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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 401, de 18/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 401
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 46
celebrada el martes, 18 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés
Eulate), para informar sobre la situación e instalaciones y medios de
la Policía Nacional en la ciudad de Zaragoza y las medidas que el
Gobierno piensa adoptar. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista (Número de expediente 212/000846.) . . . (Página 13072)
Preguntas:
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
vigilantes, escoltas y vigilantes de explosivos de seguridad privada
existentes en España, su evolución desde el año 1996 y medidas
adoptadas para favorecer su crecimiento. (Número de expediente 181/
001087.) . . . (Página 13080)
- Del mismo señor diputado, sobre causas de las reclamaciones
producidas durante la celebración de las pruebas selectivas para el
ingreso en centros docentes de formación de la Guardia Civil. (Número
de expediente 181/001090.) . . . (Página 13082)
- Del mismo señor diputado, sobre motivos por los que las revistas
Policías y Guardia Civil han publicado sendos artículos dedicados a
recordar los sucesos relacionados con los asesinatos de José Calvo
Sotelo y del teniente José Castillo en julio de 1936. (Número de
expediente 181/001092.). . . . (Página 13086)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas y fecha prevista para
transformar la Asociación de huérfanos de la Guardia Civil en
fundación. (Número de expediente 181/001143.). . . . (Página 13089)
- De la señora Sánchez Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
las causas por las que Antonio Garrido Fernández se fugó el día 1 de
noviembre de 2001 de los calabozos de la comisaría de Jerez de la
Frontera ( Cádiz) (Número de expediente 181/001175.) . . .
(Página 13093)
- Del señor De la Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre las previsiones del delegado del Gobierno en Andalucía acerca
de cesar a la subdelegada del Gobierno en Cádiz por vulnerar los
derechos de diputados socialistas impidiendo el encuentro programado
el día 28 de septiembre de 2001, en las dependencias de la comisaría
de San Fernando (Cádiz), con representantes sindicales y policiales.
(Número de expediente 181/001182.) . . . (Página 13095)
- Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre finalidad del convenio recientemente suscrito entre el
Ministerio del Interior y la Cruz Roja Española. (Número de
expediente 181/001152.) . . . (Página 13098)
- Del señor Sánchez Garrido (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
adopción por el Gobierno de todas las medidas necesarias para
proteger personalmente a los empresarios y los trabajadores del
sector de la joyería, así como los intereses económicos de los
mismos. (Número de expediente 181/001199.). . . . (Página 13100)
Comparecencia del señor director general de Instituciones
Penitenciarias (Yuste Calleja) para explicar las circunstancias por
las que la Junta de tratamiento del centro penitenciario Victoria
Kent, de Madrid, valoró y aplicó de forma tan extraordinariamente
rápida los beneficios penitenciarios a los señores Vera y Barrionuevo
después de que el Tribunal Supremo ordenara el día 29 de mayo de 2001
su ingreso en prisión. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 212/000538.). . . . (Página 13103)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS
EULATE), PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN E INSTALACIONES Y MEDIOS DE
LA POLICÍA NACIONAL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y LAS MEDIDAS QUE EL
GOBIERNO PIENSA ADOPTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000846.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos
a dar comienzo a la Comisión. Damos la bienvenida, una vez más, al
secretario de Estado de Seguridad, a quien podemos considerar
un miembro más de la Comisión, dada la frecuencia con que nos visita.
El primer punto del orden del día se refiere a la comparecencia del
secretario de Estado de Seguridad, para que informe sobre la
situación e instalaciones y medios de la Policía Nacional en la
ciudad de Zaragoza y las medidas que el Gobierno piensa adoptar.
Para exponer lo que estime oportuno sobre este punto, tiene la
palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO (Morenés Eulate): Buenos días,
señorías.
La Dirección General de la Policía cuenta con siete infraestructuras
significativas en la ciudad de Zaragoza. Éstas son: el edificio de la
Jefatura Superior de la Policía, en el Paseo María de Agustín; el
complejo policial, en la calle General Mayandía; la comisaría del
distrito Arrabal, en la calle Almaderos del Roncal; la comisaría del
distrito de centro, en la calle Ponzano; la
comisaría del distrito de Delicias, en la calle Campoamor; la
comisaría del distrito de San José, en el Paseo de Rosales, y las
oficinas del Documento Nacional de Identidad, en el Paseo de Teruel.
Todos estos edificios están ocupados para fines propios de la
operativa policial. No existe ningún edificio a disposición de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del
Estado para su enajenación. Posee también un solar adquirido en su
día para la construcción de instalaciones para la unidad de
caballería y guías caninos, ubicado en el paraje de la Cartuja,
camino del medio. Los edificios de la Jefatura Superior de Policía,
la comisaría del distrito Arrabal, la comisaría del distrito San
José, las oficinas del Documento Nacional de Identidad y el solar de
la Cartuja son funcionales y adecuados para los fines que tienen
encomendados. Los edificios que presentan mayores problemas, desde el
punto de vista de su utilización funcional, son tres: la comisaría
del distrito de Delicias, la del distrito Centro y el complejo de
General Mayandía. La comisaría del distrito de Delicias se encuentra
ubicada en un inmueble inadecuado para la prestación de los servicios
que le son propios. Se asienta sobre un solar de 105 metros
cuadrados, con una superficie total construida de 767 metros
cuadrados distribuidos en nueve plantas. Por falta de capacidad
física, el equipo del Documento Nacional de Identidad asociado tiene
sus dependencias en el edificio del General Mayandía. La comisaría
del distrito Centro ocupa un inmueble arrendado. Se trata de un
edificio sólido, bien situado, con accesos viales amplios. En la
actualidad es la sede principal de la brigada provincial de
extranjería y documentación, así como de la mayoría de los servicios
policiales orgánicamente adscritos a la brigada provincial de
seguridad ciudadana. Alberga también numerosas áreas funcionales de
la secretaría general. Por lo que se refiere al complejo de General
Mayandía, en la actualidad es la sede principal de la brigada
provincial de extranjería y documentación, así como de la mayoría de
los servicios policiales orgánicamente adscritos a la brigada de
seguridad ciudadana. En este edificio se encuentran también las
dependencias de la unidad regional de caballería, incluidas las
caballerizas, el estercolero, lo que constituye una ubicación
claramente inadecuada, aconsejando una reestructuración general de
instalaciones y servicios del complejo. Ésta en fase de estudio la
nueva dotación de instalación a la brigada provincial de extranjería
y documentación, así como la futura ubicación de la unidad de
caballería.
Con objeto de dar una solución eficaz a estos problemas enunciados,
las actuaciones de la Dirección General de Infraestructuras son las
siguientes: para la mejor ubicación de la unidad de caballería, se ha
tramitado con una empresa del sector un expediente de contratación de
los servicios de estabulación y pupilaje de los caballos de que
dispone dicha unidad. Este expediente ya ha sido adjudicado y se
tiene previsto que, a finales
del presente mes de diciembre o en los primeros días de enero
próximo, pueda materializarse el traslado de los citados caballos a
otras instalaciones. En segundo lugar, la remodelación de las
instalaciones del antiguo Parque Móvil del ministerio, en donde se
ubicaría la brigada provincial de extranjería y documentación y la
comisaría del distrito de Delicias. A tal fin en la programación de
actuaciones de obras para el año 2002 y siguientes, se recoge una
partida de 350 millones de pesetas destinada a acometer las citadas
obras. Existe la previsión de redactar el proyecto y tramitar el
expediente de contratación de las mismas a lo largo del año 2002. En
tercer lugar, remodelación del complejo General Mayandía. Por una
parte se actuará con urgencia en el saneamiento y aprovechamiento de
los espacios que ha venido ocupando la unidad de caballería una vez
materializado su traslado. Por otra parte, a medio plazo, se tiene
prevista una remodelación general de las instalaciones, de manera que
permitan albergar diversos servicios de la jefatura superior, así
como los servicios de la comisaría de Centro y de la oficina del
Documento Nacional de Identidad y pasaportes. A tal fin, en la
programación plurianual de obras, se ha estimado una inversión
próxima a los mil millones de pesetas, cuya ejecución tendrá lugar en
los años 2004, 2005 y 2006.
Por lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, relativa a
los medios con que cuenta la policía de Zaragoza, tengo que señalar
que su parque policial consta de 229 vehículos, de los cuales 49 son
automóviles tipo Z, 73 son automóviles tipo K y 59 son motocicletas
de proximidad. Por supuesto, hay vehículos de todas las familias,
esto es, blindados, todoterrenos, remolques, camiones, furgones,
furgonetas, motocicletas y ciclomotores. Desde un punto de vista
operativo ,no presentan en esta materia aspectos diferenciados del
parque policial general, estimándose que las condiciones de los
vehículos adscritos a Zaragoza son, en general, adecuadas para la
prestación del servicio.
En cuanto a otros medios y equipamientos en la ciudad de Zaragoza,
cabe señalar igualmente que las condiciones de los mismos son
similares a las dotaciones asignadas con carácter general a las
dependencias policiales a nivel nacional, tanto en medios
informáticos, en telecomunicación, mobiliario, enseres, etcétera. En
este sentido, pueden citarse algunas actuaciones llevadas a cabo
durante los años 2000 y 2001. Cabe señalar que en telecomunicaciones,
en el año 2000, se invirtieron 11 millones de pesetas para la
habilitación de la sala de evaluación y control, mientras que en el
2001 se ha realizado una inversión de 93 millones de pesetas para la
adquisición de equipos y accesorios de cámaras de vídeo, fotografía,
etcétera, así como de tres centrales telefónicas. En informática, en
el año 2000, la inversión ascendió a 8,6 millones de pesetas y en el
año 2001, a 2,5 para la adquisición de equipos informáticos. En
armamento, en el año 2001, se ha realizado una
inversión de 2,2 millones de pesetas en cartuchería y material
auxiliar; en mobiliario y enseres se invirtieron en el 2000, 6,5
millones de pesetas y en el 2001, 6,9 millones de pesetas.
El conjunto de estos datos y cifras que he dado a conocer permite
afirmar que los medios con los que cuenta la ciudad de Zaragoza,
desde el punto de vista policial, están en sintonía con el carácter
general de otras dependencias policiales en grandes capitales y son
los adecuados para las tareas encomendadas al cuerpo nacional de
Policía, sin perjuicio de que en las inversiones de futuro que ya he
mencionado sigamos haciendo un esfuerzo para acomodar el aspecto de
los inmuebles a la realidad de lo que en estos momentos necesita
Zaragoza en ese ámbito.
Nada más, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra la
señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Señor secretario de Estado, antes de pedir
esta comparecencia he visitado todas las dependencias policiales en
la ciudad de Zaragoza, me he entrevistado con los responsables de
todas las comisarías, de varias de las secciones de la jefatura
superior. Digo esto para precisar que no hablo de oídas, sino que lo
he visto de forma directa. Quiero también advertir que ahora que
conozco en qué condiciones trabajan los funcionarios de policía les
respeto mucho más, me parece que es un cuerpo que está
lamentablemente mal pagado y poco reconocido y sinceramente no
entiendo que los salarios de la Policía Nacional estén muy por debajo
de los salarios de la policía local o de las policías autonómicas. Ya
sé que el dinero no es lo único importante, lo único que dignifica un
trabajo, pero es un síntoma de su consideración y también dignifican
o envilecen un trabajo las condiciones en que se desarrolla; en este
caso las condiciones no sólo afectan a los funcionarios, sino también
al conjunto de los ciudadanos que son usuarios de los servicios de la
policía, aunque a veces sean usuarios de los mismos a su pesar. Aun
así, tienen todo el derecho a que esos servicios se presten en las
mejores condiciones.
El motivo de que visitase esas instalaciones fue justamente una
denuncia, unas quejas que hicieron públicas los funcionarios de la
policía, realizadas a través de sus sindicatos. El otro motivo fue el
incremento de la delincuencia en la ciudad de Zaragoza, dato que me
parece tremendo, porque en lo que llevamos del año 2001 se ha
producido un incremento de la delincuencia del 30 por ciento. Por
cierto, he visitado la página web que tienen ustedes y he visto que
no actualizan los datos de la delincuencia, del año pasado presumen
de que ha bajado la delincuencia: el año pasado tuvieron unos índices
bajos -dicen ustedes- y espero ansiosa al 1 de enero de 2002 a ver si
en la página web actualizan
los datos, para ver qué valoración hacen en este caso de los
índices de incremento de la delincuencia que se ha producido. Me
parece que ambas cosas son dos caras de la misma moneda: el
descontento de los funcionarios y el fracaso de su política de
prevención y combate de la delincuencia.
Ante estas quejas de los funcionarios que ponían sobre la mesa
problemas estructurales de la Policía Nacional, decidí comprobar por
mí misma esta situación. Por lo que sé, ustedes han decidido
expedientar a esos funcionarios porque dieron una rueda de prensa con
el uniforme puesto. En lugar de atender al fondo del problema, que es
lo que hice, se apoyan en la forma para reprimir a quien denuncia.
Sinceramente, no creo que este tipo de actitudes ayude a crear un
clima de trabajo positivo en la policía. Es más, le voy a pedir que
reconsideren la sanción a estos funcionarios, que lo que hicieron
fue, con toda lealtad, poner sobre la mesa algunos de los problemas
que su trabajo tiene.
En la ciudad de Zaragoza, que es la quinta ciudad de España por
número de habitantes, las instalaciones de la policía, tanto de los
servicios generales como de las comisarías de distrito, a algunas de
las cuales ha hecho usted referencia, al Grupo Socialista le parece
que son impropias del tiempo y del país en el que vivimos. No voy a
detallar los problemas de cada una de las dependencias, porque
necesitaría muchísimo tiempo y seguramente aburriríamos al resto de
la concurrencia, pero sí quiero enunciar algunos de esos problemas
como muestra. En general, se trata de instalaciones antiguas y muy
deficientes. Además no son demasiadas, como hemos visto, por lo que
no debería costar tanto mantenerlas de forma adecuada. No hay nada
más que cuatro comisarías de distrito y únicamente una de ellas, que
es de reciente construcción, reúne unas condiciones buenas de
infraestructura, las demás tienen diversos problemas estructurales
que afectan al trabajo de los agentes y a la atención a los
ciudadanos. Le voy a poner algunos ejemplos que son, como mínimo,
sorprendentes. Usted sabe que Zaragoza ha sido escenario de varios
atentados terroristas de extrema gravedad y crueldad y, por tanto, es
una ciudad muy sensible a este tema. Sin embargo, he comprobado que
las medidas de seguridad de las dependencias policiales tienen
extraordinarias deficiencias. Salvo en una comisaría de reciente
construcción, en las demás no hay seguridad exterior, no hay cámaras
de vigilancia; los agentes sustituyen esto con su imaginación,
asomándose a la ventana o colocando espejos que les proporcionen
visibilidad de las calles adyacentes. En una de ellas he visto
incluso un artilugio hecho con latas de Coca-Cola para que, si se
abre la puerta, suene, porque por no haber, no hay no ya una cámara,
sino ni siquiera un timbre o una campanilla en la puerta. Me ha
sorprendido mucho también que no haya gimnasios en las comisarías de
distrito. Como sé que para entrar en el cuerpo de policíase piden
unas pruebas físicas muy fuertes, hay que
ser casi un atleta para poder superar con éxito esas pruebas, me ha
sorprendido que no haya gimnasios en los que los agentes hagan ese
mantenimiento, y es que según he sabido no es obligado que los
agentes hagan ejercicio físico y mantengan su forma física; sí es
obligado que hagan ejercicios de tiro, aunque supongo y espero que
corran más veces que disparan. No entiendo que no se mantenga esa
exigencia y se facilite que se pueda ejercer.
Hay una comisaría, la del barrio de Delicias, a la que usted también
ha hecho referencia, que está ubicada en una casa de cuatro pisos y
de planta minúscula, lo que hace imposible siquiera organizarse. Por
si fuera poco, no tienen buena cobertura de la telefonía móvil,
porque no es un buen sitio para las antenas, así que, según donde
estén los agentes, no pueden comunicar con la comisaría. En este
caso, hay un proyecto de trasladar a las dependencias del antiguo
Parque Móvil Ministerial la oficina de extranjeros la brigada de
extranjería. Pero hete ahí que el señor delegado del Gobierno en
Aragón no ha tenido mejor idea que recurrir el Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad de Zaragoza, porque quiere que esta
zona se califique como residencial. Lo mismo ocurre con el solar que
ocupa la actual sede de la Jefatura Superior de Policía, que está
justo delante de la sede del Gobierno de Aragón y que el plan general
de ordenación urbana califica como zona de servicios. El subdelegado
del Gobierno quiere que el plan general lo califique como zona
edificable. El delegado del Gobierno en Aragón, en un patético papel
de aprendiz de especulador, quiere enmendarle la plana al
ayuntamiento de la ciudad y decidir qué zonas son edificables o qué
zonas de la ciudad necesitan servicios porque, según dice, el
Ministerio del Interior necesita dinero. A mí esto me parece un gran
despropósito.
Han cambiado ustedes la organización de la policía. No voy a entrar
con detalle en este asunto porque no es el objeto de esta
comparecencia y porque ya hemos dado nuestra opinión sobre esa
cuestión, pero sí quiero decirle que todos los responsables de la
policía en Zaragoza se quejan de la falta de efectivos y que los
funcionarios de a pie se quejan de la organización de los servicios;
es decir, un acierto total. No hay efectivos suficientes para las
patrullas nocturnas, sobre todo para el fin de semana, hasta el punto
de que, en la mayor parte de las zonas, se hacen sistemáticamente
como horas extraordinarias, es decir, las patrullas nocturnas, en
particular durante el fin de semana, se hacen doblando servicio, lo
que me parece que no es razonable. ¿Sabe usted que recientemente se
ha producido un robo en el aparcamiento de los coches de la propia
Jefatura Superior de Policía? Me parece que es un indicador de cuál
es el nivel de...
El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, le ruego vaya concluyendo, por
favor.
La señora GALLIZO LLAMAS: Voy a concluir enseguida.
Quiero mencionar también la situación de la comisaría de extranjeros,
que reúne una larga historia de desastres. El invierno pasado esta
diputada se movilizó para conseguir que se cambiase la ubicación de
la misma, ya que estaba en una comisaría de distrito y se encontraba
atendida por un escasísimo número de funcionarios, lo que obligaba a
las personas que querían regularizar su situación a hacer cola toda
la noche para llegar a la ventanilla donde entregar los papeles.
Después de denunciar el tema, se cambió la ubicación, se aumentó algo
la plantilla, pero los expedientes se siguen amontonando, la gente
sigue haciendo cola, aunque ahora sea de día. La última vez que la
visité había una demora de seis meses. Tengo que decirle, sin
embargo, que cada vez que muevo el asunto adscriben dos funcionarios
más a esta oficina. Espero que, a cuenta de esto, acabaremos
consiguiendo que se ponga al día y que las personas que tienen que
tramitar sus permisos puedan hacerlo con dignidad y en condiciones
humanamente aceptables.
Quiero mencionar también, de una manera muy vehemente, el estado de
los calabozos, en particular, los de la Jefatura Superior de Policía,
que es donde se remite a casi todas las personas detenidas antes de
que pasen a disposición judicial. Sus calabozos de Zaragoza, señor
Morenés, son siniestros. No sé si en el resto de España esto funciona
de la misma manera. Si fuera así me inquietaría mucho. Son unos
calabozos que no se han reformado desde que se construyeron, hace
aproximadamente 50 años; están como estaban en la época de la
dictadura, aunque aún más deteriorados por el paso del tiempo. Se
encuentran ubicados en el sótano de la Jefatura Superior de Policía,
sin luz natural, con un espacio central lóbrego, despintado,
iluminado por unas luces de neón. En ese espacio se abren unas celdas
individuales con puertas metálicas sólidas que, al cerrarse, dejan el
espacio en completa oscuridad porque no hay luz artificial ni
natural, únicamente la que se cuela por unas pequeñas rejas que están
situadas en la parte superior de la puerta metálica. Las celdas no
tienen ningún mobiliario, las paredes están desnudas y hay un banco
de hormigón. El conjunto del espacio está acordonado por gruesos
barrotes. Hay también unas celdas más amplias entre barrotes que se
supone que son colectivas, aunque parece que no se usan. He visto un
cuartucho en el que se amontonan colchonetas extremadamente delgadas
y de apariencia poco higiénica, así como viejas mantas de color negro
-creo que es su color natural- también de apariencia poco higiénica.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, le ruego concluya, por favor.
La señora GALLIZO LLAMAS: Acabo enseguida, señor presidente.
Le pregunto si le parece de recibo que en la España del siglo XXI, la
del euro y la que va a presidir la Unión Europea dentro de pocos
días, tengamos esta situación que a mí me parece indigna. En esos
calabozos es donde están las personas detenidas antes de pasar a
disposición judicial, a veces hasta 72 horas.
Yo le comentaría muchas más cosas, aunque no tengo tiempo de hacerlo.
Quiero preguntarle si van a tomar algún tipo de medida para remediar
esta situación. Me parece que no son buenos tiempos aquellos en los
que hay que luchar todavía por lo evidente. Espero con ansiedad que
me diga si, al menos lo que se refiere a los sótanos de la Jefatura
Superior de Policía, debe ser objeto de alguna iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quisiera agradecer, con brevedad, la información
dada por el señor secretario de Estado de Seguridad en torno a la
situación, instalaciones y medios de la Policía Nacional en la ciudad
de Zaragoza.
Como bien ha señalado el señor secretario de Estado, las
instalaciones y medios de la Policía Nacional en la ciudad de
Zaragoza, siendo, como es natural, especialmente mejorable, no es
diferente de otras circunstancias y situaciones en otras capitales de
provincia, lo cual demuestra algo considerable. Demuestra cómo el
secretario de Estado de Seguridad ha venido aquí, en representación
del Ministerio del Interior, y ha hecho un análisis realista. Ha
dicho que la comisaría de distrito de Delicias está en un local
inadecuado. Ha señalado las características de la comisaría de
distrito de Centro y las características del complejo del General
Mayandaía, respecto al cual ha afirmado la necesidad de una
reestructuración general de dicho complejo. Ha hecho un diagnóstico
y, a continuación, ha servido la terapia que el Ministerio del
Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad o el cuerpo nacional
de Policía están ya poniendo en marcha para remediar esas
situaciones.
Si hace tiempo se hubiera hecho por parte de alguna autoridad
policial este mismo análisis, probablemente hoy no estaríamos
celebrando esta comparecencia o la estaríamos haciendo de una manera
diferente. Hay algunos símbolos, sobre todo cuando se trata de
símbolos negros, que conviene corregir. Hemos escuchado literalmente
que los calabozos están como estaban en la época de la dictadura y
eso es bueno que se corrija cuanto antes porque es un símbolo oscuro.
La lástima es que no se haya tenido esa misma sensibilidad para
corregir la situación de esos símbolos oscuros en momentos
anteriores. Se le ha preguntado al señor
secretario de Estado si va a tomar medidas para remediar esta
situación. En su propia exposición inicial se han señalado las
medidas que se están tomando ya, al igual que se están haciendo en el
conjunto de las infraestructuras policiales de este país y del
patrimonio y el capital humano y material de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Si hay algo que es notable en estos últimos
años -siempre, insisto, desde el compromiso de la autoexigencia
permanente- es el esfuerzo realizado por el Ministerio del Interior
tanto para la mejora de su capital humano como para la mejora de sus
infraestructuras materiales y de las condiciones en las que
desarrolla su trabajo ese importantísimo capital humano. Todavía hay
muchas cosas por hacer, claro que sí, porque la tarea que había que
realizar era ingente. Esta misma mañana se ha puesto un magnífico
ejemplo cuando se ha dicho que los calabozos de la jefatura superior
están en la misma situación que durante la dictadura. En un momento
dado, ni siquiera para atender a la desaparición de algún símbolo
oscuro, hubo la diligencia o la sensibilidad necesaria. No es de
recibo que en la España del siglo XXI aún subsistan algunos de esos
símbolos oscuros. Lo que tengo absolutamente seguro es que, mientras
que en la España del siglo XX esa situación no se remedió, en la
España del siglo XXI y en el contexto de las políticas que viene
realizando el Ministerio del Interior para mejorar las condiciones
generales de las infraestructuras policiales de la ciudad de Zaragoza
-tal como nos ha señalado el señor secretario de Estado-, esa
situación sí se va a remediar. Por otra parte, todos -subrayo todos
porque el primero que lo ha dicho ha sido el vicepresidente primero
del Gobierno y ministro del Interior, naturalmente el secretario de
Estado de Seguridad en infinidad de ocasiones, y todos los grupos
parlamentarios- aspiramos y deseamos ir mejorando los niveles
retributivos de los miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pero ahí también se ha hecho un notabilísimo
esfuerzo y las cifras del presupuesto de este año en materia de
complementos de productividad resultan evidentes. Pero lo que no
podemos compartir, por más que todos tengamos el objetivo de ir
mejorando esos niveles retributivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, es que se haga la lectura de que, por no estar
suficientemente bien pagadas, están poco reconocidas. El Ministerio
del Interior, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, lo que
más importa al conjunto de la sociedad española, es que tienen en una
altísima estima la tarea que día a día realizan y en este caso,
porque estamos hablando de ello, los miembros del cuerpo nacional de
Policía. Por cierto, el Cuerpo Nacional de Policía dispone de cauces
suficientes de naturaleza interna para la expresión de dichos
miembros y ahí están los sindicatos e instituciones como el Consejo
de la Policía. Si esas son las reglas del juego, suficientemente
claras, amplias y democráticas para que los cauces de expresión
interna funcionen, eso
supone que todo el mundo se tiene que atener a ellas y que si en las
reglas del juego está el que no se pueden dar determinadas ruedas de
prensa vestidos de uniforme, todo el mundo tiene que aceptarlo y
cumplirlo. Por lo demás, situaremos en el calor del debate
parlamentario de esta mañana pre navideña alguna expresión que si se
situara fuera de ella resultaría gruesa. Calificar el papel del
delegado del Gobierno de patético papel de aprendiz de especulador,
es un notable exceso. ¿Acaso en una sociedad democrática, como la
nuestra, con un Estado de derecho muy sólido y muy consolidado, un
delegado del Gobierno puede actuar por sí y ante sí, ante su único y
real capricho, ante su única y real voluntad? O por el contrario, ¿en
una sociedad democrática y en un Estado de derecho profundamente
consolidado como el nuestro, un delegado del Gobierno o cualquier
autoridad pública, actúa de una determinada forma porque así se lo
permite la legislación vigente y con escrupuloso atenimiento a ésta?
¿Es indispensable discrepar de las actuaciones de las autoridades
públicas? Naturalmente que sí. ¿Y que se tengan otros puntos de vista
respecto de determinadas decisiones de las autoridades públicas?
Naturalmente que sí, pero lo que no se puede nunca perder de vista es
que la autoridad pública, cuando actúa, lo hace desde su punto de
vista al servicio del interés general, con atenimiento pleno y
escrupuloso a la legislación vigente, porque si fuera de otra forma
probablemente se estaría incurriendo en conductas penalmente
tipificadas, que estoy absolutamente seguro de que esta mañana nadie
ha querido atribuirle al señor delegado del Gobierno en Aragón. Por
cierto, convendría no olvidar, sobre todo por quienes intentan
atribuirle el patético papel de aprendiz de especulador, que este
delegado del Gobierno ha prestado importantísimos servicios a la
sociedad española, a las libertades, a los ciudadanos y a la vida de
todos, a la pluralidad democrática en su etapa anterior como
subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, en donde probablemente el
señor Ameijide se estaba jugando, al servicio de los demás, la propia
vida.
Termino, señor secretario de Estado. Le animo a que en el futuro siga
usted compareciendo ante esta Comisión en los términos en los que lo
ha hecho esta mañana, sin ningún tipo de eufemismo, sin ningún tipo
de triunfalismos, retratando, como ha hecho esta mañana, las
carencias y las lagunas, las suficiencias y las insuficiencias: y,
eso sí, cuando haya cosas que mejorar, teniendo, como ha tenido en
este acto, la sinceridad y el compromiso político e intelectual de
decirlo con claridad, pero a continuación de establecer, como ha
establecido, los remedios y las terapias previstas para corregir esa
situación. Es lamentable -vuelvo a repetir y con esto concluyo- que
se diga que los calabozos están como están desde la época de la
dictadura. Estoy absolutamente convencido de que esta Gobierno pondrá
fin a esa situación. Otros lo lamentan, pero no
hicieron nada cuando tuvieron oportunidad de terminar con un símbolo
oscuro.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Tomo
buena nota de las quejas o denuncias sobre los calabozos, asunto por
el que me interesaré personalmente para solicitar un informe que me
permita, junto con el de S.S. que es suficientemente explícito, tomar
medidas concretas.
En cuanto a la situación de los inmuebles de Zaragoza, entendidos
como el continente y no como el contenido, ha quedado claro cuáles
son las obras que vamos a acometer. La secretaría de Estado está
desarrollando un plan de infraestructuras, a cinco años, para, con
los recursos con los que contamos, poder atender de una manera
general en toda España tanto las necesidades del cuerpo nacional de
Policía como las de la Guardia Civil en este ámbito de los inmuebles
que requieren una inversión continuada en el tiempo, porque
determinadas grandes obras no se pueden acometer en el corto espacio
de tiempo de un año. Como ya he demostrado aquí con los proyectos en
los que estamos involucrados, Zaragoza tiene una prioridad que viene
de una situación complicada, sobre todo en el ámbito que nos preocupa
extraordinariamente por su seguridad de las cuadras de las
caballerías en el centro de Zaragoza, que es lo primero que vamos a
solucionar porque afecta, no solamente a la situación de la policía,
sino también a aspectos de salud de la ciudadanía. Todo eso lo vamos
a mover, aunque ya está en marcha Decía S.S. que determinados
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se quejan del tema
relativo a las telefonías. El Ministerio del Interior está abordando
en este momento -aunque ya está en marcha- el programa más ambicioso
de telefonía y de comunicaciones que ha tenido cualquier ministerio
de España para comunicaciones privilegiadas entre las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado. La inversión en este programa es
extraordinaria, va a suponer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado van a contar con el programa más desarrollado en
comunicaciones, comparable al de cualquier país del mundo
desarrollado, con nuestros vecinos franceses, por ejemplo. Si no me
confundo, creo que este programa ya está en funcionamiento en Navarra
y no sé si Zaragoza está comprendida en la siguiente fase. Quejarse
de que en determinados lugares no se oye la telefonía móvil, no es
acorde con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en
comunicaciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
esfuerzo que se está haciendo con una enorme visión de futuro.
Estamos estableciendo un sistema que probablemente acaben utilizando
otras instituciones del Estado, haciendo uso de la parte de la
infraestructura y no de
nuestras líneas, ya que ofrece todas las garantías de seguridad y de
utilización permanente de lo que son hoy en día los medios de
comunicación para la transmisión de datos. Se trata de un programa
extraordinariamente ambicioso y que está en marcha, por lo que
quejarse en un momento dado de la telefonía móvil cuando en el cuerpo
nacional de Policía todo el mundo lo conoce y algunos compañeros lo
están utilizando, no me parece que se acomode a la situación real.
Falta de medios. Yo he descrito una situación de medios que tiene
unos resultados medibles. Hoy en día la Comunidad Autónoma de Aragón
y la provincia de Zaragoza tienen -y yo no estoy nada satisfecho de
ello- unos niveles de delincuencia menores que los de otras grandes
ciudades de España y eso se debe a que se funciona porque se tienen
medios. Comprendo que todo es mejorable. El señor Gil Lázaro ha dicho
algo que es verdad y es que nosotros tenemos una ingente tarea que
hacer. Acomodar a la seguridad ciudadana los niveles de inseguridad
que hoy en día tenemos, toda una estructura que tiene que agilizarse,
potenciarse y financiarse, no es una tarea sencilla, puesto que eso
está imbricado en otros ámbitos de las políticas generales del Estado
necesarias para la ciudadanía, tan necesarias como el mantenimiento
de los niveles de seguridad. Yo estoy convencido de que los niveles
de seguridad en una sociedad avanzada como la nuestra hoy son el
primer bien que tiene que proporcionar el Estado a la ciudadanía,
aunque existen otros bienes que tenemos ya por ley. En equilibrio de
la estructura de la política general del Estado, estamos haciendo un
esfuerzo permanente de buena gestión. Curiosamente en Zaragoza tiene
reflejo en los índices de delincuencia, índices que siempre son
inaceptables, ya que hay que atajar cualquier índice de delincuencia,
pero dentro de la razonabilidad política de lo que estamos haciendo
en España, están de la zona media hacia abajo. Quizá se debe a que en
Zaragoza no se dan las condiciones -también es un mérito de todos los
que estamos contribuyendo a que haya un bienestar social-, para que
haya una actividad delictiva desatada, por decirlo de alguna manera.
Somos muy conscientes del tema de ETA y de los daños que ha causado
en Aragón, sobre todo en el año 2002, pero no se dan unas condiciones
de inseguridad desatada por parte del ámbito socioeconómico y porque
las policías funcionan. Le puedo asegurar que, cuando hablamos tanto
con los funcionarios del cuerpo nacional de Policía, tanto con los de
Zaragoza como con los responsables policiales tras 35 años de
ejercicio de su carrera, nos dicen que en Zaragoza hay muchas cosas
mejorables, las que he dicho. También es verdad que se ha producido
un incremento de la oferta pública de empleo que este Gobierno ha
hecho histórica, tanto el año pasado como el año que viene, desde
1990 por lo menos. Señoría, hay cosas que corregir, usted las ha
señalado y yo las he apuntado, pero el impulso que se está dando
desde el Gobierno y desde el Ministerio del
Interior a Zaragoza y a Aragón, desde el punto de vista de las
inversiones en seguridad, no es desdeñable y por supuesto no se puede
hablar en un tono derrotista o de situación irremediable.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, tiene la palabra.
La señora GALLIZO LLAMAS: Como siempre, señor Morenés, le agradezco
el tono de su intervención. No obstante, quisiera aclararle algunos
detalles. Es verdad que Zaragoza se ha situado siempre en la zona
media-baja en cuanto a los índices de delincuencia, pero lo que a
nosotros nos preocupa es que eso está cambiando. De hecho, los datos
de este año -esa es la razón fundamental de nuestra preocupación y de
haber solicitado esta comparecencia- indican que nuestra comunidad
autónoma se sitúa en segundo lugar en relación con el incremento de
la delincuencia. Es un dato que llama mucho la atención, ya que
contrasta con la idea que se tiene de que la nuestra es una comunidad
apacible y Zaragoza una ciudad tranquila, que lo es, pero en la que
los índices de delincuencia se están incrementando. Aquí pasa como
con la ecología, con el medio ambiente: que todo tiene que ver con
todo lo demás, que todo está relacionado. Yo no sé si usted sabe que
la edad media de los miembros de la Policía Nacional en nuestra
ciudad está en torno a los 50 años. Esto es una barbaridad. No es
lógico ni razonable que la edad media de la plantilla de la policía
sea tan alta. Me explican que esto es así porque se considera que no
es una zona conflictiva y que se destina a los agentes más jóvenes a
zonas que sí lo son. Es un argumento que puntualmente puede tener
sentido, pero a medio y largo plazo no lo tiene, porque precisamente
a lo que eso contribuye es a que al final todas las zonas se
conviertan en conflictivas o a que por lo menos se deterioren. Existe
un déficit importante de personal, ya se lo he dicho. No es sólo una
opinión de los sindicalistas, sino también de los responsables de las
diferentes comisarías. Cuando yo les pregunto cuáles son los
problemas más importantes que tienen, lo primero que me dicen es que
no pueden llevar a cabo las patrullas nocturnas porque no tienen
efectivos y tienen que doblar turnos. Esto hay que remediarlo.
En segundo lugar, quisiera hacer un comentario ante el exceso del
señor Gil Lázaro a propósito de la expresión que he utilizado para
definir al señor delegado del Gobierno. La especulación todavía no
está tipificada como delito y no he acusado al delegado del Gobierno
en Aragón de ningún delito, sino que he utilizado una expresión que
me parecía gráfica, ya que no tiene mucho sentido que desde la
representación de la Administración central se recurra formalmente el
plan general que hace el ayuntamiento de la ciudad, que tiene un
signo político, y que corrobora la Diputación General de Aragón, que
tiene otro signo político, que son los
que conocen y determinan qué es lo conveniente para cada zona y para
la ciudad en general, y menos cuando se recurre para que sea
edificable y por lo tanto para obtener más beneficios en el caso de
una venta posterior de los locales. Ha sido una manera de definirlo,
no sé si la más afortunada. Lo he dicho con el total respeto y afecto
que siento por el señor Ameijide con el que me peleo y me reconcilio
cada mes más o menos. (El señor Gil Lázaro: ¡Eso es magnífico!)
Repito que lo he dicho con todo el respeto hacia la persona y no
hacia su gestión, que me parece mala y la critico con mucha
vehemencia.
Otro comentario. En España ha existido un Gobierno socialista durante
bastante tiempo, un gobierno que recibió muchas herencias de la
dictadura, algunas de las cuales abordó y resolvió. Hizo muchas cosas
y hoy afortunadamente nos encontramos con una España muy distinta a
la que había a principios de los años ochenta, pero no lo hizo todo,
sino que dejó algunas cosas pendientes para que las resolvieran
ustedes. Si no tuviesen nada que resolver y todo estuviese perfecto,
¿qué harían ustedes en el Gobierno? Es preferible dejar a los
funcionarios que hagan su tarea, que a veces la hacen mejor sin
interferencias.
Yo no había visto esos calabozos hasta el mes pasado, cuando hice esa
visita. Agradezco su sensibilidad para abordar este tema, no todo el
mundo tiene la misma sensibilidad y algún responsable de la policía
me explicó que estaban así porque sólo iban delincuentes. Primero, no
son delincuentes sino presuntos delincuentes porque van las personas
hasta que pasan a disposición judicial. Segundo, sean delincuentes o
no, son personas y tenemos que velar por que sus derechos estén
garantizados, y la dignidad de nuestras instalaciones tiene que ser
extrema, sean quienes sean los que las ocupan. Finalmente, hay que
explicar a los ciudadanos que hay que invertir en seguridad porque es
rentable, aunque con otro tipo de rentabilidad que no es la que se
acostumbra a valorar. Invertir en seguridad también es hacer
inversiones sociales porque detrás de la delincuencia hay problemas,
a veces muy profundos y otras no tanto, sin abordar. No quiero hacer
ahora un tratado acerca de estas cosas, pero hay que explicar a los
ciudadanos que tenemos que dignificar y modernizar todo lo relativo a
la seguridad porque es una exigencia del tiempo en que vivimos que la
seguridad sea compatible con la libertad y con el escrupuloso respeto
de los derechos humanos. Esa es la obligación que tenemos todos, la
del Gobierno y la de la oposición, y por nuestra parte se la vamos a
demandar con todo rigor y de forma permanente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, voy a intervenir con toda
brevedad porque sólo quiero poner el acento en esta segunda
intervención de la señora
Gallizo, en donde hay un punto de coincidencia absoluto con nuestros
planteamientos. Tomo buena nota y agradezco esa expresión de respeto
personal hacia la figura del señor Ameijide, unida -lo señalaba en mi
anterior intervención- a la discrepancia con la gestión política,
naturalmente que sí. Por cierto, esa secuencia de encuentros,
desencuentros, enfados y reconciliaciones es siempre magnífica en
todos los órdenes de la vida.
En segundo lugar, yo mismo he reconocido muchas veces en esta
Comisión las cosas que se han hecho bien durante 14 años, y me remito
al «Diario de Sesiones». Por eso, y porque al mismo tiempo hay cosas
que no se pudieron hacer o que se dejaron de hacer y porque la tarea
en el ámbito del Ministerio del Interior era ingente por razones
obvias, no conviene perder la perspectiva de lo mucho que ha venido
haciendo este Gobierno y lo que tiene comprometido seguir haciendo.
Coincido en que debe ser un esfuerzo y un compromiso de todos que las
instalaciones policiales dispongan siempre de su máximo grado de
dignidad material sea quien sea quien esté allí, tanto en lo que
afecta a instalaciones a utilizar por los profesionales como a las
destinadas a detenidos. Como bien señalaba la señora Gallizo, la
libertad tiene un componente necesariamente profundo de compromiso
estético, de respeto a las formas, y no solamente a las formas
procedimentales sino también a las materiales.
Por último, estamos de acuerdo en que invertir en seguridad es
rentable, ¡claro que sí! Invertir en seguridad es rentable con un
carácter y una óptica multidisciplinar. Precisamente porque estamos
de acuerdo en eso, que es lo que ha venido siendo la política del
Gobierno, tampoco conviene olvidar la perspectiva del presupuesto del
Ministerio del Interior en estos últimos años. Y digo en estos
últimos años no como referencia a ninguna situación política anterior
sino como consecuencia del panorama de estos años en que ha habido
que hacer un esfuerzo restrictivo importante para poder llegar a
tiempo a esa estación histórica tan fundamental como era nuestra
presencia en primera línea en la construcción de la Europa económica,
de la moneda única europea. En un conjunto de presupuestos donde ese
elemento restrictivo era imprescindible el presupuesto del Ministerio
del Interior, sin embargo, ha ido creciendo año a año porque todos
estábamos convencidos de que invertir en seguridad era, es y será
siempre rentable, con ese carácter multidisciplinar que señalaba la
señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y también porque
la tarea a realizar en el Ministerio del Interior, por razones que no
vienen al caso pero que son de todos conocidas, como ha recordado el
señor secretario de Estado de Seguridad, era y sigue siendo ingente.
Por lo demás, todos compartimos materias como la necesidad de
personal. Precisamente por eso este Gobierno ha hecho en los últimos
años un esfuerzo muy importante para ir aumentando cada año la oferta
de empleo
público destinada a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
cubrir las nuevas necesidades de plazas y rejuvenecer unas plantillas
que habían ido envejeciendo paulatinamente acaso porque en la visión
del horizonte del conjunto de las mismas no había habido en su
momento una programación a medio y a corto plazo, y eso es lo que
también se está intentando remediar ahora.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar un debate que está prácticamente
concluido, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor
presidente, solamente haré un cuadro de mi intervención. Hay unas
carencias en infraestructuras, unas obras ya programadas y un plan
para poder abordar aquéllas que en este momento no están en marcha.
Anoto el tema no menor -sí, quizás, en cuantía- de los calabozos
porque con un poco de esfuerzo se podrá ver cómo están sus
condiciones de higiene dado que no son cuestiones elementales
o esenciales de infraestructuras, sino un aspecto referido al cuidado
del material, por decirlo así. En cuanto a la carencia de personal,
estamos haciendo un esfuerzo relevante; lo hicimos en el 2001 y lo
vamos a hacer el próximo año con la oferta pública de empleo, con
crecimientos que son capaces de superar las salidas masivas de
funcionarios del cuerpo nacional de Policía para que, por primera vez
desde los años noventa, entren más que salgan. En cuanto a los
medios, con los grandes programas que están radicados en la
Secretaría de Estado de Seguridad las inversiones en la seguridad de
los ciudadanos suponen los mayores crecimientos. No digo que sean
suficientes, pero son los mayores de los últimos años y suponen en sí
mismo un gran esfuerzo. Lo que yo he aprendido en este ministerio es
que hay que estar permanentemente insatisfecho para no caer en la
satisfacción de lo que se hace, porque son muchos los problemas y las
necesidades. Aquí se está jugando con asuntos muy graves y siempre
mejorables. En esa actitud de trabajo y humildad ante lo que pueda
ser un éxito o un fracaso, esta secretaría de Estado y el ministerio
están comprometidos. Deseo añadir que tenemos la confianza de poder
gestionar este ámbito de la seguridad de la política general del
Gobierno en esas condiciones y a ello nos entregamos con total
dedicación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
VIGILANTES, ESCOLTAS Y VIGILANTES
DE EXPLOSIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA EXISTENTES EN ESPAÑA, SU EVOLUCIÓN
DESDE EL AÑO 1996 Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA FAVORECER SU CRECIMIENTO.
(Número de expediente 181/001087.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la comparecencia, entramos en el
trámite de preguntas.
Para formular la que figura con el número 2 del orden del día, tiene
la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor secretario de Estado, ¿cuál es el
número de vigilantes, escoltas y vigilantes de explosivos de
seguridad privada que existe hoy en España, cuál es su evolución
anual desde 1996 y qué medidas ha tomado el Gobierno para favorecer
su crecimiento?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): No
empezaré excusándome, pero no existen datos estadísticos homogéneos
sobre el personal por el que me pregunta hasta dos años después de
1996, es decir hasta 1998. Esto es así porque antes de la publicación
de la Ley de seguridad de privada y su desarrollo normativo, la
habilitación del personal de seguridad privada se llevaba a cabo por
los distintos gobiernos civiles, hoy delegaciones y subdelegaciones
del Gobierno. La publicación y entrada en vigor de la nueva normativa
introdujo un procedimiento distinto para la habilitación de personal,
pues desde 1998 atribuye la competencia al director general de la
Policía. Asimismo se estableció un plazo para que el personal
habilitado con arreglo a la anterior normativa canjease su
habilitación por la nueva tarjeta de identidad profesional. Hasta el
día 12 de enero de 1998, el personal habilitado con arreglo a la
anterior normativa tuvo que canjear su anterior acreditación por las
nuevas tarjetas de identidad provisional reguladas en la normativa
vigente. Dicho canje se realizó durante los años 1997 y 1998,
y afectó aproximadamente a unos 54.000 vigilantes jurados que se
encontraban habilitados por los distintos gobiernos civiles. En todo
caso y pese a la falta de homogeneización de los datos, le facilitaré
toda la información de que disponemos. Teniendo en cuenta las
anteriores premisas, la evolución del número de personal habilitado
se concreta en los siguientes datos, Vigilantes de seguridad: en el
año 1998 había 68.486; en el año 1999, 78.476; en el año 2000,
82.505, y en el año 2001, prácticamente hasta final de año sin contar
el mes de diciembre, 88.138. Escoltas privados: en el año 1998 había
1.847; en el año 1999, 4.697, y en el año 2000, 6.775. Vigilantes de
explosivos: en el año 1998 había 1.392; en el año 1999, 2.296; en el
año 2000, 3.060, y en el año 2001, 3.568.
El control de la Administración del Estado sobre la prestación de
servicios de seguridad por empresas privadas y por el personal en
ellas integrado, salvo en algún caso particular, se basa en el hecho
de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de
la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, atribuida
al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y que la
misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana es responsabilidad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el artículo 104 del citado
texto constitucional. En este sentido, la actividad de los órganos de
la Administración respecto al sector de la seguridad.....
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, el ruego vaya
concluyendo, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señoría,
como me pedía los datos, creo que ya se los he dado.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor secretario de Estado, en vista del
tiempo tan limitado que le ha dejado el señor presidente, me temo
también lo peor para mí. Espero poder decir algo a lo largo de mi
intervención. Me siento solidario con S.S.
Los datos han sido muy escuetos y no sé si permiten hacer un juicio
exacto de la cuestión. En todo caso,podemos constatar lo siguiente.
La evolución del número de vigilantes, escoltas y vigilantes de
explosivos de seguridad privada en general en España ha sido
extraordinariamente rápida desde el año 1996. El número de empresas
ha crecido el 40 por ciento desde el año 1996 al año 2001. Son datos
que ustedes han proporcionado en una contestación por escrito a
miembros de mi grupo parlamentario.
En primer lugar he echado en falta el dato del número de empresas,
puesto que estaba preguntando por todo el conjunto de seguridad
privada en nuestro país. El número de empresas ha crecido alrededor
del 40 por ciento, es decir han pasado de 631 empresas en el año
1996, a 968 en el año 2001. El número de personal habilitado ha
crecido en los últimos cuatro años -no en seis años- en torno al 27
por ciento -una cifra muy aproximada a la que ha dicho S.S.-, en la
medida que en el año 1998 el conjunto de este personal representaba
73.760 agentes, que han pasado en el año 2001 a 100.946. Por tanto se
constata un crecimiento rápido, debido evidentemente a una demanda
creciente de seguridad privada, que a su vez está relacionado con el
incremento de la inseguridad pública y la insuficiencia del servicio
público de seguridad, es decir del número de agentes existente. Todo
esto tiene mucho que ver con la baja inversión en seguridad pública
que existe en nuestro país. En términos de participación en el PIB de
los gastos
de seguridad pública en nuestro país, hemos pasado del 0,63 por
ciento en el año 1996, a 0,52 por ciento en el presupuesto del año
2002. Esta preocupante situación pone en evidencia que la seguridad
privada crece aceleradamente mientras que la pública se estanca. El
Ministerio del Interior -y esto es lo preocupante- se ha instalado
desde nuestro punto de vista en la doctrina de la incapacidad del
servicio público -que está compuesto obviamente por todas las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, municipales y autonómicos- para
garantizar la seguridad de los ciudadanos. Véanse las declaraciones
reiteradamente recordadas de los delegados del Gobierno en Madrid y
Barcelona ante sucesos notorios, aconsejando a los habitantes de las
urbanizaciones que se proveyeran de seguridad privada, y otras
declaraciones atribuidas al propio subdirector o jefe de servicio de
seguridad privada del Ministerio del Interior.
Por esta razón es evidente que la seguridad pública se ha convertido
en un negocio floreciente. Invertir en seguridad, como decía el señor
Gil Lázaro hace un momento, es una buena inversión, teniendo en
cuenta que es una alternativa a la que muchos ciudadanos no tienen
más remedio que acceder. Ahora bien, esta privatización de la
seguridad iniciada, aparte de una abdicación de las responsabilidades
y funciones del Estado, implica la aparición de una laguna en nuestro
Estado de derecho -desde mi punto de vista-, en la medida que genera
una desigualdad con aquellos sectores que tienen menor capacidad de
renta, que es perjudicial para ellos. En consecuencia sería
conveniente -y este es el sentido de la pregunta, señor secretario de
Estado-, que además de poner fin a esta dinámica de estancamiento del
servicio público y crecimiento acelerado del sector privado
-obviamente derivado de la insuficiencia del servicio público-, se
atendieran determinadas cuestiones que le voy a precisar y con las
que termino mi intervención.
En primer lugar, sería conveniente ser muy celoso en la determinación
de los intereses, evitando la confusión entre intereses públicos y
privados. Al parecer -según algunos dicen, y parece que algo de
cierto hay-, en la empresa privada existe una dinámica de designar
para los altos cargos personas que proceden de altos cargos de la
seguridad pública; por razones de incompatibilidad, habría que
impedir la mezcla de intereses públicos y privados.
En segundo lugar, sería conveniente que su ministerio cumpliera el
artículo 2.4 de la Ley 23/1992, de seguridad privada, que ha sido un
punto absolutamente olvidado. En dicho punto se dice que así como las
empresas de seguridad deben informar al Ministerio del Interior sobre
el desarrollo de sus actividades, el Ministerio del Interior dará
cuenta a las Cortes del funcionamiento del sector. Les recuerdo que
es un precepto contenido en el artículo 2.4 de la citada ley; por
tantole pedimos, señor secretario de Estado, que se proceda
a informar a estas Cortes en un plazo razonable sobre el
funcionamiento del sector privado de seguridad, ya que es un mandato
legal. Por todo ello, solicitamos que, obviamente ya a lo largo del
año 2002, no creo que se pueda hacer antes de las vacaciones de
Navidad, informe S.S. a estas Cortes sobre el desarrollo de este
sector, con independencia del contenido de esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Como S.
S. ha leído textualmente el título de la pregunta, he contestado a
dicho título de la pregunta, donde no se habla de empresas. El tema
de las empresas no lo sé, pero como lo ha dicho S.S., lo doy
absolutamente por hecho. En el título de la pregunta no leo el
interés de S.S. en el número de empresas.
Dicho esto en un aspecto informal, entiendo que tiene su fondo, es
decir al haber un negocio florecen las empresas, aspecto no malo en
sí mismo como desarrollo económico de un país, pero que refleja sin
duda la necesidad de seguridad de la ciudadanía que la demanda y la
adquiere donde lo considera oportuno.
Aunque el número de vigilantes he dicho que son 88.138, los que se
encuentran trabajando en estos momentos son unos 65.000, pues, una
cosa son las licencias y otra cosa son los trabajos. Solamente daré
unos datos.
Respecto a la participación en el PIB, es evidente que la
participación en el PIB en casi todos los ministerios ha bajado
porque el PIB se ha incrementado de manera sustancial; yo creo que la
inversión en seguridad, que está bien que se mida en términos de PIB,
siempre tiene sin embargo un crecimiento real en términos de pesetas
constantes si se ve desde el año 1996, y mucho desde luego si se ve
desde el año 2000, que es a lo que me referí antes, en aspectos
concretos como son los temas de crecimiento o paliar los déficit que
tanto se denuncian de personal en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
En cuanto a un término comparativo, podríamos decir que Alemania y
Gran Bretaña están por encima de los 95.000 vigilantes de seguridad
privada, que creo nos arroja un ámbito también de criterio
internacional sobre donde estamos. No es un decremento, no es un
abandono de la seguridad pública por las razones que he expresado de
inversión en que SS.SS. se apoyaba.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego concluya.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Una
pequeña aclaración. La cifra total en España que S.S. me señalaba de
seguridad pública es de 180.000 funcionarios para una población de 40
millones de personas, lo que representa una ratio
del 4,5 miembros de Fuerzas de Seguridad por cada mil españoles. Esta
ratio es la segunda mayor de Europa, después de Italia, cuyo
porcentaje está por encima de 5.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CAUSA DE LAS RECLAMACIONES PRODUCIDAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN CENTROS DOCENTES DE FORMACIÓN
DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 181/001090.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que figura como número 3 del orden del
día. Tiene la palabra el señor Mayoral para formularla.
El señor MAYORAL CORTÉS: ¿Cuál ha sido la causa de las protestas y
reclamaciones que se han producido durante la celebración de las
pruebas selectivas convocadas por Resolución 160/2001, del 7 de mayo
de 2000, para el ingreso en centros docentes de formación de la
Guardia Civil y que ha originado el desplazamiento de los aspirantes
del turno libre por los aspirantes en turno de militares
profesionales?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En la
contestación a esta pregunta inexcusablemente tengo que extenderme
algo, porque tiene una serie de condiciones jurídicas y un proceso
largo en el tiempo. Intentaré resumirlo, pero espero tener éxito en
esa capacidad de síntesis. (El señor Vicepresidente, Souvirón García,
ocupa la presidencia.)
El Real Decreto 313/2001, de 23 de marzo, que aprobó la oferta de
empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para 2001, autorizó la
convocatoria de 2.280 plazas para ingreso directo en la Escala de
cabos y guardias. Por resolución de 7 de mayo de la Subsecretaría del
Ministerio de Defensa, que es quien tiene las atribuciones para
hacerlo, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes de formación para el acceso a la Escala de cabos y
guardias de la Guardia Civil.
Conforme a la oferta de empleo público, se reservaron 1.368 plazas a
lo militares profesionales de tropa y marinería que cumplieran tres o
más años de servicio efectivos antes del 17 de septiembre de 2001,
otras 250 plazas se reservaron para alumnos del Colegio de guardias
jóvenes y las 662 restantes salieron como plazas libres, todo ello
según lo expresado en la base primera de las normas generales de la
convocatoria.
El número de solicitantes a la convocatoria pertenecientes a las
Fuerzas Armadas fue de 6.208. De este total, 4.555 optaron a la
modalidad de plazas reservadas
para militares profesionales por poder completar los más tres años de
servicios efectivos en fecha prevista, supuestamente cuando lo
solicitaron, según certificaron los distintos jefes de las unidades
militares donde prestaron sus servicios. El resto, 1.653
solicitantes, optaron a las plazas libres por no concurrir tal
circunstancias.
El sistema de selección aplicado fue el de concursooposición libre.
En la fase de oposición realizada entre los días 26, 27 y 28 del
pasado mes de julio se llevaron a cabo las pruebas de ortografía,
conocimientos, lengua y psicotécnica. Una semana más tarde, el 3 de
agosto, se publicaron las listas provisionales de aspirantes,
ordenados por puntuación obtenida, así como los declarados aptos y
llamados para realizar las pruebas de aptitud psicofísica. Tres días
después, el 6 de agosto, se recibió en la jefatura de enseñanza de la
Guardia Civil un mensaje procedente del Regimiento de Infantería
ligera aerotransportable Príncipe n.º 3, con guarnición en Oviedo
(Asturias), en el que informaba sobre la existencia de un grupo de
aspirantes militares profesionales, exactamente 1.368 que he
mencionado antes, que habiendo optado a las plazas reservadas y
resultando aptos en las primeras pruebas no reunían sin embargo los
requisitos pertinentes para optar a las mismas, ya que poseían un
tiempo de servicios efectivos inferior al exigido para poder optar a
esas plazas.
Debo señalar que en lo que respecta a los militares profesionales,
además de consignar en su instancia las plazas a que optan, deben
cursarlas a través de su unidad y acompañar un certificado expedido
por el jefe de la misma donde se certifica, como dije antes, si el
aspirante puede optar o no a las plazas señaladas como reservadas. En
este caso, como ya he adelantado, en el momento de iniciarse las
pruebas existía esa certificación correspondiente de los distintos
jefes de las unidades. Con la finalidad de comprobar estas
circunstancias y su alcance, la jefatura de enseñanza de la Guardia
Civil solicitó al día siguiente, 7 de agosto, de la Dirección general
de reclutamiento y enseñanza militar del Ministerio de Defensa
certificación de la antigüedad de los 2.290 militares profesionales
que optaban a las plazas reservadas y que habían resultado aptos en
las primeras pruebas realizadas, confirmando que 320 no cumplían la
condición de llevar tres años de servicios efectivos como tales antes
del 17 de septiembre de 2001, aunque sus jefes así lo habían
certificado. Se había cometido por tanto un error, el error dimanaba
de la resolución de 20 de noviembre de 1998, adoptada por el teniente
general jefe del Mando de personal del Ejército de Tierra, en la que
a los integrantes de la segunda incorporación de 1998 se les
reconocía la condición de militar profesional de tropa y marinería
con una antigüedad de 10 de septiembre de 1998, si bien
posteriormente y por resolución de la misma autoridad se modificó la
anterior fecha por la que realmente les correspondía, es decir el 21
de noviembre de 1998.
Este cambio de antigüedad que resultaba decisivo para optar a las
pruebas selectivas por una u otra modalidad no fue tenido en cuenta
al certificar si podían optar o no a las pruebas en la modalidad
reservada para militares profesionales. En aquellos casos que se
certificó incorrectamente esa antigüedad y los aspirantes señalaron
que optaban a las plazas reservadas, el tribunal de selección les
incluyó como excluidos condicionales en las relaciones publicadas al
efecto. Disfrutaron a partir de entonces del plazo establecido para
la subsanación de errores y tras solicitar su pase a las plazas
libres continuaron participando en el proceso selectivo por esta
última modalidad.
Ante la situación planteada, las opciones barajadas por el tribunal
de selección fueron fundamentalmente dos: una, eliminar del proceso
selectivo a los 320 militares profesionales que de manera indebida
habían optado a las plazas reservadas, o mantenerlos en el proceso
selectivo pero en la modalidad libre.
Se consideró más ajustada a derecho la segunda opción, una vez
valoradas y tenidas en cuenta las siguientes circunstancias. Primero,
la situación vino provocada por un error de algunos jefes de la
unidad de Fuerzas Armadas que expidieron certificados con información
no correcta.
Segundo, los 320 militares profesionales de marinería profesional
demostraron su deseo de participar en el concurso oposición y si
optaron por la modalidad de plazas reservadas lo hicieron como
consecuencia de un error de la propia Administración.
Tercero, todos los aspirantes, con independencia de la modalidad a la
que optaban, realizaron las mismas pruebas, respetándose en todo
momento la puntuación obtenida.
Cuarto, corresponde a la Administración, interpretando de la manera
más favorable para los afectados, subsanar los defectos formales
detectados.
Quinto, la eliminación directa de los afectados que cumplían las
condiciones generales supondría una diferencia de trato en la que
podría haberse conculcado el derecho a la igualdad en el acceso a la
función pública reconocido en el 23.2 de la Constitución. A juicio
del tribunal la propuesta de eliminación hubiese exigido efectuar un
trámite de audiencia y haber otorgado a los afectados la posibilidad
de alegar lo conveniente a su derecho, pues de lo contrario se les
hubiera colocado en clara indefensión. Igualmente, ante las
circunstancias descritas, la Administración se habría visto abocada
a actuar en subsanación de los defectos apreciados de conformidad con
los artículos 71 y el 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.
Sexto, con el mantenimiento de los 320 militares profesionales en el
proceso selectivo no quedaba lesionado ningún derecho adquirido por
otros opositores, pues hasta el momento sólo existieron las listas
profesionales de aptos en las primeras pruebas y un llamamiento
de convocados a las siguientes, a las psicofísicas, en número fijado
en el doble de plazas ofertadas para cada modalidad. La finalidad que
perseguían las bases de la convocatoria hacía entender que dicha
resolución no podía perjudicar los derechos de unos aspirantes, que
reuniendo condiciones generales exigidas para elegir la modalidad
plazas libres no lo habían señalado a raíz de un error no imputable a
los mismos. En consecuencia, del 4 al 15 de septiembre se realizaron
las pruebas de aptitud psicofísica con la incorporación de 204 que
tenían puntuación suficiente para ser llamados de los 320 a los que
fue modificada la modalidad de acceso de la reservada a la libre. Los
otros 116 no participaron en esta prueba porque pese a haber sido
declarados aptos no alcanzaron la calificación suficiente para entrar
en el restringido número fijado en el doble de plazas ofertadas para
cada modalidad.
Finalizadas estas últimas pruebas, 101 obtuvieron plaza incluidos en
el turno libre. El 3 de octubre pasado el excelentísimo señor
subsecretario de Defensa, resolviendo recursos presentados por
algunos de los 204 aspirantes que originariamente optaban a las
plazas libres y que fueron desconvocados de la realización de pruebas
psicofísicas para dar entrada a los 204 profesionales que habían
cambiado el proceso de selección, no tomó en consideración las siete
circunstancias a las que hizo referencia el tribunal de selección;
por el contrario, dispuso la retroacción del expediente al momento
inmediatamente anterior a la decisión adoptada por el tribunal de
selección al considerar que la misma no encontraba amparo entre las
normas que rigen la convocatoria, por lo que dicho tribunal debía
excluir - perdón por el galimatías- a los 101 militares profesionales
que supuestamente habían obtenido plaza con pérdida de todos los
derechos adquiridos derivados de su participación en el proceso
selectivo y admitir en su lugar como seleccionados a los siguientes
101 que optaban inicialmente a las plazas libres.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor Morenés, de su propio relato se deduce
el descomunal lío que han supuesto estas oposiciones, y es obvio que
en el Estado de derecho cuando las normas se interpretan de manera
arbitraria, de una manera absolutamente voluntarista y
descontextualizadas se pueden producir situaciones de este tipo e
incluso peores.
De la explicación que ha dado S.S. hay una cuestión que me resisto a
entender. Se dice que el tribunal les incluyó como excluidos
provisionales -es una manera muy contradictoria de explicar las
cosas- pero que se consideró más ajustado a derecho incluirles porque
el error correspondía a algunos jefes. ¿Qué error, señor secretario
de Estado? ¿Tenían o no tenían los requisitos de los tres años
cumplidos de servicio continuo en el
Ejército para poder estar en la fase restringida en esta oposición?
Si no tenían esa condición el error no era atribuible nada más que a
la carencia del requisito sustancial; por tanto no creo que el hecho
de expedir una certificación en un sentido o en otro sea
determinante, sino la existencia o no de esas condiciones. Tampoco se
puede considerar como un factor que permita dictar una resolución
favorable el hecho de que las personas participantes demostraron el
deseo de participar. Francamente eso como argumento es
extraordinariamente pobre.
He estudiado con cierto grado de detenimiento esta cuestión, y creo
que aquí hay una aplicación indebida de una manera y con un calibre
tal que puede determinar la anulación del procedimiento que se ha
seguido en estas oposiciones, lo cual es grave teniendo en cuenta que
se trata del acceso de dos mil y pico guardias civiles nuevos que son
necesarios, como todo el mundo sabe, para mantener la seguridad
ciudadana en nuestro país y para procurar que disminuya el número de
delitos que se están produciendo.
Estas oposiciones tenían efectivamente los requisitos y las
características que S.S. ha señalado, sin embargo, S.S. ha olvidado
alguna cosa, y es que las plazas reservadas a militares profesionales
no cubiertas por cualquier motivo podrían acumularse hasta un máximo
del 50 por ciento al cupo de plazas libres, pero no al revés, porque
no figura en las bases de la convocatoria. Sabrá S.S. que las bases
de la convocatoria son la ley que rige la convocatoria de cualquier
oposición, y digo ley porque así lo han interpretado siempre los
tribunales. No hay ley directa más aplicable a la convocatoria de
oposiciones que esta. Sin embargo, como le digo, las 662 plazas del
turno libre no son ofertables, utilizables, ni acumulables al turno
restringido para militares profesionales, y es justamente esto lo que
se ha hecho, esta es justamente la equivocación que se ha cometido,
porque las bases de la convocatoria en este sentido son absolutamente
claras. Según el artículo 2 de las bases de convocatoria los
aspirantes deberían reunir antes de que finalizara el plazo de
admisión de instancias las condiciones exigidas por la convocatoria.
En el artículo 2.2, donde se habla de la comprobación de requisitos,
se dice en esta convocatoria, señor Morenés, lo siguiente: si durante
el proceso selectivo y los períodos de formación -incluso después del
período selectivo, por tanto- se tuviese conocimiento de que
cualquiera de los aspirantes no posee algunos de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, el tribunal acordará su
exclusión. Aquí no se ha acordado la exclusión de nadie; aquí se ha
comprobado que una serie de personas no tenían unos requisitos y en
vez de proceder a la exclusión se ha procedido de manera
absolutamente voluntarista, y desde mi punto de vista al margen del
derecho, a incorporarles a un turno que no les correspondía.
Esto que decimos se ha producido porque hay una resolución, que S.S.
conocerá, que se dictó una vez realizada la primera prueba. Los
aspirantes del turno libre reciben una comunicación del coronel
presidente del tribunal en la que se dice lo siguiente, y es el
relato en realidad de los hechos: Diferentes aspirantes que
solicitaron tomar parte en proceso selectivo en la parte reservada a
militares profesionales que lleven más de tres años, ellos declararon
que cumplían los requisitos y no resultó ser así. Sin embargo, de
manera sorprendente el presidente del tribunal dice a continuación, a
pesar de que se comprueba que no reúnen ese requisito, con
independencia de quién fuera la responsabilidad: al no cumplir dicho
requisito se comunica a otros aspirantes, a los del turno libre, que
procede que dichos aspirantes, los del turno restringido, tomen parte
en dichas pruebas selectivas por la modalidad de plazas libres. Aquí
es donde está una de las violaciones importantes de las bases de la
convocatoria porque le repito, señor Morenés, era factible que los
del turno libre pudieran pasar al restringido, y esa es una previsión
contemplada en las bases de convocatoria, pero la previsión contraria
no existía, por tanto no existe la previsión de que aspirantes del
turno restringido puedan pasar al turno libre.
Desde nuestro punto de vista, aquí se ha cometido una grave violación
legal. A su vez, el hecho de que se cometa esta violación ha
determinado que cambiara la relación de aspirantes, su posición
dentro de la lista provisional de aprobados en el primer ejercicio.
Es más, el presidente del tribunal se lo comunica directamente y les
dice: sepan ustedes que al tomar esta decisión cambia totalmente su
posición dentro de la lista provisional de aprobados. Esto es una
violación de los derechos de todas estas personas.
Concluyo diciendo primero, que ha habido una grave violación del
principio de legalidad, del principio de igualdad y no
discriminación, y por tanto también del principio de mérito; un acto
que cualquier jurista calificaría de nulo de pleno derecho. Le pido,
señor Morenés, que nos envíe el informe de la Abogacía del Estado
sobre este grave asunto, si es que se ha solicitado. La decisión es
jurídicamente tan trascendental desde el punto de vista del ejercicio
de los derechos individuales, que debería haber sido sometida, como
mínimo, al dictamen de la Abogacía del Estado. Le ruego que si tal
dictamen existe nos lo comunique.
Todo esto ocasiona los perjuicios que he señalado y tiene las
consecuencias que quisiera señalar para terminar mi intervención,
señor Morenés. Esta convocatoria de oposición la hace el Ministerio
de Defensa, y el problema deriva de actuaciones del Ministerio de
Defensa -lo ha dicho S.S. anteriormente-, y por otra parte hay una
resolución del presidente del tribunal de la oposición que procede
del Ministerio del Interior; una bicefalia y un conjunto de
actuaciones jurídicas y administrativas realmente complejos. Esto
abunda en una
situación que convendría se aclarara para el futuro respecto a las
competencias de un departamento y de otro. Por esta duplicidad de
dependencias es usual que determinadas cuestiones queden en terreno
de nadie y que nadie asuma las responsabilidades de los hechos que se
producen.
No achaco al Ministerio del Interior la responsabilidad de lo
ocurrido, que ha sido grave, sino a una conjunción de factores que en
muchas cuestiones están incidiendo de modo desfavorable en el
servicio público, particularmente en el desarrollo de las actividades
relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Deberíamos ir pensando que en estas cuestiones, el sistema de
distribución competencial entre Interior y Defensa no es el correcto.
Esta oposición, aparte del desaguisado jurídico y del perjuicio que
ha ocasionado a muchos de los aspirantes, viene a poner en evidencia
que el ejercicio conjunto de competencias y la distribución de las
mismas que existe en este momento entre Interior y Defensa no es
adecuado para la gestión clara de estas cuestiones y para la rápida
solución de estos asuntos.
Le pido por favor, señor Morenés, que atienda mi ruego y nos remita
el informe del abogado del Estado o del asesor jurídico que haya
intervenido en este asunto. De esta manera podremos tener un elemento
más de clarificación, porque no estamos aquí para hacer oposición por
oposición ni crítica por crítica...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vaya terminando, por
favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Aquí estamos para tratar de mejorar el
servicio público que usted mismo tiene encomendado en lo que se
refiere a su gestión, y procurar que las cosas vayan bien en
beneficio de los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Trataré
de resaltar la parte más estructurada de su intervención, señoría,
sin que esto signifique que haya partes desestructuradas.
Primero, hay una decisión jurídica que establece cómo paliar un error
que afecta a determinadas personas. Su Señoría dice: ¿existe o no el
cumplimiento de un tiempo? Bueno, no existe pero hay una apariencia
de que existe, y de ahí el error. Todo esto parte de que alguien
certifica una circunstancia que no se da en la realidad. A partir de
ese momento, se trata de interpretar y actuar apoyándose en
determinados preceptos legales que he relatado -siete principios-
para tratar de que se derive el menor daño posible de un error de la
Administración, de hecho se plantea una posibilidad cuyos argumentos
jurídicos y base normativa he descrito antes. Esto empieza y termina
en el Ministerio de
Defensa, y al llegar al ministerio la opinión del tribunal de
oposición es desautorizada -o no compartida, para no decirlo tan
duramente- por el subsecretario de Defensa, pues considera que la
circunstancia de que existan una serie de factores atribuibles a
errores de la Administración no es suficiente para establecer unos
criterios de menor daño, que es lo que el tribunal de oposición trató
de hacer en mi opinión. Es parte del proceso que está así
establecido; por eso hay una instancia última del subsecretario de
Defensa para vigilar esta interpretación jurídica que S.S. dice que
es forzada y de la que dice además que es antijurídica o ilegal. Por
mi parte, creo que se trata de una interpretación forzada ante una
circunstancia desgraciada, por la que dentro de lo material se podía
facilitar -o interpretar favorablemente- a determinadas personas que
habían sido perjudicadas el acceso a la profesión de guardia civil.
No obstante entiendo -y comparto también- que el subsecretario de
Defensa no lo considerara suficientemente bien basado y lo rechazara,
produciéndose así la desafortunada situación, que ya venía de origen,
de que determinadas personas pudieran tener acceso, como mal menor,
en la próxima oposición y no en la presente.
Decir que de esto después de cientos de oposiciones -o por lo menos
de decenas ellas-, se deduce, el mal intrínseco de la adscripción
orgánica de la Guardia Civil al Ministerio de Defensa, en su
condición de cuerpo policial de naturaleza militar, y al Ministerio
del Interior, creo que es hacer de la excepción la regla y es un
juicio que no se puede admitir sin crítica. En ninguna de las veces
anteriores ha ocurrido; se ha hecho suficientemente bien. La
adscripción de un cuerpo militar a un órgano militar, como el
Ministerio de Defensa, tiene sentido. En todo caso estaremos hablando
de la condición y naturaleza militar de la Guardia Civil, que es otro
asunto y en este momento el Gobierno no considera oportuno cambiar.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MOTIVOS POR LOS QUE LAS REVISTAS POLICÍAS Y GUARDIA CIVIL HAN
PUBLICADO SENDOS ARTÍCULOS DEDICADOS A RECORDAR LOS SUCESOS
RELACIONADOS CON LOS ASESINATOS DE JOSÉ CALVO SOTELO Y DEL TENIENTE
JOSÉ CASTILLO EN JULIO DE 1936. (Número de expediente 181/001092.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular la pregunta
siguiente, prevista en el orden del día tiene la palabra el señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Nos vemos obligados ahora, señor secretario
de Estado, a plantear un asunto no muy habitual pero profundamente
desagradable e injustificable. En primer lugar, en la sección
Historia de la Policías del número 139 de la revista Policía, cuyo
consejo de redacción le recuerdo que está integrado por los
directivos del Cuerpo Nacional de Policía -el subdirector nacional
ejecutivo, el subdirector de Gestión y Recursos Humanos, el jefe del
Gabinete Técnico y el jefe de la división de formación
y perfeccionamiento-, todos ellos cargos de confianza del señor Cotino,
de S.S. y del señor ministro, aparece un relato sin firma y sin el
nombre del autor, en el que se describe el asesinato del señor Calvo
Sotelo. Desde luego, nos ha llamado la atención, primero porque se
coja esta cuestión como sujeto histórico de esta edición, y segundo
porque se repita una cuestión similar en la revista del cuerpo de la
Guardia Civil en el presente año.
Queremos saber a qué viene a estas alturas que en una revista de
carácter institucional y dependiente del Gobierno se singularicen y
se extraigan casos de estas características, sobre todo porque
contienen una serie de juicios de valor, una serie de elementos
valorativos que creo se concilian muy mal, incluso creo que están en
contradicción con el cumplimiento de un deber que según la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene la propia Policía y
tiene la propia Guardia Civil, que es el deber de absoluta
neutralidad política e imparcialidad, y en consecuencia la no
discriminación a nadie ni a nada por razón de raza, religión u
opinión.
Pues bien, he aquí que nos encontramos ante un supuesto en que todos
estos principios de neutralidad política desde mi punto de vista son
violados y se plantea una cuestión que a estas alturas del tiempo
desde luego significa un grave error, sobre todo que aparezca
reflejada en una publicación de carácter institucional, propia de un
servicio público, en este caso el servicio público de seguridad, y de
un cuerpo nacional, y estoy refiriéndome en el primer caso al asunto
que aparece reflejado, a la descripción y al relato histórico,
pseudohistórico más bien diría yo, que aparecen en la revista del
Cuerpo de Policía Nacional, atentatoria en todo caso contra los
principios de pluralidad y de neutralidad política que debe existir.
Se incluye un relato en el que se cuenta una historia de un mando
policial, creo que se hurga en heridas que todos queremos y debemos
dar por superadas, que debieran estar superadas, y se recoge el
relato con cierta intencionalidad pedagógica que supone una
exposición que intenta obviamente extraer algún tipo de enseñanza,
porque no tiene sentido que se publique algo de esto en una revista
de estas características.
Considero que estamos ante un auténtico despropósito, ante una
situación injustificable, porque en el relato se contienen elementos
como los siguientes: Que el asesinato del teniente Castillo -lo digo
para que vea por donde discurre el relato- había sido preparado por
el Gobierno de Casares Quiroga; que había un pistolero que asesinó al
señor Calvo Sotelo que era de la escolta de don Indalecio Prieto; que
se tranquiliza a los autores
de la muerte del señor Calvo Sotelo diciéndoles que lo sucedido lo ha
ordenado el director general de Seguridad y a éste se lo ha mandado
el ministro de Gobernación. No quiero seguir con este relato porque
contiene elementos absolutamente rechazables, repulsivos, y desde
luego contrarios a un principio, diríamos de imparcialidad y de ética
que tiene que existir a estas alturas, así como de olvido de
situaciones pasadas que no deben repetirse en nuestro país.
Por otra parte, como decía también apareció este año (por tanto no
acaba la cosa en el número de la revista del cuerpo de Policía
nacional que le decía, sino que aparece también en la revista de la
Guardia Civil) un relato de características similares. No hubiera
traído aquí este asunto si hubiera considerado que era un caso
aislado, pero el hecho de que en la revista del cuerpo de Policía
nacional esto haya sido objeto de una serie de larguísima, de
multitud de capítulos publicados durante más de un año, por supuesto,
y que después se reiterara un relato parecido en el número 686 de la
revista de la Guardia Civil, es lo que me ha impulsado a traer aquí
este asunto, porque creo que esto obviamente redunda en una mayor
gravedad de la cuestión.
En el artículo que se publica en la revista de la Guardia Civil se
alude al capitán de la Guardia Civil don Fernando Condés, del que se
dice que era socialista y no lo negaba -leo parte del relato que se
hace aquí-. Dice: Más tarde, cuando saltó a la fama por su
intervención en el asesinato de Calvo Sotelo, los historiadores
repetían hasta la saciedad unas palabras atribuidas a Condés. Como
capitán de la Guardia Civil me puedo equivocar pero como socialista
nunca, porque los obreros siempre tienen la razón. Incluir relatos
que dicen este tipo de cosas creo que es tremendamente grave, porque
además el relato va degenerando en cuestiones parecidas, hasta
concluir, en definitiva, en la moraleja que cada cual quiera extraer
de esta situación.
Obviamente, que sepamos esta revista no ha publicado relatos de signo
contrario, y ojalá no lo haga, mire lo que le digo, señor Morenés, no
pido que se publiquen cosas distintas de otras personas que pudieran
haber cometido actos similares, en todo caso reprobables, tanto
aquellos que significaron el asesinato del señor Calvo Sotelo como
los que hubieran podido significar otras muertes injustas, violentas
o asesinatos por razones políticas; me da igual unas que otras, son
condenables y creo que S.S. y yo vamos a estar plenamente de acuerdo
en esto. No es sensato que esto se haga en una revista institucional,
señor Morenés, porque resulta de un anacrónico partidista que creo
debía estar extirpado de las páginas de revistas propias de un
servicio público. La Policía Nacional y la Guardia Civil son
instituciones de todos los españoles, de todas las ideologías, no de
una ideología determinada; por tanto no hay ninguna ideología, con
independencia incluso de si es mayoritaria o no en un momento
determinado en nuestro país, que tenga libertad, autoridad o diríamos
privilegio para hacer resaltar unos relatos frente a otros o hacer
unos relatos y omitir otros. Creo que en un ámbito de servicio
público como en el que nos encontramos, esto no debe volver a
ocurrir. Precisamente por eso lo he traído aquí, no con intención de
resucitar nada, porque entre usted y yo no necesitamos semejantes
viejas heridas, sino para que otros que dependen de su autoridad no
lo vuelvan a hacer porque no tienen autoridad, porque no tienen
competencia y porque si lo hacen, violan un principio fundamental del
ejercicio de su propia profesión.
En el artículo 5 de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado -y termino con esto- cuando se habla de los principios
básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de nuestro Estado democrático, se dice:
Adecuación del ordenamiento jurídico y especialmente -subrayo el
término especialmente- actuar en el cumplimiento de sus funciones con
absoluta neutralidad política e imparcialidad, y en consecuencia sin
discriminación alguna por razón de raza, religión y opinión.
Señor Morenés, le instamos a que exija a los responsables de estos
hechos, de estas publicaciones que no se vuelvan a producir
semejantes situaciones en beneficio de la armonía y del buen
cumplimiento del servicio público que tienen encomendado,
particularmente S.S.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD Morenés Eulate): No tengo
la más mínima duda de que los principios que S.S. ha establecido aquí
son aceptables por todos. Los hechos terribles, que yo conozco igual
que usted por relatos, son reprobables en todos los sentidos, máxime
desde la atalaya de un Estado democrático del que nos hemos dotado
todos los españoles. En ese sentido creo que la perspectiva de la
lejanía, del sentido común y de la consciencia de pertenecer a una
sociedad desarrollada, basada en los más elementales derechos de las
personas y de algunos más desarrollados de esos elementales, nos da
la tranquilidad, la concepción pacífica de las cosas y de la propia
historia.
El primero de los artículos a los que hace referencia S.S. es en
realidad un fascículo coleccionable del libro Historia de la Policía
Española 1931-1936, del que es autor el comisario honorario de la
policía, don Antonio Viqueira Hinojosa, antiguo profesor de la
escuela general de policía y colaborador de la citada publicación, ya
fallecido. Dicho fascículo era el penúltimo de la edición
coleccionable de 44 fascículos, publicado en dos tomos, con un total
de 678 páginas, editados a lo largo de seis años. El primer tomo
abarca desde la instauración de la Segunda República Española hasta
el año 1934, y el segundo desde esa fecha hasta el inicio de la
Guerra Civil. La fecha de iniciación del primer fascículo es 1993. En
el número 86 de la revista Policías, correspondiente al mes de marzo-
abril, finalizándose en 1999 con el número 140 del mes de septiembre,
a este último texto se añadió una semblanza del autor. El hecho de
que en el número 139 de la revista se trataran los trágicos sucesos
relacionados con los asesinatos de José Calvo Sotelo y José Castillo
se explica pura y simplemente porque tal fascículo es el penúltimo de
la serie y recoge en estricto orden cronológico todos los
acontecimientos que se desarrollaron en la colección desde el año
1993 en adelante. La citada obra es la continuación de Historia y
anecdotario de la policía española, del mismo autor, que en su
momento gozó de cierta consideración por su valor documental al
nutrirse del extenso archivo personal del autor que de otra manera
corría el riesgo de perderse.
Por lo que se refiere al artículo del capitán Condés, publicado en la
revista Guardia Civil del pasado mes de junio, su inclusión se
inscribe en el apartado dedicado a la historia de la Guardia Civil
que esta publicación recoge y publica desde hace años. Desde el punto
de vista del autor del texto, los hechos históricos que se narran en
la información están contrastados por fuentes históricas, entre ellas
el sumario de julio de 1936, la hoja de servicios del referido
capitán Condés, la sentencia y acta sumarial del Consejo de Guerra
celebrado en Madrid contra los autores de la fallida revolución de
octubre del año 1934, los testimonios de los familiares del teniente
Castillo, de la viuda del capitán Condés y de la hija del también
fallecido Orencio Bayo Cambronero. En el artículo se desvelan datos
hasta ahora pretendidamente inéditos, que a juicio de la dirección de
la revista gozaban de valor histórico para los lectores. El autor del
artículo es el subteniente de la Guardia Civil, don José Luis Cervero
Carrillo, escritor y periodista que habitualmente publica reportajes
de índole histórica en numerosas revistas de difusión nacional. Por
su labor profesional ha sido galardonado con 11 premios de periodismo
de investigación, entre ellos el prestigioso premio Ortega y Gasset
del Grupo prensa independiente, lo que puede entenderse como una
muestra de objetividad e imparcialidad. El hecho de que dicho
artículo se publicara en el mes de junio fue debido a que un mes más
tarde, en julio, era el aniversario precisamente de esos desgraciados
hechos y un poco en la línea de lo que S.S. señalaba. En ambos casos,
las dos revistas Policías y Guardia Civil son de suscripción y
distribución abierta al público, y como tal se señala expresamente en
ambas el contenido de los trabajos firmados que publican sólo
representan la opinión de sus autores, como sucede con el resto de la
prensa libre occidental. En los medios informativos libres tan sólo
el editorial es el reflejo de la opinión del periódico. El Gobierno,
en este caso el Ministerio del Interior, no censura a ningún medio
informativo, no censura por tanto a la libre manifestación de unos
profesionales,
de unos historiadores de mayor o menor prestigio de
acuerdo con la opinión subjetiva de cada lector o con la más objetiva
de unos probados profesionales sobre unos hechos históricos que como
S.S. señalaba ocurrieron hace más de 65 años.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, su primera
intervención ha sido bastante más larga de lo que preceptivamente
está establecido. Le ruego por tanto síntesis.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sintetizaremos todo lo posible, señor
presidente, pero de la intervención del secretario de Estado me llevo
una primera conclusión y es que no piensa hacer absolutamente nada
para evitar estos desmanes, porque son unos auténticos desmanes. Su
Señoría lo ha tratado de justificar a partir de un relato donde no se
contiene ninguna otra valoración nada más que decir que los autores
son fiables o son personas de reconocido prestigio en el ámbito
histórico, de la literatura histórica diría yo. Es una valoración
personal suya que se la habrán escrito los servicios, posiblemente
las plumas de alguno de los responsables de que estos hechos se hayan
producido en las dos revistas, del Cuerpo de Policía nacional y la
Guardia Civil.
Esperaba algo más de usted, señoría. Las descripciones de los hechos
son descripciones; no hay una valoración adecuada de la incidencia de
estos hechos, de los elementos que están dañando estos hechos, de la
distorsión que están produciendo estos hechos, de la violación que
están produciendo estos hechos, como le he dicho anteriormente, señor
secretario de Estado, en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es la cuestión
fundamental que S.S. debería haber recogido de mi intervención. Los
relatos de por sí, según le estaba explicando y le he expuesto,
obviamente tengo aquí las revistas, cualquiera puede deducir las
consecuencias que yo le he dicho, cualquier observador político
imparcial vería que aquí se está jugando en unos términos, como usted
dice de que aquí no hay censura, pero tampoco hemos visto relatos en
estas revistas de este signo en unas líneas totalmente distintas, por
ejemplo en las represiones que se ha producido después de la guerra
civil. Tampoco queremos verlo. Le digo, señoría, créame que yo no
quiero ver este tipo de relatos, lo que quiero es que no aparezca en
un servicio público ningún tipo de relatos de estas características,
y eso es lo que S.S. tendría que habernos garantizado.
Termino y le pido por favor que tome medidas, señor secretario de
Estado, porque estas cosas no pueden volver a suceder en la medida
que son contrarias al principio legal de imparcialidad política; que
no se vuelva a repetir y que se exija y exija S.S. la responsabilidad
administrativa que haya lugar en relación a aquellosresponsables y no
digo ya los autores, porque no vamos
a pedir obviamente responsabilidad a los autores de los artículos que
estarán encantados de que se los publiquen en cualquier revista y
particularmente si son de estos cuerpos. Pido exigencia de
responsabilidades a los directores de estas publicaciones y a
aquellos que son superiores a estos directores, entre los cuales está
su propia señoría, secretario de Estado, salvo que se desmarque de
esta situación, de este enorme desaguisado, de este revival de
sucesos pasados, que se hace con intencionalidad política de alguien.
Esto no es inocente, nada de lo que ocurre en política es inocente,
lo sabe S.S., esto se hace por algo, y a partir de aquí se quiere
hacer cierta pedagogía, a partir de aquí hay mensajes de fondo
histórico que vienen a decir que unos eran buenos y otros eran malos,
y esto hay que cortarlo, señor secretario de Estado. No podemos
repetir el pasado y porque no queremos hacerlo ni podemos tenemos que
evitar cuestiones de este tipo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Con
todos los respetos, yo he entendido de su primera intervención -por
eso no entiendo el tono de su segunda- que estos eran unos asuntos
que tienen una condición histórica, y cuando digo histórica digo una
condición puramente objetiva. Usted me dice que lee en un documento
unos artículos sobre la guerra civil española sobre la que
probablemente en los últimos años yo haya leído ingentes
publicaciones de un tipo, de otro tipo, con unos criterios y con
otros criterios sobre la guerra civil española y le parece que es
absoluto desaguisado y que es una especie de utilización de las
revistas del Cuerpo de la Policía nacional o de la Guardia Civil para
hacer pedagogía de algún tipo. No puedo compartir esa opinión,
señoría, lo siento mucho. Yo creo que la circunstancia histórica, el
transcurso del tiempo, la libertad de expresión, la situación en
España consolidada desde hace mucho tiempo gracias a todos los que
están representando a los ciudadanos nos da una perspectiva
histórica, y debo reconocer que no he leído los artículos.
Independientemente de esto, hablar de un sumario del año 1934 y de
otros del año 1936 no supone en mi opinión otra cosa que entrar en el
ámbito de la no herida histórica, señoría. Ha habido publicaciones de
otro tipo que pudieran entenderse que hacían pedagogía de otro tipo.
Yo no tengo ningún tipo de conciencia de que garantizar la libertad
de expresión en España en el año 2001 suponga, sea el criterio que se
quiera establecer o teniendo siempre desde el punto de vista
histórico el criterio que se quiera establecer, ningún tipo de
revancha, suponga ningún tipo de pedagogía o suponga ningún tipo de
quererse aprovechar de las publicaciones Policías y Guardia Civil,
que además se hacen responsables solamente de la editorial, como ya
le he dicho anteriormente.
Nadie utiliza el asesinato del señor Calvo Sotelo para hacer
política en España, señoría, y nadie lo debe utilizar. Con esa
decepción que ha tenido usted con mi intervención, lo único que he
querido decir es eso, que nadie lo utiliza, nadie lo ha querido
utilizar y desde luego el último el Gobierno. Así que, señoría,
siento no compartir su opinión, pero el Gobierno ha garantizado lo
que llevamos todos luchando desde hace mucho tiempo, que es libertad
de expresión, independencia y posibilidad de que los españoles puedan
decir en función de lo que buenamente creen y desde luego en un
ámbito histórico, porque eso no tiene ningún tipo de condición
pedagógica en mi opinión, aunque ya le digo que si es exactamente
así, nosotros estamos aquí para garantizar los derechos y las
libertades de los ciudadanos. Interpretar otra cosa de esa revista,
de esos artículos, de esa colección histórica, que, ya le digo,
empieza en el año 1993 es, para mí, intentar hacer, no me atrevo a
decir pedagogía, porque sé que S.S. no quiere hacer eso, pero sí una
interpretación sesgada de algo que no es así.
En otro orden de cosas, le diré que si hubiese la más mínima idea de
involución en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
nosotros, como ustedes, haríamos todo lo que hiciera falta para
garantizar que lo que tanto nos ha costado no se vea estropeado
porque determinados señores publiquen determinadas cosas. No me
parece que esa revista, la revista de la policía, sea un órgano de
indoctrinamiento involucionista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Nosotros estamos para garantizar que eso no ocurra porque
damos todo el ámbito de libertades que reconocen nuestras leyes
fundamentales.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS Y FECHA PREVISTA PARA TRANSFORMAR LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS
DE LA GUARDIA CIVIL EN FUNDACIÓN. (Número de expediente 181/001143.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular la siguiente
pregunta prevista en el orden del día, tiene la palabra el señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Vamos a ver si con ésta tenemos más suerte,
porque de las contestaciones del señor secretario de Estado deduzco
que, a fin de año, nos estamos situando en una posición muy
inmovilista, sin respuesta. El asunto anterior era grave y yo
esperaba otro tipo de respuesta, pero, como ya no es el turno de esa
pregunta, no voy a incidir en esta cuestión, salvo manifestar la
decepción que supone no ver que se tomen medidas de buen gobierno
cuando se ve una situación de desgobierno, que es lo que yo he visto
enestos relatos aparecidos a destiempo en esas revistas.
La pregunta de ahora también tiene importancia en relación a la
situación, en relación a la motivación, en relación al estado mental
y espiritual, por decirlo así, de un cuerpo importantísimo para
nuestra seguridad pública. Vamos a hablar sobre qué medidas piensa
adoptar el Gobierno -si es que el Gobierno se piensa mover en
relación a este asunto- para transformar la Asociación de Huérfanos
de la Guardia Civil en fundación y cuándo piensa hacer la
convocatoria de la asamblea de socios de esa supuesta Asociación de
Huérfanos de la Guardia Civil para tomar tal decisión. Éste es un
asunto que ya planteamos al señor Valdivielso en esta Comisión y dijo
que tomaría medidas. Incluso tenemos testimonios escritos por parte
del señor Valdivielso en el sentido del desbarajuste que significa la
existencia esa entidad, que, siendo asociación, no es asociación ni
fundación ni todo lo contrario y, sin embargo, sigue existiendo.
Desde luego, esto tendría que resolverse y pronto. El señor
Valdivielso dijo que había encargado que se estudiara la solución del
asunto, pero a estas alturas del año no vemos que se haya tomado
ninguna decisión, como tampoco hemos visto que se vaya a aprobar el
decreto del consejo asesor de personal de la Guardia Civil. Por
tanto, estaríamos ante un reiterado conjunto de incumplimientos.
La Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil tiene unas funciones
respetables, necesarias y que nosotros queremos preservar. Por tanto,
vaya por delante que nuestra crítica no trata de erosionar ni de
poner chinitas o palos a la rueda del funcionamiento de las cosas,
sino de hacerlas funcionar como deben; es decir, que todo lo que
decimos aquí va en la promoción y defensa del servicio público y de
los intereses y garantías de los españoles y, por supuesto, de los
funcionarios, en este caso de la Guardia Civil.
Esta fundación o, mejor dicho, asociación tiene recursos económicos
importantísimos y su consejo de dirección toma decisiones económicas
también importantísimas, decisiones que a veces significan grandes
inversiones, como la que se hizo no hace mucho tiempo en Gescartera,
del orden de 400 millones de pesetas. Digo esto por poner un ejemplo,
pero ya digo que hay otras decisiones muy importantes puesto que el
conjunto de intereses económicos que ahí se mueven es bastante serio.
Sin embargo, esta entidad sigue en una situación insostenible. Desde
el punto de vista legal, es una asociación sin estatutos, una
asociación que se rige por un reglamento dictado por la autoridad
superior, y nunca mejor dicho; concretamente, el reglamento que yo
conozco está firmado por don Camilo Alonso Vega. No es de recibo
tener esto en vigor a estas alturas. Ya sé lo que me va a decir sobre
este particular, ese argumento que antes hemos oído por aquí, pero
ahí está, y si hay responsabilidades por un lado, habrá también por
otro, y el ciempiés que hay montado en torno a esta entidad es cada
día más grande.
Desde el punto de vista colectivo, hay que tener en cuenta una
cuestión realmente relevante: esta entidad funciona con el pago de la
cuota obligatoria de todos los guardias, que tienen una pertenencia
obligatoria a esta entidad. Recientemente, la Audiencia Provincial de
Madrid dictó una sentencia que establecía la libertad de cotización
en lo que se refiere a la Asociación de Socorro Mutuo de la Guardia
Civil. La Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil tiene las
mismas características, pero no se ha aplicado otra norma, sino la
que está en vigor de que todos los guardias civiles paguen. En esta
situación, hay unos intereses que afectan a la totalidad del Cuerpo
de la Guardia Civil, desde los generales hasta los guardias, digamos,
de base. Por tanto, hay mucha gente, muchos funcionarios, muchos
servidores públicos del Estado esperando una solución y una salida de
esta entidad como asociación, cuya denominación la constituye como
tal entidad y que, por tanto, debería ajustarse a la normativa de la
Ley de Asociaciones. Su hipotética transformación en fundación, como
dijo el señor Valdivielso, sería la solución.
En todo caso, para transformarla en fundación es necesario tomar
algunas disposiciones y hay que seguir el método que se siguió
-obviamente, por razones legales y no por la voluntad arbitraria de
nadie- para la transformación de una entidad similar que había en el
Cuerpo Nacional de Policía en la actual Fundación del Cuerpo Nacional
de Policía. Para adoptar esta salida, cosa que es necesaria y
conveniente, y cada día que se retrase va a originar más problemas a
todos los afectados, es preciso adoptar decisiones por parte de su
ministerio. Hay que instruir al director general de la Guardia Civil
para que organice esta transición desde el punto de vista jurídico y
desde el punto de vista de los actos y decisiones que tiene que
tomar, ya que esto es responsabilidad ministerial y no se puede
resolver diciendo que en el estatuto de la fundación figura que el
director general de la Guardia Civil solamente ejerce la más generosa
tutela. Yo no sé cuáles son los términos que figuran en los
estatutos, pero resulta que este señor que ejerce la generosa tutela
designa a una serie de personas como cargos directivos de la
fundación y, además, es el jefe del organismo que garantiza la
secretaría de esta asociación; es decir, la secretaría de esta
organización la cumple un organismo de la dirección general de la
Guardia Civil. Por tanto, no se puede decir que el director general
de la Guardia Civil y S.S. no tienen nada que ver con esta situación
y con esta entidad; tienen mucho que ver y son ustedes los que tienen
que adoptar responsablemente las medidas para conducir esta entidad
al puerto al que tiene que ser llevada.
Creo que todos estamos convencidos de que una de las soluciones puede
ser su constitución como fundación, pero eso requiere pasos previos
y, obviamente, hay que contar con los componentes, con los
integrantes y beneficiarios de esta fundación. Ésta es la patata
caliente que tienen SS.SS. como gobernantes. Todo
gobernante tiene un montón de patatas calientes encima de su mesa y
ésta es una de ellas, señor Morenés. La tendrán que coger con las
manos, quemarse un poquito, pero solventar esto, que ya no admite
demora, y no me diga que esto es parte de la herencia pasada.
Imagínese que nosotros nos hubiéramos pasado los catorce años que
gobernamos hablando de siglos de herencias pasadas; ustedes solamente
tienen catorce años de herencia pasada. Como antes se dijo aquí, hubo
cosas que se hicieron y cosas que se resolvieron durante nuestra
etapa de Gobierno, que teníamos muchísimo que hacer y una herencia
más pesada que la suya, que es muy liviana y la puede solventar con
enorme facilidad.
Por tanto, le animo, señor Morenés, a que instruya al señor
Valdivielso para que de adopten las decisiones de convocatoria de los
órganos adecuados para la transformación de esta asociación en
fundación, garantizando los derechos, que son muchos y muy
importantes, de todos los guardias civiles de todas las escalas que
están afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Como S.
S. ha hecho una brevísima intervención respecto a la pregunta
anterior, con el permiso de la presidencia, he de decirle que lamento
mucho haberle decepcionado porque de lo que he hablado es de
garantizar la libertad de expresión, la custodia de las instituciones
y los principios democráticos por parte del Gobierno. Yo no creo que
eso sea un elemento decepcionante. En segundo lugar, yo no he hecho
ningún comentario sobre las herencias. Comprendo que S.S. se
previene, pero yo no he hecho ningún comentario sobre las herencias,
entendiendo siempre que a cada uno le toca gobernar lo que le toca
gobernar, sin hacer comparaciones.
El 14 de marzo del año en curso, el director de la Guardia Civil
compareció ante esta Comisión para responder a una pregunta oral,
formulada por el diputado don Victorino Mayoral Cortés, sobre
criterios y actuaciones de la Guardia Civil en orden a la adaptación
al ordenamiento jurídico de los estatutos de la Asociación pro
huérfanos. En su intervención, el director general hizo una breve
referencia a su evolución histórica y al marco jurídico, así como a
los análisis y estudios realizados para definirse sobre la fórmula
jurídica más apropiada. Nuestro criterio -como entonces se informó a
S.S.- es que la reforma de la asociación debe encaminarse a una
fundación benéfica de asistencia social de las reguladas en la Ley
30/1994 de Fundaciones.
Dos meses más tarde, el 23 de mayo de 2001, en respuesta a una
pregunta similar, el vicepresidente primero y ministro del Interior
se hizo eco de idéntico interés en favorecer la transformación de la
Asociación de
huérfanos en una fundación. En este sentido, tengo que hacer
referencia a la carta institucional, de 3 de abril, que el director
general de la Guardia Civil dirigió al presidente de la Asociación de
huérfanos. En esta carta aludía a su comparecencia parlamentaria de
14 de marzo y al compromiso adquirido ante la Comisión de Justicia e
Interior de aconsejar a la asociación que se convierta en una
fundación. La carta -leo textualmente- dice: para dar cumplimiento a
lo manifestado en la citada Comisión de Justicia e Interior, te envío
esta carta en la seguridad de que impulsarás las medidas convenientes
para que por el órgano de gobierno de la asociación que presides se
considere lo anunciado en la referida Comisión, a fin de que por
dicho órgano se pueda adoptar a la mayor brevedad posible el acuerdo
de transformar la actual asociación en una fundación de asistencia
social. La referida carta se hace eco asimismo de la necesidad de que
la asociación elabore unos estatutos conforme a lo establecido en el
artículo 9 de la Ley de Fundaciones, con especial atención al
apartado e) relativo a la composición del órgano de gobierno y
representación, para el que parte de sus miembros serían propuestos
por el futuro consejo asesor de personal, actualmente en trámite de
regulación orgánica. Finalizaba el director general manifestando su
confianza en que la tradicional y constante cooperación entre ambas
instituciones avalaban su convicción de hacer realidad en un plazo
razonable la transformación de la actual asociación en fundación.
Como consecuencia de esto, en la reunión de 27 de abril, el consejo
de gobierno y administración de la asociación quedó informado de los
compromisos adquiridos ante esta Comisión de Justicia e Interior, así
como de la conveniencia de estudiar y acordar la transformación de la
asociación en una fundación de asistencia social.
En reunión posterior de 5 de junio del referido consejo de la
asociación y para dar cumplimiento a lo anterior, se presentaron
informes de expertos sobre la reforma estatutaria y una propuesta del
presidente de la asociación para estudiar su transformación en
fundación. En ella, tras una serie de análisis y amplia deliberación,
el consejo acordó autorizar al general de división presidente de esta
asociación para la contratación de un gabinete técnico jurídico para
la confección de un proyecto de transformación de la Asociación pro
huérfanos de la Guardia Civil, acta número 3 del consejo de gobierno
y administración de la asociación pro huérfanos. Sesión celebrada el
día 5 de junio de 2001 y publicada en el Boletín Oficial de la
Guardia Civil número 22, de 10 de agosto de 2001. Éste es el estado
actual de la situación, sin que por este ministerio puedan legalmente
determinarse otras actuaciones distintas a las del impulso dado a la
asociación para que se transforme en una fundación. La Asociación de
huérfanos de la Guardia Civil es una entidad con personalidad
jurídica propia. Su señoría ha señalado los principios en los que se
basa, principios que,
como S.S. decía, vienen de la época del general Camilo Alonso Vega y
que tienen la obsolescencia tanto del ámbito en el que se produjeron
como del tiempo transcurrido. Por tanto, creemos que tiene poco que
ver con la capacidad de decisión que pueda tener el director general
de la Guardia Civil para transformar una asociación en una fundación,
no de nombramientos sino de decisión que, como S.S. ha señalado,
pertenece a la propia Guardia Civil, a todos y cada uno de los
guardias civiles, al margen de la dirección general de la Guardia
Civil, por lo que ésta no lleva a cabo ningún tipo de dirección,
evaluación o control. El director de la Guardia Civil es el
presidente honorario -S.S. lo ha descrito-, con funciones de tutela y
representación en actos oficiales y en sus relaciones con el
Gobierno, pero no forma parte del consejo de la asociación. El
control y la inspección son realizados por el propio consejo de
gobierno, todo ello con independencia de las correspondientes
auditorías de las cuentas anuales realizadas, curiosamente, por
auditores externos.
En cuanto a la convocatoria de socios para adoptar la medida de
transformar la asociación en una fundación nos consta que se está a
resultas del procedimiento que apruebe el consejo de gobierno y
administración de la asociación, a la vista de los resultados del
asesoramiento técnico-jurídico contratado que he mencionado
anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, brevemente,
por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Como siempre, muy brevemente, señor
presidente.
Señor secretario de Estado, deduzco de su relato que tampoco van a
hacer nada en este asunto. Ello es muy simple de deducir porque con
la carta que le envió el señor Valdivielso al presidente de esa
asociación tan independiente, según S.S., basta. A partir de ahí,
pondrán en marcha ese procedimiento y ya veremos qué es lo que pasa.
Lo que pasa es que, como ha dicho S.S., desde junio de este año esto
está parado. Este es un asunto que se plantea a principios de año y
que ya había sido planteado en años anteriores, por tanto, no es una
cuestión tan novedosa, pero está parado. Y yo creo que estará parado
en la medida en que los responsables del Ministerio del Interior
-señor ministro, señor secretario de Estado y director general- no
adopten las medidas que les corresponden, con independencia de esa
situación de respeto escrupuloso a unos estatutos que en realidad son
un reglamento dictado por una autoridad superior. Por tanto, vamos a
ver si somos capaces de clarificar de qué estamos hablando. Estamos
hablando de un sujeto jurídico que en estos momentos, denominándose
asociación, no tiene las características -y lo sabe S.S.- de una
asociación porque no tiene asambleas, porque no tiene el conjunto de
órganos completos que, según
las leyes de asociaciones antiguas y la nueva, son requeridos para
que tengan la forma y el funcionamiento democrático que dice la
Constitución que deben tener las asociaciones. Por tanto, estamos
hablando de una entidad que requiere una definición, regida por un
reglamento y cuyo presidente de honor es, aparentemente, y sé lo que
digo, el señor director general de la Guardia Civil. Es el presidente
efectivo porque es el superior jerárquico de todos los componentes de
ese organismo y porque designa directamente a algunos de los
componentes de ese organismo. Esto lo sabe S.S. perfectamente y lo
dicen los estatutos. El señor director general de la Guardia Civil
nombra vocales del consejo directivo de la Asociación de huérfanos.
Léase los estatutos. Yo me he tomado la molestia de leerlos y he
encontrado que esto es así. Además le digo que el secretariado lo
garantiza la propia Dirección General de la Guardia Civil, un órgano
jerarquizado de la propia Dirección General de la Guardia Civil.
Esa distancia que quiere establecer S.S. en relación con las
decisiones y el impulso que es preciso tomar creo que es bastante
menor de lo que se nos quiere hacer creer. Ni el órgano goza de tal
autonomía ni tampoco está tan distante de las decisiones que
correspondan a la Dirección General de la Guardia Civil. Esto, que es
el producto de un conjunto de decisiones históricas antiguas, ha
llegado un momento en que tiene que ser resuelto, tiene que ser
ordenado, tiene que ser clarificado. Sabemos que se han dado algunos
pasos en este sentido, no se lo voy a negar a S.S. porque creo que no
sería honesto por mi parte; algo han hecho, pero han hecho muy poco.
Tenemos la comparecencia del señor López Valdivielso, en la que se
manifiesta que debe transformarse en fundación benéfica, lo repitió
el señor vicepresidente y ministro del Interior, y tenemos la carta
al presidente de la Asociación de Huérfanos, en la que se aconseja
que la asociación se transforme en fundación. Bien, pero ahí no
termina, desde mi punto de vista, la intervención de los responsables
del Ministerio del Interior. Si fuera una asociación convencional,
que hubiera tenido en sus órganos de gobierno un funcionamiento de
carácter convencional y ajustado al contenido de la Ley de
Asociaciones, no le podría decir esto, pero como es un órgano
peculiar, singular, que tiene características absolutamente atípicas,
hasta que sea resuelto el asunto, es importante el impulso permanente
por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, y eso es lo
que yo le vengo a reclamar, señor Morenés, sólo eso. Creo que han
dado ustedes un pasito pero todavía les quedan algunos pasos más que
dar y ojalá los den cuanto antes. También creo que los responsables,
en este caso los que forman parte del consejo, si se ven acompañados
por parte de la jerarquía del Ministerio del Interior, del ministro,
del secretario de Estado y del director general, si se ven asistidos
y acompañados por ustedes, repito, creo que lo harán cuanto antes y
mucho mejor. Sobre todo, creo que en el
fondo de toda esta historia también late un mensaje que ustedes
tienen que dirigir al colectivo de la Guardia Civil, como conjunto de
funcionarios de distintos niveles y escalas, el de que están ustedes
dispuestos a clarificarles un punto importante que se refiere a sus
derechos profesionales, que son derechos acumulados históricamente,
un gran capital acumulado históricamente, y con unos resortes de
asistencia social beneficiosos para todos los guardias civiles. Creo
que lo que todo el mundo espera es que eso quede garantizado y
clarificado, y para eso creo que el proceso participativo que ustedes
deben impulsar lo deben adoptar cuanto antes. No dejen que se pudra
esta situación, señor Morenés, ésta es la petición que le hacemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señoría,
no dejaremos que se pudra. Estoy seguro de que podré presentar la
conversión de la asociación en fundación y creo que la carta del
director no sólo es una carta de impulso. Es una carta que no quiero
leer entera, porque es un poco larga, pero dice: Con independencia
del citado acuerdo, se hace preciso elaborar un borrador de
estatutos, conforme a las prescripciones de la Ley de Fundaciones,
con especial atención... De esta carta, que creo que es un impulso
escrito, se deriva una serie de actuaciones, con una muy fundamental,
la de preguntarnos, ahora que tenemos que hacer una fundación, ¿qué
vamos a hacer? ¿Se contrata a unos servicios jurídicos externos? No
es fácil ni las sensibilidades son todas iguales, sobre todo en
función de la condición patrimonial de la fundación. Porque en la
fundación, al final, lo que hoy es patrimonio de todos y cada uno de
los integrantes de la Guardia Civil pasaría a ser patrimonio de la
fundación en sí misma, que tiene una condición distinta, y hay alguna
no reticencia pero sí alguna precaución o entendimiento complicado de
la situación patrimonial.
No le quepa la menor duda de que tomo buena nota de lo que me dice.
El impulso que el Gobierno va a dar para que la asociación se
convierta en una fundación es un impulso real, un impulso con
credibilidad. Creemos que es lo que se debe hacer y lo vamos a hacer.
Otras cosas no podemos hacer. Estoy de acuerdo con que podemos
mantener el impulso pero no nos vamos a saltar la posición de lo que
es la fundación en sí, porque, si lo hiciéramos, quizá produciríamos
el efecto exactamente contrario. Tenemos que empujar todo lo que
legítimamente seamos capaces, pero ir más allá para, de alguna
manera, producir resistencias creo que no es el camino. Entiendo que
S.S. quiere que las cosas se hagan, pero el Gobierno también quiere
que se hagan; y es evidente que quiere que se hagan para que S.S. no
se lo recuerde -aunque se agradece- todos los días.
En ese sentido, no tenga la menor duda de que el Gobierno, sobre todo
el Ministerio del Interior, creen que esto tiene que ser una
fundación, que va a ser una fundación y que lo va a ser cuanto antes,
aunque sin saltar por encima de los propios derechos que tienen los
asociados a decidir, como S.S. señala, su propio destino dentro del
ámbito de legalidad que hay que acomodar a la situación actual de
España, que es otra de las cosas que S.S. señalaba.
- DE LA SEÑORA SÁNCHEZ DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LAS CAUSAS POR LAS QUE ANTONIO GARRIDO FERNÁNDEZ SE FUGÓ EL DÍA 1 DE
NOVIEMBRE DE 2001 DE LOS CALABOZOS DE LA COMISARÍA DE JEREZ DE LA
FRONTERA (CÁDIZ). (Número de expediente 181/001175.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular su pregunta,
tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor secretario, el pasado 1 de noviembre se
fugó de los calabozos de la comisaría de Jerez Antonio Garrido
Fernández, conocido como el Indio, al que se consideraba el
delincuente más buscado de Andalucía. Y digo que se le consideraba
porque precisamente ayer, 47 días después de su fuga, fue detenido en
Córdoba, donde seis meses antes también se había fugado, cuando fue
trasladado desde la prisión hasta el hospital.
Vaya por delante nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a los
agentes que han hecho posible esa detención, en la que han llegado a
participar hasta 15 policías en el dispositivo que se montó ayer por
la tarde en la ciudad de Córdoba. Pero esto no exime de que usted nos
pueda contestar hoy, de que nos dé explicaciones de cuáles fueron las
causas por las que Antonio Garrido se fugó de la comisaría de Jerez.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Le doy
las gracias por felicitar a las fuerzas y cuerpos, que creo que se lo
merecen, por el servicio que en este caso han prestado a la sociedad.
El señor Garrido es un delincuente habitual especializado en delitos
menores, así como en algunos de mayor cuantía como robos con
violencia. En este caso, el 30 de octubre fue detenido por
quebrantamiento de condena y robos con violencia. La detención se
efectuó a las 23 horas por funcionarios de la unidad de delincuencia
especializada y estupefacientes de la comisaría de Jerez de la
Frontera, así como por funcionarios de la comisaría provincial de
Córdoba.
Dos días más tarde, el 1 de noviembre, sobre las 16,30 horas, Antonio
Garrido y su compañero de calabozo en la comisaría de Jerez, Pablo
Mateos, acusado de robo de vehículo, se dieron a la fuga. Los hechos
parecen demostrar que esa fuga se produjo por negligencia de los
funcionarios responsables de su vigilancia. El suceso tuvo lugar
cuando uno de estos funcionarios de la escala básica procedía a
cambiar de calabozo al también detenido Juan José Palomo Sánchez,
acusado igualmente de robo de vehículo, para introducirlo en el
ocupado por las dos personas antes citadas. En el momento del
traslado, Palomo Sánchez forcejeó con el agente hasta reducirlo y
encerrarlo en el calabozo que ocupaban Garrido y Mateos. El forcejeó
se produjo, según manifestaciones de este último, porque Antonio
Garrido le requirió para que le ayudase a escapar. Antonio Garrido se
apoderó de la pistola reglamentaria que portaba el agente y de las
llaves que permitían la apertura del candado que cerraba el portón de
acceso de vehículos a la comisaría, desde la calle Barranco, fachada
lateral de la comisaría, y una vez abierto el portón lateral ambos
detenidos huyeron hacia el barrio de Rompechapines. Los fugados
escaparon por un lugar desprovisto de control visual, evitando su
paso, es evidente, por la puerta de acceso a la comisaría, donde se
encontraba el segundo funcionario responsable de la vigilancia. Ya en
Rompechapines, los fugados se apoderaron de un ciclomotor de color
negro, tras amenazar con la pistola a su conductor. En este
ciclomotor ambos huidos se trasladaron hacia la carretera del
Calvario, abandonando allí la motocicleta y conminando Antonio
Garrido a su compañero de fuga, Mateos, para que no descubriese el
lugar de huida.
Al día siguiente por la mañana, sobre las 10,30 horas, fue detenido
Pablo Mateos por miembros del módulo operativo de especialidad de
esta comisaría, relatando posteriormente los extremos de la fuga
relativos al ciclomotor, al lugar donde vio por última vez a Antonio
Garrido y al arma que éste portaba. En la madrugada del 2 al 3 fue
recuperada el arma arrebatada al policía, así como el cargador y los
15 cartuchos de munición que contenía. El arma había permanecido a la
intemperie y había sido recogida por un familiar de Antonio Garrido.
Inmediatamente después de la fuga se abrió una información reservada
sobre la situación, con el fin de esclarecer los hechos y depurar las
responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar, elevándose la
misma al director general de la Policía, por entender que los hechos
podrían ser constitutivos de falta grave o muy grave. Simultáneamente
está abierto un procedimiento judicial sobre los hechos en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Jerez de la Frontera, que ha
sido declarado secreto por el juez.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor secretario, dos días antes de la fuga
del Indio, como usted bien ha dicho, los agentes de policía del
modulo operativo especializado hicieron de nuevo un magnífico trabajo
para poder detener a este hombre, un trabajo que tiene antecedentes
de colaboración con agentes de policía de otras provincias andaluzas,
cuando, repito, en el mes de julio se fugó en Córdoba. Imagínese las
caras y el ánimo de esos agentes cuando se enteran de que su
magnífico trabajo ha quedado totalmente enturbiado y anulado dos días
más tarde, con una escapada de los calabozos que, sin duda, podía
haberse evitado. Creo que coincidirá conmigo en que fue una magnífica
operación la que se realizó para detener a Antonio Garrido.
Si todo esto hubiera quedado aquí, todas las medallas se las hubiera
apuntado el Ministerio del Interior. Una vez que he escuchado su
intervención, tengo la percepción de que la fuga se produce porque un
agente no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha sabido
resolver la situación. Es decir, ha salido mal por lo que la culpa
hay que echársela a una persona concreta. Es muy fácil -este Gobierno
nos tiene acostumbrados a ello y no le da ninguna pereza- echar
siempre la culpa a los demás. Esta vez le ha tocado a un agente de
policía. Si bien es cierto que en una de las rondas que hizo por los
calabozos entró en la celda solo y no llamó a otro compañero para que
lo acompañara, esa tarde sólo había dos funcionarios encargados de la
entrada y salida de la comisaría, de los aparcamientos y de los
calabozos, el mismo número de funcionarios que hay cualquier día
festivo normal. No se tomó la precaución de que esos días hubiese un
refuerzo de personal de vigilancia. La versión que usted nos trae
aquí es querer ver las cosas de una forma muy simplista. El
Ministerio del Interior tendría que haberse llevado otra percepción,
porque -repito- lo que no se entiende es que con los antecedentes que
tiene este hombre, que se ha fugado en cuatro ocasiones más y que
tiene una gran habilidad para ello, no se tomara ninguna medida
extraordinaria en la vigilancia de los calabozos, sino que había la
misma vigilancia que cuando no hay nadie dentro de los mismos. Ni tan
siquiera había una orden por escrito en la que se pidiera que se
extremaran las precauciones al máximo. Usted me podrá decir que los
agentes deben conocer sus funciones, pero cuando existe una plantilla
mermada de efectivos, con una media de edad alta, sin un reciclaje
profesional, a través de una formación, y desmotivados por unas
condiciones laborales precarias, al menos los superiores deberían dar
ciertas normas para ser aplicadas en situaciones extraordinarias.
La percepción que el Ministerio del Interior debía tener, más allá de
exculparse culpando a otro, es preguntarse si se había reforzado esa
seguridad, si había un número suficiente de policías que velaran por
la comisaría, si había un número suficiente de agentes en las calles
de la ciudad ese día festivo, y por qué después
de dos días de su detención todavía no se había puesto a disposición
judicial. No debo de estar muy desacertada en lo que estoy diciendo,
porque hoy en la comisaría de Campo de Madre de Dios, en Córdoba,
Antonio Garrido se encuentra custodiado por tres agentes y, según el
comisario, se han reforzado todas las medidas de seguridad y
extremado todas las precauciones, hasta el límite de duplicarse. ¿Por
qué no se tomaron estas medidas en la comisaría de Jerez de la
Frontera? Señor secretario de Estado, no basta con sancionar o abrir
expedientes, es importante que hoy se analicen qué errores se han
podido cometer por parte de todos, porque seguro que cuando se
detecten se descubrirán grandes deficiencias en esta comisaría.
Deficiencias en el número de agentes para una ciudad de 200.000
habitantes; carencia de agentes jóvenes que rejuvenezcan la plantilla
y que impriman un nuevo estímulo a la misma; deficiencias de
formación y de reciclaje, con carencias sobre todo en las condiciones
laborales que motiven el día a día de un colectivo que vela por la
seguridad de los ciudadanos, porque son los peor pagados dentro del
cuerpo de seguridad del Estado, y, por supuesto, deficiencias de
diálogo y de esperanza por el olvido al que los tiene sometido el
Gobierno del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado de Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): He hecho
el relato de los hechos. En el cuerpo nacional de Policía existen
unas determinadas normas que se conocen por muy poco aliciente que S.
S. diga que tengan. En ocasiones he reconocido que hay una carencia
de efectivos del cuerpo nacional de Policía, pero S.S. lo trae a
colación a través de un hecho que no tiene excesivamente que ver con
ello, y he tratado de explicar por qué. El hecho de que este señor
estuviese en un calabozo con otra persona y que alguien fuese a poner
en dicho calabozo a una tercera persona -probablemente para facilitar
su control-, es un error en sí mismo, señoría. Esto se sabe, porque
todo el mundo pasa por la Academia, a todo el mundo le enseñan lo que
es la custodia y, por muy poco aliciente que se tenga, se conocen los
deberes. Dice S.S. que los policías no tienen aliciente, algunos no
lo están, pero otros sí que tienen entusiasmo, por ejemplo, los que
detuvieron a esta gente o los que los detuvieron en la situación
anterior, pero en la vida se cometen negligencias. Analizados los
hechos de cómo se produjo este asunto, puedo manifestar que hubo un
policía que conocía perfectamente a quién tenía detenido - porque
reconocerá S.S. que no es difícil saberlo teniendo el historial que
posee este señor- y cometió la negligencia de abrir la puerta para
meter a otro detenido dentro y, en ese momento, sufrió una agresión
por parte del detenido que iba acompañando. Simplemente,
esto fue lo que ocurrió. Si hubiese tenido a los detenidos en su
lugar, en vez de sacarlos para hacer lo que fuese, este asunto no
hubiese ocurrido. El expediente está abierto y va a intervenir un
juez para que S.S. tenga tranquilidad en cuanto a los expedientes. En
cualquier otra situación en la que usted se mueva, se abren
expedientes por responsabilidad en los asuntos profesionales, no
solamente en la policía sino también en la Guardia Civil. Ustedes nos
están exigiendo aquí la responsabilidad no del hecho de la fuga de
este señor sino de que no hay medios, de que no hay inversión y de
que no hacemos nada. Señoría, esa afirmación se combate con hechos,
no con palabras. Tenemos las mayores ofertas públicas de empleo desde
el año 1990; tenemos la mayor inversión en seguridad de los últimos
años; estamos tratando de distribuir razonablemente los funcionarios
de policías, estamos incrementando voluntariamente el pase a la
segunda actividad y la capacidad de desarrollar trabajos en la
segunda actividad que no requieran esfuerzo físico; estamos
desarrollando todas unas capacidades y ocupándonos de que
precisamente los funcionarios del cuerpo nacional de Policía tengan
un futuro mejor; y estamos incrementando los niveles salariales de la
policía como no se había hecho desde no se qué año. Todo esto dentro
de un marco de solidaridad con las otras políticas del Estado con las
que tenemos que convivir precisamente para que estos señores y todos
nosotros podamos tener una posibilidad de bienestar mayor que el que
hemos tenido hasta ahora. Decir que la fuga de este señor se produjo
porque el policía no conocía la circunstancia de su condición
policial, no conocía la gravedad de las personas que tenía detenidas,
no conocía nada de nada, porque estaba absolutamente obnubilado por
la triste condición profesional y personal que se deriva de esas
políticas, que además son positivas e irrefutables -porque se podrá
decir que se puede hacer más, pero no se podrá negar lo que se está
haciendo-, no se sostiene, señoría.
- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA ACERCA
DE CESAR A LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR VULNERAR LOS
DERECHOS DE DIPUTADOS SOCIALISTAS IMPIDIENDO EL ENCUENTRO PROGRAMADO,
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001, EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMISARÍA
DE SAN FERNANDO (CÁDIZ), CON REPRESENTANTES SINDICALES Y POLICIALES.
(Número de expediente 181/001182.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente
pregunta prevista en el orden
del día. Al tener que ausentarse el señor De La Encina por otros
trabajos parlamentarios y habiendo acuerdo entre los grupos
parlamentarios presentes, se va a alterar el orden del día, por lo
que, en primer lugar, pasará a formular su pregunta el señor De La
Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, traemos
aquí un tema que por suerte no se repite a menudo, pero que no
queríamos dejar que lo conociera y que debatiéramos sobre él. Nos
parece tremendamente grave que en una democracia a los legítimos
representantes de los ciudadanos en las Cortes, los diputados, se les
impida por un representante del Gobierno ejercer las funciones de
entrar en contacto y reunirse con representantes sindicales y
policiales, previa notificación por escrito, en este caso, a la
subdelegada del Gobierno en Cádiz anunciándole la intención de
visitar la comisaría de San Fernando en Cádiz para mantener un
encuentro previamente concertado con sindicatos y con responsables
policiales. Sorprendentemente, ante esa comunicación por escrito para
realizar ese encuentro, la subdelegada del Gobierno en Cádiz nos
remite a la diputada que me acompaña -María del Carmen Sánchez-, a la
portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Fernando y a mí un
escrito en el que se dice -lo leo porque es muy corto-: En relación
con su fax, de fecha 26 de septiembre, en el que nos comunica su
intención de visitar la comisaría de San Fernando, le indico la
necesidad de que me informe, a la mayor brevedad posible -repito, de
que me informe a la mayor brevedad posible-, del motivo de su visita
a la subdelegación del Gobierno. Le comunico que si lo que desea es
recabar datos, documentación sobre el funcionamiento de la comisaría,
deberá acogerse al procedimiento del artículo 7.º del Reglamento del
Congreso de los Diputados.
No sé qué tiene que ver mantener un encuentro con responsables
sindicales y policiales en una comisaría con el artículo 7.º del
Reglamento del Congreso, que habla de la facultad que tienen los
grupos parlamentarios de recabar datos de la Administración,
preguntas, etcétera. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Ante
este sorprendente fax, prueba de la cuestión, enviamos carta al día
siguiente donde reiteramos de nuevo lo que se dijo, que el motivo era
mantener un encuentro con los responsables sindicales y policiales.
Vuelve la subdelegada del Gobierno en Cádiz a contestar en los
siguientes términos: En contestación a su fax de 27 de septiembre, en
el que nos comunica que el motivo de su visita a la comisaría de
Policía de San Fernando es entrevistarse con los responsables de la
misma, así como con representantes sindicales, le informo de que a
nivel provincial la responsable de los cuerpos de seguridad del
Estado es la subdelegada del Gobierno en Cádiz y el comisario
provincial responsable de las comisarías. Por tanto, cualquier
entrevista que desee mantener deberá ser con los citados responsables,
poniéndome a su entera disposición por si lo estima
conveniente.
Esta subdelegada del Gobierno que tienen ustedes en Cádiz (que no es
un hecho aislado, sino que tiene actitudes partidistas, convoca, por
ejemplo, a los actos institucionales a los diputados del Partido
Popular pero no a los del Partido Socialista; yo no sé si es que
lleva poco tiempo en el desempeño de esta labor o le falta talante
democrático y no se ha leído no sólo el Reglamento, sino la
Constitución española) provoca situaciones esperpénticas que vulneran
los derechos constitucionales de los diputados a mantener encuentros
con sindicatos o con responsables policiales.
Tengo que añadir, señor secretario de Estado de Seguridad, que,
cuando fuimos a entrar a la comisaría de Policía de San Fernando, por
indicación de la subdelegada se nos prohibió la entrada a la misma,
tuvimos que sacar el carnet de diputados; se nos dijo que sabían de
sobra quiénes éramos, pero que no se nos permitía la entrada por
indicación de la subdelegada del Gobierno en Cádiz. Como no quisimos
formar un altercado, aunque desde luego era para formarlo, optamos
por reunirnos en un bar frente a la comisaría con los responsables
sindicales. Suena increíble, pero ha ocurrido el día 27 de septiembre
en una ciudad española, concretamente en San Fernando, Cádiz, a
instancias de la subdelegada del Gobierno.
Yo le pregunto: si actúa por indicación de alguien, tendrá que dar
explicaciones ese alguien -en este caso, usted como responsable del
Gobierno-, cosa que dudo, y si no es así cesen a esta subdelegada por
no tener talante democrático. ¿Van ustedes, a través del delegado del
Gobierno en Andalucía, a cesar a esta subdelegada del Gobierno en
Cádiz?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): El
pasado 9 de julio doña Carmen Sánchez Díaz, diputada nacional por el
Partido Socialista, realizó una visita a la comisaría del cuerpo
nacional de Policía de Jerez de la Frontera. Esta visita tuvo lugar
sin previa solicitud de autorización a la presidenta del Congreso de
los Diputados ni notificación a la subdelegación del Gobierno en
Cádiz. Dentro del recinto de la citada comisaría convocó una rueda de
prensa, donde puso de manifiesto que el objeto de su visita se
enmarcaba dentro de su propósito de visitar otras comisarías de la
provincia con objeto de estudiar el funcionamiento del plan Policía
2000.
Posteriormente, el 26 de septiembre, doña Carmen Sánchez Díaz y don
Salvador de la Encina Ortega enviaron un fax -que mencionaba S.S.- a
la subdelegada del Gobierno en el que le comunicaban su intención de
visitar la comisaría del cuerpo nacional de Policíade San Fernando.
El texto del fax lo ha leído S.S.:
«El motivo por la presente es para comunicarle que el próximo viernes
día 28, a las doce, tenemos la intención de visitar la comisaría del
cuerpo nacional de Policía de San Fernando, lo que le comunicamos a
efectos oportunos. Tampoco en esta ocasión había ningún tipo de
solicitud ni a la subdelegada ni a la autoridad competente.
Con esa misma fecha, la subdelegada del Gobierno de Cádiz solicitó,
también por vía de fax, a los citados parlamentarios la conveniencia
de conocer los motivos de la visita, a la vez que les participaba
que, si el motivo de la misma era recabar datos, documentos e
informes relativos al funcionamiento de la comisaría, deberían
acogerse al procedimiento establecido en el artículo 7.º del
Reglamento del Congreso de los Diputados. El citado artículo dice:
«Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los
diputados, previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario,
tendrán la facultad de recabar a las Administraciones Públicas los
datos, informes o documentos que obren en poder de éstas.» Y añade
que «la solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la
Presidencia del Congreso». Al día siguiente y en contestación al fax
de la subdelegada del Gobierno, ambos diputados enviaron otro fax
cuyo texto es el siguiente: En contestación a su fax de 26 de
septiembre, le informamos de que el motivo de la visita a la
comisaría de San Fernando es entrevistarnos con responsables de la
misma, así como con representantes sindicales. A la vista del
contenido de esta solicitud, la subdelegada reiteró a los señores
diputados la existencia del artículo 7.º del Reglamento del Congreso
y señaló que, en todo caso, los responsables a nivel provincial del
cuerpo nacional de Policía eran la propia subdelegada del Gobierno y
el comisario provincial, que se ponían a disposición de los señores
parlamentarios para facilitarles cuanta información considerasen
interesante recabar.
Pese a estas indicaciones, a las doce horas del día 28 de septiembre
ambos diputados se personaron en las dependencias de la comisaría del
cuerpo nacional de San Fernando acompañados de medios de prensa y
televisión, así como de varios concejales del Grupo Socialista del
ayuntamiento de dicha localidad y miembros de diversos sindicatos del
cuerpo nacional de Policía. Todos ellos fueron recibidos por el
inspector jefe de la comisaría. Los diputados y los concejales le
expresaron que el motivo de la visita era reunirse con los sindicatos
policiales y celebrar posteriormente una rueda de prensa. No deseaban
recabar datos sobre el funcionamiento de la comisaría y reconocieron
haber tenido conocimiento de lo señalado por la subdelegada del
Gobierno, esto es, sobre la obligación de acogerse al procedimiento
establecido en el artículo 7.º del Reglamento del Congreso de los
Diputados. Sin embargo, aseguraron no estar de acuerdo con el
contenido de las notas de la subdelegada y abandonaron la comisaría
después de afirmar que presentarían una queja ante la instancia
correspondiente.
La subdelegada del Gobierno, en una nota posterior, reiteró su
disposición a atender personalmente a los señores diputados y darles
la información que éstos estimasen conveniente y recordó que en
materia de seguridad ciudadana el nivel de interlocución de un
diputado nacional no es en ningún caso el responsable técnico de un
servicio público, como es el caso de una comisaría, sino la propia
subdelegada del Gobierno como la máxima responsable de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
Su señoría pregunta cuál es la previsión del delegado del Gobierno en
Andalucía para cesar a la subdelegada en Cádiz. Es obvio que, en mi
condición de secretario de Estado, no puedo responder a esta
pregunta, ya que no soy el delegado del Gobierno en Andalucía ni me
corresponde nombrar o cesar a los subdelegados del Gobierno. Esta
potestad recae directamente en los delegados del Gobierno. Lo que sí
le puedo decir es que, desde el punto de vista del Ministerio del
Interior, la subdelegada del Gobierno en Cádiz ha cumplido
solicitando -ni siquiera exigiendo- lo establecido en el artículo 7.º
del Reglamento de este Congreso de los Diputados. Considera este
compareciente, y desde luego el Gobierno, que, cuando usted pone en
duda la condición democrática de la subdelegada por atenerse al
cumplimiento de la ley, no está poniendo en duda la actuación
concorde de la delegada con ese principio. Y, como estoy seguro de
que S.S. no está poniendo en duda la condición de democrática de la
ley que ampara precisamente el funcionamiento de esta Cámara, no
acabo de entender el alcance de la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Yo se lo aclaro, señor secretario de
Estado: porque no puede haber dos varas de medir en una democracia:
una para los diputados del Partido Popular cuando visitan comisarías
o prisiones, acompañados de la presidenta regional, doña Teófila
Martínez, y se introducen en las prisiones con toda la cohorte de
fotógrafos sin notificación ni a Dios ni al diablo, y otra cuando se
trata de diputados del Partido Socialista a los que, con comunicación
previa por escrito a la subdelegada, se les impide ejercer el
legítimo derecho a reunirse con los sindicatos en una comisaría.
Esto, que lo hicimos por el conducto de la comunicación y del
escrito, se imposibilita para estos diputados, y no así para otros
del Partido Popular. De eso se trata, señor secretario de Estado, no
del cumplimiento de la ley, pues somos los primeros en cumplirla.
¿Qué tiene que ver el artículo 7º del Reglamento con el derecho de
unos diputados que notifican previamente a una subdelegada del
Gobierno que quieren mantener un
encuentro con los sindicatos en una comisaría? Si tenemos la
posibilidad de acogernos al artículo 7º del Reglamento para formular
preguntas o recabar datos, lo hacemos, pero no se trataba de recabar
datos o preguntas, se trataba -que es de lo que usted no se ha
enterado, señor secretario de Estado, se lo digo con todo mi respeto-
de mantener un encuentro con responsables sindicales y con
responsables de la comisaría. No tiene nada que ver con la aplicación
del Reglamento. Previamente a este encuentro mantuve una conversación
con la letrada de esta Cámara, Mercedes Gallizo, el día 26 para
exponerle mis dudas ante este escrito. Se quedó atónita, era la
primera vez que se rechazaba mantener un encuentro previamente
notificado. ¿Qué tiene que ver -palabras textuales de la letrada de
esta Cámara- mantener un encuentro con responsables sindicales, con
recabar datos por escrito? No me diga que de lo que se duda es de la
legitimidad del talante democrático de una subdelegada del Gobierno
o de la vulneración del Reglamento que nos hemos dado para el
funcionamiento de esta Cámara. No se trata de situaciones iguales, no
se está hablando del cumplimiento del artículo 7º del Reglamento. Yo
quiero irme de aquí, señor secretario de Estado, con la duda
resuelta. ¿A partir de ahora, cuando queramos recabar datos con los
responsables sindicales de los cuerpos de seguridad, tenemos que
pedir autorización por escrito y que esté presente la subdelegada del
Gobierno en Cádiz, como dice ella, para realizar esa función? No sé
si usted ha leído bien lo que dice: que es la responsable del
Gobierno y que cualquier entrevista que se desee mantener, deberá ser
con ella.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, le comunico
también que Antonio Garrido, fugado de la comisaría de Jerez, es
presunto asesino de un vecino de Jerez, según acaban de informar los
medios de comunicación. ¿Tampoco hay responsabilidad por esta fuga?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD: (Morenés Eulate): En
cuanto a la última parte de su pregunta, ha hecho usted bien en
exponerlo porque desconocía ese asunto. Si es presunto responsable,
habrá que juzgarlo. Y la responsabilidad por la fuga es lo que
estamos dilucidando.
En cuanto a la comunicación previa, si tenemos un camino jurídico
para hacer las cosas, por qué no las hacemos bien. Me imagino que
ustedes se reúnen para algo: para recabar datos u opiniones ¿Qué
tiene que ver el artículo 7º del Reglamento con que yo ocupe los
locales de una comisaría para sentarme allí y hablar con
los sindicatos? ¿De qué hablan? Me dirá usted, de lo que queramos.
Hablarán del interés que se toman en lo que está pasando allí, cómo
está pasando, cómo está la delincuencia, qué cosas tienen, qué cosas
les faltan; es decir, datos, conocimiento. Eso está reglamentado en
esta Cámara. ¿Qué le hubiese costado ir por ese conducto? ¿Cree usted
que la subdelegada del Gobierno en Cádiz se hubiese negado a la
instrucción de la presidenta del Congreso para que ustedes visiten la
comisaría? No lo creo. En cuanto a la existencia de un tratamiento
distinto con los diputados socialistas o de otros partidos que no
sean del partido del Gobierno, no creo que tenga alguien queja de ese
tratamiento en esta Cámara, y menos con la secretaría de Estado.
Entiendo que el planteamiento de si es necesario o no ir por el
artículo citado, es algo que ustedes tuvieron que decidir antes. No
culpen a la delegada del Gobierno y utilicen los canales que ya
existen. Voy a informarme de si son los únicos canales que se pueden
utilizar para hacer lo que S.S. pretendía, pero incluso siendo así,
faciliten las cosas. Tampoco cuesta mucho utilizar un trámite que
está establecido en esta Cámara para acercarse a la Administración y
conocerla por dentro.
En cuanto a los tratamientos -y perdone que me reitere-, intentando
llevar a la idea general que se actúa con distinta vara de medir con
unos u otros diputados, no es ni la experiencia ni el caso de esta
secretaría de Estado. ¿Denuncia usted la situación de Andalucía? La
investigaré, pero no ha sido en ningún momento el talante del
Ministerio del Interior y de quien les habla ante peticiones que han
hecho sus compañeros en esta Cámara. (El señor De la Encina Ortega
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento mucho, señor De la Encina, el trámite
está cerrado. Ha concluido esta pregunta.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE FINALIDAD DEL CONVENIO RECIENTEMENTE SUSCRITO ENTRE
EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA. (Número de
expediente 181/001152.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura en el orden
del día con el número 7, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Puesto que a lo largo de toda la sesión ha sido
invocado reiteradamente el concepto de pedagogía, cosa que a mí me
parece muy bien -yo mismo lo he hecho en otras ocasiones y a
propósito de otros debate-, me permitirán SS.SS. que, con motivo de
esta pregunta, trate de hacer un poco de pedagogía. Tengo que
recordar -y no es una cuestión baladí, se inscribe dentro de ese
marco de pedagogía-
que los documentos que se solicitan a propósito de un debate
parlamentario por parte de algún grupo parlamentario o señor diputado
no tienen fuerza de obligar, salvo que se inscriban como acuerdo
plenario de la Comisión. De manera que alguna solicitud de documento
que se ha hecho esta mañana tendrá que tener la forma prevista en el
artículo 7º del Reglamento. También por aquello de hacer pedagogía, y
por si algún día algún ciudadano lee esta sesión y no está muy ducho
en historia, quiero precisar que, como todo el mundo sabe, el
teniente Castillo era un conocido militante de izquierdas instructor
de milicias asesinado por falangistas madrileños. Y para concluir en
este capítulo de pedagogía, tengo que recordar que los centros
penitenciarios no dependen de las delegaciones del Gobierno. Por
tanto, la administración penitenciaria...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gil Lázaro, le ruego que se atenga
a la cuestión.
El señor GIL LÁZARO: Sí, señor presidente, pero la cuestión versa
sobre pedagogía y estamos haciendo pedagogía. Los centros
penitenciarios no dependen de las delegaciones del Gobierno sino
directamente de la administración penitenciaria. Por hacer pedagogía,
y puesto que se hacen muchas...
El señor PRESIDENTE: Aténgase a la pregunta número 7, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Puesto que se hacen muchas y óptimas medidas de
buen gobierno, y dentro del Ministerio del Interior especialmente la
política de convenios que se ha venido llevando a cabo, quiero
recordar que en 1998 se firma el convenio marco de cooperación entre
la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior
y la Cruz Roja Española, y que en la cláusula segunda de dicho
convenio se prevé que las actividades a desarrollar se señalarán
anualmente en un plan de acción suscrito entre las partes. Como, a
juicio de mi grupo parlamentario, ese marco de cooperación entre la
Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior y
la Cruz Roja, establecido dentro de muchas óptimas medidas de buen
gobierno en el año 1998, es muy importante y, sobre todo, tiene
reflejos muy especiales en operaciones muy concretas, teniendo en
cuenta que en cumplimiento de esa cláusula segunda que acabo de
recordar se suscribió en el pasado mes de junio ese programa de
actividades anuales, quisiera que hoy, por hacer pedagogía de esas
muchas y óptimas medidas de buen gobierno, el señor secretario de
Estado nos pudiera explicar la finalidad del convenio recientemente
suscrito en el mes de junio entre el Ministerio del Interior y Cruz
Roja Española.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Desde
1998 existe un convenio marco de cooperación entre la Dirección
General de Protección Civil del Ministerio del Interior y la Cruz
Roja, como su señoría señalaba. Este convenio tiene por finalidad
establecer las normas reguladoras de las actuaciones que desarrollen
conjuntamente ambos organismos con el objeto de optimizar los
recursos humanos y materiales ante situaciones de graves riesgos
colectivos, catástrofe, calamidad pública o cualquiera otra en que, a
criterio de la Dirección General de Protección Civil, sea necesaria
la colaboración con la Cruz Roja. El convenio marco, en su cláusula
segunda, establece que las actividades a desarrollar se detallarán
anualmente en un plan de acción suscrito entre las partes. La firma
del convenio a la que ha hecho referencia su señoría, que tuvo lugar
en el mes de junio, es la correspondiente al año 2001 y se encuadra
en el convenio marco al que he hecho referencia. En este año 2001 las
acciones a desempeñar por la Cruz Roja se han circunscrito
fundamentalmente a tres campos: operación Paso del Estrecho; apoyo a
la gestión de emergencias y áreas de albergue y asistencia social; lo
que hay que añadir los programas de formación y perfeccionamiento del
personal de Cruz Roja y los programas de ejercicios y simulacros.
Por lo que se refiere al Paso del Estrecho, la Dirección General de
Protección Civil consideró oportuna la colaboración de Cruz Roja, al
igual que en ediciones anteriores. Sus actuaciones se han encaminado
de forma preferente a las áreas de atención social y sanitaria,
transporte sanitario y acondicionamiento de las áreas de emergencia y
guarderías. El ámbito de actuación de la Cruz Roja ha sido
fundamentalmente el de los puertos de Algeciras, Almería, Alicante,
Málaga, Ceuta y Melilla durante las fechas que dura la citada
operación y que son las siguientes: del 15 de julio al 15 de agosto
en la fase de salida y del 15 de julio también al 15 de septiembre en
la fase de retorno. Por lo que respecta a la participación de los
grupos de evaluación en el apoyo a la gestión de emergencias, Cruz
Roja española ha manifestado la disponibilidad de tres técnicos con
capacitación específica en materia de intervención en emergencias y
asistencia en desastres en todas las comunidades autónomas. En
relación con el albergue provisional y asistencia social, el convenio
contempla la disponibilidad de recursos humanos y materiales para la
organización diaria de este albergue provisional y asistencia social
con capacidad para 1.000 personas en espacios cerrados y para 500
personas al aire libre, no de manera simultánea. En cuanto a la
formación del personal de la Cruz Roja, el temario de los programas
de formación y perfeccionamiento de dicho personal ha sido elaborado
por un grupo de trabajo de coordinación formado por tres
representantes de la Dirección General de Protección Civil y otros
tres de la Cruz Roja española. La selección de personal a
incorporar a cada actuación formativa corrió a cargo de la Cruz Roja.
El programa de ejercicios y simulaciones tiene por finalidad
garantizar que el personal de la Cruz Roja alcance el grado de
competencia necesario en el desempeño de las tareas asignadas. La
Dirección General de Protección Civil se comprometió a realizar dos
ejercicios de movilización de los recursos humanos y materiales de
Cruz Roja afectos al plan estatal de abastecimiento de albergue y a
los grupos de evaluación y gestión de emergencias con fines
pedagógicos.
La Dirección General de Protección Civil, en contraprestación a las
obligaciones contraídas por la Cruz Roja anteriormente citadas, asume
el coste en que incurra la Cruz Roja española en los tres conceptos
anteriormente reseñados, así como el de los programas de formación y
perfeccionamiento del personal y los programas de ejercicios y
simulacros. La Dirección General de Protección Civil consignó un
crédito de 60 millones de pesetas para participar en este plan anual
de acción. Cruz Roja española se comprometió a justificar ante la
dirección general el destino dado a la asignación objeto de
transferencia. El seguimiento y control de las actividades previstas
en el plan anual han sido efectuados por una comisión mixta
establecida ad hoc en el convenio marco. He de señalar con
satisfacción que, como en años anteriores, la cooperación entre la
Dirección General de Protección Civil y la Cruz Roja ha dado
resultados positivos en la línea de las inversiones que hemos hecho y
que cabría esperar de una cooperación que ya se va decantando eficaz
en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quisiera anotar que es una buena
iniciativa, que es un buen convenio marco que mejora la capacidad de
prestación de servicios recíproca, tanto por parte del Ministerio del
Interior, Dirección General de Protección Civil, como de Cruz Roja,
al servicio de los ciudadanos y que merecía la pena, por hacer
pedagogía, que se incorporara al conocimiento de todos las señoras y
señores diputados y de los ciudadanos a través del «Diario de
Sesiones».
- DEL SEÑOR SÁNCHEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE ADOPCIÓN POR EL GOBIERNO DE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
PROTEGER PERSONALMENTE A LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR DE
LA JOYERÍA, ASÍ COMO LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LOS MISMOS. (Número
de expediente 181/001199.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula el señor Sánchez
Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señor secretario de Estado,
desgraciadamente este tema de los joyeros -también hay de los
peleteros y drogueros- está de permanente actualidad. Francamente, no
nos gustaría volver a plantear esta cuestión que ya hemos expuesto en
otra ocasión pero es así. Concretamente hace unos días, en el mismo
centro de Barcelona, unos delincuentes robaron en cinco minutos la
joyería Cartier con un nuevo sistema: en la tienda de al lado, Loewe,
bajaron las persianas y las ataron con unas cadenas para que no
pudiera salir el guarda jurado. Como decía, se está produciendo una
cantidad tremenda de robos y atracos en estos sectores, tanto de
joyeros como de peleteros y de drogueros; en este caso en menor
medida en cuanto a la cuantía económica pero no en el número de robos
porque en el sector de droguería y perfumería, desde agosto del año
pasado a aquí, se han producido 50 en una sola cadena de droguería y
perfumería llamada Juteco, por un importe de 60 millones de pesetas.
Mi pregunta es: ¿ha adoptado el Gobierno todas las medidas
necesarias, tanto en el orden policial como legislativas, tendentes
a proteger personalmente a los empresarios y trabajadores del sector de
la joyería, así como los intereses económicos de los mismos?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Comparto
la preocupación de su señoría por los delitos que se cometen en el
ámbito de la joyería. No estoy preparado para contestar a la parte de
los drogueros porque puedo tener opinión pero no datos y, por tanto,
si le parece bien, contestaré, a lo que atañe al gremio de los
joyeros.
Respecto a las medidas concretas que están en marcha en el Cuerpo
Nacional de Policía, la comisaría general de Policía judicial ha
adoptado resoluciones en el orden operativo de información y de
coordinación de las distintas unidades policiales con competencias en
la lucha contra este tipo de delincuencia. La circular 912 sobre la
operatividad en relación con los robos de joyerías y sus
representantes establece un conjunto de directrices de carácter
práctico, consejos de seguridad y normas de autoprotección personal
que se hicieron llegar al consejo de joyería. Del conjunto de estas
medidas destaco seis: aumento de la vigilancia policial a través de
la policía preventiva de proximidad; intensificación de la
colaboración internacional con los países de procedencia de los
delincuentes o de destino de las joyas robadas; confección y difusión
de boletines informativos con normas de prevención y protección;
control de las vías utilizadas para el envío al extranjero de las
joyas robadas y de los individuos dedicados específicamente a esta
finalidad; puesta en marcha de operaciones específicas para luchar
con más eficacia, la denominada operación Cóndor, y el contacto perma
nente
y celebración de reuniones de trabajo e informativas con la
Asociación española de joyeros, plateros y relojeros al objeto de
establecer, reforzar y mantener sobre todo líneas de cooperación que
permitan una mayor prevención y represión en los hechos delictivos
a los que su señoría alude.
En cuanto a Policía, la Jefatura Superior de Policía en Madrid,
ciudad en la que se ha detectado un mayor número de robos de
joyerías, ha puesto en marcha las siguientes operaciones policiales
específicas y que son extrapolables a otras ciudades. La operación
Surco, establecida hace dos años, tiene como misión principal la
prevención y detención de los presuntos autores de robos en
establecimientos en la modalidad, entre comillas, del alunizaje, que
como saben consiste bien en empotrar un vehículo previamente
sustraído contra las lunas del escaparate del establecimiento o en la
rotura con mazas, como señalaba su señoría, de los cristales de
determinadas joyerías a las que se puede acceder todavía por ese
sistema. Con este dispositivo, que se activa preferentemente en
horario nocturno, se ha logrado reducir considerablemente el número
de robos mediante el citado procedimiento. En esta operación
participan, junto con el Cuerpo Nacional de Policía, miembros de la
Policía local, absolutamente necesaria para este tipo de trabajo, y
de la Guardia Civil de la región. La operación Raca se ha puesto en
marcha hace algo más de un mes y tiene por objeto la prevención de
robos no ya utilizando el coche sino las mazas. Ante la presencia
policial en horario nocturno y las barreras arquitectónicas adoptadas
por establecimientos, algunos delincuentes han modificado su modus
operandi pasando del coche a la maza. La operación Quilate está en
marcha desde hace dos años y consiste en la realización de visitas
periódicas a establecimientos de joyería por parte de las policías de
proximidad; se intercambia información, se informa sobre medidas de
autoprotección y se facilitan teléfonos de acceso directo para la
reacción inmediata de las fuerzas policiales.
Con independencia de estas operaciones, el pasado día 29 de noviembre
se celebró una reunión entre las distintas partes afectadas por este
tipo de delincuencia, representantes de la judicatura, del Cuerpo
Nacional de Policía, de la Policía municipal y del sector de joyería,
en la que se debatieron problemas muy concretos. Entre las
conclusiones a la misma cabe destacar la solicitud de que, junto con
las medidas de carácter policial, resultan precisas reformas
legislativas, prisión preventiva y juicios rápidos para evitar los
procesos de reincidencia, que en algunos casos alcanzan hasta las
ciento y pico detenciones por persona. En parelelo con estas
actuaciones y en desarrollo del programa de Policía 2000, la
Dirección General de la Policía ha puesto en marcha unidades
específicas de lucha contra la delincuencia organizada y delincuencia
especializada y violenta, con ámbito de actuación tanto a nivel
central como periférico; también la Unidad central de inteligencia
criminal que coordina, centraliza y analiza toda la
información de interés en materia de policía judicial en el ámbito al
que me refiero. Como resultado de estas operaciones, hasta el pasado
mes de septiembre se han desmantelado 56 grupos organizados, con un
total de 294 detenidos, en su mayor parte personas de origen
extranjero dedicadas al robo de joyerías y a representantes del
gremio, incluso en domicilios particulares, sin que esto suponga una
justificación del ámbito personal en el que se producen estos robos,
ni siquiera una vinculación de determinado tipo de nacionalidad con
el incremento, que reconozco, de los ataques a las joyerías
últimamente. Sin embargo, debo decir también que ese incremento
deriva de lo que era antes frecuente en Madrid, el alunizaje con
coches, a otro tipo de instrumentación. No consuela pero se supone
que cuando se ponen medidas evitamos determinados tipos de delitos;
lo que resta ahora es ser capaces de adelantarnos a los delincuentes
a la hora de que no consigan perpetrar sus actividades.
Por lo que respecta a la Guardia Civil, para evitar y perseguir los
hechos delictivos en las joyerías se han diseñado tres planos de
actuación: preventivo, investigación criminal y análisis y
seguimiento. En el plano preventivo, los establecimientos más
susceptibles suelen ser los más frecuentados, las joyerías, por las
patrullas. En el plano de la investigación criminal, en todas las
unidades de Policía judicial de las comandancias existen equipos de
investigación especializados en delincuencia organizada contra el
patrimonio y muy directamente en los aspectos de las joyerías
ubicados en las secciones de investigación. En el plano del análisis
criminal, en el departamento de análisis criminal de la Unidad
técnica de Policía judicial de la Guardia Civil existe una sección de
análisis que realiza un seguimiento de delincuencia dedicada al robo
de establecimientos con objeto de poder entrar en estrategias comunes
en este sector.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Abundando un poco en lo que usted nos
decía, nos congratulamos de que por fin se vayan a tomar algunas
medidas de carácter legislativo para evitar que todas estas personas
que de forma hasta ahora tan impune campan por sus respetos al
realizar estos atracos tengan el castigo que se merecen.
A nuestro juicio, con un ánimo no pedagógico sino de cooperación con
usted, porque entendemos que nuestra obligación no solamente es hacer
la crítica política sino aportar alguna solución, y para acentuar la
rapidez de estas medidas legislativas, sería conveniente que en
algunas ocasiones por la fiscalía se tomaran las medidas adecuadas a
fin de que, por ejemplo, la figura de la asociación ilícita tomara
una preponderancia queahora mismo no tiene. Para su información -por
si no
lo sabe, aunque seguro que sí-, el fiscal de Barcelona, señor Mena,
está utilizando ya esta figura de la asociación ilícita. No sería
necesario modificar el Código Penal en el sentido de cambiar algún
artículo, sino agregar alguno con la numeración 242 bis y con una
redacción que dijera algo así que la mera asociación, aun transitoria
-porque en estos casos es así-, de tres o más personas para cometer
el delito de robo se sancionará conforme a lo dispuesto en el
artículo 515.1 de este código, que es el que hace referencia, en
relación con el 517, a estas cuestiones de la asociación ilícita.
Esto es realmente importante.
Desde hace tiempo se viene hablando de la prisión preventiva y, sin
embargo, no sé por qué los jueces no la ponen en práctica porque no
conlleva gasto económico ni aumento de plantilla, ni conduce a
ninguna otra cosa que no sea aplicar con rigor todo lo que concierne
al artículo del Código Penal relacionado con la prisión preventiva.
Sin escapar ni un solo instante de lo que es la legalidad
constitucional, debe aplicarse con rigor la prisión preventiva,
porque usted sabe mejor que yo que casi el 98 por ciento de todas las
personas que son detenidas prácticamente en el acto están en la
calle. Por eso, dentro de los límites constitucionales, sin que se
lesionen los derechos de nadie hay que aplicar con rigor la prisión
preventiva.
Usted ha apuntado algo que me parece muy bien. Ojalá se ponga en
marcha algo que está contemplado en nuestra ley, que sí se necesita
una dotación económica pero que con el pacto para la justicia puede
solucionar muchos problemas, y es todo lo relacionado con los juicios
rápidos. Los juicios rápidos, como usted sabrá mejor que yo, en las
Olimpiadas de Barcelona ya se pusieron en marcha. Lo único que se
hizo fue dotar de un forense, de traductores y de fiscales. Esto es
lo que hay que hacer en estos momentos. Debemos aprovechar el pacto
para la Justicia, en el que hay una mayor dotación económica para la
justicia, a fin de que estos juicios rápidos puedan solventar una de
las mayores papeletas que tiene la seguridad, la policía española, su
secretaría de Estado y el ministerio, y es que esta gente pueda
campar por sus respetos y hacer lo que quiera.
Sin hacer modificaciones del Código Penal, se podía tomar en
consideración alguna cuestión como, por ejemplo, como he dicho antes,
la aplicación del delito de asociación ilícita a los autores del
delito de robo que actúan en grupos y la inaplicación del tipo
atenuado del tercer apartado del artículo 242 del Código Penal en
todos los casos en que el robo se efectúe en locales o
establecimientos abiertos al públicos (es evidente que no puede haber
una atenuación) y con la aplicación al delito de robo con fuerza en
las cosas de las circunstancias de agravación, de especial gravedad,
atendiendo al valor de los efectos sustraídos o a la producción de
perjuicios en especial consideración. Considero que con
estas medidas se podía colaborar y hacer algo importante por un
sector que está gravemente preocupado.
Causa intranquilidad que no haya compañía aseguradora que quiera
asegurar las empresas de joyería. Hasta hace muy poco la Asociación
de joyeros, a través de la correduría de seguros, tenía su propia
compañía de seguros que protegía todos los intereses económicos de
las joyerías. Hoy, debido al índice de siniestros tan grande, estas
gentes se encuentran con que no hay compañía aseguradora que quiera
asegurarles. Ustedes, a través de la Dirección General de Comercio
Interior, Defensa de la Competencia, deberían tomar alguna
determinación porque no se puede dejar desamparado a todo este
sector, al que le causa un grave perjuicio económico no tener esa
tranquilidad que les da poder asegurarse.
Esta es mi percepción de todo esto, señor secretario de Estado, en
ese ánimo de colaboración que siempre encontrará en mí.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señoría, por esa contribución, de la que tomo muy buena
nota. El Gobierno está haciendo cosas en ámbitos que usted ha
señalado, como en los juicios rápidos tratando la multirreincidencia,
pero hay algunos aspectos que usted apunta que no dude voy a tener
muy presentes a la hora de comentarlos y de tratar de impulsarlos
dentro del ámbito judicial y legislativo, a los que se dirigen esas
ideas.
Policialmente tenemos que mejorar y podemos hacer más cosas; ya hemos
hablado de dotar de más medios. Tenemos la sensibilidad, que usted
señalaba, de que en el gremio de la joyería hay una amenaza
permanente de inseguridad, que curiosamente se transmite con una gran
fuerza de alarma social, por lo que debemos cuidar especialmente el
ámbito legislativo, el ámbito judicial y el ámbito operativo. Desde
el punto de vista del ámbito operativo, ya les he relatado las cosas
que estamos haciendo y que creo que están dando algo de resultado -
ni mucho menos para estar satisfechos en este sector, porque
realmente estamos preocupados por las circunstancias -, y ahora
debemos insistir en los otros ámbitos. No puedo dejar de decir que
personas que han estado detenidas 140 veces y siguen delinquiendo por
estar en libertad es como si en algunas ciudades siete personas
pusieran en jaque permanentemente a todos los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía o de la Guardia Civil. Eso hay que arreglarlo y
en eso estamos. En cuanto a las empresas aseguradoras, se trata de un
ámbito de negocio y yo entiendo que digan que el riesgo que tiene que
cubrir con sus actuarios es imposible de asumir, porque unos no
querrán pagar las pólizas y otros no querrán rebajarlas. Por tanto,
no los podemos dejar en esa doble indefensión desde el punto de vista
de la protección policial y económica que proporcionan las empresas
aseguradoras y, en ese sentido, trabajaremos a través de la Dirección
General de Seguros para ver cómo podemos, mientras tratamos de
mejorar estos tres ámbitos, policial, judicial y legislativo, lucha
contra la delincuencia en un sector que nos tiene preocupados.
Quiero insistir en mi agradecimiento por las ideas que ha aportado,
por el tono de su intervención, y no dude de que las estudio y,
respecto a las que no están puestas en práctica, como aquellas que he
citado, trataré de que sean impulsadas por el Gobierno y desde luego
por la Secretaría de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, no se si técnicamente es una
cuestión de orden o más bien es una cuestión de buen orden - creo que
es de buen orden- , pero desde mi grupo parlamentario quiero
felicitar al señor Sánchez Garrido por el tono y el contenido de su
intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Estoy seguro
de que el señor Sánchez Garrido recibe con satisfacción sus
manifestaciones.
Concluida esta primera parte de la sesión, le damos las gracias al
señor secretario de Estado de seguridad por la asiduidad con la que
acude a nuestras convocatorias y la paciencia con que asiste a estos
debates. Le deseamos unas felices fiestas y un excelente año 2002
y que sigan los éxitos de los servicios a su cargo, que son tan
importantes para el bienestar de todos.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS (YUSTE CALLEJA) PARA EXPLICAR LAS CIRCUNSTANCIAS POR
LAS QUE LA JUNTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO VICTORIA
KENT, DE MADRID, VALORÓ Y APLICÓ DE FORMA TAN EXTRAORDINARIAMENTE
RÁPIDA LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS A LOS SEÑORES VERA Y BARRIONUEVO
DESPUÉS DE QUE EL TRIBUNAL SUPREMO ORDENARA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2001
SU INGRESO EN PRISIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 212/000538.)
El señor PRESIDENTE: El punto décimo del orden del día se refiere a
la comparecencia del director general de Instituciones Penitenciarias
para explicar las circunstancias por las que la junta de tratamiento
del centro penitenciario Victoria Kent, de Madrid, valoró y aplicó de
forma tan extraordinariamente rápida los beneficios penitenciarios a
los señores Vera y Barrionuevo después de que el Tribunal Supremo
ordenara el día 29 de mayo del 2001 su ingreso en prisión. Para
exponer lo que estime oportuno en relación con esta solicitud de
comparecencia, tiene la palabra el señor director general de
Instituciones Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): Los señores Rafael Vera y José Barrionuevo ingresaron en
prisión el 24 de septiembre de 1998, en el antiguo centro
penitenciario de Guadalajara, para cumplir una condena de 10 años
impuesta por el Tribunal Supremo en la causa especial número 2.530/
95. Permanecieron en este centro cumpliendo la condena impuesta, ya
reducida a tres años y cuatro meses por indulto de fecha 23 de
diciembre de 1998, hasta el 29 diciembre de 1998, día en que salieron
en libertad al haberles sido suspendida la condena por el Tribunal
Constitucional. Durante su estancia en prisión, en la situación de
penados, los señores Vera y Barrionuevo fueron clasificados,
inicialmente, en tercer grado por resolución de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, de fecha 23 de diciembre de 1998,
dictada resolviendo la propuesta de la junta de tratamiento del
referido centro de Guadalajara. De esta resolución se dio cuenta al
ministerio fiscal, en los términos preceptuados en el artículo 107
del vigente reglamento penitenciario, que no objetó tacha alguna de
legalidad. Los señores Vera y Barrionuevo permanecieron en libertad
hasta el día 30 de mayo del año 2001 en que ingresan de nuevo en
prisión para seguir cumpliendo la condena a consecuencia del
requerimiento que la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó para
dejar sin efecto la suspensión de la condena. El ingreso se produce
el miércoles 30 de mayo a las 7:45 horas el señor Vera y a las 9
horas el señor Barrionuevo. La presentación de los afectados tiene
lugar en el centro penitenciario de régimen abierto Victoria Kent por
la condición de los afectados, dado que se encuentran clasificados ya
en tercer grado, es decir, en la misma situación que tenían cuando
salieron en libertad, al no haberse roto su relación jurídica con la
Administración penitenciaria. La junta de tratamiento del centro
penitenciario Victoria Kent no precisó realizar, por tanto, una nueva
clasificación a los señores Vera y Barrionuevo -ya lo estaban, como
hemos dicho-, sino tan sólo asignarles un régimen de vida en el
centro, por lo que no era preciso observar las formalidades de las
reuniones ordinarias que se exigen para las clasificaciones
iniciales. Para la asignación del régimen de vida se realiza una
reunión extraordinaria de la junta de tratamiento de las previstas en
el artículo 268.2 del reglamento penitenciario. Estas reuniones, como
su nombre indica, se convocan cuando existen circunstancias que
aconsejan no esperar a la próxima junta ordinaria. Conviene señalar
igualmente que durante el año 2000 se realizaron en este centro 17
reuniones extraordinarias, lo que evidencia el carácter frecuente y
no excepcional de la medida. El órgano colegiado actúa con la
diligencia necesaria no para aplicar un beneficio
penitenciario, la designación de un determinado régimen de vida no
tiene la condición de tal, sino para regular la situación
administrativa que urge la presencia de los internos en el centro. La
junta de tratamiento del centro penitenciario Victoria Kent acuerda
asignar a los señores Vera y Barrionuevo el régimen de vida previsto
en el artículo 86.4 del reglamento penitenciario, que básicamente
sustituye la obligación de pernoctar en el centro por determinadas
comparecencias ante las autoridades penitenciarias. Las razones que
justifican esta iniciativa son, en concreto, la primariedad delictiva
de los reos, la presentación voluntaria, la antigüedad de los hechos
delictivos, la vida normalizada de los afectados, su integración
sociolaboral, la dificultad objetiva de reincidencia y la necesidad
de protección para garantizar su seguridad personal. El acuerdo
adoptado por la junta de tratamiento fue ratificado por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en los términos propuestos y
se dio conocimiento al juez de vigilancia competente. La aplicación
del régimen de vida previsto en el artículo 86.4 no es una medida
excepcional ni privilegiada, sino la consecuencia del principio de
individualización que preside el cumplimiento de la pena privativa de
libertad en nuestro ordenamiento y que busca el fin último de
reinserción social del condenado. He de significar a S.S. también que
durante el año 2000 se aplicó en 149 casos y por diferentes motivos,
como maternidad, salud, situaciones laborales y por razones de
seguridad y tratamiento, una medida similar.
La acción popular se ha personado ante el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria y ante el Tribunal Supremo, instando, entre otras
pretensiones, la anulación del régimen de vida del que disfrutan los
afectados. El Juzgado de Vigilancia número 2 de Madrid, en auto de
fecha 25 de junio de 2001, desestima la pretensión de la acción
popular por carecer de legitimación. De la misma forma, el Tribunal
Supremo ha denegado la pretensión de la acción popular por entender
que el control de la ejecución de la pena privativa de libertad
corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Por mi parte, nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, la señora Lasagabaster
tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor Yuste, por su
presencia en el día de hoy. Supongo que esta comparecencia es un
tanto delicada y que posiblemente no sea usted el único protagonista,
pero es el que tiene la responsabilidad en esta cuestión y supongo
que la tiene que asumir. Estoy convencida de que hay más
protagonistas en esta decisión, pero en todo caso, por su cargo y su
responsabilidad, le tengo que solicitar a usted esta comparecencia.
Ha señalado usted los prolegómenos que todos conocemos, y no sé si lo
ha citado, pero es cierto que después
de la condena de 10 años a Barrionuevo y Vera había otras
personas que también estaban incluidas - creo que son tres personas
más; cuatro no podían ser objeto del tratamiento excepcional-, pero
en todo caso centrémonos en estas dos personas. Es verdad que
tuvieron una condena de 10 años, que fueron objeto de un indulto
parcial por el Gobierno de dos tercios de su condena, y en el momento
en el que se tomaban estas decisiones estaban efectivamente
clasificados como de tercer grado.
Usted ha explicado esta situación como algo francamente habitual. No
soy conocedora del día a día en estas cuestiones, pero sí he tenido
información tanto por la normativa aplicable en el reglamento
penitenciario de 1996 como incluso por alguna de las instrucciones
que existen sobre la materia, en concreto la Instrucción 20/1996,
relacionada con estas cuestiones del área de tratamiento, y
ciertamente las he leído, así como los artículos 102 y 103, sobre las
actuaciones para proceder a esa clasificación o el procedimiento de
la clasificación o las funciones de la junta de tratamiento. No se
las voy a leer, pero de la mera lectura de las mismas se desprende
que la duración para llevar a cabo la determinación de un tratamiento
concreto para una persona concreta es, en el plazo ordinario, mucho
mayor de las nueve horas que se aplicaron en el acontecimiento del
que estamos hoy tratando. Si pudiéramos leer la información, veríamos
que más o menos pasarían alrededor de 45 a 60 días, si no estoy mal
informada, desde el momento de la decisión de la junta y la
efectividad del acuerdo. A esto habría que añadir todos los trámites
que se realizan desde que se recibe el testimonio de sentencia
remitido por el juez para su ejecución y, a partir de ahí, la
observación por parte de los técnicos en la materia, además de que el
centro directivo lo tiene que estudiar y tiene que resolverlo y
remitir el acuerdo por correo ordinario, tal y como establece la
legislación, al centro penitenciario, trámites para los que, vuelvo a
señalar, hacen falta como mínimo dos meses. Es verdad que hay
procedimientos y prácticas excepcionales que en muchos casos tampoco
tienen una regulación concreta porque para eso son excepcionales.
También es verdad, como citaba el director general de Instituciones
Penitenciarias, que en casos muy concretos, relativos sobre todo a
enfermedades y otras cuestiones, se aplican prácticas excepcionales.
Se refieren, no obstante, a casos como enfermos graves e incurables,
para los que se estudia la aplicación del artículo 104.4 del
reglamento penitenciario, y otros casos que usted ha citado y que yo
he recogido, como maternidad, cuestiones laborales, etcétera. Ahora
bien, en estas prácticas excepcionales se puede actuar con cierta
urgencia y acortando la duración de los trámites, pero insisto en que
las prácticas excepcionales, en su generalidad, lo son por estos
motivos que tenemos como excepcionales. Lo que nos sorprende, vuelvo
a señalar,es que no es una práctica habitual, que la norma habitual
hubiera llevado más de dos meses y que creo que si hubiéramos seguido
la práctica excepcional ni tan siquiera hubiera sido posible actuar
en las horas que estuvieron internados o ingresados, pero ciertamente
tampoco se cohonesta con las prácticas excepcionales que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamiento
llevan a cabo, es decir, no responden al mismo tipo de situaciones.
Hay, no obstante, otras consideraciones que es importante analizar.
Estamos hablando de unas circunstancias en las que el tribunal -no
les voy a leer lo relativo a esta cuestión porque la conocen
perfectamente- dictaba el ingreso inmediato el día anterior, y sobre
todo lo hacía porque entendía que la gravedad de los delitos era aún
mayor en virtud de los cargos que ostentaban las personas que
llevaron a cabo estas actuaciones delictivas. Por tanto, el Tribunal
Supremo dejaba muy claro en la resolución que no había ningún margen
de duda y que tenían que ingresar en prisión, por la gravedad de los
hechos y en virtud también de los cargos de las personas
involucradas. Esto es lo que todos los ciudadanos leímos el día en
que ingresaron en prisión; de lo que no teníamos conocimiento era de
los elementos de juicio que al parecer existían para la resolución
del ingreso en prisión, y sobre esto nos gustaría que se nos
informara, más allá de que haya prácticas excepcionales y que ésta
sea una de ellas. Explíquenos exactamente por qué la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias entiende que los fundamentos
de la resolución del Tribunal Supremo no son de aplicación al caso en
concreto. Y lo pedimos por una cuestión muy sencilla. A nosotros no
nos gusta, señor director general de Instituciones Penitenciarias,
que nadie tenga que ir a prisión, nadie, y no es cuestión de que
vayan a prisión o no vayan. Lo pedimos por una cuestión de principio
clara y yo creo que importantísima: la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley y ante la justicia, en primer lugar; en
segundo lugar, por la propia credibilidad de la justicia. Y recuerdo
perfectamente que en los mismos días se había firmado, curiosamente,
el Pacto de Estado por la justicia entre el Partido Popular, el
Partido Socialista y el Gobierno. Incluso ha habido personas que han
dicho que esta era una cosa excepcional, lo han dicho algunos cargos
políticos del Partido Popular, yo lo he leído y lo he oído en alguna
ocasión. ¿Qué es lo que hay detrás para que se produzca una
resolución de la junta de tratamiento del centro penitenciario y de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que, de facto,
va en contra de la resolución del Tribunal Supremo? Eso es lo que
queremos saber. No es coherente con la práctica usada para estos
casos, tampoco las prácticas excepcionales son para este tipo de
casos. ¿Qué es lo que hay detrás? Estoy segura de que no me lo va a
decir, estoy segura de que aquí había muchas más cosas que no podemos
probar en este momento, pero es claro que aquí se ha producido una
actuación que no es de igualdad de todos los ciudadanos ante la
justicia y ante la ley. Esto, además, ha sido un hecho grave, en la
medida en que va en contra de la credibilidad que todos intentamos
que tenga la justicia. Creo que en su momento incluso de los medios
judiciales se sorprendieron por esta actuación y que llegaron a decir
que hasta dónde se podía llegar, en la medida en que si los jueces
tienen la obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la
Administración penitenciaria no podía prevalecer sobre las
resoluciones judiciales. Esta es una grave cuestión, este es un grave
problema que entiendo que está encima de la mesa. Creo que aquí -y me
permito dar una opinión más allá de la inexistencia de datos- ha
habido un pacto muy claro entre el Partido Socialista y el Partido
Popular, derivado del pacto antiterrorista -esta es una opinión
personal, pero que creo que tienen muchos ciudadanos en el día de
hoy-, que ha dado lugar a una desigualdad, a una falta de
credibilidad de la justicia, algo que no es bueno para la sociedad.
En definitiva, usted no nos ha dado ninguna razón que justifique esta
práctica excepcional; no es habitual esta práctica excepcional, la
cual iba, desde nuestro punto de vista, en contra del espíritu de la
resolución del Tribunal Supremo y de la opinión del fiscal que se
opuso a la petición de nuevo indulto. Lo más grave de todo este
asunto es que ustedes han ido en contra de la credibilidad de la
justicia y nos tendríamos que preguntar qué pasará en el futuro, en
la medida en que los protagonistas están inmersos en procesos
judiciales. Usted nos tendrá que decir, sin perjuicio de no
intervenir y no entrar para nada en la resolución judicial que se
dicte, qué va ocurrir al final. ¿La Administración penitenciaria va a
tener la última palabra, por encima de los jueces, que es a los que
corresponde aplicar la ley, juzgar y ejecutar lo juzgado? Creo que
este ha sido un precedente lamentable, por esos dos principios que
todos, por encima de cualquier otra consideración, deberíamos
intentar preservar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Quiero agradecer al director general de
Instituciones Penitenciarias la información, que estimo absolutamente
objetiva, que ha puesto sobre la mesa esta mañana y lamentar que con
una carencia absoluta de rigor, y elevando el tono de sospechas
gratuitas y de pactos inventados, se esté haciendo caer una sombra de
sospecha sobre una cuestión que yo creo que tiene un fundamento única
y exclusivamente de carácter jurídico y de hábitos y costumbres
estrictamente propios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
Aquí lo que ha habido, según el relato que nos ha hecho el director
general, es la aplicación lisa y literalmente del reglamento
penitenciario. Quisiera hacer dos observaciones al respecto, porque
hay dos elementos que debemos considerar. Por una parte, la
hipotética
celeridad en relación con la toma de decisión y, por otra, el
contenido material del derecho que pudiera asistir a las personas que
están relacionadas con este acontecimiento. Estos son dos elementos
distintos que deben ser valorados de diferente manera, aunque es
verdad que obviamente conforman un conjunto de actos. La celeridad o
no de la cuestión debe estar relacionada -y a esto hacía referencia
el director general- con la existencia o no de dudas o con el estado
de la cuestión, teniendo en cuenta que eran personas que reingresaban
en prisión y que ya habían sido clasificadas, como se ha dicho aquí.
Por tanto, era factible un desarrollo rápido de la cuestión, porque
si ya estaban clasificados no había necesidad de establecer una
espera y tampoco tenía por qué perjudicar la situación y las
expectativas de las personas afectadas. Existe un principio jurídico
elemental, un brocardo jurídico que dice: in dubio pro reo. En el
supuesto que estamos considerando hay un principio que ampara que la
ley también debe ser aplicada desde una perspectiva lo menos gravosa
posible para las personas que son sancionadas o que están penadas. En
este sentido, desde la perspectiva de la aplicación realizada por
Instituciones Penitenciarias, acelerada o no, se ha hecho lo normal y
lo correcto en este asunto, por lo que no hay ningún trato de favor
ni considero que se tenga que hacer un pacto. Carece de sentido hacer
un pacto para dar un tratamiento que resulta que pudiera ser lo
habitual en el desarrollo de la acción de Instituciones
Penitenciarias. Supongo que si se hacen unos pactos será porque
tienen más contenido y mucho mayor alcance.
En relación con el derecho material, que es la cuestión básica, se
estaba aplicando el reglamento penitenciario y esta aplicación ha
sido corroborada por la propia resolución de la juez de Vigilancia
Penitenciaria y por el propio Tribunal Supremo, como también ha dicho
el director general de Instituciones Penitenciarias. Por tanto, han
sido poderes independientes al Ejecutivo y a Instituciones
Penitenciarias las que han venido a avalar la decisión que se tomó al
respecto. Tendremos que dar el beneficio de la credibilidad y de la
buena fe en la actuación no solamente de Instituciones Penitenciarias
sino también de los órganos jurisdiccionales que han intervenido en
este sentido.
Por otra parte, y con esto termino, estamos hablando de dos personas
que en este momento están en la siguiente situación: están
acompañados por guardaespaldas, por personas que evidentemente hacen
una doble función - de protección y de vigilancia sobre ellos-, es
decir, escoltas permanentes. Están obligados a realizar dos firmas de
control semanales en Instituciones Penitenciarias. Durante toda la
semana están subordinados a realizar llamadas a teléfonos fijos por
funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Tienen prohibida su
salida de Madrid y recientemente a uno de ello le ha sido denegado un
permiso navideño que había solicitado para ausentarse de Madrid. Si
esto es una
situación de privilegio, un trato de favor y el fundamento de un
pacto con no sé que extraña configuración, realmente es sorprendente.
En definitiva -repito-, son personas que en este momento están siendo
objeto de una presión complementaria y de un linchamiento, en cierta
medida, como consecuencia de acciones e iniciativas que tratan de
agravar su situación. Son unas acciones populares cuyo origen todos
conocemos, mientras que hay otros personajes que circulan por ahí,
incluso están presentes en otros parlamentos, a los que la sociedad
les debe bastante menos que a estos dos señores de los que estamos
hablando, que pueden haber cometido sus errores o no pero, en todo
caso, están en una situación penitenciaria normal como consecuencia
de la condena que padecen. No se pueden buscar juicio de intenciones
ni justificaciones de pactos extraños, basta con comprobar que están
cumpliendo una condena con ciertos agravantes que se tratan de
introducir, desde una perspectiva social injustificada.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervendré con toda brevedad, porque no hace
falta decir más. De la objetiva, minuciosa y detallada información
dada por el señor director general se desprende claramente, como no
podía ser de otra forma, que la Administración penitenciaria ha
obrado en el asunto de referencia con un absoluto atenimiento a la
legislación vigente y sin el más mínimo desvío de ésta. A partir de
aquí se pueden hacer las lecturas políticas que se quieran, algunas
ciertamente desafortunadas, por cuanto cosechan especulaciones sin
base, pero lo importante es que la legislación penitenciaria se ha
cumplido sin sombra de duda alguna desde un punto de vista técnico
jurídico. Lo ha recordado el señor director general: En el asunto de
referencia no se trataba de abrir el proceso habitual que determina
la clasificación de los internos, puesto que esa clasificación ya
estaba hecha con anterioridad, como consecuencia de la etapa previa
en prisión de las dos personas señaladas. Conviene recordar que esto,
en situaciones técnicas iguales a las de los señores Vera y
Barrionuevo, se hace todos los días, cuando procede, como procedía en
este caso. La legislación se ha cumplido estrictamente, desde la
normalidad, sin sombra ni contenido alguno de excepcionalidad, y las
especulaciones políticas que se quieran hacer son absolutamente
legítimas. Pero como es legítimo hacerlas, también es legítimo que
nosotros señalemos que esas especulaciones políticas, desde nuestro
punto de vista, son desafortunadas, porque cosechan esas
especulaciones a las que antes hacía referencia, que carecen por
completo de base. En un Estado de derecho la ley se aplica, aunque
alguien quisiera que no se aplicara, y una autoridad pública, como es
en este caso el señor director general de Instituciones
Penitenciarias, no hace sino aplicar la ley, desde la normalidad y
sin excepcionalidad.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): En principio, la señora Lasagabaster me preguntaba si
soy o no el único protagonista de esta decisión, deslizando alguna
idea como que pudiera haber otras personas que no estuvieran
directamente relacionadas con ella. Esta es una decisión
estrictamente técnica y, en consecuencia, sus protagonistas son los
órganos colegiados que tienen la iniciativa legal para adoptarla, en
este caso el director general, que la aprueba porque entiende que es
ajustada a derecho, que es conveniente y que es oportuna. Es evidente
que no es habitual. Su señoría hace referencia a la Instrucción 20/
1996, que intenta disciplinar los procedimientos de clasificación
inicial. La clasificación ya se había producido en estos dos casos a
los que he hecho referencia, ateniéndome al contenido de su pregunta,
no al resto de los implicados del caso Marey, cada uno de los cuales
tuvo una peripecia procesal diferente y obtuvo una resolución fundada
en derecho. En estos dos casos, eran personas que estaban ya
clasificadas. El momento en que se les clasifica en tercer grado no
genera ninguna polémica, se traslada al fiscal y el fiscal entiende
esa decisión como ajustada a derecho; es cuando se aplica el régimen
de vida cuando se produce esa sensación que ha hecho que usted haya
solicitado la comparecencia. En estos casos no se trata de un ingreso
consecuencia de una decisión primigenia, sino que trae causa de una
suspensión absolutamente excepcional. Ni yo ni mis colaboradores
hemos logrado recordar un caso de suspensión de condena de una
persona en tercer grado, es decir, nos encontramos ante un caso
infrecuente, desde el punto de vista penitenciario. En ese caso, la
junta de tratamiento tiene la obligación de disciplinar la vida en el
centro, y es a lo que se atiene. No está haciendo una resolución de
clasificación, porque ya están clasificados, únicamente tiene que
decir al recluso qué es lo que tiene que hacer ese día. Lo hubiera
tenido que hacer en ese momento de cualquier forma, hubiera optado
por un régimen como por el que optó, el 86.4, o hubiera optado por
cualquier otra fórmula de las recogidas en el artículo 86 y
siguientes del reglamento penitenciario.
La decisión, insisto, ha sido pública como pocas. La propia dirección
general hizo público a los medios de comunicación la decisión, su
fundamento y su contenido; a su vez, ha sido fiscalizada por el juez
de Vigilancia Penitenciaria, algo que la Administración no tenía
obligación de hacer porque es competente para adoptar esa resolución;
también, por mor de la iniciativa de la acusación particular, ha sido
fiscalizada por el Tribunal Supremo, que ha reconocido que la
competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado la tienen los
jueces de vigilancia, y el juez de vigilancia también ha ratificado
esa decisión. Por tanto, deducir alguna sombra de
duda, al menos desde el punto de vista técnico, sobre la legalidad de
esta medida me parece realmente curioso, en cualquier caso, sin
fundamento.
Lamento que usted ya haya predeterminado que yo no le voy a decir las
razones profundas de esa decisión. A pesar de que mi esfuerzo sea
inútil por esa predisposición suya, no obstante, voy a intentar
hacerlo. Esta iniciativa respeta la igualdad ante la ley y respeta el
contenido de la decisión del Tribunal Supremo, como el mismo Tribunal
Supremo ha reconocido a la hora de desestimar el recurso de la
acusación particular, que por cierto también pedía responsabilidades
penales para mi modesta persona. En este sentido, me interesa
resaltar que esta iniciativa complementa, por decirlo de alguna
manera, las competencias que el artículo 76 de la Ley orgánica
General Penitenciaria fija al juez de vigilancia, que son hasta tal
punto fiscalizadoras de la actuación administrativa que cualquier
iniciativa que suponga un acortamiento de la condena tiene que ser
aprobada por un juez. Por tanto, estamos ante un sistema
extraordinariamente garantista para el interno y extraordinariamente
limitador para las competencias discrecionales de la Administración
penitenciaria.
Por último, parece que S.S. traslada la existencia de un pacto y de
una merma de la credibilidad en la justicia que puedan tener los
ciudadanos por una decisión que, insisto, es estrictamente técnica.
Lógicamente, si no han conseguido convencerla los argumentos que se
han dado, mucho me temo que no lo voy a conseguir por el hecho de
repetirlos.
En cuanto a que esta iniciativa es limitadora del espíritu de la
decisión del Tribunal Supremo o del fiscal que se oponía a un nuevo
indulto, tengo que decirle que, en principio, el Ejecutivo hubiera
tenido la posibilidad de indultar la totalidad de la pena. En segundo
lugar, estas dos personas están cumpliendo condena, no están en
libertad, es decir, están cumpliendo una modalidad de extinción de la
pena que nace de la Ley orgánica General Penitenciaria, la primera
ley que desarrolla la Constitución democrática, una ley que ha tenido
un consenso que yo creo que no se ha repetido en ninguna otra, puesto
que, como usted sabe, se aprobó por aclamación y SS.SS., tanto en el
Congreso como en el Senado, puestos en pie, aplaudieron la fortuna de
la iniciativa. Creo que ese espíritu es el que está en esta decisión,
que es, repito, una decisión absolutamente técnica y a mi juicio
particularmente fiscalizada, tanto por el tribunal sentenciador como
por el órgano de vigilancia.
Le reitero que no tengo el don de la profecía y que lamentablemente
no puedo saber qué pasará en el futuro, pero no le quepa duda que
cualquier decisión que la Administración penitenciaria adopte en el
futuro estará también presidida por el principio de legalidad y,
desde luego, por el carácter humanitario que conlleva la ejecución de
una pena que tiene por objetivo la reinserción, que es el fin que
impone nuestro ordenamiento a las iniciativas de la Administración
penitenciaria.
Agradezco el tono y el contenido de la intervención del señor
Mayoral, que lógicamente comparto, así como del señor Gil Lázaro, que
también comparto, no puede ser de otra manera. Por mi parte nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Señora Lasagabaster, tiene usted la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muy brevemente. En cuanto a la
opinión no vamos a juzgarnos unos a otros. En todo caso, en la
intervención del director general de Instituciones Penitenciarias ha
surgido la palabra «excepcional» en múltiples ocasiones: suspensión
excepcional, caso atípico en el tercer grado, tratamiento
excepcional, reunión extraordinaria, prácticas excepcionales... Es una
reiteración que hemos venido oyendo porque es la realidad, y en eso
estamos al parecer todos de acuerdo. Lo que no aparece es todo unido
a beneficioso para estas dos personas. Este es el quid de la
cuestión, porque lo que aquí estamos tratando en definitiva es que el
cuando procede que dicen algunos grupos parlamentarios tenga algo que
ver en función de las personas, sus relaciones, sus afinidades o sus
opiniones. Este es el elemento; ha habido tratamiento evidentemente
dentro de la legalidad -no iba a considerar que ustedes no iban a ser
tan avezados como para saber que tenían que hacerlo así, les
considero listos para hacerlo de esta manera-, pero lo cierto -y es
lo que en este momento estoy tratando de poner de manifiesto en esta
comparecencia- es que son demasiadas excepcionalidades beneficiosas
con relación a dos personas. Este es el elemento central de mi
intervención, que ha quedado perfectamente ratificado en esta
materia. No voy a entrar en lo que opinan los dos grupos con relación
a otra serie de consideraciones de otras personas que están en
prisión o están afectados por condenas o resoluciones judiciales.
Desde luego mi partido no tiene nada que ocultar, nada en absoluto,
que le quede claro; en todo caso diría que muchas personas condenadas
por malversación de caudales públicos y secuestro no han tenido los
tratamientos que se han producido en estos casos. Esa es otra
realidad que queda ahí. A partir de ahí opinen ustedes lo que
quieran, que los ciudadanos en su gran mayoría o en una amplia
mayoría también saben lo que pasa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: En la intervención de la señora Lasagabaster
apreciamos un avance y un retroceso al mismo tiempo, avance porque en
la segunda intervención ya no ha hablado de pacto secreto, ya
solamente hay un tratamiento excepcional. Es una opinión, desde luego
sin fundamento desde mi punto de vista, porque lo principal que había
que valorar aquí es
si se tenía derecho o no, y si ese derecho ha sido o no avalado,
confirmado o corroborado no por la administración penitenciaria, sino
por el Poder Judicial, cosa que ha ocurrido. Eso es lo sustancial de
este tratamiento. Por otra parte, también dije anteriormente -y lo ha
mencionado también el director general- que estos señores están
cumpliendo una condena, y la están cumpliendo de manera bastante
estricta, por la singularidad de la condena, como ya he dicho, dado
el tipo de controles y de condicionantes que tienen en su vida. En lo
de justicia o no, yo no creo que sea el momento de entrar.
Con relación a otras personas, nosotros no hemos sido partícipes en
ningún momento, ni directa ni indirectamente de que alguien, con el
pasado que puedan tener algunos, haya llegado a ser presidente de
comisiones de derechos humanos. Eso es bastante ilustrativo también
de qué personas podemos estar hablando unos y otros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: La señora Lasagabaster ha utilizado un ustedes
genérico dirigido al señor director general, supongo que ese ustedes
se refería a la Administración penitenciaria representada por el
señor director general. Ha dicho literalmente: Ustedes son muy listos
y han cumplido, como no podía ser de otra forma, la legislación
vigente. Pues si se ha cumplido la legislación vigente, ese es el
fondo de la cuestión; por tanto, no hay otra.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor
director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): En principio, es verdad que yo he citado un par de veces
el concepto excepcional, pero ha sido para negarlo, y el de
extraordinario para oponerlo a excepcional. No quiero hacer aquí un
debate semántico, pero me parece que extraer conclusiones del número
de veces que se cita una palabra al menos es curioso. En cualquier
caso, el principio al que yo he hecho referencia que preside el
cumplimiento de las penas privativas de libertad es el de
individualización, que es la aportación de la Ley General
Penitenciaria frente al sistema progresivo, y esa individualización
requiere ajustar la fórmula del cumplimiento a las necesidades del
penado para buscar, en definitiva, la reinserción. Sin embargo, no me
habrá oído usted citar privilegio, prebenda o cualquier otra fórmula
que denote una vulneración del principio de igualdad ante la ley. En
cualquier caso, aplicar la ley es una obligación y no un ejercicio de
inteligencia o de picardía administrativa. No somos una república
bananera sino un país con un Estado de derecho consolidado y la
Administración sirve con objetividad a los intereses
generales. En ese sentido las decisiones de la Administración,
-insisto- están fundadas técnicamente pero no tienen una segunda
intención. Esa decisión parece que, al menos por la representación de
esta Cámara, también sintoniza con los partidos que representan
mayoritariamente a la sociedad española. Habría también cierta
identidad entre la decisión administrativa y la opinión mayoritaria
de los representantes de los ciudadanos, como no podía ser de otra
manera, en la aplicación de una ley que emana de ese mismo poder.
Por último, que se censure la celeridad de la Administración me
parece sorprendente, curiosamente siempre se censura el retraso. Si
estamos de acuerdo en que el
derecho sustantivo se ha cumplido, hacerlo con diligencia más parece
que mereciera el aplauso que la censura, pero insisto en que eso
también puede ser valorable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión, no sin antes desear
a todas las señoras y señores diputados, a los servicios de la Cámara
y a los medios de comunicación que nos acompañan que tengan unas
felices Navidades y un próspero año 2002. Muchas gracias.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.