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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 466, de 16/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 466
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 45
celebrada el martes, 16 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia (De Guindos Jurado), para informar sobre el balance de la política de liberalizaciones llevada a cabo por el Gobierno. A petición del Gobierno.
(Número de expediente 212/001016.) ... (Página 15004)
Comparecencia de la señora presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (Estevan Bolea), para informar sobre la memoria presentada en relación al informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al año 2000. (Número de
expediente 212/001040.) ... (Página 15018)
Comparecencia del señor presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (Ruiz-Jarabo Colomer), para informar sobre:
- Los criterios que viene aplicando el grupo Izar para la distribución de las cargas de trabajo entre las distintas factorías pertenecientes al mismo, e informar sobre las expectativas de trabajo
para Izar ante las conversaciones mantenidas con los gobiernos de otros países para la construcción de fragatas u otros buques. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000590.) ...
- La venta de Aerolíneas Argentinas y la situación general de Iberia. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/000799.) ... (Página 15035)
- El procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por ayudas concedidas a astilleros públicos. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000850.) ... (Página
15035)
- El plan de reestructuración nacional de la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) por el cual se prevé el cierre total de dos factorías, entre ellas la factoría de Granada. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000948.) ...
(Página 15035)
- La situación patrimonial de la Compañía Trasmediterránea, de los servicios que presta y del proceso de privatización de la misma. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000991.) ...
- El previsto plan de privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000992.) ... (Página 15036)
- La intención de la SEPI sobre la venta de las acciones de que aún dispone en el capital social de la Compañía Iberia. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 2 12/000993.) ...
- El plan de viabilidad definido por dicha sociedad para Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (Mayasa), así como las medidas de reindustrialización de la zona que pondrá en marcha. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/001021.) ... (Página 15036)
- Las actuaciones que dicha sociedad va a aplicar en Cetarsa y, en concreto, en las factorías ubicadas en Granada, así como las medidas complementarias de reindustrialización que pondrá en marcha en dicha provincia. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/001022.) ... (Página 15036)
- Las líneas generales del plan de empresa para Hunosa, acordado recientemente con los representantes de los trabajadores. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001023.) ...
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (DE GUINDOS JURADO), PARA INFORMAR SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA DE LIBERALIZACIONES LLEVADA A CABO POR EL GOBIERNO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO.
(Número de expediente 212/001016.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En el primer punto del orden del día figura la comparecencia del secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, para informar sobre el balance de la política de liberalizaciones llevada a cabo por el Gobierno.
Bienvenido, señor secretario general. Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA(De Guindos Jurado): Si les parece bien a SS.SS., adelantaré los diferentes temas que voy a intentar tocar a lo largo de mi presentación, que espero que no se
dilate más allá de veinte o veinticinco minutos. En primer lugar, me referiré a lo que es el encuadramiento de la política de liberalización, dentro
de la estrategia política y económica del Gobierno, intentando mostrar los resultados obtenidos. En segundo lugar, me referiré a lo que es estrictamente la política de liberalización, haciendo referencia a los sectores fundamentales en los
cuales se han llevado a cabo actuaciones liberalizadoras, como el sector de comunicaciones, el sector de la energía, el sector de transportes y otros sectores de servicios profesionales. Posteriormente, como elemento muy próximo a la política de
liberalización, haré referencia a la política de competencia. Me referiré a los principales datos, tanto desde el punto de vista de concentraciones, como desde el punto de vista de actuaciones contra las conductas restrictivas de la competencia,
dándoles estadísticas y haciendo un comentario de los principales expedientes que se tienen actualmente en el Servicio de Defensa de la Competencia, así como a las principales modificaciones legislativas que se han producido y que se van a producir,
tanto desde el punto de vista nacional como comunitario.
Acabaré con una serie de consideraciones sobre los impactos macroeconómicos, desde el punto de vista de lo que es el comportamiento del consumidor y la evolución macroeconómica nacional de la
política de liberalización.
Como SS.SS. conocen, el Gobierno ha señalado en múltiples ocasiones que la política económica del Gobierno se basa fundamentalmente en dos pilares.
El primero ha sido la reducción del déficit público, la consolidación presupuestaria, y el
segundo, la política de liberalización. Esto tiene una lógica porque en el seno de la unión monetaria en el cual se pierden instrumentos, desde el punto de vista de lo que es la regulación macroeconómica, las políticas de oferta, las políticas de
liberalización, las políticas de introducción de competencia adquieren una importancia fundamental en una unión monetaria. Si no conseguimos hacer más flexible nuestro sistema productivo en el seno de una unión monetaria ante la potencial presencia
de shock asimétricos o ante la necesidad, como es el caso español, de avanzar en la convergencia real, podríamos encontrarnos con unas circunstancias indeseables. De aquí la importancia de la política de liberalización. Si uno ve lo que son los
datos fundamentales de evolución económica en nuestro país en los últimos años, se pone claramente de manifiesto que dicha política de liberalización ha conseguido efectos. España, en un contexto de desaceleración económica, como fue el año 2001,
en el cual la actividad económica en Europa se fue hacia el 1,5 por ciento, ha conseguido mantener un crecimiento muy próximo al tres por ciento, reduciendo simultáneamente lo que era su diferencial de inflación por debajo de un punto y, a su vez,
consiguiendo una tasa de creación de empleo, que ha sido prácticamente el doble de la que se ha conseguido en Europa. Ello es consecuencia de la estrategia de política de liberalización, de la política de flexibilización de los mercados, que en el
contexto de la unión monetaria juega un papel más intenso que en un sistema en el cual tuviéramos autonomía monetaria o autonomía de fijación del tipo de cambio.
Paso a pasar a analizar lo que han sido las principales actuaciones de la política de liberalización, para después ver el complemento de la política de competencia al respecto. En primer lugar, me referiré a un sector fundamental de
actividad económica que son las telecomunicaciones.
Desde el punto de vista de la liberalización, con las normas adoptadas recientemente, lo que es la primera generación fundamental de actuaciones de liberalización en el sector de
telecomunicaciones está culminado en España. Únicamente nos quedaría como elemento básico la trasposición de un nuevo paquete de directivas en materia de telecomunicaciones (que se aprobó en febrero de este año en la Unión Europea, tanto en el
Consejo como en el Parlamento Europeo y que los Estados miembros tenemos que trasponer en los próximos meses) y pasaríamos a una tramitación de una regulación ex ante, como es la que hemos tenido hasta ahora, hacia un control ex post realizado
fundamentalmente a través de los mecanismos de defensa de la competencia. Las medidas fundamentales tomadas en el ámbito de las telecomunicaciones en nuestro país, han sido básicamente la instauración de un sistema según el cual los precios de la
cesta media de telefonía fija han bajado un siete por ciento el año pasado, bajará un seis por ciento este año y bajará un dos por ciento el año que viene, porque las normas son el IPC menos 9, el IPC menos 8 y el IPC menos cuatro,
independientemente de la existencia de planes de descuentos específicos que se están realizando por parte de los operadores.
Asimismo, las llamadas de fijo a móvil, que también forman parte de esta cesta, bajaron un 13 por ciento el año pasado y
volverán a bajar dicho porcentaje a lo largo de este año. Otra medida de importancia ha sido la modificación por parte de la CNT de la oferta interconexión de referencia que pagan los operadores alternativos a Telefónica, que se ha reducido
aproximadamente un 25 por ciento en la regulación de agosto del año pasado. Está absolutamente terminado lo que es la regulación del acceso de desagregado al bucle local, y en las próximas semanas también se va a llevar a cabo una reforma de lo que
se denomina la OBA, el acceso al bucle de abonado, para impulsar los aspectos que, de alguna forma, estaban dificultando el acceso de desagregado.
Voy a intentar darles una serie de pinceladas sobre la evaluación cuantitativa de la liberalización. La cuota de mercado de Telefónica, que es el operador dominante según datos de la CNT en el año 2001, se ha ido reduciendo de forma
paulatina y está por debajo del 89 por ciento. Pero existen tramos en los cuales ya está en torno al 80 por ciento, como es, por ejemplo, el caso de las llamadas interprovinciales. Nuestra impresión es que a lo largo del año 2002 continúa la caída
de cuota de mercado. El precio medio de las llamadas en telefonía
fija se ha reducido en un siete por ciento en 1998, en un 30 por ciento en 1999 y en un 14 por ciento en 2001.
Asimismo, existen 2,5 millones de bonos de tráfico metropolitano contratados con Telefónica, que se sacaron, como ustedes saben, en el decreto-ley de junio del año 2000, y que suponen un descuento aproximadamente del 70 por ciento sobre las
tarifas correspondientes, dependiendo lógicamente de la utilización que se haga de los mismos. A su vez, existen 1,5 millones de clientes preasignados por acusar llamadas con operadores distintos y 156.000 números fijos de clientes portados desde
Telefónica a operadores alternativos.
Si nos vamos al cable, las cifras de actuación, inversión y el número de hogares con acceso a servicios de cable se ha visto duplicado durante el año 2001 con una tasa de crecimiento muy significativa. En concreto, se están produciendo en
el tema del cable aproximadamente 41.700 clientes nuevos al mes en España. Habría en total unos 700.000 clientes de cable y en algunas ciudades la cuota de mercado del cable, no solamente por los servicios de telefonía sino por otro tipo de
servicios, llega al 25 por ciento. También es de destacar la evolución en el ámbito de Internet.
Como ustedes saben, en el decreto-ley de junio también se sacó un nuevo sistema de tarifas planas, al cual se han acogido 1,5 millones de usuarios, y
el número de usuarios de Internet -y este es un dato importante- ha pasado de 3,2 millones de personas a principios del año 2000 a cerca de 7,7 millones en marzo del año 2002. De tal forma que la tasa de penetración ha pasado del 8 al 23 por
ciento. Dentro del ámbito de Internet, especialmente por su facilidad y por las posibilidades de desarrollo que muestra, me gustaría destacar la banda ancha. En los momentos actuales, en la tecnología ADSL de banda ancha existen 530.000 nuevas
líneas de ADSL, el 20 por ciento de dichas líneas está ofertado por operadores distintos al grupo Telefónica. A su vez, tenemos 200.000 cablemódem instalados por los cableoperadores para el acceso de alta velocidad. Ello es consecuencia
fundamentalmente de la fijación de la regulación que tanto el Gobierno como la CMT han hecho del precio mayorista y minorista de la banda ancha de la ADSL.
Respecto a telefonía móvil, su tasa de penetración es muy amplia, del 70 por ciento. La cuota del mercado aproximadamente es un 60 por ciento Telefónica, 25 por ciento Airtel y 15 por ciento el resto de operadores, fundamentalmente Amena, y
aunque todavía no está disponible, como ustedes conocen, los servicios de tecnología UMTS, tenemos los de la segunda generación y media, los de GPRS, de tal forma que los operadores ya están ofertando dichos servicios y la facturación -esto es un
cambio fundamental- se está haciendo por cantidad de información y no por tiempo de uso. Es decir, se hace más por la bajada de información que realizamos a través de dichos servicios que a través del tiempo de utilización del servicio de telefonía
de GPRS, y eso es importante porque supone una modificación y es la metodología del always on en terminología anglosajona.
También es de destacar la evolución de los precios de la telefonía móvil, que es uno de los elementos fundamentales que pone de manifiesto las ventajas de la liberalización. Ha pasado de cerca de medio euro -ligeramente está por encima de
medio euro- en el año 1998, a una bajada del 40 por ciento en el año 1999 y del 17 por ciento en el año 2000. A su vez -y esto es una buena noticia desde el punto de vista de lo que es la liberalización-, se han producido 327.000 número móviles
portados que, como saben ustedes, la ausencia de portabilidad de los números es una de las principales barreras de entrada para la existencia de la competencia en el mercado de la telefonía móvil. Desde el punto de vista cualitativo, destacaría que
efectivamente se da una situación de menores precios, mayor variedad y nuevos productos. A su vez -y yo creo que esto es lo fundamental a destacar-, el número de hogares españoles con banda ancha, ya sea a través de ADSL, cable, cablemódem, en
estos momentos supera -estoy hablando de número no de participación relativa- el existente en el Reino Unido, en Italia, y está muy próximo al de Francia, países que lógicamente tienen un nivel de vida y un nivel de renta bastante superior al
nuestro.
Me voy a referir al sector de la electricidad. Como ustedes conocen, las actuaciones de liberalización del Gobierno en dicho sector se centraban fundamentalmente a través del decreto-ley del año 2000, en el cual se establecían topes para
incrementar la potencia instalada a los dos principales operadores. Se adelantó el calendario de liberalización al 1 de enero del año 2003. Se estableció la desaparición de las tarifas de energía eléctrica para los clientes de alta tensión en el
año 2007. A su vez, se ha aprobado un nuevo decreto de tarifas de acceso de redes de transporte y distribución, que es más simple, más transparente y da más seguridad jurídica que la regulación que teníamos anteriormente, y en la próximas semanas
se aprobará el real decreto que establece incentivos a la participación en el mercado de productos del régimen especial y el real decreto de nuevas formas de contratación de suministro. En lo que se refiere al aspecto fundamental de regulación del
sector eléctrico en los momentos actuales desde el punto de vista del funcionamiento económico, que es el de las interconexiones, también hemos tenido desarrollos. Es decir, como consecuencia del expediente comunitario y de la aplicación de la
disposición vigésimo séptima de la ley de acompañamiento, Electricité de Francia se ha comprometido a multiplicar por cuatro su capacidad interconectada con España, hasta llegar, en medio plazo, a 4.000 megavatios. Asimismo, se ha firmado con
Portugal un protocolo del mercado ibérico de la electricidad, y como ustedes también conocen, en el Consejo de Barcelona se acordó incrementar las interconexiones hasta un 10 por ciento de los mercados
nacionales en el año 2005. Esto lógicamente supondrá una modificación sustancial del funcionamiento del mercado eléctrico en nuestro país.
Respecto a los datos de evolución del sector eléctrico, simplemente les indicaría cómo desde 1998 hasta el año 2001 se ha ido reduciendo la cuota de mercado conjunta de electricidad ofertada por parte de los dos mayores productores de
electricidad de nuestro país, que ha bajado del 70 por ciento al 66 por ciento. Del año 2000 al 2001 ha aumentado también la participación del régimen especial del 13 por ciento al 15 por ciento. Se ha producido la entrada de un nuevo operador en
nuestro sistema eléctrico como consecuencia de la adquisición por parte de ENEL de Viesgo, que supone un cuota de mercado de generación de aproximadamente el 5 por ciento y de distribución del 2,5 por ciento, y a su vez ha entrado en funcionamiento
la primera central de ciclo combinado de gas natural. Como comentaba anteriormente en el tema de las interconexiones, que es un elemento de introducción de competencia fundamental, en el Consejo de Barcelona se estableció para el año 2005 un
incremento de la capacidad de interconexión hasta el 10 por ciento.
Por otro lado, en el ámbito de la comercialización, los nuevos operadores distintos a los cuatro grandes existentes en nuestro país han ido adquiriendo una cuota de mercado cada vez más creciente, y se encuentran en el nivel del 5 por
ciento. Desde el punto de vista de lo que es liberalización, como ustedes saben desde el 1 de julio del 2000 está liberalizado el 54 por ciento de la demanda nacional. Lo cual supone que el número potencial de consumidores cualificados es
actualmente 64.000, y en la práctica unos 32.000 se mueven a través de otros contratos. La evolución de precios es de todos bien conocida. Del año 1998 al año 2002 la tarifa para consumidores domésticos ha caído en más de un 13 por ciento en
términos nominales y la de los consumidores industriales en un 0,5 por ciento.
Respecto del gas -aquí tampoco me voy a alargar mucho-, ustedes conocen las medidas de liberalización adoptadas por el Gobierno. Son fundamentalmente la designación de gas como gestor técnico del sistema, la limitación de la participación
en ENAGAS de cualquier operador por encima del 35 por ciento, la adjudicación del 25 por ciento del contrato del gas de aprovisionamiento firmado con Argelia a otros comercializadores distintos del titular que era Gas Natural, y el desarrollo de un
sistema económico integrado del sector del gas, estableciendo un mecanismo de cálculo de peajes basados en un sistema de costes y no en un sistema de evolución de precios de las energías alternativas. Lo que es la evolución cuantitativa de este
sector, se pone de manifiesto que se ha venido produciendo una entrada en el mercado de un número considerable de operadores, de tal forma que existen actualmente 26 comercializadores inscritos, incluido el propio Gas Natural, y que el número de
consumidores cualificados representó el 50,4 por ciento de la demanda total industrial. Las cuotas de mercado en el sector del gas al año 2001 básicamente son: Gas Natural comercializador con un 80 por ciento, BP con cerca de un 13 por ciento,
Shell con un 4,5 por ciento, Cepsa 1,3 y Endesa con un 1 por ciento.
En cuanto a los hidrocarburos líquidos, también en este caso las principales actuaciones derivan del real decreto-ley de junio del 2000.
Saben ustedes que se ha limitado la cuota de mercado de los principales operadores en este ámbito de
los hidrocarburos líquidos. Se limitó la participación accionarial en el capital de CLH y ya se ha iniciado la ejecución, como ustedes han visto por la prensa, del plan de desinversiones con respecto a los operadores que excedían los límites que se
había establecido en el real decreto-ley. Desde este punto de vista -y hablaremos con más detalle cuando lleguemos a la competencia-, hemos visto que los precios de venta al público máximos y mínimos se han ido ampliando en el territorio nacional,
lo que, evidentemente, es una señal de presiones competitivas adicionales. Por su parte, los operadores independientes, ajenos a los tres grupos referidos que existen en nuestro país, han adquirido una cuota de mercado próxima al 25 por ciento.
Por último, y para no aburrir a SS.SS., les diré que, en el ámbito del transporte regular de viajeros por carretera, hemos establecido un sistema de fijación de tarifas ligado a la fórmula IPC menos equis; lo mismo se ha hecho en el sector de
autopistas, en la determinación de cuyas tarifas se incluye por primera vez la evolución del tráfico como una variable fundamental.
También me gustaría destacar las medidas de liberalización en cuanto a la fe pública, bastante limitada tradicionalmente desde el punto de vista de la competencia. Ya saben ustedes que en los decretos leyes de liberalización se estableció
la posibilidad de aplicar descuentos, además de reducciones arancelarias adicionales. En la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2002 se establecieron, además, otras medidas liberalizadoras, como el acceso telemático a la información de
los registros públicos, medidas de reducción del tamaño de las escrituras -ya saben que aquí se sigue cobrando por folios-, los plazos de calificación registral y efectos de la falta de calificación, la actualización del régimen disciplinario de los
registradores, o la regulación del recurso gubernativo contra la calificación y la regulación de las consultas vinculantes a la Dirección General de Registros y del Notariado.
Entrando en política de competencia, y con referencia en primer lugar a las modificaciones normativas, nos encontramos con la publicación del nuevo reglamento de control de concentraciones. Las novedades más destacables de este reglamento
son: mayor claridad en la definición de los conceptos esenciales y en el cálculo del volumen de ventas -acercándonos a la normativa comunitaria-, la publicación de los informes
del Servicio de Defensa de la Competencia, y la modificación del real decreto del régimen de opas para adaptarlo a la necesidad de que las actuaciones en mercados de capitales queden supeditadas a la competencia.
A su vez, el Servicio de
Defensa de la Competencia, como va a hacer públicos los informes de decisión de remisión o no al Tribunal de Defensa de la Competencia, ha hecho públicas también las directrices en que se sustentará su opinión a la hora de decidir si una operación
se remite o no a dicho tribunal; en este momento, están sujetas a los comentarios de los diferentes operadores.
En el ámbito comunitario se ha publicado un libro verde de reforma del reglamento de concentraciones comunitarias, de importancia fundamental, en el cual la posición española se dirigirá a tratar de favorecer la comunicación entre las
autoridades nacionales y las comunitarias a la hora de decidir si una operación es de ámbito comunitario o nacional. Hay una discusión teórica importante sobre cuál debe ser el criterio fundamental a la hora de valorar las operaciones de
competencia: si el test de dominio -dominas text, en terminología angolosajona-, que es el que aplica la Unión Europea, o la incorporación -como parece que propone la Unión Europea- del concepto de afectación de las condiciones de competencia, que
es el que contiene la normativa española y la de otros países, como Estados Unidos. Consideramos que debe ser este segundo test el que se utilice a la hora de valorar.
Se está tramitando un nuevo reglamento de secciones nacionales y se discute en Bruselas el nuevo reglamento comunitario de acuerdos de distribución y servicio post-venta de automóviles, importante dada la importancia del sector.
Consideramos que la propuesta de reglamento de la Comisión es un paso importante en la liberalización, y únicamente hemos hecho observaciones sobre la cláusula de localización y la necesidad de que los servicios post-venta se encuentren
relativamente próximos a los de venta, para dar mayor facilidad a los consumidores y usuarios de automóviles.
Se ha aprobado recientemente la Ley de transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas, y no me alargaré en ella porque ustedes la conocen mucho mejor que yo. Hemos empezado a tener contactos con las comunidades
autónomas para facilitarles cursos de formación para los funcionarios de las comunidades que se vayan incorporando al Servicio de Defensa de la Competencia. Por otra parte, en el Servicio de Defensa de la Competencia estatal se establecerá una
unidad especializada en la formación de los servicios de la competencia autonómica que lo deseen.
También está en discusión, como ustedes conocen, la modernización del procedimiento de ejecución de la normativa comunitaria, que prácticamente podrá ser culminado dentro de la presidencia española. Supone la puesta en marcha de un sistema
ex post y descentralizado de aplicación de la normativa comunitaria, especialmente de los acuerdos del artículo 81.3.
En la ley de acompañamiento se modificó la naturaleza jurídica del Tribunal de Defensa de la Competencia.
En cuanto a las actuaciones de 2001, y refiriéndonos en primer lugar al control de concentraciones, el número de notificaciones asciende a 76, frente a las 93 que tuvimos en 2000. Seis se han remitido al Tribunal de Defensa de Competencia
y, tras el informe del tribunal, que fue seguido en todos los casos por el Consejo de Ministros, se decidió no oponerse en tres operaciones, se establecieron condiciones en dos y hubo prohibición en un caso. La caída del número de operaciones de
concentración a lo largo de 2001, tras la fuerte subida de 1999 como consecuencia de la puesta en marcha del sistema de notificación obligatoria, es consecuencia fundamentalmente del contexto macroeconómico. Ante la desaceleración económica, las
operaciones de fusiones y adquisiciones han sufrido una caída en todo el mundo.
No me extenderé en las características por sectores de las operaciones notificadas, dado que me estoy acercando al límite de tiempo que me había fijado, y les comentaré únicamente las principales. Hemos tenido una en el sector de
distribución, en la cual se establecieron condiciones tras el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Tuvimos una de prohibición en el caso Iberdrola-Berrueza, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia. Se
aprobó en primera fase la adquisición por parte de Iberdrola del grupo de Guadalcacín Energía y Enron España Generación; ello fue debido a que, como ustedes conocen, Enron dejó de ser un competidor viable como consecuencia de su quiebra en Estados
Unidos. Hubo una subasta judicial en Estados Unidos y se obtuvo de Iberdrola el compromiso de que el grupo en cuestión iba a entrar en funcionamiento en 2004, puesto que no está hecho todavía ni siquiera el movimiento de tierras. Además, hubo un
compromiso específico de que, si entraba en funcionamiento antes, habría una reducción de la capacidad para cumplir lo establecido en el decreto ley de junio. Por otro lado, seguimos el informe de la Comisión Nacional de la Energía que señalaba la
importancia de que dicha central no sufriera retraso, dada la evolución de la demanda energética en nuestro país. Por último, hemos remitido recientemente al Tribunal de Defensa de la Competencia una operación en el sector de distribución
-Caprabo-Enaco-, y se han autorizado en primera fase y están expuestas en la página web del Servicio de Defensa de la Competencia las operaciones de Acesa y Auria sobre Iberpistas.
Estamos en la fase de análisis de la operación de Andersen-Deloitte.
Creemos que se trata de una operación de ámbito doméstico, aunque todavía lo estamos dilucidando; depende de si la operación se produce en otros países, con lo que
pasaría a ser de ámbito comunitario. En nuestra opinión, será una operación de concentración
nacional. El sector de la auditoría es muy sensible, especialmente tras los recientes acontecimientos vividos en el mundo. Les puedo adelantar que no haremos un análisis desde el punto de vista global del mercado de la auditoría, sino que
nos centraremos en distinguir entre auditoras de las grandes empresas cotizadas en bolsa y las demás, como ha venido haciendo la Unión Europea. El servicio pedirá informe al tribunal sobre esta operación que, lógicamente, tiene unas repercusiones
que no se les escapan a SS.SS. Entrando en el ámbito del control de prácticas restrictivas, a lo largo del 2001 se han finalizado 122 expedientes, de los cuales 55 se archivaron, 16 se sobreseyeron y 44 se mandaron al Tribunal de Defensa de la
Competencia, de los cuales 22 fueron por infracción.
No me quiero alargar en los informes, porque después me referiré a los que tenemos actualmente. Únicamente les comentaría que, en el ámbito de hidrocarburos, el servicio remitió por relaciones verticales entre operadores petrolíferos y
gasolineros varios expedientes al Tribunal de Defensa de la Competencia, que dieron lugar a varias multas del Tribunal en el sector eléctrico. Como todos ustedes conocen, recientemente la Comisión Nacional de la Energía nos remitió una denuncia por
prácticas de las compañías eléctricas en el pool eléctrico durante tres días a lo largo del mes de noviembre. El Servicio de Defensa de la Competencia, tras analizar los datos y el comportamiento de las eléctricas, remitirá en los próximos días un
pliego de cargo contra las principales compañías eléctricas por un comportamiento colusorio y por una normativa contraria a la Ley de Defensa de la Competencia por su comportamiento en el pool, fundamentalmente a través de la utilización de las
denominadas restricciones técnicas. Siguiendo la denuncia de la Comisión Nacional de la Energía, tendremos en los próximos días, como comentaba anteriormente, un pliego de cargos contra las principales compañías eléctricas por actuaciones que
contravienen la normativa de competencia en el mercado mayorista de la electricidad. Otra actuación importante del servicio está siendo el expediente contra Telefónica como consecuencia de la denuncia de Astel, relativo a un trato discriminatorio
de Telefónica en la preasignación. Esperamos concretar en las próximas semanas nuestra opinión al respecto.
En el ámbito de la fe pública, les puedo anunciar que recientemente se ha remitido un expediente relativo al comportamiento del colegio notarial de Madrid, a través del denominado mecanismo compensatorio. El servicio considera que dicho
mecanismo compensatorio limita las actuaciones de liberalización de los notarios, proyectadas por el Gobierno, mediante la posibilidades de realizar descuentos. Aquí tenemos ya -ha sido remitido- un pliego de cargos contra el colegio notarial de
Madrid.
Respecto de medios de pago, el Servicio de Defensa de la Competencia ha informado tres solicitudes de autorización: Visa, 4-B y D-6000. Y en el ámbito del transporte aéreo se ha remitido -el Tribunal lo ha multado con 700.000 euros- un
expediente contra Iberia por fidelización de agencias de viajes. Asimismo en transporte marítimo tenemos cuatro expedientes.
Por último, en otros ámbitos nos encontramos con Correos, al cual hemos remitido varios informes-propuestas por denuncias por aplicar tarifas discriminatorias o limitar la actuación de las empresas competidoras.
También tenemos actuaciones
importantes en los derechos de autor, con la tramitación de expedientes contra las entidades de gestión de derechos.
En colegios profesionales, en algunas ocasiones, también tenemos bastantes expedientes contra las administraciones locales.
Para acabar ya, señorías, les diría que, como consecuencia de las actuaciones que comentaba anteriormente de liberalización y de defensa de la competencia, es opinión del Ministerio de Economía que es uno de los factores fundamentales que
explica el buen comportamiento de la economía española en relación con la economía europea, especialmente en una fase de desaceleración económica. Les daría unos datos relativamente útiles desde el punto de vista del comportamiento macroeconómico y
que son indicativos, porque resulta muchas veces difícil valorar cuantitativamente lo que es el impacto de una liberalización de la política de competencia. Existe un dato que es bastante significativo, que es la evolución de la participación de la
inversión, en términos macroeconómicos, en el PIB, es decir, el peso de la formación bruta de capital en el PIB. Dicho peso, en el año 1996, era del 21,9 por ciento y ha pasado al 24,6 por ciento. Lógicamente aquí influyen una multiplicidad de
factores, desde la bajada del tipo de interés, la evolución del coste de utilización de capital, pero también ha tenido una influencia fundamental la política de liberalización y competencia. Siempre digo que el objetivo de la política de
liberalización y competencia no es, en absoluto, luchar contra la inflación, que depende de otros factores distintos; el objetivo fundamental de la política de liberalización y competencia es incrementar la capacidad de crecimiento de un país, su
capacidad de crear empleo y riqueza. Ahí es donde estamos viendo resultados positivos, porque, a su vez, la política de liberalización y la política de competencia lo que hace en última instancia es transferir recursos desde los antiguos
monopolistas a los consumidores, a las familias españolas. El comportamiento del consumo de las familias en los últimos años es claramente indicativo de que, independientemente de ayudas adicionales derivadas, por ejemplo, de la reforma fiscal, se
está produciendo un trasvase continuo de renta de los antiguos monopolistas a las familias españolas que en nuestros cálculos sería, aproximadamente, cerca de un 1 por ciento del PIB anual, que no es una cifra desdeñable y puede ser una explicación
de por qué en España el consumo se está comportando de una
forma distinta a como lo está haciendo en el resto de la Unión.
En definitivas cuentas, lo único que diría es que todavía queda mucho por hacer, lógicamente es un ámbito complejo; los procesos de liberalización y de competencia son siempre complicados desde el punto de vista de las inercias, pero la
voluntad del Ministerio de Economía, del Gobierno, es continuar con dicho proceso, que es una de las causas fundamentales de que España esté creciendo más que la media comunitaria, reduciendo diferenciales de inflación, creando empleo y acercándolos
a los niveles de renta y riqueza de Europa.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de portavoces tiene, en primer lugar, la palabra el señor Bel, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BEL I QUERALT: Señor Presidente, señor De Guindos, gracias por su asistencia hoy a esta Comisión. Esperaba esta asistencia de forma ferviente -usted sabe que soy un devoto de esta área de la política pública-, a pesar de que ha
sido metida con calzador, a última hora, en el transcurso de una sesión ya densa, con dos comparecencias más, con dos proposiciones no de ley. No sé si esto es lo que le ha llevado a usted a tener una intervención relativamente corta para un tema
que me parece sumamente interesante. Al final no ha podido dejar de hacer lo que se supone que tenemos que hacer los portavoces parlamentarios porque tenemos menos tiempo, que es dar pantallazos un tanto desconexos de la realidad, porque una
evaluación de la política de liberalizaciones del Gobierno merecería un poco más de tiempo que el que usted le ha dedicado, a pesar de su buen hacer habitual, que hoy también ha repetido.
Usted ha dicho algo al inicio y al final que querría rescatar al principio de mi intervención, porque me voy a comportar con la idea de que esta comparecencia es importante. Ha dicho al principio que primero hablaría de liberalización y
después de competencia, y ahí tenemos una pequeña discrepancia, porque no entiendo lo uno sin lo otro, para mí es lo mismo; no puede haber liberalización si no se traduce en introducción de competencia. En último lugar usted señalaba, como una
ventaja de los consumidores españoles respecto del resto de la Unión Europea, la existencia de una mayor transferencia desde los antiguos monopolios a los consumidores. Yo le voy a hacer un análisis de perspectiva comparada.
Respecto a la
liberalización y a la competencia permítame rescatar un titular de anteayer. Anteayer los operadores de cable denunciaron al Gobierno ante la Audiencia por favorecer a Telefónica. No es la primera denuncia que los operadores de diversos mercados,
los pequeños, los no introducidos, hacen de decisiones del Gobierno que favorecen a los antiguos monopolios. No es la primera ni será la última, porque, al final, la pintura que a uno le queda es que en España hemos ido mucho menos lejos que el
resto de la Unión Europea en la tarea de abrir nuestros mercados a la competencia en este tipo de sectores.
Casi todos los países de la Unión Europea reclaman crédito por haber liberalizado sus economías y todos tienen razón porque ahora mismo el grado de competencia en todos los mercados es mayor que pocos años atrás y, en particular, es en todos
mayor que en el año 1950. Como todos han avanzado, la pregunta de si un país ha avanzado en la liberalización es trivial. La pregunta relevante es: cuál es el grado relativo de progreso en la introducción de competencia, es decir, cuál es el
avance de la competencia en un país -en nuestro caso, España- en relación con el ritmo del resto de los países de la Unión Europea. Esto es lo que tiene importancia en relación con nuestra capacidad competitiva y con nuestros beneficios de
consumidores. Para evaluar el progreso de la liberalización en España, debemos adoptar una perspectiva comparada y poner el énfasis, en algunos sectores relevantes donde subsiste poder de mercado. Usted los ha mencionado: telecomunicaciones y
sector de energía en sentido amplio, incluyendo electricidad y gas. Veamos cómo ha evolucionado la competencia y, por tanto, la liberalización en alguno de estos sectores y qué resultados ha obtenido a nivel comparado entre España y la Unión
Europea.
Una forma de evaluar cuál es el avance de la liberalización es comparar diversos indicadores sobre el grado de competencia real, como la evolución de cuotas de mercados de antiguos monopolios, las posibilidades de elección de consumidores,
la evolución de precios, etcétera. Tenemos información reciente de la Unión Europea que nos permite tener este tipo de indicadores para todos los países; por ejemplo, para el sector de telecomunicaciones tenemos el VII informe sobre la
implementación del paquete regulador de telecomunicaciones, de finales de noviembre del año 2001, que fue actualizado en enero; para el sector eléctrico tenemos también -recientemente publicado, en octubre de 2001, y con actualizaciones
posteriores- el informe sobre liberalización eléctrica, indicadores en Europa, elaborado para la Comisión por la consultora Oxera. ¿Qué nos dicen estos informes? En materia de liberalización de telecomunicaciones sabemos -lo hemos discutido en
otras ocasiones- que el último acto de la secuencia de introducción de competencia en telefonía fija ha sido la liberalización de los servicios de telefonía local.
También sabemos que España, Grecia, Portugal e Irlanda agotaron el plazo establecido
por la normativa comunitaria, cuya fecha límite era enero de 2001. De hecho, los países del centro y del norte de Europa habían liberalizado la telefonía local antes de agotarse el plazo establecido por la normativa comunitaria. Incluso Francia
-un país con una tradición antigua y presente intervencionista muy importante- tenía ya los preparativos técnicos necesarios mucho más adelantados que España en enero de 2001. Como en realidad ha transcurrido poco
tiempo, una evaluación de los servicios de telefonía local dispone aún de poca competencia empírica, pero todo parece indicar que la introducción de competencia es de momento una retórica, sobre todo en algunos casos.
El informe que he
mencionado antes de telecomunicaciones daba datos de julio de 2001 sobre el avance de la apertura del bucle local y en cinco países no existía aún una línea en la cual fuera operativa la apertura del bucle local: en España, Grecia, Irlanda,
Luxemburgo y Portugal. Entre los países restantes se había avanzado poco; en tres: Alemania, Dinamarca y Finlandia la apertura del bucle local había avanzado de forma más relevante. En Gran Bretaña, como van por cable, están más adelantados. Es
verdad que, desde julio de 2001 hasta febrero, ha habido algunos cambios.
De hecho, en el caso de España, a finales de febrero de 2002 ya había 30 líneas con apertura operativa del bucle local; 30 de un total de 17 millones. ¿Tiene usted datos
actualizados, a 31 de marzo, sobre si ha habido un aumento significativo en el número de líneas o si estamos todavía en treinta y pico?
En otros sectores donde la introducción de competencia tiene una trayectoria más larga, como los de llamadas de larga distancia internacionales y telefonía móvil, hay más posibilidades de comparación.
El informe mencionado nos proporciona,
por ejemplo, cuotas de mercado de antiguos monopolios de los países de la Unión Europea, tanto en llamadas de larga distancia internacional como en telefonía móvil. El análisis de las cuotas de mercado para todos los países que está en estos
informes muestra algunas notas. En primer lugar, que España se encuentra entre el grupo de países con mayores cuotas de mercado de la operadora dominante en larga distancia -estos países son: Grecia, Portugal, Bélgica, España y Holanda- y entre el
grupo de países con mayores cuotas de mercado del antiguo monopolio en llamadas internacionales. El grupo de países con mayores cuotas son: Grecia, Bélgica, Luxemburgo y España, aunque es interesante observar que en algunos países como Luxemburgo,
que abrieron su mercado a la competencia en el año 2000, la reducción de cuotas del antiguo operador dominante ha sido mucho más rápida que en España. De hecho, a finales de 2001 la cuota de mercado del antiguo operador dominante en Portugal
estaría por debajo de la de España.
Por otra parte, en telefonía móvil la cuota de mercado del dominante en España también se sitúa en el grupo de países con cuotas más elevadas, por encima del 50 por ciento, que son: Irlanda, Finlandia, Luxemburgo, España y Bélgica. Esto me
parece más relevante. La situación relativa de España es especialmente pobre si nos fijamos en los cinco países de mayor población y de mayor tamaño de mercado: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. En todos y cada uno de los
indicadores, España es el país que presenta una mayor retención de cuota de mercado por parte del antiguo monopolio público -ahora monopolio privado- de telefonía fija.
Telefónica ha sido uno de los monopolios que ha tenido mayor éxito en mantener
su posición de dominio en el mercado; el más eficaz, desde luego, en todos los países de la UE. Puede haber alguien que lo atribuya a una mayor eficiencia de la compañía. Yo creo que una parte de este éxito de Telefónica obedece a una regulación
amable y a una política de competencia que se ve como algo diferente a la liberalización en España y que se acaba sustanciando en denuncias como la que mencionaba al inicio de mi intervención. Pero, ¿qué ha sucedido con los precios del servicio,
que es otro de los parámetros que podemos ver para saber si se han beneficiado los consumidores en términos comparativos? En España el precio de las llamadas locales se sitúa por debajo de la media europea, sobre todo en las llamadas de menor
duración; a medida que aumenta la duración, esa ventaja se va reduciendo. Pero los precios de llamadas internacionales de larga distancia se sitúan muy por encima de las medias de la Unión Europea. De hecho, la diferencia de precio entre España y
la Unión, en este tipo de llamadas más caras, es mucho más desproporcionada que en las más baratas en España. En las de larga distancia el precio de la llamada en España, en paridad de poder adquisitivo, era el más alto entre todos los países de la
Unión en diciembre de 2001. Otro factor de gran relevancia para la competencia son las tasas de interconexión cobradas por el uso de la red fija del operador dominante. En esto también somos líderes; somos líderes en el importe de las tasas por
interconexión que se pagan al operador dominante por acceso a red.
Los datos sitúan a España en la zona de mayores cuotas de mercado retenidas por antiguos monopolios. También estamos a la cabeza de la Unión Europea en precios a clientes en paridad de poder adquisitivo, en tasas de interconexión, en
alquiler de terminaciones locales y en llamadas de telefonía fija, excepto en las locales. Todo esto -sobre alguno de cuyos elementos ha ido dando datos fragmentarios- impide dar una pintura general sobre la evolución de los precios. Para eso
tenemos una información que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística sobre la que usted y yo ya hemos tenido oportunidad de conversar en alguna ocasión, que es la evolución del IPC de comunicaciones, que incluye algún negocio diferente a la
telefonía pero que básicamente está determinada por la evolución del precio de la misma. Insisto en que son datos públicos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística; disponemos de datos armonizados para España y para el resto de países de
la Unión y, por tanto, podemos comparar. Si tomamos 1996 como año base en el sector de comunicaciones, vemos que, al final de cada año, el IPC de España había evolucionado peor para los consumidores que la media de la Unión Europea. En algunas
ocasiones con bajadas menores que las de la Unión Europea y, en otras ocasiones -señaladamente en el año 1998-, España registró un IPC de comunicaciones
del 6 por ciento, mientras que la media de la Unión Europea registró una reducción del menos 0,6 por ciento. Este dato de 1998 también explica, señor Guindos, por qué yo prefiero tomar como año base 1996 y usted prefiere el año 1998 y, por
tanto, empezar a contar los cambios de precios a partir de 1999, porque así obviamos estos datos regulatorios -es una parte de la política- de 1997 y 1998. Sólo en el año 2001, por primera vez -y con poca diferencia-, el IPC de comunicaciones ha
sido más bajo en España que en la Unión Europea. ¿Cuál es el resultado de estos cinco años de tendencia en el IPC de comunicaciones? Si en 1996 el índice de precios en comunicaciones era 100, en diciembre de 2001 en España se había convertido en
96,5, es decir, los precios de comunicaciones, en términos nominales y medidos por el IPC, habían bajado 3,5 puntos porcentuales. Pero es que desde 1996 hasta finales de 2001 el IPC de comunicaciones en la Unión Europea había bajado 17,1 puntos
porcentuales; es decir, sobre base 100, en el año 1996, a finales de 2001, la media de la Unión Europea era de 82,9 por ciento; el IPC de comunicación de la Unión Europea ha bajado 14 puntos más que el de España. Digo yo que la transferencia de
recursos desde los antiguos monopolios a los consumidores habrá sido mayor porque el beneficio de los consumidores radica en los precios y en la capacidad de elegir. En los precios, la cuestión es clara; en la capacidad de elegir, también.
Concluimos con las telecomunicaciones. Viendo los indicadores analizados, comprobamos que España está en la cola del proceso de liberalización de telecomunicaciones. Hay un grupo de países liderados por Reino Unido, Alemania e Italia -este
grupo congrega a los del centro y norte de Europa-, que son aquellos en los que la competencia en telefonía ha progresado más; Francia queda en posición intermedia, mientras que Bélgica, Irlanda, Portugal, España y Luxemburgo quedan en el furgón de
cola. Este tipo de consideraciones de finales de 2001 con informes de la Unión Europea es coincidente con los resultados cuantitativos de los índices de desarrollo de la competencia publicados por la Comisión Europea con datos previos a la cumbre
de Lisboa, que usted debe conocer igual o mejor que yo. Estos índices cuantitativos decían que Reino Unido, Finlandia y Alemania ocupaban el techo de clasificación; si el tope era 100 para el índice de entrada de competencia en telecomunicaciones,
Reino Unido, Finlandia y Alemania tenían puntuaciones de 62, 59 y 59. En la cola, los lastres eran España y Bélgica, cuya puntuación respectiva era 37 y 36. Esto evaluaba la Comisión antes de Lisboa y con los últimos informes de la Comisión
podemos seguir manteniendo la misma evaluación.
Respecto a energía, el segundo gran eje en el ámbito sectorial de su intervención, uno a veces piensa que el Gobierno español, con las declaraciones que hace ante las cumbres retóricas, es el campeón de la liberalización del sector eléctrico
o energético en Europa y lo que pasa es que cuando uno analiza los informes de la Comisión Europea ve que esta no es la realidad. He mencionado antes que disponemos de datos del informe de liberalización eléctrica, indicadores para Europa,
elaborado por Oxerá, que nos proporcionan indicadores de tres tipos para todos los países de la Unión Europea que nos permiten comparar sobre competencia en generación de electricidad, sobre mercados de venta al por mayor y sobre competencia en la
oferta a los consumidores. Posteriormente, en diciembre de 2001, se ha publicado un informe de la Comisión relativo a la aplicación de las directivas sobre gas y electricidad. Fuentes de análisis existen.
A partir de estas informaciones, podemos establecer tres grupos de países en el sector eléctrico: el de los campeones, según los datos que da la Comisión -estoy hablando ahora de liberalización nominal declarada-, que lo forman Reino Unido,
Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Alemania, hablando de mercados interiores. En todos estos países la libertad de elección de suministrador es total o prácticamente total; en Dinamarca están al 90 por ciento, es el único caso en el que no es
el 100, y el grado de concentración en generación es inferior a la media. España está en el segundo grupo en liberalización declarada con países en situación intermedia, que son: Italia, Holanda, Luxemburgo y España. Estos países tienen un grado
de apertura declarada de elección de suministrador mayor que el mínimo del 30 por ciento de directivas UE; en el caso de España, como usted ha mencionado, es el 54, aunque se debe revisar el último informe de la Comisión, porque ahí aparece con un
45 y debe ser que alguien ha cambiado el guarismo. Además, en estos países se prevén avances en el año 2003. El grado de concentración en generación de los tres mayores productores es superior a la media, aunque por debajo de los países a los que
me referiré ahora, que son el tercer bloque, los lastres. Los lastres en liberalización declarada en el sector eléctrico son: Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal. Sus niveles de libertad de elección de suministrador son los mínimos
legales de la Unión, lo que tienen que cumplir y nada más; los avances en el futuro próximo son muy moderados y en estos países se dan también los mayores grados de concentración en generación. En lo que hace referencia a liberalización declarada,
hay que reconocer que España no se encuentra a la cola de la Unión Europea como en materia de telecomunicaciones, está en una discreta posición intermedia. Pero es curioso cuando observamos los indicadores de tipo real y no nominal, como, por
ejemplo, el grado efectivo de la actividad competitiva, que a nivel de Unión Europea se mide por el porcentaje de clientes que efectivamente cambian de proveedor, que eligen. Cuando uno mira la liberalización real por contraste con la declarada en
la Unión Europea, los datos sitúan a España en una posición más retrasada que los nominales. En este caso concreto,
según datos de la Unión Europea de finales de 2001, en España cambia menos del 5 por ciento de clientes. Este porcentaje no es que sólo sea inferior al de los países más avanzados en la liberalización, es que este porcentaje de clientes que
cambian de suministrador también es inferior al de países con menor liberalización declarada, como Irlanda, Bélgica y Francia. De hecho, como se menciona literalmente con carácter general para el sector eléctrico en la evaluación de la aplicación
de las directivas de la Comisión Europa sobre gas y electricidad que he mencionado antes, las lagunas de las disposiciones vigentes parecen afectar en la actualidad a la capacidad de elección de los consumidores.
Esto ya lo conocíamos en España
porque en el proceso de fusión no concretado de Endesa e Iberdrola la Comisión Nacional de la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia nos hicieron saber que, más allá de la retórica legal -si me permite la expresión-, la competencia
eléctrica en España en gran parte era una metáfora, no era algo real.
Con el gas sucede algo similar, que también estamos en una posición intermedia, incluso no tan discreta como en electricidad, en materia de liberalización declarada; pero cuando nos vamos a liberalización efectiva, a clientes que cambian de
consumidor, sólo hay dos países que tienen una gran distancia entre liberalización declarada y liberalización efectiva: España, que tiene mucho más baja la efectiva que la declarada, y Holanda que tiene mucho más alta la efectiva que la declarada.
De hecho, en términos de precios, no hay que dejar de constatar que, a pesar de los últimos cambios, en España seguimos teniendo el precio de gas para uso doméstico más alto de la Unión Europea, junto con Portugal, pero no así -debo reconocerlo-, el
precio del gas para uso industrial, que está más hacia la media. Por cierto, respecto a precios eléctricos, que en gran parte son regulados y por eso no forman parte de un análisis de la competencia, le quería preguntar si el Gobierno se propone
cumplir su compromiso, adoptado en el año 2002, de bajar el 9 por ciento el precio de la electricidad entre los años 2001 y 2003. Ciertamente en el año 2001 el precio de la electricidad bajó el 3 por ciento y en el año 2002 el precio de la
electricidad no ha bajado para los consumidores domésticos.
Quisiera saber si el próximo año el Gobierno se propone bajar el precio casi el 6 por ciento, que es lo que sería necesario para cumplir su compromiso de bajar los precios el 9 por ciento
entre los años 2001 y 2003.
Si entrara en otros sectores, como el de la distribución de petróleos, el de registro y notarías, etcétera, el señor presidente, con buen tino, me llamaría la atención por consumir demasiado tiempo. Por tanto, voy a ser muy esquemático y
voy a formularle alguna pregunta adicional a las que ya le he hecho. Se ha referido al final -me alegra saber ya que tenemos datos de los que podemos disponer- a los expedientes por conductas restrictivas tramitados en el año 2001. Además de
agradecerle la información que nos ha dado quisiera saber el origen de cada uno de estos expedientes. Tengo datos del año 2000 que indican que en materia de prácticas restrictivas, de un total de 127 expedientes que entraron en el Servicio de
Defensa de la Competencia, 99 eran consecuencia de denuncia, 25 de solicitud de autorizaciones y tres de actuaciones de oficio; es decir, menos del 3 por ciento de los expedientes eran consecuencia de actuación de oficio del Servicio de Defensa de
la Competencia. Tenía interés en saber si el porcentaje de expedientes de actuación de oficio, que para mí sería una buena medida para conocer la beligerancia competitiva del Servicio de Defensa de la Competencia, ha experimentado algún cambio o ha
aumentado.
Voy a acabar ya mi intervención. Si la pregunta es si en España hay más competencia ahora que hace 3 años, debo responder que sí; que hace 6, también; que hace 10, también; y en el resto de 14 países de la Unión, también. En todos los
países de la Unión, en todo el mundo, excepto, probablemente, en Corea del Norte y Cuba -en Cuba también, por otras vías-, hay más competencia ahora que hace 5 años. La pregunta relevante es, dado el espacio en el que nos movemos, cómo ha
evolucionado la introducción de competencia en España en relación con nuestros socios de la Unión Europea, que podemos evaluar a partir de los informes de la Comisión que nos ofrecen datos homologados para todos los países. Si la pregunta es si lo
hemos hecho mejor o peor, la contestación, a partir de esos informes, señor De Guindos, es que lo hemos hecho peor y, por tanto, tenemos ahora más competencia que hace 5, 3 ó 7 años, pero si hubiéramos seguido la senda de la mayoría de países de la
Unión Europea, tendríamos bastante más de la que tenemos, tendríamos menos cuotas de antiguos monopolios; mayores reducción de precios, particularmente en telecomunicaciones, nuestros consumidores dispondrían de mayor capacidad de acción y habrían
recibido una transferencia desde los antiguos monopolios equivalente a la que los consumidores de la mayoría de países de la Unión Europea han recibido.
Desearía que, en el futuro, progresáramos más en esta vía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor De Guindos, muchas gracias por encontrarse en la Comisión de Economía y Hacienda.
Como manifestaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, resulta tremendamente difícil hacer una exposición de resultado de la política de liberalización del Gobierno e incluso de la situación actual y perspectivas de futuro en un
tiempo tan reducido y sentimos algún pudor al poner de manifiesto ante el compareciente
que sólo ha hablado parcialmente del resultado de los famosos decretos-leyes de liberalización de junio del año 2000. Se ha empleado a fondo en el sector de las telecomunicaciones. Nos hubiese gustado oírle hablar algo más sobre la
televisión digital terrestre. Se ha empleado a fondo en el sector eléctrico. Nos gustaría saber cuál ha sido el resultado de la mayor liberalización en materia sanitaria, concretamente en las oficinas de farmacia. Ha hablado de transportes, pero
no del resultado de la liberalización en el sector inmobiliario y se ha producido alguna laguna con relación a la aplicación del Real Decreto-ley 6/2000, sobre diversos servicios. El compareciente sabe perfectamente cuál ha sido y será la posición
de mi grupo en materia de liberalización del sector del comercio. Más que reiterar lo que S.S. ya sabe, que es una posición muy consolidada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos gustaría que nos informase de cuáles han sido
las consecuencias de la liberalización de horarios comerciales en relación con aquellas comunidades autónomas que ha efectuado un uso más intensivo del real decreto-ley.
Por concentrarme en dos temas, porque el orden del día de la Comisión de hoy es intenso, quiero reiterar lo que se ha puesto aquí de manifiesto en materia del sector eléctrico, con datos objetivos de la Unión para la coordinación del
transporte de la electricidad. Las conexiones internacionales representan en la Unión Europea una media del 11 por ciento, mientras que esta cifra se queda en el 4 por ciento para España, en momento de demanda punta no llega al 6 por ciento. El
presupuesto fundamental de una mayor liberalización del sector es -y así lo ha puesto de manifiesto otro compareciente- el aumentar esa interconexión y cumplir con los acuerdos del Consejo Europeo de Barcelona, entendiendo que ese porcentaje de
interconexión tiene que tener en cuenta el mercado ibérico en su conjunto y no únicamente el consumo español estricto. Junto con el incremento de la interconexión, que haría que España dejase de ser esa isla eléctrica que es, otro de los aspectos
fundamentales debe ser la introducción de nuevos operadores en el mercado. Me gustaría conocer cuál es el planteamiento del Gobierno sobre la introducción de nuevos operadores en el mercado eléctrico. Por lo que hace referencia a ese concepto de
isla, hay que recordar que el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su informe sobre la hipotética fusión Endesa/Iberdrola, hace referencia a ese aspecto. Aquí se trataría, además, de confirmar la importancia de la interconexión, de preguntar
sobre la nueva introducción de nuevos gestores en el sector eléctrico.
Hay otro aspecto de su intervención que querríamos señalar: la referencia que ha hecho a la liberalización de la fe pública. Mi grupo valora positivamente las medidas que se han adoptado a través de la Ley de acompañamiento, todo lo que
haga referencia a esa reducción de plazos, tanto para la inscripción como para la resolución del recurso gubernativo, así como la introducción de los medios telemáticos. Quizá habría que abordar más audazmente el famoso problema, tanto en el sector
de la notaría como en el del registro, de las subvenciones cruzadas, esto es, aquellos servicios que acaban financiando otros servicios prestados también por el mismo operador, por el registro o por la notaría. No valoramos tan positivamente
algunos de los borradores que en su día se estuvieron manejando y que podían haberse convertido en ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. La posición de mi grupo es que en la fe pública pueden introducirse elementos de mayor
eficiencia, reducirse plazos, acabar con subvenciones cruzadas, acabar con determinadas malas prácticas administrativas. Hemos dicho por activa y por pasiva que un registrador no es un juez y, de la misma manera que a un órgano judicial no es que
haya que tolerarle, es que precisamente su garantía es la independencia, no puede ser que en notarios o registradores no se pueda lograr una unidad de criterio muy rápidamente.
Una cosa es aumentar la eficiencia del sistema y otra privatizarlo,
porque precisamente en España uno de los asuntos que mejor funciona es ese principio de seguridad jurídica prestado por estos profesionales en unas condiciones de precio y calidad que no son superadas por ningún otro sistema. Le transmito que el
planteamiento de mi grupo es la mejora de la eficacia y de la eficiencia; estimamos que no hay otro sistema alternativo que pueda competir económicamente con el sistema registral.
Los sistemas de seguro de títulos no nos sirven, serían una
disminución muy importante de la calidad y de la expectativa que tiene un ciudadano.
Reitero: mejora de eficacia, toda, pero pensamos que ir a una privatización del servicio o tratar al sistema global de fe pública como si estuviésemos hablando de
prestadores de servicios privados no es correcto. De ahí que le manifieste mi satisfacción por los términos en los que se ha producido en la Ley de acompañamiento en los Presupuestos Generales del Estado. No habríamos podido manifestar esa misma
satisfacción si hubiesen prosperado algunos de los documentos a los que tuvimos acceso con carácter previo a la Ley de acompañamiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Quiero dar las gracias al señor secretario general por su intervención al respecto, intervención amplia, basada en datos concretos y en lo que podríamos llamar el lenguaje de los hechos, con detalles sobre cómo ha
ido la política de liberalización española sector a sector.
Muchas veces me pregunto en qué debe consistir el turno del portavoz del grupo que apoya al Gobierno tras una descripción tan detallada del compareciente y tras el discurso, en términos parecidos, de los otros portavoces.
No se trata de repetir lo que dice, en este caso, el secretario general, ni tampoco de entrar en polémica directa con los otros comparecientes, sino de ir a los principios básicos de mi partido que, aplicados, dan lugar a esas políticas
concretas que ha destacado el señor secretario general. Dentro de este enfoque, y comparando estos principios básicos o ideológicos que dan lugar a esta política de liberalización y defensa de la competencia con los que tienen los otros partidos,
especialmente con el principal partido de la oposición, creo que se debe hacer una aportación más complementaria que reiterativa de lo que aquí se diga en el resto de la sesión.
El señor secretario general ha comentado de pasada un punto en el que yo quisiera hacer hincapié. Realmente nos encontramos con una situación curiosa. Con diez años de diferencia ha habido dos situaciones en España relativamente parecidas.
A finales de la década de los ochenta hubo un fuerte ciclo expansivo y, a principios de los noventa hubo una fuerte crisis en Europa, multiplicada en España. Con fechas casi parecidas se dio una fase de fuerte crecimiento en la economía mundial,
europea y española a finales de la década de los noventa y una cierta crisis. La diferencia es que, por primera vez en cuarenta años, porque me tendría que ir mucho más atrás para que esto se produjera, en España vamos a pasar la crisis bastante
mejor de lo que lo hace la media europea. Se decía que cuando Europa estornudaba España cogía una pulmonía, pero en este caso nuestros datos van a ser mejores, no sólo en la fase de crecimiento, sino también en la fase de crisis. ¿ A qué se debe
esa evolución? Se debe a que ha habido políticas diferentes, no se debe a quimeras extrañas, sino básicamente a dos clases de políticas diferentes.
En primer lugar el Gobierno español ha realizado una política de ajustes macroeconómicos en la fase
expansiva del ciclo de la economía española muy distinta de la que se hizo en la fase expansiva del ciclo por el Gobierno del PSOE a finales de la década de los ochenta a principios de los noventa, sobre todo después del año 1988. Y, en segundo
lugar, se ha realizado una política de liberalización mucho más profunda en esta fase de la que se realizó entonces, por lo que estamos mucho mejor preparados para enfrentarnos a esta crisis que, probablemente, va a ser muy diferente a la aguda
crisis de principios de los noventa. Ahí, la liberalización ha jugado un papel muy importante y complementario respecto al ajuste de las variables macroeconómicas.
Por otra parte, se ha hablado de liberalización, de ritmos, etcétera. Hay un hecho que está en los estudios comparativos europeos y es que el ritmo al que se estaba liberalizando en el año 1996 en España era claramente menor que la media y
el ritmo al que se ha liberalizado desde el año 1996 a la actualidad es claramente superior a la media. Existe un dicho antiguo en España que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho y aquí le tendríamos que dar la vuelta. Del hecho de cómo se
gobernó entonces hay mucho trecho respecto al dicho de ahora de cómo hay que gobernar.
Está bien que a veces se tenga originalidad y no pasar a los trechos del dicho al hecho sin los trechos del hecho al dicho. Pero la contradicción no surge sólo
entre lo que se ha hecho y lo que se dice ahora que hay que hacer, que es una contradicción muy clara, sino entre los propios dichos de este período de lo que podemos llamar PSOE siglo XXI y PSOE desde el año 2000. Como muy bien ha dicho el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, están tremendamente coordinadas las políticas de liberalización con las políticas de defensa de la competencia. Una muestra más, entre las muchas que se podían poner, de cómo el dicho no coincide ni
siquiera con el dicho ni con el hecho anterior -y perdón por tanto juego de palabras- de las declaraciones del PSOE 2000, por llamarle de alguna. Por ejemplo, en lo que se refiere al dicho en el tema del Tribunal de Defensa de la Competencia, el 13
de diciembre de 2000, según uno de sus máximos representantes de política económica, se decía que todos los temas de competencia -como por ejemplo las fusiones- debían ser decididos por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esa es una época muy
reciente, pero el 2 de abril de 2001, el Grupo Parlamentario Socialista decía que debía ser el Gobierno, eso sí, con el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Y como gran novedad decía que debía motivarse en el caso de que difiera el
Gobierno del Tribunal en el plazo de un mes. Esto ya es rizar el rizo. Aparte de la contradicción interna del hecho con el dicho y del dicho con el dicho, esa postura era la que el PSOE mantenía en el año 1992, porque entonces ya defendía que se
motivaran las decisiones e incluso se diera un plazo de un mes con silencio administrativo positivo. Todo lo que cambia respecto a sus propias declaraciones es que desaparece lo del silencio administrativo positivo, lo cual le da inseguridad
jurídica. A mí a veces me parece - y perdón, porque es una opinión puramente personal- que el PSOE 2000 debía tener más respeto por algunas cosas que hizo su Gobierno en épocas anteriores, no digo en todas, que pueden ser más criticables, pero en
esta de la que hablamos el PSOE, en su acuerdo del decreto 1081/1992, planteó una posibilidad que es mucho mejor que la del último dicho del PSOE de abril de 2001, distinta a la del dicho de diciembre de 2000.
Podríamos decir que se trata de
parcelas muy aisladas en las que hay contradicciones en las posturas del PSOE, pero esas parcelas no son tan importantes, puesto que hay coherencia en su postura general. Yo argumentaría que engarza muy bien, que hay coherencia en la incoherencia,
que desde un marco básicamente incoherente - y lo digo sin acritud-, es también coherente ser incoherente en este punto. Todo ello forma la maravillosa coherencia de la incoherencia.
No me voy a poner a recordar cosas pasadas del PSOE del año 2000, como que en las últimas elecciones
se fuera con Izquierda Unida o que en un famoso club -que conozco bien porque lo presidí durante bastante años- se hablará de lo libertario -que en lenguaje normal quiere decir anarquista- , etcétera. No me voy a referir a eso. Quizá sí
debía hacer mención al tipo fiscal único que después se dijo que había que complementar con unos impuestos del patrimonio, cuando eso depende de las autonomías, y algunas están gobernadas por el PSOE, o cuando ahora se dice que es un tipo único,
pero más para unos determinados contribuyentes que para otros. Luego, único, pero no único. Es en todo ello en lo que, quizá, encajan perfectamente las contradicciones en política de liberalización y en política de defensa de la competencia del
PSOE. Yo diría - y es una nota de humor, ya que nos conocemos lo suficiente- que el PSOE ha abandonado hace mucho el marxismo o lo utiliza mucho menos. Hay una frase de Marx tremendamente interesante, y seguro que mis compañeros del PSOE la
conocen, y es que con la contradicción avanza la historia. En ese sentido, el PSOE actual es un PSOE marxista. Me refiero a Carlos Marx, no quería hacer la broma de Groucho Marx.
Me gustaría acabar diciendo que a veces es difícil contestar al PSOE con la fecha de caducidad en el tiempo de sus distintas propuestas y sin mencionar lo que está tan de moda como es hablar de la diversidad en el espacio sobre el mismo
tema. Como diputado por Murcia, me encuentro con la diversidad en el espacio de las decisiones sobre el mismo tema. Quizá, si se consiguiera coordinar esas posturas sería algo mejor. Hay una frase que se utiliza por los cazadores que se podría
aplicar aquí. Se dice que hay cazadores que primero disparan y luego apuntan. Pues bien, parece que esta es la postura del PSOE sobre muchos de estos temas. Primero disparan, de cualquier forma, y hablan del tipo único, de libertarios, del
Tribunal de Defensa de la Competencia, y luego apuntan, cambiando esta forma de apuntar hasta que, al final, hay que reconocer que tienen la cualidad de ser muy difíciles de seguir y la gran cualidad de la sorpresa. Porque muchas veces pensamos:
¿Qué les tocará decir hoy? Y como a veces son un poco monótonas las sesiones del Parlamento, hay que reconocer el mérito de esa posibilidad de sorpresa con la que uno se levanta ante la intervención de hoy, que él sin duda verá diferente de la de
días pasados.
Acabaré diciendo una frase que comprendo que es política, pero estamos en un ámbito político, y es que para pasar de ser un partido de oposición a un partido de alternativa de Gobierno hay que apuntar antes de disparar, hacerlo de forma
coherente, presentar una base estable alternativa y sobre todo tener credibilidad en todas las materias: en política de liberalización, en política de defensa de la competencia, en política económica, en política en general; sólo entonces se habrá
dado ese paso importante para el que aún quedan, y perdón por la expresión, muchos hervores antes de pasar de ser partido de oposición a ser una alternativa de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, puede usted contestar a las intervenciones de los distintos portavoces.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (De Guindos Jurado): Señor presidente, teniendo en cuenta la limitación de horarios que antes me ha comentado, intentaré ser muy breve.
En primer lugar me congratulo de las opiniones que hemos oído sobre la necesidad de liberalización y competencia. Ese es un tema importante y en España este discurso, utilizando la terminología del economista, no siempre ha sido el
paradigma en vigor. Desde ese punto de vista, como economista y dadas mis responsabilidades actuales en el Ministerio de Economía, creo que todos debemos congratularnos.
El señor Bel me ha planteado una serie de cuestiones concretas, específicas, que intentaré responder muy rápida y directamente. En primer lugar, en relación con el tema del bucle local, es cierto que se han ido cerrando pocos bucles locales
desde el punto de vista de la desagregación del mismo, pero esto ha ocurrido en toda Europa y S.S. lo conoce perfectamente. En el bucle local la legislación es exactamente la misma en toda Europa, porque estamos aplicando una directiva
comunitaria. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que la desagregación del bucle local se encuentra con dificultades físicas y evidentemente esto se ha reproducido, como comentaba anteriormente, en todos los países de la
Unión Europea. De cualquier forma, creo que aquí se está dando una modificación. ¿Sabe S.S. que recientemente las autoridades americanas, la CMT americana, ha prohibido la desagregación del bucle local? La ha prohibido fundamentalmente porque
considera que, desde el punto de vista de regulación, más que intentar competir con la misma tecnología lo que se tiene que hacer es competir en el tema de las telecomunicaciones a través de diferentes tecnologías. Es decir, no se trata tanto de
que tengamos operadores de telefonía fija compitiendo dentro del par de cobre a través de la desagregación del bucle local sino fundamentalmente de que compita el par de cobre con el cable, con la fibra óptica, con la telefonía móvil. Es un
planteamiento que se modifica y por lo tanto yo nunca sería excesivamente fundamentalista en este tipo de consideraciones menores porque la regulación en este ámbito cambia de una forma bastante notable.
Ha comentado después S.S. respecto de la cuota de mercado los inconvenientes en telecomunicaciones. Es cierto; simplemente recordaré una cuestión. Conoce perfectamente S.S. que la liberalización en la telefonía fija en España empieza
más tarde que en el resto de Europa como consecuencia de decisiones anteriores al
año 1996. Igual que otros habían empezado en el año 1995 o en el año 1994, nosotros empezamos en el año 1998 porque se tuvo que deshacer una decisión respecto a la competencia en el sector de la telefonía fija. Eso nos lleva a que el
inicio de la competencia en España desde el punto de vista de la telefonía fija, como conoce perfectamente S.S., se inicie con dos o tres años de retraso con respecto a la media europea. También ha comentado S.S. datos respecto a la evolución de
precios. Yo tengo aquí el gráfico de la Unión Europea con el IPC armonizado en el sector de telecomunicaciones, y lo que se ve clarísimamente es que, como consecuencia de ese retraso heredado en la liberalización, en España empieza la desaparición
del desajuste tarifario que existía entre llamadas locales y llamadas fijas a lo largo de 1998 y se tiene una evolución del IPC superior a la media europea. Pero lo importante es que cuando en España empieza, en el año 2001, a tomar fuerza la
liberalización económica y comenzamos a sentir los efectos de la introducción de competencia, inmediatamente, como ha señalado S.S. y tal como ocurre actualmente, empezamos a tener tasas interanuales del sector de las telecomunicaciones que son
inferiores a las de la Unión Europea.
Asimismo ha preguntado S.S. sobre el tema de los precios eléctricos. En el decreto-ley de junio se hacía referencia a la evolución de las tarifas para consumidores domésticos de electricidad y en él aparecía que se bajarían, hasta el año
2004, un máximo del 9 por ciento, que por supuesto el Gobierno ha cumplido; es decir, que el máximo estará dentro de lo establecido en dicho decreto-ley. Por el momento, como saben ustedes, ya han bajado un 4 por ciento para los consumidores
domésticos, es decir, para los hogares. Al final, ha hecho S.S. comentarios respecto a las entradas y cómo se han ido generando los expedientes en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esto es una norma. Es absolutamente lógico que los de
oficio sean inferiores y a mí me preocuparía que fuera al revés, que fuera al contrario de lo que me comentaba S.S., porque esto pone de manifiesto que la sociedad está mentalizada con respecto a la importancia de la competencia y lógicamente
siempre puede más la sociedad con sus denuncias que, permítame que lo diga de esta forma, la burocracia con sus actuaciones. Es decir, lo que tiene que hacer el servicio de defensa de la competencia es tramitar adecuadamente las denuncias de la
sociedad española respecto de contravenciones de la normativa de competencia, y esto es lo que efectivamente está ocurriendo. Porque si única o mayoritariamente actuáramos de oficio, creo que se estaría modificando de alguna forma el planteamiento
y a la sociedad española este tema no le interesaría mucho.
En relación con los comentarios del representante de Convergència i Unió, estamos completamente de acuerdo en el tema de interconexiones, es una cuestión vital y un tema fundamental. En todo el planteamiento de competencia del Gobierno en
los últimos años en relación con el sector eléctrico este ha sido un elemento que ha pesado, es decir, este es un sector muy cerrado a la competencia exterior. En cuanto al tema de la fe pública, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que
también consideramos que esta eficiencia se tiene que lograr a través de la existencia de mayor competencia entre los fedatarios públicos, que son unos magníficos profesionales que pueden ofrecer mucho a la sociedad.
En relación con los comentarios del portavoz del Partido Popular, con el que estoy completamente de acuerdo, simplemente diría que es muy difícil valorar los efectos de la liberalización y que la mejor forma de valorarlos es comparar el
comportamiento de la economía española, tal como indicaba S.S., en una situación de desaceleración económica, porque cuando se desaceleraba el ciclo en Europa nosotros siempre desacelerábamos más que ésta en ciclos económicos previos, y ver cuál es
la situación actualmente. Los datos son bastante claros. Podremos hablar de transferencias de renta, intentar ver la comparación con Europa, pero hay una cuestión fundamental que es que España, en un año muy difícil desde el punto de vista del
comportamiento económico como fue el 2001, con una desaceleración económica extensa e intensa, ha estado creciendo al 2,8 por ciento, y con un crecimiento en el peor de los momentos del 2,5 por ciento, ha continuado con la creación de empleo. Esa
es la mejor garantía de que es como consecuencia fundamentalmente de otro tipo de políticas pero también de la política de liberalización. El shock positivo que supuso en el año 2001 la baja de tipos de interés diferenciales en España como
consecuencia de la incorporación a la unión monetaria prácticamente se puede considerar que ya está absorbido, que ese efecto macroeconómico ya está absorbido después de tres o cuatro años de unión monetaria, incluso teniendo en cuenta el período
anterior a que España entrara a formar parte de la unión monetaria. Los efectos fundamentales desde el punto de vista de ese comportamiento diferencial se tienen que concretar en elementos o explicaciones derivados de la política de liberalización
y de la política de competencia. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, le ruego que sea muy breve.
El señor BEL I QUERALT: Más que breve; mucho más que el señor De Guindos.
Sólo voy a hacer cuatro consideraciones de forma telegráfica.
En primer lugar, entenderán que me quede con una cierta sensación agridulce, como el cerdo de los restaurantes chinos, porque hemos empezado la comparecencia siendo los no va más en liberalización y ahora resulta que vamos retrasados por
culpa del PSOE. Está bien esta sensación agridulce porque a uno tampoco es que
le guste mucho que le critiquen. Son dos las cuestiones que elevo a su consideración, señor De Guindos. Es una buena pregunta plantearnos por qué Portugal, que introduce competencia en telefonía fija dos años después que España, tiene hoy
una menor cuota del antiguo monopolio operador dominante y por qué en telefonía móvil, donde la competencia en España se introdujo en la prehistoria -antes de 1996-, tenemos cuotas de mercado del operador dominante mayores que la media de la Unión
Europea.
De hecho, en los últimos seis años, a diferencia de la mayoría de los países, sólo ha introducido un nuevo operador.
Normalmente no suelo referirme a las intervenciones de otros portavoces, y menos cuando pertenecen al Partido Popular, pero ahora voy a hacer referencia a una. Señor Gámir, no sé si mi discurso ha sonado a socialismo, viejo o nuevo,
libertario neomarxista, pero le aseguro que el suyo ha sido una muestra de entropía, es decir, de la tendencia al caos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gámir, sea breve, por favor.
El señor GÁMIR CASARES: Antes no he querido poner ejemplos concretos de la llamada herencia recibida, pero recuerdo que, cuando la UCD dejó de gobernar en el año 1982, dicha herencia pasó a ser durante muchos años el único lenguaje del
nuevo Gobierno del PSOE. Y ya que me pide ejemplos concretos de la herencia recibida, le voy a poner dos, uno de los cuales ha sido citado por el señor secretario general en su última intervención.
Mientras que España inició la competencia en
telefonía fija cuando el Partido Popular llevaba un tiempo gobernando, otros países lo hicieron cuando estaba gobernando el PSOE. Pues bien, nosotros hemos sido mucho más rápidos que ellos habiendo empezado después. Otro ejemplo -no quiero ir
sector por sector para no alargar mi intervención- se refiere al sector eléctrico. Entre 1993 y 1996 el PSOE perdió una magnífica oportunidad para iniciar la liberalización energética con la LOSEN. Yo era entonces portavoz de la oposición y
manifesté que dicha ley no supondría un paso hacia la liberalización a no ser que se desarrollara la figura de los independientes, cosa que nunca hizo el Gobierno, con lo que se perdieron unos años preciosos que después hubo que recuperar. Así
pues, partiendo de los dos sectores más típicos, está claro que con el PSOE se heredó una posición mucho más retrasada, la cual se ha logrado recuperar en este período.
A mí me parece que la teoría del caos está mucho más cercana a la teoría de la contradicción continua, que es una de las muchas bellas formas de expresión de la teoría del caos, hasta el punto de que, en relación con el sistema de reciclar
las posturas con fecha de caducidad y según la región en que se planteen, podríamos aplicar dentro de la teoría del caos, si quiere usted, la teoría de la mariposa y entonces hablaríamos de dicha teoría como parte básica de las nuevas posturas del
nuevo PSOE.
El señor PRESIDENTE: Antes de despedir al señor secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia y pasar a la siguiente comparecencia, quiero comunicar a SS.SS. que las votaciones correspondientes a las dos
proposiciones no de ley que figuran como últimos puntos del orden del día no tendrán lugar antes de las 14 horas.
- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (ESTEVAN BOLEA), PARA INFORMAR SOBRE LA MEMORIA PRESENTADA EN RELACIÓN AL INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000. (Número de
expediente 212/001040.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto número 2 del orden del día: Comparecencia de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear para informar sobre la memoria presentada en relación al informe anual del Consejo de Seguridad
Nuclear correspondiente al año 2000.
Bienvenida, señora presidenta, a la Comisión de Economía y Hacienda. Tiene usted la palabra.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Señor presidente, señorías, quiero dar las gracias por el hecho de poder comparecer ante esta Comisión, algo que para mí es muy grato, puesto que se trata de mi primera
comparecencia como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados. Tengo la satisfacción de decirles que he comparecido ya tres veces en el Senado y que esta es la primera vez que el Congreso ha solicitado la
comparecencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que en este momento nos encontramos con que ambas cámaras están muy interesadas por nuestros temas, lo cual agradezco. Asimismo, quiero hacerles llegar mi satisfacción por el hecho de
comparecer ante esta Comisión del Congreso por dos motivos. En primer lugar, porque es una obligación que cumplo gratamente y, en segundo lugar, porque me permite volver a una Comisión en materia de seguridad nuclear semejante a otra a la que
pertenecí durante dos legislaturas como diputada por Madrid y portavoz de mi grupo. Quiero añadir que son muchos los temas por los que se han interesado SS.SS. relacionados con cuestiones de las que se ocupa el Consejo de Seguridad Nuclear, lo que
les agradezco de veras, por lo que, si hoy no nos diera tiempo a tratarlos todos con la extensión que ustedes desean, con mucho gusto, señor presidente, volveré a la Cámara para hablar de cuestiones
específicas que puedan interesar a los señores diputados, si la Mesa lo estima pertinente.
Les hemos enviado una numerosa y amplísima información como respuesta a las 30 resoluciones que la ponencia de esta Comisión, que estudia nuestros trabajos, aprobó el 27 de septiembre pasado, así como otros informes sobre sucesos en acerías,
transporte de radiofármacos, radioisótopos, etcétera.
Intentaré resumir el informe del año 2000, porque SS.SS. lo tienen desde hace meses y en el se detallan la casuística y materias específicas de cada área, a fin de que podamos tener tiempo para un cambio de impresiones más amplio, si lo
desean los miembros de esta Comisión.
Además, en los últimos meses hemos contestado más de trescientas preguntas parlamentarias escritas sobre nuestras diferentes tareas, y todas estas respuestas están ya publicadas en el 'Diario de Sesiones'.
Como saben muy bien SS.SS., el objetivo básico de nuestra actividad y de nuestras actuaciones es vigilar y adoptar las medidas pertinentes para que las instalaciones nucleares y las radiactivas operen de forma segura.
Pero el concepto de
seguridad debe entenderse y aplicarse en su dimensión real. No tendría sentido referirse sólo a la seguridad de los materiales, equipos y componentes o al importante factor humano, porque la seguridad depende de las actuaciones internas en la
instalación y, cada vez en mayor medida, de las condiciones externas. Debemos considerar el sistema eléctrico de forma integrada o el sistema sanitario de un hospital, por ejemplo, porque sus condiciones de operación inciden totalmente en el
funcionamiento de las centrales nucleares y de las instalaciones radiactivas.
Voy a señalar algunos datos de las centrales nucleares referidos naturalmente al año 2000. Luego, si quieren alguna información sobre el año 2002 y la tengo a mano, se la facilitaré con mucho gusto. Como saben muy bien, actualmente España
tiene nueve grupos nucleares, que operan en siete emplazamientos, y todos ellos funcionan a plena carga. En el año 2000, con una potencia de 7.798 megawatios, la producción nuclear fue 62.206 gigawatios/hora, que representa el 27,77 por ciento del
total, con un incremento respecto al año 1999 del 5,7 por ciento. Desde el punto de vista eléctrico y económico, el dato más significativo de las centrales nucleares es que funcionan alrededor de 8.000 horas/año.
Las centrales nucleares españolas funcionaron correctamente en el año 2000 y están funcionando correctamente en el año 2002, en este momento. Esto se pone de manifiesto en los resultados obtenidos a través de las actividades de supervisión
y control del Consejo de Seguridad Nuclear, que confirman los indicadores utilizados para valorar el funcionamiento de estas instalaciones. Estos indicadores incluyen parámetros como los fallos de equipos y sistemas de seguridad, las actuaciones de
estos sistemas, las paradas automáticas del reactor o la exposición colectiva a la radiación. Quiero destacar que, en general, los indicadores demuestran una tendencia a la baja a lo largo de los nueve años analizados, desde 1992 hasta el año 2000
-es decir, va mejorando la seguridad-, y en particular, se siguen registrando valores decrecientes en cuanto a la exposición de los trabajadores a la radiación. Estos datos se aprecian en las figuras y tablas recogidas en el informe, que les hago
gracia de no reiterar, porque tienen ustedes una mañana intensa, con un orden del día muy cargado. Además, los indicadores individuales de las centrales muestran para cada una de ellas una evaluación estable y coherente con lo que les he indicado
anteriormente.
En las centrales nucleares españolas, en el año 2000, se produjeron 55 sucesos de carácter notificable. Todos ellos fueron clasificados con el nivel 0 de la escala internacional de sucesos nucleares -la escala INES-, sin ninguna
significación desde el punto de vista de seguridad. El panel de revisión de incidentes del Consejo de Seguridad Nuclear, compuesto por especialistas de diferentes áreas técnicas, analizó cada uno de ellos para valorar su trascendencia y su posible
repercusión en otras centrales y concluyó que cinco eran merecedores de análisis y posteriores medidas.
Sobre estos cinco incidentes les hemos enviado información muy detallada como respuesta a las preguntas parlamentarias del diputado, señor
García Breva, y están ya publicadas en el boletín, por tanto, a no ser que ustedes quieran, no voy a insistir en ello.
También en el año 2000 se abrieron tres expedientes sancionadores y se hicieron cuatro apercibimientos. Se realizaron numerosas inspecciones, como siempre, porque el control de seguridad de las centrales nucleares por parte del consejo
ocupa una gran actividad de éste. Durante el año 2000 se hicieron 188 inspecciones, 68 dictámenes y apreciaciones favorables y 32 instrucciones técnicas complementarias.
Entre los dictámenes más importantes cabe citar en ese año la autorización de almacenamiento de combustible fresco del tipo General Electric GE-14 en la central nuclear de Santa María de Garoña; la autorización de explotación por un periodo
de diez años de la central nuclear de Almaraz, tras la evaluación de la revisión periódica de seguridad; la autorización del aumento de potencia térmica de un 8 por ciento en la unidad I de la central de Ascó y la autorización de la carga y
almacenamiento de combustible radiado, tipo GE-12, en la central nuclear de Cofrentes.
También se aprobó la utilización de la metodología Giralda para la evaluación de seguridad de la recarga de esta central. Cabe destacar también la autorización
de explotación por un periodo de diez años de la central nuclear Vandellós II, tras la evaluación de la revisión periódica de seguridad, y la desclasificación para la gestión por vías convencionales de aceites usados con muy bajo contenido de
actividad en las centrales nucleares de Almaraz y Cofrentes.
También se trabajó y se sigue trabajando en la mejora de la seguridad, que es continua. Se han implantado medidas para la gestión de accidentes severos. Han entrado en vigor las guías de gestión de este tipo de accidentes y en el inicio
del año 2001 se han aplicado a las centrales de Cofrentes, José Cabrera, Santa María de Garoña, Almaraz y Vandellós II.
En Ascó y Trillo entraron en vigor en febrero de 2001 y en el año 2002 respectivamente.
El nuevo sistema de mantenimiento basado en el riesgo y en los resultados es una tarea que está ocupando intensamente al consejo. En este momento se aplica a todas las centrales, excepto a la nuclear de Trillo, en la que se realizará una
vez estudiada la aplicación específica de esta metodología americana al diseño alemán de la central. Se hizo la revisión de las bases de diseño y actualización del estudio de seguridad. Todas las centrales completaron este programa y remitieron al
consejo la correspondiente revisión actualizada de ese estudio de seguridad, excepto Santa María de Garoña y Ascó, a las que les falta esta última formalidad.
También se dedicó gran esfuerzo a la mejora de la formación y entrenamiento del personal de operación. Se concedieron licencias a los operadores de turbina de todas las centrales nucleares, tras la resolución del consejo del 23 de julio de
1999, y se ha requerido a las centrales de Ascó y Vandellós II la instalación de un simulador de alcance total que reproduzca el funcionamiento de la planta, que deberá estar operativo en el año 2003.
Se definieron y aplicaron los programas de gestión de vida útil para todas las centrales nucleares, con objeto de vigilar un tema tan importante y que tanto ocupa el tiempo de SS.SS. como es el envejecimiento de los componentes importantes
para garantizar el funcionamiento de las plantas en condiciones de seguridad. En este sentido se han realizado inspecciones específicas a Cofrentes y Vandellós II.
También se llevaron a cabo los programas de revisiones periódicas de seguridad de las centrales, que se hacen cada diez años, para completar la revisión continua a la que están sometidas. En ese sentido se ha completado la evaluación de
esos estudios de revisión periódica de seguridad de Almaraz y Vandellós II y se han presentado ya al consejo los de Cofrentes y Ascó.
Con relación a la central nuclear de Zorita, cabe destacar, porque es muy relevante, la evaluación por parte del consejo del programa de mejora de la seguridad de esta central, que presentó el titular, en cumplimiento de la condición
requerida por la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1999, que renovaba el permiso de explotación por un periodo de tres años. En los análisis y evaluaciones realizados en el contexto de renovación de la mencionada autorización, se constató que
la central podía continuar su operación sin suponer un riesgo para los trabajadores y el público en general. El consejo identificó posibilidades de mejora, que una vez implantadas incrementarán su nivel de seguridad, por lo que se consideró
necesaria su realización previa a la concesión del permiso solicitado inicialmente por el titular para un periodo de nueve años, a fin de cumplir los cuarenta años que tenían previstos.
El Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión del 11 de julio de 2000, examinó el conjunto de medidas propuestas por el titular y apreció favorablemente el programa presentado, excepto lo relativo a la disposición de los paneles de la sala
de control, panel de abandono temporal de la sala de control y motorización de válvulas del sistema de inyección de seguridad, dejando pendiente asimismo la evaluación de la degradación de los pernos de las placas deflectoras del núcleo y de los
ensayos de cualificación de las penetraciones de contención. En este sentido, el consejo estableció nuevas instrucciones técnicas complementarias en relación con los temas señalados y fijó un nuevo plazo de seis meses para la presentación por parte
del titular de los proyectos de mejora correspondientes. Debo señalar que en estos momentos la central nuclear de Zorita está operando con todas las garantías de seguridad, y quiero aprovechar, señorías, para decirles que esto sucede en todas las
centrales nucleares que están en operación. En este momento Vandellós II está en parada fría para recarga; Almaraz I está en recarga; Cofrentes ha terminado su recarga, y todas ellas operan en seguridad porque si no el consejo, concretamente esta
presidenta no autorizaría ni un minuto el funcionamiento de estas plantas. Esto sí que quiero que quede muy claro -no lo voy a repetir- y hacer gran hincapié en ello en este momento.
También ha sido importante el trabajo en la desclasificación de residuos radiactivos, sobre todo los de muy baja actividad, que cada vez tenemos más por los incidentes en acerías o en materiales férricos. Con respecto a las instalaciones
del ciclo de combustible, almacenamiento de residuos y centros de investigación, en el año 2000 el consejo realizó 40 inspecciones y emitió 11 dictámenes de este tipo. En desmantelamiento y clausura se realizaron 14 inspecciones y dos dictámenes.
Concretamente se ha seguido muy de cerca el control del desmantelamiento de Vandellós I y el de la planta Elefante de fabricación de concentrados de uranio de Saelices el Chico en Salamanca. Además, el consejo continuó el seguimiento de los planes
de vigilancia y control de otras instalaciones ya desmanteladas, como la fábrica de uranio de Andújar y la planta Lobo-G de concentrados de uranio en La Haba, Badajoz.
No me he detenido en el tema de las centrales nucleares, primero, porque toda esta información del año 2000, que ya es algo antigua, la tienen muy detallada en el informe que les hemos mandado hace muchos meses y segundo, porque hemos
mandado muchísima información y voy a intentar dejar tiempo para contestar a cualquier pregunta que pueda surgir. Sí quisiera
detenerme ahora en algo que personalmente me preocupa muchísimo en el consejo, las instalaciones radiactivas porque continuamente están creciendo y ya tenemos miles de ellas con numerosísimas aplicaciones en todos los campos, sobre todo en
el industrial, en construcción y en medicina.
A finales del año 2000 existían en España 19.698 instalaciones, 1.296 instalaciones radiactivas más autorizadas -una de primera categoría que está en Cataluña, 925 de segunda y 370 de tercera- y 18.000 instalaciones de radiodiagnóstico
inscritas en los diferentes registros de las comunidades autónomas. El consejo, que lleva a cabo el control de estas instalaciones directamente y a través de las comunidades autónomas con las que ha suscrito un acuerdo de encomienda de funciones,
que son Cataluña, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra, recibió durante el año 2000 ocho notificaciones de incidencias, aunque ninguna de ellas tuvo consecuencias radiológicas. En ese año se emitieron 463 dictámenes
correspondientes a autorizaciones de funcionamiento, modificación y clausura, de los cuáles 106 fueron realizados por Cataluña y dos por Baleares, comunidades que tienen encomendada la función de evaluación y control, además de la de inspección.
Quisiera agradecer de nuevo a la Generalitat de Cataluña la extraordinaria labor que está realizando, ya que es la única comunidad que está llevando a cabo de forma completa la evaluación e inspección. Estamos extraordinariamente satisfechos del
convenio que tenemos firmado con ellos y nos gustaría que esa forma de proceder se ampliara a otras comunidades. He estado en Barcelona la semana pasada y vamos a ampliar ese convenio porque la Generalitat ha tenido la bondad de aceptar ocuparse de
forma más intensa de la inspección de los aparatos de radiodiagnóstico, lo cual para el consejo significa una tranquilidad enorme. Estamos intentando que las otras autonomías se ocupen también de estas tareas. Desde el punto de vista económico,
que sería su problema, no hay dificultad puesto que los fondos los aporta mediante los convenios pertinentes el consejo y seguramente significa una disposición mayor de personal por parte de los gobiernos autonómicos. Cada vez más tenemos
transportes y utilización de radiofármacos y de elementos radiactivos para radiodiagnóstico que exigen una atención constante. Dentro de poco se extenderá mucho el PET, la tomografía por positrones, habrá más ciclotrones, tendrá que haber
innumerables transportes de sustancias como es el flúor 18 mezclado con glucosa para estos ensayos de PET y todo esto para el consejo significa una preocupación creciente. En cualquier hospital pueden encontrar ustedes de 80 a 90 elementos
radiactivos y ello significa que tenemos que dedicarle una actuación creciente. España tiene cada año 150.000 nuevos casos de cáncer de los que 75.000 pacientes son irradiados. Esto significa un trabajo inmenso para los hospitales tanto públicos
como privados, especialmente en los 68 hospitales públicos que ahora han pasado a depender de gobiernos autonómicos con las transferencias de sanidad y que tienen una tarea inmensa que requiere que el consejo aumente sus dotaciones en la inspección
y sus dotaciones de personal. En este sentido quiero añadir que nuestro personal técnico está haciendo un esfuerzo inmenso tanto en centrales nucleares como en instalaciones radiactivas porque es escaso, no es suficiente y gracias a su gran
competencia, a su gran valor técnico y a su capacidad -que quiero reconocer y manifestar expresamente aquí- puede llevar a cabo esta importante tarea que tiene encomendada.
En el ejercicio 2000 se emitieron 463 dictámenes correspondientes a autorizaciones de funcionamiento, modificación y clausura, de los cuales 106 fueron realizados por Cataluña; lo reitero porque es una cifra importante. Se realizaron 1.312
inspecciones en distintas comunidades, 385 escritos de control a diversas instalaciones, y sobre todo estuvimos trabajando ese año, y ahora cada vez más, en los usos de isótopos radiactivos en medicina, en construcción y en investigación y
desarrollo tecnológico, que también va a requerir cada vez más actividad por nuestra parte porque el área de I+DT es lo que nos puede llevar a optimizar recursos y a mejorar nuestras actuaciones en el amplísimo campo de las instalaciones
radiactivas. Al transporte de materiales nucleares y radiactivos, por lo que les he comentado antes, tendremos que dedicar mucho más tiempo. Desde que ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas también nos
ocupamos de vigilar más la fabricación de equipos radiactivos y las exenciones. Se están elaborando numerosos informes para autorizar la exención de aparatos de muy bajo riesgo como detectores de humo, unos pequeños isótopos radiactivos, de los que
tenemos en España 5 millones de unidades y, aunque están desclasificados, se pueden dar idea de lo que significan todas estas cifras. Asimismo, los equipos de rayos X para radiodiagnóstico también están creciendo de una forma inmensa, diría yo.
Para que tengan datos recientes, en el año 2002, tenemos 20.800 aparatos de radiodiagnóstico, aproximadamente, de los cuales 14.000 están en las consultas de los dentistas pero el resto es radiodiagnóstico muy sofisticado y muy complejo. Si
ustedes van a un hospital en las áreas de radioterapia y ven el trabajo que hacen los radiofísicos se darán cuenta de que son laboratorios de altísima tecnología, lo que requiere que el esfuerzo del consejo sea coherente con lo que les he dicho
anteriormente
También nos han dado bastante trabajo actuaciones como las acerías eléctricas. Ustedes han vivido desde el episodio de Acerinox del año 1998 que han instalado pórticos, han firmado prácticamente todas ellas, no sólo en el ámbito del acero
sino del aluminio, cobre y plomo, el protocolo para el control de estas chatarras
de manera que no se fundieran fuentes radiactivas. No obstante, todavía no hemos terminado de evacuar el polvo de humo de Acerinox, aunque creo que muy pronto el problema de las algo más de 1.000 sacas se resolverá. En la Siderúrgica
Sevillana, que también tuvo un incidente en diciembre del año pasado y en enero, se ha gestionado con mucha más rapidez porque también la fuente fundida, aunque era cesio-137, era de mucha menos entidad. La fuente fundida en Acerinox tenía una
actividad de unos 100 curios y la de Siderúrgica Sevillana no llegaba a 10 curios, pero en cualquier caso las experiencias que hemos tenido en un caso y otro nos han sido muy útiles.
Esta cuestión nos preocupa también porque España es un gran
fabricante de acero en acerías eléctricas, importamos más de 12 millones de toneladas de chatarra, y no crean que estas fuentes huérfanas que pueden contener estos isótopos radiactivos vienen de África solamente -la de Acerinox procedía de Estados
Unidos vía Rotterdam- por lo que a pesar de que hay pórticos tendremos que tener mucho cuidado porque se nos pueden presentar diferentes casos en esta área para los que nos estamos preparando de la mejor forma que podemos.
Las licencias de personal nos ocupan también una parte importante de nuestro tiempo, sobre todo en la Dirección General de Instalaciones Radiactivas. A fin de garantizar que el personal de las instalaciones tenga una preparación suficiente
se conceden las licencias obligatorias para supervisar y operar las instalaciones nucleares y también las radiactivas y se dan los diplomas para los jefes de servicio de protección radiológica si los candidatos superan las pruebas necesarias.
No
quiero darles muchas cifras porque las tienen en el informe, pero sí alguna para que tengamos una idea de la magnitud del trabajo que el personal técnico del consejo tiene que llevar a cabo continuamente. A 31 de diciembre de 2000 el número de
trabajadores con licencia o diploma era de 5.694. Además, 25.438 trabajadores contaban con la correspondiente acreditación del consejo para dirigir las instalaciones de radiodiagnóstico médico y 34.689 para operar dichas instalaciones. En este año
2000 el consejo concedió 280 licencias de supervisor, 558 de operador y seis diplomas de jefe de servicio de protección radiológica y se homologaron 16 cursos de formación de operadores.
En cuanto al capítulo importante de protección radiológica de los trabajadores, estamos controlando continuamente las dosis de radiación recibidas por los mismos, tanto en las instalaciones nucleares como en las radiactivas, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los principios de protección radiológica que se basan en la evaluación del riesgo asociado a las actividades y en reducir al mínimo la exposición a las radiaciones. El siguiente dato es interesante, señorías. En el año
2000 estaba vigente el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes del año 1992 que establecía un valor de 50 milisieverts/año como límite de dosis para los trabajadores expuestos y un valor de cinco milisieverts/año como límite
de dosis para los miembros del público. Los nuevos límites aplicables al trasponer la Directiva 1996/29/Euratom de la Comisión Europea han bajado a 100 milisieverts en un período de cinco años, o sea veinte cada año -en vez de 50, 20- y para los
trabajadores expuestos, en vez de cinco, uno, es decir, nos hemos quedado en el 20 por ciento, lo cual es un valor muy estricto y muy interesante. En las instalaciones radiactivas se produjeron 20 casos de posible superación del límite de dosis en
el año 2000, 13 de los cuales se produjeron en instalaciones médicas y los siete restantes en el campo industrial. En todos los casos el Consejo de Seguridad Nuclear abrió un protocolo de investigación aplicable exigiendo la realización de los
estudios médicos correspondientes. No se detectaron patologías radioinducidas y se adoptaron las medidas de protección necesarias en las instalaciones.
Tenemos 84.439 trabajadores controlados mediante dosímetro que recibieron unas dosis
individuales muy inferiores al milisievert/año en todos los casos y tenemos un banco dosimétrico que a finales del año 2000 contaba con 6.600.000 datos correspondientes a 200.000 trabajadores y a unas 25.000 instalaciones. Como pueden ver,
señorías, es un volumen de información altísimo el que estamos manejando. En las centrales nucleares el consejo controló a un total de 7.248 trabajadores con una dosis colectiva de 7,06 sieverts/persona y una dosis individual de 1,97
milisieverts/año. Las dosis colectivas han ido bajando. Les hago gracia de mencionar las de las instalaciones radiactivas, siempre por debajo de los límites admisibles, y donde las tenemos mayores es en el sector del transporte. Solemos tener
dificultades en el aeropuerto de Barajas y estamos intentando trabajar con las autoridades del aeropuerto porque son bultos muy pequeños que a veces se pierden, se rompen, son muy fáciles de manejar y quizá no se operan con la atención que estos
equipos deberían recibir. Al final generalmente se encuentran los aparatos que se pierden, pero hemos de mejorar e incluir el criterio Alara, es decir, trabajar con dosis lo más bajas como sea razonablemente posible en esta área. En transporte por
carretera son muy pocos los trabajadores que realizan este servicio porque son pocas las empresas que lo llevan a cabo y, al ser pocos, las dosis son mayores pero siempre por debajo de los límites admisibles.
Saben SS.SS. que la vigilancia radiológica ambiental en España tiene una red muy densa. Tenemos la red PVRA, el programa Revira, el programa REA y el programa REM. El programa Revira es todo responsabilidad del consejo; la red de
estaciones automáticas, que mide la presencia en la atmósfera, REA, se lleva por unos laboratorios, universidades y nosotros; la red de estaciones de muestreo, REM, está integrada por distintos laboratorios y el Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, y el PVRA es el que está
en el entorno de las centrales nucleares. Además tenemos la vigilancia del aire, que no opera el consejo, como son las redes de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Extremadura, y Protección Civil dispone de un sistema de
alerta a la radiactividad, el RAR, que mide la tasa de radiación en unos 900 puntos del país.
En cuanto a residuos radiactivos, el combustible irradiado, que a finales del año 2000 representaba un total de 7.984 elementos, permaneció almacenado en las piscinas de las centrales nucleares, todas ellas con capacidad suficiente para
atender los combustibles que tengan que gastar hasta el año 2009 (Cofrentes), 2013 (Ascó I), 2015 (José Cabrera y Santa María de Garoña), 2020 (Vandellós II), 2021 (Almaraz I) y 2022 (Almaraz II). El almacén de depósitos de Trillo está ya
terminado. Cuando se dé por finalizada la preparación del contenedor de los combustibles -está ya trabajando el consejo en ello- el almacén será licenciado, si procede -entendemos que sí-, por parte del consejo. En el año 2000 los titulares de
instalaciones nucleares y radiactivas enviaron a El Cabril 6.538 bultos de residuos radiactivos, de los cuales 324 procedían de instalaciones radiactivas. Además, enviaron 1.364 cajas, también con residuos radiactivos, de las cuales 1.319 procedían
de instalaciones radiactivas y 45 de centrales nucleares. Se ha seguido también la restauración de las antiguas minas y Enresa retiró 657 pararrayos radiactivos, con lo que el número total de los retirados ascendía en el año 2000 a 20.388. Se
habían recibido 642 nuevas solicitudes y en el año 2000 no se remitió al Reino Unido ninguna fuente radiactiva de americio-241. El consejo recibió 31 comunicaciones de detección de radiactividad de materiales metálicos; es el protocolo al que
hacía referencia. Para que se den idea de lo que va a ser en el futuro esta actividad, la acería de Sevilla, Siderúrgica Sevillana, detectó en un año 11 isótopos radiactivos que pasaron por debajo de su pórtico. El incidente que tuvieron el año
pasado no se detectó porque esta chatarra no había pasado por el pórtico, estaba almacenada en la planta bastante antes de que se instalara el pórtico, y al remover ese montón de chatarra para dejar esa zona limpia y dedicarla a almacenamiento de
carbón es cuando apareció esa fuente que no había estado controlada porque llevaba allí muchos años. Son muy numerosas las detecciones de estos materiales que se hacen en las distintas acerías y por ahora se va controlando lo mejor que se puede.
Las emergencias radiológicas y protección física se continuaron vigilando desde la sala de emergencias del consejo, la Salem. Se participó en los planes de emergencia de todas las centrales nucleares, que como ustedes saben se hacen todos
los años, y también en el año 2000 participamos en dos ejercicios Ecurie, nivel I, organizados por la Unión Europea. En el año 2000 se aprobaron los criterios radiológicos aplicables a la revisión del plan básico de emergencia nuclear, el PLABEN.
En información y comunicación pública se han seguido haciendo los trabajos, continuando lo que ya se llevaba a cabo. Recibimos en el centro de información 6.658 visitas en el año 2000, de las cuales el 87 por ciento correspondían a alumnos
de bachillerato. Se editaron 37 publicaciones técnicas, se han seguido las relaciones institucionales, etcétera. Quiero destacar el plan de investigación que para nosotros es de enorme entidad y que en ese momento, año 2000, supuso un presupuesto
de 439 millones de pesetas que se ha ido incrementando cada año. Respecto a reglamentación y normativa, el 1 de enero de 2000 entró en vigor el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas que sustituyó al anterior texto, del año 1972, y
en el informe anual anterior se detallaron ya sus principales características. Se promulgó el nuevo texto del Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, que traspone parcialmente la Directiva 1996/29/Euratom, y se finalizó
la contribución del consejo a dicho texto.
Con respecto a la gestión de recursos humanos, el consejo se reestructuró porque lo pedía así la Ley 14/1999, de tasas y precios públicos, por los servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear y se dividieron las tareas en una
dirección general de instalaciones nucleares y una dirección general de instalaciones radiactivas. Asimismo, el 7 de noviembre de 2000 aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario, y es tal la tarea del
organismo que ya queda absolutamente insuficiente. Los recursos económicos y humanos del consejo son suficientes. El consejo no recibe dinero de los presupuestos del Estado, todo son tasas o lo que cobra como precios públicos por sus servicios,
salvo una pequeña cantidad de 278 millones correspondiente -termino ya, señor presidente- a un ingreso que se nos hace desde el Ministerio de Economía para cubrir -porque lo indicó así el Tribunal de Cuentas- la vigilancia de la calidad del aire en
cuanto a la radiactividad en todo el territorio nacional. La plantilla del consejo en el año 2000 era de 422 personas, de las que 191 pertenecían al cuerpo técnico de seguridad nuclear y protección radiológica.
Quiero finalizar esta intervención, señores diputados, incidiendo de nuevo en que todas las centrales que operan en España en este momento lo hacen con total seguridad; de lo contrario, esta presidenta no permitiría que continuaran ni un
minuto su trabajo. Además, quiero destacar la excelente capacitación técnica del personal del consejo, que no debe ponerse en duda, hacen un esfuerzo enorme, tienen unos conocimientos soberbios y actúan con pleno conocimiento de causa. Por tanto,
quiero ratificar en el cuerpo técnico del consejo mi confianza por algunas notas que han salido en la prensa totalmente faltas de rigor, y dar las gracias al cuerpo técnico por su dedicación y a ustedes, señorías, por su atención y constante
dedicación al seguimiento de los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor PRESIDENTE: En el turno de portavoces, en primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: En nombre del Grupo Socialista quiero dar la bienvenida a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y agradecerle su exposición porque es la primera vez en esta legislatura y desde que ocupa la presidencia del
Consejo de Seguridad Nuclear que comparece en esta Cámara. Como bien ha dicho, ha comparecido ya tres veces en el Senado y, sin embargo, aquí no lo ha hecho a pesar de que hay comparecencias pedidas por Izquierda Unida y por el Grupo Socialista
desde el mes de septiembre pasado, es decir desde hace ocho meses. Por tanto, a la vez que le doy la bienvenida quiero criticar no sé si al Partido Popular o a la Mesa, me da igual, porque desde el mes de septiembre hay pedidas comparecencias suyas
en esta Comisión de Economía.
Ha ido al Senado incluso a petición propia, pero aquí no ha comparecido ni siquiera a petición propia. Yo no puedo más que criticar esto y pedir un poco más de respeto a esta Cámara para un tema tan importante como es
la seguridad nuclear y para un organismo regulador también tan importante como es el Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero recordar aquí que la historia del Consejo de Seguridad Nuclear va unida al desarrollo de la democracia y al trabajo
parlamentario, que la presidenta y los consejeros han sido elegidos en esta Comisión en la que deben comparecer más, por lo menos en la misma medida que comparecen en los medios, y dar quí más información y menos fuera.
Quiero felicitar al Consejo de Seguridad Nuclear por el mismo informe del año 2000, que en relación con el de 1999 mantiene la tónica de una excelente información, un nivel de información exhaustivo. También quiero agradecer a los
comparecientes del Consejo de Seguridad Nuclear en la ponencia que el día 25 del mes pasado tuvo lugar en esta Comisión la información que aportaron, ya que amplió y aclaró muchas de las dudas que había manifestado tanto en preguntas como a través
de otras iniciativas parlamentarias. Quiero agradecerle a usted y a todo el organismo que dirige la diligencia con la que se han atendido tanto las preguntas como las iniciativas parlamentarias y el cumplimiento de los informes que por acuerdo de
la Comisión de Economía -las 30 resoluciones a las que usted hacía referencia- hemos recibido. Creo que este es un trabajo que dignifica al Parlamento y dignifica también al Consejo de Seguridad Nuclear, dignifica nuestro trabajo y el del organismo
regulador que preside. Por tanto se lo agradezco y creo que es algo que deberá continuar precisamente por la naturaleza del organismo regulador que es el Consejo de Seguridad Nuclear.
En relación con el informe no voy a pasar de la página número 5. La primera página del informe, en el capítulo I, dice textualmente: El Consejo de Seguridad Nuclear fue creado por la Ley 15/1980 como único organismo competente en materia
de seguridad nuclear y protección radiológica, separando de forma efectiva las actividades relacionadas con la promoción y el fomento de la energía nuclear de las labores de control, evaluación e inspección que asume el Consejo de Seguridad Nuclear.
Seguramente si usted hubiera comparecido antes yo lo plantearía de otra manera, pero después de ocho meses en los que hemos tenido que seguir fuera de la Cámara las numerosas intervenciones y declaraciones que ha hecho la nueva presidenta del
Consejo de Seguridad Nuclear no puedo pasar de esa página porque hay cuestiones que hay que dejar claras desde el principio, y de entrada quería decir que la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, en esas declaraciones que ha hecho a distintos
medios de comunicación antes de venir a esta Comisión de Economía, se ha extralimitado en sus funciones ya que ha hablado casi exclusivamente (hoy lo ha rectificado y le anticipo que me parece muy correcto) de política energética y de promoción de
la energía nuclear, y no ha hablado casi nada de seguridad nuclear, incluso cometiendo errores que de alguna manera comprometen la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear porque no se sabe si son opiniones personales o del organismo regulador.
Me estoy refiriendo a asuntos, por ejemplo, como el de Zorita o los costes de la energía nuclear. Me gustaría preguntar cuánto le va a costar el almacén a la central de Trillo, porque no lo paga la compañía eléctrica ni la central de Trillo, lo
pagamos todos los españoles en el recibo de la luz. Esta es la idea que hemos percibido de su gestión en estos meses hasta que ha comparecido hoy aquí; la sensación que tenemos es que se están anteponiendo criterios de política energética a los de
seguridad nuclear, lo que ocasiona el perjuicio de que muchas veces en las decisiones que tome el Consejo de Seguridad Nuclear no vamos a saber exactamente la credibilidad de las mismas, porque si el organismo es juez y parte difícilmente sus
decisiones podrán ser creíbles. Ha habido más declaraciones y yo quería referirme a algunas en concreto. Por ejemplo, en el número de diciembre del año 2001 de la revista de Protección Civil, usted ha hablado muy poco de emergencias y este tema se
quedó colgado en la ponencia por falta de tiempo. Me preocupa bastante que en esa revista hable de muchas cosas (fundamentalmente lo que más le preocupa es la red de transporte y distribución) y no hable para nada -hoy sí lo ha citado- del Plan
básico de emergencias o de la directriz básica de protección de emergencias, ausencia que me parece absolutamente escandalosa, sobre todo sabiendo, como usted sabrá, que el director general de Protección Civil, tanto en la ponencia de este año como
en la del año pasado, echó las culpas al Consejo de Seguridad Nuclear por el retraso en la puesta en funcionamiento de la revisión del PLABEN y de la directriz básica. Yo sé que eso no es cierto, pero me hubiera gustado -era su
responsabilidad- hablar más del PLABEN y de la directriz básica sobre todo en una revista de la Dirección General de Protección Civil, que tiene bastantes responsabilidades en este tema, porque echar las culpas al Consejo de Seguridad
Nuclear cuando no es cierto no era muy correcto. En la revista Estratos, de Enresa, de otoño 2001, hace otra declaración que me ha sorprendido y dice que hay que prepararse para los reactores de cuarta generación, cosa que a usted ni al Consejo de
Seguridad Nuclear compete. Dice también que los que dicen que la liberalización va en perjuicio de las inversiones en seguridad o de la seguridad de las centrales -más o menos es así- no saben de lo que están hablando. Me sorprendieron esas
declaraciones porque en el debate presupuestario tuvimos ocasión de leer -concretamente en la página 129 de la memoria económica del presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear- una frase que merece la pena porque esto lo dice el Ministerio de
Economía o el Consejo de Seguridad Nuclear, me da igual, porque es la memoria del presupuesto del consejo: Otra circunstancia significativa ha sido el establecimiento de un nuevo marco de regulación del sector eléctrico, en el que las actividades
de generación de energía responden al principio de libre competencia. Y continúa diciendo: Este marco puede potencialmente afectar a la seguridad de las centrales en la medida en que se traduzca en una limitación de las inversiones y actuaciones
necesarias para su mantenimiento y mejora. Que esto lo diga la memoria del presupuesto del Ministerio de Economía me parece suficientemente grave y se contradice con las declaraciones a las que antes me refería. Yo no sé si están muy en
consonancia sus criterios con los del ministro de Economía señor Rato, pero me preocupa. En la ponencia tuvimos ocasión de preguntar concretamente por las informaciones que pudiera tener el Consejo de Seguridad Nuclear sobre el nivel de inversiones
de las centrales nucleares para mantenimiento, mejora, control, etcétera. Realmente esa información no nos fue facilitada. Me da la impresión de que no hay un control de lo que se está invirtiendo por los titulares, y la noticia que aparecía estos
últimos días en los periódicos de que las empresas eléctricas van a crear una empresa única para gestionar todo el parque nuclear me preocupa porque podemos estar ante una de esas consecuencias de la liberalización eléctrica en el sentido de que las
compañías estén dedicando menos recursos, no solamente de presupuestos sino también humanos, para la gestión de las centrales nucleares. Yo estaba preocupado por estos temas, le hice una pregunta oral al señor Rato en el Pleno del Congreso el día
29 de septiembre y me respondió -no se lo voy a leer aunque lo tengo aquí- que el señor diputado, es decir yo, estaba planteando un tema, concretamente el debate nuclear, que no le interesaba al Gobierno y que estaba boxeando con una sombra. Son
palabras textuales del señor Rato. No sé si la sombra es el Consejo de Seguridad Nuclear, si es usted o si son las compañías eléctricas, pero realmente sobre estos temas de política y energía nuclear el Gobierno guarda ahora mismo un silencio
escandaloso.
Hay otras declaraciones, otras noticias que han aparecido en estos meses en los que usted no ha comparecido aquí. Concretamente la junta de personal del Consejo de Seguridad Nuclear hace pública una nota, que aparece en El Mundo el 14 de
septiembre, de la que voy a entresacar dos párrafos. Dice así: No juzgamos procedente la toma de postura en aspectos de política energética ni en lo referente a las necesidades de energía; se refiere a declaraciones suyas. Y continúa diciendo:
Consideramos un valor fundamental el mantenimiento de la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear ante las diferentes tendencias políticas que legítimamente en cada época dirijan la política energética. No voy a hacer más comentarios sobre
esas declaraciones pero transmiten otra cosa que me preocupa y que me podría aclarar usted, y es que este tipo de declaraciones deterioran la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear, o por lo menos la percepción que tenemos de esa
independencia, lo cual afecta a dos cuestiones en las que me voy a detener un momento: el rigor técnico y el consenso dentro del consejo.
Respecto al rigor técnico quisiera criticarle -hoy lo ha expresado muy bien, ha sido más cautelosa- las manifestaciones que ha hecho sobre Zorita porque son poco aceptables desde el punto de vista de que ignoran todos los informes que el
Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho sobre la central nuclear de Zorita. Hoy sí los ha explicado pero cuando habla de que Zorita puede tener diez años más de vida e incluso de hacer otra central nuclear en su mismo emplazamiento, etcétera, está
desconociendo los informes que el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido sobre Zorita.
Usted hablaba del informe del 11 de julio del año 2000 en el que hay unas instrucciones complementarias sobre la sala de control que son absolutamente graves,
importantes y a tener en cuenta. El 17 de abril del año 2001 hay otro informe del Consejo de Seguridad Nuclear en el que le impone 17 mejoras más a realizar en su plan de mejoras para obtener una posible nueva prórroga del servicio de explotación,
y aquí el consejo hace una salvaguarda en el sentido de que estas mejoras solamente pueden valer para que la central funcione como máximo hasta el 2008. Es decir que el consejo está poniendo unas salvaguardas muy claras sobre el funcionamiento de
Zorita. En la ponencia del año pasado quedó claro que la central de Zorita no cumple la normativa internacional de seguridad, y no puede cumplirla porque es posterior a la entrada en funcionamiento de la central. Este año hemos visto que con el
incidente de nivel 1 del mes de enero la central está funcionando fuera de las bases del diseño y fuera de las especificaciones técnicas de funcionamiento, y el problema de la sala de control todavía no está resuelto al día de hoy. Eso nos lo ha
dicho el Consejo de Seguridad Nuclear
en distintos informes que se han presentado con motivo de resoluciones que ha tomado esta Comisión de Economía en el mes de diciembre y hace unos días, a finales del mes de marzo, ustedes nos han mandado informes en los que todavía el
problema de la sala de control de Zorita no está solucionado. Que usted haya hecho declaraciones en los meses anteriores sobre Zorita sin conocer todas estas cuestiones me parece que pone un poco en tela de juicio ese rigor técnico que debe
caracterizar a un organismo regulador como es el Consejo de Seguridad Nuclear. El incidente de nivel 1 del mes de enero es bastante grave, sobre todo porque apunta a la posibilidad de que la propia central y los titulares hayan estado ocultando
información al Consejo de Seguridad Nuclear durante muchos años. No me parece insignificante que haya sido el inspector residente el que haya puesto al descubierto este tema, como está pasando en Cofrentes en estos momentos, donde nada más y nada
menos que en treinta días ha habido nueve incidentes y donde la compañía titular Iberdrola está presionando a los inspectores residentes del Consejo de Seguridad Nuclear precisamente para que traten de enmascarar este tema. Me gustaría saber qué va
a hacer el Consejo de Seguridad Nuclear, si va a defender a los inspectores residentes del consejo o va a defender a las compañías eléctricas.
Respecto a la prolongación de la vida útil, solamente quisiera hacer un comentario sobre una comparecencia suya en el Senado, el 15 de octubre pasado, en la cual hizo una manifestación que me gustaría que explicara (aunque ha dejado bien
claro y me ha gustado mucho escuchar, que no va a dejar funcionar ninguna central nuclear que no esté en condiciones de seguir funcionand) y es su preocupación por que las centrales nucleares estén funcionando al cien por cien. Cuando leí esa
comparecencia suya en el Senado lo que más me preocupó es que usted dijera eso. Yo pensaba que lo mejor era que las centrales funcionaran al cien por cien; si las centrales funcionan al cien por cien es que están funcionando en buenas condiciones.
A usted le preocupa que las centrales nucleares estén funcionando al cien por cien y yo quisiera preguntarle si el Consejo de Seguridad Nuclear tiene algún indicio de que puede haber problemas. De cara a esos estudios que el Consejo de Seguridad
Nuclear parece que va a hacer o está haciendo sobre prolongación de la vida útil me gustaría saber qué base técnica, qué conocimientos tiene para hacer esta manifestación y, sobre todo, si estas opiniones responden también a criterios consensuados
dentro del Consejo de Seguridad Nuclear, si es una opinión suya personal colegiada del Consejo de Seguridad Nuclear.
Paso a otro tema. En el Grupo Parlamentario Socialista -ya lo dijimos el año- queremos que el Consejo de Seguridad Nuclear tenga más autonomía y más independencia. Una de las resoluciones que se aprobó por la Comisión de Economía fue a
propuesta nuestra y en ella pedíamos al Consejo de Seguridad Nuclear que hiciera un informe sobre posibilidad de incremento de competencias e incremento de independencia o, mejor dicho, de mayor dependencia del Parlamento en cuanto al Consejo de
Seguridad Nuclear. Es la resolución 19 que aprobó esta Comisión. Nos hemos encontrado con un informe en el cual el Consejo de Seguridad Nuclear nos dice que lo que realmente quieren es más autonomía exclusivamente en gestión de personal y en
gestión presupuestaria. Sinceramente me he sentido defraudado porque estábamos esperando un informe para ver si el consejo puede tener más competencias, sobre todo nos fijábamos en el incidente del submarino Tireless, y saber si se podía ir a un
aumento de la independencia del consejo con respecto al Gobierno incrementando la dependencia con respecto al Parlamento, con la idea de incrementar esos niveles de rigor técnico y de consenso dentro del consejo para que las decisiones de este
organismo regulador tengan la máxima credibilidad. Nos hemos encontrado en ese informe que en realidad lo que nos quiere decir el consejo, o no sé si la presidenta, es que quiere mandar más o tener manos libres en gestión de personal y gestión
presupuestaria de manera diferente a cómo funcionan los demás organismos de la Administración pública, pero nos hemos quedado sin saber realmente si el consejo tiene idea, aspira o hay alguna consideración para incrementar sus niveles de
competencias y de dependencia del Parlamento.
Voy a terminar, señor presidente, planteando el consenso dentro del consejo. Las noticias que salen en los medios de comunicación tampoco me parecen la verdad suprema, pero me preocupan los titulares que han ido saliendo, sobre todo
recientemente, en los meses de febrero y abril, en los cuales se refleja alta tensión en el Consejo de Seguridad Nuclear y fuertes enfrentamientos en la dirección del Consejo de Seguridad Nuclear.
Esto lo han dicho los medios. Lo que preocupa al
Grupo Parlamentario Socialista es que se pueda estar deteriorando el consenso interno del Consejo de Seguridad Nuclear; nos parece grave.
Yo, ahora, voy a volver a comentar el capítulo 10 del informe del año 2000, donde se habla de las relaciones internacionales y le voy a poner un buen ejemplo de lo que aquí hemos experimentado ya con respecto a lo que es consenso en el
Consejo de Seguridad Nuclear. En el informe se relata la visita de una delegación parlamentaria y del Consejo de Seguridad Nuclear a Ucrania, con motivo del acuerdo que el Parlamento ucraniano adoptó para cerrar la central de Chernobil en diciembre
del año 2000. En aquella delegación figurábamos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista y representantes consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. Ahí no intervino ningún partido político, ningún diputado; no intervino ni
el Partido Popular ni el Partido Socialista.
Intervino el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, en ese momento Aníbal Martín, y nos dio a conocer el texto de su intervención
antes de exponerla para que se la corrigiéramos. Me llevé una gratísima sorpresa viendo cómo la única delegación que intervino en el organismo regulador fue la española, y no para hablar de energía nuclear ni de política energética, sino de
algo fundamental: la independencia del organismo regulador. Sabe usted que este es un problema básico en la ampliación de la Unión Europea con los países que tienen energía nuclear, que tienen centrales nucleares. La intervención de don Aníbal
Martín hablando de la independencia del organismo regulador con respecto al Gobierno, me pareció fracamente acertada. Fuimos la única delegación en la que intervino el organismo regulador en un asunto que además es crucial para los países del Este
y para la seguridad nuclear; por eso el interés mío y el del Grupo Parlamentario Socialista en la independencia del organismo regulador. Por eso nos interesa saber si el Consejo de Seguridad Nuclear mantiene esas posiciones y cuáles son las
conclusiones que se están elaborando en los organismos internacionales, como son el INSAC y el CONCERT. Queremos saber asimismo cuáles son los problemas de origen nuclear que puede dar la ampliación de la Unión Europea y si se va a revisar, como
estaba previsto por la presidencia española, la Directiva 92/3, que trata de las condiciones de seguridad nuclear en los transportes entre países de la Unión Europa y de la ampliación. Me parece fundamental este asunto, que entronca con lo que he
estado planteando en mi intervención. Nosotros, los socialistas, creemos en la naturaleza de los organismos reguladores de la economía y, sobre todo, en sus criterios de rigor, consenso e independencia. La verdad es que la experiencia de este
último año es descorazonadora por parte del Gobierno actual, acerca del respeto que se debe tener a estos organismos reguladores. En el caso del Consejo de Seguridad Nuclear la situación hay que tomársela con mucho más interés, porque esa
desfiguración de lo que es este organismo regulador de seguridad nuclear puede conducir a que se cuestione la credibilidad de las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear. Esto es lo que nos mueve a defender al Consejo de Seguridad Nuclear como
institución, por la confianza que debe dar en todo momento a la sociedad.
Para terminar, usted ha hecho una clara alusión al personal del Consejo de Seguridad Nuclear, que yo ratifico por la experiencia y conocimiento que tengo. En la comparecencia en la Comisión de Economía del Senado del 14 de marzo pasado
usted hizo unas manifestaciones que yo no me podía creer francamente, se lo puedo asegurar, hasta que pude obtener, por fin, el 'Diario de Sesiones' del Senado de dicha Comisión. A preguntas del senador Albistur relativas a los medios de
comunicación, a la prensa, usted manifestó que se decía que el consejo autorizaba unas instalaciones que no son seguras. No lo crean, señorías; es absolutamente falso. Nunca el consejo ni el pleno ni el personal técnico actuarían de semejante
manera. Otra cosa es que allí haya personas que no conocen bien los problemas, son muy pocas, y que están filtrando continuamente noticias erróneas a la prensa; de 400 personas son 10 exactamente, las que menos trabajan, las que menos conocimiento
tienen, las que están haciendo esta serie de actuaciones que provocan un daño terrible. No sigo. Estas declaraciones, sinceramente, me parecen absolutamente graves, muy graves.
En un organismo regulador nada más y nada menos que de seguridad
nuclear que su presidenta diga esto en sede parlamentaria me parece francamente grave. Además, esas declaraciones suyas no inspiran confianza para la credibilidad que merece el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el motivo de mi intervención
fundamentalmente. Por ello, le pediría que diera esos diez nombres y apellidos; que los dé, porque yo como ciudadano no me siento seguro con esas declaraciones suyas; si no los da, de verdad, le pido que rectifique, porque me parecen unas
declaraciones graves y preocupantes para la seguridad de los ciudadanos de este país. Se lo pido además por la seguridad de los ciudadanos y por la credibilidad del organismo que preside, que es de seguridad nuclear -repito- no de política nuclear
ni de política energética. Ello le obliga -con esto termino, señor presidente- a tener más cautela en sus manifestaciones, porque, si no, se estarán pervirtiendo los criterios que han de guiar el funcionamiento de un órgano regulador, como el
Consejo de Seguridad Nuclear, que además depende del Parlamento, y que son criterios de rigor técnico, consenso político e independencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, voy a hacer una breve intervención dividida en dos partes: una es de algo más que de cortesía.
Yo retomo mis funciones o mi trabajo en esta ponencia, después de dos legislaturas en que lo hacían
otros compañeros, y tengo la satisfacción de intervenir por primera vez en la ponencia cuando usted, señora presidenta, también interviene por primera vez desde su nombramiento.
Recuerdo que ya en las legislaturas en que usted era diputada, tuvimos
nuestros consensos, nuestras discusiones, pero siempre en un trabajo muy impositivo, entre los cuales incluso recuerdo un debate en el Ateneo, en la calle del Prado, respecto al PEN, que fue muy intenso e interesante.
Me congratula retomar mi
posición en la ponencia en estos momentos en que usted está como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, y también otros compañeros que conozco de antiguo y otros que se estrenan en este momento, a los cuales me une una amistad personal.
Entrando en el tema del orden del día, que es la memoria del año 2000, poco puedo decir. No he tenido tiempo de analizarla a fondo, pero hay dos o tres cosas
que son motivo más que suficiente para saber -así lo dice el informe- que el seguimiento y control de las instalaciones y actividades de las centrales nucleares han funcionado bien. Usted nos asegura que se opera con total seguridad, y me
basta. En la presentación del informe se nos dice que no se produjo en el año 2000 ningún incidente significativo para la seguridad nuclear ni sucesos de relevancia radiológica ambiental. Me complace que haya sido así como ha sido expresado en el
expediente. Desde un punto de vista más complejo se hace mención del problema que nos planteó el submarino británico Tireless.
Todo ello está bien relatado, aunque siempre existía el problema de que el debate que se hace del informe va siempre muy atrasado. Estamos haciendo el informe del año 2000 dentro del año 2002. De todas maneras algo se mejoró, porque años
atrás la diferencia no era sólo de dos años, sino de mucho más.
Por lo demás, respecto a lo que usted nos ha comentado, me parece muy importante su equilibrio en la preocupación, ya no del tema de la seguridad en las centrales nucleares que está controlado, sino el incremento de preocupación y de
actuaciones en todo lo que hace referencia a otro tipo de instalaciones radiactivas. Usted nos ha hablado del creciente desarrollo dentro del ámbito de la sanidad y de que los propios transportes antes no eran motivo de tanta preocupación, ya que
todo el mundo la basaba en las centrales nucleares. A nuestro grupo le parece bien la independencia que ahora pueda tener el Consejo de Seguridad Nuclear, entendiendo que la seguridad tiene que estar por encima de otras cosas como las relaciones o
las actuaciones partidistas, y llevar a cabo actuaciones de más independencia respecto al Parlamento sería entrar en temas más politizados. Como conozco cómo ha funcionado el Consejo de Seguridad Nuclear desde que estaba de presidente primero el
señor Pascual, después el señor Fuejo, a continuación el señor Kindelán y ahora usted, con las características de dirección y personales de cada uno, he de manifestar que la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear ha supuesto caminos
positivos para todos, con sus diferentes matices de la idiosincrasia personal de los miembros que han ocupado tanto la presidencia como las vocalías. Por lo tanto, nuestro grupo le desea a usted y a todos los componentes del Consejo de Seguridad
Nuclear que puedan seguir haciendo la labor con la independencia que se ha venido realizando hasta ahora y con la tranquilidad por el rigor en el trabajo con el que usted siempre ha actuado en todos los temas en que ha intervenido y con el rigor de
los miembros directivos del consejo, miembros a los que conozco y que incluso fueron votados dentro de la entonces Comisión de Industria que yo presidía en aquellos momentos. Como sé cómo son y el rigor que muestran en su trabajo, nuestro grupo
tiene total confianza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: En primer lugar, quería agradecer en nombre de mi grupo y dar la bienvenida a la señora Estevan Bolea, que además sabemos que ha tenido que cancelar un viaje que tenía previsto con antelación.
Para nuestro grupo -y para mí personalmente- es una satisfacción tenerla hoy aquí. Usted ha recordado su paso por el Congreso y yo también la recuerdo como portavoz de la Comisión de Industria cuando yo fui recién elegido diputado;
recuerdo sus intervenciones claras, concretas y llenas de sentido común. En ese sentido hoy ha vuelto a suministrarnos una información completa y detallada del informe del Consejo de Seguridad Nuclear del año 2000. Usted ha hablado del
funcionamiento de las centrales nucleares en el año 2000; de las inspecciones e informes; de las mejoras de la seguridad; de la desclasificación de residuos radioactivos, de la que ha hablado con profusión y claridad sobre Acerinox; protección
de trabajadores y vigilancia ambiental; información pública en relación con las instituciones, gestión de recursos. En fin, ha hecho un recorrido claro y completo de lo que ha sido el año 2000.
En primer lugar, señora presidenta, mi grupo tiene como objetivo prioritario en el ámbito de la energía nuclear la seguridad en el funcionamiento de las centrales; en ello coincidimos plenamente con usted. Por otra parte, mi grupo quiere
agradecer al consejo la numerosa y relevante información que nos ha remitido, especialmente los detallados informes que dan respuesta a las 30 resoluciones aprobadas por esta Comisión el pasado 2 de octubre del año 2001 que se derivaron del informe
del CSN del año 1999, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, así como por las respuestas a centenares de preguntas -usted ha dicho que han sido más de 300- formuladas por los diputados de esta Cámara relativas a diversas
cuestiones de las que se ocupa el consejo.
Es cierto, señora presidenta, que estamos analizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear del año 2000, pero también lo es que están apareciendo estos días en prensa unas noticias que no se entienden muy bien por la forma en que están
publicadas, relativas a temas de actualidad. Por eso me voy a permitir formularle algunas preguntas que, como no se refieren al informe del año 2000, usted contestará si lo estima oportuno; lo hago aprovechando su ofrecimiento de hablar de temas
más próximos en el tiempo, con la autoridad que me da que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya dedicado gran parte de su tiempo a temas de actualidad. En ese sentido, le agradeceríamos que nos ampliara la información sobre los
incidentes ocurridos en la central de Cofrentes durante la recarga de combustible
las semanas pasadas. Es un asunto que nos interesa, porque como muy bien ha dicho usted uno de los tres expedientes sancionadores del año 2000 se abrió a Cofrentes por incumplimiento del reglamento de funcionamiento.
Por otra parte, hemos
leído en la prensa algunos comentarios a mi juicio sorprendentes y que al parecer proceden del propio Consejo de Seguridad Nuclear sobre quejas acerca de su falta de libertad y que coartan su independencia. Quisiera saber cuál es el problema
exactamente, señora presidenta. Mi grupo también quisiera saber cuál es la disponibilidad de las centrales nucleares en el 2000 y 2001. Igualmente, quisiéramos información sobre posibles episodios en acerías eléctricas y sobre la situación actual
de los residuos de Acerinox y de Siderúrgica Sevillana.
La señora presidenta entenderá nuestra inquietud por el incidente acaecido en la planta de producción de acero de Acerinox en 1998 debido a la fusión de una fuente radiactiva de cesio-137
cuyas operaciones de descontaminación y limpieza finalizaron en el año 2000; sin embargo, pese a que el propio Ministerio de Economía determinó que los residuos fueran retirados, lo cierto es que el 31 de diciembre de 2000 los materiales se
encontraban aun en la acería de Acerinox.
Con relación a las instalaciones radiactivas usted se ha referido a las autonomías que tienen encomienda de la CSN, pero nos gustaría que nos ampliara la información acerca de las funciones que realizan. También le agradecería que nos
expusiera los nuevos programas del CSN, si los hay, respecto a instalaciones radiactivas, especialmente las industriales y médicas.
Por último, señora presidenta, me gustaría mencionarle que hace unos días apareció la noticia de que las compañías eléctricas van a crear una empresa que gestione todas las centrales nucleares lo que, según ellas, permitirá entre otras cosas
mejorar la eficiencia de la gestión e impulsar el desarrollo tecnológico. Me gustaría sabe qué opinión le merece en cuanto a lo que esta decisión de las empresas eléctricas pudiera afectar a las competencias del CSN.
Tenía alguna pregunta más, pero usted las ha contestado en su intervención. En aras de la brevedad voy a finalizar mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señora presidenta, puede contestar a los distintos portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Señor García Breva, yo vengo con sumo gusto. De hecho, en Viena está hoy el vicepresidente Azuara, ya que se está discutiendo el informe que presenta España en la
Convención de Seguridad Nuclear. Hemos entendido que el Congreso y el Senado, el Parlamento, es prioritario para nosotros, así es que yo vendré siempre que me llamen. En el Senado no fue a petición propia; las tres comparecencias fueron
peticiones de tres comisiones y tengo otra más, a la que iré con sumo gusto. Vengo con sumo gusto, tanto al Congreso como al Senado, porque, como usted muy bien a dicho, es de las Cortes de quien nosotros dependemos. No dependemos del Gobierno,
sino de las Cortes, por lo que venir aquí es prioritario.
Usted ha hecho una serie de comentarios que -me da la impresión de que por la prisa, por el poco tiempo de que disponemos- se ajustan muy poco a la realidad. Usted dice que he tenido numerosas intervenciones en prensa cuando sólo he hecho
una entrevista en El País. No soy propensa a participar en los medios, como sabe todo el mundo en esta Cámara y usted puede comprobar. La periodista Inmaculada Mardones, que estaba aquí ahora mismo, insistió innumerables veces, la conozco de esta
Cámara desde hace muchos años -ahí está la señora Mardones, por cierto gran profesional-, pero un periódico pone el titular y el contenido que le parece, y no seré yo quien coarte la libertad de expresión de los periodistas. Sí debo empezar
diciéndole una cosa: que en modo alguno dudo de su pleno pensamiento, respeto y comportamiento constitucional; por ello me sorprende su cuestionamiento de un derecho consagrado en nuestra Constitución para todos los ciudadanos, el de la libertad
de expresión.
Le reitero que creo plenamente en su talante democrático, pero también parece lógico recordarle que la Constitución rige para todos los españoles y, aunque muy brevemente, parece oportuno recordar los artículos 14 y 20.1 de la misma
-les hago gracia; se lo conocen muy bien-, que hablan de la libertad de expresión. Tengan la seguridad, señorías, de que la independencia del Consejo está garantizada, igual que la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas. Hasta
donde concierne a la labor del Consejo de Seguridad Nuclear esto es así, si no yo no me ocuparía de estas tareas. Esta aseveración no es baladí, porque no siempre ha sido así. Les quiero dejar unos recortes de prensa de situaciones que el señor
Sedó y yo vivimos con motivo del cierre de Vandellós I, en los que directivos del consejo, sobre todo el anterior presidente en el año 1990, señala que sus actuaciones -están en el 'Diario de Sesiones' porque yo se las plantee al señor Fuejo- fueron
por razones más políticas que técnicas y se puso muy en cuestión la independencia del consejo. También una propuesta de sanción de 70 millones que el consejo propuso en esta misma época ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Quiero decir
que no dude usted en este momento de la independencia y el rigor. Hay pruebas de que en el pasado no fue así, pero en este momento sí, no lo dude ni un minuto. Le dejo al señor presidente unos recortes de prensa, sobre todo de La Vanguardia, pero
también de otros periódicos de primeros del año 2000.
Finalmente, y porque creo que todo parlamentario es esencialmente democrático, no quiero pensar que algunas expresiones que usted dijo en determinadas
sesiones, preguntas al señor Rato o que ha dicho ahora -están recogidas en el 'Diario de Sesiones'- son fruto de la intolerancia. No lo pienso, señor García Breva; creo que son fruto de una consideración incompleta del concepto de
seguridad. En ese sentido, usted ha insistido mucho en mis intervenciones en la revista Estratos o en otras publicaciones -que han sido tres en diez meses, no sé por qué le sorprende a usted tanto-, espero que no me coarte mi libertad, pero tenga
la seguridad de que tengo muy poca vocación de estar en los medios; estas son revistas técnicas.
Mal servicio haría yo a la sociedad si al referirme a la seguridad mencionara sólo cuestiones de equipos, materiales, componentes o del factor humano
que opera en las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que ocurre dentro de la vasija, dentro del reactor, pero lo es tanto o más lo que ocurre en la turbina, lo que ocurre en el generador y, sobre todo, fuera de la central,
en las líneas. Usted sabe que tenemos dificultades de generación, que afectan a las líneas de alta tensión y de distribución y que cuando una central nuclear se para hay que evacuar un calor residual, y esa operación también requiere un suministro
externo de electricidad. Por tanto, créame, cuando usted profundice con rigor en estas cuestiones verá como encuentra muy atinado que hablemos de la situación del sistema eléctrico en general, porque hablar sólo de lo que ocurre dentro del reactor
o de los neutrones sería un flaco servicio a la sociedad. Por tanto, tengan la seguridad, usted y todos, de que yo he dedicado miles de horas a esta cuestión y de que mis expresiones van enfocadas absolutamente a analizar, evaluar y contemplar todo
lo relativo a la seguridad. Este concepto de seguridad es mucho más amplio y depende de las actuaciones internas de la planta y también, cada vez en mayor medida, de las externas. Le voy a citar un solo ejemplo. Si nosotros tuviéramos un fallo de
las líneas de alta tensión externas a la planta, las que evacuan la electricidad y las que abastecen, se produciría -si fallaran los sistemas- un blockout, una paralización total del reactor y de la planta y un disparo, y esta sería una situación
relativamente delicada. ¿Por qué nos preocupa? Porque tenemos un altísimo crecimiento de la demanda. Quizá a usted no le interese, pero yo le aconsejo -y perdone que le dé un consejo; usted me ha dado a mí innumerables y los he recogido con suma
atención y sumo gusto- que no desligue el 27,7 de producción de electricidad, unas centrales que trabajan 8.000 horas al año, con el sistema eléctrico en general y, a ser posible, el energético. En el mes de abril, hoy, tenemos un crecimiento de la
demanda del 13 por ciento -no voy a entrar en el porqué; esa es la realidad- y tenemos un factor de capacidad del 1,1, muy justo en este sector. Usted sabe muy bien, siguiendo las curvas de carga, que esto exige un cuidado exquisito. Por tanto,
si vamos poniendo condensadores en las líneas de alta tensión para compensar energía reactiva o alguna central nuclear tiene que dar energía reactiva a mí me preocupa y mucho y, diga usted lo que diga, me seguiré ocupando de ello, porque de esta
forma cumpliré con la misión que tengo en ese momento en el Consejo de Seguridad Nuclear. Abordar las operaciones y asumir las responsabilidades de forma limitada me parece que sería una frivolidad. Quedo a la disposición de todos ustedes para,
con tiempo suficiente, hablar de estos temas con amplitud, porque yo sé que en esta casa todo va muy justo de tiempo.
Pasando a otras preguntas que usted ha planteado, repetiré otra vez lo de la independencia. No tengan la menor duda. Somos absolutamente independientes. Nosotros no dependemos del Gobierno -nos reunimos muy a menudo con organismos
reguladores-, nosotros dependemos de las Cortes. El presupuesto es independiente y propio del consejo, salvo los 278 millones que se nos transfieren por mandato del Tribunal de Cuentas, no porque nosotros lo hubiéramos deseado. Si nos vienen, muy
bien, muchísimo mejor para ocuparnos de la red de vigilancia ambiental de toda España, que antes llevaba el Ministerio de Medio Ambiente y ahora lo cubre el Ministerio de Economía. Nuestra relación con Protección Civil es excelente. No sé de dónde
saca usted la información. No hemos tenido ningún problema y yo respeto todo lo que diga el director general de Protección Civil, que tiene excelentes profesionales. En cuanto a la memoria económica del presupuesto del año 2000, a la que usted ha
hecho referencia, desconozco de dónde viene ese párrafo, que fue elaborada por el equipo anterior. Quizá han recortado la frase o no es completa; no es rigurosa. Nosotros damos unas indicaciones a las centrales nucleares sobre qué inversiones
procede hacer, qué mejoras en los sistemas de seguridad y ni por un momento -se lo puede informar el cuerpo técnico- han negado hacerlas, entre otras cosas porque esta forma de generación eléctrica crea un cash-flow holgado y, por tanto, no creo que
las compañías tengan ningún problema económico. Además, aunque lo tuvieran, ese no es un asunto que concierna al Consejo de Seguridad Nuclear.
Respecto al nivel de inversiones para mantenimiento puedo decirle que es el que los servicios técnicos
del consejo recomiendan. El pleno del consejo y esta presidenta, que es quien firma y ratifica todos los informes que hace el cuerpo técnico, no tienen en cuenta consideraciones económicas, porque no es nuestro tema. Nosotros proponemos al
Ministerio de Economía, que es quien autoriza, quien licencia y quien hace las cosas. Nosotros hacemos propuestas; damos cuentas a las Cortes y proponemos al Ministerio de Economía.
Creo, señor García Breva, que usted tiene gran confusión. Mezcla los temas, seguramente por falta de tiempo. Usted decía que el 14 de septiembre la junta de personal hizo unas manifestaciones a El Mundo.
Tengo que decirle que han sido
unas filtraciones faltas de rigor. Me ha hablado también de lo que yo señale en el Senado.
Me ratifico plenamente en lo que dije en el Senado, no retiro nada, lo ratifico; lo grave no es lo que yo haya manifestado, lo grave son los hechos. Realmente hay unas personas en el consejo, cuyos nombres no le voy a dar -son muy pocas
personas- que en vez de trabajar con rigor, por lo que sea -porque esto viene de hace mucho tiempo, de antes de llegar yo-, no están contentas con su función, con su trabajo y filtran a la prensa documentos propios del consejo con una falta de rigor
tremendo. Es una pena el daño que están haciendo a sus compañeros del cuerpo técnico.
Por eso he finalizado esta intervención diciéndole que ratifico la calidad del cuerpo técnico, que firmo muy a gusto los informes que ellos elaboran porque estoy
convencida de que tienen la calidad y el rigor suficientes, y vuelvo a decirle que no son graves las declaraciones, lo gravísimo son los hechos. Lean en la prensa lo que quieran que yo me cuidaré muy mucho de cuestionar lo que la prensa publica,
tienen plena libertad. Sí les agradeceríamos que cuando ustedes o Greenpeace (allí tenemos a Carlos Bravo, que también es muy aficionado a hacer declaraciones, está en su derecho y a mí me parece muy bien que haga lo que quiera) tengan dudas nos
consultaran algunas preguntas y tendrían una información mejor. Hemos mandado una información copiosísima a Greenpeace, laboriosa de leer porque es muy densa y extensa. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que quieran. Lo único que
quiero defender aquí es que no voy a consentir que filtraciones interesadas y faltas de rigor deterioren el pretigio, la calidad y el trabajo del cuerpo técnico, porque es excelente.
En cuanto a los informes sobre Zorita, señoría, yo ignoro muchísimas cosas como todo ser humano, pero no en todo lo que concierne a las centrales nucleares porque dedico cientos de horas al año, por no decir miles, a estas tareas. Respecto
a Zorita hemos tenido una autorización durante tres años que vence en octubre del año 2000, y en función de lo que trabaje el cuerpo técnico por la documentación que le presente la central y las condiciones que ésta tenga, veremos qué se nos
propone. En ese momento yo vendré, con sumo gusto, a esta Cámara a informarles. No puedo decirle absolutamente nada más de Zorita. ¿Que es una central antigua? Por supuesto. ¿Que está obsoleta? Por supuesto. ¿Que la parte nuclear está
consolidada y es recia? Por supuesto. Que tiene fallos..., pero hablando de las exenciones a las que usted se refiere quizás sí es interesante que les cuente ese incidente porque se sacó completamente de contexto. La semana anterior el consejero
Barceló, que está aquí, había firmado una exención semejante sin ningún problema. En Estados Unidos esas exenciones las da por teléfono un jefe de departamento, ni siquiera un director y esas conversaciones telefónicas se graban. De las dos bombas
de agua que hay para unos sistemas de agua que no son los esenciales de la central, en vez de 15 litros/segundo daban dos medidas: una 13,7 y otra 15 con algo; por eso se pedía una exención. Era un fin de semana, un viernes. El consejero, que
era el vicepresidente, estaba en funciones porque nosotros tenemos retenes todos los fines de semana, estamos permanentemente vigilantes de las operaciones de las centrales e instalaciones radiactivas las 8.760 horas del año, igual que las centrales
o los hospitales. Y fue la consejera Sendín la que propuso que tuviéramos una reunión el sábado. Sinceramente, tenía muy poco sentido; pero si lo pidieron y podíamos cambiar impresiones, lo aceptamos. No fue esta presidenta quien pidió que nos
reuniéramos el sábado. Tengan la seguridad una vez más, señores diputados, de que si se autorizó la exención, que no tiene ninguna importancia, se lo digo de verdad -algunas asociaciones desbordarán los temas como quieran, eso significa que no
tienen temas más importantes de que ocuparse-, es porque no había el menor riesgo para la seguridad; y a usted que es diputado por Guadalajara le satisfará todo esto que le digo. Las centrales de Guadalajara, tanto la central nuclear de Trillo
como la de Zorita, si funcionan lo hacen en plenas condiciones de seguridad porque, si no, esta presidenta -y hablo en mi nombre, no en el del pleno puesto que soy yo quien firma los informes- no lo autorizaría. Por lo tanto, tranquilícese,
señoría, porque está en una región donde todo eso es muy interesante.
Respecto a la vida útil, cuando yo llegué al consejo me encontré con que había un grupo de trabajo analizando lo que hacían otros países. No hemos hecho nada más. Nosotros nos quedamos en que las centrales tienen una vida útil en teoría de
40 años. Podrá ser más; no lo sé. Podrá ser menos; puede ser. Ahora bien, en un sistema liberalizado como el que tenemos creo que ni siquiera el Ministerio de Economía quiere o puede pronunciarse. Serán las compañías quienes decidan qué
quieren hacer. Lo someterán al Ministerio de Economía o a quien se ocupe de energía en ese momento y a su vez pedirán un informe al Consejo de Seguridad Nuclear.
Eso es todo lo que le puedo decir, no hay nada más sobre ese tema.
Más autonomía y más independencia, por lo que ha preguntado el señor Gómez Darmendrail, portavoz del Grupo Popular. Con gran sorpresa nuestra, en su propuesta de resolución número 19 nos pidieron un informe que elaboramos.
Nosotros ya
tenemos independencia económica, no en cuanto a ajustar nuestras plantillas y puestos de trabajo a las necesidades. De una forma demasiado rígida, -que no era tan necesaria y por eso lo estamos estudiando ahora-, nos hemos ceñido mucho a unas
autorizaciones del Ministerio de Administraciones Públicas que nos dificultan extraordinariamente mejorar la inspección, el número de inspectores o las personas que en centrales nucleares tienen que dedicarse a nuevas tareas.
A eso nos referíamos.
Lamentablemente ese era un informe dirigido a ustedes. Antes de que ustedes lo recibieran llegó a manos de Europa Press; ésta lo envió a varios periódicos y apareció en El
País, en El Mundo y en La Razón. Eso es lo que me parece extraordinariamente lamentable. Ese informe estaba en la casa, sólo lo tenían personas de la casa; empiezo a pensar quiénes pueden ser esas 10 personas, que lo envían pues son las
que tienen estos informes, pero no me parece muy ético que se envíe a una agencia como Europa Press antes de que lo reciban los destinatarios. ¡Hombre, por lo menos que esperen un poco si lo quieren hacer! Un poco de ética, un poco de rigor. A mí
me parece profundamente lamentable. Como me parece profundamente lamentable que en otros periódicos se publiquen documentos que sólo tienen unas pocas personas y que aparecen en la prensa. Las cosas son así, veremos si podemos transmitirles el
daño que están haciendo a sus compañeros; no a esta presidenta, sino a la institución y a sus compañeros. Dice usted que hay titulares de prensa y tensión. Yo no creo que haya tensión ni deterioro, pero titulares de prensa, sí. Que pongan los
que quieran, los medios son libres, tampoco les vamos a coartar. Lo único que les pediría es que fueran un poco más rigurosos.
Quiero darles las gracias al señor Sedó por sus palabras. Su presencia en esta ponencia, que tan bien conoce, puede ser muy útil. Los retrasos en la presentación siempre nos han preocupado mucho y es verdad que tenemos que dedicar mucha
más atención a los usos de radioisótopos en medicina, en industria y en construcción porque estas aplicaciones van a crecer de forma exponencial. En cuanto a independencia del consejo, créame, señor diputado, que es la correcta; a mí no me
preocupa lo más mínimo. Y las rigideces las tenemos en materia de personal o en la lentitud de gasto.
Nosotros tenemos unos programas de investigación en colaboración con otros organismos. A veces llega muy tarde el compromiso de gasto,
necesitamos meses y meses en una actuación administrativa prolija y tediosa que seguramente no tendría que aplicarse al consejo. Nos referimos a eso. Ni pedimos más recursos económicos ni pedimos otra independencia que la que nos confiere nuestro
estatuto y que, por diversas circunstancias, ha ido haciéndose cada vez más rígida, y en ello estamos trabajando.
Igual que al señor Sedó le doy las gracias al señor Gómez Darmendrail por sus palabras. Respecto a la seguridad, me ha oído usted plenamente. En cuanto a Cofrentes, y la recarga de combustible, cuando una central para y hace una
modificación puede tener trabajando a 1.000, 1.500 ó 2.000 personas. Hacen la recarga en dos, tres o cuatro semanas, el trabajo para el personal técnico del consejo es inmenso. Hubo más de 20 pequeños incidentes, siete de los cuales se debieron a
errores humanos, cuatro a debilidades de diseño, tres a fallos de equipo y mantenimiento -estoy leyendo un informe que nos ha hecho el personal técnico del consejo porque yo me imaginaba que ustedes se iban a interesar por este tema-, tres a
defectos de procedimiento, tres a fallos de análisis de ingeniería y otros tres a organización externa; Durante cuatro o cinco días la causa más repetida, como les digo, fueron los errores humanos, y en esta valoración coincidieron tanto el titular
como la inspección y los servicios técnicos. De esos 20 incidentes que he mencionado, más de la mitad son achacables parcial o totalmente a errores humanos. Y por otra parte, los dos sucesos en los que se identifica una sola causa, se deben
igualmente a un error humano. Entre los sucesos con causa humana, la inspección entiende que los números 4, 5, 6 y 7 -y nosotros también el 10 o el 11- fueron los que tuvieron más entidad. Vuelvo a decirles que uno de los periódicos -no recuerdo
si era La Razón o El Mundo- decía: Estos sucesos se han producido y son graves para la central, que está en situación de parada. Pues mire usted, si está en situación de parada y lo que hace son pruebas para arrancar, está todo el mundo pendiente
de ello y nosotros, además de nuestros inspectores residentes normales, teníamos otros desplazados desde el organismo, me parece que no es tan grave. Sí hubo una pérdida de extracción de calor en parada durante 55 minutos, un incumplimiento de las
especificaciones técnicas de funcionamiento en el sistema de refrigeración del núcleo durante el arranque, un drenaje de piscinas superior a la contención de la piscina unos 400 metros cúbicos -todos estos fallos humanos- y otro incumplimiento de
las especificaciones técnicas de seguridad en la integración de la contención secundaria, por dos deficiencias detectadas en el edificio de combustible.
Se están haciendo pruebas. Todavía no se ha autorizado el incremento de potencia al 10 por ciento, por tanto, lo que está autorizado es algo más del 104 por ciento. Si Cofrentes termina correctamente todas estas pruebas las someterá a la
consideración del consejo y los servicios técnicos verán si se aumenta o no la potencia al 110 por ciento. Esto es todo lo que les puedo decir de Cofrentes. Sobre lo que puedan manifestar los medios, ya les he hecho mis comentarios. Creo que
sería bueno que hicieran alguna consulta, pero si no la hacen son perfectamente libres para opinar lo que les parezca pertinente.
En cuanto a Acerinox, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nos ha pedido hablar con Enresa para hacer un esfuerzo y que de las mil y pico sacas que tienen con polvo de humo, las que tienen menos de 10 bequerelios gramo
sean desclasificadas y como material inerte como escombros fueran a cualquier depósito de seguridad y que las otras fueran recibidas por Enresa. Parece que eso se va a resolver, lo cual sería muy positivo sobre todo para la Junta de Andalucía, que
está muy preocupada con esta cuestión. Lo mismo sucede con Siderurgica Sevillana.
En cuanto a las encomiendas con las autonomías, nos gustaría que con el tiempo, poco a poco, la mayoría de ellas funcionaran como lo está haciendo Cataluña, que es la única que tiene todas las funciones. Hasta
ahora tienen las de inspección y sanciones, pero no la de evaluación, seguimiento y control de esas 20.000 instalaciones, que representan un esfuerzo enorme de inspección. El programa del consejo en instalaciones radiactivas es incrementar
nuestros medios humanos y recursos económicos, que ya los tenemos, simplemente necesitamos la disponibilidad y dedicar más atención.
Respecto a la empresa única, lo he leído como ustedes en la prensa y no tengo nada que añadir. No dude, señor García Breva, de que el consejo es independiente. Lo que lea en la prensa o le informen algunas personas desde dentro del
consejo, tenga la bondad de consultarlo con otros porque siempre es bueno tener dos opiniones. Nuestra casa está abierta (han venido a ella algunos senadores, entre ellos dos socialistas), pueden visitarla y con sumo gusto les daremos todas las
explicaciones pertinentes.
Vuelvo a repetirles que el trabajo del cuerpo técnico es excelente, no lo pongan en duda porque todo lo que yo firmo, todo lo que el pleno ve es, al pie de la letra, lo que produce el cuerpo técnico.
El señor PRESIDENTE: Señor García Breva, le rogaría que fuese lo más breve posible.
El señor GARCÍA BREVA: Sí, señor presidente.
No le echo a usted la culpa de que no haya comparecido en ocho meses, se la echo al Grupo Popular, que es quien tiene mayoría en la Mesa y en esta Comisión y no ha querido que usted compareciera hasta el día de hoy. Lo ratifico y es lo que
está conduciendo a un cierto estado de incomunicación entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Parlamento, cuestión francamente criticable.
Yo no cuestiono su derecho constitucional a la libertad de expresión. Si lo ha entendido así se ha equivocado. A lo que he hecho referencia es a la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que separa las funciones de
promoción y fomento de la energía nuclear de las funciones de control, supervisión e inspección de las instalaciones nucleares. Usted tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, pero como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear no puede
extralimitarse de las funciones que la ley le otorga. Y la Ley 15/1980 dice eso exactamente en la primera página del informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Lo que critico es eso. Como ciudadana de este país, S. S. tiene todos los derechos
constitucionales, no se los limito, pero la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear le exige a usted una cautela a la hora de manifestar sus criterios sobre cuestiones de energía nuclear, porque usted no es una ciudadana cualquiera, es la
presidenta de un organismo regulador de la seguridad nuclear. Cualquier error en sus manifestaciones o expresiones puede provocar efectos que no queremos y usted debe tener la suficiente cautela para que esos criterios de rigor y de consenso sobre
los que debe funcionar un organismo regulador como el Consejo de Seguridad Nuclear se mantengan. Esa sí es su responsabilidad.
Por supuesto que esto no tiene nada que ver con la intolerancia. Si de mis palabras ha entendido intolerancia, de
ninguna manera, lo que yo quiero es que el Consejo de Seguridad Nuclear sea un órgano creíble para los ciudadanos.
Tampoco he criticado que usted hable de redes. A mí me parece fenomenal esa concepción suya. El sistema energético no solamente se compone de centrales nucleares, pero el Consejo de Seguridad Nuclear es sólo un organismo de seguridad
nuclear. Lo yo quería poner de manifiesto cuando aludía a la revista de Protección Civil no era que usted hablara de redes de transporte y de redes de distribución sino que, hablando de eso, no hablara para nada del PLABEN. En las actas de la
ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear del informe del año 1999, que tuvo lugar en junio del año pasado, el director general de Protección Civil dijo que el PLABEN no estaba revisado porque el Consejo de Seguridad Nuclear no había mandado al
director general de Protección Civil los criterios de su revisión y eso era mentira porque los técnicos del consejo, en una comparecencia posterior dijeron que los criterios se los habían mandado hacía un año.
Esa información es fundamental y a mí
me gustaría que usted hubiese hablado más del PLABEN y de emergencias -se lo he dicho anteriormente-, tema del que sigue sin hablar.
Respecto al presupuesto, hay algo que debería de explicar porque el consejo pidió 100 millones más para emergencias y el Gobierno no se las dio. En la petición del consejo al Ministerio de Hacienda para la confección de los presupuestos, el
consejo solicitó 100 millones más para emergencias.
Dice S. S. que no está de acuerdo con la memoria económica. Lo único que recojo es la información que dice que usted no está de acuerdo con la memoria económica del Ministerio de Economía cuando en el presupuesto del Consejo de Seguridad
Nuclear dice que el proceso de liberalización del sector eléctrico puede producir un descenso de las inversiones en seguridad nuclear. Eso lo dice el ministerio. ¿Usted no está de acuerdo? Bien. Como comprenderá S. S. a mí no me satisface esa
respuesta porque me sigue dejando la preocupación de si están descendiendo las inversiones en mantenimiento por parte de los titulares porque usted, en la primera y en la segunda intervención, no los ha mencionado. A mí me gustaría que hiciera
alguna mención a los titulares. En cuanto a Zorita, en su intervención primera ha demostrado que se ha leído los informes, pero en declaraciones anteriores ha dicho que Zorita puede durar 10 años más, cuando usted sabe que la prórroga del permiso
de explotación que han solicitado llega hasta el 2008. Es más, en el 2008 cumple los 40 años de vida útil y usted ha dicho que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene nada claro que el periodo de vida útil de las centrales nucleares pueda
prorrogarse más de 40 años, por
lo menos no tienen ningún estudio y en las ponencias se ha hecho esa manifestación, que coincide con la suya. ¿Por qué dice S. S. que Zorita puede tener un permiso de 10 años más? ¿Está condicionando la decisión que va a tomar el Consejo
de Seguridad Nuclear? A eso me refería, a la cautela. Esas manifestaciones no se pueden hacer porque los que las leemos pensamos que ya hay una decisión sobre Zorita.
Con respecto a Cofrentes, le he hecho la misma pregunta que sobre Zorita: si el consejo va a defender a los inspectores residentes frente a las presiones de Iberdrola. Y en cuanto a Unión Fenosa, de Zorita, en la ponencia se nos dijo que
el consejo había pedido un plan de actuación a Unión Fenosa para Zorita. Eso quiere decir que no están las cosas claras en Zorita. Infórmeme de estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez Darmendrail, muy brevemente.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, no iba a intervenir porque el siguiente compareciente lleva esperando media hora, pero debo contestar al portavoz del Grupo Socialista, que culpa al Grupo Popular de la no presencia de la
presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero destacar, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que no hace todavía un año (lo hará en el mes de julio) que la señora Estevan Bolea es presidenta y ya ha comparecido cuatro veces ante las
Cortes Generales.
El señor PRESIDENTE: La señora presidenta tiene la palabra.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Señor García Breva, yo le agradezco mucho que usted me diga lo que tengo que decir y sus consejos. Se lo agradezco mucho, de veras.
El concepto seguridad es mucho más amplio de lo que usted dice. El consejo, se diga lo que se diga, nunca hace fomento de la energía nuclear, eso lo hacen las compañías; ni siquiera el Ministerio de Economía. Usted está viviendo en esta
Cámara el proceso de liberalización del sector. La generación y comercialización son liberalizadas. Ni siquiera el Ministerio de Economía, con la Ley del Sector Eléctrico, que tan bien conocen muchos de los miembros que están aquí, podría decir
que tal empresa va a hacer una central nuclear en tal sitio. No puede; son las empresas. Por lo tanto, aclaren sus conceptos. En el concepto de seguridad entran las cosas de las que hablamos. En modo alguno, ni una sola declaración tiene que
ver con el fomento de la energía nuclear, porque no es de mi responsabilidad ni me interesa; bastante trabajo tenemos con atender lo que se nos pide.
Quiero darles las gracias por sus consejos, pero yo seguiré diciendo lo que debo decir y actuando como debo actuar para garantizar nuestro trabajo de cara a la seguridad de las centrales. Por otra parte, no le he contestado sobre los
inspectores residentes porque visto lo retrasados que van y lo que les queda del orden del día... (La señora Mendizábal Gorostiaga: Hay tiempo.) Gracias, Arantxa. Entonces no me hagáis que me atropelle, que luego no pueden tomar nota bien.
Quiero decir que nosotros nos interesamos por esa cuestión, hablamos con la empresa y no parece que hubiera tales presiones. Nosotros estamos siempre al lado de nuestra gente, con los inspectores residentes. ¿Cómo lo puede dudar?
Inmediatamente pedimos información y parece que fue una interpretación errónea. No sé qué ocurre en este sector, porque nos cuesta mucho interpretar las cosas bien. Como ha dicho, S. S. hay una falta de diálogo muy grande y tenemos todo el tiempo
del mundo para hacerlo. En Zorita, en Almaraz, en Cofrentes, nuestro personal tiene una función muy importante que hacer, y no sólo los dos inspectores residentes, sino otros muchos que han estado allí. En Cofrentes ha habido 20 inspectores con
una función u otra.
Yo no he dicho que esa memoria de que ha hablado usted la haya hecho mal el Ministerio de Economía, porque no la ha hecho el Ministerio de Economía. Me refiero al presupuesto del año 2002. El consejo prepara un texto que hace suyo el
Ministerio de Economía, pero en aras de nuestra independencia no retoca los textos; traslada fielmente lo que el consejo le dice. Espero que en el 'Diario de Sesiones' quede muy claro que yo no he dicho que el Ministerio de Economía haya dicho lo
que usted ha mencionado -esto parece un acertijo-, sino que los presupuestos del Estado trasladan el texto del consejo y que eso lo preparó el consejo anterior. Yo disiento, no creo que la liberalización haya puesto en tela de juicio las
inversiones, la seguridad, el mantenimiento, por lo que le he comentado antes, porque este es un sector en el que no hay dificultades económicas, en el que el cash flow que se genera, como sabe muy bien nuestro ministro, es muy alto. Por lo tanto,
no tienen por qué argumentar dificultades económicas. Que reducen el personal administrativa o que fundan dos asesorías jurídicas, no es nuestra competencia, allá ellos. Lo que son inversiones en explotación, mantenimiento, seguridad, ni por un
momento hay el menor problema. Me gustaría que esto le quedara bastante claro.
Respecto a emergencias, el PLABEN hace mucho tiempo que está listo, es una norma general, como la directriz de riesgos radiológicos, semejante a la del riesgo químico. De ello se derivaría el PENBU, el PENGUA, el PENTA, que están totalmente
al día. Tiene que haber unas reuniones entre Protección Civil y nosotros, tendría que haber unos convenios que no sé por qué van muy retrasados, pero no porque los criterios del PLABEN no estén actualizados y publicados. Lo que vendría después del
PLABEN, que son los planes específicos de las provincias donde hay centrales nucleares, no están puestos al día. Luego tranquilícese,
que quien le ha informado a usted de este tema exagera o no está bien informado. Las personas son fáciles de identificar. Si no, ¿cómo lo sabe usted, quién le ha dado la información?
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, eso está en la ponencia que se celebró en el mes de junio, en la Comisión de Economía, sobre el informe del Consejo de Seguridad Nuclear del año 1999. Lo sé por eso.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Señor García Breva, estamos en el año 2002, no hablamos de 1999 ni de 2000. Yo les he dicho que aunque estamos con el informe del año 2000, me iba a permitir darles
algunas pinceladas de 2002, porque el problema de esta ponencia es lo retrasada que va. ¿Qué sentido tendría que yo les hablara del año 2000? Les estoy hablando de abril de 2002.
En cuanto a emergencias, le prestamos toda la importancia del mundo y especialmente yo, puesto que soy la persona que en caso de una emergencia real soy quien la dirige. Cuando ha dicho que habíamos pedido cien millones más para
emergencias, tengo que decirle que no era para emergencias. Las emergencias se dotan con nuestro presupuesto, que es holgado. Hemos terminado el año 2001 con un excedente de 178 millones. La Administración siempre ha sido muy austera, yo no
conozco organismos a los que les sobre dinero al final de año y al consejo sí. Tenemos un fondo de 3.500 millones. Por lo tanto, no es dinero lo que nos falta. Se habían pedido cien millones para la red de vigilancia ambiental, ya que el Tribunal
de Cuentas nos dijo que tenía que ser con cargo a los Presupuestos del Estado, porque cubre no sólo la zona en que hay centrales nucleares, sino a toda España. Recibimos 278 millones. No tenemos los cien millones y lo que haremos es pasar
determinados cargos a otras partidas. No vamos a dejar de hacer la función que tendríamos que hacer.
Yo no sé si he dejado de comentar algún tema, pero las cosas son como les que acabo de comentar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor presidente, deseo pedirle disculpas porque mi intención no era usurpar sus funciones como presidente de la Comisión. Creo que esto es producto de la situación en que nos encontramos en esta Comisión
de Economía. Es imposible hacer tres comparecencias en un día. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado. La comparecencia de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear estaba pactada por todos los grupos parlamentarios porque correspondía a una
comparecencia preceptiva. El que tengamos que ir a uña de caballo no me parece de recibo. Las otras comparecencias se han añadido en contra de la voluntad de mi grupo, porque queríamos que se hiciera en otro momento. Lo digo para que conste en el
'Diario de Sesiones' cuál es la posición de mi grupo. No se puede ventilar en hora y media una comparecencia que ha tenido una serie de horas de trabajo en la ponencia, que es preceptiva y que va con retraso. No podemos permitirnos en esta
Comisión estas chapuzas con las comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Tanto la presidencia como la Mesa tendrán en cuenta sus sugerencias, aunque no se puede calificar de chapuzas lo que los distintos grupos han hecho hoy. Salvo eso, naturalmente acepto sus sugerencias y las discutiremos
en la Mesa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Sólo me resta decirles que con sumo gusto vendremos para temas específicos, en los que podremos profundizar pues hay muchos asuntos interesantes que ha planteado el
señor García Breva.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (RUIZ-JARABO COLOMER), PARA INFORMAR SOBRE:
- LOS CRITERIOS QUE VIENE APLICANDO EL GRUPO IZAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO ENTRE LAS DISTINTAS FACTORÍAS PERTENECIENTES AL MISMO, E INFORMAR SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO PARA IZAR ANTE LAS CONVERSACIONES MANTENIDAS
CON LOS GOBIERNOS DE OTROS PAÍSES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRAGATAS U OTROS BUQUES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000590.)
- LA VENTA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y LA SITUACIÓN GENERAL DE IBERIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/000799.)
- EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN ABIERTO POR LA COMISIÓN EUROPEA CONTRA ESPAÑA POR AYUDAS CONCEDIDAS A ASTILLEROS PÚBLICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000850.)
- EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN NACIONAL DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA, S.A. (CETARSA) POR EL CUAL SE PREVÉ EL CIERRE TOTAL DE DOS FACTORÍAS, ENTRE
ELLAS LA FACTORÍA DE GRANADA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000948.)
- LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA Y EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000991.)
- EL PREVISTO PLAN DE PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS (ENA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000992.)
- LA INTENCIÓN DE LA SEPI SOBRE LA VENTA DE LAS ACCIONES DE QUE AÚN DISPONE EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IBERIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000993.)
- EL PLAN DE VIABILIDAD DEFINIDO POR DICHA SOCIEDAD PARA MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A. (MAYASA), ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA ZONA QUE PONDRÁ EN MARCHA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/001021.)
- LAS ACTUACIONES QUE DICHA SOCIEDAD VA A APLICAR EN CETARSA Y, EN CONCRETO, EN LAS FACTORÍAS UBICADAS EN GRANADA, ASÍ COMO LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN QUE PONDRÁ EN MARCHA EN DICHA PROVINCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/001022.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE EMPRESA PARA HUNOSA, ACORDADO RECIENTEMENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001023.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al tercer punto del orden del día.
En el orden del día figuraban 11 comparecencias del señor presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pero la que está en el número sexto,
relativa a la viabilidad de las minas de Almadén y Arrayanes, a petición del Grupo Federal de Izquierda Unida, ha sido aplazada, aunque recuerdo a SS.SS. que una de las peticiones del Grupo Parlamentario Popular es prácticamente la misma. Por
tanto, quedan diez comparecencias, es decir, diez asuntos a los que va a contestar en este momento el señor presidente de la SEPI, a quien, después de darle la más cordial bienvenida, cedo el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Ruiz-Jarabo Colomer): Buenos días a todos.
Efectivamente, el origen de la comparecencia eran 11 solicitudes realizadas por cuatro grupos parlamentarios, que quedan reducidas a diez peticiones de cuatro grupos parlamentarios. Para ordenar mi intervención inicial a efectos de dar
cumplimiento a las solicitudes, no se me ha ocurrido un orden más razonable que el cronológico de acuerdo con la fecha de las solicitudes. Ahora bien, cuando sobre un mismo asunto o sobre asuntos parecidos respecto a una misma compañía había dos
comparecencias, para evitar ir saltando de una compañía a otra, si le parece al señor presidente, agrupo las dos respuestas a las dos peticiones y a efectos de inclusión en el orden cronológico daré prevalencia a la primera de las peticiones
realizadas. Por tanto, aplicando estos criterios responderé por el siguiente orden: en primer lugar, la compañía IZAR; luego Iberia, Aerolíneas Argentinas, MAYASA, puesto que subsiste una petición de un grupo aunque haya decaído la otra, Cetarsa;
ENAUSA; Trasmediterránea y HUNOSA. Evidentemente, el contenido es amplio, dado que se trata de referirme a ocho sociedades del grupo; no obstante, intentaré conseguir un equilibrio entre la brevedad y la necesidad de suministrar a SS.SS. la
información precisa para intentar dar respuesta a la petición que ha originado la comparecencia.
De acuerdo con el orden que he expuesto, y empezando por la compañía IZAR, hay una petición del Grupo Mixto que se refiere a que se expliquen los criterios que se utilizan para distribuir las cargas de trabajo en la compañía entre sus
diferentes centros de fabricación. Por enmarcar brevísimamente el tema, diré que la compañía IZAR existe como tal desde que el 21 de julio del año 2000 el Consejo de Ministros aprueba la integración de lo que eran los astilleros civiles en Bazán,
en la compañía de astilleros militares, apareciendo por tanto la compañía IZAR.
El nacimiento de IZAR -y luego podré extenderme un poquito más cuando me refiera al expediente de la Unión Europea- es un intento, que creo que está siendo positivo, de
dar una solución empresarial a los problemas tradicionales de la construcción naval pública, intentando la obtención de sinergias la obtención de economías de escala, al fusionar
las dos compañías de origen; intentando establecer una racionalización en los procesos de producción y reordenando los negocios y las líneas de negocio; intentando, por tanto, concluir con las sucesivas y cuasi permanentes aportaciones de
capital y con otra lacra vinculada al sector de construcción naval pública, que era la pérdida de empleo. (El señor vicepresidente, Eguiagaray Ucelay, ocupa la Presidencia.)
Se estableció un plan industrial para la nueva compañía, plan industrial que fue suscrito y contó con la participación en su elaboración y en el acuerdo en su conclusión final por los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de
Trabajadores, USO, CIGA y ELA, firmado el 14 de marzo de 2001. De acuerdo con las líneas del plan industrial al que me acabo de referir, se reordena el proceso de producción de la compañía en cuatro líneas, que son la construcción naval, las
reparaciones, los motores y los sistemas y armas, y existen en la compañía nueve astilleros y una fábrica especializada en construcción de motores. Por ello, al elaborar el plan se procede a definir criterios de especialización de los centros de
trabajo en estas líneas, a efectos de conseguir economías en los costes y aprovechar en mejor medida la especialización de los centros para obtener más calidad y por tanto más competitividad del producto y, en definitiva, para intentar buscar una
optimización del aprovechamiento global de las potencialidades productivas de la compañía.
Entrando directamente a responder a la pregunta que se me ha formulado en la petición de comparecencia, el primer criterio para distribuir la carga de trabajo, que se consigue a través del departamento de obtención de cargas de trabajo, es
buscar la correspondencia entre línea de negocio y especialización de los centros de trabajo. En función del encargo recibido, eso corresponde a una de las cuatro líneas de negocio, y por tanto lo primero que se busca es la correspondencia entre
esto y los criterios de especialización de nuestros astilleros. A su vez, y como es lógico, en la línea de negocio de construcción naval, que es la más significativa, existen subespecializaciones según tamaño de buques o según tipo de buques. Un
segundo criterio, complementario del anterior, es la redistribución entre los diferentes centros especializados en la compañía. Por tanto, de lo que se trata es de proceder a reenviar, desde centros que tienen sobreocupación, o que entrarían en
sobreocupación, hacia los centros que están en menores niveles de ocupación, por lo que hay una redistribución interna sobre la base de este segundo criterio.
Esta redistribución interna es factible por dos razones: una, porque en términos del
coste final del producto que se hace desde la compañía IZAR, es decir las embarcaciones, los costes de transporte en términos relativos son ciertamente poco significativos respecto al coste final del producto y, en segundo lugar, porque la
modernización de los sistemas de construcción de barcos permite la construcción de las embarcaciones en ocasiones por bloque o por módulos que construidos en un astillero son perfectamente susceptibles de integrarse en otro. Por tanto, con esos dos
criterios se va realizando la distribución de la carga de trabajo entre los diferentes centros de fabricación de la compañía IZAR.
Quiero añadir, por completar la visión panorámica, que la realización o la ejecución del plan industrial, en definitiva, la realización en la primera etapa del proyecto IZAR está siendo positiva. Creo que se ha producido un incremento
importante de los pedidos que se han obtenido de los clientes, gracias a lo cual ha habido un incremento de la carga de trabajo y un nivel importante de crecimiento de la carga de ocupación, con carácter general y por líneas de negocio. Puedo decir
que en la actualidad la línea de construcción naval está en un 94 por ciento de carga de ocupación, la de reparaciones en un 81, la de motores en un 92 y la de sistemas y armas también en un 92. Ha habido una reducción de pérdidas en el año 2001
respecto al año inmediatamente anterior, que fue el primer año en el que parcialmente, durante el segundo semestre, se conoció la existencia de la compañía IZAR, y por tanto comparando las pérdidas del primer semestre de las dos compañías de origen,
Astilleros y Bazán, y las pérdidas de la compañía resultante en el segundo semestre, IZAR, y comparándolas con las pérdidas de IZAR en el año 2001, se ha producido una reducción de las pérdidas en torno al 13 por ciento, lo cual es un dato
significativo. Especialmente relevante -y quiero remarcarlo- es que 2001 primer año completo de existencia de la compañía IZAR, es el primer año en décadas en el que no se ha perdido empleo en el sector de la construcción naval pública.
También pregunta el Grupo Parlamentario Mixto en relación con la compañía IZAR por las expectativas de trabajo que tiene la sociedad en relación con las conversaciones con otros gobiernos para la construcción de determinadas embarcaciones,
más en concreto buques o fragatas. Aquí me van a permitir SS. SS. que responda escuetamente, aunque voy a justificarme. Quisiera decir que tenemos en la actualidad negociaciones en curso con once países. Por tanto, hay once negociaciones en
curso para intentar captar el encargo de construcción de buques o fragatas a favor de IZAR. Voy a omitir en público los países puesto que afectan a gobiernos y a países extranjeros, como es lógico, y yo creo que en estos casos es conveniente
mantener reserva y discreción y porque en ocasiones incluso existe un acuerdo de confidencialidad que nos obliga, dado que en ocasiones existen proyectos de asociación con otras compañías para acudir de forma asociada a la construcción de estas
embarcaciones y en estos casos es obligada incluso, por el acuerdo firmado, la confidencialidad.
Pero me permito decir a la Comisión que soy optimista respecto a las posibilidades de que varias de estas negociaciones acaben con resultados
positivos, afortunadamente para IZAR y por tanto para la plantilla de la
compañía naviera. Para ello me baso en el pasado reciente, en el que se han conseguido encargos para realizar portaaviones para Tailandia, fragatas para Noruega o submarinos para Chile. Por tanto, la alta cualificación de IZAR, la alta
valoración que tiene en el mercado y el éxito reciente, en obtención de encargos para países extranjeros me hacen ser optimista respecto a la posibilidad de que de estas negociaciones en curso se consigan resultados positivos y por tanto aumenten
los pedidos, aumente la carga de trabajo y aumente la ocupación de los astilleros de IZAR.
Finalmente, me pide el Grupo Parlamentario Mixto en relación con IZAR que informe sobre el procedimiento de infracción abierto por la Unión Europea contra España en relación con las ayudas a los astilleros públicos y su compatibilidad con
las normas del Mercado Común. El origen del problema que finalmente ha provocado una sentencia desfavorable para España, que no para IZAR -y lo subrayo especialmente-, hay que situarlo en 1995, fecha en la que España presentó un plan estratégico de
competitividad para los astilleros públicos que tenía un período de vigencia desde 1995 hasta 1999. En dicho plan, en un planteamiento de intentar reflotar Astilleros, se presentaba a la Unión Europea un programa detallado en el que se requería la
aportación de un determinado importe por parte del sector público español en concepto de ayudas para esta reestructuración y para ganar competitividad. Entre las ayudas había una concreta, cifrada en 58.000 millones de pesetas, cuyo origen tenía
razones de carácter fiscal. Astilleros Españoles venía arrastrando tradicionalmente una cuenta de resultados deficitaria, con signo negativo, por tanto con pérdidas, y en tanto que y tributaba dentro del INI en el grupo de régimen consolidado, en
la práctica del INI, habitual en los grupos de declaración consolidada, se compensaba a las sociedades que aportaban pérdidas a la cuenta consolidada del grupo, puesto que esto hace que el grupo tribute por menos al compensarse pérdidas con
beneficios de otras sociedades. Por tanto, en aquel plan de 1995 España plantea las previsiones de pérdidas en Astilleros para los siguientes 5 años y dice que la compensación que corresponde porque gracias a eso el grupo consolidado iba a tributar
en menor medida eran 58.000 millones de pesetas. Esto se planteó así en la Unión Europea y ésta lo aprobó. Por tanto, Astilleros recibió los 58.000 millones de pesetas. La reordenación que se hace en el sector público empresarial a partir de 1996
hizo que la Agencia industrial del Estado, en la que estaba enclavado Astilleros a partir de 1995, y por eso dejó de tributar en régimen consolidado, desapareciera, integrándose las empresas que estaban en la Agencia en la SEPI, heredera natural del
INI, y por tanto a partir de 1998 volvió a tributar en régimen de declaración consolidada.
Al volver a trabajar en el régimen de declaración consolidada, vuelve a aportar sus pérdidas a la cuenta de resultados consolidados, por lo que la Unión Europea dice: Aquellas compensaciones que yo le dejé a usted que hiciera por anticipado
me valen en los años 1995, 1996 y 1997, pero no me valen respecto a los años 1998 y 1999, en los que usted ha recuperado la inclusión de una tributación consolidada de la compañía Astilleros. Por tanto, las pérdidas de los años 1998 y 1999, que son
aproximadamente 18.000 millones de pesetas, son las que la Unión Europea, en su decisión de 26 de octubre de 1999, declaró incompatibles con un mercado comunitario.
España impugnó la decisión basándose en considerar que no había habido un mecanismo tan automático entre cuantificación de pérdidas y cuantificación de ayuda, sino que las pérdidas y su planteamiento fiscal eran razones que justificaban
efectivamente la ayuda, pero que la ayuda en definitiva estaba enmarcada en el programa estratégico de competitividad para reflotar la compañía. No obstante, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia ha dado el 21 de marzo del año 2002,
finalmente la razón a la Comisión, y por tanto no queda más que ejecutar -sólo han pasado, como ven ustedes, unos días- formal y materialmente la decisión del Tribunal Europeo de Justicia. La ejecución formal ya se está tramitando y respecto a la
ejecución material quiero tranquilizar, como he dicho cuando se me ha preguntado, en el sentido de que esta decisión no pone en peligro para nada el proyecto IZAR, porque verán ustedes que Astilleros Españoles es una sociedad que permanece latente y
por tanto a la expectativa de ser liquidada, por lo que el proceso de realización de activos y de pago de pasivos y el valor liquidativo resultante el accionista se lo queda o tiene que reponerlo, según sea positivo o negativo. La ejecución
material de la sentencia es que Astilleros Españoles debe devolver a la SEPI los 18.000 millones de pesetas. Si en la realización de activos y liquidación de pasivos existen esos 18.000 millones de pesetas, el valor liquidatorio aumentará y SEPI
recibiría ese importe. En caso contrario, si no hay valor liquidativo, resulta que SEPI se encontrará como accionista con un valor liquidativo inferior porque habrá crecido el pasivo de Astilleros como consecuencia de la ejecución material. En
todo caso, es un tema, como digo, que no afecta para nada a IZAR, y aunque la pregunta venía relacionada con IZAR, quiero tranquilizar respecto al futuro de dicha compañía que no se verá afectada en absoluto por esta sentencia del Tribunal Europeo
de Justicia.
También debo decir que hay algún otro procedimiento abierto en una fase más inicial, de tramitación, pero aprovecho la ocasión, si al señor presidente le parece bien, para notificar a la Comisión que hay otros procedimientos abiertos en
relación con el proceso que en algún caso hace referencia al precio pagado en las transferencias internas de Astilleros dentro del Grupo SEPI, concretamente la compra de tres astilleros civiles por SEPI a la empresa Astilleros Españoles, que fue
satisfecha a valor neto contable, y la Comisión ha abierto un procedimiento para ver si aquel precio del valor neto contable se ajustaba realmente a un valor de mercado. La verdad es que para conocer el valor de mercado de una compañía hay
que ponerla en el mercado, y en aquel momento se procedía a una reordenación interna, por lo que la compañía no estaba en el mercado. Dicho esto, debo decir además que nuestros servicios jurídicos consideran que hay precedentes jurisprudenciales en
el Tribunal Europeo de Justicia que avalan absolutamente lo que se realizó, primero porque no se eligió de forma arbitraria un valor cualquiera sino que se cogió un valor contable, el valor neto contable, el valor patrimonial por tanto de aquellos
astilleros, pero además en un caso jurisprudencial reciente en el que se reordenaban también los activos del agente privatizador alemán en relación con las operaciones cerca de Volkswagen hay un párrafo de la sentencia del Tribunal que dice
literalmente: Pese a que el precio debe de tener un valor objetivo, la Comisión considera en este caso irrelevante la relación entre precio y valor objetivo por tratarse de una transacción interna dentro del grupo. Eso es lo que se está planteando
en este caso concreto, el precio de una transacción interna dentro del grupo, y por tanto creemos que aplicando el mismo criterio del Tribunal Europeo de Justicia al caso concreto que se nos plantea en esta cuestión tampoco habría tal cuestión, sin
perjuicio de que vuelve a ser Astilleros Españoles la compañía que percibió un precio superior o inferior al que alguien pudiera atreverse a decir que era el valor de mercado, pero de nuevo fue Astilleros Españoles, que recuerdo una vez más que es
una sociedad latente hoy, completamente independiente de IZAR y cuyo futuro está en proceso previo a la liquidación.
Hay otros dos procedimientos abiertos de mucha menor importancia: uno hace referencia a la posible prórroga o no, de acuerdo con los criterios respecto a ciertas prórrogas, del plazo para la construcción de un buque vinculado a las ayudas
que se aportan para su construcción, y otro hace referencia a las garantías aportadas para la construcción de buques, porque la Comisión quiere saber si realmente era una garantía financiera o una garantía comercial la que aportaba SEPI a su propia
compañía. Pero estos son procedimientos de trascendencia claramente menor respecto al que me he referido en primer lugar, que, siendo importante en cuantía, sin embargo, como han visto SS.SS., no tiene ninguna trascendencia para la compañía IZAR.
Entrando en la segunda sociedad sobre la que se me pregunta, que es Iberia, hay una petición del Grupo Federal de Izquierda Unida en la que se me pregunta por la situación general de dicha compañía. Lo primero que hay que decir es que
Iberia fue ya privatizada y es hoy una compañía completamente privada. Bien es verdad que la SEPI mantiene un porcentaje pequeño en términos relativos en el capital social -el 5,39 por ciento-, fruto del green shoe que finalmente no fue ejercitado
en la última fase de la operación de privatización a través de la OPV, la oferta pública de ventas, pero este porcentaje con el cual SEPI mantiene su presencia en el capital social de Iberia no nos lleva a participar en la gestión, no estamos
representados en el consejo de administración, y por estas dos cuestiones no tenemos especial información. Por otra parte, tampoco existe lo que en otras empresas privatizadas ocurre, y es que hay un control cuando menos sobre aspectos parciales de
la evolución de la compañía dado que existe un plan industrial acordado con el comprador, que ha de cumplir obligatoriamente frente a SEPI, por lo que SEPI tiene derecho y obligación de controlar su cumplimiento. En el caso de Iberia no hay un plan
industrial como tal, porque lo que Iberia realizó fue un conjunto de actuaciones de saneamiento previo a través del plan director vigente en los años 1997, 1998 y 1999 y a través de la elaboración de un segundo plan director que se inicia en el año
2000. Por tanto, no tenemos información propia. Lo que sí puedo decir es que nos interesa la evolución de la compañía en tanto que tenemos una participación -y enlazo en seguida con otra petición de comparecencia- que lógicamente ha de ser
desinvertida y realizada, por lo que nos interesa que la compañía vaya bien, y lo cierto y verdad es que todos los datos apuntan a que eso es así, a que Iberia está bien situada, en términos relativos y comparativos, dentro del sector, a que Iberia
ha soportado especialmente bien, en términos relativos y comparativos, dentro del sector la crisis o las secuelas negativas de los lamentables hechos ocurridos el 11 de septiembre y que, por tanto, Iberia está en una situación, insisto, bastante
satisfactoria. Esta percepción que tenemos desde SEPI yo creo que es compartida por los mercados, y esta mañana camino del despacho leía que ayer el valor de la compañía había alcanzado el máximo histórico en su cotización, por lo que mi percepción
se basa en la información que la compañía suministra a la opinión pública a través de los órganos donde debe suministrarse la información y es coincidente, como digo, con la que tienen los inversores a través de los mercados. Constatamos con
satisfacción que una compañía privatizada por SEPI, en la que SEPI estuvo trabajando a través del diseño y aplicación del primer plan director y diseño del segundo plan director, esté resistiendo bien en el mercado y en el sector. En un mercado y
en un sector que han tenido problemas con carácter general, esta constatación es una satisfacción para el conjunto de empleados que trabajamos en la SEPI.
El Grupo Socialista me pregunta -y enlazo con lo anterior- sobre la intención de SEPI respecto a nuestra pequeña participación en el capital social. Nuestra voluntad, nuestra vocación, nuestra devoción y nuestra obligación, cumpliendo el
programa de modernización del sector público, es desinvertir y, por tanto, desinvertiremos en Iberia. ¿Cuándo? Desde luego, antes del final del año 2004, que es la fecha en la que tenemos
que cumplir el conjunto de actuaciones de desinversión o privatización que tenemos que hacer. El momento exacto dependerá de la evolución de los mercados, de las expectativas que tengamos sobre la evolución futura de los propios mercados.
En todo caso, lo que garantizo -no podía ser de otro modo- es que desinvertiremos, venderemos o realizaremos nuestra participación de acuerdo estrictamente con los términos con los que se produjo la autorización del Consejo de Ministros para
desinvertir el resto del capital social de Iberia, es decir que aplicaremos a la parte minoritaria estrictamente los mismos criterios con que el Consejo de Ministros autorizó a desinvertir en la parte mayoritaria del capital social de Iberia.
En cuanto a la pregunta que me hace en la misma solicitud de comparecencia el Grupo Federal de Izquierda Unida respecto a la venta de Aerolíneas Argentinas, tengo que decir que Aerolíneas Argentinas es una compañía de bandera de Argentina,
que tiene además una compañía que realiza los vuelos domésticos, que es Austral, y que la participación de capital público español en la compañía arranca de 1990. Bien es verdad -lo digo por enmarcar nuestra participación- que empieza siendo
minoritaria y es años después, creo recordar que en 1994, cuando Iberia asume ya de forma más holgada la mayoría del capital social de Aerolíneas Argentinas y es a partir de entonces cuando la presencia mayoritaria de capital público español
convierte a Aerolíneas en una empresa pública encuadrable en el holding público empresarial español que entonces era el INI. Sin embargo, en el año 1995 o primeros meses de 1996, la Unión Europea, en el marco de las reestructuraciones previstas
para Iberia, exige que Iberia se desprenda de su participación en Aerolíneas Argentinas y es entonces cuando, en vez de ser Aerolíneas una filial de Iberia, pasa a ser directamente una compañía de la matriz del grupo, entonces INI, hoy SEPI.
Dicho esto, hay que decir también que desde luego los once años en los que ha habido presencia de capital público español en Aerolíneas Argentinas no han sido la historia de un resultado brillante desde el punto de vista económico. Yo creo
que nadie puede cuestionar lo contrario. Por dar datos del último año, 2001, las cifras de pérdidas estaban en torno a 300 y pico millones de dólares. En realidad, se ponía de manifiesto que la aventura iniciada en 1990 no había salido bien desde
el principio. En estos once años se ha tenido que aportar capital público para mantener la compañía por un importe superior a los 1.800 millones de dólares, en una primera etapa, hasta 1996, hasta la fecha en que estaba en Iberia, 1200 millones de
dólares, y en una segunda etapa, a partir de que ya depende directamente de la matriz del grupo, la aportación fue de algo más de 600 millones de dólares. Ante esta situación crítica, agravada, como saben SS.SS., por un intento de la SEPI de hacer
un plan director para reflotar la compañía tras el éxito obtenido en un plan director en Iberia, se intentó una solución parecida en Aerolíneas. Se acordó con el Gobierno argentino y se suscribió un acuerdo al respecto. La siguiente fase era
intentar suscribirlo con los empleados de la compañía, lo que se logró con cinco de los siete sindicatos, pero no con los dos restantes. En esta situación no era factible llevar el proyecto hacia delante y por tanto no se pudo realizar el plan
director. Finalmente, la situación de la compañía devino en suspensión de pagos, como consecuencia de ello en una reducción drástica de los vuelos que se podían realizar y por tanto en una reducción drástica de los ingresos que se obtenían,
manteniéndose, sin embargo, todos los costes fijos y por tanto todos los costes de estructura, con lo cual la situación era, sin duda alguna, de mucha gravedad. En esta situación el planteamiento que se hace desde la SEPI -estamos hablando del
verano del año 2001- es que había que actuar en tres líneas convergentes para conseguir tres cosas: en primer lugar, dar con una solución que pusiera fin de una vez a las sucesivas, reiteradas y voluminosas aportaciones de capital público español
en la compañía; segundo, dicha una solución tenía que aplicarse de forma ordenada, porque el capital público español nunca se puede ir de manera desordenada de las empresas o sociedades en las que haya estado presente, pero especialmente era
importante que no se fuera de manera desordenada cuando la empresa en la que había estado presente era una empresa de otro país, una empresa argentina. Además, había que intentar también, junto a las dos cuestiones anteriores, que nuestra salida
fuera, en términos de eficiencia, la mejor posible. Con la finalidad de cumplir estos tres objetivos se vio que la situación en aquellos momentos se podía plantear con tres opciones alternativas: Se podía intentar de nuevo el reflotamiento de la
compañía por parte de SEPI para, posteriormente, realizar la venta de la misma, se podía iniciar la venta de la compañía sin el previo reflotamiento o se podía -y las condiciones económicas de la compañía lo podían permitir- proceder a la
liquidación de la misma. Respecto al reflotamiento por SEPI y su posterior venta -que es la forma en que tradicionalmente trabaja la SEPI-, nos parecía que ya se había intentado con la posible búsqueda de acuerdo social o sindical para ejecutar el
plan director, que no se había conseguido, y que, por tanto, insistir en ello era insistir en una opción con pocas probabilidades de éxito y que, sin embargo, nos iba a hacer consumir tiempo; cuando hablamos de consumir tiempo en la situación que
tenía Aerolíneas Argentinas en aquella época era hablar también de consumir muchos recursos para socorrer las pérdidas corrientes que tenía la compañía en aquel entonces. Por tanto, desechamos esta posibilidad.
Quedaban dos opciones: la venta sin el previo reflotamiento o la liquidación. Pensamos que había que intentar la búsqueda de una venta sin previo reflotamiento y que cuando tuviéramos una opción posible de
venta deberíamos comparar, desde el punto de vista financiero y de eficiencia de la operación, con la opción alternativa de liquidación. A eso nos pusimos. Por tanto, se inicia un proceso de búsqueda de compradores; se inicia la
privatización. Concurren nueve ofertas en una fase inicial. Se analizan las nueve ofertas por parte de SEPI a efectos de ver las que cumplían los requisitos mínimos de solvencia, de experiencia y un plan industrial que cumpliera los requisitos que
establecía la propia SEPI en sus bases y que tuviera aportación de garantías respecto a los compromisos asumidos. De las nueve ofertas, hubo cinco que no pasaron esta fase. Por tanto, de la preselección inicial nos quedamos con cuatro ofertas.
Con esas cuatro ofertas se trabajó en profundidad y finalmente se procedió a elegir la oferta presentada por el grupo Air Comet, que, como saben, es un grupo que tiene vinculación con empresas de transporte aéreo y con empresas de turismo. Se
eligió esta oferta porque era la mejor. Era la mejor desde el punto de vista de presentar el mejor plan de empresa; era la mejor desde el punto de vista de que era la que asumía más pasivo y la que, por tanto, liberaba a SEPI de más volumen del
pasivo que tenía la compañía en aquella fecha, y era la mejor porque era la que menos exigía -no exigía nada- de compromisos de financiación a SEPI. Esta consideración por parte de SEPI de que era la mejor oferta fue compartida por el banco asesor
y por el Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Visto que esta era la mejor oferta, se comparó con la alternativa de liquidación y, desde el punto de vista estrictamente numérico, cuantitativo, financiero, de eficiencia económica, era mejor -y así lo vieron también el banco asesor y el
Consejo Consultivo de Privatizaciones- la privatización que la liquidación. Desde el punto de vista de proyecto empresarial, siempre es mejor la supervivencia de una empresa que la liquidación y también desde el punto de vista social, desde el
punto de vista del empleo y, por qué no decirlo, desde el punto de vista de las relaciones internacionales de España.
Por todo esto, por ser la mejor oferta y mejor que la liquidación desde el punto de vista económico, financiero, social, empresarial, etcétera, fue la oferta elegida. La oferta presenta un plan industrial atractivo que intenta aprovechar la
sinergia del negocio de transporte aéreo y de turismo en la cual tenía experiencia el grupo ofertante, propietario hoy de la compañía. Además se comprometía a incrementar el capital social y, por tanto, los fondos propios de la compañía en 50
millones de dólares; se comprometía a mantener empleo durante dos años, salvo que hubiera acuerdos con los representantes de los trabajadores y, por tanto, se obligaba a que no hubiera reducción de plantilla de forma traumática.
También se
obligaba a reponer inmediatamente las rutas que habían sido suspendidas como consecuencia del proceso concursal en que estaba la compañía y además se compromete a renovar y modernizar la flota. Todo ello configuraba, como digo, el plan industrial
más eficaz, el plan industrial más atractivo, el plan industrial que ofrecía más futuro para la compañía. Pero además, desde el punto de vista de SEPI, también era la mejor porque era la que aportaba más pasivo del que tenía la compañía,
concretamente el 50 por ciento, y era la única oferta de entre las cuatro preseleccionadas que no solicitaba, en términos de financiación, recibir ayudas blandas, a largo plazo y con escasas garantías, que era lo que pedían las otras ofertas para
los primeros años de la gestión de la compañía por parte de los nuevos propietarios. Esa fue la solución adoptada y esta la información que puedo rendir en esta intervención inicial respecto a la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Me pregunta el Grupo Popular -ya que la pregunta del Grupo Federal de Izquierda Unida ha decaído- por actuaciones de SEPI en relación con la empresa MAYASA, Minas de Almadén y Arrayanes, y en relación con la reactivación de la comarca de
Almadén. Diré brevemente que Minas de Almadén está adscrita a SEPI desde el 25 de mayo del año 2001, por acuerdo del Consejo de Ministros en el cual se pasan las empresas procedentes de la Dirección General del Patrimonio a SEPI, que tiene una
plantilla de 284 empleados, que viene operando tradicionalmente en pérdidas -concretamente el resultado neto de impuestos del último ejercicio cerrado ha sido de 34 millones de euros-, cuya actividad principal, como es sabido, es la extracción de
cinabrio y la producción, a partir del mismo, de mercurio, si bien tiene actividades complementarias como es la explotación agropecuaria en la dehesa que rodea la mina o la fabricación de quesos, piensos o alguna actividad de carácter geológico o de
sondeo. Es la empresa principal y la más importante productora mundial de mercurio, puesto que su cuota en el mercado mundial excede del 50 por ciento. Lo que pasa es que este mercado, en el cual la empresa MAYASA es líder consolidado, líder
histórico y líder por diferencia, desgraciadamente está en retroceso porque el consumo cada vez es menor, porque la legislación medioambiental va imponiendo restricciones tanto en la producción como en el uso del producto que tiene su origen en
nuestra actividad. Además, por si eso no fuera poco, resulta que se ha producido el agotamiento de la mina, es decir, ya no hay más mineral para extraer.
Como comprenderán SS.SS., con todas estas consideraciones era y es absolutamente obligado realizar un plan de reestructuración de MAYASA que combinara dos objetivos: hacerla rentable en lo que todavía puede seguir siendo actividad
empresarial en MAYASA, y además hacer actuaciones que evitaran impactos sociales de carácter negativo. Este era el doble objetivo y, por tanto, había que buscar un mecanismo de reestructuración de la compañía y de reactivación alternativa a la
propia empresa.
En la primera perspectiva, en lo que es el estricto plan de empresa de MAYASA, tengo que decir que se ha procedido a reordenar sus actividades de cara al futuro. En esa reordenación se han definido los negocios centrales, que son
básicamente dos: la comercialización del mineral -y digo comercialización porque ya no es posible extraer mineral puesto que se ha agotado el yacimiento, pero queda mineral extraído en los últimos ejercicios y debe realizarse una labor de
comercialización- y como actividad principal la explotación de la dehesa.
Respecto a estos negocios centrales, lo que plantea el plan de reestructuración es convertirlos en rentables. Tienen entidad por sí mismos, se van a mantener y lo que se pretende es convertirlos en rentables liberándolos de carga vinculada
a la estructura sobredimensionada que tiene en la actualidad. Pero junto a los negocios centrales existen unos negocios complementarios, como he dicho antes, los sondeos, la minería, servicios a otras empresas mineras que se realizan aprovechando
la capacidad profesional y organizativa que tiene la propia MAYASA. Estos negocios complementarios seguirán realizándose en la medida en que sean rentables, tanto de manera individual o en forma de agrupación con otras entidades o consorcios que
pudieran encontrarse.
Junto a los negocios centrales -que seguiremos con la vocación de convertirlos en rentables- y junto a los negocios complementarios, que solamente seguirán si son rentables, tenemos un conjunto de actividades paliativas que empiezan por
cerrar la mina, por razones evidentemente ecológicas y de respuesta medioambiental al final de una explotación minera. Además queremos hacer una mejora medioambiental, no queremos solamente cerrar la mina sino que queremos hacer una auténtica
reparación medioambiental en la zona. También queremos hacer una labor de recuperación del patrimonio histórico vinculado a la propia empresa, como puede ser el hospital, que es un edificio histórico artístico, o el túnel de forjados, que tiene un
gran valor histórico.
Este conjunto de actividades paliativas hay que hacerlas por razones medioambientales, incluso por obligación legal, puesto que al cierre de la mina hay que hacer un conjunto de actuaciones por el que la ha explotado de manera obligada,
otras son una aportación al conjunto histórico y al valor artístico de los edificios que allí existen. Puede que no fueran rentables en el sentido estrictamente económico, pero hay que hacerlas, las queremos hacer y además nos va a permitir aportar
carga de trabajo y ocupación a los trabajadores de la comarca vinculados a la empresa o no y, por tanto, creemos que, en términos de creación de puestos de trabajo, va a ser algo positivo para el futuro inmediato de los trabajadores de la empresa y
de la comarca.
Para conseguir, como decía, hacer rentables los negocios centrales, vamos a proceder a un redimensionamiento de la carga de estructuras, por tanto, hay que reducir la dimensión de la plantilla, pero como siempre ha hecho SEPI y como siempre
hará SEPI: se va a realizar de forma no traumática, por tanto, utilizando las prejubilaciones con los criterios tradicionales de MAYASA, las bajas incentivadas y las recolocaciones y, además, intentando -y estamos consiguiéndolo- que en el proceso
haya un pleno acuerdo social o, si quieren ustedes, un pleno acuerdo sindical.
Junto a ello, vamos a realizar un conjunto de inversiones para facilitar convertir en rentable el desarrollo de los negocios permanentes, inversiones que excederán de los 2,5 millones de euros, y habrá que hacer un conjunto de inversiones
para la serie de acciones paliativas a las que me he referido, que serán próximas a los 20 millones de euros. Viendo la cifra, comprenderán SS.SS. por qué me refería a que la realización de estas actividades con ese volumen de inversión va a
generar empleo, lo cual va a ser positivo en términos de actividad laboral, como he dicho anteriormente.
Este es el plan de reestructuración de la compañía y, junto a ello, SEPI ha propuesto a los trabajadores y está proponiendo a las instituciones locales la realización de un plan más amplio para reindustrializar la comarca de Almadén. Ahí se
pretende no solamente convertir la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. de deficitaria en rentable, sino además hacer un plan ordenado y sistemático de reindustrialización de la comarca que permita apostar por la creación de empleo a futuro
en la zona de Almadén. Para ello se está trabajando en varias líneas. Se está intentando promover un acuerdo entre MAYASA, la compañía, y el Ayuntamiento de Almadén, acuerdo que, básicamente, irá destinado a la creación de suelo industrial, como
poco 45.000 metros cuadrados en una primera fase y muy probablemente otros 45.000 metros cuadrados en una segunda fase, si se dan algunas condiciones. La creación de este suelo industrial, la realización de labores necesarias de desmonte y de
construcción de urbanización, desde el punto de vista industrial del polígono, pueden ser realizadas por Infoinvest, que es una empresa especializada, con gran experiencia, porque es la que viene realizando la construcción de los parques
empresariales que se realizan desde SEPI, como saben SS.SS.
Por otra parte, planteamos también la posible cesión de instalaciones por parte de la empresa al ayuntamiento, como puede ser el chalet del director o como pueden ser otras instalaciones, para, en el marco de ese acuerdo, realizar
conjuntamente iniciativas que pueda ser positivas para el objetivo que buscamos en el plan, como puede ser una escuela de hostelería, una escuela de turismo o una escuela de hostelería y turismo.
Creemos que SEPI puede aportar, y está deseosa de hacerlo, a todo este proceso de reactivación de la comarca dos instrumentos adicionales: Sodicaman, que es la Sociedad de Desarrollo Industrial en Castilla-La Mancha, para lo cual estamos
dispuestos a realizar
un incremento de capital social en la misma a efectos de que tenga más potencia y pueda, por tanto, realizar con más amplitud la labor de captación de inversión y de ayuda a los proyectos empresariales que estén dispuestos a invertir en esta
comarca en el marco de este plan de reactivación de Almadén. Y estamos también trabajando en la línea de implicar a nuestra oficina de promoción de inversiones, que, como SS.SS.
saben, está especializada en captar proyectos de inversión que ya
existen para atraerlos a España y a zonas de localización preferente, de acuerdo a los planes de reestructuración que se realizan en las empresas del grupo SEPI, para que realice -los está realizando ya- los estudios de análisis de las ventajas
comparativas que ofrece Almadén para aquellos proyectos de inversión que busquen localización.
Con ese conjunto de actuaciones -el acuerdo con el ayuntamiento en la línea que he dicho, el apoyo de Infoinvest, el apoyo de Sodicaman y el apoyo de la OPI- creemos que podemos diseñar y sobre todo ejecutar un plan que sea tremendamente
positivo para Almadén y que refuerce el propio plan de reestructuración de MAYASA para empezar a construir un futuro para la comarca ciertamente más positivo y más esperanzador que el pasado en términos de actividad económica, en términos de
creación de riqueza, en términos de creación de puestos de trabajo. Nuestra voluntad es hacerlo de forma concertada con agentes sociales y con instituciones.
Hemos firmado un preacuerdo con los sindicatos el 8 de febrero, es probable un acuerdo
con el Ayuntamiento de Almadén y también es posible una acción concertada con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De nuevo voy a ser optimista respecto a que lo que es probable y posible se convierta en seguro y definitivo, porque las
instituciones, cuando tenemos objetivos comunes, tenemos que ser capaces -y lo seremos- de ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente en aras del bien común y de los intereses generales, en este caso de la comarca de Almadén.
Me pregunta el Grupo Socialista por el plan de reestructuración de Cetarsa. De nuevo, enmarco muy rápidamente el entorno de Cetarsa. Se crea en el año 1987 y tiene como actividad básica adquirir el tabaco en rama, realizar su primera
transformación, que puede ser procesado o puede ser fermentado, y finalmente comercializar el producto que ha sido capaz de fabricar y producir. Cetarsa tiene una plantilla de poco más de mil personas, exactamente 1.050, que se dividen en 253 fijos
y el resto, aproximadamente 800, fijos discontinuos. Cetarsa tiene una cuota de mercado importante porque adquiere la mayoría del tabaco Virginia que se produce en este país, la mayoría del Burley procesable y prácticamente la totalidad del tabaco
Burley fermentable. El 90 por ciento de las ventas de Cetarsa son a multinacionales del sector, lo cual es importante por lo que luego veremos al hablar de la necesidad de la reestructuración.
Cetarsa tiene siete centros, seis en Cáceres y uno en
Granada. ¿Cuál es la situación económica actual de Cetarsa? Cetarsa ha cerrado el ejercicio con beneficios y, por tanto, el presente o el pasado inmediato ha sido satisfactorio. Sin embargo, tiene un futuro con riesgos evidentes, que más que
riesgos son casi certidumbres a futuro, que nacen de dos cuestiones. Por un lado, tiene una infraestructura productiva sobredimensionada. Fíjense SS.SS., si todas las fábricas estuvieran trabajando al cien por cien de ocupación o en porcentajes
próximos al cien por cien -es decir, el 90 por ciento-, la producción de Cetarsa se podría realizar con tres fábricas y, sin embargo, tiene siete, lo cual hace que haya un nivel de ocupación ciertamente bajo en las fábricas, con lo que ello supone
de costes innecesarios y, por tanto, de ineficiencia productiva, que tiene su trascendencia, por lo que luego vamos a ver, en el mercado en el que actúa, puesto que esa ineficiencia productiva no supone simplemente tener menos beneficios. Si ése
fuera el problema, no sería tan absolutamente imprescindible realizar la reestructuración. El problema son las amenazas de cara al futuro que voy a mencionar a continuación.
Esta infraestructura productiva sobredimensionada no viene de ahora, sino del origen de Cetarsa. Sin embargo, el riesgo se ve agravado por una serie de cuestiones previsibles. En primer lugar, la modificación de los hábitos de los
consumidores. El consumo de tabaco está estancado cuando no en leve retroceso en los últimos años, pero lo especialmente importante y peligroso para Cetarsa es la modificación de los hábitos de los que lo siguen consumiendo, porque se están
desplazando del negro hacia el rubio, afectando negativamente a Cetarsa con carácter general y especialmente a algunos de sus centros de producción, con lo cual el problema de la sobredimensión productiva tiende a ser agravado por esta cuestión.
Además está en marcha una posible reforma del reglamento de la OCM, la organización del comercio vinculado a la Unión Europea, y según informes previos, los estudios realizados apuntan a que haya una reducción de las cantidades máximas garantizadas
de productos realizados por Cetarsa que se van a poner en el mercado. Por tanto, existe una sobreproducción; existe una tendencia, que no favorece a la producción de Cetarsa, al estancamiento o a un leve retroceso del consumo de tabaco; existe
además una modificación de hábitos que no favorece a los productos de Cetarsa en general, y en particular a algunas fábricas, y existe también, como riesgo, una posible modificación de los reglamentos que rigen el comercio comunitario que tampoco
favorecería a Cetarsa.
Además, como decíamos antes, Cetarsa vende un 90 por ciento a compañías multinacionales y éstas, por tanto, pueden decidir comprar en Cetarsa o en empresas de la competencia. Lo cierto y verdad es que la competencia de Cetarsa ha iniciado
un proceso de reducción de capacidad productiva y de concentración de la producción en fábricas a efectos de reducir costes
y, por tanto, ganar en competitividad. Si lo que se ha iniciado por parte de los operadores competidores de Cetarsa europeos y americanos, o Malabo y Zimbabwe, Cetarsa no lo realiza, estaría fuera del mercado internacional en pocos años.
Recuerdo, señorías, que el 90 por ciento de la producción de Cetarsa se vende a compañías multinacionales.
Adicionalmente, en esta posible modificación del reglamento que rige el mercado del tabaco se prevé una reducción de las subvenciones o de la
prima que se entrega a la producción de tabaco y, por tanto, puede haber un efecto precio que perjudique también la competitividad de Cetarsa.
Por tanto, por las dos razones apuntadas, es absolutamente imprescindible reestructurar Cetarsa. Reestructurando Cetarsa estamos garantizando, en primer lugar, el futuro de la compañía. La compañía solamente podrá sobrevivir si es
reestructurada, y nunca es mejor momento para reestructurar una compañía que cuando todavía está en beneficios, antes de haber incurrido en pérdidas. Si garantizamos el mantenimiento de la compañía estamos teniendo dos efectos positivos: por un
lado.
garantizamos puestos de trabajo y, por otro, garantizamos que esa compañía va a poder seguir dando trabajo a la mayor parte de los trabajadores que hoy trabajan en la misma. Y, en segundo lugar, estamos garantizando la compra de tabaco a los
productores de tabacos españoles.
La supervivencia de Cetarsa, gracias a su reestructuración, es la mejor garantía de futuro para los agricultores españoles cultivadores de tabaco. Sin una Cetarsa competitiva los agricultores productores de tabaco
no podrían colocar sus productos en el mercado.
Quiero manifestar también, aunque no es responsabilidad nuestra, que otro de los problemas que hay en algunos de los centros de Cetarsa es que alguna clase de tabaco que se utiliza para el consumo tiene una calidad que cada vez es más
rechazada por los mercados por el alto nivel de clorificación que tiene el agua con el que se riega. Los agricultores granadinos ya llevan mucho tiempo reclamando a las autoridades locales que se modifique la proporción de cloro con la que se riega
la vega de Granada.
La reestructuración de Cetarsa es imprescindible para salvar la empresa, para salvar el empleo y para salvar la compra de tabaco a futuro a los agricultores. No hay más mecanismo para conseguir esta reestructuración de Cetarsa que aumentar
su competitividad, y para aumentar su competitividad, de acuerdo con mi exposición, ha quedado de forma meridianamente clara que lo que hay que hacer es reducir los costes de transformación. Para ello hay que reordenar la fabricación, concentrar
los centros de fabricación en la línea de reducir costes fijos, mecanizar los procesos, etcétera. La idea final del plan que estamos negociando o acordando con los representantes sociales es la permanencia de tres centros de fabricación, la
existencia de dos plantas de almacenaje, es decir, la reconversión de otros centros en plantas de almacenaje, y finalmente es inevitable que en el estado en que se encuentra el plan de reestructuración se produzca el cese de actividades en dos
centros actuales de Cetarsa, que serían los de Plasencia y Granada.
Tendrá que haber una reordenación de plantilla porque habrá centros que necesiten más trabajadores que antes, en función de esta reordenación de la producción. Otros centros, seguramente los que pasen a ser plantas de almacenaje,
necesitarán menos trabajadores. Habrá por tanto una reordenación de plantilla y es inevitable que haya una ligera reducción de la misma. Concretamente, por dar las cifras en las que creemos que quedaría dimensionada la plantilla, se trataría de
reducir los 1.054 que tiene en la actualidad a ochocientos y pico aproximadamente. Pero, repito -no es la primera vez que lo digo esta mañana-, las condiciones nunca serán traumáticas, intentaremos que sea siempre con acuerdo sindical, mediante
prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones. Para conseguir las recolocaciones estamos trabajando en el diseño de un plan de reactivación, especialmente en Granada, porque es donde se va a producir el cierre de un centro sin que haya otro
próximo donde puedan producirse las recolocaciones. Va a haber actividades de reactivación en el centro de Cáceres, pero especialmente en Granada. Con estas actividades se pretende hacer una política activa con todos los instrumentos que tiene la
SEPI para captar proyectos de inversión y en base a ello crear empleo alternativo en la comarca afectada por el centro que se cierra. En definitiva, queremos cambiar el pasado de la zona afectada por futuro queremos cambiar un pasado sin
perspectivas de mantenimiento por los problemas de no rentabilidad, de no competitividad y de no expectativas de vida a futuro por un futuro esperanzador, por un futuro nuevo, por proyectos industriales realmente competitivos y que tengan todas las
posibilidades de crear riqueza, actividad económica y empleo.
En ese sentido nos proponemos desplegar un conjunto de instrumentos, como la utilización de Infoinvest, la sociedad instrumental, la oficina de promoción de inversiones, que ya está haciendo análisis económicos de la zona para descubrir las
potencialidades, las diferencias competitivas que ofrece frente a otras alternativas de localización en la zona de Granada afectada, las opciones de desarrollo, estudios de mercado y demás. Se están identificando sectores económicos susceptibles de
localizarse en la zona, proyectos de inversión concretos; se está contactando con empresarios; se pretende, para relanzar esta reactivación industrial, construir un parque empresarial. Estamos dispuestos a realizar una inversión próxima a los
1.700 millones de pesetas y, si conseguimos el acuerdo o el apoyo institucional -estamos seguros de que lo conseguiremos en términos de instituciones locales porque los objetivos son comunes- podremos llegar a crear empleo en un volumen
tremendamente superior a la reducción de plantilla que va a haber con la reestructuración de
Cetarsa. Yo soy optimista por naturaleza, pero no quiero dejarme llevar de un excesivo optimismo. Digo simplemente que si hay acuerdo social, si hay colaboración institucional y si podemos desplegar todo ese conjunto de actividades y de
instrumentos a favor de un plan de reestructuración serio y riguroso de la comarca afectada por el cierre del centro de Cetarsa en Granada, podremos duplicar en términos de empleo la pérdida que se produce por el cierre de la factoría. Digo esto
después de decir que las bajas nunca serán traumáticas, porque siempre habrá un plan de prejubilaciones, de bajas incentivadas y de recolocaciones. Por tanto, el efecto final en Cetarsa será que habrá más empleo que el que hay en la actualidad y
además un empleo más sostenible, con mucho más futuro, respondiendo a proyectos rentables, realizados y ejecutados con criterios empresariales.
Respecto a los agricultores, tengo que decir que una Cetarsa reestructurada, una Cetarsa rentable es la mayor garantía de que pueden colocar en el mercado su producto. Vamos a mantener la compra de tabaco con una Cetarsa nueva,
reestructurada y estamos dispuestos a mantener los puntos de compra, para que no recaiga en los trabajadores ningún coste adicional de transporte. Además, estamos dispuestos, ¡faltaría más!, a mantener nuestro compromiso con los agricultores en
términos de asistencia técnica, como venimos desarrollando hasta ahora, a los cultivadores. Por tanto, se mantendrá la compra, se mantendrán los puntos de compra, no deberá asumirse ningún gasto de transporte por parte de los agricultores y se
mantendrá la asistencia técnica. Todo ello en el marco de garantizarles a futuro que realmente van a poder seguir vendiendo su producto. Sobre la base de estas propuestas, vamos a intentar, por tanto, llegar a acuerdos con los trabajadores,
estamos en un proceso de búsqueda de ese acuerdo; vamos a intentar llegar también, en su caso, a acuerdos con los agricultores y vamos a pedir la colaboración institucional de las autoridades locales afectadas por el proceso al que me he referido.
Con esto concluyo la solicitud de petición de información respecto a Cetarsa.
Pregunta el Grupo Socialista sobre planes de privatización de ENAUSA.
Tengo que decir que ENAUSA es la empresa pública titular de cinco autopistas de peaje y participa
en una sexta. En cuatro de ellas participa al cien por cien, en una al 50 por ciento con una comunidad autónoma, la de Navarra, y en otra autopista de peaje participa de forma minoritaria. El propósito, dentro del programa encomendado a la SEPI,
es la desinversión y por tanto la privatización de la sociedad ENAUSA. No tenemos calendario predeterminado, no se ha iniciado el proceso de privatización y no habiéndose iniciado el proceso de privatización es prácticamente imposible, por acotar
alguna fecha y dar información a la Comisión de Economía y Hacienda, que se realice la privatización de la misma en el ejercicio 2002; sin embargo, forma parte de nuestro plan de privatizaciones que concluya a finales de 2004. Por tanto, lo más
que podemos concretar a la fecha de hoy es que será vendida, lo más seguro, entre 2003 y 2004. Sí quiero decir también que el régimen de las concesiones de autopistas establece un conjunto de derechos y obligaciones a la sociedad, que es la
concesionaria, no a los socios y que la privatización no afecta para nada a las condiciones de la concesión, que tendrán que ser mantenidas en sus estrictos términos por el nuevo propietario, fuere quien fuese. En definitiva, de las 41 autopistas
de peaje que hay en este país la mayoría de ellas son de propiedad privada. Por tanto, la privatización no afectará a los usuarios del servicio.
Me pregunta el Grupo Socialista por la compañía Trasmediterránea y me pide que explique la situación de la sociedad, los servicios que presta y el proceso de privatización que está en marcha. Empezaré por calificar la situación de la
sociedad y diré que es francamente satisfactoria. En el año 2001 los ingresos de la sociedad han sido un 17 por ciento largo superiores a los del año 2000. Los beneficios han sido más de un 50 por ciento superiores a los del mismo año anterior,
alcanzando la cifra de 21,2 millones de euros. La compañía, si no recuerdo mal, estaba en el año 1996 en pérdidas, empieza a estar en beneficios en 1997 y desde entonces no cesa de aumentar sus beneficios hasta haber alcanzado esta cifra histórica,
por lo menos en la historia reciente de la compañía, de 21 millones de euros. Desde el punto de vista patrimonial, la compañía está también tremendamente saneada, tiene unos fondos propios de 315 millones de euros, el endeudamiento es un 70 por
ciento aproximadamente de los fondos propios y un 34 por ciento del activo. Por tanto, es una compañía muy apetecible en términos patrimoniales, muy apetecible en términos de cuenta de resultados, y lo digo -estamos en un proceso de privatización-
en un intento de animar aún más de lo que ya está el proceso de privatizaciones.
Si quieren sus señorías una explicación muy breve, hay que decir que la liberalización del mercado que se produjo en 1999, lejos de haber perjudicado a Trasmediterránea, ésta ha conseguido aprovechar las ventajas de este efecto y situarse de
una forma tremendamente positiva.
Ha habido un fortalecimiento de la demanda en este periodo, pero también es verdad que en las compañías se ha producido una renovación y actualización importante de la flota y unas reformas de gestión que han
permitido que en este proceso de liberalización del mercado la compañía haya alcanzado esta situación tan óptima en términos de rentabilidad empresarial y en términos de situación en el mercado. La empresa Trasmediterránea es la líder en el
transporte marítimo español y se dedica al transporte de pasajeros, de vehículos y de carga. Para tener un dibujo panorámico de esta sociedad es importante saber que más o menos el volumen de ingresos entre estos tres conceptos se reparte entre un
50 por ciento en carga y un 50 por ciento en pasajeros y vehículos. Esta forma equilibrada del comportamiento
de los ingresos es buena para la compañía, dado que los ingresos provenientes de carga tienen un carácter muy estable a lo largo del tiempo y no está nada afectado por estacionalidades, en tanto que el 50 por ciento restante proveniente de
pasajeros y vehículos tiene un comportamiento radicalmente contrario, porque es tremendamente estacional y está tremendamente afectado, como es lógico y obvio, por movimientos cíclicos. Por tanto, esta situación equilibrada es buena porque permite
que ante la gestión de su actividad anual la compañía se posicione en buenas condiciones, como queda de manifiesto al ver los resultados obtenidos. Esta compañía opera con más de 30 líneas regulares, básicamente, en el Mediterráneo, conectando la
Península con Baleares, y con líneas interinsulares, conectando también las Islas Baleares entre sí; también opera en Canarias, tanto para el transporte desde la Península a Canarias como dentro de las islas con movimientos interinsulares; y opera
en el estrecho de Gibraltar conectando el sur de España con el norte de África. (El señor Segura Clavell: El sur de la Península.) Efectivamente, el sur de la Península. (El señor Segura Clavell: Discúlpeme la interrupción.) Acepto su
rectificación, está perfectamente corregido, su señoría tiene toda la razón. La flota es de las más modernas de Europa, con una antigüedad media de escasamente 7 años por barco y cuenta con 24 buques. Además, disfruta de un conjunto importante y
bien acondicionado de instalaciones en los puertos que favorecen el tráfico, porque facilita la carga y descarga de mercancías y hace más cómodo y más atractivo el movimiento de pasajeros y de los vehículos que están vinculados al mismo.
Vuelvo a referirme a la liberalización del mercado para decir que se produjo una convocatoria de concurso para el suministro de las rutas de interés público -calificadas así por la Administración pública española- y que Trasmediterránea ha
resultado la adjudicataria de este concurso abierto. Por tanto, Trasmediterránea es adjudicataria de estas rutas desde el 1 de enero de 2002 y recibe una compensación del Estado de 10 millones de euros anuales por un periodo de cinco años, cantidad
que es revisable anualmente. Esta es la situación de la compañía cuya privatización se ha iniciado, concretamente en octubre de 2001, por decisión del consejo de administración de la SEPI. En noviembre de 2001 se elige el banco asesor, se realizan
algunas operaciones previas y, en marzo de 2002, empiezan los contactos con los inversores potenciales; a aquéllos que estén interesados se les ofrece la obtención del cuaderno de ventas y las bases del proceso de privatización a cambio del
compromiso de un acuerdo de confidencialidad con respecto a la información que se les va a suministrar. El proceso está siendo muy animado, como no podía ser menos, dada la situación en la que se encuentra la compañía. Los interesados que se han
aproximado a nosotros y se han comprometido a esa confidencialidad han sido alrededor de 51 ó 52, por lo que han obteniendo el cuaderno de ventas y las bases del proceso. Evidentemente siempre son menos las ofertas que luego se reciben respecto a
los interesados que solicitan información, primero porque hay gente que se retira del proceso o porque hay movimientos de consorcios o de acuerdos entre varios interesados, por lo que en ocasiones tres o cuatro peticiones de cuadernos de ventas
acaban en una única oferta no vinculante. No obstante, a pesar de todo ello, sus señorías estarán conmigo en que la petición de más de 50 cuadernos de ventas es un dato que augura -como hemos dicho ya en otras ocasiones, recientemente en la
subcomisión de privatizaciones- un proceso tremendamente concurrente y tremendamente animado en la privatización de Trasmediterránea. El plazo para presentar las ofertas no vinculantes concluye el 22 de abril del año en curso, y a partir de
entonces aquellas que cumplan los requisitos y por lo tanto pasen a la fase siguiente serán invitadas a presentar la oferta vinculante. Finalmente, confiamos en que la decisión de adjudicar a la mejor oferta el concurso se pueda realizar
inmediatamente antes o inmediatamente después del verano, en la segunda quincena de julio o en la primera quincena de septiembre, adjudicar a la mejor oferta según los criterios que se barajan en las bases del proceso, en las cuales primará una vez
más el plan de empresa, el plan industrial, sobre lo que es estrictamente el precio. Por tanto, el precio tendrá un peso importante, pero pesará en mayor medida el plan industrial que pivotará sobre las garantías que ofrezca la compañía para
cumplir con los requisitos que se le piden más lo que ofrezca como plan industrial adicional en el que se verá la solvencia que aporta el empresario o el proyecto empresarial en su globalidad que aporta la compañía y qué compromisos adicionales en
términos de inversión o de creación de empleo ofrece sobre lo que son los requisitos mínimos. Las bases del proceso han establecido como requisitos mínimos una estabilidad accionarial básica hasta el 2 de enero de 2007.
Entenderán SS.SS. que esa
fecha límite en la que se exige una estabilidad accionarial está vinculada al compromiso de asumir el contrato del cual ha resultado adjudicataria la compañía respecto a las rutas de interés general. Hay un compromiso, como es tradicional en las
desinversiones de SEPI, de mantenimiento de plantilla, de mantener la sede en España y de mantener las filiales mayoritarias dentro de la compañía. Como procedimiento de adquisición de la compañía se obliga al comprador a que realice una oferta
pública de adquisición sobre el cien por cien de las acciones de la compañía. Recuerdo a SS.SS. que es del Estado a través de SEPI en un 94 ó 95 por ciento y existe un 5 ó un 6 por ciento de accionistas minoritarios. Esta es la situación de la
compañía Trasmediterránea y esta es la fase actual en la que se encuentra el proceso de privatización.
Por último, me pregunta el Grupo Popular por las líneas generales del plan de empresa de HUNOSA que ha sido recientemente acordado con los representantes de los trabajadores. De nuevo a pinceladas diré que el marco en el que se mueve la
compañía es la normativa de ayudas de la Unión Europea, que fija unos parámetros claros en materia de actividades y en materia de condiciones para las ayudas. Como posible modificación de este marco existe un borrador de norma comunitaria que
parece que va a vincular la recepción de ayudas al mantenimiento y definición de una reserva estratégica en las empresas de la minería. El marco se completa con el propio plan nacional, el plan español de la minería del carbón 1998-2005, que
estableció una serie de instrumentos de apoyo al sector de la minería y el marco previo de referencia del propio plan de empresa y convenio colectivo firmado entre accionista empresa y trabajadores para el período 1998-2001, plan de empresa y
convenio colectivo que fueron aprobados por la Comisión Europea. El balance de aquel plan fue satisfactorio, hubo un volumen de inversión importante, 20.000 millones de pesetas, los resultados en términos de cuenta de resultados básicamente se
consiguieron, se pudieron hacer todas las prejubilaciones que nos habíamos comprometido, incluso hubo 400 más de las que en principio se estimó que podían ser los trabajadores que cumplieran las condiciones de prejubilación, se incorporaron 730
trabajadores nuevos a la empresa y se crearon 364 empleos alternativos, en industrias alternativas a la propia HUNOSA, a través de 16 proyectos empresariales.
Estos son los marcos de referencia. Pero puesto que había concluido el período de
vigencia, había que elaborar un nuevo plan y un nuevo convenio. Para ello, el 23 de octubre del año 2001 se constituye una mesa negociadora en la que están representados, por una parte, la empresa, HUNOSA, por otra parte, SEPI, el accionista y, por
otra parte, los representantes de los trabajadores, el sindicato SOMA-UGT, el sindicato Comisiones Obreras y la Federación de cuadros. El 5 de abril del año 2002, por tanto, cinco meses después, bien es verdad que en el período navideño hubo un
parón de 15 días, se ha podido firmar el acuerdo. Y se ha firmado gracias a que las partes que estábamos sentadas a la mesa teníamos el objetivo común de llegar a definir, a través del plan de empresa para los próximos años, un futuro posible para
HUNOSA y un futuro mejor para la plantilla de HUNOSA, para el conjunto de trabajadores de la cuenca y, en definitiva, contribuir desde esas premisas a construir un futuro mejor para la economía asturiana. Por tanto no tengo sino que realizar la más
formal y la más encendida alabanza al espíritu con el que todas las partes sentadas en la mesa de negociación han realizado el trabajo durante estos largos meses. Tengo que alabar a la parte que me toca, a SEPI y HUNOSA, y a la parte que no me
toca, a la representación social, a la representación sindical. La negociación ha sido dura, aún más -si me permiten que lo diga-, muy, muy dura. Ha sido muy difícil alcanzar el acuerdo, pero era tal la voluntad de todas las partes de llegar a un
acuerdo y era tal la conciencia de que HUNOSA, la cuenca central minera asturiana y Asturias se merecían que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, que han permitido superar las dificultades que hemos encontrado en el camino. El acuerdo, como
todo buen acuerdo, es equilibrado, y por tanto compatibiliza los múltiples objetivos que había que buscar. Había que cumplir con el marco en el que se mueve HUNOSA -y por tanto el marco de las directivas comunitarias sobre el sector, que exigen
reducción de actividad y reducción de pérdidas-, pero también había que conseguir un marco que garantizase empleo para el futuro, que garantizase supervivencia a futuro de la propia empresa y que garantizase empleo dentro de HUNOSA, apostando
también por la creación de empleo fuera de ella, para superar, en términos de los propios representantes sindicales, los problemas derivados del monocultivo económico en la cuenca central asturiana. En definitiva, se ha conseguido un acuerdo
equilibrado, que es bueno para todas las partes implicadas y para la propia economía asturiana.
El acuerdo se estructura en tres partes: plan industrial, plan de reactivación y convenio colectivo. El plan industrial plantea una importante reducción de pérdidas en el periodo. Concretamente, el compromiso es que en el año 2005 exista
un 30 por ciento de reducción de pérdidas en la cuenta de resultados de HUNOSA y también una reducción de la producción. El compromiso es que en el año 2005, en un avance escalonado hacia esa cifra, la reducción sea del orden de 1,3 ó 1,4 millones
de toneladas. Va a haber una importante apuesta por la mejora de la calidad de la producción a través de la mecanización, con inversiones de alrededor de 17.000 millones de pesetas. Habrá una concentración de la explotación debido al agotamiento
de reservas que se prevé que ocurra en dos de los pozos actualmente en actividad dentro de la compañía, de acuerdo con las reservas existentes y el ritmo de extracción, y también cesará la actividad en un lavadero, por el exceso de capacidad de
lavado, dado que se va reduciendo actividad en el marco de una reordenación y mejora de los procesos productivos. Respecto a la plantilla, se estima que van a acogerse a la prejubilación de acuerdo con las condiciones pactadas -que son idénticas a
las tradicionales de los planes de empresa de HUNOSA- alrededor de 2.600 personas. Respecto a la creación de empleo, nuestro compromiso es incorporar 550 trabajadores dentro de la compañía y crear 650 puestos de trabajo en industrias alternativas
que entran ya directamente dentro del plan de reactivación.
Entro en el segundo componente del acuerdo firmado, que es el plan de reactivación. Este segundo componente es un conjunto de iniciativas para el desarrollo de las cuencas mineras. El ejecutor va a ser doble: HUNOSA, por un lado, y SEPI
directamente, por otro lado. En la
parte que le corresponde ejecutar a HUNOSA, su instrumento va a ser Sadin, que es la sociedad que tiene HUNOSA para este tipo de actuaciones. De entrada, procederemos a aumentar su capital social en 2.000 millones de pesetas; seguiremos
por incorporar dos representantes de los trabajadores al consejo de administración; potenciaremos el centro de formación profesional de la propia compañía, a través de un aumento de dotación presupuestaria de 400 millones de pesetas; crearemos un
centro de empleo en la cuenca central asturiana para ayudar a la población desempleada a la búsqueda de empleo, para lo cual aportaremos 120 millones de pesetas y estamos dispuestos a llegar a acuerdos con ayuntamientos para ceder activos de la
compañía que estén ahora mismo en desuso, a efectos de aportarlos a proyectos que sean capaces de generar empleo nuevo. Con todo esto apostamos por que HUNOSA, a través de Sadin, realice una actividad importante en la reactivación. Ya se perciben
los primeros frutos. Ya hay dos proyectos aprobados por el consejo de administración de SEPI para que Sadin participe en un proyecto de fabricación de vidrio y en otro de extrusión de aluminio, que van a suponer 230 ó 240 empleos. Ya están los
proyectos aprobados y ya tiene Sadin los fondos necesarios para realizar la aportación financiera vinculada a los mismos. Estamos en una fase anterior, de estudio de tres proyectos en los sectores maderero, químico y de material de construcción
que, de merecer finalmente la aprobación porque el diseño acabe de confirmar que es positivo lo que se espera de los mismos, aportarían 150 puestos de trabajo adicionales a los 240 a que me he referido anteriormente. Por tanto, este compromiso
asumido de creación de 650 puestos de trabajo alternativos a la industria de la minería, como ven SS.SS. es algo que, efectivamente, está asentado en bases sólidas, rigurosas y solventes, y ya se adivinan los primeros frutos del mismo. Esto me ha
llevado a decir a los representantes sociales -cuando hemos presentado públicamente la firma del acuerdo, con la presidencia del ministro de Hacienda, en la sede de SEPI- que de nuevo proyectaba mi optimismo natural sobre la base de manifestar mi
convicción absoluta de que, al final del plazo de vigencia del plan, los puestos de trabajo que vamos a ser capaces de crear en industrias alternativas a la minería excederán -y no de forma simbólica sino de forma significativa- a nuestro compromiso
de 650, a los que me he referido.
Sobre el tercer componente del acuerdo firmado, que es el convenio colectivo, muy brevemente quiero decir que en términos de incremento salarial se ha aplicado estrictamente lo que fija el Gobierno para las empresas en reestructuración, que
es un 2 por ciento, más un 0,5 fijado a cumplimiento de objetivos. En materia de incentivos se vincula, más que nunca, la productividad que se sea capaz de conseguir por parte de la empresa y sus trabajadores; se reordenan algunas categorías
profesionales, y en materia de seguridad, que siempre es importante en la actividad minera, existe un compromiso para diseñar un plan complementario adicional de seguridad y salud en la compañía. Con todo ello, estarán conmigo SS.SS. en que
estamos ante un buen plan, como han dicho todas las partes implicadas. Estamos ante un plan sólido que aporta garantías para el mantenimiento de HUNOSA y que, además, apuesta por que el futuro de la comunidad asturiana esté basado en HUNOSA, pero
no sólo sea dependiente de HUNOSA. Y esto es empezar a construir un mejor futuro para la economía asturiana, es empezar a construir el futuro de la economía asturiana.
Voy a concluir por donde empecé, hablando de HUNOSA, con una auténtica alabanza al sentido de responsabilidad de las fuerzas sociales, a la claridad de visión, amplia y con perspectiva, que han sido capaces de incorporar en el proceso,
diciendo que han dado una lección de responsabilidad y creo que han puesto las bases no sólo para la iniciativa pública sino para que también la privada empiece a colaborar o colabore en mayor medida en la construcción de ese mejor futuro para la
economía asturiana.
Con esto doy por concluida mi intervención y pido perdón y disculpas a la Comisión y a su presidente, porque quizá me he extendido demasiado, pero eran muchas las peticiones de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por circunstancias externas ineludibles, el Grupo Parlamentario Mixto nos ha pedido intervenir en primer lugar, por lo que, antes de que se ausente, con cierta urgencia, el señor Núñez tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente de la SEPI.
Voy a ser breve. Ha expuesto usted las líneas generales, las prioridades, de cómo se distribuye el trabajo en Izar. Los aspectos sobre los que quiero preguntarle, en los que me gustaría insistir, se refieren a que esa distribución
teóricamente homogénea y racional que se hace del trabajo, para buscar la eficacia del grupo empresarial, tiene unas connotaciones territoriales claras. Muchas veces cuadran los números matemáticamente, pero son medias aritméticas, o de cualquier
otro tipo, entre cosas que van peor y cosas que van mejor. Usted mismo ha citado el grado de construcción de los astilleros, creo que ha dicho que había algo así como el 93 por ciento de ocupación pero yo me temo que no sea el grado medio de todos
los astilleros sino que hay astilleros que tienen un índice de ocupación menor que otros que están a pleno rendimiento. Le hablo de la necesidad de incluir en el plan industrial la eliminación de la incertidumbre que cae sobre los astilleros de San
Fernando, los astilleros del sur, en el sentido de que en ese plan industrial que se redactó hay astilleros que tienen asignada una línea de trabajo clara, incluso con demandas por delante, y hay astilleros que se tienen que basar
en su optimismo. Yo respeto su optimismo pero, además del optimismo del presidente, sería conveniente que, negro sobre blanco, en los papeles dijeran qué trabajo, qué tipo de buques, qué tipo de encargos concretos se tienen que realizar en
esos astilleros. Sabe que ha habido conversaciones respecto al tipo de buques, y hay cosas que se pueden decir y cosas que no, cosas que están a punto de concretarse, pero hay cosas que están escritas. Yo no sé por qué, si Cartagena tiene asignada
la construcción de submarinos o si Ferrol tiene asignada la construcción de fragatas, no se puede asignar a San Fernando la construcción de otro tipo de buques con certidumbre, como se está hablando últimamente de las corbetas, que se está
estudiando desde Izar-Madrid y habría que ver dónde se asigna su construcción. No sabemos si llega la certidumbre o no sobre esta posible construcción de ferries, sobre esas unidades ligeras de combate que al parecer no se van a ver hasta el año
2010. Lo que quiero decir es que me temo que esas medias sobre la eficacia o la debilidad de Izar, en esta teoría que usted dice y que me parece razonable de distribución de los excesos de trabajo, de bloques o paquetes de buques que vayan a otros
lugares, a los astilleros del sur, a los astilleros de San Fernando, le den el papel de cajón de sastre, de migajas, es decir, que están a la espera de poder hacer lo que sobra en los demás astilleros. El plan industrial debe recoger certidumbres y
encargos que hagan que se acabe un poco la intranquilidad, porque si va bien su optimismo no hay ningún problema, pero si su optimismo va mal nos tememos que en el siguiente golpe de reconversión, cuando se analicen cuáles son los astilleros más o
menos eficaces, se llegará a la conclusión de que son más eficaces los que tienen más encargos y son menos eficaces los que tienen menos encargos. De modo que habría que amarrar los encargos para medir la eficacia y conseguir acabar con ese mapa de
incertidumbre. En definitiva, lo que yo le pido es que no nos fijemos sólo en las medias del grupo, sino en las connotaciones territoriales. Acaba usted de hablar también de Cetarsa y ha empezado a dar medias de trabajo, de prejubilaciones y de
recolocaciones. Eso serán las medias, pero donde se produce el mayor caos del desempleo es donde se quita lo que hay, de modo que todos no se podrán prejubilar en el mismo sitio. En fin, habrá que ver si esos planes de sustitución de la anterior
actividad cubren o no esta desaparición. Y también habrá que dar certidumbre a los cultivadores, como ha dicho, porque en principio no tienen correlato, aunque sí lo hay respecto a dónde están las fábricas y dónde están los cultivos, y habrá que
asumir también unos costes de transporte.
En definitiva, no sólo optimismo, que yo valoro en el sentido de su capacidad de generación de ilusión, sino que es necesario que en el plan industrial de Izar esté contenido cuál es el futuro de estos astilleros del sur con la misma
certidumbre que lo está el del resto de los astilleros de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, es sabida la preocupación del Bloque Nacionalista Galego por el tema de los astilleros públicos en general y en particular por los que están ubicados en Galicia, y a esta preocupación responde
la petición de comparecencia que hemos realizado al respecto hace ya bastante tiempo.
A mí me gustaría hacer una serie de preguntas, después de algunas observaciones. La primera es que cada vez está más claro, por el perfil que llevamos observando desde 1984, que estamos ante un problema industrial, pero también político.
Sin duda alguna, el reparto de la carga de trabajo que se hace en el Estado español está muy condicionado por los acuerdos del Gobierno español con la entonces Comunidad Económica Europea, que repercutió de forma muy negativa, primero, desde el
punto de vista de que la carga de trabajo para el Estado español disminuyó en relación con la que había hasta el año 1984 -son datos incontestables- y, segundo, que el reparto interior de la carga de trabajo que se hizo dentro del propio Estado
español fue abiertamente discriminatoria en relación con el volumen que tenía Galicia antes de la integración en la Comunidad Económica Europea. Es más, usted sabe que seguimos manteniendo un caso insólito como el del Astillero Izar Fene, un gran
astillero tecnológicamente muy bien preparado y con unos antecedentes de botaduras de los petroleros más grandes del mundo, que sigue sin poder construir barcos, precisamente al amparo de lo que fueron las prórrogas del PEC, que prohibían a Astano,
a cambio de ayudas a los otros astilleros, básicamente los de AESA, poder construir buques convencionales.
Por otra parte, el Gobierno español viene argumentando en los últimos años que la crisis en el sector naval se debe a la competencia desleal de Corea y en menor medida de Japón, pero nunca alude a algo evidente, que es la pelea por el
reparto de la tarta de una gran industria marítima, no solamente dentro de la Unión Europea sino también a escala mundial. En primer lugar, ¿por qué no se respetaron los acuerdos en la OCDE de 1994? El primero en no respetarlos fue Estados Unidos.
Y en segundo lugar está la incapacidad de la propia Unión Europea para denunciar a Corea del Sur ante la Organización Mundial del Comercio. Creo que son datos que ilustran sobre las dificultades que tiene el Estado español para sacar adelante esta
industria tan importante desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista territorial.
Lo que a ustedes se les ocurrió, la agrupación de todos los astilleros en el grupo Izar, le puedo asegurar que desde una perspectiva gallega solamente tiene tres
explicaciones. Primero, salvar de la quiebra técnica a los astilleros de AESA; no tiene otra explicación. Segundo, posibilitar que astilleros como los de San Fernando puedan construir ferries a base de que a Bazán se le libere de una
prohibición que tenía hasta entonces de hacer buques civiles, que sin embargo los hacía en el astillero de San Fernando. Y tercero, posibilitar una agrupación de centros errática, que yo pienso que no tiene ni pies ni cabeza. La única que es algo
coherente es la que se hace de buques rápidos en San Fernando, Puerto Real y Sevilla, curiosamente próximos desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, en los buques de intervención es un disparate la agrupación de Ferrol con Gijón, a no ser
que se persiga la salvación de algo, o la de buques de actuación oceánica, que después no se respeta porque no tiene la exclusiva en artefactos offshore con Cartagena. En ese aspecto, lo vuelvo a repetir, esta agrupación nos parece que es
disparatada y no se sustenta que haya módulos movidos por el mar. Últimamente se produjo un caso, espectacular, cuando en el cabo de San Vicente una tormenta provocó grandes desperfectos en los bloques que se movilizaban, con las consiguientes
pérdidas económicas. En todo caso, no son sinergias de carácter horizontal ni de carácter vertical. Es más, incluso los mejores técnicos del antiguo Astano se dedican a viajar continuamente a otros astilleros del grupo y no precisamente para
emplear su capacidad y su cualificación en sacar adelante al astillero de la ría de Ferrol. Le digo esto porque lo normal sería haber hecho la agrupación con carácter territorial, de los astilleros del sur y de los astilleros de la ría de Ferrol,
intentar ir a una política agresiva desde el punto de vista de la introducción en el mercado e intentar levantar definitivamente la prohibición que pesa sobre el único astillero que no puede construir buques.
En este contexto les voy a hacer las siguientes preguntas, y ya acabo. En primer lugar, me gustaría que me dijese si va a haber algún intento en julio de 2002 -que sería legalmente posiblemente, otra cosa es que sea políticamente
conseguible- de levantar sobre Izar Fene la prohibición que tiene de construir barcos y tratarlo como un astillero normal dentro del conjunto de los astilleros Izar. ¿Se va a hacer esto o no, desde el punto de vista de los poderes públicos del
Estado español? En segundo lugar, cómo va a hacer Izar Fene para continuar funcionando si solamente tiene carga de trabajo hasta fines del año 2002. En tercer lugar, ustedes dicen -cuando habló de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo- que son
unas ayudas que se consideran ilegales precisamente en las etapas de 1998, 1999 y algunas otras en relación con la compra por Bazán del grupo AESA.
En concreto, ¿hacen valer alguna vez el hecho dentro de la Unión Europea de que las ayudas públicas
a la construcción naval en el Estado español son inferiores en porcentajes de valor de contrato a las que se producen en el resto de la Unión? Así lo deja claro el octavo informe sobre ayudas de Estado en la Unión Europea. Es plausible o aceptable
que usted recurra a la prudencia o incluso la confidencialidad para no hablar de determinado tipo de temas, pero la prensa sí habla y ustedes también. Por ejemplo, hablan de que hay contactos prácticos con Alemania y con Francia en relación con los
submarinos o con la industria de defensa. En la prensa aparecen referencias hace ya meses -ayer se hablaba de Dynamics como posible comprador del grupo Izar- y también en los últimos días a Babcock-Borsing. Por tanto, la confidencialidad es
relativa ¿Qué grado de fiabilidad tienen estas noticias, sobre todo las últimas, y por qué estarían interesados estos grupos semipúblicos de otros Estados de la Unión Europea por la industria de defensa o por la industria civil? ¿Qué consecuencias
tendría una privatización de este tipo para el conjunto territorial de los astilleros del Estado español? Por último, me gustaría saber si se va a presentar de una vez por todas la denuncia ante la OMC por la competencia desleal de Corea y cuál fue
el resultado de la reunión que se celebró el 4 y el 5 de abril -por lo menos así lo anunciaron ustedes-, en la OCDE, entre varios países miembros para llegar a unas reglas de juego internacional, con la excepción de Estados Unidos, que parece ser
que no participó.
Acabo, señor presidente, haciendo votos por que, primero, la política industrial del Estado español sea más agresiva; segundo, por defender todos los astilleros públicos como empresas públicas que pueden acabar siendo rentables, porque
nadie cree que los astilleros españoles no sean rentables por la mano de obra, que es la peor pagada del conjunto de la Unión Europea, como tampoco se oculta que los astilleros de Alemania, Francia o Italia siguen funcionando y aspiran a mantener
esa parte fundamental de la industria estratégica.
¿Qué opinión le merece el hecho de que de todas las autopistas que se van a privatizar la más rentable sea la de Audasa? Como circula exclusivamente por territorio gallego, nos encontraremos con un territorio en el que todas sus vías de
comunicación más importantes serán de peaje y estarán en manos privadas ¿No cree que habría que ir a un modelo de carácter semipúblico que garantizase el servicio a la economía del país de la A-9, de lo que va a ser la autopista Santiago-Ourense, de
la autopista A Coruña-Carballo y de la autopista Vigo-Bayona? ¿No merecería una atención más ponderada y, en todo caso, un control mayor por parte de los poderes públicos?
El señor PRESIDENTE: Van a intervenir, por el Grupo Parlamentario Socialista, cuatro de sus miembros, que se dividirán el turno y el tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias por su comparecencia, señor Ruiz-Jarabo. Lamento que se
produzca en estas condiciones porque el hecho de que usted venga aquí para hablar de temas tan importantes para el futuro de estas empresas, del conjunto de los trabajadores, en definitiva, de España, más que una comparecencia parlamentaria
es un totum revolutum. Desgraciadamente, estamos pensando más en ir a tomar algo, porque a las cuatro algunos tenemos que estar sentados en el hemiciclo, que en lo que vamos a decir y, lo que es peor, ¿qué nos va a contestar? Por cierto, le pido
disculpas porque quizá no pueda estar aquí para oírle y para mí y mi grupo parlamentario esto es muy importante. Este tipo de comparecencias no son serias, lo lamento profundamente y planteo mi queja de nuevo, como ha hecho nuestra portavoz,
Arantxa Mendizábal, porque no es bueno ni para usted -imagino que ir a este ritmo no le será agradable- ni para la oposición parlamentaria, que no puede profundizar como es necesario y debatir democráticamente temas tan importantes, aunque quizá sea
bueno para el Partido Popular, que es quien propicia que se dé este tipo de comparecencias descafeinadas, en definitiva, minusvaloradas y que el Parlamento español sea degradado una vez más. Estamos aquí perdiendo demasiado tiempo, pensando que nos
tenemos que ir corriendo, viendo cómo los demás grupos ya no están, y por tanto le pido a los componentes de la Mesa y en especial al presidente una reflexión para que este tipo de comparecencias se hagan de otra manera, como se tiene que hacer y
siempre se ha hecho. Para colmo, le tenemos que agradecer su comparecencia, menos mal que el Grupo Parlamentario Popular ha metido en las comparecencias tres temas que le interesaba y usted ha venido por aquí (no por su culpa sino por el Grupo
Parlamentario Popular), si no, aún seguiríamos esperando meses y meses a que usted compareciera aquí como le habíamos pedido anteriormente. Lamento decirlo porque no va dirigido a usted sino al Grupo Parlamentario, pero llega tarde y llega mal,
nunca mejor dicho.
Tómese nota, por favor, para evitarlo en lo posible.
Entrando ya en el motivo de la comparecencia, que es Izar, en el Partido Socialista creemos que a pesar de los nubarrones que se puedan ceñir sobre Izar concretamente ahora, el ámbito marítimo tiene futuro y que lo va a tener mucho más, va a
sufrir una convulsión muy importante porque hay una ley que va a posibilitar que en los próximos quince años todos los petroleros se tengan que renovar, y este hecho marca un mercado futuro muy notable. Se van a tener que sustituir los actuales
buques por otros más rápidos, están en alza los cruceros, hoy hay más demanda que oferta, y en definitiva creemos que es un sector con futuro a pesar de las perspectivas presentes y pasadas, por qué no, que ha tenido.
En el Partido Socialista apostamos por una política de innovación, de nuevos proyectos, y nos parece muy bien la síntesis que ha hecho antes con referencia al grupo Izar desde la SEPI: línea de negocio y especialización de los centros de
trabajo, pero nos llama la atención que, estando de acuerdo con eso, luego se den hechos como los que se acaban de exponer adecuadamente, y que compartimos por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en cuanto a Fene, e igualmente en cuanto a lo
que ha dicho el portavoz del Partido Andalucista sobre los centros de trabajo de Andalucía, especialmente en San Fernando, en Cádiz. Decía en la última comparecencia, si no recuerdo mal, el 14 de febrero, el subsecretario de Hacienda que este
centro era el que peor condiciones y peor futuro tenía entre todos los que componen el grupo Izar.
Efectivamente, le demostrábamos con datos que era así. Pero, siguiendo su línea de exposición, si este centro es un centro único en el mundo,
especializado en construcción de buques rápidos de aluminio, con una aportación millonaria complementaria dada por la Junta de Andalucía años atrás, donde se pueden fabricar este tipo de buques, ¿por qué ustedes no pasan ya de las palabras a los
hechos y cumplen los compromisos que vienen reiterativamente exponiendo de que se van a producir en el centro de San Fernando esos buques rápidos de aluminio? Yo le puedo tirar de hemeroteca desde el año 1996 hasta ahora y todos los ex presidentes
de la antigua Bazán, hoy SEPI, han dicho que sí, que es un centro con unas perspectivas de futuro muy halagüeñas, que hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos para seguir porque se llegaron a fabricar varios buques ferries de aluminio, pero
estamos en 2002, y, eso sí, algún diputado del PP anuncia que ya está a punto pero nunca llega el contrato. ¿Cuándo se van a cerrar esos contratos que posibiliten que ese centro, que es el que peor situación tiene, pueda no depender de nadie, ni de
Juliana, ni de Sestao, ni de otros centros, sino tener sus perspectivas propias?
Como antes ha dicho muy bien el portavoz del Partido Andalucista, si hay una segunda reconversión dentro de un tiempo, van a tirar de la media y es el que peor perspectiva va a tener. Y le quiero recordar que este centro de San Fernando,
cuando estaba en Bazán tenía unas grandes perspectivas de futuro. Aquí tengo, antes lo he estado repasando, el plan industrial 1998-2000 y tenía unas grandes perspectivas. Con esto no quiero criticar la fusión de los astilleros civiles y
militares, que creo que era necesaria, pero este centro ha pasado de tener una posición buena a una posición realmente preocupante. Ya lo dije en la comparecencia del subsecretario de Estado, señor Catalá: si en junio no hay una cartera de pedido
que aumente el trabajo, va a haber un nuevo expediente de regulación de empleo. Hubo cortes de carretera y grandes problemas laborales hace unos meses. Le traslado de nuevo mi preocupación para que eso no ocurra, porque son centenares de puestos
de trabajo en una ciudad con un alto índice de desempleo y pasan los meses, ustedes les garantizan que se va a remediar, pero eso no se produce. Le pido, por tanto, que me concrete, si puede, si se están intensificando las actuaciones comerciales
que posibiliten esos contratos
para que los ferries de aluminio rápidos, los remolcadores y patrulleros se puedan construir en San Fernando.
También le quiero preguntar cuál es la cartera de pedidos que tienen para cada uno de los centros, y en especial en éste, así como que me concretara cómo van las gestiones en la gerencia del sector naval para la contratación de cinco
portacontenedores y buques rápidos.
Asimismo le quiero preguntar cómo van las conversaciones con los italianos, con los franceses y con los alemanes para avanzar en un plan que facilite la construcción de una industria naval europea. Nosotros estamos más en la línea de un
gran holding europeo que en la línea actual. Se ha hecho ya con resultados muy positivos en el ámbito aeronáutico y sería una posibilidad de desarrollo para competir con ese competidor desleal, que practica el dumping, que es Corea. Desde hace dos
años se dice que la Unión Europea le va a poner remedio, pero no se llegan a producir soluciones claras. Estamos en la presidencia de la Unión Europea, deberíamos aprovechar para avanzar en ese tema a la vez que se avance en ese futuro consorcio
entre los países europeos más interesados en este ámbito.
Para ir concluyendo, me gustaría saber, aunque con las cautelas necesarias (como decía el portavoz del Bloque, luego nos enteramos por la prensa; usted nos pide mucha cautela aquí, pero luego nos enteramos de todo por los diputados del
Partido Popular, por miembros del Gobierno), qué ocurre con la fragata F-100. Para el período 2000/2004 se habían presupuestado 62.000 millones de pesetas en el programa de inversiones y, que a nosotros nos haya llegado, sólo se han invertido unos
2.600 millones de pesetas -perdone, pero todavía no lo he traducido a euros-. ¿Qué ocurre con el buque anfibio LPD-2? ¿Qué ocurre con la construcción de los cuatro gaseros que se habían anunciado? En definitiva, con toda una serie de proyectos
que se han anunciado, que están ahí y que no llegan a salir adelante.
En cuanto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando la ilegalidad de aquellas ayudas que se dieron, yo le tengo que recordar que ya en el año 1998 en el Senado -está recogido en las actas- advertíamos a través de
nuestros senadores de esta posible situación de ilegalidad que podía terminar como desgraciadamente ha terminado, lo que lamentamos profundamente y que no deseamos, lógicamente. Compartiendo el apoyo del Gobierno para que al final se pueda resolver
de la mejor manera, esto me plantea varias cuestiones que exponíamos también. ¿Por qué no se negoció, ante una situación de dificultad tan tremenda como la que se tenía, con nuestros colegas de la Comisión Europea la posibilidad de articular esas
ayudas sin que llegáramos a tener una sentencia declarándolas ilegales? ¿Es que no hay posibilidad de avanzar en el diálogo? Yo hago una reflexión: ¿no fue esto una consecuencia del método Piqué, a las bravas y porque sí? Yo creo que sí, que
puede ser algo de eso. Se advirtió, se dijo, y así nos encontramos hoy.
Segundo, ustedes dan ese tipo de ayudas y luego quedamos mal en Europa. Ya ha advertido el abogado europeo que estas ayudas se tendrán que pagar aunque las sociedades hayan cambiado jurídicamente, porque si no quedaríamos con un parche ahí.
Usted me tranquiliza cuando dice que el futuro de Izar no se verá afectado. Ya lo veremos. Si al final se tienen que pagar, son 20.000 millones de pesetas, de algún sitio saldrán y a alguien afectará, al Estado, en definitiva; me da igual que sea
Izar o cualquier otra forma de sociedad, es el Estado, es de los contribuyentes, es de todos los españoles. Yo le planteo lo siguiente: ¿por qué no defienden ustedes en Europa, y más ahora, con la presidencia, el mantenimiento de las ayudas
públicas para todo tipo de buques mientras no se resuelva la situación del contencioso que mantenemos con el dumping coreano? Por una parte, la dan -como quien dice, por debajo de la mesa-, como para que no se vea, luego nos declaran ilegales a
través de una sentencia en Europa, pero no mantienen las ayudas públicas al sector naval ante una situación dificilísima, con competencia, etcétera. ¿Por qué no? Explíquemelo, porque por más años que llevo planteándolo en el Congreso de los
Diputados con preguntas al Gobierno y otras iniciativas, no somos capaces de enterarnos.
El señor PRESIDENTE: El señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente de la SEPI, señor Ruiz-Jarabo, este interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista va a consumir un turno en el sentido de analizar los contenidos de su intervención en cuatro aspectos
vinculados a las empresas del transporte.
Comenzaré por la compañía Iberia. La compañía Iberia tiene 75 años de historia, ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de nuestro país y somos todos los ciudadanos españoles los que la hemos mantenido, por un lado, los usuarios
y, por otro, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado cuando ha sido necesario producir la inyección pertinente. Esta ha sido, sin duda alguna, la privatización más larga, no terminada todavía, de una empresa pública, que comienza allá por
el año 1996.
Sería muy interesante (y es una invitación que yo le hago, dado el encorsetamiento que se tiene desde el punto de vista reglamentario en las Cortes Generales en la tramitación y en la elaboración de los órdenes del día) una iniciativa del
Gobierno de dar un paso al frente, a través de la persona que se estime oportuno, el ministro o el presidente de la SEPI, para analizar qué ha supuesto la privatización de esta compañía. Yo le voy a dar unos cuantos retazos.
En primer lugar, no se hace como con Trasmediterránea, que se vende como una compañía íntegra, a excepción de un 4 por ciento que está en manos privadas,
sino que se fracciona su capital accionarial y se toma la decisión de venderle un 10 por ciento a dos grandes operadores mundiales, como son British Airways y American Airlines, que además se vincula con la operación de Aerolíneas
Argentinas, Austral y las operaciones en Iberoamérica; el otro 30 por ciento a un núcleo duro español, cosa que a mí personalmente me parece muy positivo; y un 54 por ciento sale a Bolsa y se produce lo que ya sabemos en el mes de abril del año
pasado. Como consecuencia de todo este reparto British Airways y American Airlines tienen un 10 por ciento, y supeditan el precio que pagan al resultado posterior, cuando se produzca la OPV, de tal manera que la realidad es que el núcleo duro,
integrado por Caja Madrid, BBVA, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación, se encuentra en una situación de confrontación con la SEPI. Se pide un arbitraje, que se produjo, y se designan los llamados amables componedores, como consecuencia de
que el núcleo duro estima que mientras que British Airways y American Airlines pagaron 4.500 millones de pesetas por el 1 por ciento del capital, sin embargo, el precio que salió a Bolsa fue de 1.800 millones de pesetas por ese 1 por ciento, y los
socios españoles consideran que como consecuencia de todo ello han dejado de percibir ochenta y pico mil millones de pesetas. Voy a avanzar grosso modo sobre las cifras. En primer lugar, hay un conflicto que plantea el núcleo duro de ese
accionariado español a la SEPI que no está todavía resuelto.
En segundo lugar, la SEPI se queda con el 5,4 por ciento (usted dijo el 5,39, también lo redondeo) del porcentaje de Iberia que, según informaciones reiteradas en los medios de comunicación y que ustedes no han desmentido, le ofrecen a
constructoras y entidades financieras. Este es el resultado de que esta participación procede de la opción de compra de acciones de la green shoe, a la que usted ha hecho referencia, que los bancos colocadores, el BSCH y Merryl Linch, no ejecutaron
tras vencer el plazo preceptivo que se les dio de 30 días. Luego nos encontramos en esta curiosa situación: primero, el núcleo duro español está en conflicto con SEPI; segundo, la SEPI dispone de un 5,4 por ciento que no se han querido quedar los
bancos; en consecuencia, la SEPI tiene un porcentaje superior, si no me equivoco, al que tienen algunos de los accionistas del núcleo duro que se sientan en el consejo de administración. Luego, teniendo la SEPI una cantidad accionarial superior a
la que tienen algunos de estos miembros del núcleo duro, reitero, no se sienta en el consejo de administración, lo que hubiese sido positivo en un proceso de separación de la Administración general del Estado de la gestión de la compañía.
En tercer lugar, el Gobierno tiene que tomar una decisión, porque recordará, señor Ruíz-Jarabo, que el Real Decreto 343/2001, de 4 de abril, de aplicación de régimen de autorización administrativa previa a Iberia, Líneas Aéreas de España,
S.A., en la disposición final primera, relativa a sociedades relacionadas, dice que el Ministerio de Economía podrá acordar la sujeción al régimen de autorización previsto en el presente real decreto de las nuevas sociedades que se creen o resulten
como consecuencia de operaciones de distribución de activo o rama de actividad que actualmente integran el objeto social de la compañía Iberia. En consecuencia, quisiera que nos indicase si todas las decisiones que desde el mes de abril de 2001 ha
venido tomando el consejo de administración de Iberia (en el que no hay un representante de ese 5,4 por ciento, que tendría que haberlo, porque tenemos mayor representación que El Corte Inglés o que el BBVA o que Ahorro Corporación, no que Logista,
que tiene un seis y pico por ciento, según los datos que obran en nuestro poder) afectan de manera muy grave a la distribución del transporte español. La compañía decidió vender por 750 millones de pesetas Binter Mediterráneo al grupo Air Nostrum.
Hace muy pocas fechas acaba de tomar la decisión de vender por 9.500 millones de pesetas Binter Canarias a un determinado grupo accionarial, operación que no está todavía consolidada. El grupo Iberia ha vendido la compañía de cargo, integrada por
dos aviones de carga super DC-8, muy importante para la carga diaria con Canarias, la compañía Iberia Cargo. La compañía Iberia, después de 75 años, ha dejado de prestar servicios interinsulares dentro del archipiélago balear. La compañía Iberia
ha decidido irse también de la ruta de una ciudad autónoma singular como es Melilla, que requiere del apoyo permanente del Estado español, y ha dejado en régimen de monopolio esa ruta a su compañía franquiciada. Por cierto, algún día deberíamos
hablar de esa franquicia, cosa que no hemos conseguido, por mucho que este diputado haya solicitado al Gobierno los datos pertinentes, ya que no tiene precedente en la historia del Estado español que una empresa pública franquicie una empresa
privada, prestando determinados servicios de interés público como son las rutas interiores en Balerares y las rutas con la ciudad de Melilla. Son una serie de circunstancias que requerirían por parte de la SEPI una aclaración más sólida y
pertinente. Señor Ruiz-Jarabo, consciente de la escasez de tiempo, le planteo cuatro o cinco preguntas, nada más, pero podríamos hacer otras muy interesantes acerca del funcionamiento de esta compañía.
Permítame, señor presidente, que pase en segundo lugar al análisis, también superficial, de Aerolíneas Argentinas. A comienzos de la década de los noventa el Gobierno español tomó la decisión de penetrar en el transporte aéreo en
Iberoamérica. Tengo aquí un amplio dossier al que podría hacer referencia, pero no es menester. Adquirió participaciones en Aerolíneas Argentinas, en Austral, en Ladeco, Líneas Aéreas del Cobre, en Viasa, en la República Dominicana, etcétera. En
aquel momento, pareció una política muy interesante, pero con el transcurso del tiempo, la realidad es que fue un fracaso. Sería muy ilustrativo para las Cortes
Generales españolas, y este grupo parlamentario no lo quiere rehuir, llevar a cabo un análisis en profundidad de cuáles fueron las razones por las que se tomaron esas decisiones, cuáles fueron los errores y cuáles los aciertos que han
conducido a la situación en la que nos encontramos.
De Argentina, qué le voy a decir acerca de la inmensa crisis económica que sufre. Son muchas las empresas españolas que apostaron en ese país: Telefónica, Repsol, etcétera. El Gobierno español ha invertido casi 400.000 millones de
pesetas. El Gobierno español intentó que la compañía Aerolíneas Argentinas -ya me sitúo en los últimos meses- no fuese a la quiebra, y yo creo que fue una decisión acertada; una decisión que no discutimos. De las diferentes rutas que pudieron
tomarse, una de ellas fue la de decir no a la quiebra por la colosal importancia social que el tema tiene desde la perspectiva histórica de lo que supone España para toda Iberoamérica. Pero se produce esa privatización, y créanme con toda franqueza
que este grupo parlamentario tiene mucho interés en profundizar en los contenidos de esa venta, porque de las notas que pude tomar a vuela pluma de su intervención no he sacado una información sólida y me gustaría que usted profundizase mucho más.
¿Cuánto ha aportado, cuánto ha depositado el grupo que se ha quedado con Aerolíneas Argentinas? ¿Cuáles son los contenidos del plan industrial que va a desarrollar? Porque los datos tan no documentados -el tan lo digo entrecomillas- que nos llegan
a quienes sentimos interés intelectual por estas informaciones, nos ponen de manifiesto que los accionistas, a raíz de esa entrada, han ido debilitando su posicionamiento dentro de la propia compañía aérea española que sustenta esa operación. Pero
además quisiéramos saber si existe alguna cláusula que obligase al Gobierno español a volverse a hacer cargo de la gestión de la compañía si ésta, tal como empieza a intuirse- una intuición nada difícil de justificar- no logra remontar el vuelo,
utilizando esta terminología aeronáutica. Señor Ruiz-Jarabo, estas fueron operaciones políticas de mucho calado. Habrá que exigir algún día responsabilidades de la naturaleza que sea a quienes cometieron errores, pero desde el punto de vista
global de la actuación en Iberoamérica volvería a dar mi voto si se me pidiese al respecto, y mi grupo también.
La crisis del sector aéreo se puede desatar en cualquier momento. El 11 de septiembre marcó un hito, y ese hito tuvo que influir en la
gestión de Aerolíneas. Muy frecuentemente en el debate parlamentario se tiene la tendencia a decir que ustedes se equivocaron, es decir, producir imputaciones, y se entra en una espiral de ver quién es el más irresponsable. Entienda esta
intervención desde la perspectiva netamente en positivo. En el año 1998, dentro de la operación de privatización de Iberia, la SEPI tomó la decisión de dar la gestión de Aerolíneas Argentinas y de Austral -importante compañía de la que no se habla
normalmente-, que venía llevando a cabo el grupo Iberia, a American Airlines, y ésta se comprometía a aportar a la cartera de la gestión aeronáutica un aporte -valga la redundancia- muy en positivo. El transcurso del tiempo demostró que fue un
error que se sumaba a otros errores de gobiernos anteriores y que hizo que bajase la gestión de la compañía unos cuantos escalones más. ¿Está cuantificada la inyección de capital que la SEPI tuvo que introducir en Aerolíneas Argentinas consecuencia
de la gestión de American Airlines?
En tercer lugar, en ese afán de no violentar la buena voluntad de la presidencia, me voy a referir a la Empresa Nacional de Autopistas. Usted ha dicho de forma radical -y me ha dado una cierta tranquilidad- que no se ha iniciado el proceso
de privatización de la Empresa Nacional de Autopistas, que no hay calendario, que el horizonte de privatización es finales del 2004.
Sin embargo, la petición de comparecencia que ha formulado este grupo parlamentario para comenzar a dialogar sobre este asunto tiene cierto fundamento. Primero, fundamento gubernamental: el ministro de Fomento, en su primera comparecencia
ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados el 15 de junio de 2000, anunció que presentaría en muy breve plazo una ley con la que se regularía de forma moderna la participación de la iniciativa privada en la financiación de la
obra pública. El título que ha ido adquiriendo esa ley aún no presentada en las Cortes Generales, ni siquiera aprobada por el Consejo de Ministros, es el de reguladora de los regímenes concesionales. Y si hay un sector en España con larga
tradición de concesión de obra pública es el de autopistas, que se ha acentuado en los últimos años con una serie de fórmulas diferenciadas de adjudicación de obras y de explotación de vías en terminologías muy distintas como método alemán y peaje
en sombra, y tantos otros términos que hacen que los que no somos expertos en la materia tengamos que hacer grandes esfuerzos intelectuales para profundizar en sus contenidos.
La SEPI, según ha anunciado la prensa -concretamente el 11 de febrero se publicó en todos los medios de comunicación y no fue desmentido por el Gobierno-, ha abierto contactos informales con constructores y empresas de autopistas de España y
Portugal para abordar la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Reproduzco editoriales de determinados periódicos económicos que siguen diciendo: Hasta ahora, la dirección de esta empresa ha mantenido reuniones con seis grupos:
Ferrovial, Dragados, FCC, ACESA, AUMAR y la portuguesa Brisa, para conocer su interés en el proceso y los esquemas de privatización que consideran idóneos. ENA, por su parte, ha avanzado datos sobre su situación financiera y las proyecciones
futuras. La última valoración del grupo, realizada por Argentaria en 1999, se fijó en 1.200 millones de euros. La SEPI ha podido conocer de primera mano el
interés de esas empresas por el grupo público de autopistas y sus esquemas preferidos para abordar la privatización. Se habla de reuniones formales mantenidas con empresas constructoras y no deja de ser sorprendente que en el libre
ejercicio de sus responsabilidades tanto la SEPI cono el Gobierno o el presidente de ENA se pueden reunir con quien quieran, pero aquí estamos los que representamos los intereses ciudadanos en un sector tan estratégico y singular como el de las
autopistas, que dará origen a grandes debates y a posturas muy diferentes en las Cortes Generales. En Cataluña existen colectivos de ciudadanos que, bajo el lema de no al peaje, tienen una fuerza potentísima; y en Galicia juegan un papel
fundamental. Y por este camino seguiría con un discurso para el que no es momento. Esas son las razones por las que este grupo parlamentario solicitó su comparecencia, pero si nos dice que no hay ningún paso al frente en firme lo dejaremos para
otro momento.
En último lugar, lamentablemente para mi vocación, le hablaré durante un par de minutos sobre la compañía Trasmediterránea. Señor Ruiz-Jarabo, Enatcar, la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, Iberia, Trasmediterránea y ENA
constituyen un conjunto de presencias históricas del Gobierno español, del accionista español, en empresas estratégicas que tienen que jugar un papel básico en las comunicaciones, en la movilidad en cualquiera de sus modos en el Estado español. Al
ciudadano español que reside en Albacete, cuyos desplazamientos fundamentales sean a Madrid, es obvio que la compañía Trasmediterránea no le dice mucho; pero para los que residen en Baleares, en Canarias, en Ceuta o en Algeciras, esa compañía ha
jugado un papel histórico durante 100 años.
Nos felicitamos de que la compañía haya ido avanzando y ganando cuotas de mercado. Respecto a la política de liberalización del transporte marítimo, del cabotaje marítimo, que comenzó a implementarse en
el año 1992, España ha sido un país pionero en la potenciación de la libre competencia en el cabotaje marítimo de corta distancia, el short-sea-shipping, y esperamos continuar en esa línea siguiendo las instrucciones recogidas en el Libro Blanco del
transporte. La compañía Trasmediterránea puede pensar en rutas de puertos españoles con otros puertos de otros países comunitarios que no viene llevando a cabo. Un Barcelona-Génova puede competir con la naviera Grimaldi o en la cornisa cantábrica
hacia Southampton.
En definitiva, la privatización de esta compañía no es relevante desde la perspectiva de la importancia o cuantificación de su valor -80 ó 100 millones de euros o no sé cuántos- pero sí desde la perspectiva del servicio que presta. Esta
compañía ha sido pionera en España -y prácticamente en el mundo- en poner en marcha embarcaciones de alta velocidad que no tienen paralelismo en otros lugares. Hay circulando entre puertos del mundo entero unas 40 ó 42 embarcaciones conocidas como
jet-foil. Esa es una flota específica -en el año 1980 un Gobierno de UCD dio un paso valiente al frente- y ha hecho un servicio de colosal dimensión en la comunidad canaria. A los ciudadanos que residimos en Canarias nos preocupa que una vez
culminada esa privatización pueda traer consigo decisiones como las que ha tomado Iberia y para las que no ha necesitado más que un año. Se ha desprendido de Binter-Mediterráneo y de Binter-Canarias y ahí queda eso; pero es que quien compre la
compañía Trasmediterránea, ocho o diez meses después puede coger la flota de jet-foil y llevársela al Caribe si le es más rentable.
Nosotros queremos conocer el peso específico -si vale la terminología- que el Gobierno le va a dar precisamente a esas características. ¡Qué duda cabe! Tiene un contrato de cinco años que se le adjudicó en el mes de enero porque el Gobierno
hizo un pliego de condiciones como una especie de traje a medida, y este diputado no lo critica. Observe lo que estoy diciendo, un traje a medida porque la compañía disfrutó durante 20 años de un contrato-programa que un Gobierno socialista
denunció porque las políticas de liberalización del transporte marítimo así lo indicaban, y desde enero de 1998 disfrutó del resultado de la adjudicación de las rutas de interés público para cinco años que, por errores procedimentales, la Comisión
Europea redujo a tres y ahora ha sido adjudicataria de cinco, lo cual nos parece muy positivo. Pero esta compañía ha recibido unas inyecciones económicas muy importantes de las Cortes Generales. La liquidación del contrato-programa por 17.000
millones de pesetas ha sido una cifra colosal. Otra cifra colosal y muy discutible han sido los 3.000 millones de pesetas que en concepto de intereses de demora le libró el Estado porque se retrasó en pagarle lo que tenía que haberle pagado de los
ejercicios de 1997 y 1998. La generosidad del Gobierno librando importantes cantidades de dinero a la compañía Trasmediterránea la vemos discutible por un lado, pero aceptable por otro desde el punto de vista de la potenciación de la misma.
Voy terminando, señor Ruiz-Jarabo. Nosotros hemos presentado una proposición no de ley que se va a ver en la Comisión de Infraestructuras y otra en la Comisión de Economía cuando la Mesa y los portavoces de cada una de ellas lo estimen
oportuno. Nosotros planteamos la garantía del cumplimiento del cuadro básico de servicio de los contratos de interés público; la garantía del mantenimiento integral de las prestaciones de la compañía en todos los servicios de los contratos de
interés público; la garantía mínima de cinco años de homogeneidad, independencia y estabilidad del núcleo mayoritario del capital que se responsabilice de la gestión de la compañía, de su situación patrimonial y solvencia del mismo. Pedimos
garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo así como de los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores tanto de flota como de los que prestan servicio en tierra; pedimos una especial valoración de la experiencia en tráfico
marítimo y
en este tipo de servicios porque no es lo mismo construir apartamentos y obtener grandes plusvalías que gestionar una empresa de transporte marítimo cuyas rentabilidades son relativamente cortas año tras año, con flotas sometidas a
circunstancias muy diferenciadas. Planteamos la potenciación de las rutas marítimas de alta velocidad, no solamente el mantenimiento de la flota de jet-foil, sino las nuevas tecnologías que ya la compañía trasmediterránea ha hecho suyas con
catamaranes que a 42/43 nudos de velocidad hacen rutas Barcelona-Palma de Mallorca, Barcelona-Ibiza, etcétera, y que la oferta económica no sea un elemento determinante pero que juegue un papel de segunda división.
Señor Ruiz-Jarabo, habrá que evitar, primero, que la compañía quede en manos de grupos económicos que no tengan tradición en el transporte marítimo, pero también habrá que evitar que quede controlada por otras compañías que le hacen
competencia y que pudiesen formar una especie de pool marítimo de libre competencia que los tribunales tiempos atrás denunciaron por ser nocivos y lesivos para los intereses de aquellos lugares a los que van a servir. Desde esa perspectiva nosotros
hemos solicitado su comparecencia para tener una primera aproximación a la posición del Gobierno en la venta de una compañía estratégica fundamental. Iberia tiene una acción de oro y nosotros preguntamos, ¿Tendrá acción de oro Trasmediterránea
también?
Señor presidente, gracias por su generosidad en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los portavoces que faltan todavía que sean lo más concisos posible para que el señor presidente de la SEPI pueda contestar, ya que a las cuatro menos cinco se levantará la sesión.
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sin duda esto es el lamentable fruto de haber elaborado mal el calendario, pero intentaré ajustarme a la brevedad que pide el presidente, sobre todo porque tengo interés en escuchar al señor Ruiz-Jarabo en la
réplica.
Quiero agradecerle su comparecencia porque la agenda es realmente apretada. Es verdad que alguna de estas cuestiones la habíamos abordado en la reunión correspondiente de la subcomisión de privatizaciones, pero con muy poco detalle, de ahí
el interés en que hoy fuese mucho más extensa la comparecencia. Pues bien, es evidente -seguro que lo conoce- que cuando el 4 de marzo se anunció por la SEPI el posible cierre de la factoría que tiene Cetarsa en Granada supuso una profunda
preocupación para esta provincia, y desde entonces ha habido bastantes actuaciones y movilizaciones no sólo de los trabajadores. Conocerá la última con la asistencia de muchos ciudadanos granadinos -superó las 15.000 personas- preocupados por el
futuro de los trabajadores y de los agricultores porque es una empresa que, como usted decía, es centenaria en Granada, está ligada a nuestra cultura y consecuentemente al área metropolitana y a la vega granadina, es algo nuestro como para que
alguien la cierre.
Digo esto sobre todo porque esta es una decisión que en principio, dejaría sin empleo a 231 trabajadores, tanto directos fijos como fijos discontinuos, porque también -usted lo destacaba- abre un futuro bastante incierto para las
más de 1.500 familias que viven del cultivo del tabaco en esos 32 municipios de la vega granadina, y porque al final -lo decía al principio que es bastante grave- significa acabar con otra industria más de la provincia de Granada y es acabar y -como
decía el propio ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete- con un cultivo de carácter social que está resultando rentable en términos económicos para Cetarsa y para la SEPI. Cuando dice que las promesas se hacen con buena voluntad y que no
quiere que sea una situación traumática quiero creerle, incluso me va a permitir que le diga que le creo. Los granadinos tienen serias dudas y le voy a decir por qué. Exactamente hace un año, el 17 de abril, el ministro de Agricultura, en una
entrevista concedida al periódico local El Ideal, de Granada, decía -y leo textualmente-: He oído en algún medio de comunicación que Cetarsa tenía voluntad de cerrar algunas de sus fábricas; la voluntad del Gobierno no va por ahí y la de la
empresa tampoco. El cultivo de tabaco -seguía el ministro- es muy social y ha de estar muy equilibrado -usted decía lo contrario, que había que concentrar- en las zonas del territorio nacional donde existe un alto índice de desempleo agrario.
Curiosamente -continúa diciendo el ministro señor Arias Cañete- en esta provincia de Granada es donde hay un porcentaje de población activa agraria más alto y también donde se encuentra englobado un porcentaje alto de AEPSA, lo que nos plantea la
necesidad de mantener todos los cultivos sociales como éste a la máxima intensidad. En ese sentido -acaba diciendo el ministro-, Cetarsa seguirá colaborando con esta política del Gobierno manteniendo la fábrica de Granada.
Como usted comprenderá, si el año pasado, frente al problema que usted ha destacado antes del cultivo con mayor cloro, aparecieron unas declaraciones de un miembro del Gobierno que iban en ese sentido y un año después se presenta el plan de
reindustrialización en el que se anuncia el cierre, seguro que comparte conmigo que es lógica la preocupación.
Pero esa preocupación también se acrecienta porque, unos días después de presentar usted a los sindicatos ese plan, resulta que el
presidente de Cetarsa, el señor Hernández-Sito, dijo algo que tampoco contribuyó a alentar excesivamente a los granadinos, y es que cifró uno de los argumentos de esta venta de la factoría de Granada en la necesidad de vender las magníficas
instalaciones porque se encuentran en una zona donde el suelo vale mucho. Le voy a leer las declaraciones que hizo a Cinco Días el presidente de Cetarsa. La empresa -refiriéndose a Cetarsa- podrá
además así lograr fondos mediante la venta de la fábrica de Granada ubicada en un área industrial próxima a la ciudad con gran demanda de suelo. Es decir, cerrar la fábrica de Granada con fines especulativos -son 70.000 metros-. Estoy
planteando, sin ninguna duda, los serios problemas que han surgido y las preocupaciones de los granadinos ante este cúmulo de desafortunadas declaraciones de dos representantes del Gobierno, uno del máximo nivel, el ministro de Agricultura, y otro
el presidente de la empresa que se va a cerrar. Consecuentemente, señor Ruiz-Jarabo, comprenderá usted que estemos preocupados y que queramos hacerle ahora algunas preguntas concretas derivadas de todo este cúmulo de desaciertos. ¿Por qué? Porque
de alguna manera los agricultores saben ya -y creo que lo sabe el resto de los ciudadanos- que cuando se cierra una fábrica al final se ha acabado el cultivo. Eso pasó en Granada con la remolacha. Cuando tenían que trasladar desde la vega el
cultivo para su transformación se acabó con el cultivo en la zona, porque esa es una carga adicional. Usted me tiene que decir hoy qué garantías le ofrece si abordamos la privatización. Si Cetarsa se privatiza, usted podrá ofrecer hoy a los
agricultores compromisos que estén relacionados con esa necesidad de que el coste sea mayor, los puntos de venta se mantengan y haya asistencia técnica. ¿Pero cómo puede mantener ese compromiso cuando se proceda a la privatización? Quiero tener
una respuesta a esa pregunta y, si lo tiene, conocer el calendario de privatización que tiene previsto el Gobierno para Cetarsa. Me parece que hoy usted lo que ha dicho -algo que sin duda agradezco- ha sido que el cierre de esta factoría puede
suponer una crisis importante y que hay que dar alternativas no sólo a los trabajadores sino al desarrollo socioeconómico de la zona. Sin embargo, después de las declaraciones que he leído del señor Hernández-Sito, y con el único ánimo de averiguar
cuál es la vocación que tienen de dar una alternativa real al desarrollo socioeconómico tras este cierre previsto, le pregunto: Señor Ruiz-Jarabo, ¿serían las instalaciones actuales que tiene Cetarsa el futuro embrión de ese parque empresarial al
que usted hacía referencia? Porque volvemos a lo mismo, son 70.000 metros cuadrados en una zona, como muy bien decía el señor Hernández-Sito, que pueden valer una fortuna y lógicamente hay quien piensa -por decirlo en lenguaje coloquial- que aquí
hay gato encerrado.
Si un Gobierno no es sensible a los problemas de desarrollo social en una provincia, la última en renta per cápita, evidentemente entre todos tendremos que buscar una salida. En ese ánimo y en aras a ser breve, como me pedía el
presidente, le ruego que conteste a todas estas preguntas. No hay condiciones objetivas de rentabilidad económica porque la factoría de Granada por supuesto que en el presente es rentable -y usted lo ha dicho- en términos económicos y sociales,
pero usted hablaba de futuro, y yo tengo todos los datos -supongo que usted también los tendrá- de cuáles son los jornales que determina cada una de las campañas, y es realmente importante para Granada disponer de esa factoría. Por esto le pido que
conteste a las preguntas. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en esta Cámara varias proposiciones no de ley en el sentido de no proceder a este cierre porque no existen las condiciones objetivas.
Para finalizar, quería formularle la siguiente pregunta: ¿Cómo ha previsto la SEPI, en caso de que abordemos ese acuerdo social en colaboración institucional, que me parece positivo reclamar, para cubrir esa fase transitoria desde el cierre
a ese plan de reactivación de la comarca de la Vega de Granada? ¿Cómo y en qué tiempo ha previsto la SEPI establecer ese tipo de actuaciones?
No he podido ser más breve porque, como vulgarmente se dice, he ido a toda pastilla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor presidente, trataré de ser lo más breve posible.
Intervengo para fijar posición con respecto al apartado de la comparecencia relativo a HUNOSA y empiezo diciéndole que no vamos a ser cicateros ni tacaños a la hora de valorar el acuerdo al que la empresa y la SEPI han llegado con las
organizaciones sindicales con respecto al próximo plan de empresa de HUNOSA. Es un acuerdo importante que permite un plan relevante para tratar de asegurar la viabilidad de esta empresa.
No es el primer plan que se firma en HUNOSA entre el
accionista universal de la empresa -antes INI, ahora SEPI- y las organizaciones sindicales. El actual Gobierno del Partido Popular firmó otro en el año 1997 y nosotros también lo valoramos positivamente. Con anteriores gobiernos socialistas se
firmaron siempre planes por la empresa con las organizaciones sindicales. Todos eran planes, tanto aquellos como éste, asentados en la misma filosofía. Este plan da continuidad a los planes que a lo largo de los últimos 20 ó 25 años la empresa
HUNOSA suscribió con las organizaciones sindicales del sector para afrontar los problemas de la empresa y de las comarcas, en este caso las mineras, donde se asienta la empresa. Este plan, como los anteriores, buscaba fundamentalmente tres cosas.
En primer lugar, una empresa más eficiente, una empresa que mejorase gradualmente sus resultados, como mejor vía para defenderla. En segundo lugar, a la hora de redimensionar la empresa (esta empresa tuvo en su día bastantes más trabajadores),
evitar traumatismos sociales, y se recurrió a las prejubilaciones como mecanismo para evitar traumatismos sociales y como fórmula para mantener las rentas en las comarcas mineras y en Asturias y dar tiempo por esa vía a la puesta en marcha de
políticas de diversificación y políticas de reindustrialización. Y en tercer
lugar (todos los planes de HUNOSA como éste), se trata de impulsar la diversificación de las comarcas mineras, la superación del monocultivo industrial que en ella se da, por su enorme dependencia del sector minero y fundamentalmente de la
empresa HUNOSA. Por tanto, este plan da continuidad a las políticas que se han venido pactando con organizaciones sindicales a lo largo de los últimos 25 años, que buscan una empresa más eficiente, y la diversificación económica de las comarcas
mineras.
A partir de aquí, a nosotros no nos duelen prendas al valorar positivamente este plan y poner en valor la actitud de las organizaciones sindicales, que no es nueva, se ha dado a lo largo de las últimas décadas en esta empresa y en estas
comarcas mineras, porque entendemos que esa actitud de compromiso, esa actitud de llegar a acuerdos para asegurar la viabilidad de la empresa y posibilitar la reindustrialización de las comarcas mineras, es la única posible con la que se pueden
afrontar los problemas de esta empresa y los problemas de las comarcas mineras.
Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y por ello hemos venido trabajando. Las comarcas mineras asturianas y Asturias, para su modernización, para la
diversificación de su tejido industrial necesitan de acuerdos, de concertación social y de compromiso por parte de los agentes sociales y de los agentes económicos. Este acuerdo, el último en torno a la empresa HUNOSA, es un acuerdo que se inscribe
en la búsqueda del compromiso, es un acuerdo que ayuda a hacer viable esta empresa y esta empresa es todavía muy importante en Asturias, es una empresa que aporta mucho en términos de actividad y en términos de empleo a la economía asturiana, y el
hecho de que sea una empresa estable es un elemento de gran importancia para hablar también de la diversificación y la reindustrialización de nuestra región.
El acuerdo también aporta mecanismos adicionales para impulsar la reindustrialización de Asturias y de las comarcas mineras, mecanismos en buena medida impulsados, en este caso desde la propia SEPI y desde la propia empresa, que del alguna
manera suponen generar un mejor clima para que la iniciativa privada vaya asumiendo el papel que debe de ir asumiendo en Asturias. Ya no hay, como se decía durante muchos años, esa losa que era para Asturias ser una región excesivamente dependiente
de la empresa pública. Las empresas públicas que allí existen en estos momentos son dos: HUNOSA y Juliana, constructora del grupo Izarla; las demás han sido privatizadas. Por tanto, la iniciativa privada debe ir asumiendo ese papel más
importante, ese mayor protagonismo a la hora de reindustrializar la región y en ese sentido este plan, el Plan de HUNOSA, y desde HUNOSA y desde la SEPI se contemplan también nuevos mecanismos, mecanismos a mayores para impulsar la
reindustrialización de la región.
A partir de ahora nosotros entendemos que el objetivo es el desarrollo de este plan. La SEPI y las organizaciones sindicales, la SEPI, la dirección de HUNOSA en primer lugar, con el compromiso y el acuerdo de las organizaciones sindicales,
tienen un reto importante, que es el desarrollo de este plan. Este es un plan que, como usted muy bien decía, busca asegurar el futuro de la empresa en el largo plazo, más allá del año 2005, que es el año en que finaliza este plan. En este plan se
habla de que en HUNOSA hay reservas explotables para más allá del año 2011. Uno de los elementos a los que nosotros más importancia hemos dado de este plan es que es un plan que trata de proyectarse más allá del año 2005, que en teoría es la fecha
de finalización del mismo, cuando abre la puerta a nuevos planes más allá del año 2005 y empieza a cuantificar reservas explotables que van más allá del año 2011.
Si uno de los grandes objetivos del plan es asegurar la viabilidad de la empresa a más largo plazo que el año 2005, está claro que en estos momentos es necesario lograr que se modifique la propuesta de reglamentos de ayudas al carbón que la
Comisión Europea ha puesto encima de la mesa.
La propuesta de reglamento de ayudas al carbón que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa habla de ayudas hasta el año 2007 y no introduce ayudas al carbón por razones estratégicas. Por tanto,
está claro que la propuesta de reglamento que la Comisión de la Unión Europea ha hecho no es una propuesta que ayude mucho a desarrollar en el futuro uno de los elementos centrales del acuerdo al que ustedes han llegado con asociaciones sindicales
en torno al plan de empresa de HUNOSA que es la viabilidad de la empresa mucho más allá del año 2005. Por tanto, bajo la presidencia española debe aprobarse el nuevo reglamento de ayudas al carbón al vencer el actual en junio julio de este año. El
Gobierno de España preside la Unión Europea en estos momentos y ello le da mayores posibilidades de actuación para la aprobación del nuevo reglamento de ayudas al carbón. Está claro que para que sea un reglamento de ayudas al carbón que permita
cumplir alguno de los objetivos básicos del actual plan de empresa de HUNOSA es necesario modificarlo quitando la barrera del año 2007 y yendo al año 2010 ó 2011; año en que debería plantearse la elaboración de un nuevo reglamento de ayudas al
carbón o dándole al carbón en ese reglamento el carácter de estratégico para que pueda haber una producción suficiente, para que se puedan definir cuotas de producción nacional de carbón para asegurar unos niveles mínimos de abastecimiento
energético y combatir las dependencias energéticas.
En el contexto del cumplimiento de un plan que todos estamos valorando positivamente -este es el objetivo en estos momentos- es necesario que en el mes de junio cuando se debata el reglamento de ayudas al carbón en la Unión Europea,
presidida por el señor Aznar en estos momentos, se produzca una modificación
de la propuesta de reglamento que hace la Unión Europea yendo más allá del año 2007 y dándole carácter estratégico al carbón. A eso le emplazamos, señor presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a que ustedes
trabajen también activamente, buscando el acuerdo con otros países como Alemania para que en el Consejo de la Unión Europea -se dice que será en el de Sevilla y que presidirá el señor Aznar- se modifique o se apruebe un reglamento de ayudas al
carbón que permita el desarrollo de aspectos importantes de futuro, más allá del año 2005; horizonte que contempla este plan de HUNOSA que todos estamos valorando positivamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández Rozada tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Desgraciadamente, no tenemos tiempo más que para agradecer al señor Ruiz-Jarabo su comparecencia, felicitarle por el rigor y la seriedad con que ha abordado los diferentes temas de su comparecencia y decir que en
el tema del plan de empresa de HUNOSA, que era en el que yo debía intervenir, le faltaron por decir algunas cuestiones al portavoz socialista que acaba de intervenir. Por ejemplo, le faltaba decir que es el primer plan de empresa que se acuerda sin
conflictividad laboral y además en un clima de diálogo y de colaboración.
Parece que don Celestino cuando habla de esta empresa se le llena la boca de adjetivos, pero no ha hecho ninguna referencia a la hora de pedir la forma de alargar la vida de esta empresa que tanto juega en el futuro económico de Asturias y
la apuesta por el carbón, que desgraciadamente él era testigo y estaba ya trabajando políticamente en la Junta General del Principado de Asturias cuando en declaraciones de su presidente de Gobierno puso como horizonte al límite de vida de la
empresa no más allá del año 2000. Se han quedado callados y ha tenido que venir un Gobierno del Partido Popular a enderezar el rumbo de una empresa a la que ahora felicitan por su plan pero se olvidan de los años perdidos por aquella política
errática del carbón que el Gobierno de Felipe González llevó en Asturias. Yo animo a seguir en esa línea, estoy apostando por el carbón y me gustaría que el Gobierno continuase por esa misma senda.
El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón, tiene la palabra.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Bienvenido, aunque sea paradójico a estas alturas de la película, señor Ruiz-Jarabo.
Usted está hoy aquí, estuvo el mes pasado en la subcomisión de privatizaciones y nos envía una cuantiosa información documental; por tanto nadie podrá decir que está ausente del Parlamento, o sociedad estatal a la que representa.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado su comparecencia para tratar asuntos que tienen que ver con eso que usted gráficamente -y nosotros creemos que acertadamente- llama la cuarta pata de la SEPI, que es la reindustrialización. Por
eso, básicamente teníamos interés en HUNOSA como lo hemos tenido en Cetarsa y también en MAYASA; pero, por la brevedad del tiempo, paso a hablar de Cetarsa directamente. Compartimos la idea de que la mejor forma de abordar los problemas es
anticiparnos a ellos y la peor forma es meter la cabeza debajo del ala y esperar a que escampe, por tanto cuando hay un problema hay que saber dónde está y hay que aplicarle los medios convenientes para solucionarlo, sobre todo cuando se tienen
instrumentos como tiene la SEPI y la propia OPI a la que se ha referido el presidente, una amplia experiencia en industrialización y su dedicación a la producción de suelo industrial en aquellas zonas que han dejado de tener la importancia
industrial que antes tuvieron. Una vez sabido que las normas de comercio comunitario junto a los datos como los hábitos de los consumidores hacen pensar en un futuro menos claro para la industria tabaquera y que eso va a afectar directamente a
Cetarsa, nos parece que lo que hay que hacer es precisamente lo que está haciendo la SEPI, es decir evitar que las consecuencias para Cetarsa sean peores de las que corresponden cuando se da un tratamiento conveniente. Por tanto, estamos de acuerdo
con la filosofía de hacer de la necesidad virtud, de convertir el empleo ya sin futuro en empleo de calidad y que todo se haga desde luego logrando el mayor acuerdo posible con los representantes sociales, porque nos parece que es una garantía de
estabilidad futura.
También creemos que es muy interesante la oferta que hace el presidente de SEPI de que los agricultores granadinos puedan seguir cultivando su tabaco y que ese tabaco siga siendo adquirido por la propia Cetarsa.
En cuanto a MAYASA, ya sabíamos, estudiamos en el colegio que las minas de Almadén eran las principales del mundo, hoy sabemos también que se han agotado, por tanto no nos sirve la pregunta que ya nos sabíamos, pero tenemos la esperanza de
que con los mismos medios a que antes me he referido respecto a Cetarsa, la SEPI actúe y cree ese suelo industrial de forma que Almadén y toda su comarca se conviertan también y tengan presencia en la historia industrial y económica del futuro de
España.
Paso a hablar de Izar y me refiero brevemente a los demás asuntos, buenos tiempos son estos en los que el problema es cómo se reparte la carga de trabajo de los astilleros y no cómo diablos vamos a conseguir trabajo para nuestros astilleros.
Desde luego, comparado con aquellos tiempos en los que el anterior presidente del Gobierno entonaba el adiós a la vida de la construcción pública naval española, casi podría decirse que Izar
navega viento en popa y a toda vela. Tan es así que hasta el propio portavoz del PSOE ya ve futuro a los astilleros españoles cuando hasta hace poco la postura del Grupo Socialista -y quien mejor que su antiguo presidente para decirlo- era
que no había ningún futuro. Ese es su éxito, es el éxito de la SEPI en su trabajo en los últimos años respecto a los astilleros.
Por lo demás y refiriéndome a San Fernando, lástima que el Grupo Socialista no tuviera la misma sensibilidad cuando se planteó el asunto de la factoría de San Carlos, aquella venta tan extraña que todavía no se ha explicado pero que puso en
la calle a 1.400 trabajadores y se cargó uno de los dos pilares básicos junto a los astilleros que ahora tienen futuro en la economía de San Fernando. Poco más voy a decir sobre San Fernando porque a usted no le pasa desapercibido que a su derecha
está don Jesús Mancha, ya sabrá incluso mejor que yo cómo le marca en el día y se interesa por este asunto; por tanto tiene usted ahí sin ninguna duda una noticia permanente y un referente claro respecto al interés del Grupo Parlamentario Popular
por los astilleros de San Fernando.
No desaprovecho la ocasión para apoyar las medidas que puedan tomar para que desde la Unión Europea se acabe lo antes posible con el dichoso asunto de Corea.
Paso al tema de Aerolíneas Argentinas. Nos parece desde nuestro grupo que se ha solucionado un problema que este Gobierno no creó y la SEPI, si se me permite la expresión, ha solucionado en circunstancias difíciles, porque a esta
privatización no han concurrido inversores interesados, sino circunstancias adversas. Por tanto, dicho con la brevedad, la concisión y con la imprecisión a que lleva la concisión pero también con su expresividad, me parece que en este asunto
ganamos lo que dejamos de perder. De ENAUSA no voy a decir nada porque no hay calendario, y por tanto ya tendremos tiempo de hablar. Y por último, en cuanto a Trasmediterránea, constatado el buen resultado de los trabajos de saneamiento y
consolidación realizados por la SEPI en la compañía, lo único que hay que desear es que el proceso de privatización tenga exactamente el mismo éxito.
Nada más, señor presidente, se lo he dado en píldoras, no se quejará usted.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra en un breve turno al señor presidente de la SEPI, comunico a SS.SS que las dos proposiciones no de ley que estaban comprendidas en el orden del día, de acuerdo la Mesa con los dos grupos
proponentes, pasarán a la siguiente sesión de la Comisión.
Tiene usted la palabra, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (Ruiz-Jarabo Colomer): Intervengo con la brevedad que requiere el horario de trabajo de la Cámara esta tarde.
De forma telegráfica, y si me quedan cosas por responder estoy dispuesto, señor presidente, a mandar por escrito información adicional. Respecto a lo expuesto por el señor Núñez, del Grupo Mixto (y al señor De la Encina que también
preguntaba), me gustaría decirles que San Fernando es parte de un proyecto empresarial importante que se llama Izar. Esto hay que verlo con los criterios territoriales y sociales con los que se hace un proyecto empresarial y con absoluto respeto,
faltaría más. Pensando en la mejor garantía de actividad de empleo y de futuro para los trabajadores de una región donde haya un centro de Izar es que Izar vaya bien y la mejor manera de que esto se produzca es que Izar se organice con criterios
empresariales y con criterios de racionalidad, como así lo entendieron todos los sindicatos cuando firmaron el acuerdo sindical el plan industrial en base al cual se realizan los criterios de distribución de la carga de trabajo. Comparto la
preocupación de ustedes por San Fernando, pero lo mejor para ello es que vaya bien Izar, y hay buenas perspectivas. Hay buenas perspectivas para San Fernando respecto a cuestiones que me han preguntado ambos, a partir de un buen pasado, porque San
Fernando en el año 1997, por poner un año de referencia del comienzos de los trabajos de la SEPI en los astilleros, tenían una ocupación del entorno del 72 por ciento y San Fernando en el año 2001, primer año de funcionamiento de Izar ha tenido una
ocupación muy próxima al 80 por ciento. Por tanto hemos tenido una mejora del 10 por ciento en la ocupación de San Fernando, que como ha dicho el señor Núñez está por debajo de la media de ocupación global de Izar, pero ha tenido un incremento de
ocupación del 10 por ciento y un mantenimiento de plantilla, cuando el resultado de años anteriores era de una ocupación más baja y de disminución de plantilla. El proyecto Izar ha conseguido aumento de ocupación y mantenimiento de plantilla. Es
un buen pasado reciente y en base a eso somos optimistas respecto al futuro en relación con la adquisición de algún buque nuevo que desde la compañía no se ha anunciado. Nosotros anunciamos los compromisos en firme, pero es verdad que hay
determinadas noticias que nos hacen ser optimistas.
Señor Rodríguez, en cuanto a los criterios de instrucción territorial de la carga de trabajo me vale un poco lo que le decía. La mejor garantía para el astillero de Fene es la buena marcha de Izar, porque Fene es parte de Izar y así lo
entendieron con visión de futuro todos los sindicatos que han apostado, apostaron y apuestan por Izar como proyecto empresarial. Nosotros estamos trabajando para que haya un aumento de pedidos y lo estamos consiguiendo. Ese aumento de pedidos es
lo que viene garantizando un mejor futuro para Izar y un mantenimiento, por primera vez en muchos años, y lo reitero, de los puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor presidente, tal como ha ofrecido, yo le rogaría que las contestaciones
que ahora iba a dar a los distintos grupos me las mandase por escrito y yo se las haré llegar, porque lo que no podemos es hacer coincidir de ninguna manera la Comisión con el Pleno.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor presidente, no se trata sólo de que se nos pasen por escrito sus respuestas, sino que yo rogaría que el señor Ruiz-Jarabo venga a esta Comisión otro día, lo antes posible, como continuación de esta
sesión.
El señor PRESIDENTE: Con independencia de que pueda venir otra vez, en este caso concreto creo que no es ningún problema para los distintos grupos que reciban la información que les fuera a dar en este momento, con independencia de que
pueda venir personalmente.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro de la tarde.