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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 397, de 11/12/2001
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 397



CIENCIA Y TECNOLOGÍA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA



Sesión núm. 25



celebrada el martes, 11 de diciembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información (Tomé Muguruza) para informar
sobre el desarrollo y la ejecución de la iniciativa INFO XXI en 2000
y 2001. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000635.) .

. . (Página 12942)



Preguntas:



- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
criterios con los que se ha elaborado la convocatoria de ayudas a
parques científicos y tecnológicos publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» el día 8 de noviembre de 2001. (Número de expediente 181/
001204.) . . . (Página 12959)



Página 12942




- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la
convocatoria de ayudas a parques científicos y tecnológicos. (Número
de expediente 181/001205.) . . . (Página 12964)



- Del mismo señor diputado, sobre medidas previstas para impulsar la
investigación sobre el tratamiento de las denominadas «enfermedades
olvidadas». (Número de expediente 181/001206.) . . . (Página 12967)



- Del mismo señor diputado, sobre situación en que se encuentra la
regulación del estatuto del becario de investigación. (Número de
expediente 181/001207.) . . . (Página 12970)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES
Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TOMÉ MUGURUZA) PARA INFORMAR
SOBRE EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA INFO XXI EN 2000
Y 2001. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000635.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, iniciamos la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Vamos a empezar con la comparecencia del secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
para informar sobre el desarrollo y la ejecución de la iniciativa
INFO XXI en 2000-2001 que, además, se acumulará con la solicitud de
comparecencia de la ministra de Ciencia y Tecnología que irá por el
mismo motivo, Damos la bienvenida al secretario de Estado de
Telecomunicaciones a quien le cedo la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN(Tomé Muguruza): Quiero expresar en primer
lugar mi satisfacción por tener la oportunidad de comparecer hoy ante
esta Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados
con la finalidad de informar a sus señorías del Estado de progreso de
la iniciativa estratégica INFO XXI, la Sociedad de la Información
para todos, que tiene como finalidad extender las nuevas tecnologías,
los ámbitos económicos, sociales, educativos y culturales.

Desde la aprobación del Plan de acción INFO XXI, el 16 de enero del
presente año, la ministra de Ciencia y Tecnología ya ha comparecido
en varias ocasiones a lo largo del año en sede parlamentaria, tanto
en esta cámara como en el Senado, para presentar y dar información
adicional sobre la iniciativa INFO XXI, así como yo mismo he
tenido ocasión de comparecer en el Senado con la misma finalidad. Por
ello me es grato comparecer en este momento en el Congreso de los
Diputados a los efectos de profundizar y facilitar a sus señorías
mayor información sobre la iniciativa, en la medida de lo posible la
más actualizada disponible, e incrementar la difusión de esta
iniciativa que es accesible a la opinión pública y a todos los
españoles a través de la página de Internet www. infoXXI.es.

Como ya saben sus señorías, el Consejo de Ministros aprobó en su
reunión del día de 23 de diciembre de 1999 la iniciativa estratégica
del Gobierno para el desarrollo de la Sociedad de la Información,
INFO XXI la Sociedad de la Información para todos. Esta iniciativa
tiene como objetivos promover el desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones e impulsar su adopción y su
uso generalizado por los ciudadanos y empresas y por las
administraciones públicas con el fin de que todos aprovechen
plenamente las ventajas y oportunidades que aquéllas les ofrecen. La
iniciativa estratégica del Gobierno para la Sociedad de la
Información INFO XXI se ha materializado y concretado en el Plan de
acción INFO XXI 2001-2003, aprobado por la Comisión interministerial
para la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías el pasado
16 de enero, y que fue presentado públicamente por el presidente del
Gobierno el 24 de enero en Vitoria. El Plan de acción INFO XXI
representa el ambicioso reto y el compromiso de la Administración
general del Estado, del Gobierno, para el desarrollo de la Sociedad
de la Información en España y constituye el instrumento para fomentar
y desarrollar la Sociedad de la Información en España de forma
coordinada entre las administraciones públicas y las iniciativas
sociales. Con ambas actuaciones, el Plan estratégico y el Plan de
acción, el Gobierno, a su vez, va a poder dar cumplimiento a los
objetivos y compromisos alcanzados en el Consejo Europeo
extraordinario de Lisboa reunido los días 23 y 24 de marzo delaño
2000. El Consejo adoptó, como Consejo estratégico



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de la Unión, convertir a Europa en una sociedad basada en el
conocimiento con la economía más competitiva y dinámica del mundo,
para lo cual reconoció la necesidad urgente de que Europa explotase
rápidamente las oportunidades de la nueva economía de la Sociedad de
la Información, especialmente de Internet.

Como parte de este gran objetivo estratégico se adoptaron las líneas
de actuación básicas recogidas en la iniciativa e-Europe, una
Sociedad de la Información para todos, presentada por la Comisión
Europea y acordó la elaboración de un plan de acción. Dicho Plan de
acción, e-Europe 2002, fue aprobado por el Consejo Europeo de Santa
María de Feira, reunido los días 19 y 20 de junio del año 2000. Este
plan se ha fijado 65 metas a alcanzar entre los años 2000 y 2002 en
distintos campos, de acuerdo con los objetivos planteados en la
cumbre de Lisboa. Las grandes líneas de actuación del Plan de acción
e-Europe 2002 son tres: conseguir, en primer lugar, un Internet más
rápido, barato y seguro; invertir en las personas y en la formación y
estimular el uso de Internet con lo que ello conlleva de desarrollo
del comercio electrónico, prestación de servicios por las
administraciones a través de medios electrónicos, difusión y
formación en nuevas tecnologías. A su vez, el Plan de acción INFO XXI
para el desarrollo de la Sociedad de la Información se articula en
tres grandes ejes. En primer lugar el impulso del sector de las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información, motor este
sector del desarrollo de la Sociedad de la Información. En segundo
lugar está el desarrollo de la administración electrónica con la
finalidad de dar mejores servicios a los ciudadanos de forma más
económica y eficiente. En tercer lugar la incorporación de todos los
sectores económicos y sociales a la Sociedad de la Información.

Dentro de estos tres grandes ejes se encuadran toda una serie de
acciones concretas, más de 300 acciones y proyectos presentadas por
los distintos departamentos ministeriales y dirigidas a desarrollar
la Sociedad de la Información en España. Entre estos proyectos merece
destacar un conjunto de 21 acciones emblemáticas que, afectando a
todos los departamentos ministeriales, se consideran determinantes,
así como otras 50 relacionadas con ellas para el desarrollo de la
Sociedad de la Información en España. Se puede apreciar fácilmente
que entre la iniciativa e-Europe y la iniciativa INFO XXI existe una
coincidencia en sus fines o en sus objetivos; de hecho, el Plan de
acción INFO XXI es el instrumento que está impulsando el Gobierno
español para alcanzar los objetivos del Plan de acción eEurope, los
objetivos comprometidos en la cumbre de Lisboa. En definitiva, se
puede afirmar que el Plan de Acción INFO XXI 2001-2003 constituye un
auténtico plan de convergencia con la Unión Europea, tiene como
finalidad el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro
país, dando respuesta desde el Gobierno a las acciones que hay que
impulsar para que España se ponga a la altura de los mejores en
materia de Sociedad
de la Información y cumpla con los objetivos que hemos comprometido
con la Unión Europea.

A continuación me quiero centrar en analizar casi dos años de vida de
la iniciativa INFO XXI, con el objetivo de proporcionar una visión
general sobre su desarrollo, pues como conocen sus señorías la
Secretaría de Estado de la que soy titular tiene encomendada, como
órgano que ejerce la Secretaría de la Comisión interministerial para
la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías, la misión
horizontal de coordinar e impulsar los esfuerzos que desde los
distintos ministerios, desde todos los departamentos de la
Administración general del Estado, se están llevando a cabo para
impulsar la Sociedad de la Información en España. Asimismo, dentro de
estos trabajos de impulso y coordinación que se llevan a cabo en el
seno de la Comisión interministerial para la Sociedad de la
Información estamos trabajando para coordinar la estrategia del
Gobierno en materia de la Sociedad de la Información, con las
iniciativas que se llevan a cabo por otras administraciones públicas,
por todo tipo de organizaciones y empresas representativas de la
sociedad española, porque trabajamos convencidos de que el desarrollo
de la Sociedad de la Información, la consolidación de un cambio que
por efecto de las nuevas tecnologías va a afectar a todos los
sectores de la vida personal y social, es tarea de todos. Desde el
Gobierno tenemos que impulsar el proceso pero sólo tendremos éxito si
todos los sectores sociales, junto con todas las instituciones,
estamos comprometidos en el mismo.

A lo largo del año 2000, partiendo de la iniciativa estratégica
elaborada por el Gobierno en noviembre del año 1999, hay una serie de
hechos que conviene destacar y que refuerzan el compromiso del
Gobierno con el desarrollo de la Sociedad de la Información. En
primer lugar ya me he referido a la celebración en marzo del año 2000
del Consejo extraordinario de Lisboa en el que se comprometieron los
objetivos finalmente concretados en el Plan de acción e-Europe 2002.

En segundo lugar es necesario, destacar la propia creación en abril
del año 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología como departamento
responsable de la promoción del desarrollo tecnológico, de la
ordenación del sector de las telecomunicaciones y del fomento de la
plena implantación de la Sociedad de la Información en todos los
ámbitos de la actividad económica y social. De esta forma, la
política del Gobierno en materia de Sociedad de la Información se
encuadra dentro de la voluntad manifestada con la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de hacer de la innovación en todos
los órdenes de la vida económica y social española el motor no sólo
de nuestra competitividad empresarial sino del bienestar futuro de
los españoles. La nueva situación descrita con la adopción de los
objetivos europeos de e-Europe aconsejó establecer las actuaciones
concretas de desarrollo de la Iniciativa del Gobierno;



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de esta forma, a lo largo del año 2002, se trabajó en la elaboración
del Plan de Acción INFO XXI, comprometiendo las acciones y proyectos
a impulsar desde los distintos departamentos ministeriales.

Por lo que se refiere al ámbito estrictamente presupuestario, por el
que sus señorías han manifestado su interés en diversas ocasiones,
les recuerdo que a lo largo del año 2000, para llevar a cabo las
tareas relacionadas con la implantación de la administración
electrónica en todos los niveles de la Administración general del
Estado, se contaron en los Presupuestos Generales del Estado con un
total de 191.101 millones de pesetas, que suponían un incremento del
11,8 por ciento, casi del 12 por ciento, con respecto al año
anterior. También en el presupuesto para el año 2000 se contemplaban
distintas cantidades destinadas a la promoción de la Sociedad de la
Información, tanto en sus aspectos científicos como tecnológicos,
empresariales y sociales. El total de estas acciones aprobadas
inicialmente como partidas presupuestarias correspondientes a los
ministerios de Fomento y de Industria, que pasaron a ser
administradas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ascendía a
71.285 millones de pesetas; sumadas estas dos cantidades en su
conjunto nos daban, en el año 2000, unos recursos previstos
inicialmente de 262.386,5 millones de pesetas, que se han ejecutado
al 82,3 por ciento según los datos del Ministerio de Hacienda y de
los distintos ministerios a los que tenía acceso el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a lo largo del año 2000, se
trabajó intensamente no solamente en la elaboración del Plan de
acción INFO XXI en el seno de la Comisión interministerial para la
Sociedad de la Información y de acuerdo con los distintos
departamentos del Gobierno, sino que se impulsaron tanto los
programas propios con trascendencia presupuestaria como un conjunto
de medidas que, sin tener trascendencia presupuestaria directa,
tienen como objeto impulsar el desarrollo de la Sociedad de la
Información en España. En primer lugar, a lo largo de este año 2000,
todavía por el entonces Ministerio de Fomento se desarrolló
reglamentariamente el Real Decreto Ley 14/1999 sobre firma
electrónica regulando el reglamento de acreditación de prestadores de
servicios de certificación y en los procedimientos para la
certificación de determinados productos de firma electrónica.

Mediante el Real Decreto Ley de 7 de junio del año 2000 se impulsaron
una serie de medidas para el desarrollo de la Sociedad de la
Información. En primer lugar se aprobó una tarifa plana para acceso a
Internet por parte de las familias de los usuarios residenciales en
horario de 6 de la tarde a ocho de la mañana, festivos, fines de
semana sin limitación de horario, a un precio máximo ofrecible por
todos los operadores en competencia de 2.750 pesetas; esto ha sido,
estimamos, un importante motor de la incorporación de muchos
españoles a las nuevas tecnologías y a Internet. En este Real Decreto
Ley 7 de junio del año 2000, se aprobaron un conjunto de
incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades destinados, por
un lado, a favorecer que las pequeñas y medianas empresas puedan
invertir con una desgravación del 10 por ciento en todos los equipos
físicos y lógicos necesarios para desarrollar e implantar las nuevas
tecnologías y desarrollar el comercio electrónico. En este paquete de
incentivos fiscales se reguló una nueva deducción por gastos de
formación en el impuesto de sociedades en virtud de la cual todas las
empresas sin limitación de tamaño pueden desgravar un 10 por ciento
de las cantidades que destinen a formar a sus trabajadores en nuevas
tecnologías, incluyendo en estas cantidades la puesta a disposición
de los trabajadores de equipos que permitan el acceso a Internet,
incluso para uso residencial o privado. Estas cantidades desgravarán
el 10 por ciento sin que tengan la consideración de rentas, sin que
tengan que tributar por el impuesto sobre la renta de las personas
físicas en los beneficiarios de las mismas.

También a lo largo del año 2000 se aprobó un nuevo modelo tarifario
para la prestación de servicios de telecomunicación en España. Se
estableció un sistema de precios máximos para el operador dominante,
Telefónica de España, titular del servicio universal en la red fija
de telecomunicaciones, mediante el acuerdo de la Comisión delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos de 23 de julio del año 2000, en
virtud del cual se estableció una evolución estable de los precios de
forma que en el año 2001 la reducción del conjunto de los precios,
que afectan a la telefonía fija será del 7 por ciento, del 5 por
ciento en el año 2002, del 2 por ciento en el año 2003, previéndose a
lo largo de estos años deducciones, significativas por ejemplo de
conceptos como las llamadas de fijo a móvil. En este año 2000 se
pusieron en marcha las medidas para la introducción de nuevas
tecnologías de acceso a los servicios de telecomunicación; en primer
lugar mediante el otorgamiento de cuatro licencias para la
explotación de los servicios de telefonía móvil de tercera generación
con tecnología UMTS, para la prestación de servicios de Internet de
banda ancha con tecnología LMDS o en el caso, por ejemplo, de la
radio digital, el otorgamiento de 12 licencias de ámbito nacional así
como la atribución a las comunidades autónomas de poder otorgar en
sus ámbitos territoriales otras doce licencias de radio digital. Esto
se une a las más de 1800 frecuencias que en virtud de la Orden
ministerial de 15 de octubre del año 2000 han completado, en este
caso en el ámbito local, el mapa de la radio digital en nuestro país.

En el año 2000 el conjunto de actuaciones normativas se extendió al
desarrollo de los servicios de la Sociedad de la Información.

Inmediatamente después de la aprobación, en junio del año 2000, de la
directiva que regula los servicios de la Sociedad de la Información
y el comercio electrónico se empezó a trabajaren el entonces borrador
de ley de servicios de la



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Sociedad de la Información a través de un proceso abierto y
participativo de consulta pública. También en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología hemos trabajado a lo largo del año 2000 en
impulsar la Sociedad de la Información a través de, por ejemplo, el
programa PISTA de promoción e identificación de servicios avanzados
de telecomunicación, que está dirigido al desarrollo de los servicios
de la Sociedad de la Información en la Administración y en los
servicios públicos. A lo largo del año 2000 se iniciaron actividades
en el conjunto de los siguientes sectores: sanidad, educación,
Administración Pública, turismo, justicia, cultura, afectando a
bibliotecas, archivos y museos, y el proyecto ventanilla única II. El
proyecto ventanilla única II está dirigido conjuntamente por los
ministerios de Ciencia y Tecnología y de Administraciones Públicas y
constituye una herramienta clave para la extensión de la
administración electrónica al conjunto de las administraciones
públicas españolas, comenzando por la propia Administración general
del Estado. Se está incidiendo, en este momento, en dos aspectos. En
primer lugar, la interconexión de los registros de las distintas
administraciones públicas, incorporando funcionalidades, nuevas como
ficheros electrónicos adjuntos, interconexión con las herramientas de
gestión interna, aumento de las dimensiones de los directorios
públicos o facilitando la tramitación de procedimientos
administrativos a través de Internet. Se trata, con este proyecto que
se está desarrollando conjuntamente entre el Ministerio de Ciencia
y Tecnología y el Ministerio de Administraciones Públicas, de dar
solución a tres de las principales barreras detectadas para la
implantación de la administración electrónica, los servicios de
tramitación o de teleadministración. En primer lugar la necesidad de
extender soluciones de seguridad de manera suficiente, fáciles de
usar y adaptadas a las necesidades de cada procedimiento, facilitar
los pagos a través de la red y también la supresión de papel como
medio de acreditar determinadas condiciones exigidas en los
procedimientos administrativos. A lo largo del año 2000 el Ministerio
de Ciencia y Tecnología contó para el desarrollo de los programas
PISTA con 1.661 millones que se ejecutaron al 52 por ciento.

También el programa Artepyme, que promueve la introducción de las
nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en las
pymes, tuvo un impulso durante el año 2000. En el año 2000 se
desarrolló por una parte la conclusión del programa Artepyme I, que
se venía desarrollando desde el año 1995 y que ha permitido, con casi
8.000 millones de inversión por parte de la Administración general
del Estado, extender en sus distintos proyectos soluciones de
Sociedad de la Información a más de 30.000 empresas de forma directa.

En el año 2000 también se puso en marcha el programa Artepyme II,
habiéndose ejecutado al 83,6 por ciento los 2.277 millones de pesetas
previstos
en los presupuestos con esta finalidad. Finalmente, y en lo que
se refiere a actividades desarrolladas por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para el fomento de la Sociedad de la Información, me
quiero referir al programa PROFIT. El programa PROFIT se puso en
marcha en el año 2000 habiéndose gestionado más de 1.500 proyectos y
más de 70.000 millones en forma de solicitudes. Atendiendo a las
cantidades finalmente previstas para este programa, el grado de
ejecución del programa es, en lo que se refiere al capítulo de
subvenciones, del 80,2 por ciento, del 74,4 por ciento si atendemos
a la parte correspondiente a los créditos.

Por lo que se refiere al año 2001, que también se han interesado sus
señorías, quiero avanzarles las siguientes acciones que se han ido
impulsando a lo largo del año 2001. Ya desde el 16 de enero, aprobado
el Plan de acción INFO XXI para los años 2001-2003, se ha contado con
instrumentos para la coordinación de las acciones de todos los
ministerios para seguir la evolución de las mismas. Dentro del plan
de acción se prevé destinar al desarrollo de la Sociedad de la
Información en España por parte de la Administración General del
Estado, de los Presupuestos Generales del Estado, en el período 2001-
2003, una cuantía total superior a 1,1 billones de pesetas, de los
cuales 675.000 millones de pesetas corresponden al gasto que se
dedicará por la Administración general del Estado en tecnologías de
la información, y en su incorporación a la Sociedad de la
Información, más de 330.000 millones corresponderán a inversiones; en
definitiva, 675.000 millones de pesetas para el desarrollo de la
administración electrónica en la Administración general del Estado;
225.000 millones de pesetas corresponden al conjunto de programas
gestionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
tanto en sus aspectos tecnológicos, económicos o sociales; y,
finalmente, 210.000 millones de pesetas es la cantidad que hoy
estimamos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto Nacional de Empleo, pueda dedicar en los próximos tres
años para difundir la formación en nuevas tecnologías. Hay que tener
en cuenta a este respecto que más del 40 por ciento del presupuesto
destinado a acciones de formación ocupacional destinadas a parados
dentro del Plan de formación e inserción profesional están
relacionadas con la extensión de la formación en nuevas tecnologías y
que más del 30 por ciento de las acciones y de los presupuestos
destinados a formación continua y administrados por la fundación
tripartita para la administración continua están relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación.

En lo que se refiere a la ejecución que durante el año 2001 han
venido llevando a cabo los distintos departamentos de sus respectivos
proyectos, obviamenteno voy a poder repasar hoy de forma exhaustiva



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todas las acciones, que son muchas, pero sí quisiera ofrecer a sus
señorías algunos ejemplos. Estas acciones pueden agruparse en tres
grandes áreas: en primer lugar la administración electrónica, la
formación y acceso de todos los ciudadanos a la Sociedad de la
Información y el desarrollo de los contenidos digitales. Por lo que
se refiere al impulso de la administración electrónica, el Ministerio
de las Administraciones Públicas ha puesto ya en marcha el portal del
ciudadano, el portal de las administraciones públicas accesible
a todos los españoles en la dirección de Internet www.administración.es
que ha recibido más de 800.000 visitas en los dos primeros meses de
funcionamiento. Por lo que se refiere el Ministerio de Fomento
reseñaré dos acciones que ya están en funcionamiento y que son
accesibles al público. En primer lugar es la que se refiere a la
información sobre y para los pasajeros del sector aéreo, que informa
a través de la red sobre los derechos de los pasajeros así como las
relaciones con ellos y distintos aspectos de información y atención a
su usuario. También está disponible la información sobre los
aeropuertos españoles. Por lo que se refiere al Ministerio de
Hacienda, destaca como acción emblemática las declaraciones y pagos
de impuestos por Internet. Dentro de las actuaciones previstas dentro
de esta acción, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha
puesto en marcha para la campaña del IRPF del presente año un
conjunto de nuevas facilidades. El pago del impuesto se puede hacer
directamente por Internet a través de la página web de la Agencia. Se
han presentado en este año 500.151 declaraciones del impuesto sobre
la renta, que suponen un incremento del 434 por ciento. Además, junto
a los distintos servicios en línea que se prestaban a empresas para
la gestión de la retención del IRPF o el pago del impuesto sobre
sociedades, hay que añadir la posibilidad de pagar y gestionar en
línea los impuestos correspondientes al comercio exterior. Les quiero
también señalar que esta acción de pago de impuestos por Internet,
que ya el año pasado fue reconocida como una de las mejores
iniciativas a nivel mundial en materia de administración electrónica,
ha sido incluida entre las 16 mejores iniciativas europeas en materia
de administración electrónica en la reciente conferencia sobre
administración electrónica celebrada en Bruselas los pasados 26 y 27
de noviembre.

Por lo que se refiere al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
en desarrollo de la acción «La Seguridad Social en la red» hay una
serie de servicios disponibles actualmente a través de la red: El
buzón de consultas, la consulta de la situación laboral, la
percepción de pensiones públicas, la revalorización de las pensiones
en enero del año 2000, la consulta de la situación de las
cotizaciones para los regímenes especiales, la posibilidad de pedir
duplicados de afiliación y la información sobre pagos a proveedores y
entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social. También
se prevé
que en este año se añadan nuevos servicios dirigidos tanto a empresas
como a trabajadores y ciudadanos en general tales como la posibilidad
de acceder al sistema RED que hoy permite que las empresas gestionen
las altas y bajas en la afiliación por vías telemáticas especialmente
dedicadas a ello. El sistema RED va a estar disponible en Internet,
así como la posibilidad de hacer consultas sobre la vida laboral y
otros servicios.

Por lo que se refiere al Ministerio de Sanidad y Consumo quiero
destacar dos acciones: En primer lugar, el proyecto «Salud en la red»
con las especificaciones técnicas en fase muy avanzada, con los
pliegos de contratación muy avanzados y próximos a iniciar el proceso
de licitación. En esta condición se encuentra también la acción
«Arbitraje de consumo a través de Internet», cuyas especificaciones
técnicas ya están elaboradas y se van a impulsar de forma conjunta
por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología
a través de una acción del programa PISTA.

En lo que se refiere al Ministerio del Interior quiero destacar el
impulso que ha tenido la acción para el desarrollo del DNI
electrónico, que tiene como objeto, aparte de modernizar el documento
nacional de identidad incorporando al mismo nuevos y más modernos
elementos de seguridad, proporcionar a todos los españoles una
identidad digital que facilite sus relaciones con la Administración
pública a través de medios telemáticos. Es un proyecto ambicioso y
complejo en el que se está trabajando bajo la dirección del
Ministerio del Interior con un grupo interministerial que afecta a
los ministerios de Administraciones Públicas, Economía incluyendo la
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Ya se ha comprometido por parte de los responsables del
Ministerio del Interior el desarrollo de las primeras experiencias
piloto de implantación del DNI electrónico a mediados del año que
viene. En materia de seguridad de las transacciones a través de la
red hay que destacar el proyecto CERES, impulsado por la Fábrica
Nacional de la Moneda y Timbre del Ministerio de Hacienda, cuyo real
decreto de regulación fue aprobado el pasado 29 de noviembre y que, a
través de los convenios entre la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre y con las distintas administraciones públicas, va a extender
en competencia los servicios de firma y acreditación digital.

Por lo que se refiere al Ministerio de Justicia quiero comentarles
dos acciones: En primer lugar es la que se refiere al Registro Civil
electrónico, que tiene ya desarrollados e instalados en fase de
pruebas las aplicaciones correspondientes en 20 registros, los
primeros módulos correspondientes a lo que se llama el libro
electrónico. También se han iniciado los expedientes de contratación
para, por una parte, implantar la aplicación en otros 58 registros y,
por otra parte, desarrollar el resto de los módulos de la aplicación
correspondientes a la tramitación de expedientes y la



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generación de estadísticas. La segunda acción que está madurando en
estos días en el Ministerio de Justicia es el sistema avanzado de
información para órganos judiciales y fiscalías que se está
desarrollando a través de un programa PISTA conjuntamente con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y que tiene como finalidad la
extensión de servicios de vídeoconferencia con valor procesal que
faciliten la gestión de la Administración de Justicia ahorrando
costes y molestias a los ciudadanos.

En lo que se refiere a las acciones de formación y acceso de todos
los ciudadanos a la Sociedad de la Información me quiero referir en
primer lugar a las acciones que se están impulsando desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dentro de los 70.000
millones al año que se dedican por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la formación en nuevas tecnologías se
encuentran también los correspondientes al programa de formación de
profesionales en las tecnologías de la información y de la
comunicación que pretende formar e insertar en el mercado de trabajo
a 14.000 nuevos profesionales de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones en los próximos tres años. La orden del
ministro de Trabajo fue aprobada y publicada el pasado mes de abril y
este programa está siendo desarrollado a través de convenios con las
asociaciones empresariales del sector como pueden ser ANIEL o SEDISI,
que se comprometen no solamente a ofrecer prácticas a los
beneficiarios de este programa de formación sino también a contratar
un número muy importante de los mismos.

Por lo que se refiere al programa «Internet en la Enseñanza», en el
que está afectado el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con
la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se están
realizando estudios técnicos y de costes sobre el mejor y más
eficiente modo de conectar con banda ancha todos los centros
educativos del territorio nacional y a tal efecto se ha solicitado la
colaboración de las comunidades autónomas para conocer la situación
real en cuanto al equipamiento y conectividad de los centros
educativos públicos. La efectividad de este programa va a ser
reforzada por la aprobación de una bonificación del 40 por ciento en
las tarifas que ha aprobado la Comisión delegada para Asuntos
Económicos del Gobierno para el servicio de acceso a Internet de
banda ancha con tecnologías ADSL que va a beneficiar a los más de
18.000 centros de enseñanza obligatoria existentes en España así como
a las más de 2.500 bibliotecas públicas. En este aspecto de facilitar
el acceso de todos los ciudadanos a la Sociedad de la Información el
Ministerio de Ciencia y Tecnología también está trabajando en el
desarrollo de la red IRIS II, la nueva Internet rápida para la
comunidad investigadora; ahora mismo ya existen accesos
internacionales a 2,5 gigabits, lo comprometido en la cumbre de
Lisboa, y se va a licitar en el
primer semestre del año que viene la mejora de la totalidad de la red
hasta estos 2,5 gigabits.

Por lo que se refiere al desarrollo de los contenidos digitales, y
dentro de la acción «El español en la red», ya desde octubre de este
año 2000 está accesible o se ha publicado en la red la primera
versión del buscador Panhispánico por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores que incluye un catálogo actualizado de las páginas en
español en Internet, especialmente las referidas a la lengua española
y a la cultura en español. Esta acción se une a las desarrolladas por
el Instituto Cervantes para la formación o la enseñanza de la lengua
española a través de la red, el desarrollo de plataformas de
ingeniería lingüística o el observatorio del español en la red. El
Ministerio de Medio Ambiente tiene activas a través del portal
ministerial las acciones correspondientes al medio ambiente en la
red, incluyendo los contenidos correspondientes a los parques
nacionales de Ordesa y Monte Perdido y Cabañeros. Por lo que se
refiere a las acciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes ya se ha implantado la aplicación de archivos españoles en
red, en el Archivo General de Indias y en el Archivo Histórico
Nacional; se ha implantado la aplicación correspondiente a la
automatización del catálogo de fondos de los museos en siete museos
estatales. Y por lo que se refiere al Ministerio de Presidencia están
activas ahora mismo la posibilidad de visita virtual a los reales
sitios, en lo que se refiere al palacio Real de Madrid, el monasterio
de San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y El Pardo, así como todas
las facilidades virtuales correspondientes a la sala de prensa del
portavoz del Gobierno o la propia página web correspondiente a la
presidencia española de la Unión Europea. Por lo que se refiere al
Ministerio de Economía se han puesto en marcha a lo largo de este año
la plataforma tesoro.es, que permite la adquisición por vía
telemática, a través de la red, de valores del Tesoro; la acción
CIRCE; el centro de información y la red de creación de empresas, que
se encuadra dentro de las acciones destinadas a las pymes o la
contratación del nuevo portal turístico español.

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología hemos trabajado en este año
en el establecimiento del sistema de seguimiento y coordinación del
propio Plan de acción INFO XXI que ha implicado, entre otras cosas,
la mejora de la coordinación con todos los departamentos
ministeriales, la normalización de la información para simplificar su
seguimiento y para facilitar su difusión a todos los ciudadanos a
través de la propia página web del INFO XXI. Hemos puesto en marcha,
conscientes de que el impulso de la Sociedad de la Información es
tarea de todos los foros para la cooperación con las empresas del
sector de las tecnologías de la Sociedad de la Información, el Foro
para la cooperación con las comunidades autónomas; el foro de
empresas se ha reunido los días 27 de febrero y 5 de noviembre; el
foro de



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comunidades autónomas, con la presencia de todas las comunidades
autónomas, se ha reunido en dos ocasiones: el 14 de marzo y el 29 de
octubre. En este foro de comunidades autónomas se han presentado a
los consejeros de las distintas comunidades autónomas las acciones
que se están impulsando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología
para el impulso del Internet en la enseñanza, el programa de Ciudades
Digitales, el programa de puntos de acceso público a Internet, el
proyecto sanidad.es o los programas referidos a los contenidos
digitales.

También, y en lo que se refiere a la colaboración con otras
administraciones públicas, quiero mencionarles que hoy se está
desarrollando la primera jornada de Sociedad de la Información
referida al ámbito municipal, en la que el Ministerio de Ciencia y
Tecnología conjuntamente con la Federación Española de Municipios y
Provincias, y la entidad Localred que presta servicios telemáticos a
distintos ayuntamientos, especialmente en el ámbito catalán, están
discutiendo la forma de extender las infraestructuras de
telecomunicación a todos los municipios de España; el ministerio en
concreto está presentando sus proyectos para la reforma de la
legislación sobre infraestructuras comunes de telecomunicación, el
acceso compartido a dominio público por parte de los operadores de
telecomunicación o el nuevo decreto que regula y limita la exposición
de los ciudadanos a las emisiones radioeléctricas; asimismo se está
discutiendo con los representantes de los municipios el programa
ciudades digitales.

A lo largo de este año 2001 el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
continuado gestionando, ejecutando, los PROFIT correspondiente a las
acciones de telecomunicaciones y tecnologías de la información,
Sociedad de la Información y servicios avanzados de transporte;
estaban previstos para este año 9.720 millones de pesetas en
subvenciones, 58.000 millones de pesetas en forma de créditos de
anticipos reembolsables; se han presentado en este año al programa
PROFIT 1.545 proyectos, de los cuales 845 han resultado beneficiados
en las acciones correspondientes a este año. Ahora mismo se está
trabajando conjuntamente con los distintos departamentos
ministeriales en el impulso del programa PISTA ventanilla única II,
al que me he referido; PISTA desarrollo de títulos cambiarios
electrónicos; PISTA arbitraje de consumo por Internet; PISTA Registro
Civil electrónico; PISTA deporte; PISTA turismo, para el desarrollo
de aplicaciones dirigidas a las pymes del sector turístico que
estarán disponibles a través del portal del turismo español; PISTA
justicia, para el desarrollo de sistemas avanzados de comunicaciones
audio-vídeo; PISTA bibliotecas, para el desarrollo de aplicaciones de
búsquedas bibliográficas a través de Internet en todas las
bibliotecas españolas o el proyecto PISTA sanidad III, para permitir
la interconexión o el desarrollo de las aplicaciones necesarias para
la interconexión e intercambio de información segura de mensajes
entre todos los gestores del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, y en lo que se refiere al programa Forintel, que es
formación en informática y telecomunicaciones, que se ha puesto en
marcha este año, la orden de convocatoria fue publicada el 1 de
agosto del año 2001. Es una convocatoria que, administrando fondos
del Fondo Social Europeo, estará abierta hasta el 30 de junio del año
2000, y ya en la primera Comisión de evaluación, celebrada el pasado
27 de noviembre, se han aprobado ayudas por importe de 760 millones
de pesetas a 38 entidades con una incidencia formativas que afecta a
más de 40.000 trabajadores.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología también ha trabajado este año
en el impulso de campañas de seguridad. La puesta en marcha del
sistema de alerta antivirus, accesible a todos los españoles a través
del sistema www.alerta antivirus.es o el desarrollo de otros
programas como Internet para Todos o Ciudades Digitales.

En el ámbito normativo hemos seguido trabajando en el proyecto de ley
de servicios de la sociedad de la información, que ahora mismo se
encuentra pendiente del informe final por parte del Consejo de
Estado, después de un largo proceso de elaboración en el que han
participado todo tipo de entidades ciudadanas y todos los
departamentos de la Administración del Estado; estamos trabajando en
una nueva ley de firma electrónica para recibir en nuestro
ordenamiento la firma electrónica correspondiente a las personas
jurídicas, facilitar los servicios de certificación electrónica en
entornos cerrados de usuarios, como pueden ser las intranets
corporativas, o recibir en nuestro ordenamiento el DNI electrónico;
se está trabajando también en un nuevo plan de dominios de Internet,
que está siendo objeto de discusión en los correspondientes grupos de
trabajo, así como en el desarrollo de la Ley General de lo
Audiovisual.

En definitiva, el plan de acción INFO XXI supone la movilización de
recursos y de esfuerzos en todos los departamentos de la
Administración General del Estado, su coordinación con todos los
sectores de la sociedad española y si en el plan de acción se
comprendían 305 acciones, se puede decir que hoy 45 de ellas se
encuentran en fase de estudio, 46 en fase de definición, 27 en fase
de contratación, 89 en ejecución, mientras que 98 ya han dado lugar a
un producto de servicio que se encuentra actualmente operativo; es
decir, el 32 por ciento de las acciones de INFO XXI se encuentran
finalizadas y en operación. Si tenemos en cuenta el estado de
progreso de los otros proyectos, creo que podemos concluir que el
estado de progreso del conjunto de las acciones, y reconociendo la
heterogeneidad de las mismas, alcanzaría el 70 por ciento.

En cualquier caso, el esfuerzo que se está haciendo desde la
Administración general del Estado, desde el Gobierno, para impulsar
la sociedad de la información



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en todos los sectores de la vida española, para transformar la
Administración en una auténtica Administración general electrónica y
llevar la formación y las habilidades necesarias para desenvolverse
en el nuevo entorno a todos los españoles no tendrá éxito si no
conseguimos la movilización de toda la sociedad. En eso estamos
trabajando y yo creo que podemos tener esperanza en que se cumplan
los objetivos que nos hemos marcado



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo
Socialista, la señora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Es verdad que mi grupo ha acumulado
la solicitud de comparecencia, que hizo en junio pasado a la señora
ministra. Cualquier representante del Gobierno es bueno para
explicarla, pero quizá hoy la ministra no se hubiera podido explicar
en los mismos términos que usted, porque la comparecencia que se
produjo hace sólo una semana, el 19 de noviembre, en el Senado ha
sido reproducida casi literalmente por usted, cuando la señora
ministra recibió cuanto menos unas fuertes críticas por parte de los
representantes de las comunidades autónomas de todos los colores
políticos, incluido el del Partido Popular; quizá por eso hoy no esté
la ministra, pero lamentamos que no se haya tomado nota de algunas de
las cuestiones que se han venido planteando por parte de todos los
sectores, de las comunidades autónomas, de las fuerzas políticas y,
desde luego, del movimiento asociativo en torno a la sociedad de la
información, el mundo empresarial y el sector de las
telecomunicaciones.

Señor Tomé, coincidimos con la posición del Gobierno en que (y eso yo
creo que van a hacerlo todas las fuerzas políticas) éste es un
compromiso de todos; si no fuese un compromiso de todos no estaríamos
tan preocupados por que el desarrollo de la sociedad de la
información y la aplicación y el uso de las nuevas tecnologías en
nuestro país fuera prioritario. Estamos ahora mismo bastante
separados de Europa y, si no hay un esfuerzo mayor no va a ser
posible converger con Europa. Por tanto, haciendo hincapié en ese
compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales, tengo que
decirle que el Grupo Parlamentario Socialista está seriamente
preocupado por la ceguera política que tiene el Ministerio de Ciencia
y Tecnología cuando analiza los elementos de su gestión. Sin duda que
el Gobierno tiende a ser triunfalista y yo a la ministra me permití
decirle en el debate presupuestario que hacía política ficción, pero
hoy yo no sé si es que ustedes se tapan los ojos o es que quieren
vendernos una moto que realmente no tiene ruedas, ni manillar ni
tiene elemento alguno. Se han perdido casi dos años haciendo
marketing de acciones y planes que realmente nunca acaban de llegar,
y si el tiempo es oro siempre, imagínese con la evolución
y la rapidez con que se producen los avances tecnológicos. Se
lo ha dicho la patronal, se lo ha dicho Sedisi, le ha dicho que antes
de doce años no vamos a poder converger y eso siempre que se haga un
auténtico esfuerzo presupuestario y de coordinación, en el que ese
ministerio también está fallando. A mí me ha preocupado que usted
haya dicho que el INFO XXI es un plan de convergencia. Un plan de
convergencia con Europa tiene que ser cuanto menos homologable a la
iniciativa e-Europe 2000. ¿Por qué? Se lo dije a la ministra el 6 de
marzo pasado, cuando después de poner de largo por segunda vez INFO
XXI en Vitoria vino al Parlamento a contárnoslo, le dije que este
plan INFO XXI no era riguroso en la formulación de los objetivos, no
lo era en los plazos, y lo que es más grave, no lo es en el
procedimiento de evaluación, y cuando un procedimiento de evaluación
no está claro ni tiene indicadores ni se puede hacer un seguimiento,
la realidad puede falsearse o pueden ponerse esa venda que ustedes
parece que se quieren poner. No existe un análisis ni cuantitativo ni
cualitativo de los indicadores de la Unión Europea y de España para
ver cómo vamos a converger, no se contempla el impacto de las
acciones previstas para saber si de verdad vamos a alcanzar o no esos
objetivos ¿Cuáles son los indicadores, señor Tomé? ¿Cuáles son los
indicadores que cree usted que, en el caso de España, pueden
servirnos para converger con Europa? Tendrán que decírnoslo, no lo
han contemplado. Hace sólo unos días, yo creo que ayer o anteayer,
recibimos la métrica de la sociedad de la información elaborada por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la patronal. Aquí nos
dejan clarísimo, señorías, que del total de 40 indicadores que se han
contemplado en este estudio, en 29 estamos en el penúltimo o último
lugar. Por ejemplo, indicadores en los que España se sitúa en
penúltimo lugar: En gasto en tecnologías de la información per
cápita, en gasto en telecomunicaciones per cápita, en líneas
telefónicas fijas por 100 habitantes, en ordenadores conectados a
Internet por 100 alumnos de secundaria, en docentes con acceso a
Internet en clase, en servicios web seguros por 100 habitantes.

Podría citarle hasta 17. En el último lugar, en 12 indicadores, señor
Tomé y ninguno de ellos es baladí: en empleados usuarios de PC en
empresas (fíjese qué importante), en usuarios con acceso a Internet,
en servicios web por 100 habitantes. Así hasta 12.

Ahora vamos a ir analizando el panorama que nos ha descrito hoy y
veremos que no se corresponde con la realidad, y lo lamentamos porque
si se correspondiese con la realidad usted tendría que decir aquí que
el estado de salud de INFO XXI no es bueno, y no lo es porque no ha
sido un auténtico plan de convergencia como le pedimos desde el
primer día al Grupo Parlamentario Socialista; ustedes ahora están
empezando a decirlo, el otro día lo decía el señor Zaplana en el Club
Siglo XXI,que reclamaba (y es presidente de una comunidad del



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mismo color político que el Gobierno central) un plan de convergencia
también en este tema porque es prioritario; se lo hemos reclamado y
ojalá ustedes hubieran aceptado hace un año ese planteamiento que
hicimos desde las fuerzas políticas en el Parlamento. Es muy
importante que converjamos con Europa, no es posible que perdamos
este tren y usted no puede decirnos hoy que el estado de progreso,
como le ha llamado, del plan INFO XXI es bueno, porque es muy
lamentable. Usted tiene que leer el «Diario de Sesiones» porque las
comunidades autónomas han dicho que no han visto los 225.000 millones
de pesetas de los que se hablaba, le han dicho a la ministra que no
se ha coordinado con ellas. ¿Usted cree que se puede hablar de foro
para abordar los contenidos, el diseño, la gestión de un plan
habiéndose reunido dos veces y cuando el orden del día no se ha
conocido hasta 24 horas antes? ¿Usted cree que las empresas se pueden
sentir realmente representadas cuando no han participado tampoco,
como les dijeron, en ese diseño, en esa planificación de contenidos,
de los indicadores que nos marcamos para nuestro país; si son todos,
los 23 de Europa, si priorizamos en cinco o en siete? ¿Señor Tomé, en
cuáles? También se ha reunido dos veces, usted lo acaba de confirmar,
el foro de las empresas; eso no es gestionar de forma coordinada con
la participación de todos; eso, lamentablemente, no puede conducirnos
a la mejor de las situaciones posibles, y por tanto, señor Tomé,
lamento mucho que haya hecho un análisis tan positivo. Ojalá hubiera
sido positivo, eso querría decir que habríamos recuperado el tiempo
perdido. No ha sido así, no hemos recuperado el tiempo perdido, todo
lo contrario, seguimos perdiendo tiempo y, como le decía antes, el
tiempo es oro y mucho más en estos asuntos.

Usted hablaba antes de la ejecución del presupuesto del INFO XXI. Yo
creo que usted sabe que los grupos políticos hacemos un seguimiento
bastante exhaustivo de los Presupuestos Generales del Estado y desde
luego también lo hemos hecho, en el caso de mi grupo, de la ejecución
presupuestaria del INFO XXI en cada uno de los ejercicios económicos
que ya se han cerrado y en el que está en trámite de cierre, y usted
no puede venir aquí y pretender confundir la ejecución del
presupuesto del conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con
el INFO XXI. Eso es hacer trampas y no lo podemos permitir porque
estaría usted haciendo trampas en el solitario y al final se
engañaría. No obstante, usted debe dejar claro que hay dos elementos
distintos: una cosa es la ejecución del presupuesto del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que usted ha dicho que estaba en torno al 83
por ciento, y otra es la ejecución del INFO XXI, que según sus
propias respuestas parlamentarias, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, del de Interior, de Hacienda, de Economía, de todos,
absolutamente de todos, porque yo tengo todas las respuestas,
no alcanza nada más que el 41 por ciento. Por tanto, que quede claro
que no vale hacer trampas.

Dice usted que el balance del INFO XXI es bueno. Yo quiero realizarle
en ese sentido algunas preguntas a ver si me puede responder con
realidades. ¿Qué pasa con el plan de sustitución del TRAC? Porque si
no podemos sustituir el TRAC por una tecnología que permita la
conexión a Internet, difícilmente podremos hablar de uno de los ejes
prioritarios, que es llevar a las zonas rurales el acceso a Internet
para que al final haya una auténtica cohesión territorial y social en
el uso de esas nuevas tecnologías y en el desarrollo de la sociedad
de la información. La ministra dijo (creo que fue este mismo año, a
comienzos de 2001) que ella se comprometía a que a la vuelta del
verano nos presentaba ese plan. Aún hoy no lo conocemos. Está
finalizando el año, está finalizando 2001 y no sabemos qué pasa. Este
mismo Parlamento aprobó una proposición no de ley en ese sentido y
ustedes tampoco han dado cuenta de ello. ¿Qué pasa con el plan de
alfabetización digital? ¿Por qué ese retraso? Cuéntenos la verdad
¿Por qué han tardado tanto? Yo creo que 400 millones es poco dinero
para poder alfabetizar a un millón de españoles, evidentemente
cualquier ciudadano sabe que era poco dinero ¿Entonces qué han hecho,
de nuevo trampas para ganar un año más, así ya no se hace el
concurso, se deja desierto, se hace en 2002 y así podemos acumular el
presupuesto de 2001 con el de 2002, tenemos más dinero y podemos
empezar a alfabetizar? Pero ya hay un año de retraso. ¿Cómo puede
usted decirnos que se ha ejecutado o que están operativas el 70 por
ciento de las 305 acciones? Pero si, entre otras cosas, sólo tenían
recursos económicos, financiación, seguimiento y plazos 21 de las
acciones; si las 300 eran un collage; si ustedes lo que hicieron fue
un collage en lugar de un plan de acción.

Yo creo que el tema de Internet en las escuelas tiene usted que
contarlo mucho mejor, no puede decir que en el caso de Internet en la
enseñanza se está estudiando la conectividad con las comunidades
autónomas porque usted sabe -y si no se lo dijo la ministra, léase el
«Diario de Sesiones»- que en su intervención en el Senado los
representantes de las comunidades autónomas le dijeron a la ministra:
«¿Cómo es posible que usted ahora nos pretenda vender un ancho de
banda y una tarifa a 2.900 pesetas cuando algunas comunidades
autónomas han negociado con Telefónica más barato? ¿Qué pasa? Sí,
señor Tomé, entérese. Sí, a 2.900, entérese. No tenga la menor duda
que las comunidades autónomas reclamaron coordinación real, todas le
dijeron a la señora ministra, todas, que en el INFO XXI no había
habido coordinación ni en el diseño, ni en la convocatoria, ni en la
gestión, ni en ninguno de los desarrollos de estas acciones. Si no
hay una agenda común es difícil que se pueda avanzar en esta materia,
sobre todo, señor Tomé, porque muchas de las actuaciones



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que se están abordando o que se pretenden abordar son competencia de
las comunidades autónomas; difícilmente se puede por tanto hacer algo
sin trabajar con ellas.

Yo quisiera que nos explique usted, dentro de esas acciones
prioritarias de Internet en las escuelas, cuál es el seguimiento; yo
quiero conocerlo, porque cuando busco en la acción Internet en las
escuelas presupuestada para 2001 con 5.850 millones de pesetas para
conexión a Internet con banda ancha, la web del ministerio dice que
se está trabajando en los indicadores de esa acción; claro, si se
está todavía trabajando, dígame qué nivel de ejecución hay de esos
5.850 millones de pesetas. Para los equipamientos de Internet en las
escuelas había presupuestados 5.576 millones de pesetas, destinados
fundamentalmente a firmar convenios con las comunidades autónomas
para adquirir ese equipamiento informático. El otro día las
comunidades autónomas dijeron que no se ha firmado ni un solo
acuerdo; cuéntenos entonces cuál es el seguimiento de esa iniciativa.

¿Y qué pasa, dentro de Internet en las escuelas, con Intranet II, que
se presupuestó con 2.400 millones para este ejercicio económico para
poder conectar las escuelas entre sí? Tampoco dice nada la web del
ministerio, dice pendiente de evaluación. Señoría, así no se puede
evaluar nada, si la web dice pendiente de evaluación o dice que se
está trabajando en los indicadores, no podremos hacer un seguimiento,
y si encima viene usted aquí y nos cuenta que se están haciendo
actuaciones cuando todos sabemos que no es verdad, podemos decirle
que tiene usted que hacer un ejercicio real de reflexión y decir: «en
qué estamos fallando, dónde tenemos que presupuestar y destinar
mayores recursos para poder avanzar». Así podríamos avanzar, no en
otros casos.




El señor PRESIDENTE: Señora Pleguezuelos, le rogaría que vaya
terminando.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor presidente, le ruego que tenga
en cuenta que hemos acumulado dos, comparecencias.




El señor PRESIDENTE: Tiene 5 minutos más.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias.

Decía usted que el estado de progreso del INFO XXI era positivo. Yo
creo que, por ejemplo, la introducción de la banda ancha en las
escuelas se está realizando con un déficit de los operadores en lugar
de con medidas presupuestarias, que es como se debería haber hecho.

Cuando usted ha hecho aquí un análisis global ha utilizado algunos
elementos que a mí me parece que hay que destacar.

Habla usted de lo que ha sido la política del Ministerio de Ciencia y
Tecnología en la liberalización del mercado de las
telecomunicaciones, y yo quiero decirle
que en ese sentido tampoco puede sentirse demasiado orgulloso del
ministerio. Somos el único país europeo en el que el espectro
radioeléctrico no es gestionado por un regulador independiente en
España y eso, sin duda, está teniendo costes y lo estamos viendo en
todas y cada una de las empresas del sector; por supuesto, los
procedimientos de planificación y de asignación del espectro son
opacos y yo le diría a usted que tienen un gran margen de
discrecionalidad. Un ejemplo: el Registro Nacional de Frecuencias
sigue sin ser público y los procesos de modificación del cuadro
nacional de atribución de frecuencias sigue siendo opaco y no se
cuenta con el mercado; todo esto está generando muchas incertidumbres
y, desde luego, no podemos decir que esté dejando a los operadores
muy tranquilos, porque yo creo que están ustedes regulando casi de
forma anticompetitiva, y desde luego en un mercado que necesita una
liberalización y una competencia mayor no es este el mejor
procedimiento. No están ustedes impulsando la liberalización Con este
modelo de regulación lo que están es frenándolo. Por ejemplo las
medidas de promoción de la sociedad de la información en cuanto a
tarifas, sea la tarifa ondulada, sean los bonos, el ADSL, me da
igual, siempre han sido sobre el mercado minorista en vez de sobre el
mayorista, y esto usted sabe que produce distorsiones de precios; se
desincentiva la inversión y eso, sin duda, genera conflictos.

En definitiva, señor Tomé, realmente mi grupo quiere que avancemos en
el desarrollo de la sociedad de la información, quiere que avancemos
con el compromiso de todos, de todas las fuerzas políticas; se lo
dijimos a la ministra aquí el 6 de marzo, que había venido tarde y
mal, que tenía que haber contado primero con las fuerzas políticas,
con el mundo empresarial y asociativo del sector y, por supuesto, con
las comunidades autónomas. Ustedes no coordinaron todos esos
esfuerzos antes, el fruto es escaso, el estado de salud de INFO XXI
es malo, muy malo, y usted lo sabe, lo lamentamos y nos preocupa. Hay
que reconsiderar todo esto, tenemos que trabajar juntos y sólo así
ustedes y España saldrán adelante, porque el fracaso en ustedes se
convierte en fracaso de los españoles. Tienen que presentar un plan
de convergencia con indicadores, señalando las prioridades, los
plazos, la situación real en la que estamos, qué objetivos nos
marcamos, qué impacto tiene cada uno de esos indicadores y cómo
converger con Europa con plazos y financiación coordinada. Las
comunidades autónomas le pidieron corresponsabilidad
y cofinanciación; hoy mi grupo le pide, además de todo eso, un
auténtico plan de convergencia, no algo ficticio, no un collage como
el que nos presentaron, sin financiación, sin coordinación. Que nos
venda usted hoy aquí que desde que el Ministerio de Ciencia y
Tecnología está impulsando el INFO XXI se compran y venden Letras del
Tesoro o la Agencia Tributaria estáhaciendo algunas actuaciones, eso
llevan años haciéndolo.




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No puede usted vender actuaciones que realmente estaban haciéndose.

Yo comprendo que usted quiere incluso vender sueños; ojalá esos
sueños sean realidad, pero con la política ficción del Ministerio de
Ciencia y Tecnología este país no va a converger con Europa en el
desarrollo de la sociedad de la información al ritmo deseado, se lo
han avisado todos los sectores. Le pedimos que realmente presente ese
plan de convergencia; tendrá el apoyo de mi grupo y, sin duda,
podremos converger con Europa en plazos firmes para desarrollar la
sociedad de la información en una sociedad en la que no haya una
brecha digital ni con Europa ni dentro de España.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, quiero agradecer la comparecencia del señor Tomé
y el análisis global que nos ha aportado hoy sobre el desarrollo del
programa INFO XXI.

El desarrollo de este programa merece, señor Tomé, un diagnóstico que
no puede ser unívoco, no podemos decir que es un desarrollo positivo
o es un desarrollo negativo porque el programa INFO XXI era un
programa muy ambicioso, era un programa que nuestro grupo aplaudió
cuando se presentó, un programa en cuyos objetivos, al final,
haciendo balance, podemos concluir que hay luces y sombras, pero unas
luces y unas sombras de las que no puede acusarse o felicitarse
directamente al Gobierno. El programa INFO XXI ha tenido una
evolución paralela a la crisis de la sociedad de la información en
algunos aspectos no tecnológicos pero sí empresariales; hay una
realidad que nos desborda que es que las nuevas tecnologías siguen
avanzando, pero la realidad empresarial que las acompaña no siempre
han tenido el impulso que sería deseable, hay una cierta crisis en el
sector. El sector de la nueva economía padece una crisis y ello
afecta indirectamente al programa INFO XXI.

Quiero hacer una reflexión. Cuando iniciamos esta legislatura se
aprobó una tarifa plana, que muchos decíamos que era una tarifa
ondulada porque dependía de la hora de conexión. Es cierto, y eso lo
reconocimos muchos grupos, que no pensábamos que tan rápidamente
seríamos capaces de ofrecer una tarifa mínimamente asequible para
muchos ciudadanos, pero es que el mercado la sugería y la impulsaba,
y el Gobierno la recogió y la implementó en un decreto ley que
debemos mejorar. Se hizo porque el propio mercado ayudaba
a implementarla. Por tanto, ¿era un mérito del Gobierno? A medias,
porque iba acompañado de un impulso de esa nueva economía. De la
misma forma que eso podía ser un mérito, tampoco puedo achacar al
Gobierno todos los incumplimientos de objetivos importantes que se
marca el programa INFO XXI, porque
no dependen únicamente del Gobierno; por tanto, un balance
desigual, luces y sombras.

A mi grupo parlamentario le gustaría hoy plantearle algunos aspectos
concretos del programa INFO XXI y conocer la opinión del Gobierno. En
primer lugar, le manifiesto en nombre de Convergència i Unió nuestro
espíritu de colaboración en la implementación de los objetivos del
programa. Le reitero una vez más, y lo hacía ahora la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que hace falta un consenso en los
objetivos y en un programa de convergencia; en ese consenso para ir
acercándonos a la media europea en el desarrollo de la sociedad de la
información cuenta el Gobierno con el apoyo decidido de Convergència
i Unió.

Aspectos concretos. Quizá deberíamos fijarnos un objetivo inmediato,
una tarifa plana real, una tarifa plana que deje de ser ondulada y
que sea plana siempre, que cualquier ciudadano sepa que si se conecta
a Internet pagará pongamos 2.000 pesetas al mes, esté conectado 20
horas, 10 horas, 8 horas, se conecte un lunes, el sábado o el
domingo, una tarifa que pueda hacer pedagogía al ciudadano:
«Conéctate a Internet porque realmente la tarifa que pagarás a final
de mes es siempre la misma». Este sería un mensaje claro. Por tanto,
un primer objetivo que deberíamos marcarnos, que no depende
únicamente del Gobierno y que deberíamos negociar con el sector:
dejar esa tarifa ondulada y pasar a una tarifa plana. Estamos
convencidos en Convergència i Unió que eso ayudaría muchísimo
a desarrollar la sociedad de la información en muchos hogares. Primer
objetivo.

Segundo objetivo. Hay que hacer accesible la sociedad de la
información a todos los municipios y a todos los núcleos urbanos. Ha
dicho usted en su comparecencia que es un objetivo que se está
negociando con muchos ayuntamientos, con comunidades autónomas. En
esta Comisión de Ciencia y Tecnología hemos aprobado una proposición
no de ley de Convergència i Unió con un objetivo claro: Que los TRAC,
la telefonía rural de acceso celular, desaparezcan. ¿Por qué? Porque
no son compatibles con Internet. Si queremos que Internet llegue a
todos los núcleos debemos sustituir el sistema TRAC. Sé que desde el
Gobierno se está negociando con Telefónica, sé que se está negociando
con otras operadoras, sé que intentamos ligar el programa PROFIT
europeo con la financiación para sustituir los TRAC. Por ello le
pregunto cómo evoluciona la sustitución de los TRAC y qué objetivos
se marca el Gobierno al respecto.

Tercer aspecto. Que Internet sea un servicio universal. Se lo decía
ayer el portavoz de mi grupo al propio presidente del Gobierno. Hay
una unanimidad en esta Cámara ante el objetivo de que Internet sea
servicio universal, estamos pendientes de las directivas europeas; la
presidencia española puede ser una oportunidad para que ello sea
posible, y ello contribuiría también demanera decisiva la efectividad
del Programa



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INFO XXI. Por tanto, tercer aspecto: Internet servicio universal, que
desde el Gobierno se impulse y se aproveche la presidencia europea.

Cuarto aspecto. El programa de alfabetización. Queremos ayudar a que
las nuevas tecnologías sean conocidas por todos aquellos ciudadanos
que tienen interés y queremos fomentar ese conocimiento. El programa
INFO XXI es ambicioso en ese espíritu de contribuir a la
alfabetización digital. Me gustaría que nos aportara datos sobre ese
programa específico de alfabetización, de qué forma se está
implementando y de qué forma se colabora con las comunidades
autónomas, porque es un objetivo compartido por las distintas
administraciones públicas.

Termino con una reflexión. Evidentemente, a veces faltan datos
objetivos para saber dónde estamos, y entonces la crítica es muy
fácil: no hay datos, no se avanza, pero es que para tener datos
tenemos que tener un marco adecuado que los recopile. Sé que el
Gobierno está impulsando el observatorio para la sociedad de la
información, por ello le pido que concrete, cómo está este
observatorio, qué previsiones hay, de qué forma se quiere colaborar
con las comunidades autónomas en la obtención de datos, para
contribuir a ese eurobarómetro, para saber dónde estamos. Necesitamos
saber si se contará con las comunidades autónomas para conocer cómo
está el Estado en su conjunto y como está cada una de las comunidades
autónomas y, por tanto, la información que puedan trasladar las
distintas comunidades autónomas es importante.

Yo le pregunté a la ministra de Ciencia y Tecnología en el Pleno
sobre los contenidos de la España plural en este programa INFO XXI.

España es una realidad plural, el Estado es pluricultural, es
plurilingüe; el Estado español tiene diversas lenguas oficiales y ese
programa INFO XXI debe ser una herramienta que permita que la
pluralidad lingüística sea respetada al máximo. Las nuevas
tecnologías nos dan esa oportunidad y, por tanto, quisiera incidir
una vez más en nombre de Convergència i Unió en que ese programa INFO
XXI, que tiende a que la sociedad de la información llegue a todos,
lo haga con un contenido que sea escrupulosamente respetuoso con esa
pluralidad lingüística, con esa pluralidad de lenguas oficiales que
coexisten. El programa INFO XXI puede contribuir a ello y, por tanto,
quiero preguntarle específicamente que aspectos de respeto a esa
pluralidad se tienen en cuenta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pérez-Hickman.




El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señorías, en primer lugar quiero
agradecer la comparecencia del secretario de Estado, señor Tomé,
comparecencia que, por lo que he oído hoy en esta sala, o no ha
querido escuchar el Grupo Socialista o no ha entendido. Como desde
luego este portavoz sí ha entendido esta comparecencia,
yo quiero agradecerle muy especialmente al señor secretario
de Estado su contundente y prolija intervención en explicación del
desarrollo de la iniciativa INFO XXI, explicación que le viene muy
bien a este portavoz pues refuerza la posición de rechazo que ya fijé
en nombre del Grupo Parlamentario Popular respecto de la proposición
no de ley que propuso ante esta Comisión el Grupo Socialista
solicitando del Gobierno un plan de convergencia para el desarrollo
de la sociedad de la información. Como ya le dije hace dos semanas a
la señora Pleguezuelos y mantengo, sobre todo ahora después de la
intervención del secretario de Estado, estamos en el buen camino y el
estado de salud del plan de acción INFO XXI, verdadero convergente de
la iniciativa INFO XXI, que presentó el presidente del Gobierno en
Vitoria el pasado 24 de enero de 2001, es más positivo de lo que
podíamos pensar.

Se ha reconocido en distintos y diversos foros comunitarios el gran
impulso que se ha dado durante este año 2001 a la sociedad de la
información en España a través del plan de acción INFO XXI, habiendo
superado en algunas instancias los objetivos que se había fijado la
Unión Europea con la iniciativa e-Europe que, si bien habían sido
demasiado ambiciosos, con la inminente presidencia española de la
Unión Europea bajo el liderazgo de José María Aznar van a ser
relanzados y potenciados, lo que redundará en el impulso del sector
de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, en el
desarrollo de la Administración electrónica y en la incorporación de
todos los sectores económicos y sociales a la sociedad de la
información; en definitiva, en los tres grandes ejes del plan de
acción INFO XXI ya comentados por el señor secretario de Estado.

Hace dos semanas fui acusado de partidario por la portavoz socialista
al haber hecho expresión de las actuaciones de regulación que se
habían desarrollado durante el año en curso, porque entendía que nada
tienen que ver con el INFO XXI. Yo creo que lo tienen que ver todo y
que son la base para posteriores actuaciones que sí conlleven
consignación presupuestaria, por lo que le agradezco al señor
secretario de Estado que nos haya comentado cuáles son las novedades
más significativas en materia de regulación en cuanto al plan INFO
XXI para el próximo año, y me gustaría que nos explicara en qué
consistirá el relanzamiento del programa e-Europe bajo la presidencia
de España en la Unión Europea y cómo se engarzará el plan INFO XXI en
el citado programa.

En otro orden de cosas, no hace mucho la señora ministra de Ciencia y
Tecnología nos ha hablado del programa Ciudades Digitales, una
experiencia que yo creo muy importante como proyecto espejo que puede
servir para que distintas ciudades dentro de una misma comunidad
autónoma puedan emular el ejemplo y eldesarrollo en una de ellas de
la utilización integral de



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las nuevas tecnologías. Por ello me gustaría que el señor secretario
de Estado abundara en su explicación de este programa y me
respondiera cuál es el grado de colaboración de las distintas
comunidades autónomas en el mismo. También querría saber cuál es el
papel que va a desempeñar RED.es en el desarrollo de la sociedad de
la información.

No querría olvidar mencionar el desarrollo que por parte del Gobierno
se está realizando de un portal en Internet con el que canalizar
electrónicamente algunas de las relaciones entre ciudadanos y Estado;
es decir, el INFO XXI tiene también como objetivo el desarrollo de la
Administración electrónica, como ya comenté al principio de mi
intervención. De todo ello ya hemos oído por parte del señor
secretario de Estado un conjunto de relaciones que se pueden mantener
actualmente con la Administración a partir del acceso al portal de
las administraciones públicas en Internet, que bien sabe este
portavoz cuál es el grado de satisfacción y de valoración que hace el
Gobierno de la puesta en marcha de este portal.

También considero muy importante que el INFO XXI tenga un efecto real
en la integración y la incorporación de las pymes a las nuevas
tecnologías, por lo que me gustaría saber qué valoración hace el
Gobierno de las medidas tomadas en el seno del plan INFO XXI para
incorporar a las pymes a la sociedad de la información y qué recursos
materiales y financieros tiene previsto dedicar el Gobierno a este
objetivo en los próximos años.

Para terminar, sería importante conocer cuál es la participación de
las distintas administraciones públicas, que no son Administración
central, en el diseño y ejecución del INFO XXI. Además del papel y la
coordinación con otros sectores de la sociedad civil española, como
ya ha comentado, le quiero preguntar qué objetivos persigue el
Gobierno con la creación de los dos foros para el diseño y la
ejecución del plan de acción INFO XXI, es decir el foro empresarial y
el foro de las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado de
Telecomunicaciones.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (Tomé Muguruza): Antes de dar respuesta a
los aspectos concretos que me han planteado los distintos grupos, me
gustaría hacer una reflexión general sobre los objetivos del plan de
acción INFO XXI, porque, señora Pleguezuelos, hemos pasado del
consenso que parece que había entre todos los grupos en esta Cámara a
la propaganda a costa de una de las acciones más importantes que yo
creo que desde el Gobierno, pero también desde los grupos políticos y
desde la sociedad, tenemos que impulsar ahora, que es el desarrollo
de la sociedad de
la información. En ese sentido yo creo que hay una polémica que se
abre varias veces: si el plan de acción INFO XXI es o no es un
programa de convergencia. Yo creo que ahí es imprescindible tener
clara una cuestión, los objetivos de convergencia con los que está
comprometido el Gobierno español son los que contribuyeron a definir
en la elaboración de la iniciativa e-Europe y su plan de acción. Allí
se establecieron 65 acciones a impulsar, que estamos siguiendo e
impulsando, y se establecieron 23 indicadores para el seguimiento del
e-Europe ¿Qué es el plan de acción INFO XXI? Pues es el compromiso
por parte del Gobierno de impulsar de las acciones necesarias para
cumplir con esos 65 objetivos para converger, para mejorar en el
desarrollo de esos indicadores. Entonces, tengamos claro eso. Por lo
que se refiere al desarrollo de los indicadores en el marco del e-
Europe, los estamos siguiendo de manera cuidadosa. Usted mismo citaba
los propios estudios que elabora el ministerio de Ciencia y
Tecnología sobre métrica de la sociedad de la información, donde,
efectivamente, España está en unos mejor, en otros peor, en la
mayoría de ellos con tendencias claramente positivas, creciendo de
forma significativa por encima de la media de la sociedad de la
Información. Se nos dice, por ejemplo, que estamos por debajo en
gasto per cápita en materia de telecomunicaciones; pues bien, con lo
que está comprometido este Gobierno no es conque los españoles
aumenten su factura de telecomunicaciones, sino conque la bajen; así,
desde que se ha iniciado el proceso de liberalización las llamadas
metropolitanas han bajado un 16,4 por ciento; las provinciales, un
52,24 por ciento; las interprovinciales, un 75,9 por ciento; las
internacionales, un 70,1 por ciento, y las llamadas de fijo a móvil,
más de un 58 por ciento. El objetivo de nuestro trabajo en el fomento
de la liberalización de la competencia es que baje la tarifa
telefónica y no que suba.

Hay otros indicadores que sí creo que son relevantes y significativos
del esfuerzo que está haciendo nuestro país en converger en materia
de la sociedad de la información, en ponerse a la altura de los
mejores, y que están también reflejados en el trabajo que usted
citaba. Ahora mismo, nuestro país se está gastando en el sector de
las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información el 6,3
por ciento de nuestro producto interior bruto; hace poco el informe
sobre innovación europea correspondiente al año 2001, presentado por
la Comisión Europea, recordaba que España viene creciendo en materia
de gasto TIC de forma acumulada desde el año 1995 a tasas del 35 por
ciento por encima de la media de la Unión Europea. Ahora mismo, en
materia de gasto TIC estamos sólo por detrás de Suecia, Holanda,
Portugal y el Reino Unido; pero si desagregamos los componentes de
este gasto TIC, veremos cómo por ejemplo en el gasto en tecnologías
de la información en el año 2000 creció un 10 por ciento.




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Esto nos llevó a ponernos del 70 por ciento al 77 por ciento de la
media europea. Eso es convergencia.

El Sedici, al que usted cita profusamente, nos recordaba hace poco
con un estudio la conveniencia de que nuestro país creciese en el
gasto en tecnologías de la información a tasas superiores al 15 por
ciento. Pues bien, los datos publicados por esta misma patronal
referentes al tercer trimestre de este año nos recuerdan que llevamos
creciendo por encima del 15 por ciento en los dos últimos años a
tasas interanuales; en un momento, además, en el que el gasto en
tecnologías de la información está estancado o decreciendo en la
mayoría de los países europeos. Según otras estimaciones, lo que se
ha denominado a veces el hipersector de la sociedad de la
información, que trasciende lo que es el gasto en informática y
telecomunicaciones e incluye los gastos en servicios audiovisuales,
comercio electrónico y microelectrónica, ha crecido el año pasado un
23 por ciento; se ha duplicado el tamaño de este sector en apenas
cuatro años. Es una prueba del dinamismo del sector en nuestro país,
como lo es, por ejemplo, la penetración de la telefonía móvil, que
alcanza los casi 28 millones de usuarios, con tasas de penetración
que se aproximan al 69 por ciento de la población y que está dentro
de lo que es la media europea. Como lo es, por ejemplo, el
crecimiento de lo que técnicamente se llama hogares pasados por los
nuevos operadores de acceso por cable; en este aspecto, si a finales
del año 1999 tenían acceso potencial a servicios de cable de un
operador distinto de telecomunicaciones el 10 por ciento de los
hogares españoles a finales del 2000 ya eran el 24 por ciento
habiendo pasado del 21 por ciento, de la media europea al 47 por
ciento. En este aspecto el esfuerzo de los operadores de cable ha
continuado creciendo, son más de 4.400.000 los hogares que han sido
pasados, un incremento de casi el 40 por ciento con respecto a
diciembre del año 2000. También ha crecido el número de usuarios de
Internet. Ahora mismo estamos ya en el 21 por ciento de usuarios
habituales de Internet, con un incremento en los dos años desde que
se adoptó la iniciativa estratégica INFO XXI del 160 por ciento; se
ha multiplicado por 2,6 el número de internautas en España. Es
verdad, y usted lo ha mencionado, que estamos por debajo de la media
en temas tan importantes como el número de ordenadores con acceso a
Internet o el número de docentes que hacen uso para su trabajo de las
nuevas tecnologías; efectivamente estamos trabajando en ello. Pero,
al final, lo que quiero destacar es que en un proceso tan complejo,
que afecta a todos los sectores de la sociedad y no sólo de la
Administración, pues siempre puede haber luces y sombras. Yo creo que
con lo que tenemos que estar comprometidos es con la mejora, con la
convergencia; y la convergencia, señora Pleguezuelos, no es
reivindicar retóricamente planes de convergencia, sino el compromiso
de impulsar las acciones necesarias para que luego esos indicadores
mejoren.




Ha mencionado también la ejecución del presupuesto del año 2001
correspondiente al INFO XXI. Aquí, o no me ha entendido bien o a lo
mejor no me ha querido entender, porque yo no me he referido al
presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología sino al conjunto
de las acciones comprometidas en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000. Les decía que en los presupuestos para el
año 2000 estaban previstos 191.000 millones para el fomento de la
Administración electrónica y 71.000 millones para la promoción de la
sociedad de la información en sus aspectos tecnológicos, económicos y
sociales; 71.000 millones que sí son gestionados por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Pues bien, el grado de ejecución de estos
compromisos, que son homogéneos con la envolvente que hemos
presentado para el programa INFO XXI, asciende al 82 por ciento; ahí
se incluyen los gastos destinados por los distintos departamentos de
la Administración del Estado para impulsar la Administración
electrónica, los gastos destinados por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología al fomento de la sociedad de la información (que no van
destinados a las comunidades autónomas, como ha dicho S.S.). Los
225.000 millones que figuran en la envolvente para la promoción de la
sociedad de la información son las acciones que se gestionan por un
lado dentro del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo a
través de los programas PROFIT para el desarrollo de las tecnologías
de información, el desarrollo de la sociedad de la información, la
acción también correspondiente a los sistemas inteligentes de
transporte, que sabe que es uno de los objetivos que nos hemos fijado
en e-Europe, la gestión más eficiente mediante las nuevas tecnologías
de nuestras redes de transporte y, luego, las acciones destinadas a
la extensión de las tecnologías de la información entre las pequeñas
y medianas empresas, las acciones destinadas (éstas a través del
programa Arte Pyme) a la extensión de la Administración electrónica
a través del programa PISTA.

Por terminar con este tema de los indicadores y del INFO XXI como
plan de convergencia, y dando respuesta a otra pregunta que se ha
formulado desde el Grupo Popular, les diré que en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología no solamente no ignoramos los indicadores, sino
que los seguimos de forma muy atenta. En primer lugar, elaborando ya
con la industria estudios como el que de manera parcial y no sé si
sesgada ha citado S.S., trabajando en el desarrollo del Observatorio
de la sociedad de la información, que como saben es una de las
funciones que encomienda la Ley de Presupuestos para el año 2000 al
Ente Público RED.es; ahí se están ya teniendo contactos con todas las
asociaciones del sector, con todas las empresas y asociaciones
sectoriales que están en condiciones de aportar o elaborar datos; se
está trabajando también con los observatorios de la sociedad de la
información que existen en algunas comunidades autónomas como puede
ser la



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Comunidad Valenciana o Cataluña, o los que se empiezan a poner en
marcha en otras comunidades; se está desarrollando un convenio con el
Instituto Nacional de Estadística para tener un sistema consistente
de indicadores para el seguimiento de la sociedad de la información.

Yo creo, y es algo que he compartido con SS.SS. en alguna ocasión
anterior, que un sector nuevo que nace con esa fuerza, que da
crecimientos en el hipersector superiores al 20 por ciento de manera
acumulada en los últimos años, necesita seguimiento porque es un
sector crítico para el desarrollo futuro, es un sector en el que los
efectos de la regulación, como se ha recordado hoy también aquí, son
cruciales. Desde ese punto de vista, queremos seguir trabajando en el
desarrollo de estos indicadores.

También tendremos oportunidad de seguir el cumplimiento de los
indicadores del e-Europe, que son los del INFO XXI, con ocasión de la
presidencia española de la Unión Europea. El plan de acción para e-
Europe que se estableció en el Consejo de Feira comprendía los años
2000-2002. A punto de concluirse, esperemos que lo pueda hacer la
presidencia belga. Nosotros estamos animando y ayudando en el paquete
regulatorio que afecta al sector de las telecomunicaciones. Si no es
así, con mucho gusto tomaremos el testigo de impulsar durante nuestra
presidencia este importante paquete, pero teniendo en cuenta que
durante los últimos años en la Unión Europea hemos estado trabajando
en la revisión del marco regulatorio general que afecta al sector de
las telecomunicaciones. Creemos, y este es uno de los objetivos
principales de la presidencia española en materia de la sociedad de
la información, que es necesario abordar a nivel europeo una
reflexión sobre la evolución futura del programa eEurope, sobre los
medios más idóneos para conseguir esos objetivos ambiciosos que nos
hemos marcado en el horizonte del año 2010, que seguimos sobre las
acciones que hemos comprometido y sobre los indicadores que nos
tienen que servir para seguir todo el proceso. En este sentido, la
presidencia española de la Unión Europea va a convocar un Consejo
extraordinario de ministros de sociedad de la información, a celebrar
los días 22 y 23 de febrero en Vitoria, para analizar cuáles deben
ser los objetivos a nivel europeo del programa e-Europe y los
indicadores relevantes al efecto. En definitiva, creemos que la
sociedad de la información, algo que se está haciendo en España y en
todo el mundo, con lo que la Unión Europea y el Gobierno español está
comprometido, exige seguimiento y monitorización constante. Para
terminar con este tema de los objetivos de la presidencia española de
la Unión Europea en materia de la sociedad de la información también
quiero recordarles que uno de los objetivos son las relaciones con
América latina, con Iberoamérica. El próximo semestre se va a
celebrar en Madrid la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea, América latina y el
Caribe, después de la primera celebrada en Río de Janeiro en el año
1999, y uno de los temas más importantes que se van a tratar en esta
cumbre van a ser las relaciones entre la Unión Europea y América
latina en materia de sociedad de la información. Por nuestra parte
estamos trabajando para convocar una reunión de ministros americanos
y europeos de sociedad de la información, y para preparar esa cumbre
estamos impulsando también la adopción por la Unión Europea del
programa ALIS de cooperación para el desarrollo de la sociedad de la
información entre Europa, América latina y el Caribe,que va a
destinar más de 85 millones de euros.

Hay temas concretos sobre los que SS.SS. me han pedido información.

En primer lugar, el TRAC, telefonía rural de acceso celular. Sus
señorías saben que ahora mismo hay casi 260.000 líneas en nuestro
país de teléfonos en el medio rural, que mediante accesos telefónicos
inalámbricos en zonas con condiciones orográficas de acceso difícil,
permiten el acceso a la red telefónica a velocidades no mayores de
2.400 bits por segundo. Esto es lo que está actualmente previsto en
la directiva europea sobre el servicio universal, el servicio que hay
que garantizar a todos los ciudadanos europeos, pero no son
velocidades suficientes para el acceso a Internet. En ese aspecto, en
la revisión del marco regulatorio de las telecomunicaciones en la
Unión Europea, España propuso, y así ha sido recogido en el artículo
4.2 de la directiva de servicio universal, que se recogiese, dentro
de lo que son las obligaciones de servicio universal que se imponen a
los operadores dominantes y tienen que estar accesibles a todos los
ciudadanos, que la red telefónica básica permitiese el acceso a
Internet. También estamos trabajando en un plan anticipado de
sustitución y mejora de estos accesos TRAC. En ese sentido, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología abrió en agosto de este año una
consulta pública para conocer el interés de los distintos operadores
en asumir el compromiso de sustituir la tecnología TRAC. A esta
consulta han contestado 14 operadores y tres asociaciones de
operadores. En este momento podemos concluir que parece que no hay
ningún operador interesado en asumir dicho compromiso para todo el
territorio nacional; hay distintos operadores que se muestran
interesados en ofrecer sus servicios como proveedores de la
tecnología necesaria para prestar este servicio. También se está
llegando a la conclusión de que la forma más eficiente de sustituir
estos accesos sería a través de accesos fijos radioeléctricos en la
banda de 3,5 gigahercios, que está reservada a obligaciones de
servicio público, y por parte del Ministerio de Ciencia Tecnología y
del Gobierno se prevé que dentro de lo que es el programa operativo
de sociedad de la información correspondiente a los fondos FEDER, se
pueda ayudar a la sustitución de estos accesos con el uso de esos
fondos FEDER. Es un objetivo en el que coinciden el Gobierno y todos
los



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grupos de esta Cámara y nosotros lo estamos impulsando a través de
estas acciones.

También se han interesado SS.SS. por el estado de progreso del
programa Internet en la enseñanza. Aquí convendría que tuviésemos
claras algunas ideas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no puede
ni quiere suplir lo que son las obligaciones y responsabilidades de
otras administraciones, en este caso las comunidades autónomas con
competencias en materia de enseñanza, para mejorar los contenidos y
las condiciones en que se accede a Internet por los centros
educativos; pero desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología sí
estamos comprometidos, junto con el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes, en colaborar con las comunidades autónomas para ver la
mejor forma de mejorar los accesos e impulsar Internet en todos los
niveles del sistema de educación obligatoria. Habría cuatro objetivos
claves: en primer lugar se trataría de lograr que todos los centros
estén conectados a Internet, no sólo con accesos a través de la red
conmutada, sino con accesos de banda ancha; formar a los profesores
en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías; dotar a la red de
suficientes materiales educativos multimedia para la enseñanza;
y alcanzar los centros un número adecuado de equipos informáticos para
la educación; es decir, equipar a los centros con los equipos,
ordenadores que permitan hacer uso de las nuevas tecnologías en las
aulas. En este sentido, también dentro de lo que es el programa
correspondiente de sociedad de la información de los fondos
estructurales con los recursos correspondientes al Ente Público
Redes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está en condiciones de
movilizar hasta 10.000 millones de pesetas de recursos
presupuestarios con esta finalidad, cantidad que se tienen que unir
en una acción de cofinanciación a los recursos que se presten por las
distintas comunidades autónomas. La idea sería facilitar por una sola
vez la introducción de los equipos necesarios en las aulas y asegurar
el acceso a banda ancha por un período inicial de al menos tres años,
que es el que tiene que servir para determinar el cambio en los
hábitos y en el modo de funcionar de nuestras escuelas.

Se ha aprobado una tarifa que abarata el acceso a los centros
educativos -a los más de 18.000 centros de enseñanza obligatoria y a
las más de 2.500 bibliotecas públicas- en un 40 por ciento. Me decía
la señora Pleguezuelos que el operador dominante está ofreciendo
estos servicios a precios inferiores al mínimo al que está obligado.

Si es así yo lo desconozco, pero donde lo tiene que denunciar es en
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, organismo
encargado de velar para que las condiciones en que el operador
dominante hace sus ofertas sean equitativas y no perjudiquen las
posibilidades de competencia de los operadores entrantes. Es verdad
que todos estos planes de fomento que afectan a precios minoristas
como la tarifa
plana, los bonos para acceso a Internet, son replicables por los
otros operadores -por tener también sus correspondientes precios
mayoristas de soporte-, siendo este un tema que quería aclarar.

Por lo que se refiere al programa Internet para todos, de
alfabetización digital, como saben SS.SS. es un programa impulsado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para familiarizar a todos
los ciudadanos con las tecnologías de la información y de Internet de
forma masiva. La idea es llegar a formar a un millón de ciudadanos
y se están desarrollando las acciones que expongo a continuación. Por
una parte, se están definiendo los módulos de 15 horas para formar a
aquellos ciudadanos que quieran acceder a este programa, se está en
proceso de contratación de una asistencia técnica para la gestión del
proyecto y en este sentido no ha habido parón, suspensión, ni
renuncia al proyecto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
informado que es verdad que ante el interés, la diversidad de las
ofertas presentadas -hasta ocho- por distintas empresas y
asociaciones interesadas en convertirse en la oficina gestora del
proyecto se ha iniciado un proceso negociado -de acuerdo con la Ley
de contratos de las administraciones públicas- para adjudicar este
proceso y homogeneizar todas las ofertas. ¿Qué tiene que hacer esta
asistencia que tenemos en proceso de contratación? Por un lado,
dirigir, gestionar la uniformidad de los contenidos, actuar como
secretariado del proyecto difundiendo los materiales, proporcionar
asistencia a web y a través de un concenter a todos los
participantes. (La señora vicepresidenta García-Alcañiz Calvo ocupa
la Presidencia.)
También se está trabajando en la definición y en contacto con los
centros colaboradores porque al final Internet para todos será una
realidad pero no por esta asistencia que se está contratando para
hacer de oficina del proyecto, sino a través de los centros docentes:
bibliotecas, centros cívicos, centros de tercera edad, fundaciones y
empresas, que se quieran unir al proyecto. En ese aspecto, un medio
de extensión del proyecto que creemos importante y que está surgiendo
de forma espontánea en las últimas semanas es un movimiento de
voluntariado internauta dispuesto a llevar la formación en las nuevas
tecnologías a todos los colectivos de nuestro país.

Se ha preguntado sobre la situación de Internet II, que es un
proyecto que a través de IRIS II corresponde impulsar al Ministerio
de Ciencia y Tecnología. El objetivo, dentro de la iniciativa e-
Europe es asegurar una conexión dentro de la comunidad europea de
científicos y de universidades con una velocidad de conexión de
acceso mínima de 2,5 gigabytes. Pues bien, los accesos españoles a la
red europea Geant ya se hacen a 2 gigabytes, se ha mejorado en ese
aspecto y ahora se está en proceso de concluir las bases para la
licitación en el primer semestre del año que viene de un concursoque
mejore el acceso desde todos los nodos de la red



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IRIS a esta velocidad mínima que hemos comprometido dentro del
programa INFO XXI y e-Europe.

Respecto al programa de ciudades digitales, por el que también se han
interesado SS.SS., es un programa de fomento de la sociedad de la
información que tiene como objeto las acciones de promoción e
implantación en temas tales como teleadministración, comercio
electrónico, teletrabajo, teleformación, telemedicina, gestión de
servicios públicos, desarrollo de contenidos digitales incluyendo la
cultura, el turismo, el ocio, actuando sobre municipios concretos
situados en todas las comunidades autónomas. Su desarrollo no sólo
tiene que envolver la participación de la Administración general del
Estado sino también la de las administraciones autonómicas y locales
así como los operadores de redes y servicios de telecomunicación, los
proveedores de servicios de información, proveedores de contenidos,
gestores de servicios públicos, entidades financieras, empresas
locales, asociaciones, fundaciones, etcétera. Se trata de hacer
efectos concretos de demostración e implantación de los beneficios de
las nuevas tecnologías con el fin de que todos podamos aprender de
estas experiencias. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene
previsto dedicar a este programa un total de 10.000 millones hasta el
año 2006, que se tendrá que añadir a los recursos movilizados por
otras administraciones públicas y por el sector privado.

También se han interesado SS.SS. por el impulso del acceso a Internet
con tarifas planas. La tarifa plana, que fue adoptada por el Gobierno
en el Real Decretoley 7/2000, convirtiendo a España en uno de los dos
países que en Europa tienen posibilidades de acceso a Internet a
través de la red telefónica básica mediante tarifa plana, ha tenido
un éxito importante, ahora son más de 850.000 las familias que
acceden a Internet mediante tarifa plana. Son más de 2.000.000 de
familias las que a través de sistemas de bonos de precio reducido
pueden acceder a Internet. El precio de Internet en España, lo
conocen SS.SS., ahora mismo es el más barato de Europa y de la OCDE.

Se están desarrollando también nuevos servicios de tarifa plana a
través de la tecnología ADSL, ya son cerca de 300.000 las líneas ADSL
instaladas en este momento que ofrecen servicios de acceso a Internet
con banda ancha, 24 horas al día, a un precio máximo de 6.500
pesetas. Son más de 300.000 los usuarios que acceden a Internet a
través de los operadores de cable. Respecto al cable, son más de
4.400.000 los hogares conectados, cerca de 1.400.000 los clientes
abonados a sus distintos servicios, 305.000 de Internet y cerca de
600.000 millones de pesetas -exactamente 596.000- el total de
inversiones acumuladas por los operadores de cable que están llevando
accesos alternativos a todos los usuarios. Se me preguntaba por el
estado de desarrollo del portal de las administraciones públicas. A
este respecto quiero informar a SS.SS. que el portal de las
administraciones públicas está teniendo el efecto de
contribuir de manera notable a los procesos de simplificación
y reforma administrativa que está impulsando el Ministerio de
Administraciones Públicas. Este portal ha permitido identificar
procedimientos, rellenar formularios, acceder a bases de datos en
aras a la simplificación de los procedimientos. Desde su puesta en
funcionamiento, el día 4 de septiembre pasado, ha habido más de
800.000 visitas en la dirección www. administración.es, con más de
8.800.000 páginas vistas. Los servicios más utilizados por número de
accesos son los referentes al empleo público, con casi el 17 por
ciento de las consultas; al buscador, con el 14,6 por ciento de las
consultas; y el de ayudas y subvenciones con el 7,4 por ciento de las
consultas. Ahora mismo, después de la puesta en funcionamiento,
parece que el número de visitantes se está estabilizando en torno a
las 11.000 visitas diarias. Con relación a las previsiones para el
año 2002, a través de este portal de acceso se prevé una
incorporación de contenidos y servicios de las comunidades autónomas
y de las administraciones locales; mejorar las condiciones para el
acceso de las personas discapacitadas a este portal; dotar al portal
de las administraciones públicas de facilidades en otras lenguas
españolas distintas del castellano como el gallego, el catalán, el
valenciano o el euskera y se está estudiando el desarrollo de una
versión en inglés que facilite el acceso de usuarios de otros países.

También se quiere incluir en el portal de las Administraciones
públicas un sistema de referenciación de recursos administrativos
conectado a callejeros de las ciudades para localización de oficinas,
así como de sistemas de certificación digital y firma electrónica con
validez en toda la Administración general del Estado.

En definitiva, señorías, se está impulsando no sólo por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología sino por el conjunto de los departamentos de
la Administración general del Estado un conjunto de acciones
destinadas a extender la sociedad de la información a todos los
sectores de la vida española. Los resultados que vamos obteniendo en
materia de desarrollo del sector de la sociedad de la información en
España con incremento en el número de internautas nos indica que
vamos en la buena dirección. En cualquier caso, esta es una labor que
requiere esfuerzo constante, un seguimiento continuo de todas las
acciones, una evaluación permanente de la idoneidad de los medios que
se ponen en marcha para los objetivos que se quieren obtener y la
colaboración de todos los sectores sociales y de todos los grupos
políticos.




La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias,
señor Tomé.

Con esto concluimos el primer punto del orden del día. Interrumpimos
un momento para despedir al señor Tomé y dar la bienvenida al señor
Junquera.




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PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CRITERIOS CON LOS QUE SE HA ELABORADO LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
A PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 181/
001204.)



La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señorías, reanudamos
la sesión.

En nombre de la Comisión, de esta presidencia y del mío propio quiero
dar la bienvenida al secretario general de política científica, don
Juan Junquera.

A continuación vamos a proceder con el segundo punto del orden del
día: contestación a preguntas. Para formular la pregunta
correspondiente por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, dar la bienvenida al
señor Junquera a esta Comisión, no de manera ritual sino con
satisfacción por parte del Grupo Parlamentario Socialista de tener
aquí a una persona que ha dedicado su vida a trabajar por la
Administración pública y que evidentemente tiene una trayectoria que
podíamos calificar de magnífica. No obstante, lamentamos, como no
podía ser de otro modo, que no esté el secretario de Estado, aunque
bien es cierto que me llamó el viernes diciendo que estaba negociando
el VI Programa marco y espero que dicha negociación sea brillante,
aunque no son esas las noticias que me llegan en esta etapa final de
la negociación, por lo que vamos a ver como queda el VI Programa
marco para nuestro país. Quiero comentarle que todo lo que vaya a
decir obviamente no tiene que ver con usted, porque la pregunta que
le hago es algo que se denomina parquetazo, y como su responsabilidad
como secretario general de política científica es mas bien coordinar,
y aunque tiene una cuota de responsabilidad no lleva este tema
directamente; por tanto le aclaro que no va nada contra usted. Quiero
preguntarle para saber si puedo eliminar la calificación de
parquetazo, así es como se denominó a la primera convocatoria que se
realizó en el año 2000, una convocatoria que tuvo un debate fuerte y
largo tanto en esta Comisión como en los medios de comunicación; una
convocatoria que levantó quejas de los investigadores; una
convocatoria en la que había un denominador común que era la
improvisación; y una convocatoria con un plazo cortísimo. Repito que
ya debatimos y aprobamos alguna proposición no de ley en esta
Comisión, y para saber si vamos a hablar o no de parquetazo II, es
por lo que quiero preguntarle: ¿Qué criterios ha seguido el
ministerio para elaborar esta
convocatoria de ayudas a parques científicos y tecnológicos,
publicada en el BOE el día 8 de noviembre?



La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): El señor Junquera
tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera
González): Muchas gracias, en nombre propio, por todas sus palabras
de recuerdo hacia mí. Bien puedo decirles -y ustedes comprenderán las
razones de ello- que en esta ocasión, siéndome siempre muy grato
intervenir en esta Comisión para intercambiar con ustedes puntos de
vista, planteamientos y proyectos, es doblemente grato porque tengo
la ocasión y la oportunidad de estar entre todos ustedes. Por tanto,
muchas gracias por su bienvenida.




Voy a tratar de ser breve en la contestación. Como bien dice S.S., el
antecedente o precedente de toda esta cuestión está en la Orden
ministerial de 5 de diciembre de 2000, por la que se convocaron por
primera vez ayudas para los parques científicos y tecnológicos. Como
también ha señalado S.S., esta primera convocatoria, pionera, tuvo un
grado de contestación considerable y fue objeto de debate y polémica
en el seno de esta propia Comisión e incluso en los medios de
comunicación social. Se dijo que era un tanto precipitada, que los
interesados no tenían conocimiento suficiente y adecuado de cuál era
el contenido de la convocatoria, que las definiciones no eran todo lo
perfectas que debían ser en relación con la definición misma de
parque, con los criterios para conceder las correspondientes ayudas,
incluso en relación con la composición de los comités calificadores.

No voy a entrar en el detalle de todo esto. Es una polémica ya
superada y por tanto que decir que al mismo tiempo que todas estas
cuestiones se planteaban, algunas de ellas con razón -justo es
reconocerlo-, se estimaba que la iniciativa era plausible, novedosa
y que se adecuaba perfectamente al Plan nacional de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica, puesto que fomentaba
la interlección, la convergencia, la coincidencia y la concurrencia
entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las
iniciativas privadas o empresariales.

El resultado de todos estos planteamientos iniciales fue que en el
seno de esta Comisión de Ciencia y Tecnología, y con fecha 6 de marzo
del presente año, se aprobó una proposición no de ley, a iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista, y que introducidas ciertas
enmiendas gozó de unanimidad para ser aprobada y dirigida al
Gobierno, instando al mismo a que para superar algunas de las
circunstancias a que he hecho alusión anteriormente, se publicara una
nueva convocatoria dirigida a las universidades, a los centros de
investigación, a las entidades sin ánimo de lucro, para conceder
ayudas para parques científicos y tecnológicos,



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en los que se valorara especialmente la calidad científica y técnica
de los proyectos, su adecuación al Plan nacional de I+D+I, su
capacidad de generar transferencias de resultados, conocimientos o
tecnologías, y también su capacidad para dinamizar la región donde se
insertaran, todo ello teniendo en cuenta los resultados de las
convocatorias ya efectuadas con arreglo al Plan de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica y respecto a la
primera convocatoria de parques científicos y tecnológicos ya
efectuada.

Es obvio decir que el ministerio, en las nuevas órdenes ministeriales
que ha publicado, pretende dar respuesta a todas estas iniciativas
razonables y dignas de ser tenidas en cuenta y que tras las consultas
oportunas con los afectados, con las personas que no habiendo tenido
acceso a la primera convocatoria mostraban interés en tenerlo en las
siguientes, con la Asociación de parques científicos y tecnológicos
de España, se elaboran dos nuevas órdenes ministeriales que han sido
publicadas con fecha 6 de noviembre de 2001 y que responden a la
superación de aquellas posibles imperfecciones o deficiencias de las
que adolecía la primera. Vaya por delante que se trata de dos órdenes
ministeriales, circunstancia que ha venido determinada u obligada por
ir dirigida una de ellas a las entidades públicas, a las
universidades, a los centros públicos de investigación o a las
entidades sin ánimo de lucro y otra a las empresas. Teniendo en
cuenta las prescripciones contenidas en el artículo 88.3 del Tratado
de la Unión, resultaba absolutamente imprescindible consultar
previamente a la Comunidad, a Bruselas, si estaba conforme con la
convocatoria relativa a empresas públicas y privadas. Esto ha
determinado que la primera de las órdenes ministeriales, la que va
dirigida a las entidades públicas, no sólo constituya un conjunto de
bases generales con vocación de permanencia sino que contenga la
convocatoria primera, de acuerdo con esas bases generales, en tanto
que la segunda es simplemente un conjunto de principios que
constituyen las bases generales y que tendrá virtualidad en cuanto la
Unión Europea haya dado su conformidad a la misma, que esperamos sea
durante los primeros meses del próximo año.

También quiero decir que estas dos convocatorias tienen como
variables importantes respecto a la precedente su carácter
plurianual; plurianual desde el punto de vista de que pretenden tener
vigencia durante un período de cinco años, al menos; plurianual
porque las ayudas que se pueden conceder a quienes concurran a las
mismas pueden extenderse a lo largo de cinco años. Con la primera
solución estimamos que marcamos una pauta clara de persistencia, de
continuidad, de deseo, de evocación por parte del ministerio, de que
sea una política permanente durante el próximo quinquenio, dando
lugar por tanto a que todos los interesados, entidades públicas o
privadas, puedan preparar sus solicitudes de forma más racional y
disponiendo del tiempo necesario.

Segunda parte. También es importante subrayar que estas nuevas
convocatorias nacen con el propósito de establecer una política
eficaz dentro de los parques científicos y tecnológicos, para el
desarrollo de las convergencias, concurrencias y comunicaciones que
deben producirse entre el sector investigador y el sector productivo
y para hacer real la transferencia de los conocimientos, de los
resultados y de las tecnologías.

Al margen de esto, hay una cuestión nueva en la que parece oportuno
insistir. No es necesario que confirme al señor Lissavetzky que
permanecen invariables los aspectos que se refieren a qué tipos de
ayuda se conceden, préstamos reembolsables, durante un período máximo
de cinco años, con tres años de carencia, sin interés alguno y con un
porcentaje máximo del 75 por ciento respecto a los costes, y que
también permanece invariable el principio de no acumulación con otras
ayudas estatales, salvo que no se alcancen los límites establecidos
por la Unión Europea. Pero sí hay cambios sustanciales en la
definición del concepto de parque científico y tecnológico, tema
suscitado en la crítica que produjo la publicación de la primera
convocatoria, también hay novedades en los criterios de evaluación y
en la composición del comité evaluador e incluso en la definición de
los supuestos que pueden dar lugar a la ayuda. Brevemente, me
referiré a cada uno de estos extremos.

En la primera convocatoria se decía que los parques científicos y
tecnológicos eran unos enclaves físicos, vinculados a universidades,
centros de investigación o entidades sin fines de lucro, que tenían
como finalidad la generación o promoción del conocimiento científico
y técnico, que se hacía a través de la interrelación entre la
investigación, el desarrollo y las iniciativas empresariales. La
nueva definición complementa estas ideas iniciales con la de hacer
extensivas las ayudas a las empresas porque ya en los parques
tecnológicos y científicos que existen dentro de nuestro país, se
encuentran presentes las empresas, y además porque en los parques
científicos y tecnológicos en el futuro, como ha demostrado la
experiencia de países de nuestro entorno, estarán cada vez más
presentes las empresas. Asimismo se ha puesto un especial énfasis a
la idea de la transferencia. La transferencia de conocimientos, de
resultados y de tecnologías es fundamental y este es un tema que
había sido sugerido por el diputado señor Lissavetzky. Por último,
hemos dado una definición si bien somera, suficiente, para entender
que los parques científicos tienen que constituir una entidad con
recursos humanos ad hoc, con un plan de viabilidad y con un programa
de gestión conveniente y adecuado para la adecuación de los fines que
tiene propuestos.

En cuanto a los criterios para conceder las ayudas, han pasado de 5 a
10 y conviene destacar entre ellos, el de adecuación a las
actuaciones estratégicas del Plan Nacional de I+D+I, las preferencias
o prioridades con relación a la genómica y proteómica y las
nanotecnologías



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o tecnologías microscópicas, la exigencia de que el proyecto que se
presente se adapte al modelo de gestión del parque, la obligación de
que el proyecto que sea presentado se acomode a su plan de viabilidad
y de negocio, la capacidad de generar o dinamizar el entorno, desde
el punto de vista socioeconómico, la característica que tengan con
relación a la transferencia de tecnologías, y por último, por no
destacar nada más que las más importantes, la capacidad de absorción,
de atracción de todo aquello que se refiera a unidades de I+D de las
empresas o de las pequeñas empresas de alta tecnología que necesitan
de viveros o incubadoras para poder salir adelante. Todos estos
criterios son los que se han aplicado en la nueva convocatoria que
amplía sustancialmente los contenidos en la convocatoria precedente.




¿Qué se va a tener en cuenta para conceder ayudas? Los proyectos que
podrán ser de investigación industrial, estudios previos de
viabilidad técnica, proyectos previos de carácter precompetitivo,
incluso proyectos de demostración tecnológica ampliamente definidos
en la propia convocatoria y que no creo que haya lugar a exponer en
este momento. Quiero insistir en que las convocatorias responden a
los principios generales que informan este tipo de actuaciones por
parte de la Administración, es decir, que quedan sujetas a la Ley
general Presupuestaria, a la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
al Reglamento de concesión de ayudas o subvenciones públicas y a
cuantas normas se refieren a estas cuestiones.

Señoría, con esto le he esbozado a usted los principios informadores
más importantes de la nueva convocatoria que no hacen sino responder
a tres ideas básicas: el deseo de superar las deficiencias que se
habían advertido en la primera, el establecer un marco continuado
o permanente para la ayuda a parques tecnológicos y el de ayudar a las
empresas en la posibilidad de presentar proyectos con una definición
previa de los mismos que haga más fácil o asequible la elaboración de
esos proyectos.




La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Tiene la palabra el
señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero agradecer las explicaciones del
señor Junquera que no me han satisfecho en algunas cosas. La
principal crítica era la improvisación. Como ha dicho usted muy bien,
se aprobó por unanimidad una proposición no de ley con una enmienda
transaccional que leo muy rápidamente. Decía: Publicación de una
nueva convocatoria de ayudas a los parques científicos y tecnológicos
dirigida a las universidades, organismos públicos de investigación
y entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Ustedes introducen, sin
contar con el Parlamento, tienen derecho, el término, empresas. No
tenemos nada contra las
empresas, en absoluto; pero también estamos haciendo una reflexión
desde hace mucho tiempo en el sentido de que no sólo a la
investigación básica, sino a la investigación aplicada que se hace en
organismos públicos de investigación o en las universidades, están en
unos niveles muy bajos. Me parece muy bien que se destine el 52,5 por
ciento del presupuesto del ministerio a empresas. Más de una de cada
dos pesetas van a las empresas privadas o empresas públicas; no tengo
nada en contra, pero sí en lo que se refiere a las universidades, las
OPI, que estamos a la cola de Europa. Me parece muy bien, pero eso no
se aprobó en este Parlamento y la proposición no de ley se aprobó por
unanimidad. Parecería correcto que hubieran comentado algo respecto
a este tema. Usted sabe, señor Junquera, que presentaron al Consejo
asesor de ciencia y tecnología un borrador de orden distinto, donde
no aparecía esto. Usted lo sabe porque tengo el borrador aquí y se
hablaba exclusivamente de aumentar el conocimiento científico. La
prueba la tienen ustedes y no aparecían dos órdenes, sino una. La
prueba la tienen en que Bruselas no lo conoce. Se han saltado al
Parlamento. Aquí se dijo y está escrito: los objetivos están claros y
eso corresponde al Gobierno, por supuesto. Una convocatoria para que
haya claridad y transparencia -no la hay-; con tiempo suficiente para
la evaluación por expertos -no lo hay, lo diré ahora-; que haya rigor
-lo dudo-; que se consiga una mejor distribución territorial; que se
puedan sumar los criterios de excelencia investigadora y distribución
territorial y que sepa también el Gobierno que si sale aprobada esta
proposición no de ley, no es un cheque en blanco al Gobierno porque
tiene que mejorar esa convocatoria. No es un cheque en blanco, se lo
dije a usted el 6 de marzo o lo dije aquí en esta Cámara y lo vuelvo
a decir ahora. Han creído que tienen aquí barra libre. No, señor
Junquera. Dígaselo al secretario de Estado porque no puede ser así.

Primero, presentan en septiembre un borrador de orden al Consejo
asesor de ciencia y tecnología. Cambian los criterios y usted me
explicará ahora por qué. De pronto se les ha iluminado el
conocimiento y dicen que hay empresas. Ya sabíamos que había empresas
¿Todo lo que se ha dado el año pasado, por tanto, es ilegal? ¿Va en
contra de las empresas? En absoluto, pero un objetivo del ministerio,
del sector público es fomentar esa investigación en la universidad y
en los organismos públicos de investigación. Ustedes han tenido
presiones legítimas, que puedo entender, y esas presiones les llevan
a cambiar esta orden y quiero que me las explique, si las conoce ¿Qué
razón hay para que se cambie de pronto ese borrador de orden, a
mediados de septiembre, con una orden que iba a ser publicada como
muy tarde el 1.º de octubre y la tengo aquí a su disposición ¿Qué
motivos hay? A lo mejor tienen ustedes la razón, pero el que más de
una de cada dos pesetas vayan al sector privado. No tengo nada en
contra del sector privado pero dijimos bien claro que la impro
visación



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del ministerio hace que estas órdenes se conviertan en algo que tiene
un objetivo bueno y que se puede convertir en algo que es una
situación controvertida; lo dijimos claramente tanto el señor Pérez
Rubalcaba como yo en aquellas intervenciones. Estamos convencidos de
que todos los perceptores de esas ayudas merecen tener esas ayudas.

Nada va en contra de quien los perciba, de esos parques científicos;
va en contra de la improvisación del ministerio.

Respecto al plazo, resulta que en el año 2000 eran siete días, del 8
al 15 de diciembre. Este año hemos ganado un mes. Lo publican el 8 de
noviembre; el 9 en Madrid es fiesta, el 10, sábado, el 11 domingo; el
día 12 es el primer día de noviembre que los investigadores pueden
acceder al ministerio, y dan de plazo hasta el 17 de noviembre. Hemos
pasado del plazo del 8 al 15 de diciembre, al plazo del 8 al 17 de
noviembre. Ha sido un gran avance. Usted sabe, y si no se lo digo yo
y le puedo dar el nombre del funcionario, que se ha estado llamando a
los distintos parques y centros para decirles que no enviaran las
solicitudes, sino que se hicieran directamente en el registro del
ministerio. Estos son los datos que tengo. Llamaron por teléfono el
miércoles 14 de noviembre, para decir que no presentaran solicitudes
en los registros de las universidades ni en las delegaciones del
Gobierno ni por correo postal porque había bastante urgencia para
resolver esta convocatoria y que se enviara directamente al
ministerio. Esto no es claridad, esto es tam-tam una vez más, señor
Junquera. El plazo queda igual. En cuanto a la cantidad, ¿de cuánto
es la convocatoria?
El desprecio al Parlamento es otro de los aspectos de Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Mire usted, el 11 de octubre realicé una
pregunta para respuesta escrita -la hice antes del 11 de octubre- se
me contesta en ese día y me dicen que no saben cuánto ni cómo va a
ser la convocatoria. Ese 11 de octubre comparece aquí el señor
Marimón en la tramitación de los presupuestos, tarda algún tiempo en
darme los datos y me los facilita cinco o seis días después. El 11 de
octubre no sabía ni cuánto iba a ser y el 17 ó 18 de octubre recibo
una contestación diciéndome que sí que van a ser 10.000 millones,
pero no saben cómo ni nada, cuando ya tenían ustedes un borrador en
el Consejo Asesor. Transparencia, absolutamente ninguna. Luego está
este cambio en el sentido de decir: que entren las empresas. ¿Es que
antes no han entrado?
Pero además la evaluación sigue igual con ese plazo mínimo. ¿Qué
cambio? Para qué le voy a leer quiénes están en el comité de altos
cargos, porque están desde subdirector para arriba todo el mundo y
añaden: habrá alguien del ANEP o del CDTI; yo no quiero que haya
alguien de estos organismos, lo que quiero es saber y que me diga
ahora si existen ya informes sobre esas solicitudes. Le podría sacar
otro documento del Ministerio del año pasado -porque uno trabaja y se
hace con documentos- en el que se avisaba de los problemas de
evaluación: convocatoria para científicos y tecnológicos, balance de
resultados y propuesta de futuro, aparte de otros aspectos que habrá
que analizar luego con los datos, como el desequilibrio regional, el
concepto de parque científico y tecnológico, el problema de
endeudamiento de entidades públicas porque no creo que ninguna
universidad haya pasado para pedir ese endeudamiento a través de las
comunidades autónomas, pero haré esas preguntas en su momento, la
ilegalidad del Consejo, pues me da la sensación de que este año al
CSIC lo han quitado de esto, pero como hay una segunda pregunta se lo
diré, parece ser que ya la Fundación residencia de estudiantes no se
presenta, he oído por ahí, no sé si es así. Entrando en lo que la
decía, en la evaluación decían ustedes: La evaluación de propuestas
en la convocatoria 2000 se ha apoyado en gran medida en la evaluación
previa de la acción centros en FEDER. En el 2001 no habrá una
convocatoria FEDER paralela, con lo que es imprescindible
replantearse el procedimiento. El procedimiento de evaluación
utilizado para centros en FEDER (expertos ANEP), podría no ajustarse
a la complejidad de este tipo de propuestas.

Ustedes no cambian la evaluación, ustedes dejan un plazo de siete
días, hacen un comité de evaluación que son todos altos cargos y a
partir de ahí tienen prisa porque hacen llamadas telefónicas el día
14 para resolver cuanto antes la convocatoria. Mire usted, sigue
habiendo improvisación, sigue habiendo intervención por parte del
ministerio, sigue habiendo falta de transparencia, sigue habiendo por
parte del ministerio cierto grado de desprecio al Parlamento en las
respuestas a esas preguntas escritas, a las cosas que decimos; toman
decisiones -están en su derecho- y se saltan a la torera una decisión
tomada por unanimidad en esta Comisión; crean una nueva orden, ni
siquiera tienen el permiso de Bruselas; se hace una orden plurianual,
como dice usted en lo referente a empresas, mientras en lo otro
solamente van a pagar ustedes aquellos gastos del 1.º de enero al 31
de diciembre. Es decir, es una convocatoria -y eso sí quiero que me
lo explique- que según pone aquí han debido tener una inspiración
divina y se les ha dicho: vayan ustedes acumulando facturas. Por
cierto, no sé cómo acumulan facturas, porque en algún lado tendrá que
tener una partida presupuestaria el grupo de investigación
correspondiente. Tal como viene aquí lo entiendo así, si usted me lo
aclara ahora, estupendamente.

En cualquier caso, es una chapuza. Creo que es un programa que puede
ser bueno y no estamos en contra. Por cierto, podrían hablar ustedes
con el Ministerio de Educación, y ahora que está haciendo la ley
orgánica de universidades se olvida de los parques científicos,
porque está muy bonito decir aquí la importancia tienen en la
interrelación del sector público y privado, pero al final se cae en
los mismos errores que en la anterior convocatoria, que no se superen
-y en eso discrepo con su primera valoración- todos estos



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aspectos y termino ya, señor Junquera, rogándole que me aclare qué
cantidad hay presupuestada para estos temas, en las dos órdenes
cuánto va a cada una, entiendo que a la que va a empresas no tocará
nada este año porque no tiene ni siquiera el permiso de Bruselas,
cómo van a hacer esa evaluación, además del comité de altos cargos y
alguien del ANEP o del CDTI, ¿se ha hecho ya alguna? ¿Cuándo se va a
fallar? Quiero que me aclare un poco este panorama, porque
sinceramente -su buena voluntad la reconozco aquí- no me ha
satisfecho su respuesta.




La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Junquera tiene
la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera
González): Señor Lissavetzky, tampoco estoy muy conforme con sus
intervenciones, como es natural la discrepancia es uno de los
principios elementales para llegar a alcanzar la verdad. Me ha
planteado una serie de cuestiones que merecerían una amplia
contestación: el tiempo, el rigor, el comité de evaluación, la
presencia de la empresa. Voy a tratar de ir respondiendo a todas y
cada una de ellas.

En cuanto al tiempo hay que reconocer que no se ha ganado mucho. Se
ha producido un mes antes; pero de todas formas, teniendo en cuenta
las dificultades que ha habido para la elaboración de esta nueva
convocatoria, que han sido más de las que en principio podían
presumirse, es un periodo aceptable de tiempo. Prueba de ello (y con
esto quizá me adelanto un poco a la segunda pregunta que bien
podríamos haber unido a la primera porque están internamente ligadas)
es que el año pasado en la primera convocatoria hubo la presentación
de 38 proyectos, ni uno más ni uno menos, y que este año se han
presentado 125, luego esto ya quiere decir algo, quiere decir que las
empresas eran conocedoras de que iba a salir la convocatoria, de que
habían pasado ya por su consulta y conocimiento los principios a que
iba a obedecer, que han podido estudiar y preparar las
correspondientes peticiones y que por tanto no se trata de una
solución de última hora de improviso, todas ellas, y muy
especialmente todos los parques científicos y tecnológicos unidos a
la Asociación de parques científicos y tecnológicos de España han
conocido esta iniciativa perfectamente.

Pero añado, y esto señor Lissavetzky es muy importante y pongo un
énfasis especial en ello: a partir de ahora no habrá ninguna
improvisación, que tampoco admito nada más que a efectos dialécticos
que la haya habido en esta última convocatoria, a partir de ahora hay
una orden ministerial, con vigencia para cinco años -y está en ambas
órdenes ministeriales dicho expresamente- y además para conceder
ayudas por periodos que pueden alcanzar hasta cinco años. Así que de
ninguna manera se refieren al ejercicio económico que empieza el 1.º
de enero del presente año y termina
en 31 de diciembre de este año. Lo encontrará usted en las
convocatorias y si no con mucho gusto tendré ocasión de señalárselo,
pues en ambas convocatorias está dicho expresamente. Es más, en esta
primera convocatoria que se va a hacer después de la orden del 6 de
noviembre de 2001 las ayudas que se conceden son por tres años, para
el trienio 2001-2003, no se refieren única y exclusivamente al año
2001.

Paso a otra cuestión, porque si no me alargaría excesivamente en este
planteamiento. Comité de evaluación. Claro que ha habido un cambio
fundamental del Comité de evaluación, se ha aumentado hasta diez
miembros y decir que solamente autoridades o altos cargos están allí
créame, señor Lissavetzky, es un tanto exagerado. Ahí están
subdirectores que son auténticos profesionales y técnicos en la
materia, los que más conocen dentro del departamento sobre todas
estas cuestiones. El director general también está presente,
lógicamente, como responsable del área correspondiente, pero se
encuentran subdirectores generales como el de promoción de la
innovación o el de programas tecnológicos que son auténticos expertos
en la materia. Al margen de eso hay incorporación de expertos
procedentes de la Dirección General de Política Tecnológica, de la
Dirección General de Investigación, de la Dirección General de
Desarrollo de la Investigación, del Gabinete Técnico del secretario
de Política Científica y Tecnológica, y del Gabinete Técnico del
subsecretario del departamento, y hay representantes, que son también
expertos, incorporados desde la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación
de Proyectos) y del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial); lógicamente son personas muy conocedoras de estas
materias y con una amplia experiencia para poder valorar, perfecta y
cualificadamente, los proyectos que se les presentan, que por otra
parte son 125 frente a los miles de proyectos que normalmente tiene
que evaluar en cada una de las convocatorias la ANEP o el CDTI.

Tercera cuestión que quiero aclarar, por qué aparece la empresa. Mire
usted, las cosas aparecen cuando la reflexión lleva a la convicción
de que hay algún olvido, de que hay alguna laguna, que se ha
producido algún paréntesis, y este es el caso, porque lo primero que
pudimos comprobar, y no lo sabíamos inicialmente, es que ya en los
parques científicos y tecnológicos actuales, aunque vinculados a
universidades, a entidades públicas o entidades sin fines de lucro,
ya hay presencia de algunas empresas, ya se encuentran colaborando
empresas, pero también tenemos conocimiento de que hay empresas que
piensan montar en el futuro parques científicos y tecnológicos. Con
esto no se ha pretendido evadir el conocimiento de esta Comisión;
hemos cumplido fiel y exactamente el mandato de esta Comisión. La
primera convocatoria que está en marcha responde a todos los
pronunciamientos que se contienen en esa proposición no de ley
aprobada el 6 de marzo



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del año en curso, y esa es la que está en marcha. Al mismo tiempo que
es un conjunto de bases generales, es la primera convocatoria, pero
ha de seguir vigente durante cinco años. Esa es una circunstancia que
a S.S. debe quedarle clara. (El señor presidente ocupa la
presidencia.)
Rigor, mire usted, se ha actuado con el máximo rigor, pero aquí
tendría que ir tal vez a la segunda pregunta, y prefiero de momento
no entrar en la contestación sobre estas cuestiones.

Resumiendo, no podemos invalidar la competencia, la profesionalidad y
la valía de quienes integran el comité evaluador. Se trata de
funcionarios de altísima cualificación. No podemos cuestionar el
conocimiento y la valía de los representantes de la ANEP y del CDTI,
no es justo que lo hagamos de esta forma. Segundo, ¿estamos
improvisando, dice usted? Relativamente. Desde que se aprobó la
proposición no de ley en esta Comisión, todo el mundo conoce que se
iba a llevar a cabo esta convocatoria. El número de consultas, de
preguntas escritas, de llamadas, de presencia de unos y otros ha sido
continua. Todo el mundo sabía que iba a salir la convocatoria. Lo que
sucede es que hasta última hora y debido a circunstancias que por
desgracia nos han obligado a dilatarla, no hemos podido anticiparla
más, pero a partir de ahora ya está anticipada. Para los años 2002 a
2005 se encuentran vigentes las bases generales de todo este tipo de
ayudas reembolsables que se conceden a los parques tecnológicos y
científicos. No quiero entrar en más cuestiones, porque como queda
otra pregunta íntimamente relacionada con la anterior, seguramente
vamos a tener que abundar en algunas de las cuestiones ya planteadas.




- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PARQUES CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS. (Número de expediente 181/001205.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, previsiones
acerca de la convocatoria de ayudas a parques científicos y
tecnológicos. Tiene la palabra el señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Igual que ha hecho el señor Junquera, yo
uno las dos preguntas. En primer lugar, quiero decirle que su
ministerio viene aquí a ser controlado. Usted puede discrepar y decir
lo que quiera, pero sepa que su ministerio viene a ser controlado.

Segundo, no vierta frases que yo no he dicho. Nunca me meteré con la
ANEP. Se mete el ministerio cuando le rebaja 500 millones de pesetas
que estaban previstos este año en los presupuestos para mejorar el
funcionamiento de la ANEP, así se anunció
a bombo y platillo, y al final se destinaron para completar la cuota
del CERN. Nunca me meteré con el CDTI, al que hemos valorado
suficientemente, me meteré con el ministerio, que le ha cargado al
CDTI toda la evaluación del PROFIT, en muchos casos sin estar ni
siquiera informatizado, y han arramplado con él, como dicen muchos de
sus integrantes y altos cargos, pero no vamos a hablar de eso. No
tergiverse, señor Junquera, porque yo no tengo nada contra esos
funcionarios, se lo he dicho en mi primera intervención refiriéndome
a usted: impecable trayectoria le he dicho. Yo creo, porque provengo
del mundo científico, que las evaluaciones no las deben hacer los
funcionarios. Creo que tiene que haber informes externos
independientes y luego tendrá que haber un comité de evaluación que
tome esas decisiones, porque usted no puede hacer la simpleza, con
perdón, de medir las cosas al peso y decir que son ciento y pico
proyectos cuando otras veces tienen más de mil proyectos. Usted no ha
contestado a cuánto asciende esta convocatoria. El año pasado fueron
32.000 millones de pesetas y eran 34 proyectos. De 32.000 ó 34.000
estaban previstos 49.000, y para 24 proyectos se dieron 32.000
millones de pesetas, cuando el programa de promoción general del
conocimiento, que han hecho ustedes desaparecer de los presupuestos
de este año, no llegaba a 10.000 millones. Estamos hablando de unas
cifras importantísimas que creo que para este año, si es cierto lo
que ustedes contestaron, son 10.000 millones. Contésteme ahora
también. No puede decirme cien proyectos frente a miles de proyectos,
porque los miles de proyectos son pequeños y de menos dinero, claro
que sí, pero estos proyectos son tan importantes que necesitan más
que nunca un plazo de convocatoria mucho más abierto, no necesitan el
tam-tam que utiliza el ministerio y tiene que haber más rigor. Mi
intervención no va contra ningún funcionario, téngalo claro, señor
Junquera, porque me ha molestado eso de su contestación. Debatamos lo
que haya que debatir. Yo no pongo en cuestión a nadie porque, para
empezar, soy funcionario y creo en la absoluta honestidad de todo el
mundo, pero, le repito, la evaluación es ex ante y ex post y con
personas independientes. No quiero decir que ningún funcionario sea
dependiente; digo simplemente que no parece sensato que la mayor
convocatoria de fondos de nuestro país, que está a la cola de Europa,
se resuelva sentados altos cargos y subdirectores generales. Me
parece impropio. Le reto a que me diga cuántos informes se hicieron
el año pasado en la convocatoria de 2000 por parte de la ANEP,
cuántos hay por escrito. Lo he solicitado y no me han mandado
ninguno. Quiero saber cuántos habrá este año. No se pueden adjudicar
10.000 millones sentándose en una mesa y verlo así.

Esta segunda pregunta tiene que ver con las previsiones que tienen y
veo que son malas porque falta el rigor, y lo que es peor, veo que
ustedes se encierran como en



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un castillo en esa situación de vamos todos a intentar que esto salga
adelante, de pronto se nos ha ocurrido que las empresas tienen que
estar… Ustedes no han respetado lo que se ha aprobado en este
Parlamento y no han tenido el detalle de hacer un comentario en esa
dirección. No me ha contestado usted nada del borrador del Consejo
asesor de ciencia y tecnología. No me dice nada de cuánto dinero está
previsto para esta convocatoria y cuánto dinero para los próximos
años, porque si van a ser 10.000 millones al año, estamos hablando de
50.000 millones de pesetas. Me parece muy bien que hagan una
convocatoria abierta, pero ¿con qué cantidades para este año? Cuando
le decía yo del 1 de enero al 31 de diciembre le citaba el artículo
16, justificación, comprobación y pago: Las inversiones y gastos o
compromiso de gastos previstos deben realizarse del 1 de enero al 31
de diciembre del año de concesión de la ayuda. Este año se concederá
alguna ayuda, luego la parte alícuota de esos tres años que dice
usted, se van a fallar en siete días, si son 10.000 millones, tendrá
que justificarse con el dinero de este año, me imagino y, si no,
acláramelo usted; que luego resulta que son para tres años, pero
entiendo que este año va a haber unos créditos reembolsables que van
a percibir los grupos de investigación.

Me quedan muchas cosas sin contestar. Cuánto dinero, cuándo se va a
fallar si no se ha fallado ya, cuántos informes tienen ustedes hechos
por la ANEP o por organismos independientes. Le pediré, y no ahora
porque no es el momento, que me facilite quiénes se han presentado a
esta convocatoria. Me parece mal el procedimiento y discrepo de parte
de su contestación en la que me imputa unas cosas que en absoluto he
intentado imputarle a usted, como es desconfiar en la Función
pública. Yo creía que usted confiaba más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el director general de Política
Científica.




El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera González):
No tenga la menor duda, señor Lissavetzky, de que yo creo
profundamente en la Función Pública. (El señor Lissavetzky Díez: ¿Y
en el Parlamento?) En el Parlamento mucho más todavía. Si ha habido
alguna mala interpretación de mis palabras, por favor, trato ahora de
rectificar. Lo que he querido decir es que no se puede hablar de
presencia sólo de funcionarios o autoridades en el sentido de que no
son capaces de evaluar, porque muchos de los funcionarios que hay
allí -veo que usted coincide y de lo cual me alegro sobremanera- son
expertos especialistas y profundos conocedores de la cuestión, como
estamos de acuerdo, si ha habido algún malentendido en mis palabras,
lo retiro y seguimos adelante.

No me he referido a alguna de las cuestiones porque están en la
segunda pregunta que está íntimamente ligada
con la anterior, pero voy a referirme a ellas. En primer lugar, la
cuantía aproximada de ayudas que estaban previstas para esta
convocatoria del año 2001 era de 10.000 millones de pesetas, eso se
lo confirmo ahora claramente. También quiero decirle, para aclarar
esa cuestión que le puede interesar, que del conjunto de peticiones
que se han presentado (125) se han seleccionado 30 y que
aproximadamente a esas 30 peticiones seleccionadas les corresponderán
8.000 millones de pesetas durante los años 2001 a 2003. Esas son las
ayudas que se van a conceder con cargo a esta convocatoria que
alcanza a universidades, a centros de investigación y a entidades sin
ánimo de lucro.

No me ha preguntado usted qué tipo de parques son los afectados, pero
sí le puedo decir que afectan a nueve comunidades autónomas, a la
Comunidad Autónoma de Madrid, a la Comunidad Autónoma Valenciana,
a Cataluña, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Aragón y el País
Vasco. Todas ellas cuentan con algún proyecto que ha sido
seleccionado. ¿Criterios de valoración? Son los que figuran
enumerados claramente en la convocatoria, no se ha aplicado ningún
otro que no estuviera allí y a ella responde la solución que se ha
dado. Puedo decirle que se ha sido riguroso, que se ha contado con la
colaboración de la ANEP y del CDTI, que no sólo han estado presentes
en el comité de evaluación sino que han hecho los informes necesarios
o complementarios cuando alguna cuestión planteaba la necesidad de
contar con su opinión y juicio. Desde este punto de vista han
participado plenamente todos ellos.

Sería aventurado por mi parte especificarle la cuantía que habrán de
tener en años sucesivos, pero el propósito es que no tenga una gran
divergencia respecto a la que han tenido en este año, porque el
primer año hubo algunas circunstancias extraordinarias que dieron
lugar a la concesión de una gran cuantía, pero esas circunstancias ya
han sido superadas, porque los programas en marcha y los compromisos
que tiene contraídos el Ministerio de Ciencia y Tecnología determinan
indudablemente que el componente final que pueda quedar para atender
estas finalidades se haya visto minorado.

Usted pregunta, señor Lissavetzky, cuándo se va a fallar la
convocatoria. El comité de evaluación ya se ha reunido, ha tenido las
sesiones correspondientes, ya se han evacuado las consultas
complementarias a ANEP o CDTI y en estos momentos el proceso se
encuentra en la fase de dar audiencia a los interesados; audiencia
que, como usted sabe muy bien, resulta obligada y que esperamos que
se resuelva en un plazo breve. Eso dará lugar a que con carácter
inmediato se publique cuáles son las soluciones finales que han
tenido todas estas peticiones que se han formulado.

Podría añadir alguna cosa más, pero como todavía nos faltan dos
preguntas y creo que venimos haciendo un uso dilatado del tiempo esta
mañana, voy a cortar aquí. Sí quisiera insistir en tres puntos, para
concluir.Ni el ministerio, de ninguna manera, ni yo personalmente



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mucho menos sentimos la menor falta de respeto hacia este Parlamento.

La convocatoria que ya está en marcha y que se ha publicado responde
-al menos ese ha sido nuestro propósito- a todas las recomendaciones
que se nos han efectuado a través de la proposición no de ley. La
inclusión de las empresas -créame usted- ha sido una reflexión que
efectivamente no estaba presente en aquellos momentos en los que se
le dio respuesta a usted, pero habiéndose planteado parecía más que
razonable tenerla en cuenta. Que en el futuro la ayuda deba ir más
hacia la empresa pública y privada o hacia las entidades públicas,
universidades y entidades sin fines de lucro lo determinará cada una
de las convocatorias y los proyectos que se presenten, porque el
criterio ha de ser que salgan seleccionados los mejores en cada caso
y precisamente los mejores, allí donde estén, serán los que deberán
contar con nuestra ayuda.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Acepto los comentarios que ha hecho usted;
no son ni siquiera disculpas. Quitemos el malentendido de en medio y
punto final.

Sigue sin satisfacerme su respuesta. Usted me dice que para los años
2001-2003 se han seleccionado 30. Por cierto, le comento que voy a
pedir todos los informes de la ANEP y del CDTI y ustedes tendrán
obligación de darlos, no tendrán que poner quién los ha firmado, pero
se los voy a solicitar. Usted dice que existen esos informes, yo no
pongo en duda. Cuántas son, de las 125, y quién ha hecho la criba. Se
han aceptado 30 aproximadamente y sobran 90 ó 95; ya me lo ha
aclarado usted. Me imagino que habrá 125 informes, como en cualquier
proyecto de investigación cuando recibe fondos públicos, que existen
informes normalmente de dos evaluadores, que van sin firmar. Me
imagino que habrá esos 125 informes que hayan permitido decir: 30 sí
y 95 no. Los voy a pedir; si los tienen me los darán y estoy seguro
que los tienen porque usted así lo dice. Voy al dato. En 2001-2003
usted dice que se van a dar 8.000 millones a la orden uno, por
decirlo así, la que no tiene que ver con las empresas. De 2001 a 2003
son 8.000 millones de pesetas; pongamos una media, para no hacernos
líos, de 3.000 millones -sé que me paso en 1.000- y si decimos que en
el año actual, 2001, hay aproximadamente 10.000 millones y por otro
lado decimos que 3.000 millones van a ir a las universidades,
organismos públicos de investigación y entidades sin ánimo de lucro,
significa que 10.000 menos 3.000 son 7.000. ¿Puedo deducir de aquí
que la relación para empresas con respecto al sector más público
-llamémosle así- de la investigación es el 70 por ciento? Es decir,
¿de 10.000 millones, 3.000 aproximadamente van a esos OPI y
universidades y 7.000 para las empresas?
Si es así me está dando usted la razón a ese cierto grado de crítica
que le hago al ministerio, que tengo derecho a hacerlo. Se lo dije a
usted ya hace un año cuando compareció aquí y hoy se le ha escapado.

Revísese luego su anterior intervención en la que dice: las empresas
estaban preparadas, se le ha escapado de su lenguaje. ¿Y los
organismos públicos de investigación y las universidades? Tengo miedo
a que haya un cierto tufillo de que pongamos todas nuestras
actuaciones en política científica o una parte muy importante de
ellas exclusivamente o prioritariamente en la empresa. Las cifras son
de escándalo. Si de 10.000 millones de pesetas al año - me ha dicho
que todos los años va a ser más o menos igual- van a ir 7.000 a la
empresa y 3.000 al sector público, no voy a estar de acuerdo a no ser
que se me explique muy claramente por qué ese reparto. Por tanto le
pido también que me lo aclare.

Me ha hablado de una serie de comunidades autónomas. Estudiaremos,
obviamente, cómo han ido las cosas. Me consta que además de eso
ustedes, fuera de la orden, hacen acuerdos en otros programas con
determinados ayuntamientos para subvencionar parques tecnológicos,
etcétera. ¿Solamente hay esta orden o existen otros acuerdos a través
de otros programas que tienen que ver con lo que se hace en esta
orden? Me imagino que sabe a lo que me refiero; si no lo sabe, nada.

¿Solamente se reciben subvenciones o créditos reembolsables en este
caso a través de esta orden o luego se tiene, a través de otro
programa, la posibilidad de llegar a otros sitios?
Respecto al tema de ANEP y CDTI le voy a pedir todos los informes -ya
se lo he dicho- porque, repito, estamos decidiendo en una semana de
plazo de solicitud y en un corto espacio de tiempo sobre más dinero
que todo el programa de promoción general del conocimiento, que es el
que sirve para acercar los fondos a la investigación básica
fundamentalmente. Por tanto, sigo diciendo que es una falta de rigor.

Creo que hemos hablado respecto a este tema lo suficiente y
agradeciéndole una vez más sus explicaciones le vuelvo a decir que no
me quedo satisfecho, que me parece que siguen ustedes con los mismos
errores. Creo que hay un grado de negligencia en el ministerio; no lo
digo yo, lo dicen todos los medios de comunicación, lo dice todo el
mundo. No quiero que se desanime; sé que es usted una persona fajada
y que no se va a desanimar, pero el otro día me decía un portavoz del
Grupo Popular: usted quiere desgastar al ministerio. No, el
ministerio se desgasta solo y este es un ejemplo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera González):
Si es tan amable, señor presidente, me gustaría hacer un breve
comentario a lo que se me vuelve a indicar.




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No son exactos esos cálculos de 3.000 millones por año.

Concretamente, de esa cantidad de 8.000 millones, más de 5.500
corresponden al primer año. Vaya eso por delante. Segundo, tampoco
hay que deducir cuál es la cuantía que van a tener las empresas,
porque este es un criterio que responde ya a los presupuestos del
próximo año, pero aclaro este punto porque es importante. En modo
alguno se puede establecer que la mayor parte va para la empresa y
que una mínima parte va para las entidades. No, las entidades se
llevan este año 5.500 millones y lo demás corresponde al resto de las
anualidades a las que me he referido.




- DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA IMPULSAR LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS DENOMINADAS «ENFERMEDADES
OLVIDADAS». (Número de expediente 181/001206.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera pregunta sobre: medidas
previstas para impulsar la investigación sobre el tratamiento de las
denominadas enfermedades olvidadas.

Tiene la palabra el señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En este Parlamento, en el anterior Pleno,
hemos tenido un debate que tiene que ver con la situación de la salud
pública -el derecho a la vida es un derecho fundamental- en muchos
países. Hemos llegado a un acuerdo por unanimidad en temas que tienen
que ver con los precios y con el acceso a los medicamentos esenciales
y hay una vertiente, que es la investigación, que en general no se
suele tener demasiado en cuenta cuando desde los propios países se
intentan arbitrar medidas para solucionar problemas que afectan a
muchas personas. La organización no gubernamental Médicos sin
Fronteras publicó un informe en el que habla de las denominadas
enfermedades olvidadas o muy olvidadas. Define las enfermedades
olvidadas como aquellas enfermedades mortales o muy discapacitantes
que no tienen tratamiento o que este es inadecuado y cuyo potencial
para el mercado farmacéutico no es suficiente para atraer a corto
plazo las inversiones del sector privado. Esa es la definición que
da. Estamos hablando de la malaria, de la tuberculosis, de la
tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, de la enfermedad de
Chagas, de la úlcera de Burundi, del dengue, de la lepra, de la
filiariasis, de la esquistosomiasis, etcétera. Son enfermedades que
afectan a bastantes personas. Vemos el comportamiento de la industria
farmacéutica que, lógicamente, se mueve por la lógica del beneficio.

Según los datos de esta organización no gubernamental, desde el año
1975 al año 1999 ha habido 1.393 nuevos medicamentos, de los cuales
solamente 13, es decir, el 1 por ciento, están orientados al
tratamiento de
las enfermedades tropicales, que forman una parte importante de este
tipo de enfermedades olvidadas. La causa más frecuente de mortalidad
en el planeta son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Según
los datos disponibles, 14 millones de personas mueren al año por esta
causa, aproximadamente el 25 por ciento de la mortalidad en el mundo
tiene que ver con este tipo de enfermedades, de las que la industria
farmacéutica, por una lógica del beneficio, se olvida en gran medida.

Pienso que además de los temas referidos a los precios y el acceso a
los medicamentos esenciales, nuestro país y cualquier ciudadano tiene
que tener en cuenta que sería bueno, desde el punto de vista del
sector público, hacer una inversión en las cuestiones que tengan que
ver con la investigación y el desarrollo para el tratamiento y la
posible curación de estas enfermedades. ¿Tiene previsto algo el
Gobierno y, más concretamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
para intentar atajar este problema mundial desde la óptica de la
investigación?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera González):
Usted ha definido con precisión qué se entiende por enfermedades
olvidadas, porque, efectivamente, hay criterios diferentes para
definirlas pero usted las ha centrado en uno de los aspectos sin duda
más importantes, que son aquellas enfermedades que no inciden
directamente en el país correspondiente pero que sí tienen una gran
incidencia humana y económica en países especialmente señalados y
maltratados por la pobreza.

Señor Lissavetzky, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como es
natural, y también el Ministerio de Sanidad y Consumo, tiene unas
líneas habituales por las cuales se fomenta y se impulsa el estudio y
la investigación en este campo que afecta a las enfermedades
olvidadas. Con cargo al vigente plan de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica en curso, el ministerio tiene
concedidas ayudas por un importe de 365 millones que afectan a 21
proyectos en los que se estudian algunas de estas enfermedades
olvidadas, que no todas. El Ministerio de Sanidad y Consumo también
tiene algunas líneas de investigación principalmente a través del
Instituto de Salud Carlos III, en las que está llevando a cabo
estudios de esta naturaleza.

Existe un planteamiento científico -e insisto y subrayo las palabras
de carácter científico- en el que se nos pregunta cuál es la acción
más adecuada. En principio parece ser que el ámbito científico
insiste en que hay tres tipos de actuaciones que ordena y jerarquiza
según el diverso valor que tiene cada una de ellas. Un primer tipo de
medidas es el del abaratamiento de los costes económicos de
determinados fármacos



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o alguna quimioterapia que ya está disponible en el mercado; acción
que siendo loable y estando de acuerdo los científicos en que siga
adelante, creen que no es suficiente porque todo lo que se abarata,
según la concepción y mentalidad que tenemos en un mundo
afortunadamente desarrollado, sigue siendo excesivamente caro para
los países necesitados de este tipo de ayudas. Hay una segunda
cuestión que es la investigación de nuevos fármacos que también
parece útil y necesaria, pero en la que los científicos opinan que
estas enfermedades infecciosas, bien sean producidas por bacterias,
por parásitos o por virus, tienen una capacidad de mutación tan alta
que cualquier fármaco normalmente al poco tiempo presenta
resistencias, por lo que, salvo tratamientos cruzados de muy alto
coste, éstos resultan ineficaces. Por último, la comunidad científica
insiste también en que lo más importante es investigar en la
vacunación, en la que puede estar el remedio definitivo de estas
enfermedades y a costes más reducidos. Este es el planteamiento
actual. El ministerio, al margen de las actuaciones habituales y que
ya tiene en marcha a través del plan nacional y que ha de seguir
teniendo en el futuro, va a apostar decididamente por un programa
especial de actuación de la Unión Europea. La Unión Europea ha
montado una plataforma de análisis clínicos para el estudio de las
enfermedades que afectan a los países con mayor grado de pobreza en
la que España va a participar de forma muy directa. Este
planteamiento europeo tiene una primera virtud y es que se
circunscribe solamente a tres enfermedades, que son la malaria, la
tuberculosis y el sida. La comunidad europea insiste en el
planteamiento de que estas tres son enfermedades que estando en el
catálogo de las enfermedades en algún caso olvidadas tienen unos
índices de mortalidad y de morbilidad altísimos. Piénsese simplemente
que en los últimos seis meses han fallecido en el mundo cerca de
cinco millones de personas debido a estas enfermedades y que el
número de nuevos casos presentados durante el mismo período es de 300
millones de personas. La Unión Europea pretende montar este
laboratorio contando, como es natural, no solamente con sus
aportaciones sino con la de aquellos Estados miembros que estén
dispuestos a prestarlas, y en este momento hay 13 Estados de la Unión
que apuestan ya por esta iniciativa, entre los cuales, como es
lógico, está España. Se ha concedido ya una ayuda por importe de
1.200.000 euros, cerca de 200 millones de pesetas, para el estudio
inicial de con qué centros se puede contar en cada uno de los países
para llevar a cabo estos análisis clínicos, qué otros centros existen
destacados, especialmente en el área africana, qué tipo de
actuaciones deben considerarse prioritarias y cuál es el diseño o
bosquejo inicial conforme al cual se debe actuar. España participa
con un alto protagonismo, puesto que lleva las labores de
coordinación de este estudio inicial, y por supuesto pretende
continuar
también en la futura organización que tendrá su sede en algún país de
la Unión -todavía no se ha determinado cuál- y la cual contará con
ayudas no sólo de la Unión Europea -estimada inicialmente en 1.600
millones, aunque probablemente esté sujeta a renovación- sino con
todas aquellas aportaciones que lleven a cabo cada uno de los Estados
miembros.

Creemos que esta es una línea de futuro donde los recursos económicos
de que se pueda disponer deben centrarse en permitir que estas
enfermedades de especial incidencia puedan ser erradicadas mediante
la obtención de vacunas eficaces. Hay que aclarar que en nuestro país
tenemos grupos de investigación muy importantes en este campo -no
cito los centros, pero los tengo aquí enumerados y lo dejaré a su
disposición-, como los que se refieren a la malaria, el paludismo, la
tuberculosis, el sida, el mal de Chagas -que usted ha mencionado-, la
leishmaniasis, la helmintiasis y en los arbovirus?o todas las
enfermedades producidas por parásitos. En este terreno España cuenta
con investigadores de primera fila y va a ponerlos, en la medida de
lo posible, a disposición de este proyecto europeo. Esta es nuestra
línea fundamental de actuación en el futuro que no implicará, de
ninguna manera, que se abandonen las ya clásicas de ayudas concretas
a proyectos que se presenten dentro del Plan nacional de I+D+I, tanto
por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología como del de Sanidad
y Consumo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Creo que la gravedad del problema queda
también reflejada en sus propias palabras. Aquí hay que hacer una
lectura que tiene que ver obviamente con las posiciones políticas.

Decía antes que el mercado farmacéutico no es capaz y genera unos
efectos secundarios lógicos que hay que corregir desde los poderes
públicos y es en uno de estos aspectos en los que se puede medir más
el deseo de un país o una serie de países -la Unión Europea o los
países que estamos más desarrollados- para intentar arreglar las
cosas que ocurren en otros países y que son tremendamente graves. Las
cifras se han dicho aquí, aunque se pueden dar más. Treinta millones
de enfermos de sida no tiene acceso a ningún medicamento. En el
Africa subsahariana están aproximadamente las dos terceras partes de
seropositivos y solamente recibe tratamiento el 0,1 por ciento. El 90
por ciento de la malaria está en el Africa subsahariana. En el
conjunto de los países se sitúa el 95 por ciento de la tuberculosis.

El mercado farmacétitico, y estos países agrupan el 80 por ciento de
la población mundial, solamente vende el 3,3 por ciento en África y
en el subcontinente indio. Lógicamente ellos actúan más por el
beneficio y desde los poderes públicos tenemos que hacer desde los
poderes públicos todo lo posible para intentar corregir



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esas situaciones que son vergonzantes en un mundo como el que
vivimos. Dentro de ello nos hemos referido a algunas cosas, tanto
usted como yo, y sé que no es objeto de esta Comisión. Por supuesto,
estamos a favor de potenciar genéricos, de que se permita ese acceso
a medicamentos esenciales. Hace unos días me daban el dato de que el
tratamiento antisida con retrovirales de un año con los precios de
hace tres o cuatro años, ahora han bajado mucho en esos países,
suponía entre 30 y 40 años de trabajo de un tanzano; o sea que para
poder estar tratado un año con un retroviral para tratar el síndrome
VIH, resulta que tenías que estar trabajando 30 años de tu vida. Esto
era absurdo y ha sido hace cuatro o cinco años. Tenemos que
reaccionar, y estamos reaccionando todos. Lo que quiero es poner el
énfasis, el foco sobre lo que a mí me compete en el Parlamento, que
es la investigación. Usted me ha dado unos datos que obviamente me
gustaría, por supuesto no en esta intervención oral, conocer mejor,
como son los veintiún proyectos del plan nacional, porque tengo una
cierta curiosidad intelectual, no en saber exactamente qué proyectos
son, pero, si hay esa masa crítica, lo cual corrobora usted en la
últlima parte de su intervención cuando me dice que tenemos grandes
expertos en malaria, en tuberculosis, en leishmaniosis, pues bien, si
resulta que en España tenemos esa masa crítica me está usted dando la
razón en el sentido de que: ¿no se podría hacer algo más desde el
sector público de la investigación, como es registrar una proposición
no de ley que, por razones de tiempo no se puede ver en este periodo
de sesiones y se verá en el siguiente, para hacer una acción
específica dentro del plan naciona? Si tenemos esa masa crítica de
investigadores, si tenemos esa preocupacion social, ¿por qué no
hacemos una acción específica, dentro del plan nacional, para este
tipo de enfermedades? El Grtipo Socialista presentó una eminenda, que
se votó en contra, de 10 millones de euros, 1.600 millones de
pesetas, para una acción específica, cuando repito que, a veces, nos
gastamos, no sé si demasiado dinero, es cuestión de prioridades,
antes hablábamos de la empresa privada, pero podemos hablar de los
gastos militares en investigación, de lo que crecen los presupuestos.

Creo que tenemos suficiente capacidad y posibilidad de llacer una
acción estratégica y ahí me gustaría que se definiera.

Si desde el punto de vista científico se dice que viran mucho estos
organimos, habrá que contestar que se ha erradicado ya la viruela.

Desde el punto de vista del acercamiento científico será una opinión
muy respetable, pero a mí ese argumento no me vale en absoluto
porque, según esa regla de tres, el virus que origina el sida no
hagamos nada porque va a mutar muy rápido. No. El problema es otro.

El problema es que hemos estado todos enfrascados más en las
enfermedades típicas del primer mundo do y no nos hemos ocupado
suficientemente, no hemos sido capaces de reaccionar suficientemente.

Ahora podemos dar un pasito más allá,
independientemente de esa Unión Europea. Por cierto, tengo la
comunicación de la Unión Europea, la he leído, y no digo que usted se
haya dejado, queriendo, un apartado fundamental que es el de
potenciación, incremento del apoyo a la investigación y el
desarrollo, que dice: inversiones públicas , Continuación e
incremento de las ayudas para la investigación fundamental
y estratégica con una mayor coordinación a escala europea
internacional. Es decir, que en la comunicación de la Unión Europea
tendría cabida perfectamente lo que yo estoy proponiendo. Luego hay
una serie de aspectos, como la plataforma europea de ensayos
clínicos, que me parecen muy importante e interesante. También hay
que ir por ahí; en las vacunaciones también hay qee ir por ahí, pero
me resisto a plantear a usted ahora en esta Cámara, y por tanto al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, si no podemos dar un paso más
allá. Si tenemos esa masa crítica con esos grupos, si además se están
dando a 21 proyectos, no diré de manera descoordinada pero un poco
fragmentariamente, 365 millones de pesetas, ¿no merecería la pena
hacer una acción específica, aprovechando la presidencia de España de
la Unión Europea para el tema de enfermedades olvidadas, desde el
punto de vista de la financiación de estas acciones en el sector
público de la investigación. Esta es mi pregunta. No sé si estará de
acuerdo o no, pero creo que deberíamos aprovechar una buena
oportunidad. Me gustaría que su respuesta fuera positiva o qee en el
momento de votar la proposición no de ley la respuesta del Grupo
Popular, que es el mayoritario, fuera positiva.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.




El señor DIRECTOR GENERAL, DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera
González): Ya le he dicho que sí hay una participación grande por
parte del ministerio y que éste quiere hacer más de lo que se ha
hecho hasta ahora en este campo. De eso, no lo quepa a usted la menor
duda. He mencionado este proyecto de la Unión Europea porque es un
proyecto que va a contar no solamente con la aportación de recursos
de 13 países, sino de la propia Unión y que indudablemente tiene un
futuro cierto y puede dar resultados muy beneficiosos, como es la
obtención de nuevas vacunas que combatan estas tres enfermedades que
he dicho anteriormente.

Usted me ha mencionado el caso de la virtiela. Tiene usted toda la
razón, pero la viruela hemos podido erradicarla gracias a la vacuna,
si no hubiera sido por ella difícilmente lo hubiéramos podido
conseguir. Debo hacer énfasis especial en que usted tiene razón
cuando me dice: nos llevaría, tal vez, a decir no hagamos nada en lo
demás. No. Claro que tenemos que hacer en lo demás y por eso vamos a
seguir apoyando las iniciativas para obtener nuevos fármacos y nuevos
quimios que nos permitan combatir estas enfermedades. Creemos que lo
fundamental es toda la investigación en el



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ámbito de la inmunología y de la obtención de nuevas vacunas.

Por lo que se refiere a lo que me dice de la acción estratégica, en
principio, y como no soy el responsable de la materia y usted lo sabe
muy bien, estoy aquí representando al ministerio, pero eso no es mi
quehacer fundamental, le digo que a mí me parece una idea posible y
razonable y que con algunas modificaciones esa propuesta, tal vez,
pueda salir adelante. Esta es mi opinión personal que yo trasladaré a
las autoridades del departamento para que lo apoyen llegado su
momento. Creo que con esto he respondido a sus planteamientos.




- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO DEL
BECARIO DE INVESTIGACIÓN. (Número de expediente 181/001207.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día:
Situación en que se encuentra la regulación del estatuto del becario
de investigación. Tiene la palabra el señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Muy brevemente en esta primera
intervención. La pregunta es en qué situación se encuentra el real
decreto para regular el estatuto de los llamados becarios, a ellos
les gusta en llarnarse personal investigador en formación y
perfeccionamiento. Sabe usted que ha habido diversas iniciativas,
especialmente de este grupo a lo largo de este año, contabilizo
cuatro, en Comisión, en Pleno, en la Comisión de Economía inclusive y
la última ha sido una proposición no de ley que hemos traído aquí a
debate y votación en la que no se ha acordado votarla favorablemente,
ya que hubo la abstención del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y
votó en contra el Grupo Popular.

Estamos en una situación, señor Junquera, que merece una respuesta
urgente. Cuando digo lo de falta de respeto al Parlamento, como le
decía al principio, no se lo tome usted en lo personal. hablo del
ministerio porque lo dije en la anterior Comisión al debatir la
proposición no de ley. Yo formulé una pregunta por escrito y se me
contestó que las conclusiones del grupo de trabajo, establecido entre
el Ministerio de Ciencia y Educación, estarían terminadas en el mes
de mayo. Pues bien, han pasado ya más de seis meses. Por eso trajimos
una iniciativa y seguiremos, porque yo soy muy cabezón, creo
sinceramente que se pueden hacer más cosas de las que se están
haciendo y no me vale el no por respuesta. Por tanto, quiero saber en
qué estado de la cuestión está esa regulación de esos 15.000 becarios
o becarias o personal en formación y perfeccionamiento, personal
investigador, que sigue en una situación que en algunos casos tendría
solución inmediata, y en la
segunda intervención me referiré a ella, que me imagino que conoce
usted por la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera González):
Efectivamente, el ministerio viene trabajando desde hace algunos
meses en un real decreto que tiene como título estatuto del becario.

El otro título que usted me acaba de decir tiene también su validez,
pero se ha optado por este más sintético del estatuto del becario y,
en definitiva, responde a la misma preocupacion e idea que S.S. me
acaba de manifestar.

El número de becarios que hay en este país es amplísimo. Me dice
usted que son 15.000. Yo no lo sé con seguridad, se lo digo de
verdad. He intentado averiguarlo muchas veces, pero cada vez me dan
una cifra diferente. Ahora bien, sí le puedo decir que al menos en lo
que se refiere al campo donde yo me muevo, que es en el de los
organismos públicos de investigación, hay 5.000, lo cual por sí solo
en este ámbito es muy considerable. De esos 5.000 becarios 4.000
corresponden a los organismos públicos dependientes o adscritos al
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde el principio nos ha
preocupado que no había una regulación general, homogénea y
equitativa para establecer cuáles son los derechos de estos becarios,
las obligaciones, qué tipo de colaboración deberían prestar las
entidades de acogida con respecto a los mismos y, lo que es más
grave, nos encontramos en ocasiones con que ni siquiera estaban
protegidos frente a riesgos tan graves como pueden ser la enfermedad,
el fallecimiento, el accidente profesional o el accidente de trabajo.

Todo esto nos ha llevado a elaborar un real decreto que se encuentra
en estado avanzado de tramitación. El contenido fundamental del mismo
no sé si lo conocerá S.S., pero le voy a dar muy brevemente las
pinceladas fundamentales. El punto de partida es la definición de qué
se entiende por becario. Desde un punto de vista positivo, sería la
persona que recibe ayudas económicas por el desarrollo de actividades
de investigación científica y técnica para completar, ampliar o
perfeccionar su formación. Otra definición, de exclusión o negativa,
hace referencia a que el becario no tiene una relación jurídico-
laboral en relación con el ente que convoca las becas o con el ente
de acogida del tal becario. Partiendo de esta idea, la regulación que
se establece en este real decreto tiene una serie de requisitos o
exigencias para que pueda ser válida la protección que en el mismo se
otorga a los becarios, y esas exigencias son que se trate de
convocatorias públicas, es decir que nazcan de los ministerios de
Ciencia y Tecnología, de Educación, de Sanidad y Consumo o de los
organismos públicos de investigación e incluso -y digo incluso pero
esto estará sometido a su potestad- de las comunidades autónomas que



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tienen potestad para regular esta materia adaptándola en la medida
que lo estimen conveniente; el segundo requisito es que las
convocatorias sean públicas; el tercero es el de la concurrencia; el
cuarto, que la duración de las becas sea por un periodo superior a un
año y nunca sobrepase los seis de duración, periodo dentro del cual
creemos que entra perfectamente el concepto del becario predoctoral,
que es el que nos debe ocupar.

Sobre esta base, los derechos que confiere el decreto al becario son,
como es obvio, el reconocimiento al pago de las ayudas económicas que
por convocatoria tiene reconocido, a una acción protectora de la
Seguridad Social -luego me referiré a ella con un poco más de
extensión-, al desarrollo de su trabajo conforme al plan de
investigación y de acuerdo con las instrucciones que reciba de su
tutor; al cumplimiento de las obligaciones específicas o singulares
que se establezcan en la correspondiente convocatoria, al derecho a
la propiedad intelectual derivada directamente de su trabajo sin más
limitaciones que las establecidas por el artículo 7 del Real decreto
legislativo 1/1996, de 12 de abril, sobre las invenciones, en el que
se establecen ciertas limitaciones cuando se trata de trabajos en
equipo o en grupo, y al establecimiento del principio de que en
cuanto a propiedad industrial, es decir tema de patentes, todo queda
sujeto a lo que establezcan las respectivas convocatorias. La
diversidad de las mismas, los diversos campos en los que incide y las
características bastante diferentes de la actividad que llevan a cabo
los becarios han hecho prudente que en lugar de establecerse aquí una
solución que tal vez pudiese resultar rígida o estrecha por parte de
la ley quede a la iniciativa de cada convocatoria.

He hecho referencia a una acción protectora de la Seguridad Social y
en relación con este punto el decreto contempla en principio que los
becarios queden protegidos ante la enfermedad común tanto en los
aspectos de prestaciones médicas como farmacéuticas, ante la
enfermedad de carácter profesional, ante los accidentes de trabajo,
que reciba todas las prestaciones devengadas por incapacidad
temporal, incapacidad permanente, muerte o supervivencia que
sobrevengan como consecuencia de una enfermedad contraída en el
ejercicio de su actividad o como un accidente específico de trabajo
así como que queden también protegidos en la maternidad y en los
riesgos propios del embarazo. Hasta aquí ha podido llegar la acción
protectora de la Seguridad Social con un sacrificio que, como no se
le oculta a S.S., va a recaer fundamentalmente en las entidades que
convoquen las correspondientes becas.

En cuanto a las obligaciones del becario, que también ha parecido
oportuno regular, están la del cumplimiento de su plan de
investigación, los requisitos o exigencias que establezca la
convocatoria, el cumplimiento del régimen interno del centro de
acogida en el que vaya a prestar su actividad y en principio,
digamos, responder a las exigencias que le marque su tutor. Por último,
el decreto establece también una serie de obligaciones para la
entidad de acogida que son fundamentalmente tres: una, respetar la
actuación del plan de investigación siempre conforme a lo que
establezca tanto el tutor, que no es el mero director de tesis, el
director de tesis es una figura vinculada a la universidad y de
carácter académico y esta es una figura vinculada al ente
investigador y que pretende amparar, tutelar y orientar al becario
durante el desarrollo de su actividad; dos, la obligación de respetar
fundamental y esencialmente su actividad de investigación y no
dedicarle a otro tipo de actividades que no tengan directa e íntima
relación con la actividad que está llamado a desarrollar, y por
último, el real decreto también contempla la posibilidad de que este
estatuto del becario pueda aplicarse a las becas convocadas por
corporaciones locales o por entidades privadas sin ánimo de lucro,
siempre que cumplan con los requisitos básicos y esenciales que
establece el real decreto. Esto es lo que en principio le puedo
decir.

En cuanto a la situación en la que se encuentra el trámite, ya ha
sido informado por todos los organismos públicos de investigación,
tanto los dependientes o adscritos al Ministerio de Ciencia y
Tecnología como los que se encuentran bajo la dependencia de otros
departamentos ministeriales; ha recibido ya la conformidad inicial
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha redactado
juntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología el
correspondiente al real decreto; ha pasado a consulta de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología; se han evacuado los
informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia
y Tecnología y se encuentra pendiente del informe preceptivo de los
otros departamentos afectados: Educación, Cultura y deporte, Sanidad
y Consumo y Defensa. Es decir, es tal en una situación tal que en
breve espacio de tiempo podría ser elevado a la consideración de la
Comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios
y ulteriormente sometido a la aprobación del Consejo de Ministros.

Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: También agradezco esta vez las
explicaciones del señor Junquera.

Tienen en su ministerio una cierta costumbre, que casi puedo entender
lógica, y es hablar exclusivamente del ministerio, y dicen: Yo tengo
5.000 becarios… Mire, a mí me da igual. Obviamente, si se crea un
Ministerio de Ciencia y Tecnología es para intentar articular el
sistema de ciencia y tecnología, que es uno de los objetivos
fundamentales. Independientemente de que haya 4.000 -entre comillas-
de sus OPI o de los OPI que usted coordina, etcétera, etcétera, hay
una cifra -yo no voy a entrar en ella- de los propios becarios o



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precarios, como ellos dicen, en torno a 15.000. No lo sé, los que
sean: son más de 10.000 personas que están haciendo investigación y
son un colectivo importante. Hay demasiada tendencia a hablar siempre
de lo de mi ministerio porque luego entraré en alguna cosa del
decreto, es decir del borrador que yo tengo, porque como ustedes lo
filtraron a la prensa, también en su perfecto derecho, cuando salió
la iniciativa yo lo vi publicado en un periódico, y si no fueron
ustedes habrán sido otros. Los becarios no lo tenían, se lo tuve que
dar yo; en fin, no sé quién habrá sido, me da igual. Como digo, en
eso que se filtra hay una disposición que me ha llamado muchísimo la
atención y a la que me referiré luego, pero vamos por partes.

Cuando solamente piensas en tu propio ministerio ocurren cosas como
las que han sucedido el año pasado. Usted me habla de la
heterogeneidad de este colectivo. Este grupo parlamentario, ha
presentado aquí diversas iniciativas para intentar acabar con esa
heterogeneidad. Por ejemplo, el año pasado, primer año prácticamente
de vigencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se produjo una
subida, que todos saludamos, de los llamados becarios pero que
solamente afectaba al Ministerio de Ciencia y Tecnología: los que
eran de Educación y estaban en las universidades tardaron varios
meses en llegar a ello; yo hablaba con gente del INIA o con gente del
ISME y tardaron varios meses en llegar a ello. Lo que yo les pido es
que se comporten como un Gobierno, ustedes no son la Ínsula Barataria
ni el Condado de Treviño, ustedes forman parte del Gobierno de España
y lo que les pido es que de alguna manera sean capaces de articular
políticas globales, cosa que no hacen porque si ahora lo han quitado
y usted hábilmente no lo ha citado, o es que a lo mejor ya no existe.

En este borrador la disposición final primera es antológica, es la
antología del disparate. Dice: Disposición final primera. Extensión
de la aplicación del estatuto del becario de investigación. Uno, el
Consejo de Ministros, mediante real decreto y en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta disposición establecerá a
propuesta del titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
la aplicación del régimen jurídico recogido en el presente reglamento
a los beneficiarios de las becas concedidas por dicho departamento
con las adaptaciones y singularidades que sean necesarias. Esto es la
antología del disparate. ¿Cómo va a hacer un real decreto el Gobierno
con una disposición adicional primera que se refiera a otro
ministerio? ¿Que lo han quitado ya y se han puesto de acuerdo? Bien;
hace dos semanas no estaban de acuerdo, fueron los becarios, decían
que ustedes no se lo habían remitido formalmente, uno habla con gente
de un ministerio y lo sabe... Pónganse ustedes de acuerdo porque si
esto sigue así es una broma, pero de muy mal gusto.

Entrando en el contenido del decreto, consideramos que se queda
corto, aunque puede suponer un avance cuando se apruebe como tal.

Todavía están ustedes a
tiempo de intentar mejorar la situación, porque aunque los becarios
de las comunidades autónomas no sean competencia del ministerio hay
que contar con todos los becarios que tengan carácter público,
teniendo en cuenta los criterios que ha dicho de concurrencia, de
convocatorias, etcétera. No va a hacerlo todo el ministerio, aparte
de los convenios generales con las comunidades autónomas, por qué no
se ponen a trabajar en la línea de hacer convenios específicamente
para esto ¿Que es lo que estaría bien? Lo mejor sería una
armonización. Ustedes tomen las decisiones que consideren
convenientes con respecto a este colectivo, se sientan con las
comunidades autónomas en una mesa de igual a igual -en el buen
sentido- y les preguntan: ¿Vais a poder hacer esto?, ¿hacemos un
convenio de tal manera?, ¿necesitáis alguna cosa, incluso dinero, o
cómo lo hacemos? Se ponen ustedes de acuerdo con todo el sector
público, primero con sus compañeros de mesa de Gobierno, que son los
del Ministerio de Educación. Usted me dice que ha habido informes de
los OPI. ¿Y las universidades? Porque en las universidades hay
muchísimos; ustedes se quedan en 5.000, pero es que son muchos los
que hay. En la propia ley orgánica de universidades esto no se tiene
en cuenta en absoluto, pero sí se tienen en cuenta los profesores que
han salido antes; el tercer ciclo se acaba -entre comillas- cuando
tienen los créditos de doctorado -los dos primeros años-. En la ley
orgánica de universidades y en la LRU, todavía vigente, se
contemplaba que a partir de esos dos años se podía tener la plaza de
profesor ayudante. Dentro de la formación, dentro de ese tercer
ciclo, nosotros distinguimos en ese dos más dos, como hace la propia
LOU. Ustedes no lo hacen en este decreto, lo que me parece que es un
error, ya que no tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con las
tareas docentes que en muchos casos organizan los becarios. Es un
decreto que se queda corto y que tiene posibilidades de ser mejorado
de manera importante. No estamos de acuerdo con todas las exclusiones
de prestaciones de la Seguridad Social. En nuestra proposición no de
ley manteníamos la exclusión de la prestación del subsidio por
desempleo. Nos parece que esta es evidente, porque lo que pedimos es
un contrato laboral para los becarios postdoctorales, como ocurre en
Cataluña y en otras comunidades. Los becarios postdoctorales ya han
pasado su tiempo formativo de tercer ciclo, por lo que ya tienen el
grado de tercer ciclo. Con esta política que se está haciendo a un
nivel algo superior -como en el Ramón y Cajal- y con esta política
que se está llevando a cabo de reincorporación de doctores, etcétera,
a mi modo de ver lo sensato es -y no sería tan costoso, no costaría
demasiado- que esos becarios postdoctorales tuvieran contrato laboral
ya y que el no hacerlo así no tiene sentido. Nuestra propuesta es que
los predoctorales tuvieran esas mejoras que se plantean en el
decreto, que se pudieran aumentar a las comunidades autónomas y a los
entes locales y que en el sector



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privado, desde el propio ministerio se lidere y pilote para intentar
convencerles y hacerles partícipes para funcionar. Aparte de los
comentarios que hay por ahí atrás de sus colaboradores, esta es la
posición que tiene el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se
niegan siempre. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.

Puede continuar señor Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias por el amparo, señor presidente.

Menos mal que estamos en el Congreso de los Diputados.

Sinceramente, considero que se puede hacer bastante más en lo que se
refiere al tema de los becarios. Nosotros presentamos esa proposición
no de ley porque hay que tener en cuenta a este personal y no sólo se
trata de subirles el sueldo y aumentarles las retribuciones,
etcétera. Se va a desaprovechar una situación.

Esta mañana por lo menos para mí no ha sido muy productiva desde el
punto de vista de las respuestas, aunque me quedo con la parte
positiva -aunque no me he enterado para qué los 5.500, ahora a la
salida se lo pregunto para que me lo cuente- que ha sido lo de las
enfermedades olvidadas. Termino diciéndole sinceramente que estamos
muy descontentos de lo que ha supuesto este año parlamentario. Este
es un ejemplo más. Como decía un humorista el I+D es incuria y
desidia, es decir, negligencia, y yo le añadiría una I más, la de
ineficacia. Son ustedes un ministerio que no tiene ni rumbo ni
patrón.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general de
política científica.




El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera González):
En relación con las cuestiones que usted me plantea en esta réplica
quiero decirle, en primer lugar, que con algunas estoy de acuerdo y
con otras tengo mis reservas. Usted hace una distinción entre las
becas predoctorales y postdoctorales y no puedo por menos que
manifestarle que estoy totalmente de acuerdo. Las becas deben ser
predoctorales y muy excepcionalmente postdoctorales cuando hay algún
tipo de formación por residencia en el extranjero o alguna otra cosa
de carácter extraordinario. Todos los demás supuestos deben ser
contratos laborales. Dentro del ministerio he suprimido y erradicado
todas las convocatorias de becas postdoctorales que había dentro de
los OPI, por entender que no tenían el menor sentido. Por tanto, en
este punto coincidimos plenamente, señor Lissavetzky. Estoy de
acuerdo en que deben ser predoctorales y excepcionalmente cabe algún
periodo de formación en el exterior o algo muy extraordinario que
pueda ampararlas, por lo que los demás casos deben ser resueltos
mediante la correspondiente contratación.

Una segunda cuestión. Está manejando un borrador -ha habido muchos en
relación con este punto- que en modo alguno tiene que ver con el que
actualmente está vigente y que con sumo gusto voy a dejar en su
poder. Lógicamente, las cuestiones filtradas tienen este peligro, que
entre los muchísimos borradores que se van redactando se difunde
normalmente uno que a lo mejor es de la primera época o cuando se
hizo un primer intento de regulación de la cuestión. Esa disposición
final primera que usted me acaba de leer está cambiada
sustancialmente, como es natural. Se la voy a leer a usted, sin
perjuicio de que le voy a dejar el borrador. Esta disposición final
primera trata de la extensión de la aplicación del estatuto del
becario de investigación y en su apartado primero establece: Uno. Las
comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias
y con las adaptaciones que consideren necesarias podrán aplicar el
régimen establecido en este real decreto. Dos. Las entidades locales
y las instituciones sin ánimo de lucro podrán aplicar el régimen
establecido en este real decreto siempre que cumplan con los
requisitos y exigencias establecidos en los apartados -y cita una
serie de apartados que deben ser de obligado cumplimiento para
ellas-. Tres. En los supuestos contemplados en esta disposición, la
acción protectora de la Seguridad Social y la cotización a la misma
será, en todo caso, la establecida en la disposición adicional única
del presente reglamento. Esta es la regulación actual y lamento que
haya llegado a su poder una versión -digamos- muy de primera hora.

En el real decreto se ha tenido en cuenta la posibilidad de que los
becarios puedan realizar alguna actividad docente dentro de las
universidades y que precisamente el artículo 5 del borrador, en lo
que se refiere a las obligaciones del organismo de acogida del
becario, en su apartado c) establece: Aparte de respetar el
desarrollo del programa de investigación del becario, sin que pueda
exigírsele la realización de cualquier otra actividad que no esté
relacionada con el desarrollo de su investigación, los becarios de
investigación que desarrollen sus actividades en un centro
universitario podrán colaborar en tareas docentes en las condiciones
que se establezcan en el estatuto de la correspondiente universidad y
en la convocatoria. Esto también lo hemos recogido.

Señor Lissavetzky, indudablemente ya sé, porque los becarios se han
dirigido a mí en cuantas ocasiones he tenido la oportunidad de
visitar algún centro de investigación -en estos momentos llevo
visitados cerca de 60- para darme algún papel en el que me explicaban
cuáles eran sus deseos y me planteaban sus reivindicaciones, que en
el tema de protección de la Seguridad Social pretenden llegar más
lejos. Nos movemos aquí en una situación difícil, porque estamos ante
un tipo de actividad que no conlleva una relación jurídico-laboral
propiamente dicha, sino que también hay factores que indican que se
trata de una etapa de formación y como tal etapa de formación



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nos movemos en un término medio. Ya sé que piden el reconocimiento de
antigüedad y el derecho al paro, pero de común acuerdo con el
Ministerio de Trabajo hemos llegado al máximo que nos parecía que se
podía llegar, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una
regulación híbrida entre una actividad de cierta regularidad
y ciertos factores de formación que hay que tener en cuenta. No
obstante, debe tener usted en cuenta que para las entidades
convocantes hacer frente a estas nuevas obligaciones les va a suponer
algo más de 125.000 pesetas al año, que asumimos muy gustosos porque
consideramos que es dar un paso adelante en el deseo de dar una mejor
regulación que la que tenía actualmente este colectivo tan importante
que quiérase o no es el verdadero inicio de la carrera del
investigador.

Nos pide que contemos con otros ministerios y ya lo hemos hecho,
señoría. Me he referido -y es una deformación profesional propia de
cualquiera- a los datos de los OPI, porque son mi quehacer continuo y
mi preocupación habitual. También hemos hecho las consultas
correspondientes al ministerio de Educación y por eso aparece como
uno de los entes que puede convocar
becas de esta naturaleza y hemos hecho consultas a las secretarías
generales técnicas de los correspondientes departamentos. El proyecto
se encuentra ya en un estado de alta maduración y podremos llevarlo
adelante. Con todas las limitaciones, con no ser perfecto y con no
llegar al máximo de lo que pretenden los interesados hemos dado entre
todos un paso adelante -agradezco sus proposiciones y su colaboración
en este campo, que ha sido muy intensa-, que nos va a situar en una
posición mucho mejor de la que nos encontrábamos con anterioridad.




El señor PRESIDENTE: Gracias por su asistencia, señor secretario
general.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.




Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, del martes, 11 de diciembre de 2001, no guarda relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.