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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 425, de 20/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 425
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 48
celebrada el miércoles, 20 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés Eulate) para informar sobre:
- Cuál va a ser la respuesta del Gobierno ante la situación de total desorganización del Cuerpo Nacional de Policía, insistentemente planteada por todos los Sindicatos policiales. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000601.) ...
(Página 13762)
- La actuación policial contra los mineros de Boliden en Sevilla el día 10 de enero de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000667.) ... (Página
13762)
- La actuación policial contra inmigrantes en Almería el día 22 de enero de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 213/000668.) ... (Página 13762)
- Las medidas a adoptar por su Departamento ante el aumento de la delincuencia en Valencia. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000666.) ... (Página 13781)
Se abre la sesión a las diez y veinticinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:
- CUÁL VA A SER LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE LA SITUACIÓN DE TOTAL DESORGANIZACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, INSISTENTEMENTE PLANTEADA POR TODOS LOS SINDICATOS POLICIALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000601)
- LA ACTUACIÓN POLICIAL CONTRA LOS MINEROS DE BOLIDEN EN SEVILLA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000667)
- LA ACTUACIÓN POLICIAL CONTRA INMIGRANTES EN ALMERÍA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 213/000668)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Buenos días. Comenzamos la sesión con arreglo al orden del día previsto para hoy dando la bienvenida al secretario de Estado de Seguridad, don Pedro Morenés.
El señor REJÓN GIEB: Pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Ya que hemos empezado tarde, por mor de si teníamos tiempo o no, a efectos de ayudar a que se vean iniciativas como referente a la Orquesta Sinfónica de Barcelona o distintas preguntas que vienen después, como aunque
son temas distintos pueden ser colaterales, le planteamos acumular en el debate la 1, la 3 y la 4. Eso facilitaría aprovechar el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Así lo haremos, señor Rejón.
Con arreglo al orden del día y teniendo en cuenta la solicitud de acumulación del portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el secretario de Estado de Seguridad para plantear su posición.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Ha solicitado S.S. la comparecencia de un representante del Ministerio de Interior para que informe a esta Comisión acerca de la situación de total desorganización -así consta en
el encabezamiento de la petición de comparecencia- en que supuestamente se encuentra el Cuerpo Nacional de Policía, porque así viene siendo planteado insistentemente por los sindicatos policiales. Por supuesto que no estoy de acuerdo con ese
diagnóstico. Entiendo que debería de hacerse una reflexión a fondo de las razones por las que se plantea, primero, la pregunta y, por supuesto, de las razones que voy a presentar en cuanto a lo que es la organización del Cuerpo Nacional de Policía
hoy en día y a los proyectos que tenemos sobre el mismo.
El Cuerpo Nacional de Policía cuenta hoy con una estructura organizativa de dimensiones y características específicamente adaptadas a las funciones que tiene encomendadas con unos criterios de funcionamiento claramente definidos y
contrastados desde hace ya tiempo. La estructura orgánica de la Dirección General de la Policía viene recogida en el real decreto 1449/2000, que regula la organización del Ministerio de Interior.
Este real decreto organiza el trabajo policial en
dos grandes áreas de actividad, la operativa, que agrupa las comisarías generales que se responsabilizan de las tareas operativas, tales como la prevención la investigación, la información y la policía científica, y una segunda, el área de gestión,
que asume cometidos de apoyo, formación del personal y administración de los recursos humanos y materiales. El organigrama policial se
completa mediante la orden del Ministerio de Interior de uno de septiembre de 2001, que desarrolla la estructura básica y que contempla las unidades y los servicios que integran las comisarías generales y las divisiones.
Se trata de una
orden ministerial que delimita claramente las dos grandes líneas de actuación del Cuerpo Nacional de Policía: el área de la proximidad de la policía al ciudadano y el área de la especialidad de la policía. La línea de proximidad se sustenta en los
llamados módulos integrales de proximidad desplegados en todo el territorio nacional que se responsabilizan de la lucha integral contra la delincuencia.
Desarrollan cometidos de prevención, de investigación, de respuesta a emergencias y policía
técnica en los espacios geográficos asignados. La línea de especialidad aglutina brigadas altamente especializadas que combaten la delincuencia más sofisticada y organizada. Están ubicadas en diez áreas territoriales que acaparan la mayoría de los
hechos delictivos relacionados con este tipo de criminalidad. Así se planificó por puro sentido común. Se trata de las unidades de drogas y crimen organizado, las unidades de delincuencia especializada y violenta y las unidades contra las redes de
inmigración ilegal y falsedad documental. Las unidades de drogas y crimen organizado asumen tareas de investigación en el narcotráfico, la delincuencia económica y el blanqueo de capitales.
Las unidades de delincuencia especializada y violenta
están orientadas a la persecución de las actividades delictivas contra las personas, la libertad sexual y contra los sectores de riesgo, mujeres, menores y tercera edad. En cuanto a las unidades contra las redes de inmigración ilegal y falsedades
documentales, tiene como objetivo la desarticulación de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de seres humanos.
La finalidad última de la organización policial es preparar al Cuerpo Nacional de Policía para hacer frente a los importantes desafíos que se están planteando en el marco de la seguridad pública. El organigrama policial busca corregir,
además, los defectos y los déficit de tipo estructural, funcional y de recursos que se venían detectando en la organización policial con la implantación de un modelo organizativo distinto y de una nueva forma de trabajar. Con ello se pretende poner
en marcha una nueva cultura de la seguridad más acorde con la evolución que ha experimentado la sociedad española en estos últimos años. Los ciudadanos nos reclaman no sólo una mayor presencia policial en las calles de nuestras ciudades, sino
también que esa presencia se desarrolle de una forma más próxima a los vecinos, haciendo del binomio ciudadano-policía un instrumento clave para actuar de manera más eficaz en lo que se conoce como seguridad subjetiva o, dicho en otras palabras, en
la propia percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad. Para materializar este propósito, se ha llevado a cabo una importante descentralización de los servicios policiales, potenciando las comisarías con más y mejores medios humanos y
materiales, actualizando y modernizando los sistemas y procedimientos de trabajo y estableciendo una estructura organizativa más flexible que permita una más fácil adecuación a la diversidad y peculiaridades de los distintos ámbitos territoriales en
relación con los delitos. Se ha buscado un modelo que ponga el acento en la prevención y, en su caso, en la investigación del pequeño delito, el que mayor preocupación provoca entre la generalidad de los ciudadanos, situando la integración de los
policías en el tejido social como fórmula más idónea para obtener esos niveles de percepción de la seguridad por la ciudadanía. Igualmente, se ha llevado a cabo un riguroso proceso de mejora de las instalaciones y de los servicios relacionados con
la atención al público (oficinas de denuncias, mejoras en las oficinas de expedición del documento nacional de identidad y del pasaporte), cuyo equipamiento informático ha sido totalmente renovado, agilizándose, además, los procedimientos de
trabajo, a fin de reducir los tiempos de gestión y de atención a los ciudadanos.
Una segunda e importante línea de acción es la que se está dirigiendo contra el crimen organizado. Se trata de una materia particularmente delicada por ser un tipo de criminalidad que presenta unas peculiaridades específicas, como son el
hecho de estar protagonizada por grupos altamente organizados que disponen de avanzados medios técnicos y elevadisimos recursos financieros, y esto en un contexto de globalización mundial caracterizado por una mayor permeabilidad de las fronteras,
el incremento del comercio internacional y el aumento de los flujos financieros, circunstancias que los delincuentes utilizan habitualmente a su favor y que obligan a los cuerpos policiales a una permanente adaptación a la cambiante realidad
delincuencial, que no es ajena a la cooperación que en este sentido tienen las policías españolas con las policías del resto de los países del mundo.
La lucha eficaz contra este tipo de criminalidad, tan organizada y sofisticada, requiere el concurso de tres factores, una formación altamente especializada de los funcionarios policiales, que realizan su trabajo en este ámbito de actuación,
la utilización de recursos tecnológicos muy evolucionados y la aplicación de técnicas investigativas, sofisticadas y de alto coste económico. El tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y las redes de inmigración ilegal constituyen los grandes
objetivos de este ambicioso plan que se centrará en diez modalidades delictivas concretas y en diez áreas geográficas que aglutinan el 80 por ciento de los hechos delictivos relacionados con este ámbito de la criminalidad. El plan incluye además la
potenciación de las unidades de droga y crimen organizado, la creación de las unidades de delincuencia especializada y violenta, las unidades contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales y la nueva orientación que se pretende
imprimir a la información criminal, cuyo tratamiento,
análisis y evaluación pasa a ser responsabilidad de otro órgano de la unidad central e inteligencia criminal. El programa de especialidad, al igual que el de proximidad, trae consigo la incorporación de recursos humanos y materiales que lo
hagan posible.
Estas son las dos grandes vertientes que constituyen la base de la organización policial, esto es, la funcional o estratégica y la estructural organizativa. Además, el plan estratégico que enmarca la actividad del Cuerpo Nacional de Policía
incorpora una serie de proyectos que ya se han visto materializados en buena parte, mientras que otros se encuentran en plena fase de estudio y desarrollo, algunos de estudio y otros ya de desarrollo. Entre los realizados figuran, por ejemplo, la
inyección de recursos materiales, principalmente en vehículos, motocicletas, equipos informáticos y equipos de comunicaciones. En cuanto a aquellos que se encuentran en fase de estudio y desarrollo, está prevista la modificación de los planes de
estudio policiales, tanto para los funcionarios de nuevo ingreso como para los que actualmente se encuentran en activo, con el fin de adaptar los contenidos pedagógicos a la nueva realidad educativa y a las nuevas exigencias en materia de seguridad.
Otra previsión es el incremento, de forma sustancial, de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía que, como S.S. conoce, ha experimentado en los últimos tres años una reducción notable. Esta curva descendente se ha detenido en los dos
últimos ejercicios -yo contaría también el ejercicio de 2000-; el primer paso se dio en este año que cito con la convocatoria de 2.000 plazas y tuvo su continuidad el año pasado con una oferta de empleo público que alcanzó las 3.150 plazas, récord
histórico de ingresos en los últimos diez años; el Consejo de Ministros de hace dos semanas aprobó una oferta de 4.275 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía que supera en mil ciento y pico las que ya eran récord el año pasado. Está prevista la
paulatina sustitución en puestos burocráticos y de apoyo de funcionarios policiales en activo por funcionarios de segunda actividad, con el fin de que los primeros recuperen tareas operativas. La implantación de medios técnicos sustitutivos de las
vigilancias estáticas tienen la misma finalidad. Por otra parte, el próximo mes de abril saldrá a la calle una nueva promoción de 1.200 policías y en agosto se distribuirán en diferentes comisarías 1.000 funcionarios en prácticas que vienen a
sumarse a otros tantos incorporados el pasado mes de enero.
Paralelamente, el plan cuatrienal de ingresos permitirá el relanzamiento de la policía de proximidad así como la potenciación de las tareas de investigación. Entre los servicios de
atención directa al público, la puesta en marcha del DNI electrónico constituye uno de los objetivos más ambiciosos que tenemos en estos momentos en el Ministerio de Interior.
Pretendemos que el ciudadano pueda transmitir y recibir su documento
nacional de identidad en una única gestión y que sea un documento que incorpore los dispositivos tecnológicos necesarios que permitan su utilización para aspectos de firma electrónica.
Así las cosas, la descripción de la situación del Cuerpo Nacional de Policía en sus dos grandes vertientes, organizativa y funcional, al igual que las realizaciones alcanzadas y los ambiciosos proyectos en fase de desarrollo constituyen
argumentos sustanciales en los que apoyar un diagnóstico positivo de la realidad de la organización policial. Se puede afirmar sin ambages que el Cuerpo Nacional de Policía presenta hoy los requisitos y exigencias esenciales que son inherentes a
una avanzada organización. En este sentido cuenta con una estructura bien diseñada y específicamente adaptada a la misión que tiene encomendada con unas líneas básicas de actuación claramente definidas y con unos proyectos en marcha que simbolizan
el principio de mejora continua que la organización ha asumido con el propósito de evolucionar al ritmo de las nuevas demandas y necesidades que la sociedad española plantea en materia de seguridad. Quisiera decir, en este sentido, que el Cuerpo
Nacional de Policía constituye el modelo de organización avanzada. Este es el diagnóstico que refleja la realidad actual del Cuerpo Nacional de Policía y ello se dice contrastadamente, en comparación con otros cuerpos o instituciones policiales y
de la seguridad con los que tenemos una relación permanente y muy vinculada. Una conclusión que también reconocen los policías de gran número de países, tanto de Europa como de Hispanoamérica, que envían delegaciones y alumnos a España para conocer
y aprender más acerca de las características del nuevo proyecto que se ha realizado en el Cuerpo Nacional de Policía.
Lejos, pues, del enunciado expresado en su solicitud de comparecencia, el Cuerpo Nacional de Policía es una organización estructurada y planificada con unos objetivos claros y definidos y unos programas de actuación específicamente diseñados
para alcanzarlos. Una organización que, como cualquier otra que no peque de conformista, busca siempre la mejora continua. Este es nuestro principal reto: mejorar cada día para cumplir de forma más eficaz y eficiente las misiones que la
Constitución encomienda al Cuerpo Nacional de Policía siempre en beneficio de la seguridad, de la libertad y de los derechos de los ciudadanos españoles.
No quiero finalizar mi intervención sin subrayar un hecho que no debemos perder de vista y es que el trabajo de la policía se desarrolla en un entorno social siempre cambiante, en el que confluyen multitud de factores que inciden en la
evolución del nivel de criminalidad. Después de varios años consecutivos de un descenso en la cifra de hechos delictivos nos encontramos ahora en un proceso que discurre en sentido contrario. Sin duda, en ello han influido alguno de los factores
que son colaterales a la organización policial y también se ha dejado notar algún elemento interno como ha sido la sensible reducción de efectivos que el
Cuerpo Nacional de Policía ha experimentado a lo largo de los últimos años, hasta el año 2000. Sin embargo -y esto me gustaría que quedara muy claro-, la evolución del índice de criminalidad no es consecuencia en ningún caso de un déficit
de las pautas de organización y funcionamiento de este colectivo cuya efectividad se ha demostrado con los excelentes resultados obtenidos, sin ir más lejos, el año pasado.
Si me permite, señor presidente, pasaría a continuación a exponer la segunda comparecencia. Es una comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para informar sobre la actuación policial contra los mineros de
la empresa Boliden el día 10 de enero de 2002 en Sevilla.
El pasado 10 de enero, sobre las 8,30 horas se recibió en la sala de operaciones del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla una comunicación telefónica de la Guardia Civil, posteriormente confirmada vía telefax, indicando que
trabajadores de la empresa Boliden-Apirsa, de la localidad sevillana de Aznalcóllar se dirigían hacia la estación de ferrocarril de Santa Justa en Sevilla. Dado que en días anteriores este mismo colectivo de trabajadores había protagonizado cortes
de tráfico en la autovía Sevilla-30 de protesta por el cese de la actividad de la citada empresa y con el fin de dar a conocer sus reivindicaciones laborales, la Jefatura Superior de Policía montó un dispositivo policial con efectivos de la IV
Unidad de Intervención Policial para evitar alteraciones de orden público o, sobre todo, la interrupción del tráfico ferroviario. En la estación de Santa Justa se personó el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, así como
efectivos de la referida unidad de intervención policial. La dotación se puso en contacto con miembros del comité de empresa al objeto de conocer sus pretensiones.
Un miembro de dicho comité manifestó que tenían intención de impedir las salidas de
los AVE cuando llegase el resto de los trabajadores. Ante esta pretensión, la dotación policial expuso a los representantes de los trabajadores la improcedencia de tales acciones, a lo que se manifestó que venían mentalizados -estoy citando
textualmente- a recibir palos en el caso de que no se les permitiera realizar las acciones de interrupción del tráfico previstas. En estas circunstancias, la Jefatura Superior de Policía impartió instrucciones a fin de que no les fuese permitido el
acceso a los andenes y se procedió al despliegue de los efectivos para conseguir estos fines. Al mismo tiempo, se requirió la colaboración de RENFE para proceder al cierre de las puertas laterales de acceso al AVE y la ubicación de controles en
todas las escaleras de acceso a los andenes.
Sobre las 9,30 horas -media hora antes de la salida del AVE- se efectuó un control de acceso en la rampa de bajada a los andenes por parte del personal de Renfe apoyado por dotaciones policiales, con la
finalidad de que sólo accediesen al andén los viajeros portadores del correspondiente billete, medida habitual además, como todos ustedes conocen, en las salidas del AVE. Se rechazó, en varias ocasiones, a trabajadores de Boliden que pretendían
acceder al tren sin billete a los que se les invitó a alejarse unos metros para permitir el acceso de los viajeros. A las 9,45 horas, un grupo de concentrados -alrededor de 400 personas- arremetió con fuerza contra los funcionarios policiales que
guardaban dicha rampa de acceso, con tal ímpetu y agresividad que algunos de ellos estuvieron en grave riesgo de caer a las vías del tren. Unas diez personas consiguieron romper el cordón policial y bajar la rampa mecánica siendo interceptadas al
final de la misma por un segundo cordón policial que estaba reforzado por funcionarios adscritos a la brigada móvil. Ante esta situación, el resto de los efectivos policiales desplegados en la zona se vio en la necesidad de hacer uso de las
defensas reglamentarias con el objeto no sólo de impedir la llegada de los concentrados hasta los andenes, sino también para proteger la integridad física de los propios funcionarios policiales y evitar males mayores a los viajeros que se disponían
en ese momento a coger el tren. Tras esta respuesta policial, se consiguió restablecer la normalidad, procediéndose seguidamente a trasladar a las dependencias policiales de la estación, a efectos de identificación, a varios de los individuos más
violentos así como a prestar la asistencia necesaria a los ocho trabajadores que resultaron lesionados, lo que tuvo lugar en los servicios sanitarios de la propia estación. También resultaron lesionados seis funcionarios policiales, todos ellos de
carácter leve con molestias tales como dolor en el tórax o contusión en piernas y alguna en las manos. Gracias a la rápida y resolutiva actuación policial no se produjeron daños materiales en la estación de Santa Justa ni interrupción ni retrasos
en el tráfico ferroviario. Los concentrados abandonaron el lugar sobre las 11,30 horas, dirigiéndose a la sede la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, donde permanecieron cortando el tráfico rodado hasta las trece
cuarenta y cinco en que se disolvieron. La Brigada provincial de Información instruyó el correspondiente atestado, que fue remitido al juzgado de instrucción de guardia.
Desde hace varios meses los trabajadores de la empresa minera Boliden-Apirsa han venido protagonizando en Sevilla diversas movilizaciones como consecuencia del cese de la actividad de la misma.
Entre ellas y, como he señalado con
anterioridad, destaca la que llevaron a cabo el día 9 de enero concentrándose en la carretera de circunvalación Sevilla-30, a la altura del puente V Centenario, donde colocaron barricadas de neumáticos a los que prendieron fuego, interrumpiendo el
tráfico rodado en ambos sentidos durante más de dos horas. Esto provocó un caos circulatorio en la capital y en los pueblos limítrofes. En esa ocasión, y pese a la grave alteración del orden público, se decidió no proceder contra los concentrados,
lo que provocó, tanto en los medios de comunicación como en la propia opinión
pública sevillana, una fortísima crítica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante la pasividad, debo decirlo, en estos incidentes.
Con permiso de la presidencia, paso a manifestar lo que procede sobre la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para informar sobre la actuación policial contra emigrantes en Almería el día 22 de
enero de 2002.
En la mañana del día 21 de enero de 2002, y en horario coincidente con el de apertura de la oficina de extranjeros, el Sindicato de Obreros del Campo, SOC, promovió una concentración de inmigrantes en la Plaza López Falcón, frente a la
Subdelegación del Gobierno en Almería. Esta concentración tenía por objeto presionar a las autoridades para que concedieran el permiso de residencia a quienes con anterioridad se les había denegado. La convocatoria de manifestación no cumplía el
requisito de la previa comunicación. En todo caso, con la finalidad de evitar que se perturbara el normal funcionamiento de los servicios de la citada subdelegación o la libre circulación de personas por la plaza, el Cuerpo Nacional de Policía,
montó un dispositivo para controlar los accesos a dicha plaza. En el citado control, que contó con la colaboración de la policía local, se trató de evitar que se introdujeran mantas, cartones, colchonetas y otros elementos que denotaran un intento
de acampada permitiéndose, por el contrario, el libre acceso de aquellos inmigrantes que iban a efectuar trámites en la oficina de extranjeros. Durante toda la mañana los concentrados estuvieron alentados y dirigidos por representantes del
Sindicato de Obreros el Campo, que abandonaron el lugar cuando comenzó la intervención policial. A las 15,30 horas de la tarde, una vez cerrada la oficina de extranjeros y cuando sólo quedaban en el lugar unas 500 personas, se comenzó a
identificarlas desde una de las esquinas, dejando el resto de los accesos libres para que pudieran abandonar el lugar y dispersarse. Dichas identificaciones dieron lugar a que se practicaran nueve detenciones, ocho por aplicación de la Ley de
extranjería y uno por resistencia a los agentes de la autoridad. No se realizó ninguna carga policial y sólo se utilizó la fuerza necesaria en la citada detención por resistencia. Con esta actuación se logró la disolución y dispersión de todos los
presentes. Canal Sur de televisión emitió posteriormente unas imágenes en las que aparecía un ciudadano de origen magrebí, sangrando por la cabeza, así como otros con las ropas rotas. A este respecto, la policía ha hecho público que dichas
imágenes se grabaron en las oficinas del citado sindicato y que ninguno de los concentrados precisó asistencia médica ni acudió a ningún centro médico para ser atendido.
Durante la misma noche del 21 al 22 de enero, alrededor de 50 emigrantes pernoctaron en el Cerro de San Cristóbal. Posteriormente, a la largo del martes 22, el número de concentrados fue en aumento. La policía recibió instrucciones de la
Subdelegación del Gobierno para que no suministraran mantas y otros elementos que pudieran facilitar dicha acampada. El alcalde de la capital coincidió con el subdelegado del Gobierno en la necesidad de impedir el asentamiento ilegal. Durante el
día no se logró ningún acuerdo con los concentrados, persistiendo alrededor de unas 200 personas en acampar de manera estable en la zona. Estas pretensiones fueron alentadas por dirigentes del sindicato que he citado y por algunos militantes de
determinados partidos políticos. Sobre las 19 horas de la tarde, el inspector que mandaba los efectivos presentes y un total de 27 funcionarios informó a los concentrados y dirigentes sindicales de que, agotadas las vías de diálogo después de más
de 24 horas, debían desalojar la zona ya que se había recibido órdenes expresas de la Subdelegación del Gobierno en ese sentido. Este último requerimiento fue también desatendido. Sin embargo, la policía, antes de llegar a la confrontación
directa, optó por un uso gradual de medios, efectuando disparos de salvas y botes de humo en prevención, tal como manda la doctrina de intervención, que fueron contestados por parte de los concentrados con lanzamientos de piedras. Posteriormente,
se utilizaron las defensas de goma, momento en que se produjeron detenciones y heridos. Durante toda la intervención, la policía fue agredida con piedras. Las malas condiciones de luz y lo accidentado del terreno donde ocurrió la actuación
policial aconsejaron no continuar con la misma para evitar problemas más graves.
Por ello, la policía optó por replegarse, momento que parte de los concentrados aprovechó para acceder al centro comercial de la ciudad, pretensión que fue evitada por
policías actuantes, sin que llegaran a ocasionarse daños en el mobiliario urbano o en intereses particulares.
(El señor presidente ocupa la presidencia.) El número de detenidos del día 22 fue de 31, tres de los cuales eran ciudadanos españoles y el
resto ciudadanos marroquíes. Con respecto a los heridos todos fueron de carácter leve con el siguiente detalle: total de heridos, 16, tres de ellos policías y 13 ciudadanos marroquíes; seis de los heridos fueron dados de alta in situ, en el
puesto avanzado de socorro que se estableció en la plaza del Ayuntamiento; los siete restantes se trasladaron en ambulancia hasta Torrecárdenas, donde fueron atendidos de contusiones leves y algunas cefaleas. La persona que más tiempo permaneció
en el hospital fue dada de alta a las 23,50 de ese mismo día.
Entre los días 21 y 22, el número total de detenidos fue de 40, de los cuales 26 fueron expulsados de su país de origen, cuatro pasaron a disposición judicial y 10 fueron puestos en libertad.
Pido perdón por la extensión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que vayan a intervenir? (Pausa.)
Por Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor secretario de Estado, agradecemos su presencia y comenzamos por el punto primero, siguiendo el mismo orden que usted.
Comprendo perfectamente -usted podrá decir: yo también les comprendo- que muestre su desacuerdo con las valoraciones que mi grupo parlamentario ha hecho sobre la situación de caos organizativo, descontrol o desconcierto en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Usted me comprenderá y entiendo que usted diga lo contrario, pero existe un elemento, como decían los clásicos: cur taurum fugit, por qué huye del toro.
Usted dice que se están tomando una serie de medidas. Por ejemplo, en los últimos tiempos estamos teniendo un incremento sustancial de personal después de una sensible disminución: 2.000, 3.150, 4.275, que, en la parte que corresponda,
aplaudimos; pero cuando se toman unas medidas es porque hay un problema, salvo que usted me quiera decir que toma las medidas sin problema. Está usted hablando de que se va a acometer una serie de sustituciones, personal administrativo, personal
de calle. Me habla de la revisión de los planes de estudio y de un incremento de los medios materiales. Está usted reconociendo que tiene que tomar medidas porque hay un problema. Luego, el adjetivo se lo pone cada uno, si está medio llena o
medio vacía la botella pero, indiscutiblemente, hay un problema que denuncian no sólo todos y cada uno de los sindicatos de policía, sino también algunas fuerzas parlamentarias. El problema, señor secretario de Estado, como usted ha manifestado y
nosotros coincidimos, es que en los últimos tiempos ha habido una atención preferente por parte de las autoridades -por razones obvias unas veces y otras menos obvias pero comprensibles- hacia la lucha contra el terrorismo y ha habido una dejación,
un colocar en segundo plano, un fuera de foco hacia lo que es la seguridad ciudadana, en el sentido más amplio del término. Eso es comprensible. De la misma manera que hay jueces estrella, también hay actuaciones estrella; la pena es que sean
actuaciones estrella por la desgraciada reiteración de los asesinatos. Indiscutiblemente, con toda la desgracia que eso significa, siempre será mucho más llamativa la desarticulación de un comando terrorista que la desarticulación de una banda de
delincuentes -los anteriores también lo son- comunes. Como digo, es más llamativo y más comprensible que el Ministerio del Interior se haya volcado en este aspecto y haya producido una dejación en el otro sentido de tal manera que se han originado
problemas de los que usted ha tenido que venir a hablar. Habla de sensible disminución y luego dice que no ha habido una relación directa. Bueno, no hay una relación directa.
Pues, si no hay una relación directa, déjelo tal cual. Usted habla de
una sensible disminución hasta el año 2000 de gobiernos anteriores y del Gobierno actual.
Segunda cuestión. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se mueven en un caos jurídico y organizativo en sus condiciones de trabajo. No hay nada, no tienen un estatuto de trabajadores -entiéndase la figura-, no tienen nada que les
organice y se sienten en una tremenda indefensión.
Únase a ello, señor secretario de Estado, muchas de las condiciones de trabajo no regladas e inhumanas que ustedes dicen que se van a arreglar.
Vuelvo a insistir, nosotros saludamos esas
manifestaciones, porque ya empiezan a reconocer que hay un problema. Aunque luego digan que sí lo reconocen o que no lo reconocen, cuando se toman medidas reconocen que hay un problema y nosotros eso lo saludamos. Otra cosa es que vayan por el
camino adecuado. Si ustedes no crean una organización, como sabemos que la situación de la seguridad es cambiante, la respuesta organizativa también tiene que serlo. Eso está claro. Si ustedes aumentan los medios materiales y humanos pero al
mismo tiempo no crean una organización, una estructura más adecuada al momento, si antes teníamos equis miles de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caos, ahora tendremos equis miles más 2.000, más 3.150, más 4.275. Todo
esto tiene que plantearse. Hay que aumentar los medios humanos pero también los materiales.
Por último, señor secretario de Estado, en esta primera intervención sobre este tema, quiero decirle que hay una preocupación muy seria por la introducción y prevalencia de los modelos de seguridad privada en detrimento del modelo de
seguridad pública. Eso que tanto se ha repetido en los documentos aprobados en el último congreso del partido que sustenta al Gobierno, la tesis de Weber de que un Estado es cuando se tiene el uso legítimo de la violencia. Parece que aquí también
está habiendo una privatización del uso legítimo de la violencia, y más que eso la implementación de ese modelo sobre el de seguridad pública.
Las cuestiones de los puntos 3 y 4 -después abordará mi compañero Centella lo referente al punto 5- desgraciadamente se repitieron el lunes en la tan traída y llevada Santa Justa con el tema de los algodoneros. Señor secretario de Estado,
si yo fuera usted cuidaría un poquito a la persona que redacta los textos porque tiene un tufillo predemocrático, se lo digo con todo respeto. Valoraciones como: Y los dirigentes se fueron en cuanto que empezaron a actuar las fuerzas de orden
público. Eso yo lo he oído muchas veces en mi entorno durante 40 años. O las críticas a la opinión pública. El Abc es el único periódico que criticó la supuesta pasividad -que yo considero que fue una actuación correcta- de las fuerzas de orden
público en Sevilla en el tema de Boliden. El único periódico que lo criticó fue el Abc. Todos mis respetos por un medio de comunicación, pero fue el Abc. No los medios de comunicación de Sevilla ni la opinión pública; el Abc, en un momento
determinado. O Canal Sur. Dice: Canal Sur -que por cierto dirige el oprobioso gobierno de Chaves (no lo ha
dicho usted, pero le ha faltado la punta del bolígrafo al que le ha escrito a usted la información)- ha hecho un montaje cogiendo a un magrebí, echándole tintura de yodo. No le iba a partir la cabeza, para que saliera en el medio; le
tendrían que haber maquillado. Vuelvo a insistir en que hay muchas cosas que desgraciadamente han cambiado, aparte del propio suceso en sí, a partir del 11 de septiembre, pero se está produciendo de forma alarmante -ya había algunos signos- una
sublimación del orden público y de la seguridad en detrimento de los derechos y las libertades fundamentales.
Nosotros, señor secretario de Estado, queremos mostrar nuestra preocupación por actuaciones a nuestro entender desproporcionadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, evidentemente por órdenes recibidas. Hay un elemento que
viene a demostrarlo con la gente a la que se estaba disolviendo o sobre la que se estaba actuando en ambos casos.
En el caso de Almería se dice: No se dañó el mobiliario urbano.
(Rumores.) En el caso de Boliden dice: No hubo daños materiales en
la estación. Y ha dicho usted: Claro, debido a la actuación de las fuerzas de seguridad. El que suscribe y muchos de los que están aquí hemos ido a muchas manifestaciones, en anteriores regímenes y posteriormente, y si uno se quiere cargar un
mobiliario urbano, ya pueden estar todos los grises y todas las fuerzas del mundo que se carga el mobiliario urbano.
(El señor Mayoral Cortés: ¡Pero si ya no hay grises!-La señora López González: ¡Ya son marrones!) Yo he dicho los grises; me
refería a aquel tiempo. Insisto en que si uno quiere hacer daño, hace daño. Precisamente estaban ante gente, en el caso de los inmigrantes, y, en el caso de Boliden, ante trabajadores, que estaban defendiendo perfectamente sus derechos, que no
tenían ganas de hacer ningún daño. Si hubieran querido hacer daño, lo hubieran hecho. No estamos hablando de otros elementos, de kale borroka, por ejemplo, que hacen daño. No diga usted que no hicieron daño debido a la actuación de la policía.
La policía puede actuar en una esquina y en la otra esquina de Santa Justa pueden estar rompiendo los cristales, si se quiere hacer daño. Estaban con gente que expresaban su dolor, su malestar, por decisiones totalmente injustas que afectan a su
vida y al futuro de sus familias, haciendo uso de derechos constitucionales, de manifestación, etcétera, etcétera. ¿Límites o no límites? Cada uno tiene su propia seguridad.
En el caso de Boliden y Almería, voy a utilizar un argumento suyo. Decía usted que el que hubiesen sido buenos fue muy criticado por la opinión pública. Si tiene usted una encuesta, debería dárnosla a conocer, porque yo las opiniones
públicas sólo las conozco por medio de las encuestas. Lo demás son opiniones publicadas, que es distinto. Una cosa es la opinión pública y otra las opiniones publicadas por determinados medios. Le voy a decir una cosa sobre las repetidas
imágenes, magníficas, gracias a la libertad que entre todos hemos conseguido, de las consecuencias de la actuación de las fuerzas de orden público, no solamente las de Canal Sur, porque yo he visto también las del lunes en Sevilla en distintos
medios de comunicación. Yo sentí asco. Sentí asco cuando vi a trabajadores con la cabeza partida. No eran de Canal Sur, señor secretario de Estado.
Personas con rotura de piernas, de rótulas, de tobillos; personas, en el caso de Boliden y
Almería, con daños producidos por patadas en la entrepierna. Todo ello está documentado, señoría. Lo que yo le digo es que si ustedes hacen caso de la opinión pública, cuídense muy mucho de esa situación. No van a prohibir las televisiones.
Tengan ustedes mucho cuidado, ya que se está dañando la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la opinión pública, que ha visto el caso de Santiago el día de los gaiteros, los casos de Boliden y Almería y el de los algodoneros.
Ven unas actuaciones desproporcionadas. Voy a situarme en una determinada mentalidad. Si uno ve a un niñato con la cara tapada y que le han partido la boca, puede decir: vale. No es que esté de acuerdo con ello. Pero es que aquí ves que a
trabajadores, con las manos encallecidas y padres de familia, les están pegando una paliza. Ya que usted hablaba tanto de la opinión pública, me remito a que se está produciendo un rechazo hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como no
se había producido en los años de la democracia. A partir de los años ochenta se había producido una nueva conciliación y un reencuentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la sociedad civil. Ustedes, de manera irresponsable, lo
están rompiendo.
Sencillamente le pido lo mismo que le pidió mi portavoz a su ministro cuando compareció en la Comisión de Justicia e Interior el día 16 de abril de 2001. Esperamos un cambio y la radical supresión -leo textualmente- de los ataques
policiales injustificados, indiscriminados, los derechos de expresión, reunión, asociación y manifestación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, por el Grupo Socialista vamos a intervenir dos personas. La intervención relativa a la primera comparecencia, solicitada por Izquierda Unida, la voy a hacer yo y posteriormente intervendrá la
señora López, diputada por Granada.
En relación con lo que nos acaba de exponer el señor secretario de Estado, quisiera comenzar haciendo algunas observaciones a algunos de los comentarios que ha hecho en torno a esa exposición de organigrama y de contenidos propios del debate
presupuestario que ya tuvimos. En primer lugar, habla de récord histórico en lo que se refiere a la detención de la curva descendente del Cuerpo Nacional de Policía. Yo diría, señor secretario
de Estado, que el récord histórico es el que han conseguido ustedes en la cifra de criminalidad. Eso sí que es un auténtico récord histórico.
Hablan ustedes de un incremento prometido de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y me parece
que lo que debieran hacer es exponer a la opinión pública la auténtica realidad de esto que intentan demostrar. Sería conveniente que la opinión pública supiera que, junto a ese crecimiento, a esa oferta pública de empleo, que todavía está por
materializarse en convocatoria de oposiciones, en formación en academias, etcétera, un proceso que prácticamente puede durar dos años, existe un balance de entradas y salidas, de gente que ingresará y gente que se está marchando, un balance que
haremos en algún momento y que pondrá de manifiesto que el incremento real que ustedes están planteando es absolutamente insuficiente para resolver a medio plazo, no digo ya a corto plazo, el déficit de vacantes existentes en el Cuerpo Nacional de
Policía. Hablando de récord histórico, ya que usted ha hecho una alusión indirecta, colateral, a ciertas culpabilidades anteriores -han transcurrido seis años y todavía la herencia sigue siendo una de las causas de los problemas-, si de eso se
trata, yo también podría poner de manifiesto la existencia de convocatorias y promociones de 6.000 plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a principios de los años noventa. Eso lo ha hecho también el Gobierno socialista, pero
solamente al Gobierno del Partido Popular le es atribuible el descenso tan espectacular, la degradación tan importante que ha experimentado el servicio público. Dice usted que el Cuerpo Nacional de Policía es un modelo de organización avanzada. Yo
diría que es un modelo de trabajadores dispuestos a cumplir contra viento y marea con sus misiones. Y, en lo que se refiere a modelo de organización avanzada, espero que esto no sirva de burladero al Gobierno para poner por delante la actuación de
los funcionarios para encubrir insuficiencias de políticas de seguridad.
Es importante que tengamos muy en cuenta el descenso efectivo en los últimos años. Por lo tanto, es atribuible a una política que se desarrolla a lo largo de seis años nada menos. Dicho esto, señor secretario de Estado, voy a hablar del
motivo de su comparecencia, la desorganización del Cuerpo Nacional de Policía. No sé si ese es el justo término, pero lo que sí puedo decirle es que nos encontramos ante una situación evidente. Por una parte, un incremento de la criminalidad, el
más alto que jamás se ha producido, lo cual obviamente repercute en una alarma social. No olvide S.S. que, por lo que respecta a la preocupación de los españoles, la inseguridad ciudadana ha ascendido al tercer puesto en el ranking de preocupación
social. Y frente a esto tenemos, lo que es más grave y paradójico, un conflicto del Ministerio del Interior con la totalidad de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. Ese es el auténtico problema, lo cual además pone en evidencia, como le
decía anteriormente, la existencia de un deterioro importante del servicio público en sí, un servicio público que está dando muestras de insuficiencia, de insatisfacción interna y que obviamente no es capaz de atajar en manos de ustedes el ascenso
de la criminalidad en nuestro país.
Evidentemente hay problemas, problemas que pueden ser puestos sobre la mesa. Cuando se quiere aludir a problemas como explicación de las cosas, es conveniente diferenciar aquellos problemas externos, que se derivan de transformaciones o
mutaciones sociales o grandes acontecimientos, previsibles o no, que originan un desbordamiento de una realidad, de los problemas internos, cotidianos, que están al alcance de las decisiones de quienes dirigen en un momento determinado las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde nuestro punto de vista, en este momento existen diversos problemas internos, que se han enquistado y que son los causantes de la ineficacia que parece demostrar el servicio público de seguridad para abordar el
incremento del delito en nuestro país, problemas internos que obedecen fundamentalmente, repito, a la toma o no de decisiones por parte de las autoridades del Ministerio del Interior.
La resultante de este juicio no es otra que decir al Gobierno,
decir a SS.SS., que debe asumir sus responsabilidades, que son responsabilidades políticas bien evidentes. No se puede echar más la culpa a la herencia de años atrás, ni se puede echar la culpa a los inmigrantes, ni a los turistas, ni a la ley de
inmigración anterior, ni al efecto llamada. Eso ya es pasado. La realidad la tenemos ante nuestros ojos y ante nuestras narices. Tampoco los jueces se pueden convertir en el factor causante o no de un incremento de la criminalidad. Todo esto lo
hemos escuchado directa o indirectamente. Por eso es importante decir en este momento al Gobierno que tiene que asumir sus responsabilidades y resolver los problemas internos que tiene planteados en el ámbito del servicio público de seguridad
ciudadana, el bajo gasto público en este concepto.
Este año hemos visto que hay un número menor de policías como consecuencia de que la partida dedicada a financiar personal en el Cuerpo Nacional de Policía es inferior a la del año anterior. Y la partida de la Guardia Civil está estancada.
Evidentemente el gasto presupuestario es el que nos dice qué número de policías y guardias civiles se puede sostener en nuestro país en un año determinado, y se está demostrando de una manera palmaria que cuando hay un estancamiento o descenso de
gasto público esa bajada origina una incapacidad para incorporar en términos reales un número mayor de efectivos policiales. Es evidente que a costa de esta situación está creciendo el negocio de la seguridad privada. Las cifras del crecimiento de
la seguridad privada -que es un negocio legítimo- en nuestro país son espectaculares. Luego hablaremos de este asunto, señor secretario de Estado. Lo que realmente sorprende es que se pretenda luchar contra la criminalidad, haciendo
planes como el Plan Policía 2000, copiando la filosofía de la Policía de Nueva York, pero sin copiar el incremento de gasto que hubo para sostener los servicios policiales que eran necesarios en ese momento en aquella ciudad. Las bajas
retribuciones constituyen otro problema interno que incide sobre la moral de los agentes. El reparto arbitrario de la productividad incide también sobre la moral de los agentes. La descoordinación, el mal ensamblaje, articulación y utilización de
los recursos policiales es otro problema interno que tienen ustedes que resolver. El Plan Policía 2000 ha fracasado. Ya no se puede hacer más propaganda. Ya nadie se va a creer que el Plan Policía 2000 tiene la virtualidad que ustedes quieren
atribuirle para atajar el incremento de la delincuencia. Nadie se lo va a creer, porque después de dos o tres años de propaganda hemos visto como la criminalidad ha aumentado un 10 por ciento en nuestro país, según los datos del Ministerio del
Interior, que en este momento vamos a dar por buenos.
El señor Rejón hablaba antes de la desregulación. Efectivamente, el Plan Policía 2000 ni siquiera existe en términos presupuestarios. Hay un programa que habla de la existencia de un Plan Policía 2000, pero en la exposición formal de los
Presupuestos Generales del Estado, Ministerio del Interior, dicho plan no existe, ni existe ninguna norma reguladora del mismo, ni en los elementos organizativos, ni en los elementos de personal, ni en los elementos retributivos. No hay ningún
decreto que diga que hay un Plan Policía 2000 y se articula de esta manera. Son normas internas, cambiables, instrucciones, directrices de tercer o último rango, a nivel de Dirección General como mucho. Eso es lo que se entiende por desregulación
y lo que muchos profesionales que están preocupados por su carrera profesional entienden que les perjudica, ya que no están regulados elementos importantes que se refieren a la definición de puestos de trabajo, asignación de destinos y
retribuciones.
En definitiva, hay un aspecto muy importante que nos da la cotidianidad de lo que está pasando desde hace algunas semanas en el Cuerpo Nacional de Policía, que es el conflicto que se viene desarrollando entre todos los sindicatos y
el Ministerio del Interior. Un conflicto que tiene su origen, según exponen los funcionarios, en la negación de sus derechos sindicales; de esto hablaremos posteriormente.
Hay un conjunto de factores que desemboca en una situación de insatisfacción, de desasosiego y de desmoralización para mucha gente. En estas condiciones, señor secretario de Estado, es muy difícil atajar el incremento de inseguridad
ciudadana. Por eso les aconsejamos, les pedimos, les exigimos que resuelvan todos estos problemas internos que están al alcance de su mano y que no distraigan a la opinión pública exponiendo causas que no están demostradas y que originan o pueden
originar problemas de convivencia importantes en la sociedad española, que cada día tiene un componente mayor de personas procedentes de otros países.
El señor PRESIDENTE: Señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy a intervenir con mucha brevedad sobre el suceso ocurrido en la localidad de Almería el día 21 de enero, al que ya se ha referido el señor secretario de Estado, puesto que nuestro portavoz ha dejado bastante
claras las bases de lo que está ocurriendo en el Ministerio del Interior y lo que está ocurriendo fundamentalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que no sé por qué se les va la mano. Este no es un hecho aislado, no es una situación
puntual. Por desgracia, últimamente estamos observando que en la comunidad andaluza está habiendo ciertas incidencias con la policía, concretamente con el Ministerio del Interior. Tengo que recordar que no sólo ha sido la actuación con los
algodoneros hace dos días, que igual ocurrió con los mineros, también padres de familia, hace dos semanas, y la actuación con los inmigrantes en Almería hace escasamente tres semanas.
La primera reflexión sobre lo que está ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía nos parece ciertamente grave. Cuando alguno de los ministros de este Gobierno es incapaz de resolver un conflicto que se podría solucionar fácilmente
con el diálogo, lo resuelve el Ministerio del Interior. ¿Cómo lo resuelve el Ministerio del Interior? No en el ejercicio de la defensa de la integridad física, como debería ocurrir, sino todo lo contrario, haciendo un ejercicio de la fuerza y de
la fuerza desmesurada, de la fuerza en detrimento de los derechos que están ejerciendo en ese momento los ciudadanos, sean ciudadanos de nuestro país o sean ciudadanos que todavía no lo son o que no lo van a ser nunca, porque posiblemente tengan que
salir del país. Esta sería la primera reflexión general.
Hay una segunda reflexión en relación con los hechos acaecidos en Almería.
Todas las fuerzas sociales de la ciudad coincidieron en la misma valoración -cosa que ya es difícil-, la carga policial fue desmesurada.
Pero aún más desmesurado
fue el origen de la situación que ha provocado este mismo Gobierno. Como consecuencia de la política errática y de la falta de criterio en la aplicación de la Ley de extranjería se están produciendo toda una serie de incidencias, lógicamente
también porque no se respeta lo que la ley recoge. Lo que ocurrió en Almería, muy brevemente, fue que para hacer limpieza de inmigrantes en Ceuta y Melilla -según el propio Gobierno- los trasladaron a Almería. De Almería los iban a trasladar
supuestamente a Alicante, porque allí embarcaban hacia sus países de origen. Esto es incierto. Estos inmigrantes salieron de Ceuta y de Melilla y se quedaron instalados en Almería, porque esa mano de obra hace falta. A pesar de que la mayoría de
estos inmigrantes tenían orden de expulsión de nuestro país, fue el propio Gobierno el que canalizó que llegaran a Almería.
¿Cuál es la situación que se provoca? Pues que cuando ya no se demanda la mano de obra que se demandaba, ¿qué hacemos con ella? Ahora que les hemos llevado a Almería y les hemos hecho una promesa, ahora, ¿qué hacemos con esos inmigrantes?
Fácil, lo resuelve Interior con una carga policial, los dispersamos, tratamos de que a algunos de ellos les quitemos las ganas de quedarse en nuestro país, otros pasaron a disposición judicial y otros pasaron al hospital. En esta situación nos
encontramos. No es cierta la manifestación que usted hacía anteriormente diciendo que el alcalde estaba de acuerdo en la decisión que se tomó. No es verdad, no es cierto.
El alcalde lo único que manifestó en su día fue que él estaba dispuesto a
ofrecer toda la ayuda humanitaria posible. En absoluto fue corresponsable de la determinación que tomó el subdelegado de Gobierno en Almería, puesto que además, entre otras cosas, no es competencia de la alcaldía ese tipo de decisiones. Son
decisiones que toma por su cuenta el subdelegado del Gobierno. En esta ocasión, bastante desacertadas. Por tanto, vamos a ser responsables de las competencias que tenemos cada uno, vamos a asumir que efectivamente Interior no está cumpliendo con
la Ley de extranjería y que, como consecuencia de esa política y de ese tipo de actuaciones, tiene que solucionar otros problemas que se dan, colaterales a éste, tomando otra serie de determinaciones que no están adecuadas a la situación que vive
nuestro país. Estamos en un Estado democrático donde Interior tiene que garantizar no solamente la integridad física sino la convivencia pacífica y la libertad. Eso es lo que le estamos demandando desde este Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señor secretario de Estado, señoras y señores diputados, intervengo, dentro del cupo del Grupo Parlamentario Socialista para hablar de los tres temas que se han agrupado, respecto del asunto de
la represión de los mineros de Boliden en Sevilla el día 10 de enero del año en curso.
Ha sido bastante completa la exposición que ha realizado el señor secretario de Estado. Tenemos alguna discrepancia, de matiz, pero sobre todo notamos una clamorosa ausencia o un elocuentísimo silencio sobre los antecedentes que han
generado los sucesos que tuvieron su culminación el día 10 de enero. No ha hecho mención al encierro de trabajadores en la mina desde el día 17 de diciembre. No ha hecho alusión a la absolución de las personas que estaban imputadas en relación con
un presunto delito ecológico en la construcción de la balsa y en el desbordamiento de la misma. No ha hecho alusión a la queja del consejo asesor del Patrimonio Mundial de la UNESCO en relación con la actuación del Gobierno español y de la
actuación de la propia empresa Boliden. No ha hecho alusión a las reivindicaciones de los trabajadores ni al sombrío panorama que tienen las cuencas mineras de la llamada faja pirítica y metálica de la Sierra Morena, concretamente en la zona de Río
Tinto, Tharsis, por una parte, en la provincia de Huelva, y Aznalcóllar, por otra, en la provincia de Sevilla. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer los políticos? Circunstanciar los problemas o, como se dice ahora, contextualizar los problemas,
o por el contrario debemos practicar una rígida división de ellos y decir: a este lado, este tipo de asuntos; a este otro, otro tipo de asunto. Por encima de nuestras consideraciones lógicas, el Gobierno actúa con una personalidad jurídica única
y por consiguiente hay muchas cosas que le diría a usted o se lo diría al ministro de Economía, indiferentemente de que mi interlocutor fuera una u otra persona, porque creo que además, incluso dialécticamente, los problemas están estrechamente
relacionados. Todo eso usted lo ha omitido en su exposición. Al final, ¿con qué nos encontramos? Con unos hechos completamente desnudos. Unos mineros que actúan con una cierta violencia y una policía que responde con un grado mayor de violencia.
Esa no es la verdad. Yo me encuentro con comentarios en la prensa -prensa que en general, no simpatiza mucho con las tesis del Partido Socialista-, donde dicen que es duro ver como rompen la cara a un hombre hecho y derecho cuando lo único que está
haciendo es defender su presente y su futuro.
Esto se ha escrito en la prensa en relación con los acontecimientos del día 10 de enero.
Como resulta extraordinariamente duro comprobar que, mientras que se produce la solución ya indicada o los aviones circulan por el aire con unos aditivos de plomo para fortalecer la eficacia de su combustible, los únicos que reciben palos
por un problema de contaminación en este país son los mineros de Boliden. ¿Debemos omitir esta parte o la debemos incluir en nuestra posición? No sé lo que usted pensará. Yo tengo claro lo que pienso y por eso me extiendo en el contexto. He
dicho que desde el 17 de diciembre de 2001 los mineros estaban encerrados, posteriormente se constituyeron en asamblea permanente y después anunciaron públicamente que iban a continuar las movilizaciones con una finalidad de apoyo. La presión
reivindicativa es una cosa que los socialistas no han descubierto, tampoco la UGT, ni los mineros de Boliden. Esto forma parte de la larga historia de la humanidad. Hay que decir que todo esto se produce en esa sombría circunstancia que envuelve a
las cuencas mineras a las que he hecho antes alusión. Son más de 300 millones de euros los que debe la compañía de MRT, por una parte, Filón Norte y la sociedad anónima laboral de Tharsis, por otro lado. Y lo mismo la empresa Boliden. Todas estas
empresas están o han estado en suspensión de pagos y el destino de sus trabajadores es absolutamente una aventura con pocas probabilidades de éxito.
¿Qué piden los trabajadores? Piden, aparte del moderno género de limosna que es el seguro de desempleo, poner los contadores a cero cuando ya se han consumido, moderno género de limosna. Me refiero a la sustitución de una prestación
económica por la realización personal que representa el trabajo, que se les aplique la prejubilación con los coeficientes reductores correspondientes, y piden no ser considerados con una naturaleza distinta de la que tenían los trabajadores de la
siderúrgia, de la naval, del textil o de la minería metálica, todos los cuales fueron objeto de planes de reestructuración bastante generosos por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno español, que promovió las iniciativas
correspondientes. A ustedes les ha caído la crisis de la minería metálica encima y ustedes no han hecho las mismas gestiones que anteriores gobiernos para conseguir una ayuda europea que por lo menos sirva de paliativo a esta lamentable situación
humana. A todo esto ¿con qué se responde? Con la dureza. No voy a hacer comentarios, los ha hecho perfectamente el compañero parlamentario señor Rejón, que anteriormente hizo uso de la palabra. Acoto en los términos que él ha hecho el
desmesurado ejercicio de la violencia policial. Es bastante significativo el hecho de que UGT estudiara la presentación de una querella por lo que consideró una manifiestamente desproporcionada carga de la policía. No considero a la policía
responsable; considero responsables a quienes imparten las órdenes. Esta es la tradición parlamentaria que ustedes establecieron sobre esta materia y considero en primer término responsable al ministro del Interior y a usted mismo y, en un segundo
plano, al delegado del Gobierno en Andalucía.
Quiero establecer mis conclusiones y felicitar al Gobierno popular por su extraordinaria capacidad creativa. Creo que ha buscado dos fórmulas extraordinarias para resolver los problemas del país: los jurídicos, mediante la ampliación de
las competencias permanentes de los registradores de la propiedad y los restantes derivados del ejercicio de los derechos humanos, mediante la utilización de los brazos armados del Ministerio del Interior. De esta manera se repele el ejercicio de
los derechos humanos en nuestro país. Le pido, señor secretario de Estado, independientemente de otras cosas gratas que pueda oír en su respuesta, que, por favor, traslade a los ministerios responsables de los temas económicos y laborales la
necesidad de dar cumplimiento a las peticiones no desmesuradas de los trabajadores y que le sirva de reflexión el hecho de que ya la Junta de Andalucía ha anticipado el 50 por ciento de los costes asumidos con respecto de las prejubilaciones,
mientras que todavía está deshojando la margarita la Administración central y el Gobierno de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular. Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, trataremos de ser lo más sintéticos posible, en el conjunto de las muchas cosas que se han puesto de manifiesto sobre la mesa del debate, en este primer punto del orden del día acumulado.
Cuando se establece un concepto tan taxativo, tan cerrado y tan desprovisto de matices (en esta vida, siempre el matiz es tremendamente enriquecedor y mucho más en la vida política), un concepto tan alejado de cualquier matiz como es
sentenciar la existencia de un caos organizativo en el Cuerpo Nacional de Policía, se está olvidando que hay algunos considerandos que no pueden dejarse de lado. Se está olvidando el esfuerzo que se ha hecho en materia de aumento de personal; se
está olvidando el esfuerzo que se ha hecho en la mejora de las estructuras orgánicas y operativas; se está olvidando el esfuerzo que se ha hecho en la acentuación de elementos de coordinación y de optimización de medios; se está olvidando el
esfuerzo que se ha realizado en materia de potenciación de medios materiales y de infraestructuras, de incorporación de nuevas tecnologías; se está olvidando el esfuerzo que se ha realizado para el fortalecimiento de la presencia internacional del
Cuerpo Nacional de Policía y se están olvidando los planes específicos de prevención e investigación desde ese valor social, muy importante, desde la concepción de la seguridad como un elemento básico del bienestar social, esos planes específicos de
prevención y de investigación, digo, desde los contenidos y la naturaleza de la cercanía y la proximidad al ciudadano. Y solamente estos olvidos constituyen una aportación muy a vuela pluma, porque habría que sumar a todo ello un largo etcétera de
enunciación de esfuerzos puestos en práctica de manera real por el Gobierno, donde además no cabe olvidar, precisamente por la significación social, participativa y democrática que tiene, los esfuerzos importantes realizados en la mejora de la
calidad del servicio y en la atención al ciudadano.
El nuevo sistema de denuncias es una manifestación ciertamente evidente y, a nuestro juicio, satisfactoria, que puede crear una situación incómoda entre comillas a un Gobierno por aquello de que, precisamente, al dar al ciudadano mayor
facilidad para que pueda denunciar ante el servicio público las situaciones de pequeña o gran criminalidad en la que se ha visto involucrado, puede, digo, y así ha ocurrido, aumentar los índices, los porcentajes, las cifras delincuenciales. Es
tremendamente significativo del compromiso de un Ministerio del Interior y de un Gobierno, con ese valor de la transparencia y con ese valor de la calidad en la prestación del servicio y la cercanía del servicio al ciudadano, porque de nada sirve
tener cifras absolutamente maquilladas, que no respondan a la realidad social del país. Y lo que este Gobierno ha hecho es tener el coraje, el compromiso democrático y la coherencia para romper -valga la expresión- con algunas viejas prácticas
adquiridas de cierto maquillaje de cifras. Por eso chocan
estas consideraciones reales con ese permanente intento de situar la política pública y la política de gestión del Ministerio del Interior en los términos de la pura propaganda. Si este ministerio, en el ejercicio y desarrollo de su
compromiso democrático con los ciudadanos y con los derechos y las libertades de los ciudadanos en este país, ha hecho algo muy terminante es precisamente abrir, acentuar y promocionar siempre esos valores de transparencia, reduciendo por completo
cualquier tipo de margen a la mera propaganda.
Desde estas consideraciones iniciales, ¿nosotros tenemos que decir: caos organizativo en el Cuerpo Nacional de Policía? No. Caos organizativo en el Cuerpo Nacional de Policía, no. ¿Necesidad de seguir mejorando y modernizando las
estructuras del Cuerpo Nacional de Policía? Naturalmente que sí, pero naturalmente que sí porque siempre ese elemento de autoexigencia constante, es decir, lo más alejado del conformismo y de la autosatisfacción, ese elemento de autoexigencia
constante debe ser una auténtica primera línea de trabajo y de compromiso de cualquier gobierno.
Y desde luego lo es de este Gobierno. El conformismo o la autosatisfacción cuando se habla de derechos y libertades de los ciudadanos, de garantizar
los derechos y libertades de los ciudadanos, el compromiso o la autosatisfacción sería una auténtica necedad por parte de cualquier gobierno. Y como éste no es, evidentemente, un Gobierno necio, este Gobierno nunca ha recalado ni recalará en la
autosatisfacción, en el conformismo o en la complacencia cuando se habla de estos asuntos.
Precisamente porque es claro este Gobierno en la determinación de este compromiso, este Gobierno puede hacer, y hace, este Ministerio del Interior, análisis
realistas y diagnósticos realistas. Cuando el diagnóstico es exclusivamente caos organizativo, este Gobierno dice: caos organizativo, no. Pero añade: necesidad permanente de seguir mejorando y modernizando estructuras, de seguir acentuando los
contenidos de calidad en la prestación del servicio, de seguir mejorando las condiciones laborales y profesionales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Todo eso además, en el contexto de no ignorar y por tanto no dejar de decir los
importantísimos esfuerzos que desde el año 1996 se han venido realizando y se vienen realizando en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, precisamente para que todos esos objetivos que acabo de enunciar, con modestia, poco a poco y sin
vanaglorias, se puedan ir avanzando y cubriendo en el tiempo en beneficio de todos.
Cuando en el discurso general de esos lugares comunes o en ese discurso general, sin matices, se habla y se vuelve a invocar nuevamente el riesgo de privatización de la seguridad, la maligna intención que tiene este Gobierno de hacer
renuncia de sus responsabilidades públicas para, a renglón seguido, fomentar, probablemente con razones o por motivos absolutamente inconfesables, esa privatización de la seguridad, nosotros tenemos que decir, ya ni siquiera desde la estupefacción
ni desde la sorpresa, sino en cierta manera desde la lástima de que se haga ese tipo de discursos sin matices, sencillamente que no. ¿Cómo se va a compatibilizar, cómo se podría compatibilizar esa hipotética tentación de este Gobierno con el
importantísimo esfuerzo presupuestario que el Gobierno viene haciendo en los últimos años por dotar y por situar a la seguridad pública en los niveles de operatividad necesarios? Ciertamente es una incompatibilidad manifiesta. Si en un contexto en
el que había que realizar importantes restricciones presupuestarias en los términos de la política presupuestaria general del Gobierno para poder situarnos en primera línea, no perder aquella oportunidad histórica de incorporarnos a la moneda única
sin tener que esperar, sino con la naturaleza y el carácter y en el tren de los protagonistas iniciales; si, en el contexto por tanto de esas restricciones necesarias para que España no perdiera esa oportunidad histórica, se ha ido sin embargo año
a año primando y haciendo un esfuerzo de dotación presupuestaria al Ministerio del Interior, es obvio que ese dato denota el escasísimo rigor de la supuesta tentación aducida al Gobierno o a no sé qué fuentes extrañas del Gobierno.
Respecto de otras cuestiones objeto de esta primera comparecencia, en los términos en que se han relatado los hechos por el señor secretario de Estado, no tengo nada que añadir. Pero, a propósito de ese relato de hechos y a tenor de la
valoración de los mismos por parte de alguno de los señores intervinientes, sí tendría que decir que, desde mi punto de vista, en el conjunto de un sólido contexto democrático como el que en este momento vive España afortunadamente -y no me refiero
exclusivamente a la presencia del Partido Popular, sino a partir del año 1975 y, como muy bien señalaba el señor Rejón, con el esfuerzo y la aportación de todos-, me da la sensación de que nada tiene más tufillo predemocrático que tratar de sembrar
una duda permanente sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sobre la vesania y villanía de quienes mandan esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están dispuestos a aplicar única y exclusivamente la más dura
y radical de las represiones. También me da esta misma sensación el hecho de no estar dispuestos a hacer por parte de todos verdadera pedagogía social, vuelvo a repetir, verdadera pedagogía social y que todos, en nuestros ámbitos de influencias,
dijéramos que, en una sociedad democrática como esta, hay todos los cauces suficientes y que los poderes públicos garantizan la constante amplitud de los mismos para que cualquiera pueda expresar su legítima opinión, su legítima discrepancia y su
legítima reivindicación desde el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
La ley, además de ser la expresión del gran pacto popular de convivencia, también trata, esencialmente en democracia, de hacer compatibles y de mantener el equilibrio
entre los derechos de unos y los
derechos de otros, entre el derecho a la absolutamente legítima e irrenunciable manifestación de opinión, de reivindicación, de protesta o de discrepancia y el derecho de todos los demás a que ese derecho de los antedichos se ejercite en
términos de respeto al propio ordenamiento y a los derechos de los demás.
El señor secretario de Estado ha dicho en ese relato de hechos que cuando, en el caso de la estación de Sevilla, se presentó la dotación policial antes de que se produjera ningún tipo de incidentes y dialogó con una serie de miembros del
comité de empresa, se les manifestó clarísimamente, ha dicho, por algún miembro del comité de empresa que allí se iba a impedir la salida del AVE, desconociendo quizás el perjuicio grave que eso podía causar a otros ciudadanos, y que iban a poner
toda la carne en el asador para conseguirlo. Ese tipo de pedagogía social sobre quien manifiesta esas concepciones del ilegítimo e irrenunciable derecho a la discrepancia y a la reivindicación es el que tenemos que hacer entre todos.
Hay algo que es inevitable. Probablemente, en esta vida todo o casi todo es opinable. Yo siempre he creído que nunca uno tiene toda la razón, que la razón y la verdad se construyen sobre la suma de las razones y de las verdades de todos.
Ahora sí, de las pocas cosas que hay incontestables en esta vida es la biología. La biología dice que tenemos que nacer y que tenemos que morir. La biología dice que a medida que transcurre nuestro ciclo vital envejecemos. La biología dice una
serie de cosas que afectan, como es natural, al ser humano estrictamente considerado, pero que tiene una serie de consideraciones y de ciclos que permiten establecer la existencia de una biología social. Y, como la biología es incontestable, sería
muy interesante situarla en el conjunto de un debate que se quiere hacer sobre récords históricos. Yo creo que eso es muy interesante, porque, que yo sepa -y salvo que la biología haya evolucionado de una forma secreta en los últimos años y aún no
nos hayamos dado cuenta de esa evolución, excepto los ilustres miembros del Grupo Parlamentario Socialista; todos los demás no, pero ellos sí-, un señor cualquiera y desde luego un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, en seis años, no pasa de
tener 25 a 51 años de edad. Es metafísica y biológicamente imposible, es incontestable en materia de biología. (Rumores.) A partir de esa consideración previa, sí que resulta muy interesante hacer un debate sobre récords históricos. Porque, ¿de
dónde nace ese déficit de vacantes, habida cuenta que es imposible que en seis años un señor pase de tener 25 a 51 años de edad? Dejo la cuestión en el aire. Lo que sí decimos es que desde hace seis años se viene trabajando en una dirección
coherente y, por ejemplo, las últimas ofertas públicas de empleo de estos últimos años y las recientemente aprobadas por el Consejo de Ministros dan buena prueba de ello. ¿ Para qué? Para tratar de conseguir que cuando dentro de unos años, los que
quiera la soberanía nacional expresada en las urnas, decida que haya otro gobierno -no quiero hacer pronósticos en términos de tiempo- ese otro gobierno no se encuentre con señores que en seis años han pasado de tener 25 años de edad a 51, sino que
se encuentre con plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Cuerpo Nacional de Policía que han seguido de manera armoniosa, armónica y metódica, la propia evolución que marca la incontestable biología. Y cuando se dice que
como consecuencia de todo eso, se está produciendo -así, rotundo manifiesto y sin matices- un manifiesto deterioro del servicio público, pero al mismo tiempo se invocan, como se ha hecho esta mañana, la referencia a las encuestas, ambas cosas no
casan. Porque evidentemente parece que el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la prestación de servicio por parte del Cuerpo Nacional de Policía y por la estimación que los ciudadanos tienen del mismo, recogido en encuestas, es ciertamente
alto, con independencia de que exista, y existe -este Gobierno no lo niega-, un crecimiento de la delincuencia. Pero, en lo que afecta a la consideración que los ciudadanos tienen del servicio público que presta el Cuerpo Nacional de Policía,
medido científicamente a través de encuestas, está ahí y es ciertamente incontestable.
Incrementos del delito. Cuando se trata de poner sobre la mesa en este debate ese concepto, no se debe olvidar con carácter previo una cosa, que ese concepto no lo pone sobre la mesa la oposición sino el Gobierno. ¿Por qué lo pone sobre la
mesa el Gobierno? Porque este Gobierno y este Ministerio del Interior no hace propaganda, no maquilla las cifras, no se mueve en términos de pura autocomplacencia, de conformismo y de autosatisfacción, sino que va a la realidad de los problemas.
(La señora vicepresidenta, del Campo Casasús, ocupa la presidencia.) Y precisamente por ese compromiso con la realidad de los problemas, el Gobierno dice, antes que la oposición, que se ha producido este problema pero que trabaja en la dirección de
corregirlo y continúa facilitando los elementos de denuncia para que el ciudadano no se sienta sepultado por una maquinaria de propaganda, sino con facilidad para acceder a la administración responsable de su seguridad y darle cuenta inmediata y sin
incomodidades de los hechos de los que ha podido ser víctima.
¿Responsables políticos? Naturalmente, la responsabilidad política de lo que suceda en el Ministerio del Interior es de los actuales titulares del Ministerio del Interior, de los que somos y nos sentimos absolutamente solidarios, y en
términos de partícipes de un mismo proyecto político nos hacemos cosolidarios. Como esto está dicho así de claro y de rotundo y no admite ningún equivoco por nuestra parte, a continuación decimos: ¿Dónde están las responsabilidades políticas de
las situaciones derivadas por la aplicación de esa biología incontestable? Que nosotros sepamos, puramente ninguna. Es más, se ha tratado de sustanciar este debate de
un plumazo diciendo: Hasta el año 1996 podíamos haber sido nosotros, pero ahora son ustedes. Cuando hay cuestiones que van más allá de la propia actuación de un gobierno porque, vuelvo a repetir, afectan a esa situación incontestable de la
biología, es decir, que un señor en seis años no pasa de tener 25 años a tener 51, habrá también otro tipo de responsabilidades.
Respecto al bajo gasto público en seguridad, las cifras del presupuesto están ahí y no vale la pena reiterarlas. Seguir evidenciando ciertos tics verbales suenan, a nuestro juicio, muy antiguos. No se trata de contraponer seguridad pública
y seguridad privada; se trata, en el contexto de una sociedad moderna, de saber articular un adecuado marco de interrelación desde la aplicación de un principio esencial, es decir, desde la primacía siempre y en todo punto de la seguridad pública y
de las estructuras de la seguridad pública. Eso está fuera del debate; esto es así de claro y de rotundo. Lo que sí que hay que saber es cómo, a partir de ahí, se incardina una nueva realidad social que está en la calle, que está en el mercado y
que conviene que no evolucione simple y llanamente a su aire, sino en el marco de ese principio de subordinación que acabo de señalar.
En relación con la insatisfacción, desasosiego y desmoralización en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en el Cuerpo Nacional de Policía, negar la existencia, como se ha negado esta mañana, del Plan Policía 2000 nos parece un
simple y puro voluntarismo sin más alcance real.
Estoy absolutamente de acuerdo con la expresión utilizada por la señora López de que se les va la mano, pero en ciertos debates uno puede concluir que no se les va la mano a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que actúan siempre
con arreglo a protocolos y marcos jurídicos establecidos, con independencia -subrayo lo que voy a decir- de que se puedan cometer ¡naturalmente que sí! errores puntuales. Sí me da la sensación -y por eso decía que estaba de acuerdo con la señora
López- de que se les va la mano a otros; quizás a alguien que acudiendo a lugares comunes, catastrofismos y vacíos de memoria, dice que este Gobierno ha hecho una negación rotunda del diálogo para complementar esa negación rotunda del diálogo con
un recurso permanente y desproporcionado a la fuerza de Interior: que la fuerza de Interior es lo que prima en la acción política de este Gobierno, de un gobierno que no dialoga, de un gobierno vuelto de espaldas a la realidad social. Eso me
parece sencillamente un despropósito monumental cuando, además, en el contexto de lo que bien decía el señor Navarrete, de que se hable de todo, habrá que tener presente el diálogo de este Gobierno para concluir un pacto para el empleo, el diálogo
de este Gobierno para concluir un acuerdo de financiación autonómica, el diálogo de este Gobierno para concluir un gran pacto de pensiones, y así un suma y sigue constante. Por tanto, decir que el recurso de este Gobierno es la fuerza de Interior y
la negación del diálogo nos parece -dicho con todos los respetos- un despropósito que no conduce a la fijación de alternativas ni a la resolución de los problemas, porque en definitiva el despropósito sólo conduce al despropósito. Y si se pretende
hacer una síntesis, como ha pretendido hacer el señor Navarrete, incluso en un tono muy moderado que yo agradezco (comprendo el guión que cada uno tiene) de lo que este Gobierno Popular hace o sobre lo que este Gobierno Popular vertebra toda su
actuación, que es -se deduce de sus propias palabras y de ese recurso tan inteligente que ha hecho a los registradores de la propiedad- la radical privatización y la radical represión contra los derechos humanos, hacer ese diagnóstico comprendo que
puede estar en el guión, pero me parece en la realidad un suma y sigue en el despropósito.
Concluyo. Estamos en un Estado democrático, señora presidenta, en donde hoy Interior garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos y el respeto a los derechos y a las libertades de todos los ciudadanos.
Poner eso en duda es
otro despropósito, y quizás ese despropósito puede ser muy explicable en un simple y muy significativo vacío de memoria.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Para responder tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Voy a ser no sé si extraordinariamente breve pero sí lo más que pueda. Voy seguir el orden de las intervenciones de SS.SS. tratando de responder a lo que no ha sido tratado ya.
Me decía el señor Rejón que parece que en mi intervención había -ha citado una bella frase latina- una huida del toro. No sé a qué toro se refiere, pero este secretario de Estado que les informa ahora se sienta todos los días muchísimas
horas con varios toros delante, lo tiene a mucha honra, va en el sueldo, pero le aseguro que de huidas de toros, nada. Quiero que quede claro que este Gobierno se toma en serio, y desde el luego Ministerio del Interior, la gravísima tarea que tiene
encomendada. Sólo quiero afirmar esa posición personal.
Dice S.S. que se toman medidas porque hay problemas. Siempre que se pueden hacer las cosas mejor es porque existen situaciones que no son las idóneas. Si a eso se refiere usted por problemas, reconozco que el espíritu de este Gobierno es
mejorar permanentemente en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.
Habla S.S. de la priorización del terrorismo. Sí, señoría. El terrorismo es un gravísimo problema para España, de una connotación amplia, no sólo el atentando conocido de los comandos terroristas. Hay un amplio aspecto de los servicios
de información y un amplio aspecto de la violencia callejera que contagia en otros puntos de España a determinadas manifestaciones
de tipo radical, fundamentalmente violentas, y a eso debemos dedicar un gran esfuerzo. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.)
Yo creo que no existe caos jurídico. ¿Por qué? Porque hay una ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que regula y establece cuáles son las vías de funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil;
los otros aspectos se regulan por la gestión permanente y diaria de las fuerzas. No creo que exista un vacío jurídico en el Cuerpo Nacional de Policía, por atenerme exactamente a lo que S.S. ha pretendido centrar su intervención.
Respecto a los medios necesarios, entiendo los discursos y no sólo no renuncio, es que me parece normal que se critique la labor del Gobierno, y me parece que todos tenemos que aprender y yo lo voy a hacer. Yo escucho atentamente lo que me
dicen, pero hay determinadas cosas que hacen más al discurso retórico que a la realidad de los hechos. Nosotros hemos hecho las siguientes inversiones en el Cuerpo Nacional de Policía -aquí tengo los datos-, desde el año 1996 hasta el año 2002. En
el año 1996 estábamos en 208.500 millones de pesetas; en el año 2002 estamos en 290.000 millones de pesetas. Estoy de acuerdo en que puede haber unos ámbitos de inflación, pero afortunadamente varios gobiernos han tratado de que nuestros recursos
económicos tengan una capacidad similar de año a año, aspecto fundamental en la consolidación de un sistema económico riguroso y que produce solamente bienestar. Ese es un dato. En el tema de las ofertas públicas, haré algún comentario sobre lo
que ha manifestado el señor Mayoral en el sentido de que en ningún momento hemos dicho que estamos creciendo un neto de cuatro mil y pico policías al año. Estamos diciendo que, ante salidas -que hace 35 años fueron entradas- de enormes cantidades
de policías, en estos momentos nosotros tratamos de paliar una sangría que, independientemente de lo que se pueda alegar en contrario, viene de donde viene. En el año 1993 entraron 1.260 policías; estoy de acuerdo con que hubo otros años en que
hubo más, pero estoy hablando de paliar situaciones que ya nos están afectando y que probablemente vengan de muchos años antes. Ahora bien, es indudable que en el año 1993 entraron 1.260, en 1994, 1.160; en 1995, 1.400; en 1996, 1.400; en 1997,
1.000; en 1998, 1.500 y así sucesivamente. El Gobierno actual ha empezado creando 2.250, 3.150 y 4.275. No es que estemos enormemente satisfechos; estamos razonablemente satisfechos de haber tratado de invertir una curva de descapitalización de
la policía que hace relación a otras veladas denuncias que se hacen en esta Comisión sobre la privatización del Cuerpo Nacional de Policía. Les quiero decir a ustedes que España es el país que tiene más policías por cada mil habitantes, después de
Italia; policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y municipales. No es que estemos privatizando la seguridad, ni mucho menos. Hay una enorme demanda de seguridad y algunos ciudadanos quieren suplir aspectos de su seguridad con
seguridad privada, bien sea con medios técnicos o con medios humanos, lo cual es algo indiscutible en una sociedad libre que trata de dotarse de los servicios que considera oportuno de la manera que le parece conveniente.
Hay un hecho que yo reconozco. Decía su señoría que hay un crecimiento inusitado de la delincuencia. El crecimiento de la oferta pública de empleo no es una cosa exorbitante, pero sí es la mayor de los últimos 10 años; la del año pasado,
la segunda y la del anterior, la tercera. Eso es un hecho. En el año 1996 el índice de delitos por mil habitantes en España era el 57,78 y en el 2001 es el 57,08. ¿Qué es lo que ha pasado con el crecimiento del 10 por ciento de este año?
Evidentemente lo estamos sufriendo, vamos a hacerle frente, pero entiéndase también que en el año 2000 tuvimos un decrecimiento importante en los delitos. Los crecimientos netos, a larga distancia, creo que no son tan espectaculares, siendo una
preocupación y sobre todo una ocupación del Gobierno abordar una situación que pasa, como digo, por una preocupación ciudadana importante. Deberíamos hacer una reflexión. Entiendo que el debate sobre la seguridad ciudadana es importante y que los
grupos de la oposición deben tenerlo -me parece perfectamente legítimo-, pero pido que ese debate se haga con rigor y realismo. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a ser criticados, como digo, y sobre todo a aprender, pero se extralimita y se
lleva más allá de la realidad la situación de la policía en todos los ámbitos.
Debo recordar también que respecto al tratamiento del Cuerpo Nacional de Policía tanto en inversiones como en capítulo 1 se han producido crecimientos importantes y a expensas de mejorar (qué más quisiera el secretario de Estado de Seguridad
que poder dar más bienestar desde el punto de vista económico a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y no sólo a ellos sino a otros muchos, además de darles más medios) en estos años hemos podido controlar aspectos
como la productividad y las inversiones, que creo que van en una buena línea, aunque sea mejorable. El que ha gobernado sabe que los presupuestos generales son los que son y que se hacen esfuerzos importantes; los presupuestos suponen la acción
política general del Gobierno y no solamente una acción sectorial, y con esa acción política general del Gobierno el Ministerio del Interior no tiene otra convicción -no ya obligación- que la de ser solidario, y en eso estamos. Ese rigor
proporciona a nuestro país niveles de bienestar que realmente son la envidia -hay que salir fuera para que le digan a uno lo que se piensa de España- de algunos países. En ese nivel es en el que nosotros tenemos que hacer seguridad ciudadana.
Paso a continuación al segundo asunto, a las intervenciones de la policía.
Lo único que quiero decir sobre esto ya se ha comentado aquí por el representante del
Grupo Popular; son aspectos que comparto en el sentido de que el Gobierno no tiene ningún complejo democrático, ninguno. Probablemente en mi ministerio debo ser el mayor entre los que están en estos momentos en tareas de dirección y no
tengo, les puedo asegurar, ninguna tara democrática por tener 53 años o por estar trabajando en un Gobierno del Partido Popular. La convicción democrática y de lo que es un Estado de derecho la aprendimos ya hace mucho tiempo en la universidad, y
algunos la practicábamos desde hacía mucho tiempo. Alguien dijo una vez -ante un tema similar a este- que parecía que hacíamos un discurso decimonónico, pero debo decir que lo que me pareció decimonónico fue ese discurso.
Estamos en otro
planteamiento. Creemos que hay que utilizar la fuerza cuando es necesaria en un Estado de derecho, la fuerza legítima para defender los intereses, derechos y libertades de las personas que pueden ser agredidos por otros derechos y libertades que en
ese momento deben decaer ante el interés general. Eso es lo que hacemos. Les diré, sinceramente, que en cuanto a la pretendida violencia inusitada utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no creo que haya esa violencia inusitada en las
intervenciones policiales; no lo creo. Puede haber algún caso desgraciado que se corrige -así se ha hecho cada vez que ha ocurrido y esta Comisión lo sabe porque así se me denunció en su día y se corrigió-, pero no creo que haya un solo policía o
guardia civil que se dedique a pegar de manera absolutamente sádica -como casi se ha dicho aquí- a buenos padres de familia porque, entre otras cosas, ellos también lo son y también reciben agresiones de estas personas. Pero si hubiese algún
aspecto concreto, alguna extralimitación concreta, no les quepa la menor duda de que el Cuerpo Nacional de Policía, por su propio interés, tomará las medidas oportunas para corregirla porque la imagen del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil debe ser, como es -lea, señor Rejón, las encuestas- de la máxima credibilidad dentro de las instituciones del Estado, y a lo mejor otras instituciones por ahora no pueden tener. En ese sentido, pues, tranquilidad. Me ha producido una
auténtica mala impresión cuando ha dicho usted -perdone que le cite- que le dan asco las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Debo pedirle que reflexione sobre la expresión que ha utilizado porque las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, aunque alguien pueda meter la pata -valga la expresión-, precisamente son las que hacen que podamos disfrutar de un espacio de libertad y de derechos en España.
Otra cosa son creencias que no se compadecen con la realidad, ni
con la histórica ni con la actual. Yo le aseguro que no hay un solo policía que se merezca la expresión que usted ha manifestado en esta Comisión.
En relación con lo expresado por el señor Mayoral sobre la situación del Cuerpo Nacional de Policía, nosotros no estamos diciendo que el pasado sea el culpable de las cosas; nosotros estamos gestionando lo que nos toca. Los que gobernaban
en ese momento tuvieron que atenerse a las circunstancias de la situación y a nosotros nos tocan las nuestras. Al criticar la acción del Gobierno, yo lo que pido es que se tenga en cuenta la lealtad de que nosotros asumimos lo que nos corresponde,
y lo anterior es un dato del problema. La historia es la historia y las circunstancias son las circunstancias. Entiendo el discurso de S.S. cuando dice: Ahora les toca a ustedes gobernar. Efectivamente, ahora nos toca a nosotros gobernar en una
circunstancia. Sin embargo, la circunstancia es la que es porque ha habido una circustancia anterior, y no se tomaron decisiones entonces para fastidiar sino porque se consideraba que se tenían que tomar. Sin duda entonces se iban perdiendo
policías y no crecía tanto el problema de la inseguridad ciudadana, y se tomaron esas decisiones porque se era solidario con otras políticas de los Gobiernos que había en España. Nos estamos refiriendo a una situación numérica que hay que corregir
y que se está corrigiendo. Nosotros no decimos que todos los problemas sean externos; decimos que las circunstancias cambian y que las cifras y las situaciones son importantes. Nosotros no nos justificamos diciendo que las circunstancias están
fuera de control por eso no hacemos nada, porque no hay nada que hacer. No. Según ustedes eso es lo que hacemos nosotros, y no es así. Precisamente porque las circunstancias son distintas, y sin tratar de demonizar ningún tipo de historia,
simplemente porque hay un crecimiento de la delincuencia, que tiene unas causas sociales, geográficas y de organización, es por lo que tratamos de mejorar el Cuerpo Nacional de Policía y adaptarlo a la realidad social del momento. En eso estamos.
Nos podremos confundir y se nos podrá criticar, pero no en las ciscunstancias del Cuerpo Nacional de Policía en las que ejerce su actividad. Esto es lo que quería señalar en relación con la intervención del señor Mayoral.
Señor Navarrete, en su intervención me pide que traslade a otros ministerios su preocupación por la cuenca de la minería metálica, y entiendo que esa es la parte importante. En la segunda parte de su intervención se ha acogido a lo que ha
dicho el señor Rejón, y yo le contesto lo mismo que le contesté al señor Rejón. No me siento capacitado para contestarle cuáles son las políticas que tiene el Gobierno en relación con la minería, pero sí me siento capacitado para decirle que lo que
realmente tiene el Gobierno como meta y principio en su actuación en los temas de orden público y seguridad ciudadana es el estricto cumplimiento de la ley. En ese cumplimiento de la ley es donde se nos puede exigir que seamos rigurosos. Este
Gobierno no tiene voluntad de actuar fuera de la ley. El día que no cumplamos la ley pido que se nos denuncie. Y digo cumplimiento estricto de la ley, cumplimiento de protocolos de intervención, que tienen un sentido puramente jurídico y policial
desde el punto de vista de que no es un órgano
represor esencial sino que también es dialogante. En todas las intervenciones de la policía por las que ustedes han pedido mi comparecencia primero se produce un diálogo entre las partes. Solamente cuando el diálogo sirve para lo que se
pretende es cuando funciona; cuando no sirve, porque hay una ley y sobre determinados aspectos de la misma y derechos de los ciudadanos el diálogo no conduce a un acuerdo, es cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que
intervenir por el cumplimiento estricto de su deber, no por apetencia ni por voluntad propia. Este Gobierno apoya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los da moral. En esa línea estaremos siempre.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Rejón, tiene la palabra con la brevedad que aconseja el carácter extraordinario del turno.
El señor REJÓN GIEB: Como el señor Gil Lázaro ha repetido mucho en su intervención tanto la palabra biología como los vacíos de memoria, quería dar simplemente unas pinceladas.
Más de uno ha cortado vías del tren a Alfafar, señor Gil Lázaro. Yo no soy de los que les gusta cortar vías de comunicación, pero la única vía de tren que he cortado en mi vida lo hice cogido del brazo del señor Gabino Puche, presidente del
Partido Popular en aquel momento y hoy miembro de la Ejecutiva.
Hablando de los vacíos de memoria, en Andalucía, en marzo o abril de 1995, sube a la tribuna un joven miembro del partido conservador descamisado, con ese mal descamisamiento que tiene la derecha porque la derecha no sabe descamisarse, y
dice: Cuando las fuerzas de represión socialista tiñeron de roja sangre obrera las blancas piedras calizas de la estación de Linares-Baeza, yo sentí asco y vergüenza. Ese joven llegó a ministro de Trabajo. Para que no haya confusión, ahora
escribe novelas. Señor secretario de Estado, yo sentí asco y vergüenza, no de las personas que había allí, sino de la actuación, que sin duda tenía una responsabilidad administrativa de alguien. Cuando no se toman las medidas adecuadas y no se
mueven los efectivos adecuados para que, llegado un momento, si no se ha medido la acción de los manifestantes, se tenga que recurrir a una violencia física que termina con sangre, daños, ruptura de miembros, etcétera, es que ha habido falta de
previsión. Es lo que decía Ortega ahora que se habla de él, aquello de: No es esto, no es esto.
Señor secretario de Estado, respecto a Almería y al cerro de San Cristóbal, he visto que en algún informe dicen: en torno a la Alcazaba, monumento histórico artístico. El que no conoce Almería piensa que es el entorno del palacio de
Oriente o de la mezquita de Córdoba. El cerro de San Cristóbal es un pedregal lleno de basura, de porquería, donde la última vez que vieron entrar a un policía fue en fotografía; es un gueto de droga, de miseria y de delincuencia. En un
descampado que hay al lado, un pedregal, intentaron acampar. Ustedes dicen que les tiraron piedras.
¡Qué les iban a tirar si lo único que había allí eran piedras! Yo no le estoy diciendo que no haya que mantener el orden público, sí señor, pero
depende de qué forma, porque hay muchas maneras. Cuando los vecinos de ese descampado, como en el caso de la Línea de la Concepción, se ponen de parte de los manifestantes, eso hay que medirlo, no el policía, el subdelegado del Gobierno, porque es
una zona de piedras, marginal y abandonada. A lo mejor no era esa la actuación que había que tener para mantener el orden público. Yo no le digo que no mantenga el orden público; lo que critico es la forma de mantener el orden público.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, yo no voy a decir que voy a ser sintético porque sintético no significa lo que dice el señor Gil Lázaro; desde luego no significa corto. A pesar de esa aclaración, quisiera hacer algunas
observaciones al hilo de lo último que nos ha dicho el señor secretario de Estado.
En primer lugar, señor secretario de Estado, lamento mucho decirle que S.S. no ha contestado a mis críticas sobre problemas internos no resueltos y pendientes, ni me ha aclarado si existe o no existe normativa en relación a la regulación
del plan Policía 2000, que no existe. Por lo tanto, como S.S. no me ha contestado sobre el particular entiendo que su silencio significa asentimiento de que efectivamente el plan Policía 2000 no tiene cobertura normativa suficiente desde el punto
de vista de la legalidad de las normas que se dictan, que son inexistentes. Tampoco me ha dicho nada sobre el conflicto colectivo de todos los sindicatos con su ministerio, que es para mí uno de los puntos más negativos y más preocupantes de la
realidad del día porque han coincidido dos noticias realmente graves, incremento de la criminalidad (en la cifra que el propio Gobierno ha reconocido finalmente, más del 10 por ciento) y, por otra parte, una grave crisis de relación institucional
con los sindicatos policiales. Pero hay otras cosas que también quiero aclarar y espero que sean en adelante cuestiones definitivamente resueltas desde el punto de vista de lo que unos y otros decimos sobre lo que ha ocurrido en la cobertura de
plazas vacantes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Señor Morenés, no vuelvan a insistir de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, ni voluntaria ni involuntariamente, en esta faceta de la herencia que ustedes quieren atribuir de manera falsa. Es absolutamente incierto que durante la
etapa socialista se produjera un decrecimiento.
Según sus propios datos -los he recogido de la página web de su Ministerio-, una nota de prensa relativa al Consejo de Ministros dice: El
Gobierno aprueba la mayor convocatoria de plazas para la policía en los últimos años. Esto es literalmente incierto, señor Morenés. Porque se cogen los datos, los cuadros que ustedes mismos aportan, y el mayor crecimiento de plantillas en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se produjo en el año 1992 con una oferta pública de 7.000 plazas; el año de máximo crecimiento, 1992. Y esto forma parte de una serie de crecimientos durante la etapa socialista: en 1990 se ofertaron
más de 6.500 plazas, en 1991 se ofertaron 6.000 plazas y en el año 1992, repito, se ofertaron 7.000 plazas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Cuál es el año de menor crecimiento, señor Morenés? El año de menor crecimiento de la
oferta pública de policías y guardias civiles es 1997, donde solamente se ofertaron 1.900 plazas, gobernando el Partido Popular y llevando ya su segundo año. Son los datos que ustedes recogen.
Basta sumar lo que aquí dice y se demuestra que es el
año, repito, de 1992 el de mayor oferta y crecimiento de puestos de policías y guardias civiles, y el menor el de 1997, siendo ya ustedes Gobierno. Por lo tanto, que esto quede certificado y que conste realmente en acta, yo no sé si llevarlo al
notario o al registrador para que quede definitivamente resuelta esta cuestión. (Rumores.- Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Espero que también el señor registrador, que coincide en profesión con el señor Rajoy -pero
no quiero hacer ningún chiste malo sobre el particular- también tome nota sobre esto.
Finalmente, otra cuestión. Sostiene el señor Gil Lázaro... Esto es como lo de Sostiene Pereira, señor Gil Lázaro. (Risas.) Se está olvidando -dice el señor Gil Lázaro- lo que se ha hecho bien. Pues bien, sostiene el señor Mayoral: Se
está olvidando lo que se ha hecho mal. Y el balance entre lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal desgraciadamente da la razón a aquellos que afirman lo que se ha hecho mal y que las cosas se están haciendo mal. El balance, es en
definitiva, la cifra de la cuenta de resultados, la cifra del coste/beneficio que existe en relación a los recursos que se aportan para luchar contra la criminalidad y el resultado que se obtiene. Y el resultado que se obtiene lo da la cifra de
criminalidad. Ustedes pueden decir que todo es perfecto. El señor secretario de Estado dice que se toman todas las medidas. Pues bien, el balance es negativo para su política, puesto que se ha incrementado de una manera importante y muy
significativa la criminalidad en España. Así de sencillo y así es como hay que hacer los balances, sobre todo con rigor y poniendo las cuentas por delante.
Sostiene el señor Gil Lázaro: Caos organizativo, no. Y sostiene el señor Mayoral: desbarajuste e ineficacia de la política de seguridad del Gobierno del Partido Popular, sí; porque lo demuestran las cifras y el balance de las cifras.
Sostiene el señor Gil Lázaro: Biología incontestable. Y pregunta modestamente el señor Mayoral: pero vamos a ver, aparte de ser portavoz adjunto, ¿también se las da S.S. a estas alturas de biólogo reputado? (Risas.) La verdad es que nos hemos
formado un lío realmente espectacular sobre lo que quería decir S.S. de pasar de pronto un policía de 25 a 51 años. Creo que el Partido Popular si quiere lo puede hacer, basta con poner incubadoras en los correspondientes lugares (Risas.) porque
desde luego al alcance de sus posibilidades está; cosas más ambiciosas hemos visto que aborda el Partido Popular, así que esperemos que esto también dé resultado. Finalmente, sostiene el señor Gil Lázaro: Catastrofismos, no. Y al señor Mayoral
eso le suena a aquello de eternos descontentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, con toda brevedad para intervenir por lo menos durante 15 minutos, porque cuando un grupo sólo ha consumido tres intervenciones me parece que es hacerlo con toda brevedad. (El señor Navarrete Merino
pide la palabra.)
El señor Rejón, que es un hombre profundamente culto...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Perdone, señor Gil Lázaro, pero el señor Navarrete quiere intervenir. Muy brevemente, por favor.
El señor NAVARRETE MERINO: Sí, seré muy breve, señor presidente.
Es responsabilidad del señor secretario de Estado si quiere trasladar o no las sensatas peticiones que hemos hecho a los ministerios económicos y sociales afectados por el problema. Lo que es seguro que debe saber el señor secretario de
Estado es que nos movemos siempre en un dilema, en una especie de bipolaridad entre la legalidad y la justicia. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho sobre la legalidad, me parece muy pobre y le recuerdo aquella frase de un personaje de
la mitología griega que decía: No hay ninguna ley humana que me pueda impedir enterrar el cuerpo de mi hermano. Por consiguiente, de lo que yo les responsabilizo y de lo que les considero culpables por los palos que se han llevado los mineros es
de que hayan dejado pudrir el problema y que con las perspectivas que nos abre se siga pudriendo una reivindicación tan sensata como que los mineros del sur, en una situación aflictiva como la que les ocurre, no puedan tener los mismos derechos que
los mineros del norte. Si usted quiere puede trasladar esto. Y si no lo traslada, lo que desearía es que no se tenga que arrepentir de ello como responsable del Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Ahora sí, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Decía, señor presidente, que el señor Rejón, que es un hombre culto, conoce de
sobra esa importante contribución de la filosofía del derecho, la teoría clásica de la lucha contra el tirano. Por tanto, en los términos en los que yo he hablado de biología y de memoria -por cierto, se ha dado por aludido y no iban por
ahí las indicaciones-, como además he señalado que hay que hacer pedagogía social, afortunadamente en el contexto de una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática en la que no hay restricción alguna al libre y profundo e intenso ejercicio
de todos los derechos naturalmente básicos (el derecho de opinión, el derecho de reivindicación, el derecho de discrepancia), todo lo dicho y lo que el señor Rejón me señaló casa perfectamente desde lo que es la memoria y la biología.
En cuanto a esa teoría clásica de la lucha contra el tirano, no me extraña que la única vía que S.S. ha aportado haya sido en compañía de un ilustre miembro de mi partido. Le agradezco además esa aportación porque contribuye de una manera
muy seria y decisiva a destruir ciertos discursos interesados de algún sector. Ya sabemos que en la lucha por la libertad hoy Izquierda Unida, representada por el señor Rejón, estaba mano a mano con el Partido Popular, representado en ese acto por
el don Gabino Puche. Por cierto, me produce una tremenda envidia -tengo que decírselo, señor Rejón- la prodigiosa memoria de su señoría, porque poder hacer una cita literal sin tener el texto delante, una cita además que venía al caso de lo que
S.S. ha dicho previamente, quiere decir que usted atesora en su memoria miles y miles de citas literales y eso, aparte de denotar la profunda dimensión culta de S.S., evidentemente produce una cierta envidia.
A mí me preocupa una cosa, pero no quiero entrar en ese debate. Ha manifestado S.S. que cómo no iban a tirar piedras si era lo que tenían a mano. Quiero quedarme ahí, ya que, si en vez de tirar piedras no estas personas, sino otras,
porque es lo que tienen a mano, tienen otras cosas... Quiero quedarme aquí porque estoy convencido de que simplemente ha sido un fallo dialéctico de su señoría.
Al señor Mayoral le agradezco que nos haya ilustrado una vez más. Ahora ya sabemos que a los reconocidos fastos de 1992 se suma uno nuevo, cual es la convocatoria de oferta pública de empleo que ha mencionado su señoría.
Si quiere, algún
día podemos hablar de en qué quedó todo aquello. Cómo deben andar las cosas en alguna casa, que no es la mía, para que el señor Mayoral me mire y diga literalmente que no haga chistes malos sobre el particular. El particular es a propósito del
registrador. Mire usted a quien en todo caso ha hecho lo que usted califica de chiste malo sobre el particular, es decir, sobre el registrador, que no ha sido este modesto portavoz, sino, siento decirlo, el señor Navarrete. Y que usted califique
de chiste malo la intervención del señor Navarrete, que a mí me ha parecido muy sensata, no deja de demostrar cómo andan las cosas en ciertos sitios.
Señor Mayoral, yo de biólogo no tengo nada. Ahora, bien hay una cosa que no tiene vuelta de hoja. Estoy de acuerdo con ustedes en que se han formado un lío en esto, en lo de la biología y en tantísimas otras cosas.
Es tan sencillo como a,
e, i, o, u. Si yo tengo hoy, que los tengo, 44 años (El señor Mayoral Cortés: ¡Qué joven eres!), dentro de seis años, si vivo, si estoy todavía en este valle de lágrimas, tendré 50, pero no 75.
Si un miembro del Cuerpo Nacional de Policía hace
seis años o hace equis años tenía 25, en el transcurso de seis años solamente puede tener 31 y no 51. Si se hubiera llevado a cabo una política determinada de prevención del envejecimiento de plantillas, no estaríamos hablando de lo que estamos
hablando. Y por último una cosa en la que estoy completamente de acuerdo con S.S. Ha concluido usted con una cita que le agradezco, ya que creo que no es sintética de la posición de su grupo, pero sí del mío.
Usted ha dicho: Frente a los
catastrofismos, la situación de estar eternos descontentos. Efectivamente, frente a los catastrofismos que hacen algunos, este Gobierno está permanentemente en situación de eterno descontento precisamente para tratar de cubrir y atender sus
responsabilidades con los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Brevísimamente. No digo sintético porque no me atrevo a entrar en esa disquisición.
En cuanto al conflicto colectivo en crisis, usted sabe que por la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, sobre todo, por la condición de funcionarios públicos que tienen los miembros de la Policía, dicho conflicto es
algo que está fuera del ámbito jurídico que compete a los funcionarios. Nosotros hemos convocado al consejo de policía y resulta que quienes en su día nos pidieron tantas veces que lo hiciéramos nos han comunicado que no van a asistir, por lo que
no podemos admitir una condición de conflicto colectivo con el Cuerpo Nacional de Policía por la propia virtud de la ley. Una vez más, y como no puede ser de otra manera, el Gobierno está en donde tiene que estar, que es apoyando y limitándose a
estar dentro de lo que es el ámbito del Estado de derecho.
Señoría, ha sacado usted el papel -debo decir que es la primera vez que le he oído levantar la voz y que me ha sorprendido- de las ofertas de empleo que se han hecho. En mi discurso anterior he dicho algo muy claro sobre el pasado y no sé
si es que usted no me ha escuchado, no me quiere escuchar o quiere hacer matices que le aseguro que yo no quiero hacer. He dicho
que nosotros tenemos nuestra circunstancia y yo, no en esta comparecencia, pero sí en alguna otra a la que usted ha asistido y me ha comentado esto, he seguido el ejemplo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es gobernar sea cual sea la
situación. Usted ha dicho que en los años 1991 y 1992 hubo crecimientos importantes: 4.810 en 1991 y 6.000 en 1992. De acuerdo. Pero el problema que nosotros estamos teniendo ahora no es por las decisiones que tomaron ustedes. Le deseo suerte,
aunque la tiene ya, puesto que en quienes coincidan esos famosos 35 años de carrera con las ofertas de 4.810 y 6.000 plazas no se encontrarán con el problema con el que nos encontramos nosotros. Porque de alguna manera han venido saliendo más
personas durante los últimos años, que es de lo que estamos hablando; desde 1993 han salido más personas de las que han entrado y eso es lo que descapitaliza a la policía. No niego las cifras. En el año 1997 la oferta fue de 1.000 plazas, siendo
la más baja correspondiente a la policía, pero es que en 1993 fueron 1.200 y 1.100 en 1994. Hay una descapitalización y nosotros tenemos el objetivo de capitalizar humanamente a la policía y en esa línea es en la que estamos avanzando.
No creo que
se nos pueda decir que deberían ser más. No, porque realmente hay una magnífica orientación hacia una policía que creemos puede ser suficiente y hemos parado la sangría. Eso es lo que vengo a decir, que esa parte no es la parte mala. Usted me
puede hablar entonces del tema del balance y de la cuenta de resultados.
Con respecto a la cuenta de resultados, que no el balance, que es otra cosa (ya he dicho que esa parte en la policía está organizada suficientemente, aunque siempre es mejorable, para hacer frente a las amenazas que tiene), la diferencia
entre los años 2000 y 2001 en el índice de crecimiento de la delincuencia es realmente alto: un 10 por ciento. Pero también es verdad, lo he dicho antes, que desde el punto de vista de lo que es la curva a 10 años vista, la delincuencia que
teníamos en el año 1996 era algo mayor que la que tenemos ahora y eso también hay que señalarlo. De acuerdo que es mucho, pero a mí me parece que todo índice de delincuencia que cree inseguridad ciudadana y que contribuya a restar ámbito de
bienestar -la seguridad es parte importante de ese bienestar- a los ciudadanos es algo que hay que atender y corregir. En eso estamos, tenemos los instrumentos que he indicado, desde hace tres años estamos haciendo las inversiones necesarias,
tenemos unos programas desde el punto de vista de las grandes infraestructuras de la Policía y la Guardia Civil importantes -son los más ambiciosos que se han hecho en los dos cuerpos en los últimos años- y estamos trabajando con credibilidad, con
rigor sobre todo y con intensidad para conseguir que el Cuerpo Nacional de Policía y la seguridad ciudadana vuelva a unos índices con los que la población se sienta, porque ya digo que este es un ámbito muy subjetivo, más tranquila.
En relación con la credibilidad que merecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y muy particularmente el Cuerpo Nacional de Policía, a las encuestas me remito.
Señor Navarrete, no puedo transmitir un mensaje -y estoy dispuesto a charlar con S.S. cuando quiera- que no entiendo bien. A lo mejor para transmitir ese mensaje que usted enuncia hay que profundizar algo más.
Sinceramente creo que en el
Partido Socialista hay personas -a lo mejor usted mismo, no lo sé- capaces de transmitir al Gobierno en esta Cámara o en donde les parezca oportuno situaciones que consideran manifiestamente mejorables. Para eso está el Parlamento. Lo que sí puedo
indicar es que, en una interpelación en la que se me preguntaba por la intervención del Cuerpo Nacional de Policía en las minas de Boliden, se me dijo que la razón de la intervención no era precisamente la carga policial o la actuación de la Policía
en sí misma, sobre la que yo creía que venía a contestar, sino las circunstancias que provocaron dicha actuación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vamos a suspender la sesión durante tres minutos. (Pausa.)
- LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR SU DEPARTAMENTO ANTE EL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA EN VALENCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000666)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Reanudamos la sesión con el segundo punto del orden del día, que es la solicitud de comparecencia de Izquierda Unida para tratar el asunto del aumento de la delincuencia en Valencia.
Para su sustanciación, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Durante el pasado año 2001 en la ciudad de Valencia se produjo un significativo incremento en el número de infracciones penales conocidas por el Cuerpo Nacional de Policía, que se
sitúa en el 24 por ciento de incremento respecto a las registradas en el año 2000. El año 2000 fue el ejercicio en el que se registró un menor número de delitos en el último quinquenio, hasta el punto de que las cifras del año 2001, pese a su
indudable importancia, sólo suponen un aumento del 0,72 sobre las de 1996, en la línea de lo que he explicado en la anterior comparecencia.
En paralelo con estos datos hay que señalar que en el año 2001 se logró esclarecer un 9,9 por ciento más de hechos delictivos que en el año anterior, 6 puntos por encima de la media nacional, en el ámbito geográfico al que nos estamos
refiriendo. Se practicaron en
total 5.991 detenciones de personas por su presunta implicación en hechos delictivos, sin contabilizar las detenciones por reclamación judicial o por aplicación de la propia Ley de extranjería, lo que supuso un 20,1 por ciento más que en el
año 2000. Si se contabilizan los detenidos por reclamación judicial y por aplicación de la Ley de extranjería la cifra de personas detenidas asciende de 5.991 a 7.412. En concreto, el número de detenidos por robos con intimidación ha experimentado
un incremento de 34,4 por ciento, por tirones un 52,1, por sustracción de vehículos un 46,2 y por sustracción en interior de vehículos un 22,7 por ciento. Estos porcentajes ponen de manifiesto una doble realidad, por un lado, el incremento de la
delincuencia en Valencia y, por otro, el importante esfuerzo realizado por las fuerzas policiales para dar respuesta a este fenómeno.
En los últimos días el hecho delictivo que ha vuelto a crear mayor preocupación social ha sido la quema de vehículos. En las primeras seis semanas del año se han incendiado más de 30 automóviles. Los medios de comunicación han recordado
este pasado fin de semana que la primera oleada de incendios se inició en la madrugada del Viernes Santo de 2000.
Desde entonces la policía ha establecido servicios especiales de trabajo para perseguir a los pirómanos. Los periódicos también han
hablado de que el parque móvil de Valencia ha experimentado un fortísimo crecimiento, muy superior al de las plazas de aparcamiento, con lo cual es más fácil realizar este tipo de delitos. El grave problema de los incendios de automóviles en
Valencia no es un problema puntual de esta capital ni siquiera de nuestro país. No es excusa ni consuelo, pero el pasado día 28 de enero el director general de la policía francesa se refirió expresamente a los actos de imitación de delitos
cometidos en grandes ciudades como por ejemplo el incendio de automóviles, hechos que son reproducidos incluso en pequeñas de demarcaciones.
La prensa se ha hecho eco en estos últimos días de noticias tales como el maltrato infantil, cuya media en la Comunidad de Valencia se encuentra por encima de la nacional; los ataques registrados contra la sede de partidos políticos; el
aumento de un 56 por ciento de delitos cometidos por extranjeros en la zona o el crimen de Gandía, en el que un joven -ya conocen ustedes la barbaridad- confesó, creando una gran alarma social, haber dado muerte a su madre y haber hecho una especie
de ritos extraños con parte de su cadáver.
La evolución de la criminalidad depende de numerosos y variables interrelaciones que hacen difícil predecir cuál será su comportamiento en un momento determinado. En Valencia algunos factores, que también se han dado en otros puntos del
territorio nacional, han tenido sin embargo una influencia más acusada. Así pueden destacarse entre ellos el importante aumento del número de personas que no están legalmente en España. La mayor parte de ellas ha venido a nuestro país en búsqueda
de un trabajo que ni siquiera ha podido serles ofrecido en su lugar de origen y sin embargo algunos de ellos recurren, y es hasta cierto punto natural, al delito como medio de subsistencia. Otros factores son la aplicación de la nueva normativa en
materia de responsabilidad penal de los menores de carácter más abierto que el anterior; la problemática derivada del tráfico de drogas, muy importante en la zona; la multirreincidencia, ya que solamente en torno a un 10 por ciento de los
detenidos puestos a disposición judicial les son aplicadas medidas preventivas de privación de libertad, y el notable incremento de las denuncias propiciado por las facilidades que ofrecen hoy los nuevos sistemas puestos a disposición de los
ciudadanos, que fundamentalmente son teléfonos y, sobre todo, Internet, que ha permitido la afloración, lo cual es hasta cierto punto bueno, de un importante número de hechos delictivos que con anterioridad no se denunciaban por las incomodidades
que todos conocíamos de ir a las comisarías y tomarse en serio la corresponsabilidad que todos hoy como ciudadanos tenemos en la fase de denuncia de la actividad delictiva.
El incremento del número de infracciones penales ha motivado que la policía aumente igualmente las medidas operativas con objeto de una respuesta eficaz a los problemas planteados y son las siguientes. Presión sobre el tráfico de
estupefacientes en su versión de redes organizadas y sobre todo en la venta del menudeo. Creación de un nuevo grupo de la brigada de Policía judicial en Valencia con cometidos específicos en la lucha contra el menudeo -ya lo he dicho- con el fin de
complementar y apoyar la labor investigadora de las comisarías de distrito. Implantación del programa de especialidad policial en Valencia y Alicante para luchar contra grupos de crimen organizado, redes de inmigración ilegal y explotación de
personas. Puesta en marcha de tres nuevos grupos de reacción de la brigada de seguridad ciudadana de Valencia con cometidos específicos de prevención y respuesta a situaciones de inseguridad. Las características de estas unidades permiten que sus
zonas de actuación y horario se adapten con mayor flexibilidad a la realidad delincuencial concreta de cada momento. Puesta en marcha de un plan específico de lucha contra los robos con intimidación con implicación de la unidad de delincuencia
especializada y violenta de la brigada de Policía judicial, con el fin de apoyar y coordinar las acciones que en esta materia vienen realizando las comisarías de distrito. Asignación a una unidad especial de las investigaciones relacionadas con la
quema de vehículos.
Incorporación de 55 policías alumnos en período de prácticas para apoyar al resto del personal de la ciudad. Convocatoria de un concurso general de vacantes con 190 plazas para personal de diferentes escalas de la ciudad de
Valencia. Previsión en el nuevo catálogo de puestos de trabajo de un tercer grupo que se añadiría a los actuales en la segunda unidad de intervención policial con base en Valencia.
Incremento del número de efectivos operativos en servicio mediante la remuneración de servicios extraordinarios a los que pueden optar con carácter voluntario los funcionarios que se encuentren libres de servicio. Estos servicios se dirigen
de forma general a labores fundamentalmente de prevención y de forma específica a combatir los robos con intimidación, sustracciones de vehículos y robos con fuerza en locales y en viviendas. Desde el mes de diciembre se han establecido nuevos
sistemas de coordinación y trabajo con la Policía local de Valencia, de modo que los contactos e intercambio de información operativa y establecimiento de servicios conjuntos resulten más ágiles y sobre todo más eficaces. Con este propósito toda la
planificación y ejecución de los operativos se llevará a cabo de forma directa ante los responsables de las comisarías de distrito y los de la Policía local de ese sector, con el objeto de que se adopten técnicas eficaces inmediatas para dotarles de
la capacidad de reacción que la actual situación que ya he descrito requiere.
Con respecto al ámbito territorial de la Guardia Civil se ha continuado con la política del incremento de las plantillas en las comandancias más conflictivas. Así en el año 2000 se aumentó el catálogo de la comandancia de Valencia en 53
efectivos, 7 en el 2001 y está previsto un incremento de 29 en el año 2002. En el verano de 2001 se cubrieron 105 vacantes y se reforzó la comandancia con 72 efectivos. Asimismo, se inició una mejora en la planificación del servicio adoptando
todos los procedimientos que se consideran más idóneos en cada circunstancia como patrullas, sobre todo unipersonales, sectorización de la actividad y puestos móviles para abordar los problemas allí donde se producen.
En definitiva, es un hecho cierto que se ha producido un repunte importante en las infracciones penales en Valencia. También es verdad que se ha producido un aumento considerable en el número de detenciones y se han incrementado
sustancialmente, y estamos poniendo estos planes que he descrito en funcionamiento, las medidas operativas concretas con objeto de responder al repunte que ya he citado de manera aún más eficaz.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del grupo autor de la iniciativa, Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor secretario de Estado por la información que nos ha facilitado en cuanto a las medidas que están poniendo en marcha para intentar paliar el aumento de la delincuencia en Valencia y en toda la Comunidad
Valenciana, porque no solamente se ha producido en Valencia capital o en la provincia de Valencia sino en toda la comunidad. Fundamentalmente el mayor aumento se ha producido en la provincia de Castellón, que es donde el aumento de los delitos
supera, según las informaciones de que disponemos y los propios datos que ha facilitado el Ministerio del Interior, el 47 por ciento.
Señorías, aquí estamos hablando de una situación que tampoco es nueva porque según un cuadro facilitado por el propio Ministerio del Interior a finales del mes de diciembre, el aumento de la delincuencia en toda la Comunidad Valenciana ha
sido progresivo, exceptuando el año 2000, que hay un ligero descenso. Ese descenso viene dado sólo y exclusivamente en la provincia de Valencia, porque en la de Castellón y en la de Alicante se siguen produciendo el aumento.
Las medidas que se pueden tomar, señor secretario de Estado, nunca son medidas de una respuesta rápida que la ciudadanía note en un período de tiempo breve, por decirlo de alguna manera, siempre son medidas como mínimo a medio plazo. Desde
luego el fracaso, yo diría que bastante notorio de la política que ha llevado a cabo su departamento en materia de seguridad ciudadana es bastante sonoro, en este caso. Ustedes hablaron de la Policía 2000 y no ha servido para que los ciudadanos se
sientan más seguros. En cuanto a intervenciones que se han hecho en casos concretos y denunciados, no solamente por los ciudadanos sino que todo el mundo lo ha visto, como es el hipermercado de la droga, las medidas que hayan podido ustedes adoptar
la ciudadanía no las ha notado.
En estos momentos estamos ante una situación en la que a mi grupo parlamentario no le sirve que nos digan ustedes que el aumento que se produce en la denuncia de los delitos se debe a la facilidad que se da a los ciudadanos para poder hacer
las denuncias por Internet o por teléfono, o que el aumento de la delincuencia tiene que ver con el mayor número de inmigrantes en situación irregular o porque hay una aplicación de la normativa de menores que parece ser que lleva a tener más
delincuentes y, por tanto, a que haya un aumento de la delincuencia. Yo creo, señor secretario de Estado, que todas estas cosas no son las que inciden necesariamente en un aumento, sino las normales que se producen en un Estado en el que se niega
la posibilidad de ver la realidad con los inmigrantes y, desde luego, ayudamos a que esos inmigrantes se vean abocados a una determinada situación, porque viven en una situación de exclusión social, que no solamente es de los inmigrantes, sino de un
sector importante de los propios nacionales en cuanto a su situación social y económica.
No nos consuela que esto pueda suceder fuera del Estado español. Dentro de nuestro territorio la Comunidad Valenciana bate el récord y Valencia bate el récord en la quema de vehículos, algo que tampoco es nuevo y que no solamente aparece en
el año 2000, sino que en Valencia hace ya mucho tiempo se padecen estas acciones de quema de vehículos. Con independencia de las actuaciones exitosas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto a detenciones, habría que reconocer,
señor secretario de Estado, que se seguirán produciendo, aunque probablemente en menor
cuantía después de las detenciones. Ahora estamos ante una situación de eclosión importantísima y nosotros no podemos aceptar que el aumento de la quema de coches se achaque a la falta de plazas de garaje y al aumento del parque móvil de la
ciudad de Valencia. Como pueden ustedes comprender, el parque móvil aumenta constantemente en todo el territorio del Estado español y las plazas de garaje faltan en todas las ciudades españolas y ello no provoca que se puedan producir quemas
masivas de coches como está sucediendo en la ciudad de Valencia. Nosotros no queremos echar la culpa a los trabajadores, a los funcionarios del cuerpo nacional de Policía ni a la Guardia Civil, porque estamos convencidos de que ellos se limitan a
trabajar con lo que tienen y no ahorran esfuerzos a la hora de resolver los delitos. Está claro que la política que ustedes están desarrollando no es la adecuada para poder concluir con una serie de actuaciones que generan una gran inseguridad en
la ciudadanía y una pérdida de confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Constantemente los comerciantes de las ciudades importantes de la Comunidad Valenciana están pidiendo una mayor atención en cuanto a los robos a los
comercios que se producen de manera continuada y, en algunos de ellos, de manera totalmente reiterada, en lapsos de tiempo muy breves, por lo que no pueden seguir pidiéndoles confianza en las medidas que están tomando o que pretenden tomar, pero que
se siguen sin notar.
Para terminar, señorías, quiero decir que la actuación contundente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solamente parece ponerse de manifiesto cuando hay una manifestación de los ciudadanos reivindicando sus derechos, y no me
refiero a que tengan que producirse malos tratos a los delincuentes que cometen delitos comunes, ni muchísimo menos, no se me malinterprete, pero, señorías, da la sensación de que en algunas ocasiones ni los efectivos son suficientes ni se tiene,
por parte de la institución que tiene la obligación de generar las políticas, la contundencia necesaria ni la puesta en escena de los mecanismos ni de los recursos humanos y, en cuanto a los recursos materiales, les contaré en plan anecdótico que en
algunas ocasiones algunos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han podido salir a patrullar porque no tenían dinero para poner gasolina en los coches. Esta es una anécdota, una cuestión muy puntual de un momento
determinado, pero que no genera excesiva confianza en la resolución de los problemas, algo que para ustedes ha sido una bandera. Cuando todavía estaban en la oposición, ustedes decían que en el momento en que llegara el Partido Popular al poder la
seguridad ciudadana sería mucho mayor. Según la referencia que nos hacía el propio secretario de Estado en su intervención, desde 1996 para acá se ha producido un aumento de la inseguridad ciudadana y de la comisión de delitos, que hasta entonces
todavía era menor. Señorías, no creemos que las políticas hayan acertado en las resolución de este problema. Esperemos que la puesta en marcha de las medidas que nos han dicho y la colaboración con las administraciones autonómicas y locales les
lleve a que tengan ustedes éxito con la seguridad ciudadana con estas políticas, aunque no creo que con el incremento de plantillas que ustedes nos han anunciado vayan a tener un refuerzo que permita generar una mayor confianza en la resolución de
los conflictos o en el descenso de la delincuencia en Valencia capital y en la Comunidad Valenciana en general.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Señor secretario de Estado, en primer lugar, quiero agradecer su presencia en esta Cámara para informarnos de las medidas que piensa tomar su departamento ante el aumento de la delincuencia en Valencia y, además,
por hacerlo en un momento complicado, cuando según los datos de que dispone esta diputada, supone un incremento del 30 por ciento, aunque voy a dar por buenos los que nos ofrece el secretario de Estado al decirnos que ha sido de un 24 por ciento el
incremento de los actos delictivos en Valencia, en un momento en que los gobernantes y los responsables políticos del Estado y particularmente los de la Comunidad Valenciana han mantenido una actitud que ha ido desde intentar silenciar o maquillar
las estadísticas, además de culpar al Partido Socialista de exagerado y de fomentar alarma social, a, cuando ya no han podido ocultar ni reinterpretar las cifras, esconderse y a echar balones fuera, alegando falta de competencia en los de allá o
culpando los de aquí a la inmigración o a la mayor facilidad para denunciar. A la hora de la verdad, cuando la alarma es incontestable, ustedes no dan la cara ni ponen soluciones sobre la mesa.
Ustedes no han dado solución alguna a los más de 1.000 propietarios de vehículos que han encontrado sus coches calcinados en las calles de Valencia, y les recuerdo que en lo que va de año ya son 48. Ustedes tampoco están dando respuesta a
los miles de valencianos que dejan sus vehículos en las calles y no saben si al día siguiente aparecerán quemados, y no vale, señor secretario de Estado, decir que se ha incrementado el número de vehículos o que hacen falta plazas de garaje en
Valencia. Tampoco están dando ustedes respuesta alguna a los miles de valencianos que continuamente se están manifestando en las calles pidiendo que se tomen medidas para erradicar el tráfico de drogas en sus barrios, así como medidas para la
rehabilitación de los drogodependientes. Los comerciantes, las gasolineras, los taxistas están reclamando medidas de seguridad ante la ola de robos y reciben por respuesta el silencio de la Administración. A los ciudadanos de a pie que son objeto
de atracos, de tirones o de hurtos
sólo les queda la resignación y en muchos casos ni denuncian. Supongo que le sonará la frase que muchos ciudadanos dicen: ¿para qué? Lo cierto, señor secretario de Estado, es que los ciudadanos valencianos se sienten impotentes e
indefensos ante la impunidad con la que actúan los delincuentes y la dejadez de los responsables políticos, que no están poniendo medidas para paliar este grave problema de la inseguridad ciudadana y que, además, se ha convertido en una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos. Quiero, sin embargo, ir por partes.
Convendrá usted conmigo, señor secretario de Estado, que una de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es garantizar y defender los derechos y, entre ellos, la integridad física o el derecho a la propiedad o, al
menos, cuando estos derechos no se respetan, se espera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen diligentemente o que la Administración de justicia aplique las leyes.
¿Ustedes creen que este principio básico de convivencia se está
cumpliendo en este país y concretamente en la Comunidad Valenciana? Espero que sepan reconocer que no, porque muy cínico ha de ser un responsable político para mantener lo contrario. Señor secretario de Estado, en Valencia algo está fallando y si
se reduce o mengua la seguridad, no habrá libertad y entraríamos en un terreno cuando menos peligroso.
En Valencia y en general en toda la Comunidad Valenciana la sensación de inseguridad ha crecido espectacularmente en los últimos años con toda la razón del mundo. La criminalidad ha crecido un 24 por ciento, cifra que casi triplica la media
nacional, situada en el 9,5 por ciento, ya de por sí escandalosa. Desde que el Partido Popular entró en el Gobierno los índices de criminalidad han ido creciendo año tras año, a pesar del esfuerzo del Gobierno del señor Aznar por disimular las
estadísticas, por aquello de no imprimir ningún borrón a esa frase que acuñaron de que España iba bien. Lo cierto es que mientras el Gobierno del Partido Popular trabaja por las estadísticas y por la imagen, en Valencia hay una constante escalada
de robos en comercios, gasolineras, en casas particulares, quema de coches o tirones en la calle. Por el contrario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ven como se van reduciendo sus efectivos. Al Grupo Parlamentario Socialista le
gustaría que el Gobierno del Partido Popular -aunque sólo fuera por una vez- asumiera su responsabilidad y reconociera que la situación actual es grave y que además es consecuencia de su desidia, de su falta de políticas preventivas y de la escasez
de medios materiales y humanos con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si ustedes no son capaces de reconocer sus propios errores y las causas que están provocando este aumento de criminalidad, ¿con qué autoridad moral
van ustedes a adoptar medidas tendentes a reducir este grave problema si ni siquiera lo aceptan como tal? No echen balones fuera como lo ha hecho el señor Cotino o el propio ministro Rajoy. Esto no es culpa ni de los policías ni de los inmigrantes
ni de los jueces. El problema es que Interior sigue sin dedicar medios y agentes suficientes para combatir los delitos que más afectan a los ciudadanos y siguen empeñados en no querer reconocer que el plan Policía 2000 es un rotundo fracaso. Los
propios mandos policiales reconocen que cada vez se dispone de una plantilla más reducida. Hasta el propio jefe superior de la policía en la Comunidad Valenciana, el señor Segundo Martínez, reconocía que los sindicatos tenían razón al recordar que
hacen falta más agentes para atender una población que crece. Además, la propia policía está reconociendo que está menos preparada que nunca para hacer frente a los nuevos tipos de delitos que se están produciendo en nuestro país o en el caso
concreto de la Comunidad Valenciana, que la plantilla está envejeciendo y no se está renovando. Estos son, al menos para el Grupo Socialista, algunos de los ingredientes que pueden explicar el escandaloso aumento de los índices de criminalidad. En
la ciudad de Valencia, cuando ustedes llegaron al Gobierno en 1996, el número de funcionarios del cuerpo nacional de Policía era de 1.542 agentes, mientras que en el año 2001 son 1.369, es decir, 173 agentes menos. Dicho de otra manera, mientras el
número de delitos y faltas aumenta, la plantilla de la policía se reduce. ¿Creen que esto es lógico o de sentido común? Me gustaría obtener alguna respuesta por su parte.
Para finalizar, quiero mencionar -ya lo ha hecho la portavoz de Izquierda Unida- a un dato o justificación que tanto el director general de la Policía como el propio ministro Rajoy han utilizado para justificar los altos índices de
delincuencia en nuestro país, mucho más alarmantes en Valencia. Hacen referencia a la inmigración. Algunos responsables políticos parecen haber encontrado la causa de todos los males en la inmigración, evitando así hacer una mínima autocrítica
ante la realidad de las cifras y criminalizando una vez más al inmigrante. Primero, como decía, fue el señor Cotino quien, para quitarse la responsabilidad, culpó a los extranjeros del incremento de la inseguridad. Esa es una salida indigna, desde
nuestro punto de vista, pero una salida para quien prefiere cargar sobre los demás lo que es su propia incompetencia. Si bien es cierto que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros, también es cierto que no podemos
atribuir el incremento de la inseguridad a esta circunstancia. Quiero decir con la máxima serenidad de la que soy capaz que si el director general de la Policía tuviera la talla política que se le presume por el cargo que ostenta y ante las
estadística escandalosas que se están produciendo en su propia ciudad, debería haber puesto su cargo a disposición, pero parece que lo de asumir responsabilidades brilla por su ausencia.
Me gustaría dar algunos datos sobre los inmigrantes, que además son datos del propio ministerio. Según los
datos de detenciones de que dispone esta diputada, se mantiene que más del 77 por ciento de los delitos son cometidos por españoles, un 10,5 por ciudadanos del norte de África, un 3,4 de América Latina, etcétera.
Además, buceando en la
página pública del ministerio, aparece un artículo de la Guardia Civil sobre la inmigración y la delincuencia en el que dice algo que nos parece bastante grave: Desafortunadamente, los datos disponibles apoyan la tesis de que hay un incremento
estadístico de la delincuencia imputable a la inmigración. Continua diciendo: Las tasas más elevadas de detención de extranjeros por delitos y faltas en relación a la población total se dan en Almería, Baleares y Barcelona, cifras que están lejos
de un nivel que provocaría una auténtica alarma social. De este artículo quiero sacar dos conclusiones. En primer lugar, me parece excesivamente arriesgado y preocupante que se criminalice a la inmigración o se la culpe del incremento de la
delincuencia que está sufriendo nuestro país. En segundo lugar, estos datos nos dicen que no es la Comunidad Valenciana o la provincia de Valencia la que aparece entre las que mayor número de delitos y faltas cometen los inmigrantes. Por lo tanto
la razón que dio el señor Cotino no sirve para la Comunidad Valenciana. Quiero dejar constancia simplemente de lo que aparecía ayer en un medio de comunicación de la Comunidad Valenciana, donde se presentaba la memoria de los juzgados en el año
2001 y en la que el decano mostraba su preocupación por el alarmante aumento de los pequeños delitos que han llegado a colapsar los juzgados de instrucción. En palabras del propio juez decano, don Fernando de Rosa, se dice: La dificultad de
conseguir los permisos de trabajo y residencia producto de la Ley de extranjería aboca a los extranjeros a la delincuencia, señalando que no son los inmigrantes los que producen la delincuencia sino la marginalidad en la que se ven inmersos.
Evidentemente, señorías, la propia Ley de extranjería está abocando a muchos inmigrantes en nuestro país a la marginalidad y la marginalidad a la delincuencia.
Termino ya, señor presidente, diciéndoles que asumir los errores no es una muestra de debilidad sino en todo caso de fortaleza y de coraje político.
Un poco de autocrítica no les vendría mal, pero, en cualquier caso, los datos de
criminalidad de Valencia son intolerables, y espero que las medidas que hoy nos ha anunciado aquí sirvan para reducir estos datos.
Valencia y la Comunidad Valenciana necesitan un plan especial para reducir estos índices de criminalidad. Sólo
espero y deseo que no se sigan escondiendo, que asuman su responsabilidad y que pongan medidas sobre la mesa ya.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Antes de entrar en el fondo del asunto, me gustaría expresar una cuestión de procedimiento a efectos recordatorios de todos los grupos parlamentarios, de la Mesa y del propio compareciente. Como es natural, en el uso
legítimo de su libertad de expresión -como no puede ser de otra forma-, por parte de los grupos intervinientes, sobre todo por el grupo proponente de esta iniciativa, se ha dado una ampliación del debate a términos más globales referentes a la
Comunidad Valenciana.
Desde luego, este grupo parlamentario -como digo ahora y demostraré después- no tiene inconveniente en que haya ningún tipo de debate cuando se quiera sobre la Comunidad Valenciana en su seguridad, pero los términos de la
solicitud de comparecencia son los que afectan a Valencia.
Por tanto entendemos que la obligación del compareciente es ceñirse a esa cuestión.
Entrando en el fondo del asunto, quiero agradecer el tono moderado de la señora Urán, lo digo sin que se interprete con objeto de realizar ninguna segunda lectura. Pero de la misma forma que digo eso, me permito señalar que aprecio ciertos
tics en el discurso de fondo que responden mucho más a un discurso sobre política general de seguridad ciudadana del Partido Popular -algunos ya los hemos oído de su propio grupo esta mañana en el anterior punto del orden del día- que a un análisis
detallado y riguroso de lo que ahora estamos hablando, que es del incremento de la delincuencia en la ciudad de Valencia. Sí le agradezco, y la comparto plenamente con ella, esa referencia que ha hecho a una doble declaración de principios, a que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan con lo que tienen y que no ahorran esfuerzos en ese trabajo. Es un patrimonio valorativo que todos tenemos que compartir. Naturalmente -y ahí empezamos a hacer uso de esa insatisfacción permanente, de
ese nivel de autoexigencia al que yo aludía en la anterior intervención- el compromiso del Gobierno está siendo tratar de servir los mejores medios para que estén a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre con los
mejores recursos para cumplir con su tarea, en los términos en que, como la señora Urán reconocía, lo vienen haciendo. Pero a partir de ahí nos situamos en los terrenos del discurso general: fracaso notorio en materia de seguridad ciudadana. Si
se nos dice, y no hace falta que se nos diga porque lo decimos nosotros de antemano, que es preciso seguir realizando los esfuerzos que se vienen realizando para responder a ciertos incrementos de delincuencia, estamos de acuerdo. Si se nos dice
que en materia de seguridad ciudadana no se ha hecho nada, que este país vive en una situación de inseguridad general y que aquí campa el delincuente por sus respetos, nos parece que es poner un acento extraordinariamente exagerado y poco realista
en lo que debería ser un análisis más profundo de este problema. Si no son las causas las que el Ministerio del Interior aporta como uno de los elementos valorativos que influyen directamente en el incremento de estos índices de delincuencia, en
este caso en la ciudad
de Valencia, si esas no son las causas, es absolutamente legítimo que en este caso el Grupo de Izquierda Unida esté en desacuerdo con que esas son las causas que aporta el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio del Interior hace un
análisis y aporta unas causas concretas. Si se dice que esas no son las causas, habrá que contrarrealizar un análisis diciendo cuáles son las causas concretas, a juicio del grupo parlamentario proponente de la iniciativa, y no sólo hacer el
discurso general de que aquí no se ha hecho nada, que hay una desidia generalizada, que el Ministerio del Interior no tiene ningún interés en servir los medios adecuados para proteger adecuadamente a los ciudadanos, porque ese discurso, en términos
lógicos, es absurdo. ¿Cómo no va a tener interés el responsable de ejercitar una función y una responsabilidad básica del Estado en cumplir debidamente con su función? ¿Cómo no va desear el responsable de ese departamento poder ejercer cada día
mejor su responsabilidad y poder aportar los medios materiales públicos para que, a su vez, los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan servir mejor? Yo esto lo sacaría fuera del debate político para siempre, porque
estoy convencido que este Gobierno y los gobiernos que puedan venir en su momento, en el ámbito del Ministerio del Interior o del de Administraciones Públicas o del Ministerio de Agricultura, todos ponen el mejor empeño para cumplir su función y
todos compiten internamente, en la más noble expresión de la palabra, por obtener en la definición del presupuesto los recursos más disponibles para poder cumplir su responsabilidad. Por tanto, ese discurso general no tiene sentido.
Algunas cuestiones concretas tampoco. Han venido a esta Comisión los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil. Especialmente en la última cita el director general de la Guardia Civil le ha dicho al Grupo Parlamentario
Socialista: señorías, tienen ustedes mucho campo de acción para criticarme, pero no me critiquen en el asunto de que no hay dinero para gasolina, porque se equivocan y es una situación corregida.
No les voy a dar pistas, decía el propio director
general, tienen ustedes un amplio campo sobre el que vertebrar su legítima crítica, pero no me digan lo del dinero para gasolina porque de verdad que esa es una situación que ya no opera. Que como elemento de la realidad se nos repita lo del famoso
dinero para la gasolina no parece que aporte un conocimiento sólido de lo que está sucediendo.
Ha hecho una referencia muy importante al hipermercado de la droga. Quiero recordar que es la primera vez que en relación con ese problema, que tiene una participación de las tres administraciones, se convoca una reunión de trabajo y de
coordinación de las tres administraciones. Es la primera vez que se ha hecho en el contexto de estos tres meses. Se podía haber hecho en algún otro momento, pero no se puede decir que no se está haciendo nada cuando el secretario de Estado de
Seguridad ha hecho mención a medidas muy concretas. Si se me dice que son perfeccionables, digo que sí y si se me dice que a esas medidas habría que añadir otras y se me especifica cuáles, no otras en genérico, también digo que sí. Pero si se me
dice que frente a esas medidas no se está haciendo nada, vuelvo a repetir que no hay un discurso lógico. Me sumo a ese deseo -y lo hago con plena convicción- que expresaba la señora Urán al final de su intervención cuando decía que esperaba que la
puesta en marcha de las medidas anunciadas sean eficaces y que todo ello se inscriba en un régimen de colaboración entre las distintas administraciones. Ese es el camino en el que tenemos que avanzar y ese es el diseño de la acción de respuesta que
el Ministerio del Interior no va a poner en práctica, sino que ya está poniendo en práctica.
A la señora Peris tengo que agradecerle que reconozca -ha comenzado así su intervención- que el Gobierno comparece en este momento, cuando estamos ante una situación complicada en relación con el asunto de fondo que nos ocupa. Pero, a
continuación, las conclusiones subordinadas de esa general que la propia señora Peris formula no tienen nada que ver con eso. Nos dice que el Gobierno está escondido y que echa balones fuera, que el Gobierno no da la cara, que no se dan soluciones.
En estas cosas hay que hablar con conocimiento de causa. La iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene entrada en esta Comisión el 30 de enero de este año. Como el Gobierno está escondido y echa balones fuera, como el Gobierno no
da la cara y como el Gobierno no tiene soluciones y no puede aportarlas, por eso precisamente la iniciativa de Izquierda Unida no está dormida en el cajón de sastre o en el sueño de los justos, sino que, antes de que se haya cumplido un mes -creo
recordar que estamos a 20 de febrero- está tramitada y en debate en esta Comisión. Ese dato del calendario acredita que el Gobierno no da la cara, que el Gobierno permanece escondido, que el Gobierno echa balones fuera y que el Gobierno no tiene
soluciones. Es un dato incontestable. Basta ir al Registro y ver: 30 de enero de este año, entrada en Comisión de la iniciativa; 20 de febrero, la estamos debatiendo. Señora Peris, exigir siempre al Gobierno mejoras en materia de seguridad
pública es no sólo un ejercicio sano democráticamente, es un ejercicio imprescindible en democracia. Lo hace usted y lo hacemos nosotros también, pero se lo hace a sí mismo el propio Gobierno. De ahí a establecer un diagnóstico general, como ha
hecho S.S.
, de que en la ciudad de Valencia -y cito literalmente- los delincuentes actúan con absoluta impunidad, me parece que no es un ejercicio responsable porque no responde a la realidad. Y no responde a la realidad cuando, además, se le ha
dicho en la intervención del secretario de Estado que en este año se ha producido un aumento de más de nueve puntos en el esclarecimiento de hechos delictivos, lo que sitúa la eficacia de acción policial en la
ciudad de Valencia en seis puntos por encima de la media nacional. Además se le ha dicho por parte del secretario de Estado que se ha producido un aumento global del 20,1 por ciento del número de personas detenidas y que en relación con los
delitos que más preocupan -con toda la razón del mundo- al ciudadano porque son los más corrientes, los que más inciden en las sensaciones subjetivas de inseguridad, el crecimiento en el número de detenidos es ciertamente espectacular. Robos con
intimidación, más 34,4 por ciento -me estoy refiriendo a número de detenidos, no a incremento de delitos-; más 52,1 por ciento por tirones; más 46,2 por ciento en materia de sustracción de vehículos; más 22,7 por ciento en materia de sustracción
en interior de vehículos. Evidentemente, estas cifras no se corresponden con eso que S.S. apuntaba como sensación general de impunidad, porque esa sensación no existe. Además, afirmar eso es descalificar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Decir que existe una sensación de impunidad o equivale a decir que es que el Gobierno les dice a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado: ustedes no actúen; quietos parados, lo cual es un absurdo; o equivale a decir
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque reciben órdenes de actuar con diligencia por parte de las autoridades políticas, no actúan, lo cual es un desdoro profesional monumental y una injusticia en la evaluación de cara a ese
esfuerzo abnegado y permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que señalaba la señora Urán al principio de su intervención.
Se preguntaba el Grupo Parlamentario Socialista: ¿actúan con diligencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Nosotros decimos que sí, que actúan con diligencia. Otra cosa es -lo decimos nosotros también y lo dice el Gobierno-
que haya que seguir mejorando siempre y atendiendo de manera singular cuestiones que generan alarma social, como es el caso concreto de la oleada de quema de vehículos. Afirma el Grupo Socialista, también en términos globales: la delincuencia
crece, año tras año, en la ciudad de Valencia. Este Gobierno, porque no se esconde, porque no hace propaganda, porque está hoy aquí dando cuenta de esta situación en tiempo menor a un mes desde que se presentó la solicitud de comparecencia,
comienza la intervención del señor secretario de Estado diciendo: ha habido un aumento importante de la delincuencia en la ciudad de Valencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, vaya terminando.
El señor GIL LÁZARO: Voy terminando, señor presidente.
Pero como tiene la legitimidad para decir eso dice, al mismo tiempo, porque ahí están las cifras, que no es cierta la afirmación de S.S., que no crece año tras año, que desde 1996 a 2001 ha crecido sólo un 0,76 por ciento en Valencia.
Termino, señor presidente. Se quieren desconocer los esfuerzos que se están haciendo, las medidas concretas que ha anunciado el secretario de Estado y se quieren establecer debates e imputaciones falsas. Aquí nadie criminaliza a la
inmigración, ese es un discurso en el que están ustedes instalados y es un discurso erróneo, por no decir un discurso interesadamente falaz. Eso no sucede. Ahora bien, ¿sabe S.S. cuál es en este momento la cuota dentro del porcentaje de la
población total penitenciaria española que representa la población extranjera? ¿Lo conoce su señoría? Creo que no lo conoce. Cuando se dice que la Ley de extranjería produce marginalidad, no es cierto. La Ley de extranjería no produce
marginalidad, la marginalidad la produce quien vulnera la Ley de extranjería. Sí, señoría, no se extrañe. Si en este país se está llevando una política de promoción de los contratos de trabajo en origen para que puedan venir a este país personas
con una situación de entrada legal a las que se les reconoce, como no puede ser menos, todo tipo de derechos, quien produce la situación de marginalidad -ténganlo ustedes claro- es quien vulnera la Ley de extranjería haciendo un negocio criminal del
tráfico de seres humanos a través de redes y mafias organizadas. Esos son los que están produciendo esa marginalidad, los criminales que han encontrado una nueva trata de esclavos, pero no la Ley de extranjería, señora Urán; ¿o es que alguien
puede pensar que la ley, que en democracia es igual a expresión de la voluntad popular y que es igual a gran pacto social, que la ley democráticamente aprobada por estas Cortes es un ejercicio de marginalidad de la soberanía nacional? Sinceramente,
yo creo que no. Debe ser un lapsus, pero, como sabe S.S., don Segundo Martínez ya no es el jefe superior de Policía en la ciudad de Valencia; lo es ahora en Castilla y León.
Finalmente, quiero decir que la autocrítica no es que venga mal -nos hacía una invocación S.S. a la autocrítica-, es el ejercicio permanente que este grupo parlamentario, este partido y este Gobierno hacen; no es que venga mal, estamos
permanentemente en ello. La prueba es cómo ha comenzado el señor secretario de Estado su intervención. Pero precisamente porque la autocrítica no viene mal y la reflexión tampoco, me permito aconsejar a SS.SS., a tenor de lo que hemos escuchado
esta mañana, una profunda reflexión porque en Valencia hay un problema -lo reconoce el Gobierno- y el Gobierno, que no oculta ese problema, ha servido medidas concretas que ha detallado el secretario de Estado de Seguridad y que SS.SS. han obviado
por completo en su discurso; han preferido irse a un discurso más de tipo general, de lugares comunes, probablemente porque no tenían nada que decir en relación con las medidas concretas. Hoy, por tanto, podemos seguir autoexigiéndonos, estando
-como decía antes el señor Mayoral- eternamente disconformes con nuestra propia
tarea, porque esa es la mejor forma de seguir sirviendo a los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): Gracias, señorías, por sus intervenciones.
Quisiera, en primer lugar, resumir el mensaje que recibo de SS.SS. en el sentido de que hay, efectivamente, unos índices preocupantes en Valencia.
Hay unas medidas que estamos tomando para paliar esos índices. No voy a insistir mucho,
pero creo que no hay cinismo, que no es cierto que no se dé la cara. Ese tipo de expresiones no me parecen interesantes, quien las ha pronunciado es muy libre de hacerlo, pero no creo que ese sea el camino, y mucho menos en el Ministerio del
Interior. Por tanto, quisiera decirle a S.S. que este secretario de Estado o cualquier otro del Ministerio del Interior ni disimula las estadísticas ni actúa con cinismo y además da la cara permanentemente, todos los días, en un tema -lo dije en
la anterior comparecencia- como la seguridad ciudadana, como, de todas maneras, haría cualquiera en mi puesto. Lo que quiero decir con esto es que la responsabilidad, desde el punto de vista de la seguridad del Estado, es tan grande que no caben
esas tres matizaciones que ha hecho S.S. para descalificar la acción del Gobierno. No ha entrado, sin embargo, en las tareas que nosotros nos hemos puesto por delante para hacer frente a algo que quiero describir como datos del problema. No nos
estamos justificando en las circunstancias. No buscamos ninguna justificación; simplemente describimos unas circunstancias y a ellas les aplicamos unos medios. En esas circunstancias ustedes creen que el Gobierno se refugia diciendo que ocurre lo
que ocurre porque se dan esas circunstancias; son simplemente datos del problema, sin juicios de opinión sobre cuál es la incidencia, si se puede hacer algo o no. Eso sería como si SS.SS. dijeran que nosotros no ponemos medidas y que decimos que
como existen esas circunstancias no hay nada que hacer. Sí, existen esas circunstancias y se hacen cosas. Si ustedes consideran que esas cosas que se hacen, que son los incrementos de la plantilla y las otras medidas que hemos establecido como la
dotación de personal, etcétera, no son las indicadas, están en su perfecto y legítimo derecho de establecer aquí otras alternativas para que nosotros podamos ver, aprender y, en su caso, si son convenientes, aplicarlas. Pero no ha sido así.
Voy a ampliar la información sobre las medidas que se van a tomar en relación con la Guardia Civil porque ustedes han ampliado el ámbito geográfico de lo que era la comparecencia a toda la Comunidad Valenciana.
Quisiera decirles que estuvo
el otro día en Valencia y Alicante el subdirector general operativo para establecer equipos móviles que nos permitan -teniendo en cuenta que mientras se aumentan y conseguimos los niveles de plantilla indicados lo que suple esa carencia puede ser
solamente la movilidad- desplazar equipos móviles, unidades territoriales formadas por 15 miembros, aproximadamente, que puedan hacer recorridos puntuales de prevención en diversos ámbitos, sobre todo en la provincia de Alicante, que es una
provincia que en estos momentos, desde el punto de vista del territorio de la Guardia Civil, nos preocupa.
En relación con los medios humanos de policía, S.S. señalaba que no es de recibo que se incremente la delincuencia y baje el número de policías; la lógica es que si se incrementa el número de delitos se incremente el número de policías.
Ya expliqué antes lo que estamos haciendo. Con los que tenemos estamos incrementando la eficacia y, aparte de los 163 policías en prácticas que ya se han enviado a la Comunidad Valenciana, se ha publicado en el mes de enero de este año un concurso
general de vacantes que se va a resolver inmediatamente con 561 nuevas plazas para dicha comunidad, que se incrementarán gracias a las recientes convocatorias en más de 1.000 plazas en total. En esta línea de incremento de los recursos humanos se
va a aumentar el número de miembros de la unidad adscrita a la Policía valenciana en 70 policías, convocándose de forma inmediata 94 plazas más, así como otros tantos más a sumarse al número de 94. Con esto quiero decir que la unidad adscrita
pasará de tener 242 policías a 500 policías efectivos en esta legislatura. Esta es la situación. ¿Que se pueden hacer más cosas? Hay que distinguir siempre entre lo posible y lo viable. Nosotros hacemos lo que en estos momentos somos capaces de
poner en marcha, de acuerdo con una situación que se nos da a la que no le atribuimos la responsabilidad de la delincuencia, simplemente expresamos cuál es para que la ciudadanía la conozca y aplicamos los medios que en buena práctica administrativa
y de técnica policial creemos que son los mejores. No sólo lo creemos nosotros sino que es una práctica contrastada (porque afortunadamente en este sentido España es un país más proyectado hacia fuera que hacia dentro, por tanto, tenemos una
extraordinaria información y comunicación con países que sufren tipos de delincuencia semejantes) que va a dar buenos resultados en el futuro.
Agradezco a SS.SS que compartan esa esperanza con quien pone en marcha esas medidas y es responsable de esos resultados. Los buenos resultados desde el punto de vista de las detenciones que se venían dando creemos que se mejorarán en el
tiempo afrontando el problema de Valencia de manera rigurosa, efectiva y realista. Otra calificación y otra presentación del problema creo que tiene un exceso del número de adjetivos que, en mi opinión, no hacen bueno el discurso que trata de
establecerse porque lo desvirtúan, como siempre ocurre cuando se trata de exagerar las situaciones. Reitero las medidas que hemos tomado, creo que son suficientes, y en esa línea seguiremos trabajando.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Intervendré de manera muy breve, señorías. En primer lugar, para dejarle claro al señor Gil Lázaro, cuando hablamos de política de seguridad ciudadana, que la Comunidad Valenciana no es una isla aislada del resto
de la política del Estado español, por tanto, la misma política afecta al resto de las comunidades autónomas. No hablamos de problemas generales, hablamos de un problema concreto y de una política general que se aplica a una comunidad autónoma como
al resto de las comunidades autónomas y, a la vista de los datos que facilita el propio ministerio, no podemos hablar de triunfalismo ni de buenos resultados sino todo lo contrario.
Señoría, si hacemos la comparación de los datos, sólo de Valencia, para que el señor Gil Lázaro no nos diga que lo ampliamos al resto de la comunidad, le tengo que decir que en delitos, no faltas, la cifra en 1996 era de 66.117 y en 2001 de
66.595, solamente del período de enero a octubre. Si hiciéramos la comparación con 1997 nos dirían que desciende, igual que en 1998, pero aumenta con relación a 1999 y a 2000. Los datos solamente referidos a delitos, no incluyo las faltas, siguen
incrementándose y las faltas aumentan de manera periódica; es decir, seguimos en la misma situación.
El análisis no es que no sea detallado ni riguroso, todo lo contrario.
Esta portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida lo que no quiere es contribuir con ustedes a generar más alarma social por la incompetencia que han
demostrado a la hora de abordar un problema tan grave como el que se está padeciendo en estos momentos en la provincia de Valencia, fundamentalmente en la capital. Intentaré seguir con el mismo tono de tranquilidad y sosiego para no ayudar, junto
con ustedes, a aumentar la alarma social.
Si aquí hubiera ciudadanos que no pertenecen a la Cámara como representantes, aunque sí por delegación en nosotros, y le hubiesen oído a usted decir que los inmigrantes son responsables de su propia marginalidad, estaríamos generando una
gran alarma. También nos alarmaríamos si escucháramos expresiones como que la voluntad popular se refleja en una ley y desde luego en la Ley de extranjería, que ha sido motivo de movilizaciones por parte de una sociedad que no aceptaba la
modificación que se estaba planteando. Además, ya se les advertía que no iba a ser la solución sino que iba a ser uno de los problemas. En las comparecencias, si no recuerdo mal el Reglamento, venimos a controlar al Gobierno, a hacerle preguntas,
a que se nos aclaren determinadas cuestiones, no venimos a plantear propuestas alternativas; eso lo hacemos en otro tipo de iniciativas.
Yo no quiero poner en duda lo que ha planteado el secretario de Estado en cuanto a las medidas que se están adoptando para intentar paliar la situación que hay en Valencia y en la Comunidad Valenciana, porque la crítica que esta diputada
hace es que son medidas que se tenían que haber adoptado antes, precisamente para impedir este aumento de la criminalidad en la provincia de Valencia y en la capital. El aumento de efectivos dudo que a medio plazo tenga el éxito que se merece la
ciudadanía de Valencia, que no tiene por qué vivir con esta sensación de inseguridad. Yo también he hablado de la sensación de inseguridad que padece la ciudadanía, no es solamente una inseguridad real. Los ciudadanos percibimos inseguridad, con
independencia de que sea mayor o menor, aunque en este caso haya un aumento. Ha habido un descenso en la plantilla de la Policía Nacional, es algo innegable, se ha producido. Ahora se intenta paliar con un aumento de la dotación tanto en Policía
Nacional como en la Guardia Civil.
Yo sigo esperando que tengan éxito las medidas que plantea el secretario de Estado, entre otras cosas, porque dentro de un año no me gustaría estar aquí, con la misma intervención, y diciéndoles a ustedes que han vuelto a fracasar en la
aplicación de las medidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Voy a puntualizar algunas cuestiones que han suscitado tanto el secretario de Estado como el portavoz del Grupo Popular.
He empezado mi intervención agradeciendo al secretario de Estado la comparecencia para venir a explicar aquí el grave problema que existe en la Comunidad Valenciana. Creo que eso ha quedado claro. Le reconozco al secretario de Estado que
viene a dar las soluciones que el Gobierno piensa poner en práctica, pero diferente es que en cinco años que llevan incrementándose los índices de criminalidad en Valencia los responsables políticos no hayan dado la cara y no hayan ofrecido
soluciones a los ciudadanos valencianos.
Le voy a poner varios ejemplos. ¿Qué está pasando con el hipermercado de droga en Valencia, en la zona del río Turia? Campan a sus anchas, lo hemos visto en todos los medios de comunicación. Hay colas de más de cien personas esperando
conseguir sus dosis. No estoy diciendo que la policía no haga bien su trabajo, porque lo hace; además, con la reducción de plantilla que están teniendo y con el incremento de criminalidad, el aumento de detenciones es loable. Hay que decirle a la
Policía que con los pocos recursos que tienen, con los pocos que son, están incrementando el número de detenciones. Es una señal del buen trabajo que están haciendo, pero no pueden cubrirlo todo y existen muchos flancos en la Comunidad Valenciana
al descubierto que hacen que se disparen los índices de criminalidad. Les decía que en Valencia se han quemado más de mil coches, 48 en lo que llevamos de año. (Rumores.) Usted me dirá si muchos ciudadanos, sobre todo los que lo han padecido y a
cuyos responsables
no se ha encontrado, no sienten que los delincuentes actúan con impunidad en la Comunidad Valenciana. Es lógico. Quizás la frase al señor portavoz del Grupo Popular le parezca exagerada. Utilícela en los términos que quiera, pero si sube
el número de delitos, sube el número de detenciones y baja el número de efectivos evidentemente hay un porcentaje entre los que se denuncian y los que en realidad se detienen que está completamente impune. Los ciudadanos se sienten desprotegidos
ante esta avalancha de delitos que se está produciendo en la ciudad de Valencia, señor Gil Lázaro; es un dato que salta a la vista por su gravedad.
En cuanto a las medidas, el Grupo Socialista presentó aquí hace poco una proposición no de ley para solucionar el grave problema de delincuencia que existe en Alicante y en concreto en la Vega Baja. En la votación el Grupo Popular votó en
contra de medidas que eran necesarias. Esta diputada solicitó aquí, en esta casa al delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que hiciera un plan especial para la ciudad de Valencia a fin de erradicar el tráfico de estupefacientes y
adoptar medidas para desintoxicar a los drogodependientes en dicha ciudad. Por respuesta también el silencio: ni una sola medida. Aplaudimos que ahora decidan ustedes adoptar medidas, nos parecen fantásticas, es lo que hay que hacer. En lo que
decía la portavoz de Izquierda Unida tiene razón: bienvenidas sean, pero tendrán que reconocer que adoptar las medidas seis años después de que los índices de criminalidad suban es un poco retardado, al menos bajo el punto de vista de los
socialistas.
Quiero terminar con la última frase que decía el señor portavoz del Grupo Popular sobre la criminalización de la inmigración. No lo está diciendo esta portavoz, señor Gil Lázaro. Aparece en la página pública, en la web del Ministerio del
Interior, lo dice la propia Guardia Civil. Le he mencionado exactamente la frase que en este caso los representantes de la Guardia Civil decían sobre lo que suponía el tema de la inmigración. Se la vuelvo a repetir: Desafortunadamente los datos
disponibles apoyan la tesis de que hay un incremento estadístico de la delincuencia imputable a la inmigración. Esas son declaraciones públicas y oficiales.
Señor presidente, señorías, quiero terminar agradeciendo nuevamente la comparecencia del señor secretario de Estado y simplemente deseo y espero que las medidas que hoy nos han planteado sirvan para solucionar los graves problemas que tiene
de inseguridad ciudadana la provincia de Valencia y por extensión casi toda la Comunidad Valenciana. Nosotros no queremos que esto sea un fracaso sino todo lo contrario. Los ciudadanos de Valencia se merecen una seguridad, como mínimo, como el
resto de los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Yo celebro que la señora Urán haya comenzado su intervención señalando que el análisis que realiza lo hace a partir de los datos que facilita el Ministerio. Lo agradezco profundamente porque a partir de ahí ya no se
puede hacer ninguna invocación al triunfalismo, al autoconformismo, etcétera, del Ministerio. Es decir, el Ministerio del Interior no maquilla los datos; el Ministerio del Interior da la cara; El Ministerio del Interior ofrece a S.S. unos datos
reales, y a partir de ahí construye S.S. el análisis. Por tanto, no hay ningún campo lógico en el que pueda sostener un razonamiento de cierta autosatisfacción o, como ha señalado, triunfalismo. Su señoría no contribuye a generar más alarma
social. Ya he dicho que agradecía de antemano, desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, el tono moderado con que se ha planteado la cuestión. Es decir, no contribuye a generar alarma social. Acepto plenamente la matización que hace ahora
la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de lo que había sido una afirmación o un diagnóstico en genérico. Decía en su primera intervención: Sensación general de impunidad. Ahora me dice: Eso concretado a un problema en el que
evidentemente hay alarma social porque el problema existe -también lo hemos dicho nosotros- en lo que afecta a la quema de coches, y se han introducido una serie de medidas que, como bien decía la señora Urán, con el tiempo se evaluará si han sido o
no eficaces. Mire usted, señora Urán, no tergiverse mis palabras porque con toda la corrección y con todo el afecto permítame decirle que no se lo consiento; no tergiverse mis palabras. Yo no he dicho, ni nadie del Gobierno ni del Partido Popular
tampoco que los emigrantes son causa de su propia marginalidad. He dicho con toda claridad y sin ningún complejo que son causa de la marginalidad aquellos que a través de las redes de tráfico convierten en un ilícito y repugnante negocio criminal
la trata de seres humanos. Son las redes y mafias las que con su acción repugnante generan marginalidad, no el emigrante. Le he dicho también que precisamente para evitar esa actuación de las redes y las mafias se está trabajando en una política
de contratos y convenios en los países de origen para garantizar que el emigrante entre en este país de manera legal, sin estar sujeto al chantaje ni a la explotación de ninguna mafia, pudiendo por tanto gozar, como no puede ser de otra forma, de la
integridad de los derechos y libertades a los que tiene derecho como ser humano. La ley en democracia sí es expresión de la voluntad popular. Eso no tiene vuelta de hoja: la ley en democracia es expresión de la voluntad popular. No me hable de
rechazos sociales a la Ley de extranjería, porque nosotros tuvimos la coherencia y el compromiso democrático de explicar a los ciudadanos de manera detallada y puntual en una campaña electoral qué es lo que queríamos hacer, especialmente qué es lo
que queríamos hacer con la Ley de extranjería; los ciudadanos decidieron lo que decidieron teniendo toda
la información de qué es lo que queríamos hacer con la Ley de extranjería.
Por tanto, si en democracia es -y lo es- la máxima expresión de la voluntad popular el ejercicio soberano de cada ciudadano a través de las urnas, la conclusión es
obvia.
Concluyo. He reconocido y agradecido a la señora Peris al comienzo de mi intervención su agradecimiento por la comparecencia inmediata del secretario de Estado. ¿Cinco años incrementándose los índices de delincuencia en Valencia? Pues no,
ese no es un dato real. ¿Que la quema de coches supone un evidente compromiso para todos en la necesidad de articular respuestas? Claro que sí, por eso hay medidas y respuestas concretas. Acerca de la referencia que ha hecho S.S. a lo de la Vega
Baja hay que decir las cosas como son. No es que el Grupo Popular votara en contra. El Partido Popular ofertó en ese debate una enmienda realista, viable y de consenso y SS.SS. legítimamente dijeron que no, pero fueron SS.SS. las que dijeron que
no a una oferta concreta, viable, posible, realista y de consenso planteada por el Grupo Popular. Celebro que la conclusión en este debate, una desde un punto de vista, otra desde otro, todas absolutamente legítimas, sea positiva porque tanto la
señora Urán, como la señora Peris o yo mismo hemos expresado el deseo, como es natural por respeto a los ciudadanos de Valencia, de que el conjunto de las medidas que ha anunciado y que ya está poniendo en práctica el Ministerio del Interior sean
eficaces. Me parece de una enorme lealtad institucional esa expresión, ese buen deseo por parte de los grupos parlamentarios, que no obsta naturalmente para el ejercicio del control y de la crítica y para examinarnos -la vida es siempre una
reválida- (Un señor diputado: ¡La vida es mucho más que una reválida!-Risas.en el futuro sobre la aplicación de esas medidas. Celebro que en esa concordancia todos nos encontremos al final de un debate que como todos los que afectan a la
seguridad, a los derechos y a las libertades de los ciudadanos conviene hacer desde el realismo, desde la ausencia de triunfalismo, desde la renuncia a la demagogia y desde el compromiso de todos por encontrarnos en posiciones en comunes (La señora
Peris Cervera pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado.
(Pausa.)
Señora Peris, no...
La señora PERIS CERVERA: Señor presidente, si quiere le aporto los datos a la Mesa, porque el portavoz del Grupo Popular ha puesto en duda unos datos que yo les he ofrecido. Aquí tengo la respuesta parlamentaria, que si quiere le aporto,
para que no quede en duda la palabra de esta portavoz en el sentido de que los índices de delincuencia en Valencia no han subido, cuando el Gobierno me da los datos totales. Yo los aporto a la Mesa para que consten en acta. (El señor Gil Lázaro
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señora Peris.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Este portavoz nunca se permitirá, como es natural, poner en duda la palabra de ningún señor o señora diputado; otra cosa es que podamos hacer una interpretación distinta de los datos. El Gobierno ha reconocido el
incremento importante de la delincuencia en este último año, el Gobierno también ha reconocido que desde el año 1996 al 2001 el incremento global de la delincuencia sólo ha sido del 0,71 por ciento.
Que conste ya in aeternum que este portavoz podrá
tener, como es natural, opiniones distintas, pero jamás se permitiría poner en duda la palabra de ninguna señor o señora diputado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Más o menos he contestado a todo: he descrito los problemas, las medidas. Quizás sólo me quede matizar una cosa en la línea de lo que la representante del Grupo Socialista iba a
manifestar. Desde el punto de vista de los delitos en Valencia en el año 1996 hubo 66.117, 68.975 en 1997, 67.822 en 1998, 66.059 en 1999, 65.228 en 2000 y 66.595 en 2001. En las faltas ha habido un crecimiento paulatino. La explosión de la
delincuencia en Valencia es algo que se produce a lo largo del año 2001, refiriéndonos a la alarma de la que estamos hablando hoy aquí. Decir: Ustedes han esperado a que explote Valencia para poner medidas, no me parece adecuado a la realidad.
Nosotros hemos detectado un problema importante en Valencia que ha explotado en un determinado año, concretamente en 2001, en el que se produce un importantísimo repunte, que pone la situación no tan grave como en el año 1997 pero sí más que en 1999
y 2000, y es por lo que hemos reaccionado con esas medidas. En un ámbito de pérdida de elementos en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, cuando ya se ha explicado hasta la saciedad cuáles son las causas, sin que las estemos
justificando, sino describiendo los datos del problema, tiene por parte del Gobierno una reacción inmediata ante la constancia de que se está produciendo un fenómeno, que no es coyuntural, de arriba o abajo, sino una explosión grande. Así pues,
¿reacción ante una circunstancia no producto de la desidia que se viene produciendo desde hace cinco años? No, sino ante una circunstancia constatada que nos preocupa y a la cual hemos aplicado inmediatamente los medios que consideramos -y
agradezco a SS.SS. una vez más que tengan esa esperanza con nosotros- suficientes para que Valencia tenga unos
niveles de seguridad ciudadana que son los que creemos adecuados no solamente para Valencia, señorías, sino para toda España.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor secretario de Estado.
De conformidad con el acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, y siendo más de las dos de la tarde, levantaríamos la sesión, dejando los asuntos pendientes para el día 4 por la tarde. (El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.)
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, aceptando la decisión de la Mesa, lamento -y es responsabilidad del conjunto de los grupos- lo mal que hacemos los órdenes del día, que no permiten cubrir todas las obligaciones que la propia
Comisión se ha dado. Asimismo lamento cómo la Mesa ha conducido este debate, que no ha podido permitir cerrar las cuestiones abiertas en la Mesa. Yo sinceramente lo lamento mucho. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En primer lugar, quiero recordar que en las reuniones de Mesa y portavoces también ha estado representado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en segundo lugar, uno empieza a no entender
nada cuando, si los asuntos entran con celeridad, con inmediatez según el orden de su presentación, precisamente para facilitar la tarea de control del Gobierno, se produce una protesta por ello; uno no entiende nada. Finalmente, quiero señalar
que se ha convocado una sesión para el día 4 de marzo a las cuatro y media de la tarde para seguir profundizando precisamente en esa tarea de control.
Considero que la Mesa ha tomado decisiones muy sabias y que desde luego S.S. ha conducido este
debate como debe de ser propio de una tarea de control, sin cortapisas, para que todo el mundo pueda expresar su opinión con intensidad y en profundidad. A lo mejor buscar cortapisas de tiempo está en las pretensiones de otros, pero no de este
grupo parlamentario cuando se trate de facilitar la tarea de control por parte de la oposición. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Deseo apoyar por una vez y sin que sirva de precedente la explicación que ha dado el señor Gil Lázaro. Efectivamente se ha hecho todo lo que se ha podido y además tenemos la posibilidad de continuar el día 4 de
marzo. A nosotros nos gustaría que hubiera sido algún día antes, pero lo damos por bueno. Aparte quiero agradecer también al señor secretario de Estado su comparecencia y su esfuerzo, porque le sometemos a unas durísimas pruebas, bastante largas.
En todo caso, pediría que revisáramos los ordenes del día para que al señor secretario de Estado le facilitemos un poquito las cosas, porque se suele ir muy fatigado de estas comparecencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Sin duda le tomamos la palabra desde la Mesa.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente para que conste en el 'Diario de Sesiones' quiero agradecer al señor Mayoral ese reconocimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En cualquier caso, muchas gracias a los dos, y sobre todo al señor secretario de Estado que una vez más ha estado en el momento en que ha sido requerido por este Parlamento.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.