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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 563, de 30/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 563
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 69
celebrada el lunes, 30 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (González González) para informar sobre:
- Su opinión sobre los resultados de la aplicación de contingentes de trabajadores extranjeros acordados por el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente
212/001123.) ... (Página 18020)
- Las medidas de su competencia que piensa tomar para evitar que la situación de conflictividad laboral de los inmigrantes que se ha vivido en Huelva se extienda a otras partes del territorio español, como la provincia de Lleida. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/000766.) ... (Página 18020)
Preguntas: - Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre previsiones y actuaciones más significativas diseñadas en el marco del programa Greco para avanzar en una visión global y coordinada de la inmigración
como un fenómeno deseable para España.
(Número de expediente 181/002812.) ... (Página 18041)
- Del señor López Aguilar (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas para reforzar los controles médicos de los inmigrantes retenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al arribar de manera irregular a la Comunidad
Autónoma de Canarias. (Número de expediente 181/0002855.) ... (Página 18043)
- Del señor Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas para posibilitar la entrada en funcionamiento del Centro de estancia temporal para inmigrantes (Ceti), de Algeciras (Cádiz). (Número de expediente 181/002866.) ...
(Página 18047)
- Del señor Sanjuán de la Rocha (Grupo Parlamentario Socialista), sobre el número de inmigrantes respecto de los que se ha dictado una orden de expulsión sin que haya podido ser cumplimentada y medidas para que estas personas no permanezcan
de manera indefinida en la marginalidad. (Número de expediente 181/002884.) ... (Página 18049)
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre causas del descenso, tanto de solicitantes de asilo llegados a las fronteras españolas, como del porcentaje de admisión a trámite de las mismas.
(Número de expediente
181/002892.) ... (Página 18052)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (GONZÁLEZ GONZÁLEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- SU OPINIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE CONTINGENTES DE TRABAJADORES EXTRANJEROS ACORDADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente
212/001123.)
- LAS MEDIDAS DE SU COMPETENCIA QUE PIENSA TOMAR PARA EVITAR QUE LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD LABORAL DE LOS INMIGRANTES QUE SE HA VIVIDO EN HUELVA SE EXTIENDA A OTRAS PARTES DEL TERRITORIO ESPAÑOL, COMO LA PROVINCIA DE LLEIDA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 213/000766.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la Comisión. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Es la primera vez que comparece ante la Comisión y le deseamos muchos éxitos en el
ejercicio de su cargo, que será para bien de todos. Le agradecemos que comparezca tan rápidamente y le aseguremos aquí la mejor acogida, que estoy convencido que la tendrá en todas las circunstancias. Dicho esto, entramos en el orden del día, que
tiene por objeto su comparecencia para exponer su opinión en relación con distintas cuestiones. Las dos primeras comparecencias se van a acumular por deseo de los portavoces, aceptado por el propio compareciente, y para exponer lo que estime
conveniente en relación con el contenido de estas dos comparecencias que figuran en el orden del día, una para el propio delegado y otra para el ministro del Interior, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Gracias, señor presidente, por la bienvenida a esta Comisión. Como S.S. decía, es la primera vez que tengo la oportunidad de comparecer en la misma y
espero que sea, si no a satisfacción, por lo menos que sirva para contestar a todas las pretensiones que SS.SS. tienen planteadas esta tarde o las que puedan tener en el futuro. A mí me hubiera gustado empezar haciendo una comparecencia un poco
más general, pero entiendo que las prioridades de la propia Cámara han establecido estas iniciativas, y con mucho gusto
voy a tratar de dar contestación a las mismas. A petición de los portavoces voy a tratar de agrupar las dos primeras, una relativa a la valoración del contingente de este año y la segunda a la situación que se vivió en Huelva hace unos
meses en relación con las campañas fundamentalmente de la fresa.
Como ustedes saben, dentro de lo que son las prioridades y los objetivos de la política del Gobierno en materia de inmigración, nuestra línea de actuación, como ha puesto de manifiesto recientemente en esta misma Comisión el ministro del
Interior, va dirigida fundamentalmente a fortalecer el papel de la inmigración, pero de la inmigración legal y ordenada, que sirva para atender los objetivos que pretendemos todas las partes afectadas en este nuevo fenómeno y, en definitiva, para
seguir manteniendo las razones que justifican que haya personas que quieran venir a nuestro país a trabajar y también las razones que justifiquen que estas personas al venir aquí van a poder encontrar una vía de desarrollo personal, profesional,
social, etcétera. En ese sentido, nosotros apostamos desde el primer momento por una inmigración legal, es decir, que venga con papeles, y, por tanto, lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, facilitar que la inmigración sea legal,
que sea más fácil venir legal que ilegalmente, aunque esto siempre va a estar sometido a todo tipo de condicionantes; en segundo lugar, queremos que esa inmigración sea ordenada, es decir, que se adapte a nuestra capacidad de acogida. Nosotros
estamos en un espacio económico de crecimiento, en un espacio económico desarrollado, que constituye sin duda alguna un centro de interés para el conjunto de personas, muchas en estos momentos, que tienen una mala condición de vida en sus países y
que lógicamente buscan en nuestro espacio europeo la posibilidad de obtener un mayor desarrollo, pero para que eso sea así tenemos que ser capaces de adaptar esa llegada a nuestra capacidad de acogida, porque no es ilimitada, y en la medida en que
nosotros sepamos poner el punto de equilibrio entre esa demanda y esa oferta seremos capaces de dar una respuesta satisfactoria a las necesidades que plantean esas personas que quieren venir hacia nuestro continente. De lo contrario corremos el
riesgo de vernos superados en nuestra capacidad de atención e incluso de poner en cuestión el propio progreso y el desarrollo, que son los que justifican que esas personas puedan venir y seguir disfrutando de oportunidades para un desarrollo mejor.
Por eso, junto con que esa inmigración sea ordenada y legal y basada en la capacidad de acogida, nosotros queremos que sea una inmigración que se integre, es decir, que estas personas que estén aquí tengan oportunidades reales de incorporarse a
nuestra sociedad, que puedan desarrollarse por sí mismas, que puedan mejorar, que puedan progresar, que puedan convivir, etcétera. En ese sentido nosotros pensamos que dentro de las múltiples actuaciones que hay que desarrollar en esa dirección,
hay una que es esencial y que es la base para facilitar esa integración, que es sin duda el trabajo. Sólo teniendo la posibilidad de trabajar, sólo teniendo la posibilidad de desempeñar ese puesto de trabajo existirán posibilidades de desarrollo,
de que la persona mejore en esas condiciones y consiga el objetivo que nosotros queremos y que lógicamente los inmigrantes también quieren cuando deciden venir a nuestro continente. Para eso nosotros proponemos la necesidad de luchar seriamente
contra la inmigración ilegal, que está sustentada en una serie de organizaciones que están sacando ventaja de la necesidad de estas personas y que constituyen uno de los elementos más negativos que rodean este fenómeno y contra el que nosotros
también queremos actuar en colaboración con los países de la Unión Europea de una manera decidida, evitando, en la medida de lo posible, que esa explotación siga, que sigan poniendo en riesgo la vida de estas personas, y además devolviendo a todos
aquellos que de alguna manera utilizan las vía ilegales para llegar a nuestro continente beneficiándose en ocasiones de las oportunidades y de los derechos que nuestro sistema está estableciendo en el conjunto de los países de la Unión. Por eso
nosotros desde el primer momento apostamos porque la ordenación de ese fenómeno dirigido a la integración debería de basarse en el trabajo. En ese sentido creemos que ordenar adecuadamente la oferta de trabajo constituye una de las vías esenciales
para poder ordenar de una manera razonable y eficaz el flujo migratorio.
En este sentido, nuestra percepción es que la reforma de la Ley de extranjería, que introdujo dentro de estas novedades la creación del contingente, supuso sin ninguna duda un
avance importante en la dirección adecuada para conseguir una ordenación racional de los flujos sobre la base de las oportunidades del mercado de trabajo. Desde el primer momento hay que dejar claro que la propuesta a favor del contingente, como
vía de ordenación del flujo legal de trabajadores inmigrantes, constituye una gran idea y una buena oportunidad para tratar de ordenar adecuadamente esos flujos y, en la medida en que esta fue una novedad introducida por la propia ley, hay que
concluir que la dirección que se planteaba con esa iniciativa era correcta. No solamente es que esta dirección nos pareciera a nosotros correcta, sino que tanto en la concepción como en la definición del contingente con carácter inicial hubo un
alto grado de consenso entre las partes por entender que el contingente era una vía posible de ordenación de esos flujos. Por eso desde el primer momento el contingente se elaboró en colaboración con todas las partes implicadas -como ustedes saben,
se reunieron las comisiones provinciales, donde participaban los empresarios, las organizaciones sindicales y las administraciones públicas- y se produjo la evaluación de las distintas propuestas y ofertas existentes, que llevaron a la determinación
de una propuesta de contingente para el año 2002. Este era el primer contingente que se establecía y constituía una novedad en la
ordenación de esos flujos asociados al mercado de trabajo. Ese contingente gozó del respaldo del Consejo Superior de Inmigración, donde están representadas todas las administraciones públicas, y del apoyo de las organizaciones empresariales
y sindicales, que entendieron que era una buena base de partida para poner en marcha la vía de la ordenación de esos flujos migratorios. Quiero señalar que este contingente, así concebido y con ese grado de respaldo, que tenía aplicación desde el 1
de enero del presente año, no entró en vigor hasta el mes de abril, una vez que se produjo la asignación de las distintas plazas que formaban parte de ese contingente, en una parte muy importante, a los empresarios que participaban en la misma, ya
que más de un 76 por ciento de la gestión de las plazas reservadas a la contratación estable de trabajadores fue encomendada a las organizaciones empresariales. Por otra parte, hay que señalar también que desde el punto de vista de la gestión de
este contingente es la primera vez que se hace una oferta tan amplia como esta de contratación de personal temporal, de temporeros, asociados fundamentalmente al campo de la agricultura. Hay que significar también que dentro de los plazos de
gestión del contingente hoy termina el de presentación de ofertas de empleo estable por parte de los empresarios.
Por tanto todavía no ha terminado la aplicación del contingente para este año; es decir, llevamos seis meses escasos de aplicación y
no estamos todavía en la fase de terminación de la aplicación del primer contingente efectuado y además quedan todavía por realizar campañas de temporeros de aquí a final de año, lo que constituye un proceso abierto que impide, como es lógico, hacer
una valoración final del total del comportamiento del contingente.
Hay que señalar también que este contingente así concebido ha incorporado por primera vez el mayor número de plazas que se hayan ofertado y materializado en su contratación para trabajadores en origen, ya sea para trabajadores estables como
para trabajadores de temporada. El funcionamiento de ese contingente, en términos generales de plazo y de gestión, ha sido bastante satisfactorio. Podemos decir que ha habido algunas ofertas que han tardado más de tres meses, pero muchas otras se
han resuelto incluso en una semana, y podemos situar el plazo de estimación media de resolución de las peticiones en torno a los dos meses, período sensiblemente inferior al que tradicionalmente estaban teniendo las tramitaciones de ofertas de esta
naturaleza con anterioridad. Por tanto, teniendo en cuenta todas las circunstancias señaladas, que estamos ante una nueva figura con la que no tenemos experiencia de gestión hasta la que se viene produciendo en estos últimos meses; teniendo en
cuenta también que se ha producido toda una serie de circunstancias singulares que inciden sobre la gestión de la oferta de trabajo en estos tiempos, como ha sido el comportamiento del mercado de trabajo o los procesos de regularización que hemos
seguido en los últimos tiempos, que han llevado a que hayamos duplicado el número de trabajadores afiliados y cotizantes a la Seguridad Social extranjeros, que en apenas ocho meses han pasado de más de 400.000 a más de 800.000, y en definitiva
teniendo en cuenta que es la primera vez que se hace un intento serio de ordenación de los flujos de contratación de personal inmigrante en el extranjero, creo que el funcionamiento que por el momento está poniendo de manifiesto el contingente
indica que la vía por la que apostó la Ley de extranjería que fue ratificada en el Consejo Superior de Inmigración y que contó con el apoyo de los agentes sociales, es una vía que está en la buena dirección, en la dirección de lo que entiendo que
todos queremos, que es ordenar adecuadamente el flujo migratorio sobre la base de la oferta de trabajo legal y teniendo en cuenta las capacidades de nuestro mercado de trabajo. Teniendo en cuenta estas circunstancias y que no está concluido todavía
el proceso de elaboración del contingente, hacemos una valoración positiva de la iniciativa del comportamiento y pensamos que en esta dirección es en la que tenemos que seguir avanzando aprendiendo de la experiencia que se ha puesto de manifiesto en
estos seis meses, de la experiencia que podamos obtener de aquí al final de la aplicación del contingente, por supuesto de las sugerencias que nos hagan las partes directamente afectadas, como son los empresarios y las organizaciones sindicales, y
con todas estas experiencias, con todas estas iniciativas y con las ventajas y elementos positivos que se ponen de manifiesto en la aplicación del contingente, estamos en una muy buena dirección para tratar de avanzar permanentemente en la mejora de
la ordenación de los flujos migratorios asociados a las ofertas del mercado de trabajo.
En cuanto al segundo de los temas al que se refiere la comparecencia, tiene que ver con las cuestiones que se discutieron ya hace algún tiempo en esta Cámara y en esta misma Comisión en relación con la situación que se había producido en
Huelva dentro del desarrollo de la campaña de la fresa. La comparecencia hacía referencia a las medidas que se tomaron para evitar las situaciones que allí se produjeron y mejorar el funcionamiento de las mismas. Pues bien, yo creo que las medidas
que se tomaron y que se toman tienen mucho que ver con la adecuada ordenación de los flujos y con lo que se refiere al funcionamiento también del contingente y a las oportunidades que este ofrece, sin ninguna duda, para ordenar adecuadamente esos
flujos. Por eso, y como ustedes seguramente sabrán, ya desde 1996 el Gobierno empezó a ordenar los trabajos de temporada a través de la firma de un convenio marco de colaboración para la ordenación de las migraciones interiores, que fue suscrito
por el Ministerio de Trabajo, los empresarios del campo -ASAJA y COAG-, las organizaciones sindicales más representativas -Comisiones Obreras y UGT- y los representantes
de la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con un protocolo adicional, de 1999, dirigido a reforzar la contratación de los trabajadores extranjeros en el país de origen para estas campañas de temporada. Fruto de este
acuerdo fue la creación de más de 30 comisiones provinciales de seguimiento, que tenían por objeto la previsión para la organización de las campañas, la contratación de trabajadores en origen para cada temporada y la garantía de las condiciones
laborales y sociales en las que los trabajadores se desplazaban a nuestro país. Gracias a estas iniciativas se ha avanzado mucho en la mejora de tales condiciones y en la adecuada ordenación de las campañas. De hecho, este esfuerzo que se ha
venido haciendo es el que ha servido de base para articular la regulación de los contingentes de temporeros que se ha reflejado luego en los procedimientos establecidos en la Ley de extranjería.
Lo que se hizo en Huelva precisamente fue ordenar la campaña conforme al planteamiento que traía causa de estos acuerdos que tuvieron lugar entre empresarios, sindicatos e instituciones. La toma del acuerdo como referencia permitió
organizar correctamente la campaña. De hecho, ha sido una de las mejores desde el punto de vista laboral; han participado más de 55.000 personas, 6.700 de las cuales fueron contratadas en sus países de origen y vinieron con todos los derechos y
garantías. Además, fueron contratados 5.000 inmigrantes documentados, residentes en España, observándose escrupulosamente todos los criterios establecidos por las partes en cuanto a las contrataciones. Asimismo se han mejorado sustancialmente las
condiciones laborales respecto a las campañas anteriores e incluso se permitió a temporeros inmigrantes con autorizaciones administrativas para trabajar en provincias distintas de la de Huelva cambiar dicha autorización, a través de la Subdelegación
del Gobierno, para trabajar en Huelva cuando tuviesen una oferta concreta y cierta de trabajo. Igualmente, se dio a las organizaciones sociales la posibilidad de gestionar ofertas de trabajo en estas condiciones para Huelva o para que la gente que
estaba en Huelva trabajara en otras provincias. Además, desde abril de 2002 y por resolución de la Dirección General de Migraciones, se concedió validez de permiso de trabajo para todo el territorio nacional y en todos los sectores de actividad a
las autorizaciones para trabajar que se hubieran concedido o se concedieran en el marco del proceso de arraigo.
El funcionamiento ha venido siendo el correcto en Huelva. Como saben, en 2001 se constituyó la mesa provincial de inmigración, como punto de encuentro de administraciones y organizaciones para ordenar adecuadamente el mercado de trabajo de
temporeros. Desde entonces, la mesa se ha reunido en más de once ocasiones. Desde la campaña de este año se ha reunido en tres ocasiones y en todos ellas se ha puesto de manifiesto el buen funcionamiento de la campaña desde el punto de vista
organizativo y legal, a diferencia de lo que se venía produciendo en años anteriores, así como la adecuada coordinación entre las administraciones y los agentes sociales. Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo especial pidiendo a las
organizaciones no gubernamentales que colaboren también informando a los inmigrantes sobre la necesidad de desplazarse a las campañas dentro del territorio sólo cuando existan ofertas de trabajo reales y ciertas que les permitan incorporarse a las
mismas. Se han establecido los correspondientes cauces de colaboración entre las subdelegaciones del Gobierno para facilitar el desplazamiento de los trabajadores de una zona a otra, teniendo en cuenta las actividades de temporada que se producen
en las diversas zonas del territorio español.
Por último, se ha establecido un plan de inspección de trabajo para reforzar las inspecciones en aquellos sitios en que podría haber existido contratación de personal ilegal o que incumpliera las
determinaciones de carácter laboral. Tanto el contingente como la ordenación del mercado de trabajo y las posibilidades de traer a los inmigrantes legales en condiciones de incorporarse al trabajo constituyen la vía por la que creemos que hay que
continuar para mejorar, en la medida de lo posible, el funcionamiento del fenómeno migratorio en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor delegado del Gobierno, ante todo, me gustaría darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a esta su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Podría haberse celebrado a
petición propia, pero no ha sido así, sino que ha sido solicitada por mi grupo. Esta bienvenida se la doy con toda sinceridad.
Creo que es bueno hacerlo así y esperamos que haya un cambio, aunque sus palabras no han supuesto todo lo que yo
esperaba de su primera intervención pública.
Señor González, la sociedad española precisa de una muy buena gestión en el tratamiento de la inmigración y ha sido mucho el tiempo que se ha perdido y muchos los errores cometidos durante los últimos años, precisamente los que coinciden con
la llegada del mayor número de inmigrantes. Antes de entrar en materia, también quisiera decirle que tiene nuestra voluntad para contribuir a llevar a cabo con éxito esta empresa -si es eso lo que pretende el Gobierno-, que seremos leales,
apoyándole en todo aquello que valoremos acertado, y que también seremos francos y directos en la crítica de todo aquello que consideremos desafortunado. No olvide que ha sido el Partido Socialista el que ha propuesto de manera reiterada a su
Gobierno y a su partido la necesidad de alcanzar un acuerdo de Estado en materia de inmigración, un acuerdo para que la
inmigración no sea un arma arrojadiza entre fuerzas políticas, que no sea un botín electoral, y su Gobierno y su partido han sido los que, una y otra vez, han dado la espalda a esta propuesta.
Usted comparece hoy aquí, entre otras razones, porque el Grupo Socialista consideró hace ya meses que el contingente -que para nosotros desde luego es un instrumento básico en una política de inmigración- daba señales más que evidentes de
que no estaba funcionando de manera adecuada y que no estaba sirviendo para los fines para los que fue diseñado y contemplado en nuestro marco legal. Me ha sorprendido mucho que usted dijera hoy que el funcionamiento había sido satisfactorio y
positivo. También voy a aprovechar esta oportunidad para corregirle -espero que no se lo tome a mal, porque es una corrección hecha afectuosamente-. Usted decía hace unos días en un medio de comunicación -y hoy lo ha vuelto a ratificar en su
intervención- que el contingente es de las principales novedades de la Ley de extranjería. No, señor González, se equivoca usted. El contingente tiene más historia que la que se remonta tan sólo al Gobierno del Partido Popular, por muy insólito
que esto le parezca; se puso en marcha en el año 1993. Creo que debe tomar nota de ello porque el delegado del Gobierno para la Extranjería no puede desconocer estos antecedentes.
Cuando solicitamos la comparecencia ya le advertimos que el
contingente no estaba funcionando. Hoy -usted también lo ha recordado-, en el momento en que celebramos esta sesión, se cierra el plazo para la presentación de ofertas y a nadie le cabe la menor duda de que el contingente de 2002 ha constituido un
auténtico fracaso. El Gobierno no hizo caso de las advertencias que le hicimos y los resultados a la vista están. Más allá de las cifras que conocemos, sobre una estimación de 10.884 puestos de trabajo con carácter estable, apenas se han cubierto
2.000 ofertas de trabajo presentadas. Por tanto creo que esto constituye un error muy serio, y no me hable de los temporales -permítame que se lo diga-, déjelos aparte, porque ustedes los han utilizado para enmascarar el fracaso precisamente en los
puestos estables. No me lo mezcle, porque hasta el reglamento de la Ley de extranjería establece procedimientos distintos: en el artículo 65 para el contingente y en el artículo 78 para los permisos temporales. El propio reglamento establece
procesos diferentes. Estos datos, que son los que se hicieron públicos -usted no ha dado ninguno y yo sólo tengo los que a través de distintas informaciones que da el Ministerio del Interior aparecieron en torno al 19 de septiembre- hacen que
nosotros consideremos desde luego que no se han cubierto las necesidades del mercado laboral ni las peticiones de los propios empresarios, y no deberían enrocarse en una cerrazón, porque serían los únicos que negarían la realidad. Por cierto, hasta
su propio ministro, el señor Acebes, en su comparecencia aquí dijo ya que el contingente había que reestructurarlo porque no había funcionado como se esperaba.
El contingente, como uno de los instrumentos que conforman la política de inmigración, reunía cuando se diseñó unas condiciones muy valiosas para la canalización de los flujos migratorios, y se ha tirado por la borda lo que se refiere a la
experiencia en su gestión. Más allá de la importancia que adquiere en sí mismo como mecanismo de contratación de un número de extranjeros necesario para cubrir la mano de obra en nuestro país, el contingente constituye -y esto me lo habrá oído
decir a lo largo de estos meses que usted tiene esta responsabilidad- un instrumento de un valor pedagógico inestimable. ¿Para qué? Para contribuir precisamente a disuadir a la inmigración ilegal en aquellos países de donde viene el mayor número
de inmigrantes. No le quepa duda, señor González, que si el contingente hubiera funcionado como debiera, correctamente y con eficacia, aportaría un valor ejemplar para que muchos inmigrantes potenciales comprobasen que existe una vía para venir a
nuestro país, para permanecer en España de manera regular y les haría desistir de esa aventura con un destino cierto a la irregularidad.
Con el fracaso del contingente del año 2002 se está poniendo de manifiesto el colapso de una determinada y errónea manera de abordar la inmigración por parte de su Gobierno. Pareciera que ustedes han llegado a creerse sus propios eslóganes,
aquellos que nacieron al calor de la última batalla electoral, e insisten en confiar en la eficacia de los mensajes de corte ejemplarizante para disuadir la inmigración irregular. Sinceramente yo les digo que tomaron el peor camino, porque la
inmigración irregular no ha hecho más que crecer y crecer. Los controles fronterizos dejan mucho que desear en cuanto a su eficacia; los dispositivos de atención y acogida se hallan desbordados; las devoluciones son lentas y, en lo que se refiere
al contingente, insisto, no han cumplido con sus objetivos.
Esto hasta la propia Administración lo está diciendo. Por ello me sorprende tanto la evaluación que usted ha hecho.
Yo sé que usted acaba de llegar al cargo. Tengo que decir, porque es mi obligación -y no intento atribuirle los desatinos de otro-, que la responsabilidad le trasciende. Es una responsabilidad de naturaleza política que afecta a toda una
forma de entender y gestionar la política de inmigración. Las responsabilidades se las reclamamos a un gobierno que es el suyo y a un partido que también es el suyo, que se comprometió a atajar la inmigración irregular a través de la reforma de una
ley. Pues bien, han pasado ya dos años desde la entrada en vigor de esta ley y la inmigración irregular no ha hecho nada más que acrecentarse. Por supuesto ya no oímos esa apelación al efecto llamada, porque ya nadie se lo creería, pero usted sabe
lo mismo que yo cuántas veces han utilizado este tema precisamente para justificar una promesa en la que o mintieron o se equivocaron.
Me voy a referir concretamente al contingente. Le recomiendo que no insista en evaluarlo positivamente y no insista en decir que su funcionamiento ha sido positivo. Digo esto porque todos los afectados en la elaboración del contingente
hemos convenido en que los errores han sido de bulto y afectan al diseño, a la concepción y a la gestión. Por primera vez, señor González, al establecer el contingente se han incluido, además de las plazas estables, las plazas de temporada.
Insisto en que creo que se hizo para ocultar el número que finalmente se dio. El procedimiento creo que ha sido complejo, lento e ineficaz. Le voy a detallar ahora cómo creemos desde el Grupo Socialista que se puede rectificar de aquí a que
termine el año 2002, es decir, para lo que queda del contingente del año 2002. Lo hemos hecho a través de una iniciativa parlamentaria que mañana se verá en el Pleno de la Cámara. Lo que sí está claro es que no ha servido para lo que se diseñó y
que tampoco ha tenido las medidas complementarias necesarias para su correcta gestión. Además, ha sido inútil -y esto me parece especialmente grave- como instrumento para canalizar los flujos migratorios. Porque, aparte de estos resultados que
consideramos fracasados, el Gobierno ha abdicado de una responsabilidad que le corresponde al Gobierno, insisto, que es dirigir, al menos en parte, las ofertas de trabajo a aquellos países que ejercen una mayor presión migratoria en nuestro país y
no se escuden en preferencias empresariales, porque el Gobierno tiene la responsabilidad, y así estaba establecido, de orientar el proceso con relación a los intereses generales del país. Nada se lo impide, todo se lo exige y no se ha llevado a
cabo.
Simplemente quiero recordar -los compromisos son los compromisos de su Gobierno- que cuando se elaboró el convenio con Ecuador se comprometieron 30.000 trabajadores ecuatorianos para el contingente del año 2002. Sabe usted mejor que yo que
la cifra es anecdótica. ¿Por qué? Porque se hizo a la ligera y se hizo precipitadamente. Tampoco han funcionado los servicios públicos de empleo, si no, no hubiese sucedido lo que sucedió en Huelva, señor González, que existiendo trabajadores
extranjeros con permiso de trabajo, ustedes aprobaron la llegada de otros. Otro error.
Tampoco se pueden amparar en que los empresarios no hayan realizado un mayor número de ofertas, porque la responsabilidad de la estimación se encuentra única y
exclusivamente en el Gobierno, que es quien fija la cifra definitiva.
El señor Chozas en esta misma casa anticipó la cifra que más tarde sería confirmada por la Delegación de extranjería y, finalmente, aprobada en el Consejo de Gobierno. Alguien se ha equivocado; alguien debería asumir la responsabilidad y
ofrecer una explicación de este desatino; de una decisión que se dijo fundada en estudios económicos pero que nadie sabe ni quién ni cómo ni cuándo se ha realizado, tan sólo sabemos que no ha servido. Espero sinceramente, señor delegado, que este
año no recurra usted a los mismos informes cuando se tenga que evaluar y trabajar para solventar el tema en un futuro. La estimación ha fallado; el diseño se ha demostrado deficiente; la gestión del contingente ha sido un fracaso que hasta la
propia Administración reconoce, aunque no usted. Yo creo que defenderlo ya es temerario.
Durante el año 2002 el Gobierno ha cometido una doble y grave equivocación. Una ya se la he resumido y que no voy a entrar en ella. Y la segunda es que al mismo tiempo cometió un segundo error, que fue suprimir de facto el llamado régimen
general, que establece la posibilidad de tramitar ofertas individuales a trabajadores extranjeros que se encuentran en sus países. Quiero matizarlo. Este régimen general, que ustedes de facto suprimieron, era un instrumento que permitía dar
satisfacción de la manera más ágil a las necesidades que surgen frecuentemente de contratación de trabajadores no españoles por parte de los empresarios y que no pueden esperar a que concluya el lento procedimiento del contingente. Se lo advertimos
hasta la saciedad: es un error, pero una vez más no escucharon a la oposición y lo único que ha reportado ha sido más problemas. Al dejar al contingente como única vía, como único mecanismo para conceder permisos de trabajo a extranjeros, si este
no funcionaba, como ha ocurrido, entonces ustedes han introducido una disfunción, una rigidez gratuita que es muy difícil entender a quién beneficia, porque por mucho que lo he pensado no beneficia a nadie.
Han puesto en marcha un sistema que ha fracasado sin paliativos y no parece que tengan otra alternativa, al menos usted no nos ha dicho absolutamente nada sobre qué se va a avanzar. Pero desde el Grupo Socialista no nos vamos a resignar y,
como nos demandan alternativas, nosotros le vamos a ofrecer alternativas. Lo hacemos una y otra vez en todos los ámbitos. Alternativa a su pasividad, soluciones para modificar siquiera de manera parcial alguno de los defectos que hemos constatado
en el funcionamiento del contingente. Se lo recuerdo de nuevo, están en la proposición no de ley que mañana se verá en el Pleno. Veremos cuál es la respuesta que tiene su Gobierno, veremos cuál es la respuesta que tiene el grupo mayoritario y cuál
es su capacidad para rectificar y ofrecer una oportunidad al diálogo y aprender de los errores.
Por lo que se refiere al próximo año, yo no he oído nada por su parte, pero le voy a hacer una sugerencia: le voy a sugerir prudencia, algo que desde el Partido Socialista hacemos continuamente en el tema de la inmigración; prudencia para
no endosar un nuevo error al Gobierno, porque al final nos afecta a todos, a los inmigrantes, a los empresarios y a la sociedad en su conjunto, y ya son demasiados los que se han cometido. Le recomiendo que no se precipite, que medite el camino a
seguir.
El año pasado algunas fuerzas sindicales, señor González, propusieron al Gobierno no incorporar trabajadores extranjeros al mercado de trabajo por medio de la vía del contingente, lo que se ha llamado el contingente cero. Tampoco el
Gobierno escuchó y realizó una previsión equivocada.
Ahora tiene que tomar decisiones en lo que resta de año.
Ateniéndonos a los problemas que el Gobierno ha provocado con sus errores, a la desconfianza que han generado en los distintos sectores económicos incluso fuera de nuestro país, a las tensiones introducidas con un modo de gestionar tan opaco
como caótico, a las responsabilidades que les corresponden por el mal funcionamiento observado por la Administración, es evidente que ustedes están obligados a modificar de manera radical el procedimiento. No es fácil, es cierto. De hecho,
tendrían que reconocer expresamente su fracaso; es lo que debieran hacer, señor González, y le adelanto que le haremos llegar nuestra propuesta.
Este grupo parlamentario se atreve a sugerirle que, si se estimase que la oferta de mano de obra es escasa y limitada a determinados sectores -por supuesto, para hacer esta estimación tienen que tener en cuenta a los empresarios y los
sindicatos-, si esta estimación nos arroja ante un contingente mínimo, no contribuyan a que se creen falsas expectativas, no aprueben contingente para el ejercicio 2003 y recuperen la vigencia del llamado régimen general. ¿Por qué? Porque así se
podría dar respuesta a las necesidades que realmente demanda el mercado. Por cierto, un mercado que tiene más de 100.000 trabajadores extranjeros en el paro. En este caso, suponiendo que se diesen estas circunstancias, el Grupo Parlamentario
Socialista, el Partido Socialista le pediría contingente cero para el año 2003. En fin, les pido que actúen con transparencia, que no se vuelvan a equivocar en la estimación y, desde luego, que si esta es muy limitada tengan en cuenta esta
sugerencia.
Tiene usted una labor difícil, señor González, cuyo éxito va a depender de la capacidad de su Gobierno, de su partido para variar sustancialmente la forma en que han venido tratando un tema tan importante como es el migratorio. El
contingente es sólo la última expresión de un fracaso en política de inmigración. Han buscado continuamente rentabilidad mediática, como se ha hecho evidente en esta legislatura, pero el contingente ya está demostrando sus graves limitaciones. Y
el contingente no es el único fracaso que ha traído consigo este modelo de tratar la inmigración. No es ya sólo que el Gobierno dé muestras de impotencia para controlar y canalizar la llegada de inmigrantes irregulares, sino que estos han provocado
un auténtico colapso de los precarios dispositivos de atención. Qué le voy a contar de Canarias; usted ya ha tenido la oportunidad de comprobarlo.
En estos primeros meses de gestión todas sus actuaciones han consistido en intentar paliar, mediante parches, las consecuencias de la improvisación y dejadez de su Gobierno durante los últimos años. Usted se ha visto obligado a poner en
marcha una suerte de actuaciones urgentes en materia de devolución de inmigrantes irregulares que han sido el resultado de la incapacidad de su Gobierno para hacer efectivas alrededor de 19.000 órdenes de expulsión dictadas y no materializadas, y
cito datos que ustedes mismos han dado. Por eso, cuando hace algunos días llegaban a un acuerdo para dotar de más medios de acogida a unas instalaciones canarias de acogida completamente saturadas, nos preguntábamos si por fin iba a ser cierto que
se llevarían a cabo todos los puntos acordados, porque ya hemos sido testigos de diferentes acuerdos de su antecesor y del anterior ministro que nunca llegaron a hacerse realidad. También sería justo que reconocieran que, en el mes de enero, el
Grupo Parlamentario Socialista presentó un plan urgente de inmigración para Canarias, cuando ya se veía que se iban a producir situaciones muy complicadas en el Archipiélago, y que ustedes lo rechazaron. Ustedes son los responsables de haber dejado
que la situación se haya deteriorado hasta estos extremos tan preocupantes.
No voy a poner en duda sus intenciones de hacerlo lo mejor posible, pero estoy segura de que no le va a resultar nada fácil la tarea porque a la complejidad de los problemas hay que añadir el handicap que supone que su Gobierno y su partido
sigan haciendo gala de una capacidad nada desdeñable para convertir la inmigración en terreno propicio de confrontación partidaria, lo que comprende una bien reconocida estrategia por tratar de desfigurar hacia la caricatura las posiciones que el
Partido Socialista mantiene en este terreno, y sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. Pero más allá de las palabras vacías queda la realidad de una política fallida que en lo que va de legislatura no ha generado soluciones y que en muchas
ocasiones ha conseguido agravar los problemas.
En la actualidad, en España, se está produciendo una gran paradoja: la de un Gobierno que hizo del combate contra la inmigración irregular toda una bandera. Pues bien, ese mismo Gobierno se está viendo desbordado por la llegada masiva de
inmigrantes que pasan a engrosar las filas de irregularidad.
Señor González, una última sugerencia y afirmación por parte del Grupo Parlamentario Socialista: la inmigración irregular no se combate con discursos. La única forma de disuadir a los inmigrantes a venir de forma irregular es la puesta en
marcha de políticas activas que, desde luego, hasta este momento, ustedes tienen abandonadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor delegado, sea usted bienvenido a esta Comisión en sesión de control, y repito lo que ya le dije cuando le felicité personalmente: ¿dónde se ha metido? Es usted valiente, y así se lo reconocí, por haber
aceptado este cargo, notablemente más conflictivo por difícil y por eje de la realidad social que los anteriores cometidos en cargos políticos que usted ha desempeñado, en los que, por cierto, pese a la desigualdad o a la diferencias políticas,
nunca nos ha sido imposible el buen trato e incluso la cordialidad. Tiene usted, de momento, además, en su haber respecto del pasado reciente la menor estridencia de sus planteamientos, que globalmente no conocemos. Usted ha manifestado que le
gustaría que no hubiese sido tan sectorial o tan puntual, como suele decirse, la comparecencia o la petición de explicaciones de hoy. Los planes generales sólo los conocemos por el tiempo que dedicó a ellos el señor ministro y hay algunos aspectos
que nos parecen tremendos y no gozan de nuestra simpatía, pero, le repito, al menos en las manifestaciones que usted ha hecho en su propia intervención de hoy o incluso en comentarios u opiniones vertidas a la prensa, resulta menos estridente que lo
que se decía en tiempos precedentes. Cuando menos, sus manifestaciones no han levantado ampollas en casos concretos.
Es usted más prudente o quizás más modoso, lo cual es un valor desde la perspectiva que yo sostengo.
De lo que ha dicho hoy me ha gustado sobre todo que no ha dejado usted de lado el aspecto social y el aspecto humanitario, y eso se agradece, porque una y otra vez he manifestado en comparecencias referidas al área de la que usted tiene
ahora la máxima responsabilidad que, desde nuestra perspectiva, nos negamos a pensar que hay un sector de ciudadanos del mundo a los que se considere perdedores sociales, sujetos a exclusión.
Debe hacerse lo posible por tener este aspecto, junto a
los demográfico o económicos o de otra índole, como aspecto prioritario en la materia que le ha tocado a usted gestionar.
Se alude y se considera al contingente, que es el enunciado de la primera comparecencia que tiene usted hoy en esta Comisión, como una forma de arreglar la llegada de personas a los distintos países. Ciertamente, la definición del
contingente para eso es, pero nos parece que esta ha sido la teoría, según usted ha dicho, en la dirección correcta, pero creemos que la previsión que se contiene en los preceptos concretos, el 39 de la ley y en el 65 del reglamento o cómo se ha
llevado a cabo el contenido del primer acuerdo de diciembre del pasado año, no ha dado los resultados apetecidos o, por lo menos, en lo que me es más cercano y mejor conozco, creo que no ha servido a la finalidad que se pretendía, quizá es que la
fijación haya sido errónea, pero creo que también el sistema tiene algunos elementos sobre los que nos merecería la pena centrarnos antes de que se llegue a la fijación definitiva del contingente para el año siguiente. Repito que me voy a centrar
en los aspectos que conozco más y es en lo que ha supuesto y está suponiendo en la política vasca o en la realidad social vasca la fijación del contingente. Conoce usted de sobra que sólo Guipúzcoa y Álava tienen contingente, Vizcaya no, cierto es
que no por culpa alguna imputable al Gobierno, sino porque fue imposible que se pusiesen de acuerdo los sectores sociales y empresariales; quizá también porque cuando se habla de la negociación a través de los más representativos, la mayor
representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca no coincide con la mayor representatividad en el nivel estatal, y eso siempre genera disfunciones. En todo caso, creo que ni siquiera para Álava ni para Guipúzcoa el sistema ha resultado
acorde con lo que se podía haber efectuado desde las políticas sociales que la propia comunidad y los propios territorios históricos tienen en marcha y, desde luego, no lo ha sido para Vizcaya. Es más, en el conjunto del Estado tampoco ha sido así
si tenemos en cuenta que -y usted no ha dicho lo contrario- no se ha logrado cerrar la totalidad de plazas que el contingente preveía, lo cual quiere decir que, dado el número de irregulares en busca de trabajo y con trabajo ofrecido que existen, el
sistema es lo suficientemente rebuscado o lo suficientemente imperfecto como para que no logre siquiera cubrir la cifra que como posible se había establecido en el contingente.
Me referiré a la situación concreta de Vizcaya. En este momento, según datos ciertos, hay 2.700 peticiones de permiso de trabajo respecto de quienes ya están con empleador concreto y tienen presentadas las solicitudes en la correspondiente
delegación de Trabajo. La noticia que se tiene es que, como no hay contingente, van a ser globalmente denegadas, lo que supone que 2.700 personas se convertirán en irregulares en bloque. Sobre esto se pretenden establecer los contingente del año
siguiente. El que haya 500 nuevas posibilidades significará que habrá otras 500 personas distintas. ¿No sería más sensato intentar que esas 2.700 solicitudes que corresponden a personas con empleador concreto y, en la mayor parte de las veces, que
ya están trabajando fuesen prioritarias en lugar de fijar un nuevo contingente? Nos parece que eso debiera ser así. Además, el sistema desconoce una realidad que al menos en mi tierra se da y es que un gran número de los inmigrantes que vienen en
busca de empleo lo son de baja cualificación, no todos pero sí muchos de ellos, y este tipo de empleo no suele pasar por las oficinas del Inem, sino que la intermediación se produce de forma distinta. Según el propio Inem reconoce, sólo el 18 por
ciento de los contratos o de las ofertas de empleo se generan con su intermediación. La experiencia nos enseña que la mayor parte del empleo en el sector del servicio doméstico o en las pequeñas empresas surge cuando el empleador le pregunta al
inmigrante si tiene algún pariente interesado o bien siendo él mismo el que ofrece esta posibilidad. Esa es la realidad, estos empleos no
pasan por el Inem y, por tanto, de nada serviría la fijación en el contingente. Se están efectuando ahora las reuniones para la fijación del siguiente y vuelvo a insistirle en los mismo: sin una modificación adecuada de la realidad laboral
y sin una tenencia cierta de cuál es la situación concreta en cada caso, nos parece que lo que hará este contingente es convertir en irregulares a un sector mucho más importante.
Los cálculos que se hacen desde el Gobierno vasco en este momento
llevan a pensar que si antes de fijar el siguiente contingente se regularizan las solicitudes de empleo que ya están presentadas -todas ellas no sería posible puesto que a muchas les faltarán requisitos, pero pongamos que fueran 1.700 de las 2.700,
es decir, que hubiera 1.000 rechazables-, esto permitiría terminar con un tercio de la irregularidad que se considera que existe en este momento en la comunidad autónoma. No sé si sería adecuado pero nos parece que quizá podría ser válido
-requiriría modificaciones normativas- volver a la situación de solicitar visado para buscar empleo. Creemos que sería muy adecuado en determinados sectores laborales para la oferta de empleo que existe actualmente o, al menos, respecto de
determinadas zonas del territorio donde el número de inmigrantes -lo reconozco- no asciende a las cifras que pueden existir en otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Andalucía.
Negociar ahora un contingente nuevo para estas provincias nos parece un sinsentido, teniendo en cuenta, además, el hecho de que la mayor parte de ellos son inexpulsables. Dado el sistema de ayudas sociales que existen en la Comunidad
Autónoma vasca y conforme a la propia Ley de extranjería, a partir de un año pueden recibir ayudas sociales y quien está en situación de recibir ayudas sociales, según la Ley de extranjería, no es expulsable, con lo cual también se está intentando
arreglar otra situación que es ciertamente imaginativa y se está impulsando desde el Foro para la Inmigración creado en el seno del Gobierno vasco, que en este momento está regentado -como usted bien conoce- por el consejero de Izquierda Unida. Es
decir, no es un logro o una solución imaginativa que se tenga que atribuir a mi propia formación política, sí al Gobierno del que forma parte, y desde dentro de Izquierda Unida se pretende una solución que permita contemplar para esta gente que está
recibiendo ya ayudas alguna situación parecida a los permisos que antes existían por interés público, lo cual les llevaría a su inserción en el mercado laboral y a su regularización. En este foro que se ha creado se han implicado ya los tres
colegios de abogados de los tres territorios históricos que quieren pilotar una especie de encomienda de gestión, según la cual ellos se encargarían de solventar toda la tramitación correspondiente a estas cuestiones y que evitaría que exista la
lacra económica que supone estar pagando ayudas sociales, pero, sobre todo, lo que para mí es un despropósito desde el punto de vista humano y social.
Estas personas tienen su propia estima y su propio deseo de inserción que viene dado no por la
recepción de ayudas sociales, sino por el de sentirse útiles incorporados al mercado de trabajo y con posibilidad de saber que con sus propios medios ayudan a su propia subsistencia, a la de su familia y a conseguir el arraigo social. Me consta que
desde el Gobierno vasco se tiene especial interés en trasladarle a usted en cuanto sea posible esta propuesta. Yo creo que está perfectamente dentro de la ley, que al menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca es posible realizarlo -repito
que desde el punto de vista económico, jurídico y político se tiene voluntad de ello- y que sería una forma interesante de evitar la exclusión respecto del número de los irregulares en este territorio, y no la idea de un contingente sobre otro,
sobre todo cuando como en Vizcaya es un contingente sobre la nada en el año anterior que conduce a más injusticia, a más costo social, a más irregularidad.
La segunda petición de comparecencia, siendo de un supuesto concreto respecto de lo vivido en la conflictividad laboral en la provincia de Huelva, desde la perspectiva de mi formación política tiene mucho que ver con la primera, porque el
arreglo en la regularidad evitará desde luego la conflictividad laboral no sólo en Huelva, sino en cualquier parte del territorio. Reforzar los controles frente a la explotación nos parece magnífico, pero nos parece que fomentar la igualdad de
trato y los derechos sociales ha de ser la pauta si se quiere el trato igual de los trabajadores inmigrantes y, sobre todo, no caer en esa pendiente, que ya va siendo irreversible en algunas zonas, hacia lo que es la xenofobia.
Desde estos parámetros que le he manifestado sabe el señor delegado que contará siempre con la colaboración de la formación política a la que pertenezco, y le repito la voluntad que desde instancias vascas existe en trasladar esa propuesta
de un foro que permita la regularización a través de los servicios sociales y de las previsiones de la propia Ley de extranjería.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: También quiero darle la bienvenida a esta Comisión en su primera comparecencia, en su nueva responsabilidad en el ámbito de la inmigración. Lógicamente estaremos también a la espera, intuyo, de una próxima
comparecencia del señor González para marcar el conjunto de sus voluntades políticas en esta responsabilidad. Por lo que hace referencia al contenido del orden del día de hoy, de entrada he de decirle que su primera intervención me ha decepcionado;
estaré a la espera de que en una segunda intervención nos dé más información. Me parece que exponer su opinión sobre los resultados de la aplicación del contingente exigía quizás que el señor
González hoy nos hubiese ofrecido unas primeras cifras sobre la evolución a 30 de septiembre de esta realidad; lo digo porque estamos todos articulando nuestra visión sobre esta realidad en función de lo que se refleja en los medios de
comunicación y en informaciones que los agentes sociales nos hacen llegar de esa realidad. Si los grupos construimos nuestra opinión sobre las cifras de los medios de comunicación y las cifras que les hacen llegar los agentes sociales, la
percepción que tienen tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales, incluso los propios servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas donde estas competencias son ejercidas por la correspondiente al gobierno
autonómico, la valoración que podemos hacer de la marcha del contingente a 30 de septiembre no es precisamente positiva. Por ejemplo, se me ha hecho llegar que en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial de Barcelona del pasado 26 de
septiembre se dijo que de las más de 2.000 plazas de trabajadores estables extranjeros, se han remitido nueve expedientes al extranjero, nueve expedientes después de seguir el Vía Crucis que configura el contingente hasta el consulado español
correspondiente; de las más de 2.000 plazas asignadas a Barcelona, a 26 de septiembre, se informaba que eran nueve los expedientes remitidos. Por tanto, nuestra percepción de lo que es el contingente en Cataluña y en el conjunto del Estado es
tremendamente negativa.
En una comparecencia similar a ésta, hace quizás menos de un año, con su antecesor en el cargo, mi grupo ya le advirtió de algunos reparos que planteábamos al sistema del contingente. Nos parecía que a pesar de que se habían mejorado las
previsiones de anteriores años continuábamos configurando un sistema complejo, de muy difícil gestión por parte de las empresas, que no iba a permitir que el contingente se convirtiese, como prevé la legislación y como creo que el conjunto de los
grupos políticos e incluso el conjunto de la sociedad comparte, en el principal instrumento de regulación de los flujos migratorios de carácter laboral.
Nos parecía que existían dudas. Recuerdo haberle dicho al señor Fernández-Miranda: Cuando
usted vuelva a finales de este año y hagamos balance de la aplicación del contingente del 2002, podremos ver si nuestras dudas, que entendíamos entonces razonables, confirman este cierto pesimismo. Hoy las cifras que conocemos, las que nos hacen
llegar los agentes sociales, las de los medios de comunicación, nos confirman ese pesimismo. Existe un abismo entre la voluntad política que expresa el Gobierno de regulación de los flujos de manera ordenada, con papeles, etcétera, y la realidad:
estas nueve personas que, según esta información que se transmite el día 26, son las que efectivamente llegan a concretarse en la oferta de trabajo. En esta materia, señor González, necesitamos menos voluntarismo del Gobierno y más eficacia. Una
política de inmigración no sólo se puede construir desde el discurso. Hoy, con matices, existe un discurso sobre la necesidad de potenciar la inmigración ordenada que todo el mundo comparte, pero hay que ser capaces de pasar del discurso
voluntarista a la realidad de los hechos.
En materia del contingente necesitamos dos cosas: ser sofisticados en los análisis de las necesidades del mercado de trabajo y simples en la gestión del contingente. Y hoy no somos sofisticados en el análisis de las necesidades del mercado
de trabajo. Nadie en la Administración del Estado español hoy es capaz de explicarnos por qué se marcaron las cifras del contingente del 2002, por qué en la provincia de Tarragona, habiendo expresiones clarísimas de la patronal de la hostelería
demandando trabajadores extranjeros, no se concretó ninguna oferta, o que las ofertas del servicio doméstico en Madrid no existieron. Necesitamos ser mucho más finos a la hora de analizar lo que el mercado de trabajo nos plantee a corto y a medio
plazo, y al mismo tiempo necesitamos una capacidad de gestión, que aquello que prevemos e intuimos que el mercado de trabajo nos va a plantear seamos capaces de gestionarlo de manera razonable. Es evidente que el contingente, tal como se
configuraba en el 2002, no ha dado respuesta a esta sofisticación mínima e inteligente de lo que el mercado de trabajo nos pide y que al mismo tiempo no se ha podido gestionar de manera diligente. Por tanto, nuestro grupo hace una valoración de
entrada, insisto, negativa.
Sería bueno que en esta comparecencia hoy se nos informase de cuántas personas se han incorporado al mercado de trabajo como resultado del contingente que se está aplicando, y entendiendo por contingente específicamente el de trabajadores
estables. Otra cosa es el sistema de temporada, que ha funcionado mejor entre o tras cosas porque existe una mayor sofisticación en el trabajo como resultado de la capacidad de la Administración y de los interlocutores sociales de ir depurando un
sistema que ha tenido sus contradicciones, como hemos visto en Huelva hace unos cuantos meses. A 30 de septiembre, ¿cuántos trabajadores estables le consta al Gobierno que se hayan incorporado al mercado de trabajo? Si hoy no nos puede facilitar
esta información le rogaría que la hiciese llegar a la Comisión si puede ser por sectores, tal como está en la propuesta de contingente, y por provincias. ¿Cuántas personas se han incorporado a trabajar en el sistema especial del servicio
doméstico? Las cifras que aparecían en junio eran terriblemente escandalosas; se hablaba de 27 personas. Sabemos que es una de las demandas de trabajo, relacionada precisamente con personas de origen extranjero, más relevantes. ¿Cómo estamos
organizando la llegada de trabajadores para el servicio domestico. La otra lógica que formaba parte del contingente tenía relación con la existencia de una serie de convenios de regulación de los flujos migratorios. Se generó una expectativa
importantísima en Ecuador y Colombia de una cierta preferencia que incluso en la articulación del sistema
de acuerdos se marcaba; que con aquellos países con los que se llegaba a acuerdos de regulación de los flujos migratorios se haría un esfuerzo a la hora de priorizar la gestión del contingente. Eso tampoco aparece.
Incluso los
representantes consulares de Ecuador y Colombia nos hacen llegar su preocupación sobre esa cuestión. ¿Qué relación real existe entre unos convenios que se firman con los países de origen y este contingente como principal instrumento del flujo
migratorio? Nos parece también que entre el voluntarismo de la acción del Gobierno y la acción real existe ese abismo del que le hablaba al principio.
Nuestro grupo entiende que de cara al año que viene el sistema debe ser reformado; y tendremos ocasión de discutirlo -intuyo yo- con la proposición no de ley del Grupo Socialista el martes y con la interpelación, del miércoles, que mi grupo
ha planteado sobre esta misma materia. Nos alegramos cuando el ministro Acebes informó de esa voluntad de cambio para el año que viene. Coincidimos con que habrá que efectuar este cambio. Nos parece que esa articulación para el año 2003 va a
exigir, uno, definir el contingente en acuerdos sectoriales de ámbito autonómico (en el caso de Cataluña puede generar un amplio consenso entre las fuerzas sociales y la Administración del Gobierno catalán), ser capaces de configurar la comunidad
autónoma por sectores económicos como ámbito de decisión de lo que constituyen las necesidades de ese mercado de trabajo. Dos, ser capaces de, una vez establecido el contingente como resultado de las propuestas de las comunidades autónomas y a
escala del conjunto del Estado, establecer un mecanismo que pueda permitir que las ofertas determinadas en el marco del contingente en el ámbito autonómico puedan ser tramitadas directamente hacia las oficinas consulares en el extranjero; reducir
trámites burocráticos que hoy existen. Tres, establecer fórmulas de colaboración con los agentes sociales en la gestión del conjunto de la burocracia que genera el contingente; también en el régimen de trabajadores temporales tenemos ejemplos de
que la colaboración entre la Administración y las organizaciones empresariales agrarias puede permitir una gestión más correcta del contingente. Cuatro, una mayor colaboración de las comunidades autónomas incluso en la selección en origen de los
trabajadores. Nos parece que desde la perspectiva del marco competencial hoy existente no entraría en contradicción que las comunidades autónomas -las que quisiesen, y Cataluña va a tener ese interés- tuviesen presencia en el extranjero para
colaborar conjuntamente con la Administración general del Estado en la orientación a las organizaciones empresariales y en la selección de los trabajadores que sean contratados en origen.
Finalmente, aunque dudo mucho de que para el 2003 estemos en condiciones de hacerlo, pero situados en los próximos años necesitamos ser capaces de hacer un buen diagnóstico de lo que nos va a pedir el mercado de trabajo en relación con los
flujos migratorios, saber cómo vamos a articular en el medio plazo las respuestas en el servicio doméstico, en los servicios de carácter personal, en los sectores industriales que están demandando mano de obra cualificada y preparada, en sectores
como el de la hostelería que nos pide otro tipo de mano cualificada diferente a la del sector industrial. En el medio plazo necesitamos un buen diagnóstico de lo que va a necesitar España en materia de mercado de trabajo y de extranjería, porque
esto no existe, al menos mi grupo no lo conoce.
Necesitamos articular un sistema de contingente -no digo para el año que viene, porque dudo mucho de que tengamos tiempo de hacerlo- que de alguna manera responda a que no es lo mismo contratar a un
operario de una factoría del sector del metal que a un camarero que deba trabajar en la Costa del Sol o a una persona que deba ayudar a una familia que tiene una persona mayor. No podemos utilizar el mismo sistema. Es imposible que eso funcione.
Por tanto, en el medio plazo estamos obligados a ser mucho más diligentes, mucho más eficaces y ser capaces de intuir finezza en la gestión de la política de inmigración. Hasta ahora eso no ha existido.
Del discurso todos nos hemos llenado. A
corto plazo necesitamos información a esta Cámara, diálogo con los agentes sociales y con los gobiernos autónomos para hacer balance de lo que ha sido el contingente de este año (creo que hay convocada una reunión del Consejo Superior de Política de
Inmigración para la próximas semanas) y esfuerzo para definir una propuesta para el año que viene que sea como mínimo eficaz, para evitar de verdad lo que hoy tan sólo forma parte del discurso, que sea más fácil la entrada irregular que la entrada
por las vías regulares. Si el Gobierno continúa siendo incapaz de regular los flujos migratorios de carácter laboral, la frustración que se establecerá en el conjunto de la ciudadanía en materia de inmigración nos comprometerá a todos en los
próximos años en una gestión mínimamente razonable de este fenómeno.
Le deseo suerte, porque la necesita, y considero que su suerte es la del conjunto de la sociedad. Por tanto, si usted avanza en buscar soluciones en las líneas que le apunta mi grupo parlamentario, podrá encontrar nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Como es natural, quiero comenzar reiterando la bienvenida que todos los grupos parlamentarios, incluido el señor presidente, han expresado al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración en esta su primera
comparecencia como responsable de una política que es vital para el interés del conjunto de la sociedad española. Como se ha recordado, la política de inmigración del Gobierno se basa en dos vértices esenciales: legalidad y realismo.
Hacer una política de inmigración inspirada en la contemplación del fenómeno migratorio como un fenómeno plenamente de legalidad y hacer una política de inmigración esencialmente realista, lo que significa coherente con los compromisos
generales que España tiene asumidos en su condición de miembro de la Unión Europea, y hacer una política realista desde un punto de vista social precisamente para construir, día a día, ese principio de integración social que significa la igualdad de
derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros que en régimen de legalidad vienen a trabajar y a convivir -no solamente a trabajar sino también a convivir- con los ciudadanos españoles y que, por tanto, tienen que ser parte de nuestra sociedad con
las mismas características y con el mismo régimen jurídico que los ciudadanos españoles, con las salvedades obvias de alcance, de estricto contenido electoral, para los ciudadanos no comunitarios. Estos principios de legalidad más realismo
significan el presupuesto esencial para poder llevar adelante ese fin general de integración social. Desde luego, como recordaba el señor delegado del Gobierno, el concepto de trabajo es esencial para vertebrar, desde la legalidad y desde el
realismo, ese principio de integración.
Naturalmente, para ordenar adecuadamente la oferta de trabajo, es decir, para dar forma sustancial y concreta a ese concepto general de trabajo, la vía tiene que ser una y muy concreta.
Nosotros compartimos la evaluación general realizada por el señor delegado del Gobierno en cuanto a que la figura del contingente supone un avance muy importante, puesto que viene a ser el instrumento más adecuado para poder determinar
-desde el diálogo social y desde la participación de Administración y de los agentes sociales, es decir, desde la comunicación entre Administración y sociedad- cuál es el número, el principio esencial de esa política realista, cuál es la viabilidad
y cuáles han de ser los cauces y los procedimientos administrativos correspondientes para poder avanzar efectivamente en tan importante cuestión. Como recordaba el señor delegado del Gobierno, en los pasos iniciales dados en estos últimos meses se
ha producido un amplísimo consenso entre Administración y agentes sociales que sin lugar a dudas es muy bueno e imprescindible para poder ser rigurosos, eficaces y serios en la contemplación global de este fenómeno inmigratorio. Por eso nos
sorprende que se hayan hecho algunas valoraciones, a las que luego haré referencia, especialmente situando en palabras del señor delegado del Gobierno conceptos que no ha utilizado, porque lo que ha dicho el delegado del Gobierno es que esta nueva
figura del contingente aún no está acompañada de una plena experiencia de gestión y que por tanto entre todos, el Gobierno desde su responsabilidad y todos desde la capacidad de aportación de iniciativas y de criterios, si es que se tienen, todos
debemos contribuir a hacer más plena esa experiencia de gestión y a perfeccionarla. Lo que el delegado del Gobierno ha dicho -y nosotros compartimos ese criterio- es que la figura del contingente es la vía adecuada y que desde luego la experiencia
inicial, siendo naturalmente por inicial perfeccionable, ha sido una experiencia inicial positiva. Eso significa, desde nuestro punto de vista, como ha dicho también el delegado del Gobierno, acentuar la necesidad de seguir recibiendo experiencias
y sugerencias en orden a la mejora y agilidad de su gestión; y subrayo eso: necesidad de seguir recibiendo experiencias y sugerencias en orden a la mejora y agilidad de su gestión. A tenor de algunas de las cuestiones que hemos podido escuchar
esta tarde, mi grupo queda en una cierta situación de perplejidad en relación con esa capacidad de otros para seguir ofreciendo experiencias y sugerencias en orden a la perfección de la gestión.
Nosotros seguimos diciendo que la contemplación del
todo, el contingente, con la contemplación de la parte, las contrataciones en origen, nos parecen buenas orientaciones, perfectibles, como el propio ministro del Interior en su comparecencia inicial ante esta Comisión señalaba, perfectibles, como
hoy ha vuelto a recordar el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, pero sin lugar a dudas nos parece que esa es la orientación.
Menos voluntarismo y más eficacia, reclamaba el señor Campuzano, y en esos términos nosotros estamos de acuerdo. Esa afirmación general la podemos compartir todos. Si se quiere hacer una apreciación justa de lo que ha sido el esfuerzo
realizado por la Administración del Estado, por el Gobierno, por el Ministerio del Interior, por el conjunto de muchos centros ministeriales coordinados a través de la acción del plan GRECO, el conjunto de lo que ha hecho este Gobierno en materia de
extranjería e inmigración no se puede situar en lo más parecido al reconocimiento de la nada, porque se ha hecho y mucho con un notable esfuerzo, y se ha hecho y mucho con la voluntad permanentemente esgrimida por este Gobierno de seguir haciendo
más y mejor, en un lema que yo creo que le será familiar al señor Campuzano porque en algún momento presidió alguna campaña electoral al Parlament de Cataluña por parte de su partido en la que se decía: fer més i millor, hacer más y mejor, que es
el compromiso de este Gobierno en materia de política de inmigración. Pero hacer más y mejor significa reconocer que se ha hecho mucho, especialmente partiendo de una situación que no era la deseable tanto por la falta de instrumentos legislativos,
legales y administrativos adecuados, como por el incremento que el fenómenos migratorio ha sufrido en los últimos años no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea, pero también dentro del conjunto de la Unión Europea con
especial acento en nuestro país. Decía también el señor Campuzano que tenemos que ser más sofisticados en el diagnóstico y más ágiles en la gestión. Pues naturalmente. Ya el ministro del Interior y
hoy el señor delegado del Gobierno han dicho que tenemos que ser más sofisticados en el diagnóstico y más ágiles en la gestión. Reclamaba el señor Campuzano más coordinación interinstitucional, mejor dicho, coordinación interinstitucional y
cogestión con los agentes sociales. Yo querría añadir aquí -al menos, desde la apreciación de mi grupo- el adverbio de cantidad más: más coordinación interinstitucional y más cogestión con los agentes sociales, puesto que en estos últimos años y
en estos últimos meses se ha impulsado mucho la coordinación interinstitucional y la cogestión con los agentes sociales. Y en este último aspecto, vuelvo a recordar que el procedimiento para la concepción y la determinación del contingente es una
buena prueba de ello. Mayor eficacia y más dinamismo, sin lugar a dudas, en eso estamos todos, pero eso no puedo situarnos en un análisis parcial pretendiendo reclamar que se inicie desde la nada lo que ya se viene haciendo y con intensidad
-insisto- puesto que el marco era complejo.
No puedo compartir, sin embargo, una afirmación de carácter general que se ha hecho, y mi grupo no la comparte: que el Gobierno ha sido incapaz de regular los flujos migratorios de carácter laboral. Ese tipo de afirmaciones genéricas sólo
sirve para situarnos en el terreno de las afirmaciones genéricas. Al no aceptar esa afirmación genérica, podríamos recordar -y no lo haré, en aras de la brevedad- mucho de lo que se ha hecho en estos años en orden a promover las políticas activas
en materia de inmigración tendentes a asegurar y fortalecer el principio de integración social; lo mucho que se ha hecho en orden a combatir de manera rotunda el tráfico y explotación de seres humanos, tanto por las redes delictivas que operan
desde el exterior como por parte de ciudadanos sin escrúpulos en el interior; lo mucho que se ha hecho a través del programa GRECO para coordinar la acción interinstitucional; lo mucho que se ha hecho para favorecer y fomentar el diálogo social y
la cogestión entre la sociedad y la Administración para buscar el principio de consenso, básico para la concepción y el desarrollo de las políticas de inmigración; y lo mucho que ha hecho el Gobierno para que la política de inmigración fuera lo que
debe ser: una política de Estado no sujeta a vaivenes electorales, a lo cual me referiré más tarde.
Si los diagnósticos que hace algún grupo parlamentario son tan exactos como los que hace en cuanto al conocimiento del Reglamento de la Cámara, se entiende gran parte del discurso. Se le reprochaba, señor delegado del Gobierno, que esta
tarde no comparece usted a petición propia sino por solicitud de los grupos parlamentarios. Incluso se hacía el reproche en términos casi de estilo, como indiciario de un estilo o de un planteamiento ajeno a lo que se denominaba la búsqueda
permanente, por parte de no sé quién, de la política de Estado. Sin embargo, usted está hoy aquí porque el Grupo Parlamentario Popular quiso -y así lo habló con los demás grupos- que una vez concluida la intervención del ministro del Interior -que,
por cierto, dedicó un amplio espacio de su intervención y del debate consiguiente a las políticas de inmigración- la primera autoridad del Ministerio del Interior en comparecer fuera precisamente S.S. Y no está aquí a petición propia porque S.S.
no puede estarlo. De todos es sabido -o de todos debería ser sabido- que sólo los miembros del Gobierno pueden solicitar su comparecencia ante la Cámara. Su señoría, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico, no goza de esa condición, como
tampoco lo hacen los secretarios de Estado. Si a partir de ese profundo desconocimiento se pretende construir determinado tipo de discurso y diagnóstico, las cosas se entienden. Pero se entenderían mucho mejor si se entendiera que, por darse esa
limitación reglamentaria, el Grupo Parlamentario Popular quiso que la primera comparecencia de una autoridad distinta del ministro del Interior fuera precisamente la del responsable de extranjería e inmigración. Así se lo hicimos saber al Grupo
Parlamentario Socialista y a los demás grupos parlamentarios cuando construimos lo que podía ser el diseño de las primeras intervenciones en esta Comisión, una vez sustanciada la del ministro del Interior. Por eso, cuando se dice -y se ha dicho
literalmente- que ha sido mucho el tiempo perdido y muchos los errores cometidos, podemos estar absolutamente de acuerdo, radicalmente de acuerdo, pero el desacuerdo empieza a surgir a partir de la contemplación de lo que son las concreciones de
calendario.
Efectivamente, si somos rigurosos con las contemplaciones de calendario, tendremos que coincidir en que fue mucho el tiempo perdido y muchos los errores cometidos no sólo en términos de responsabilidad gubernamental antes de 1996, sino
también en términos de discurso político después de 1996 por parte de algunos que nunca dejan de sorprendernos -lo digo con toda cordialidad-, porque decir que el PSOE ha buscado siempre un acuerdo de Estado en materia de inmigración, como se ha
dicho esta tarde, es absolutamente respetable como es natural, pero no parece que se corresponda estrictamente con lo que ha sido o lo que fue en los últimos meses la estrategia -absolutamente legítima aunque desde nuestro punto de vista equivocada-
del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista en materia de políticas de inmigración. Los hechos demuestran exactamente lo contrario y las contradicciones permanentes que se han producido en los últimos meses en el ámbito del discurso
dialéctico del Grupo Parlamentario Socialista así lo acreditan.
Me voy a referir simplemente a la expresión de una contradicción más que hemos podido anotar hoy. Se le dice y se le recuerda hoy que S.S. no debe hacer utilizaciones interesadas del calendario y se dice y se recuerda que la paternidad del
contingente como concepto se sitúa en un determinado año y, por tanto, en el ámbito de la política de gestión, exitosa sin duda, del
Gobierno socialista. Se le dice eso al principio de la intervención y se concluye esa misma intervención diciendo que el concepto y la figura del contingente es la expresión más rotunda del fracaso en materia de políticas de inmigración.
No soy yo, pues, sino quien ha intervenido en nombre del Grupo Socialista quien ha establecido esa contradicción profunda en los términos: reivindicar la paternidad de un concepto para, al final del discurso, señalar que no se trata de que se haya
producido una gestión inadecuada del contingente desde su punto de vista, sino que el contingente como concepto es la acreditación de un fracaso. (Rumores.) Sí hay algo en lo que estamos absolutamente de acuerdo. Hay un diagnóstico y un análisis
hecho por el Grupo Parlamentario Socialista que suscribimos absolutamente en los términos que voy a señalar -luego vendrán, desgraciadamente, las segundas partes-: Estamos absolutamente de acuerdo cuando se dice que el contingente constituye un
instrumento de valor pedagógico incalculable frente a la inmigración ilegal. Lo que pasa es que eso forma parte del medio del discurso, cuando ya antes se ha dicho que el contingente es esencialmente bueno y cuando luego se concluirá que el
concepto del contingente es la expresión de un fracaso.
Situados en esos términos estamos absolutamente de acuerdo. Si tomamos como referencia esa afirmación, señor delegado del Gobierno, tendremos que concluir que la coherencia con esa afirmación
exige capacidad de aportar actitudes constructivas de perfeccionamiento de lo que es el contingente y no meros discursos descalificatorios tratando de establecer una especie de realidad que no se corresponde con la auténtica realidad, para tratar de
apoyar en esa realidad construida como traje a medida un discurso que a su vez no se sostiene. Le dicen a usted literalmente y de una forma clara y rotunda: El contingente ha constituido un auténtico fracaso. No se añade nada más, simplemente se
queda en la referencia de las afirmaciones genéricas y se deja para mañana un debate en el que se dice: Si el Gobierno quiere acertar, tendrá que rectificar mañana apoyando nuestras iniciativas. Esto no deja de ser un voluntarismo ciertamente
sorprendente, especialmente si mañana se produce un pronunciamiento democrático y legítimo de la mayoría de esta Cámara -y no solamente del Partido Popular, sino a lo mejor de otros grupos parlamentarios, no lo sé, pero se puede producir- frente a
la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, en términos lógicos y dialécticos esa afirmación no se sostiene en pie.
La mejor expresión del fracaso del contingente y la mejor expresión de la incapacidad del Gobierno para gestionar los flujos migratorios de naturaleza laboral y la mejor expresión de la incapacidad del Gobierno para poder promocionar en su
diseño y en su gestión concreta esos principios de realismo, de legalidad y de integración, señor delegado del Gobierno, es el dato que S.S. nos ha dado, el tránsito en ocho meses de más de 400.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad
Social a más de 800.000. Ese dato en ocho meses, es sin lugar a duda la mejor expresión del fracaso del Gobierno en todos estos ámbitos. Cuando se dice que el Gobierno ha provocado errores, tensiones, desconfianza, modo de gestionar opaco y
caótico, son afirmaciones que en virtud de los hechos se caen por sí mismas y que vuelven a situarse en el terreno del voluntarismo genérico sin apoyar después esas afirmaciones en datos técnicos concretos. El colmo desde nuestro punto de vista,
señor delegado del Gobierno, de la negación de toda capacidad de alternativa, o si se quiere de la negación de toda capacidad de aportar sugerencias críticas o sugerencias que puedan enriquecer la gestión del concepto contingente es concluir que lo
mejor es no aprobar contingente para el año 2003. Es decir, lo mejor es no disponer de un instrumento adecuado, realista, en el que hay que perfeccionar muchos mecanismos de diagnóstico y de gestión -como decía el señor Campuzano y todos estamos de
acuerdo- y estamos todos de acuerdo como decía el señor ministro del Interior en su anterior comparecencia; pero lo mejor es renunciar a todo eso, que es lo mismo que renunciar a una política de legalidad, a una política realista, a una política de
integración, a una política instrumentada desde el diálogo y el consenso social, lo mejor es renunciar absolutamente a esto. Eso será volver a modelos absolutamente caóticos, carentes de planificación y no realistas, que en otros tiempos
acreditaron su fracaso. En ese conjunto de cosas, señor delegado del Gobierno, hará muy bien S.S. perseverando en la línea de seguir ofreciendo diálogo y voluntad de consenso; seguir ofreciendo capacidad para avanzar juntos todos -digo yo que
sería lo deseable-, en esa concepción de la política de inmigración como política de Estado. Pero si avanzar en ese diálogo y consenso, y por tanto en la determinación de la política de inmigración como política de Estado, exige contrastar puntos
de vista -legítimos todos- exige poder contrastar posiciones y análisis diferentes cuando el todo se concluye en no haga usted contingente para el 2003, su tarea es ciertamente complicada, porque va a ser muy difícil que tenga usted la oportunidad
de contrastar proyectos diferentes al del Gobierno donde no existen esos proyectos. Sí hay una parte muy importante de razón -y con esto concluyo- en la afirmación que se ha hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista: la inmigración irregular
no se combate con discursos. En esa afirmación todos estamos de acuerdo, precisamente porque la inmigración irregular no se combate con discursos, este Gobierno viene realizando política efectivas, rigurosas y especializadas para combatir la
política irregular de inmigración para combatir todos los fenómenos conexos con esa política irregular de inmigración que crea explotación, que crea marginalidad, que crea fenómenos en los que a unos seres humanos se hace víctimas de otros seres
humanos. No se combate
la política de inmigración con discursos, naturalmente, y por eso este Gobierno no hace discursos, pero la política de inmigración irregular tampoco se combate con la ausencia de discursos. Nos da la sensación, al menos por lo que hemos
oído esta tarde, de que algunos siguen instalados en la ausencia de discursos, porque si al final se concluye como toda expresión de diagnóstico, como se ha concluido, que este Gobierno tiene acreditado que en materia de políticas activas orientadas
precisamente hacia la integración social del inmigrante no se ha hecho nada, si esa es la conclusión última es que no se entiende nada o no se quiere entender nada, o como señalaba en otro momento de mi intervención se quiere construir una realidad
falsa simplemente para colgar de ella un discurso que no se sostiene en pie, entre otras cosas porque no existe.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): En primer lugar quiero dar las gracias a todos los portavoces por la bienvenida a esta Comisión. Voy a tratar de contestar a la totalidad de las
cuestiones que han planteado, empezando por la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, a la que debo señalar, en primer lugar, que ha hecho una intervención tan amplia, en la que ha pretendido repasar tantas cuestiones relativas a la
inmigración, que no sé si voy a tener tiempo para contestarle y tampoco sé si es el momento, pero haré una breve referencia, porque ha hablado usted de la cooperación, de la política de devoluciones, de los acuerdos de Canarias, etcétera, de toda
una serie de iniciativas que van más allá de lo que es el objeto de la comparecencia. Con mucho gusto haré una reflexión, pero creo que no es el momento de entrar en el contenido de estas cuestiones.
Ha empezado usted señalando su deseo de colaboración si lo que el Gobierno pretende es el éxito en esta gestión. Yo le aseguro que por lo que a mí respecta no tengo ninguna duda en lo que pretendo, estoy seguro de que mi Gobierno tampoco y
estoy seguro de que cualquier gobierno va a pretender siempre el éxito de su gestión no sólo por su interés particular, sino lógicamente por el interés general que es al que tiene que servir. En eso no le quepa ninguna duda de que nuestro deseo es
tener éxito, si el éxito significa que el tratamiento que le damos beneficia al conjunto de los ciudadanos.
Sin embargo, también debo decirle que centrar la intervención en expresiones como fracaso, colapso, caótico, ocultación u opaco me parece que no es una buena forma para plantear una vía de análisis concreto de una problemática como esta ni
para avanzar en una situación claramente de franco diálogo, como le aseguro que nosotros tenemos. Me parece que es mucho más fácil avanzar si partimos de algo que usted ha repetido, que han repetido otros portavoces y que sitúa todo el fenómeno
migratorio en su justo término y es la complejidad. Por ahí es por donde realmente podemos avanzar, en el contingente o en cualquiera de las otras políticas relativas a la materia de inmigración, porque esta es una cuestión muy compleja y no sólo
aquí, es compleja para el conjunto de todos los países de nuestro entorno y para todos los que son países de acogida, que reciben cantidades de personas que quieren llegar a ellos a buscar un trabajo o una forma de vida mejor. Por tanto, esta
situación en sí es consustancialmente compleja y, si no partimos del análisis de la complejidad que en sí tiene y que no depende de decisiones nuestras, sino de decisiones ajenas, difícilmente podremos hacer un enfoque realmente práctico de las
cuestiones que están detrás de la inmigración. Por esa línea es por donde hemos de avanzar.
Comprendo que usted políticamente quiera que yo le diga que el contingente ha sido un fracaso, pero es que no lo ha sido. Decir que hace meses que el contingente ya daba señales de que no funcionaba, cuando llevamos escasos seis meses de
aplicación del contingente, reconózcame que por lo menos no hará meses, porque decir que una cosa ha fracasado cuando se acaba de poner en funcionamiento, me parece que es un poco excesivo. En esto hay que hacer un análisis mucho más frío y mucho
más detallado de las circunstancias en que nos estamos moviendo en la problemática de la ordenación de los flujos legales de inmigración a través de las ofertas de trabajo. El problema del mercado de trabajo, aquí y en el resto de países de nuestro
entorno, es siempre el mismo, el problema de la ordenación del mercado de trabajo tanto nacional como extranjero es el mismo y tiene las mismas dificultades en nuestro país que en otros. Esto plantea la necesidad de colaborar con las distintas
partes que intervienen en esta actuación.
El señor Campuzano decía: vamos a facilitar la participación de los agentes sociales, vamos a implicarlos más, y eso lo han dicho también otros portavoces. Miren ustedes, esto es consustancial al modelo definido en la propia ley; es decir
el contingente se define a través del trabajo conjunto de los agentes sociales y empresariales que participan en la determinación de las necesidades del mercado de trabajo. Otra cosa es que esos análisis, esas determinaciones que hacen los agentes
sociales y los empresarios tengan más o menos éxito a la hora de concretar las iniciativas, porque en definitiva el contingente no deja de ser una previsión hecha en un determinado momento sobre las estimaciones del mercado de trabajo, que luego
puede verse modificada en razón de cómo oscile el propio mercado de trabajo. Lo que está claro es que tanto la determinación de las plazas del contingente como la gestión de la mayor parte del contingente de trabajadores fijos han sido encomendadas
a los propios empresarios. Esto,
insisto, ha sido una decisión conjunta de las partes. La determinación del contingente no se ha hecho por el Gobierno sino por el conjunto de partes que determinan las necesidades de oferta, es decir trabajadores y empresarios, y además con
la participación de las distintas administraciones, ya que han participado los servicios de las comunidades autónomas y los servicios de empleo; por tanto la configuración ha sido conjunta.
Podemos excluir el contingente de temporeros, pero es contingente, está dentro del acuerdo establecido y es una cuestión a valorar dentro del funcionamiento del contingente. No me saquen aquello que presumen ha funcionado algo mejor de lo
mal que presumen ha funcionado todo para que su discurso se sostenga. Vamos a analizarlo todo, que es lo serio.
Además, hay una parte muy importante de trabajadores extranjeros que pueden venir a nuestro país sobre la base de los temporeros.
Tradicionalmente la oferta mayor ha sido esa y por eso el contingente vuelve a dar más puestos de trabajo a los temporeros que a los trabajadores fijos. No es razonable, a la hora de hacer un análisis del contingente, excluir a los trabajadores
temporeros. No; incorporémoslos a todos porque la oferta de trabajo es global e incluye tanto la oferta de trabajo estable como la oferta de trabajo de temporada. En ese sentido, las cifras habrá que darlas al final del proceso, cuando este
concluya y veamos realmente cuál ha sido la totalidad de las ofertas que se han gestionado. Mis datos, señor Campuzano, los que tengo al día de la fecha, no coinciden con sus nueve ofertas de trabajo en Barcelona, son bastantes más, pero, insisto,
debemos esperar a que concluya el procedimiento establecido dentro de la ley del propio contingente para saber realmente cómo se han producido estas iniciativas.
Señalan SS.SS. que los convenios de colaboración con otros países no han funcionado. No; los convenios funcionan, pero vuelvo a decir que esos convenios no prevén ninguna cifra concreta de trabajadores de esos países, sino que establecen
la posibilidad de dar prioridad a trabajadores de esos países a la hora de determinar la oferta de puestos de trabajo que se incluya en el contingente. Eso se ha venido respetando tanto en la contratación de fijos como de temporeros y es
precisamente con los países que tenemos ordenaciones de flujos con los que se ha producido el mayor número de contrataciones. Ahora, durante esta semana, se están produciendo contrataciones con Ecuador y hay allí un equipo de gente haciendo
selección de ofertas, lo mismo se ha hecho en Colombia, en Marruecos, en Polonia, en Rumania, etcétera.
No se puede plantear la oferta del diálogo social, del diálogo constructivo, la necesidad de avanzar conjuntamente en políticas de inmigración desde la descalificación generalizada de las actuaciones que se han venido realizando. Eso no es
verdad ni es razonable, y lo digo desde una responsabilidad que acabo de asumir; por tanto el éxito o el no éxito de esta gestión no es algo en lo que yo haya tenido capacidad de decisión desde el principio.
El contingente, la ordenación del mercado de trabajo para ordenar a su vez la inmigración legal, creo sinceramente que es una vía buena y positiva en la que debemos avanzar. Ya sé, señora Rumí, que el contingente así definido no es algo que
haya aparecido de la noche a la mañana; es algo que se venía organizando desde hace muchos años, probablemente desde antes de 1993 que dice usted, aunque no se llamase técnicamente contingente; pero ese contingente que funcionaba en el año 1993,
como usted dice, no es este contingente; era un contingente que en la práctica consistía en la regularización de los ilegales que estaban aquí trabajando, y eso lo sabe usted como yo, y usted sabe como yo que es una vía en la que no debemos
avanzar, porque esa vía lo único que hace es incitar de alguna manera a la inmigración ilegal, porque el mensaje que se traduce es que si usted consigue llegar ilegalmente aquí y encontrar un puesto de trabajo, le van a regularizar.
Por cierto, no quiero entrar en las discusiones sobre los pactos de Estado o los no pactos de Estado, si lo ha habido antes o si no lo ha habido antes, si ustedes pedían papeles para todos o no, pero sí digo que la legislación anterior
establecía, de una manera a mi modo de ver bastante peligrosa, que el hecho de que un ilegal permaneciera durante tres años aquí automáticamente le daba derecho a obtener los papeles de la regularización. Todas esas medidas, junto al contingente
como vía de regularización de los ilegales, más esas posibilidades reconocidas a los trabajadores o personas que estaban aquí de forma ilegal durante tres años, no cabe duda que suponen, o pueden suponer, una vía que incite a la venida de manera
ilegal a nuestro país, y creo que ésa no es la dirección, y además creo, señora Rumí, que en esa dirección, por lo menos por lo que yo he podido ver, van también algunas de las iniciativas que ustedes apuntan en la proposición no de ley que han
presentado. Pienso que esa es una buena dirección.
He dicho que el contingente puede ser perfeccionable; por supuesto que lo he dicho, lo ha dicho el señor ministro desde el primer día, y no solo desde el primer día sino incluso mucho antes de que su partido presentase su iniciativa en la
Cámara. Luego el Gobierno conoce esta situación, la conoce el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la conoce la Dirección General de Emigraciones, sólo por una sencilla razón: porque del funcionamiento que está teniendo el contingente en
estos primeros meses, se ven qué cosas funcionan bien y qué cosas son susceptibles de mejora o plantean alguna dificultad sobre la que hay que hacer una reflexión para mejorar y para conseguir que funcionen todavía mejor. Eso es lo que nos ha
llevado, desde el primer momento, a decir, lo repito: oiga, el contingente. Es la primera vez que se ordena un contingente de esta naturaleza; gracias a este contingente se ha hecho la mayor oferta de trabajadores fijos, contratados
en origen, que ha tenido lugar a lo largo de todos estos años, de muchos años, y por tanto es una vía que puede funcionar y que donde está funcionando bien es adecuada y es la vía ordinaria; que en el caso de la contratación de temporeros,
está también funcionando bien, por una razón que apuntaba el señor Campuzano, porque empezamos en el año 1996, hay efectivamente mucha más experiencia de gestión y se han ido puliendo los mecanismos de funcionamiento de ese contingente de
temporeros, teniendo en cuenta las experiencias que se han venido produciendo, no la de Huelva sino muchas otras de años anteriores, y se ha ido puliendo esa situación hasta llegar a un mecanismo que ha funcionado a satisfacción tanto de los
empresarios como de los trabajadores, tanto en Huelva, como en Lleida y en otras provincias donde se ha llegado a esa fórmula de contratación de trabajadores. Tan es así que tanto los propios empresarios como los sindicatos en el caso de Huelva,
estaban totalmente de acuerdo con el procedimiento; es más ellos mismos llegaron a reconocer que una de las problemáticas que se producía es que había una parte muy importante de trabajadores en situación irregular, que demandaban un puesto de
trabajo, precisamente ellos mismos y la Comisión de emigración de Huelva pidieron expresamente la expulsión de los trabajadores ilegales, y ratificó que el funcionamiento que había tenido el sistema de selección en origen era un sistema correcto,
porque los empresarios de Huelva se habían dirigido al Gobierno marroquí para pedir la aprobación de un contingente de trabajadores, que no fue autorizado por el Gobierno marroquí.
Todas estas cosas hay que analizarlas con cierto grado de objetividad para no pretender simplemente por el regate político en corto desgastar una política de gestión del Gobierno, que puede ser interesante desde el punto de vista de la
ordenación legal de la inmigración, ni magnificarlo diciendo que todo es un fracaso cuando realmente no lo es. Creo que hay ajustarse exactamente al funcionamiento de una mecánica nueva que está funcionando bien donde está funcionando bien y que
donde es susceptible de mejora nosotros la vamos a mejorar y lo haremos en colaboración con los agentes sociales y con todos los grupos políticos. Estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de sugerencia de los grupos de la Cámara que puedan
dirigirse a mejorar el funcionamiento del contingente, así como también estamos abiertos a cualquier otra sugerencia que nos permita hacer una mejor gestión de la política de inmigración en beneficio de ese interés general al que me refería
anteriormente. Créame que estamos dispuestos a estudiar las iniciativas de cualquier grupo. No se puede decir que las propuestas presentadas por su grupo en la Cámara para arreglar los problemas del contingente de aquí a final de año son las que
aparecen contenidas en su proposición no de ley cuando lo que se pide es coordinación entre las oficinas del INEM y las comunidades autónomas, pues tenemos unas comisiones provinciales que se reúnen periódicamente, que se van a reunir ya, que están
convocadas por el Ministerio de Trabajo y que tienen como objetivo analizar cuál ha sido el comportamiento del contingente durante este año, precisamente porque eso ya se está haciendo. Además, ustedes piden ofertas nominativas cuando se está
diciendo, porque se matiza muy bien: siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley, es decir que sea un trabajador en origen. Nosotros no lo negamos, pero esa es la limitación fundamental que nos debe hacer distinguir el
funcionamiento del contingente y de la contratación de trabajadores en origen de lo que se había venido produciendo con anterioridad a la fijación de este contingente. Esa es la clave fundamental, y desde mi punto de vista no podemos caer en el
error de volver a abrir una vía general de régimen general consistente en la existencia de ofertas nominativas que consisten en la regularización de los trabajadores aquí presentes de manera ilegal porque tengan una oferta de trabajo, por donde como
mucho me temo pueden ir algunas iniciativas de algunos agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, que pueden volver a significar pasos atrás en esta tarea tan difícil de ordenar legalmente los flujos. Estamos dispuestos a estudiar esta
materia pero con ese límite y con ese cuidado.
Sinceramente me parece bien que ustedes propongan el contingente cero, pero si el contingente es cero -que lo podemos ver- realmente lo que ustedes están diciendo es que no hay posibilidad de que venga ningún inmigrante de manera legal a
trabajar a España porque no es necesario, lo cual, si eso lo demuestra el mercado de trabajo, me parecerá perfecto pero si no lo demuestra, creo que estamos en una dirección realmente preocupante y deberíamos tener muy bien analizada esa situación y
no caer en los planteamientos de algunas organizaciones sindicales, que por alguna vía de esta naturaleza nos quieren llevar a una forma de descontrol -a mi modo de ver- del mercado de trabajo para conseguir objetivos distintos a los que nosotros
pretendemos aquí, que es ordenar legalmente este mercado y permitir que la gente venga con sus papeles en regla para que no sean explotados por las mafias ni por desaprensivos en nuestro país que quieran utilizar esa situación de desventaja para
obtener unas condiciones de trabajo que no se ajusten a la legalidad de nuestro mercado de trabajo. Creo que tenemos absolutamente cuidadosos en eso. Por eso, creo sinceramente -y se lo decía al principio-, que nosotros estamos dispuestos a hablar
y a dialogar en todas las cuestiones de la materia de inmigración, pero creo que lo debemos hacer no desde las descalificaciones generales y grandilocuentes del debate político a corto, sino que tendremos que analizar en profundidad cuáles son las
distintas problemáticas de cada uno de los supuestos, porque como usted dice son muy complejos, y a partir de ahí trabajar conjuntamente en el análisis y en la solución de las distintas cuestiones que se nos han planteado y
de las que se puedan plantear en un futuro, porque efectivamente este es un fenómeno creciente que además tiene muchísimas ramificaciones que afectan a muchas cuestiones que con mucho gusto podemos hablar, y estamos dispuestos a hablarlo con
todos los grupos de la Cámara, no solamente con el principal grupo de la oposición.
A la representante del Grupo Nacionalista Vasco quiero agradecerle sinceramente sus palabras de bienvenida, no le quepa la menor duda de que en la medida de mis capacidades trataré de hacer lo mejor posible la tarea que se me ha encomendado
como he tratado de hacerlo en aquellas otras responsabilidades que tuve. También le digo que estoy de acuerdo con casi todo el planteamiento que usted ha hecho, salvo con una cuestión que me preocupa y es a la que me refería anteriormente al
contestar a la señora Rumí. No podemos y creo que no debemos volver a caer en la mecánica de utilizar el contingente o el no contingente para la regulación de trabajadores extranjeros que estén de manera irregular en nuestro país, porque sin duda
alguna lo que hacemos es volver a abrir una vía que es la que nos ha llevado a tener los procesos de regularización que hemos tenido, esos incrementos masivos de trabajadores que además, guste o no guste, sin duda alguna han afectado al
comportamiento del mercado de trabajo de cara a las posibles ofertas a efectuar a esos inmigrantes. En ese sentido yo creo que es el límite en el que nos debemos mover para no incurrir en errores de pasado que nos puedan volver otra vez a generar
determinadas bolsas o situaciones difíciles de abordar. Efectivamente, me parece que el esfuerzo y la dificultad que tiene poner orden en una materia como ésta, frente a la presión enorme de un montón de personas que viven en condiciones mucho
peores de las que nosotros lógicamente tenemos aquí, comprendiendo todas las razones humanitarias que decía anteriormente y el legítimo derecho de mejorar que tiene todo el mundo, tenemos que hacerlo compatible con nuestra capacidad de facilitar esa
mejora, por tanto, tenemos que ordenarlo adecuadamente, pues no tenemos una capacidad de acogida ilimitada, desgraciadamente no es así, no la tenemos nosotros ni la tiene ningún país desarrollado del mundo en estos momentos, y creo que debemos ser
muy rigurosos a la hora de ordenar y tratar este fenómeno.
Me parece que ha dicho la señora Rumi antes que corríamos el riesgo de colapsar los servicios sociales de algunas comunidades autónomas, entrando en cuestiones relativas a las devoluciones, al acuerdo de Canarias, etcétera. Realmente no es
así, pero si fuera así razón de más para que tuviéramos una política mucho más rigurosa en la ordenación y control del fenómeno migratorio. Si devolvemos más porque no devolvemos suficientes, si no devolvemos porque somos ineficaces, si vamos a
Canarias y ofrecemos sitio porque resulta que habíamos fracasado antes, si no ofrecemos sitio porque resulta que somos unos incapaces, si no atendemos adecuadamente porque no nos interesa la atención humanitaria, si atendemos humanitariamente porque
todo lo que hemos hecho es un desastre. Sinceramente creo que en esta dinámica, por lo menos en lo que a mí respecta, no es bueno seguir. Ese camino no es bueno porque ni una cosa es verdad ni la otra, como siempre en casi todas estas cuestiones
en el punto medio está la virtud. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante por tratar de ordenar adecuadamente los flujos, por ser rigurosos en la aplicación de la ley, por ser rigurosos en la política de expulsiones y devoluciones, por
ser rigurosos también en la atención a las personas que llegan en estas condiciones y dentro de nuestras posibilidades por colaborar con el resto de las administraciones públicas a dar la adecuada atención a estas personas en tanto en cuanto es
posible, bien su integración o bien su expulsión porque han llegado de manera ilegal a nuestro país. Por eso, insisto, estoy de acuerdo con lo que usted dice, creo que podemos estudiar todas las fórmulas que el Gobierno vasco nos proponga desde el
punto de vista de la mejora en cuanto a la ordenación de este flujo, pero el límite debe de estar allí donde nos encontremos con una vía que nos dé marcha atrás en cuanto a la apertura de procedimientos que puedan significar de alguna manera
facilitar o incentivar la llegada de ilegales a nuestro país.
Precisamente, este es uno de los principales problemas con que nos encontramos.
Por último, señor Campuzano, en la filosofía estamos de acuerdo, es decir, nosotros somos los primeros interesados en que el contingente funcione cada vez mejor. Como usted señalaba, el contingente de temporeros lo ha hecho. Yo creo que,
como decía el poeta, se hace camino al andar; nosotros aplicando poco a poco el contingente en este primer año, en el siguiente año esperando que funcione mejor y así sucesivamente, porque -insisto- creo que esa es una dirección buena para
conseguir una vía de ordenación de los flujos. Permítame que le haga un matiz. Yo creo que hay alguna iniciativa por parte de la comunidad catalana en relación a la apertura de oficinas que a mí me gustaría que se recondujera a la colaboración
conjunta con el Gobierno porque, como usted ha dicho muy bien, cada uno tiene que ser muy respetuoso con el marco de sus competencias. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en cualquier iniciativa que permita regular bien los flujos, facilitar la
llegada de trabajadores legales y atender en la medida de lo posible las demandas de los empresarios desde el punto de vista de las necesidades de trabajo que se produzcan en las distintas comunidades. Pero creo que eso hay que hacerlo con los
procedimientos legalmente establecidos y no yendo ni por libre ni más allá de lo que le corresponde a cada uno. Créame que nosotros, siempre que tengamos alguna propuesta que vaya en esta dirección y que se ajuste lógicamente a las determinaciones
que establece la ley, con muchísimo gusto estaremos dispuestos a colaborar. Así se lo he manifestado también a los representantes de su
Gobierno, y estoy seguro que en esa dirección caminaremos. Estamos dispuestos a avanzar en el diálogo para mejorar el contingente, estamos dispuestos a que el contingente sea lo más flexible posible, que en la medida de las necesidades del
mercado de trabajo, de las necesidades de los empresarios podamos elaborar una propuesta que sirva para atender las necesidades y las posibilidades de trabajo que existen en nuestro país; tenemos que garantizar también que nos es posible atender
esas demandas por la oferta o por la demanda de trabajo existente dentro de nuestro territorio nacional; estamos dispuestos a estudiar cualquier tipo de mejora que propongan los agentes sociales en el sentido de facilitar la contratación de
trabajadores en origen, que sirva para atender las demandas del mercado de trabajo -insisto- que no puedan ser atendidas aquí, y estamos también dispuestos a llegar a todo tipo de acuerdos que faciliten esa dirección. Espero que del procedimiento
que se ha abierto recientemente por la Dirección General de Migraciones y el Instituto Nacional de Empleo y la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, en colaboración con los comités provinciales y con los agentes sociales, más las
iniciativas que sus grupos puedan tener en esta dirección, podamos caminar sin duda en ir mejorando un contingente que, repito, creo que para ser la primera vez, para no haber terminado su aplicación ha funcionado razonablemente bien, aunque todos
tenemos la obligación de que siga funcionando mejor.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Señora Rumí, brevemente, por favor.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Brevemente, y además, intentando no caer en la tentación de tener un debate con el señor Gil Lázaro, porque cada vez que tenemos una comparecencia aquí, al final, se dedica a contestarme a mí, y yo las preguntas no se
las hago a él evidentemente, ni la exposición la hago para él. La última vez dijo incluso que había insultado. Yo me tengo por una persona muy prudente además de muy respetuosa en mis manifestaciones públicas. Por supuesto los calificativos que
he utilizado -siento que al señor González no le hayan gustado- con respecto al contingente, los sigo manteniendo, pero en cualquier caso, creo que el señor Gil Lázaro como siempre distrae, porque hoy el señor González está aquí porque el Grupo
Parlamentario Socialista lo ha hecho posible. (El señor Gil Lázaro: Es lo que he dicho.) Como es táctica habitual, se manipulan palabras y se manipula el discurso, pero afortunadamente contamos con el 'Diario de Sesiones' y por tanto quedará muy
clara cuál ha sido la exposición que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a la crítica, al concepto, a la gestión del contingente y no al contingente como tal. Nosotros estamos defendiendo que es un instrumento válido, muy válido,
para la canalización de los flujos migratorios, pero que no ha funcionado, no está funcionando. Señor González, de verdad, es que lo dice hasta la propia Administración, lo están diciendo los propios informes del Ministerio de Trabajo, los
sindicatos, por mucho que usted hable, los empresarios, la comisión nacional no se ha reunido, el ministro. Si usted me hubiera dicho que ha habido disfunciones, errores que se pueden corregir, pero como ha sido tan taxativo en satisfactorio
positivo sinceramente yo eso no lo puedo compartir, y no puedo hacerlo porque creemos en el contingente, como le decía, no sólo como un instrumento de canalización de flujos migratorios, que debiera serlo, sino también para disuadir de la
inmigración irregular. Claro que si todo lo que se va a hacer en inmigración a partir de ahora va a ser como la exposición del señor Gil Lázaro entonces me explico que las cosas estén como están.
Voy a remarcar algunas cosas que he dicho, señor González, pues no quisiera irme de esta comparecencia con la gran decepción que tengo en este momento, porque las formas pueden haber cambiado, pero el contenido de un cambio mínimo en la
política de inmigración del Gobierno yo no lo estoy viendo por ninguna parte. Quien fija la cifra definitiva del contingente es la Administración, no endosen continuamente responsabilidades, asúmanlo. Yo no he hablado taxativamente de contingente
cero, he dicho que le sugería que estudiara cuáles iban a ser las necesidades de nuestro mercado laboral, porque en la Ley de extranjería lo pone, habrá contingente si hay demanda, si no, no. Estudie las necesidades porque si luego ocurre lo que
hasta el día 19 de septiembre, por los datos que conocemos, no ha sido ni mucho menos un éxito porque, ¿cuántos trabajadores estables hay en España en este momento a través del contingente? Usted sabe, lo mismo que yo, que es una cifra ridícula.
Por tanto le digo que estudie cuál va a ser la oferta en función de las necesidades. No creemos unas expectativas que no se van a poder cumplir, y si eso fuese así, no pasaría nada porque hubiera contingente cero con esas premisas, vuelvo a
repetir. Sí le decía que estudien abrir el régimen general, porque ni el régimen general ni las ofertas nominativas llevan consiguientemente aparejado lo que usted comentaba de regularizar a irregulares, y usted lo ha dicho, tanto en la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista como en lo que yo le he ofertado de sugerencia en mi intervención del régimen general.
Yo siempre hablo de trabajadores extranjeros que no se encuentran en nuestro país. Yo no creo que después del
milagro Aznar venga el milagro González, sinceramente, entonces lo que es cierto es que dentro de lo compleja que es la inmigración sólo a través de la colaboración se puede hacer. No me gustaría que usted cayese en las prácticas de otros
relevantes miembros de su Gobierno y del Partido Popular, y desde luego que no se oculten cosas que no han funcionado bien, porque sólo mirando de frente
y no hacia otro lado se pueden afrontar este tipo de situaciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Rumí, le ruego vaya concluyendo.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: El Grupo Parlamentario Socialista cree firmemente que el contingente, así como otros instrumentos, pueden disuadir de la inmigración irregular, pero eso sin ninguna duda significa una política de devoluciones
efectivas. Por cierto, aprovecho para decirle que estamos de acuerdo con una política de devoluciones efectivas, siempre de acuerdo a derecho, como un elemento indisociable de la política de inmigración, con un contingente que se estudie de verdad,
que dé respuestas, que no hablemos más allá sin hacer una evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora, y desde luego de seriedad, no poniendo palabras en boca del Partido Socialista que no sean de los responsables en este tema.
Como digo, me gustaría que al menos el final de su intervención lograse que no me fuese con la decepción que hasta este momento tengo.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor delegado del Gobierno, sin ningún ánimo de polémica, no quisiera que le quedara la sensación de que pretendo bendecir las situaciones de irregularidad. No se trata de eso, sino que simplemente le he
manifestado la situación de una zona concreta en la que por causas no imputables a la Administración sino al desacuerdo de los agentes sociales no ha existido en este período de seis meses que lleva vigente el contingente la posibilidad de dar
permisos de trabajo a quienes lo habían solicitado de una forma correcta teniendo ya empleador.
Esos expedientes van abocados a la negativa, como ya se ha manifestado.
Por cierto quiero dejar bien claro que quienes son responsables de la
Administración laboral así como el subdelegado del Gobierno en Vizcaya en concreto, que es a lo que me estoy refiriendo, tienen una magnífica disposición y es impecable el trabajo en relación con la materia que desempeñan, pero la idea que existe en
este momento es que lo que procede respecto de esos expedientes, transcurridos los plazos y no existiendo contingente, es rechazarlos. Eso conduciría a que hubiera un número de irregulares imposible de expulsar, que podría ser reducido si se
acordase que entrase en el contingente siguiente y pudiesen ser ellos los beneficiarios de ese contingente, de tal forma que no se aumentase aún más la espiral de la irregularidad. Simplemente le expongo una situación que sé que es específica de
una determinada zona, en la que -por la voluntad de políticas sociales de los propios poderes públicos y porque todavía el número es muy pequeño- es posible ir acogiendo a los inmigrantes que van viniendo en situación de normalidad y de integración
social.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor González, en primer lugar, vuelvo a lamentar que no podamos tener cifras. Me parece que hoy los funcionarios del Gobierno están facilitando en las comisiones ejecutivas provinciales cifras a los agentes
sociales y estoy seguro que si nos las hubiese facilitado usted hubiese sido positivo para el trabajo parlamentario. El Gobierno conoce hoy perfectamente cuál es el número de expedientes iniciados en las oficinas consulares españolas en el
extranjero y esta es una información suficientemente relevante para esta Comisión. Lamento si no lo tiene, pero sería bueno que nos lo hiciese llegar.
En segundo lugar, existe una coincidencia en la filosofía que me parece que compartimos todos los grupos de la Cámara que es la del contingente como principal instrumento de regulación de los flujos migratorios.
Después del debate de este
miércoles nosotros vamos a plantear la correspondiente moción, en la que esperamos poder alcanzar un acuerdo con la mayoría parlamentaria existente, precisamente para introducir las modificaciones que, a nuestro entender, se deben realizar en esta
materia. Le avanzo que, en el marco del artículo 39 de la vigente Ley de extranjería, es perfectamente posible conseguir, en primer lugar, una participación más importante de las comunidades autónomas en la definición del contingente -precisamente
el artículo 39 remarca el papel del ámbito autonómico como espacio de definición del contingente que finalmente apruebe el Estado y, por tanto, a mí me parece que existe un marco claro de incremento sustancial de la participación de las autonomías
que así lo deseen- y, en segundo lugar, existen mecanismos de una mayor participación de los agentes sociales en la gestión del contingente. En el mecanismo de temporada, con sus claros y sus oscuros, vemos que también hay una mayor participación
de las organizaciones sociales en la gestión del contingente de temporeros, porque han asumido también sus propias responsabilidades con un apoyo público por parte de la administración. COAG ha podido desarrollar determinados programas de gestión
de flujos de trabajadores de temporada porque ha asumido responsabilidades, pero también porque el Estado ha facilitado estas actuaciones con recursos económicos. Me parece que no podemos trasladar miméticamente el modelo de temporada al sistema
del régimen de trabajadores estables, porque nos equivocaríamos, ya que son realidades diferentes, aunque aquí existen ejemplos en los que merece la pena profundizar. Usted conoce, igual que yo, las propias quejas que ha planteado por escrito la
CEOE al Gobierno con respecto al contingente del año pasado. CEOE habla de escasa interlocución promovida desde los órganos
competentes, con carácter previo a la iniciación administrativa del procedimiento del contingente, habla de que no se han conocido los criterios de valoración utilizados para determinar el número final de trabajadores del contingente, que en
principio -afirma la CEOE- parecen estar al margen de las necesidades planteadas por las empresas. Incluso, afirma la CEOE, en su momento se sugirió la posibilidad de realizar algún tipo de convenio con la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones y con el INEM, sin que se haya considerado esta posibilidad.
En el terreno de la relación con los agentes sociales podemos perfeccionar mucho. Le recuerdo que Comisiones Obreras ha anunciado un recurso contencioso administrativo contra
el contingente vigente. Esto no nos interesa, porque necesitamos que las organizaciones empresariales, en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico, y las organizaciones sindicales, en el ámbito confederal y en el ámbito autonómico, sean
cómplices al máximo del Gobierno en esa cuestión. Aquí nuestro grupo va a insistir, porque deberíamos ponernos de acuerdo.
Finalmente, yo le remarco la importancia de este análisis de la complejidad del mercado de trabajo en el medio plazo, porque también coincidimos en que en nuestro sistema político la incorporación al mercado de trabajo es lo que garantiza al
ciudadano extranjero su efectiva incorporación a nuestra sociedad. Ser capaces de verdad de ser diligentes en los contingentes del futuro es lo que nos va a permitir convertir la inmigración en una oportunidad. En otros Estados de la Unión Europea
-y ahí yo creo que tenemos mucho que aprender- se ha empezado a esbozar una política de inmigración más diligente desde un estudio en forma de libro blanco, en forma de estudio parlamentario serio alrededor de estas cuestiones. A mí me parece que
seguramente en materia de mercado de trabajo e inmigración el Gobierno debería impulsar la elaboración de un libro blanco que nos marcara en los próximos 10 años cuáles son las necesidades de nuestro mercado de trabajo. En Cataluña una patronal de
la pequeña y mediana empresa, Pimec-Sefes, planteó hace unos cuantos meses una aproximación seria en ese sentido. Pues con los agentes sociales hagamos ese diagnóstico; lo necesitamos. Si no las cosas no nos irán bien.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente. Tan sólo voy a plantear tres ideas, señor presidente. En primer lugar, quiero decir algo que parece obvio, pero a veces las cosas obvias hay que recordarlas. El señor Gil Lázaro no distrae, sino que
el señor Gil Lázaro expresa las valoraciones y opiniones de su grupo en términos tan legítimos y en igualdad de derechos como los de cualquier otro grupo parlamentario, sin lugar a dudas, igual que el Grupo Parlamentario Socialista. En segundo
lugar, que algunas de las intervenciones del señor Gil Lázaro conducen a un cierto éxito pedagógico. Por ejemplo, hemos conseguido a través de la intervención inicial que la señora Rumí pasara de su primer discurso afirmando que el contingente como
concepto es la expresión de un fracaso, a señalar ahora en esta segunda intervención -cosa que le aplaudimos- que están rotundamente a favor del contingente como concepto. Simplemente queda ahí limar la propuesta concreta de cómo casa esta otra
afirmación con la propuesta de eliminar el contingente para el año 2003. En tercer lugar -y concluyo, señor presidente-, en relación con las cuestiones de fondo de las que hemos hablado esta tarde, las cosas se están haciendo razonablemente bien, y
lo que para nosotros es infinitamente mucho más reconfortante que esta evaluación que acabo de hacer: saber que no solamente se están haciendo bien, sino que existe una voluntad política clara y rotunda de seguir haciéndolas aún mejor, eso sí, sin
conformismos, pero también sin catastrofismos.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, el señor delegado del Gobierno tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señora Rumí, ni tengo vocación de hacer milagros ni le aseguro que espero estar nunca en ninguna sucesión. O sea que no sufra porque después del
milagro Aznar venga el milagro González; si se refiere a mi tenga por seguro que no va a ser. (La señora Rumí Ibáñez: ¡Si hiciera el milagro de arreglar todo!) Eso le iba a decir, que ojalá pudiera yo tener a mi alcance la posibilidad de arreglar
todos los problemas que existen en relación a esta materia, pero si se lo arreglase todo le iba a dejar a mi sustituto una herencia maravillosa. Sinceramente le reitero, y se lo he dicho antes, que no podemos caer en el error del discurso
catastrofista de que todo está mal. No lo he querido hacer ni lo quiero hacer con respecto al pasado, pero creo que es una buena vía para avanzar que no lo hagamos con respecto al presente, porque creo que no es verdad. Y no le quepa ninguna duda
de que nosotros no estamos echando la responsabilidad a nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos, que es la de gobernar, pero lo que no podemos es ocultar, y se lo he dicho antes, por una estrategia política de recorrido corto, que no
han participado el resto de los agentes sociales en la ordenación de las necesidades del mercado de trabajo, en la determinación del contingente y en su gestión, con mayor o menor acierto. Yo creo que para empezar de verdad que no ha funcionado
mal. ¿Que es susceptible de mejora? Lo hemos dicho desde el primer momento. ¿Que vamos a tratar de mejorarlo no el año que viene, sino siempre, todos los años, para que esto funcione mejor? También. ¿Que estamos dispuestos a estudiar sus
sugerencias y sus iniciativas y las de todos los grupos? También. Pero de verdad créanos
que cuando nosotros hacemos el discurso del análisis profundo del mercado de trabajo y de que el contingente ha funcionado razonablemente bien, teniendo en cuenta las circunstancias de que es la primera vez y demás -y no me voy a repetir-,
estamos haciendo un análisis bastante riguroso y ajustado a partir del cual seguramente podemos avanzar. Desde el catastrofismo, no se puede avanzar hacia ningún lado. Le repito que, en lo que a mí me corresponde, no lo voy a hacer.
Paso a la intervención de la señora Uría, que no está presente, pero que contestaré con mucho gusto. Una de las posibilidades que ofrece el contingente en relación con los problemas de Vizcaya, que ella planteaba, es que precisamente a
partir de hoy, último día para la presentación de ofertas por parte de los empresarios que tienen la gestión de las ofertas de trabajo permanente, se abre la posibilidad de la redistribución de plazas en el contingente. Si existen esas ofertas en
la provincia de Vizcaya, como ella ha dicho, con mucho gusto se podrán atender, puesto que esa es la pretensión del sistema.
Por último, contesto a la intervención del señor Campuzano. Insisto en que estoy dispuesto a que la participación de todo el mundo sea la mayor posible, si ello redunda en beneficio de la gestión y del funcionamiento del contingente. Sólo
quiero hacer un matiz: la CEOE dirigió, efectivamente, a principios de verano, un escrito al Ministerio de Trabajo y a la Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería no sólo sobre el funcionamiento del contingente sino también
sobre cuestiones más amplias del mercado de trabajo. Estoy de acuerdo en que hay que hacer un análisis del mercado de trabajo, y no en que no se haga ese análisis; esa es precisamente la función de las comisiones provinciales, que se reúnen a
partir de ahora y que se han venido reuniendo a lo largo del pasado año. Ellas son las encargadas de valorar el funcionamiento del contingente y si las previsiones que tomaron en consideración para la determinación de las necesidades de cada
provincia y sector fueron buenas o no. A través de esa experiencia y de esa valoración del mercado de trabajo en cada provincia es como se podrán determinar las necesidades del contingente del año siguiente. Insisto igualmente en que estamos
abiertos a cualquier otra valoración o sugerencia que pueda mejorar el contingente. Por último, quiero decirle que en los países miembros de la Unión Europea más desarrollados económicamente, no existe en estos momentos, que yo sepa, ninguna oferta
de trabajo abierta para nacionales de terceros países.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES Y ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DISEÑADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GRECO PARA AVANZAR EN UNA VISIÓN GLOBAL Y COORDINADA DE LA INMIGRACIÓN COMO UN
FENÓMENO DESEABLE PARA ESPAÑA. (Número de expediente 181/002812.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a las preguntas que formulan al señor delegado del Gobierno distintos señores diputados.
La pregunta que figura como punto 3 del orden del día se refiere a previsiones y actuaciones más significativas diseñadas en el marco del programa GRECO para avanzar en una visión global y coordinada de la inmigración como un fenómeno
deseable para España. Para formularla, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervendré con brevedad.
Se le reprochaba al ministro del Interior, en su comparecencia hace escasos días ante esta misma Comisión, que no hubiera hecho ninguna mención al programa GRECO. La contestación del señor ministro fue suficientemente clara y expresiva en
términos de valoración positiva del programa, poniendo énfasis en lo que ha significado como primer instrumento de concepción global y horizontal de las actuaciones que debe realizar la Administración del Estado en materia de integración social de
los inmigrantes y de protección global de sus derechos. Durante los últimos meses -largos meses- viene siendo una constante el discurso que pone entre comillas o en cuestión la funcionalidad, y sobre todo los logros, importantes, a nuestro juicio,
de este programa. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Por eso nos parece oportuno que el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, en esta su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e
Interior de la Cámara, haga un balance, siquiera somero, de cuáles son las previsiones más significativas diseñadas en el marco del programa GRECO para avanzar en una visión global y coordinada de la inmigración como un fenómeno deseable para
España. No es casualidad la expresión final, el concepto final que recoge la formulación de la pregunta porque este Gobierno, este partido político, este grupo parlamentario, han dicho y dirán siempre que la inmigración es un fenómeno deseable para
este país, frente a las afirmaciones, entre comillas, permanentes de algunos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Gracias, presidente; gracias, señor Gil Lázaro.
Como SS.SS. saben el programa global de regulación y coordinación de la extranjería y de la inmigración en España, el programa GRECO, fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001 y publicado en el Boletín Oficial
del Estado del día 27 de abril mediante una resolución de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Este programa representa la primera iniciativa preparada en nuestro país para dar un tratamiento integral y conjunto al
problema de la inmigración en todas sus vertientes partiendo, sin duda alguna y como se señalaba en su intervención, de la importancia que este fenómeno tiene ya en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea y de la importancia que el
fenómeno de la inmigración va a tener en los próximos años. Este programa elaborado por el Gobierno fue presentado a todos los agentes sociales interesados en la cuestión, fue conocido e informado favorablemente por el Foro para la integración
social de los inmigrantes y además recogió las aportaciones que se efectuaron por la subcomisión ad hoc que se creó en esta Comisión.
La estructura de dicho programa responde a las cuatro líneas prioritarias de actuación que se consideran como las básicas para el desarrollo del conjunto de iniciativas relativas al fenómeno migratorio en España que, a su vez, se expresan a
través de 23 acciones que se materializan en 72 medidas concretas. Esas cuatro líneas básicas de actuación son las siguientes. La primera, el diseño global y coordinado de la inmigración como un fenómeno deseable para España en el marco de la
Unión Europea. En esta línea de actuación se ha realizado un esfuerzo económico importante a lo largo del año 2001, que supuso ya un incremento del 85,3 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior en el conjunto de medidas, relativas a
esta primera línea de actuación, a las que ahora me referiré.
La segunda línea de actuación era la relativa a la integración de los residentes extranjeros, que contribuyen activamente al crecimiento de nuestro país, y de sus familias, lo que
significó también un esfuerzo muy importante en materia presupuestaria, especialmente en lo que ha significado toda la atención social, asistencial y sanitaria al conjunto de los inmigrantes o a los residentes extranjeros en nuestro país. La
tercera línea de actuación se refiere a la regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia de la sociedad española, es decir, facilitar la integración; el esfuerzo económico también desarrollado a lo largo del año 2001 superó
los 72 millones de euros.
Por último, la cuarta línea de actuación, relativa al mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados dentro del conjunto de las políticas de asilo que establece el programa GRECO, supuso un
esfuerzo presupuestario de más de 14 millones y medio de euros.
Las acciones más significativas que se recogen en el programa GRECO a lo largo de este año, cuyo presupuesto ha supuesto un incremento de más del 11 por ciento con respecto al esfuerzo
presupuestario del año 2001 alcanzando en este año más de 252 millones de euros, han ido dirigidas, en primer lugar, a la cooperación al desarrollo con los países de los que proceden los inmigrantes, a través de la celebración de convenios, a través
de la dirección de las iniciativas de ayuda al desarrollo, fomento al desarrollo comercial, créditos FAD, créditos de cooperación, etcétera.
En segundo lugar, las acciones han ido dirigidas a la promoción e integración social de inmigrantes a
través de los convenios que se han venido suscribiendo con el conjunto de comunidades autónomas dentro de las dos vías establecidas: por una parte, la conferencia sectorial a través de convenios generales con el conjunto de comunidades autónomas
para cofinanciar programas de acogida, información, etcétera; en segundo lugar, convenios bilaterales con las comunidades autónomas en esa misma dirección y, en tercer lugar, convenios con organizaciones no gubernamentales realizados directamente
por el Ministerio de Trabajo para facilitar la atención a los inmigrantes que estén en situación de vulnerabilidad. Se ha hecho un esfuerzo importante en la construcción de centros de migraciones para dar acogida a las personas que se encuentran en
esas circunstancias, desarrollándose el programa previsto por el Ministerio de Trabajo y el Imserso en esta dirección, y, finalmente, se ha hecho otro esfuerzo importante desde el punto de vista del gasto educativo del conjunto de las
administraciones para favorecer la formación y la integración de los jóvenes procedentes de estos países que vienen a vivir aquí con nosotros. Se han realizado asimismo programas de lucha contra el racismo y la xenofobia y para la formación de los
escolares en esta dirección.
En tercer lugar, en cuanto a la coordinación y ejecución administrativa en Extranjería e Inmigración, se ha procedido a la potenciación de las oficinas de extranjeros como órganos especializados en la tramitación de todos los expedientes
administrativos dirigidos a la concesión de permisos para estas personas. Recientemente, este verano, se ha procedido a la apertura de 22 oficinas y se prevé seguir en esta dirección en los próximos meses. Se ha potenciado la creación de la red
informática a través de una Intranet propia en el conjunto de la Administración central del Estado y la Administración periférica para facilitar la gestión de estos expedientes mediante el diseño de una aplicación unificada para el conjunto de estas
oficinas. Se han realizado programas específicos de formación para el personal funcionario destinado en las oficinas de extranjeros. Se ha procedido a mejorar las dotaciones y recursos técnicos de las oficinas consulares existentes en el exterior
para facilitar la tarea que estas realizan. Se ha realizado un esfuerzo importante en el análisis y la información sobre la inmigración a través de la creación del Observatorio permanente para la inmigración y se ha procedido a agilizar los
trámites para la adquisición de la nacionalidad. Se ha dado un impulso y se han
puesto en práctica las medidas previstas en el Tratado de la Unión Europea sobre la libertad de circulación de personas, motivado por las propuestas que fueron aprobadas bajo presidencia española a lo largo del primer semestre, y dentro del
control de fronteras y la lucha contra el tráfico ilícito de seres humanos, se ha puesto en funcionamiento el sistema de vigilancia exterior, que está en estos momentos desarrollándose tanto en el sur de la Península como en Canarias. Se ha
procedido a la creación, dotación y formación de unidades especializadas en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos para combatir la inmigración ilegal y las mafias que explotan a estas personas. Se ha procedido también
a la elaboración de un plan y al desarrollo del plan de centros de internamiento de extranjeros, para alojar a estas personas que llegan de manera ilegal a nuestras costas, y también se ha producido un esfuerzo muy importante en materia de
repatriación de extranjeros que llegan de manera ilegal a nuestro país y que pretenden por esa vía incumplir las previsiones legales. Por último, se ha hecho un esfuerzo importante en materia de inserción y capacitación laboral de refugiados en el
mercado laboral y de formación para las personas que se ven perseguidas por estas causas y que gozan de esa protección en nuestro país y se ha procedido también a incrementar el esfuerzo del gasto en los centros de acogida para refugiados con el fin
de tener una infraestructura suficiente para hacer frente a todas aquellas necesidades de las personas que por estas causas de persecución buscan acogida en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor delegado del Gobierno, le agradezco que haya sido sintético en la expresión de los objetivos cumplidos con la aplicación del plan GRECO. Le agradezco que haya sido sintético, a pesar de lo cual parece que el
programa en sus objetivos generales, en sus previsiones y en sus logros ha funcionado -vuelvo a repetir la misma calificación que antes- razonablemente bien. Me hubiera gustado no tener que realizar esta pregunta y que hubiera sido formulada por
algún otro grupo parlamentario que legítimamente dice de manera constante que el programa no es más que una expresión de propaganda, que carece de dotación financiera sólida y que el Gobierno no puede ofrecer un balance de hechos, precisamente
porque nada se ha hecho en el contexto general de dicho programa. Pues bien, como nosotros pensábamos que sería muy interesante, de cara a pronunciamientos futuros en ulteriores debates, que la Cámara conociera el desarrollo global de este
programa, agradecemos su intervención. Nos parece significativo que por vez primera exista una iniciativa gubernamental de conjunto como ésta. Nos parece significativo que por vez primera se haya abierto un proceso institucionalizado, que se va a
sostener en el tiempo, de consenso y de diálogo con los agentes sociales, en orden precisamente a completar siempre mucho mejor las previsiones del propio programa y su evolución futura. Nos parece de un elemental respeto democrático y desde luego
como grupo parlamentario agradecemos que en su momento se fuera receptivo a las sugerencias formuladas por el Parlamento al respecto y considerando, como señalaba al principio de esta mi segunda intervención, que los logros del programa han sido
importantes, después de la información que nos ha dado creemos que no se podrá decir que el plan es inexistente en términos presupuestarios ni se podrá decir probablemente tampoco -salvo que alguien quiera inventarse una realidad distinta a la
auténtica- que esto no ha sido más que una operación de maquillaje y propaganda. Desde luego, si las operaciones políticas y de Gobierno de maquillaje y propaganda responden al balance que nos ha dado, ojalá en el presente y en el futuro tengamos
en un fenómeno y en una cuestión tan trascendental como la de la inmigración muchas operaciones del calado y con los logros de ésta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Intervengo muy brevemente para agradecer la intervención del señor Gil Lázaro. Nosotros creemos que dar un tratamiento conjunto a la problemática de
la inmigración es algo importante y bueno para clarificar realmente cuáles son los esfuerzos y las iniciativas que se están llevando adelante. Haber dedicado 227 millones de euros a lo largo del año 2001, que han sido ejecutados en más de un 93 por
ciento, y haber dedicado más de 252 millones de euros a lo largo de este año, que tienen un grado de ejecución en estos momentos de más del 75 por ciento, pone de manifiesto el esfuerzo del conjunto de las administraciones por atender de la mejor
manera que nos es posible todo este fenómeno.
- DEL SEÑOR LÓPEZ AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA REFORZAR LOS CONTROLES MÉDICOS DE LOS INMIGRANTES RETENIDOS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO AL ARRIBAR DE MANERA IRREGULAR A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS. (Número de expediente 181/002855.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular la segunda de las preguntas previstas en el orden del día y que hace referencia al refuerzo de los
controles médicos sobre los inmigrantes llegados a las islas Canarias, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor delegado del Gobierno, en primer lugar, permítame que como ha hecho anteriormente mi compañera de grupo parlamentario Consuelo Rumí y siendo esta la primera ocasión en que me dirijo al actual titular de este
alto cargo, desde esta Comisión le agradezca su presencia y le exprese mis mejores deseos de que su gestión resulte fructífera a la hora de acometer los importantes desafíos que tiene planteada la inmigración y la extranjería. Tanto es así que este
diputado por Las Palmas ha subido a la tribuna del Pleno del Congreso y ha hecho uso de la palabra aquí en la Comisión de Justicia e Interior en buen número de ocasiones sobre esta materia. No podía ser de otra manera; cada una de las ocasiones en
que he tomado la palabra para abordar esta cuestión he reconocido en primer lugar que es tan seria que difícilmente sería la última vez que lo hiciera y que todas y cada una de las ocasiones son buenas para cambiar el chip, para cambiar el enfoque y
para empezar de una vez a trabajar seriamente desde el reconocimiento del problema, no desde su negación, desde el reconocimiento de que es un problema de todos y, por tanto, que no es un arma con el que podamos zaherirnos inútilmente, para
desesperación de quienes lo padecen más en caliente y de quienes están más en contacto con las tensiones y los problemas sociales que genera el descontrol de la inmigración irregular y sus múltiples fenómenos derivados; sobre todo, es un fenómeno
de tal entidad como para abandonar cualquier soberbia y por tanto cualquier disposición reactiva o refractaria a aceptar la ayuda que desde el tratamiento dialogado de estas cuestiones puede contribuir a enfocarlas mejor y a resolverlas desde una
inflexión que sea histórica respecto a la curva de empeoramiento que en todas y cada una de sus manifestaciones ha venido registrando en los últimos años para que, en consecuencia, las cosas comiencen a ir a mejor. Entre esos problemas está el
desbordamiento de la capacidad del sistema sanitario para atender correctamente muchas de las necesidades que plantean los inmigrantes y en particular los inmigrantes irregulares. Este asunto se pone de manifiesto en una isla de mi circunscripción,
de la provincia de Las Palmas, la isla de Fuerteventura. Una vez más, los términos dramáticos de la cuestión se ponen de manifiesto con ocasión de un fallecimiento, el del keniano Samba Fofana, la noche del domingo 30 de junio en la comisaría de
policía de Fuerteventura. La determinación de las causas del fallecimiento se efectúa médicamente y viene acompañada de una lógica sensación de alarma, pues llueve sobre mojado, el terreno está abonado para que la alarma se extienda, en primer
lugar por el conocimiento de que la asistencia sanitaria y el control médico que se efectúa sobre el estado de salud de los inmigrantes irregulares retenidos en los dos centros saturados, la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura y el
rehabilitado cuartel de El Matorral, en los que se hacina cerca de un millar de inmigrantes irregulares, son muy cuestionables y muy escasos, aunque sólo sea por el número de personas dedicadas a esto, en el mejor de los casos un médico y un ATS, y,
en segundo lugar, por las propias insuficiencias del sistema sanitario en la isla de Fuerteventura, que tiene un hospital general, que fue inaugurado en 1982, cuando la población era de 30.000 personas. En los últimos veinte años, desde 1982 hasta
este año 2002, esa población se ha triplicado, la población de derecho de la isla de Fuerteventura se aproxima a las 90.000 personas, y hablamos siempre de población de derecho, que en Canarias, como se sabe, tibiamente se aproxima a la población de
hecho, en términos cuantitativos, que normalmente es muy superior. Es decir, nos encontramos con el dramático caso de la multiplicación de la población con el mantenimiento de los mismos servicios. Seguramente esto está detrás de la resolución
adoptada, a propuesta del Grupo Socialista en el Cabildo insular de Fuerteventura, de solicitar la puesta en marcha de las obras de un nuevo hospital que subsane este déficit de sanidad pública, que es el que explica que en el último año 8.300
ciudadanos de la isla de Fuerteventura hayan tenido que ser desplazados a los hospitales de Tenerife o de Las Palmas para la atención sanitaria, con un coste de cerca de 1.000 millones de pesetas para el Sistema Canario de Salud, lo que es
manifiestamente irracional.
Esta situación explica que la deficiente atención médica que reciben los inmigrantes hacinados en esos centros, se vea acompañada por una gran alarma social. La sociedad se pregunta si esos inmigrantes que llegan a
Canarias portan alguna enfermedad o infección contagiosa que pueda producir algún tipo de epidemia, para empezar, en el propio contingente, en la propia población inmigrante hacinada en esos centros, y después en el resto. Por tanto es obligación
de este diputado traer el asunto al Parlamento, a esta Comisión y preguntar por todas las medidas que pueden ser adoptadas por el Gobierno de la nación para incrementar los controles médicos de los inmigrantes retenidos en esos centros por haber
arribado irregularmente a la Comunidad Autónoma canaria. Estos son los términos de la pregunta y me gustaría escuchar su respuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Gracias, señor López Aguilar, por su bienvenida.
Como usted ha señalado con relación al planteamiento general de la inmigración y como he tenido
oportunidad de decirle a su compañera de grupo, es
verdad que es un problema de todos, un problema complejo y, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a dialogar en relación con todas las cuestiones relativas a esta materia para dar un mejor enfoque a la problemática que se deriva de la
inmigración. También comprendo su especial preocupación, lógicamente, por las cuestiones relativas a Canarias, pero creo, y también he tenido la oportunidad de decirlo antes, que ni se pueden hacer descalificaciones globales ni pienso que sea bueno
producir alarma general en este tipo de cuestiones.
Usted ha hecho referencia al desgraciado fallecimiento en la comisaría de Puerto del Rosario de un inmigrante keniano, que, como usted sabe bien, falleció por causas naturales; desgraciadamente creo que sufrió uno o dos infartos o algo
parecido, no recuerdo exactamente, pero, como quedó acreditado, falleció por causas al margen de cualquier posibilidad de atención a esta contingencia y, por tanto, creo que no es conveniente, sinceramente se lo digo, ligar esta situación con otras
pretendidas alarmas sobre otro tipo de enfermedades que puedan acarrear preocupación a la colectividad.
La pregunta que hace S.S. es exactamente qué medidas se pueden tomar y creo que son las que se están tomando, es decir, la aplicación rigurosa de las previsiones establecidas en la Ley de extranjería, de tal manera que todos los extranjeros
que llegan de forma irregular al territorio español, con independencia de cuál sea el punto de acceso por el que entran en nuestro país, son atendidos por los servicios médicos de las organizaciones no gubernamentales que tienen convenios de
colaboración con la Administración del Estado y con otras administraciones y, al mismo tiempo, son atendidos por parte de los servicios médicos con los que cuenta la Policía Nacional, que es la encargada de la atención a estos inmigrantes que acaban
de llegar. En cuanto a la vinculación entre la saturación de hospitales de la sanidad canaria y la atención a los recién llegados, creo que no se puede establecer ninguna conexión de causa-efecto y, en todo caso, en cuanto a las necesidades de
mayor infraestructura sanitaria, como usted ha dicho bien, deben ser atendidas en este caso por el Gobierno canario, que es el que tiene la competencia en materia de atención sanitaria dentro del territorio de la comunidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor delegado del Gobierno, he empezado por subrayar que ante un problema complejo, lo primero es reconocerlo, plantearlo correctamente y disponer de todas las energías positivas para gestionarlo y, por tanto,
plantear una posibilidad razonable de resolución en el futuro, porque las actitudes arrogantes, negadoras del problema y descalificadoras de las posiciones que lo denuncian no contribuyen en absoluto ni al segundo de los términos de la ecuación ni
al tercero y, por consiguiente, hacen imposible su resolución, y de eso hemos tenido muchos ejemplos en las comparecencias del anterior delegado del Gobierno, señor Fernández-Miranda, a lo largo de esta legislatura; con todo el respeto que nos
merece al Grupo Parlamentario Socialista el anterior delegado del Gobierno como persona, como alto cargo y diputado anteriormente que fue del Grupo Parlamentario Popular, pensamos que esa negación del problema desde la arrogancia y desde la
ensoberbecida descalificación de las posiciones que lo denuncian es un primer error que nos conviene conjurar desde el primer momento de esta etapa de gestión que usted encara hasta el final de esta legislatura. Lo primero que le solicito es que
reconozca adecuadamente el problema, que es percibido en Fuerteventura como algo gravísimo. En el mes de agosto se interceptaron cerca de 900 inmigrantes irregulares arribando a la isla de Fuerteventura. Lógicamente, dados los términos de
internamiento que están previstos por la Ley orgánica de extranjería, de los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social -que establece un máximo de 40 días-, hay una rotación en las personas que se encuentran en
esa situación, pero, en todo caso, de manera permanente, al menos 700 extranjeros en una de las terminales y 300 en la otra están en unas condiciones sanitariamente insostenibles, que han sido denunciadas no solamente por organizaciones humanitarias
-como recordamos perfectamente, hace menos de un año se publicó el informe demoledor del Human Rights Watch-, sino por las propias organizaciones no gubernamentales que atienden el servicio y que prestan alguna atención sanitaria. En la antigua
terminal del aeropuerto de Fuerteventura hay cuatro retretes para cerca de 700 personas, un solo retrete para mujeres y todos comparten una o dos duchas. En un momento en el que tan insensato pero tan aparentemente fácil y practicable resulta
vincular extranjería irregular con inmigración e incremento de delincuencia, es un dato sumamente revelador de cuán injusta y cuán falsa puede ser esa correlación que sólo en función de la bonhomía y de la buena disposición a acatar voluntariamente
las normas de convivencia que les conciernen, puede explicarse que 700 personas vigiladas sólo por dos efectivos de la Policía Nacional no vivan en permanente desorden o violencia sino en convivencia armónica y pacífica durante 40 días y 40 noches,
que es el tiempo de internamiento establecido por la ley, pero, claro, eso no les libra de ser víctimas de brotes infecciosos o de plantear situaciones sanitarias delicadas, como es la que concierne a las, al menos, 20 mujeres embarazadas que de
manera estadísticamente estable se encuentran internadas en esos centros, con todo lo que eso conlleva. Estamos hablando por lo tanto de centros que por su caracterización jurídica dependen de la Administración del Estado, dependen de la
responsabilidad política del Gobierno
de la nación y dependen por lo tanto, de cara a la asistencia, de los criterios elementales de humanidad que deben proteger a esos retenidos, de una inversión en efectivos médicos, de personal y de dinero -es decir, de inversión financiera y
material-, que debe concernir de manera ineluctable al Gobierno de la nación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vaya terminando, por favor, señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Sucede que la atención sanitaria que están recibiendo depende, por el contrario, mucho más de la disponibilidad de las organizaciones no gubernamentales y de las ayudas de corporaciones locales que del Gobierno de la
nación. Ese es el problema, que compromete financiera y políticamente al Gobierno de la nación y además lo compromete en unos términos que no pueden ser sino los de transparencia democrática y responsabilidad por el modo en que las cosas marchan y
por el sentido que tienen. Quiero decir con ello que desde luego no es aceptable una política que practique la irregularidad, es decir, algún tipo de dispositivo o de técnica que no esté estrictamente contemplada por la ley, y eso está sucediendo
con esos traslados nocturnos de extranjeros, que no resuelven ningún problema, sino que simplemente lo cambian de lugar. No es una política aceptable la que busque la confrontación en una materia como ésta, que es sensible y que produce
efectivamente alarma innegable, que no está en los discursos políticos, sino en la realidad de la sociedad de Fuerteventura y en su ciudadanía permanentemente. Sólo merced al ejercicio de la responsabilidad de las fuerzas políticas representativas,
esta realidad no se traduce en unos términos más corrosivos y más disolventes, pero está ahí en cuanto a tensión social subyacente, y desde luego no es aceptable una política vergonzante, es decir, una política carente de responsabilidad y de
control.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por favor, vaya terminando, ha superado ampliamente su tiempo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Por tanto no se trata de anunciar medidas vagas o evanescentes ni más planes sino, por el contrario, de apelar a los resultados y a los hechos. Los hechos son graves, los hechos están ahí, la sociedad está alarmada
por esa situación sanitariamente deficiente y la única política aceptable es la que garantice un control médico sanitario eficiente a todos los inmigrantes que llegan a las islas y exigimos al Gobierno que llegue a un compromiso real, financiero y
presupuestario con los ayuntamientos, los cabildos y la Comunidad Autónoma de Canarias exactamente en ese sentido, y no sólo a la adopción de buenas intenciones o de planes sin futuro, como medida de defensa ante una realidad que nos está demandando
de forma cada vez más dura que hagamos algo y no solamente que expresemos preocupación o consternación cuando sucesos tan dramáticos como el de la muerte de un keniano en comisaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor López Aguilar.
Lleva ya usted muchísimo tiempo consumido.
El señor DELEGADO DE GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Lamento, señor López Aguilar, que haya mezclado todas las cuestiones sanitarias con las no sanitarias, porque me hubiera gustado extenderme en la
contestación a toda la problemática que usted ha planteado, pero me voy a centrar sólo en las cuestiones sanitarias, porque quiere usted hechos y resultados. Nosotros, además de lo que le he dicho, que venimos dando la atención estrictamente
prevista dentro de la ley a todos los extranjeros, no sólo a los de Fuerteventura sino a todos, tenemos un convenio expreso con la Cruz Roja en el ámbito nacional, precisamente para prestar la atención sanitaria a todas las personas que llegan de
manera ilegal a nuestro país, que es nuestra responsabilidad, pero en el caso concreto de Fuerteventura además, precisamente porque somos responsables y conocemos las situaciones que se están produciendo allí, hemos reforzado un convenio específico
en el mes de septiembre para destinar a los centros de dicha isla dos médicos, dos ATS, un trabajador social, más los servicios médicos de la policía. También debo decirle que no se ha producido ninguna situación de infección o de contagio, como
usted parece deducir de esa problemática que está ahí. Tan es así que recordará que este verano se detectaron algunos brotes de varicela, que fueron inmediatamente atajados. Fueron aisladas las personas que tenían este problema, fueron desplazadas
las mujeres embarazadas y fueron atendidas por parte de la Comunidad Autónoma canaria en sus centros de salud, con la colaboración y las competencias que les corresponde a cada cual. Conviene por lo tanto no crear alarma social ni hacer grandes
discursos y utilizar esta vía para discutir otras cosas.
Nosotros en la atención sanitaria estamos siendo absolutamente escrupulosos y en la atención a la infraestructura necesaria para acoger dignamente a los inmigrantes ilegales que llegan, también. Me gustaría que compañeros suyos que
gobiernan en algunas instituciones de la Administración canaria a otros niveles facilitasen la infraestructura necesaria para que el Gobierno pudiera hacer más centros de internamiento y mejorar las condiciones en las que se encuentran los
inmigrantes que dice usted que están mal. Le recuerdo que nosotros hemos procedido a ampliar los centros de internamiento que hay en Canarias este año, estamos ampliando la terminal de Fuerteventura, también lo hemos hecho con la de Lanzarote,
hemos ampliado El
Matorral y hemos ampliado el centro que tenemos en Las Palmas.
Lamentablemente no podemos construir más porque ninguna de las instituciones, ni ayuntamientos ni cabildos, nos facilitan más espacio ni más infraestructura. Estaría encantado
de que me la facilitasen, pero lamentablemente no encuentro esa disponibilidad. No obstante, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, hemos ampliado y seguiremos ampliando nuestras instalaciones y hemos mejorado los servicios médicos, y en
cuanto al resto, que cada uno asuma las responsabilidades que le correspondan en el ámbito de cada una de sus administraciones.
- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA POSIBILITAR LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL PARA INMIGRANTES (CETI) DE ALGECIRAS (CÁDIZ) (Número de expediente 181/002866.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta relativa al funcionamiento del CETI de Algeciras, para cuya formulación tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: También yo, señor delegado del Gobierno, al igual que han hecho ya mis compañeros, le deseo suerte en su gestión y me gustaría hacerlo además por partida doble, como miembro de la dirección del Grupo
Parlamentario Socialista, y, por tanto en nombre de todo mi grupo, y como diputado por Cádiz, donde, al igual que decía mi compañero Juan Fernando López Aguilar ahora mismo, no voy a decir que suframos, pero observamos al menos, nunca mejor dicho, a
pie de playa muchas veces, desde nuestras costas cómo llega permanentemente un gran número de inmigrantes con todo lo que ello conlleva. Entro en el contenido de la pregunta. Me gustaría decirle que, como bien se imagina usted, el fondo de la
misma deja de tener sentido desde el momento en que el Ayuntamiento de Algeciras -no voy a entrar en la polémica, me parece que hay que ir a lo positivo ante un fenómeno como el de la inmigración-, después de un año de haberse terminado aquel centro
con fondos Interreg y en terreno municipal, ante lo que voy a calificar, como mínimo, de desencuentro con el Gobierno central, ha optado por destinar ese centro para menores a través de un acuerdo rápido con la Junta de Andalucía y, de hecho, ya
está funcionando. Por tanto, no es el momento de entrar en quién tiene más o menos responsabilidad y dejar el contenido de la pregunta, pero no el fondo del problema, que es conocer, si usted tiene a bien, el diseño que el Gobierno tiene para los
centros de estancias temporales en la provincia de Cádiz, en el Campo de Gibraltar, más concretamente en lugar del CETI de Algeciras, y, si me permite, también enlazándolo con el de Ceuta.
¿Por qué digo esto? Usted sabe que ahora mismo, en toda la provincia de Cádiz, en toda la parte de la orilla del Estrecho de la Península, nos encontramos con que solamente tenemos un centro para albergar temporalmente a los inmigrantes en
el antiguo acuartelamiento de la Las Palomas, en Tarifa. Solamente con la llegada permanente de este mes de agosto aquello se desborda y no hay capacidad, como bien decía Juan Fernando López Aguilar, para dispensar una atención mínimamente
humanitaria a estos inmigrantes.
A mí me gustaría, en el tono positivo que quiero plantearle la pregunta, trasladarle la necesidad, ante el intento fallido de llevar a cabo la puesta en marcha del CETI de Algeciras, de que el Gobierno estudiara la posibilidad de construir o
albergar unas dependencias que vayan entre Tarifa y Vejer, porque se está desplazando el fenómeno de la entrada irregular de inmigrantes a toda aquella zona de Vejer y Barbate. Sería muy recomendable como complemento al centro de Las Palomas, en
Tarifa, que usted sabe además que necesita una gran inversión para que sus condiciones sean óptimas puesto que es muy antiguo; que sería deseable que estudiaran esa propuesta que le planteo, no dejando pasar mucho tiempo.
En cuanto al CETI de Ceuta, usted mejor que nadie sabe que la situación ahora mismo está desbordada. No me voy a referir a las fotos que aparecen en distintos medios de comunicación. Yo mismo he podido estar recientemente y la situación
ahora mismo desborda a la ciudad, hasta tal punto que hoy mismo, como imagino que usted sabe, en muchos medios de comunicación instituciones nada sospechosas como Cruz Roja, Algeciras Acoge e incluso el propio alcalde de la ciudad de Algeciras, que
no es del Partido Socialista, denuncian que desde el CETI de Ceuta se está pagando a inmigrantes irregulares billetes de barco hasta Algeciras para soltarles en el puerto.
Me imagino que usted hoy deberá pronunciarse sobre esta situación y creo que reconocerá que es cierta, porque no sólo la denuncian organizaciones humanitarias que atienden a los inmigrantes, es que este hecho ya se dio en el pasado y fue
reconocido incluso por la propia policía. Lo que pasa es que en el pasado era algo ocasional y ahora es algo habitual los fines de semana, porque el CETI de Ceuta está desbordado.
No nos gustaría que esta situación se produjera en Cádiz. La situación en Cádiz ahora mismo es muy distinta. Yo sé que usted incluso ha estado hace unos días por allí, ha estado en una patrullera en el Estrecho, ha visto el fenómeno de la
inmigración a pie de playa, a pie de costa, y el sentimiento de solidaridad del pueblo de Tarifa, de toda la costa gaditana es muy alto. No nos gustaría que por una situación como la que está ocurriendo ahora mismo en Ceuta, desbordada ante la
falta de centros para atender a los inmigrantes irregulares, se
llegaran a producir problemas como antaño se produjeron. Por eso yo le planteo, además de esa propuesta, que me diga, en primer lugar, qué tiene contemplado con respecto al CETI de Ceuta ante el desbordamiento de la situación y además de
ello, si lo tiene a bien contestar puesto que no estaba en el orden del día, que me diga cuál es la previsión con respecto al CETI que va a sustituir al de Algeciras al no haber llegado a un acuerdo el Gobierno con el ayuntamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Como el propio señor De la Encina ha dicho, la pregunta inicialmente prevista en el orden del día ha dejado por lo visto de tener sentido. El señor De la Encina ha hecho unas propuestas y una
pregunta que no estaba prevista en el orden del día, sobre la que el señor delegado del Gobierno puede pronunciarse en los términos que quiera o no pronunciarse.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Muy brevemente, para contestar a esta cuestión aunque no esté en el orden del día porque creo que puede tener un cierto interés.
Yo tampoco quiero entrar en la polémica del CETI de Algeciras, pero sí quiero dejar claro que el Gobierno hizo todo lo posible por que el CETI de Algeciras se incorporase a la red de centros de emigrantes que tiene en el territorio nacional,
porque dentro de las previsiones que tiene contempladas el Ministerio de Trabajo a través del Imserso está la de tener un centro más en Andalucía.
Lamentablemente, el centro, como usted ha explicado muy bien, fue hecho unilateralmente por la Diputación de Cádiz y por el Ayuntamiento de Algeciras sin contar ni con el Ministerio de Trabajo ni con el Imserso ni con las previsiones que a
estos efectos el ministerio tenía. Insisto, no obstante eso, el Ministerio de Trabajo tuvo la diligencia de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Algeciras para que le facilitase la documentación necesaria para formalizar la cesión de ese
inmueble y poder construir ahí un centro de inmigraciones. Lamentablemente esa documentación no se le aportó; ese centro no se pudo incorporar al Ministerio de Trabajo y lamentablemente también se perdió la posibilidad de tener un centro de
inmigraciones allí, como hubiera sido nuestro deseo.
Con respecto al centro de Las Palomas, se lo digo claramente, nosotros estamos haciendo obras de acondicionamiento porque ante la ausencia de espacios en esa zona evidentemente estamos habilitando con la Guardia Civil alguno de los
barracones que hay allí, que usted bien conoce, para facilitar la acogida de esos inmigrantes.
En cuanto a la situación del centro de Ceuta, yo no tengo constancia, sino más bien todo lo contrario, de que se estén produciendo esos desplazamientos que S.S. dice. En todo caso, nosotros lo que queremos y lo que hemos planteado siempre
es la necesidad de hacer algún centro de acogida de inmigrantes en Andalucía, y tan pronto como tengamos la oferta para poder abordarlo el Ministerio de Trabajo y el Imserso sin duda alguna lo harán. Por cierto, la solidaridad bien entendida se
demuestra con los hechos, y a mí me parece que esa solidaridad es relativamente demostrable cuando teniendo el Gobierno la previsión, el dinero, el proyecto y el acuerdo para hacer un centro de internamiento en Algeciras el alcalde y los grupos
políticos han promovido el rechazo social expreso a esa posibilidad sin ofrecer ninguna alternativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor De la Encina, le ruego que se ciña lo más posible al asunto de Algeciras. Estamos en un trámite en el que, gracias al criterio de esta presidencia, no se elude ningún debate que se pueda
producir, pero le ruego que tenga en cuenta esta circunstancia.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
También agradezco haber entrado mínimamente pero al menos desmintiendo la pregunta que le planteaba al señor delegado del Gobierno. Le he dicho que quizá ya no es el momento de entrar en quién fue más responsable, si el Ayuntamiento de
Algeciras o el Gobierno, en no facilitar un acuerdo que hubiera posibilitado la entrada en funcionamiento del CETI, pero le quiero decir una cosa, sin entrar de nuevo en polémica, y es que precisamente el Ayuntamiento de Algeciras, ante la falta de
actuación del Gobierno y siendo especialmente necesario en esa zona un CETI, es por lo que unilateralmente acomete a través de la Diputación de Cádiz y con fondos Inter-Rea la construcción de este centro. Quizá ustedes tenían que haber visto desde
esa óptica la actuación. Le puedo decir que el 17 de septiembre de 2001, después de un año terminado el centro, se reclamó un acuerdo con el Imserso, con la Tesorería General de la Seguridad Social, para posibilitar la integración en la red. No se
llevó a cabo y después de un año yo creo que ya era hora de que se actuara. Yo entiendo la postura del Ayuntamiento de Algeciras de destinar un centro distinto, en este caso de menores. Lo que no entiendo es por qué la Junta de Andalucía en tan
sólo quince días ha posibilitado la puesta en marcha de ese centro de menores y ustedes, me imagino que teniendo problemas similares a los que ha tenido la Junta de Andalucía, no fueron capaces. Hágase esa reflexión y, en lugar de reprochar el
porqué se hace unilateralmente, entienda que se hace así porque no se adopta una postura decidida por parte del Gobierno central ante una situación desbordante de inmigración irregular, No obstante, ya le he dicho que eso es agua pasada. Ahora lo
que importa es prever una red de centros
para la provincia de Cádiz, porque son miles las entradas de inmigrantes irregulares que se producen por allí.
El acuartelamiento de Las Palomas no reúne las condiciones humanitarias.
No me voy a referir a lo que le ha trasladado ya mi compañero Juan Fernando López Aguilar sobre Canarias, pero la situación empieza a ser idéntica, y la solidaridad
efectivamente no se entiende más que con actuaciones, como usted ha dicho. Por eso le digo, para que lleven a cabo actuaciones solidarias, que desde el Gobierno se prevea este CETI que ya no va a entrar en Algeciras. Me gustaría que usted
contestara a esto.
En cuanto al CETI de Ceuta, aunque no está en la pregunta, yo creo que por la actualidad de la misma, por las denuncias de organizaciones que atienden a la inmigración irregular, merecería una reflexión porque, señor delegado del Gobierno,
hay documentos oficiales que prueban ese traslado de los inmigrantes irregulares desde el CETI de Ceuta al Puerto de Algeciras, con billetes pagados desde la propia Delegación del Gobierno. Por tanto, quizás debería analizar sus palabras cuando
salga de aquí, porque le voy a decir una cosa, al menos la postura -y ya termino- del Grupo Parlamentario Socialista es que si esos traslados -al igual que los que se hacen desde Canarias- se tienen que hacer que se hagan, por una solidaridad entre
comunidades, pero que se hagan con un acuerdo, con un conocimiento de la comunidad destinataria, del ayuntamiento donde se les pone, con unos acuerdos entre instituciones, que es lo mínimo que se espera, dentro de un espíritu de lealtad, para tratar
lo mejor posible un fenómeno como la inmigración. De lo contrario se va a encontrar con una actitud de cierto rechazo por parte de las comunidades -en este caso de la comunidad andaluza- ante la puesta en su territorio de inmigrantes irregulares de
la manera que le he indicado. Le planteo este tema también como reflexión (aunque me consta que el jueves se reunió usted con el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, que le habló de este tema, y con el delegado para la inmigración de
la Junta de Andalucía), no vaya a ser que un fenómeno que ya es difícil de por sí empiece a dar muchos más problemas de los que está dando ante la falta de diálogo que tienen ustedes con las comunidades autónomas sobre el particular.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Sé que usted no quiere polemizar, pero polemiza.
Perdóneme, pero se lo tengo que aclarar. La actitud del Ayuntamiento de Algeciras en el
funcionamiento de este CETI -y se lo voy a decir con todas las letras- no es razonable. Esa cooperación que usted dice que quiso tener la podía haber demostrado después del 17 de septiembre, del 15 de marzo, del 4 de junio, del 18 de julio y del 23
de octubre, ya que fueron las veces que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se dirigió al Ayuntamiento de Algeciras para pedirle que le aportase la documentación mínima para hacer la cesión del espacio, porque el Gobierno estaba dispuesto a
asumirlo. Lo único que le pedía era algo tan sencillo como que le diera todos los datos administrativos y urbanísticos, que le facilitase las licencias, los permisos de apertura, las acometidas de luz, de agua, de saneamiento, etcétera. ¿Sabe
usted por qué? Porque estaba construido en un terreno rústico no edificable, según la calificación que tenía ese propio suelo por parte del ayuntamiento.
Nosotros estábamos dispuestos a asumirlo si el ayuntamiento facilitaba toda esa documentación
y la subsanaba, porque, que yo sepa -y espero que en la Junta de Andalucía sea igual-, no se puede inscribir ni aceptar un inmueble que no reúne las condiciones de legalidad.
Usted me pregunta que por qué fue posible que la Junta de Andalucía lo asumiera en 15 días. No lo sé, pero le aseguro que este verano hablé expresamente de este centro con el señor consejero de Gobernación del Gobierno andaluz, señor
Perales -que precisamente me manifestó esta misma preocupación-, y le dije que estábamos dispuestos a asumir inmediatamente ese centro. Le volví a reiterar por escrito los informes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que, en el caso
de que fueran subsanados, el Gobierno se hiciera cargo de ese centro. La respuesta fue la noticia aparecida en los medios de comunicación de que el señor alcalde lo ofrecería para un centro de menores, sin haberse dirigido en ningún momento -y
después de esos requerimientos- al Gobierno ni a la delegación ni al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que tendría que ser su interlocución natural. No me pregunte por qué ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía, porque no lo sé.
Me imagino que con que usted analice de quién es la competencia para subsanar la infracción urbanística probablemente podremos encontrar algún tipo de solución.
- DEL SEÑOR SANJUÁN DE LA ROCHA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE EL NÚMERO DE INMIGRANTES RESPECTO DE LOS QUE SE HA DICTADO UNA ORDEN DE EXPULSIÓN SIN QUE HAYA PODIDO SER CUMPLIMENTADA Y MEDIDAS PARA QUE ESTAS PERSONAS NO PERMANEZCAN
DE MANERA INDEFINIDA EN LA MARGINALIDAD. (Número de expediente 181/002884.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6 del orden del día, para cuya formulación tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Al igual que todos los anteriores intervinientes, quiero saludar al delegado del Gobierno para la inmigración y agradecerle su presencia en esta Comisión.
Mi pregunta es para tratar un asunto que demuestra la complejidad del fenómeno de la inmigración. El tema que le planteo en mi pregunta es un ejemplo claro de esa complejidad, pero permítame que le diga una cosa: durante bastantes años he
estado asistiendo a una simplificación absoluta y total en este tema por parte del Gobierno y, a veces, se dice que la inmigración es la causa o la consecuencia de muchos problemas que existen en nuestro país.
El problema complejo está planteado muy claramente, tenemos gran número de inmigrantes, generalmente subsaharianos, que entran de manera irregular en nuestro país después de haber cruzado media África; logran llegar a España, a la
Península; son recogidos en unos de esos centros de los que se ha hecho mención aquí y están durante 40 días en las condiciones que usted conoce mejor que yo o tan bien como yo; y después de esos 40 días se les da un expediente, una resolución que
los expulsa y/o permanecen en libertad en el lugar al que han llegado, o a lo mejor, si tienen suerte, se les traslada a otra provincia, a otra comunidad autónoma, y allí se les pone en libertad sin ninguna posibilidad por parte del Gobierno, por
parte de la Administración, de efectuar aquello que el expediente resuelve, que es su expulsión del país. No se les puede expulsar y las razones las sabe usted, o los países están en guerra y ellos no han ejercitado la petición de asilo y refugio
porque no se les ha explicado que pueden hacerlo, porque el grado de ignorancia en que vienen a este país es grande, o porque las circunstancias en las que llegan a lo mejor, medio enfermos, etcétera, les imposibilita hacer esa petición, o
sencillamente por algo más fácil: el país de donde vienen desconoce su propia existencia, y aun cuando ustedes los quieran devolver a ese país, es absolutamente imposible porque el país no los reconoce como nacionales y no se puede hacer nada, no
se les puede expulsar. Porque después de lo que ocurrió en el año 1997, cuando teníamos un problema, que afortunadamente hemos solucionado ya, eso de tirarlos a tresbolillo por el resto de África, eso ya no se estila, ya no se puede hacer. Desde
ese punto de vista nos encontramos con que esas personas están en España sin más documentación que la orden de expulsión, sin posibilidad ninguna de poder trabajar en nuestro país, en una situación absolutamente irregular, pero están viviendo aquí.
Y ¿qué hacemos? Pues el qué hacemos frente a esa situación compleja, qué solución damos a esa situación de marginalidad que coloca a esas personas en la situación de ser explotados por empresarios sin escrúpulos en algunos casos, o en otros casos
de caer en poder de mafias, o cuando son mujeres teniéndose que dedicar a la prostitución, tiene que ser una solución distinta de esa simplificación que significa: pues son irregulares y la situación es que van a estar toda su vida en la
marginalidad y, por consiguiente, toda su vida en una situación de irregularidad. Yo lo que quiero preguntarle al señor delegado es cuál es ese número de inmigrantes respecto de los que se ha dictado una orden de expulsión sin que haya podido ser
cumplimentada, y qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para que estas personas no permanezcan de manera indefinida en la marginalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN ( González González): Gracias por la bienvenida.
Ha empezado haciendo una referencia a la complejidad del problema que, como he dicho esta tarde, comparto, y además ha aludido a que está bien que nos alejemos de la simplificación del problema que al parecer se ha venido haciendo, según
usted, por parte del Gobierno. Lo primero que le diría es que lo que no debe hacer usted es caer en el mismo error que acaba de criticar, y yo creo que no debemos de simplificar tampoco este problema que usted acaba de poner de manifiesto porque el
análisis de la situación de la gente que llega en situación de ilegalidad, de cómo llega, de cómo se la trata, de cómo se la devuelve, como usted ha dicho muy bien, es una parte más de la problemática de la inmigración y compleja. Por tanto, no
creo que lo podamos reducir simplemente al análisis de que ustedes no los expulsan y los condenan a no tener nada que hacer el resto de su vida, porque eso es simplificar de nuevo el problema y no se ajusta -perdóneme que se lo diga- a la realidad.
Es verdad que llegan a nuestro país muchas personas -y no sólo subsaharianas- por vías ilegales. En muchos casos, esas personas saben que vienen de manera ilegal. Desgraciadamente, son explotados y engañados por mafias organizadas que les
dicen que, si vienen sin reconocer de dónde son y sin documentación, tienen más posibilidades de quedarse de manera ilegal en nuestro país esperando a ver si pueden encontrar un procedimiento de regulación indirecta. Esa es la situación y esa es la
primera cuestión.
Segunda cuestión: no es cierto que no se les pueda expulsar. ¡Claro que se les puede expulsar! En estos momentos, tenemos convenios con la mayor parte de los países con los que tenemos mayores flujos migratorios.
Únicamente no tenemos
convenios con países del África subsahariana, que son a los que S.S. se ha referido. Sin embargo, tenemos un magnífico convenio con Marruecos, país a través del cual vienen todos estos
inmigrantes subsaharianos que tendrían que ser devuelto al país de tránsito en aplicación de dicho convenio; aplicación que Marruecos no permite. Es decir, que son expulsables y se les podría expulsar si Marruecos cumpliese con las
determinaciones del convenio.
Quiero señalarle que hemos apostado por combatir la inmigración ilegal fortaleciendo la política del control de fronteras y aumentando el número de repatriaciones. Y no lo hemos hecho porque se nos haya encendido la luz a nosotros solos,
sino porque es la política general que impulsan los países de la Unión Europea; todos tienen un problema parecido y todos aplican la misma solución. Le decía antes que, si no expulsamos, fracasamos; si expulsamos más, resulta que no expulsamos a
los suficientes; si atendemos desde el punto de vista humanitario, no atendemos lo suficiente; si no atendemos, estamos condenando a estas personas a la explotación. Es un círculo vicioso. Por cierto, que me parece muy bien la oferta de diálogo
y las sugerencias del Partido Socialista, pero todavía no he oído una propuesta alternativa a nuestras actuaciones en estos casos.
He dicho muchas veces que expulsamos casi todo lo que podemos expulsar.
(El señor Sanjuán de la Rocha: A casi todos.) Perdón. Si no les expulsamos, no es porque no queramos, sino por atenernos a los términos establecidos por la ley.
Cuando la orden judicial ordena -por peticiones de asilo, por suspensiones contenciosas de la ejecución de los actos o por cualquier otra circunstancia- su puesta en libertad y la no ejecución de la orden de expulsión, no nos queda más remedio que
poner en libertad a esa persona para ser rigurosos con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales. En esta situación se producen la mayoría de los casos de internamiento en centros, aunque a usted le parezca sorprendente.
Del año pasado a este y comparando períodos iguales, hemos multiplicado por tres las resoluciones de repatriación dictadas; y hemos multiplicado por más de tres la ejecución de esas resoluciones, devolviendo a esas personas a su país.
Además, hemos aumentado las repatriaciones, que en estos momentos se llevan a cabo por alguna de las vías que establece la ley, en más de 50.000 personas; y lo vamos a seguir haciendo. Mientras tanto, para atender a las personas que están en este
país y que no pueden ser devueltas al suyo con una orden de expulsión, les facilitamos la atención humanitaria necesaria para que tengan un trato digno mientras estén aquí. Hacemos convenios con las comunidades autónomas, tenemos convenios con las
organizaciones para plazas de acogida y tenemos convenios con las distintas administraciones también para el tratamiento de estas personas. Sí, eso está previsto dentro de las políticas de asignación del gasto del reparto del IRPF, precisamente
para este tipo de tratamientos. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos meses, sin perder de vista que nuestro objetivo para ordenar la inmigración ilegal, para combatir la mafia, en defensa de estas
pobres personas que en muchas ocasiones son explotadas por esas mafias, es seguir fortaleciendo la coordinación con Europa en la lucha contra la inmigración ilegal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor delegado del Gobierno, usted ha dicho que no me ajusto a la realidad del problema y que he simplificado. Yo le digo: dígame en qué es distinta la situación a lo que yo he planteado, porque la situación
que le planteo a usted es muy simple, pero es una situación extrema en la solución. Lo difícil es solucionarla, pero la situación es muy simple. La situación es que hay personas que vienen de manera irregular a este país -ese es el problema, no
cabe simplificarlo-, que están de manera irregular en España, a los que ustedes han dado una orden de expulsión en cumplimiento de la ley y que quedan en una situación de marginalidad porque la orden de expulsión no puede cumplirse. No entre usted
en el juego de palabras de que son expulsables pero no se les puede expulsar. Desde el mismo momento en que usted dicta una orden de expulsión, son expulsables. Usted ha dictado una orden, ha hecho un expediente y, al final, es expulsable, como
cualquier persona que entra de manera irregular en cualquier Estado. Pero ocurre que la expulsión no puede ejecutarse, por muy expulsable que sea. Ese es el problema que le estoy planteando y usted a ese problema no responde. Lo único que me dice
es que tienen ustedes un convenio con muchos países. No estoy hablando de los países con los que España tiene convenio. Tenemos convenio con Marruecos y todos los días, cuando vienen pateras con personas de nacionalidad marroquí, éstas son
devueltas a Marruecos en un plazo breve, de días o de horas a veces. El problema se da con las personas a las que hago referencia en mi pregunta, que son los inmigrantes subsaharianos, de países con los que no tenemos convenio; personas que no son
reconocidas por su propio país como nacionales y que, por consiguiente -sin utilizar la palabra expulsables-, no pueden ser expulsados y al no poder ser expulsados tienen que permanecer en nuestro país; permanecen en nuestro país en una situación
de muy grave marginalidad, a mi juicio. No diga usted que tienen acuerdos y convenios con las comunidades autónomas porque en muchísimas ocasiones, cuando ustedes los trasladan -bien trasladados, no crea que le critico por eso- desde Canarias,
porque no caben ya más, a otros lugares de la Península, ustedes no comunican a esas comunidades autónomas que han trasladado a esas personas; los ponen en libertad a las pocas horas, los dejan en la calle y se van, naturalmente, a las
organizaciones no gubernamentales que hay para ser atendidos de alguna manera. Esa es la situación y la pregunta se la hago a usted intentando no simplificar,
intentando reflexionar juntos, aunque a mí no me corresponde desde luego dar una solución de gobierno. No me pida alternativas, bastante hago con plantearle el problema. No me pida a mí alternativas; son de ustedes, que han sido tan
sabios que cambiaron todas las leyes habidas y por haber y que dijeron que con esas leyes iban a resolver todos los problemas. Yo sólo le planteo un problema y estamos dispuestos a colaborar con ustedes en una solución. Lo mismo que les digo que
me parece bien lo que hacen con las personas que están en Canarias, donde ya no caben más, que es trasladarlas a la Península y no les critico por eso, sin embargo sí les critico que no se lo digan ustedes a la comunidad donde los llevan, que no
intenten de alguna manera solucionar esta situación para el futuro. Le estoy preguntando qué solución van a adoptar, porque alguna solución tendrá que tener esta situación de marginalidad. El problema es que cada vez son más, aquí, en Italia, en
Grecia, en Francia, en Alemania, cada vez son más y a lo mejor esos países tienen procesos de solución específicos para estos problemas. Nosotros nos hemos cerrado todas las puertas. Aparentemente hemos cerrado todas las puertas y yo le digo que
piensen ustedes a ver por dónde abren una puerta pequeña -pequeñita, si ustedes quieren, todo lo pequeña que quieran- para empezar a solucionar los problemas de estas personas. Y no se expulsa a todo lo que se puede expulsar; se expulsa a todos
los que se pueden expulsar, que son personas.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor Sanjuán, no he pretendido hacer ningún juego de palabras. Simplemente le he dicho que no simplifiquemos el problema de cuáles son expulsables,
cuáles no y por qué. Lo único que quiero dejar claro es que la política es expulsar a las personas que llegan de manera ilegal a nuestro territorio, y no siempre y no en la mayoría de los casos no son expulsados no porque el Gobierno no quiera,
sino porque tenemos que estar a las resoluciones de las autoridades judiciales. Primer tema.
Segundo tema. Le he explicado cuál es el tratamiento que nosotros estamos dando a estas personas. Lo único que nosotros podemos hacer con estas personas es darles el mejor tratamiento y ayuda humanitaria posible, en colaboración con los
servicios sociales básicos y en colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Para ello hay un programa de colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones no gubernamentales, a través de la firma de convenios que
realiza todos los años el Ministerio de Trabajo con las distintas comunidades autónomas en el ámbito de la conferencia sectorial y convenios bilaterales para esta materia. Dentro de esos convenios sectoriales, el Gobierno este año ha dedicado
3.735.891 euros a un programa de cofinanciación con las comunidades autónomas precisamente para programas de acogida de esta población. También hay convenios bilaterales con cada una de las comunidades autónomas para actuaciones conjuntas en
materia de acogida básica a inmigrantes, que en el presente año tiene una dedicación de 5.258.856 euros. Además, existen convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales precisamente para crear plazas de acogida y atención a estos
inmigrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, y como les decía antes, hay un plan de creación de centros de migraciones por parte del Ministerio de Trabajo en el Imserso que tiene, además de los seis centros ya
existentes, la previsión de crear dos centros más en Canarias, uno en Andalucía, uno en Murcia, uno en Valencia y uno en Cataluña. Para todos estos centros en el presente año existe una previsión de más de 9 millones de euros, que duplican los
4.800.000 del año pasado. Además, a través de la reasignación tributaria del 0,52 del IRPF se financia a las organizaciones no gubernamentales distintos programas de atención para inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Quiero señalar también
que, a lo largo del año 2002, nosotros hemos firmado un acuerdo con Cruz Roja española precisamente para que las personas que se ven en la situación que dice S.S. sean atendidas en sus centros cuando se produce la salida de los centros de
internamiento.
Le agradezco que nos diga que ustedes quieren colaborar en la solución, pero al margen de las propuestas y del esfuerzo que estamos haciendo no le he oído a usted ninguna solución. Lo que sí le he oído es que no tienen alternativas; pero,
en fin, desgraciadamente eso ya lo sabíamos.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE LAS CAUSAS DEL DESCENSO TANTO DE SOLICITANTES DE ASILO LLEGADOS A LAS FRONTERAS ESPAÑOLAS COMO DEL PORCENTAJE DE ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS MISMAS. (Número de expediente
181/002892.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7. Tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, yo también quiero darle la bienvenida a esta Comisión. Al menos esta tarde el tono ha sido distinto y se lo agradezco, aunque sólo sea por la modestia de las preguntas que a veces hago.
No ha sido una tarde de confrontación y de falta de respeto como tan frecuente fue en el pasado.
Cerramos el capítulo de inmigración y abrimos otro que está perfectamente relacionado, pero no exactamente,
con la inmigración: el refugio y el asilo. Es otro tema. Yo quiero dejar claro, como lo es para usted -no me cabe la menor duda-, que el asilo y el refugio tiene poco que ver con la inmigración, aun cuando tiene puntos de contacto muy
importantes que lo hacen especialmente difícil de abordar precisamente por ellos. Cuando a finales del siglo XX los flujos migratorios se han convertido en masivos, el refugio y el asilo se han visto de alguna forma afectados, y no para bien
precisamente. Todos conocemos las normas, cuáles son los tratados internacionales, la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York de 1967, la Ley de refugio y asilo de 1984, reformada por la de 1994 en nuestro país, y conocemos
también por qué las personas huyen de sus países. No me voy a alargar sobre el tema porque creo que todo este escenario lo podemos compartir. Sin embargo, a partir de hace un par de años, y acentuado después del 11 de septiembre, la situación del
refugio y asilo se ha visto, no en España sino en todos los países de Europa -y eso se lo voy a reconocer-, en graves dificultades por varias razones; supongo que convendremos en que pueden ser estas y otras más que probablemente olvide, pero la
primera de ellas es la dificultad de acceso a nuestros países. El ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, contabiliza aproximadamente unos 29 millones de refugiados y otros 25 millones que no están contemplados en el
estatuto de refugiados pero que son desplazados externos o internos dentro de sus países debido a los conflictos bélicos en su mayor parte. Es decir, representan una cifra aproximada de unos 50 millones de personas de las cuales el 75 por ciento lo
componen mujeres y menores. Podríamos decir que la foto de los refugiados tiene una cara femenina y de menores. También nos dice el Alto Comisionado que sólo llegan a los países europeos el 6 por ciento de ese contingente de seres humanos. La
mayor parte, el 94 por ciento -y usted lo sabe, como todos nosotros lo sabemos- se queda en los países limítrofes: los iraquíes están en Irán, los afganos están como estaban en Paquistán, los liberianos están en Sierra Leona, y así sucesivamente en
una larga y trágica historia que en 1951, en pleno periodo de la guerra fría, los que redactaron la Convención de Ginebra probablemente no podrían creer que 50 años más tarde estuviéramos tal y como estamos hoy, con más refugiados que en el momento
en que la Convención de Ginebra nació.
Nuestro país ha tenido poca demanda de refugiados y asilados desde 1984.
No hemos sido un país tradicional de asilados; hemos sido una tierra de exiliados. Sólo a partir de 1984 y posteriormente de 1994 nos convertimos en tierra de asilo,
pero España sigue siendo un país poco atractivo para los refugiados. No somos uno de los países más ricos del mundo, no se nos conoce en zonas muy lejanas y los refugiados se mueven por el boca a boca, pero en estos últimos años ha pasado algo
extremadamente importante y es que África es en este momento un continente asolado por guerras tribales y civiles, no sólo por agentes estatales de persecución sino por agentes no estatales, guerrillas no consideradas como ejércitos regulares,
poblaciones que pertenecen a etnias distintas de las que están en el poder, grupos de población con confesiones religiosas distintas de las que están en el poder; todo ello configura un escenario en el que a través de Marruecos, y a través de las
mismas fronteras por las que entran los inmigrantes irregulares, entran los demandantes de asilo y refugio. Fuerteventura, Lanzarote y Tarifa, además de Barajas y el aeropuerto de El Prat, son los cinco puntos por donde entran los demandantes de
asilo. Como digo, han bajado las demandas. Hay una guerra de cifras entre la Oficina de Asilo y Refugio y el propio ACNUR; no se ponen de acuerdo. Voy a ser respetuosa con las cifras de los seis primeros meses del año 2001, puesto que no encajan
y por tanto no voy a usarlas, pero es verdad que ha bajado el número de demandantes, y ha bajado por varias razones: porque no se discrimina suficientemente bien la atención a demandantes de asilo y refugio en fronteras, porque no tienen suficiente
asistencia letrada, porque los folletos informativos no están en todos los puntos de entrada para que los demandantes de asilo y refugio obtengan la información que necesitan, porque a las organizaciones legalmente establecidas no se les deja
acceder a la atención letrada a los demandantes de asilo y refugio, y así sucesivamente.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, haga la pregunta, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Este goteo de datos hace que esté empezando a ser alarmante lo que está ocurriendo en refugio y asilo. No estamos hablando de inmigración económica sino de gente que tiene, digamos, garantías subjetivas de que su
vida y su seguridad están amenazadas. Es verdad que no siempre pueden probarlo, como exige el Convenio de Ginebra, pero muchas veces sí. Además, existen razones de género: mujeres que huyen de la mutilación genital, de los matrimonios forzados y
prematuros, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, concluya el primer turno, que luego podrá volver a usar la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, me gustaría que pudiéramos reflexionar conjuntamente y que me aclarara algunos de los puntos que le he planteado.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Le agradezco la bienvenida y el tono
de las intervenciones, señora Blanco. Desde luego, mi intención es no tener una confrontación con nadie. Podremos discrepar políticamente, pero le aseguro que no tengo la intención, ni mucho menos, de faltar al respeto a nadie. Si alguien
se ha sentido así, lo siento; nada más lejos de mi intención.
Usted pregunta cuáles son las causas de la minoración de las peticiones de asilo y refugio. No las sé. Imagino que, como usted ha explicado muy bien, son muchas y muy complejas y diversas. Usted ha señalado una que puede tener una cierta
importancia, el fenómeno de la inmigración masiva que se ha producido en los últimos tiempos. Probablemente este fenómeno de la inmigración masiva haya hecho que se haya tendido a ir más por la vía de la inmigración ilegal para tratar de
encontrarle solución. A lo mejor eso ha tenido algo que ver. Yo no lo sé. Los problemas son múltiples, de distinta naturaleza e imagino que podemos analizarlos. De hecho, nuestra Oficina de Asilo y Refugio funciona francamente bien y estudia
cuáles son esas circunstancias que se están produciendo.
Ha dicho una cosa que no casa con este planteamiento; por lo menos a mí me ha parecido que es contradictorio. Ha dicho usted que no tenemos asilo y refugio porque no somos conocidos, porque somos poco atractivos, etcétera. Yo creo que no
es así. Si nosotros tenemos una inmigración económica masiva probablemente sea porque nos conocen demasiado y, además, resultamos bastante atractivos; si no no tendríamos esa inmigración masiva. Eso explicaría también que haya venido más gente
por la vía de la inmigración que por la vía del asilo y refugio. Sí le digo que en todo caso, sin entrar en consideraciones de cifras, para nosotros las solicitudes de asilo son un derecho individual de la persona y puede hacerlas libremente
siempre que concurran las circunstancias que legalmente las amparan. En cuanto a las admisiones a trámite también dependerá, lógicamente, de que las solicitudes acrediten que son personas perseguidas y que por tanto están necesitadas de protección
conforme a la Convención de Ginebra, a los convenios internacionales y la legislación vigente. En ese sentido creo que España no se diferencia nada -como usted bien decía- del resto de los países de la Unión Europea, donde, por cierto, el año
pasado las peticiones de asilo se han incrementado más que en el conjunto de los países de la Unión Europea. Sinceramente creo que ni las políticas de asilo ni las políticas de refugiados se puedan medir en buenas o malas si damos mucho asilo o
mucho refugio; no. Se trata de darlo a aquel que reúna la condiciones estipuladas, tanto en la ley como en los convenios internacionales, para ser beneficiario del derecho y de la protección que estas normativas tratan de dar. Creo que no se
produce ninguna de esas circunstancias que usted dice de que no hay asistencia letrada, de que no existe información, de que no hay acceso a estas personas. Pienso que no es así. Como usted sabe, la asistencia letrada está garantizada a través de
los convenios con los colegios oficiales de Abogados, a los que les corresponde darla, y por tanto está previsto en las estipulaciones que señala la ley y los convenios. Creo que existe suficiente grado de información en relación con estas
peticiones. Otra cosa es que las personas quieran utilizar una vía u otra para conseguir una mejor situación desde el punto de vista de su posición en nuestro país, pero entiendo que el tratamiento que se da es escrupuloso con los requisitos de
legalidad en estos casos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, yo no estoy de acuerdo en que el tratamiento sea tan escrupuloso últimamente. Hay puntos de entrada de la inmigración irregular por los que entran también los demandantes de asilo y
refugio. Lo he dicho antes. Tres puntos fundamentales son Fuerteventura, Lanzarote y Tarifa, y es donde más dificultades hay; probablemente en los aeropuertos haya muchas menos. La discriminación entre un inmigrante irregular o económico y un
demandante de asilo y refugio en esos tres puntos fronterizos es claramente insuficiente. Tenemos datos para poder decir esto. Le ruego que intente por lo menos analizarlo porque es extremadamente importante el respeto al asilo y refugio. Los
cinco países de procedencia son los siguientes: Nigeria, Colombia, Argelia, Cuba y Sierra Leona. La exigencia de visado normalizado, por ejemplo, para los ciudadanos colombianos y cubanos ha hecho que descendiera prodigiosamente la demanda de
asilo y refugio. Hay otros países -usted lo sabe también- que tienen otro tipo de visado en origen, en las embajadas de los países a los que quieren huir, visados humanitarios que facilitan su salida porque hay causas justificadas de persecución y
llegan así con un visado previo.
El informe del Alto Comisionado sobre Colombia, que comparte la CIAR por cierto, es demoledor. No se puede pensar que el 97 por ciento de las solicitudes de ciudadanos colombianos demandantes de asilo y refugio no sean admitidas a trámite.
Es como negar que Colombia está sufriendo una gravísima guerra civil y un gravísimo conflicto. Si nos atenemos a esas cifras, ¿podríamos decir que Nigeria es un país donde no se violan los derechos humanos y sin embargo no se acepta casi el 94 por
ciento de las solicitudes, y que en Argelia, Sierra Leona y Cuba, fundamentalmente los ciudadanos cubanos que piden asilo y refugio están debidamente documentados? Hay países que son indiscutibles y hay personas que a veces no son perseguidas por
agentes estatales (un problema que he mencionado en la primera parte de mi intervención) cuestiones sobre ley que le pediría que estuviera especialmente sobreaviso. ¿Por qué? Porque la CIAR y la Oficina de Asilo y Refugio se fijan fundamentalmente
en la persecución
estatal, pero la persecución por agentes no estatales es la mayoritaria en este momento dado el tipo de conflictos que tenemos en el mundo. Y la admisión a trámite por razones de género no está contemplada específicamente, aunque es verdad
que los países, incluido Estados Unidos, están avanzando hacia el reconocimiento de asilo y refugio por razones de género.
No vamos a entrar en una guerra de cifras; yo no quiero caer en ello, de verdad, entre otras cosas porque no están confrontadas. Hasta que las cifras no sean oficiales, hasta que la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y
ACNUR nos den las cifras oficiales no voy a manejarlas, pero sí le pido que sea especialmente cuidadoso en los puntos sobre los que le estoy llamando la atención, primero, porque este país sufrió demasiado...
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, termine, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Termino, señor presidente.
Este país ha sufrido mucho durante demasiados años. Lo sabemos y ahora lo podemos ver en la exposición sobre el exilio: un millón de españoles tuvieron que dejar nuestra patria. La sociedad no debe hacer oídos sordos. Debemos ser un país
de acogida al refugio y asilo, y más aún con países que lo fueron con nosotros en su día como algunos latinoamericanos.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señora Blanco, estoy totalmente de acuerdo con usted en la filosofía. Siempre me encontrará en todo lo que sea garantizar los derechos de las personas
que estén en esta situación porque me parece que es lo razonable y, además, para eso están las convenciones internacionales que regulan este asunto y también nuestra legislación.
Nuestra legislación de asilo es de las más garantistas que hay en
Europa y por tanto creo que es buena. Además de ser una legislación garantista, tenemos algo muy bueno y es que incorporamos a ACNUR a la gestión de todas nuestras peticiones. Por los datos que he visto desde mi incorporación a la delegación,
prácticamente el cien por cien de las resoluciones que se dictan -para ser exactos, el 97,9 por ciento- se hacen con la conformidad de ACNUR. Luego entiendo que según los criterios que estamos estableciendo en la ley y en la defensa de las
garantías jurídicas que corresponden a las personas que piden asilo, refugio y algún otro tipo de cobertura en esta situación, estamos siendo absolutamente escrupulosos en la contemplación de estas situaciones, en la defensa de esos derechos y en la
aplicación de la ley y de los convenios internacionales. En el mismo período, de las resoluciones que ha dictado la Oficina de Asilo y Refugio y que han sido recurridas -todas son susceptibles de recursos y, por tanto, son también garantistas en la
impugnación de los derechos ante los tribunales- el 96,8 por ciento se ha sido estimado a nuestro favor. En este sentido, el funcionamiento de la Oficina de Asilo y Refugio y la aplicación y la garantía de los derechos de las personas que se
encuentran en esta situación están en nuestro país en unas condiciones francamente buenas. Tenemos un sistema, como decía, absolutamente garantista. La incorporación de ACNUR es una cosa buena que de alguna manera está legitimando y ayudando a que
la aplicación por nosotros de esas previsiones legales y de los convenios internacionales se esté haciendo correctamente. Por tanto, dejar cualquier sombra de ayuda por encima de la aplicación del sistema de asilo y refugio en España creo que no es
razonable; está funcionando bien y aquí garantizamos todos los derechos.
Ha hecho usted referencia al visado que se ha establecido para países como Colombia o Cuba. He creído entender que hay una unanimidad en la política de visados a estos países prácticamente de todos los grupos de la Cámara, y entiendo que
del suyo también por las manifestaciones públicas que se han hecho. Por tanto, no sé si usted lo que me está diciendo es que no habría que haber puesto el visado a Colombia y a Cuba, pero si es así está muy alejada de la situación. Por otra parte,
si como consecuencia de la interposición del visado se ha producido una minoración de las peticiones de asilo o refugio, yo no quiero concluir como aparentemente pudiéramos hacerlo porque me parece que es una vía muy, muy peligrosa.
Como usted ha
dicho muy bien, normalmente las soluciones de asilo y refugio por disposiciones de ACNUR se hacen en el entorno de los países, esa es la actuación que se está realizando, pero en el ámbito de la Unión Europea existe una serie de iniciativas
discutidas en la reunión de los ministros de Justicia e Interior, bajo presidencia danesa, precisamente para analizar -y usted lo sabrá- el concepto del tercer agente. En la medida en que se vaya avanzando en la definición de conceptos comunes en
el ámbito de la Unión Europea para que todos apliquemos la misma política y los mismos criterios en materia de asilo y refugio, precisamente para que no existan fisuras desde el punto de vista de las distintas interpretaciones, nosotros seguiremos
en esa dirección y acataremos la decisión que al final el grupo de trabajo que está haciendo estos estudios resuelva y que se transformará en una directiva que nosotros en su momento incorporaremos al derecho español, como no puede ser de otra
manera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.