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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 578, de 09/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 578
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NEFTALÍ ISASI GÓMEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 40
celebrada el miércoles, 9 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Número de expediente 121/000109.) ...
- Del señor subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación (Lamela Fernández). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (números de expediente 212/001275, 212/001276, 212/001277, 212/001278 y 212/001279) y Popular en el Congreso
(número de expediente 212/001323) ... (Página 18682)
- De la secretaria general de Agricultura (García Tejerina). A solicitud de Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 212/001181) y del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001273) ...
- De la señora secretaria general de Pesca Marítima. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto-Bloque Nacionalista Galego (número de expediente 212/001180), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de expediente
212/001207) y del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 212/001274) ... (Página 18712)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003. (Número de expediente 121/000109.)
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (LAMELA FERNÁNDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (números de expediente 212/001275, 212/001276, 212/001277, 212/001278 y 212/001279) Y POPULAR EN EL
CONGRESO (número de expediente 212/001323).
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Se abre la sesión número 40 de la Comisión de Agricultura, relativa a la presentación de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señorías, va a asumir la comparecencia en su totalidad el subsecretario, como responsable del presupuesto del Ministerio de Agricultura, puesto que la secretaria general está en visita oficial con el ministro de Agricultura fuera de Madrid,
y la secretaria general de Pesca se encuentra también en visita oficial en Tenerife; puesto que el subsecretario es el responsable máximo de los presupuestos del ministerio, si les parece, haciendo los apartados pertinentes respecto de las
peticiones de comparecencia, sería el subsecretario del ministerio quien asumiría todas las comparecencias. (El señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Dos cosas a propósito de esta novedad con que nos encontramos hoy, porque la convocatoria dice otra cosa.
La primera es que le rogaría a la Mesa que considerara que han sido convocados los miembros de la Comisión con un orden del día que tiene un horario determinado, es decir a las diez estaba prevista la comparecencia del señor subsecretario, y
en horas sucesivas las comparecencias de las secretarias de Agricultura y Pesca. Por tanto rogaría que respetara, para el caso concreto de la segunda de las comparecencias previstas por parte de mi grupo no habría ningún inconveniente, es posible
que por parte de otros grupos tuviesen previsto comparecer a esa hora concreta, pero para el caso de pesca desde luego en nuestro caso rogamos, y creo que con razón suficiente, que se mantenga el horario previsto en la Comisión.
En segundo lugar, señalar de una manera formal la protesta de mi grupo por este cambio que se produce a esta hora y en un hecho que yo creo es suficientemente llamativo. Cuando el Gobierno o un ministerio presenta los presupuestos en la
Cámara es un hecho suficientemente trascendente como para que no aparezca de manera no prevista, de forma espontánea y de una manera que a mí particularmente me choca, esta situación en la que dos miembros del ministerio no pueden comparecer en este
momento.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Cuadrado, efectivamente en una parte de su exposición tiene toda la razón. La convocatoria es como es y los horarios de la misma hay que respetarlos, y así se hará.
En cuanto a la protesta de su grupo le diré que se nos ha pasado una nota comunicándonos que las secretarias generales de Agricultura y de Pesca efectivamente estaban fuera de Madrid. Como sabe S.S. el subsecretario es el responsable
máximo de los presupuestos del ministerio y quien puede lo más puede lo menos. En fin, esto es una licencia de la presidencia; lógicamente constará su protesta en el 'Diario de Sesiones'.
Pasamos a continuación a la comparecencia del subsecretario, que estaba prevista para las diez de la mañana. Vamos un tanto retrasados pero por causas ajenas no sólo a esta Mesa sino a la propia Comisión. Sin más preámbulos damos la
palabra el señor subsecretario para que haga una exposición global de los presupuestos, y los grupos parlamentarios podrán intervenir a continuación para pedir las aclaraciones que estimen oportunas.
Tiene la palabra don Manuel Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Gracias, señor presidente, y gracias, señorías.
Voy a hacer una exposición global de los presupuestos. Me centraré en el apartado de agricultura dejando para la hora prevista lo referente a pesca. (El señor Amarillo Doblado pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, tal como decía mi portavoz, tendremos que respetar como estaban los horarios y por tanto habrá una primera parte como corresponde al orden del día; una segunda parte, la intervención que
corresponde a la secretaria general, también en correspondencia con el orden del día, y una tercera con Pesca.
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón, señoría, así hemos quedado y efectivamente nos lo ha hecho ver el señor Cuadrado. No puede ser de otra manera.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Perdonen un segundo, sólo para preguntar si tengo que esperar hasta las doce para hablar de la agricultura o si puedo hablar antes.
El señor VICEPRESIDENTE: Ahora da comienzo la comparecencia del subsecretario de Agricultura para hacer la exposición de los presupuestos de su departamento. Y a las doce, tal como estaba previsto, se hará la comparecencia de Pesca.
(Rumores.) Perdón, a la una, tal como estaba previsto en la convocatoria. Por tanto, tiene la palabra el señor subsecretario para hacer la exposición de los presupuestos de Agricultura. (El señor Amarillo Doblado pide la palabra.)
Sí, señoría.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, vamos a respetar el horario fijado distinguiendo cada una de las comparecencias puesto que a la una tiene que ser la de Pesca, que sea a las 12, tal como estaba previsto, la Secretaría General de
Agricultura, y la de ahora como está.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Amarillo, es que estamos diciendo todos lo mismo.
Tiene la palabra el señor subsecretario para hacer la exposición que corresponde a su departamento tal como figura en el orden del día.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Señor presidente, una vez más tengo el honor y la satisfacción de comparecer en esta Comisión para presentar el proyecto de presupuestos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, incluido en la sección 21 del presupuesto del Estado, para el ejercicio 2003. Antes de entrar a exponer lo que con carácter general es la estructura del presupuesto, sus grandes objetivos globales y sectoriales,
diré que el presupuesto ha sido elaborado, está confeccionado y es el resultado presentado al Congreso de los Diputados desde una filosofía de suficiencia presupuestaria y por tanto de suficiencia para atender el conjunto de compromisos asumidos y
de políticas activas del Gobierno, y en este caso del Ministerio de Agricultura, a lo largo de esta legislatura y por tanto a lo largo del próximo ejercicio.
La política del departamento para 2003, como conocen muy bien SS.SS., tiene que seguir respondiendo necesariamente a las funciones que al Ministerio de Agricultura en el Gobierno de España le atribuye la legislación vigente, le exige la
sociedad española y por supuesto y fundamentalmente los sectores agrarios, agroalimentarios y pesqueros dependientes y es un compromiso, como no podía ser de otra forma, del ministerio con la sociedad a la que presta sus servicios. Una función que
pasa en primer lugar por el diseño general de la política agraria y pesquera nacional; en segundo lugar por la participación y la defensa de los intereses de España en el marco de la política agrícola comunitaria y de la política pesquera de la
Unión Europea; y en tercer lugar, y no por ello menos importante, en el marco de la coordinación institucional entre administraciones públicas, entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas y por tanto en el diseño de políticas que
permitan esa efectiva coordinación así como la suma de las actuaciones de las políticas activas de todas las administraciones. Con criterios de equilibrio territorial, con criterios de cohesión territorial, con criterios de igualdad entre las
distintas partes del territorio y con criterios de eficiencia en la aplicación del gasto y en su distribución.
Objetivos básicos que también están incardinados, indudablemente, en los elementos de la política general del Gobierno; política
económica del Gobierno que pretende una modernización real de todos los sectores productivos y por supuesto y en este caso que es competencia nuestra de los sectores agrario y pesquero, que permita además una competitividad real de estos sectores
con una estructura productiva acorde a las necesidades y a los tiempos en los que nos encontramos y capaz de asumir los retos a los que se enfrenta.
En segundo lugar, una política fundamental de formación profesional en los distintos sectores productivos como elemento esencial para conseguir esa competitividad y esa mejora efectiva y real en nuestras explotaciones y en nuestra política
extractiva pesquera, y también como no podía ser de otra forma prioridades fundamentales en las políticas activas de incorporación de jóvenes a los sectores productivos, de relevo generacional en los sectores productivos como garantía de futuro de
los mismos, de estabilidad y de competitividad
a través de la modernidad, y políticas activas de incorporación de mujeres en condiciones de absoluta igualdad en el medio rural, en el campo, en las industrias agroalimentarias y en los sectores extractivos; en definitiva, en todos y cada
uno de los sectores que dependen hoy del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero el Ministerio de Agricultura entiende una vez más que en esta política de modernización y dinamización económica que apueste por una mejora de la
competitividad de los sectores tiene necesariamente que hacer una apuesta decidida y firme no solamente en términos políticos sino presupuestarios, por el apoyo a la industria agroalimentaria española; por el apoyo a la industria de transformación
de productos pesqueros, que debe ser un elemento fundamental de dinamización de la economía y del mundo rural y por las políticas de aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo aplicadas tanto a los sectores agrarios
como a las políticas pesqueras. En definitiva un conjunto de actuaciones que se encuentran reflejadas a lo largo de todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2003 con distintas intensidades y como no podía ser de otra forma con
distintas prioridades; pero un conjunto de actuaciones que constituyen, como decía al principio de mi intervención, un compromiso del ministerio con sus sectores y un compromiso del Gobierno con dichos sectores.
Un ámbito especial de referencia en el marco del presupuesto es el desarrollo rural. Entendemos que el desarrollo rural no es una política en sí misma sino un conjunto de políticas que persiguen este objetivo. No sólo las enmarcadas en el
ámbito de la política agrícola comunitaria dentro de lo que hoy es el segundo pilar de la PAC, sino un conjunto de políticas complementarias que abunden en los objetivos referenciados en la política agrícola comunitaria y en los objetivos
perseguidos desde el punto de vista de conseguir un marco de desarrollo rural sostenible; marco que permita el progreso y el desarrollo de los núcleos rurales hasta alcanzar la igualdad en la calidad de vida con los medios urbanos y desde luego
lograr un equilibrio económico, social y regional de las distintas zonas, pueblos y regiones de España en virtud de ese principio a que aludía al comienzo de mi intervención: el principio de solidaridad interterritorial. Por tanto, son metas
concretas, son objetivos concretos los que inspiran la política presupuestaria del ministerio para el próximo ejercicio. Indudablemente son objetivos del Gobierno, de la Administración general del Estado, compartidos en su inmensa mayoría con el
resto de las administraciones territoriales agrarias. Por tanto, desde el punto de vista de la realidad inversora en todas estas políticas, habrá que hacer el esfuerzo, una vez más de consolidar todos y cada uno de los presupuestos de las
administraciones territoriales agrarias para saber realmente el esfuerzo de las administraciones públicas a favor del sector agrario a lo largo del próximo ejercicio.
Descendiendo al terreno de lo más específico, me van a permitir que señale cuáles son realmente los objetivos prioritarios dentro de los objetivos principales genéricos a los que antes he aludido. Voy a decirlos en un orden que no es de
importancia, sino el que creo más adecuado. En primer lugar, quiero hacer una referencia al Plan Nacional del Regadíos de manera genérica. El compromiso de ejecución del Plan Nacional de Regadíos -horizonte 2008- en sus estrictos términos, y al
decir esto me refiero a la ejecución con todo el grado de ambición que hoy contempla el Plan Nacional de Regadíos desde el punto de vista de las estructuras e infraestructuras a realizar en política de modernización, de consolidación de regadíos
sociales y de nuevos regadíos, y desde luego desde la perspectiva financiera, es decir respetando escrupulosamente el presupuesto aprobado para el Plan Nacional de Regadíos, el sistema de financiación, y por tanto dotándolo económicamente de los
recursos económicos necesarios para garantizar la velocidad de crucero que supone la meta de ejecución del plan en el horizonte 2008.
En segundo lugar, la segunda cuestión importante es la seguridad alimentaria. Tras la creación de la Agencia española de Seguridad Alimentaria y la aprobación de su estructura, estando ya en fase de puesta en marcha real, el Ministerio de
Agricultura no sólo va a aportar y ha aportado determinados recursos y medios humanos a la Agencia de Seguridad Alimentaria, sino que en el ámbito de sus competencias específicas -no de colaboración, sino de carácter normativo- va a seguir apostando
por el concepto de seguridad alimentaria, considerándolo una prioridad sobre otras en las cuestiones sanitarias, tanto en política activa de sanidad animal como en política de sanidad vegetal, y en la política de trazabilidad, que además tiene que
complementarse con la máxima calidad de los alimentos. De ahí el compromiso de elaborar, y probablemente presentar, a lo largo del próximo ejercicio, un nuevo proyecto de ley de calidad alimentaria que venga a completar el marco jurídico vigente en
ordenación alimentaria en algo tan fundamental para los consumidores como es la calidad de nuestros alimentos y los mecanismos de seguridad y de trazabilidad que garantizan esa calidad.
Otra de las líneas fundamentales, tradicional desde 1997 pero no por ello menos importante, son los seguros agrarios. El Ministerio de Agricultura y el Gobierno entienden que una política agraria sólida y coherente ha de tener como objetivo
prioritario la garantía de un sector productor estable, y en consecuencia tiene que ser capaz de establecer un marco que garantice las rentas de nuestros agricultores y ganaderos. A lo largo de todos estos años hemos venido desarrollando una
estructura en el sistema de seguros agrarios que hoy podemos decir es ejemplo en Europa y en casi todo el mundo, pero no nos conformamos con eso, queremos tener un sistema de seguros agrarios a la
medida de nuestros sectores productivos, que contemple la diversidad climatológica y de riesgos de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas y que contemple -entendemos que es fundamental- esa garantía de rentas en el productor. Por eso
la apuesta por el sistema de seguros agrarios se consolida una vez más en el presupuesto del ministerio del año 2003; se consolida en términos económicos, como después veremos, y en términos de cumplimiento del compromiso del programa de Gobierno
en seguros agrarios con la puesta en marcha en el próximo ejercicio de un seguro experimental de rentas o de precios, con carácter piloto, en una zona de España, que de futuro permita hacer extensivo este seguro experimental a todas las
producciones.
Un último objetivo, un último reto, un último elemento fundamental de cara al año 2003, la cuarta gran prioridad que tiene trascendencia presupuestaria, una trascendencia presupuestaria muy reducida, pero una trascendencia sectorial enorme.
Me estoy refiriendo a los trabajos de elaboración del Libro Blanco de la agricultura y el desarrollo rural, libro blanco que ha comenzado a realizarse en el mes de febrero, que estará terminado en el mes de febrero del año próximo, y que el
Ministerio de Agricultura espera presentar no sólo a los sectores sino a la sociedad civil en su conjunto en el primer semestre del próximo año.
Este libro blanco será en primer lugar un diagnóstico objetivo de la situación de todo el sector
agroalimentario español, y en segundo lugar un conjunto de propuestas, de medidas y de objetivos a alcanzar en distintos escenarios y horizontes temporales. El libro blanco como saben SS.SS. pretende ser el germen y el origen de un gran pacto por
la agricultura española, pacto que esperamos se pueda plasmar en distintos proyectos de ley, uno de ellos básico de la agricultura y el desarrollo rural y otro capaz de acometer la modernización del régimen jurídico de la explotación agraria, de la
empresa familiar y de la empresa mercantil agraria.
Todo esto encajado -no puede ser de otra forma- en criterios de austeridad y de convergencia, como ocurre con los presupuestos del Estado, a través del cumplimiento por tercer año consecutivo del compromiso de déficit cero, y desde luego con
una novedad importante: es el primer presupuesto que se realiza en el ámbito de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto significa, en primer lugar, que es un presupuesto con una política de inversiones y de gasto para el ejercicio 2003, pero
que como exige la propia Ley de Estabilidad contempla esa política de gasto e inversiones en los escenarios 2004 y 2005 con la continuidad lógica que precisen estas políticas activas. En ese sentido, es un presupuesto que se enmarca dentro del
límite de gasto no financiero que aprobó en su momento el Consejo de Ministros, si mal no recuerdo unos 114.517 millones de euros, y que por tanto encaja en ese límite de gasto total con una posición del presupuesto de Agricultura respecto al resto
de los ministerios que demuestra un esfuerzo real de la Administración del Estado por el sector agroalimentario y por el sector pesquero, y ello teniendo en cuenta también la existencia del fondo de contingencia que contempla la Ley de Estabilidad,
respecto al cual lo único que puedo decir es que ojalá no tengamos que utilizarlo.
Entro en cuestiones concretas. En primer lugar, quiero decir que el presupuesto consolidado no financiero, que asciende a 8.030 millones de euros, ha tenido un incremento del 5,7 por ciento. Esta cifra es global, y por tanto integra la
totalidad del presupuesto de gastos no financieros; es decir incluye las aportaciones europeas. El presupuesto no financiero del Estado crece al 3,6; por tanto crecemos por encima de la media del Estado. Si utilizamos términos comparativos por
políticas de gasto, les diré que en el ámbito de las políticas de industria y sociales ese 5,7 está por encima de otras políticas activas, como la de industria y energía o la de comercio, turismo y pequeña y mediana empresa. Está en la media de
gasto de todos los sectores del Estado, en este caso por primera vez desde hace muchos años. Insisto en que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en el ámbito agrario, no sólo a través de los criterios de suficiencia sino también atendiendo dichos
criterios. En segundo lugar, tengo que decir que las aportaciones europeas canalizadas en nuestro presupuesto suponen aproximadamente el 87,94 por ciento del presupuesto total, de modo que la financiación nacional del presupuesto representa el
12,06 por ciento, proporción análoga a la del ejercicio 2002, como recordarán SS.SS.
Entrando en la distribución por capítulos del presupuesto consolidado, podemos decir que la misma refleja una estructura de gasto que conocen SS.SS. como tal, porque ya no es novedosa aunque lo fue hace algunos ejercicios, lo que hace más
fácil su seguimiento. El primer criterio de la distribución del gasto es la contención de los gatos corrientes.
Recodarán SS.SS. que, hace años, el Ministerio de Agricultura abordó un plan de recursos humanos que supuso una reducción efectiva de
los mismos para adecuarlos a sus competencias reales y estructura administrativa.
Supuso, asimismo, un ajuste en el capítulo 1, en los gastos de personal, lo que permitió una racionalización del gasto y su reordenación hacia políticas activas; es
decir el gasto del capítulo 1 y del capítulo 2 ha sido reconducido a políticas activas, fundamentalmente capítulos 6 y 7.
Esta política, que ha dado un magnífico resultado desde el punto de vista económico y presupuestario y desde el punto de vista
de la calidad del empleo y las relaciones laborales en el ministerio, va ha ser objeto de renovación en el próximo ejercicio, a través de un nuevo plan de recursos humanos que apueste por una mayor racionalidad y reordenación de efectivos para
mejorar la eficiencia del ministerio en la prestación de servicios a los ciudadanos y a las administraciones públicas con las que tiene la obligación de coordinarse.
Dentro, igualmente, de esa política de austeridad, este año destaca algo importante sobre lo que quiero llamar la atención: el crecimiento del capítulo 2. Recordarán SS.SS. que el capítulo 2 creció algo el año pasado como consecuencia de
contener los gastos extraordinarios de la presidencia española de la Unión Europea. Pues bien, este año crece bastante -es una valoración personal-, crece el 17,8 por ciento, también por una razón coyuntural y específica que yo diría que es una
buena razón. Después de varios años tratando de racionalizar los espacios físicos del Ministerio de Agricultura para centralizar sus servicios, de modo que pudiéramos reducir costes en traslados y tiempo y costes en comunicaciones, por fin hemos
culminado una operación que permitirá centralizar la práctica totalidad del ministerio en el entorno de la glorieta de Atocha, liberando nueve inmuebles a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Hay que acometer, pues, unas inversiones para
la adecuación de este nuevo inmueble y para el abono de sus gastos, y esto es lo que genera el 17,8 por ciento de incremento en el capítulo 2. En definitiva, un compromiso y un reto asumido hace años por el Ministerio de Agricultura se verá
felizmente culminado durante el próximo ejercicio.
En cuanto a los capítulos 4 a 7 hay una cuestión importante: a pesar de todo, hemos tratado de mantener el equilibrio entre los gastos de funcionamiento y las políticas inversoras, no hemos querido desequilibrar ese binomio sostenido a lo
largo de los últimos años, y hoy podemos decir que a pesar del incremento del capítulo 2, sólo 1,75 euros de cada 100 se dedican a estos gastos administrativos, por lo que el 98,25 por ciento del presupuesto va directamente a los sectores
productivos responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Hemos compatibilizado, creo que de manera razonablemente satisfactoria, estos nuevos objetivos de reordenación y racionalización de medios humanos y físicos del ministerio con la política
de austeridad seguida por el Gobierno en los últimos años, y también por el Ministerio de Agricultura.
Descendiendo al nivel del detalle para relatar fielmente el esfuerzo presupuestario del Estado, me referiré al presupuesto del subsector Estado, capítulos 1 a 7, que en 2003 asciende a 1.334,79 millones de euros, lo que supone un crecimiento
del 2,9 por ciento respecto del año anterior. Este 2,9 por ciento, con independencia de que SS.SS. puedan entrar después a valorarlo o devaluarlo aplicando los deflactores o criterios que tengan a bien, debe ser una cifra de referencia y no la
única. Esto es así porque la parte fundamental del presupuesto del ministerio es la parte inversora, las inversiones reales que el Ministerio de Agricultura realiza en el territorio, en unos casos en solitario y en otros en colaboración con las
comunidades autónomas. En este presupuesto se ve claramente la vocación inversora de la Administración del Estado y del Ministerio de Agricultura, al crecer el apartado de inversiones reales el 10,5 por ciento respecto del año anterior -10,5 por
ciento, insisto-, en inversiones. El presupuesto del Estado la inversión pública crece el 7,8 por ciento, si mal no recuerdo, y en nuestro caso crece el 10,5, o lo que es lo mismo casi el doble de la tasa prevista para el PIB nominal -5,8 por
ciento-, utilizando un parámetro que suelen utilizar SS.SS.
Las dotaciones operativas de este presupuesto para el subsector Estado, contenidas en los capítulos 4, 6 y 7, crecen -como he dicho- en una progresión similar al presupuesto consolidado total. Si consolidamos la cifra del presupuesto del
subsector Estado con los presupuestos de los organismos autónomos del departamento, sin incluir las dotaciones del Feoga-Garantía, llegamos a la cifra que decía de 1.223,61 millones de euros, que expresa quizá con mayor precisión la disponibilidad
de recursos. Es importante ratificar aquí el criterio de suficiencia que señalaba inicialmente. Dejaré para la hora prevista los capítulos específicos de la Secretaría General de Agricultura y la parte de Agricultura y Ganadería -si a SS.SS. les
parece correcto-, para entrar en el detalle de cuestiones que dependen orgánica y funcionalmente de la subsecretaría, como las políticas activas de desarrollo rural, las políticas activas en el sector agroalmimentario y en la industria
agroalimentaria y las políticas horizontales de apoyo al resto de los sectores productivos.
Empezaré con el Plan Nacional de Regadíos. El presupuesto del ministerio atiende a la velocidad de crucero que ha cobrado el Plan Nacional de Regadíos a lo largo de los últimos meses. El Plan Nacional de Regadíos, que ha sido objetivo del
Gobierno durante muchos años, es ya una realidad; y una realidad aprobada con un consenso político muy amplio, podríamos hablar de total consenso político. Es un plan que, como SS.SS.
saben, fue aprobado con muy pocas abstenciones y escasos votos
en contra en un órgano tan importante como el Consejo Nacional del Agua. Es un plan que además de ser aprobado por el Consejo Nacional del Agua ha sido consensuado y firmado con todas y cada una de las comunidades autónomas españolas y de sus
gobiernos, y por tanto es hoy una garantía de ejecución, siempre y cuando seamos todas las administraciones capaces de asegurar la suficiencia financiera y el dinamismo en la ejecución que exige un proyecto tan ambicioso como el Plan Nacional de
Regadíos horizonte 2008.
El Plan Nacional de Regadíos tiene dos vías de financiación en el presupuesto del Estado, como conocen SS.SS., y dos vías de actuación, podríamos decir en la ejecución, como también conocen SS.SS.: una, en mejora y consolidación, a través
de las sociedades estatales de infraestructuras agrarias -SS.SS. han pedido comparecencias específicas sobre este tema, y luego entraré en el detalle de las mismas-; dos, a través de los capítulos 6 y 7 del Ministerio de Agricultura en el caso
concreto de los nuevos regadíos, los regadíos
sociales y los regadíos privados. Por tanto, dos sistemas de financiación que lógicamente requieren distintas dotaciones económicas: las sociedades estatales, la dotación económica suficiente para acometer el cien por cien de las
actuaciones del Plan en mejora y consolidación, 1.114.000 hectáreas si mal no recuerdo -perdón por la memoria, porque me puede fallar en el número de hectáreas-; y en segundo lugar las dotaciones efectivas de los capítulos 6 y 7 del Ministerio
referentes al resto de las actuaciones.
Pues bien, el Plan Nacional de Regadíos, programa 531.B del Ministerio de Agricultura, crece este año el 7,8 por ciento, en nuevos regadíos en zonas regables en ejecución crece el 18,7 en concreto, en regadíos de carácter social y privados
crece el 26,5, y hemos reducido, como no podía ser de otra forma, las actuaciones de apoyo del Plan, porque está ya terminado y no las requiere, y hay una rebaja de lo que es la gestión del plan del 62,3 por ciento en este apartado. Total, por
tanto, 95.460,69, lo que supone, como decía antes, el 7,8 por ciento de incremento del presupuesto del Ministerio en las líneas de actuación del Plan Nacional de Regadíos.
En cuanto a las sociedades estatales de infraestructuras agrarias, es decir la otra parte a que antes me he referido, que creo tiene gran importancia puesto que es la otra fórmula posible de financiación, el presupuesto del ministerio
contempla, en este caso en pesetas para ser más realistas o para hacerlo más fácil desde el punto de vista de las dotaciones anteriores, 10.000 millones adicionales para capital social.
Desde esa perspectiva, por tanto, es importante señalar una
cifra que a mi juicio, es fundamental: tenemos el 80 por ciento del capital social previsto en las sociedades estatales para todo el Plan Nacional de Regadíos al 1.º de enero del año que viene, o lo que es lo mismo el 1.º de enero del año que viene
se habrá desembolsado el 80 por ciento del capital social previsto para la ejecución de todo el Plan Nacional de Regadíos al horizonte 2008, y no hace falta recordar que el año que viene estamos en 2003.
Las previsiones de financiación de dichas sociedades suponen 751,26 millones de euros a través de las aportaciones del Estado y para 2003, insisto, el 80 por ciento está desembolsado. Con esa cifra entendemos que se garantiza, como decía al
principio, la velocidad de crucero de las sociedades estatales (después entraré en el detalle de su funcionamiento y la situación al día de la fecha de sus principales proyectos) y por tanto se impulsa de manera fundamental la política de
suscripción de convenios con comunidades autónomas y con comunidades de regantes para la puesta en marcha de las obras de modernización y consolidación de regadíos y para cubrir esos objetivos de 2008 a los que antes me he referido.
La segunda política que depende de la Subsecretaría, además de la de regadíos, es la de desarrollo rural, que mucho tiene que ver, como muy bien saben SS.SS., el regadío con el desarrollo rural. En el ámbito del desarrollo rural apostamos,
como decía antes, por un desarrollo rural sostenible, por una conservación del medio rural, por hacerlo más próximo al ciudadano, por garantizar la permanencia y la estabilidad de la sociedad en determinados núcleos rurales y por políticas activas
que eviten la desertificación del medio rural. En ese sentido, no solamente creemos que son importantes esas políticas a que antes me he referido de incorporación de mujeres y de formación profesional, sino que es igualmente necesario entrar de
manera fundamental en medidas específicas de promoción y diversificación de la economía rural.
El programa 717.A, de desarrollo rural, crece este año el 2,1, pero me van a permitir que con independencia de las cuestiones que quieran SS.SS.
plantear haga referencia a algunas cosas que creo son importantes. En primer lugar el
crecimiento del 5,9, casi el 6 por ciento, en las políticas activas de promoción y diversificación de la economía rural.
Saben SS.SS. que hemos abordado a lo largo de este año un largo y en algunos casos complejo y tedioso proceso de puesta en
marcha de las acciones Leader Plus y Proder II y ya afortunadamente comienza a ejecutarse y afirmarse en toda España la puesta en marcha efectiva de estas acciones. Creemos que es muy importante no solamente que esas dotaciones y esas aportaciones
de la Administración del Estado estén garantizadas, que lo están, sino que estas actuaciones cubran los objetivos para los que han sido diseñadas, que son, como he dicho antes, la diversificación de la economía rural, la promoción del medio rural, y
por tanto una apuesta decidida por la modernización del medio rural en el futuro.
En segundo lugar, creemos muy importante también seguir acometiendo una política lo más ambiciosa posible en la modernización de nuestras explotaciones, y de ahí que haya un compromiso adicional y un incremento del 3,9 por ciento en el
presupuesto de desarrollo rural, en el capítulo de modernización de explotaciones, que nos permitirá acometer más proyectos durante el próximo ejercicio.
Como les decía, también la política de formación. Creemos que un medio rural moderno, que pretendemos forme parte de una economía competitiva en su conjunto, requiere de un enorme esfuerzo en la materia de formación.
Ese enorme esfuerzo lo
queremos traducir en dos cuestiones: en primer lugar, la suficiencia de recursos económicos; y, en segundo lugar una nueva orientación de la formación en el medio agrario. En cuanto a la suficiencia mediante un crecimiento del 9,7 por ciento en
el presupuesto del ministerio en el capítulo de formación, y en cuanto a esa nueva orientación abordando la elaboración de un nuevo plan nacional coordinado de formación (porque no existe como tal) en el que de manera supletoria, de manera
subsidiaria y coordinada con las actuaciones de formación de las comunidades autónomas y sus objetivos de formación,
seamos capaces todas las administraciones y el sector o los sectores de ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos que en materia de formación debemos seguir todas las administraciones agrarias para alcanzar esa mejora objetiva en la
competitividad de los sectores, en segundo lugar qué medios tenemos que poner a disposición del sector para alcanzar esos objetivos, y en tercer lugar optimizar la puesta a disposición del sector de esos medios. ¿Cómo? Racionalizando los
mecanismos de gestión, dotándoles de mayor transparencia, de mayor control en el gasto, evitando duplicidades en los ámbitos de formación, y en definitiva garantizando que realmente los flujos de formación que dependen del presupuesto del Estado y
de los fondos comunitarios se optimicen al máximo y garanticen esa formación que creemos es imprescindible. Por tanto, otra apuesta importante desde nuestra perspectiva.
Respecto a las medidas de acompañamiento simplemente decirles que se atiende a la presupuestación hecha, a la periodificación de gasto 2000/2006, aprobada, evidentemente, y por tanto la situación es prácticamente estable, con un crecimiento
del 0,1 por ciento para atender, insisto, las previsiones de gasto de la programación 2000/2006 aprobada en su día.
En cuanto al ámbito de alimentación, y en este caso lo que es competitividad y calidad de la industria agroalimentaria, me van a permitir que insista en algo que he dicho al principio: que todo lo relativo a la seguridad alimentaria, a la
trazabilidad y a la promoción de nuestros alimentos es un objetivo prioritario del ministerio, sin olvidarnos de algo fundamental también, que la industria agroalimentaria tiene que seguir siendo el motor del sector agroalimentario español y del
sector agrario. Desde esa perspectiva, queremos seguir en la línea trazada, que en el ámbito de fomento de la industria agroalimentaria está condicionada lógicamente por la aprobación en su día del marco financiero 2000-2006 del programa de
industrias, gestionado desde la Dirección General de Alimentación, y se traduce en atender la cofinanciación de ese programa por parte de la Administración general del Estado, previamente plasmado y acordado con las comunidades autónomas. Es un
programa que figura con sobreejecución, es decir, con mayores transferencias de la Administración del Estado a las comunidades autónomas de las previstas en cada uno de los ejercicios dentro del programa 2000-2006. Para adecuar la velocidad de
crucero a la velocidad programada en el periodo 2000-2006 antes de que se pueda hacer una reprogramación de fondos, tal como se convino con las comunidades autónomas a fecha 31 de diciembre de 2003, se genera un ajuste que supone una reducción en el
presupuesto del 1,6. Por tanto, esto no es sino la consecuencia de haber habido sobrefinanciación en el programa durante los ejercicios anteriores y ajustar la velocidad de crucero a la velocidad prevista en el programa comunitario.
En segundo lugar, una alimentación segura -que la tenemos- deber ir complementada por un sector agroalimentario competitivo, capaz de colocar sus productos en las mejores condiciones dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso, es
fundamental desarrollar una política de promoción agroalimentaria en todos los sectores, de manera consensuada evidentemente con los propios sectores productivos, es decir, corresponsable con los sectores y financiándola conjuntamente con los
sectores y, desde luego, actuando la Administración -cuando así tenga que hacerlo- como motor de esa política de promoción en aquellos ámbitos más sensibles, en aquellos ámbitos más delicados o en aquellos sectores que pudiesen estar en una
situación coyuntural de crisis. La promoción agroalimentaria crece un 17,4 por ciento en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, lo que supone un esfuerzo importante que se plasma en dicho presupuesto.
En el ámbito de la alimentación es fundamental apostar por la mejora de la vertebración de los sectores productivos. En este caso recuerdo a SS.SS.
que la política de creación, desarrollo y mantenimiento de interprofesiones es una política
por la que siempre ha apostado el Gobierno de España. Desde esa perspectiva a lo largo del próximo año pretendemos abordar no sólo una revisión de las interprofesiones actuales para potenciarlas y dinamizar su funcionamiento a favor de sus
sectores, sino también apostar por la puesta en marcha de otras interprofesiones en sectores estratégicos, en los que hoy existen grandes dificultades para formarlas, pero que el Ministerio de Agricultura no va a escatimar esfuerzos para que esas
interprofesiones sean una realidad y funcionen cuanto antes. Indudablemente, también es importante tener en cuenta todo lo relativo al fichero coordinado de industrias. Es un esfuerzo que se culmina el próximo ejercicio, que va a significar la
puesta al día de la realidad de la industria agroalimentaria española, que será consultable por todos los sectores y por toda la sociedad, para saber al día cuál es el tejido real de industria agroalimentaria que tenemos en España. Desde luego, la
política de evaluación de nuevos alimentos y de cooperación con las organizaciones sectoriales y profesionales va dirigida a todo lo que es la implementación de líneas y medidas de apoyo en beneficio del sector agroalimentario. Dentro de esta línea
de actuación se contempla específicamente líneas que se abren para el plan de actuación del sector vitícola y para el plan de mejora de la competitividad de la avicultura de la carne de pollo, ambos en el ámbito de la Dirección General de
Alimentación. En todo caso, estoy a su disposición por si quieren entrar en más detalles con posterioridad.
Termino esta primera intervención con lo que son los servicios generales del departamento y haciendo una última referencia al Fondo Español de Garantía Agraria, por su importancia, y a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. Por lo que se
refiere a los servicios
generales de agricultura hay un incremento en las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias. Tras varios años de congelación de la partida presupuestaria hay un crecimiento del 4,5 por ciento en dicha partida. Hay un incremento
muy notable en la partida destinada a cubrir los daños ocasionados por siniestros extraordinarios, con un incremento de un 36,8 por ciento. Aquí se contempla entre otras cosas el plan específico, pactado entre la Administración general del Estado y
los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de la Diputación General de Aragón, para la recuperación del olivar afectado por las heladas en este ejercicio. Son planes que ya contemplan la dotación financiera en el presupuesto del año próximo y
que se ponen de acuerdo con estas administraciones para cofinanciarlos. Igualmente destaca el plan de sistemas de información del ministerio, el plan integral informático, que con una nueva revisión con un horizonte temporal para el año 2006 va a
continuar evidentemente con la política de modernización de las comunicaciones internas y externas, pero no solamente desde el punto de vista administrativo, sino del de la comunicación con los agricultores y con los ganaderos, para facilitar la
gestión de todos los mecanismos de la PAC, a través de sistemas telemáticos e informáticos, lo que significa un crecimiento del 7 por ciento.
Es importante apuntar que hay una bajada muy sensible, afortunadamente, en la dotación del sistema de información geográfica, del SIG oleícola, con más del 50 por ciento, exactamente el 50,3 por ciento de bajada. Digo afortunadamente porque
eso significa que el SIG se termina, porque dentro de este mes se presentará a la Unión Europea la homologación en la gran mayoría de España y el año próximo quedará simplemente acabar de pagar los flecos del SIG oleico. Esto supone una gran
inversión de la Administración del Estado en solitario, que finalmente verá terminado su periplo en el próximo ejercicio.
Seguimos manteniendo el Plan nacional contra la siniestralidad en el campo, en el que entraremos en políticas preventivas sobre todo en el ámbito de la siniestralidad agraria con una dotación que aumenta el 19,8 por ciento sobre la del
ejercicio anterior y con una colaboración estrecha con las organizaciones profesionales agrarias y con los sectores productivos. Se mantiene la inversión en el registro nacional coordinado de explotaciones agrarias, que está en fase de elaboración;
en materia de estudios agrarios se contempla un incremento del 27,9 por ciento y en cuanto a cuotas a organismos internacionales se contempla un 132 por ciento de incremento que, como bien saben SS.SS., nos viene impuesto de fuera, por tanto, no
tenemos margen para presupuestar más ni menos, simplemente presupuestamos las cuotas.
También es importante destacar que en el ámbito del Fondo Español de Garantía Agraria, en cuanto al FEOGA-Garantía, en el capítulo de la regulación de los mercados agrarios, las subvenciones a la producción agraria crecen el 6,8 por ciento y
las medidas de desarrollo rural crecen el 2,4 por ciento. Un capítulo importante en el ámbito del Fondo Español de Garantía Agraria es la dotación prevista en este organismo autónomo para el proceso de creación del SIG-PAC, que evidentemente se
refiere a todos los demás cultivos que no son el olivar, el viñedo o los cítricos, que llevan sus propios registros por separado, lo que supone un 400 por ciento de incremento en relación con la dotación del ejercicio anterior.
Tenemos la
obligación por imperativo comunitario de tener terminado este SIG-PAC el 1 de enero de 2005, y para el que hemos pedido la cooperación -en este caso esperamos que sea estrecha- de las administraciones territoriales y la cofinanciación por parte de
las mismas, para que sea una realidad el 1 de enero de 2005, porque va a significar un esfuerzo enorme, aunque espero que se realice con menos problemas que los que significó en su día el SIG oleico.
Si les parece, señorías, paso a las sociedades estatales. Con esto terminaría la parte de subsecretaría y me sometería a las preguntas que quisieran formularme de esta parte. Las sociedades estatales tienen dotado el 80 por ciento de las
previsiones de dotación hasta 2008. Por tanto, tienen la capacidad suficiente para acometer toda la demanda que ahora mismo hay en las comunidades de regantes en toda España, lo cual es un hito histórico nunca antes alcanzado en la historia
agronómica de España. Las sociedades estatales tienen un total de 75 convenios firmados con comunidades de regantes, de los cuales 26 corresponden a la meseta sur, 30 a la del nordeste, seis a la del sur y el este y 13 a la del norte. De dicho
total, un convenio fue firmado en el año 2000, en el 2001 fueron 40 y 34 van firmados a lo largo del año 2002. El importe total del presupuesto de ejecución de las obras proyectadas asciende a 786,87 millones de euros, y de ese importe 342,28
corresponderían a las SEIASA y el resto a las otras administraciones agrarias, incluidos los retornos de la Unión Europea, y a los fondos propios de los regantes y de las comunidades de regantes. Estamos hablando nada más y nada menos en proyectos
firmados -para entendernos- de 314.966 hectáreas, lo cual es una superficie importante al día de la fecha, teniendo en cuenta en la que nos encontramos. Estamos hablando de 118.185 regantes beneficiados por estos acuerdos suscritos con comunidades
de regantes, a las que me he referido.
Además ya hay cosas ejecutadas. Se han ejecutado completamente cinco obras, que ya están terminadas, entregadas y recibidas, y otras diez se encuentran en fase avanzada de ejecución, y se cumplirán razonablemente los plazos previstos en las
propias adjudicaciones. Tengo que decir que el resto está en fase de adjudicación, en fase de elaboración de proyecto, en fase de licitación o en fase de revisión cuando se trate de un proyecto más obsoleto, más antiguo. Por tanto, desde esa
perspectiva y con independencia de que si quieren
más información estaré encantado de dársela si la tengo aquí o, si no, de remitírsela, aquello de lo que inicialmente se dudó, después fue cuestionado y seguidamente criticado, se ha convertido en el instrumento fundamental de la ejecución
del Plan Nacional de Regadíos, no de la Administración del Estado sino de todas las administraciones del territorio nacional, en las que están implicadas y con las que colaboran todas las administraciones territoriales.
El capítulo 6 del ministerio, al que antes me he referido cuando he hablado de regadíos, y la dotación de las SEIASA a través del capítulo 8 a lo largo de todos estos años hacen prever que siempre que el esfuerzo económico del resto de las
administraciones mantenga el mismo grado de intensidad que el esfuerzo económico de la Administración del Estado, seremos capaces de ejecutar la gran mayoría, si no la totalidad, del Plan nacional de regadíos al horizonte 2008. En este tema llamo
también la atención sobre que -como han visto SS.SS.- son distintos los grados de ejecución del plan en las distintas zonas de la geografía española, y eso es un elemento de preocupación para la Administración del Estado y también para las
administraciones territoriales; distintos grados de intensidad que en algunos casos vienen motivados por una dificultad para convencer del sistema de ejecución a la Administración territorial. Una vez soslayado ese pequeño inconveniente y puesta
en marcha la metodología y visualizada esa metodología por los regantes y las propias administraciones esperamos que se corrija.
En todo caso, el Plan Nacional de Regadíos tiene su propio mecanismo de eficiencia financiera y su propio mecanismo de corrección financiera. El Plan Nacional de Regadíos contempla una revisión en su totalidad a fecha 31 de diciembre de
2003 a través del Consejo interterritorial para la gestión del Plan Nacional de Regadíos, en el que están sentadas todas las administraciones y todos los representantes de los regantes, y con esos criterios de eficiencia se garantizará la
optimización de los recursos a favor de aquellas zonas de España que hayan sido capaces de acometer sus inversiones con la eficiencia y el ritmo que contempla el Plan Nacional de Regadíos.
Señor presidente, por mi parte nada más en esta primera intervención.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Cuadrado, en nombre del Grupo Socialista.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor subsecretario, por sus explicaciones.
Para empezar debo decir que en el tono que ha empleado en toda la intervención he notado un no excesivo entusiasmo, no sé si porque la legislatura ya está avanzada. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de problemas, los enormes
problemas que tiene el sector agrario que tiene derecho a esperar de un presupuesto de la Administración general del Estado, del Gobierno de España respuestas a sus problemas, la verdad es que viendo cada una de sus aportaciones para cada uno de los
aspectos del presupuesto, no he visto precisamente entusiasmo. Es más, coincide con las características que -al menos desde mi punto de vista- tiene este presupuesto. Es un presupuesto que nace derrotado, nace claudicante; ante los gravísimos
problemas del sector agrario nace sin respuesta, como si de antemano diera por hecho que no tiene nada que hacer. Quiero empezar por ahí, señor subsecretario. El sector agrario español vive problemas realmente graves, en algunos sectores problemas
de supervivencia, y alguno ha citado. Quiero recordar, por ejemplo, el del sector avícola de carne de pollo, que ya tiene un acuerdo firmado en el año 2001 (no sé si es porque el acuerdo no se ha desarrollado) pero lo cierto es que está viviendo
una crisis bastante importante, a pesar del acuerdo; o el sector de carne de conejo, o el sector de la patata, o tantos otros. Alguna forma de expresarlo habría que buscar. No hay mejor forma de hacerlo que con los datos del Instituto Nacional de
Estadística de la evolución de la contabilidad nacional, de la evolución del producto interior bruto, rama agraria y pesquera, que es justamente la que corresponde a este ministerio. Durante todo el año 2001, trimestre a trimestre, el Instituto
Nacional de Estadística nos ha ido dando la mala noticia de un crecimiento negativo de la rama agraria y pesquera. Por ejemplo en el segundo trimestre de 2001 fue el menos 3,9 por ciento, el tercer trimestre menos 0,6 por ciento, el cuarto
trimestre menos 5.2 por ciento; en el año 2002, el primer trimestre menos 2,3 por ciento, y el último dato, en el segundo trimestre menos 3,8 por ciento.
Usted ha hecho referencia a otros sectores también implicados en los Presupuestos Generales del Estado: el turismo, la industria, etcétera.
¿Qué ocurriría en cualquier sector de la actividad económico -piense en el turismo o en otro- que
tuviese unos datos de estas características? Datos de la recesión económica que se está viviendo en el sector agrario, y a esa calificación se le puede añadir que tenemos los datos acumulados trimestre tras trimestre, de un crecimiento negativo.
Por referirme a la industria agroalimentaria, que también se recoge en el presupuesto, son datos de las propia FIAB, los últimos datos que tenemos son que en los años 1999, 2000 y 2001 la producción del sector industrial agroalimentario es negativa
en términos físicos: en 1999 menos 0,10 por ciento; en 2000, menos 0,91 por ciento, y en 2001, menos 1,89 por ciento.
En pesetas constantes, viéndolo en términos de valor menos 1,46 por ciento en 1999; menos 2,71 por ciento en 2000, y menos 0,99
por ciento en 2001. Repito, son datos de la FIAB recientemente publicados. Por tanto, esto es lo que está viviendo el sector. Y la pregunta es: ¿El Gobierno español, el Gobierno del Partido Popular, responde
con un presupuesto que se adapte a esta situación que vive el sector? Usted ha hecho verdaderos malabarismos contables en los datos estadísticos para hablarnos de un crecimiento del presupuesto que usted no se cree. La aportación del
subsector Estado al presupuesto de agricultura usted sabe perfectamente que viene decreciendo, ya lo hizo en el presupuesto anterior -lo recordará, lo discutimos, y ahora lo reconoce en sus propios documentos el ministerio, como no podía ser de otra
manera, porque eso es difícil de ocultar- y vuelve a tener un crecimiento negativo en pesetas constantes este año. Por emplear palabras, señor subsecretario, que ha empleado en otros debates presupuestarios, en otras presentaciones de presupuestos,
lo que realmente aporta el Gobierno (lo que señala la preocupación o la sensibilidad por el sector agrario del Gobierno español, sin mezclarlo con la aportación de las transferencias de la Unión Europea, que usted sabe que no se discuten hoy aquí,
porque esas forman parte de otro presupuesto, y son transferencias que luego si quiere comentamos si son muchas o pocas o de cómo han evolucionado en los últimos años, pero que no son la decisión del Gobierno español cuando presenta sus
presupuestos) tiene que ver con el subsector Estado. Esto generalmente no se suele discutir, incluso el Gobierno que presenta el presupuesto lo hace (si realmente cree que su presupuesto es bueno, si realmente cree que tiene datos positivos)
refiriéndose a lo que aporta el subsector Estado, es decir, lo que aporta el Gobierno español en sus presupuestos a los distintos sectores a los que hace frente este presupuesto, en este caso al sector agrario y pesquero.
¿Cuáles son los datos? Los tienen ustedes en los propios documentos. Usted ha hecho antes unos circunloquios, ha dado unas vueltas y revueltas muy raras. El subsector Estado tiene una evolución de un presupuesto a otro, del presupuesto de
2002 al de 2003 de 1.387 millones de euros a 1.395 millones de euros; es el dato del presupuesto sin consolidar, subsector Estado que usted sabe que es el que se compara y el que se utiliza y el que aparecerá en las revistas especializadas, el que
aparecerá en los análisis que se hagan del presupuesto, en la documentación que se ponga en circulación o que ha sido puesta ya en circulación. Además lo señala la propia documentación que ustedes nos aportan. Por ejemplo, página 82 del
presupuesto de 2002: exactamente la cantidad que he señalado, es decir, 1.387 millones de euros; página 86 de la memoria de su ministerio: exactamente la cantidad que yo he dado, 1.395 millones. La diferencia es un más 0,5 por ciento, que en
términos reales, con la inflación, la prevista o la real, me da lo mismo, lo que hace es disminuir los recursos que el Gobierno aporta al sector agrario para este año. Llueve sobre mojado, porque efectivamente esa ya era la tendencia el año
anterior. Por citar simplemente un documento del propio Gobierno le hablaré del presupuesto de gastos a 31 de agosto, aportado a esta Cámara hace bien poco. Ya se reconoce, como no podía ser de otra manera, en el presupuesto de 2002 con respecto a
2001 que había un descenso del 2,1 por ciento, esto en pesetas corrientes, que lógicamente si aplicamos la inflación y no digamos el PIB nominal significa un decrecimiento espectacular sólo en dos presupuestos seguidos.
Partamos de un hecho, de una evidencia: para el Gobierno del Partido Popular los sectores agrario y pesquero no son una prioridad. Si hemos de atender a los presupuestos, que son los que reflejan las prioridades que tiene un Gobierno en su
política de gastos, desde luego los sectores agrario y pesquero, a pesar de la situación que está viviendo, no son una prioridad para este Gobierno. Vayamos por detalles, porque usted ha dicho también algo que ha hecho en otros debates
presupuestarios, es decir, de un programa de gasto selecciona un concepto presupuestario y se olvida del resto y normalmente encima no nos da el dato global. Vayamos por programa de gasto, viéndolos global y rigurosamente. Por ejemplo, empecemos
por el Plan Nacional de Regadíos, al que usted ha dedicado bastante tiempo, le ha dedicado un esfuerzo mayor. El Plan Nacional de Regadíos, programa de gasto 531.B, tiene en este presupuesto que hoy defiende usted aquí un descenso del 12,87 por
ciento. Viendo el total del gasto del presupuesto de 2002, total del gasto de 2003, menos 12,87 por ciento. Ese es el esfuerzo, la aportación que hace el Gobierno. Usted puede destacar el presupuesto de inversiones, del que luego voy a hablar, o
puede destacar el capítulo 7 o puede destacar el capítulo 8, lo que usted quiera, pero globalmente, la suma, lo que es el presupuesto de gasto del Plan Nacional de Regadíos, supone un menos 12,87 por ciento, a pesar de que, como nos viene diciendo
año tras años, seis años seguidos, el Plan Nacional de Regadíos, aprobado o no aprobado, porque en los documentos aparece igual, horizonte 2008, era la gran prioridad de este Gobierno; repito, menos 12,87 por ciento. Pero llueve sobre mojado,
porque ya el año pasado descendió el 24 por ciento. Dicho de otra manera, hemos pasado de un presupuesto en el Plan Nacional de Regadíos de 239 millones de euros en 2001 a 181 millones de euros en 2002 y a 157 millones de euros en 2003, es decir,
una progresión más que descendente, en picado. En sólo dos años ha habido un descenso del 34 por ciento en un presupuesto de gasto como éste.
Además si se invirtiera lo que se presupuesta... Usted puede hacer todos los alardes del mundo cuando habla del capítulo 6 y del gran esfuerzo del capítulo 6 que, por cierto, destacarlo en el conjunto del presupuesto de gasto del Ministerio
de Agricultura sobre el total de los más de 8.000 millones, con la incidencia que tienen el capítulo 7 o el capítulo 4, por razones obvias, me parece que no es precisamente añadir mucha luz al entendimiento del presupuesto. Si se gastara lo que se
presupuesta valdría, pero es que no se gasta. Basta ver
unos datos que yo no sé si habrá revisado, porque los repiten año tras año, pero son los indicadores que ustedes establecen en la memoria. En los indicadores nos dicen, presupuesto tras presupuesto, las previsiones que hacen para cuántos
kilómetros de riego van a hacer durante un año, cuántos kilómetros de redes de desagüe, cuántos kilómetros de redes de caminos, cuántos metros cúbicos en embalses y depósitos, cuántas obras singulares, etcétera. Sólo hay que ir viendo, documento a
documento de presupuestos, la memoria para ver hasta qué punto ustedes presupuestan algo que no tiene nada que ver con lo que ejecutan después, con lo que es el presupuesto real, con lo que se gasta realmente. Le pondré ejemplos si quiere. En el
presupuesto del año 2000 ustedes decían que para el año 2001 iban a hacer 271 kilómetros de redes de riego, después nos dicen que han realizado 115 exactamente; nos dicen, por ejemplo, que van a hacer 96 kilómetros de redes de desagüe y después
ejecutan 36; nos dicen que van a hacer embalses y depósitos exactamente para 332.000 metros cúbicos y lo hacen para 80.000 metros cúbicos. No tiene nada que ver lo que presupuestan con lo que hacen. Exactamente lo mismo podemos ver en el año 2001
viendo el presupuesto de 2002. Por tanto, usted puede decir que tiene un presupuesto importante de inversiones, pero luego la realidad lo desmiente. La realidad, por ponerle algunos ejemplos, son los regadíos de la margen izquierda del Tera, en la
provincia de Zamora, los regadíos en Aragón o los regadíos pendientes de ejecución desde el año 1996, que están paralizados y siguen exactamente igual. El propio Plan Nacional de Regadíos lo pone de relieve. Cuando hace un balance de cuánto se ha
ejecutado hasta el año 1996 y cuánto se ha ejecutado desde el año 1996 hasta el año 2000, esa columna está absolutamente vacía porque no se ha ejecutado ninguno de esos proyectos de presupuesto. Así que desciende el presupuesto, pero es que además
ejecutan bastante menos de lo que presupuestan; eso en cuanto al Plan Nacional de Regadíos. Luego hablaré de las SEIASA, por seguir el mismo orden que ha seguido usted en su intervención.
En cuanto al programa de gastos 716.A, la industria agroalimentaria y la calidad y la seguridad alimentaria, que efectivamente debería ser un gran objetivo de un gobierno, sobre todo después de lo que ha llovido, usted puede seleccionar
programas de gasto, conceptos presupuestarios, lo que le pueda interesar, pero aquí hay unos datos globales que nos dicen lo siguiente. Este programa, efectivamente es muy importante, y usted puede seguir repitiendo año tras año que la industria
agroalimentaria es el motor que efectivamente tira del sector agroalimentario, de la producción en origen, del sector agrario, del sector pesquero, etcétera; algo en lo que no hay más remedio que coincidir, y es normal que sea así, pero luego hay
que ver no la prédica sino el trigo, porque, como se dice, sobre todo en nuestro sector, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Pues bien. ¿Cuál ha sido la evolución del presupuesto total de este programa de gasto? Total, porque, si nos
atenemos a un programa concreto y nos olvidamos de otros, estamos falseando la realidad. El total de este programa de gasto, su radiografía es el siguiente. En el año 2001 se presupuestaron 69 millones de euros. En el año 2002 se descendió a 64
millones de euros y en este presupuesto que usted presenta hoy se sube a 67 millones de euros. Es decir, todavía estamos por debajo de lo que se presupuestó en el año 2001 o, dicho de otra manera, ha descendido respecto al 2001 casi el tres por
ciento; eso sin hablar en euros reales.
Si quiere hablar del fomento de la industria agroalimentaria, que efectivamente es la parte fundamental de este programa de gasto, lo tendrá que hacer de la crisis que está pasando, según hemos visto cuando hemos visto en los datos de la
evolución negativa de los tres últimos años dados por la FIAB. Ese programa de gasto era de 51 millones de euros en el año 2001, en el año 2002 desciende a 43,9 millones de euros y en el año 2003 lo hace aun más, descendiendo a 42,8 millones de
euros. El gran esfuerzo al que usted ha dedicado tanto tiempo - y aquí tenemos los datos, aunque el discurso o la música sean todo lo espectacular que se quiera- ha significado que el programa presupuestario de fomento de la industria
agroalimentaria española ha descendido el 16 por ciento en dos años. Eso es lógico, porque estamos hablando de un presupuesto que está decreciendo y que va en picado. En alguna parte tiene que estar reflejada la realidad. Además la eficacia en la
lucha contra los sectores en crisis - y antes ponía el ejemplo con la carne de pollo- parece bastante floja cuando las cosas están como están. Los indicadores que ustedes aplican les ponen claramente en evidencia. Si utilizamos los indicadores que
ustedes reflejan en la memoria - antes hablábamos de kilómetros de redes de riego -, cogiendo el primero de estos datos, el apoyo financiero con las pruebas de asistencia técnica y de gestión a la industria agroalimentaria, y observamos lo que se
iba a ejecutar en el presupuesto del año 2002 para el año 2001 y lo que realmente se ha ejecutado, no tiene nada que ver. Por poner un ejemplo, se había previsto hacer 42 expedientes de apoyo financiero para estos planes y en el año 2001 sólo
aparecen realizados dos. Con este nivel de ejecución presupuestaria, ya no sólo es grave que el presupuesto descienda en picado, sino que no se ejecuta. Esos programas de los que se habla no se hacen. Así que va a ser difícil que el sector
agroalimentario sea el motor del que todos hablamos. Desde luego en la práctica ustedes demuestran que es el motor cuando hablan de ello, pero no es cuando presupuestan y, sobre todo, cuando gestionan y ejecutan el presupuesto.
Desarrollo rural. Este es un tema fundamental. Usted ha hablado del Lider y del Proder y no nos ha dicho que el presupuesto de este año dice que la cantidad es la misma que el año anterior. Desgraciadamente, vamos
con un enorme retraso en la gestión y además en la misma cantidad. Por lo tanto, no sé si usted quería dar la impresión de que había habido un esfuerzo añadido este año - y a mí me gustaría que el Gobierno de España tuviera su propia
política de desarrollo rural- , pero veo que hace una aplicación sistemática y con gravísimas lagunas del segundo pilar de la política agraria común. No han hecho nada nuevo, ni han aportado ni innovado nada, cuando sería algo fundamental, porque
no se olvide que nuestro país tiene casi un 90 por ciento del territorio que depende del desarrollo rural. Por lo tanto, cualquier equilibrio territorial y social de fijación de población, etcétera, es vital. Además, casi el 25 por ciento de
nuestra población vive en municipios rurales. Por lo tanto, sería deseable que el Gobierno de España tuviese una política de desarrollo rural propia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aparte de datos que estabilizan el presupuesto en términos reales,
incluso lo desciende algo, deflactando con el IPC, vemos que la realidad de lo que se ha ejecutado en el presupuesto y lo que ha ocurrido es muy diferente. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo no va a ser un objetivo fundamental de cualquier gobierno
la incorporación de jóvenes y de las mujeres a la actividad productiva agraria? No se trata de llevar mujeres de una organización de un lado a otro en autocar. Se trata de la incorporación real de jóvenes y mujeres en la actividad agraria. ¿Cómo
no va a ser la aspiración de un Gobierno cuando tenemos los datos que tenemos de envejecimiento de la población agraria, etcétera? ¿Qué es lo que ocurre? Que en un programa vital que responde a este objetivo, que es el de la instalación de
jóvenes, nos encontramos con una diferencia abismal entre lo que se presupuesta y lo que se realiza, entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se hace. Que conste que en el presupuesto se dice que se va a hacer bastante poco para el problema
que tenemos, pero es que además se hace bastante menos de lo que se dice. Según los datos de jóvenes instalados en el presupuesto del año 2002, cuando el programa se ha puesto en marcha, se dice que para el año 2001 se van a instalar 6.200.
Cuando
miramos en el presupuesto del 2003 la columna de lo realizado, lo que ya es un dato y no una previsión, vemos que se han instalado 4.341.
El descenso porcentual entre lo que se prevé y lo que realmente se ejecuta es significativo. Ya sé que esto
depende del esfuerzo de las administraciones. Puede hacer usted todo el discurso que quiera en relación con la cooperación, pero no me negará que el principal esfuerzo del Gobierno de España en el Estado de las autonomías es establecer instrumentos
de cooperación que hagan posible que los programas salgan adelante. Lo cierto es que esto es un enorme fracaso. Luego le haré las preguntas concretas, pero en los demás casos ni siquiera aparecen los datos, aparece la columna vacía. Aparece la
previsión en los indicadores, pero esto desaparece cuando se habla de lo realizado. Hay guiones y no datos concretos. Es verdad que la formación es muy importante, tanto que no entiendo cómo se presupuestan 20 becas en este programa de gasto, y
cuando voy a ver exactamente cómo se ha ejecutado constato que no se ha concedido ninguna. Esto es muy importante, pero a parte de decirlo y de presupuestar muy poco para este tema, ejecútese y gestiónese lo que, siendo poco, se presupuesta en los
Presupuestos Generales del Estado.
Respecto a la política de seguros, usted vuelve a decir que somos los campeones del mundo mundial y que nos imitan en todo el mundo en cuanto a la previsión de riesgos y el programa de seguros. Yo ya se lo he dicho en años anteriores, por
lo tanto, no voy a insistir. Si uno quiere ver cómo ha evolucionado la aportación de la Administración general del Estado en forma de subvención para este programa de seguros, puede verlo. En el año 1982 había 2.022 millones de pesetas y en el año
1996 había 18.549 millones de pesetas. Uno puede hacer los porcentajes y ver lo que evoluciona año a año y los esfuerzos que se hacen y, sobre todo, que es lo más importante, ver si la evolución de ese esfuerzo presupuestario nos permite hablar de
ir hacia un horizonte de una red de seguridad con seguros sea a los rendimientos o sea a los precios. Ustedes siguen hablando de hacer algo experimentalmente, y este año es verdad que citan unos municipios concretos. Con este esfuerzo
presupuestario es muy difícil ir más allá de unos seguros que tienen gravísimas dificultades; piénsese en el del olivar, que habrá de modificar radicalmente, y otros en los que no se firman las pólizas de seguros, lo que hace fracasar toda una red
de seguridad.
En conclusión, antes de hablar de las SEIASA, ustedes han marcado unos objetivos que repiten año tras año. Han dicho, por ejemplo, que una de las grandes necesidades del sector es hacer una ley básica de agricultura y desarrollo rural, una
ley que tenga que ver con la propiedad, etcétera; sin embargo, reconozco un cambio en el presupuesto de este año. Hasta ahora decían: Estamos preparando estos textos legales. Este año varían, viene recogido en la memoria, y dicen: Estamos
preparando un libro blanco que servirá de punto de partida para presentar el proyecto de ley básica de la agricultura, desarrollo, etcétera. Es decir, después de haberse comprometido a presentar unos proyectos de ley específicos empiezan a hacer
estudios relacionados con el libro blanco. Ese no era el compromiso que tenía el Gobierno. En cualquier caso, lo que están haciendo para un sector que necesita urgentemente tener una política agraria, que es justamente lo que falta, es poner paños
calientes o alargar la agonía de ese sector.
En cuanto a las SEIASA, empezaré con preguntas concretas. Esta parte será telegráfica, pero lo más precisa y concreta porque quiero aplicar un derecho que espero que este año se cumpla de petición de documentación.
Es verdad que hubiéramos
preferido que hubieran venido los presidentes de cada una de las SEIASA, pero no ha sido así. Queremos recordar el derecho que tenemos a que en este acto de esta Comisión, aquellos
documentos, aquella información concreta que solicitemos los grupos nos sea proporcionada en el marco del propio debate presupuestario. Primera cuestión: Dice que después de crearse las SEIASA en 1999 y haber tenido antes varios años,
desde mediados de 1996, para hacer modernización de regadíos en España a fecha de hoy hay cinco obras ejecutadas. Nos gustaría que nos dijera con precisión cuáles son esas cinco obras ejecutadas después de tantos años, cuántas hectáreas, el coste
que han tenido y el sistema de financiación de cada una de ellas, es decir, qué parte de financiación aporta la comunidad de regantes, qué parte de financiación aporta la Unión Europea a través de los retornos, qué parte aporta la comunidad autónoma
y qué parte aporta la SEIASA, esto es, qué parte aporta la Administración general del Estado que será recuperada por la propia Administración general del Estado. Conviene decir que en este nuevo sistema de financiación que seguimos criticando al
margen de los presupuestos, la Administración general del Estado no aporta nada, lo que aporta lo recupera. Esta sería la primera cuestión.
Segunda cuestión. Queremos saber de cada una de las SEIASA qué convenios concretos se han firmado a fecha de hoy, de cada uno de ellos su ubicación, con qué comunidad de regantes, con qué sistema de financiación cada uno de ellos porque la
financiación no es la misma según los convenios y el sistema de financiación. Lo voy a repetir, aunque se entiende perfectamente. Tiene que ver con aportación y en qué condiciones temporales de las comunidades de regantes: aportación de la
comunidad autónoma, aportación de la Unión Europea a través de los retornos y aportación de la SEIASA y en qué condiciones.
Tercera cuestión. Es una pregunta más precisa: En los Presupuestos Generales del Estado del 2002 figura una cantidad de 2.228.000 euros asignada a la empresa pública SEIASA del Nordeste S.A, para la provincia de Teruel ¿Qué cantidad se ha
gastado hasta el 30 de septiembre de 2002, en qué proyectos y a qué municipios afecta? Exactamente lo mismo. En los Presupuestos Generales del Estado del 2003 aparecen cantidades referidas a la SEIASA del Nordeste S.A. para la provincia de Teruel
¿En qué proyectos y en qué municipios se piensa gastar este dinero? Y con precisión puesto que es una previsión presupuestaria, se habrá hecho por algo y seguro que la SEIASA es capaz de responder a esta cuestión. Repito que nos hubiera gustado
que cada uno de los presidentes, en este caso el presidente de la SEIASA del Nordeste, fuera el que contestara a estas cuestiones una por una; no obstante, dejaré una copia en la Mesa, pero es una pregunta de la que quisiera una respuesta con
precisión.
Cuarta cuestión. Del capítulo 6 del Plan Nacional de Regadíos, programa de gastos 531.B.1, regadíos en ejecución, primer bloque, qué obras se han adjudicado a lo largo del año 2002, con qué presupuesto y qué pagos se han hecho durante el
año 2002 para cada una de las obras que están en marcha en ese periodo presupuestario. Las mismas preguntas le dirijo para los regadíos sociales y para los privados, porque antes no lo he señalado. Le hago la pregunta globalmente: De los regadíos
sociales que vienen presupuestándose desde el año 1997 hasta hoy ¿cuántos se han ejecutado? De los regadíos privados que vienen presupuestándose desde entonces hasta hoy ¿cuántos se han adjudicado, qué obras se han adjudicado en concreto?
Otra pregunta concreta, en cuanto al programa de gastos 711.A, servicios generales, quisiéramos saber con detalle cómo se ha ejecutado el concepto presupuestario 770 referido al año 2002. En el presupuesto 2003, el que se ha presentado hoy,
hay un concepto presupuestario 471 en este programa de gastos 711.A que tiene el epígrafe: para cumplimiento de sentencias.
Quisiéramos que se nos especificara qué cumplimiento de sentencias son.
Es una partida presupuestaria de 1.439.000 euros.
Aunque se desprende de la intervención, en cuanto al programa de desarrollo rural 717.A, jóvenes instalados, queremos saber el número y subvenciones aportadas referidas al año 2002. La misma pregunta para planes de mejora y para cese anticipado.
En este apartado también nos gustaría conocer el número de hectáreas afectadas, en cese anticipado, y exactamente la misma pregunta para indemnización compensatoria.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Cuadrado, le ruego vaya acelerando en lo que pueda.
El señor CUADRADO BAUSELA: Sí, son dos preguntas muy concretas también como las anteriores ¿Qué modificaciones de crédito se han hecho hasta fecha de hoy del presupuesto del año 2002? Especifique en cada una de las modificaciones de
crédito el origen de los recursos, el destino y la razón de esa modificación de crédito.
Por último, hay una serie de trabajos relacionados con el libro blanco.
Nos gustaría que especificara el presupuesto de estos trabajos, sea del propio ministerio, de un organismo autónomo o de una empresa pública que tenga relación directa
con el ministerio, y el detalle de los mismos, así como su ejecución a fecha de hoy, a fecha del momento en el que se hace la pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Madero para hacer las preguntas que estime conveniente en representación del Grupo Popular.
El señor MADERO JARABO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular con una agilidad inusual en esta Comisión, porque luego habrá grupos que critiquen, pero de entrada ni vienen. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a
esta Comisión, señor subsecretario, agradecerle su información exhaustiva y puntual y decirle que nos parecen unos
presupuestos suficientes, unos presupuestos racionales, unos presupuestos que harán avanzar un poco más al sector. Cuando quien me ha antecedido en el uso de la palabra decía que los ha presentado usted sin entusiasmo, si se ha quedado
usted preocupado con esa afirmación, quiero liberarle de ella aclarando que es lo que dicen siempre. Si se habla con entusiasmo, es que somos raciales pero no responde a la realidad, y si se presentan con la seriedad, la profundidad y el rigor con
que lo ha hecho usted, se dice que falta entusiasmo. Hagamos lo que hagamos van a decir algo.
Conclusión: lo de siempre, el anuncio de grandes calamidades, grandes males, que otro año más viene el Apocalipsis. Ya no nos lo creemos, porque una
cosa es hacer oposición y otra tremendismo. Es más, quiero aprovechar su comparecencia para la presentación de lo presupuestos de la sección de Agricultura en esta Comisión para decirle que nos parece que se sigue del lado del rigor en la
confección y presentación de estos presupuestos y que varios programas están asignados a un órgano gestor.
No se comparten programas en varios órganos gestores, con lo cual el que sepa y quiera hacer el seguimiento, lo tiene fácil. No sucede como
en otras épocas en donde el seguimiento de un programa era un verdadero galimatías y un jeroglífico, en el que no había manera de saber por dónde iban las cosas. No sólo se presentan bien los presupuestos de 2003, sino que, con la documentación de
que disponemos y por las preguntas que hemos hecho en otras ocasiones al ministerio, observamos que el cumplimiento y ejecución de los presupuestos anteriores es altamente satisfactorio.
Aprovechamos para transmitir nuestro reconocimiento y
felicitación al señor subsecretario, a su equipo y a los funcionarios del Ministerio de Agricultura en épocas no fáciles, en momentos de dificultad; sin embargo, el capítulo presupuestario se cumple con rigor. En esta materia empezamos ya a ser
clásicos. Me parece que son los sextos presupuestos que presenta en esta Comisión el señor subsecretario. Con entusiasmo o sin él, con alabanzas o con críticas, lo cierto es que seguimos avanzando, sin hacer caso a las calamidades y males
anunciados, que afortunadamente no se cumplen nunca.
Se nos ha dicho que con estos presupuestos se va hacia atrás. La semana pasada el comisario de Agricultura, el señor Fischler, dijo en su comparecencia que de 1996 a 2001 la renta del sector en España se había incrementado un 25 por ciento;
no lo digo yo. En estos presupuestos nos complace ver una vez más cómo se incrementan los pagos compensatorios a la Agenda 2000. Esa es la gran partida que hace que en el campo español siga incrementándose la renta en la medida en que lo está
haciendo. Esos pagos compensatorios, derivados de los acuerdos de Berlín, lo que se llama la Agencia 2000, que han sido tan criticados y denostados por la oposición, al final es el seguro de vida del sector primario del campo español. Conviene
recordarlo porque un año más, y gracias a las gestiones que en su día hizo el ministerio y que remató en la jugada el actual titular del gabinete, el señor Arias-Cañete, se están manteniendo unos niveles de estos pagos compensatorios que un año más
vamos a poder disfrutar, cuando se nos anuncia una reforma, y conviene recordarlo, a la que mi grupo se opuso tajantemente y pidió la retirada la semana pasada.
Sin embargo, quien me ha precedido en el uso de la palabra, a pesar de lo importante de
esta partida en los presupuestos y para la vida del campo, dijo que coincidía con el señor Fischler en los objetivos de la reforma.
No nos engañemos, los objetivos son la disminución pura y dura de esta partida, el Feoga-Garantía, tan importante
para el campo español.
En el aspecto del desarrollo rural y los programas Líder y Proder, de la lectura que hacemos de los presupuestos y de la información que nos ha dado el señor subsecretario entendemos que es una cifra importante, que es un presupuesto
suficiente. Los frutos tangibles de los programas Líder o Proder ahí están; sin embargo, es momento de contrastar el esfuerzo que hacen el Ministerio y la Unión Europea con la torpeza de algunas comunidades autónomas, sobre todo alguna con
gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista, que pone palos en las ruedas para que no ande, y luego protesta de que no anda. Sigamos por ese camino en los programas Líder y Proder, que son la prueba más evidente de que este Gobierno sí cree
en el medio rural y en su desarrollo. En materia de seguros se están haciendo las cosas francamente bien. Este no es un asunto que se resuelva en un cuarto de hora. Desde 1996 con el Gobierno del Partido Popular y con el presidente del Gobierno
José María Aznar, se está apostando claramente y de forma inequívoca a favor de los seguros agrarios, en nuevas modalidades, en nuevas coberturas, que es la base de una agricultura moderna.
Finalmente, me referiré a otro de los grandes capítulos que es el de los regadíos. Mi grupo coincide en que en los capítulos 6, 7 y 8, tanto en las aportaciones directas en los capítulos para inversiones del Ministerio de Agricultura como
en el capítulo 8 de transferencias a las SEIASA, ahora mismo hay una dotación financiera más que suficiente para continuar las inversiones que ya se estaban haciendo y acometer las nuevas que exige la puesta en marcha del Plan Nacional de Regadíos.
Quiero manifestar tres preocupaciones. Una es la que nos ha expresado el señor subsecretario de que algunas comunidades autónomas van lentas a la hora de hacer las inversiones que exige el Plan Nacional de Regadíos. Es una preocupación que
compartimos y que en su momento habrá que analizar más en profundidad. Otra, que no la ha dicho el señor subsecretario, pero la digo yo, porque me he leído los proyectos de presupuestos de las 17 comunidades autónomas, sobre todo en aquellas donde
el Plan Nacional de Regadíos y el Plan Hidrológico Nacional tienen una importancia más relevante,
es que en algunas nos preocupa la cifra, que voy a calificar de inadecuada, para cofinanciar las obras que les corresponde, ya que se traducirá indefectiblemente en retrasos. Eso lo enlazo con las palabras que se han pronunciado en cuanto a
las SEIASA, ya que me gustaría que el tema no se liquidara en diez minutos, contestando a cuatro preguntas que hayan hecho al señor subsecretario. Por cierto, no sé si estará en condiciones de responder con la exactitud que se le pide; en todo
caso, no sé lo que dirá el Reglamento, ni si el señor subsecretario tiene obligación de contestar en este acto puntual, a mi grupo le da igual. Lo que sí le anuncio es que pediremos en su momento una sesión en esta Comisión para estudiar a fondo el
tema de las SEIASA, de estas sociedades estatales, porque mi grupo considera que no se puede despachar en diez minutos; en una sesión lo extensa y profunda que entendamos oportuno se pedirá información, repito, sobre las SEIASA para conocer a fondo
todo lo que el señor Cuadrado quiere saber ahora en información más o menos superficial. Señorías, el comportamiento del Partido Socialista en materia de regadíos es absolutamente contradictorio en cada comunidad autónoma. El colmo del desahogo es
que aquí alguien del Partido Socialista se erija en guardián de los regadíos, cuando ese partido ha votado de forma contradictoria en cada comunidad autónoma y en cada foro político. Estudiemos el tema a fondo, con todas sus consecuencias, en una
reunión ad hoc de la Comisión que mi grupo pedirá en su momento.
Con estas palabras, señor subsecretario, le reitero mi felicitación por los presupuestos del año 2003, en nombre de mi grupo. Como he dicho al principio, nos parece un presupuesto suficiente y eficiente. Digo que es suficiente porque
entendemos que atiende perfectamente las necesidades del sector por el volumen de recursos que contiene y no sólo en lo que se refiere a la financiación europea, sino también en lo que respecta a los recursos nacionales. Lo consideramos eficiente
porque las asignaciones a los diferentes destinos se han realizado pretendiendo maximizar la rentabilidad económica y social en la aplicación de recursos, como debe ser.
Sin nada más y esperando otro turno de intervención en esta absurda distribución de intervenciones que hemos hecho, le reitero mi agradecimiento.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: En relación con la referencia que hacía el portavoz del Grupo Popular, quería decir que las preguntas que he hecho se pueden responder hoy o se pueden responder por escrito, por supuesto.
El señor VICEPRESIDENTE: Efectivamente, señor Cuadrado, esta presidencia, como no podía ser de otra manera, ampara al señor subsecretario en el sentido de que si él lo estima conveniente, si tiene documentación suficiente o es conocedor de
las respuestas a las preguntas que se han planteado por los grupos parlamentarios, sabe que puede contestarlas ahora o puede hacerlo por escrito.
Para contestar a los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Gracias por su amparo, señor presidente, pero dejo a criterio de la presidencia la metodología porque en este caso prácticamente podría responder a la totalidad
de las cuestiones que se han planteado por el señor Cuadrado y por el portavoz del Grupo Popular. Lo que sí es cierto es que si lo hago así, nos puede llevar toda la mañana y parte de la tarde, por lo que por razones de eficiencia quizá sea más
correcto mandar las respuestas a algunas cuestiones por escrito o bien me ofrezco encantado para poder participar en una sesión específica e informar con el rigor y el detalle que se corresponda y que solicite esta Comisión en relación con las
sociedades estatales.
El señor VICEPRESIDENTE: Para administrar mejor el tiempo que tenemos en esta Comisión, sería mejor, si no le parece mal al solicitante de la información, que se remita por escrito.
El señor CUADRADO BAUSELA: Me parece bien, pero, como dije antes, en el ámbito temporal del debate presupuestario, porque si nos lo remite en enero lógicamente no tendría sentido, ya que lo necesitamos para el debate presupuestario.
El señor VICEPRESIDENTE: Por supuesto, señor Cuadrado, en esas dimensiones de tiempo estamos hablando todos, imagino.
Tiene la palabra el señor subsecretario nuevamente.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): El detalle de las sociedades estatales se remitirá por escrito.
Quiero comenzar esta segunda intervención, como no podía ser de otra forma, agradeciendo a los dos portavoces sus intervenciones, aportaciones y reflexiones. Voy a comenzar por el orden de intervención de los dos portavoces, dando
especialmente las gracias al señor Cuadrado porque creo que ha acreditado sobradamente en su intervención que ha leído los presupuestos del Ministerio de Agricultura para el ejercicio 2003; pero no sólo hay que leerlos, también hay que entenderlos.
Tengo dudas acerca de si los ha entendido fundamentalmente en la dinámica de ejecución que por imperativo legal y en algunos casos comunitario tienen y, en segundo lugar, por las limitaciones que a su vez tienen desde la perspectiva de lo que es el
marco constitucional
y la relación del Estado con las administraciones territoriales. (El señor Cuadrado Bausela: Muchas gracias.) Voy a tratar de aclarar estas afirmaciones que hago, a pesar de que ha planteado un discurso -con la habilidad que caracteriza al
portavoz de la oposición- no sé si calificarlo de catastrofista o no, respecto a los presupuestos; en todo caso ha sido casi apocalíptico respecto a la presencia del Estado en el territorio y en el aspecto de las inversiones del Estado en el ámbito
del sector agrario, que evidentemente no puedo compartir. No lo puedo compartir, no desde reflexiones políticas o desde planteamientos personales, sino simplemente desde la mera tozudez de las cifras del presupuesto de 2003. Sobre el 10,5 de
crecimiento de la inversión en el presupuesto del año próximo no he oído que se haya dicho nada en contra; entiendo, por tanto, que es una cifra que asumimos, con independencia de que después se puedan utilizar otras cifras y otras valoraciones.
Además, hay una cifra que antes no he utilizado y que ahora voy a dar y es que ese 10,5 de inversiones se transforma en el 21,1 por ciento de inversión en el presupuesto consolidado. Desde ese punto de vista -con independencia de que luego entre en
otros detalles específicos-, creo que es importante dejar claro que el esfuerzo que se hace por parte del Gobierno en el dinero del presupuesto del Estado para el sector agrario es el que entendemos suficiente y necesario para las demandas que ahora
tiene el sector agrario y que es posible hacer en base, como he dicho antes, a las técnicas de presupuestación que el Estado y las administraciones públicas de la Unión Europea tenemos que cumplir. Eso no podemos olvidarlo.
Comparto con el señor Cuadrado algo que es un objetivo de todos, como no podía ser de otra forma. Queremos explotaciones competitivas, queremos sectores competitivos y sabemos que hay subsectores con problemas, en algunos casos con graves
problemas, en los que tenemos todos que colaborar y trabajar para tratar de sacarlos adelante. A partir del diagnóstico de que estamos en una coyuntura que pueda ser más o menos complicada o más o menos difícil desde la perspectiva de despejar
determinadas incertidumbres de futuro y desde la perspectiva de conocer la situación de algunos subsectores del sector agrario, desde esa realidad no podemos ser ajenos a otra realidad y es que para hacer sectores competitivos no podemos hacer
sectores dependientes de las administraciones; ese es el mayor error que se puede cometer. Por tanto, las políticas activas tienen que ir dirigidas a hacer competitivos a esos sectores sin hacerlos dependientes y no hacerlos dependientes para
evitar que en un futuro sean competitivos, condicionando su desarrollo a una mera política o estrategia de futuro, sea cual sea, en materia de subvenciones. De ahí que las políticas activas del Gobierno vayan en esa línea, es decir, a apoyar
reestructuraciones sectoriales, reordenaciones sectoriales, mejoras estructurales, modernizaciones estructurales que permitan al tejido productivo competir por sí solo, con o sin ayudas públicas, porque creemos que aun siendo necesaria la existencia
de esas ayudas, aun siendo imprescindible defender esas ayudas en el marco de la política agrícola comunitaria y aun siendo un dato tremendamente positivo -como ha puesto de relieve el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que el resultado de la
Agenda 2000 se está transformando, ejercicio tras ejercicio, en el incremento específico de esas ayudas directas a nuestro sector, en este caso por encima del 6 por ciento-, a pesar de todo ello, las administraciones -y desde luego la del Estado lo
tiene muy claro- tenemos que trabajar porque los sectores productivos sean competitivos por sí mismos y sin necesidad de esas otras ayudas estructurales. A nuestro juicio, eso quizá sea uno de los grandes retos que tenemos que abordar y que tenemos
que seguir abordando en los próximos ejercicios.
El Plan Nacional de Regadíos es uno de los paradigmas a mi juicio de no entender, no querer entender o simplemente seguir instalado en esta Cámara y en este momento en un lenguaje de explicación demagógica que tengo que decir que,
afortunadamente, no existe en el resto de España en ningún Gobierno autonómico o prácticamente en ninguno. Por lo que he oído aquí del Plan Nacional de Regadíos, me da la sensación de estar desde hace tres años aproximadamente oyendo lo mismo en
esta Cámara, cuando afortunadamente en tres años el discurso de los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas, no las gobernadas por el Partido Popular sino las gobernadas por su propio partido, han cambiado radicalmente el discurso y
han pasado de una política de incredulidad, de escepticismo, de agnosticismo -o como quiera usted llamarlo, o de no cooperación, a una política, en la gran mayoría de los casos, de leal cooperación, de actuaciones eficaces y por tanto de apuesta por
el desarrollo del Plan Nacional de Regadíos, que por cierto votaron en el Consejo Nacional del Agua y después suscribieron en un convenio firmado con el Ministerio de Agricultura. Por tanto, insisto, no entiendo muy bien cuál es el discurso ahora
mismo del señor Cuadrado y del Grupo Socialista en esta Cámara, que difiere de la realidad territorial y de la realidad del resto de las comunidades autónomas. Esta es una de las ocasiones en que más claramente no entiende el presupuesto. El
presupuesto tiene que atender unas inversiones; unas inversiones que están en un plan; un plan que tiene un marco financiero; un marco financiero que fue aprobado por todos los que he dicho y firmado. Eso es lo que tiene que atender el
presupuesto, y eso es lo que hace el presupuesto en el capítulo 6, en el capítulo 7 y con la dotación de 10.000 millones en el capítulo 8 de las SEIASA. Por tanto, ni sube ni baja ni se queda como está; atiende lo que es compromiso del Gobierno en
inversiones en regadíos en el Plan Nacional de Regadíos, aprobado por el Gobierno conjuntamente con el resto de las
administraciones territoriales. Por tanto, no me vale que me diga que sube, baja o se queda igual. Yo digo que simplemente atiende el compromiso firmado con todas y cada una de las administraciones territoriales y con todas y cada una de
las comunidades de regantes con las que hay convenios firmados. Insisto en que esa interpretación de los capítulos específicos del Plan Nacional de Regadíos no la entiendo.
Habla usted de algo que quizá haya visto con sorpresa pero que entra dentro de lo que es la normalidad de la gestión de un presupuesto del Estado y de cualquier Administración. Habla usted de los indicadores económicos del plan o de otras
actuaciones y del deber de cumplimiento de los indicadores económicos. Dice usted que en 2001 teníamos equis kilómetros de redes de riego previstas, o redes de desagüe o balsas de regulación, y que se han hecho menos. Tiene usted toda la razón.
Lo que pasa es que el Estado no actúa si no es a instancia de la comunidad autónoma y de los regantes. Yo lo siento pero ese es el marco jurídico que nos hemos dado en un Estado de derecho y, por tanto, ese es el marco jurídico que en el Plan
Nacional de Regadíos lleva a actuar a la demanda, es decir, a petición del regante con el apoyo de la comunidad autónoma.
(El señor Cuadrado Bausela: Inversión nueva.) Y no me venga usted ahora diciendo, señor Cuadrado, que en determinados sitios
no hemos hecho regadíos, cuando es la comunidad autónoma de ese sitio o el consejero de ese sitio el que se ha opuesto a que hiciésemos regadíos. No me diga usted ahora que el retraso en Andalucía es culpa del Gobierno de España cuando, a pesar del
consejero de Andalucía, hemos tenido que poner 28.000 hectáreas en regadío, con la oposición expresa del Gobierno de la Junta de Andalucía, que por cierto ahora quiere colaborar en esa obra, a posteriori. Por tanto, que cada uno asuma sus
responsabilidades y que sea coherente en los discursos que se plantean en temas que son delicados, que son muy importantes para la modernización del sector agrario y para la competitividad de la agricultura.
Las presupuestaciones se hacen sobre estimaciones, pero las estimaciones luego hay que transformarlas en realidad. Los proyectos son correctos o incorrectos y hay que reformarlos; las ejecuciones se dilatan por las licitaciones, por las
adjudicaciones, por la propia dinámica de ejecución de la obra; y por tanto los indicadores, como su propio nombre indica, son indicadores de seguimiento y después habrá que ver los de ejecución.
Usted ha puesto sobre la mesa una serie de
indicadores que también me gustaría haber podido poner en el presupuesto, pero dependo de que me den los datos las comunidades autónomas, y por desgracia, señor Cuadrado, no todas las comunidades autónomas nos dan los datos cuando los pedimos, no
una vez sino muchas veces. (El señor Cuadrado Balaute: Siempre hay un culpable.)
Creo que ha hecho usted una afirmación que a mí, como responsable de desarrollo rural y como responsable directo a pie de obra, por decirlo de alguna manera, de la política de regadíos me preocupa, y le invito a que me lo especifique porque
si es así le garantizo resolución inmediata.
Dígame un regadío en España paralizado por la Administración del Estado; dígame uno. No sé de ninguno ahora mismo, y creo que conozco todas las actuaciones que hay en este momento con las dificultades
que tiene cada una, y como conozco la dificultad que tiene cada una por eso le pido que me diga una cuya dificultad sea exclusivamente imputable a la Administración general del Estado.
En cuanto a las SEIASA, le remitiré con mucho gusto la información por escrito, aunque la tengo aquí y podría facilitársela verbalmente, pero sí quiero aludir a una cuestión que ha reiterado varias veces. No me refiero a las obras
ejecutadas, ni a las obras contratadas, ni a las obras que se están ejecutando con cargo al presupuesto del ministerio (capítulos 6 y 7). Le daría cifras de memoria pero no quiero arriesgarme, aunque sí recuerdo que en torno a 100.000 millones de
inversión del Estado en la anterior legislatura en regadíos, ajeno evidentemente a las SEIASA porque no existían. La metodología de financiación de las obras a través de las SEIASA es única; es la de las SEIASA, para bien o para mal, nos guste o
no nos guste. Está aprobada en un marco específico que requirió la aprobación de los criterios de Eurostat para evitar problemas en el cómputo del déficit y, por tanto, el sistema de financiación es el mismo en toda España, con independencia de que
dentro del sistema general el propio regante y la comunidad autónoma puedan tomar sus decisiones, en materia de apoyo al regante por parte de la comunidad autónoma o en materia de diferimiento de las amortizaciones, de los intereses o de ambas cosas
en los escenarios de 25 ó 50 años que permite la ejecución a través del sistema de financiación de las SEIASA. El Estado da el mismo apoyo y el mismo trato a todos los regantes de España, sea cual sea la zona geográfica en donde se haga el regadío,
eso se lo puedo asegurar, señor Cuadrado. No hay regantes ni de primera ni de segunda ni de tercera; todos por igual. Lo que sí que lamentamos es que hay comunidades autónomas que no hacen eso y por ello se producen algunos problemas en el
desarrollo del Plan Nacional de Regadíos. Hay comunidades autónomas que están ayudando y colaborando con las comunidades de regantes en facilitar la puesta en marcha de estos convenios y hay otras que por motivos financieros o por motivos de otro
tipo en los que no quiero entrar no lo hacen o no lo pueden hacer, lo cual lógicamente retrasa, dificulta o ralentiza la ejecución del Plan Nacional de Regadíos a través de las SEIASA en esas zonas. Pero el sistema es el mismo y el esfuerzo del
Estado es el mismo en cualquier parte del territorio nacional.
Un tema importante es el de industria agroalimentaria. Otro tema que no ha entendido (El señor Cuadrado Balaute: Qué mala suerte tengo.) El programa de industrias agroalimentarias de apoyo ni sube ni baja ni se queda igual, simplemente
atiende a las anualidades previstas de cofinanciación con el FEOGA, por tanto, se ajusta exactamente al gasto previsto de las comunidades autónomas en el programa. (El señor Cuadrado Balaute pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Cuadrado, deje al subsecretario que dé las explicaciones pertinentes sin contestar sobre la marcha a sus apreciaciones. Gracias.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): En este caso, lo que hace el presupuesto del ministerio es prever la cofinanciación necesaria para atender el programa. Como le he dicho, es un programa que
por generosidad del ministerio, y no porque hayamos recibido más FEOGA, lo hemos sobrefinanciado durante dos ejercicios consecutivos. Hay comunidades autónomas, señor Cuadrado, que han recibido al día de la fecha el 140 por ciento del programa que
tenían previsto y hay otras comunidades autónomas que han recibido el 86 por ciento porque no han ido al ritmo que se preveía, y lo que hay que ajustar es el ritmo de todas las comunidades autónomas para cumplir la programación, con independencia de
la revisión, como le decía, a 31 de diciembre de 2003. Por tanto, insisto, el programa está ajustado a la cofinanciación y ajustado a la sobrefinanciación que tenía en los dos ejercicios anteriores. En todo caso, este programa financia, en el
ámbito de las industrias agroalimentarias, proyectos presentados no en la ventanilla del ministerio sino en la ventanilla de las comunidades autónomas, y tramitados no en la administración del ministerio sino en la administración de la comunidad
autónoma. Por tanto, si no se tramitan más deprisa y no se atiende a más subvenciones no es por incapacidad del ministerio sino por dificultades de gestión de las comunidades autónomas.
En cuanto al ámbito de desarrollo rural, habla usted de congelación en Líder y Proder. Es lo mismo que pasa en industria, es decir no es congelación, es cumplir la obligación de la Administración general del Estado, en este caso en la
cofinanciación de los Líder y de los Proder.
Ni un euro más ni un euro menos, exactamente el compromiso del Estado con todas las administraciones. Eso es lo que está reflejado nuevamente en el presupuesto del ministerio. Ya nos gustaría poder
hacer políticas propias de desarrollo rural más allá de las de coordinación y las subsidiarias derivadas del segundo pilar de la PAC, pero no olvide que la competencia en España la tienen las comunidades autónomas, no la Administración del Estado.
Por tanto, hacemos actuaciones concretas de impulso y de coordinación, tratamos de excitar, incitar, o como lo quieran decir, determinadas actuaciones de las comunidades autónomas en el territorio, ayudarlas y cofinanciarlas, pero la Administración
del Estado tiene muy difícil ir más allá sin que se la tache de vulnerar el régimen competencial de la Constitución de 1978.
Uno de esos ejemplos en los que hemos ido al máximo que la normativa comunitaria nos autoriza es en la incorporación de mujeres y de jóvenes.
La normativa comunitaria deja un abanico de posibilidades para sobrefinanciar o sobresubvencionar
la incorporación de mujeres o de jóvenes a criterio del Estado miembro. Esa potestad la ha ejercido el Gobierno de España y en los programas aprobados y en las normas de desarrollo se prevé, por la importancia que se da desde el Gobierno de España,
la máxima financiación que permite la Unión Europea. Hay un dato que es relevante. De los jóvenes que se han incorporado desde que está en marcha el programa 2006, el 25 por ciento son mujeres. Es un dato que nos coloca, señor Cuadrado, en la
cúspide del resto de los países de la Unión Europea en incorporación de mujeres. Por tanto, con independencia de que hay que seguir apostando y seguir trabajando en esa línea y mejorar, ese es un dato importante y que avala que se haya apostado
correctamente por extraer los máximos beneficios de la normativa comunitaria.
También son importantes las referencias que ha hecho a lo largo de su intervención a la ejecución del presupuesto. Son referencias que se hacen todos los años, con lo cual no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que este año vaya más
allá y me pida datos de ejecución de jóvenes, de mujeres, de cese anticipado y de ICM de 2002 en el mes de octubre de 2002. Se los daré el día 1 de enero de 2003. Milagros no podemos hacer, entre otras cosas porque dependemos de las comunidades
autónomas en los datos y son éstas las que nos los tienen que dar. Otra posibilidad que tengo es trasladar su petición a cada uno de los consejeros de las comunidades autónomas para hacérselos llegar a usted. Lo que sí es cierto es que cuando
tengamos esos datos estarán a disposición de S.S. y de la Cámara, como no podía ser de otra forma. Por casualidad, porque llevo una cartera muy grande y no tenía nada que ver con la comparecencia de hoy, tengo aquí un dato de la ICM del 2002. Se
lo voy a facilitar a S.S.
porque recordará que en 2001 la ICM generó un inmenso problema en la Administración del Estado, que asumió el Estado español en solitario como ayuda porque las comunidades autónomas se habían pasado en los fondos
asignados, que motivó una reprogramación en Bruselas además de pedir la autorización para la ayuda de Estado, y se dijo que era la última vez que el Estado asumía la financiación de la ICM a nivel nacional como ayuda de Estado en un ejercicio por
incumplimiento de las obligaciones de las comunidades autónomas en la financiación. Pues bien, señoría, los datos que tengo del ejercicio 2002 indican que sobre unas disponibilidades
de 86.734 euros hay obligaciones pendientes de atender por 126.640. Es decir que una vez más las comunidades autónomas han vuelto a sobrepasar su capacidad en la ICM. Eso demuestra lo que le he dicho antes: la dificultad que tiene la
Administración del Estado para coordinar la ejecución de los presupuestos, para hacer que sean coherentes en la ejecución y, lo que es más complicado, para casar los gastos indebidamente realizados por determinadas administraciones territoriales y
rendir cuentas a la Unión Europea.
En cuanto a seguros agrarios, hay cosas que deben verse con más profundidad (creo que es la parte del presupuesto que quizás haya estudiado con menos profundidad) fundamentalmente porque las cifras son contundentes. Desde el año 1996 hasta
hoy hemos crecido prácticamente el cien por cien en el presupuesto de ENESA en subvenciones. Hemos puesto nuevas modalidades de contratación que por ejemplo en el caso de la retirada de animales muertos en explotación, que es un seguro que hoy
funciona en toda España, significa el 70 por ciento de la cabaña ganadera española asegurada; es un récord histórico. Tenemos asegurado ahora mismo el 80 por ciento de cereales de invierno. Tenemos asegurado el 70 por ciento aproximadamente de
los frutales. El viñedo está en torno al 50 por ciento. El tabaco está en el 85 por ciento y el plátano y el tomate, desde hace exactamente tres semanas, el cien por cien de la producción está asegurada en Canarias. Esos son algunos de los datos
del funcionamiento del sistema de seguros agrarios. Como le decía antes, hay muchas cosas por hacer y el crecimiento del 6,67 por ciento que tiene este año ENESA le permite seguir haciendo cosas al ritmo que se van haciendo, porque en el sistema de
seguros agrarios la Administración general del Estado no es la única que marca el ritmo. Afortunadamente, el sistema de seguros agrarios funciona razonablemente bien, yo diría que muy bien, gracias a ser un sistema en el que hay varias patas: las
organizaciones agrarias, las administraciones territoriales, la Administración del Estado y las aseguradoras, y para poner en marcha o modificar una línea absolutamente todos tenemos que estar de acuerdo.
Tengo la enorme satisfacción de que desde
que presido la entidad de seguros agrarios todas las modificaciones se han hecho de acuerdo con todas y cada una de las patas del sistema de aseguramiento.
Aprovecho un tema concreto que ha planteado, el seguro del olivar, para decirle que ya está a disposición de todos el nuevo seguro de olivar, que se contrata hasta el 15 de diciembre y que supone una subvención del Estado del 49 por ciento.
Hemos incorporado el riesgo, como muy bien conoce, de helada y hemos generalizado el tema de los rendimientos para todos los olivareros españoles, con independencia de que puedan acreditar un superior rendimiento y puedan tener derecho, en caso de
siniestro, a mayor indemnización. Es un ejemplo de una cuestión concreta que usted ha planteado y que aprovecho para contestarla.
Creo que vamos por la línea buena, aunque nos gustaría ir más deprisa, pero insisto en que todos tenemos que ir a la misma velocidad y no sólo la Administración del Estado. También le digo que todas y cada una de las líneas de aseguramiento
tienen el máximo de dotación en cuanto a subvención. Hay algunas que llegan al 49 por ciento y usted sabe, señor Cuadrado, que por normativa comunitaria no podemos pasar del tope de ese 49 por ciento de subvención del coste de la prima. Se está
copiando el sistema de aseguramiento español en muchas partes de la Unión Europea y aspiramos a tener un modelo europeo de aseguramiento agrario inspirado en el modelo español. Seguimos trabajando en modificar y mejorar ese seguro hacia un seguro
de explotación, hacia un seguro plurianual, multirriesgo, que cubra todas las garantías y hacia un seguro que atienda, como he dicho antes, la garantía, la estabilidad de la renta de los agricultores.
El libro blanco estaba en el presupuesto del año pasado, por tanto el gasto es transparente y es ese, el que estaba en el presupuesto del año pasado. Para este año hay una dotación, si mal no recuerdo, de 200.000 euros para el libro blanco,
que está prevista en el presupuesto. El libro blanco es un trabajo que se está haciendo desde el más amplio posible debate sectorial y social, con la participación de todos y cada uno de los que han querido participar. Lamentamos que no haya una
presencia institucional, incluso personal de S.S. en los debates del libro blanco, debates en los que no participa la Administración del Estado ni siquiera planteando posiciones. Es un debate abierto a los sectores, a la sociedad, a la
universidad, a los investigadores con carácter general. No hemos cambiado el discurso, señor Cuadrado. Léase el programa del Partido Popular, los diarios de sesiones y mis propias intervenciones. Siempre hemos dicho que el libro blanco es un
diagnóstico del que saldrán dos, tres, cuatro leyes. Veremos cuántas. Lo que requiere el trabajo del libro blanco es ese diagnóstico serio, riguroso y reflexivo de lo que es la diversidad productiva española y los distintos modelos de producción
que tenemos hoy en la agricultura española.
Me ha planteado nuevamente el tema de las ejecuciones, le diré que las transferencias serán notificadas a la Cámara para su conocimiento, a través del cauce parlamentario adecuado, a lo largo del ejercicio. Le puedo informar, porque tengo
aquí la cifra, que el presupuesto del ejercicio del año pasado del Ministerio de Agricultura se ejecutó en el 96,5 por ciento, que es una cifra por encima de la media del resto de las administraciones. En todo caso le daré los datos específicos
sobre las cuestiones que usted ha planteado en todos los conceptos y subconceptos, especialmente en el capítulo de regadíos.
En cuanto al cumplimiento de sentencias, como su propio nombre indica, es un concepto presupuestario que se abre y que aparece en los presupuestos para facilitar,
en el caso que haya que pagar, el cumplimiento de sentencias. Nuestro presupuesto contempla 1.439.000 euros, que son previsiones ordinarias a velocidad de crucero -por decirlo de alguna manera- de ejecución de sentencias también ordinarias,
y al tener abierto ese concepto presupuestario, si hay que abonar sentencias extraordinarias, evidentemente no previstas o no dentro de esa velocidad de crucero de fallos condenatorios a las administraciones públicas, la Ley de estabilidad
presupuestaria que tenemos aprobada ha creado un fondo de contingencia con cargo al cual se hará la dotación de este concepto presupuestario. Por tanto, si lo que le preocupaba es la insuficiencia de crédito para atender algo, he de decirle que no
se preocupe, porque para eso está el fondo de contingencia. Si lo que me pregunta es para qué sirve el millón 400.000 euros, le diré que no lo sé, pero esas son las previsiones que hacemos prudentemente por los fallos que habitualmente se vienen
abonando ejercicio tras ejercicio en todos los subsectores, en el agrario y en el pesquero.
Quiero decirle al señor Cuadrado que el esfuerzo del Estado a favor de los sectores productivos no sólo se plasma en las políticas activas, cuyos datos cuestiona de manera distinta al planteamiento que yo he hecho, de manera lógicamente
lícita y que no tengo por qué criticar, sino que también se contempla en otras políticas que no son políticas activas y que son políticas de gasto. En este sentido quiero llamar la atención porque al sector agrario, por una parte, le llegan
inversiones de las administraciones públicas y del Estado, por otra parte las subvenciones procedentes del Feoga de la Unión Europea -que crecen el 6,4 por ciento para el próximo ejercicio- y, además, hay una política importantísima, que es la
cantidad que permanece en el bolsillo del agricultor vía gasto fiscal, es decir, vía menor tributación del sector. En este caso, y esto también es competencia de la Administración del Estado y del Gobierno de España, en comparación con el ejercicio
anterior el crecimiento del gasto fiscal en el sector agrario es del 18,2 por ciento. Es decir, el sector agrario va a tener en su bolsillo el año próximo 3.425,25 millones de euros más que este ejercicio, además de un 6,4 por ciento de
subvenciones directas y un 2,2 por ciento en políticas de desarrollo rural y, desde luego, las inversiones de la Administración del Estado y de las administraciones territoriales en desarrollo del propio sector. Por tanto, el menor ingreso que hace
el Estado también es un gasto y es un menor ingreso significativo sobre todo si usted lo compara, en lo que yo llamo libro amarillo de acompañamiento del presupuesto, con los gastos fiscales de otros subsectores y evidentemente de la Administración
del Estado. (El señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: El señor subsecretario me ha invitado a que le cite una obra de inversión de regadío que por culpa de la Administración general del Estado esté paralizada. Si quiere, ahora mismo le respondo con precisión.
El señor VICEPRESIDENTE: Todo el mundo tiene libertad absoluta, ¡faltaría más!, para expresarse como quiera, para decir lo que quiera. Usted lo ha tenido y el subsecretario contesta como cree conveniente. El formato de esta comparecencia
es para contestar a las preguntas de los señores diputados no es un debate presupuestario, no obstante, tiene un segundo para decir lo que tenga que decir sobre ese tema concreto, y pasamos al siguiente punto.
El señor CUADRADO BAUSELA: En función del tiempo que me dé el presidente citaré una o las obras que sean necesarias.
Soy diputado por Zamora, y empezaré por una que me afecta directamente.
Regadíos de la margen izquierda del Tera, declaradas de interés general del Estado en Consejo de Ministros del año 1988. Hasta 1996 se pusieron en regadío dos sectores
con aproximadamente unas 2.500 hectáreas. En esa fecha se paralizan los demás sectores, hasta algo más de 12.000 hectáreas, y no se pone ni una obra más en marcha. ¿Por qué? Porque la Administración general del Estado tiene que hacer el canal
principal.
Hecha la presa de Agavanzal, hecha la estación de elevación, hecha la balsa del Jaral, se paraliza la obra, con proyecto hecho y ahí estamos desde el año 1996. Es una obra de libro, y si me deja el presidente sigo citando obras.
El señor VICEPRESIDENTE: La idea era que indicara obras concretas y no que desarrollara toda la problemática, porque no es el momento.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señor presidente. No cito más, pero si me dice que le diga qué es responsabilidad del Estado, tengo que decirle por qué es responsabilidad del Estado y no de la comunidad autónoma.
Señor subsecretario, no sé por qué se ha perdido usted hoy en el presupuesto, posiblemente no sea su día. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Sí, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, es para una cuestión de orden.
No sé por qué tiene las diez de monte el Grupo Socialista. ¿Hablamos los demás también? ¿Me da la palabra el señor presidente para preguntarle al señor subsecretario la posición del Partido Socialista sobre el Plan nacional de regadíos en
distintos sitios y en distintos foros? Prefiero dejar la pregunta en el aire y que en su momento, cuando se debata en profundidad el plan
nacional de regadíos y sobre todo la actuación de las SEIASA, salgan a relucir todas esas cuestiones; entiendo que ni esta pregunta que yo hago, y que no deseo que conteste el señor subsecretario, ni las que ha hecho el señor Cuadrado en su
libertad de contestar o no, sean el motivo para distraer algo que es importante en esta sesión de presupuestos. (El señor Cuadrado Bausela: ¿Esto es un turno?)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor subsecretario, tiene la palabra para contestar a las últimas manifestaciones hechas por los grupos parlamentarios.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Simplemente insisto en que donde haya responsabilidad del Estado lógicamente se asumirá y se tratará de desbloquear, pero en el caso que ha reseñado el señor
Cuadrado sé que no es responsabilidad del Estado, pero en todo caso tampoco vamos a entrar en ese detalle. Sobre este extremo y cualesquiera otros le contestaré por escrito, como no podía ser de otra forma.
- DE LA SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (GARCÍA TEJERINA). A SOLICITUD DE GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de expediente 212/001181) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/001273).
El señor VICEPRESIDENTE: Concluido el punto primero del orden del día, pasamos a continuación al punto relativo a la comparecencia de la secretaria general de Agricultura, solicitada por los grupos Mixto y Socialista.
Para hacer la exposición inicial, tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Me parece que más que exposición inicial, va a ser exposición seguida.
Al hilo de cómo va la comparecencia de la mañana correspondería entrar ahora en el detalle de los capítulos 4, 6 y 7, fundamentalmente, imputables a la responsabilidad directa de la Secretaría General de Agricultura y, por tanto, al ámbito
específico de la Dirección General de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura.
En relación con los programas de mejora de estructuras agrarias y de sistemas de producción y de regulación de los mercados, es decir, los programas 713.D y 713.E, he de decir que, con independencia de que se encuentre algún argumento para
decir que bajan, a mi juicio suben y, salvo que 69.044 sea más que 91.367, sube el 32,3 por ciento en el caso concreto de la competitividad y la calidad de la producción agrícola, es decir, el 713.D. En el caso concreto de la competitividad y
calidad de la producción ganadera se pasa de 125.686,73 a 130.349,27, lo cual, a mi juicio, es un crecimiento global del 3,7 por ciento, que paso ahora a detallar.
En primer lugar, quiero decir a SS.SS. que en el ámbito concreto de lo que es producción agrícola, que creo que es un ámbito muy importante en el que podemos entrar después en mayores detalles si así lo desea S.S., hay un crecimiento en el
capítulo de innovación tecnológica. Creemos que no solamente es necesario modernizar las estructuras sino también los medios de producción y que en esos medios de producción hay que dar un apoyo decidido a las políticas de I+D. Las políticas de
I+D, como muy bien saben SS.SS., no son responsabilidad del Ministerio de Agricultura de manera directa, son responsabilidad de otro ámbito de la Administración del Estado, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero sí es nuestra responsabilidad
impulsar, apoyar y coordinar estas actuaciones en el marco comunitario y, por lo tanto, en el marco de las políticas que en este ámbito la Unión Europea deja desarrollar al Estado miembro.
Como le decía al principio de mi exposición, todo lo que es seguridad alimentaria es prioridad absoluta del ministerio, y detrás o delante del concepto de seguridad alimentaria, según se mire, está el concepto de la sanidad de la producción
agrícola y de la producción ganadera. En lo que es producción agrícola hay un incremento del 16,9 por ciento para atender los distintos programas en materia de sanidad, y ese 16,9 por ciento viene a establecer políticas cofinanciadas en materia de
sanidad con las comunidades autónomas y, en algunos casos, fondos adicionales a políticas activas que se vienen desarrollando por parte de las propias comunidades autónomas. Si S.S. así lo requiere, también podemos entrar en mayor detalle con
posterioridad.
Hay dos cuestiones importantes. Se sigue apostando, como no podía ser de otra forma, por culminar el censo nacional de cítricos o el registro citrícola, en colaboración con las administraciones territoriales, y tiene su correspondiente
dotación en el presupuesto de este año. También tiene su correspondiente dotación la actualización del registro vitícola, que está terminado pero que, como cualquier registro, requiere estar permanentemente actualizado, para lo cual contamos no
sólo con la cooperación de las comunidades autónomas, sino con la cofinanciación de la Administración del Estado en un plan trazado hasta el año 2004, si mal no recuerdo, para su actualización total.
En cuanto al programa 713.D quiero llamar su atención en un apartado muy concreto, el relativo a la ordenación de sectores productivos agrícolas, que crece el 151,9 por ciento, lo cual significa pasar de 19.100,16 a 48.122,14. Esto es,
señoría, la plasmación en el presupuesto del Estado, una vez más, de un compromiso del Gobierno y del Ministerio de Agricultura con un
sector concreto, que es el sector de los frutos de cáscara y algarroba, para garantizar la transición a la ayuda permanente planteada en el seno de las negociaciones de la Unión Europea en relación con la modificación de la OCM de frutas y
hortalizas y, por tanto, para garantizar la percepción de las ayudas que les corresponderían en los planes de mejora que han terminado de acuerdo con el escenario de cofinanciación señalado por la propia Unión Europea. Por lo tanto, señorías, lo
que hace esta partida es garantizar estas ayudas y no poner en peligro la viabilidad o la rentabilidad de las explotaciones durante una campaña o durante un ejercicio económico. Es un esfuerzo económico muy importante, como S.S.
puede comprobar,
que desde luego también requiere del esfuerzo económico de las administraciones territoriales en la cofinanciación de esta medida, digamos, transitoria hasta la definición definitiva del modelo de apoyo al sector en el ámbito de la correspondiente
OCM. Todo ello, en su conjunto, como decía a SS.SS., crece el 32,3 por ciento.
En cuanto a lo que es competitividad y calidad de la producción ganadera, quiero decir a SS.SS. que, una vez más, estamos hablando de sanidad, en este caso de sanidad animal, que entendemos que es fundamental. Desde esa apuesta por la
sanidad hay una reordenación de partidas que, en su conjunto, hace que el programa 713 crezca un 3,7 por ciento. En materia de calidad de la producción, es decir, en el caso de la reproducción y de programas de calidad de selección animal hay un
crecimiento del 5,7 por ciento. En segundo lugar, en lo que es sanidad de la producción ganadera stricto sensu hay un crecimiento específico del 2,7 por ciento, y hay políticas apoyadas económicamente que van dirigidas a la mejora de
infraestructuras en materia de sanidad animal y de registro de productos zoosanitarios, a seguir impulsando y desarrollando la red de alerta sanitaria -ya no reciente porque lleva prácticamente dos ejercicios-, con funcionarios de la Administración
general del Estado y con profesionales contratados por la Administración general del Estado, y a seguir colaborando y cofinanciando los programas de erradicación de enfermedades de los animales. Sin olvidarnos de seguir manteniendo las acciones de
control en materia de encefalopatía espongiforme transmisible dentro de lo que es el marco pactado con las comunidades autónomas en el plan coordinado de lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina, y sin olvidarnos, lógicamente, del apoyo
específico al fomento del asociacionismo en el ámbito de la defensa sanitaria, es decir, en el ámbito concreto de las ADS. Desde esa perspectiva, se sigue apostando, tanto en el área de la agricultura como en el área de la ganadería, por la mejora
en las explotaciones, por la mejora en la calidad de las producciones y, desde luego, por la sanidad de las producciones en términos de beneficio directo para el sector y para el consumidor.
En el ámbito de las dos secretarías generales, yo haría esa exposición general, sin perjuicio de entrar en los detalles que se me planteen.
El señor VICEPRESIDENTE: Para hacer las preguntas en relación con este apartado, tiene la palabra el señor Amarillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor AMARILLO DOBLADO: En primer lugar, reitero nuestro agradecimiento por la presencia del señor subsecretario.
Siguiendo un poco los términos futbolísticos de remate que el portavoz del Grupo Popular ha introducido, tengo que decir que no debe ser ninguna casualidad que a usted nos lo traigan al campo y lo saquen siempre a jugar, y que otros
jugadores se queden tradicionalmente en el banquillo.
Por algo será. Tal vez, en un tono que es el que se merece, tendríamos que protestar por el orden de preferencias que tienen en los actos algunos altos cargos, como la secretaria general en
este caso, puesto que he creído entender que estaba en no sé qué feria o exposición, que ha considerado más importante que venir al Congreso de los Diputados a debatir nada más y nada menos que los presupuestos.
Lo que voy a decir tiene mucho que ver con el mantenimiento de rentas. Por cierto, aprovecho para aclarar una cuestión. Es verdad que el señor Fischler nos ha dicho que el incremento de la renta, desde el año 1995 y en pesetas corrientes,
era del 25 por ciento. Esto viene a dar una media del 3 y muy poco por ciento, que si le restamos la inflación, queda lo que queda, y si a esto añadimos la punta de los años 1995 y 1996, en los que el incremento de renta por razón de las cosechas y
de los precios fue muy elevado, para el resto de los años quedaría en el sentido que se ha pronunciado el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, decrecería, y lo que hizo el señor Fischler, e hizo bien, fue corroborar lo que estamos diciendo.
Ciertamente no creo que el panorama sea optimista de cara al futuro por la propuesta de reforma de la PAC. Está claro que el Grupo Socialista se opone radicalmente a esta propuesta, lo hemos hecho en todos los foros, por tanto, cualquier
interpretación en ese sentido es personal y no muy bien intencionada.
Entrando en el tema que nos ocupa, que es el de la competitividad del sector agrícola y del sector ganadero, en la exposición que nos ha hecho el señor subsecretario, tanto ahora como en la primera, nos ha hablado de una serie de objetivos
fundamentales. Sin embargo, estará escrito en el 'Diario de Sesiones' que en la primera parte de su intervención se ha olvidado del mantenimiento de la renta de los agricultores. Solamente cuando vuelve al discurso del desarrollo rural es cuando
introduce el concepto y dice que debemos hacer un esfuerzo para acercar las rentas de los agricultores a las de los restantes sectores. ¿Esto qué quiere decir?
Esto responde a la realidad del presupuesto, esto es un elemento esencial en la filosofía del discurso y significa que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, renuncia a una política específica de mantenimiento de rentas y a lo
más que se compromete de una manera pasiva, es a tratar de influir en un mantenimiento de carácter complementario. Eso es lo que hay. Estos dos programas, que son vitales en esta cuestión, el 713.D y el 713.E, deberían tener un tratamiento muy
diferente al que tienen. Es bueno resaltar que en este cacareado objetivo, que en estos dos programas es básico, como es el de la seguridad alimentaria y los elementos de calidad alimentaria, etcétera, el discurso no se corresponde para nada con la
realidad de los hechos, y no digamos ya con la realidad legislativa, pero no es el momento de entrar en ello. Aprovecho para decir que el jueves próximo aprobarán una ley que nos viene del Senado casi igual a como fue, que es la Ley de sanidad
vegetal, elemento clave para la seguridad alimentaria, donde se ignoran totalmente todas las nuevas enfermedades posibles procedentes del desarrollo tecnológico. Esta Ley de sanidad vegetal se va a aprobar -y aquí estamos hablando de la seguridad
alimentaria- sin que aparezca, por ejemplo, el término de organismo modificado genéticamente; es decir, es el equivalente a que, si hiciéramos una ley de sanidad humana, tratáramos de las enfermedades infecciosas pero no de las degenerativas, y me
parece que hablar de la viruela pero no hablar del cáncer no es una manera de contribuir a la seguridad alimentaria.
Voy a entrar en lo que es el presupuesto. En este tema es cierto que las partidas se incrementan, pero la cuestión no está exclusivamente en esto sino en dónde se pone el énfasis. El lugar al que se quiere llegar depende de donde se ponga
el énfasis. Hay problemas enormemente concretos y acuciantes. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es qué se hace con los MER. En los MER, ¿qué solución da el Gobierno desde un punto de vista presupuestario? Da dos.
Una de ellas dice: una tasa para los consumidores, que sean ellos los que paguen, y la otra dice: vamos a introducir en el seguro un concepto para poder resolver esta cuestión. Los seguros agrarios son voluntarios, no podemos olvidarlo, y estamos
hablando -y esto es cualitativamente importante- de una necesidad y de una demanda totalmente general. Señor subsecretario, ¿le parece que el seguro de enfermedad o el Insalud debe ser voluntario o es partidario de que esté como está, que sea una
cuestión obligatoria? A nosotros nos parece que debe ser totalmente obligatorio. En este sentido, que haya ausencia presupuestaria de una partida específica para resolver un problema tan concreto, tan grave y tan acuciante, está en el debe del
presupuesto.
También notamos una enorme ausencia respecto a partidas dedicadas a la destrucción de las harinas de origen animal, otro tema que está íntimamente relacionado con la seguridad alimentaria, que nos acaban de decir que es uno de los objetivos
clave de este presupuesto. En esta partida y en estos dos proyectos entran también elementos importantísimos de vertebración del sector productivo y esta vertebración se favorece.
Para que el presupuesto fuese acorde con ella y pudiese responder a
la demanda, surge una pregunta que tendría que responder. En la situación que tenemos de evolución de precios, de las organizaciones comunes de mercado y la relación de subvenciones del Feoga, ¿qué conclusión ha sacado el ministerio? ¿que en las
rentas agrarias el precio que van a percibir los agricultores va a aumentar o a disminuir? ¿Las van a compensar del todo o no? Porque si uno de los objetivos que debemos tener todos es el mantenimiento de renta, tendremos que buscar algún
mecanismo para hacerlo.
Nos acaba de poner como ejemplo los frutos secos. Hemos tenido un incremento espectacular; me parece muy bien, estamos totalmente de acuerdo con lo de los frutos secos, han hecho muy bien. No nos ha hablado del de la patata, pero también
está muy bien que lo hayan hecho, porque también es un producto cíclico y merece el apoyo que tiene en los presupuestos. Ahora, no negarán ustedes que también es importante el vino. ¿O no es importante el vino? ¿La situación de precios del vino y
la situación de organización del mercado en este momento es buena, magnífica y, por tanto, no merece ni un duro? ¿Lo merecen la algarroba y la patata pero no lo merece el vino? Estoy de acuerdo en que lo merezcan la algarroba y la patata, pero
también tendría que tener algún duro el vino.
¿Qué decimos del olivo y del aceite? Tampoco he encontrado ninguna partida al respecto, lo mismo es que lo he visto muy rápidamente. El mismo plan que tenemos para la patata o los frutos secos aquí no
lo veo, y creo que el aceite y la aceituna son temas importantes. Ahora mismo se empieza a recoger la aceituna de mesa. Con el precio que tiene están decidiendo llevarla a molino. Creo que no se puede prever peor panorama y mayor desastre en
precio. Acabamos de tener una crisis importante en el mundo aviar y en el mundo del conejo. Tampoco veo partida alguna. Son preguntas concretas de dónde puede estar el dinero para los sectores aviar o cunícola. Si fuera uno un poco previsor, no
dejaría tampoco el porcino aparte. Son muchos sectores y para ellos no se encuentra partida alguna. Sin embargo, es curioso analizar con detalle las interioridades de cada uno de los programas. Por ejemplo, en el programa 713.D, en las ayudas
previstas para agrupaciones de productores, en el año 2001 había 23 millones de euros -cantidad ya ejecutada-; en el año 2002 lo disminuyen a 20 millones, y en el 2003 lo bajan a 17. No parece muy lógico, porque si algo necesitamos ahora es que el
sector esté bastante más vertebrado. Y si nos fijamos en las agrupaciones de productores de frutas y hortalizas, en 2001 estábamos en 12.074, en 2002 estamos en 9.219 y en 2003 pasamos a 1.602. Es decir, cuando los sectores
tienen más crisis y necesitan más ayuda, resulta que ustedes disminuyen la ayuda drásticamente.
Respecto a los costes de implantación, es curioso -es un detalle, si se quiere- cómo mantienen ustedes los costes. Lo que costaba en 2002 es exactamente lo que cuesta en 2003; si costaba 90,15, también va a costar 90,15. Por lo menos yo
imputaría la inflación. Estamos muy preocupados con los temas de sanidad, con la prospección, con el equipamiento de infraestructuras y se está luchando contra plagas. En el programa 713.D, en el año 2001 se destinaron 1.159 -estoy hablando en
miles de euros-, en 2002 bajan a 1.021 y en 2003 bajan a 875. ¿Qué ocurre, que el equipamiento y las infraestructuras para la prevención de plagas interesa menos? En las ayudas previstas para campañas de tratamientos, ¿qué ocurre? En 2001, 2.042;
en 2002, ya disminuyen ustedes a 1.920; y en 2003, a 1.622.
En la campaña de la langosta no sé que motivos tienen pero reducen la partida a la mitad. Algún estudio científico tendrán por ahí que imposibilite que tengamos langosta en el futuro. En el 713.E ocurren cosas muy parecidas en cuanto al
mantenimiento de las cantidades, algunas importantísimas; son partidas muy numerosas que se mantienen igual que estaban. Por ejemplo, en acciones de control y lucha contra la encefalopatía espongiforme ustedes dan un bajón tremendo, pasando de
8.955 en 2002, a 50 en 2003. En subvenciones para convenios con las comunidades autónomas, tenían previsto 601 en 2002 y bajan a 50 en 2003.
Y así sucesivamente.
Hay una serie de contradicciones muy grandes.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego, señor Amarillo, vaya terminando.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, voy terminando.
Nuestro grupo les formuló a ustedes, con fecha 20 de mayo de 2002, una serie de preguntas sobre cuáles eran las aplicaciones presupuestarias y el grado de ejecución. Recibimos por escrito las respuestas y cuando ahora vemos los programas
resulta que no hay ningún compromiso en los programas 713.D y 713.E que baje del 99, y cuando no, el compromiso es del cien por cien. En cuanto a pagos, la cosa varía; algunos son del cien por cien, otros del 40 por ciento, etcétera. Le haré una
pregunta relacionada con los descensos que he mencionado anteriormente. Si ustedes el 20 de mayo habían comprometido ya el cien por cien en estos programas, lo menos que uno puede pensar es que había una demanda enormemente importante y
dificultades para poder satisfacer financieramente y con presupuestos esa demanda. Por cierto tenemos la impresión -y vamos a pedir el detalle-, por los datos que se conocen del ministerio, de que los grados de cumplimiento de ejecución no son los
mencionados y por ello vamos a solicitar que nos envíen la ejecución detallada de ambos programas, el 713.D y el 713.E
Concluyo, señor presidente. Con estos presupuestos, tanto en el área agrícola como en el área de la ganadería no se va a cumplir ninguno de los tres objetivos principales. No se garantiza para nada la seguridad alimentaria, no se favorece
el mantenimiento o incremento de las rentas de los agricultores y hay un ausencia total de atención específica a la mayoría de los sectores en crisis, con la excepción de frutos secos y patata.
El señor VICEPRESDENTE: En nombre del Grupo Mixto, BNG, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Quiero agradecer las explicaciones del señor Lamela sobre el tema que nos ocupa. Simplemente quiero dejar constancia de la posición de nuestro grupo, que no es escéptica ante las presuntas bondades de este
presupuesto para el desarrollo y la mejora de los sectores agrícolas y ganaderos.
Señor Lamela, sin querer hacer ningún discurso catastrofista, sino observando la realidad, no podemos tener una visión optimista sobre el futuro de estos sectores. Ustedes hacen referencia de una manera constante a que las dificultades que
encuentran en la aplicación de estos presupuestos para que tengan toda la efectividad que se les supone se debe a las competencias de las comunidades autónomas. Esta afirmación no deja de ser curiosa, porque el que tengan competencias las
comunidades autónomas no debería servir de excusa para justificar las insuficiencias o ineficiencias del presupuesto del Estado. En todo caso, usted nos explica que los presupuestos son ajustados. En su intervención anterior hacía esa famosa
afirmación de ni suben ni bajan, son los justos, los necesarios.
Lo que sí le quiero decir es que no se aprecian novedades que nos permitan vislumbrar un cambio de tendencia, que nos hagan esperar un impulso de las distintas agriculturas del Estado, que nos permitan esperar que se frenen los abandonos
masivos de la actividad agraria o, eso de que tanto se habla, que permita incorporar jóvenes o mujeres con una mínima expectativa de vivir dignamente de su trabajo en el campo. Por decirlo resumidamente, es una discusión que tenemos todos los años.
El compareciente nos explica que los presupuestos van a servir para mejorar la situación en el campo. Nosotros siempre somos escépticos y a los datos me remito.
Voy a referirme a la situación de la agricultura y ganadería en Galicia.
Nadie podrá negar que la actividad agraria no solamente no se recupera en esta comunidad autónoma sino que sigue decayendo, y para eso basta ver la evolución del
empleo agrario en los últimos años y también basta ver las previsiones que se hacen algunos estudiosos en la materia. Recientemente, una persona muy capacitada y muy preparada en este campo cifraba nada menos que en 70.000 la previsión
de pérdida de empleo en el sector agrario en Galicia entre los años 2000 y 2008. Las consecuencias de todo esto también están a la vista. No hace falta ser catastrofista ni tergiversar la realidad. Hay una despoblación masiva, un
envejecimiento en el campo tremendo, y haciendo referencia a Galicia, por ejemplo, en mi comunidad autónoma la población no solamente no crece, sino que la emigración cada vez se dispara más, etcétera.
Por lo tanto, estamos ante de una política agraria que está consiguiendo, como le decía el otro día al señor Fischler, que haya reducción de empleo y al tiempo que haya rentas bajas, y en el caso de Galicia por debajo de la media estatal y
no hablemos de la media europea. El señor Amarillo hizo referencia a la contestación del señor Fischler, que a mí también me llamó profundamente la atención, en lo referente a las rentas, al incremento del 25 por ciento.
Esta es la realidad para quien la quiera ver, la realidad en su conjunto.
Es verdad que puede haber algún subsector que mejora algo en los últimos años, pero en su conjunto es ésta. Soy consciente de que esto está determinado no solamente
por la política del Estado, que lo está, sino también por las políticas europeas, por las directrices de la PAC y, como decía antes, por la aplicación que haga cada comunidad autónoma de las disponibilidades que tiene en materia competencial.
Aunque sea objeto de la comparecencia anterior, está bien saber que, por ejemplo, en regadíos en Galicia no se hace absolutamente nada porque la comunidad autónoma no demanda ningún tipo de actuación, por eso el Estado no actúa. Lo que está en
evidencia es que este conjunto de políticas aplicadas en estos niveles a que me refería no permitió ningún avance y estamos ante un retroceso constante que no tiene fin, por el momento.
En Galicia están desapareciendo miles de explotaciones en el sector lácteo, unas 55.000 en diez años, con una cuota media, a pesar de esta reducción, muy baja aún, afectadas, por ejemplo, ahora por el tema de precios sobre la baja. Quería
hacer referencia a que la política del ministerio se dirige a buscar sectores competitivos que no sean dependientes de las subvenciones, y eso a mí me parece que es un deseo loable, el problema es cómo se consiguen estos sectores competitivos sin
ser dependientes de las subvenciones, si no se establecen unas reglas de juego iguales para todos, si no se hace una política ajustada de precios.
Las crisis ganaderas, como la de las vacas locas, con precios para los ganaderos que dejan escaso margen de beneficios, con la aplicación de los importantes fondos FEOGA-garantía, cuya percepción en el caso de Galicia es ridícula, apenas el
1,5 por ciento de los del conjunto del Estado español. Además, hay que sumar una gestión autonómica que yo aquí no vengo a calificar, porque no es el marco adecuado. Por ejemplo, nos hablaba de que la Xunta no era capaz ni de poner los fondos, que
se limitaban al 17,5 por ciento de los fondos necesarios y prometidos para los que abandonan la producción anticipadamente.
También ha hablado de los seguros agrarios, que es una de las líneas estrellas de los presupuestos y del Gobierno. La realidad, aunque cada uno la ve como quiere o puede verla, es que nadie podrá negar que el conjunto de las organizaciones
agrarias están criticando los seguros agrarios, tal como están implementados, por ser ineficaces.
Si a esto sumamos las incertidumbres que aún están en el aire sobre la reforma intermedia de la PAC, quiero decir -acabo, señor presidente- que no puedo tener otra posición más que de absoluto escepticismo sobre la bondad de estos
presupuestos para el año 2003.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Seré muy breve porque nos parece que la exposición que ha hecho el señor subsecretario ha sido suficientemente clara y transparente como para no dejar ninguna duda en mi grupo de que es un presupuesto adecuado y
suficiente. Como se han enviado un par de recados hacia este portavoz y hacia mi grupo parlamentario, quizá sea bueno, señor presidente, que hablando también en términos futbolísticos, ya que el señor Amarillo decía que no les traigamos al campo a
no sé quién, o que sentemos en el banquillo a no sé cuántos, digamos que mi grupo parlamentario ni tiene campo ni tiene banquillo ni somos futbolistas, que ni traemos ni llevamos a nadie y que lo que queremos es que se cumpla el Reglamento del
Congreso de los Diputados para que los presupuestos sean conocidos por esta Cámara. Si se ha faltado al Reglamento o se ha incumplido en algún punto, dígase, pero -insisto- en términos futbolísticos no aceptamos bromas de este tenor.
Otra vez volvemos a manejar las cifras. Cuando la semana pasada el señor Fischler habló de un incremento del 25 por ciento de la renta en cinco años, para mi grupo parlamentario era el 25 por ciento en cinco años, exactamente eso, nada más
y nada menos, y no hacemos esas elucubraciones y esas idas y venidas filosófico-numéricas que hace el señor Amarillo, que ya se las hemos oído muchas veces, para decir que el incremento de un 25 por ciento es una disminución de un no sé cuántos por
ciento. Eso es para el señor Amarillo, es la teoría famosa, internacionalmente conocida, del señor Amarillo. La nuestra es que si algo ha aumentado un 25 por ciento, es que algo ha aumentado un 25 por ciento, en boca del comisario Fischler en este
caso. También el comisario Fischler habló de una reforma a la que este portavoz, en nombre del Grupo y del Partido Popular, se opuso y pidió que se retirara, mientras que el Grupo Socialista, en uso de sus derechos, expresó su acuerdo de fondo,
aunque discrepara en la forma. He
repasado el vídeo de la sesión y así sucedió varias veces. Por tanto, no sé por qué ahora quiere hacerse dudar de las palabras que aquí ha traído, sin justificación alguna, el señor Amarillo, como también le ruego al señor subsecretario que
aclare si el Ministerio de Agricultura ha renunciado a una política en favor de las rentas agrarias. Esto se dice y queda escrito y mi grupo quiere expresar su desacuerdo total y pedir al señor subsecretario que aclare que esto no es así, tal como
se deduce de las propias cifras de los presupuestos que nos ha presentado.
Ya la perla que colma el vaso es decir que la semana que viene vamos a votar la ley de sanidad vegetal, que no es ni sanidad ni vegetal. Pues sí, es la ley de sanidad vegetal que el Partido Popular y otros grupos parlamentarios han votado a
favor, en la cual, por cierto, está excluido el tratamiento en los organismos modificados genéticamente. Le recuerdo al señor Amarillo que hace tres semanas su partido y el mío nos retratamos en un foro público, y el Partido Popular dijo que en
materia de organismos modificados genéticamente, que no figuran en la ley de sanidad vegetal, aunque no por eso deja de ser tal, aceptamos aquello que es absolutamente seguro, y esa seguridad la da la comunidad científica mediante los protocolos
adecuados. En ese acto, por cierto, el señor Amarillo tampoco dijo nada. No recuerdo que dijera nada ni sí, ni no, ni blanco, ni negro; amarillo, en definitiva (Risas.)
Por otro lado, hablando de rentas, precios y facturaciones, señor subsecretario, apoyamos la línea de nuestro partido, que sigue el ministerio, de modernizar y favorecer la competitividad. Las explotaciones agrarias y ganaderas tienen que
tener todas las ayudas posibles para que se modernicen y sean competitivas, que es la mejor forma de luchar de manera real y auténtica a favor de una mejor renta del sector, de que suban los precios y se incrementen las facturaciones.
Aquí, cuando
se oye lo contrario, apoyos directos a ciertas cosechas, a ciertas producciones, yo no sé si no se conoce o se trata de olvidar adrede que ciertas ayudas de los Estados están taxativamente prohibidas por la Unión Europea, o si es que se tienen
añoranzas y lo que se pide permanentemente es que se vuelva a crear el servicio nacional del trigo, felizmente desaparecido.
Finalmente, señor subsecretario, usted ha nombrado el registro vitícola, y mi grupo y este portavoz estamos preocupados con este tema, no porque se haga, que entendemos que se ha hecho bien, no porque no se actualice, que estamos seguros de
que se está actualizando adecuadamente, sino porque -y en su día habrá que hablar en profundidad sobre la materia- no coincidan en alguna comunidad autónoma las hectáreas reales con las hectáreas con derechos de plantación, derechos que se
explicitan en la OCM del vino.
Repito, esta preocupación es muy fuerte para mi grupo porque está pasando en alguna comunidad autónoma y habrá que ver las consecuencias que puedan derivarse a partir de la próxima campaña. Reitero que en lo que se
refiere a los programas de la Secretaría General de Agricultura, para mi grupo lo presupuestado es suficiente y eficiente.
Sin nada más que agregar, le reitero nuestro agradecimiento al señor subsecretario.
El señor VICEPRESIDENTE: Solamente quiero aclarar esta pequeña discusión que se ha planteado sobre si se está cumpliendo o no el Reglamento. Por parte de la presidencia se está cumpliendo el Reglamento estrictamente.
En todo caso, sí que
ha habido una interpretación flexible en cuanto al formato de esta Comisión, ya que se ha permitido que cada uno se exprese libremente, sin tiempo prácticamente definido, y todo el mundo ha utilizado el tiempo que ha creído pertinente. Quería
destacar esto. En cuanto a las comparecencias, ha quedado claro al principio de la Comisión la justificación por la cual los dos altos cargos que estaba previsto que comparezcan, que orgánicamente incluso dependen del propio subsecretario, no
podían venir y creo que no viene a cuento volver a insistir sobre el mismo tema.
Para contestar a los portavoces, tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ( Lamela Fernández): Gracias, señores portavoces. Voy a tratar de contestarles siguiendo el orden de intervención, a ser posible, a la totalidad de las cuestiones de las que he
tomado nota y con la mayor brevedad, dado lo avanzado de la hora.
En primer lugar, con respecto a las afirmaciones que el portavoz del Grupo Socialista, señor Amarillo, plantea al inicio de su intervención, y en particular a una reflexión de la que se ha hecho eco el portavoz del Grupo Popular en materia
de política de rentas del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de España, observando la trayectoria no ya del presupuesto del año 2003, sino de los presupuestos de este Gobierno desde el año 1997, que son los primeros, hasta el día de la fecha y
observando la evolución del sector desde el año 1997 hasta el día de la fecha, se pueden constatar dos cosas fácilmente: de una parte, que es un sector complejo, desde el punto de vista de la estructura económica del sector, que como sector
productor está sometido en algunas ocasiones a crisis cíclicas en algunas de las subproducciones y que en todo caso ha tenido a lo largo de todos estos años, con esas crisis coyunturales o cíclicas una estabilidad en la estructura y en la
percepción. Hay que ser realistas a la hora de evaluar y valorar los datos macroeconómicos, porque el sector agrario español, o cualesquiera sectores agrarios de países occidentales y modernos, evoluciona hacia su redimensionamiento, y ese
redimensionamiento implica una reducción específica del propio sector por la
propia inercia natural de la sociedad, por la propia mejora específica de los tejidos productivos y por la propia mejora de las condiciones de vida en el medio urbano y el crecimiento de otros sectores económicos que absorben mano de obra
del sector en este caso agrario. Desde esa perspectiva, insisto, y teniendo en cuenta esas cifras, lo que se observa es un mantenimiento razonablemente estable del tejido productivo español, tanto en número de activos, con un ligero goteo a la baja
pero con una cierta estabilidad, como en el redimensionamiento de las explotaciones.
A lo largo de todos estos años el primer objetivo del Gobierno ha sido y es mantener en España un tejido productivo competitivo y, en segundo lugar, que los agricultores y los ganaderos, los titulares de explotaciones profesionales que viven
del campo, que viven de la explotación ganadera, accedan a una renta suficiente que garantice su permanencia en el sector y, por tanto, la permanencia de la propia explotación, y todo eso apostando por la competitividad de esas explotaciones.
Porque, como decía en otra intervención anterior, una explotación no puede ser competitiva pensando únicamente en la ayuda pública o en la subvención, tiene que ser competitiva por sí misma y ser capaz de estar en el mercado, con independencia de
que reciba más o menos ayuda pública en un momento determinado. Por tanto, ésa tiene que ser, esa es y seguirá siendo la línea del Gobierno. ¿Garantías de rentas? Prioritario. ¿Cómo se aseguran las rentas? A través de la mejora de las
estructuras productivas, a través de la mejora de la calidad de las producciones, a través de la reducción y de la racionalización de los costes de producción, a través de la mejora en los márgenes de beneficio en las explotaciones y a través de la
creación de sistemas de aseguramiento que garanticen las producciones y los rendimientos de las producciones de las inclemencias climáticas, de las cuestiones sanitarias, animal y vegetal, y también de las vicisitudes del mercado.
De ahí la razón
de ser del seguro de rentas de ingresos o de precios, según se quiera llamar, que, como saben, es objetivo también del Gobierno. Por tanto, si hay una orientación de la política activa del Gobierno en el sector agrario es precisamente ésa, la
garantía de rentas del sector, pero compatibilizando esa garantía de rentas con la mejora de la competitividad y la permanencia de las explotaciones.
La segunda cuestión que se ha planteado, que creo que es importante, es el ámbito de la sanidad vegetal. Yo no voy a entrar en el debate de la ley de sanidad, que está ya ultimada. Afortunadamente entrará en vigor dentro de un plazo
razonablemente corto y por primera vez España tendrá una ley moderna, a la altura de las necesidades del sector vegetal, que sea susceptible de aplicarse en todo el territorio en los aspectos que son básicos. Lo que sí le tengo que decir al señor
Amarillo es que hay en tramitación parlamentaria otra ley, que creo que conoce, cuyo plazo de enmiendas termina el viernes. Por tanto, está a tiempo de presentar las que crea oportunas. (El señor Amarillo Doblado: Ya lo he hecho.) Precisamente se
refiere a la comercialización de los organismos genéticamente modificados y a todo lo relativo a los OGM. Por tanto, tenemos otro vehículo normativo, que no es el de la ley de sanidad animal, en donde volcar todas nuestras apreciaciones, todas
nuestras sugerencias, todas nuestras enmiendas y en donde poder llegar a puntos de encuentro y de consenso.
Insisto, en su momento dijimos que ese debate no era el de la ley de sanidad vegetal, que era el de otra ley en esta ley entendemos que es donde debe de centrarse.
El señor Amarillo ha entrado en un montón de cuestiones muy concretas a lo largo de su exposición. Voy a tratar de entrar en todas ellas, que, por desgracia en este caso del compareciente, son complejas, puesto que no se contestan en un
minuto. Ha entrado en el tema derivado de la reciente crisis de la BSE, ha entrado en el tema de los MER y ha hablado también de la destrucción de harinas de origen animal, dos consecuencias, como muy bien conoce el señor Amarillo, de las
disposiciones adoptadas por la Unión Europea en el marco de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. Son dos cuestiones que el Gobierno ha abordado, en algún caso en solitario, sin ningún apoyo y sin ninguna colaboración de las
comunidades autónomas, y en otros casos con algún apoyo de alguna comunidad autónoma en alguna parte del territorio, en primer lugar, en el caso inicial, y en el momento, como muy bien sabe, coyuntural, asumiendo la cofinanciación de la retirada de
los subproductos cárnicos de la cadena de producción y financiándolo con cargo a sus presupuestos, como recordará el señor Amarillo, conjuntamente con las comunidades autónomas, por razones coyunturales y por razones de urgencia. Sin embargo, no se
le puede pedir a una administración que con carácter permanente asuma la gestión y destrucción de residuos, eso sería absolutamente impensable en un Estado occidental; sí que garantice que esos residuos no produzcan contaminación cruzada; sí que
garantice que esos residuos no vayan a pone en peligro la salud de nuestros consumidores, y sí que esos residuos no se empleen para usos o fines distintos de los legalmente permitidos. Eso sí que es competencia de las administraciones públicas,
tampoco de la Administración del Estado, señor Amarillo, de las de las comunidades autónomas. En todo caso, eso sí tiene que coordinarlo la Administración del Estado, pero no se le puede pedir a una administración que, con recursos escasos y con
los impuestos de todos los españoles, financie de manera permanente residuos de un subsector -y me da igual el cárnico que cualquier otro-, con carácter permanente, porque eso es hipotecar el futuro de ese sector y hacer cualquier cosa menos
procurar que se resuelvan los problemas de ese sector y desde luego esa no es la línea de trabajo del Ministerio de Agricultura ni de este Gobierno. En el momento de crisis máxima se asumió el coste financiero, como no
podía ser de otra forma, para garantizar esos elementos a los que he aludido, y después se tomó otra decisión, que tiene que ser el mercado, la propia cadena de producción la que resuelva su problema, una vez que en estructura de precios, en
rendimientos y en volumen de producción, la crisis de la BSE, afortunadamente, en España ha quedado superada.
Le tengo que decir, señor Amarillo, que eso lo ha entendido el sector en su gran mayoría. Si mal no recuerdo, catorce organizaciones sectoriales firmaron un acuerdo con el Gobierno para poner en marcha este proyecto, y la número quince, que
no lo firmó, lo aplica a pesar de no haberlo firmado, con enormes problemas, con enormes dificultades, pero al final podemos decir que con un grado de implantación y de satisfacción razonable, a pesar de la complejidad.
En cuanto al planteamiento que ha hecho del seguro obligatorio, es una cuestión que en más de una ocasión hemos planteado como reflexión. La legislación vigente de seguros agrarios no permite que el seguro agrario sea obligatorio, -eso lo
conoce el señor Cuadrado-, y es algo sobre lo que no hay consenso sectorial y no me gustaría plantear una modificación de ley sin ese consenso sectorial previo. Creo que la Ley de seguros agrarios se ha caracterizado siempre por la unanimidad desde
su aprobación; fue la primera ley postconstitucional aprobada, y por unanimidad, y creo que ese mismo consenso debería mantenerse en las sucesivas reformas que puedan tramitarse respecto de esa norma.
En cuanto que el seguro obligatorio que plantea el señor Cuadrado es un seguro que tiene un límite en la subvención, le tengo que decir que también hay que contemplar en este caso la capacidad de renta del agricultor o del ganadero respecto
de la obligatoriedad que pudiese tener de suscribir determinada póliza, porque sí es evidente que las administraciones no podemos llegar a subvencionar más del importe que subvencionamos porque estaríamos vulnerando la normativa comunitaria.
Aquí entro en algo que sí me preocupa. Usted habla de sectores que han padecido o que padecen situaciones complejas, en unos casos por razones coyunturales y en otros casos por razones estructurales del propio sector, y habla de ayudas a
esos sectores en crisis. En ese sentido, cuenta con el apoyo y el respaldo de la administración, pero lo que sí que hay que plantearse es esas ayudas cómo y para qué. Una vez más, cuando hablamos de dinero público, tenemos que saber en qué se
gasta y con qué rendimiento se gasta, y cuando hablamos del dinero de todos los españoles dirigido a un único sector, con más razón. Si además estamos en el ámbito de la política agrícola comunitaria y, como ha señalado el portavoz del Grupo
Popular, hay algo que se llama ayudas de Estado que antes tiene que autorizar la Unión Europea y que sin esa autorización no se pueden dar y que, por tanto, no hay más ayuda a los sectores productivos que las que permiten las OCM, como sabe el señor
Amarillo, o las que permiten los reglamentos horizontales de la propia Unión Europea, entramos en un terreno resbaladizo que podría llegar a ser casi demagógico: decir que hay que apoyar más a un sector sabiendo que no se le puede apoyar más,
porque estaríamos infringiendo la normativa comunitaria. En ese discurso o en ese debate tampoco vamos a entrar. Sabe el señor Amarillo que a lo largo de todos estos años el Ministerio de Agricultura ha apoyado muchos sectores en crisis y que
además los apoyos que ha dado, primero, han sido cuantiosos económicamente y, en segundo lugar, han tenido sus frutos en el sentido de producir en la gran mayoría de los casos -y digo en la gran mayoría, no en todos, lamentablemente- satisfactorios
resultados desde el punto de vista de la estabilización o del redimensionamiento de un sector.
Ha hablado usted en concreto del vino, que ahora mismo es objetivo prioritario del Gobierno, como usted sabe. En los próximos días va a entrar en esta Cámara un anteproyecto de ley de la viña y el vino que establece un nuevo marco jurídico
del sector vitivinícola español, con una dimensión quizá no pensada hace muy poco tiempo, en el sentido de renovación y de modernización del sector y desde luego de mayor rigor también en el control de las producciones y en el control vitivinícola.
El Gobierno ha elaborado un plan sectorial, un plan estratégico del sector vitivinícola, ha hablado con los interlocutores sectoriales, ha hablado con las comunidades autónomas, ha hablado con los consejos reguladores, que está sobre la mesa y
próximamente una buena parte de esas medidas van a ser aprobadas en dos normas, una orden ministerial y un real decreto. Está abierto a otras medidas, como se ha dicho por activa y por pasiva, y desde luego a reconsiderar las que se pongan en
marcha como consecuencia de su aplicación, es decir, a evaluar la aplicación de lo que se ponga en marcha y, en su caso, irlo corrigiendo o adecuando al resultado apetecido. En el caso del vino, señor Cuadrado, usted sabe muy bien que el problema
no es el apoyo público, no es el dinero para el sector, el problema es mucho más complejo, es una estructura sectorial que nos lleva a excedentes cuantiosos, que hay que gestionar, y no podemos gestionar un sector, si queremos que sea competitivo,
pensando única y exclusivamente en las destilaciones, porque eso es abocar el sector al desastre. En esa línea estamos trabajando en el sector vitivinícola y en esa línea esperamos que trabaje todo el sector con las administraciones públicas para
conseguir esos objetivos.
Me sorprende que me hable este año del olivar, se lo tengo que decir con toda sinceridad. A lo mejor en otra campaña me había valido, pero en esta que acabamos de terminar, me parece sorprendente. Hemos tenido más de un millón
cuatrocientas mil toneladas, como usted sabe, de cosecha; hemos batido un récord de comercialización en el mercado interior en la campaña; hemos batido un récord en exportaciones; hemos batido
un récord en no importaciones; hemos mantenido unos precios estables al alza a lo largo de toda la campaña, es decir, remuneratorios, y hemos conseguido que, además de los 170.000 millones que vienen de Bruselas, la rentabilidad media de la
explotación crezca en más de un 15 por ciento.
No sé qué ayudas necesita ahora mismo el olivar desde el punto de vista económico. Necesita lo que siempre ha necesitado y por lo que seguimos apostando, la asignatura pendiente de la comercialización
de nuestros aceites y la puesta en los mercados, pero el primero que tiene que hacer el esfuerzo para hacer eso es el propio sector; de ahí el esfuerzo de la Administración por conseguir una interprofesión que vertebre el sector y que sea capaz de
ponerlo de acuerdo en una política comercializadora agresiva, de presencia de nuestros aceites dentro y fuera de España. Si embargo, estamos hablando ya no de la producción, estamos hablando de la comercialización, de un paso siguiente, donde sí
estoy de acuerdo con usted en que hay que hacer esfuerzos muy importantes de las administraciones y del sector para conseguir esos objetivos.
Aceituna de mesa. Efectivamente, hay un problema de precios, especialmente en Extremadura, que conocemos y que esperamos se pueda reconducir; en todo caso, le anticipo la voluntad de la Administración, en este caso, de la Dirección de
Alimentación, que es de la que depende esta competencia, no de Agricultura, de intentar la consecución de una interprofesión de aceituna de mesa, al igual que de aceite de oliva, como fórmula de interlocución con el sector, un sector atomizado y de
difícil interlocución y, en segundo lugar, como forma de buscar una reordenación del sector que permita una estabilidad en los precios de la producción, por tanto en la producción, de nuestra aceituna de mesa que, como sabe, también goza de apoyo
comunitario.
Carnes de ave, pollos. Personalmente firmé un acuerdo con la industria y con los productores hace algo más de un año, acuerdo que se ha cumplido en una gran parte al día de la fecha y que, en otra parte, no se ha cumplido, pero no por causa
de la Administración ni por el Ministerio de Agricultura, sino de la propia industria. Ahora mismo estamos en conversaciones con la industria, forzando a que ese acuerdo se cumpla en su totalidad, como entendemos que es de rigor, y, desde luego, el
Ministerio de Agricultura pondrá todo su esfuerzo por que se cumpla en su totalidad, y en lo que respecta al Ministerio de Agricultura, con absoluta certeza de que se está cumpliendo y de que se va a seguir cumpliendo en su totalidad. Sin embargo,
también tenemos que ser conscientes, cuando hablamos del sector de la carne de ave, de que tiene una estructura muy compleja por su propia idiosincrasia, por su propio mecanismo de producción y por su propio ciclo de vida y, consecuentemente, le
lleva, habitualmente y con carácter histórico, a situaciones de crisis, una de ellas provocada, en este caso, por la BSE por el incremento de producción para paliar la pérdida de mercado en carne de bovino y, otra parte, como consecuencia de las
propias situaciones de los mercados en los períodos estivales, que genera esos dientes de sierra que nunca son buenos para un sector económico y no lo son, desde luego, para este sector. Es un sector en el que, en ocasiones, el productor tiene
problemas en la remuneración por el precio del pollo, pero estamos asistiendo, y lo conoce muy bien el señor Amarillo, a un sector inflacionista dentro del IPC. Por tanto, es un sector complejo, desde el punto de vista de su tratamiento y desde el
punto de vista del resultado de las medidas que se apliquen.
En el caso del conejo, al que también ha citado, hemos llegado a un planteamiento, conjuntamente con todas las comunidades autónomas, de abordar un plan de actuaciones para el sector cunícola español, plan de actuaciones que se está poniendo
en marcha en estas semanas, a excepción de una, en donde no ha habido consenso con las comunidades autónomas para ponerlo en marcha, y es el planteamiento de la propia interprofesión, en este caso, Intercun, de racionalización de la producción o, en
su caso, de retirar del mercado una parte de la producción para estabilizar los precios. Esta medida de reordenación de la producción no ha sido compartida por una buena parte de las comunidades autónomas y que, además, no ha sido compartida por no
tener un diagnóstico unívoco sobre la situación del sector y por entender que no resolvería la situación económica del sector. Consecuentemente, salvo esa medida que está descartada, el resto se está poniendo en marcha y hay algunas que dependen de
la Unión Europea. Tenemos el caso, nuevamente, de ser una ayuda de Estado, como ha dicho el señor Amarillo. Se ha pedido la autorización a Bruselas para dar esta ayuda, y estamos pendientes de obtener esa autorización.
Las APA. Es algo que se me plantea todos los años, comparezca o no la secretaria o el secretario de Agricultura, siempre me toca a mí, por lo que es una cuestión reincidente. En esta ocasión, señor Amarillo, he estudiado con especial
detalle la cuestión de las APA, a ver si en este ejercicio consigo explicarlo.
En el año 1975 comienza una política de apoyo a las organizaciones de productores y, con posterioridad a la adhesión de España a las Comunidades Europeas, hay un programa específico de apoyo, que asume en su totalidad el Gobierno de España,
el Gobierno central. Es un programa que se basa, con posterioridad, en distintos reglamentos y, en el último, en el reglamento del año 1997, del Consejo. El reglamento del año 1997 del Consejo, hoy en vigor todavía, dice, en sus artículos 11 y
siguientes, que esta línea sirve para financiar los gastos de creación y de funcionamiento de las agrupaciones durante cinco años, que podrán satisfacerse a lo largo de siete ejercicios. Por tanto, si no hay nuevas APA, no hay nuevos apoyos, salvo
que alguien se invente otra cosa que no está en el reglamento comunitario.
Por consiguiente, lo que hace la Administración del Estado, señor Amarillo, es financiar lo que existe, no lo que no existe o lo que pretende la comunidad autónoma, a pesar de que no exista. Eso será algo que tendrá que sufragar, si es así,
la propia comunidad autónoma, no el Estado.
Durante el periodo de 1998 a 2002, se han transferido 11.658 millones de pesetas a las comunidades autónomas para sufragar estas agrupaciones; insisto, con esos cálculos y con esas ratio y, por tanto, supone una media anual de 2.331
millones de pesetas en velocidad de crucero, hasta el día de la fecha. Va reduciéndose la cifra, como usted muy bien ha dicho y como muy dijo en el ejercicio pasado, porque no se van creando nuevas APA, y si se crean, se crean muy pocas, porque los
años han pasado y han terminado los cinco ejercicios, por tanto, no hay línea que atender, no hay actuación que atender. Lo que sucede, y también se lo tengo que aceptar, señor Amarillo, es que las comunidades autónomas, en muchos casos, están
sufragando otras cosas que no son APA y que no están amparadas por este real decreto, pero eso es su decisión y ésas son sus políticas. Nosotros financiamos, como muy bien señala el presupuesto, una línea que está basada en un reglamento
comunitario, el de 20 de mayo de 1997, y nos ajustamos a lo que dice ese reglamento en su artículo 11, a la hora de hacer nuestra presupuestación. Aquí me valdría lo que he dicho anteriormente: no presupuestamos ni de más ni de menos, lo justo, es
decir, lo que hay que transferir a las comunidades autónomas.
Una cuestión también importante es que le sorprende que algunas del ministerio, el 20 de mayo, estén comprometidas al 99 o al 100 por cien.
Eso no es porque haya mucha demanda y, como hay poco dinero, se nos acaba el dinero, eso es porque,
afortunadamente, cada vez conseguimos gestionar mejor los créditos territorializados y conseguimos transferirlos antes a las comunidades autónomas. La Ley General Presupuestaria, en su artículo 155, exige que el Estado transfiera a las comunidades
autónomas los créditos territorializables antes del día 30 de marzo, si mal no recuerdo, es decir, dentro del primer trimestre del año. Ya nos gustaría hacerlo, porque eso significaría no que en el 20 de mayo estaría ejecutado el presupuesto, sino
el día 1 de abril, con lo cual habríamos batido el propio récord que usted acaba de señalar. Ya nos gustaría hacerlo, lo que pasa es que no lo podemos hacer en muchas ocasiones porque, para transferir, tenemos que tener previa petición de fondos y
previa estimación de las propias comunidades autónomas y nos faltan, como he dicho muchas veces, las peticiones de fondos y las estimaciones y las ejecuciones del ejercicio anterior para hacer las compensaciones para poder transferirlo. Eso nos
lleva, por desgracia, a dilatar la ejecución de esos conceptos presupuestarios mucho más no ya de lo que quisiéramos, de lo que dice la ley. Insisto, artículo 155 de la Ley General Presupuestaria. Si se ejecutara bien, si las comunidades autónomas
nos dieran los datos en tiempo real y, por tanto, los tuviésemos en el mes de febrero, una buena parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura, todo aquello que se transfiere a las comunidades autónomas, estaría ejecutado el día 1 de abril de
cada ejertcicio. Creo que es importante tener presente ese dato. En todo caso, le serán remitidos los grados de ejecución del 713 que ha solicitado, como no podía ser de otra forma.
Al señor Vázquez, quiero decirle que comprendo su explicación desde el escepticismo, aunque no la comparto, es legítima y lícita, pero si hiciésemos un ejercicio, que de vez en cuando merece la pena hacerlo, acudir a los registros públicos,
ver los ingresos sectoriales, el movimiento del sector productor, especialmente en su comunidad autónoma, el sector lácteo, el sector ganadero, sector de carne fundamentalmente, veríamos que son sectores que se están moviendo, y usted lo sabe bien;
se están moviendo, se están reordenando, se están reconvirtiendo y están apostando por la calidad en la producción. Entendemos que esas son las líneas. Están apostando por esos objetivos de manera conjunta las administraciones territoriales, la de
la Xunta en este caso, y la Administración del Estado; la Administración del Estado y la Xunta estamos cofinanciando de manera conjunta todas estas iniciativas, en el marco de los programas ordinarios y en el marco de convenios específicos en
materia de regadíos, que usted dice que no hay, sí los hay, no he conseguido recordar la cifra ahora mismo, y lo siento, pero se la mandaré por escrito. Hay un convenio específico de regadíos con Galicia y hay además inversiones compensatorias por
la menor inversión del Estado en Galicia. En esta última conferencia sectorial del pasado lunes hemos transferido una suma importante a la comunidad autónoma precisamente en compensación por las menores inversiones realizadas en política de
regadíos, y hay un compromiso de la Xunta de Galicia en materia de regadíos de apoyo específico en la financiación por el presupuesto de la Xunta de Galicia, cosa que otras comunidades autónomas no han hecho o no hacen con la misma intensidad en el
ámbito de los regadíos.
Sobre los seguros agrarios, yo acepto, como no podía ser de otra forma, todas las críticas, y además creo que las críticas son buenas y constructivas, son las que nos ayudan a mejorar día a día, porque son las que nos ayudan a ver los
problemas y buscarles soluciones. En Galicia, no sé si sabe que el seguro de retirada de animales muertos es el más barato de toda España, y eso no es fortuito, es el esfuerzo de la Xunta de Galicia y de la Administración del Estado para que la
retirada por cabeza haya sido la más barata de toda España. Le tengo que decir que hay más territorios, como pueden ser Aragón, Navarra o Valencia, donde el aseguramiento está al cien por cien, la totalidad de la cabaña ganadera está asegurada de
retirada de animales muertos en explotación, lo cual creo que es un hito. Desde el punto
de vista del resto de los aseguramientos es cierto que en Galicia no ha habido una práctica habitual, es de las comunidades autónomas donde más cuesta implantar el sistema de aseguramiento y quizá sea una de las que más tengamos que
centrarnos en nuestros esfuerzos de promoción del sistema de aseguramiento y de mejora específica de dicho sistema.
En cuanto a lo que se ha planteado aquí -y vuelvo para atrás, porque es una cuestión que se ha planteado por el señor Amarillo-, el plan de actuaciones del sector vitícola tiene un concepto presupuestario, el 779, de la Dirección General de
Alimentación, es decir, que no está en Agricultura ni en Ganadería, y el plan de actuación del sector cunícola tiene un concepto presupuestario, la línea 786 de la Dirección General de Alimentación, es decir, esos dos planes no están en Agricultura
ni en Ganadería, sino en el ámbito de industrias, en este caso alimentarias.
En cuanto al registro vitícola, como he señalado antes -se le aclaro al portavoz del Grupo Popular con mucho gusto-, se elaboró en su día un plan de actualización del registro vitícola, que terminará en la campaña 2004-2005. En el año 2003
vamos a actualizar doce provincias y en 2004-2005 las últimas diez, con lo cual en 2005 estará actualizada la totalidad del registro vitícola con inversiones muy cuantiosas: en 2003-2004, 2.815 miles de euros y en 2004-2005, 3.101 miles de euros.
En todo caso, en ese plan de actuaciones en el sector vitícola al que me he referido, uno de los objetivos es la publicidad del registro vitícola, lógicamente lo que no afecte a los derechos personales y a la legislación de protección de datos, y en
segundo lugar el cruce del registro vitícola con las declaraciones de campaña, que pretendemos que sean con carácter general en toda España. Por tanto, señorías, transparencia en el sector como fórmula de conseguir la reordenación efectiva del
sector. Esos son objetivos del plan estratégico que ya están plasmados en los borradores que ahora mismo están en consultas en el ámbito de las administraciones territoriales.
Por mi parte, nada más.
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (número de expediente 212/001180), DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 212/001207) Y DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/001274).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia de la secretaria general de Pesca Marítima, que han solicitado el Grupo Mixto-Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Si quieren SS.SS. pueden formular directamente las preguntas o seguimos el mismo formato de exposición. (Pausa.)
Vamos a seguir el mismo formato. El subsecretario hará una exposición de los presupuestos de pesca y a continuación los grupos formularán las preguntas que estimen convenientes.
Tiene la palabra, por tanto, el señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Comenzaba mi intervención antes en el ámbito agrario hablando de los objetivos del Gobierno en materia de política agraria y comienzo esta parte de mi
intervención, como no podía ser de otra forma, hablando de los objetivos del Gobierno en materia de política pesquera. En este sentido, la política pesquera se orienta en el ámbito de las líneas o programas tradicionales y que tienden
fundamentalmente, como no podía ser de otra forma -y aquí incido en lo que se ha planteado en el sector agrario-, a garantizar la estabilidad de las rentas de nuestros pescadores y la pervivencia económica de este sector, que es tan importante para
la economía española y para el tejido social y productivo que tiene. Desde esa perspectiva, la primera prioridad, o una de las fundamentales, es la mejora de las condiciones estructurales del sector, y con ella pretendemos mejorar la competitividad
global del propio sector pesquero español. La segunda prioridad que contempla el Ministerio de Agricultura y Pesca en relación con este sector es la lucha contra la pesca ilegal. Se mantiene un esfuerzo importante en coordinación con el Ministerio
del Interior y con las comunidades autónomas para erradicar la pesca ilegal en España, en la doble vertiente de capturas y tamaño.
Creemos que es fundamental, en sectores económicos como el pesquero, al igual que lo es en el sector agrario, la diversificación económica del sector, y por tanto es otra prioridad del Ministerio apostar por esa diversificación económica de
manera importante, porque entendemos que ese primer objetivo al que antes he aludido, el objetivo del mantenimiento de rentas, está íntimamente vinculado a esa política de diversificación para poder afrontar situaciones coyunturales adversas dentro
del propio sector. Otro objetivo importante es la consolidación de nuevas pesquerías, es otra prioridad del Departamento, que se va a seguir desarrollando, puesto que no es una nueva línea en el presupuesto del Ministerio, a través de acciones como
las campañas de investigación -el propio buque oceanográfico del Ministerio el 'Vizconde de Eza'- y el apoyo a la flota en países terceros y en aguas internacionales mediante el fomento de acciones piloto en pesca experimental.
Hay que seguir prestando un decidido y fundamental apoyo a la acuicultura.
Recuerden SS.SS. que esto es una apuesta del Gobierno desde hace mucho tiempo,
que el Ministerio elaboró el Libro Blanco de la acuicultura y que hoy podemos hablar desde esa perspectiva de un desarrollo específico y de una traslación específica del contenido de ese libro al ámbito sectorial; acuicultura y
comercialización de productos pesqueros a través de las campañas del FROM, que también pretende, siguiendo la línea del resto de los productos agroalimentarios, incrementar sus acciones promocionales, en este caso a través de su propia estructura
organizativa, a través del propio FROM.
Entrando en el caso concreto de los programas, creo que hay que detenerse en los dos, en el 718. A y en el 718. B, pero con distinto grado de explicación, puesto que la complejidad de uno y otro es distinta. El 718.A, que es el programa
de protección y de conservación de recursos pesqueros, crece en su conjunto un 34,9 por ciento, es decir, pasa de 35.439,57 a 47.816,72. En dicho programa las líneas de actuación, que lógicamente entran, como he dicho antes, con los objetivos a los
que antes he aludido, van dirigidas en primer lugar al control y a la vigilancia de la actividad y de los recursos pesqueros. Este es un esfuerzo que corresponde a la Administración del Estado impulsar, la cual lleva varios ejercicios haciéndolo de
forma decidida. Pues bien, los mecanismos y los sistemas de control y vigilancia de la actividad crecen más de un 27 por ciento. En segundo lugar, las actuaciones en zonas marítimo-pesqueras tienen un crecimiento del 132 por ciento, el fomento de
la acuicultura, al que antes he aludido, línea prioritaria, tiene un crecimiento del 23,8 por ciento, casi el 24 por ciento, y la línea de apoyo a la operatividad de la flota en países terceros, el sistema de gestión integral y los estudios de
carácter sectorial y estructural, dedicados a la modernización del sector y a la mejora en su competitividad, crecen un 12,3 por ciento. Por tanto, insisto, el programa 718.A crece exactamente el 34,9 por ciento, cifra esta que entendemos es
importante desde el punto de vista del presupuesto económico del Gobierno en el ámbito de la pesca.
El 718.B, programa de mejora de las estructuras y mercados pesqueros, es un programa que globalmente considerado desciende el 31,2 por ciento y por eso entiendo que su presupuesto requiere una explicación más detallada. En primer lugar,
porque es un programa que viene condicionado en su desarrollo y en su presupuestación por la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos y por el conjunto de acciones que se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos meses y de estos
últimos años como consecuencia de la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos.
Consecuentemente, una vez más, en este caso en el ámbito de la pesca, su presupuestación viene condicionada por la realidad del gasto para atender las
actuaciones contempladas precisamente en la no renovación de dicho acuerdo pesquero con Marruecos. Desde esa perspectiva, el capítulo de ajuste al esfuerzo pesquero baja un 81 por ciento, la presupuestación de las medidas IFOP bajan un 75 por
ciento y el desarrollo y modernización de equipos, puertos y comercialización baja un 1 por ciento, una cifra insignificante. Por tanto, lo que ha sucedido con el programa 718.B, al que he dicho que quería aludir específicamente, es que las medidas
de apoyo a la flota como consecuencia de la no renovación del acuerdo se han ejecutado con fondos comunitarios, es decir, que proceden de un instrumento específico y no directamente del IFOP, y en consecuencia al día de la fecha se han atendido,
incluso realizando las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas para atender el pago de estas cifras, las cuales por otro lado están pendientes de justificación de las comunidades autónomas; y si luego tengo que entrar en detalle
en relación con ello lo haré. En segundo lugar, las medidas específicas de diversificación -que, como conocen SS.SS., son medidas que se han plasmado en convenios específicos con tres comunidades autónomas, con Galicia, con Canarias y con Andalucía
muy recientemente- están contempladas dentro del presupuesto en el capítulo de convenios con comunidades autónomas y, por tanto, en un ámbito distinto del que antes estaba contemplado. Este convenio con las comunidades autónomas, tiene un
crecimiento del 266,2 por ciento.
Desde esa perspectiva, el presupuesto de pesca merece a nuestro juicio el mismo calificativo que he utilizado antes para el presupuesto agrario. En primer lugar, es un presupuesto que permite atender las acciones prioritarias del Gobierno
en materia de política pesquera y seguir atendiéndolas con recursos suficientes para cumplir con esos objetivos.
En segundo lugar, es un presupuesto que permite continuar atendiendo, dentro de los escenarios financieros que previamente se
diseñaron, las consecuencias de la no renovación del acuerdo con Marruecos, y por consiguiente, acabar de ejecutar la totalidad de los programas y de los convenios que conlleven esa no renovación de dicho acuerdo. Por tanto, esperamos que todas las
actuaciones de diversificación, todas las actuaciones enmarcadas dentro de los convenios se ejecuten. De hecho, se están llevando a cabo con distinto grado de celeridad y con distinto grado de intensidad; con mayor celeridad e intensidad en
Galicia, después en Canarias y en última instancia en Andalucía. En todo caso, esperamos que se cubran los objetivos de los fondos del ministerio -los fondos de los convenios específicos son de la Administración del Estado- para contribuir a esas
zonas especialmente afectadas, zonas en algunos casos con monocultivos, las cuales requieren una especial atención por parte de las administraciones para garantizar la diversificación y la recolocación de mano de obra y empleo y, consecuentemente,
que se proceda a culminar la ejecución de estos presupuestos y de estos convenios a la mayor brevedad posible y en todo caso dentro de los escenarios que están previstos.
Por mi parte nada más, con independencia de las preguntas que se me quieran formular.
El señor VICEPRESIDENTE: Para formular las preguntas que estime convenientes, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: En primer lugar, quiero lamentar ausencias y agradecer presencias. Agradezco al señor subsecretario que se haya prestado a cubrir todo el terreno de su ministerio y lamento que la persona directamente responsable de la
materia no esté aquí, ya que nos hubiera gustado conocer sus intenciones puesto que, como he dicho, es la responsable directa de este tema.
Señor subsecretario, usted nos ha anunciado nuevos objetivos con menos presupuesto, pero tendría que justificar cómo se van a conseguir los nuevos objetivos con menos presupuesto, y por qué el presupuesto anterior era más elevado, así como
el nivel de ejecución por programas y capítulos; toda una información necesaria para poder trabajar y enjuiciar este presupuesto. Si nosotros tuviéramos el nivel de ejecución del presupuesto anterior por programas y por capítulos, es posible que
el debate fuera más fructífero para ambas partes y que, a la hora de plantear enmiendas, todos jugáramos con una mejor información. Como no lo tenemos, le pido por favor que nos anticipe la ejecución del presupuesto anterior, ya que en todo caso
esa ejecución, y no solamente las previsiones del tema de Marruecos, debe servir de base a la hora de evaluar este presupuesto.
Usted ha hablado de nuevos objetivos, pero cuando nos fijamos en el presupuesto vemos que la distribución del gasto es continuista y pensamos que la realidad sigue siendo diferente. Me gustaría saber cuáles son las novedades positivas que
aporta este presupuesto. Sabemos que en este momento es difícil elaborar un presupuesto de pesca puesto que la política común de pesca está pendiente de ser aprobada y, en consecuencia, es aventurado cualquier presupuesto. Lo sabemos, pero en todo
caso debemos defender lo inmediato y apuntar positivamente hacia el futuro.
Está habiendo cambios importantes en el sector, cambios que afectan a caladeros propios y ajenos, a producción, a consumo, a comercialización y a transformación, cambios que no se reflejan correctamente en los presupuestos. Están cambiando
las condiciones a nivel internacional, se está complicando el acceso a aguas foráneas e internacionales, los fondos para esos accesos llegan tarde o son insuficientes y la Unión Europea está dificultando las condiciones para crear empresas mixtas.
España tendría algo que decir a esto. En todo caso, vamos muy lentos en los trámites y tenemos pocos fondos, y el tiempo en estos temas es importante. También están cambiando las condiciones de comercialización, se recupera el pescado fresco y hay
avances en la transformación y presentación del producto para adaptarlo a las demandas del mercado. El sector tiene que transformarse, pero no existen las ayudas públicas precisas y suficientes para esta finalidad. La recuperación de los caladeros
propios y el apoyo a la pesca artesanal no están suficientemente considerados en el presupuesto, y le recuerdo que hoy los caladeros están sobresaturados porque una de las soluciones que se dio al tema de Marruecos fue replegar barcos a caladeros
propios que ya estaban saturados. Hoy tenemos problemas en la Bahía de Algeciras, en Galicia y otros sitios, porque los nuevos barcos hacen inviable la vida económica de todos los demás, y hay que buscar una solución.
Señor subsecretario, la diversificación productiva es una necesidad en las zonas afectadas por el nuevo acuerdo con Marruecos, pero también lo es en las zonas fuertemente dependientes de la pesca. Hay que anticiparse al problema y no
esperar a que aparezca otro fracaso como el de Marruecos, y para eso, hay que hacer programas específicos, programas de formación y reciclaje de trabajadores en esas zonas, programas de desarrollo global, etcétera. Nos parece bien el incremento
para formación náutico-pesquera.
El año pasado ese presupuesto disminuyó un 25 por ciento, en cambio hoy se incrementa, y quisiéramos saber el porqué. En todo caso, le recuerdo que esta es una competencia de las comunidades autónomas, por eso
tenemos curiosidad por saber la finalidad de este incremento, que nos parece positivo porque la formación tiene una relación bastante directa con la siniestralidad. Hablando de siniestros, ¿qué medidas piensan tomar para disminuir los siniestros?
Porque las actuales no son suficientes.
El tema de los cultivos marinos y la acuicultura es fundamental para nosotros. Tenemos que romper dependencias con otros países de la Unión Europea y eso requiere una inversión muy fuerte en I+D, en políticas sociales y en formación, que
permita extender estos cultivos. Usted sabe como nosotros que estamos hablando de competencias de las comunidades autónomas en las que el Estado puede y debe cooperar fundamentalmente en I+D y aportando fondos, pero también sabe que en este tema, a
pesar de los avances de los últimos años, estamos retrasados respecto a la Unión Europea y somos dependientes en determinados cultivos marinos, y que esta dependencia únicamente se puede romper con un esfuerzo importante en I+D.
Tenemos un mercado para productos pesqueros capaz de absorber nuestra producción y más, tenemos una flota capaz de ampliar de manera importante sus capturas, tenemos unos barcos y una tecnología competitivos, tenemos una mano de obra
cualificada, pero tenemos un problema, que se llama falta de caladeros, que amenaza con asfixiar el sector. Ante este problema se plantean varias alternativas: una disminución de la capacidad de capturas -que es la solución que está manejando en
estos momentos la Unión Europea-, la
búsqueda de nuevos caladeros y la recuperación de los caladeros tradicionales a través de vedas y paros biológicos. Queremos saber cuál es la postura del Gobierno en este tema.
Recordamos al Gobierno que la pesca no aparece en los acuerdos comerciales que España suscribe con frecuencia con otros países. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la pesca debería figurar como contrapartida en estos acuerdos y
debería ser incorporada como elemento que pudiera servir para facilitar la solución de nuestros problemas. (Rumores.) Parece que algún diputado tiene prisa. (Un señor diputado: No tengo prisa, pero concreta.) Señor diputado, no quiero establecer
ningún diálogo. Para nosotros los presupuestos son la plasmación de una filosofía. Estamos discutiendo esa filosofía y también vamos a hablar con los números.
Señor subsecretario, en el programa 711.A, la partida de trabajos realizados por otras empresas es estable respecto a otros años.
Quisiéramos saber qué estudios y trabajos técnicos son realizados por empresas externas. En el programa
718.A, el capítulo 4, ayudas a familias, instituciones sin fines de lucro y transferencias corrientes, la subvención a la Cruz Roja del Mar es siempre la misma, igual que las ayudas a la acuicultura. Sobre las subvenciones a la Cruz Roja del Mar,
le pregunto si este es un convenio firmado a muchos años sin revisión del IPC, si le parece suficiente o es que los fondos para la Cruz Roja del Mar van por otro capítulo, porque es una partida que nos parece claramente insuficiente. Sobre todo,
nos parece que el hecho de que la tecla siempre teclee lo mismo merece una explicación. En este programa hay un incremento importante en inversiones y quisiéramos conocer su explicación. Estamos hablando de inversiones asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios e inversiones de reposición, entre las que nos imaginamos que están barcos, aviones y arrecifes, encargados de inspección, de vigilancia y demás. Nos parece que es un incremento importante y queremos saber a qué se debe.
También queremos saber, por curiosidad, cuántas horas de inspección han tenido los aviones el año 2002. En cuanto a las transferencias de capital, hay una ligera subida en el plan nacional de cultivos marinos y fomento de la acuicultura que nos
parece positiva aunque insuficiente. Como decíamos anteriormente, aquí hay que hacer un mayor esfuerzo. Este programa concreto de acuicultura y cultivos marinos debería tener mayor importancia y diferente ubicación.
La mayor importancia es
hacerlo depender de una subdirección general y la ubicación sería el programa 718.B, mejoras de estructuras y mercados pesqueros, porque pensamos que sería mejor. En todo caso, nos parece positivo el incremento aunque claramente insuficiente sobre
todo para minimizar o eliminar dependencias con otros países de la Unión Europea en este tema. Usted nos dio una explicación de por qué el programa 718.B tiene una caída tan importante y lo relacionó -pensamos que ahí está la explicación- con el no
acuerdo con Marruecos. En este programa hay una partida de 45 millones de euros para la acción específica del no acuerdo con Marruecos. ¿Con esta partida y con los presupuestos del año 2002 se liquidan los fondos que había para indemnizar por el
no acuerdo con Marruecos? Me parece que la última cifra era de 186 millones de euros. A nosotros no nos cuadran las cifras y le preguntamos si esta partida de 45 millones de euros cierra el ciclo o si quedan partidas pendientes y dónde están.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Díaz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino en 30 segundos.
Nos parece importante el incremento de la partida para la formación náutico-pesquera. En el capítulo 6 de este programa, convenios de comunidades autónomas para diversificación, hay un incremento muy importante que me imagino que es la
explicación de los convenios firmados. Queríamos que nos explicara es en qué consisten esos convenios y su cuantía. El programa de ajuste del esfuerzo pesquero este año tiene una partida de 15 millones de euros y el año pasado de 86 millones de
euros porque comprendía el tema de Marruecos. Este año el tema de Marruecos está desgajado. En todo caso, le recuerdo que el ajuste del esfuerzo pesquero el año pasado tenía un mayor desglose; una parte iba para el desguace de buques, otra parte
para exportaciones de buques y otra parte para sociedades mixtas. Quisiéramos conocer cuáles son las prioridades este año de esos 15,9 millones de euros para el ajuste del esfuerzo pesquero, cuánto va a exportaciones de buques, cuánto a sociedades
mixtas y cuánto a desguace de buques. Si esa información no la tiene aquí le pido que nos la remita posteriormente. En este mismo capítulo existe un apartado de otras medidas. Dicho apartado tiene este año un presupuesto de 15 millones de euros y
el año pasado tenía 63 millones de euros. Le recuerdo que en el presupuesto anterior contemplaba pesca costera artesanal, medidas socioeconómicas, 21 millones de euros, parada biológicas, 27 millones de euros, y medidas innovadoras, 11 millones de
euros. Hay una disminución importante y antes atendía a cuestiones de interés, que ya he mencionado y que tienen que tener una cobertura. Por eso le preguntamos cuál es el desglose actual de esos 15 millones de euros para otras medidas.
Con esto, termino, pidiendo disculpas si he consumido mucho tiempo, pero para nosotros este tema es importante.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Agradezco el esfuerzo del señor Lamela al presentarnos el presupuesto
de pesca para el año que viene. Señor presidente, será todo lo reglamentario que sea, pero a mí francamente me parece una falta de consideración que los presupuestos de pesca los explique el subsecretario de Agricultura, y no tanto una
falta de consideración para este diputado y para esta Cámara sino para el sector. Me parece que refleja la importancia que el ministerio le da a la cuestión de la pesca. Desde luego, la señora secretaria general deberá tener una excusa muy
importante para no comparecer nada menos que para explicar los presupuestos del año que viene de su departamento.
Con toda brevedad quisiera decirle, señor subsecretario -y quiero dejar claro que para nada es usted responsable de esta cuestión-, que la pesca va a ser otro de los sectores de los que no cabe esperar -y se lo digo con toda rotundidad- nada
de estos presupuestos y tampoco de la política del Gobierno. Hablando francamente, estamos en un sector en claro retroceso, sea en bajura o en altura, con importantísimas dificultades que a nadie se le escapan. Estamos en plena reestructuración de
la flota que faenaba en aguas del banco canario-sahariano con una repercusiones importantísimas, en contra de lo afirmado en su momento por el Gobierno.
Le voy a dar datos oficiales para que no se diga que nos lo inventamos, del 10 de junio de este
año, o sea que a estas alturas ha podido cambiar desde luego a peor esta situación. Nada menos que 143 de los 397 buques que faenaban en ese caladero, es decir un 36 por ciento, se fue a desguace o a bajas por otros motivos. Solamente están
recolocados en otros caladeros el 19,8 por ciento, 79 buques, de los cuales 17 con permiso temporal de pesca y por tanto en una circunstancia que puede variar, y 25 pasaron a sociedades mixtas, donde también se nos decía que se iba a poder recolocar
la mayoría de estos buques. La consecuencia es evidente para todo el sector, tomando el ejemplo de este nuevo golpe a la flota. Basta ver la evolución del empleo en pesca. Si en el primer trimestre del 2001 había 68.000 empleos, en el primer
trimestre del 2002 había 57.000, es decir, se perdieron nada menos que 11.000 empleos en un año. Junto a esto se van cumpliendo otras previsiones. Nosotros estamos seguros de que hay toda una política -se diga lo que se diga- dirigida hacia este
derrotero, hacia este fin que se está consiguiendo, en el que participa con entusiasmo la Unión Europea, que nos dice constantemente que hay que ser muy comprensivos con las necesidades, eso sí, sólo en materia de pesca, de terceros países.
Mientras todo esto sucede aumentan las importaciones de pescado; por ejemplo, las de Marruecos pasaron de 69.000 toneladas en el año 1998 a casi 122.000 en el año 2001 y siguen aumentando. Si a esto le añadimos que tenemos una propuesta de reforma
de la política común de pesca sobre la mesa, cuyos contenidos de aplicarse van a suponer otro golpe importantísimo para el sector en general y también para el empleo, uno puede adivinar cuál es el futuro. Para contrastar todo esto los presupuestos
no dan de ninguna manera respuesta a esta situación.
Centrándome en alguna de las cuestiones a las que usted hizo referencia, el tema de la investigación se repite año tras año. El esfuerzo investigador para nada guarda relación con la importancia que aún tiene la flota pesquera. Está muy
por debajo de esa importancia y, a pesar de que cada año se pueda incrementar levemente ese esfuerzo investigador, está muy lejos de las necesidades actuales.
La acuicultura es otro de los programas que en el año 1996 la entonces ministra doña Loyola de Palacio nos anunciaba como programa estrella.
Efectivamente, el sector de la acuicultura podría con un apoyo decidido intentar compensar algo, no
naturalmente todo, de lo que se pierde en otro subsector de la pesca. La verdad es que el esfuerzo presupuestario que se hace es ínfimo. La mayoría de los esfuerzos en materia de agricultura lo hacen los particulares, esa es la realidad pura y
dura, los particulares, que, por cierto, aguantan también por su cuenta cuando tienen problemas.
El tema de las rentas. Será un objetivo del Gobierno garantizar las rentas. Usted debe de saber que cada vez que hay un problema en un sector (por ejemplo, ahora el sector del pez espada está pasando por un problema de precios en primera
venta), y me voy a referir fundamentalmente a los trabajadores del mar, con este sistema que seguimos teniendo a la parte, repercute en el armador, por supuesto, pero de una manera muy importante sobre los trabajadores del mar. Hablar hoy en día de
rentas altas para los trabajadores del mar francamente es casi una ironía, porque usted sabrá también que precisamente cada vez menos gente tiene interés en trabajar en un sector donde el trabajo es durísimo, los salarios son bajos y, efectivamente,
está provocando -y se lo vuelvo a decir y usted lo sabe igual que yo- la salida de miles de personas de las zonas costeras y naturalmente de la pesca hacia otros trabajos porque éste, efectivamente, no tiene prácticamente ninguna posibilidad de
mantener una renta mínimamente digna a cambio del trabajo y la peligrosidad de este empleo. Por tanto, estamos delante de un panorama regresivo en todos los sectores y probablemente estaremos el año que viene, si no se remedia, en una situación
peor que ésta, situación derivada también, y hay que decirlo así, del escaso peso que el Estado español sigue teniendo en la definición de la política pesquera en la Unión Europea para nada acorde con la importancia del sector en Europa que nos está
suponiendo una serie de discriminaciones que nadie podrá negar en aguas intracomunitarias y desde luego una pérdida de posición cada vez mayor en el concierto internacional, porque la propia Unión Europea, como el señor Fischler ha expresado más de
una vez, tiene muy poco interés en seguir manteniendo esa presencia, porque, según dice, por ejemplo, los acuerdos internacionales resultan muy costosos para la Unión Europea y para países poco interesados
en la pesca la sensibilidad de desarrollo económico de terceros países es extraordinaria, cosa que no demuestran en otros sectores económicos.
Acabo, señor presidente, diciendo que, efectivamente, con estos presupuestos el sector no va a poder salir de la crisis en la que está y esperamos que la respuesta nos la dé el año que viene con unos presupuestos mucho más acordes con las
necesidades del propio sector.
El señor VICEPRESIDENTE: Solamente quiero recordar que está compareciendo el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación. (El señor Vázquez Vázquez: Lo que usted me diga.) Es una aclaración porque había dicho que solamente era de
Agricultura.
Tiene la palabra el señor Mantilla en nombre del Grupo Popular.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Quiero agradecer al señor subsecretario su presencia aquí, sustituyendo a otros altos cargos de su departamento que, como bien dice el señor presidente, es también de su responsabilidad.
He escuchado con atención a los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Lógicamente alguno quiso iniciar un debate general de la política de pesca de la Administración, que no es motivo para debatir hoy aquí. Aquí estamos
debatiendo los presupuestos para el año 2003, incluso con la proyección anual que se produce por determinadas cifras. Tengo que discrepar con estos dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra porque los presupuestos para el año 2003
tienen un incremento considerable respecto a los años anteriores. Me explico. Es cierto que los presupuestos de los años 2001 y 2002 fueron exactamente de 233 millones de euros y 219 millones de euros respectivamente debido precisamente a la no
renovación del acuerdo con Marruecos, sin embargo si excluimos estos dos años que, lógicamente, por su atipismo, no deben tenerse en consideración, los presupuestos de los años anteriores -1997, 1998, 1999 y 2000- tuvieron unos importes de 81
millones de euros, 81,93 millones de euros y 109 millones de euros respectivamente. Como el presupuesto para el año 2003 se eleva a 174 millones de euros, si hacemos un promedio, aproximadamente el incremento con respecto a los años anteriores es
casi del cien por cien. Por tanto, no podemos decir que el presupuesto tenga reducciones y si las tiene en concreto es porque hubo partidas considerables, como decía el portavoz del Partido Socialista Obrero Español y que desconocía que estaban
incorporadas en el presupuesto con respecto a todo el tema con Marruecos.El tema de Marruecos, como decíamos en muchas ocasiones, ya ha tenido soluciones favorables.
Me sorprende también que haya portavoces que utilicen la pérdida en el sector pesquero a su mejor manera y conveniencia. De momento dicen que hemos perdido puestos de trabajo, pero después dicen que no se han perdido sino que los han
abandonado. Don Guillerme Vázquez decía al principio que se perdieron 11.000 puestos de trabajo pero, ¿se perdieron 11.000 puestos de trabajo o es que hay 11.000 personas que no quieren faenar? Son cosas totalmente distintas. No se están
perdiendo puestos de trabajo sino que en estos momentos, por desgracia, y como habíamos dicho en reiteradas ocasiones, la gente abandona el sector por comodidad -como bien decimos, el trabajo no es muy agradable, es duro-, pero don Guillerme Vázquez
y yo sabemos que las rentas en el sector pesquero son considerablemente superiores a las de sus homónimos de tierra, lo sabemos perfectamente; las estadísticas a lo mejor no lo recogen así, pero por algunos motivos podrán ser. Por tanto, no se
están perdiendo puestos de trabajo en el sector pesquero sino que, por desgracia, nuestros tripulantes están abandonando ese sector. Tanto es así que en estos momentos superamos los 2.000 marineros que no tienen nacionalidad española, gran parte de
ellos precisamente marroquíes. De ahí que los presupuestos para el año 2003 no tienen una línea continuista -estamos hablando siempre con relación al año 2002 y anteriores- sino un incremento considerable con respecto a los años anteriores.
He de destacar sin duda los convenios que se han alcanzado con las comunidades autónomas, con Galicia, Canarias y Andalucía, que suponen del orden de los casi 40 millones de euros para los tres años que tiene de mandato el convenio. Hay
otros aspectos que tanto el señor subsecretario como los portavoces se han referido a ellos pero, sin duda, tenemos que decir que ya, gracias a Dios, Marruecos es un tema totalmente fenecido.
Tengo otros datos mucho más actuales que los que tiene
don Guillerme Vázquez, de los cuales le puedo decir que en estos momentos la práctica totalidad de los 397 barcos a los que usted se refería están recolocados o están con paralización definitiva como pueden ser 36 que están en sociedades mixtas, dos
que están en explotación y 128 que han ido voluntariamente al desguace -nadie les ha obligado-. Para eso también es cierto que en los presupuestos, están dotadas las cantidades necesarias para ese desguace, si no, no tendrían que estar en ese
presupuesto de los años 2001 y 2002, no serían tan altos y usted no diría que se reducía en los presupuestos con respecto a los años anteriores. Una de dos, o hay desguaces o no hay desguaces, si hay desguaces hace falta financiación y,
lógicamente, se incrementan los presupuestos que ustedes están comparando de una forma un tanto torticera diciendo que se reduce con respecto a los años anteriores.
Hay temas que son tremendamente importantes; se sigue potenciando y ayudando la creación de empresas mixtas (hay 9 millones de euros para cada uno de los años) y, sin duda, uno de los temas en los que parece que don Guillerme Vázquez no
cree es el de la potenciación de la acuicultura.
Por suerte, como usted bien
sabe, Galicia es una región privilegiada, en la cual la acuicultura está sin duda potenciándose y cada día se están creando muchas más piscifactorías que las que había anteriormente. También tenga usted en cuenta que estas piscifactorías
tienen ayudas considerables de las comunidades autónomas y lógicamente también de la Administración central vía Unión Europea. Usted bien sabe que últimamente, por mediación de ese IDI que ustedes también rechazan, se ha avanzado en la cría del
pulpo en cautividad. Esperemos, aunque no hay ningún pulpo como el gallego, que el pulpo que se críe en cautividad sea lo suficientemente bueno como para que se pueda tomar en las ferias.
Por tanto, señor subsecretario, agradecemos su presencia. Los presupuestos son considerablemente superiores a los que traíamos anteriormente. En este caso no solamente tenemos que felicitar a la Administración, sino a todos los grupos
parlamentarios que conforman esta Cámara porque siempre hemos intentado reconducir la pesca ilegal. Aquí se han visto muchas proposiciones no de ley en ese sentido y, como digo, hay que agradecer al Gobierno, en este caso a la Administración, que
unos temas que nosotros siempre hemos discutido y apoyado hayan sido tenidos en cuenta. Se han tenido en cuenta muchas ideas y otras no, pero esperemos que, en el futuro, la coordinación, la comunicación entre el Parlamento y la Administración sea
fluida, como casi siempre lo ha sido.
El señor VICEPRESIDENTE: No sé si ha sido usted muy oportuno, señor Mantilla, al mencionar a estas horas un producto tan rico como el pulpo gallego.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela Fernández): Voy a tratar de contestar las cuestiones que se han ido planteando por los portavoces de los tres grupos, si bien quiero comenzar esta segunda intervención
diciendo que no he venido a hablar de filosofía en política pesquera ni tampoco a mantener un debate de política general pesquera, sino a tratar de explicar las cifras del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca para el ejercicio 2003. En
todo caso, a la secretaria general le hubiese gustado estar aquí, pero una actuación importante en relación con el sector se lo ha impedido, lo que ha motivado que yo asuma, con mucho gusto, esta comparecencia.
En primer lugar, quiero decir al señor Díaz que, efectivamente, en el presupuesto de pesca se plantean de manera simultánea nuevos y viejos objetivos, y digo nuevos y viejos en el sentido de que algunos traen causa de líneas tradicionales
que tienen que seguir siendo abordadas, muchas de ellas vinculadas a financiación IFOP y, por tanto, a la cofinanciación. Es decir para atender a la parte de la Administración del Estado que requiere aportar la estructura de la cofinanciación y
para la pontenciación o reorientación de determinadas actuaciones que la Administración del Estado, el Ministerio de Agricultura entiende que requieren una actuación específica de los poderes públicos para conseguir un sector pesquero más
competitivo, más moderno y con mayor dinamismo.
Desde esa perspectiva es como debe entenderse la estructura del presupuesto de la Secretaría de Pesca para el ejercicio próximo. Sería una, digamos, triquiñuela presupuestaria que cuando tenemos que
atender a un sector en crisis o a una parte de un sector en crisis, y eso significa un esfuerzo presupuestario adicional de la Administración del Estado, tengamos que consolidar ese esfuerzo presupuestario para el sector cuando ya ha salido de la
crisis o cuando ya se ha abordado un plan para salir de la crisis. Por tanto, entenderán SS.SS. que se produzca una bajada en el presupuesto de la Secretaría de Pesca simplemente porque los objetivos que nos pusimos como Administración del Estado,
juntamente con las comunidades autónomas, para cubrir ese problema se terminan de cumplir en el ejercicio 2003. En consecuencia, como bien decía el portavoz del Grupo Popular, todo lo demás sube y eso desaparece en gran parte. Desaparece en gran
parte porque ya no tiene sentido que aparezca con esa estructura, con ese contenido y con esas finalidades. Esa es la explicación real de la estructura y contenido del presupuesto.
Es muy importante reconocer -el ministro y la secretaria de Pesca lo han reconocido en más de una ocasión- que el sector pesquero español atraviesa una situación de incertidumbre como consecuencia de la reforma anunciada en la Unión Europea
de la política común pesquera, igual que lo atraviesa el sector agrario, pero esas incertidumbres generan dos actuaciones por parte de la Administración. En primer lugar, la defensa de los intereses pesqueros en la Unión Europea en los dos frentes
y con las estrategias que usted conoce perfectamente: una estrategia sectorial interna, de acuerdo con el sector, sobre las líneas a defender en el marco de la Unión y una política de alianzas en la Unión Europea para conseguir cambiar la
orientación de la propuesta de reforma de la pesca.
En segundo lugar, seguir atendiendo las necesidades del sector y, con independencia del marco comunitario, atender el marco nacional, consiguiendo mejorar la competitividad del propio sector.
Este sector, igual que el agrario -vuelvo al paralelismo-, es un sector importante en la estructura económica española desde el punto de vista de su aportación, incluso al PIB, pero no podemos ser ajenos a que es un sector en permanente reordenación
por determinadas cuestiones a las que tampoco podemos ser ajenos. En primer lugar, los avances tecnológicos, que implican disminución de mano de obra y, por tanto, pérdida de empleo, lo cual no es ir en contra del futuro del sector, sino apostar
por algo que ustedes han dicho: la I+D en el sector, las nuevas tecnologías aplicadas a las técnicas extractivas. Desde esa
perspectiva, no es un abandono real, sino una consecuencia de la modernización del propio sector. En segundo lugar, la realidad de que estamos ante una actividad dura; la actividad pesquera es una actividad que todos sabemos que es dura y,
lógicamente, los propios pescadores tienden, en determinados segmentos de edad, a buscar puestos de trabajo alternativos menos duros, con lo que se acompasa la modernización y tecnificación del sector, la renovación de la flota que implica esa mayor
tecnificación, con la disminución de la mano de obra. Esto significa un redimensionamiento del sector, no ya por razones de crisis, no ya por razones de pérdida de caladeros, no ya por razones de la no renovación de acuerdos de pesca, sino por
razones estrictamente estructurales. Eso no impide que el sector no sea competitivo; teniendo la dimensión que tiene que tener, con una mano de obra adecuada, con un volumen de empleo adecuado al sector, puede ser perfectamente competitivo. En
apoyo a esta línea va el segundo de los objetivos de la política del Gobierno para el sector pesquero: la mejora de las estructuras de comercialización de los productos, que indudablemente es fundamental como forma específica de apoyo al propio
sector, pero no siendo ajenos a la realidad y la realidad es que estamos en un mercado globalizado, en una economía mundial y no se pueden poner puertas a la pesca ni evitar que vengan productos de otros países a nuestros mercados. Tenemos que ser
capaces de colocar los nuestros en las mejores condiciones para que sean los primeros vendidos y que la estructura de comercialización de nuestros productos sea la mejor, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Estoy totalmente de acuerdo en que la política de diversificación tiene que ser general. No podemos circunscribir la política de diversificación a los cuatro núcleos de población donde haya podido haber problemas, por muy grandes que sean
esos núcleos, me da igual que me hable de comunidades autónomas, que de pueblos, que de comarcas, pero también usted estará de acuerdo conmigo en que la política de diversificación, que genera y requiere inversiones, hay que priorizarla. Lo que ha
hecho el Gobierno es priorizar la política de diversificación en aquellas zonas geográficas en que hay un mayor coste social como consecuencia del no acuerdo con Marruecos. Eso sí es una prioridad del Gobierno, una decisión del Gobierno, una
estrategia de política presupuestaria que ha estado, está y estará en los presupuestos del ministerio, además, no escatimando esfuerzos económicos, y me refiero a que en este caso no estamos hablando de utilización de fondos IFOP, sino de
utilización de fondos del presupuesto del Estado. Me preguntaba por los convenios de diversificación y le contesto. El convenio con Galicia, firmado entre la Administración del Estado y la Administración gallega el pasado diciembre de 2001, supone
una aportación por parte de la Administración del Estado de 21 millones de euros y una aportación por parte de la Administración gallega de otros 21 millones de euros.
¿Qué objetivos tenemos? La recuperación económica y la creación de empleo alternativo en los sectores agrario y pesquero, e implementar una serie de acciones específicas en el marco de estas inversiones que van a inversiones en industrias
de transformación y comercialización; a la determinación o deslinde de parques empresariales; mejora de estructuras comerciales, como le decía antes; e incluso fomento de ayudas al empleo; fomento de la producción acuícola, y fomento de apoyo a
las iniciativas turísticas. Una serie de medidas que tienen un común denominador en cuanto al beneficiario: el sector pesquero y las empresas que incorporen personal excedente de la actividad pesquera y, en concreto, excedente de la que era flota
que faenaba en el caladero marroquí.
En segundo lugar, el convenio con Canarias, suscrito con la comunidad autónoma también en diciembre de 2001, es un convenio que tiende a la reactivación económica y a la creación de empleo en el sector pesquero; también lleva básicamente
las mismas prioridades desde el punto de vista de actuaciones; y se refiere al objetivo de incorporar personas excedentes de la flota, con una aportación del Gobierno del Estado de casi tres millones de euros, si mal no recuerdo.
En cuanto a Andalucía dos datos. En primer lugar, la Junta de Andalucía, por razones que no entro a valorar, se ha negado sistemáticamente a firmar un convenio para la diversificación en las zonas afectadas como consecuencia de la parada
del caladero marroquí hasta bien recientes fechas, el 26 de julio de 2002, para ser exactos, en donde si usted recuerda el ministro de Agricultura firmó consigo mismo el convenio por no acudir el consejero de Pesca de la Junta de Andalucía al acto
de la firma. En todo caso, entendiendo que era prioritaria, y que es prioritaria para Andalucía la firma de este convenio, el convenio se firmó aunque fuera de esta forma atípica y hoy es una realidad que supone una aportación por parte del Estado
de 30 millones de euros en los próximos años y otros 30 millones de euros por la Junta de Andalucía, y que tiende a los mismos objetivos que le he planteado en relación con los demás convenios. Hay un convenio específico. Ante la pasividad en esta
actuación de la Administración andaluza, y ante la necesidad de atender a esa política de diversificación en una zona tan fundamental, como usted sabe, que es la de Barbate, donde el paro se produce prácticamente en condiciones de monocultivo y, por
tanto, la afección social es del cien por cien, el Ministerio de Agricultura suscribió un convenio en noviembre de 2001 específico para la zona de Barbate sin contar con la Junta de Andalucía, no porque el Gobierno no quisiera contar con ella, sino
porque la Junta de Andalucía no quería contar con el Gobierno para esta actuación. Me estoy refiriendo a una actuación de seis millones de euros adicionales con cargo al presupuesto del Ministerio
de Agricultura, de dos millones de euros con cargo al Consorcio de la zona franca, y de 120.000 euros con cargo al Ayuntamiento de Barbate, un convenio que tiene la misma filosofía que el resto, que se circunscribe a esa zona y que, por
tanto, en el ámbito de Andalucía hay que entenderlo como adicional al convenio general suscrito con la Junta de Andalucía recientemente. Creo haber informado a S.S. con exhaustividad de cuáles son los convenios, cuál es el contenido y cuáles son
las cifras.
También se planteaba un tema importante, todo lo que es la política de I+D. No hace falta que trate de convencer a la Administración del Estado de lo necesaria que es esta política con carácter general en todos los sectores económicos, y
desde luego así lo es igualmente en el sector pesquero. El Ministerio de Agricultura y Pesca dejó de tener bajo su ámbito al Instituto Español de Oceanografía, hoy lo tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tengo que decirle que los
marcos de colaboración establecidos con carácter permanente entre Ciencia y Tecnología y Agricultura, entre el IEO y la Secretaría de Pesca, son exactamente iguales en permanencia y en rendimiento o en frutos que cuando estaba en el seno
administrativo del Ministerio de Agricultura, y con esa misma iniciativa e impulso vamos a tratar de seguir desarrollando la política de I+D en el sector pesquero.
En cuanto a la falta de caladeros, no voy a entrar, como he dicho antes, en el análisis de políticas generales. La política del Gobierno, como no podía ser otra, es la de buscar caladeros, y desde luego si algún ministro se ha caracterizado
en España por la búsqueda de caladeros creo que es el actual ministro de Agricultura y Pesca, que se ha recorrido el mundo buscando caladeros, con un éxito en este caso elogiable y constatable con cifras. Estamos hablando de convenios con
Mauritania, Senegal, Angola, y estamos hablando de algo que es contundente desde el punto de vista de las cifras, y es la propia recolocación de los barcos de Marruecos, en donde están los que no han ido a desguace y están recolocados en otros
caladeros alternativos. Eso es simplemente fruto de un esfuerzo de búsqueda de caladeros del ministro y de la Secretaría General de Pesca.
Me hace una pregunta, no es curiosa pero lo es para mí, porque la llevo oyendo muchos años y me hace pensar en ella, y es la subvención a la Cruz Roja del Mar. Sigue estable y no hay previsiones de que varíe. Le digo más, como funcionamos
con escenarios financieros largos, con la ley financiera tenemos que ir hasta el 2005, la previsión que tenemos para 2005 y 2006 es exactamente la misma subvención. Se lo anticipo para que el año que viene no le pille tampoco de improviso. En todo
caso sí le digo algo, la Cruz Roja del Mar no es un organismo que funcione con ánimo de lucro, sino que presta sus servicios con o sin subvención de la Administración del Estado; la Cruz Roja del Mar, por tanto, no requiere de esta subvención para
prestar sus servicios a los pescadores españoles.
En consecuencia, como organización no gubernamental que es y como organización que funciona sin ánimo de lucro, esta subvención de la Administración del Estado a la Cruz Roja está dentro de un marco
estable, revisable o no, pero la Cruz Roja del Mar no ha planteado su revisión, y el Ministerio de Agricultura tampoco por entender que los servicios se vienen prestando de manera satisfactoria. Insisto, no es una retribución a la Cruz Roja del Mar
por los servicios prestados, como es evidente.
En cuanto a otras cuestiones que se han planteado quizá sean imputables a que no he entrado en algunos temas del capítulo 4. Simplemente decir que en ayudas a la acuicultura les he dicho antes que es una prioridad del Gobierno y esperamos
que siga siendo apoyada por todos los grupos parlamentarios, como creemos que lo ha venido siendo, que ha sido reconocida, y parece ser que va a seguir siéndolo, en otras instituciones y hasta incluso pueda obtener el premio Jacumar.
En segundo lugar, en cuanto a lo que es la materia relativa a las ayudas al perfeccionamiento y práctica de las enseñanzas náutico-pesqueras, por las que preguntaba S.S., tienen un incremento del 87,6 por ciento; proceden del antiguo
programa 718 A; y en esta ocasión aparecen dentro de lo que es el capítulo 4, de transferencias corrientes.
Hay una cuestión sobre la que quiero llamar la atención, porque antes he hablado en genérico de la actuación, pero no lo he hecho en concreto, y es la actuación de promoción. Les he dicho antes que a través del FROM (el FROM es un organismo
que tiene un crecimiento previsto para el año próximo en el capítulo 4 del 7,4 por ciento) se estabilizan las ayudas al asociacionismo pesquero en relación con 2002, pero las subvenciones al sector comercial pesquero, lo que hablábamos antes de la
necesidad de la comercialización y sobre todo la ampliación de mercados como objetivo prioritario dentro de la política de comercialización, crecen un 10 por ciento en el presupuesto del FROM para el próximo ejercicio.
Voy a finalizar esta ya larga intervención para tratar de aburrirles lo menos posible contestando a dos cuestiones. Se planteaba qué otras medidas estaban contempladas en el 774.03. Están contempladas medidas de pesca costera artesanal;
medidas de carácter socioeconómico para acciones realizadas por los profesionales; están contempladas las posibles paralizaciones temporales y compensaciones que haya que realizar para las mismas; y están contempladas también medidas de carácter
innovador con 11.249 euros.
Reitero el agradecimiento a todos por sus intervenciones, también al señor Vázquez por sus apreciaciones, en este caso más pesimistas, de lo que es el futuro del sector, que no tiene por qué ser pesimista, sino que tiene que ser un sector
competitivo como corresponde a una geografía como la nuestra, que requiere un sector, en este caso extractivo, potente, adecuado a nuestra realidad
y a la de la Unión Europea. Desde esa perspectiva, termino con la explicación de la acción específica de la flota que faenaba en aguas marroquíes, desde el punto de vista financiero. No he podido apuntar cuál de los tres portavoces ha
sido, pero sí me han preguntado si los 45 meuros que aparecen en el presupuesto era el fin de la actuación. Quiero recordar que las acciones eran de prejubilación, eran de modernización, eran de exportación y de desguace. Estaban distribuidas en
porcentajes, 32, 28 y 40 por ciento. La aportación nacional estaba fijada en casi 44 meuros y la aportación de la Unión Europea en 186 meuros. En números redondos suma todo 229 meuros. En 2001 se transfirieron anticipos a Andalucía, a Canarias y
a Galicia por importes idénticos a cada una de ellas, 19 meuros. Probablemente pueda estar equivocado, pero, que yo sepa, al día de la fecha no han justificado absolutamente nada de estas partidas transferidas en 2001. En 2002 se han transferido
16 meuros a Andalucía, 29 meuros a Canarias y 10,2 meuros a Galicia, y a otras comunidades autónomas, en particular al País Vasco, si mal no recuerdo, 1,459 meuros. La suma de todo lo transferido en el 2001 y en el 2002, más la suma de lo pendiente
en el presupuesto de 2003, arroja la suma total de la acción específica de la flota que faenaba en Marruecos. La anualidad está ajustada al fin del programa previsto. Y por mi parte, nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación por el esfuerzo realizado esta mañana. Habiéndose sustanciado todas las comparecencias, se levanta la sesión.
Eran las tres y cinco minutos de la tarde.