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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 464, de 10/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 464
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 44
celebrada el miércoles, 10 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Cuatrimestral del señor secretario de Estado de Hacienda (Rodríguez-Ponga y Salamanca) para informar sobre las materias relativas al sistema tributario, previa remisión del informe correspondiente.
(Número de expediente 212/001019.) ...
(Página 14938)
- Del señor subsecretario de Hacienda (Catalá Polo) para informar sobre los proyectos y actuaciones más relevantes en curso, en el ámbito de la citada subsecretaría. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 212/000929.) ... (Página 14962)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- CUATRIMESTRAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA (RODRÍGUEZ-PONGA Y SALAMANCA) PARA INFORMAR SOBRE LAS MATERIAS RELATIVAS AL SISTEMA TRIBUTARIO, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE. (Número de expediente 212/001019.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, en el orden del día de hoy tenemos como primer punto la celebración de la comparecencia cuatrimestral del secretario de Estado de Hacienda para informar sobre las materias relativas al sistema tributario, como
conocen ustedes, previa remisión del informe correspondiente.
Bienvenido, señor secretario de Estado. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Rodríguez-Ponga y Salamanca): Buenos días a todos los miembros de esta Comisión de Economía y Hacienda, a los que quiero agradecer la oportunidad de comparecer por primera vez en este año 2002 para
informarles de las materias que son de su competencia y que afectan al sistema tributario.
Durante mi intervención les informaré de la evolución de la recaudación líquida del Estado durante el año 2001, comentándoles posteriormente y de forma resumida los resultados alcanzados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
los ámbitos de gestión y control tributario y las actuaciones de esta Secretaría de Estado en lo relativo a la financiación territorial. También haré referencia a los principales proyectos normativos en los que estamos trabajando en la actualidad,
finalizando mi exposición señalando los trabajos y actuaciones que estamos desempeñando en el ámbito de la Unión Europea durante la presidencia española.
Centrados ya en el objeto de la comparecencia, creo necesario efectuar una serie de consideraciones generales sobre la situación de la economía española, algo imprescindible si queremos dar sentido al conjunto de datos que voy a exponer
posteriormente.
Refiriéndonos a las perspectivas de la economía española en el momento actual, nos encontramos en un entorno marcado por una ralentización de la economía mundial iniciada a finales del año 2000, inducida originalmente por una caída de la
inversión empresarial, especialmente en los sectores relacionados con las nuevas tecnologías, que se ha acentuado en el comercio internacional según ha ido avanzando el pasado año 2001. Esta ralentización ha tenido su reflejo en la economía
española, si bien de forma más suave y atenuada respecto a la registrada por el resto de las economías occidentales. La situación descrita, provocada en su mayor parte por la desaceleración económica registrada en Estados Unidos, el estancamiento
de la economía japonesa y la incertidumbre y consecuencias generadas por los acontecimientos sucedidos el pasado 11 de septiembre en Estados Unidos, se ha trasladado, aunque de forma menos intensa, a la zona euro, si bien algunas economías, como la
alemana, se han visto notablemente afectadas. Todos estos factores han configurado un escenario que complica las previsiones de evolución de la economía mundial y de la española en particular a corto y medio plazo.
Ante esta situación, España sigue manteniendo unos ritmos de crecimiento positivos, aunque como es lógico también bajo un proceso de moderación en el crecimiento de la economía. Nuestro crecimiento en el año 2001 ha sido del 2,8 por ciento
del PIB, inferior al 4,1 por ciento registrado en el año 2000, fundamentalmente como resultado de la desaceleración registrada en el crecimiento de la demanda nacional que pasó de crecer el 5,4 por ciento en el 2000 al 3 por ciento en el 2001. No
obstante, nuestro crecimiento económico sigue siendo superior al registrado en el resto de países de la Unión Europea, pues mientras en España se ha registrado el 2,8 por ciento de crecimiento el de la Unión Europea fue del 1,7 por ciento, es decir
un diferencial de 1,1 puntos porcentuales a nuestro favor, que refleja claramente el buen comportamiento de nuestra economía, que se traduce en un aumento de nuestra convergencia real respecto de nuestros socios europeos. Además, debemos señalar
que este diferencial de crecimiento no sólo es superior sino que se ha ampliado respecto al registrado en el año 2000, que fue de 0,7 puntos porcentuales del PIB.
Desde el punto de vista del empleo, el crecimiento económico registrado ha tenido su traducción en una importante creación de puestos de trabajo.
Durante el año 2001 se han creado 366.000 empleos, 42.000 más que la previsión inicial, según
los datos de contabilidad nacional publicados por el INE, y si comparamos las cifras de crecimiento de nuestra economía, el 2,8 por ciento, con las del empleo, el 2,4 por ciento, nos permite comprobar cómo nuestro crecimiento sigue siendo intensivo
en creación de empleo, pues más del 85 por ciento de la producción se trasladó a la creación de puestos de trabajo.
En lo que se refiere al proceso de consolidación presupuestaria, el año 2001 es histórico al ser el primer año desde la llegada de la democracia en que las cuentas públicas se han cerrado sin déficit, y ello en un contexto económico de gran
complejidad. La consecución del déficit cero ha estado motivada principalmente, como en años anteriores, por el control del gasto corriente, siendo compatible con una fuerte inversión pública, como lo demuestra que en el año 2001 la misma aumentase
el 8 por ciento en los Presupuestos
Generales del Estado. A partir de ahora y gracias a la aprobación de las leyes de estabilidad presupuestaria, el equilibrio de las cuentas públicas va a ser una constante a la hora de presentar las mismas. Quiero resaltar esta
circunstancia, pues unas cuentas públicas sin déficit nos permiten avanzar en el proceso de reducción de deuda pública, lo que se manifiesta en una menor carga de intereses, y consecuentemente del gasto, y en definitiva en una liberación de ingresos
que pueden destinarse a financiar otras políticas de gasto que también son prioritarias para este Gobierno, como son las inversiones en infraestructuras o en investigación, desarrollo e innovación; o a políticas de corte social, como son las
pensiones, el fomento del empleo y la educación. También puede ser destinada esta liberación de ingresos a preparar nuevas reformas fiscales, entre las que destaca la futura rebaja del impuesto sobre la renta, que se llevará a cabo este mismo año y
que entrará en vigor en enero de 2003.
Por otra parte, la consecución del déficit cero significa que estamos cumpliendo el programa de estabilidad del Reino de España, algo que tiene un gran significado económico en cuanto a las expectativas que los diferentes agentes económicos
pueden tener en relación con la evolución de nuestra economía, más si cabe teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una situación diferente en materia económica, que se manifiesta más por el lado de la ralentización de las inversiones empresariales.
Refiriéndonos al año 2002, ante el incierto escenario de la economía mundial el Gobierno ha vuelto a diseñar unos presupuestos en equilibrio, ya que está convencido de que el equilibrio presupuestario es la garantía que nos da margen para
afrontar situaciones complicadas como la actual, al ser uno de los más importantes instrumentos que nos permite seguir creciendo y creando empleo, al tiempo que supone la mejor garantía para poder llevar adelante las reformas fiscales a que
posteriormente me referiré.
El objetivo de crecimiento de la economía española en el año 2002, reflejado en nuestros Presupuestos Generales del Estado, es del 2,4 por ciento del PIB. Este crecimiento, inferior al registrado en el año 2001, está basado en unas
expectativas que indican una ralentización tanto en el aumento de las exportaciones españolas como consecuencia de la crisis por la que atraviesa el comercio mundial, como en el de las importaciones debido a la disminución en el crecimiento de la
demanda interna. No obstante, confiamos en que la ralentización económica esté próxima a finalizar ante los esperanzadores síntomas de reactivación que se vienen registrando sobre todo en Estados Unidos, crecimiento positivo del 1,7 por ciento del
PIB en el último trimestre de 2001 frente a la reducción del 1,3 por ciento en el tercer trimestre. En Europa también empieza a haber síntomas esperanzadores, pues se registra una mejora en los índices de confianza y en el clima económico. De
hecho, ya a principios de marzo los ministros del Eurogrupo, que son los doce ministros de economía de la zona euro, han constatado una incipiente recuperación, tal y como reflejan por tercer mes consecutivo los indicadores de confianza de
consumidores y empresarios de la Unión, si bien destacan la incertidumbre sobre la fortaleza de esta recuperación.
En cuanto al diferencial de crecimiento respecto al resto de países de la Unión, otro año más será positivo para España, tal y como corroboran las autoridades de la Comisión Europea, que estiman que frente al crecimiento del 2,4 por ciento
de nuestra economía la media de la Unión lo hará al 1,3 por ciento, y ello debido a que nuestra economía puede afrontar los riesgos e incertidumbres del contexto internacional en unas condiciones mejores: finanzas públicas saneadas, superávit
creciente de la Seguridad Social, tipos de interés reducidos y unas empresas y familias con posiciones financieras saneadas. En definitiva, el nuevo escenario de mayor optimismo en el contexto internacional, junto a la más saneada situación de las
empresas en su conjunto, la estabilidad macroeconómica y las importantes medidas tributarias contenidas en la Ley 24/2001, que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, son factores que van a permitir a la economía española cerrar el
ejercicio 2002 con un crecimiento del 2,4 por ciento y con una importante creación de empleo, superior a la de la media europea, aunque más moderada que la registrada en ejercicios anteriores. Así lo corrobora el último informe del Fondo Monetario
Internacional, que hace referencia a la situación de la economía española. Este informe reconoce el potencial de la economía española para crecer y seguir creando empleo gracias a la política de reformas estructurales llevada a cabo en los últimos
años y al saneamiento de las finanzas públicas. El FMI prevé un mayor crecimiento de nuestra economía respecto a la de nuestros socios europeos, con un perfil de recuperación de la actividad en el segundo semestre de 2002 gracias a la recuperación
de la inversión y el consumo.
Quisiera recordarles brevemente cómo dentro del ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Hacienda y con objeto de incentivar nuestros sectores productivos en unos momentos de incertidumbre económica, el Gobierno ha aprobado
importantes medidas tributarias que refuerzan la oferta y la capacidad de crecimiento de nuestra economía y que pueden mantener la creación de empleo. En la Ley 24/2001, que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, se ha incluido una nueva
rebaja selectiva de la carga fiscal que soportan las empresas, de forma que en este año 2002 las pequeñas y medianas empresas, las empresas que inviertan y las que decidan tener mayor presencia internacional, pagarán menos impuestos. Son unas
medidas que estimulan a que nuestras empresas tomen decisiones que se pueden traducir en un nuevo impulso
del crecimiento y que las sitúen en las mejores condiciones para beneficiarse del repunte de la actividad internacional que se producirá en la segunda mitad del año 2002 de acuerdo con las previsiones de los diferentes organismos
internacionales.
Por último, y antes de pasar a exponer la evolución de la recaudación líquida del Estado durante el año 2001 y los dos primeros meses del año 2002, quisiera concluir este apartado introductorio recordando que para que la economía española
siga creciendo en los próximos años y para que continuemos avanzando en convergencia real en renta y en empleo respecto a la media de la Unión Europea es necesario que se mantenga el escenario de estabilidad presupuestaria, en el que ya juegan un
papel fundamental y básico las nuevas leyes de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, es necesario que se impulsen nuevas reformas estructurales que procuren una mayor integración y competitividad de los principales mercados de factores
productivos, y tercero que se acometan nuevas reformas tributarias que estimulen el crecimiento de la economía y la creación de empleo.
Pasamos al análisis de la recaudación líquida del Estado. El informe que se ha facilitado a SS.SS. contiene por primera vez datos de la recaudación tributaria líquida del año 2001 publicados por la Intervención General de la Administración
del Estado, cuando hasta ahora los datos que se venían ofreciendo eran los publicados por el servicio de auditoría interna de la Agencia. Este cambio de criterio se justifica con la intención de ofrecer una mayor homogeneización en los datos
suministrados por las dos secretarías de Estado del Ministerio de Hacienda.
Entrando ya en el análisis de las cifras que se les han entregado, el total de ingresos no financieros obtenidos en el año 2001 ascendió a 125.180 millones euros -20 billones 829.300 millones de pesetas-, superior a la cifra prevista en los
presupuestos en 2.250 millones de euros, es decir, 376.000 millones de pesetas, el 1,8 por ciento más. En relación con la recaudación del año 2000, las cifras de 2001 también suponen un avance al aumentar la recaudación en 6.490 millones de euros,
es decir un billón 80.400 millones de pesetas, el 5,5 por ciento más.
Como corresponde a las competencias de la Secretaría de Estado de Hacienda, únicamente me voy a referir al comportamiento de los ingresos tributarios. Durante el año 2001 la recaudación líquida de los mismos ha ascendido a 109.690 millones
de euros, es decir 18 billones 250.000 millones de pesetas, lo cual supone un crecimiento respecto de la recaudación líquida del año 2000 del 6,4 por ciento y un porcentaje de ejecución del presupuesto del 99,3 por ciento.
En un entorno internacional de desaceleración económica como el experimentado durante el año 2001, acentuado por acontecimientos singulares como los sucedidos en Estados Unidos el pasado 11 de septiembre, el cumplimiento de las previsiones
presupuestarias debe ser contemplado como un importante logro de la economía española que, junto a la contención del gasto corriente ha permitido conseguir el equilibrio presupuestario por primera vez en nuestra reciente historia.
Entrando ya en el análisis del comportamiento que han tenido las principales figuras tributarias durante el año 2001, podemos señalar lo siguiente. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se registró una recaudación líquida de
36.469 millones de euros, es decir 6,07 billones de pesetas, lo que supone un aumento respecto de la recaudación obtenida en el año 2000 del 13,5 por ciento y una mejora sobre lo inicialmente presupuestado del 6,9 por ciento. La evolución de la
recaudación de este impuesto se justifica por factores de signo contrario. Como factores de signo positivo tenemos el principal componente del impuesto que son las retenciones de trabajo que crecieron el 14,2 por ciento siendo debido tanto al
significativo aumento de la masa salarial -como consecuencia del crecimiento en el empleo y en el salario medio de los trabajadores- como a mayores ingresos procedentes de retenciones de las comunidades autónomas. El buen comportamiento del empleo
durante el año 2001 se refleja en el hecho de que según los datos de la contabilidad nacional se creasen 366.000 empleos en el año 2001 con un crecimiento del empleo del 2,4 por ciento, y por su parte la remuneración media por asalariado también
creció a un importante ritmo, al 5,1 por ciento. Las retenciones de capital han aumentado el 14,5 por ciento impulsadas por el fuerte crecimiento de las retenciones que experimentaron los intereses bancarios, con un aumento del 49,7 por ciento, que
ha sido debido al mayor atractivo de los depósitos de alta rentabilidad con el consiguiente trasvase provocado por la inestabilidad bursátil desde fondos de inversión hasta otros instrumentos financieros.
La cuota diferencial neta que experimenta
un ligero aumento del 0,3 por ciento es debida al aumento del 9,5 por ciento registrado en el ingreso por autoliquidaciones en el ejercicio 2000.
Como factores de signo negativo quiero citar la disminución del 46,5 por ciento de las retenciones sobre fondos de inversión como consecuencia de la caída registrada en las ganancias sujetas a retención que se justifica por la evolución
desfavorable de las cotizaciones bursátiles, la reducción del volumen de reembolsos y sobre todo por el efecto de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2000, que acortó el período de permanencia en el patrimonio individual y el tipo de
retención a aplicar.
Otro factor de signo negativo sería la disminución del 2,4 por ciento en la recaudación obtenida por retenciones sobre arrendamientos, lo que viene motivado por la reducción en el tipo de retención del 20 al 18 por ciento
aprobada por Real Decreto 1088/2000, de 9 de junio. Corrigiendo este efecto, la recaudación líquida hubiese presentado un crecimiento del 7,1 por ciento. Finalmente, la actualización prevista
presupuestariamente de los pagos a las comunidades autónomas en concepto de su recaudación en IRPF hace que las minoraciones correspondientes a este concepto se incrementen el 5,6 por ciento. En definitiva, podemos destacar la evolución
positiva de la recaudación por IRPF en el año 2001, siendo debido a un elevado crecimiento registrado en las retenciones del trabajo personal motivado por la positiva evolución del mercado laboral en España durante el pasado ejercicio.
Respecto al impuesto sobre sociedades, la recaudación líquida del mismo ha ascendido en el año 2001 a 17.217 millones de euros, es decir, 2,86 billones de pesetas, el 0,1 por ciento inferior a la del mismo período del año 2000 lo cual supone
un grado de ejecución del presupuesto del 94,2 por ciento. Este impuesto, junto con el impuesto sobre valor añadido, son los que en mayor medida han experimentado la moderación en el crecimiento económico de nuestra economía durante el pasado año.
En relación con el comportamiento de las retenciones sobre el capital -fondos de inversión y arrendamientos- se pueden aducir las mismas circunstancias y causas señaladas respecto del IRPF. Por ello únicamente voy a referirme a los dos
principales componentes del impuesto: los pagos fraccionados y la cuota diferencial neta. Ambas magnitudes presentan recaudaciones similares a las registradas en el año anterior. Los pagos fraccionados, con 9.828 millones de euros, 1,63 billones
de pesetas, registran una caída del 0,4 por ciento mientras que la cuota diferencial neta, con 5.515 millones de euros, es decir 0,92 billones de pesetas, tiene un aumento del 1,3 por ciento. Estas cifras reflejan la desaceleración experimentada
por los beneficios empresariales en el nuevo contexto económico internacional. Los factores que provocan la atenuación del crecimiento de los beneficios empresariales son varios, aunque ya han sido apuntados a SS.SS. en comparecencias anteriores.
En primer lugar el reducido incremento de la cuota diferencial correspondiente al ejercicio 2000 sugiere que los resultados empresariales correspondientes a dicho ejercicio tuvieron un comportamiento no tan positivo como el que se esperaba debido,
entre otras a las siguientes cuestiones: incremento de los consumos intermedios provocado por el efecto alcista de los precios del petróleo en el ejercicio 2000; el aumento de los gastos salariales y el incremento de las dotaciones para
amortizaciones y provisiones así como para gastos financieros como consecuencia de las diferencias de cambio y de la variación en las inversiones financieras.
Respecto a la evolución de los pagos fraccionados en los que tienen influencia los beneficios empresariales del ejercicio social 2001 sí se pueden apuntar las siguientes causas: primero, una elevación de los gastos financieros de las
empresas debido al endeudamiento creciente de las mismas; según la central de balances del Banco de España los gastos financieros de las empresas se incrementaron durante los tres primeros trimestres del año 2001 en el 28,2 por ciento. También han
aumentado las minusvalías bursátiles asociadas a la caída en los índices de las bolsas, y en tercer lugar se ha producido un incremento en los costes laborales unitarios. Junto a estas causas que determinan la atenuación del crecimiento de los
beneficios empresariales para todo el colectivo empresarial también se pueden apuntar ciertos factores que afectan específicamente a las empresas con intereses en el exterior, y especialmente en Latinoamérica, como son la reducción de ingresos por
participaciones en el capital de estas empresas extranjeras así como el aumento de las provisiones por inversiones financieras debido a la nueva situación a que deben hacer frente las sociedades participadas en dicha área económica.
Vamos a pasar a analizar la recaudación del impuesto sobre el valor añadido. La recaudación por este impuesto durante el ejercicio 2001 ascendió a 34.674 millones de euros, es decir 5,77 billones de pesetas, registrando un crecimiento del
3,8 por ciento frente al 8,6 por ciento registrado en el año 2000. Al igual que en el impuesto sobre sociedades, la desaceleración económica internacional y del comercio en particular se han dejado sentir de forma clara en la recaudación de este
impuesto, especialmente en lo que se refiere al IVA de las importaciones (que crece únicamente al 4,8 por ciento frente al 27,9 por ciento registrado en el año 2000) siendo ello debido tanto a la contracción experimentada en el comercio
internacional como a la reducción de los precios del crudo. Por el contrario, el IVA en operaciones interiores registra un mejor comportamiento pues crece el 3,4 por ciento en comparación con el 1,9 por ciento registrado en el año 2000. Esta
mejora se justifica por la fuerte reducción registrada por las devoluciones que disminuyen su crecimiento diez puntos porcentuales, del 28,3 por ciento en el 2000 al 18,2 por ciento en el 2001, siendo ello debido principalmente a la fuerte
disminución de las solicitudes mensuales de devolución como consecuencia de la desaceleración registrada por las exportaciones. El crecimiento de las exportaciones en el año 2001 fue del 4,2 por ciento frente a un mayor crecimiento que hubo en el
año 2000 del 19,1 por ciento ya que las solicitudes de devolución anuales que corresponden al ejercicio social del año 2000 han mantenido una elevada tasa de crecimiento debido al aumento que registraron las importaciones y el precio del petróleo en
dicho año.
En cuanto a los impuestos especiales, la recaudación líquida en el año 2001 por dichos impuestos ha sido de 16.612 millones de euros, 2,76 billones de pesetas, con un aumento del 3,5 por ciento respecto del año anterior. Por figuras
tributarias podemos señalar la siguiente evolución: la recaudación líquida obtenida por el impuesto especial sobre hidrocarburos ha aumentado el 1,8 por ciento, en línea con la evolución del consumo de carburantes, el 1,4 por ciento. El impuesto
especial
sobre labores de tabaco presenta un crecimiento del 7,8 por ciento de su recaudación debido tanto al aumento del 1,5 por ciento registrado en el número de cajetillas vendidas como al incremento del 6,2 por ciento en el precio medio de venta
de la cajetilla de tabaco.
La recaudación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte crece el 2,1 por ciento como consecuencia del aumento el 4 por ciento en las matriculaciones y del ligero descenso de la cuota impositiva media, motivada por las
mayores bonificaciones del plan Prever y por las beneficiosas medidas introducidas para favorecer a las familias numerosas en la adquisición de vehículos. Finalmente, por lo que se refiere al impuesto especial sobre la electricidad, tuvo un aumento
de recaudación del 1,4 por ciento y presenta una atenuación en su tasa de crecimiento debido a la confluencia de dos factores de signo contrario, por un lado aumenta el consumo energético y por otro lado se ha producido una reducción en el precio
medio del kilovatio-hora facturado.
En cuanto a la evolución de las devoluciones, es una magnitud que tiene importancia esencial en nuestro sistema tributario y en especial en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el valor añadido.
Debemos señalar que el total de las devoluciones gestionadas por la Agencia Tributaria durante el año 2001 ascendió a 27.442 millones de euros, es decir 4,6 billones de pesetas, lo que supone el 11 por ciento más que en el año 2000. En relación con
el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el importe ascendió a 7.835 millones de euros, con un crecimiento del 4,2 por ciento frente al año 2000. En cuanto al número de solicitudes del año 2000, ha sido de 11.160.944, habiéndose
realizado en el pasado año 2001 el 97,8 por ciento del total, quedando únicamente pendiente de devolución aquellas solicitudes que presentan incidencias diversas. En cuanto al IVA, las devoluciones efectuadas han ascendido a 14.701 millones de
euros, es decir 2,4 billones de pesetas, con un crecimiento del 18,2 por ciento.
Como se ha señalado anteriormente al comentar los aspectos relativos a la evolución de la recaudación por este impuesto, el crecimiento se produce como consecuencia de
la importante desaceleración registrada en las solicitudes de devolución del IVA mensual, que crecieron el 11,7 por ciento debido a la contracción experimentada por el comercio internacional.
A modo de conclusión de esta parte de mi intervención que desarrolla el comportamiento de los ingresos del Estado durante el ejercicio 2001, me gustaría volver a resaltar la importancia que tiene el hecho de que en un contexto de moderación
en el crecimiento de nuestra economía, provocado por la situación compleja que atraviesa la economía mundial, hayamos sido capaces de cumplir con el objetivo de ingresos tributarios aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2001.
Una vez expuesta la liquidación definitiva de los ingresos no financieros del Estado en el ejercicio 2001 y antes de abordar lo que está siendo la labor de la Secretaría de Estado de Hacienda en el ámbito normativo me gustaría referirme,
aunque sea brevemente, a las actuaciones más importantes desarrolladas en materia de gestión tributaria.
En relación con las actividades llevadas a cabo por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el director de la Agencia Tributaria ya les expuso con detalle la información con motivo de su comparecencia ante esta Comisión el pasado
6 de marzo. No obstante, me gustaría resaltar algunos aspectos de los resultados obtenidos por la institución en el año 2001, de los cuales SS.SS. disponen al habérseles entregado recientemente el último informe sobre actividades de la Agencia
Tributaria en el año 2001. Esos aspectos concretos a los que me quiero referir son, en primer lugar, la mejora en las relaciones con los contribuyentes en la asistencia y en la información a éstos. Así, en lo que se refiere a la mejora de las
relaciones con los contribuyentes, me gustaría destacar en primer lugar la actividad de gestión que se hace a raíz del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
En el año 2001 el número de
autoliquidaciones y declaraciones que ha gestionado la Agencia Tributaria y que precisan de una tramitación y verificación posterior han ascendido a 65.220.000 declaraciones, es decir dos millones más que en el año anterior. En cuanto a las
actuaciones encaminadas a conseguir el cumplimiento voluntario, me gustaría resaltar el crecimiento de dos servicios que son muy valorados por los ciudadanos y son la cita previa, que ha subido en el año 2001 hasta 2,72 millones, y el envío de datos
fiscales previa petición de los contribuyentes, que ha crecido desde 1,13 millones en el año 2000 hasta 1,6 millones en el año 2001. Por lo que se refiere al ámbito de asistencia e información al contribuyente, debemos destacar la importancia y el
éxito que cosechan los programas informáticos de ayuda elaborados por la Agencia Tributaria de los cuales el más importante es el programa PADRE; programa de ayuda a la declaración de la renta que se utiliza para la confección del 88 por ciento del
total de las declaraciones presentadas por el IRPF. También hay que destacar el programa para la elaboración de las retenciones del trabajo personal que es utilizado en el 77 por ciento de las declaraciones que se reciben en la Agencia Tributaria y
el programa de operaciones con terceros que es utilizado en el 84 por ciento de las declaraciones. Otro aspecto en el ámbito de información y asistencia al contribuyente que me gustaría destacar es la prestación de servicios a través de las nuevas
tecnologías. Los servicios prestados por Internet crecen espectacularmente pues las declaraciones de renta presentadas este año por este medio se han multiplicado por cuatro, alcanzando las 500.000 declaraciones. Asimismo las declaraciones que
realizan las
PYME se han multiplicado por cinco hasta llegar a las 115.000 declaraciones por medio de Internet. Otro apartado de las relaciones con los contribuyentes que debemos mencionar por su importancia para el ciudadano es la evolución de los
tiempos medios de las solicitudes de devolución. Estos tiempos son menores en 30 días en las solicitudes de devolución del IRPF o del IVA de los exportadores y en el caso de las solicitudes de devolución rápida el período medio de espera es de 12
días, lo que demuestra el avance en los procedimientos de gestión para agilizar las devoluciones.
No quisiera concluir este apartado dedicado a la mejora de las relaciones y de la asistencia al contribuyente sin mencionar algunas novedades que en el ámbito del IRPF se van a producir por primera vez en esta campaña de renta, pues como
conocen SS.SS. comenzó el pasado 1 de marzo con la apertura del plazo de la presentación de las solicitudes de devolución rápida. Así, por ejemplo, con efectos desde el 1 de enero de 2001 se puede suspender el ingreso de la deuda por IRPF de un
cónyuge cuando el otro presente autoliquidación con solicitud de devolución. Esta medida va a suponer que numerosas familias españolas no van a tener que esperar a que se haga efectiva su devolución por parte de la Administración tributaria pues el
importe de la misma se habrá destinado a deducir o incluso a anular en su totalidad la cuantía que el otro cónyuge tenga que ingresar durante la campaña de renta; ya digo que esta medida se va a aplicar por primera vez en la presente campaña de
renta. Por otra parte, también por primera vez se van a unificar los plazos de declaración del IRPF. Así el plazo de declaración de la campaña de renta ordinaria, con independencia de que resulte a ingresar o a devolver, abarcará desde el 2 de
mayo hasta el 1 de julio. Este año, en vez de terminar el 30 de junio, al ser domingo, la finalización del plazo voluntario se traslada al siguiente día hábil. Con el fin de mejorar la asistencia al contribuyente en el envío previo de datos
fiscales que la Agencia Tributaria efectúa a los contribuyentes que así lo solicitan, se va a incluir por primera vez la información de los préstamos hipotecarios y alquileres de locales.
Asimismo, y también como novedad en esta campaña de renta,
se enviará a los contribuyentes un documento informativo donde se les comunicará con exactitud la carga fiscal soportada por cada uno de ellos.
Entrando ya en el segundo gran grupo de actuaciones de la Agencia Tributaria como son las dirigidas a la investigación y comprobación, podemos destacar las siguientes: Se han obtenido unos resultado ordinarios de 9.766 millones de euros,
con un incremento respecto al año anterior del 15 por ciento. Si añadimos las actuaciones especiales, que se han elevado a 1.890 millones de euros, el crecimiento interanual de los resultados de control se eleva hasta el 31 por ciento. En los tres
departamentos encargados de control, inspección, aduanas e impuestos especiales y gestión, se producen importantes aumentos en los resultados registrados, lo que es fiel reflejo de la correcta labor desempeñada por los funcionarios de la Agencia
Tributaria. Atendiendo a la última variable con que la Agencia Tributaria mide el esfuerzo de control, la recuperación de deuda se ha llegado en el año 2001 hasta los 2.392 millones de euros, con un crecimiento interanual del 9 por ciento. De la
lectura de estos datos podemos extraer la conclusión de que el fraude está disminuyendo, gracias a los esfuerzos que en materia de control tributario está realizando la Agencia Tributaria, algo a lo que lógicamente también contribuyen los cada vez
más numerosos y mejores servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
A continuación quiero exponer algunas de las líneas generales de las reformas tributarias que el Gobierno tiene previsto remitir para su aprobación a las Cortes Generales en este año 2002 y que deben ayudar a la consecución de los dos
objetivos básicos que, en materia de política económica, persiguen: avanzar en la convergencia real y hacerlo con un alto grado de bienestar social, a través de la creación de empleo.
En primer lugar, la aprobación de una nueva ley de mecenazgo, cuyo texto del proyecto de ley entrará en esta Cámara para su tramitación parlamentaria y que actualmente está pendiente de informe por parte del Consejo de Estado y del Consejo
Económico y Social. Puedo decirles que esta ley pretende incentivar y estimular la participación privada de la sociedad en actividades culturales y de interés general. En la actualidad el conjunto de incentivos fiscales dirigidos a promover la
participación privada en actividades de interés general, se encuentra regulado en el título II de la Ley 30/1994, de 24 de diciembre. Esta nueva ley de mecenazgo va a sustituir el título II de la Ley 30/1994, puesto que se va a separar lo que es la
ley sustantiva de fundaciones de lo que es la ley de mecenazgo que recogerá el régimen fiscal de todas las entidades sin ánimo de lucro y no solamente de las fundaciones, este es el motivo de hacer dos leyes separadas. Por tanto la nueva ley de
mecenazgo va a contemplar únicamente y con carácter general, la tributación de las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas y los incentivos fiscales al mecenazgo: donaciones, donativos,
gastos de interés general, etcétera.
Con la nueva ley de mecenazgo se pretende dotar a la sociedad civil de un régimen que le permita contar con un instrumento más adecuado para participar y apoyar, bien directamente o a través de las instituciones sin ánimo de lucro en
aquellos ámbitos de interés general, de tal manera que puedan complementar de manera eficaz la labor que los poderes públicos realizan. Para conseguir este ambicioso objetivo, la nueva ley debe suponer una importante mejora en los incentivos
fiscales, respecto a las que el antiguo régimen ofrecía, no sólo desde el punto de vista de los donativos de que se
benefician las entidades sin fines lucrativos, sino también respecto de las actividades y rentas que las entidades pueden realizar y obtener sin que tengan que tributar por las mismas.
En segundo lugar, la ley debe introducir una mayor simplificación en el régimen aplicable a estas entidades, reduciendo la intervención administrativa y aumentando la seguridad jurídica de las mismas. Con la nueva ley la aplicación del
régimen y las actividades que pueden realizar estas entidades pasarán a estar claramente determinadas sin necesidad de que deba ser solicitado algún tipo de autorización para la aplicación plena del régimen. Por último, la nueva regulación debe
contribuir a una mayor transparencia de las entidades sin ánimo de lucro, que permita garantizar un mayor conocimiento por parte de la Administración, de los ciudadanos y de los donantes de la operativa de las mismas. Las entidades que quieran
aplicar el nuevo régimen fiscal deberán cumplir una serie de obligaciones contables, registrales, de rendición de cuentas y presentación de memorias económicas que permitan a los poderes públicos y a la sociedad civil conocer cuál es el destino
efectivo de los recursos con que se beneficien estas entidades.
En cuanto al contenido de la ley, incorpora importantes mejoras para las entidades sin fines lucrativos, mejorando los incentivos fiscales para este tipo de entidades. Se declaran exentas las rentas obtenidas sin contraprestación, las
rentas derivadas del patrimonio de la entidad, así como las derivadas de adquisiciones o transmisiones por cualquier título, ya sea oneroso o gratuito, frente al régimen actual en el que sólo alcanza la exención a las gratuitas, condicionando la
exención de las onerosas a su reinversión. Se declaran exentas las rentas obtenidas de actividades empresariales que consistan en asistencia social, asistencia sanitaria, investigación y desarrollo, medio ambiente, cultura, enseñanza, edición de
libros, deporte y en definitiva actividades que coincidirán con las propias actividades de estas entidades. Se establece un tipo del 10 por ciento para las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas y se simplifica, en el borrador del
proyecto de ley que se ha enviado a informe, el disfrute de las exenciones fiscales previstas en materia de tributos locales, al tiempo que se reducen los requisitos a cumplir para poder disfrutar de ellas y se introduce un nuevo supuesto al
extenderse también la exención al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos. Por tanto, la nueva ley va a aportar una mayor transparencia al sector, flexibilizando los requisitos para poder acogerse a los incentivos con relación a lo
que prevé la ley actual, dotando de mayor seguridad jurídica a estas entidades en el desarrollo de sus actividades.
Otro aspecto destacable de la nueva ley es que incentiva en mayor medida las aportaciones privadas, ya sean de personas físicas o jurídicas, a las actividades de interés general. Dentro de esta parte, que es la segunda parte de la ley de
mecenazgo, es decir, las deducciones y los incentivos fiscales a las personas que realicen actividades de interés general y que colaboren con las entidades sin ánimo de lucro, se establecen las siguientes novedades: Se eleva la deducción del IRPF
del 20 al 25 por ciento del valor de lo donado a estas entidades. Se sustituye la deducibilidad en la base del valor de las donaciones efectuadas por personas jurídicas, por una deducción en cuota del 35 por ciento, permitiéndose también como
novedad la deducción hasta en los diez siguientes de lo que no puede aplicarse por insuficiencia de cuota en el propio ejercicio. La ampliación de la deducción por donativos a las donaciones de derechos y a la constitución de derechos reales de
usufructos sobre bienes, derechos o valores. Se establece también la posibilidad de que los establecimientos permanentes de entidades no residentes puedan aplicarse las mismas deducciones que los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Se
suprimen los límites de las cantidades deducibles en virtud de convenios de colaboración y también se suprimen los límites en el impuesto sobre sociedades para las cantidades deducibles por gastos de actividades en interés general, al tiempo que se
suprime la lista cerrada de gastos que tienen esta consideración, finalmente, la consagración legal de la figura de los programas de apoyo, acontecimientos de excepcional interés público también tienen acogida en esta ley de mecenazgo. En
definitiva, con esta nueva ley se pretende mejorar considerablemente el régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro, no sólo contemplando los mayores incentivos y estímulos sino también permitiendo flexibilizar y dinamizar las actividades
realizadas por estas entidades de forma que todos tanto las propias fundaciones como la sociedad, podamos obtener el mayor partido posible de la eficacia con que estos entes sin ánimo de lucro atienden a las actividades de interés general.
Paso ya a exponer los trabajos sobre la futura ley general tributaria. En la nueva ley general tributaria, que será remitida a las Cortes Generales en la segunda mitad del año y que sustituirá a la actualmente vigente que data de 1963, se
plantean cuatro grandes objetivos: El primero es modernizar los procedimientos, incorporando las relaciones tributarias por medios telemáticos, y regulando los nuevos procedimientos de gestión.
El segundo es garantizar los derechos de los
contribuyentes, incorporando a la ley general tributaria la ley de derechos y garantías de los contribuyentes, estableciendo además el carácter vinculante de las consultas tributarias. En tercer lugar la reforma pretende asegurar el cobro de las
deudas tributarias, adaptando el procedimiento de recaudación a la realidad económica y social. En el cuarto y último objetivo se pretende reducir la conflictividad en materia tributaria, fomentando el empleo de fórmulas seguras y de mecanismos de
conciliación.
La reforma de la Ley general tributaria es de suma importancia. Debemos tener en cuenta que constituye la base sobre la que se construye todo el sistema
fiscal y que la aprobación de esta ley supondrá un importante avance en lo relativo a la modernización de los procedimientos de nuestro sistema tributario. Finalmente, la última gran reforma tributaria que se desarrollará en este año 2002
será la del impuesto sobre la renta de las personas físicas, reforma de gran importancia para el conjunto de los ciudadanos de este país. Esta reforma debe avanzar en el camino iniciado con la aprobación de la Ley 40/1998 del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, que supuso una reforma estructural de gran calado, y fue la primera reforma de la democracia para bajar impuestos lo que ha tenido unos efectos muy beneficiosos para la economía y la sociedad española.
El pasado 13 de marzo se presentó públicamente el libro titulado Evaluación de los efectos de la reforma del IRPF en la Ley 40/1998. Este libro, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales y publicado por la Secretaría de Estado de
Hacienda, ofrece un análisis técnico de lo que ha supuesto el nuevo impuesto y refleja claramente lo acertado de llevar a cabo la reforma. Quiero recordarles que el libro se encuentra disponible desde hace casi un mes en la página web del Instituto
de Estudios Fiscales.
Por citarles tan sólo alguno de los datos contenidos en este libro, les diré que estos datos indican que las familias españolas han podido disfrutar de una mayor renta disponible por importe de 10.208 millones de euros, es decir, 1,7
billones de pesetas. Como todas las reformas fiscales, la del IRPF es una reforma cuyos beneficios se van acumulando año tras año. Por eso, a los resultados de los años 1999 y 2000 habrá que sumar el resultado de los ejercicios 2001 y 2002, que
son los cuatro ejercicios en los que va a estar vigente la rebaja de impuestos que se realizó con efecto 1.º de enero del año 1999. Por tanto, la primera reforma del IRPF va a acumular en sus cuatro primeros años más de 20.000 millones de euros, es
decir, más de 3,3 billones de pesetas de ahorro fiscal para las familias españolas. La progresividad del nuevo impuesto se puede comprobar también ofreciendo algunos datos. La rebaja media de la cuota líquida por contribuyente ha sido del 13,74
por ciento. Frente a esta reducción la cuota líquida para los contribuyentes con rentas inferiores a dos millones de pesetas se ha visto minorada en un 40,52 por ciento. La reducción también ha sido mayor que la general para las rentas de trabajo
que se han reducido en un 14,3 por ciento, frente a la media del 13,7 por ciento, con lo que se ha conseguido el objetivo de que el peso de los rendimientos de trabajo disminuya respecto de la totalidad de las rentas declaradas en el IRPF. La
disminución en el tipo medio de retención para los pensionistas también se ha rebajado en un 31,7 por ciento que supera ampliamente la reducción total.
Para señalar otros efectos de la reforma aprobada en el año 1998, debemos destacar, la consecución de una mayor eficiencia y sencillez en el impuesto sobre la renta. En cuanto a la eficiencia, podemos resaltar cómo sólo en el primer año de
aplicación de la reforma la recaudación inducida por la misma en forma de mayor consumo y más empleo ha supuesto una recaudación adicional de 1.583 millones de euros, es decir, 263.000 millones de pesetas. Asimismo, y refiriéndonos a los dos años
transcurridos desde su aprobación, el nuevo impuesto ha contribuido al crecimiento de la economía en torno a 0,5 puntos porcentuales del PIB en cada año, mientras que la creación de empleo inducida se estima en unos 150.000 puestos de trabajo.
Respecto a la sencillez, se ha producido una fuerte reducción en los costes de cumplimiento del impuesto, disminuyendo de forma considerable la presión fiscal indirecta soportada por los contribuyentes. Se ha estimado en una reducción entre
una hora y 25 minutos en el promedio del tiempo dedicado a la cumplimentación de la declaración, lo que en términos de valoración económica del tiempo dedicado ha supuesto una disminución del 37,8 por ciento.
Refiriéndonos ya a la nueva reforma del impuesto sobre la renta a emprender en este año 2002, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2003, lo primero que queremos señalar es que va a seguir por la senda iniciada por la Ley 40/1998, por lo
que la nueva reforma va a girar en torno a cuatro ideas fundamentales. La primera de ellas es reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas a todos los ciudadanos, especialmente a los de menores rentas, siendo ello compatible con la
necesaria estabilidad presupuestaria que tan buenos resultados está permitiendo obtener a la economía española. La segunda es mejorar el tratamiento fiscal de las familias, especialmente de aquellas con cargas familiares. En tercer lugar, mejorará
la fiscalidad de las rentas de trabajo para fomentar la incorporación especialmente de la mujer al mundo laboral. En cuarto lugar avanzará en la sencillez y mejorará la gestión del impuesto sobre la renta.
Como SS.SS. conocen, la Secretaría de Estado de Hacienda creó por medio de una resolución del 28 de enero de este año una comisión para el estudio y la propuesta de medidas para la reforma del IRPF. Esta comisión se creó con el fin de
desarrollar una serie de recomendaciones que pudieran inspirar la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El pasado 3 de abril fue presentado el informe que contiene las propuestas de la comisión, una vez cumplido el
encargo que se le encomendó, es decir, el estudio y análisis de medidas y recomendaciones que, en opinión de los expertos, debía incluirse en la reforma del impuesto sobre la renta. De esta forma el informe se constituye en un instrumento de gran
utilidad para el Gobierno y para el conjunto de la sociedad española para el debate de la reforma y los trabajos y propuestas que en el futuro se puedan realizar en torno al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Los objetivos que se persiguen con la aprobación del nuevo impuesto pueden resumirse en cinco: primero, reducir de nuevo el impuesto sobre la renta a todos los españoles, especialmente a los de menor poder adquisitivo; segundo, apoyar a la
familia y fomentar la natalidad; tercero, mejorar el tratamiento fiscal de las rentas de trabajo y fomentar el empleo; cuarto, conseguir una mayor neutralidad en el tratamiento fiscal del ahorro. y quinto, mejorar la sencillez y la gestión del
impuesto. En cuanto al primer objetivo, reducir los impuestos a todos los españoles, la reforma realizada por la Ley 40/1998 demostró cómo se puede acometer una reducción impositiva sin que por ello se vean reducidos los ingresos públicos. El
incremento de la renta disponible de los ciudadanos y los favorables efectos que de ello se generan sobre el crecimiento de la economía y el empleo permiten que los ingresos públicos no sólo no disminuyan, sino que se incrementen. Sin poder
concretar en este momento las medidas que se llevarán a cabo, sí podemos adelantar que se rebajarán los tipos marginales máximo y mínimo, reduciéndose además el número de tramos y manteniéndose la progresividad del impuesto. La nueva reforma de
este impuesto, asimismo, ha de contemplar una mejora en el tratamiento fiscal para los pensionistas y los discapacitados, así como una mejora en la fiscalidad de las rentas de trabajo y del ahorro a largo plazo.
El segundo gran objetivo, que es apoyar a la familia, es necesario para el sostenimiento del crecimiento de nuestra economía y para la consolidación del bienestar futuro de los españoles. Por ello es necesario que los poderes públicos,
desde cada una de las esferas de su competencia, realicen políticas que ayuden decididamente al aumento de la natalidad en nuestro país, de forma que consigamos eliminar la sombras que el actual escenario demográfico arroja sobre nuestras
perspectivas de crecimiento de la población, sobre la sostenibilidad de las pensiones y sobre el gasto sanitario del futuro. En este sentido, el Gobierno aprobó en noviembre del pasado año un plan integral de apoyo a la familia en el que las
disposiciones de carácter fiscal juegan un papel importante, especialmente en lo relativo al impuesto sobre la renta. De esta forma, la reforma del impuesto sobre la renta va a apoyar decididamente a la familia como auténtico protagonista del nuevo
impuesto. Entre otras cuestiones, se compensará a las rentas familiares en función de las cargas que soporten y se apoyará decididamente el papel de la mujer, especialmente en las cargas relacionadas con la maternidad. Así, van a aumentar en el
IRPF las deducciones que tienen las familias por el cuidado de hijos y de ascendientes, de forma que se ayude a las familias que, por tener hijos pequeños o personas mayores o con discapacidad, necesiten la utilización de guarderías o la asistencia
de personas para colaborar en el cuidado de hijos o de personas mayores. También se van a establecer ayudas fiscales para las madres con hijos menores de tres años (más de un millón de madres en esta situación en nuestro país) y a las familias
numerosas, estableciendo compensaciones adicionales a partir del segundo hijo.
En el apartado dedicado a la familia, también debemos destacar que la nueva reforma va a incluir una cantidad, que va a ser una deducción con derecho a reembolso, de forma mensual o trimestral, en torno a los 100 euros mensuales para las
madres que trabajen fuera del hogar y que tengan hijos menores de tres años, y que será ingresada directamente en la cuenta de las beneficiarias si optan por su reembolso anticipado, incluso en el caso de que no presenten declaración por el IRPF.
Además, todas las madres con hijos menores, trabajen o no fuera del hogar, tendrán una reducción por el cuidado de cada hijo y también se incrementarán las actuales reducciones por hijos, no solamente la del cuidado por hijo de tres años, sino
también las de todos los hijos, siendo éstas compatibles con las dos novedades que les acabo de citar. También debemos destacar el hecho de que por primera vez se van a incluir desgravaciones progresivas a partir del segundo hijo, y no como hasta
ahora, en que únicamente era a partir del tercer hijo cuando se incrementaban las reducciones.
En cuanto al tercer objetivo de la reforma del IRPF, que es mejorar el tratamiento fiscal de las rentas de trabajo, se conseguirá aumentando el importe de las reducciones por rentas de trabajo y pensión, especialmente para las rentas más
bajas, y promoviendo el alquiler de viviendas, estimulando la oferta de inmuebles en alquiler, de forma que se incentive, por un lado, la movilidad geográfica de los trabajadores y, por otro , estimulando la oferta de viviendas en alquiler, de tal
manera que el aumento de oferta provoque una reducción en los precios de los alquileres. En este ámbito, se establecerá para los declarantes del IRPF una nueva deducción sobre el total de ingresos que el propietario tenga por el alquiler de la
vivienda.
Como cuarto gran objetivo figura conseguir una mayor neutralidad en el tratamiento fiscal del ahorro, actuando sobre los rendimientos del capital mobiliario, las ganancias patrimoniales y los sistemas de previsión y ahorro a largo plazo. En
este ámbito, la reforma del IRPF contendrá la posibilidad de cambiar de fondo de inversión sin coste fiscal para el contribuyente.
Por último, y como quinto gran objetivo, se avanzará en la sencillez y en la mejora de la gestión del impuesto. Nuestro objetivo es que la Agencia Tributaria pueda elaborar más de 5 millones de declaraciones de los contribuyentes. Se está
estimando en 5,5 millones de declaraciones las que puede realizar la Agencia Tributaria, mediante borradores de declaración que enviaría a los contribuyentes, de tal manera que el que reciba esta declaración únicamente tendrá que mostrar su
conformidad o bien su disconformidad, presentando la declaración que estime conveniente.
Antes de finalizar el apartado dedicado a la nueva reforma del IRPF, me gustaría destacar la supresión del régimen de transparencia fiscal, tal y como está configurado en la actualidad. De esta forma, se va a crear un régimen especial en el
impuesto sobre sociedades, por el que tributarán exclusivamente las sociedades de cartera y las de mera tenencia de bienes, de modo que se les apliquen los tipos y las normas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, se
pretende hacer una homogeneización entre el sistema fiscal de la tenencia de bienes de forma directa por la personas física o bien a través de sociedades de mera tenencia.
Como conclusión, lo que se pretende, en definitiva, con la nueva reforma del IRPF es avanzar en el diseño de un sistema impositivo moderno y equitativo en España, en línea con los objetivos que se plantean las reformas fiscales de toda
Europa. Las medidas a adoptar aumentarán el dinamismo económico y ensancharán las rentas de las familias, favoreciendo así el bienestar general de la sociedad.
En relación con la financiación territorial, cuatro son las áreas en las que viene trabajando la Secretaría de Estado de Hacienda: la implantación de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas de régimen común; la
aprobación de un nuevo concierto económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco; la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación local; y finalmente la actualización del Convenio económico con la Comunidad Foral de
Navarra. De estas cuatro actuaciones, las dos primeras han concluido ya y, tal y como les informaré a continuación, es en el nuevo régimen de financiación para las comunidades autónomas de régimen común, que ha sido aceptado en el mes de febrero
por todas las comunidades autónomas en las respectivas comisiones mixtas Estado/comunidades autónomas, y el pasado 6 de marzo se produjo la firma del acuerdo entre el Gobierno de la nación, el Gobierno vasco y representantes de las diputaciones
forales, para la aprobación del nuevo concierto económico.
Sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, el 31 de diciembre de 2001 se publicaron en el 'Boletín Oficial del Estado' la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las comunidades autónomas; la Ley 21/2001, por la que se aprueban las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y, por último, la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial; es decir, es un conjunto de tres leyes en las que se incluye el modelo de financiación autonómica.
Con esto culminaba un ambicioso proceso, desarrollado a lo largo de 2001, para
dotar a las comunidades autónomas de régimen común de un sistema de financiación integral, con la inclusión de asistencia sanitaria y de los servicios de asistencia social. Es un sistema estable, con el que se pretende dar continuidad y seguridad a
las comunidades autónomas y facilitar la planificación a largo plazo. También es un sistema que incrementa la corresponsabilidad fiscal, ya que pone a disposición de las comunidades autónomas nuevos mecanismos financieros, así como la ampliación de
los mecanismos ya existentes, produciendo una disminución del peso de las transferencias del Estado. Y, finalmente, es un sistema más participativo, ya que refuerza y amplía la participación de las comunidades autónomas en la Agencia Tributaria y
les da participación en los tribunales económico administrativos de ámbito regional en materia de tributos cedidos.
En cuanto a las ciudades de Ceuta y Melilla, se les incorpora el sistema de financiación a través del fondo de suficiencia, único mecanismo que les puede resultar aplicable, pero se acuerda realizar un análisis sobre el alcance y las
condiciones para la cesión de tributos del Estado a dichas comunidades autónomas, lo cual también requerirá la modificación de los estatutos de autonomía.
En cuanto al Concierto Económico vasco, el acuerdo alcanzado el pasado 6 de marzo con la Comunidad Autónoma del País Vasco y con las diputaciones forales para la aprobación del nuevo Concierto Económico, cuyo proyecto de ley ya ha sido
aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes Generales, supone la consolidación del sistema foral vasco dentro del Estado de las autonomías y a la vez instaura un Estado autonómico estable en el tiempo. Este acuerdo estabiliza las relaciones
financieras y tributarias entre la Hacienda estatal y las haciendas forales, mejorando el marco económico en el que se mueven las empresas y los ciudadanos del País Vasco. En este sentido, quiero resaltar una de las novedades de mayor trascendencia
del Concierto Económico, como es su carácter indefinido. La Ley del Concierto la fuerza jurídica a la capacidad tributaria de los territorios históricos para mantener, establecer y regular el régimen tributario de cada Diputación Foral y regular
las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco. Con esta nueva ley se determinan los puntos de conexión que permiten conocer cuándo se entiende producido el rendimiento de un impuesto en el ámbito de un territorio histórico y la
normativa común o foral por la que se debe regir este pago. De este modo, el Concierto contribuye a vertebrar la participación del País Vasco en el Estado de las autonomías y la integración económica y a potenciar el desarrollo del País Vasco. Por
primera vez en la historia foral del País Vasco el Concierto se establece como una institución permanente, sin plazos de renovación; es la primera vez en la historia que esto sucede y ello es precisamente la expresión estable de la foralidad en el
marco jurídico y constitucional español.
Hay una serie de medidas o novedades del Concierto que van a dotar de una mayor capacidad fiscal a las diputaciones forales, y además de estas novedades querría resaltar que
va a haber una mayor comunicación entre la Hacienda estatal y las haciendas forales con el fin de resolver las diferencias de criterio que pudieran surgir previamente a los tribunales. En definitiva, el acuerdo alcanzado para la renovación
del Concierto vasco fortalece la foralidad del País Vasco, establece un marco de desarrollo de las relaciones económicas dentro de esa comunidad y culmina la estabilidad del Estado de las autonomías.
En cuanto a la financiación local, como saben SS.SS. se han iniciado las negociaciones con los representantes de las administraciones locales para acordar la reforma de su financiación. La Secretaría de Estado de Hacienda consideró
conveniente consultar el parecer de expertos en financiación local sobre las líneas maestras que pudieran facilitar el diseño del nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales resolviendo por resolución de 11 de julio de 2001 la creación
de la Comisión para el estudio y propuestas de medidas para la reforma de la financiación de las haciendas locales. Esa comisión ha iniciado sus trabajos y deberá rendir en el próximo trimestre un informe definitivo a la Secretaría de Estado de
Hacienda en el que se analicen todas las cuestiones que componen el modelo de financiación local y se ofrezcan las soluciones que se consideren más convenientes para resolver los problemas detectados en el mismo. En cuanto al convenio con Navarra,
ya se han mantenido diversos contactos por esta Secretaría de Estado de Hacienda con la Diputación Foral de Navarra con el fin de actualizar el Convenio económico entre el Estado y dicha comunidad foral, y está previsto que en próximas fechas se
puedan celebrar las primeras reuniones técnicas entre ambas administraciones para analizar el texto del convenio y sus posibles modificaciones.
Respecto a las actuaciones de la presidencia española en la Unión Europea en el ámbito fiscal, me voy a referir a las de la Secretaría de Estado de Hacienda con motivo de dicha presidencia española. Así, en el ámbito de la fiscalidad
directa la principal prioridad es hacer posible la aprobación del paquete fiscal antes de que finalice este año. El paquete fiscal tiene una propuesta de directiva sobre la fiscalidad del ahorro y otra propuesta de directiva sobre pagos de
intereses y cánones entre empresas asociadas. La propuesta de directiva de fiscalidad del ahorro prevé un sistema de intercambio automático de información entre los Estados miembros que es fundamental para asegurar el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y evitar posibles situaciones de fraude. Asimismo quisiera informar de los trabajos desarrollados por la presidencia española en materia fiscal durante este año. Por un lado, se ha aprobado el
formato de intercambio de información respecto de estos intereses; una vez aprobado el formato falta la aprobación de la directiva en la cual el mismo se incluirá, pero el formato técnico ya está aprobado y se ha hecho bajo nuestra presidencia.
Por otro, se están desarrollando las negociaciones con terceros países (Estados Unidos, Suiza, Andorra, Liechtenstein, San Marino y Mónaco) para que adopten las mismas medidas o al menos equivalentes a las previstas en la directiva del ahorro.
En cuanto a la fiscalidad indirecta, se ha aprobado en el ECOFIN el pasado 12 de febrero, bajo presidencia española, el nuevo régimen del IVA aplicable al comercio electrónico, de tal manera que con las nuevas reglas se supera la desventaja
competitiva que soportan los prestadores comunitarios de este tipo de servicios, ya que actualmente están obligados a repercutir el impuesto a los clientes no comunitarios mientras que sus competidores no comunitarios no están obligados a repercutir
el impuesto a sus clientes establecidos o residentes en la Comunidad. También en materia de IVA la presidencia española va a impulsar la propuesta de directiva sobre agencias de viaje que la Comisión ha presentado recientemente. Esta propuesta
beneficia a países como España, que son destino turístico, dado que establece la tributación del IVA en el país donde se presten y se consuman los servicios de alojamiento y restauración. En lo referente a los impuestos especiales, la presidencia
española está promoviendo el debate para la armonización de la imposición energética en la Unión Europea de forma paralela a la creación de un verdadero mercado europeo de la energía a través del impulso del paquete energético y de la mayor
interconexión entre los países miembros de la misma.
Otra prioridad de la presidencia española de la Unión Europea durante este semestre es la mejora del régimen existente de asistencia mutua y cooperación entre los Estados miembros, respecto a lo que debemos señalar lo siguiente. En el
ámbito de la fiscalidad directa se está progresando en el intercambio de información en materia de ahorro y próximamente se va a iniciar el desarrollo del formato técnico para el intercambio de información en materia de pensiones para los
pensionistas nacionales de un país que residan en otro. En materia de fiscalidad indirecta también se está trabajando intensamente en la propuesta de reglamento sobre cooperación administrativa en materia de IVA.
Por fin, tras haber ofrecido la visión sobre los cometidos y objetivos de esta Secretaría de Estado durante el periodo en que España está ejerciendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, únicamente me queda referirme, para
terminar, a una serie de actos que está previsto organizar en los próximos dos meses.
En primer lugar, un seminario sobre la aduana electrónica, que tendrá lugar en Toledo a mediados de mayo, en el que se comprobará el liderazgo de España dentro de la Unión Europea en la utilización de las nuevas tecnologías. Asimismo, a
mediados de mayo se celebrará en Granada el primer congreso sobre el catastro de la Unión Europea. Y un tercer evento va a consistir en organizar un encuentro entre las escuelas de
formación de los ministerios de Hacienda de los Estados miembros, esto es, los equivalentes al Instituto de Estudios Fiscales en nuestro país. En definitiva, buscamos institucionalizar el intercambio de experiencias entre los países de la
Unión Europea en materia fiscal y de gestión de impuestos.
Con esto termino mi intervención, agradeciendo a SS.SS. la oportunidad que me han brindado para comparecer hoy aquí ante todos ustedes y, como no puede ser de otra manera, me pongo a su plena disposición para hacerles cualquier aclaración o
para contestarles a cualquier cuestión adicional que deseen plantearme con motivo y ocasión de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el señor Bel, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BEL I QUERALT: Señor secretario de Estado, quiero aprovechar para darle especialmente la bienvenida a esta Comisión, ya que quizá sea esta una de las últimas ocasiones que tengamos para darle la bienvenida a la misma en su
condición de secretario de Estado de Hacienda si las informaciones de algunos medios de comunicación que tienen la reputación de estar bien informados son ciertas. En sustancia, todo indica que en la época en que usted estuvo prestando, primero de
forma indirecta y luego de forma directa, sus servicios de asesoría jurídica al Banco Bilbao Vizcaya, dicho banco creó un banco paralelo con cuentas en paraísos fiscales. Las informaciones indican que posiblemente usted va a tener alguna presencia
en la instrucción declarada secreta en la Audiencia Nacional, lo que ha llevado a algunos de los ministros del área económica a ser poco afectuosos o contundentes en sus muestras de apoyo en la situación que está usted viviendo en este momento.
Usted ha mencionado varias cosas en su intervención. Esta comparecencia no ha sido solicitada expresamente por ningún grupo, sino que tiene carácter cuatrimestral y quizá durante estos últimos días usted haya lamentado que la oportunidad
temporal haya hecho que se fijase para hoy la celebración de la misma. Usted ha realizado un verdadero y completo informe de gestión, propio de los de final de mandato en cualquier tipo de organización, informe del que, por lo que a los estrictos
datos tributarios se refiere, nos gustaría haber dispuesto antes, ya que fue en un oficio de ayer, día 9, cuando el presidente de la Mesa distribuyó a los parlamentarios el documento que la Administración tributaria ha remitido. Esto no impide que
lo trabajemos, pero nos obliga a hacerlo más rápidamente y a centrarnos mucho en ello. No sé si enviar con retraso un informe para que tengamos poco tiempo es una táctica habitual, porque ustedes han tardado en cerrarlo al tener que ocuparse de las
últimas cosas que han salido a la luz. Supongo que es algo que le va a seguir pasando durante el tiempo que permanezca en la Secretaría de Estado, esto es, que lo urgente le va a restar cada vez más tiempo de lo importante.
En cuanto al informe que usted nos ha presentado, en términos generales respecto a la evolución de los ingresos tributarios gestionados por la Agencia Estatal, lo que uno constata es que el crecimiento de ingresos respecto al año 2000 ha
sido equivalente aproximadamente a un aumento nominal del PIB -es la primera vez que esto sucede en España en los últimos años-, pero la contribución de los diferentes tipos de ingreso a la evolución de la recaudación es muy diferente. Usted ha
dicho bien -son los datos- que los ingresos en retenciones por IRPF han sido los que han tenido un crecimiento más alto, un 7 por ciento respecto a la previsión presupuestaria y un 13,5 por ciento respecto a la recaudación, y ha dado algunas
justificaciones en relación con ello, pero ha olvidado la principal. Creo que la principal justificación como elemento único, central, en peso cuantitativo, que explica el crecimiento de la recaudación es la ausencia de deflactación del IRPF con
respecto al IPC, es decir, el aumento de la presión fiscal en frío, consecuencia de la no actualización de los mínimos vitales y otras deducciones personales con el IPC y asimismo de la no actualización de la tarifa con el IPC. Nos gustaría saber
si ustedes han evaluado qué parte del incremento de la recaudación responde al aumento de la presión fiscal en frío.
Voy a exponer unas notas breves en relación con este impuesto. En los datos que ustedes están emitiendo respecto a la reforma fiscal que se está aplicando ahora se señala que el ahorro medio que ha tenido el 10 por ciento de los
contribuyentes que tienen menos ingresos ha sido inferior a 15 euros; en cambio, el ahorro medio que ha tenido el 10 por ciento de los contribuyentes que tienen ingresos mayores ha sido de miles de euros. Además, el ahorro va bajando por el
aumento de la presión fiscal en frío. En suma, el 10 por ciento de los contribuyentes con mayores rentas han acumulado un 35 por ciento de la reducción de cuota.
Si usted llama a eso progresividad y nosotros regresividad, entonces es que tenemos
conceptos diferentes de lo que es la progresividad y la regresividad y por tanto conceptos diferentes de lo que supone la equidad en un sistema fiscal. Otros artículos realizados no ya con los datos de la Agencia, sino con muestras del panel de
1994, publicados recientemente en revistas como Hacienda Pública Española o Papeles de Economía Española por reputados investigadores, van en la misma línea. Yo creo que la descomposición del ingreso del IRPF del año en curso arroja algo de luz
sobre esto, porque las retenciones por rendimientos del trabajo han aumentado un 14 por ciento, usted ha dicho que las retenciones han aumentado en rendimientos del capital. Y que las retenciones de los fondos de inversión han bajado, pero esto
podemos sumarlo, porque al final son rendimientos del capital y si sumamos los rendimientos del capital y las
retenciones de los fondos de inversión, nos daremos cuenta de que ha habido una reducción cuantitativa en ese ingreso, de forma que en términos nominales el ingreso se reduce en un 1 por ciento respecto a 2000 en rendimientos por capital
acumulados, incluyendo los fondos de inversión -por supuesto, en términos reales la reducción es mucho mayor-, con lo cual lo que ustedes han conseguido en el año 2001 ha sido aumentar mucho las retenciones por rendimientos del trabajo y actividades
profesionales, en gran parte por el aumento de la presión fiscal en frío, y obtener una reducción de más del 1 por ciento en las retenciones por rendimientos de capital agregados. Lo que supone un desequilibrio mayor en contra de los rendimientos
del trabajo y a favor de los rendimientos del capital en nuestro sistema fiscal. Me gustaría saber qué opina al respecto.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, su crecimiento ha sido inferior a lo previsto en el presupuesto y además ha supuesto un estancamiento práctico en términos nominales, es decir, una reducción en términos reales respecto al año 2000.
La CER parece no funcionar mucho, ya que las medidas que ustedes van introduciendo -ya introdujeron alguna medida de reducción de tributos- parecen no generar un aumento de recaudación. Me pregunto si ustedes han evaluado ya, a la vista de la
liquidación de 2001, cuáles pueden ser los efectos de las medidas que ustedes tomaron en el año 2000 en la Ley de acompañamiento del 2001 para el 2002, medidas que en general no se aplicaban a las pequeñas empresas, como por ejemplo la reducción del
tipo de sociedades en el primer nivel de beneficios, que no era nueva para las pequeñas empresas. Me pregunto también si han evaluado en particular el efecto de algunos cambios, como por ejemplo el diferimiento en la tributación de plusvalías de
empresas que enajenaran activos como consecuencia de decretos en materia de competencia, diferimiento que se estableció con carácter retroactivo y que nos ha hecho conocer que algunas grandes empresas, como por ejemplo Repsol, han conseguido un
cambio fiscal importante; empresa de la que, por cierto usted también fue asesor fiscal.
En materia de impuestos indirectos, podemos destacar que el único que tiene una evolución realmente fuerte es el impuesto sobre primas de seguros. ¡Qué paradoja! Un impuesto que fue introducido en el año 1997, durante el período de Gobierno
del Partido Popular, y que fue aumentado en 1998. Esto es un aumento de la presión fiscal. Introducir un impuesto y aumentarlo implica un aumento de la presión fiscal. Es el único impuesto indirecto que crece por encima de la recaudación del año
2000 en términos nominales y en términos reales y además cumple las previsiones presupuestarias. En cambio, otros impuestos indirectos, como el IVA y especiales, presentan una recaudación inferior al presupuesto y un aumento de recaudación inferior
al incremento nominal del PIB. Me pregunto si esta evolución negativa de impuestos como el IVA y los especiales es lo que les aconsejó llevar a la Ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos aumentos del IVA en algunos productos, aunque no
vinieran estrictamente obligados por sentencias de ámbito europeo, o aumentos de impuestos especiales. Me pregunto si este fue el motivo que les impulsó a este aumento de impuestos indirectos.
Por último, todavía en este capítulo de ingresos, en otras tasas destaca el hecho de que la recaudación es sólo el 60 por ciento del presupuesto.
Me gustaría saber si esa recaudación, que es por tanto un 40 por ciento inferior a la
previsión presupuestaria, responde en todo o en qué parte a la no recepción de ingresos por tasas por uso de espacio radioeléctrico de las grandes compañías que obtuvieron licencias de UMTS.
Respecto a gestión tributaria, usted fue recibido con hondo desagrado por muchos profesionales de la Agencia Tributaria, por varios motivos: porque muchos de ellos le veían en la trinchera de enfrente y porque usted, en su práctica
profesional privada, había recusado en algunos casos a inspectores de la Agencia Tributaria. Yo no le voy a plantear hoy demasiadas cuestiones sobre el futuro en materia de gestión tributaria porque, dadas las circunstancias, no tendría demasiado
sentido, pero sí quiero plantearle una cuestión, que es si usted ya ha tomado medidas para conocer y evaluar si existen otros casos similares al del BBVA.
Usted comprenderá que no entremos hoy a fondo en materias de reforma legislativa. Usted no ha aportado hoy nada nuevo sobre cuestiones que se han discutido en esta Cámara. Además ha dicho explícitamente, por ejemplo, respecto a la reforma
del IRPF, que no tenía detalles nuevos que aportar. Tendremos que esperar. Lo venimos discutiendo desde hace un tiempo en esta Cámara, lo seguiremos discutiendo, por supuesto, y me temo que tendremos que esperar a interlocutores más estables en el
puesto de lo que todo parece indicar que lo va a ser usted. El ministro señor Montoro ha tenido realmente mala suerte. La ha tenido porque tuvo un secretario de Hacienda que estuvo en la elaboración y en la negociación de proyectos de ley
importantes, como los que cambiaban la financiación autonómica, cuya tramitación no acabó, y parece que va a continuar la mala suerte porque ha tenido un nuevo secretario de Hacienda -uno por año casi- que ha participado en la elaboración y
discusión de algunos proyectos de ley importantes y sobre el que existen muchísimas dudas de que vaya a estar en el cargo hasta el final de su tramitación. Es lógico.
Muchos contribuyentes españoles pueden sentir hoy una cierta desazón y
experimentar una cierta falta de confianza en la Secretaría de Estado de Hacienda y en la contundencia de la dirección política -que no de los profesionales, por supuesto- de la Agencia Tributaria en materia de persecución de fraude o en materia de
control y vigilancia de prácticas como las que estos días llenan las páginas de los medios de comunicación.
Hay mucha gente que se pregunta,
señor Rodríguez-Ponga -yo estoy dispuesto a creerme su versión-, si en el ejercicio de sus responsabilidades como asesor fiscal tuvo usted conocimiento de estas prácticas y, en caso contrario, si no era así, para qué le pagaban.
Yo creo sinceramente que usted debe contemplar la eventualidad de una renuncia, que yo no le voy a pedir hoy, pero creo que debe contemplar la eventualidad de una renuncia porque, insisto, sus superiores en el Gobierno han sido muy poco
expresivos en declaraciones de apoyo hacia usted. Si usted renunciara pronto, todos creeríamos que ha sido una renuncia; si dentro de poco tiempo sobreviene un cese, aunque se nos presente como renuncia, tendremos que creer que ha sido un cese.
Probablemente hoy señor Rodríguez-Ponga, los medios de comunicación y los españoles en su conjunto tienen más urgencia en conocer este tipo de cuestiones y, por tanto, la estabilidad que esto pueda proyectar sobre el funcionamiento de la Secretaría
de Estado y sobre el Ministerio de Hacienda que el detalle de cuestiones que usted nos ha planteado en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda así como las informaciones que nos ha dado y las que nos ha
remitido a los diputados respecto a recaudación tributaria a lo largo del ejercicio 2001, así como los datos que hacen referencia a las diferentes comparaciones entre lo presupuestado y lo recaudado y a las diferencias e incrementos de recaudación
en lo relativo al ejercicio del año 2000.
Del análisis rápido y detallado de la información así como de sus manifestaciones, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en cuanto a la recaudación tributaria del año 2001 es la de que es una recaudación satisfactoria
que básicamente obedece a la aplicación de una buena política económica que ha dado los resultados que están perfectamente plasmados en dicho informe. En los últimos años se ha profundizado en una racionalización del gasto público, se han aplicado
diferentes reformas estructurales tanto en el campo de la competencia como en el campo fiscal, se ha dado un impulso importantísimo a la economía productiva y también se han activado una serie de mecanismos para la generación de empleo, y al final
los resultados son los que estamos analizando hoy en esta comparecencia. Hay un incremento de los ingresos del año 2000 respecto a la recaudación del año 2001 de un 6,4 por ciento; también es cierto que si analizamos con detalle lo presupuestado y
lo recaudado, hay diferencias y desviaciones notables, pero finalmente el incremento de recaudación del año 2001 respecto al año 2000 es del 6,4 por ciento. No llega al incremento que estaba presupuestado, pero nosotros lo valoramos positivamente.
(El señor vicepresidente, Eguiagaray Ucelay, ocupa la presidencia).
Es cierto que en algunos aspectos ha fallado la recaudación y el incremento de diferentes actividades económicas, lo que ha supuesto que, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades no se llegara a la recaudación que estaba prevista
inicialmente, y también es cierto y evidente que en algunos impuestos, como el del valor añadido y en los impuestos especiales, tampoco se han conseguido los objetivos inicialmente prefijados. Pero también es cierto que la situación económica en la
Unión Europea no ha sido todo lo boyante que habían previsto inicialmente los diferentes organismos, aunque, a continuación hay que decir que España ha resistido a esta cierta desaceleración de la economía europea con unos crecimientos bastante
positivos que han hecho que finalmente se pudiera conseguir el déficit cero en el año 2001 así como los incrementos de recaudación que están perfectamente especificados en el trabajo y en las manifestaciones y aportaciones del secretario de Estado.
También es cierto que dicha situación económica se ha producido en parte por una buena política legislativa tributaria, que el secretario de Estado en sus manifestaciones ha detallado, y nosotros estamos completamente de acuerdo en este aspecto.
También cabe mencionar que algunas de las modificaciones fiscales y algunas reformas estructurales se han producido a instancias del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). También es cierto que con las nuevas reformas
legislativas y fiscales que el secretario de Estado nos ha anunciado, como podían ser la ley de mecenazgo, la implementación de la ley general tributaria y la modificación del futuro impuesto sobre la renta de las personas físicas, seguramente vamos
a modernizar nuestro sistema fiscal y legislativo a fin de adecuarlo a las legislaciones fiscales de los demás países de la Unión Europea, a fin y efecto de poder conseguir unas bonificaciones y unas reducciones importantes en las futuras
modificaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Eso es lo que vamos a defender cuando estos proyectos de ley se tramiten en sede parlamentaria, a través de nuestras enmiendas, que esperamos que tengan una buena acogida por parte
del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, con el objetivo de que los beneficios reviertan en las rentas medias y bajas, y básicamente en las familias, cuestión ésta que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, así como que continúen
impulsando la generación de empleo para conseguir una disminución del paro en España.
En las manifestaciones y aclaraciones del secretario de Estado respecto a la futura modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas hay un aspecto que no ha comentado y que tampoco está en el informe Lagares que ha remitido
el Ministerio de Hacienda. En
algunos medios de comunicación se indica que hay algún aspecto que no se abordó en la última reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como era la posibilidad de abordar una rebaja significativa, acorde con la que se ha
hecho con los tipos máximos y mínimos de dicho impuesto, respecto al límite conjunto de renta y patrimonio. Desde Convergència i Unió lo hemos repetido en diferentes ocasiones y hemos venido manifestando que no era lógico que se rebajaran los tipos
máximos y mínimos de la renta de las personas físicas y se mantuviera intacto el 70 por ciento del límite conjunto de renta y patrimonio. Entendemos que, dada la proximidad de la segunda reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
en la cual ya se ha anunciado una rebaja significativa de los tipos máximos y mínimos, convendría abordar en profundidad y con seriedad una reforma del límite máximo de renta y patrimonio, puesto que, a nuestro entender, mantener el 70 por ciento es
mantener un porcentaje confiscatorio, y pensamos que si hay una rebaja sustantiva de los tipos máximos y mínimos, también se tendría que abordar con valentía una rebaja proporcionalmente adecuada a las rebajas que ya se experimentaron en el año 1999
y que se van a experimentar en el año 2002.
Respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, querríamos hacer una aportación que va en la misma dirección que ha apuntado el informe Lagares, en el sentido de que nuestro grupo considera necesario intensificar todos los esfuerzos
de control e inspección en aquellas fuentes de renta y grupos sociales que tienen mayores posibilidades de evasión por la vía de la deslocalización. Asimismo consideramos que la Agencia Tributaria debería lograr una integración completa de la
información disponible. También es cierto que en esta dirección mi grupo parlamentario ha hecho diferentes manifestaciones en el sentido de que sería necesario que, junto a los objetivos cuantitativos de deuda liquidada o delitos fiscales
denunciados, fuéramos implementando todas las medidas de calidad en el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Respecto a los nuevos mecanismos que se van a poner en marcha para la nueva recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 2002, usted ha manifestado -y lo hemos podido comprobar en el informe que ustedes nos han
remitido- que la declaración a través de internet va a incrementar el número de declaraciones de los ciudadanos españoles que van a ir a través de este mecanismo telemático o informático. Nosotros pensamos que esto va a liberar recursos humanos que
hasta la fecha están orientados a la gestión, recaudación y orientación de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y yo le pregunto por ello cómo piensa usted que se podrían liberar recursos humanos por la vía de internet, y de las nuevas
telecomunicaciones y de la aplicación de las nuevas tecnologías en telemática, a fin y efecto de poder incorporar estos recursos humanos que van a quedar liberados para dedicarlos a la detección de nuevas bolsas de fraude fiscal, como antes
anteriormente le he comentado, mediante deslocalización de las diferentes rentas, tal como muy bien explicitaba el informe Lagares.
Respecto a las modificaciones legislativas que se van a producir a lo largo de esta legislatura, usted nos ha comentado la ley de mecenazgo, con cuyas líneas generales estamos de acuerdo. Estamos esperando que esta ley entre en el
Parlamento para poder orientar todas aquellas modificaciones fiscales que vayan en la dirección de impulsar las inversiones en actividades de entidades sin ánimo de lucro, a fin y efecto de poder conseguir bonificaciones fiscales importantes para
lograr la complicidad de la sociedad civil en una cuestión tan importante como podría ser la futura ley de mecenazgo.
Asimismo vamos a esperar atentamente las modificaciones de la nueva Ley General Tributaria. Pensamos que uno de los objetivos fundamentales va a ser el de modernizar las relaciones entre la Administración y el administrado, así como también
simplificarlas al máximo, para que al final se produzca una mayor recaudación y una mayor sensibilidad en la liquidación de los diferentes tributos.
Respecto a las nuevas leyes que van a afectar a las financiaciones territoriales, usted ha dado una breve explicación respecto a las claves más importantes en la nueva modificación que va a regir el sistema financiero de las haciendas
locales. Partiendo de la base de que este grupo parlamentario, como el resto de los grupos parlamentarios, está de acuerdo en que se suprima el impuesto sobre actividades económicas para el próximo ejercicio, a fin y efecto de que no se puedan ver
lesionados los intereses de las haciendas y las corporaciones locales, nos gustaría saber cuáles serían los inputs fundamentales y los aspectos principales de esta nueva ley de financiación de haciendas locales.
Pasando ya a otro aspecto significativo de esta comparecencia, aunque no sea quizás el objetivo de la misma, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha tenido noticia, como todos los españoles, de que algunos medios de
comunicación anuncian que quizás se podría producir una dimisión en la Secretaría de Estado, y yo le voy a decir lo que piensa al respecto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nosotros esperamos y deseamos que no se produzca una
segunda dimisión en la Secretaría de Estado de Hacienda, en primer lugar, atendiendo a la persona, lógicamente, por el bien de usted; pero también pienso que el Ministerio de Hacienda no se puede permitir el lujo de una segunda dimisión en este
departamento. Por tanto, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es que cree en las personas, en sus manifestaciones, manifestaciones que usted no ha hecho porque no ha tenido tiempo de contestar a las preguntas que le ha
formulado el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista. En este caso, a nuestro grupo parlamentario le gustaría preguntarle (aprovechando que usted ha comparecido en la Comisión por la vía ordinaria, aprovechando también todo este caudal de noticias que venimos
recibiendo en estos últimos días y dado que nosotros no queremos que se produzca una segunda dimisión en la Secretaría de Estado de Hacienda) si efectivamente cuando usted desempeñaba el cargo de asesor fiscal del BBVA tuvo conocimiento de dichas
cuentas secretas en los paraísos fiscales y, lógicamente, en función de la respuesta que usted nos dé, continuaremos preguntando. De entrada, le puedo decir que nuestro grupo parlamentario parte de la base de creer en las personas y no le parece
positivo en ningún momento que se produjera una segunda dimisión al frente de esta Secretaría de Estado. También pensamos que como todas las personas -usted, yo mismo y el resto de los diputados- tenemos en mente lo que pasó hace pocos meses,
tendrá un valor muy importante la contestación que pueda darnos usted a esta pregunta desde la perspectiva política y personal.
Excediéndome quizás en el uso de la palabra que ha concedido la presidencia, querríamos también desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió fijar nuestra posición respecto al asunto del BBVA.
La posición de nuestro grupo respecto a
las cuentas del BBVA -cuestión que puede afectar presuntamente a los antiguos responsables de dicho banco, del BBV- es que el asunto se oriente justamente por la vía judicial, sin que en ningún momento puedan existir interferencias políticas.
Afortunadamente, en la situación actual ya está en marcha la vía judicial, en base al auto judicial dictado ayer mismo por el juez Garzón reclamando dicho expediente al Banco de España y asumiendo también la investigación de dicha situación.
Nosotros siempre hemos pensado que hay que evitar la politización de los asuntos que están en vía judicial pues, aparte de interferir en todos los trabajos y planteamientos judiciales, introduciríamos un gran componente de desestabilización y de
deterioro de la imagen del banco que perjudicaría seriamente a sus accionistas, a sus trabajadores y a su credibilidad, dado que hoy realmente las primeras víctimas económicas reales son los accionistas. No podemos olvidar en ningún momento que la
pérdida de valor de la cotización de las acciones de dicho banco oscila en torno a los 2.000 millones de euros y en esta pérdida de valor las víctimas económicas únicamente han sido los accionistas. Por tanto, creemos que es fundamental evitar que
los accionistas y los trabajadores sean las víctimas. Por ello pensamos que la vía judicial iniciada desde ayer es la positiva y la adecuada para un caso de esta envergadura. Es necesario ayudar a recuperar la imagen del segundo grupo financiero
español, ya que dicha situación que todas SS.SS. conocen perfectamente no ha afectado ni a su solvencia ni a la tesorería de dicho banco. Por tanto, creemos que hay que pensar en estos momentos en los accionistas, que son miles, y en sus
trabajadores para que sigan confiando en el banco.
Dicho esto, también desde Convergència i Unió creemos que es necesario que en sede parlamentaria comparezcan los ministros correspondientes del área económica, así como también el gobernador del Banco de España, para aportar todas aquellas
informaciones que sean necesarias para fijar las posiciones parlamentarias y para dar luz a todo este desagradable asunto.
Esta es la posición que tenemos en nuestro grupo parlamentario y de ahí las manifestaciones de este diputado.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Antes que nada quisiera agradecer al señor Rodríguez-Ponga su presencia hoy aquí y las explicaciones que nos ha dado porque además, dadas las coincidencias, entendemos que es difícil para él comparecer hoy. Las
informaciones de prensa que han aparecido hoy mismo le tienen que desanimar, en parte.
Quisiera referirme a una serie de cuestiones que él nos ha comentado. En relación al análisis de la situación económica que ha realizado el señor Rodríguez-Ponga (la situación de bonanza económica que nos ha permitido acortar las
diferencias con Europa, que nos ha permitido aumentar la recaudación a pesar de una política de rebajas tributarias), quisiera comentarle varias cosas; una, es que hay un discurso -que la situación económica se lo pone más o menos fácil- circular
que realiza habitualmente el Partido Popular en el que todo le cuadra. Le cuadra la creación de empleo con el crecimiento económico, con el aumento de la recaudación y con el déficit cero, y parece que, siguiendo con la misma política de rebajas
impositivas, vamos a continuar de la misma manera y vamos a vivir en un país casi idílico. Ahí tengo mis reservas, porque hay cosas que se han apuntado también en esta Comisión, pero que hay que decir claramente.
El aumento de los ingresos tributarios del 6,4 por ciento en el año 2001, que usted ha comentado, antes, se fundamenta en gran medida en el aumento de las retenciones del trabajo personal; es decir, las rentas de trabajo contribuyen cada
vez más al conjunto de la recaudación a pesar de que yo le he entendido antes que las rentas de trabajo han perdido peso. No sé exactamente qué es lo que quería decir. Puede haber ahí una cierta contradicción pero, de hecho, las retenciones de
trabajo han aumentado considerablemente y esto es lo que está permitiendo que la recaudación en general tenga un comportamiento positivo. También en el discurso habitual del Partido Popular -no digo exclusivamente suyo en este caso- nos vienen a
decir que el déficit cero se está consiguiendo por el esfuerzo que se
está realizando en materia de control de gasto público. Esto nos lo tendrían que explicar; aparte de que quede más o menos bien en un discurso, habría que ver en qué gastos públicos se están realizando esfuerzos y en qué sentido van, no
sea que lo que esté ocurriendo es que se estén demorando inversiones y aplazando decisiones en materia de gasto público que tengan implicaciones importantes tanto para el funcionamiento económico como para los ciudadanos. Por tanto, me gustaría que
hiciera algún tipo de comentarios en este sentido.
Como sabe, el Grupo Parlamentario Vasco ha venido defendiendo cierta flexibilidad de comportamiento en relación con la estabilidad presupuestaria. El Gobierno ha aprobado unas leyes de estabilidad presupuestaria con las que pretende
eliminar por ley la existencia propia del déficit público. Como usted bien sabe, nosotros hemos criticado eso porque entendemos que no tiene ningún sentido económico y que puede ser una cortapisa para llevar adelante políticas absolutamente
necesarias de cara a mejorar las prestaciones, las infraestructuras, etcétera, en definitiva, para garantizar la competitividad futura de la economía.
En relación con el fraude fiscal, quisiera hacerle una serie de comentarios. Es curioso que ni el responsable de la Agencia Tributaria ni usted hayan hecho una referencia, como la que yo entiendo que se debe hacer, en relación al fraude
fiscal. Aquí se habla muy poco de fraude fiscal cuando vienen los responsables de la Hacienda pública y creo que es un tema que habría que abordar en profundidad. Nos debería explicar cuál es la información que tiene usted en relación con este
asunto, dónde están las bolsas de fraude fiscal, cuál es la valoración aproximada que hace de su importe y cuáles son las actuaciones que tiene pensado el ministerio o su Secretaría de Estado en este sentido. Antes ha comentado que los funcionarios
hacen un esfuerzo importante en materia de recaudación tributaria y que esto quiere decir que el fraude disminuye.
Creo que vincular el aumento de la recaudación a la disminución de fraude directamente, salvo que haya alguna explicación adicional,
me parece un tanto difícil de comprender. No es sólo la actuación de los funcionarios la que debe perseguir una lucha contra el fraude, creo que la actuación política consciente y la voluntad política del Partido Popular es la que debe tener un
plan concreto de lucha contra el fraude y eso es lo que nos debe explicar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No simplemente porque la recaudación vaya bien y no haya problemas nos vamos a olvidar del fraude y tan sólo si nos hicieran
falta recursos adicionales acudiríamos a él, sino que el fraude es algo perjudicial, rechazable y negativo en todo caso. Por eso, sea en una coyuntura favorable, sea en una coyuntura negativa, el Partido Popular tendría que tener un plan de
actuación concreto, que me gustaría que nos explicara en el caso de que lo tenga.
También nos ha explicado las reformas fiscales que el Partido Popular piensa abordar, fundamentalmente en materia de IRPF. A lo largo de estos días hemos ido conociendo las conclusiones principales del informe Lagares y cuál va a ser la
orientación de la reforma del IRPF que va a llevar a cabo el Partido Popular. Si es posible -no sé si lo han enviado, antes le he entendido al señor Sánchez i Llibre que teníamos el informe-, me interesaría tener el informe Lagares para estudiarlo
con cierto detenimiento.
Cuando ustedes hablan de reforma siempre dicen que la reducción de impuestos nos va a llevar a un aumento de la recaudación en un modelo que es curioso, puesto que es un modelo en el que cuando el tipo impositivo tiende a cero la recaudación
tiende a infinito. Algunas limitaciones tiene que tener esto. No podemos seguir con el discurso de que las rebajas impositivas van a hacer aflorar el fraude, nos va a ampliar las bases y que esto va a aumentar la recaudación. No podemos seguir en
ese discurso casi feliz que, como le decía antes, elabora el Partido Popular pero que tiene enormes riesgos. Supongo que en el informa Lagares ustedes mismos habrán evaluado cuánto supone la pérdida de recaudación por variar, por ejemplo, los tipos
del 48 por ciento al 46 -no sé si es eso exactamente lo que están planteando- o del 18 por ciento al 15. No digo que me parezca mal que se realice una rebaja impositiva del 18 al 15 por ciento. Ahora bien, el impacto en la recaudación en esos
tramos de renta puede ser realmente importante, lo que unido a la obsesión por el déficit cero y no poder aumentar el gasto público puede ser una restricción importante en materia de actuación pública, de servicios públicos, de infraestructuras,
etcétera, que es lo que a nuestro grupo nos preocupa en realidad.
También se ha referido al acuerdo de concierto económico, que tanto ha costado alcanzar a los negociadores. Personalmente, tengo que decir que nuestro grupo está bastante satisfecho con el acuerdo del concierto económico. Eso es innegable
y, además, hay que agradecer los esfuerzos que han hecho las partes por llegar a un acuerdo. Es importante que sea un concierto económico indefinido, aunque creo que no es la primera vez en la historia. Ha habido otros conciertos indefinidos
aunque, efectivamente, se hayan renegociado o truncado por otro tipo de motivos, al igual que este habrá que revisarlo, modificarlo y actualizarlo en la medida en que los acontecimientos y la situación así lo requiera. En cualquier caso, no es malo
tener un concierto indefinido en este sentido, puesto que para modificarlo hará falta la voluntad de ambas partes y es importante que esto sea así.
Usted ha destacado una cuestión del concierto económico que a mí también me parece realmente importante, que es la coordinación y el intercambio de información previa a la adopción de medidas legislativas en materia tributaria. La
información y la colaboración
que debe haber entre las haciendas forales y la Hacienda del Estado. Esto, que, como creo, ya estaba contemplado en el famoso pacto fiscal del año 2000, como bien saben no se ha cumplido como pensamos que debería cumplirse. Esperemos que a
partir de ahora, que está incorporado propiamente en el texto del concierto, exista esa colaboración porque creo que es positiva y necesaria para ambas partes. Insisto en que ese flujo de información sea bidireccional, es decir, desde las
administraciones vascas a la Administración del Estado, pero también del Estado a las diputaciones forales o al Gobierno vasco, en este caso.
Para concluir, no puedo obviar el tema de los últimos días en torno al BBVA. Tal y como aparece en la prensa, usted ha sido asesor fiscal del Banco Bilbao Vizcaya y, por lo que me han dicho -no sé si es cierto, usted lo podrá confirmar-,
usted era experto precisamente en paraísos fiscales. Da la casualidad que este es el tema que le ha surgido ahora al BBVA, y por eso nos interesa saber, por supuesto, si usted ha participado en la gestión o, al menos, en la gestación de estas
cuentas secretas en el BBVA o si conocía las prácticas del banco en este sentido. También nos gustaría saber qué ha hecho como responsable de la Agencia Tributaria, como secretario de Estado de Hacienda, en relación con este fraude y qué piensa
hacer a partir de ahora. Nuevamente nos aparece una entidad financiera -en este caso el BBVA-, nos aparece la Agencia Tributaria, nos aparece el Banco de España y nos aparece la CNMV. Nos vuelven a aparecer los mismos agentes que hace unos meses
centraban las discusiones que teníamos entonces sobre el caso Gescartera. Nos gustaría saber qué ha estado haciendo cada una de estas entidades y qué piensa hacer en relación con el BBVA.
Es verdad que, como ha comentado el responsable del Grupo de Convergència i Unió, hay que distinguir perfectamente entre el BBVA, entidad financiera solvente, competente y que funciona bastante bien y BBVA, actuaciones irregulares vinculadas
a personas muy concretas, a consejeros muy concretas que pueden suponer actos -no sé si delictivos o no- no recomendables y, en todo caso, actuaciones reprobables. Nosotros queremos que estas actuaciones reprobables de los consejeros que tengan
responsabilidades en la materia queden absolutamente claras, pero también nos parece un tanto gratuito tratar de mezclar estas actuaciones concretas de unas personas con el comportamiento de la entidad financiera. Queremos llegar al fondo de la
cuestión y por eso nuestro grupo ha solicitado la constitución de una comisión de investigación para analizar qué ha pasado y, sobre todo, si hay responsables políticos que conocieran este asunto, que hayan colaborado o que no hayan actuado
suficientemente y también para saber qué ha hecho el Gobierno en esta materia anteriormente y qué va a hacer a partir de ahora.
De momento no le voy a preguntar nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor Rodríguez-Ponga, supongo que entenderá que nos encontramos en unas circunstancias especiales. A mí me hubiera gustado preguntarle, por ejemplo, su opinión sobre el conflicto que hay entre la Comunidad
Autónoma de Madrid y la de Cataluña, en el tema Terra-Lycos. Este es un debate que puede durar meses o años y evidentemente, es un tema conflictivo, es decir, dónde tributan las empresas, dónde tienen la sede social, la sede fiscal, el sector
industrial dónde tiene las fábricas o en el sector servicios dónde se toman las decisiones. Es un debate largo que no se va a acabar con la decisión de la junta arbitral, aunque tenga diferentes miembros. Creo que ha perjudicado seriamente a
Cataluña. Podríamos entrar en un debate muy complejo, que va a durar repito meses e incluso años, sobre dónde están ubicadas las empresas o tienen que tener la sede fiscal o social, y me estoy refiriendo al caso, ya citado desde el mismo Gobierno
catalán o desde mi partido de Esquerra Republicana, de Trasmediterránea, si en las Islas Baleares, en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. El tema de Endesa, que cobra la luz en Andalucía y en Cataluña, hubiera sido interesante para hoy, como lo
hubiera podido ser su opinión sobre la desviación a favor de los impuestos indirectos, en perjuicio de los directos o las consecuencias de la rebaja que se prevé de ingresos hacia un modelo de financiación.
Existen una serie de temas, pero hoy la realidad nos viene impuesta. Usted ha pasado de puntillas cuando hablaba del tema del fraude. Le quería preguntar: ¿qué medidas piensan ustedes tomar para reforzar los mecanismos de control del
fraude? Es un tema que interesa a los ciudadanos que pagan sus contribuciones, no a aquellos que pactan con la Agencia Tributaria. ¿Pensaba mejorar los automatismos entre la Agencia Tributaria y el Banco de España? En esta misma sala estuvimos
durante muchas horas en la Comisión de investigación sobre el caso Gescartera, (mal llamado Gescartera porque era el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y creo que volvemos a tener encima de la mesa -como decía el señor Azpiazu- los
mismos agentes: Agencia Tributaria, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España. A nosotros nos interesaría también saber si usted en su experiencia de meses -su corta experiencia porque no sé si es corta en este momento ya- tiene
la valoración de que debe crearse más automatismos y cruzar información para combatir el fraude. Pero como decía antes, se nos impone la realidad.
Decía antes el compañero y compatriota señor Sánchez i Llibre que sería un lujo su dimisión. Creo
que lo que es un auténtico lujo -y verá usted que tanto por parte de catalanes como de españoles hay para todos los gustos- es que usted se mantenga
en el cargo. Sinceramente, creo que lo que usted tenía que hacer es dimitir. En definitiva, debe dimitir por aquellos que pagan -no por los ciudadanos que pactan con la Agencia Tributaria lo que tienen que pagar, ya me entiende usted-,
porque no se puede permitir el lujo ni la mínima sombra de duda sobre el sistema tributario. Usted está ofreciendo esta duda. Da la sensación de que la gente cambia de orilla, cambian de bando los profesionales muy cualificados como es su caso.
Usted era un asesor fiscal en el área internacional del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria que está bajo sospecha y bajo investigación judicial. Por cierto, yo no sé si a usted ya le han llamado a declarar -puede ser cuestión de horas o no-, pero en
definitiva usted está bajo sospecha. Este cambio de bando lo hemos observado ya en esta misma sala en la Comisión de Gescartera. Había personas muy cualificadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se iban a trabajar legítimamente
por sus aspiraciones profesionales al otro lado. Usted ha hecho el camino inverso. De asesorar fiscalmente, en este caso al BBVA y también a otras corporaciones económicas, ha cambiado a trabajar en definitiva en un cargo de máxima responsabilidad
en donde lee mucha información, muy delicada, donde se toman decisiones y se habla sobre expedientes muy importantes y trascendentales. Usted en este caso, para mejorar la transparencia, lo que tenía que hacer es dimitir. Lo más lógico y lo más
coherente sería dimitir.
Se decía que sería un lujo su dimisión. Creo que es un lujo que usted se mantenga en el cargo. Entiendo perfectamente la situación de este Gobierno y del ministro Montoro. Dimitió el señor Giménez-Reyna en un escándalo con mayúsculas y
ahora estamos ante otra situación que nos da la sensación de que en la secretaría de Estado de Hacienda hay un interinaje permanente y que van cayendo en esta especie de cruce entre los intereses privados y los interese públicos, es decir, el cambio
de orilla y el cambio de bando sin ningún tipo de control. Creo que este Gobierno no anda fino en ese sentido, no sabe distinguir los intereses privados de los intereses públicos. Y le pregunto: ¿Usted cómo definiría su relación en el BBVA? En
definitiva, ¿usted trabajaba, asesoraba o dirigía esta oficina? Por lo que aparece en la prensa estos días, está relacionada con las cuentas que hay en el extranjero, el caso Privanza, en definitiva, se habla incluso de manuales. Se crearon
manuales de evasión en el departamento en el que usted colaboraba, trabajaba, dirigía o asesoraba. En definitiva, creo que esta es la cuestión. En ese sentido no es un lujo, lo que es un lujo es que usted se mantenga.
Evidentemente, nuestro grupo ha firmado para pedir una comisión de investigación, pero no para entorpecer la gestión judicial que pueda llevarse a cabo, sino para ver si aquí existe una deriva política, que es lo que se preguntan muchos
ciudadanos y la mayoría de los políticos. Es decir, si esta información que acecha a la ex cúpula del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria era del conocimiento de la Administración o del Gobierno hace meses o hace tiempo y si se ha autorizado esta
delicada información que podía tener el Banco de España, aunque lo curioso es que no lo tuviera la Agencia Tributaria, o ha sido utilizada para el cambio de profundidad que se ha hecho en la cúpula del BBVA. Esta es la pregunta y esto es lo que
merece una comisión de investigación. Si el Gobierno en lugar de recurrir a los tribunales, de recurrir a la justicia lo que ha hecho es preservarse esta información para que los amigos, conocidos o saludados del Gobierno -en terminología del
escritor catalán Josep Plá- ocuparan la cúpula de un banco tan importante como el BBVA. Esto es lo que merece una comisión de investigación. Los presuntos delitos que haya cometido la cúpula del BBVA es otro tema que, repito, es estrictamente
judicial.
Señor Rodríguez, creo que usted tendría que dimitir por higiene democrática, por higiene de seguridad del sistema tributario, para aquellos que pagan y no los que pactan, repito. Lo vuelvo a decir porque existe la sensación de que las
grandes fortunas pactan y la clase media trabajadora salarial, los pequeños y medianos empresarios autónomos pagan a Hacienda. Es una sensación que no sólo atañe a individuos sino a territorios y así se lo pregunté también al responsable de la
Agencia Tributaria. En ese sentido, repito, creo que tiene que dimitir para dar una sensación de higiene. El señor Montoro tendría incluso no sólo que comparecer y dar largas explicaciones. En definitiva, es un mal favor que le han hecho otra vez
con esta mezcla permanente de lo público y lo privado, del Partido Popular y del Gobierno del señor Aznar, hacia instituciones tan respetables y tan necesariamente transparentes del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Intentando traer al debate la racionalidad, el sosiego y la civilización siempre necesarios en el debate político, quisiera en nombre del Grupo Parlamentario Popular, como grupo mayoritario en esta Cámara, dar
la bienvenida al señor secretario de Estado y mostrar nuestra satisfacción por lo que ha sido el contenido de esta comparecencia. Satisfacción inicial porque creo que el señor secretario de Estado se ha ceñido al objeto de esta comparecencia. Por
eso tenemos que decir de entrada que lamentamos profundamente que otros grupos parlamentarios no hayan entendido lo que es el objeto de esta comparecencia o lo que es peor, no les interese el objeto de esta comparecencia y la exposición de las
líneas generales de la política fiscal del Gobierno.
Queremos apoyar esa política fiscal del Gobierno, las medidas que se han ido adoptando, que responden a las necesidades que en cada momento ha puesto de manifiesto el ciclo económico; medidas que como
usted ha dicho, señor secretario de Estado, tienden a reforzar la oferta, tienden a garantizar un crecimiento económico sostenido, y que consisten en reformas tributarias, consisten en políticas de estabilidad presupuestaria y en reformas
estructurales.
Mi grupo valora positivamente los resultados de la recaudación líquida, tal y como ha sido expuesto por el señor secretario de Estado, con un incremento del 6,1 por ciento con relación al ejercicio del año 2000.
Este es un dato de
extraordinaria importancia, mal que les pese a otros ponentes que me han precedido en el uso de la palabra y que han mostrado un nulo interés en éste y en otros temas, por cuanto estamos en un escenario que se ha dicho de ralentización del
crecimiento económico y pese a ello nuestro país mantiene un saludable diferencial de crecimiento con relación a otros países de la Unión Europea, cumple las previsiones presupuestarias de ingresos, refleja un buen comportamiento de lo que son los
ingresos tributarios, y por tanto tiene un diseño de política fiscal del que adolecen otros grupos que les atenaza una absoluta y manifiesta falta de ideas en ese sentido; política fiscal que responde a las exigencias de la política económica que
se plantea el Gobierno. Esos efectos seguirán siendo así porque en su momento, me remito y creo que usted también ha hecho referencia a ello se adoptaron medidas tendentes a garantizar el crecimiento económico, el ahorro, la inversión con la
modificación del impuesto de sociedades en la Ley de acompañamiento. Creo que las variables tributarias han mantenido un buen comportamiento.
Prácticamente todos los impuestos suben en lo que es su recaudación, tan sólo hay el dato del impuesto de
sociedades debido al actual escenario económico.
Mi grupo considera que un sistema tributario es eficiente no sólo cuando se aumenta la recaudación, bajando impuesto; creo que la curva de Laffer ha funcionado bien y ahí están los datos de la última reforma del IRPF, la Ley 40/1998, y
usted ha dado datos en ese sentido que me parece que son positivos. Creemos que un sistema tributario eficiente es no sólo aquel que garantiza ese incremento de la recaudación reduciendo impuestos, sino también aquel que tiende a mitigar la llamada
presión fiscal indirecta y a facilitar que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones formales. En ese sentido ahí está una valoración claramente positiva de nuestro grupo en lo que se refiere al aumento de actuaciones de asistencia, de
ayuda al contribuyente, ese nivel más que razonable de programas informáticos en la cumplimentación del impuesto protagonista esencial que es el IRPF, como es el Programa PADRE, que llega ya al 88 por ciento, el aumento de citas previas, la
presentación telemática de esas declaraciones, en definitiva aspectos que son muy importantes y valorados muy positivamente. Mi grupo también valora muy positivamente los importantes proyectos normativos que ha emprendido el Gobierno y que, al
decir de lo que ha sido el contenido de otras intervenciones que me han precedido, concretamente el Partido Socialista, me da la impresión de que no les interesa mucho. La ley del mecenazgo es importantísima, va a producir una disociación de lo que
es el régimen sustantivo del derecho de fundaciones con una ley propia y específica y va a tener una doble finalidad ya que viene a crear un régimen fiscal concreto para esas entidades sin ánimo de lucro y que va a generar incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general. Citaríamos esa reducción del tipo del 10 por ciento para rentas derivadas de actividades no exentas o la exención de importantes actividades, como ha descrito el secretario de Estado y lo que
es el aumento de esas deducciones del 20 al 25 por ciento en el IRPF por incentivos fiscales o incluso al 35 por ciento en caso de donativos realizados por personas jurídicas.
Coincidimos con usted, señor secretario de Estado, en la extraordinaria importancia que va a tener para nuestro sistema tributario emprender una nueva ley general tributaria que sustituya a la añeja ley de 1963 con esas finalidades
fundamentales de modernización de los procedimientos administrativos, incluyendo la introducción de nuevos medios telemáticos, eliminación de la conflictividad o incorporación de los derechos del contribuyente.
Valoramos muy positivamente el cumplimiento de una promesa electoral del Partido Popular que ha hecho suya el Gobierno de la nación que apoya plenamente este grupo parlamentario, como es emprender una segunda reforma fiscal, reduciendo
impuestos en el IRPF. El balance de lo que ha sido la aplicación acumulada, como decía el secretario de Estado, de la ley 40/1998 ha sido claramente positivo. Hemos reducido impuestos, hemos generado ahorro, hemos generado inversión y hemos ido a
una distribución más equitativa de las rentas. Se mantiene la progresividad que algunos parece que no creen mucho en ella, y en definitiva será un primer eslabón para lo que va a ser esa segunda reforma fiscal.
A nosotros nos agrada sobremanera que al Partido Socialista le preocupe la presión fiscal siquiera sea en frío. Lo digo porque yo creía que el Partido Socialista la progresividad más que en frío, con su propuesta del tipo único la tenía
congelada y que era manifiestamente injusta para las rentas más bajas. Tengo que decir que afortunadamente, respecto a la deflactación de las tarifas del IRPF, hoy hay una mayor estabilidad en la escala de gravamen por la reducción de tramos que se
hizo con la oposición del Partido Socialista. Afortunadamente hoy tenemos una mayor estabilidad de precios y ojalá esos planteamientos de progresividad en frío se los hubiera hecho el Partido Socialista en los años 1992 y 1993 cuando existían otros
escenarios de inflación y otras escalas de gravamen. Aquello sí que era progresividad en frío. En cualquier caso nos alegramos de que les preocupe la progresividad en frío porque con su
propuesta del tipo único creíamos que más que progresividad en frío lo que tenían es congelada esa progresividad porque no creían en ella y apostaban por la manifiesta y clara regresividad del impuesto personal sobre la renta, como la
conocida propuesta de Freedman de los años sesenta.
Creemos efectivamente que esa nueva reforma del IRPF va a ser muy importante. Tendremos un nuevo impuesto a 1.º de enero de 2003, con unos objetivos muy claros de mantenimiento de esa progresividad de reducción del IRPF en un horizonte de
estabilidad presupuestaria de reducción de la presión fiscal para las rentas más bajas, y sobre todo para los sujetos pasivos que tengan cargas familiares (a mí me ha llamado poderosamente la atención, señor secretario de Estado la introducción de
ese impuesto negativo que supone el reembolso anticipado opcional de los 100 euros mensuales); mejorar la fiscalidad del trabajo y en definitiva, mejorar la sencillez y gestión del impuesto y en ese sentido parece que el informe de la Comisión
Lagares va muy en esa línea.
Sobre todo mi grupo valora muy positivamente que la exposición que usted ha hecho, señor secretario de Estado, obedece a una política fiscal coherente y a un programa de Gobierno sólido, porque al fin y al cabo gobernar es tener un proyecto
político y llevarlo a cabo y eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno centrista del partido Popular. Tener un proyecto en el Gobierno es fundamental. Casi es peor tener un Gobierno sin proyecto que un proyecto sin Gobierno, pero el
problema, señor presidente, es que algunos no tienen Gobierno, ni tienen proyecto; ese es el problema, señorías, del Partido Socialista. ¿Qué ocurre cuando el principal partido de la oposición no tiene un proyecto? Ocurre lo que hemos visto
durante la intervención de su ponente, que no interesa hablar de política fiscal, no interesa presentar un proyecto alternativo absolutamente inexistente sino que interesa distraer a propios y a extraños, pero sobre todo a propios, con otras
cuestiones que no son objeto de la comparecencia, siempre obedeciendo a la máxima política de que obviamente el Gobierno es culpable absolutamente de todo, incluyendo las actividades que pueda realizar una entidad absolutamente privada. Para ello,
señorías, todo vale. Incluso vale desacreditar a un secretario de Estado con su actividad profesional previa al ejercicio de sus funciones. Todo vale; incluso vale hacer referencia a la actividad de una entidad absolutamente privada, que nada
tiene que ver con el Gobierno.
Me pregunto, señor presidente, si aquellos que somos clientes del Banco Bilbao Vizcaya también vamos a ser responsables o culpables en la medida que parece animar al Partido Socialista. Algunos han dicho que existe duda. Yo creo que una
cosa es que exista duda y otra cosa es que interese crear duda, que son cosas muy distintas. Algunos incluso hablan de una comisión de investigación, cuando todo el mundo sabe que la responsabilidad de un consejo de administración se rige por la
Ley de Sociedades Anónimas y no por el Reglamento del Congreso. Algunos incluso, señorías, parece que tengan ya un dictamen absolutamente hecho y una composición de lugar que prejuzga los planteamientos que se están formulando, incluso ignorando
que según esas informaciones que aparecen en algunos medios de comunicación, las cuentas corrientes en cuestión en el Banco de Bilbao se abrieron en el año 1987, cuando otros tenían responsabilidades de Gobierno, y por tanto cuando se consumaron los
correspondientes ilícitos.
He de decirle, señor presidente, que me apena ver al principal partido de la oposición sin un modelo de política fiscal claro y que pueda ofrecer de alguna forma a la sociedad, y que para ello tenga que acudir a los expedientes, como los que
hemos visto hoy, para intentar desacreditar a todo un secretario de Estado de Hacienda. En ese sentido, señorías, vaya por delante el lamento de mi grupo, considerando que en realidad de verdad si el Gobierno es culpable de algo es culpable de no
tener oposición o es culpable de la manifiesta incapacidad del Partido Socialista para formular una política fiscal seria, rigurosa y alternativa.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos portavoces, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Rodríguez-Ponga y Salamanca): Señor presidente si me lo permite el presidente, y aunque no es objeto de esta comparecencia, me gustaría contestar a las insinuaciones que se han vertido sobre mis
actividades profesionales y laborales anteriores a ser secretario de Estado. Me gustaría informar especialmente a los señores Bel y Puigcercós, que mi currículum ha sido público siempre, mi currículum está en internet y se puede comprobar allí que
soy inspector de Hacienda del Estado, que aprobé las oposiciones en el año 1982 y después de un tiempo en la Administración pasé al sector privado, donde he estado en varias empresas, entre otras en las que ha citado usted.
Posteriormente, en el
año 2000 tuve el honor de pedir el reingreso en el Cuerpo de Inspectores y de reincorporarme nuevamente al Ministerio de Hacienda para aportar mi experiencia, tanto en la Administración como en el sector privado, y poder colaborar en los proyectos
de reforma fiscal que está elaborando el Gobierno del Partido Popular en esta materia que es tan importante como la reforma fiscal. Para mí, se lo puedo decir, ha sido un honor volver nuevamente al Ministerio de Hacienda. Le quiero explicar
también que en esta gran empresa donde se ha encontrado o ha aparecido este expediente, yo tenía categoría laboral de convenio colectivo, y por mis funciones y por mi puesto de trabajo era un empleado de la asesoría fiscal que no tenía ni podía
tener conocimiento
de estas operaciones. No era un trabajador de alta dirección, y si se fija todos los expedientes afectan a algunas personas de la alta dirección, en la cual evidentemente yo no estaba. Asimismo les quiero explicar en qué consiste el
trabajo de la asesoría fiscal de una gran empresa. La asesoría fiscal interna de un entidad tiene por encargo informar sobre la normativa fiscal aplicable en las consultas que se hagan a la asesoría fiscal, ajustándose estrictamente a la
legislación vigente, y esa es la función de una asesoría fiscal de una gran empresa, como de la que estamos hablando. Por tanto, si hay o pudiera haber operaciones que no cumplieran esa legalidad, lógicamente, no se iban a consultar con una
asesoría fiscal. Eso me parece una cosa evidente. Por ello creo que estas insinuaciones podrían ser casi hasta calumnias, porque no se puede acusar de participar en el conocimiento de unos hechos cuando el expediente sólo se refiere a unas cuantas
personas y no a todos los empleados de una entidad.
En cuanto a lo que es la Agencia Tributaria y la actuación de la misma, quiero contestar que la Agencia Tributaria actúa de oficio cuando encuentra un indicio o una nueva información. El estatuto de la Agencia Tributaria, que se aprobó hace
10 años por Ley de presupuestos, establece las funciones de presidente de la agencia y entre ellas no está la de participar en los expedientes concretos de materia tributaria; está excluido por el propio estatuto regulador de la Agencia Tributaria.
Por tanto, es evidente que el señor Puigcercós no ha consultado la norma reguladora de la Agencia Tributaria, porque ahí verá las competencias de cada persona y de cada cargo.
Con todo lo anterior ya puedo pasar, si me lo permite el presidente, a contestar lo que es el objeto de la comparecencia.
Sobre el motivo de esta comparecencia, que el señor Bel ha dicho que podía ser otro, le diré que es una comparecencia cuatrimestral y se ha hecho con el formato de todas las comparecencias cuatrimestrales, en las que se informa de las
actividades del último cuatrimestre de la Secretaría de Estado de Hacienda.
También se ha referido al crecimiento de los impuestos en el año 2001 y al crecimiento del IRPF. El crecimiento del IRPF en el año 2001 se explica por varios motivos: primero el crecimiento económico, segundo el crecimiento de los salarios
que acompaña al económico, tercero el aumento de los declarantes y un dato más de recaudación, como es que el año pasado hubo un ingreso adicional por parte de las comunidades autónomas porque algunas llevaban retraso en los ingresos y se produjo
ese efecto; por tanto, no puede atribuirse a cuestiones de la tarifa sino al crecimiento del empleo y del número de declarantes. En rendimientos de capital mobiliario ha aumentado la recaudación de retenciones y creo que esto figura en los datos,
y el motivo ha sido que han crecido las retenciones sobre los depósitos bancarios. En cuanto al impuesto de sociedades y la curva de Laffer, ya sabe que dicho impuesto no es sólo cuestión de la curva de Laffer porque depende de los beneficios
empresariales de tal manera que si los beneficios de las empresas crecen también lo hace el impuesto de sociedades y si los beneficios de las empresas disminuyen lo hace a su vez dicho impuesto y ello con independencia de cuál sea la instrumentación
técnica del impuesto. Le puedo decir que en el año 2001 hubo una suavización en el crecimiento de los beneficios empresariales que es precisamente lo que justifica esta atenuación del crecimiento. También se ha referido a alguna norma que se
aprobó el año pasado. Estas normas han sido aprobadas por el Parlamento y puede consultar en el 'Diarios de Sesiones'.
Contestando al señor Sánchez i Llibre, que también ha comentado sobre el impuesto de sociedades, le repetiré lo mismo: la bajada del impuesto. La bajada moderada de la recaudación ha sido producida fundamentalmente por la moderación de los
beneficios empresariales. En cuanto al límite conjunto renta-patrimonio, la verdad es que no lo he visto en ninguna enmienda parlamentaria. Dice que lo ha propuesto su grupo pero yo no tengo constancia de haberlo visto en alguna enmienda reciente.
Respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales ha dicho una cosa que es especialmente interesante, cómo se pueden liberar recursos humanos para incorporarlos a otras tareas como puede ser el fraude. La Agencia Tributaria está haciendo un
esfuerzo enorme para facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, que es lo que permite liberar recursos dentro de la propia Agencia Tributaria para dedicarlos a combatir el fraude. La Agencia Tributaria española es una de las más
eficientes del mundo porque es de las que tiene el ratio más alto en la relación recaudación-número de funcionarios que trabajan en ella. Es decir por número de funcionarios es de las que mayor recaudación tiene.
Sobre el fraude, comentando lo que ha dicho el señor Azpiazu, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Estado de Hacienda tienen como función asegurar la recaudación de los ingresos públicos, la totalidad de los
ingresos públicos. Esos ingresos públicos se obtienen por diferentes vías pero fundamentalmente por el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por tanto hay que saber cuál es el objetivo de la Agencia, que es asegurar la recaudación
para conseguir pagar los gastos públicos, asegurar el mantenimiento de los gastos públicos. ¿Cuáles son los medios para asegurar esa recaudación? Los medios son varios: favorecer el cumplimiento voluntario y por supuesto la lucha contra el
fraude, que es un medio para conseguir el objetivo de asegurar la recaudación. Por los cálculos que se hacen de aumento de la recaudación voluntaria sí parece que está aumentando por encima del crecimiento económico, lo que da idea de que puede
responder a una consecuencia de la lucha contra el fraude. Una consecuencia positiva de la lucha
contra el fraude es precisamente el aumento en la recaudación voluntaria.
Sobre el informe de la comisión de expertos me dicen que está en la página de Internet del Instituto de Estudios Fiscales, por tanto si alguien no lo ha recibido lo
puede consultar en la red. Y sobre que la curva de Laffer no funciona en el cero hay muchas cosas que en el cero no funcionan pero eso no quiere decir que como hoy no estamos en el cero sino que en el impuesto sobre la renta estamos en un marginal
del 48 por ciento a esos niveles sí funciona la curva de Laffer. Hay que saber en diferentes sitios dónde funciona la curva de Laffer, y se ha demostrado que funciona y sin duda volverá a funcionar como ha funcionado en el impuesto sobre la renta,
en la rebaja que se hizo con efectos de 1 de enero de 1999. En cuanto al concierto económico, aunque no está el señor Azpiazu quería decirle que figura en el mismo la mayor coordinación entre las administraciones y todos estamos interesados en que
esa coordinación se produzca y sea más eficiente.
El señor Puigcercós ha mencionado el asunto de Terra y le voy a decir que la decisión se aprobó por la junta arbitral, que está compuesta por representantes paritarios de las comunidades autónomas y representantes de la Administración
central. Cuando existe conflicto de este tipo entre dos comunidades autónomas se constituye la junta arbitral en la que están representadas las dos comunidades autónomas y el Estado. Es una cuestión técnica de interpretación de un artículo de la
Ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas y a la vista de esa normativa decidió esta cuestión la junta arbitral. El Ministerio de Hacienda no ha influido en la decisión de la junta arbitral, que aprobó por mayoría la propuesta realizada
por el presidente de la misma que es un catedrático independiente; y ya saben por el propio funcionamiento de la junta arbitral que en caso de empate a votos decidiría el voto del presidente.
Por último, quiero agradecer al señor De Juan sus palabras sobre la reforma fiscal pasada y la futura, también al señor Sánchez i Llibre, y por el apoyo en las futuras reformas. Querría destacar sobre todo una cosa que ha dicho el señor De
Juan sobre el impuesto negativo; eso quiere decir que el impuesto sobre la renta puede llegar a ser negativo. Esta es una de las novedades que puede contener el futuro impuesto sobre la renta, que en algunos casos esta deducción especial por
maternidad puede actuar como si fuera una retención, es decir una deducción con derecho a devolución, incluso a devolución anticipada al momento de presentación de declaración de tal manera que si un contribuyente no tiene que presentar declaración
no tendrá que hacer nada con esa deducción y habrá funcionado así como un impuesto negativo. Esta es precisamente una de las novedades que en materia de técnica tributaria puede contener la reforma del IRPF.
(El señor Bei i Queralt: pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, como a continuación tenemos la otra comparecencia, les voy a conceder un turno pero que sea muy breve, por favor.
El señor BEL I QUERALT: Máximo dos minutos, señor presidente.
Señor Rodríguez-Ponga, gracias por sus escasas explicaciones. En torno al 80 por ciento de mi intervención se ha centrado en el informe que usted presentó ayer; en cambio usted no debería estar con la sensibilidad puesta y no me ha
contestado a casi nada. Me he quedado con el dato de que en su opinión la presión fiscal en frío no añade aumento de recaudación, lo cual, siendo consciente de sus conocimientos, todavía me sorprende más. Y ha dicho usted que no aumentan ni los
rendimientos de capital ni los fondos de inversión. En la página 47 de su informe nos facilita en pesetas la recaudación de los años 2001 y 2000 por retenciones de fondos de inversión y por retenciones de rendimientos de capital. Si usted las suma
-he hecho la suma a mano-, verá que hay 602.000,400 millones de pesetas en el 2001 y 609.000,8 millones en el 2000, lo cual implica que la recaudación por ambos conceptos se ha reducido en más de 6.000 millones. No es la primera vez que me pasa con
usted, puesto que ya a finales del año pasado le planteé con cierto disgusto que habían aumentado en la ley de acompañamiento los límites para la deducción en fondos de pensiones, y usted me decía que no.
Este portavoz no le ha formulado ninguna pregunta directa sobre el tema central de esta comparecencia por la fuerza de los hechos y de hecho se ha sorprendido cuando quien le ha precedido en el uso de la palabra, el señor Sánchez i Llibre,
lo ha hecho. Pues bien, al dar respuesta a las preguntas que le han reformulado otros portavoces, usted ha hablado de calumnias y de insinuaciones, lo cual me lleva a preguntarle si piensa usted denunciar ante los tribunales a los medios de
comunicación que han insinuado una vinculación entre su posición profesional y el caso en curso, a los mismos medios que incluso dicen que la Fiscalía está planteándose llamarle a declarar por ello, porque la calumnia es un tipo penal, aunque de
esto entiende más el señor De Juan, que es abogado, pero no con gran éxito.
Le voy a hacer una pregunta directa, ya que antes no le he formulado ninguna. ¿Tiene usted constancia de que pueda ser llamado a declarar en el curso de la instrucción en la Audiencia Nacional por el asunto de las cuentas del BBVA, banco al
que, por otra parte, todos deseamos el mejor éxito, consecuencia de su brillante trayectoria financiera hasta este momento y a lo largo de su historia; banco por cierto hasta ahora especialmente resistente a la promiscuidad entre poder y negocios?
Usted ha dicho que era un trabajador sometido a convenio en el BBVA, sin responsabilidades de alta dirección, de lo que se desprende que usted no tiene
nada que ver con el escándalo de esas actuaciones concretas de este banco.
Esto me lleva a hacerle una última pregunta, con la que voy a cerrar mi intervención. ¿Si usted apareciese implicado en la investigación realizada por el ministerio
fiscal, presentaría su dimisión, señor Rodríguez-Ponga? En todo ello le deseo la mejor suerte personal.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, muy brevemente, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a ser realmente breve.
Señor Rodríguez-Ponga, siento no haber estado presente y no haber escuchado lo que usted ha dicho de mí. (Risas.)
En relación con algunas de las cuestiones que aquí se le han planteado, por lo que dice el señor Bel, no ha explicado usted qué es lo que ha hecho hasta ahora como secretario de Estado -porque algo ha debido decir de su labor como asesor
fiscal en el BBV- con respecto a las famosas cuentas secretas del Banco Bilbao Vizcaya y qué pasos piensa dar para esclarecer los hechos, para llevar a cabo la regularización fiscal o para hacer todo aquello que entienda la Hacienda que debe hacer
en relación con el BBVA. A nosotros nos parece importante que la Hacienda vaya dando pasos para regularizar situaciones que parece que no son del todo claras.
Me gustaría que respondiera a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy a intervenir muy brevemente, señor presidente.
Señor Rodríguez, no quisiera entrar en debate puesto que ni tenemos tiempo ni toca hacerlo ahora, pero el papel de un asesor fiscal, tal y como usted lo ha definido, es trabajar sobre la normativa fiscal y ajustar la legislación vigente,
pero lo que realmente hace un buen asesor fiscal, señor Rodríguez-Ponga, es buscar las zonas muertas, los vacíos legales, las zonas donde poder esquivar. No nos engañemos, esto es lo que hace un asesor fiscal. Usted ha dicho legítimamente - y a lo
mejor tiene razón- que no tenía ni idea de lo que se estaba cociendo en un departamento del BBVA. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que usted tiene una parte de responsabilidad, como mínimo, para que haya una sensación de higiene, de
transparencia y de airear una institución tan importante como la Secretaría que usted dirige, y creo que con los antecedentes que tenemos, lo más lógico es que usted dimita por una cuestión incluso de forma.
Otro tema por el que usted ha pasado de puntillas ha sido el de Terra Lycos, en relación con el cual le he preguntado si usted podía hacer una reflexión por el cargo que ocupa. A partir de aquí, la decisión de la junta arbitral va a crear
un precedente, lo que puede desencadenar una situación paradójica. La Generalitat de Cataluña ya ha amenazado, aparte de con ir a la Audiencia Nacional con este tema, con abrir un frente con las diferentes empresas que en este sentido se encuentran
en una situación compleja; empresas que tributan en la Comunidad Autónoma de Madrid o en otras comunidades y que tienen su sede social en la que se toman decisiones o cuyo negocio en definitiva -el caso de Trasmediterránea difícilmente la podremos
trasladar al Manzanares- en otras zonas. Esto merece una reflexión, puesto que si esto no se para la consecuencia puede ser la judicialización.
Usted ha dicho que a los miembros del Gobierno central que formaban parte de la junta arbitral no se les dio ninguna recomendación. Yo supongo que algo se hablaría, ¿o es que tomaron una decisión de forma individual y no hubo en el
ministerio una conversación con los cargos al respecto? Es una explicación dada al libre albedrío de las personas que formaban parte de la junta arbitral. Digo esto porque este tema no se va a acabar aquí.
Ustedes tienen una parte de
responsabilidad y, a la vista de los votos de la junta arbitral, es de sentido común que los representantes de la Generalitat de Cataluña votaron a favor de Cataluña y los de la zona de Madrid a favor de Madrid, pero quien dirime aquí, quien tiene
el peso y desequilibra es su ministerio y los representantes del Gobierno del que usted forma parte. Aquí habría que afinar, porque la legislación es la que es, pero por los antecedentes que existen y por lo que pueda acaecer a partir de ahora,
creo que habría que solucionar el problema.
El señor PRESIDENTE: Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, tan sólo voy a intervenir durante un minuto para manifestar que, a juicio de mi grupo, la explicación que ha dado el secretario de Estado, que no constituía el objeto de esta comparecencia,
pero que ha querido dar, nos parece plenamente satisfactoria. El señor Puigcercós ha hablado en su primera intervención de higiene democrática, y yo creo que lo que no es higiene democrática es no ya prejuzgar, sino claramente acusar, aunque
aprecio que en esta segunda intervención ha sido más reflexivo.
En cuanto al señor Bel, me da la sensación de que hoy ha cambiado su condición de parlamentario para ponerse la toga. Le agradezco las manifestaciones que ha hecho relativas a mi persona, las cuales no he oído bien, pero terceras personas
me han comentado que han sido positivas. (El señor Bei i Queralt: le han engañado.) Ejerciendo de abogado, diría que la calumnia es un tipo penal, efectivamente, y por lo demás me ha parecido oír que ha hablado de promiscuidad entre poder y
negocios y la resistencia a ello. Yo sólo sé que esas cuentas se abrieron en el BBV en el año 1987. Para ser abogado hay que asistir a la facultad, y yo en aquella fecha estaba en la Facultad de Derecho, por lo que
no puedo apreciar si en 1987 esa relación era así o no o si la manifestación del señor Bel ha sido un tanto temeraria.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Rodríguez-Ponga y Salamanca): Quiero contestar al señor Bel a propósito del asunto de las retenciones.
Perdóneme, pero tengo que aclararle que las retenciones de capital es un concepto diferente
de las retenciones de los fondos de inversión. Usted las suma y a todas las llama retenciones de capital, pero no son tales, puesto que las retenciones sobre los fondos de inversión son retenciones sobre ganancias patrimoniales, que es un concepto
diferente en el impuesto sobre la renta, siendo por eso por lo que aparecen en otra línea. Por eso, cuando usted ha hablado de retenciones sobre el capital, yo me he ido a esa línea y he visto que existe un incremento, porque, no se pueden sumar
con las retenciones de los fondos de inversión, puesto que es un concepto diferente que se llama ganancias patrimoniales.
Únicamente le quería decir que ésta era mi confusión sobre la suma que había hecho.
Sobre el asunto que se sigue planteando, creo que ya me he explicado suficientemente al principio de la intervención y que con eso está dada la respuesta sobre el particular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
En cuanto despidamos al secretario de Estado, proseguiremos con la segunda comparecencia.
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE HACIENDA (CATALÁ POLO) PARA INFORMAR SOBRE LOS PROYECTOS Y ACTUACIONES MÁS RELEVANTES EN CURSO, EN EL ÁMBITO DE LA CITADA SUBSECRETARÍA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 212/000929.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, comparecencia del subsecretario de Hacienda para informar sobre los proyectos y actuaciones más relevantes en curso, en el ámbito de la citada Subsecretaría.
Señor subsecretario, bienvenido a la Comisión de Economía y Hacienda.
Tiene usted la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE HACIENDA (Catalá Polo): Muchas gracias, señor presidente, buenos días.
Con sumo agrado comparezco una vez más en esta Comisión para tratar esta vez de los aspectos relevantes de la gestión de la Subsecretaría de Hacienda. Soy bien consciente del desarrollo de la mañana y del Pleno de esta tarde, por lo que
intentaré ser breve en mi intervención.
De todas maneras, quisiera exponerles algunos aspectos de nuestro trabajo, que forman parte de un conjunto de actuaciones dentro de un plan de acción que hemos elaborado en la Subsecretaría para los años 2002 y 2003, siguiendo una
metodología de dirección por objetivos y, por tanto, intentando que la Subsecretaría del departamento no funcione exclusivamente ante los problemas que van surgiendo cotidianamente sino que su actuación sea fruto de un proceso de planificación en
torno a proyectos, hasta un total de 90, que son los que configuran el plan de actuación de la Subsecretaría, algunos de los cuales ya están finalizados, otros los estamos desarrollando y algunos se iniciarán en los próximos meses. Por tanto,
repito, estamos intentando tener una visión de planificación a medio plazo.
El conjunto de proyectos se divide en cuatro grandes bloques o estrategias. La primera es la normativa, en la que se incluyen todos aquellos proyectos cuya ejecución implica la elaboración o tramitación de cualquier tipo de norma: leyes,
reglamentos, acuerdos, convenios, etcétera, como por ejemplo el proyecto de reglamento de contratos del Estado, que ya hemos finalizado. En segundo lugar está la estrategia de comunicación e información externa, en la que incluimos los proyectos
que comparten el objetivo de mejorar la información y la comunicación que el Ministerio de Hacienda realiza hacia el exterior, fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías o mediante la mejora de los circuitos internos de comunicación. En
tercer lugar tenemos la estrategia de dirección y gestión de servicios comunes, como responsabilidad básica de la Subsecretaría. En ella integramos los proyectos que afectan a la eficacia y eficiencia del departamento, dado su carácter horizontal,
y también en relación con otros departamentos del Ministerio. Por último, en cuarto lugar, la estrategia de innovación o de racionalización de procedimientos, también como un gran objetivo conjunto de la Administración pública, en la que
pretendemos racionalizar y simplificar los procedimientos existentes mediante su modificación o mediante la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de procesos.
Éste es, en grandes líneas, el plan de actuación global, y por tanto en este contexto me referiré en esta comparecencia a algunos de los proyectos que creo que tienen especial relevancia, bien por sus contenidos, bien por la actualidad de
alguno de ellos.
El primero al que quería hacer mención de manera sucinta es el que hemos denominado El portal del Ministerio de Hacienda. En la actualidad el Ministerio
de Hacienda dispone de un servidor web, accesible desde internet, con una información que actualiza cada centro directivo y que tiene una gran relevancia porque las tecnologías de internet como bien conocen ustedes se han ido incorporando
como un elemento cotidiano en nuestras vidas. De hecho, en el primer trimestre de este año 2002 se han formalizado hasta un total de 810.000 consultas a la página web del departamento, por lo que se ha convertido en un instrumento potente y muy
útil para el servicio de los ciudadanos.
Lo cierto es que con la tecnología de internet, tan habitual, repito, en la vida cotidiana, debemos dar más pasos adelante, y en el contexto de lo que el Gobierno ha definido como la iniciativa INFO XXI para la sociedad de la información el
Ministerio se ha planteado la necesidad de llevar a cabo un proyecto más ambicioso, que se denomina, repito, El portal del Ministerio de Hacienda; un portal, dicho de manera muy sucinta y quizá con algún concepto de tecnología de la información,
excesivamente complejo, pero que es un marco que presenta diversos niveles de funcionalidad y de interactividad para los usuarios que les permite acceder a la información y a los procedimientos internos y que genera, por tanto, relaciones con el
ciudadano a través de agrupaciones de la información. Nosotros tenemos por tanto un objetivo básico en el momento de su elaboración, y es que los ciudadanos perciban, a través de las herramientas que aportan las nuevas tecnologías, en primer lugar,
una mejora en la transparencia de las actuaciones de la Administración, propiciando por tanto el acceso de los ciudadanos a la información disponible en el ministerio y en todas las partes del ministerio, por tanto en la Agencia Tributaria, en el
ente público de Loterías, la Intervención General del Estado, la Dirección General del Catastro, etcétera. En segundo lugar, además de la transparencia, se plantea una mejora de la calidad de los servicios prestados, ya que al realizarlos en torno
a las tecnologías de internet podemos ganar en calidad, en eficacia y en accesibilidad. Yo creo que esto nos permite facilitar un acceso externo a la información que puede ofrecer el Ministerio de Hacienda a los ciudadanos, sin ser necesario que
tenga un conocimiento complejo de la estructura administrativa. En segundo lugar, es importante que esto va a servir de base a la puesta en marcha de procedimientos automatizados de gestión interna y servicios avanzados de administración
electrónica dentro del ministerio.
Para concretar -quizá es la mejor manera de entenderlo o de verlo-, existen ya una serie de proyectos avanzados de administración electrónica que van a estar disponibles para los ciudadanos en el portal del Ministerio de Hacienda. El
primero de ellos es el proyecto Ensenada, de la Dirección General del Catastro, que va a permitir el intercambio de información entre los notarios y registradores con la Dirección General del Catastro y va a permitir también que los ciudadanos
obtengan las certificaciones catastrales a través de internet. Dense cuenta que el año pasado, según la memoria de la Dirección General del Catastro, se han emitido hasta un total de 889.000 certificaciones catastrales. Por tanto, estamos hablando
de un volumen de información, de gestión y de procedimientos muy importante en términos absolutos.
Un segundo elemento que consideramos que puede mejorar sustancialmente su gestión a través de la utilización de las tecnologías de Internet es el que realiza el servicio central de suministros, la central de compras de la Administración del
Estado, a través de la Dirección General del Patrimonio, que también va a utilizar las tecnologías de internet, de tal forma que la licitación se lleve a cabo de manera electrónica. Para apreciar la magnitud de este procedimiento, puedo decir que
estamos hablando de una gestión económica de algo más de 630 millones de euros en el ejercicio de 2001 y de más de 70.000 productos o de 2.000 usuarios que acceden a esta compra centralizada por el volumen económico que les indico y que en breve
estarán en disposición de hacerlo a través del portal del Ministerio.
Hay multiplicidad de procedimientos y de materias que van a estar disponibles en este sistema, como pueden ser la biblioteca virtual del ministerio, que actualmente tenemos fragmentada en torno al Instituto de Estudios Fiscales, las
bibliotecas del Departamento y la biblioteca de la Intervención General. Hay un proyecto de integración del conjunto de los fondos bibliográficos que yo creo que tendrá una utilidad importante para los estudiosos de la hacienda pública en general y
para el conjunto de los funcionarios públicos, además de muchos otros procesos de carácter interno que seguramente tienen menos relevancia hacia el exterior pero que son importantes para el funcionamiento cotidiano del departamento, como es la
gestión de recursos humanos, la tramitación de recursos y reclamaciones, la gestión de políticas tales como la formación o la acción social. Su portada se va a poder hacer en el portal del ministerio, lo que nos va a llevar a algo que cada vez va
siendo más una realidad en la vida de las empresas españolas y que también lo tiene que ser en la Administración pública, que es la desaparición del soporte papel. La oficina administrativa dejará de ser el arquetipo de grandes expedientes que
cubren las mesas de los funcionarios para convertirse en oficinas sin papeles y con una utilización intensiva de las nuevas tecnologías en la idea que ya les he mencionado de facilitar la comunicación con el ciudadano, agilizar las relaciones
internas y simplificar los procedimientos administrativos.
Este proceso que he mencionado conlleva, como se pueden imaginar, unas labores internas muy complejas, primero de adquisición del equipamiento, de los programas informáticos, transformación de la manera de trabajo interna del departamento,
estructuración de la información que pretendemos que esté disponible para
los ciudadanos, etcétera. Todo esto ya se ha llevado a cabo en las últimas semanas y a partir de ahora consideramos que después del verano empezarán a estar disponibles ya estos procedimientos y estas informaciones en el portal del
Ministerio de Hacienda. En este momento estamos cargando información y automatizando procedimientos. También tenemos un proyecto de firma de un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como autoridad certificadora para que, a través de
la firma electrónica puedan hacerse realidad estos procedimientos. Ya saben ustedes que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha sido pionera en nuestro país y en nuestra Administración en la incorporación de este tipo de tecnologías; de
hecho, tiene incorporados ya procedimientos de presentación de obligaciones tributarias a través de internet que han sido reconocidos internacionalmente en distintos premios, y lo que estamos intentando, por tanto, es utilizar al máximo las nuevas
tecnologías de internet para mejorar la información y los procedimientos internos del departamento, mejorando la transparencia y la calidad de los servicios.
La segunda de las cuestiones a la que me referiré es el proceso de integración de los nuevos cuerpos técnicos del Ministerio de Hacienda, asunto que sin duda SS.SS. recordarán porque con ocasión de la tramitación de la Ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social de 2002 ha generado alguna inquietud y algunas actividades por parte de los afectados y de los grupos parlamentarios. Por relatar mínimamente este proceso, recordarán que procede del año 1997, cuando se
crearon los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado, de Interventores y Auditores del Estado e Inspectores de Seguros, en los que se integraron los funcionarios que anteriormente venían perteneciendo al Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas. Pues un proceso equivalente a este de distribución de los funcionarios del grupo A es el que también en el año 1998 la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas y de orden social para el año 1999, mandató al
Gobierno para que remitiera a las Cortes un proyecto de ley en el cual se creasen los cuerpos técnicos de hacienda, de auditoría y de contabilidad, en los que se integrasen los funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. A fin de
cuentas, lo que se pretendía era configurar de una forma más racional las estructuras organizativas y las funciones desempeñadas por los funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, además de facilitar sistemas de provisión de puestos
de trabajo y de planificación de recursos humanos acordes con las necesidades del ministerio, de la Agencia Tributaria y también con la prestación de servicios que llevan a cabo estos funcionarios.
Desde julio de 2002 tuvimos disponible un primer borrador de este proyecto de articulación de los cuerpos técnicos. Se llevaron a cabo diversas negociaciones con las organizaciones sindicales, así como con las seis asociaciones
profesionales del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, que permitieron en un primer momento atenuar una oposición frontal que plantearon los sindicatos y las asociaciones. Yo creo que los sindicatos fueron aceptando cada vez más esta
propuesta, aunque es verdad que las asociaciones mantuvieron una postura inalterada reclamando la creación de un cuerpo único del grupo A y con unas funciones delimitadas en el texto legal. Finalmente, el texto fue remitido a esta Cámara para su
tramitación como proyecto de ley y ha sido aprobado como el artículo 49 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social de este año, por el que se han creado los Cuerpos Técnicos de Hacienda, el Cuerpo de Auditoría y Contabilidad y
el Cuerpo de Gestión Catastral.
Yo creo que desde la perspectiva de los colectivos afectados la creación de estos cuerpos técnicos permite, en primer lugar, evitar las distorsiones del sistema de selección del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, un sistema unitario
de selección, ya que desde el primer momento los candidatos optarán por un camino profesional específico, bien de contabilidad, bien de gestión catastral o bien de la Agencia Tributaria, de tal manera que el resultado final no sea fruto de que se
haya obtenido una mejor o peor calificación, sino que en la medida de lo posible se atienda a la decisión personal o a la vocación de los funcionarios.
Por otra parte, yo creo que esta separación en tres cuerpos permite ordenar mejor las expectativas de carrera profesional, la política de adscripción de puestos de trabajo y la promoción interna. En concreto, para el Cuerpo Técnico de
Hacienda la desaparición de las cuatro especialidades adscritas a la Agencia, desaparición que se va a llevar a cabo en un plazo máximo de cinco años, lo que unido a la posibilidad de que estos funcionarios de Gestión de Hacienda Pública puedan
adquirir otras especialidades, porque el sistema no es excluyente, yo creo que genera claramente nuevas oportunidades profesionales a través de la movilidad interna.
Para el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad supone la consagración y la consolidación del liderazgo que estos funcionarios mantienen en este ámbito profesional, que no se circunscribe exclusivamente a la Intervención General del
Estado. Estos funcionarios no solamente trabajan en la Intervención General, sino que constituyen el cuerpo básico para las funciones de contabilidad pública, de intervención, de control financiero y de auditoría en el sector público, así como de
gestión económica y presupuestaria en el entorno profesional que les corresponde como funcionarios del grupo B.
Por otro lado, yo creo que la creación de un Cuerpo Técnico de Gestión Catastral permite poner en marcha actuaciones concretas de mejora dentro de la Dirección General del Catastro, seleccionar específicamente y más cualificadamente a las
personas que vayan a trabajar en este entorno y, por tanto, a fin de cuentas, reforzar
la cualificación profesional de los funcionarios. Una vez aprobada la Ley de medidas, que entró en vigor el 1 de enero, abordamos en este momento los procesos de integración de los funcionarios; procesos minuciosos y muy complejos, que se
articulan a través de tres mecanismos. En primer lugar, los antiguos funcionarios de los cuerpos de gestión se pueden integrar de manera automática en los nuevos cuerpos, bien porque posean la especialidad de los cuerpos de gestión de la Hacienda
pública o bien por el desempeño de puestos de trabajo relacionados con las especialidades de que se traten. En segundo lugar, los funcionarios pueden integrarse en un cuerpo técnico distinto o además del que les corresponde como integración
automática, por el desempeño de puestos de trabajo durante dos años de manera continuada o, en el caso de que tuviesen reservado un puesto de esta naturaleza, en otra de las especialidades. En tercer lugar, los funcionarios podrán integrarse
siempre, adicionalmente, en uno de los cuerpos, además del que les corresponda por incorporación automática o por integración posterior, a través de la superación de procesos selectivos que consistirán en cursos de formación que se desarrollarán de
forma descentralizada en un plazo máximo de cinco años. De esta manera, damos una salida razonable a las tensiones profesionales que se han venido manifestando en los últimos años en el cuerpo de gestión de la Hacienda pública. Vamos a seguir
negociando y debatiendo con las asociaciones y con los sindicatos la instrumentación práctica de estas medidas. Es un buen modo de ordenar un colectivo tan importante para el Ministerio de Hacienda como el de funcionarios del grupo B, el cuerpo de
gestión de la Hacienda pública, ahora cuerpos técnicos de la Agencia Tributaria, de intervención y contabilidad o del Catastro.
Suprimo buena parte de asuntos, que podré tratar en una futura comparecencia, puesto que no están tan vinculados a la actualidad. Para resumir al máximo mi intervención, me centro en el último de los temas que quisiera exponer, las
políticas que está desarrollando el Ministerio de Hacienda en aspectos relevantes, a través de la Subsecretaría. Tiene que ver con la reestructuración del grupo de empresas de Patrimonio del Estado y con los sistemas que se están diseñando y
aplicando para el control de estas empresas.
La reestructuración del grupo se ha llevado a cabo a través de la Ley 7/2001, de 14 de mayo, que modificó la Ley del patrimonio del Estado y que facultó al Consejo de Ministros, como recordarán ustedes, para realizar la distribución de la
titularidad de las participaciones accionariales de las empresas públicas entre la Administración general del Estado -a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado- y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En desarrollo
de esta habilitación legal, el Consejo de Ministros, con fecha 28 de mayo de 2001, autorizó para incorporar a la SEPI los títulos representativos del capital social de 11 sociedades anteriormente adscritas a la Dirección General del Patrimonio del
Estado: Agencia Efe, Alimentos y Aceites (ALICESA), Axis Participaciones Empresariales, Bexcartera, Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA), Trasmediterránea, Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (EMGRISA), Empresa Nacional de
Autopistas (ENAUSA), Expasa Agricultura y Ganadería, Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) y Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), que era el instrumento con el que la Dirección General del Patrimonio llevaba a cabo los procesos
de privatización.
El fin perseguido al hacer este trasvase de participaciones accionariales de Patrimonio a SEPI ha sido facilitar un desarrollo especializado de la gestión de estas sociedades que producen bienes y servicios en el mercado y también incorporar
a SEPI aquellas sociedades que deben ser objeto de desinversión en mercados en los que no es necesaria la presencia de un operador público. En este marco, los criterios básicos que han inspirado el reparto de participaciones han sido los
siguientes: en primer lugar, que la estructura de participaciones sea más acorde con la exigencia de la estabilidad presupuestaria, puesto que, como ustedes conocen, las sociedades que quedan integradas en SEPI no pueden percibir subvenciones u
otras aportaciones financieras con cargo a presupuestos del Estado. En segundo lugar, buscamos crear grupos homogéneos especializados en formas específicas de gestión y la SEPI, como heredera de los grupos industriales y empresariales del Estado,
dispone de gran experiencia y capacidad en el tratamiento de la gestión de sociedades que deben abordar procesos de reconversión o ajustes significativos en sus capacidades o estrategias empresariales. Por otro lado, el grupo Patrimonio dispone de
experiencia en definir pautas de relación con sociedades instrumentales que ejecutan políticas públicas o inmobiliarias; esta directriz permite por tanto separar los dos núcleos. En tercer lugar, el diseño y ejecución de procesos de saneamiento y,
en su caso, de privatización.
El grupo Patrimonio, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, en aplicación de estos objetivos y directrices, queda constituido por sociedades de carácter instrumental, afectas a actividades desarrolladas por diversos ministerios,
que intervienen desde el punto de vista funcional. De esta manera, el grupo Patrimonio queda constituido actualmente por un total de treinta y siete empresas, de las cuales catorce son empresas de aguas y regadíos, tres son sociedades de carácter
cultural, siete son de gestión patrimonial y catorce son de políticas sectoriales, tales como Correos y Telégrafos, Mercasa, Paradores, Senasa, la empresa de transición al euro, etcétera. La lista hasta treinta y siete es numerosa y les ahorro la
lectura minuciosa de ella.
Lo que también quisiera poner de manifiesto es que este proceso que desarrollamos el año pasado no es
estático, sino que por el contrario pretende estar permanentemente adaptado a la realidad de las participaciones accionariales del Estado.
Por tanto, fijados los criterios, cualquier movimiento en este sentido tendrá una acogida en la
política empresarial tanto de la Dirección General del Patrimonio como de SEPI y de hecho se han producido novedades, de tal manera que durante el año 2001 se han creado dos nuevas sociedades de aguas, la de Aguas del Norte y Aguas del Tajo. Hay
otras dos sociedades que quisiera mencionar de forma especial por cuanto que una de ellas, la Sociedad estatal de Correos y Telégrafos, se ha constituido como mandato de la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales para el año 2001. Con fecha 29 de junio se
constituyó la sociedad estatal a la que me he referido, produciéndose, por tanto, la extinción de la personalidad jurídica de la anterior entidad pública empresarial, Correos y Telégrafos, también heredera del organismo autónomo Correos y
Telégrafos, en cuyos derechos y obligaciones ha quedado automáticamente subrogada la citada sociedad. Lo menciono, en primer lugar, por la novedad que incorpora al ser una sociedad que se adscribe el grupo empresarial de Patrimonio y porque, como
bien conocen ustedes, estamos hablando de una sociedad de más de 60.000 empleados, con una cifra de negocios de más de 1.300 millones de euros, con unos fondos propios de 844 millones de euros y que, en última instancia, tiene la condición de
operador habilitado para la prestación del servicio postal universal, teniendo por tanto una relevancia extraordinaria. Su incorporación al grupo Patrimonio contiene unas grandes dosis de innovación y de trascendencia.
La segunda sociedad de la que también me parece importante destacar no solamente su creación sino su relevancia es la Sociedad de Infraestructuras del Trasvase, cuya creación fue autorizada por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
diciembre de 2001 y que se ha constituido efectivamente el 7 de marzo de 2002. El capital inicial de esta sociedad es de 168 millones de euros -tiene por tanto un volumen económico extraordinario-, siendo su objeto social la realización y
explotación en su caso de las obras necesarias para la transferencia de recursos hídricos autorizados en el Plan Hidrológico Nacional y que están incluidos en el correspondiente convenio. Por tanto, se constituye como una sociedad naciente en este
momento pero que va a tener una relevancia importante en el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional.
En este contexto, en este grupo de empresas complejas, con una relevancia extraordinaria por las diversas políticas que desarrollan, por su capital social, por su volumen de empleo, es en el que la Dirección General del Patrimonio debe
desarrollar los derechos que corresponden al Estado como partícipe directo o indirecto de estas empresas mercantiles con carácter mayoritario o como titular de una participación de control. El ejercicio de estas facultades por parte de la Dirección
General del Patrimonio sobre las mismas se está llevando a cabo mediante una metodología sistemática, rigurosa y flexible; en primer lugar, a través de la aprobación, con fecha 1 de marzo de 2001, de una instrucción reguladora de las relaciones de
las sociedades estatales con la Dirección General del Patrimonio por la que se establecen los cauces y los principios a los que ha de someterse la comunicación entre las sociedades estatales, el Ministerio y la Dirección General de Patrimonio, para
el adecuado y fluido desarrollo de las funciones que tiene atribuidas en el ejercicio de los derechos que le corresponden al Estado como accionista de estas empresas.
Sucintamente les diré cómo funciona la instrucción y cuál es el marco de relaciones entre las sociedades y la Dirección General. En primer lugar, la instrucción determina cuáles son los actos o decisiones societarias que por su especial
relevancia patrimonial requieren autorización o en su caso manifestación de no oposición o conocimiento previo por parte de la Dirección General del Patrimonio, antes de su adopción por las sociedades estatales. Entre estos citaría la aprobación de
los planes estratégicos de empresas, las operaciones de colocación de fondos en activos que no sean deuda pública, las operaciones de participación en el capital de sociedades con el carácter de inversión financiera permanente o la propuesta de
nombramiento de las personas que deben ocupar los cargos de responsabilidad en la sociedad. Igualmente la instrucción regula la información económico-financiera y en general de todo orden que la sociedad debe remitir para su supervisión y análisis
por la Dirección General del Patrimonio del Estado. En tercer lugar, la instrucción ha modificado de manera muy importante porque ha efectuado una reserva de competencias a favor del consejo de administración o de la comisión ejecutiva, de tal
manera que establece los principios que deben respetarse en la delegación de poderes y las facultades que el consejo de administración puede otorgar a los miembros o directivos en general de las sociedades. En último lugar, la instrucción también
ha establecido la creación de comisiones de auditoría, que consiste en la creación de un órgano de estudio y de propuesta en el seno de los consejos de administración de las sociedades, integrado en cada caso por cuatro consejeros que no tengan
funciones ejecutivas en la sociedad y cuyo presidente será elegido de entre uno de estos cuatro miembros. Tiene unas funciones, como se deriva de su propia denominación, básicamente de auditoría, análisis, revisión e informe sobre los
procedimientos y sistemas de elaboración de los estados financieros sometidos al consejo, de las cuentas anuales y el informe de gestión, del informe de los auditores y de la propuesta en su caso de designación del auditor externo de las cuentas.
Estas son, dicho de manera rápida -y ruego que me disculpen por el excesivo resumen que he hecho de alguna de las actuaciones-, las líneas básicas en las
cuales se articula la configuración y el control de las sociedades del Patrimonio del Estado. Con el proceso de reordenación de las participaciones en SEPI y las participaciones en Patrimonio del Estado hemos aportado algunos elementos de
control en un grupo empresarial tremendamente complejo. Seguramente hace diez años, cuando existía todavía la banca pública, podía estar Telefónica y grupos empresariales que SS.SS. conocen perfectamente, el control que podía desarrollar la
Dirección General del Patrimonio sobre ellos era limitado por la complejidad de las empresas que estaban dentro de él, pero, según se han llevado a cabo procesos de privatización y de traspaso de participación accionarial a SEPI, el grupo
empresarial de Patrimonio va quedando reducido, como he mencionado, a políticas sectoriales o instrumentales y en este sentido estamos desarrollando sistemas de control, de seguimiento y de información que nos permiten y nos garantizan una buena
información de la actividad del Estado a través de elementos instrumentales como son las sociedades estatales.
Estos son los tres temas, presidente, que quería comentar en esta comparecencia y que de manera sucinta han quedado expuestos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Quiero darle la bienvenida al señor subsecretario y felicitarle porque seguramente su comparecencia no despierta ninguna inquietud y eso debe ser una buena noticia para usted. (El señor vicepresidente, Eguiagaray
Ucelay, ocupa la presidencia.)
El Grupo Parlamentario Socialista no había solicitado esta comparecencia.
No sabíamos cuál iba a ser el contenido de su intervención en la mañana de hoy, pero de todas maneras lo que nos interesa en este momento no es tanto la gestión pura
y dura -y ha habido aspectos de los que ha citado en su intervención que son importantes para la gestión- sino que a lo que nos dirigimos es a los objetivos presupuestarios que tuvimos ya ocasión de debatir en su última comparecencia presupuestaria
y a ellos me voy a referir. Algunos coinciden con puntos de su intervención y algunos no, por eso le pido que me disculpe si le planteo temas que no ha tocado en su intervención y que me responda en la medida de sus posibilidades y, si no es
posible, seguramente la Subsecretaría tendrá documentación suficiente para hacerlo.
La primera pregunta tiene relación con los estudios que se hacen en el Ministerio de Hacienda con respecto al impacto de las decisiones y de las políticas fiscales. El señor secretario de Estado nos ha presentado unos datos en la
comparecencia anterior que coinciden con datos que dio recientemente el ministro de Hacienda en los cuales ya aventuraba un incremento de la recaudación en el IRPF de un 2,5 por ciento para el año 2003, comparando esto con los datos que ha dado hoy
el señor secretario de Estado de un incremento de la recaudación de un 13,5 por ciento en el IRPF en el año 2001. Me gustaría saber si desde el Ministerio se ha hecho algún estudio del coste que puede tener la reforma fiscal en el año 2003, ya que
también en los datos que ha suministrado hoy el secretario de Estado se dice que la recaudación bruta total ha descendido tres puntos en el año 2001 con respecto a la del año 2000. Si hay algún estudio sobre el impacto o el coste fiscal de esa
reforma para el año 2003.
La segunda pregunta tiene que ver con los medios e instrumentos que usted gestiona en el Ministerio de Hacienda. Yo he tomado nota de algunas propuestas y reclamaciones que hacía el informe Lagares en las últimas semanas. Partiendo del
dato del incremento de la economía sumergida, que hablaba de un 22 por ciento, según datos de la Comisión Europea, en el informe Lagares se hacían una serie de recomendaciones respecto al esfuerzo en la lucha contra el dinero negro. Se hablaba de
integrar los procedimientos de gestión e inspección de los tributos. Esto yo creo que afecta bastante a la gestión de personal y de medios del Ministerio de Hacienda y me gustaría saber su opinión y cómo contemplan ustedes estas recomendaciones.
El informe también hablaba de la generalización en el envío de datos a los contribuyentes a partir del año 2004 y de algo de lo que hablaba el secretario de Estado anteriormente como es la desviación de recursos humanos y medios para combatir el
fraude fiscal. Otra recomendación del informe hablaba de la integración y de la información, que se centre en los datos de las entidades financieras y registros patrimoniales. Estas recomendaciones coinciden en parte con otras recomendaciones que
se hicieron al Ministerio de Hacienda a raíz de la comisión de investigación sobre el caso Gescartera. Concretamente, en noviembre del año pasado el propio Partido Popular hacía una serie de recomendaciones respecto a la Agencia Tributaria en las
que planteaba un nuevo esquema de trabajo que se concretaban en la creación de grupos específicos de seguimiento de empresas, directivos y profesionales, en un incremento de medios informáticos y en una coordinación de los efectivos de la Agencia.
Incluso se hablaba de la creación de un cuerpo técnico de hacienda. Yo no sé si estas propuestas son semejantes a las del informe Lagares, pero sí me gustaría saber su opinión y si desde el mes de noviembre se ha hecho algo en esta dirección o se
hará a partir de ahora, una vez que el Gobierno tome en cuenta estas consideraciones del informe Lagares.
Otro anuncio que hizo en el mes de febrero la Agencia Tributaria era la puesta en marcha de un plan general para reforzar la inspección fiscal a las Pymes. Esto tuvo bastante resonancia y trascendencia en los medios
de comunicación. Se partía de que el segmento de empresas con una facturación de entre 3 y 6 millones de euros tenía una baja tasa de rotación respecto a la inspección. La Agencia Tributaria anunció un plan general de control tributario
sobre este tipo de Pymes. Yo quisiera saber si se ha puesto en marcha o hay medidas del Ministerio de Hacienda que hayan llevado a la práctica este plan en el que se hablaba de un intercambio de información con la inspección de trabajo muy en línea
con las medidas a las que antes me he referido y planes de control en los que se utilizarían herramientas telemáticas para determinadas actividades de compra-venta de acciones, sociedades de inversión inmobiliaria y profesiones liberales. Quería
que me dijera qué es lo que se ha hecho en este tiempo para poner en marcha este plan de control tributario sobre las Pymes. Con respecto a la gestión de los catastros, en su última comparecencia de presupuestos se hablaba como objetivo para el año
2002 terminar el catastro de urbana, concretamente, en los objetivos de la memoria del presupuesto se hablaba de 900.000 unidades de urbana en 174 ayuntamientos. Cómo se están desarrollando en el ejercicio de este año esos objetivos respecto a la
gestión del catastro.
Asimismo quisiera saber, en cuanto a las medidas de control, cómo están evolucionando los objetivos que se habían establecido de indicadores de auditoría al sector público empresarial. En aquella comparecencia a la que antes me he referido,
usted ya planteó la intención de auditar todo el sector público empresarial; cómo está desarrollándose el cumplimiento de este objetivo presupuestario. También puse de manifiesto que los indicadores de control de perceptores de subvenciones de
fondos europeos no se habían incrementado respecto al presupuesto del año anterior y quisiera saber qué se está haciendo. Aquí quisiera hacer una reflexión más extensa respecto a los fondos europeos, todo lo que en el Ministerio de Hacienda tiene
que ver con la gestión de fondos europeos. No es un tema que le corresponde a usted, pero quisiera hablar del contenido de una carta que el comisario Barnier, comisario de Política Regional, ha mandado a todos los gobiernos de la Unión Europea, en
la que pone de manifiesto su preocupación por el bajo índice de ejecución de los programas apoyados por la Unión Europea. No sé exactamente en qué nivel está España respecto al resto de Estados de la Unión, pero lo que sí dice el comisario Barnier
es que nos acercamos al año 2002, que es el tercer año del período de programación actual, 2000-2006, que aumenta cada vez más el riesgo de que a falta de una fuerte aceleración de los gastos se pierda definitivamente parte de los recursos de los
fondos estructurales asignados a su país para la realización de los programas. No voy a extenderme más. Hay una norma que conocerá usted, que es la norma N-2, que quiere decir que a partir de diciembre de este año los fondos estructurales que
estén asignados a un proyecto concreto y no se hayan ejecutado pueden perderse definitivamente. No quiero insistir en la importancia y trascendencia del tema, pero quiero saber si se está haciendo alguna gestión o alguna acción para tratar de que
los niveles de ejecución, ya que estamos dentro del programa de programación y hemos cerrado el programa de programación anterior hasta el año 2000, si desde el ministerio se tiene intención de hacer alguna acción que solucione esta situación puesta
de manifiesto por el comisario Barnier al presidente Aznar.
En cuanto a los fondos estructurales, quisiera hacer una pequeña incidencia respecto a la capacidad y la obligación que tiene el Ministerio de Hacienda sobre la realización de estudios del impacto que pueden tener los fondos estructurales o
la aplicación de los fondos estructurales. Aquí le pediría si tiene usted hecho algún estudio del impacto en concreto que la ampliación de la Unión Europea puede tener. En España, recientemente ha salido un estudio de la Caixa en el que se habla
de una pérdida de un 2 por ciento del PIB y de un incremento del 1 por ciento del paro, como efecto de la ampliación. No sé si el ministerio ha hecho ya algún estudio sobre este impacto, pero me parece un dato suficientemente importante y grave
para que el Ministerio de Hacienda tenga alguna respuesta o algún plan. El segundo aspecto sobre fondos estructurales es si tiene algún estudio sobre cuál ha sido el impacto de la aplicación de los fondos estructurales en España. Hay una
insuficiente información o un déficit de información y de promoción de cuáles son las nuevas orientaciones o los nuevos criterios de gestión de los fondos estructurales y esto afecta también de una manera muy determinante a las pymes. Quisiera
saber si el ministerio tiene alguna previsión o algún estudio sobre esto. Y quiero hacerle una pregunta muy concreta sobre si tiene o han efectuado estudios con datos regionalizados sobre la ejecución de fondos estructurales del conjunto de la
inversión pública, tanto de fondos estructurales como del Fondo de Cohesión por regiones.
Sería un estudio referido al período de programación anterior, a 1994-1999, de manera que podamos tener datos oficiales sobre de qué manera se está
aprovechando y cuál es la eficacia de la aplicación de los fondos estructurales.
Para finalizar quisiera hacerle una última pregunta. En la comparecencia de presupuestos usted nos dio una información muy valiosa con respecto al proceso de afloramiento del presupuesto de la Agencia Tributaria, en concreto usted daba el
dato de que el 20 por ciento del presupuesto de la Agencia Tributaria se hacía a través de generaciones de crédito y que en el presupuesto del 2002 ese 20 por ciento lo iban a reducir al 5 por ciento. La interpretación que se hizo en los medios de
comunicación, no la hice yo, era la pérdida de independencia de la Agencia Tributaria con respecto al ministro de Hacienda. Yo no sé cuál es la interpretación que puedan hacer ustedes, pero quisiera que nos informara
sobre cuál está siendo la aplicación de esta novedad presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Mi agradecimiento, en primer lugar, al subsecretario por su comparecencia una vez más en este primer cuatrimestre del año para explicar a esta Cámara la normativa, los proyectos y las actuaciones de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.
Permítanme que a esta hora me sonría un poco después de oír al señor García Breva que no habían pedido la comparecencia. Quiero decir que es habitual que cualquier grupo, y en este caso ha sido el Grupo Popular, solicite -a veces en los
casos de una nueva etapa que se ha iniciado en el año 2000 con el nuevo Ministerio de Hacienda, al desglosarse del Ministerio de Economía y Hacienda- la presencia del subsecretario, señor Catalá, para que informe exhaustivamente, como bien ha hecho,
sobre los proyectos del departamento que dirige dignamente.
Se están cumpliendo los objetivos dados en la LOFAGE, Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, en su nueva singladura a partir del año 1997, y con las obligaciones de dirección, impulso y supervisión de
los órganos que dependen de la Subsecretaría se están llevando con un nuevo impulso y una nueva iniciativa que están dinamizando el Ministerio de Hacienda, y como decía recientemente en una comparecencia del director general de la Agencia
Tributaria, parece ser que los ciudadanos contribuyentes se acercan a la Administración de Hacienda si no con alegría, por lo menos no con ese temor y esas prevenciones que antes se acercaban al antiguo ministerio. Esto se debe a la política de
dinámica que se está introduciendo por parte de las personas que están dirigiendo estos organismos.
Yo no voy a ser tan exhaustivo y no voy a retrotraerme a las preguntas que el señor García Breva ha hecho para recordar la intervención del subsecretario con motivo de la ley de presupuestos, pero sí quiero hacer algunas preguntas sobre
temas de interés, especialmente en el tema informático, con relación a ese portal del Ministerio de Hacienda que está implantándose, como ha dicho el subsecretario, cargando los archivos para que en un espacio muy corto de tiempo podemos acceder a
él especialmente ciertas profesiones como notarios y registradores y, por qué no, otras profesiones, ya que debe abrirse ese portal a todas las organizaciones profesionales que lo deseen y que previamente acrediten su firma electrónica en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, para agilizar y modernizar lo que es el catastro, organismo que para mí está todavía un poco anquilosado en el pasado. De ahí que le pregunte: ¿Qué relación puede existir en este portal de nueva creación con el portal
que meses pasados, concretamente en octubre, presentó el ministro de Administraciones Públicas, conocido como el portal del ciudadano, que creo que está siendo visitado por gran parte de los administrados? Es un portal asequible y facilita mucho el
conocimiento de la Administración pública española ¿Cómo va a incidir en la tramitación de estos procedimientos administrativos, llámense recursos de reposición o recursos de alzada, que de forma tan habitual se dan en la vida administrativa de los
españoles?
Me gustaría tocar un segundo punto, que usted ha desarrollado perfectamente cuando se ha referido al cuerpo técnico del Ministerio de Hacienda, para suavizar esas tensiones que existían en los sindicatos y en las asociaciones profesionales
de funcionarios y que yo he vivido desde fuera, no como funcionario pero sí como asesor. He constatado que durante el primer trimestre de este ejercicio parece que las aguas han vuelto a su cauce y que con la integración de los cuerpos de aduanas,
de inspección, de subinspección, de gestión tributaria y de recaudación han quedado paliadas sus pretensiones, se han reducido y en algunos casos han desaparecido las inquietudes que existían en estos cuerpos de gestión de la Administración con este
artículo 49, que usted ha citado, de la Ley de acompañamiento 24/2001, que entró en vigor el día uno de enero del presente año. Quisiera preguntarle cuál ha sido el proceso y qué concesiones ha tenido que realizar el ministerio para conseguir la
situación de tranquilidad que hemos alcanzado, que considero que beneficia no sólo a la Administración en sí y a su funcionamiento sino al conjunto de ciudadanos y contribuyentes que se acercan al Ministerio de Hacienda para resolver sus consultas.
Reiterándole mi agradecimiento, el Grupo Popular le apoyará, también a su equipo, no sólo por su valía personal, sino porque tiene a su cargo órganos y departamentos como la Dirección General del Patrimonio del Estado que está desarrollando
perfectamente la misión que se le ha encomendado por el ministro de Hacienda, en este caso, para que se trasvasen estas participaciones accionariales a las empresas a través de la SEPI, y el Estado se quede sólo como algo residual en la
participación de ciertas empresas de carácter muy puntual. Vuelvo a repetir mi felicitación. En sucesivas comparecencias ante esta Cámara le haremos algunas preguntas más concretas sobre las nuevas sociedades que se han creado con motivo del
trasvase de aguas. En lo sucesivo ahondaremos en algunas empresas del grupo de empresas de la dirección general, que no son motivo de esta comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Tiene la palabra el señor subsecretario para contestar a las preguntas que le han sido formuladas.
Tiene el tiempo que desee pero le rogaría que no se lo tome todo.
El señor SUBSECRETARIO DE HACIENDA (Catalá Polo): Claro que sí, señor presidente. Me temo que en buena parte de las cuestiones que me ha planteado el diputado del Grupo Parlamentario Socialista voy a defraudarle con mis respuestas, en la
medida en que buena parte de ellas corresponden al ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda, incluso de la Agencia Tributaria, y sobre las cuales en las comparecencias periódicas de sus responsables seguramente tienen mucha más información de
la que yo aquí in voce pueda transmitir a S.S. porque no tengo la documentación. (El señor presidente ocupa la presidencia.) En la medida de mis posibilidades y mis conocimientos intentaré darle la información que me ha sido solicitada. Estoy
seguro de que en comparecencias, bien del director de la Agencia Tributaria, bien del secretario de Estado de Hacienda, tendrá cumplida y detallada información de buena parte de ellas.
Los estudios de impacto de política fiscal por supuesto que se disponen en el ministerio, ya que cualquier medida de carácter normativa que provoque una reforma del sistema tributario va acompañada de los estudios no sólo del impacto en la
recaudación, sino incluso de los estudios de carácter macroeconómico, en el sentido del impacto sobre la economía general de nuestro país. Es una de las virtudes fundamentales de la política fiscal, no sólo desde el punto de vista técnico fiscal y
del sistema tributario sino del impacto que sobre la economía puede generar. Por eso la relevancia de la reforma del impuesto sobre la sobre la renta de las personas físicas de 1998 y por eso la relevancia de la reforma que se está evaluando en
estos momentos y que se pretende presentar próximamente en las cámaras. En cualquier caso, la información que ha facilitado el secretario de Estado esta mañana es del seguimiento de la recaudación, en este momento el dato que usted indicaba del 13
por ciento, mientras que el otro dato, el del 2,5 por ciento para el año 2003 se sitúa en el entorno de la comisión de estudios que se ha formalizado para la reforma fiscal. Es una estimación de cómo puede minorarse la recaudación en función de
unas determinadas hipótesis de cuál puede ser la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un nivel de estudios muy genérico, pero esa es la base para la toma de decisiones. No es una decisión voluntarista sino soportada en
estudios de carácter macroeconómico que permitan definir cuál va a ser el impacto tomando en consideración, en última instancia, la incidencia que sobre la política económica y sobre la actividad económica general puede llevar el hecho de que una
reforma fiscal que genere una mayor renta disponible para las familias y también para las empresas tenga en cuanto a la reactivación de consumo y de la creación de empleo. Por tanto, esos estudios existen y en el momento que se presente la reforma
formarán parte del cuerpo de la reforma y del proyecto que el Gobierno presente.
En cuanto a las cuestiones planteadas relativas a la denominada comisión Lagares, es cierto que el plan de inspección de la Agencia Tributaria de este año incorpora ya algunas líneas de las que se apuntan, sobre todo en la lucha contra el
fraude, que es uno de los objetivos básicos y permanente de la Agencia Tributaria de siempre, de tal manera que la disposición de una mejor coordinación entre el área de inspección y el área de gestión, es una variable en la que permanentemente se
trabaja en el ámbito de la Agencia Tributaria, así como en la mejor dotación de medios informáticos para el tratamiento de la información o -y de esto sí quiero hacer mención expresa- en la dotación de políticas de recursos humanos que hagan más
efectiva la actuación de Agencia. La creación del cuerpo técnico de Hacienda es una buena muestra de cómo podemos hacer más efectiva la política de personal de la Agencia Tributaria rompiendo ese gran cuerpo de gestión de la Hacienda pública que
igual trabaja en contabilidad, en catastro o en la Agencia Tributaria, y hemos ido a la segregación y a la creación de un cuerpo específico y por tanto especializado de la Agencia Tributaria. Pensamos que es una buena manera de contribuir a esa
cualificación de los recursos humanos que ayuden en la consecución de los objetivos y en particular del fraude.
Hace unos días el ministro de Hacienda y el director de la Agencia Tributaria presentaban una información sobre cómo las mejoras a las que ayudan las tecnologías de la información van a permitir el envío de información. Ya en la declaración
de la renta de este año se ha producido un importantísimo número de peticiones de datos fiscales por parte de los contribuyentes. Es curioso que los están pidiendo fundamentalmente a través de Internet, porque también los ciudadanos se están
incorporando a las nuevas tecnologías. Ya no van a la oficina a solicitar la documentación fiscal, ni siquiera lo hacen por teléfono, sino que un porcentaje importantísimo de esas peticiones de información se están llevando a cabo a través de
Internet. Todavía hay un proyecto más ambicioso y es que el próximo año la Agencia Tributaria no sólo facilite la información fiscal, sino una especie de pro forma de declaración del impuesto sobre la renta para que el contribuyente, si está
conforme con él, simplemente lo valide y lo presente ante la Administración tributaria. Por tanto, estamos dando pasos hacia delante cada año en el sentido de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias utilizando las nuevas
tecnologías.
En cuanto a la Dirección General del Catastro, es cierto que hay un objetivo estratégico para este año, que es la actualización del catastro de la propiedad, y tanto en este tema como en otros que ha planteado usted relativos al control de
auditorías y al seguimiento del sector público empresarial estamos todavía en el mes de abril y, según los datos de que dispongo, he de decirle que se están cumpliendo las actuaciones.
Bien es verdad que tendremos que esperar al segundo o tercer
trimestre del año para tener datos relevantes de ejecución de gasto y consecución de objetivos. En cualquier caso, la Dirección General del Catastro y la Intervención General de la Administración del Estado tiene, incorporado en su plan de
actuación de este año como objetivos estratégicos la realización de estas actividades de actualización del catastro de urbana y de seguimiento de auditorías del sector público empresarial, así como del control de subvenciones, que también es otra de
las piezas estratégicas de la Intervención General del Estado para este año.
No dispongo de los estudios sobre fondos estructurales, pero si a S.S. le parece traslado la petición a la Secretaría de Estado de Presupuestos, y en particular a la Dirección General de Fondos, que es la responsable de la gestión de esta
cuestión.
En lo que se refiere al presupuesto de la agencia, como apuntaba, es cierto que ha habido una novedad relevante en cuanto al diseño del presupuesto, no tanto en cuanto a las cifras del presupuesto. El presupuesto de la Agencia Tributaria ha
crecido en parámetros equivalentes al del conjunto de ministerios de la Administración del Estado, pero ha habido un planteamiento de diseño muy importante. No sé si alguien ha interpretado que modifica la capacidad o la independencia de autonomía
de la agencia respecto al ministro de Hacienda. En cualquier caso es una reflexión paradójica porque la agencia depende del Ministerio de Hacienda y éste es el que formaliza el presupuesto de conjunto de la Administración del Estado; por tanto,
esos términos de la autonomía de unos respecto de otros, es el ministro de Hacienda el que autoriza la generación de los créditos. Es un planteamiento más propio de estar anclados en modelos tradicionales y de resistencias a cualquier tipo de
innovación, porque en última instancia lo que se pretende es dotar a la Agencia Tributaria de los medios, en este caso financieros, suficientes para llevar a cabo sus objetivos y sus actividades. Que se haga mediante un presupuesto inicial
limitado, que luego se amplía por generación, o que se haga con un presupuesto inicial suficientemente dotado, en mi opinión personal es mucho mejor la segunda de las opciones, es más transparente, es más realista y permite mucho más la creación de
un compromiso de una organización con aquella que le dirige, el Ministerio de Hacienda hacia la Agencia Tributaria, que le dota de un presupuesto suficiente y le establece unos objetivos. En esos términos hay un compromiso de medios y de objetivos;
de la otra manera hay unas incertidumbres, con unas zonas de penumbras que quizá la generación pueda permitir alcanzar (yo creo que no ayudaba en nada ese modelo presupuestario a un eficaz funcionamiento de la agencia) y el resto de las cuestiones
creo de verdad que está más vinculado a planteamientos de supuestas autonomías que no son reales ni en la elaboración de los presupuestos ni en la relación con el Ministerio de Hacienda, de quien depende la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, como bien conoce su señoría.
En cuanto a las consideraciones que me hacía el representante del Grupo Parlamentario Popular, además de agradecerle su valoración positiva de la actividad que se desarrolla en el ministerio, en particular en la subsecretaría, yo creo que,
como bien ha indicado, lo que estamos haciendo en múltiples ámbitos de la Administración pública y en múltiples ámbitos del Ministerio de Hacienda, como no puede ser de otra manera, es fomentar la relación con los ciudadanos, fomentar la
transparencia en el funcionamiento de la Administración y permanentemente intentar ganar en términos de eficacia y de simplificación de procedimientos. Estas políticas de modernización son tradicionales en cualquier organización, también en la
Administración pública, donde estamos peleando permanentemente por la calidad de nuestros servicios, y en ese sentido algunas de nuestras estrategias van en esa dirección, en la dirección de hacer que la relación con el ciudadano sea cada vez más
fluida, que la información que facilitamos sea más sencilla y que la actuación de la Administración sea asequible a los ciudadanos. En esa línea, el portal del Ministerio de Hacienda se integra con toda naturalidad en el portal del ciudadano que
patrocina el Ministerio de Administraciones Públicas.
No somos más que una parte de ese portal del ciudadano, pero una parte importante ciertamente. Ahora mismo, yo creo que las relaciones de los ciudadanos con la Administración pública
fundamentalmente tienen que ver con la Administración tributaria, con la Seguridad Social también seguramente y con otros ámbitos de la Administración pública, pero las relaciones con la Administración tributaria, por tanto con el Ministerio de
Hacienda y la Agencia Tributaria, forman parte nuclear de las relaciones de los ciudadanos con la Administración, y el hecho de estar incorporados, a través del portal del Ministerio de Hacienda en un futuro muy próximo, y ya a través de la Agencia
Tributaria o de la Dirección General del Catastro nos sitúa en una posición aventajada en este sentido. Como he intentado mencionar sucintamente, queremos que haya muchas más cosas, muchos más procesos administrativos incorporados al portal y, por
tanto, a una relación de administración electrónica y eficaz. Su señoría apuntaba un asunto que también es muy relevante, los recursos por la vía litigiosa, en las cuales, previo a la judicial, el ciudadano se relaciona con la Administración
pública, también es un proyecto previsto para incorporar en el portal del ministerio, de tal manera que, como decía, a través de certificación de firma electrónica, las relaciones ante la Administración, en términos incluso en este caso
conflictivos, no se hagan a través de la presentación tradicional de documentos y de papel, sino a través de la tramitación electrónica que permita una agilización de los procedimientos y, a fin de cuentas, la obtención de una resolución más rápida
y más ajustada.
En cuanto a lo que se refiere al cuerpo técnico, ya he mencionado al anterior interviniente que yo considero que es una medida que va en la línea de dotar al ministerio en particular, y a la Agencia Tributaria también, de los medios humanos
más adecuados para su óptimo funcionamiento. Es mucho más acertado que una persona que quiere trabajar en el ámbito del catastro haga una oposición para el catastro, y no que haga una oposición para subinspector de Hacienda y como saca mala nota
acaba trabajando en el catastro, que es lo que nos podía estar pasando anteriormente. O si queremos seleccionar un buen contable del grupo B, hagámosle una puerta de entrada con un marco propio de lo que debe saber un contable y no que al final le
examinamos de muchos impuestos, que es un poco lo que conllevaba la generalización propia del cuerpo de Gestión de la Hacienda pública, que tenía otros valores pero que generaba una indiferenciación. A mí me parece que la creación de los cuerpos
técnicos va a ayudar en éste y en otros muchos sentidos a la formalización de carreras profesionales, etcétera. Cuando por parte del ministerio se empezó a hablar sobre ello el pasado verano hubo una resistencia muy fuerte; incluso creo recordar
que en esta Cámara hubo una rueda de prensa o una presentación a los diputados en las que buscaban adhesiones y en las que nos acusaban de todos los males imaginables pensando que no ayudaba en nada a la carrera profesional de los funcionarios,
entre otras cosas porque sus expectativas estaban en otro punto, en el de reivindicar su incorporación al grupo A de la Función pública, y de eso no podíamos hablar lógicamente. El sistema español de función pública no permite la transformación de
grupos B en grupos A; por mandato de la ley hace ya muchos años que operaciones de estas características no se llevan a cabo.
Hemos intentado resolver los problemas de este colectivo, las expectativas de este colectivo, pero con medidas razonables y posibles dentro del marco general de la Función pública. Las concesiones que en su caso hemos podido hacer, fruto de
cualquier proceso de debate y negociación, tienen que ver en gran medida con cómo se va a instrumentar ahora la incorporación de los antiguos funcionarios del cuerpo de Gestión a los nuevos cuerpos técnicos, de tal manera que no vamos a ser
excluyentes, no van a quedar encuadrados limitativamente en un solo cuerpo, sino que van a tener la posibilidad de pertenecer a varios cuerpos, evidentemente a uno de ellos en activo y a los otros en situación de excedencia. Un funcionario que haya
trabajado en distintos ámbitos va a tener la posibilidad de pertenecer a más de un cuerpo técnico; un funcionario que tenga la voluntad decidida de esforzarse por ser de otro cuerpo podrá participar en cursos selectivos para la pertenencia al
cuerpo de Contabilidad, al cuerpo de Gestión Catastral o al cuerpo de Hacienda.
Para terminar diré que estamos haciendo un esfuerzo de racionalización del grupo público empresarial. Las líneas de segregación entre Patrimonio y SEPI ayudan a este proceso de racionalización y el establecimiento de sistemas de control y
coordinación son los propios y los mínimos que un gran holding debe tener respecto al conjunto de las empresas que forman parte de ese holding.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.