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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 517, de 12/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 517
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 52
celebrada el miércoles, 12 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución:
- Informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al año 2000. Formulado por el Consejo de Seguridad Nuclear. (Número de expediente 401/000002.) ... (Página 16646)
Comparecencia del señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000763.) ... (Página 16650)
- El nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000490.) ... (Página 16650)
- La eventual reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000744.) ... (Página 16650)
- Los resultados y los impactos originados por la aplicación de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) realizada en 1998 y en vigor a partir de 1999. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000747.) ...
(Página 16650)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
- INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000. FORMULADO POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente 401/000002.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al año 2000. En primer lugar, intervendrán los representantes de los tres grupos parlamentarios que tienen que defender propuestas de
resolución no incorporadas al informe.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Intervengo antes de que lo haga el presidente o coordinador de la subcomisión para presentar el informe de la ponencia, y voy a explicar brevemente el sentido de nuestro voto. En principio vamos a votar
favorablemente el informe, ya que por un año más, pues el año pasado tuvimos también ocasión de repetirlo, una gran mayoría de las propuestas de resolución de todos los grupos han sido aceptadas, con lo cual considero que se ha repetido un buen
nivel de consenso en la Comisión; yo diría incluso que en materia nuclear hay mayor consenso en la Comisión sobre la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear que en el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Espero que esto no siga siendo así.
Quiero también poner de manifiesto que hay algunas resoluciones que se repiten casi en los mismos términos que en años anteriores.
Concretamente, seguimos planteando que se cumpla la revisión del Plan básico de emergencia nuclear; seguimos
insistiendo -no sólo en esta legislatura, sino también en la anterior- en la necesidad de recursos presupuestarios suficientes para emergencias nucleares así como para el cumplimiento de los planes de carencias B. Creo que esto indica también que
las resoluciones de esta subcomisión, sobre todo algunas de ellas, no están siendo suficientemente cumplidas tanto por el Consejo de Seguridad Nuclear como por el Gobierno.
Con respecto al sentido de nuestro voto en relación con las propuestas de resolución que han quedado vivas y que no han sido aceptadas por el Partido Popular, quiero decir que vamos a votar favorablemente las tres propuestas de resolución
del Grupo de Convergència i Unió que han quedado vivas. Concretamente hay una que se refiere a una propuesta que nos ha trasladado la asociación de municipios afectados por centrales nucleares en la que se hacía llegar a los grupos parlamentarios
la necesidad de regular el derecho de acceso a la información relacionada con las instalaciones nucleares existentes en España. Nos parece que es una propuesta interesante y que debería haberse aceptado. Por eso vamos a votar a favor de la misma.
También vamos a votar a favor de las dos propuestas de resolución de Izquierda Unida que han quedado vivas, concretamente, la que pide que el informe anual del Consejo se presente a esta Cámara con mayor antelación -en el mes de marzo de cada año- y
la segunda, que tiene que ver también con la reprobación al comportamiento de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Compartimos la opinión sobre el deterioro del consenso y del rigor en las últimas manifestaciones de la presidenta del
Consejo, por lo que vamos a votar a favor de la propuesta. También mantenemos las propuestas de resolución que el Grupo Popular ha rechazado al Grupo Socialista. Concretamente, mantenemos la número 8, y aunque no se nos ha aceptado porque se nos
ha dicho que es similar a la número 7 que proponía mi grupo, quiero decir que la número 7 tiene más que ver con las inversiones que los titulares de centrales nucleares están haciendo en sus instalaciones, y la número 8 tiene que ver más con el
seguimiento y los avances que se están produciendo en la aplicación de los programas de seguridad en las centrales nucleares que se están desarrollando a instancias del Consejo de Seguridad Nuclear. También mantenemos nuestra propuesta de
resolución sobre la central de Zorita. Pedimos que antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear tome una decisión con respecto a la prórroga de su permiso de explotación, esta Cámara tenga acceso a la información y a la documentación que fundamente
la decisión que vaya a tomar el Consejo de Seguridad Nuclear, porque pensamos que hay muy poco tiempo
entre la recarga en la que se van a implementar esas medidas de seguridad en el mes de agosto y el momento en que se tenga que tomar la decisión.
Además vamos a mantener las propuestas de resolución que habíamos presentado sobre la
colaboración de los titulares en las actuaciones de protección exterior y en los procedimientos y normativa de cierre y clausura de centrales nucleares.
Finalmente, mantenemos también la petición al Consejo de Seguridad Nuclear de que nos informe sobre el incremento de las competencias y de una mayor dependencia con respecto al Parlamento. Esta petición de informe ya la realizamos el año
pasado y fue aprobada, pero el cumplimiento del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido distinto al objetivo que nosotros pretendíamos en la resolución. Queremos que se estudie el incremento de competencias del Consejo para que pueda tener más
facultades resolutivas y no solamente de propuesta, como ha sido hasta ahora. En este momento el Consejo solamente tiene facultad de proponer al Gobierno, con lo cual el verdadero organismo regulador de la seguridad nuclear es el ministro de
Economía, y nosotros consideramos que el Consejo debe tener más competencias y, consecuentemente, un incremento de la dependencia con respecto al Parlamento.
Estas son las consideraciones que va a hacer mi grupo y el sentido de nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Nuestro grupo también va a votar favorablemente el informe que, con 48 propuestas de resolución, tiene unos resultados muy favorables. Nosotos hemos presentado 11 propuestas, de las que se nos aprueban ocho bien
directamente o, en algún caso como el de la número 1, subsumiéndolas en las de otros grupos. Así ha ocurrido también con otras propuestas de otros grupos porque, como es lógico que se repitan conceptos, se hace una suma de propuestas para que salga
la definitiva.
De todas maneras, a nuestro grupo se le han aprobado cuatro propuestas de resolución ya repetidas en otros informes, como el del año anterior. Ello nos lleva a considerar que quizá tuviéramos que profundizar más en el cumplimiento
de las propuestas que se están aprobando. La manera de controlarlo mejor será un trabajo que, en todo caso, tendrá que establecer la ponencia dentro de la Comisión.
Entre todas las propuestas de resolución hay algunas que, llevándolas a buen fin, resolverían los problemas de coordinación que pudiera haber. La propuesta número 31, que ya ha sido citada por el portavoz anterior, fue presentada a todos
los grupos por la agrupación de municipios afectados por centrales nucleares y nuestro grupo la recogió. Estamos convencidos de que es interesante, aunque no exactamente con el texto y en la forma que nos proponían. Nos piden a través de una
proposición de ley que se regule la información de la transparencia y la participación en materia nuclear. Esto nos parece muy interesante. Yo estuve también en esta ponencia hace años y he vuelto a estar en ella ahora, después de que otros
compañeros se hayan encargado de estos temas, y tenía y tengo una gran preocupación por la información que pueda tener toda la población, pero me parece que la regulación no debe seguir un camino tan amplio como el que se nos propone; la
proposición no de ley que propone la agrupación de municipios hay que debatirla y, si prosperase, mejorarla, ampliarla o recortarla, en definitiva, debatirla. Por tanto, hemos creído oportuno traerla aquí como una propuesta de resolución para
avanzar en el tema. No ha prosperado, pero nuestro grupo cree que es un tema que no podemos abandonar y que el acceso a la información tiene que ser más fácil, sobre todo para las administraciones locales afectadas, que en muchos casos tienen
problemas para saber lo que pasa en el entorno de su propio municipio.
Respecto a otras, me preocupa mucho la referencia a la propuesta de resolución número 37 -la número 8 nuestra-, que se repite de otros años.
Se refiere al estudio sobre opciones, calendario y medidas a adoptar en la gestión de residuos de
alta actividad. Me da la impresión de que en España estamos esperando para que alguien lo resuelva, y creo que no sólo publicando folletos o libros sobre los estudios que se pueden realizar en el extranjero y aquí, porque los años van pasando, las
centrales van llegando a sus límites y puede llegar un momento en el que no sepamos qué hacer con los residuos de alta actividad. En todas partes ocurre, y es difícil de resolver, pero no tengo la impresión de que se preocupen quienes deberían
hacerlo, que podrían ser el Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos.
Por lo demás estamos satisfechos con el informe. Respecto a las propuestas que quedan pendientes, de las dos de Izquierda Unida votaremos a favor de una y en contra de la otra. En cuanto a las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista,
votaremos a favor de dos de ellas, en contra de otra y nos abstendremos en otras dos. En su momento las votaremos por grupos.
Termino mi intervención diciendo que votaremos a favor del informe.
Estamos contentos del resultado global, pero quiero dejar constancia de que hay pequeños detalles que deberíamos pulir en un futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, es habitual que en las resoluciones y en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear la ponencia procure llegar
siempre a acuerdos lo suficientemente satisfactorios para todos los grupos parlamentarios para permitirnos hablar de un informe de la ponencia consensuado y que al mismo tiempo puedan guardar resoluciones de los distintos grupos
parlamentarios pendientes para su debate y votación en la Comisión. Es una actuación normal porque los problemas de seguridad nuclear nos preocupan bastante, y si nos damos cuenta de cuáles son las resoluciones vemos que casi todos los grupos
coincidimos año tras año en la valoración y en los informes que creemos oportuno demandar al Consejo de Seguridad Nuclear y al Gobierno, siempre y cuando esto redunde en una mayor información al Parlamento y un mayor control del Parlamento hacia el
Consejo de Seguridad Nuclear, que es la labor que tiene esta Cámara respecto a la seguridad nuclear y respecto al Consejo.
Señorías, para que podamos cumplir con el objetivo de control, seguimiento e información del Consejo de Seguridad Nuclear, hemos presentado la resolución número 1 de la ponencia. Estamos hablando en el mes de junio del año 2002 del informe
del Consejo de Seguridad Nuclear del año 2000.
En 1997 o 1998 -no recuerdo exactamente la fecha- se aprobó un proyecto de ley de tasas del Consejo de Seguridad Nuclear en el que se incluyó una modificación del tiempo en que se tenían que presentar
los informes.
Anteriormente se presentaban los informes a esta Cámara cada seis meses y por el funcionamiento del propio Consejo y de esta Cámara acabábamos discutiendo no el informe semestral sino los dos informes semestrales que correspondían al
año natural. Todos convinimos en que era bueno discutir un solo informe, puesto que al final era lo que hacíamos, y que además, como el propio Consejo nos decía en aquel momento, a ellos les facilitaba la labor y les permitía agilizar para
presentar en menor tiempo el informe correspondiente a cada año natural.
Señorías, después de aquella modificación, que se hizo para agilizar los trámites y la labor al Consejo, nos encontramos con que, en lugar de que nos lleguen los informes en el primer trimestre del año siguiente al natural, como fue el
compromiso, si quieren ustedes, extraoficial, estamos en el mes de junio del año 2002 y todavía no hemos recibido el informe correspondiente al año 2001, es decir, han pasado seis meses y no tenemos el informe del año pasado. Esto impide que se
haga un buen control y un seguimiento adecuado en tiempo de los sucesos que puedan acaecer o que se pueda hacer un buen seguimiento del Consejo de Seguridad Nuclear. Por eso nuestra resolución pide al Consejo que se remita el informe durante el
primer trimestre del año siguiente al que corresponda.
No entendemos que se niegue la posibilidad de que se haga esto. Supongo que el Consejo, a pesar de que tenga que hacer un informe anual, debe tener la suficiente agilidad -y tiene personal
para ello- para funcionar y tener el informe preparado tres meses después de que se haya cerrado el ejercicio. Tampoco entendemos cómo no se obliga al Consejo desde esta Cámara a que cumplan unos plazos que no son rígidos sino, todo lo contrario,
lo suficientemente flexibles para no colapsar al Consejo y para que esta Cámara pueda cumplir con sus obligaciones.
La resolución número 6, que no se nos admite, es más bien de protesta, que entendemos que esta Cámara debía respaldar, entre otras cosas señorías, porque desde el nombramiento de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, sus
declaraciones públicas y su actuación ante esta Cámara no se han ajustado a los criterios que debe ostentar la persona que preside el Consejo de Seguridad Nuclear, que no son otros más que el de la independencia y la objetividad de criterios. Los
planteamientos personales de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear son muy respetables, pero ha de tener la máxima prudencia y el mayor respeto hacia esta Cámara a la hora de expresar su posición, porque no lo hace a título personal sino
como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.
Señorías, nos preocupa el Consejo por sus actuaciones y porque estamos convencidos de que se están dejando llevar no por los criterios de objetividad que deben tener sino más bien por los intereses que legítimamente defienden las empresas
que tienen centrales nucleares en explotación lo que creemos que no es lo más adecuado para mejorar y aumentar la seguridad de la energía nuclear en nuestro país. Eso tiene mucho que ver con quienes ostentan los cargos y quienes dirigen el Consejo
de Seguridad Nuclear. Por eso en nuestra resolución número 6 planteamos una protesta que creemos que debemos hacer llegar a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. De las resoluciones de otros grupos parlamentarios que no han sido
aprobadas para incluir en la ponencia, hay algunas que van en la dirección de la preocupación que tiene mi grupo parlamentario por la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear. Solamente me voy a referir a la resolución número 13 del Grupo
Parlamentario Socialista, que plantea la necesidad de que se envíe a esta Cámara con carácter previo, y antes de que el Consejo adopte una decisión, la evaluación que el Consejo puede hacer sobre la ampliación de la explotación de la central nuclear
José Cabrera, Zorita.
Señorías, creo que todos ustedes conocen que la central de Zorita es la más antigua de nuestro país, que tiene problemas de seguridad y que el propio Consejo reconoce que en ningún momento reuniría los requisitos necesarios y oportunos para
funcionar en las condiciones de seguridad que se exigen a otras plantas en este momento.
No vamos a retirar ninguna de nuestras propuestas, pues queremos que sean votadas por la preocupación que tiene mi grupo parlamentario en cuanto al funcionamiento y la actuación del Consejo en materia de seguridad nuclear, y votaremos a
favor del resto de las iniciativas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail, para la defensa del informe.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Voy a pasar un poco por encima del informe porque puedo decir que es una satisfacción para este grupo el alto consenso que han mostrado los diversos grupos y que ha sido reconocido por ellos mismos. Considero
que la ponencia ha hecho un excelente trabajo, por lo que voy a ahorrar a esta Comisión el repaso de las propuestas, unas aprobadas y otras subsumidas en propuestas de otros grupos, y dado que el informe lo tienen todos los grupos, si le parece,
señor presidente, voy a pasar directamente a fijar la posición de mi grupo respecto a las propuestas que quedan vivas. Como he dicho, había un total de 48 propuestas de resolución y sólo quedan diez vivas, que son a las que me voy a referir.
En primer lugar, el Grupo de Izquierda Unida tiene vivas la número 1 y la número 6. La número 1 no podemos aceptarla porque no se puede presentar el informe cada año antes del 31 de marzo, pues algunos de los datos que aparecen en el
informe anual se reciben durante el primer mes del año.
Por otra parte, un elevado número de datos que se recogen y analizan para la elaboración del informe implica un tiempo de al menos un mes y medio de trabajo. Además, el período de
coordinación y elaboración del borrador es aproximadamente de 15 a 20 días que habría que añadir al tiempo anterior. Posteriormente, el borrador es comentado por distintas áreas del Consejo de Seguridad Nuclear. Por último, el proceso de
maquetado, publicación y distribución supone un tiempo que, sumado a los anteriores, excede con mucho del período de tres meses solicitado por el grupo.
Asimismo, cabe destacar que en la elaboración de este informe intervienen más del 70 por ciento
de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que compaginan dicha elaboración con las tareas habituales que tienen asignadas.
En cuanto a la número 6, sabe S.S. que reprobar la actuación de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear en su última comparecencia es una propuesta improcedente en sí misma. Por tanto, mi grupo no la puede apoyar.
En cuanto a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, de las 23 que tenía solamente quedan 15, por tanto la mayoría se han incorporado al informe. La número 8 no procede tanto porque duplica la número 7, que ya fue subsumida en la
número 36 de Convergència i Unió, como porque todos los temas que en ella se detallan están ampliamente recogidos en el informe anual de las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear. A juicio de nuestro grupo, la número 13 no procede dado que
el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear tiene carácter de previo a la decisión que adopte en Ministerio de Economía, que es en definitiva quien emitirá la correspondiente autorización. La número 20 tampoco la vamos a apoyar porque el
reglamento de instalaciones nucleares y radioactivas no recoge aspectos relativos a la protección exterior de las instalaciones.
La propuesta número 22 tampoco procede.
Señorías, aunque existen criterios generales de desmantelamiento de centrales nucleares, es el titular el que decide los procedimientos concretos para llevar a cabo el desmantelamiento de su instalación.
Tampoco tiene nada que decir el
Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto a los plazos para el cierre y desmantelamiento de manera genérica. El caso de la clausura de una instalación nuclear depende, como en el caso de otras industrias, de una serie de factores como el económico, en
los que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene competencias. El Consejo de Seguridad Nuclear sólo tiene competencias en los criterios de evaluación que se seguirán para evaluar el proyecto del titular. Mi grupo entiende que la número 27 carece
de sentido porque el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene competencias normativas.
Concluyo con las propuestas de resolución de Convergència i Unió. Quedan vivas las números 31, 37 y 39. No podemos aceptar ninguna. La número 31 no procede por estar suficientemente regulado en el ordenamiento jurídico actual el acceso a
la información relacionada con las instalaciones nucleares en España. La 37 es una resolución que se repite todos los años y siempre hay varias preguntas parlamentarias relativas al tema de la gestión de los residuos en alta. Esta en concreto es
competencia de Enresa y no del Consejo de Seguridad Nuclear.
Finalmente, la número 39 ya ha sido contestada en las resoluciones correspondientes al año 2000. Por lo tanto, señorías, no vamos a poder aceptar ninguna de las propuestas que han quedado vivas.
Me gustaría volver a resaltar el alto grado de consenso que ha habido en la ponencia y que unas propuestas de resolución han sido directamente aceptadas y otras han quedado englobadas en propuestas de otro grupo. Yo quiero felicitar a la
ponencia por su trabajo y por el altísimo grado de consenso.
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos la sesión un minuto nada más y a continuación pasaremos a las votaciones. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión y vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Votamos la propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las propuestas números 8 y 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las propuestas números 22 y 27, del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En primer lugar, las propuestas números 31, 37 y 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos, por último, a votar el texto del informe de la ponencia en relación con el informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al año 2000.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se interrumpe la sesión durante un minuto. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA (MONTORO ROMERO) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000763.)
- EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA APROBADO POR EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/000490.)
- LA EVENTUAL REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000744.)
- LOS RESULTADOS Y LOS IMPACTOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) REALIZADA EN 1998 Y EN VIGOR A PARTIR DE 1999. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000747.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En los puntos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del orden del día, como SS.SS. conocen, están previstas las comparecencias del señor ministro de Hacienda para explicar, en primer lugar, las líneas generales de la política de su Departamento; en segundo
lugar para explicar el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera; en tercer lugar, para informar sobre la eventual reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas; y en cuarto
lugar, para explicar los resultados y los impactos originados por la aplicación de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas realizada en 1998 y en vigor a partir de 1999.
Dichas comparecencias se realizarán conjuntamente y para hacer su exposición, después de darle la más cordial bienvenida, doy la palabra al señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, es para mí una satisfacción comparecer en el día de hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda para explicar, como avanzaba el señor presidente,
las líneas generales de la política del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema de financiación autonómica, los resultados e impactos originados por la aplicación de la reforma del IRPF de 1998, y la reforma del IRPF, aprobada ya por el Consejo de
Ministros y que ha sido remitida al Congreso, Es evidente que la explicación que voy a dar de entrada no puede ser breve, o sea que me van a disculpar SS.SS. que tenga que relatarles un texto algo extenso por razones obvias.
Recientemente, se han
cumplido dos años desde la creación del nuevo Ministerio de Hacienda, dos años desde el comienzo de la legislatura. Por ello, creo que estamos en un buen momento para
hacer balance en esta comparecencia de las actuaciones y políticas desarrolladas hasta ahora.
En mi primera comparecencia ante esta Comisión expliqué los objetivos y las líneas principales del programa del Ministerio de Hacienda. El año pasado volví a comparecer para dar cuenta de lo que habíamos realizado en cumplimiento de esos
objetivos, y este año tengo de nuevo la satisfacción de volver a esta Comisión para explicar diferentes aspectos de la gestión realizada y de los objetivos alcanzados.
Como recordarán SS.SS., hace dos años propuse los objetivos del Ministerio de Hacienda para esta legislatura. Hoy podemos afirmar que los estamos cumpliendo a un ritmo bastante satisfactorio. Hemos conseguido el equilibrio presupuestario
en el ejercicio 2001 por primera vez en la historia de la democracia española; hemos aprobado las leyes de estabilidad presupuestaria para que en adelante el equilibrio de las cuentas públicas sea el escenario habitual de la economía española;
hemos disciplinado el gasto, mejorando la eficiencia de las administraciones y la gestión y el control de las finanzas públicas; hemos reducido los impuestos; hemos facilitado el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hemos mejorado la lucha
contra el fraude.
Tras el acuerdo unánime de julio del año 2001 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la firma del Concierto Económico con el País Vasco, podemos decir que España dispone hoy de un nuevo sistema estable de financiación autonómica.
Próximamente propondremos el nuevo modelo de financiación local, que ahora estamos estudiando en contacto con las corporaciones locales y con la Federación Española de Municipios y Provincias, y finalmente hemos continuado con el saneamiento,
racionalización y privatización de empresas públicas. Estamos trazando las grandes coordenadas de la nueva Hacienda pública, una Hacienda en equilibrio presupuestario, menos gravosa y más accesible a los ciudadanos, mejor vertebrada en el
territorio español y más eficiente en la inversión, los servicios públicos y la protección social. Nos propusimos objetivos muy ambiciosos pero con una finalidad muy clara, impulsar la convergencia con Europa, el crecimiento económico, la creación
de empleo y favorecer nuestra cohesión social y territorial.
Señorías, la política económica que el Gobierno inició en 1996, basada en la disciplina fiscal y la liberalización de mercados, ha demostrado su eficacia. Estamos consiguiendo uno de los periodos de expansión más largos de nuestra historia.
Hemos creado más de tres millones y medio de puestos de trabajo, hemos saneado la Seguridad Social, bajamos los impuestos y garantizamos las inversiones futuras así como la viabilidad de nuestra protección social. El entorno de desaceleración y de
incertidumbre en el que se ha desenvuelto la economía mundial durante el año 2001 también ha afectado a nuestra economía, que, como SS.SS. saben, redujo su tasa de avance hasta cerrar el año con un crecimiento del PIB real del 2,8 por ciento, algo
inferior al de los años precedentes pero también ostensiblemente superior al promedio de la zona euro. Las variables sobre las que inciden más directamente las condiciones externas, exportaciones e inversión, fueron las que marcaron el ritmo de la
desaceleración. Las exportaciones acusaron el hundimiento de los mercados exteriores, en especial los europeos, mientras que el clima de pesimismo e incertidumbre que se fue adueñando de la escena económica internacional no supuso un marco propicio
para la inversión empresarial a pesar de la favorable situación de nuestras empresas. En cambio, aquellas variables que responden en mayor medida a factores de índole interna, como el gasto de las familias, mantuvieron un mayor dinamismo, a lo que
contribuyó de forma destacada la pujanza en el crecimiento del empleo y el efecto de la reducción de los impuestos en la renta disponible.
Actualmente estamos en condiciones de afirmar, aunque persisten ciertas incertidumbres en cuanto a la fortaleza del proceso, que las previsiones de recuperación económica que el Gobierno ha estado manteniendo se van a cumplir para este año
con holgura. Así la reactivación de la economía norteamericana en los primeros meses del año 2002 y las expectativas cada vez más favorables sobre su progresiva consolidación a lo largo del año se están extendiendo ya a Europa y de manera más
palpable a España.
La economía española ha seguido modelando su crecimiento interanual en el primer trimestre del año 2002 debido a la ralentización de la demanda interna. Aun así, según la contabilidad nacional trimestral, el PIB creció en el primer
trimestre de este año un 2 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, cifra tres décimas inferior a la del cuarto trimestre del año 2001 pero muy superior al 0,1 por ciento de promedio de la zona euro, según las últimas
estimaciones de Eurostat. Sin embargo, la variación intertrimestral muestra una flexión al alza hasta el 2,1 por ciento en tasa anualizada en el primer trimestre, frente al 0,6 por ciento en el precedente. Este diferencial positivo prolonga el
proceso de convergencia real en renta y empleo característico de los últimos años. Así, el PIB per cápita ha pasado del 79,3 por ciento respecto al promedio comunitario en 1996, al 83,6 por ciento en el año 2001, al tiempo que la diferencia entre
las correspondientes tasas de paro se reducía en dicho periodo desde casi 12 puntos hasta menos de 3.
El mantenimiento de nuestra senda de convergencia real con Europa en esta fase del ciclo es un indicador claro de la fortaleza y coherencia de nuestros fundamentos macroeconómicos. El crecimiento trimestral intensificado del 2,1 por ciento
constituye un indicio de que el ciclo económico está tocando fondo y de que la actividad económica se relanzará en los próximos meses. De hecho, los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al mes de abril reflejan ya las primeras señales de
la esperada recuperación de la actividad
económica. Tanto las ventas interiores como las exportaciones registraron en abril tasas de crecimiento superiores al promedio del primer trimestre, rompiéndose así la pauta de descenso que se había iniciado en el cuarto trimestre del año
anterior. Las ventas interiores crecieron un 5 por ciento y las exportaciones un 7 por ciento, recobrando tasas positivas de crecimiento por primera vez desde el tercer trimestre del año anterior. Este comportamiento de las exportaciones refleja
el inicio de la recuperación de la demanda externa. Todo ello eleva el incremento anual de las ventas totales al 5,6 por ciento, frente al 2,5 por ciento, del primer trimestre del año anterior.
El crecimiento en abril del 10,2 por ciento de las ventas del sector minorista, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, también parece confirmar la recuperación del consumo. Si lo anterior se cumple, la economía española
estaría completando, por tanto, una fase cíclica que se aleja de los patrones habituales de nuestra historia económica reciente. No se ha entrado, como sucedió en ciclos anteriores, en un periodo de atonía de la demanda y de destrucción de puestos
de trabajo en el que los agentes económicos saneaban los desequilibrios acumulados en la etapa expansiva. Según la encuesta de población activa, en los últimos seis años la economía española ha ganado más de tres millones y medio de puestos de
trabajo. De éstos, 1.676.500 son mujeres, es decir, la mitad prácticamente. También es interesante constatar que de estos dos millones y medio de nuevos ocupados más de 992.300 son jóvenes de 16 a 29 años, y otros tantos son mayores de 45 años.
Se ha creado mucho empleo, precisamente en aquellos grupos sociales que solían tener más dificultad para encontrar trabajo.
De la rica experiencia de estos años, se deduce que se puede crear mucho empleo, incluso con tasas relativamente moderadas de expansión del producto interior bruto. Este año la economía española podrá alcanzar el objetivo de creación de
empleo previsto en el programa de estabilidad. En el primer trimestre del año 2002, ya se han creado 68.900 puestos de trabajo en términos de contabilidad nacional. Los datos de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre
del año 2002 indican, por un lado, el mantenimiento de la confianza de los agentes económicos en el mercado de trabajo, puesto que el ritmo de incorporación de activos es elevado y, por otro, la conservación de tasas significativas de variación
interanual del empleo. Entre el primer trimestre del año 2001 y el primer trimestre del año 2002 la población activa creció más de medio millón de personas, el 2,9 por ciento, y la población ocupada lo hizo en casi 350.000 empleos, de los cuales el
85 por ciento corresponden a contratos indefinidos. Recordarán SS.SS. que hace no tantos años parecía imposible crear un solo puesto de trabajo en España con tasas de crecimiento inferiores al 3 por ciento, y el poco empleo nuevo lo creaba el
sector público, porque de estos 3.500.000 nuevos empleos de estos años la gran mayoría, más del 90 por ciento, se ha creado en el sector privado y, especialmente, en empresas medianas y pequeñas. La misma evolución la encontramos en el paro
laboral, que durante años ha sido la lacra de nuestra sociedad. Según la encuesta de población activa, la tasa de paro de los últimos diez años se resume así.
Entre 1990 y 1995 el desempleo aumentó 6,7 puntos porcentuales. Entre 1995 y el año
2001 las cosas cambian y el desempleo se reduce casi 13 puntos, es decir, la tasa de paro desciende desde un máximo del 24,11 por ciento de la población activa en el año 1994 hasta el 10,5 por ciento con el que hemos cerrado el año 2001.
Como ven SS.SS., el desempleo se ha reducido en España a mucho menos de la mitad en sólo 6 años de gestión eficaz de la política económica, y ello a pesar del considerable y bienvenido aumento de los españoles y, sobre todo, de las
españolas, que se han sumado a la población activa, es decir, que han puesto de manifiesto su deseo de participar en el mercado de trabajo. Este panorama de evolución del empleo, que nos muestra la encuesta de población activa, se agranda todavía
más cuando observamos los datos de la Seguridad Social. Entre 1991 y 1995 la Seguridad Social perdió 300.000 afiliados. Desde 1996 hasta ahora, sin embargo, han aumentado más de 3.800.000. Hoy ya contamos con 16.154.714 afiliados a la Seguridad
Social, cifra que ya supera la previsión que se tenía para final de año. Más de la mitad de los nuevos afiliados son mujeres, aproximadamente, la misma proporción que la encuesta de población activa.
Y cuando se observa la evolución durante este
período, se aprecia que la ocupación femenina ha tomado ya la delantera en creación de empleo, así como en el incremento de la población activa. Con esta política económica se están dando pasos decisivos en la incorporación de las mujeres españolas
a la actividad económica remunerada, que es tanto como contribuir con hechos, no sólo con palabras, a su verdadera autonomía personal. Todos los datos analizados confirman que la economía española ha experimentado en los últimos años un auténtico
cambio estructural que le permite afrontar, con mejores fundamentos, los desafíos del ciclo económico. Una situación de creación de empleo neto compatible con un crecimiento moderado era inimaginable hace menos de una década.
En estos años se están llevando a cabo reformas muy importantes, pero me gustaría destacar, en primer lugar, el hecho de que por primera vez en la historia de la democracia española, en el año 2001, los presupuestos se han cerrado en
equilibrio. En un esfuerzo progresivo, el déficit público del 6,6 por ciento del PIB que registrábamos en 1995 se ha ido recortando hasta eliminarlo completamente en el año 2001. Esto supone una reducción de 1,25 puntos del PIB al año, algo que ha
sido posible, sobre todo, por la disciplina del gasto
corriente, que nos ha permitido centrar nuestros esfuerzos en el gasto social y en las inversiones públicas. En efecto, uno de los principales logros de esta política ha sido asegurar por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, mejorarlas y establecer el fondo de reserva, que ya asciende al 1 por ciento del producto interior bruto, y mejorar año tras año las dotaciones presupuestarias para sanidad, educación y prestaciones sociales. Así, en el presupuesto del
Estado de este año 52 euros de cada 100 se dedican a gasto social.
El esfuerzo inversor se ha mantenido en tasas cercanas al 4 por ciento del producto interior bruto, superiores a la media europea, y con crecimientos en los últimos años muy por encimas del producto interior bruto. Esto, sin duda, está
permitiendo acelerar nuestro proceso de convergencia real. Invertimos en infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, en medio ambiente en I+D; creamos las condiciones para la mejora de nuestra productividad y lo hacemos sin
necesidad de endeudarnos. Sin duda, el ecuador de la legislatura es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de la política de consolidación fiscal llevada a cabo en los últimos años, que explica, en gran medida, el favorable
comportamiento de nuestra economía respecto a otros países. En los presupuestos del año 2002 se incorpora el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Esto supone que aumenta la atribución de ingresos y gastos de las comunidades
autónomas y, en la misma medida, disminuye la del Estado.
En los primeros cuatro meses del año, la ejecución del presupuesto registra un superávit o capacidad de financiación de 10.387 millones de euros, lo que supone un incremento del superávit del 69 por ciento respecto al mismo período del año
anterior. Estamos hablando de una cantidad equivalente al 1,51 por ciento del PIB, frente al 0,94 por ciento del producto interior bruto que registrábamos el año pasado. Con los primeros datos que tenemos de la ejecución del presupuesto en el mes
de mayo, podemos asegurar que en los cinco primeros meses del año 2002 el Estado se encuentra en superávit, incluso con cierta holgura, lo que permite al Gobierno confirmar que, por segundo año consecutivo, España alcanzará en el año 2002 el
equilibrio presupuestario. Señorías, este es el primer año en que están vigentes las leyes de estabilidad presupuestaria que aprobaron las Cortes a finales de 2001. Estas leyes son la garantía de que el equilibrio de las cuentas públicas, ya
conseguido, debe ser la norma que presida los presupuestos de todas las administraciones públicas en España.
Las sociedades democráticas van tomando conciencia de los efectos negativos del déficit público, y ya no se dejan seducir tan fácilmente por promesas de gasto que luego van a tener que pagar con creces. El sentido común de los electores se
inclina cada vez más por la gestión disciplinada y sobria de los presupuestos, sobre todo, cuando, además, advierten que el ahorro público moviliza la actividad económica de la sociedad y genera puestos de trabajo.
España ha sido el primer país de la zona del euro que refuerza el compromiso europeo de estabilidad presupuestaria con una norma propia.
Esta política explica, en gran medida, el favorable comportamiento de nuestra economía respecto a otros
países y que ha sido alabado por diferentes organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, y respaldada por agencias de calificación de la deuda soberana. Como SS.SS. recuerdan, a finales del pasado año la agencia
Moody's procedió a su máxima calificación, triple A, a la deuda pública española. Automáticamente, el diferencial con el bon alemán, ya en niveles históricamente bajos, cayó 10 puntos básicos adicionales y supondrá este año un ahorro de intereses
para el Tesoro público de 65 millones de euros.
El crecimiento prolongado que España necesita para llegar al pleno empleo y mejorar la protección social depende, en buena medida, de que los gobiernos del sector público seamos sensibles a estas razones de los ciudadanos. En cumplimiento
de los artículos 8 y 13 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Consejo de Ministros, de 8 de marzo, fijó el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo
integran para el período 2003-2005, así como el límite de gastos no financieros del presupuesto del Estado para el año 2003. Dicho acuerdo, que ha sido informado favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades
autónomas y por la Comisión Nacional de Administración Local, ha sido ya aprobado por el Congreso y el Senado. El objetivo de estabilidad presupuestaria que se fija en el mismo se ajusta al previsto en la actualización del programa de estabilidad
2001-2005, un objetivo de equilibrio presupuestario para el año 2003 y de superávit para los años 2004 y 2005.
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria es la fijación anticipada del límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado. Con esta medida se va a reforzar el control y transparencia
del proceso de elaboración, que ha de culminar con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Así, el acuerdo de 8 de marzo fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2003, compatible con el objetivo
de déficit establecido en 114.517 millones de euros. El objetivo de estabilidad y el límite de gasto no financiero, fijados en el acuerdo de 8 de marzo, son las referencias básicas para el diseño del presupuesto del próximo ejercicio. La Orden de
9 de mayo también publica normas para elaborar el escenario plurianual que de conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, debe tener carácter previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. En
tal sentido ya han comenzado los trabajos para la
actualización del escenario presupuestario 2003-2005, de forma que a finales del mes de junio se podrá disponer de esta referencia de previsión presupuestaria a medio plazo, en donde se enmarcarán las líneas generales y cifras básicas del
presupuesto para el año 2003. De conformidad con la Orden de 9 de mayo se van a contemplar las siguientes prioridades de gasto para el año próximo: incrementar la dotación para infraestructuras y para actividades de investigación, desarrollo e
innovación; asegurar los niveles de prestación y cobertura efectiva de los programas de gasto social; asegurar la calidad de la seguridad ciudadana y de los demás servicios públicos esenciales. Además de este marco de referencia fundamental, los
presupuestos para el año 2003 también incorporarán una de las novedades más importantes que ha introducido la Ley General de Estabilidad Presupuestaria: el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. La instrumentación de este fondo
refuerza los mecanismos de control de las modificaciones presupuestarias y supone una garantía que evitará desviaciones en la ejecución del presupuesto.
Señor presidente, la política presupuestaria que hemos desarrollado, de consolidación y de control del gasto público, ha permitido un creciente ahorro público que facilita la financiación de familias y empresas, sin generar tensiones
inflacionistas, y la integración de nuestra economía en los mercados internacionales. Al mismo tiempo nos ha permitido afrontar con las garantías suficientes las reformas fiscales que estamos desarrollando. Por ello la política tributaria de los
últimos años ha ido íntimamente ligada a la presupuestaria y al proceso de consolidación de las cuentas públicas que ha tenido lugar desde 1996. Por tanto son políticas paralelas: para bajar los impuestos antes hay que disciplinar el gasto. De
hecho, si ahora es posible estar hablando de esta y de futuras reformas fiscales es precisamente porque ha habido previamente una importante labor de control y de saneamiento de las cuentas públicas.
En realidad, más que hablar de reformas fiscales
deberíamos hablar en España de un proceso de reforma fiscal. Nuestros objetivos han sido siempre los mismos y las modificaciones legislativas han ido siempre encaminadas en un mismo sentido, el que marca nuestro proyecto político en un escenario de
largo plazo y que estamos llevando a cabo de manera gradual: mejorar la equidad del sistema, que contribuya a aumentar la cohesión social gracias a un reparto más justo de la carga tributaria, mejorar la eficiencia con unos impuestos que
contribuyan al ahorro, a la inversión, al crecimiento económico y a la creación de empleo; mejorar la sencillez con el fin de facilitar las relaciones entre la Administración y los contribuyentes para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones
fiscales y la Agencia Tributaria pueda destinar así más medios a la lucha contra el fraude.
Si hay algo en lo que se ha profundizado en estos años ha sido en la consecución de un sistema más justo, más progresivo, en el que hubiera un mejor tratamiento fiscal para los trabajadores, para los pensionistas, para los minusválidos y
para las familias, beneficiando de manera especial a aquellos con rentas más bajas. Con la reforma del IRPF de 1998, el aumento de renta disponible para los españoles ha sido de 5.000 millones de euros (hablo del aumento anual), se han reducido los
impuestos en una media del 13,7 por ciento, alcanzando la reducción el 40,52 por ciento para los que ganan menos de 12.020 euros. Las rentas del trabajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas pasan de representar el 85 por ciento de
las rentas totales en 1998 al 77 por ciento en 1999 y ven reducida de manera relevante su brecha fiscal, un 12 por ciento de media. Se ha mejorado la tributación de la familia y se han incrementado las mejoras fiscales a minusválidos. Cerca de
cinco millones de contribuyentes han dejado de estar obligados a declarar. La tributación de la vivienda habitual ha mejorado sustancialmente, sobre todo para las rentas más bajas, que antes tenían el límite de la base de deducción en función de lo
que ganaban y ahora ese límite es de 9.015 euros para todos. Además, los rendimientos presuntos de la vivienda ya no tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En esta misma línea se han aprobado otras medidas fiscales, como
la exención de la vivienda habitual en el impuesto de patrimonio hasta los primeros 150.252 euros, la exención en el impuesto de actos jurídicos documentados por la cancelación o modificación de hipotecas y la imputación en cuatro años de las ayudas
directas percibidas para adquisición de vivienda. En beneficio de las familias se han aprobado otras normas, como la posibilidad de compensación entre cónyuges de las cuotas de IRPF y la bonificación del 50 por ciento en el impuesto especial sobre
medios de transporte.
Respecto a las actividades económicas, también se han realizado importantes esfuerzos para mejorar la equidad fiscal. Basta recordar las medidas adoptadas en el año 2000 a raíz de la fuerte subida del petróleo para compensar los mayores
costes de agricultores, ganaderos y transportistas. Estas medidas de carácter permanente suponen un ahorro anual para los sectores citados de más de 600 millones de euros. Se han tomado medidas con el fin de impulsar el crecimiento económico,
fomentar el espíritu emprendedor, las inversiones productivas, las nuevas tecnologías, las actividades de I+D+I, la internacionalización y competitividad de nuestras empresas, con una atención especial a la pequeña y mediana empresa. En la anterior
legislatura ya se llevaron a cabo reformas, como la exención en la transmisión de empresas familiares, reducción del tipo del impuesto de sociedades para pymes, actualización de balances, nuevas fórmulas para evitar la doble imposición
internacional, incentivos al ahorro e inversión,
reducción de la brecha fiscal, etcétera. Y en esta legislatura se han tomado medidas en el mismo sentido, entre otras reducción del 20 al 18 por ciento del tipo impositivo para las ganancias patrimoniales y reducción de dos a un año del
plazo para la aplicación de este tipo especial. Apoyo a la previsión social complementaria a través del aumento del límite absoluto de las reducciones por aportaciones a planes de pensiones individuales y de empleo, de la supresión del límite
porcentual y de la posibilidad de realizar aportaciones a favor del cónyuge que no obtiene renta. Mejora de la fiscalidad de los seguros de vida aumentando cinco puntos los coeficientes reductores. Ampliación del régimen fiscal de pymes a todas
las empresas con facturación hasta cinco millones de euros. Reducción de 12 a seis meses del plazo de morosidad para la deducción de la provisión para insolvencias de deudores. Apoyo a la internacionalización con mejoras para evitar la doble
imposición e incentivos para favorecer el desplazamiento de trabajadores al extranjero. Deducción del 10 por ciento para las inversiones en activos afectos a las actividades de I+D+I. Deducción del 10 por ciento para inversiones en activos que
supongan una innovación tecnológica, así como los gastos de formación del personal para su utilización. Mejoras en el tratamiento fiscal de la amortización del fondo de comercio que favorecen la inversión nacional e internacional. Ampliación de
los plazos para compensar bases imponibles negativas de 10 a 15 años y para aplicar deducciones de cinco a 10 años y 15 para las de I+D+I, incrementando la capacidad financiera de nuestras empresas. Nuevas deducciones en el impuesto sobre
sociedades para plusvalías reinvertidas (17 por ciento), aportaciones a planes de empleo (10 por ciento) e inversiones de carácter medioambiental (10 por ciento). Ampliación del ámbito de aplicación del régimen fiscal para grupos consolidados,
mejor delimitación y eliminación de la doble imposición en el régimen fiscal de fusiones y nuevos convenios de doble imposición, que ofrecen una mayor estabilidad y seguridad jurídica en nuestras relaciones económico-fiscales con otros países,
habiendo sido el último de ellos con Turquía. Los cambios que hemos introducido han perseguido incentivar el ahorro financiero de las familias y la inversión de las empresas a medio y largo plazo, así como avanzar en la neutralidad de la fiscalidad
de los distintos instrumentos financieros. De este modo, cada vez vamos consiguiendo un sistema más moderno, que contribuye a la eficiencia general de la economía, al crecimiento y a la creación de empleo y, como resultado de estas reformas, cito
como ejemplo que en el año 1999 se incorporaran 700.000 contribuyentes más al impuesto sobre la renta y que hay 200.000 empresas nuevas en el impuesto sobre sociedades que han contribuido a multiplicar por más de dos la recaudación por este impuesto
entre 1996 y el año 2001.
En cuanto a la mejora de las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes, se están intensificando los servicios de ayuda para facilitar la presentación de la declaración de la renta y los instrumentos informáticos y
telemáticos al servicio de los procedimientos tributarios. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el envío de datos fiscales ha crecido desde su introducción en 1998 un 477,39 por ciento hasta el 2001, año en el que se
han efectuado 1.603.758 envíos. En el año 2001, el 86 por ciento de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas se realizó con el programa conocido como PADRE, lo que quiere decir que utilizaron ese programa informático
11.761.432 declaraciones, consecuencia sin duda alguna de las positivas facilidades que da la utilización de dicho programa. Se continúa impulsando la presentación telemática de declaraciones, sistema que ha permitido situar a la Administración
fiscal española a la cabeza de las nuevas tecnologías. Así, en el año 2001 el número de accesos a la página web de la Agencia Tributaria ascendió a más de 18 millones, habiendo crecido desde 1998 dicho número un 1.200 por ciento. Por otra parte,
el número de declaraciones presentadas por Internet ha crecido sustancialmente desde 1999 hasta alcanzar la cifra de 500.000 declaraciones presentadas a través de Internet en el año 2001.
Las devoluciones se están acelerando año tras año. En la campaña de renta de este año, cuatro de cada 10 declaraciones con derecho a devolución estarán abonadas para finales de junio frente a una media de 117 días en el año 1995. En el año
2001, la media de tiempo de devolución fue de menos de 30 días. Y en cuanto al IVA de exportadores, el tiempo ha pasado de 54 días en el año 1995 a 27 días en el 2001. Por otra parte, los contribuyentes disponen de casi 28.000 puntos de atención
para la confección de sus declaraciones. Las comunidades autónomas, ciudades autónomas y corporaciones locales desempeñan un creciente e importante papel colaborador en las campañas de renta. Una avance provisional de la campaña de renta que está
en marcha nos confirma que los resultados antes citados siguen mejorando de manera importante. La petición de datos fiscales ha crecido en esta campaña un 74 por ciento respecto del pasado ejercicio. El número de citas previas para la ayuda de la
confección de la declaración es un 10 por ciento superior, las declaraciones presentadas aumentan un 11 por ciento y las presentadas por Internet crecen un 123 por ciento. Además, sigue agilizándose la tramitación de las devoluciones, por lo que,
respecto a la misma fecha del año anterior, se han incrementado las emisiones en más del 37 por ciento, es decir, ya se han emitido 2.000.000 de devoluciones, con plazos medios de siete días, que se reducen a tres cuando se solicita la devolución
por Internet.
Si hay algo en lo que se está desarrollando un especial esfuerzo es en la lucha contra el fraude fiscal. Hoy
contamos con mayores medios, lo que ha permitido incrementar los resultados de control un 50 por ciento en el período 1998-2001. Son los resultados de un programa director llamado de control tributario 1999-2002, los cuales entre otros son
los siguientes: el aumento registrado en la cifra de delito fiscal denunciado supone un 234,9 por ciento desde 1995 hasta el año 2001, la deuda liquidada en aduanas crece un 326 por ciento entre 1995 y el año 2001 y los efectos de la lucha contra
el contrabando de tabaco han incidido en la reducción espectacular del consumo de tabaco ilegal, que ha pasado de un 17,2 por ciento en el año 1995 a tan sólo el 2,1 por ciento en el último cuatrimestre del año 2001, la cifra más baja sin duda
alguna de las últimas décadas. También conviene recordar en este punto los importante éxitos obtenidos en la lucha contra el narcotráfico. Cada vez es más difícil defraudar, cada día contamos con mejores medios gracias a la incorporación de las
nuevas tecnologías y cada vez disponemos de mejor información. Estamos llevando a cabo un importante esfuerzo en la lucha contra el fraude, que sin duda redunda en beneficio de los ciudadanos y al final nos permite caminar hacia un sistema
tributario más justo y equitativo.
Nosotros, como SS.SS. pueden comprobar, cada vez que hablamos de impuestos, lo hacemos de los mismos objetivos y de los mismos instrumentos y ahí radica precisamente la fuerza de nuestro discurso.
Nuestra reforma fiscal está bien definida,
tiene su lugar y su función dentro de un proyecto político de largo plazo que busca el crecimiento de la economía y el pleno empleo. Nuestra reforma fiscal es una reforma gradual y equilibrada, sin malabarismos, en la que se acompasa la bajada de
impuestos con la disciplina en el gasto para garantizar la estabilidad presupuestaria y mejorar el impulso inversor del Estado y el gasto social. Nuestra reforma fiscal es completa, afecta a todos los impuestos y tiene en cuenta todas las
circunstancias e implicaciones sobre la economía para que los objetivos de eficiencia, equidad y sencillez se alcancen en el conjunto del sistema tributario y no sólo en algunos impuestos. Nuestra reforma fiscal es sobre todo creíble, puesto que
avanza por un camino que ya hemos iniciado, que ya conocemos, de bajada de impuestos. En España estamos bajando los impuestos. En definitiva, estamos construyendo un sistema tributario, decía antes, más eficiente, más equitativo y más sencillo,
mejor adaptado a las demandas de los ciudadanos y que incorpora a un número creciente de contribuyentes para reforzar la cohesión social y territorial de España. Y eso es precisamente lo que vamos a continuar haciendo con la nueva reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, que está esperando en el Congreso para su deliberación y aprobación y que presuntamente entrará en vigor el próximo 1 de enero del año 2003, en relación con la cual estamos realizando un gran esfuerzo
explicativo mediante la creación de una página web ubicada en el portal del Ministerio de Hacienda, que hoy estrenamos, y el envío de una carta informativa a los contribuyentes españoles.
La nueva reforma se propone rebajar el impuesto a todos los españoles, con especial incidencia en las familias y en los trabajadores con rentas más bajas. La rebaja media será del 11 por ciento, llegando al 38 por ciento para los
contribuyentes con rentas inferiores a 12.020 euros. Esta rebaja se suma a la del 13 por ciento de la reforma anterior. Asimismo, pretende contribuir nuevamente a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, incrementando la renta
disponible de los contribuyentes en 3.600 millones de euros y facilitando el mantenimiento del equilibrio presupuestario del sector público y de la estabilidad económica. Trata de incentivar la movilidad de los trabajadores, aumentando la reducción
por rendimientos del trabajo y fomentando fiscalmente la oferta de viviendas en alquiler -en la actualidad, hay en España del orden de dos millones de viviendas que podrían salir al mercado de alquiler- y se propone avanzar un paso más hacia la
neutralidad fiscal de las diferentes fórmulas de ahorro, facilitando su movilidad e incidiendo en la mejoría fiscal del ahorro a largo plazo. Estas medidas favorecerán a los nueve millones de ahorradores que hay en nuestro país. Asimismo, pretende
rebajar los tipos impositivos y los tramos de la tarifa para mejorar la eficiencia del impuesto. En sólo unos años hemos reducido significativamente los tipos máximos y mínimos de la tarifa, que serán del 45 por ciento y del 15 por ciento,
respectivamente.
Por otra parte, con la nueva reforma, el número de tramos pasará finalmente a 5, desde los 18 que había en 1996. Asimismo, se propone avanzar en la simplificación del impuesto, reduciendo los trámites para los contribuyentes y ampliando el
número de personas que no tendrán que hacer declaración. Así, 5,5 millones de contribuyentes recibirán el borrador de declaración a partir del próximo año. Por otra parte, se plantea reformar algunas de las modalidades de tributación empresarial,
para lograr una mayor neutralidad en la fiscalidad de las actividades económicas y reducir las posibilidades de fraude. Igualmente, en aras de la equidad, el nuevo impuesto intentará recoger de manera más fiel aquellas circunstancias personales y
familiares que implican unos mayores gastos para las familias. En primer lugar, la discapacidad del contribuyente o de sus familiares, que implica mayores gastos sanitarios y de asistencia; en segundo lugar, los mayores gastos también sanitarios o
de asistencia que tienen las personas mayores, y por último, la maternidad y su conciliación con la vida laboral. Por eso vamos a aumentar de manera importante, significativa, las reducciones familiares por hijos, por discapacitados y por personas
mayores. Como novedad en la fiscalidad, no sólo española sino internacional, me gustaría resaltar la nueva ayuda de 1.200 euros para la madre trabajadora, que se percibirá
por cada hijo menor de tres años, y de forma anticipada, si se desea.
Señorías, al comienzo de esta legislatura propusimos un amplio pacto entre todas las fuerzas políticas y las comunidades autónomas para crear un nuevo sistema que dotara de estabilidad a la financiación autonómica. Era necesario consolidar
el pacto por la estabilidad presupuestaria para controlar el crecimiento del gasto. Con la aprobación de las leyes de estabilidad se creaba el marco necesario para que la reforma del sistema de financiación pudiera dar lugar a un modelo estable.
Se ha alcanzado un acuerdo histórico entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas que completa el modelo de Estado que surgió con nuestra Constitución.
Prácticamente se culmina el proceso de transferencia del Estado a las comunidades
autónomas y se ha logrado un modelo estable para financiarlas. La transferencia de la sanidad supondrá que las comunidades autónomas tendrán es sus manos más del 40 por ciento del gasto del conjunto del sector público. En los últimos años del
Gobierno del Partido Popular se ha acelerado este proceso de transferencias, con el objetivo de consolidar un nuevo modelo de Estado con un alto grado de descentralización, tanto política como administrativa. Así, en 1996, el gasto ejercido por las
comunidades autónomas suponía el 20,6 por ciento del total. Es decir, con la transferencia de la sanidad se duplica en el lapso de seis años la participación de las comunidades autónomas en el total del gasto público.
La transferencia supone que más de 136.000 trabajadores pasen a depender de las comunidades autónomas, así como 80 hospitales y más de 1.000 centros de salud. Hay que recalcar que esta transferencia se hace de acuerdo con las pautas
marcadas por el nuevo sistema de financiación y de acuerdo con la cantidad fijada para esta competencia en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio. Es decir, se transfiere a cada comunidad la cantidad que más
le favorece en el año base del modelo 1999, o bien el coste efectivo del servicio en ese año o bien el derivado de las necesidades estimadas por el índice de la población protegida, población mayor de 65 años e insularidad. En cuantía, se
transfieren un total de 9.820 millones de euros, cuantificados en el año base 1999, cuantía que si la trasladamos al año 2002, de acuerdo con las pautas del nuevo sistema de financiación, estará por debajo de los 12.000 millones de euros. De hecho,
el cálculo de esta evolución por comunidades depende de la evolución prevista de sus fuentes tributarias, por lo que es lógico que cada comunidad haga sus propias estimaciones para el año 2002. La otra gran competencia transferida en este periodo
ha sido la educación, que de 1996 al año 2001 ha supuesto el trasvase de más de 5.409 millones de euros de gastos del Estado a las comunidades autónomas.
Se avanza así en la construcción de un sistema de financiación más eficiente, en el que los servicios básicos a los ciudadanos los prestan las administraciones más próximas a ellos. Un gobierno con mayoría absoluta consiguió en su día un
acuerdo unánime para aprobar un sistema de financiación autonómica estable, que no necesita la revisión obligada cada cinco años. Su base principal es la cesión y participación en impuestos, de forma que a partir de ahora las comunidades y el
Estado vamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección. Si a uno le va bien, al otro también, y al revés. Con este acuerdo el Estado se ha hecho más autonómico y las autonomías se han hecho más estables. Además se ha incrementado
considerablemente su corresponsabilidad, es decir, las comunidades autónomas tendrán capacidad de decisión para bajar y subir impuestos, en concreto sus recursos autónomos pasan de suponer el 49 por ciento de sus ingresos a un 68 por ciento de los
mismos.
La estabilidad del nuevo modelo deriva de dos fuentes: en primer lugar, el hecho de que el proceso de transferencias está prácticamente terminado, y en segundo lugar, la propia estructura del nuevo sistema de financiación, que garantiza
tanto la suficiencia de recursos como la estabilidad de estos, al dar acceso a una cesta variada de impuestos y a la capacidad normativa sobre ellos.
Dentro del nuevo sistema existen también una serie de instrumentos destinados a garantizar la solidaridad interterritorial e interpersonal.
Así, el propio fondo de suficiencia, que se otorga como diferencia entre los recursos que necesita
la comunidad, según sus indicadores de necesidad -población, superficie, población protegida, dispersión, etcétera-, y los recursos tributarios que recibe es el principal de estos instrumentos. Las asignaciones de nivelación garantizan la igualdad
de prestación de dos servicios básicos: la sanidad y la educación. El servicio de la sanidad transferido tiene, además, una cláusula de salvaguardia especial, por tratarse de un servicio básico dentro del Estado de bienestar. Así, las comunidades
autónomas deberán dedicar a este servicio como mínimo la cuantía que reciban el primer año, y posteriormente incrementarla de año en año, de acuerdo con la evolución de los ingresos tributarios del Estado. Igualmente existe el fondo de desplazados
y cohesión en la sanidad, que se encargará de sufragar los mayores gastos en los que incurra una comunidad por la atención sanitaria que presta a los ciudadanos de otras comunidades. En último lugar, y en el ámbito de la solidaridad
interterritorial, el sistema prevé la continuidad del fondo de compensación interterritorial que se concede a las comunidades autónomas Objetivo 1. La principal novedad de este instrumento es que una parte del mismo se podrá destinar ahora a
financiar los gastos corrientes y no sólo las inversiones.
Con el nuevo modelo, el Estado y las comunidades autónomas dan un paso fundamental en la España autonómica. Con este traspaso las comunidades autónomas
dispondrán ya de los dos principales servicios sociales, la sanidad y la educación, y el Estado ha traspasado también los recursos para hacer frente a estos dos pilares del Estado de bienestar.
En este punto me gustaría hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto el acuerdo alcanzado para renovar el concierto económico con el País Vasco, después de meses de duras negociaciones, en el que hemos conseguido el mejor concierto
económico de la historia. El acuerdo del pasado 6 de marzo del año 2002 con la comunidad autónoma del País Vasco y las diputaciones forales para la aprobación del nuevo concierto económico supone la consolidación del sistema foral vasco dentro del
Estado de las autonomías y a la vez instaura un Estado autonómico permanente en el tiempo. Este acuerdo estabiliza las relaciones financieras y tributarias entre la hacienda estatal y las haciendas forales, mejorando el marco económico en el que se
mueven las empresas y los ciudadanos del País Vasco. No en vano la Ley de concierto da fuerza jurídica a la capacidad de los territorios históricos para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario y regular las relaciones de orden
tributario entre el Estado y el País Vasco. Con esta ley se determinan los puntos de conexión que permiten conocer cuándo se entiende producido el rendimiento de un impuesto en el ámbito de un territorio histórico y la normativa común o foral por
la que se debe regir este pago. De este modo, el concierto contribuye a vertebrar la integración económica del País Vasco en España y a potenciar su desarrollo. Por primera vez en la historia foral del País Vasco el concierto alcanza su plenitud y
se consagra como una institución permanente, sin plazos de renovación. Sin duda esta es la mayor aportación del nuevo concierto, como expresión estable de la foralidad dentro del marco jurídico español.
Al igual que el País Vasco, Navarra, como comunidad foral, regula sus relaciones con la hacienda estatal a través del convenio económico, convenio que hay que actualizar a raíz de la cesión de nuevos impuestos a las comunidades autónomas de
régimen común y de los avances alcanzados en el conjunto de la financiación autonómica. De hecho, se ha creado ya un grupo de trabajo, compuesto por miembros del Ministerio de Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, que está estudiando los
diferentes cambios que requiere el convenio para actualizarlo y cerrar un mapa autonómico estable y duradero.
Señorías, este año 2002 vence el modelo de financiación establecido para las corporaciones locales. Con el nuevo sistema de financiación autonómica se ha vertebrado el Estado español -como antes he dicho- y se ha reforzado el Estado de las
autonomías. La próxima reforma del sistema de financiación local será un paso decisivo para completar esta vertebración del sector público en España. Estamos profundizando en la descentralización política y administrativa del Estado para mejorar
la asignación de los recursos y los servicios públicos que reciben los ciudadanos. La Hacienda local del siglo XXI tiene un papel fundamental para resolver con mayor eficacia las demandas de los ciudadanos, al ser la Administración más cercana al
individuo. La próxima reforma de la financiación local profundizará en los principios ya resaltados en la reforma de 1998: solidaridad, suficiencia, autonomía y corresponsabilidad; tratará también de modernizar el sistema tributario local,
adecuándolo a las nuevas necesidades de la economía.
El Gobierno creó el 16 de marzo de 2001 una comisión de estudio compuesta por expertos designados tanto por la Federación Española de Municipios y Provincias como por los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta comisión ha
venido trabajando durante todo un año y las conclusiones de su informe están próximas a conocerse. En este ámbito, el Gobierno pretende dar cumplimiento a su compromiso de eliminar el impuesto sobre actividades económicas para el 90 por ciento de
los contribuyentes actuales, especialmente empresas de pequeño tamaño. En la profundización de la autonomía y la capacidad fiscal, la reforma estudiará todas las vías de financiación para los municipios; por ejemplo, la participación en los
grandes impuestos del Estado para que, al igual que las comunidades autónomas, puedan acceder a todos los beneficios de la evolución económica. Esta reforma respetará claramente la suficiencia de los entes locales, proporcionando fuentes de
financiación ágiles y modernas para que los ayuntamientos puedan financiar sus necesidades inversoras y de prestación de servicios básicos para el ciudadano.
Señor presidente, durante esta legislatura hemos continuado con el proceso de racionalización y modernización del sector público empresarial. Una de las medidas más importantes ha sido la aprobación de la modificación de la Ley del
patrimonio del Estado, cuyo objetivo es facilitar y agilizar la ordenación y gestión de las empresas públicas del Estado para aprovechar las capacidades específicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y del Grupo Patrimonio. Así,
de SEPI se aprovecha su experiencia en el saneamiento y administración de empresas; de la Dirección General de Patrimonio, su experiencia en la gestión de sociedades estatales de carácter instrumental y en el seguimiento y control de las
actividades de gestión del patrimonio inmobiliario y desarrollo de la política de compras públicas, especialmente la provisión de bienes y servicios de mercados liberalizados. En este apartado hay que destacar también la adscripción de
Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su fin es el de abordar el problema financiero que arrastra aquella, desde el estricto respeto a su independencia y autonomía, tal como están previstas en su estatuto.
Si no solucionamos el problema
financiero, estamos poniendo en peligro la institución y el servicio público que presta.
Conscientes de su importancia para la economía, hemos llevado a cabo nuevas privatizaciones, como la de CASA, Iberia, Babcock Wilcox, Conversión Alumnio, Santa Bárbara, ENCE o Interinvest (Aerolíneas Argentinas), y la venta de parte de las
fincas que componen Expasa; todas ellas de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. Todos los procesos de privatización desarrollados por SEPI persiguen la viabilidad de la compañía, el mantenimiento de su proyecto
industrial -incluso su reforzamiento- y la estabilidad del empleo. Para ello, se exige a los compradores la presentación de un plan industrial en el que se definan las líneas de actuación que piensan desarrollar respecto a los parámetros más
significativos: plantilla, inversiones y actividad comercial. Sin duda, una de las principales características ha sido el clima de diálogo y cooperación entre las partes implicadas en que se han llevado a cabo todas las privatizaciones. Gracias a
este proceso se está plasmando en las empresas el fortalecimiento financiero y societario de la empresa -aportación de fondos y entrada de socios-, la internacionalización de la compañía privatizada, la mejora de la competitividad de la empresa
privatizada -ampliación de mercados, aportación tecnológica de los socios- y el mantenimiento del empleo en la misma. Estos son, en definitiva, los objetivos perseguidos desde la aprobación del programa de modernización del sector público
empresarial.
Señorías, como final de mi intervención, me gustaría señalar el gran número de medidas aprobadas y sus características: el equilibrio presupuestario, las leyes de estabilidad presupuestaria, el nuevo sistema de financiación autonómica, el
concierto económico del País Vasco, las medidas a favor de la familia, del ahorro, de la internacionalización y de la pequeña y mediana empresa, y la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La consolidación fiscal es el primer instrumento de la política económica que, desde 1996, estimula la iniciativa social, impulsa un crecimiento vigoroso y facilita la incorporación al trabajo de millones de ciudadanos. Gracias al esfuerzo
de disciplinar el gasto público, a la reducción de los impuestos y a la liberalización de los mercados, las familias y las empresas han podido financiarse con menores tipos de interés y los agentes económicos han visto que el Gobierno sigue con
firmeza una política económica de estabilidad. Con el equilibrio presupuestario, España goza de la máxima calificación de solvencia internacional y ofrece las mejores condiciones para localizar la inversión y el trabajo. El déficit cero pertenece
a una política que ha demostrado una capacidad antes inédita para desplegar el potencial de nuestra economía. Esta política económica ha sido, y seguirá siendo en el futuro, un factor decisivo de nuestra competitividad internacional. Por eso la
economía española está acelerando el proceso de convergencia real con Europa en renta per cápita y empleo, y por eso también, en este momento de la economía internacional, España mantiene las previsiones de crecimiento más elevadas de los países
desarrollados y podrá acometer en posiciones de ventaja la próxima recuperación del comercio mundial y del mercado mundial.
El señor PRESIDENTE: Para la intervención en nombre de los distintos grupos parlamentarios, tiene en primer lugar la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.
(Rumores.) Veo que sus poderes llegan cada vez más lejos -los de Vicente.
Le agradezco, señor ministro, que haya hecho una intervención que, dada la costumbre que tenemos últimamente en esta Comisión, no ha sido tan larga como usted anunciaba. Sólo ha durado 55 minutos; no bate el récord de las últimas semanas,
se lo aseguro. (El señor Martínez-Pujalte López: el récord lo batió Pepe Segura.) De hecho, en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de escuchar al señor Beteta, hablando de financiación territorial -usted no ha añadido nada nuevo-;
hemos tenido la oportunidad de escuchar a su secretario de Estado, hablando de financiación territorial, evolución de la recaudación y reforma del IRPF -usted no ha añadido nada nuevo-; y la semana pasada pudimos oír una intervención inicial más
larga del señor Folgado, secretario de Estado de Economía, hablando del entorno macroeconómico, y usted no ha añadido nada nuevo. Con lo que ha dicho usted hoy, me pregunto qué nos dirá la semana que viene el señor Rato; sólo le queda hablar de
energía, pero de eso ya habló también el señor Folgado, la semana pasada.
Está bien esta costumbre de las comparecencias que acaban siendo anuales.
Precisamente hace casi un año, el 19 de junio, comparecía usted ante esta Comisión. Hoy ha hecho un discurso muy similar, pero algunas cosas han cambiado en la
realidad más de lo que ha registrado su discurso. Decía usted el 19 de junio del año pasado que España iba a crecer algo más del 3 por ciento; probablemente, este año el crecimiento no superará el 2 por ciento del PIB y nuestro diferencial con la
Unión Europea se situará en torno a medio punto del PIB. Le hago notar que es un diferencial menor de lo que representa la aportación neta de fondos de la Unión Europea a España, es decir, probablemente este año nuestro crecimiento, sin aportación
neta de fondos europeos, sería menor que la media comunitaria.
Hace un año decía usted que nuestras exportaciones crecían el 10,3 por ciento en el primer trimestre de 2001. En el primer trimestre de 2002 se han reducido en un 2,6 por ciento. También nos decía que perseguían la estabilidad de precios
por todos los medios. El último
dato que conocemos, el dato del IPC del mes de abril, ha sido el peor dato mensual en 18 años. No creo que el dato del IPC mensual del mes de abril, ese 1,4 por ciento, haya que tomarlo como dato estructural en tan alto grado. Creo que el
Gobierno se equivocó al pavonearse del dato de enero y que la reducción del IPC que señalaba y esas valoraciones acerca de que los precios se estaban reduciendo eran excesivas. De todas formas, no voy a dar demasiada importancia al hecho de que en
el mes de abril el IPC haya crecido un 1,4 por ciento, pero sí es cierto que en términos interanuales nos hemos situado en una tasa del 3,6 por ciento, que nuestro diferencial con la zona euro se ha situado de nuevo por encima de un punto, entre 1,3
y 1,4 por ciento, y, lo que todavía me parece más preocupante, que nuestra inflación subyacente se halla disparada en el 3,9 por ciento interanual en el pasado mes de abril, muy por encima de la inflación subyacente de la eurozona. Como es sabido,
la inflación subyacente es la inflación sin excusas porque no incluye la energía ni los alimentos no elaborados. Hoy ha hablado usted poco del IPC, aunque ya se sabe que para usted esto es, más o menos, el mantenimiento de la estabilidad de
precios. Lo dice así con regularidad.
También nos decía hace un año que la disciplina fiscal, la liberalización y el diálogo social seguían siendo los mejores instrumentos de una política de estabilidad. Hoy ha repetido que la disciplina fiscal y la liberalización siguen siendo
los mejores instrumentos de una política de estabilidad. Veo que se le ha descolgado el diálogo social de su discurso. Me parece normal porque, que usted hablara hoy de que el diálogo social es uno de los mejores instrumentos de una política de
estabilidad, diría muy poco a favor del Gobierno del que usted es miembro, a no ser que usted por diálogo social considerara la carta que ha enviado el Gobierno a los contribuyentes en la que, por primera vez en la historia de la democracia, se
explica una legislación que no existe, puesto que no ha sido aprobada por esta Cámara. Ustedes han sustituido el diálogo social por el monólogo social. Me parece coherente que se le haya caído el diálogo social del discurso porque, desde luego, su
Gobierno de monólogo, prepotencia y arrogancia va sobrado últimamente.
Sobre la liberalización, ya es habitual que la Unión Europea ponga énfasis sobre la necesidad de que unos pocos países, entre ellos España, hagan más esfuerzos en la introducción de la competencia en la economía española -que es como desde
el Grupo Socialista entendemos la liberalización-, puesto que nuestros datos de competencia, tanto en mercados fuertemente regulados, como las telecomunicaciones y la energía, como en mercados menos regulados son débiles respecto a la media de la
Unión. Además, el secretario general de Política Económica y el director del Servicio de Competencia, el señor De Guindos, creo que era sincero cuando hace tres semanas expresaba -y lo cito textualmente- que realmente el Gobierno nunca había
entendido la política de liberalización como una política de contención de precios. Se publicó el lunes de hace tres semanas en una entrevista en la prensa. Igual usted está de acuerdo, pero en ese caso no sé por qué dice usted que la política de
liberalización es un instrumento para la política de estabilidad. Podría decir otras cosas que seguramente también puedan tener algún grado de sensatez. ¿Creen ustedes que van a ayudar a contener los precios y a mejorar el nivel general de los
precios con la liberalización o no? El señor De Guindos dice que no. Estaría bien que usted diga algo.
Hace un año hablaba usted mucho más de lo que lo ha hecho hoy de la creación de empleo y la reducción del paro. Hoy nos ha dado cifras en período sexenal y no me extraña porque desde que usted vino aquí hace un año hasta ahora han pasado
algunas cosas y es que un año después de mayo del año pasado -cuando usted vino- el paro registrado en España ha crecido en 110.854 personas, y según la encuesta de población activa en el último trimestre en España ha habido 189.300 nuevos parados y
65.600 empleos menos. Este cuadro es diferente a cómo estaba hace un año aunque, como le decía, usted no ha acusado demasiado esas diferencias en su discurso. Eso sí, ha dicho que a todo ello ha ayudado mucho la disciplina del gasto y que ésta ha
permitido que nuestra inversión pública se mantenga en niveles elevados -menores que los de principios de los noventa y mayores a los de la Unión Europea- y que nuestro gasto social vaya viento en popa. Nuestro gasto social hoy en términos de
producto interior bruto es 2,5 puntos inferior al que existía cuando ustedes llegaron al Gobierno.
Respecto a la inversión en infraestructuras, creo que haríamos bien en diferenciar quién financia porque la inversión en infraestructuras que financia el Estado se reduce y crece mucho la inversión en infraestructuras que financian los
usuarios. Eso no siempre me parece un mal sistema. De hecho, en muchos casos me parece muy sensato, por ejemplo, en los aeropuertos. Pero eso le permite a usted decir que el esfuerzo de gasto del Estado hace que suba la inversión pública, cuando
en realidad AENA invierte endeudándose y este endeudamiento no se consolida con el presupuesto del Estado. El señor Barea explica habitualmente en sus artículos en algún medio económico cómo ustedes han desplazado el endeudamiento para que no les
cuente. Si esto, en algún caso como el de AENA, puede ser sensato, no le puede permitir a usted decir que el esfuerzo del Estado en inversión ha crecido tanto porque no es así.
Por último, en cuanto a la inversión en futuro, nuestro gasto en educación en términos del PIB se ha reducido entre 4 y 5 décimas desde que ustedes llegaron al Gobierno. En relación con el fomento de la investigación, los programas de
ayudas y fomento de los investigadores y de la investigación el año pasado experimentaron grados de falta de ejecución de entre el 65 y el 83
por ciento, según el programa. Creo que ustedes han debilitado la inversión en futuro y esto se refleja en nuestra evolución precaria de la productividad y en nuestras tensiones de IPC que existen, manteniendo un gran diferencial con la
zona euro. Su política sigue sin tener conciencia de ello.
No nos ha hablado -yo sí lo voy a hacer- de la evolución de los ingresos en el año 2001. Lo comentaré con mucha brevedad partiendo de la documentación que nos fue distribuida a raíz de la comparecencia del señor Rodríguez-Ponga. En el año
2001 los ingresos por retenciones de IRPF habían crecido un 7 por ciento respecto a la previsión realizada y casi el 14 por ciento respecto a la recaudación. Nosotros nos preguntábamos si en este crecimiento de las retenciones tendría algo que ver
el aumento de la presión fiscal en frío, es decir, la ausencia de corrección por la inflación de la tarifa del mínimo vital y otras deducciones de tipo personal. Uno no sabe exactamente cuál es ese efecto del aumento de la presión fiscal en frío
sobre el crecimiento de las retenciones y ustedes tampoco lo han evaluado. Se lo pedimos hace un par de meses al secretario de Estado. Además, teníamos noticias de que la evolución de las retenciones por rendimientos de rentas de capital y de
fondos de inversión agregadas no habían crecido sino que se habían reducido en un punto nominal, lo que significa una reducción bastante mayor en términos reales. El año pasado crecieron las retenciones por rentas del trabajo y se redujo el
agregado de retenciones por rentas del capital en el IRPF. Por eso, señor Montoro, en los últimos datos sobre composición de peso de cada origen de rentas en el IRPF, antes de que ustedes efectúen correcciones -que no explican cómo las efectúan-,
las rentas del trabajo vuelven a estar en el 84 por ciento en el primer trimestre de 2002.
Respecto a 2002 usted ha dicho algo hoy y yo también voy a decir algo. Ha dado usted unos resultados de superávit que me ha parecido que son de superávit bruto, que no toman en cuenta los resultados del cambio de criterio contable que
implica el cambio de transferencias y de ingresos con las comunidades autónomas. En todo caso, la Caixa acaba de publicar el informe mensual de junio de 2002 -ellos sí tratan en términos homogéneos los ingresos- y nos informan de que los ingresos
no financieros acumulados hasta abril aumentaron el 7,3 por ciento en términos homogéneos gracias -dicen- al fuerte aumento de las transferencias, las tasas y la recaudación impositiva, en particular de la imposición directa. Y siguen: En efecto,
los ingresos por impuestos indirectos aumentaron el 7,9 por ciento hasta abril impulsados por el impuesto sobre el valor añadido por operaciones interiores, por las primas de seguros y por los especiales, entre los cuales destacan los aumentos del
alcohol y de bebidas derivadas, 26,4 por ciento, y de productos de tabaco, 18,7 por ciento.
Se lo voy a repetir en algún caso: el impuesto sobre el valor añadido por operaciones interiores ha tenido un gran aumento, ¿recuerda que en el presupuesto en vigor se aprobaron algunos aumentos de IVA del 7 al 16 por ciento en peajes,
butanos y ciclomotores y sólo el de peajes venía estrictamente obligado por sentencia europea?; el de primas de seguros, ¿recuerda usted que este es un impuesto que se introdujo en el año 1997 y se aumentó a continuación en 1998?; los especiales,
el nuevo impuesto sobre combustibles, tabacos, alcohol. Es decir, que parece que ha aumentado aquello en lo que han aumentado los impuestos, es bastante lógico. Es de lo que nos informa la Caixa, el informe mensual de junio de la Caixa.
En este contexto, desde 1996 a 2000 -últimos datos liquidados que tenemos en comparación europea-, la presión fiscal en España ha aumentado más de dos puntos, y yo ya sé que una parte de ese aumento de presión fiscal se ha producido porque
algunos impuestos, como el de sociedades, son elásticos respecto al PIB y hay una mejora de recaudación, por ejemplo en sociedades, que no supone un aumento de presión fiscal individual, pero en otros casos ustedes sencillamente han aumentado los
impuestos introduciendo algunos nuevos, como el que he mencionado de la prima de seguros, que en poco recaudará ya 1.000 millones de euros -se está acercando-, y otros este año como los que he relatado, el nuevo impuesto de combustibles, y además
desde el año 1999 a través del aumento de la presión fiscal en frío en el IRPF.
Vamos a la presión fiscal en el IRPF en frío y vamos a la reforma de 1998 que usted nos ha mencionado. Usted hoy ha dicho textualmente que la reforma del IRPF de 1998 supuso un aumento de la renta disponible, es decir, de la que se tiene
después de pagar impuestos; hoy ha usado bien el término, en términos ortodoxos, ha dicho que la reforma de 1998 supuso un aumento de la renta disponible de los españoles en su conjunto de 5.000 millones de euros para cada año. También les pedimos
insistentemente que evalúen cuál sería la previsión de recaudación en el año 2002 si hubieran actualizado por IPC la tarifa y los elementos de la base del impuesto.
Nosotros creemos, a partir de estimaciones realizadas por expertos, medios de comunicación y analistas, que probablemente hay unos 3.000 millones de euros que no se pagarían de haberse actualizado la tarifa y los mínimos, lo cual supone dos
cosas: por una parte, como decía antes, no resulta tan extraño que en los últimos años la presión fiscal haya aumentado y, por otra parte, que de los 5.000 millones de euros en que se redujo la recaudación prácticamente dos tercios -no llega, pero
casi- se los habrá comido la falta de actualización del impuesto por el IPC. De hecho, ahora ustedes -ahí volveré dentro de un momento- lo que hacen con el nuevo impuesto básicamente es poner el IPC en la tarifa a través no de un aumento de bases,
de la cantidad de
la base, sino de reducción de tipos y unas deducciones. Pero sobre eso volveré después.
Usted ha dado hoy unos datos -los vienen dando siempre- sobre los efectos para los contribuyentes. Cada uno tiene el concepto de equidad que tiene, se lo reconozco, y los conceptos de equidad no tienen por qué ser similares, no hay ninguna
obligación de que lo sean, pero usted dice que el contribuyente que se ha beneficiado más de la reforma de 1998 es aquel contribuyente al que le rebajaron el cien por cien la cuota, rebaja que supuso en torno a 15 euros, es decir, algo menos de
2.500 pesetas. Su beneficio fue mucho mayor que el suyo o el mío, a quienes nos rebajaron miles de euros la cuota. Uno no necesita conocer con detalle sus datos ni los míos para saber que con nuestros ingresos publicados nos han rebajado miles de
euros la cuota, un porcentaje del 5, el 6 o el 7 por ciento de nuestra cuota. Su concepto de equidad, señor Montoro, tal como usted lo expresa -yo no sé si lo tiene, pero lo expresa así-, es que una rebaja de 15 euros beneficia más al contribuyente
que una rebaja de miles de euros.
Nuestro concepto de equidad es diferente, por eso nosotros hacemos una cosa que es la misma que hace usted cuando habla del agregado, del conjunto nacional. Usted antes decía: la renta disponible de los
españoles, lo que se tiene después de pagar impuestos, ha aumentado en 5.000 millones de euros al año. Lo que nosotros decimos es: ¿y la renta disponible de cada contribuyente, de cada individuo, cómo ha evolucionado después de la reforma?
Cuando uno mira cuánto ha mejorado su capacidad de gasto e inversión, por tanto ahorro, con cada contribuyente la película nos sale diferente, y más atinada con lo que es nuestro concepto de evaluación de equidad, porque los contribuyentes
que pagaban -que no todos pagaban-, los contribuyentes con cuotas positivas antes en la escala más baja, han tenido aumentos de renta disponible del 0,3 por ciento; los contribuyentes de rentas medias han tenido aumentos de rentas disponibles de
entre el 2 y el 3 por ciento y, en cambio, los contribuyentes de rentas más altas han tenido aumentos de renta disponible, es decir, mejora relativa de la capacidad de gasto y ahorro, de más del 10 por ciento. Por tanto, señor Montoro, aunque
seguramente es inevitable que una reforma del IRPF que tiende a bajar la recaudación no puede ser absolutamente equitativa, puesto que no se puede bajar mucho a los que pagan poco, creemos que el resultado de su reforma ha sido extremadamente
desequilibrado, y así de hecho lo dice el artículo publicado por los señores Castaner, Onrubia y Paredes, investigadores del Instituto de Estudios Fiscales, en un número de Hacienda pública del año pasado, del año 2001, creo que el número 4, donde
ellos hacen la evaluación del cambio en la renta disponible y todos los índices sintéticos les dan como resultado una regresión, una regresividad.
Pero además de la propia información que se desprende de la evaluación realizada por el Instituto de Estudios Fiscales, que ustedes han colgado en su página web aunque no nos la han enviado al Parlamento, uno de los datos del Instituto de
Estudios Fiscales es cómo se reparte el ahorro global, esos 5.000 millones de euros en números redondos, que provocó la reforma entre los diferentes contribuyentes según renta, y el resultado, señor Montoro, es éste: la decila de contribuyentes
-son datos del Instituto de Estudios Fiscales- de renta más baja, el 10 por ciento de contribuyentes de menor renta, obtuvieron un 0,4 por ciento del total del ahorro, de los 5.000 millones; la decila de contribuyentes de rentas más altas, el 10
por ciento de contribuyentes con rentas más altas, obtuvieron un 35,45 por ciento del total del ahorro, de los 5.000 millones. Por cierto, y a nivel de incidencia, el 0,41 por ciento del ahorro de las rentas más bajas es inferior a su participación
en el total de la renta y el 35,45 por ciento del ahorro de las rentas más altas es superior a su participación en la renta. En medio está lo que corresponde a cada decila, pero de todos modos usted tiene los datos en los informes del propio
instituto, que depende funcional y orgánicamente, con un grado de autonomía que a nosotros nos satisface, de su ministerio.
Creemos que lo que ustedes traerán a esta Cámara va a seguir más o menos las mismas pautas. Le diré por qué, porque no cambia prácticamente nada.
Esta reforma que ustedes traen tiene mucho más papel que contenido. Lo que hacen en la
práctica es esa reducción de seis a cinco tramos, con lo cual ajustan la tarifa tipo a la inflación, y en el resto de elementos hacen más o menos la equivalencia a la actualización del IPC, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, el mínimo
personal, que ustedes aumentan, queda un 8,8 por ciento por debajo de su importe en pesetas constantes de 1999. Su actualización no llega a compensar el aumento del IPC. La deducción de trabajo general, en pesetas constantes de 1999, queda un 5,2
por ciento por debajo. La deducción por primer hijo a cargo entre 3 y 16 años, en pesetas constantes de 1999, queda un 8 por ciento por debajo. Claro que ustedes aumentan, y me satisface. Además personalmente, la deducción por hijo de cero a tres
años. Aumentan la deducción que disfrutaremos tres años y bajan la deducción que disfrutaremos 13 años. Es como lo de los acuerdos que se hicieron con el anterior Gobierno -usted todavía no era ministro- con las prórrogas de las concesiones y la
reducción de peajes.
Por otra parte, ya que usted ha hecho énfasis en otros aspectos de la política de familia que asocian al IRPF, no entendemos bien por qué la tan anunciada reducción mensual o bonificación o subvención mensual de 100 euros por hijo de cero a
tres años para las personas que estén dadas de alta en la Seguridad Social se limita a las personas que estén dadas de alta en la Seguridad Social y tienen como límite sus cotizaciones
en Seguridad Social. De hecho, no queda claro en el proyecto si ese límite se refiere a las cuotas del trabajador o de la empresa. Además, no sé si sabe que el propio Gobierno financia rentas de trabajo que no están en la Seguridad Social
como las del personal de investigación de las universidades o centros de investigación. Por cierto, esos fondos financiados por el Gobierno van a personas casualmente entre 24 y 28 ó 29 años que es la edad en la que muchas mujeres deciden tener un
hijo. Bien, esas rentas de trabajo no están de alta en la Seguridad Social y, por tanto, con los límites que ustedes establecen, no van a tener acceso a esa subvención. Ustedes incentivan mucho el contrato a tiempo parcial y éste, con la
consiguiente reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, tendrá un elemento más para no ser deseado por las mujeres de este país. Usted y yo estaremos de acuerdo en que tendríamos que buscar elementos para que los españoles, mujeres u hombres,
estuvieran más abiertos a la noción de trabajo a tiempo parcial. Cuando nos mande a la Cámara tanta información como la que han mandando a los contribuyentes, como la carta que han mandado a los contribuyentes, seguiremos discutiendo sobre esto.
De momento, el proyecto de ley ha entrado en el Parlamento y el día 27 será el debate de las enmiendas a la totalidad.
Eso sí, lo que ustedes no olvidan es mantener el tipo fijo del 18 al 15 por ciento en el impuesto sobre plusvalías, una reducción
neta, nada de actualización por IPC, y algunas otras medidas que abundan en el tratamiento favorable de algunas rentas.
No voy a hacer hoy aquí, porque no debo extenderme mucho más, una evaluación concreta de su política respecto a la fiscalidad de las sociedades. Sólo voy a coger un elemento reciente. En la ley de acompañamiento de los presupuestos para
2002 se aprobó una reducción de la tributación por plusvalías reinvertidas que dijimos en su día que, por el tipo de condicionantes a los que estaba sometida, facilitaba, sobre todo, el uso de ese instrumento por las grandes empresas y grandes
sociedades, además, en la tramitación parlamentaria se le dio carácter retroactivo cuando venía impuesta por decisiones de órganos de regulación o del Gobierno. Esto ha dado lugar, usted lo sabe, a que en otoño del año pasado se acordaran ventas
que no se elevaran a escritura pública hasta enero de este año, y algunas cosas como las que han pasado en las últimas semanas han facilitado esos cambios tributarios. Le daré algunos ejemplos: La realización de plusvalías por 534 millones de
euros por la venta -importe total, 900 millones de euros- por el Banco Santander Central Hispano del 23,5 por ciento del capital de Dragados, con una prima del 58,7 por ciento de la cual no se han podido beneficiar los pequeños accionistas;
realización de plusvalías que eventualmente van a ser reinvertidas. Le doy otro ejemplo: la venta por el Santander Central Hispano del 24,5 por ciento de Sacyr por un importe total de 569 millones de euros, con una plusvalía de 300 millones de
euros y con una prima del 30 por ciento de la cual no se han podido beneficiar los pequeños accionistas. Para acabar: la venta por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria del 23,9 por ciento de Metrovacesa por un importe total de 545,5 millones de
euros, plusvalías de 369 millones de euros y con una prima del 59 por ciento de la cual no se han podido beneficiar los pequeños accionistas, que, por el contrario, han visto cómo las acciones de estas sociedades caían después de las operaciones.
Es lo que su política contribuye a que pase. No voy a decir que esto pasa porque su política es ésta. Su política incentiva que estas cosas pasen en un marco en que se muestra que la protección al pequeño accionista es débil y ustedes llevan seis
años en el Gobierno y han hablado mucho de eso en un marco complejo para mucha gente. Y como la confianza de los españoles y españolas en el funcionamiento de nuestras instituciones financieras es un bien público, y usted me entiende perfectamente,
casi público, estaría bien que no diéramos esos incentivos y, además, no mantuviéramos esos marcos que permiten este tipo de operaciones.
Sobre las privatizaciones, hoy no voy a hablar mucho porque justo mañana, en una subcomisión de esta Comisión, se analizan las operaciones de privatización culminadas durante esta legislatura. Tuvimos la idea al principio de que usted
compareciera en esa subcomisión, pero no fue posible porque no teníamos suficientes votos. No es obviamente porque a usted no le guste hablar del asunto, porque ya habló el 16 de junio del año pasado y ha hablado ahora, pero me permitirá que como
deferencia hacia nosotros mismos me espere a mañana para discutir sobre operaciones que estamos analizando en un sitio en el cual usted no concurrió.
Le diré algunas cosas respecto a la financiación territorial sin la misma extensión. Usted ha firmado acuerdos en Comisión Mixta con todas las comunidades autónomas, una a una. Sin embargo, no tomó la decisión de la transferencia de
sanidad y su vinculación con el nuevo modelo por unanimidad. La tomó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no usted, por mayoría, rompiendo la unanimidad en lo que había sido la característica de esos dos acuerdos de 27 de julio. El Consejo
de Política Fiscal y Financiera no ha tomado por unanimidad las decisiones relativas a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las comunidades autónomas, las ha tomado por mayoría. Además le hicieron algunas propuestas muy
sensatas, por ejemplo, el Estado salda contablemente -usted ya nos lo ha explicado, pero es una explicación que nunca ha hecho falta porque nunca hemos dicho lo contrario- su déficit con el superávit de la Seguridad Social, y hay gente que
sensatamente le decía: oiga, que no se trata de que nos dé el dinero de la Seguridad Social, pero ya que el Estado salda contablemente su déficit con la Seguridad Social, igual estaría
bien que esa posibilidad de saldo contable la tuviera no sólo el Estado, sino otras administraciones.
El Estado va a tener déficit, usted ha impuesto unos instrumentos diferentes con las mismas reglas a comunidades autónomas y ayuntamientos y lo ha hecho sin unanimidad. Por cierto, usted sabe el sentido de uno de los dos recursos de
inconstitucionalidad que ha presentado nuestro grupo parlamentario, aunque lo confunda. En efecto, nosotros hemos recurrido por inconstitucional la vinculación de la aceptación de transferencias con la adopción del nuevo modelo, que era algo que no
preveía la política del Gobierno en diciembre cuando aprueba el nuevo marco de estabilidad y remite a la Unión Europea, lo hemos discutido en diferentes ocasiones, y que es algo que como práctica no tiene precedentes y nos disgusta, porque en
situaciones de mayoría absoluta, que es la que ustedes tienen, supone un chantaje a aquellos que pueden preferir esperar un tiempo para asumir una transferencia por lo que sea, porque la autonomía también puede implicar eso. Ese es el sentido del
recurso que tenemos presentado.
Usted acaba de decir antes, y eso se lo formulo como pregunta porque realmente tengo curiosidad en saberlo, que se aprobó un marco muy estable que no tiene revisión obligada, y una de nuestras propuestas cuando se discutía la LOFCA, que
además no iban en dirección contraria a lo que veníamos discutiendo, era que no fijaran porcentajes cerrados en la participación de las comunidades autónomas en los tributos porque cualquier cuestión de política presupuestaria española o de
armonización fiscal comunitaria puede hacer aconsejable modificar estos porcentajes, y si hay que modificarlos tendremos que meternos otra vez en la dinámica de modificación de una ley orgánica, con absoluto desprecio de los principios de economía
procesal, etcétera.
Parece que es posible, aunque no ha habido una confirmación oficial del ministerio en este sentido, que a raíz de la reforma que esta Cámara eventualmente aprobará la participación de las comunidades autónomas en el IRPF tenga que pasar del
33 al 36 por ciento. ¿Habrá que modificar la LOFCA? Es una pregunta que nos formulamos, porque, buena estabilidad...
En términos de administraciones locales ya seguiremos discutiendo o hablando, señor Montoro, discutir a veces sabe que es más constructivo y a veces más crítico, como es nuestro papel, porque hoy no ha añadido demasiado a lo que han dicho
sus subordinados jerárquicos. Es más, hoy ni siquiera ha dicho en esta Cámara lo que ha estado diciendo esta semana en la prensa, y es que tienen tomada la decisión de que los entes locales participen en una serie de grandes impuestos estatales.
Yo le pregunto si tiene tomada la decisión y, en segundo lugar, si también habría que modificar la LOFCA si esto fuera a afectar a los porcentajes de participación de las comunidades autónomas. Creo que no está bien, señor Montoro, que lo que usted
y otros miembros del Gobierno están diciendo en la prensa no lo digan en esta Comisión, pero en fin, esa es su elección.
Ustedes han tenido un cuadro de política económica y también unas orientaciones de política presupuestaria que se han mostrado eficaces cuando el viento soplaba a favor, como en muchos otros países, ese gran éxito colectivo que supuso para
Europa la entrada de once más uno, doce con Grecia un poco después, en la zona euro, con el cumplimiento de los criterios de convergencia, etcétera. Creo que ustedes mantienen el mismo discurso cuando el ciclo realmente ha tocado fondo. En esto
puedo estar de acuerdo con usted, pero no es tan claro que esté ya de repunte como usted ha dicho, ojalá la economía estuviera ya repuntando, pero no sé si usted se lo cree mucho, tampoco es cuestión de fe; no hay muchas evaluaciones ni
estimaciones que digan que no vamos a estar durante un tiempo en esta parte de fondo, que, francamente, visto en términos de un 2 por ciento, no es ningún desastre, pero vamos a estar un tiempo rondando por ahí.
Simplemente, señor Montoro, creo que ustedes no tienen políticas para esto y que hoy empezamos a pagar su falta de inversión en el futuro en educación, en infraestructuras, en investigación e innovación, que ya se refleja en nuestros ratios
de productividad, precarios a nivel europeo, en nuestras tensiones de inflación, excelentes a nivel europeo, muy bien, por encima, pero que pueden ser una hipoteca para la salida que algún día se producirá de esta parte baja del ciclo.
El señor PRESIDENTE: Agradecería a los cuatro portavoces que van a intervenir que se ajusten lo más que puedan al tiempo, precisamente por respeto a que cada uno de ellos tenga el tiempo suficiente, aunque nos pasemos del reglamentario, y
que el señor ministro pueda contestar a cada uno.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, quiero agradecer la comparecencia del señor ministro de Hacienda ante esta Comisión y aprovecho la misma para que nuestro grupo pueda fijar posición y plantear cuestiones de interés,
no sobre las reformas que ya se han efectuado en esta Cámara hasta el día de hoy, sino respecto a reformas importantes que se han de iniciar a partir de la fecha de hoy, algunas de las cuales ya han entrado en el Congreso de los Diputados y otras
están, me imagino, en la recámara del Gobierno para poderlas enviar al Parlamento. Esperamos que a través de las mismas se pueda seguir impulsando con fuerza la economía productiva y al mismo tiempo se incremente la competitividad de nuestro tejido
industrial y el de nuestras empresas. (El señor vicepresidente, García Breva, ocupa la presidencia.)
Partimos de la base de que todas estas cuestiones positivas que han afectado a la economía española
como consecuencia de las reformas efectuadas y el crecimiento de la economía, del incremento de ocupación y de las reformas estructurales, la opinión pública ya las ha descontado. Igual que cuando una empresa cotiza en los mercados y tiene
beneficios tiene su aceptación por parte de los ahorradores, también es cierto que cuando pasan por algún momento difícil el mercado descuenta rápidamente los buenos momentos económicos que han experimentado dichas compañías y espera con expectación
cuáles van a ser las estrategias de futuro.
Nosotros, partiendo de la base de que consideramos positivas todas las acciones efectuadas hasta el día de hoy, así como también los resultados de la economía española, pensamos que hay que abordar con contundencia, sin dilaciones y sin
complejos, todas estas reformas que están pendientes -algunas de las cuales, repito, ya han entrado en el Congreso de los Diputados- para poder conseguir los objetivos que antes he mencionado, como son el seguir impulsando la economía productiva e
incrementando la competitividad de nuestro tejido empresarial.
Me voy a referir a cuatro o cinco aspectos que vamos a debatir en la Cámara próximamente que, no hay que ocultarlo, han generado buenas expectativas en la sociedad económica y en la clase política.
Respecto al primer punto, vamos a referirnos a la reforma que vamos a debatir próximamente en el Congreso de los Diputados, la segunda reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que aborda el Partido Popular desde que llegó
al Gobierno, en el año 1996. Sobre esta segunda reforma mi grupo, Convergència i Unió, ya se ha pronunciado en el sentido de considerar positiva la rebaja de los tipos mínimos y máximos, lo que, consecuentemente, reducirá la presión fiscal de los
contribuyentes españoles y, en cierta medida -como pasó en 1999-, contribuirá al incremento de la actividad económica.
En Convergència i Unió nos gustaría que esta segunda reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas fuera la verdadera reforma que afecte a las familias; una reforma en la que las familias españolas fueran las grandes
beneficiadas. Es conocida nuestra posición, a partir de 1980, de impulsar operaciones fiscales que vayan en la dirección de beneficiar a las familias españolas. También es cierto que en esta segunda reforma que ha planteado el Gobierno en el
Congreso de los Diputados uno de los grandes beneficiados van a ser las familias españolas; las familias con hijos, las familias que tengan descendientes viviendo en la unidad familiar, así como las familias que vivan con discapacitados. Partiendo
de la base que nosotros consideramos positivos los planteamientos que se hacen en dicho proyecto de ley, nosotros pensamos que habría que incidir en dos o tres ámbitos para que realmente pudiéramos considerar la reforma en beneficio de las familias
españolas, tal como todos los grupos parlamentarios, y también el del Partido Popular, han venido manifestando.
En primer lugar, respecto a las ayudas de las que han de beneficiarse las familias que tengan hijos entre cero y tres años, consideramos positiva la propuesta que nos hacen, pero en Convergència y Unió pensamos que dichas ayudas tendrían que
universalizarse y que no solamente salgan beneficiadas aquellas familias en las que la mujer va a trabajar teniendo hijos entre cero y tres años. Estas ayudas tendrían que ser extensivas a todas aquellas familias en las que la mujer no va a
trabajar. Por tanto, primer punto importante: universalizar las ayudas familiares y concretamente esta ayuda familiar novedosa que es la subvención de 100 euros por hijo al mes durante todo un año.
En segundo lugar, esta segunda reforma fiscal debería ser la reforma en que dejaran de penalizarse aquellas rentas familiares en las que solamente hubiera un ingreso familiar; que dejara de penalizarse a aquellas familias en que sólo
tuviera ingresos uno de los cónyuges, mientras que el otro, porque está en el paro, por cuidado de los hijos, de los ascendientes o de incapacitados no tiene ingresos porque no puede entrar en el mercado de trabajo. Hoy la legislación penaliza a
todas aquellas familias en las que solamente hay un ingreso, la renta por el trabajo personal. En Convergència i Unión pensamos que, igual que en otros países de la Unión Europea, se puede aplicar a este tipo de familia el sprinting familiar, que
hemos venido planteando en muchísimas ocasiones, pero no ha sido posible hacer efectivo. No fue posible hacerlo efectivo en la última reforma y tampoco está contemplado en esta reforma que han presentado en el Congreso de los Diputados.
Nosotros vamos a colaborar y a dialogar con el Gobierno para intentar mejorar la tributación de todas aquellas personas discapacitadas y familiares que convivan en la unidad familiar. Con este proyecto tenemos una oportunidad única para
poder resolver esto.
Tengo que decir que, después de todas las noticias que han salido en los diferentes medios de comunicación, hay una gran expectación en las familias españolas sobre estos tres puntos que acabo de comentar.
Hay un segundo aspecto fiscal en el que también tendríamos que profundizar en lo que resta de legislatura. El ministro ha hecho una pequeña mención al respecto: abordar sin ningún tipo de complejos una fiscalidad específica para las
microempresas. Hemos cerrado los trabajos de una subcomisión de estudio sobre emprendedores autónomos y microempresas con un documento que traeremos la próxima semana al Pleno del Congreso de los Diputados. En él figura un capítulo específico
sobre un mejor tratamiento fiscal para las microempresas y se plasma la voluntad intensa y extensa por parte del Gobierno y de algunos grupos parlamentarios, como es el caso de Convergència i Unió, de abordar este asunto a lo largo de la
legislatura. Es cierto que el Gobierno ha presentado en el Congreso de los
Diputados una iniciativa de nueva empresa, pero en este proyecto no se contempla la posibilidad de que las microempresas -empresas que tienen entre uno y 10 trabajadores y una facturación que no sobrepase el millón de euros- puedan gozar,
igual que en muchos países de la Unión Europea, de una fiscalidad competitiva, moderna y que haga posible que se creen muchísimas más de las que se crean en la actualidad. Nosotros hemos propuesto en diferentes iniciativas un tipo reducido para los
beneficios no distribuidos de estas microempresas y pensamos que este es el momento de poder dar una salida airosa a esta propuesta. Tendría que existir un tipo reducido en el impuesto de beneficios para las microempresas, y ahora, ya sea en el
proyecto de nueva empresa o en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se podrían abordar con seriedad estas cuestiones relativas a las nuevas iniciativas, emprendedores, microempresas y trabajadores autónomos.
Nos gustaría que, si es posible, el ministro nos aclarara lo que va a representar a partir del 1 de enero del año 2003 la desaparición del IAE.
Todos los grupos, la sociedad, los agentes económicos dan por descontado que este impuesto va a
desaparecer para el 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, pero también es cierto que nadie sabe cómo se va a resolver el nuevo régimen de financiación de las haciendas locales. No sabemos si van a participar los ayuntamientos, los
entes locales en algunos grandes impuestos directos o indirectos competencia de la Administración central o si se va a suplir con transferencias del Estado la merma de ingresos que va a suponer la nueva aplicación del impuesto.
Me gustaría saber,
si es posible, cómo tiene pensado el Gobierno implementar esta nueva regulación y cuándo lo van a remitir al Congreso de los Diputados, partiendo de la base de que desde la óptica política y económica damos por descontado que va a desaparecer la
tributación del impuesto de actividades económicas el día 1 de enero de 2003.
También quisiéramos que nos aclarara la modificación de la Ley General Tributaria. En el periodo 1994-1995 hubo una modificación de la Ley General Tributaria por la que se consiguieron algunos hitos importantes en cuanto a la rebaja de las
sanciones tributarias, que era una demanda especialmente importante desde el punto de vista fiscal y tributario.
Desde esta nueva perspectiva pensamos que esta nueva ley tendría que abordar una mejor eficacia en las relaciones entre la
Administración y el administrado y la eliminación de trabas burocráticas. Nos gustaría saber cómo va el desarrollo de esta nueva legislación y para cuándo tiene previsto el Gobierno enviarla al Parlamento.
Hay otra cuestión que a nuestro grupo parlamentario le preocupa enormemente. Se lo hemos preguntado al ministro en las sesiones de control de los miércoles y todavía esta cuestión, a nuestro entender, no está resuelta. Hay muchísima
inquietud en el mercado sobre las desgravaciones de la investigación, el desarrollo y la innovación. Es cierto que tenemos una legislación muy avanzada sobre el impuesto y el régimen de sociedades en todas aquellas cuestiones que hacen referencias
a las desgravaciones que puedan potenciar las inversiones que van orientadas a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación. Colaboramos conjuntamente con el Gobierno para que esta legislación fuera efectiva, pero lo que
hoy preocupa al mercado es que cuando las empresas ponen en marcha dichas inversiones en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación no hay acuerdo entre los criterios que aplica el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los
criterios de la Agencia Tributaria. Esto da lugar a que a muchísimas empresas que han invertido la Inspección les levanta acta y las empresas han de devolver, con la sanción correspondiente, todos aquellos recursos que han generado, creando un
cierto caos en el mercado y una gran preocupación en este sector tan importante de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Una cuestión añadida son todas aquellas inversiones relativas a los muestrarios de la industria textil. Usted sabe perfectamente, señor ministro, que nuestro grupo fue pionero en esta iniciativa y pactamos con el Gobierno del Partido
Popular que los muestrarios fueran considerados como ingredientes de investigación y desarrollo, pero en la práctica la Inspección no contempla que dichas inversiones en muestrarios de la industria textil sean consideradas como inversiones en
investigación y desarrollo tecnológico. Por este motivo, señor ministro, nos gustaría que nos diera las aclaraciones oportunas al respecto, comunicándole que nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley para que el Ministerio de Hacienda y
la Agencia Tributaria se pongan de acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para delimitar los criterios a aplicar y que las empresas que se avengan, de acuerdo con la ley, a invertir en esta dirección no vean después perjudicadas esas
inversiones y tengan que devolver al Tesoro público lo que por ley está bien orientado.
Finalmente, señor ministro, también nos gustaría conocer su opinión respecto a una propuesta de Convergència i Unió dentro de la subcomisión del estatuto de la microempresa del trabajador autónomo para que sea de aplicación en España lo más
rápidamente posible un precio específico, al igual que ocurre en otros países de la Unión Europea, para los gasóleos de uso industrial o profesional concretamente en el ramo de los transportes. Pensamos que esta medida sería muy bien aceptada por
el mercado y que ha sido aprobada también por la subcomisión que próximamente veremos en el Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Disculpe, señor ministro, porque no he podido escucharle, ya que he estado de piquete de huelga en Galicia. Por cierto, compartiendo esta tarea con el presidente del Gobierno, con el señor Rato y el señor Aparicio,
cada uno desde su vertiente: ellos convocando de una forma y yo intentando convocar de otra. He aterrizado en esta isla de sosiego que es el Parlamento y no he podido escucharle porque el avión ha llegado cuando lo ha hecho. Lo que debería
entender el Gobierno, de la misma forma que entendemos o que entiende mi grupo parlamentario, es que una huelga es un debate político, pues una movilización social es un debate político de fondo que pone patas arriba los planteamientos de los
partidos políticos y que a veces tiene la virtud de poner en marcha unas dinámicas democráticas en las que cada formación política expresa sus posiciones sobre todos los temas. No es algo irreal fuera de la economía.
La economía es política y la
política tiene una parte sustancial de economía. Por tanto, una huelga es un debate político y permite que las aguas encharcadas de la política se remuevan y salgan los problemas reales. Los problemas reales son los que expresan casi siempre, o
siempre, las organizaciones representativas de los diversos sectores sociales. No se preocupe, señor ministro, todo esto es positivo para el verdadero sistema democrático que quiere en primer lugar debatir los problemas de la sociedad para luego
encontrar la mejor forma de solucionar los problemas de la misma siempre desde un punto de vista más justo socialmente, más democrático, que beneficie a más gente. En este caso se trata de ver qué es lo que está sucediendo en el país.
Hay algo que no entiendo, señor ministro. En la reforma del IRPF, que es motivo de la petición de comparecencia que hizo mi grupo hace un tiempo, se plantea cuáles son los resultados de los impactos originados por la aplicación de la
reforma, estos 600.000 millones de pesetas que ahorraban los contribuyentes que iban a tener más dinero para el gasto personal, familiar, etcétera. Más dinero representaba más movimiento económico y más movimiento económico representaba más empleo.
Ustedes hablan del empleo que se ha creado durante este tiempo, de los 2.200.000 altas en la Seguridad Social. Eso está bien, perfecto, parece que la cosa funciona.
Todo ello, según ustedes, redunda en una situación inmejorable de la economía a
partir de la realidad mundial y europea actual, no a partir de la mejor situación. A nuestro entender, nada es gratuito y una rebaja de estas características del IRPF debía traer unos resultados concretos. A menos recaudación, menos servicios
públicos. A menos recaudación directa, más recaudación indirecta. Porque, finalmente, la recaudación impositiva ha aumentado entre dos y tres puntos, los impuestos han aumentado, pero se ha reducido la imposición directa y ha aumentado la
imposición indirecta, con lo cual la fiscalidad se vuelve más injusta porque la imposición indirecta afecta a los sectores que tienen las rentas y los salarios más bajos. A partir del momento que hay menos recaudación por una bajada de impuestos,
¿qué pasa? Se tiene que ir rebañando euro a euro el gasto social; los derechos sociales y laborales se ven afectados; los subsidios por desempleo se ven afectados. De aquí nacen una serie de propuestas y en concreto la que ha hecho el Gobierno
últimamente de reforma del servicio de prestaciones por desempleo, porque tienen que ir rebañando los dineritos para que las arcas del Estado puedan hacer frente a las necesidades sociales que emanan de la realidad social, de la realidad económica,
de los problemas que tiene mucha gente. Con todo ello se cargan las baterías sociales, hay un malestar difuso en la sociedad que no acaba de expresarse, entre otras cosas porque hay una realidad y hay una propaganda de esta realidad muchas veces
virtual que dice que todo funciona perfectamente, que se están creando millones de puestos de trabajo, sin dar importancia a la precarización de estos empleos u otras consideraciones con relación al tipo de empleos que se crean sobre todo para los
jóvenes. Por tanto, se va creando un malestar difuso del que casi nadie es consciente. Al final, los sindicatos, con las antenas puestas en este malestar difuso, reciben una serie de señales, esos sindicatos otrora responsables, sabios y
benefactores y que ahora parece que son antipatriotas, que quieren jorobar al Gobierno la cumbre europea.
Pues esos sindicatos en un momento determinado, porque han recibido mensajes de ese malestar difuso a través de sus antenas sociales, deciden
convocar una movilización social y una huelga, deciden hacer uso de prerrogativas, de derechos y deberes que tienen los sindicatos en el momento que creen que hay una agresión por parte del Gobierno que sea o de la patronal en relación con los
derechos adquiridos, con los derechos conquistados. ¿Por qué creen ustedes que han convocado esta huelga? ¿Para jorobar, porque son antipatriotas o por toda una serie de razones entre las cuales están los cambios impositivos, los cambios fiscales,
que siempre afectan de forma más favorable a las rentas medias y altas? En una negociación, en un diálogo, llega un momento en que una serie de medidas producen una situación de pérdida gradual, progresiva, no brutal, no grosera, de una serie de
derechos y consideran que es una agresión lo que representa una reforma de las prestaciones por desempleo.
Por cierto, señor ministro, quiero hablar del IRPF, pero quiero hablar también de las cosas concretas que están sucediendo en estos momentos, porque lo que realmente preocupa a la sociedad, lo que puede crear interés social -no voy a decir
alarma social- es lo que ocurre en este mismo momento en la sociedad. Quisiera preguntarle por qué en un momento como el actual ustedes ponen en marcha este tipo de reforma o contrarreforma: ¿La economía o las finanzas del país lo necesitaban?
¿Los Presupuestos Generales del Estado
lo necesitaban? Han cuadrado la estabilidad, han cumplido los mandatos europeos a través de la reducción de las rentas del trabajo de los trabajadores de la Administración pública, han ido avanzando en todo este terreno. Quisiera que me
explicara cuáles son las necesidades imperiosas, urgentes y prioritarias que tienen las arcas públicas en este momento concreto para poner en marcha una dinámica que recorta el servicio de prestación al desempleo -ya sé que usted me dirá que no- y
que crea la situación que estamos viviendo en este momento.
Señor ministro, su política económica, financiera y fiscal está tocando fondo. Esta política económica, financiera y fiscal necesita recomponerse. Para ello es fundamental recomponer el debate político democrático sobre temas económicos,
sobre temas financieros, sobre la fiscalidad, sobre derechos sociales, sobre la prestación por desempleo, sobre todas las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad, mayoritariamente los que crean los servicios y la riqueza material necesaria
para que la sociedad funcione. Necesitan recomponer el diálogo, deben ser como una esponja y recoger todo lo que viene del debate social, de los problemas de la gente, de la visión que tiene la gente de sus propios problemas y de la visión que
tienen los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras de sus propios problemas. Hay que tener en cuenta lo que plantean los sindicatos y darse tiempo, cuando además no es urgente tomar medidas drásticas en un momento en el que se dice
que funciona todo bien, que tenemos déficit cero, que se han cumplido los planes de estabilidad económica, que se está avanzando en la financiación de las comunidades autónomas, en la financiación general de Estado, etcétera. Es decir, dialogar,
ser una esponja que recoja lo que viene de las aspiraciones, de las reivindicaciones de la gente, lo que plantean los sindicatos como organizaciones representativas de una opinión importante en número y en calidad de la sociedad española.
No pretendan enseñar a Europa que sus políticas son las mejores para la consolidación de determinadas concepciones, que nosotros calificamos de neoliberales y conservadoras, en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno de los
derechos de la gente. No pretendan en ningún caso pasar a la historia o a las enciclopedias de este país como pasó la señora Thatcher en Gran Bretaña, donde ahora se encuentran los británicos que tienen que recomponer todo su sistema sanitario
público, que está hecho unos zorros -perdóneme la expresión coloquial-, o su sistema de transportes público, etcétera. Las coyunturas óptimas, señor ministro, no duran eternamente. Cuando hay una coyuntura óptima en el terreno económico y
financiero internacional para España debe aprovecharse para consolidar todos los aspectos más sociales de la política que se practica desde el Gobierno. El equilibrio social exige otro tratamiento. Ante el anuncio de una nueva reforma del sistema
fiscal, es preciso que tengan en cuenta todo lo que está sucediendo, porque finalmente las misas tienen que salir de algún sitio. Tiene que haber un sistema impositivo que sea justo socialmente, y por tanto gradual, que haga que los que perciben
rentas más elevadas, salarios más elevados, paguen más que los que perciben rentas menos elevadas o, por ejemplo, estas personas que no tienen que pagar el IRPF porque tienen unos ingresos bajísimos; tienen que tener en cuenta todo esto en el
momento de poner en marcha reformas del sistema impositivo porque finalmente, cuando no hay el dinero suficiente para las inversiones sociales necesarias, no basta con decir que no hay recursos suficientes porque esto no es aceptado por la sociedad,
no es aceptado por la izquierda, no es aceptado por los sindicatos. No basta con decir vamos a primar el empleo, vamos a primar el puesto de trabajo, el empleo frente al subsidio de desempleo, porque estas son respuestas de mal pagador; se trata
de que las arcas del Estado tengan el dinero suficiente para hacer frente a las necesidades sociales que emanan de una sociedad no muy exigente, pero que tiene unas bases mínimas sociales que cubrir. Además, señor ministro, son conquistas
históricas que han venido determinadas por la lucha social, por el desarrollo de las fuerzas productivas y, naturalmente, por la acción que desde la izquierda social, sindical y política hemos realizado de forma sistemática muchas veces contra los
propios planes de la derecha económica y política, que ha tenido que aceptar los planes sociales cuando no ha quedado más remedio.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Por parte del Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días, señor ministro. Antes de nada quisiera agradecer su comparecencia y las explicaciones que nos ha ofrecido hoy aquí, a pesar de que éstas han sido, al menos para nuestro grupo, bastante esperadas y no
han contenido grandes sorpresas. Más o menos intuíamos lo que iba a decir, que es lo que viene diciendo durante los últimos tiempos. En ese sentido, no puedo decir que usted sea incoherente, pero me gustaría hacer una serie de puntualizaciones y
matizaciones porque, como usted sabe, en estos asuntos que vamos a debatir el Grupo Vasco tiene algunas posiciones al menos diferentes que me gustaría contrastar con usted.
Nos habla de economía y, como ha comentado el señor Bel, nos han hablado también de economía otros responsables del Gobierno; nos va a hablar, supongo, de economía la semana que viene el vicepresidente económico, y por tanto vamos a tener
cierta sobredosis de la visión económica que tiene el Gobierno. No voy a entrar en este debate puesto que creo que será más oportuno hacerlo la semana que viene. No obstante, me gustaría hacer algunas matizaciones en este sentido.
Usted ha dicho que en los últimos años se han creado tres millones y medio de empleos y que la economía en el año 2001 creció un 2,8 por ciento. Es cierto, y estos datos son enormemente positivos y responden a la evolución de la economía
española en un entorno económico internacional y, según usted, a las políticas expresas que desde el Gobierno se han llevado a cabo. Lo que quisiera decirle es que no extrapole el pasado hacia el futuro y piense que la economía va a seguir
funcionando de la misma manera que años atrás. Hay incógnitas e incertidumbres que por prudencia el Gobierno debiera tener en cuenta. Usted ha comentado que el año pasado se creció un 2,8 por ciento, pero que la exportación y la inversión marcaron
un ritmo de desaceleración. Esto me preocupa porque el hecho de que la exportación y la inversión empresarial se reduzcan pone en evidencia que la competitividad y la productividad del sistema económico pueden empezar a deteriorarse. En el año
2002, con los datos que tenemos del primer trimestre, se confirma que la inversión en bienes de equipo está reduciéndose de una manera preocupante, diría yo, y también recientemente el gobernador del Banco de España ha alertado sobre el elevado
endeudamiento de las familias españolas. Si unimos esto a la cotización actual del euro en relación con el dólar, no se ve que la expansión de la economía venga por el exterior, ni tampoco por la demanda interna se esperan muchas alegrías. Por
tanto, le diría al Gobierno que tenga en cuenta estas cuestiones, que pueden empañar de alguna manera el horizonte económico de los próximos meses o años.
Es verdad que ha hablado poco sobre la situación de la inflación, que es otro problema económico importante que el Gobierno debe afrontar. También nos ha comentado que la economía española es capaz de crear empleo aun creciendo a unas tasas
relativamente reducidas. Esto quiere decir que crearemos un empleo de baja productividad, lo cual tampoco es bueno. Es bueno generar empleo, pero un empleo de baja productividad o que refleje que el sistema económico tiene una baja productividad
económica tampoco es necesariamente bueno. Pero creo que hoy no toca hablar de la situación económica.
Señor ministro, no tengo ninguna duda de su capacidad de trabajo, de la tenacidad y diría si me permite usted, amablemente, de la cabezonería que está teniendo en relación con los proyectos. Usted está desarrollando punto por punto el
programa del Gobierno del Partido Popular. En este sentido, partiendo si quiere de la reforma del IRPF, del año 1999 del inició el año 2002 como ministro prometiendo nuevas rebajas impositivas que va cumpliendo, las leyes de estabilidad
presupuestaria, los acuerdos de financiación de las comunidades autónomas, la negociación del concierto económico, la nueva reforma del IRPF que ya está en la Cámara y no tendremos, supongo, la oportunidad de discutir, la de sociedades, los anuncios
de supresión del impuestos sobre actividades económicas, cambios en la financiación local, la futura ley de régimen presupuestario, el régimen tributario y otras muchas cosas que usted ha explicado aquí y que yo no voy a recoger ahora, todo lo cual
confirma que la actividad de su departamento ha sido muy importante. En ese sentido, puede usted incluso tener la sensación del deber cumplido. Ahora bien, lo que me preocupa es saber cuál es el modelo económico del Gobierno y cómo va a afectar
esta política fiscal a lo que ya se ha dicho por aquí hoy: a las prestaciones públicas básicas, al derecho de todos los ciudadanos a la educación, a la vivienda, a la sanidad, a la política de asistencia y bienestar social, al futuro de las
infraestructuras, a la política de I+D+I, a la política de formación y un largo etcétera. En definitiva, me gustaría que nos dijera, señor Montoro, qué idea tiene el Partido Popular, y usted en concreto, del papel, de las funciones y de la
dimensión del sector público. Yo creo que este debate no se ha producido, sino que se ha obviado. Si me permite, usted ha hecho lo fácil: establece los límites, establece un déficit cero por ley, luego rebaja los impuestos y vuelve a estar en
déficit cero, con lo cual así lo que se va produciendo es menor sector público. Esto no es necesariamente bueno ni malo, pero nos tendría que explicar la idea que tienen ustedes de la actuación del sector público en la economía. (El señor
presidente ocupa la presidencia.) Dentro de los límites que usted previamente establece tienen que caber todas las políticas, todo lo que usted dice: que las infraestructuras se van a aumentar considerablemente, que la política social va a mantener
el peso en la economía, etcétera. Esto habrá que demostrarlo porque no parece que sea excesivamente coherente; no es posible establecer límites bajos y que luego todas las partes vayan incrementándose. Usted nos ha comentado que el gasto
corriente se ha ido reduciendo. Lo que imagino que se habrá reducido sustancialmente es el peso de los salarios de los funcionarios en el gasto total, puesto que estos han ido perdiendo capacidad adquisitiva o sus salarios han ido creciendo muy por
debajo del crecimiento de la economía. Este colectivo sí que ha experimentado una reducción en su capacidad adquisitiva y ha realizado un esfuerzo importante. Como gasto corriente me imagino que usted también habrá computado los intereses de la
deuda. Que los tipos de interés hayan ido bajando no se debe a una actuación expresa del Gobierno. La política del Gobierno ha colaborado, pero los tipos de interés se fijan en un entorno europeo; no va a condicionar usted, señor Montoro, los
tipos de interés de la Unión Europea. Su política puede ir en esa dirección, pero usted no es el artífice de la bajada de los tipos de interés, al menos de manera exclusiva. Me preocupa que año tras año estas variaciones sean poco perceptibles,
pero cuando comparemos la situación de las diferentes políticas públicas entre el año 1996 y el año 2004, los ocho años de Gobierno del Partido Popular, quizá nos daremos cuenta de dónde estábamos en algunas materias
y dónde estamos ahora; qué distancias teníamos en Europa en relación con ciertas políticas sociales en el año 1996 y cuáles tenemos en el año 2004.
Quizá eso nos lleve a cierta reflexión y a situaciones no deseadas. Este es un debate sobre prioridades y políticas que creo que no se hace aquí y se debería hacer. Es importante que el Gobierno entre en estos debates no sólo para
establecer los marcos de estabilidad, etcétera, sino para decir también cuál es la política social del Gobierno, cuál es la política de infraestructuras, etcétera. No se hace, el Gobierno no lo quiere y nosotros lo sentimos.
En relación con la reforma del nuevo IRPF, debo decirle que tiene tintes electorales. Ustedes han planteado una reducción permanente de los impuestos a lo largo de esta legislatura. Digo que es electoral porque la reforma entrará en vigor
en el año 2003, año en el que todos entraremos en campaña electoral porque me imagino que las elecciones serán a principios del año 2004, si ustedes no las adelantan. Van a intentar vender, como lo han hecho, la rebaja impositiva como un beneficio
de carácter general, de apoyo a la familia y a los más necesitados. A nuestro juicio, las políticas de apoyo a las familias, a los más necesitados y también a los desempleados y a los jóvenes había que hacerlas desde las políticas activas de gasto.
Nos gustaría que nos explicase cuáles son las políticas activas de gasto en esta materia.
El señor Bel nos ha explicado antes que las rebajas reales del IRPF tampoco han sido tales en algunos casos. Si se consideran en términos reales ciertas actualizaciones o incrementos de la base, etcétera, parece ser -yo no he hecho los
cálculos- que los crecimientos son negativos.
Además, esta va a ser una reforma sobre otra reforma, la del año 1999, que aún no ha sido evaluada suficientemente; una reforma de la que no conocemos aún los resultados ni si han ido en la orientación
prevista por el Gobierno. En este sentido, parece que el objetivo del Gobierno es la propia reforma y no los resultados de la misma. Creo que reformar el IRPF no tiene que ser un objetivo en sí, sino que el objetivo tiene que ser lo que el
Gobierno espera de esta reforma. Antes de que ustedes propusieran esta última reforma del IRPF había un cuadro macroeconómico; han propuesto una reforma del IRPF, tenemos en la Cámara ya su iniciativa y no han cambiado el cuadro macroeconómico.
¿Esperan que esta reforma no tenga efectos sobre el cuadro macroeconómico? Que yo sepa, en principio siguen manteniendo el cuadro macroeconómico sin variación alguna.
No quisiera extenderme, pero para concluir me voy a referir a un par de cuestiones. Hablaba usted del pacto de financiación autonómica, y me ha parecido entenderle que el proceso de transferencias a las comunidades autónomas está
prácticamente concluido y que se tiene que cerrar. Me gustaría que me concretara un poco más este aspecto. El Grupo Vasco piensa que el desarrollo del Estatuto de Guernica está aún pendiente, que hay muchas competencias pendientes del traspaso a
la Comunidad Autónoma del País Vasco. En ese sentido, me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. El señor Martínez-Pujalte me está pidiendo la lista. Señor Martínez-Pujalte, ya le pasaré la lista de las competencias pendientes.
Ha hecho referencia al Concierto y ha dicho que es el mejor concierto económico de la historia. Yo también estoy conforme con el acuerdo del Concierto. Además, le felicité a usted por el acuerdo y creo que un acuerdo siempre es bueno;
siempre es mejor un acuerdo posible en esta coyuntura política de relaciones, de mayorías y de equilibrios políticos entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. En este sentido, un acuerdo siempre da cierta estabilidad a los
ciudadanos y a los agentes económicos que operan en Euskadi. Sabe que nosotros tuvimos que dejar fuera del texto del Concierto la reivindicación europea.
Creemos que el Concierto Económico tenía que haber recogido esta reivindicación y lo
seguiremos reclamando porque es una pieza clave para defender los intereses de la fiscalidad vasca en el marco europeo y además entendemos que es perfectamente razonable. Espero que podamos instrumentar unas fórmulas adecuadas para llevar a cabo
esta participación en los órganos europeos.
Ya que estamos hablando del Concierto y del IRPF, me gustaría decirle algo. En el Concierto Económico se recoge que el Gobierno, o el gobierno central o las diputaciones forales o el Gobierno vasco, cuando tenga una iniciativa legislativa,
la tienen que comunicar a la otra Administración de manera que se analicen los impactos de estas modificaciones. Debo decirle que ustedes no han enviado la reforma del IRPF al Gobierno vasco para ver si éste tiene algo que decir sobre la materia.
Simplemente han aprobado el IRPF, lo han remitido aquí y, a modo, supongo, de comunicación, se lo han remitido al Gobierno vasco, pero no se han reunido en la Comisión de evaluación normativa para ver las implicaciones que el IRPF pueda tener en un
ámbito o en otro. Yo diría que están empezando a incumplir algo que en este Concierto se había incorporado y que tenía que ser una forma de proceder habitual, que es la de colaborar, participar y cooperar en este tipo de cuestiones entre las
instituciones vascas y el Gobierno del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchísimas gracias, señor ministro, por su comparecencia. Decía el señor Bel que están compareciendo los altos cargos de la Administración de manera periódica en esta Comisión, y yo agradezco que eso suceda
porque cuando estaba en la oposición era lo que siempre
deseábamos y nunca conseguíamos. Que esta Comisión tenga una altísima actividad y haya una presencia periódica de los altos cargos es bueno para que el debate económico se centre en el Parlamento y que periódicamente podamos dialogar,
hablar sobre objetivos e instrumentos de política económica. Por tanto, hay que felicitar al Gobierno por su predisposición a estar en el Parlamento de manera periódica y constante.
Han comparecido en esta Comisión todos los altos cargos de una
manera periódica y tenemos previsto que así siga sucediendo. La semana que viene, por ejemplo, también comparece el vicepresidente económico del Gobierno, que, como usted, lo está haciendo de manera bastante regular en esta Comisión, lo que creo
que es muy de agradecer por los grupos parlamentarios. Ha hablado el señor Bel de prepotencia y de arrogancia; prepotencia y arrogancia cuando no se comparecía. Cuando se viene a comparecer al Parlamento de manera habitual se demuestra una
capacidad de querer discutir y debatir -la palabra discutir la empleaba el señor Bel- las diferentes cuestiones y en mi grupo parlamentario estamos agradecidos por ello.
Se puede hacer un recorrido de lo que se dijo y de lo que sucede. Yo, afortunadamente, he podido vivir desde 1996 a 2002 lo que han ido diciendo los sucesivos portavoces de economía del Partido Socialista y lo que de verdad ha sucedido. En
las filas socialistas, en todas las comparecencias de altos cargos se ha hablado en los últimos seis años de preocupación, de catástrofe inminente, de imposibilidad de seguir en la línea de crecimiento. El señor Bel ha estado bastante más moderado
que anteriores portavoces de su grupo, pero seguía conjugando con bastante frecuencia la palabra preocupante. El señor Azpiazu decía con mucho sentido común que hay que ver cómo estábamos y cómo estamos. Y hay que verlo en términos de convergencia
real. Si estábamos en el entorno del 75 por ciento de la media comunitaria y superamos el 82 por ciento, si hemos avanzado siete puntos, es que estamos mejor, ¿no, señor Azpiazu? Con lo cual se podría concluir que vamos en la buena dirección.
Para el Grupo Parlamentario Popular hay tres objetivos básicos en la política económica. El primer es la convergencia real es decir, que España siga caminando en la línea de acortar nuestro diferencial en términos de renta per cápita con la
media europea, lo cual exige tener un comportamiento de la economía adecuado, con buen viento y con mal viento, que es un diferencial importante al que luego me referiré, ya que el señor Bel también ha hecho referencia a ese comportamiento y a las
distintas fases de la situación económica internacional. El segundo objetivo es el pleno empleo o seguir aumentando el empleo en la línea de lo que decía la cumbre de Lisboa para llegar en 2010 al pleno empleo. En esta línea creo que hay un cambio
radical respecto a 1996. En 1996, el debate que nos proponía el PSOE era repartir el trabajo. Don Felipe González, presidente del PSOE, decía, y el señor Zapatero aplaudía con tremenda efusión, que lo del paro era estructural y que lo que había
que hacer era repartir el trabajo. Sin embargo, para el Partido Popular el objetivo es el pleno empleo. Es un cambio radical, plasmado en la cumbre de Lisboa, que se reitera en la cumbre de Barcelona, y todas nuestras políticas están en la
dirección del pleno empleo. El tercer objetivo, indudable, es distribuir el crecimiento solidariamente.
¿Qué ha pasado en estos años y también en el último año? Podemos hacer las evaluaciones que quieran, en siete años, en cinco, en cuatro, en dos o en el último año. ¿Qué ha pasado? Que el empleo sigue creciendo en nuestro país. Se han
creado 3,5 millones de empleos en estos años; 2,5 millones de contratos estables. En el último año -el señor ministro lo decía, señor Bel, y es un dato de la contabilidad nacional- se han creado sesenta y pico mil nuevos empleos. Estamos en la
línea de crear empleo, con una reducción de la tasa del paro a más de la mitad. ¿Qué ha pasado con el crecimiento económico? Que seguimos creciendo por encima de la media europea. Hemos crecido en todos y cada uno de los años por encima de la
media europea. Creo que el señor Bel se equivocaba cuando decía: Ustedes han hecho una política presupuestaria y una política económica adecuada para épocas de bonanza del ciclo económico. Y justo en el año con mayor desaceleración económica
hemos aumentado nuestro diferencial de crecimiento. A lo mejor es que las bases de la política económica no sólo han permitido responder a las fases alcistas del ciclo, sino que han permitido responder positivamente también a las fases del ciclo
internacional más desfavorables. Porque el último año hemos aumentado nuestro diferencial de crecimiento. El número de afiliados nuevos a la Seguridad Social ha sido de más de 4 millones. Ese dato es muy importante, y quizá gráficamente habría
que decir 12 millones para una población de 40, 16 millones para una población de 40, porque 4 millones en comparación con la población no es lo mismo. No es lo mismo que crezcan en 4 millones los afiliados a la Seguridad Social en un país como el
nuestro, de 40 millones de habitantes que en Alemania, que tiene 80 o en otro país que tiene 100. Es que en un país de 40 millones se aumenta el número de afiliados en 4 millones, que es lo que permite que la Seguridad Social tenga superávit, tenga
un fondo de reserva, garantice las pensiones actuales y las del futuro y podamos seguir avanzando en mejorar las pensiones más bajas porque hay 4 millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social. Hemos podido avanzar como nunca en la separación
de fuentes, lo que el Gobierno socialista no podía hacer. Es otro dato.
Se ha aumentado el gasto social en nuestro país en porcentaje del PIB, señor Bel, y usted no puede decir que ha bajado, ya que tiene que descontar las prestaciones por
desempleo porque, si no, hace trampas.
Está muy bien dar datos estadísticos porque la estadística todo lo soporta, pero para hablar
del porcentaje de gastos sociales del PIB hay que quitar las prestaciones por desempleo, porque si se crea mucho empleo, si hay más personas que tienen un puesto de trabajo, hay menos prestaciones por desempleo. Y no hablemos de los gastos
en educación porque tendríamos que hablar de las comunidades autónomas en las que aumentan y de las comunidades en las que disminuyen, y eso no es muy favorable para las comunidades donde hay gobiernos socialistas. Habría que estudiar por qué se
está reduciendo el gasto en educación en Andalucía.
Estos objetivos se han conseguido con una política económica basada en cuatro pilares, que han supuesto reformas importantes que no han contado nunca con el voto del PSOE. El primer pilar es la estabilidad presupuestaria, y creo que estando
hoy aquí el ministro de Hacienda hay que hacer una valoración positiva del esfuerzo realizado en materia presupuestaria en nuestro país, desde 1996 y desde el 1 de enero de 2001 porque se está haciendo un esfuerzo en política presupuestaria en todos
y cada uno de los años. En cada uno de los debates presupuestarios en las dos últimas legislaturas, el PSOE nunca ha sido muy partidario del control presupuestario, a tenor de las enmiendas que planteaban y también de los comentarios que hacían
sobre el control del déficit. En materia presupuestaria se ha hecho un esfuerzo evidente que ha llevado al déficit cero, al equilibrio del presupuesto público. En el gráfico del déficit público que se puede ver en línea descendente se produce en
línea ascendente el número de creación de empleo y de cotización a la Seguridad Social. Hoy -y usted lo sabe, señor Bel, porque yo sé que usted sabe de economía y sabe lo que se está diciendo en toda Europa- todos los analistas económicos -usted ha
empleado la expresión 'en círculos económicos se dice', que a mí me hace mucha gracia y que usted emplea alguna vez para dar algún dato-, en todos los informes de organismos internacionales y todos los analistas internacionales dicen que la
estabilidad presupuestaria ha sido la base más sólida sobre la que se ha asentado el crecimiento en España por encima de la media europea.
El equilibrio presupuestario es lo que ha hecho posible que España crezca más en épocas de vientos favorables y de desacelaración económica. Hoy -hace dos días lo reconocía un grupo de diputados alemanes, en una jornada en La Rioja en una
rueda de prensa- el equilibrio presupuestario es la base más sólida con la que cuenta la economía española para afrontar los retos de los próximos ejercicios. Hoy hay que felicitar aquí al ministro de Hacienda por el esfuerzo que ha hecho en
materia de control presupuestario y animarle a que siga en esa dirección.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha sido valorada por los organismos internacionales de manera extraordinariamente positiva como elemento capaz de garantizar a medio y a largo plazo el equilibrio de las cuentas públicas. Es uno de los
bienes más importantes que tenemos en España para afrontar retos de futuro y creo honradamente que hay que seguir haciendo hincapié en el equilibrio presupuestario. Me parece una mala dinámica del Partido Socialista haberse opuesto a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y haber presentado enmiendas para que en el año 2002 España hiciera un presupuesto con déficit, porque hubiera sido ir en contra del camino adecuado para que en España se crezca, se cree empleo y se mejore el bienestar.
Con equilibrio presupuestario, señor Bel -y yo sé que usted lo sabe-, se garantiza mucho mejor el gasto social porque se liberan gastos de intereses y, además, se hace una política que a medio plazo permite aumentar gasto social y gastos de
modernización de nuestro país. Hay que seguir insistiendo en ello.
Señor Bel -creo que el ministro lo compartirá conmigo-, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para mantener el equilibrio presupuestario y para que se cumpla lo que este Parlamento aprobó por primera vez en la historia de la democracia,
un mandato del Gobierno para que la elaboración del presupuesto del año 2003 se haga otra vez con equilibrio.
En esa línea vamos bien. Una línea en la que el Parlamento español, recuperando la capacidad política, aprueba con el apoyo de grupos que
representan a más de 200 diputados un mandato al Gobierno para que elabore un presupuesto para el año 2003 con equilibrio, es la buena dirección, y la dirección que mi grupo va a seguir fomentando. Otra línea de política económica básica para el
crecimiento es el sistema tributario. En España se ha trabajado desde 1996, con un enorme esfuerzo, para modernizar nuestro sistema tributario. Se han hecho reformas en los impuestos más importantes y no se ha subido ningún impuesto en España,
señor Bel. Los impuestos más importantes en España, como usted sabe, son, por orden de importancia en materia recaudatoria, el primero, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en España se ha bajado, señor Bel. Usted sabe que se ha
bajado considerablemente. Podría haber hecho el ejercicio -estoy seguro de que usted lo ha hecho- de coger lo que hubieran declarado las familias españolas este año con el impuesto del Partido Socialista y con el impuesto aprobado por el Partido
Popular. Es un ejercicio simple, señor Bel: qué hubieran declarado las familias españolas con el impuesto del Partido Socialista y qué hubieran declarado con el impuesto que aprobó el Partido Popular y que el Partido Socialista llevó al Tribunal
Constitucional, porque no sólo lo votó en contra, sino que lo recurrió al Tribunal Constitucional. Pues bien, las familias españolas hubieran pagado unos 800.000 millones más.
El señor Bel se ha referido también a la progresividad. El índice más importante que mide la progresividad proviene del índice de Gini que mide dos impuestos y cuanto más porcentaje, la progresividad va mejorando. Con el impuesto del
Partido Socialista ha
pasado del 28 al 31 por ciento. Es decir, la progresividad va creciendo.
Con el impuesto del Partido Popular la progresividad no ha aumentado. El estudio que mide ese índice -y usted lo sabe, señor Bel- dice cuáles son los tres elementos
que han hecho aumentar la progresividad del impuesto, porque ustedes dijeron que la progresividad iba a bajar, pero ha aumentado. Hicieron campaña con movilizaciones en la calle, con folletos, con foto en el Tribunal Constitucional diciendo que iba
a bajar, pero la progresividad ha aumentado. ¿Cuáles han sido los elementos que han hecho crecer la progresividad? Tres, señor Bel. Primero, el mínimo personal y familiar, que ustedes tienen recurrido en el Tribunal Constitucional; segundo, el
aumento en los rendimientos de trabajo que han hecho, como ha señalado el ministro, que hoy el peso de los rendimientos de trabajo sea menor y la reducción por las rentas de trabajo, y tercero, la tarifa. Ha sido un impuesto que ha mejorado
considerablemente a las familias.
Señor Bel, el segundo impuesto por orden de importancia es el IVA. El último Gobierno que aumentó el IVA fue el Gobierno socialista, con el señor Sevilla con rango de director general, con tan mala fortuna que aumentó el IVA en un punto y
bajó la recaudación; en eso sí que tuvo mala suerte el señor Sevilla. El último Gobierno que aumentó el IVA en este país fue el Gobierno socialista. No han variado en absoluto los tipos de IVA.
El tercer impuesto por orden de recaudación son los impuestos especiales.
Usted ha dicho algo que sabe que no es verdad: que ha aumentado el impuesto sobre la gasolina. Se puede decir esto para los medios de comunicación, buscando un
titular desde las filas socialistas, pero sabe S.S. que no es verdad. Desde 1996 al 2003 los impuestos de carácter específico se tienen que actualizar y la actualización hace que el tipo real del impuesto de gasolina sea más bajo, incluido el
desglose que se ha hecho en dos figuras tributarias. Este desglose se ha hecho -como usted bien sabe porque se les ha explicado- para ceder capacidad normativa a las comunidades autónomas. En impuesto de hidrocarburos en España, incluso con el
desglose, el tipo real ha bajado. Se puede decir lo que se quiera, porque como se ha desglosado es muy fácil argumentar que es un nuevo impuesto, pero, señor Bel, sabe S.S. que no es verdad. Se han bajado los impuestos en España.
Usted dice que ha aumentado la presión fiscal. ¡Claro! porque se han ensanchado las bases. Hay 3 millones y medio de nuevos empleados, hay 4 millones nuevos de cotizantes. Cada ciudadano paga menos impuestos, señor Bel. Sobre equidad
tributaria tiene que darle una lección a los componentes de la comisión fiscal del PSOE que proponen subir el tipo mínimo del 18 al 25 y bajar el máximo al 40, pero no a esta Comisión en la que el Partido Popular baja el tipo mínimo
considerablemente más y hace pagar menos a los que menos tienen, con una reforma en la que las rentas más beneficiadas son las más bajas.
Estamos en la buena dirección y lo que hay que hacer es seguir en esta dirección.
Hablaba el señor Bel de un debate que hay que plantearse: ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay nuevos retos? Sí. ¿Tenemos nuevos retos? Sí ¿La economía española sigue teniendo retos que afrontar? Sí. Tenemos el reto del control de precios,
de seguir liberalizando nuestra economía porque tenemos objetivo, uno de ellos es el pleno empleo. No sé si lo comparten todos los grupos de esta Cámara. Mi grupo comparte el pleno empleo.
Tenemos el reto de seguir creciendo más que la media
europea y para crecer más, tenemos que correr más que ellos. Eso exige seguir con las reformas. Lo dicen todos los organismos internacionales y los análisis que queramos hacer y consultar. Hay que seguir el camino de la reforma.
En ese camino
nuevo de reforma hay que seguir en la línea de una nueva rebaja de impuestos, de un nuevo IRPF que entre en vigor el 1 de enero del 2003, que discutiremos en la Cámara. Ya está aquí, habrá que presentar enmiendas de totalidad en los próximos días,
que probablemente discutiremos el día 27. Seguiremos planteando enmiendas al articulado y haciendo una reforma en profundidad del impuesto sobre la renta, impuesto que para el Grupo Popular tiene, primero, que contribuir a los objetivos de la
política económica, al crecimiento y al empleo. Segundo, tiene que ser un impuesto que distribuya con equidad la carga tributaria. Ayer leía unas declaraciones del señor Sevilla en las que decía que el impuesto sobre la renta no tiene que ayudar a
las políticas sociales, que éstas no tienen nada que ver con el impuesto sobre la renta. No lo comparto. No sé si usted lo compartirá, pero yo no. El impuesto sobre la renta tiene un objetivo, junto con el de contribuir a los fines de la política
económica, que es distribuir con equidad la carga tributaria, por eso hay que ayudar más en el impuesto a la familia, a los discapacitados, a los asalariados y a los ciudadanos de renta más baja. Por supuesto, habrá que hacer políticas activas y
sociales con políticas de gasto, pero el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un elemento vertebral de la distribución justa de la carga tributaria. No puede pagar lo mismo una familia sin cargas familiares que otra con cargas
familiares porque no tiene la misma capacidad de pago, aunque tenga los mismos ingresos.
Hay que seguir con reformas estructurales -y tendremos ocasión de hablar también con el vicepresidente del Gobierno la próxima semana- en los mercados de bienes y servicios y en el mercado de trabajo porque tenemos una responsabilidad para
que en España se siga creando empleo, para que España siga creciendo por encima de la media europea. Entiendo -y mi grupo así lo va a defender- que el único camino posible es el de continuar con las reformas basadas en la estabilidad presupuestaria
y en la modernización de
nuestras estructuras productivas. Nosotros vamos a apoyar esa línea del Gobierno que es la que se está siguiendo y la que está haciendo que España crezca más que la media europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, puede contestar a los distintos portavoces.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte, que ha expresado con gran coherencia y elocuencia los planteamientos del
grupo parlamentario que representa, el partido que sustenta al Gobierno, que sostiene las líneas matrices de lo que he venido a reflejar en mi primera exposición de esta mañana en cuanto a las políticas que está desarrollando el Gobierno. En ese
sentido, aprecio la intervención de todos los portavoces.
El balance que he traído aquí está lleno de contenidos con el que se puede discrepar, como se ha hecho -y ahora me referiré a esa discrepancia-, de desarrollo de un programa de Gobierno, de compromiso con los electores que fijaron una
posición de gobierno para España como resultado de las últimas elecciones generales celebradas en marzo del año 2000, de lo que venimos dando cuenta a esta Cámara esta mañana a mitad de legislatura, en la Comisión de Economía del desarrollo del
Ministerio de Hacienda, que tiene como encargo la aplicación de parte de ese programa, dentro de un enfoque de política económica del Gobierno, que está dirigido hacia los objetivos de convergencia real de la economía española con los países más
desarrollados de la Unión Europea y de consecución de la sociedad de pleno empleo a través de la formulación en España de un modelo de crecimiento económico creador de empleo.
Con relación a la intervención del señor Sánchez i Llibre, portavoz de Convergència i Unió, se ha referido a preguntas de futuro. Estoy convencido -es el deseo del Gobierno- de que vamos a tener un trabajo conjunto de colaboración política
como la que hemos venido desarrollando hasta este momento. Deseamos que esa sea la posición de su grupo parlamentario para seguir colaborando en el gran proyecto de la segunda reforma sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la
financiación de las corporaciones locales, ley que remitiremos a la Cámara a finales del verano una vez que culminemos la negociación política que estamos desarrollando en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincial para determinar
cuáles son esas fuentes de financiación, y en la Ley General Tributaria, otro de los proyectos de los que no he hablado esta mañana porque venía a hacer un balance y no a hablar de futuro, pero en ese futuro podemos y debemos colaborar. Confío en
que esa colaboración siga teniendo la intensidad y el grado de lealtad que ha tenido hasta este momento en todas las vertientes que plantea el Gobierno, incluida la reforma de la Ley básica de empleo y la prestación del desempleo, que también es una
reforma fundamental para la economía española en este momento.
Con relación a la posición que han indicado los grupos de la oposición, incluido el PNV, que es un grupo de oposición en esta Cámara, -el portavoz dirá que, a mucha honra, por el trabajo que hace- quiero agradecerles que reconozcan la
coherencia del Gobierno; coherencia que, en política, es una virtud, es decir, no hacer cosas distintas de las que se contienen en un programa que ha recibido un determinado apoyo de la sociedad, sino antes al contrario; no hacer cosas distintas
cuando la situación aconseja que se desarrollen esos programas. No puedo decir igual de su grupo parlamentario, el PNV, que dice cosas distintas cuando gobierna en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como que la economía está funcionando
francamente bien, y cuando hace referencias a las dudas sobre la recuperación económica de España, que es la del País Vasco, porque, como sabe S.S., es igual. El País Vasco sigue una evolución económica absolutamente idéntica y S.S. en cada una de
sus intervenciones en esta Cámara viene a poner en solfa una evolución económica tan positiva como la que sigue viviendo toda España y, desde luego, la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tengo que reconocer aquí mi coincidencia con el diagnóstico
que hacen las autoridades que gobiernan en el País Vasco y no con la que representa el Partido Nacionalista Vasco en esta Cámara, donde no hay una coincidencia de discursos. Supongo que será por la necesidad de hacer oposición. Si es por otra
necesidad el señor portavoz lo explicará también en el País Vasco cuando dé sus conferencias y dirá las cosas que dice en esta Cámara: que la economía está regular, que se ven sombras muy negativas sobre su evolución, que la expansión económica
está en duda -lo ha dicho otra vez esta mañana- y que está todo en duda en cuanto a la recuperación del bienestar ciudadano y de la creación de empleo que se está registrando en España. De ese cambio de época ha hablado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Por primera vez en España estamos creciendo al 2 por ciento con creación de empleo, no con destrucción de empleo, como se ha titulado equivocadamente, como demuestra la contabilidad nacional. Es la primera vez que la
economía española crea empleo: intertrimestralmente más de 68.000 empleos y 210.000 empleos interanuales. Algo habrá cambiado en relación con etapas anteriores en las que teníamos que crecer más de un 3 por ciento para crear el primer empleo.
Ahora, con crecimiento del 2 por ciento, tenemos aumentos de empleo que van a conseguir la evolución de empleo, tal como estaba previsto en el programa de estabilidad del Reino de España.
Por lo demás, los proyectos que ha remitido el Gobierno a esta Cámara están encuadrados en el programa
de estabilidad del Reino de España. No hay cambios ni cuadros macroeconómicos que revisar. Al revés, el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas fue una previsión del programa de estabilidad del Reino de España. Si se hubiera
leído con detalle ese programa se reconocería que una de las medidas de reforma incorporada es el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impacto cuantitativo que tiene su aplicación. No hace falta revisar nada en términos de la
economía nacional, sino, al revés, confiar en que el impacto del nuevo impuesto será positivo en cuanto a la recuperación económica que está induciendo.
Estamos ante una nueva etapa porque es la primera vez que, con un crecimiento económico del 2 por ciento, se crea empleo en nuestro país.
Es la primera vez que España sortea una crisis económica mundial, siguiendo con el crecimiento en la
economía nacional. He oído de un portavoz esta mañana un cálculo bastante inexacto. Una cosa es que España sea receptora neta de fondos europeos equivalente al 1 por ciento del producto interior bruto y otra cosa es que, ante la hipótesis de que
no recibiéramos eso, la tasa de crecimiento fuera a caer un 1 por ciento.
Son cosas totalmente distintas. Es una diferencia de cálculo bastante evidente. Una cosa es el impacto y otra la equivalencia de la cuantía en la que somos receptores netos
de fondos europeos. España está en convergencia real. La convergencia real es que en el primer trimestre del año 2002 hemos crecido diez veces la media de la Unión Europea. La tasa de crecimiento de la economía española, no es que sea de una o de
dos, es diez veces superior. Estamos recortando distancias a marchas forzadas. Es la primera vez que ocurre en una economía como la española. Algo fundamental ha cambiado en su seno y es la consecuencia de la reforma económica, de las finanzas
públicas y de las reformas fiscales de las que hemos hablado esta mañana. Es la primera vez que financiamos nuestro crecimiento económico con tipos de interés como los que se derivan desde nuestra fundación en el euro. Lo que ha cambiado es que,
gracias a unas políticas económicas determinadas, España ha sido fundadora del euro, lo cual ha hecho que desapareciera la prima de riegos-país de 500 puntos básicos, que llegamos a marcar en 1995, hasta los 16 puntos básicos actuales. Eso tiene
que ver con las políticas nacionales. Y si no vean las primas de riesgo que pagan países en desarrollo, en crecimiento que quieren evolucionar y lo difícil que es ganar la confianza de los mercados internacionales, primas de riesgo que significan
tipos de interés mucho más altos y lastrantes de ese crecimiento económico. Hoy España disfruta de los actuales tipos de interés porque en su día hicimos los deberes de Maastricht. Ese es el tema de hoy, la eliminación del déficit público sobre
las reformas fiscales, lo cual tiene mucho que ver con una España comprometida con la estabilidad económica del país.
En cuanto a las diferencias conceptuales con los grupos de la oposición, el Gobierno tiene un modelo propio que no voy a desarrollar ahora. Claro que tiene un modelo propio de crecimiento económico derivado de la estabilidad económica,
incluida la estabilidad de precios, que es la que marca el euro y la que descansa en la política monetaria del Banco Central Europeo. Un modelo económico desarrollado a partir del papel de un sector público comprometido con los grandes servicios
públicos de nuestro país; un servicio público que va disponiendo de más recursos a medida que sanea sus cuentas y acomete las reformas fiscales pertinentes.
No es baladí el hecho de que España sea también el único país del mundo en el que, bajando
el impuesto sobre la renta de las personas físicas casi un punto del producto interior bruto, haya crecido la presión fiscal. Eso es porque la elasticidad renta de los grandes impuestos, no sólo del impuesto sobre sociedades, sino de todos los
impuestos incluido el IVA, ha conseguido un incremento de recaudación que ha permitido sanear las cuentas públicas a buen ritmo. Ello anima al Gobierno a seguir bajando la carga tributaria que soportan nuestros contribuyentes para seguir
ensanchando bases, como las que he citado esta mañana. 700.000 nuevos contribuyentes al IRPF sólo en 1999 y 200.000 empresas tributando más al impuesto sobre sociedades es un exponente del cambio profundo que se está produciendo en la economía
española y el ensanchamiento de bases, que también se deriva del éxito en la lucha contra el fraude fiscal. Hay un nuevo modelo de crecimiento económico de nuestro país. Estamos ante un cambio económico y, por tanto, ante una nueva etapa
económica, que es la que está siendo auspiciada por las nuevas circunstancias de un sector público comprometido con la estabilidad económica del país a través de las leyes de estabilidad presupuestaria de las que hemos hablado esta mañana, y
comprometido, además, con una financiación positiva para el país a través de la supresión del déficit público, que lo que hace es ensanchar la financiación para el resto de los agentes económicos y permite que haya más actividad económica y más
empleo.
Hay otros que lo que pretenden en España es salir a la calle porque les gusta salir a manifestarse. Señor Frutos, cada uno se realiza en un terreno determinado. S.S. tiene sus prioridades dentro de la política. De cara a la convocatoria
de huelga, S.S. no da abasto por salir en las diferentes manifestaciones que se producen en la geografía nacional. Como muy bien ha destacado S.S., estamos ante una huelga política. Me alegro de que S.S. lo haya dicho con todas las palabras.
Efectivamente, estamos ante una huelga política apoyada por Izquierda Unida y por el Partido Socialista, cuyos máximos líderes se colocan en la primera fila de las manifestaciones, como la que se celebró en Sevilla el pasado domingo. Ahí vemos a
todos los líderes socialistas. Estamos ante una convocatoria de huelga que se produce en un país en crecimiento económico, en un país en creación de
empleo, en un país en el que las cuentas públicas están saneadas. Esta mañana he avanzado el dato de que para el mes de mayo se ha registrado un nuevo superávit en las cuentas públicas. Esto quiere decir que el Gobierno no ha hecho ninguna
reforma laboral, ninguna reforma de la prestación de desempleo por causa presupuestaria. Es exactamente al revés. El Gobierno ha acometido reformas de orden laboral, de prestación del desempleo precisamente para que podamos aprovechar las
oportunidades y seguir creando empleo en esta nueva etapa de crecimiento económico que se está produciendo. No hay preocupación en los datos que he dado esta mañana en la evolución presupuestaria. Lo que sí existe es el compromiso del Gobierno con
las reformas económicas, incluida la reforma del mercado de trabajo, que tan positivas han sido a la hora de conseguir esos tres millones y medio de nuevos puestos de trabajo, creados desde 1996, y esos cuatro millones de afiliados a la Seguridad
Social, que han dado la vuelta al concepto de Seguridad Social en España. Como muy bien destacaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, significa que tenemos una población ocupada en España que cada vez es más normal en relación con nuestra
población. Eso significa que también podemos financiar las grandes cuentas de la Seguridad Social, las cuentas del sistema público de pensiones, de una manera mucho más saneada de lo que lo hicimos en el pasado. Por tanto, que cada uno busque su
terreno. Hay quien lo hará en las convocatorias democráticas, a través de programas que sean votados por la mayoría, y hay quien buscará su terreno en las calles, dando voces y haciendo planteamientos como los que son propios de una determinada
izquierda. Nadie va a cuestionar, en una sociedad civilizada, moderna y democrática, que cada uno busque su terreno, pero que cada uno se sitúe en el terreno que tiene que estar, y los resultados electorales son los que están siendo en España y en
toda Europa; ahí está la evolución del Partido Comunista en Francia, donde el éxito electoral que está obteniendo es como resultado de lo mismo que hoy está ofreciendo el Partido Comunista de España a la sociedad española, fuera de lo que son
levantar determinadas barreras y emocionarse con himnos que tuvieron su sentido histórico, pero que hoy no representan, por supuesto, a mayorías sociales ni cambios sociales que merezcan un apoyo social mayoritario en nuestra sociedad. No
confundamos quienes estamos en política las imágenes y no confundamos las prioridades de lo que tenemos que hacer cada uno de acuerdo con nuestra posición en política.
Del Partido Socialista nos separa el concepto de equidad impositiva, tiene toda la razón el señor Bel cuando lo dice porque, que yo conozca, la única descripción de equidad impositiva a la que se ha referido el Partido Socialista la ha hecho
el portavoz económico, el señor Sevilla, hoy ausente de esta comparecencia -seguramente no le ha parecido suficientemente importante para estar en la misma- y lo que ha dicho a la sociedad española es que el Partido Socialista va a conseguir la
equidad vertical a través de la equidad horizontal. Esto es ciertamente como si elimináramos los conceptos de longitud y latitud para determinar los diferentes puntos de la geografía del planeta tierra. Es como si hiciéramos que meridianos y polos
desaparecieran. Esto de conseguir la equidad vertical a través de la equidad horizontal es como mezclar dos grandes conceptos, que es la medición de la longitud y la latitud en términos geográficos; no tiene nada que ver, pero muestra la claridad
de ideas que ofrece el Partido Socialista como soluciones a las reformas fiscales que se plantean en España.
Como se ha recordado esta mañana, en la primera reforma fiscal el Partido Socialista abanderó las manifestaciones en la calle, abanderó la supuesta declaración de inconstitucionalidad de la nueva ley del impuesto sobre la renta de las
personas físicas -eso lo hizo el líder actual, el secretario general, el señor Zapatero; lo abanderó en su momento- y a partir de ahí el Partido Socialista lo que pretende con su posición es distanciarse de la postura del Gobierno de llevar
adelante una nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. No me extraña que esto sea así.
Tendremos ocasión de plantearlo en el debate del IRPF, no sólo esta mañana, donde ya está visto.
El señor Bel esta mañana ha utilizado argumentos como el estudio de determinados investigadores, que está elaborado con datos anteriores a la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un estudio teórico.
Ha olvidado que en el estudio correcto, el del IRPF que ha citado él del Instituto de Estudios Fiscales, que tengo aquí, en la página 49, se muestra la progresividad conseguida por el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas llevando
adelante un cuadro descriptivo de la distribución de los contribuyentes de acuerdo con las ventilas, de forma que, acumuladamente, se ve perfectamente cómo los contribuyentes de menor renta acaban aportando menos al nuevo impuesto sobre la renta de
lo que lo hacen los contribuyentes de mayor renta. Esto es la progresividad y no otra cosa.
Esto es ganar progresividad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como se deriva del estudio del Instituto de Estudios Fiscales, de cuya
página web, como ha señalado S.S., está colgado, aparte de que se ha distribuido en su edición de prensa. No me extraña que tengamos conceptos tributarios distintos.
Tampoco me extraña que tengamos conceptos tributarios distintos, señor Frutos. Izquierda Unida no está de acuerdo con la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El Gobierno recibe esa opinión, pero sigue adelante con su
proyecto de seguir bajando dicho impuesto, ya lo he dicho tantas veces como he intervenido en la Cámara. Aquí hay posturas a favor de bajar el impuesto sobre la renta y hay posturas contrarias
a la bajada del mismo. Las únicas políticas que perciben los ciudadanos no son las políticas de la propaganda, sino que son las políticas que entran en su casa, que ensanchan los salarios, que aumentan las pensiones, que favorecen el empleo
y que favorecen una distribución equitativa de la renta. Estas son las manifestaciones de las políticas que en definitiva he explicado esta mañana, frente a las que la oposición, además de no reconocer estos efectos, se pone en contra, mezclándolo
además con la convocatoria la próxima semana de la huelga general. Allá cada uno.
Insisto en que el Gobierno ha tenido la intención de dialogar en todas las reformas laborales hasta el último momento y está convencido de que la continuidad del
diálogo social es también fructífera para España, a pesar de determinadas posiciones que puedan haber adoptado los agentes económicos y sociales.
El Partido Socialista no está de acuerdo con las privatizaciones ni con el nuevo sistema de financiación territorial. Ya me he perdido y no sé dónde esta el Partido Socialista. Ayer el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado votó en
contra de los proyectos de ley de cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Insisto, señorías, en que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra, después de que había votado a favor de dichos proyectos de ley aquí en esta Cámara, en el
seno de esta Comisión de Economía que los aprobó con capacidad legislativa plena. Aquí el señor Bel votó a favor y el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado votó en contra, por lo que no sé dónde está el Partido Socialista en lo que se refiere
a la financiación autonómica, porque yo llegué a un acuerdo con los gobiernos autonómicos socialistas, que se plasmó en la celebración de los conciertos relativos a la cesión de esos tributos, y, como no podía ser de otra forma, esos gobiernos
firmaron esa cesión de tributos, pero el Grupo Parlamentario Socialista llevó el planteamiento de la Ley de financiación al Tribunal Constitucional y ha llegado a la contradicción de votar ayer en contra de los proyectos de ley de cesión.
Por eso
decía que espero que algún día el Grupo Parlamentario Socialista se aclare de dónde está en alguno de los grandes temas, como es la financiación autonómica en España. Ahora tenemos una nueva oportunidad, la financiación local. Con esto no me
desanimo, aunque la verdad es que no voy a decir que estoy muy esperanzado en conseguir un gran pacto político para la financiación local, a la vista de cómo ha sido su comportamiento en la financiación autonómica. Voy a seguir trabajando para
conseguir ese pacto político en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque me parece importante a la hora de auspiciar sistemas de financiación, como es el de las haciendas locales, sistemas que tengan un carácter de
estabilidad como ha tenido el sistema de financiación autonómica.
No hubo una coyuntura de la que se aprovechó el Gobierno, como se desprende de ese tipo de explicaciones que se dan siempre a las políticas que trae el Gobierno a esta Cámara. No sé para qué algunos grupos quieren llegar al Gobierno, si lo
único en lo que creen es en el ciclo económico.
Por supuesto que hay ciclos económicos que están poderosamente influidos por las políticas que practican los gobiernos, como el ciclo que están viviendo afortunadamente la economía española y la gran
mayoría de los españoles, y el proyecto del Gobierno es que los efectos positivos de esa evolución económica se vivan por la totalidad de los españoles. Esa evolución económica se ve reforzada precisamente por políticas como la que he descrito esta
mañana, que son un balance de lo que vamos haciendo, y espero, señor presidente, traer en futuras comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso otros balances en los que desarrolle plenamente lo que fue el programa de legislatura
del Gobierno que mayoritariamente resultó de las urnas aquel marzo del año 2000.
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, le ruego que como hoy ha habido unos tiempos muy amplios, particularmente el suyo, seamos muy disciplinados con el Reglamento. Si tiene que hacer alguna puntualización, que sea pequeña, por favor.
El señor BEL I QUERALT: Seré mucho menos extenso que antes, señor presidente. (Risas.)
Señor Pujalte, normalmente no comento sus intervenciones ni las de otros portavoces del Grupo Popular, porque son turnos con relación a la posición del Partido Socialista y no del Gobierno, y me parece normal, pero hoy sí diré tres cosas.
Usted me quiere tanto y cree que sé tanto que al final debe tomarme por cínico por decir lo que digo. Voy a hacer de forma esquemática tres referencias sobre cosas que hemos discutido, señor Pujalte.
Primero: gasto social. Usted dice que el gasto social ha bajado en términos de PIB por la reducción de las prestaciones por desempleo. Haga usted las sumas, ya que sabe tanto de economía como cualquiera que esté aquí. En 1996, el gasto
por desempleo en el PIB era del 2,03 por ciento; en 2000, del 1,36 por ciento, lo que supone una reducción de 7 décimas, y el gasto social respecto al PIB ha bajado en 2,5 puntos.
Segundo: aumento de la presión fiscal. Yo intento ser ponderado, porque no existe la verdad absoluta. Por una parte, creo que ha funcionado la elasticidad renta de algunos impuestos -mencionaba explícitamente el de sociedades, que es el
que me parece más claro- y que, por otra, ha habido creación de algunos impuestos y aumento de otros. Usted ha dicho que no se ha creado ningún impuesto. Como mínimo ya le he dicho uno y no es el único: el impuesto sobre primas de seguros, que se
creó en 1997 y aumentó en 1998. Usted dice que el nuevo impuesto sobre combustibles no significa un aumento de impuestos porque corrige la inflación. Su
doctrina es esta quizá, tener en cuenta la inflación para los indirectos, pero no para los directos, pero al final el resultado es que, no teniendo en cuenta la inflación para los directos, aquella rebaja inicial que hubo en 1999 para muchos
contribuyentes la erosiona la inflación; en los indirectos, en cambio, no.
En tercer lugar -y acabo ahí-, sobre la progresividad de la reforma y criterios de equidad -y conectaré con lo que ha dicho el señor ministro-, en efecto, usted y yo sabemos algo y el señor ministro también sobre Gini, Kawkani y la curva de
Lorenz, que está en el origen. Además, los datos están en el artículo de Hacienda pública del año pasado; ya los verá ahí cada uno cuando analicen las cuotas y la renta disponible. Señor ministro, el cuadro que he enseñado no era del artículo de
Honrubia, Castañer y Paredes, que, en efecto, se hace con datos del panel de 1994, porque ustedes todavía no nos han proporcionado los datos de 1999 desagregados. Los datos de este cuadro proceden del estudio que usted ha citado de evaluación del
Instituto de Estudios Fiscales, con datos liquidados de 1999, el dato de cómo participa cada decila en la tarta del ahorro; este no es del panel de 1994; son datos definitivos. Usted lo tiene, lo sé porque hemos creído conveniente hacérselo
llegar, pero le he dicho que no le hacía falta porque está en el estudio del Instituto de Estudios Fiscales sobre declaración liquidada.
Señor Pujalte, en efecto, en los tres conceptos que usted ha mencionado en los que introdujeron su progresividad es en donde discrepamos. En el de tipos, no, ahí no discrepamos mucho. No voy a detenerme mucho en el tema de los tipos, pero
sí voy a hacer una consideración, y es que para mí debería subir la tributación sobre el capital, sobre las plusvalías, y debería bajar la tributación sobre las rentas del trabajo. Por eso nuestro diseño es, sin problemas, mover algunos tipos a la
baja, jugar con las deducciones y subir los impuestos sobre el capital, equilibrarlos. Que el tipo sea el 56, el 48 o el 45 es nominal. ¿Sabe por qué? Porque donde dice usted que metieron la progresividad, metieron la regresividad. Veamos el
mínimo vital. Antes las deducciones familiares estaban en la cuota, eran igualitarias; con el mínimo vital afectan más a los impuestos de las rentas más altas. Lo mismo pasa con la deducción por rentas del trabajo. Antes estaban en cuota y eran
decrecientes con la renta; ahora son crecientes con la renta, aunque haya un tope. ¿Ve usted como sí que tenemos discrepancias? Porque donde usted sitúa el aumento de la progresividad, nosotros evaluamos reducciones de la misma. Señor ministro,
como ya le he dicho, estos datos que se han repartido son oficiales de la liquidación.
Respecto a las comunidades autónomas, estamos donde estábamos. Nosotros respetamos los acuerdos bilaterales a los que llegue el Gobierno con los gobiernos autonómicos, respetamos los acuerdos por unanimidad del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y rechazamos la imposición de transferencias, so pena de quedar sin modelo de financiación, que es lo que ustedes hicieron y lo que nosotros hemos recurrido. ¿Ve?: uno, dos y tres.
En cuanto a los ciclos -también muy brevemente- creo que negar algunas evidencias no conviene. Que se ha creado empleo en los últimos años es una evidencia que no debería negar. ¿Que la última EPA, que ahora no le sirve, dice que ha
aumentado el paro y se ha reducido el empleo? Si quiere, ya esperaremos a la próxima EPA, pero hablando de ciclos, en el ciclo 1985-1990 nuestro diferencial de tasa de creación de empleo con la Unión Europea era 1,9 puntos, y en el ciclo 1995-2001
nuestro diferencial es 1,5. Negar que ha habido en los últimos seis años una buena creación de empleo sería un despropósito, pero es que para ustedes parece que es la primera vez en la historia de España que en un ciclo muy positivo se crea empleo,
y creo que a quienes les falta la ponderación es a ustedes, como con otra cosa que usted ha dicho, y acabo.
Usted ha hablado de la próxima huelga general, y qué remedio, porque es el evento político de lo que viene. Ha hablado de los que encabezan manifestaciones, etcétera. Aquí cada uno va a ejercer su actividad política e institucional como le
parezca más oportuno, pero puede tener garantizada una cosa que no va a pasar con los responsables institucionales del Partido Socialista, con significación, no va a pasar.
Primero, no va a pasar como en el año 1988, que el señor presidente actual
del Gobierno, entonces presidente de la Junta de Castilla y León, ordenó no descontar los salarios a los funcionarios de la Comunidad de Castilla y León que hicieron huelga. No va a pasar. Segundo, nosotros no vamos a recomendar a las empresas que
no descuenten los salarios, como recomendó la CEOE en 1988 cuando el actual secretario de Estado de Economía era jefe del servicio de estudios, y algo debía asesorar. Nos verá donde nos verá, aquí o en la tele, pero no nos verá en esas posiciones
institucionales que a mí personalmente me parecen muy poco oportunas.
El señor PRESIDENTE: Un minuto nada más, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muy brevemente, señor presidente.
El señor Montoro es un llegado tardío a la política y por eso no me extraña que diga determinadas cosas. Llegó y parece ser que triunfó, pero no ha arrasado todavía, le queda mucho aún. Dice que esta es una huelga política. ¿Y el decreto
qué es? ¿Dónde se elaboró el decreto? ¿Dónde se aprobó? ¿En un bar tomando unas tapas? ¿No es una decisión política que toma un Gobierno en un momento determinado, contestada por los sindicatos y contestada en concreto por Izquierda Unida? Sí
señor. Lo que pasa es que ustedes creyeron en la impunidad para imponer. Los sindicatos para
ustedes eran buenos, buenísimos hasta anteayer, mientras dialogaban y firmaban un acuerdo; cuando los sindicatos dicen: no estamos de acuerdo con esta propuesta del Gobierno, ni en el contenido ni en la forma, los sindicatos son malos,
antipatriotas, les gusta armar el follón. No me hable usted del Partido Comunista francés, ni de la izquierda; hable usted de los sindicatos, que es con ellos con los que tienen la verdadera contienda. Son ellos los que han convocado la huelga,
no Izquierda Unida, que no tiene capacidad para hacerlo ni le corresponde tampoco. Cada uno a lo suyo, señor ministro. Le aseguro que a mí la huelga general no me produce niveles eróticos superiores a los que tengo normalmente, y no me los produce
por una sencilla razón, porque sé que es un acto de fuerza, porque yo procedo del movimiento obrero. Cuando usted la política la veía muy distanciada -y a lo mejor estaba de acuerdo con las políticas que había entonces- yo estaba en el movimiento
obrero organizando luchas para que la gente mejorara sus condiciones de vida en el trabajo, no otra cosa, y para que en este país hubiera libertad.
Ustedes están tocados con la convocatoria de la huelga, han perdido compostura y seguridad. Su señor presidente del Gobierno va por el mundo contestando y embistiendo a cada trapo que le echan. No hace lo que había hecho hasta hace cuatro
días, con esta gran seguridad, impunidad y confianza en sí mismo. Lo están perdiendo porque saben que el día 21 es diferente, en el terreno político, en el terreno anímico, en el terreno social y en el terreno sindical. Tendrán que empezar a tener
en cuenta todo esto, de la misma manera que en este país se han producido hechos que han conllevado cambios.
Usted tiene una visión -y termino, señor presidente- muy roma, muy chata de lo que es la democracia. Usted desprecia el acto social de movilizarse, porque su concepto de la democracia es restrictivo, casi reaccionario, que la democracia es
solamente votar cada cuatro años.
Señor ministro, la democracia es votar cada cuatro años, la democracia es que las organizaciones sociales y culturales, los intelectuales y los políticos trabajen diariamente con los problemas de la gente y opinen
diariamente sobre los mismos, que utilicen todos los mecanismos, la palabra y la movilización cuando convenga, la mesa de negociación y el acto de manifestación, porque ustedes también se han manifestado en las ocasiones que les ha correspondido
hacerlo, pero ha sido normalmente de forma clandestina y además apoyando las políticas peores desde el punto de vista social.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervengo brevemente, señor presidente.
Señor ministro, usted me dice hoy que en materia económica hago hincapié en las sombras negativas. Me acuerdo de que en el año 2000, en la primera intervención, usted me dijo que estaba utilizando la brocha negra para hacer los peores
augurios para la economía española. Yo también sé ver los números. Le he dicho antes además que reconozco que la creación de tres millones y medio de puestos de trabajo es un dato positivo y que el crecimiento del 2,8 también, pero cuando yo le
decía esto en el año 2000, se crecía al 4 por ciento, en el 2001 lo hicimos al 2,8 por ciento y este año creceremos al 2 por ciento. Además le he dicho por qué pondría cierta prevención en el crecimiento económico futuro. Le he hablado de la
inflación, que creo que usted también considerará que es un problema. Le he hablado del endeudamiento de las familias, unido si quiere incluso a la situación actual de la Bolsa española. Tampoco da mucho margen de maniobra para el crecimiento
futuro del consumo. Le he hablado de la inversión, que está reduciéndose en un 4,9 por ciento; trimestre a trimestre, la inversión en bienes de equipo está reduciéndose, con lo cual la demanda interna no está para muchos trotes. Ahora, si vamos a
la demanda externa, le he hablado de la cotización del euro con relación al dólar y también le puedo hablar de la incertidumbre económica internacional, pero esto a usted no le vale. Además no le he dicho que la economía va a ir fatal. Lo que le
he dicho es que estos datos pueden hacer que la economía no vaya tan bien y le he pedido que los considere.
La marcha futura de la economía no es una cuestión de fe. Usted parece que dice: tengo fe en que esto va a ir bien y va a ir bien. No es una cuestión de fe. Creo que hay ciertos datos que estoy apuntando que habría que tener en cuenta a
la hora de hacer las previsiones económicas. No estoy diciendo que esto vaya a ser un desastre porque esté creciendo este año la economía al 2 por ciento. Los que hemos conocido además crecimientos negativos a mediados de los años setenta o en los
primeros años ochenta sabemos que estos crecimientos económicos todavía son relativamente razonables. Pero la tendencia es 4, 2,8, 2. Usted cree que va a cambiar la tendencia. Yo le digo que quizá haya algunos factores que hagan que este cambio
de tendencia no sea tan claro. Estoy hablando de datos y por eso me preocupa. No estoy hablando de cuestiones de fe.
Le he preguntado por dos cuestiones en las que usted no ha querido entrar y si quiere me responde y si no no. Le he hablado del proceso de transferencias, que usted da por concluido. Le pregunto, como miembro del Gobierno, qué opina de
esta cuestión. También le he preguntado sobre la cooperación necesaria entre la Administración del Estado y las instituciones vascas, tal y como establece el Concierto Económico. ¿Se va a producir y se va a respetar la colaboración y cooperación
en materia tributaria, tal y como establece el Concierto Económico?
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Intervendré con absoluta brevedad.
Señor Bel, podemos discutir los índices o lo que quiera, pero yo le voy a dar un dato del gasto social. En el presupuesto de 2002, 52 de cada 100 pesetas se destinan a gasto social. En el presupuesto de 1995 eran 48, es decir, estamos
aumentando las políticas sociales en el presupuesto público, que es el mejor modo de hacerlo. En segundo lugar, habla usted de impuestos y ha dicho que conocía el índice de progresividad. Lo que no ha podido rebatir, señor Bel, es que la medición
de ese índice dice que la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado en 1998 tiene un porcentaje mayor que el del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado durante el Gobierno socialista, del 28 al 31
por ciento, a través del índice más reconocido internacionalmente para medir la progresividad del impuesto. Señor Bel, le he dicho que en el estudio se dice cuáles son los tres conceptos en los que aumenta la progresividad y usted no los puede
discutir, porque hasta los artículos de eminentes socialistas previos a la reforma de 1998 ya hablaban del establecimiento del mínimo personal. En los impuestos, y usted lo sabe, señor Bel, lo que tiene que gravarse es la capacidad de pago y no
tiene la misma capacidad de pago una renta de cuatro millones sobre una persona sin cargas familiares que una renta de cuatro millones sobre una persona que tiene cargas familiares de hijos, discapacitados o ascendientes. Ambas rentas no tienen por
qué tener el mismo tipo impositivo porque no tienen la misma capacidad de pago. Usted lo sabe y está escrito previamente a la reforma. A partir de ahí se puede hacer la demagogia que se quiera, le reitero, de los cuatros grandes impuestos en
España, porque el impuesto sobre las primas de seguros viene a ser algo así como el 0,00001 por ciento de la recaudación en nuestro país. Usted dice que mide la progresividad haciendo pagar, volviendo al sistema de plusvalías anterior a 1996, es
decir, que un señor que tiene una plusvalía de 10.000 millones de pesetas, si ha transcurrido el tiempo, no paga impuestos, y una familia que tiene una plusvalía de 100.000 pesetas, si necesita recuperar ese dinero del ahorro, si no puede permanecer
cautivo en un mismo producto, paga impuestos. Ese es el sistema que ha propuesto su partido en el informe de los expertos fiscales. (El señor Bel i Queralt: Está el mínimo exento.) Eso es volver al sistema anterior, es decir, a primar a las
entidades financieras por encima del consumidor y del ahorrador.
Señor Bel, cada uno se alinea con quien quiera. Nosotros nos alineamos con los ciudadanos de rentas más bajas, con las familias y con los pequeños ahorradores.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, puede contestar si lo desea.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Sólo haré unos comentarios finales en relación con lo que también ha sido el asunto de fondo de esta mañana, que es la convocatoria de huelga general para la próxima semana, insistiendo en que
esta mañana el planteamiento político que se ha escuchado en esta Cámara deja bien a las claras que estamos ante una convocatoria de huelga de carácter político. Creo que es importante que la sociedad española así lo conozca, porque no se ha
hablado de otro tipo de argumentos sino de unas razones políticas de ir en contra de una determinada política del Gobierno. En ese sentido, el señor Frutos ha sido muy explícito, aludiendo además a una historia del movimiento obrero, como él la ha
referido, que es efectivamente parte de la historia de España, que yo respeto mucho, como el señor Frutos sabe, y respeto lo que S.S. ha hecho en política, aunque no lo comparto, como también él sabe perfectamente. Las políticas del Gobierno son
mucho más constructivas de lo que hoy representa la actualización de ese tipo de políticas. La convocatoria de la semana que viene responde a esos fundamentos, a ese concepto de una historia ya pasada, que no tiene por qué reproducirse en la España
del siglo XXI, sino que, antes al contrario, tiene que superarse en la España del siglo XXI. Políticas como las que hace el Gobierno, políticas de desarrollo de los mercados básicos para crear empleo, políticas de ámbito social, que también
descansan en la tributación, fundamentalmente en los impuestos, pueden y deben promover un bienestar de carácter general aprovechando los mejores y los mayores beneficios del crecimiento económico.
Por lo demás, las opciones de reforma fiscal que acabamos de escuchar por parte del Partido Socialista, esos anuncios de la tributación sobre el capital, habrá que explicárselos a los 9 millones de ahorradores españoles y a todo el flujo de
inversión que recibe España por lo que significará si un día el Partido Socialista llegara al Gobierno y aplicara esa política fiscal. Yo creo que las consecuencias serían enormemente negativas para la financiación de la economía del país y, en
definitiva, para la formación de un ahorro del que hoy es partícipe la gran mayoría de la sociedad española y frente a lo que determinados planteamientos significan sencillamente una amenaza.
Respecto al endeudamiento familiar, he de decir que en España está motivado por la adquisición de bienes inmuebles, como sabe el señor Azpiazu. Cada vez hay más doctrina en todo el mundo sobre la importancia que tiene el efecto riqueza en
sociedades donde hay una fuerte inversión en los inmuebles a la hora de explicar el comportamiento del consumo de forma permanente, entendido como una función de la renta permanente de las familias. Por tanto, ese endeudamiento hay que juzgarlo
de forma distinta si estuviera motivado por la adquisición de bienes de consumo o por la adquisición de bienes inmuebles y, por tanto, conformación del efecto riqueza.
Respecto a las transferencias autonómicas, he de decir que el grueso de dichas transferencias está hecho. De hecho el País Vasco goza de un nivel de capacidad autonómica como nunca en su historia ha tenido, ¿o es que en la historia del País
Vasco ha habido una gestión de servicios públicos como la que hoy tiene la comunidad autónoma vasca en cuanto a volumen de gasto público, de servicios públicos? Nunca antes había alcanzado semejantes cotas y no se había alcanzado nunca en España un
grado de descentralización política y administrativa como la actual.
En lo que se refiere a la cooperación con el Gobierno vasco, desarrollaremos los preceptos y cumpliremos exactamente lo contenido en el estatuto. Me atrevo a recomendarle que no falte a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, porque, por primera vez también en la historia de las autonomías en España, hemos convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar la implantación del IRPF en España, consejo al que el Gobierno vasco no asistió y
lamento que eso fuera así, porque, evidentemente, la reforma del IRPF que promueve el Gobierno afecta a la foralidad, a las haciendas forales y sería pertinente, por tanto, que no se produjeran determinadas ausencias que lo que hacen es mostrar una
endeble voluntad de colaboración y cooperación en algo tan elemental, tan poderoso y tan influyente socialmente como es la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.
Gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.