo caso, un cambio tan fundamental como es que se cotice por los presos que realizan un trabajo son tan significativos como para que no se deba hablar de inacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor director general de Instituciones Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): En cuanto a las demandas de la diputada, señora Gallizo, es evidente que tenemos discrepancias profundas, que no son nuevas, sobre la gestión y algunos otros
aspectos. El modelo penitenciario está bastante reglado. La posibilidad de actuar que tiene la Administración penitenciaria está muy limitada por las leyes y muy fiscalizada por los jueces de vigilancia. Podremos discrepar de las actuaciones
puntuales, de cómo se lleva a cabo, pero respecto al modelo, está recogido constitucionalmente y muy anclado en los parámetros legales. No creo que nunca haya atribuido a mala fe el legítimo derecho de la oposición de fiscalizar la actuación de la
Administración penitencia. También discrepo de los juicios de valor que ha hecho diciendo que no realizamos esfuerzos o que los que hacemos están lejos de investigar las causas, o atribuirnos una pasividad respecto a la nueva tipología carcelaria.
Las patologías de la población han sido objeto de un reciente estudio por la Administración penitenciaria, y están en estos
momentos en el Senado, precisamente a instancias de senadores de su grupo.
En ese sentido, se puede argumentar cualquier cosa, menos despreocupación o desconocimiento.
Respecto a las puntualizaciones que ha hecho, voy a contestarle algunas y el resto lo haré por escrito. El crecimiento de un 3 por ciento del capítulo 1, al que ha hecho referencia, permite financiar la incorporación de la nueva oferta de
empleo público. Este año hemos hecho un esfuerzo y ha entrado en el centro de formación el 30 de septiembre, lo que nos va a permitir que, a partir del 4 de noviembre, los nuevos funcionarios puedan estar en los módulos que, efectivamente, estaban
vacíos y los vamos a poder poner en marcha. Podemos financiar 514 nuevos funcionarios, de los cuales, 465 del cuerpo de ayudantes están en la situación de anticipación y además ingresarán 29 funcionarios del cuerpo técnico. Empezarán a trabajar,
porque ya se han seleccionado, 10 facultativos y 10 ATS. Esperamos poder incorporar antes de fin de año a cien nuevos interinos del cuerpo de ayudantes que nos permitirá poner operativa la infraestructura que en este momento tenemos vacía, y que no
se debe siempre a los déficit de funcionarios, a los que ha aludido S.S., sino a la necesidad de que infraestructuras extraordinariamente complejas no puedan ser puestas en marcha de una vez, sino que lo son en la medida en que lo hacen aconsejable
los elementos de seguridad perimetral, los elementos electrónicos, los elementos que hacen funcionar un centro de las características que tienen los nuevos centros españoles. No hay ningún centro que tenga un módulo vacío y que tenga tres internos
por celda.
Decir que hay hacinamiento cuando en un centro tipo como el de Zuera, que usted conoce, comparten la celda un 20 o un 30 por ciento de la población reclusa, es atribuir a un concepto valorativo como el hacinamiento, que conlleva una libertad
de espacio vital, una circunstancia que tienen muchos españoles no presos. En una habitación de 10 metros cuadrados, que es lo que mide una celda, hay multitud de españoles que pernoctan. Por otro lado, el diseño de esos centros tipo con dos camas
por celda, se produce cuando se realiza el diseño del centro tipo. Concretamente los centros inaugurados durante el período socialista ya incorporaban esas dos camas por celda. Escandalizarse en estos momentos de una circunstancia que está
perfectamente contemplada en ese momento y que el diseño de los elementos estructurales de tratamiento y laborales están preparados para una capacidad máxima de 2.000 reclusos, supone un ejercicio de olvido de una gestión que es conveniente
recordar.
La ratio interno/funcionario está en torno al 2 por ciento. No quiero hacerle una precisión categórica. Le voy a dar, no sólo la evolución de los dos últimos años, sino de los diez últimos, porque a lo mejor le resulta más ilustrativa. El
detalle de la plantilla para 2003 y las contrataciones de interinos, que era su primera pregunta, no la voy a repetir. En su segunda pregunta me dice que cuántos centros de inserción social se han construido y las previsiones presupuestarias para
cada uno de los centros. En este momento no se ha entregado a la Administración penitenciaria ningún centro de inserción social. Ese es el motivo por el cual los centros penitenciarios antiguos siguen cumpliendo esa función.
Como sabe S.S. , y
por ponerle un ejemplo con el de Zuera, el centro de Huesca y el viejo centro de Zaragoza permanecen todavía abiertos hasta que se construyan los centros de inserción social. La primera respuesta es que eso no penaliza la ocupación de los centros
ordinarios porque es incompatible la convivencia de internos en régimen abierto con internos en régimen ordinario.
En segundo lugar, quisiera decirle que en el presupuesto actual de la dirección general no hay ninguna previsión para la construcción de estos centros de inserción social, y no la hay porque no puede haberla ya que los centros de inserción
social, son construidos por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y, como usted bien sabe -es una sociedad que se crea en 1992, concretamente el 21 de febrero-, tiene su propio plan de financiación mediante aportaciones del
accionista que es Patrimonio y también se financia con la venta de los viejos centros penitenciarios. Por tanto, pretender que figure en el capítulo de inversiones de la dirección general alguna partida presupuestaria supone un desconocimiento
elemental de esta actividad de gestión.
Me habla usted de las partidas presupuestarias para las unidades de acceso restringido en hospitales que también son construidas por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Me complace escucharle que es una
iniciativa que protege mejor los derechos sanitarios de los reclusos y los de otros usuarios de los hospitales porque en el primitivo plan de amortización se preveía la construcción de hospitales penitenciarios que siempre han dado una calidad
residual y justamente es una iniciativa más razonable, más lógica y que armoniza bastante mejor los derechos sanitarios de los reclusos y los de los otros usuarios de los hospitales públicos.
Respecto a las inversiones en centros existentes, se contempla un crecimiento en el capítulo 6 de inversiones de aproximadamente un 30 por ciento; contempla una actuación muy amplia que le puedo detallar porque conlleva actuaciones en casi
todos los centros españoles antiguos y me refiero a aquellos en los que la Administración penitenciaria, la dirección general, tiene competencia, están excluidos los de Cataluña. En relación con la referencia que ha hecho a esos centros con tejados
de uralita -no sé si se ha referido al de Puerto de Santa María, Puerto 2-, como usted sabe el año pasado acometimos una obra de reforma integral justamente por la vergüenza que nos producía que hubiera centros que tuvieran tejados de uralita, pero
me reconocerá
usted que es uno de los pocos centros que se construyó con tejado de uralita; habría sido entonces un buen momento para haber adoptado una construcción penitenciaria de mayor calidad.
En cuanto al trabajo de los reclusos, dice S.S. que no le satisface. No creo que una actividad como la penitenciaria gratifique a los gestores ni a los que son objeto de esa actividad, pero el crecimiento del número de trabajadores en
sectores productivos es importante y que he expuesto en esta misma Comisión varias veces; una de las veces S.S. abandonó la sala, por lo que entiendo que no la pueda satisfacer. En el año 1996, había 3.407 reclusos que realizaban trabajo
productivo y en 2002 hemos pasado a 8.400; sólo desde el año 1996 ha habido un incremento de un 146,6 por ciento. No creo desde luego que sea para estar satisfecho, pero el dato es lo suficientemente contundente como para estar esperanzado, máxime
si se tiene en cuenta el cambio cualitativo que se ha producido en la relación laboral de los reclusos, una relación laboral que en este momento es perfectamente homologable a la del trabajador libre y, como S.S. sabe, antes no lo era. Antes, la
cotización a la Seguridad Social no era por todas las contingencias, como lo es en este momento, y los derechos o las expectativas legítimas que tenían estos trabajadores reconocidos en la Constitución durante mucho tiempo resultaron obviados hasta
este momento, en que insisto, están perfectamente reconocidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
No sé si dejo alguna de las preguntas sin contestar. En la de la ratio no quiero entrar, aunque sé que está en torno al 2 por ciento, entendiendo que contamos funcionarios y trabajadores, es decir, personas no sujetas sólo por relación
estatutaria sino también por relación laboral, e integra tanto a los que dependen de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como a los que dependen del organismo autónomo que es el otro programa, el 222 que también está vinculado a la
Administración penitenciaria.
Pasaría a contestar a las preguntas que me ha formulado la diputada del Partido Popular. En principio, existía la posibilidad de control telemático en el reglamento penitenciario, concretamente en el artículo 86.4, para internos en tercer
grado y llevó a que el pasado mes de noviembre de 2001 se procediera por la Administración -y tras una experiencia piloto- a implantarlo en 34 centros, número que en la actualidad ha sido ampliado a 40. En este momento, hay 224 internos que son
controlados por esta modalidad electrónica. La evaluación que hemos hecho es altamente positiva, no hemos tenido ningún fracaso desde su inicio; solamente un recluso con un problema psiquiátrico cortó la pulsera y se presentó voluntariamente en el
centro. Entendemos que es una alternativa extraordinariamente positiva que, junto con experiencias como la videoconferencia o la telemedicina, evidencia el uso de las nuevas tecnologías en los centros penitenciarios.
En cuanto a los otros dos programas a los que ha hecho referencia S.S., el programa de tratamiento para agresores en el ámbito familiar pretende dar una respuesta penitenciaria a la violencia de género entendiendo que la figura del agresor
doméstico tiene un perfil y unas carencias específicas y demanda también una intervención concreta. En el año 2001, se inició este programa en ocho centros penitenciarios situados en distintas comunidades autónomas y han participado 58 internos en
este programa. En este momento, estamos evaluando los resultados a fin de poder mejorar un segundo programa que estamos intentando poner en marcha y que conlleva la aportación de los más prestigiosos expertos en este campo, me estoy refiriendo
concretamente al catedrático de terapia de la conducta, del País Vasco, señor Etxeburua que es quien ha dirigido este programa.
En cuanto al trabajo productivo, efectivamente no hay ninguna figura específica en el presupuesto porque el organismo autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias se organiza mediante una parte que figura en su presupuesto administrativo
y una actividad empresarial que se autofinancia que es la que figura en su presupuesto comercial y que gestiona, como he dicho, en régimen prácticamente empresarial para homologar de forma más clara la actividad que se realiza en los centros con la
actividad en el exterior.
El señor PRESIDENTE: Señor director, le ruego que concluya cuanto antes, por favor.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (González González): Sí, señor presidente.
Para responder al capítulo de inversiones sirve lo que he dicho con anterioridad, pero en cualquier caso le podría remitir una contestación por escrito.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, por favor, brevemente.
La señora GALLIZO LLAMAS: Muy brevemente.
Señor Yuste, no me pase las cuentas de las deficiencias del pasado, algunas de las cuales admito, de la misma manera que reconozco, y reconocerá usted conmigo, que los gobiernos socialistas hicieron un esfuerzo para dignificar las
condiciones de los centros penitenciarios estableciendo un plan de amortización de centros que ha permitido que, algunos con un retraso incomprensible, hayan podido ustedes inaugurar los centros penitenciarios que aquel plan de centros establecía.
Insisto en que no me pase esa cuenta porque usted tiene bastante más responsabilidad en esa época que yo. Quiero recordarle que usted fue director general también en esa época.
En cuanto a las infraestructuras, se trata de compromisos de su Gobierno y de su dirección general. La sociedad de infraestructuras y equipamiento penitenciario
es instrumental que tiene que facilitar la tarea, pero yo supongo que no es esa sociedad la que toma las decisiones sobre qué infraestructuras hay que acometer y qué dinero se tiene que destinar a ello. Estaríamos listos si las cosas
funcionasen así. Por eso le pedimos que nos diga, porque usted es el responsable de la política penitenciaria (usted y el ministro del Interior), qué instalaciones, qué centros, qué equipamientos y con qué presupuesto han determinado que vamos a
trabajar en el año 2003. Ya sé, por supuesto, que hay una sociedad instrumental que es la que gestiona que se lleve a cabo en las condiciones adecuadas. Eso no me lo explique porque ya lo sé, explíqueme qué compromisos van a adoptar para hacer
realidad lo que ustedes prometen y no cumplen y luego se queda como siempre en los pendientes.
Es verdad que ha habido un crecimiento del número de trabajadores, pero también es verdad que en el trabajo realizado, por los internos como le he dicho muchas veces, es de mantenimiento y servicios de los centros penitenciarios, lo cual a
mí no me parece mal pero me parece muy insuficiente, sobre todo porque los nuevos centros penitenciarios, como usted sabe, tienen, entre otras cosas, unas instalaciones estupendas para que haya talleres productivos y la mayor parte de esas
instalaciones están sin utilizar y sirviendo de almacenes. Le puedo decir de una manera concreta y detallada cuántos he visto yo en estas condiciones. En cualquier caso, señor Yuste, yo, que me he tomado la molestia de analizar en algún centro
penitenciario las condiciones del trabajo que realizan los reclusos, insisto en que se trata de un trabajo precario, un trabajo de pocas horas, un trabajo que no crea hábito, que es una de las condiciones que debe cumplir el trabajo en los centros
penitenciarios. No quiero hablar de filosofía y no quiero hablar de las discrepancias que tengo con usted, pero desde luego son bastante evidentes.
En cuanto a la minimización que hace usted de la falta de cumplimiento del compromiso de establecer los centros de inserción porque esa carencia se suple en algunas provincias con la utilización de viejos centros, le diré, en primer lugar,
que no me parece adecuado y, en segundo lugar, le diré que no sucede en todas las provincias. Como usted sabe, hay lugares en los que el tercer grado se hace en los centros penitenciarios; si no lo sabe, que es lo que me ha parecido entender de su
respuesta anterior, ya le diré yo dónde suceden esas cosas.
Me dice que va a haber nuevas incorporaciones, que preven 514 nuevos funcionarios; son bastantes menos de las vacantes que hay en este momento, por tanto vamos a seguir teniendo un déficit muy importante de funcionarios. Yo le he
preguntado cómo van a hacer ustedes esto, cómo van a incorporar a nuevas personas si sólo prevén un incremento del 3 por ciento, que es el incremento salarial de los funcionarios que tenemos en este momento, a no ser que hayan previsto ustedes que
los funcionarios de Instituciones Penitenciarias no vayan a tener incremento salarial, cosa que me parecería alarmante, pero que tampoco descarto.
No voy a insistir en las cosas que le he dicho anteriormente. Le voy a hacer las preguntas por escrito puesto que no me ha contestado de forma concreta y detallada a ninguna de las cosas que le he preguntado.
La señora Torme dice que se han puesto en marcha 13 centros penitenciarios nuevos como muestra del gran interés de este Gobierno. Supongo que la señora Torme sabe que estos centros son los del plan de amortización de centros, que no ha
hecho este Gobierno; lo que ha hecho ha sido abrirlos e inaugurarlos pero no forma parte de sus previsiones. Este Gobierno se ha comprometido a hacer cuatro nuevos centros penitenciarios; ése sí que es un compromiso de este Gobierno. Yo quiero
ver dónde está la consignación presupuestaria para esos centros.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, tiene la palabra.
La señora TORME PARDO: Por supuesto, señora Gallizo, que conozco esa información, pero como usted misma sabe y como se ha dicho en esta comisión, es necesario que la programación vaya acompañada de la suficiente financiación para que esos
objetivos que están sobre el papel se vean en la realidad. Si el Gobierno del Partido Popular no hubiera hecho un esfuerzo para ponerlos en marcha, para acometer su construcción y ultimar los que ya estaban iniciados no se habrían puesto en marcha
esos 13 nuevos centros. Lo que yo quiero resaltar aquí es que no se puede actuar de una forma coherente si no se acepta la evidencia de las cifras.
El señor director general ha dado muchas cifras, muchos datos (evolución de los presos que trabajan
y otras muchas cuestiones) y yo creo que esa evidencia no se puede negar, con independencia de las discrepancias políticas que pueda haber.
Quiero resaltar en este trámite un ejemplo de eficacia administrativa, de eficacia en la gestión como ha sido la agilización de los trámites burocráticos para que la oferta de empleo público correspondiente al año 2002 pueda incorporarse,
posibilitando en algunos casos que se abran algunos módulos. Se ha hablado del esfuerzo en la incorporación de nuevos funcionarios, también de la previsión de interinos. Yo creo que el esfuerzo en esta línea es importante.
El director general ha resaltado un incremento del 30 por ciento en el capítulo 6. A mí me parece un incremento esencial porque es importante construir nuevos centros penitenciarios, pero no es menos importante invertir en el mantenimiento
y en la mejora de los centros que ya se encuentran operativos.
Respecto a una de las preguntas que le formulaba, el señor director general ha dado unos datos muy claros en cuanto a la evolución de los presos que realizan un
trabajo productivo. Pasar de la cifra de 3.400, creo que ha señalado, en 1996, a 8.400 en el momento actual, demuestra que es un programa que se está consolidando y que está en una clara expansión.
Finalizaré diciendo que no podemos negar que todas estas medidas contribuyen a ese objetivo clarísimo de reinserción social de los presos.
En la primera intervención, se ha señalado que ese objetivo tan esencial no se cumplía. Con esta
medida, así como con los interesantísimos datos que nos ha aportado el director general sobre ese programa realmente innovador, un programa específico realizado en colaboración con grandes expertos en el tratamiento y en la reconducción de conductas
de los maltratadores, se demuestra la gran respuesta desde distintos ámbitos de este Gobierno ante una cuestión que causa alarma social. Que en este caso también desde el ámbito penitenciario se trate de dar una respuesta para favorecer esa
reinserción de los internos que han sido condenados por delitos de gravedad como son los de violencia doméstica me parece un hecho a destacar.
El señor PRESIDENTE: Señor director general, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Yo nunca he negado el esfuerzo del Partido Socialista por dignificar las condiciones de la reclusión, en absoluto. Me parece que el sistema penitenciario español
ha tenido un enorme avance, consecuencia básicamente del marco jurídico y de los esfuerzos presupuestarios que se han producido desde la transición. En ese sentido, agradecería que no se dijese lo que yo no digo.
En cuanto al hecho de atribuirme responsabilidad política del sistema y retrotraerla a no sé cuándo, tengo que manifestar que yo soy director general desde el mes de mayo del año 1996 y nunca antes he tenido el honor de tener esa
responsabilidad. (La señora Gallizo Llamas: Tuvo otras.) Evidentemente, hace 23 años que soy funcionario de la Administración penitenciaria. Espero que S.S. no me haga responsable de todos los desmanes de la institución durante este tiempo. Eso
sí, asumo muy gustoso los de los últimos seis.
En relación con lo de que la sociedad es instrumental, evidentemente que lo es y, como S.S. lo sabe bien, por eso me ha sorprendido que me preguntara en qué partida presupuestaria aparece el incremento o el soporte financiero para llevar a
cabo esas iniciativas. Pues aparece en su cuenta de resultados como la empresa que es y, como usted conoce perfectamente el régimen de funcionamiento de las empresas públicas y su régimen de financiación, no entiendo que me lo pregunte a mí. No sé
si me explico. Yo soy responsable político, pero usted sabrá que a mí me entrega la sociedad el centro una vez construido. En consecuencia, respondo del mismo una vez que se ha afectado por la Dirección General de Patrimonio. Muy gustosamente le
daré todas las explicaciones que me pida de la sociedad, pero no pretenda que le aporte un reflejo presupuestario, insisto, en los programas que gestiona la dirección general.
Efectivamente, el número de trabajadores ha aumentado y algunos de ellos en los programas de mantenimiento. Decía usted que se ha cronificado la estancia de los reclusos en prisión. Eso es evidente. Si el código vigente hace desaparecer
determinados beneficios penitenciarios, las condenas se prolongan, pero eso no es responsabilidad de la Administración penitenciaria, sino consecuencia lógica del marco jurídico en el que se ejecutan las penas privativas de libertad. No comparto
que ese trabajo sea precario, puesto que el mismo ha ganado en condiciones de transparencia del salario y en objetivar la selección y desde luego el bagaje de garantías laborales que viene teniendo desde hace dos años el trabajador penitenciario no
tiene nada que ver con el que tenía antes.
Respecto a los CIS, no es que esté satisfecho de que los centros viejos continúen albergando a internos en tercer grado, sino que eso no penaliza la ocupación de los otros centros y estoy absolutamente de acuerdo con que será muy conveniente
que desaparezcan cuando se construyan los nuevos CIS.
El incremento del 3 por ciento no significa que ello vaya a hacer que los funcionarios no tengan los incrementos previstos por ley para todos los funcionarios. Hemos anticipado la oferta de empleo público y, en consecuencia, nos hemos visto
obligados a regularizar el capítulo 1, en el cual teníamos una cierta holgura, ya que antes la financiación de dicho capítulo contemplaba la incorporación de los funcionarios desde el 1 de enero y los procesos selectivos nunca llegaban a
incorporarlos en esa fecha, sino que lo hacían en marzo o en abril. Eso generaba un desfase que se ha regularizado este año y que da esa cifra a la que usted hace referencia, un 3 por ciento, cifra que habría que incrementar en la holgura que hemos
consumido con la anticipación de oferta de empleo público. Es una visión estrictamente técnica, pero nos permite financiar la oferta y hacer frente a una igualación de las condiciones de los funcionarios e incluso contemplar la posibilidad de una
mejora retributiva, que, como sabe S.S., estamos negociando con los sindicatos.
En cuanto a las demandas de la señora Torme, los datos son esclarecedores y creo que ese esfuerzo de modernización institucional, que es un compromiso permanente de la Administración penitenciaria, aparece también evidenciado en la tozudez
de algunos datos, que no hay por qué ocultar.
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, despedimos al director general de Instituciones Penitenciarias, dándole las gracias por su presencia aquí.
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (GONZÁLEZ GONZÁLEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/001246) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE
212/001308)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día; comparecencia del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, a quien damos la gracias por su presencia hoy aquí, que se produce muy pocos días después de
haber estado presente en esta misma Comisión.
Para formular las preguntas correspondientes a este trámite presupuestario, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, voy a intentar ser lo más breve posible, ya que voy a compartir turno don la diputada doña Delia Blanco. Ahora bien, esta brevedad, absolutamente necesaria, no me va a impedir adherirme a la
bienvenida al señor delegado del Gobierno en este primer trámite de comparecencias presupuestarias, que tienen características excepcionales y distintas de las comparecencias habituales. La primera ha sido celebrada hace pocas fechas en esta
Comisión y vamos a solicitar que se reproduzcan con la intensidad necesaria para controlar la acción del Gobierno en una cuestión tan enormemente importante como la inmigración.
A esta importancia del tema de la inmigración hay que aludir sin duda alguna cuando vamos a examinar los presupuestos relativos al programa 222.G, que es en el que se va a centrar mi intervención. Todas las fuerzas políticas presentes en la
Cámara compartimos la idea general de la trascendencia extraordinaria del fenómeno migratorio, de cómo está afectando a nuestra estructura social y cómo va a afectar sin duda al futuro de este país en varias generaciones. El hecho de compartir esta
idea general nos debe llevar a ser extraordinariamente exigentes en el examen de los presupuestos con los que el Gobierno plasma o debiera plasmar sus intenciones de actuación en este tema. Y digo debiera plasmar, señor delegado del Gobierno,
porque lo cierto es que, desde mi punto de vista, tras una primera lectura de la documentación presentada en la Cámara, se observa una clara diferencia, incluso contradicción, entre los objetivos proclamados y el presupuesto proyectado. En relación
con los objetivos, tengo que decir que hay poquísimas novedades, algunas de ellas simplemente semánticas, con respecto a los del 2002. Tan sólo he encontrado un párrafo y una palabra nueva. Por tanto, poca variación hay respecto a los objetivos.
En cambio, en cuanto a los presupuestos, hemos podido apreciar unas variaciones que nos preocupan, y para entender la razón última de las mismas, le voy a formular unas preguntas a continuación.
En una estructura idéntica a la del año anterior, nos encontramos con variaciones importantes en algunos conceptos. Voy por orden. El concepto 216, equipos para el tratamiento de información, queda reducido en 110,43 miles de euros. Se
produce una disminución del 67,87 por ciento respecto a los presupuestos del año anterior, cosa que nos parece difícil de cohonestar con la afirmación que se hace en los objetivos sobre la necesidad de que toda la Administración acceda a la
información en las mismas condiciones y a los mismos tipos de información. Nos llama la atención que esto se pueda hacer disminuyendo el gasto en equipos de información, porque nos extraña que con lo presupuestado el año anterior estén totalmente
equipados todos los funcionarios y todos los organismos que necesitan tales instrumentos de trabajo.
El concepto 22602 se mantiene exactamente igual que el ejercicio pasado, pero nos sorprende igual que el año anterior, porque el 6,79 por ciento del total del programa 222.G va a parar a este subconcepto -que es el más alto de todo el
programa si lo comparamos no por capítulos sino por subconceptos-, que se refiere exactamente a publicidad y propaganda.
Repito, el 6,79 por ciento del presupuesto total de la delegación se refiere a publicidad y propaganda. Nos gustaría que en
esta ocasión se nos contestara a qué se refiere la publicidad y propaganda, ya que en la comparecencia del año anterior no se nos aclaró. Su antecesor en el cargo nos dijo que había unos sistemas de información muy pequeños, que había que hacer
dípticos en varias lenguas y que esto costaba mucho dinero. Por otra parte, relacionado con este capítulo, en los indicadores pasamos a mantener la misma desproporción a la que me refería en los presupuestos del año anterior.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, por favor, ha consumido la mitad del tiempo.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Resulta que se mantienen cinco campañas sobre los peligros y consecuencias de la inmigración irregular y una sobre respeto y tolerancia, entre paréntesis, racismo y xenofobia. Nos extraña. Por otra parte, se dice que debe crearse un
sistema claro de publicaciones, estudios, etcétera -por cierto, al hablar de estudios de flujos, ni tan sólo se ha variado en los objetivos el palabro dimensionamiento, al que ya me referí el año pasado, que continúa sin ser incorporado por la Real
Academia, pero sí lo está en los Presupuestos Generales del Estado-, y en cambio, en los indicadores, los estudios sobre los flujos pasan de 4 a 2 y las publicaciones del Observatorio de la inmigración pasan, en el período en el que existen
presupuestos al respecto, en los años
2001, 2002 y 2003, de 24 a 10 y a 7 respectivamente. Resulta que, de acuerdo con los objetivos, debemos tratar la inmigración en origen; en cambio, se reducen a menos de la mitad las reuniones con el Consejo de Europa, que incluye países
que son actualmente productores de inmigración hacia España. Resulta que tiene que trabajarse en origen y, sin embargo, no en este presupuesto pero sí en el del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cantidad consignada para la Ayuda Oficial al
Desarrollo no se incrementa en absoluto en los países más productores de inmigrantes hacia nuestro país. Resulta que se dice que hay que simplificar y unificar las normas de ejecución de la legislación y, en cambio, la previsión es que las
circulares de la Delegación del Gobierno pasen de 25 en el año 2001 a 30 en el año 2002 y a 40 en el año 2003. Espero fervientemente que entre estas 40 que ustedes prevén no haya una equivalente a la circular de 16 de enero de 2002, que ha
organizado el enorme lío en el que nos encontramos en la actualidad, la imposibilidad de gestión respecto a los inmigrantes que se encuentran ya en nuestro territorio. Se habla de integración de los inmigrantes y, en cambio, no hay absolutamente
nada presupuestado al respecto. Resulta, señor delegado del Gobierno, que el presupuesto que se nos presenta en el programa 222.G hace absolutamente imposible saber cuál es la política del Gobierno respecto a la inmigración. Se trata de retazos de
actuaciones coordinadoras que no nos permiten en absoluto saber cuál es la línea política que piensa llevar el Gobierno, cuando si para algo sirven los presupuestos es para saber qué piensa hacer el Gobierno al respecto, siempre que no se recurra a
los créditos extraordinarios ampliables perpetuos.
Nos preocupa especialmente la cuestión de los transportes, porque no aparece en los objetivos y en cambio se lleva exactamente el 54,17 por ciento del total del presupuesto del programa 222.G. Su antecesor nos dijo que los transportes se
referían a la devoluciones de extranjeros en situación irregular. El incremento de 3.005,06 miles de euros a 8.607,62 miles de euros, que es un incremento de un 186,77 por ciento, no encuentra su paralelo, que sería absolutamente necesario, en el
incremento de esfuerzo......
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, ha consumido usted todo el tiempo. Si la señora Blanco tiene algo que decir, tiene que ser ahora mismo, porque, si no, nos salimos de las previsiones.
El señor PEDRET I GRENZNER: Si S.S., con la benevolencia que tiene habitualmente en la presidencia de estas sesiones, me permite concluir el período, le aseguro que no abro ningún otro.
Por tanto, señor delegado del Gobierno, sintiendo el retraso que llevamos en este momento en la tramitación de las comparecencias, nos parece que nos aporta usted un presupuesto que no es de integración, como es el título de la ley, y que no
nos permite saber a qué se refiere el conjunto del plan GRECO. Es un presupuesto que mientras no se realicen en paralelo los convenios con los países de origen de la inmigración, va a tener una falta de realización notabilísima en cuanto a los
transportes, porque hasta ahora ustedes se han demostrado incapaces de proceder a la devolución de los extranjeros a sus países de origen.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, le ruego la mayor brevedad posible.
La señora BLANCO TERÁN: Intervendré con mucha brevedad. No voy a incidir en lo que ha dicho mi compañero de grupo parlamentario sobre la poca transparencia en cuanto a la política integral sobre la inmigración. Si no entiendo mal, la
Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería se creó precisamente para centralizar, coordinar y visualizar la política del Gobierno en materia de inmigración y extranjería; sin embargo, nos encontramos con que, si nos fiamos del
presupuesto de la delegación, no podremos saber nunca cuál es la política de inmigración.
Si su función es el control de la fronteras y todo lo que se deriva del mismo, ustedes no deberían hablar de integración y deberían dejar ésta al Ministerio
de Trabajo, y al Imserso, que sí tiene una partida presupuestaria importante, que es el programa 3133, con un incremento del 7,64 por ciento respecto al año anterior, para integración de inmigrantes, refugiados y asilados. Por tanto las preguntas
que le voy a hacer van dirigidas a ver cómo va a coordinarse usted con el ministro de Trabajo, ya que es quien tiene en su mano el presupuesto para ejecutar la política migratoria y de integración. Tendríamos que irnos a la partida presupuestaria
del Imserso 313 para saber qué va a pasar con los CETI, centros de estancia temporal de inmigrantes, cuya construcción estaba prevista en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Madrid, según sus propios objetivos, y parece que sólo va a
ser terminado el de Algeciras para entrar en funcionamiento además no en el 2003 sino en el 2004. Los seis nuevos centros, centros abiertos, que estaban y están contemplados según el presupuesto del Imserso en Tenerife, Las Palmas, Murcia, Huelva,
Barcelona y Valencia parece que tampoco se van a terminar en 2003, sino que entrarían en funcionamiento en el 2004.
Para terminar, porque quiero ser muy breve, ¿qué pasa con el programa GRECO? ¿Dónde lo encontramos, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un trocito en Sanidad y otro trocito en Educación? ¿Dónde? A mí me sorprende que sigamos
sin poder visualizar cuál es la política migratoria del Gobierno, cuáles son las funciones en último caso de la delegación, que fue creada precisamente para centralizar, coordinar y marcar la política global en integración y en control de fronteras,
que es su responsabilidad, porque
en último caso habrá que citar a esta Comisión al ministro de Trabajo para que dé cuenta sobre la política migratoria y no a usted. Nos podíamos casi ahorrar todo el capítulo 2 de la delegación del Gobierno y pasar esos funcionarios al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ya que es en último caso el ministerio que lleva la política migratoria. Si el Ministerio del Interior sólo controla fronteras, díganlo con transparencia y con tranquilidad. Entonces nos podemos empezar a
organizar y saber quién gasta, cómo, dónde y cuál es la política final, si es que la hay, de inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme Pardo.
La señora TORME PARDO: Damos la bienvenida en su segunda comparecencia al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Resalto lo de esta segunda comparecencia porque es una muestra de la intensa actividad de esta Comisión
de Justicia e Interior, que sin duda, aunque alguien lo pueda cuestionar, repercute en la gran transparencia con que se abordan todos los asuntos competencia del Ministerio, en este caso, del Interior.
El presupuesto plasma las opciones políticas del Gobierno y concretamente las opciones que se tienen en materia de inmigración. ¿Que puede haber una mayor complejidad porque haya partidas presupuestarias en distintos departamentos
ministeriales? Pudiera ser, pero desde luego la capacidad de análisis de la que hacen gala los portavoces socialistas hará que esa complejidad inicial se vea superada. Aquí no podemos reivindicar que aspectos tan fundamentales para la integración
social de los inmigrantes, como es la educación, se contemplen en partidas presupuestarias del Ministerio del Interior. No podemos hacer un gueto de la educación para los inmigrantes, sino incorporarlos al sistema público de educación, con los
mismos derechos y deberes, como siempre hemos defendido para los inmigrantes que se incorporen por el procedimiento legal a nuestro país.
Lo mismo es el caso de la sanidad.
La delegación del Gobierno se creó con la misión de coordinar y de impulsar las políticas de inmigración del Gobierno, pero está claro que existen áreas específicas de actuación que lógicamente tendrán que estar dentro del marco
departamental correspondiente, bien sea educación, sanidad u otro tipo de actuaciones. Nosotros entendemos que en este presupuesto se plasman esas prioridades. No obstante queremos que haga alguna aclaración sobre alguno de esos aspectos. Por eso
querríamos que mencionara la plasmación presupuestaria de las prioridades de esa delegación del Gobierno, que ya expuso en esa primera comparecencia, muy extensa por cierto, pero teniendo en cuenta que ahí mismo señaló que un objetivo fundamental de
la política de inmigración era la lucha contra la inmigración ilegal, querríamos que nos informara sobre cuál es la incidencia de las previsiones presupuestarias para el retorno de extranjeros a sus países de origen respecto del presupuesto del
ejercicio corriente.
Por otra parte, quisiéramos que pudiera informar a esta Comisión sobre el sistema Eurodac que la Comisión Europea tiene previsto que sea operativo a comienzos del año 2003. En este sentido, quisiéramos conocer qué actuaciones se han llevado
a cabo en el año 2002 y qué previsiones presupuestarias existen para el próximo ejercicio. Se ha mencionado aquí también por parte de uno de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista el papel del Observatorio permanente de la inmigración.
Nosotros consideramos que es un instrumento muy valioso en la tarea de recogida de datos, de análisis del fenómeno de la inmigración y de difusión de la información obtenida. Mediante esos estudios y la recogida de la información podremos conocer
cuales son las tendencias de los flujos migratorios y contribuir de una manera más eficaz a la ordenación y canalización de estos flujos. Por ello, señor delegado del Gobierno, querría que pudiera informarnos de las previsiones presupuestarias que
se contemplan para atender a las funciones que tiene encomendadas el Observatorio permanente de la inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Doy las gracias a SS.SS. por darme de nuevo la bienvenida. Voy a tratar de contestar a todas las cuestiones que ustedes me han planteado. Me han
hecho algunas consideraciones concretas desde el punto de vista presupuestario y otras consideraciones generales desde el punto de vista de la política de inmigración.
Lo primero que hay que señalar, por lo que he tenido la oportunidad de ver en años anteriores, es que hay un cierto discurso recurrente sobre la falta de política de inmigración del Gobierno, la falta de reflejo presupuestario en materia de
inmigración, etcétera. Es una discusión estéril; puede tener un cierto interés en el debate político, pero creo que no conduce a nada, porque tanto SS.SS. como yo sabemos exactamente que la política de inmigración no es una política sectorial
sino que es una política del conjunto de los departamentos del Gobierno que tienen incidencia en las distintas cuestiones que afectan a la problemática migratoria: la sanidad, la justicia, asuntos exteriores, interior, etcétera. Por lo tanto es
evidente que el conjunto de estas políticas configura la política de inmigración del Gobierno y tienen su correspondiente reflejo presupuestario en cada uno de esos ámbitos, a los que se refería la señora Blanco al plantear cuestiones muy concretas
sobre inmigración o integración, a las que ahora me referiré. Por tanto existe una política de inmigración que ustedes conocen y que ya hemos avanzado en anteriores
comparecencias. Especialmente el ministro señaló aquí cuáles son los criterios y cuáles son los objetivos. Se puede compartir o no, pero existe una política y se ve reflejada en el ámbito presupuestario. Lo que ocurre es que dado el
ámbito del Ministerio del Interior y de la secretaría de Estado en concreto, sólo se recoge un programa, al que hace referencia S.S., que es el de coordinación en materia de política de inmigración, el 222.G, donde solamente se contienen aquellas
cuestiones que sean de gestión directa, incluso dentro del presupuesto del ministerio, en materia migratoria.
Como ustedes saben, el conjunto del presupuesto del Ministerio del Interior este año crece un 9,73 por ciento y dentro de ese crecimiento, uno de los porcentajes mayores que tiene la Delegación del Gobierno, cuyo programa crece un 33,63 por
ciento. Dentro del Ministerio del Interior ocurre, como en el resto de los departamentos ministeriales, que no todas las políticas relativas a la inmigración están dentro de la delegación, sino que hay otro tipo de políticas que son compartidas con
otros órganos del propio departamento ministerial, como aquí SS.SS. habrán tenido ocasión de tratar con el resto de compañeros de gabinete que han comparecido o que van a comparecer en adelante.
Entrando en las consideraciones que hacía el señor Pedret le diré que en el tema de los equipos informáticos no hay que confundir el objetivo con las previsiones presupuestarias y dónde se sitúan. Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo
en materia de inversión informática de lo que son exclusivamente los servicios dependientes de la Dirección General de Inmigración y Extranjería, que es la base de nuestro órgano de gestión.
Dentro de los objetivos de potenciación de las
actividades informáticas, para conseguir una mayor coordinación y actuación por parte de los distintos servicios de la Administración que trabajan en materia de inmigración, hay otra serie de materias que son a las que corresponden estos objetivos,
que han sido la dotación de un procedimiento de gestión único a todas las oficinas de extranjeros, cuyo reflejo está en el Ministerio de las Administraciones Públicas, y la dotación de equipos tanto técnicos como medios humanos a esas oficinas, que
también tiene su correspondiente reflejo presupuestario en esos ministerios. Por tanto, es ahí donde está. Lógicamente cuando uno hace una inversión, al año siguiente normalmente no debe volver a hacerla si la inversión está bien hecha.
En cuanto a la publicidad y a la propaganda sé que le preguntó el año pasado a mi predecesor y yo con mucho gusto le respondo. Es una partida que no ha variado y fundamentalmente va dirigida al desarrollo de actividades de información,
publicidad y distribución de estudios y campañas relativas al fenómeno migratorio. Básicamente, esto se articula a través de un convenio con Cruz Roja, que prácticamente llega al cien por cien de la partida; el resto se gasta en todas las
actividades de publicidad, de los dípticos informativos y este tipo de publicaciones que se hacen en las distintas oficinas de atención al público, pero la gran mayoría es una partida que se gestiona a través de un convenio con Cruz Roja, que hace
una serie de campañas dirigidas fundamentalmente a dar a conocer el fenómeno de la realidad migratoria en España, especialmente en los ámbitos educativos, para conseguir una formación orientada a facilitar esa integración y el reconocimiento de ese
fenómeno migratorio.
Hacía referencia al hecho de que se reducen las reuniones. En principio, los gastos de dietas y locomoción crecen, entre otras razones porque hay muchas reuniones en el ámbito europeo, pero es verdad que hay una singularidad que no se
produce pese a que no hay reducción presupuestaria con respecto al año pasado. Nosotros este año hemos tenido la presidencia europea y, como consecuencia, hemos tenido que hacer frente a un gran número de actividades organizativas, que lógicamente
llevaban aparejado un mayor número de actuaciones en ese sentido; sin embargo ahora, que es al indicativo al que usted se refiere, no se mantiene porque la presidencia ya no la vamos a tener el año próximo.
En cuanto al transporte efectivamente, es como usted sabe bien, el gasto que nosotros estamos produciendo en materia de repatriación. Me acusa de no tener convenios y de tener poca capacidad de devolución y luego sin embargo me reconoce que
aumento un 186 por ciento el dinero que voy a destinar a esta actividad. Una de las dos cosas no me cuadra. Si me voy a gastar esto, es porque me lo estoy gastando y lo necesito, porque estoy devolviendo más, y, si no, no me acuse de una cosa y de
la contraria, porque es bastante complicado. En estos momentos, como usted sabe, estamos repatriando tres veces más que en años anteriores; por eso tenemos este incremento presupuestario, porque necesitamos dotación para seguir manteniendo un
ritmo de repatriación importante.
Le aseguro que en la medida en que de mí dependa lo del dimensionamiento -tampoco me gusta- si puedo, lo cambiaré para el año próximo, no se preocupe, que los problemas de redacción también conviene que los analicemos.
Ha vuelto a insistir la señora Blanco en el problema de la poca transparencia de la línea política del Gobierno, en que no tenemos política de inmigración y luego me ha preguntado que cómo nos coordinamos. Una cosa es la gestión, y más la
gestión presupuestaria, y otra la gestión y dirección de un objetivo político que en ese sentido no hay que confundir. Se lo he dicho antes y con mucho gusto el otro día contesté aquí a una pregunta sobre el programa GRECO, sobre cuáles eran las
líneas de actuación, sobre cuáles eran las dotaciones presupuestarias que existían para cada una de esas líneas de actuación, sobre los ministerios que ustedes conocen bien que participan en todo el desarrollo de esta política migratoria. Tenemos
una organización que
es la que se encarga de la coordinación y ustedes saben cuál es. ¿Cómo me coordino con el Ministerio de Trabajo? Con los órganos que están establecidos dentro de la normativa para esa coordinación. (Tenemos una comisión interministerial
de extranjería y además una serie de grupos de trabajo, presididos cada uno de ellos por los directores generales más representativos de las materias propias de la inmigración. Entre otras cosas, ahí está el Ministerio de Trabajo en todos sus
ámbitos; está el INEM, está la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, está la Dirección General del Imserso y todas las instituciones de la organización del Estado que tienen algo que decir en materia migratoria.
A través de esos
organismos de coordinación, que están aprobados por sus correspondientes disposiciones normativas, con sus normas de funcionamiento y con sus composiciones, nos reunimos periódicamente y vamos repasando las distintas actuaciones que se están
haciendo en materia de política de integración. Yo creo, si me permite su señoría, que podemos criticar también al sistema de organización, pero por lo menos me reconocerá que siendo la inmigración una cuestión de carácter transversal para el
conjunto de la política del Gobierno en muchos departamentos ministeriales y siendo esto así históricamente, no ha sido hasta el año 2000 cuando hemos pasado de una política transversal, que usted critica por su opacidad y su falta de conocimiento,
a tener un órgano representativo de la política migratoria, que es la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, una estructura de coordinación con las comisiones interministeriales, con el Consejo Superior de Inmigración, con el
Foro de la integración, etcétera, y es la primera vez que un gobierno pone de manifiesto una cara, una estructura y un criterio de coordinación para que esas políticas que tienen que estar en sus respectivos ámbitos se puedan visualizar, se puedan
coordinar y se puedan llevar adelante; luego podremos discutir el acierto, pero no me discuta usted que desde el punto de vista organizativo por primera vez se ha dado un avance que hasta ahora nunca se había producido.
Por último y en relación a las cuestiones que me planteaba la señora Torme, voy a tratar de responderlas muy rápidamente. Como le decía, el tema de los retornos está contestado. Los propios datos que ha dado el representante del Grupo
Socialista son claros. Vamos a tener un incremento del 186,77 por ciento dentro de las partidas presupuestarias previstas para las repatriaciones. También hemos realizado un esfuerzo importante en la materia de Eurodac, para la que, como usted
sabe, el año pasado teníamos una dotación de más de 400.000 euros, que tenía por objetivo fundamentalmente la adquisición del equipamiento informático necesario para poner en marcha este proyecto dentro de los acuerdos establecidos por la Comisión
Europea. Se ha procedido a la instalación, se ha procedido también a la formación de los funcionarios que son los responsables después de su aplicación. A finales de este año se va a poner ya en funcionamiento con las pruebas prácticas necesarias
para darle el OK al sistema y, a partir del año que viene, estará en funcionamiento. Lo único que tenemos es la previsión presupuestaria necesaria para el mantenimiento del funcionamiento de este sistema.
Finalmente, en cuanto al Observatorio permanente, creo que es un instrumento de enorme interés para facilitar el estudio y la profundización en problemas y materias referidas al fenómeno migratorio; lleva muy poquito tiempo en
funcionamiento, pero a lo largo de este año se ha consolidado. Ha producido por primera vez el anuario estadístico, que es un documento de enorme interés, ha hecho ya una recopilación del conjunto de las publicaciones que en materia migratoria se
ha producido en España, que creo que es de enorme interés. Nuestra previsión para el año que viene, y por eso tenemos un incremento de dotación de los recursos a favor del observatorio para poder seguir haciendo estudios y análisis en esta materia,
es de casi el 80 por ciento con respecto al año pasado.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, por favor, con la mayor brevedad posible.
El señor PEDRET I GRENZNER: Le aseguro que con muchísima brevedad.
He intentado estar atento y si se me ha pasado, le pido disculpas al delegado del Gobierno, pero me parece que no ha contestado a mi pregunta sobre por qué las publicaciones del Observatorio permanente de la inmigración, al que se refería
ahora, pasaban de 24 presupuestadas en el año 2001 a 10 en el año 2002 y a 7 en el año 2003, cosa que me parece que se compadece poco con la importancia que S.S. otorga aquí y yo también le otorgo a este observatorio. Es cierto que aumentan los
informes, pero las publicaciones a las que podemos tener acceso el común de los ciudadanos se reducen de una forma notablemente significativa.
La ventaja para nosotros y para usted también de cara a analizar la evolución de los presupuestos es que, como destacaba usted, este es un centro de gasto nuevo y, por tanto, podemos ver que tenemos sólo tres presupuestos y vamos a ver cómo
han evolucionado. La comparación que usted hace con el año anterior es matemáticamente cierta, pero no podemos olvidar, señor delegado del Gobierno, y usted lo sabe aunque en aquel momento no fuera delegado del Gobierno aún, en estas materias el
hecho de que en el año 2002 respecto al año 2001 el presupuesto sufrió una disminución de 3.002,38 miles de euros, y, por tanto, la comparación de 2001 a 2003 nos da un incremento de 1.001,03 miles de euros, exactamente el 6,72 por ciento, que es lo
que nos interesa en la evolución, corta, del órgano que usted representa en este momento. Por tanto, el 33,63 por ciento de incremento, puesto en la perspectiva histórica, se reduce -y nos preocupa, señor
delegado del Gobierno- a un escueto 6,72 por ciento, superior, desde luego, al IPC, que se aplica en el capítulo 1, pero no demostrativo de un aumento extraordinario de interés de su Gobierno en la materia como usted nos dice.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Con mucha brevedad.
Podemos deducir de sus palabras y de lo que transparentan los presupuestos de la delegación de Gobierno que usted tiene entre sus manos y de la responsabilidad de llevar a cabo la política general de migración que el Ministerio del Interior
y la delegación del Gobierno controlan fundamentalmente fronteras y, por tanto, lo que se deduce del control de fronteras -devoluciones, expulsiones, etcétera-. Yo le he preguntado sobre los CETI (que son centros de estancia temporal de
inmigrantes, esos 40 días que se tarda en algunas devoluciones que no se pueden hacer de inmediato) y sobre los centros de migraciones, porque están intrínsecamente unidos al control de fronteras. ¿Usted ha colaborado con el ministro de Trabajo
diciéndole cuántos centros, cómo, cuándo se deben terminar, qué inversiones hay que hacer? Porque, si usted es quien marca la política migratoria, es un déficit importante. Mi grupo parlamentario estaría bastante de acuerdo con que el Ministerio
del Interior se ocupara efectivamente del control de fronteras y dejara la integración de los inmigrantes a los otros ministerios porque también consideramos que la inmigración es un asunto transversal, como usted ha dicho, pero si usted comparece
aquí y da cuenta de la política general del Gobierno en materia migratoria y de extranjería, tendría que explicar también qué pasa con los centros de migraciones, con los CETI, con los programas de integración, con el programa GRECO, que es verdad
que está disperso en muchas otros ministerios, como cualquier política transversal. Resulta que esta Delegación del Gobierno se ocupa de toda la coordinación y -entienda nuestra perplejidad- para saber de aquellas cosas que usted se ocupa tenemos
que ir al Ministerio de Trabajo. Insisto, los CETI y los centros de migraciones están intrínsecamente unidos al control de fronteras. Si es verdad que sólo se ocupan del control de fronteras, tendría que dar cuenta de eso aquí. Si no, se lo
pediremos por escrito o le haremos comparecer otra vez para que nos lo explique, porque tenemos que saber cuál es la proyección del Gobierno en materia de centros de estancia temporal y de centros de migraciones, y me ciño ya sólo al estricto
control de fronteras, no a materia de integración, que está en otros ministerios y ya veremos cómo nos las arreglamos para el control.
Usted tendría que contarnos, no que coordina, que ya sabemos que lo intenta hacer, sino cómo controla este
presupuesto de integración. Es su obligación; para eso fue creada la Delegación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Resulta sorprendente la interpretación que se puede hacer de las cifras. Cuando el secretario de Estado ha señalado que el programa 222.G de la Secretaria de Estado crece un 33,63 por ciento la respuesta ha sido que
eso creaba alarma. Yo no sé si la alarma es porque crece mucho o porque crece poco. A mí me parece que un incremento de más del 33 por ciento refleja una apuesta clara por las políticas de inmigración. También resulta sorprendente, cuando se ha
dejado claramente expuesta la configuración de la política de inmigración, que por primera vez hay una política de inmigración en España y no sólo que hay una política de inmigración, sino un órgano rector responsable de su impulso, de su
coordinación, esa Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, que se siga sin querer entender cómo se concibe esta política. Como ha dicho el secretario de Estado, no es una política sectorial, sino transversal, y exige un
esfuerzo de coordinación, para lo cual ya se han tomado medidas, como la creación de la Comisión interministerial, la creación, en 2001, del Consejo Superior de Política de la Inmigración, el Foro de la Integración Social de los Inmigrantes, ese
observatorio al que hemos hecho referencia.
La transparencia es clara, como la vocación de dar cumplidas explicaciones y así se va acreditando en el tiempo en esta Comisión, pero lamento decirle, señor secretario de Estado, que hay veces en que por muchas explicaciones y muchos
esfuerzos que se hagan no se consigue llegar a clarificar los datos, no se consigue que esas explicaciones lleguen a los oídos a los que se dirigen, porque en este caso es muy cierto ese refrán de que no hay mayor sordo que aquel que no quiere oír
lo que se le dice.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor Pedret, a mí me parece muy bien que usted prefiera más publicaciones y menos informes. Yo prefiero que lo que se haga sea lo que tenga realmente
interés para mejorar los criterios para una adecuada gestión de la política de inmigración. De todos modos, tengo que decirle que crecemos en un 80 por ciento en los recursos del OPI para hacer estudios y publicaciones y eso es lo que determina
nuestro interés en reforzar el funcionamiento del observatorio. Respeto que usted prefiera que se hagan más publicaciones que informes, pero me tendrá que reconocer que crecemos en un 80 por ciento, que es de lo que se trata. En
cuanto a la comparación con años anteriores, usted me dice: en términos económicos, es verdad que la subida es del 33 por ciento, pero si compara con años anteriores, es sólo de un seis. Un seis tampoco está mal teniendo en cuenta que la
inflación y todas esas cosas están bastante por debajo, pero de todas formas no me haga trampa. Si comparamos con años anteriores, tendrá que comparar presupuestos homogéneos. Si en años anteriores teníamos incluidos en esas dotaciones conceptos
que ahora no tenemos, no los elimine a la hora de comparar; homologue. Usted me ha birlado Ceuta y Melilla y el control de fronteras, que eran unos cuantos millones de euros. Por ahí no va bien si lo que se quiere es poner de manifiesto el
esfuerzo presupuestario de la partida. La partida crece un 33 por ciento y usted podrá estar de acuerdo o no, le parecerá bien o no, y yo lo respeto, pero eso, como usted ha reconocido muy bien, es lo que crece. Como decía el otro, las
matemáticas, de momento, no engañan.
A la señora Blanco tengo que decirle que estoy encantado de darle la información que quiera, se lo he dicho siempre. El otro día les hice un repaso general del GRECO y hoy, con mucho gusto, se lo vuelvo a hacer, pero no es el motivo de mi
comparecencia; el motivo de mi comparecencia es explicar el presupuesto del Ministerio del Interior. Además, nos tendremos que poner de acuerdo sobre los conceptos, porque usted me dice: no me ha dicho nada de los CETI, que son necesarios para
las políticas de rapatriaciones y control de fronteras y los 40 días. Tengo que decirle que ya no existen los CETI, solamente existen los centros de internamiento de extranjeros o los centros de migraciones; los CETI han desaparecido y lo único
que gestiona el Ministerio del Interior, y no la Secretaría de Estado son los centros de internamiento. Los centros de internamiento están recogidos en el presupuesto del Ministerio del Interior y el presupuesto del Ministerio del Interior tiene
una dotación presupuestaria que crece en 500.000 euros para esos centros de internamientos. En la documentación están reflejados cuáles son los centros de internamiento que nosotros tenemos en marcha y cuáles son los que vamos a realizar: Madrid,
Barcelona, Algeciras, Tenerife, etcétera, ya lo hemos explicado en otras ocasiones.
Usted me acusa de falta de coordinación y aquí la coordinación es muy general. Tenemos el Consejo Superior de Inmigraciones, pero los centros de internamiento los hacemos allí donde tenemos infraestructuras. No estaría de más que el resto
de las administraciones que forman parte de nuestros órganos de coordinación y que también hacen políticas de inmigración, en vez de oponerse tradicionalmente a que nosotros pudiéramos hacer esta red de centros, colaborasen a hacerla. Me ha citado
usted el de Algeciras y ese es un asunto realmente incomprensible. A ver si convence usted al alcalde de Algeciras en relación con el proyecto que tenemos aprobado desde hace tiempo, nos da la licencia y podemos hacer esos centros que usted
demanda. Yo estaría encantado y para eso tenemos dotación presupuestaria en la Secretaría de Estado de Seguridad, 6.712.850 euros, lo que supone un incremento de 500.000 euros para el año próximo.
Para despejar cualquier duda en relación con la transparencia, quiero decirle dos cosas. El programa GRECO está publicado; el programa GRECO contiene medidas, algunas de las cuales tienen reflejo presupuestario y otra no, e incluso
contiene algunas medidas que no son de financiación siquiera por parte del presupuesto nacional. Además, contiene medidas que están en distintos organismos de la Administración del Estado y en distintas partidas. Mi responsabilidad es ver cuál es
el esfuerzo conjunto integrado de la política migratoria que el Gobierno sigue en los distintos ámbitos. Si comparando el año 2001 con el año 2002 se puede ver que el incremento ha sido el 11 por ciento, el año próximo el incremento es del 3,63 por
ciento. Ese es el esfuerzo conjunto de todas las partidas de GRECO, que, como usted sabe, afectan a cuatro líneas fundamentales, 72 actuaciones y siete ministerios, que son todos los que directamente tienen algún tipo de programa de incidencia en
esto. Como usted tiene la oportunidad de controlar al Gobierno en las distintas comisiones donde hay alguna de estas cuestiones, igual que S.S. nos pregunta a nosotros por las partidas del Ministerio del Interior y nosotros, dentro de nuestras
posibilidades, le damos contestación, estoy seguro de que lo hará usted con el resto de los Departamentos ministeriales. (El señor Mayoral Cortes pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Le iba a pedir al señor delegado del Gobierno para la Inmigración que nos aportara el plan GRECO cifrado al que acaba de hacer mención en las 48 horas reglamentarias, para que en esta Comisión podamos disponer de
esa información. Y una precisión simplemente anecdótica, si me permite, muy brevemente.
El señor PRESIDENTE: Un tercer turno, señor Mayoral, no tiene precedentes.
El señor MAYORAL CORTÉS: Si me permite, señor presidente. Es que el señor delegado del Gobierno ha dicho que los CETI han desaparecido. Yo ayer estuve visitando uno en Melilla, estuve en el CETI, de Melilla.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
Señor delegado.
El señor DELEGADO DE GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Empiezo por el final, los CETI han
desaparecido porque normativamente ya no existen, señoría. Con mucho gusto, le haré llegar la regulación de los organismo, para ponernos de acuerdo en los conceptos que formalmente son los que debemos utilizar para saber de qué estamos
hablando. Yo no tengo ningún plan GRECO cifrado, señoría. Tengo simplemente una estimación del conjunto del esfuerzo económico, que son las cifras que le he dado. Otra cosa, señoría, estoy seguro de que podrá obtenerlo del análisis de los
presupuestos de los distintos departamentos ministeriales.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto del orden del día, vamos a despedir al señor delegado del Gobierno y continuaremos la sesión.
- DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (ROBLES OROZCO), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001247) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número de expediente 212/001309).
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión con la presencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, don Gonzalo Robles.
Para formular las preguntas que estime pertinentes dentro de este trámite presupuestario, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Otro año más tenemos este trámite para aclarar alguno de los conceptos presupuestarios referentes al programa 313.G del Plan Nacional sobre Drogas y al programa 222.C, actuaciones policiales en materia de drogas, las
correspondientes a Policía Nacional y a Guardia Civil. A ellos se refieren a las preguntas que voy a hacerle.
La Delegación del Plan Nacional sobre Drogas cuenta entre sus objetivos con la coordinación de los recursos destinados a la política de drogas y tenemos que volver otra vez en este trámite a poner sobre la mesa cuestiones que no corresponden
estrictamente a este programa, pero que, como en años anteriores, inciden muy directamente en la política sobre drogas, de la cual el delegado del Plan Nacional sobre Drogas es el coordinador. Suponemos que él tendrá una información de primera
mano, desde luego mucho mejor que la nuestra, referida a la política sobre drogas.
Antes de pasar a las preguntas, me gustaría decirle, señor Robles, que el presupuesto para este año es un presupuesto que contribuye como el de años anteriores a esta vida mortecina que está llevando el Plan Nacional sobre Drogas, puesto que
no deja ocasión a soñar grandes actuaciones, a pensar en grandes actuaciones con respecto a la política sobre drogas, puesto que los recursos son muy escasos. Y sigue languideciendo el Plan Nacional sobre Drogas con el único flotador que tiene que
es la ley del fondo procedente de los bienes decomisados a los narcotraficantes. Si no fuera por ese flotador, actuaciones que se están teniendo no se podrían abordar porque el presupuesto del plan nacional no puede ser más ridículo para una
preocupación tan importante para los ciudadanos, que sólo ha sido pospuesta porque ha habido y hay en la sociedad española otros temas que desgraciadamente se han puesto en primer plano. Sigue siendo en toda la Unión Europea un problema importante.
Desgraciadamente, como hemos visto por las informaciones de la Dirección General de la Policía, los decomisos aumentan. Me refiero a documentación de la Dirección General de la Policía, porque si nos referimos a la documentación del Plan Nacional
sobre Drogas, o nos referimos a la memoria, o nos referimos a los últimos informes por ejemplo del observatorio número 4, es muy antigua. El último informe que está metido en la página web es de marzo de 2001 y la memoria tiene el hábito de
presentarla cada dos años, que es algo absolutamente inaudito, que no suele ocurrir en ningún organismo público. Tenemos pues que referirnos a datos de la Policía o bien a datos de la Fiscalía General del Estado, porque el propio plan nacional no
suministra los datos necesarios con cifras recientes.
Acabamos de escuchar que en cuanto a inmigración y extranjería hay una gran falta de transparencia y tengo que decir que en la Delegación del Plan también existe falta de transparencia y opacidad en los datos.
Desgraciadamente es así.
Vamos a entrar en el presupuesto en concreto, por mucho que el único incremento de un cierto interés sea el del Instituto de Investigación y de Formación que acaban de crear. Realmente este Instituto de Investigación y de Formación no está
hecho, supongo, para proporcionar esa documentación necesaria para abordar una problemática como esta.
Señor Robles, este presupuesto prácticamente reproduce el del año pasado, pero con el grave inconveniente de que ni siquiera han tenido en cuenta el incremento de la inflación para el próximo año, aunque sí que lo han tenido en cuenta para
el capítulo 1, de personal que depende de la delegación del plan, o para el capítulo 2. No lo han tenido en cuenta en las transferencias a comunidades autónomas, que se supone que no tendrán capítulo 1 ni capítulo 2, la cifra es exactamente la
misma que la del año pasado. De este presupuesto exiguo que nos trae a la Cámara nos tendría que explicar unas cuantas cosas, pero la pregunta inmediata es si le parece que es tan prioritario este instituto de investigación como para que le haya
correspondido el único incremento, que son unos 500.000 euros, con respecto al del año pasado. Evidentemente, institutos de investigación hay ya en España. Como sabe el señor Robles, hay muchos departamentos de investigación en las universidades
españolas que abordan esta temática y hacen estudios muy interesantes y desde luego no pensábamos que la prioridad de la delegación iba a ser suplir o complementar actuaciones muy loables de las universidades españolas o del propio
Ministerio de Sanidad, teniendo objetivos tan importantes como atender las toxicomanías, transferir a las comunidades autónomas todos los programas que afectan a la asistencia a toxicómanos, el tratamiento de los toxicómanos en prisiones, los
recursos específicos para grupos más vulnerables, o tantas actuaciones que están pendientes por parte de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas, que podría impulsar lo que las comunidades autónomas están haciendo y desde luego lo que se
correspondería con el control de la oferta. Por tanto, comprendo que es muy difícil su papel aquí hoy. Probablemente otros delegados también hayan tenido difícil su trabajo, pero sentimos de verdad que el presupuesto sobre drogas sea el que nos
presenta a la Cámara, porque desde luego no permite tener ninguna esperanza de actuaciones, que sin embargo en este momento son urgentes y necesarias.
Voy a pasar a hacerle algunas preguntas que podrían aclararnos algunas dudas, pequeñas dudas, porque con este presupuesto tan exiguo no es que quepan muchas dudas, sobre las actuaciones que procederán de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas y que no están reflejadas aquí porque están en otras partidas. En el servicio 03 sobre actuaciones policiales es donde hemos notado algún incremento en la partida de funcionarios destinados a las actuaciones en materia de
droga.
Quisiéramos saber a cuántos funcionarios afecta ese incremento y si realmente cubren vacantes o si proceden de otros departamentos y se asignan a este capítulo. Nos gustaría que nos diera esa información porque este capítulo es el único que
ha tenido un cierto incremento, no así la Guardia Civil ni ningún otro. Querríamos también saber si tiene alguna relación con el plan contra la delincuencia que el Gobierno ha puesto en marcha. No sabemos a qué corresponde, ni cómo va a
distribuirse, ni en qué funciones, ni si cubren vacantes, ni si proceden de otros departamentos.
En cuanto a esos famosos 500.000 euros, que son el único incremento de este programa 313.G, quisiéramos saber, puesto que este presupuesto va a entidades públicas y privadas que hacen proyectos de investigación, cuáles son esas entidades
privadas y públicas y qué cantidad de este presupuesto va a dichas entidades privadas. No conocemos más que este instituto que se ha presentado hace unos días, aunque ya han aprovechado para hacer un congreso. Nosotros pensamos que es más
interesante financiar proyectos que hacer congresos, pero si ustedes han creído que para justificar este incremento necesitaban hacer ese congreso, no tenemos inconveniente, salvo que, desde nuestro punto de vista, debería acompañarse de un mayor
incremento en otras partidas. Además de saber qué entidades privadas están en estos proyectos de investigación y cómo se va a distribuir ese presupuesto, quisiéramos hacerle algunas preguntas con respecto a indicadores de su memoria que no tienen
reflejo en el programa 313.G y que dependen directamente de la delegación.
Nos ha comentado que van a tener bastantes más inspecciones en el registro de precursores, dentro de sus indicadores. Esto nos parece una cosa evidentemente urgente, porque en el informe de la Dirección General de Policía sobre los
decomisos y los laboratorios, se ve que las cantidades que se han decomisado son muy abundantes. Si esas cantidades son muy abundantes y se han localizado los laboratorios de esos supuestos delitos, eso supone que hay circulando una cantidad de
precursores que no están controlados. Y si el registro a las empresas que legalmente comercian con esos precursores depende directamente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, aparte de que haya sólo una sanción, no sé si
en este momento habrá alguna más, tenemos una gran distancia entre lo que la Delegación del plan nacional hace como seguimiento de esa ley de precursores y lo que después se está reflejando en las sustancias que se decomisan. Si evidentemente hacen
falta más inspecciones -y eso lo tienen ustedes en sus indicadores de la memoria-, lo que no sabemos es dónde se refleja presupuestariamente, porque en alguna partida presupuestaria debe estar ese seguimiento de esos precursores. Tenemos interés en
conocer concretamente esta prioridad, que lo es mucho más por todas las muertes que se han producido como consecuencia del consumo de estas drogas sintéticas. Quisiéramos saber, si es posible, si es que existe un seguimiento de la inspección, en
qué partidas presupuestarias se encuentra, cómo se va a establecer esto, con qué inspectores se cuenta, qué seguimiento se está haciendo.
Voy a referirme también a algo que en varias ocasiones el vicepresidente del Gobierno, señor Rajoy, y usted mismo han dicho, que es el tema de la analítica de los laboratorios, la dificultad para los técnicos de laboratorio, etcétera. Se
han comprometido 17 laboratorios y nos gustaría saber cuántos están presupuestados, de esos 17 que se han anunciado en sucesivas ocasiones, y los técnicos que están previstos. Se está ocasionando un retraso considerable en los juicios y se está
provocando que esta situación no sea todo lo fluida que tiene que ser. Igualmente quisiera referirme aquí, aunque tampoco depende directamente de la delegación pero lo hemos citado muchas veces en la Comisión, a todo lo que tiene que ver con los
hornos de incineración, el famoso horno de Cádiz, si realmente está presupuestado, en qué partida, dónde están presupuestados todos los hornos de incineración que en estos momentos están en marcha y cuántos se van a hacer para este ejercicio de
2003.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Romero, vaya terminando, por favor.
La señora ROMERO LÓPEZ: Me voy a referir a la situación de los toxicómanos en las prisiones. Quisiera saber en el presupuesto de este año dónde se contemplan los módulos terapéuticos y los recursos para el cumplimiento alternativo de la
pena. Igualmente quisiera saber cuáles son los recursos para los programas de reducción de daños de intercambios de jeringuillas y para los problemas sanitarios que se dan en las prisiones, como tuberculosis, problemas siquiátricos, sida, etcétera,
así como los recursos previstos para la atención en comisarías y juzgados y para los programas de formación y de reinserción social, que siguen siendo hoy problemas urgentes en esta población toxicómana.
Indudablemente, hay otros colectivos que esperan también recursos específicos, como pueden ser minorías étnicas, prostitución, patología dual, menores o mujeres. Quisiéramos saber exactamente dónde están estos recursos, porque si tenemos
que contar con las transferencias a las comunidades autónomas, como la cantidad es exacta a la del año pasado, tenemos que suponer que los recursos son muy exiguos y que, por tanto, no se les va a poder dar un impulso a estos programas de recursos
específicos.
Voy a terminar, señor Robles. Como usted sabe, el año 2003 se cumple uno de los períodos señalados en la estrategia 2000-2008. Le voy a leer algún punto, el 14.2 por ejemplo, que dice que, en el año 2003, el 25 por ciento de los equipos de
atención primaria ofrecerán programas de detección precoz y actuación coordinada frente a problemas relacionados con el consumo de drogas. Este es un objetivo para 2003. Hay otro objetivo para 2003: el 20 por ciento de los funcionarios de
prisiones se habrán formado en prevención de drogas, punto 11.2. El 12.2 dice que el 50 por ciento de los profesionales de los medios de comunicación estarán en el año 2003 formados en materia de prevención de drogas -quería que se hiciera algún
comentario-. El 60 por ciento del profesorado en 2003 estará formado en prevención de drogas, y el cien por cien en 2008. Son objetivos muy ambiciosos, pero son los que se ha marcado el Gobierno del año 2000 al 2008. Si el Gobierno se marcó esos
objetivos, algo tendrá que decir el señor delegado en esta comparecencia para ver si realmente existe un reflejo en convenios que se vayan a abordar con el Ministerio de Educación o con otros organismos para poder poner en marcha estos recursos.
Actualmente, los convenios firmados por la delegación, que sepamos, porque son los que ofrece su página web, son muy limitados, con algunas comunidades autónomas, y en temas muy específicos, y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; no son
convenios que nos hagan pensar que estos objetivos son prioridad para el Gobierno y se van a abordar, salvo que la estrategia sea papel mojado. Es así y espero que tenga el señor delegado una respuesta a estas preguntas, sobre todo porque,
desgraciadamente, el problema de las drogas no disminuye; tiene nuevas formas, pero las formas anteriores de consumo no disminuyen, al menos según los datos de los decomisos, a no ser que volvamos otra vez a ese diálogo para besugos de que no
porque haya más decomisos hay más consumo. Como es un diálogo para besugos y no vamos a entrar en él, porque ya hemos entrado en otras ocasiones, creo que lo que más nos interesa, y más en esta Comisión, es afrontar los problemas.
Desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, con este presupuesto no se va a poder afrontar el reto que sigue teniendo hoy la sociedad española.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Puesto que las previsiones horarias han sido sobrepasadas con creces, voy a tratar de ser muy breve, sintetizando al máximo las cuestiones que le voy a plantear, que van a ser dos. No obstante, antes me voy a
permitir hacer una precisión. Se ha señalado aquí que el delegado del Gobierno tiene un papel muy difícil en esta Comisión con este presupuesto. Yo desde luego no lo creo. Sí que es cierto que tiene encomendada una alta responsabilidad, que
además tiene una gran trascendencia social, pero para ello, en opinión de este grupo parlamentario, cuenta, por una parte, con el respaldo político del Gobierno, respaldo cuya manifestación más clara es precisamente la aprobación de esa estrategia
nacional sobre drogas. Esta estrategia, por otra parte, cuenta también con un respaldo político-social muy amplio, de manera que no está solo en esta lucha. Además, para llevar a cabo esa estrategia nacional, que permite es una actuación global
para abordar el fenómeno de las drogas, cuenta con el presupuesto, en nuestra opinión, adecuado para contemplar todos los objetivos y todos los ejes que en ella se prevén.
En este sentido, querría que ahora, en este trámite, nos pudiera explicar cuáles son las líneas generales de actuación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas previstas respecto al año 2003, y en qué medida se
encuentran reflejadas en las distintas partidas presupuestarias contempladas en la sección 16. También quisiera que hiciera una mención especial al Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas, que nos dijera cuáles son las grandes
áreas de trabajo que tiene encomendadas este instituto y qué dotación económica contemplan los próximos Presupuestos Generales del Estado para contribuir al desarrollo de las mismas.
Fuera del trámite presupuestario, me permito la licencia, con gran brevedad, por supuesto, de felicitarle por el nombramiento de don José Antonio de Santiago Juárez como presidente de este instituto. Yo, que he tenido la oportunidad de
trabajar con él en la Junta de
Castilla y León, puedo afirmar que, además de una excelente persona, es también un gran gestor y con experiencia acreditada en la lucha contra las drogas. Así que le felicito por ese nombramiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Señorías, voy a intentar contestar brevemente, por lo avanzado de la hora, y porque este trámite parlamentario, como bien saben ustedes, es para analizar los
presupuestos y no para hacer una revisión de conjunto de toda la política que el Gobierno hace en tantas cuestiones, para lo cual tenemos otros trámites parlamentarios y tenemos la oportunidad de hacerlo en otras comisiones -creo que SS.SS. me han
citado para el día 29 en la Comisión Mixta Congreso-Senado- y, por tanto, vamos a intentar ajustarnos al trámite parlamentario, que es el debate de presupuestos.
Con mucho gusto le digo a la señora Romero que, efectivamente, como dice la señora Torme, no es especialmente difícil para mí este trámite parlamentario. Ya le gustaría a la inmensa mayoría de los centros directivos de la Administración
poder presentar un balance final de cada ejercicio con presupuestos aumentados en torno a un 20 por ciento. Tuve que explicárselo el año pasado, señoría. No podemos olvidar que la Delegación del Gobierno es un centro un poco especial dentro de los
centros directivos del Gobierno porque cuenta con un instrumento extrapresupuestario con el que no cuentan otros centros directivos. Esto no hay que olvidarlo. Cuando hay que hacer una política global, hay que saber todos los ingresos que van a
dotar este centro directivo. Para que se hagan una idea, el año 2002 vamos a terminarlo con un presupuesto final que supera en un 20 por ciento al presupuesto inicial de la delegación. Esto significa que hemos incorporado aproximadamente 8
millones de euros a este presupuesto, que provienen del fondo de bienes decomisados, que es, afortunadamente, una cantidad que va creciendo año tras año y con la que hay que contar, porque para eso se hizo la ley del fondo. Consideramos que los
presupuestos de la delegación, como saben ustedes, y hay que hacer justicia, han crecido de una forma muy importante desde el año 1996. Un Gobierno planifica sus acciones a lo largo de una legislatura, como mínimo, o del período que le toca
gobernar. En la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular, del año 1996 al año 2000, como bien sabe, el presupuesto creció de una forma muy importante, en torno al 50 por ciento. Incrementamos las plantillas, hubo que asignar recursos
que hasta ese momento no había, porque también asumimos competencias como la gestión del fondo y el control de precursores químicos. Hubo que dotarnos de unos presupuestos de inversiones que no tenía la delegación y en estos momentos está siendo
útil para planificar acciones. Pero una vez realizadas todas esas cuestiones, no se crece siempre al mismo ritmo, señoría, porque no se trata de crecer ilimitadamente; se crece para cumplir una función.
Tampoco se puede olvidar que en ese período de tiempo se han completado las transferencias completamente, valga la redundancia, a las comunidades autónomas, por lo que si en el año 1996 era competencia del Ministerio de Educación o del
Ministerio de Sanidad prestar determinados servicios, hoy están transferidas completamente esas competencias a las comunidades autónomas. Por consiguiente, los convenios que teníamos con el Ministerio de Educación en la primera legislatura carecen
de sentido en este momento, cuando son las comunidades autónomas con competencias transferidas las que tienen que hacer esas tareas en el ámbito de la educación o de la formación de profesores.
No obstante, nosotros hemos mantenido el concepto presupuestario de ayuda a comunidades autónomas como fondos cooperativos, que, stricto sensu, no es en este momento una obligación del Gobierno. Están transferidas completamente la educación
y la sanidad y, por tanto, en cuanto a las prestaciones sanitarias y de prevención hay que preguntar a las comunidades autónomas qué están haciendo, porque se ha transferido un paquete no sólo de competencias, sino también de financiación, y tienen
financiación para hacer esos programas. No obstante, mantenemos un concepto presupuestario en el capítulo 4, programa 313.G, para cooperar con las comunidades autónomas, para estimularlas a desarrollar determinados programas, y no obstante,
señoría, a través del fondo hay una serie de programas que, como usted conoce perfectamente, sirven para poner en marcha programas pioneros, programas piloto, que estimulen a las comunidades autónomas a cumplir los objetivos de la estrategia
nacional sobre drogas. Por ejemplo, a través de esos programas estamos llevando a cabo el desarrollo de los módulos terapéuticos en la mayoría de las prisiones españolas, lo que ha hecho que en este momento en todas las prisiones españolas haya
unidades de tratamiento de drogodependientes libres de drogas, unidades de metadona y unidades de intercambio de jeringuillas y, por tanto, que un toxicómano interno en una prisión tenga en este momento garantizados los mismos derechos a la salud
que si fuese una persona en libertad. Por tanto, hemos desarrollado a través de esos mecanismos acciones que estaban reflejadas en la estrategia nacional sobre drogas.
Por consiguiente, el presupuesto nos garantiza las tareas que tenemos que hacer, que nos son propias, es decir, lo que se refiere a control de oferta y lo que se refiere básicamente a precursores y ley del fondo, y nos ayuda a seguir
estimulando y coordinando la acción de
las comunidades autónomas, y también estamos intentando involucrar a los ayuntamientos.
Hay que contar que el presupuesto de la ley del fondo es un presupuesto que se incorpora, estimamos que el año que viene va a suponer un crecimiento de en torno al 15 por ciento del presupuesto, porque, al día de hoy, en el fondo que vamos a
generar para el año siguiente ya hay 6 millones de euros. Por tanto, no es una hipótesis que nosotros nos vamos a inventar, es que, al día de hoy, pendiente todavía de ingresar el último trimestre -sabe usted perfectamente que son ingresos
trimestrales que nos hace el Ministerio de Justicia-, podemos garantizar que a este presupuesto que usted está viendo le vamos a generar un crédito de 6 millones de euros, es decir, un aumento real del 15 por ciento del presupuesto y no del 2 por
ciento, como S.S. dice. Usted sabe perfectamente que es un mecanismo que está establecido y que hay que contar con él, porque la ley del fondo dice que la primera beneficiaria es la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Lo
dice la ley del fondo, que usted precisamente conoce muy bien porque fue ponente, por lo que sabe que es un mecanismo que tenemos a nuestra disposición.
No obstante, nos toca también hacer la labor de impulso a otros centros directivos que tienen sus propias competencias y sus propios presupuestos. Usted ha citado dos cuestiones que trae todos los años, una de ellas referida a las
actuaciones policiales en otros centros directivos, Policía y Guardia Civil, donde no es mi competencia la gestión del presupuesto, pero sí el estímulo y la coordinación con esos centros directivos. Es verdad que ese programa ha crecido de una
forma muy importante, porque hay un plan global del Gobierno y se trata de dar coherencia a ese plan. Por tanto, las actuaciones policiales en materia de droga crecen, básicamente porque hay una transferencia de 807 efectivos de la Policía y de la
Guardia Civil que se transfieren a ese concepto presupuestario y a esa acción policial concreta. Por consiguiente, crece de una forma muy significativa el programa 222.C, actuaciones policiales en materia de drogas, porque hay una acción del
Gobierno decidida a reforzar ese programa, pero es un programa que gestionan otros centros directivos.
Usted ha citado también el tema de los laboratorios, de los hornos, que, como bien sabe usted, es competencia de sanidad exterior, y sanidad exterior está ubicada en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Obviamente nos corresponde a
nosotros coordinar con el ministerio, estimularle, participar en las distintas acciones, pero el Ministerio de Administraciones Públicas desde hace ya tiempo tiene planificadas una serie de acciones para potenciar los laboratorios de sanidad
exterior, los depósitos de drogas y los hornos. Están presupuestadas y algunas de ellas están ejecutándose: por ejemplo, el depósito de Málaga está plenamente operativo en este momento, el horno de Cádiz está en trámite de ejecución y, como sabe,
el horno de Málaga está pendiente de que se encuentren los terrenos adecuados y de la autorización de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para poder poner en marcha el expediente. Hay presupuesto para el horno de Cádiz, para el horno de Málaga,
para el depósito de Cádiz, para el depósito de Málaga y para la potenciación de los 17 laboratorios que están previstos y que van a permitir una mayor agilización, conociendo las dificultades que usted dice. Pero insisto, son presupuestos que
gestionan otros centros directivos y, por tanto, es el Ministerio de Administraciones Públicas quien debe dar cuenta de sus propios presupuestos.
Yo creo que nosotros sí actuamos con una gran transparencia, es la filosofía con la que ha actuado la delegación. Hemos procurado ser transparentes a los medios de comunicación, a SS.SS. y a toda la Comisión cada vez que nos piden cuentas.
Por eso le puedo decir que el informe número 5 del observatorio está en imprenta; no es un informe que se haga mensualmente, sino cuando hay datos, que es cuando hay que aportarlos. El informe número 5 del observatorio está en imprenta y S.S.
tendrá ocasión de conocerlo pronto.
Nos habla usted de la memoria del plan nacional. Ya se lo he explicado muchas veces, la memoria de la delegación del Gobierno se la puedo presentar a usted el día 31 de diciembre, pero la memoria del plan nacional es algo más complejo.
Sabe usted que el plan nacional es el esfuerzo que hace el Estado en su conjunto, y no podemos obviar que el Estado está fuertemente descentralizado y que muchas de las competencias que se recogen en la memoria del Plan Nacional sobre Drogas son
competencia hoy de las comunidades autónomas. Podíamos haber tomado la decisión de hacer una memoria que sólo incluyera las acciones que desarrolla el ministerio, las acciones de la delegación, pero eso hubiera roto algo que ha funcionado bien, que
es la cooperación con las comunidades autónomas, el espíritu de coordinar las acciones, por lo que hay que contar con la remisión de los datos que nos dan las comunidades autónomas. Hay algunas comunidades autónomas que van más lentas que otras y,
por tanto, creemos oportuno esperar a que todas las comunidades autónomas remitan su información para que podamos seguir teniendo una información de carácter nacional, de todo el Estado. Da igual que salga un poco más tarde, con tal de que tengamos
un documento extraordinariamente útil para el análisis de lo que pasa en nuestro país y también para poder transmitir fuera de nuestro país la realidad de lo que hacemos en España. Por consiguiente, no tenga usted cuidado que tendrá las memorias,
como todos los años, en diciembre, eso sí, lógicamente, con un año de retraso, que suele ser, por cierto, lo normal en todas las memorias de los organismos públicos y privados.
Usted habla del instituto de investigación; pregunta si es tan importante como para que se lleve una parte
del aumento. Pues yo le tengo que contestar que sí, la política de apoyo a la investigación es una prioridad del Gobierno y también lo es en esta área. Usted se sorprende de que la Delegación del Gobierno tenga en sus prioridades la
investigación, pues a mí me pasa lo contrario, lo que me sorprende es que hasta el año 1996 nadie se hubiera planteado que la investigación en drogas tenía que ser una prioridad. Lo que me sorprende es que justamente hasta ese año no se hubiera
dedicado ni una peseta de la Delegación del Gobierno para apoyar la investigación. Desde el año 1996 hemos puesto cantidades modestas, que se han multiplicado por cinco hasta este año, en el que culmina ese proyecto dando forma a un instituto de
investigación y formación que no va a suplantar otras acciones, sino que las va a apoyar, coordinar y va a garantizar su continuidad.
¿Qué pasa en este momento en la investigación en drogodependencias en España? Que hay un fuerte desconocimiento entre los equipos investigadores, que ha habido una falta de estímulo y de apoyo, una falta de objetivos y de prioridades, y
también tiene que haber tranquilidad en los investigadores, que se tienen que ocupar de investigar, no tanto de buscar los recursos. El instituto va a garantizar recursos, continuidad, coordinación interior en nuestro país y exterior con los
principales organismos internacionales, y va a hacer algo muy importante, como es marcar las prioridades que nos importan a todos. Por ejemplo, se ha decidido que son prioritarias las líneas de alcohol y de drogas sintéticas, que son en este
momento unas de las grandes preocupaciones en la sociedad y en los propios terapeutas. Por tanto, sí es claramente una prioridad del Gobierno apoyar el instituto de investigación.
Por eso, contestando también a doña Ana Tormes, le puedo decir que los presupuestos tienen entre sus prioridades este año apoyar claramente el desarrollo del instituto, y por eso es ahí donde crecemos de una forma más significativa. Pero no
solamente lo vamos a apoyar con los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo de Ministros ya ha aprobado este año como prioridades de la ley del fondo, que tiene que aprobar el Consejo de Ministros, como usted sabe, el apoyo a los proyectos de
investigación. Por tanto, con cargo a la ley del fondo va a haber también un apoyo importante a los proyectos de investigación.
Tengo que decirle, señoría, que aunque a usted le parezca raro que hayamos hecho un congreso, a mí me parece extraordinariamente positivo, y ha sido un éxito, porque hemos contado con investigadores de primer nivel de nuestro país y de fuera
de él, porque ha significado generar una red de contactos importantes, porque ha habido un estímulo a los investigadores, porque ha habido un entusiasmo en los investigadores y porque todo el que ha pasado por este congreso se ha dado cuenta de que
hay una realidad bien plasmada, bien desarrollada, que sin lugar a dudas va a dar frutos, y esperamos que sean frutos que lleguen a los últimos beneficiarios, en este caso a los propios pacientes. Por tanto, a mí me parece que en este momento el
instituto es claramente una de las prioridades.
Entre nuestras prioridades, lógicamente, se encuentra seguir realizando todas las actividades del Plan Nacional sobre Drogas, que en gran medida consisten en la prevención, que ha sido una asignatura pendiente. A través del fondo y a través
de nuestros propios recursos vamos a seguir apoyando la prevención, porque en estos momentos necesita mayor estímulo y mayores recursos económicos. Por tanto, contestando también a doña Ana Torme, este año próximo la prevención va a seguir siendo
una de nuestras prioridades. Eso significa que seguiremos apoyando los concursos escolares, que aumentaremos el número de niños a los que vamos a llegar y que coordinaremos con las comunidades autónomas las competencias que tienen. Usted me dice
acertadamente que el año 2003 será el año en el que empecemos a evaluar la estrategia, pero tendremos que contar con las administraciones que en este momento tienen las competencias, señoría, porque cuando firmamos la estrategia nacional sobre
drogas, recordará usted que se aprobó también una conferencia sectorial, y era lógico que se aprobara porque sabíamos que iban a estar transferidas la inmensa mayoría de las competencias. Cuando hablamos hoy de formar a profesores, señoría, ¿es que
podemos olvidar quién tiene también en este momento competencia para formar profesores? Tendremos que ponernos de acuerdo con las administraciones que lo tienen que hacer.
Por tanto, vamos a seguir apoyándolo directamente con nuestro propio plan, no solamente en el ámbito de la prevención, de lo que significa estrictamente la prevención escolar, sino también en el ámbito de la atención primaria, que usted ha
citado adecuadamente. Por eso está en marcha en este momento, a través de sociedades científicas, un ambicioso proyecto de formación de médicos de atención primaria; ya lo han ejecutado en el último año y en el próximo año lo van a ejecutar
también a través de formación a distancia. En consecuencia, se va a seguir formando a los médicos de atención primaria en esos programas de detección precoz, que es una de las estrategias que nos marca claramente el documento al que hemos estado
haciendo referencia. Por tanto, apoyo a la prevención, apoyo a la formación de médicos de atención primaria y, por supuesto, también al desarrollo de nuestros propios proyectos internos. Usted cita adecuadamente el tema de los precursores. Es una
competencia de la delegación que está dando sus frutos, no solamente porque hayamos puesto una sanción y hayamos descubierto irregularidades, sino porque del control de la información, de circular y poner en red el trabajo de las empresas, aparece
mucha información que después puede ser operativa en determinadas acciones policiales. Muchas de las acciones de las que usted o la opinión pública tienen conocimiento y que termina con el desmantelamiento de un
laboratorio o con una determinada operación, surgen porque se detectan síntomas, es decir, que quien tiene que colaborar en el control de precursores médicos lo está haciendo ejemplarmente. Por tanto, tenga usted la tranquilidad de que se
hace. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
En cuanto al plan de inspecciones, presupuestariamente no tiene por qué figurar un plan de inspecciones, señoría, porque la delegación ya se dotó -como dije en su momento- de los equipos técnicos para poderlo llevar a cabo en ese período que
le he dicho. Como usted sabe, incorporamos químicos a la delegación porque no los teníamos y cómo se iban a hacer inspecciones si no teníamos químicos. En su momento incorporamos químicos que hacen posible en este momento que se hagan las
inspecciones.
Incorporamos también cuerpos de seguridad específicamente en ese área.
Estamos elaborando un plan de inspección con los funcionarios de la delegación del Gobierno, y nos estamos apoyando también en las plantillas de funcionarios de
las delegaciones del Gobierno donde hay más industrias químicas. Sabe usted perfectamente que estoy hablando de la delegación del Gobierno de Cataluña, que es donde se concentra la inmensa mayoría de las industrias químicas que a nosotros nos
afectan. Lógicamente, nos apoyamos también en esas plantillas. Por tanto, no hay que generar nuevos gastos, porque hay funcionarios que tienen encomendada esa tarea. Hay un plan de inspección que está en marcha, a través de nuestros químicos y a
través de nuestros funcionarios.
Le he contestado con respecto al plan de laboratorios. En cuanto a los módulos en prisiones, además de nuestros presupuestos y de lo que apoyamos a las comunidades autónomas, ha tenido aquí la oportunidad de preguntárselo al director de
Instituciones Penitenciarias, porque también forman parte del presupuesto de Instituciones Penitenciarias, que invierte muchísimo dinero, por ejemplo, en la sanidad penitenciaria, porque los tratamientos antirretrovirales y las vacunaciones corren a
cargo precisamente de la sanidad penitenciaria. Nosotros, lógicamente, lo coordinamos con ellos, pero es un presupuesto de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
En consecuencia, tenemos un presupuesto adecuado para lo que nos toca hacer, que es la política de coordinación, la política de estímulo, la política de apoyo a determinadas administraciones. No podemos ignorar que hay otros centros
directivos que tienen sus propios presupuestos y no podemos ignorar que hay un proceso de transferencias hechas a las comunidades autónomas que es el que es y, por tanto, las competencias residen en esas comunidades autónomas. Si a esto le sumamos
los ingresos que provienen de la ley del fondo, un presupuesto estimado para el año 2003 del 15 por ciento del presupuesto de la delegación, sinceramente creo que es un buen presupuesto, porque nos permite garantizar las cuestiones que nos ha
encomendado el Gobierno y garantizar las acciones que nos marca la estrategia nacional sobre drogas. (La señora Romero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Con la mayor brevedad posible, dada la hora en que nos encontramos, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: A efectos de aclarar alguna cuestión, porque la única cifra que me ha dado son los 807 efectivos de la policía, por lo que las cifras de la policía sí que se las sabe. Pero le he preguntado qué cantidad exactamente
de los 500.000 euros de ese instituto de investigación va a entidades privadas y a qué entidades privadas, porque me parece que es una información importante. También le he preguntado por las inspecciones, precisamente por su tarea como coordinador
del seguimiento del registro de precursores, y no nos ha dicho qué plantilla tiene. Comprendo que se escude en Cataluña, que tiene su propio registro, pero ¿qué plantilla del registro central se ocupa concretamente de esto? No vamos a tocar nada
más que estos dos puntos, aunque habría otros muchos, porque el presidente no me va a dejar tocarlos, por lo que ya tendremos ocasión de verlos en otro momento.
Para terminar, sólo le quiero decir que los presupuestos crecen para cumplir una función y probablemente no sabe usted cuál es su función cuando este presupuesto no crece. Crece el 15 por ciento gracias a la ley del fondo, pero es que usted
cuando era diputado dijo que la ley del fondo no podía ser coartada para que los presupuestos no se incrementaran. Esto figura en el 'Diario de Sesiones' del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Quiero resaltar únicamente un aspecto que se ha mencionado aquí. La previsión inicial consignada para los próximos Presupuestos Generales del Estado del año 2003 es adecuada. Además, cuenta con ese incremento
posterior, que el delegado del Gobierno ha valorado en torno al 20 por ciento, a través del mecanismo previsto en la ley del fondo. Si es importante el esfuerzo presupuestario que se realiza anualmente, quiero destacar lo que supone cuando ese
esfuerzo se mantiene y se consolida a lo largo del tiempo. El señor delegado del Gobierno ha hecho referencia a ello y en la comparecencia del año pasado también tuvimos la oportunidad de resaltar cómo esa tendencia ha manifestado una evolución
realmente espectacular, porque el año pasado se dijo aquí que desde el año 1996 al año 2001 había habido un incremento del 78 por ciento. Estos son datos, con lo que sobran muchas palabras, porque acreditan de una forma muy clara y significativa el
carácter prioritario que tiene para el Gobierno el Plan Nacional sobre Drogas. No me voy a extender en nada más, salvo corroborar que efectivamente desde el año 1996 han cambiado
muchas cosas; que el que se haga hincapié en la investigación nos parece un elemento esencial; y consideramos muy positivo también que en las previsiones del año que viene la prevención siga teniendo ese papel relevante. Aunque le quería
hacer alguna pregunta, voy a renunciar a hacerla por la hora en la que nos encontramos, porque entiendo que ha sido contestada dentro de esa prevención de las campañas escolares. A mí me preocupaba la prevención del consumo del alcohol en edades
tempranas, pero entiendo que dentro de ese programa que usted ha mencionado está esa actuación concreta.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Empezando por la señora Torme, que ha sido la última interviniente, le agradezco su intervención y que me refresque mis propios datos, es decir, que el año
pasado pudimos aportar la evolución que desde el año 1996 ha tenido el presupuesto de la delegación, que efectivamente ha tenido un aumento del 78 por ciento. Sinceramente, no creo que haya muchos centros directivos de la Administración que hayan
aumentado el presupuesto en torno al 78 por ciento hasta el año 2003. Las cosas hay que dimensionarlas en su tiempo, no podemos seguir creciendo a ese ritmo, porque ya hemos llegado a un presupuesto que nos permite hacer en este momento nuestras
tareas. Además, contamos desde hace tres años con ese instrumento importante que es la ley del fondo. En su momento dije algo parecido a lo que usted ha dicho que yo había dicho, pero no exactamente igual. Usted recordará que ese debate surge
cuando el Gobierno socialista recorta el Plan Nacional sobre Drogas -no es que lo aumente, sino que lo recorta- en 1.500 millones de pesetas. Ahora estamos hablando de si aumentamos mucho o poco, pero el Gobierno socialista en su último año de
gobierno recortó el Plan Nacional sobre Drogas en 1.500 millones de pesetas. Usted dijo entonces que no era problema porque íbamos a tener la ley del fondo, y le dije que no se podía usted escudar en la ley del fondo para justificar el recorte de
1.500 millones de pesetas, que no es exactamente igual a lo que acaba de decir. Por tanto, usted quería justificar un recorte con la ley del fondo y yo le digo a usted que tenemos un aumento del 78 por ciento desde el año 1996 y además este año
tenemos un aumento del 15 por ciento garantizado por los ingresos de la ley del fondo. (La señora Romero López: Tramposo.) Este es un matiz un poquito distinto.
En todo caso, señoría, todos los años tenemos el mismo debate y la evidencia demuestra que la delegación tiene un presupuesto suficiente para hacer las tareas que estamos haciendo: dirección de coordinación.
Sinceramente, no estamos
parados, porque estamos permanentemente impulsando proyectos y acciones. El último ha sido el instituto de investigación. Le vuelvo a repetir que para nosotros un instituto de investigación es muy importante, y usted hace una pregunta concreta:
¿cómo se va a gestionar y cuántas son esas entidades públicas o privadas? Como sabe S.S., es una orden pública de subvenciones la que convocamos.
Se saca una orden ministerial por la cual se convocan ayudas públicas, por lo que se pueden presentar
universidades públicas o privadas, centros públicos o centros privados, que hagan investigación. Es un equipo técnico del Instituto Carlos III -porque hay un convenio entre el Instituto de Investigación y el Instituto Carlos III-, un equipo de
evaluadores externos, de científicos de acreditado prestigio, el que evalúa los proyectos que se presentan, y se evalúan en función de su calidad y en función de los objetivos que en este momento se plantean en esa convocatoria pública de ayudas.
Por tanto, no es una discreción del delegado, no es una acción de convenios bilaterales, sino que se financian bajo ese modelo de convocatoria pública concurrente, donde tienen que competir sus proyectos con los de otros equipos investigadores.
Este año todavía está sin resolver la orden, porque se acaba de cerrar el plazo hace unos días. Los proyectos se han mandado a esa comisión de evaluación del Instituto Carlos III que será el que nos diga a quién hay que financiar. Probablemente
nos encontraremos con equis universidades públicas y tal vez alguna privada. En este momento le puedo decir que el grueso, el porcentaje más alto es para centros públicos, que son los que se han llevado la inmensa mayoría de los proyectos de
investigación del año anterior. Por tanto, el porcentaje es abrumadoramente mayor de centros públicos frente a algún proyecto que pueda haber de alguna entidad privada; sinceramente, ni siquiera recuerdo que haya alguna entidad privada que esté
financiada, creo que son universidades públicas todas las que en este momento reciben financiación con cargo a ese fondo.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, es que ha vuelto a olvidar un dato importante que le he preguntado, acerca de la plantilla.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Perdón, sí, la plantilla. Hay dos químicos en la Delegación del Gobierno y contamos con el gabinete de coordinación. Actualmente, son cuatro personas, dos
funcionarios de los cuerpos de seguridad y dos químicos, las que están haciendo las inspecciones de las empresas químicas y, sinceramente, consideramos que son suficientes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.
Concluido el debate de este punto del orden del día, despedimos al señor delegado del Gobierno y pasamos al punto siguiente.
- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE INTERIOR (COSPEDAL GARCÍA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA (Número de expediente 212/001199), DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Números de expedientes 212/001253 y 212/001251) Y
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Números de expedientes 212/0001306 y 212/0001312).
El señor PRESIDENTE: Continuamos el debate.
Para formular las preguntas que estime convenientes a la señora subsecretaria del Ministerio del Interior en materia de presupuestos, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, mis primeras palabras serán de cordial bienvenida a la nueva subsecretaria del Ministerio del Interior, a quien deseo el mejor éxito en su gestión.
Señora subsecretaria, la pregunta de mi grupo se refiere al denominado plan de seguridad para el archipiélago canario, que ya lleva dos períodos presupuestarios. Se aprobó en la época del entonces ministro del Interior, señor Mayor Oreja,
ha venido funcionando eficazmente y ha habido un entendimiento, siempre fértil, respecto al seguimiento, entre este portavoz que le habla y su antecesor o antecesora en la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
Como sabe usted, por la importancia turística de Canarias, siempre se ha sentido la necesidad de dotar de incentivos y de una serie de equipamientos e infraestructuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque incluso ha habido
épocas carenciales-como ha ocurrido en la Isla de Tenerife- en las que el propio Cabildo Insular abrió un capítulo de gastos para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil o Policía Nacional, de vehículos, de otros medios
de transporte, de comunicaciones, de gestión administrativa, para suplir las deficiencias que tenían. Creemos que esto siempre debe ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Así, se consiguió una dotación, que se ha mantenido en los
dos últimos ejercicios, de 500 millones de pesetas; dado que en estos presupuestos no viene singularizada su aplicación, quisiera que me dijera, señora subsecretaria, si se mantiene esta financiación específica de los 500 millones, expresados ahora
en euros, en el plan Canarias de seguridad para el Archipiélago y cuáles son las distintas partidas en que pueden estar consignados en los presupuestos del interior, así como la aplicación que se piensa hacer de ellos. Le repito que estamos
satisfechos de las aplicaciones que en los ejercicios anteriores se han venido haciendo, que deseamos que se mantengan y que contribuyan, de alguna manera, a dar una garantía a las campañas del Ministerio del Interior de seguridad ciudadana, de
lucha contra la delincuencia y de potenciación de los medios instrumentales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Todas las preguntas que voy a formular a la señora subsecretaria, excepto una, van dirigidas a la Dirección General de Tráfico. La que no va referida a la Dirección General de Tráfico es simplemente para
solicitarle que, en el plazo reglamentario, si fuera tan amable, nos remitiera el estado de ejecución del presupuesto del ministerio de los años 2000, 2001 y 2002, hasta el 31 de agosto. En cuanto al resto de las preguntas y comentarios que tengo
que hacerle, como soy consciente de que algunas no me las podrá contestar porque es realmente difícil, le rogaría que en el plazo reglamentario me las remitiera.
En lo que se refiere a la Dirección General de Tráfico, en concreto a la Jefatura de Tráfico, programa 222.B, quisiera decirle que soy consciente, y me parece bien, de que la Dirección General de Tráfico tiene tres objetivos concretos y
claros y uno un poco más encubierto, al que también haré referencia. El primero de ellos es la gestión y asistencia del tráfico; el segundo, la mejora de la seguridad vial, mediante la vigilancia de la circulación, y el tercero, la mejora de la
formación técnica, la educación vial y la investigación. Hay un cuarto al que después haré referencia.
En el primer objetivo, la gestión y asistencia del tráfico interurbano, que es un objetivo primordial y con el que estamos de acuerdo, se dice que la Dirección General de Tráfico dispone de los más modernos sistemas, de estaciones
meteorológicas, centros de gestión, patrulla de helicópteros, puestos de auxilio, así como de los más modernos aparatos de las últimas tecnologías. Quisiera preguntarle (y se lo pregunto sin segunda intención porque tal vez no lo he encontrado o no
lo he sabido ver; no vea usted en estas preguntas algo que no es) qué dinero se destina a la instalación de estaciones meteorológicas en las carreteras y, si puede usted contestarme, cuántas hay instaladas ya.
También quisiera hacerle una pregunta que viene a cuento, aunque tenga una relación muy tangencial con los presupuestos, porque es de gran actualidad. Hace unos días se produjo un accidente muy grave en Albacete como consecuencia de que una
ambulancia colisionó con un camión. Hay las más diversas teorías de por qué se produce ese accidente. Hay quien dice que fue porque el camión no llevaba unos aparatos que hubieran sido precisos y necesarios, que habrían evitado
ese accidente porque lo habría localizado mucho mejor la ambulancia, a primeras horas de la mañana; no lo discuto. La otra cuestión, que sí me preocupa, es la de cómo es posible -teniendo los medios técnicos que se dice que se tienen y que
además es verdad- que la agrupación de tráfico más próxima o el cuartel de la Guardia Civil más próximo a la zona donde ocurrió el accidente no acudieran, a instancias de la empresa propietaria de ese camión, a regular el tráfico en la zona donde
ese camión tenía que hacer esa maniobra tan peligrosa.
El segundo objetivo de la Dirección General de Tráfico, que también compartimos, es la mejora de la seguridad vial mediante la vigilancia de la circulación. Señora subsecretaria, a primeros de enero del año 2001, existían 7.883 efectivos en
la agrupación de tráfico. Le quisiera preguntar si me puede decir -y si no ya me lo dirá- cuántos existen al día de la fecha y qué incremento se presume para el año 2003, de acuerdo con el reflejo presupuestario. Otra pregunta que quiero hacerle
porque tiene un reflejo presupuestario es: ¿Cuántas patrullas unipersonales hay en activo en este momento? El porqué de esta pregunta se lo voy a justificar. El número de denuncias ha disminuido aproximadamente un 15,11 por ciento en el primer
semestre de este año. Esto supone un menor ingreso a las arcas del Estado, entorno a los 1.000 millones de pesetas al mes. Este decremento en el número de denuncias viene dándose desde hace un tiempo, pero ahora se ha acentuado. Tanto es así que,
en el año 2001, las denuncias por 1.000 habitantes fueron 90, cuando en el año 1987 fueron 149,54. ¿Qué influencia tiene en este tema las patrullas unipersonales? ¿Cómo se contemplan esta disminución de ingresos en el presupuesto?
Quiero hacer aquí una reflexión, que en su día trataremos en la subcomisión de tráfico o cuando comparezca el director general de Tráfico, y es que un solo agente no puede controlar a un coche con varios ocupantes que vayan borrachos o
drogados. Han declarado precisamente estos agentes -declaraciones que vienen recogidas en La Nueva España, de Asturias, de hace unos meses- que si un agente va solo para poner una multa a la típica pandilla de borrachos, cómo se garantiza a este
guardia su seguridad si va solo. El aumento de la vigilancia policial no puede ir reflejado en el hecho de que patrullas sean unipersonales porque el resultado es poco efectivo en la detención y en la consecución de unos logros que es también la
sanción; no cabe duda que la sanción y la recaudación tienen una importancia grande en el tráfico.
El tercer objetivo que se plantea en sus presupuestos la DGT es la mejora de la formación técnica de la educación vial en investigación. Quiero preguntarle sin doble intención cuál es el incremento porcentual que hay en estas partidas. Ya
sé que en educación vial existen unas partidas que no se reflejaban en otros años, sobre todo, los parques infantiles de tráfico. Me parece bien, porque todo lo que suponga un incremento no me puede parecer mal, pero la educación vial no se puede
circunscribir exclusivamente a los parques de tráfico que normalmente, como sabe usted muy bien, no son propiedad de la Jefatura de Tráfico sino que suelen ser propiedad bien de los ayuntamientos bien de las entidades financieras, fundamentalmente
cajas de ahorro. Me gustaría que me lo dijera, si es tan amable.
Por último, la Dirección General de Tráfico tiene un objetivo más o menos encubierto, que es el recaudatorio. Viene recaudando en torno a los 15.000 millones de pesetas en concepto de multas y de tasas. Nosotros no podemos ignorar el
principio de caja única, pero tampoco podemos ignorar las grandes carencias que existen en seguridad vial y que afectan directamente a la DGT. No nos parece bien que esos 15.000 millones sirvan lo mismo para reparar un convento, que para comprar
mobiliario escolar, que para hacer frente a cualquier historia. El ejemplo es anecdótico y no lo tome usted de otra forma, lo que quiero decir es que desgraciadamente, esos 15.000 millones solamente en un porcentaje aproximadamente de 90 ó 91
millones de euros va parar a la DGT y sin embargo, el resto no repercute en seguridad vial. Usted sabe, y me consta, que la seguridad vial es importantísima, tan importante que decía ayer don Luis Montoro que el 48 por ciento de los accidentes de
trabajo que se producen en España -una barbaridad- están directamente relacionados con los accidentes de tráfico, un 29 por ciento son accidentes mortales in itinere y un 19 por ciento son accidentes en misión. Con esto quiero decirle que entre
todos debemos adquirir una concienciación suficiente como para darnos cuenta de la gran cantidad de muertos que resultan de los siniestros que se producen en nuestras carreteras y en nuestras ciudades, por lo que debemos de prestarle la mayor
atención presupuestaria que se pueda a la seguridad vial.
Estamos dispuestos a cooperar con ustedes en esta materia y buena prueba de ello es que se ha creado una subcomisión de tráfico en la que vamos a colaborar con total honestidad y lealtad. Sí queremos señora subsecretaria que transmita a
quien corresponda que no podemos escatimar dinero en este apartado donde se está poniendo en juego la vida de los ciudadanos. La información periodística nos hace que parezca natural que cada año que mueran 6.000 personas en las carreteras
españolas, que lo veamos con una cierta naturalidad, y si el año siguiente en vez de 6.000 mueren 5.500, celebramos que haya habido un porcentaje inferior. Esto es lo de menos. Lo importante es el número tan elevado de personas que mueren. Ayer
nos decían que la siniestralidad en las carreteras y los problemas de Alzheimer serán las enfermedades, entre comillas, del futuro y lo están siendo ya. Le ruego que tomen conciencia de esto. La pregunta es: ¿Qué aplicación presupuestaria se da a
esos 15.000 millones de pesetas que se recaudan por tasas y multas?
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos sumarnos a la cordial bienvenida que le ha dirigido el señor Mardones, así como a los deseos de éxito que él ha expresado.
Señora subsecretaria, la suya es la última comparecencia en esta larga mañana destinada al análisis de los presupuestos del Ministerio del Interior. Los altos cargos del ministerio que le han precedido han expuesto una visión de cada uno de
los servicios presupuestarios que gestionan, pero creo que a estas alturas puede ser de gran interés para los trabajos de esta Comisión que podamos tener una visión de conjunto.
Por ello, ¿podría usted concretar las líneas esenciales del proyecto
de presupuesto para su departamento durante el 2003?
En segundo lugar, aunque una de las líneas maestras de la política presupuestaria del departamento viene siendo la consecución del equilibrio presupuestario mediante la contención del gasto corriente, la dotación del capítulo 2 del
presupuesto de su departamento ha aumentado en más del 24 por ciento, respecto al año 2002. ¿Cómo explica lo que pudiera interpretarse como una aparente contradicción?
En tercer lugar, como usted sabe, el próximo 25 de mayo se celebran elecciones municipales a las asambleas legislativas de 13 comunidades autónomas y también deberán convocarse en este año elecciones al Parlamento de Cataluña. ¿Qué
repercusión tendrá la celebración de estos comicios sobre los presupuestos de su departamento?
Paso a formular algunas cuestiones relativas a la Dirección General de Tráfico, pero antes quería hacer alguna precisión sobre los comentarios que aquí se han efectuado con anterioridad a mi intervención y concretamente a un asunto de última
actualidad, como es ese accidente que ha tenido lugar en Albacete entre la ambulancia y un camión. Hacer una valoración sobre si la respuesta ha sido adecuada o no en esta situación sería prematura porque no se conocen los datos. Se ha hablado de
la posibilidad de haber incumplido la normativa de transporte de este tipo de mercancías, porque debe de hacerse en horario diurno y, al parecer en el momento del accidente, no había todavía condiciones de visibilidad.
Por tanto, hacer aquí una
valoración sería prematuro. Haciendo referencia a esa subcomisión a la que aludía el señor Sánchez Garrido, ayer mismo hablando y mencionando este accidente un ex director general de tráfico perteneciente a un Gobierno socialista decía que en esta
materia hay que tener muchísimo cuidado y no llegar nunca a conclusiones inmediatas ante un caso como el de este accidente que puede crear un gran impacto social en ese momento. Las soluciones nunca han de ser coyunturales ni ligadas a esa alarma
social que se produce por un hecho concreto. Supongo que todos los datos se irán recabando y analizando y tendremos suficiente información al respecto. Por otra parte, se señalaba que no hay que escatimar el dinero en seguridad vial. Yo no creo
que esa sea la línea de actuación que se esté siguiendo en este presupuesto o en presupuestos anteriores.
Paso a la formulación concreta de las preguntas que sobre esta materia le quería hacer. En primer lugar, la seguridad vial es precisamente una de las prioridades de este departamento y uno de los elementos que incide en ella es el estado de
las carreteras. De los datos que nos llegan, se deduce que un porcentaje elevado de los accidentes de tráfico tiene lugar en carreteras que no son de titularidad estatal. En este sentido, ¿podría informarnos de las actuaciones previstas, en
colaboración con diputaciones provinciales, para mejorar la señalización y las condiciones generales de seguridad en la red viaria de titularidad de estas diputaciones, de estos entes?
En último lugar, le formulo una doble pregunta, en parte ya formulada también por el portavoz socialista. Cuáles son las previsiones en cuanto a la instalación de toma de datos meteorológicos, por una parte, y, por otra, de centros locales
de gestión de tráfico, en el marco -lo que nos parece esencial- de ese plan de instalación de sistemas integrados para el control y la gestión dinámica del tráfico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria para contestar.
La señora SUBSECRETARIA DE INTERIOR (Cospedal García): Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque tengo un catarro y seguramente me oirán toser en algún momento de mi intervención. Quiero agradecer a SS.SS. de manera especial
la bienvenida, así como el tono de las intervenciones de los tres.
Si les parece bien, y por ser lo más breve posible teniendo en cuenta la hora, aunque se ha hecho una exposición ordenada por grupos, la mejor manera de contestar es haciendo primero una reflexión general que ha pedido la señora Torme -voy a
ser muy breve- y después contestar a las preguntas que en materia de tráfico se han realizado, así como también a la pregunta del señor Mardones, representante de Coalición Canaria.
Con carácter general -digo que voy a ser muy breve y así va a ser-, el presupuesto del Ministerio del Interior en este año sube un 9,7 por ciento, que en términos consolidados supone algo más, un 9,9 por ciento.
La mayor parte de este
incremento se debe al denominado plan de lucha contra la delincuencia, que tiene un reflejo presupuestario muy importante a lo largo de todos los servicios y programas del Ministerio.
También hay un incremento importante, teniendo en cuenta que
este año tenemos elecciones municipales y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que se refleja en el capítulo 2 y en el capítulo 4, particularmente
en las áreas de protección y garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, de gestión de instituciones penitenciarias, de coordinación de actuaciones en materia de extranjería e inmigración. También hay un incremento importante en
materia de seguridad vial, un 5 por ciento, y de protección civil. Estas dos últimas, como saben SS.SS., junto con elecciones y partidos políticos y los servicios generales del departamento, son las competencias propias de la subsecretaría del
Ministerio del Interior.
Por decirlo por programas y muy brevemente, en el área de protección y garantía de derechos y libertades de los ciudadanos a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, el incremento es de un 8,14 por ciento respecto al año
anterior. En el área de extranjería, ya se lo ha comunicado el delegado del Gobierno para la Extranjería y, en materia de seguridad vial, como he dicho, es un 5,6 por ciento. En materia de protección civil también se ha hecho un esfuerzo si no en
subir más allá del 2 por ciento sí de reconducir los esfuerzos de inversiones hacia temas que creemos que son más importantes en este momento, como por ejemplo comunicaciones por satélite para situaciones de emergencia o los temas de emergencia
nuclear o de riesgo de NBQ. También existen importantes inversiones para los perímetros fronterizos en Ceuta y Melilla y para la impermeabilización de las fronteras; en este caso me estoy refiriendo, señorías, a cuestiones de inversiones y de
dotaciones, es decir, capítulo 6 y capítulo 2.
También tengo que decirles, aunque la partida no sea muy grande, pero sí es importante porcentualmente y se refleja en una subida en el capítulo 6 de la subsecretaría, que se está realizando y ejecutando una obra, que tendrá su seguimiento
en el año 2003, de adaptación, tanto por materias de seguridad como fundamentalmente por materias de accesibilidad, de los edificios de las sedes centrales del Ministerio del Interior, tanto en Amador de los Ríos como en la calle Cea Bermúdez.
Tras esta exposición, paso a contestar, en primer lugar, a la pregunta del señor Mardones sobre el plan de actuación especial para Canarias. Me pregunta el señor Mardones donde está ubicado exactamente el plan.
Efectivamente, la dotación
es exactamente la que fue en el año 2002. Como ha dicho S.S., era un programa que en principio tenía un espacio temporal determinado, cuatro años, luego se amplió hasta el año 2002 y se mantiene para el año 2003, más allá de esa ampliación, y
supone un importe de 300.005.000 euros, que corresponde a la cantidad de pesetas que ha dicho S.S., y consta en el anexo de inversiones públicas -diré exactamente los dígitos- con el código 2016 02 819. En todo caso, se lo dejaré a S.S.
cuando
termine la intervención.
También quiero decirle que, aparte del plan especial para Canarias, que lleva inversiones tanto desde el punto de vista de personal -porque el personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el año 1996 se ha incrementado en un
20 por ciento en el archipiélago canario, como sabe su señoría- como en medios materiales, en coches, en proyectores de datos, en equipamientos informáticos, pero también se está realizando una labor muy importante en materia de construcción y
rehabilitación de comisarías de policía y acuartelamientos de la Guardia Civil.
Particularmente para el año 2003, por lo que se refiere a Policía Nacional, se van a mantener las anualidades de obras que ya están iniciadas en este año, como son la
comisaría del distrito sur de Las Palmas, en Barranco Seco, la brigada provincial de seguridad ciudadana de Santa Cruz de Tenerife, la comisaría de Maspalomas y la comisaría de Santa Cruz de La Palma; además, en el año 2003 se comenzará la
comisaría de Arrecife, en Lanzarote, y se seguirá con el programa de adecuación de vehículos y de medios informáticos.
Por lo que se refiere a la Dirección General de la Guardia Civil, aparte de la cantidad que específicamente está destinada al plan de seguridad en Canarias, va a realizar una serie de inversiones muy importantes en las dos comandancias,
tanto en la de Las Palmas como en la de Tenerife, que van a llevar a la construcción -luego podré dar a S.S. los datos más detenidamente- de tres cuarteles en la comandancia de Las Palmas, además de la adaptación de algunos de ellos, y de cuatro en
la de Tenerife, además del acondicionamiento de diversos cuarteles. Todo ello por un valor de cinco millones de euros, es decir, mayor que la cantidad a la que me he referido con anterioridad. Además de ello, sabe S.S. que el programa SIVE,
sistema integrado de vigilancia exterior, se está implantando en este momento en el archipiélago canario y que la previsión de inversión presupuestada para el año 2003 es de un millón y medio de euros. Esto en cuanto a la pregunta del representante
de Coalición Canaria sobre el plan especial para Canarias.
Paso a referirme a Tráfico en concreto. Me ha pedido S.S. un resumen, o detallado -se lo puedo dar a S.S. de las dos maneras, lo haré como usted quiera-, de la ejecución de los años 2000, 2001 y 2002 para todo el Ministerio, así lo he
entendido, hasta el 31 de agosto; creo que incluso tenemos hasta el 30 de septiembre, así que muy gustosamente se lo haré llegar inmediatamente.
Con relación a los programas concretos en materia de seguridad vial, me pregunta, en primer lugar, sobre el programa relativo a la gestión de tráfico, en concreto, en este programa -y también se ha referido a ello la señora Torme-, qué
dinero se va a destinar a estaciones meteorológicas y cuántas se han implantado ya. El dinero que se va a destinar en este año a la inversión prevista para estas estaciones, incluyendo todo el sistema de comunicaciones, los paneles de mensaje que
son necesarios para transmitir la información y el sistema de gestión de tráfico, es de 14.323.000 euros. En cuanto
a las ya instaladas, se han instalado estaciones meteorológicas en puntos kilométricos que están en municipios como Miranda de Ebro, Ateca, Atalaya del Cañavate, así hasta doce o trece. Si le parece a S.S., le puedo dejar un resumen porque
es complicado explicar los puntos kilométricos exactos a estas alturas de la tarde. También está previsto para el año 2003 instalar 78 estaciones más de captación de parámetros meteorológicos en nueve autovías de todo el territorio. Con esto creo
que quedan contestadas las preguntas del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
Me preguntaba el señor Garrido por los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En este momento, y voy a decírselo exactamente, son 8.051 los efectivos en nómina, es decir, que están cobrando; por tanto, no se puede
engañar. La cantidad presupuestada como efectivos en nómina de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para el año 2003 es de 8.650 aproximadamente.
Me pregunta que cuántas patrullas unipersonales hay en activo. Por lo que yo sé, hasta este momento, patrullas unipersonales en activo en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil todavía no hay. Se está empezando a instalar un sistema
que no es exactamente de patrullas unipersonales sino con dos personas, como siempre han tenido las patrullas de la Guardia Civil, pero que al controlar y vigilar autovías o carreteras que tienen distintas direcciones se desdoblan y hacen el
recorrido a la inversa para lograr una mayor efectividad. Así es como está pensado ese desdoblamiento de las patrullas en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. De todas formas, es un sistema que se está experimentando en este momento y
habrá que ver qué resultados da. Estos son todos los datos que en este momento le puedo dar. Si le puedo aportar más datos se los daré, pero no puedo dárselos en este momento de la comparecencia.
En cuanto a la formación técnica, el presupuesto de la Dirección General de Tráfico crece un 5,6 por ciento. En este presupuesto hay una cantidad muy importante no sólo, como ha dicho S.S., y es verdad, para los parques de tráfico
infantiles sino que se está terminando una página web en la Dirección General de Tráfico para enseñarlas en todas las escuelas, tanto en los centros públicos como privados de educación, y que sea un instrumento para que el profesorado pueda impartir
seguridad vial a los alumnos; por tanto, para que a partir del propio profesorado los alumnos puedan acceder directamente. La inversión en formación para seguridad vial siempre podría ser mayor, pero los esfuerzos que se están haciendo en este
momento son importantes.
Se ha referido a la recaudación mayor o menor de la Dirección General de Tráfico en concepto de multas, de tasas y hacia dónde va destinada esa recaudación. Como ha dicho usted muy bien al principio de su intervención, en el Estado prima el
principio de caja única, y es verdad que la Dirección General de Tráfico hace una aportación al Estado que generalmente se mantiene. Ha dicho usted la cifra en su intervención y que este año será aproximadamente la misma o un poco menor. No es ni
el criterio ni tiene la capacidad el Ministerio del Interior ni esta subsecretaría, porque para eso está la Secretaría de Estado de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda, de dilucidar dónde tienen que ir los ingresos que se recaudan por
cualquiera de los organismos del Estado. Lo cierto es que en este momento la Dirección General de Tráfico tiene ingresos para financiarse y, cuando falta parte de estos ingresos, se financia de los ingresos que hasta ahora están constituyendo un
remanente en la Dirección General de Tráfico. No existe falta de atención económica en la Dirección General de Tráfico porque vaya a otras partidas del presupuesto o a otros programas distintos. En ese sentido, esto es todo lo que le puedo decir y
además lo que tengo que decir.
Es verdad que la seguridad vial, como dice S.S., es uno de los temas más importantes. También es verdad, y no quiero manifestar una exagerada alegría, que se ha producido un decremento importante, aunque sea siempre muy poco, en el
porcentaje de accidentes con víctimas mortales respecto al mismo período del año anterior, porque hemos bajado un 6 por ciento.
De todas maneras, siguen siendo muchos los accidentes de tráfico y muchos los accidentes mortales. Como decía la
portavoz del Grupo Popular, es una cuestión que no afecta sólo a la Dirección General de Tráfico sino también al estado de las carreteras. En muchas ocasiones la mayoría de los accidentes, sobre todo con víctimas mortales -hemos tenido un ejemplo
dramático hace muy pocos días- no se producen en los tramos de autopistas o autovías integradas en la red nacional. Sin embargo, todas las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo por que el estado de las carreteras sea el mejor
posible.
Me pregunta también la portavoz del Grupo Popular a qué se debe el incremento tan importante en el capítulo 2 del Ministerio del Interior, un 24 por ciento respecto al año 2002. Al principio de mi intervención, en la exposición general, he
pretendido dar una contestación. Se produce un incremento importante por la partida con la que se tiene que dotar al Ministerio del Interior este año por la celebración de elecciones municipales y de elecciones en trece comunidades autónomas. Esta
partida es prácticamente semejante -quizá algo mayor, porque las elecciones municipales tienen mayor complejidad- a la que se plasmó en los presupuestos del Ministerio del Interior en las elecciones del año 2000, que es el último referente que
tenemos; también se incluyen las elecciones al Parlamento de Cataluña que, aunque no se van a celebrar conjuntamente con las demás, están previstas para el año próximo. Esto supone un incremento en gastos electorales puros y duros, por decirlo de
alguna manera, en gastos
de intendencia, de material, de pago de dietas, de remuneraciones a miembros de mesas que realiza el Ministerio del Interior, así como al personal que presta sus servicios de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el incremento en las
subvenciones a partidos políticos que, como sabrán bien SS.SS., se elevan en período electoral. De ahí viene la subida, que este año es espectacular, en los capítulos 2 y 4 del Ministerio del Interior. Aunque en términos absolutos no es una
cantidad demasiado importante, sí lo es en términos porcentuales, sobre todo, residenciándose en el capítulo 2, en el que siempre se trata de ser lo más austero posible.
Por último, me preguntaba la señora Torme por los convenios que se estaban realizando con las distintas diputaciones provinciales por parte de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. Este es un programa que se va a
terminar de implantar en el año 2003. En el año 2003 está prevista la celebración de convenios con los últimos entes locales que quedaban, que son los cabildos canarios, para la mejora de las señalizaciones y de los balizamientos en las carreteras
que dependen de las diputaciones provinciales. Las cantidades son importantes porque anualmente tanto la diputación firmante como el Ministerio del Interior aportan 150 millones de pesetas y son convenios que tienen una duración de tres años.
Supongo que algo me habré dejado en el tintero, señor presidente, pero me lo recuerdan sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sólo quería darle las gracias a la señora subsecretaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Le agradezco los datos que me ha dado y le ruego me disculpe porque al principio no le he dado la bienvenida, no me dado cuenta; es una falta de educación imperdonable, le ruego me disculpe.
Le agradezco los datos que me ha dado respecto a las estaciones meteorológicas de toma de datos, que es realmente importante; también le agradezco los datos que me ha dado respecto a los efectivos. Debe ser consciente que el aumento de
plantilla ha sido de 168 personas. No comparto con usted el criterio de que no hay patrullas unipersonales y que es un sistema experimental; experimental puede ser, pero las patrullas unipersonales, de verdad, señora subsecretaria, existen y
además son motivo de gran controversia. Tengo aquí unas declaraciones del coronel jefe de los Servicios de Agrupación de Tráfico, que por falta de tiempo no le voy a leer, que demuestran que existe una gran discrepancia dentro de la Guardia Civil
de Tráfico respecto a la utilidad de esas patrullas. No me ha contestado con relación a ellas cómo han repercutido en los presupuestos esos ingresos menores por las denuncias que se formulan -antes ya le he dado unas cifras-, que yo estimo, según
los datos que tengo, en aproximadamente 1.000 millones de pesetas al mes en el primer semestre de este año.
Quiero decirle a la señora Torme, aunque estemos aquí tratando los presupuestos, que si se produce un accidente de la naturaleza del de Albacete, qué mejor que hacer una referencia en la Cámara. La valoración en estos momentos no es que sea
prematura, es que debe hacerse inmediatamente. En este caso concretamente, con todos los respetos, no me vincula en absoluto la opinión del ex director general de Tráfico, don Miguel Muñoz Medina, al que reconozco su capacidad intelectual y
profesional, no me vincula que diga que no hay que precipitarse; es su opinión, la mía no ésa.
Respecto a la financiación, vuelvo a insistir, sinceramente creo que es importante que haya una concienciación por parte de todos en lo que respecta al tráfico porque se traduce en muertes. Yo creo que no es el momento de decir dónde se
producen más muertes, si en las carreteras competencia de la diputación, en las carreteras competencia de las comunidades autónomas o en las carreteras del Estado; es igual, en unos casos será porque hay que eliminar puntos negros, en otros casos
porque son defectuosas y en otros casos porque el factor humano tiene una intervención importante, pero es cierto que hay un resultado, las muertes, que nosotros tenemos la obligación de evitar en la medida que se pueda. Señora subsecretaria,
efectivamente, el Estado destina ese dinero que se recauda por multas y tasas en lo que cree más conveniente, faltaría más, es su política, entonces es también lo que marca la política del que gobierna, pero hemos llegado a una situación donde esto
es importante, y para eso estamos, para hacer un esfuerzo grande en el sentido de que a esta Dirección General de Tráfico se la dote de más dinero y más medios. Es algo que, dicho desde la oposición y en el tono que se lo estoy diciendo de
colaboración, también es de valorar, y no por eso quiero decir otra cosa distinta de la que digo. Vamos a concienciarnos. Hemos creado en este Parlamento una subcomisión que tiene una labor importante, vamos a aprovecharla y a ponerla en práctica.
Muchas gracias, señora subsecretaria.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, por favor.
La señora TORME PARDO: Respecto a la intervención del señor Sánchez Garrido, únicamente quiero señalar que es distinto que la Dirección General de Tráfico actúe de forma inmediata, cosa que no dudo que se esté efectuando ya, a hacer una
valoración política. En su primera intervención preguntaba por qué no asistió la patrulla de la Agrupación de Tráfico para regular esa maniobra. Yo le decía que en este momento me parecía prematuro que se pudiera enjuiciar esa respuesta. Sin
duda tendremos en otros trámites información puntual que podamos analizar.
Cuando hacía esa apelación a la prudencia era sencillamente para reivindicar que un acto o un accidente como el que se ha producido estos días, que produce tanta alarma social, no tiene que llevar inmediatamente una respuesta política o una
propuesta de solución. Este era el sentido de la reflexión. Sin duda comparto con usted la necesidad de que reflexionemos y, si ha habido un accidente, desde luego nosotros lo estudiamos, lo contemplamos y nos debe llevar a esa reflexión, pero a
una reflexión sosegada, como caracteriza los trabajos que estamos realizando entre todos los grupos parlamentarios en el seno de esa subcomisión.
Sólo me queda agradecer su intervención a la subsecretaria. Es muy positivo que haya hecho esta visión de conjunto para finalizar esta ronda de comparecencias. Además le quiero agradecer el esfuerzo enorme que ha hecho no sólo por su
situación coyuntural, sino también porque verdaderamente dar unas pinceladas tan constreñidas en el tiempo de todo lo que es el departamento que dirige requiere un gran esfuerzo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria, para cerrar el debate.
La señora SUBSECRETARIA DE INTERIOR (Cospedal García): Tan sólo me había quedado por contestar, es verdad, una pregunta al representante del Grupo Socialista. Los ingresos presupuestados y previstos en el proyecto de ley de presupuestos
para este año en la Dirección General de Tráfico son exactamente los mismos que los previstos para el año 2002.
Quería dar por sentado que tengo puntual conocimiento de los trabajos de la subcomisión de Tráfico y desde aquí, como ha dicho la representante del Grupo Popular y también S.S., me pongo a disposición de la misma para ver lo que podemos
hacer en aras de mejorar la seguridad vial que tanto nos importa a todos, y lo hago con el trabajo de toda la Subsecretaría del Ministerio y de la Dirección General de Tráfico.
Por último, y sólo por cerrar el tema relativo al accidente de Albacete, por una cuestión de prudencia yo no quiero aportar más datos porque ya es un tema que la prensa ha utilizado de manera equívoca en algunas ocasiones para echar culpas a
unos o a otros. Ya sabemos más o menos las causas y creo que se informará de manera oficial dentro de muy pocos días.
Muchas gracias por el tono de sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora subsecretaria.
Señores diputados, concluido el orden del día, no sin fatiga de muchos de ustedes, le damos las gracias otra vez a la subsecretaria por esta primera comparecencia en la Comisión y esperamos verla pronto por aquí.
Se suspende la sesión.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (CATALÁ POLO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/001215), DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001225), Y GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001294)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión.
Damos la bienvenida al secretario de Estado de Justicia en su primera comparecencia en la Comisión, y sabe que tiene el mejor recibimiento que le podamos dar. Le deseamos todo género de éxitos en su trabajo, que serán los éxitos de todos.
Dicho lo anterior, nos corresponde tratar las cuestiones que planteen los grupos sobre los presupuestos del Ministerio de Justicia.
Para formular las preguntas que estime pertinentes, en representación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, en primer lugar, quiero felicitar oficialmente al secretario de Estado y augurarle una buena carrera hacia el ministerio, en un momento determinado, ya que la Secretaría de Estado de Justicia termina
en el ministerio.
Quiero intervenir con brevedad, recordándole que en las reuniones de A Coruña se habló, y hubo casi un compromiso por parte del recién nombrado ministro, de la posibilidad, la conveniencia de que (si bien por razones diversas no ha llegado a
buen puerto la reforma del Reglamento, del Congreso de los Diputados, que entre otras cuestiones innovadoras tenía la creación de una oficina de control presupuestario) su departamento diera una información más continua y detallada a los componentes
de la reunión, es decir, a todos los grupos parlamentarios, los componentes del pacto de Estado para la justicia sobre el grado de ejecución y concreción de las distintas partidas que bajo este epígrafe aparecen en el proyecto de presupuestos y en
los informes correspondientes para el ejercicio de 2003, que en su día apruebe el Congreso de los Diputados.
Quiero plantear una segunda cuestión. Los presupuestos de justicia de este año crecen un 6,7 por ciento sobre el año vigente, sobre el año que estamos viviendo, si bien se advierte que esta partida se verá complementada con los recursos
financieros adicionales derivados de una generación de créditos singular, lo que dará lugar a un incremento total, en términos homogéneos,
del 8,5 por ciento sobre el ejercicio anterior. Quisiera una mayor profundidad en este tema. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.)
Otra cuestión. Señor secretario de Estado, es evidente que no sería riguroso dividir 250.000 millones de pesetas -lo digo todavía en moneda antigua- por ocho, la vigencia del pacto de Estado. Todo aquello que no se acerque a 30.000
millones y un poquito de derrame, todo aquello que no se acerque a 30.000 millones presupuestados por año, está muy por debajo de una previsión media. Ya le he dicho que sería una burrez -permítame la expresión- intentar utilizar ese argumento
porque no todos los años va a ser lo mismo. Ese argumento no es válido a lo mejor para el primer año, para el año pasado, donde, si no recuerdo mal, hubo un presupuesto aproximado a los 111 millones de euros, algo así como 18.400 millones de
pesetas; estaba muy por debajo. Incluso recuerdo que en la comparecencia del entonces secretario de Estado, señor Michavilla, a diferencia del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que fue muy duro en este tema, yo incluso eché un capote por
aquello de recordar viejos tiempos de la pinza, le eché un capote y dije: Tampoco se pongan tan duros; a lo mejor es que al ser el primer año hay que hacer papeles, hay que hacer proyectos, pero luego no es necesario que todo se cierre. Llegamos
al segundo año y la pinza no puede dar más de sí. Que este año haya 150 millones de euros presupuestados (a mí me gustan los papeles, aunque luego ya sé que no sirven para nada) está por debajo de lo que sería un nivel medio en un momento
determinado. A eso le uno, señor secretario de Estado, que en su momento el compromiso de 250.000 millones de pesetas en ocho años se hizo sobre el pacto de Estado realmente escrito; eran las previsiones de gastos para cumplir el pacto de Estado
realmente escrito.
El señor Silva, con una tozudez digna de todo mi aprecio, consiguió sacar adelante, aunque no a lo mejor a su gusto, los juicios rápidos, que son una incorporación extra; luego las incorporaciones extras necesitan presupuestos
extras. No se pueden hacer más cosas de las realmente firmadas en el pacto de Estado por el mismo dinero, porque en algún sitio algo está fallando. Si ustedes, este año presupuestan (con lo que significa la palabra presupuestar, presupuesto
previo) 22,22 millones de euros, que si los gastan y ejecutan mi grupo entiende que es una buena cantidad para empezar a poner en marcha los juicios rápidos, la oficina judicial y todas estas cosas, desarrollándolas al mismo tiempo, esta cantidad
hay que detraerla porque no estaba pensada en el pacto de Estado, los juicios rápidos no estaban pactados -perdón por la expresión- y por tanto no estaban presupuestados en ese global. Por tanto, si en puridad hubiera que hablar de aquel pacto de
Estado que realmente se firmó, a los 150 millones se le quitan los 22 millones y estaríamos hablando de que este año hay solamente 128 millones de euros, para el pacto original, el primigenio, muy por debajo, señor secretario de Estado, de una
división matemática de aquellos 250.000 millones de pesetas para un período de ocho años.
Espero su respuesta. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Hago nuestras las palabras del presidente de la Comisión y doy la bienvenida al secretario de Estado de Justicia, don Rafael Catalá, felicitándole sinceramente en nombre propio y en el de mi grupo por su
nombramiento para este importante cargo, y deseándole los mayores éxitos en su función dirigida a mejorar el deteriorado servicio público de la justicia. Dicho esto, creo que hay dos problemas objetivos importantes de entrada para culminar este
deseo de éxito. Uno, el escaso tiempo que va a tener para ello. Lejos de poder llegar a ser ministro, lo lamentable es que creo que sólo va a tener un presupuesto entero para ejecutar como secretario de Estado porque hay elecciones pocos meses
después, en el 2004, y es el tiempo que le va a quedar en el cargo; hay una dificultad objetiva que es esa y la segunda, lamentable, es la propia consignación de los presupuestos que no avalan un eficaz ejercicio 2003 y un desarrollo del pacto
conforme nosotros hubiéramos deseado y conforme la lealtad al pacto debe implicar.
Hay un error de entrada. Se lo digo cariñosamente a mi estimado compañero de Izquierda Unida porque con la buena fe que le caracteriza se ha ido al libro amarillo y ha dado por bueno que hay unos 25.000 millones de pesetas para el pacto de
Estado en el año 2003, pero le ha faltado una pequeña comprobación y es que no hay ni una sola peseta adicional sino que está detraído e incorporado al presupuesto ordinario cuya clara insuficiencia, ahora comentaremos y analizaremos.
Como es habitual, señor secretario de Estado, nos gustaría que en el preceptivo plazo de 48 horas nos remitiera una serie de documentación importante para nosotros que consiste en el estado de ejecución del presupuesto a la fecha más
reciente que le sea posible, la fecha más actualizada del año 2002, así como las modificaciones del presupuesto, si es que las ha habido, durante el ejercicio del 2002. También el desglose de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas
en los ejercicios 2001 y 2002, con especial atención a toda la información relacionada con las transferencias realizadas a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que ahora haremos alguna mención por la complejidad que arrastra la contabilización en
un primer supuesto y la no contabilización lógica en las consignaciones reales del presupuesto del 2003, a la hora de jugar con los porcentajes de incremento o no incremento, etcétera, como S.S. conoce muchísimo mejor
que este diputado. Igualmente nos interesa de manera especial que se nos faciliten las cantidades imputables expresamente al pacto de Estado para la reforma de la justicia que se hayan gastado o invertido en el 2001, en el 2002 y las
previsiones que haya para el 2003, con las particularidades que voy a comentar y que ya casi globalmente le he anticipado.
Señor secretario de Estado, el presupuesto de justicia del año 2003 se eleva, según el libro amarillo -utilizando la buena fe pero vamos a aclarar los términos para que sean homogéneos-, a 1.137,23 millones de euros que en pesetas, también
para facilitar el debate, son 189.214 millones de pesetas. Para utilizar términos homogéneos aquí se incluyen las transferencias de la Comunidad Autónoma de Madrid, y por eso luego en el presupuesto real del 2003 esa cantidad asciende a poco más de
180.000 millones porque ya se detraen las cantidades de las transferencias que en ese resumen del libro amarillo figuran. En ese resumen creo que cometen una primera desviación, aunque no es muy relevante. En la presentación dicen ustedes que
teniendo en cuenta los 1.065 millones de euros del año anterior y los 1.137 de este año arrojan un incremento del 6,7 por ciento. Pues bien, hay que tomar cifras homogéneas, estamos hablando de presupuesto consolidado y si el año anterior el
presupuesto era 1.077 millones de euros no podemos partir de una cifra base inicial de 1.065, con lo cual el incremento real es del 5,51 por ciento, que equivale a 9.897 millones de pesetas. Estimado compañero de Izquierda Unida, estos 9.897
millones de pesetas es el total real que se incrementa el presupuesto incluido el pacto de Estado, incluido el crecimiento vegetativo, incluido el IPC, incluida la creación de los órganos de ejercicios anteriores, incluidos los juicios rápidos (no
los restemos, es que está aquí absolutamente todo metido), incluida la previsión de incremento de la nueva ley de retribuciones, etcétera. ¿De qué cantidades estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De un decrecimiento real en términos
homogéneos del presupuesto del 2003 con relación al presupuesto del 2002, y ni una peseta real adicional para el pacto de Estado para la reforma de la justicia. Esta es lamentablemente la realidad. Nos resulta irrelevante y no vamos a discutir,
señor secretario de Estado, si es el 5,51, que efectivamente nos parece que es, o el 6,67 o incluso esas cantidades que manifiestan en el libro amarillo que van a elevar al 8,5 por ciento, porque en 180.000 millones de pesetas totales dos puntos son
3.600 millones de pesetas y estamos a la cuarta parte del mínimo necesario para ir prorrateando esas anualidades que antes se comentaba.
Luego, si de verdad queremos llevar adelante el pacto de Estado, al menos habrá que dotarle, si no prorrateado
-no son cantidades lineales-, sí de cantidades suficientes para hacerlo creíble y efectivo. En definitiva, insisto, estamos hablando realmente de un incremento de 9.800 millones de pesetas que no cubren ni siquiera esos incrementos vegetativos del
IPC y de la nueva dotación de nuevas leyes y nuevos órganos: Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en el 2001, Ley de responsabilidad penal del menor, a la que haré alguna referencia, juicios rápidos recientemente aprobados y que van a
entrar en vigor, Ley de retribuciones y alguna previsión que supongo debe haber para la próxima ley concursal, que ya está en trámite parlamentario.
Alguna pincelada le agradecería que me diera de los datos sobre la aplicación efectiva y los resultados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afortunadamente no son tan deficientes, por lo que podemos conocer, como nos temíamos en un
principio, pero nos da la impresión de que hay carencias todavía en medios materiales, en medios personales y en medios informáticos para su adecuada aplicación, incluso algunas carencias de salas en algunos supuestos.
Alguna referencia también le agradecería sobre la aplicación práctica de la Ley de responsabilidad penal del menor. El propio Consejo General del Poder Judicial informó sobre las importantes carencias en la aplicación práctica de esta ley;
las comunidades autónomas también, y hace pocos días un aplastante informe del Defensor del Pueblo evidencia una vez más la falta de personal técnico, la falta de jueces, la falta de fiscales, la falta de personal cualificado en general, la falta de
centros, etcétera. Al aprobar la ley y su aplicación, se produjeron unas transferencias implícitas a las comunidades autónomas, sin que paralelamente se les dotara de medios económicos en varios temas, pero entre otros en lo relativo a la ejecución
de las penas, a la existencia de centros que deben tener en las comunidades autónomas para que los menores no tengan que alejarse más de lo necesario de su propio domicilio. La creación de juzgados de menores es otra pregunta concreta: cuántos se
han creado, cuántos faltan por crear, cuál es la previsión para la creación del número definitivo. También hablaremos más adelante del número de fiscales, etcétera.
Antes de que se me olvide, señor presidente, aunque había quedado en que lo iba a decir al principio de la intervención, quiero anunciar que vamos a renunciar a la segunda comparecencia solicitada. Curiosamente tres, cuatro o cinco veces me
lo han preguntado a lo largo de la mañana, y cuando un parlamentario de mi grupo da su palabra no hace falta ni firma manual ni firma electrónica, que ya ha entrado en vigor recientemente, sino que sencillamente lo habíamos hablado y así lo hacemos.
Aprovecho este inciso para solicitar, aunque voy a intentar ser breve, cierto grado de benevolencia a la presidencia porque vamos a acumular la totalidad de la comparecencia en este trámite del secretario de Estado.
En cuanto al pacto de Estado para la reforma de la justicia, lamentablemente tengo que decir que nos parece que no está en su mejor momento y que su salud no es demasiado buena, sobre todo ahora que llega el
invierno y cae este jarro de agua fría que son los presupuestos que presentan para 2003. Desde mi grupo parlamentario hemos demostrado y seguiremos demostrando lealtad al pacto, señor secretario de Estado, se lo digo de verdad, porque
creemos en él; pero esta misma lealtad y el mismo rigor e importancia de ese grado de lealtad exige de nuestra responsabilidad pedir al Ejecutivo el cumplimiento y la dotación de un plan plurianual económico, tanto para gasto corriente como para
gasto de inversión, que haga posible de verdad su cumplimiento. Estoy seguro de que no me lo va reconocer en esta comparecencia, pero también estoy seguro de que tanto usted como el equipo del Ministerio y el propio ministro estarán echando de
menos los millones de euros que aquí faltan para, de verdad, ir impulsando el pacto de Estado con todo lo que ello conlleva. Estos 250.000 millones, señor secretario de Estado, le recuerdo que eran para un plazo máximo de dos legislaturas, con lo
cual la prorrata aproximada, que no tiene por qué ser lineal, son unos 31.000 y poco millones de pesetas al año. Nada se hizo en 2001. El pacto se firmó el 28 de mayo de 2001. Nada o muy poco expresamente del pacto de Estado como cantidades
adicionales al presupuesto ordinario se llevó en 2002. Y lo que es más preocupante, a nuestro juicio, salvo que nos convenza de lo contrario, nada se consigna expresamente para el pacto de Estado de la justicia como cantidad adicional, insisto,
para el año 2003. No se pueden desgajar consignaciones y decir que estos jueces son para tal, esto va para juicios rápidos, y resulta que lo estamos sacando del presupuesto ordinario que teníamos con un crecimiento tan escaso como del que hemos
hablado... No se puede presentar un 6,7 por ciento, que es inferior, aunque fuera sobre una base tan baja como son ciento setenta y tantos mil millones de pesetas, porque estamos hablando de cantidades ridículas.
Estamos hablando de un servicio
público esencial para el funcionamiento del Estado de derecho que tiene una consignación escasa. La opinión del Grupo Parlamentario Socialista sería intentar llegar a un dos por ciento del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado en un
plazo de cuatro o cinco años. No llevamos ese camino. Se habrá dado cuenta de que hemos perdido peso específico, lejos de incrementar el presupuesto en el año 2003 en relación con años anteriores. Tan sólo estamos en el 0,5 del total de los
Presupuestos Generales del Estado. Es verdad, le reconozco de entrada, que hemos perdido porcentaje en este ejercicio debido fundamentalmente a las transferencias a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Pero aun así, sumando eso, salvo que nos dé otra
información, hemos perdido peso específico en la sección 13 sobre el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto llevamos dos años perdidos -y siento comunicárselo de esta forma- seguro que no por voluntad de los responsables de su
departamento, pero el resultado y la responsabilidad política es común y hace falta este incremento importante, no de dos puntos ni de tres ni de cuatro estamos hablando de muchos puntos más de déficit en relación a lo prometido o comprometido.
En cuanto a los objetivos generales, son compartidos los que se recogen en la memoria del presupuesto en la página 51 y siguientes, pero lamentablemente no se consiguen con estos presupuestos. En la justicia rápida, de calidad,
independiente eficaz ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? ¿Pero cuál es la realidad? Que tenemos una justicia lenta, que tenemos una justicia cara, más cara que antes con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tenemos una
justicia con una pendencia tal que la hace incompatible con el principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Quiero formularle unas preguntas concretas.
El nivel de pendencia que existe en estos momentos, por la información que tenemos,
ha disminuido ligeramente en los ámbitos laboral y contencioso administrativa, pero no así en los ámbitos civil y penal, y salvo que la información que tengo no sea adecuada andamos en una pendencia de alrededor de 1,6 millones de asuntos, lo cual
es absolutamente incompatible con la tutela judicial efectiva.
Brevemente, unos cuantos datos y alguna solicitud de información añadida, junto a algunas valoraciones, respecto al presupuesto concreto de este ejercicio 2003. Me voy centrar fundamentalmente en los tribunales de justicia y ministerio
fiscal. Como conoce bien aunque cualitativamente todos los servicios y organismos autónomos son importantes (aquí supera el 90 por ciento, casi el 91), la totalidad de la consignación de la sección 13 la acapara este programa de tribunales de
justicia y ministerio fiscal, con un total de 165.000 millones de pesetas sobre los 180.000 y pico del total de la sección. Indicando que ya no hablamos de términos homogéneos porque ya no están las cantidades transferidas a la Comunidad Autónoma
de Madrid, vemos que el incremento neto es tan sólo del 1,1 por ciento con relación al ejercicio anterior, pero hay otras cuestiones más homogéneas que nos interesaría concretar. Se produce un aumento importante en el capítulo 1, gastos de
personal, de 8.827 millones de pesetas. No se le escapará el primer dato. Sólo el capítulo 1 de este programa absorbe la casi totalidad del incremento total de los Presupuestos Generales del Estado presentados para el año 2003. Quiero confirmar,
-supongo que sea así, me corregirá si no lo es- que aquí está incluida toda la dotación de plazas del año 2002 y las previsiones del 2003. Si es así, le pregunto si está ya la dotación precisa para la aplicación efectiva de la Ley de retribuciones
que afectará a jueces y fiscales próximamente. El artículo 12, que se refiere a funcionarios, aumenta 9.119 millones de pesetas; curiosamente aumenta más que el conjunto del capítulo 1. Una cuestión nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo es
posible que el artículo 16 disminuya en 62 millones de pesetas, cuotas sociales y de Seguridad Social, cuando hay un
importante incremento del conjunto del capítulo 1. Parece que no guarda correlación, salvo que sea corrección de cálculo de ejercicios anteriores. Nos interesa que se nos concrete, señor secretario de Estado, la efectiva creación de plazas
en el ejercicio 2002 sobre las consignadas en el presupuesto. Nos interesa de forma especial la realidad de cobertura de todas las plazas, el desglose también de jueces y fiscales que se hayan incorporado en el año 2002. Vemos con cierto grado de
preocupación que la consignación para personal sustituto, jueces sustitutos y magistrados suplentes, no sólo no disminuye sino que se incrementa ligeramente. Si tenemos en cuenta, o al menos eso nos parece, que con la incorporación de jueces en
2001, más los de 2002, que espero nos concrete, no parece muy razonable que no disminuya la consignación dedicada a personal sustituto. Nos llama la atención de forma especial -seguro que tiene una explicación y así se la pedimos- por qué disminuye
el número de personal laboral en 587 personas para el ejercicio 2003. La verdad es que la pregunta no es tendenciosa sino que no entendemos cómo es posible esto y esperamos su respuesta y aclaración, así como de la evolución del personal fijo, a la
baja, y del personal eventual, al alza.
Ya hubo un decrecimiento importante en la consignación para el personal laboral fijo en el año 2002 y vuelve a haberlo en el año 2003. Nos gustaría, insisto, alguna aclaración en ese sentido.
Especial importancia tiene, señoría, el personal que presta servicio para la Administración de justicia. Observamos con preocupación y alarma la paralización casi absoluta que se produce para el año 2003 en esas dotaciones y creación de
plazas que efectivamente se han ido produciendo en los últimos años y que considerábamos insuficientes por las razones que reiteradamente hemos ido exponiendo. Así, junto a la información que ya hemos solicitado respecto a los jueces y fiscales que
efectivamente se han incorporado, en lo que se refiere al año 2003 -corríjame si no fuera así-, observamos que frente a los 103 jueces y magistrados de 2001, frente a los 105 de 2002, nos encontramos tan sólo con una previsión de aumento de 30, no
300, para 2003. Señoría, el Consejo General del Poder Judicial en un informe de hace aproximadamente un año manifestaba la necesidad de que en un período de 10 años se fueran incorporando una media de 250 nuevos jueces al año para que, restando las
bajas que vegetativamente se producen, pudiéramos acercar nuestra ratio, que ronda las 11.300 ó 11.400 personas por juez, frente a un juez por cada 8.000 personas que hay en nuestro entorno de la Unión Europea. Lejos de acercarnos lo que se produce
este año es una minoración y un estancamiento que no alcanzamos a entender, máxime cuando entran en vigor nuevas leyes, cuando está ahí la ley concursal; también le pregunto qué previsiones hay de la dotación de no menos de 62 jueces y magistrados
específicamente para los juzgados de lo mercantil, etcétera. Queremos una explicación, señoría, en ese sentido. Lo mismo nos ocurre con los fiscales: pasamos de 129 en 2001 a 49 en 2002 y 20 tan sólo en 2003. Aquí la situación es tan grave o más
que en el caso de los jueces porque tenemos la Ley de responsabilidad penal del menor con carencias clarísimas reiteradamente denunciadas; objetivamente claro que hacen falta más fiscales y nos limitamos a decir 20 fiscales para 2003, cuando
acabamos de aprobar la implantación del nuevo sistema de juicios rápidos que va a exigir también una mayor dotación del número de fiscales. No entendemos muy bien este parón, este estancamiento; ocurre también con los secretarios judiciales que
los limitamos a 51, los forenses a tan sólo seis y espectacular en el caso que le he comentado -habrá alguna explicación- de los laborales en tan sólo 587, a la baja, y oficiales, auxiliares y agentes que, curiosamente, de forma gemela, aumentan en
siete. Siete, siete, siete; probablemente ahí esté el efecto de la Comunidad Autónoma de Madrid, quiero pensarlo así, pero explíquenos cómo es posible que pasemos a una reducción tan importante y a un parón tan espectacular.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia, la benevolencia de la presidencia acaba de pasar del verde al ámbar; se lo digo para su administración del tiempo.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bueno, pues espero que el ámbar dure un poquito y, antes de que se ponga en rojo, voy a intentar abreviar. Ya he abarcado la parte más importante o más densa de la intervención que es el programa 142.A,
apartado 1.
Otros temas sobre los que le solicito -con la benevolencia de la presidencia y esa amabilidad que le caracteriza- información son la creación de juzgados de lo mercantil, sobre los que ya se hayan dotado y sobre los que se prevean para 2003.
Qué me dice, una vez más, sobre los institutos de medicina legal; solicitamos desglose de los creados, así como información de los que faltan por crear y previsión para su creación. Igualmente, le solicito la misma información de los juzgados de
vigilancia penitenciaria y de las oficinas de asistencia a víctimas de la violencia; sólo un inciso, señor secretario de Estado, no basta sólo con la publicidad y la propaganda de decir que se ha abierto una oficina si no se la dota de medios,
siquiera mínimos, para que puedan cumplir, medianamente al menos o con normalidad, con la importante función que tienen que realizar.
Voy a dar dos pinceladas solamente a cada capítulo, señoría. En el capítulo 2 se produce una minoración del 35 por ciento, 4.381 millones menos; nos gustaría saber por qué. En material de suministros, artículo 22, un 36 por ciento menos,
¿por qué? Reparaciones y conservación, un 40 por ciento menos; nos gustaría saber por
qué. Trabajos realizados por empresas y terceras personas, limpieza, aseo, seguridad, custodia, depósito, etcétera que les caracteriza a ustedes; las indemnizaciones, pese a la bajada generalizada del capítulo, no bajan sustancialmente.
Alguna información sobre el tribunal del jurado, porque hay un decreto que aumenta las dietas de los componentes de los jurados y aquí no se observa ningún aumento, ¿considera que es suficiente?
Telegráficamente ya, señor presidente. Capítulo 4, transferencias corrientes. Alarmante disminución, el 40 por ciento menos del conjunto del capítulo 4 de transferencias corrientes. No aumenta a corporaciones locales, ¿qué pasa? ¿Es que
no se han creado nuevas secretarías de juzgados de paz? Se disminuye el 40 por ciento o más la dotación para el colegio de abogados, el Consejo General de la Abogacía, para turno de oficio y asistencia al detenido. Se disminuye en una cantidad
similar porcentual para el colegio de procuradores. ¿A qué es debido esto? Acciones para el plan contra la violencia doméstica, 189 millones de pesetas, ¡qué gran esfuerzo! 4 millones más que el año pasado; no llega ni para los anuncios de
publicidad y propaganda. Capítulo 6, último, inversiones reales. Disminuyen las inversiones reales, señor secretario de Estado, tanto para la creación de nuevos órganos como para los gastos de mantenimiento y reparación de los existentes. Otro
dato todavía más preocupante, para que entiendan nuestra falta de credibilidad en la ejecución del presupuesto que presenta: el capítulo de inversiones, cierre del ejercicio de 2001, además de ser criticado por su cicatería, resulta que tan sólo se
ejecutó en un 54 por ciento. ¿Dónde vamos con estas cantidades?
Programas específicos. Dirección y servicios generales. ¿A qué se debe esta disminución del 26,5 por ciento, programa 141.B? En el capítulo 1 minoran nada menos que 1.804 millones de pesetas. Alguna explicación entendemos -no me da
tiempo a desarrollarlo-, pero no nos alcanza para justificar tan importante minoración. Esperamos algún dato igual que en el arrendamiento y cánones que son 227 millones de pesetas menos. Sin embargo, las dietas, los trabajos de terceros siguen en
cantidades similares, igual que su querida fundación Justicia en el Mundo que siempre aparece con la misma consignación. Desaparece, sin embargo, la 481 en relación con estudios de defensa de la libertad religiosa que casi siempre venía con 14
millones de pesetas y curiosamente desaparece este año; quisiéramos que hiciera alguna observación al respecto. Defensa y asesoramiento de los intereses del Estado; plazas de abogados del Estado.
Una vez más recabamos su información para que nos
diga cuántos se han incorporado efectivamente en el año 2002 y en los anteriores y cuántos han causado baja en el año 2002 y anteriores.
Medio minuto y termino, señor presidente. Transferencias corrientes. Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia se le incrementan 522 millones supliendo una minoración de 215 del año anterior, ¿considera suficiente
esa cantidad? En cuanto a la Agencia de Protección de Datos no aparece la transferencia corriente del Estado, sin embargo, después observamos que aparecen intereses de depósitos de 40 millones y remanente de tesorería de este organismo público
número 301 con 505 millones. Nos parece extrañísimo y alguna aclaración quisiéramos en ese sentido.
Formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, afortunadamente, aunque de manera escasa a nuestro juicio, aumenta 104 millones; el año pasado lo redujeron en 50. ¿Lo considera suficiente para toda la actividad que
lógicamente habría que potenciar para la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia?
Algunos temas quedan en el tintero, pero no quiero abusar más de la benevolencia, que agradezco, del presidente. Ahí tiene una batería de cuestiones que me gustaría que nos contestara. Y si cupiera hacer algún esfuerzo para incrementar las
dotaciones en el trámite parlamentario presupuestario de verdad que nos agradaría, porque la afirmación que he hecho no la hago con la alegría de decir que el pacto de Estado en este invierno y con estos presupuestos puede sufrir un resfriado
importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Ollero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor OLLERO TASSARA: Doy la bienvenida en nombre de mi grupo al secretario de Estado, que por primera vez comparece en esta Comisión.
Igualmente aprovecho para, de modo oral, anunciar también la retirada de la petición por parte de
nuestro grupo de la otra comparecencia que figuraba en el orden del día.
Ante todo quiero expresar la satisfacción de mi grupo porque estos presupuestos demuestran de una manera clara y neta en qué medida la justicia sigue siendo una prioridad del Gobierno. Lógicamente, a la hora de comparar las cifras, no
podemos detenernos en el aspecto meramente nominal puesto que, como viene ocurriendo en los últimos años, se ha producido una transferencia a una comunidad autónoma, en este año altamente significativa al tratarse de la Comunidad Autónoma de Madrid,
cuya dimensión en lo que a órganos judiciales y en general a la Administración de justicia se refiere es bien conocida por todos. Por tanto, hace falta tener en cuenta ese aspecto.
Si nos dirigimos a cifras homogéneas, el incremento, como ya se ha hecho público antes de esta sesión, sería del 6,32 por ciento. Yo creo que es una cantidad bastante significativa, sin perjuicio de que luego la marcha del pacto de Estado
pudiera justificar algunos créditos ulteriores pero, por el momento, ya es significativo
en sí mismo. En concreto, respecto al año 2001, el incremento es del 14,13 por ciento; si volvemos a esas cifras homogéneas y nos remontamos a 1996 (presupuesto prorrogado en su día por el último Gobierno socialista y con retenciones de
crédito) entonces ya nos encontraríamos ante un incremento que equivaldría a duplicar aquel presupuesto. Yo creo que eso es algo significativo. Nos satisface igualmente comprobar que al comparar las inversiones reales que sin duda dicen mucho
sobre el alcance de un presupuesto, el incremento es del 15,56 por ciento. Es otro dato que para nuestro grupo resulta particularmente positivo.
Al estudiar los datos que se nos vienen suministrando por parte del Consejo General del Poder Judicial en lo que se refiere a la pendencia de asuntos, y no vamos a hacer ninguna pregunta, porque conocemos los datos, podemos comprobar que en
el ámbito civil, curiosamente, el primer año de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se produce un saldo de 49.342 asuntos resueltos por encima de los ingresados, lo que supone un 5,79 por ciento de asuntos resueltos respecto a los
ingresados; y en lo contencioso, curiosamente fruto de otra ley hecha igualmente hace poco tiempo, el incremento es del 9,81 por ciento. Por tanto, las leyes que estamos elaborando aquí están contribuyendo, cifras en mano, a que esa pendencia vaya
retrocediendo.
Nos interesa, al igual que a los demás grupos que han intervenido hasta ahora, las consignaciones dirigidas al pacto de Estado, aunque no compartimos la curiosa filosofía que hemos oído aquí. Una pinza en ristre nos dice algo realmente
original y es que los juicios rápidos no tienen que ver con el pacto de Estado. Yo me he planteado un escenario imaginativo y es que si el Gobierno hubiera dicho que no había dinero para los juicios rápidos porque no estaba en el pacto de Estado,
todo el mundo hubiera dicho, ¿cómo que no estaba en el pacto de Estado si resulta que es fruto de una proposición de ley de todos los grupos y además es fruto de muchas horas de trabajo en la comisión de seguimiento del pacto de Estado? Si
consideramos que los juicios rápidos no son sino un adelanto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está contemplada expresamente en el pacto de Estado con especial referencia además al tipo de delincuencia a la que estos juicios se
dirigen, la verdad no entendemos que quepa dejarlos fuera. Tampoco entendemos que después del pacto de Estado se diga: Aquí hay un presupuesto ordinario y luego lo que sea pacto de Estado necesita presupuesto adicional. Esto es muy original. O
sea, el pacto de Estado consiste en hacer la reforma de la justicia no como la hizo otro partido por su cuenta y riesgo, sino pactando, pero, a la hora de la verdad, en términos económicos, la misión del ministerio que se ocupa de esta cuestión es
llevar a cabo la reforma de la justicia. En ese sentido, yo creo que es interesante lo que se ha dicho porque lo entiendo como una fórmula de autourgencia. Nuestro grupo constata que se va desarrollando la cobertura presupuestaria necesaria para
lo que en el pacto de Estado va poco a poco avanzando. Nos gustaría que nos desglosara las cantidades destinadas al pacto de Estado para comprobar si es así. Pero a lo mejor puede ocurrir que lleguemos al final de las dos legislaturas y no nos
hayamos podido gastar el dinero porque el pacto de Estado no va a suficiente velocidad como para que se justifique gastar el dinero. El dinero tiene que estar justificado, no tiene sentido que se nos diga que cómo es posible que aumenten las dietas
de los jurados y no suba el dinero cuando cualquiera que analice mínimamente el balance presupuestario de los últimos años sabe que ha sobrado siempre dinero de la partida del jurado. Eso lo sabemos todo. Por tanto, esa idea de decir: si ahora
suben las dietas hay que subir el dinero... No, mire usted, si es que sobraba. Esa idea de que el dinero de los ciudadanos se cuide y no se gaste en salvas a nuestro grupo le parece bastante sensata y por tanto no parece que haya que aumentar el
dinero cuando ha sobrado.
Nos gustaría que nos informase sobre esos ciento cincuenta y pico millones de euros que estarían destinados al pacto de Estado y nos gustaría sobre todo saber lo que va destinado a juicios rápidos, a la carta de los derechos del ciudadano
porque también ha habido algunas críticas previas a esta sesión por parte del Grupo Socialista respecto a la cobertura presupuestaria de esa carta que hemos hecho entre todos, a la violencia doméstica... Nos gustaría saber en qué medida incide el
proyecto de retribuciones que ya está en marcha en el ámbito presupuestario.
Nuestro grupo le da particular importancia a las nuevas tecnologías porque estamos convencidos no sólo de la infraestructura tecnológica sino de la capacidad de utilizarla, de donde puede surgir realmente un cambio de escenario en la
justicia notable y de gran alcance. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Observamos algunos incrementos significativos. A algunos de ellos se ha hecho alusión, aunque nos extraña que en clave crítica. Por ejemplo, para nuestro grupo es una buena noticia sin duda el Centro de Estudios Jurídicos, que con
fiscales, con secretarios judiciales y con el resto del personal al servicio de la Administración de justicia complementa la labor que en el ámbito de los jueces y magistrados realiza el Consejo General del Poder Judicial. Aquí observamos un
incremento del 10 por ciento y en la memoria que se nos ha entregado vemos con agrado que en los indicadores se dice formación inicial de secretarios judiciales. Y donde en el año 2001 se hablaba de 108 alumnos y en el año 2002 de 254 alumnos ahora
se habla de 404, lo cual es un incremento que se comenta por sí solo. Igualmente, en la formación inicial de los miembros de la Policía judicial, para entendernos, se pasa de 850 en el año 2001 a 1.335 en el año 2002 y a 2.200 en el año 2003. Esta
tarea de formación nos parece muy interesante y para
nuestro grupo es un motivo de satisfacción. Igualmente resulta significativo -y me gustaría que nos ofreciera una explicación al respecto- el incremento del 6 por ciento en la mutualidad de los funcionarios judiciales y observamos también
un incremento del 10,83 por ciento en la Agencia de Protección de Datos.
Un asunto sin duda de gran interés para nuestro grupo es el de los órganos judiciales. Indudablemente, con esto pasa como con el puntillismo, si se toma una cifra nada más, aislada, se pierde perspectiva. Por eso con los datos de otros
ejercicios anteriores he realizado un ejercicio muy simple que es comparar el trienio que ahora cierra este presupuesto 2001-2003 con el último trienio del Gobierno socialista. Las cifras hablan por sí solas. Si hablamos por ejemplo de plazas de
jueces, antes se ha dicho que eran 300, pero no, porque en el trienio 1993-1995 que es el último -porque luego se prorrogó y no hubo novedades- había 127, no 300 en un año, sino 127 en tres años. En este último trienio con las previsiones de este
nuevo presupuesto nos encontraríamos con una cantidad que implica un incremento del 40 por ciento, concretamente, 240. Esto es suficientemente significativo. Si comparamos desde el año 1996 hasta el año 2003 el incremento es del 500 por ciento;
en este período se han creado cinco veces más órganos judiciales. Son datos que están ahí. Si nos fijamos en los fiscales, 198 en el trienio que se cierra en el año 2003 y 18 en el último trienio de referencia, es decir, más de 10 veces más
fiscales.
Parece que hay alguna diferencia. Si nos fijamos en los forenses, la diferencia es mayor, 23 en el trienio que termina en el año 2003 y un forense en el último trienio de referencia. Si vamos a los secretarios judiciales, 237 en el
trienio que termina en el año 2003 y 76 en el trienio de referencia. Si vamos a los agentes, 231 en el trienio que cierra el año 2003 y 147 en el trienio de referencia. Si vamos a los auxiliares, 386 en el trienio que se cierra en el año 2003 y
295 en el trienio de referencia. Si nos fijamos en los oficiales, 281 en el trienio que ahora se cierra y 204 en el trienio de referencia. Son cifras que están ahí para cualquiera que las quiera comprobar y que, a nuestro modo de ver, se comentan
por sí solas.
También nos gustaría, señor secretario de Estado, que nos informara sobre las previsiones presupuestarias en relación con otra cuestión que tiene gran importancia para nuestro grupo que es el espacio común de justicia en el ámbito europeo y
toda la referencia internacional a la hora de proyectar la Administración de justicia.
Nada más, porque con cifras como estas sólo hay que alargarse cuando hay que intentar darles un carácter negativo y no es mi caso.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, cuando quiera puede contestar a los grupos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes y muchas gracias a todos los portavoces de los grupos que han intervenido por su acogida y su cordialidad. Para mí es una satisfacción esta mi primera comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los
Diputados, por doble motivo. En primer lugar, por tener la oportunidad de empezar lo que espero que sea una colaboración fructífera, periódica y frecuente con los grupos parlamentarios para llevar adelante los distintos proyectos que en este ámbito
se encuentran en marcha y los que podamos diseñar en el futuro. En segundo lugar, porque en particular -y en relación con la comparecencia que hoy celebramos-, es una comparecencia satisfactoria, porque tenemos ante nosotros un proyecto de
presupuestos que, en el contexto de la política económica y de la política presupuestaria general, sitúa al ámbito de la justicia como una auténtica prioridad de las políticas de gasto público y, en mi opinión, aporta y atribuye recursos financieros
suficientes para poder desarrollar buena parte de los proyectos que -como decía- ya están diseñados y los que se puedan poner en marcha a lo largo de todo el año próximo. En las reflexiones de todos los intervinientes consta una consideración
acerca de la posible limitación de recursos y, seguramente, los recursos públicos siempre son limitados, porque las prioridades son muy diversas, pero insisto en que para mí es una satisfacción esta comparecencia en el sentido de que me parece que
puedo presentar un buen presupuesto de la sección 13, del Ministerio de Justicia, y un buen presupuesto de la función de la justicia en general.
Lo cierto es que en buena parte de las intervenciones que se hacen puede existir algún elemento que nos haga confundir las cifras y, en ocasiones, podemos estar hablando de cosas distintas, entre unos y otros, porque el proceso dinámico de
organización territorial del Estado en el sector de la justicia hace que la transferencia reciente a la Comunidad de Madrid -como lo fueron otras en el pasado y como seguramente serán otras en el futuro inmediato-, provoque que el escenario no sea
estable, sino que sea movible. Por lo tanto las comparaciones de magnitudes económicas a veces son difíciles de hacer por cuanto que buena parte de las cuestiones que me ha preguntado fundamentalmente el señor Villarrubia, tienen que ver con esto,
con que antes gestionábamos una parte del territorio que ahora gestiona fundamentalmente la Comunidad de Madrid, lo que hace que parezca que producimos plantillas o que tenemos menos dinero para determinadas cosas, como intentaré ir explicando con
detalle a lo largo de mi intervención.
Por otra parte, como ustedes conocen perfectamente, dentro del propio ministerio se ha producido alguna reorganización interna, en el sentido de que la desaparecida Dirección General de Objeción de Conciencia
estaba en un programa presupuestario y ahora esos créditos figuran en el 142.A y que las gerencias territoriales, que estaban en el 141, aparecen en el 142. Por tanto, en ocasiones, cuando hacemos un análisis fino puede pasar que se estén
cruzando algunos datos que en un año aparecían en un programa o sección y ahora estén apareciendo en otro distinto. También es verdad que en el presupuesto del ministerio de justicia -y así lo expresa el libro de presentación de los presupuestos
editado por el Ministerio de Hacienda-, dada la técnica presupuestaria que ha establecido la Ley de estabilidad presupuestaria, que se inicia ya con una buena cifra del 6,7 por ciento para la función y el 6,27 por ciento para el ministerio en
concreto, tiene una previsión de incremento mediante una generación de crédito, que es un instrumento evidentemente previsto por la Ley General Presupuestaria, y que finalmente allegará otros recursos adicionales que nos sitúan en el 8,25 por ciento
para el ministerio y en el 8,5 para la función justicia. Por eso digo que a veces estamos hablando de función justicia y ministerio, pero como saben perfectamente la función incorpora también al Consejo General del Poder Judicial y la sección 13 es
sólo Ministerio de Justicia, por tanto se situaría en una cifra final y de balance en torno al 8,25 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del año 2002. Por eso insisto en que, dadas las magnitudes en que nos movemos, en términos absolutos quizá
no es muy relevante, pero en términos porcentuales se convierte en una prioridad absoluta de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Además, no sólo es un presupuesto con el que tenemos más recursos y podemos hacer más cosas,
sino que también pretendemos que se caracterice por un presupuesto mejor gestionado. Aquí también se han manifestado inquietudes en torno a la ejecución, si vamos a ser capaces de gastar aquello que las Cámaras asignan para la justicia, que al
final del ejercicio presupuestario constatemos que se gasta aquello que por parte del Parlamento se asigna a este presupuesto. En ese sentido -y les transmitiremos la información que nos solicitan-, tengo la satisfacción de que en el año 2001 la
ejecución del presupuesto se situó en torno al 98,2 por ciento, según los datos de la Intervención General del Estado. Por lo tanto en los términos de contabilidad pública es una ejecución extraordinaria y muy positiva, y el estado de evolución de
la ejecución actual, a mes de junio, que son los últimos datos que tenemos, nos hacen prever una ejecución del presupuesto de 2002 que va estar muy cerca del 98 por ciento y si podemos incluso en los meses que nos quedan intentaremos que esté por
encima de este 98 por ciento. Por tanto, el conjunto de las políticas que están soportadas con los créditos presupuestarios se llevarán a cabo con absoluto rigor y con absoluta exactitud. En todo caso, quizá queden pendientes de ejecución algunos
créditos en los que la voluntad del departamento no es el único elemento que permite llevarlo a cabo, como puede ser -y se ha mencionado- el abono de dietas a los jurados por asistencia o algunos elementos de plantilla. Si las plantillas no están
cubiertas como consecuencia de las políticas de personal de la Administración pública, lógicamente esos créditos se quedan sin ejecutar, pero los que corresponden a la gestión directa del departamento y que están vinculados con las diversas
políticas, como inversiones, gastos de funcionamiento, retribuciones, etcétera, se van a situar este año en torno al 98 o algo más del 98 por ciento.
Una de las constataciones más inmediatas que se producen para quien como yo lleva poco más de dos meses trabajando en este sector es la fortaleza que aporta al conjunto de las actividades y de las políticas en materia de justicia la
existencia de un amplio consenso político articulado en torno al pacto de Estado para la reforma de la justicia, pacto de Estado en cuya interpretación y aplicación puede evidentemente haber alguna discrepancia o alguna diferencia. Pero mi
impresión es que es una fortaleza por cuanto compartimos los objetivos y buena parte de los instrumentos, con independencia de las discrepancias sobre el ritmo, la financiación o la manera de aplicar algunas de las cuestiones. Lo cierto es que el
pacto de Estado para la reforma de la justicia vertebra el conjunto de políticas del ministerio, como no podía ser de otra manera, pero creo que es bueno hacer esa declaración expresa. Por tanto, el presupuesto, como planificación del conjunto de
actividades que vamos a llevar a cabo el año que viene, se articula fundamentalmente en torno al pacto y en torno a las grandes líneas, a los principios directores que se incluían en ese pacto. Buena parte de las medidas del presupuesto del año que
viene, repito, están dirigidas a apartados concretos del pacto y están financiándolos directamente. En este sentido, reitero la información que consta en la documentación presupuestaria de que son 150,25 millones de euros los que se destinan para
el desarrollo de las distintas medidas, y ahí se incluyen actividades tan relevantes como es el plan de aplicación de juicios rápidos, aprobado por las Cámaras la semana pasada, en el que ya estamos trabajando en el diseño de las medidas de
aplicación y en el que espero poder contar con la colaboración de los grupos parlamentarios, así como con la del Ministerio del Interior, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de los colegios de abogados, en fin,
con un conjunto de organizaciones que tienen necesariamente que participar en la aplicación efectiva de juicios rápidos. Sin embargo, de entrada, el ministerio cuenta ya con una partida relevante, y pensamos que cuando lleguemos al estudio de
detalle, de analizar las localidades, las medidas que son necesarias para hacer efectiva la implantación de la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contaremos con una financiación suficiente para hacer realidad los objetivos que laten
detrás de la Ley de juicios rápidos.
En segundo lugar, otro de los elementos que vertebran el pacto y, por tanto, el presupuesto del año que viene, es el plan de modernización tecnológica. Creo que no es entendible hoy, en el año 2002 y en los años sucesivos, ningún servicio
público que tenga una relación directa con el ciudadano que no tenga un soporte estratégico y fundamental en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Creo que buena parte de los servicios públicos que han sido capaces de
evolucionar en este sentido, fundamentalmente la Administración tributaria y la Seguridad Social, lo han hecho, entre otras medidas, con un soporte importante de nuevas tecnologías. Por tanto, consideramos que es una pieza estratégica -como el
propio pacto la define- la incorporación de un conjunto de medidas en este sentido, y contamos con un montante global referenciado de algo más de 30 millones de euros para este plan de modernización tecnológica de la Administración de justicia, así
como de los registros civiles. Como la actividad judicial se desarrolla en oficinas, conforme al modelo tradicional, mientras no seamos capaces de implantar las nuevas tecnologías que permitan la justicia en la red, seguimos con una presencia
física en oficinas judiciales muy relevante. El elemento físico, el edificio, la oficina judicial continúa siendo importantísimo y, en ese sentido, existe un presupuesto de casi 38 millones de euros para el plan de infraestructuras de la
Administración de justicia, que tiene que ver con edificios de nueva planta, con renovación, con nuevos equipamientos, para dotar de instrumentos materiales a los distintos operadores que se desarrollan en el sector de la justicia.
Hay otro elemento que también considero estratégico de cara al año 2003 y que está tomando carta de naturaleza en estos días, y es el nuevo modelo retributivo de jueces y de fiscales, que constituye un proyecto de ley que está siendo objeto
de trámite en las Cámaras, por lo que habrá ocasión para su debate en sede parlamentaria pero, lógicamente, el proyecto de presupuesto de 2003 ya prevé la implantación, la puesta en práctica de este sistema, de manera parcial, porque el propio
modelo tiene un sistema transitorio en tres anualidades, que además no son homogéneas. La primera es más limitada, como ustedes seguramente conocen ya por la memoria económica del proyecto, pero existe ya una previsión de dotación de algo más de 16
millones de euros para la aplicación en ese primer nivel del nuevo modelo retributivo, nuevo modelo retributivo que, más allá de atender las reivindicaciones tradicionales y casi generales de cualquier colectivo profesional, en este caso el de
jueces y fiscales, tiene una singularidad extraordinaria porque constituye una palanca para incorporar a la Administración de justicia a una nueva manera de hacer las cosas, a un nuevo modelo de prestación de servicio, por cuanto vincula
directamente la retribución de los jueces y los fiscales con el resultado de su actividad y, además, les dota de un plan de transparencia, de un plan de calidad, que creo que nos sitúa a la vanguardia de los modelos retributivos del conjunto del
sector público, en el sentido de implicarlos, en este caso a los jueces y a los fiscales, con el resultado de su actividad, con una mayor calidad y cantidad de trabajo realizado, mediante un sistema objetivo de módulos establecidos por el Consejo
General del Poder Judicial.
Por tanto, creo que esta es otra de las claves no sólo del pacto y del presupuesto, sino una clave para entender algunas de las cuestiones que han sido planteadas en sus intervenciones, por cuanto la apuesta firme que se formula en este
presupuesto es la de que podemos romper con la dialéctica tradicional de que para hacer una justicia más ágil y más eficaz hay que disponer de más personas, más juzgados, más oficiales y más secretarios. Seguramente es así, ésa es una línea de
trabajo, pero me parece que la estadística actual, que ha sido comentada tanto en términos de actividad como en términos de pendencia, está poniendo de manifiesto que el sistema actual tiene unas ciertas dosis de optimización, unas ciertas dosis de
mejora, que se están consiguiendo mediante los programas de actuación que han sido implantados por el Consejo General del Poder Judicial, en términos globales y sin perjuicio de ajustes tanto por los órdenes jurisdiccionales como en ámbitos
geográficos diferenciados. Pero creo que hemos llegado a un punto en el cual las dotaciones actuales del sistema, en su conjunto, insisto, en estos términos de globalidad, parecen razonablemente adaptadas a las necesidades también globales del
sistema.
Por tanto no nos parece que la política de mejora de la actividad y de resultados hacia el futuro sea la de seguir añadiendo muchos órganos jurisdiccionales, muchos más jueces, muchos más fiscales. Los datos de las plantillas en los últimos
años han sido muy importantes, todavía hay unas importantes promociones de jueces y fiscales que se encuentran en la Escuela Judicial que tomarán posesión de sus cargos en los próximos años, que todavía se miden por cientos, por lo que no debería
preocuparnos tanto cuántos juzgados se crean sino cuántos jueces se incorporan a la carrera, que repito en las dos próximas promociones son 220 ó 240.
Insisto en que el planteamiento que nos hacemos es que habiendo abordado unas políticas de
profesionalización en el sentido de que prácticamente la totalidad de la plantilla en el momento actual está servida por jueces de carrera y no por sustitutos con ese elemento de provisionalidad y de menor cualificación que sin duda conlleva ese
modelo, habiendo alcanzado ese nivel de profesionalización que fue un objetivo que se fijó para 2003 y que prácticamente está ya conseguido, y estando ya en una senda en la cual se está poniendo de manifiesto en términos globales -insisto, con
algunos desajustes en algunos órdenes jurisdiccionales o en algunos ámbito geográficos- el sistema, con los elementos de incremento de la productividad que se han
incorporado y que el nuevo modelo retributivo incorporará también, tiene capacidad de atender razonablemente las cargas de trabajo que en este momento sostiene. Por eso nos planteamos que las políticas de futuro no sean tanto seguir
creciendo, no necesariamente hay que tener más trabajadores en el ámbito de la justicia de ninguno de los cuerpos de funcionarios de jueces o de fiscales, sino que seguramente estamos en condiciones de abordar políticas cualitativas de mayor
rendimiento, mejores elementos de carrera profesional y de incentivación para los profesionales, que les permita obtener un mayor rendimiento tanto en términos de cantidad como en términos de calidad. Y esto, que lo estoy planteando
fundamentalmente porque es el instrumento que tenemos ahora mismo en vía legislativa de la ley de retribuciones de jueces y fiscales, creo que también puede inspirar en buena medida las reflexiones que estamos haciendo en torno a la reforma de Ley
Orgánica del Poder Judicial, en particular de su libro VI, el dedicado a los funcionarios de los cuerpos de la Administración de justicia, en la que estamos trabajando intensamente tanto con las organizaciones sindicales como con las comunidades
autónomas responsables de la gestión de los medios materiales de la Administración de justicia en alguna parte del territorio, para ser capaces, también en breve, de proponer esa reforma legislativa al Congreso y al Senado, de tal manera que haya
una nueva estructura profesional, una nueva ordenación profesional de los trabajadores de la Administración de justicia, que responda más al modelo de funcionamiento del siglo XXI con las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas procesales que
hemos ido creando en los últimos años y, por tanto, que superemos los antiguos modelos profesionales. Todo ello, como digo, parece que pasa más por esas políticas cualitativas de un nuevo ordenamiento profesional, de un sistema retributivo
vinculado al incentivo y a la actividad y no tanto a la receta tradicional de más funcionarios, más jueces, más fiscales, porque en términos generales parece que la estructura actual, con los ajustes que con seguridad han de hacerse, puede atender
razonablemente la carga de trabajo, incluso, como está demostrado en la estadística del Consejo General del Poder Judicial, viene reduciendo la pendencia y viene, por tanto, no sólo resolviendo más asuntos de los que entran cada año sino resolviendo
ese atraso tradicional que ha caracterizado a la justicia en nuestro país.
En cualquier caso, decía que el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia configura el esqueleto fundamental del presupuesto y además con una metodología que a nosotros nos parece muy razonable, que es la definición de un proyecto
determinado, el que sea, la carta de derechos a la que también me referiré, porque se critica que tiene poco dinero, el que sea, la informatización de los registros civiles, la profesionalización, etcétera. Estamos intentando definir cuáles son
esos compromisos que configuran el pacto, definirlos en términos de si es precisa una reforma legislativa, como creo que es evidente, en mi opinión, por ejemplo, con el caso de los juicios rápidos, que es una justicia más ágil y eficaz al servicio
de los ciudadanos y que se vertebra, en este caso concreto, a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y eso tiene su dotación económica. Esa es la metodología que estamos intentando llevar a cabo, que pensamos que es realista y
que es, además, coherente con el desafío que tiene planteado el conjunto del sector público de obtener mejores servicios sin tener por qué demandar por ello mayor esfuerzo tributario a los ciudadanos. Es cierto que el compromiso es ser capaces de
conseguir mejores servicios en su totalidad con menores impuestos, con un fomento del crecimiento de la economía, de crecimiento del empleo, de crecimiento de la actividad económica de nuestro país, sin que eso sea promovido como motor por el sector
público, sino que el sector público sea capaz de incorporar mayores dosis de eficiencia y sirva también de modelo y de ejemplo para el conjunto de la sociedad, que considera que los servicios públicos en su conjunto son capaces de trabajar cada vez
mejor, sin que ello sea necesariamente, como digo, a costa de la subida de los impuestos o de un mayor gasto público. Esto, por suerte, lo hemos podido constatar en algunas experiencias recientes.
En el caso del Pacto de Estado para la reforma de la justicia, creo que estamos intentado ser coherentes con ese modelo general y, por tanto, definir proyectos concretos, poner a su lado la reforma legislativa que en su caso requiera y al
lado, a su vez, las dotaciones presupuestarias que permitan la dotación de medios, tanto personales como materiales, para lleva a cabo ese conjunto de actividades. El presupuesto del ministerio destina -y esa es la metodología con la que lo hemos
elaborado y espero que sea así fácilmente comprensible- ciento cincuenta y tantos millones de euros, aproximadamente, para distintas medidas que se configuran en el contexto del pacto para la reforma de la justicia. El presupuesto del ministerio,
como he dicho al principio, tiene un incremento muy relevante y, por tanto, en ese contexto, como les decía al principio de mi intervención, considero que es un presupuesto que se puede presentar con la cierta satisfacción de que tendremos recursos
suficientes para llevar a cabo el conjunto de medidas y de políticas que en él se encuentran.
El presupuesto de la sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado tiene un incremento mínimo en términos absolutos, es ridículo; pero ya he dicho antes que no debemos olvidar hacer consideraciones de carácter general, que estamos
transfiriendo y que los agentes que participan en la realización del conjunto de políticas de la justicia en nuestro país no pertenecen sólo al Ministerio de Justicia sino que son muchos más. En alguna ocasión, para alguna otra medida, hay algún
otro departamento ministerial que también está colaborando en el desarrollo de algunas políticas como ayuda
a las víctimas de violencia doméstica, etcétera, como ustedes conocen, pero es evidente que se trata del conjunto de administraciones públicas con competencias en estas materias. Por tanto, si algún economista hiciese un estudio de cuál es
el gasto público en el ámbito de la justicia, seguro que sumaría cuánto aporta la Administración del Estado, cuánto aporta el Consejo General del Poder Judicial, cuánto aportan otros departamentos que también destinan recursos vinculados a políticas
de justicia y evidentemente cuánto aportan las comunidades autónomas. La suma de todo eso, por fortuna -y no debería servir para confiarnos sino para continuar en la línea de la ambición de allegar recursos cada vez mayores a este sector-, da que
estamos por encima del 2 por ciento de los presupuestos del Estado; si esa es la referencia que tomamos. Creo que estamos en el buen camino y consiguiendo cada año unos presupuestos diferenciados del resto de los presupuestos de los departamentos
y de las políticas públicas para la justicia.
Voy a intentar ir contestando a las preguntas que he ido anotando, aunque han sido muchas y muy concretas. Buena parte de las preguntas que concretamente me hacía el señor Villarrubia tienen que ver, como he explicado de manera genérica,
aunque intentaré concretar alguna de ellas, con el proceso de transferencias. Me indica que baja el personal laboral en los datos del departamento. Le diré que ahí hay dos efectos fundamentalmente: uno, es la transferencia a la comunidad de
Madrid, evidentemente; otro, que son las políticas de funcionarización que se están llevando a cabo en el conjunto del personal laboral de la Administración de justicia. Esos dos efectos hacen que las previsiones de personal laboral sean menores,
pero evidentemente la más importante de todas ellas es la de la transferencia a la comunidad de Madrid.
En materia de sustitutos he manifestado cómo ese plan de profesionalización está dando resultados, está permitiendo la incorporación de nuevos jueces y magistrados desde la carrera a los destinos vacantes o vacantes atendidas por sustitutos
y sin embargo el crédito permanece en algunos casos. Como bien conocen ustedes, cuando hablamos de sustitutos podríamos hablar de dos tipos de sustituciones.
Una es esta, la de la vacante y el juez sustituto y otra es la sustitución circunstancial
provocada por permisos, vacaciones, enfermedades, que también generan sustituciones y con la cual queremos ser estrictamente rigurosos y dotarla de financiación para que no haya lagunas o no haya vacíos derivados de las circunstancias personales de
los jueces y magistrados. Para este segundo tipo de sustituciones es para el que se dota este presupuesto, no para las otras, que parte hay, pero muy inferior, como venía indicando, dado que la incorporación de las últimas promociones viene a
solucionar radicalmente ese problema.
Se indicaban los problemas que podrían surgir como consecuencia de que sólo se prevea la creación de 30 juzgados para el año que viene. Ahí también hay que matizar. Deberíamos diferenciar la creación de órganos jurisdiccionales y la
creación de plazas de jueces. En el mes de marzo de 2003 tomarán posesión, creo recordar, 219 nuevos jueces de ingreso; por tanto, según está previsto, crearemos solamente 30 nuevos juzgados como unidad jurisdiccional, con el conjunto de elementos
organizativos que ello lleva consigo, pero eso es distinto. En los cuadros podemos observar cómo es distinta la evolución del número de plazas, que no siempre coincide. Este año hemos creado 105 órganos jurisdiccionales y también la entrada de
jueces y fiscales es muy superior, por tanto, no hay una correlación directa. Precisamente por ello somos capaces de atender el plan de profesionalización. Fíjense que si algún problema tenemos en este momento es material, de organización interna,
que es el de promover alguna reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -la haremos llegar a esta Cámara en los próximos días- que nos permita dar cabida a esos nuevos jueces que se incorporan y que no hay juzgados suficientes para ellos porque
quizá ha habido una descompensación en la planificación de los órganos jurisdiccionales y de la entrada de jueces y fiscales.
Seguramente lo que haremos será promover una reforma legal que diseñe algún mecanismo como, por ejemplo, en primer lugar,
que la promoción a la categoría de magistrados se pueda llevar a cabo antes, que no haya que esperar hasta ese tercer año; en segundo lugar, la creación de una figura provisional, dadas las circunstancias en este momento, que permita el refuerzo,
para que con los jueces de nueva incorporación se refuercen órganos jurisdiccionales existentes y, por tanto, que podamos aprovechar su capacidad profesional, evidentemente, que se les pueda dar posesión y tener un destino nuevo. Sin embargo, no
será mediante la creación de juzgados, porque en este momento tampoco parece necesario. Por tanto, creo que habría que diferenciar la creación de órganos jurisdiccionales de las plazas de jueces, que son muy superiores en cualquier caso.
La previsión de los juzgados de lo mercantil van incorporados al proyecto de ley orgánica y ley ordinaria concursal, que está siendo objeto en este momento de enmiendas en esta Cámara; por tanto, tendremos tiempo y tendremos ocasión de
debatir cómo quedan configurados finalmente esos juzgados de lo mercantil, las funciones que deben desempeñar y hasta el nombre, porque ya hemos recibido algún comentario sobre si el nombre será el adecuado. Por tanto, a lo largo de la tramitación
parlamentaria tendremos ocasión de ver la implantación de esos juzgados, dónde se sitúan, con qué funciones.
Lo cierto es que, como bien conocen, en la ley, y dado que los trámites y los tiempos que estamos manejando no es previsible que se apruebe definitivamente en el Congreso, de vuelta del Senado, hasta la primavera
del año que viene, se configura una vacatio legis de un año, por lo tanto, la dotación de plazas efectivas no será necesaria muy hasta finales del año 2003 en el mejor de los casos. En cualquier caso es verdad que nosotros situamos la
dotación de 30 unidades jurisdiccionales nuevas para el año 2003 en esa orientación sin perjuicio de que la planificación y el análisis de las necesidades que surjan de la estadística 2002 -la carga de trabajo, los módulos que se van estableciendo-
permitan, si es necesario, destinar algunos de estos 30 juzgados a otro ámbito que no sea el puramente de lo mercantil. Si no fuese así, ésa sería la primera pieza que ya estaría asentando el proceso de constitución del juzgado de lo mercantil para
la aplicación con todas las garantías de la ley concursal que aprobarán en los próximos meses.
En el capítulo 2, igual que en el capítulo 4, se plantean paradójicamente algunas reducciones. Su única explicación es la reducción derivada de la transferencia a la Comunidad de Madrid, porque en lo que se refiere a los distintos gastos
derivados del funcionamiento de los servicios -que buena parte de ellos están indiciados a los IPC, en gastos de telefonía, de comunicaciones postales, de vigilancia, de seguridad etcétera- estos tienen incrementos derivados bien de los convenios
colectivos del sector, o bien de la prestación de los servicios, por lo tanto se produce un incremento real del gasto, y la apariencia formal no tienen nada más que verla, por ejemplo, en el capítulo 2 de gastos que son aproximadamente 91 millones
de euros; de los que 32 millones de euros se traducen por la transferencia a la Comunidad de Madrid; es casi un 30 por ciento lo que se minora. Por lo tanto, es evidente que el incremento que se genera por el mayor coste de los servicios no
compensa ni con mucho la bajada que ha generado la transferencia. Lo mismo pasa en el capítulo 4. En particular, las subvenciones para los juzgados de paz o para los colegios de abogados y procuradores se incrementan en términos homogéneos en el
ámbito que le corresponde al Ministerio de Justicia para el año 2003, pero en términos absolutos, evidentemente, la relevancia que tiene la transferencia a la Comunidad de Madrid la hace que la apariencia sea una minoración de las partidas, lo mismo
que en el capítulo 6. Ocurre lo mismo en el capítulo 6 el plan de inversiones que he mencionado antes de 38 millones de euros presenta un incremento relevante respecto del del año 2002 comparado homogéneamente en los ámbitos geográficos en los que
será de aplicación por las competencias propias del Ministerio de Justicia.
El programa 141.B, como he mencionado, disminuye porque algunos funcionarios antiguos de la Dirección General de Objeción de Conciencia ahora quedan ubicados dentro de la Dirección General de Modernización. en el programa 142 -están más
vinculados a este programa de tribunales y Administración de justicia- de la misma manera que las gerencias territoriales, que también venían tradicionalmente estando consideradas en el programa 141, de administración y servicios generales, también
ahora las situamos, porque parece más correcto, en el programa 142. Es otro de los bailes de cifras que pueden aparentar alguna minoración que no es real.
Hay alguna otra cuestión numérica que me planteaban, en concreto sobre las plazas de abogados del Estado. Es otro de los elementos también tradicionales en esta comparecencia como bien sé y además es un problema real que tenemos por cuanto
que, aunque desde el año 1997 se ha cambiado la cadencia de la entrada en el sentido de que hay oferta de empleo de abogados del Estado todos los años, cosa que antes era con carácter bianual, ahora se viene haciendo cada año y sin embargo las bajas
siguen siendo muy importantes. No tengo ningún inconveniente en facilitarles el cuadro. El año pasado, por ejemplo, se convocaron y se cubrieron 25 plazas, de las cuales se han producido 16 bajas, por lo tanto no tenemos una pérdida en términos
absolutos, pero la entrada se ve muy limitada por la salida. Este año 2002, que hay 28 plazas creadas a fecha prácticamente de hoy de octubre, son 17 las bajas causadas en el Cuerpo de Abogados del Estado. Por lo tanto, en términos absolutos, de
unas cifras totales de 284 efectivos en activo en el año 1998, nos encontramos en este momento, a fecha casi de hoy, con 303 abogados del Estado en activo. Por tanto es verdad que se produce un efecto de bajas pero, por fortuna, no descompensa el
esfuerzo con que se viene actuando por la vía de las ofertas de empleo público.
Por lo que se refiere al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que también ha sido objeto de comentario en algunas de las intervenciones, tenemos un presupuesto limitado en su cuantía porque el centro, como bien
conocen, tiene una actividad modesta, me atrevería a decir, pero queremos ser ambiciosos también en este ámbito y en un doble sentido. En la ley de acompañamiento a los presupuestos hay una propuesta de reforma de la norma fundacional del Centro de
Estudios Jurídicos de tal manera que, mediante esta norma, que esperamos se apruebe con la ley de acompañamiento, se le dote de una mayor amplitud al objeto social, si me permiten la expresión, del CEJAJ y se constituya también como el centro de
referencia para la formación del servicio jurídico del Estado (para el Cuerpo de Abogados del Estado) y para el conjunto de los funcionarios de la Administración de justicia. Por lo tanto, estamos haciendo un planteamiento, como digo, ambicioso
para que el CEJAJ se constituya como un auténtico centro de formación del mundo del derecho, del mundo de la justicia, respetando evidentemente las competencias de la Escuela Judicial -no hay ahí ningún planteamiento que no sea otro que el de la
colaboración, como de hecho ya existe y se realizan actividades concertadas y compartidas entre
las dos instituciones-. Entramos ya en una línea de apertura de la actividad del CEJAJ y, lógicamente, el presupuesto también prevé la dotación financiera suficiente para impartir un conjunto de cursos que permita formar hasta finales del
año, y en lo que se refiere a la formación inicial, a la formación de nuevas promociones, un total de 175 fiscales, 377 secretarios, 76 médicos forenses, porque incluso van a coincidir más de un cuerpo de una promoción en el tiempo, lo cual, dado
también el espacio físico del que dispone el centro y de los medios materiales y económicos que se incrementan pero que tampoco son exuberantes ciertamente, le va a dotar de una complejidad en la gestión importante.La segunda de las piezas con las
cuales pretendemos reforzar el Centro de Estudios Jurídicos es convertirle en un auténtico protagonista de la formación continua del personal de la Administración de justicia y en ese sentido reforzar también los créditos que puedan derivarse desde
el ámbito de las administraciones públicas para la formación de este personal y dotarle a través de convenios con las comunidades autónomas, de convenios con el Instituto de la Mujer, de convenios con todas aquellas instituciones con las que podamos
colaborar cada vez más de mayores elementos para que, como digo, vaya teniendo esa fortaleza.
Otro de los programas presupuestarios que tiene una cierta relevancia -que es verdad que no es de las piezas claves del pacto de la reforma ni de las piezas elementales de la política de justicia pero que creo que es importante- son los
créditos de la Mutualidad General. La Mutualidad General que atiende al conjunto de prestaciones y de aseguramiento de los trabajadores y del conjunto de profesionales de la Administración de justicia tiene también un incremento relevante en el
presupuesto del año 2003 derivado de dos partidas fundamentales: por un lado, hay incremento del colectivo, tanto beneficiarios como asegurados, en esa doble condición y, por lo tanto, hay que dotarles de esas cuantías que permitan atender las
prestaciones tanto de los asegurados como de los beneficiarios, y, por otro, hay una apuesta decidida -y además propondremos también seguramente en los próximos meses una reforma de los estatutos de la MUGEJU para dotarle de instrumentos de gestión
de mayor agilidad- para ir incorporando en la MUGEJU casi con carácter inmediato, si somos capaces de ello, todas aquellas prestaciones que en el ámbito del sistema de aseguramiento público se incorporen a través del Sistema Nacional de Salud, de
tal manera que las nuevas prestaciones -reproducción asistida, tratamiento bucodental, etcétera- también lo sean a través de la especificidad que tiene el sistema de la Mutualidad General y por lo tanto no haya un tratamiento diferenciado en menos
hacia los profesionales que reciben la asistencia tanto económica como, sobre todo, sanitaria a través de la MUGEJU. Por eso también el incremento presupuestario al que se ha hecho referencia en algunas de sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Termino en un minuto, señor presidente.
Quería hacer referencia a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como un elemento relevante porque en sí mismo constituye una de las piezas del pacto de Estado y también constituye otra de las piezas de la Carta de
derechos de los ciudadanos ante la justicia. El conjunto de objetivos a los que me he venido refiriendo seguramente tienen que ver con un par de ideas comunes, como es una justicia más eficaz, más ágil, de mayor calidad, más inmediata para los
ciudadanos (casi todas las referencias que he hecho se podrían en última instancia encaminar por ahí) y también el plan de inversiones al que me he referido y, que si tuviésemos tiempo, me gustaría desglosar con algún detalle aunque no lo haré para
no cansar a SS.SS. Esos más de 30 millones de euros tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, tanto de gestión procesal que faciliten a los profesionales el desarrollo de su actividad mediante herramientas de gestión, propias de
cualquier entorno profesional, lo que se denomina una gestión procesal, mediante el establecimiento de sistemas de comunicaciones seguras y rápidas para el conjunto de los operadores jurídicos, de tal manera que no solamente el sistema judicial en
sentido estricto, sino el conjunto de operadores puedan relacionarse con las oficinas judiciales a través de la tecnologías de Internet, a través de las tecnologías digitales, para que el conjunto de los ciudadanos, en última instancia, puedan tener
conocimiento inmediato y efectivo del estado de sus procesos y para que también puedan relacionarse con la justicia mediante estas tecnologías. A través de esos ítem que he dicho de manera muy rápida se vertebra un ambicioso proyecto de nuevas
tecnologías en el que seguramente todavía nos queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la justicia para ser capaces de incorporarnos a las organizaciones de servicios más avanzadas en nuestro país, alguna incluso del sector público. Tenemos
un camino por recorrer y el plan de modernización, en nuevas tecnologías, que va a ser una auténtica realidad en los próximos meses, va a ir dotando al conjunto de las oficinas judiciales de esos medios tecnológicos, como ha ocurrido ya con el plan
de videoconferencias, que está permitiendo mayor eficiencia al sistema porque, como he dicho, buena parte de estas medidas pretenden es gastar más, destinar más recursos a la justicia, pero, sobre todo, gastar mejor.
Por ejemplo, si somos capaces
de que no haga falta trasladar a los reclusos para sus comparecencias judiciales y que las nuevas tecnologías permitan llevar a cabo ese tipo de actuaciones, estaremos ahorrando recursos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y agilizando procedimientos.
Todo esto supone un soporte tecnológico que, estoy
convencido, a lo largo del año 2003 estará a disposición del conjunto del sistema judicial.
Seguramente me he dejado algún aspecto concreto por contestar, pero, si le parece al señor presidente, en el turno de réplica puedo aprovechar para hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Mi grupo no ha solicitado la comparecencia, pero la agradece y felicita al secretario de Estado por su nueva responsabilidad.
El señor secretario de Estado sabe que el Grupo Parlamentario Catalán, presupuesto tras presupuesto, va arrastrando pequeños problemas, que posiblemente tampoco se resolverán en este, pero, en cualquier caso, me gustaría dejar constancia.
Por un lado, está el problema de las cuentas de consignaciones o depósitos judiciales, respecto al cual incluso hay resoluciones aprobadas de este Congreso en el sentido de su administración por parte de las comunidades autónomas. También es
reiterada la demanda que planteamos -creo que llevamos ya casi 10 años con esto- en cuanto a los efectos de la supresión de la franquicia de Correos para la Administración de justicia y otros temas relativos al incremento de gastos derivados de la
aprobación de leyes por estas Cortes Generales.
Mi grupo parlamentario, en la reciente reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, introdujo una modificación en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para establecer como uno de los principios
fundamentales el principio de lealtad institucional y por lo menos contamos con un mecanismo -espero que sea acertado- para que, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pueda determinarse la disminución de ingresos o, en su caso, el
incremento de gastos por la adopción de determinadas medidas y, a partir de ahí, determinar cómo puede efectuarse un reparto de la carga que lleva consigo la aprobación de determinadas leyes. Esto lo formulo a título de recordatorio, porque es
bueno que le conste y que conste así en el 'Diario de Sesiones'.
Ciertamente no habíamos pedido, señor secretario de Estado, su comparecencia, en la medida en que si los presupuestos son la expresión cuantitativa de las políticas públicas, de las políticas del Gobierno, aquí estamos ante políticas muy
concertadas, ante efectos muy concretos del Pacto de Estado por la justicia y, por tanto, de muchas de las cosas que se están poniendo encima de la mesa hemos ido tenido conocimiento a través de las reuniones de la comisión de seguimiento del pacto
y de otro tipo de reuniones informales. En cualquier caso, quisiéramos conocer con alguna concreción tres aspectos: consecuencias presupuestarias o económicas del Plan de implantación de juicios rápidos, de la Carta de derechos de los ciudadanos y
del Plan contra la violencia doméstica, plan que para nosotros tiene un gran interés. Todos tienen interés, pero quiero remarcar este en concreto.
En otros presupuestos hemos hablado -y es bueno que en algún momento se lo plantee el Ministerio de Justicia- de la necesidad de que el ministerio fiscal cuente con unas partidas presupuestarias autónomas. Esta configuración conjunta de la
Administración de justicia y el ministerio fiscal puede que no sea lo más acertado. En cualquier caso, y con esto acabo, debo manifestarle nuestra consternación por algo que empieza a crecer en la Dirección General de Registros y del Notariado y a
lo que en algún momento habrá que dar una solución organizativa. Si atendemos a la página 98 del libro correspondiente a la sección 13 tenemos la impresión de que en estos momentos una parte muy importante de la carga de trabajo de la Dirección
General de Registros y del Notariado es la resolución de expedientes de nacionalidad; para el año 2003 se presupuestan 21.000; 20.000 para 2002 y 19.000 para 2001. Supongo que el fenómeno inmigratorio, con los expedientes de nacionalidad por
residencia, etcétera, tiene una tendencia imparable al crecimiento y a veces uno se pregunta si realmente la estructuración de la Dirección General de Registros y del Notariado está en condiciones de resolver y atender un número tan enorme de
expedientes en tiempo y, en última instancia, como debe hacerse, y lo digo sin ningún demérito para la Dirección General de Registros y del Notariado que, por lo demás, nos consta que realiza un trabajo excelente.
Finalmente, diré que el secretario de Estado ha hecho referencia a los juzgados de lo mercantil. Ciertamente, si nos movemos con una vacatio legis de un año, una ley como la concursal y la ley orgánica que la acompaña, que pudiera estar
aprobada para el mes de marzo del año que viene, posiblemente no requiera un desarrollo económico en el propio año 2003. En cualquier caso, da la impresión de que deberá ser objeto de un desarrollo gradual, pero sí es importante que vayamos
teniendo in mente cuántos juzgados de lo mercantil va a haber y dónde va haberlos, aunque no los constituyamos, por así decirlo, de una sola atacada. El señor secretario de Estado sabe la preocupación que tiene mi grupo, y que me consta que él
comparte, por no establecer aquí una doble transitoriedad y que no tengamos que retirar de los juzgados de instrucción de primera instancia de un partido judicial con una enorme potencia económica y una población importante el conocimiento de
asuntos de esa naturaleza mercantil, trasladarlos a la capital de provincia y después volverlos a traer al partido judicial en el que se establezca ese determinado juzgado de lo mercantil. Por eso digo que, sin perjuicio de que haya que empezar por
30, no estaría mal que tuviésemos una cierta planificación que intente evitar estos supuestos.
Por lo demás, vemos el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la formación continua. La formación inicial es muy importante y la cifra, que no deja de ser asombrosa, de cuatrocientas y pico plazas de secretarios judiciales o de alumnos
secretarios judiciales también. Para terminar, le traslado la idea de que no se trata sólo de hacer leyes, que las hacemos y de alguna manera las vamos haciendo bien, sino que es tremendamente importante la implantación, las consignaciones
presupuestarias y la organización correspondiente, idea que por su procedencia político-administrativa compartirá.
Vuelvo a reiterarle la bienvenida y, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se trata de no tirar con pólvora del rey. Hay aspectos en los que realmente pueden producirse ahorros y se trata, una vez definidas buenas
políticas -que creo que lo estamos haciendo-, de tener una muy buena gestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villarrubia, por favor.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con brevedad real.
En primer lugar, se lo digo de verdad, señor secretario de Estado, le agradezco el esfuerzo realizado para contestar a las preguntas y sin que sirva de precedente le agradezco y le reconozco también por lo menos desde mi punto de vista el
tono empleado, que me ha parecido de juego limpio porque no ha negado evidencias. Ha omitido, eso entra dentro del juego democrático, aquellos datos que le he planteado y que no eran favorables. Eso es razonable, de verdad que lo entiendo, hay
ciertas discrepancias en las que no ha querido entrar pero lo que ha explicado lo ha explicado a mí juicio con limpieza y con honestidad dentro del juego político, y yo se lo agradezco sinceramente.
También agradezco, en segundo lugar, sin que sirva de precedente, la receptividad del señor Ollero y la moderación, que yo creo que va a ser un añadido a las muchas virtudes que ya posee, lo cual quiere decir que no lo he debido hacer hoy
del todo mal cuando apenas ha entrado a discutir y a reñirme por mi prolija y larga intervención. Dicho esto, un par de cuestiones más, pasando seriamente al tema que nos ocupa que no es para tomarlo a broma. Alguna pequeña observación.
No vamos a entrar en el juego de cifras. Efectivamente, señor secretario de Estado, ha defendido lo que formalmente han presentado, lógicamente no ha rebatido mis argumentos de que los incrementos son inferiores, pero sí ha sido honesta su
postura y se la reconozco. No la utilizo para hacerla crítica y que se le vuelva en contra de sus propias manifestaciones sino para reconocerle eso que usted ha dicho: que en términos absolutos el crecimiento que ha denominado es ridículo, que hay
otras cosas que justifican tal. De acuerdo, pero en términos absolutos la financiación es la que es. Hay una cuestión que es fundamental. En la firma del Pacto de Estado, se lo recuerdo al señor Ollero, el compromiso del Gobierno era la
aplicación -no se nos olvide este dato que es importante-, dado todo el esfuerzo loable que ha realizado, si es cierto parcialmente al menos que hay que dirigir los recursos, optimizar los recursos, etcétera, y que siempre las necesidades con
dineros públicos son superiores a los recursos que hay. Si todo eso lo sabemos, pero había un compromiso inicial y no por ello hay que hacer ningún despilfarro. Se cuantificó y se evaluó la necesidad de dotar con suficiencia el servicio público de
la justicia en 250.000 millones adicionales, es decir. En resumen, entendíamos que con el presupuesto que ahora tenemos, siempre escaso, como ocurre en todos los ámbitos de lo público, irá teniendo su crecimiento ordinario, que yo a veces denomino
vegetativo, que es el mantenimiento con los incremento ordinarios, de todo eso que da cobertura al presupuesto, y el esfuerzo añadido que hacemos con los dineros públicos para mejorar este deteriorado servicio público tan mal valorado como estaba,
ahora un poquito menos quizás por los ciudadanos, era 250.000 millones adicionales. Eso es lo que no ha tenido reflejo ni el año anterior ni éste. Hay una declaración y no dudamos de ella, de verdad, de buenas intenciones, de buena voluntad, pero
no hay financiación suficiente, no la hubo el año anterior, no la hubo éste.
Sí que coincidimos parcialmente en lo que ha manifestado de optimizar, de mejorar la calidad de que el problema no sólo es el número, pero convendrá conmigo y si no quiere no me lo reconozca, señor secretario de Estado, que el partido de
fútbol lo jugamos mejor once contra once que once contra nueve. Si somos nueve salimos en inferioridad de condiciones.
Podemos mejorar la calidad de los nueve y ganar algún partido, pero siempre será más fácil ganarlo con once que con nueve, y la
ratio que tenemos también en el número, en términos homogéneos con nuestro entorno de la Unión Europea, es bastante inferior, igual era ocho contra once, no nueve contra once, utilizando el símil futbolístico; luego las dos direcciones no son
contradictorias. De acuerdo en la que ha apuntado usted, está claro, pero es un esfuerzo llevarlo solo en esa dirección para intentar justificar la evidencia de que nos falta financiación suficiente para acometer la mejora en la calidad que es
necesaria, pero también la mejora en el número porque es insuficiente y tenemos una ratio comparativa, insisto, por ejemplo, en el número de jueces, de uno-once mil, once mil y pico ciudadanos frente a uno más menos ocho mil. Ahí tenemos un dato, y
es verdad que no vale sólo ese dato pero es importante, y mejoraremos y jugaremos el mejor partido si partimos con once.
Otra pequeña observación. No es del todo cierto, tal como lo presenta, la virtud o la eficacia en la ejecución del grado de presupuesto, porque, como bien sabe, una altísima parte de nuestro presupuesto de la sección 13
va en gasto de personal, es decir, un gasto necesario que se va a producir en todo caso, con independencia de quien gestione. Ahora bien, si nos vamos al capítulo 2 observamos que la eficacia ya no es tanto, es gasto corriente pero también
dotación de medios materiales, y el cierre del 2001 está aproximadamente en el 74 ó 75 por ciento, creo recordar. Si nos vamos al capítulo 6, que son inversiones, ya sí depende de la gestión, no de la nómina automática, y nos quedamos en un 54 por
ciento aproximadamente en el 2001, lo cual quiere decir que hay campo y margen, para dentro de los recursos escasos, mejorar, sin perjuicio de esas sumas e incrementos que solicitamos, la gestión de lo que ya consignamos en presupuestos. La
conclusión es que este año, una vez más, no se prioriza presupuestaria y financieramente el servicio público de la justicia.
No me ha contestado a bastantes temas ni lo pretendo porque quizás algunos son muy puntuales, son muchos y de algunos ni se acordará, de otros igual no tiene la información ahí, lo entiendo, pero lo agradecería que con la brevedad que pueda,
remita a mi grupo parlamentario esa petición de información que consta en el 'Diario de Sesiones'.
Hay un tema grueso y que no lo ha tocado, señor secretario de Estado, que es el número, el nivel de pendencia en las cuatro jurisdicciones. A la fecha más reciente que tenga ese dato, si lo tiene ahora sería bueno y si no, cuando pueda, le
ruego que lo facilite. Tampoco me ha dicho nada sobre suplencias, aunque sí en términos globales como ha ocurrido en otras cuantas preguntas; es suficiente por el momento pero querría más concreción si no ahora en la réplica, insisto, por escrito
para no tenerlo que demandar en preguntas orales nuevamente o en preguntas escritas, pero hay un dato que sí tendrá a mano y es el número de sustitutos, ha hablado de que se han reducido, de que casi no hay. Me gustaría conocer el número de
magistrados suplentes y jueces sustitutos que hoy tenemos, porque la consignación no se ha reducido y el argumento que me ha dado de que son suplencias por enfermedad, por vacaciones, no justifica mantener niveles similares a los que teníamos el año
anterior, si, como yo creo, en efecto se han producido incorporaciones que tienen que haber minorado ese coste, pero en todo caso, insisto, sí me gustaría tener el número de magistrados suplentes y jueces sustitutos.
Finalmente, un dato al hilo de que efectivamente tiene usted razón en el planteamiento que hace de plazas de jueces y de órganos jurisdiccionales.
Nos interesaría bastante conocer el número exacto de órganos jurisdiccionales y el número
exacto de jueces, y le repito la pregunta de antes: los incorporados efectivamente y las previsiones de incorporación.
Ello sin ser incierta la valoración que le hacía de la necesidad de incrementar el número porque esta disyuntiva no se justifica
tampoco con la entrada en vigor de nuevas leyes y la necesaria dotación para las mismas de nuevos órganos jurisdiccionales, pero en todo caso quedo a la espera de esa información.
Había más temas, pero la brevedad exige que en este trámite cortemos. Le agradezco la información de hoy y se lo reitero por anticipado en cuanto al resto de la información y respuestas a las preguntas formuladas, que espero nos remita
cuando le sea posible. Le agradezco de verdad su tono y su contenido, aunque con importantes discrepancias como es lógico.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muy brevemente. Ante todo asumo que el señor Villarrubia me riña por no haberle reñido, de todas maneras no lo he hecho por quitarle protagonismo ni mucho menos, porque no necesita de mis críticas para tenerlo.
Simplemente me he limitado a hacer algunas observaciones que me parecían obligadas, como me parece obligado distinguir entre cifras absolutas y cifras homogéneas. El problema es saber si hablamos de cifras meramente nominales o si estamos yendo
realmente a preocuparnos de cuáles son los servicios, ya que se habla de la justicia como servicio público: cuáles son los unos servicios que hay que prestar. Desde luego lo que no tiene lógica presupuestaria alguna es que disminuyendo los
servicios se considere obligado mantener el mismo gasto.
Eso en ninguna empresa del mundo se consideraría razonable ni racional.
Por tanto es obligado jugar con cifras homogéneas, que son absolutas también, en la medida en que si intentamos poner relativas sean más bien fruto de una comparación.
Por otra parte, mi grupo sigue teniendo claro y no acabamos de entender muy bien esta filosofía de la financiación del pacto. La política del Gobierno, apoyada en este caso no sólo por el Grupo Popular, sino por todos los grupos que forman parte
del pacto de Estado, está orientada hacia esa reforma de la justicia. No está haciendo prácticamente otra cosa salvo alguna circunstancia muy excepcional. Sería absurdo y un monumento al gasto innecesario que mantuviera el mismo nivel de gasto
ordinario que antes del pacto. Si el pacto es un modo de hacer las cosas que hay que hacer, luego esas cosas que hay pagarlas. Eso es todo. Pretender que el ministerio, al margen del pacto de Estado por la justicia, mantenga un nivel de gasto
similar al de antes, es un asunto que a mi grupo le deja absolutamente perplejo. Entonces tendría que haber dos ministerios, uno pactando con nosotros y otro dedicado a hacer sus cosas, como congresos de esos que han desaparecido. Supongo que no
le habrá entusiasmado mucho a mi amigo el profesor De la Hera, pero han desaparecido del presupuesto. (Risas.) No es muy lógico. Yo podía haber organizado uno sobre filosofía del derecho; si sobra dinero, me apunto.
Pero no creo que vaya la cosa
por ahí. Lógicamente, si lo que se está haciendo es reformar la justicia, pero de modo pactado, lo que hace falta es pagarlo.
Quisiera que el señor secretario de Estado me diera alguna información adicional, si es posible, sobre la inversión en nuevas tecnologías, que es un asunto por el que ya demostré mi interés. En lo que se refiere a las plazas, mi grupo ya en
varias ocasiones -y queda registrado en el 'Diario de Sesiones'- ha llamado la atención sobre la situación que se producía en cada presupuesto de ir creando plazas judiciales que no se cubrían. Gracias a que estamos en un momento en que el Consejo
General del Poder Judicial ha agilizado su capacidad para convocar esas plazas, que los que las obtengan pasen por la Escuela Judicial, etcétera, estamos consiguiendo esa profesionalización. Por tanto, estamos todavía digiriendo o rumiando, si se
quiere decir así, unas aportaciones de plazas que habían quedado en el vacío. En consecuencia, es perfectamente razonable que no sigamos por ahí.
A mi grupo le parece muy sensato la sugerencia que ya ha hecho el secretario de Estado de que habrá una modificación legal que impida precisamente lo que se ha producido al subsanar esa primera fase, y es que ahora lo que hay son muchas
plazas de magistrados que no pueden ser ocupadas. El Consejo General del Poder Judicial ha conseguido por fin, agilizando su sistema, que haya más jueces, pero no tienen la antigüedad para ser magistrados. O eso se cambia o tenemos ahora la
situación curiosa de que tenemos plazas vacantes de magistrados. Tenemos jueces profesionales que no pueden ser magistrados y las plazas de magistrados ocupadas por quienes no son jueces profesionales. Lo cual no deja de ser curioso. Precisamente
la razón para que un juez no pase a ser magistrado es entender que no tiene todavía suficiente experiencia, y está ocupando la plaza alguien que tiene menos experiencia que él todavía y que no ha superado siquiera un concurso donde haya demostrado
su mérito y capacidad. Nos parece bastante razonable que se haga así.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene usted la palabra para contestar a los portavoces de los diferentes grupos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Intentaré ser escueto, aunque no por eso voy a dejar de ser exhaustivo en la medida de mis posibilidades en la respuesta, por cuanto que en mi intervención anterior no he pretendido
llevar a cabo omisiones voluntarias, sino que seguramente ha sido la acumulación de información que se me solicitaba la que ha provocado que algunos asuntos se queden pendientes. En cualquier caso, como no podría ser de otra manera, quiero
manifestar mi mejor disposición para enviar la documentación que constará en el acta y que veamos que no ha sido objeto de contestación directa en mi intervención.
La mejora en la gestión, que ha sido una de mis reflexiones, es decir, además de tener más recursos gastar mejor los que tenemos, que son los que son (en términos relativos hay un aumento del 8,25 por ciento el año que viene, que es una
cifra, como he dicho un par de veces, satisfactoria), tiene que estar avalada por un gasto adecuado. Es verdad que el presupuesto tiene un componente de gastos de personal muy importante, pero la prestación de los servicios en la justicia tiene un
componente humano profesional muy importante y, por tanto, si gastamos porque tenemos la gente que tenemos que tener y se les paga lo que hay que pagarles, es una buena manera de hacer las cosas. Yo espero poder comparecer en otra ocasión en esta
Cámara, antes incluso de octubre del año que viene, si así lo solicitan SS.SS., para hablar de ejecución presupuestaria. Estoy convencido de que vamos a poder presentar unas cifras de ejecución minuciosas y que se sitúen dentro de los márgenes de
dificultades que siempre se obtienen, porque cuando se adjudica un contrato y ha habido una baja del contratista, ese dinero es muy difícil gastarlo después. Yo creo que la cifra del 98 por ciento que he comprometido se va a hacer con una cierta
tranquilidad de que en términos globales y para el conjunto de los capítulos del presupuesto, la podremos terminar en esos términos.
En cuanto a la tendencia que me solicitaban, tengo datos del primer trimestre del 2002 que he consultado a vuelapluma y que son del Consejo General del Poder Judicial. Del conjunto de los órdenes jurisdiccionales se han resuelto algo más de
1.743.000 asuntos, habiendo entrado 1.698.000, con lo cual se continúa en la tendencia de que se resuelven más asuntos de los que entran. En cuanto a la pendencia en el balance de 2001, también según datos del Consejo General del Poder Judicial,
ante una entrada que hubo en el total del año de algo más de 6.680.000 asuntos, se resolvieron a principios de año algo más de dos millones, y al final del año era de 1.990.000; es decir, se había reducido la pendencia aproximadamente en 30.000
asuntos. En el primer trimestre de 2002 hemos sido capaces de reducir la pendencia en algo más de 50.000; por tanto, ese millón novecientos noventa y cinco mil se ha visto ya minorado, insisto, según los datos oficiales del Consejo General del
Poder Judicial, en algo más de 50.000. En la misma línea de reflexión que he formulado antes, creo que estamos en el buen camino. Si consiguiésemos eliminar la pendencia en dos años sería extraordinario, pero hay que ser realistas, tenemos que ser
conscientes de la capacidad. Creo que lo razonable es un sistema dimensionado para atender las cargas de trabajo estándares y atender algo importante con programas extraordinarios, como también se está haciendo. De esa manera, espero que en un
horizonte temporal, porque estamos trabajando con el Consejo General del Poder Judicial en la Comisión mixta, seamos capaces de atender esa pendencia todavía tan importante como es este millón novecientos noventa mil asuntos, que está yendo
razonablemente a la baja.
En cuanto a lo que podemos llamar la política de profesionalización de jueces, diré que en el año 2000, de una plantilla total de 3.917, había 588 plazas vacantes, atendidas por sustitutos. En el año 2001, siempre a 31 de diciembre, sobre
una plantilla de 4.022 plazas, 394 se encontraban vacantes, es decir, que iba bajando ya de manera relevante el porcentaje y el número de vacantes, y a 30 de septiembre, sobre una plantilla de 4.029, existen 77 vacantes. Estamos ya muy cerca de
conseguir para 2003 ese objetivo que nos habíamos fijado de cero, que es técnicamente imposible, pero sí queremos llegar muy cerca de ese nivel, insisto que en términos de plantilla estable y no tanto el otro concepto de sustitutos, vinculado a
circunstancias temporales.
Se me había olvidado en mi intervención anterior -ya sé que quizá no es de los asuntos más relevantes que me he podido dejar en el tintero- hablar de las subvenciones que aparecen o no. Hemos considerado este año en la estructura
presupuestaria que unas subvenciones tan peculiares como eran las de los estudios de asuntos religiosos no justificaban una partida presupuestaria ad hoc y, por tanto, la cuantía está incorporada a la partida general, que también se puso de
manifiesto, de estudios de otras empresas, estudios de ingeniería. Ahí puede aparecer un incremento debido a que se ha subsumido esa partida, no así la subvención para la Fundación Justicia en el Mundo, que es siempre objeto de comentario, pero
nosotros la hemos mantenido por la singularidad y la relevancia que tiene la fundación y la asociación que está detrás de ella. Nuestro planteamiento es que, si no tenemos una subvención nominal y finalista prevista en el presupuesto, sí figuran
consignados créditos para ayudas a organizaciones de diversa índole. Por ejemplo, en este año 2003 queremos introducir, de igual manera que hace el Consejo del Poder Judicial, algún tipo de subvenciones a las asociaciones de jueces y magistrados.
También habría una línea de colaboración con las asociaciones de fiscales que hasta ahora no teníamos, por lo que hemos dotado alguna cantidad en estas partidas que nos permitan establecer estos mecanismos de elaboración. En este tipo de partidas,
como bien conocen, se pueden llevar a cabo subvenciones o proyectos de colaboración con otras entidades que, en su caso, presenten algún proyecto en este sentido.
Insistía el señor Ollero, porque tampoco he sido muy minucioso en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, sobre ese presupuesto global de algo más de 30 millones de euros. Le puedo facilitar un cuadro minucioso porque son un total de
algo más de veinte proyectos: sistemas de gestión procesal, 1.800.000 euros; información administrativa, 540.000; modernización tecnológica de los registros, 610.000; gestión procesal de las fiscalías, 1.800.000. Hay un listado minucioso y
exhaustivo que a los portavoces se lo facilitamos, que es la suma de la cual obtenemos al final los 30 millones y que, como decía antes en mi intervención, consideramos que da una cierta consistencia financiera a proyectos de modernización
tecnológicos, que son tan importantes en este caso para las oficinas judiciales y para el conjunto de los sectores de la Administración de justicia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Concluido el debate, le agradecemos mucho su presencia en la Comisión.
Muchas gracias, señoras y señores parlamentarios.
Eran las seis y quince minutos de la tarde.