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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 480, de 24/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 480
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 24 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Cortés Martín) para informar sobre: - El contenido del plan de cooperación para el año 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000814.) ... (Página 15478)
- El plan anual de cooperación internacional (PACI) 2002, aprobado por el Consejo de Ministros de 8 de febrero pasado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A
petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000920.) ... (Página 15478)
- El plan anual de cooperación 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001026.) ... (Página 15478)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar la sesión de hoy de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en cuyo orden del día están previstas tres comparecencias, que se tratarán
conjuntamente, del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, para informar sobre el contenido del Plan de cooperación del año 2002. Ruego al secretario de Estado que comparezca e inicie su intervención cuando
desee.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Comparezco para presentar oficialmente e informar a la Cámara sobre el Plan Anual de Cooperación Internacional para el año 2002, aprobado
por el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros del día 8 de febrero de 2002, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Cooperación, según el cual junto con el plan anual tiene que haber un plan director, que
ya fue aprobado por el Gobierno, después de su discusión y del dictamen favorable de esta Cámara, en febrero de 2001.
Para la aprobación de este Plan Anual de Cooperación se han seguido, como conocen SS.SS., los trámites que fija la Ley de cooperación. En concreto, la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo lo informó favorablemente en
su reunión del 24 de septiembre de 2001 con 18 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención; el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, en su reunión de 24 de septiembre de 2001, lo dictaminó favorablemente sin ningún voto en contra y con
cinco abstenciones, y la Comisión Interministerial de Cooperación, en la reunión de 25 de septiembre de 2001, informó también favorablemente este plan.
Cumplidos estos trámites, y una vez que ya las cifras de los presupuestos eran definitivas porque había sido aprobado el presupuesto por la Cámara -esta es la razón por la que se puso en marcha la tramitación en el seno del Gobierno, es
decir, la Comisión Interministerial lo eleva a través del Ministerio de Asuntos Exteriores al Consejo de Ministros-, se aprobó en la reunión de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2002. Insisto en que la diferencia entre el último dictamen en
uno de los Consejos, en septiembre, y la aprobación por el primer Consejo de Ministros del mes de febrero obedece precisamente a que hasta que no hay cifras definitivas porque el Parlamento no ha aprobado definitivamente los Presupuestos Generales
del Estado no se puede llevar a Consejo de Ministros, órgano que no es consultivo como los anteriores órganos, sino que es el Ejecutivo por antonomasia.
El plan anual para el año 2002 sigue una línea de continuidad y de coherencia con el plan director para el cuatrienio 2001-2004 y con el plan anual 2001. Esta es una primera idea que quiero resaltar y que me ahorra entrar en muchos
detalles. Por otro lado, el documento del plan ha sido remitido a la Comisión hace tiempo, por lo que imagino que SS.SS. lo conocerán, pero en cualquier caso, si quieren que entremos en algún detalle, podemos hacerlo. Evidentemente, el plan
desarrolla los objetivos y las prioridades horizontales, sectoriales y geográficas de la política de cooperación española con el objetivo general de erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones.
Me importa resaltar que España promueve el desarrollo de los países menos avanzados, apoyándose en nuestra propia experiencia: la construcción y el fortalecimiento de un Estado de derecho; inversión en formación, poniendo especial énfasis
en educación superior, la liberalización económica y la ampliación de las prestaciones sociales. A través de la cooperación bilateral y de la multilateral se lucha contra la pobreza y la marginación en el mundo, especialmente las que se encuentran
en los países definidos como prioritarios y las que afectan a las personas más vulnerables. Por otra parte, toda la acción de la cooperación española incorpora las prioridades horizontales que define el plan director: lucha contra la pobreza,
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la defensa del medio ambiente.
Partiendo de esta base, los objetivos específicos del plan anual para el año 2002 en el ámbito bilateral son fundamentalmente los siguientes: fomentar las condiciones para el logro de un desarrollo a partir de las propias capacidades de las
poblaciones beneficiadas, promover la igualdad entre hombres y mujeres fomentando la participación y la integración social de las mujeres así como su acceso al mercado laboral en igualdad de oportunidades, favorecer la consolidación de regímenes
democráticos y de Estado de derecho donde impere el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, fomentar la integración de los países en desarrollo en la economía mundial, colaborar en el establecimiento
de marcos de estabilidad y seguridad que ayuden a prevenir y en su caso a resolver los conflictos nacionales e internacionales, atender situaciones de emergencia en los países que sufren catástrofes naturales o conflictos bélicos y
finalmente impulsar el desarrollo cultural y las relaciones culturales de España con los países en vías de desarrollo, partiendo de la base de que la cultura es un elemento fundamental en el desarrollo de una sociedad. En este sentido -y este es un
punto novedoso-, el plan anual comprende también la cooperación cultural como parte fundamental de la cooperación de la ayuda al desarrollo, en consonancia con el importante papel que juegan los elementos culturales en los procesos de desarrollo.
En la cooperación cultural tiene especial relevancia el patrimonio y su conservación y restauración. El patrimonio constituye un valor económico en la medida en que es un factor de creación de empleo y riqueza y un elemento dinamizador de la
economía de una región, tanto a través de las escuelas taller como de la atracción del turismo y todo lo que indirectamente esto genera. En el ámbito multilateral la cooperación española pretende que estos objetivos estén presentes en las
actividades que realicen los organismos internacionales con financiación española y que se plasmen para ello las conclusiones, recomendaciones y objetivos que se fijan en las conferencias y encuentros internacionales en los que España participa.
La Ley de cooperación, como conocen SS.SS., establece como áreas preferentes de actuación todos los países iberoamericanos y los países árabes del norte de África y de Oriente Medio. En el caso de Iberoamérica -y seré muy sintético- se
consideran países programas los países menos desarrollados de América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana) y en América del Sur, Ecuador, Bolivia, Colombia y Paraguay. En el Magreb y Oriente Medio los
países programa son Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, los territorios palestinos y la población saharaui. En África subsahariana, Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola, Namibia y
Suráfrica. En Asia, los países programa son Filipinas, Vietnam y China. Y en Europa Central y Oriental, Albania, Bosnia-Herzegovina y la República Federal de Yugoslavia. En el texto del plan anual que el Gobierno ha enviado a la Cámara y que
SS.SS. conocen se recoge de forma más pormenorizada esta relación de países programa, con los objetivos y sectores prioritarios a los que va a ir dirigida la cooperación española. Como anexo al plan anual se recoge un marco presupuestario de todas
estas actuaciones, siendo una peculiaridad de este año que todas las cifras se dan por partida doble, en euros y en pesetas. Voy a señalar a la Cámara los datos más globales, puesto que la información detallada se refleja en los diferentes cuadros
que se han incorporado al documento. La cantidad total de ayuda oficial al desarrollo española prevista en el plan anual para el año 2002 es de algo más de 284.000 millones de pesetas, 1.707 millones de euros. De esa cifra, 240.000 -1.441 millones
de euros- corresponden al Estado y el resto a la cooperación descentralizada. De la ayuda oficial al desarrollo del Estado se destinan a cooperación bilateral 115.930 millones de pesetas y a cooperación multilateral 123.986 millones de pesetas, de
los que la mayor parte corresponde a la aportación a la Unión Europea, que asciende a la cifra de 76.000 millones de pesetas. En cuanto a la distribución geográfica, Iberoamérica es el destino del 53 por ciento de la cooperación española, mientras
que el norte de África y Oriente Medio suponen un 18,35 por ciento y las otras áreas se distribuyen un 12,76 por ciento para África subsahariana, un 11,34 por ciento para Europa central y oriental y un 4,34 por ciento para Asia.
Señor presidente, la Ley de cooperación establece en su artículo 15 que el Congreso de los Diputados debatirá anualmente, a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La
ocasión para hacerlo es la remisión a la Cámara del plan anual, sin perjuicio, como es lógico, de otros debates en torno a aspectos más sectoriales de la cooperación y cuantos solicite la Cámara que se celebren, para los que, como bien sabe la
Comisión, el Gobierno está siempre dispuesto. Pues bien, la política española de cooperación al desarrollo en este año 2002 está marcada a mi juicio por tres importantes acontecimientos: la presidencia europea de la Unión, la conferencia de
Naciones Unidas sobre financiación al desarrollo, que se celebró en Monterrey del 18 al 22 de marzo, y el análisis o examen que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha realizado en relación
con la cooperación española en los últimos meses. Esta Cámara ha tenido ya ocasión de tratar algunos de estos acontecimientos en debates bien por comparecencias del Gobierno o con ocasión de preguntas y proposiciones no de ley, tanto en Pleno como
en esta Comisión de Cooperación, y por ello yo voy a referirme tanto a la conferencia de Monterrey como al examen del Comité de Ayuda al Desarrollo, puesto que tienen una especial relevancia a la hora de dilucidar el marco de la política de
cooperación, que es el debate que preceptivamente se contempla en la ley de desarrollo y que se debe tener en esta Comisión.
El pasado mes de marzo más de 50 jefes de Estado y de Gobierno se dieron cita en Monterrey para debatir el futuro de la financiación al desarrollo. La cumbre concluyó con una declaración suscrita por todos los países, declaración que se ha
denominado consenso de Monterrey. Quizá hubo quien en un primer momento la consideró excesivamente retórica y por debajo de las expectativas que la conferencia había venido generando a lo largo de los meses previos a su organización, pero, frente a
esta apreciación, creo que es preciso valorar en
su justa medida el éxito que supuso conseguir un texto susceptible de concitar la aprobación tanto de los países industrializados como de los países en vías de desarrollo. Además, en Monterrey la Unión Europea quiso ir más allá de este
consenso con un compromiso formal de aportar no más tarde del año 2006 el 0,39 por ciento del producto interior bruto de la suma de todos los Estados miembros en concepto de ayuda oficial al desarrollo. Esto se logró en la cumbre de Barcelona,
donde se hizo un gran esfuerzo para aproximar posiciones que estaban muy distantes dos meses antes de la reunión, incluso unos días antes de la misma. Para ello, todos aquellos Estados miembros de la Unión que actualmente se encuentran por debajo
de lo que fue el porcentaje medio del PIB dedicado a la ayuda oficial al desarrollo en el año 2000, es decir, el 0,33 por ciento, se han comprometido a alcanzar esta cifra antes del año 2006.
Paralelamente, aquellos países que ya cumplen con el 0,7
por ciento se comprometen a no reducir el volumen de sus contribuciones actuales. Y con la suma de estos dos compromisos, es decir, unos subiendo hasta el 0,33 por ciento y otros manteniendo las aportaciones que tienen ahora, se lograría la cifra
del 0,39 por ciento para el 2006. Con este planteamiento, la Unión Europea está liderando la comunidad internacional de donantes para hacer efectivo el compromiso a largo plazo de alcanzar el 0,7 por ciento del PIB en ayuda oficial al desarrollo.
Señor presidente, yo creo que la cumbre de Monterrey ha supuesto un gran paso adelante y un éxito por haber logrado poner de acuerdo a todos los países que han participado en ella. En el pasado se ha invocado con frecuencia un supuesto
consenso de la comunidad internacional, a menudo incluso esgrimiéndolo como un ariete frente a quien discrepaba del mismo, pero, insisto, este supuesto consenso internacional no era más que un conjunto de posiciones académicas personales o
planteamientos de acción política, pero no acuerdos de toda la comunidad internacional. En realidad, sólo a partir de ahora se puede decir con propiedad que hay un consenso de la comunidad internacional en materia de cooperación al desarrollo,
expresado por los sujetos de la comunidad internacional y no por personas que quieren hablar en nombre de otros sin tener ninguna legitimación, aunque, eso sí, suelen tener una buena retribución.
A partir de Monterrey existe un acuerdo que es conocido y que figura en una declaración internacional. Esto es algo de lo que podemos estar especialmente satisfechos en la Unión Europea, que ha jugado un papel destacado a la hora de lograr
el consenso de Monterrey. A España, en su calidad de presidencia, le ha correspondido coordinar e impulsar esa tarea, y no ha sido fácil conseguir acercar posiciones tan distantes como las que tenían algunos países de la Unión. Insisto en que
hasta el último momento hubo resistencia por ambas partes, por quienes pensaban que nos quedábamos demasiado cortos y por quienes creían que íbamos demasiado lejos y que había constricciones presupuestarias. Hubo países, como Alemania, que hasta el
último momento mostraron una resistencia muy fuerte a asumir dichos compromisos presupuestarios porque ellos acababan de recibir la tarjeta amarilla -por así decirlo- de la Comisión por la situación de sus cuentas, por su déficit, y por lo tanto no
podían ir más allá. No obstante, se ha logrado.
Yo creo que la conferencia de Monterrey ha sido además especialmente importante porque al hablar de desarrollo no se ha hablado sólo de financiación, sino que se ha hablado de manera clara y definida por parte de los Estados y de los
organismos participantes sobre la necesidad de la democracia, del Estado de derecho, del respeto a los derechos humanos, de la igualdad entre hombres y mujeres, de una economía libre, de las inversiones, de los flujos de capitales y del comercio
como elementos centrales del desarrollo. Esto ha supuesto también un esfuerzo de aproximación de posiciones de la Unión Europea. Han sido muy significativos los discursos de algunos dirigentes de la Unión Europea, que en intervenciones ante el
plenario no hicieron ni una sola referencia a la democracia o al comercio, mientras que en la declaración que hizo el presidente del Gobierno español en nombre de la Unión, en el que se limitó a reproducir lo que se había acordado en Barcelona, las
referencias a la democracia, al Estado de derecho, a la economía de mercado, a la igualdad entre hombres y mujeres y los párrafos dedicados a la necesidad del libre comercio como elemento clave de desarrollo fueron una constante. Eso es lo que
permitió que hubiese un acuerdo entre la Unión Europea y los otros principales países donantes, y muy singularmente con los Estados Unidos de América, y luego entre estos países donantes y los países receptores. Creo que esto supone un gran avance,
a la vez que una profunda revisión de una posición que ha imperado muchos años y que se ha revelado muy ineficaz por los escasos resultados que ha tenido, que es la de reducir la ayuda al desarrollo a la mera transferencia de recursos financieros de
los países desarrollados a los países pobres. Por eso, señor presidente, creo que la conferencia de Monterrey -si se me permite la expresión- marcará un antes y un después en la cooperación al desarrollo. Ahora ya sabemos cuál es la posición de la
comunidad internacional, y nadie, por muchos títulos académicos que tenga o que se irrogue, porque muchas veces tampoco los tienen, o que sin tener representación diga representar al conjunto del mundo mundial, podrá ya decir otra cosa, porque el
texto donde se refleja el consenso internacional sobre cooperación al desarrollo ha sido fijado en Monterrey por los legítimos representantes de la comunidad internacional.
El otro tema relevante de la política de cooperación española en este año 2002 lo constituye, sin lugar a dudas, el examen que el Comité de Ayuda al Desarrollo
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha realizado a la cooperación española en los últimos meses. La conclusión de este examen se ha hecho pública la semana pasada, en concreto el día 17 de abril. Como SS.SS.
conocen, el llamado examen por los pares es una revisión periódica de la cooperación de cada país que lleva a cabo el Comité de Ayuda al Desarrollo, organismo de la OCDE que agrupa a todos los países donantes de ayuda al desarrollo del mundo. El
anterior examen realizado a España había tenido lugar en 1998. Para llevar a cabo este trabajo, el equipo examinador, compuesto por representantes del Reino Unido, de Irlanda y de la secretaría del CAD, se desplaza a un país receptor de ayuda del
país examinado elegido por ellos, que en este caso fue Honduras, y después al país en cuestión. En España mantuvieron encuentros con la Administración del Estado, con la administración de la cooperación descentralizada, con dos comunidades
autónomas y tuvieron también un encuentro con el Parlamento a través de esta Comisión, en una reunión con la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios. Sobre la base del informe que elabora el equipo examinador y después de la última
sesión en París, a la que acudieron el secretario general y los directores generales de la Agencia Española de Cooperación, el Comité en pleno emite un dictamen que incluye los principales resultados del examen que se hace a las autoridades
españolas por parte del plenario -no ya por los examinadores- y las recomendaciones dirigidas a la cooperación del país examinado.
Pues bien, voy a transmitir a la Cámara estas conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, el Comité de Ayuda al Desarrollo alaba el progreso notable realizado por España en cooperación al desarrollo desde la última revisión de pares en
1998, y utilizo esta expresión que no es mía, sino que es la traducción literal del texto de la declaración oficial, como es literal todo lo que voy a relatar a partir de ahora. El Comité de Ayuda al Desarrollo destaca los siguientes logros: la
aprobación de una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la existencia de un plan director para cuatro años y de los planes anuales y la creación de órganos para la coordinación de los distintos agentes de desarrollo: ministerios,
comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones de la sociedad civil; se trata específicamente de las comisiones interministerial, interterritorial y del Consejo de cooperación. El Comité afirma incluso que este esfuerzo de
institucionalización constituye un ejemplo para otros países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo. Esto ya no lo dice el Comité de Ayuda al Desarrollo, ahora lo digo yo: el respaldo al entramado institucional que se ha desarrollado y muy
particularmente al Consejo de cooperación, cuya constitución respalda plenamente en su actual composición el Comité de Ayuda al Desarrollo, creo que despeja el panorama de algunas posiciones que creían que tenían el monopolio de decidir cómo tenía
que organizarse esto o que tenían el derecho de veto sobre las decisiones que sólo corresponden al Gobierno, en el marco de la Ley de Cooperación. Pues bien, el Comité de Ayuda al Desarrollo alaba la creación de estos agentes y precisamente en los
términos en los que se ha hecho.
Por otra parte, el Comité de Ayuda al Desarrollo considera muy positivo que España haya establecido la reducción de la pobreza como el objetivo fundamental de su cooperación al desarrollo y que la igualdad entre hombres y mujeres y la
protección del medio ambiente sean objetivos básicos de su cooperación. Un buen ejemplo de esta orientación general, dice el informe, es el programa de microcréditos que la cooperación española ha puesto en marcha en los últimos años.
Hay otro punto que es especialmente significativo puesto que se refiere a un tema capital que si bien en España no ha sido puesto en cuestión -desde luego, no en esta Cámara, salvo de forma aislada y en el ámbito académico, pero de una
manera muy episódica y poco coherente con la posición académica de quien firmaba aquello-, sí ha sido objeto de debate y polémica en foros internacionales, que es la preferencia española por Iberoamérica. Pues bien, en las conclusiones del Comité
de Ayuda al Desarrollo se contiene un expreso reconocimiento de la vinculación de la cooperación española con Iberoamérica. Incluso, yendo más lejos, el Comité de Ayuda al Desarrollo reconoce que España tiene en su cooperación con Iberoamérica una
ventaja comparativa respecto a otros donantes por el idioma común y por la existencia de fuertes vínculos, culturales e históricos. En este sentido, pone de relieve el ejemplo de la transición política y económica española de los últimos años, que
puede servir de modelo para los procesos de consolidación y asentamiento del Estado de derecho. El Comité de Ayuda al Desarrollo considera que España puede, a través de su cooperación, apoyar las reformas que emprendan países en desarrollo en
cuestiones claves como la reforma judicial, la descentralización, los impuestos o la formación de fuerzas de policía, esto es, en todo lo que constituye el fortalecimiento institucional, que, como bien conoce esta Comisión, consideramos que debe ser
la prioridad entre las prioridades de la ayuda al desarrollo, seguida inmediatamente de la educación. Además, el Comité considera que España puede incluso liderar a otros donantes a la hora de establecer una coordinación entre ellos para hacer una
cooperación más eficaz en sectores que atañen a la reforma económica y política en Iberoamérica y en otras áreas.
Entre las recomendaciones más específicas que el Comité de Ayuda al Desarrollo hace a España cabe destacar, en primer lugar, que haga lo posible por alcanzar la proporción del 0,33 del producto nacional bruto para la ayuda oficial al
desarrollo en el año 2006, ejecutando así el compromiso adquirido en la reciente
conferencia de Monterrey; en segundo lugar, acepta la cooperación con los países de renta media, pues sugiere que la ayuda a los países con los que España coopera, que en su mayoría son de renta media baja, vaya dirigida a los grupos más
pobres de la población, que es a los que efectivamente va dirigida. Esta cuestión está conectada con la preferencia por el destino de la cooperación española hacia las dos áreas prioritarias que marcan nuestra ley, aprobada por el acuerdo unánime
de la Cámara, que nunca ha sido puesto en cuestión: los países iberoamericanos y los países árabes del norte de África y Oriente Medio, lo que supone un apoyo claro a las tesis que viene defendiendo España en el seno de la comunidad donante
internacional: que hay que combatir la pobreza allí donde se encuentre y no con prejuicios y abstracciones numéricas respecto a que sólo los países menos avanzados deben ser objeto de la cooperación. El Comité de Ayuda al Desarrollo respalda
expresamente la cooperación a los países de renta media, siempre y cuando en estos países vaya dirigida a las capas de renta más baja. Esto es una consideración enormemente importante puesto que insisto hay un debate en la comunidad internacional
en el que España en su conjunto -no el Gobierno español, sino España en su conjunto- ha tomado posición. Pues bien, esta posición -lo digo para satisfacción del conjunto de la Comisión que siempre ha respaldado esta posición expresada en la Ley de
cooperación- ha sido avalada plenamente por el Comité de Ayuda al Desarrollo.
El Comité recomienda también que el Ministerio de Asuntos Exteriores refuerce su posición en el sistema general de la cooperación española.
Señala que se ha mejorado en la colaboración entre los ministerios de Asuntos Exteriores y de
Economía, especialmente en la preparación de estrategias conjuntas de países. Pero dado que la cooperación española -dice el documento- se caracteriza por la pluralidad de actores que en ella trabajan, el Comité de Ayuda al Desarrollo considera
imprescindible que las comunidades autónomas y las corporaciones locales así como las organizaciones no gubernamentales adapten su cooperación a las líneas directrices sobre sectores y zonas geográficas prioritarias para la cooperación que
establezca el Gobierno. Este es un punto que alguna vez ha sido tratado también en esta Comisión, y aunque ha habido un acuerdo muy amplio, no ha habido unanimidad en este punto. Pues bien, el Comité de Ayuda al Desarrollo recuerda y avisa sobre
el riesgo que tiene la cooperación española si las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones no gubernamentales no adaptan plenamente su cooperación a las líneas directrices marcadas, de acuerdo con los criterios de la
Ley de cooperación y con el marco institucional creado por la legislación española. En relación específicamente con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, el informe pide a las administraciones públicas en general que a la hora de
financiar actividades de estas organizaciones se aseguren de que las actividades de estas son coherentes con las estrategias por países y por sectores de la cooperación española. Esta es una cuestión que también suscitó alguna controversia cuando
se puso en marcha el nuevo sistema de financiación, a través de estrategias, programas y proyectos, y que supone hoy la confirmación de la dirección seguida en la reforma. El comité hace un expreso reconocimiento de la cooperación cultural,
señalando que los programas culturales y las becas estén dirigidos al objeto general de reducción de la pobreza. Este fue un objeto de especial debate en el examen realizado en el pleno del Comité de Ayuda al Desarrollo, como la defensa que hizo el
Gobierno español de la importancia del programa de patrimonio con las escuelas taller y la incidencia que tenían en el desarrollo de las zonas donde se efectuaban estas restauraciones, en formación, en empleo y en turismo, con todo el valor añadido
que tiene el turismo en cuanto a riqueza y generación de empleo. Lo mismo ocurre con las becas. En los países en vías de desarrollo es necesario formar personas en educación superior y no sólo en educación básica, a la que España dedica muchos
esfuerzos. Todas estas cuestiones no eran pacíficas en la comunidad internacional, pero fueron respaldadas por unanimidad en el informe que emite el pleno del Comité de Ayuda al Desarrollo. Es un gran éxito que la cooperación española haya
conseguido el reconocimiento de este aspecto singular, que algunos calificarían de castizo, aunque el Comité de Ayuda al Desarrollo -en el que hay personas con bastante más experiencia y más conocimientos en la materia que algunos otros
profesionales- no comparte ese calificativo.
El Comité de Ayuda al desarrollo recomienda que España haga un análisis sobre los inconvenientes o las ventajas de conceder préstamos en lugar de donaciones a países según su renta per cápita y su nivel de endeudamiento. Como SS.SS. saben
es un debate abierto, el comité no toma posición. En España se siguen las dos modalidades, tanto los préstamos como las donaciones, pero este fue uno de los puntos sobre los que no se logró acuerdo en Monterrey, si bien es verdad que para sorpresa
de muchos, porque había algunos que criticaban el endeudamiento de los países receptores, pero cuando vino la propuesta de los Estados Unidos en el sentido de que las organizaciones financieras internacionales debían ir sustituyendo sus préstamos
por donaciones, los mismos que antes criticaban el endeudamiento excesivo al que se sometía a los países fueron los que se pusieron en cabeza de la manifestación en contra de este movimiento. No se logró acuerdo en Monterrey y el Comité de Ayuda al
Desarrollo ha recomendado que se haga este análisis sobre las ventajas o los inconvenientes de conceder préstamos en lugar de donaciones a países según su renta per cápita y su nivel de endeudamiento, no sólo en la comunidad internacional
sino también en España; análisis al que invito a sumarse a esta Comisión y que se hará en el Consejo de cooperación, puesto que se nos pide expresamente que se haga.
Finalmente, la recomendación contiene una referencia a los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Tras reconocer la mejora en la gestión de dicho instrumento, el Comité de Ayuda al Desarrollo pide a España que continúe la tendencia a
centrar en mayor medida los créditos FAD en la reducción de la pobreza.
En conclusión, señor presidente, el resultado del examen es muy satisfactorio para la cooperación española, pues entre otras cosas reconoce y confirma las líneas de actuación llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno en la política
de cooperación al desarrollo.
Me parece especialmente importante que el Comité de la OCDE haya confirmado la opción española por regiones con las que tiene especial afinidad, esto es, las prioridades marcadas en la Ley de cooperación, cuestión
pacífica en España y que forma parte del acervo de la cooperación española. Además, el CAD ha podido comprobar, en parte gracias a su viaje a Honduras, la ventaja comparativa de la que goza nuestra cooperación en Iberoamérica. Al mismo tiempo, el
Comité de Ayuda al Desarrollo hace una llamada de atención sobre un posible riesgo de pérdida de eficacia y de impacto a consecuencia de la estructura de la cooperación española, en concreto, del hecho de que haya una diversidad de actores en la
cooperación y de que un alto porcentaje se canalice a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Esto puede suponer un riesgo de disminución del impacto de la ayuda, ya que no es fácil coincidir en objetivos y programas comunes.
Para evitar que se dé esa situación, el comité recomienda reforzar la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores como órgano para la coordinación y diseño de estrategias del conjunto de la cooperación española y señala también que otros
ministerios y administraciones públicas, autonómicas y locales y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo financiadas con fondos públicos deberían adaptar sus intervenciones a las estrategias sectoriales y geográficas de la cooperación
española.
Señor presidente, el plan director de la cooperación y los planes aprobados hasta la fecha van en esa dirección. Por ello para el Gobierno, pero también para esta Comisión y para el conjunto de la nación, es una satisfacción que el Comité
de Ayuda al Desarrollo haya hecho estas recomendaciones y que se haya reconocido el esfuerzo que está haciendo España en los últimos años. Ese es un punto en el que el Comité de Ayuda al Desarrollo insiste especialmente, cuando en el punto tercero
de sus consideraciones dice que conviene recordar que la ayuda al desarrollo española es relativamente joven y que España, estando en una situación que tiene que mejorar, es uno de los países que está haciendo un mayor esfuerzo, porque no es lo
mismo estar donde se está cuando ya se estaba, que llegar donde se ha llegado cuando en el año 1981 todavía se era país receptor de ayuda al desarrollo y cuando sólo se pudo ingresar en el Comité de Ayuda al Desarrollo en el año 1991. Todo esto es
un motivo de satisfacción. Lo es para el Gobierno desde luego, pero también lo debe ser para el conjunto de la sociedad española, y el plan anual que ha aprobado el Gobierno, y que ahora se somete a la Comisión para que lo debata posteriormente,
encaja plenamente dentro de estas apreciaciones tan favorables que hace el Comité de Ayuda al Desarrollo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Quiero agradecer la presencia del señor secretario de Estado y la exposición que nos acaba de hacer. En nombre de mi grupo, quiero hacer algunos comentarios y reflexiones que nos han suscitado una mayor
preocupación.
Con relación a los resultados de la cumbre de Monterrey, nos parece positivo que se haya alcanzado un consenso; consenso que ha sido difícil, porque, como usted mismo acaba de decir, la forma de entender las relaciones internacionales de
algunos países ha sido lamentable. Usted ha expuesto como positivo algo que realmente lo es, cual es que hay que conseguir el consenso para que no se conciba la ayuda oficial al desarrollo como una simple transferencia de recursos, sino para que se
concrete en un compromiso de los países desarrollados con el progreso democrático y el impulso hacia el comercio en los países en vías de desarrollo. Es cierto también que el consenso que se obtuvo en Monterrey es insuficiente. A esta cumbre se
acudió con muchas expectativas dada la difícil situación internacional que se está viviendo. Nuestro grupo considera importante las declaraciones, los estudios y las exposiciones realizadas por expertos en cooperación internacional -ligados o no a
administraciones públicas de éste o de cualquier otro país- y por organizaciones no gubernamentales, que llevan años haciendo un gran esfuerzo para canalizar lo que gran parte de nuestra sociedad considera de justicia en lo que se refiere a la
cooperación al desarrollo.
Ya hace muchos años que Naciones Unidas viene señalando determinados conceptos en este sentido y marcando el objetivo del 0,7 por ciento del PIB nominal. Desde hace tiempo, mi grupo viene diciendo que la situación internacional y el mundo
de la globalización en el que estamos inmersos muestra señales objetivas de que cada vez es mayor la brecha que separa a los países desarrollado de los del mundo subdesarrollado y, desgraciadamente, las decisiones que se adoptan, difícilmente van a
poder romper esa tendencia. Nos preocupa el papel de España en la presidencia europea y quisiéramos saber, después de la cumbre de Monterrey
y de los meses de presidencia que le quedan, cómo se van a concretar las estrategias para lograr un avance en esta materia e incluso en los objetivos marcados por la cumbre de Monterrey, que son conseguir una media europea del 0,39 por
ciento del PIB e involucrar más a los países europeos en el compromiso de apostar por el desarrollo democrático de los países subdesarrollados con los que un amplio sector de los países europeos, entre ellos España, mantiene una estrecha relación,
bilateral o multilateral. Nos gustaría saber qué se va a hacer para lograr que la ayuda europea sea más eficaz de lo que está siendo en estos momentos.
Al hilo del examen del informe del Comité de Ayuda al Desarrollo, que hace una mención a la recomendación a España para que realice un mayor esfuerzo en la ayuda al desarrollo, quisiéramos conocer cuáles son las perspectivas del Gobierno
español para adaptar el plan director de cooperación española a las directrices marcadas en Monterrey en los aspectos generales de definición y a cómo alcanzar el porcentaje del 0,33 del PIB establecido.
De todos es conocida nuestra preocupación en todo lo que se refiere a la ayuda al desarrollo de los países africanos, concretamente del África subsahariana. ¿Qué perspectivas tiene el Gobierno español en relación con lo que la cumbre de
Monterrey ha marcado como objetivos respecto al África subsahariana? Recientemente, el Parlamento español aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a que, en la próxima reunión de la Comisión bilateral Canarias-Estado, en la
que existe una subcomisión específica para los temas de inmigración, plantee propuestas concretas de incremento de la ayuda al desarrollo de los países del África subsahariana. Con independencia de las medidas que puedan adoptarse sobre el fenómeno
de la inmigración ilegal que proviene de los países del África subsahariana, nuestro grupo ha defendido siempre que es necesaria una cooperación más activa con dichos países, que ligue la cooperación internacional a los objetivos de desarrollo
marcados por los planes españoles de cooperación, pero también que suponga un mayor esfuerzo para combinar las políticas de inmigración con las de ayuda al desarrollo. Me gustaría saber cuáles son las previsiones del Gobierno de España para dar
respuesta a esta proposición no de ley porque, en última instancia, tendrán que ir en consonancia con las relativas a alcanzar los objetivos marcados por la cumbre de Monterrey. El cumplimiento de lo marcado en la citada cumbre implicará un mayor
esfuerzo respecto a los objetivos del plan de cooperación español hasta el año 2004.
Nuestro grupo, si bien valora que el consenso alcanzado en Monterrey en muchos aspectos es importante, estima que es insuficiente el esfuerzo del Gobierno español desde el punto de vista económico porque, desgraciadamente, la ayuda al
desarrollo camina a una velocidad menor que el crecimiento de las condiciones adversas a nivel internacional, que van a dificultar el desarrollo de los países que están en franca situación de pobreza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor secretario de Estado, agradecemos su intervención.
Quiero recordar a los comisionados y al Gobierno que el debate de esta mañana en la comparecencia del secretario de Estado es para dar trámite al artículo 15 de la Ley de Cooperación al Desarrollo y, por tanto, lo que deberíamos debatir y
discutir prioritariamente es el plan anual. Digo esto porque el contenido de los dos temas que ha introducido el señor Cortés, la cumbre de Monterrey y el informe del CAD, tienen una dimensión tan importante, tan trascendente que justificarían como
mínimo dos sesiones casi monográficas centradas en estos dos aspectos. Sobre estas cuestiones voy a hacer dos comentarios muy breves y me voy a centrar en el objeto del trámite que estamos resolviendo, que es este debate del plan anual, al margen
de que la actualidad del CAD y de Monterrey marcan también esta discusión y de que, en el contexto de un debate parlamentario amplio sobre la política de cooperación al desarrollo, es bueno que también lo tengamos presente. (El señor
vicepresidente, Fariñas Sobrino, ocupa la presidencia.)
Monterrey, como cualquier documento de consenso, permite muchas lecturas y eso tiene muchas virtudes. Cada uno desde sus opciones políticas lógicas, de sus preocupaciones personales, puede poner el acento en determinados aspectos. Eso es
correcto. Monterrey nos da un listado muy amplio de políticas a desarrollar en los próximos años en muchos campos concretos.
La otra virtud que tiene Monterrey es que por primera vez -ahí cada uno podrá valorarlo- se reconoce que el objetivo de
erradicar la pobreza en el mundo va a ser el resultado de la puesta en marcha de muchos instrumentos diferentes, que ni el simple comercio va a acabar con la pobreza, ni el simple incremento de la AOD va a acabar con la pobreza, ni la simple gestión
inteligente de la deuda externa va a acabar con la pobreza, ni la simple implementación del buen Gobierno va a acabar con la pobreza, sino que son una multitud de instrumentos diferentes que, bien combinados y adaptados a la realidad de cada país,
pueden dar respuesta a ese problema. Yo veo la principal virtud de Monterrey en esa línea de consenso. Quizá el principal defecto de Monterrey es la falta de compromisos concretos a nivel presupuestario. Eso es lo que hace que todos podamos
utilizar Monterrey siendo conscientes de cuáles son sus límites. Dicho esto, quiero insistir en que vale la pena que un día debatamos a fondo lo que ha sido la cumbre de Monterrey en esta Comisión o en el Pleno. Creo que
ya hay alguna iniciativa de algún grupo en la línea de conocer qué consecuencias van a tener para los Presupuestos Generales del Estado los compromisos asumidos días antes de la reunión de Barcelona en aras a alcanzar los objetivos marcados
por la Unión Europea de ese 0,39 de ese 0,36.
Otro debate que ha planteado el señor Cortés es el relativo al CAD. El informe del CAD merecería una sesión monográfica de la Comisión para analizar sus recomendaciones. Los informes del CAD también tienen muchas lecturas y el señor
Cortés, que es un hombre inteligente, ha enfatizado en aquellos aspectos que son más favorables a las políticas que el Gobierno ha desarrollado hasta ahora, incluso aquellos aspectos que pueden reforzar sus preocupaciones en esta legislatura. El
informe del CAD recomienda un incremento de los recursos orientados a la reducción de la pobreza, especialmente en salud y en educación, pone también mucha fuerza en una mayor eficiencia de los recursos destinados por España, no tan sólo del resto
de los agentes, sino de la Administración central del Estado. Finalmente, introduce una cuestión fundamental: la coherencia del conjunto de las otras políticas que afectan a los países pobres. El informe del CAD insiste en la necesidad de que las
políticas de comercio, de agricultura, de transferencia de tecnologías, las otras políticas, sean coherentes con los objetivos de erradicación de la pobreza. Y ese es un debate pendiente en España. No hemos introducido esa coherencia en los
instrumentos y tenemos muchas contradicciones, señor Cortés, que son transversales al arco parlamentario. Todos compartimos esas contradicciones entre el objetivo de erradicar la pobreza y nuestras prioridades en el ámbito de nuestra política
comercial, de nuestra política de agricultura y en nuestra política de transferencia de tecnologías.
Quiero hacer un último comentario. En cuanto a los riesgos a evitar en todas las políticas, pero especialmente en aquellas como la de cooperación al desarrollo, está el riesgo de intervencionismo de cualquier tipo. La inteligencia básica
que debemos tener en esta materia es entender que el consenso que permitió que la Ley de Cooperación al Desarrollo se aprobase en la pasada legislatura es básico. Todos sabemos que en esta legislatura ha existido un retroceso importante en el buen
clima de diálogo social entre los grupos políticos y los grupos sociales que se había conseguido en la pasada legislatura. Eso tiene que ver mucho con talantes, con actitudes, con discursos y debemos procurar corregirlo.
Si no somos capaces en
esta legislatura de mejorar talantes, actitudes y discursos, el consenso que nos permitió ser eficaces en la pasada legislatura quizá a corto plazo no afecte a nada, pero va a hacer mucho daño en el medio plazo al conjunto de los agentes que
intervienen en ese ámbito. Eso está en el ambiente y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de un amplio debate.
Sobre el plan anual, quiero hacer dos comentarios previos también.
Primero, no es el plan que hubiese aprobado Convergència i Unió si estuviese en el Gobierno del Estado y por tanto, no compartimos buena parte de sus consideraciones.
Segundo comentario, tenemos un problema que no está bien resuelto, que es el trámite que estamos sustanciando en estos momentos. Hemos mejorado la gestión del tiempo respecto al año pasado en que veíamos el plan del 2001 en el último trimestre.
Hoy dictaminamos el plan del 2002 aprobado por el Consejo de Ministros hace escasas semanas en el segundo trimestre del año 2002. Todos sabemos los límites que tiene este debate y deberíamos buscar mecanismos que nos permitiesen tener una sesión a
fondo con el Gobierno en el último trimestre de este año, mientras el Gobierno gestiona el proceso que prevé la ley de debate con los agentes sociales e internamente en la elaboración del plan en el propio Parlamento para que la participación del
mismo en la gestión de los planes anuales fuese más activa. Si no, tenemos el riesgo de devaluar este trámite y el del próximo 8 de mayo. En el espíritu de la ley tenemos márgenes que nos pueden permitir ser más útiles al Gobierno en la definición
de estas políticas. El Gobierno saldría enormemente reforzado en su legitimidad política si en la aprobación de ese plan tuviese el concurso del Parlamento, no ya una vez aprobado el mismo, sino previamente. Invito a los grupos y al Gobierno a que
estudiemos fórmulas previstas en la práctica parlamentaria, en los reglamentos, que nos pueden permitir ser más útiles en ese objetivo.
Respecto al plan 2002, igual que de 2001, continúa teniendo dificultades a la hora de entender cuáles son las prioridades del Gobierno, los mecanismos que nos permiten hacer un seguimiento de las políticas marcadas el año anterior, los
objetivos alcanzados, la relación entre esas políticas y los marcados en el plan del 2000. Son documentos con mucha literatura que no permiten una evaluación precisa de los compromisos gubernamentales en esa materia, un control parlamentario y
político de la acción del Gobierno, una evaluación de esa acción del Gobierno. Ahí hay una cuestión pendiente importante. El plan no supone un aumento de esos recursos destinados a la erradicación de la pobreza y especialmente en servicios básicos
como educación y salud; en el campo de la educación, en la educación primaria. Deberíamos ser capaces de entenderla como central y creo recordar que el plan propone una actuación sectorial bien elaborada en este ámbito de la educación. Si es así,
bienvenida sea esa propuesta y la estudiaremos con mucho interés. En materia de cooperación multilateral, el plan debería incorporar una mayor ambición y un mayor compromiso del Gobierno español, especialmente en el ámbito del sistema de Naciones
Unidas. Me parece recordar -si no es así, le ruego al señor Cortés que me corrija y me disculpe- y me sorprende, quizá es un tema anecdótico, la no referencia a ACNUR
entre el listado de organizaciones internacionales donde el Gobierno dice centrar su atención. Sin haberse resuelto bien, es un debate presente en Valencia en estos días; también está el problema de cómo incorporamos las cláusulas
democráticas y de derechos humanos de manera efectiva a nuestra política de cooperación al desarrollo. Ahí tenemos un ámbito muy importante en el que avanzar. El plan reconoce por primera vez una vinculación entre los aspectos de inmigración y
cooperación al desarrollo, como recordaba la señora Julios, y lo incorpora en su dimensión de orientación. En cambio, cuando entramos en las propuestas concretas de los países, ahí no continuamos avanzando. Creemos que es muy bueno que se haya
incorporado por primera vez en un documento de la política oficial de cooperación española esa dimensión, pero luego lamentamos que no lo podamos concretar. Vemos que no existe coherencia en la referencia que se hace a la prevención de conflictos,
asunto que el Gobierno debería de estudiar para dar una coherencia a su política en ese ámbito. Se dibujan instrumentos diferentes, a veces aislados unos de otros. Existen experiencias en la Unión Europea que nos permiten dar una coherencia en ese
ámbito de la prevención de conflictos.
Finalmente, las referencias a la nueva prioridad asiática, que forma parte de la política exterior del Gobierno, enfatizan mucho más la dimensión comercial de la política de cooperación al desarrollo, que es el objetivo de erradicación de la
pobreza, al menos en la parte introductoria del plan. Tampoco nos sentimos excesivamente cómodos en ese planteamiento. La orientación debería de haber sido otra. Evidentemente, el plan no da respuesta a ese crítica que el CAD formula, que es la
coherencia del conjunto de nuestras políticas. En los próximos años deberemos mejorar nuestros compromisos, no tan sólo los de la secretaría de Estado, sino los del conjunto del Gobierno y las adaptaciones al ámbito de su política comercial, de
cultura, de defensa, de transferencia de tecnologías.
Esperamos que en el debate de los próximos días en el seno de la Comisión podamos consensuar esos objetivos comunes de cara al futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A continuación, tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señor secretario de Estado, ante todo le pido disculpas por el retraso en incorporarme a la sesión de esta Comisión.
Fanático como soy de los transportes públicos, he sido víctima de ellos esta mañana.
Agradezco, igualmente, la amable retirada de las banderas que nos estaban presidiendo, porque podría haber hecho un chiste por su causa, y lamentablemente no lo puedo hacer. Aunque sigamos tanto las indicaciones, como se nos ha dicho, de
Monterrey, de los Estados Unidos, ver presidiendo su bandera, que me encanta -es un país aliado y amigo-, me parecía un poco extraño.
Vamos al tema que nos ocupa. Como decía hace un momento el señor Campuzano, el motivo de esta comparecencia es dar trámite, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley de cooperación, al plan anual de cooperación de España. El secretario de
Estado -y se lo agradezco cordialmente- nos ha dado una excelente explicación, desde luego desde su punto de vista, de los resultados tanto de la conferencia de Monterrey, como del informe del Comité de Ayuda al Desarrollo. Primero quisiera hacer
un pequeño recuerdo de que pocos días antes de la conferencia de Barcelona, el Pleno de esta Cámara debatió una proposición no de ley que iba en el sentido que después se acordaría en Barcelona y que vemos, por fortuna, que se incorporó al acervo de
la conferencia de Monterrey. Creo recordar -y si estoy equivocado me pueden corregir los miembros de la Mesa- que el partido de la mayoría, el Partido Popular, votó en contra de esta proposición no de ley. Afortunadamente dicen de manera castiza
en nuestro país que rectificar es de sabios y me encanta que el partido que apoya al Gobierno y el Gobierno hayan rectificado porque en ese punto sí que estamos de acuerdo; lo estábamos cuando lo propusimos, ahora con mayor razón lo estamos.
Las consecuencias, tanto de los acuerdos de Barcelona de la Unión como del consenso de Monterrey, llevan aparejadas una actualización de los compromisos de España respecto de esa proporción del producto interior bruto, que, por cierto, hemos
debatido muchas veces si era un indicador razonable o no; ahora lo es y estamos satisfechos de que lo sea y estamos enormemente satisfechos de que esos compromisos se hayan adquirido en una sede, la conferencia de Monterrey, que es legítima, como
es también legítima cualquiera aspiración que se formule desde la cortesía y la convicción, ya sea por organizaciones sociales, ya sea por un modesto portavoz de oposición, en este caso quien les habla. Son legítimos todos, académicos o no
académicos. Me sorprende que nuestro secretario de Estado tenga tanta reticencia respecto al ámbito académico. El ámbito académico siempre tiene una obligación, al menos que yo recuerde, que es crear ideas, estimular los debates y hacernos avanzar
a todos. Quizá los no académicos, como nosotros ahora que somos políticos, debemos escuchar con atención sus ideas y responder a sus estímulos, en mayor o menor medida, según la convicción de cada cual.
Rehacer ese consenso que inspiró la ley y que enfatiza el Comité de Ayuda al Desarrollo -y me alegra que el secretario de Estado remarque- es una necesidad que nos lleva de nuevo a otro ámbito. Es decir, aquellos acuerdos, ese camino hacia
el 0,7, más o menos mítico, pero un estímulo, requieren adaptaciones sucesivas. Nosotros vamos a proponer, señor presidente, señor secretario de Estado -creo que la tenemos registrada
ya y, si no, que me corrija mi compañera en la Mesa- una proposición no de ley instando al Gobierno a que tome las medidas oportunas para que el acuerdo de Barcelona, el acuerdo de Monterrey, tengan su plasmación en el plan anual de
cooperación de 2002; nuestro voto sería favorable si ustedes traen una modificación y estaremos absolutamente de acuerdo.
Este es, en gran medida, el fondo del asunto. El señor secretario de Estado sabe que hemos tenido siempre ese consenso para legislar la Ley de 1998, porque la aspiración común es que España tenga en la política de cooperación uno de los
pilares básicos de su política exterior, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo. De sus palabras, de alguna expresión pública que he podido leer y de algunas reuniones que se han tenido recientemente, puedo deducir que habría una cierta
derivación hacia otras administraciones del Estado que son Estado, como las comunidades autónomas o las corporaciones locales, respecto de la ayuda oficial al desarrollo. Como recordaba el portavoz de Convergència i Unió, este tal vez sea un día
motivo de un debate. Ni mi grupo ni yo quisiéramos pensar que la derivación hacia comunidades autónomas y ayuntamientos o entidades locales fuera en detrimento de una responsabilidad que es del Estado en dos sentidos: la ayuda oficial al
desarrollo de la Administración general del Estado, por un lado, y de otra la coordinación, eso sí, de las acciones de cooperación internacional al desarrollo de otras administraciones. Al igual que este portavoz con reiteración ha insistido en que
debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores quien lidere el Comité de Ayuda al Desarrollo, se alegra enormemente de que el secretario de Estado lo diga, de que lo diga el Comité de Ayuda al Desarrollo y desde luego estaremos pendientes de seguir
este asunto. Nos dice el informe del Comité de Ayuda al Desarrollo, y tiene razón, que habría que seguir el debate respecto de los créditos. ¿En qué sentido? Hemos venido diciendo en numerosas ocasiones que no tenemos nada en contra de la
promoción económica de las empresas españolas en el exterior -y quien les habla viene de una región donde la pléyade de pequeñas y medianas empresas requiere de esa ayuda del Estado para su promoción exterior-, pero que no cabe confundirlo con el
objetivo de lucha contra la pobreza, de lucha por la igualdad de género, por la salud reproductiva, por la educación básica, etcétera, que son las prioridades, esas sí, que consensuamos en la ley y que dimos nuestra opinión -otra cosa es que se
tuviera más o menos en cuenta- cuando debatimos el plan director de la cooperación española.
En síntesis y para no alargarme en exceso, puesto que en este trámite se trata fundamentalmente de escuchar la explicación del Gobierno sobre el Plan de cooperación anual, quiero decirle, como no podía ser de otro modo, que éste no es el
plan que el Partido Socialista en el Gobierno, y espero que sea pronto, hubiera hecho, no lo es. No lo digo acremente, sino con cordialidad, creo que no se aviene o no se ajusta a la Ley de 1998 y sus objetivos y, por supuesto, no se ajusta a los
más recientes acuerdos que el señor secretario de Estado nos ha contado esta misma mañana. Nosotros, en el plazo establecido, el día 8 de mayo -se lo recuerdo al señor portavoz del Partido Popular-, podremos debatir las propuestas de resolución que
el Gobierno nos ha presentado respecto del plan anual.
En síntesis, esto es cuanto quería decir. Quiero agregar, como cierre, que comparto la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la necesidad -iniciativas puede haberlas al respecto- de debatir las
conclusiones, tanto del informe del Comité de Ayuda al Desarrollo como de Monterrey y, por qué no decirlo, con alguna referencia, si me permiten -mi origen es el que es-, a la conferencia que concluyó ayer en Valencia respecto de la ayuda al
desarrollo, dentro de esa prioridad que señala el plan director y que aceptamos todos, respecto del Mediterráneo y el Magreb, especialmente, en lo que concierne a las políticas activas para la reconstrucción después de la devastación en Palestina.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Muchas gracias, señor Pérez Casado. Queda usted disculpado, entre otras cosas porque sabemos que no es su costumbre llegar tarde a esta Comisión. En cualquier caso, esta Presidencia le anima a
que siga utilizando el transporte público.
(Risas.)
A continuación, y para cerrar el turno de intervenciones, tiene la palabra el señor Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular agradece la comparecencia del secretario de Estado, que es voluntaria; no especifica la Ley de cooperación que tenga que hacerlo, pero lo ha venido haciendo desde
principios de legislatura de esta manera, lo cual denota claramente, en nuestra opinión, el interés del Gobierno y del propio secretario de Estado por dar participación a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Lo preceptivo
según la ley es el debate del dictamen del Plan de cooperación. Por tanto, nosotros, señor secretario de Estado, agradecemos el esfuerzo que año tras año hace por comparecer ante esta Comisión para debatir previamente con los diputados y diputadas
el Plan Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El otro día tuve la ocasión, como la hemos tenido los grupos parlamentarios desde hace tiempo, dado que en esta época España es visitada profusamente por parlamentarios y responsables de las relaciones internacionales en general de muchos
países de Europa y del mundo, de comentar los contenidos de dicho plan con un colega parlamentario de un país del norte de Europa, y voy a transmitir algunas de sus palabras porque pudimos debatirlo con alguna profundidad, dado que
teníamos tiempo. En primer lugar, lo que llamó la atención a nuestro colega fue la coherencia del plan y, en segundo lugar, que estuviera basado en planteamientos de un profundo conocimiento de la realidad internacional. Si alguien lee el
plan con profundidad, con detenimiento, con sosiego, inmediatamente lo aprecia, fuera de planteamientos políticos o de planteamientos ideológicos o de la legítima posición de turno contraria, cuando a uno le corresponde estratégicamente hacer
oposición o criticar, que siempre es bueno, dicho sea de paso, porque si no hubiera crítica no avanzaríamos o avanzaríamos muy poco, lo cual sucede en muchos países de los que nos ocupamos.
Nosotros pensamos, señoras y señores diputados, que este plan es impecable porque refleja de una manera extraordinariamente concreta la agenda internacional y responde en todos sus términos a la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, es decir, no tiene ni una sola contradicción. Las propuestas activas y concretas que se establecen sobre los determinados países y regiones de nuestra cooperación, están basadas en un profundo conocimiento de la realidad. Es un plan
equilibrado, moderado en sus planteamientos, pero, además, coherente y, por tanto, lógico. Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha dicho que alguna vez deberíamos plantear el debate de la coherencia. El debate de la
coherencia de las políticas de cooperación internacional se planteó por primera vez por este Gobierno en 1997, cuando se trajo a la Cámara la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Recuerdo la aportación importante del portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que hizo a la Ley de cooperación con el apoyo del Partido Popular (merece la pena traerlo a colación, fue el hoy alcalde de San Cugat, el buen diputado, amigo y compañero Lluis Recoder), que
introdujo, y todos le apoyamos, un artículo 4 que hablaba de la coherencia. A mí me parece que los niveles de coherencia pueden ser mejores o peores, y si debatiéramos sobre cuestiones concretas de si se es coherente o no se es coherente en
determinadas políticas, podíamos incluso hasta ponernos de acuerdo en los problemas de coherencia y avanzar en la coherencia de nuestra políticas, pero no puedo admitir que se diga que no se ha planteado el debate de la coherencia, porque nuestro
Plan de Cooperación para 2002, como me decía nuestro querido amigo y diputado holandés, es un plan coherente, donde todos los instrumentos del desarrollo están imbricados, desde el punto de vista no solo teórico sino práctico, de una manera
equilibrada. Por ello, nosotros le felicitamos por el esfuerzo que se ha hecho, que se mejora cada año en la concreción del plazo. El año anterior se nos acumuló el debate del plan director y del Plan anual 2001, y la Secretaría de Estado asumió
el compromiso de traernos un plan anual más concreto y basado sobre presupuestos más reales. Ya lo tenemos aquí.
Nos llama profundamente la atención, y creo que es preciso resaltarlo, que los aspectos de la liberalización comercial, la integración económica, la modernización económica de los países, su desarrollo, el fomento de la democracia del Estado
de derecho, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la pobreza, están perfectamente relacionados en el plan, en sus exposiciones previas y también en sus objetivos concretos por regiones y países. Es preciso decirlo; otra cosa es que
nuestras políticas sean más o menos eficaces, y para eso está el examen del CAD.
Yo creo que es muy oportuna la referencia que el secretario de Estado ha hecho al examen de la ayuda española en los últimos cuatro años. Es un examen que se produce,
como muy bien ha dicho, cada cuatro años, y es importante porque el último examen fue en 1998, precisamente con la aprobación de la ley. Los resultados ahí están, sometidos al examen de observadores internacionales; nos debe de llenar de
satisfacción porque las políticas de cooperación para el desarrollo son políticas de Estado y políticas de consenso. Así salió la Ley de cooperación. La Ley de cooperación salió con un gran consenso parlamentario, pero yo recuerdo a SS.SS. que no
tuvo un gran consenso social, aunque sí un importante consenso social. Las voces que entonces criticaron la Ley de cooperación en determinados sectores, probablemente académicos y que, con todos los respetos, parece que muchas veces no se basan en
la realidad de los hechos, hoy siguen criticando determinados aspectos, pero son, en mi opinión, incluso en la sociedad, especialmente minoritarias. Nosotros, señor secretario de Estado, agradecemos su comparecencia y su información por el examen
del CAD, que nos parece muy bien traída, muy oportunamente traída, lo cual no impide que podamos hacer un debate, en el futuro, más en profundidad.
Nos parece que este Plan de Cooperación es impecable, nos parece que es un plan equilibrado, nos parece que es un plan lógico, es un plan completo y merece la pena debatir en profundidad sus contenidos. Lo haremos probablemente el día 8,
cuando tengamos ocasión de comparar las diferentes propuestas de resolución. Después de tanto tiempo, nos gustaría que fueran un poco más concretas, que no habláramos siempre de lo mismo, utilizando grandes palabras y discursos que muchas veces
están muy poco basados en la realidad, sin que esto suponga ninguna crítica a nadie, pues no me corresponde hacerla.
Al Grupo Parlamentario Popular le parece también -y con esto termino, señor presidente, señor secretario de Estado- que el consenso internacional alcanzado en Monterrey es de extraordinaria importancia para el futuro de la cooperación
internacional para el desarrollo y, en definitiva, para el futuro de las relaciones internacionales. Vamos a intentar dejar en el cajón los debates ideológicos -aun siendo muy importantes las ideologías en las que creo profundamente- de los
expertos en desarrollo, que hace años eran fundamentalmente
economistas y planteaban ecuaciones econométricas sobre el crecimiento, la pobreza, el hambre en el mundo, etcétera. Todo esto está muy bien, pero hoy constituyen un sector muy minoritario los que piensan que sólo con la transferencia de
recursos se pueden practicar políticas de desarrollo.
Este, como digo, es un sector minoritario. Ni siquiera hace falta ser liberal o defender la libertad de mercado para pensar que hacen falta otras cuestiones como el fortalecimiento
institucional, el buen gobierno, la democracia, los derechos humanos. La economía se puede liberalizar, pero si no se apoyan - como dice este plan- los procesos de regularización y de fortalecimiento de las instituciones capaces de velar por la
libertad de mercado, la competencia, la seguridad jurídica, etcétera, poco podemos hacer. Todas estas cosas se encuentran en este plan, pero también está orientado a la lucha contra la pobreza, como no podía ser de otra manera.
Con esta breve intervención, queremos llevar al ánimo de SS.SS la coherencia de unos planteamientos que no son sólo ideológicos, sino especialmente políticos. El hecho de que el paraguas de nuestra cooperación internacional se base - como
dijo el secretario de Estado al inicio de su intervención- en la experiencia de España y que así lo haya refrendado el CAD (nuestra transición política, nuestra modernización económica, nuestro desarrollo institucional y nuestra Constitución), que
puede servir como ejemplo que lidere el desarrollo en otros países, es algo de extraordinaria importancia para todos nosotros, más allá del legítimo debate político y de las diferencias que podamos tener. La cuestión de los recursos es importante,
pero no es la única cuestión.
El Grupo Parlamentario Popular no rechazó porque sí una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno de la Cámara - proposición que instaba al Gobierno a tomar determinadas posiciones en la cumbre de Barcelona o en la
conferencia de Monterrey- , sino porque ya las había tomado y porque era público y notorio, a través de los medios de comunicación, el esfuerzo del Gobierno y la propuesta de España de liderar un movimiento en la cumbre de Barcelona para alcanzar lo
que luego se logró con gran esfuerzo. Por cierto, señor secretario de Estado, yo debo felicitar a la delegación española por el trabajo que se hizo en ese sentido con todos los países de la Unión y el papel destacadísimo de España en la conferencia
de Monterrey. Les recuerdo a SS.SS que la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ya había aprobado un mes antes una proposición no de ley sobre los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea y de la cumbre de
Monterrey.
Termino, señor presidente, agradeciendo al señor secretario de Estado su intervención y esperando que el debate del día 8 sobre las propuestas concretas de resolución de dicho plan sea un debate un poco más en profundidad que algunos
planteamientos excesivamente generales que se han vertido esta mañana en la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A continuación y para contestar a los distintos portavoces, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, quisiera plantear algunas consideraciones generales sobre el carácter y la naturaleza de este debate.
Efectivamente, como ha recordado el señor Izquierdo, lo que prescribe la Ley de cooperación es que el Gobierno remitirá a la Cámara - posteriormente a su aprobación, señor Campuzano- el plan anual al que se refiere el artículo 8 para su
debate y dictamen. No dice que tenga que venir el Gobierno a presentarlo o explicarlo, lo que sí tiene que hacer es remitirlo posteriormente a su aprobación; no lo puede hacer antes, imposible. Otra cosa es que, ahora, S.S. diga que ese aspecto
de la ley esta mal hecho; se puede revisar el procedimiento porque esta normativa no son las tablas de la ley. Yo creo que se trata de un buen instrumento, porque hay un acuerdo, pero no valdría invocar consensos de manera alternativa, aunque aquí
se haya manifestado tanta afición por las segundas, terceras o diferentes lecturas de los textos escritos. Cuando estudié derecho, me enseñaron que la primera lectura que había que hacer era la literal y, luego, entrar en las interpretaciones.
El artículo 15 de la ley dice un poco antes de esto que acabo de leer que el Congreso de los Diputados debatirá anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de cooperación
internacional para el desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Yo podía haber leído simplemente en mi intervención las 37 páginas más todo el marco presupuestario del Plan anual de cooperación, pero creo que hubiese sido una sesión con
muy poco interés. Este plan se ha enviado con anterioridad a SS.SS y es algo que ustedes tienen que estudiar y después debatir en la Comisión. Sin embargo, lo que sí dice la ley es que, a propuesta e iniciativa del Gobierno, el Congreso de los
Diputados debatirá anualmente, en la forma que se determine, la política española de cooperación internacional al desarrollo. En esta política han concurrido hechos relevantes como son la conferencia de Monterrey y el examen del Comité de Ayuda al
Desarrollo.
Junto con una presentación muy sucinta del plan, me he puesto a disposición de SS.SS por si querían que entrase en mayores detalles, aunque nadie lo ha planteado. Me parece enormemente relevante lo que ha ocurrido tanto en Monterrey
como con el Comité de Ayuda al Desarrollo que tiene mucho que ver con el plan porque lo que ha hecho el Comité de Ayuda al Desarrollo es decir que las líneas
que se habían marcado, algunas de ellas puestas en cuestión, están plenamente respaldadas. Es decir, lo que concreta el Plan para el año 2002 cuenta plenamente con el respaldo del Comité de Ayuda al Desarrollo, en lectura literal del mismo,
no en otras lecturas, que no sé cuáles deben ser, pues confieso que yo no sé leer más que literalmente, aunque haya otras personas que piensen que hay que hacer segundas, terceras y cuartas lecturas de la Constitución, de los Estatutos y de otras
cosas.
Yo creo que los textos jurídicos y documentos políticos hay que leerlos y no andar con otro tipo de lecturas, porque lo que está claro no necesita interpretaciones; éstas hacen falta para colmar lagunas o si los conceptos no están claros en
algunos asuntos.
Hecho este comentario general, insisto en que yo no he venido aquí a hablar del Plan anual de Cooperación, sino que he venido a hacer una presentación del plan; de eso tiene que hablar la Comisión y yo no interfiero en lo que tiene que
hacer la Comisión, como seguro que entiende el señor Pérez Casado que tampoco tengo nada que ver con la escenografía que decida desplegar el Parlamento. Por lo tanto, comparto con el señor Pérez Casado que me siento mucho más cómodo siendo
presidido sólo por esta bandera; en cualquier caso, no tengo nada que ver con esa escenografía y lamento que al señor Pérez Casado le hayan privado de hacer una ironía y a todos los demás de disfrutar con su fino sentido del humor. Eso es lo único
que lamento, pero no es responsabilidad del Ejecutivo, de eso sí que no tenemos la culpa; a lo mejor de todo lo demás, incluidas las deficiencias del transporte público, la podemos tener, pero de eso quédense las críticas en el ámbito estrictamente
parlamentario.
La señora Julios ha planteado distintas cuestiones que voy a intentar contestar, algunas ya las he contestado y otras lo iré haciendo porque han sido reiteradas por otros intervinientes. Sí me importa resaltar dos cuestiones que ha
planteado al principio. Por un lado, decía que era insuficiente lo que ha salido en Monterrey por las expectativas que se habían creado. Expectativas se habían creado varias, pero desde luego las más intensas que había eran las del sonoro fracaso
de Monterrey, esas eran las que estaban, no sobre el ambiente sino en las informaciones periodísticas, en los documentos, en los escritos que se habían hecho o en las reuniones preparatorias que había habido. Había quien decía que era mejor que se
produjese un nuevo Durban para que se viese dónde estaba cada quien y que había unos más amigos del mundo en desarrollo y otros los malos de la película. Estas eran las expectativas que había, por tanto lo que se consiguió en Monterrey está mucho
más allá de las expectativas, porque las expectativas eran las del fracaso y de forma muy evidente; incluso se dijo que no se iba a celebrar la conferencia, lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos Mejicanos, a menos que se garantizase
que iba a tener un acuerdo y que no iba a ocurrir como en Durban o como en Seattle; los países del Juscannz dijeron que no irían a Monterrey si se iba a hablar en los términos que figuraban en un primer documento preparatorio, que fue completamente
rehecho en un segundo documento, y los países del G-77 también dijeron que esas posturas no eran aceptables.
En el seno de la Unión Europea había posiciones muy diferentes, muy enfrentadas. Ahí la presidencia española jugó un gran papel -y el señor Izquierdo se ha referido a ello- jugó el papel que le corresponde a la presidencia. Salió bien,
pero jugó el papel que le correspondía a cualquier presidencia; primero, procurar que la Unión Europea tuviese una posición común y, segundo, conseguir que la Conferencia de Monterrey fuese un éxito, porque nos parecía una irresponsabilidad que la
primera conferencia internacional que se celebraba después del 11 de septiembre se viese marcada por un fracaso. Esto lo llevamos al Consejo de Ministros de Desarrollo, y lo llevó el ministro de Asuntos Exteriores al Consejo de Asuntos Generales, y
en ambos se dijo que se debía hacer un esfuerzo para que porque eso saliera bien. Había voces que decían que no, que lo importante era que se mantuviese la identidad y la posición europeas aunque eso supusiese que saltase por los aires Monterrey.
Se llegó a un acuerdo, por los procesos de formación de acuerdos que se tienen en el seno de la Unión Europea, acuerdos de debate, de aproximaciones, de renuncias recíprocas para llegar a posiciones comunes, y se mantuvo la posición común tanto en
el Consejo de Ministros de Desarrollo como en el Comité de Asuntos Generales. Se dijo que debía ser un objetivo europeo conseguir el éxito de Monterrey. Para eso trabajó la presidencia española, por propia responsabilidad, por propia convicción y
por mandato que teníamos del conjunto de los Estados miembros. Eso requería lograr el acuerdo europeo, el acuerdo europeo con los otros países donantes, muy singularmente con los Estados Unidos, y el acuerdo de los donantes con los receptores; en
eso nos hemos empeñado colaborando estrechamente con los organizadores, los mejicanos, y ha habido una colaboración espléndida y enormemente fructífera.
En consecuencia, estoy de acuerdo en que había unas expectativas, que no eran en la línea en que creo que lo planteaba S.S., a lo mejor eran las muy remotas o las que podía tener alguno, pero las expectativas eran las de fracaso y, sin
embargo, salió adelante.
Es insuficiente el nivel de transferencias. En eso hay una pequeña contradicción con lo que la misma señora Julios ha dicho un poco antes, que había elogiado que en Monterrey se dijese que no era sólo una cuestión de simple transferencia.
Si a lo que se refiere es a que es insuficiente el nivel de transferencias en el sentido de que si hubiese más podrían encontrar un buen destino, estoy completamente de acuerdo.
Ahora, el acuerdo que hay es sobre transferencias en unas cantidades y
en un contexto.
Sin embargo, sí creo que es altamente insuficiente, no el nivel de transferencias que creo que es correcto, sino la situación en muchos países del Estado de derecho, de la democracia, de la corrupción, del buen gobierno, la situación en
muchos países, -y ahora miro a este otro lado de acá-, del comercio. Eso sí que es insuficiente, y en eso es en lo que insiste Monterrey, no se trata sólo de transferencias, -que se trata-, sino que se insiste mucho más en el texto en todos estos
otros aspectos donde la situación es, para decirlo en términos castizos, como diría el otro, manifiestamente mejorable. Se habla de la corrupción como la gran lacra, como el mayor mal de los países en vías de desarrollo; se habla de la necesidad
del comercio como el principal elemento de desarrollo. Ahí tenemos todos mucho que decir porque no vale decir que hay que comerciar con todo menos con plátanos, o con todo menos con frutos secos, o con todo menos con pesca; hay que comerciar con
todo, eso es verdad y hay un problema de coherencia de todos, pero se va avanzando.
Ya se ha conseguido introducir varios párrafos donde se habla del comercio como el principal elemento de desarrollo y de los flujos de inversiones, que sólo
llegarán cuando haya seguridad jurídica en los países receptores de las inversiones, cuando haya Estados de derecho, cuando haya regímenes que inspiren confianza, donde haya seguridad ciudadana; si no, pues no habrá flujos de inversiones. La
inversión es un elemento esencial del desarrollo, lo dicen en Monterrey, pero sobre todo lo podemos decir los españoles que hemos sido receptores de enormes inversiones extranjeras y gracias a eso hemos logrado el desarrollo que hemos logrado.
Preguntaba la señora Julios cuál era el papel de España ahora, pues el papel de España fue trabajar por el consenso, el consenso europeo en cuanto a presidencia lo que se logró en Barcelona, y un esfuerzo muy grande por incluir algo que no
estaba en los primeros textos: la democracia, el Estado de derecho. Se pretendía que la cumbre de Monterrey fuese sólo una cumbre sobre financiación, y había quienes querían que sólo se hablase del porcentaje y que se pusiese en el punto de mira a
aquellos que no llegaban a ese porcentaje porque ellos sí lo tenían, eso lo querían algunos. Eso se cambió y el texto al que se llegó no tenía nada que ver con el inicial, que había presentado quien tenía la iniciativa, ni con las propuestas que
formulaban algunos otros países. El papel de España ha sido, y va a seguir siéndolo, conseguir mantener ese consenso y llevarlo adelante, porque efectivamente el consenso existe.
¿Cómo adaptar el plan director a los compromisos de Monterrey? Les recuerdo que el compromiso de Monterrey, compromiso de la Unión Europea de Barcelona, es llegar al 0,33 en el 2006, para lo cual hay que establecer un plan de ruta, y se
dijo en Barcelona, con el acuerdo de todos, que esto se tenía que hacer compatible con las propias exigencias europeas, lo que quiere decir en el marco presupuestario de estabilidad; eso es lo que se dijo en Barcelona. De hecho, la mayor
resistencia vino (se lo recuerdo al señor Pérez Casado cuando plantea iniciativas que efectivamente ya se habían tomado; hay quienes acuden en auxilio del vencedor), del Gobierno socialdemócrata alemán. Sin embargo, se consiguió, con flexibilidad
por parte de todos y también de los alemanes, precisamente porque se había hecho pública una posición del Gobierno, antes de que el Partido Socialista la reflejase en una proposición no de ley, por el ministro de Asuntos Exteriores, por el
presidente del Gobierno y más modestamente por miembros del consejo de desarrollo.
Tuvimos la reunión en Valladolid, una reunión informal de ministros de Desarrollo, y se planteó esta fórmula, que era una adaptación de la iniciativa británica -tampoco vamos a adjudicarnos todos los derechos de autor-, que pudiese ser más
aceptable para holandeses, escandinavos y alemanes. Intentamos que se lograse el acuerdo en Valladolid, y no se logró. No obstante, la propuesta de la presidencia ya estaba hecha y quedaba Barcelona; había que ir a Barcelona con un margen de
negociación, y allí se logró entre los jefes de Estado y de Gobierno.
La mejor forma de ir adaptando el plan director, que es cuatrienal y que se hizo antes de que existiese este compromiso -o el plan anual, que ya está aprobado con su correspondiente presupuesto-, es mantener el crecimiento por encima de la
media del presupuesto; es una de las cosas que aprecia el Comité de Ayuda al Desarrollo. No se refiere a la situación en la que estamos, sino al esfuerzo que estamos realizando los españoles; por eso se refiere a la cooperación española como
relativamente joven -hago de nuevo una traducción literal, no sé si caben otras lecturas también en esto-, y dice que el esfuerzo que se ha hecho en una cooperación relativamente joven es muy importante. Continuaremos en esta línea y habrá que
esperar el debate presupuestario. Insisto el acuerdo europeo es que esto se haga en el marco de los compromisos financieros y presupuestarios de la Unión, que han contado con el respaldo de esta Cámara; si ahora resulta que hay quien considera que
esto ya no vale y que se deben hacer excepciones al marco de estabilidad, es bueno que se plantee y que la opinión pública sepa dónde está cada quien. El Gobierno, por su parte, se atendrá a los compromisos adquiridos en el marco de estabilidad;
no quiere que, en lugar de recibir elogios por el logro del déficit cero e incluso superávit en alguna de las partidas, se le critique, como les ha ocurrido a otros gobiernos socialdemócratas, a los que se ha enseñado tarjeta amarilla por incumplir
los compromisos que habían asumido o aproximarse a su incumplimiento.
Además, la mejor garantía de continuidad de la ayuda europea al mundo en desarrollo es que las cosas vayan bien en casa, para que no haya sustos como el que hemos tenido
recientemente en el país vecino.
En cuanto al África Subsahariana, señora Julios, no es nuestra prioridad, -eso dice la Ley de cooperación-, pero actuamos en ella con bastante intensidad. Lo hacemos de dos maneras. Primero, de modo bilateral, como en otros países
prioritarios que le he señalado -Guinea Ecuatorial, los países lusófonos, Senegal, Sudáfrica y Namibia-; de este modo dedicamos una buena cantidad de dinero, más del 10 por ciento. Además, actuamos a través de nuestra ayuda multilateral. África
tiene unos niveles de atención de la Unión Europea muy superiores, desgraciadamente, a los de otras zonas del mundo. Nos gustaría que la ayuda europea fuese mucho más equilibrada, pero no lo es, está muy concentrada en África. Nosotros aportamos a
la Unión Europea el 8 por ciento del presupuesto de la ayuda comunitaria, y esa es nuestra contribución.
A finales de junio, habrá una reunión en la República Dominicana entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico. En ella se continuará el desarrollo del proceso de Lomé o Kotulu, y esperamos poder avanzar en los acuerdos
de asociación comercial. Con los países menos avanzados -africanos sobre todo, aunque hay también algún asiático- se firmó el acuerdo Todo menos armas. Claro que, luego, al Todo menos armas se pusieron algunas limitaciones, y me gustaría saber si
S.S. está en contra de ellas. Se dijo que se estableciesen períodos transitorios o de adaptación para el plátano, arroz y azúcar; yo creía que estábamos de acuerdo en ello, pero, si hay desacuerdo, es bueno que se sepa.
En cualquier caso, dentro de estas relaciones con África, la semana pasada firmé un convenio con el vicepresidente del Gobierno de Canarias para la incorporación de la Comunidad Autónoma de Canarias al programa Zar, que tiene que ver con la
coordinación de esfuerzos en la ayuda a esa zona del Mediterráneo -aunque también se extiende a Mauritania y a la zona atlántica- en materia de medio ambiente, entendido este en el sentido más amplio; no sólo conservación de especies, sino también
recursos agrícolas y pesqueros, ordenación del territorio, fortalecimiento institucional de las comunidades locales, etcétera.
Espero que la lectura que he hecho del artículo 15 haya dado satisfacción al señor Campuzano en cuanto al porqué de plantear el debate en estos términos. Insisto en que no tengo inconveniente en entrar a debatir el plan anual punto por
punto, si quiere que lo hagamos así. Como es competencia de la Comisión, me he limitado a presentarlo, pero, si quiere, se puede hacer así. Creo que resultaría bastante aburrido escucharme a mí contarlo, y es un debate que no me corresponde; yo
no soy el que tiene que votarlo, es competencia estricta de la Cámara. No obstante, si considera que hay que hacerlo así, se puede hacer.
Discrepo de S.S. cuando dice que Monterrey tiene muchísimas lecturas.
Comprendo que hay quienes tienen especial afición y un gran recurso electoral en las múltiples lecturas; yo soy partidario de las lecturas literales de los documentos,
y no de hacer segundas o terceras lecturas.
El acuerdo de Monterrey es muy claro en todos sus puntos, si queremos leerlo bien. El examen del CAD es muy claro también. No tengo más que la versión inglesa; podríamos hacer la segunda versión, a
través de la traducción del inglés y quizás encontraríamos matices. Todo lo que yo he dicho viene de la lectura literal de lo que dice el Comité de Ayuda al Desarrollo.
Refiriéndose a Monterrey decía que hay muchos elementos diferentes.
Efectivamente, creo que ese es el gran éxito de Monterrey, y ese gran éxito es la aportación española a Monterrey, si me permiten que lo diga, que se haya dicho que no es
suficiente tratar de financiación al desarrollo, que no basta con las transferencias de recursos, que hay que añadir muchas más cosas; que hay que añadir el comercio, el buen gobierno, la democracia, y también la ayuda al desarrollo, claro. La
cumbre estaba pensada para hablar sólo de financiación al desarrollo, y había algunos que querían que se hiciese únicamente una especie de juicio a quienes no cumplían con los porcentajes; pues se le dio la vuelta, y se hizo logrando el acuerdo de
los donantes y también de los receptores.
Decir que es insatisfactorio cuando los receptores consideran que es satisfactorio, es -en un dicho que puede tener muchas lecturas- ser más papistas que el Papa. Decir que no hay acuerdo cuando todos
están de acuerdo, no me parece adecuado. El gran avance ha sido que toda la comunidad internacional, receptores y donantes, todos, se hayan puesto de acuerdo para refrendar un texto. Hablamos de los gobiernos legítimos, los que tienen derecho a
expresarse por y en nombre de la comunidad internacional y no en su propio nombre, sean académicos o no - que ese derecho lo tiene todo el mundo, faltaría más-; únicamente sus representante pueden expresarse en nombre del país y de la comunidad
internacional. Por supuesto, no basta simplemente con el comercio, con el buen gobierno o con la democracia, pero, sin cualquiera de cada uno de ellos, no hay desarrollo. Esa es la conclusión de Monterrey, y es enormemente importante. Por eso
debemos estar todos satisfechos de que se haya logrado este acuerdo y podamos saber, por fin, cuál es el consenso internacional sobre el desarrollo. Y no lo que digan algunos, sin más criterio que el suyo personal que, cuando lo invocan, parece que
nadie puede discutirlo y el que se aparte de él es hereje; ahora, ya hay consenso.
Dice que faltan compromisos presupuestarios. No es verdad, hay compromisos presupuestarios, ya lo creo que los hay: el europeo, llegar al 0,39 en 2006 y, en el caso de España, llegar al 0,33 también en 2006. Eso es un compromiso.
Efectivamente, hay que buscar la coherencia y el Comité de Ayuda al Desarrollo así lo dice. No lo dice exactamente como lo ha planteado S.S.
En el punto séptimo -voy a intentar traducirlo lo más literalmente
posible- dice: Sin embargo, el debate en España sobre coherencia política aparece menos desarrollado que en otros países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo. Al Ministerio de Asuntos Exteriores se le debería dar un papel más fuerte
y la necesaria capacidad analítica para comprometer en el debate político a otros ministerios y actores, incluyendo la sociedad civil y los gobiernos regionales en áreas como comercio, transferencias tecnológicas, agricultura y pesca, por ejemplo en
los acuerdos internacionales sobre pesca de la Unión Europea, porque éstos, como bien conocen SS.SS., no son acuerdos nacionales, sino de la Unión Europea. O sea, que se le debe dar mayor capacidad analítica al ministerio y que la política de
coherencia existe en España, pero que no ha ido tan lejos como en otros países. Creo que tienen razón en lo que dicen, y lo considero, además, una recomendación positiva. Me parece que es muy bueno que se diga que la política de otros ministerios,
pero también de las organizaciones no gubernamentales -cuando en algún momento se dijo, y encontró algún eco parlamentario, que lo que se pretendía con el plan director era hacer que las ONG ejecutasen las órdenes del Gobierno-, según dice
exactamente el CAD, tienen que ajustarse a las directrices que marca la cooperación nacional, y desde luego las comunidades autónomas. De esto podemos hablar cuanto se quiera.
Hablaba el señor Campuzano de que hay un riesgo a evitar, que es el del intervencionismo. No sé a qué se refiere por intervencionismo. Si por intervencionismo se refiere a que se marquen unas directrices por parte de quien tiene la
responsabilidad por ley para hacerlo, lo que recomienda el Comité de Ayuda al Desarrollo es exactamente lo contrario. Dice que haya una mayor intervención, que haya un papel mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo dice en tres de los puntos
y en las recomendaciones finales. Dice que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales se atengan a esas directrices que se han fijado en el marco institucional que se ha creado en la Ley de cooperación. Eso es lo que dice el
Comité de Ayuda al Desarrollo en la única lectura posible, en la literal. No sé si el señor Campuzano es capaz de hacer una segunda o una tercera lectura de esto, pero yo, que probablemente por mis cortas luces no llego más que a la lectura literal
del texto, es ahí hasta donde llego. No dice nada el documento por ningún lado de retroceso de talantes o de actitudes. Eso debe ser una lectura mucho más original todavía. Lo que sí dice es que el consejo de desarrollo, que fue el más polémico
que se produjo, lo respalda plenamente y se felicita de que exista en los términos actuales.
Dice el señor Campuzano, y esto se ha dicho después, que este no sería el plan que hubiese aprobado CiU si estuviese en el Gobierno. Estoy seguro de ello, sobre todo teniendo en cuenta lo que hace CiU en el Gobierno donde está. Espero que
lo que no pretenda el señor Campuzano es que aquí hagamos lo que hace CiU donde está en el Gobierno, porque entonces estaríamos en unos niveles infinitamente más bajos de los que aquí se establecen, si nos fijamos en la cuestión de porcentajes.
Insisto en que yo no quiero hacer un debate sobre porcentajes, porque considero que eso no es lo más importante, pero, porcentaje por porcentaje, desde luego estamos en una situación claramente diferente. O sea, que tiene razón el señor Campuzano;
estoy seguro que si el Gobierno nacional hiciese lo que hace el Gobierno regional este no sería el plan que presentaría Convergència i Unió.
Un poco más difícil me parece, señor Campuzano, lo que ha pedido en cuanto a cambiar el procedimiento, porque hacemos simplemente lo que dice la ley. Aquí ya no ha mencionado segundas o terceras lecturas, sino el espíritu de la ley. El
texto de la ley dice que el Gobierno lo remitirá a la Cámara posteriormente a su aprobación. Y posteriormente a su aprobación no puede ser después de cuando ha sido. Podría haber sido en un Consejo de Ministros anterior, pero es imposible aprobar
un plan del Gobierno sin tener cifras presupuestarias ciertas. Y las cifras presupuestarias ciertas no se tienen hasta el 28 de diciembre, cuando se ha aprobado por esta Cámara la redacción final. Si contamos que luego hay una semana en Navidad,
cuando se pone en marcha todo el mecanismo interno, que tiene que ir a la Comisión general de secretarios de Estado y de subsecretarios y luego a aprobación por el Consejo de Ministros, es en el primero o en el segundo Consejo de Ministros de
febrero, pero no cabe otro procedimiento, si respetamos lo que dice la ley. Podemos cambiarla diciendo que la ley está mal hecha y debía establecer que hubiese un debate sobre el plan antes de que el mismo se apruebe. No es eso lo que dice la ley.
Yo esta ley no la voté, algunos de ustedes sí, pero estoy de acuerdo con ella. En cualquier caso, no la pude votar, porque no soy miembro de esta Cámara, pero ustedes sí pueden tomar medidas para que se reforme la legislación. Mientras la ley sea
la actual, este Gobierno la va a respetar escrupulosamente, incluso aunque haya aspectos que considere mejorables. Por lo tanto, no puedo aceptar que el procedimiento no sea el correcto y que esto le priva a esta Comisión del debate que tiene que
tener cuando ya ha sido aprobado. Eso es lo que se estableció en la ley que se aprobó con el acuerdo de todos los partidos políticos.
Mucho menos puedo aceptar, señor Campuzano, que me diga que el Gobierno saldría reforzado en su legitimidad política. El Gobierno tiene la plena legitimidad política que emana precisamente de esta Cámara. Podría haberlo formulado diciendo
que si se hiciese de otra forma, desde luego no incumpliendo el procedimiento legal, a lo mejor podría tener un mayor respaldo político, pero ha usado la expresión legitimidad política y tengo que rechazarla frontalmente. El Gobierno tiene la plena
legitimidad política una vez que ha obtenido
la investidura de esta Cámara y cada una de las propuestas que vienen tienen el respaldo de la Cámara en su expresión mayoritaria, tal y como son las reglas del juego. Por tanto, legitimidad política la tiene plena.
Es imposible que se
refuerce la legitimidad política. Se podrá reforzar el acuerdo social, se podrá reforzar el apoyo académico, si se quiere, o el apoyo político, pero no la legitimidad política. A lo mejor cuando habla de legitimidad política el señor Campuzano
está diciendo una cosa distinta de la que digo yo y también la legitimidad política tiene distintas lecturas, pero por la única lectura que sé y que he estudiado sobre legitimidad política tengo que rechazar frontalmente este planteamiento del señor
Campuzano.
Respecto de la cooperación con Asia, ha dicho que el plan enfatiza en la parte comercial. Es verdad pero, como bien conoce el señor Campuzano, una de las características de la cooperación española, que yo creo que es una de las ventajas
comparativas de la cooperación española, es que toda ella se hace, salvo en algunos casos en que no se reconoce puramente ayuda humanitaria, porque no se reconoce legitimidad al Gobierno del país al que se ayuda, de acuerdo con los países receptores
y resulta que esos países, en las comisiones mixtas que hemos tenido, nos han pedido precisamente que se ponga el énfasis en los aspectos comerciales.
Consideran que esa es la parte más importante que ellos necesitan para su desarrollo. Esto es
coherente con Monterrey, que dedica varios párrafos a señalar que el comercio es el principal elemento de desarrollo y que lo que necesitan esos países es, por un lado, que haya menos barreras arancelarias en los países que pueden ser importadores
de esos productos y, por otro lado, capacidad comercial. Eso es lo que nos han pedido y eso es lo que está haciendo la Unión Europea, con liderazgo español, por ejemplo, en la escuela de negocios en Shanghai, en Vietnam, o en Filipinas. Si está
dentro de sus posibilidades, la cooperación española procura hacer aquello que solicitan los países receptores. Esto nos parece que es mucho más respetuoso que la actitud arrogante de esos países desarrollados que además de ser más desarrollados
creen que son más listos y que saben mejor que los países receptores lo que necesitan los países receptores y entonces les mandan un proyecto que el país no quiere. Si el señor Campuzano considera que debemos cambiar este criterio en la cooperación
española, se puede debatir. Ya adelanto que la opinión del Gobierno es que se debe mantener este criterio y que la cooperación española debe mantener esta posición de ventaja, extraordinariamente valorada por los países receptores, en la que todo
se hace en el marco de una comisión mixta y por acuerdo de gobierno a gobierno. Este sistema no es un descubrimiento de este Gobierno, sino que es el tradicional que se ha venido practicando siempre. Ahora bien, si consideran que esto se debe
cambiar, se puede sugerir esa modificación y debatirla donde se tiene que debatir, donde se tiene que marcar la política de cooperación, que es en el Parlamento, que es la base de la legitimidad plena que tiene el Gobierno a la hora de ejecutar esa
política.
Respecto de la coherencia entre los ministerios, que ha vuelto a plantear al final, les diré que una de las razones por las que se ha modificado la composición del consejo de desarrollo es precisamente para que estén los ministerios que
actúan en cooperación junto con los otros agentes de la cooperación. No estaban antes y sí están ahora. Creo recordar que S.S.
fue uno de los que criticó el cambio del consejo. Ahora en el consejo están el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, no estaban antes, sólo había un representante de la Administración y todos los demás eran representantes de las organizaciones no gubernamentales, expertos,
universidades, sindicatos, empresarios, etcétera. Ahora es cuando están y este es un elemento que puede ayudar a reforzar la coherencia de la política del Gobierno y así lo reconoce y lo valora el Comité de Ayuda al Desarrollo. Por eso estamos muy
satisfechos de que esa reforma que se hizo y que fue contestada por algunas instancias parlamentarias y no parlamentarias, se vea reforzada por las recomendaciones y las conclusiones del Comité de Ayuda al Desarrollo.
El señor Pérez Casado me plantea una cuestión que me gustaría aclarar. Tan legítimo es lo que se diga en Monterrey como lo que diga cualquier persona, es evidente. Pero lo que yo he dicho, no lo que quiero decir, es que ahora es la primera
vez que tenemos un consenso internacional sobre desarrollo. Por tanto, sólo ahora podemos hablar con la legitimidad de un consenso. Hasta ahora se decía por alguien que había un consenso que era su propia opinión o su opinión compartida con otros,
pero un consenso internacional, es decir, expresado por la comunidad internacional sólo se ha tenido en Monterrey. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a opinar y mucho más los académicos, que tienen el deber de opinar. Yo no tengo ninguna
reticencia respecto de las opiniones de los académicos; es más, las animo. Tengo un poco menos de simpatía por los académicos que cuando cobran de la Agencia emiten un dictamen en un sentido y cuando escriben en un periódico, porque ya no cobran
de la Agencia, dicen lo contrario de lo que habían dicho cuando cobraban de la Agencia para emitir el dictamen. Sobre esos tengo un poco menos de respeto, pero tienen toda la legitimidad para no ser coherentes con las cosas que dicen en un sitio o
en otro. Permítame que mi aprecio por ese tipo de académicos -que, afortunadamente, no son tantos- sea un poco menor que por la de otros académicos que son coherentes en todas sus actuaciones.
Pero, evidentemente, no tengo ninguna reticencia.
También tengo un respeto un poquito menor por aquellos que sin ningún título dicen representar a quienes no les han dado la representación. Eso es bastante
frecuente. Yo he participado en algún debate, recuerdo en concreto en una emisora de radio, donde había alguien que era de una organización que se negaba a decir cuántos afiliados tenía -luego resulta que la organización tenía menos de
cincuenta afiliados-, pero que estaba permanentemente hablando en nombre de El Salvador. Le dije al moderador del programa que yo aceptaba que esa persona hablase en nombre de una asociación, pero que sería bueno que dijese a los oyentes cuántos
afiliados tenía. No lo dijo.
Lo que ya me parece un poco más sorprendente es que aquí alguien esté hablando en nombre de El Salvador con lo fácil que es que hable El Salvador en su nombre. Aquí tiene usted el teléfono de la ministra de Asuntos
Exteriores de El Salvador, llámela y que hable, porque allí hay un gobierno legítimo que puede hablar en nombre de El Salvador. Yo no me atrevo a hablar en nombre de El Salvador. Sí podía trasladar lo que me había traslado el Gobierno salvadoreño,
pero no hablar en nombre de El Salvador. Pretender hablar en representación de alguien sin tenerla es una actitud censurable y en esos términos me he referido a los que quieren hablar en nombre de la comunidad receptora, cuando la comunidad
receptora expresada por sus gobiernos legítimos resulta que está conforme con los acuerdos que se han logrado.
Decía el señor Pérez Casado que había que rehacer el consenso. El consenso se ha mantenido siempre, no ha habido ninguna quiebra del consenso que se había logrado. El consenso aquí se ha logrado en torno a la Ley de cooperación y eso nadie
lo ha puesto en cuestión y los consensos los ha logrado España en el seno de la Unión Europea, en el seno de la comunidad internacional, en dos fases, primera, con los donantes y, después, con los receptores. Le agradecemos mucho esto, pero no vaya
a suceder como con la proposición no de ley, y acudir raudo en auxilio del vencedor. El consenso ya está logrado y el camino del 0,7 está marcado, no al 0,7, está marcado al 0,39 por la comunidad.
La modificación del plan 2002 procedimentalmente la veo difícil, porque el presupuesto ya está aprobado, pero tal vez se pueda sugerir alguna fórmula. Yo lo veo difícil, sinceramente, pero lo ha planteado el señor Pérez Casado. No sé si se
le ocurre algún procedimiento que encaje dentro de nuestras reglas del juego, tanto las internas como los compromisos internacionales que hemos adquirido en el seno de la Unión Europea.
No hay ninguna derivación hacia las comunidades autónomas de la responsabilidad del Estado. Evidentemente, el Estado tiene que asumir su responsabilidad y la va a asumir. Así lo dijo el presidente del Gobierno.
Lo que sí conviene es pedir
a cada uno que asuma sus propias responsabilidades. Si todos somos agentes de la cooperación y si decimos que estos compromisos deben afectar a todas las administraciones públicas, recordemos a todas ellas que lo hagan. Hay algunas que ni siquiera
dan la información para que se pueda hacer la evaluación global de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que en el caso de España es compleja, como señala la OCDE, es una ayuda múltiple porque hay muchos agentes de cooperación: la Administración del
Estado con distintos ministerios, las administraciones autonómicas, las administraciones locales, las universidades y las organizaciones no gubernamentales. En este punto, quiero recordar que uno de los acuerdos que se lograron en el Consejo de
Ministros de Desarrollo es elevar a la OCDE que las desgravaciones que se obtengan por las donaciones privadas a entidades de ayuda al desarrollo se puedan computar también como ayuda oficial al desarrollo, porque tan ayuda oficial al desarrollo es
el gasto que se hace desde el presupuesto del Estado como la merma de ingresos que tienen esos presupuestos por las desgravaciones que se conceden. Esto tiene todavía mayor importancia cuando se está trabajando en una ley de mecenazgo que incluye
la desgravación por ayuda al desarrollo. Esto es algo que queremos incentivar. Queremos que haya una mayor generosidad, un mayor compromiso de la sociedad española. Una de las recomendaciones constantes de la Unión Europea, de la OCDE y de todos
los organismos internacionales ha sido la educación para el desarrollo, el animar a la población a que colabore con el desarrollo. Entre otras cosas, se ha hecho una campaña en medios de comunicación animando a la contribución y poniendo de relieve
lo mucho que ya se hace, porque creo que es bueno que los españoles sepan que España es una de las naciones más generosas de la tierra. Sin duda, podemos ir a más, pero es bueno que se reconozca lo mucho que se hace, como base para más allá.
Finalmente, el señor Pérez Casado dice que éste no es el plan que el PSOE hubiera hecho. De eso no me cabe ni la más remota duda y creo que tampoco les cabe a los españoles. Precisamente por eso tienen colocado al Partido Socialista en la
oposición, porque no les gusta el plan que el Partido Socialista hubiese hecho aquí ni el presupuesto que hubiese hecho aquí ni las leyes que hubiese hecho aquí. Creo que los españoles han decidido que ustedes estén en la oposición precisamente
porque ellos también están de acuerdo en que ustedes no harían las cosas como las hace este Gobierno, que es el que han querido que elabore los planes anuales. En este punto, señor Pérez Casado, como en tantos otros, también estamos de acuerdo.
Quiero terminar agradeciendo la intervención del señor Izquierdo. Me he referido a él a lo largo de la intervención porque, evidentemente, hay una sintonía plena entre lo que él ha planteado y las cosas que yo he dicho para responder a los
distintos portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Muchas gracias, señor secretario de Estado. A continuación, si los portavoces lo desean, la presidencia está dispuesta a concederles un último turno de intervención, breve, por tres minutos, no
más. En cualquier
caso, cerrará este turno de intervenciones el señor secretario de Estado.
Señor Campuzano, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero plantear tres cuestiones, y lo haré con la máxima brevedad en aras a cumplir los tres minutos.
Primer comentario. Yo no he cuestionado ni mucho menos el mecanismo previsto en el artículo 15. Simplemente digo, en aras a reforzar la legitimidad política de la propia actuación del Gobierno, que el que esa decisión fuese reforzada con
un debate previo en el último trimestre del año daría mucha más eficacia y utilidad a la intervención del Parlamento.
Eso lo podemos hacer cumpliendo la ley y aprovechando todos los mecanismos que el Reglamento de la Cámara prevé para que ésta
pueda participar en el impulso de la propia acción del Gobierno. Por ejemplo, una comparecencia del señor secretario de Estado a finales de año para explicar el borrador que en estos momentos está elaborando el Gobierno reforzaría esa legitimidad.
Segunda cuestión. Lecturas literales. Creo que el señor Cortés estará de acuerdo conmigo en que los textos que duran en el tiempo y los textos políticos importantes son aquellos que permiten lecturas porque, en términos jurídicos, la
lectura literal da de sí lo que da y nada más.
Tenemos el ejemplo de la Constitución americana, que puede permitir ser adaptada a los tiempos y ser capaz de que posiciones diversas puedan encontrar puntos de consenso. Ahí está el mérito de
Monterrey, que puede permitir al grupo G-67 ponerse de acuerdo con Estados Unidos cuando todos intuimos que las perspectivas son diferentes. De ahí la virtud de la Constitución española, que ha permitido durante algunos años una lectura diferente,
que ahora tiene una lectura más regresiva y que en otros momentos ha tenido una lectura mucho más positiva. Creo que debemos ser capaces de centrarnos ahí.
Tercera cuestión. Lamento que en su intervención haya respondido a mis consideraciones sobre Monterrey y el CAD y no a mis comentarios sobre el plan anual, que los he hecho y que van a figurar en el 'Diario de Sesiones' correspondiente. En
este sentido, quiero reivindicar una lectura literal del orden del día de la sesión de hoy. Primer punto: Comparecencia del secretario de Estado para informar sobre el contenido del Plan de cooperación para el año 2002, a petición de Convergència
i Unió; segundo punto: Comparecencia del secretario de Estado para presentar el plan anual, aprobado por el Consejo de Ministros de 8 de febrero, a petición del Gobierno, y tercero: Comparecencia del secretario de Estado para informar sobre el
Plan anual de cooperación 2002, a petición del Grupo Parlamentario Popular. La literalidad del orden del día es explícita, es para presentar e informar sobre el Plan anual de cooperación 2002. En cualquier caso, eso es lo de menos. Creo que el
debate ha sido interesante. Sería bueno que continuásemos discutiendo sobre Monterrey y el CAD y que los debates sobre el plan anual los pudiésemos reforzar con esa comparecencia antes de su aprobación por parte del Gobierno. Creo que ir más allá
de lo que prevé la ley no va en contra de la ley sino todo lo contrario, la refuerza.
Un último comentario. Yo creo que si el Gobierno entiende que alguna comunidad autónoma se sale del consenso de la ley en sus políticas de cooperación al desarrollo, que lo diga. Yo tengo la sensación de que todas las comunidades autónomas
están cumpliendo la Ley de cooperación al desarrollo en sus prioridades sectoriales y geográficas. Quizás algunas decidan incorporar nuevos elementos sobre esa prioridad, y yo creo que eso es bueno porque responde también a los propios consensos.
Por ejemplo, en mi país, en Cataluña, el Gobierno catalán ha alcanzado un consenso con el Parlamento, la Ley de cooperación al desarrollo catalán se ha aprobado por unanimidad, y con la propia sociedad organizada. Hoy, en Cataluña existe un
consenso nacional sobre la política de cooperación al desarrollo que incluye a todas las fuerzas políticas, también al Grupo Popular, y a todos los agentes sociales, desde las ONG para el desarrollo hasta los municipios. Yo creo que en Cataluña,
como nación, en este aspecto estamos dando un buen ejemplo al conjunto del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE ( Fariñas Sobrino): A continuación, tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señor presidente, intervendré con brevedad, pero tengo que hacer algún recordatorio.
Efectivamente, respecto a Monterrey hay un consenso de la comunidad internacional -los consensos siempre son de mínimos- y se reconoce que existe ese consenso. ¿Cómo se llega a ese consenso? Merece la pena recordarlo. Creo que es una
exigencia de la sociedad civil, que logró impulsar a los representantes políticos, a los gobiernos, a emprender esa senda cuya meta establecíamos en el 0,7. Quiero recordar que en 1995 la actual comisaria de la Unión Europea, Loyola de Palacio,
firmó un acuerdo amplísimo con la sociedad civil organizada para promover esa senda. Esta era una pequeña precisión.
Respecto de nuestras iniciativas, señor secretario de Estado, quiero decirle que nuestra proposición no de ley es anterior a los consensos, no la presentamos después, se registró antes, igual que se formuló una interpelación para hablar de
estos temas que, por no comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, no se pudo sustanciar, que también se registró antes de los acuerdos. Cuestión diferente es que nos alegremos de que se hayan logrado los consensos. Que quede muy claro.
Este portavoz quiere decir que se alegra, y se alegra su grupo, de los consensos alcanzados.
En cuanto a lo de estar en la oposición, es una cosa relativa. Ustedes tienen más experiencia y esperamos devolverles a la experiencia en el plazo más breve posible. Desde luego, he entendido como un recurso retórico, si me permite el
señor secretario de Estado, la alusión a los resultados electorales franceses, porque creo que como demócratas todos estamos preocupados por la amenaza que asoma sobre la más vieja democracia de Europa, no solamente nuestros compañeros, que han
perdido en las elecciones. Esperemos que esa amenaza se conjure dentro de 15 días, de la mano de los electores franceses.
Yo no entro en una discusión, si me permiten, algo académica respecto de las lecturas o relecturas. Por vocación personal, en este caso no comprometo a mi grupo, soy partidario de leer mucho y muchas veces porque, afortunadamente, el marco
constitucional de España que nos dimos en el año 1978 tampoco son las tablas de la ley. La propia Constitución prevé -si recuerdo mal me pueden corregir- la reforma, es decir, prevé otra lectura; algunos la hacemos o podemos hacerla, además
estamos en nuestro derecho.
Respecto a la referencia a rehacer el consenso, señor secretario de Estado, no me refería a algo que sin duda alguna comparto con usted, que son los consensos alcanzados en las sucesivas conferencias o cumbres internacionales. Me refiero a
que si tenemos oportunidad de discutir (no al margen de la ley, dentro de la ley, por supuesto) y tenemos oportunidad de aportar nuestra visión y nuestros criterios, lo vamos a hacer -por cierto, dentro de este mismo trámite- antes del día 8 de
mayo, y si se incorporan esas aportaciones, estaremos rehaciendo el consenso.
Esto era algo que a mí me interesaba manifestar en este momento.
Concluyo diciendo una vez más que la iniciativa social es imprescindible, que la complicidad de la sociedad garantiza el mayor éxito de cualquier política y especialmente cuando esa sociedad es generosa, lo ha dicho el señor secretario de
Estado y lo hemos dicho nosotros siempre que hemos tenido ocasión; si se refuerza esa complicidad, el éxito puede ser todavía mayor.
El señor VICEPRESIDENTE (Farinas Sobrino): Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Muy brevemente y casi de oficio, quiero recordar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que esta Comisión había debatido previamente, incluso en Pleno, las prioridades de la presidencia española en la
Unión Europea, e incluso acerca del mandato de nuestro Gobierno en torno a la conferencia de Monterrey, con anterioridad a su iniciativa, iniciativa que por cierto fue la petición de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores que dos días
después fue retirada. Todos conocemos aquí los procedimientos parlamentarios y sabemos cuándo se reúne la Mesa grande, como la llamamos, para que las iniciativas lleguen a tiempo, y cuándo ya se sabía cuál era la posición de España ante la cumbre
de Barcelona porque había sido explicitada por el Gobierno a través de los medios de comunicación. Dicho eso, es una cuestión procedimental que no creo que tenga demasiada importancia, y no quiero que sea el resumen de mi intervención, de la
intervención de mi grupo, las cuestiones procedimentales ante el debate de extraordinaria importancia, interés y profundidad al que hemos asistido.
Terminaré diciendo que es importante seguir las recomendaciones del CAD, que es importante y extraordinario el consenso internacional que por primera vez se ha logrado en Monterrey, que nosotros no entendemos que se pueda distinguir entre
sociedad civil e instituciones y los partidos políticos, que también son sociedad civil, o las instituciones de la sociedad civil pero públicas en este caso como el Parlamento, donde radica la legitimidad y la representación de las personas. Esta
es una dinámica en la que algún día, si SS.SS. quieren, podremos profundizar, pero no es una buena dinámica. Tampoco entendemos ni somos partidarios de que se puedan manifestar posiciones en Barcelona, legítimas por supuesto, reflejo de la
libertad de expresión de nuestra democracia viva, contra una Europa social y un modelo europeo que está dando unos frutos extraordinariamente positivos para el bienestar de las personas.
Nosotros creemos que es extraordinariamente importante que sigamos empujando un modelo de cooperación, el español, que puede liderar otros modelos, aunque sea complejo y plural como nuestro país, que es ejemplo en su transición, en su
desarrollo constitucional, en su desarrollo institucional, en su fortalecimiento institucional, porque es lo que nos demandan, y estaremos siendo eficaces, porque la eficacia no es solamente una cuestión práctica, también es una cuestión
profundamente ideológica, sobre la base de unas convicciones igualmente profundas.
Nosotros agradecemos, señor presidente, con toda sinceridad y con mucha alegría el esfuerzo importantísimo que el Gobierno de España, todos los españoles, están haciendo durante este semestre importante para Europa y para las relaciones
internacionales, y esperamos que seamos todos capaces de ser coherentes en un mundo evidentemente revuelto que requiere que nuestro modelo de cooperación sea apoyado y que tenga el máximo respaldo y el máximo acuerdo posible, -consenso quizás sea un
método del diálogo democrático-porque además seremos más fuertes y más eficaces de esa manera, con más apoyo, y no, aunque sea legítimo, limitando los apoyos por puras estrategias políticas que podemos incluso no compartir.
Señor presidente, gracias por estos breves minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Farinas Sobrino): A continuación, el señor secretario de Estado podrá contestar lo que desee.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, empiezo por el señor Campuzano que nos ha anunciado que iba a referirse a tres puntos pero que luego han sido cinco. Yo
no he dicho que él haya cuestionado el mecanismo, digo que el Gobierno ha cumplido con el mecanismo. Ahora, que si hay otro mecanismo, póngase en vigor, que si es una comparecencia del secretario de Estado en el mes de septiembre, no tiene nada
como solicitarlo su señoría. Yo he venido aquí tantas cuantas veces se me ha solicitado, no creo que se pueda hablar de una sola vez que se haya pedido mi comparecencia y que no haya venido. Lo que ha hecho el Gobierno es cumplir con la ley, con
la lectura literal de la ley, que dice que el Gobierno remitirá a la Cámara, posteriormente a su aprobación, el plan anual. No dice nada de que se tenga que hacer antes. Ahora, si el señor Campuzano considera que debo comparecer aquí todos los
meses, o cada trimestre no tiene nada más que pedirlo, es un mecanismo parlamentario, pero no creo que pueda esta Comisión decir que cuando se ha solicitado la comparecencia del Gobierno no se ha respondido a esa comparecencia.
Ha vuelto a mencionar de nuevo dos veces las palabras legitimidad política y reforzar la legitimidad. Ahí no nos encontramos, porque el Gobierno tiene plena legitimidad precisamente porque emana del Parlamento de acuerdo con la
Constitución, y no refuerza un ápice su legitimidad, ni la debilita un ápice el no hacerlo, el que haya un debate en Comisión o que no lo haya. Ampliará el acuerdo, que todos deseamos pero creo que es muy bueno usar con precisión las palabras
porque, si no, podemos deslizarnos por un camino peligroso.
Ha vuelto a la cuestión de las lecturas literales. Yo creo que la poesía es muy bueno leerla de manera distinta, según el estado de ánimo, porque incluso las novelas se ven de manera diferente con el paso del tiempo, pero cuando estamos
hablando del Estado de derecho, cuando estamos hablando de la seguridad jurídica, es muy bueno que se sepa lo que quieren decir las palabras y que no haya diferentes lecturas, porque si hay diferentes lecturas según quién las hace, entonces nos
salimos del terreno de la seguridad jurídica que es básico para el Estado de derecho.
Es un requisito básico del Estado de derecho que haya leyes conocidas y aprobadas por el órgano legítimo, que esas leyes signifiquen lo mismo para todos y que los
ciudadanos sepan a qué deben atenerse en sus comportamientos. Por tanto, todas las lecturas que quiera S.S. para la poesía, menos lecturas, la literal, para las normas o para los acuerdos nacionales o internacionales. Yo he leído la Ley de
cooperación literalmente y no creo que quepan muchas más lecturas. Tampoco estoy de acuerdo de manera radical en que haya una lectura regresiva de la Constitución; hay simplemente un cumplimiento de la Constitución, y si alguien piensa que en la
interpretación de los textos, no en la lectura, sino en la interpretación de la Constitución se actúa en contra de la Constitución, precisamente nos hemos dotado de un sistema de garantías, de controles para que esto no ocurra. Esa es otra
consideración que no puede quedar sin contestación y desde luego me declaro radicalmente contrario a esa afirmación que ha hecho el señor Campuzano, como a las dos veces que ha reiterado lo de la legitimidad política.
Hay una cosa peor que la segunda, la tercera o la cuarta lectura, que es la lectura incompleta. Ha leído el orden del día y ha dicho que hay una solicitud de comparecencia del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica para presentar el plan anual de cooperación internacional, aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de febrero pasado, y punto. Ha omitido lo que dice el orden del día: acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley
23/1998. Lo que dice el artículo 15.2 de la ley es: El Congreso de los Diputados debatirá anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de cooperación internacional para el
desarrollo. Estoy haciendo una lectura literal.
Usted ha hecho una lectura parcial, pero con mucho interés en no hacerla completa precisamente para intentar justificar la posición que ya traía de que aquí sólo se podía hablar del plan anual y no
de las otras cosas.
Vamos a suponer, incluso, que se tiene que hablar sólo del plan anual, y lo he planteado; podríamos hablar sólo del plan anual que ya se ha remitido. He dedicado al menos la mitad de mi intervención a presentar el plan anual.
Lo que pasa es que el plan anual, precisamente porque es coherente, se enmarca dentro de unas líneas de la política de cooperación española que forman parte, puesto que España forma parte de la comunidad internacional, de las líneas que tiene hoy la
comunidad internacional, que se han aprobado por un acuerdo en Monterrey y que el Comité de Ayuda al Desarrollo, a la hora de evaluar la política de cooperación española, lo ha hecho de manera muy satisfactoria. Por tanto, aunque sólo tuviésemos
que hablar del plan anual, las referencias a Monterrey y al Comité de Ayuda al Desarrollo serían plenamente pertinentes. Pero es que, además, según el artículo 15.2, que es el que invoca el Gobierno en la solicitud de comparecencia y que usted ha
omitido, resulta que se habla de un debate sobre la política española de cooperación internacional para el desarrollo, de la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno.
Quinto punto, que si el Gobierno entiende que alguna comunidad autónoma se sale. No he dicho tal cosa ni el Gobierno en ningún momento. Lo que sí he dicho
es que no me cabe ninguna duda de que este no sería el plan de Convergència i Unió si estuviese en el Gobierno de la nación, porque esto no tiene que ver con lo que se hace en la política de cooperación donde Convergència i Unió sí tiene el
Gobierno y desde luego no se alcanzan los niveles que tiene el plan anual de cooperación que aquí hemos presentado.
Eso es lo que he dicho. He dicho también que el Comité de Ayuda al Desarrollo, leyendo literalmente, alerta sobre los posibles
peligros que derivan de una dispersión de actuaciones y una de las recomendaciones que hace es pedir que se refuerce el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores a la hora de mantener estas líneas directrices y que la cooperación descentralizada y
la de las organizaciones no gubernamentales se sujete a esas líneas, que son las de la nación. Eso es lo que dice el Comité de Ayuda al Desarrollo. No he hecho ninguna recriminación a nadie ni he dicho que ninguna comunidad se separe y, por tanto,
no entiendo muy bien a qué viene esta quinta de las tres intervenciones que iba a tener el señor Campuzano.
Respecto al señor Pérez Casado, estoy de acuerdo, los consensos son de mínimos, claro, y suponen las renuncias de cada uno a sus posiciones de máximos, pero ese es el valor del consenso, porque si cada uno hubiese dicho que sólo lo que él
defiende al cien por cien se tenía que aplicar, Monterrey hubiese fracasado y no se hubiese llegado al acuerdo. Vuelvo a insistir -y me alegro mucho de estar de acuerdo con él- en que es muy positivo que se haya logrado ese acuerdo y que a partir
de ahora cuando hablemos de consenso internacional ya sepamos a qué referirnos. El consenso, evidentemente, es perfectible, se puede mejorar, se puede ir más allá, se puede corregir y revisar, pero tendrá que revisarse por los mismos que lo han
acordado y no porque se le ocurra a alguien decir: según el consenso internacional resulta que la cooperación de España es castiza. Fantástico, ¿Dónde está el consenso internacional?
No tengo nada que decir sobre las iniciativas socialistas, se han mantenido en foro parlamentario, lo ha explicado el diputado Izquierdo y, por tanto, no es un asunto sobre el que yo tenga que intervenir.
Quiero complementar lo que dije respecto del triste ejemplo -y estoy plenamente de acuerdo con el señor Pérez Casado en que es un triste caso para todos los europeos- de lo que ha ocurrido en Francia. Dije y reitero ahora lo que manifesté y
me extiendo un poco más y es que todo lo que se haga en materia de política de cooperación al desarrollo, en materia de política de inmigración, en materia de política económica en general debe hacerse siempre también teniendo en cuenta las propias
situaciones nacionales y debe hacerse con prudencia y con el máximo acuerdo social posible, porque si no se producen luego atomizaciones de lo que son las fuerzas tradicionales y resultados a todas luces indeseables absolutamente para todos. Como
tal lo he planteado y no había en esto ninguna referencia a la posición en que haya quedado el Partido Socialista francés en esas elecciones sino a la posición en que ha quedado el Frente Nacional Algo más grave todavía es el respaldo que han tenido
las opciones más radicales, y más extremas a lo que venían siendo los partidos que formaban los acuerdos básicos que había en la República Francesa. Creo que en estas cuestiones hay que ser especialmente cuidadoso y es muy bueno que se tengan,
interna y externamente, estos acuerdos y pensando en los países a los que se puede ayudar es fundamental que las naciones que ayudan tengan una situación económica solvente, saneada y no tengan conflictos sociales en el interior, lo que les
permitirá ser todavía mucho más generosas.
El marco evidentemente no son las tablas de la ley y creo que ha puesto un ejemplo muy acertado el señor Pérez Casado. La Constitución se puede reformar, efectivamente, ya lo creo que se puede reformar, y esta ley se puede reformar, pero
mientras no se haga se tiene que leer en su literalidad precisamente para garantizar la seguridad jurídica. Es perfectamente posible la reforma de la misma y si se trata de la reforma de la Constitución, es una cosa un poco más compleja, pero para
reformar la ley -no voy a dar lecciones de mecanismos parlamentarios en esta casa- no hay nada como presentar una proposición de ley para que se reforme la ley si se considera que hay algo que se debe modificar, pero mientras tanto se debe leer y
cumplir tal cual está y no de otra forma.
Finalmente, aprecio mucho que después de la reiteración del anterior interviniente respecto del reforzamiento de la legitimidad no haya habido ninguna referencia a la plena legitimidad, que no se pone en duda, que tiene el Gobierno. Creo
que es muy relevante que así se haya hecho.
Cuanto mayor sea el acuerdo, mucho más fuerte será además la posición de España en el exterior y por eso hemos buscado también el acuerdo interior y por eso se ha venido, antes de acudir a los foros
internacionales, a buscar el respaldo del Parlamento para poder intervenir ante los foros con plena legitimidad, pero también con el mayor respaldo posible, y por eso se ha ido al Consejo de cooperación para el desarrollo y por eso se ha ido a los
consejos interterritoriales par buscar ese respaldo. También se ha hecho por algo muy importante -a lo que se ha referido también el señor Pérez Casado, en estas y otras intervenciones, porque siempre lo hace- y es que siendo como es la política de
cooperación una parte sustancial de la política exterior, es decir, de la política de Estado por antonomasia, esta política es aconsejable que tenga la mayor estabilidad posible y, por tanto, cuanto más amplio sea el acuerdo, más seguridad se
transmitirá a todos los agentes de la cooperación y a los países con los que se coopera de que esa política va tener la estabilidad, porque precisamente porque tiene el acuerdo de los partidos que pueden turnarse en el gobierno, tiene esa garantía
de continuidad y estabilidad que es muy positiva para todos, en el interior
y también en el exterior. En este punto, coincido plenamente con lo que ha dicho el señor Izquierdo, que cuanto más amplio el acuerdo, mejor, y esto es lo que ha buscado el Partido Popular, tanto en esta como en la pasada legislatura.
Tenemos la satisfacción de que se haya podido conseguir con la colaboración y con la responsabilidad de todos y espero que también en torno a este plan anual de cooperación se consiga el acuerdo más amplio posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Queremos agradecer al señor secretario de Estado su exposición y la atención que ha tenido con todos y cada uno de los portavoces respondiendo a todas las cuestiones. Para que no quede duda
alguna, la presidencia también quiere agradecerle la pulcritud y eficacia con que la Secretaría de Estado y el señor Cortés cumplen con todos los requerimientos que esta Comisión le hace con respecto a sus comparecencias. Del mismo modo, deseo
agradecer también a todos los portavoces la disposición y la actitud en esta Comisión, que viene siendo habitual, por lo cual son responsables en gran medida del buen funcionamiento de la misma.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.