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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 522, de 11/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 522
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ
Sesión núm. 26
celebrada el martes, 11 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la instalación del cuartel europeo de alta disponibilidad de la Alianza Atlántica en la base Jaime I de Bétera (Valencia). Presentada por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000856.) ...
- Sobre retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001027.) ... (Página 16835)
- Sobre pabellones de cargo asignables a autoridades civiles en el Ministerio de Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001028.) ... (Página 16838)
- Sobre prestaciones de las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001030.) ... (Página 16840)
- Sobre la utilización de la toponimia catalana en los elementos identificadores de las instalaciones militares Ualog 41 en Sant Boi de Llobregat. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/001329.) ... (Página 16843)
- Sobre retribuciones del personal de defensa procedente de reserva transitoria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001337.) ... (Página 16843)
- Relativa al mantenimiento del Regimiento de Artillería Antiaérea 76 (RAAA 76) en Ferrol (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001317.) ... (Página 16846)
- Sobre el mantenimiento del Regimiento de Artillería Antiaérea número 76 en Ferrol (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001354.) ... (Página 16846)
- Sobre el Hospital Militar de Burgos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001366.) ...
(Página 16849)
- Sobre proyecto de depuración de las instalaciones de la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) en Vigo (Pontevedra).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001196.) ...
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
- SOBRE LA INSTALACIÓN DEL CUARTEL EUROPEO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA ALIANZA ATLÁNTICA EN LA BASE JAIME I DE BÉTERA (VALENCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000856.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores comisionados. La Comisión de Defensa va a emprender el debate y votación de diez proposiciones no de ley en una sesión intensa que vamos a tratar de ordenar. Las proposiciones que
figuran con los números 5, 6 y 7, que tienen unidad temática y también territorial, por tratarse de Galicia, se van a debatir en último lugar a petición de dos portavoces, singularmente porque uno de ellos, el del Bloque Nacionalista Galego, del
Grupo Mixto, tiene obligaciones en otra Comisión y no puede estar presente a su debido tiempo. Así pues, vamos a empezar con el orden del día previsto en la convocatoria. Las votaciones no se van a producir en ningún caso antes de la una de la
tarde; lo digo a los efectos de que otros diputados tengan también que cumplir obligaciones en otras comisiones.
Y no habiendo más asuntos que hacer observar por la presidencia empezamos con la proposición no de ley número 1, sobre instalación del Cuartel Europeo de Alta Disponibilidad de la Alianza Atlántica en la base Jaime I de Bétera (Valencia), de
la que es autor el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por lo que su portavoz en este momento tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, en el mes de julio del año 2000 el Gobierno español, a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa, presentó la candidatura de nuestro país como sede del Cuartel Europeo de Alta Disponibilidad de la
Alianza Atlántica, para la organización de acciones militares de intervención rápida. Se plantea su ubicación en una localidad de la comarca del Camp del Turia, de la provincia de Valencia, una ciudad que tiene algo más de 12.000 habitantes y cuyo
sector económico fundamentalmente es agrícola, aunque tenga una industria en auge de transformación y de cerámica. Es una población pequeña que está a unos 16 kilómetros de la ciudad de Valencia y un poco más cerca del aeropuerto civil de Manises,
también de la provincia de Valencia.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida e Izquierda Unida, desde su nacimiento, han defendido que la mejor forma de solucionar los conflictos en el mundo es a través del diálogo, del debate, del acuerdo entre las partes que puedan
estar enfrentadas, y que la solución a los conflictos desde el aspecto militar no es ni el más ventajoso ni el más acorde con la sociedad mundializada o globalizada que en estos momentos se defiende, puesto que se supone que todos los países
deberíamos ser amigos y solucionar nuestras diferencias a través del diálogo. Nuestra organización, este grupo parlamentario, desde el principio se opuso a la entrada de España en la estructura militar de la OTAN, a la entrada de España en
la OTAN. Recordarán SS.SS. que en el año 1986 se celebró un referéndum que contenía determinadas condiciones para la permanencia, puesto que ya se había ingresado en la estructura militar de la OTAN; contenía, como decía, distintas condiciones
para su aprobación, y una de ellas era, en el apartado primero de ese texto que los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas votaron a favor, que la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura
militar integrada. Sé que estamos hablando de hace muchos años, que las condiciones mundiales cambian, que las condiciones de nuestro país cambian también, pero el texto de un referéndum es inamovible cuando ha sido ya votado y cuando la voluntad
popular ha sido expresada a su través. Somos conscientes de que no se han respetado las condiciones de ese referéndum y precisamente la presentación de la candidatura de España a la ubicación del Cuartel Europeo de Alta Disponibilidad a la OTAN es
una prueba más de la falta de respeto hacia el resultado y las condiciones que se establecieron en ese referéndum.
Señorías, al instalar un cuartel de estas características en una zona muy habitada, porque aunque Bétera sólo tenga 12.000 habitantes es una zona con mucha población, muy cerca de la ciudad de Valencia, por mucho que se argumente lo
contrario siempre existirá un mayor riesgo para la población. Una instalación militar de estas características a los ciudadanos y ciudadanas no sólo de Bétera, sino de toda la comarca del Camp del Turia y de la provincia de Valencia, no les crea
más seguridad sino todo lo contrario. De ser una población que en caso de conflicto bélico tendría los mismos riesgos que cualquier otra pasaría a ser una población objetivo prioritario en caso de ataque, y más si tenemos en cuenta la proximidad
del aeropuerto civil de Manises, que también puede pasar a ser utilizado como instalación militar, puesto que desde el Ministerio de Fomento, a pesar de que en un principio en el plan director del aeropuerto de Manises no se contemplaba ninguna
reserva, se ha modificado no hace muchos meses este plan director para hacer la reserva que se exige a una instalación militar próxima.
Estamos hablando de una situación que rechaza nuestro grupo parlamentario y también la población de la provincia de Valencia. Distintos ayuntamientos se han pronunciado votando en contra y exigiendo la retirada de la candidatura española al
Ministerio de Defensa, ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y por el Partido Popular. También las movilizaciones ciudadanas han sido lo suficientemente numerosas como para que se tenga en cuenta que la población afectada, no solamente
de la ciudad sino de su entorno es contraria a la ubicación de un cuartel de estas características, porque ha hecho un análisis de cuáles pueden ser las ventajas y los inconvenientes y no le encuentra muchas ventajas y sí muchos inconvenientes. En
la línea que venimos defendiendo de que la solución de los conflictos nunca puede ser a través de la fuerza de las armas sino, todo lo contrario, a través de la fuerza de la palabra, esperamos que esta iniciativa sea respaldada por esta Cámara y,
respetando las condiciones por las que España permaneció en la estructura de la Alianza Atlántica, conseguir al final que no se instale un cuartel de estas características en una población de la provincia de Valencia y, desde luego, en ninguna
población del territorio del Estado español.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar posición? Por el Grupo Socialista, el señor Marsal tiene la palabra.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Como muy bien ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los últimos años ha habido muchos cambios que han afectado tanto a España como a las organizaciones internacionales; ha
habido muchos cambios en nuestras Fuerzas Armadas y ha habido muchos cambios también en la OTAN; y no sólo los ha habido sino que sigue y va a seguir habiendo profundos cambios en el futuro inmediato, a medio plazo como mínimo.
Nuestras Fuerzas Armadas han realizado un gran esfuerzo de modernización, de adaptación a la nueva situación; en primer lugar al pasar de una situación no democrática a un sistema democrático, después a un proceso constante de modernización
y finalmente a su total profesionalización.
Esto ha exigido muchos esfuerzos y también muchos recursos, sobre todo para el Ejército de Tierra que es el cuerpo que más ha tenido que cambiar y el que más se está adaptando a esta nueva situación desde
una anterior; seguramente de los tres ejércitos era el que estaba menos modernizado y por lo tanto su esfuerzo ha sido mayor. Nosotros le pedimos que asuma la profesionalización, que tenga unas coordenadas modernas. Por eso sería contradictorio
que precisamente cuando el Ejército de Tierra hace un esfuerzo en esta línea, parlamentariamente le dijésemos que no tiene sentido. El objetivo del Cuartel General de Alta Disponibilidad en Bétera es en este momento uno de los elementos centrales,
por no decir el elemento central, del esfuerzo de modernización de nuestro Ejército de Tierra.
También en la OTAN ha habido profundos cambios. De una organización político-militar pensada para defenderse ante un enemigo, el Pacto de Varsovia, hemos pasado después del año 1989 a una situación en que se configura como una organización
que tiene componentes militares pero que cada vez es más política, y además es voluntad de aquellos países que no formaban parte de ella antes, sino que estaban en el bloque contrario,
integrarse en esta organización democrática que es la OTAN. Por tanto, hoy la OTAN es un organismo distinto del que era hace unos quince años. Hoy es un organismo político con estructura militar, pero que tiene una finalidad fundamental
que no es tanto la defensa ante un enemigo que ha desaparecido sino la garantía de paz de los países que forman parte y también la proyección de estabilidad hacia otras zonas. Hace pocos días hemos visto cómo el gran antagonista anterior, Rusia, se
integraba de una forma especial en el consejo de los veinte dentro de la OTAN. Esos cambios políticos también han tenido su traducción en cambios estructurales. Si antes la OTAN tenía en su estructura militar una organización básicamente de tipo
territorial, como también era la del Ejército español, hoy esa organización se está estructurando en una forma funcional, no de defensa del territorio, que ya no tiene sentido, sino como cuarteles que deben proyectarse para operaciones de paz. Las
intervenciones en este momento de la OTAN son operaciones para garantizar la paz y los cuarteles generales que ya están activos en este sentido lo están en operaciones de paz. Por tanto, en este marco de cambio interno en España y en el Ejército de
Tierra y en este marco de cambio en la estructura internacional de la OTAN es donde hay que colocar la definición del cuartel general de Bétera como de alta disponibilidad.
Porque ¿qué es este cuartel general?
En el transcurso de los últimos meses hemos asistido a errores informativos, a informaciones que no son correctas. En primer lugar nos hallamos ante un cuartel general que ya existe. No es un cuartel general de nueva creación, ya existe, y
es el cuartel general de la fuerza de maniobra del Ejército de Tierra, es decir, del 70 por ciento de las fuerzas terrestres españolas. ¿Qué es lo que se pretende? Que este cuartel general se convierta en un cuartel general de alta disponibilidad
de la OTAN, pero que sea proyectable. Es decir, su finalidad en un momento de crisis no es permanecer en Bétera, sino que deberá proyectarse hacia la zona correspondiente donde exista una situación de crisis donde sea necesario realizar una
operación de mantenimiento de paz. Por tanto, no nos hallamos ante una instalación que vaya a contener gran cantidad de soldados ni gran cantidad de armamento, ni tan sólo armamento convencional, sino que básicamente lo importante son las
infraestructuras para el personal que debe haber y sobre todo los instrumentos de mando y control, los instrumentos de comunicación, de tal forma que las inversiones previstas y que se están realizando ya en este momento en este cuartel general no
son para material llamémosle bélico, para material de armamento, sino que más de la mitad son para material de mando y control, es decir para material de comunicaciones, y el resto de inversiones tampoco son para armamento sino para infraestructura.
Por tanto, es un cuartel general que ya existe, es un cuartel general que va a modernizarse profundamente, lo cual es importante, es un cuartel general proyectable, es decir, no para operar desde Bétera sino para actuar en otras zonas fuera de
España. Por otra parte, si profundizásemos desde un punto de vista técnico en las condiciones del referéndum (y sé que esto puede tal vez no tener mucha importancia para la digna representante de Izquierda Unida), no nos encontramos ante un cuartel
de la estructura militar integrada. El de Retamares es un cuartel de la estructura militar integrada de la OTAN; el de Bétera, si consigue la calificación de cuartel proyectable de alta disponibilidad, formará parte de la estructura de fuerzas,
que no es la estructura militar integrada.
Por tanto, incluso desde este punto de vista no se incumpliría el referéndum; puede ser un debate académico, pero también puede tener su importancia si somos serios.
Es cierto, señor presidente, señoras y señores diputados, que por en un tema de gran sensibilidad para la zona, como lo son siempre estos temas, parte del Gobierno tendría que ser tratado con sumo cuidado y con la finalidad de conseguir el
máximo de complicidades, tanto de los ayuntamientos como de la población que se encuentra tanto en Bétera y en Gátova y en toda la zona que se ve afectada por la presencia de este cuartel. Por eso es importante dar informaciones, dar la cara.
Desgraciadamente hemos observado que los diputados del Grupo Popular en la provincia no se han pronunciado sobre el tema, no han explicado cuál era la voluntad del Gobierno y en cambio algún diputado nuestro sí. Hay que tener sumo cuidado con estas
cosas. Gobernar comporta responsabilidades y no se puede estar sólo a las maduras y que las verdes las asuman otros, porque sería una grave irresponsabilidad en un tema que es fundamental para la modernización de nuestras Fuerzas. Y
desgraciadamente nos hemos encontrado en esta Comisión que alguien del Grupo Parlamentario Popular ha impedido que se incorporara a esta discusión una proposición no de ley nuestra, que es concomitante con ésta y que hace referencia a la zona de
Gátova, donde existe una pequeña parte del conjunto de la gran base que es reivindicada por el ayuntamiento no como propiedad sino de uso para la población civil. Habría sido un buen mensaje para conseguir estas complicidades que hoy, al mismo
tiempo que el principal grupo de la oposición, haciendo uso de la responsabilidad que siempre intenta tener vota en contra de la proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida, hubiésemos llegado a un consenso entre el Grupo Popular que
apoya al Gobierno y este grupo de la oposición para que se aprobase también una proposición no de ley, no digo que en los propios términos que nosotros presentamos, sino a través de una transaccional, que significase un compromiso del Ministerio de
Defensa para el uso civil de aquellas partes de la base que no son estrictamente necesarias como uso militar, de la misma manera que en su conjunto las instituciones y la población de la zona también se corresponsabilizan del proceso de
modernización de nuestras Fuerzas Armadas.
Lamentablemente esto no ha sido posible porque no se ha permitido la incorporación de esta proposición no de ley. Yo espero que de la misma manera que hoy este grupo hace un acto de responsabilidad, por parte del grupo mayoritario haya una
actitud de la misma responsabilidad y sea posible aprobar una proposición no de ley respecto a Gátova en la próxima sesión de la Comisión de Defensa, como hoy será posible por el Grupo Socialista votar en contra de la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, doña Susana Camarero tiene la palabra.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida viene a defender hoy la retirada de la candidatura de Bétera para la instalación de un cuartel de alta disponibilidad de la OTAN bajo
el supuesto de la falta de cumplimiento de las condiciones establecidas en el referéndum de la OTAN y desde el Grupo Parlamentario Popular queremos hacerle algunas consideraciones al respecto.
Se parte en principio de una premisa absolutamente falsa. Si hacemos un poco de cronología de las relaciones entre España y la OTAN, nos encontramos con que en 1982 España se convierte en el decimosexto miembro de la OTAN; en 1986 los
españoles votan en referéndum a favor de la permanencia de España como miembro de la Alianza Atlántica sin participación en la estructura militar integrada; en 1995 el ministro de Asuntos Exteriores de España, Javier Solana, es elegido secretario
general de la OTAN, el noveno en la historia de la Alianza y el primer español en ocupar el cargo; en 1996 el Gobierno español informa al Consejo del Atlántico Norte su decisión de adoptar los pasos necesarios para la integración de España a la
nueva estructura militar y en 1999 se produce la efectiva incorporación de España a la estructura militar de mandos de la OTAN. Por tanto, a pesar de que España, como se ha dicho, se incorpora a la OTAN sin la participación en la estructura militar
integrada, posteriormente se produce esta participación renovada con plena integración en la estructura militar tras la aprobación, por amplia mayoría de la Cámara, de la resolución del Congreso de los Diputados de 13 de noviembre de 1996; Cámara
en la que reside la soberanía popular y que tiene potestad para esta modificación. No nos carguemos ahora, señorías, el espíritu y la función del Congreso. El motivo de esta decisión se basa principalmente en la necesidad de adaptarse a los nuevos
tiempos, porque si la OTAN, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, tenía una estructura dirigida a contrarrestar la amenaza unidireccional proveniente de la antigua URSS, con la desaparición del Pacto de Varsovia, simbolizada en la caída
del muro de Berlín, Europa comenzó a sufrir una creciente inestabilidad debido a los procesos de transformación hacia regímenes democráticos emprendidos por algunos antiguos países pertenecientes a dicho pacto. Esta situación de inestabilidad trajo
consigo un importante incremento de las misiones de mantenimiento de la paz que implicaron, y lo siguen haciendo, la participación de la fuerzas de la OTAN. Este incremento en la participación exigió el desarrollo de una nueva estructura militar
dentro de la Alianza Atlántica para adaptarse a las nuevas misiones. Es evidente, señorías, que la OTAN es un factor crucial para garantizar la libertad, la democracia, la paz y la estabilidad en un mundo cambiante.
Nos encontramos, por tanto,
ante una oportunidad única para construir de una manera conjunta una zona de verdadera estabilidad y seguridad colectiva.
El Congreso de los Diputados recomendó también al Gobierno que en este proceso se prestase especial atención a la atribución a España de responsabilidades operativas y de mandos acordes con nuestra contribución militar y con nuestro peso
político. España se incorpora a la nueva estructura como he dicho antes, el 1 de enero de 1999. De acuerdo con este mandato del Congreso, España defendió y obtuvo la ubicación en territorio nacional de un cuartel general de la estructura de mandos
de la Alianza. Ahora la OTAN ha emprendido el desarrollo de su estructura de fuerzas para adaptarla a las misiones establecidas en el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en Washington en 1999.
Esta estructura de fuerzas establece la necesidad de dotarse de nueve cuarteles generales terrestres multinacionales de alta y baja disponibilidad de fuerzas. Para la designación de estos cuarteles generales los países europeos de la OTAN han
presentado varias propuestas, entre las que se encuentra la española, materializada en las instalaciones que el Ejército de Tierra dispone en la base Jaime I de Bétera, siendo designadas de forma definitiva las sedes de estos cuarteles en los
primeros meses del próximo año, en el 2003. España siempre se ha caracterizado en el ámbito internacional por su decidida defensa de los valores de solidaridad y de convivencia pacífica. Esta postura ha implicado su compromiso y participación en
muchas de las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz emprendidas por los principales organismos internacionales de seguridad y defensa. Consecuente con esta postura y con el creciente protagonismo que actualmente se desempeña en el
ámbito internacional, el Gobierno pretende que España lidere un cuartel general de la estructura de fuerzas que, de acuerdo con las nuevas misiones, estará dirigido a apoyar operaciones que en el futuro puedan ser lideradas por la Alianza Atlántica
y que fundamentalmente, como ha dicho el portavoz socialista, serán de apoyo a la paz.
En los últimos meses desde Izquierda Unida se viene haciendo una campaña en contra del cuartel a través de
mociones en los distintos ayuntamientos valencianos y en las Cortes Valencianas, donde le tengo que recordar, señora Urán, que se quedaron solos en la votación; campaña bajo la premisa otra vez falsa de los problemas de seguridad que
traería consigo la instalación. Ustedes vienen afirmando que pasaríamos a ser objetivo potencial en caso de conflicto bélico, sin detenerse a pensar en los beneficios que esta instalación aportará a la comarca del Camp del Turia, a la Comunidad
Valenciana y en general a toda España, no sólo desde el punto de vista económico sino también como referente, destacando el peso que España está adquiriendo en las distintas instituciones y organismos internacionales de toda clase y también de la
defensa internacional, como la OTAN. Para clarificarles más las cosas, porque parece que tienen ustedes algunas confusiones, quiero explicarles, como ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, que el cuartel general estaría constituido por una
serie de órganos de asistencia al mando con funciones de apoyo a la decisión, dirección, administración y control; por tanto, manejará sobre todo información. Se trata de un cuartel general diseñado para dirigir operaciones de gestión de crisis o
mantenimiento de paz. Insistiendo en la falta de motivos para preocuparnos, el propio jefe del Estado Mayor de la Defensa ha asegurado, igual que el ministro, el portavoz de esta Comisión y el presidente de la Generalitat, Zaplana, que no existe
ningún riesgo para la población civil, pues es un puesto de mando donde se planean y dirigen operaciones militares. La base tiene carácter desplegable, por lo que si tiene que entrar en funcionamiento se trasladará a la zona de conflicto. Y no
solamente ellos han dicho que no hay ningún problema y que no va a haber ningún riesgo añadido, sino que la propia alcaldesa del municipio, tras conocer las instalaciones, se mostró claramente a favor del cuartel; una vez que visitó las
instalaciones acompañada por el teniente general Ortuño y conoció el proyecto, se manifestó de acuerdo con el mismo.
Señora Urán, ustedes se han quedado solos. Por el miedo de la población tras el 11 de septiembre, consiguieron que se movilizase la población y que hubiese determinadas manifestaciones, pero hoy nadie les apoya, hasta el punto de que estas
manifestaciones han cesado en la población. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos, desde el más sincero respeto a sus posiciones, que ustedes muestran estrechez de miras al no ver los beneficios económicos y de desarrollo que pueda traer
para la comarca. Se estima que tendrá efectos económicos tanto en su entorno inmediato como en el resto de la comunidad sobre renta, producción y empleo. Se generarán nuevos puestos de trabajo y se creará una industria complementaria y de
mantenimiento. Se dará un mayor nivel de inversiones en infraestructuras, mayor calidad de vida para sus ciudadanos, además de dotarles de carácter y cultura internacional. Tampoco es cierto, señora Urán, que se vaya a perjudicar la vida de los
vecinos. Los mandos realizarán sus ejercicios sin molestar a la población civil y este cuartel no va a perturbar la vida habitual de los vecinos de Bétera y de sus proximidades. Las necesidades de personal rondarán las 350 personas, la mitad
españoles y el resto de los demás países de la Alianza, sin olvidar que los vecinos están acostumbrados a tener un cuartel en sus inmediaciones desde hace años, cosa que se ha ignorado en esta Comisión, el cuartel de la brigada de infantería
mecanizada, que ha estado compuesto durante muchos años por el regimiento de infantería vizcaya 21, el grupo antiaéreo propulsado 31, el batallón de ingenieros 31, el grupo logístico 31 y la base de helicópteros hoy en funcionamiento, además de
casas militares, residencia militar, un club deportivo militar, un campo de maniobras y de tiro; es decir que se movían en torno a las dos mil o tres mil personas y unidades operativas con munición. Por tanto, señora Urán, la población de Bétera y
de sus alrededores está acostumbrada a convivir con militares. En la exposición de motivos de su proposición no de ley se dice que Bétera va a ser la sede central de la OTAN en cuanto a la organización de acciones militares rápidas. Se trata de un
nuevo error de concepto, ya que esta sede central de la OTAN no va a dejar de estar en Bruselas.
Me gustaría pararme un momento y hacer una referencia a la postura del Partido Socialista en este tema. Creo importante que el PSOE por fin se haya definido claramente en este tema y lo que siento mucho es que ningún diputado del Partido
Socialista valenciano haya tenido interés en defender esta cuestión, que es importante para España, pero principalmente para la Comunidad Valenciana, pues una vez más demuestran estos diputados que dedican más tiempo a sus conflictos internos que a
defender los intereses de nuestra comunidad. Entiendo, señor Marsans, que sea usted el que haya decidido defender el tema y que lo haya hecho con rotundidad. Durante la presentación de los presupuestos ya manifestó usted el apoyo a este cuartel en
Bétera, postura que contrasta con la de sus compañeros en las Cortes Valencianas que se limitaron a una tímida abstención, dando muestras una vez más de las distintas posiciones en el seno del Partido Socialista.
Para terminar, pediría al Grupo Federal de Izquierda Unida que no haga alarmismo. En un tema tan serio debemos ser responsables. Cuando los ciudadanos nos eligieron fue para defender sus intereses y no para que vengamos a hacer demagogia.
Les pediría que no falseen la realidad con medias verdades, que sean sinceros y que, a pesar de tener posturas claramente contrapuestas e irreconciliables, no creemos en la sociedad valenciana ni en los ciudadanos de Bétera esta incertidumbre que
después de lo expuesto se manifiesta evidentemente injustificable. Me parece -repito- desde el mayor respeto a las opiniones y a las ideologías diferentes (Izquierda Unida siempre ha manifestado en los temas de defensa una posición claramente
antimilitarista,
anti-OTAN, anti-Estados Unidos, antiglobalización), que debemos tratar con la mayor seriedad y rigurosidad este tema tan importante. Desde el Grupo Popular no solamente estamos de acuerdo con la decisión de que España quiera traer un
cuartel de alta disponibilidad, sino que como valenciana, señor Marsans (yo vengo aquí como diputada valenciana a explicar nuestras postura, igual que mis compañeros lo han hecho en las Cortes Valencianas, y sigo echando de menos a sus compañeros
valencianos en esta Comisión), como valenciana yo me alegro de que sea en mi comunidad, la comarca del Camp del Turia, en Bétera, y me parece que una vez más vamos a demostrar la buena situación internacional de España y el peso que tenemos en el
exterior al ganar nuestra candidatura, a pesar de que existe una fuerte competencia con otros países. (El señor Marsal Muntalá pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sólo por alusiones, me imagino.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Quiero dejar constancia que el señor Ricard Pérez Casado, que es nuestro diputado de la Comunidad Valenciana en esta comisión, hoy no puede defender este tema porque como otros compañeros diputados y diputadas tanto
del Grupo Socialista como del Grupo Popular están en un viaje del curso del Cesedem a Moscú, lo que le ha impedido defender este tema, tal como estaba previsto, y por eso lo he defendido yo. En todo caso, la alusión personal podía ser que mi
apellido no es Marsans, que son los viajes, sino Marsal, aunque es un pequeño error sin ninguna importancia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo ajustada la aclaración y así constará en el 'Diario de Sesiones', toda vez que suponía una excusa también para un compañero que está en otras tareas. (La señora Camarero pide la palabra.)
Sólo para excusas. Adelante.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor diputado, siento haberle cambiado el apellido y sólo quiero decirle que a pesar de que el señor diputado del PSOE esté de viaje, hay otros diputados en las filas socialistas que aunque no pertenezcan a esta
Comisión podían haber intervenido y ustedes tienen la suerte de contar entre sus filas con el secretario general de los socialistas valencianos, el señor Plá, que creo que hubiera tenido la oportunidad de...
El señor PRESIDENTE: Señora Camarero, le he dado la palabra para excusas, no para meterse en las interioridades del Grupo Socialista. No tiene ningún derecho a hacerlo. ¿De acuerdo? Le acepto las excusas dirigidas al señor diputado, pero
no va a ponerse a ordenar el trabajo del Grupo Socialista.
- SOBRE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001027.)
El señor PRESIDENTE: La segunda de las proposiciones no de ley es sobre retribuciones del persona de las Fuerzas Armadas. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que el señor Moragues, segundo portavoz del Grupo
Socialista en esta Comisión va a hacer su defensa.
Tiene la palabra.
El señor MORAGUES GOMILA: Va a cumplirse en los próximos días el año en que se aprobó el nuevo Reglamento de retribuciones de las Fuerzas Armadas que, como todos ustedes saben, fue objeto de publicación en el Real Decreto 672/2001, de 22 de
junio, y las correspondientes normas complementarias que se publicaron en los sucesivos meses de agosto y septiembre de 2001. Quiero recordar que en comparecencia del subsecretario el 28 de junio tuvimos ocasión de que se nos explicara el contenido
del Reglamento y ya en aquella sesión manifestamos nuestro acuerdo general con el texto y lo reconocíamos como un avance en la clarificación del tema retributivo de los ejércitos.
No voy a entrar ahora a hacer un análisis de la aplicación del Reglamento, puesto que mi grupo ha solicitado la comparecencia del subsecretario para poder debatir sobre esta cuestión, si es que sus obligaciones se lo permiten, pero quiero
recordar que sería muy interesante poder evaluar los resultados de esta aplicación de la normativa que, como también ustedes recordarán, estoy seguro, tenía dos tramos de aplicación, una primera parte se aplicaba en el ejercicio del 2001 y otra
segunda parte se debía aplicar durante el ejercicio del 2002. Pensamos desde el Grupo Socialista que sería muy interesante -y por esto solicitamos la comparecencia del subsecretario- que viniera a explicarnos cuál es el resultado de la aplicación
de los distintos complementos que conforman el Reglamento de retribuciones. Pero a la espera de poder debatir con más tiempo esta cuestión, está claro que en la actual normativa sobre retribuciones existen algunas anomalías que parece conveniente
corregir o al menos discutir. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley que propone tres cuestiones muy concretas. La primera de ellas hace referencia a las retribuciones de los alféreces, único oficial
-vale la pena recordar- calificado como tal en el artículo 11, apartado 2, de la Ley 17 de 1999, que establece que los oficiales son los empleos que van desde alférez hasta coronel. Como digo, este es el único oficial que no está incluido en el
grupo de clasificación de funcionarios al servicio de la Administración pública, grupo A, que también como todos ustedes saben está regulado en la Ley 17 de 1999 por el artículo 152, apartado 2. Esta situación la llevamos arrastrando desde hace
algunos
años, cuando tras una homologación salarial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional se estableció cuáles eran los empleos que integraban el grupo A en aquel entonces y no se incluyó precisamente al empleo de los alféreces porque no
existía por aquel tiempo en la Guardia Civil. Cuando esta homologación se hizo extensiva a las Fuerzas Armadas, los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas siempre denegaron -y me consta que continúan denegando- la inclusión de los
alféreces en el grupo A por no tener la titulación requerida. Ese es el argumento que siempre han dado; en anteriores legislaturas y en la presente han considerado que no tienen la titulación correspondiente para integrarse en el grupo A. De todas
maneras para este portavoz que les habla, tanto cuando gobernaba el Partido Socialista como ahora que gobierna el Partido Popular, es un argumento de poco peso puesto que otros oficiales incluidos sin ningún problema en el grupo A tampoco tienen la
titulación requerida y no tienen ningún problema para estar incluidos en este grupo retributivo. Además, la situación en que se encuentran los alféreces se solventa pasado el tiempo, se solventa al ascender, sin que para ello exista ningún cambio
de titulación previa; por tanto es una cuestión simplemente de escalafón. A pesar de esta práctica, está bien claro que la Ley 17 de 1999, a la que ya me he referido, mantiene la categoría de oficial para este empleo. Por tanto, señor presidente,
señoras y señores diputados, deberíamos ser capaces de solventar esta contradicción e introducir al alférez en el grupo A que como oficial le corresponde y que de la filosofía de la Ley 17 de 1999 también se desprende.
En el punto número 2 de nuestra proposición no de ley hacemos aflorar otra consecuencia negativa derivada de la situación que nuestro punto anterior pretende solucionar, y así nos encontramos con que los componentes generales del complemento
específico del alférez y del teniente no siguen las lógicas internas ni de los grupos retributivos ni de las escalas a las que actualmente pertenecen. Si lo analizamos desde el punto de vista del grupo retributivo, el alférez tiene el máximo nivel
dentro del grupo B, nivel 24, y por tanto no tiene ningún sentido que el componente general del complemento específico esté por detrás del que cobra el brigada, que es el nivel 21, pero tiene que ser éste para que al final, cuando sumemos todos los
conceptos retributivos, el salario percibido sea el que es y quede en la ordenación jerárquica que lógicamente debe tener.
Y por lo que respecta al alférez, desde el punto de vista de la escala a que pertenece, ya lo hemos analizado en el punto
anterior. ¿Qué hace entonces el Reglamento de retribuciones? Tanto el actualmente vigente como el antes en vigor, a mi entender, crea una situación intermedia.
Para el alférez y para el teniente, los dos primeros empleos de la escala de oficiales
cuyos cometidos son muchas veces intercambiables, tan es así que el propio decreto de retribuciones les asigna el mismo nivel de complemento de empleo, el nivel 24 para los dos, en un claro reconocimiento de que son empleos intercambiables, crea
-digo- una especie de híbrido salarial en el cual la diferencia de sueldo entre estos dos oficiales, que no debería existir si se aplicara que los dos oficiales deben pertenecer al grupo A, es compensada por la asignación que se hace a cada uno de
estos empleos de su complemento específico, complemento general de complemento específico, como dice el Reglamento de retribuciones. De ello resulta que el teniente tiene reconocido un complemento específico no sólo más bajo que el del alférez,
sino el más bajo de todos los complementos específicos, si exceptuamos el del sargento, incluidos los atribuidos a los soldados. Esto, señorías, es sencillamente una sinrazón que sería fácilmente solucionable si de una vez por todas al alférez se
le aplicara el mismo sueldo que al resto de su escala, pasándolo por tanto del grupo B al grupo A, y de esta manera no se tendría que forzar la lógica interna de la aplicación de los complementos puesto que en el caso de los alféreces se aumenta
desaforadamente el importe de su complemento específico para hacer cuadrar finalmente las retribuciones percibidas, como he dicho antes, porque deben corresponder a un ordenamiento jerárquico también en los sueldos.
El tercer y último punto propone la asignación del complemento específico también a los soldados o marineros de primer y segundo año. Esta situación ya ha sido objeto de debate en varias ocasiones entre este portavoz y el subsecretario,
tanto con motivo de su comparecencia en junio cuando vino a explicarnos el funcionamiento del recién aprobado Decreto 602/2002, como en el debate de los presupuestos generales.
Nuestro grupo manifestó y continúa manifestando su disconformidad con
la exclusión de estos soldados de la nueva política de retribuciones que ha impulsado el ministerio, con la cual he dicho al principio y vuelvo a repetir estamos en general de acuerdo. No entendíamos entonces y aún menos entendemos ahora, cuando
las dificultades del alistamiento han aumentado considerablemente, las razones por las cuales se excluye a las nuevas incorporaciones de un aumento salarial que está en perfecta armonía con el dictamen de profesionalización conjunta de las Cámaras,
del Congreso de los Diputados y del Senado, que en su apartado 3.º.2, letra d), dice literalmente: Debe tenerse en cuenta toda clase de incentivos, además del elemento puramente vocacional, para garantizar que se cumplen los objetivos del
reclutamiento. El propio subsecretario lo exponía con toda claridad cuando argumentaba que la fuerte competencia laboral, debido a la buena situación económica, y la tendencia de las cifras de paro, unido a una evolución demográfica, con un número
de jóvenes cada vez menor en edad de incorporarse a las Fuerzas Armadas, son un argumento de primer orden para aprobar una mejora retributiva que haga más atractiva la carrera de las armas para nuestros jóvenes. Creo, señorías,
señor presidente, que no se puede añadir nada a las palabras del subsecretario; sólo falta que éstas se cumplan para todos y por supuesto sin excluir a los jóvenes que se alistan por primera vez, y ello es lo que nuestra propuesta persigue
esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, don Miguel Campoy tiene la palabra.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Señorías, después de escuchar al portavoz socialista, que fija la posición de su grupo y parece que también la del Gobierno y la de este grupo, haciendo alarde de esa información privilegiada, yo en principio no
debería decir nada más, pero por respeto y por responsabilidad voy a intentar hacer algunas puntualizaciones sobre esta proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Socialista.
Fundamenta el PSOE esta proposición no de ley en lo que califica de anomalías en el Reglamento de retribuciones con respecto a los alféreces y su inclusión en el grupo A, que solicitan, y por otro lado en la anomalía que dice detectar con
respecto al componente general del complemento específico. Fundamenta también la proposición no de ley en la necesaria incentivación a la incorporación mejorando el complemento específico normalizado, que define en la proposición no de ley.
Respecto a estos fundamentos el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer algunas puntualizaciones, como he dicho, y del análisis de esta proposición no de ley en primer lugar tenemos que decir que efectivamente los alféreces hoy no están incluidos
en el grupo A por dos razones fundamentales: una, porque pertenecen al grupo B como los alféreces, que son los alumnos que tienen un empleo de carácter eventual porque están en período de formación de las academias, y también el primer empleo de
los oficiales, de los militares de complemento y de carrera. ¿Qué tienen en común ambos colectivos? Su titulación, que es de grado medio. Esto es un elemento objetivo que es lo que justifica su adscripción a uno u otro grupo. Hay que decir
también que esta clasificación se corresponde con la que existe en relación con los funcionarios de las administraciones públicas, pero a diferencia de éstos los militares pasan, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, al grupo A
superado un corto período de permanencia, cosa que no ocurre en la Administración general del Estado con respecto a los funcionarios civiles.
Respecto al componente general del complemento específico, que según el portavoz socialista debería de atender a una estructura jerarquizada, sólo caben dos interpretaciones de esta solicitud que hace el Grupo Socialista. Una, atendiendo a
su literalidad, en donde lo primero que podemos destacar es que es contradictoria en sí misma, porque el componente general en modo alguno está establecido en función del orden jerárquico sino del empleo ostentado; en segundo lugar, si lo que
pretende es la equiparación con los funcionarios civiles, hay que decir también o además que los funcionarios civiles del grupo A pueden llegar hasta subdirector general, cosa que no puede establecerse comparativamente con los tenientes, que nunca
podrán alcanzar el empleo de jefe de regimiento.
En cuanto a la afirmación que hace respecto al tratamiento que tienen los tenientes y que tacha de injustificable, a este grupo le parece injustificado que utilice este calificativo por cuanto el componente general -y vuelvo a repetir lo
mismo que he dicho antes del complemento específico- no sigue una jerarquía sino el empleo ostentado, tal y como dice el Reglamento de retribuciones y además expresa claramente cuál es la filosofía, así que en cualquiera de los dos casos la
fundamentación es la misma.
Por último, respecto a la instancia que realiza para mejorar el complemento específico normalizado en los dos primeros años de los militares de tropa y marinería profesionales, que es cierto que el Reglamento de retribuciones no atiende a
subida alguna con respecto a este complemento, le preguntaría al portavoz socialista cuál ha sido el fin del Reglamento de retribuciones. Como hace él, yo le contesto que incentivar a los profesionales, especialmente a la tropa y marinería y
también porque viene, como es lógico, en desarrollo de la Ley 17/1999. De los 26.000 millones de pesetas, ¿cuánto se ha dedicado y se ha destinado a incentivar a los profesionales de la tropa y marinería? El 80 por ciento. Nada alude el Partido
Socialista con respecto al complemento singular. ¿Sabe S.S. cuántos cobraban este complemento antes de la entrada en vigor del reglamento? Yo se lo voy a decir, 2.479. ¿Sabe cuántos cobran después de la entrada en vigor del reglamento? En total
63.381, el 64,8 por ciento. ¿Sabe S.S. cuántos puestos tenían derecho a este complemento antes de la entrada en vigor del reglamento? En total 20.856. ¿Cuántos lo tienen ahora? Total 97.773. Si las cifras no son abrumadoras y si lo que
pretende es que prepondere la incorporación en los dos primeros años para que sea más atractivo, ¿me puede explicar S.S.
qué ocurriría si los militares de tropa y marinería abandonaran al cabo de los dos años? Se olvida S.S. que la
profesionalización tiene dos elementos importantes, uno es la incorporación, pero otro no menos importante es la permanencia, que es precisamente el objetivo que persigue el reglamento de retribuciones primando la permanencia; ese ha sido el
objetivo del reglamento de retribuciones, señoría. ¿Por qué se caracterizan los dos primeros años de los militares de tropa y marinería? Usted lo sabe perfectamente: porque están en un período de formación.
Luego parece lógico y de sentido común
que en este período las retribuciones sean menores.
Y para terminar, sorprende a este grupo la metamorfosis que padece el Partido Socialista en materia de personal, sólo achacable a una dolencia oftalmológica causada por la inmersión en la oscuridad del profundo bosque en busca no se sabe de
qué pócima y que le ha
privado la visión global de la que hacía gala el portavoz en materia de personal. Esperemos que recobre esta visión global cuanto antes.
- SOBRE PABELLONES DE CARGO ASIGNABLES A AUTORIDADES CIVILES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001028.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente a la tercera proposición según el orden del día, cuyo enunciado es: sobre pabellones de cargo asignables a autoridades civiles en el Ministerio de Defensa. Es una iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Moragues
El señor MORAGUES GOMILA: Señor presidente, desde la profunda oscuridad de la caverna en la que se encuentra el personal del Grupo Socialista, intentaré echar luz a una mancha negra, creo que es absolutamente negra, en la que se encuentran
las viviendas militares.
La ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, reconoce en la disposición adicional primera la posibilidad de uso de viviendas, a las que llama pabellones de cargo, por
parte de los militares, en razón del cargo o destino que ostenten. Situación en absoluto novedosa de esta ley, excepción hecha de la denominación que reciben estas viviendas, porque esta situación es la continuación de un régimen tradicional de uso
que contemplaba y contempla, y quiero recalcarlo, que únicamente podrán ser utilizadas por personal militar.
El Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la ley, viene a confirmar, como no podía ser de otro modo, lo establecido en la disposición que acabo de mencionar. Y en su artículo 6.2 dice: Las viviendas destinadas a
domicilio oficial o de representación social del militar -y recalco militar-, por razón del cargo que ostente o del destino asignado, tendrán la denominación única de pabellones de cargo. Y en el artículo 8, dedicado a los pabellones de cargo, se
dice que el Ministerio de Defensa procederá a la regulación del régimen aplicable a los mismos. Hasta aquí, señorías, no hay ningún problema. La normativa, a mi entender, es nítida y no da lugar a ningún tipo de interpretación: los pabellones de
cargo sólo pueden ser asignados a militares en razón de cargo o destino. No creo que se pueda hacer otra interpretación.
Algún tiempo después de la promulgación de la ley y de las normas que la desarrollan, el ministerio nombró como director general-gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas a un civil y le asignó un pabellón de cargo.
Quiero decir en este momento que mi grupo, por supuesto, no tiene nada en contra de los nombramientos de los civiles en el Ministerio de Defensa, muy al contrario, y tampoco tiene nada en contra de que en los casos en que la ley lo prevea estas
autoridades civiles puedan ser adjudicatarias de inmuebles, en tanto ostenten el cargo que se lo permita. El problema es que la ley no prevé, en una omisión a mi entender fácilmente revisable -y que sería también a mi entender conveniente revisar-,
que las viviendas militares y los pabellones de cargo puedan ser adjudicados a cargo alguno que no sea militar, y en el caso que nos ocupa se ha otorgado un pabellón de cargo a una autoridad civil, extremo no previsto por la legislación vigente.
Concuerdo totalmente, con la conclusión a la que llega el ministerio en respuesta a este diputado que les habla, cuando justificando la decisión tomada dice que no cabe más interpretación que la que hace posible la adjudicación del pabellón
al actual director gerente del Invifas, argumentando que, de hacerse de otra forma, se llegaría a la absurda conclusión de asignar un pabellón de estas características a una determinada autoridad con tal que sea militar y negárselo, por el
contrario, a quien no tenga tal condición, aunque pueda darse el caso de tener idénticas funciones y responsabilidades.
Creo que no podría haberse dicho mejor. El problema-estamos ante el problema que nuestra proposición quiere destacar- es que la letra de la ley es la que es, y la ley sólo prevé esta posibilidad para los cargos militares y no para los
civiles, seguramente en un exceso de celo o en un ejercicio de inercia burocrática, pero la ley es la que es. De aquí nuestra proposición, que no pretende en absoluto perseguir a nadie ni poner impedimentos a nadie ni a nada, solamente quiere que
las actuaciones de la Administración se ajusten a derecho o incluso, si es necesario, se modifiquen las normas para poder satisfacer las necesidades cambiantes de la Administración -en este caso de la administración de la defensa- y no se vea esta
forzada a hacer interpretaciones libérrimas, que muy bien podrían acabar en los juzgados por ocupación indebida de vivienda.
No pedimos nada más que lo que ya hizo el ministro cuando no tuvo ningún problema en modificar el Real Decreto 991/2000 para poder nombrar precisamente al actual director gerente, que no cumplía en aquellos momentos con las características
específicas vigentes para su nombramiento. ¿Por qué no actuamos de la misma manera en este caso? Si la ley es la que es y podemos modificarla hagámoslo así para poder dar un pabellón de cargo a una autoridad que desde nuestro grupo creemos que se
la merece. No tiene ningún sentido que este cargo ocupado por personal militar tenga derecho a pabellón de cargo y en cambio el personal civil sea excluido por esta ley. El Grupo Socialista lo que quiere es que se adecue la norma a la realidad.
La realidad pasa por modificar la norma.
Nuestro voto, y se lo anuncio, señores del Partido Popular, será positivo a la modificación de esta ley. No tenemos ningún problema para modificar la ley y ya he
puesto el ejemplo de que el propio ministerio modificó el reglamento para poder nombrar un director gerente que no tenía las características exigidas en aquel momento para ello. ¿Cuál es el problema entonces, señorías, para que nos
resistamos a hacer esta modificación? Vaya por delante nuestra voluntad de aportar nuestro voto a esta modificación si así lo decide el Gobierno. En caso contrario -y quiero también dejarlo claro- nuestro grupo va a reflexionar, porque no quiere
ser cómplice de un incumplimiento de la ley conocido por todo el mundo. Esperamos lo que haga el Gobierno sobre esta cuestión para reflexionar posteriormente las medidas que podamos tomar para resolver una cuestión que, a nuestro entender, es una
clara infracción de la ley.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, don Andrés Ayala tiene la palabra.
El señor AYALA SÁNCHEZ: En primer lugar quiero destacar que hay un aforismo romano que dice que a reconocimiento de parte no hace falta demostración. Si es el Grupo Parlamentario Socialista el que reconoce su vivencia en la oscuridad, no
seré yo el que quiera sacarlo de esa situación. Intentaremos explicarlo al Grupo Socialista de la mejor manera para tratar de sacarlo de esa oscuridad que él mismo reconoce y que le lleva a una interpretación absolutamente errónea en esta
proposición no de ley.
Estamos ante una cuestión, como digo, exclusivamente de interpretación, en la que tozudamente se empeña el señor Moragues, que por activa y por pasiva se le ha explicado en varias preguntas que se han dirigido por escrito al ministerio y que
han tenido la oportuna respuesta por parte del mismo.
Hay una primera cuestión que yo quisiera destacar para quitar cualquier sombra de duda. Nuestro grupo parlamentario, no solamente en el Congreso, sino también como grupo que apoya al Gobierno de la nación, mantiene la misma postura.
Evidentemente, por parte del ministerio no se tiene ningún empeño en no modificar aquello que sea necesario y no adaptar la legislación a las necesidades del momento siempre que supongan una mejora no solamente de nuestro ordenamiento, sino también
del mejor servicio a la patria y a nuestro país. Eso justifica que se modificara decreto en cuanto a las condiciones para el nombramiento del director general del Invifas, no así en cuanto a la ocupación de los pabellones de cargo.
Usted mismo nos
está dando la razón. Cuando hubo que modificar el real decreto para el nombramiento del director general del Invifas se modificó para adecuarlo a las necesidades actuales, a fin de tener la persona que se entendía con mejor cualificación para
dirigir el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Pero si no se entiende necesario modificarlo para la ocupación de un pabellón de cargo, pues no se hace.
La interpretación que hace usted esta mañana de que los pabellones de cargo son
exclusivamente para uso de los militares es, si me apura usted, incluso inconstitucional. No me venga usted a decir que todos los españoles no somos iguales ante la ley. No se traduce otra cosa de su interpretación. Solamente si fuera militar la
autoridad podría ocuparlo, eso es lo que usted viene a indicar que dice la ley.
La interpretación de la ley nunca puede ser literal. La interpretación se tiene que enmarcar en el conjunto del ordenamiento jurídico. No se asusten, señores del Partido Socialista, porque creo que hasta incluso ustedes son capaces de
distinguir la interpretación literal, sistemática, analógica o teleológica de las normas. Todas esas interpretaciones existen en nuestro derecho y no se puede ir a la literalidad, porque precisamente los juristas dicen que una interpretación
exclusivamente literal se convierte en la más negativa al ordenamiento jurídico. Arguyen ustedes, y les rogaría que no despreciaran los argumentos que por parte de este grupo se están haciendo, una yuxtaposición entre el artículo 6.2 y el artículo
8 del Real Decreto 991/2000. Debo decir que los artículos 6.2 y 8 son complementarios, no yuxtapuestos en ningún caso, y por tanto no hay incompatibilidad, nada más que miopía u oscurantismo, como ustedes han reconocido, si se tratara de decir que
un artículo empece o impide la aplicación del otro.
Hay un aforismo romano que señala que cuando la ley no distingue nosotros no debemos distinguir. El hecho de que los pabellones de cargo puedan ser ordenados y organizados por parte del ministro de Defensa en ningún caso puede llevar a la
consideración de que están incluidos exclusivamente para el uso de los militares, porque como usted también ha señalado los pabellones de cargo vinieron a agrupar en una sola denominación distintas denominaciones de la legislación anterior.
Si el señor Moragues entiende que no hay ningún inconveniente en que los pabellones de cargo sean ocupados por las autoridades que desempeñen tal naturaleza, debo manifestar que no creo que esté confundiendo la diferencia entre pabellón de
cargo o vivienda militar, que evidentemente no tienen nada que ver. El pabellón de cargo tiene una ocupación temporal y la consideración de no enajenable con carácter permanente a favor de su usuario en ningún caso, mientras que la vivienda militar
tiene una vocación de permanencia y una vocación también de enajenabilidad a favor de su usuario. Por lo tanto, está claro que los pabellones tienen una determinada función, que es albergar a las autoridades en el caso en que así fuera necesario.
Además, habría muchísima duda en entender que el director general del Invifas no es una autoridad militar, habría una gran diferencia entre una cosa y otra. Usted puede tener dos consideraciones: una desde el punto de vista formal, porque en la
orden de protocolo de los actos militares aparece el director general del Invifas como autoridad militar, y no podría ser de otra manera; y otra, desde el
punto de vista material, la jerarquía y el mando que supone la dependencia total de los militares cuyo destino es o bien en el órgano central, o bien en un instituto, como en este caso, en que se significa su naturaleza y su característica
de autoridad militar. Usted en este sentido confunde autoridad militar con el militar que tiene autoridad por razón de su cargo. Su argumento, llevado al absurdo y empleando la dialéctica griega, le llevaría a concluir que un soldado profesional
solamente por ser militar es autoridad, y yo estoy seguro que usted no quiere llegar a decir eso.
Por otra parte, señor Moragues, no entiendo, después de las respuestas que se le han dado por el ministerio que insista en esta proposición no de ley, a no ser que quiera darnos a todos una dosis de recuerdo de aquella penosa cacería a la
que se vio sometido el director general del Invifas, y que usted ha señalado, en ese penoso incidente con reflejo mediático, por la adjudicación, yo creo que a todas luces legal, de un pabellón de cargo, en el que sin duda a lo mejor mediaron
intereses en función a algún callo que ese director general estaba pisando, en las estructuras fácticas de la Administración, en su toma de posesión. De otra manera no entendería a qué otros intereses se está sirviendo con determinadas
proposiciones no de ley. Y por supuesto, señor Moragues, no tenemos ningún impedimento en que el Grupo Socialista haga lo que tenga que hacer. Si creyéramos que esta legislación debiera ser modificada o que no hay cobertura suficiente para el acto
que se hizo de adjudicación del pabellón de cargo, lo habríamos hecho, de la misma manera que se hizo cuando se reformó el decreto para su nombramiento.
Por todo ello vamos a rechazar esta proposición no de ley, ya que el ministerio actuó en todo caso correctamente con la asignación de este pabellón de cargo y rechazamos la pretendida ilegalidad del mismo. (El señor Moragues Gomila pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A que efectos pide la palabra, señor Moragues?
El señor MORAGUES GOMILA: Si me deja acotar las últimas palabras del portavoz sin reabrir el debate, naturalmente, porque son dos posturas completamente distintas, sobre la cuestión de la persecución ad hominem, utilizando aforismos latinos
que en esta mañana están de moda.
El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto.
El señor MORAGUES GOMILA: Solamente para dejar constancia de que en absoluto desde el Grupo Socialista se ha perseguido a nadie, por supuesto, ni la situación en la que en estos momentos el director general del Invifas está utilizando el
pabellón de cargo. Sabe muy bien el portavoz que ha utilizado estas expresiones en contra de mi grupo que el Grupo Socialista, en un ejercicio de responsabilidad, no quiso hacer ningún tipo de mella o de pisar callos, creo que ha sido la expresión
que ha utilizado el portavoz. Sabe muy bien que es así. No lo voy a recordar aquí, pero me ha molestado, me ha dolido más que molestarme, que precisamente este portavoz, que conocía esta cuestión, lo haya sacado de esta manera. En absoluto, nunca
hemos perseguido, ni con las preguntas que hemos hecho, ni con nuestras intervenciones, ni con esta proposición, nada más que el cumplimiento de una ley que, a nuestro entender, está mal redactada. No le echamos la culpa a nadie, sencillamente
entendemos que la ley es clarísima -la interpretación que hace el Grupo Popular es otra y por tanto no voy a discutirlo- y nosotros hemos intentado solamente perseguir el cumplimiento de la misma. En absoluto hemos hecho ninguna persecución al
director general del Invifas, con quien me honra una amistad no muy larga en el tiempo, pero creo que personalmente importante. Quiero dejarlo claro. En absoluto es así. Incluso cuando se produjo en los medios de comunicación una cierta cacería,
por utilizar los mismos términos que el Grupo Popular, nuestro grupo tuvo algunas iniciativas y fueron resueltas de una manera lo más diplomática posible, por utilizar también una expresión.
El señor PRESIDENTE: A la presidencia le consta el contenido de lo que ha dicho el señor Moragues y quiero decir que le honra en ese sentido la explicación. Damos por zanjado el asunto.
Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Quiero manifestar el estupor que me produce el dolor del señor Moragues, pero en cualquier caso también a nivel personal lo lamento profundamente.
El señor PRESIDENTE: Se dan también por expresadas esas explicaciones.
- SOBRE PRESTACIONES DE LAS ASOCIACIONES MUTUAS BENÉFICAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y DEL EJÉRCITO DE AIRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001030.)
El señor PRESIDENTE: A continuación entramos en la proposición no de ley número 4, relativa a las prestaciones de las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Es también autor de esta proposición no de
ley el Grupo Socialista y asimismo don Alberto Moragues es su portavoz.
El señor MORAGUES GOMILA: Otra vez desde la oscuridad de la caverna platónica voy a intentar matizar la cegadora luz de la mayoría absoluta, que yo creo que tiene absolutamente cegado al Grupo Parlamentario
Popular. Vamos a tratar otra cuestión, referida a las prestaciones de las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.
El mutualismo militar, que en su momento tuvo una enorme importancia, al cubrir muchas contingencias sociales del colectivo profesional de las Fuerzas Armadas, entró en franco retroceso tras la creación en 1975 del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, que hacía extensivo a todo el colectivo militar todas las prestaciones asistenciales del sistema general de la Seguridad Social de las que disfrutaban el resto de los españoles, Instituto al que se integraron la Mutua Benéfica del
Ejército de Tierra y la Asociación Mutua Benéfica del Aire, manteniéndose en vigencia hasta el mismo día de hoy las prestaciones y las cuotas que estaban en vigor con anterioridad al 31 de diciembre de 1973 y cuya pertenencia hasta el momento de
creación del ISFAS era obligatoria para todos los militares profesionales.
La Asociación Mutua Benéfica de la Armada, como todos sabemos porque ya hemos tratado esta cuestión en otras sesiones de esta Comisión, no quiso integrarse en el ISFAS y a partir de este momento tuvo la consideración de entidad pública de
capital privado, hasta que sus afiliados instaron su disolución por no adaptarse a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, cuyo límite para su adaptación era el 10 de noviembre de 2000, y entró
posteriormente en período de liquidación la citada mutua mediante la Orden 177/1999, de 5 de julio. Por tanto, podemos decir que el mutualismo mantiene una actividad parcial cada día más residual y cuyo futuro es su extinción por la concurrencia de
varios factores. Uno de ellos, el previsto en la disposición adicional vigésimo primera, apartado décimo, de la Ley 10/1984, de Presupuestos Generales del Estado, que establece que la opción individual a darse de baja podrá ejercitarse en cualquier
momento con pérdida por parte del beneficiario de cualquier prestación y sin derecho a devolución de cuotas. Y otro punto no menos importante, el dispuesto en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas, Real Decreto legislativo 1/2000, de 9 de junio, que dispone que no podrán incorporarse nuevos socios a las citadas mutuas. Puede considerarse por tanto un asunto que está en fase de liquidación, aunque liquidación retardada o a
largo plazo, puesto que según respuesta del ministerio a este diputado en el pasado ejercicio aún existían más de 47.000 cotizantes en la mutua del Ejército de Tierra y casi 12.000 en la del Aire, con un número de 21.000 y más de 7.000 beneficiarios
de algún tipo de prestaciones, respectivamente.
Parece, pues, conveniente que, mientras no se produzca el cese definitivo de actividad, se pudiera proceder a una actualización de las prestaciones, en especial de la prestación por pensiones, que al tener carácter de pensiones públicas le
son de aplicación los límites legalmente establecidos, tanto para el señalamiento inicial como para su revalorización y también por concurrencia de pensiones. Ello origina que en muchos casos, después de haber mantenido toda una vida de cotización,
no se reciba ninguna prestación por retiro o por jubilación, extremo este aún más penoso en el caso de los afiliados a la Mutua del Ejército de Tierra, ya que éstos, a diferencia de lo que tiene establecido la Mutua Benéfica del Aire, no pueden
convertir su derecho en capital de entrega inmediata. A esta diferencia de trato de las mutuas a sus afiliados, todos pertenecientes a las mismas Fuerzas Armadas, obedece precisamente nuestra proposición, que solicita la posibilidad de
actualización de las prestaciones y muy especialmente que los beneficiarios de la Mutua del Ejército de Tierra tengan las mismas prestaciones que los de la Mutua del Aire. También solicitamos que se elabore un folleto para información de todos los
mutualistas, para evitar sorpresas a la hora de concretar las prestaciones a las que tienen derecho.
El punto principal que nuestra proposición persigue, como he dicho, es que también los afiliados a la Mutua Benéfica del Ejército de Tierra tengan posibilidad de capitalizar la inversión que a través de sus cuotas han ido desarrollando a lo
largo de toda su vida de cotizantes. Tanto la Armada como el Aire tuvieron posibilidad de capitalizar sus cotizaciones y en cambio el Ejército de Tierra queda excluido de esta modalidad, que sí fue reconocida en su momento a la Mutua Benéfica de la
Armada y es actualmente aún reconocida a la Mutua Benéfica del personal del Aire.
El señor PRESIDENTE: El señor Landaluce tiene la palabra.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Si fuese causa orgánica, como médico me ofrezco para tratar la ceguera que padece el Grupo Socialista y que le tiene sumido en la oscuridad. Si fuese causa documental, espero que con mi intervención le arroje
luz a sus tinieblas.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en relación con la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, relativa a las prestaciones de las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de Tierra y
del Ejército del Aire. Me gustaría en primer lugar centrar el debate en lo que hoy discutimos en esta Comisión, que no es otra cosa que una porción del régimen de protección social de una parte de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas; régimen
de protección que SS.SS. compartirán conmigo está hoy perfectamente asegurado y, por qué no decirlo, cuenta con una normativa reguladora perfectamente comprensible y estructurada. Así, se podría citar, por poner un ejemplo, el texto refundido de
la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobada por Real Decreto legislativo 1/2000, de 9 de junio.
Voy a centrarme en las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire que, como SS.SS. que me han precedido en el turno de la palabra conocen, está regulado principalmente, por lo que respecta a la Asociación
Mutua Benéfica del Ejército de Tierra, por el Decreto ley de 29 de diciembre de 1948, por el que se crea la asociación, y por la Orden de 29 de diciembre de 1961, por la que se aprueba su reglamento. Y por lo que respecta a la Asociación Mutua
Benéfica del Aire, por decreto 1202/1971, de 14 de mayo.
La normativa citada a lo largo de los años ha sido modificada en algunos aspectos, en coherencia con la evolución de las circunstancias, pero se mantiene en lo sustancial el régimen establecido, tal como sabrá el diputado del Grupo
Socialista don Alberto Moragues, ya que en la exposición de motivos de la iniciativa por él firmada pide, entre otras cosas, que no se altere sustancialmente su régimen. Mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con el diputado del Grupo
Socialista en no alterar el régimen que regula estas asociaciones. Son múltiples las razones que podría darle a SS.SS., y especialmente al señor Moragues, para fundamentar la no alteración del régimen establecido. Voy a citarle la razón que, a mi
entender, engloba a todas, es muy simple. El hecho de instar al Gobierno a que los beneficiarios puedan convertir la posible pensión en una prestación de pago único, en lo que respecta a los mutualistas y beneficiarios de la Asociación Mutua
Benéfica del Ejército del Aire, supone conceder una opción que ya tienen reconocida expresamente por el artículo 17 del Real Decreto 1.202/1971, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento que la regula actualmente, opción que por otra parte
ejercitan de forma normal, por lo que le cito, ya que me he preocupado de conocer el ejercicio real de esta opción, ya que en el año 2001, hubo 331 pensiones de retiro de capitalización aprobadas, en el año 2000 hubo 270 y en 1999 fueron 272 las
pensiones capitalizadas.
En lo que respecta a la Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tierra, esta opción está reconocida en cuanto a la pensión de viudedad, ya que la prestación consiste en la entrega inmediata a la viuda del causante de una cantidad única, si
bien es cierto que su normativa reguladora, que como SS.SS. me habrán escuchado data de los años 1948 y 1961, no reconoce esta opción para el resto de las prestaciones. Así lo saben y aceptan en su mayoría los mutualistas y beneficiarios de esta
asociación, ya que las peticiones en este sentido son esporádicas y las pocas que ha habido han sido desestimadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Como he podido fundamentar, hay algunas inexactitudes o falta de información verza tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva de la iniciativa, porque tampoco se aborda el hecho de que las cuotas que abonan los
mutualistas estén congeladas desde hace mucho tiempo, como el hecho de que el Estado cubra el déficit habido entre los recursos del fondo especial al que van las cuotas y los gastos de las prestaciones a las que tienen derecho los beneficiarios.
Por lo que respecta a la petición del diputado señor Moragues de que se elabore un folleto informativo para mejor conocimiento de los mutualistas de las distintas cuestiones relacionadas con las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de
Tierra y del Ejército del Aire, debo decirle que no se preocupe, que los mutualistas y beneficiarios disponen de numerosos cauces e instancias a las que, por otra parte, acuden normalmente para ser perfectamente informados de todo lo relacionado con
las prestaciones a las que tienen derecho; cauces que, me consta, por lo menos algunos conoce el señor Moragues, ya que el Gobierno, en contestación a una pregunta escrita por ese diputado, le comunicó la posibilidad de los mutualistas de
informarse de cuantos aspectos estén relacionados con las prestaciones del fondo especial de todas las delegaciones, subdelegaciones y oficinas delegadas del ISFAS, y no son pocas. Así, le cito que en el territorio nacional, perfectamente
distribuidas geográficamente, existen diez delegaciones regionales, siete delegaciones especiales, una de ellas, por cierto, corresponde a las Islas Baleares, treinta y ocho delegaciones provinciales, once subdelegaciones y cuatro oficinas delegadas
del ISFAS.
Esto no es todo, señorías, los mutualistas y beneficiarios de estas asociaciones mutuas benéficas tienen a su total disponibilidad un servicio de información telefónico en la gerencia de ISFAS donde se atienden todas las llamadas que se
relacionan con las prestaciones de este fondo especial, servicio del cual el diputado socialista también debe tener constancia, ya que así se le informó por el Gobierno en contestación a pregunta escrita por él formulada. Por cierto, este servicio
de información, señor Moragues, es gratuito y está complementado por otros teléfonos de información específicos a nivel gerencia del tema de mutuas, siendo por lo menos cinco los números de teléfono a los que pueden llamar los mutualistas y
beneficiarios para informarse. Para acabar y no aturdir más a SS.SS. con más información sobre el tema en cuestión, culmino diciéndoles que también existe información precisa sobre las prestaciones en los impresos normalizados, disponibles en el
organismo competente para todos aquellos mutualistas y beneficiarios.
Por todo ello, creo haber fundamentado de forma más que justificada una posición, la del Grupo Parlamentario Popular, que no es otra que la de votar desfavorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, ya que entendemos que no
se ajusta a la realidad y que no está fundamentada en ninguna de sus peticiones.
El señor PRESIDENTE: Se da por cerrado también este debate.
- SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA TOPONIMIA CATALANA EN LOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE LAS INSTALACIONES MILITARES UALOG 41 EN SANT BOI DE LLOBREGAT. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/001329.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar a continuación al debate de la proposición que figura en el orden del día como número 8, que es a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y cuyo portavoz en este momento tiene la
palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta proposición no de ley sobre la utilización de la toponimia catalana en los elementos identificatorios de las instalaciones
militares que existen en Sant Boi de Llobregat y anuncio desde este momento que mi grupo la va a retirar.
Junto con esta iniciativa, Convergència i Unió también presentó en la Cámara una pregunta escrita sobre las razones por las que en este acuartelamiento de Sant Boi de Llobregat, en la grabación de la placa identificativa de la ubicación de
la misma, en lugar del nombre oficial de esta ciudad se había incorporado una placa nueva con el nombre de San Baudilio de Llobregat, que es el nombre histórico y oficial de Sant Boi.
Para los ciudadanos de esta ciudad del Baix Llobregat, San
Baudilio es un nombre tan sólo identificado con la etapa franquista y la presencia de este nombre provocaba una importante irritación en el conjunto de la ciudad. Pues bien, a esa pregunta que formulaba mi grupo parlamentario el propio Ministerio
de Defensa, con fecha día 16 de abril de 2002, nos comunica que el ministerio no ha pretendido poner en duda las competencias de la Generalitat respecto a los topónimos de esta comunidad, que la Unidad de Apoyo Logístico número 41 está ubicada desde
hace años en Sant Boi, que mantiene una magnífica relación con el ayuntamiento de esta ciudad, reconoce que el topónimo es Sant Boi y es el nombre con el que se publican y cubren vacantes y destinos en ese centro.
El propio Gobierno en esa pregunta
reconoce el error, dice que el ministerio lamenta el error y ha sido subsanado a raíz de una petición que le formuló el propio Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.
En ese sentido es bueno recordar que el grupo municipal de Convergència i Unió, en el Pleno de Sant Boi, presentó una moción pidiendo al consistorio que trasladase al ministerio ese cambio de rotulación en sant Boi de Llobregat. Esa moción
fue aprobada por el conjunto de los grupos representados en el Pleno y en esa misma respuesta se nos dice que a 16 de abril de 2002 han sido retirados los rótulos objeto de la pregunta de su señoría. Lógicamente, mi grupo parlamentario, en función
de esta respuesta del ministerio, debe retirar su proposición no de ley. Nos alegramos de que el ministerio haya actuado de manera rápida a la petición del Ayuntamiento de Sant Boi, a la pregunta que le formulaba Convergència i Unió, y tan sólo
lamentar que, a pocos días de celebrar los veinticinco años de las primeras elecciones democráticas, cuestiones que pueden quizás verse desde esta casa como menores, pero que vividas por los ciudadanos de Sant Boi de Llobregat son vividas de una
manera irritante en el mejor de los casos, tengan que resolverse porque un grupo parlamentario plantee diversas iniciativas o porque un ayuntamiento haga llegar sus quejas a la Administración. Nos hubiese gustado que desde hace ya tiempo toda esa
rotulación en Sant Boi de Llobregat no incorporase ese nombre, que es un nombre de la época franquista y que provoca una profunda irritación.
Nos alegramos de que el tema se haya resuelto y damos por retirada la proposición no de ley.
- SOBRE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE RESERVA PROCEDENTE DE RESERVA TRANSITORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001337.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 9, cuyo enunciado es: sobre retribuciones del personal de reserva procedente de la reserva transitoria. En este aspecto también va a hacer el gasto, por parte del Grupo
Socialista, su portavoz don Alberto Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor presidente, prometo no volver a gastar más en la sesión de esta mañana.
Presentamos una proposición no de ley sobre retribuciones del personal de reserva procedente de reserva transitoria. La disposición transitoria undécima de la Ley 17/1999 en su apartado primero declara a extinguir la situación de reserva
transitoria y mantiene el personal que se encontraba en esta situación en las mismas condiciones hasta su pase a retiro. Dice, además, esta disposición que no será de aplicación las nuevas edades de pase a la reserva que contempla la propia ley,
extremo este que sí es aplicado a todo el personal militar que se encuentra en la situación de reserva contemplada en la Ley 17/1989, a quienes se les mantiene las retribuciones del personal en activo hasta cumplir las edades determinadas, según
empleo, en el apartado primero del artículo 144 de la nueva ley 17/1999. Quiero recordar a SS.SS. que las nuevas edades son 63 años para el general de brigada y 61 para el resto de los empleos. Es decir, el personal militar que había pasado a la
situación de reserva por cumplimiento de edad, 58 años según la ley anteriormente vigente, la ley 17/1989, y no
hubiera cumplido aún las nuevas edades de pase a la reserva previstas en la ley de 1999, ha mantenido las retribuciones como si estuviera en activo, según la disposición adicional quinta de la ley 17/1999, cosa que no ocurrió, como ya he
dicho, con el personal en reserva procedente de la reserva transitoria, porque la disposición adicional undécima en su apartado segundo les mantiene en las mismas condiciones en las que accedieron a esta situación.
Vale la pena en este momento hacer una breve reseña de la historia de la reserva transitoria. Esta situación administrativa se creó en el año 1985 para los militares de carrera e inicialmente se circunscribió sólo al Ejército de Tierra,
pues ha de tenerse en cuenta que en aquellos momentos tenía unos efectivos de tropa que rondaban los 250.000 hombres y unos 40.000 cuadros de mando. Esta nueva situación administrativa fue posteriormente extendida -me refiero a la posibilidad de la
reserva transitoria- también a los otros ejércitos, ya que se consideró como un instrumento imprescindible para efectuar un ajuste efectivo de cuadros de mando, absolutamente sobredimensionados y en buena parte debido al conflicto del Sahara;
conflicto que se creyó podía durar bastante más tiempo del que duró, lo que originó unos ingresos extraordinarios en las academias, de cuyos números aún estamos soportando, como digo, consecuencias en la actualidad. La reducción, por tanto, era un
elemento previo y necesario para poder abordar un proceso de definición de plantillas en un contexto de reforma y modernización de nuestras Fuerzas Armadas que impulsaba en aquellos momentos el Ministerio de Defensa.
Todos debemos tener muy claro
que la creación de la reserva transitoria, no se planteó para solucionar ningún problema a ningún miembro de la organización militar sino, al contrario, para satisfacer exigencias de esta organización militar. Es verdad que, habiendo optado por la
voluntariedad, hubo de incentivarla con una serie de alicientes para que fuera atractiva a los interesados.
Durante catorce años ha sido una posibilidad abierta que ha permitido al ministerio la reducción de cuadros de mando en aquellas zonas de lo escalafones especialmente saturadas, y ha permitido al mismo tiempo la racionalización de los
modelos de carrera y el rejuvenecimiento de los empleos superiores en beneficio de la operatividad de las Fuerzas Armadas. Los interesados, los que se acogieron en su momento a esta posibilidad, han podido comprobar que hasta la Ley 17/1999 se han
venido manteniendo los criterios generales establecidos en el real decreto de creación de la situación administrativa, la reserva transitoria, que era el Real Decreto 1.000/1985, en lo que se refiere a sus retribuciones.
Los profesionales que se acogieron a estas medidas lo hicieron en la seguridad de que sus retribuciones seguirían las mismas vicisitudes y cambios que experimentaría el personal en activo, pues esta era la regla general contenida en al real
decreto antes mencionado. En efecto, vieron que fue siempre así para lo bueno y para lo malo. Lo bueno fueron, por ejemplo, los aumentos que hubo a lo largo de estos años y que también tuvieron consecuencias sobre el personal acogido a esta
situación administrativa, y lo malo fue, por ejemplo, la rebaja de edad para el paso a la reserva que consagró la anterior Ley 17/1989, de Personal Militar, como es sabido por todos ustedes. Y éste, a mi entender, es el meollo de la cuestión. Si
lo malo fue aceptado sin ningún tipo de comentario negativo por el personal acogido a esta situación porque seguía, en este caso en lo malo, las mismas contingencias o vicisitudes que afectaban al personal en activo, no pueden entender (y con ellos
este diputado que les habla y espero que el resto de miembros de esta Comisión) que cuando la nueva ley establece otros límites de edad para el pase a la reserva este beneficio no alcance al colectivo que está acogido a esta situación
administrativa.
Este es, señorías, el motivo de la presentación de nuestra proposición no de ley, para la cual pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Es decir, que el colectivo de militares en situación de reserva, procedentes de reserva
transitoria, recupere los beneficios de la norma que reguló su pase a esta situación, y que en definitiva condicionó el tiempo máximo que podían mantenerse en esta situación administrativas, como al personal que se mantuvo en activo, condiciones que
la Ley 17/1999 ha modificado de manera legal, esto es indudable, pero a mi entender con poca legitimidad y estableciendo un precedente de inseguridad que resta credibilidad a las actuaciones de la Administración. Esto es, como digo, lo que persigue
nuestra proposición, para lo cual pido el voto de todos los grupos y, si no, por lo menos la reflexión del grupo mayoritario, del Partido Popular, para que con alguna de sus iniciativas pueda ser modificada una situación que es francamente injusta y
que padece un colectivo de profesionales de nuestras Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: A continuación el señor Campoy, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Ya le indico al portavoz del Grupo Socialista que nuestro voto, en modo alguno; nuestra reflexión, ¡faltaría más!
La verdad es que esta mañana he pasado del sorprendimiento a la preocupación por esa falta de entendimiento que ha expresado el portavoz socialista con respecto a las cuestiones que aquí se han ido debatiendo, y en particular a ésta que nos
ocupa en estos momentos. No tenemos más remedio que hacer un poco de historia y recordar que la figura de la reserva transitoria fue creada por el Gobierno del Partido Socialista, respondiendo a una situación que está perfectamente diagnosticada en
la proposición no de ley, en la exposición de motivos, como instrumento de reajuste, de reducción,
por el sobredimensionamiento que tenían las Fuerzas Armadas, sobre todo con respecto a los cuadros de mando, porque era una opción voluntaria, y es importante resaltarlo, y porque además tenía una serie de alicientes, a los que más tarde
aludiré un poco más extensamente.
Como bien dice la proposición no de ley, una vez cumplida su finalidad la Ley 17/1999 declara a extinguir esta figura y ahora quiere el Grupo Socialista que los que se acogieron a esta posibilidad se rijan por lo que establece la Ley 17/1999
en todo aquello que les beneficia, en aplicación de lo que ellos llaman el principio de igualdad. Como estamos escuchando de un tiempo a esta parte la utilización del manido principio para múltiples cuestiones en materia de personal, creo que es
hora de definir y acotar qué entendemos por el principio de igualdad en materia de personal de las Fuerzas Armadas. En opinión de este grupo, este principio fundamental, importantísimo en el derecho, no tiene carácter absoluto. Esto tiene fácil
explicación, porque no se podría comparar desde ningún punto de vista, ni en derechos ni en obligaciones, por ejemplo, a un cabo con un general. Tampoco consideramos que tiene carácter relativo, porque dos militares con el mismo empleo y en
distintos destinos tampoco pueden ser comparables en muchas cuestiones.
Para nosotros, el principio de igualdad tiene un carácter relativísimo y como esta mañana estamos siendo ricos en vocabulario latino, en nuestra opinión el principio de
igualdad debe entenderse siempre inter pares, es decir, bajo las mismas condiciones. Ese es uno de los ingredientes más importantes que tiene el principio de igualdad, que es la equidad.
Señala el portavoz socialista que esta figura fue creada añadiendo una serie de alicientes que hicieran atractivo el acogimiento a esta vía.
Bajo el principio de igualdad sui generis que utiliza el Grupo Socialista, habría que hacer
extensivos estos alicientes a aquellos que, siendo voluntaria la opción, no se acogieron a esta vía y siguieron su carrera con los avatares y en muchos casos con las condiciones que establece la Ley 17/1999. Yo le preguntaría al portavoz socialista
qué alicientes, en aplicación de este su principio de igualdad que argumentan, destinarían a estos últimos que no se acogieron a la reserva transitoria. Es fácil concluir que la aplicación de su proposición no de ley es un claro agravio comparativo
para quienes no se acogieron a esta reserva transitoria. Hay que recordar que la Ley 17/1999, que hace suya el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, en la que usted también jugó un papel importantísimo, ha mantenido un respeto escrupuloso a
toda la política que elaboró y desarrolló el Grupo Socialista durante su etapa de gobierno en materia de personal. El Gobierno ha sido ejecutor forzoso de la legislación que ustedes aprobaron independientemente de nuestra posición a favor o en
contra en muchos de los asuntos que desarrollaba la misma, respeto que lamentablemente no es recíproco a la vista de esta proposición no de ley.
Pregunto, ¿por qué no presentaron enmienda alguna sobre este particular en el debate de la Ley 17/1999? Debe ser porque comprendían entonces que los términos que establecía la Ley 17/1999 se fundamentaban en las mismas razones que les
llevaron a ustedes cuando eran Gobierno a crear la figura de la reserva transitoria. Los acogidos, sabe S.S. porque lo ha dicho, a esta figura, a esta vía, no tuvieron alteración de retribuciones. Fue siempre así, ha dicho exactamente con
palabras textuales el portavoz socialista, para lo bueno, que lo fue, porque los que estaban en servicio activo veían aumentadas sus retribuciones, y también eran beneficiados los que estaban en reserva transitoria.
Creo que no puede uno arrogarse el principio de igualdad para obtener aparentemente el agradecimiento de unos pocos y hacerlo a sabiendas de que esa misma medida rompe el principio strictu sensu que he señalado anteriormente a otros, máximo
cuando se hace siendo conscientes de que rompe el malabarístico equilibrio que hay que hacer en todo lo concerniente al personal de las Fuerzas Armadas y que es usted conocedor perfectamente. Si yo aquí en otras ocasiones he expresado y alabado el
conocimiento en esta materia del Grupo Socialista, no puedo ahora justificar su actitud de ignorante; y si no es así, sólo me queda atribuirla a una incoherencia incomprensible y a una falta de sentido común. Siento mucho que esta dolencia se esté
propagando también dentro de su partido y alcanzando a las cuestiones de defensa. Por mi parte, espero y deseo que se repongan cuanto antes de esta afección, por el bien de nuestras Fuerzas Armadas. (El señor Moragues Gomila pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A que efectos me pide la palabra, señor Moragues?
El señor MORAGUES GOMILA: A los efectos de intentar superar el calificativo de ignorante que me ha atribuido el portavoz del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor MORAGUES GOMILA: Yo sé que no soy ninguna virguería, si se me permite la expresión, señor presidente, pero que me llamen ignorante en esta comisión, me produce una cierta sorpresa, por decirlo de alguna manera. Si me permite,
señor presidente, voy a decir dos cosas. Sé que no es lo normal en esta Comisión abrir debates, pero, si me permite el señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Es que el profiriente quiere aclarar que no le ha llamado ignorante. ¿Me permite que le conceda la palabra para que explique o para que pida disculpas?
El señor CAMPOY SUÁREZ: Señor presidente, le ruego me conceda la palabra porque lamento mucho que, además de la vista, tenga afectado del oído.
(Risas.) Yo he dicho textualmente -y me remito al 'Diario de Sesiones'-: Si yo aquí he
expresado y alabado el conocimiento del Grupo Socialista, no puedo ahora justificar que su actitud sea de ignorante.
El señor PRESIDENTE: Eso, evidentemente, no es llamarle ignorante. De todas maneras, quiero suavizar, el cruce de calificativos tan denigrantes como el de ignorante, y yo le ruego que utilice un turno porque su palabra es exculpatoria en
todo caso.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor presidente, la verdad es que esta mañana estamos siguiendo un camino de despropósitos. Yo no entiendo la actitud del Grupo Popular en cuanto planteamos cualquier cuestión personal. Desde un tiempo a esta
parte, lo único que oigo son descalificativos y me parece que hay poco interés en arreglar los problemas que, con más o menos vista, con más o menos audición, con más inteligencia o menos conocimiento, intenta traer el Grupo Socialista a esta
Comisión. No creo que las iniciativas del Grupo Socialista se merezcan los cruces que ha dicho el señor presidente, que no son cruces sino que están siempre dirigidos hacia el mismo lugar desde el mismo sitio y por tanto, señor presidente, quiero
expresar mi preocupación por el hecho de que las relaciones políticas para resolver cuestiones en esta Comisión vayan por este camino.
Si me permite, señor presidente, me voy a referir a una pregunta que hacía el señor portavoz respecto a por qué no presentamos enmiendas relacionadas con el tema que nos ocupa cuando se negoció la Ley 17/1999.
Yo quiero dejar muy claro que
en la negociación de la Ley 17/1999 había tal cúmulo de cuestiones sobre la mesa y tal cúmulo de negociaciones con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular, que naturalmente tuvimos que dejar cosas en los cajones, porque si no, era imposible
ponernos de acuerdo. El Grupo Socialista dejó esta cuestión sobre la mesa porque me consta, me constaba antes y me consta ahora, que se estaban realizando esfuerzos por la Dirección General de Personal para que esto se resolviera, y no se resolvió
porque el subsecretario no quiso resolverlo. Pero nosotros planteamos esta cuestión y la retiramos en aras de posibilitar un consenso de paz. Por supuesto, no nos mueve en absoluto -y esto quiero dejarlo claro, señor presidente- el agradecimiento
de unos pocos; lo que nosotros buscamos con esta proposición no de ley es que la norma que dio pie a la creación de la reserva transitoria, que era el Real Decreto 1.000/1985, que decía que en todo caso el personal, mientras se mantuviera en esta
situación, se debería mantener en las mismas vicisitudes que regían para el personal en activo, se cumpla también, porque si no, habría un cambio de condiciones a posteriori y a lo mejor alguno que se acogió a la reserva transitoria, si hubiera
sabido que se iba a modificar, no se hubiera acogido a ella, y este es un derecho que yo creo que debía proteger la Administración.
El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, creo que ha quedado la Comisión satisfecha y, en cualquier caso, los implicados en este incidente. Lo que sí quiero decir es que la política es confrontación dialéctica y decirle a uno que comete
errores, etcétera. (El señor Moragues Gomila: Yo no tengo una actitud rígida. Usted lo sabe.) De acuerdo. Quiero decir con esto, explicando la aclaración que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, que no estaba en su intención herirle. ¿De
acuerdo? Se da por zanjado el asunto.
- RELATIVA AL MANTENIMIENTO DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 76 (RAA 76) EN FERROL (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001317.)
- SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA NÚMERO 76 EN FERROL (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001354.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en las siguientes proposiciones no de ley, que son las números 6 y 7, que se van a debatir de forma conjunta por cuanto tienen unidad temática, conforme prevé el correspondiente artículo del Reglamento. En
este sentido, doña Carmen Marón, adscrita a esta Comisión, va a intervenir por el Grupo Socialista, aunque es don Francisco Rodríguez quien hace el uso de la palabra por el Grupo Mixto en primer lugar para las dos proposiciones. He querido decir lo
de la señora Marón porque estaba adscrita a estos efectos.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Regimiento de Artillería Antiaérea número 76, ubicado en el acuartelamiento Sánchez Aguilera, en Ferrol, da trabajo a 400 personas entre civiles y militares, además del personal contratado para mantenimiento
de instalaciones, limpieza y cocinas y supone, según cálculos estimativos, una inyección económica para la zona cifrada en algo más de 1.000 millones de pesetas anuales. El Ministerio de Defensa decidió, dentro de su Plan de reestructuración y
racionalización de las Fuerzas Armadas, su disolución; pero previamente a esta decisión barajó dos opciones en aplicación de sus planes estratégicos: disolver el Regimiento de Artillería Antiaérea número 76, con sede en Ferrol, o bien el número
72, con sede en Zaragoza.
Según el Gobierno, la organización y estructura de las fuerzas terrestres del Ejército de Tierra deben adaptarse progresivamente a los objetivos que determinan sus necesidades operativas. La revisión organizativa, por lo tanto, debe guiarse
por estos criterios de eficacia para un mejor empleo de los recursos humanos y económicos, de funcionalidad, de adaptación a la nueva situación estratégica y de una adecuada coordinación y acción conjunta. De todas formas, teniendo en cuenta estos
criterios, no es precisamente lo más lógico y conclusivo llegar a través de la instrucción de adaptación orgánica del Ejército para el año 2002 a la disolución del Regimiento de Artillería Antiaérea número 76.
Como intentamos hacer ver al Gobierno en sucesivas intervenciones por escrito y también alguna intervención directa de carácter personal, no existen argumentos de peso conforme a los criterios que, según el Gobierno, deben guiar la revisión
organizativa para que sea este regimiento ubicado en Ferrol el que deba ser disuelto. Todo parece indicar que la eficacia de los recursos humanos, la funcionalidad, la adecuada coordinación y la acción conjunta abogan por la permanencia del
Regimiento de Artillería Antiaérea 76. Y hay respuestas del Gobierno en este aspecto que no pueden desmentir nuestros criterios: reconocen que efectivamente, si se habla de personal, durante la convocatoria de 2000 a 2001 el número de solicitudes
para ingreso como militares profesionales en el regimiento fue alta (1,03 solicitudes por plaza publicada), reconocen también que efectivamente hay más porcentaje de cobertura de plantilla en este regimiento en concreto, incluso del personal de
carácter civil, el Gobierno se apoya solamente en una situación de carácter operativo logístico que no acaba de definir.
En todo caso, señorías, nosotros nos basamos en varios motivos. En primer lugar, el gran número de aspirantes para entrar en esta unidad, única que queda en Galicia; en segundo lugar, que cuenta con personal cualificado, diversificado y
con experiencia real; en tercer lugar -y es lo que nos mueve sobre todo al Bloque Nacionalista Galego a la defensa de esta proposición no de ley como criterio prioritario-, que se cuenta con un personal muy arraigado familiar y socialmente en la
comarca, concentrado en mayor número en este regimiento que en otros también antiaéreos que permanecerán abiertos, y también porque hay una clara complementariedad con las fuerzas en concreto de la Marina, de la Armada, y unas infraestructuras, como
campo de tiro, estación de ITV militar, hospitales, que le dan eficacia y coordinación a estos medios de los distintos ejércitos, incluso la mayor experiencia acumulada en prácticas de fuego real en relación con otros regimientos. Por último, y
fundamental, algo que pensamos que debe ser tenido en cuenta sea cual sea la decisión final que se tome, que es la tradición histórica, al ser uno de los regimientos de artillería más viejos de Europa y concretamente dotado de unos archivos con un
material documental que tuve la ocasión de analizar cuando hice el Servicio Militar en el año 1969, por lo que esperamos que, sea cual sea la decisión final, no se retiren los fondos archivísticos de Ferrol Terra. Es por todo esto por lo que
nosotros pedimos una reconsideración de la decisión del Gobierno y en concreto le pedimos que mantenga operativo el Regimiento de Artillería Antiaérea número 76 ubicado en Ferrol.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Socialista, doña Carmen Marón tiene la palabra.
La señora MARÓN BELTRÁN: El Grupo Socialista ha presentado también esta proposición no de ley solicitando la permanencia del Regimiento de Artillería Antiaérea número 76 en Ferrol, sin duda el más antiguo de España y quizá de Europa. El 2
de mayo de 1710 se inicia el germen para su creación, después de varias vicisitudes, con el nombre de Regimiento Real de Artillería. Tiene por tanto este laureado regimiento casi tres siglos de historia, historia vinculada a la ciudad de Ferrol y a
la defensa, a la que ha contribuido de un modo notable, como queda reflejado en la historia de este regimiento, más conocido como Sánchez Aguilera últimamente, en esta ciudad departamental.
Quedan en la ciudad importantes y singulares edificios que tuvieron su vinculación al regimiento, como son los castillos de La Palma y San Felipe, hoy ya con otros destinos, y restos de importantes baterías en la vía ferrolana, de muchos de
los cuales sólo quedan algunos vestigios.
Mantiene vivos, como ya se ha dicho aquí, un magnífico archivo y un museo de piezas de importante valor histórico. He tenido el honor de visitar el museo -yo no he hecho la mili, evidentemente, pero sí he
visitado el acuartelamiento y el museo por mi vinculación a la ciudad de Ferrol y recientemente para interesarme por la situación del mismo- que mantiene el personal que hoy se encuentra en este acuartelamiento, que cuenta aproximadamente con 400
personas, entre personal civil y militar, aunque ya muy mermado, como digo, puesto que significa aproximadamente un 30 por ciento de su plantilla. Para la comarca ferrolana tiene una gran trascendencia y una gran importancia, y cito algunas
razones. Unas son históricas y afectivas pues no pueden desde luego desvincularse de tres siglos de historia, otra es la de facilitar puestos de trabajo en una comarca muy necesitada de ellos, pues si todas las plazas estuvieran ocupadas supondrían
unos 1.600 puestos de trabajo y muchos más indirectos; supone también beneficios económicos de unos 9 millones de euros al año, así como una aportación demográfica importante en una comarca como la ferrolana, con una pérdida de población muy
importante, una aportación a la formación de jóvenes en las distintas ramas, electricidad, mecánica, automoción, que tiene también vital importancia para esta zona, formación de la que salen con el título de FP 1.
Estratégicamente,
además, Galicia queda desmantelada en cuanto a seguridad, que es una cuestión que tampoco puede obviarse. Y debiera valorarse también una cuestión de gran importancia en este momento, como es la demanda que hay en toda la comarca de jóvenes
para ingresar como voluntarios, con una lista de espera de más de 250 jóvenes, sin hacer ninguna captación, lo que es importante para un Ejército profesional muy mermado de efectivos, que hay que reclutar incluso en otros países. Por tanto, no
debiera perderse este dato. Hay que señalar también que prácticamente el cien por cien del personal de plantilla es de esta comarca, lo que significa un arraigo familiar y mayores expectativas económicas al evitarse gastos de desplazamiento. No
voy a entrar en algo que ya se ha comentado en la intervención del señor Rodríguez, que son las razones de Zaragoza o Ferrol; no va a entrar el Grupo Socialista en esa disquisición, pero sí hay que decir que es un análisis que debiera hacer
sosegadamente el Ministerio de Defensa a la hora de tomar la decisión.
Pues bien, con estas perspectivas, y en aras de la nueva organización y necesidades operativas del Ejército de Tierra, el Gobierno se plantea la disolución de este regimiento. Desde luego, no existen razones que permitan valorar
sosegadamente, después de un análisis, que el Ministerio de Defensa decida la disolución de este acuartelamiento. Ya he señalado que existe una gran infraestructura y una gran experiencia profesional, cuestiones que creo que no van a existir en
otros lugares. Se minusvalora la vocación y el gran número de aspirantes de esta comarca. Se deja sin la posibilidad de formación a gran número de jóvenes, incluso sin la posibilidad de acceder a suboficiales. Se deja de lado su gran aportación a
la defensa nacional y, en concreto y en este caso, al Ejército profesional. Yo he leído la historia de este acuartelamiento, y dice que sus cañones sólo cedieron ante las tropas napoleónicas; es una cuestión, si me permiten, anecdótica, pero que
está reflejada en la historia y en los relatos de este viejo acuartelamiento. Más de trescientas familias van a tener que readaptar su vida y sus alternativas profesionales. Se merma, por tanto, la capacidad económica de una comarca que ya tiene
grandes problemas como es Ferrol. En este sentido me permito hacer una pregunta: ¿Qué va a pasar con los terrenos y con las infraestructuras que hoy ocupa este acuartelamiento en el centro de la ciudad? ¿Van a revertir en Ferrol, o irán a otras
actuaciones sin que se permita que Ferrol se beneficie de esta situación? Apunto al Ministerio de Defensa que si quisieran cambiar de terrenos, seguro que habría alternativas de terrenos en otros lugares del propio municipio o comarca ferrolana.
Los criterios de eficacia y mejor empleo de los recursos humanos, como se dice en una respuesta que me envía el Gobierno por escrito, parece haberse tomado a la ligera y sin analizar sosegadamente las situaciones, lo que no parece razonable.
No ha habido un plan de disolución, como es costumbre, anunciando las previsiones en los planes de adaptaciones orgánicas con tiempo suficiente, lo que normalmente se hace con uno o dos años. En este caso, curiosamente, se anuncia en el mes de mayo
y se acuerda la disolución en el mes de junio. No parece razonable dar un mes para esta situación, cuando hay muchas familias y muchas personas que están afectadas por esta premura. ¿Cuál es la razón de la premura en ejecutar en un mes una
decisión que va a perjudicar a tantas familias, que van a tener que cambiar y estructurar su vida?
El Grupo Socialista solicita que se mantenga operativo y en Ferrol el Regimiento de Artillería número 76, puesto que no existen razones, como vengo diciendo, para su disolución, y como cuestión esencial pido expresamente un aplazamiento para
valorar nuevamente la situación, incluso por razones humanitarias. No sólo la ciudad de Ferrol, sino todos los ayuntamientos de la comarca han aprobado mociones en los plenos de sus ayuntamientos pidiendo su permanencia. Hay un sentimiento
generalizado de que algo querido y vinculado a la comarca ferrolana, en general a Galicia, se arranca de la misma.
Desde aquí, y ya para finalizar, quiero rendir un pequeño homenaje a los que posiblemente -pese a lo que estamos reiterando, seguramente se votará en contra de esta proposición no de ley- sean los últimos artilleros que ocupen sus
instalaciones: al coronel De la Cruz, a los oficiales, suboficiales y tropa en general, continuadores, como ellos dicen, de Pedro Velarde y Santiyan, por su aportación militar y personal a los ciudadanos, y en general a todo el personal militar y
civil de este acuartelamiento. Dedico también un recuerdo muy especial y entrañable para un grupo de mujeres que con gran rigor, seriedad y prudencia están luchando con la palabra y con el diálogo por mantener en la comarca ferrolana este
emblemático acuartelamiento. A su voz y a la de miles de ferrolanos que no entienden esta postura del Gobierno modestamente sumo mi voz en esta Cámara para solicitar una vez más en la ciudad de Ferrol la permanencia del Regimiento Sánchez Aguilera,
que en tiempos de guerra se ha dedicado a la defensa y que en tiempos de paz como los que vivimos se dedica a la formación, a la defensa estratégica, a misiones humanitarias y a colaboración ciudadana, pues incluso en los incendios en Galicia ha
tenido una larga trayectoria. Pedimos por tanto la continuidad de este acuartelamiento en la ciudad de Ferrol, que el Gobierno del señor Aznar reconsidere esta situación y pedimos al Grupo Popular que apoye nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Popular, don José Rivas tiene la palabra.
El señor RIVAS FONTÁN: Señor presidente, además de las razones humanitarias que exponen los que
me han antecedido en el uso de la palabra y que el Ministerio de Defensa comprende y el grupo al que yo represento entiende y defenderá en su caso, hay que decir que lógicamente los asuntos que conciernen al Ministerio de Defensa son de
ámbito estatal y de interés estratégico para la defensa.
Cualquiera de los gallegos que hemos hablado de esta mañana sobre este tema, puede entender que la situación geoestratégica de Galicia ha variado sustancialmente en los tiempos modernos. Fue para la navegación, hace un siglo, punto decisivo
para el tráfico entre mares y en el continente europeo, pero actualmente, como he dicho, ha cambiando radicalmente la estrategia de la defensa en Galicia. Todos recordamos aquellas viejas baterías de costa, formadas por enormes cañones de un
alcance entonces increíble, que podía llegar a los doce kilómetros y que eran imprescindibles para la defensa de la ría. Pero estos alcances en la balística están hoy superados por lo que conocemos como misiles, con lo que podemos hablar de cientos
o incluso de miles de kilómetros de distancia. Las baterías de costa han desaparecido desde el año 1984 progresivamente y progresivamente también están desapareciendo las unidades de artillería que no están incluidas en unidades de ámbito superior,
como puede ser la BRILAT de Pontevedra, una unidad aerotransportable, y mucho más un viejo regimiento de artillería, con unos cañones que están obsoletos. Por tal motivo, en este caso, y al margen de las razones de tipo humano que todos
comprendemos y que afectan a los componentes de esta vieja y honorable unidad o regimiento del Ejército español, el Ministerio de Defensa está sumido en un proceso importante de reorganización, transformación y modernización de nuestros ejércitos y
de nuestras instalaciones militares para adaptarlas a los tiempos actuales. Por tal motivo, la disolución de este honorable regimiento está prevista y no se puede pensar en este momento en otra salida que no sea la que está determinada en los
esquemas del Ministerio de Defensa.
Este es un asunto traído y llevado constantemente por diputados gallegos, los que precisamente han hecho uso de la palabra, el señor Rodríguez, la señora Marón, etcétera, pero la disolución, como se les ha explicado reiteradamente, como en
otras unidades del Ejército, se debe a la necesidad de adaptar sus estructuras y número de unidades a los requerimientos operativos actuales. La decisión de que haya sido esta unidad y no otra la afectada se basa en razones logístico operativas y
criterios de funcionalidad para el más adecuado empleo de los recursos limitados de que disponemos en nuestros ejércitos. Esta no es la única unidad de artillería que desaparece ni tampoco se puede decir ni afirmar que sea la única que queda en
Galicia puesto que en mi ciudad, Pontevedra, existía un viejo regimiento que hoy está integrado en la BRILAT de Pontevedra, además de otras unidades de mayor o menor entidad de las que disponen las unidades en A Coruña.
Por otra parte, formar parte de las Fuerzas Armadas no podemos limitarlo hoy a una localidad ni se puede imponer a los aspirantes la condición de permanecer en un determinado territorio, puesto que ni las unidades están destinadas a actuar
en el ámbito en el que tienen habitualmente su sede ni se puede pensar que estas unidades no sean trasladadas, por legítimos intereses de la defensa, incluso fuera del territorio nacional. Por tal motivo, este asunto ha sido predeterminado, por
decirlo de alguna forma, y concluido por el Ministerio de Defensa, y al margen de criterios de campos de tiro o de maniobras, etcétera, que son razones que se pueden entender, como se ha manifestado anteriormente, la supresión del Regimiento de
Artillería Antiaérea número 76 de Ferrol está basada en razones logísticas y operativas y criterios racionales y de funcionalidad, y desde luego el Ministerio considera que es lo más adecuado para los intereses de la defensa respecto a los recursos
de los que dispone en este momento el Ejército de Tierra. Estas razones han sido y siguen siendo prioritarias y han sido aplicadas en el Ejército de Tierra ya desde el año 1984, y por tal motivo la posición de mi grupo es la de oponerse a estas
iniciativas.
Nada más, señor presidente.
- SOBRE EL HOSPITAL MILITAR DE BURGOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001366.)
El señor PRESIDENTE: Alterando el orden en función de la presencia de diputados, vamos a pasar a la proposición no de ley 10.ª, sobre el Hospital Militar de Burgos, proposición que don Julián Simón va a defender en nombre del Grupo
Socialista.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Con esta proposición queremos traer a la comisión la preocupación, que se vive en la ciudad de Burgos desde que el Ministerio de Defensa anunció la reestructuración hospitalaria. Quiero anunciar, señor
presidente, que la traemos para tratar de solucionar un problema latente, y lo hago con la esperanza de que en su contestación el Grupo Popular sea positivo, no vea ningún tipo de fantasmas y no sea -es mi esperanza- tan agresivo como ha sido en las
anteriores proposiciones.
Yo entiendo que el anuncio de la huelga general les ponga nerviosos, pero creo que no deben ser por ello intransigentes.
Desde esa esperanza, como les decía al principio, esta proposición no de ley trae a la Cámara una gran preocupación que se viene viviendo en la ciudad de Burgos desde que el Ministerio de Defensa anunció la reestructuración hospitalaria.
Desde ese momento los trabajadores del Hospital de Burgos han llevado a cabo múltiples movilizaciones en defensa de sus puestos de
trabajo y de la sanidad pública, encontrando los burgaleses respaldo a sus peticiones porque, entre otras cosas, Burgos vive una situación sanitaria problemática al tener un hospital de la Seguridad Social saturado. Ante estas
movilizaciones, y previsiblemente ante la visita que el día 20 de abril llevó a cabo el presidente del Gobierno a Burgos, y probablemente con la idea que no hubiera nada que alterase dicha visita, el día 18 los trabajadores fueron convocados
urgentemente por la dirección del hospital para leerles un comunicado del subsecretario, a la vez que se les citaba también urgentemente por el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León a Valladolid para explicarles que tanto la Junta como
el Ministerio habían llegado a un acuerdo por el que, a cambio de unos 3.000 millones de pesetas financiados por las Cajas de Ahorro, se había solucionado el problema.
Esto, como les he dicho, sucedía el 18 de abril. Hoy, 11 de junio, se sigue desconociendo el acuerdo, es decir, si es verdad que existe, aún no se ha hecho público. Lo que sí se ha hecho público ha sido que a 30 de junio cesa la actividad
sanitaria de las personas del ISFAS, ya que se les ha comunicado que a partir de esa fecha se integren en la Seguridad Social o en las mutuas que deseen. Y lo que no se da a conocer acaba convirtiéndose en un rumor. Les he hablado de una operación
de 3.000 millones financiada por dos Cajas de Ahorros, de que el personal sanitario pasará a la Junta, que se guardarán parcelas del hospital para uso social, que no será integrado en la comunidad autónoma el personal no sanitario, al cual
recolocará el Ministerio de Defensa, y así un largo etcétera de rumores que están circulando por Burgos porque, como les decía al principio, señorías, cuando no se hace público un acuerdo, se convierte en un rumor. Pero lo que inquieta a los
trabajadores en estos momentos es cuándo se va a firmar el acuerdo y en qué condiciones, porque desde el anuncio ya han pasado dos meses y aquellas convocatorias urgentes previas a la visita del señor Aznar parece que ya no corren tanta prisa. Y
aunque esta proposición no de ley fue presentada con antelación a todo lo expuesto, no deja de tener plena vigencia; ahora más, porque si es cierto que existe acuerdo, ¿por qué no darlo a conocer?; ¿por qué no aprovechar dicho acuerdo para
solucionar el problema de todos los trabajadores?; ¿por qué el Ministerio de Defensa, según se comenta, va a retener a veinte personas de mantenimiento, que ha de redistribuir por otras instalaciones, no se sabe cuáles?; ¿por qué perder la ocasión
para clarificar la vida laboral de los trabajadores?
En definitiva, mi grupo piensa que ya va siendo hora de que las administraciones se pongan de acuerdo y hagan público el acuerdo. De este modo llevaremos la tranquilidad a los trabajadores y a los ciudadanos, tranquilidad que también espero
que se produzca en la intervención de la portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, doña Sandra Moneo, también burgalesa.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, evidentemente de las palabras del señor Simón se deduce que él y yo llevamos años debatiendo sobre los problemas de la provincia de Burgos, él más que yo porque es un poco más mayor que yo -iba a utilizar
otro término-, pero en cualquier otro caso siempre hemos intentado, sobre todo el Grupo Popular, hacerlo dentro de la máxima normalidad. En cualquier caso, también deduzco de sus palabras que estará de acuerdo con la enmienda que ha presentado mi
grupo respecto a la proposición no de ley del Grupo Socialista. En cualquier caso, nuestro grupo quería hacer algunas matizaciones sobre las afirmaciones del portavoz del Grupo Socialista.
En principio, señorías, nosotros no podemos aceptar la proposición no de ley del Grupo Socialista, y no podemos hacerlo por varios motivos.
Primero, porque no estamos de acuerdo con varias de las afirmaciones de su motivación, a las que
posteriormente me referiré, y en segundo lugar, porque su proposición no de ley solicita llegar a un acuerdo que ya se ha producido, y además el portavoz del Grupo Socialista así lo ha afirmado en su exposición. Yo sé que la mejor forma de pedir
algo y asegurarse de que esa demanda se va a atender es apostar sobre seguro y solicitar algo que ya se tiene, pero en mi grupo creemos que no es bueno que se siga engañando a los ciudadanos de Burgos, y se siga haciendo demagogia sobre un tema que
efectivamente ha preocupado a la ciudadanía de Burgos, pero que afortunadamente se ha solucionado gracias, por supuesto, a la voluntad de las administraciones, de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Defensa, gobernadas ambas por el
Partido Popular. Por lo tanto, también creemos que es hora de formalizar ese acuerdo, como nosotros solicitamos en nuestra enmienda y, por supuesto, de lo que no es hora es de distorsionar la realidad que se está produciendo actualmente en nuestra
provincia.
Permítame que, con el respeto que su persona me merece -y usted sabe, señor Simón, que es así-, le rebata algunas afirmaciones que ha hecho a lo largo de su intervención. Usted no puede decir que exista en la actualidad una sensación de
inseguridad en la provincia de Burgos respecto al hospital militar o su futuro. No se puede decir porque desde el momento en que el Ministerio de Defensa planteó la política de reestructuración hospitalaria, el Hospital de Burgos tuvo asegurado su
futuro, y lo tuvo asegurado porque desde el primer momento la Junta de Castilla y León mostró su disposición a asumir cuantos compromisos fuesen necesarios para asegurar su viabilidad y su puesta en servicio en favor de todos los burgaleses.
En sus múltiples comparecencias, en contestaciones a preguntas y en interpelaciones, comenzando por la del subsecretario de Defensa en diciembre del
año 2000, se manifestó la voluntad del Ministerio de que los hospitales que no se integrasen en la red hospitalaria de Defensa se transfiriesen a la sociedad, con mantenimiento de la actividad hospitalaria en beneficio de la población local.
Y éste es el caso del Hospital Militar de Burgos.
Es incierto que la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Defensa no hayan llegado a ningún acuerdo, y menos que éste no se haya producido por problemas económicos, como establecen ustedes en
su motivación. Usted sabe como yo que el Ministerio de Defensa y la Junta de Castilla y León ya han alcanzado un acuerdo para que el Hospital Militar de Burgos se integre en la red asistencial pública de la Comunidad de Castilla y León.
Usted sabe
también que el personal laboral con titulación sanitaria que presta servicio en el Hospital Militar de Burgos podrá continuar trabajando, si así lo desea, en el mismo centro, pero integrado en el correspondiente servicio de salud. Usted sabe
también que el Ministerio de Defensa transferirá a la Junta de Castilla y León con carácter permanente los créditos del capítulo I, correspondiente a la masa salarial del personal que pase a depender del Servicio de Salud de esta comunidad autónoma.
En cuanto al personal laboral sin titulación sanitaria que presta servicio en el Hospital Militar de Burgos, el Ministerio de Defensa proporcionará -y así lo ha asumido- a todos un puesto de trabajo adecuado a su perfil laboral. Debo recordar
además al portavoz del Grupo Socialista que este acuerdo es público y que a él se han sumado las centrales sindicales. Por lo tanto, no es hora tampoco de hablar de acuerdos ni de rumores, sino de realidades.
Usted ha hablado también con mucha ligereza de la situación hospitalaria de la ciudad de Burgos, situación por otra parte heredada -permítame que se lo diga así-, porque, como dice el poema, hasta los más viejos del lugar se acuerdan de
cuando en el hospital mayoritario de Burgos, el Hospital General Yagüe, se caían las lámparas, se rompían las camas y había un Gobierno que no presupuestaba nada para una supuesta reforma.
Hoy en día es una realidad que en Burgos se va a construir
un nuevo hospital, que los plazos sobre los que se está trabajando, tanto para el proyecto como para el inicio de las obras, se están cumpliendo en el plazo previsto y que la integración del hospital militar en la red asistencial de la Junta de
Castilla y León va a proporcionar una mejor asistencia y una reordenación de los recursos; en definitiva, los ciudadanos de Burgos pueden sentirse seguros respecto a la sanidad pública que les está atendiendo. Por ello, con la máxima normalidad
que pretende nuestro grupo -y espero que mi tono lo le haya molestado-, debo señalar que este es el objeto por el que ha apostado firmemente tanto el Ministerio de Defensa como la Junta de Castilla y León, y yo le pediría que si no nos cree a
nosotros, que no tiene por qué hacerlo, simplemente lea la prensa de la provincia y comprobará que mientras usted habla de acuerdos, lo que se está transmitiendo en los diarios provinciales es la reorganización de los recursos entre el Hospital
General Yagüe y el Hospital Militar para incrementar los servicios que se puedan prestar a los ciudadanos de Burgos.
El señor PRESIDENTE: El proponente tiene un turno para decir si admite o no la enmienda del Grupo Popular.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Desde la sorpresa de que ya no se rompen las lámparas en el Hospital de Burgos ni se funden las bombillas, pero que en los pasillos del Hospital General Yagüe no se cabe porque están los enfermos en la camillas,
desde esa sorpresa, y reconociendo la amabilidad de mi compañera Sandra Moneo por el tono que ha utilizado pero no por las palabras utilizadas, como engaño, demagogia, distorsión de la realidad, ligereza al hablar, etcétera, que reflejan el
nerviosismo que señalaba antes, que no entiendo a qué viene, desde mi voluntad y la de mi grupo, repito, de solucionar un problema, pues aunque se ha anunciado que hay un acuerdo, éste no se ha hecho público, y yo quiero ver un papel en donde se
haga público, vamos a aceptar la enmienda porque no queremos que se diga que que hemos puesto la zancadilla. Por ello vamos a hacer todo lo posible por que ese acuerdo se lleve a cabo, se firme, porque no está firmado, y además se haga público.
El señor PRESIDENTE: Comprenderá que ha intervenido largamente para decir al final que admite la enmienda. Debo dar un breve turno también a doña Sandra Moneo para que aclare lo que tenga por conveniente. Tiene la palabra.
La señora MONEO DÍEZ: Agradecemos al Grupo Socialista que acepte nuestra enmienda porque, también dentro de la máxima normalidad, nos hemos dado cuenta de que nuestra enmienda se ajusta a lo que el portavoz socialista ha expuesto en su
intervención. Y aunque evidentemente se ha demostrado que nuestros estilos son diferentes, quizá nuestra voluntad consiga aunar esfuerzos en torno a una mejor sanidad pública en Burgos.
- SOBRE PROYECTO DE DEPURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE TRANSMISIONES Y ELECTRÓNICA DE LA ARMADA (ETEA) EN VIGO (PONTEVEDRA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001196.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la última de las proposiciones no de ley de las que nutrían el orden del día, que figura con el número 5, que habíamos
pospuesto en atención a la ausencia de don Guillermo Hernández, que es el portavoz del Grupo Socialista que la va a defender en estos momentos.
Tiene la palabra.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Muchas gracias, señor presidente, en primer lugar por la deferencia de esperar a este diputado, que tuvo dos intervenciones más en la Comisión Mixta para el Estudio de la Droga y no pudo acudir a tiempo a esta
sesión.
Vamos al tema que nos ocupa hoy, que es una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a acelerar el proyecto de depuración de las instalaciones de la ETEA en Vigo y firmar un convenio con el Concello de Vigo para la cesión de
dichas instalaciones.
Quisiera hacerle en primer lugar una breve aclaración. La ETEA, que funcionaba para la formación técnica de oficiales y soldados, se creó en el año 1939 y su cierre está previsto para el 1 de septiembre de este año. Son unas instalaciones
de 70.000 metros cuadrados en los que hay diferentes edificios de dirección, instrucción, residencia, pabellón, pistas deportivas y además unos privilegiados muelles de atraque que cualquiera que conozca la ciudad de Vigo comprenderá que sean un,
bocado apetitoso para muchísima gente. El problema que tiene esta instalación militar es que está situado en una zona deprimida de Vigo , como es el caso del barrio de Teis, muy necesitado de acciones sociales, de actividades y de recuperación no
solamente de la industria, de los comercios y de la ciudadanía, sino que animen de alguna manera a que la báscula que empuja la a ciudad de Vigo hacia el mar se renivele. Es una zona que prácticamente no tiene edificios dotacionales y necesita una
reordenación, y si llegamos a la conclusión de que la cesión es el mejor sistema para Vigo, ello supondrá una inyección para el futuro de esta zona.
Señorías, la presión de Vigo sobre el mar llevó al proyecto de abrir Vigo al mar, que hoy, por las continuas modificaciones de aquel proyecto que se hizo en la época socialista, ha conducido a un final que hoy impide, curiosamente, lo que
pretendía, que era el acercamiento de Vigo al mar por los ciudadanos, ayudados además por la competencia de la autoridad portuaria sobre el borde litoral y su -permítaseme la expresión- voracidad sobre este borde. No venimos aquí a descubrir la
pólvora recordando la gran relación que existe entre Vigo y el mar, lo que queremos es recuperar unas instalaciones que la Armada, por las modificaciones aludidas en sus planes de estudio, desafecta de uso y plantea lo que legalmente le corresponde.
No vamos a aludir aquí al procedimiento legal, pero sí queremos decir que hay tres instrumentos posibles: la subasta, la cesión y la venta. Cualquiera de ellos que pudiéramos plantear necesariamente tiene que desembocar, no puede ser de otra
forma, en el Ayuntamiento de Vigo. ¿Hay interesados en este tema? Sí, según parece: concretamente, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo estaría interesado por estas instalaciones. Pero ocurre aquí una cosa curiosa, y es que hay una
circunstancia que juega a favor precisamente del Consorcio de la Zona Franca. El consorcio vigués depende del Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Defensa está obligado de alguna manera a preguntar en el procedimiento legal a los distintos
ministerios si tiene algún interés en las instalaciones antes de ponerlas a la venta. Es posible, y así lo hemos comprobado en algunas entrevistas que se han realizado con los responsables de la zona franca, que estén interesados. Dicen que el
objetivo es que las instalaciones se queden en la ciudad, pero que todavía no habían hablado con el ayuntamiento. No sabemos qué fin le pueden dar, pero en Vigo se necesita que las instalaciones de la ETEA queden a disposición del ayuntamiento.
Permítanme hacerles un razonamiento sobre el tema teniendo en cuenta lo expresado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 28 de diciembre de 2001 a instancias precisamente del Grupo Socialista. La alcaldía presidencia sometió a
votación conjunta dos mociones en las que se acordaba crear una comisión de trabajo integrada por todos los grupos municipales con el objeto de gestionar el paso al patrimonio municipal de las actuales instalaciones de la ETEA; comisión que, además
de proponer el destino final de este enclave, tendrá como misión hacer el seguimiento pertinente de las gestiones que se lleven a cabo para la consecución de aquellas instalaciones para el patrimonio municipal. La moción fue sometida a votación y
se aprobó por unanimidad de los miembros presentes, que eran 25 sobre 27, acordándose, primero, instar al Gobierno a que promueva un convenio que permita la cesión de uso de las instalaciones de la antigua ETEA, una vez que se produzca el cierre de
la misma, al Concello de Vigo, y mientras no entre en vigor el convenio necesario para la cesión de las propiedades de esos terrenos e instalaciones a este ayuntamiento desde la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, y segundo,
crear la comisión de trabajo a la que hemos aludido antes y que hará un seguimiento de las gestiones que se lleven a cabo. Es decir, no podemos consentir que si se cambia de propietario a la Zona Franca, sea para algo distinto del uso, disfrute y
destino ciudadano de esta zona tan necesaria en Vigo. La Zona Franca es una institución pública y solvente que efectivamente puede ofrecer garantías, pero no puede ocurrir que nos encontremos con la sorpresa de que al final no tenemos capacidad
para gestionar la ETEA. Puede ocurrir que el Gobierno decida su venta, pues la mayoría de que dispone así se lo permitiría, pero yo quiero ir más allá: sabemos, porque así lo he señalado antes, que es un terreno junto al mar que puede producir
grandes apetencias urbanísticas especulativas, y si se le diese solamente este uso, convendríamos todos en que no se había respetado la decisión del pueblo de Vigo expresada a través de su ayuntamiento. Para evitar eso se busca
la cesión de uso, y si el modelo elegido por el Gobierno fuese la venta o la subasta, yo solicitaría que se incluyese la necesaria cesión al Ayuntamiento de Vigo, pese a las competencias urbanísticas, que estoy seguro le daría un fin.
Quería añadir incluso una posible enmienda de adición in voce en el sentido de que se garantizase que todas las instalaciones de la ETEA, una vez que se hubiese decidido, la marcha de los retenes militares, se se conserven perfectamente, y
no ocurra como en el caso del cuartel de Barreiro, en Vigo mismo, hace muchos años, o como el Castillo en Ferrol.
Debemos asegurar el mejor estado de conservación para que la recuperación sea la mejor, y por esta razón solicito la permanencia de
este retén en el cuidado de las instalaciones.
Hay una enmienda de adición del Partido Popular que en realidad plantea algo que no puede ser de otra manera. La enmienda dice: El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a continuar el procedimiento regulado por la ley. Es que no
puede hacer una cosa distinta de lo regulado por la ley. Lo que nosotros queremos es precisamente que se acelere ese proceso que marca la ley, es decir, que se acelere el proceso con un procedimiento legal tramitado punto por punto pero que tenga
como resultado final la cesión al Ayuntamiento de Vigo. Repito que esta es la pretensión del Partido Socialista, y con esto termino mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, el señor Rivas tiene la palabra.
El señor RIVAS FONTÁN: La proposición no de ley que nos trae hoy el portavoz del Grupo Socialista, compañero mío de circunscripción, se refiere a un asunto en el que tanto nuestro grupo como creo que -aún no ha intervenido- en el Grupo
Mixto, el Bloque Nacionalista Galego como el propio Gobierno estamos de acuerdo. Yo he practicado siempre en política un principio que era: si estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en el fondo, busquemos la forma. Por
tanto, no quiero plantear las diferencias, sino los puntos de encuentro, y creo que así nos irá mejor a todos.
Este es un ejemplo típico. Mi grupo ha planteado una enmienda, pero en el fondo el punto de discrepancia se refiere a la literalidad del escrito que plantea el Grupo Socialista en la proposición no de ley. Porque por una parte emplea un
concepto jurídico que está contemplado en la normativa para la desafectación de los bienes que pertenecen al Ministerio de Defensa, que es una directiva del Ministerio de Defensa sobre la enajenación de bienes inmuebles que data precisamente del año
1984. En esta directiva se determinan unos pasos muy precisos y concretos para evitar errores que ha habido en el pasado en las administraciones por no ser suficientemente rigurosos en la aplicación de los pasos que determina una ley, y así el
Ministerio de Defensa ha dado ejemplo de cómo se debe iniciar un expediente; cómo se debe declarar que no hay interés militar (que está declarado en este caso), cómo hay que justificar la no necesidad de esta instalación, cómo está la situación
previa a la desafectación, cómo se procede a la desafectación en sí, cómo interviene el Patrimonio del Estado anteponiendo la necesidad del Estado a la necesidad que pueden tener otras administraciones o particulares, cómo se entra (y aquí está la
clave de la cuestión) en lo que se llama depuración jurídica, y en este largo camino de trece pasos estaríamos en el punto número siete.
Después de la depuración jurídica vendría lo que se llama la depuración física, la tasación, la autorización de venta y luego entraríamos en el último punto que trata mi compañero en la proposición no de ley, que sería el proceso de
enajenación, que en principio contempla cuatro posibilidades: la primera, la enajenación a una administración pública, que está regulado; la segunda, a una administración autonómica o local, que es el caso que plantea el proponente; el tercer
caso sería una enajenación mediante subasta pública, y el último caso sería una enajenación mediante venta directa, para pasar posteriormente a la escrituración y a la baja de la propiedad en el inventario de bienes del Estado. Por eso yo creo que
aquí la cuestión está en que nos pongamos de acuerdo en la redacción del acuerdo que se puede adoptar en esta Comisión. Por ello nosotros hemos propuesto que la redacción más apropiada podía ser aquella que no hipotecara desde esta Comisión
parlamentaria una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Defensa y el propio Ayuntamiento de Vigo, porque de momento nadie puede tomar la decisión porque no sabemos si esos seis pasos anteriores pueden seguir adelante o no o puede haber
impedimentos de cualquier otra índole para nosotros imprevistos. Incluso, por respeto a la autonomía local, no podemos decir en este momento que este bien, que es sumamente interesante para el Concello de Vigo, pase necesariamente a dicho Concello.
Quizá el Concello de Vigo pudo haber previsto en su día -insisto que sin buscar culpables- lo que se hizo en algún concello que tuve el honor de presidir hace años, que fue que cuando se determinó el contenido del Plan General de Ordenación Urbana,
se previó en el propio plan que estas instalaciones militares tuvieran una calificación urbanística acordada con el Ministerio de Defensa para que, en el caso de producirse desafectación, ya hubiera un acuerdo previo entre ayuntamiento y Ministerio
de Defensa para tener la duda de que las instalaciones vayan o no a parar al Ayuntamiento de Vigo.
Por tal motivo, yo propongo a mis compañeros con nuestra enmienda que llegaremos a un punto de encuentro suprimiendo la última parte, aunque sí reconociéndola en el texto, respecto a que vaya necesariamente al Ayuntamiento de Vigo, porque no
somos quienes
para determinar que este bien patrimonial vaya al Ayuntamiento de Vigo, y que en la primera parte, en la que estamos, insisto, de acuerdo, busquemos una redacción en la que digamos más o menos lo que estamos diciendo, que es que el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a continuar o a acelerar el procedimiento regulado por ley relativo a la ETEA. Ese es en esencia el fondo del acuerdo. Por tal motivo, en nombre de mi grupo, yo propongo esta fórmula abierta para que lleguemos a
un acuerdo en beneficio de la ETEA, del Ministerio de Defensa y de los vigueses.
El señor PRESIDENTE: El tiempo de pausa que hay hasta la votación se lo concedo también al enmendante y a los proponentes para que lleguen a un acuerdo, si es posible. En ese sentido, se suspende la sesión por siete o diez minutos. (El
señor Vázquez Vázquez, don Guillerme, pide la palabra.)
El señor Vázquez quería intervenir. No lo había advertido, pero corrijo mi error y le doy la palabra, brevemente, por favor.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Veo que no tiene ojos para mí.
En todo caso, efectivamente, intervengo con brevedad, como es habitual y es tónica en los debates de esta Comisión, a los que asistí esta mañana.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, la iniciativa del Grupo Socialista nos parece muy interesante porque trae a debate a este Congreso un tema de gran interés para la ciudad de Vigo. Efectivamente, la Armada cuenta con
unas importantes instalaciones en esta ciudad, en las que desarrollaba su actividad la Escuela de Transmisiones y Electrónica, la ETEA. Es verdad que el Ministerio de Defensa ha decidido por razones de operatividad cerrar este centro de enseñanza
y, tal como consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta que formulamos en su día, esta escuela ha sido declarada sin interés militar a partir de septiembre de 2002, y afirma también en esa respuesta que se han iniciado los trámites de
desafectación para poner las instalaciones a disposición de la Gerencia de Infraestructuras. Por tanto, la decisión de desafectar estas instalaciones está tomada, y a partir de ahí, y como ya explicó el señor Rivas, todos conocemos qué criterios
sigue la Gerencia de Infraestructuras y que de manera genérica, en líneas generales, les lleva a actuar buscando conseguir fondos, bien a través de procedimientos de venta, etcétera, bien a través de convenios de diverso tipo con instituciones que
al final también suponen la obtención de ingreso importantes. Aunque también es verdad que, si no me equivoco, se prevé que haya cesiones con precios simbólicos a otras instituciones en caso de interés general o de especial interés. De lo que se
trata por lo tanto es de hacer un debate sobre la necesidad de que al final, por la vía de convenio, estas instalaciones pasen a ser propiedad municipal, porque es de muy evidente interés para la ciudad que así sea. Nosotros creemos, naturalmente,
que este convenio también debería significar que la cesión de estas instalaciones a la ciudad se hiciese un precio razonable, simbólico, asumible. Por lo tanto, la proposición no de ley del Grupo Socialista demanda que se aceleren los trámites que
hay que realizar en cualquier caso y que este Congreso diga al Ministerio de Defensa que opte, entre las posibles fórmulas que puede adoptar, por la del convenio con el Concello de Vigo, que sería la fórmula más razonable. Nosotros votaríamos a
favor de este texto, que nos parece asumible.
Debo comentar brevemente que la enmienda de modificación del Grupo Popular, desde el punto de vista parlamentario, es la nada porque al final lo que viene a proponer es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a continuar el
procedimiento regulado por ley. Sólo faltaría que el Gobierno no llevase a cabo el procedimiento habitual, sin necesidad, por cierto, de que este Congreso le inste a realizar ninguna cuestión semejante. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esta
enmienda de modificación que propone el Grupo Parlamentario Popular, como es la nada desde el punto de vista de adoptar una resolución, al final casi serviría para perder el tiempo en este debate. De todas maneras, como usted hizo constar, señor
presidente, esperemos que en este período de tiempo en el que aún es posible que grupo proponente y grupo enmendante se pongan de acuerdo, se alcance un texto que signifique un mínimo compromiso para avanzar en la consecución de un convenio tan
interesante para esta ciudad tan importante de Galicia.
El señor PRESIDENTE: Repito lo que dije anteriormente, se suspende la sesión por diez minutos. Una vez lleguen a la fórmula de transacción de una de las proposiciones, iniciaremos la votación. De todas maneras, ruego a los responsables de
los grupos que vayan llamando a sus compañeros para que vengan a votar. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones de las distintas proposiciones conforme figura en el orden del día y no por el orden en que han sido discutidas, a los efectos de mayor brevedad.
Empezamos por la votación de la primera, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, sobre retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 3, sobre pabellones de cargo asignados a autoridades civiles en el Ministerio de Defensa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley número 4, sobre prestaciones de las asociaciones mutuas benéficas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley número 5, relativa al proyecto de depuración de las instalaciones de la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada en Vigo. Hay una enmienda transaccional, que es la que se vota, pactada entre el
Grupo Socialista y el Grupo Popular. El texto que propone queda redactado de la siguiente manera: 1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar y acelerar el procedimiento regulado por ley relativo a la enajenación de bienes
inmuebles del Ministerio de Defensa, en referencia a la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) en Vigo (Pontevedra), recientemente declarada sin interés militar a partir de septiembre de 2002. 2. Instar a ambas administraciones
a mantener contactos para que se garantice la conservación de las instalaciones por parte del Ministerio de Defensa en su estado actual. 3. Instar al Gobierno para que se inicien conversaciones entre el Ministerio de Defensa y el Concello de Vigo
para establecer un futuro convenio entre ambas partes sobre la ETEA.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos los puntos números 6 y 7, que se han debatido de forma conjunta.
Se refieren ambas proposiciones al mantenimiento del Regimiento de Artillería Antiaérea 76 en Ferrol (A Coruña).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La proposición no de ley número 8, sobre utilización de la toponimia catalana en los elementos ha sido retirada por su proponente y no se vota.
Votamos la proposición no de ley número 9, sobre retribuciones de personal de reserva procedente de reserva transitoria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A la proposición no de ley número 10, relativa al hospital militar de Burgos, se ha presentado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular que ha sido aceptada. Por tanto, votamos dicha enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Defensa, del martes 11 de junio de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.