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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 568, de 02/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 568
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 59
celebrada el miércoles, 2 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Presentación por el señor secretario de Estado de Energía, de Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (Folgado Blanco) del 'Documento de planificación de los sectores de la electricidad y gas.
Desarrollo de las redes de
transporte 2002-2011', remitido por el Gobierno, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.1 y 2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y del artículo 4.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y
del apartado segundo del acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al día 13 de septiembre de 2002. A petición del Gobierno (Número de expediente 390/004007) ... (Página 18220)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En el orden del día hay un único punto, la presentación por el excelentísimo señor secretario de Estado de energía, de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa del documento remitido por el Gobierno: Planificación de los
sectores de la electricidad y gas.
Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011.
Señor secretario de Estado, bienvenido de nuevo a la Comisión de Economía y Hacienda. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco hoy ante esta Comisión de Economía para dar cumplimiento al mandato legal recogido en las leyes de los sectores eléctrico y de hidrocarburos de someter la planificación energética al Congreso. Con este acto se culmina
un proceso que comenzó con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 2001, de sendas órdenes ministeriales mediante las que se convocó a los sujetos de los sectores eléctrico y gasista, a las comunidades autónomas, a
promotores de proyectos, y en general a todos los interesados, a que realizasen propuestas de desarrollo de las redes, así como a la aportación de toda la información oportuna.
Tras la evaluación preliminar de toda la información recibida, se elaboró un primer documento de trabajo, que sirvió como elemento base en los trabajos de la subcomisión de seguimiento de infraestructuras energéticas, dependiente de la
Comisión de Economía y Hacienda. En paralelo, el documento de trabajo fue analizado y revisado por todas y cada una de las comunidades autónomas en reuniones bilaterales con el Ministerio de Economía. La inclusión de las conclusiones y
recomendaciones de la subcomisión de seguimiento de infraestructuras energéticas, así como las aportaciones de las comunidades autónomas, dio lugar a una nueva versión del documento de planificación. Versión que fue remitida a la Comisión Nacional
de la Energía y cuyas alegaciones, oídos los comités consultivos de electricidad e hidrocarburos de dicha Comisión, han sido tenidas en cuenta en el documento, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 13 de septiembre, Planificación
de los sectores de electricidad y gas. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los miembros de esta Comisión, y en particular a los integrantes de la subcomisión creada para analizar y enriquecer este documento, así como a las comunidades autónomas, Comisión Nacional de la
Energía y a todos los agentes que han participado en este proceso, por las aportaciones que han realizado.
La elaboración de la planificación energética se inserta dentro del marco de la política económica que pretende ampliar el potencial de crecimiento de la economía española, es decir, evitar que estos servicios básicos sean cuellos de
botella, en el medio y largo plazo, en un proceso de crecimiento económico que tiene como misión, naturalmente, seguir progresando y avanzar en convergencia real.
El suministro de gas y electricidad es un elemento esencial del funcionamiento de nuestra sociedad en la medida en que constituye un servicio imprescindible para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, así como un factor decisivo en la
competitividad de muchos sectores económicos. Por tanto, dado que la energía debe constituir un elemento dinamizador del resto de la economía, es objetivo irrenunciable, en la definición de la política energética, establecer las condiciones para
garantizar el suministro energético en condiciones óptimas de seguridad, calidad y precio.
Los planes energéticos no son nuevos, como saben sus señorías. Sin embargo, estamos ante una labor claramente diferenciada de lo que se venía haciendo en otras épocas, y no se prejuzga la bondad o maldad, simplemente que es claramente
distinto. Anteriormente, la planificación tenía como objetivo final establecer la previsión con carácter vinculante de todas las inversiones del sector energético para un plazo determinado.
Este modelo ha dado paso, en el nuevo marco regulatorio y
además muy en línea con lo que se está haciendo a nivel internacional, a la planificación indicativa en la que sus elementos dejan de vincular a los agentes instaurándose el principio de libre iniciativa empresarial. No obstante, la planificación
sí tiene carácter vinculante en lo que se refiere a instalaciones de transporte de electricidad y gasoductos de la red básica a los efectos del documento que hoy se presenta, tal y como se establece en el Real Decreto 1955/2000 y la Ley 34/1998. El
fin pretendido por dicha legislación es conseguir que se liberalicen los sectores en sus actividades de generación o aprovisionamiento para el caso del sector del gas, y comercialización, de manera que las actividades de redes sigan reguladas y
sometidas a una planificación vinculante.
El documento responde al esquema previsto legalmente de diferenciación entre contenidos de planificación obligatoria y planificación indicativa.
Una parte del contenido es planificación indicativa, como he dicho, e incluye previsiones sobre
el comportamiento futuro de la demanda, los recursos necesarios para satisfacerla, la evolución de las condiciones del mercado para garantizar el suministro, los criterios de protección ambiental y otro conjunto de previsiones que se
convierten en instrumento esencial al servicio de instancias administrativas y de operadores económicos, facilitando tanto la toma de decisiones de inversión por parte de la iniciativa privada como las decisiones de política energética.
Además, este ejercicio de previsión sirve como envolvente de otros contenidos de la planificación que sí incorporan decisiones vinculantes obviamente porque tiene que haber coherencia. Las decisiones de planificación obligatoria se refieren
únicamente a las grandes infraestructuras sobre las que descansa el sistema energético nacional y permiten su vertebración y cohesión territorial. En definitiva, se promueve la compatibilidad de la iniciativa privada con la obtención del mejor
sistema, desde un punto de vista integrador del conjunto del sistema energético nacional. Se trata de un esquema de planificación que además potencia enormemente la eficiencia. En el documento se aborda, en primer lugar, la previsión de la
evolución energética española con el fin de ofrecer una visión panorámica global y dinámica del balance energético en el período de análisis.
En cuanto al balance energético futuro, las perspectivas para la próxima década indican que el crecimiento del consumo primario o total de energía es previsible que cambie notablemente, fundamentalmente asociando a la propia evolución de la
economía las nuevas ofertas energéticas, la introducción de nuevas tecnologías y la progresiva saturación de algunos mercados. En el contexto de un mercado liberalizado, el balance energético futuro español vendrá marcado por un mayor aporte de
energías limpias y renovables, una creciente participación del consumidor final para asegurar un uso racional y eficiente de la energía y una introducción masiva de tecnología que permita un sensible incremento de la eficiencia energética. Dicho
balance se basa en la experiencia de décadas pasadas y en tendencias recientes, siendo uno de los aspectos más relevantes a considerar la intensidad energética primaria, indicador que mide la relación entre el consumo de energía primaria y el
producto interior bruto.
En este sentido, los consumos de energía primaria han crecido en los últimos diez años en un 36,3 por ciento, mientras que el PIB lo ha hecho en un 29,5 por ciento. En la década 1990-2000, la intensidad energética primaria ha aumentado en
un 5,2 por ciento. Dicho incremento es atribuible al crecimiento económico y de rentas registrado en España en los últimos años, favorecido por la reducción de los precios energéticos y minorado por el efecto positivo del régimen especial, dado su
mayor rendimiento en generación eléctrica que el régimen ordinario. En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que la intensidad energética española es todavía inferior a la media europea. Quizá en este estadio del desarrollo que hemos vivido
históricamente en España parece lógico que se produzca un aumento de la intensidad energética primaria, es decir, que aumente la demanda de energía por encima del producto interior bruto. En otros países más desarrollados que han llegado a ciertos
niveles de saturación, no hay ese aumento de la intensidad energética, incluso se reduce, pero eso responde probablemente a aspectos profundos de los estadios del desarrollo económico. Tenemos que tener en cuenta que la intensidad energética
española es todavía inferior a la media europea.
Las previsiones para la próxima década indican que la evolución de la intensidad energética primaria tendrá un punto de inflexión, tendiendo a estabilizarse al final del período merced a la aparición
de tecnologías más eficientes de generación, ciclos combinados, cogeneración, cumplimiento del plan de fomento de energías renovables y la progresiva saturación de algunos mercados.
El consumo de energía final ha aumentado en los últimos años por encima del de energía primaria. Por sectores consumidores, el sector industrial es el único que muestra un comportamiento positivo por renovación de la lógica inducida por la
competitividad y la elevada elasticidad al precio de las materias primas, lo que favorece la penetración de tecnologías eficientes. Por el contrario, el sector del transporte, con ineslaticidad de los consumos al precio, muestra un comportamiento
continuado del crecimiento de la intensidad energética que se perpetúa en el futuro próximo por aumento del parque circulante y de los recorridos medios, a pesar de la mejora en el consumo específico por vehículos.
Tanto el sector residencial como el sector servicios han incrementado sus consumos de energía desde 1990 a un ritmo medio anual del 3,4 por ciento, previéndose para la próxima década un comportamiento similar como consecuencia de un mayor
equipamiento electrónico, climatización, iluminación, ofimática, etcétera, cuya calidad de oferta va asociada a un aumento de su intensidad energética por unidad de valor añadido. Esto es importante, señorías. En cualquier caso, este
comportamiento es concordante con el proceso de convergencia español a los ratios de consumo europeo.
En el documento de planificación se apuesta de una forma consistente por el desarrollo de la eficiencia energética desde el lado de la oferta, es decir, se incrementa lo que podría denominarse eficiencia energética tecnológica, previéndose
un incremento notable en la generación eléctrica a partir de tecnologías de ciclo combinado, un desarrollo significativo de la cogeneración -con un incremento del 17 por ciento de la potencia actualmente instalada- y el cumplimiento de los objetivos
del Plan de fomento de las energías renovables. Esta apuesta circunscrita a la generación eléctrica supone una considerable reducción de las emisiones asociadas y representa una de las mayores aportaciones a la estrategia española de lucha frente
al cambio climático.
Desde el punto de vista de emisiones de CO2 , la adopción de este conjunto de medidas permitirá contrarrestar los incrementos derivados del crecimiento de la
demanda de energía eléctrica, facilitando el cumplimiento de los objetivos de Kioto al sector eléctrico español. Es evidente que los esfuerzos en eficiencia energética del lado de la oferta deben verse acompañados por acciones del lado de
la demanda. Como SS. SS. conocen, el Ministerio de Economía ha iniciado, en cumplimiento de una resolución aprobada durante el pasado debate sobre el estado de la Nación, la preparación de un plan de ahorro y eficiencia energética en cuyo
desarrollo está previsto utilizar una metodología similar a la que se ha seguido en la planificación que hoy presentamos, es decir, un proceso coordinado por el Ministerio de Economía que conlleva una petición de información sectorial que iniciará
el procedimiento para recabar las propuestas de los agentes y organismos implicados, tras lo cual se planteará una tramitación reglada con las comunidades autónomas para que conozcan y opinen sobre las cuestiones que les afectan. Es importante
llevar a cabo este plan de ahorro y eficiencia energética que forma parte del conjunto de actuaciones en materia de política energética en curso.
La demanda energética depende de factores tales como el crecimiento económico, los precios energéticos, la evolución tecnológica o los condicionantes legales como los relativos a la protección del medio ambiente. Por tanto, la metodología
que se ha seguido para analizar esta evolución debía partir de escenarios coherentes con el marco energético internacional y comunitario. El amplio conjunto de variables manejado se ha articulado finalmente en un escenario base que permite dibujar
las líneas de evolución futura más probable. De acuerdo con todo ello, las previsiones indican que el consumo de energía primaria en España crecerá a una tasa del 3 por ciento anual, tasa inferior a la de la energía final, cuyo crecimiento se sitúa
en un ritmo medio anual del 3,48 por ciento. Este menor crecimiento en términos de energía primaria se debe fundamentalmente a la mayor eficiencia en la estructura de generación eléctrica prevista.
En cuanto al balance por productos, las estimaciones en el entorno del año 2011 indican que seguirá siendo predominante el peso de los hidrocarburos líquidos, aunque el gas natural es la fuente energética de mayor crecimiento. El consumo de
petróleo aumentará menos que el total de la energía, aunque mantendrá un peso próximo al 50 por ciento del total, debido principalmente a su utilización como combustible en el transporte, sector en el que se dará el mayor crecimiento de la demanda.
El consumo de gas natural continuará su tendencia actual de fuerte crecimiento en los próximos años hasta alcanzar un peso superior al 22 por ciento del total en el año 2010, debido principalmente a su utilización en la producción de electricidad.
El consumo de carbón continuará su tendencia a la baja, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, debido a su sustitución por gas natural en generación eléctrica. No obstante, el carbón nacional seguirá jugando un papel relevante en
el balance energético, no sólo por razones de carácter social y regional, sino también por la estrategia comunitaria, y propia de España, de reducir o no agravar la dependencia energética. La energía nuclear, por su parte, mantendrá una aportación
similar a la actual o incluso algo superior, debido a la optimización de las plantas españolas. No obstante, su peso relativo en la estructura de abastecimiento disminuirá, como ya conocen SS.SS. En cuanto a las energías renovables, se mantienen
los objetivos del Plan de fomento de las energías renovables aprobado por el Gobierno en 1999. No obstante, es preciso tener en cuenta que, en el momento de su aprobación, las previsiones de demanda energética para 2011 eran inferiores a las que
actualmente se estiman, por lo que en este escenario se prevén alzas en la producción de ciertas tecnologías, fundamentalmente eólica y biomasa. Así por ejemplo, frente a los aproximadamente 9.000 megavatios de eólica previstos en el Plan de
fomento de energías renovables, el nuevo escenario prevé la instalación de 13.000 megavatios.
Creo relevante prestar un momento de atención a la evolución que prevemos para la estructura de generación eléctrica, dado que va a variar de forma importante en los próximos años. Frente al predominio en el año 2000 del carbón -35,9 por
ciento-, nuclear -27,6 por ciento- y mucha menor presencia del gas natural, productos petrolíferos y energías renovables, pasaríamos a un escenario a final del período cubierto por la planificación de predominio del gas natural -34,2 por ciento- y
de las energías renovables -28,9 por ciento-, frente a una menor presencia de la nuclear -20 por ciento-, carbón -12 por ciento- y productos petrolíferos 4,8 por ciento.
Visto el marco energético general, entiendo que sería pertinente hacer una breve revisión de la previsión de la demanda, cobertura y redes de transporte eléctrico. En relación con la previsión de demanda de energía eléctrica, las
consideraciones macroeconómicas y las correspondientes previsiones de crecimiento de demanda son, entendemos, razonables y están en el orden de las que son previstas habitualmente por los sectores implicados. En el año 2001 la demanda de energía
eléctrica peninsular creció por encima del 5 por ciento por cuarto año consecutivo, acumulando un incremento del 50 por ciento en la última década. Las proyecciones a futuro dan un importante crecimiento de la demanda eléctrica, aunque como dato
positivo puede destacarse la tendencia a la equiparación entre puntas de verano y de invierno, lo que determina para el conjunto del sistema un mayor grado de eficiencia en la utilización de recursos necesarios. Esto es importante, señorías.
En el período 2002/2011, el aumento de la punta máxima de demanda peninsular se estima en 10.400 megavatios. La cobertura de esta demanda punta adicional se satisface con la entrada en servicio, como mínimo, de 22.480 megavatios, con los
siguientes grupos
de generación en la península: ciclos combinados de gas natural, al menos 14.800 -es lo que prevé como mínimo el documento de planificación-; carbón, nuevo grupo previsto al final del período, 680 megavatios; régimen especial, 7.000
megavatios; en total, 22.480 megavatios. En este balance, es obvio, debe tenerse en cuenta que quedarán fuera de servicio en el período de planificación algunos de los grupos más antiguos, que no han operado en los últimos años, e incluso algunos
de los grupos transformados al uso de gas. También desaparecerán algunos grupos de carbón en función de las decisiones empresariales, cuando menos los siguientes: fuel oil o transformados a gas, 2.900 megavatios causarán baja; carbón,
aproximadamente 900 megavatios; total, que en principio quedarían no operativos 3.800 megavatios. Todo ello supone un saldo neto disponible de potencia extra para cubrir la punta peninsular de alrededor de 18.600 megavatios, claramente por encima
de las necesidades adicionales previstas.
Ejercicio es muy importante, señorías, porque los cálculos los tenemos que hacer siempre sobre la base de la planificación que hacemos en demandas punta, porque la energía eléctrica es un bien no almacenable y hay que tener capacidad
disponible para todas las contingencias, y además con excedente, en relación con esa demanda punta. Estas previsiones que hemos hecho indican claramente cómo encajan perfectamente con los planteamientos de las iniciativas privadas para que haya
claro excedente de capacidad en relación con la demanda punta. Por tanto, el incremento de potencia disponible es más que suficiente, como digo, para satisfacer el incremento de la demanda punta y reforzar el margen de cobertura razonable.
Hay que destacar que, en un marco de libertad de establecimiento, el deseo es que las decisiones de mercado, libremente adoptadas, tiendan conjuntamente a garantizar el servicio energético sin disciplinar las decisiones de los agentes del
sector, que son libres. Por tanto, la propuesta de planificación no recoge la dimensión total de las instalaciones de generación eléctrica ni obviamente las inversiones y criterios asociados, porque no es una planificación vinculante en la
planificación indicativa.
Por otro lado, y en la consideración de que el sistema eléctrico debe ser lo más eficiente posible, la propuesta definitiva de planificación incorpora señales objetivas para la mejor ubicación de las instalaciones de generación. Señorías,
tan importante como la cuantía es la localización, puesto que se producen ineficiencias y pérdidas en el transporte. Con carácter indicativo, se han incluido una serie de consideraciones, enmarcadas bajo el epígrafe dimensionamiento y ubicación
idóneos de nueva generación, derivadas de las connotaciones técnicas y económicas que tienen las pérdidas de transporte y las potenciales restricciones técnicas del sistema. Para ello se ha partido de diversos análisis sobre necesidades de recursos
de potencia reactiva, estudios de cortocircuito, estudios de estabilidad para conocer la máxima concentración de generación por nudo, pérdidas por transporte, etcétera.
En el documento se clasifican las áreas del territorio peninsular en función de su idoneidad para soportar la implantación de nueva generación eléctrica. Paralelamente, se ha dado una señal al mercado, basada en condicionamientos técnicos,
de que en el período de planificación la implantación de potencia máxima admisible de energía eólica es de 13.000 megavatios. La energía inyectada a partir de esta potencia instalada no podrá superar en punta los 10.000 megavatios, que se reducirán
a 5.000 megavatios en tiempo valle.
Permítanme ahora que les presente muy someramente los criterios de diseño y desarrollo de las redes de transporte de electricidad. La planificación se refiere a las redes de electricidad y de gas y, dada la importancia que tendrá en los
próximos años la generación de electricidad a partir de gas natural, es evidente la necesidad de diseñar las redes teniendo en cuenta los requerimientos de ambos sectores, para lo cual se ha considerado lo siguiente. Son tres puntos muy
importantes, señorías: en primer lugar, la definición de la potencia de generación a instalar, con el necesario desglose en cuanto a ubicación geográfica y plazos; en segundo lugar, necesidad de complementar las redes de transporte de electricidad
existentes con las nuevas necesidades derivadas de la instalación de ciclos combinados; y en tercer lugar, coordinación de los plazos de puesta en funcionamiento de los ciclos combinados, las redes de electricidad y las redes de transporte de gas.
En este contexto me gustaría señalar un aspecto relevante referido a las dificultades en el proceso de tramitación de redes eléctricas. Sus señorías saben que en el pasado el tiempo necesario para el desarrollo de las infraestructuras de
transporte eléctrico era inferior al de construcción de las centrales de generación. En la actualidad, los tiempos de maduración de las centrales de nueva tecnología se han reducido sensiblemente, en torno a los 36 meses, por debajo de los tiempos
necesarios para el trazado de las redes de evacuación, que se ven agravados, entre otras cosas, por dificultades de aprobación previa de algún instrumento urbanístico o de ordenación territorial, demoras en la obtención de licencias municipales,
falta de uniformidad en los criterios aplicados por las administraciones, sin olvidar la contestación y rechazo social. Por ello, en el propio documento de planificación se proponen algunas medidas para solventar estas dificultades, tales como
agrupamiento con otras infraestructuras lineales, compactación y transformación de líneas y coordinación en la tramitación administrativa.
El objeto principal de la planificación es la identificación de las infraestructuras eléctricas necesarias, líneas, subestaciones y posiciones, de las que SS.SS. tienen cumplida cuenta en el documento, donde se
recogen exhaustivamente las mismas descritas por comunidades autónomas y por período de ejecución y tipificadas por la viabilidad. Las infraestructuras identificadas resuelven problemas de evacuación en régimen ordinario y evacuación en
régimen especial, apoyo al mercado y a los nuevos consumidores, a problemas específicos de cada comunidad y al reforzamiento de los grandes ejes entre comunidades. Asimismo, se ha considerado con carácter prioritario el desarrollo de las conexiones
internacionales. La capacidad de interconexión internacional de España, prevista para el año 2005, es de 3.000 megavatios con Francia, 1.200 con Portugal y 900 con Marruecos, lo que supone que se supera el compromiso del 10 por ciento, adquirido en
el acuerdo de Barcelona, ya que la capacidad de producción en ese año será de 44.000 megavatios y la de interconexión de 5.100 megavatios, es decir, el 11,6 por ciento, que se incrementará al 13,7 por ciento en el año 2011.
A modo de síntesis, las infraestructuras eléctricas totales previstas representan un aumento de 12.488 kilómetros de líneas eléctricas, 7.355 de 400 kilovoltios y 5.153 de 220 kilovoltios. Llevan una inversión total asociada de 2.720
millones de euros, desglosada en 1.251 millones de euros en líneas y 1.469 millones de euros en subestaciones. Al igual que hemos comentado para las redes de transporte de electricidad, en el desarrollo y diseño de las redes de gas debe tenerse en
cuenta su interrelación con las redes de electricidad. La complementariedad de las redes de transporte de electricidad y gas se pone más de manifiesto por las necesidades derivadas de la instalación de centrales de ciclos combinados por gas
natural, que obligará a la coordinación de los plazos de puesta en funcionamiento de dichos ciclos, redes de electricidad y redes de transporte de gas, todo ello en el marco en el que la instalación de las unidades de generación de electricidad es
una decisión libre de los operadores.
Las características del sistema gasista que se deducen de la planificación están basadas en los criterios siguientes. Dotar a España de una red básica de gas, capaz de atender la demanda en situaciones de punta, con una cierta holgura que
garantice la atención en situaciones de crecimiento sostenido de la demanda por encima de las previsiones y , asimismo, capaz de atender la demanda en día laborable invernal, en la hipótesis de fallo total de una cualquiera de las entradas al
sistema; extender el servicio del gas natural a todas las comunidades autónomas y a todas las capitales de provincias; favorecer el desarrollo progresivo del sistema gasista en las zonas que todavía no disponen de servicio de gas natural;
conseguir un reparto flexible de la forma de aprovisionamiento, -gas natural licuado o gas natural- que optimice el mercado y la competencia entre proveedores y garantice el aprovisionamiento; implantar las nuevas capacidades de regasificación,
nuevas plantas y ampliación de las existentes; ampliación de las conexiones internacionales existentes hasta su límite técnico y desarrollo de nuevas conexiones internacionales. Todo ello con el objetivo complementario de minimizar el coste global
medio de los servicios del sistema gasista, a efectos de no distorsionar la competitividad de los sectores productivos españoles.
Como es obvio, las infraestructuras previstas aparecen detalladas en el documento de planificación distinguiendo entre gasoductos, plantas de regasificación, estaciones de compresión y almacenamientos subterráneos, distribuidas todas ellas
por comunidades autónomas y tipificadas como en el caso de las redes de transporte eléctrico. A modo de ejemplo, para ofrecer una idea de la magnitud de las infraestructuras propuestas, los kilómetros de gasoducto previstos en el documento de
planificación suponen añadir a los 6.400 kilómetros actuales, otros 5.179 kilómetros de nuevos gasoductos. Tenemos de ellos 2.259 kilómetros de gasoductos tipo A, 904 kilómetros de gasoductos tipo B1 y B2 y 2.016 kilómetros de gasoductos tipo C.
Por su parte, la inversión a realizar en infraestructuras gasistas asciende a 5.234 millones de euros, repartidos de la siguiente forma: 1.331 millones de euros en gasoductos; 2.647 millones de euros en plantas de regasificación; 311 millones de
euros en estaciones de compresión y 945 millones de euros en almacenamientos subterráneos.
Me permito señalarles, señorías, que en el caso de las infraestructuras gasistas y como consecuencia del enorme crecimiento que se espera para la demanda de gas a corto plazo (la tasa de crecimiento de la demanda de gas natural en España que
se espera para el 2003 es de casi el 30 por ciento respecto a 2002) se han detectado puntos de saturación en el sistema gasista existente, y por eso se está haciendo el enorme esfuerzo inversor en curso. El documento incluye un cuadro de aquellas
infraestructuras que se consideran de urgente realización, algunas de las cuales tienen efectos sobre el sistema global y otras se refieren a zonas de consumo muy localizadas. Por último, debo decir que el proceso de planificación que hoy nos ocupa
no se cierra con el documento del que SS.SS. disponen, sino que está previsto que se revise globalmente cada cuatro años.
Siguiendo las recomendaciones de la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, habrá una revisión
parcial cada dos años. En esas revisiones se actualizarán las previsiones de la planificación.
Para terminar, quiero insistir, señorías, en que esta planificación energética, donde se conjuga de manera razonable lo que es la planificación vinculante con la planificación indicativa, es absolutamente esencial para elevar el potencial de
crecimiento de la economía española y avanzar en la convergencia real en el medio y largo plazo. Forma parte de un modelo de política económica en el cual todas las inversiones públicas, en particular las inversiones de red (y en este sentido da
igual hablar de infraestructura del transporte terrestre,
por carretera, como de ferrocarril, como de infraestructuras de redes de transporte eléctrico o gasístico), constituyen un elemento base que no puede estar al albur de la coyuntura, que tiene que estar programado con muchos años de
antelación, que tiene que dar previsibilidad para el conjunto del mercado, de manera que nunca puede ser un cuello de botella en los procesos de crecimiento económico. En estos momentos, incluso con debilitamiento económico, los procesos inversores
en todas estas infraestructuras están siguiendo una velocidad de crucero que no está acomodándose a otras exigencias que pueda haber del ciclo económico. Nos jugamos en ello lo que es un país moderno. Se van a realizar inversiones muy fuertes en
infraestructuras energéticas de electricidad y gas. En lo que se refiere a las vinculantes, estamos hablando de 7.954 millones de euros.
Quiero añadir que todas las solicitudes e iniciativas empresariales que está habiendo en electricidad y gas claramente sobrepasan todas aquellas inversiones en generación que nosotros entendemos como absolutamente imprescindibles para el
cumplimiento de este plan energético. En el documento se dice que son aproximadamente necesarios 15.000 megavatios de ciclos combinados. En estos momentos están sobre la mesa 34.500 megavatios, pero hay al menos 16.000 que están en algo más que en
un proceso de rellenar un papel y hacer la solicitud, están en una fase avanzada del proceso administrativo. Tenemos claro cómo la iniciativa empresarial representa una garantía de suministro energético en lo que se refiere a los aspectos
indicativos, es decir, a la libertad empresarial de generación eléctrica.
Nos pasa lo mismo con los parques eólicos. Si entendemos que con arreglo a la planificación deben ser 13.000 megavatios, las solicitudes que tienen sobre la mesa todas las comunidades autónomas probablemente en estos momentos, aunque no
tengo cifras exactas, pueden llegar a los 50.000 megavatios, de manera que iniciativas empresariales hay.
Por lo que se refiere a muy corto plazo, en el presente año han entrado en funcionamiento comercial 2.800 megavatios. Compárese esto con el aumento de la capacidad instalada que hubo entre 1990 y 1996 que fue de 1.700 megavatios. Es verdad
que la economía española demandaba menos porque estaba en un proceso de debilitamiento muy importante pero, en cualquier caso, está claro que la iniciativa empresarial está funcionando de manera razonable. Este documento, que ha recibido inputs de
todos los sectores, comunidades autónomas, de todos los expertos, de todos aquellos que tenían algo que decir y que ha recibido por parte de los consejos consultivos correspondientes en la Comisión Nacional de la Energía importantes valoraciones
positivas, representa una planificación que encaja con las previsiones más razonables que se están haciendo. En cualquier caso, señorías, y siguiendo el consejo de la subcomisión que se creó aquí, si hay desviaciones sobre las previsiones se
contemplan unas revisiones parciales cada dos años e integrales cada cuatro años, de manera que ese proceso deslizante nos permita acercarnos a la realidad.
Quedo a disposición de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Para la intervención de los distintos grupos parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, cuya portavoz es la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Bienvenido de nuevo a la Comisión, señor Folgado. Espero que se recupere pronto de su afonía; los que trabajamos en el ámbito del Parlamento sabemos que es un mal muy duro. Yo lo he sufrido muchas veces y
por eso le deseo una pronta recuperación. Ya que hoy estoy bien yo y usted mal, voy a aprovechar y espero que el señor presidente me deje un poco más de tiempo.
Señor Folgado, es la tercera vez desde el mes de marzo que en esta Comisión hablamos sobre lo que genéricamente podríamos decir planificación energética. Podría parecer que a primera vista esta Cámara ha sido fundamental en la elaboración
de este documento; de hecho, usted así lo ha dicho, tanto en la presentación original del borrador como hoy mismo. Parece que hemos descubierto un procedimiento totalmente idílico y estupendo de lo que es la elaboración de un plan; sin embargo,
señor Folgado, realmente nos estamos debatiendo una vez más, porque ya lo discutimos en el Pleno de la Cámara, tanto en este campo de la política energética como en otros, entre la realidad y la ficción. La realidad es que la negociación de la
política energética se hace con las empresas, a espaldas de este Parlamento, se negocia el número y la fecha de entrada en actividad de las principales nuevas infraestructuras, se negocia la política de tarifas, se negocia las orientaciones de la
política de concentración empresarial y competencia en los mercados energéticos, etcétera, y el trámite parlamentario es una ficción. Primero, se presenta un borrador, que quería responder a lo que es un documento de planificación energética, pero
era un pegote (efectivamente había muchos inputs, pero se mezclaban) y estaba plagado de insuficiencias y de bastantes errores. Segundo, creación de una subcomisión, que ya calificamos en su momento de comisión de entretenimiento, como todas las
subcomisiones que se están creando en esta Cámara; una Comisión que parece una subcomisión, porque parecía que tenía una actuación vergonzante puesto que teníamos que actuar a puerta cerrada, y cuyo informe final resultó -no quiero dar un
calificativo- insuficiente para ser un informe de esta Cámara. Empezaba por hablar de las limitaciones del informe, es decir, de todo lo que no podía hablar: de renovables, de ahorro y eficiencia energética, de regular la garantía de potencia, y
al final daba una serie de recomendaciones, que eran totalmente genéricas y
que estaban vacías de contenido, como lo vimos en el debate, y estará recogido en el 'Diario de Sesiones' del 26 de julio. Sólo hubo una excepción, un caso muy preciso, como es el de Baleares, del que ya hablaremos en su momento. En
definitiva, el documento de recomendaciones de esta Cámara era un documento con grandes aportaciones que debía incorporar el Gobierno. Señor Folgado, nada de nada, pura ficción.
Llegamos al tercer trámite y tenemos un nuevo documento, que es el que nos ha presentado hoy, después de otro del 16 de julio que conocemos por el informe de la Comisión Nacional de la Energía. Esta Cámara no ha tenido acceso a ese
documento, pero sí al informe que conocemos. Este informe de la Comisión Nacional de la Energía, como veremos, es fuertemente crítico.
Como no conocemos el documento del 16 de julio, estamos un poco despistados en el tema de qué incorporaciones se
han hecho y cuáles no de la Comisión Nacional de la Energía. Finalmente entra en este Cámara. El documento que hoy tenemos entra el día 19 de septiembre -quiero decir las fechas para que conste en el 'Diario de Sesiones'- y fue aprobado el 13 de
septiembre por el Consejo de Ministros, pero luego tardó mucho tiempo en llegar.
Hoy estamos nuevamente ante un procedimiento sui géneris. Me permitirá, señor presidente, que haga una referencia al procedimiento de hoy.
Teóricamente, este es el documento definitivo. Este es el verdadero documento de planificación, y
me refiero al documento en el que el Gobierno cumple con lo preceptivo en el artículo 4 de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley del Sector de Hidrocarburos. Es decir, es el documento definitivo, es el documento que según la ley se somete y se
presenta a este Congreso; ni borradores ni el documento del 16 de julio, este es el documento. ¿Cómo se tramita? Una vez más, a través de un procedimiento que yo calificaría de original, entre comillas, porque nos priva a los grupos
parlamentarios de la posibilidad de presentar las propuestas de resolución a este documento, que es el documento de planificación. Nosotros presentamos nuestro voto particular en la subcomisión a un borrador después de unas jornadas de trabajo pero
hoy, cuando tenemos el documento definitivo, el que la ley dice, estos grupos parlamentarios se ven impedidos para presentar sus propuestas de resolución, aunque estas se rechacen (por supuesto, no tengo duda alguna porque sé quien tiene la
mayoría).
Señores del Gobierno, en particular señor Folgado, y señores del PP, porque no sé si el señor Folgado está enterado de este trámite parlamentario: se ha interpretado mal el término de someter la ley.
Someter la ley quiere decir someter el
documento de planificación a esta Comisión para que ella pueda decir algo sobre el documento; no quiere decir someter a los grupos parlamentarios que no tienen mayoría a que hagan lo que quiera el partido de la mayoría. En su momento interpusimos
nuestro recurso a la Mesa de la Cámara, y doy esta explicación porque es importante, en el debate que estamos teniendo sobre este documento, que conste cuál ha sido el procedimiento y cuáles los problemas que hemos tenido. Dicho esto, vayamos al
análisis del documento.
Siento decirle, señor Folgado, que de las críticas que hicimos en su momento al borrador la gran mayoría sigue vigente. No sé si ha sido ese el argumento utilizado por el Grupo Popular para no darnos posibilidad de presentar propuestas de
resolución. La verdad es que usted ha dicho, y así ha empezado su presentación, que este documento responde al esquema que exige la ley de planificación indicativa y planificación vinculante.
Efectivamente tiene dos partes, una es planificación
vinculante y otra es planificación indicativa; sin embargo, siento decirle, una vez más, que no contiene toda la planificación energética considerada vinculante o considerada indicativa, a la que se refieren las leyes del sector eléctrico y del
sector de hidrocarburos. En la planificación vinculante faltan las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos, que están en la ley, y faltan los criterios generales para el establecimiento de instalaciones de
suministro de productos petrolíferos al por menor. Efectivamente el documento dice: Sectores de electricidad y gas -está claro-, pero la ley sigue sin cumplirse; falta todo lo referente al sector de hidrocarburos. En cuanto a la planificación
indicativa existen también múltiples carencias. Faltan los objetivos de calidad de los suministros; falta la definición de las características y criterios que permitan determinar las zonas de gasificación prioritaria; faltan las actuaciones
públicas para mejorar el servicio y avanzar en el ahorro e incidencia energéticos, que usted dice que serán objeto de otro plan -ya lo veremos-. De todos modos, se supone que un plan debe tener cierta coherencia y coordinación. En resumen, desde
el punto de vista formal, el documento tiene carencias, tanto en la planificación vinculante como en la indicativa.
Un segundo grupo de consideraciones críticas se refiere a los supuestos en que se basa el documento. Las previsiones y los supuestos que se hacen son insuficientes, o irreales, o inadecuados...; no sé cómo calificarlos.
En cuanto a los
supuestos económicos, no sé si calificarlos de optimistas -diré algo después-, pero lo que desde luego no tienen son los análisis de sensibilidad, destacados precisamente en el informe de la Comisión Nacional de la Energía. Ayer por la noche me
llegó al despacho una fe de erratas del documento. Entiendo que en esa fe de erratas se cambie Bergara por Vergara, u otras modificaciones puramente formales; por cierto, siento decirle que en mi comunidad autónoma se utilizan ambas grafías
indistintamente; estamos en momentos difíciles, pero no creo que tengamos que llegar a estos extremos. En el capítulo 2 nos cuela una, señor Folgado. Donde dice: El crecimiento en la zona euro un 2,4 en 2002, un 3 por ciento anual
en 2003-2005 y un 3 por ciento en los siguientes años, debe decir: Con un 2,9 por ciento anual medio en el periodo 2000-2005 y un 3 por ciento en los siguientes años. Vamos a ver, estamos en el momento de presentación de los presupuestos,
señor Folgado, usted fue secretario de Estado de Economía, y nos encontramos inmersos en el mayor caos de cifras y de modelo macroeconómico que uno pueda imaginar. Empezamos los presupuestos del año pasado con un 2,9 por ciento de crecimiento para
2002; ha habido una modificación que hizo el señor Rato -una primera revisión a la baja-, que por lo que aparece en este documento tiene cierto sentido: un crecimiento de un 2,4 en 2002 y un 3 por ciento a partir de 2003. Ahora hemos recibido
unos presupuestos para 2003, que hace un cierre de 2002, con un incremento del 2,2; o sea, que en 2002 cerraremos con el 2,2, de modo que esto no vale. En este punto nosotros empezamos a hacer simples sumas y restas y nos preguntamos: ¿ estamos
ante una nueva modificación? Si acumulamos esta media del 2,9 -por otra parte, esa media del 2,9 es una cosa rarísima, puesto que se trata de una media en seis años, dos de los cuales han pasado ya y cuatro están por venir; desde el punto de vista
del mínimo rigor, no está bien introducir esto- para el periodo 2000-2005 que ahora se incorpora al documento -si acumulamos todo el crecimiento-, se supone que el crecimiento en seis años ha sido del 9,1; además, 2,9 en seis años es un 17,4 por
ciento, luego nos queda un 8,3 para crecer. Es decir que, en los cuatro años que quedan, tendremos un crecimiento de un 2,76 como media, cifra que no se corresponde con los datos del presupuesto para el año que viene.
Lo dicho es sólo un ejemplo. Antes me oía el señor Sánchez Llibre hablar de caos; esto es un caos. No podemos tener seriedad ni rigor. No sé si depende directamente de usted, pero usted fue secretario de Estado de Economía; es muy poco
serio, señor Folgado. Es muy poco serio que en la situación en que estamos en esta Cámara en el momento en que se debaten los presupuestos, tengamos cifras totalmente distintas del crecimiento del PIB. Por eso le digo que me da igual los supuestos
económicos que figuren aquí; podría haber puesto usted otra cosa, y nos hubiéramos quedado tan tranquilos. Hay otros supuestos que tienen también ciertas carencias, más desde el punto de vista cualitativo que desde el cuantitativo. Me refiero a
que no se tiene en cuenta la normativa de la Unión Europea en ningún aspecto; ni la normativa fiscal, ni la de mercado interior, ni la medioambiental, etcétera. Ese mundo lo obviamos; estamos en otro sitio totalmente distinto. Sin embargo, en un
documento de planificación tiene que haber una serie de previsiones y supuestos sobre las posibilidades de que influya la normativa general.
Por otra parte, todas las hipótesis que se hacen son continuistas; y quiero relacionar esto con lo que usted ha dicho de que no se tratan para nada la eficiencia y el ahorro energético. Eso va por otro lado, no tiene nada que ver; pero
eso tendrá que influir de alguna manera en los supuestos y en las previsiones que hagamos en este documento. Se sigue manteniendo a corto plazo, igualmente, la intensidad energética de la economía española, aunque más a largo plazo disminuye de
repente, tampoco sabemos por qué; habría que hacer algunas hipótesis básicas. A pesar de que ha hablado usted de coordinación, creo que falta coordinación entre las infraestructuras de gas y las eléctricas. Debería haber mayor coordinación,
porque parece que unas cosas vienen por un lado y otras por otro; Red Eléctrica dice unas cosas, Enagas manda otras, las pegamos y...
adiós muy buenas. De hecho, la Comisión Nacional de la Energía habla en su informe de previsiones diferentes
entre Enagas y Red Eléctrica; hay una serie de gráficos en el capítulo 9 en los que se ve que las previsiones de Enagas y las de Red Eléctrica son totalmente distintas, y el ministerio en ningún caso opta por ninguna de ellas ni especifica las
suyas propias.
Hemos terminado con los supuestos, y llegamos al fondo del asunto. El fondo es que este documento no contribuye en ningún caso a la consecución de los principales objetivos de la política energética: no garantiza un suministro de calidad,
no persigue precios competitivos y tampoco garantiza la sostenibilidad medioambiental. No asegura un suministro de calidad porque no determina un margen de reserva deseable de potencia eléctrica; algo que dijeron todos los agentes que
comparecieron en la subcomisión. No existen incentivos económicos que garanticen que la oferta cubra la demanda. No asegura para nada que la nueva potencia eléctrica esté disponible en momentos exigidos por la demanda ni los aprovisionamientos de
gas que son necesarios para la puesta en marcha de nuevos ciclos combinados. La verdad es que usted ha sido muy optimista, pero hay problemas con algunas infraestructuras de transporte de gas cuya construcción, que es urgente, lleva un retraso
bastante considerable.
En el tema de los precios competitivos no se asegura que los suministros sean competitivos. No se prevé para nada la posibilidad de una mayor introducción de competencia. El tema de las interconexiones internacionales, por mucho que usted
y la Comisión Nacional de la Energía señalen la fórmula de cumplimiento de la cumbre de Barcelona, resulta un poco sui generis, porque tenemos en cuenta el porcentaje argelino. Ahí se debería ser más estricto. No establece un compromiso de
evolución de tarifas y de precios regulados para que reflejen una mayor eficiencia económica. No se ve ninguna iniciativa importante por parte del Gobierno en materia de que la competencia en esta área sea mayor. Respecto al tema del medio
ambiente, el tercer objetivo, por mucho que haya hablado usted del cumplimiento del Plan de fomento de energías renovables, la verdad es que este Plan empezó mal y su incumplimiento es flagrante; pero es que además tampoco se recogen o
no se asegura el cumplimiento por parte de España de sus compromisos internacionales, como el de Kioto.
Finalmente, hay otro apartado que me interesa resaltar y es que este documento de planificación discrimina a las comunidades autónomas sobre todo en un caso muy claro, el de las islas Baleares. Ya lo dijimos en su momento en todos los
debates que ha habido aquí, y de hecho he señalado que la única consideración específica y clara del documento que se aprobó en esta Cámara, presentado por el Grupo Popular en la subcomisión, y al que nosotros formulamos un voto particular, era el
tema de Baleares. Algo que la comunidad autónoma tiene muy claro es lo único que el documento rechaza ad calendas graecas. Dice: veamos, sigamos haciendo los estudios, y esto sucede cuando, señor Folgado, en esta Cámara la mejor y más clara
documentación que se presentó por una comunidad autónoma en la subcomisión de estudios técnicos-económicos fue la de la comunidad autónoma de las islas Baleares. Esto no es lo que dice el Grupo Socialista (y a lo mejor nos podrán acusar de que como
estamos gobernando allí no nos queda más remedio) sino que ha sido objeto de tres votos particulares en la Comisión Nacional de la Energía que explican claramente que no se puede hacer lo que se ha hecho con las islas Baleares, primero, porque el
Gobierno tiene la obligación de coordinar, según la ley, con las comunidades autónomas este tipo de infraestructuras; segundo, porque todos los estudios están hechos, todos, técnicos y económicos, estudios de viabilidad, eficiencia, y hay una
opción clara que en el primer documento parecía que estaba más clara, pero a medida que han pasado los documentos, a pesar de que todo el mundo dice que está clara, como la propia Comisión Nacional de la Energía, desaparece. ¿Qué pasa? Sólo
recuerdo que en esta Cámara tuvimos -no sé cómo decirlo- una carta, una información por parte de un colegio de ingenieros de Baleares en la que se nos decía que lo único que había que hacer era tirar un cable, porque lo decían ellos y eran
ingenieros, no sé de qué exactamente. No responde, desde luego, a ninguna explicación y me gustaría que hoy usted aquí esto nos lo explicara.
Aparte de eso hay más agravios con las comunidades autónomas. Usted ha quitado lo de los planes eólicos, ha dicho que realmente no corresponden, que es más de lo que hay porque había muchos problemas en el tema de los planes eólicos, las
comunidades autónomas decían una cosa, el documento decía otra; hoy usted ha dicho que puede haber ciertos cambios. Hay cosas que me inducen a la incertidumbre, a la sospecha. Me estoy refiriendo -se lo voy a poner como ejemplo porque
probablemente habrá más y le digo que no me ha dado tiempo a mirarlo bien- al caso de Asturias, cuando dicha comunidad autónoma solicita una planta regasificadora (planificación vinculante incluida en la Ley de acompañamiento del año pasado, no
antes aunque nosotros sí lo habíamos pedido en nuestras enmiendas, y, por tanto, a costes reconocidos la inversión). Esta planta regasificadora se puede decir (y le admito, señor Folgado, que lo diga) que hay que hacerla, que no hay que hacerla y
que el documento explique por qué hay que hacerla o por qué no hay que hacerla. Entiendo la opción perfectamente, no vamos a ponernos a discutirlo. En este documento, en el que hoy nos presenta, en el capítulo 9, cuando estamos hablando de las
redes eléctricas, aparecen peticiones de ciclo combinado para la salida por parte de las comunidades autónomas, información de las comunidades autónomas y hay dos comunidades que están juntas, Asturias y Cantabria, que tienen peticiones de ciclos
combinados: dos en el 2005, tres en el 2007, no lo sé, las que sean, me da igual. Vamos al documento anterior y vemos que sólo ha habido peticiones por parte de una comunidad autónoma de ciclos combinados, inputs que necesitan de la
regasificadora. Sólo hay de la comunidad autónoma de Asturias, de Cantabria no hay. Es decir, que la comunidad autónoma de Cantabria no ha solicitado ciclos combinados ni parece ser que en el consejo consultivo de la Comisión Nacional de la
Energía. Lo que no aparecía en el documento aparece en este de septiembre, en julio parece que no, y a la hora de verlo como inputs para los gaseoductos, es decir, lo que el Gobierno acepta como input para la necesidad de gas, va a haber ciclos
combinados en Cantabria y no va a haber ningún ciclo combinado en Asturias, lo tachan. La verdad es que no entiendo y sólo lo pregunto: ¿qué lío hay en la coordinación con las comunidades autónomas? Cuando la ley dice que es preceptivo que todo
esto debe hacerse en coordinación con las comunidades autónomas, se ven cosas un poco raras y ambiguas. No quiero hacer ningún juicio de valor respecto a esto, señor Folgado, porque a lo mejor carezco de información, porque no conozco completo el
documento que fue a la Comisión Nacional de la Energía y espero que usted hoy aquí dé alguna explicación.
Como ve, desde nuestro punto de vista las deficiencias son bastantes, múltiples y van desde los supuestos hasta la falta de cumplimiento de objetivos energéticos. Sin embargo, no es sólo nuestra opinión, sino que de hecho, aunque tampoco
puedo asegurárselo, no están recogidas todas las consideraciones hechas por la Comisión Nacional de la Energía, que hizo ocho consideraciones generales, nueve consideraciones al sector eléctrico y dieciocho al sector del gas. Me gustaría que usted
me dijera de todas estas recomendaciones o consideraciones de la Comisión Nacional de la Energía cuáles han sido total o parcialmente recogidas en este documento.
Sinceramente, señor Folgado, en mi modesta opinión el documento que nos ha presentado es un mal documento, con carencias, con insuficiencias, con errores y que no sólo no recoge, a pesar de ese procedimiento idílico, las consideraciones de
los demás grupos parlamentarios, sino que ni siquiera recoge las de
la Comisión Nacional de la Energía. Por eso, tanto por cuestiones de fondo como por cuestiones de procedimiento, lo siento mucho pero mi grupo parlamentario no va a poder apoyar este documento de planificación.
Espero que tenga usted una
pronta recuperación y, aunque le cueste, me conteste a lo que le he preguntado.
Gracias señor Folgado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer la comparecencia del señor Folgado ante esta Comisión de Economía y manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora
positivamente el contenido del documento que estamos debatiendo hoy en esta Comisión sobre la planificación de los sectores de electricidad y gas y el desarrollo de las redes de transporte del año 2002 hasta el año 2011, aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado día 13 de septiembre, y que ha sido remitido al Congreso de los Diputados. Consideramos que es un buen documento, fruto de la colaboración con las diferentes administraciones, la central y la autonómica, y por lo que se puede
deducir de la lectura de este documento también ha existido una colaboración entre los diversos agentes del sector de la electricidad y del gas natural. Al mismo tiempo, es de justicia reconocer el importante esfuerzo realizado en este ejercicio de
planificación en el que después de mucho tiempo, por fin, podemos disponer de un análisis global del futuro de la energía en España, en el que se analizan toda una serie de cuestiones que nosotros consideramos muy importantes, como son la necesidad
de abastecimiento y la seguridad de dicho suministro. También hay un análisis exhaustivo de las infraestructuras energéticas, básicas y necesarias, y del cumplimiento de los objetivos en energías renovables y medioambientales. En este documento
también se recoge la planificación indicativa necesaria para que los agentes se ubiquen en un marco energético amplio y en el que se puedan definir los objetivos del país. Asimismo se recogen todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la
planificación obligatoria de la red de transporte, que en este caso es vinculante y que nosotros destacamos como muy positiva.
Consideramos que esta planificación llega en un momento crucial del sector energético español en el que, al mismo tiempo, debemos dar respuesta a las necesidades de este nuevo ciclo inversor con la culminación de este proceso de
liberalización del sector energético, que ya venimos desarrollando desde el año 1996. Sin embargo, también es cierto que si bien la planificación presentada responde a las actuales necesidades del país, desde Convergència i Unió consideramos que es
necesario hacer algunos comentarios que hacen referencia básicamente a la demanda de las empresas y de los ciudadanos y a las infraestructuras más cercanas, como son las de distribución. En este sentido, quisiéramos proponer una serie de
consideraciones de tipo indicativo, ante esta Comisión y ante el secretario de Estado, para ver si en el desarrollo de esta planificación y de este programa energético es posible que sean asumidas por parte del ministerio.
Hay tres consideraciones de tipo general. La primera de ellas es que Convergència i Unió considera que esta planificación también tendría que haberse completado con un plan de eficiencia energética y de gestión de la demanda con su
correspondiente asignación de recursos y objetivos, en la que las comunidades autónomas fueran las administraciones responsables de su ejecución. Concretamente sobre esta cuestión, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) formuló un
voto particular en la Comisión, que fue recogido por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ya que considerábamos que se tenían que haber incorporado todas estas cuestiones que contemplaran básicamente medidas y acciones
dirigidas al sector energético, así como también a los consumidores industriales, al sector de servicios, al sector doméstico, al transporte y al sector primario. Esta es una cuestión que se votó favorablemente por la mayoría de los miembros de la
Comisión y que pensamos que hubiera sido interesante que se hubiera incorporado para complementar este documento, que ya hemos considerado al principio como positivo e interesante. Una segunda consideración de tipo general es que nosotros
consideramos que podía haberse incorporado la definición de todos aquellos programas orientados a la investigación y al desarrollo energético, así como también los recursos asignados, con una propuesta de gestión para las comunidades autónomas.
Esta es una cuestión que dejamos encima de la mesa para que el secretario de Estado y su departamento la puedan analizar para la ejecución del plan en el futuro.
Dentro del contexto de las consideraciones generales, hubiera sido también muy importante que se hubiera planteado y resuelto la retribución de la actividad de la distribución de la energía eléctrica. De hecho, si bien es muy importante la
planificación de las redes de las infraestructuras básicas, no debe olvidarse que los ciudadanos y las empresas son los usuarios de la energía eléctrica, y para ellos lo más relevante es la seguridad, el precio y la calidad del servicio. Esta
cuestión plantea el debate sobre la división de competencias entre las diferentes administraciones en el ámbito energético. Nosotros pensamos que -desde el ministerio y basándose en las modificaciones que se incorporaron dentro de la Ley de
liberalización del sector eléctrico- las competencias de la actividad de la distribución deben ser de forma plena para las comunidades autónomas, lo que significa la definición de la retribución económica, como la fijación de los peajes, etcétera,
así como también
la regulación de los niveles mínimos de la calidad del servicio. Estas son las tres consideraciones de tipo general que proponemos para que puedan ser examinadas por la secretaría de Estado del señor Folgado.
Respecto a la planificación eléctrica también quisiéramos hacer dos consideraciones. Una primera hace referencia a que si bien en el documento se justifica que 13.000 megavatios es la potencia eólica admisible técnicamente en el sistema
eléctrico peninsular, también debería hacerse un gran esfuerzo para hallar aquellas soluciones técnicas más avanzadas que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos renovables presentes en la naturaleza para poder contribuir así a los
compromisos del porcentaje de energías renovables a nivel español, ya que consideramos que es muy importante que, al mismo tiempo, se pueda garantizar la evacuación de las energías eólicas generadas en los parques eólicos. Otra segunda
consideración respecto a lo que concierne a la planificación eléctrica, es que en los próximos años debería ser contemplado por el Gobierno el apoyo a la producción de electricidad mediante energías renovables y a las instalaciones de alta
eficiencia y de desimpacto ambiental con una política de primas al régimen especial que haga viable económicamente estas instalaciones, asegurando así su estabilidad y generando también la confianza en todos aquellos inversores que creen en este
tipo de energía, porque igualmente son de gran utilidad para poder sacar el máximo rendimiento de esta planificación energética indicativa.
En cuanto al régimen especial, sería muy importante para fortalecer dicho régimen que en el momento adecuado el Gobierno lo apoyara con contundencia en el próximo real decreto, en el que se establecerán las tarifas eléctricas para el año
2003, que deberá ser aprobado con toda seguridad antes de final de año, y en el que también se fijarán todas aquellas primas que van dirigidas y orientadas al régimen especial. En este aspecto deberían definirse unas primas que asegurasen la
viabilidad económica de los proyectos de las energías renovables -eólica, solar, biomasa, etcétera-, así como la alta eficiencia de todos aquellos aspectos que hacen referencia a la cogeneración y todas aquellas primas que vayan orientadas a las
instalaciones de impacto medioambiental, como son las plantas de reducción de purines. Por tanto, instamos al secretario de Estado de Energía de Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa a que, en el plazo que va desde hoy hasta
finales de año, el Gobierno examine con detenimiento estos aspectos y elabore un decreto que potencie todas aquellas primas orientadas al régimen especial. Lo hemos venido haciendo durante los últimos años, pero en este momento el sector necesita
que el Gobierno lo contemple con el máximo interés para que puedan plantearse unas primas competitivas que hagan viable este tipo de negocios, que finalmente revierten en una mayor eficiencia desde la óptica de la planificación energética.
Respecto a la planificación gasística, queremos puntualizar tres cuestiones. En primer lugar, desde el punto de vista del gas, es muy importante que en la planificación a diez años se siga apostando de forma más clara por las
interconexiones internacionales, especialmente la red europea. Creemos sinceramente que la interconexión con el centro de Europa es de gran importancia estratégica para poder participar en el mercado gasístico europeo. Pensamos que esta es una
cuestión perfectamente asumible en el horizonte del año 2010. En ningún caso pensamos que los proyectos de las plantas de regasificiación puedan ser una excusa en detrimento de una apuesta clara y concreta a favor de la estrategia del sistema
gasístico español. En segundo lugar, pensamos que se debería apostar de una forma más decidida por todas las posibilidades abiertas para disponer de una capacidad suficiente en almacenamientos subterráneos. A nuestro entender, estas instalaciones
son de vital importancia para la seguridad del suministro. Concretamente pensamos que en la planificación obligatoria debería apoyarse inequívocamente el proyecto Castor. En tercer lugar, hay una cuestión territorial que afecta concretamente a la
Generalitat de Catalunya, a la comunidad de la que procedo. Se trata del gasoducto de Subirats-Ódena, cuya construcción debería ser inmediata y cuya puesta en servicio debería efectuarse antes del año 2003. La seguridad de la alimentación del área
de Lleida exige la rápida ejecución de este proyecto. En este sentido, la Generalitat de Catalunya y la compañía Gas Natural han acordado que la ejecución de este gasoducto sea una realidad. Dicho gasoducto operaría en principio a menos de 60 bar,
pero su posterior operación está prevista a 80 bar. Desde nuestro punto de vista, esto debe formar parte de la planificación obligatoria y no debería haber ningún condicionante que pudieran retrasar la puesta en marcha de esta instalación
gasística.
Estas son las consideraciones que Convergència i Unió aporta para que sean analizadas por su departamento con la máxima sensibilidad. Pero quiero volver al principio de mi intervención. Valoramos positivamente el contenido de este
documento porque puede ser bueno y efectivo para la planificación energética en España durante los próximos diez años. Por este motivo, al margen de las consideraciones que he expuesto y que estamos convencidos que el ministerio estudiará con la
máxima sensibilidad, vamos a votar favorablemente el documento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señorías, aunque no lo iba a hacer, voy a empezar por un tema procedimental dado que alguno de los portavoces ha dedicado una gran parte de su tiempo a los problemas procedimentales. El problema procedimental es si
aquí se deberían
hacer una serie de resoluciones, una subcomisión, etcétera. Si nos remitimos a los precedentes, encontraremos uno parecido, el del techo presupuestario, sobre el que también se presentó un documento al órgano legislativo correspondiente,
que lo discutió ampliamente y lo votó.
¿Quién ha decidido el procedimiento en este caso? Quien debe decidir democráticamente sobre el procedimiento que debemos seguir en esta Comisión, que es la Mesa del Congreso. Estoy seguro de que los grupos
parlamentarios aceptan nuestro sistema parlamentario y las reglas del Congreso, y el órgano que democráticamente debe decidir lo que debemos hacer hoy ha tomado esa decisión, habiendo además precedentes a favor de la misma. Sin embargo, como se ha
seguido dando importancia a los problemas procedimentales relacionados con esta Comisión y con la subcomisión que se creó al respecto, yo quería decir que si hay un documento que ha tenido el mayor diálogo y el mayor debate en la sociedad española y
en este Parlamento ha sido precisamente esta planificación.
Hay que recordar que se inició en junio de 2001, cuando se llamó a todas las comunidades autónomas, a todos los sectores, a los promotores, etcétera, para discutir sobre la misma. Pero
aún hay más, y es que en esta Comisión se produce algo sui géneris, que es que antes de que se presente el documento definitivo se presenta un documento que, como analizaré, es muy parecido al definitivo, salvo en muchas de las propuestas que
provienen de esta Comisión, a propuesta de la subcomisión, y se establece este sistema tan sui géneris de que podamos aportar a priori las ideas y cambios que propone la subcomisión. Cada grupo presentó no sólo unas propuestas de resolución, sino
también unos documentos más o menos amplios, según lo que estimó conveniente. El documento de la Comisión, el que democráticamente fue aprobado por ella, es muy amplio y contiene muchas más propuestas de resolución que las normales en
planteamientos parecidos. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer, otra vez lo mismo? Entonces nos enriquecimos con 45 ó 50 comparecencias, ¿las tendríamos que repetir ahora para volver a hacer un documento parecido?
Se ha hablado -y utilizo palabras que yo no he empleado- de sistema de caos. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Sistema, no, caos.) La palabra caos estará en el 'Diario de Sesiones'. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Caos estadístico.)
También se ha hablado de la ficción en las formas procedimentales. Pues lo que he escuchado de algún grupo parlamentario es una ficción y un caos en la forma procedimental, empleando sus propias palabras, porque yo no soy muy dado a los adjetivos,
simplemente reproduzco los que ya están recogidos en el 'Diario de Sesiones' al respecto. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Caos es un sustantivo.) Parece mucho más lógico que precisamente ahora hagamos un debate todo lo amplio que queramos sobre
este documento, después del que ya realizamos en subcomisión y en Comisión, y tomemos una postura frente al mismo. Por tanto, deseo destacar la importancia del especial sistema, casi único, de una subcomisión que analizó previamente el borrador.
Ahora se habla mucho -citando a una reciente académica de la lengua muy conocida por sus trabajos al respecto- de la discusión entre la separación y la colaboración de poderes. Este es un caso de separación y colaboración de poderes en la línea más
ortodoxa. Recuerdo que los temas que trató aquella subcomisión y aceptó esta Comisión fueron muy de fondo. Por ejemplo, si había algo importante en la planificación indicativa, eran las cifras de la demanda, que se consideraba que podían no ser
lógicas porque la demanda podía crecer mucho más. Esta Comisión aprobó, a propuesta de la subcomisión, que esas cifras se revisaran bianualmente.
Pues bien, dejando aparte que debamos estar al loro, las últimas cifras que tenemos muestran un
crecimiento del 2,9 por ciento inferior a lo planificado. Dejando aparte esa situación, precisamente a propuesta de esta Comisión, y separándose de otros planes energéticos del pasado, ya que la demanda luego no tenía nada que ver con lo planeado a
largo plazo, aquí se plantea que sea bianual la revisión de algo tan importante para la planificación indicativa como es lo que se piensa que va a ocurrir con la previsión de demanda. Aunque era un marco indicativo, la subcomisión en que se basó
esta Comisión pensó que se podía ir más lejos y que se podía plantear un marco indicativo sobre la ubicación geográfica de las decisiones empresariales privadas, dados ciertos objetivos. Pues bien, aunque esto es un poco especial en la
planificación indicativa, esta Comisión decidió proponerlo, y en el capítulo 6 que se nos plantea aparecen las directrices generales para la ubicación, etcétera, es decir, cumple exactamente una cuestión importante puesto que, aunque la
planificación es indicativa, es una forma indicativa, digamos -entre comillas-, fuerte, a propuesta nuestra, de los parlamentarios. No quiero extenderme, pero si decir que los cambios más importantes entre un documento y otro son precisamente los
que provienen de esta Comisión.
Nosotros dijimos que las infraestructuras eléctricas y gasísticas propuestas por agentes, autonomías, etcétera, podían resultar excesivas y que podrían afectar a la viabilidad del proyecto, y recomendamos que se
realizara una valoración económica de las distintas opciones. Pues bien, en el capítulo 8, apartado 2, y en el capítulo 11, apartado 8 se cumple la propuesta que hizo esta subcomisión, que enriquece el documento. Por decisión de esta Comisión se
realiza este cambio, que sin duda es importante.
Respecto a las interconexiones, nos encontramos con un documento, que no critico, porque probablemente el primer documento nos lo mandó el Gobierno antes de la cumbre de Barcelona, en el que se planteaba un objetivo que esta Comisión
consideró demasiado poco ambicioso, por lo que hicimos que superase incluso
el 10 por ciento de la cumbre de Barcelona. En el documento se habla del 11,6 por ciento en lugar del 2,6, en la línea de lo dicho por esta Comisión. En diferentes comparecencias pasaron por aquí prácticamente todos los representantes de
las comunidades autónomas, y uno de los temas que se planteó fue el de Baleares. Respecto al documento que en su momento mandó el Gobierno, a la vista de una serie de documentos técnicos que fueron aportados a la subcomisión y la Comisión,
consideramos que se estudiara la viabilidad de añadir la interconexión eléctrica, y en este documento se ha hecho caso a lo que democráticamente decidió esta Comisión, que fue introducir también la posibilidad de estudiar la interconexión eléctrica,
además de otras alternativas.
Aunque no quisiera extenderme, repito, como en la anterior intervención se ha cuestionado para qué ha servido la subcomisión, precisamente para demostrar lo importante que fue su labor quiero recordar que en aquel documento que se nos mandó
había lagunas. No voy a señalar una por una, pero recordaré una básica: no citaba el problema de la alta velocidad.
Nosotros lo dijimos, y en el capítulo 7, apartado 13 está previsto el desarrollo de la red relacionada con la alta velocidad. Por
ejemplo, en cuanto a las fuentes de diversificación del gas, decíamos que se debía buscar que ni el GN ni el GNL fueran menos de un tercio. No estaba en el documento original, lo propusimos nosotros, esta Comisión lo propuso democráticamente, y así
queda recogido, en este caso, en el capítulo 10.
Consideramos que hay que ir paso a paso y que un documento no debe resolver todos los problemas energéticos de este país. Precisamente, el problema es que cada documento haga un buen planteamiento
en su terreno específico. Hicimos unas indicaciones sobre lo que se debía hacer respecto a las energías renovables, pero dijimos que no formaba parte de este documento. Eso es lo que dijo esta Comisión y eso es lo que aparece aquí. Dijimos
también que al hacer la planificación no se debía entrar en el problema de las tarifas, pero planteamos cómo debería realizarse la metodología de tarifas, y aunque el documento no habla de las tarifas, que es lo que dijimos, en el lenguaje de los
hechos se ha utilizado la metodología de tarifas que esta Comisión planteó que debería aplicarse.
Y, sin duda, planteamos el tema de la eficiencia. No quiero volver a recordar una vez más lo que yo y cualquier economista consideramos
contradictorio respecto a decir que se redujeran los precios, los impuestos sobre los hidrocarburos y hablar de eficiencia energética y de energías renovables, porque me parece curioso lo que ha ocurrido en esta misma legislatura en algún grupo
parlamentario. El problema es que se cumplan las fases, que se cumpla el fondo. Se nos ha transmitido que el Gobierno va a presentar un plan de eficiencia energética, que es lo que queremos; por tanto, se cumple el fondo de lo que planteó esta
Comisión al respecto.
Me voy a referir ya muy brevemente al resto, pero simplemente por algunas alusiones que se han hecho, pues no pensaba entrar en ello. En cuanto a lo que implica esta planificación, ya lo dije en la última sesión de la Comisión. En opinión
del Grupo Parlamentario Popular, las dos bases de la política económica del Gobierno son, por un lado, el presupuesto equilibrado, fundamental para disminuir las incertidumbres en una época como la actual, y que es una de las razones que nos lleva a
estar creciendo y creando más empleo que Europa y, por otro lado, dar pasos eficaces hacia la liberalización económica, parte de la cual es la liberalización energética. Todo cambio implica riesgos, y hay que disminuir los riesgos pero tener muy
claro el rumbo al que se va, que es la liberalización energética. Ante otras intervenciones muy escépticas sobre la liberalización, tengo que decir que es cierto que de los que ahora pueden, la mitad ya ha cambiado de proveedor, pero es que en los
medios de comunicación ha aparecido que una importante empresa espera que un 22 por ciento de los consumidores cambie de proveedor y, sobre todo, que haya competencia incluso entre los que no cambien. Lo que ocurre es que si se hace una
liberalización desde la demanda, hay que hacerla también desde la oferta, y desde la oferta se hace con prudencia: se mantiene una parte bajo planificación vinculante -no voy a repetir lo dicho ya por el secretario de Estado- y otra se plantea bajo
planificación indicativa, pero con los rasgos que se han dado al respecto.
Como se ha dicho que a este país también le importa la calidad, aparte de otros temas, quiero recordar que hay una forma de medir la calidad, que es el TIEPI. Aunque recordamos los altos valores entre los años 1980 y 1992, el TIEPI fue
disminuyendo entre 1980 y 2001, con un repunte en el año 2001, pero las cifras de 2002 ya apuntan una tendencia del descenso, es decir, de la mejora de la calidad, porque si comparamos el primer trimestre, veremos que el de 2002 es 0,6 y el de 2001
es el 0,9. Por tanto, volvemos a lo que se ha pedido, que es una mejora de la calidad, aparte de los datos facilitados por el secretario de Estado sobre la confianza en el suministro y de lo que tanto hemos dicho sobre la distinta política de
tarifas realizada por el Gobierno socialista y por el Gobierno popular.
Yo acabaría diciendo, como ideas básicas, que esta planificación ha tenido un amplísimo debate desde junio de 2001 y que además esta Comisión ha tenido una gran influencia no solamente en el debate, sino también en la planificación concreta
que al final queda decidida, mucho más que en otros casos, porque hemos visto la larga lista de temas de importancia trascendental, que son precisamente los cambios básicos entre uno y otro documento. Por cierto, en algún caso concreto, como el de
Baleares, se cita la opinión minoritaria de la Comisión. Yo creo que la opinión de la Comisión es la de la mayoría de sus miembros, que fue favorable al documento, no la opinión de los votos minoritarios,
aunque sea muy respetable técnicamente. Me figuro que estamos en una democracia también en esto. También diría que la Comisión Nacional de la Energía valora positivamente el documento y ahí mucho más positivamente.
Sólo hay voto
particular en contra, es decir, casi hay unanimidad en la valoración positiva de este documento, y esa valoración es positiva no por sus razones, sino por las nuestras. Incluso podemos decir que estamos humildemente orgullosos de lo que hemos
aportado a la redacción final con lo que trabajamos en esta Comisión, y por ese humilde orgullo que podamos tener, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la asunción de este documento por la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Me dispongo a contestar a los distintos grupos. Comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista, voy a responder a la
señora Mendizábal.
En primer lugar, el ámbito del documento es el que hemos decidido establecer, ni más ni menos. Es la planificación vinculante de las redes, indicativa en cuanto a producciones de demanda y a cómo está respondiendo el mercado para satisfacer
esa demanda en las condiciones que se establecen en el documento. Podía ser una enciclopedia, la Larousse o el Espasa, pero hemos decidido que esto es lo que planifica. Otros ámbitos quedan recogidos en otra planificación. Ya se aprobó un plan de
energías renovables y se está trabajando para elaborar un plan sobre ahorro y eficiencia energética, y esto es muy importante porque todo ello forma parte de un modelo energético. No se trata de agotar aquí todos los aspectos de la planificación de
la energía, sino que se circunscribe, y lo decimos desde el comienzo, a lo establecido. Se podrá decir que hubiéramos querido que englobase todo, incluso la metodología de tarifas o los aspectos de regulación y en cuanto a la elegibilidad en 2003,
pero se circunscribe a ese ámbito. Entendemos que tiene además su razón de ser en el hecho de que estamos hablando de electricidad y gas, que son sin duda, desde el punto de vista de la planificación de redes, los aspectos más relevantes desde la
óptica del condicionamiento, desde el punto de vista de la energía, del funcionamiento del sistema económico en el medio y largo plazo.
En cuanto a los aspectos regulatorios, tampoco tienen que venir aquí. La regulación tendrá que ser coherente con el modelo que se está regulando y todos los aspectos regulatorios posteriores tendrán que ser coherentes con lo que apruebe el
Parlamento, en su caso, de la planificación de los sectores de electricidad y gas. Obviamente, este documento no se dedica a hablar de los aspectos regulatorios, sino a contemplar la normativa que hay, y en el futuro las normas que salgan tendrán
que ser coherentes.
Quisiera que quedase claro el alcance global de la planificación o del modelo energético que tenemos en estos momentos. Está este documento sobre planificación de las redes, obviamente. Esto se realiza en un marco en el que creemos en la
capacidad de iniciativa de las personas, de los individuos, de las empresas, creemos en el mercado, y por consiguiente estamos trabajando en coordinación intensa con la Comisión Nacional de la Energía para que a partir del 1 de enero de 2003
tengamos elegibilidad plena. Cualquier consumidor, sea doméstico o no doméstico, y también las pymes, puedan elegir suministrador. Esto es importante también desde el punto de vista de los efectos que pueden tener sobre la eficiencia energética
desde el lado de la demanda, a lo cual me referiré brevemente más adelante.
En cuanto al plan al que he hecho referencia de ahorro y eficiencia energética, la resolución como consecuencia del debate sobre el estado de la Nación dice que en los próximos meses se elaborará un plan de ahorro y eficiencia energética y
que naturalmente tenemos que hacerlo sobre la base de la participación de todos aquellos que tienen algo que decir al respecto, porque es un tema muy importante. Del mismo modo, la metodología de tarifas es algo conveniente. Así lo estimó el Grupo
Parlamentario Socialista, así lo estimó el Grupo Popular y así se ha recogido también en la resolución del debate sobre el estado de la Nación, y en ello estamos porque da previsibilidad y porque hace encajar en esa previsibilidad la retribución de
unas inversiones necesarias para este país y la contribución de las mismas a la estabilidad macroeconómica. También estamos trabajando muy intensamente en el ámbito de las interconexiones internacionales y esperamos que se pueda llevar adelante
también el mercado ibérico de la electricidad. Todo esto son pilares de la política energética. Aquí nos circunscribimos a lo que dice o reza el título.
En cuanto a que este documento no garantiza la calidad ambiental o un suministro de calidad, si se analiza detenidamente (y creo que se expresa con todo detalle lo que estamos planteando en redes y en la apuesta que hacemos por las
tecnologías que tienen que hacer frente al incremento de la demanda de gas y de electricidad, que es muy fuerte en línea con las previsiones que hacemos de crecimiento y de progreso en este país), vemos, y expresamente queda recogido y fundamentado
en el documento, que se gana muy notablemente en eficiencia desde el punto de vista de la oferta. Naturalmente que este documento no se dedica a hablar desde el lado de la demanda de los aspectos de ahorro y déficit energético, porque no se dedica
a eso y porque tendrá que tratarlo el otro plan, el de ahorro y eficiencia
energética, pero sí a ganar en eficiencia desde el punto de vista de la oferta.
¿Qué significa ganar en eficiencia? Primero, ganar en diversificación, algo muy importante; criterio que necesitamos como el respirar desde el momento en que es un bien básico, en particular la energía eléctrica no almacenable.
Necesitamos que no existan cuellos de botella, y mientras no haya una tecnología que sea el huevo de Colón, necesitamos diversificar, y con el gas natural estamos diversificando entre las tecnologías de generación eléctrica, que es muy importante.
En segundo lugar, se gana en eficiencia. De hecho, los ciclos combinados tienen la característica de que son muy eficientes en la conversión de energía. En tercer lugar, desde el punto de vista de la calidad ambiental, creo que es importante el
esfuerzo que se está haciendo para que en esa diversificación y en esa autonomía de suministro energético se implanten las energías renovables con intensidad; sin embargo está claro que fijamos en el documento unos objetivos importantes,
ambiciosos, en línea con el plan de energía renovables, pero actualizado con las cifras de previsión que hoy tenemos.
Si en el futuro hay que establecer incentivos o mecanismos para que se module su cumplimiento, para eso se va a revisar cada dos
años parcialmente y después cada cuatro. Lo que sí vemos es que ahora hay muchas iniciativas empresariales, por ejemplo, para la energía eólica, a la que hacía referencia también el señor Sánchez i Llibre. Es importante.
Desde el punto de vista
de la capacidad del sistema para evacuar, prevemos sobre 13.000 megavatios como punto de referencia, porque tiene enormes implicaciones en la coordinación de todo el sistema eléctrico.
Consideramos además la variabilidad que tiene, según horas y
días, la oferta de energía eólica en relación con la capacidad instalada. Puedo decirle que de 3.200 megavatios que tenemos instalados, en muchos momentos están funcionando 200 megavatios y pueden subir a 1.000 y a 1.500, por lo que hay que
engranarlo todo dentro del sistema. Nosotros apostamos por energías renovables, en particular por la energía eólica, y lo que decimos es que no falta iniciativa privada. Lo que sucede es que, obviamente, no se va a invertir en capacidad instalada
para que luego no se use en el sistema. Por eso nosotros tenemos que dar señales al mercado, pero no vamos a prohibir que se hagan parques eólicos, entre otras razones, porque son las comunidades autónomas las que tendrán que autorizarlo en su
caso, pero tendremos que ser eficientes, y no se trata de que se pongan muchos parques eólicos en los valles, porque razones medioambientales no les dejan ponerlos donde hay una intensidad y una calidad de viento suficientes para funcionar de manera
eficiente en el conjunto del sistema. Todo esto hay que compaginarlo. Nosotros hemos hecho un referente; si hay que cambiarlo dentro de dos años porque entendemos que sería más favorable ampliar, ya se haría, y para eso se revisará dentro de
cuatro años, pero en principio entendemos que es razonable. En estos momentos hay 3.000 megavatios y en principio se prevé multiplicar esa cifra por más de cuatro en el horizonte de la planificación.
Estamos, como decía el señor Sánchez i Llibre, agotando este aspecto desde el punto de vista medioambiental, dispuestos a hacer todos los esfuerzos para agotar los recursos internos del país con el fin de estimular todas las energías
renovables. Hay las que hay: la eólica, la solar, la térmica en baja y para fotovoltaica, si lo relacionamos con la electricidad, la biomasa y las minicentrales hidráulicas. En todos esos frentes se está trabajando con intensidad en orden a
cumplir los propósitos que se establecen en el documento de planificación. De hecho, ayer mismo el IDAE firmó un convenio con la Comunidad de Castilla y León precisamente para dos plantas piloto de biomasa utilizando residuos forestales, y es muy
importante avanzar en esa línea.
En cuanto a las primas, es decir, lo que el sistema paga especialmente para incentivar las energías renovables, vemos cómo funciona una prima relativamente modesta, como podría ser la de la eólica, de unas cuatro pesetas por kilovatio -y
funciona mucho menos porque tecnológicamente no está tan desarrollado-, y la prima de 60 pesetas por kilovatio que tiene, por ejemplo, la eólica fotovoltaica. Así pues, habrá que ver a lo largo del tiempo en qué medida se pueden establecer
estímulos para que la solar fotovoltaica se desarrolle con mayor intensidad, porque está por debajo de la velocidad de crucero que está llevando la eólica.
En cuanto a las minicentrales hidráulicas, por hacer referencia a cómo mejoramos, desde el punto de vista que planteaba la señora Mendizábal, en cuanto a la calidad ambiental y la aportación de renovables, hay una lista importante de
minicentrales hidráulicas solicitadas que están sobre la mesa y que tienen que ser analizadas cuidadosamente por el Ministerio de Medio Ambiente y las consejerías de Medio Ambiente de las distintas comunidades autónomas, en su caso, en orden a tener
las autorizaciones oportunas. En este sentido tengo que decir que, si no hay problemas, sí está claro que se pueden producir demoras y que hay limitaciones que plantean algunos grupos ecologistas o algunos municipios. Pero creo que, desde el punto
de vista medioambiental, para aumentar la autonomía energética o reducir la dependencia, que es del 70 por ciento frente al 50 por ciento de la media europea, es muy importante aprovechar los recursos propios al máximo ponderando el impacto
medioambiental, por supuesto, pero también los objetivos de seguridad y autonomía de abastecimiento, de diversificación energética y también impactos positivos desde el punto de vista medioambiental, como puede pasar con los parques eólicos, que
tendrán algún impacto visual que pueda ser criticable, pero se sopesa en relación con los beneficios que acabo de mencionar, también desde el punto de vista
medioambiental y de la diversificación de la seguridad de suministro y de la autonomía del mismo.
Por supuesto, señora Mendizábal, que no vamos a garantizar un margen de reserva, porque sería ir contra nuestro modelo, lo diga quien lo diga, salvo que cambiemos de modelo, que no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a establecer, ni aquí ni
en ningún sitio, que garantizamos un margen de reserva o una garantía de potencia determinada, porque sería tanto como establecer de manera vinculante, no de mercado, que se pongan tales plantas de ciclo combinado o tales plantas de cualquier otra
tecnología de manera obligatoria. Lo que tenemos que ver nosotros es cuáles son las necesidades del país que prevemos y con holgura, desde el punto de vista de las infraestructuras de redes, y ver los planteamientos que hay en cantidad, en
distribución en el tiempo y en distribución en el espacio de las distintas iniciativas empresariales y de las distintas tecnologías, y en los planteamientos que hasta hoy tenemos en firme dista mucho de haber un problema de insuficiente capacidad o
insuficiente reserva de potencia.
Le decía anteriormente que este año entran 2.800 megavatios de ciclos combinados, en un solo año, en éste, y el año que viene otros 2.000. Eso significa que durante los tres últimos años se ha estado invirtiendo con mucha intensidad para
que puedan haber entrado ya a mediados del presente año todos esos ciclos combinados, por supuesto en un solo año más que media década de los años 90. Lo que tenemos en estos momentos y está en el documento -además se puso a instancias, me parece,
de la subcomisión de la Comisión Nacional de la Energía- con detalle es cómo están los distintos proyectos que hay de ciclos combinados en distinta fase administrativa, y si de algo no hay que temer es precisamente de las iniciativas de las empresas
para crear capacidad suficiente, siempre que se haga una planificación que dé previsibilidad al conjunto del sistema, y eso genera un marco de certidumbre, como otras muchas cosas a nivel macroeconómico que generan confianza en el sistema.
Está claro que, además, en un modelo en el cual lo que estamos pidiendo -y a ello hizo referencia la señora Mendizábal- es que se intensifiquen las interconexiones internacionales, menos sentido todavía tiene establecer por norma una
garantía de margen de reserva. Queremos mercado interior europeo y lo tenemos en muchos frentes; lo queremos de la energía, y aquí estamos luchando para lograr que se intensifiquen esas interconexiones: con Portugal va a pasar de 600 a 1.700
megavatios y con Francia no llegaba a 1.000 megavatios y va a pasar a 4.000, mediante las oportunas relaciones bilaterales, el acuerdo de Perpiñán por ejemplo, y también la Comisión, que está haciendo un papel muy relevante que hay que resaltar para
impulsar las interconexiones internacionales a fin de lograr un auténtico mercado interior de la energía. En ese contexto es en el que se puede tener más garantía de potencia para todos los ciudadanos y al mejor precio, porque habrá una mayor
competencia en el mercado. Forma parte de este modelo, y esperamos que los primeros puedan ser salvados con la intensidad que nosotros estamos planteando, que la Comisión Europea ha planteado y la cumbre de Barcelona rubricó, lo cual no deja de ser
un acto muy positivo e importante de todos los jefes de Estado y de Gobierno, como lo es aprobar que al menos el 10 por ciento de la capacidad instalada tuviera capacidad de conexión con otros países. De manera que en ese tema también se está
avanzando mucho.
En cuanto a que la Comisión Nacional de la Energía dijera si se cumplía o no el compromiso de Barcelona sobre las interconexiones internacionales, se pueden hacer las interpretaciones que quieran.
En la cumbre de Barcelona no se dijo expresamente que cada país tenía que tener un 10 por ciento con cada uno de los otros. Si vamos al fondo de la cuestión, lo que nos interesa son las interconexiones internacionales. En ese sentido me da
igual un lado que otro, porque, por ejemplo, cuando en diciembre del pasado año Europa tuvo temperaturas extremadamente bajas, y saben SS.SS. la enorme sensibilidad de la demanda de energía eléctrica a la temperatura (cada dos grados de temperatura
que baje sobre una cifra de referencia aumenta la demanda de energía eléctrica en el equivalente a una central nuclear), entonces fueron muy importantes las inteconexiones con Portugal. Lo que importa son las interconexiones internacionales en el
sentido de que ampliamos mercado. Sensu contrario, la limitación importante que tenemos es en una isla pequeña, por ejemplo en la isla de Hierro, donde hay que tener una reserva de capacidad de prácticamente el doble. Si tiene una central y hay
una avería, no se van a quedar a oscuras, tienes que tener prácticamente duplicada la capacidad. Cuanto más amplio es el espacio en el cual funciona el mercado, más eficientemente puede estar garantizada la oferta de energía eléctrica, que ya
sabemos que no es un bien almacenable.
En cuanto al cumplimiento o no de los criterios del protocolo de Kioto, que también planteaba la señora Mendizábal, es verdad que España en estos momentos ha sobrepasado el porcentaje que se fijó de incrementar en un 15 por ciento las
emisiones en 1990, porque ha crecido mucho y porque hay muchas explicaciones, pero aquí estamos hablando de infraestructuras de redes, no vamos hablar de los automóviles, no vamos hablar de otros ámbitos en los cuales se cumple o no el criterio de
Kioto. La generación de energía eléctrica sería responsable, entre comillas, de un 25 por ciento de lo que es el conjunto de las emisiones. El transporte es muy importante, como lo son procesos industriales y otros ámbitos, el de vivienda,
etcétera. Desde este punto de vista, estamos muy interesados en avanzar en calidad al mismo tiempo que avanzamos en cantidad. Ya dije al comienzo que precisamente todo el aumento
de capacidad instalada necesaria para hacer frente a lo que se planifica viene por la vía de gas natural, que es mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental, y por la vía de las renovables. El carbón pierde peso en el total
del balance energético. No sé si S.S. quería indicarme, habida cuenta que puede haber algún problema para cumplir con Kioto, que eliminemos las centrales de carbón. Lo que está claro es que eso no lo vamos hacer por las razones que expuse en el
planteamiento inicial en cuanto a política social, política territorial y política de autonomía energética. Estamos hablando del carbón nacional, que naturalmente emite CO2 como el importado. Ojalá las tecnologías nos permitan avanzar en lo que se
llama carbón limpio, pero lo que sí está claro es que este país en unas determinadas regiones necesita su empleo.
Además, Europa, en el reglamento del carbón, ha recogido también los aspectos de carácter social y regional. Insisto en esto porque
al hablar de Kioto tendremos que hablar de aquellos componentes que más contribuyen a las emisiones dentro de las tecnologías, porque no vamos a hablar de la nuclear, de cara al cumplimiento de Kioto, de las hidráulicas o de las renovables, que es
en las que aumenta. Tenemos la tecnología de carbón que tiene que seguir siendo utilizada. Bien es verdad que pierde peso en el total del balance energético, y como quiera que todo el aumento es por las renovables y el gas natural, sin duda va
haber una relación de aumento de demanda y de oferta energética bastante eficiente en relación con el cumplimiento de los criterios de Kioto en este ámbito del que estamos hablando hoy.
Entrando en algunos planteamientos específicos que se hicieron, me voy a referir en particular a dos, en lo que se refiere a Baleares y en lo que se refiere a Asturias y la planta de regasificación de El Musel. La Comunidad Autónoma de
Baleares hizo su plan energético -tuvo la amabilidad de, cuando ya lo tenía hecho y publicado, enviárnoslo- y en él determinaba lo que había que hacerse. Había que hacer un tubo de gas de la Península a Baleares. Nosotros no tenemos en principio
ninguna oposición a ello, no la ha habido. Lo que sucede son dos cosas, una, que está dicho por ley que la planificación tenemos que hacerla conjuntamente; en segundo lugar, tenemos la obligación, en línea con lo que se nos planteó en el informe
de la subcomisión del Parlamento, de ver el sistema más eficiente a medio y largo plazo, sabiendo que en ningún momento le va a faltar fluido eléctrico y que cualquier sobrecoste que haya con las centrales en curso lo pagan todos los ciudadanos,
porque está establecido por ley que no hay discriminación por razón del territorio a efecto de las tarifas. También es muy importante ver qué mix podemos hacer de abastecimiento energético a Baleares que sea el más conveniente desde todos los
puntos de vista. La subcomisión del Parlamento nos dijo: considérese complementariamente el establecimiento de conexión eléctrica con la Península. No me puede parecer más oportuna, por la sencilla razón de que esto es lo que responde al modelo
que se está haciendo en Europa, que con cables submarinos se están conectando todos los países de manera intensa. ¿Queremos mercado interior de la electricidad y queremos dejar a Baleares fuera del mercado interior de la electricidad? No. Por lo
tanto eso lo vamos a analizar y hay estudios, pero qué duda cabe que si se ponen los cables submarinos, porque se considere que deben de ponerse en la planificación, condiciona la fórmula que haya que establecer también para el gas, garantizando el
gas natural a las Islas Baleares. A lo que se ha comprometido el Gobierno en el documento es a que a lo largo de 2003 estos estudios tienen que estar terminados y la decisión tomada, que lo haremos conjuntamente con la comunidad autónoma y desde el
punto de vista de las tecnologías que tienen hoy de generación eléctrica, no tienen problema de suministro.
Habría problemas si esto se prolongara indefinidamente, pero por eso se decidió que fuera a lo largo de 2003. De manera que no se está
haciendo nada a la ligera, todo lo contrario, se está procediendo de la forma más solvente y adecuada para ver la conjunción de electricidad y de gas con garantía en el medio y largo plazo y con la calidad suficiente para el suministro energético de
las Baleares.
En cuanto a Asturias, se ha hecho referencia a dos cuestiones, la planta de regasificación de El Musel y centrales de ciclo combinado. Tenemos que empezar por saber bien qué es la planificación vinculante, gasoductos de la red básica,
instalaciones de almacenamiento, reservas estratégicas y determinación de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado para abastecer al sistema, que es lo que se hace en el documento.
Nosotros desde la Administración no somos los
que decidimos como empresarios dónde, cuándo y cómo poner una planta de regasificación, pero sí decidimos la capacidad total; es lo coherente, porque no se van a dedicar a pagar todos los ciudadanos españoles sobrecapacidades. Desde ese punto de
vista, una vez definida esa capacidad global, hemos visto qué es lo que hay en el sistema por iniciativa empresarial. Tenemos las tres plantas de regasificación en curso que están funcionando, donde Enagas está procediendo a una ampliación que
prácticamente significa duplicación de esa capacidad, reestructurando el orden de ampliación en función de las necesidades, para evitar cuellos de botella, en un contexto en el cual sube la demanda en un 30 por ciento para el año que viene. En
segundo lugar, hay otra planta cuya ejecución ya está bastante avanzada, de manera que en pocos meses entrará en funcionamiento, en Bilbao. En tercer lugar, hay otras dos que nos han planteado formalmente los empresarios, una en Mugardos, en
Ferrol, y otra en Sagunto. Yo no he ido a pedir que vengan; han venido. Hemos analizado lo que tenemos que decir de manera vinculante, cuál es la capacidad de regasificación total de gas natural que necesita el sistema, habida cuenta lo
que tenemos conectado con las interconexiones físicas de tubos. Con los planteamientos que ha habido, lo que decimos es que hoy tenemos suficiente con arreglo a la planificación. Si nos hemos equivocado, ya veremos dentro de dos años,
porque el propio Parlamento nos dijo que revisásemos el plan, y lo haremos. Hoy, con arreglo a las previsiones, le aseguro que aumentará notablemente el excedente de capacidad instalada a lo largo de los próximos años en cuanto a plantas de
regasificación para tener holgura suficiente en cualquier situación extrema con lo existente y que paga el sistema. No se ha puesto encima de la mesa del Ministerio de Economía ningún planteamiento empresarial de nuevas plantas de regasificación.
¿Qué es lo que hace falta para la comunidad autónoma? Que tenga garantía de suministro del gas natural para sus habitantes, para las empresas y para las posibles plantas de regasificación. Señora Mendizábal, en efecto está recogido en el documento
que hay solicitud de plantas de ciclos combinados, en Narcea-Aboño, creo que está recogido.
Eso es lo que está planteado por parte de las empresas. Nosotros hemos establecido en el documento de planificación las conexiones adecuadas para que no
falte el gas, que creo que es lo más importante, al mismo tiempo que la eficiencia del conjunto del sistema.
Por último, están recogidas todas las observaciones y las consideraciones técnicas de la CNE. No se ha hecho caso respecto a lo que nos decía de las disparidades en Red Eléctrica y Enagas simplemente porque la Comisión Nacional de la
Energía no tenía razón. Le ruego que vaya al capítulo 9, página 14, para que vea por qué en este caso concreto no tenía razón. En cualquier caso, la Comisión Nacional de la Energía ha hecho consideraciones técnicas muy importantes todas las cuales
hemos incorporado todas, aunque naturalmente las de carácter regulatorio no, por lo que dije anteriormente.
En cuanto a lo que ha manifestado el señor Sánchez i Llibre, si me permiten SS.SS., sobre el plan de eficiencia energética, me remito a lo dicho anteriormente, porque es necesario que participemos en el trabajo sobre un plan de ahorro y
eficiencia energética por el lado de la demanda, al igual que este documento responde a las expectativas necesarias en cuanto a ahorro y eficiencia energética por el lado de la oferta.
Otro tema relevante es la definición de programas de I+D relacionados con la energía. Estamos debidamente conectados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para estimular todo lo relativo a I+D y está teniendo una participación muy
activa el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía en el apoyo de proyectos pioneros, como los que cité de biomasa forestal, dos proyectos piloto en Castilla y León, cuyos protocolos de acuerdo se firmaron ayer.
Hay un proyecto específico, no sé si se quería referir a él el señor Sánchez i Llibre, que es el proyecto ITER. Es un proyecto internacional para el desarrollo de la energía de fusión nuclear frente a la actual de fisión nuclear. Hay
varios países que quieren optar a ser sede para la investigación y el desarrollo tecnológico relacionado con esa tecnología, porque uno solo no puede hacer frente a todos los gastos que representa ese proyecto y que en las previsiones actuales daría
sus frutos previsiblemente no antes del año 2040. El futuro siempre se forja sobre la base del presente. Va a ser bastante dinero. España quiere optar a ser sede de ese proyecto y sería muy interesante conseguirlo.
Por último, en cuanto a los aspectos de tipo general a que hizo referencia el señor Sánchez i Llibre, el tema de la retribución de la distribución es muy complejo. Nosotros hemos mejorado la retribución de la distribución. Hay modelos a
nivel internacional de cómo retribuir la distribución, a diferencia de lo más sencillo que representa la retribución del transporte. Encargamos un trabajo a la Comisión Nacional de la Energía sobre fundamentos para una retribución de la
distribución y está muy avanzado. Por otra parte, estamos celebrando conferencias sectoriales informales, coordinadas por mí, con las comunidades autónomas donde hablamos de estos temas, para que haya una coordinación adecuada, porque nos parece
necesario y muchos de los aspectos de la calidad del suministro pasan por ello. Creo haber respondido a los temas relacionados con la electricidad.
En cuanto a lo que planteaba del gasoducto de Subirats, está incluido para el año 2003. Sobre la consideración que se hizo en cuanto a la capacidad de almacenamiento, están recogidos en el último capítulo, en el 12, los temas relativos al
almacenamiento, tanto el de gas licuado en las plantas de regasificación como el subterráneo, que es enormemente importante, y ahora sabemos que hay una obligación legal de mantener 35 días de consumo. Como aumenta la demanda global de manera muy
fuerte, naturalmente hay que prever, y ahí está tanto la ampliación de los existentes como de otros nuevos.
Creo haber respondido a las cuestiones que plantearon sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Señora Mendizábal, sea muy breve, por favor.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Seré breve, señor presidente.
Respecto al primer tema, el ámbito de aplicación de la planificación, efectivamente usted traerá uno, que será sobre el que planifiquemos, pero permítame que le diga que la ley dice que hay que traer más planificación y todo lo que se
refiere al sector de hidrocarburos no está; por tanto parte de la planificación vinculante no está. El propio informe de la Comisión Nacional de la Energía, por lo que se refiere al tema del gas, en su consideración segunda dice: En cuanto a la
definición de zonas de gasificación prioritaria y la extensión del gas
natural a todas las comunidades autónomas, debe indicarse que el artículo 4 de la ley establece en su punto 2 que la planificación definirá -de las redes del gas, lo que sí está en este documento- las zonas de gasificación prioritaria,
expansión de redes y etapas de su ejecución, con el fin de asegurar un desarrollo homogéneo del sistema gasista en todo el territorio nacional. Por todo lo anterior, se recomienda que el documento defina las características y criterios que permiten
determinar las zonas de gasificación prioritaria. No lo digo yo, es la Comisión Nacional de la Energía quien dice que eso debe ser así. El ámbito es el que usted diga, pero le recuerdo que hay incumplimientos por lo que a hidrocarburos se refiere
en el tema de la planificación vinculante y hay deficiencias respecto a la planificación que ya se trae.
En cuanto al tema de Kioto y del carbón, me ha hecho mucha gracia, señor Folgado, porque usted no es así. Ha utilizado usted la técnica Rato -todo se pega-. Si usted lo que me quiere decir es que como no se cumplen los compromisos de
Kioto, lo que tenemos es que hacer que desaparezcan las centrales carbón, yo no le he dicho eso, eso lo dirá la comisaria de Energía y vicepresidenta de la Comisión Europea. Lo que usted sí me dice, o lo dice el documento, es que se está cumpliendo
o se va a cumplir Kioto, y yo le digo que no se está cumpliendo. Es mi obligación. Yo estoy en la oposición y no le digo a usted que cierre el carbón. No me quiera enfrentar con mis compañeros de Asturias por este tema, porque no. Lo siento,
señor Folgado, pero yo no he dicho eso. El que lo diga que lo asuma. Ya digo, esta es la técnica Rato: usted ha dicho... Bueno, pues no, yo no lo he dicho, que quede muy claro.
Vayamos a los dos temas puntuales: Baleares y Asturias. Baleares: planificación conjunta; de acuerdo. Yo no he puesto Baleares encima de la mesa teniendo en cuenta otras consideraciones, sino precisamente en cuanto a la coordinación que
debe haber entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Es una obligación legal, la establece la ley, y todo tiene que desarrollarse dentro de esa coordinación. Le recuerdo que en el borrador la coordinación era mayor, a eso me refiero; en el
borrador que vino a esta Cámara había mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el ministerio. A partir de la subcomisión -ya lo he recordado antes- es cuando empezamos a hablar de gas versus electricidad, pero, no es de eso de lo que
estamos hablando. No es gas versus electricidad; si además se echa el tendido eléctrico, ¡estupendo, bienvenido sea! pero no estamos hablando de eso. También lo dice la ley y lo recoge la Comisión Nacional de la Energía. Por cierto, señor Gámir,
no lo dicen sólo los votos particulares; es el voto general el que dice que hay un compromiso para que el gas llegue a todas las comunidades autónomas peninsulares y extrapeninsulares; es el voto de todos. Quiero decir con esto que no estamos
haciendo el planteamiento de electricidad versus gas, no. Planteamos que, si van los dos, mejor que mejor, pero si en estos momentos en que se presenta este plan, la llegada del gas a todas las comunidades autónomas es objetivo prioritario, hay una
fórmula: hay un trabajo presentado, técnica y económicamente bien desarrollado, sobre el que el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Baleares mantenían bastantes más coincidencias en el primer borrador. No se entiende la falta de coordinación
posterior. Creo que todo tiene que ir coordinado y que no se debería haber roto algo que existía previamente.
En cuanto a Asturias, no ha entendido lo que le decía. Yo iba en otra dirección. Es cierto que lo que tiene que definir el documento es el monto global de la capacidad regasificadora y que usted, como gobernante, tiene que optar por una
cosa u otra, en función de lo que sea; hay peticiones de plantas regasificadoras y la capacidad está saturada. De acuerdo, pero no le estoy diciendo eso. Yo hablaba en el contexto de la falta de coordinación y del trato diferente a unas
comunidades autónomas y otras. Ya le he dicho que no entraba en su capacidad de definir el monto global de la regasificación. Le he dicho que hay un problema, que es el de la regasificadora, puesto que la comunidad autónoma piensa una cosa y el
ministerio ha optado por otra -e insisto en que lo ha hecho de forma legítima-. De todos modos, no me refiero a la opción en sí misma, sino a que parece que se ha tomado por otras cuestiones, y he puesto el ejemplo de que la regasificadora podría
ser el input para unos ciclos combinados; ciclos combinados que la Comunidad Autónoma de Asturias dice que pide la iniciativa privada, y usted lo sabrá probablemente: evolución del número de grupos de 40 megavatios, de acuerdo con la información
de las comunidades. En el capítulo 9 está la electricidad y en el 10 están los input de gas de ciclo combinado, y aquí el ministerio desecha lo que viene de la comunidad asturiana y, en cambio, acepta lo de Cantabria -las he puesto como ejemplo
porque las dos comunidades están seguidas, aquí y en el mapa-, que no estaba en ninguna solicitud de las comunidades autónomas: ni en el borrador ni en el documento que fue a la Comisión Nacional de la Energía; no hay ninguna alegación de la
comunidad de Cantabria que diga eso. En el documento de 13 de septiembre, hay unas peticiones de ciclos combinados de Cantabria, que no estaban en ninguna parte y de repente aparecen. A lo mejor es una equivocación, un salto de línea, no quiero
decir nada. Sólo se lo he puesto como ejemplo de la falta de coordinación y de la obligación que tiene usted -como Gobierno- de llevar a cabo esa coordinación con las comunidades autónomas y sin ánimo de entrar en el fondo del asunto. Por ahí iban
mis apreciaciones y, como creo que me ha entendido mal en ambos casos, quería aclararlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, podría utilizar el nombre de cuatro personas para exponer la postura del Grupo Parlamentario Popular. El primero es el de Machado, que tiene versos mucho menos conocidos pero muy bonitos.
El más clásico de Machado -y demasiado conocido- dice: se hace camino al andar. Aquí, indudablemente, se ha hecho un camino importante al andar, pero este camino no implica todo el camino; no implica que todos los problemas energéticos queden
resueltos.
Se ha dado un paso muy importante, que lamentamos que no se diera con la LOSEN, durante la última legislatura del PSOE, en que se perdió una magnífica oportunidad para hacer camino al andar hacia la liberalización.
(La señora Mendizábal
Gorostiaga: No se anduvo nada.) Se creó aquella figura de los independientes, que nunca entró en vigor, y no se hizo camino al andar. Aquí se ha dado un paso importantísimo en el camino.
En segundo lugar, ya que hablamos de la paternidad de las formas de discusión, lo de decir que el otro dice lo que no ha dicho y argumentarlo es muy antiguo y se llama maniqueísmo. Rato es un magnífico parlamentario que no necesita utilizar
esa técnica. Esa técnica se adjudica, si damos nombres auténticos a las cosas, a un tal Manes e, indudablemente, Rato no la necesita en absoluto. Repito que es un magnífico parlamentario y no necesita utilizarla.
El tercer nombre propio en que me voy a fijar es el de Ravel, porque es un magnífico músico, pero usa la técnica de la reiteración o de la repetición. Yo me he encontrado que la versión de S.S. ha sido prácticamente una reiteración de la
anterior. No conocía yo estas capacidades musicales, digamos, de la señora diputada, pero la felicito por utilizar la técnica de Ravel de repetir una y otra vez lo mismo en la primera y en la segunda intervención.
El último nombre está estos días de moda, el de Carmen Iglesias, que acaba de ingresar en la Academia de la Lengua, entre otros, por sus conocidos trabajos sobre separación y colaboración de poderes. Me suena cuando menos extraño que una
parlamentaria se queje de que este Parlamento ha tenido poder e influencia, y lo hace porque el Gobierno, respecto a un documento sobre Baleares, a quien ha acabado haciendo caso es a este Parlamento. Creo que a las personas que han trabajado sobre
colaboración y separación de poderes -y cojo el nombre de Carmen Iglesias- también les parecería un poco raro que una parlamentaria busque disminuir el poder del Parlamento; es una novedad. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Eso sí que es
maniqueísmo o ratismo, señor Gámir.) Como tal novedad, felicidades, señora parlamentaria. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, si desea hacer alguna aclaración, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Intervendré con brevedad, señor presidente. Sin duda ninguna, fue a raíz del documento de la subcomisión cuando dijimos
-y yo personalmente lo dije-: tiene toda la razón el Parlamento al decirnos que no podemos desechar de manera tan simple la conexión eléctrica con Baleares. Por supuesto que ya se sabe que la Comunidad Autónoma de Baleares dijo: pues, muy bien:
adiciónamela.
Pero no es eso; hay que estudiar y replantear el sistema gasista para garantizar el gas a Baleares -que lo tendrá en todo caso- a la luz de las conexiones eléctricas. Técnicamente es bastante complejo, pero es muy importante
conectar a Baleares con el sistema eléctrico europeo, y hay que insertarlo en la solución del gas para ver cómo optimizamos garantía de suministro y eficiencia y economía; todos esos elementos son necesarios para ello. Por consiguiente vamos a
trabajar, que es lo que tenemos que hacer, y además lo tendremos que hacer de forma conjunta, naturalmente, con la comunidad autónoma para que en los próximos meses, y dentro del año 2003, esto quede resuelto y además de la mejor manera, estoy
seguro.
En cuanto a Asturias, no podemos incluir ninguna planta de regasificación si previamente no viene sobre la mesa. Se ha deducido que la comunidad autónoma piensa una cosa y el ministerio hace otra. No es así. Es decir, para empezar, no es
la comunidad autónoma, porque las plantas de regasificación las plantearían empresas que hubieran estado dispuestas.
Tenga la completa seguridad de que si hubieran venido empresas a solicitar una planta de regasificación de El Musel antes que otras
que formaran parte del global, de la cantidad máxima que nosotros establecemos de manera vinculante, hubiéramos dicho que no va a financiar la sociedad y los consumidores españoles excedentes fuera de la planificación, porque no nos perdonarían los
españoles que aquí hiciéramos un brindis al sol, pero obviamente jugamos con la iniciativa privada o jugamos con las iniciativas de plantas de regasificación y quiero decirle que hasta hoy no hay ningún planteamiento, más que en boca del señor
presidente y algún consejero, de la planta de regasificación de El Musel. No tenemos ningún planteamiento fehaciente de que realmente se quiera trabajar en ello. Digo más, dentro de dos años va a haber revisión parcial del plan. Podemos
equivocarnos, pueden hacer falta más. Si nos han presentado un plan de viabilidad de una planta de regasificación, obviamente ¿cómo no se va a analizar? Todo esto lo estamos haciendo en colaboración con las comunidades autónomas. Le aseguro que
podemos tener muchos defectos, pero no se nos puede acusar de que no hayamos tenido, y con intensidad desde luego muy grande, relación con las comunidades autónomas. Lo que sucede es que tenemos que empastar todo el sistema
y naturalmente no se trata de hacer mero acopio de lo que se plantea en las comunidades autónomas. Creo, manifestado por ellas, que ha habido en términos generales -y así nos lo han dicho en los consejos consultivos- un gran contenido
laudatorio sobre el resultado final de esa relación que hemos tenido. Los casos particulares los tendremos que solucionar.
Nosotros no nos dedicamos a quitar sobre la marcha ciclos combinados. Lo que pasa es que tendrán que estar planteados de
manera que tengan que ser considerados en el conjunto del sistema. Creo que hay planteados ciclos combinados en Asturias o los que puedan venir en el futuro, sobre los que se podrá hacer un análisis de viabilidad. Lo que sí tenemos que garantizar
-y le aseguro que eso lo voy a tener muy en cuenta, no sólo con Asturias sino con todas las comunidades autónomas- es que se hacen, en tiempo y forma, las infraestructuras adecuadas para que exista gas para los tres frentes: economías domésticas,
empresas y ciclos combinados. Desde luego el reto es enorme, porque los ciclos combinados consumen mucho gas y las infraestructuras tardan en hacerse. Estamos trabajando a toda velocidad y de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente
para que no haya la más mínima demora en el establecimiento de todas las redes de transporte de gas, porque pasa a ser el nudo gordiano de todo el sistema eléctrico y gasístico del país.
En cuanto a zonas de regasificación y expansión de redes, que me había planteado S.S. y que no respondí, está en el capítulo 10, página 12, donde se responde a lo que me planteó de la Comisión Nacional de la Energía en relación con zonas de
regasificación, expansión de redes, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir brevemente la sesión para despedir al secretario de Estado y para pedir a los miembros de la Comisión que ocupen sus escaños y proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, ruego que ocupen sus escaños.
Pasamos a la votación del documento de planificación de los sectores de la electricidad y gas. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el documento.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.