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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 560, de 26/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 560
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA REYES MONTSENY MASIP, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 26
celebrada el jueves, 26 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Decisión de la Comisión sobre las solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con el proyecto de ley de reforma del sistema de protección por desempleo. (Número de expediente 121/000100.) ...
(Página 17946)
Proposiciones no de ley:
- Sobre reforma de la ley del voluntariado. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001374.) ... (Página 17948)
- Relativa al voluntariado social de los mayores. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001494.) ... (Página 17948)
- Sobre desarrollo del marco reglamentario de la ley del voluntariado.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001524.) ... (Página 17948)
- Relativa a la aplicación de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/001425.) ... (Página 17951)
- Relativa al procedimiento de recaudación de la Seguridad Social.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001539.) ... (Página 17954)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
DECISIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE COMPARECENCIA FORMULADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 121/000100.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Buenos días, señorías.
Iniciamos la sesión de esta Comisión de Política Social y Empleo.
La presidencia, porque creo que todos los grupos estarán de acuerdo, introduce un asunto previo, sobre decisión de la Comisión en las solicitudes de comparecencia solicitadas por parte del Grupo Socialista en relación con el proyecto de ley
de reforma del sistema de protección por desempleo.
Aunque este es un tema ya debatido, esta presidencia considera que, tal como prevé el Reglamento, se puede dar un turno de palabra al grupo que ha solicitado las comparecencias. Yo pediría brevedad, porque el orden del día es largo.
Cedo la palabra a la señora López i Chamosa para que defienda lo que estime conveniente.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Tomo la palabra por un tiempo muy breve. El Grupo Socialista, como bien sabe la Mesa y los portavoces, ha solicitado que los agentes sociales y el secretario de Empleo comparecieran en esta Comisión durante el
debate de la ley de la reforma por desempleo. Dada la transcendencia de esta ley, las personas a las que afecta y la protesta y alarma social que ha creado en este país, entendíamos que los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios,
el presidente de la CEOE y el secretario general de Empleo podían darnos una visión que podría influir a la hora de tomar la decisión y debatir las enmiendas. La Mesa y portavoces ha debatido en dos ocasiones respecto a las comparecencias y uno de
los argumentos que se ha barajado para rechazarlas es que no es habitual en el transcurso del debate de las leyes y que además se creía que no iban a aportar nada nuevo a la posición mantenida a través de los medios de comunicación.
En aras de la brevedad sólo voy a decir dos cosas. Recuerdo que en 1997, cuando reformamos la Ley de la Seguridad Social, en esta misma Comisión comparecieron los secretarios generales de Comisiones, de UGT y ELA-STV y también la CEOE.
Durante la reforma del año pasado también comparecieron los sindicatos y la patronal en la ponencia para dar su visión ¿Qué diferencias aquellas dos leyes de esta ley? Que aquellas dos procedían de un acuerdo con el Gobierno y en esta ocasión, no.
La sensación que le queda a uno es que el Grupo Popular pretende que cuando hay que tramitar una posición diferenciada o en la que se discrepe, es evidente que no quieren dar una oportunidad en los mismos términos que las otras veces.
Si esta ley
hubiera venido de un acuerdo con los agentes sociales no tendríamos problemas en que vinieran y nos explicaran su posición.
Perdemos una oportunidad de que los agentes sociales nos hablen de sus opiniones y que conste en el 'Diario de Sesiones'
para que después lo puedan leer los estudiosos, ya que a todos nos gusta que nuestra posición quede reflejada. Sería fundamental y nos podría ayudar mucho durante el debate. No es lo mismo leer las posiciones de los agentes sociales en los medios
de comunicación que, con todo el respeto a los mismos lo trasladan como pueden. Y también pedíamos la comparecencia del secretario general de Empleo, porque esta ley ya lleva unos meses de vigencia como real decreto y por tanto sería importante que
nos expliquen la incidencia que está teniendo; eso nos daría una visión para dejarla como está o modificarla.
Termino pidiendo al Grupo Popular que reflexione y reconsidere la posibilidad de que vinieran los agentes sociales, bien sea en Comisión o en ponencia. Nos daría igual.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Antes de proseguir y cederle la palabra al representante del Grupo Popular, quería decirle a SS. SS. que todas las votaciones serán al final de la sesión, no antes de la 1,30.
(El señor
Campuzano i Canadès pide la palabra.)
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Pido la palabra a los efectos de posicionarnos ante la propuesta del Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El Reglamento está claro, señor Campuzano. Habíamos dicho que la presidencia podía dar por debatido este punto.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Intuyo que, si responde el señor Azpiroz a la intervención de la señora López i Chamosa, lo normal sería que el resto de los grupos también lo hiciéramos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Con muchísima brevedad, señor Campuzano, por favor.
Doy antes la palabra a don Antero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Insisto en pedir mucha brevedad porque esto es es una concesión de la presidencia.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Intervendré con suma brevedad para apoyar la propuesta que se hace desde el Grupo Socialista y por razones obvias, porque nos encontramos ante un proyecto de ley que no es cualquier proyecto de ley. Es un
proyecto de ley que ha ocasionado conflictividad recientemente en nuestro país y que ha ocasionado una contestación, en forma de huelga general de millones de trabajadores, que a estas alturas nadie puede negar. A nosotros nos parece que es
importante la aportación de los agentes sociales al desarrollo de este proyecto de ley en la fase en que nos encontramos, enmiendas parciales.
El argumento de que sabemos lo que van a decir no es un argumento que sirva para rechazar esta
comparecencia. Por tanto, pedimos que se tenga en cuenta la solicitud de comparecencia de los agentes sociales que se acaba de hacer, porque contribuiría de manera positiva al desarrollo definitivo de la aprobación de esta ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sin entrar en el fondo de la cuestión, la opinión que el conjunto de los agentes sociales puedan tener sobre el contenido del real decreto y las consecuencias derivadas ya de su aplicación, quiero decir que no
se trata de cómo articulamos en esta Cámara la participación de los grupos sociales, de los agentes sociales en los debates de carácter legislativo. Desde la perspectiva de Convergència i Unió es evidente que debiéramos buscar maneras estables y
organizadas de producir el debate. Si hablamos de la cuestión concreta que nos plantean los grupos proponentes de esta petición, Convergència i Unió está convencida de que es difícil que los agentes sociales puedan poner encima de la mesa
argumentos nuevos; está claro que los agentes sociales han manifestado ya sus opiniones donde toca; han ejercido el derecho constitucional de huelga y el próximo 5 de octubre van a ejercer el derecho constitucional de manifestación. Nosotros
entendemos que estas comparecencias no aportarían nada al objetivo central que creo que todos los grupos debemos tener en esta materia, que es recuperar el diálogo social y la confianza entre los agentes sociales y el Gobierno. Ese tipo de
comparecencias en este contexto se produciría simplemente para que cada uno se consolidase en sus posiciones.
Por tanto, el Grupo de Convergència i Unió, en la medida en que le parece que estas comparecencias no serían positivas para ese objetivo prioritario, que es la recuperación de la confianza y del diálogo social, va a votar en contra de esta
petición de comparecencias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Agradezco la brevedad de los dos últimos señores diputados que han intervenido.
Finalmente, tiene la palabra el señor Azpiroz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para manifestar lo que tenga a bien.
El señor AZPIROZ VILLAR: Nosotros ya hemos expuesto en la Mesa y portavoces nuestro criterio negativo a la pretensión formulada por el Grupo Socialista, pero vamos a reiterar las razones que motivan esta negativa para que conste en el
'Diario de Sesiones'.
Debemos recordar que no es costumbre, ni hábito, ni norma parlamentaria en que cualquier proyecto de ley requiera la comparecencia de personas, autoridades o afectadas por el texto que esta Cámara pueda aprobar.
Probablemente por error, la
portavoz del Grupo Socialista acaba de decir a que comparecieron aquí en el año 1997 y en 2001 porque ambos textos venían con todo el aval social. Lamentablemente, en el año 2001 no fue así, el texto no vino con el aval de los interlocutores
sociales. En ese caso se acudió a la ponencia, y lo digo con relación a las declaraciones del portavoz del Grupo Socialista en Comisión, que ayer públicamente decía otra cosa.
Esto no es realmente lo más importante. A mí me parece -y en esto coincido con las manifestaciones que acaba de formular el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió- que unas comparecencias de este tipo tienen que tener una
finalidad de constitución o de reconstitución del diálogo social o de hacer aportaciones enriquecedoras al debate. Aquí concurren dos extremos que imposibilitan tal hecho. En primer lugar, el 16 de mayo finalizó el plazo de presentación de
enmiendas parciales a este texto en esta Cámara, con lo cual, en principio, las presuntas posibilidades de que se aportaran ideas o soluciones a los temas son de difícil -no imposible- pero sí difícil encaje, porque lo que vamos a debatir en fechas
próximas -ayer lo iniciamos en la ponencia- está relacionado con las enmiendas que cada grupo parlamentario ha querido presentar libremente al texto. En segundo lugar, nosotros tenemos un enorme respeto a los sindicatos y nos parece que ese respeto
debe hacernos reconocer que, si fueron capaces de llevar a una parte de la
población española a una huelga general, ellos previamente explicitaron las razones en las que fundaban su convocatoria de huelga. Durante meses, con publicidad y con reiteración, se han venido exponiendo los puntos de vista de unos y de
otros y más aún de aquellos que en este caso venían a ser llamados por la comparecencia que pedía el Grupo Socialista. Esto ha estado en la calle, ha estado en los medios y ha dado lugar, ha sido la causa de una huelga. Ese reconocimiento respecto
a los sindicatos pasa ineludiblemente por reiterar que no creemos que no motivaran suficientemente las razones por las cuales con su llamamiento hicieron concurrir a los trabajadores a una huelga general. Dicho con otras palabras, presumimos que
tampoco aquí iba a haber una aportación novedosa, interesante o positiva para el mejor transcurso del debate y del trámite del proyecto de ley. Por otra parte, -y se ha dicho anteriormente-, como no parece que esta comparecencia fuera a contribuir
a una querida, necesaria y ojalá pronta recuperación del diálogo social, nos parece que resulta improcedente la pretensión que formula el Grupo Socialista.
Habida cuenta que, como decía la señora presidenta, este punto ha sido incluido de forma excepcional en el orden del día diseñado para ser abordado por la Comisión, este portavoz y el grupo al que representa entienden que parecería más
lógico que, con carácter previo a entrar en los puntos del orden del día, procediéramos a la votación de esta solicitud de comparecencia, sin perjuicio de que después las votaciones de las proposiciones no de ley se pudieran acumular, tal y como ha
expuesto la señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): ¿Existe algún inconveniente por parte de los demás grupos para proceder a la votación de este punto como cuestión previa del orden del día?
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Presidenta, como se ha dicho que la votación sería a la una y media, la mayoría de los compañeros que no llevan ninguno de estos tema han ido a ocuparse de otros asuntos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Se reanuda la sesión, señoras y señores diputados. Pasamos a la votación de esta cuestión previa introducida en el orden del día, la decisión de la Comisión sobre la demanda de solicitudes de comparecencias por parte del Grupo Parlamentario
Socialista referidas al proyecto de ley de reforma del sistema de protección por desempleo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda rechazada la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE REFORMA DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001374.)
- RELATIVA AL VOLUNTARIADO SOCIAL DE LOS MAYORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001494.)
- SOBRE DESARROLLO DEL MARCO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001524.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al segundo punto del orden del día, proposiciones no de ley en relación con la reforma de la Ley del Voluntariado.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unidad. Por dicho Grupo tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Señora presidenta, el hecho objetivo a resaltar de esta proposición no de ley es que nos encontramos con un importante colectivo de población con unos niveles económicos aceptables, sin los problemas de
salud de antaño y con diez o quince años más de media de vida; se encuentran socialmente marginados y desplazados y cuentan con una gran cantidad de tiempo libre por ocupar. Además, cuentan con amplios conocimientos y experiencia que pueden hacer
muy útil su participación como voluntarios.
Hasta fechas muy recientes, las asociaciones sólo se ocupaban de la asistencia a este colectivo e incluso mostraban una falta de interés por incorporar a personas mayores como voluntarios, dada la falta de interés por participar en una
organización. En la actualidad cada vez más se interesan por hacerlos participar activamente, no sólo por hacerlos protagonistas de su propio desarrollo, sino por la enorme cantera de recursos humanos con una amplia disponibilidad horaria, que
puede cubrir horarios y tareas para los que es difícil encontrar otro tipo de voluntarios. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la presidencia.)
La Unión Europea es consciente de este reto y en la comunicación sobre las personas de edad avanzada propone la creación de proyectos piloto, así como la investigación sobre aspectos como el papel y la participación como voluntarios de las
personas de edad avanzada o la participación activa en actividades culturales, educacionales, recreativas, etcétera, conducentes a una mejor integración y realización.
No podemos olvidar que diversos estudios parecen demostrar que el adecuado empleo del ocio de las personas mayores influye más sobre la percepción de satisfacción en la vida que otros factores como salud, ingresos, educación, trabajos
anteriores, etcétera, demostrando otras investigaciones una fuerte relación entre voluntariado y satisfacción en la vida, manteniéndose esta relación incluso considerando factores tales como edad, percepción de la salud y nivel socioeconómico.
No puede olvidarse que las actividades de voluntariado van a necesitar cada vez más a los mayores. Al desaparecer en España el servicio militar obligatorio, muchas ONG que se nutrían de objetores de conciencia tendrán que sustituirlos por
prejubilados y jubilados. El alargamiento de la vida y el incremento de la calidad de vida de los mayores han hecho variar sustancialmente el panorama ocupacional de los jubilados. En este contexto, debe recordarse que, en la media de
perseverancia del voluntariado, los jubilados están por encima de la media de los jóvenes en dos años.
La incorporación como voluntarios de las personas mayores supone importantes ventajas para todos los sectores, organizaciones, sociedad y personas mayores; ventajas sociales al concienciar a la población de la importancia de las personas
mayores; ventajas para las organizaciones al aumentar el número de voluntarios con una gran experiencia y dedicación; ventajas para los voluntarios al favorecer el intercambio generacional y estar en contacto con voluntarios de gran experiencia, y
ventajas para los propios voluntarios mayores, ya que con su participación en tareas voluntarias de carácter humanitario e interés social se romperá con las ideas de inactividad e inutilidad que a menudo surgen en estas personas.
Sin embargo, no es nada fácil implicar a las personas mayores en las organizaciones. En este sentido, debe promocionarse desde las instituciones el buen hacer de asociaciones donde los mayores, respaldados por principios democráticos que
garantizan su participación, sientan y vivan el clima y la fuerza necesarios para mantener el ánimo solidario, donde se les forme para la acción, se les reconozcan sus derechos como voluntarios y donde se haga que el mayor se sienta protagonista
diario de una mejora de calidad de la realidad en la que vive. Estas perspectivas y líneas de trabajo se contradicen con obstáculos materiales y legislativos que se oponen objetivamente al fomento de la práctica de voluntariado entre los mayores.
Uno de estos obstáculos deriva del marco jurídico de la Ley del voluntariado, probablemente envejecida, que introduce un criterio restrictivo en los artículos 6 y 10 al establecer la obligación de la organización de suscribir una póliza de seguro de
accidente y enfermedad y de responsabilidad frente a terceros. La Ley previó en su momento una regulación de las características de la acción voluntaria, así como de los capitales a asegurar, previsión realmente incumplida. Este vacío legal
coincide con las prácticas de las compañías aseguradoras, que sólo cubren a menores de setenta años y con muchas limitaciones al grupo de entre setenta y setenta y cinco. En consecuencia, la legislación y la práctica de las aseguradoras expulsan
del mundo del voluntariado a las personas mayores de setenta años, reforzando la idea de jubilación inútil y las prácticas de alejamiento social que en teoría se pretenden combatir. En general estos voluntarios ejercen actividad de mínimo riesgo y
podrían ser asegurados si una modificación legislativa lanza una clara indicación a las compañías aseguradoras.
Termino, señorías, diciendo que cuando acabe esta intervención me voy a tener que ausentar por un compromiso que no puedo dejar, pero adelanto que vamos a aceptar una enmienda transaccional que va a presentar el Partido Popular, donde se
incluye un plazo de seis meses para traer a esta Cámara compromisos concretos que superen las dificultades que acabamos de plantear en esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Para defender la proposición socialista, tiene la palabra la señora García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
Creo que no es necesario incidir en las apreciaciones que desde los distintos grupos hemos reflejado en las diferentes proposiciones presentadas en esta Comisión. Simplemente quiero encuadrar una realidad de la que estamos hablando en
función a dos temas importantes, por una parte, todo lo que supone el voluntariado y, por otra, la realidad del envejecimiento de la población en nuestro país.
Sin duda alguna, es necesario que desde las administraciones públicas se haga una especial incidencia en fomentar todo lo que supone la labor social del voluntariado, que juega un papel muy importante en la participación de las personas en
la sociedad civil y en todas las acciones sociales que se están desarrollando por estas organizaciones.
Por otro lado, la realidad del envejecimiento de nuestra población nos hace estar en una situación en la que cada vez más personas mayores en
nuestro país, con una mejor calidad de vida, se encuentran en una situación en la que pueden jugar un papel importante en esta sociedad de la que estamos hablando y pueden desarrollar una labor también importante dentro de las organizaciones de
voluntariado.
En estos momentos el desarrollo legislativo de la Ley del voluntariado se enfrenta a ciertas contradicciones. Por un lado, el fomento del voluntariado y, por otro, el desarrollo de estos artículos que están impidiendo, en cierta forma, que
las personas mayores puedan desarrollar esta acción, ya que las organizaciones sociales se están encontrando con una disyuntiva, existe la posibilidad de que las personas mayores realicen
acciones de voluntariado, pero se produciría el incumplimiento de la Ley en lo referente al seguro.
Por ello presentamos esta proposición no de ley y también se han presentado otras por el Grupo de Izquierda Unida y por el Grupo Popular.
Con la intención de llegar a un acuerdo, porque creo que existe una sensibilidad importante con
respecto a este tema, hemos consensuado esta enmienda transaccional que hace referencia al desarrollo reglamentario de la Ley de voluntariado en esta materia, pero poniendo un plazo de tiempo para que este desarrollo reglamentario venga a esta
Cámara, con el fin de poder pasar del voluntarismo a la realidad. Nos felicitamos todos de que esto salga con el apoyo de todos los grupos proponentes, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a estar atentos y vamos a hacer un
seguimiento para que realmente se cumpla lo que hoy aquí vamos a aprobar, y que dentro de seis meses se haya conseguido una solución para el voluntariado de los mayores.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Para defender la proposición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señora presidenta, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar esta proposición no de ley sobre desarrollo del marco reglamentario de la Ley del voluntariado.
El Estado de derecho que hoy disfrutamos todos los españoles y españolas incorporó a su ordenamiento jurídico la regulación de las actuaciones de los ciudadanos que, desde la solidaridad y el altruismo, se organizan para satisfacer los
intereses generales asumiendo que la satisfacción de los mismos ha dejado de ser considerada como una responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida entre Estado y sociedad. Como fiel reflejo de esta realidad nació la
Ley del voluntariado, la cual reconoce que la acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de la sociedad civil en el ámbito social. Asimismo, la Ley del voluntariado venía a cumplir un precepto de la
Constitución, en concreto el artículo 9.2, que señala que los poderes públicos deben posibilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social.
La situación actual de marginación de algunos sectores de nuestra sociedad es el punto de mira de las organizaciones no gubernamentales, que basan su trabajo en la solidaridad y que pretenden construir una sociedad más justa y digna, siendo
uno de los objetivos de esas entidades la creación del voluntariado social. Hoy, señorías, nuestra sociedad está envejeciendo. La población española se ha duplicado durante el siglo XX y el número de personas mayores ha aumentado casi siete veces,
pero el envejecimiento de nuestra población no es negativo, es una fuerza impulsora que tendrá la capacidad de transformar la sociedad, lo mismo que la globalización. Nunca antes en la historia de la humanidad ha estado nuestra sociedad tan
envejecida como lo está ahora, y me van a permitir que les diga, señorías, que esto es un triunfo demográfico y el resultado de unos considerables progresos en el ámbito tecnológico-médico que están permitiendo que la gente viva más años y de un
modo más productivo. De ahí esta proposición no de ley.
Hoy en nuestro país miles de mayores aportan a la sociedad su experiencia cuidando a personas mayores dependientes, a drogadictos, a enfermos de sida, acompañando a enfermos terminales en los hospitales, y de esta forma enriquecen a toda la
sociedad y a ellos mismos porque todavía se sienten y consideran útiles a la sociedad. Es verdad, por qué no decirlo, que la Ley del voluntariado 6/1996, de 15 de enero, estableció el marco jurídico general en el que ha de desarrollarse cualquier
acción en materia de voluntariado; y en su articulado, en concreto en los artículos 6, 8.2.b) y 10, regula el derecho del voluntariado y la obligación de la organización no gubernamental de suscribir una póliza de seguro de accidente y enfermedad
que cubra los riesgos derivados del ejercicio de la acción voluntaria, así como la responsabilidad civil frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas como consecuencia de la realización de
actuaciones de voluntariado. Dicho articulado especifica que tanto las características de la acción voluntaria como los capitales a asegurar serán objeto de una posterior regulación, que al día de hoy no se ha producido. En este sentido,
convendría que, de forma pactada entre beneficiario y prestador del servicio de la ONG, se estableciera la limitación de responsabilidad a las cuantías que el Gobierno pueda establecer como cobertura obligatoria dentro del desarrollo de la ley.
En la actualidad hay miles de voluntarios sociales mayores de 65 años que las compañías aseguradoras no quieren asegurar y, si por fin se consigue suscribir la póliza de seguros, las condiciones establecidas no las pueden cubrir las
organizaciones no gubernamentales hasta los 75 años, y a partir de esa edad no existe ninguna compañía aseguradora que los asegure cuando es preceptivo por ley, por lo que no pueden seguir ejerciendo su actividad de voluntariado. Esto supone hoy
una clara discriminación por razón de la edad pues actualmente, y dada la calidad de vida de nuestros mayores, una persona con 76 años es todavía útil y capaz no sólo para desarrollar la actividad del voluntariado sino cualquier tipo de actividad
laboral, social y cultural.
Por todo ello, y de acuerdo, como muy bien han dicho los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, hemos llegado a un acuerdo por el que se ha presentado a la Mesa una enmienda transaccional,
que voy a leer
inmediatamente: El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los distintos grupos parlamentarios, insta al Gobierno para desarrollar, en el plazo de seis meses, el marco reglamentario de la Ley del voluntariado, con especial incidencia en
la regulación de la cobertura aseguradora prevista en el artículo 8 y siguientes de la referida ley.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el señor don Carlos Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, mi grupo aborda el debate derivado de estas tres proposiciones no de ley desde una consideración inicial crítica de lo que fue en su momento la Ley del voluntariado.
Entendíamos, cuando se
aprobó dicha ley, que la misma más que aportar el desarrollo de unas políticas públicas activas, potentes en esa materia, quizás más incipiente todavía a mediados de la década de los noventa, iba a introducir determinados encorsetamientos y
limitaciones que no ayudarían precisamente a potenciar la actividad del voluntariado. Hoy, con la perspectiva, esta consideración tiene más fuerza que nunca. El voluntariado ha tenido un desarrollo al margen de la ley y las veces que hacemos
referencia a la misma es para asumir determinados problemas, entre ellos el derivado de las obligaciones legales que en materia de seguros ésta establecía. Eso ha sido objeto de polémica entre el mundo asociativo y ha encontrado también respuestas
de los gobiernos autonómicos con competencias en esta materia, incluso respuestas de las propias entidades como resultado de su autorregulación en ese ámbito. Se han producido seguros globales de la actividad de la entidad, de la asociación, que
cubrían a todas las personas voluntarias; se han articulado otros mecanismos de cobertura, el seguro deportivo, el seguro escolar obligatorio en el caso universitario, aseguramientos desde la Administración. Por tanto, poco o mucho, se ha ido
encontrando cobertura para las personas voluntarias; incluso administraciones públicas -como es el caso del Gobierno de Cataluña- han pactado, a través de fundaciones especializadas en la prestación de servicios a la juventud, la extensión de sus
pólizas de seguros a otras entidades, a otras asociaciones; se ha buscado asesoramiento para encontrar esas fórmulas alternativas a las pólizas normales, y, sobre todo, las federaciones han articulado formas.
Nuestro grupo hubiese sido más partidario de la modificación de la ley para terminar con esta obligatoriedad. Quizá el desarrollo reglamentario que plantea el Grupo Popular y que han aceptado los grupos proponentes sea la vía para resolver
esa cuestión, por lo que vamos a dar nuestro apoyo a la misma, pero haré tres consideraciones. Una, que lo que necesitamos es una política activa, también del Estado, respecto al sector asegurador. Más que un problema de reglamento de la ley o de
la propia ley es una acción política ante el sector asegurador y el sector bancario sobre la importancia y necesidad de dar respuesta a las peculiaridades del mundo asociativo. Dos, que este desarrollo reglamentario debe servir para clarificar la
obligatoriedad de la póliza del seguro solamente para aquellas actividades donde realmente corresponda. Por ejemplo, no tiene sentido obligar a una asociación que realiza voluntariado cultural -dar conferencias- a asumir una póliza de seguro por
esta situación. Sería un absurdo. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia.) Tres, hay que permitir una autorregulación del sector. No pretendamos, por vía reglamentaria, crear una configuración legal que complique aún más
las cosas. Dejemos margen para que el sector se autorregule. Seamos imaginativos. En otros Estados de la Unión Europea, como es el caso de Francia y de Italia, el mundo asociativo, el tercer sector, ha creado su propia mutualidad para dar
respuesta a estas necesidades. Al margen de que esto se puede impulsar en los ámbitos territoriales correspondientes -quizás también desde el Estado-, se podría ayudar a articular ese tercer sector desde esa autorregulación, ayudando a la puesta en
marcha de mutualidades propias.
Hay algunos ejemplos de banca ética iniciados en Cataluña que empiezan a ir por este sentido. Nosotros, en materia de voluntariado, señorías, creemos mucho más en la autorregulación que en la reglamentación.
Esperaremos estos seis meses a ver cuáles son las propuestas del Gobierno.
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA LEY 12/2001, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/001425.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Pasamos al que figuraba como cuarto punto del orden del día, pero que en realidad es el quinto, que se refiere a la aplicación de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Mi grupo ha presentado esta proposición no de ley en aras de la problemática que se está planteando con la aplicación de la Ley 12/2001, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, ya que los resultados
que está dando no parecen haber sido muy fructíferos ya que nos encontramos de nuevo con otra reforma.
Los planes de empleo se iniciaron por los años 80 y partieron de una iniciativa de los ayuntamientos y agentes
sociales. Tenían como objetivo facilitar las expectativas de trabajo a personas en riesgo de exclusión social y favorecer su inserción laboral.
Dichos planes de empleo, a lo largo de los años, han demostrado su eficacia, no sólo por haber
dado empleo a personas que de otro modo no lo habrían encontrado, sino por permitir a los ayuntamientos desarrollar una serie de tareas que de otra forma no habrían podido hacer, pues de todos es conocida la situación económica de los ayuntamientos.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que las administraciones locales tienen que dar unos servicios que no son de su competencia, pero se trata de la administración más cercana al ciudadano y éste sabe dónde tiene que ir a reclamar: a su
ayuntamiento. Le es muy difícil dirigirse, por ejemplo, al presidente de la Generalitat de Cataluña o al presidente del Gobierno para explicarle su problema, pero no lo es encontrar a su alcalde por la calle y explicarle su problema, bien sea como
vecino, bien sea un problema laboral. Los planes de empleo han paliado, repito, esa situación.
También hay que tener en cuenta que la estrategia europea por el empleo, que se debatió en la cumbre de Barcelona, llama a una movilización de todos los agentes, en concreto, especifica la participación de los gobiernos locales como fórmula
de ir hacia el pleno empleo. ¿Qué hace la Ley 12/2001? La Ley 12/2001 hace un recorte de las aportaciones dedicadas a este tipo de empleo al decir que el dinero lo contabiliza a raíz de contratar a las personas a razón de cotización mínima, es
decir, salario mínimo interprofesional, cotización mínima a la Seguridad Social.
Yo he hecho unos números y para una persona que se dedique a la limpieza, que es uno de los empleos típicos de los ayuntamientos, bien sea en el casco urbano, bien limpieza relacionada con el medio ambiente, con los bosques, el coste sería
de 139.933 pesetas y la subvención a raíz de la modificación que introduce la ley, es de 84.150 pesetas; es decir, una diferencia de 55.783 pesetas, un 39,86 por ciento. La ley especifica que la contratación ha de ser a salario-convenio. Por lo
tanto, estamos hablando de un 40 por cien en un contrato de limpieza y si nos fuéramos a un auxiliar o a un administrativo estaríamos hablando de un mayor costo.
¿Qué consecuencias ha tenido esto? He hablado con personas de distintos organismos
que controlan las distintas comunidades autónomas y me han comunicado que estas ofertas de empleo se encuentran sin cubrir. En algunas comunidades sólo hay un 6 por ciento de demanda con respecto al año anterior. Mi comunidad, Cataluña, se está
planteando una segunda convocatoria, dado que no se ha cubierto la oferta de las plazas de los organismos locales ni de asociaciones diversas. Se cuenta con los fondos necesarios y ese servicio no se ha podido dar. En el año 2000 se hicieron
alrededor de 282.000 contratos de este tipo. Estimo que es un volumen de contratación lo suficientemente importante como para que al Grupo Popular le mereciera una reflexión en aras a introducir una modificación en la Ley. Hay que tener en cuenta
que se trata de una proposición de ley que mandata al Gobierno el estudio de las modificaciones que crea oportunas.
El Grupo Popular no da puntada sin hilo, refrán muy común entre los del textil; es decir, que no hace nada que no tenga un objetivo concreto. Yo, que creo mucho en los refranes -hay uno que dice que piensa mal y acertarás-, lo he
modificado en el sentido de decir piensa mal y te quedarás corto, estudiando la proposición de reforma de la Ley básica de empleo, que se encuentra en el Consejo Económico y Social, podríamos habilitar que la disposición final que habla de que este
tipo de contratos de inserción social posibilite a las empresas privadas a hacer este tipo de contratos. Y yo me pregunto: ¿Quiere esto decir que lo que se está justificando es la concesión a las empresas privadas porque los entes locales y las
organizaciones sin ánimo de lucro no cubren la demanda? ¿Quiere esto decir que estamos creando el ambiente para justificar una modificación posterior? Hablar de dar este tipo de contratación a las empresas es entrar en una dinámica de generar un
empleo en las empresas tan poco cualificado que sólo se puede entender desde la pretensión de implantar en nuestro país un modelo de empresa competitiva a base de bajos salarios y poca formación. Señorías, hacer competitiva una empresa a base de
bajos salarios, poca formación y nada de calidad es crear un sector productivo llamado al fracaso total.
Considero que nuestras empresas han de ser competitivas porque elaboren productos de calidad con empleo calificado, con negociación colectiva
para esos trabajadores, con formación permanente, y así sí podremos ser competitivos en Europa. Si tener salarios bajos y poca cualificación en los puestos de trabajo fuera lo que realmente hiciera a un país competitivo, por poner un ejemplo,
señorías, la India sería el país más competitivo de este mundo. Sin embargo, lo es Alemania, que tiene empleo de calidad, salarios altos, productos de calidad, protección en el empleo, formación profesional, etcétera. Estamos asistiendo a una
confrontación de modelos de competitividad y de empresa, por lo que esperamos, señorías, que de verdad las próximas elecciones generen un cambio en este país para que podamos ir hacia un modelo como el de Alemania y no hacia donde vamos. Si vamos
por este camino, en poco tiempo, y según las declaraciones del ministro de Trabajo, que habla de abaratar más el despido, después de lo que ya lo hemos abaratado, voy a llegar a la conclusión de que cuando despidan a un trabajador encima le van a
hacer pagar una cuota, porque con tanta rebaja de indemnización no le va a quedar nada, ya le queda muy poca, pero si se la rebajan nuevamente no le va a quedar nada.
Volviendo a lo que nos ocupa -y para terminar-, hemos de tener también en cuenta que estamos hablando de administraciones locales -como explicaba antes- a las que, en cuanto a la cuota de participación
en el reparto del Estado, cada vez les vamos dando más competencias, les exigimos más responsabilidades, que cubran más servicios, que atiendan más al ciudadano, pero realmente dinero les damos muy poco. Esta es una reflexión que debemos
hacer en el futuro para que se admita que hay que hacer cambios muy profundos en el reparto del dinero en nuestro país. Así como hemos ido haciendo traspasos a las comunidades autónomas, habrá que hacer traspasos a los ayuntamientos para que
realmente puedan dar buen servicio y atender a sus ciudadanos.
Señorías -termino como empecé-, considero que los planes de empleo han sido una herramienta muy eficaz para evitar que la gente cayera en la exclusión social y que pueden seguir haciendo una función fundamental en este terreno, por lo que
les llamo a la reflexión para que permitan que los ayuntamientos puedan seguir utilizando este tipo de contratos, modificando el artículo 9 de la Ley 12/2001, de reforma del mercado de trabajo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) coincide en algunas de las consideraciones que ha efectuado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, especialmente en la consideración de este
instrumento -que históricamente han formado parte de las políticas activas en materia de empleo desarrolladas por las corporaciones locales- como un buen instrumento de generación de empleo, de inserción en el mercado de trabajo de colectivos con
dificultades para incorporarse con normalidad al mismo o incluso para dar respuestas a necesidades de diverso carácter, ya sea social o medioambiental o de cualquier otro tipo, a las que deben dar respuesta las corporaciones. En su día, la reforma
que planteó el Gobierno pretendía introducir una utilización más racional de este tipo de efectivos, pero lo cierto es -al menos hemos podido constatar esta nueva realidad en Cataluña- que esta nueva regulación no está permitiendo que los
ayuntamientos y las corporaciones locales jueguen ese papel activo en esa política. Eso está obligando en estos ámbitos territoriales -por lo menos, en el caso de Cataluña- a que los gobiernos autonómicos, los agentes sociales y las propias
corporaciones locales deban buscar respuesta a los problemas derivados de la nueva normativa. En la medida que la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es razonable, porque tan solo plantea la necesidad de que el
Gobierno tome medidas para poder paliar los efectos derivados en esta materia, que seguramente no los produce el Gobierno de manera voluntaria, podríamos perfectamente tomarla en consideración y aprobar para que el Gobierno impulsase aquellas
políticas que correspondiesen, de acuerdo con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales y las asociaciones representativas de las mismas y con los agentes sociales. Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Muchas gracias, señor Campuzano, también por la brevedad.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Al margen de determinadas manifestaciones sobre el proyecto de ley básica de empleo -que considero que es objeto de otro debate y todavía no debemos entrar en ello- y al margen de las referencias hechas a Alemania,
porque ya no sé si nosotros tenemos que ir como Alemania o es que Alemania ya viene como nosotros, porque la regulación que está haciendo del derecho al desempleo es bastante más agresiva -en términos coloquiales- que la española, en la proposición
no de ley, cuya primera parte es pulcra y perfectamente asumible, hay una parte en la que la señora López i Chamosa ha confundido un poco el concepto. El contrato de inserción está dirigido a un colectivo de trabajadores y trabajadoras muy
determinado, con una serie de requisitos, pero eso no quiere decir que sea un contrato anormal. Tenemos que verlo como una modalidad de contratación más, dentro de la normalidad con la que debemos acercarnos a nuestro mercado de trabajo. Pensar
que el ayuntamiento deja de contratar porque tiene que poner -ha dicho usted- un 39,86 por ciento para un servicio que necesita realizar, la verdad es que no lo entiendo. Es como si de sus manifestaciones pudiéramos deducir que los ayuntamientos no
tienen que prestar el servicio de limpieza de los edificios públicos o no tienen que hacer las labores de limpieza de montes o de prevención de incendios u otra serie de trabajos que los ayuntamientos están obligados a realizar. No creo que los
ayuntamientos contraten porque sí, es decir, por el mero hecho de contratar, porque esto sí sería algo que podríamos ver como discriminatorio. Los ayuntamientos, las corporaciones locales, las entidades sin ánimo de lucro y los sindicatos no lo
hacen porque sí, lo hacen porque necesitan ese empleo para dar, como ha dicho el señor Campuzano, servicios a los que están obligados, a sus ciudadanos. Quizá fuera posible perfeccionar esta modalidad de contrato, pero es un instrumento que se ha
puesto a disposición de las administraciones públicas y de las entidades sin ánimo de lucro y considero que es un buen instrumento. Un instrumento que además ayuda a mejorar la ocupabilidad de un colectivo con riesgo de exclusión social. Ha sido
muy poco el tiempo que lleva en vigor la última reforma como para que pensemos en abordar una nueva reforma del mismo.
Señora López i Chamosa, creo que hay que huir de esos conceptos obsoletos de la beneficiencia para ir a conceptos más modernos de solidaridad, pero también de necesidad de la prestación de servicios públicos y
que esos puestos de trabajo se crean porque son necesarios en el sector económico.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): En este momento correspondería pasar al punto que figura como 5.ºen el orden del día pero que en realidad es el 6.º, pero vamos a suspender un minuto la sesión, ya que el orden del día ha ido más
rápido de lo previsto, para esperar que a vengan las personas que van a defender la iniciativa. (Pausa.)
- RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001539.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señorías, pasamos al sexto punto del orden del día, relativo al procedimiento de recaudación de la Seguridad Social.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular es muy fácil de explicar y de comprender. El Real Decreto legislativo 1/1994, que regula el procedimiento recaudatorio de la
Seguridad Social, en especial los recargos de mora y apremio, establece ese tipo de recargo en función de las declaraciones que se presenten ante la Seguridad Social. Si la declaración se ha presentado en plazo tiene un tipo de recargo y si no se
ha presentado en plazo tiene otro tipo de recargo. Los recargos mínimos son del 5 por ciento si se presenta la declaración en plazo pero se paga antes de dos meses y a partir de dos meses es del 20 por ciento, pasaríamos al recargo de apremio del
20 por ciento si hay inspección previa. En el caso de que no haya declaración previa, los recargos automáticamente pasan a ser del 20 por ciento.
Hasta hace poco las entidades financieras tenían un margen de uno o dos días para poder posponer sus declaraciones ante la Seguridad Social, con lo que aquellas empresas o empresarios -estamos hablando generalmente de empresarios pequeños
que no cuentan con medios humanos como los que pueden tener las grandes empresas- que se despistaran un día en presentar los documentos ante la Seguridad Social automáticamente tenían un recargo del 20 por ciento. Esa es una cifra que consideramos
excesiva, teniendo en cuenta que el régimen recaudatorio de la Agencia Tributaria es notoriamente distinto, en el sentido de que las declaraciones posteriores sin previa inspección que se ingresen antes de los tres, seis o doce meses tenían un
recargo del 5, 10 ó 15 por ciento respectivamente. En este momento estamos viendo que es notoriamente distinto.
Recientemente, la Ley de acompañamiento, la Ley 14/2000, modificaba el período de prescripción de 5 a 4 años para la Agencia Tributaria y también para la Seguridad Social de acuerdo con la Ley 1/1998, de derechos y garantías. Es decir, que
se está tendiendo a una normalización o unificación de los criterios de recaudación tanto en la Agencia Tributaria como en la Seguridad Social. Nuestra proposición de ley es sencilla, en el sentido de que se insta al Gobierno a que habilite los
medios necesarios para que se adecuen, en la medida de lo posible, de acuerdo con las peculiaridades de cada uno, la Seguridad Social y Hacienda, los sistemas recaudatorios.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Esta iniciativa que plantea el Grupo Popular nos parece oportuna. Introduce racionalidad y permite, además, al mundo de la empresa encontrar en el ámbito de la Seguridad Social un tipo de regulación que se
asemeje también al tipo de regulación que en esta materia existe en el caso de la Administración tributaria. Seguramente en su momento debería tener su explicación esa regulación diferente, pero en aras a facilitar la consolidación del tejido
económico nos parece que esta es una propuesta razonable. Habrá que procurar, eso sí, la diligencia de la Administración en la exigencia también a las empresas del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social.
Nos gustaría que este mandato que hoy el Congreso lanza al Gobierno implicase también la consideración de que la Seguridad Social deberá tener un tratamiento diferente de los incumplimientos de pago en esta materia por parte de las empresas.
Habrá que procurar que ese 5 por ciento de recargo que se mantiene en los supuestos de pago en su momento correspondiente a corto plazo se pueda cumplir. Vamos a ver si el propio sistema de cobro de la Seguridad Social se puede adaptar a esa
exigencia en esta materia.
Por tanto, dejando un margen de confianza al Gobierno respecto a la cuestión de fondo que nos plantea, nuestro grupo votará favorablemente esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la proposición no de ley que nos ha presentado ahora el Grupo Popular. Quiero decir que el Grupo Socialista votará favorablemente esta proposición
no de ley.
Nos gustaría hacer alguna consideración sobre este tema. El Grupo Socialista considera que en estos momentos no existen razones que justifiquen ese trato
diferencial de los propios administrados, dependiendo de a qué administración se dirijan, si a la Administración tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, en la medida en que se está igualando el procedimiento
de recaudación, nos parece positivo que se vayan nivelando y que además la asimilación se haga con el régimen más favorable para los administrados, para las empresas o para los trabajadores del régimen por cuenta propia fundamentalmente.
Nosotros esperamos que este camino que acaba de iniciar el Partido Popular de ir equiparando al menos en el procedimiento de recaudación sirva también para que se animen a tomar las medidas necesarias para llegar a la equiparación en
prestaciones y en derechos de la propia Seguridad Social, en la que también existen diferencias de trato que no tienen ninguna justificación. En la práctica esto no deja de ser una utopía de la oposición y del Partido Socialista, y la verdad es que
siempre nos hemos encontrado con el no como respuesta del Partido Popular.
Una segunda reflexión que nos gustaría hacer es que esta medida va a ser positiva para las empresas y que hay que tomarla en cuenta. Los recargos que rigen en estos momentos en la Seguridad Social tienen unas diferencias tanto en el tiempo
como en la cuantía que, como decía al principio, no tienen ninguna justificación y, por tanto, esperamos que esta proposición no de ley sirva para mejorarlos.
Una tercera consideración al Grupo Popular sería que estamos en un magnifico momento. Acaban de entrar en la Cámara los presupuestos generales para el año 2003. Creo que esta Cámara votará hoy por unanimidad esta propuesta y el Grupo
Popular tiene la oportunidad, vía los presupuestos, vía la Ley de acompañamiento, de introducir esta modificación para que entre en vigor el 1 de enero de 2003. Doy esta fecha, que es importante, porque todos sabemos que la Ley de acompañamiento
suele llevar todos los años modificación de las bases de cotización, en definitiva, toda una serie de modificaciones que afectan a la Seguridad Social, por lo que también sería bueno para los diferentes administrados que presentan sus liquidaciones
saber que este nuevo régimen o esta propuesta que acaba de aprobar el Congreso puede tener vigencia el 1 de enero de 2003. Nos gustaría que el Grupo Popular fuera capaz, o al menos lo intentará, de convencer al Gobierno de la idoneidad de que, vía
presupuestos, esta medida se aplique a partir del 1 de enero del próximo año.
Por último, simplemente quiero plantear una cuestión. Esta iniciativa la presenta el Partido Popular, pero el Grupo Socialista no tiene ninguna dificultad en votarla a favor, porque no nos limita quien la presenta sino el contenido de la
propuesta, y en la medida en que consideramos que la propuesta es positiva no se nos caen los anillos por aprobar una medida que, repito, consideramos positiva, venga del grupo que venga.
También nos gustaría que el Grupo Popular fuera capaz de
votar y reconocer algunas propuestas que presenta la oposición, que son positivas y que son buenas para nuestro sistema.
Y solamente una anécdota, señorías. Hoy salía en todos los medios de comunicación el señor Labordeta dando explicaciones de la ponencia que se celebró ayer, hablando de la generosidad del Grupo Popular al aceptar una enmienda, con relación
al proyecto de ley del desempleo, que se refería al acento de una palabra. Creo que ese tipo de cosas son las que el Partido Popular debería ir limando, si es su intención.
Señorías, para finalizar, quiero decir que nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta, que nos gustaría que entrara en vigor el 1 de enero de 2003, porque hay posibilidad y debería hacerse, y que nos gustaría que el talante que acaba
de demostrar el Partido Socialista cundiera como ejemplo en las filas del Partido Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Habíamos dicho que no pasaríamos a la votación de las distintas proposiciones no de ley antes de la una y media, pero si los grupos están en condiciones de que estén presentes todos sus miembros
rápidamente podríamos pasar a la votación de las distintas proposiciones no de ley. (Asentimiento.)
Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Señorías, pasamos a la votación de la primera proposición no de ley, relativa al régimen del voluntariado social, en los términos del texto transaccional que se ha leído con anterioridad. Como ha habido una enmienda transaccional, podría
ser votada por asentimiento, si nadie tiene objeción.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.)
Proposición no de ley relativa a la aplicación de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
La señora VICEPRESIDENTE (Montseny Masip): Queda rechazada la proposición no de ley.
Votamos la última proposición no de ley, relativa al procedimiento de recaudación de la Seguridad Social.
Efectuada la votación dijo:
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran la una y quince minutos de la tarde.