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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 417, de 14/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 417
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO,
Vicepresidenta primera
Sesión núm. 27
celebrada el jueves, 14 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertran) para informar sobre:
- Las medidas desarrolladas por el Gobierno en relación con el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, de restricciones a las emisiones radioeléctricas. A petición propia. (Número de expediente 214/000104.) ...
- El grado de cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, sobre condiciones de protección del dominio público radioeléctrico y las actuaciones desarrolladas por el Gobierno con las restantes Administraciones públicas en
relación con la misma materia. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000644.) ... (Página 13498)
Página
- Eventuales modificaciones de la legislación que regula la instalación de las antenas de telefonía móvil. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000654.) ... (Página 13498)
Preguntas: - Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre los efectos de las medidas fiscales adoptadas sobre el sistema de ciencia y tecnología. (Número de expediente 181/001310.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre cantidad del presupuesto de 2001 correspondiente a proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) del Plan nacional que ha sido devuelta al Tesoro público. (Número de expediente 181/001329.)
... (Página 13521)
- Del mismo señor diputado, sobre financiación ingresada en el año 2001 por los grupos de investigación por los nuevos proyectos del Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) adjudicados ese año. (Número de expediente
181/001330.) ... (Página 13521)
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la refundición de los organismos públicos de investigación (OPIS) en un único organismo.
(Número de expediente 181/001308.) ... (Página 13524)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para mejorar la situación en los organismos públicos de investigación (OPIS). (Número de expediente 181/001309.) ... (Página 13524)
- Del mismo señor diputado, sobre situación del debate sobre el VI Programa marco europeo de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. (Número de expediente 181/001311.) ... (Página 13527)
Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BIRULÉS BERTRAN), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS MEDIDAS DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000104.)
- EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO Y LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO CON LAS RESTANTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
RELACIÓN CON LA MISMA MATERIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000644.)
- EVENTUALES MODIFICACIONES DE LA LEGISLACIÓN QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000654.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Buenos días, señorías.
Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, cuyo orden del día se refiere, en primer lugar, a la comparecencia, a petición propia, de la señora ministra de Ciencia y Tecnología, señora Birulés, para informar sobre las medidas
desarrolladas por el Gobierno en relación con el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, de restricciones a las emisiones radioeléctricas; asimismo, han pedido su comparecencia para este mismo tema los grupos Socialista y Mixto.
Señora ministra, bienvenida a esta Comisión. En nombre de la Mesa y en el mío propio, quiero agradecer su presencia y sin más, tiene S.S. la palabra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertran): Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días a todos. Quiero expresar mi satisfacción por estar de nuevo en esta Comisión para exponerles el conjunto de actuaciones que está realizando el Gobierno en relación con la protección de la salud frente a las emisiones
radioeléctricas. Para ello abordaré el marco normativo establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 11 de enero de 2002, que lo desarrolla, así como el estado de las
actuaciones que, tanto en su marco como fuera de él, se están desarrollando para dotar de mayor confianza a la población.
Se trata claramente de una materia que ha tenido una incidencia significativa en la opinión pública, sin duda debido a la rápida expansión de las estaciones de telefonía móvil, por algo que es normal en estas circunstancias que es el
insuficiente conocimiento sobre unas nuevas tecnologías, lo cual puede haber suscitado cierto temor en algunos sectores de la población. Considero que este debate y esta comparecencia servirán también para informar exhaustivamente y clarificar
sobre las cuestiones relativas a la protección de la salud y a las emisiones radioeléctricas. Les quiero adelantar que mediante la legislación vigente y, en especial, con el reforzamiento de las medidas de control llevadas a cabo por el Gobierno,
nuestro ordenamiento jurídico garantiza con suficiente grado de seguridad la salud de los ciudadanos y la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Señorías, la telefonía móvil ha supuesto y va a suponer un importante instrumento de desarrollo de la sociedad de la información. El proceso de liberalización y el desarrollo subsiguiente de las telecomunicaciones ha determinado que hoy la
telefonía forme parte de la vida de los ciudadanos, proporcionándoles una mejora en su calidad de vida, en las posibilidades de uso, en la sociedad del conocimiento y, sin duda también, en la seguridad de las personas. La extensión de la telefonía
móvil, que ha tenido un acelerado despliegue, ha significado un incremento en el nivel de infraestructuras, de antenas, de estaciones base a lo largo de todo el territorio. En la mayoría de los casos los ayuntamientos en aquellos momentos estaban
desarrollando las ordenanzas apropiadas que regulasen la extensión de tales infraestructuras, pero evidentemente esto ha estado ocurriendo en el mismo proceso y durante el mismo período de tiempo en que dichas administraciones intentando mejorar lo
que había sido y está siendo una escasez de personal técnico que se mantiene aún en la materia, que pudiera asesorar e ilustrar sobre la misma.
La Ley General de Telecomunicaciones, del año 1998, exige que las instalaciones de telecomunicaciones cumplan una serie de requisitos y condicionantes técnicos. Su puesta en servicio ha de estar supervisada por las unidades de inspección y
sometida, con posterioridad, a la actividad ordinaria de éstas. El Gobierno consideró necesario trasladar al ordenamiento jurídico las condiciones que ya existían y que hacen obligatoria la compatibilidad entre el funcionamiento simultáneo y
ordenado de las instalaciones radioeléctricas y las condiciones de seguridad para el despliegue de las redes. Consideró necesario trasladarlo de tal modo que estuviera garantizado que las condiciones técnicas que se establecen siempre estén
supeditadas y sean las derivadas de las conclusiones científicas de los expertos de salud. Ello, en línea con las disposiciones comunitarias y con el estado actual de conocimiento científico, en el marco de algo que es fundamental, que es
garantizar los derechos de los ciudadanos y especialmente el derecho a la salud, así como la ordenada prestación de los servicios.
Junto a estas actuaciones de corte regulatorio, el Gobierno también ha impulsado un conjunto de actuaciones complementarias de diverso carácter que persiguen el establecimiento de un marco de seguridad, certidumbre y confianza. Tales
actuaciones son, por una parte, de divulgación, de información y también de fomento de la investigación en materia de emisiones radioeléctricas; por otra parte, son actuaciones encaminadas a facilitar la colaboración y la cooperación con otras
administraciones públicas para homogeneizar el tratamiento de esta materia en todo el territorio nacional. Por supuesto, todo ello sobre la base del estricto respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios, como no podía
ser de otro modo.
Pues bien, señorías, esto es lo que el Gobierno había previsto y es lo que se está realizando. A ello me voy a referir a continuación con mayor detalle. En primer lugar, abordaré el análisis del marco normativo vigente en España en materia
de emisiones radioeléctricas y las medidas de control establecidas para la protección de la salud. En segundo lugar, expondré el conjunto de actuaciones que complementariamente a dicha normativa está desarrollando el Gobierno para facilitar su
cumplimiento y que son: la colaboración con otras administraciones públicas, las acciones de divulgación, el impulso a la investigación en este campo y el sistema de supervisión de los propios terminales.
Entrando en el análisis del marco normativo, quiero destacar, en primer lugar, que desde hace tiempo el Ministerio de Ciencia y Tecnología viene desarrollando los trabajos y estudios que sirvieron de base a la elaboración de una normativa
sobre niveles de emisiones radioeléctricas y ello incluso mucho antes que otros países de nuestro entorno. Dichos estudios, unidos a la recomendación de 1999 del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999,
constituyen el sólido fundamento del Real Decreto 1066/2001. Esta recomendación aborda la exposición del público en general a campos electromagnéticos, recoge las propuestas de la Comisión internacional de protección contra las radiaciones no
ionizantes, ampliamente
aceptadas en nuestro entorno europeo. Saben SS.SS. que esta Comisión está reconocida formalmente por la Organización Mundial de la Salud, que atribuye a sus recomendaciones el valor de basarse en análisis cuidadosos y con amplios márgenes
de seguridad. La recomendación se configura como elemento fundamental para la armonización europea en la aplicación de límites de emisiones radioeléctricas para la protección de la salud de los ciudadanos. A raíz de la citada recomendación del
Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, grupos de expertos a nivel nacional han elaborado informes en tres países de la Unión Europea: el informe inglés, del año 2000, conocido como el informe Steward; el informe de la Dirección
General de la Salud de Francia, del año 2001, ambos referentes a los efectos sobre la salud de las radiaciones relativas a la telefonía móvil, teléfonos y estaciones base, y el informe desarrollado en España en el año 2001 por el grupo de expertos
pertenecientes a distintas instituciones de investigación, incluido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Pues bien, señorías, este informe español se refiere a todas las radiaciones
no ionizantes del espectro electromagnético, incluidas las de las antenas de la telefonía móvil. El grupo de expertos autor del mismo ha trabajado durante un año revisando y analizando la evidencia científica disponible sobre emisiones
radioeléctricas y salud, incluyendo también entre su material el análisis del citado informe Steward entre otros. Internacionalmente, además, se ha reconocido el trabajo realizado por los científicos españoles por su riguroso estudio y su alcance.
El comité de expertos llegó a la conclusión de que no puede afirmarse que la exposición a campos electromagnéticos dentro de los límites recogidos en la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos, produzca efectos adversos para la salud humana, afirmando que el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección de la población. A esta misma
conclusión han llegado todos los estudios e informes emitidos, tanto por organizaciones científicas internacionales como por los grupos de expertos nacionales, y es que la exposición a campos electromagnéticos de las antenas y terminales de
telefonía móvil a niveles inferiores a los indicados por la comisión internacional -que, por otra parte, coinciden por los adoptados por la resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea- no suponen efectos nocivos o perjudiciales para la
salud.
Las normativas adoptadas por la mayor parte de los países de la Unión Europea, incluido el nuestro, sobre exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, se fundamentan en los informes anteriores y coinciden con los niveles
de exposición recomendados por la comisión internacional. Así, desde el punto de vista comparativo, idénticos límites son los aceptados, al menos en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Irlanda, Suecia, Finlandia, Portugal, Turquía,
Nueva Zelanda o Canadá, resultando más exigentes que los establecidos en Estados Unidos y en otros países de América. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el comité de expertos de la Unión Europea, que estudia las emisiones
electromagnéticas, se han reafirmado en sus posiciones. Recientes declaraciones realizadas por ambas instancias y basadas en sus conclusiones sostienen que ninguna investigación reciente ha demostrado que la exposición a los campos de
radiofrecuencia de los teléfonos móviles o de sus estaciones bases cause efectos adversos sobre la salud. En concreto, la Comisión Europea encargó el año pasado a este comité de expertos que revisara la nueva evidencia científica a fin de
determinar si continuaban siendo adecuados los límites de la recomendación europea. El grupo de trabajo, presidido por el epidemiólogo italiano Benedetto Terracini, dentro del comité científico de toxicología, ecotoxicología y medio ambiente de la
Unión Europea, concluyó el 31 de octubre de 2001 que la información actualmente disponible sobre carcinogenesis y otros efectos no térmicos producidos por radiofrecuencias y microondas -como saben SS.SS., las frecuencias utilizadas en
telecomunicaciones- no justifica la revisión de los límites de exposición. En particular, en humanos no se han encontrado pruebas de carcinogenesis en niños o adultos en estudios epidemiológicos. El comité creado en el año 1997 lleva emitidas más
de cien opiniones científicas.
En este contexto se enmarca el real decreto que fue sometido a amplia consulta pública, obteniendo el informe favorable del Consejo asesor de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de colegios de ingenieros superiores de telecomunicaciones, del propio sector y de las asociaciones del mismo, así como de los consumidores y los agentes
sociales. Asimismo, se recibió informe favorable de la Comisión Europea, a la que se notificó el proyecto de real decreto en cumplimiento de la directiva 98/1934, de la Comisión Europea.
Señorías, el real decreto no es un reglamento improvisado por el Gobierno sino que responde a todo un trabajo y exigencias rigurosas en la limitación del nivel de exposición de emisiones para los ciudadanos. Como han apreciado, cuenta con
un importante respaldo de los poderes públicos nacionales e internacionales, expertos sanitarios y científicos, agentes sociales y representantes del sector y, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en la norma por la que corresponde al
Ministerio de Sanidad y Consumo, en función de la evidencia científica disponible, continuar evaluando los riesgos sanitarios potenciales de la exposición del
público en general a las emisiones radioeléctricas con la consiguiente revisión, en su caso, de los límites actualmente establecidos si hubiera nueva evidencia.
Tras estas consideraciones, voy a exponer las principales actuaciones y medidas que contempla el real decreto en relación con las emisiones radioeléctricas de los sistemas de telecomunicación y la protección de la salud. El real decreto, se
refiere al establecimiento de condiciones que hagan compatible el funcionamiento simultáneo y ordenado de las diversas instalaciones radioeléctricas, refiriéndose al establecimiento de límites de exposición para la protección sanitaria del público
en general a emisiones radioeléctricas con origen en estos sistemas de telecomunicación. En relación con esta cuestión, se establecen las siguientes prescripciones. Todas las estaciones radioeléctricas deben cumplir con los límites de exposición
fijados. Así, con la nueva regulación, los operadores deben presentar, de forma previa a la entrada en funcionamiento de cada estación de radiodifusión sonora o de televisión, de telefonía móvil o de redes fijas de acceso a radio, así como de
cualquier otra modificación que implique un cambio en la potencia emitida, una certificación del cumplimiento de los límites de exposición establecidos.
Respecto al conjunto del parque, es decir, de las instalaciones existentes, ya desde la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, del año 1999, todas las instalaciones debían cumplir para su autorización el
límite establecido en dicha recomendación, si bien lo que no existía de manera explícita era la autorresponsabilidad de los operadores de certificar la conformidad con dicho límite desde el punto de vista de autocertificación. Con la nueva
regulación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha querido, en aras de reforzar las garantías, responsabilizar a los operadores mediante la autocertificación y, además, hacer toda la revisión del parque existente, estableciéndose en el real
decreto un plazo de nueve meses desde su entrada en vigor que, como SS.SS. saben, fue el día 1 de octubre de 2001 y, por tanto, el plazo finaliza el 1 de julio de 2002, para todas las estaciones radioeléctricas que ya estuvieran en funcionamiento
con anterioridad y, por consiguiente, que éstas deben haber sido certificadas como conformes, de modo que puedan realizarse, y se realicen a continuación, aquellos planes de inspección anuales previstos en la norma. Adicionalmente a la
certificación previa a la puesta en funcionamiento, los operadores de telefonía móvil y de redes fijas de acceso a radio presentarán una certificación anual sobre el cumplimiento de los límites de exposición, certificación anual que, evidentemente,
tiene carácter de pública y, por tanto, transparente para el conocimiento del conjunto de la población y de aquél que se sienta afectado. Por su parte, la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 11 de enero de 2002, que desarrolla el real
decreto, lo hace en lo relativo a la homogeneización del formato y estructura de los estudios y certificaciones, así como su nivel de detalle, que deben realizar todos los operadores de servicios de radio y comunicación, y recoge un exhaustivo
procedimiento homogéneo para la realización de medidas de niveles de emisión que son, como no podía ser de otro modo, acordes con los trabajos que en la actualidad se están desarrollando en el seno de la Conferencia europea postal y de
telecomunicaciones. El real decreto es acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y afirma que la incorporación de límites de exposición recogidos en las recomendaciones internacionales deben hacerse respetando todos sus
términos y sin incluir modificaciones.
No obstante, cabe la posibilidad de incluir medidas complementarias que respondan a un principio de precaución adicional. Pues bien, el real decreto contempla como medidas de este carácter, la obligación de
los operadores de señalización y vallado de las áreas próximas a las estaciones en las que se permite que superen los límites de protecciones sanitarias establecidas, al no haber proximidad con la población; la instalación de estaciones
radioeléctricas en un mismo emplazamiento, destacando que, con carácter general, los operadores deberán planificar la ubicación de sus instalaciones radioeléctricas de manera que se minimice la exposición del público en general a las emisiones con
origen tanto en las estaciones como en los terminales que se comuniquen con las mismas, haciendo esto compatible con una adecuada calidad en la prestación de los servicios. Ello, especialmente, en los espacios considerados como sensibles, tales
como las escuelas, los centros de salud, hospitales y parques públicos.
En aplicación de los criterios de planificación previstos en el reglamento, la orden concreta esta medida de cautela adicional que, basándose en las características de propagación de las ondas electromagnéticas y recomendaciones de informes
científicos, consiste en el establecimiento de un límite de cien metros en el entorno de las antenas que cuenten con zonas sensibles, debiéndose justificar la minimización en esas zonas por parte de los operadores de los servicios de
telecomunicación.
En cumplimiento de lo establecido en el real decreto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha diseñado un plan exhaustivo de inspección de emisiones radioeléctricas que se encuentra operativo y que tiene como objetivo alcanzar, en planes
temporales cortos, una completa actualización y revisión de la planta de estaciones radioeléctricas en todo el territorio nacional y comprobar la adaptación de las instalaciones a lo dispuesto en el reglamento. El plan considera prioritarias las
actuaciones en relación con las denominadas zonas sensibles y tiene como objetivo el análisis de los niveles de exposición a las emisiones existentes en dichas áreas. Además, contempla la elaboración de un censo de estas áreas y la realización
sistemática de una primera fase que ya está en curso del plan de medidas de
las emisiones en estas zonas, que concluirá a finales del mes de abril. En esta primera fase se avanza en las localidades con mayor número de habitantes debido a la concentración de población y de zonas sensibles, para ir extendiéndose al
resto de las localidades con menor número de habitantes. De este modo, se ha estimado un número de mil inspecciones.
Cuando se hayan realizado estas mil inspecciones iniciales, se irá llevando a cabo la valoración de resultados, que se tendrán en
cuenta para abordar la segunda fase de inspección, también en las zonas sensibles. Asimismo, el plan contempla también actuaciones en relación con las certificaciones de las instalaciones preexistentes al Real Decreto 1066/2001 para verificar la
correcta certificación de todas y cada una de ellas. Quiero destacar que, respecto de la obligación establecida en el real decreto de tener las certificaciones de todas las instalaciones radioeléctricas que ya estuvieran en funcionamiento en el
plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de dicha norma, los operadores han presentado al Ministerio de Ciencia y Tecnología planes de aceleración de su certificación, concediendo prioridad a las zonas sensibles y las más pobladas. Las
actividades previstas son la comprobación de la obligatoriedad de certificación y la realización de inspecciones de comprobación de las instalaciones sobre la base, de una muestra de las certificaciones estadísticamente representativas.
Quisiera resaltar que el ministerio no ha esperado a realizar las inspecciones una vez hechas las certificaciones, sino que viene haciéndolo y así, por ejemplo, al finales del pasado mes de enero se habían realizado un total de 614
distribuidas en todas las comunidades autónomas, y se ha obtenido un nivel generalizado de cumplimiento de lo establecido en el real decreto. Estas inspecciones se han focalizado en localidades y lugares que han suscitado el interés de las
administraciones públicas y de la opinión pública. Se ha previsto atender adecuadamente la demanda de información y así se hace sobre los niveles de exposición y emisiones, de forma que el ministerio puede atender demandas concretas de medidas de
niveles de emisiones y, por consiguiente, de inspecciones procedentes de entidades o instituciones públicas y privadas.
Con todos los resultados del plan se realiza un estudio de los niveles reales de las emisiones radioeléctricas a partir del cual se elaborarán asimismo recomendaciones y se adoptarán las medidas que se consideren necesarias. En virtud de
este principio de colaboración administrativa y debido a la concurrencia de competencias diversas como son las sanitarias, las urbanísticas, etcétera, en las comunidades autónomas y en las entidades locales, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
suministrará información a estas administraciones sobre el proceso de realización del plan y sobre las certificaciones que presenten las operadoras.
Señorías, tras este análisis exhaustivo de la normativa vigente, quisiera ahora referirme a otro conjunto de actuaciones que, complementariamente a dicha normativa, está desarrollando el Gobierno para facilitar su conocimiento por el público
en general y su cumplimiento, que se enmarcan en el impulso de la colaboración y de la armonización competencial en el marco de las competencias de otras administraciones públicas, las actuaciones de divulgación, el impulso a la investigación en
este campo y el sistema de control y supervisión existente de los propios terminales móviles. Así, la colaboración para la consecución del avance en la armonización y en la sistematización entre las administraciones públicas implicadas es un ámbito
en el que hay particulares niveles de actuación porque, como ya he afirmado, los límites sanitarios de exposición están contrastados científica y sanitariamente y constituyen una propuesta de armonización europea al respecto, que entendemos es clave
y siendo lo razonable que fueran los únicos en todo el territorio nacional. Saben que la ordenación de las telecomunicaciones es competencia exclusiva estatal, siendo las comunidades autónomas informadas a su vez a través de este Ministerio y saben
SS.SS. que el Gobierno muestra un escrupuloso respeto en relación con las competencias urbanísticas de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente que corresponde a las administraciones autonómica y local. Además, en base a estas
competencias, pueden establecerse condiciones, por ejemplo, para el emplazamiento de mástiles y antenas o determinadas distancias mínimas de separación o elevación dada la incidencia de estas instalaciones en la ordenación de los espacios, los
condicionantes de edificabilidad de los inmuebles y su impacto visual. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias y sabiendo que no es sencillo a veces avanzar en la armonización normativa entre las distintas administraciones territoriales en
estas cuestiones, el Ministerio está adoptando las iniciativas y acciones políticas que sean necesarias para que el conjunto de todas las regulaciones sume y no reste activos al resultado final.
Desde este punto de vista el Gobierno está impulsando los acuerdos entre las administraciones públicas competentes en la materia para ir fijando un marco de actuación y gestión transparente, coherente y que asimismo permitan evitar
conflictos supuestamente competenciales. Por eso, aunque ya tuvimos ocasión de informar a las comunidades autónomas acerca del Real Decreto 1066/2001 en la reunión del foro de las comunidades autónomas del pasado 29 de octubre -foro que constituye,
como saben, el cauce institucionalizado de colaboración en materia de sociedad de la información-, consideramos también necesario avanzar en la constitución, dentro de este foro, de un foro territorial de carácter específico para que, a través de
los instrumentos jurídicos de colaboración y coordinación, dinamice el proceso de entendimiento en este campo y desarrolle iniciativas comunes en todos los ámbitos territoriales.
En cuanto a lo que se refiere a la administración local, se están desarrollando también diversas iniciativas de colaboración para facilitar que estas administraciones ejerzan sus competencias y puedan disponer de los necesarios medios
técnicos. Así, se está trabajando para avanzar en la armonización de ordenanzas locales en esta materia a través del apoyo a la creación de una ordenanza municipal tipo para que los ayuntamientos traten de manera homogénea las licencias que tienen
que otorgar a los operadores en el marco de sus competencias. Además, en la última reunión que tuve con la presidencia de la FEMP el pasado 6 de febrero coincidimos en la necesidad de colaborar en la definición de un marco normativo que facilite el
uso compartido del dominio público por parte de los operadores de telecomunicación. De hecho, estamos trabajando en una orden ministerial que permitirá coordinar y normalizar en todo el territorio el uso del dominio público para la instalación de
redes de telecomunicaciones. El proyecto de orden ya ha sido informado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y por la propia Federación. En este marco también coincidimos en la conveniencia de actualizar la normativa tributaria
local que grava a las empresas de telecomunicación, adaptándola al nuevo entorno liberalizado y con el objetivo de que la nueva norma contribuya a favorecer el despliegue de las redes de telecomunicaciones.
Asimismo, de acuerdo con las necesidades técnicas detectadas a las que me referí inicialmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha venido trabajando con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones con la finalidad de que se
vayan celebrando, como ya ha venido ocurriendo, actividades divulgativas y de formación en materia de telecomunicación, nuevas tecnologías y sociedad de la información y, además, establecer un convenio para que dicha formación tenga un especial
destino en el marco concreto de las necesidades de las corporaciones locales. Así, dentro de esta línea de actividades del convenio y colaboración entre el colegio y el propio ministerio, está el de impulsar la información y reciclaje de
profesionales de la ingeniería en aspectos relativos al conocimiento y a la medición de las emisiones radioeléctricas y de las instalaciones de telefonía móvil.
También quiero destacar que el Gobierno está redactando diversos tipos de actividades divulgativas de la regulación sobre las emisiones radioeléctricas y la protección de la salud. En relación con los ciudadanos y como iniciativa
específica, el pasado mes de diciembre se distribuía entre los ciudadanos españoles un folleto por el Ministerio de Sanidad y Consumo basado en el informe de los científicos para conocimiento real de los ciudadanos sobre esta materia. Además, a
través de la web del propio ministerio, se puede acceder a un folleto sobre el uso adecuado del móvil u otro explicativo de las estaciones base de telefonía móvil, así como a la legislación nacional. Las principales acciones divulgativas
adicionales se realizarán una vez avance el Plan de inspección y el proceso de certificación por parte de los operadores. A este respecto está previsto el que exista una base de datos con acceso a través de la página web del ministerio para que los
ciudadanos e instituciones puedan localizar, mediante búsquedas sencillas, las características de la estación radioeléctrica que sea de su interés, la fecha de su certificación y la medida de los niveles de exposición en el entorno de la estación.
Independientemente de ello, el ministerio está en estrecho contacto, como ya he señalado antes, con los operadores afectados por el real decreto con los que se han mantenido numerosas reuniones sectoriales y están llevando a cabo actuaciones.
Asimismo, se está participando en todo tipo de foros y de jornadas técnicas sobre emisiones radioeléctricas organizadas por múltiples instancias como colegios profesionales, federaciones de municipios, comunidades autónomas, asociaciones de
usuarios, etcétera.
Otro ámbito de actuación en el que se está avanzando, señorías, es en el necesario impulso a los proyectos de investigación en este campo, compromiso que se hace explícito en el propio Real Decreto 1066/2001 y que se está desarrollando a
través del Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación. El Gobierno, que en este caso ha querido que lo recogiera el propio ordenamiento jurídico, debe atenerse en todo momento al estado del conocimiento científico. En concreto,
durante el año 2001, en el marco del Programa de Fomento de la Investigación Técnica, PROFIT, gestionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en el Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se destinaron más de
366.000 euros a la financiación de proyectos para ese mismo año -algunos con alcance plurianual que se irá consolidando en los presupuestos siguientes-, de indudable interés, como el relativo a la dosimetría, valoración e indicadores físicos y
biológicos de la exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o las acciones desarrolladas en la Universidad de Zaragoza en el área de la ingeniería mecánica, las
desarrolladas en la Universidad Politécnica de Cartagena y las propiciadas por el consorcio local, Local Red, en materia de telecomunicaciones y biología. Igualmente, hay que destacar las desarrolladas por la Fundación Europea de
Bioelectromagnetismo. Además, en el año 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha reforzado la investigación mediante la creación de una línea estratégica en la reciente Orden del mismo ministerio, de 11 de enero de 2002, por la que se
establecen las bases y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en el marco del conjunto de programas nacionales del Plan nacional, en concreto en los programas nacionales de Biomedicina, de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Asimismo, el Ministerio de Sanidad
y Consumo, en particular el Instituto de Salud Carlos III, ha participado y está desarrollando cuatro proyectos de investigación del hospital Ramón y Cajal, financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria por un importe para el año en
curso de 125.864 euros.
Finalmente, me voy a referir a otro ámbito de actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el relativo al control y supervisión de los terminales móviles. Saben SS.SS. que para la implantación o puesta en el mercado de los terminales
móviles, de acuerdo con lo establecido en reglamento aprobado en el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, es necesaria la evaluación de la conformidad de estos equipos con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 4 del reglamento,
entre los que se encuentran los relativos a la protección de la salud, la seguridad del usuario y de cualquier otra persona. El fabricante o responsable de la puesta en el mercado tiene que elaborar una documentación técnica y realizar las pruebas
técnicas que verifiquen que el equipo cumple con estos requisitos. Por parte del departamento esto significa, además, la obligación de conservar la documentación mencionada durante diez años, a los fines de inspección y se toman muestras de los
equipos comprobando su conformidad con los requisitos esenciales y con otros establecidos en el reglamento. Las pruebas de cumplimiento de dichos requisitos esenciales se basan ya en normas europeas de normalización.
Como resumen, señorías, y para finalizar, quisiera reiterar que mediante la legislación vigente y en especial con el reforzamiento de las medidas de control llevadas a cabo por el Gobierno, nuestro ordenamiento jurídico garantiza con
suficiente grado de seguridad, la salud de los ciudadanos y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La normativa, el real decreto, se apoya en la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, así como en
estudios e informes emitidos por expertos científicos que sostienen que la exposición a campos electromagnéticos de instalaciones de telecomunicaciones a niveles inferiores a los fijados, no suponen efectos nocivos para la salud.
Además, todo el
marco normativo ha sido objeto de informes favorables de diversas comisiones, entre ellas el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Colegio de Ingenieros Superiores de Telecomunicación, agentes económicos, sociales y usuarios en el conjunto del sector. El plan de inspección de emisiones radioeléctricas, diseñado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene por
objetivo alcanzar, en plazos temporales cortos, ya iniciados, una completa actualización y revisión de la planta de estaciones radioeléctricas en todo el territorio nacional, comprobando nuevamente la adaptación de las instalaciones a lo dispuesto
en el real decreto. Además de la regulación normativa, como les he mencionado, el Gobierno está llevando a cabo un conjunto de actuaciones que garanticen seguridad y confianza, facilitando información completa del estado del cumplimiento del marco
radioeléctrico a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a los ciudadanos en general.
Señorías, creo que el marco es de suficiente confianza y, por lo tanto, quedo ahora a su disposición para atender cuantas cuestiones quieran plantear sobre la materia.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Vamos a proceder a la segunda parte de su intervención. En primer lugar, tiene la palabra el señor Aymerich Cano por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, una vez más, bienvenida a esta Comisión para tratar un problema que, como usted ha dicho, preocupa a la sociedad, preocupa a la opinión pública y, a pesar del tono optimista de su intervención,
preocupa con razón. Cuando hablamos de los problemas para la salud que tienen las emisiones radioeléctricas, usted ha citado informes de los que yo no dudo, pero sólo ha citado los informes favorables o que concluyen eliminando cualquier
posibilidad de que las emisiones radioeléctricas, dentro de determinados límites, tengan influencia negativa en la salud de las personas, sin embargo, se olvidó, por ejemplo, de informes como el realizado por la Dirección General de Investigación y
Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento Europeo, de marzo del año pasado, titulado precisamente efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación electromagnética no ionizante, que es bastante contundente en este
sentido. En aras del principio de precaución se inclina por recomendar limitaciones superiores a las establecidas en la recomendación de 1999. En este informe se dice, por ejemplo, que un asunto de especial preocupación para el público es el
sometimiento involuntario de ciertos grupos de población durante 24 horas al día, siete días a la semana, a emisiones de estaciones base de GSM en los casos en que se encuentran ubicadas de forma indiferente cerca de casas, colegios y hospitales.
(El señor presidente ocupa la presidencia).
Se dice que es un supuesto de contaminación permanente inaceptable que plantea cuestiones éticas serias en la medida en que estas personas serán las que demostrarán al final el grado en que es nociva la
exposición crónica de estos campos, información que ahora no se encuentra accesible.
Yo creo que esto debe movernos a una vigilancia constante, que espero que su ministerio mantenga, y a un menor optimismo, es decir, a una mayor atención al
principio de precaución en el sentido que el Bloque Nacionalista Galego le va a proponer.
Las limitaciones que establece el Real Decreto 1066/2001 se refieren, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, al dominio público radioeléctrico.
Es un decreto que se dicta en desarrollo de la Ley General de telecomunicaciones, en desarrollo de una habilitación contenida en la misma, pero no puede prejuzgar competencias autonómicas, en materia de medio ambiente y ordenación del
territorio, o municipales, no sólo en materia de urbanismo sino también de actividades clasificadas. La instalación de estaciones radioeléctricas es una actividad peligrosa de acuerdo con el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, o en todo caso insalubre, y requiere de este tipo de licencias.
No contempla este real decreto prohibiciones absolutas de instalación de acuerdo con el sistema de intensidades y distancias, no se contemplan prohibiciones absolutas de instalación de estaciones radioeléctricas en las proximidades de
centros de salud, hospitales, centros docentes y centros recreativos. Esto es algo que a estas alturas la sociedad está reclamando, y me parece que con razón. No se contempla una cuestión como es establecer la obligatoriedad de que por parte de
las operadoras se concierte un seguro de responsabilidad civil. Con la rebaja que se acordó en la Ley de acompañamiento para este año de las tasas por utilización de dominio público radioeléctrico no habría ningún problema en la suscripción de este
seguro de responsabilidad civil por parte de las operadoras.
Tengo ciertas dudas respecto del sistema de certificaciones, autorizaciones e inspecciones establecido en este real decreto. La certificación, lógicamente, la realiza la operadora, pero ¿quién realiza la inspección? ¿La realiza personal
propio de su ministerio? ¿Se realiza a través de contratos con empresas privadas de control reglamentario, como existe en otros ámbitos? Por ejemplo, en control de contaminación, no es el primer caso ni el segundo en que esas empresas de control
reglamentario resulta que están participadas por las propias empresas que tienen que ser controladas e inspeccionadas. Me gustaría tener algo más de información en este sentido.
Con respecto a lo que ha dicho de colaboración con otras administraciones implicadas, yo creo que cuando se habla de colaboración con las comunidades autónomas y se pone como ejemplo una reunión en el foro al que usted se ha referido,
posterior a la publicación del real decreto en el 'Boletín Oficial del Estado', me parece que es un mal ejemplo de colaboración, cuando además por su parte se reconoce que hay competencias autonómicas implicadas en esta materia. Usted ha citado un
largo elenco de organismos estatales e internacionales a los que el proyecto o borrador del reglamento se sometió a consulta, pero entre ellos no estaban las comunidades autónomas. En ese sentido, este reglamento es un ejemplo más de la regresión
autonómica. Ayer precisamente en esta casa el presidente Aznar la calificó de metafísicamente imposible; yo no sé si es metafísicamente imposible, pero desde luego es palpable. Que se quiera imponer a través de un real decreto unas limitaciones
haciendo tábula rasa de competencias autonómicas tan importantes como medio ambiente, ordenación del territorio o municipales tan importantes como son urbanismo y actividades clasificadas sin haber consultado previamente con estas administraciones
la promulgación del real decreto y su contenido, ni a mí ni a mi organización nos parece un precedente positivo.
De todas maneras, sí que me gustaría también saber qué colaboración hay en este momento, más allá de los buenos deseos que usted expresó y de las declaraciones de intenciones a que se llegó en la reunión con la presidenta de la Federación
Española de Municipios y Provincias o en el foro en el que se reúnen la representación estatal y la de las comunidades autónomas sobre esta materia. Es decir, quisiera saber qué convenios concretos se han suscrito y qué actuaciones concretas se
están desarrollando. A mí se me ocurre que si las comunidades autónomas son competentes en materia de medio ambiente y si para ejercer esta competencia también tendrán que realizar inspecciones y revisión de las estaciones radioeléctricas, este es
un terreno abonado para la cooperación, incluso para la delegación de competencias a favor de las comunidades autónomas en aras de una aceleración del procedimiento y de una conjunción de trámites que eviten que haya que ir de unas ventanillas a
otras, por lo que creo que incluso puede ser favorable a los propios operadores.
Ha hablado usted de la revisión del sistema tributario que rodea la instalación o el uso del dominio público radioeléctrico, en general del sistema tributario que afecta a las telecomunicaciones. Efectivamente, mi grupo tiene registradas
varias iniciativas, entre ellas una pregunta de hace ya casi un año que el Gobierno aún no ha contestado -debe de ser que se traspapeló o pasó algo- relativa a cuándo se piensa eliminar el régimen tributario exorbitante, y que en un sistema de
competencia en materia de telecomunicaciones no tiene sentido, como es aquel del que aún disfruta la Compañía Telefónica. Nos gustaría saber si, eliminados esos privilegios fiscales de los que Telefónica goza en el ámbito local, se va a caminar
hacia un sistema tributario claro y homogéneo que establezca una participación de las entidades locales en la exacción de tributos por aprovechamiento del dominio público local, en sustitución del régimen actual. Le agradecería que en su segunda
intervención profundizara algo más sobre esta cuestión que preocupa a las entidades locales y a los municipios.
Para terminar, también le agradecería que la orden que está preparando para compartir infraestructuras y ubicaciones de estaciones radioeléctricas la consultara previamente con las comunidades autónomas y, si puede ser, la hiciera llegar
previamente a esta Comisión. También nos gustaría, al menos a mí en particular, estar informado y poder estudiar las iniciativas a que
haya lugar respecto de una cuestión que desde el punto de vista medioambiental nos parece muy importante.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma i Muñoz.
La señora PALMA I MUÑOZ: En primer lugar, agradecemos a la señora ministra su presencia hoy aquí para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por su Ministerio básicamente en el desarrollo del reglamento, aprobado mediante real
decreto el pasado mes de septiembre, pero yo diría que fundamentalmente para dar respuesta, como tiene que ser, a una preocupación social, incluso socioeconómica, respecto a un tema especialmente sensible por diferentes razones.
Agradezco especialmente el relato pormenorizado que nos ha hecho la ministra, cargado de muchos detalles que ya están reflejados en el propio real decreto y también cargado de buenas intenciones y de buena voluntad, de la que no podemos
desconfiar. En cualquier caso, los gobiernos dan cuenta de sus actuaciones y de los resultados de sus actuaciones y debo decirle que, si los resultados fueran positivos, hoy no estaríamos aquí pidiéndole cuentas precisamente sobre esta cuestión ni
estaría en la calle, como ha estado en las últimas semanas.
A un mes de cumplirse los casi seis meses de entrada en vigor del real decreto que es el punto neurálgico, desde el punto de vista legislativo y administrativo, para establecer las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, así como las medidas de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas, esta historia empieza a ser ya muy larga. Si nos remontáramos a la promulgación de la norma, parecería que hace cuatro días que empezó, pero esta
historia es ya demasiado larga.
No vamos a describir ni a repetir detalles de este proceso que son sobradamente conocidos por todos, sino que vamos a ir al grano y a ver cuál es la situación actual, y la situación actual nos demuestra una vez más que lo que se ha hecho
desde el Ministerio ha sido poco, se ha hecho tarde y lamentablemente se ha hecho bastante mal. La señora ministra nos ha relatado aquí una serie de propuestas y de intenciones, que ha fijado especialmente de aquí hasta el verano para desplegar
completamente la norma, pero aunque anuncie mucho la realidad es tozuda y está llena de acontecimientos, acontecimientos recientes como ayer mismo. No sé si hoy hay alguna noticia -por lo temprano que ha empezado esta comisión, no sé si la prensa
de hoy relatará algún episodio más de esta historia-, pero ayer mismo la prensa relataba una reunión de fabricantes de equipos y operadores de telefonía con altos cargos de su ministerio. El tema a tratar era la enorme preocupación que planteaban
las operadoras a los responsables de su ministerio por las dificultades que tienen para el despliegue de las redes UMTS. La causa, precisamente la situación de alarma social por el posible efecto nocivo sobre la salud de las personas que podrían
tener las antenas, alarma social sobre la que hemos tenido una gran proliferación de expresiones a lo largo de las últimas semanas.
La respuesta del ministerio es siempre la misma: hay un real decreto aprobado. Es evidente, hay un real decreto aprobado, pero ahora empiezan a decir que son las comunidades autónomas las competentes en materia de sanidad y, por tanto, lo
que se refiere a la protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas sería un tema a resolver por las comunidades. Por otra parte, para añadir un ingrediente más, se dice que desde el ministerio -concretamente declaraciones de la
ministra- se exigirá el cumplimiento de los plazos en el desarrollo de la tecnología UMTS, con lo cual nos encontraríamos con que, dentro de pocos meses, si las operadoras no han cumplido con sus compromisos, el ministerio podría incluso ejecutar
los avales, según se ha insinuado. Para ello las operadoras deben instalar una serie de estaciones base que se añadirían a las ya existentes. Las comunidades autónomas simultáneamente despliegan sus propias normativas en el lógico y lícito
ejercicio de sus competencias y ayer mismo el Gobierno de La Rioja anunciaba que regularía mediante decreto sus competencias en este tema desde la Consejería de Administraciones Públicas. Esta comunidad se suma a las de Navarra, Baleares,
Castilla-La Mancha y Cataluña, así como a las previsiones de nuevas normativas en otros territorios de España. Por otra parte, los ayuntamientos siguen insistiendo en elaborar y aprobar sus propias ordenanzas con el intento de coordinarlas en
diferentes ámbitos como, por ejemplo, el de la Diputación de Barcelona, que es el que esta diputada conoce como más reciente. El resultado de todo ello es que, a día de hoy, existe un preocupante bloqueo del desarrollo en el sector; a la vez, el
presidente del Gobierno -acompañado a menudo por la ministra de Ciencia y Tecnología- sigue paseando por todos los rincones en los que le es posible los grandes anuncios sobre el programa INFO XXI expresando -yo diría que de forma retórica y casi
monocorde- que el acceso a los servicios de comunicación de calidad es un derecho para todos los ciudadanos y que el programa INFO XXI va a dar respuesta a todas las necesidades en este sentido. Evidentemente, el acceso a los servicios de
comunicación de calidad en todos los ámbitos, rurales y urbanos, es algo a lo que tienen derecho todos los ciudadanos, pero debe hacerse con un despliegue racional de las redes de infraestructuras y respetando unos principios fundamentales como son
el de la defensa de la salud de la población y el de la preservación del medio ambiente. Es difícilmente sostenible este equilibrio entre los tres objetivos que acabo de citar y las actuaciones que hemos visto hasta ahora por parte de su
ministerio.
No sé si hace falta que le recuerde
que, aunque usted no, el señor Aznar gobierna desde el año 1996, que el proceso de liberalización se inició con la Ley General de Telecomunicaciones en 1998 y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está haciendo la regulación sólo desde
septiembre de 2001, con lo cual hubo un vacío muy importante y un tiempo perdido que son en gran medida el origen de los males que sufrimos en este momento. Ante todas estas preocupaciones, conflictos, dudas e inquietudes el Ministerio de Ciencia y
Tecnología ha seguido mirando hacia otro lado en los últimos tiempos y, desgraciadamente, ha tenido hace pocos días ayudas poco favorables, diría yo, como las de la ministra de Sanidad, la señora Villalobos, que una vez más ha contribuido a que la
incertidumbre y el caos sean todavía mayores cuando ha dicho que la información a los ciudadanos, información fidedigna, que genere confianza y seguridad, la deben dar las propias empresas. Sólo faltaría, por ejemplo, que en el sector
agroalimentario -que es donde los ciudadanos hemos tenido en primera instancia preocupación por la protección de la salud- cuando compramos los yogures o los productos en el supermercado fueran las propias empresas las que tuvieran que garantizar su
calidad y fueran ellas las que nos dijeran que están muy bien, que no tienen ningún efecto nocivo y que no provocan ningún efecto secundario; faltaría más. Las empresas se dedican a vender sus productos y a hacer política comercial; en este caso
también las operadoras. Por tanto la Administración no puede inhibirse aquí de ninguna manera porque si no más valdría que cerrásemos los ministerios que tienen responsabilidades en la protección de la salud de los ciudadanos.
Los ciudadanos tienen necesidad de encontrar explicaciones, señora ministra, y son bastante preocupantes los datos que arrojan algunas encuestas que hemos conocido en las últimas semanas. Que no crean a los políticos es algo a lo que parece
que nos estamos habituando, aunque no es nada satisfactorio, pero en este tema algunas encuestas decían que el 70 por ciento de los ciudadanos no creía en este caso a los responsables ministeriales, a los políticos -especialmente con relación al
conflicto de las antenas de Valladolid, del colegio García Quintana-, pero es que lo más preocupante es que un 30 por ciento no creía a los expertos y esta es una percepción social respecto a temas muy sensibles que creo que deberíamos tomárnosla
muy en serio. Los ciudadanos necesitan encontrar explicaciones a todas las cosas que ocurren a su alrededor. Este es un impulso natural propio de la condición humana, saber el porqué ocurren las cosas, y cuando no se encuentra la explicación de
una forma racional y razonable se busca por cualquier camino, y eso es lo que ha ocurrido seguramente en este caso que nos ocupa. Cuando hablamos de alarma social nos estamos refiriendo a que precisamente por la desinformación, por no haber estado
donde había que estar en el momento en que había que estar se genera este tipo de percepciones que conducen en muchas ocasiones a situaciones bastante irracionales.
La situación actual es claramente de caos en el sector, de gran preocupación, de bloqueo, de descontrol, de incertidumbre, de pedir a gritos, diría, al propio ministerio que alguien ponga orden en todo esto y que alguien actúe ante la
realidad de esta alarma social que se ha generado. Por tanto pedimos a la señora ministra que nos concrete en qué tiempo, en qué forma y de qué manera se están realizando estas actuaciones que nos dice que está llevando a cabo. Es imposible
abordar aquí todos los temas. Voy a seleccionar unos cuantos para ver si la señora Birulés nos puede concretar algo más de lo que ha dicho hasta ahora. Los planes de inspección, señora ministra, estos sí que emanan directamente del real decreto en
el que se dice claramente que el ministerio los elaborará. Usted nos dice que están en ello y que hasta la fecha han elaborado 614 certificaciones, si no he entendido mal, en localidades que han suscitado interés, pero es que dicen -y tampoco hay
certeza total- que en España hay 35.000 antenas. De aquí al mes de junio, ¿cómo le va a dar tiempo a certificar todas estas antenas? ¿Quién lo va a hacer, de qué manera, con qué medios?
Nos ha hablado también de la concurrencia de competencias entre ministerios y comunidades autónomas. Señora ministra, hasta la fecha no hemos visto que esta armonización que usted planteaba como un objetivo deseable se haya producido
precisamente en los momentos más delicados y más vulnerables, es decir, al elaborar las normativas de las comunidades autónomas y las ordenanzas municipales en el ejercicio de sus competencias. ¿Va a esperar para armonizar a que todo el mundo haya
desplegado su propia normativa, con lo cual las tendremos de todos los tipos, de todos los colores, de todas las envergaduras, con todos los parámetros?
Sobre los límites sanitarios establecidos ¿cree usted que la situación que se está produciendo en este momento, donde hay diversidad de niveles permitidos de exposición a las emisiones radioeléctricas, es distinta para ciudadanos dependiendo
de cuál sea su lugar de residencia? ¿Le parece a usted lógico que esto sea así? Es decir, podemos entender que en materia de medio ambiente, sanitaria o urbanística cada administración concurre aquí ejerciendo sus competencias, pero los niveles
básicos de protección a las emisiones radioeléctricas creemos que forman parte de un derecho básico, que es el derecho a la salud, que deberían compartir en igualdad de condiciones todos los ciudadanos estén donde estén.
¿De qué forma está avanzando en esta coordinación con las comunidades autónomas? Nos ha citado el foro territorial, pero nos ha citado también una reunión con la FEMP, con la Federación de Municipios y Provincias.
Nos habla ahora de una
ordenanza tipo, cuando hace años que los ayuntamientos están intentando hacer cuajar alguna norma mínimamente armonizada sobre
este tema. ¿Ahora se dan cuenta de que tiene que haber ordenanzas? El problema de las ordenanzas municipales es ajustarse a normativas de rango superior como las de las comunidades autónomas y las del propio Estado.
Respecto a la norma del Estado habla del problema de las zonas sensibles y de la minimización de los efectos y de las exposiciones en las mismas. No se puede escribir esto en una norma de la envergadura de este real decreto, ni en la orden
ministerial, que tampoco aportó nada en este sentido. ¿Van a concretar en algún momento qué significan zonas sensibles y qué significa minimización? Porque la distancia de 100 metros no significa nada si no va acompañada de la concreción de lo que
significa minimizar. ¿Qué es minimizar? ¿Rebajar potencias el 80 por ciento, el 10 por ciento, el 40 por ciento? Aquí hay un vacío que desde nuestro punto de vista es el que está generando más incertidumbre y más desconfianza, que es establecer
zonas sensibles para ciudadanos que a ratos de su jornada están en estas zonas sensibles y a ratos no lo están. Además, la expresión minimizar conlleva muchas dificultades de interpretación. ¿O es que vamos a dejar en manos de las operadoras, de
los técnicos de turno, de las administraciones locales y autonómicas la interpretación de lo que significa minimizar?
Finalmente, señora ministra, respecto a las actividades divulgativas o planes de comunicación, como también han sido llamados, le tengo que decir que hasta ahora cada vez que se ha dicho algo desde el ministerio ha servido para sembrar más
confusión; lo poco que se ha dicho ha confundido más a la población y si no no estaríamos donde estamos. Lo poco que se ha dicho ha preocupado cada día más a las propias operadoras.
Por tanto aquí hay algo que no funciona. ¿Para cuándo los
planes de comunicación? ¿Para cuando ya se haya organizado tal lío que sea prácticamente inviable una salida razonable a toda esta confusión? La dinámica de descontrol, señora ministra, no nos lleva a nada bueno. En general, gobernar a empujones,
gobernar por impulsos o gobernar sobre la base de las necesidades que se van generando no es gobernar bien. Un buen Gobierno es el que se anticipa a lo que puede ocurrir y establece los mecanismos adecuados de intervención y de coordinación. En
este caso el tema de la coordinación es muy importante.
Voy a hacerle una pregunta para terminar. En un tema en el que la concurrencia entre agentes, sectores y administraciones es tan importante, cuándo, aparte de reuniones bilaterales que casi se convierten en unilaterales porque son
simplemente de comunicación, va a sentar alrededor de una mesa a todas las partes implicadas. Estamos hablando de comunidades autónomas, de representantes de las administraciones locales, también de representantes del sector y, sobre todo, de
representantes de su propio Gobierno. Claramente este es un tema de concurrencia interministerial. Lo que no se puede hacer ahora es decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrolla una norma, pero luego dice que es el de Sanidad el que
debe poner en marcha toda una serie de actuaciones importantísimas respecto a la protección de salud de los ciudadanos, y sale la ministra de Sanidad y dice: no, esto tampoco me pertenece porque resulta que las competencias están transferidas a
todas las comunidades autónomas. Quiero rogarle que nos concrete algo sobre esta cuestión, porque si vamos por este camino, señora ministra, no iremos bien. También quiero anunciarle, como ya es conocido, que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado en el registro de la Cámara una proposición no de ley para su debate en Pleno apuntando una vez más cuáles son, a nuestro entender, las orientaciones y las directrices que se deberían tomar para resolver este conflicto. Le ruego una vez
más que no tarde mucho, porque vamos acumulando retrasos que están haciendo un flaco favor a algo de lo que nos gusta tanto hablar, especialmente al presidente del Gobierno, que es el desarrollo de la sociedad del conocimiento. La sociedad del
conocimiento no se desarrolla teniendo el patio tan desorganizado y alterado como lo tienen en este tema.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Bienvenida, señora ministra, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la explicación que nos ha dado, una parte de la cual ya es conocida
porque consta en la documentación y en la legislación que se está aplicando, y la otra la hemos seguido con más interés ya que aportaba algún dato nuevo.
Señora ministra, el criterio de mi grupo parlamentario es que en este caso, en cuanto a la legislación relativa a la instalación de las antenas de telefonía móvil o la regulación de los campos electromagnéticos, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología ha llegado tarde. Se han ido elaborando las diferentes regulaciones en función de la movilización de la opinión pública y de la alarma social generada y, desde nuestro punto de vista, esa no es la mejor forma de generar confianza entre
los ciudadanos ante las consecuencias de la utilización de las nuevas tecnologías para la salud y el medio ambiente. Ha habido vacíos legislativos. Desde que en el año 1998 se promulga la Ley General de Telecomunicaciones, donde ya se habla de los
campos electromagnéticos y de la telefonía, hasta el año 2001 no se hace el decreto que desarrolla su reglamento y han pasado bastantes años. Además, señora ministra, hay una trasposición de una directiva que Unión Europea les obliga a hacer, cuyo
plazo cumplía en el año 2000 -luego está recogida en el decreto de 2001-, que regulaba las medidas
de los campos electromagnéticos, de las distancias y del nivel de emisiones permitido, y ustedes no lo hacen hasta el decreto de finales del año 2001; después, tiene usted que complementar ese decreto con la orden ministerial que desarrolla
algunos artículos del propio reglamento.
Esta situación ha venido precedida de alarma social y de actuaciones de los ciudadanos y de algunas administraciones, porque hay que recordar, señora ministra, que el decreto sale en septiembre, después de
que los propios ayuntamientos empiezan a establecer en sus municipios moratorias a las instalaciones de antenas de telefonía móvil ante el vacío legislativo que había a la hora de poder regularlas. En unos ayuntamientos se hacen las ordenanzas
municipales estableciendo restricciones bastante duras respecto a la instalación de estas antenas de telefonía móvil y en otros se sigue permitiendo la instalación y se genera una alarma social y una movilización por parte de la sociedad y de los
ayuntamientos. La orden del mes de enero viene precedida por una amplia y grave alarma social en una zona de nuestro país, en concreto en Valladolid. Por tanto, señora ministra, en lugar de tener una visión de lo que podría ocurrir en el futuro,
cuando ya había recomendaciones por parte de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud respecto a la regulación de la exposición de las ondas electromagnéticas, ustedes van siempre por detrás, generando muy poca o ninguna confianza
en la ciudadanía y creando ambigüedades que se siguen desprendiendo de la propia legislación.
La portavoz del Grupo Socialista ha planteado que seguimos generando inquietud y desconfianza cuando no se establecen los criterios concretos y se habla de zonas sensibles y de minimizar la exposición a los campos electromagnéticos en dichas
zonas. Habrá que esperar a que haya otra movilización o más alarma social generada de forma bastante estridente para que ustedes decidan explicar claramente qué significa minimizar las exposiciones a los campos electromagnéticos. Entonces ya
habrán creado ustedes una mayor desconfianza y será más difícil conseguir que los ciudadanos crean que la instalación de antenas de telefonía móvil o la exposición a campos electromagnéticos no daña la salud de las personas o el medio ambiente.
Además, señoría, ustedes utilizan los informes de los expertos en la mayoría de las ocasiones solamente en los apartados que les interesan y no utilizan los de aquellos expertos que dicen que sí que hay riesgos para la salud; empleando incluso los
informes de los expertos que dicen que no hay riesgos para la salud habrá que recordarle también, señora ministra, que esos mismos expertos dicen que, con los datos de los que disponen en esos momentos, no existe riesgo para la salud, pero al mismo
tiempo también les están diciendo que, al ser nuevas tecnologías y tener pocos datos, es necesario no solamente hacer seguimientos sino estudios epidemiológicos a medio y largo plazo, que será como se pueda demostrar si existe o no algún tipo de
riesgo para la salud y, desde luego, señoría, lo que se hace en todos los informes es un llamamiento al principio de precaución y a las cautelas que se deben de establecer para, en todo caso, eliminar o conseguir dejar en el más bajo nivel posible
los riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente. Por tanto, señorías, yo creo que no podemos conformarnos con que las empresas operadoras certifiquen que sus instalaciones están en las condiciones que marca la legislación
vigente, sino que además tendríamos necesidad -y desde luego, señora ministra, a mi grupo parlamentario le gustaría que las explicara con un poco más de detalle- de esos planes de vigilancia y de inspección que ha apuntado, de los que, en principio,
si yo no he entendido mal, solamente nos ha dado una fecha, la de finales del mes de abril, para acabar la primera fase, que es la que está en curso, y supongo de su intervención que al llegar a las 1.000 inspecciones será cuando pueden hacer una
valoración de resultados, que solamente van a hacer en aquellos centros urbanos con una mayor densidad de población y, por tanto, con una mayor capacidad de incidencia de las exposiciones en la población. Tras la lectura de la legislación que ha
elaborado el ministerio a los ciudadanos les queda poco claro si los controles de inspección o de vigilancia que se van a establecer solamente van a estar determinados por las operadoras o si realmente el ministerio como tal también va a intervenir.
El señor Aymerich le hacía una pregunta, a la que me sumo: ¿quiénes van a hacer los controles de inspección y de vigilancia? ¿Se van a hacer desde el propio ministerio con personal del mismo o se va a contratar con empresas que vayan a controlar
estas instalaciones? Bajo nuestro punto de vista es un tema importante.
Señora ministra, nos gustaría participar, y nos sumamos, si no a la elaboración, al menos a poder hacer aportaciones si fuera necesario, alguna idea a la orden ministerial en la que su ministerio está trabajando. Como le decía
anteriormente, si la legislación llega tarde, señora ministra, la homogeneización en cuanto a la posibilidad de ordenanzas tipo también llega tarde, porque, como se ha dicho antes, ya se han establecido ordenanzas en algunas ciudades y poblaciones y
difícil va a ser, si la normativa general es de un nivel inferior en cuanto a las restricciones que establecen estas ordenanzas, que se puedan modificar.
Por ello, señora ministra, sería necesario que desde su ministerio se tuviera una visión
muchísimo más amplia de lo que está sucediendo en nuestro país y no solamente se llevara a cabo la coordinación con anticipación, sino que además fuera capaz de sentar, como se ha pedido anteriormente, a todos los sectores implicados, incluidos los
usuarios o ciudadanos y sus representantes, para que podamos llegar a un acuerdo y establecer unos criterios que permitan que las necesidades que tienen las empresas de telefonía móvil de dar un buen servicio a sus clientes sean compatibles con las
de preservar la salud de las personas y el medio ambiente y que las
administraciones tengan claro cuál es la normativa que pueden aplicar sin generar por lo menos desconfianza o alarma social.
Señora ministra, nos gustaría que el Gobierno hubiera aplicado de una manera mucho más estricta el principio de precaución. Cuando se emitió el real decreto desde mi grupo parlamentario ya se hicieron declaraciones diciendo que en
definitiva venía a dar cobertura legal a las antenas que se habían instalado cuando todavía no había una regulación y que nosotros pensábamos que dentro de la normativa europea y puesto que hay otros países que la están aplicando, se podían haber
endurecido -por decirlo de alguna manera- o haber restringido mucho más los niveles de exposición o las emisiones de los campos electromagnéticos, puesto que eso no iba a redundar en perjuicio de las operadoras, pero sí en un menor perjuicio para la
salud de las personas y del medio ambiente. Señora ministra, ustedes siempre se acogen a que esa es la normativa europea y que es la que se tiene que aplicar, pero desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría -y eso es lo que le pedimos al
Ministerio de Ciencia y Tecnología- que ustedes regularan, ya que pueden volver a hacerlo. No han terminado de regular, quedan aún muchas lagunas y flecos. Aprovéchenlo.
Hagan un proyecto de ley que incluya todas las medidas necesarias, y
partiendo como una base de mínimos de lo establecido por la Comisión Europea y por la directiva europea, sean ustedes capaces de restringir mucho más los campos electromagnéticos, tengan muchísima más claridad y menos ambigüedad, planteando cuáles
son los campos que deben emitirse según las zonas sensibles en las que puedan estar instalados, y establezcan unos controles claros de vigilancia y de inspección desde la Administración pública y por la Administración pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quiero agradecer a la ministra de Ciencia y Tecnología su comparecencia, que era necesaria. Es preciso, señora ministra, establecer
unos parámetros objetivos de información sobre los niveles de emisión y sobre las garantías que el ciudadano quiere de los poderes públicos. En este supuesto, nuestro grupo considera que esas garantías se dan, pero que no se ha conseguido trasladar
a la opinión pública de forma adecuada esa necesaria información objetiva y con la debida exactitud.
Usted ha comparecido hoy aquí y nos ha explicado el conjunto de actuaciones, especialmente en el ámbito normativo, tendentes a garantizar la salud de los ciudadanos. Nuestro grupo parlamentario, desde la responsabilidad de este debate que
hoy estamos teniendo, considera que se está garantizando la salud de los ciudadanos. No queremos contribuir a generar mayor alarma social, porque se ha producido un debate y mi grupo, atendiendo al marco normativo que actualmente se tiene,
considera que se está garantizando la salud de los ciudadanos, pero se está explicando mal. Por tanto, yo propongo -y lo ha hecho ya mi grupo parlamentario con la presentación de una proposición no de ley- un debate objetivo y sereno, con expertos
y con una comunicación previa del Gobierno. Incluso pido al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología que, de alguna forma, ofrezca esta Comisión como un foro para celebrar con rigor unas comparecencias de expertos y de profesionales del
sector que contribuyan a dar esa confianza que el ciudadano espera. Aquí hay un debate que es el de la seguridad. Yo estoy convencido -y mi grupo también- de que la seguridad está preservada y de que la alarma social no está justificada, pero para
tranquilizar a la población de alguna forma todos tenemos que dar explicaciones más convincentes. Yo creo que en estos momentos hay un elemento positivo, y es que la telefonía móvil ha tenido un desarrollo espectacular en España, se ha incorporado
a la vida cotidiana de la mayoría de la población, es un hecho usual, todos vamos con el móvil.
Esta realidad puede ayudarnos a explicar a la ciudadanía que los niveles de emisión a los que se está expuesto son adecuados, no son peligrosos.
Le voy
a poner un ejemplo porque creo que se está explicando poco. Si ahora alguno de los miembros de esta Comisión tenemos el móvil cerca, éste está buscando una estación base; si queremos utilizar la telefonía móvil, debemos tener estaciones base,
antenas, porque las antenas son necesarias. Alguien puede pensar que cuanto más lejos esté la antena, mejor. Pues cuanto más lejos está la antena, es mayor el nivel de emisión de la estación base y del teléfono móvil de cada uno de nosotros. Esto
debemos explicarlo porque, si no lo hacemos, se puede llegar a la conclusión de eliminar las antenas porque hay demasiadas. Hay quien decía en Barcelona que se pusieran todas en Collserola. Si hacemos esto, es más peligroso y el nivel de emisión
es mayor. Por tanto, debemos dotar el debate de elementos objetivos, debemos explicar a la población que hay una normativa, que es objetiva y que se cumple, y que se está respetando la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de
1999.
Le voy a poner un ejemplo, señora ministra: la teoría del ascensor. ¿Es peligroso subirse a un ascensor? Alguien puede pensar que sí, pero casi toda la ciudadanía tiene un nivel de confianza razonable en la seguridad del ascensor. ¿Por
qué? Porque existe una normativa técnica, aunque nadie de nosotros la conoce bien. Cuando uno sube a un ascensor sabe que ahí hay una pegatina que pone: este ascensor cumple la normativa, el real decreto, la orden que sea; ha sido inspeccionado
en tal fecha y por tal empresa y la próxima inspección se realizará en tal fecha. Esta pegatina, que simbólicamente está en un ascensor, genera indirectamente una
confianza, y si ese ascensor falla, enseguida sabemos a quién reclamar, quién ha hecho la inspección y por qué ha fallado. De la misma forma deberíamos dotarnos de una publicidad en las inspecciones de las antenas de las estaciones base de
telefonía móvil.
El real decreto establece la necesidad de realizar unas comprobaciones y mediciones, pero ¿qué pasa con el plan de mediciones que llega al Ministerio? Usted nos ha informado hoy de que se va a colocar en la web del Ministerio. ¿Por qué no
hacemos publicidad en cada ayuntamiento, por qué no informamos claramente de las estaciones base que tiene en su término municipal, de las inspecciones que regularmente se hacen a las mismas y de que están cumpliendo los niveles de seguridad? ¿Por
qué no hacemos esa pedagogía? Como han dicho la portavoz del Grupo Socialista y la señora Urán, en nombre del Grupo de Izquierda Unida -y lo comparte mi grupo-, deberíamos ser capaces de concretar algún aspecto del Real Decreto 1066 para no dar
lugar a interpretaciones dispares. El artículo 8 dice que se debe minimizar en la mayor medida posible -es muy poco jurídico decir en la mayor medida posible- los niveles de emisión sobre espacios sensibles tales como escuelas, centros de salud,
hospitales o parques públicos. No es una redacción rigurosa, da lugar a interpretaciones dispares, da lugar a que un ayuntamiento diga que, como tiene que minimizar el nivel de emisión cuando está cerca de una escuela, crea una zona de exclusión
absolutamente dispar a la establecida a nivel de la Unión Europea. Debemos poner orden, debemos buscar un acuerdo entre administraciones públicas, debemos dotarnos de esa seguridad. Por eso creo que nuestra proposición no de ley ayudaría a que se
planteara este debate con rigor en esta Cámara, porque representa a la pluralidad de grupos políticos y necesitamos un consenso de todos. Mal iríamos si en cualquier aspecto de la vida cotidiana - y el móvil lo es, como lo es el ascensor que le
ponía como ejemplo - todos fuéramos diciendo lo que es peligroso y lo que no lo es, porque generaríamos una alarma gratuita y perjudicaríamos el futuro de las tecnologías.
Usted compareció al principio de esta legislatura varias veces, señora ministra, por el tema de los móviles de tercera generación, del UMTS.
¿Está en peligro el desarrollo futuro del UMTS si seguimos con este debate de las antenas? Vamos a
tener que instalar antenas con unos niveles de emisión garantizados, pero los ciudadanos no van a autorizar que se instalen en su inmueble si seguimos por esta vía. Por lo tanto, necesitamos buscar vías de consenso sobre estos temas que usted ha
expuesto aquí concluyendo, opinión que comparto, que la salud de los ciudadanos está garantizada. Asimismo, debemos garantizar que les llegue una información veraz y concreta, es decir, esa información que el ciudadano espera de nosotros. Por eso,
yo, desde mi responsabilidad como parlamentario, quiero ofrecer esta comparecencia de hoy para explicar a los ciudadanos que los niveles son los adecuados, pero que, entre todos, debemos buscar ese punto de certeza con opiniones de expertos. Usted
ha recordado que se han hecho multitud de informes, como el informe Stewart, por personas que entienden de las telecomunicaciones y que dicen que la exposición no es peligrosa si se hace dentro de esos niveles de emisión que nuestra normativa
garantiza. Por tanto, señora ministra, ayúdenos desde su responsabilidad en el Gobierno. Nosotros, desde los grupos parlamentarios, también asumiremos la responsabilidad que nos corresponde para hacer esa pedagogía y para tranquilizar a la
población.
Hay un grupo de expertos que usted conoce bien, el GRETEL, que ha hecho un informe sobre estos aspectos y hay un punto que yo quería citar para terminar mi intervención. El GRETEL nos dice que el nivel de emisión de un campo magnético al
que está sometido un ciudadano cuando habla por el móvil es muy superior al de un ciudadano que está cerca de una antena, porque la antena tiene una zona de exclusión. El ciudadano que está cerca de una antena y no habla por el móvil está sometido
a un nivel de exposición de emisión muy inferior al de cualquier ciudadano que decida hacer una llamada desde su móvil. Resulta entonces que cualquier ciudadano se atreve a hacer una llamada desde su móvil y, en cambio, no quiere la antena. Algo
falla, no nos hemos explicado bien. Por tanto, como no nos hemos explicado bien y el sector necesita del consenso de todos para dar una explicación certera y científica adecuada, yo le ofrezco la colaboración de mi grupo parlamentario para dar esa
explicación pública, rigurosa y científica; por ello, hemos presentado la proposición no de ley. Pido a todos los grupos parlamentarios que nos pongamos de acuerdo, también al Grupo Popular, que creo que gobierna en el Ayuntamiento de Ávila, donde
ha hecho una orden municipal mucho más rigurosa y más preventiva que el propio real decreto que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Pongámonos de acuerdo todas las administraciones en buscar unos parámetros más o menos aceptados por todos y
que podamos dar a la población ese nivel de tranquilidad y seguridad que todos esperamos, porque, al final, lo que todos queremos es que la normativa proteja la salud de las personas, que es el principal bien jurídico en este ámbito. Nadie quiere
poner en riesgo la salud de las personas. Si es verdad que no se está poniendo en riesgo, que es lo que creo, expliquémoslo, hagamos ese gran acuerdo y, sobre todo, aportemos rigor y datos científicos, porque si no, el ciudadano tiene esa sensación
de desconfianza que no es positiva.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Juan Manuel Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señora ministra, gracias por su comparecencia.
Quiero destacar que esta comparecencia de la señora ministra se hace a petición propia y que estaba solicitada antes de que, fuera del período de sesiones, algunos grupos solicitaran su comparecencia. Esto demuestra que es un tema que le
viene preocupando desde hace tiempo y, al preocuparle, le viene ocupando. Yo creo que en este tema ha habido una perfecta coordinación dentro del Gobierno, principalmente entre los Ministerios de Sanidad y el de Ciencia y Tecnología. Sinceramente,
si ha habido alarma social, no ha sido por actuaciones del Gobierno; a esa alarma social han contribuido algunos grupos políticos de la oposición, especialmente el Grupo Socialista, que no pierde ocasión, aunque sea en perjuicio de los intereses de
los ciudadanos, de utilizar argumentos partidistas para desgastar al Gobierno. No hay ninguna base científica para esa preocupación social y creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha actuado con prudencia y diligencia y sin alarmar, que es
como hay que actuar.
El señor Aymerich dice que este tema le ha preocupado a la ministra.
Claro, y por eso se ha ocupado, por eso está el decreto, por eso está la orden ministerial, por eso están los comités de estudio al respecto y por eso está el trabajo que
está haciendo y va a seguir haciendo -y ha anunciado la señora ministra- en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Me gustaría dejar muy claro un tema que se ha suscitado aquí a lo largo del debate: las competencias. El tema
de las telecomunicaciones es competencia exclusiva del Estado. El Estado establece la normativa básica y el desarrollo corresponde a las comunidades autónomas. Los ayuntamientos tienen competencia de tipo urbanístico, de uso industrial o de uso
residencial, pero no tienen competencia en materia de telecomunicaciones. No mezclemos las cosas. Los estándares de seguridad establecidos por la Administración son consistentes y únicos a nivel nacional. Legislación básica no quiere decir
legislación mínima, no equivale a eso, sino que los niveles son los que son y a otros efectos urbanísticos o del territorio se desarrollan.
Así pues, aquellos ayuntamientos o comunidades autónomas que establezcan por vía directa o indirecta otros
estándares diferentes a los del real decreto, sin duda alguna están obstaculizando todo el despliegue de redes, están obstaculizando la estandarización de los equipos, pueden dejar sin cobertura a sus poblaciones respectivas y están yendo en contra
de la comunidad científica internacional, lo cual no parece que tenga mucho sentido.
La portavoz del Grupo Socialista ha dicho que si los resultados fueran positivos no estaríamos aquí pidiendo cuenta. ¿Es que acaso está prejuzgando que determinadas patologías que se han producido están relacionadas con las antenas, cuando
comités científicos lo han descartado absolutamente? No se deben mezclar las competencias de sanidad, que sí que están transferidas, aunque comprendo que a ustedes aquellas competencias que crean conflicto o tienen problemas no les gusten, solo
quieren las que son positivas y van sobre ruedas; eso lo comprendo, pero esa no es la realidad. La portavoz socialista acusa a la ministra de que toda su información es monocorde. Si por monocorde se entiende homogénea, comprendo que le sorprenda
esa homogeneidad y esa coherencia de la ministra en todo lo que dice; puede que S.S. esté acostumbrada a una jaula de grillos, que es en lo que se convierte muchas veces su partido cuando opina sobre los más diversos temas. (Rumores.) La alarma
social, señora portavoz socialista, la han creado ustedes, porque anteponen sus intereses partidistas a la realidad que expresan los estudios científicos; ustedes son los que crean alarma social calificando, como acaba de hacer, de caótica la
situación, cuando, sin duda alguna, el rigor, la diligencia y la prudencia ha constituido la actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Está claro en el informe elaborado por los expertos que las patologías del colegio de Valladolid no tienen ninguna relación con las antenas. El estado de la ciencia y de las tecnologías es el que es y sin duda irá avanzando y se tendrá cada
vez mayor seguridad. En ninguna actividad humana hay riesgo cero, cruzar un semáforo ya implica un riesgo. Antes hablaba el señor Jané del ascensor, y sin duda alguna hay una falsa percepción de riesgo. Quiero recordar que cuando comenzaba el
ferrocarril se pensaba que su velocidad no podía exceder de 50 kilómetros por hora porque a más velocidad descarrilaría. Por ésta y por otras razones hay que tranquilizar a la sociedad, no alarmarla y preocuparla innecesariamente pues, sin duda
alguna, de aparecer nuevas evidencias científicas se modificarían los referidos límites a las exposiciones radioeléctricas puesto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está muy atento a ese problema. Creo que lo que hay que hacer es preocuparse
pero no alarmar a la sociedad como se ha venido haciendo hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertran): Señorías, en mi intervención he pormenorizado un conjunto de actuaciones que vienen de lejos, actuaciones que han venido acompasándose, desde el punto de vista de la normativa y
de las exigencias, con lo que ha sido no sólo desde la Ley general de telecomunicaciones una realidad sino también con la evolución que ha habido a nivel del propio paquete de telecomunicaciones y de los conocimientos en el ámbito de la salud y
científicos por parte de la Unión Europea. Es un proceso en el que hemos participado y en muchos casos impulsado. Desde ese punto de vista, señorías, no existe ni ha existido vacío legal. En todos los casos se ha llevado a cabo con la prudencia
necesaria pero al mismo tiempo con la contundencia
imprescindible para que se fueran combinando en el tiempo dos cuestiones básicas. En primer lugar, el propio desarrollo de la telefonía móvil y de la sociedad de la información, que todos deseamos que se extienda rápidamente al conjunto de
la población, y en el cual hemos de continuar insistiendo, tomando las medidas oportunas y además comunicando la importancia que tiene para el conjunto de nuestros ciudadanos para no desaprovechar las oportunidades que esta sociedad de la
información ha abierto, abre y continuará abriendo al conjunto de nuestra población. Por tanto, continuaremos adoptando las medidas oportunas y actuando conjuntamente, como venimos haciendo desde la Administración general del Estado con todas las
comunidades autónomas, las corporaciones locales, el sector privado y los distintos colectivos sociales, incluidos aquellos que tienen discapacidades, así como promoviendo su revisión a nivel de la Unión Europea, como vamos a hacer la próxima semana
en el seminario informal de Vitoria con los ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea en el propio plan Europa. Lo más importante es que todo ello se haga con confianza y que signifique realmente la protección de la salud de los
ciudadanos. En este sentido, hemos venido actuando conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como participando con los distintos equipos de científicos nacionales e internacionales, científicos desde el punto de vista de la salud
pero también científicos desde el punto de vista de la técnica. La participación en las normas técnicas es anterior incluso al año 1999, en concreto del año 1998. Esta presencia ha sido efectiva y continuará siéndolo, y desde un punto de vista
activo se ha ido trasladando a la normativa correspondiente. Podría entrar en todos los detalles, pero les quiero decir que no sólo no ha habido vacío legal sino que ha sido cubierto en la realidad, incluso anticipándose a ello, formando parte de
los comités a nivel europeo.
La cuestión, señorías, es que queremos que nuestra población tenga el conocimiento, la certidumbre y la tranquilidad de que esta nueva tecnología no tiene perjuicios para la salud. Según todos los análisis científicos, no la tiene, no hay
ningún experto que haya dicho que la tiene. Está recogido así en todos los informes y análisis y ha habido además revisiones a instancias de España por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Europea.
Otra cuestión es que, como he dicho y como está recogido en los planes nacionales de investigación, hay aspectos en los que, ante nuevas tecnologías, estas y otras, hay que continuar investigando. La experiencia aún es corta, y por lo tanto
hay que continuar investigando, como se hizo en su día respecto a cuestiones que hoy nos parecen muy normales, como por ejemplo la utilización de técnicas de construcción y materiales y de algo tan conocido como el cemento en la fatiga de las
infraestructuras. Esto es lo que estamos haciendo. Lo iniciamos en el año 2000, lo intensificamos en 2001 y lo continuamos en 2002, no sólo en el ámbito de los recursos y las líneas estratégicas del Plan nacional de investigación, desarrollo e
innovación, sino también en el próximo VI Programa marco de investigación de la Unión Europea. Hemos de continuar investigando en esta dirección y en distintos ámbitos, desde la tecnología propiamente dicha, para conseguir una tecnología óptima, a
la investigación en los ámbitos de salud, sean la epidemiología o la toxicología, en cuestiones sanitarias y biológicas. Está claro que debemos saber primero de qué hablamos y no confundirnos, empezando por esta Comisión, que debemos saber y
conocer bien y no utilizar de manera interesada, o a veces por desconocimiento, las competencias de cada una de las administraciones. Debemos entender que desde el punto de vista de las telecomunicaciones hay una competencia del conjunto del Estado
que corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología y que hay competencias urbanísticas de los ayuntamientos, competencias sanitarias y medioambientales de las comunidades autónomas, competencias y responsabilidades de ordenación del territorio
que hay que tener presentes y que hay que ser capaces de combinar. Lo que hay que saber sobre todo es que si todos estamos -y entiendo, señorías, que lo estamos- por el desarrollo de la sociedad de la información, por el desarrollo de la telefonía
móvil, por la introducción de las nuevas oportunidades que también van a significar no sólo la segunda generación y media -que ya lo está haciendo-, sino además la tercera generación, y si además queremos que el desarrollo de infraestructuras, no
sólo de la telefonía móvil, sea también ordenado en el territorio y sea valorado adecuadamente por los ciudadanos, tenemos que afrontarlo de manera ordenada y no utilizando esta cuestión como un elemento de discusión política, pues se trata al final
de los ciudadanos, de su futuro, de nuestro futuro en la sociedad de la información, y no hay que crear confusiones sobre posibles riesgos en el ámbito de la salud. Por tanto, desde este punto de vista creo que situaciones como las que se han dado,
algunas de las cuales incluso las podemos entender desde el ministerio por falta de conocimiento suficiente, en las cuales se ha intentado ver quién da más, quién hace más, mezclando competencias y creando confusión, lo único que hacen es perjudicar
a nuestros ciudadanos.
Varios portavoces han tratado el tema de las ordenanzas o de compartir el dominio público. Voy a poner sólo dos ejemplos. Desde que el ministerio existe y desde que esta ministra tiene responsabilidades en este ámbito, se ha venido
intentando aunar las voluntades desde el punto de vista del dominio público, de la creación de ordenanzas tipo. No es responsabilidad del ministerio hacer estas ordenanzas, corresponde a las distintas administraciones, en este caso a las
administraciones locales. El grado de receptividad inicial había sido muy bajo, desgraciadamente hemos tenido que esperar a una situación en la que se ha estado decidiendo
sobre estos ordenamientos jurídicos con otros motivos, cada cual en su ámbito, para que la insistencia del ministerio haya tenido receptividad.
Desde este punto de vista, creo que es básico que se desarrolle, tal como hemos acordado en este
caso, con la Federación Española de Municipios, con la cual ya en todo el último trimestre del año anterior veníamos trabajando en este sentido. Hay experiencias en algunas comunidades autónomas, con una participación muy directa desde el punto de
vista técnico, de ver caso por caso, municipio por municipio.
Por tanto, contestando a las cuestiones que planteaba el señor Aymerich, están disponibles, a través de la propia Federación de Municipios, los borradores correspondientes a esta ordenanza básica; lo están en lo que se refiere a la orden
ministerial en la que se está trabajando conjuntamente y que ha sido informada por la propia Federación de Municipios, y por tanto hay transparencia en este borrador de orden ministerial. Está también todo el trabajo de formación que viene
realizando el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, el cual además, a través del convenio que muy próximamente vamos a materializar, podrá llegar a todos los técnicos municipales de toda España. Todo ello no son responsabilidades directas,
si ustedes lo quieren entender así, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero entendemos que hemos de facilitar, y lo estamos haciendo, que los ayuntamientos tengan el máximo conocimiento desde el punto de vista de certidumbre en sus capacidades
técnicas y de interlocución, que del mismo modo que tienen conocimientos en el ámbito urbanístico tengan los suficientes conocimientos para entender y saber de qué se habla al tratar los temas relativos a las telecomunicaciones, al dominio público,
que son cuestiones que afectan directamente a sus competencias: la ordenación territorial, los aspectos a los que hacía referencia el propio señor Jané respecto a cuáles son las implicaciones de poner un mástil más alto, de poner antenas en un
árbol de Navidad o en un tejado, de moverlas, con edificios más altos o más bajos, etcétera. Los municipios quieren, cumpliendo las normas -y tienen que cumplir las suyas-, tener la máxima ordenación del territorio, la máxima ordenación desde el
punto de vista medioambiental y también desde el de dar certidumbre. Son las administraciones más cercanas al ciudadano las que tienen que tener capacidad, y les hemos de ayudar en este sentido, de dar respuesta a las preguntas que puedan hacer los
ciudadanos.
Con las comunidades autónomas hay otra cuestión, que es no mezclar las competencias relativas y no tener que entrar en un proceso de recursos de constitucionalidad o de conflictos competenciales en relación con temas sobre la mezcla entre
las competencias de carácter medioambiental, por ejemplo, o sanitarias y las de telecomunicaciones y, en general, las de ordenación del propio mercado interior. Se está trabajando bilateralmente con las propias comunidades autónomas en estos
momentos de manera concreta -además del marco general del foro- para ver, caso por caso, cuáles son los temas que les preocupan y las medidas que se han de ir tomando de modo que el foro territorial, de carácter específico, permita ordenar
finalmente una regulación de certidumbre y de seguridad en cada una de las comunidades autónomas y que sea también acorde con lo que se viene realizando con los municipios. En este sentido, señor Aymerich, no hay prohibición absoluta en zonas
sensibles; los ciudadanos no lo reclaman. Los ciudadanos necesitan tener este mayor conocimiento. Por cierto, en ningún caso se ha planteado ni por la ministra de Sanidad y Consumo ni por esta ministra ni por nadie en el Gobierno que esta
información, este conocimiento y esta seguridad se tenga que dar por parte de las operadoras. Como todas las empresas, las operadoras tienen que hacer lo que tengan que hacer y lo que la ley marca. Les corresponde a las administraciones públicas,
en este caso a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y al propio Gobierno. Habrá que dar todo el soporte, como estamos haciendo, para que esto sea realidad, no sólo en las competencias estrictas del Ministerio de Ciencia y Tecnología o del
de Sanidad y Consumo, sino en facilitar el ejercicio adecuado de las competencias, obligaciones y responsabilidades por parte de las otras administraciones. En las zonas sensibles la situación es clara, precisamente por el principio de precaución
que tenemos establecido. De acuerdo con la recomendación de la Unión Europea, lo que se hace es determinar las zonas sensibles, para las que se establece un espacio, en este caso los 100 metros correspondientes. Las zonas sensibles no son iguales,
como saben. El nivel de incidencia de un parque en el centro de una ciudad poblada, con mucho tránsito, no es el mismo que el de otro parque en otra ciudad con una ubicación geográfica distinta. Señorías, le corresponde a cada operador, en el
momento de establecer lo que es su autocertificación, cumpliendo los límites, tanto de distancia como de potencia, establecidos en el propio real decreto y en la orden ministerial, justificar esta minimización. No es un tema de competencias de los
ayuntamientos, sino de lo que es la norma de telecomunicaciones.
Si minimizar se pudiera estandarizar para todos los ámbitos, realmente estaría hecho, señorías; sería bastante más fácil desde un punto de vista incluso procedimental. Pero repito
que cada operador tiene que autocertificarse. Esta es una novedad importante. La responsabilidad es claramente del operador. Esto da transparencia, da conocimiento y debe dar tranquilidad al conjunto de la población.
En estos momentos -y ustedes lo han de conocer- en España y en el resto de Europa las antenas y las estaciones base están censadas desde un punto de vista técnico, de difícil comprensión por tanto para el ciudadano medio.
Lo que estamos
haciendo ahora es transformar este censo en algo que sea transparente, que se pueda conocer, que se pueda, como he dicho, acceder a una
base de datos, conocer la dirección, el sitio, la distancia, la altura, la potencia, la fecha de su certificación, la fecha de su inspección.
Queremos que todo esto sea comprensible por parte de los ciudadanos.
Están delimitadas las zonas
sensibles y además está establecido de manera clara qué ocurre con la acumulación en un espacio determinado de varias antenas, cómo se mide. Esto es lo que ha establecido la orden. Son cuestiones novedosas que se han tenido que ir adecuando, y así
se ha hecho, en función de la rapidez del despliegue de la telefonía móvil y en particular de la intensidad y conocimiento de lo que es no sólo la telefonía móvil, sino otras tecnologías que se han introducido en el mercado. Hablamos demasiadas
veces, para simplificar, de telefonía móvil.
Estamos hablando de todas las telecomunicaciones que tienen emisiones radioeléctricas y no sólo afecta a la telefonía móvil; se ha de tener en cuenta la existencia de telefonía fija vía radio o de las
propias antenas de televisión.
Hablar en estos momentos de seguros de responsabilidad civil, señorías, es desviar el asunto y confundir a la población. Nuestra obligación es que haya normas claras -como hoy lo son-, que se establezcan los límites y que se conozca por
parte de la población qué es lo que ocurre si estas normas no se cumplen, que conozcan los procesos de inspección, los planes de inspección, las responsabilidades de los propios operadores. Nosotros no debemos transmitir a la población que el
proceso de riesgos que existe en la vida cotidiana -ustedes lo han dicho, señorías, en sus distintas intervenciones- se soluciona con constantes seguros de responsabilidad civil. No confundamos, hagamos un esfuerzo de avanzar en la dirección de
clarificar esto a la población. No lo utilicemos como arma política; expliquemos y aclaremos, incluso ayudemos a las instancias, aunque sean los municipios más pequeños, a que tengan no sólo unas normas adecuadas, sino la capacidad de dar
respuesta a las preguntas de la población.
Tengo que decir -y quiero responder de manera clara porque es una pregunta que han hecho explícitamente la portavoz del Grupo Socialista, la portavoz del Grupo de Izquierda Unida y el señor Aymerich- que la inspección se realiza por los
inspectores del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que tiene, además, su distribución territorial; están los inspectores centrales con su soporte de equipos técnicos y, como debe ser en este caso, con el soporte administrativo. Existe un plan de
inspección. Este plan, como he dicho y reitero, se está llevando a cabo, además con información -está comprometido así e incluso es obligatorio según el real decreto- y es transparente ya que todos sus resultados se van comunicando a los
ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Por tanto, en la medida en que se vaya desarrollando va a ser conocido no sólo en sus previsiones sino en sus resultados, con el compromiso de que haya un informe anual de los operadores y del Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Hoy hemos visto que las 614 inspecciones que ya se han realizado a finales de enero han producido una gran certidumbre y sus resultados son conocidos por todos los municipios y por las comunidades autónomas en las que se
han venido realizando. Este plan de inspección incluso ha adelantado y priorizado -porque también lo han planteado así los propios operadores- todo el proceso de certificación de las zonas sensibles, precisamente para dar mayor certidumbre a la
población que quiera saber cuál es la situación y poderles dar a conocer cuanto antes, caso por caso, los resultados obtenidos en escuelas, parques, geriátricos, hospitales, etcétera.
A la portavoz del Grupo Socialista, que ha preguntado en qué tiempo y de qué forma estarán hechos estos planes de inspección de las zonas sensibles de todas las ciudades con mayor volumen de población, le tengo que decir que a más tardar
estarán hechos a finales de abril y en paralelo se va haciendo la inspección de las certificaciones que vayan presentando los operadores. Esto quiere decir que, antes de finalizar el plazo establecido por el real decreto para los operadores, no
sólo estarán autocertificadas e inspeccionadas las zonas sensibles sino que además estará inspeccionado el conjunto de antenas existentes antes del real decreto. Por tanto, los planes de inspección son más que suficientes para que haya certidumbre
en el conjunto de la población. A través de este acuerdo que vamos a firmar próximamente, se facilita al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones la movilización de técnicos, para que todos aquellos que quieran tener en sus municipios
mediciones adicionales de las antenas encuentren la máxima disponibilidad, incluso si en su territorio, en los municipios o en las diputaciones, no disponen de técnicos.
Como nos decía el portavoz de Convergència i Unió, necesitamos que llegue más aún al conjunto de la población. Pero para hacer eso, entre todas las administraciones, que es lo que estamos intentando con mayor intensidad en estos momentos,
se requiere que éste sea el objetivo, que el objetivo no sea otro; que claramente sea el objetivo y que seamos consecuentes con el interés y con el convencimiento político de que nuestra sociedad tiene que poderse aprovechar de las ventajas que
permite la sociedad de la información y la telefonía móvil y que lo haga con la certidumbre de que además está protegido. En lo que hace referencia a las terminales móviles, están contempladas, y he hecho referencia en mi intervención, no sólo sus
certificaciones técnicas, sus inspecciones, sino además la transparencia en el conocimiento por parte de los ciudadanos.
Podría entrar, señorías, en otras cuestiones a las que ustedes han hecho referencia, pero me desviaría de lo que es el objetivo claro -espero que así sea- de todos los miembros de esta Comisión representantes de las diversas fuerzas
políticas, que es que nuestra población pueda beneficiarse del desarrollo de la telefonía móvil y de la sociedad de la información y que lo haga con la
certidumbre de que está no solo bien protegida, sino suficientemente bien informada, con la máxima confianza. Este es el objetivo del Gobierno, confío en que sea también el de los grupos políticos aquí presentes y que se materialice en las
distintas administraciones, ya sean locales o autonómicas. Espero, señorías, su colaboración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra durante dos minutos la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor presidente, en esta segunda intervención, lo único que quería decir a la ministra es que tiene un problema, que se ha evidenciado en este debate. El portavoz del Grupo Popular ha puesto la pelota en su tejado
claramente cuando ha apelado a que las competencias básicas, y no mínimas, en materia de telecomunicaciones son las suyas.
Además, tiene usted un problema porque muchas de las cosas que usted dice no coinciden o no sintonizan con las expresiones
que escuchamos del Partido Popular y, concretamente hoy, del diputado que ha tomado la palabra en nombre del Grupo Popular. Acusa al Grupo Socialista de utilizar argumentos partidistas, cuando en ningún momento, en el ánimo de esta diputada ni en
la actuación del Grupo Socialista en esta Cámara, a lo largo de todo este proceso, hemos sido partidistas ni hemos generado alarma social. Cumplimos con nuestra obligación de ejercer el control sobre la actuación del Gobierno. El diputado del
Grupo Popular es muy libre de considerar, de valorar como riguroso, eficaz y prudente el comportamiento del ministerio, pero el Grupo Socialista supongo que estamos también legitimados para hacer todas las observaciones que nos parezcan
convenientes.
Hay dos cuestiones que me parecen muy importantes, señora ministra, y que tampoco coinciden con lo que han dicho desde el Grupo Popular. Respecto a las comunidades autónomas, usted habla de no mezclar competencias, de aclarar. Es lo que le
pedimos, que se sienten juntos y que aclaren cuál es el marco normativo, el marco de actuación y qué papel juega cada uno en esta cuestión. Desde el Grupo Parlamentario Popular le han dicho -no sé qué piensa usted sobre esto- que las normas
promulgadas por las administraciones locales y autonómicas están obstaculizando el despliegue; yo he entendido que hay una acusación directa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de ser ellos los culpables.
Esto me parece bastante
grave. Quería saber si piensa que la norma dictada por el Ayuntamiento de Zaragoza -que, si no me equivoco, está gobernado por el Partido Popular- le parece una norma que está obstaculizando el despliegue.
Respecto a los planes de inspección -que está claro que es competencia suya-, nos ha dado unas cifras. Nos dice que a día de hoy han realizado 614, que en abril tiene previsto llegar a las 1.000. Si tenemos en cuenta que en España en este
momento dicen -aunque no está muy claro- que hay 35.000 antenas, ¿cuántos inspectores va a necesitar usted para llegar al mes de junio, que es el plazo que se ha fijado, y haber inspeccionado las 35.000 antenas? Un cálculo por encima nos lleva a la
conclusión de que tardaría más de diez años en realizar estas inspecciones. Me gustaría asimismo que aclarara si estamos hablando de autocertificaciones o de inspecciones, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es que las propias operadoras
autocertifiquen que cumplen los requisitos, cosa que sería indispensable para tener las autorizaciones pertinentes, y otra cosa es ejercer el control a través de las inspecciones desde el propio Ministerio. Este es el centro neurálgico de la
cuestión, cómo se ejerce el control. Querría que nos aclarara esto y que nos dijera, en aras a la transparencia de la publicidad de la comunicación de la que nos ha hablado y de la que están en estos momentos tan impuestos, cuándo vamos a tener en
la web del ministerio la información sobre los planes de inspección. También le pedimos que suministre a la Cámara, ya que ha dado por supuesto que este plan de inspección existe -y supongo que estará escrito-, los ejemplares necesarios para poder
hacer un seguimiento y ver cómo van evolucionando. El ánimo es constructivo, no como la intervención que hemos escuchado haciendo acusaciones. Yo pediría que ante este tema estemos todos tranquilos, serenos y razonables, porque con exabruptos y
con según qué tipo de acusaciones y actitudes no contribuimos para nada a generar confianza en las instituciones y tranquilidad a los ciudadanos y a los agentes del sector.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, dos minutos.
El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, haciendo caso omiso de lo dicho por el portavoz del Grupo Popular, porque lo que debía haber hecho es interpelarle a usted y no leernos la lección a los grupos de la Cámara.
La lección se la leyó
ayer el señor Aznar y debe ser que aún le continúan los efectos.
Sobre esa confianza científica, ese optimismo en descartar cualquier tipo de consecuencia negativa o de perjuicio para la salud de las emisiones radioeléctricas, el principio de precaución debería llevarnos a alguna reflexión mayor, sobre
todo porque, si existe un real decreto, si existe normativa comunitaria, si los propios informes hablan de este principio de precaución y de que aún no existen estudios epidemiológicos porque no hay una experiencia ni hay un período de tiempo
necesario para que existan acerca de la incidencia de las emisiones de las radiaciones no ionizantes sobre la salud, yo recomendaría una mayor prudencia y una mayor atención a este principio de precaución. No es que nos opongamos, en absoluto, al
despliegue de la red, pero no puede ser a cualquier precio y hay valores superiores
-así lo tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Superior de Castilla y León- al despliegue de la red.
En cuanto a las competencias municipales y autonómicas, los municipios tienen competencias urbanísticas, pero también tienen competencias sobre actividades clasificadas que tendrán que ejercer. Ordenanzas tipo. No sé si las ha elaborado su
ministerio ni si ahora hay una gran demanda. Sé que en Galicia, por consenso de los diferentes grupos políticos representados en ese organismo, también del Partido Popular, hay una ordenanza tipo de la Federación Galega de Municipios y Provincias
que aborda todas estas cuestiones, no sólo las urbanísticas sino también las medioambientales, las sanitarias y lo que se refiere a las actividades clasificadas, y está siendo adoptada por bastantes municipios.
No quiero incidir en lo que ya dijeron o dirán, con toda seguridad, otros portavoces con relación al seguro. Hay actividades, como conducir un coche o construir una casa, aunque podríamos hablar de muchas otras, que, en la medida en que
crean un riesgo, este debe ser asegurado. Para eso está en nuestra sociedad el seguro de responsabilidad civil. No es para evitar que esas actuaciones se realicen sino para, en el caso de que a esas actuaciones siga un daño, cubrir a quien tenga
obligación de soportarlo y garantizar, como mínimo, un resarcimiento económico. En estos dos ejemplos que he puesto, construcción de casas o conducción de vehículos a motor, aún estaría más justificada la existencia de un seguro de responsabilidad
civil porque, después de la reforma del año 1999 de la Ley del procedimiento administrativo y del régimen jurídico de las administraciones públicas, Ley 30/1992, se establecen cambios en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas diciendo algo parecido a que no serán indemnizables los daños sobre los que en el momento de producirse no exista evidencia o certidumbre científica acerca de ellos. Este es el caso típico, pero podríamos hablar también de daños provocados
por medicamentos y de otros casos. Por tanto, no hay cobertura en este caso de la Administración. Es lógico que la haya por parte de los operadores, a través de un seguro de responsabilidad civil, y le repito que, con el regalo que les hicieron
rebajando la tasa radioeléctrica, no creo que tengan ningún problema en pagar la prima. Eso contribuiría no a alarmar, sino al revés, a tranquilizar a los ciudadanos. Sería un elemento más porque la gente sabría que los primeros interesados en que
el daño no se produzca serían las operadoras. Para eso están los seguros.
No creo que tampoco aquí haya por qué dar a las operadoras o a esta actividad en concreto un trato de favor.
Acerca de si la gente no pide prohibiciones absolutas alrededor de las zonas sensibles, no sé si tienen ustedes alguna encuesta o se hizo algún tipo de referéndum. A mí me parece que es una demanda no sólo de la gente sino también de esos
propios informes, que, cuando recomiendan evitar que se produzcan emisiones o radiaciones no ionizantes en esas zonas, están estableciendo prohibiciones de instalación de antenas o de estaciones radioeléctricas en sus proximidades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Solamente quiero referirme muy brevemente a la portavoz socialista, que dice que no ha calificado la situación. Ha calificado la situación de caos. Ahí está el 'Diario de Sesiones'. No sé si ella encontrará un
sustantivo más descalificador para la labor de un ministerio o de una ministra. Dígame usted si eso no es crear y contribuir a crear alarma social.
No he dicho que las comunidades autónomas y los ayuntamientos estén obstaculizando la labor, sino que pueden obstaculizar el desarrollo. La ministra ha dejado muy claro que hay una amplia cooperación con otras administraciones públicas para
homogeneizar el tratamiento de esta materia. Sin duda alguna -y es lo que he dicho- la legislación básica corresponde al Estado y el desarrollo a las comunidades autónomas. En las competencias urbanísticas de ordenación del territorio y de
protección del medio ambiente de los ayuntamientos pueden establecerse condiciones para emplazamiento de mástiles y antenas o de determinadas distancias mínimas, etcétera, pero siempre que no contradiga la legislación básica.
Eso es lo que he
querido decir.
Por lo que respecta al señor Aymerich, no creo que pueda decirme cómo tengo que desarrollar mi intervención. Por otra parte, quiero decirle que mi grupo está muy orgulloso de las reflexiones que ayer hizo el señor Aznar en la reunión del
grupo parlamentario porque, si las llevamos a la práctica, podremos volver a contar con la amplia confianza que nos dieron los ciudadanos en el mes de marzo del año 2000.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertran): Señor portavoz del Grupo Socialista, la ministra no tiene ninguna contradicción con el grupo que da soporte al Gobierno. En mi intervención he puesto el énfasis en que hemos de
conseguir no sólo el objetivo de que nosotros sepamos que la población está protegida, sino de que ésta se sienta con la confianza de que lo está y tomemos las medidas que hemos ido adoptando desde hace tiempo. No quiero tener protagonismo de
ningún estilo en ninguna ordenanza, sino que quiero facilitar la colaboración desde la responsabilidad política y el estricto cumplimiento -que es la manera de hacer las cosas- de los distintos ámbitos competenciales, sabiendo que hay
administraciones que están mucho más próximas a los ciudadanos, desde el punto de vista de sus integrantes, que tienen que
tener, incluso a título personal, un nivel de conocimiento superior del que tienen; para que esto ocurra, en un marco en el que se desarrolla la sociedad de la información. No voy a entrar en los casos en que se ha utilizado esto como arma
arrojadiza, y hay muchos. Sólo hay que recordar el caso de Valladolid, en el que no quiero entrar. Corresponde al plan de inspección hacer lo que le he dicho. No voy a discutir si 35.000 antenas o no, pero le voy a decir que este censo por
potencia está siendo hecho para que sea conocido por los ciudadanos, que no necesitan ser técnicos, con todas las facilidades y los elementos de la comprensión. Les rogaría que entendieran bien y se estudiaran -porque, si no, difícilmente lo
podremos transmitir adecuadamente- la definición de autocertificación. La autocertificación es la que hacen los operadores y es tener una responsabilidad adicional, no sólo cumplir la norma y esperar a que se le inspeccione, sino decir por
adelantado de forma transparente a los ciudadanos que la antena que tienen al lado de la escuela, del jardín, encima de la terraza o la que estamos ofreciendo -renovación e instalación- cumple exactamente las normas; no sólo cumplen las nuevas
-porque, si no, no estarían autorizadas-, sino que cumplen las existentes, y además el operador se compromete a que van a seguir cumpliéndose con cualquier modificación, aunque no sea responsabilidad suya, porque en el mismo terrado se ha puesto una
antena de otra compañía. La norma conjuntamente -y forma parte de los principios de precaución-, por encima de la norma comunitaria -porque no es el mismo nivel de antenas de televisión que tiene España que el de otro país europeo, comparado con
igual despliegue de telefonía móvil-, no sólo es clara, sino que ha contemplado circunstancias especiales que nos permite actuar con precaución. Sepamos que esa autocertificación -no sólo voluntariamente, sino de forma obligatoria- va a ser
conocida y transparente para los ciudadanos y lo van a hacer no sólo las operadoras, que es inteligente que lo hagan, sino que la responsabilidad y la credibilidad ante los ciudadanos -y tenemos encuestas sobre ello- es de las administraciones en
plural. Desde el punto de vista competencial, como sabe la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad de la información la protección de los ciudadanos, el Gobierno va a asumir la responsabilidad política que nos corresponde y a
facilitar, más allá de nuestras competencias, ordenadamente, que esto se pueda desarrollar desde el punto de vista de las distintas instancias de las administraciones públicas. También le diría a la portavoz del PSOE que debemos entender qué dice
el real decreto, cómo se hacen las inspecciones y de qué estamos hablando. Respecto a las inspecciones, el real decreto dice no sólo que se tienen que autorizar las nuevas instalaciones, de acuerdo con el cumplimiento de la norma, sino que nos
debemos autoimponer la revisión de lo que es todo el parque existente, exigiendo en el mismo período de tiempo esta autocertificación. Nueve meses son los que tienen los operadores para autocertificarse. Dentro de estos nueve meses, los operadores
han planteado al ministerio acelerar este proceso de autocertificación, empezando por las zonas más pobladas y sensibles. En el plan de inspección, el ministerio ya había priorizado, independientemente de la operación de los operadores, el que las
inspecciones empezaban con independencia de su autocertificación, como se ha venido haciendo en las zonas más sensibles y pobladas, dando respuesta a aquellas peticiones de los ayuntamientos, instituciones públicas o privadas que han solicitado que
se adelantaran.
En lo que se refiere al parque de antenas existentes, se requiere hacer la inspección por un muestreo estadísticamente significativo y así el proceso estará hecho no sólo de acuerdo al real decreto, sino al proceso adelantado en el tiempo.
Estimamos que es un elemento de certidumbre y confianza para los ciudadanos, hecho siempre con total transparencia y conocimiento. No sólo se trata de transparencia para cumplir la norma, sino de que los ciudadanos lo entiendan claramente. Este es
el enfoque y el proceso a seguir. Les aseguro que el Gobierno no va a escatimar esfuerzos. Afortunadamente, tenemos una población innovadora que entiende bien y se beneficia de estas innovaciones, pero que necesita podérselas creer. No tengan
tentaciones de utilizar estas cuestiones para otro tipo de debates y no para la finalidad importante que todos compartimos de desarrollo de la sociedad de la información y de protección de nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su presencia hoy aquí.
Continuaremos la sesión con las preguntas. En primer lugar, entraremos en las números 6, 8 y 9; después las números 4 y 5 juntas y finalmente la 7.
(Pausa.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS FISCALES ADOPTADAS SOBRE EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (Número de expediente 181/001310.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día con las preguntas. Damos la bienvenida e esta Comisión al señor subsecretario de Ciencia y Tecnología, don Carlos González, quien contestará a las preguntas.
En primer lugar, para formular la pregunta que corresponde al número 6 del orden del día y que se refiere a los efectos de las medidas fiscales adoptadas sobre el sistema de ciencia y tecnología, tiene la palabra don Jaime Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Bienvenido, señor subsecretario.
Esta pregunta tiene exclusivamente un carácter informativo, porque hemos dirigido algunas preguntas para respuesta escrita queriendo evaluar uno de los aspectos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología más destaca en su labor, que es ese
marco de incentivos fiscales para favorecer que haya una mayor inversión del sector privado en I+D+I. No ponemos en cuestión, hasta el momento, ni las medidas ni los efectos porque no los conocemos.
En esas preguntas para respuesta escrita se
pedían datos como, por ejemplo, la valoración previa de gastos en proyectos de I+D y de innovación tecnológica por la Administración tributaria o los efectos que la propia Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social han tenido. En el
segundo caso no se nos han facilitado datos argumentando que hasta finales de este año la Administración tributaria no tendría dichos datos y los resultados que se nos han facilitado en la primera medida, esa valoración previa de gastos, tampoco
parece que sean demasiado buenos, por lo menos en la valoración inicial. Sabemos que nuestro país está en una situación bastante mala en lo que a innovación se refiere. La ministra ha dicho en sede parlamentaria que tenemos el marco fiscal más
favorable a las empresas de toda la Unión Europea y nosotros queremos saber si ese esfuerzo normativo o legislativo para dar ese marco fiscal, el más avanzado de la Unión Europea, sirve realmente para algo, porque sería una gran paradoja que con el
marco fiscal más avanzado sigamos estando a la cola de Europa en inversión en I+D. Nuestro interés es meramente informativo. La pregunta está claramente planteada en el enunciado que ha hecho el presidente de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (González-Bueno Catalán de Ocón): El Ministerio de Ciencia y Tecnología comparte la preocupación de S.S. y le gustaría que los esfuerzos que ha realizado para que el marco fiscal de incentivo
de I+D+I en España, que ha sido calificado no sólo por nosotros como el más favorable de Europa, surta todos sus efectos y que sean evaluables en el más breve plazo posible. Señoría, el efecto económico de los beneficios fiscales no puede ser
medido en el corto plazo. Los incentivos a la investigación, el desarrollo y la innovación requieren un tiempo de asimilación por el tejido empresarial, e incluso de adaptación y maduración por parte de éste; de ahí que la valoración de sus
efectos reales no pueda hacerse en los ejercicios que siguen inmediatamente al de su introducción. También requiere algún tiempo la recogida, ordenación y análisis de todos los datos tributarios, que son meramente cuantitativos.
Ruego a S.S. que tenga en cuenta que las declaraciones correspondientes al impuesto sobre sociedades del ejercicio fiscal 2000 finalizaron su período de declaración el 20 de julio de 2001 y que es mucha la información que hay que procesar y
analizar. Por ello, no disponemos aún de una información que sea suficiente para valorar la incidencia sobre el sistema científico tecnológico de las desgravaciones en I+D+I previstas en la Ley 55/1999 y en el Real Decreto 2060/1999, que se
aplicaron en el año 2000. Pero sí disponemos de la opinión de las empresas y de otros agentes del sistema científico tecnológico que evidencian la muy favorable acogida y el interés por estos incentivos. Nadie pone en duda -y nos gustaría que
tampoco lo hiciera S.S.- que estos incentivos son un factor coadyuvante de la realización de actividades de I+D+I por las empresas. Por eso introdujimos a través de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, mejoras muy significativas en las desgravaciones fiscales por realización de las actuaciones de I+D+I.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍAZ: Señor subsecretario, me he quedado como estaba.
Usted sabe que nosotros compartimos una parte del discurso del ministerio y creemos que hay que hacer todo lo posible para que el sector productivo invierta en
I+D+I. En este sentido, hay que tomar las medidas oportunas, pero la pregunta es por qué somos los más avanzados no diré del mundo pero sí de la Unión Europea en un marco fiscal, pero somos los más retrasados cuando invertimos en el gasto público en
I+D. ¿Queremos corregir con esas medidas de una manera mágica lo que es un problema endémico de nuestro país, que habrá que corregir entre todos en algún momento? ¿Por qué se ha ido tan allá? Países con tradición, como pueden ser Alemania, Francia
o Gran Bretaña, tienen un marco fiscal que es, entre comillas, menos avanzado que el nuestro, pero lo que hacemos nosotros es crear casi exclusivamente ese marco fiscal. Esa es mi duda.
Ideológicamente no tengo nada en contra de lo que se está
planteando, me parece razonable, lo que no sé es cómo se va tan hacia delante y no se mide. Usted me dice que la medida ha tenido una favorable acogida para las empresas. Sería el colmo que no fuese así cuando se las está beneficiando fiscalmente.
Yo sé que no se pueden medir los efectos a corto plazo, en eso tiene usted razón, pero habrá que ver las tendencias.
En la valoración previa de gastos en proyectos de I+D y de innovación tecnológica por la Administración tributaria a mí me
preocupan un poco las tendencias. Los datos son del Gobierno. En el año 2000, según estos datos, se aprobaron 15 proyectos, de los cuales 11 iban dirigidos a I+D y 4 a innovación tecnológica; el dato que poseo ahora mismo para el año 2001 es de
octubre, porque es cuando me contestaron la pregunta, y solamente hay 3; 2 en
I+D y 1 en innovación tecnológica. Esta tendencia no me gusta; a lo mejor resulta que en lo que quedaba de octubre, noviembre y diciembre se ha llegado a tener un número importante en la medida que tiene que ver con lo que estamos
hablando, pero esa tendencia es preocupante. ¿Tiene alguna valoración el ministerio y, si es posible, me puede ampliar los datos para finales de año? Por supuesto, yo curso la pregunta para respuesta escrita, pero como estamos en el Congreso y las
cosas de palacio van despacio - aunque tengo que reconocer, señor subsecretario responsable de esos temas, que ha mejorado bastante en la última etapa-, no tengo todavía la respuesta. Quince aprobadas en el año 2000; a octubre de 2001, sólo 3. La
tendencia es preocupante. ¿Cómo ha terminado el año? ¿A usted no le parece preocupante esa tendencia? ¿Qué explicaciones hay?
Respecto al segundo gran apartado, que tiene que ver con la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, es cierto lo que usted dice acerca de que el ejercicio se acaba en junio. Yo no soy experto en cuestiones que tienen que
ver con la Agencia Tributaria, pero dicen que hacen falta seis meses para verter en soporte informático los datos de desgravación del impuesto sobre sociedades, etcétera. Yo no lo voy a poner en duda, pero los seis meses que se citaban en la
respuesta a la pregunta escrita a la que me he referido anteriormente han pasado ya hace un par de meses, y hemos vuelto a solicitar esa información, que no tenemos todavía. ¿No tiene usted ninguna información sobre cómo ha afectado al impuesto
sobre sociedades? Las noticias que a mí me llegan no son excesivamente optimistas, no están contrastadas.
Termino ya. Ustedes saben que seguimos teniendo un retraso importante en innovación tecnológica y que el último informe de la Unión Europea dice que se debe al bajo nivel de inversión en I+D en el sector público y en el privado; a que
tenemos escasez de patentes de alta tecnología y un bajo índice de acceso a Internet. Hay aspectos que son preocupantes y necesitamos saber -y creo que ustedes también, como Gobierno- cuáles son los efectos de las medidas de carácter fiscal que han
tomado. Además de esas medidas deberían aumentar, como hemos venido diciendo, el gasto público en I+D, y yo creo que eso sigue siendo una asignatura pendiente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos González.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (González-Bueno Catalán de Ocón): Señoría, coincido con bastantes de las valoraciones que ha hecho, y no sé si eso debe invitarme a la preocupación o no. Dice S.S. que no existe una
correlación entre los gastos que en España se hacen en I+D+I y los que se hacen en el conjunto de Europa y los incentivos que existen en nuestro país y en el conjunto de Europa. Señoría, eso es lógico, como debe ser. Precisamente, los tributos y
los incentivos fiscales son una herramienta de política fiscal pero también económica: se incentiva aquello que hay que incentivar. Si fuésemos un país ejemplar en este plano puntero en Europa, no tendríamos que introducir esos incentivos.
Precisamente cuanto menor sea el gasto que realizan las empresas, más hay que incentivarlo, y el día que lleguemos a la media europea o incluso la superemos y estemos a la cabeza de los países europeos, probablemente tengamos que relajar esos
esfuerzos. A mí me parece que es natural; quizá lo contrario sería lo preocupante.
Señoría, comparto también su impaciencia, porque en el fondo el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el que más prisa tiene por conocer estos datos, por varios motivos. En primer lugar, porque nosotros no somos pesimistas en cuanto al
resultado que puedan arrojar, sino más bien muy optimistas y creemos que nos va a dar la razón acerca del acierto del enfoque que hemos dado; en segundo lugar, porque no estamos exentos de cometer errores y a lo mejor los datos nos permiten
introducir mejoras e ir perfeccionando un sistema que creemos que ya es el más favorable de Europa pero que, sin duda, es susceptible de ser mejorado.
Voy a ver si logro ser un poco más concreto. Los resultados que ofrecen los datos del INE de las encuestas de I+D y de innovación tecnológica en las empresas correspondientes al año 2000 muestran unos avances muy notables respecto a los
resultados de las encuestas anteriores y un acercamiento a los objetivos estratégicos del plan nacional para el año 2003. No estoy diciendo que estos avances se deban a nuestras medidas fiscales exclusivamente, no sería exacta esta afirmación.
Insisto en que el efecto de éstas sólo puede valorarse a un plazo más largo, pero cabe razonablemente presumir que el incremento de los gastos en I+D de las empresas que refleja esta estadística del INE también guarda una relación directa e
importante con el marco fiscal que hemos impulsado. Lo que es evidente es que la política de apoyo a la innovación que está realizando el Gobierno está dando notables resultados. Así, por ejemplo, de la referida encuesta resulta lo siguiente: el
gasto de I+D respecto del PIB pasa del 0,89 por ciento en 1999 al 0,94 por ciento en 2000 -recuerdo que el objetivo para 2003 es del 1,29 por ciento-; el gasto en innovación tecnológica de las empresas sobre el PIB pasa del 1,29 por ciento al 1,67
en 2000, y también aquí el objetivo para 2003 es del 2 por ciento; finalmente, el porcentaje de empresas innovadoras respecto del total de empresas pasa del 10 por ciento en 1998 al 19,7 por ciento en 2000, lo cual es prácticamente duplicar el
indicado porcentaje y acercarnos muchísimo al objetivo del 25 por ciento en 2003.
Por lo que se refiere al montante concreto que supone las desgravaciones fiscales a las actividades empresariales de I+D+I, no disponemos aún de esos datos y ojalá -y me consta que la Agencia Tributaria está trabajando duro- pueda
suministrárselos en un plazo muy breve.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CANTIDAD DEL PRESUPUESTO DE 2001 CORRESPONDIENTE A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) DEL PLAN NACIONAL QUE HA SIDO DEVUELTA AL TESORO PÚBLICO.
(Número de expediente 181/001329.)
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FINANCIACIÓN INGRESADA EN EL AÑO 2001 POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR LOS NUEVOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
ADJUDICADOS ESE AÑO. (Número de expediente 181/001330.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las preguntas 8 y 9, -la Mesa decidió tramitarlas conjuntamente-, correspondientes a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el año 2001.
Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Esta sería la típica pregunta, entre comillas, para hacerla escrita, si no hubiera ocurrido algo preocupante, y es que hay un malestar importante dentro de la comunidad científica en la gestión del plan nacional
durante el año 2001, porque ha habido un retraso considerable y porque hay alguna luz de alarma que expondré. Esto siempre va derivado de la mala gestión.
Lo que yo le pido es que pueda usted ser lo más concreto posible. No le pido que me desgrane cifras, porque no sería el contenido de una pregunta para respuesta oral, pero sí que me dé algunos datos. ¿Por qué le digo esto? Retraso. Ha
habido una serie de asociaciones científicas -no lo dice el Grupo Socialista, son esas ocho sociedades científicas que representan unos 2.000 investigadores en el área de la biomedicina- que se han quejado de ese retraso, que han hablado
directamente de caos en la financiación de la investigación biomédica. Lo que le pregunto concretamente es cómo ha sido esta gestión, ¿se ha pagado en el año 2001 una sola peseta -fíjese qué fácil se lo pongo- de proyectos de primera anualidad de
ese año 2001? Creo que la respuesta es que no. De las segundas y terceras anualidades que tenían que pagar en el 2001 ¿se ha pagado algo? ¿Qué cantidades, por lo menos en porcentajes? Para avanzar un poco más, si no se ha pagado -ya sé la
respuesta, porque no se pagó a finales del año pasado-, ¿en qué estado de la cuestión nos encontramos?
Segunda gran pregunta. Tengo entendido, según mis datos, que se va -entre comillas- a perder dinero. ¿Qué significa perder dinero? Que un dinero que, por fallos de gestión, no se ha gastado se incorpora al Tesoro público, y no pierden el
dinero los españoles -entendámoslo bien-, pierde dinero el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se perjudica a los investigadores. Yo creo que va a perderse bastante dinero. Le pregunto cuánto dinero se ha devuelto al Tesoro público por no haberse
gastado.
Si me contestara esas preguntas, me quedaría muy satisfecho. Repito que no quiero recibir una cantidad enorme de datos, sino la concreción.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos González-Bueno.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (González-Bueno Catalán de Ocón): Gracias, señoría, por sus preguntas.
Señoría, sus preguntas, la primera más genérica y la segunda referida a los grupos de investigación, tienen a mi juicio -bien avalado por la mesa que las ha acumulado- un enfoque común que está relacionado con el presupuesto del Plan
nacional de I+D+I ejecutado el pasado año 2001. Por ello me propongo facilitarle, a continuación, los datos del ejercicio 2001, relativos precisamente al conjunto de la política de investigación del subsector Estado así como los datos del Plan
nacional en el ministerio.
En primer lugar, señoría, sobre el subsector Estado el presupuesto definitivo de la función 54, investigación científica, técnica y aplicada, correspondiente a 2001, ascendió a 465.809 millones de pesetas, según datos del cierre provisional
de la IGAE. De ellos, se comprometieron 431.721 millones de pesetas, lo que supone un 92,7 por ciento y se obligaron 395.787 millones de pesetas, esto es, un 85 por ciento, contabilizándose el crédito no realizado en 70.021 millones de pesetas, lo
que supone un 15 por ciento. Por otra parte, los datos específicos del conjunto del ministerio, incluyendo sus organismos autónomos, son los siguientes. El crédito definitivo de la función 54 ascendió a 498.655 millones de pesetas. Las
obligaciones contraídas también supusieron un 85 por ciento, es decir, 423.868 millones de pesetas, siendo el crédito no realizado, 74.787 millones de pesetas, un 15 por ciento. Permítame destacar, señoría, que comparativamente -este es el dato que
más me gustaría enfatizar- estos datos son cuantitativamente superiores a los del año 2000, resultado de una mayor participación en las convocatorias, de un incremento de proyectos a los que se ha concedido ayuda, en definitiva, de un mayor esfuerzo
por parte del Estado para apoyar estas actividades de investigación.
Quisiera hacer una precisión sobre su referencia a las cantidades devueltas al Tesoro que, en parte, al formular su pregunta ya ha matizado. Como usted bien sabe -y así lo ha expresado-, la técnica presupuestaria no contempla la devolución
de cantidades por los departamentos ministeriales, puesto que no reciben ingresos del Tesoro sino que pueden gastar hasta un importe máximo, satisfaciendo directamente el Tesoro todo aquello
que en cada momento se ejecute. Las cantidades que se ingresan en el Tesoro por parte de los departamentos ministeriales proceden de otros conceptos como por ejemplo las tasas, por las que el Ministerio de Ciencia y Tecnología -eso sí, en
materias distintas a la investigación- ingresa una cantidad nada desdeñable. Estos ingresos no tienen que ver con las ayudas públicas de investigación pero, si su señoría estuviera interesado -no me consta de su pregunta-, podría, desde luego
suministrarle el dato.
Como conclusión, señoría, quiero aclararle que desde el ministerio se está atendiendo a lo que realmente interesa a la comunidad científica. Por una parte, la resolución de las convocatorias se está produciendo con rigor y con respeto a la
objetividad en la concesión de las ayudas y, por otra, los compromisos adquiridos con los grupos de investigadores cuyos proyectos han sido aprobados a lo largo del pasado ejercicio ya han sido satisfechos o lo serán de forma inminente. No dude de
que los grupos de investigación cobran sus ayudas y lo están haciendo por la realización de unos proyectos que han sido evaluados con grandísimo rigor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Le agradezco la información. Primer dato, se han dejado de gastar de la función 54 este año 71.000 millones de pesetas; el 15 por ciento de esa función no se ha gastado, tal como he entendido de lo que ha dicho
usted. Ese es un dato que me preocupa porque me parece que es muy elevado. En cualquier caso, vuelvo a repetir, en un comunicado de ocho asociaciones y sociedades científicas, en este caso en el ámbito de la biomedicina se dice: Inquietud
existente en la comunidad científica sobre la política de financiación a la investigación básica y su aplicación efectiva en los últimos dos años en nuestro país. Esto viene de largo. Continúa: En este período se ha producido un alud de problemas
relacionados con la financiación de diversos programas científicos nacionales que están distorsionando considerablemente el funcionamiento del grupo de investigación básica. El más grave de estos problemas se refiere a convocatoria para proyectos
de investigación. Se dieron un plazo de seis meses y dicen que es la ANEP, la Agencia evaluadora, la que -entre comillas- retrasa este proyecto. La ANEP está saturada y, según me contestó el señor Marimón, de los 1000 millones, ustedes le quitaron
más de 500 para dar como cuota al CERN porque no tenían dinero de otro sitio. ¿Cómo no va a estar saturada? En la ANEP están absolutamente preocupados.
Sigo leyendo muy rápidamente. Estos grupos se encuentran sin financiación efectiva durante los últimos seis o siete meses. Muchos grupos se han visto obligados a solicitar préstamos a la Administración. Para que usted lo entienda, porque
soy investigador, aunque esté ahora en la actividad política, están haciendo ustedes una especie de corralito, como el argentino, para los investigadores. Ustedes les comunican que les ha correspondido tal proyecto -no dudo del rigor y menos cuando
está por medio la ANEP; hay otros aspectos que tienen que ver con los parques, no me voy a meter ahí- y tienen tanto dinero, pero ellos no pueden disponer de ese dinero. Es el corralito de la ciencia lo que están haciendo ustedes con su malísima
gestión. Siguen diciendo una cantidad de cosas a las que por ahorrar tiempo no voy a referirme; hablan de caos financiero, hablan de otras muestras de falta de previsión y organización del Ministerio, como es el tema de equipamientos; dicen que
el conjunto de estos problemas refleja un desinterés considerable por parte del Gobierno actual por estimular el desarrollo científico y tecnológico, etcétera. De estos investigadores habrá alguno que sea del PSOE, otro del PP, otros de ningún
partido. Eso es lo que está pensando ahora mismo la comunidad científica. Repito que no lo digo yo sino que lo dicen las sociedades científicas.
En segundo lugar, para aclararnos, le hago a usted -entre comillas- una apuesta porque es una preocupación. Usted desmiéntame que dentro del Plan nacional va a haber más de 10.000 millones de pesetas que no se han gastado por mala gestión,
posiblemente por problemas informáticos; desmiéntame usted que prácticamente el programa del año pasado promoción general del conocimiento se pierde entero, porque esos son mis datos. No quiero entrar en cifras, pero puedo decir que más de 10.000
millones de pesetas se han dejado de gastar del Plan nacional, con documentos que no ha visado el interventor, porque tienen ustedes un problema informático muy grande y llevan una muy mala gestión; si no, me lo desmiente, por favor, si es usted
tan amable, pero con los 10.000 millones me quedo corto.
Por tanto, estamos viviendo una situación francamente preocupante. No es cuestión de citar anécdotas, pero es que me preocupa también lo que es de alguna manera el futuro, lo que está ocurriendo ahora; lo que está ocurriendo ahora es
tremendo en este programa nacional. Desde el punto de vista informático -me parece que depende de usted, no sé de quién dependen los programas informáticos-, han abierto ustedes una convocatoria en la que, entre nosotros, es de risa lo que está
ocurriendo. Ustedes hacen que se entre a través de la red, pero le puedo leer una carta de un pobre investigador que pedía una beca. Dice: Una investigadora que colabora conmigo pretende solicitar una beca FPI de la última convocatoria, obtiene
las bases, se conecta con su página y rellena la solicitud; hasta ahí todo bien. Como la única opción para obtener la beca es la remisión electrónica, evidentemente procede a intentarla. Aparentemente su registro existe, pero no hay forma humana
de generar el documento definitivo, documento que curiosamente hay que seguir imprimiendo en papel y llevar, por los medios de locomoción habituales,
al registro de toda la vida; para ese viaje... Resultado: como el tal impreso no figura en ninguna parte, porque es el propio programa informático el que lo genera, la investigadora no puede de ningún modo pedir la beca. El único mensaje
que se recibe una y otra vez es: el proceso ha expirado. Es significativa la voz 'expirado'; me pregunto si llegó a comenzar y quién ha provocado el fallecimiento. Inquietados por la situación nos lanzamos al azaroso periplo de las llamadas
telefónicas, obteniendo, tras un número no inferior a siete llamadas, un número que supuestamente corresponde a los informáticos -da aquí el número-, pero, claro, nadie contesta. La ayuda on line, ni que decir tiene, no funciona en absoluto.
Llevamos horas a la espera de que se nos asigne un operador y en estas condiciones el único medio de comunicación que tenemos es este e-mail mediante el que le rogamos humildemente que nos hagan caso, etcétera. Les dicen incluso que tienen que dar
al replay para contestarle y, a partir de ahí, hacen una llamada a los hados puesto que no funciona en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se puede catalogar a veces como el ministerio de caos y el tam-tam, la C y la T.
Voy terminando, señor presidente, porque eran dos preguntas acumuladas y por tanto agradezco, como siempre, su benevolencia, pero quedan muchos problemas, porque el caso del becario no es puntual, lo peor es lo que está pasando en la
convocatoria de proyectos. Le hago una petición y una pregunta. La petición es que amplíe usted el plazo para presentación de solicitudes y la pregunta es si lo van a hacer, porque si yo le hablara a usted, que se lo debe conocer bastante mejor
que yo, le diría que usted entra ahí, salen mal los datos, no existe ninguna seguridad jurídica, hay gran cantidad de errores; ha tenido usted que cambiar el programa informático; en la primera semana no entraba ni un solo proyecto, no se
imprimía. Tengo todos los datos que, evidentemente, por economía de tiempo no le puedo dar. Le digo que esto funciona mal, muy mal. Pero lo que me preocupa sobre todo no son sólo los atrasos sino que el presidente del CSIC en la copa de Navidad
puso una transparencia en la que se decía que lo que había recibido el CSIC hacia el 20 de diciembre aproximadamente, de la segunda y tercera anualidad de proyectos del CSIC, era el 1 por ciento. Los grupos siguen sin cobrar; se van a perder más
de 10.000 millones de pesetas. Por eso le pido que concrete, una vez que tenemos el mal dato de que este ministerio ha dejado de gastar el 15 por ciento en investigación, que son más de 70.000 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos González.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (González-Bueno Catalán de Ocón): Su señoría ha mostrado una preocupación específica por la ejecución concreta de algunos programas. Me va a permitir que le precise cómo el Ministerio se ha
guiado siempre en su forma de actuar -y vuelvo sobre esta idea- por el rigor y por el respeto tanto a la legalidad presupuestaria como a la objetividad en la concesión de las ayudas, que son la base de nuestra política de apoyo a la I+D+I. (La
señora Vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la presidencia.)
Como S.S. sabe perfectamente, el procedimiento de concesión de las ayudas sigue una tramitación que tiene como finalidad garantizar la concurrencia competitiva, la objetividad y la transparencia contable de todo el proceso. Ello da lugar a
que, entre la convocatoria de las ayudas, su concesión y su pago, haya de seguirse un riguroso procedimiento de evaluación, selección y aceptación de la ayuda, en el que participa la propia comunidad científica. Asimismo, debe seguirse por parte de
la IGAE el procedimiento de control o fiscalización, que S.S. ha mencionado expresamente, del gasto finalmente comprometido.
El ejercicio pasado se ha caracterizado por una mayor participación, una evaluación más completa y rigurosa y un incremento y diversificación de las actuaciones, introduciéndose, por ejemplo, convocatorias para ayudas plurianuales junto con
las anuales. Mejorar el procedimiento de concesión de las ayudas y racionalizarlo son objetivos en los que desde luego estamos absolutamente comprometidos, y en ello estamos trabajando, señoría, por ejemplo, mediante la racionalización temporal de
las convocatorias. En esta línea nos parece prioritario que el dinero vaya donde tiene que ir, que se realice una evaluación completa y rigurosa y que el importe de la ayuda se adecue a la realidad del proyecto. Nuestra intención es cumplir esta
máxima y si además mejoramos los tiempos de tramitación tanto mejor.
En definitiva, señoría, le reitero lo que ya le he señalado anteriormente.
No dude de que los grupos de investigación cobran sus ayudas y lo están haciendo por la realización de unos proyectos que han sido y están siendo evaluados con
rigor, aspectos éstos -rigor en la evaluación de los proyectos y cumplimiento de los compromisos-, que consideramos absolutamente fundamentales en nuestra política de apoyo a la I+D+I.
Por último, señoría -y concluyo con ello-, me ha formulado una petición de ampliación de plazos. Supongo que no esperará una respuesta en este mismo acto, pero desde luego se lo trasladaré a la ministra y a los secretarios de Estado y, por
supuesto, lo estudiaremos.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Gracias, señor González-Bueno, por su intervención. Agradecemos su presencia en nombre de la Mesa y en el mío propio.
Vamos a recibir al siguiente miembro del Gobierno para continuar con el orden del día.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA REFUNDICIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (OPI) EN UN ÚNICO ORGANISMO. (Número de expediente 181/001308.)
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (OPI). (Número de expediente 181/001309.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Damos la bienvenida al señor Secretario General de Política Científica, don Félix Yndurain, a quien felicitamos por su nombramiento. En nombre de la Mesa de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Congreso de los Diputados y en el mío propio le damos las gracias por su comparecencia.
Siguiendo el orden del día, vamos a formular de manera acumulada, las preguntas números 4 y 5 del señor Lissavetzky.
Tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don Félix Yndurain a esta casa y felicitarle por su nombramiento como secretario general de Política Científica. Le deseo éxito porque su éxito será el de todos, sobre
todo del sistema de ciencia y tecnología en el desempeño de su cargo. Como la agenda del secretario de Estado ha hecho que sea usted el que esté presente aquí -yo quería pedir una comparecencia específica-, quería saber cómo ve usted, desde su
Secretaría General, el futuro de esta área. Aunque tenga un tiempo limitado, aprovecharé estas preguntas que tienen que ver con su área de gestión, con los organismos públicos de investigación.
Hay un aspecto de carácter estructural y otros aspectos más concretos a los que me voy a referir puesto que hemos unificado las dos preguntas. Se ha encendido alguna luz de alarma a través de unas declaraciones del anterior secretario
general de Política Científica, el señor Junquera. En primer lugar, hablaba de la refundición de los OPI, es decir, los cinco OPI dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología se refundían en uno, con rango de subsecretaría. Habló también de
la reducción de centros, de 200 centros se pasaría a 60. Habló también de la unificación de escalas en una única carrera, creando un cuerpo superior de investigadores del Estado, que parece que iba a tener cinco categorías.
Yo leí la noticia el 22
de diciembre. Al cabo de un mes, el señor Junquera fue destituido, cesado o dimitió, dejó su puesto. Creo que es malo, en un equipo ministerial -respetando que cada uno pueda tomar las decisiones que quiera-, sobre todo en un ministerio de nueva
creación, cambiar a mitad de la legislatura, pero ni puedo ni quiero entrar en las causas del cambio de situación del señor Junquera y no sé si tiene que ver con estas declaraciones o no. Echando la vista atrás, señor Yndurain, cuando ganó las
primeras elecciones en este país el Partido Popular, publicó un real decreto (el de 1996 fue muy criticado) que consistía en que se agrupaban todos los OPI, que eran subsumidos por el CSIC y hubo que dar marcha atrás. Posteriormente se creó un
comité de coordinación de los OPI que presidía el presidente de CSIC, que sinceramente creo que no ha funcionado bien; a continuación se aprobó la LOFAGE, donde se veían una serie de figuras, lo que era el ente público empresarial, lo que podía ser
un organismo autónomo de carácter comercial o no, que provocó gran polémica. Después, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, una vez creado, esta secretaría general, que tiene que ver con los OPI.
Se ha creado una incertidumbre sobre el
futuro de los OPI, por un lado, por estas declaraciones y, por otro, por el cese o cambio de persona en la Secretaría General de Política Científica.
Entrando en el fondo de la pregunta: ¿Se van a refundir los organismos públicos de investigación? Es importante saberlo pero, aun siéndolo, me interesa más saber qué figura van a tener, qué estatus jurídico. ¿Van a ser entes públicos
empresariales o van a ser organismos autónomos? Nuestra posición es conocida porque presentamos una proposición no de ley en la anterior legislatura que se aprobó por unanimidad. Estos organismos públicos de investigación tienen que tener una
figura tipo organismo autónomo, en el sentido de que deben recibir de los Presupuestos Generales del Estado una subvención para poder pagar el capítulo 1, para tener gastos corrientes y para inversiones de carácter más estratégico.
Esto no está
contrapuesto con la necesidad, que entendemos, de esa conjunción con el sector productivo y que sean capaces de generar sus ingresos. Sin embargo, se lo dije al señor Junquera, y se lo digo a usted hoy aquí, lo que no nos gustaría, y esa es la
pregunta, es que gire totalmente hacia lo que podría ser, entre comillas, un modelo más empresarial. ¿Se van a mantener, se van a refundir? Se refundan o no, ¿se van a mantener estas características de subvenciones de los Presupuestos Generales
del Estado y no se va a poner exclusivamente a disposición del sector privado en los laboratorios, como en algún momento se ha llegado a rumorear?
El segundo apartado va relacionado con lo que pueda ser mejora de los OPI.
Me preocupan, y la lectura no sólo es filosófica, los datos cuantitativos que muestran que el peso de los OPI dentro de la función 54 ha ido disminuyendo, de tal
manera que, comparando el año 2002 con el 2001, ha bajado casi un punto. ¿Qué política se va a seguir en lo que es subvención directa de los Presupuestos Generales del Estado a los OPI?
Concretamente, respecto a las plazas, nosotros venimos proponiendo un plan de convergencia con Europa. ¿Qué hay previsto con respecto a este tema? Nosotros hemos planteado aquí un plan de recursos humanos que no tuvo suerte. Por favor, a
ver si con usted es posible diferenciar bien -usted ha sido director de un organismo público de investigación- lo que es el incremento neto de plazas, de personal investigador y personal de apoyo, de la cobertura de las vacantes. En ese sentido,
¿qué previsiones hay? Me gustaría, sobre todo, que usted ayudara a quitar esa incertidumbre que existe sobre el futuro de los OPI.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): El señor secretario general tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Yndurain Muñoz): En primer lugar, querría agradecer al señor Lissavetzky sus palabras de bienvenida a esta Comisión y decirles que voy a intentar ayudar lo más posible en estas tareas.
Quisiera contestar a algunas de sus preguntas y, desde luego, despejar incertidumbres, y quisiera también decirle que hay aspectos que comparto con S.S. en los que luego me detendré un poco más.
Contestando más concretamente a la pregunta formulada por el diputado señor Lissavetzky, debo empezar diciendo que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología supuso un importante paso adelante para iniciar una auténtica política de
coordinación y unificación de los criterios de los distintos organismos públicos de investigación. Yo, como S.S. ha dicho, al haber sido en mi época investigador, posteriormente director del CIEMAT, uno de los OPI adscritos a otros ministerios,
siempre vi con muy buenos ojos la incorporación de los distintos OPI a un mismo ministerio para mejorar la coordinación. Si la adscripción de estos OPI a un único ministerio se puede calificar de importante, la creación de la Secretaría General es
el organismo donde está la coordinación, el impulso y la supervisión de las actividades de los distintos organismos públicos de investigación. Por tanto, de alguna manera, unificar la coordinación de estos organismos ya se ha producido, primero,
por la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, segundo, por la creación de la Secretaría General de Política Científica. En este sentido, la Secretaría General de Política Científica ha ido desarrollando una serie de actividades
encaminadas esencialmente a la mejora de la gestión de los OPI, a dar más autonomía a los OPI, a favorecer la labor de los investigadores y la comunicación con el mundo empresarial y universitario, que nos parece muy importante, con las
instituciones sin ánimo de lucro, etcétera. Podría pasar a S.S. una lista de las distintas acciones que se han hecho, que se están haciendo y que están por hacer.
Por otro lado, y creo que S.S. lo ha dicho muy acertadamente, cuando uno habla de política de un ministerio, hay dos herramientas una, los recursos humanos y, otra, los presupuestos. Quisiera decirle que han aumentado de una manera
significativa tanto los recursos humanos asignados a los OPI como las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a los OPI. Por tanto, lo que en su día se habló de que pudieran ser los OPI entes empresariales con una autofinanciación
al cien por cien está fuera de toda discusión, cuando las transferencias del Estado a los OPI han aumentado significativamente en los últimos cuatro años.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias, señor Yndurain. (El señor Lissavetzky Díez pide la palabra.)
Señor Lissavetzky; tiene su segundo turno.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Agradezco, obviamente, las explicaciones del señor Yndurain, y muy concretamente que no van a ser entes públicos empresariales, lo cual a mí me satisface; creo que esto es un mensaje de tranquilidad a la comunidad científica -y con su
palabra me quedo-, de esta Cámara con luz y taquígrafos como se dice. Sin embargo, usted no me ha contestado a casi nada, porque el anterior secretario general de Política Científica, vuelvo a repetir, hizo unas declaraciones y hablaba de
refundición de los OPI. ¿Se van a refundir los OPI, si o no? Segundo, se habló, por el anterior secretario general de Política Científica, de que se iban a reducir los centros de 200 a 60. ¿Se van a reducir, si o no? ¿Con qué criterios?
¿Cuáles? ¿Cómo? Unificación de escalas en una única carrera investigadora, cuerpo superior de investigadores del Estado, con cinco categorías. ¿Se está trabajando en ello? ¿Se va a hacer, si o no?
No le voy a preguntar cómo se produce el cambio en la Secretaría General porque no tiene usted ninguna obligación de decírmelo y no seré yo tan bobo de preguntarlo hoy aquí, pero uno se extraña de que cuando salen estas declaraciones que
provocan un cierto lío y preocupación en la comunidad científica, al cabo de un mes se cambia el secretario general de política científica. Como sí me consta que se estaba trabajando en estos aspectos, le pregunto: ¿Se va a seguir trabajando?
¿Cómo es la cosa? ¿Se refunden o no? ¿Se reducen los centros o no? ¿Se va a crear una única escala o carrera de un cuerpo superior de investigadores? ¿Sí o no? Una vez despejado que no van a ser entes públicos empresariales, le pido ahora que
entre en ello.
Yo coincido con la música de su intervención, pero cuando entramos en la letra, o, en este caso, en los números, no voy a hacer aquí -y menos con usted, en su primer día como secretario general en la Cámara- una guerra de cifras, pero sí
quiero decirle que usted afirma que los recursos humanos aumentan y yo creo
que es necesario que haya un plan de convergencia con Europa porque usted sabe que el diferencial con Europa es del 44 por ciento aproximadamente en número de investigadores o de personal dedicado a investigación por cada mil habitantes
ocupados. Tenemos un diferencial enorme y se están haciendo unos esfuerzos relativos. Usted lo ha sufrido, entre comillas, en sus carnes. Tengo aquí los datos que manda el Ministerio y fíjese que en el instituto que usted dirigía, el CIEMAT, del
año 1996 a 2000, usted ha tenido 19 plazas; en cinco años, 19 plazas, de la cuales 11 eran de investigadores y 7 de personal de apoyo a la investigación. Son datos de respuestas por escrito. Le pongo el ejemplo del CIEMAT y le podría poner otros.
Creo, sinceramente, que a lo largo del período de Gobierno del Partido Popular desde el año 1996 no se está viendo claramente esa apuesta por el incremento de recursos humanos. Además se están anunciando como nuevas, plazas que son
coberturas de vacantes y eso no vale. No tenemos que hacer trampas en el solitario. Yo le pediría que tengamos la mayor transparencia posible para no debatir sobre cosas que no tienen sentido ni discutir cuestiones indiscutibles sobre sus números
y mis números. En ese sentido, creo que no hay ese esfuerzo. La pregunta concreta es: ¿Va a haber un plan como hemos propuesto nosotros, no sé si quinquenal o de equis años, para alcanzar esa convergencia con Europa y para que ese diferencial del
44 por ciento en recursos humanos se rompa? ¿Sí o no? Esto con respecto a las subvenciones.
Los datos relativos a los recursos presupuestarios son preocupantes. Lo hemos dicho cuando se presentaron los presupuestos. ¿Sabe usted cuánto crece el gasto de I+D en lo que llamamos gastos militares? En torno al 14 por ciento. ¿Sabe
usted cuánto crecen los gastos financieros, el conocido capítulo VIII? El 9,6 por ciento. ¿Sabe usted cuánto suben las subvenciones a los organismos públicos de investigación? El 4,3 por ciento. Es decir, entre el 14 por ciento de aumento de los
gastos militares, entre el 9,6 por ciento de crecimiento de los gastos financieros, que van muy directamente a las empresas, parece que hay una prioridad en el Ministerio hacia un lado, pero que hacia la parte, llamémosle, pública, es decir, en el
caso de los organismos públicos de investigación, no es así. Las cifras son esas. Por supuesto que se siguen pagando las nóminas a los investigadores y por supuesto que se ha incrementado algo, pero muy por debajo de la media. Esa es otra
preocupación.
Con estas preocupaciones y con estas preguntas, lo único que me queda, una vez más, es volver a felicitarle -le conozco hace bastantes años y es una satisfacción verle aquí como secretario general de política científica- y pedirle que me
conteste a todo lo que le he preguntado, por favor. Si no me quiere contestar, dígame que no quiere hacerlo, pero las preguntas son muy claritas y como somos de ciencias, creo que nos podemos entender bien.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Quiero señalar que no sólo los de ciencias, en todo caso.
Tiene la palabra el señor secretario.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Yndurain Muñoz): Trataré de contestar desde la mayor concreción posible y desde mi antigua actividad de investigador, como la de su señoría, a quien conozco desde hace muchos años.
La primera cuestión a la que puedo contestar se refiere a la política dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, concretamente, dentro de la Secretaría General de Política Científica, en relación con la salida del señor Junquera. En
las decisiones personales de cada uno no vamos a entrar, pero sí quiero decirle a su señoría que en la política que se ha marcado en relación con los OPI, desde el primer día, se ha trabajado en equipo con el secretario de Estado y con los
directores de los OPI. Por lo tanto, creo que, como director general de CIEMAT en mi época anterior, he contribuido a hacer esta política en la Secretaría General de Política Científica. Consecuentemente, mi situación actual como responsable de
esta secretaría es continuar la política que he visto que se ha desarrollado durante estos dos años. Así pues, no veamos cosas que no hay que ver.
Me pregunta si se van a verificar o no las carreras. Evidentemente, en relación con los distintos OPI, las carreras han sido muy distintas porque han estado en diversos departamentos ministeriales y de lo que no cabe duda es que estas
carreras deben converger. El proceso no es trivial, por muchos motivos, entre otros económicos, pero deben converger. El ritmo será el que está marcando todo el desarrollo normativo que se está haciendo. Un aspecto muy importante es la creación
de nuevas escalas, que SS.SS. ya conocen, y la escala de técnico superior especialista, que es un apoyo importante a la investigación de desarrollo y experimental.
En cuanto al aumento de personal, hay un primer borrador de una posible convergencia con la Unión Europea, pero, como S.S. sabe, con estas convergencias hay que tener mucho cuidado porque tienen que estar relacionadas también con los
recursos que se ponen a disposición de los investigadores; es decir, un aumento excesivamente rápido del número de investigadores, si no está acompañado de un aumento presupuestario sincronizado, puede dar lugar a frustraciones muy importantes.
Por lo tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado y, evidentemente, se va en esa dirección.
En relación con el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado, yo querría darle unas cifras. En el año 1998 -y sumo todos los OPI- eran 54.000 millones
de pesetas y en el año 2002 son 80.000 millones de pesetas. Como le decía en mi anterior intervención, si la política está marcada por los números, por los presupuestos y por los recursos humanos, indica claramente la voluntad de que los
organismos públicos de investigación tengan una importante financiación de las transferencias del Estado en los Presupuestos Generales del Estado.
En relación con los números me ha citado el caso concreto de CIEMAT. No vamos a entrar a hablar de CIEMAT sino de la suma de todos ellos. Querría decirle que ha habido un aumento importante en las cifras de personal de los OPI. La oferta
de empleo del año 2002, que se concretará en los próximos días, tiene un aumento del orden del 60 por ciento en relación con la oferta de empleo público del año 2001; son números concretos. Por otro lado, sobre la base del programa Ramón y Cajal,
los OPI han recibido a 258 investigadores y del programa del Fondo Social Europeo, 728; es decir, estamos hablando de 986 personas en el total de personal investigador y de apoyo a los OPI, no en oferta de empleo, sin hablar de becarios, sin hablar
de promociones internas. Son las cifras que S.S. me pedía, que creo que son suficientemente elocuentes para indicar dónde está y dónde va a estar la política en relación con los organismos públicos de investigación.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE SITUACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL VI PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN. (Número de expediente 181/001311.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta número 7, situación del debate sobre VI programa marco europeo de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, formulada por el
señor Lissavetzky, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene S.S. la palabra, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Mi respeto absoluto, y tenía usted toda la razón, a los de formación de Letras, pero me refería antes a que teníamos los dos la formación de Ciencias.
Señor Yndurain, me he quedado sin saber si se van a refundir los OPI, me he quedado sin saber bastantes cosas. Espero que en la respuesta a esta pregunta me entere de algo. Las cifras siempre se pueden ver de varias maneras. El
subsecretario antes hablaba de que teníamos gastos en innovación del 1,77 por ciento y resulta que eso va derivado de una encuesta del INE, donde por primera vez suman la construcción y otros servicios, o sea, es una cifra -entre comillas- tramposa,
no porque sea malo que se sume eso, sino porque antes no se sumaba. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo por ejemplo en lo de la presidencia española -yo creo que sí podemos. No estoy de acuerdo y tiene que bajar en bastantes décimas el gasto en
I + D + I que presenta el INE si se hace una comparación con el año anterior y con la misma vara de medir. Lo mismo ocurre con el tema de las plazas. Habría que hablar de muchísimas cosas.
Podemos estar de acuerdo en el tema de la presidencia
española. Hubo una reunión muy corta de tiempo, como casi siempre, que hizo el señor Marimón con un grupo reducido de la Comisión para informarnos de la posición española ante el VI programa marco. En ese sentido -esa vez no había taquígrafos y no
figura escrito pero hubo testigos-, mi grupo dio unas ideas y dijo que apoyaría la posición del Gobierno dentro de lo que es la discusión del VI programa marco. No sólo después de esa reunión sino antes se ha venido anunciando - y permítame la
expresión - a bombo y platillo que bajo la presidencia española se iba a aprobar el VI programa marco. Ahora parece que no se va a aprobar. ¿Se va a aprobar el VI programa marco dentro de la presidencia española de la Unión Europea? Sé que no
depende exclusivamente de España y que hay que hacer una segunda lectura en el Parlamento Europeo, posiblemente con conciliación. Me gustaría saber cuál es la opinión al respecto. A mí, como español, me gustaría que se aprobara durante la
presidencia española de la Unión Europea, sobre todo cuando llevo un año cariñosamente sufriendo, entre comillas, la propaganda del señor Aznar, de la señora ministra y hasta de dignísimos representantes del Partido Popular, que decían que cuando
presidieran la Unión Europea, una de las cosas que aprobarían era el VI programa marco. Ahora dicen que hay unos cuellos de botella, unos embudos que hay que romper para poder hacerlo. Uno de los temas es la investigación con células madre, otros
tienen que ver con la propiedad intelectual y con los nuevos macroproyectos. ¿Se va a hacer un esfuerzo real desde el ministerio? ¿Se va a poder aprobar el VI programa marco? ¿Se está haciendo algo respecto a esos cuellos de botella a los que me
he referido?
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Yndurain, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Yndurain Muñoz): Señoras y señores diputados, señor Lissavetzky, como S.S. dice, la aprobación del VI programa marco depende de muchas cosas. En esta materia constituye una prioridad de
la presidencia española asegurar una temporánea y cómoda transición del V al VI programa marco y conseguirlo es una responsabilidad de todos, no solamente de la presidencia española, sino del Parlamento, del Consejo y de la Comisión.
En relación con cuál es la situación del VI programa marco, le quería recodar a S.S. cuál ha sido el calendario de las distintas etapas que ha recorrido. La Comisión adoptó sus propuestas relativas al VI programa marco de la Comunidad
Europea de Energía Atómica (Euratom) de investigación y desarrollo tecnológico el 21 de febrero de 2001 y las relativas a los programas específicos por los que se ejecuta el VI programa marco el 30 de mayo de 2001. Seguidamente, el Parlamento
Europeo y en particular su Comité de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía realizó un importante trabajo durante el cual se hizo la primera lectura del programa marco el 14 de noviembre de 2001, siendo muchas las sugerencias que se
hicieron en relación con esos documentos.
El Consejo, en su reunión celebrada el 10 de noviembre de 2001, adoptó la posición común, que se hizo efectiva en la presidencia española el 28 de enero de 2002. En esta posición común se recogen en gran
medida las sugerencias hechas por el Parlamento. Por lo tanto, ha concluido una etapa clave en el proceso de negociación relativa al programa marco por parte del Parlamento, la Comisión por supuesto como proponente, y el Consejo, en la que se ha
adoptado dentro de la presidencia española - y esto es muy importante - una posición común. Las posiciones expresadas por el Parlamento y el Consejo sobre el VI programa marco demuestran un grado importante y apreciable de convergencia sosteniendo
posturas bastante similares en relación con el presupuesto general, aspecto fundamental, y su desglose, la estructura del programa, las prioridades científicas y tecnológicas y los medios de ejecución que, como S.S. sabe, son las distintas patas
que articulan el programa marco. Actualmente, y esta es la situación en la que nos encontramos, está pendiente de una segunda lectura por parte del Parlamento, que tiene tres meses como máximo para realizarla y que se inició ya en las sesiones del
pasado 4 de febrero. Del trabajo parlamentario que requiera la segunda lectura del programa dependerá que pueda entrar en vigor cuanto antes, como sería deseable, el VI programa marco. Evidentemente, depende de lo que decida el Parlamento, y la
presidencia española está intentando buscar el máximo consenso en esta materia.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Me gustaría que en su siguiente y última intervención pudiera profundizar un poquitín más, porque yo le he hablado de tres aspectos que he definido como cuellos de botella. ¿Qué está haciendo el Gobierno?
Suponiendo que uno de los problemas que existe es el de la investigación con células madre, ¿qué está haciendo el Gobierno en esa dirección? ¿Qué está haciendo el Gobierno en la dirección de solventar los problemas, entre comillas, sobre propiedad
intelectual? ¿Qué está haciendo el Gobierno para solventar los problemas o las diferencias en los macroproyectos? No se trata sólo de fechas, no es una suma de casualidades: le ha tocado a España la presidencia de la Unión Europea y toca que se
apruebe el plan. No, no es tan sencillo, no se puede aprobar el programa marco simplemente por fechas, porque si así fuera, una de las quejas que he oído por ahí es la falta de asistencia -y es una respuesta parlamentaria- de la ministra a los
consejos de Investigación. No fue al del 15 de junio de 2000 ni al del 16 de noviembre ni al del 3 de mayo de 2001, no tengo más datos. Lo que yo quiero es que mi Gobierno, que es el Gobierno de España, pise fuerte, y en el tema que a mí me
preocupa en este momento, que es la investigación, también. Tengo una cierta sensación de que no es así, pero usted conteste lo que buenamente quiera, porque el martes va a haber una comparecencia de la ministra para hablar de estos temas en una
subcomisión europea que se va a reunir en esta Cámara y podremos hablar más despacio, pero me da la sensación de que no se está pisando fuerte, es decir, que no se están reduciendo esas diferencias entre países y que lo único que hay es, por
ejemplo, lo que se habló en la reunión de S´Agaró, donde se acordó abrir los programas nacionales. Si los representantes nórdicos ya están invirtiendo el 2,8, el 2,9 o el 3 por ciento del PIB en I+D ¿cómo van a abrir sus programas nacionales para
que entren otros países como España que está a la cola? Cuidado, hagamos un esfuerzo todos, porque no solamente se trata de grandes declaraciones: toda Europa llegaremos al 3 por ciento en el año 2010. Lo que percibo es que hay un tufillo de
propaganda institucional, lógica también, de la presidencia de la Unión Europea, pero a la hora de la verdad no se está entrando -en mi opinión- en los problemas de fondo para aprobar ese VI programa marco. Estos aspectos pueden perjudicar a
España. Se ha hecho un esfuerzo por eliminar burocracia, etcétera, pero hay unos temas, como son las redes de excelencia y los proyectos integrados, que se utilizan como nuevos instrumentos para este programa marco y que no nos vienen excesivamente
bien; otra cosa es que lleguemos a esos acuerdos. Todo ello me preocupa.
¿Se está haciendo algo para cambiar estos aspectos que se contemplan claramente en el plan? No pretendo que se cambien, estoy en contra del concepto, pero sí que no nos
perjudiquen demasiado porque el retorno que tenemos de la Unión Europea ha bajado en el V programa marco, es decir, en el IV programa tuvimos más retorno del que hemos tenido en el V programa; el VI programa se nos va a poner más difícil a países
como España y en ese sentido querría saber qué esta haciendo el Gobierno.
Estas son unas preguntas y dudas que le quería plantear aquí. Me gustaría que me dijera si sabe usted si se están aplicando el programa ETAN, que tiene que ver con igualdad
de géneros y que es un tema muy importante.
¿Qué está haciendo España
desde la presidencia de la Unión Europea ligado a la investigación?
A todo lo que usted me pueda contestar, me contesta y lo que no se lo pasa a la señora ministra para que me conteste el próximo martes.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Tiene la palabra el señor Yndurain.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Yndurain Muñoz): Señor Lissavetzky, me ha formulado muchas preguntas y me pide muchas concreciones que, evidentemente, yo no estoy en condiciones de dar porque dependen, como S.S. dijo al
principio de su anterior intervención, de muchos factores y de muchas instancias. Lo que sí está haciendo la presidencia española es, en primer lugar, llegar a una posición común del Consejo y, en segundo lugar, intentar un consenso entre las
distintas instituciones -no nos olvidemos que el Parlamento juega un papel equivalente al del Consejo, la Comisión fue la proponente, por lo tanto la Comisión tiene mucho decir- y llegar a una situación en que los contenidos del VI programa marco
sean los mejores posibles y que haya consenso sobre esos contenidos. En mi opinión ese consenso se está consiguiendo, como hacía ver en mi anterior intervención. Es extraordinariamente importante, como ha ocurrido en otros programas marco, que la
transición entre el V y el VI programa marco permita que las labores de investigación se puedan hacer correctamente. Dicho todo esto, los plazos son los plazos y el trabajo, en mi opinión, está muy avanzado.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Con la contestación a esta pregunta damos por finalizado el orden del día. Sin embargo, no quiero levantar la sesión sin dar las gracias a SS.SS. por su participación. Gracias, señor
secretario general de Política Científica y gracias, sin duda, a los servicios de la Cámara por la asistencia que nos prestan.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.