CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 461

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA

Sesión núm. 32

celebrada el martes, 9 de abril de 2002

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de la ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página 14832)


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página 14832)

Página 14832


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS CUALIFICACIONES. (Número de expediente 121/000064.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a proceder, de acuerdo con el primer punto del orden del día de la presente sesión, a ratificar la ponencia designada para informar el proyecto de ley
orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones.



¿Queda ratificada la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada por unanimidad.



- EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS CUALIFICACIONES. (Número de expediente 121/000064.)


El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de referencia. Para ordenar el debate vamos a dividirlo en dos partes: la
primera, tratará del título preliminar y el título I del proyecto de ley, que comprenden del artículo 1 al artículo 8; la segunda comprenderá los títulos II, III y IV, es decir del artículo 9 al 17 disposiciones adicionales y finales y la
exposición de motivos.



La votación se producirá al final del debate de los dos bloques, no antes de la una de la tarde.



Pasamos a debatir la primera parte del proyecto de ley, comenzando por los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, lo han hecho don Francisco Rodríguez, don José Núñez Castain, don Joan Saura,
doña Begoña Lasagabaster y don Joan Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré por dar por defendidas todas las enmiendas presentadas por los grupos políticos que conformamos el Grupo Parlamentario Mixto y, de forma específica, como representante del Bloque Nacionalista Galego,
quería hacer las siguientes observaciones al informe. Pensamos que este proyecto de ley, después del proceso de integración de algunas enmiendas, sigue siendo cualitativa y filosóficamente opuesto a lo que son nuestras creencias, nuestros
principios, e incluso nuestra posición táctica respecto del sistema educativo en general y de la ley de la formación profesional en particular. Esto es así porque el proyecto de ley, tal como sigue, se caracteriza por apuntalar la recentralización
del sistema, como dejamos puesto de manifiesto en el debate de totalidad. En cuanto a Galicia, incide en el desprecio por la economía productiva de carácter territorial; incita lo que sería la movilidad laboral, es decir, la mano de obra
cualificada para que se ocupe en los territorios de los estados de la Unión Europea que tengan un desarrollo económico elevado y, en tercer lugar, pensamos que la ley no contribuye a formar un sistema integrado a pesar de que diga lo contrario. En
este aspecto notamos que el informe no ha variado para nada las competencias de las comunidades autónomas al respecto, que para nosotros es una cuestión fundamental.
Pensamos que sigue siendo abusivo el uso del artículo 149.1 de la Constitución
española al convertir en básicos prácticamente todos los artículos de la ley y dejar un escaso margen de maniobra de gestión y administrativa para las comunidades autónomas. Creemos que el catálogo nacional de cualificaciones no puede ser una obra
unilateral del Gobierno sino que, en todo caso, el Gobierno únicamente debía de coordinar y tratar de que ese catálogo, con todas las diferencias debidas y a propuesta de las comunidades autónomas, fuese de validez general en el Estado pero con las
peculiaridades debidas y a iniciativa de los intereses socioeconómicos de cada comunidad autónoma. El sistema que se perfila es complicado y confuso y abunda en la privatización, en un totum revolutum, público o privado, que pensamos que va a hacer
muchísimo más diversificado y diferente, en el peor sentido de la palabra, cada uno de los centros educativos de la formación profesional. Además de este proceso de privatización, incide también en una concepción burocrática y jerarquizada de la
enseñanza, privando de los mínimos criterios democráticos a los órganos colegiados y a la dirección, en especial de los centros integrados. Por eso queremos hacer hincapié en algunas enmiendas, muy pocas, solamente para ponerlas como botón de
ejemplo.



Nos referiremos a la enmienda número 70, del Bloque Nacionalista Galego, donde deja claro que en todo caso el catálogo oficial de las cualificaciones profesionales debió de ser una obra conjunta coordinada en colaboración entre las
comunidades autónomas y el Gobierno, lo mismo que dejan claro las enmiendas 73 y 74 que los títulos y certificados debían tener unos contenidos y unas propuestas que fueran claramente producto de la colaboración entre las comunidades autónomas y del
Gobierno. El catálogo oficial debía tener presente el entorno socioeconómico, tanto para su aplicación en los territorios como desde el punto de vista de su elaboración general. Ni que decir tiene que pensamos que la evaluación del sistema de
formación profesional debía correr por cuenta de las comunidades autónomas o que la elección de la dirección de los centros integrados debía ser plenamente democrática conforme a los criterios que se establecían en la LOGSE.



Página 14833


Por supuesto que habría que transferir a las comunidades autónomas todo lo que tuviese que ver con la formación continua. Son meros ejemplos para que quede de manifiesto que filosófica y conceptualmente nuestra posición es diametralmente
opuesta a proyecto de ley del Gobierno, que sigue conservando todas estas características después del informe de la ponencia.



Nos llama la atención, y sin duda es debido a la gran diferencia filosófica entre las distintas posiciones que hemos expuesto en esta Comisión y en el debate a la totalidad, las poquísimas enmiendas que se aceptan de todos los grupos
parlamentarios de la oposición y, en la medida que a nosotros nos toque una pequeña pedrea, consideramos que, aun siendo bienvenida, no cambia para nada nuestra posición abiertamente negativa al proyecto de ley del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.



La señora JULIOS REYES: En primer lugar, quisiera hacer unos comentarios generales, ya que no pude hacerlo el día de la ponencia. Nuestro grupo por supuesto que comparte la necesidad de este proyecto. El proceso acelerado de cambio en las
innovaciones tecnológicas en el que estamos inmersos ha dado al trabajo, e incluso a sus contenidos una nueva dimensión que hace imprescindible que los recursos humanos, en última instancia los generadores de riqueza en esta sociedad, estén más
adaptados a las necesidades del mercado de trabajo y por tanto al sistema formativo. Coincidimos con algunos aspectos de este proyecto de ley, fundamentalmente con los referidos al carácter integrador de las formaciones. Sin embargo, paso a
resaltar otra serie de puntos que son los dan pie a las enmiendas que hemos presentado y donde mantenemos diferencias.



Hay un hilo conductor en el desarrollo de esta ley en la medida en que afecta tanto al sector educativo como al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En ocasiones se valora como una contradicción el diferente grado de descentralización
de competencias en ambos sectores, que, entiendo, da un sesgo a la ley más en relación con los temas no transferidos en materia de empleo que con los que sí lo están en materia de educación. Ante esto quisiera hacer un comentario, porque estamos
hablando de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación, que intenta regular y modernizar una actividad educativa. Esta actividad educativa tiene un objetivo principal, desde el punto de vista social, aparte del individual del
derecho a la formación y al desarrollo personal, que es la empleabilidad de los ciudadanos que acceden a esta parcela del sistema educativo. Empleo y educación están íntimamente ligados para lo bueno y para lo malo y deben representar un feed-back
constante, en tanto en cuanto que son sistemas que se autoevalúan el uno al otro. Producto de esto, junto con la siguiente reflexión, son bastantes de las enmiendas que hemos presentado. Este proyecto de ley debe dar respuesta a las nuevas
necesidades formativas de todos y cada uno de los territorios, en función de las particularidades de sus propios mercados de trabajo. La tercera reflexión -y después mencionaré las enmiendas principales- que deseo exponer es que gran parte del
texto hace referencia a un posterior desarrollo reglamentario. Dicho desarrollo reglamentario a su vez en el propio texto queda fijado como una competencia exclusiva del Estado, lo cual es un elemento más de preocupación por nuestra parte teniendo
en cuenta que los desarrollos reglamentarios posteriormente no van a estar sujetos a control parlamentario y nos preocupa que no exista la adecuada participación de las comunidades autónomas en este sentido, por dos razones primero, porque nos
parece innecesario que se terminen judicializando estos procesos legislativos y, segundo, porque la eficacia y el impacto positivo que pueda tener el desarrollo de esta ley no va a depender sólo de la Administración del Estado sino en última
instancia de las administraciones competentes encargadas de la ejecución, de la gestión, y de la puesta en marcha de estas actividades.



Presentamos una enmienda, por ejemplo, al artículo 1.1, para que en la ley, además de los objetivos que se señalen en el propio texto, se haga específicamente una mención a que es una regulación general de los aspectos básicos. En segundo
lugar, como texto de adición al artículo 2.
2, proponemos que se especifique que el sistema nacional de formación profesional y de las cualificaciones está integrado por el conjunto de sistemas que existen en las comunidades autónomas. Pensamos
que se trata de una ley que intenta integrar todos los recursos de las diferentes administraciones, de forma que se constituya un sistema nacional cohesionado. No se parte desde nuestro punto de vista de la nada. Se trata de una organización ya
preexistente, que es la que se intenta reformar con unos nuevos conceptos integradores, y pongo como ejemplo el tránsito de la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud; es decir, partimos de unas estructuras ya preexistentes y con una
experiencia en las comunidades autónomas y, por tanto, el sistema nacional de la formación profesional y de las cualificaciones no es un ente abstracto, sino que, como tal, es un sistema compuesto, entre otras cosas, de los subsistemas ya existentes
en las comunidades autónomas. Asimismo, en relación al artículo 2, proponemos una modificación en la letra b), cuando se habla de garantía del acceso, que trata de incluir el concepto de equidad en la igualdad de acceso, lo cual reflejaría desde
nuestro punto de vista una mayor claridad en cuanto al carácter de sistema nacional integrado.



Hay algunas enmiendas que adicionan al artículo 2 nuevos apartados. Por ejemplo, proponemos que se


Página 14834


incluya como uno de los principios el de la promoción del desarrollo económico y adecuación a las diferentes necesidades de los sistemas productivos territoriales, en línea con la exposición que hice al inicio de mi intervención. Creemos
que una de las principales estrategias que se deben de perseguir en esta ley es la de coordinar, y así está reflejado, las políticas de formación con las políticas activas de empleo. En este sentido, si lo que se pretende es acortar distancias
entre las tasas de desempleo de los diferentes territorios e inclusive favorecer la libre circulación de trabajadores, esto sólo se podrá hacer teniendo en cuenta las diferencias territoriales que hoy por hoy existen en el Estado.
También
planteamos incluir como uno de los principios el de promoción de la formación profesional como un elemento de cohesión social, con atención especial a los grupos de mayor dificultad de integración y a los afectados por mayores tasas de desempleo.
Pensamos que, al igual que el resto del sistema educativo, la formación profesional es uno de los principales elementos de cohesión social del Estado y del conjunto de sus administraciones, que se debe de articular a través de las prestaciones
financiadas por los fondos públicos, por lo que entendemos que estos conceptos deben de figurar entre los principios, porque, en última instancia, por ejemplo, si queremos atender los problemas de la población femenina, que está afectada por unas
tasas de desempleo todavía bastante mayores respecto a la población masculina, debe incluirse la promoción de la formación profesional como un acercamiento hacia ese sector de la población que tiene mayores dificultades de integración en el mundo
laboral. Otro de los aspectos a tratar, que creo que fue recogido en el informe, es el de la participación y cooperación de las diferentes administraciones públicas en función de sus respectivas competencias. No me reitero en lo ya expuesto,
porque va en la misma línea de lo argumentado. En ese sentido, incluimos en el artículo 4. 1 una enmienda de adición para que se incorpore en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales una mención a que en él se inscriban las
acreditaciones y cualificaciones recogidas en los catálogos autonómicos.
Lo que se pretende con esta enmienda es reconocer y conocer las ofertas que en el ámbito de sus competencias las comunidades autónomas puedan presentar, aunque sean ofertas
que se hacen exclusivamente en su ámbito autonómico.



Presentamos otra enmienda al artículo 5. 1, que pretende suprimir en el texto de dicho artículo la palabra coordinación y que quede como regulación básica del sistema nacional de la formación profesional y de las cualificaciones, haciendo
resaltar después que corresponde a la Administración general del Estado la regulación de los aspectos básicos de dicho sistema. Entendemos que para ejercer la facultad de coordinar es necesario que se ostente el correspondiente título competencial,
tal y como se dispone en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.16.ª de la Constitución y que, a su vez, está recogido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.



En el artículo 6. 4 creemos que se debe de suprimir la frase de que las prácticas no tendrán carácter laboral. La ley, desde nuestro punto de vista, no debe de cerrar la posibilidad de que existan, en determinadas condiciones establecidas
y en la normativa de desarrollo bien contratos laborales de formación o de prácticas. Creemos que esto no debe de estar hipotecado desde la propia ley..



En relación al artículo 7 también hacemos hincapié en modificar algunos aspectos para que no sea sólo el Gobierno el que determine la estructura y el contenido del catálogo nacional de cualificaciones profesionales.
Entendemos que debe ser
el Gobierno con la participación de las comunidades autónomas, así como debe regularse también la participación de las comunidades autónomas en los procedimientos para su aprobación, de forma que se pueda atender en todo momento a los requerimientos
del sistema productivo y de las diferentes realidades de las comunidades autónomas. Hacemos bastante hincapié porque pensamos que ha de resaltarse, y este texto carece en gran parte de este sentido y de este espíritu, la importancia de la
participación de las comunidades autónomas que tienen competencias en estas materias, por lo que creemos que es necesario introducir mecanismos, entre otras razones porque dicha participación es un elemento imprescindible para garantizar los
objetivos y fines de esta ley, cuya aplicación ha de realizarse en un contexto actual, que es el de un estado de descentralización de muchas de las competencias a que hace mención la presente ley, competencias que están transferidas ya a las
comunidades autónomas.



En las enmiendas al artículo 8 planteamos que se modifique el propio título para que haga referencia a la evaluación y acreditación de las cualificaciones profesionales con validez en todo el territorio del Estado. Entendemos que lo que
este título pretende es que se hable de la evaluación y acreditación desde un punto de vista oficial para todo el Estado y esto no impide, como sucede, por ejemplo, en el ámbito universitario, que puedan existir títulos propios o cualificaciones de
validez en el territorio de una comunidad autónoma de acuerdo con su normativa propia. También planteamos suprimir en el primer punto la exhaustiva referencia a la normativa de la Unión Europea, ya que, de aparecer en esta ley, se puede dar la
circunstancia de que se produzcan eventualmente posibles modificaciones o derogaciones en aquella que hagan que quede obsoleta esta parte de la ley. Por lo tanto pensamos que no debe hacerse una referencia exhaustiva a dicha normativa de la Unión
Europea. Por último, presentamos una enmienda al apartado 4 del artículo 8 que tiene que ver con lo que ya hemos comentado. Se trata de interponer la participación de las comunidades autónomas con


Página 14835


independencia de las consultas que se haga al Consejo General de Formación Profesional en muchos aspectos y también en lo que se refiere -como he dicho- a la evaluación y acreditación de las competencias de títulos o certificados de validez
en todo el territorio nacional.



Asimismo proponemos un apartado nuevo de forma que se recoja que en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las normas desarrolladas en los apartados anteriores, a las comunidades autónomas les corresponda la declaración
de equivalencia de homologación y el reconocimiento de títulos.



Señor presidente, entiendo que el resto de los artículos quedarían para el segundo bloque.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor González de Txabarri.



El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: En este primer turno voy a intentar defender las enmiendas comprendidas entre las números 35 y 40 del Grupo Parlamentario Vasco, que tienen por objeto dos polos, por una parte, la distribución de
competencias que establece este proyecto de ley, a caballo entre las de materia de educación y las de materia laboral, y, en segundo lugar, lo referente a los instrumentos y acciones del sistema de cualificaciones profesionales y a la organización
que se propone en relación con este tema.



En relación con la distribución competencial del proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Vasco quisiera significar que discrepa radicalmente de las previsiones que se recogen en este momento en el informe de la ponencia.
Señor presidente,
este es un proyecto de ley a caballo entre las competencias en materia de educación y las competencias en materia laboral, en el que, a la vista de sus contenidos, la batalla en el seno del Gobierno la ha ganado el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales en detrimento de las atribuciones encomendadas a la titular de Educación.
Este proyecto de ley ha sido redactado en el Ministerio de Trabajo, es la lógica de este ministerio la que manda y domina en toda su redacción, y desde la
perspectiva de los contenidos del proyecto de ley hubiese sido mucho más razonable que se hubiese debatido en esta Cámara en la Comisión de Política Social y Empleo. Indudablemente, el Gobierno lo ha redactado desde la perspectiva y la lógica del
Ministerio de Trabajo, con lo que las previsiones en materia de educación quedan subsumidas en un segundo o tercer lugar y voy a intentar argumentarlo razonablemente.



En nuestra opinión, este proyecto de ley debiera haber sido redactado desde el punto de vista y desde la lógica institucional del Ministerio de Educación tomando en cuenta, en primer lugar, el artículo 149.1.30 de la Constitución y, en lo
que respecta al ámbito competencial del País Vasco, el artículo 16 de su estatuto de autonomía. A la vista de las interpretaciones que sobre esas materias se han realizado en múltiples ocasiones en esta misma Comisión, quisiera indicar en primer
lugar que el artículo 27 de la Constitución no toma partido alguno en el régimen de distribución de competencias, de modo que las referencias a los poderes públicos que contiene lo son también a las comunidades autónomas; en segundo lugar, que
desde esta base competencial, el Estado no puede crear y sostener centros docentes de su titularidad en el ámbito de las comunidades autónomas que tengan asumidas competencias en materia de educación; en tercer lugar, que la competencia estatal
sobre regulación de requisitos para la obtención, expedición y homologación de títulos tiene un contenido concreto referido fundamentalmente a la fijación de unos contenidos mínimos comunes de los planes de estudio, la determinación del modelo y
procedimiento de expedición de los títulos, el reconocimiento oficial y denominación de los mismos y, en definitiva, una ordenación general que posibilite el intercambio profesional y académico en todo el territorio del Estado. En lo que respecta a
la Comunidad Autónoma del País Vasco y a su régimen de competencias, no aparece la configuración como competencia exclusiva y, sin embargo, queda la disposición adicional primera de la Constitución, que para muchos autores debe interpretarse como
generadora de un plus competencial respecto a otros estatutos en los que la competencia se califica como plena y con una redacción menos contundente que la del precepto estatutario vasco.
Evidentemente, la posterior aplicabilidad de ese potencial
ha quedado políticamente negada o desarticulada en este proyecto de ley. En nuestra opinión, estos son los títulos competenciales a los que, desde el punto de vista de educación, debía de afectarse el proyecto de ley que estamos analizando, si bien
es verdad que los contenidos del propio proyecto de ley y la realidad de la formación profesional tienen también materias relacionadas con lo laboral que en todo caso deberían considerarse. Es cierto -y nosotros así lo estimamos- que este proyecto
de ley no puede basarse cuasi exclusivamente, como lo hace, en su afectación al título competencial estatal relativo al dictado de la legislación laboral y ello a pesar de las connotaciones que repetidamente se proclaman en el proyecto de ley con el
ámbito laboral. En principio, la llamada formación ocupacional, entendida en un sentido general amplio que incluye también la formación continua, hasta la fecha ha quedado extramuros del sistema educativo por ofrecerse de un modo limitado y a una
realidad distinta, la del propio mercado de trabajo. En consecuencia, puede afirmarse que el esquema competencial en el que deben desenvolverse sus tratamientos normativos constituye un campo poco estudiado, máxime si de lo que teóricamente se
trata es de regular su integración con la formación reglada producida en el seno del sistema educativo. En este sentido es verdad


Página 14836


que el Estado nunca ha abordado el establecimiento del entramado correspondiente a la formación profesional ocupacional en una estructura normativa general con el debido dimensionamiento y debate que corresponde a una ley. Se ha dedicado a
abordar una estrategia de articulación fáctica diseñada en el marco de planes gubernamentales, como el del año 1993 -el llamado Plan nacional de formación profesional- dotándola posteriormente de soporte en normas reglamentarias con las que se
articula un sistema centralizado en la práctica totalidad de sus instrumentos de planificación, programación y gestión basado en la proyección de las denominadas certificaciones profesionales de validez en todo el territorio, dejándose en manos de
las comunidades autónomas que asuman una transferencia de la competencia de gestión casi únicamente ciertas posibilidades de colaboración y la expedición última de los certificados citados.



En el caso de la otra faceta de la FP, llamada formación continua, el resultado actual implica una centralización completa de todas las facultades ejecutivas y la articulación de un nuevo modelo gestor compartido con los agentes sociales a
través de una figura institucional privada, el llamado FORCEM, modelo que ha dado lugar a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, presentado por Cataluña y Galicia, que entienden invadidas sus competencias en la materia al haberse
detraído de la formación profesional ocupacional la formación continua referida a los trabajadores empleados, al ser gestionada por una institución externa a la Administración. En este caso, será muy interesante conocer el criterio que al respecto
establezca el Alto Tribunal. En todo caso, señor presidente, marcadas estas notas sobre los ámbitos competenciales e intentando argumentar y presentar coherentemente los razonamientos que deben plantear los distintos modelos que en este momento
están encima de la mesa sobre la formación profesional, desde el punto de vista político, en el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que este es un proyecto de ley que debía estar redactado a caballo y en equilibrio entre las materias educativas y
laborales. Creemos que la ministra de Educación ha echado la toalla en la defensa de las competencias que le corresponden y que ha sido el Ministerio de Trabajo, en sintonía con la patronal española y con los sindicatos UGT y Comisiones, los que
han redactado el proyecto de ley. Esta sería la defensa de la primera parte, referida a los ámbitos competenciales.



En segundo lugar, señor presidente, esta primera parte tiene varias enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en relación a la organización que se propone del sistema nacional de cualificaciones profesionales, que coincide, básicamente, con la
defensa que ha realizado la portavoz de Coalición Canaria, criticando el sistema centralizado que propone el proyecto de ley, donde parece que, ex novo, y desde el centro, se quieren plantear los sistemas de las formaciones profesionales como si
éstas no existieran. El sistema que el Grupo Parlamentario Vasco propone al respecto, y por eso se trata de un modelo alternativo y distinto, es la asunción de los subsistemas que en este momento están vigentes en el Estado, algunos de los cuales,
a la luz de los resultados que, rigurosa y sistemáticamente, realiza el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, son excelentes e indican que están por encima de la media de la Unión Europea y que, en el caso del País Vasco, Navarra o Cataluña,
están a la cabeza de todo tipo de indicadores y parámetros de los que analiza el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, adscrito al Ministerio de Educación. Por tanto, parecería razonable que si existen algunos subsistemas de formación
profesional en determinadas comunidades autónomas, como la vasca o la catalana, se intentaran seguir los pasos que en dichas comunidades se están siguiendo para organizar la formación profesional y no redactar un proyecto de ley muy genérico como si
la formación profesional se fuese a inventar hoy o mañana y que el Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, intentara organizar todo el sistema de la formación profesional ex novo. Esa no es la cuestión ni la forma de llevarlo a cabo, sino que se
trata de saber dónde pone cada uno su punto de vista. Nosotros lo ponemos en la realidad y el Gobierno y el Grupo Popular lo tienen puesto, una vez más, en el Gobierno central y en el Ministerio de Trabajo; esa es la discrepancia. Se trata de un
modelo ciertamente alternativo, pero a la vista de la situación, el Gobierno, señor presidente, no tendrá más remedio que plegarse a la realidad de los datos y del sistema educativo, porque no hay nada más irracional que pegarse contra la realidad.



El señor PRESIDENTE: Para defender la posición de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.



La señora CASTRO FONSECA: Yo voy a hacer una única intervención, porque, como ya le he dicho al señor presidente, tengo una ponencia que me obliga a ausentarse. Esta es la explicación de que Izquierda Unida sólo vaya a hacer una
intervención.



Señorías, quería empezar recordándoles la contestación del señor Arenas al señor Zapatero con relación a las soledades del Gobierno, a la que el señor Arenas respondió que el Gobierno estaba muy bien acompañado de la sociedad. Pues bien,
señorías, yo hago humildemente este recordatorio con la intención de decirles, señoras y señores del Partido Popular, que con su aplicación absoluta del rodillo parlamentario están tirando por la borda el trabajo tanto de la voluntad política de los
textos alternativos como de la voluntad política de las enmiendas que se debaten hoy aquí, así como la de los textos alternativos de organizaciones políticas representadas en esta Cámara parlamentaria que, en conjunto, señoras y señores del Partido
Popular, están también muy bien acompañados por la sociedad española, nada más y nada menos que por once millones de


Página 14837


ciudadanos que nos han votado a todos los grupos que hemos presentado en esta Cámara textos alternativos. Así que, por favor, desplúmense de la arrogancia, porque desde la responsabilidad que tiene que asumir un Gobierno democrático en una
reforma educativa, estas no parecen las formas adecuadas.



Señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida hemos presentado un montón de enmiendas de las que trataré de exponer las más importantes, que vienen a plantear un modelo alternativo de formación profesional que empieza por
la raíz del problema al entender que esta es una pieza clave del sistema educativo. Por eso, nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, hemos querido singularizar especialmente el debate de este proyecto de ley. Admitimos que el Gobierno del
Partido Popular, en este caso, se ha sentado con los agentes sociales y que se trata de un proyecto más consensuado, pero es verdad que se trata de un proyecto al que ustedes le han dado un tratamiento de maría, incluso, como ya he manifestado en
otras ocasiones, impidiendo el debate mediático necesario, planteándose a la vez por la señora ministra el debate sobre la ley de calidad y, de alguna manera, ocultando lo importante y trascendental que es la formación profesional para el conjunto
del sistema educativo español.



En primer lugar, señorías, nuestras enmiendas vienen a poner negro sobre blanco la ambigüedad y la falta de concreción del texto del proyecto de ley que ustedes, señores del Partido Popular, nos han traído a esta Cámara. En segundo lugar,
ustedes manifiestan, con el rechazo de casi todas la enmiendas presentadas, no sólo las de mi grupo, sino las del conjunto de grupos políticos de la Cámara, que tienen la intención de cercenar o delimitar el marco competencial de las comunidades
autónomas.
En tercer lugar, nuestras enmiendas reconocen, cosa que no hacen ustedes en su texto, la importancia del papel que tienen que jugar las corporaciones locales en esta materia. Yo creo que se trata de una ceguera política y que, en el
futuro, tendrá consecuencias el hecho de que ustedes no se hayan enterado todavía de cuál es el papel que las corporaciones locales han de jugar en esta materia cuando, además, tienen una oferta formativa en marcha en muchísimos ayuntamientos. En
cuarto lugar, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida propone un instrumento como el Consejo de Cooperación Interterritorial, entre administraciones, para tratar de lograr acuerdos entre la Administración central y las comunidades
autónomas. Entendemos que la participación de todos los sectores implicados y la importancia de la formación profesional lo demandan. En quinto lugar, la falta de concreción del proyecto del Gobierno les ha llevado a no considerar enmiendas de mi
grupo que reafirmaban la conveniencia de ver el desarrollo y evolución de las necesidades del sistema productivo; es decir, planificar con tiempo las necesidades de formación que tienen las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y, por
otro lado, las de las propias empresas. En sexto lugar, ustedes hablan permanentemente de acuerdo social. ¿Quién se va a creer la voluntad política del Partido Popular por el acuerdo social, y más concretamente en este texto, si ustedes no han
asumido enmiendas de nuestro grupo parlamentario que precisamente ponen el énfasis en la necesidad de la negociación colectiva? En séptimo lugar, señores del Partido Popular, ustedes han obviado -elemento reflejado en nuestro cuerpo de enmiendas-
los requisitos que habrán de cumplir los centros integrados de formación profesional para que puedan tener la consideración de tales.



Nosotros nos preguntamos, en octavo lugar, qué pasa con la financiación.
Ustedes hablan de lo que van a hacer. La ministra anunció el paquete de reformas educativas nada más aterrizar en este Parlamento y una vez asumida la responsabilidad
de ministra, pero nunca nos dijo cómo iba a financiarlas. Apostar realmente por la formación profesional, señoras y señores del Partido Popular es, como siempre, poner dinero encima de la mesa. Una buena formación profesional -ustedes lo saben
igual que yo- cuesta mucho dinero, pero es absolutamente rentable para el conjunto de la sociedad. En noveno lugar, ustedes vulneran el principio democrático en la elección de los órganos de Gobierno de los centros integrados de formación
profesional, asunto que hemos tratado de corregir con nuestras enmiendas inútilmente; esto es, el Gobierno del Partido Popular pone a estos centros en una situación antidemocrática cuando establece métodos que no son democráticos, métodos
superados, que obvian cualquier funcionamiento democrático, participativo y corresponsable de las acciones formativas que se desarrollen. En décimo lugar, ustedes no plantean en su texto ni una sola medida para garantizar una coordinación efectiva
y eficaz de los servicios de orientación e información sobre formación profesional de las comunidades autónomas, corporaciones locales, centros y demás organismos. ¿Por qué votan en contra de nuestras enmiendas, que son absolutamente necesarias
para el desarrollo del proyecto? En undécimo lugar, nuestro grupo parlamentario, responsable y sensatamente plantea la necesidad de planificar la red de centros de formación profesional, un mapa de formación profesional adaptado a las necesidades
reales del sistema productivo y un calendario para definir una financiación acordada con las comunidades autónomas, así como distintos mecanismos para gestionar la formación profesional, convenios u otros mecanismos, con las propias comunidades
autónomas y otros organismos. En duodécimo lugar, nuestras enmiendas destacan la importancia de planificar una oferta de formación profesional en sus distintas modalidades que favorezca a colectivos socialmente desfavorecidos, como pueden ser los
parados de larga duración, los jóvenes expulsados del sistema escolar, las minorías étnicas, los discapacitados, etcétera, colectivos


Página 14838


que necesariamente han de tener oportunidades en este proyecto de ley y que únicamente a través de las acciones formativas van a poder acceder a un puesto de trabajo. Por último, con relación a los profesionales, ustedes, además de no
definir qué requisitos han de cumplir los mismos para poder desempeñar sus funciones en los centros de formación profesional, siguen sin hablar de la negociación colectiva, dejando la cuestión como si fuera una historia de buena voluntad y de horas
extraordinarias, y esto, señorías, no tiene nada que ver con el asunto de la formación profesional.



En suma, Izquierda Unida, una vez más, quiere manifestar claramente su decidida apuesta por que sea el Estado, sin coartar los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas, quien apueste por la formación profesional, con financiación
pública suficiente para permitir una oferta en permanente adaptación al sistema productivo y que garantice que cualquier ciudadana o ciudadano pueda acceder a la formación profesional. Esto, señoras y señores del Partido Popular, es lo que nos ha
hecho trabajar a los hombres y mujeres de Izquierda Unida, al Grupo Parlamentario Federal, al área de educación de Izquierda Unida federal, a todo el colectivo al que represento en esta Cámara. Hemos trabajado, primero, con un texto alternativo que
tiene más que ver con nuestro sentido de la responsabilidad que con nuestras posibilidades reales en esta Cámara y, segundo, apostando con nuestras enmiendas -enmiendas que humildemente acabo de defender- por esa formación profesional que entendemos
que ustedes obvian en su propio texto. Les queremos advertir, dada la relevancia que para mi grupo parlamentario tiene este proyecto de ley que hoy estamos sustanciando en Comisión, que estaremos vigilando el proceso ulterior a la aprobación para
garantizar una formación profesional del máximo nivel y al alcance de todas y todos los ciudadanos españoles.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Hay que reconocer que este portavoz y este grupo parlamentario -casi puedo hablar en primera persona-, en seis años como diputado, no había participado en ninguna Comisión legislativa como esta, con esa sensación,
permítanme la cita bíblica -en la Comisión de Cultura se debe poder hacer-, de venir aquí a dar coces contra el aguijón, porque, a pesar del buen tono con el que todos estamos desarrollando esta Comisión y que probablemente continuará durante la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que tiene espléndidas maneras, buen tono y toda la cortesía parlamentaria, la realidad es que aquí vamos a celebrar un acto de liturgia parlamentaria, que consiste en que cada uno de
nosotros echará al vuelo, como cuando se sueltan palomas, una serie de enmiendas, que justificará más o menos, para, a continuación, ver como ninguna es aceptada, ver como la mayoría absoluta de esta Cámara las rechaza una por una y el texto sale
como entró, es decir, sin haber sido retocado en ninguno de sus aspectos sustanciales o técnicos. Esa es la realidad a la que estamos asistiendo hoy, repito, envuelto en espléndido tono, buenas maneras, mucho respeto mutuo y grandes sonrisas. La
realidad es que hoy estamos asistiendo a uno de los mayores ejercicios de rodillo parlamentario que vamos a ver y que hemos visto desde hace bastantes años y que espero no volvamos a ver en lo que queda de legislatura;(El señor González de Txabarri
Miranda pronuncia palabras que no se perciben); es un punto de optimismo el que manifiesto, señor González de Txabarri.



Como bien decía el portavoz del PNV en su intervención, a todos aquellos, entre los que nos contamos los representantes de Convergència i Unió, que hoy veremos rechazadas todas y cada una de nuestras enmiendas nos queda una doble esperanza.
Una primera esperanza es el Tribunal Constitucional, que como siempre ocurre con la justicia acaba poniendo las cosas en su sitio, aunque sea tarde. La ley que hoy saldrá de esta Comisión con dirección al Pleno para luego ir al Senado, supongo que
también como un trámite en el que apenas se retoque nada, estamos seguros que tiene sus días contados con el texto que hoy se aprobará. Es una ley que va dirigida como un cohete a la mesa del Tribunal Constitucional, el cual, en su momento, pondrá
las cosas en su sitio, esperamos, en algunos de sus puntos, en otros no -no queremos ser dogmáticos ni siquiera en lo jurídico- porque entendemos que la opción que toma el Partido Popular es la que nos parece menos correcta, la menos sensata, la
menos acorde con las necesidades del mercado de trabajo español, la que menos encaja con la realidad autonómica española, pero dada la ambigüedad de nuestra Constitución en algunos puntos admitimos que es una interpretación posible en algunos
ámbitos; en otros estamos firmemente convencidos que ni siquiera eso es cierto y que hoy estamos aprobando textos que van directamente a la proclamación de inconstitucionalidad por falta de respeto a las competencias autonómicas. Esa es la primera
salvaguarda que nos consuela hasta cierto punto. Cuando esto se tenga que volver a rehacer dentro de unos años -quizá en la próxima legislatura- se recuperarán los diarios de sesiones y habremos perdido unos años que nos podíamos haber ahorrado con
un poco más de cintura, de generosidad y de adecuación a la realidad por parte del grupo mayoritario. En segundo lugar, está el otro consuelo que daba el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, que es que la realidad también se impone. Hay un hecho
cierto y empírico: el legislador nunca puede ir contra la realidad, ni puede ir a un ámbito técnico muy distinto del que estamos hablando hoy. Cada vez que se ha intentado hacer legislación


Página 14839


que afecta a los ámbitos tecnológicos sin tener en cuenta la realidad, la realidad aplasta las leyes, las deja obsoletas y las hace absolutamente inútiles. Algo así va a ocurrir con parte de esta ley -no con toda- que se aprueba hoy, porque
es una ley contra la realidad. Es una ley que no atiende ni a la realidad económica europea en su conjunto, ni fundamentalmente a la diversidad de la realidad laboral y económica del conjunto del Estado. Es así, es una ley que pretende una España
que no conocemos, que se dibuja sobre una realidad económica, empresarial y formativa que no existe y que pretende ser implementada por una institución que no existe, que es una especie de ministerio de educación y ministerio de trabajo con plenas
competencias directas sobre el conjunto del Estado y actuando directamente sobre el territorio, cosa que no es así ni podrá ser así porque cada vez que eso se intente implementar tendrá sus propias fuentes de conflicto. Sobre todo es una ley que
intenta implementar -entro ya un poco más en las enmiendas concretas que tenemos que defender en esta parte- un catálogo de títulos y de cualificaciones centralizado, uniforme, que no tiene para nada en cuenta la diversidad de realidades formativas,
económicas, empresariales y laborales de las distintas partes de eso tan complejo que es España -ponía el ejemplo del debate en su momento en el Pleno-, entre la realidad pesquera de los puertos mediterráneos y la realidad pesquera gallega, la
realidad industrial catalana y la realidad industrial vasca, o la realidad industrial de Ciudad Real y la realidad industrial vasca metidas en el mismo embudo, con el mismo título, sin ninguna cintura, sin ninguna flexibilidad para poder
diversificar dentro de un carácter básico lo que son esos títulos de formación profesional que sin duda permitan la movilidad laboral en el conjunto del Estado, sin permitir la flexibilidad que supone introducir que las comunidades autónomas puedan
modular ese catálogo, puedan enriquecerlo y puedan además en cada caso concreto, sobre un elemento básico, aportar especificaciones que no rompan la unidad del mercado laboral, que no perjudiquen la movilidad laboral pero que sí se adapten a lo que
los empresarios en cada caso necesitan. Contra todo eso legisla hoy este texto y la realidad, insisto, creo que le pondrá en su momento en su sitio.



La mayoría de las intervenciones que me han precedido las hago propias como diagnóstico. Ello no supone que vayamos a votar todas y cada una de las enmiendas de los demás grupos; algunas las votaremos a favor, otras en contra y en otras
nos abstendremos, y nos abstendremos en muchos casos porque la literalidad de las mismas no es exactamente la que nosotros hubiéramos elaborado, pero el diagnóstico de crítica que ha ido empapando las distintas intervenciones de los portavoces lo
hacemos nuestro.



Las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán a los artículos 1 y 8 no pretenden ser más que el reflejo de lo que acabo de decir: intentar reconducir esta ley a lo que debería ser, a lo que querríamos que fuera y lamentablemente no será,
que es, primero, una ley de carácter básico que fija los contenidos básicos, los contenidos mínimos que después son enriquecidos y complementados por las comunidades autónomas en el ámbito de la titulación en cada uno de sus territorios y cuya
implementación a efectos de la evaluación y la acreditación de esas competencias se realiza también por cada una de las comunidades autónomas. Ese es el fondo de las enmiendas que nosotros desarrollamos, una legislación que tiene en cuenta no sólo,
como decía muy bien la portavoz de Izquierda Unida en este punto, a las comunidades autónomas sino también a las administraciones locales, que tienen su propio papel, distinto al del Estado, distinto al de las comunidades autónomas, pero lo tienen,
y lo tienen creciente en el ámbito formativo, sobre todo en lo que hasta ahora se ha denominado la formación continuada. Ignorarlo y legislar sin tener en cuenta esa realidad es un ejemplo más de estar legislando de espaldas, valga la redundancia,
a esa misma realidad. Por tanto, el grueso de nuestras enmiendas hacen referencia, primero, a la noción básica de esta ley y por tanto al planteamiento global de lo que sería no un sistema nacional sino un sistema integrado, lo que nosotros pasamos
a llamar un sistema integrado de formación profesional, que no pretende 17 sistemas de formación profesional distintos, no pretende crear ni levantar barreras entre las comunidades autónomas sino que pretende un sistema único para el conjunto del
Estado que se adapta y que de alguna forma es flexible a su adaptación en las distintas comunidades autónomas y que además tiene presente lo que ya existe -como también decía alguno de los portavoces que me han precedido-, que no pretende nacer de
la nada, como se está haciendo ahora, sino recoger la realidad de lo que hoy es la formación profesional en España, que en muchos ámbitos es no sólo correcta sino muy buena y funciona muy bien en términos de calidad y en términos de planteamiento
económico y jurídico tal como está planteada.
Primero, por tanto, el carácter básico, respeto a las competencias de las comunidades autónomas, reconocimiento de las comunidades locales y después todo lo que se deriva de una visión muy distinta de
lo que es el catálogo de cualificaciones que debería establecer esta ley, un catálogo que, a nuestro modo de ver, debería tener unos contenidos básicos, que a su vez han sido determinados previa consulta a las comunidades autónomas, que aportan a
ese marco común su conocimiento de la realidad. Cada una de las comunidades autónomas, por ese procedimiento de consulta, aportan su conocimiento de la realidad empresarial y económica de su territorio y eso se articula en un catálogo general que a
partir de ahí, de forma básica, se impone al conjunto del territorio del Estado. Ése no es el modelo del PP, es el modelo que nosotros proponemos. En segundo lugar, un catálogo


Página 14840


que tiene una actualización permanente, no un catálogo rígido que queda congelado, sino un catálogo que permanentemente se actualiza porque estamos hablando de algo tan volátil como la adecuación de los conocimientos a la realidad
empresarial, y la realidad empresarial funciona a una velocidad espectacular. ¿Qué necesidades va a tener un determinado sector u otro? ¿Qué empresas se quedan obsoletas en su tecnología y por tanto necesitan rápidamente la adecuación de toda su
gente? ¿Qué sectores de repente son importantes y de repente dejan de serlo? Todo eso precisa una perfecta adecuación del catálogo a la realidad y no una especie de proclamación hecha en mármol, colgada de una pared del ministerio, de un catálogo
que ahí queda y después la realidad funciona a una velocidad muchísimo más rápida.



Por tanto, una actualización permanente y una constante adecuación a la diversidad de los caracteres socioeconómicos de las comunidades autónomas, tal como en su momento decía el artículo 35 de la LOGSE, el cual sigue vigente, hablando
precisamente en este ámbito de la adecuación a la diversidad de los caracteres socioeconómicos de las comunidades autónomas. Un derecho, ya lo he dicho antes, de proposición de las comunidades autónomas en la elaboración del catálogo, pero también,
fruto si se quiere de esa obsesión de mi grupo por la flexibilidad, por la adecuación a la realidad, un derecho de las comunidades autónomas a proponer constantemente modificaciones en relación con el catálogo, permitiendo un flujo y un reflujo de
información que posibilite la constante actualización del catálogo a la luz de lo que las comunidades autónomas detecten en su propio territorio. Eso está lejos del modelo que hoy se nos impone.



Finalmente, y este es un punto estrictamente competencial, además de un punto de adecuación a la realidad jurídica y social del país en el que vivimos, otra de nuestras enmiendas pretende reconocer que la evaluación y acreditación de estas
competencias, una vez establecidas y sobre la base de ese marco que es común y básico y que por tanto se impone al conjunto de las comunidades autónomas, se lleve a cabo por cada una de las mismas. No corresponde a la Administración general del
Estado la evaluación y acreditación de cómo se implementa eso, sino que, una vez establecido el catálogo, son las comunidades autónomas las que deben realizar esa función. Negar eso es dejar de reconocer que nos encontramos ante un Estado
autonómico, aparte de que supone una vuelta atrás a una especie de modelo centralista de Estado que no es el nuestro. Si alguien estuviera escuchando y no conociera el texto del Partido Popular, seguramente, y no es presunción, diría que todo esto
que estoy diciendo es de sentido común a la luz de la Constitución, de los estatutos y de lo que es un modelo realmente adaptado a las necesidades. Pues resulta que la realidad no es esa, sino que desgraciadamente el texto que hoy se va a aprobar
con la mayoría absoluta del Partido Popular dice todo lo contrario de lo que acabo de manifestar, estableciendo un modelo rígido y seco, si se me permite la expresión, en el sentido de muerto, de inadaptado al funcionamiento, sin algo que realmente
le permita sobrevivir en la realidad práctica. Por tanto, y con esto termino, lamentablemente hoy no le vamos a dar a la formación profesional el empuje que necesita, ya que esta ley -permítaseme que haga uso de una cierta pedantería jurídica- no
sólo supone un daño emergente para la misma en la medida en que la realidad causa daño tal y como funcionan las cosas, puesto que introduce un bastón en las ruedas del funcionamiento de la formación profesional, sino también -insisto en utilizar una
terminología jurídica- un lucro cesante, es decir, deja de aportar a la formación profesional lo que en este momento necesita y lo que el Partido Popular podría haber aportado en este momento.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marzal.



La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señorías, comenzamos por nuestra parte el debate de las enmiendas al proyecto de ley de cualificaciones y formación profesional en la Comisión de Educación. Después de nueve enmiendas a la totalidad, cinco de
ellas con texto alternativo, lo que supone un nivel de disensión poco frecuente en esta Cámara, nuestras expectativas respecto a que las enmiendas parciales que estamos defendiendo hoy en la Comisión los diferentes grupos de la oposición puedan ser
aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular y votadas por tanto positivamente, por lo menos en parte, son muy escasas. Escasas son nuestras expectativas porque ya la sesión de la ponencia nos anunció una cabalgada rápida, así como que el Partido
Popular finalmente aceptaría muy poco, prácticamente nada, del trabajo y de las sugerencias de la oposición, a pesar de que el señor Azpiroz señalaba en el hemiciclo el pasado día 14 de marzo, cuando se debatían las enmiendas a la totalidad, y leo
textualmente: Que el reto y el emplazamiento de este proyecto de ley es que su puesta en marcha venga apoyada con las críticas que sean precisas por parte de todos los grupos políticos. Parece que ese reto no va a poder ser superado, precisamente
por culpa del Grupo Popular, y parece asimismo que pocas son las críticas, incluso considerándose constructivas, que van a ser integradas en la ley por parte del Partido Popular. No obstante, preferiría equivocarme y que el grupo que sustenta al
Gobierno fuera más generoso de lo que lo ha sido hasta ahora, pero me temo que no va a ser así.
Ciertamente, el proyecto de ley que discutimos merece muchas sugerencias, enmiendas o correcciones que el Grupo Popular a nuestro juicio debería
aceptar. En primer lugar, porque es una ley técnicamente muy mejorable.
Así lo hizo saber en su informe el Consejo de Estado en varias observaciones.



Página 14841


Decía textualmente: El proyecto de ley no acaba de dejar claro cuál es la funcionalidad del sistema que en la ley orgánica se implanta por referencia al actualmente en vigor. Hacía también observaciones a las referencias, mal hechas a su
juicio, a la normativa europea. Mucho más duro todavía fue el informe del Consejo Escolar del Estado, que indicó que el entonces anteproyecto no utilizaba correctamente y tendía a favorecer la confusión entre los términos cualificación profesional
y competencia profesional, de fundamental importancia en el texto de la ley. Dice también: No se incluyen referencias concretas a la trasposición de las directivas europeas. Dice: Utiliza términos inadecuados que inducen a confusión. Y esto
sólo por hablar de detalles técnicos, pero también se le hicieron muchas objeciones de fondo. Bien es cierto que algunos de estos errores se han corregido, pero otros subsisten y por esta razón muchas de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Socialista presenta, además de responder a un modelo diferente del que el Partido Popular propone, son de mejora técnica, ya que se trata de una ley que técnicamente podemos considerar, y ya he dicho que no sólo nosotros, como mala.



El proyecto de ley que debatimos ha sido también presentado como una ley muy ambiciosa en todas las declaraciones públicas que se han hecho respecto a ella, habiéndola presentado como aquella que va a hacer jugar a la formación profesional
el papel básico en el progreso económico y social de nuestro país. Sin embargo, estas grandes promesas se concretan muy poco, y así lo han dicho todos los comparecientes, incluso quienes la han apoyado. Todos han manifestado su temor a que los
reglamentos desvirtúen las intenciones que ustedes declaran, pero que no se concretan en la ley. La ambigüedad y la indefinición de muchos aspectos que debían precisarse son notables y así se ha dicho también por parte de otros grupos que me han
precedido en el uso de la palabra. Es por otra parte este proyecto de ley un bis del segundo programa nacional de formación profesional, una copia, pero degradada, con menos propuestas y con menos consenso que logró la elaboración del segundo
programa en el año 1998 y nos tememos, como también han dicho los comparecientes, que sea igual que el segundo programa en otros aspectos: en que no se cumpla, en que no se desarrolle, en que no sirva en definitiva para nada, en que resulte una ley
inútil, como prácticamente lo ha sido el segundo programa, por la mala gestión que ustedes han hecho de él, a pesar de las expectativas que pudo despertar en su día.



En definitiva, a nuestro juicio es una ley corta en sus planteamientos e insuficiente en su fondo y no supone ni el cambio ni la mejora que necesitaría la formación para el empleo, la formación profesional, tan sensible a las necesidades de
cada momento, tan necesitada de constante adaptación y puesta al día. Y es una ley que precisamente por su falta de concreción nos tememos que resulte inútil para el diseño de un nuevo marco de relación entre los sistemas formativos y productivos y
con enorme repercusión en el mercado laboral. Hacemos nuestras también las críticas de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la mayoría de cuyas propuestas vamos a aceptar, como se manifestará más tarde en la votación, porque
todos los que estamos participando en la elaboración de esta ley estamos coincidiendo en los mismos defectos, defectos a los que el Partido Popular está haciendo oídos sordos.



Paso a continuación a repasar las enmiendas de los títulos preliminar y I.
En primer lugar, se observa en el artículo 1 una clara prioridad de la dimensión formación profesional sobre la dimensión cualificaciones, que se cita siempre en
segundo lugar. En efecto, al definir el sistema integral se cita en primer lugar a la formación profesional antes que a las cualificaciones y posteriormente parece que son las modalidades formativas las que han de responder con eficacia a las
demandas sociales y económicas. En definitiva, parece no entenderse que son las cualificaciones las que hacen más competitiva a la fuerza de trabajo y las que permiten ingresar y/o progresar en el empleo, mientras que la formación es sólo el medio
o instrumento para adquirir cualificaciones y por cierto no sólo el único. Por otro lado, en el artículo 1 se incluye la acreditación como elemento objeto de integración del sistema. Se supone que la acreditación se predica de las cualificaciones
y no de la formación. En todo caso, parece que el sistema de acreditación de las cualificaciones forma parte del propio sistema de cualificaciones, ya que el principal sentido que tiene establecer un catálogo de cualificaciones es que éstas luego
sean acreditadas y reconocidas y tengan valor para el empleo. Por ello, si se incluye en la definición del sistema integral este componente del propio sistema de cualificaciones, podría plantearse que se incluyeran también otros componentes como el
sistema de información y orientación profesional, por ejemplo. Además, ustedes mismos renuncian a este término, en el texto del proyecto ya sólo se habla del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones e ignoran el término
acreditación, que sí aparece al principio. Nuestras enmiendas corrigen todas estas disfunciones.



Se echa en falta también un apartado que plantee como finalidad de la ley la proclamación del derecho a la formación profesional, al menos en términos genéricos. Para el Grupo Socialista esta mención es imprescindible, tanto o más cuando
hoy no todos los ciudadanos tienen acceso a ella. Nos parece un tremendo error que el Gobierno se haya olvidado -no sabemos si voluntariamente- de su mención. También consideramos necesario incluir en las finalidades de la ley la necesaria
coordinación entre las diferentes administraciones públicas y la participación de los agentes económicos y sociales por su implicación en el proceso de elaboración y desarrollo del sistema integral de cualificaciones


Página 14842


y formación profesional, independientemente de que más tarde, en los diferentes artículos, vuelva a aparecer.



Nos parece importante hacer algunas observaciones al artículo 2, ya que no parece que al sistema nacional de cualificaciones y formación profesional le corresponda como primera función integrar la oferta de formación profesional. Lo primero
que tiene que hacer el sistema nacional de cualificaciones es identificar y definir las cualificaciones objeto de reconocimiento y acto seguido definir y establecer el sistema de reconocimiento y acreditación de las mismas. También en los artículos
siguientes procedería introducir otras mejoras técnicas y de concepto como, por ejemplo, en el artículo 4, la denominación de instrumentos a aquellos que no son tales sino simplemente componentes del sistema nacional de cualificaciones y formación
profesional. Tal es la confusión y la inconcreción del proyecto de ley que presenta el Gobierno.



Otro aspecto a nuestro juicio decisivo y que queda sin resolver es el de la coordinación de todo el sistema, en el que el Gobierno no ha entrado, movido quizá por los intereses contrapuestos de Trabajo y de Educación o por la falta de
interés en intervenir en las competencias de cada uno de estos ministerios o de los restantes que también participan de la formación profesional. Para el Grupo Parlamentario Socialista la articulación de un sistema tan complejo de decisiones y
actuaciones, que exige la coordinación con las comunidades autónomas y la participación de los agentes sociales, requiere dotarse de unos instrumentos bien definidos, funcionales y consensuados, que permitan ensamblar los grandes objetivos y
programas de actuación. De ahí nuestra propuesta de un órgano único de coordinación de la formación profesional, la que denominamos agencia nacional de las cualificaciones y de la FP, y al mismo tiempo la creación de un órgano colegiado de
decisión, no como el actual Consejo General de la FP, que tiene solamente funciones de asesoramiento pero que debe seguir existiendo para que los interlocutores tengan un foro de participación institucional, sino un órgano colegiado de decisión en
el que participen y se coordinen con la Administración central las comunidades autónomas. Esta agencia nacional garantizaría la coordinación y participación de todos los implicados en la identificación de las cualificaciones que demanda nuestro
sistema productivo, sin perjuicio de las competencias del Consejo General de la FP. Sin embargo, el Gobierno no ha querido dar este paso y ha preferido dejar en términos tremendamente imprecisos la coordinación del sistema, citando a los dos
órganos que ya existen, el Consejo General y el INCUAL, el Instituto Nacional de Cualificaciones, conformándose con un continuismo que ya ha resultado inoperante. ¿Considera el Grupo Popular que el Consejo General de la FP, órgano consultivo y no
decisorio, con su bicefalia compartida entre Trabajo y Educación, ha servido, por ejemplo, para impulsar y ejecutar el II Programa Nacional de Formación Profesional, que está prácticamente sin cumplir, lo que ha supuesto cuatro años perdidos para la
formación profesional desde 1998 hasta hoy? ¿Ese es el impulso que quiere dar el Gobierno a la formación profesional? ¿Quién quiere que decida respecto a ella? ¿Quién debe concretar? ¿Quién debe impulsar?


Otro aspecto muy importante que queda sin resolver en la ley es el establecimiento de incentivos a las empresas que favorezcan una mayor colaboración con ellas, si lo que queremos precisamente es una mayor y mejor inserción en el mercado de
trabajo. También se vio la necesidad de establecer estos incentivos para impulsar a las empresas a participar en la formación profesional durante las comparecencias que precedieron a este debate y que fueron destacados por los empresarios y los
representantes del mundo sindical. Un paso importante hubiera sido que la ley que presenta el Gobierno los precisara y que su posible introducción no se dejara, como tantas otras cosas, al futuro desarrollo reglamentario.



Por último, una aportación que consideramos de gran importancia es el establecimiento de plazos concretos para el desarrollo de todos los componentes del sistema, para el establecimiento del catálogo de cualificaciones, para la definición
del sistema de reconocimiento, evaluación y certificación de las mismas. La fijación de unos plazos concretos y próximos en el tiempo puede ayudar a la verdadera implementación del sistema, al tiempo que pretendemos evitar que el desarrollo de la
presente ley se eternice o no se realice, tal y como ya ha sucedido y se ha denunciado con el II Programa Nacional de Formación Profesional. En definitiva, queremos garantizar la operatividad de la norma.



Estas son nuestras aportaciones al primer título de la ley que, a nuestro juicio mejoran sensiblemente el proyecto, por cuanto que concretan y precisan aquellos aspectos que en la ley quedan sin resolver y permiten en definitiva que el
esfuerzo que todos hemos realizado se plasme en una ley que pueda resultar útil a los más de 15 millones de trabajadores que podrán beneficiarse de ella y contribuya a que la formación profesional sea una alternativa educativa más valorada.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Yo también voy a hacer primero una introducción de carácter general, como han hecho todos los portavoces, y que es plenamente coherente con los postulados y posiciones que se defendieron en el Pleno del día 14 y con
la actuación de la oposición que presento 9 enmiendas de totalidad, 5 de ellas con texto alternativo, que lógicamente han dado pie a una serie de enmiendas parciales derivadas de esos textos alternativos o, en su caso, de la filosofía


Página 14843


en la que se apoyaban las enmiendas de totalidad que no planteaban alternativas. Recuerdo esto porque conviene decir, (y algún portavoz así lo ha reconocido y yo lo agradezco porque entra dentro de la lógica de las cosas), que estas dos
posiciones claramente diferenciadas, por un lado, la de la oposición -o más de dos porque en la oposición hay variadas y plurales manifestaciones y matices en su conformación de un sistema de cualificaciones y formación profesional- y, por otro
lado, la del Gobierno, han dado pie -alguien lo citaba en el Pleno pasado- al máximo nivel de oposición que ha tenido un proyecto de ley en el parlamentarismo español. Yo no lo he verificado, pero me lo dice el señor González de Txabarri y yo le
creo y seguro que esto es así. Obviamente, uno hubiera agradecido más la generosidad de la oposición cuando se habla de generosidad a la hora de la actuación del Gobierno, pero es lógico que si hay modelos contrapuestos no se asuma una enorme
cantidad de enmiendas parciales que obedecen a mecanismos diferentes a los que el Gobierno ha considerado como idóneos y oportunos para dotar a la formación profesional y al sistema de cualificaciones en nuestro país del impulso -en esto coincidimos
todos- que necesita, como estamos haciendo en este texto.



Tengo que señalar obligadamente algunas referencias que van a dar por contestadas enmiendas que se refieren sobre todo al mecanismo con el que se establece la interlocución que se prevé que debe tener el sistema o incluso a supuestas
invasiones competenciales. Tengo que recordar, y ese ha sido el criterio del Gobierno y de los miembros de Consejo General de Formación Profesional, que desde la reforma que se hizo de este último a través de la Ley de 1997 se incluyeron las
comunidades autónomas como órgano de participación. Por tanto, se ha optado por una fórmula en la que había un consejo con participación institucional de las comunidades autónomas, en el cual estaban las representaciones de los dos ministerios
afectados directamente por el contenido de este proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por ello ha resultado más oportuna esta fórmula que la dirigida a acudir -como algunos
pretendían y defienden- a las conferencias sectoriales respectivas y más concretamente a la conferencia sectorial de enseñanza. Por cierto, fue dictaminado, impulsado y aprobado por unanimidad en el Consejo de Formación Profesional, que también
tuvo oportunidad de pronunciarse para que se emitiese el dictamen al respecto por parte de la conferencia sectorial. A nosotros nos parece que este ha sido un mecanismo respetuoso y que da la posibilidad de participar, de debatir y de mostrar
oposición, acuerdo o modificar lo que al final allí se ha aceptado. Recuerdo que se ha aceptado por unanimidad, estando también presentes los sindicatos y los empresarios, es decir, los interlocutores sociales que, desde luego, tienen algo que
decir sobre la materia, no sólo desde una óptica de empleo sino, incluso, desde una óptica económica de cotización. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco plantea en una enmienda la supresión de la cuota de formación, por entender que deben ser
otros mecanismos los que financien el sistema.
Obviamente creo que, no sólo por la función sino por la cotización, por el carácter, en términos económicos, de pagano, tienen algo que decir al respecto, y lo han dicho. Es decir, este proyecto de
ley es, como todos, mejorable; podrá haber y hay modelos alternativos que nos gusten más o menos, pero es un proyecto de ley que tiene con un consenso social de agentes que actúan directamente en la formación. Creo que tampoco esto se puede obviar
ni olvidar.



Dicho esto, pasaré a analizar las cuestiones que me parecen fundamentales y que se han suscitado aquí. Por ejemplo, ha habido una larga disertación en torno al anquilosamiento o al pétreo mecanismo establecido por el proyecto de ley en
relación al catálogo de cualificaciones y a su posibilidad de modificación, actualización e incorporación, de forma que no haya una obsolescencia en el sistema. Evidentemente este es uno de los fines que ha buscado el proyecto de ley; este es uno
de los fallos que se venían detectanto en el sistema con carácter general, porque vivimos en una sociedad cambiante, con una evolución tecnológica y socioeconómica importante, que está haciendo aflorar nuevos perfiles de trabajos, nuevas
cualificaciones, nuevos requerimientos y necesidades del mercado laboral, que muchas veces no pueden ser suficientemente atendidos por nuestros conciudadanos.



Es evidente que así se establece en el proyecto, y les recordaré cómo el artículo 7.2 in fine -en un proyecto que tiene 17 artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, un proyecto que deja mucho al desarrollo reglamentario
porque es abierto, es de bases, es de principios- expresamente le dedica la siguiente afirmación: 'Igualmente se garantizará la actualización permanente del catálogo, de forma que atienda en todo momento los requerimientos del sistema productivo'.
Y enlazo esto con una participación directa que incorpora el proyecto, como es la determinada en el artículo 6 en relación a la participación de empresas y agentes sociales. También tengo que referirme literalmente a lo que dice el proyecto en el
artículo 6.3. Dice: 'Para identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así como para su definición y la de la formación requerida, se establecerán procedimientos de colaboración y consulta con los diferentes sectores productivos y
con los interlocutores sociales.' Todo esto va unido a la permanente mención y a la coletilla reiterada de que, en todo caso, en la configuración del catálogo, en su actualización, va a haber una consulta permanente al órgano que entendemos válido,
que ha sido objeto de debate a lo largo del trámite de este proyecto hasta llegar a la Cámara, al referido Consejo de Formación Profesional.



Página 14844


También se ha dicho aquí que no resulta democrática la fórmula que emplea el proyecto en lo que se refiere a la elección del director de los centros integrados. Admito que se pueda decir que no gusta la fórmula -me parece muy legítimo y,
tal vez, hasta tienen razón en los gustos, aunque para gustos y colores hay de todo-, pero lo que no se puede decir es que no es democrático cuando el propio dictamen del Consejo de Estado expresamente dice que considera que los mecanismos
establecidos en el artículo 11.5 y 11.6 dotan de la suficiente garantía de audiencia que deben tener a la hora de nombrar a los que son enseñantes y docentes. No es algo que diga unilateralmente este grupo ni este portavoz sino que tiene un
sustento jurídico porque, como todos sabemos, al menos los que hemos dedicado de forma principal parte de nuestra vida al derecho, en derecho hay de todo, y para eso están los tribunales, para dirimir interpretaciones diferentes y conflictos, y eso
debe suponer una tranquilidad. Creo que hay muchas gente que en este proyecto de ley se ha puesto una venda antes de la herida. Yo comprendo que un desarrollo reglamentario erróneo puede dar lugar a situaciones inconstitucionales, lo reconozco y
lo admito, aunque espero que no suceda así; estoy deseando que no sea así y convencido de que no va a ser así. Pero es indudable que si ocurriera así, como decía el señor Guardans, hay dos sistemas, pero fundamentalmente uno que es acudir a un
tribunal, el Tribunal Constitucional, que, entre otras funciones y competencias, tiene la de dirimir estos conflictos y, en su caso, resolverlos en la forma que estime adecuada al mandato de los principios de nuestra Carta Magna.



En cuanto a ese choque con la realidad, creo que el proyecto podrá o no acertar, pero pretende acercarse a la realidad y, como he dicho hace un momento, establece un mecanismo en el artículo 6 que es el perfecto reconocimiento y coordinación
de una parte importantísima de la realidad, porque en el mercado laboral, al final y desde este punto de vista, la realidad reside en el sistema de producción, en las demandas de los empresarios y en la intervención de los agentes sociales, y ahí se
reconoce con meridiana claridad.



También he de decir que efectivamente es un proyecto dual, pero no es un proyecto del Ministerio de Trabajo, es un proyecto del Gobierno, como no puede ser de otra forma. Y nosotros le damos importancia sustantiva a lo que puede ser
instrumento de empleabilidad, como dar respuesta a requerimientos reales que todos nos estamos encontrando cuando tenemos oportunidad de debatir en diversos foros, en los que muchos empresarios nos plantean las carencias de mano de obra, y no todas
las carencias de mano de obra se refieren a perfiles de puestos de trabajo con un valor añadido importantísimo. En nuestro mercado laboral hay puestos de trabajo derivados de la formación profesional que hoy en día no se cubren. Por tanto, también
hay que adecuar las realidades, también habrá que detectar las ofertas y las posibilidades de mano de obra para que se produzca la movilidad adecuada. Otra finalidad importante del proyecto es la pretensión -creo que obligada en los tiempos que
corren- de obtener un sistema en el cual nuestra formación y nuestros títulos y certificaciones sean homologables en la Unión Europea, sean convalidables, tengan validez y permitan que nuestros ciudadanos puedan tener una movilidad y una
consideración en el resto de los países de la Unión Europea.



Cuando se habla de la cuestión educativa, he de decir que es una de las dos partes diferenciadas que hay en un texto que tiene una finalidad que creo que nadie ha cuestionado, la de integrar tres subsistemas, acercándonos más a los modelos
de la Unión Europea. Como vascos que somos tenemos el justo orgullo de poder afirmar, como dice el señor González de Txabarri, que afortunadamente tenemos un buen sistema de formación, es así. Tan bueno es que ha conseguido algo que a mí me parece
importantísimo y que, a veces, no sé si esto es metajurídico o no, ha conseguido prestigio social. Este es un factor que probablemente no es incardinable en ningún artículo concreto, pero es un factor fundamental porque, desde luego, mientras desde
la perspectiva de los medios de información, desde la perspectiva de los políticos, desde la perspectiva gubernamental, no hagamos una pedagogía pública en el sentido de que hemos de tener una formación profesional de prestigio, diría que este
debate sí es huérfano, desde todo punto de vista. Debemos conseguir esto.
No puede ser que nuestro sistema sea hijo del fracaso escolar o sea la hermana pobre o sea la alternativa para quien está desahuciado en el sistema educativo. Esto es lo
que no puede ser. Hay que dignificar, hay que prestigiar y hay que recordar que donde están funcionando bien los sistemas de formación se está dando empleo rápidamente a nuestros conciudadanos, con una reducción en la integración en el mercado
laboral en relación a titulaciones universitarias que es digna de ser conocida por aquéllos que no saben bien si optar por una licenciatura o por adquirir un perfil, una cualificación y una formación.



Por tanto el proyecto que propone el Gobierno, que han propuesto los agentes sociales y que es hijo del II Plan Nacional de Formación, es un proyecto moderno, un proyecto que pretende incardinarse ahí. Quizás en el devenir, cuando se ponga
en marcha, pueda haber un sistema de cooperación, una evitación de desconfianzas por parte de las comunidades autónomas al ver que hay un respetuoso desarrollo reglamentario que las permite participar y ser elementos activos para que este proyecto
de ley tenga utilidad y validez. Desde la modernización que pretendemos tengo que decir, en contra la opinión de algunos, que no es un proyecto ex novo, es un proyecto que pretende integrar formación continua, formación inicial y formación
ocupacional de una forma que no será fácil, que será compleja; por eso se ha establecido ese sistema de nombramiento de


Página 14845


la dirección de los centros. Es un proyecto que pretende plantear sinergias positivas. De hecho los que de alguna manera conocemos la formación en la calle sabemos que hay elementos de formación que vienen actuando en la práctica como
centros integrados, y no lo están haciendo mal. Se pretende que esto pueda tener un carácter general, que se puedan optimizar recursos y se pueda dar una oferta formativa global e importante.



Dicho esto, como luego habrá oportunidad de debatir temas concretos, quiero hacer mención de las enmiendas parciales, aunque no de todas, porque muchas quedan contestadas. No digo esto ni serio ni sonriente y espero que nadie lo tome como
una descortesía, pero me parece que es ocioso y que no hace falta recordar a cada enmendante una respuesta que conoce perfectamente. Simplemente me voy a referir a algunas enmiendas concretas.



La enmienda número 92, de Izquierda Unida, no sabemos qué adición propone.
Nos parece que no propone ninguna y por tanto no podemos considerarla desde ningún punto de vista.



Las enmiendas 93, 95 y 96 no están correctamente ubicadas dentro de lo que señalan. Aunque han tachado y han vuelto a poner unos números, no siempre resultan fáciles de entender. De todas formas, en cuanto a la enmienda 95, debemos
reiterar que uno de los objetivos del proyecto es tratar de integrar todo en un solo sistema. No sólo en estas enmiendas sino también en otras a las que nos referiremos luego se hacen llamadas concretas a la formación reglada o a la ocupacional.
Aquí no hay un olvido del Gobierno, sino una deliberada vocación de intentar plasmar la filosofía de que ha de existir un solo sistema integrado y no tres subsistemas que todavía están vigentes de alguna forma por ahí.



En cuanto a la enmienda 97, entendemos que los centros especializados por sectores productivos deben tener la dimensión que ya marca la ley. Además las comunidades autónomas tendrán, igual que la Administración general del Estado, la
necesaria audiencia, y se tendrán en consideración los requerimientos o planteamientos de la Administración local.



En relación con la enmienda número 98, quiero reiterar que la consulta y cooperación con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, que ha puesto de relieve su portavoz esta mañana, está en toda la ley, está en todas las remisiones
específicas y expresas que se hacen con reiteración -lo dije antes- al Consejo General de Formación Profesional y sobre todo a lo establecido en el artículo 6.3 del proyecto.



Estamos en desacuerdo con la motivación de la enmienda número 99. Lo mismo ocurre con la enmienda 211, del Partido Andalucista.



En cuanto a la enmienda número 5, del Grupo Socialista, no aporta unas diferencias sustanciales de estilo y de redactado y nos gusta más el texto del Gobierno. Por cierto, la asunción de la enmienda número 4 en la ponencia dio lugar
obviamente a la asunción de la enmienda número 6, en cuanto era una derivada de modificación de título que ya ha sido adecuadamente incorporada en el informe de la ponencia, por lo que ahora ya está todo perfectamente corregido, así lo ha hecho el
señor letrado de la Comisión, y se habla de cualificaciones y formación profesional en todas las referencias, sean de título o de contenido, en todos los artículos del proyecto de ley.



En relación con la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Vasco, ya conocen perfectamente nuestro punto de vista, pero le recordaré que no creemos en la estanqueidad territorial que rezuma la enmienda. Es cierto que pueden existir y
existen diferencias territoriales, no sólo comunitarias sino intracomunitarias, intraterritoriales, dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate, pero dentro de una contextualización del mercado de trabajo, que además quiere servir de
elemento de homologación y convalidación a efectos del mercado único de la Unión Europea.



La enmienda 188 es coherente con lo que ya se manifestó en el Pleno, pero nosotros, por lo ya expuesto, no compartimos su filosofía.



La enmienda 57 propone sustituir la palabra ordenación. Nosotros no estamos de acuerdo. Hay que crear, y por tanto ordenar, un nuevo sistema integrado de cualificación y formación profesional.



La enmienda 212 está ya recogida en el propio informe de la ponencia, al haberse incluido la enmienda 200, del Grupo Popular. Aquí se habla de formación permanente de los sujetos, y nosotros incorporamos la formación a lo largo de toda la
vida. Por tanto la filosofía que inspira la enmienda ha sido admitida ya por el Grupo Popular.



La enmienda número 7, del Grupo Socialista, tal como acabo de exponer, está aceptada al haberse admitido la número 4.



En cuanto a la enmienda 36, no estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho, en que el sistema nacional sea un conjunto de sistemas, una cuasi federación de sistemas autonómicos. La participación y cooperación de las distintas administraciones
públicas ya se ha incluido como uno de los principios básicos del sistema en un nuevo apartado e) del artículo 6, que se ha incorporado en ponencia y que de alguna forma da satisfacción a lo que plantea dicha enmienda.



En cuanto a la enmienda 101, consideramos que el catálogo nacional de cualificaciones es el instrumento básico del desarrollo de esta ley e incorpora lo que entiende la enmienda.



En relación con la enmienda 190, resulta más importante garantizar el acceso que lo que plantea la enmienda. Ésta habla de garantizar la equidad en el acceso, y nosotros creemos que resulta más importante garantizar el acceso, que luego se
dice que es en condiciones de igualdad. Eso es más importante que garantizar la equidad en un acceso que puede ser parcial, limitado o


Página 14846


no completo. Si se piensa bien, la literatura del artículo del proyecto, con todo respeto al enmendante, es más acertada.



Estudiaremos la enmienda 191. Hay varias enmiendas de Coalición Canaria -una de ellas ofrece una transaccional a la 148, cuando lleguemos al artículo 8- que vamos a estudiar; son las enmiendas 146, 149, 151, 152 y 191. En este momento las
rechazaremos, pero a lo largo del trámite en esta Cámara e incluso en el Senado, si fuera preciso, veremos a lo que podemos llegar en relación con ellas.



La enmienda número 8, del Grupo Socialista, fue objeto de una propuesta de transacción parcial. Supongo que cuando no se ha referido a ella es porque el grupo proponente de la enmienda no la ha admitido.



En cuanto a la enmienda 173, los artículos 1.2, 2.3.a) y 3.1.2 ya vienen a contemplar lo que plantea. Además, hablar de formación inicial va contra el espíritu del proyecto de ley, que es un sistema integrado, olvidándonos ya de esas
distinciones parciales de los tres subsistemas hasta ahora vigentes.



En relación con la enmienda 60, del Bloque Nacionalista Galego, su portavoz no ha hecho mención a ella, pero ya le comenté anteriormente que proponemos una transaccional. Plantea añadir 'y en especial las de la economía social'. Nosotros
quitaríamos la palabra especial y admitiríamos 'y las de la economía social', porque nos parece pertinente que a la hora de hablar de autoempleo haya una expresa mención a las formas jurídicas de autoempleo que se pueden producir a través de las
fórmulas cooperativas o de sociedades laborales.



En cuanto a la enmienda 214, no estamos de acuerdo ni siquiera con la justificación.



En relación con la enmienda número 9, del Grupo Socialista, nos parece más correcto el texto del proyecto en cuanto que habla de instrumentos y acciones.



La enmienda 174, que por un error en la ponencia no fue incluida, ha sido asumida al ser aprobada la enmienda 104, de Izquierda Unida, ya que dicen lo mismo.



Estamos totalmente en desacuerdo con la enmienda del Grupo Socialista número 10, en cuanto establece un órgano paritario interinstitucional administrativo y de las administraciones públicas que entendemos devalúa un tanto el papel de los
agentes e interlocutores sociales. En la agencia nacional de cualificaciones no están más que en su desarrollo y no en su participación previa. Tenemos una contraposición conceptual con el Grupo Socialista en este tema y nos parece importante,
como dije anteriormente, el papel, el reconocimiento y la posibilidad de la participación efectiva por parte de los agentes sociales, aunque ellos no lo estiman del mismo modo.



Con respecto a la enmienda número 11, el texto nos parece más incompleto que el que figura en el artículo 6 del proyecto de ley, que nosotros expresamente apoyamos y consideramos más adecuado.



En cuanto a la enmienda número 13, seguimos pensando que es mejor el texto del proyecto que la alternativa que se plantea.



Con la enmienda número 148, de Coalición Canaria, estamos de acuerdo y ofrecemos una transaccional. El texto que plantean como sustitución, que dice literalmente: 'y tendrán los efectos que le correspondan con arreglo a la normativa de la
Unión Europea', es más correcto que el texto del proyecto del Gobierno, que dice: 'previstos en la Directiva 92/51/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 18 de julio de 1992'. Ahí concluye el párrafo de la enmienda que se plantea y
nosotros proponemos la sustitución de la referencia a la directiva, hasta la fecha concreta, y que luego continúe como está en el texto del proyecto: 'relativa al sistema general...'; es decir, sustitución de la cita expresa de la directiva por la
genérica remisión que se establece en la enmienda al manifestar: 'y tendrán los efectos que le correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea'. Proponemos esa transacción, de manera que luego continúa el dictado del proyecto tal cual
está.



En cuanto a las enmiendas 72 y 149, reitero el papel del Consejo de Formación Profesional, ahí hay un cauce expreso de participación de las comunidades autónomas que a nuestro criterio es adecuado.



El señor PRESIDENTE: No sé si aparte de las enmiendas que ya están incorporadas en el texto de la ponencia ha ofrecido transacciones nuevas.
En ese caso, antes de la votación convendría que nos pasara los textos oportunos.



Pasamos al segundo turno, en el que debatiremos desde el artículo 9 de la ley hasta las disposiciones finales y la exposición de motivos. ¿Grupos que desean intervenir en este segundo turno? (Pausa.)


Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.



La señora JULIOS REYES: Paso a defender las enmiendas correspondientes a esta segunda parte, que mantienen el mismo espíritu que las planteadas en la primera. (El señor vicepresidente, Fernández Rozada, ocupa la presidencia.)


Planteamos incluir en el artículo 10, que hace referencia a la oferta de formación profesional, un nuevo apartado donde se recoja que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán la oferta de formación
profesional para su ámbito territorial a través de los correspondientes catálogos autonómicos de cualificación profesional.
No me voy a repetir porque la argumentación va en la misma línea de lo que he venido expresando con anterioridad.



Página 14847


Planteamos una modificación al artículo 11, que habla de los centros de formación profesional. En el actual texto se dice que es el Gobierno el que establecerá los requisitos básicos que deban reunir los centros, y nosotros planteamos que
sea el Gobierno pero con la participación previa de las comunidades autónomas. Al final del texto incluimos una frase que diga: sin menoscabo de las competencias autonómicas en esta materia.
Decimos esto porque creemos que dichas competencias
existen y es necesario que se respeten. También proponemos una modificación en este mismo artículo del punto 6, que habla de que reglamentariamente el Gobierno adaptará la composición y las funciones de los órganos de gobierno de los centros
integrados a las características específicas.
Entendemos que, por respeto a las competencias de las comunidades autónomas y por una consecución en última instancia de los objetivos que se pretenden con esta ley, esta adaptación a las
características específicas no se puede hacer si no es a través de la participación de las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque la realidad de los territorios así lo impone. La realidad de los mercados laborales en la Comunidad Autónoma
de Canarias impone que las características específicas sean cuidadosamente valoradas, con participación de las comunidades autónomas. Insistimos que en este caso sea reglamentariamente el Gobierno y los consejos de gobierno de las comunidades
autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.



Planteamos una enmienda de modificación al artículo 15, que habla de la organización, de la información y de la orientación profesional.
Proponemos que en su primer apartado se incorpore una coletilla al final, cuando habla de la
información y de la orientación profesional, diciendo que podrán participar los servicios de las administraciones educativas, y laborales, correspondiendo a la Administración del Estado velar porque se arbitren fórmulas de cooperación entre todos
los entes implicados. Esta es una fórmula más idónea de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. A los planteamientos de coordinación nosotros proponemos fórmulas que incidan en la cooperación y colaboración entre las
administraciones.



En cuanto al artículo 17, que habla del establecimiento y coordinación, planteamos una modificación del apartado 1, de forma que el Gobierno y las comunidades autónomas establecerán, en el seno de la conferencia sectorial de educación,
previa consulta al Consejo General de Formación Profesional, los procesos de evaluación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones. Es necesario utilizar y dar el valor adecuado a los foros específicos de encuentro entre ambas
administraciones. Esa es la forma en la que debe funcionar el Estado, porque él lo compone no sólo la Administración central sino las propias administraciones autonómicas, y más cuando estamos hablando de competencias que han sido transferidas en
su momento a las administraciones autonómicas y locales. En ese sentido no debe entenderse que la participación de las comunidades autónomas sea similar a la participación de éstas en los foros de participación social o de asesoramiento. Son dos
cosas diferentes: una son los consejos de participación, como el propio Consejo general de formación profesional, y otra es la debida colaboración y cooperación dentro de la Administración del Estado, por lo cual insistimos en que siempre en las
decisiones -y más cuando estamos hablando de una ley que deja un ámbito de desarrollo muy importante a una regulación posterior- debe darse un tratamiento a las administraciones autonómicas, como Administración que son.



Planteamos una adición a la disposición adicional primera de tal forma que se incluya un nuevo punto que implique que, a los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal laboral al servicio de las
administraciones públicas, la impartición de formación en sus distintos ámbitos tendrá la consideración de interés público. Se permitirá así, por una parte, facilitar el tránsito de profesorado entre los subsistemas para rentabilizar entre otras
cosas los propios recursos humanos y, por otra, que vaya aparejado con el carácter de los centros integrados que se quieren lanzar en este proyecto de ley. Por último, planteamos suprimir el apartado 2 de la disposición final primera en el que se
hace referencia al ámbito exclusivo del Estado, puesto que nos parece que es inconstitucional que se reserve en estos términos al Estado en exclusiva la normativa de desarrollo sobre determinados preceptos que también son competencia de las
comunidades autónomas.



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Tiene la palabra el señor González de Txabarri.



El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Decía el señor Guardans, con razón, que estábamos asistiendo al paso del rodillo más fuerte que se ha conocido en muchos años en esta Cámara. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Yo comparto
ese criterio a la vista de la realidad del rechazo de todas y cada una de las enmiendas que se están conociendo en el trámite del día de hoy. También es verdad que estamos asistiendo a un debate serio en el seno de la Comisión, circunstancia que
quisiera significar porque me parece de justicia hacerlo dado que los argumentos que se exponen por parte de los distintos portavoces han sido contestados con rigor. Ahora que no me oye el señor Guerra Zunzunegui diré que con la aportación de un
diputado vasco y guipuzcoano hemos salido ganando en la Comisión porque, aunque no se pueda llegar a acuerdos, por lo menos se puede discutir con rigor y no se tiene esa sensación que a veces le invade a uno en esta casa de que los argumentos los
oyen los servicios técnicos y poco más. El que se conteste y argumente tiene


Página 14848


la virtud de constatar que estamos en un parlamento, circunstancia que, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, quisiera agradecer.



En relación con las enmiendas de este segundo bloque -que también están imbricadas en el anterior- quisiera realizar las siguientes consideraciones. Señor Azpiroz, nosotros no decimos que exista una invasión de competencias sino que existe
un desenfoque ciego en el planteamiento del proyecto; es decir, que las materias competenciales en el ámbito laboral han prevalecido de manera relevante y significativa sobre las del ámbito educativo. Ese es un tema de análisis. Aquí debería
haber un equilibrio entre las dos materias, pero el Estado, en el convencimiento de que las competencias en el ámbito laboral están centralizadas, ha preferido diseñar el proyecto de la ley de formación profesional sobre las materias laborales para
no tener que meterse en el ámbito educativo, donde el proyecto hubiese sido mucho más complejo. El Gobierno ha hecho lo más fácil. En nuestra opinión, eso no es una invasión de competencias, sino un desenfoque ciego: donde debería haber
equilibrios, hay desequilibrios. Con esto dejo defendidas las enmiendas competenciales a los artículos que hay en este bloque. Antes he sido prolijo en la enumeración de argumentos en relación con estas materias y los demás portavoces han
coincidido básicamente en el planteamiento que se ha realizado.



Dice usted en segundo lugar, señor Azpiroz, que este proyecto tiene consenso social. Cuando usted dice que tiene consenso social se está refiriendo indudablemente a que está apoyado por la CEOE, por Comisiones Obreras y por UGT. En el
ámbito vasco eso no es consenso social y usted lo sabe tan bien como yo. ¿Por qué la CEOE, Comisiones Obreras y UGT apoyan este proyecto? Vamos a dejarnos de esas ambigüedades tan denostadas. La principal vía de financiación que conocen las
organizaciones empresariales y sindicales españolas es la FORCEM. ¿El criterio prevalente de organización de la formación profesional en España debe ser la vía de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales? Esto es muy duro pero
es así. ¿Eso es consenso social? No, eso es garantizar a organizaciones empresariales y sindicales sus vías de financiación, y a partir de ahí todo lo demás es de segunda división e irrelevante. Ese es el planteamiento que nosotros no
compartimos. ¿Ahora resulta que no es democrático que todos y cada uno de los grupos de la oposición presentemos enmiendas alternativas? La democracia no es sólo tener mayoría absoluta. La democracia, además de tener mayoría suficiente, es una
concepción de valores y de organización social.
Ustedes, con su mayoría, pueden aprobar legítimamente este proyecto de ley pero acepten que se les diga que algunos planteamientos tienen déficit democrático al no compartir determinados valores que
también caracterizan a la democracia.



Como usted bien ha dicho en su intervención, nosotros realizamos un planteamiento financiero distinto al que se realiza en el proyecto de ley y no inventamos nada nuevo. Nos estamos refiriendo al modelo francés de financiación de la
formación profesional con dos bases concretas: por un lado, la base central que se recoge en la enmienda número 50 del Grupo Parlamentario Vasco y que propone una nueva disposición adicional para que se articulen las bases mínimas para que exista
un planteamiento financiero de referencia que respalde la reforma de la formación profesional. Esto es mucho más democrático porque la financiación de la formación profesional se contemplaría en los Presupuestos Generales del Estado y no fuera,
como ocurre ahora. Es mucho más democrático y transparente que se unifiquen las cuentas de financiación por las que se soporta hoy en día la formación profesional. El objetivo integrador que se plantea es un objetivo formal de integración de las
distintas formaciones profesionales (la reglada, la ocupacional y la continua), pero debe existir un objetivo integrador también en las propias fuentes de financiación. Usted sabe que el Tribunal Constitucional precisó que esas cuotas de formación
no forman parte de los recursos del sistema de Seguridad Social, y el espíritu de la letra del Pacto de Toledo -que usted conoce mucho mejor que yo- así lo dice. Con el planteamiento del modelo francés que propugnamos se eliminarían muchos de los
efectos distorsionadores que hoy se proyectan sobre los costes del empleo y así se cambiaría un modelo que en nuestra opinión es obsoleto y en el que los empresarios son recaudadores. El propio representante de la patronal vasca, el señor Ruiz
Urzegui, así lo significó durante su comparecencia en esta Comisión. La CEOE no son todos y cada uno de los empresarios españoles, sino que representa lo que representa; Comisiones y UGT representan lo que representan. ¿Eso es consenso social?
Bueno, es un acuerdo entre distintas organizaciones que tienen representatividad.
Nosotros planteamos un modelo alternativo de financiación que es más europeo, más moderno y transparente e, indudablemente, desde nuestra percepción una de las bases
de discrepancia del modelo se encuentra aquí, según comentaba el señor Azpiroz. Nosotros discrepamos radicalmente de la forma de financiación de la FORCEM, lo hemos significado en distintas iniciativas parlamentarias y nos llama mucho la atención
que el Grupo Popular venga aquí con un proyecto de ley pactado entre la patronal española y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Antes se ha dicho que el Ministerio de Trabajo y sus criterios han prevalecido sobre los del Ministerio de
Educación, pero, dando un paso más en el debate, debo decir que la base principal de este proyecto de ley se encuentra en la prevalencia por encima de cualquier otra previsión de la financiación de la patronal, de la CEOE, y de los sindicatos, que a
través de la FORCEM conocen una fuente fundamental de financiación. A nosotros nos llama sobremanera la atención que eso condicione el


Página 14849


esquema normativo y legislativo del conjunto de la FP en España, pero dejemos las ambigüedades a un lado.



Otro conjunto de enmiendas hace referencia a cuestiones académicas. En este bloque se encuentra el tema de la elección de los directores de los centros que, según el desarrollo de la LODE, de la LOGSE, de la LOPEG, ha supuesto un paso hacia
atrás que no compartimos. Nosotros hemos realizado un planteamiento sobre la valoración de la FP que debe estar más centrada en los actuales modelos del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación y no salirse de esos marcos rigurosos, porque el
empleo nos puede llevar a no evaluar absolutamente nada. En esta línea tenemos una enmienda para que se cree un observatorio profesional que evalúe y tenga los datos al día. Asimismo, tenemos otra enmienda referida a un tema que sigue sin
resolverse como es la reversibilidad y comunicabilidad de los itinerarios formativos. De no recogerse este tema, llamado coloquialmente de las pasarelas, estaremos condenando a determinados itinerarios de la formación profesional reglada a que sean
las auténticas hermanas pobres del sistema educativo. Se están haciendo esfuerzos muy dignos y loables para prestigiar la formación profesional, pero todavía existen auténticas murallas chinas que impiden en muchos casos que se pueda llegar a
objetivos determinados, y no vamos a entrar en disquisiciones de tipo técnico. Cuando a un joven se le obliga a optar por unos itinerarios concretos en años prematuros que condicionan decisivamente el futuro formativo del alumno se crean
situaciones que no son de justicia. Existen fórmulas para poder resolver estos problemas y hay países como Francia y Alemania que lo tienen resuelto. Nosotros no llegamos a entender por qué esas murallas chinas siguen cerradas cuando los
argumentos educativos, formativos y todo tipo de informes presentan fórmulas más flexibles y abiertas, de forma que esas pasarelas pudieran abrirse.



Estos son, señor presidente, los tres bloques de este conjunto de enmiendas, que van de la 41 a la 54, que eleva el Grupo Parlamentario Vasco, referidas a cuestiones competenciales, académicas o las que suponen un planteamiento alternativo
para la financiación de estas formaciones profesionales integradas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo no tengo ningún inconveniente en comenzar mi intervención como la iniciaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, dejando claro que aquí estamos ante un rodillo inteligente o respetuoso, de acero pero
cubierto de un terciopelo que hace que la cosa cruja con más delicadeza que en otras ocasiones. Efectivamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no esconde, ni lo escondió en reuniones bilaterales que puede haber tenido con este grupo, ni
está escondiendo hoy que su modelo es otro. Por tanto, en lugar de decir lo contrario de lo que hace, defiende lo que hace, defiende lo que va a votar, defiende este texto y a partir de ahí constatamos una discrepancia absolutamente frontal. Esto
es algo que debemos agradecer y valorar positivamente, a pesar de que el resultado sea igual de negativo que si se hubiese hecho con peores maneras; pero así resulta más agradable.



En segundo lugar, como reflexión previa al hilo de algún comentario que se ha hecho sobre que el texto, al que prácticamente todos nos vamos a oponer, tiene una especie de consenso social, habría que hacer dos precisiones. La primera es
que, suponiendo que eso fuera así, es muy peligroso entrar en esa deriva, porque -y no se tome a mal la comparación- eso es un poco lo que dice cualquier líder populista, desde Chávez a Jesús Gil: aunque yo no tenga el apoyo de los votos, tengo el
apoyo de la sociedad. ¡Cuidado! A lo que me refiero es a que este tipo de líderes dice que como método político ninguna de las fuerzas políticas que ustedes representan en este Parlamento les apoya, pero que lo importante es que tienen el apoyo de
la sociedad que está detrás. No, ¡cuidado! En democracia y en leyes el termómetro que mide el apoyo democrático a la ley está aquí y es el único que vale, y cuando no funciona o no da los resultados que uno quiere no se pueden buscar legitimidades
fuera. Ustedes, señores del Grupo Popular, incluso con ese termómetro tienen legitimidad -se lo digo antes de que usted me lo mencione-, tienen la mayoría absoluta de la Cámara. Por tanto, con la Constitución en la mano, con la mayoría absoluta de
la Cámara, ustedes pueden aprobar esta ley solos; pueden hacer un montón de cosas solos, pero su legitimidad termina ahí; no pretendan escudarse en la sensación de que la sociedad les ampara. Además le subrayo -ahora no recuerdo si estaba usted
presente, pero por si acaso había algunos que no lo estaban- que tampoco es cierto que los agentes sociales estén dando apoyo a este texto. Yo animo a los que tengan que dedicarse a leer la petite histoire de esta ley a la lectura de la
comparecencia del representante de FETE-UGT en las distintas comparecencias que tuvimos previas a la elaboración de esta ley, porque en concreto la del secretario general de FETE-UGT era tan contraria a este texto como la que más se haya escuchado
esta mañana. El secretario general de FETE-UGT dijo una serie de cosas que suscribo en un 90 por ciento, como en buena parte la suscribiría el Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda Unida, el Grupo Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y el
Grupo Mixto. Por tanto, ni siquiera es cierta esa afirmación de que esta ley tiene en contra a los grupos políticos, pero a favor a los agentes sociales. No, los agentes sociales tienen sus propios debates internos. En UGT -por las razones que
sean, que no me corresponde a mí analizar- ha prevalecido una voz sobre otras, pero hay un profundo


Página 14850


debate interno sobre esta ley, incluso, sobre los aspectos competenciales que, como bien sabe, son los que más nos preocupan. Insisto una vez más, no son sólo los problemas competenciales entendidos como reparto de poder de acuerdo con la
Constitución lo que nos preocupa, sino como adecuación a la diversidad del mercado laboral y de la realidad económica española.
Incluso desde esa perspectiva en UGT -me ciño estrictamente a lo que fue la intervención que tuvo lugar aquí, por tanto,
pública y con luz y taquígrafos en el sentido más estricto de la expresión- no hay unanimidad y no pueden ustedes arrogarse la sensación de que tienen detrás a los sindicatos y a la patronal. A la patronal sí la tienen, pero a los sindicatos habrá
que verlo. Otra cosa es que por otras razones, como las que ha mencionado el portavoz del Grupo Vasco, no tenga especial interés plantear el conflicto aquí y se decida llevarlo a otros ámbitos. Dicho esto -ya de forma más breve porque el grueso de
las justificaciones de nuestras enmiendas lo he explicado en la intervención anterior-, voy a hablar de las enmiendas referidas a las del artículo 9 en adelante, que son básicamente las relativas a las ofertas de títulos (en el fondo la
argumentación es la misma que la mencionada para el catálogo y la necesidad de adecuar el catálogo a la realidad) y las relativas a los centros, donde también nos encontramos con una discrepancia frontal entre su modelo y el nuestro. El nuestro es
el que encaja con el reparto competencial entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y las autonomías correspondientes, el que se ajusta a la legalidad vigente y no el suyo.



¿Quién crea los centros? Las comunidades autónomas. ¿Quiénes son los titulares de los centros? Las comunidades autónomas. ¿Quién financia esos centros? Las comunidades autónomas. Por tanto, ustedes no tienen competencias ejecutivas en
centros de formación profesional, y con esta ley se arrogan el derecho de crear algo que vienen a llamar centros de referencia nacional, especie de oasis, catapultados casi de forma extraterritorial en las distintas comunidades autónomas, dirigidos
por la Administración central del Estado al amparo de una competencia que no se sabe muy bien de dónde sale ni qué fundamento jurídico tiene. Con la Constitución en la mano, con el estatuto en la mano, ustedes no tienen capacidad alguna para crear
esos centros de referencia nacional. Ustedes tienen capacidad en el mejor de los casos para etiquetar como centro de referencia nacional, respetando su dirección, su gestión y su titularidad, a aquellos centros que ya existen, y que pueden seguir
existiendo en adelante -si quieren incluso con su financiación; hoy la financiación es autonómica-, en las distintas comunidades autónomas, los que hoy se llaman centros innovadores, y así es como los denominamos nosotros en la enmienda que
proponemos. Reconozcan esos centros innovadores y pónganles la etiqueta que quieran para permitir un pool, una especie de red de centros, siendo cada uno de ellos un centro autonómico dirigido, gestionado por quien tiene la titularidad y por quien
-pequeño detalle que ustedes constantemente ignoran- lo paga; aquí no dejan claro quién lo va a pagar finalmente. Por tanto, desde ese punto de vista hay una discrepancia frontal. Incluso en esa capacidad que les reconocemos a ustedes de fijar
reglas básicas sobre la creación de centros de formación profesional -seguimos compartiendo, como no podía ser menos, la necesidad de que ustedes ejerciten sus competencias de fijar reglas básicas en cuanto al catálogo y a la creación y aprobación
de centros- lo lógico es que consulten con quien las va a tener que implementar; que escuchen a aquellos que después las van a tener que desarrollar, a aquellos que van a tener que gestionar esos centros, a aquellos que, a la luz de esas reglas
básicas y según nuestras enmiendas y nuestro modelo, complementadas con las particularidades administrativas que se estime oportuno en cada caso y que pueden no ser idénticas entre las distintas comunidades autónomas, tendrán que decidir si se
autoriza o no un centro, porque quienes van a decidir si se autoriza o no un centro no serán ustedes, sino las comunidades autónomas, que tienen competencias para hacerlo. Ustedes se limitan a fijar las reglas generales y lo contrario es, una vez
más -dicho con buenas maneras-, despreciar la realidad autonómica en este punto, ignorando que hoy en España el Ministerio de Educación -tampoco el Ministerio de Trabajo- no tiene competencias ejecutivas. Eso les cuesta reconocerlo, les cuesta
aceptarlo, pero es así.



Por esa misma razón, ustedes -suena fuerte dicho así, pero así es- no tienen derecho, la Administración general del Estado no tiene derecho a imponer cómo debe ser la dirección de los centros integrados de formación profesional, que son de
titularidad de las administraciones educativas.
Ustedes podrán fijar reglas básicas sobre procedimientos generales, pero cómo se nombra el director lo decide la Administración, que tiene la titularidad sobre ese centro y es quien tiene la facultad
de hacerlo. Por la misma regla de tres tampoco tienen derecho a fijar los procedimientos para establecer la participación de las empresas. Ustedes pueden fijar criterios básicos, que aquí no fijan. Aquí -y es una crítica general que ya hicimos-
se arrogan la competencia y la posibilidad de desarrollar esa competencia por vía reglamentaria y, por tanto, establecen el carácter básico de normas reglamentarias cuyo contenido hoy no conocemos, y un ejemplo es este, cuando dicen: Se
establecerán los mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación pública pueda ofrecerse por centros o directamente por las empresas mediante acciones subvencionadas u otros procedimientos. Ustedes dicen que se establecerán los
mecanismos; es decir, ustedes, reglamentariamente, decidirán cómo participan las empresas y por qué procedimientos. Eso no lo pueden hacer ustedes; quienes van a establecer los procedimientos y quienes van a autorizar en cada caso concreto


Página 14851


si las empresas pueden o no desarrollar cursos de formación y en qué condiciones son las comunidades autónomas. Por tanto, lo que pueden hacer es, primero, coordinarse con las comunidades autónomas, lo que nos parece muy bien, y, segundo,
fijar unas reglas básicas claras, que deberíamos conocer y no conocemos, sobre qué tipo de empresas pueden colaborar y en qué condiciones a nivel básico. A partir de ahí, las administraciones educativas competentes, que son las autonómicas, serán
las que decidan si autorizan o no a una empresa en un caso concreto a participar, de qué manera, cómo se revoca esa autorización, etcétera. Ustedes, en lugar de eso, se limitan a autodarse un título del que carecen para fijar ese sistema, sabiendo
que después quienes tendrán que implementarlo serán las comunidades autónomas.



Finalmente abordo todo lo que ya he comentado antes, pero que vuelve a aparecer en estas enmiendas: el seguimiento de las garantías de calidad y la graduación. ¿En virtud de qué -si no es de una profunda desconfianza que no se entiende ni
se justifica- es la Administración general del Estado la que va a garantizar la calidad y a evaluar la aplicación de los procedimientos de calidad que se pueden establecer en el desarrollo de esta ley? ¿En virtud de qué la Administración
autonómica, que es quien tiene, exclusivamente, la competencia ejecutiva en el ámbito de educación, no puede asumir lo que por pura naturaleza es de sentido común: velar por la calidad de los centros de formación profesional que tiene en su
territorio? ¿Por qué tienen esa desconfianza y quieren volver a centralizar, a decidir cómo se vela por esa calidad y sobre los procedimientos, yendo mucho más allá de lo que serían unas reglas mínimas, básicas para el conjunto del territorio del
Estado y pidiendo una especie de rendición de cuentas periódica como si estuviéramos hablando de administraciones tuteladas o de delegaciones provinciales del Ministerio? No lo son; no lo han sido nunca desde la Constitución y los estatutos y no
lo serán tampoco a partir de esta ley, porque este es uno de los ejemplos que saltará por los aires -esperamos, estamos francamente confiados- gracias a la decisión constitucional, que se podría haber ahorrado si ustedes lo hubieran redactado de
conformidad con el marco constitucional vigente.



Finalmente -esto ya es más político-, nosotros introducimos en estas enmiendas distintos mecanismos de consulta -antes he puesto un ejemplo; hay más, no me quiero extender-, que en el fondo es para que en aquellas normas que la
Administración, el Gobierno pueda establecer, se consulte previamente a quien las tiene que implementar en cuanto a su contenido.
Por tanto, con nuestras enmiendas introducimos la necesidad no de consentimiento previo, pero sí de consulta previa,
que permita saber cuál es la opinión sobre la viabilidad de esas normas que en algunos casos reconocemos que tienen competencias para dictarlas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero.



La señora ROMERO LÓPEZ: Para la defensa de las enmiendas a los artículos de este bloque, aun teniendo que ser forzosamente reiterativa a estas alturas del debate, quisiéramos aportar alguna consideración que quizá no se haya hecho.



Estos artículos pudieran parecer relacionados con los aspectos más laborales del proyecto, aunque en realidad todo él es bastante reiterativo. Recogiendo algunas de las consideraciones que se han hecho acerca de que este proyecto lleva
implícita la lógica de Trabajo más que la lógica de Educación, estos artículos más que la lógica de trabajo lo que tiene es la retórica del Ministerio de Trabajo, la terminología del Ministerio de Trabajo, pero ni siquiera la lógica de lo pudiera
suponer afrontar un proyecto de esta naturaleza intentando acercar la formación al empleo, dándole la consideración necesaria al empleo para que el proyecto pudiera realmente ser útil. Por tanto, ni siquiera tendría la lógica del Ministerio de
Trabajo.



Podríamos empezar recogiendo algunas de las consideraciones que han hecho los portavoces de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco.
Estamos convencidos de que estos artículos, como los anteriores, suponen sobre todo una
torpeza desde nuestro punto de vista. No son más que un intento de resurrección de un modelo que ya es caduco; ni siquiera es una contraposición de dos modelos de futuro. Podría pensarse que dentro del espíritu de esta ley hay dos modelos
contrapuestos, pero ni siquiera los hay. Las obviedades que se recogen en el proyecto todos las compartimos, pero podríamos decir que para este viaje no necesitábamos alforjas porque el proyecto tiene toda la literatura que durante muchos años ha
sido muy abundante. En la exposición de motivos se recoge todo lo que puedan ser las aspiraciones, los principios, los fines, etcétera. En este momento el debate sobre un proyecto de formación profesional debería ser otro, si de verdad estamos en
una etapa de grandes cambios y nuestra economía y nuestra educación necesitan un proyecto que aportara algunas novedades a lo que se está demandando por parte de la sociedad. No lo cree así mi grupo. Por tanto, si no hay esas novedades y si no hay
realmente un modelo de futuro, lo que nuestro grupo piensa es que lo que sí hay es una torpeza a la hora de plantear este proyecto de ley. Algunas enmiendas irían a la integración de los 3 subsistemas, siguiendo con el programa y los planes de
formación profesional que aquí se han debatido mucho. No se llega a nada en el proyecto de ley. La integración no se articula, realmente se deja a desarrollos reglamentarios; se deja a la potestad del Gobierno aspectos que pudieran ser cruciales.
Si no se avanza en lo que podría ser una integración de los subsistemas, una articulación de lo que es la antigua formación ocupacional y lo que podría ser


Página 14852


la formación continua, si no entramos realmente en los aspectos que podrían ser básicos y sobre criterios que deberían haber sido consensuados y que podrían ser básicos, estamos haciendo sencillamente retórica y literatura, pero no estamos
avanzando nada. Si no estamos avanzando nada -el ponente de Convergència i Unió ha hablado de lucro cesante- estamos perdiendo una gran oportunidad en estos momentos, porque podría haber sido una ley que impulsara realmente la colaboración de las
empresas. No se puede decir que después de este proyecto de ley vaya a fomentarse una mayor colaboración de las empresas, que podrían haber ofrecido los mecanismos reales para acercar la formación al empleo -no se avanza en ese campo- o la equidad,
en la que tampoco se avanza. No hay nada que pudiera parecerse a un estudio de las necesidades y, derivado de ellas, mapas, calendarios, observatorios, etcétera. Todo lo que se aporta en el campo de la orientación son perogrulladas, puras
perogrulladas. No se explicita nada sobre la formación continua, lo que es el meollo de la empleabilidad, que es realmente hoy la preocupación en todos los debates europeos sobre el empleo; no aporta nada este proyecto de ley a algo que es tan
importante en el futuro, ni se habla de mecanismos de cooperación entre las administraciones. Es más, parece que el Grupo Popular estuviera satisfecho de meter el dedo en el ojo a las comunidades autónomas y realmente no tuviera la intención de
avanzar en la construcción de un modelo de futuro que fuera sostenible. Sorprenden los vacíos que hay en este proyecto de ley, no sólo en aspectos referidos al ámbito del Ministerio de Trabajo sino incluso a aspectos educativos (profesorados,
centros), a cuestiones que pudieran ser básicas y que no se abordan, probablemente porque este proyecto aparece en la Cámara más como un deseo de poner el huevo que realmente como un esfuerzo serio de afrontar la formación profesional.



Estamos en un debate correcto y respetuoso y desde luego el señor Azpiroz ha pretendido tener un perfil bajo en él. Esta ley no aporta nada, pero se va a ganar el recurso de constitucionalidad sin aportar nada realmente para el futuro y al
mismo tiempo va a suponer -déjenme que utilice una palabra un poco fuerte- una estafa. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!) Va a suponer una estafa porque es la oportunidad perdida para afrontar los problemas que hoy está demandando
nuestra sociedad.
Este momento requería no pasar por los principios, señor Azpiroz, no pasar por las declaraciones, no pasar por una exposición de motivos que por supuesto en sus principios generales tenemos que compartir. Hay que abordar
realmente lo que la sociedad está demandando. Afortunadamente, algunas comunidades autónomas sí están emprendiendo las actuaciones que van en el sentido correcto. Admiramos algunos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo en el País Vasco o en
algunas otras comunidades autónomas.
Este proyecto de ley no tiende a impulsar lo que otras comunidades autónomas están haciendo, ni siquiera en el sentido de trabajar en los criterios básicos que pudieran suponer un modelo sostenible para el
futuro. Por eso es una estafa, porque es un retroceso, ya que no supone un avance al tener que revisarse este proyecto de ley en los años próximos. No es que sea genérico, es que es retórico. Es un paso atrás.
Es una torpeza, desde nuestro punto
de vista. Es una nada desenfocada, pero es una nada. Las pequeñas aportaciones que pudiéramos haber puesto sobre la mesa en el trámite de nuestras enmiendas en realidad traen al debate algún intento de articulación de este proyecto, de este vacuo
proyecto por el que yo estoy convencida de que la ministra de Educación no va a pasar a los anales de la historia. No voy a pasar a enumerarlas porque todas SS.SS. las tienen y forman parte de un intento de dar contenido a algunos de los artículos
debatidos. En el fondo, lo que queremos destacar es que este proyecto, además de una torpeza, es un catálogo de perogrulladas; no es un catálogo de cualificaciones , es un catálogo de perogrulladas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Valcarce.



La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición respecto a las enmiendas al artículo 11 y a las disposiciones adicionales y finales del proyecto de ley del
Gobierno. Sin embargo, antes de referirme expresamente a las cuestiones que subyacen en dicho artículo y disposiciones, quisiera hacer una valoración de carácter general.
Señorías, nosotros hemos expresado reiteradamente en esta Cámara que el
proyecto de ley del Gobierno de la formación profesional es inválido. Ya lo era mucho antes de llegar a esta Cámara, puesto que en el momento en que como anteproyecto fue presentado en el Consejo General de la Formación Profesional y ocho
comunidades autónomas manifestaron su oposición a las líneas generales del mismo, de forma tan rotunda que abandonaron dicho consejo, el sentido común debió haber obligado entonces al Gobierno a retirar su anteproyecto y devolverlo a los toriles, ya
que era inválido. Ustedes no hicieron uso del sentido común político, sino que continuaron con un proceso en relación con el cual han cosechado el descrédito, puesto que este proyecto de ley no sólo quedó desacreditado en los informes del Consejo
de Estado, del Consejo Económico y Social y del Consejo Escolar del Estado, sino también en las comparecencias que se celebraron en esta misma Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso, en donde los comparecientes vertieron durísimas
críticas sobre el anteproyecto, algunas de las cuales se han citado aquí, como la de don Jesús Ramón Copas, secretario general de la FETE-UGT. Asimismo, quiero recordar las críticas que vertió, que también se han


Página 14853


mencionado, el señor Ruiz Urchegui y las no menos críticas de las personalidades del Consejo General de la Formación Profesional de Cataluña y del secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, don Fernando Lezcano.
Por tanto, han sido muchas las voces acreditadas que han sido críticas en esta Comisión con el proyecto del Gobierno. Pero es que, además de ser inválido y estar desacreditado, se trata de un proyecto que ha sido rechazado unánimemente, como se
pudo ver en el Pleno del Congreso, en donde se debatió el proyecto del Gobierno y las enmiendas de totalidad que se presentaron al mismo. No prevaleció el sentido común ni del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Popular y en la fase de ponencia no
hubo ningún acercamiento y lo que estamos viendo hoy es que el trámite no hará posible la mejora de un proyecto que no sirve para la formación profesional y que va a cosechar ese rechazo unánime.



Con todo cariño a mis respetados compañeros, señores González de Txabarri y Guardans, me gustaría señalarles lo siguiente. En relación con lo que ustedes han dicho del rodillo de los votos que sacará adelante este proyecto de ley tengo que
manifestar que desde nuestro punto de vista esto tiene mucho menos que ver con el gremio de la pastelería que con el de la albañilería. Hoy vamos a ser aquí testigos de una auténtica apisonadora de los votos del Partido Popular, que está
convirtiendo en inútil este debate, y esto desde nuestro punto de vista es muy grave, puesto que, además de inútil, esta ley es inservible. Es inservible porque su objetivo no es modernizar la formación profesional sino todo lo contrario. Señor
Azpiroz, usted decía que hay que dignificar la formación profesional. Pues bien, ahórrese el esfuerzo. No hay que hacer tal cosa, ya que la formación profesional en España, en el conjunto de todas las autonomías, es muy digna. Lo que no hay que
hacer es degradar la formación profesional. Con este proyecto de ley desde luego no se va a reforzar el crédito de la formación profesional en España, sobre todo con lo que se prevé en otro proyecto del Gobierno, porque lo que es gravísimo es que
los cambios más sustanciales que afectan a la formación profesional en España no se hagan en la ley de la formación profesional, sino en la ley de calidad, en la que sí están previstas, al menos por lo que conocemos a través del documento de bases,
medidas que no van a dignificar a la formación profesional, sino que la van a degradar. En ese documento de bases figuran entre otras cosas tres itinerarios. Uno es el oculto, el de los 12 años, el que separa a los alumnos. Otro es el elitista,
el selectivo, el competitivo, un itinerario al que ustedes llaman de orientación científico-humanística. Finalmente está aquel del que hoy ustedes no hablan, el itinerario pobre, el de la formación profesional, un itinerario de segunda categoría,
de segundo orden, al que van los alumnos que no pueden continuar en el itinerario de calidad, en el competitivo, en el selectivo, que es el itinerario científico-humanístico. Ese es el problema, que ustedes, fuera de esta ley, regulan la formación
profesional, pero no lo hacen en la línea de la modernización, en la línea que necesita el panorama de la educación y el trabajo en España, sino que lo que pretenden es un modelo regresivo, segregador y empobrecedor para la formación profesional.
Eso es lo que de verdad nos preocupa, que ustedes envían al alumno que fracasa al itinerario pobre, al de la formación profesional. A los 15 años el alumno que presenta problemas se va directamente del sistema educativo y pasa, eso sí, a una
garantía social de segundo orden. El alumno que no obtiene el graduado en educación secundaria pasa a los ciclos de formación profesional y el que después de cursar el bachillerato no aprueba la reválida también pasa a la formación profesional. Es
decir, nunca es la opción primera, una opción de prestigio y calidad, sino la segunda opción, la pobre.



Nos preocupa además que ustedes planteen en este proyecto de ley ese modelo de dirección de los centros integrados. Ya conocemos hasta tres modelos del Partido Popular relativos a la dirección de los centros educativos. Sabemos que en la
universidad se elige al rector por voto universal, directo y ponderado. En el documento de bases de la ley de calidad se nos dice que será un sistema mixto, según el cual el director será nombrado por una comisión del centro, de la Administración,
etcétera. Se trata de una fórmula mixta, desconocida, que no acaba de perfilarse. Eso sí, en el caso de los centros integrados de formación profesional el modelo es regresivo y autoritario. Simplemente tendrán que explicarnos por qué aquí el
director tiene que ser nombrado a dedo. Desde luego no entendemos que la calidad se mida precisamente perjudicando y debilitando la participación de la comunidad educativa y de los agentes sociales en los centros integrados. No lo entendemos y
ustedes no han sido -es imposible- capaces de justificarlo.



En cuanto a los centros de referencia que ustedes pretenden crear con esta ley, nosotros les hemos reiterado nuestra oposición, lo han hecho las comunidades autónomas y aquí hemos escuchado durísimas críticas al planteamiento que hacen, pero
no han sido capaces de responder las preguntas que les hemos hecho en todo momento. ¿Por qué tiene que ser el Gobierno central, que no tiene competencias en este caso educativas, que no es competente en esta cuestión, el que tiene que crear los
centros de referencia nacional? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que sólo tiene que haber un centro de innovación para la formación profesional por familia profesional? ¿Cuál es la razón por la que sólo puede haber un centro de innovación por
comunidad? ¿Por qué? Aunque sólo sea por el criterio cuantitativo, ¿es comparable la población, el tejido industrial, el peso del sistema educativo de La Rioja y de Andalucía? ¿Cuál es la razón de tamaño empecinamiento en definir unos centros que
todo el mundo unánimemente ha


Página 14854


rechazado porque no van orientados a lo que ustedes dicen que van, que es a la innovación del sistema de formación profesional? No hay ninguna razón que justifique la redacción que ustedes le han dado a este artículo. Por eso una vez más
les pedimos que reflexionen sobre esta cuestión. Tienen ustedes todavía la posibilidad de admitir nuestras enmiendas en el Pleno, si no lo hacen hoy, y nos queda también el trámite del Senado. Reflexionen sobre esa cuestión.



Es absolutamente imposible plantear una reforma de la formación profesional de calidad si ustedes no incorporan ninguna medida de verdad de calidad que haga mención al profesorado. Nosotros les hemos ofrecido un amplio abanico. En primer
lugar, nosotros no entendemos por qué no aceptan ustedes la renovación de las plantillas docentes, cuestión muy importante, para que la llamada jubilación LOGSE tenga ese carácter indefinido y sobre todo que se homologue la jubilación de los
profesores de los centros ordinarios que están adscritos a MUFACE con aquellos que provienen de las llamadas antiguas universidades laborales. Ustedes se siguen oponiendo a ello. También les hemos planteado que el sistema de incompatibilidades
quede algo más precisado de lo que ustedes dicen, porque, de lo contrario, no sólo se van perjudicar las condiciones de trabajo y los horarios de los profesores, sino que además podremos dañar la calidad de la docencia y la empleabilidad en el
sistema docente de la formación profesional. Tampoco entendemos su rechazo a la integración de los funcionarios de la escala media de la formación ocupacional del INEM para que se les dé el carácter de personal docente. Son cuestiones de medidas
sociales de acompañamiento que reforzarían esta ley, pero esta ley no sólo es inválida, desacreditada e inservible, sino que además es inútil si no lleva financiación. Ustedes lo saben. Han rechazado todos los modelos de financiación que nosotros
les hemos propuesto. Si no hay una convergencia real en los recursos disponibles para la formación profesional con la media de la Unión Europea todo lo que regule esta ley será pura y simplemente vacío, absolutamente vacío. Esta es la razón por la
que nosotros ya les anunciamos nuestra oposición a las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, que no son nada más que correcciones sin ningún valor. Además, anunciamos nuestro apoyo de conjunto a las enmiendas presentadas por el resto de los
grupos políticos. Hay algunas en las que necesitaríamos una mayor precisión y clarificación y, por tanto, vamos a pedir votación separada de un conjunto de enmiendas sobre las que nos vamos a abstener. En cualquier caso, les anunciamos que tendrán
el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista para este proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero empezar agradeciendo el tono, si no unánime, por lo menos general en esta Comisión, en la que para mí es la primera vez que me honro en intervenir. Es muy ilustrativo cambiar de Comisión de vez en cuando
porque uno aprende los modos, las formas dialécticas, las argumentaciones y las costumbres y usos del lugar.
Efectivamente, como estamos en un Parlamento, yo pensé que todo era uno y cuando uno dice esto está bien ubicado en el debate en esta
Comisión y mal en la otra, me digo que en el fondo estamos en un Congreso y somos diputados, pero hoy comprendo que sí hay modos peculiares de abordar las cuestiones.



Agradezco la generosa y más propia de un amigo y buen compañero que es el señor González de Txabarri expresión que otra cosa, aunque cuando se hacen menciones como la que él ha hecho, acto seguido tiemblo porque sé que me van a dar el palo y
de alguna manera le ha servido de introducción a tal menester. Le debo decir que en cuanto a los itinerarios, con la generosidad propia del presidente de la Comisión, hemos asistido a un debate in fine prácticamente más de una futura ley de calidad
que del proyecto de ley propiamente dicho que ahora nos toca debatir -no voy a entrar en esa materia, primero, porque no es el proyecto y segundo porque no soy portavoz ni ponente en tal materia-, pero le agradecemos al señor González de Txabarri
que haya planteado un instrumento y un mecanismo, una alternativa y una forma de entender cómo se debe abordar la cuestión, cosa que no todo el mundo hace, y hay que ponerlo también de relieve. Se lo agradezco, pero también le digo que esta no es
la ley en que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular ha entendido correcto que se hiciera este debate. En próximas fechas va a haber una ley ad hoc, una ley específica, la ley de calidad, en la que tendrá oportunidad esta Comisión de debatir
cuanto le parezca oportuno. Por tanto no se rehúye el debate; se parte de un principio que tengo que repetir porque no sé si ha quedado claro. Se podrá estar de acuerdo o se podrá discrepar con el mismo, pero al menos es un principio que el
proyecto de ley en sí mismo tiene y es que se trata de un proyecto de ley que no es ni educativo ni laboral, no es stricto sensu ni propio en exclusiva de esta Comisión ni de la Comisión de Política Social y Empleo, porque pretende como Leitmotiv
justamente que se supere la existencia de tres subsistemas para ir a un único integrado y diferente. Efectivamente, será complejo arbitrar, porque es algo nuevo, porque es algo que pretende optimizar recursos y pretende favorecer sinergias y
aprovechar los recursos materiales y humanos actualmente disponibles. Quiero decirlo porque si estuviéramos en una ley educativa per se, lógicamente entenderíamos que ese debate, que yo agradezco, se produjera aquí y ahora, hoy mismo.



Sobre el modelo de financiación, el PNV ha planteado un modelo alternativo. Nosotros en este momento


Página 14855


no lo compartimos. Es un cambio importante el que se plantea. Yo no digo que en el futuro tal vez no se pueda llegar ahí, pero en este momento no nos parece el correcto, no nos parece oportuno, aunque con el tiempo y con el desarrollo de
esta ley se pueda reformular todo el sistema de financiación de lo que sea la nueva formación o nuevo sistema de cualificaciones y formación profesional.



En el tema del consenso social, y con esto pretendo responder también la intervención concreta que en este sentido ha tenido el señor Guardans, efectivamente, no es un consenso social que supere en modo alguno la potestad soberana de decidir
por esta Cámara, en la cual nos vamos a quedar solos, pero sí ha habido un cierto de grado de consenso, al menos en la firma. Esto es como cuando un partido político tiene internamente disensiones sobre qué posición va a adoptar respecto a una
cuestión, pero al final, pese a las disensiones, firma. Pues con las disensiones -que nadie puede negar y que incluso dieron pie a que yo le pidiera a un representante sindical que me explicara por qué habían apoyado el texto, porque parecía una
oposición radical al mismo, que al final, en su segunda intervención, como un cangrejo reculó- se ha firmado. ¿Y quién ha firmado? Ha firmado la Unión General de Trabajadores, con sus problemas, ha firmado Comisión Obreras, con sus problemas, ha
firmado CEPYME, ha firmado CEOE, han estado los dos ministerios incorporados, han estado administraciones públicas y comunidades autónomas tras un debate importante y acogiendo también iniciativas planteadas por muchos de estos interlocutores o
administraciones implicadas, incluidas las de las comunidades autónomas. Es cierto que no puedo decir que esto es un aval o que el consenso es pleno, pero menos cierto sería aún reconocer lo contrario; eso sería peor y, en mi opinión, sería
desenfocar la realidad de una manera más grave, por la regla de tres de decir que eso parece que no tiene ningún valor y que lo que se ha firmado o apoyado realmente no existe, y tampoco es eso. Gustará más o menos, habrá razones de un tipo o de
otro, pero los hechos son como son y están ahí.



Los centros de referencia nacional. Efectivamente, en esto hemos discutido el señor Guardans y yo antes de entrar en el debate parlamentario y tuvimos oportunidad de intentar -sin poder conseguirlo, no por falta de voluntad sino por
visiones diferentes- un acuerdo al respecto. Los centros de referencia nacional son centros derivados de la titularidad del INEM. Yo he de decir, en contra de una afirmación que se ha vertido hace un momento, que en modo alguno la ley establece un
elemento limitativo de la instauración de centros de referencia nacional. La ley dice dos cosas muy claras y muy importantes. La primera es que en el artículo 11.7 dice: 'La innovación y experimentación en materia de formación profesional se
desarrollará a través de una red de centros de referencia nacional, con implantación en todas las comunidades autónomas...'. Esto no significa que en Andalucía no pueda haber seis centros de referencia nacional, señor presidente. Dice que en todas
las comunidades tendrá que haber implantado uno, pero no dice lo contrario.
(La señora Valcarce García: ¿Y si no quiere?) Si no quiere, no quiere.
Por eso luego la ley lo prevé y pensando exactamente en eso -y voy a dar lectura para que quede
claro, porque al final puede parecer que son inventos del señor Azpiroz, que no lo son- añade: 'La programación y ejecución de las correspondientes actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo se llevará a cabo, en el marco de lo
establecido en esta ley, mediante convenios de colaboración entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.' Primero, mediante convenios de colaboración y, segundo, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus respectivas competencias.
Por tanto, creo que doy cumplida respuesta a la voz que ahora se ha alzado para apuntillar sobre mi intervención en este particular.



La designación del director. Lo dije antes, puede o no gustar, pero no estamos en una ley educativa, estamos en una ley más que educativa, diferente, aunque con una parte educativa importante, sin duda, y podrá gustar o no, pero el dictamen
del Consejo de Estado -y también se ha puesto aquí en tela de juicio lo que dicen los dictámenes, pero los dictámenes con sus sugerencias, con sus aportaciones, con sus críticas o con sus parcialidades han apoyado el proyecto de ley del Gobierno- va
más lejos, entendiendo que es perfectamente constitucional el mecanismo establecido y arbitrado en el artículo 11 a la hora de la designación de estos nuevos centros complejos e integrados que establece la ley, y si no lo son, habrá un Tribunal
Constitucional que pueda resolver, pero qué duda cabe que el Consejo de Estado es un consejo consultivo por el Gobierno y ha emitido un dictamen, en derecho, que es favorable a lo que propone el proyecto de ley, guste más o menos, de manera que,
insisto, en ese sentido, podrá gustar o no, pero es perfectamente legal mientras no se demuestre lo contrario.



El Grupo Socialista ha hablado de estafa, de que es retórico y literario.
Señalaría que, salvo tres aspectos puntuales, las enmiendas del Grupo Socialista están, con otra literatura, prácticamente calcadas de las del Grupo Popular. Podemos
entrar a analizar y habrá tres o cuatro detalles diferentes, a lo sumo (La señora Valcarce García: ¿Qué detalles?), pero son una mala copia. Es decir, si se piensa que hay que instrumentar un modelo con contenido sólido y profundo, con mecanismos
que resuelvan esto, ¿por qué no se presenta? ¿Dónde se plantea? Otros grupos lo han hecho parcialmente, lo he dicho antes. ¿Dónde se plantea? Nos gustaría saberlo. Ahora bien, señor presidente, nosotros no somos masoquistas. Yo no sé si a
otros portavoces les gusta venir y, por mucho que se tenga una mayoría absoluta, enfrentarse a todos. Si lo hace es porque, aunque


Página 14856


uno se puede equivocar, cree que está haciendo una aportación, como todo, mejorable, pero positiva; y cuando uno está en el Gobierno no tiene ninguna gana, entre comillas, de que todo quisque le parta la cara, ninguna. No sé si a otros les
gustará, a mí desde luego no y estoy convencido de que al Gobierno tampoco. Lo hace por un concepto de responsabilidad y lo hace con el apoyo expreso de una serie de agentes sociales, en mayor o menor grado, que no entro a discutir, pero que han
dado su apoyo y su firma, y lo hace detectando una necesidad y adecuándose también a los criterios y directrices que van emanando de la Unión Europea con carácter general en esta materia. Por tanto, si el proyecto es vacío, ¿qué son las enmiendas?
No voy a entrar ahí, lo dejo.



En cuanto a hablar de albañilería ésta es propia de la formación profesional y es una profesión muy digna, a veces incluso muy lucrativa.
Creo que hay que respetar y no utilizar las palabras como he entendido que se emplean.



No entro en la materia de itinerarios pobres o ricos. No creo en absoluto lo que se ha dicho, pero hoy no es ese el debate, ya lo habrá en el futuro. Voy concluyendo, señor presidente. Aunque el debate sea inútil, algo dura, por lo que no
sé si la inutilidad es total. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a los señores diputados.



Continúe, señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Quería decir al Grupo Socialista que nos parecía correcta su enmienda 19, que no se si aceptarán porque el número 2 fue modificado en ponencia, pero el número 1, en el que hacen una inclusión expresa de la
Administración local, a nosotros nos parece oportuno, y si se trata de sustituir ese número 1 por el que figura en el informe de la ponencia, estamos de acuerdo, porque, repito, el número 2 fue objeto de modificación y ya no casa con el texto
literal de su enmienda, ya que su enmienda reproduce el número 2 que figuraba en el proyecto de ley.



Alguna enmienda parcial tendré que analizar, porque creo que es mi obligación, y, en ese sentido, agradezco que se haya dicho que, por lo menos, lo intento. Yo intento explicar las posiciones; luego gustan o no gustan o las expreso mejor o
peor, pero por lo menos lo intento. En la enmienda número 16, del Grupo Socialista, una vez más, he de decir que estamos ante un sistema integrado, no ante tres sistemas que estén ahí, paralelos, adjuntos o subsistiendo. Señor presidente, voy a
señalar muy puntualmente alguna cosa, porque además se ha hecho mención a los técnicos medios del INEM y quiero dar una explicación al Grupo Socialista.



En cuanto a la enmienda 245, de Convergència i Unió, he de decir lo mismo, que, una vez más, nosotros consideramos -y siento ser repetitivo- que el Consejo General de Formación Profesional, desde la modificación legal de 1997, las incluye,
han actuado y lo han apoyado mayoritariamente, aunque es cierto que otras comunidades salieron del apoyo a este proyecto, pero tienen participación y muchas lo han apoyado.



En cuanto a la enmienda 150 de Coalición Canaria, lo mismo. El texto del proyecto no es sólo educativo, como se pretende, sino también laboral o de empleo y, sobre todo, es algo nuevo, en síntesis, o debe serlo en ambas cuestiones.



Enseguida concluyo, señor presidente, iré al grano. Me voy a centrar en la enmienda 131, de Izquierda Unida. Habla de calidad de la enseñanza y repetimos que no trata el proyecto de ley de cualificaciones y formación profesional de ser un
proyecto de enseñanza. Se trata de integrar los tres subsistemas. Lamento tener que repetirlo, pero es el denominador común.



En no sé qué enmienda del Grupo Socialista se habla en relación a la homologación de los sistemas de jubilación previstos en la LOGSE. He de decir un par de cosas al particular. En este momento estamos asistiendo a una asamblea mundial, la
segunda Asamblea de Envejecimiento, auspiciada por la ONU, que está debatiendo aquí en Madrid, sobre el futuro de la vejez y de la humanidad. Se están planteando las líneas de ir intentando trasladar a las sociedades que se difiera en el tiempo,
por una mayor pervivencia humana, la entrada en la jubilación. El pacto suscrito el 9 de abril del año 2001 entre el Gobierno, Comisiones Obreras, CEPYME y CEOE establecía lo mismo en desarrollo de las previsiones que al respecto contiene el Pacto
de Toledo y la viabilidad futura del sistema pasa necesariamente por que las medidas de anticipación de las prestaciones de jubilación vayan progresivamente modificándose, en el sentido contrario, hacia una jubilación gradual, flexible y voluntaria.



La enmienda número 25, del Grupo Socialista, concordante con las enmiendas 84, 134 y 184, pretende que los docentes de los cuerpos que enumera, con carácter voluntario, puedan desempeñar funciones. Nosotros entendemos que dejar la
voluntariedad probablemente haga perder recursos humanos y perder algo que se pretende con la ley -como también he expuesto-, que es favorecer sinergias y optimización de los mismos. (Rumores.)


La enmienda 144, de Izquierda Unida, coincide con la número 26, del Grupo Socialista. (Rumores.) Acabo enseguida. Quiero decir a la señora Valcarce que no puede ser atendida en cuanto a la escala media de formación ocupacional del INEM, ya
que no tiene la condición de docente. (Rumores.) Me han pasado una nota y reconozco que en esta materia le voy a proporcionar los datos que me han suministrado. (La señora Valcarce García: Por eso.) Dice: Así lo tiene de claro el Tribunal
Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, en sentencia de 6 de marzo de 1990, dictada para resolver un recurso interpuesto por 317 funcionarios de la


Página 14857


escala media de formación ocupacional contra la integración establecida por el Real Decreto 2252, de 20 de noviembre de 1985. (Rumores.) Dicha sentencia sienta que la Ley 30/1984 contempló exhaustivamente -por cierto en tiempos del Gobierno
del PSOE- (La señora Valcarce García: Sí, sí.) todos y cada uno de los antiguos cuerpos y escalas que habrían de quedar integrados en los cuerpos o escalas docentes de nueva creación, sin incluir a la escala media de formación ocupacional del INEM.
(Rumores.) Dicha sentencia ha sido ratificada y confirmada por varias más: la de 15 de diciembre de 1987 y la de 21 de noviembre de 1998.



Concluyo, señor presidente, y sin duda me dejaré en el tintero algo, pero mis compañeros me apremian y además les comprendo perfectamente.
(Rumores.) Por tanto, si me dejo algo no lo tomen como una falta de consideración, sino como una
aceptación de los justos pedimentos que me plantean. Pero no lo puedo hacer sin decir que confiamos en que este sea un instrumento de futuro para la formación profesional, que como todo es mejorable. (Rumores.) Puede haber modelos diferentes, pero
el texto del proyecto no es en modo alguno un texto vacuo, un texto que sea hijo de la retórica, sino que plantea medidas concretas -cierto es que como ley de bases, que tendrá un amplio desarrollo reglamentario- y no se olvida de los principios que
está articulando la Unión Europea, incluyendo la propuesta de directiva que el 7 de marzo planteó al Consejo. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Después del debate, procedemos a la votación del articulado del proyecto de ley.



Vamos a proceder de la siguiente manera. Votaremos las enmiendas en el orden de los grupos que las hayan presentado. Los portavoces que deseen votación separada lo indicarán a la presidencia. Al final votaremos el articulado del proyecto
de ley, e igualmente si algún grupo quiere votación separada de algún artículo se lo indicará a la presidencia.



Por último, no sé si hay alguna propuesta de modificación del Grupo Popular respecto al texto del informe de la ponencia, puesto que hay una transacción que ha ofrecido al Grupo Parlamentario Socialista y otra que ha ofrecido al Bloque
Nacionalista Galego.



El señor AZPIROZ VILLAR: Hemos propuesto al Bloque Nacionalista Galego una transacción a la enmienda número 60, de manera que en el artículo 3, apartado 4, se añadiera -lo pasaré a la Mesa- la expresión 'y las de la economía social'.
(Rumores.)


También hemos propuesto una transacción a la enmienda 148, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en la que se sustituye -se lo proporcionaré a la presidencia- 'previsto en la Directiva 92/51/CEE, del Consejo de las Comunidades
Europeas, de 18 de junio de 1992' por lo que proponen en negrilla en su enmienda, que es: 'y tendrán los efectos que le correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea'.
(Rumores.)


En relación con la enmienda número 19 del Grupo Socialista, proponemos asumir lo que incluyen en el punto 1 de la misma.



El señor PRESIDENTE: ¿En qué artículo es? (Rumores.)


El señor AZPIROZ VILLAR: En el artículo 12. Asumiríamos el contenido literal del punto 1 que plantea la enmienda.



El señor PRESIDENTE: Significa la inclusión del inciso 'especialmente en la Administración local'. ¿Es así?


El señor AZPIROZ VILLAR: Sí, es así.



El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.



El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, he consultado con el portavoz del Grupo Mixto, que está en la Comisión de Infraestructuras, en la sala de al lado, y me ha dicho que entendía razonable dejar la transaccional que
propone el Grupo Popular para el debate en Pleno, porque en este momento no está en condiciones de poder valorarla suficientemente. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señora Julios, Coalición Canaria también tenía una oferta de transacción.



La señora JULIOS REYES: Sí. Hago también el mismo planteamiento, porque se recoge una parte, pero otra, que es el cambio del título en sí, no se recoge.



El señor AZPIROZ VILLAR: No, porque Coalición Canaria propone sustituir y cortar, y nosotros proponemos sustituir la cita de la directiva por la expresión que aparece en la enmienda tal cual.



La señora JULIOS REYES: Sí, pero además del contenido del apartado 1, del artículo 8, no sé si han apreciado que hay un cambio en el título del artículo. (Rumores.)


El señor AZPIROZ VILLAR: Lo que yo propongo es la sustitución de la cita de la directiva por la expresión que aparece en la enmienda.



La señora JULIOS REYES: Y no se aceptaría la primera parte, que es la sustitución del título. (Rumores.)


El señor AZPIROZ VILLAR: No.



Página 14858


La señora JULIOS REYES: Eso es lo que yo estaba planteando. En principio no aceptaríamos la transaccional. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: ¿Y por parte de la señora Valcarce?


La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, lo aceptamos. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto las presentadas por el diputado señor Rodríguez, que son las enmiendas 55 a 91 inclusive.



¿Hay alguna petición de separación de voto?


Señor Guardans.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Pido separación de voto. Si las peticiones de otros se adelantan a las mías, mejor, pero si no, empiezo yo. (Rumores.)


En un bloque, las enmiendas 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 84 y 87. En otro bloque, las enmiendas 57, 63, 68, 74, 76, 78, 79, 80 y 83. (Rumores.) En el tercer bloque, lo que queda.



El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas del señor Rodríguez. En primer lugar votamos el primer bloque en los términos expresados por el señor Guardans.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos el segundo bloque, en los términos expuestos por el señor Guardans.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Tercer y último bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado este tercer bloque.



Enmiendas del señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Pediría en un primer bloque votación de las enmiendas 213, 214, 219 y 221; en un segundo bloque las enmiendas 211, 212, 216, 217, 218, 220, 224, 225 y 226 y, en un tercer bloque, las enmiendas 222, 223 y 227.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el primer bloque en los términos expresados.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas señaladas en el segundo bloque por el señor Guardans.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Tercer bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el tercer bloque.



Enmiendas del señor Saura, todas menos la 174, que estaba incorporada al informe de la ponencia.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Un primer bloque serían las números 171, 172, 175, 176 y 185; un segundo bloque serían las números 170, 173, 178, 179, 180, 181, 182 y 184; y, un tercer bloque, las números 177, 183, 186 y 187.



El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar en los términos propuestos.



Primer bloque de los artículos expresados por el señor Guardans.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del primer bloque.



Segundo bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del segundo bloque.



Tercer bloque.



Página 14859


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del tercer bloque, del señor Saura.



Votación de las enmiendas de la señora Lasagabaster, de la 159 a 169.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: En este caso sólo dos grupos. En el primer bloque irían las enmiendas números 160, 163, 164, 165, 167 y 168; en el segundo bloque irían las enmiendas 159, 161, 162, 166 y 169.



El señor PRESIDENTE: Votación del primer bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de este primer bloque.



Segundo bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas pertenecientes al segundo bloque.



Votación de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, todas menos la 193, que había sido incorporada al informe de la ponencia.



El señor MARTÍNEZ LASECA: Votación separada de las enmiendas 147 y 197.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguna petición más?


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Votación separada en dos bloques. El primer bloque, las enmiendas 194, 152, 154, 189, 190, 145, 146, 198, 153 y, por mi parte, pueden ir aquí las números 147 y 197, si así lo desea el Grupo Socialista. El
segundo bloque serían las enmiendas números 191, 192, 195, 148, 149, es decir, el resto de las enmiendas.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguna petición más?


El señor MARTÍNEZ LASECA: Nosotros lo mantenemos y, por tanto, serían tres bloques.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas 147 y 197, de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas números 194, 152, 154, 189, 190, 145, 146, 198 y 153, de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos a votar las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de la 35 a la 54.



El señor MARTÍNEZ LASECA: Pedimos votación separada de la enmienda número 50.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Pido votación separada de las enmiendas números 35, 39, 43, 44, 48, 52, 53 y 54.



El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda número 50.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la referida enmienda.



Votamos las enmiendas números 35, 39, 43, 44, 48, 52, 53 y 54.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Por último, votamos el bloque restante de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, enmiendas de la 92 a la 115, excluidas la 102, 103 y 104, que fueron incorporadas a la ponencia.



Página 14860


La señora CASTRO FONSECA: Agradecería voto separado en el punto 7 de la enmienda número 124 de Izquierda Unida.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Pidiendo excusas a los otros grupos porque no quiero marearles, pediría votación separada de las enmiendas números 92 a 99, más las números 111, 136, 138, 134 y 144.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, por lo tanto, el apartado 7 de la enmienda 124.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



Pasamos a votar el bloque de las enmiendas números 92 a 99, más las números 111, 136, 138, 134 y 144.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Finalmente, votamos el resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, excepto las números 232 y 256 que se habían incorporado al informe de la ponencia.



El señor MARTÍNEZ LASECA: Pedimos votación separada de la enmienda número 246.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 246.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 14.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 5 a 34, excepto la aceptada por el Grupo Parlamentario Popular mediante transacción.



El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, de nuevo pediría tres grupos de enmiendas: un primer grupo que englobe las enmiendas números 7, 20, 21, 22, 23, 24, 32 y 33; un segundo grupo que abarque las números 5, 9, 10, 14, 16, 17, 18,
27, 30 y 31 y un tercer grupo que comprendería las números 6, 8, 11, 12, 15, 19, 25, 26, 28 y 29.



El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar estos tres bloques en los términos expuestos por el señor Guardans. Votamos el primer bloque de enmiendas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas correspondientes al segundo bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de este segundo bloque.



Pasamos al tercer y último bloque de enmiendas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del tercer bloque del Grupo Parlamentario Socialista.



Pasamos a votar el conjunto del texto de la ley, en su articulado y exposición de motivos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y dictaminado el texto de referencia.



Se levanta la sesión.



Era la una y cuarenta minutos de la tarde.