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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 535, de 26/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 535
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 26 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000190.) ...
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe de la ponencia, de la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto. (Número de expediente 122/000190.) ... (Página
17138)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la reforma de la orden ministerial de 10 de mayo de 2001, por la que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para reparar los daños causados por los temporales en los bienes y servicios de las entidades locales
gallegas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000876.) ... (Página 17140)
- Sobre necesidad de acuerdo entre las administraciones públicas en materia de política de personal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001219.) ... (Página 17143)
- Sobre adopción de medidas para compensar a los empleados públicos la pérdida de poder adquisitivo en el año 2001. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001220.) ... (Página
17145)
- Sobre el traslado de la subdelegación de Gobierno en Málaga. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto. (Número de expediente 161/001397.) ... (Página 17147)
- Sobre reclasificación profesional de los celadores de prisiones militares. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001474.) ... (Página 17150)
- Sobre la necesidad de cesar de su cargo al delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001508.) ... (Página 17152)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PRÁCTICOS DE PUERTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000190.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Todos los asistentes a esta Comisión son conscientes de la restricción de tiempo con la que tendremos que abordar los puntos del orden del día. Es innecesario que insista en la necesidad de que las intervenciones sean lo más breves
posibles. Votaremos a las once menos cuarto las enmiendas de la ley así como los demás puntos del orden del día.
Vamos a empezar con la ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.
¿Aprueban su ratificación? (Asentimiento.) Queda aprobada por asentimiento.
- APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PRÁCTICOS DE PUERTO. (Número de expediente 122/000190)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las enmiendas que han llegado a la Comisión. Están presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista, en esta fase de tramitación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular ya como proyecto de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto, estamos planteando la
defensa de las enmiendas que propusimos y no fueron aceptadas en la fase de ponencia.
En primer lugar, establecemos que la colegiación es voluntaria. Queremos dejar muy claro que nuestra posición está enmarcada en un planteamiento global que el Grupo Parlamentario Socialista viene manteniendo en proyectos de ley equivalentes
al que nos ocupa en estos momentos, porque tenemos muy claro que la Constitución española no exige la obligatoriedad de la colegiación. Concretamente, en el artículo 36 de la Constitución y en la Sentencia 330/1994 del Tribunal Constitucional se
posibilita una amplia libertad de configuración normativa en esta materia, alrededor de la cual nosotros sustentamos las tres enmiendas. Queremos dejar muy claro que un colegio equivalente a este, el COMME, Colegio Oficial de Marinos Mercantes
Españoles, que fue uno de los primeros colegios de naturaleza profesional que se crearon en la fase de transición política allá por el año 1977, hace unos 25 años, es la figura precedente a ésta. Los oficiales de la marina mercante española que
ejercen sus funciones laborales a bordo de los buques en las tres especialidades de puente, máquina o la especialidad de radiotelegrafía, no tienen la obligatoriedad de colegiación. Sin embargo, el colegio ha funcionado a lo largo de 25 años como
auténtico órgano asesor y de consulta de la Administración española. De aquí que pensemos que el establecimiento de una obligación para los prácticos de puerto, que todos reúnen la condición de ser capitanes titulados de la marina mercante,
salvo un grupo que procede de la marina de guerra, de la etapa anterior, fija una diferencia respecto a los requisitos que se les exigieron en su momento a los oficiales de la marina mercante.
En la ley vigente, la Ley 27/1992, modificada mediante la Ley 62/1997, de puertos del Estado y de la marina mercante, y en el reglamento que la regula -el 393/1996-, el practicaje se configura como un servicio portuario de titularidad de la
autoridad portuaria, que prestan los prácticos -titulados de la marina mercante- agrupados en corporaciones o entidades que sustituyen a diferentes formas de agrupación tradicional en otros ámbitos profesionales. Para saber de cuántas personas
estamos hablando, les diré que en España existen 204 prácticos, agrupados en 47 corporaciones, que prestan servicio en 54 puertos españoles; es decir, que están presentes prácticamente en todos los puertos españoles, a excepción de dos, para los
cuales adelanta el Grupo Parlamentario Socialista que los pedirá en otro procedimiento normativo. Me refiero al puerto de Denia y al de Morrojable, en la isla de Fuerteventura, que son los dos únicos puertos -como he dicho- en los que las funciones
de atraque y desatraque de barcos comerciales no están desempeñadas por prácticos. Está claro que la titularidad del servicio que prestan los prácticos es de la autoridad portuaria pertinente, porque esa es la voluntad expresada por el legislador,
tanto en la Ley de 1992 como en la de 1997 que la sustituyó. Este principio de gestión unitaria que el legislador se marcó como objetivo tiene un límite en el practicaje: los elementos de seguridad náutica o de navegación, que se adscriben a la
tutela de la Administración marítima. Se trata, pues, de un servicio de titularidad pública -y con esto termino, señor presidente- ejercido por los prácticos que han ganado tal prestación mediante concurso público que, decaída la transitoria
segunda de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante de 1992, lo hacen a través de los derechos adquiridos que les reconoce dicha disposición. Hablamos de una función fuertemente intervenida por la Administración portuaria española desde
la perspectiva de la seguridad en la navegación en las zonas en las que se ha establecido, a la que la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante dedica tres artículos consecutivos -el 102, 103, y 104- y una disposición transitoria. Además,
en 29 de los artículos de esta ley, en una disposición derogatoria y en su anexo -además de en el preámbulo-, hay referencias específicas al servicio de practicaje, aparte de todas las que recoge el Real Decreto 393/1996 -al que me he referido
antes- y diferentes órdenes ministeriales, resoluciones y circulares. En definitiva, hay todo un conjunto normativo que configura la importancia del desempeño de la función que tienen encomendada los prácticos desde la perspectiva de la seguridad.
En consecuencia, señorías, parece razonable que la nueva colegiación que se les dé no sea ortodoxa, encorsetadora y obligatoria, sino libre, como lo recoge la Ley que creó el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante.
Alrededor de este
asunto están las tres enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren intervenir en este momento del debate? (Pausa.)
En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra doña María Luisa Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Señorías, en la última reunión de la ponencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) manifestó que no había presentado enmiendas -aclarando el motivo por el que no lo había hecho-, pero que tenía
intención de presentar una enmienda in voce de sustitución. Nuestra propuesta pretende cambiar el artículo 2.2, que diría simplemente: La colegiación tendrá los efectos establecidos por la legislación general sobre colegios profesionales. Creemos
que esta enmienda de sustitución podría ser aceptada, ya que, no hace mucho, la prensa publicó la posible liberalización de los servicios portuarios en la Unión Europea. De esta manera, este artículo no quedaría tan encorsetado y sería mucho más
clarificador para el momento en que la legislación determine los puntos que proceda en cuanto a la creación del colegio de prácticos de puerto.
Podrían ustedes decir que deberíamos haber presentado una enmienda en su momento, pero repito que ya explicamos nuestros motivos en la última reunión de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Empezaré argumentando por qué el Partido Popular rechaza las tres enmiendas del Partido Socialista. El argumento que utiliza el Partido Socialista es la Constitución. Pues bien, invocando la Constitución, la
colegiación obligatoria no está de acuerdo con ella. La Constitución encomienda a la ley la regulación de las peculiaridades propias de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. En este caso, al tratarse de un colegio
nacional, la ley que lo regula es la 2/1974 que, en su artículo 3.2, establece el principio de colegiación obligatoria. Así, la Constitución remite a la ley, y la ley establece en este caso la colegiación obligatoria. A mayor abundamiento, el
Tribunal Constitucional, en la Sentencia 149/1998, justifica la colegiación obligatoria no en atención a los intereses de los profesionales, sino como garantía de los intereses de sus destinatarios.
En cuanto al argumento del Grupo Socialista de la
importancia y
transcendencia del practicaje para la seguridad de los puertos, y como garantía de esa función última, el Tribunal Constitucional justifica la necesidad de la colegiación obligatoria. Además, y por sentido común, no deja de ser un
contrasentido que una profesión colegiada no obligue a los profesionales a colegiarse para poder ejercer; tales colegios, más allá del nombre que reciben, no dejan de ser meras asociaciones. Quiero decir que para este viaje no necesitaríamos una
ley, sería suficiente con una asociación. En definitiva, que estén configurados por una norma con rango de ley tiene su fundamento en la garantía de los destinatarios y del fin último del colegio. Este es el argumento de dos de las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista, la primera y la tercera. La segunda enmienda propone retirar la expresión 'anular' de la disposición transitoria segunda. Entendemos que no debe hacerse, porque es una expresión típica del legislador la de
anular y dejar sin efecto los estatutos provisionales por los estatutos definitivos.
Agradecemos la enmienda in voce al artículo 2.2 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es todo un alarde de concreción en la redacción, cosa que ya pretendía el artículo 2.2. Sin embargo, dado el carácter
de colegio profesional y la labor pedagógica del artículo 2, que establece la colegiación obligatoria específicamente, entendemos que la redacción actual abunda en las explicaciones de los requisitos a cumplir por los estatutos del colegio. En ese
sentido, se considera preferible rechazar la enmienda y mantener la redacción original, no sin admitir la labor de concreción y los argumentos de adaptación a la nueva normativa de la Unión Europea. El Grupo Popular entiende que ese será el caso de
todos los colegios profesionales y cuando esa directiva se lleve a efecto, habrá que adaptar la legislación española a la normativa de la Unión Europea.
Quisiera terminar, señor presidente, invitando a todos los grupos a votar favorablemente esta ley; les recuerdo que esta ley tiene una vida muy larga dentro del Parlamento -ya se presentó en 1992- y responde a la demanda de unos
profesionales que quieren tener su colegio profesional.
En ese sentido, salvando las diferencias en relación con estas enmiendas, invitamos a todos los grupos a dar su voto a favor.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- RELATIVA A LA REFORMA DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 10 DE MAYO DE 2001, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES EN LOS BIENES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
GALLEGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000876.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto en relación a los daños causados por temporales en los bienes y servicios de las entidades
locales gallegas.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, don Carlos Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, esta proposición no de ley está motivada, como todas y todos ustedes comprenderán, por los temporales que Galicia sufrió hace un año y medio, en el otoño-invierno comprendidos entre los años 2000 y 2001,
unos duros temporales que empezaron a principios de octubre, acabaron en febrero y causaron numerosos daños personales y materiales que afectaron tanto a infraestructuras públicas como a privadas y frente a los cuales -lamento tener que decirlo así-
la Administración del Estado no actuó ni con la diligencia ni con el compromiso financiero que hubiera sido deseable. Esta falta de diligencia y de compromiso financiero son aún más sangrantes si observamos cómo actuó el Estado en otras
situaciones, en situaciones anteriores en que se produjeron daños extraordinarios y que tuvieron lugar con posterioridad a éstas a las que estoy haciendo mención. Me estoy refiriendo -nos alegramos y votamos favorablemente en el Pleno la aprobación
y la convalidación de ese decreto-ley- a la diligencia con la que el Gobierno actuó en el caso de los daños extraordinarios que se produjeron en Tenerife hace ahora aproximadamente dos meses. El Gobierno tardó días escasamente en aprobar el
decreto-ley y la amplitud y porcentaje de la ayuda estatal sobre el total de daños producidos superó el 50 por ciento.
Veremos cómo en el caso de Galicia eso no fue así. Hubo falta de diligencia, efectivamente, porque el decreto-ley que arbitró
-aparte de las ayudas de emergencia- las ayudas estatales a los particulares y a las entidades gallegas afectadas, se aprobó sólo seis meses después del primero de los temporales; se aprobó el día 6 de abril del año 2001. Ya dije que en el caso de
Tenerife fueron días, al día siguiente estaba allí el ministro Montoro prometiendo cosas. Respecto a la falta de compromiso financiero, en este decreto-ley de 6 de abril, el Estado sólo habilitó un crédito de 4.000 millones -a repartir, por cierto,
con Castilla y León- para un total de daños evaluado por la propia Administración del Estado en casi 60.000 millones de pesetas. De este crédito de 4.000 millones sólo fueron invertidos efectivamente 1.500; luego daré los datos que da el propio
Gobierno. Es decir, 8.958.000 euros. Esto, desde luego, es mucho menos del 50 por ciento; no llega ni al 10 por ciento del total de los daños producidos. ¿Por qué? Podemos buscar ahora los porqués e intentar que situaciones como estas no se
vuelvan a repetir en un futuro.
Nosotros pensamos que, aparte de las deficiencias que denunciamos ya en su momento, por ejemplo, que
no se contemplasen medidas como desgravaciones fiscales en tributos estatales, que no se contemplasen moratorias en créditos personales e hipotecarios para los afectados, que no se contemplasen ayudas directas para recuperar las rentas de
agricultores, ganaderos, mariscadores y pescadores afectados, que no se contemplase el aval del Estado para los créditos subvencionados, etcétera, la culpa en parte está también en que la Orden Ministerial de 10 de mayo de 2001, aprobada por el
Ministerio de Administraciones Públicas en desarrollo del mencionado Decreto-ley 6/2001 es una orden ministerial pensada para hacer inviable el acceso de muchas entidades locales de Galicia a las ayudas. ¿Por qué? Por las siguientes razones: en
primer lugar, porque, habiéndose dictado esta ley siete meses después de producidos los primeros daños, excluye de su ámbito de aplicación -por tanto excluye de cualquier tipo de ayuda estatal- las obras de reparación ya realizadas por las entidades
locales a su entrada en vigor, aún cuando estas obras fuesen calificadas como obras de emergencia. Piénsese que con semejante rapidez -lo digo, como se puede comprobar, con ironía- muchos ayuntamientos gallegos simplemente no pudieron esperar una
ayuda estatal que nunca llegaba para reponer sus obras y los servicios afectados. Aquí estaba también la trampa; la Xunta de Galicia adelantó 3.000 millones de pesetas a las entidades locales y les dijo: esto es un anticipo que usted nos
devolverá con las ayudas que cobre de la Administración del Estado, ayudas que nunca se cobraron.
Ahora la Xunta descuenta a los ayuntamientos este anticipo de la participación en ingresos tributarios estatales, de la PIE que corresponde a estas
entidades locales. En segundo lugar, porque en esta Orden Ministerial de 10 de mayo de 2001 únicamente se contemplan ayudas para aquellas obras y servicios que puedan calificarse, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de bases de régimen local,
como servicios municipales obligatorios. Nos parece una restricción inadmisible, aparte de que no tiene tradición en las normas singulares que se vienen aprobando con ocasión de la producción de daños extraordinarios. Piénsese que de acuerdo con
esta restricción, un ayuntamiento de 5.000 habitantes no podría, por ejemplo, solicitar ayudas para reparar los daños causados por los temporales en una biblioteca o en un parque público y que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes tampoco
pueden, por ejemplo, solicitar ayudas para reparar los daños causados por los temporales en un polideportivo porque estos no son calificados como servicios municipales obligatorios. Ya digo que nos parece una restricción inadmisible que no tiene
tradición ni antecedentes en otras normas aprobadas. Haciendo también caso aparte de que muchas de estas ayudas siguen sin cobrarse, a nadie le extraña que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el propio Gobierno, la situación sea la siguiente:
en la provincia de A Coruña, de siete solicitudes de ayuda presentadas únicamente se concedieron tres; en la provincia de Lugo, de seis solicitudes únicamente se concedieron dos; en la provincia de Pontevedra, de 18 solicitudes de ayuda
presentadas únicamente se concedió una y en la provincia de Ourense, de 10 solicitudes de ayuda sólo se concedieron cuatro. Todo a mayor grandeza del déficit cero. De los 22 millones 189.000 euros previstos, esos 4.000 millones de pesetas a
repartir entre Galicia y Castilla y León, a Galicia, según el Gobierno, le correspondían 3.692 millones de pesetas y únicamente se gastaron 1.500 millones. Por tanto, nunca unos temporales le salieron tan baratos al Estado; nunca, como en este
caso, los gallegos y las gallegas tuvimos que pagar otra vez lo que en otras partes paga la Administración del Estado -es justo que lo pague- y nunca tuvimos que esperar tanto tiempo, siete meses, los gallegos y las gallegas, por unas ayudas que al
final llegaron en estado raquítico y tuvimos que contemplar -nos alegramos por ellos- cómo en otras partes del Estado el Gobierno emplea otra vara de medir y actúa con una diligencia y con una generosidad que para nosotros -eso que Fraga habla del
Gobierno amigo- son desconocidas. Felicito a los canarios y seguramente el hecho de contar con un gobierno de distinto color influye en esto, lo que no sé es qué hace la gente del Partido Popular de Galicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir con relación a esta proposición no de ley? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Se discute aquí una proposición no de ley que tiene una fecha realmente sorprendente, es del año 2001, lo cual marca un retraso considerable en la presentación de alternativas para arreglar un problema. En esta
proposición de ley, que vamos a apoyar indudablemente porque la consideramos justa, se vislumbra claramente la cicatería, el problema de la cofinanciación y el problema de los retrasos que hay tradicionalmente por parte de la Administración central
y por parte de la Xunta de Galicia, con su Gobierno actual del Partido Popular, en los temas que les afectan.
Estos temporales y estas inundaciones que tuvieron lugar en el año 2000 marcan, digamos, un hito importante en la carencia de infraestructuras en muchos ayuntamientos y la carencia de infraestructuras sobre todo para prevenir las desgracias
que ocurrieron. Solamente voy a dar un dato: en el mes de diciembre de aquel año hubo 29 horas de sol en Galicia; es decir, que entre septiembre y diciembre cayeron una media de 600 litros por metro cuadrado, cuando la media anual de ejercicios
anteriores correspondía a unos 800 litros anuales, el exceso era evidente. Se dañaron propiedades privadas, propiedades públicas. En el caso de
las propiedades privadas había empresas, bienes particulares, y las ayudas fueron retrasadas, pero lo más grave es que se tradujo todo ello en empobrecimiento y sobre todo en machacar a quien ya estaba machacado. La estimación de los daños,
valorados en unos 50.000 millones de pesetas, hacía inviable cualquier modelo de reparación que tuviera como protagonistas a los ayuntamientos. Una Administración como la gallega se reveló incapaz, pero la solidaridad de la ayuda estatal se matizó
en una orden ministerial del 15 de mayo con, digamos, una aportación en forma de crédito, a repartir 4.000 millones de pesetas con Castilla y León, y lo que más llamó la atención es que era una ayuda en forma de créditos, que luego, indudablemente,
había que devolver. No quiero comparar lo que ha señalado el ponente con el caso de Tenerife -y felicito a los compañeros, felicito al Parlamento por la diligencia que hubo en el tratamiento de las desgracias ocurridas este año en Tenerife-, pero
el problema de las ayudas a Galicia empezaron enseguida cuando se hicieron visibles los problemas que hubo para determinar el ámbito de aplicación. Evidentemente las entidades locales se vieron superadas y el Partido Socialista propuso en su día
que se recuperase la capacidad y el liderazgo que debían mantener para los vecinos los ayuntamientos. Decía que presentamos en su día una proposición no de ley que daba más protagonismo a los ayuntamientos precisamente para centralizar la recogida
de datos, para proporcionar esos datos con mayor urgencia a la Administración y, sobre todo, para reducir los trámites, los procedimientos y los tiempos de adjudicación de ayudas. Sin embargo, como era tradicional, y no podía ser menos, fue
rechazada.
La Ley de régimen local establece una serie de artículos en los que nos plantea las obligaciones de los ayuntamientos y, evidentemente, en el artículo 26 dice: Los municipios, por sí o por asociados, deberán prestar, en todo caso, los
servicios de alumbrado, abastecimiento de agua potable en núcleos de población, tienen también que hacer parques públicos, etcétera. Toda una serie de cuestiones que excluían necesariamente toda esta cuestión porque los excedía. Por esa razón
vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El día 25 de marzo del año 2002 la Consellería de Medio Ambiente en Galicia señalaba que implantará sistemas automáticos de información que permitirán al departamento conocer en tiempo real el caudal y la calidad de las aguas de los ríos.
Las actuaciones comenzarán este año y supondrán una inversión de 16 millones de euros, unos 2.600 millones de pesetas, hasta el año 2006, y en este periodo se incluirán 185 contenedores subterráneos, etcétera. Está bien esto, pero evidentemente la
previsión había que hacerla bastante antes. De estas ayudas que se señalaban en forma de créditos sólo se invirtieron la mitad y todavía hay muchísimos particulares que han quedado excluidos totalmente de estas ayudas. Se excluían las obras
anteriores que se habían hecho para prevención precisamente de estas situaciones. No sé si se deberían incluir o no, yo apuesto por que sí, pero sí debemos ser solidarios con estos ayuntamientos que en su caso son, digamos, muy precarios, pero que
son la administración más próxima a los ciudadanos.
Espero que ahora el Partido Popular sea consciente de sus responsabilidades, tanto aquí como en Galicia, y no me imagino que nos alegre ahora la mañana con una serie de apuestas positivas y notas en torno a lo bien que se ha funcionado en la
aplicación de estos créditos para ayudas a los vecinos. Por esta razón también solicito al Grupo Popular el voto positivo para esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Manuel Chapela.
El señor CHAPELA SEIJO: Señor presidente, señorías, mi intervención se va a centrar en lo que es el objeto de esta proposición no de ley, por tanto voy a hablar, única y exclusivamente, en esta Comisión de la orden ministerial que
desarrolla un concreto aspecto parcial del real decreto por el cual se adoptaban una serie de medidas de ayuda a Galicia con motivo de los temporales acaecidos entre el mes de octubre de 2000 y enero de 2001. Quería empezar mi intervención,
señorías, indicando que esta orden ministerial es idéntica o prácticamente idéntica a otras muchas que se han dictado con anterioridad y con posterioridad sobre temas de este mismo calado. Cuestiones temporales, cuestiones que han acaecido en
Cataluña, en el Levante español, en la propia Castilla y León han tenido el mismo desarrollo normativo que el que se dio por parte del Gobierno del Estado a Galicia. Por tanto, señorías, creo que se debe descartar cualquier tipo de discurso
victimista que se pretenda hacer, una vez más, con Galicia, en este caso con los ayuntamientos gallegos.
Dicho esto, también quería decir que en técnica legislativa le bastaría al Grupo Popular hacer referencia al principio de jerarquía normativa
para rechazar la proposición no de ley, porque el proponente y SS.SS.
saben que para poder modificar una orden ministerial previamente habría que modificar la ley, en este caso el decreto-ley que le sirve de base, y SS.SS. saben que estamos
hablando de una orden ministerial que no es más que un simple desarrollo, un desarrollo parcial de un precepto de un real decreto. Por tanto, en técnica legislativa, en técnica parlamentaria, es imposible modificar una orden ministerial en tanto en
cuanto no se proceda a la modificación del decreto-ley que le sirve de antecedente y de base.
Aunque solamente sea a efectos polémicos, sí me gustaría entrar a incidir en algunos de los puntos y de las cuestiones que aquí han tratado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Respecto de la primera de las
peticiones que hace el proponente del
Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, con relación a la posibilidad de que se incluyan dentro de la orden ministerial obras ejecutadas o iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la orden ministerial, que como SS.SS. saben
tuvo entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' tengo que decir que en la orden ministerial nada prohíbe bajo concepto alguno que se puedan incluir obras iniciadas o ejecutadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta orden ministerial. Eso sí, siempre y cuando los proyectos técnicos de esas obras o los presupuestos sean previamente informados favorablemente por la Comisión de asistencia a los subdelegados del Gobierno en cada una de las
provincias de Galicia. En cuanto a la solicitud que S.S. hace de que estas subvenciones a las entidades locales de Galicia se extiendan a equipamientos para prestar servicios que no solamente cubran los obligatorios según la Ley de bases de
régimen local, tengo que decir, señorías, que no podemos estar de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo con lo que S.S. ha dicho, pero tampoco con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Me gustaría recordar -porque al final el
'Boletín Oficial del Estado' es tozudo y la realidad, evidentemente, no se puede ocultar- que con ocasión de otros daños semejantes a estos acaecidos en Galicia en 1989, por el Gobierno de entonces se dictó una serie de disposiciones, entre ellas el
Real Decreto 1605/1989, de medidas urgentes para reparar daños causados por lluvias torrenciales e inundaciones en Galicia, Extremadura, Castilla y León y Madrid. Por cierto, hay quien se queja aquí de que por parte del Gobierno actual se haya
dictado un real decreto que incluye a Galicia y a Castilla y León. Ya hemos visto que hay antecedentes en los que no sólo se incluían dos comunidades autónomas sino bastantes más. Pues bien, este real decreto de 1989 en su artículo 1.4 establece
textualmente: Los servicios e instalaciones básicas objeto de estas ayudas son las relacionadas en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Por tanto, señoría, no existe novedad alguna. El Gobierno actual ha hecho exactamente lo mismo que
hizo el Gobierno anterior, es más, la práctica ha dictado que hasta la fecha debe hacerse de esta forma: deben limitarse las ayudas a los servicios de prestación obligatoria; no debemos olvidar -y su señoría no lo obvia- que los ayuntamientos, los
municipios, pueden recabar distintas ayudas a otras instituciones, como son el Instituto Nacional de Empleo, las diputaciones provinciales de Galicia y la Xunta de Galicia.
Finalmente, para terminar, señor presidente, señorías, en cuanto a la ampliación de crédito presupuestario, para que las subvenciones sean como mínimo del 50 por ciento, consideramos que el esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno debe
ser destacado. No se debe olvidar, señorías, que esas no han sido las únicas ayudas y medidas económicas que ha establecido el Gobierno, pues además de estas ayudas a los ayuntamientos ha establecido -y conviene que S.S. lo recuerde porque así
está establecido en el Real Decreto Ley 6/2001, de 6 de abril- las siguientes: beneficios fiscales a través de exenciones en el IBI y rebajas en el IAE; ayudas de emergencia; reducciones fiscales en el IRPF y el IVA; medidas laborales para
empresarios, trabajadores y autónomos y, finalmente, líneas de crédito preferencial. Señorías, señor presidente, creo que todo esto demuestra bien a las claras -y la realidad es tozuda- la especial sensibilidad que ha tenido el Gobierno del Partido
Popular con ocasión de los temporales acaecidos en Galicia entre los meses de octubre de 2000 a enero de 2001.
- SOBRE NECESIDAD DE ACUERDO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE POLÍTICA DE PERSONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001219.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, esta vez presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre necesidad de acuerdo entre las administraciones públicas en materia de política de personal.
Para la exposición de esta propuesta, tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Cuando el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Ignacio González, conoció esta propuesta -que, por cierto, se la hemos sugerido varias veces al Gobierno en Comisión y en algunas conversaciones-, me
acuerdo de que dijo textualmente: ¡Hasta dónde vamos a llegar! Las retribuciones las marca el Gobierno en la Ley de Presupuestos y punto. Podíamos entender que, efectivamente, de acuerdo con el artículo 149.1.13a de la Constitución española, que
marca que es competencia básica del Estado la fijación de los objetivos económicos y que la política económica española es competencia exclusiva del Gobierno, el marco retributivo básico lo marca el Gobierno. Pero la cuestión está en cómo se
marcan, en cómo se fijan estos objetivos y estas conclusiones que tienen carácter básico y normativo para el conjunto de las administraciones públicas, ¿con diálogo? ¿Con acuerdo? ¿Discutiéndolo? ¿Pactándolo? ¿Por el artículo 33, manu militari,
sin discutir y sin acordarlo absolutamente con nadie, llevándolo a la Ley de Presupuestos? Ese es el problema fundamental, no es un problema de quitar o no competencias a las administraciones que de hecho las tienen. Es verdad que la Constitución
española cuando establece en su artículo 149 lo que son competencias básicas del Estado incluye el punto 1.13a, pero también habría que hacer una interpretación -y no pretendo hacer ahora una revisión constitucional- porque en el año 1978 había una
distribución de poder, una distribución de efectivos que era la que era.
Quién nos iba a decir, señor presidente, señorías del Partido Popular, que en el año 2002 la composición de las administraciones públicas a efectos de personal fuera
que la Administración pública estatal tiene responsabilidad sobre 610.000 efectivos, que las comunidades autónomas tienen responsabilidad sobre 1.077.000, que las administraciones locales tienen responsabilidad sobre 472.000 y que las universidades
tienen responsabilidad sobre 90.000, de un conjunto de efectivos de 2.250.000.
Es decir, que hoy, en el año 2002, sólo uno de cada cuatro empleados públicos aproximadamente tienen al Estado, al señor Montoro o al señor Posada, de patrón, de
responsable o de jefe, el resto, es decir tres de cada cuatro empleados públicos en España están en otras administraciones.
Las cosas han cambiado radicalmente y determinadas decisiones se toman como en el año 1978. Las cosas han cambiado y sin
embargo hay ciertos hábitos que no sólo perviven y persisten sino que incluso, con un mal llamado o con un mal entendido patriotismo constitucional, en algunas decisiones se aumentan y se marcan diferencias muy sensibles. Hoy en día la armonización
porque sí, el ordeno y mando se ha convertido quizá en una práctica demasiado habitual en relación con determinadas decisiones.
Tengo aquí unas declaraciones del ministro de Administraciones Públicas, señor Posada, que decía que anunciaba una
recentralización si las autonomías rehusan cooperar. Precisamente lo que se pretende es que todos cooperen y que las decisiones no se tomen sin acuerdo y sin diálogo entre el conjunto de las administraciones.
Las cosas son tan así -quizá el ordeno y mando funciona en determinadas cuestiones de una forma excesivamente prolija- que el año pasado, en fechas muy próximas a la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Presupuestos del año
2002, donde se marcaban los objetivos retributivos para el año actual, en una tormentosa y borrascosa reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas entre los directores generales y los responsables de las comunidades autónomas y del
ministerio, las comunidades autónomas se plantaron porque no habían sido consultadas en cambios importantes en sus sistemas retributivos, porque el Gobierno adoptaba criterios que inevitablemente iban a afectar a las comunidades autónomas en la
fijación de plantillas, en las subidas salariales, en los nuevos términos retributivos. Por cierto, fíjense cómo se toman las decisiones que lo que en principio fue medianamente acordado o previsto, que era incorporar a los sistemas retributivos
nuevos planes de pensiones, como no tenían cobertura jurídica para poder realizarlo y había que hacer una modificación de la Ley de planes y fondos de pensiones, esto se ha incorporado a través de una enmienda en el debate de la Ley financiera que
acabamos de tener hace poco tiempo, incluso hay que decir que los responsables de ese ámbito en el Ministerio de Administraciones Públicas no se habían enterado de que el Grupo Parlamentario Popular había incorporado una enmienda en estos términos.
Es decir, que las decisiones incluso en materia retributiva demasiadas veces se toman por unos a espaldas de otros. Esto es lo que pretendemos evitar, que haya decisiones que se adopten de forma unilateral.
Por eso, en una realidad compuesta no se puede mirar para otro lado, no se puede no acordar, no se pueden imponer determinadas decisiones a los demás y, sobre todo, en unas administraciones que ya suman más del doble de efectivos que la
propia Administración central, que es la que toma las decisiones por todos. Es decir, que como parece que no se entiende bien el ámbito de la cooperación en las relaciones entre el ministerio y el resto de las administraciones públicas, presentamos
esta proposición no de ley para que, en el caso de ser aprobada, sea el Congreso de los Diputados quien recuerde al Gobierno de España, no sólo las comunidades autónomas, que establezca cauces, mecanismos de diálogo, hoy inexistentes, al más alto
nivel, porque no funciona una conferencia sectorial, en el ámbito de administraciones públicas, con los consejeros de las comunidades autónomas sino que es de segundo nivel entre directores generales. Aunque estaba prevista esta creación en el
estatuto básico de la Función pública, como no se crea ni la Ley de cooperación ni la Ley del estatuto básico de las administraciones públicas en el ámbito de la Función pública no existe este mecanismo ni instrumento de cooperación y de
colaboración. Hoy parece más importante que hace unas semanas, incluso meses, al haber renunciado el Gobierno a presentar esa hipotética ley de cooperación autonómica. Es decir, que con ley o sin ley, con Senado reformado o con Senado sin
reformar, con comisión general de autonomías o no, es perentorio, necesario y urgente abrir cauces de participación y de diálogo para que las comunidades autónomas al más alto nivel y el Gobierno acuerden, no sólo dialoguen, objetivos y temas
básicos para el conjunto de las administraciones públicas, para los empleados públicos españoles.
Está próxima la elaboración de los presupuestos del año 2003, se está trabajando ya en ello. No caigamos ni cometan el Partido Popular y el Gobierno los mismos errores que en los años anteriores, porque para errores en materia de
desviaciones y de incumplimientos entre los objetivos y la realidad ya tenemos al señor Rato que, de una forma directa o indirecta, hace que todos los empleados públicos, todas las comunidades autónomas, lo sufran por la errónea planificación y
descripción de objetivos en materia de inflación y de Función pública.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir con relación a esta proposición no de ley?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Comenzaré por el final, en función de la exposición que ha hecho el señor Martínez Sanjuán, recordándole que existe una comisión, que es la comisión de coordinación con las comunidades autónomas, que la preside el
ministro de Administraciones Públicas, y a la que asisten generalmente representantes del Ministerio de Economía y Hacienda. Quiere decirse que no es una comisión, como me ha parecido escucharle, donde van cargos de segundo nivel, sino que es una
comisión que, como su nombre indica, coordina la política tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y que la preside el ministro de Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere al fondo de la exposición que él ha realizado de su proposición no de ley, creo que esta no es una cuestión sólo de quién tiene que hablar más en función del número de funcionarios que tiene, si son las comunidades
autónomas, como él ha dicho, después del proceso de transferencias quienes contienen el mayor número de funcionarios o es la Administración general del Estado. Las competencias exclusivas, según establece la Constitución, no van en relación con ese
número de efectivos sino en la competencia per se. Es decir, el artículo 149.1.13a establece la competencia exclusiva del Estado para establecer las bases, la coordinación y la planificación general de la actividad económica. Al mismo tiempo, el
artículo 149.1.18a recoge la competencia exclusiva del Estado para establecer el régimen estatutario de los funcionarios de las distintas administraciones públicas.
Hemos debatido ya muchas veces en esta Comisión cómo debe ser la articulación de esta competencia en función de lo que son los objetivos generales de la política económica del Gobierno. Repito una vez más que esa coordinación y esa
competencia exclusiva parte de la definición de unos objetivos que son básicos para todas las administraciones públicas, tanto de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales.
Cuando en las leyes de presupuestos de cada año el Estado
fija los incrementos máximos en esta materia de retribuciones, lo hace en relación con lo que son los objetivos de política económica y de crecimiento general, teniendo en cuenta, además, que en esta materia de las retribuciones de personal siempre
hemos defendido, y seguimos manteniéndolo, que este concepto es inflacionista, es decir, la desviación en más o en menos de lo que pueda ser ese objetivo general marcado genera necesariamente un concepto de inflación.
Efectivamente es necesario que exista una coordinación con las comunidades autónomas a la hora de definir los objetivos de retribuciones en el sector público puesto que, como él definía -y la realidad es evidente, no vamos a discutir que en
este momento la distribución de funcionarios en los ámbitos de cada una de las administraciones es la que es-, no tiene por qué presuponer que el Estado no deba seguir manteniendo, dentro de ese objetivo y de su competencia, lo que son los límites
máximos de retribución fijados dentro de la política general económica, y creo que el primer sector obligado a ello es el sector público, tanto estatal como autonómico y local.
Compartimos que en el seno de la comisión de coordinación debe existir el mayor consenso posible a la hora de redefinir y de negociar lo que pueden ser los incrementos retributivos de los funcionarios en cada uno de sus ámbitos. Sin
embargo, y eso lo conoce el señor Martínez Sanjuán perfectamente, además de lo que es el límite máximo que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales, a través de lo que permiten
los incrementos en masa salarial, al mismo tiempo reordenan sus retribuciones con conceptos determinados que hacen que no estén sujetos necesariamente al cien por cien a ese objetivo máximo, si bien les limita, como no podía ser de otra manera,
puesto que es un objetivo de política general. Creemos que sí que existe ese órgano de coordinación, que es la comisión que he comentado anteriormente y que, en el seno de dicha comisión, deben articularse, previo a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, los acuerdos o llegar a los máximos consensos que definan la política de personal, tanto en la Administración general del Estado como en las comunidades autónomas. El mecanismo está perfectamente definido. Es indiscutible la
competencia del Estado en esta materia. En ese sentido, considerando que la Comisión de cooperación está perfectamente articulada y al máximo nivel, entendemos que no procede recordar al Gobierno algo que es obvio y que en estos momentos ya está
utilizando, como es, en el seno de esa comisión, intentar llegar a los máximos consensos con las comunidades autónomas.
- SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA COMPENSAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO EN EL AÑO 2001. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001220.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las medidas para compensar a los empleados públicos la pérdida de poder adquisitivo en el año 2001.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Juana Serna.
La señora SERNA MASÍA: Antes de comenzar, y después de escuchar a la señora Ruiz, espero que en esa Comisión precisamente una de las cosas que se vayan a tratar sea la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
Señorías, los presupuestos generales de 2001 aprobaron una subida salarial para los empleados públicos de un 2 por ciento, según las previsiones de inflación
del Gobierno previsiones que, año tras año, como saben SS.SS., vienen sufriendo el varapalo de una realidad económica que el Gobierno no sabe cómo dominar todavía. Esa ineficacia en lo económico dio lugar a que el año 2001 acabase con un
incremento de la inflación del 2,7, incremento que, por cierto, repasando el 'Diario de Sesiones', se ve cómo en el debate de los presupuestos generales de 2001 el 2,7 por ciento estaba mucho más cerca de las previsiones que hizo la oposición que de
las que hizo el Gobierno. ¿Cuál fue el resultado de esta ineficacia en las previsiones del señor Rato? La pérdida de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos que, de nuevo, vieron cómo otro año más se mermaba precisamente su poder
adquisitivo.
Por este motivo el Grupo Parlamentario Socialista presentó dos enmiendas, la primera en los presupuestos generales de 2001, sobre garantías de mantenimiento, es decir, pensando que esas previsiones iban a ser erróneas, como así fue; la
segunda, un año más tarde, en el debate de los presupuestos de 2002, no era sobre garantías de mantenimiento sino sobre compensaciones económicas, dado que los hechos eran contundentes y que, por tanto, había habido nada menos que un aumento en
siete décimas. Esa era la pérdida que ese año habían sufrido en el poder adquisitivo los empleados públicos. Como todas SS.SS. saben, si la capacidad adquisitiva es lo que sube tu salario menos lo que sube el IPC, aceptará que durante estos años
se ha perdido bastante capacidad adquisitiva. Quiero recordar algunas cifras. En el año 1997 disminuye el poder adquisitivo de los empleados públicos en dos puntos porcentuales, en el año 1999 disminuyó seis décimas, en el año 2000 disminuyó 1,7
puntos porcentuales. Si a ello añadimos las siete décimas del año 2001 nos encontramos con que el resultado final es que los empleados públicos han perdido, nada menos, que cinco puntos porcentuales en su capacidad adquisitiva desde que gobierna el
Partido Popular. Señorías, que los funcionarios han tenido esta pérdida económica ya no lo niega nadie, ni siquiera el ministro Posada. Quizás lo niega cuando habla, sin embargo lo afirma con sus hechos, dado que ha intentado un plan de
retribuciones variables para compensarles esta pérdida; plan que no ha salido adelante porque los ministros económicos del Gobierno han ninguneado al señor Posada y no le han permitido sacar adelante un proyecto que parecía interesante y que
estabamos dispuestos a debatir.
Podemos decir que la irritación de los empleados públicos va aumentando, año tras año, casi al mismo ritmo que la inflación, lo cual significa que este año, tal y como están las cosas, la irritación funcionarial ha aumentado al menos en el
3,7 por ciento, entre otras cosas porque los efectos derivados de la alta inflación que tenemos en estos momentos son muy importantes. Como SS.SS. saben, aumentan los alquileres de la vivienda, aumentan los tipos de interés (en este momento, por
ejemplo, los que tengan hipotecas con tipos de interés variable tendrán que pagar más a los bancos, y se ha convertido en un 40 por ciento de la renta familiar bruta disponible) y también se aumenta la presión fiscal, dado que el Gobierno no ha
actualizado la tarifa ni los mínimos vitales y deducciones del IRPF. Con este panorama, y si la inflación al finalizar el año es de ese porcentaje del 3,7, se producirá una pérdida de poder adquisitivo durante los seis años de Gobierno popular de
nueve puntos porcentuales. Por otro lado, esto significa que nos vamos diferenciando cada vez más de la Unión Europea, puesto que mientras nosotros tenemos esta alta tasa de inflación, en la Unión Europea están en el 1,8, lo cual significa
-supongo- que el resto de los europeos deben estar encantados con el Gobierno español dado que este aumento de nuestro IPC no sólo pone en peligro a nuestro país sino que, por su influencia, puede ser causante de una subida de los tipos de interés
del Banco Central Europeo.
Por todas las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otra proposición no de ley instando al Gobierno a que, de acuerdo con las organizaciones sindicales -subrayo lo del acuerdo con las organizaciones sindicales, a
ver si es capaz de recuperar el diálogo con ellas-, adopte las medidas necesarias para compensar a sus empleados públicos la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron durante el año 2001, aunque, S.S., tal y como están las cosas, es seguro que
tendremos que hacer la misma proposición no de ley para el año 2002.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Yo no desisto y espero que algún día nos pongamos de acuerdo la señora Serna y yo en el cálculo de la pérdida de poder adquisitivo, porque siempre estamos barajando los mismos conceptos de distinta manera. Ella sigue
manteniendo que existe pérdida de poder adquisitivo pero los datos, tanto de los incrementos en la Ley de presupuestos como lo que se define a través de otros conceptos adicionales como el 1,2 por ciento de la masa salarial, hacen que esa pérdida de
poder adquisitivo en los puntos que ella dice no sea tal. Digo que espero y confío en que algún día nos pongamos de acuerdo porque la realidad es la que es y, efectivamente, la Ley de presupuestos para el año 2001 fijó un incremento general de las
retribuciones básicas del 2 por ciento, al que hay que añadir los incrementos adicionales que se recogen por los deslizamientos que se producen a lo largo del ejercicio en conceptos como la antigüedad, las reclasificaciones, la productividad y los
fondos adicionales que se asignan derivados de acuerdos pactados en el ejercicio 2001 y que componían el 1,2 por ciento de la masa salarial.
Por eso, independientemente de la cuantificación definitiva, que
espero que tengamos en breves fechas, nos situaríamos en un porcentaje del 3,2. Es decir, los salarios medios de los funcionarios públicos habrán crecido en el año 2001 el 3,2 por ciento. Por tanto, teniendo en cuenta que el IPC real ha
sido del 2,7 por ciento, no sólo no ha habido pérdida de poder adquisitivo sino que éste ha aumentado por encima de la inflación.
En cuanto a los datos que da respecto de otros conceptos que afectan a las cantidades de la renta disponible de los funcionarios, yo no le voy a discutir que las personas que tengan hipotecas de renta variable en determinados momentos tengan
que ver cómo por esa renta variable afectada por otros componentes determinados puedan tener un mayor pago de las hipotecas, pero también al sector público como al resto del conjunto de los ciudadanos les estarán afectando las reformas del IRPF
realizadas por este Gobierno. Por consiguiente, tanto la primera reforma del IRPF como la que ahora está en trámite en esta Cámara y que espero que salga adelante permiten que los funcionarios públicos vean liberadas rentas como consecuencia de
estas reformas que ha planteado y que sigue planteando como uno de sus compromisos esenciales el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, una vez más -y ya le digo que espero que algún día podamos ponernos de acuerdo en los conceptos- no vamos a
poder aprobar esta proposición no de ley porque partimos de conceptos distintos, partimos de datos completamente diferentes y, desde luego, no admitimos y seguimos sin ver claramente cuál ha sido la pérdida del poder adquisitivo.
Termino con una última matización. Su señoría dice que el Ministerio de Administraciones Públicas presentó un plan de mejoras sociales muy interesante para los funcionarios y que los ministros económicos del Gobierno se encargaron de que no
saliera adelante. No, señora Serna. Los que se encargaron de que no saliera adelante fueron las organizaciones sindicales que no llegaron a ningún acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas en el reparto de estos fondos que,
efectivamente, tenían -como por primera vez le he oído a usted reconocer- unas posibilidades muy sugerentes; repito que fueron las organizaciones sindicales las que no admitieron en ese momento las distintas propuestas que hacía el ministerio. Yo
también espero y confío en que se vuelva a reunir la mesa de la función Pública y en que exista consenso entre las organizaciones sindicales y el Ministerio, porque el Ministerio de Administraciones Públicas siempre ha intentado mejorar a las
retribuciones del sector público través de otros conceptos, partiendo -y lo vuelvo a decir, como hice en el punto anterior- de que los incrementos lineales que proponen S.S. y su grupo para aumentar directamente las retribuciones en el mismo
porcentaje que el IPC es un concepto totalmente inflacionista que no sólo no garantiza esa renta del sector público sino que, además, afecta muy directamente a la política general.
Nosotros vamos a seguir defendiendo la política económica del
Gobierno que en el sector público se traduce en otra serie de medidas, además del incremento lineal que fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que creemos que son interesantes para el conjunto de los funcionarios y que esperamos y
deseamos que en las próximas reuniones de la mesa de la función pública sean objeto de un acuerdo con las organizaciones sindicales para posibilitar esa mejora de condiciones en otros aspectos, no solamente en los salarios sino en otros que también
liberan rentas y que pueden ser muy interesantes para el sector público.
- SOBRE EL TRASLADO DE LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MÁLAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001397.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6 del orden del día: proposición no de ley sobre el traslado de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Hay tres grupos proponentes.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, si no tienen inconveniente los demás portavoces, quisiera que se comenzase con la intervención de mi grupo, ya que de inmediato tengo que acudir a otra Comisión.
El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente alguno, pero le ruego, señor Centella, así como a los demás intervinientes que no estaban al principio de la sesión, que limiten su intervención a tres minutos puesto que tenemos una restricción
horaria para acabar y votar antes de las once.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Agradeciendo al resto de portavoces que me hayan permitido intervenir en primer lugar, y ateniéndome al tiempo que creo que a va a ser más que suficiente porque es un tema recurrente, comenzaré por decir que el 27
de noviembre de 1997 esta Cámara aprobó en la Comisión de Cultura una proposición por la cual y de forma unánime, es decir con los votos del Grupo Popular, se encargaba al Gobierno que crease una comisión con el Ministerio de Cultura, el de
Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Málaga para que, en el plazo de tres meses, procediese a emitir un informe sobre la forma de utilización como museo del palacio? del paseo de la Aduana de la ciudad de Málaga. Es decir, no se trataba
de ver si en el palacio de la Aduana podía haber un museo sino si se podía utilizar ese palacio como museo. Ese informe nunca se hizo sino que se sustituyó por otro en
el cual se indicaba que el mejor sitio para instalar el museo de Bellas Artes era el convento de la Trinidad. Es decir, no se hizo este informe sino otro a gusto del Gobierno y el día 27 de noviembre de 1997 empezó el ir y venir de este
tema en la sociedad malagueña y por añadidura en este Congreso de los Diputados. Hoy, fruto de este ir y venir, tenemos una proposición que planteamos con un carácter abierto y que intenta acabar con el argumento de que la Subdelegación del
Gobierno en Málaga no puede tener otra ubicación que el palacio de la Aduana. Eso es incierto porque había una oferta que ofrecía el palacio de la Diputación y también, como había reiterado el propio alcalde de Málaga, existía la posibilidad de
utilizar un edificio de Tabacalera que podía ser desalojado pronto y pasar a ser propiedad del ayuntamiento. Con esta iniciativa tratamos de plantear la posibilidad de que la Subdelegación del Gobierno, de una forma digna, como corresponde, pudiera
estar ubicada en otro edificio de la ciudad de Málaga y sólo el empecinamiento, con una visión centralista de la política, es lo que la hace permanecer en el palacio de la Aduana, privando a Málaga de que ese edificio pueda ser el gran museo que
necesita.
El objeto de esta proposición no de ley es intentar que el Grupo Popular abandone esa concepción centralista y que el palacio de la Aduana sea una realidad para Málaga porque, según decía el Gobierno, la Subdelegación también es para Málaga,
pero cuando se dice que una cosa es para Málaga es para que los malagueños decidan, y ellos han decidido que se utilice como museo, así lo han manifestado con la recogida de firmas, y el Grupo Popular no puede estar de espaldas a lo que los
malagueños han decidido.
Este es el objetivo de esta proposición, que no voy a alargar porque ha sido un tema reiterado en esta Comisión, pero sí quiero decir que estamos dispuestos a aceptar cualquier planteamiento del Grupo Popular que signifique
abrir un camino para que el palacio de la Aduana pueda ser ese gran museo que Málaga necesita y, de una vez por todas, deje de ser sede de la Subdelegación, que se traslade a otro edificio noble de la ciudad.
Este es nuestro planteamiento que esperamos, de una vez por todas, tenga eco en el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, el pasado día 16 de abril, el alcalde de Málaga declaraba en los medios de comunicación - aquí está la nota por si el señor Atencia no lo recuerda- que el edificio de Tabacalera podía tener uso no sólo
institucional sino también cultural de forma directa o indirecta. El señor De la Torre reconoció que esta última vía consistía en el traslado de la Subdelegación del Gobierno de Málaga desde la Aduana a la antigua fábrica de tabaco. A los
socialistas nos parece una propuesta interesante que es compartida por Izquierda Unida, por el Partido Andalucista y también por la comisión ciudadana La Aduana para Málaga. Por ello, el pasado 7 de mayo se presentó en esta Comisión una proposición
no de ley que esperamos sea votada por todo el arco parlamentario, incluido el Grupo Popular.
El texto de la iniciativa parlamentaria es bien simple. Se trata de trasladar la Subdelegación del Gobierno de Málaga al edificio de Tabacalera, una vez que sea propiedad del ayuntamiento, siempre y cuando no suponga una excusa para
recalificar los terrenos de la fábrica de tabaco en Málaga. Esto último nos parece de enorme importancia, pues los socialistas consideramos que las instalaciones de tabacalera deben destinarse a uso social y ciudadano, en beneficio de los
residentes en la barriada de Carretera de Cádiz. Además, no hay que olvidar el compromiso que adquirió el alcalde de Málaga con los trabajadores de la antigua Tabacalera, hace dos años - es bueno recordarlo porque el Grupo Popular olvida bastantes
cosas de las que dice-, al anunciar que se impediría cualquier recalificación del uso del suelo ocupado por la fábrica de Altadis si no se garantizaba la conservación de los puestos de trabajo.
Las grandes dimensiones del edificio de Tabacalera,
que consta de más de 40.000 metros construidos, y el hecho de que el ayuntamiento no lo ocuparía en su totalidad permitiría ubicar a la Subdelegación del Gobierno en el mismo edificio, posibilitando que el palacio de la Aduana fuera la sede del
museo de Bellas Artes y Arqueológico. Los socialistas no compartimos la decisión anunciada hace dos semanas por el ministro de Administraciones Públicas de mantener el palacio de la Aduana como sede institucional de la Subdelegación del Gobierno,
cediendo únicamente la planta baja como sala de exposiciones, y no como ha dicho algún diputado del Grupo Popular para exponer los cuadros del museo de Bellas Artes. Los socialistas queremos recordar que han pasado cinco años desde que el mejor
museo de pintura española del siglo XIX fuese embalado en el ático de la Aduana; cinco años desde que se iniciara la reivindicación ciudadana de convertir este edificio en museo provincial con sus dos secciones, Bellas Artes y Arqueológico, para
crear así en el centro histórico malagueño un circuito cultural capaz de ofrecer la atractiva posibilidad de disfrutar del gran legado cultural y urbanístico de Málaga. Hasta la fecha, la gran oferta del Grupo Popular ha consistido en retirar la
comisaría del edificio, liberando 800 metros cuadrados de la planta baja, donde se pretende hacer una sala de exposiciones; propuesta que no comparte la inmensa mayoría de los malagueños porque se está hablando de un espacio bastante pequeño. Por
otro lado, hay que resaltar -y me gustaría dejar esto muy claro al portavoz del Grupo Popular- las viviendas de lujo que actualmente tienen el subdelegado del Gobierno y el secretario de la Subdelegación, que entre las dos ocupan
ni más ni menos que 800 metros cuadrados -exactamente los mismos que se van a dedicar a sala de exposiciones-, convirtiendo a la Aduana en la mejor vivienda particular de Málaga y sobre todo la más barata para sus ocupantes. Los socialistas
ponemos en cuestión la necesidad de mantener en el palacio de la Aduana estas dos viviendas.
El Ministerio de Cultura ha creado en los últimos años varios museos, pero -como digo- el museo de Bellas Artes malagueño lleva cinco años embalado en el ático de la Aduana. Por ello -y voy terminando, señor presidente- hay en esta Comisión
solicitamos a los diputados del Grupo Popular que apoyen esta propuesta del alcalde de Málaga para trasladar la Subdelegación del Gobierno al edificio de Tabacalera. Los socialistas estamos abiertos a negociar cualquier otro texto con el deseo de
que hoy aquí en esta Comisión de Administraciones Públicas se dé un paso decisivo para la implantación del museo de Bellas Artes y Arqueológico en el palacio de la Aduana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Yo creo que el problema es simple, otra cosa es que seamos capaces de solucionarlo. Este impresionante y magnífico edificio de la Aduana tiene dos novios, el que está y el que viene. El que está, la Subdelegación
del Gobierno, tiene importantes razones para no irse. La primera es la inercia, que es una razón de peso; es decir, yo estoy aquí y no me muevo. La segunda, que es comprensible y que comparto, es que la sede de la Subdelegación en Málaga debe
tener un carácter representativo, y así nos lo ha dicho el ministro. Yo creo que sí y el edificio cumple ese requisito. Y la tercera razón es que el zapato le viene grande, tanto que le sobran 800 metros para poner una sala de exposiciones y hay
otros 800 metros para viviendas, que no comparto que tengan que ser representativas. No quiero negar el derecho a la vivienda al subdelegado del Gobierno y al secretario porque si se arrastra de los antiguos gobiernos civiles ¡bendita sea su alma!,
pero sí les niego el que esas viviendas tengan un carácter representativo, con balcón a la plaza; podían estar en la torre D, planta C, escalera H. Respecto a la idoneidad del edificio, parece que Cultura dice que el museo de Bellas Artes y
Arqueológico cabe perfectamente, mientras que el usuario sigue con su inercia intentando mantener el carácter representativo y ofrece metros insuficientes para que Cultura decida instalar allí ni siquiera medio museo, porque los museos no son
compartibles ya que tienen muchos gastos y muchos servicios de mantenimiento y técnicos comunes y no tendría sentido dividirlo en dos. Por tanto, estamos buscando alternativas con carácter representativo para la Subdelegación de Gobierno y con la
talla de su pie; es decir, una dimensión de superficie correcta para las oficinas. Por consiguiente, me parece que no es razonable el empecinamiento del inquilino en no irse, lo cual es comprensible por inercia. Hay una clara y nítida voluntad
del pueblo de Málaga en que sea un museo y a nosotros nos parece que debería buscarse una alternativa. ¿Es esta la alternativa? Este es un edificio regionalista importante de Aníbal González, con carácter representativo, que fue la sede de la
Diputación. Hay tres o cuatro sitios importantes.
Desde luego, no estamos buscando una mala ubicación para la Subdelegación del Gobierno, sino que queremos resolver un contencioso que no puede ser el pulso del inquilino que no quiere irse - que en
este caso es la Administración pública- contra el dueño que quiere meterse -que es el pueblo de Málaga- y que quiere instalar allí el museo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Manuel Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señoras y señores miembros de la Comisión de Administraciones Públicas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a fijar en este turno la posición de nuestro grupo respecto a la iniciativa que acaba de ser
defendida por tres grupos parlamentarios. En primer lugar me referiré a la literalidad de la iniciativa. Se plantea un futurible, que es la posibilidad de trasladar la Subdelegación del Gobierno en Málaga a un edificio de Tabacalera que
supuestamente puede adquirir el Ayuntamiento de Málaga. En esta Comisión de Administraciones Públicas nos ponemos a hablar sobre cuestiones que presumiblemente otras administraciones van a plantear. Si entráramos en ese planteamiento, lo oportuno
y lo razonable sería decir que vamos a esperar a que se den unas determinadas circunstancias -que hoy no se dan- para tomar una decisión aquí, que es donde se insta al Gobierno a algo que puede hacer, pero no está en sus manos porque alguien tiene
que tomar una decisión anterior.
Por otra parte, se siguen planteando cuestiones como que se condicione el uso si se hace una recalificación, etcétera. Una serie de cuestiones muy interesantes pero que son competencia de la Administración local o,
en su caso, de la comunidad autónoma, que es la que tiene competencias en materia urbanística. No obstante, no voy a rehuir el fondo de la cuestión, que es el edificio de la Aduana y su uso. Lo que hoy se plantea no es exactamente eso, pero como
se ha planteado esta iniciativa yo no rehuyo ese fondo. Por tanto, por los futuribles que se plantean, condicionados y con juicios de valor, este grupo parlamentario rechaza la iniciativa.
Vamos a la cuestión concreta del edificio de la Aduana. Es verdad, señor Heredia, que hace cinco años que se desalojó el edificio en que estaba la sección de Bellas Artes del museo de Málaga, que desgraciadamente nunca tuvo un museo
arqueológico. La Junta de Andalucía desalojó ese edificio para ubicar allí el
museo Picasso, lo que planteó una complicación desde el punto de vista institucional, pero no es verdad que durante este tiempo las obras no hayan estado expuestas, porque precisamente tras el traslado de las obras desde el museo en la calle
San Agustín de Málaga, palacio de Buenavista -donde esperamos que esté el museo Picasso-, se han estado exponiendo en una sala, sin duda más pequeña de la que tenía el propio museo. Están expuestas las primeras donaciones del siglo XX y la obra de
importantes pintores del siglo XIX, malagueños y no malagueños, pero de los más representativos de nuestro país, que se pueden visitar. Por tanto, hablemos en puridad: museo, que como tal no está abierto; obras, que se pueden ver en parte.
Además, en este momento las obras del museo de Bellas Artes de Málaga, que no son sólo pintura sino también escultura e incluso mobiliario del siglo XIX, están guardadas en mejores condiciones que nunca en su historia, porque los áticos del edificio
de que estamos hablando, el palacio de la Aduana, están perfectamente habilitados en cuanto a temperatura y condiciones de conservación y los técnicos del Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía, competentes en materia de conservación, lo
están manteniendo.
La iniciativa que se plantea parte, en el fondo político de la cuestión, de la reivindicación del palacio de la Aduana y, señor Heredia y señores que han planteado la iniciativa, la posición del Gobierno es suficientemente conocida, la ha
resumido, aunque con matices, el señor Núñez, pero dada la concisión con la que siempre habla no voy a plantear grandes discrepancias, aunque sí diré que hay una realidad. No hace unos días, hace un año, el ministro de Administraciones Públicas
dijo claramente que la posición del Gobierno era -como había sido la del Gobierno socialista en el año 1995- que la representación del Gobierno en Málaga, sobre todo ahora que se había producido la unificación de los servicios periféricos, iba a
estar en la Aduana. Pero también dijo que en cualquier caso no había inconveniente para un uso compartido de ese edificio y permitir un uso museístico y cultural, y al entender de este diputado puede estar allí el museo de Bellas Artes de Málaga.
¿Qué ha pasado en el último año, desde que en junio de 2001 el ministro de Administraciones Públicas trasladara al alcalde de Málaga -y yo soy testigo de excepción de esa reunión- que no había ningún inconveniente en tener un uso compartido y que,
por tanto, el museo de Bellas Artes pudiera estar allí, si esa era la decisión del Ministerio de Cultura, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga? Que se han dado pasos decisivos para que el conjunto de la planta baja del inmueble -no
sólo una sala- pudiera destinarse a museo de Bellas Artes. Todo eso porque, como S.S. ha señalado, ese edificio está en un lugar estratégico, desde el punto de vista cultural, en la ciudad de Málaga. Algunos hablan de un triángulo cultural entre
la alcazaba de Málaga, el teatro romano -por fin se va a terminar su rehabilitación; con diez años de retraso, pero ese tipo de asuntos son complicados-, el futuro museo Picasso y el Bellas Artes, que siempre estuvo allí y que ahora puede estar en
el edificio de la Aduana. Para ello no sólo se ha planteado la posibilidad de que la comisaría de policía, que estaba en la planta baja del edificio, se desalojase, cuestión que el Ayuntamiento de Málaga ha resuelto con el Ministerio del Interior,
sino que además hay muchos más metros. Vamos a hablar las cosas seriamente. La comisaría de policía tiene 1.000 metros y no los que dice su señoría. Además, hay una oficina de extranjeros donde estaba el antiguo depósito de droga, que en números
redondos tiene 500 metros, que también podría ser ocupada, y otra serie de metros que permitirían que todo el conjunto de la planta baja, incluida la actual sala de exposiciones, con 700 metros, tuviera un espacio muy superior al que nunca tuvo el
museo de Bellas Artes en la calle San Agustín. Por tanto, y hablo a título particular porque en definitiva cada Administración tiene que decidir, lo que era el museo de Bellas Artes en Málaga puede estar ubicado perfectamente en la planta baja del
edificio, aprovechando además el ático donde están guardadas las obras. Por todo ello, entiendo que se puede explorar el uso compartido del edificio, dando satisfacción al deseo del pueblo de Málaga y al compromiso electoral del Partido Popular,
ganador de las elecciones generales en Málaga, de dar un uso museístico y cultural, pero no exclusivamente, a ese edificio, y que permanezca también la representación del Estado. Todo ello es perfectamente posible, mientras que la iniciativa que
SS.SS.
plantean deja las cosas condicionadas a otros elementos. Trabajemos en la línea que ha expuesto el ministro de Administraciones Públicas, en la que está colaborando el Ayuntamiento de Málaga, que representa a la ciudad de Málaga, y demos
una solución satisfactoria para todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.
- SOBRE RECLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CELADORES DE PRISIONES MILITARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001474.)
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente se refiere a la reclasificación profesional de los celadores de prisiones militares. Lo ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: La proposición no de ley que el Grupo Socialista presenta esta mañana para su debate hace referencia a un pequeño colectivo de trabajadores de la Administración pública. Se trata de los celadores de prisiones
militares, que en número
de 45 prestan sus servicios en la única prisión militar que en estos momentos existe en España, la prisión militar de Alcalá de Henares. El convenio único para el personal laboral de la Administración general del Estado, suscrito el 16 de
noviembre de 1998, encuadró a este personal dentro del grupo profesional 5, para integrarse en el cual se exige título graduado de educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar, cuando este
personal procedía de una categoría laboral prevista en el anterior convenio que les era aplicable, el convenio colectivo para el personal laboral del Ministerio de Defensa, en el que ya se exigía la titulación de bachillerato unificado polivalente o
similar. Lo lógico era que en el nuevo convenio único este personal hubiera sido adscrito al grupo 4, que es el grupo para el que se exigen las mismas titulaciones que se exigían anteriormente para el referido grupo del citado y extinto convenio
del personal laboral del Ministerio de Defensa. Además, hay que tener en cuenta que este personal realiza, en el ámbito de las prisiones militares, las mismas funciones y tareas que lleva a cabo en el ámbito civil el colectivo funcionarial de
ayudantes de instituciones penitenciarias, para formar parte del cual se exige, tal como ocurría en el convenio de Defensa, el título de bachillerato unificado polivalente o equivalente. Eran funcionarios comprendidos en el grupo C. Del análisis de
los colectivos laborales afectados por el convenio único podemos observar que no existe en todo el ámbito de la Administración general del Estado ninguno con tales niveles de responsabilidad, conocimientos, iniciativa, autonomía, mando y complejidad
que esté integrado en el grupo 5 de personal laboral, ya que, como acabamos de decir, el único comparable en sus funciones es el que en la Administración general del Estado se ha reservado para un colectivo tan específico de funcionarios como es el
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Es cierto que esta cuestión, la posibilidad de funcionarización de los celadores de prisiones militares, es distinta a la que proponemos hoy, pero queremos mantenerla abierta y recurriremos a ella en los próximos meses si nuestra proposición
no de ley no es aceptada esta mañana por la mayoría. Es cierto que de la respuesta remitida por el Gobierno sobre esta posibilidad en contestación a preguntas de nuestro colega el señor Alcaraz, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no
podemos sacar conclusiones demasiado optimistas, puesto que, a pesar de que la respuesta del Gobierno hace un preciso diagnóstico del problema, se escuda en la incorporación eventual de personal femenino con la nueva titulación para llegar a la
conclusión de que no parece posible integrar a este personal en dicho cuerpo de funcionarios. De todos modos, dejemos esta cuestión para más adelante y volvamos a nuestra proposición no de ley, que no plantea otra cosa que la reclasificación de los
celadores de prisiones militares en el grupo profesional 4.
Tras las modificaciones efectuadas por el convenio único, los integrantes del colectivo de celadores presentaron la correspondiente reclamación en petición de modificación de encuadramiento inicial ante la Comisión General de Clasificación,
que fue desestimada con fecha 19 de septiembre de 2000 a pesar de contar con el dictamen favorable de la subcomisión departamental de Defensa, que en su reunión de 23 de noviembre de 1999 acordó tomar en consideración los argumentos esgrimidos por
este colectivo y propuso el nuevo encuadramiento de los celadores de prisiones en el grupo profesional 4. Mientras se producían estas gestiones ante las distintas comisiones provistas por el convenio único, el colectivo de celadores decide plantear
sus reclamaciones ante los tribunales y solicita el reconocimiento de su derecho a ser adscrito e integrado en el grupo profesional 4 del convenio colectivo único, con todos los efectos económicos y administrativos derivados de dicha adscripción.
Esta demanda se planteó por sus respectivas representaciones sindicales y así tenemos que mientras la primera, planteada por 14 miembros de la Unión General de Trabajadores, fue desestimada por sentencia de 23 de marzo de 2000, sentencia que
posteriormente fue confirmada el 22 de junio de 2000 por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que se recurrió en queja; la segunda, planteada por 23 miembros de Comisiones Obreras y ante idénticos hechos probados, corrió mejor
suerte y fue estimada por la Magistratura, que en sentencia de fecha 29 de septiembre de 2000 declara el derecho a ser encuadrados en el grupo profesional 4.
Esta es la situación, a día de hoy, en la que trabajan los celadores de la prisión militar
de Alcalá de Henares. Excepto los cinco celadores mayores, pertenecientes al grupo 3, el resto de personal, todos realizando las mismas tareas, cobran diferente en función de haber sido clasificados en grupos distintos por sentencias
contradictorias de la Magistratura de Madrid, situación ante la cual se presentó la correspondiente reclamación en la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, Dirección General de Personal, que fue desestimada -y cito textualmente- porque no parece
que la reclamación individual sea la vía correcta para solventar las pretensiones de los actores, sino que la solución del problema planteado debe venir o bien de la negociación dentro de la Comisión General de Clasificación o a través del
procedimiento de impugnación de los convenios colectivos.
En éstas estamos, señor presidente, en una situación en la que la justicia ha dado una de cal y una de arena; en la que la Administración afectada, el Ministerio de Defensa, dice que no es de su competencia poder arbitrar salidas; en la
que la subcomisión departamental de Defensa propone una solución no aceptada por la Comisión General de Clasificación, y en la que la Comisión de interpretación, vigilancia, estudio y
aplicación del convenio único no dice esta boca es mía. De ahí, señorías, el interés de nuestro grupo por solventar la situación mediante un acuerdo político que inste a la Administración a equiparar condiciones salariales, por tanto a
equiparar la pertenencia del personal afectado en el mismo grupo de clasificación por el hecho básico de realizar idénticas tareas y funciones. No se trata nada más, y seguramente que nada menos, que de recuperar el sentido común, que nunca debió
perderse en este conflicto laboral, que si bien es verdad que afecta a pocas personas y que tiene, por consiguiente muy pocas consecuencias económicas, seguramente por su poca entidad numérica se ha ido demorando su solución, que no puede ser otra
que la de que el resto de miembros del colectivo de celadores de prisiones militares que no tuvieron la suerte de ver reconocidos sus derechos por sentencia y que, no olvidemos, son únicamente 23 personas, sea también clasificado en el grupo
profesional 4 del convenio único de la Administración general del Estado.
Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, con brevedad y comenzando por el final de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, quiero decir que en el tema de personal los acuerdos políticos pueden tener poca vigencia, por lo que más
adelante diré, porque parece que el portavoz socialista se ha olvidado de los representantes de los trabajadores de la Administración pública.
El convenio único para el personal laboral de la Administración general del Estado, que entró en vigor el 2 de diciembre de 1998, supuso la unificación y homogeneización de los distintos criterios existentes en los diversos convenios
colectivos vigentes hasta ese momento, respecto a las políticas y a la gestión de los recursos humanos sujetos al régimen jurídico-laboral dentro de la Administración general del Estado. El sistema de clasificación profesional, regulado en el
capítulo IV del convenio único, se estructura en grupos profesionales, áreas funcionales, categorías y especialidades para aquellos puestos que se consideren necesarios por sus singulares características y requerimiento de formación especializada o
destreza práctica. Las antiguas categorías profesionales se encontraban en situaciones de partida diferentes y clasificadas con criterios distintos, según el convenio colectivo de procedencia, y muchas veces con criterios diferentes a los recogidos
en los artículos 16 y 17 del convenio único. Como bien se ha dicho, en fecha 6 de julio de 2000 la Comisión General de Clasificación, formada paritariamente y hay que recalcar esta cuestión, que parece haberse olvidado por el anterior interviniente
por la Administración y por los representantes de los trabajadores, aprobó sendos acuerdos sobre el sistema de clasificación profesional del convenio único para el personal laboral de la Administración general del Estado y sobre criterios de
aplicación del citado sistema en cuanto a encuadramientos se refieren, corrigiéndose las disfunciones de encuadramiento detectadas en el anexo 1 del convenio único y dándose por finalizado el proceso de encuadramiento de las categorías profesionales
de los antiguos convenios colectivos. En estos acuerdos, la categoría de celador de prisiones, (repito que una de las partes de esta comisión eran los representantes de los trabajadores), procedente del convenio colectivo del personal laboral del
Ministerio de Defensa, se encuadró en la nueva categoría de oficiales de servicios generales, clasificada en el grupo profesional 5, área funcional 3. Según el sistema de clasificación del convenio único, cuando una categoría profesional se
considere que está encuadrada incorrectamente se ha de entender que la pretensión de modificar lo pactado en el convenio único, facultad que reside -y recalco-, en el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes que han firmado el convenio,
se ha de realizar a través de los procedimientos que han sido previstos para su modificación, en este caso el artículo 19 del convenio. El párrafo segundo del citado artículo establece que la modificación del encuadramiento inicial de las
categorías, efectuado en el presente convenio, se realizará mediante la aplicación de los criterios de clasificación profesional que se aprueben por la Comisión General de Clasificación, en la cual están los representantes de los trabajadores, a
propuesta de la subcomisión departamental correspondiente.
En esta proposición no de ley lo que se pide es que sea el Gobierno el que lleve a cabo esa modificación, lo cual es virtual y realmente imposible en su práctica, puesto que no se puede llevar a cabo únicamente por el Gobierno sino que es
necesario contar con la aprobación y con el apoyo de los representantes de los trabajadores. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular entiende que es necesario desestimar esta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, porque
invadiríamos competencias que corresponden a los representantes de los trabajadores y, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular es muy respetuoso con la autonomía de la voluntad de las partes, en este caso de la representación de los trabajadores
de la Administración general del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino, por su breve intervención.
- SOBRE LA NECESIDAD DE CESAR DE SU CARGO AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001508.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de cesar de su cargo al delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Angel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, la LOFAGE, Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado, determina en los artículos 22 y siguientes que los delegados del Gobierno, que son nombrados y separados por
real decreto del Consejo de Ministros, representan al Gobierno en las comunidades autónomas y entre sus competencias, además de dirigir los servicios de la Administración general del Estado, se encuentra la de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y todo ello bajo los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y de servicio efectivo a los ciudadanos. Da la sensación de que es mucho pedir que cumplan fielmente estos
principios básicos que inspiran la LOFAGE en la dirección de los servicios públicos en el ámbito de todas las comunidades autónomas, pero son bajo estos principios básicos sobre los que se debe enjuiciar, por lo menos, al margen de concepciones
políticas o ideológicas. Evidentemente, un grupo de la oposición como el mío no puede coincidir con el sesgo ideológico que imprimen los delegados del Gobierno en el ámbito de las comunidades autónomas porque no son ni de nuestro gobierno ni de
nuestro partido político. Es decir, que con los principios básicos de la LOFAGE quiero enjuiciar la labor de estos representantes del Gobierno en las comunidades autónomas. No pediría solamente que se comporten con eficacia, eficiencia y
responsabilidad; también pediría que se comporten con prudencia y sensatez a la hora de enjuiciar, por ejemplo, las últimas huelgas generales, a la hora de hacer comentarios, a la hora de atribuir en términos generales -el de La Rioja y todos- la
labor de los sindicatos y de los partidos políticos, la labor del orden público, para no escuchar tonterías como las que hemos escuchado de coacciones y partes casi de guerra respecto a la huelga general que ha tenido lugar hace pocos días.
En esta Comisión, hoy en el Pleno y en otras ocasiones se ha puesto la atención sobre la actuación de muchos delegados del Gobierno. No quiero hablar hoy de todos en general, aunque podría referirme al comportamiento en estos últimos días
de delegados del Gobierno en muchas comunidades autónomas. Quiero hablar de la patética gestión, desde mi punto de vista, del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja, persona a la que en el ámbito personal respeto y valoro en su
justa medida, pero a la que quiero enjuiciar políticamente en su gestión. Digo esto para que luego no haya malas interpretaciones a las que últimamente estamos tan acostumbrados. Quiero enjuiciar y hablar de su labor, de su dejadez, de su ausencia
a la hora de ofrecer soluciones a los graves problemas de una comunidad, de su escasa implicación en los temas, de sus inhibiciones, de la inutilidad de su gestión, de sus salidas de tono y de una especie de tomadura de pelo no sólo a muchas fuerzas
sociales sino a muchos ciudadanos. En seis años que lleva en el cargo, desde que el señor Aznar gobierna España, ha sido incapaz de proponer mejoras en servicios públicos, de preocuparse de reducir la altísima tasa de siniestralidad vial en las
carreteras de La Rioja y en la vida laboral. No ha dado pasos firmes para impulsar una reorganización de sedes y de oficinas, de mejora de los servicios públicos. Su obsesión ha sido poner multas a los manifestantes que protestaban por
determinadas razones y porque en ocasiones molestaban al presidente de la comunidad autónoma. En poner sanciones administrativas hay que reconocer que es bastante artista, en otras cosas quizá no. Lo que no se puede enjuiciar muy positivamente,
más bien negativamente, es su política en materia de seguridad ciudadana; creo que hablaríamos mejor de inseguridad ciudadana. No es una cuestión de estadísticas, aunque las hay, pero somos la segunda comunidad autónoma, después de Baleares, que
en el primer trimestre del año, con datos oficiales, han crecido los hurtos en un porcentaje mayor que en el resto de las comunidades autónomas, el 35,1 por ciento, publicado por todos los medios de comunicación. No es una cuestión sólo de
denuncias, ya que muchas veces los ciudadanos dicen: Total, para qué. A no ser que tengas un seguro que te obligue formalmente, muchas veces ni se llega a denunciar. Es un problema de falta de medios, de inseguridad personal, de sensación de
impunidad y de falta de liderazgo político en la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El delegado del Gobierno, señor López San Miguel, ha conseguido una gran unanimidad en el rechazo a su trabajo y la gestión por parte de
todos los sindicatos policiales de la comunidad autónoma, que han pedido su dimisión; también se rechaza su gestión por amplios sectores de la Guardia Civil. En los periódicos riojanos, por cierto todos del mismo grupo empresarial, el grupo Correo
(lo digo para que no haya interpretaciones de que unos son más proclives a otros), se ha podido leer en un corto espacio de tiempo titulares como: Roban 15.000 euros de la caja fuerte de un supermercado calceatense; oleada de robos en la última
semana alarma a vecinos en Alfaro; doce robos en abril demuestran la inseguridad en Haro; tres robos en empresas en San Asensio; frustrado robo de la caja fuerte de la gasolinera de la A-68 en San Asensio, etcétera. Los sindicatos dicen que
falta policía por la noche y los fines de semana no hay suficientes medios técnicos. En fin, claros ejemplos de la incapacidad de un gobierno y de su delgado de dar respuestas. Por si fuera poca tal inutilidad, tal ineficacia e ineficiencia, el
señor López San Miguel tiene una eficaz teoría a la hora de ofrecer soluciones y
seguridad a los vecinos, por ejemplo, de un municipio riojano como el de Cenicero, que ha tenido una oleada de robos en un corto espacio de tiempo. Un períodico de La Rioja, de fecha 13 de mayo, decía: Un nuevo robo en un chalet de
Cenicero exaspera los ánimos de los vecinos.
Reacción del señor delegado del Gobierno López San Miguel en una entrevista, que es un monumento a la estulticia y a la intranquilidad social, el 21 de mayo, en tres párrafos. Primer párrafo: La oleada
de robos es un despunte que pasará. Como si fuera una moda. Segundo párrafo: Con la presencia de la Guardia Civil en el municipio esperamos que este grupo desista de sus actividades y se vaya a otro sitio. Es decir, no importa cogerlos o no con
tal de que se vayan a otro sitio y si es a otra comunidad autónoma al otro lado del Ebro mejor. Esa es la interpretación que tiene respecto a la seguridad. Y último párrafo: Cuando a alguien le roban tres veces seguidas por el mismo procedimiento
y en el mismo estanco, creo que las Fuerzas de Seguridad tienen que poner medidas adecuadas pero el propio estanquero debe poner algún impedimento. ¿Se debe de armar como en el Oeste americano? ¿Los tiene que esperar detrás de la puerta?
(Rumores.) ¿Qué tiene que hacer? ¿Contratar seguridad privada? Pensábamos que eso lo decía el señor Ansuátegui, pero también lo dice el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Este es el modelo de seguridad que se ofrece. Me recuerda a la famosa frase de John Wayne en la magnífica película, El hombre que mató a Liberty Balance, cuando decía al sheriff: Aquí no se puede tomar tranquilo una copa, ¿para qué te
pagamos comisario? Este es el talante y la actitud del delegado del Gobierno de la comunidad autónoma, que presenta una pésima gestión, porque el modelo de seguridad, el modelo de tranquilidad que ofrece a los ciudadanos en las entrevistas públicas
en los medios de comunicación es un claro ejemplo de la mala gestión, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, que tiene este Gobierno y su delegado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Neftalí Isasi.
El señor ISASI GÓMEZ: Pues yo les voy a decir cómo acabó la película.
(Risas.) Recuerden que la fecha de la proposición no de ley que el señor Martínez presentó en esta Cámara es el 6 de junio.
Señorías antes de entrar en el fondo en la cuestión, quisiera hacer un par de manifestaciones. El delegado del Gobierno de La Rioja es una persona de bien, es un hombre honorable, con una trayectoria profesional, personal y política
intachable. Fue director general en el Gobierno de La Rioja, senador elegido en aquella comunidad y delegado del Gobierno desde 1996, cuando el Partido Popular ganó por primera vez las elecciones, ratificado nuevamente por su buen hacer en el año
2000, tras el triunfo electoral del Partido Popular, que yo creo que a algunos les cuesta demasiado trabajo terminar de aceptar. La segunda cuestión con carácter previo es que, por si hubiera alguna duda -que parece que algún portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra la tiene- lo que no va a hacer el Gobierno popular -y deben tenerlo en cuenta- es solicitar el plácet del señor Martínez a la hora de nombrar los delegados del Gobierno. No sé si está esperando a que le solicitemos
el plácet o que le pidamos opinión a la hora de nombrar a los delegados, pero para eso hay que ganar las elecciones y en La Rioja las ganamos el Partido Popular. El Partido Popular de La Rioja aporta el 80 por ciento de los parlamentarios a estas
Cámaras y el Partido Socialista el resto.
Señorías, en la motivación de la proposición no de ley y esta mañana se hacen citas absolutamente tergiversadas, mintiendo descaradamente y manipulándolas, y se lo voy a demostrar. Nota de prensa del Sindicato Unificado de Policía, que
dice: Una vez realizado un amplio estudio y un profundo análisis de los datos delincuenciales registrados en esta ciudad durante los últimos cinco años se puede aseverar, con total garantía, que Logroño es una ciudad tranquila y con un bajo índice
de criminalidad.
Logroño, a 17 de mayo de 2002, firmado por el secretario de organización Carlos Mancebo Alonso, Sindicato Unificado de Policía. ¿Dónde vive el señor Martínez? Yo no me lo explico. Desde 1996 al 2001 el número de delitos en la
ciudad de Logroño ha descendido el 5,7 por ciento. De 18 jefaturas de policía la de La Rioja ocupa el puesto 12 en tasa delictiva.
Respecto de la falta alarmante de medios técnicos y humanos destacaré que en 1997 se constituyó la Jefatura Superior
de Policía; en 1999 se produjo la adecuación de la estructura de recursos al programa Policía 2000; en marzo de 2000 comenzó el funcionamiento del grupo de análisis y tratamiento de la información; en 1998 se renovó totalmente el parque
automovilístico y de motocicletas; en l998 y 1999 se renovaron todos los equipos de transmisiones; en 1999 se renovaron todos los equipos informáticos; y a partir de 1996 se ha ido rejuveneciendo progresivamente la plantilla, con una media de
edad en la actualidad de 45 años, y se ha incrementado en 19 personas. Pese a todos estos datos el autor de la proposición se empeña en dibujar una región ficticia, un territorio sin ley. Señorías, no es verdad. Creo que ni el peor enemigo de La
Rioja es capaz de montar una película como la que se nos han montado esta mañana en esta Cámara. (Rumores.) La Rioja es una región maravillosa donde se vive estupendamente y todo el que va vuelve. (Rumores.-Risas.) Lo que sí es cierto es que a la
Delegación del Gobierno de La Rioja ya no va a pasar las noches el señor Roldán, como lo hacía anteriormente.
(Protestas.) Por tanto, se ha dignificado aquella Delegación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Y usted, señor Isasi, vaya terminando.
El señor ISASI GÓMEZ: Es que difamar se hace rápidamente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Todos nos hemos tasado el tiempo.
El señor ISASI GÓMEZ: Termino, señor presidente.
Respecto a lo que decía el señor Martínez de que en la ciudad de Cenicero había una oleada de robos, es cierto que en esta ciudad en abril hubo tres robos en un estanco, pero en mayo la Guardia Civil consiguió detener a los delincuentes.
Pues bien, no se ha dicho nada de eso esta mañana aquí. En abril los robos, en mayo nota de prensa de la Guardia Civil: Un servicio conjunto de los efectivos de la Guardia Civil de La Rioja y Cantabria ha permitido detener a dos ciudadanos
argelinos como presuntos autores de varios robos en estancos de Cantabria y La Rioja. No se ha dicho nada de esto. Por tanto, la efectividad, la eficacia de la Delegación del Gobierno, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está a prueba
de bomba.
Por todo ello, teniendo en cuenta la honorabilidad del delegado del Gobierno de La Rioja, la demostrada eficacia y alta consideración que los ciudadanos tienen, desde 1996, tanto de la Delegación como institución como del propio delegado, el
Grupo Popular va a rechazar la proposición no de ley presentada y debatida en estos momentos. Es más, vamos a considerar el resultado de la votación como un respaldo y un desagravio a los ataques personales que ha sufrido el delegado del Gobierno
por boca del señor Martínez Sanjuán. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de los puntos del orden del día fijados para la sesión de hoy, vamos a empezar las votaciones. Si queremos cumplir con el compromiso de uso de esta sala tenemos seis minutos para realizar las
votaciones.
En primer lugar, tenemos las enmiendas a la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.
Se ha presentado una enmienda in voce por doña María Luisa Expósito al punto 2 del artículo 2 que técnicamente no es posible votar a no ser que el grupo enmendante retire su enmienda a ese artículo. ¿La retira el Grupo Socialista?
(Denegaciones.) Señora Expósito, lo siento mucho pero no podemos votar su enmienda in voce. Por tanto, vamos a votar las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Las podemos votar conjuntamente? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 3 del orden del día, la proposición no de ley relativa a reparar los daños causados por los temporales en los bienes y servicios de las entidades locales gallegas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto número 4: proposición no de ley sobre necesidad de acuerdo entre las administraciones públicas en materia de política de personal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 5 del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para compensar a los empleados públicos en la pérdida de poder adquisitivo en el año 2001.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 6: proposición no de ley sobre el traslado de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 7 del orden del día: proposición no de ley sobre reclasificación profesional de los celadores de prisiones militares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ultima proposición no de ley, relativa al delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley y terminado el orden del día de la sesión de hoy.
Eran las once de la mañana.