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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 498, de 22/05/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 498
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 56
celebrada el miércoles, 22 de mayo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de la Policía (Cotino Ferrer) para informar sobre:
- Las actuaciones realizadas y resultados obtenidos en las investigaciones acerca del supuesto espionaje a los presidentes de las Cajas de Ahorro del Monte y San Fernando, en Sevilla. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/000860.) ... (Página 15978)
- Las medidas que va a tomar su Dirección General en relación con los brotes de racismo y xenofobia detectados en el barrio de Canillejas de Madrid, así como frente a las actuaciones de grupos juveniles organizados que propugnan las citadas
ideas racistas y xenófobas. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/000915.) ... (Página 15983)
- La desmesurada carga policial contra agricultores de Andalucía concentrados en la estación de Santa Justa de Sevilla el día 18 de febrero de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000698.) ...
- La actuación policial el día 18 de febrero de 2002 en Sevilla en el conflicto de los algodoneros. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000697.) ... (Página
15993)
Preguntas: - Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre previsiones acerca de la modificación de los planes de estudio de la Academia de la Policía sita en Ávila. (Número de expediente 181/001483.) ...
- Del mismo señor Diputado, sobre objetivos de la Dirección General de la Policía con la puesta en marcha del denominado plan de calidad total en su Academia de Ávila. (Número de expediente 181/001484.) ... (Página
16002)
- Del mismo señor Diputado, sobre evolución de la oferta pública de empleo destinada a incrementar la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en los últimos cuatro años. (Número de expediente 181/002107.) ...
- Del mismo señor Diputado, sobre resultados obtenidos por los Grupos UDYCO pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía en el año 2001.
(Número de expediente 181/002108.) ... (Página 16005)
- Del mismo señor Diputado, sobre balance de los resultados obtenidos por el nuevo sistema de denuncias por teléfono o Internet implantado en el Cuerpo Nacional de Policía. (Número de expediente 181/002109.) ...
- Del mismo señor Diputado, sobre el porcentaje total de vehículos renovados por el Cuerpo Nacional de Policía en los últimos cuatro años.
(Número de expediente 181/002110.) ... (Página 16008)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (COTINO FERRER) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS INVESTIGACIONES ACERCA DEL SUPUESTO ESPIONAJE A LOS PRESIDENTES DE LAS CAJAS DE AHORRO, DEL MONTE Y SAN FERNANDO EN SEVILLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000860.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión.
Damos la bienvenida, en primer lugar, al director general de la Policía, que nos honra una vez más con su presencia. Sin más preámbulo, entramos en el orden del día. El primer asunto se refiere a la comparecencia del propio director
general para que explique las actuaciones realizadas y resultados obtenidos en las investigaciones acerca del supuesto espionaje a los presidentes de las Cajas de Ahorro, del Monte y San Fernando en Sevilla. Para desarrollar este punto, tiene la
palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Gracias, señor presidente.
La actuación policial en relación con el supuesto caso de espionaje del que fue objeto el presidente de la Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y de Jerez se inicia a raíz de una llamada telefónica recibida el día 17 de octubre pasado
en la brigada provincial de información de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. El responsable de seguridad de la empresa financiera comunica que los integrantes de la escolta privada del presidente de esta Caja habían detectado un vehículo
posiblemente sospechoso en las zonas de su vivienda y de su trabajo. Como esta persona en algún momento determinado había aparecido en algún listado de la banda terrorista ETA, desde la brigada de información de Sevilla se puso el requerido
servicio para detectar el posible seguimiento que se estuviera haciendo al mencionado señor. No hubo ningún dato que aportara que algún sospechoso, mucho menos de la banda terrorista
ETA, hubiese podido estar haciendo en ese momento un seguimiento al presidente de la Caja. Con tal motivo se pidió que los escoltas fueran a hablar a la brigada y allí se dio la matrícula de un vehículo de Sevilla, 5860 CX, que al parecer
era el que estos escoltas habían visto en la mencionada zona. Este vehículo está a nombre de María José Parrillo Jiménez y lo conduce habitualmente Antonio Castellano Álvarez. En las declaraciones que les fueron tomadas en esta brigada, este
último manifestó que a finales del mes de septiembre recibió una llamada de un individuo que dijo llamarse Joaquín, que hace trabajos de investigación privada, quien hizo referencia a la presencia sospechosa del vehículo en las proximidades de una
cafetería situada junto al parque de María Luisa, justificando Antonio Castellano la citada presencia del coche basándose en una mera coincidencia. La llamada se repite a los pocos días y en la misma le ofrece la posibilidad de un trabajo, para lo
cual quedan citados en un bar de la calle Sebastián Recasens al que el denominado Joaquín comparece acompañado de otra persona, asegurando Antonio Castellano que en ningún momento de la entrevista las dos personas le hablan del seguimiento o
coincidencia con una persona de Sevilla. Señaló además en su declaración que posteriormente pudo leer en un periódico la noticia de que el presidente de la Caja de Ahorros había sido objeto de seguimiento y que el declarante había reconocido a las
dos personas que se entrevistaron con él y que resultaron ser dos detectives que habían sido contratados para tal fin, apareciendo en el mismo período unas fotografías de la reunión mantenida que debieron ser tomadas por alguien oculto en las
inmediaciones, información que calificó de totalmente falsa.
Igualmente se toma declaración al presidente de la Caja de Ahorros, el cual confirma sus sospechas de haber sido objeto de diversos seguimientos. Dice asimismo que ante el riesgo de un posible atentado terrorista, se puso en contacto con el
delegado del Gobierno en Andalucía, dando instrucciones al responsable de seguridad de la entidad financiera para que dé cuenta de los hechos a la Delegación del Gobierno.
Al mismo tiempo procedió a contratar los servicios de un investigador
privado para que llevara a cabo las averiguaciones al respecto. En el momento de prestar declaración se entregó por el señor López Benjumea una cinta que contenía una grabación con una duración de cinco minutos y 18 segundos, de la entrevista
anteriormente referida que el tal Corpas Parejos había mantenido con Antonio Castellano en el bar de la calle Sebastián Recasens. El mencionado Joaquín Corpas Parejos, que si bien pertenece a la Unión Catalana de Investigadores Privados no cuenta
con tarjeta de identidad profesional de detective privado, también prestó declaración en las dependencias de la brigada provincial de información manifestando que el trabajo de investigación le fue encargado por el presidente de un club deportivo,
el cual le facilitó la matrícula del vehículo sobre el que tenía que llevar a cabo las averiguaciones y que resultó ser el que conducía Antonio Castellano Álvarez. Señaló que desde el primer momento tuvo claro que no se encontraba ante un caso de
seguimiento por elementos terroristas y también que había sido el autor de la grabación en el vídeo anteriormente mencionado, cuyo original y copias -éstas de menor duración y cuyo montaje afirma haber realizado personalmente- fueron entregadas a
José Manuel Beneyto. Por funcionarios de la propia brigada provincial de información se procede al visionado y transcripción de la referida cinta, levantándose el acta correspondiente que se incorpora a las diligencias policiales. La cinta, cuya
duración es la indicada con anterioridad, presenta varios cortes, siendo difícil asegurar qué persona es la que en cada momento hace uso de la palabra, pues al estar grabada la imagen independientemente del sonido ambos no coinciden. Según
manifiesta el señor Corpas, el montaje de la cinta la realizó él mismo con aquellas partes del vídeo que interesaban por la celeridad de su cliente, al que entregó la integridad de lo grabado, si bien el señor López Benjumea asegura que José Manuel
Beneyto sólo le facilitó dos copias, una que entregó en la brigada provincial de información y otra que envió a la Delegación del Gobierno. La mala calidad del sonido de la cinta, las interrupciones que presenta, así como las discordancias
observadas entre la imagen y el sonido inciden negativamente sobre el carácter de la posible prueba indubitativa que podía constituir la mencionada cinta.
A lo anterior hay que añadir el hecho de que en el transcurso de las gestiones y contravigilancias llevadas a cabo por los funcionarios policiales no se han detectado operaciones de seguimiento del vehículo ocupado por el señor López
Benjumea, apareciendo la coincidencia en la cafetería situada en las inmediaciones del parque de María Luisa como un hecho aislado. De todas las actuaciones policiales estuvo plenamente informado el titular del Juzgado de instrucción número 2 de
Sevilla, que instruyó por este asunto diligencias previas y decretó posteriormente el archivo de las mismas al entender que los hechos no eran constitutivos de infracción penal.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muy buenos días. Bienvenido a esta Comisión, señor director general de la Policía. Me alegró de que esté por aquí todavía. Lo digo no por el hecho de que usted también haya sido testigo el otro día de un
asalto con robo a un centro comercial en el que se encontraba comprando; desgraciadamente también ha sufrido los embates de la delincuencia en España. Digo esto por lo mucho que se está hablando de su permanencia en el cargo. Ojalá que
continúe durante mucho tiempo y que mejore la situación de la delincuencia en España. Aunque este hecho es ya historia, lo digo para reflejar la situación de deterioro por la delincuencia en que se encuentra este país, debido a mi entender
a su mala gestión por la dirección general. Lo mismo que entiendo que está mal gestionado asunto porque me extraña que en todo su recorrido, que obviamente tenía que ser de carácter policial, no haga ninguna referencia a la convulsión política que
supuso durante meses en Andalucía este mal llamado caso de espionaje barato. Como usted sabe, fue utilizado contra el presidente de la Junta de Andalucía por el Partido Popular con la ayuda de algunos medios de comunicación. Desde el principio se
veía que era una chapuza hecha por chapuceros, con una única finalidad en un clima de polémica en torno a las fusiones de las cajas de San Fernando y del Monte: deteriorar a un presidente elegido democráticamente acusándole burdamente de estar
detrás de la trama de espionaje urdida en torno a un detective que yo creo que deja clara la cuestión cuando admite que todo fue un montaje. Antonio Castellano, el falso detective (se llegó a decir que espiaba por encargo del PSOE andaluz -en esta
historia está metido también un partido político-, concretamente por ex presidente de la Caja de San Fernando, a petición del presidente de la Junta de Andalucía), declaraba que él también había sido víctima de un montaje urdido por una persona de
la Caja. Castellano declaró ante el juez por la querella impuesta por el presidente de la Junta de Andalucía y por el secretario de organización del Partido Socialista después de que supuestamente el falso detective afirmara en una conversación
grabada en un vídeo que le había sido encargado por el señor Benjumea; Castellano admitía la conversación con los dos escoltas, etcétera.
Señor Cotino, estamos hablando de un hecho que el mismo personaje que se encargó de toda esta trama admitió finalmente. Estamos hablando de un hecho pasado porque existe también un auto judicial que ha archivado la causa en el que ha
reconocido efectivamente que todo fue un burdo montaje. Yo diría más; yo diría que fue un burdo montaje de espionaje supuesto para intentar deteriorar la imagen de un presidente de una comunidad autónoma envuelto en un clima de polémica sobre una
fusión, legítima o no, y que fue aprovechado mediáticamente, durante muchos días, para intentar deteriorar, a mi entender, de una manera poco democrática la imagen de un presidente. Le voy a leer algunos de los titulares de entonces, aunque me va a
permitir que no le diga cuáles son los medios: Chaves ordenó espiar al presidente de la Caja de San Fernando; escoltas de López Benjumea sorprendieron a un detective contratado por el PSOE; Antonio Castellano confesó que actuaba por encargo del
presidente de la Junta de Andalucía. Usted se preguntará, señor director general, por qué le planteo estas cosas y yo se lo voy a decir. Estas cosas, que son tan fuertes en una democracia, a pesar de que han sido admitidas por el propio encargado
del montaje, a pesar de que existe un auto judicial que dice que todo fue una trama y a pesar de que han pasado cinco meses, no se pueden quedar así, porque en política, en un Estado democrático, hay que aclarar la situación. Y lo que yo quiero que
usted me aclare, ya que no fui capaz de que lo hicieran el 12 de febrero en esta misma Comisión los representantes del Partido Popular cuando pedimos la comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía, es por qué si el 17 de octubre de 2001,
según ha dicho usted al comienzo de su intervención, se inicia este expediente a raíz de una llamada telefónica, cuando en el mes de diciembre estamos con las conclusiones, el delegado del Gobierno en Andalucía, representante legítimo del Gobierno
central en esa comunidad autónoma, o la propia Dirección General de la Policía no sacan a la luz muchos de esos datos que ya se conocían y que indicaban que se trataba de una trama. Esto independientemente de que en el ámbito judicial la Ley de
Enjuiciamiento Criminal marca un procedimiento para cualquier tipo de denuncia. Se lo digo para que no vuelva a manifestar lo mismo que dijo la otra vez el representante del Partido Popular, esto es, que desconocíamos la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. No la desconocemos; al contrario, la conocemos muy bien, pero nos encontramos en un órgano político y no en un tribunal. De lo que todavía yo no he tenido conocimiento -y algo habrá que decir hoy- es de por qué usted, como representante
de la policía, o el delegado del Gobierno, representante político, permanecieron callados durante los meses que duró la polémica cuando se conocía todo lo que usted acaba de decir. Fundamentalmente lo que nosotros queremos saber es por qué el
delegado del Gobierno permaneció en silencio y no dijo que la situación estaba llegando a ciertos límites y que se estaba poniendo en duda la legitimidad de un presidente, induciendo a pensar que detrás existía todo un caso de espionaje urdido por
un partido que gobierna una comunidad autónoma. Si se tenía conocimiento de los datos, ¿por qué no los dio a conocer hasta que se resolvió la cuestión el delegado del Gobierno en Andalucía? ¿Por qué los tuvo en un cajón metidos y no dijo una
palabra a pesar de que se le requería para ello? ¿Por qué la Dirección General de la Policía, que usted ha dicho que hizo lo que tenía que hacer, esto es, trasladar al Juzgado de instrucción número 2 de Sevilla el expediente, que luego concluyó, lo
hizo cuando todo era conocido por la opinión pública y después ha tenido que ser un juzgado el que esclareciera la situación? Esta es la pregunta principal y le diría casi única que le hago y que espero que usted me conteste, pero no con una
indefinición de fechas, puesto que ha hablado del inicio, el 17 de octubre de 2001, pero no ha manifestado cuándo concluye. Y le recuerdo que el día 29 de noviembre de 2001 prácticamente todos los periódicos de España se hacían eco de esta noticia
con titulares muy parecidos al que he mencionado
anteriormente, que el presidente de la Junta de Andalucía había ordenado espiar. Ya se conocía por la policía que todo era una trama o que al menos era un montaje, un montaje que parece de película italiana de chiste. Usted mismo ha dicho
después de haber visto la cinta que era un montaje y no se identificaba a las personas; en fin, que era de mala calidad, una chapuza. En definitiva, ¿me podría usted decir -y luego le plantearé más preguntas- por qué teniendo todos esos datos,
habiendo transcurridos tres meses, no se trasladaron -si se trasladaron dígamelo- a la Delegación del Gobierno para que se hicieran públicos y se pudiera terminar esta situación inexplicable en una democracia?
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor director general de la Policía, le agradezco su comparecencia y además le felicito por la amplia y detallada información que, como corresponde a su responsabilidad, nos ha dado hoy en esta Comisión de
Justicia e Interior relativa al asunto por el que el Grupo Socialista había solicitado su comparecencia; amplia y detallada información de la que se deduce que la actuación y la investigación policial que se llevó a cabo en relación con los hechos
que S.S. acaba de exponer fue absolutamente profesional, completa, correcta y en plena coordinación, como S.S. ha explicado, con las autoridades judiciales, tal y como se debe hacer. Por eso me han sorprendido algunas de las manifestaciones que
ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, que sigue sin conocer cuál es el funcionamiento del Estado de derecho, cuál es el papel de la policía cuando recibe la denuncia de un determinado hecho y cuál es el mecanismo que establece la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la cual, señor De la Encina, por sus manifestaciones sigue demostrando que no la conoce. Le insto a que vaya a la biblioteca del Congreso porque allí encontrará magníficos ejemplares comentados y sin comentar en los que
podrá comprobar cuál es el mecanismo a seguir ante la denuncia de un determinado hecho, cuál debe ser la actuación de los cuerpos policiales y qué es lo que le corresponde hacer a la autoridad judicial, y no haga esa mezcla que ha hecho en su
intervención, ya que ello le lleva a situaciones curiosas en las que yo no voy a entrar. Y permítame que haga un paréntesis, señor Cotino. Seguro que los ciudadanos españoles prefieren que el director general de la Policía presencie en directo un
atraco antes que tener como director general de la Guardia Civil a un señor que se lleva la pasta. Seguro que los ciudadanos españoles preferimos a una persona honrada, competente y eficaz, como el señor Cotino, que a algún otro al que ustedes
asignaron otras responsabilidades. A partir de aquí podemos abrir todos los debates que ustedes quieran sobre este asunto que han planteado o sobre el que quieran. (Rumores.-El señor Mayoral Cortés: Que conteste el director general.)
Vuelvo a la cuestión, señor presidente. Señor De la Encina, usted ha hablado de verdadera convulsión política en Andalucía. Pues bien, la convulsión política importante es la que se produjo dentro del Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía. El asunto de fondo que usted ha planteado aquí desde el punto de vista político, habiendo entrado el director general de la Policía en los datos que corresponden a la actuación del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de
Policía, es exclusivamente un problema de familia y por eso cuando usted ha centrado la cuestión en el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía yo le digo que el problema está ahí. Ustedes han tenido un problema de familia. Tenían dos cajas
de ahorro de Sevilla -la Caja de Ahorros de San Fernando y Jerez y la Caja de Ahorros del Monte- que estaban presididas por dos distinguidos miembros del Partido Socialista y resulta que su partido político de Andalucía, encabezado por su secretario
general, decidió destituirlos en un proceso de elección. Pues bien, a partir de ahí viene todo el problema, un problema muy gordo entre ustedes y hoy sigue habiendo dos presidentes de cajas de ahorro que siguen siendo miembros del Partido
Socialista. Por tanto, si ustedes no son capaces de resolver sus problemas en su casa, búsquense otro sitio, pero no vengan a buscar responsabilidades a otro lado cuando están exclusivamente en el ámbito de su partido. Por cierto, señor De la
Encina, si usted se permite calificar una actuación de chapucera y de chapuza, dé argumentos. No puede usted decir frases que simplemente valen para un titular y que no se sustentan en ninguna afirmación. (El señor De la Encina Ortega: El auto
judicial.) Cuando usted comenta esa frase, probablemente le traiciona el subconsciente; usted está tan empeñado en defender al secretario general de su partido en Andalucía que probablemente le traiciona el subconsciente. Fíjese usted bien en las
dos palabras: chapucero y chapuza; las dos empiezan por ch. No le digo nada más. (El señor De la Encina Ortega: ¡Qué gracioso!)
Señor presidente, con esto termino. El Parlamento está para que el Gobierno comparezca todas las veces que haga falta y que los grupos parlamentarios planteen sus iniciativas. Ahora bien, pretender sacar punta a un asunto que no tiene más
que la tiene es un ejercicio inútil y probablemente muchos ejercicios inútiles lleven a la melancolía. Allá el que lo plantee. En todo caso, desde la responsabilidad de intervenir en nombre del grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo
Parlamentario Popular, quiero felicitar al director general de la Policía por la actuación de los cuerpos policiales en este y en todos los asuntos y por la información detallada que ha dado y animo al Grupo Socialista a que busque otras vías
políticas de confrontación, otros lugares
en los que plantear alternativas distintas y no aquí, ya que probablemente cada vez que tiren la pelota contra el frontón les volverá y si no agachan la cabeza les dará en un ojo. Tenga usted cuidado, señor De la Encina. (El señor Mayoral
Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Si me permite, quisiera expresar la opinión de mi grupo a la manera de sustanciar el trámite de petición de comparecencias, ya que finalmente se convierte en un debate entre el Partido Popular, que obviamente quiere
cubrir y blindar al compareciente, y el Partido Socialista. Señor presidente, la petición de comparecencia del Gobierno se hace por un grupo político para que el mismo informe y no para que el Partido Popular se luzca y plantee un debate cerrado,
eliminando prácticamente la presencia del compareciente.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego que termine, por favor. Cada grupo hace uso de su tiempo en la medida en que estima por conveniente.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, simplemente es para la misma cuestión de orden. Este grupo parlamentario empieza a estar ya notablemente aburrido de escuchar cómo desde el Grupo Parlamentario Socialista sistemáticamente se niega el
Reglamento y trata de inventar uno nuevo. (Risas.) El Reglamento es el que es; el Reglamento es el que sustancia este trámite de comparecencias y la presidencia está, ha estado y estará -porque viene obligada por el Reglamento- por sustanciar este
trámite de comparecencias como se hace. Que no le guste al señor Mayoral es su problema, pero el Reglamento es el que es y, desde luego, ni su invención reglamentaria y afortunadamente el propio Reglamento...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego que termine porque está concluido el trámite.
Señor director general, puede contestar al señor diputado.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Como director general de la Policía me corresponde explicar unos hechos que ha investigado la policía, de los que tuvo conocimiento el 17 de octubre y se cerraron el 7 de diciembre.
Estas son las fechas concretas de este tema. Durante ese período en que se estaba realizando la investigación y al estar judicializado, lo que tenía que hacer la policía es lo que hizo: investigar y poner los datos que tenía a disposición del
juez. Si esto se escribió en el periódico de una manera o de otra o quién dio la información al periódico, no lo ha investigado la policía. Por tanto, como es una investigación que ni la hemos llevado ni la pensamos llevar porque no es ningún
delito, usted hará el juicio que crea oportuno, pero no es el mío. (El señor De la Encina Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, le ruego que sea breve, por favor.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy a ser lo más breve posible, señor presidente.
Aunque hace 20 años que terminé la carrera de derecho, a pesar de que sigo intentando estar al día, quizá siga su consejo, pero no porque no conozca la Ley de Enjuiciamiento Criminal sino porque siempre es bueno repasar cuestiones que se han
estudiado hace muchos años. Aquí no estamos en un juicio sino en un órgano político, las Cortes Españolas, debatiendo sobre un fondo político y no sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, el que quizá se tenga que repasar el Reglamento
de las Cortes es usted, porque se confunde y todavía cree que está estudiando la carrera y viene aquí a examinar con cierta actitud de prepotencia a los demás.
Quizá siga su consejo, pero no porque no tenga conocimientos de derecho puesto que me
siento jurista y los conozco. Como este es un órgano político creo que hoy vamos a terminar, igual que el día 12 de febrero de 2002, sin conocer -y quien esconde algo, otorga- por qué el delegado del Gobierno en Andalucía, no ha comparecido,
conociendo todo lo que hicieron los policías adecuadamente y aplaudimos por el señor Cotino, a través de la Dirección General de la Policía; por qué el delegado del Gobierno -de quien pedimos la comparecencia aquí y usted con su voto rechazó
escudándose en la tradición parlamentaria- no tiene la valentía de decir por qué estuvo escondido ese informe policial que revelaba que todo era -vuelvo a repetir- una chapuza, aunque a usted no le guste esa palabra.
Nunca va a quedar claro porque
no tiene contestación. ¿Sabe por qué? Porque detrás de toda esta operación se escondía la tradicional derecha económica y política de Andalucía, a la que usted tan bien representa -por cierto, si siguen así continuarán como están, no 20 años sino
40 ó 60 en la oposición-, que utilizó los poderes mediáticos para montar una operación de envergadura en torno a las cajas y que lo único que pretendía no era una lucha de familias sino desestabilizar al Gobierno andaluz y terminar con toda una
operación -como dije el 12 de febrero- que concluyera con una frase tristemente famosa que lo único que cambiaba era el apellido y en vez de ¡Váyase, señor González! decía¡Váyase, señor Chaves! por ser el inductor de un claro caso de espionaje que
se demostró que era una auténtica farsa. Como le dije la otra vez, aquí no se contaba con dos cosas: con un auto judicial rápido, que gracias entre otras cuestiones a ese informe policial pudo desenmascarar esa operación y por eso nosotros hoy no
tenemos nada que imputar al señor Cotino, porque con su colaboración
facilitó que el juez pudiera aclarar sus pasos, y con un partido, el Partido Socialista de Andalucía, que gobierna desde hace 20 años, que supo estar unido -a pesar de las historias de familia dice-, defender a su presidente y salir con la
cabeza bien alta.
El señor PRESIDENTE: Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Como ya se ha producido la intervención del director general, pido la palabra simplemente para contestar con toda brevedad a la última intervención del señor De la Encina.
Evidentemente que estamos en un órgano político, señor De la Encina, por supuesto que estamos en un órgano político, pero a la vista de la intervención que acaba de hacer ahora mismo sinceramente creo que ustedes tienen que repasarse el
Reglamento. A partir de ahí cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Por cierto, señor De la Encina, usted ha dicho que este grupo parlamentario defendió la no comparecencia del delegado del Gobierno basándose en una tradición parlamentaria,
pero una tradición parlamentaria forjada durante los años de gobierno y de mayoría de su partido. Con esos antecedentes, este grupo parlamentario, en esa ocasión y en otras, como defendió mi portavoz el señor Gil Lázaro, explicó su posición, que
siempre es la misma. Por tanto, no saque usted de ahí conclusiones desde el punto de vista político.
Aquí hay una cuestión muy clara. Usted quiere centrar todo el problema político en una teoría conspiratoria curiosamente encabezada por dos militantes de su partido, los presidentes de dos cajas de ahorro, que son de la derecha tradicional,
como ustedes pertenecen a la derecha tradicional que es la que gobierna y la que mantiene el poder en Andalucía durante los últimos 20 años y que son los conservadores de Andalucía, los que no quieren perder los privilegios y el poder. Según el
concepto tradicional de la ocupación del poder y de dónde se sitúa cada uno, ustedes son la derecha, incluso una derecha de usos muy rancios y con su gesto están mirándose al espejo. Aquí no hemos venido a debatir sobre teorías conspiratorias que
han quedado absolutamente desmontadas.
Usted siga hablando de chapuzas o de lo que usted quiera, da igual, porque lo que importa en el Parlamento de España y en esta Comisión es ver la actuación del Gobierno. Usted ha dicho claramente y la
conclusión en la que me apoyo es que el Gobierno ha actuado correctamente. Usted acaba de felicitar al señor Cotino, que es el máximo responsable del Gobierno en la política del Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Dirección General de la
Policía, y la actuación de la Dirección General de la Policía en este caso concreto ha sido correcta, profesional y adecuada a los propios mecanismos que el Estado de derecho establece, como usted ha dicho. Las conclusiones que quiere sacar desde
el punto de vista político no se sostienen. Por tanto, simplemente les animaría a que busquen otro lugar de debate político. Sobre Andalucía me entran ganas de hablar mucho porque soy andaluz y diputado por una provincia andaluza, he estado en el
Parlamento andaluz 10 años y le puedo decir que cuando llegué allí ustedes tenían 62 diputados y el Grupo Popular 26 y hoy estamos empatados. Por tanto, señorías, tan mal no lo habremos hecho nosotros y tan bien no lo habrán hecho ustedes, sin
perjuicio de que cada uno tiene que construir su alternativa política y los andaluces decidirán. En cualquier caso, con discursos como el de hoy, no creo que ustedes lleguen muy lejos.
El señor PRESIDENTE: Señor director general, a efectos de cerrar el debate.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Por parte de la policía no hubo ningún informe policial escondido en ningún sitio y toda la información que tuvo desde el día 17 fue puesta a disposición del Juzgado de instrucción
número 1 de Sevilla; por tanto, cuando un tema está judicializado a quien deberíamos informar en todo caso es al juez.
Esto es todo lo que hizo la policía.
- LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR SU DIRECCIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON LOS BROTES DE RACISMO Y XENOFOBIA DETECTADOS EN EL BARRIO DE CANILLEJAS DE MADRID, ASÍ COMO FRENTE A LAS ACTUACIONES DE GRUPOS JUVENILES ORGANIZADOS QUE PROPUGNAN LAS CITADAS
IDEAS RACISTAS Y XENÓFOBAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/000915.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que se refiere a la comparecencia del mismo director general, a petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para el tema que figura en el orden del día. Para desarrollar
este punto tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): El pasado mes de febrero diversos medios de comunicación denunciaron la existencia de agresiones de tipo racista y xenófobo en el barrio de Canillejas de Madrid por parte de un grupo
al parecer de ideología neonazi, conocido como Juventudes de Canillejas, el cual desde hacía dos años aproximadamente venía realizando amenazas contra inmigrantes y otros colectivos de ideología contraria a la suya.
Realizadas las correspondientes investigaciones policiales, se pueden concretar los hechos acaecidos de la siguiente forma: En los años 1999 y 2000 se produjeron de forma esporádica enfrentamientos en la zona
de Canillejas de Madrid entre los miembros de un asentamiento de rumanos y jóvenes del citado barrio. Dichos enfrentamientos dieron lugar a la incoación de varios atestados policiales que fueron remitidos a la autoridad judicial. En el mes
de enero del pasado año el presidente de la asociación de vecinos La Amistad de Canillejas denunció pintadas de simbología fascista realizadas en la fachada del local donde se ubica la citada asociación. En el mes de noviembre pasado se reciben en
la comisaría de San Blas pegatinas encontradas en la fachada de la mencionada asociación vecinal, en las que se proferían insultos contra los inmigrantes y en las que figuraba la dirección de una página web. En el mismo mes, noviembre pasado, se
tramitaron diligencias por daños, rotura de cristales exteriores y puerta de cabina en un locutorio sito en la calle de San Narciso. En febrero de este año el presidente de la referida asociación La Amistad de Canillejas denunció pintadas
aparecidas en la fachada de la asociación, así como una pintada amenazante escrita en el auditorio del parque de Canillejas de esa zona. En ese mismo mes se tomó declaración policial al diputado del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
don Antero Ruiz López, con motivo de haber recibido en su despacho oficial una carta manuscrita de contenido racista y xenófobo en la que se hacía alusión expresa al grupo autodenominado Juventudes de Canillejas.
En vista de estos hechos se procedió por las unidades especializadas del cuerpo nacional de Policía a seguir la investigación relacionada con estos hechos, a recabar a través del mandamiento judicial el titular de la página web de Internet
correspondiente al grupo de ideología neonazi autodenominado Juventudes de Canillejas y todo lo publicado en la citada página, a analizar las informaciones recogidas en los diferentes medios de comunicación, a la realización de un reportaje
videográfico de las pintadas aparecidas en la zona de Canillejas, a efectuar identificaciones selectivas a los jóvenes de la zona que pudieran pertenecer a grupos de ideología neonazi, a contactar con las personas que según los medios de
comunicación social habían sufrido amenazas y a identificar a los trece miembros de un equipo de fútbol de esa zona que pudieron formar la sección de Canillejas de una peña de Ultra Sur identificada como Brigadas Blanquiazules.
Las investigaciones realizadas han permitido determinar que el origen del conflicto existente entre dicha asociación de vecinos y los presuntos autores de las pintadas se debe a diferencias entre grupos de jóvenes que habitualmente
frecuentan el parque donde se encuentra ubicada la asociación mencionada, los cuales molestan habitualmente a los vecinos dado que se reúnen en el parque con motos de pequeña cilindrada. Las pintadas realizadas en el entorno de la citada asociación
no son exclusivamente de ideología neonazi; éstas son minoritarias dentro del conjunto de graffitis que hay pintados en la zona.Como resultado de estas investigaciones fueron detenidos varios jóvenes, que han pasado a disposición de la autoridad
judicial, y otros han sido identificados, aunque no se ha logrado su detención por el momento.
Con relación a las mencionadas páginas web que el autodenominado grupo Juventudes de Canillejas poseía en Internet, se ha comprobado que su contenido era de aliento al racismo, apareciendo en el mismo distintas fotografías de integrantes del
citado grupo exhibiendo una bandera de color azul, con una calavera en el centro, rodeada de un círculo negro en el que se leía textualmente: Brigadas Blanquiazules. También se ha podido determinar que los jóvenes que aparecen en la citada página
web con una bandera de las Brigadas Blanquiazules pertenecen a la sección de Canillejas de Ultra Sur del Real Madrid de fútbol. En relación con el contenido de esta página web fueron detenidos dos jóvenes, en cuyos domicilios fueron encontradas
banderas, libros, anagramas, fotografías y ropa de uso personal de carácter neonazi y relacionados con movimientos skin. Los efectos intervenidos en los registros domiciliarios están siendo analizados e investigados en material informático para
determinar su origen y posibles vinculaciones, tanto a nivel nacional como internacional, con otros grupos e individuos de análogas características.
Como consecuencia de las citadas actuaciones policiales se ha producido la práctica desaparición de
esta página web.
Por otra parte, el locutorio de la calle San Narciso ha sido cerrado, abriendo su propietario un nuevo locutorio en la calle Valderrobles. Si bien en el mes de noviembre o diciembre del pasado año detectó en las inmediaciones del mismo
alguna pintada de los grupos de esta ideología, se encontraba perfectamente integrado en la zona, siendo el motivo del traslado del locutorio, según su ex propietario, únicamente de carácter comercial. Respecto a otros locutorios de la zona no se
han detectado pintadas ni amenazas ni daño alguno.
Por lo que se refiere a los enfrentamientos esporádicos entre vecinos de Canillejas y rumanos del asentamiento sito en las inmediaciones del barrio, hay que decir que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, sin que parezca
que tuvieran un trasfondo racista o xenófobo y sin que se tenga conocimiento hasta el momento de que se hayan repetido.
En resumen, las investigaciones realizadas se han orientado hacia un grupo de ideología neonazi perteneciente a este movimiento antes citado como presunto responsable de los hechos. De las investigaciones practicadas entre los vecinos de la
zona de Canillejas se desprende que no ha habido en ningún momento, con carácter general, agresiones ni ataques xenófobos a los inmigrantes residentes en el citado barrio, salvo los hechos relatados anteriormente.
En cuanto a la actuación de los grupos juveniles organizados en la Comunidad de Madrid, la Jefatura Superior de Policía de Madrid despliega en días y franjas
horarias dispositivos de vigilancia y control en los grupos de jóvenes pertenecientes a los movimientos sociológicos skin, así como en los eventos organizados por los lugares que suelen frecuentar este tipo de jóvenes con esta ideología. Es
de destacar que en la actualidad existen dos formaciones no organizadas, así como un número indeterminado de jóvenes denominados dispersos, ya que son admitidos en las formaciones anteriormente mencionadas Blood and Honour y Hammer Skin. Por
último, el pasado día 30 de abril fueron denunciados daños en el luminoso de la puerta de entrada de la mencionada asociación de vecinos La Amistad de Canillejas, y el día 7 de este mes se formuló nueva denuncia por el presidente de la citada
asociación, en cuanto un grupo de unos siete jóvenes dieron balonazos contra la fachada y la puerta de entrada de la misma, hechos estos que están siendo objeto de investigación, pero que en principio no parecen revestir carácter de tipo racista o
xenófobo, sino más bien de jóvenes del barrio de Canillejas enfrentados o contrarios a la citada asociación vecinal.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Quiero agradecer la presencia del señor director general de la Policía, señor Cotino, hoy aquí, como no puede ser otra forma. Pero tras este agradecimiento quiero aclarar que nuestro grupo piensa que la
comparecencia debería haber sido más política.
Nosotros habíamos solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid -que fue denegada-, porque no creemos que estas agresiones que se están produciendo sean sólo una cuestión policial.
Pensamos que son fundamentalmente una cuestión política, porque remiten a una estrategia social, cultural y política de respuesta de la sociedad democrática.
Los fenómenos de Canillejas que motivaron nuestra solicitud el 1 de febrero -hoy estamos a 22 de mayo; han transcurrido tres meses y pico- o el deplorable acontecimiento de la agresión a una iglesia de evangelistas rumanos en Arganda no son
episodios aislados. Se está produciendo un sustancial aumento de agresiones racistas que además son más violentas que en años anteriores. El incremento de actos de violencia xenófoba, especialmente de neonazis, son constatables en todos los
ámbitos de la geografía española. Hay una tendencia en el comportamiento de la Administración a calificar los ataques como hechos puntuales, tratando de difuminar el sello xenófobo de las agresiones. Hay cierta epidemia neonazi que se extiende por
toda Europa. Las noticias y los sucesos son incesantes, más allá de determinados resultados electorales que a todos nos pueden alarmar en un momento determinado. Este peligro ha sido constatado por todos los gobiernos europeos, no solamente por la
sociedad española. Pero, mientras tanto, la población española, sedada con mensajes tranquilizadores sobre nuestra sociedad, tolerante y diferente del resto de Europa, sin ningún tipo de medidas estratégicas que impidan el avance ultra y xenófobo,
quiebra de vez en cuando sus dulces sueños con explosiones de odio como las que se producen en el barrio de Canillejas.
Constatamos, una y otra vez, la misma falta de disposición de las instituciones democráticas a impedir las actividades ilegales de grupos neonazis, a permitir la marginación y segregación de los inmigrantes, a convertirlos en chivos
expiatorios, además de carne de explotación. Los graves sucesos de violencia racista ocurridos hace ya un año y pico en El Ejido revelaron los grandes déficit de integración social y seguridad ciudadana acumulados en la comarca durante los últimos
años, mostrando también la falta de prevención y la poca capacidad de algunas instituciones para intervenir en situaciones extremas. El dolor, la irritación y el miedo al conflicto no pueden dar lugar a acciones racistas como las que ya se han
registrado en El Maresme, Fuerteventura, Banyoles, Tarrasa, Ceuta, Melilla y muchas otras localidades en los últimos diez años; Arganda ha sido el último caso de agresión organizada y planificada. Y no puedo dejar de referirme al refugio de este
tipo de agresores antidemocráticos, es decir, el refugio futbolístico que la mayoría de estos agresores tienen. En ese sentido me gustaría conocer, ya que contamos hoy aquí con la presencia del director general de la Policía, si se está tomando
algún tipo de medidas, sabiendo como se sabe que estos energúmenos se refugian en esos grupos futbolísticos. En todos los casos, absolutamente en todos sin excepción, podemos comprobar la existencia de grupos xenófobos, neonazis, que instigan,
animan, incitan, propagan, organizan y llevan a cabo los ataques, instrumentalizando el conflicto social, el dolor y la irritación de una población afectada por graves problemas.
Los abcesos de la ultraderecha en Europa no son aislados. Hay caza del inmigrante, una versión dulce y política del odio, con postulados como inmigración cero y la asunción de la etnia como factor esencial de la acción, dando sentido a
programas populistas y neonazis. Se instala la tetralogía que hizo famosa Le Pen, identificando a la inmigración con el paro, la delincuencia y la inseguridad ciudadana; discurso al que a veces, por ejemplo, contribuye nuestro propio Gobierno. Yo
quisiera darle unos datos aquí, para de alguna manera desmontar algunos temas, que son del Observatorio de la seguridad pública del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía, en su número dedicado a analizar el fenómeno de la inseguridad y ante
el debate que pretende relacionar inmigración y delincuencia. Aporta datos estadísticos que determinan la afirmación del Gobierno que dice que durante el año 2001 el 40 por ciento de los detenidos por un delito o una falta penal eran extranjeros,
cuando los datos oficiales demuestran
que la cifra real de extranjeros detenidos fue de un 28,2, es decir, 65.382 detenciones practicadas, frente a un 71,8 de españoles, que son 166.768 detenidos. Además, el Observatorio de la seguridad pública desmonta el intento del Gobierno
de relacionar inmigración y delincuencia y le recuerda que la población inmigrante aumentó más de un 17 por ciento entre los años 1999 y 2000, y que, en cambio, y para igual período, el Gobierno presentó a bombo y platillo unas cifras de disminución
de la criminalidad del 3 por ciento, sin decir entonces ni una palabra del componente de la población extranjera en los índices de criminalidad.
La cuestión, señorías, es clara: firmeza o endeblez democrática ante el avance de estos grupos neonazis que, como en Canillejas -y como usted decía-, llevan prácticamente dos años planteando una serie de acciones que nosotros hemos venido
denunciando y que nos han llevado a pedir esta comparecencia, para ver definitivamente si se están tomando medidas en algunos casos que, de verdad, parecen de ciencia-ficción. No se puede entender cómo una página web puede estar circulando por
Internet durante dos años, emitiendo octavillas racistas, xenófobas, que ustedes conocen, y yo diría que haciendo de alguna manera apología del terrorismo claramente. En una sociedad sensibilizada como la que tenemos, y más desde los
acontecimientos del 11 de septiembre, ¿cómo se puede permitir que esta gente tenga tanta facilidad y se puedan hasta permitir el lujo de emitir sus mensajes a través de Internet? En ese sentido -es la primera pregunta que le quiero hacer-, mi
preocupación, aunque usted ya ha dicho algo, es si efectivamente se han tomado ya las medidas, creemos que sí, para que esa página web no siga emitiendo esos mensajes. También quisiéramos saber por qué se ha tardado tanto en tomar medidas contra
algo que era visible, quiero decir que no había que buscar mucho, y más cuando se había denunciado ya por parte de la Asociación de vecinos de Canillejas desde el mes de noviembre del año pasado.
Aunque usted ha dicho también algo aquí, se siguen soportando los actos vandálicos de estos energúmenos, por llamarlos de alguna forma, en el barrio de Canillejas, y hay una denuncia del 30 de abril...
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Voy terminando rápidamente, señor presidente.
Como decía, se vuelven a soportar los mismos actos vandálicos que justificaron nuestra primera petición en esta Comisión solicitando esa intervención. Nos gustaría saber si se han dejado de tomar las medidas que en un primer momento parecía
que se habían tomado o si, por el contrario, ante estos hechos, ustedes estiman que hay que tomar algún tipo de medida para evitar que se sigan produciendo estos hechos.
Una de las cuestiones que yo le planteo aquí por si usted puede tomar nota, y que los propios vecinos de Canillejas nos dicen, es que no hay coordinación entre la Policía local y la Policía nacional. A mí me gustaría que, si eso es así, se
tomaran las medidas para hacer mucho más eficaz el trabajo de estos dos cuerpos institucionales.
Nos plantean que uno de los problemas que se suscitan entre los vecinos y vendedores es la falta de regulación de la situación en que se encuentran los locutorios, es decir, se venden bebidas y demás, con lo que algunas veces se propicia
algún conflicto de competencia con los locales, y no hay ningún tipo de vigilancia en los servicios de venta de estos locutorios. Lo que pedimos es que se analice y se regularice esa situación.
Aunque yo sé que esto no le corresponde a usted, como estamos en una Comisión política aprovecho para pedirle que se cumplan las dotaciones y subvenciones suficientes a las asociaciones de vecinos, porque podrían hacer un trabajo con la
juventud que muchas veces evitaría ese caldo de cultivo que lleva a muchos jóvenes a meterse en estos grupos. En fin, ante este tema quiero preguntarle, aunque usted ha dicho algo también al respecto pero lo voy a hacer porque es de interés, qué
detenciones se han producido desde que se denuncian estos acontecimientos y en qué situación se encuentran en estos momentos esos detenidos.
Haciendo caso a la alusión que el presidente me acaba de hacer, termino diciendo que la preocupación que nos trae aquí es la preocupación que se vive en Canillejas de manera muy puntual pero muy continuada en el tiempo, y que al igual que en
Canillejas se está dando en otros barrios, en otros sitios. Es necesario tomar medidas no solamente policiales sino políticas, y en ese sentido hago un llamamiento a los responsables políticos que hay aquí para que tomemos nota todos y seamos
capaces de remontar esta situación que asola a la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señorías, señor director general de la Policía, lo de Canillejas es la expresión de un síntoma que tiene unas causas y es un caso más. Canillejas tiene su importancia. Esta explosión de racismo, esta manifestación
de racismo es un caso más de los muchos que se vienen produciendo ya en nuestro país, de tal suerte que está cayendo un poco el mito de que en nuestro país teníamos controlada esta cuestión del racismo, de que el pueblo español no era racista. Creo
que no lo es, sin embargo tiene un Gobierno que está alentando de una manera profunda e indirecta, pero evidente, que está fomentando que aparezcan expresiones de racismo. Cuando en este país se dice, se enfatiza y se sistematiza el planteamiento
de que el incremento de la delincuencia se debe fundamentalmente
a la presencia de inmigrantes sin matizar si son legales o ilegales, delincuentes extranjeros o simplemente trabajadores que se ganan la vida aquí, cuando se da ese brochazo se está generando en la sociedad española una sensación de
identificación del otro, de cualquier otro, en este caso el inmigrante, el que es distinto, el que tiene distinto color, el que tiene distinta cultura, y se le está transformando en enemigo público número uno. Eso lo está haciendo este Gobierno y
tiene que hacer una rectificación cuanto antes porque, desgraciadamente, todos los actos que vemos van exactamente en la misma dirección.
Sabemos que hay delincuentes extranjeros, condenamos obviamente la delincuencia extranjera y exigimos al Gobierno que luche contra los delincuentes extranjeros, los que había aquí antes y los que vengan nuevos, los que estaban en la Costa
del Sol, los que constituían bandas organizadas, los que las siguen constituyendo y son los más peligrosos, y no el que vemos por la calle y está siendo objeto de ataques racistas.
Eso le estamos exigiendo al Gobierno y eso el Gobierno no lo está
haciendo. El Gobierno ya no puede ocultar el incremento de la criminalidad porque es evidente e incontestable, trata de salvar la situación buscando un culpable, y el culpable es un chivo expiatorio, un tercero que anda por ahí despistado. Es
terrible lo que está pasando en la sociedad española y lo vamos a pagar, señor Cotino. Se va a pagar porque estas manifestaciones de racismo de Canillejas, lo que ha ocurrido en Premià y en otros lugares y lo que va a ocurrir en muchos más sitios
está sustentando la idea de muchos ciudadanos que dicen que el Gobierno tiene la razón, que el Gobierno les defiende porque dice quiénes son los culpables. Yo creo que el Gobierno está haciendo una mala tarea, una tarea negativa, una tarea nefasta
para el futuro de la sociedad española.
Aquí lo que hay que preparar es la convivencia, lo que hay que preparar es la integración. Lo que hay que hacer es que el Plan GRECO tenga éxito y el Plan GRECO sabe usted que es una fantasía. No vamos a
arreglar los problemas de seguridad ciudadana, lo saben ustedes igual que todos los policías del país; no se van a arreglar, aunque tengamos 400.000 policías en España. Los problemas de seguridad ciudadana no se arreglan si hay una sociedad
insolidaria, si hay una sociedad que está basada en esta ineficiencia, en esta falta de aportaciones como es el Plan GRECO. Lo que no nos gastemos en solidaridad lo vamos a gastar en policía, señor Cotino, y en cárceles, y esa es la tendencia que
se viene manifestando desgraciadamente en nuestro país. El fallo del Plan GRECO es un fallo del ministro de Interior, de su ministro. El señor ministro de Interior tiene dos manos, tiene dos bazas en su mano, es el ministro de la seguridad pública
y es el ministro de la inmigración. Lo que no tiene sentido es que si le falla la seguridad pública eche la culpa a su otra mano, que es la mano con la cual tiene que manejar el proceso de integración de la inmigración.
Todo esto se está sustentando en unos términos que son malos agüeros para la sociedad española, se lo digo con sinceridad. En el proceso de culpabilización del inmigrante sin matices -repito, yo sé que hay que luchar y le apoyaremos en la
lucha contra el delincuente extranjero- no han conseguido demostrar que sean los inmigrantes los culpables del incremento de la criminalidad. Han dado cifras que no son ciertas, la que dio el señor ministro de Interior, la que dio el señor
presidente del Gobierno, la que ha dado el delegado del Gobierno de Madrid hace poco tiempo. Ha habido gente que lo ha desmontado, que ha demostrado que esa cifras no son ciertas y dando cifras inciertas se está justificando un argumento.
Voy a terminar ya, señor presidente. Me di cuenta de la inexistencia de datos demostrativos de la afirmación del Gobierno cuando viendo sus cifras oficiales comprobé que Teruel -repito el caso de Teruel- tenía un incremento de la
criminalidad del 22 por ciento. Ustedes habían dicho que el incremento de la criminalidad se debía al aumento de la población y al aumento de inmigrantes. Ya ve usted el alud de inmigrantes que hay sobre Teruel y sobre Soria, que ha crecido un 16
por ciento en estos tres primeros meses, sobre Ávila, que ha crecido en un 20 por ciento, y sobre Cáceres, que ha crecido el 26 por ciento ¿Dónde está el alud de inmigrantes ahí, señor Cotino? Sin embargo, en Almería y en Cádiz, que son las
provincias donde el choque frontal de la llegada de inmigrantes es más fuerte, ha disminuido la criminalidad. Clarifíqueme usted por qué se producen estas cosas, porque en el fondo todos estos resultados, todos estos Canillejas, casi todas las
cosas que van a pasar en este país tienen su raíz en ese mal argumento, en esa mala explicación y en esa mala política.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Por comenzar ateniéndome a la cuestión, después habrá que entrar en unas consideraciones generales también en torno a la cuestión, como han hecho otros portavoces, tengo que expresar mi decepción con el planteamiento
inicial que ha hecho el señor Ruiz. Para ser exacto, el señor Ruiz no debería haber dicho simplemente que se pidió la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid y fue denegada. Se ha quedado ahí, yo creo que conscientemente, para intentar
vertebrar un discurso a partir de ahí.
Señor Ruiz, si hubiera querido ser riguroso -me remito al 'Diario de Sesiones'-, y con esto me ha decepcionado, tendría que haber dicho: en la sesión en la que pedimos la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid se argumentó por
parte del Grupo Popular la tradición de que los delegados del Gobierno no comparecían en esta Cámara. A continuación, el portavoz del Grupo Popular dijo -me remito al 'Diario de Sesiones'- que por el compromiso del Gobierno,
por el compromiso de todos los grupos parlamentarios y por el compromiso de este Grupo Popular le invitábamos a que formulara usted la solicitud que no había formulado, la solicitud de comparecencia del director general de la Policía y, que
sería inmediatamente apoyada por este grupo.
Y hoy, la comparecencia del señor director general de la Policía por este asunto es exactamente el trasunto y la acreditación de ese compromiso parlamentario ¿Por qué no ha relatado S.S. los hechos en
los términos en que se produjeron? ¿Por qué simplemente se ha querido referir a que fue denegada? No, fue denegada en virtud de una tradición parlamentaria y este portavoz le invitó públicamente, y está en el 'Diario de Sesiones', a que formulara
usted la solicitud de comparecencia del director general de la Policía, es decir, autoridad superior a la del delegado del Gobierno, y que sería apoyada esta comparecencia por este grupo. Y aquí estamos.
Por cierto, me hubiera gustado, quizá como expresión de un cierto reconocimiento personal, que S.S. hubiera hecho mención a las muestras de simpatía, de solidaridad y de puesta a disposición, yo no sé de otros, que al menos le hizo a usted
este portavoz en nombre de su grupo en el momento en que tuvimos conocimiento de la carta absolutamente inaceptable que recibió su señoría. Me sorprende que no se hayan manifestado en sus exactos términos esas dos cuestiones de principio.
Por lo demás, entrando en la cuestión objeto de la comparecencia, se dice: no entendemos que esta comparecencia no haya sido más política. Es que de lo que se trata no es de venir a hacer aquí los discursos globales que hemos escuchado,
sino de cumplir exactamente con el objeto de la comparecencia, y se le pedía al director general de la Policía que acreditara si se habían tomado o no medidas y si esas medidas habían sido eficaces, y el director general de la Policía ha hecho un
relato de hechos, de las medidas y de los resultados que demuestran que en torno a la cuestión objeto de la comparecencia se ha actuado de una manera eficaz.
Por cierto, expresiones como que existe una tendencia por parte de la Administración a calificar estos hechos como hechos puntuales, expresiones como que se trata por parte de la Administración de difuminar el sello de las agresiones
racistas y xenófobas simplemente situándolas en términos puntuales, expresiones como que no existe ningún tipo de estrategia contra estos actos xenófobos y racistas o expresiones como que desde este Gobierno tan sólo se produce y se pretende la
segregación del inmigrante y su conversión en chivo expiatorio son muy legítimas desde la perspectiva de cada grupo, pero desde luego desde la perspectiva del nuestro las tenemos que rechazar de una manera terminante y clara, especialmente porque
-volvemos al objeto de la comparecencia- los datos y los hechos demuestran que esas expresiones tienen muy poco soporte real.
¿Saben ustedes, por ejemplo, que en el ámbito de todas las jefaturas superiores de policía existen grupos especializados para la lucha contra estos elementos racistas y xenófobos? Pues me da la sensación de que no lo saben o que en el
conjunto de su discurso no les interesa reconocerlo.
¿Saben ustedes, por ejemplo, que me resulta chirriante que se trate de establecer -y no porque eso afecte a este o aquel grupo político, a este o aquel gobierno o a esta o aquella administración,
sino porque afecta a la consideración del conjunto de la sociedad española- una secuencia que no es real, la secuencia de decir: lo que fueron hechos puntuales en su momento está transmutándose en una especie de fenómeno generalizado? Pues eso es
tremendamente injusto con el talante de esta sociedad.
Afortunadamente esta sociedad no es, no ha sido y estoy absolutamente convencido de que no será una sociedad racista ni xenófoba, y ese es un mensaje en términos didácticos que conviene
repetir, no intentar sembrar dudas para construir a partir de ahí un discurso político sectario que tan sólo tiene como objetivo plantear un argumento dialéctico de oposición al Gobierno, porque hay cosas que son mucho más importantes y mucho más
trascendentes que la dialéctica Gobierno y oposición.
Pero además lo dicho viene acreditado por los datos. En el año 2000 se produjeron 165 agresiones, actos o manifestaciones que se pueden técnicamente calificar como actos racistas y xenófobos; en el año 2001, afortunadamente, tan sólo 116,
y yo estoy convencido de que, por más que esas cifras disminuyan, el compromiso de todos, desde luego el de este grupo parlamentario, estoy convencido de que el de todos los grupos parlamentarios, y naturalmente el del Gobierno, no digo ya sólo de
este Gobierno, de cualquier gobierno, de cualquier administración, sea cual sea el signo político de esa administración, sigue siendo buscar la tolerancia cero en materia de racismo y de xenofobia. Por eso, si alguien se preocupa de estudiar con
detenimiento las cifras y los datos de evolución de las actuaciones policiales en los últimos años en materia de lucha contra los grupos racistas y xenófobos, uno puede apreciar ciertamente un nivel de eficacia, que no es algo que deba satisfacer
exclusivamente al Gobierno, sino que nos debe satisfacer a todos si todos estamos de acuerdo en que racismo y xenofobia son dos banderas tan negras que hay que dejarlas fuera del juego dialéctico entre Gobierno y oposición.
Afortunadamente, ayer esta Cámara volvió a hacer un ejercicio de responsabilidad y de profundo compromiso democrático aprobando por unanimidad -donde inevitablemente los dos grupos mayoritarios, Partido Socialista Obrero Español y Partido
Popular, tuvimos un especial protagonismo en la conclusión de esa unanimidad- una declaración y la referencia a unas actuaciones concretas a partir de esa declaración frente al racismo y a la xenofobia.
Yo tengo que concluir, señoras y señores diputados, señor presidente, que casi todo en esta vida es opinable. Desde luego hay quien puede dar -y está absolutamente legitimado- más valor a los datos que puede proporcionar una institución con
un nombre muy amplio, muy técnico, muy científico, pero que es un grupo de trabajo de una central sindical, que a los datos de la Administración del Estado. Eso es absolutamente opinable y respetable. Nosotros, desde luego, damos mucho más valor a
los datos que proporciona la Administración del Estado que a los datos que puede proporcionar este observatorio del Instituto, que es un grupo dependiente de una sección sindical que tiene una estrategia definida y determinada que es muy respetable
y muy legítima porque es la suya, pero que responde al conjunto de una estrategia sindical determinada.
Decir que este Gobierno está fomentando que aparezcan brotes de racismo es una expresión que choca intelectualmente, la diga quien la diga, que aún podría ser comprensible si se dice desde un grupo marginal, desde un grupo minoritario, desde
un grupo que no ha tenido y que no podrá tener nunca responsabilidades de gobierno, pero cuando se dice desde un grupo que ha tenido responsabilidades de gobierno y que legítimamente puede volverlas a tener es sencillamente un despropósito y una
irresponsabilidad y evidencia que no hay argumentos y que, como no los hay, no hay alternativas e inevitablemente se cae en el tono más zafio y más panfletario posible del discurso. Yo creo que van a pagar su irresponsabilidad algunos, los que
hacen ese discurso.
Me alegra escuchar que alguien desea que el Plan GRECO tenga éxito (El señor Mayoral Cortés: Que exista.), porque hasta hoy mismo estamos escuchando que el Plan GRECO era poco menos que una colección de todos los males. Lo único que pasa
es que el Plan GRECO no ha existido nunca hasta que el Plan GRECO ha existido, y esta obviedad, esta perogrullada, acredita que probablemente este ha sido el primer Gobierno que ha mostrado un profundo compromiso multidisciplinar interministerial
con el factor principal de integración social del inmigrante desde la perspectiva de nuestro Estado de derecho, es decir, desde la perspectiva de la inmigración legal; fomentar la inmigración legal es la mejor forma, en términos sociales -ya no
estoy diciendo policiales-, de luchar contra el racismo y la xenofobia. Fomentar la inmigración legal exige mucho realismo y mucho sentido común, que es lo que se está poniendo en práctica, realismo y sentido común, que no casan con ciertas
zafiedades argumentales y que no casan desde luego con la llamada a la política de puertas abiertas, porque la llamada a la política de puertas abiertas es precisamente lo que conduce a determinadas situaciones indeseables.
Por cierto, no ha sido este Gobierno, no ha sido este grupo parlamentario.
Yo recomiendo a algún señor portavoz que se lea teletipos de ayer...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego vaya concluyendo, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Termino, señor presidente.
Recomiendo a algún señor portavoz que se lea teletipos de ayer mismo y encontrará a un destacado dirigente provincial de una circunscripción andaluza repitiendo la misma frase -frase tan preocupante y tan detestable- que repetía el señor
Fortuyn en Holanda: el barco está lleno.
Un destacado dirigente socialista andaluz dijo que su provincia está llena, que ya no caben más y ya no pueden venir más. Eso, desde nuestro punto de vista, no representa la posición global del Partido
Socialista, ni mucho menos, puede ser el exceso de un dirigente. Nosotros, precisamente por sentido de la responsabilidad, cuando escuchamos manifestaciones de ese estilo las trillamos y las consideramos simplemente un inaceptable exceso verbal
individual.
Esperamos que en el futuro otros vuelvan al sentido común y a la responsabilidad para no hacer argumentos de brocha gorda, para no incurrir en viejos discursos y para no intentar convertir un elemento de compromiso democrático tan profundo
como es la lucha contra el racismo y la xenofobia en un elemento barato en el contexto de la dialéctica Gobierno-oposición o, mejor dicho, oposición frente al Gobierno.
Concluyo diciendo, señor director general, que con los hechos concretos que ha relatado usted, ha respondido a las preguntas que le ha formulado en su intervención el señor Ruiz, respecto a que en Canillejas ha habido una actuación eficaz de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en especial del cuerpo nacional de Policía, en el contexto del compromiso de la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior y del conjunto del Gobierno y, más allá del conjunto del Gobierno, del
conjunto de la sociedad española por no permitir que esos brotes aislados de racismo y de xenofobia puedan ni siquiera llegar a convertirse en atisbo de un fenómeno en este país que es y va a ser solidario e integrador.
El señor PRESIDENTE: Señor director general, puede usted contestar.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Me ha preguntado usted si seguimos trabajando en la investigación de los hechos puntuales que están ocurriendo. Debo contestarle que seguimos trabajando, y quizá de mi informe se
desprende en parte que los últimos hechos respecto a la asociación de vecinos no hay que relacionarlos directamente con el tema del racismo o de la xenofobia, sino más bien con unos actos que podríamos titular de gamberrismo puro; es decir, gente
que pega con el balón a la puerta, que son los últimos de esta semana. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Ello no quiere decir que no haya habido otros
hechos. Los implicados han sido puestos a disposición judicial, como he explicado, y de ellos se han detenido a cuatro personas. ¿En qué situación quedan esas cuatro personas que han sido imputadas por esos hechos? Lógicamente, en
libertad hasta que salga el juicio pertinente sobre los hechos que han cometido.
Por otra parte, usted también ha planteado qué estamos haciendo, porque estas personas o estos núcleos están a veces relacionados con actividades deportivas o con grupos determinados. Todos lamentamos las actuaciones recientemente en Madrid
de estos grupos y usted conoce que han sido detenidas nueve personas. Se ha creado una comisión de trabajo compuesta por expertos, tanto sociólogos, como gente del mundo del deporte, de la policía, del ministerio en sus distintas ramas, para
elaborar unas normativas determinadas a fin de atajar mejor estos actos violentos de esta gente que confunde los ultras y todos los campos que de alguna manera deterioran la normalidad de la sociedad, y eso es un hecho.
Me ha dicho usted que es importante desde la policía o desde el Gobierno que se impulsen acuerdos con las asociaciones de vecinos para poder paliar estos problemas. Estamos completamente de acuerdo con usted y por ello la Dirección General
de la Policía en sus presupuestos tiene una partida determinada y tiene relaciones permanentes con la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos para realizar programas determinados de formación a vecinos para poder paliar los problemas que
están generando estos hechos u otros que pueden afectar a cualquier barrio de nuestro ciudad. En esa idea y en ese campo estamos trabajando.
Respecto a las manifestaciones del portavoz del Grupo Socialista, no creo que sea el momento oportuno de entrar ahora a profundizar en ellas, yo no sé si usted era diputado en la legislatura anterior o no lo era (Denegaciones), no lo era,
entonces a lo mejor no tiene ninguna culpa de algo que hizo su partido. Con la estadística del Ministerio del Interior y aislando el caso concreto que también ha sido citado en esta sala sobre el tema de El Ejido, sume usted los años que quiera de
toda la etapa socialista. Hay menos hechos de este estilo ahora que había cuando gobernaba el Partido Socialista. Esta es la realidad. No se ría, mire la estadística, la real, no la que hacen algunos a su imagen y semejanza.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Ruiz, brevemente, por favor.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Con suma brevedad.
Siento haber decepcionado al señor Gil Lázaro, pero tengo que decir que yo no he hecho trampas, si es eso lo que le preocupa. Yo planteé en esta Comisión la conveniencia de que fuera el delegado del Gobierno quien compareciera, mantuve esa
posición y voté favorablemente. Eso hay que reconocerlo. Ante la propuesta que hace el Partido Popular a través de su portavoz señor Gil Lázaro, este grupo acepta que sea el señor Cotino porque no hay otra posibilidad, pero nosotros políticamente
mantenemos que tiene que ser el delegado del Gobierno. Hay que reconocer que se nos brindó esa posibilidad, pero ante el dilema de esto o nada, aceptamos la comparecencia que hoy se está produciendo aquí, y que yo creo que políticamente tiene que
ser rentable. Nosotros seguíamos diciendo que con el reglamento en la mano no había nada que se interfiriera para que compareciera el delegado del Gobierno. En algún momento habrá que tener algún debate de por qué el Partido Popular se empeña en
que los delegados del Gobierno no pueden comparecer. Nosotros entendemos que con el reglamento en la mano no hay ningún inconveniente para que compadezcan los delegados del Gobierno.
Yo no he dicho nada en cuanto a mi amenaza, porque entendía que no debería de personalizar en esta comparecencia un hecho lamentable, que yo pienso que no hay que darle demasiada publicidad. Ahora, tengo que reconocer, y le agradezco al
señor Gil Lázaro que lo haya dicho aquí, la solidaridad de todos los grupos de la Cámara sin excepción, encabezados por la presidenta del Congreso, que también me mandó un comunicado de solidaridad poniéndose a disposición. Repito, he preferido
obviar este tema para no personalizar en un hecho de estas características.
Sigo diciendo, señor Cotino, que los hechos, aún con las medidas que ustedes han tomado, que son ciertas y los propios vecinos lo reconocen, se siguen sucediendo. La denuncia del día 30 de abril no es solamente por balonazos en la puerta,
sino por rotura del luminoso superior, luminoso de esquina desencajado del lugar, y un cierre abollado. Se siguen produciendo hechos vandálicos, que podemos decir que son actos de gamberrismo, pero han vuelto a aparecer otra vez pintadas xenófobas
y yo creo que eso va más allá de lo que son los actos de gamberrismo.
No me ha contestado usted a lo que le he preguntado sobre la problemática que puede estar teniendo la coordinación de los cuerpos de Policía Local y Nacional, puesto que parecía ser que efectivamente había problemas y eso podía estar
resultando ineficaz a la hora de desarrollar el trabajo.
Sí le pediría que como mínimo, si no contesta, tomara nota de ese tema para un mejor trabajo.
No voy a entrar en este segundo turno en lo que es el discurso de cada cual, pero desde el Grupo Parlamentario Federal, con todo nuestro derecho y con todos nuestros respetos, el mismo que pedimos a los demás, tenemos voluntad de gobernar
algún día y por eso estamos aquí. Somos un grupo democrático que nos ceñimos a lo que es la voluntad popular, y el día que los ciudadanos de este país decidan darnos su apoyo, pues gobernaremos.
Lo que sí pido es respeto al resto de los grupos
hacia los grupos minoritarios, porque algunos hasta hace pocos años no eran tanta mayoría, y yo me imagino que todos nos merecemos un respeto.
Repito, nosotros vamos a seguir defendiendo que con la actual Ley de extranjería va a ser muy
difícil afrontar los problemas de inmigración que hay, y los retoques que el Gobierno nos está apuntando que quiere hacer, no son la salida y vamos a seguir defendiendo esas posiciones políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muy brevemente. Señor presidente, el problema que tienen los discursos de ocasión y de alabanza es que suelen ser bastante inconsistentes. Una vez más hemos podido oír hace un momento discursos de este tipo, de
pompas y loas, que desde luego no contribuyen a clarificar ninguno de los problemas ni las cuestiones que aquí se debaten; más bien parecen manifestaciones de corifeos, de sistemas políticos anteriores donde todo era alabanza y de ocasión.
Señor presidente, señorías, aquí hay un problema muy serio; un problema de trasposición de imágenes que se basa fundamentalmente en un juego dialéctico, pero que en el fondo tiene una enorme inconsistencia, es el juego dialéctico que
practica el Partido Popular. Dice: ustedes son los responsables de pedir las puertas abiertas, ustedes -los socialistas- son los responsables del efecto llamada, etcétera. Pero ¿quién tiene las puertas abiertas aquí, en este país, de una manera
incontrolada, desorganizada? ¿Quién carece de política de inmigración en este país sino el Partido Popular y el Gobierno? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en este país? Cuando dice, por ejemplo, y eso demuestra la inconsistencia
dialéctica del señor Gil Lázaro, que un representante o responsable político de su partido ha dicho eso de que esto está lleno, pero ha sido un responsable de otro lugar el que ha organizado, parece que con la pasividad del Gobierno, el traslado de
inmigrantes de un lado para otros. Es que los espectáculos que estamos viendo en este país son para ponérsele a uno los pelos de punta, lo que pasa es que la sociedad española desgraciadamente se está acostumbrando.
El efecto llamada, las puertas abiertas, eso finalmente es responsabilidad del Partido Popular. Veamos el caso. Aquí se cambió una ley porque había un partido que fomentaba las puertas abiertas, y ahora resulta que después de aprobar esa
ley, que al parecer ya resulta insuficiente, porque se anuncia su reforma, hay 200.000 inmigrantes de los llamados ilegales o sin papeles en nuestro país, más que antes incluso, y eso está repercutiendo sobre muchas cosas. Desde luego, en lo que se
refiere a su área de responsabilidad, señor Cotino, no hay responsable de seguridad ciudadana en España que sea capaz de mantener en este país en unas condiciones mínimamente ordenadas, con el desorden general en el que se mueve la política de
inmigración del Gobierno, por todos los efectos que tiene, y luego con el descaro de echar la culpa a los que en definitiva vienen aquí bajo ese efecto llamada, en donde el INEM ya no existe, señor Cotino. Aquí el INEM no sirve prácticamente ya
para nada en lo que se refiere a la política de inmigración. Ustedes han llevado la política de inmigración al Ministerio del Interior y debiera estar fundamentalmente en una política laboral y social. Ustedes la han extraído de ahí y no me
extraña que finalmente tengan este tema conceptuado fundamentalmente como un problema de orden público o de seguridad ciudadana. Así que habría que ir clarificando determinadas cuestiones.
En lo que se refiere al tema de las estadísticas que usted mencionaba, yo creo que nunca se ha sospechado, y es un clamor tan universal de tantos profesionales, de tanta gente y responsables políticos, que prácticamente ya es incontestable
por parte de ustedes. Es decir, nadie cree en las estadísticas del Ministerio del Interior. Eso lo sabe usted, y nosotros les hemos propuesto una solución que yo le rogaría la tomaran de verdad en serio, porque no basta decir: ustedes las tenían
mejores o peores. Lo que decimos es que éstas son malas, y este es el Gobierno que está gobernando y el que tiene que responder. Nosotros le hemos propuesto que se cree la agencia nacional de estadística y evaluación de la criminalidad, donde se
recojan todas las fuentes, donde estén todos los organismos gestores de seguridad, todos aquellos que tengan algo que ver con la criminalidad en nuestro país; que esté el Gobierno, la Fiscalía General, las comunidades autónomas, la representación
de los municipios, el Instituto Nacional de Estadística, que hacen aportación de datos, para que nos enteremos finalmente de qué es lo que está pasando en el país, porque dentro de poco van a salir las estadísticas del fiscal general del Estado, y
ya verá usted que son el doble prácticamente de las que ustedes dicen en el Ministerio del Interior. (El señor director general de la Policía, Cotino Ferrer: Es lógico.) Bien, de acuerdo. Luego ustedes tienen su explicación, pero esa explicación
carece de convicción. No es convincente. Nadie se la cree tampoco. Creen ustedes la agencia de estadística y evaluación de la criminalidad y empezaremos a tener credibilidad y a saber qué es realmente lo que está pasando en este país.
Finalmente, en cuanto al tema de Canillejas y acontecimientos similares que se producen, se han producido y desgraciadamente se van a producir, no he oído ninguna medida con relación a la petición que le ha hecho el portavoz de Izquierda
Unida. No he visto nada que represente alguna reacción del Gobierno, porque ésta es otra preocupación que tenemos, señor Cotino, que frente a la situación de la inseguridad ciudadana -ataques racistas, etcétera, y veinte mil acontecimientos de
orden criminal que se producen en este país-, es
decir, del crecimiento de la criminalidad, este Gobierno no reacciona, no aporta ninguna idea, no aporta ninguna solución, y todas las que trataron de poner en marcha en su día ya han sido desbordadas. Ustedes tienen que traer una política
de seguridad a esta Cámara, si es que la tienen o si son capaces de elaborarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, quiero señalar que la disyuntiva que se le planteó al señor Ruiz no fue o esto o nada. Lo que pretendíamos por parte de este grupo, precisamente porque no minimizamos ningún tipo de acto que pueda
tener un encaje en eso que se llama actuaciones racistas o xenófobas, nuestra disyuntiva fue decir que creíamos que debía comparecer la máxima autoridad responsable, que es sin lugar a dudas el director general de la Policía. Por tanto, no es o
esto o nada, es la máxima autoridad responsable. Es decir, que no comparezca el coronel, sino que comparezca el general. Por cierto, si usted quiere hacer ese debate sobre el tema de los delegados del Gobierno, yo creo que se puede hacer algún
día, pero explicaciones, vuelvo a repetir -y se lo señalaba antes en la anterior intervención el señor Atencia-, a nosotros no, explicaciones en todo caso a quien asentó la norma consuetudinaria que viene funcionando en esta Cámara. Por otro lado,
es absolutamente cierto que los discursos de ocasión son inconsistentes. Los discursos panfletarios son ya ultrainconsistentes.
Por lo que se refiere a juegos dialécticos, en este caso voy a tener la cortesía de no relatar cómo está formulada una determinada pregunta escrita del Grupo Parlamentario Socialista y cómo está formulada a su vez la contestación por parte
del Gobierno. Vamos a dejar en la duda quién pregunta sobre delitos cometidos por inmigrantes y vamos a dejar en la duda quién contesta no citando para nada la palabra inmigrante, sino simplemente extranjeros legales, extranjeros ilegales. Decir
que este Gobierno carece de política de inmigración, no es más que un puro voluntarismo; ahí está la ley y ahí está el foro social para la inmigración, ahí está el observatorio permanente para la inmigración. Por cierto, la mejor demostración de
que este Gobierno carece de política de inmigración, que se mueve en el desorden general y que además no tiene ningún interés en fomentar la integración social de los inmigrantes, es el cerca ya de millón de ciudadanos extranjeros que trabajan en
nuestro país y que cotizan a la Seguridad Social. Esa es la mejor demostración de la inexistencia de esa política social de inmigración por parte del Gobierno: cerca ya de un millón de ciudadanos extranjeros que trabajan en España y que cotizan a
la Seguridad Social.
Respecto a eso de que nadie se cree las estadísticas del Ministerio del Interior, nosotros sí nos las creemos. No diga usted que nadie se las cree porque ¿es que esa amplísima mayoría de ciudadanos que respaldó legítimamente en las urnas el
proyecto político del Partido Popular es para algunos nadie? Esa inmensa mayoría que nosotros representamos sí se cree las estadísticas del Ministerio del Interior; lo que esa inmensa mayoría que nosotros representamos no se cree -y nosotros
mismos tampoco- son ciertos discursos tronantes. Por cierto, cuando aparezcan los datos de la Fiscalía General del Estado (estamos cansados de repetir hasta la saciedad, hasta el aburrimiento, que miden cosas distintas; es decir, volvemos a la
tradición dialéctica popular: no se pueden mezclar churras con merinas) traeré a colación algún diario de sesiones, me limitaré a leerlo, sobre valoración de los datos del fiscal general del Estado y de los datos del Ministerio del Interior. Para
dar mayor emoción a la cosa no diré de qué fecha son esas valoraciones ni quién es el portavoz que las formula.
En definitiva, no me extraña -con esto concluyo, señor presidente- que algún señor portavoz diga que no ha visto nada en la contestación del señor director general de Policía. No me extraña que no haya visto nada porque últimamente me da la
sensación de que quienes hacen esa afirmación -más allá de la persona en concreto, del grupo político que represente- en materia de seguridad, y me temo que en materia más importante aún que es la de conciencia de lo mucho y muy importante que
representan en este país, no solamente no ven sino que han hecho una dejación, no sé si consciente o inconsciente, de un elemental sentido del realismo y de la responsabilidad. Yo, desde luego, he visto y he oído en nombre de mi grupo, señor
director general, que en Canillejas se han producido unos determinados hechos y que el cuerpo nacional de Policía ha actuado como es su obligación -no es un mérito- de manera eficaz para poner coto a esos hechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor director general de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Señor Ruiz, respecto a lo que usted me ha preguntado tomo nota de dos temas, concretamente de lo de los locutorios que usted me ha dicho y lo de la policía local; personalmente me
ocuparé de hablarlo con ellos.
En segundo lugar, quiero decir que posiblemente el señor Ruiz ha estado hablando con los vecinos de ese barrio y con las asociaciones de vecinos de ese barrio y el señor Ruiz ha dicho que ciertamente la policía ha estado trabajando en ese
tema. Usted, sin embargo, probablemente no conoce esa realidad de hablar con los vecinos de esos barrios y, por tanto, lo que usted dice me parece fenomenal, acepto sus teorías, pero pisan poco el suelo.
- LA DESMESURADA CARGA POLICIAL CONTRA AGRICULTORES DE ANDALUCÍA CONCENTRADOS EN LA ESTACIÓN DE SANTA JUSTA DE SEVILLA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000698.)
- LA ACTUACIÓN POLICIAL EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2002 EN SEVILLA EN EL CONFLICTO DE LOS ALGODONEROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000697.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se han acumulado las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida relativas a los sucesos
acaecidos en la estación de Santa Justa en Sevilla el día 18 de febrero de este año.
En primer lugar tiene la palabra el señor director general de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Creo que estos hecho fueron explicados en una comparecencia -si no estoy mal informado- del vicepresidente del Gobierno pero, en cualquier caso, desde el informe que la policía en su
momento elaboró, con mucho gusto paso a relatarlo de nuevo.
El día 6 de febrero del presente año se organizó en la localidad de Jerez de la Frontera una caravana de tractores y vehículos con intención de participar en una concentración que estaba convocada para el día 9 de febrero a las 11 horas en
la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Madrid. En la mañana del día 7 de febrero, en la localidad de Carmona, punto de partida de una de las etapas de su marcha hacia Madrid, responsables del dispositivo de la Guardia Civil
que acompañaban a la comitiva comunicó a los responsables de la misma la imposibilidad de continuar por la autovía de Andalucía por el peligro que suponía para la seguridad vial una caravana de vehículos lentos compuesta en aquellos momentos por 350
tractores, 20 máquinas cosechadoras y 66 vehículos particulares. Ante esta disposición, los dirigentes de COAG deciden suspender la marcha hacia Madrid y encaminarse hacia Sevilla con el objeto de hacer patente su protesta por esta decisión ante la
Delegación del Gobierno en Andalucía. Se inicia la marcha hacia esta capital y a su llegada, sobre las 14,30 horas, se encaminan hacia la plaza de España, siendo en su torre norte el lugar donde estaba ubicada la sede del citado organismo y
estacionando los vehículos que componían la caravana tanto en el interior de la citada plaza de España como en la avenida de Isabel la Católica, expresando su voluntad de no abandonar este lugar en tanto en cuanto no fueran atendidas sus
reivindicaciones.
La primera movilización se produce en la mañana del día 8, en la que un grupo de unas 1.200 personas que se encontraban concentradas en la plaza de España iniciaron una manifestación que, cortando el tráfico rodado, se encaminó por la
glorieta de San Diego, plaza de Don Juan de Austria y calle de San Fernando hasta las puertas de la sede regional del Partido Popular, sita en el número 39 de la citada calle, donde permanecieron por espacio de 30 minutos, profiriendo gritos
alusivos a sus reivindicaciones y arrojando huevos en la fachada de la citada sede, regresando acto seguido a su punto de partida. En la mañana del día 9 de febrero unas 2.000 personas y nueve máquinas cosechadoras se dirigieron desde la plaza de
España hasta la avenida de La Palmera, donde permanecieron por espacio de unas dos horas colapsando el tráfico rodado de la zona. En ese momento se inicia una ronda de negociaciones con el delegado del Gobierno tendentes a habilitar una fórmula
consensuada entre todas las organizaciones agrarias y la Administración. Estas negociaciones se rompen el día 15 de febrero al no llegarse unánimemente a un criterio a seguir por las organizaciones convocantes de las protestas. A las 16 horas de
ese mismo día una caravana compuesta por varias cosechadoras y tractores, junto a unos 2.000 agricultores, se manifestaron desde la plaza de España hasta la estación de Santa Justa, donde permanecieron durante una hora y se disolvieron sin
incidentes, dejando estacionados los vehículos en el arcén de la avenida de Kansas City. Sin interrumpir el tráfico rodado, sobre la 1,30 de la madrugada estos tractores se dirigieron hacia el aeropuerto de San Pablo, donde estacionaron ante la
terminal antigua sin dificultad de tráfico rodado.
Desde las 10 horas del día 16 de febrero fueron llegando autocares procedentes de diversas poblaciones al aeropuerto de San Pablo, concentrándose en la zona donde se encontraban estacionados los tractores y alcanzándose un número aproximado
a las 3.000 personas. Sobre las 12 horas un grupo de personas de entre las concentradas ocuparon las calzadas que dan acceso a las terminales del aeropuerto y otras se trasladaron hasta la autovía de Andalucía, cortando el tráfico rodado en ambos
sentidos y manteniendo esta actitud de manera intermitente hasta las 15,30 horas en que abandonaron el lugar, desplazándose los autobuses hasta la estación de Santa Justa y permaneciendo los tractores estacionados en el aeropuerto.
Por otra parte, un grupo de unas 100 personas y 60 tractores partieron, sobre las 12 horas, de la plaza de España con dirección a la estación de Santa Justa ,donde se concentraron ante las puertas de acceso. Sobre las 16 horas llegaron los
procedentes del aeropuerto que se unieron a los allí concentrados y tras celebrar una asamblea determinaron intentar acceder a
los andenes y cortar el tráfico ferroviario. Ante el dispositivo policial establecido, los dirigentes de la COAG establecieron contacto con el jefe superior de Policía que se encontraba en el lugar, informándole que su intención era
simplemente realizar un corte simbólico de las vías del AVE y que en ningún momento pretendían perjudicar el tráfico ferroviario, por lo que se consintió que bajaran a los andenes y ocuparan las vías en que estaban estacionados los trenes próximos a
su salida, permaneciendo en su actitud unos 10 minutos, abandonando seguidamente el lugar y regresando tanto las personas como los tractores hasta la plaza de España. Al igual que el día anterior, sobre las 12,30 horas, las personas que se
encontraban en el aeropuerto cortaron el tráfico rodado en la autovía de Andalucía y los accesos a las terminales del aeropuerto, permaneciendo en esta actitud hasta las 14 horas en que se disolvieron sin más incidentes.
Sobre las 17,45 horas del día 17 de febrero, unos 30 tractores parten en caravana desde la plaza de España y se dirigen hacia una zona de pinomontano, estacionándose en la finca llamada Doña María, en un camino que se encuentra adyacente a
la valla metálica que protege la vía del tren AVE, a su paso por esa zona, en la espera de que si no se llegara a ningún tipo de acuerdo en el conflicto planteado se realizarían acciones de protesta contra este punto. Hasta ese momento, todas las
movilizaciones organizadas por las referidas asociaciones agrarias habían sido comunicadas previamente a la autoridad gubernativa antes de su celebración, desarrollándose de manera pacífica y sin la intervención coactiva de los cuerpos de seguridad.
El día 18 de febrero, a las 11 horas, y cumpliendo con el anuncio de radicalización de protestas, unas 1.200 personas se concentraron ante la estación ferroviaria de Santa Justa con la intención de acceder a las instalaciones e interrumpir
el tráfico ferroviario, estableciéndose un dispositivo policial a fin de evitar estas acciones. A las 13,10 horas se produce un primer intento de ocupación, abalanzándose los concentrados contra el cordón policial establecido en el exterior de la
estación, consiguiendo romper el mismo y penetrar en el vestíbulo, donde se encontraba otro dispositivo policial, que les impide el acceso a los andenes. No obstante, un reducido número de personas, entre 10 ó 15, consigue forzar el mismo y llegar
hasta las cabeceras de las vías. Unos minutos más tarde se produce una segunda acometida, logrando con ésta que unas 80 personas, tras ocasionar la rotura de las puertas laterales de cristal que dan acceso al vestuario, puedan acceder a los andenes
y en unión de los allí ya existentes interrumpir la llegada de un AVE y retrasar unos 15 minutos la salida de otro.
Para restablecer el orden, fue necesario la utilización de medios antidisturbios, con el fin de que salieran del interior de la estación, que se consiguió a las 14,30 horas. Simultáneamente al primer intento de ocupación de la estación, los
tractores que se encontraban junto a las vías del AVE en la finca Doña María se abalanzaron contra la valla metálica que las protege, momento en que los efectivos policiales desplazados al lugar hicieron uso del material antidisturbios, consiguiendo
persuadirlos. Acto seguido, y a requerimiento policial, fueron apartados los tractores del trazado ferroviario, quedando estacionados los mismos en un camino cercano e inmovilizados.
En la plaza de España, donde se encontraba el grueso de la flota de tractores, y concretamente unos 30 de ellos, incumpliendo la orden dictada por el delegado del Gobierno y sin atender las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para desplazar los tractores, lograron atravesar el parque María Luisa y tras fracturar una cancela de dicho recinto llegaron a la glorieta de Marinos Voluntarios, donde se estacionaron, interrumpiendo el tráfico rodado en la zona. En
esta actitud permanecieron hasta las 14,45 horas, momento en el que se comunicaba que mediante una grúa se iba a proceder a la retirada de los tractores de la calzada, por lo que deponen su actitud y se dirigen a la plaza de España.
De los enfrentamientos resultaron heridos por cuestiones de traumatismos y heridas incisas un total de diez policías, tres de ellos de carácter grave, así como cuantiosos daños materiales en las puertas del cristal de la estación y del
mobiliario de la misma. En cuanto a los manifestantes, los equipos sanitarios de RENFE atendieron a 13 personas por las lesiones sufridas durante la carga policial, extendiendo los correspondientes partes facultativos.
Finalmente, cabe indicar que en todos estos incidentes la actuación policial siguió los principios de oportunidad en la acción, proporcionalidad en los hechos que se estaban produciendo y congruencia en la utilización de los medios
antidisturbios. De toda la actuación se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente, a la que se remitieron los citados partes facultativos. Actualmente el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla tiene abiertas por dichos hechos las
diligencias previas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy a empezar tal y como usted ha finalizado. Ha dicho que hay abiertas unas diligencias judiciales y por tanto hay que ser respetuosos con ellas, al objeto de que se esclarezcan los hechos de aquel 18 de
febrero, en que desgraciadamente tenemos que lamentar que hubiera tantos heridos por parte de los agricultores y por parte de la policía. Puesto que usted ya ha hecho un amplio repaso de lo que sucedió en aquel conflicto, no voy a entrar en
detalles, pero sí diré que en esta manifestación, señor director general de la Policía, participó un volumen importante de personas, en este caso eran miles los
algodoneros andaluces, por la importancia que entrañaban los intereses de estos agricultores. Lo estamos viendo ahora con el cierre de la fábrica de galletas en Castilla y León y otros muchísimos y muchísimos conflictos colectivos
importantes que tienen una incidencia no sólo en los propios trabajadores sino en la sociedad. Tampoco voy a entrar en el debate de cómo se casa la defensa de esos intereses profesionales, tan legítimos y constitucionalmente consagrados, del
derecho de reunión, manifestación, asociación, etcétera, con los problemas que entraña una masa tan importante de personas en la sociedad con incidentes como los que se registraron este 18 de febrero en la estación de Santa Justa.
Yo estoy sustituyendo -no ha podido venir a última hora por determinados problemas que ha tenido- a una compañera que iba a intervenir, diputada por Sevilla, que fue testigo presencial de los hechos que se registraron el día 18 de febrero en
la estación de Santa Justa y que son motivo de su comparecencia.
Ajustándome a la intervención del señor ministro en el Pleno de hace unos meses, con motivo de una pregunta oral, voy a sintetizar la cuestión, señor director general de la Policía. Los algodoneros actuaron pacíficamente -tenemos testigos
como el que le he citado-, ejerciendo su derecho a manifestarse y pidiendo abrir vías de diálogo con el Gobierno, que se les negaban. Usted ha hecho un relato de todos los movimientos que hicieron anteriormente. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno
a esa petición de diálogo? Nosotros creemos sinceramente que una carga policial desmesurada, yo diría, incluso, por los testigos -incluida la compañera que iba a actuar hoy de portavoz-, que brutal, de una violencia desmesurada, que me va a
permitir que le diga que recordaba a los peores tiempos de otro régimen, que parece que el delegado del Gobierno en Andalucía se mueve bien.
El delegado del Gobierno en Andalucía no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que entiende que la solución a los problemas de este tipo se tiene que resolver, en lugar de con el diálogo, con el acuerdo amistoso, a través de aquel
viejo esquema que hizo famoso con una frase lapidaria el fundador de Alianza Popular, el señor Fraga, de la calle es mía. El señor Torres Hurtado, cuando existen conflictos de este tipo, cree que la calle es suya. La respuesta que da en Andalucía
el delegado del Gobierno del Partido Popular siempre es la misma. Yo le voy a recordar alguna.
Mineros en Huelva, carga policial; inmigrantes en Almería, carga policial; taxistas en Málaga, carga policial brutal; hace una semana en el Campo de
Gibraltar, conflicto del metal, carga brutal; 10 heridos.
Estas cargas siempre constatan lo mismo a nuestro entender: por una parte, la incapacidad del delegado del Gobierno para resolver problemas, que es el responsable de la relación con la
policía en Andalucía; incapacidad para resolver conflictos mediante el diálogo y solución entre comillas del conflicto a través de la represión, de la violencia.
Nosotros creemos, señor director general de la Policía, que el diálogo tiene que ser una constante en estos conflictos. Yo le puedo decir que en épocas anteriores, como por ejemplo en 1995, se vivieron conflictos muy fuertes. Yo quiero
recordar uno vivido personalmente. Cuando usted ha hablado de manifestación ante la sede del Partido Popular, yo le puedo hablar no de manifestación, sino de la quema de la sede del Partido Socialista en el año 1995 cuando se produjo el conflicto
de los astilleros de Cádiz. No hablo del posicionamiento frente a una sede del Partido Popular, sino de la quema de la sede del Partido Socialista por parte de los manifestantes. No hubo entonces necesidad de acudir a la represión.
Considero que el diálogo tiene que ser la constante, y cuando ocurre un conflicto en Andalucía, el delegado del Gobierno no practica ese diálogo sino que, al contrario, lo que hace es ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esta
es la política que en el ámbito de la policía está practicando el delegado del Gobierno en Andalucía y también, por cierto, el delegado del Gobierno en Madrid, porque son dos representantes de lo que nosotros entendemos que no deben ser las
actuaciones cuando se plantean estos conflictos, porque la palabra ya de por sí describe una situación difícil: incapacidad absoluta para resolver los problemas, palos si son necesarios y, luego, desgraciadamente, solución del problema, como se
produjo en Andalucía, por el diálogo que se abrió a raíz de aquello. Voy a terminar trasladándole una reflexión: una policía profesional y democrática como es la nuestra -que lo es- necesita directores y mandos políticos democráticos, y no
delegados del Gobierno como el que tenemos en Andalucía, que cada vez que ocurren conflictos se cree que la calle es suya, como decía Fraga. Por eso, no sé si usted está fuerte en estos momentos políticos para aconsejarle al ministro del Interior,
pero si puede, le sugiero que le traslade la necesidad de cesar a este delegado del Gobierno porque no sabe manejar las situaciones de conflicto más que por la represión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Aquí se nos ha presentado un informe policial detallado y concreto, pero le ha faltado bastante, algo más que la mera descripción de los hechos. Porque si nos quedamos en la mera descripción de los hechos, al final
no sacaremos conclusiones, que es lo que pretendemos conseguir con esta comparecencia. No pretendemos solamente realizar una crítica sino que pretendemos avanzar entre todos hacia un sistema de convivencia mejor, y repito que de la mera
transcripción del informe policial no podemos alcanzar esas conclusiones positivas.
Para empezar, nosotros queremos dejar claro que nos encontrábamos ante un problema social, ante una justa reivindicación, que nuestro grupo había apoyado y que seguimos considerando justa, de unos agricultores que no solamente estaban
luchando por sus legítimos derechos sino que también estaban defendiendo una postura ante una situación que repercutía en la economía de toda Andalucía. Por tanto, era algo que contaba y que cuenta con el respaldo de amplios sectores de nuestra
comunidad. A la cabeza de esta reivindicación estaban organizaciones agrarias que tienen un crédito ya reconocido; no estábamos por lo tanto ante grupos de desalmados, ni ante ultras, ni ante peligrosos terroristas, ni ante agitadores callejeros,
sino que estábamos ante una situación muy complicada desde el punto de vista social y laboral, y ante la tensión que provocaba la dinámica de la negociación se abrían varios caminos: uno era el del diálogo, que en algún momento se llevó a cabo, y
otro era el camino que en algún momento alguien decidió, que fue convertir lo que era un problema laboral en un problema de orden público. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si alguien convierte de forma predeterminada una reivindicación o
situación de conflicto -y en cualquier situación de conflicto de esta índole hay unos momentos tensos- en un problema de orden público, consideremos que a partir de ahí ese alguien empieza a ser el responsable de la situación. Esto nos preocupa
porque indica una forma de concebir la política o el Gobierno que no es la mejor para encauzar las relaciones democráticas. Aquí ha existido -y así lo denunciamos- una falta de capacidad de diálogo del delegado del Gobierno, y nosotros consideramos
que se debe a que hay una voluntad de convertir los problemas reivindicativos o conflictos en problemas de orden público para luego justificar actuaciones policiales. Por eso hemos pedido y volvemos a pedir una vez más la dimisión del delegado del
Gobierno, porque entendemos que hace un flaco favor a la convivencia democrática en Andalucía y porque además creemos que su actuación no es solamente equivocada, sino también peligrosa. Repito que cuando se decide convertir un problema en cuestión
de orden público y se provoca y se incita una actuación de la Policía Nacional que no solamente los que vivían directamente el conflicto, que son parte objetiva, sino también todos los que en ese momento estaba en la zona han calificado como
desproporcionada, injusta y claramente agresiva, eso debe tener una respuesta por parte del Gobierno, que no debe de ser solamente judicial sino que debe ser una clara llamada a la responsabilidad y una clara delimitación de responsabilidades de
quienes desde el Gobierno han propiciado esta situación.
La realidad es que fueron 30 las personas contusionadas, de las que solamente 22 tuvieron que ser atendidas en distintos hospitales de la capital sevillana -digo esto para completar los datos que usted facilitaba- y también hubo un amago de
infarto, producto de la situación que allí se vivió. No podemos pensar que nadie crea que los algodoneros estaban allí por gusto, es decir, celebrando una jornada de fiesta, sino que habían abandonado sus casas y llevaban días acampados para
solucionar una situación que era muy grave y en la que se jugaban su futuro y el pan de su familia. Cuando empieza a haber problemas y no se les deja venir a Madrid, la situación empieza a ser tensa y acaba dando lugar a unos incidentes. A
nosotros nos preocupa, repito, la forma porque los incidentes provocados son graves -y así lo denunciamos- y consideramos que el Gobierno debería haber abierto un expediente interno para delimitar las responsabilidades que hubiese habido.
Lo que más nos preocupa del incidente es la filosofía del subdelegado del Gobierno. En este momento nos preocupa -otro portavoz ya ha mencionado algunos incidentes, que se podrían ampliar- no tanto por el pasado, sino fundamentalmente por
el futuro. Quiero aprovechar esta comparecencia para manifestar que no nos gusta este modelo de comportamiento y que nos preocupa que este sea el modelo que vaya a utilizar el delegado del Gobierno en la contra-cumbre de Sevilla en junio, para la
que se han anunciado manifestaciones, concentraciones y una serie de actividades como las que no hace mucho se desarrollaron en Barcelona o en otras ciudades de Europa. Nos preocupa que se traslade este modelo de concepción del orden público porque
este significaría elegir lo que se ha venido en llamar el modelo Berlusconi, en lugar de otros modelos como el de Barcelona, que no ha tenido mal resultado. Nos preocupa que el talante del delegado del Gobierno en Andalucía pueda propiciar una
situación diferente a la que se vivió en Barcelona y que se genere un mayor conflicto. Por eso le planteamos desde hoy que no se vaya por este camino sino por un camino de diálogo. Igualmente nos preocupa que este modelo de actuación policial
desproporcionada sea el que se vaya a utilizar en torno a la huelga que los sindicatos anuncian para el mes de junio de este mismo año. Nos preocupa porque los problemas laborales, repito, deben tener fundamentalmente soluciones laborales. Estamos
hablando de trabajadores, en este caso de campesinos, con una cultura democrática suficientemente demostrada para comprender que no van a provocar ninguna catástrofe, sino que evidentemente puede haber un momento de tensión y puede haber un corte
del AVE de 10 ó 20 minutos, pero eso no va a acabar con la economía de este país ni mucho menos. Es mucho mayor lo que se provoca con la carga policial que lo que se intenta evitar, cuando mediante el diálogo y actuaciones proporcionadas se puede
ir construyendo una sociedad democrática. Con actuaciones desproporcionadas e injustas como la que se llevó a cabo en Sevilla y en otras zonas de Andalucía, lo único que hacemos es acrecentar la virulencia de la situación y contribuir a generar
problemas en lugar de resolverlos. En otras ocasiones hemos
dicho que los delegados del Gobierno y el Gobierno en general están para resolver problemas, no para generarlos. En Sevilla, el delegado del Gobierno generó problemas en lugar de resolverlos.
Por todo lo anterior, termino señalándole que el Gobierno debe condenar la actuación del delegado, cuya dimisión volvemos a pedir porque consideramos que no es la persona indicada para representar al Gobierno en Andalucía, pero sobre todo
nos preocupa el futuro y nos gustaría que el Gobierno se comprometiera a que en junio en Sevilla no se actúe de la misma manera y no se provoquen problemas de orden público cuando sólo va a haber actuaciones sociales.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Tendría que comenzar en los mismos términos en que lo hacía anteriormente en relación con la intervención de don Antero Ruiz.
Me ha decepcionado el principio de la intervención del señor De la Encina, que además es una
persona siempre ponderada, ya que esperaba que aportara esa información inicial. Como no lo ha hecho -quiero pensar que no por mala intención sino por un olvido-, lo voy a hacer yo, a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones' y, desde luego,
de la información precisa que puedan tener los señores representantes de los medios de comunicación en este acto.
Estamos hablando de unos hechos que sucedieron el 18 de febrero, y estamos a 22 de mayo, y alguien puede pensar: Han pasado cuatro meses. ¡Qué lejanos han quedado esos hechos! Lo que el señor De la Encina no ha dicho es que el 18 de
febrero, lunes, se produjeron estos hechos, y el 18 de febrero, lunes, teníamos reunión de la Junta de Portavoces de esta Cámara; de las señoras y los señores diputados presentes en la sala, solamente yo formo parte de la Junta de Portavoces, y por
tanto puedo contar cómo se plantearon los hechos. El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz, planteó un escrito reconociendo que la solicitud que iba a formular estaba fuera de todas las consideraciones reglamentarias, puesto que
superaba todos los plazos establecidos para la configuración del orden del día del Pleno, pero que, a tenor de lo que esa misma mañana se había producido, solicitaba que, con carácter excepcional -así decía el escrito del Grupo Parlamentario
Socialista- y sin sentar precedente, permitiera el Gobierno sustituir una de las preguntas que estaban ya previstas en el orden del día para 48 horas después, es decir para el miércoles 20 de febrero, por una que afectaba precisamente a los sucesos
de esa mañana en la estación de Santa Justa.
Seguramente, un Gobierno que hubiera querido esconder el asunto, que no hubiera querido manifestar lo sucedido con una clara voluntad de transparencia, que no tuviera conciencia de haber actuado
correctamente conforme a los márgenes establecidos a) por los hechos y b) por los imperativos legales a los que se acomoda la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un Gobierno que no reuniera esos dos requisitos esenciales
probablemente hubiera dicho, y nadie lo hubiera podido criticar: Ustedes mismos reconocen que esta petición está fuera de todo soporte reglamentario; necesitamos un tiempo para poder recibir la información correspondiente y por tanto no podemos
aceptar su solicitud.
Sin embargo, lo que hizo este Gobierno en esa sesión de la Junta de Portavoces fue aceptar el carácter excepcional que reconocía el Grupo Parlamentario Socialista para que 48 horas después, es decir el miércoles, el
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior respondiera de este asunto ante el Pleno. Me parece oportuno hacer esta mención, ya que no la ha hecho alguno de los grupos proponentes para que en todo caso quede claro que no estamos
hablando de un período de cuatro meses después, sino que estamos reabriendo un debate que se sustanció ante el Pleno de la Cámara por el vicepresidente primero 48 horas después de producidos los hechos y por voluntad absolutamente discrecional del
Gobierno, en la medida en que el propio grupo que pedía esa actuación excepcional reconocía en su escrito que la actuación era excepcional, que no tenía ningún amparo reglamentario y que simplemente solicitaba del Gobierno la sensibilidad para poder
formular esa -vuelvo a insistir- consideración excepcional, y así se hizo. Me parece oportuno señalar esto.
Dice el señor De la Encina que, por respeto a las diligencias policiales abiertas, no va a entrar en los hechos. Me parece muy bien. Yo comparto desde luego ese criterio. Pero aunque no entra en los hechos concretos, formula una serie de
consideraciones y valoraciones, que es lo mismo que entrar en los hechos concretos. De la misma forma que se obvia la consideración que acabo de hacer en cuanto al tiempo en que se sustanció este debate, para formular esas valoraciones generales se
pasa por encima de un hecho clave y que ha relatado el director general en su comparecencia, es decir, que antes de llegada esta ocasión, hubo una primera ocasión y que en esa primera ocasión se produjo un diálogo entre ambas partes, entre los
representantes de los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado, un diálogo sensato y razonado por ambas partes, en el que se establecieron unos compromisos que se cumplieron. Querían hacer una intervención puramente simbólica, que no iba
a ir más allá de diez minutos, y en ella no hubo ninguna necesidad de intervención policial, porque efectivamente no se produjo ninguna situación que la buscara. Subrayo esto a propósito de alguna otra consideración que se ha hecho y a la que
después voy a referirme. Lo que no se entiende es que si el señor delegado del Gobierno en Andalucía reúne las características que alguno de los intervinientes dice que reúne, en
una primera ocasión se pronuncie de una forma y en una segunda ocasión de manera distinta. Tanto la actuación del delegado del Gobierno en Andalucía como la de cualquier otro delegado del Gobierno no se puede atener a consideraciones
personales, sino al margen estricto que le determina la ley y, dentro de éste, siempre a una consideración previa sobre la que los delegados del Gobierno tienen instrucciones en cuanto a la necesidad de tratar en todo momento de evitar que se
produzcan situaciones en las que se haga inevitable el uso de las dotaciones policiales. Me da la sensación de que esa primera ocasión, sobre la que SS.SS. han pasado de puntillas, no casa con el desarrollo de la segunda ocasión. Es decir, ¿hubo
diálogo y voluntad de diálogo? Naturalmente.
¿Por parte de la Delegación del Gobierno? Naturalmente. ¿Por parte de la fuerza policial? Naturalmente, y la prueba es cómo se sucedieron los hechos en esa primera ocasión, en la que ambas partes
hablaron, en la que ambas partes sustanciaron un compromiso y en la que ambas partes, ambas -lo subrayo-, cumplieron ese compromiso. No sucedió lo mismo en la segunda ocasión, porque nos da la sensación de que, efectivamente, alguien decidió
convertir un problema laboral en un problema de orden público. Pero nos da la sensación, en virtud del precedente de la primera ocasión, de que no fue precisamente ni la Delegación del Gobierno ni la fuerza policial, porque si por parte de alguna
de ellas hubiera habido un interés premeditado de convertir un problema laboral en un problema de orden público, no hubiera hecho falta esperar a la segunda parte sino que se hubiera ido directamente a la primera. Ciertos discursos, en función de
cómo se desarrollan los hechos, fallan notablemente. Al final, lo que algunos no entienden es que, afortunadamente, los problemas sociales en democracia no legitiman a nadie para utilizar la violencia ni para vulnerar los derechos de los demás, ni
los graves problemas sociales que pueda padecer en un momento determinado una localidad o un colectivo profesional permiten que otros, ajenos directamente a ese problema social, traten de instrumentarlo para crear determinadas situaciones límites
que fuerzan inevitablemente a tomar medidas a quien tiene la responsabilidad de velar por la observancia de la ley y por la garantía de los derechos de todos. Y entre esos todos estaban también los demás, es decir, los que querían transitar
tranquilamente por la estación, los que querían coger tranquilamente un tren y los que no querían verse en tierra de nadie en una situación de conflicto grave como la que allí se produjo. Esos derechos de los demás, que también forman parte del
concepto de los otros al que se refería algún señor portavoz, tienen que ser garantizados por quien tiene la responsabilidad, según nuestro ordenamiento jurídico, de velar por ellos. Decir que el delegado del Gobierno de Andalucía, en lugar del
diálogo, lo que sistemáticamente busca es la aplicación de la fuerza, es una monumental simpleza, entre otras cosas, porque existe una primera parte de la segunda parte. Y sobre la primera parte SS.SS. corren el más absoluto de los velos.
Por cierto, he oído decir que en épocas anteriores estas cosas no pasaban, y no quiero hacer una relación muy extensa, pero así a bote pronto me acuerdo de Altos Hornos del Mediterráneo. ¿Se acuerda señor director general de la Policía, de
Altos Hornos del Mediterráneo? Me acuerdo de las cargas policiales contra mujeres y niños en el barrio de la Malvarrosa de Valencia. ¿Se acuerda, señor director general de la Policía, de las cargas policiales contra mujeres y niños en el barrio
valenciano de la Malvarrosa? Me acuerdo de Gijón, me acuerdo de Santander y me acuerdo de muchas otras cosas.
Quiero entender, a tenor de lo que ha dicho el señor portavoz de Izquierda Unida, que está absolutamente de acuerdo de cómo se han llevado las cosas en Barcelona. Me gustaría que el señor portavoz de Izquierda Unida no dejara la sombra
sobre si los que en Barcelona han actuado con un determinado talante, con una determinada planificación de los operativos policiales, etcétera, son una especie de marcianos. ¿Son marcianos o son los representantes de las diversas administraciones,
entre ellas, el Gobierno de la nación a través de su delegado del Gobierno y también los directores generales de los cuerpos que han intervenido en el despliegue de Barcelona y que responden, por tanto, al talante, a las instrucciones y a la
filosofía con la que este Gobierno, el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, en este caso, y las delegaciones del Gobierno actúan en todo momento? Porque a mí me da la sensación, señor Centella, de que sólo le falta decir
eso, que en Barcelona no han sido unos marcianos los que han conseguido ese buen resultado que S.S.
reconoce, sino que han sido los que tenían que ser, las diversas instituciones y desde luego, con un peso muy importante, la Administración del
Estado y la Administración de seguridad del Estado.
Ese es, señor Centella, exactamente el mismo talante, el mismo método, principios y filosofía que se va a poner en práctica en Sevilla por una de las partes. Veremos si por la otra parte se
produce también la misma filosofía, planteamientos, etcétera, que felizmente se han producido en Barcelona. Porque en Barcelona existió, felizmente, una perfecta sintonía entre ambas partes. Pues tiene usted garantizado que en Sevilla una parte,
la que representa en este momento el director general que comparece ante esta Comisión, tiene el mismo planteamiento y filosofía que se han aplicado en Barcelona. Nosotros estamos convencidos a priori de que la otra parte también. Esa es la
diferencia entre usted y yo: usted pone sombra de duda en si en Sevilla esta parte va a hacer lo mismo y garantiza que la otra parte hará exactamente igual que en Barcelona, y nosotros decimos que esta parte hará lo mismo que en Barcelona y que
estamos convencidos a priori de que la otra también lo hará. Quizá mi análisis
tiene un planteamiento de mayor objetividad a priori que el suyo.
Voy a concluir repitiendo lo que he dicho siempre: que en democracia, afortunadamente, los mecanismos de protección de los derechos de todos, y especialmente el derecho a la discrepancia, el derecho a la expresión y el derecho a la
manifestación son lo suficientemente sólidos como para no justificar ninguna transgresión por métodos violentos. Además, no se pueden establecer factores de comprensión sobre determinadas situaciones de violencia que se producen como consecuencia
de determinados conflictos sociales. Hay que ejercer una didáctica permanente en sentido contrario, en sentido de señalar que, precisamente porque son muy amplios los campos de expresión, son muy amplios los campos de manifestación y son muy
amplios los campos de reivindicación de derechos, no se puede vulnerar nunca el derecho de los otros.
Estoy convencido de que tiene toda la razón -y con esto concluyo- el señor De la Encina, naturalmente que sí: una policía profesional como la nuestra tiene que tener directores y mandos políticos democráticos, lo que equivale a decir
métodos democráticos, como es natural. Estoy convencido, porque conozco personalmente a los directores y mandos políticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de este Gobierno, de que son directores y mandos políticos democráticos. En
todo caso, me parece que esa reflexión sobre directores y mandos políticos democráticos podría estar de más porque se tiene que dar por obvio, señor De la Encina, en el contexto de una sociedad democrática, no puede ser de otra forma.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vaya terminando, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Termino, señor presidente.
Ya que usted lo plantea, quisiera decirle que es una lástima que no se hiciera usted esa misma reflexión en otro tiempo y en otro lugar, cuando pasaban en el Ministerio del Interior otras cosas muy graves, y no me estoy refiriendo al señor
Roldán.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): He leído en mi primera intervención que a partir del día 9 de febrero, cuando llegó a la Plaza de España un grupo de agricultores con tractores, se inició una ronda de negociaciones
con la Delegación del Gobierno tendentes a resolver o buscar fórmulas para aquel conflicto. El día 15, las personas que estaban negociando con la Delegación del Gobierno rompieron esas negociaciones. Normalmente parece que cuando se rompen
negociaciones siempre tiene la culpa una parte, y con ello no estoy diciendo si la tenían una o las dos partes. No lo sé, pero lo que sí está claro es que esos señores se fueron con unos tractores a invadir la línea del AVE, con el grave peligro
que esto conlleva, porque si el AVE por cualquier circunstancia no hubiese parado, hubiera arrollado a las personas que estaban en el ferrocarril y se hubiera provocado un accidente brutal en el AVE. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía?
¿Dejar que los tractores invadan el AVE y que los ciudadanos invadan una vía de alta velocidad? Pues si eso es lo que cree usted que debía hacer la policía, posiblemente esté pensando en una policía de otro país. Una policía dirigida por un
director democrático -aunque no voy haciendo alardes de eso, no sé si usted lo hace, yo no, yo soy lo que soy-, cuando haya una invasión de esas características, recibirá órdenes del Delegado del Gobierno de donde sea y la policía actuará porque
tiene que evitar males mayores siempre.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor Cotino, no me habrá usted oído decirle que no sea democrático. Yo le he dicho y le reitero que el Delegado del Gobierno en Andalucía se ha caracterizado en los últimos dos años por actuar allá donde hay
un conflicto resolviéndolo a través de la represión y que además eso se ha repetido en distintas provincias, Almería, Huelva, Málaga y la semana pasada en Cádiz, con colectivos de inmigrantes, de mineros, de taxistas, del metal, etcétera, y que la
represión no es la mejor manera de resolver los problemas de los trabajadores. Parece que al final la película siempre es la misma: el Gobierno es bueno y los ciudadanos son malos y los trabajadores en este caso, perversos. No se trata de eso,
señor Cotino, sino de manejar el conflicto con el diálogo y no solamente, como en estos casos, con unas represiones brutales.
Entiendo que muchas veces, cuando la situación se tercia a unos niveles de conflictividad que pueden provocar mayores
problemas, se tenga que actuar, pero no tiene que ser necesariamente con una represión brutal e indiscriminada. Allí hubo lesionados ente los ciudadanos que iban a coger el AVE, que no tenían nada que ver con el problema.
Antes de continuar, quisiera decir al portavoz del señor Cotino -perdón, quiero decir al portavoz del Grupo Popular, pero es que parece usted más el portavoz del señor Cotino que del Grupo Popular- que, puestos a recordar, recuerde usted
Montejurra o Vitoria o por qué no, más recientemente, la carga contra los pacifistas del 0,7 por ciento aquí, en la plaza de las Cortes. (El señor Gil Lázaro: Al señor Cotino, que para eso es representante del Gobierno.) Aquellos a los que
ustedes, cuando estaban en la oposición, les prometían que, cuando llegaran obviamente, aportarían el 0,7 por ciento para la cooperación y luego ya sabe usted lo que han hecho. Recuerde también esas situaciones.
Le puedo decir, para no entrar por ese camino, que nadie ha superado todavía el concepto de represión de la derecha durante todo este siglo en España. No quiero deslizarme más por ese camino. Le quiero decir también, señor portavoz del
Grupo Popular, que no del señor Cotino, aunque lo parezca, que por favor no eleve usted al grado de concesión lo que es una obligación reglamentaria. Usted ha dedicado diez minutos a cuestionar si este grupo parlamentario es serio cuando ustedes
graciosamente aceptan que un lunes, después de estar cerrada la sesión de control, se introduzca una pregunta de esta consideración, que había sido un revuelo en Andalucía, el día 18 de febrero, y ahora reabrimos el debate, varios meses después,
etcétera, cuando tan graciosamente y tan democráticamente ustedes aceptaron que el ministro viniera dos días después aquí a responder. No convierta usted en generosidad lo que es una obligación.
Usted sabe que el Reglamento establece algo que
además es puesto en práctica reiterativamente y es, que cuando en el Consejo de Ministro del viernes se aprueben consideraciones que pueden ser fundamentales y se considere por el Gobierno que pueden ser motivo de pregunta, o si ocurre un tema de
candente actualidad como era éste, lo lleva a la Mesa los portavoces, y ha sido tradición parlamentaria que la presidenta o el presidente del Congreso acepten el cambio de la pregunta oportuna por las preguntas a las que me refiero relativas a la
aprobación en el Consejo de Ministros o a un hecho de candente actualidad. Eso ha sido así siempre.
Yo le invito aquí a que se lo pregunte a la presidenta del Congreso para resolver dudas. Por tanto, no me eleve usted en una exposición de diez
minutos a la categoría de actitud democrática generosa lo que es una obligación del Gobierno, que está recogida además como tradición parlamentaria e incluso como norma en nuestro Reglamento.
No voy a entrar mucho más en el debate porque creo que este tema felizmente se cerró con el acuerdo que luego el diálogo posibilitó y que no se supo encauzar en su momento, pero le voy a decir que mal camino llevan ustedes echando las culpas
siempre que ocurre cualquier problema a los ciudadanos o, como en este caso, a los trabajadores, dejando al Gobierno como el bueno de la película y com los malos de la sociedad a los colectivos que se tiran a la calle y provocan colas y luego se
producen horas y horas de espera, etcétera, y toda una serie de películas en las que quieren quitarse ustedes las culpas y echárselas a los demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo brevemente para lamentar por parte de la intervención del portavoz del Grupo Popular al plantear que fueron los manifestantes los que buscaron la intervención policial; y digo lamentar porque puede ser
ofensivo para los propios manifestantes, a los que yo no considero unos suicidas. Yo creo que hay que ser muy atrevido para provocar la intervención policial cuando se hace una manifestación siendo la parte débil del conflicto. Yo creo que eso
está fuera de lugar, como está fuera de lugar su insinuación de instrumentalización. No ha dicho si fueron los dirigentes sindicales o los partidos políticos, que no estábamos allí en aquel momento, salvo la diputada del Partido Socialista, que
estaba de paso, los que, según su insinuación, intentaban instrumentalizar aquel conflicto. Esa no es la realidad, y decir eso nos parece grave porque significa poner de nuevo bajo sospecha a quienes en este caso son la parte débil del conflicto, y
son la parte débil, primero, desde el punto de vista físico, porque se están enfrentando con unas fuerzas de orden público perfectamente armadas para cualquier eventualidad, y, segundo, porque además son los que sufren el problema social. (El señor
presidente ocupa la presidencia.)
Dicho esto, usted apuntaba algo que es evidente: hay un primer día en el que se dialoga y se negocia todo lo que usted ha dicho y hay un segundo día en el que alguien decide transformar eso en un problema de orden público. Y ahí es donde
está el delegado del Gobierno, que transforma lo que podría haber sido una segunda concentración igual que la primera en un problema de orden público, porque, le repito, señor portavoz del Grupo Popular, ahí es donde estuvo el problema, cuando se
quiso convertir el problema en cuestión de orden público. Es evidente que el segundo día había un operativo que era diferente al del primer día porque había un cordón policial que estaba incluso fuera de la estación; por tanto, ya había una
predeterminación del delegado del Gobierno de Andalucía para hacer estallar ese día el conflicto de orden público. Eso es lo que nos preocupa, porque no es casual, no es único, no es que se le haya ido de las manos un conflicto al delegado, es que
es su forma de concebir la actuación de las fuerzas de orden público.
Por eso, cuando le hablaba de las jornadas de Sevilla en junio y cuando le decía que también nos preocupa el comportamiento de la policía el día de la huelga general, le comentaba que decir, como usted ha dicho, que estábamos absolutamente
de acuerdo sería quizá decir demasiado. No sé si el señor portavoz del Grupo Popular me escucha. (El señor Gil Lázaro: Le estoy escuchando perfectamente.) Le decía que sería demasiado decir que estamos absolutamente de acuerdo, pero sí es verdad
que estamos satisfechos de cómo se desarrollaron los acontecimientos en Barcelona. Lo que le digo y le repito es que no tenemos confianza y que nuestra desconfianza no es inventada, sino que se debe a los hechos que han tenido lugar. No confiamos
en el delegado del Gobierno de Andalucía porque no tiene acreditado su talante de negociación ni su talante de actuación, y por eso hemos pedido y volvemos a pedir la dimisión, porque no creemos que sea la persona indicada
para estas cuestiones, y sobre todo no creemos que sea la persona indicada para que en junio pueda hacer frente en Sevilla a los acontecimientos, al menos como se ha hecho en Barcelona. Por cierto, tengo que decirle que todos contribuimos,
especialmente este Parlamento, con una moción aprobada por unanimidad, que yo creo que fue el inicio de un buen sistema que habría que repetir. Pero hoy por hoy tenemos dudas de que haya esa garantía en Andalucía. Yo no represento a ninguna de las
dos partes; usted, al parecer, sí representa a una parte. Yo no represento al Gobierno ni mucho menos, pero tampoco represento al movimiento antiglobalización, que tiene su propio representante. Lo que le digo es que no hay ninguna voluntad de
generar conflictos, pero que dudamos del delegado del Gobierno en Andalucía en este momento, se lo repito y que sería mejor para todos que fuese cesado por el bien de Andalucía y por el bien de las relaciones democráticas en nuestra comunidad.
A partir de ahí, con Izquierda Unida siempre van a contar para lo mismo que contaron cuando aprobamos la moción por unanimidad en esta Cámara. Yo creo que fue importante que el Parlamento jugase este papel para organizar las actividades en
Barcelona. Izquierda Unida mantiene en ese ofrecimiento, pero ustedes no pueden pretender que nos pongamos siempre de parte del fuerte. En el conflicto que estamos debatiendo hubo una provocación, y repito que el delegado del Gobierno fue el que
convirtió en problema de orden público lo que era un problema social que se podía haber tramitado como la primera concentración.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En el transcurso de esta mañana se planteaba la duda de si el señor De la Encina conocía o no la Ley de Enjuiciamiento Criminal; ahora manifiestamente no conoce el Reglamento. Pero, lo que es más grave, no conoce ni
siquiera los escritos de su propio grupo, y vamos a tener ocasión, si no en esta sesión, en la siguiente, en aplicación de una de las previsiones reglamentarias, de dar lectura del documento por el cual su grupo parlamentario se dirige a la Mesa y
Junta de Portavoces el 18 de febrero pidiendo la tramitación de una pregunta y reconociendo su propio grupo parlamentario que tenía carácter excepcional y ningún soporte reglamentario, porque lo que usted no sabe, por lo visto, es que esas preguntas
de actualidad o referidas a Consejo de Ministros tienen un plazo de presentación que termina en la tarde del propio viernes, no el lunes. Leeremos, pues, ese documento, ya que usted dice que no lo presente yo como una cosa graciosa sino como una
obligación reglamentaria, y verá que en él su grupo, con enorme sentido común y con un cierto conocimiento del Reglamento, dice: Nuestra petición es excepcional; nuestra petición no va a sentar precedente; nuestra petición está fuera del marco y
de las previsiones reglamentarias. Simplemente, dados los hechos que se han producido esta mañana, pedimos que se incluya esta pregunta. Por tanto, señor De la Encina, no ampliemos ya el tema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al conocimiento o
no del Reglamento.
También quiero decir que yo creo que sí hay diferencias. Usted me señala el 0,7 por ciento, y fíjese cómo se saldó: con el cese del responsable de un operativo absolutamente inadecuado. En cambio, otros hechos mucho más graves que el 0,7
por ciento ¿cómo se han saldado? Con peregrinaciones a la cárcel de Guadalajara. (Protestas.) No sé si usted ha formado parte de la peregrinación, pero hubo peregrinaciones a la cárcel de Guadalajara. Y me da la sensación de que entre la gravedad
de lo del 0,7 por ciento, un hecho que no nos gustó a nadie, y la gravedad de los hechos que terminaron en la cárcel de Guadalajara hay una diferencia notable, y entre la reacción de unos, condenando y rechazando ese hecho y produciendo el cese
correspondiente, y de otros, yendo en peregrinación a Guadalajara, me parece que también hay una diferencia de estilo importante. Y con esa diferencia de estilo no diga usted cosas que nosotros no haremos nunca, como responsabilizar a los
trabajadores. No claro que no. ¿Cómo puede alguien decir, ni siquiera para contraargumentar, semejante simpleza?
Responsabilizar a los trabajadores, no. Responsabilizar a alguien -y voy a dejarlo entre comillas- que no le interesaba a lo mejor -y no son los trabajadores-, que las cuestiones se hubieran podido solventar como se solventaron en la
primera ocasión. Y en la primera ocasión el delegado del Gobierno y los mandos policiales en Andalucía acreditaron cómo querían llevar el conflicto, y el conflicto se saldó sin ningún tipo de incidentes.
Vuelvo a repetir -y con esto concluyo-, no sé quien representa a quien. He oído a ilustrísimos representantes de Izquierda Unida (cosa que me parece muy bien, no lo critico, entiéndame usted bien) decía: Nosotros somos la
antiglobalización. Me parece muy bien, es una opción absolutamente legítima, no lo critico. Usted ha reconocido que en Barcelona las cosas se hicieron bien y yo he dicho que se hicieron bien no porque las hicieran los marcianos, sino porque las
hizo quien las hizo; y he dicho que se hicieron bien entre otras cosas porque también por parte de los movimientos antiglobalización se hicieron bien las cosas. Usted plantea dudas respecto de Sevilla, dudas respecto de la parte de la
Administración, y yo le digo que no tengo ninguna duda de que la Administración actuará como actuó en Barcelona y no tengo ninguna duda, a priori, de que la voluntad de los movimientos antiglobalización sea actuar como actuaron en Barcelona. Esa es
simplemente la cuestión. La diferencia es que usted sí plantea dudas a priori y yo no planteo ninguna, ni por parte de unos ni por parte de otros, y al final conviene sobre todo cuando se hacen precisiones técnicas (estamos
en un Estado de derecho y también el Reglamento de la Cámara forma parte del ordenamiento jurídico y es básico porque es el que configura el elemento de la dinámica política, democrática y de debate en esta institución, que es la más
importante en una monarquía parlamentaria), conviene -repito- que cuando se hacen citas del Reglamento de la Cámara sencillamente uno no se las invente. Yo no tendré ningún inconveniente en que se lea el escrito que el 18 de febrero el Grupo
Parlamentario Socialista dirige a la Mesa y Junta de Portavoces en el que reconoce que su petición no tiene soporte reglamentario, que es excepcional y que además no tiene voluntad de que se siente precedente y apela simplemente a la sensibilidad
del Gobierno para que fuera de ese marco reglamentario acepte, como aceptó 48 horas después estar hablando de este asunto ante el Pleno de la Cámara.
El señor MAYORAL CORTÉS: Para una cuestión de orden, señor presidente. En relación a las alusiones que acaba de hacer el señor portavoz del Partido Popular, quiero poner de manifiesto la protesta de mi grupo por las expresiones que acaba
de realizar, que no tienen nada que ver con este debate y que tienen un contenido profundamente descalificador que no vienen a cuento; expresiones que perturban el debate y la convivencia parlamentaria y expresiones de auténtica irresponsabilidad
política en esta Cámara, de tergiversación del propio debate y de auténtica zafiedad.
Señor presidente, quiero que esto que acabo de decir conste en el 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Así constará, señor Mayoral.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, en ese caso que conste también en el 'Diario de Sesiones' nuestro rechazo a expresiones que se han producido esta mañana como que el Partido Popular lo que pretende es culpar a los trabajadores u otras
tan lindas como que el Gobierno está fomentando el que aparezcan brotes de racismo y de xenofobia. Me parece mucho más preocupante ese tipo de manifestaciones. También quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' nuestra protesta. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general para cerrar el debate.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Creo que hemos trasladado a esta segunda parte del debate el planteamiento de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las manifestaciones que en este
semestre se están realizando durante la presidencia española. Barcelona fue un éxito de todos; sin embargo, algunos pidieron la dimisión de la delegada del Gobierno un tiempo antes porque decían que no valía para afrontar la presidencia. También
ha sido un éxito Madrid y también han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid. El señor De la Encina, al principio de su intervención, dudaba si dimitía, me dejaban o no sé qué historias. Yo, gracias a Dios, gozo de buena salud en
todos los campos. Si ustedes están un poco enfermos es una enfermedad que van arrastrando hace mucho tiempo y yo no tengo la culpa. La realidad concreta de Sevilla es que si todos hacemos el mismo esfuerzo que hemos hecho en Barcelona, y no
tenemos por qué no hacerlo, saldrá perfectamente igual que salió en Barcelona.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA ACADEMIA DE LA POLICÍA SITA EN ÁVILA. (Número de expediente 181/001483.)
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA CON LA PUESTA EN MARCHA DEL DENOMINADO PLAN DE CALIDAD TOTAL EN SU ACADEMIA DE ÁVILA. (Número de expediente
181/001484.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al trámite de preguntas. En primer lugar la que figura con número 5 del orden del día, que formula el diputado señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con el permiso de la presidencia, solicitaría que las preguntas números 5 y 6, por tener una cierta unidad temática, pudieran ser contestadas conjuntamente, siempre y cuando no tenga inconveniente el señor
compareciente. Aparte de esto quiero decir que nosotros vamos a plantear en este momento cinco cuestiones que nos parece que son suficientemente expresivas de lo que se está haciendo en materia de políticas de seguridad en el ámbito del Cuerpo
Nacional de Policía. Vamos a hablar de formación, de evolución de plantilla, de planes operativos especializados, es decir, del funcionamiento de alguna unidad especialísima ad hoc en la lucha contra la alta delincuencia; vamos a hablar también
del nuevo sistema de denuncia, transparencia, datos, asistencia a las víctimas, persecución del delito y de un elemento tan claro como son las inversiones estratégicas, es decir, vehículos.
Observamos que como los datos que el señor director
general de la Policía nos va a dar no convienen a determinados discursos, los representantes de esos grupos
no tienen ni el más mínimo interés en escucharlos, en este caso probablemente porque resulta mucho más útil tratar de fingir una realidad y sobre todo de ignorar los precedentes de la misma.
Por tanto, señor presidente, si se puede formular por parte del compareciente respuesta a las dos primeras preguntas de manera conjunta, le preguntaría: ¿Cuáles son las previsiones acerca de la modificación de los planes de estudio de la
Academia de la Policía sita en Ávila y, en ese contexto, cuáles son los objetivos de la Dirección General de la Policía con la puesta en marcha del denominado plan de calidad total en su academia de Ávila, desde la consideración de que evidentemente
la Dirección General de la Policía es consciente de que la formación inicial y la formación continuada son un valor esencial para la vertebración adecuada de nuestras políticas de seguridad y que se viene realizando un notable esfuerzo en ese
sentido.
El señor PRESIDENTE: Señor director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): La Dirección General de la Policía, dentro de sus planes de modernización y actualización, está llevando a cabo unos estudios dirigidos a la reforma del sistema de formación de los
aspirantes a ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía que habiendo superado la fase selectiva de oposición inicien la fase de formación en la escuela de Ávila. Dicha reforma está justificada, por una parte, en la necesidad de adecuar los contenidos
docentes y la preparación de los futuros policías a las demandas de la sociedad y, por otra, al aprovechamiento y optimización de los recursos disponibles en el centro directivo. Partiendo de dichas premisas, los objetivos que se persiguen son los
siguientes: mejorar la preparación y cualificación de los futuros policías, de forma que su capacitación responda a los requerimientos que la sociedad demanda del colectivo policial; actualizar los contenidos formativos a los niveles requeridos
por el ingreso, suprimiendo aquellas materias ya exigidas para obtener la titulación que se pide como requisito para opositar, graduado de educación secundaria para la escala básica y diplomado universitario para la escala ejecutiva, y
complementando aquellos otros conocimientos teóricos que los aspirantes han tenido que evidenciar al superar la fase de oposición; profundizar y ampliar la formación en materias relacionadas con los contenidos profesionales propios de los
componentes del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente en lo referido a las nuevas técnicas y formas de criminalidad; potenciar la utilización de los modernos procedimientos y métodos exigentes para la formación, aprendizaje y capacitación como
los medios audiovisuales, informáticos y telecomunicaciones; reforzar a los futuros policías el espíritu de servicio público a los ciudadanos que han de revestir todas las actuaciones de los funcionarios policiales; optimizar los recursos de que
dispone la Dirección General de la Policía mediante el aprovechamiento de los medios de infraestructuras de las distintas unidades policiales en orden a fomentar una formación más práctica de los aspirantes a la policía, sin perjuicio de los
imprescindibles conocimientos teóricos que han de obtener; homogeneizar y hacer un seguimiento eficaz de la actividad que llevan a cabo los aspirantes a ingreso de la policía durante la fase práctica que han de realizar en las unidades policiales y
ampliar la capacidad formativa de la escuela policial, posibilitando que las funciones encomendadas a la misma se desarrollen también en la modernidad de a distancia, combinando la formación teórica con la realidad práctica mediante procedimientos
como un aula virtual o un aula abierta.
En orden a la consecución de dichos objetivos ya se están desarrollando actuaciones encaminadas a dicho fin, entre las que cabe señalar, primero, un incremento del número de profesores de la escuela de Ávila. A estos efectos se halla en
trámite la creación de 20 nuevos puestos de trabajo que se espera sean aprobados en plazo breve. Asimismo se ha elaborado un proyecto de nuevo reglamento de la carrera profesional e ingreso, promoción y formación de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, en el que la formación constituye un aspecto esencial no sólo desde el punto de vista de ingreso sino también en la promoción interna, la capacitación, la especialización y la formación permanente. En este proyecto se contempla
que la fase de formación de los aspirantes a ingreso tendrá una duración mínima de 960 horas para la categoría básica de policías y de 180 créditos para la de inspector, con lo que puede afirmarse que se realizará una formación que en ningún caso
será inferior a la que hasta ahora ha venido recibiéndose por los funcionarios en activo. Se ha desarrollado un sistema informático en red entre distintas dependencias policiales en el territorio nacional que permite, a través de la estructura
docente de la división de formación y perfeccionamiento, impartir formación presencial y a distancia tanto a los policías como a los aspirantes a ingreso que desarrollan prácticas en las unidades y verificar el grado de aprovechamiento. Asimismo,
en los nuevos planes de formación policial seguirá contemplándose -y así se recoge en el proyecto del nuevo real decreto mencionado-, la participación de otras instituciones como la universidad, la judicatura, la fiscalía, las administraciones
públicas, fuerzas armadas y aquellos otros centros y establecimientos que específicamente interesen en orden a completar la capacitación y formación de los futuros policías. Por otra parte, ha de significarse que en los nuevos módulos de formación
se continúan manteniendo las fases de prácticas que se contemplan en los vigentes procesos de selección. Este cambio que se quiere introducir en la policía, en su momento y forma, fue entregado a las asociaciones sindicales y también al claustro de
profesores de los tres centros formativos de la escuela,
así como a los máximos responsables de la policía en las distintas comunidades autónomas. Hemos recibido las aportaciones pertinentes y se ha perfilado un último borrador de lo que va a ser el anteproyecto, que fue llevado al consejo de la
policía recientemente; por cierto, consejo de la policía al que no asistieron los sindicatos. Uno de los objetivos conjuntos a este programa es mejorar la calidad en la totalidad de los servicios que presta el Cuerpo Nacional de Policía. Por todo
ello creemos que, basándose en la misma escuela, debemos formar a nuestros alumnos para que posteriormente, cuando estén en las comisarías, desarrollen esos programas de calidad que está demandando la sociedad española a los cuerpos policiales. Ese
programa de calidad total está funcionando desde el año 2000 en la policía y estaba enmarcado dentro de los proyectos. El lunes pasado el director de la escuela recibió el premio al trabajo de la escuela en los programas de calidad, tal como
recogió en su momento una orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 6 de mayo, donde figura el Centro de Formación de Policía de Ávila por la práctica implantación del plan de calidad total.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: No suele ser frecuente que uno se autocorrija, pero como siempre procuro tratar de moverme en los términos de máxima objetividad, respeto a la verdad y sobre todo consideración debida a todos los miembros de esta
Cámara, quiero corregir mi anterior intervención. He dicho que no les interesan los datos que va a proporcionar S.S. porque destruyen un determinado discurso y que por eso se van. En el momento de decirlo no había visto, y quiero que así conste
en el 'Diario de Sesiones', que están presentes la señora Del Campo y el señor Sánchez Garrido, miembros de la Mesa, representantes del Grupo Parlamentario Socialista. Mi intervención venía referida estrictamente a los portavoces de los grupos de
la oposición, y una vez que he visto a la señora Del Campo y al señor Sánchez Garrido, aunque no ostentan la condición de portavoces, me parece justo pedir que conste su presencia en el 'Diario de Sesiones'.
Dicho eso, señor director general, es obvio que lo que argumentaba antes tiene su soporte. Cuando desde determinados discursos se está diciendo que la Dirección General de la Policía ha descapitalizado por completo las políticas de
formación, resulta que no sólo el centro de Ávila tiene y tenía ya un prestigio consolidadísimo como uno de los primeros centros de formación policial no sólo de Europa sino del mundo, sino que en un compromiso constante de actualización de esos
planes de formación la Dirección General de la Policía ha impulsado una reconversión de los mismos que podía legítimamente haberla hecho por sí y ante sí, pero que lo hace con un carácter participativo dando opinión previa a los agentes
profesionales y dando participación previa también a los representantes sindicales del cuerpo. Yo creo, señor director general, que las cosas se están haciendo bien. Va a ser muy útil lo que acaba de señalar S.S. y de lo que quedará constancia en
el 'Diario de Sesiones' para posteriores debates; tremendamente útil. Por cierto, conviene recordar y matizar, como ha señalado S.S. al final de su intervención, que cuando se dice que no hay diálogo entre la Dirección General de la Policía y las
centrales sindicales, el diálogo no se puede producir cuando una parte no quiere, una parte está no queriendo desde hace ya largo tiempo dialogar. Están en su derecho, pero no pueden después formular otro tipo de acusaciones.
Ello no es óbice para
que, como S.S. sabe, yo también y deberían saberlo otros grupos parlamentarios, se hayan mantenido intensas reuniones en las últimas semanas fuera del marco del consejo de la policía pero dentro, como es natural, del marco del Ministerio del
Interior con esas representaciones sindicales. Creo que las cosas se están haciendo razonablemente bien y le animo a seguir en esa línea de innovación que no casa con los discursos ignorantes y catastrofistas que nos vienen dados por otras partes.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EVOLUCIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DESTINADA A INCREMENTAR LA PLANTILLA DEL CUERPO NACIONAL DE LA POLICÍA EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
(Número de expediente
181/002107.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Yo he dicho muchas veces que en esta vida ni todo es blanco ni todo es negro, siempre en un punto central en el gris hay probablemente una mayor capacidad de comprensión de las cosas y de las personas, pero lo dicho
tiene sus excepciones. Hay cosas que tienen una consideración absoluta, y dentro de esas pocas cosas están la biología y las matemáticas. La biología dice indefectiblemente que cualquier ser que nace tiene que morir; esa es una verdad absoluta.
Y las matemáticas dicen que dos y dos son cuatro y que dos y dos no son seis. Es obvio que un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que hoy tenga 26 años dentro de cinco años tendrá 31, pero jamás podrá tener 57; es obvio que un miembro del
Cuerpo Nacional de Policía que en 1982 tenía 26 años, transcurridos 14 años, tiene 40 pero no puede tener 65. Digo esto porque conviene situar esa referencia matemática y biológica a la hora de preguntar a S.S. cuál ha sido la evolución de la
oferta pública de empleo destinada a incrementar la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en los últimos cuatro años, precisamente porque se
oyen voces de imprevisión, de envejecimiento de las plantillas, de disminución de las plantillas como consecuencia de ese envejecimiento y como consecuencia de la imprevisión. Eso lo dicen algunos que probablemente tenían la responsabilidad
de haber considerado que la biología y las matemáticas son valores absolutos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA (Cotino Ferrer): Ciertamente, desde la unificación de sus dos cuerpos, que ocurrió en el año 1986, hasta el año 1996 el Cuerpo Nacional de Policía tuvo una pérdida importante de miembros, aproximadamente
1.000 personas por año; esto es, se jubilaban o pasaban a segunda actividad el doble de personas en relación con las plazas que eran convocadas. Esta tendencia comenzó a estabilizarse desde el año 1997, pero lógicamente no se trataba sólo de que
se estabilizara sino de que se recuperara lo que se estaba perdiendo hasta ese momento.
Es sabido que desde que se realizan las convocatorias de plazas -precisamente puedo anunciarles que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado la
convocatoria de 4.275 plazas para la policía-, desde la fecha en que se aprueba por el Consejo de Ministros, que es publicada en el boletín, que termina el plazo de un mes que tienen los aspirantes para presentarse, que comienza el período de
pruebas y posteriormente son trasladados estos jóvenes aspirantes a Ávila para cursar todos este período y que son destinados posteriormente a las plantillas, pasa un tiempo entre dos años y medio y tres al menos. Por eso en el año 2000 la oferta
pública de empleo de la policía fue de 2.000 policías; en el año siguiente fue de 3.150 y en el año actual de 4.275. La intención de la Dirección General de la Policía y del Gobierno es mantener esta misma convocatoria al menos tres años más con
el fin de poder recuperar las pérdidas que desde la unificación de la policía en el año 1986 han venido existiendo. Además, se aprobó en la llamada Ley de acompañamiento de los pasados presupuestos el pase voluntario a segunda actividad,
prorrogándolo tres años. Esta iniciativa de la Dirección General de Policía fue criticada también como habitualmente suele ocurrir -cada uno está en su derecho- porque nadie se apuntaría, pero de momento el 50 por ciento de las personas que llegan
a esa edad se quedan trabajando en primera actividad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, señor director general, creo que los datos son suficientemente expresivos. En el período 1997-2001 se ha doblado el número de plazas que se ofertaron en el período 1990-1995; la convocatoria del
último año ha sido la más notable en casi tres lustros y el anuncio de esta notabilísima convocatoria se complementa con la voluntad de mantener esa convocatoria en los próximos tres años. Se puede decir esto o aquello pero los números están ahí;
lo que no se puede decir y probablemente ya no se va a decir con tanta apariencia -subrayo lo de apariencia- de solvencia es que es este Gobierno el que ha desasistido la política de crecimiento de plantillas o el que ha vuelto la cara a un cierto
envejecimiento de las mismas. Todo lo contrario, la medida complementaria que usted ha señalado, puesta en práctica en la Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, no sólo tiene una incidencia importante como se ha acreditado
en el dato dado por S.S.
en materia de diseño de recursos humanos para las políticas de seguridad ciudadana, tiene también, no se olvide, una medida social y laboral muy importante que afecta a los propios trabajadores en beneficio de esos mismos
trabajadores funcionarios policiales. Por tanto, me temo muy mucho que a partir de estos datos el discurso del catastrofismo vuelva a quedar sin sentido.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS GRUPOS UDYCO PERTENECIENTES AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/002108.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta siguiente del orden del día, que es la que figura en el orden del día con el número 8. Para formularla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Ayer mismo, sin ir más lejos, se sometía a la consideración del Pleno de la Cámara una moción sobre cómo frenar el incremento de la inseguridad en la Comunidad Valenciana. Entre uno de esos puntos novedosos que
aparecían como opción alternativa se venía a decir que se constituyeran con permanencia en el tiempo unidades especializadas destinadas a luchar contra la alta delincuencia organizada, crimen transnacional, tráfico de drogas, narcotráfico, etcétera;
es decir, contra los delitos de más alta sofisticación que al mismo tiempo son aquellos que producen una mayor alarma social.
Ciertamente resultaba extraño que se pretendiera a estas alturas descubrir el Mediterráneo cuando desde hace seis años en
el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía vienen existiendo precisamente unidades especializadas muy eficaces, como acreditan los datos mismos de eficacia policial -detenciones y delitos esclarecidos-, destinadas a la lucha contra ese tipo de
delitos. En concreto, una de las unidades, en el marco del Cuerpo Nacional de Policía, que ha realizado y está realizando una labor de primerísima línea son los llamados grupos UDYCO, unidades de droga y de crimen organizado. Creemos que es
interesante para que conste en el 'Diario de Sesiones' que
nos pueda hacer el director general de Policía un balance de lo que han sido las actuaciones de estos grupos UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2001, porque con eso probablemente no sólo algunos podrán tener el conocimiento del
balance de actuación importante de estos grupos sino, a tenor de lo que veíamos en el Pleno de ayer, de la existencia misma de estos grupos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA (Cotino Ferrer): De estos temas hemos hablado en varias ocasiones en esta Cámara. El objetivo fundamental de las UDYCO es combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia económica y el
blanqueo de capitales. La UDYCO se estructura en una central que además de las funciones señaladas coordina la operatividad de las UDYCO de los distintos puntos periféricos.
Precisamente en la comunidad autónoma que usted acaba de citar, la de
Valencia, existe una UDYCO que está teniendo muy buenos resultados desde su creación; igual sucede en otros puntos de España. Estas UDYCO llevaron a cabo durante el año 2001 un total de 1.357 investigaciones; fueron investigadas 15.011 personas y
ello dio como resultado la detención de 4.036 personas implicadas en estas materias. Entre la incautación directa de drogas coordinada por la UDYCO están 172.017 gramos de heroína, 16.073.382 gramos de cocaína, 70.240.638 gramos de hachís, 25.122
dosis de LSD, 529 gramos de sulfato de anfetamina y 248.468 unidades de éxtasis. Igualmente han sido desmantelados cinco laboratorios que se dedicaban a la fabricación de este tipo de productos. También se han decomisado más de 27 toneladas de
sustancias químicas o precursores utilizados en la fabricación ilícita de drogas. Paralelamente al trabajo que han realizado directamente las UDYCO, han ayudado a la investigación los módulos integrales de proximidad que han incautado 50.563 gramos
de heroína, es decir en pequeña escala; alrededor de 556.370 gramos de cocaína y 14.000.559 gramos de hachís; también 538 dosis de LSD y 125.340 unidades de éxtasis. Esto se ha llevado a cabo esencialmente a través de la policía de proximidad con
la aportación y la colaboración de las UDYCO. En acción conjunta de las UDYCO y la policía de proximidad se han requisado 84 armas de fuego, 532 cartuchos de munición, 203 vehículos, cinco embarcaciones, 79 ordenadores, 27 grabadoras, 68 aparatos
de vídeo y aparatos sofisticados que suelen utilizar este tipo de criminales, más de 300 móviles, tarjetas recargadas por valor de 9.495.000 pesetas, 2.400 tarjetas falsas y se han recuperado 366 tarjetas de crédito que utilizaban estas bandas. El
valor en cheques ha sido de 5.510.000 pesetas, letras por 485.000, dólares 57.800 y dinero falso en cantidad abundante. En dinero efectivo ha habido una recuperación de 239.866.000 pesetas, 1.633.000 dólares, 971.000 marcos alemanes, 525.000 libras
esterlinas y dinero falso en cantidades enormes, hasta 8.890.000 pesetas por una parte, 50.000 dólares por otra y 15.000 libras esterlinas por otra. Yo creo que una de las cosas más importantes que realiza UDYCO, en la que nos estamos centrando y
queremos seguir centrándonos, es el blanqueo de dinero. Todo lo relacionado con el narcotráfico y con el crimen organizado desemboca en que el criminal intenta blanquear el dinero. Ha habido unas operaciones importantes en este campo, hasta el
punto que ha aflorado un billón 433 millones de pesetas en valor de cuentas pertenecientes al blanqueo de dinero; efectos de patrimonio, 61 millones de pesetas y más de 20 propiedades importantes intervenidas.
Otro elemento importante en el que
han trabajado ha sido en la falsificación de documentos que suele utilizar cualquier banda organizada. Se han podido desorganizar 124 aparatos logísticos de apoyo a estas bandas que falsificaban documentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En definitiva, parece ser que sí existen unos grupos especializados del Cuerpo Nacional de Policía destinados a la lucha contra el delito más sofisticado y contra la consecuencia de ese delito más sofisticado que es
precisamente el blanqueo de capitales, es decir de beneficios ilícitos que normalmente vuelven también al circuito de la criminalidad; parece ser que sí existen y como nosotros teníamos la certeza de que sí existen y como parece también que una de
las virtudes, déjenme que diga simplemente cívicas por no hacer otro calificativo, es ilustrar a quien puede ignorarlo, yo creo que esta incorporación al 'Diario de Sesiones' de los datos que acaba de dar el señor director general de la Policía
permitirá a algún grupo político ser ilustrado en su al menos aparente ignorancia al respecto.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL NUEVO SISTEMA DE DENUNCIAS POR TELÉFONO O INTERNET IMPLANTADO EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente
181/002109.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9 y para formularla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Uno de los discursos más reiterados, y hemos tenido prueba de ello esta mañana, es que por parte del Ministerio del Interior se maquillan constantemente las cifras, se ocultan las cifras reales.
Ese discurso, como el discurso general en que se inscriben esas manifestaciones, carece por completo de anclaje en la realidad y no casa desde luego con algo que este Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, igual que la
Dirección General de la Guardia Civil en su ámbito, pero en este caso concreto la Dirección General de la Policía ha impulsado; es decir un nuevo sistema de denuncias para facilitar que los ciudadanos puedan denunciar el delito del que han sido
víctimas, para facilitar por tanto en su consecuencia la asistencia a la víctima de ese delito y para facilitar a partir de la denuncia la persecución del delito y la puesta a disposición de la justicia del delincuente. Como consecuencia de este
nuevo sistema de denuncias por teléfono y por Internet, por ejemplo se ha incrementado -y este grupo parlamentario se siente muy orgulloso de que se haya incrementado- el 8,64 por ciento el número de denuncias que afectan a malos tratos a menores y
a malos tratos a mujeres; porque no se ha incrementado el delito, sino la denuncia. Un delito gravísimo, un delito repugnante, un delito que hace mella sobre los ámbitos domésticos, sobre los sectores que tradicionalmente tenían menos capacidad
para denunciar porque no tenían los instrumentos fáciles para poder formular esa denuncia y que como consecuencia del incremento de esas denuncias sobre esos llamados delitos negros se ha podido producir a su vez una más directa investigación de los
hechos denunciados y una más eficaz actuación policial en la detención de los culpables. Nosotros nos sentimos orgullosos de la implantación de esos nuevos métodos de denuncia y que esos nuevos métodos de denuncia hayan permitido a las víctimas que
estaban enmudecidas, a las víctimas que estaban secuestradas en la violencia de la que eran objeto, hayan permitido que las víctimas denuncien y que aunque con eso se incremente el número de denuncias creemos que ese incremento del número de
denuncias presta un importantísimo servicio a la democracia de este país y presta un importantísimo servicio al combate contra esa forma tan repugnante de violencia que es la violencia ejercida en el ámbito doméstico contra mujeres y menores.
Por eso le preguntamos cuál es el balance de los resultados obtenidos por el nuevo sistema de denuncias por teléfono e internet implantado en el Cuerpo Nacional de Policía.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): En una de mis comparecencias, en este caso concreto creo que fue en el Senado, cuando pusimos en marcha la policía de proximidad, hablábamos de que el policía en la calle pudiese
recibir la denuncia de un ciudadano y que otros métodos modernos pudiesen ir implantándose progresivamente, pues el objetivo de la Policía era disminuir la cifra oscura del delito. En todos los estudios realizados, tanto en nuestro país como del
resto de Europa o del mundo, se refleja una franja de delito que ocurre y que no se denuncia y que las fuerzas policiales pretenden conocer, porque la mejor forma para luchar contra un delito es conocer que el delito existe. Eso hizo que expertos
en estas materias pusieran en marcha e impulsaran un mejor sistema para poder atender al ciudadano en el momento que le ocurriese un acto delictivo o una falta. Pensamos que el mejor sistema que podía existir era que lo pudieran realizar
telefónicamente en una primera fase, y la experiencia fue en Madrid. Después de esa experiencia primera que se hizo en Madrid, y así se dio cuenta en la Cámara Alta, se hizo una encuesta a las personas que habían efectuado las llamadas. Estas
personas que habían efectuado las llamadas dijeron que alrededor del 7 por ciento no denunciaban porque no tenían mayor facilidad para denunciar. Eso nos aconsejó que era conveniente y apropiado que extendiéramos ese servicio a todo el territorio
nacional y progresivamente implantamos este servicio de las denuncias telefónicas a toda España. Esta implantación, efectuada en un breve plazo, aparte de la finalidad de ayudar a cualquier ciudadano que fuese víctima de un delito a poder denunciar
telefónicamente, aunque luego tiene que firmar la denuncia, pero al que se le ha facilitado el trámite, lo hemos ampliado a partir del año pasado no solamente a cualquier punto de España, sino en distintos idiomas. Así se facilita a todos los
ciudadanos que vengan a España a trabajar, a hacer turismo o a cualquier otra actividad, a que con su idioma, ya sea inglés, francés, alemán y una zona determinada para poder atender las denuncias en japonés, puedan denunciar y hacer todos los
trámites inherentes con la Policía.
Respecto a los datos, les puedo decir que la aceptación social ha sido importante respecto al uso de este sistema. En 1999, primer año en que lo pusimos en marcha, el número de denuncias fue del 5,50 por ciento del total de las denuncias.
En el año 2000 se elevó al 10,98 por ciento, y en el año 2001 ha estado en el 16; pero le puedo decir que en el mes de abril está en el 18 por ciento; es decir que se va incrementando progresivamente la utilización de este medio por los ciudadanos
españoles que desean hacer una denuncia ante la Policía.
Tengo que decirles que este es el primer servicio de estas características que se hace en toda Europa y creo que en todo el mundo. En España hemos sido pioneros en implantar la denuncia por Internet. Hemos sido felicitados por expertos en
estas materias en una conferencia internacional de Internet al servicio del ciudadano y a la policía española se le dio una mención especial por el programa de denuncia telefónica a través de Internet. Ciertamente, esto supone que estadísticamente
pueden cambiar los números y supone que pueden ser utilizados de alguna forma demagógica respecto al tema de la delincuencia. A mí me gustaría explicar -y lo voy a hacer en este Cámara- y contestar en este momento a
las personas que antes han estado hablando de estos números de Soria o de Teruel, porque tanto en Soria, en Teruel o en cualquier parte de España, el mero hecho de que personas que no denunciaban ahora denuncien es importante y en la
estadística de la encuesta que tiene la Dirección General de la Policía -y que la hizo pública en la Cámara Alta hace tres años y medio- decíamos que la gente a la que estamos facilitando la denuncia supondría al menos el 7 por ciento. Por tanto,
estamos creando cierta alarma social, lo que no quiere decir que no se tenga que reconocer que en puntos determinados de España hayan aumentado los delitos y que las causas del aumento de esos delitos han sido ya enumeradas infinidad de veces, pero
en la inmensa mayoría de ciudades españolas sigue disminuyendo la delincuencia, a pesar de que se está denunciando más telefónicamente. Esta es una realidad que está ahí contrastada, les guste a algunos la estadística más o menos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Sencillamente, quiero señalar que, desde luego, mi grupo parlamentario y yo mismo, preferimos una policía que facilite al ciudadano los métodos de denuncia, precisamente para evitar la impunidad de determinados tipos
delictivos, preferimos este tipo de policía, que es la que en este momento tenemos vigente, a una policía que trate de desanimar o dificultar la denuncia del ciudadano simplemente para aparentar estos o aquellos índices porcentuales. El objetivo
que en su momento se marcó S.S. -y que ha recordado en esta mañana- es un objetivo democráticamente saludable: facilitar al ciudadano que denuncie para que así los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estén en situación de atender y asistir a
la víctima, de perseguir al delito y de poner a disposición de la justicia al delincuente. Además, es un orgullo para el conjunto de la sociedad democrática de este país, no para este o para aquél, sino para el conjunto de la sociedad democrática
de este país que en una materia tan sensible como ésta en la que se juega ese binomio seguridad-libertad, nuestra policía haya sido pionera en el mundo en la incorporación de un método de denuncias como éste.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL PORCENTAJE TOTAL DE VEHÍCULOS RENOVADOS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. (Número de expediente 181/002110.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 10, para cuya formulación tiene nuevamente la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con esto concluimos una aportación de balances de lo que se está haciendo a la información de la Cámara, y desde luego a la información de la opinión pública española que nos parece muy significativa. Como es natural
siempre desde el compromiso de la autoexigencia de querer hacer más y mejor. Desde luego, el balance que ha hecho hoy el director general de la policía sobre cuestiones tan sensibles como plantillas, facilitación de métodos de denuncia, grupos
especializados operativos e inversiones, nos parece que contradice evidentemente los matices de determinados discursos catastrofistas. Uno de los puntos clave en esos discursos catastrofistas es señalar que el Ministerio del Interior en estos
últimos años ha descapitalizado el presupuesto operativo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
No voy a repetir aquí lo que ya se ha dicho en debates presupuestarios y en infinidad de comparecencias en cuanto a lo gratuito de esa
información. Pero si hay una inversión estratégica, junto con las que afectan a armamento y comunicaciones, es sin lugar a dudas la que afecta a vehículos. Quizás vehículos, armamento y comunicaciones sean los tres factores estratégicos en la
inversión que han de realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su propia operatividad.
No quiero hablar de memoria, ni quiero incidir especialmente sobre situaciones anteriores, pero creo recordar que en el período que va entre 1992 y 1994 se produjo una descapitalización, es decir una retirada de servicios operativos de
alrededor de un 70 por ciento de la flota de vehículos policiales que en ese momento estaba operativo; un descenso drástico que en algunas ciudades fue especialmente notable. Desde la llegada a sus actuales responsabilidades, el director general
de la Policía ha sido consciente del valor estratégico que para la operatividad del cuerpo de la Policía Nacional tiene precisamente su flota de vehículos. La introducción de un sistema con un contenido empresarial importante, aplicando bien los
recursos siempre limitados en materia de inversiones en vehículos, un sistema llamado renting, ha permitido una ampliación muy notable de esa flota y por tanto un refuerzo de la operatividad de los servicios al existir más vehículos disponibles. Es
interesante que en este extremo y para culminar este balance que hoy ha hecho el director general de la Policía, nos cuente cuál es el porcentaje total de vehículos renovados por el cuerpo de la Policía Nacional en los últimos cuatro años.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Siempre es difícil hablar de tiempos pasados, pero la única forma de poder comenzar es establecer un punto de partida, y el punto de partida es que este director general, cuando se
hizo cargo de la Policía, aprendió una palabra nueva, que era canibalismo.
Esta palabra nueva, que entonces no entendía lo que quería decir, significaba que en cada comisaría había diez coches, pero cinco estaban parados para desmontarles piezas y montárselas a otros que no funcionaban. Por tanto, de los 10.000
vehículos que tenían una media de siete años, la mitad estaban parados y servían para recoger piezas y ponérselas a otros, porque no había presupuesto ni para las piezas de recambio. Esta era la realidad. Para cambiar esa realidad pensamos
introducir unas metodologías empresariales. Primero vimos que necesitábamos policías para la calle, por tanto no parecía lo más adecuado que metiésemos más policías para arreglar coches viejos, más bien había que buscar una fórmula para que los
talleres se fuesen reduciendo progresivamente y hubiese expertos en arreglar coches -para eso están los mecánicos- que lo hiciesen. La fórmula de implantar un servicio de renting de vehículos se estudió económicamente y se vio que tenía una buena
rentabilidad. Para ello se han ido incorporando progresivamente vehículos a la Dirección General de la Policía, y hasta la fecha, el número de vehículos ha aumentado en 2.800; actualmente la Dirección General de la Policía tiene 12.800 vehículos,
el 60 por ciento de los cuales se ha incorporado completamente nuevo, bien por renting o bien por propiedad. Esa misma línea es la que queremos seguir llevando este año, y así está reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, en los que hay
una partida de renting para poder adquirir 250 vehículos más, además de otros 250 que tenemos que adquirir por sus características determinadas. Creemos que esta es una de las cosas que han funcionado bien y queremos seguir trabajando en la misma
línea que estamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Evidentemente los datos dicen lo que dicen, y afortunadamente hacer desaparecer la expresión caníbal constituye una aportación ciertamente muy importante.
Quiero concluir agradeciendo al director general de la Policía su comparecencia, diciéndole que como es natural este grupo no va a renunciar a formular sus correspondientes iniciativas para que el señor director general pueda verter en el
'Diario de Sesiones' de la Cámara datos concretos que permitan hacer valoraciones objetivas y no valoraciones interesadas, ignorantes o catastrofistas.
En todo caso quiero decir también, señor presidente, que en este momento tengo en mi poder el documento elevado a la Junta de Portavoces, de fecha de 18 de febrero, en relación con la sustitución de la pregunta de la que hablábamos en el
debate anterior. En virtud del Reglamento, en este momento podría solicitar de la Mesa que la señora secretaria primera hiciera lectura de ese documento. Simplemente quiero dejar constancia de que lo tengo en mi poder y de que no voy a hacer esa
solicitud, porque me parecería una descortesía que, siendo la señora secretaria primera miembro del Grupo Parlamentario Socialista, forzara yo a que fuera ella misma la que tuviera que leer ese documento.
En todo caso, el documento reconoce el señalamiento que yo hacía del carácter excepcional y fuera del reglamento de la solicitud que se planteaba, y por tanto de la discrecionalidad -no obligación sino discrecionalidad- con la que el
Gobierno ha acogido esa solicitud.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día agradecemos al director general su presencia.
El señor GIL LÁZARO: Perdón, señor presidente, quiero corregirme, a efectos del 'Diario de Sesiones'. La vicepresidenta es la señora del Campo y el secretario el señor Sánchez Garrido.
El señor PRESIDENTE: Queda corregido.
Agradecemos al señor director general su presencia en la Comisión y levantamos la sesión.
Muchas gracias.
Era la una y cinco minutos de la tarde.