CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 488

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 47

celebrada el miércoles, 8 de mayo de 2002

ORDEN DEL DÍA:


- Comparecencia periódica del señor Gobernador del Banco de España (Caruana Lacorte) para presentar los informes o memorias relativas a las materias en las que tienen atribuciones el Banco de España. (Número de expediente 212/001073.) ...
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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.



El orden del día consta de un solo punto, que es la comparecencia periódica del gobernador del Banco de España para presentar los informes o memorias relativas a las materias en las que tiene atribuciones el Banco de España.



Señor gobernador, bienvenido de nuevo a la Comisión de Economía y Hacienda y tiene usted la palabra.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Caruana Lacorte): Señor presidente, señores diputados, es para mí un honor y un motivo de satisfacción que esta Comisión de Economía y Hacienda haya establecido un calendario de comparecencias que me
permite dar cuenta a SS.SS. de las actividades del Banco de España en el marco de las funciones que estatutariamente tiene encomendadas. La culminación de la unión económica y monetaria ha modificado algunas de estas funciones ya que corresponde
al conjunto del eurosistema, formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales del área, definir la estrategia y los objetivos de la política monetaria común y adoptar en cada momento las decisiones que se requieren para su
correcta instrumentación. No obstante, la política monetaria común de la zona euro es nuestra propia política monetaria y su evolución está cargada de implicaciones para la economía española. Como gobernador del Banco de España formo parte, con
los gobernadores de los bancos centrales del resto de países integrados en la unión monetaria y con los miembros del comité ejecutivo, del consejo de gobierno del BCE, que es el órgano encargado de dirigir dicha política. Y al Banco de España le
corresponde la responsabilidad de instrumentarla en nuestros mercados monetarios y financieros y realizar el seguimiento de su transmisión a través de las instituciones de crédito y de sus implicaciones para la economía española y para otras
vertientes de la política económica que se mantienen bajo la soberanía nacional.
Todo ello, junto con otras funciones del Banco de España, debe ser materia de un diálogo fructífero con esta Comisión parlamentaria, dentro de los límites de los
compromisos de confidencialidad que se derivan tanto de la pertenencia al consejo de gobierno del BCE como de la legislación en materia de supervisión.



Centraré la primera parte de mi intervención en analizar la política monetaria que ha venido aplicando el eurosistema y los retos que se plantean en el futuro a la zona euro así como la evolución y las perspectivas de la economía española.
La segunda parte la dedicaré a los aspectos de estabilidad financiera y actividades de supervisión y dentro de este apartado, de las actividades de supervisión, quiero hacer una síntesis de las actuaciones del Banco de España en relación con el
BBVA.
De cualquier modo me permitirán que comience haciendo referencia al acontecimiento más sobresaliente que ha tenido lugar en nuestro pasado reciente, que no es sino la culminación de la unión económica y monetaria mediante la introducción de
los billetes y monedas en euros. El proceso de canje ha conllevado una enorme complejidad y, aunque había sido programado con gran minuciosidad, ha exigido un esfuerzo considerable por parte de numerosos agentes, tanto en el sector público como en
el privado. El resultado no habría sido tan brillante sin la estrecha colaboración del sistema financiero, del sector distribución y especialmente de los ciudadanos europeos, que han sido los verdaderos protagonistas al apoyar inequívocamente el
cambio de moneda. A juzgar por los resultados, este esfuerzo colectivo, aunque exigente, ha merecido la pena pues el canje se ha desarrollado en general sin incidentes de gravedad y con gran celeridad. De este modo, tres años después del comienzo
de la unión monetaria, el euro es ya una moneda en toda la extensión del término y puede utilizarse en todo tipo de transacciones económicas por 300 millones de europeos. Cabe esperar que este paso trascendental e irreversible refuerce la
integración económica en Europa y contribuya a la explotación completa de las ventajas que este proceso supone para la economía de los países participantes.



Aunque los beneficios potenciales de la unión monetaria se irán cosechando a medida que avance el progreso de integración, ya se han percibido numerosos efectos favorables de la moneda única. Entre ellos merece destacarse que desde el
primer momento la zona euro ha mostrado un alto grado de estabilidad macroeconómica, en coherencia con el objetivo primordial de la política monetaria del eurosistema, que es el mantenimiento de la estabilidad de precios. Esto ha propiciado que los
países de la unión monetaria hayan sido capaces de superar de modo relativamente satisfactorio las perturbaciones acaecidas en su entorno exterior desde 1999 y que en el pasado hubieran supuesto con toda probabilidad costes mayores en términos de
crecimiento y empleo, especialmente en aquellos países que carecían de una experiencia propia suficientemente arraigada de disciplina macroeconómica. A pesar de ello, la unión monetaria se vio lógicamente afectada durante el pasado año por
sucesivas perturbaciones y el sensible deterioro de la actividad económica en los países industrializados. Esta evolución cíclica mostró una elevada sincronía a nivel mundial, aunque la desaceleración, que fue intensa, se prolongó sólo durante un
período relativamente breve, gracias en gran parte a la adecuada reacción de las políticas económicas. De esta forma, la brusca desaceleración de la actividad no ha impedido que en algunos países, entre los que se encuentra España, el producto


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siguiera registrando ritmos positivos de crecimiento. La rapidez con que se desencadenó la desaceleración económica en el año 2001, la incertidumbre sobre sus repercusiones en la economía europea y la evolución inicialmente desfavorable de
la inflación observada complicaron la valoración de las perspectivas sobre el comportamiento de los precios por parte del eurosistema. Sin embargo, a medida que fue haciéndose patente el deterioro de las perspectivas económicas y el carácter
transitorio de las tensiones que se manifestaban en los precios, la política monetaria fue adaptándose al nuevo contexto, instrumentando bajadas graduales de los tipos de interés que se hicieron más intensas a raíz del agravamiento del escenario
económico internacional tras los atentados del 11 de septiembre.



Desde la decisión adoptada en mayo de 2001 de reducir los tipos de interés por primera vez en esta nueva fase cíclica hasta noviembre, cuando el BCE decidió el último recorte, los tipos de interés de las operaciones principales de
financiación descendieron 150 puntos básicos. Estas bajadas fueron consistentes con el mantenimiento de unas perspectivas relativamente tranquilizadoras sobre el comportamiento de los precios a medio plazo. Con estos recortes los tipos reales
alcanzaron niveles próximos a los mínimos de las últimas décadas en el conjunto de las economías que forman la unión monetaria. Debe recordarse por tanto que las condiciones monetarias han resultado propicias para la reanimación de la actividad
económica y han contribuido a moderar el alcance de la desaceleración cíclica. La política monetaria tuvo también en cuenta obviamente la actuación de las autoridades en otros ámbitos de la política económica. Así, en la vertiente presupuestaria,
las políticas instrumentadas en la unión monetaria contribuyeron en general a la estabilidad macroeconómica, pues atendieron tanto a la posición cíclica, dejando actuar a los estabilizadores automáticos, como al compromiso contenido en el Pacto de
Estabilidad y crecimiento de mantener una senda de equilibrio presupuestario a medio plazo. El aumento del déficit estructural observado en el conjunto de la zona euro fue modesto y se debió sobre todo al impacto de las rebajas de impuestos que
fueron adoptadas al inicio del año en algunos países, antes de que se hiciera patente el debilitamiento de la actividad. En cualquier caso, me gustaría resaltar que, tal y como señalan las conclusiones del Consejo de Barcelona, la actuación de los
estabilizadores presupuestarios debe ser simétrica, de forma que en las fases de auge su funcionamiento ha de dar lugar a una mejora de la situación de las cuentas públicas. Así se facilitaría que también en las épocas de debilidad económica su
acción estimuladora pueda alcanzar una intensidad suficiente sin vulnerar los límites establecidos.



La evolución reciente de los precios en la zona euro, con un incremento del índice armonizado del 2,7 en enero, que desciende a un 2,2 en las primeras estimaciones de Eurostat para el mes de abril, ha sido menos satisfactoria que lo esperado
hace unos meses. Pero, dada la naturaleza temporal de los factores que han contribuido a la evolución de los precios, tanto en los meses pasados como en los años 2000 y 2001, sus efectos deberían amortiguarse y no tendrían que afectar a las
perspectivas de inflación a medio plazo. A pesar del repunte de los precios de consumo producido a principios de este año, ligado fundamentalmente a factores climáticos, al aumento de impuestos indirectos y al encarecimiento del petróleo, resulta
todavía posible que la tasa de inflación de la zona euro se sitúe en los próximos meses por debajo de la referencia del 2 por ciento, contenida en la definición de estabilidad de precios adoptada por el Banco Central Europeo. Ello dependerá en gran
medida del comportamiento de los precios del petróleo.
A la luz de la información disponible, en la última reunión del 2 de mayo el consejo de gobierno del Banco Central Europeo concluyó que las perspectivas inflacionistas en la zona euro son ahora
menos favorables que lo eran a finales del año pasado. Simultáneamente se reconocían las incertidumbres existentes en el panorama económico y la influencia en el comportamiento pasado de los precios de factores temporales. En el medio plazo la
reducción de la inflación podría verse comprometida, si las reivindicaciones salariales conducen a unos aumentos de los costes exagerados y si los precios del petróleo mantienen una senda alcista.



En cuanto a la evolución previsible de la actividad económica, los últimos indicadores muestran una recuperación de las tasas de crecimiento del producto interior bruto positivas en el primer trimestre del año en curso, que normalmente debe
marcar el fin de la fase de desaceleración económica. El dinamismo de los mercados exteriores, impulsado por la reactivación de la economía norteamericana, debe favorecer la aceleración a lo largo del año del producto y del empleo. Los indicadores
aparecidos son compatibles con un crecimiento de la zona a fin de año en línea con su crecimiento potencial. Sin embargo, existen todavía incertidumbres en cuanto a la fortaleza de la recuperación relacionados con la evolución de los precios del
petróleo y la existencia de desequilibrios fuera de la zona euro. Las perspectivas de crecimiento sostenido en la zona euro dependen fundamentalmente del dinamismo que muestre la formación bruta de capital, tras el estancamiento experimentado en el
año 2001. En principio, la holgura de las condiciones monetarias y financieras, el agotamiento del proceso de ajuste de inventarios y la previsible expansión de las exportaciones deben contribuir al aumento de la inversión en el área, tal y como
parecen sugerir los indicadores disponibles referentes a los primeros meses del presente año. Además, la economía europea afronta esta fase de recuperación con unos fundamentos relativamente sólidos. Así, a pesar de su descenso en los últimos


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años, las familias europeas presentan una tasa de ahorro superior y un endeudamiento, en términos de su renta disponible, inferior a los de la economía estadounidense, la balanza por cuenta corriente está equilibrada y la exposición del
sector privado a una posible corrección de los precios de las acciones es moderada. Sin embargo, la limitada duración y alcance de la fase expansiva previa y la relativa intensidad de la desaceleración posterior sugieren que la zona euro encuentra
problemas a la hora de mantener un ritmo de crecimiento elevado del producto durante un período de tiempo prolongado. Estos problemas están relacionados con las rigideces que todavía presentan los mercados europeos, que dañan los mecanismos de
ajuste de la economía y desincentivan la ampliación y la modernización del aparato productivo.



Estas deficiencias se reflejan en un escaso crecimiento de la productividad del trabajo en Europa, tanto en términos históricos como en comparación con Estados Unidos, que tiene efectos directos sobre el bienestar de los ciudadanos al
dificultar el crecimiento de su renta per cápita, dañar la competitividad de la economía y por tanto dificultar la creación sostenida de empleo. De este modo, parece lógico que una de las prioridades de las autoridades europeas sea la adopción de
reformas orientadas a la creación de un marco propicio para la inversión que promueva el incremento de la productividad. En este sentido, las iniciativas recientemente acordadas por las autoridades europeas resultan especialmente oportunas. Si se
pretende alcanzar los ambiciosos objetivos fijados, de forma que el crecimiento potencial de la economía europea se eleve sustancialmente y con él la creación de empleo, parece necesario profundizar y acelerar las reformas tendentes a incrementar la
flexibilidad de los mercados de trabajo, liberalizar e integrar las industrias de red, favorecer la innovación tecnológica e impulsar la integración de los mercados financieros. Estas reformas son imprescindibles, además, si se aspira a explotar
intensivamente los beneficios potenciales del mercado único europeo, a los que me refería al comienzo de mi intervención.



Paso a centrarme a continuación en la economía española. El entorno de desaceleración e incertidumbre en el que se desenvolvió la actividad económica mundial durante el 2001 también afectó a nuestra economía, que, como todos ustedes saben,
redujo paulatinamente su tasa de avance hasta cerrar el año con un crecimiento medio del PIB real del 2,8 por ciento, sensiblemente inferior al del año precedente. Las variables sobre las que inciden más directamente las condiciones externas,
exportaciones e inversión, fueron las que marcaron el ritmo de desaceleración. Las exportaciones acusaron el hundimiento de los mercados exteriores, en especial los europeos, mientras que el clima de pesimismo e incertidumbre que se fue adueñando
de la escena económica internacional no creaba un marco propicio para el esperado despegue de la inversión empresarial, a pesar de la favorable situación de las empresas. En cambio, aquellas variables que responden en mayor medida a factores de
índole interna, como son los gastos de las familias, mantuvieron un mayor dinamismo, a lo que contribuyó de forma destacada la pujanza en el crecimiento del empleo.



La reactivación que está liderando la economía norteamericana y las expectativas cada vez más favorables sobre su progresiva consolidación a lo largo del año se están extendiendo ya, como hemos visto, a Europa y por supuesto a España. Como
ha avanzado recientemente el Banco de España en su informe trimestral, la tasa de crecimiento interanual del PIB de la economía española en el primer trimestre del 2002 se estima en el 2,1 por ciento y la tasa intertrimestral, calculada a partir de
series desestacionalizadas, que proporciona una información más inmediata en línea con las prácticas europeas, aunque más volátil, se recupera ya sensiblemente con respecto a los valores alcanzados en el trimestre precedente, marcando un punto de
giro en la actividad económica que se extiende a una parte importante del sector industrial, que habría sufrido un período de contracción en los últimos meses. Conforme el periodo de recuperación vaya consolidándose y las exportaciones y la
inversión empresarial se incorporen a este proceso, la economía española irá aproximándose paulatinamente a su tasa de crecimiento potencial y el empleo volverá a tomar una senda de crecimiento sostenido, aunque más moderada que en el pasado.



La economía española está completando por tanto una fase cíclica que se aleja de los patrones habituales en nuestra historia económica reciente.
El periodo de auge fue especialmente prolongado y fructífero en términos de creación de puestos
de trabajo y de reducción de la tasa de paro y supuso un avance importante en la convergencia real con los países de la zona euro. La fase de desaceleración está siendo particularmente benigna, no sólo por su corta duración sino también porque
durante ella se han mantenido tasas de crecimiento considerables del producto y del empleo, sin que se haya detenido la convergencia real. No se ha entrado, como en ciclos anteriores, en un periodo de atonía de la demanda y de destrucción de
puestos de trabajo en el que los agentes económicos saneaban los desequilibrios acumulados en la etapa expansiva.



Vale la pena que me refiera, aunque sea con brevedad, a los factores específicos que han contribuido a este cambio de comportamiento, ya que de ellos pueden extraerse enseñanzas relevantes sobre las pautas que deberíamos seguir en el futuro,
con el fin de sacar el máximo provecho de este clima de reanimación que empieza a percibirse. La economía española se encuentra cada vez más condicionada por la evolución del entorno exterior, no sólo el marcado por el espacio económico europeo
sino también por el que forman otras


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áreas económicas con las que nuestras relaciones son cada vez más intensas. La importancia de los flujos transfronterizos de inversión directa en los últimos años, hacia el interior y sobre todo -y esto es lo más destacado- hacia el
exterior, hablan de su creciente integración en el entorno internacional. Pero, como de todos es bien conocido, la creciente vinculación de España en el ámbito económico mundial ha alcanzado su máxima expresión con la plena integración de nuestra
economía en la unión monetaria. Los beneficios de participar en un área de estabilidad monetaria y financiera se han materializado no sólo a través de la estabilidad cambiaria de la zona euro, sino además, en nuestro caso, a través de descensos
sustanciales de tipos de interés -consecuencia del éxito alcanzado en la convergencia-, que indujeron una importante revalorización de la riqueza y estimularon el dinamismo del gasto. La caída de tipos impulsó inicialmente el aumento de la
inversión, hasta que el cambio en el entorno internacional y el consiguiente empeoramiento de las expectativas fueron condicionando los planes de inversión en bienes de equipo de las empresas. Los últimos datos disponibles indican que se puede
estar ya alcanzando el suelo en la desaceleración de la inversión empresarial, que iría tomando mayor vigor a medida que la recuperación de la economía mundial se vaya transmitiendo a nuestros mercados exteriores. El sector de la construcción
también recibió un fuerte impulso a través del descenso que experimentaron los tipos hipotecarios. El aumento del precio de la vivienda y el descenso de la rentabilidad de otras inversiones alternativas estimuló, además, la demanda de viviendas por
motivo de inversión, acentuándose la presión sobre los precios en una espiral que ya comienza a ceder.



La economía española ha recibido durante estos años un impulso monetario transitorio como consecuencia de la entrada en la unión monetaria, sin que se haya visto comprometida su estabilidad nominal, ya que otras políticas macroeconómicas y
microeconómicas han contribuido a contrarrestar sus efectos. La política presupuestaria ha estado encaminada al logro de la plena consolidación fiscal, atendiendo a los requisitos establecidos por el Pacto de Estabilidad y crecimiento. Como todos
ustedes saben, en el pasado año se alcanzó el equilibrio presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas y los datos disponibles sobre la ejecución del presupuesto del Estado en el año en curso anticipan que no nos alejaremos de
este resultado. El mantenimiento de un superávit estructural primario -por encima del 2,5 por ciento en 2001- es la mejor garantía de la solvencia alcanzada por las cuentas públicas. La contribución de la política fiscal a la estabilidad
macreoeonómica ha recibido un respaldo muy importante a través precisamente de la Ley de estabilidad presupuestaria, promulgada recientemente en esta Cámara. Otra norma de esta legislatura, la Ley de financiación de las comunidades autónomas,
resulta especialmente adecuada para avanzar en la disciplina y corresponsabilidad de los entes territoriales.



En este apretado repaso a los factores que han contribuido a que la economía española haya mantenido unas pautas de comportamiento especialmente favorables a lo largo del ciclo que ahora termina he de referirme finalmente a las reformas
estructurales emprendidas en estos años, que han seguido avanzando en la flexibilización del mercado de trabajo, y en la mejora del funcionamiento de numerosos mercados de bienes y servicios. Estos cambios han permitido entre otras cosas, como ya
he dicho, que el ciclo actual haya sido especialmente fructífero en términos de crecimiento del empleo, lo que a su vez, al impulsar las rentas familiares y despejar la incertidumbre sobre su futuro, ha permitido tasas de crecimiento elevadas en el
gasto de los hogares.
Aunque el empleo ha tendido a desacelerarse recientemente, y con él la renta disponible de las familias, lo ha hecho de forma moderada y el consumo privado mantiene un ritmo de aumento considerable. Esto es compatible con
que, tras varios años de notable expansión, algunos componentes del gasto familiar, como son, por ejemplo, las compras de automóviles, den muestras de cierto agotamiento. Otras variables a las que ya he hecho mención, inversión y exportaciones, son
las que deben ir tomando un mayor protagonismo y convertirse en los motores del crecimiento en los próximos años. Pero la economía española tiene retos importantes que debe afrontar con decisión, profundizando en las reformas ya iniciadas. La
pertenencia a un área que prima de manera especial los valores de eficiencia y de estabilidad aporta, como hemos tenido ocasión de comprobar, notables beneficios a las economías que la integran pero es igualmente exigente y severa con aquellas que
se apartan de estos postulados. Siendo esto así, para que la economía española pueda seguir avanzando de manera firme en su proceso de convergencia real hay que afrontar una serie de problemas que han ido haciéndose patentes a lo largo de estos
años. Algunos son propios de una economía que ha vivido una larga etapa expansiva y tenderán a corregirse por sí mismos, pero otros tienen una naturaleza más profunda y exigen acciones concretas para resolverlos, y a ellos paso a referirme a
continuación.



Durante los últimos años se ha producido un aumento notable en las ratios de endeudamiento del sector privado -familias y empresas- que en parte se debe a un cambio de naturaleza estructural, al adaptarse los agentes a una situación en la
que los tipos de interés relativamente bajos se pueden sostener a medio y largo plazo. De hecho, estas ratios son todavía más reducidas que las que se dan en otras economías de nuestro entorno, que llevan varios años moviéndose en un contexto de
tipos de interés reducidos. En cualquier caso, la rapidez con la que ha aumentado el endeudamiento y la fuerte concentración del mismo, en el caso de las familias, en la compra de activos inmobiliarios, cuyos precios


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pueden variar en el futuro, aconseja ser cautelosos y vigilar estrechamente la evolución de estas variables, que no parece que vayan a suponer una rémora para las decisiones de gasto a medida que la reactivación de la economía vaya
afianzándose. En este sentido, el crédito al sector privado se ha estado desacelerando apreciablemente a lo largo del último año, en coherencia con el menor tono de la actividad, aunque mantiene todavía tasas elevadas de crecimiento e incluso
parece haber repuntado ligeramente en el primer trimestre de 2002.



Otra de las características menos favorables de nuestra evolución económica reciente que conviene analizar es el bajo crecimiento de la productividad, incluso reconociendo las dificultades existentes en su medición e interpretación. Como en
otras ocasiones he dicho, la economía española debe mantener un patrón de crecimiento que le permita seguir aumentando sustancialmente el nivel de empleo e incorporar al mercado de trabajo a sectores importantes de la población que se mantienen al
margen del mismo. Este patrón intensivo en empleo, que supone una cierta moderación en el aumento de la productividad observada, ha permitido aproximar nuestros niveles de bienestar a los que prevalecen en los países de nuestro entorno. Pero la
baja productividad refleja también insuficiencias en el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos. El reto es por tanto procurar que el crecimiento del empleo sea compatible con mejoras a largo plazo de la
productividad genuina de los factores de producción. Las ganancias de productividad son necesarias para ser competitivos, sobre todo en un mundo como el actual en el que los profundos cambios tecnológicos que están teniendo lugar expulsan del
mercado a las empresas menos eficientes o las obligan a competir en segmentos tecnológicamente menos avanzados, con economías de reciente industrialización que, al carecer de los sistemas de bienestar social propios de las economías avanzadas,
parten de una relación de costes más favorable.



Para poder avanzar en esta línea es necesario aumentar la inversión en la economía en su más amplia acepción, que abarca la inversión en capital físico, en capital tecnológico y en capital humano, y es necesario, en fin, disponer de unos
mercados flexibles que permitan los avances tecnológicos que se difundan con eficacia por todos los sectores de la economía. Este es un punto, la reforma de los mercados, donde aún queda una tarea importante por completar. Los avances realizados
en la reforma del mercado de trabajo deben proseguir hasta que su funcionamiento eficiente reduzca los desincentivos a la participación y permita incorporar a segmentos importantes de la población, parados, mujeres y jóvenes, que permanecen al
margen de las actividades productivas. Y deben hacerlo de forma que las retribuciones salariales se acomoden a las circunstancias de los distintos sectores y empresas de la economía y a las características de los propios trabajadores, que es la
mejor forma de garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo. Las reformas deben extenderse a otros mercados de bienes y sobre todo de servicios que siguen desarrollando una parte importante de su actividad en situaciones poco competitivas.
La persistencia de un problema de inflación dual en la economía española es el exponente más claro de esta situación. Las altas tasas de crecimiento que siguen registrando los precios de los servicios en la economía española y el diferencial que
mantenemos con países de la zona euro contrastan con los resultados que observamos en otros sectores que, al encontrarse abiertos a la competencia en el exterior y en el mercado interno, acomodan sus precios a los vigentes en los mercados
internacionales. Me estoy refiriendo a numerosos sectores industriales y a nuestras empresas exportadoras que deben absorber las presiones de costes, cualquiera que sea su origen, a través de reducciones de sus márgenes de explotación, ya que no
pueden repercutirlas sistemáticamente en los precios. La persistencia de que nuestros precios y costes crezcan por encima de nuestros socios europeos termina minando las bases en las que debe asentarse la competitividad de la economía y su solución
pasa, como tantas veces se ha repetido, por un avance decidido en las reformas que actúen por el lado de la oferta de la economía.



Quiero referirme, por último, a la consolidación fiscal, que por tratarse, como antes he dicho, de uno de los activos más importantes que ha alcanzado la economía española en los últimos años, debemos tratar de preservar y afianzar. Para
ello es necesario que se acometan las reformas pertinentes para afrontar de forma justa y eficiente los retos futuros que se plantearán como consecuencia de los cambios que se están produciendo en la estructura de la población de nuestro país y que
afectarán a aspectos muy importantes de nuestro Estado del bienestar.
Señorías, la economía española se encuentra en una situación favorable para abordar la nueva etapa expansiva que se está abriendo paso todavía con ciertas vacilaciones en el
entorno internacional. Nuestro crecimiento actual es más elevado que el de la mayoría de los países de nuestro entorno y es previsible que siga siéndolo a lo largo del año. Las cotas de estabilidad macroeconómica con las que hemos terminado la
etapa expansiva reciente son satisfactorias y los agentes económicos privados presentan unas posiciones financieras saneadas. Pero los retos a los que nos enfrentamos son importantes y la economía española debe consolidar su integración en la Unión
Europea y aproximarse a los niveles de bienestar propios de la zona. Para que ello sea así hay que crecer más que los restantes países y hay que hacerlo de manera sostenida, lo que nos exige ser más eficientes y más competitivos.



Paso ahora a la segunda parte de mi intervención, que va a estar centrada en los temas relativos a la estabilidad financiera. En primer lugar comentaré la situación del sistema bancario española a este respecto; posteriormente,


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resumiré alguno de los aspectos de la actividad supervisora del Banco de España. La salud del sistema financiero en Estados Unidos, en Europa y en España, ha sido uno de los elementos clave de esta mayor resistencia a la que hice referencia
en la primera parte de mi intervención y que ha permitido superar satisfactoriamente la reciente crisis. Los canales de interacción entre el sistema financiero y la economía real son cada vez más potentes, veloces y complejos y la experiencia
muestra cómo sistema financieros frágiles pueden ampliar los ciclos profundizando sus fases decrecientes, con lo que los ajustes necesarios pueden llegar a ser sumamente costosos. La estabilidad financiera es necesaria para el crecimiento sostenido
de la economía y alcanzarla y consolidarla requiere atención y trabajo constantes. Por ello, el fortalecimiento de los sistemas financieros es una de las prioridades básicas de numerosos organismos internacionales y por supuesto de las autoridades
nacionales.



Volveré más tarde sobre estos aspectos internacionales de la supervisión bancaria, pero antes voy a resumir la situación de nuestro sistema bancario comentando la evolución de su actividad, sus riesgos, su rentabilidad y su solvencia.



Evolución. A nivel consolidado el activo total de las entidades de depósito creció en el 2001 un 7,3 por ciento respecto al año anterior, confirmándose en el segundo semestre del año 2001 la ralentización que ya se venía observando en la
primera mitad del año. La desaceleración económica se ha ido traduciendo en una moderación del ritmo del crecimiento del crédito y en una estabilización de la ratio de morosidad a un nivel ligeramente por debajo del 1 por ciento después de años de
caídas continuadas. No obstante, conviene no olvidar que la morosidad implícita en los fuertes crecimientos del crédito registrados en los últimos años tenderá a manifestarse incluso si se consolida la mejora de las expectativas económicas. Esta
evolución se ha producido en un entorno internacional caracterizado por la intensidad de los shocks que han afectado al sistema financiero, entre los que cabe mencionar el estallido de la burbuja de los valores tecnológicos y de telecomunicaciones,
una crisis financiera intensa en Turquía, el colapso de Enron entre otras grandes empresas, los efectos directos e indirectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre y finalmente el deterioro de la situación en Argentina, que sigue sumida en
una crisis diferenciada y propia de grandes proporciones.



Riesgos. El sistema financiero español se ha visto relativamente poco afectado por estas perturbaciones con excepción del problema argentino.
Las estrategias de expansión internacional proporcionan grandes oportunidades pero necesariamente
implican la asunción de los correspondientes riesgos. Lo importante es que las entidades sepan identificarlos y gestionarlos, que tengan capacidad de generar ingresos recurrentes y dispongan de provisiones y recursos propios adecuados para hacer
frente a las posibles pérdidas esperadas e inesperadas. Este es el caso de la banca española que está mostrando su capacidad para afrontar la crisis argentina y que ha provisionado adecuadamente sus riesgos con este país. Las serias dificultades
que atraviesa Argentina no se han contagiado a aquellos países que concentran la mayor parte de la presencia de la banca española en la zona, en particular México, Brasil y Chile. Respecto al riesgo de liquidez, durante el año pasado se ha podido
constatar la capacidad de los sistemas financieros nacionales e internacionales para superar de forma muy satisfactoria las perturbaciones, como la del 11 de septiembre, gracias a la rápida y adecuada actuación coordinada de las autoridades
monetarias. Una vez superado el impacto negativo inmediato de los acontecimientos que el 11 de septiembre tuvieron sobre el riesgo de mercado, se ha producido un avance de los índices bursátiles, si bien las perspectivas de beneficios de las
empresas parecen generosamente valoradas en las bolsas a nivel mundial.



Rentabilidad. La desaceleración del crecimiento económico en España, la evolución desfavorable de los mercados financieros nacionales e internacionales y la crisis argentina se han traducido en una moderación general del crecimiento del
resultado neto de las entidades de depósito españolas. El resultado neto, después de impuestos, atribuido al grupo ha crecido un 6,9 en el 2001. Este crecimiento supone una moderación sustancial respecto al registrado en los años inmediatamente
anteriores.
No obstante, la caída de rentabilidad sobre los recursos propios ha sido más moderada comparándose muy ventajosamente con la obtenida por sus competidores internacionales, incluso tras el impacto de la nueva provisión estadística,
elemento que refuerza la solvencia a medio plazo de las entidades españolas y que permite afrontar el futuro con confianza.



Solvencia. El coeficiente de solvencia de las entidades de depósito españolas, tanto en los términos establecidos por el Comité de Basilea como en la propia normativa española más exigente, ha aumentado en el 2001, truncando una tendencia
descendente de cuatro años. La desaceleración en el crecimiento del crédito, que se ha traducido en una sustancial moderación del aumento de requerimientos, ha sido mayor que la de los recursos propios, que han continuado creciendo gracias al
aumento de los de segunda categoría. En las participaciones preferentes que computan como recursos propios de primera categoría, sobre la que el Banco de España venía recomendando prudencia, se ha producido un cambio de tendencia, reduciéndose su
importancia en aquellas entidades con mayor peso de preferentes en sus recursos propios. A pesar de la desaceleración económica, el aumento de los activos dudosos y la ralentización del crecimiento de los resultados, las entidades españolas
muestran buenos coeficientes de eficiencia, rentabilidad y solvencia, lo cual, unido al efecto anticipador de la provisión estadística,


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coloca al sistema bancario en una situación comparativa favorable.



Paso ahora a comentar la actividad supervisora del Banco de España. No obstante quiero destacar algunos de los principios internacionalmente aceptados en los que se basa la supervisión bancaria. En primer término, responsabilidad de los
administradores y gestores. El punto de partida es recordar que los responsables máximos de la evolución y comportamiento de una entidad de crédito son sus administradores y gestores. A ellos hay que atribuirles el mérito de los aciertos, pero
también la responsabilidad de los errores y de los comportamientos deficientes o irregulares. Ello no significa que estas decisiones sean únicamente asuntos internos de cada entidad financiera y que no conciernan a los demás. Por el contrario, una
de las principales causas de que el sector bancario esté especialmente regulado son sus potentes externalidades, en particular las importantes repercusiones sobre terceros, que pueden tener fallos en una entidad. Ello exige, por un lado, una
especial dosis de responsabilidad por parte de los administradores y directivos de las entidades y, por otro, la existencia de una supervisión eficiente. Ambas exigencias son complementarias sin que corresponda a los supervisores sustituir la labor
gerencial de los administradores, ni tan siquiera la labor de control que corresponde a los accionistas o la disciplina que debe ejercer el mercado. Segundo. Jurisdicción nacional y coordinación internacional. Incluso en espacios económicos
progresivamente integrados, como el europeo, la supervisión bancaria sigue el principio de subsidiariedad y es por tanto competencia nacional. Ello tiene sentido si se tiene en cuenta que la estructura de los sistemas bancarios europeos continúa
teniendo una dimensión esencialmente nacional, al tiempo que persisten diferencias normativas importantes. A esto hay que añadir la conveniencia de mantener la supervisión próxima al supervisado. Sin embargo, cada vez es más evidente la necesidad
de una mayor coordinación supervisora internacional. En este ámbito, el comité de supervisión bancaria de Basilea, vinculado al G 10, es el organismo más importante en esta materia. En febrero del año pasado, dada la relevancia de nuestro sistema
bancario y reconociendo la calidad del modelo de supervisión español, el Banco de España se incorporó al mismo como miembro de pleno derecho y desde entonces participa activamente en todos su trabajos.
Aunque este comité es más conocido por la
repercusión internacional que han tenido sus principios básicos para una supervisión bancaria efectiva y su acuerdo de capital, que ahora está en proceso de revisión, no cabe pasar por alto la alta trascendencia de sus trabajos acerca del código de
buen gobierno de las entidades bancarias, de sus recomendaciones sobre las relaciones entre estas entidades y los supervisores con los auditores internos y externos o de sus consideraciones acerca de la obligación que tiene la banca de conocer a sus
clientes, para evitar la utilización del sistema financiero con fines ilícitos.



No quiero extenderme en este punto referido a consideraciones internacionales, pero, para terminarlo, sólo me gustaría mencionar que a nivel de la Unión Europea hay también tres comités de cooperación en el ámbito de la supervisión bancaria
en los que también participamos activamente: el comité consultivo bancario, el comité de supervisión bancaria y el denominado Grupo de contacto. Es en este marco de referencia internacional en el que hay que situar el ordenamiento español que
designa el Banco de España como organismo competente para velar por la estabilidad y solvencia del sistema crediticio. La ley de autonomía del Banco de España afirma textualmente: El Banco de España deberá supervisar, conforme a las disposiciones
vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida.



El tercer principio que me gustaría destacar es el de independencia del supervisor, recogido por el comité de Basilea como uno de sus principios básicos para una supervisión bancaria efectiva. La independencia del supervisor se contempla en
la legislación española en el artículo 1 de la Ley de autonomía del Banco de España cuando se afirma: En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto de la Administración general del Estado,
desempeñando sus funciones con arreglo a lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.



Cuarto principio. Obligación de secreto profesional. La obligación de que el supervisor mantenga el secreto profesional sobre sus actuaciones también es otro de los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva del comité de
Basilea. Está incluido en la normativa de todos los supervisores de los países desarrollados y, como consecuencia de la transposición de dos directivas comunitarias, también figura en la legislación española, concretamente en el Real Decreto 1.298,
de 28 de junio, en el que se establece: los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomienden las leyes tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados a ninguna persona o
autoridad. Esta obligación de secreto tiene lógicamente determinadas excepciones tasadas y protegidas por las debidas cautelas. Entre ellas están las Cortes Generales, procesos penales, blanqueo de capitales, etcétera. Su estricto cumplimiento es
una condición que exigen tanto las directivas comunitarias como las prácticas internacionales, para que exista intercambio de información entre supervisores de diversos países. Evidentemente ello no excluye la información que contempla la normativa
española al final de un proceso sancionador.



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Paso a lo que son las actividades supervisoras del Banco de España. Lo que acabo de mencionar son algunos de los principios en los que hay que enmarcar las actividades de supervisión bancaria de nuestro país. Su responsable es el Banco de
España, que tiene encomendada la supervisión de 510 entidades, de las cuales 367 son entidades de crédito. El Banco de España ejerce sobre estas entidades en primer lugar un proceso de supervisión continuada, consistente en el análisis y
seguimiento de la información económica y financiera que se complementa con el contacto frecuente con los representantes de las entidades. Este proceso continuado se refuerza, en segundo lugar, con un programa amplio de inspecciones in situ.
Durante el año 2001 se han efectuado 150 actuaciones inspectoras in situ.



Finalmente me gustaría mencionar dos temas. El primero es que estamos trabajando en una memoria anual de supervisión, que vamos a publicar por primera vez este año, referida al ejercicio 2001. El segundo tema es que hemos iniciado una
nueva publicación sobre estabilidad financiera que, partiendo del convencimiento de que la supervisión bancaria debe ser cada vez más transparente, pretende configurar una plataforma de comunicación y diálogo con el sector y con el mundo académico
acerca de las cuestiones que atañen a la estabilidad financiera, con especial dedicación a las cuestiones de regulación y de supervisión prudenciales.



Paso ahora a resumir las actuaciones más relevantes del Banco de España, que han llevado a la apertura de un expediente disciplinario al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y a 16 de sus administradores y altos directivos. Quiero resaltar que
el Grupo BBVA hoy día, y al cabo de 150 años de esfuerzo y buen hacer, es un grupo solvente y rentable que constituye una referencia internacional. Actualmente cuenta con unos elevados recursos propios, una ratio de solvencia del 12,6 por ciento,
medido con criterios del comité de Basilea, muy por encima por tanto del mínimo del 8 por ciento, cifras que corresponden a diciembre del año pasado. Cuantitativamente, los hechos que han dado lugar al expediente carecen de impacto material sobre
la solvencia del grupo o su rentabilidad y son excepcionales, aislados y ajenos por completo al comportamiento de nuestro sistema bancario. Pero los gestores bancarios están obligados no sólo a gestionar bien, sino a hacerlo desde los más altos
estándares éticos de máxima integridad y probidad profesionales. El Banco de España debe velar por el respeto a dichos estándares. Por ello y porque ha de actuar con la objetividad y autonomía que he mencionado antes, el Banco de España decidió
investigar y abrir un expediente sancionador para determinar y valorar los hechos y sancionarlos en su caso.



El Banco de España inicia la investigación precisa para establecer los hechos en enero de 2001, cuando se tuvo la primera información, investigación que se recoge en el informe de los servicios de Inspección de 11 de marzo de 2002. Con
motivo de los hechos relatados en dicho informe y teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo por nuestro servicio jurídico, la comisión ejecutiva del Banco de España, en su sesión del 15 de marzo del presente año, decidió incoar expediente
disciplinario al BBVA y a las 12 personas que habían sido miembros de la Comisión delegada permamente del consejo de administración del BBV entre el 15 de marzo de 1997 y la fecha de la fusión con Argentaria así como a cuatro altos cargos
relacionados con los hechos. Simultáneamente y para evaluar la posible trascendencia penal de algunos de los hechos reflejados en el citado informe de la inspección principalmente en el marco de los delitos societarios, la comisión ejecutiva del
Banco de España requirió al BBVA para que realizase a la mayor brevedad posible y como máximo en el plazo de un mes una evaluación del peligro o perjuicio de tales conductas y procediese a comunicar al Banco de España sus resultados, con indicación
de las acciones de todo tipo que estimase procedente iniciar y su plazo de ejecución. La entidad ha contestado el 12 de abril del presente año, manifestando que la consideración sobre la posible relevancia penal de los hechos ha sido ya realizada
por una autoridad judicial, por lo que entiende que la solicitud de valoración formulada por el Banco de España queda sin objeto. Posteriormente a la apertura por el Banco de España del expediente disciplinario, el magistrado juez del Juzgado
central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó al Banco de España que le suministrara información en relación con esta cuestión, habiéndose procedido a remitir la información solicitada y a prestar, como es habitual, la máxima
colaboración. Como consecuencia del análisis del informe de los servicios de inspección, el señor magistrado-juez dictó, el 9 de abril de 2002, un auto ampliando las diligencias previas 161/00 en curso en el citado juzgado a los hechos y posibles
delitos que estaban siendo objeto de inspección, requiriendo que se procediera a la suspensión del procedimiento sancionador iniciado por el Banco de España.



Para su mejor comprensión, quisiera resaltar algunas de las características de los hechos investigados contenidos en el informe de inspección. Todos ellos se refieren a fondos generados y mantenidos fuera de la contabilidad del banco
mediante dos estructuras, una en Liechtenstein y otra en Jersey. Los fondos tienen su origen en la obtención de beneficios en operaciones con valores realizados por terceros, sin financiación de la entidad, y sin que por lo tanto quedase en la
contabilidad del banco ningún rastro que hiciera posible a la inspección del Banco de España detectar la existencia de dichos hechos.
Dado el carácter paralelo de esta actividad, las decisiones sobre ella y su gestión han sido realizadas


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aparentemente por un número muy reducido de personas, sin que se haya encontrado constancia de ello en ningún acta o documento corporativo que pudiera haber sido conocido por la inspección del Banco de España en sus actuaciones. Finalmente,
quiero destacar que la propia antigüedad de los hechos, su carácter opaco y su instrumentación en paraísos fiscales han dificultado en gran medida la obtención de información que permita reconstruir y acreditar los hechos investigados.



Sin pretender hacer una descripción completa y detallada de las actuaciones del Banco de España, creo que sería clarificador hacer un resumen de las mismas. La existencia de resultados extraordinarios por valor de 37.343 millones de pesetas
en las cuentas del BBVA correspondientes al ejercicio 2000 me fue comunicada el 19 de enero de 2001, en una reunión mantenida con los presidentes de la entidad. Ante un hecho tan anómalo, consideramos necesario abrir una investigación por parte de
la inspección del Banco de España, que inició de inmediato sus actuaciones, manteniendo una primera reunión con el BBVA el día 1 de febrero de 2001, cuyo resumen figura como anexo al informe de la inspección mencionado anteriormente. En la citada
reunión, la representación del BBVA ofreció diversas explicaciones, sin aportar documentación alguna, y manifestó las limitaciones existentes para conocer el origen y la evolución de los fondos investigados, indicando que en España no había
documentación alguna que soportase la operativa realizada. Como consecuencia de ello, el Banco de España solicitó la recopilación de toda la información existente sobre esta cuestión y su entrega a la inspección en cuanto estuviera disponible. Mes
y medio después, el interlocutor del BBVA entregó toda la información que, según indicó, había podido obtener.



Comenzó entonces un período de análisis de dicha documentación, tras el cual la inspección concluyó que la información recibida resultaba insuficiente para explicar tanto el origen de los fondos como la evolución de las operaciones que se
pretendía conocer. Por todo lo anterior, el Banco de España decidió encargar a la entidad un informe sobre el origen, evolución y cancelación de los fondos pertenecientes a la misma y que habían estado al margen de su contabilidad. Para ello, tras
comunicarlo a sus presidentes, se convocó al presidente de la comisión de control del consejo de administración del BBVA a una reunión, que tuvo lugar en el Banco de España el 7 de junio. En la misma, a la que asistieron por parte del Banco de
España el subgobernador y el director general de Supervisión, se indicó al presidente de la comisión de control del BBVA que la finalidad de dicha reunión era concretar los términos del informe requerido y aclarar las dudas que pudieran existir
sobre él. El mismo día se remitió un escrito en el que se le indicaba que dicho informe debería finalizarse no más tarde del 15 de septiembre de 2001 y que, además de especificar el origen, evolución y cancelación de los citados fondos, debería
recoger el detalle de todos los pagos realizados, aclarar hasta cuándo se utilizaron esos fondos para financiar acciones propias o de las sociedades del grupo y especificar qué miembros del consejo de administración y directores generales habían
estado involucrados en esta operativa o conocían su existencia. Se solicitaba asimismo que manifestara expresamente si, tras la incorporación de los fondos mencionada, subsistía algún saldo perteneciente al BBVA fuera de sus cuentas. Como anexo al
informe solicitado, debería figurar toda la documentación que lo soportara y justificara, documentación que se pondría, junto con el informe, a disposición del Banco de España.
Mediante escrito de 18 de septiembre, el presidente de la comisión de
control del BBVA comunicó que, de acuerdo con el encargo recibido, se había elaborado un informe que, junto con la documentación anexa, se encontraba a disposición del Banco de España. El día 20 de septiembre, el presidente de la comisión de
control mantuvo una reunión con el señor subgobernador y el director general de Supervisión del Banco de España, con el fin de presentar el contenido del citado informe.



Siguiendo las instrucciones del director general de Supervisión, los inspectores se personaron el día 24 de septiembre en la sede del BBVA, donde recogieron el informe solicitado junto con la documentación anexa.
Dicho informe, con fecha 17
de septiembre y sin firma, consta de 24 páginas y se complementa con tres archivadores de documentación de distinta naturaleza, toda ella referenciada en el informe. El día 25 de septiembre, el presidente del BBVA, señor Ybarra, y su vicepresidente
y consejero delegado, señor Uriarte, mantuvieron una reunión en el Banco de España con el subgobernador y conmigo, en la que se nos informó de que los 19,3 millones de dólares que, en marzo de 2000, salieron de la cuenta de Sharington, en Jersey, se
habían destinado a constituir en American Life Insurance unos fondos de pensiones a nombre de determinadas personas, por si fuera necesario tomar una posición en Bancomer. Como dicha posición finalmente no fue necesaria, los correspondiente saldos
habían retornado, según nos comunicó el señor Ybarra. Una vez analizado el informe presentado por el BBVA y revisada toda la documentación facilitada, la inspección llegó a la conclusión de que la solicitud realizada el 7 de junio por el Banco de
España no se podía considerar cumplimentada, ni en lo relativo a la justificación del origen y evolución de los fondos, que habían originado los 37.343 millones de pesetas de resultados extraordinarios, ni en la determinación de qué directores
generales y miembros del consejo de administración del banco habían estado involucrados en esta operativa o conocían la existencia de la misma. En cuanto a las otras dos cuestiones planteadas en el escrito del Banco de España, en lo que respecta a
la financiación de


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acciones propias o de sociedades del grupo, se indicaba literalmente en el informe recibido que con posterioridad a mayo de 1992 no se había realizado ningún tipo de operación de autocartera respecto de las acciones del BBV ni del BBVA
distintas de las reflejadas en cada momento en los estados financieros de dichas entidades. En lo concerniente a la posible existencia de otros saldos fuera de las cuentas del banco, en las conclusiones del informe se manifiesta literalmente que,
extinguida la operatoria en la fecha descrita por decisión de la entidad, a partir de la misma no existe ningún tipo de patrimonio ni negocio que no luzca en los estados financieros del BBVA.



Como consecuencia de todo lo anterior, se informó a la comisión ejecutiva del Banco de España de la investigación en curso y se decidió elevar a la misma una propuesta de requerimiento a la entidad. Así, con fecha de 19 de octubre de 2001,
la comisión ejecutiva del Banco de España requirió al BBVA para que, en el plazo de 20 días, remitiera al Banco de España aclaraciones y soporte documental sobre 13 puntos concretos que estaban insuficientemente documentados en el informe de 17 de
septiembre de 2001.
Además de requerirle que aclarara estos 13 puntos, también se solicitaba al BBVA que recopilase y facilitase al Banco de España la documentación necesaria para permitir verificar la operativa realizada por una de las
estructuras, Amelan Foundation, que existieron al margen de la contabilidad de la entidad. Finalmente, en el citado escrito se indicaba que, en caso de que no se pudiera documentar adecuadamente alguno de los puntos señalados, se explicara la causa
de esta carencia o imposibilidad.
El BBVA contestó al Banco de España mediante dos escritos fechados el 14 de noviembre. El primero de ellos, dirigido al director general de supervisión, remitido por la presidencia del BBVA, firmado por los
señores Ybarra y González, se acompañaba de siete anexos con documentación soporte. El segundo, dirigido a mí, estaba firmado por el señor Ybarra e iba acompañado de dos anexos. En este segundo escrito, el señor Ybarra indicaba que, con relación a
las personas que habían intervenido en la operación de Alico, se encontraba en su poder y a disposición del Banco de España un sobre conteniendo la información solicitada. Por ello, el 5 de diciembre se le pidió que procediera a remitirla al Banco
de España, lo que hizo ese mismo día. Con fecha 27 de diciembre, el director general de Supervisión del Banco de España envió un escrito al señor González, presidente del BBVA, en el que se le pedía que solicitara a Alico confirmación de las
relaciones de personas que celebraron un contrato de constitución de fondos de pensiones, con indicación del importe correspondiente a cada una de ellas. Con fecha 13 de febrero de 2002 se recibió en el Banco de España contestación a esta
solicitud.



Analizada la información disponible, se llegó a la conclusión de que no era suficiente para verificar la operativa de Amelan, por lo que el 24 de enero de 2002 se envió un escrito al presidente del BBVA, solicitando que la entidad obtuviese
y validase la documentación que permitiera conocer y acreditar las operaciones realizadas por Amelan y ordenase la citada documentación, indicando el tiempo que necesitaba para cumplimentar dicha solicitud y justificando cualquier limitación o
problema que pudiera existir. El 19 de febrero de 2002 se recibió el escrito de contestación del BBVA en el que se señalaba que el tiempo necesario para ordenar y clasificar la documentación era de unos dos meses. El 10 de abril de 2002 el Banco
de España, de acuerdo con el oficio recibido el día anterior del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, comunicó al BBVA que dicha documentación debería remitirse directamente al juzgado antes del 19 de abril. Recogiendo
todas las actuaciones que acabo de mencionar, el pasado 11 de marzo se firmó el informe de los servicios de inspección que describe y valora estos hechos.
Posteriormente, una vez abierto el expediente sancionador y además de las acciones descritas
al principio de esta exposición, hemos remitido el informe de los servicios de inspección a la Agencia Tributaria y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Acordada la suspensión del expediente administrativo sancionador, no se volverán a
reiniciar estas actuaciones hasta que no exista sentencia firme en la vía penal. Una vez concluido este resumen de las actuaciones del Banco de España relativas al BBVA, voy a terminar mi intervención con algunas reflexiones acerca de la posible
evolución de la supervisión bancaria en el futuro inmediato.
Lo sucedido en nuestras fronteras y fuera de ellas requiere un análisis riguroso que permita extraer conclusiones que ayuden a fortalecer los sistemas financieros. Como punto de partida,
me gustaría decir que la supervisión bancaria, tal y como se concebía hace unos años, resulta hoy insuficiente ante las nuevas características que presentan los sistemas financieros: creciente integración y complejidad, mayor competencia y una
interacción con el resto de la economía más variada y potente. Es necesario, por tanto, actualizar constantemente nuestro aparato prudencial si no queremos que quede desfasado respecto a las nuevas realidades. Una característica importante de este
proceso de renovación es que no puede ni debe plantearse de forma aislada, sino enmarcado en movimientos de coordinación internacional a los que antes me he referido.
Algunos problemas, como son los fallos en el gobierno de las entidades o en los
controles internos y externos, trascienden el ámbito nacional y precisan soluciones válidas a nivel internacional. Esto explica nuestra creciente presencia en foros supervisores internacionales con el objetivo de participar activamente en la
definición e implantación de los mejores criterios y prácticas bancarias y de supervisión.



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Para afrontar los cambios que acabo de mencionar -que sin duda van a ir acelerándose en el futuro-, necesitamos una supervisión prudencial con un enfoque más preventivo e incentivador tendente a promover la buena gestión de las entidades, al
menos por dos vías: a priori, impulsando la calidad y consistencia de los sistemas, estructuras, técnicas, procedimientos y cultura de gestión de riesgos; a posteriori, dedicando más recursos a complementar la supervisión tradicional con la
evaluación de los aspectos cualitativos antes mencionados. Los códigos de buen gobierno deben ser mejorados y reforzados mediante estructuras internas y procedimientos que faciliten los controles de administradores y supervisores; la creación y
funcionamiento efectivo de comisiones especializadas como la de control interno y de remuneraciones; las reglas internas de funcionamiento del consejo que promueva la adecuada información y las decisiones colegiadas; la importancia de las actas y
referencias escritas, son ejemplos de cómo las estructuras internas y procedimientos pueden aumentar la eficacia de los códigos de buen gobierno.



Quiero recordar que este enfoque incentivador es una de las características esenciales del nuevo acuerdo de capital que estamos ultimando en el comité de Basilea y que se basa en tres elementos: recursos propios suficientes, la acción
supervisora y la disciplina de mercado. Esta es la orientación en la que el Banco de España viene trabajando en los últimos años y que se plasma en una metodología denominada supervisión de la actividad bancaria bajo el enfoque riesgo.



En síntesis, creo que tenemos que seguir trabajando en conseguir una adecuada combinación de regulación, control interno de las entidades, supervisión, coordinación internacional y disciplina de mercado, que lleven a sistemas bancarios
solventes que cumplan su función con un alto grado de calidad y de servicio.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en el turno de portavoces, en primer lugar, el del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sevilla.



El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, gobernador, por la que creo que es su primera comparecencia normal en la Comisión de Economía, si es que podemos considerarla como tal.



Le aseguro que me hubiera parecido bastante interesante hacer un debate sobre la situación económica europea y española, más allá de los 20 segundos del telediario; sobre por qué en España estamos, en lo que va de año, con 500 parados al
día; sobre si esto tiene que ver o no con las reformas del desempleo para abordar estos parados como mecanismos de conseguir el pleno empleo; por qué nuestra productividad está cayendo y sin embargo el Ministerio de Ciencia y Tecnología no es
capaz de gastarse el dinero; por qué se suben los impuestos en un año de recesión económica o, incluso, sobre si la actuación de nuestro Gobierno en la crisis argentina es la adecuada o podíamos haber aspirado a una mejor actuación.



Como creo que hay un cierto compromiso de que estas comparecencias sean periódicas, aplazo estos debates a una próxima comparecencia porque es evidente que hoy el tema es otro. Es tan evidente, que su sentido común así lo ha entendido y más
allá de que al final no se nos haya permitido acumular la petición de comparecencia que teníamos presentada para hablar precisamente del caso del BBVA, insisto, su sentido común lo ha sacado y permite, por tanto, que hablemos de ello con
tranquilidad. En ello voy a centrarme porque creo que es mi obligación en este momento.



Esta no es una comisión de investigación; no lo es porque así no lo quiso el grupo mayoritario y sus socios pero, lógicamente, quienes pensábamos que el mayor favor que podíamos hacer a la democracia española era abrir una comisión de
investigación, seguimos teniendo algunas dudas, algunas preguntas, algunos interrogantes que querría compartir hoy con usted en la medida en la que usted quiera y pueda.



Confirma hoy que en enero de 2001 le informan de la existencia de estas cuentas. Eso quiere decir que antes no se habían detectado, lo cual lleva a dos reflexiones. En primer lugar, si falla algo en nuestro sistema de supervisión que se
pueda corregir de cara al futuro para evitar que estas situaciones se den. Usted ha mencionado -curándose ya en salud- que precisamente por la característica de estas cuentas no había ningún rastro en la contabilidad, lo que hacía difícil al menos
que fueran detectadas por la inspección del Banco de España. Supongo que eso es así después de 1996, como antes de 1996; es decir, la misma dificultad de detectarlas existía antes de 1996 como después de 1996. Esto nos lleva a un punto que creo
que es importante y que en esta Cámara ha tenido algún relieve político: ¿Tiene usted conocimiento de que haya alguna autorización, o le consta de alguna manera que el Banco de España autorizara en el año 1987 al Banco de Vizcaya la apertura de
estas cuentas? Porque en esta Cámara se ha dicho -sin que hayamos enviado requerimiento notarial alguno, de momento- que estas cuentas existen porque las autoriza el Gobierno en 1987. Usted no es el Gobierno, pero representa a la institución Banco
de España y, por tanto, me interesaría que contestara esa pregunta: si a usted le consta de alguna manera, documental o por tradición oral, que en el año 1987 se autorizara -directa o indirectamente, por el Gobierno o por el Banco de España- al
Banco de Vizcaya la apertura de estas cuentas. ¿Tiene idea para qué se abrieron? ¿Tiene idea de qué actividades se han financiado con estas cuentas? Si la tiene y puede decirlo, se lo agradecería.



Usted lo conoce en enero de 2001 y, ¿qué hace? Ese es otro de los puntos que comprenderá que nos preocupe, no por afán de cotilleo ni por afán inquisitorial,


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sino simplemente porque creo que no hay más que leer las comparecencias en esta Cámara de su antecesor, el señor Rojo, ante un caso totalmente distinto a este como fue Banesto, para ver que un gobernador de un banco central tiene situaciones
difíciles, momentos complicados, decisiones no siempre fáciles, pero que acierta o se equivoca; lo hace bien o lo hace mal. ¿Qué hace usted en enero cuando le dicen que existen estas cuentas? ¿Cuáles son sus obligaciones legales? ¿Existe en la
normativa algo previsto para el caso de que al gobernador del Banco de España le cuenten una cosa como esta? ¿Hay algo previsto o regulado que usted debiera de hacer en este supuesto? Lo que es evidente, porque lo ha dicho usted, es que entre
enero de 2001 hasta el 20 de septiembre usted depende básicamente, por lo que he entendido, de la información que le envía el propio banco y que hasta el 24 de septiembre no entra la inspección del Banco de España en el BBVA.



Hay peticiones de informes, remisiones de informes que se consideran insuficientes y se piden aclaraciones. No digo que no haya habido nada, pero lo que yo he colegido de su intervención es que entre enero de 2001 y el 20 de septiembre
prácticamente hay una cierta, no me atrevo a decirle pasividad, pero sí credibilidad en que la información que va a remitir el Banco Bilbao Vizcaya sobre estas cuentas era suficiente. Llega un momento en septiembre -insisto en que lo he podido
entender mal- en que usted se da cuenta de que no es así, que las informaciones que se le envían no satisfacen plenamente todas las incógnitas y es cuando decide enviar, en este caso a los inspectores, al Banco Bilbao Vizcaya. ¿Esto es normal? Es
decir, en el escándalo que parece que también hay en Caja Guadalajara, ¿el Banco de España actúa igual o envía a la inspección antes, cuando tiene alguna sospecha de algo, y mete a los inspectores a trabajar directamente en la entidad supervisada?


¿Usted diría que el Banco Bilbao Vizcaya colabora activamente, en sentido positivo, con el Banco de España durante estos meses, facilitando las cosas o dificultándolas? ¿Hacen falta tantos meses, quince, desde que se le comunica a usted la
existencia de estas cuentas hasta que concluye el informe de la inspección? ¿Eso es normal en otros casos parecidos? ¿Es por un problema de falta de inspectores o es que se hizo mal? Esa es la pregunta.



¿No comunica usted nada durante todo ese tiempo ni a la CNMV ni a la Agencia Tributaria? ¿También eso es normal? Chocar, choca; a cualquier persona que se le diga, le llama la atención, pero quiero saber si es simplemente uno de estos
casos contraintuitivos, es decir, contra el sentido común que diría que habría que informar y, a lo mejor, hay otro sentido, legal, jurídico o de cualquier otro orden, que dice que no hay que informar ni a la CNMV ni a la Agencia Tributaria. Hasta
el 19 de octubre usted no dice nada a la comisión ejecutiva del banco. ¿También es eso normal? Entendiendo por normal lo que establecen las leyes y lo que sea la práctica habitual, porque me llama la atención.



Hay otro punto que también tiene especial relevancia, más política que técnica, y no quiero dejar de plantearle. ¿Cuándo informa usted al Gobierno, en concreto, al vicepresidente económico, señor Rato? Lo digo porque el señor Rato ha dado
por lo menos tres fechas. El 5 de abril dijo que no sabía nada; el 10 de abril, en sede parlamentaria, dijo casi textualmente que en octubre de 2001 usted le informó que estaban haciendo una inspección, que en febrero de 2002 le contó con más
detalle la cosa y su decisión de llevar una propuesta de expediente sancionador a la comisión ejecutiva del banco. Es decir, coligiendo lo que dice el señor Rato, entre enero de 2001 y octubre de 2001, período en el cual usted tiene razones
suficientes para entender que estamos ante un asunto relativamente serio no para la solvencia del banco ni para la del sistema financiero, ¿usted no le menciona nada al señor Rato? Aquí se ha manejado mucho lo de la autonomía; evidentemente la
autonomía del Banco de España está regida por las normas hasta donde está regida, pero en un caso hipotético -no lo quiero vincular al BBVA- en el cual la inspección y la comisión ejecutiva del Banco de España toman la decisión, por un conjunto de
irregularidades, de intervenir una entidad financiera, ¿quién la interviene? ¿La interviene el Gobierno o el Banco de España? Porque si la interviene el Gobierno quiere decir que éste algo tiene que ver en las tareas de supervisión, de inspección,
de regulación, sobre todo cuando aparecen algunas irregularidades. Desde ese punto de vista, es posible que fuera así, no tengo elementos para dudarlo, pero me llama la atención también que entre enero de 2001 y octubre de 2001 usted no le dijera
absolutamente nada al máximo responsable económico del Gobierno.



¿Interviene usted de alguna manera, sugiriendo, indicando, recomendando, por imperativo legal, en los cambios que se producen en el consejo de administración de finales de 2001? ¿Cualquier persona puede ser miembro de un consejo de
administración de un banco o tiene que reunir una serie de requisitos avalados -no sé cuál será la fórmula técnica- por el Banco de España? Es decir, ¿hay una especie de derecho de veto -no sé si el término jurídicamente es el correcto- por parte
del Banco de España para que determinadas personas sean o dejen de ser miembros de un consejo de administración de un banco? Si es así, ¿cuáles son? ¿Usted tuvo o no algo que ver en los cambios que se producen en la cúpula directiva y,
especialmente, en el consejo de administración del BBVA? Si es así, ¿sobre qué base? ¿Cuáles serían los argumentos? Y, si es así, ¿no debería haberlo hecho antes? También ahí la duda existe.



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Una última curiosidad, que también es relevante, teniendo en cuenta que nunca hay dos casos idénticos, pero el Banco de España tiene ya una larga tradición de actividad supervisora: ¿es normal que cuando el juez interviene se detengan o
mande detener las actuaciones del Banco de España?


Le aseguro, señor gobernador, que la intervención de mi grupo no tiene ningún afán inquisitorial, ningún afán de sospecha; queremos saber lo que ha pasado, queremos saber exactamente si se han cometido o no algunos fallos, queremos ver si
se pueden mejorar las actuaciones para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir, queremos aprender para evitar errores, pero este es un Parlamento y, por tanto, queremos depurar responsabilidades políticas, si las ha habido, a la hora de cometer
estos errores.



Nosotros seguimos pensando que hubiera sido más claro, más diáfano y más acorde con el funcionamiento de una democracia de calidad la creación de una comisión de investigación, porque seguimos teniendo, además de las preguntas que le he
planteado a usted, muchas preguntas sobre cuál ha sido la actuación del Gobierno en todo este proceso, y los votos pueden ganar pero no convencer necesariamente. Mi grupo piensa que la hipótesis de que el Gobierno tuvo conocimiento de la existencia
de estas cuentas (lo que influyó mucho en algunas de las cosas que han pasado, desde la fusión hasta los cambios en el proceso de renovación y de salida y entrada de miembros del consejo de administración) sigue siendo la que hasta ahora mejor
explica las cosas y que de ser así llevaría a la exigencia clara de responsabilidades políticas al Gobierno. Usted no es el Gobierno, pero también le toca su parte de responsabilidad y de ahí mis preguntas, que me gustaría que contestara en la
medida que quiera y pueda.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos dar la bienvenida a esta Comisión de Economía al gobernador del Banco de España y le agradecemos
que nos informe de cuál ha sido la evolución de la economía española en el primer trimestre del año 2002. Nuestro grupo va a aprovechar el tiempo tasado de la intervención, en primer lugar, para hablar del informe económico del que nos ha informado
el gobernador del Banco de España y, en segundo lugar, tal y como manifestamos en la anterior reunión de la Comisión de Economía, posicionarnos respecto al expediente sancionador que ha incoado el Banco de España al grupo financiero del BBVA.



En cuanto al tema del informe trimestral que nos ha explicitado el gobernador del Banco de España, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a hacer una especial mención y ciertas consideraciones respecto a cuál ha sido la evolución
de la economía española durante el primer trimestre del año 2002. En este sentido, queremos manifestar que los planteamientos que nuestro grupo ha venido manteniendo en los últimos meses coinciden básicamente con el informe y las conclusiones que
ha expresado el gobernador del Banco de España en esta Comisión, ya que celebramos que el resultado y planteamiento de dicho informe del gobernador y su organismo coincidan en que, finalmente, ha concluido el proceso de desaceleración de la economía
española en los primeros meses de este año, apoyándose en dos variables muy importantes como han sido el consumo y la inversión en la construcción. Es cierto que este proceso de crecimiento de la economía española, que el Banco de España ha cifrado
para el primer trimestre de este año en un dos por ciento, es el más lento que ha experimentado la economía española desde el año 1994. De confirmarse los datos y conclusiones expresadas en el informe del Banco de España, este proceso de
desaceleración de la economía española se habría frenado y superado. Desde este punto de vista convendría señalar que este ha sido un proceso corto y que quizá no ha estado contaminado, como lo han estado los crecimientos del resto de economías de
la Unión Europea que han mantenido un proceso de baja productividad muy inferior a la media de la economía española.



Convendría resaltar otro tema importante que coincide con datos expresados por otras organizaciones económicas respecto a que se aprecia una recuperación importante de la economía española en el sector de los servicios. El índice de los
gestores de compra subió en España, desde abril del año 2001, de 51,7 puntos hasta 52,7 puntos; y, partiendo de la base de que la media europea es de 50 puntos, indica que este sector de servicios se está expandiendo y hay que prestarle importancia
respecto al crecimiento del resto de los sectores de la economía española.



Desde nuestro grupo parlamentario también nos gustaría plantear nuestra posición respecto a cuáles deben ser aquellos aspectos económicos a los que tendríamos que prestar especial atención para que podamos dar por concluida esta
desaceleración económica y experimentar, a lo largo del año 2002, un crecimiento sostenible tal como ha planteado el Gobierno para las previsiones del año 2002-2003 y tal y como están explicitados en el plan de estabilidad que hemos discutido en
esta Comisión. En este aspecto, los planteamientos que postula nuestro grupo coinciden sobre cuáles son los elementos que podrían evitar este crecimiento de la economía a lo largo de los próximos meses. En primer lugar, coincidimos con el informe
del Banco de España en que hay que evitar el incremento de la tasa de inflación a fin de que nuestro porcentaje no supere la media comunitaria, ya que siempre hemos dicho que quizá este era el punto


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débil de nuestra economía, incluso, lo hemos calificado como el punto negro de la economía española en cuanto al incremento del diferencial de la inflación respecto al resto de países de la Unión Europea. Siempre hemos planteado que un
incremento de la inflación de nuestra economía llevaría a un pérdida de competitividad de nuestro tejido empresarial y productivo y que si no acortábamos este diferencial contaminaría a las rentas salariales y a los márgenes empresariales y
podríamos entrar en una espiral sin otra salida que ejecutar un ajuste en los crecimientos económicos, lo que conllevaría una pérdida de capacidad y de generación de empleo que hasta la fecha ha sido muy positivo y que ha estado por encima de los
crecimientos de generación de empleo que se habían conseguido en el resto de países de la Unión Europea.



Desde nuestro grupo parlamentario pensamos -en esto también coincidimos con el informe del Banco de España- que hay que seguir potenciando todas aquellas inversiones que vayan dirigidas a incrementar los bienes de equipo. En este aspecto,
quisiera destacar que la inversión en España de bienes de equipo está bajo mínimos y señalar algunas cifras que no dejan de ser significativas. La inversión en bienes de equipo entre los años 1985 y 1990 había alcanzado unas cuotas importantes del
10,7 por ciento y de 1996 al año 2001, que es cuando más ha crecido la economía española, sólo se ha incrementado en 6,5 puntos en términos reales. Estas cifras sorprenden teniendo en cuenta que el Banco de España considera que estas decisiones de
inversión se han tomado en un entorno favorable, con una demanda muy dinámica, con condiciones financieras óptimas y con una necesidad de renovación de los stocks intensiva quizá motivada por los avances tecnológicos. Y quisiera resaltar un aspecto
importante como es que el esfuerzo inversor en España se halle muy por debajo del que existe actualmente en Estados Unidos (8 por ciento) y del esfuerzo inversor del Reino Unido (10 por ciento). Desde la perspectiva económica española valdría la
pena poner al alcance de los agentes económicos y sociales todos aquellos mecanismos que permitan que este incremento inversor en bienes de equipo pueda alcanzar al menos los niveles de la media de los países de la Unión Europea. Ahora quizás no
sea el momento oportuno para hacerlo, pero sí podría ser en la próxima comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, a fin de intentar aumentar la capacidad productiva de los agentes de la economía española para que
puedan acoger todos los proyectos nuevos que vayan en la dirección de incrementar la innovación y el desarrollo, así como aquellos que conlleven más investigación y fomentar la máxima modernización del mercado laboral para que puedan incrementarse
los puestos de trabajo y desarrollar aquellas actividades empresariales del importante sector productivo español de las microempresas, de los emprendedores, de las pequeñas y medianas compañías, para que a través de estos mecanismos puedan
incrementar su capacidad en inversión, en innovación, en investigación y en desarrollo.



Un tercer aspecto muy importante es seguir potenciando todo lo que va dirigido a incrementar la fuerza del sector exterior, lo que conllevaría una presencia más internacional de nuestro sector productivo en el exterior, teniendo en cuenta
que en estos momentos, de acuerdo con los informes del Banco de España, dicho sector exterior continúa drenando el crecimiento, que se ha estimado en tres décimas en el primer trimestre del año 2002. Es un hecho, en base a los datos que tenemos en
nuestra mano, que se derivan de los diferentes estudios económicos y también del informe que hoy estamos analizando del Banco de España, que la recuperación internacional ya está en marcha y que la previsión de los intercambios comerciales españoles
para el año 2002 no deja de ser modesta, quizá débil por las perspectivas económicas que se podrían derivar, a fin de que nuestra presencia económica internacional pueda alcanzar las cuotas de participación que se alcanzaron entre los años 1998 y
2000. Por este motivo vamos a continuar insistiendo desde nuestro grupo, en las áreas correspondientes, por un mayor control de la inflación a fin de que se apliquen todos los mecanismos que conlleven deducir el diferencial con el resto de países
de la Unión Europea y una mayor potenciación en las cuestiones que impliquen mayor inversión en bienes de equipo y mayor presencia internacional de nuestra economía para poder continuar creciendo de manera sostenida y eficiente ante las expectativas
previstas para el año 2002. Desde este punto de vista del análisis económico, y ya que al parecer no hay un estudio detallado sobre la baja tasa de ahorro de las familias españolas durante este periodo, le preguntaríamos al gobernador del Banco de
España su opinión sobre ese tema, así como si el incremento deseable de las tasas de ahorro de las familias españolas, tanto a medio como a largo plazo, tendrá una incidencia favorable en el nuevo desarrollo o en la actividad económica que se
desprendería de la aplicación de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se va a aplicar a partir del año 2003.



En cuanto a la posición de nuestro Grupo sobre la actuación del Banco de España por el expediente que se ha incoado al BBVA, último punto de su informe, resaltaré un dato relevante que coincide con los planteamientos que Convergència i Unió
ha venido manteniendo en estos últimos meses y que le han servido para fijar posición tanto en esta Comisión de Economía como en el reciente debate que tuvimos en el Pleno del Congreso de los Diputados respecto de la creación de una comisión de
investigación. El dato más relevante para nosotros de esta parte final de su informe es que la solvencia y la rentabilidad de dicha entidad financiera han carecido de impacto material tanto en los mercados financieros como en lo que se refiere a
los accionistas.


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Desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió siempre hemos mantenido que no era necesaria una comisión de investigación, teniendo en cuenta que ya hay una actuación importante y en profundidad por parte de la justicia. Siempre
hemos mantenido que había que evitar una mala politización de esta cuestión, máxime cuando los tribunales están actuando en profundidad y analizando dicha situación para que se puedan dirimir las responsabilidades, si es que han existido. Por este
motivo siempre hemos mantenido que había que evitar una victimización de los accionistas, así como de los más de 100.000 trabajadores de dicha entidad. Siempre hemos mantenido la posición desde nuestro grupo parlamentario de que esta no era una
situación similar a la de Banesto ni a la de Gescartera. Cuando ambos asuntos llegaron al Parlamento las víctimas más importantes de estas dos entidades eran los inversionistas o los accionistas. Afortunadamente, este no es el caso del BBVA. De
su información se ha desprendido que en ningún momento estas graves irregularidades han afectado a su solvencia económica ni a su rentabilidad, lo cual, desde nuestro punto de vista, es un dato muy relevante. Pero tampoco podemos dejar de
preguntarle por algunas cuestiones que se deducen de su explicación sobre cuál ha sido la actuación del Banco de España desde que conoció la existencia de estas irregularidades y la actuación del mismo durante estos últimos 14 meses, concretamente
desde enero del año 2001 hasta abril del año 2002. Siempre hemos mantenido, aun desconociendo las acciones concretas que usted nos ha detallado, que la actuación de los organismos autónomos independientes, el Banco de España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, había sido correcta.



De su explicación y del detalle de las actuaciones de los órganos del Banco de España nosotros deducimos que ha sido una actuación diligente, eficiente y que ustedes han actuado con profundidad y con discreción. A pesar de que al final se
ha conocido la existencia de este expediente sancionador, así como la existencia de diligencias judiciales, pienso que en estos casos es evidente que hay que actuar con guante de seda, hay que actuar con la máxima diligencia y la máxima discreción,
porque al ser una entidad que cotiza en los mercados financieros internacionales hay que preservar siempre los intereses de los millones de accionistas de dicha entidad. Como usted tuvo conocimiento de dichas irregularidades en enero de 2001, a
nosotros nos interesaría saber aquí una cuestión importante y relevante, por lo que nuestro grupo parlamentario le plantea la siguiente pregunta: ¿Cuándo comunican ustedes oficialmente al Gobierno dichas irregularidades? Para que podamos saber en
esta Cámara toda una serie de interrogantes que se han planteado, por parte de los diferentes grupos parlamentarios, a fin y a efecto de conocer si efectivamente estas irregularidades en algún momento pudieron incidir en la fusión de las dos
entidades financieras. Partiendo de la base del gran potencial de recursos humanos que hoy tiene el Banco de España y de la eficiencia de su inspección, demostrada en muchísimos casos, también quiero plantearle otra serie de cuestiones; por
ejemplo, si dada la magnitud de dichas irregularidades no es posible que el Banco de España hubiera podido detectar con anterioridad algunas anomalías al respecto, en lugar de ser conocidas con tanto retraso. Como última cuestión nos gustaría saber
los mecanismos que el Banco de España, a través de sus organismos de supervisión y de inspección, va a poner en marcha para que se puedan evitar que dichas anomalías se puedan repetir en el futuro, porque no nos desengañemos, es cierto y evidente
que hasta la fecha estas anomalías no han podido perjudicar ni la solvencia ni la rentabilidad de dicho banco, pero también es evidente que quizá no dejan de tener una grave incidencia en la imagen que pueda detectarse en el interior y en el
exterior del mercado financiero español.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.



El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días, señor gobernador.



A nosotros nos hubiera gustado también hablar de economía en esta comparecencia, puesto que ha sugerido algunas cuestiones importantes como la escasa productividad de la economía española, la necesidad de aumentar la productividad para tener
un crecimiento sostenible en el futuro que genere empleo, que debe crecer la inversión en capital fijo, en tecnología, en capital humano, etcétera. A mí me hubiera gustado discutir sobre el papel que a su entender debe cumplir la inversión pública
en todo este asunto, cómo es coherente este papel de la inversión pública con la famosa Ley de estabilidad presupuestaria, a la que usted ha alabado tanto esta mañana, y entrar en un debate de política económica, de prioridades, etcétera.



Dicho esto, el tema que corresponde hoy es el del BBVA. Nuestro grupo fue el primero que solicitó hace ya un mes su comparecencia, señor Caruana, para que nos diera explicaciones en relación con el BBVA, incluso antes de haber solicitado la
creación de la comisión de investigación en el Congreso. Pues bien, usted no compareció, porque el Grupo Parlamentario Popular no lo permitió, retrasando su comparecencia hasta hoy, un mes más tarde. En un mes las cosas han avanzado, hemos
conocido otra serie de informaciones, pero seguimos pensando que hubiera sido bueno que usted hubiera comparecido antes. Quizá nuestra posición en el propio debate de la creación de la comisión de investigación hubiera sido diferente o al menos
hubiera sido una posición más informada y más coherente en este sentido. No obstante, seguimos pensando que esta comisión de investigación es absolutamente necesaria y, a nuestro juicio, entendemos que a lo largo


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de este proceso del BBVA, de las cuentas secretas, etcétera, hay suficientes indicios de responsabilidades políticas que aconsejan la creación de esta comisión, salvo que nos vayan aclarando lo contrario.
Sin embargo, el partido mayoritario
no lo ha permitido, por lo que asumimos las mayorías y, por supuesto, el sistema democrático.



Aquí se le han planteado muchas de las cuestiones relevantes en este asunto, fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista y, por ello, voy a tratar de no repetirme en este sentido. A nuestro grupo también le sorprende
enormemente por qué el Banco de España ha tardado quince meses en abrir un expediente al BBVA una vez conocido el caso y la gravedad del mismo. He leído el informe que ustedes han elaborado y a tenor de lo que escriben en mi opinión son patentes
tanto las demoras que se producen en el proceso como la supuesta permisivilidad con la que se actúa. El Banco de España nos debería de explicar por qué ha actuado de esta manera tan permisiva -en mi opinión, salvo que me diga lo contrario- y si no
tiene mecanismos más coercitivos para operar en estos casos en los que parece, al igual que ocurrió en el caso Gescartera con la CNMV, que a los órganos reguladores les toman un poco el pelo. Sinceramente, tengo la impresión de que si ustedes les
piden al BBVA que les den toda la información que tuvieran en relación con estas cuentas, no se les tiene que dar 2 ó 3 meses, sino que se les tiene que dar 2 ó 3 días para que tuvieran toda la información perfectamente y puntualmente. No entiendo
que se pueda demorar, porque tendría que poner todos los servicios del banco para buscar la información, a ordenarla y documentarla e inmediatamente explicarles a ustedes qué es lo que ha pasado exactamente si es que por ambas partes se quiere
aclarar la situación. Lo demás es marear la perdiz y perder realmente el tiempo.



Como aparece en su informe, la historia comienza en el año 1987. Las operaciones básicas son la adquisición de acciones para protegerse de unas operaciones que parecía ser que el señor De la Rosa estaba llevando a cabo; posteriormente,
también existe una compraventa de acciones de Argentaria; parece ser que hay unos pagos a dictadores latinoamericanos, concretamente a Hugo Chávez, para acceder supuestamente -me imagino- al mercado venezolano; la creación de un fondo de pensiones
en Adico, siendo beneficiarios los consejeros del antiguo BBVA; y todo ello utilizando básicamente dos estructuras que son Amena Foundation, en Liechtenstein, y otra en Jersey, es decir, utilizando instrumentos en paraísos fiscales o en ámbitos
donde es posible ocultar información, dinero, etcétera. Como le he dicho, esto son algunos de los hechos que se deducen de su propio informe, aunque no tienen el soporte documental de unas cuestiones que el Banco de España entiende que son
absolutamente claves para esclarecer este asunto y para el BBVA. No entendemos por qué el BBVA no les ha aclarado esto, no lo entendemos, salvo que haya algo que no se pueda decir. Como le decía antes, nos da la sensación de que en el Banco de
España ocurre algo similar a lo sucedido en el caso Gescartera con la CNMV, que oculta, que hay demoras; a nosotros nos gustaría que esto no fuera así. Nos gustaría que los órganos inspectores, supervisores, reguladores, controladores o como
ustedes quieran, tuvieran toda la capacidad para investigar, analizar y proceder como corresponda. Como grupo político tenemos la sospecha de que esto era algo conocido, salvo que se demuestre lo contrario. A mí me parece una hipótesis más que
razonable que el señor Rato conociera esta situación.



Señor Caruana, usted es gobernador del Banco de España a propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y sabe que, a partir del verano, también estaba por ahí el asunto de Gescartera que, aunque es una cuestión en
la que usted tenía menos que ver, estaba afectando al Gobierno y al vicepresidente. Realmente, a mí me sorprende que usted no le dijera nada al vicepresidente de lo que estaba pasando con el BBV. Le podía haber dicho que, además del tema de
Gescartera, también estaba saliendo esta cuestión y que tendrían que tener cuidado porque parecía que el ámbito financiero se iba poniendo feo. Pero parece que no hubo esta información porque, como se ha dicho anteriormente, el vicepresidente,
según sus propias declaraciones, se entera de este asunto en el mes de octubre, bastante tarde ya. Otra cosa que me sorprende de las declaraciones del vicepresidente es que se entere en octubre, pero no tenga una curiosidad adicional de preguntar
qué es lo que está pasando de verdad porque, como vicepresidente, le tenía que interesar. Pero parece que no le interesa y allá por febrero ustedes le vuelven a informar.



Por eso digo que me parece una hipótesis un tanto plausible que el Gobierno supiera lo que estaba pasando en este asunto, aunque seguramente sea difícil de demostrar; es más, que el propio Gobierno, sabiendo lo que pasaba, utilizara esta
información para condicionar la fusión entre el BBV y Argentaria. ¿Por qué digo esto? Porque a todo el mundo nos sorprende que en esta fusión haya ganado el pequeño y haya ocurrido lo que ha ocurrido. A mí me gustaría que, si es posible, me
respondiera a estos interrogantes y a otros que se han ido planteando aquí. Por lo tanto, no voy a seguir mareando la perdiz en este sentido.



Quisiera referirme a otra cuestión que seguramente usted recordará. Con fecha 18 de abril, la Diputación Foral de Vizcaya le remitió una carta solicitando información relativa a una serie de consejeros con domicilio fiscal en Vizcaya, con
el fin de regular la situación tributaria de los contribuyentes en Vizcaya, y en su carta de contestación usted dice que, para que usted pueda remitir esta información, habría que elevar una solicitud al vicepresidente del Gobierno. Seguramente, en


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otro tipo de situaciones habrá que hacerlo así, pero yo creo que hay que entender lo que son las haciendas forales y las competencias que tienen en materia tributaria. En este sentido (esta es una posición política, pero que también se
puede sustentar en el ámbito normativo), yo creo que las haciendas forales pueden pedirle información y usted debe dársela.
Tenemos que ser conscientes de que hay cinco haciendas en el Estado, hay un estatuto de autonomía y hay un concierto
económico, que es todo un marco jurídico que avala lo que yo estoy planteando. Yo le pediría que hubiera no sé si ese fair play o ese respeto constitucional en el marco actual, y en ese sentido entiendo que las diputaciones forales pueden pedirle a
usted información; si no, ¿a quién se la van a pedir?


De momento, nada más.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Martínez-Pujalte.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor gobernador, agradecemos su comparecencia. Nos parece extraordinariamente útil que el gobernador del Banco de España comparezca en el Parlamento, y esta de hoy se inscribe dentro de las comparecencias
que se van a celebrar de manera periódica para hablar de la situación económica, de política monetaria y también de las actividades de supervisión que realiza el Banco de España, al igual que ya se estableció la necesidad de celebrar comparecencias
periódicas en el Parlamento del presidente del otro organismo de supervisión, que es la CNMV.



En primer lugar, quiero hacer algunas reflexiones sobre la situación económica actual porque es un tema que nos preocupa. Yo entiendo que nos podamos centrar en un determinado caso puntual, al que luego me referiré, pero creo que es
extraordinariamente útil aprovechar su comparecencia hoy aquí para hablar de la situación económica y, también, para analizar qué es lo que tenemos que hacer en el futuro para garantizar que España siga en una senda de crecimiento y creación de
empleo.



El principal cambio que se ha producido en la economía española, y usted hacía referencia a ello, es la capacidad de adaptación a los ciclos económicos. Yo creo que es muy importante que se haya crecido de manera sostenida durante seis años
seguidos, que se haya creado empleo de una manera intensa, que hayamos alcanzado los 16 millones de afiliados a la Seguridad Social, que se hayan creado en este país más de 2.700.000 nuevos puestos de trabajo, pero lo realmente importante, al hablar
de política económica, es que España esté dando hoy mejor respuesta a las distintas fases del ciclo económico que en otras épocas. Creo que lo que hay que resaltar es que no sólo hemos seguido creciendo cuando el viento era favorable, que era un
comportamiento tradicional de la economía española, sino que hemos seguido manteniendo el diferencial de crecimiento también en una situación difícil de la economía internacional como la que se ha producido en el año 2001. España no sólo ha seguido
creciendo en 2001, sino que ha aumentado su diferencial de crecimiento.
Es verdad que se ha producido una cierta desaceleración del crecimiento -hemos pasado del 4,1 al 2,8-, pero también es verdad que el diferencial de crecimiento en el año 2000
era de siete décimas y en el año 2001 se acerca a los dos puntos. Se puede decir que eso es fruto de la casualidad, de la providencia divina o de la suerte que tiene el Partido Popular mientras gobierna, pero yo creo que, como se está poniendo de
manifiesto por distintos observatorios y organismos internacionales -y usted lo ha dicho también-, es fruto de algunas reformas que se han realizado en nuestro país y que han hecho nuestra estructura económica más flexible, más adaptable a los
tiempos y, por tanto, con mayor capacidad de dar respuesta a las distintas situaciones económicas.



Ahora bien, yo creo que en la situación económica actual seguimos con un cierto grado de incertidumbre. Todavía no se puede decir que se ha superado la incertidumbre en la situación económica internacional. Las encuestas sobre la confianza
de los consumidores o de los empresarios todavía denotan una cierta incertidumbre respecto al futuro. Hay analistas que ya están hablando de una cierta recuperación y hay otros que están hablando de un ciclo en W, es decir, que después de una fase
de desaceleración y otra de bonanza, pueda venir otra pequeña fase de desaceleración, para iniciar ya la recuperación en la segunda parte de la W. En esta situación, en mi opinión, los países que no intensifiquen su política de reformas van a tener
peor comportamiento en la fase de recuperación económica. Ahora mismo, si queremos conseguir en nuestro país, como decía usted, un nivel de bienestar equiparable al del resto de ciudadano europeos, y nuestra convergencia real en términos de renta
per cápita o en términos de empleo queremos que sea equivalente a la de los países más avanzados, no podemos decir: No hago nada, permanezco quieto a ver qué pasa en la situación económica internacional, o a ver cómo me llevan los vientos. Aquí lo
que hay que hacer es seguir planteando reformas estructurales para que la economía española, que yo creo que tiene buenas bases y ha dado buenas respuestas, pueda seguir fundamentando una fase de crecimiento y empleo al hilo de lo que suceda en la
economía internacional de manera importante. Por eso mi grupo cree que es necesario que sigamos planteando en el Parlamento reformas estructurales y que se sigan planteando en la política económica reformas estructurales, por lo que son esenciales
algunos de los proyectos que estamos abordando. En materia de empleo puede ser un proyecto de extraordinaria eficacia la Ley de formación profesional, que ha pasado muy desapercibida


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en los medios de comunicación, pero yo creo que en la mejora de la capacidad de empleabilidad de todo el conjunto de los ciudadanos, tanto de los jóvenes como de los parados o de los que ya están incorporados al mundo laboral a través de la
formación continua es un tema de esencial importancia para casar ofertas y demandas de trabajo; que esa ley tiene que ser muy importante para el futuro, y que es absolutamente necesario abordar algunas reformas en el sistema financiero que están
incorporadas en el proyecto de ley financiera que estamos tramitando. Por primera vez se tramita un proyecto de ley que no es la reforma de una determinada ley sino que es un conjunto de reformas que afectan a todo el conjunto de leyes del sistema
financiero, pero que tienen que ayudar a aumentar la transparencia de los mercados, la protección de los ahorradores, que tienen que ayudar a lo que usted se ha referido posteriormente que es a la solvencia del sistema financiero y además que tienen
que ayudar a mejorar la capacidad de financiación de las pymes. En ese sentido, mi grupo ya ha anunciado que, como no puede ser de otra manera, no sólo estamos de acuerdo con el proyecto de ley sino que queremos también plantear algunas enmiendas
de adición que mejoren el proyecto. Creemos que es necesario.



Las reformas que vamos a plantear para las cajas de ahorro pueden ser muy interesantes para que las cajas de ahorro, que son un elemento esencial en el sistema financiero español, que cumplen una misión muy importante dando competencia al
sistema financiero, tienen que tener instrumentos que les permitan abordar los retos del futuro, y ahí introducir o hacer efectivo lo que ya existe, hacer posible que se desarrollen las cuotas participativas, que ya existen, pero que hoy no se
pueden desarrollar porque tienen un marco jurídico que las hace inviable. Hacer posible que eso se desarrolle a nosotros nos parece muy importante, y además de alguna manera daríamos capacidad a las cajas de ahorros que accedieran a un recurso
propio que no tuviera algunos elementos como los que usted ha dado para las participaciones preferentes que hacen que sean de más dudoso desarrollo. Creemos que un instrumento, como las cuotas participativas, puede ser un elemento de ayuda a la
solvencia del sistema financiero, en concreto de las cajas de ahorros, y además un instrumento que no cambia para nada la naturaleza jurídica de las cajas, que no concede derechos políticos, pero que sí va a desarrollar la posibilidad de que las
cajas de ahorros accedan a recursos propios para sus procesos de expansión, para sus procesos de renovación tecnológica o incluso para sus procesos de participación en algunos proyectos empresariales. Junto a esa reforma es necesario también
plantear algunas reformas que profundicen en la profesionalización de la gestión financiera. Yo no sé si es políticamente correcto decir que eliminen la contaminación política en la gestión financiera de las cajas de ahorros, pero en definitiva ese
es otro conjunto de enmiendas que nosotros queremos plantear, como la limitación del 50 por ciento que de alguna manera ya fue anunciada incluso por el portavoz socialista hace ya algunos meses, por eso esa reforma tiene que ser importante. También
es importante plantear una nueva reforma en el sistema tributario, por eso vamos a hacer una nueva reforma en el IRPF, cuya entrada en vigor va a coincidir con un momento especialmente adecuado, incluso para la situación económica; podemos estar en
una situación económica de aceleración y la reforma fiscal puede ayudar a que España crezca y cree más empleo en esos momentos. También es necesario -con esto concluiría yo mi primera parte- abordar una modernización del mercado laboral y de las
prestaciones por desempleo.
Desde luego mi grupo las va a apoyar, y modernización es reformar, no recortar, es reformar para mejorar, es reformar para dar mayor capacidad de corregir algunos desajustes que se producen en el mercado laboral. Por
tanto, mi grupo cree que la situación económica es positiva, que podemos estar en un momento de incertidumbre económica, pero que ahora es cuando tenemos que hacer los deberes y ahora es cuando tenemos que abordar las reformas estructurales.



Refiriéndome a la segunda parte de su intervención, entendemos que el sistema financiero español tiene unos índices de solvencia absolutamente importantes, tiene unos índices de solvencia no sólo aceptables sino que están ayudando de manera
eficaz a que la economía española funcione bien.
Nuestro sistema financiero es solvente en su conjunto, tanto las entidades bancarias como las cajas de ahorros o las otras entidades financieras. Usted hablaba del nivel de morosidad, yo creo que a
pesar de la situación de 2001 hoy el nivel de morosidad está siendo realmente aceptable, pero además, entre comillas, las aventuras, las posibilidades de negocio en las que han participado las entidades financieras están absolutamente bien asentadas
en una estructura solvente de las entidades financieras; su participación en proyectos en Argentina o en otros lugares de Sudamérica creo que puede afectar a la cuenta de resultados de un determinado ejercicio, pero no está afectando a la solvencia
de esa entidad. Después de las noticias de los medios de comunicación y de hablar de algunas situaciones de irregularidad en alguna entidad financiera, creo que es importante que hoy hablemos de la solvencia del sistema financiero español. Hace
unos años tuvimos un problema en este país con una entidad financiera y mi grupo, el Grupo Popular, estaba entonces en la oposición, y dijimos: Una cosa son los problemas que tenga un determinado banco, el Banesto, que además había una pérdida
patrimonial entonces y hubo una pérdida para los accionistas, con un agujero en el que tuvo que colaborar toda la sociedad española de alguna manera y otra cosa distinta es la solvencia del sistema financiero. Desde la oposición nosotros dijimos:
Vamos a hablar del Banesto pero no vamos a cuestionar la solvencia del sistema financiero; vamos a


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hablar del problema de una determinada irregularidad pero no vamos a cuestionar la actuación del supervisor, vamos a hablar de si hay irregularidades en esa entidad financiera pero no vamos a decir si el señor gobernador del Banco de España
empezó un mes antes o un mes después el proceso, o si el inspector determinado ha tardado 15 días más o 15 días menos. Lo importante es que lancemos un mensaje claro de que en España tenemos un sistema financiero solvente.



En ese sentido yo creo que su intervención en la mañana de hoy es muy acertada dando una respuesta en el Parlamento a todo el conjunto de los ciudadanos sobre la solvencia de nuestro sistema financiero y, por tanto, transmitiendo
tranquilidad a todo el mundo, que es lo que entiendo debe ser una posición razonable y responsable de los grupos políticos.



Luego se ha hablado de un problema en una entidad financiera, tercer tema.
También ahí son muy importantes sus manifestaciones de que estamos ante una entidad solvente. En política a veces los que nos dedicamos a esta actividad tendemos a
usar argumentos en nuestro debate y yo creo que cuando hablamos de entidades financieras y, por tanto, estamos hablando de entidades muy susceptibles a las opiniones que se emiten, donde la credibilidad y la confianza es un factor de primer orden,
tenemos que ser extremadamente responsables en lo que decimos y en las manifestaciones que hacemos. Decir hoy aquí que esa entidad financiera es solvente, con un ratio de solvencia, creo que usted ha dicho, extremadamente por encima de lo que sería
un estándar normal, a mi me parece importante y un primer mensaje que desde mi grupo queremos dar.



¿Ha habido problemas en una entidad financiera? Parece ser que sí los ha habido, o algunos directivos han cometido presuntamente algunas irregularidades. Mi grupo entiende que nosotros tenemos que trabajar con marcos estables de
funcionamiento, donde las instituciones, las entidades y los individuos se tienen que mover con libertad, y cuando alguien transgrede el marco hay que dejar funcionar a las instituciones para que se depuren todas las responsabilidades a que hubiera
lugar, en vía administrativa o en vía judicial. Ahora mismo creo que estamos en vía judicial porque si no he leído mal la noticia parece ser que el órgano jurisdiccional ha pedido que se paralicen las actuaciones administrativas para dejarlo a la
vía jurisdiccional, y lo que hay que hacer es dejar funcionar a la vía jurisdiccional. Me extraña que esta mañana esté aquí el gobernador del Banco de España compareciendo y algunos grupos comenten cuánto ha durado el proceso de inspección o cuánto
no ha durado y, sin embargo, ningún grupo haya manifestado -que de ser ciertas me parecen reprobables- las irregularidades cometidas por esos directivos en la entidad. Parece que lo importante no es lo que han hecho algunos directivos sino si el
Banco de España tardó cinco días más o cinco días menos. Queremos manifestar desde mi grupo que de ser ciertas las presuntas irregularidades cometidas nos parecen reprobables, porque el sistema financiero tiene que transmitir a los ciudadanos
credibilidad y confianza, y nos parece que hay que ser especialmente exigentes con los responsables, privados, pero responsables, de entidades financieras, porque su función no se acaba sólo dentro de su casa, sino que tiene una trascendencia social
enorme. Para un país el que las entidades financieras transmitan credibilidad y confianza es de extraordinaria importancia para el crecimiento y para el empleo y, por tanto, se tiene que exigir a todos los responsables de las empresas privadas un
comportamiento ético, pero especialmente y de manera más intensa a los responsables de entidades financieras y, en consecuencia, mi grupo dice que de ser ciertas nos parecen absolutamente reprobables. Nosotros queremos que las vías judiciales
funcionen de una manera eficiente para que se determinen todas las responsabilidades, pero estamos hablando de responsabilidades concretas de unos señores privados, en una actividad privada, y que además se están depurando en el órgano
jurisdiccional.
Dejar eso aparcado y decir: Ahora vamos a ver cómo ha actuado el órgano de supervisión, porque eso es lo que me interesa políticamente, a mí no me parece razonable, sobre todo cuando ya se había dicho que la actuación del Banco de
España era adecuada y que no había habido retraso en el procedimiento llevado a cabo por la institución monetaria, no lo dije yo, lo dijo el señor Sevilla a los pocos días de conocerse este asunto.



No se puede concluir desde el Grupo Socialista diciendo: Yo no aporto ningún dato pero tengo una hipótesis. Hipótesis podemos tener todos, pero yo creo que son más propias para tomarse un café en el bar de arriba que para lanzarlas en una
sede parlamentaria, hipótesis que no se corresponden en nada con lo que aquí ha dicho el señor gobernador y con los datos que obran en poder de todo el mundo. Decir: ¿Por qué no se ha enterado nadie hasta 1996 y desde 1996? A mí a veces me
extraña ese comportamiento, sobre todo cuando lo dice un señor que tuvo rango de director general en el Ministerio de Economía, director del gabinete del ministro, y cuando todavía no había Ley de Autonomía del Banco de España.
Hipótesis podemos
tener todos; yo no sé si algún día sabremos los titulares de las cuentas del BBV en Jersey, sabemos alguno, al que yo no me voy a referir, pero cuando conocemos algún titular de cuentas y el mismo tiene relación con el partido que gobierna y el
partido que gobierna tiene las competencias de supervisión, porque entonces no había Ley de Autonomía del Banco de España, también podemos lanzar otra hipótesis. Yo creo que aquí no estamos para lanzar hipótesis.



Quiero agradecer al gobernador el trabajo que se está haciendo, pedirle que los servicios del Banco de España, como usted ya ha dicho y ha anunciado, colaboren de manera eficiente con la justicia, porque creo que hay


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que dar una respuesta transparente y fuerte a algunos comportamientos que no son adecuados.



Le preguntaría algunas cuestiones que a lo mejor las puede aclarar. A mí me extraña todo este cruce ahora de unos y otros de la propia entidad financiera diciendo: Yo no sabía nada, yo sabía algo. Creo que el consejo de administración
debe ser el principal responsable, o puede que no tuvieran todos información de lo mismo. También mi grupo va a estar muy atento para saber cómo han funcionado esas cuentas en el exterior, si el Banco de España o los órganos jurisdiccionales van a
seguir investigando el funcionamiento de estas cuentas, y no sólo de éstas sino de otro tipo de cuentas y otras estructuras de cuentas que el propio banco tenía en Jersey, que es donde estaba abierto el sumario sobre otras cuentas distintas, porque
el sumario al que se ha acumulado todo este tema estaba abierto y lo estaban investigando los órganos jurisdiccionales, y no estaba prescrito, sobre comisiones ilegales de la EXPO, que concluía en cuentas del BBV en Jersey, y a ese sumario se ha
acumulado esto. El Banco de España va a seguir investigando este tipo de cosas.



Por último, me gustaría preguntar algo sobre la Caja de Ahorros de Guadalajara, que ha sido noticia en los dos últimos días y sobre la que se ha publicado una carta de observaciones del Banco de España. Según tengo entendido, y me gustaría
que lo aclarara el gobernador, no llegaba a ser ni apertura de un expediente, ni siquiera se hablaba de faltas graves, de muy graves, ni de nada, sino que se hacían unas observaciones.
Que eso se publique en un medio de comunicación, cuando todos
sabemos que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado fusionar esa caja de ahorros con la caja principal de Castilla-La Mancha, Caja Castilla-La Mancha, cuyo presidente era el anterior secretario general del Partido Socialista en Castilla-La
Mancha y cuando el gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado ponerle demandas judiciales a la Caja de Guadalajara y las ha perdido todas, y que hoy aparezca una carta de observaciones, teniendo en cuenta la sensibilidad que producen ciertas
informaciones entre los clientes de entidades financieras y que, además, el presidente de esa comunidad autónoma ponga de manifiesto que existiera inseguridad en Caja Guadalajara, hace necesario que el gobernador nos aclare si estamos hablando de
unas observaciones sin más que la propia Caja de Guadalajara ha dicho que se han corregido. Estamos hablando de una actuación que demuestra cierto grado de irresponsabilidad en los gobiernos socialistas, después de no haber podido fusionar la caja
de la que el presidente es el antiguo secretario general socialista de Castilla-La Mancha, intentando romper la credibilidad de esa institución financiera con el perjuicio que supone para los clientes.



El señor PRESIDENTE: Señor gobernador, puede contestar a los distintos portavoces parlamentarios.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Caruana Lacorte): Como ha habido preguntas coincidentes, voy a tratar de agrupar las contestaciones en torno a algunas ideas. Respecto a la actuación del Banco de España sobre cuando empieza la
inspección, tengo que decir que actuó diligentemente y con el rigor habitual con que lo hace en todas las ocasiones.
Diligentemente quiere decir que el mismo día en el que tenemos conocimiento, que es el 19, es cuando empiezan a prepararse las
actuaciones de la inspección. Precisamente he hecho hincapié en mi comparecencia a que ya el 1 de febrero la inspección tiene una primera actuación con el BBVA. No es el veintitantos de septiembre, es el 1 de febrero cuando la inspección empieza a
actuar, y lo hace como es habitual desde el primer momento. Lo primero que hice fue hablar con el director de inspección e, inmediatamente, se puso en funcionamiento el mecanismo normal del Banco de España. O sea, diligencia inmediata y total, la
habitual con la que trabaja el Banco de España. Desde el primer momento y hasta el fin del expediente, lo que ha hecho la inspección ha sido recopilar la información, haciendo el análisis que suele hacer de la información.



Un punto mencionado en varias ocasiones ha sido por qué no se detecta antes la información. He tratado de sintetizar en mi presentación que es un tipo de información muy difícil, por no decir imposible, de detectar, porque no ha cruzado la
contabilidad de la entidad. Son fondos que se generan por operaciones realizadas fuera. Podríamos decir, entre comillas, que nacen ya fuera de la contabilidad y no entran en la contabilidad. Nunca han estado en la contabilidad. ¿Qué otra vía
puede haber para conocerlos? Que las decisiones hubiesen estado recogidas en algún tipo de órgano de gobierno. Nosotros no hemos encontrado decisiones recogidas en órganos de gobierno. Si no hay documentación de decisiones y no hay cruce de
fondos ni contables es muy difícil porque esto ha tenido una vida fuera de lo que es el BBVA, aunque estuviese a nombre del BBVA, que lo estaba. Al final acaban saliendo, como lo han hecho en esta ocasión, porque en algún momento pasa algo que hace
que este tipo de operaciones no puedan permanecer siempre ocultas. Pero hay que reconocer que pueden tardar mucho tiempo porque no están recogidas en la contabilidad ni en la documentación.



Contestando a una pregunta concreta, no tengo constancia de que haya habido ninguna autorización por parte del Banco de España para la apertura de este tipo de cuentas en 1987. Respecto a para qué se abren, lo único que se puede decir es lo
contenido en el informe, para hacer determinadas operaciones de autocartera de defensa en posiciones de toma de participaciones en las propias acciones del Banco Vizcaya. En el informe hemos mencionado que hemos tenido dificultades a la hora de
conseguir algunas de las informaciones. Las


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dificultades pueden venir, y también lo he mencionado, por el hecho de que son operaciones antiguas y operaciones en paraisos fiscales, con una información de difícil acceso. A pesar de ello, en ningún caso podríamos hablar de que la
entidad haya planteado ningún tipo de obstrucción.
Habría que decir que ha existido un cierto grado de colaboración, aunque lo que recoge el informe es que ha habido determinados documentos a los que no ha sido posible acceder, lo cual ha
dificultado y retrasado la labor de investigación. En mi opinión la investigación del Banco de España ha sido buena, diligente y rápida. Investigar una pequeña actuación de una entidad puede llevar algún mes; investigar la actuación de más de 10
años de un banco en unas entidades paralelas en paraisos fiscales y llegar al informe que se ha llegado por parte del Banco de España en algo más de un año, me parece eficiente y rápido si se compara con procedimientos normales. No está dentro de
los estándares normales el que una entidad te pueda suministrar toda la información en unos días. No es la experiencia que tiene el Banco de España ni creo que sea la que tiene ningún supervisor.



Respecto a comunicaciones, el 19 de octubre es la fecha en que se comunica a la comisión ejecutiva y es una situación normal. Nosotros tenemos una primera información. Lo primero que hace el Banco de España siempre es investigar qué es lo
que hay detrás de esa información. Tenemos unas cifras, entran unos fondos en la contabilidad del banco e investigamos qué hay detrás. A partir de ahí, hay que ver cuáles son los detalles de las operaciones, el origen de fondos, la aplicación, qué
es lo que se ha hecho. No ha sido, insisto, una investigación sencilla, pero se ha hecho lo habitual, se ha investigado con continuidad durante todo el proceso. A la comisión ejecutiva se llevan las cosas cuando ya se pueden presentar ciertas
conclusiones. En el momento en que lo llevamos a la comisión ejecutiva el 19 de octubre lo que teníamos era el informe que nos había llegado por parte de la entidad y el análisis de la inspección de que ese informe era insuficiente, que no nos
respondía a todas las preguntas que se les había hecho. Por lo tanto, era necesario enviarle, de nuevo, un requerimiento formal, por la comisión ejecutiva, en el que se le pidiera, no ya un informe, sino cosas concretas, porque ya podíamos hacerlo.
Antes difícilmente puedes preguntar, sólo que te den la información.



Previamente a la reunión del 19 de octubre es cuando yo informo al vicepresidente de que esta investigación está en marcha y de que hemos recibido ya ese primer informe y que la comisión ejecutiva va a enviar un nuevo requerimiento porque no
estamos satisfechos de lo que está sucediendo o de la información que estamos teniendo. Es un hecho que yo informo al vicepresidente el 18 de octubre de 2001. No le informo antes, esa es la verdad. El Banco de España tiene autonomía en este tipo
de actuaciones. Eso no quiere decir que al final de un proceso si, por ejemplo, tuviese que haber una sanción muy grave, no tenga que hacer una propuesta al Gobierno, pero durante todo el proceso el Banco de España es autónomo y tiene que tomar sus
propias decisiones. Es el propio Banco de España, la comisión ejecutiva y el consejo de gobierno los que tienen que hacer la investigación y tomar las decisiones y sólo es al final -y en algunos casos, no en todos- cuando se puede pasar al Gobierno
la resolución definitiva en función de la gravedad de los hechos. No llegamos nunca a eso porque el proceso fue paralizado por el acto judicial y pasó al marco penal. Esa ha sido también una de las preguntas, el hecho de por qué se detiene el
procedimiento administrativo. Es simplemente un requerimiento legal; en el momento en que hay un procedimiento penal es él el que manda y los procedimientos administrativos se paralizan hasta que no se tiene la sentencia definitiva.



También se me ha preguntado si tuve algo que ver en los cambios del consejo de administración. Yo no tuve nada que ver en los cambios; fueron decisiones totalmente privadas. Hay unos requisitos de idoneidad en el momento de los registros,
pero las decisiones de los ceses fueron decisiones tomadas personalmente o a nivel de la entidad; en ningún caso intervino el Banco de España en esas decisiones.



Ha habido una pregunta muy específica, que voy a tratar de contestar, sobre una petición de información, o de requerimiento de información de fecha 18 de abril a la que hemos contestado que tiene que haber un procedimiento especial. El
procedimiento que hemos contestado que tiene que seguir el Banco de España es el que nos marca la ley. La ley nos dice que tiene que ser previa autorización indelegable del ministro de Economía y Hacienda y nosotros lo único que hemos hecho es
pedir lo que en estos momentos nos marca un real decreto legislativo, el 1298 de 1986.
Ese es el único matiz.



Ha habido también preguntas relativas a quién sabía las actuaciones en el BBV. Eso es difícil de contestar resumidamente. En el informe de la inspección está más detallado, pero es difícil encontrar -no lo hemos encontrado- que los órganos
de gobierno, ni siquiera el consejo de administración, tuviesen decisiones en las que se hable de este tipo de actuaciones. Sí hay algunos consejeros u órganos que de alguna manera participan o conocen -en algunos momentos y para alguna actuación-
algunas de las actuaciones y eso está bien descrito en el informe de la inspección del Banco de España. Por supuesto, el Banco de España ha colaborado y colaborará con la justicia en proporcionarle toda la información que se ha requerido y así lo
hemos hecho ya con todo el detalle que se nos ha pedido.



Con esto terminaría con las preguntas relativas al tema del BBVA. Ha habido algunos comentarios relativos a la situación económica que han venido a corroborar el informe que he presentado. Me gustaría destacar


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que efectivamente coincido en que en la situación actual se ha dejado la desaceleración atrás pero que permanecen todavía unas ciertas incertidumbres, si bien el escenario normal es un escenario en el que España irá recuperando el pulso y
llegará al final del año creciendo a un ritmo similar al de su crecimiento potencial y que para que esto se sostenga es necesario continuar - lo han mencionado varios diputados- el proceso inversor, el proceso de reformas estructurales y también en
el sistema financiero. Dentro de esta base que tiene la economía española es muy importante insistir en la idea de la solvencia del sistema financiero español. Ese es el primer objetivo que le marca la ley española al Banco de España y ese es el
objetivo al que el Banco de España dedica sus recursos. El sistema español es un sistema solvente y tiene que mantener esa solvencia dado que es una base para el crecimiento sostenido de la economía española. También he querido insistir en que el
BBVA es una entidad solvente con una ratio de solvencia elevada en comparación con los estándares internacionales normales.



Una pregunta muy específica ha sido la de la Caja de Ahorros de Guadalajara. El Banco de España lo que ha hecho es enviar después de una inspección un escrito de observaciones en el que se le hacen a la entidad una serie de requerimientos.
Este es el procedimiento normal que hace el Banco de España en sus inspecciones. No se ha abierto ningún tipo de expediente sancionador y, por lo que yo entiendo, los problemas de concentración, por ejemplo, que estaban mencionados, deben estar
resueltos ya. Estaban prácticamente resueltos a finales de marzo y ahora posiblemente estén resueltos del todo, si bien es algo que está todavía pendiente de confirmación. Lo normal es que tras estos requerimientos las entidades reaccionen, sigan
las peticiones que les realiza el Banco de España y no hay ningún problema ni ninguna inquietud que transmitir, desde luego, a los depositantes de ninguna de estas entidades simplemente porque el Banco de España envíe este tipo de requerimientos.
Es conveniente que no se saquen este tipo de escritos fuera del contexto de la relación que tiene una entidad supervisora con los bancos supervisados.



De una manera muy resumida he tratado de contestar a las preguntas que se me han hecho.



El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla, si va a intervenir le ruego que sea más reglamentista que lo soy yo.



El señor SEVILLA SEGURA: Gracias, gobernador porque -no sé si consciente o inconscientemente- creo que usted en esta última intervención ha aclarado muchísimas cosas. Al menos quiero señalar tres. En su opinión el Banco de España ha
actuado con diligencia. Supongo que no podía usted decir otra cosa. Es evidente que también comprenderá usted que haya grupos que pensemos que eso al menos es discutible y que quizá el marco de una comisión de investigación hubiera permitido a
todo el mundo llegar o no a esa conclusión a la que usted llega, porque no estamos hablando de un día arriba o dos abajo. El funcionamiento de un órgano de supervisión como el Banco de España es algo más importante que la frivolidad con la que se
ha querido presentar este asunto. Pero yo creo que usted ha dado -consciente o inconscientemente, insisto- dos noticias o yo al menos así lo entiendo.
En primer lugar, que no tiene ninguna constancia de que se autorizaran en 1987 la apertura de
estas cuentas y, en segundo lugar, que el vicepresidente Rato, el 10 de abril mintió al Parlamento porque dijo -y cito textualmente- que en octubre usted le contó algo de lo que no le da detalles. Usted ha dicho hoy que lo que le cuenta es que le
va a proponer a la comisión ejecutiva del Banco que haya un requerimiento formal al BBVA porque después de meses de trabajo la información que le han remitido no es suficiente. Algún detalle le tuvo que contar. Por tanto, vamos avanzando en el
conocimiento de cuándo supo el Gobierno de la existencia de las cuentas. Empezamos con que el 5 de abril el señor Rato no sabía nada y ahora ya sabemos que el 18 de octubre de 2001 lo sabía.
Si tuviéramos una comisión de investigación, sin duda
podríamos seguir avanzando hacia atrás en la fecha; no nos ha sido posible, por algo será.



Señor gobernador, si alguien deja de reunir los requisitos de idoneidad, siendo responsable o miembro de un consejo de administración de un banco, por ejemplo, porque ha ocultado durante muchos años cuentas en paraísos fiscales al Banco de
España, ¿usted no hace nada?


Creo que, y con ello voy concluyendo, en una respuesta en la que casi todo es normal, lo que sí es normal es que cada vez que habla el Grupo Popular la culpa de todo la tengan los socialistas, por supuesto, si no son los de aquí son los de
Andalucía y si no los de Castilla-La Mancha, porque consideran una irresponsabilidad preocuparse por la solvencia de Caja Guadalajara y consideran muy responsable y muy coherente, con los principios de despolitización de las cajas, que el señor
Zaplana haya nombrado, aprovechando el rodillo, todos los consejeros de las cajas de ahorros del Partido Popular. Eso es lo que hace el Partido Popular; luego lo que dicen es otra cosa.



El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, por favor, muy brevemente.



El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a ser también breve.



Agradezco, señor gobernador, sus explicaciones, pero simplemente quería hacer un mínimo de matizaciones.



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Usted ha dicho que la demora era explicable porque estaban las operaciones fuera de contabilidad y porque las decisiones se habían tomado hace muchísimo tiempo. Igual es una ingenuidad y tiene usted toda la razón del mundo; yo sigo
pensando que alguien, o más de una persona del BBVA tenía que saber exactamente qué operaciones se habían hecho, porque una cosa es que esté fuera de contabilidad y otra es que no exista. Estará en un papelito debajo de un cajón, aunque no esté en
el ordenador ni en las cuentas. Si el banco hubiera querido colaborar, lo hubiera hecho con más entusiasmo. Usted ha dicho que ha habido cierto grado de colaboración; me parece muy bien, cierto puede ser el porcentaje que usted quiera, pero
siempre puede haber una colaboración mayor, que es el que tenía que haber sido también en este caso.



A tenor de lo que ha dicho el señor Martínez-Pujalte, aunque no se haya referido directamente a mí, parece que nosotros pensamos que el BBVA es una entidad absolutamente deslegitimada; no, el BBVA es una entidad financiera magnífica, lo
hemos dicho otras veces y conviene decirlo aquí.
Es una buena entidad, solvente, pero que ha tenido la mala suerte de que una serie de responsables del banco han cometido una serie de irregularidades importantes que tendrán responsabilidades
relevantes en el plano personal que tendrán que asumir. Ahora está el asunto en los juzgados; el tema terminará como tenga que terminar y los responsables tendrán que cumplir las penas, multas, sanciones, como corresponda en este procedimiento.
Por tanto, no queremos que haya ninguna sombra sobra la buena marcha del BBVA como entidad financiera.



También se ha comentado aquí que la oposición plantea una serie de hipótesis, pero son hipótesis que, desde el punto de vista político, pueden tener su base, pueden ser relativamente fundamentadas políticamente. Quien tiene la información,
en este caso el Banco de España, en otros la Agencia Tributaria o el propio Gobierno, tendrá que refutar o no la validez de estas hipótesis. De momento, sigo manteniendo la hipótesis de que el Gobierno sabía estas cuestiones, mientras no haya más
información adicional que me haga pensar lo contrario.



Con relación a las cartas que le he mencionado, me dice que ha aplicado la ley. Yo le sugiero que en este tema -y yo también lo voy a hacer- dijera a los responsables de las haciendas forales que pidan un informe jurídico en este sentido.
Se lo digo por una simple razón, porque a lo mejor la ley dice que hay que hacerlo, pero usted no tiene ningún problema en mandar a la Agencia Tributaria la información. Teniendo en cuenta que hay cinco haciendas en el Estado español, la Agencia
Tributaria es una de ellas, y supongo que al igual que ésta las demás haciendas tienen que estar al mismo nivel de consideración para que usted remita esta información; lo contrario entiendo que sería un contrasentido, desde luego político, aunque
seguramente también jurídico. No me entra en la cabeza que las leyes se deban interpretar exclusivamente en el término que usted lo ha hecho. Le sugeriría que al menos lo consulte jurídicamente; yo también voy a intentar hacerlo. De lo que se
trata es de que haya una eficacia en la actuación de la inspección tributaria, en este caso de Vizcaya, que haya una colaboración absolutamente imprescindible y necesaria entre las instituciones vascas y las del Estado, entre el Banco de España, la
Agencia Tributaria, etcétera. Todas estas cuestiones están previstas en el propio concierto, en el acuerdo que hubo sobre el pacto fiscal, en los términos de colaboración en materia tributaria. Porque aquí no se trata de ocultar al otro lado, sino
que se trata de facilitar para que, en el ámbito de sus competencias, todos puedan llevar las actuaciones necesarias. Deben tener la información que les permita acometer lo que haga falta para que, en este caso, una serie de personas cumplan con
sus obligaciones tributarias en Vizcaya, que es donde tienen el domicilio.



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, en primer lugar, quiero decir que a mi grupo le parece importante todo, pero es relevante hablar de futuro y de economía. Parece que al Grupo Socialista no le importa para nada hablar de
economía, no le importa para nada hablar de empleo, no le importa para nada hablar de crecimiento; están enfrascados en esa oposición responsable que es: No me importa para nada los ciudadanos, voy a ver si desgasto a mi adversario político. Creo
que lo importante es que podamos ofrecer a los ciudadanos reformas que garanticen estabilidad en el crecimiento y en el empleo.



Decía el señor Azpiazu que él hacía sus hipótesis -ahora a las acusaciones se les llama hipótesis- y dice: Oiga, yo hago mi hipótesis y usted tiene la obligación de demostrar lo contrario. La carga de la prueba se cambia.
También el
Partido Socialista hace lo mismo. La presunción de inocencia me la cargo. Es como si yo digo: El señor Uriarte fue consejero del Gobierno vasco; el señor Urrutia fue consejero del Gobierno vasco. Hay dos o tres consejeros del Gobierno vasco que
no es personal de convenio del banco, son de alta dirección. Yo creo que con tanto ex consejero del Gobierno vasco el PNV tendría que saber algo. Y le digo al señor Azpiazu: Oiga, es una hipótesis, demuéstreme lo contrario. (Risas.) Señor
Azpiazu, no es esa la forma de hacer política, aunque ahora a las acusaciones las llame hipótesis. El que hace una hipótesis en sede parlamentaria tiene obligación de demostrarlo. Si usted desea, luego, en el bar, dice lo que quiera, pero en sede
parlamentaria el que lanza una acusación tiene la obligación de demostrarlo. (El señor Sevilla Segura: ¿Y lo dices tú?) Sí, lo digo yo, porque me parece increíble, en el terreno de las hipótesis, que el director general,


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rango de director general del ministerio, director de gabinete del ministro, también lance hipótesis de quién se debe enterar. Parece ser que esto empieza en 1996, cuando las cuentas empiezan en 1987; además, lo único que importa no son
las irregularidades sino la actuación en los últimos ocho meses. Uno se permite decir, con una libertad tremenda: ¡Oiga, el vicepresidente ha mentido! Y luego dice una tontería, dice: Oiga, es que usted ha dicho que le dijo no sé qué. Hombre, yo
me imagino que le diría más, luego ha mentido. Cuando uno dice en sede parlamentaria que un señor ha mentido lo tiene que demostrar y no decirlo con una tranquilidad meridiana y quedarse impune. (El señor Sevilla Segura: El miércoles le haré una
pregunta) Haga usted las preguntas que quiera (La señora Mendizábal Gorostiaga: Menos mal), porque está en su derecho parlamentario de preguntar, pero cuando uno dice en sede parlamentaria que un señor ha mentido no se puede ir luego de rositas
diciendo que estaba haciendo oposición o que era un recurso dialéctico. ( El señor Sevilla Segura: Aceptaré el recurso notarial)


El señor PRESIDENTE: Ruego a SS.SS que permitan finalizar la intervención sin hacer comentarios cruzados. Le ruego, señor Martínez-Pujalte, que si tiene alguna observación o pregunta al señor gobernador la formule.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sí, sí, las voy a hacer. Pero claro, señor presidente, yo comprendo que se pongan nerviosos. (Rumores.) Yo les he escuchado con suma atención y sin interrumpirles, pero entiendo que en este tema se pongan
nerviosos, pero muy nerviosos.



Respecto al tema de Caja Guadalajara le agradezco, señor gobernador, su información y sobre todo la claridad con la que usted ha dicho que no existían acusaciones de faltas graves ni de nada que se le asemejase, sino, simplemente, unas
observaciones que se han corregido. Y no se trata de echarle la culpa a nadie en este caso, sino de pedir a los responsables políticos que sean más prudentes en la protección de los intereses de una entidad que, aunque sea pequeñita, es muy
importante en Guadalajara. Del tema de las cajas de ahorros debatiremos profundamente, pero sí me gustaría decir que el vicepresidente primero de la entidad a la que ha hecho referencia el señor Sevilla, Bancaja, era el alcalde socialista de
Castellón. Si eso no es pluralidad quizá es que en el PSOE hay en estos momentos un cierto guirigay permitido por el ex presidente González y a lo mejor ese determinado señor no le cae bien.



El señor PRESIDENTE: Señor Caruana, si hay alguna cuestión referida al gobernador del Banco de España que quiera contestar, tiene usted la palabra.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Caruana Lacorte): Me gustaría decir estoy de acuerdo en que yo no le di detalles al vicepresidente, porque no le di ningún documento, ningún expediente y lo único que hice fue informarle de lo que
estaba haciendo en ese momento el Banco de España pero, desde luego, no le di detalles de la situación; creo que eso es así.



En cuanto a las actuaciones del Banco de España, si fallasen requisitos de idoneidad, el Banco de España actuaría, pero lo haría al final del proceso sancionador. Una de las sanciones que puede haber al final del proceso sancionador es
retirar a un consejero, etcétera, pero después de todo un proceso sancionador. En estos momentos el proceso sancionador ha quedado interrumpido y tendremos que esperar al final para poder conocer el resultado y las valoraciones que se han hecho.
Por lo tanto, es obvio que se puede actuar, pero en este caso se trata de un proceso que ha quedado interrumpido.



En relación al escrito del 18, tiene el mismo tratamiento que la Agencia Tributaria, exactamente el mismo. No hay tratamientos diferenciales, la ley es la misma para todo este tipo de consultas pero, en cualquier caso, estaremos encantados
de hacer un análisis del tema.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor gobernador.



Se levanta la sesión.



Era la una de la tarde.