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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 390, de 11/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 390
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA REYES MONTSENY MASIP,
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 11 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ex presidente del Consejo Económico y Social
(Durán López), para exponer el contenido del informe sobre
siniestralidad laboral que ha elaborado un grupo de expertos bajo su
dirección. Por acuerdo de la Comisión. (Número de expediente 219/
000298.) . . . (Página 12752)
Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Aparicio Pérez) para informar sobre:
- La evaluación y explicación del grado de cumplimiento del plan de
acción sobre la siniestralidad laboral, de 29 de octubre de 1998. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000258.) . . . (Página 12767)
- El plan de actuación preferente contra la siniestralidad. A
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 213/000478.) . . . (Página 12767)
Preguntas:
- Del señor González Vigil (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas puestas en marcha de las propuestas en el «Informe Durán»
para reducir la siniestralidad laboral. (Número de expediente 181/
001136.) . . . (Página 12783)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR EX PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL (DURÁN LÓPEZ), PARA EXPONER EL CONTENIDO DEL INFORME SOBRE
SINIESTRALIDAD LABORAL QUE HA ELABORADO UN GRUPO DE EXPERTOS BAJO SU
DIRECCIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/
000298.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Buenos días, señorías.
Procedemos a la celebración de la sesión de la Comisión de Política
Social y Empleo, a petición de la cual se ha solicitado la
comparecencia de don Federico Durán López, que ha sido presidente del
Consejo Económico y Social, a efectos de que nos pueda exponer el
contenido del informe sobre siniestralidad laboral que se ha
elaborado por un equipo de expertos. Dándole la bienvenida de
antemano, señor Durán, y diciéndole que cada vez que viene nos honra
y que esta es su casa, le cedemos la palabra para que informe sobre
el asunto del que tratamos.
El señor EX PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Durán López):
Buenos días a todos. Antes que nada quiero expresarles mi
agradecimiento por la invitación para comparecer ante la Comisión. Es
para mí obviamente un honor poder exponerles la materia sobre la que
ha sido requerida mi intervención, que no es otra que la del informe
que en su día elaboré por encargo del presidente del Gobierno acerca
de los riesgos laborales y su prevención, informe sobre la seguridad
y la salud en el trabajo en España.
A la hora de exponerles el contenido fundamental del informe, que es
lo que se me solicita, y luego quedar a su disposición, me van a
permitir que con una cierta simplificación les indique que lo que se
pretende en ese informe es dar respuesta a tres grandes cuestiones.
Una primera es qué es lo que está pasando con la situación de la
seguridad y de la salud en el trabajo en España, en la medida en que
hay una cierta sensación de alarma social ante la reiteración de
noticias en relación con los
accidentes de trabajo; en segundo lugar, cuáles son las razones de
que nos encontremos ante esa situación y, en tercer lugar,
lógicamente, aclarado en la medida de lo posible qué es lo que está
pasando y por qué, cuáles son las medidas que podemos proponer o
adoptar para que lo que está pasando deje de pasar, en todo caso,
para que mejore la situación con la que nos enfrentamos. Ya he dicho
antes que el origen del informe es un encargo que me formuló
personalmente el presidente del Gobierno, en el que he contado con la
colaboración de una serie de expertos en las distintas materias
implicadas en el tema; dicho informe ha sido elaborado desde la más
absoluta independencia de criterio, lo elevé en su día, tal como me
solicitó, al presidente y ha sido recogido en una publicación que
creo que tienen todos ustedes y que en todo caso existe la
posibilidad de hacérsela llegar a aquellos que no la tengan.
En cuanto al primer tema, cuál es la situación actual o qué es lo que
está pasando, el informe pone de manifiesto ante todo la dificultad
de conocer la situación real con la que nos enfrentamos, ya que no
sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo en el terreno de la
siniestralidad laboral, en el terreno de la seguridad y de la salud
en el trabajo en España, y no lo conocemos por dos órdenes de
razones: en primer lugar, por las deficiencias en el sistema de
información estadística. Tenemos varias fuentes de información
estadística, a través de las cuales podemos obtener los datos
precisos para conocer la situación de la siniestralidad laboral en
nuestro país, pero esas fuentes estadísticas de las que disponemos
tienen insuficiencias claras, que hacen que tengamos dificultades
para establecer un panorama exacto de la realidad. Básicamente esas
dificultades provienen del hecho de que la fuente de alimentación de
la información estadística fundamental es el denominado parte de
accidente de trabajo, que es un documento concebido desde sus
orígenes desde el punto de vista de la reparación de las
consecuencias del accidente, desde el punto de vista de la seguridad
social y no desde el punto de vista de la prevención; por tanto es un
documento diseñado con las informaciones precisas para el
otorgamiento de la protección de seguridad social al trabajador
accidentado y para otras consecuencias que puedan existir, pero no
desde el punto de vista de
la política preventiva. El parte de accidente de trabajo carece de
informaciones que serían fundamentales para una adecuada política de
prevención o de adopción de las medidas preventivas necesarias. Por
otra parte, y con independencia de eso, no siempre se rellena
adecuadamente. Hemos podido comprobar que aproximadamente en un 20
por ciento de los supuestos el parte de accidente de trabajo no es
cumplimentado adecuadamente. Faltan en él informaciones fundamentales
como, por ejemplo, la dimensión de la empresa o el tipo de contrato
que tenía el trabajador. Todo ello hace que la información de la que
podemos disponer en este momento sea insuficiente.
Hay un segundo factor que confluye en estas dificultades de conocer
adecuadamente la realidad y es el propio concepto de accidente de
trabajo. Al igual que sucede con el documento con el que se notifica
el accidente de trabajo, el concepto de accidente de trabajo se ha
diseñado desde sus orígenes en el año 1900 desde el punto de vista de
la seguridad social también y no desde el punto de vista de la
prevención. El concepto de accidente de trabajo ha sido concebido en
función de la necesidad de protección del trabajador accidentado, en
función de la asistencia que la seguridad social tenía que dar al
trabajador accidentado y no de la evitación o del control de los
accidentes. Eso ha provocado una evolución en el sentido de ampliar
el concepto de accidente de trabajo. Yo no les voy a cansar, porque
todos ustedes lo conocen suficientemente, detallándoles cómo la
legislación y la jurisprudencia han ido ampliando el concepto de
accidente de trabajo, de tal manera que en nuestra legislación se
consideran accidentes de trabajo los acaecidos in itinere, en los
trayectos al ir o al volver del trabajo, que son accidentes de
tráfico, que traen a colación un problema muy importante como es el
de la seguridad vial, pero que obviamente son distintos de aquellos
que se refieren a circunstancias bajo control del empresario. Es
considerado también accidente de trabajo el infarto de miocardio, en
general las patologías cardiovasculares y otras patologías no
traumáticas, que han provocado esa evolución del concepto de
accidente de trabajo en términos muy amplios, lo cual es positivo
desde el punto de vista de la protección que recibe el trabajador,
pero dificulta el diseño de una política preventiva, porque mezcla
circunstancias muy distintas y por tanto es difícil saber cuáles son
las condiciones en las que pueden operar los controles preventivos
que puedan ser establecidos en la empresa.
El tema que hay que destacar es la dificultad de conocer
adecuadamente el panorama real por el sistema de información
estadística y por el propio concepto de accidente de trabajo. Eso
provoca que en estos momentos estemos en presencia de un doble
fenómeno, que puede parecer contradictorio. Por una parte, no existen
datos concretos que se puedan presentar, pero sí existe constancia
suficiente de que se está dando un
sobrerregistro del número de accidentes, con lo cual queremos indicar
que se registran estadísticamente más accidentes de trabajo de los
que hay. Hay muchas circunstancias que se consideran como accidentes
de trabajo y en realidad no lo son o dudosamente lo son. La superior
protección que tiene el trabajador en el caso de accidente de
trabajo, el menor costo que tiene el empresario, paradójicamente, en
este caso y la propia evolución del concepto han hecho que se tienda
a considerar en muchas ocasiones accidentes de trabajo determinadas
lesiones o determinadas circunstancias que padece el trabajador y que
difícilmente se pueden considerar relacionados con el trabajo. Hay
algunos factores que pueden sugerir esa situación. El día de mayor
declaración de siniestralidad sobre todo en algunas comunidades
autónomas es el lunes, tienden a aumentar los accidentes de carácter
leve y los accidentes sin baja y disminuyen los accidentes de
carácter grave y de carácter mortal. Además, si ensayamos una
clasificación de las causas de los accidentes entre aquellas que son
inequívocamente laborales y aquellas otras que pueden ser laborales o
no -entre las primeras están las caídas en altura, el atrapamiento
por máquina, en las que no cabe duda que son accidentes de trabajo,
mientras que en las segundas, fundamentalmente los sobreesfuerzos y
algunas patologías lumbares que pueden provenir o no de una causa
laboral-, observamos que las primeras disminuyen estadísticamente y
las segundas aumentan. Por tanto el aumento de los accidentes de
trabajo se está produciendo sobre todo en los accidentes de carácter
leve y en aquellas causas de accidente que no tienen un origen
inequívoco laboral. Eso hace presumir que hay un cierto fenómeno de
sobrerregistro del número de accidentes, que estadísticamente se
están computando más accidentes de los que realmente existen. Este
fenómeno se acompaña de otro, que puede parecer contradictorio, y es
que probablemente se registran menos accidentes graves y mortales de
los que realmente se están produciendo. Hay muchas ocasiones en las
que hemos podido comprobar que, acaecido el accidente en la empresa,
se califica como leve y, sin embargo, al cabo de los días el
trabajador fallece o sus consecuencias van mucho más allá de lo que
una calificación como leve implicaría. En alguna provincia cruzando
los datos de los registros de defunción con los datos de los
accidentes de trabajo se comprueba que hay una cierta coincidencia en
determinadas ocasiones en accidentes que fueron calificados como
leves y, sin embargo, el fallecimiento del trabajador deriva
presumiblemente de ello -a lo mejor es casualidad-. Obviamente, si el
fallecimiento del trabajador tiene lugar dentro de cierto periodo de
tiempo, se computa estadísticamente, pero no cambia la calificación
del accidente. El accidente sigue siendo calificado como leve y
probablemente esto esté provocando una disminución del número del
accidentes graves y mortales que realmente existe y en consecuencia
una
infravaloración de los mismos. No hay que olvidar que calificando el
accidente como leve se evitan las molestias de los controles
administrativos y de todos los procedimientos que pueden derivarse de
ello.
La primera conclusión que se establece en el informe, repito, es que
no conocemos adecuadamente la realidad y es necesario hacer un
esfuerzo de depuración del sistema de información estadística y ahí
se incluyen las primeras propuestas, que van en el sentido de
establecer un sistema de información estadística más adecuado para
conocer la realidad y un concepto de accidente de trabajo a efectos
de política preventiva. No se entra en el informe en la polémica de
si el accidente de trabajo tiene que alcanzar más o menos dimensión o
si la protección del trabajador tiene que llegar en un sentido o en
otro a determinadas cotas. En eso no entramos, pero se sostiene que
es necesario contar con un concepto de accidente de trabajo desde el
punto de vista de la política preventiva, porque sobre esa base es
cómo podrán formularse políticas eficaces de cara a la prevención o a
la evitación de los accidentes. En primer lugar, hay que tener en
cuenta cuál es la situación con la que nos encontramos para mejorar
el conocimiento de la misma, obviamente no sólo por un prurito de
tener una información estadística más adecuada a la realidad, que
también es importante -no hay un solo país desarrollado,
verdaderamente moderno, que no tenga un buen sistema de información
estadística-, sino para poder diseñar políticas preventivas ajustadas
a la realidad. Difícilmente las políticas preventivas pueden ser
eficaces cuando no sabemos exactamente cuáles son las circunstancias
que están produciendo los accidentes y sobre todo las circunstancias
que están bajo control del empresario y que pueden ser controladas
por la empresa.
Hechas estas observaciones, el panorama estadístico actualmente
disponible nos demuestra que están creciendo los accidentes de
carácter leve, que los accidentes de carácter grave y mortal se
mantienen o disminuyen en el periodo de tiempo considerado, que
aumentan determinadas causas, fundamentalmente la de los
sobreesfuerzos, y que hay otras patologías tradicionales que están
disminuyendo. Los jóvenes son los que más se accidentan, pero los que
menos posibilidades tienen de sufrir un accidente grave o mortal. Las
mujeres se accidentan tres veces menos que los hombres. Los
trabajadores temporales -y luego me referiré a ellos- en principio
estadísticamente tienen dos veces y media más posibilidades de sufrir
un accidente que los trabajadores fijos, etcétera. Hay toda una serie
de informaciones que surgen de la realidad actual, a pesar de las
deficiencias a las que me he referido. En todo caso, hay que tomar
con una cierta cautela las informaciones estadísticas, sobre todo las
comparaciones en el ámbito europeo. La agencia estadística europea
hace esfuerzos significativos por homologar las estadísticas, pero
hay que tener en cuenta que se parte de situaciones
muy distintas. Hay países en los que los accidentes de tráfico no
son considerados accidentes de trabajo; las patologías
cardiovasculares, si yo no recuerdo mal, sólo en Francia y en España
son consideradas accidentes de trabajo. Por tanto, la labor de
corrección ya implica que hay que tomar con una cierta cautela las
comparaciones estadísticas porque, además, hay países en el ámbito de
la Unión Europea en los que no hay ninguna diferencia de trato para
el trabajador accidentado sea por un accidente de trabajo o por un
accidente común y, por lo tanto, no hay una obligación legal de
declarar el accidente, motivo por el cual las cifras de accidentes de
trabajo son estimativas y no hay una fuente directa de información
estadística. Todo esto nos lleva a proponer una cierta cautela a la
hora de las comparaciones internacionales, en las que muchas veces
nos solemos recrear en sentido negativo, destacando siempre nuestra
situación, pero yo creo, y ustedes me perdonarán la broma, que en el
ámbito europeo hay estadísticas que se hacen a ojo de buen cubero, es
decir, el último Portugal, el penúltimo España y los demás se ordenan
más o menos. En el ámbito de la siniestralidad laboral es muy difícil
tener un panorama real de la situación en Europa por las diferencias
de los sistemas y por la existencia de países, al menos cuatro que yo
recuerde en este momento, en los que la declaración del accidente de
trabajo no es obligatoria.
Con ese repaso de la situación, el segundo gran bloque de
interrogantes al que trata de responder el informe es por qué nos
encontramos con esa situación. Con todas las salvedades estadísticas
que se quiera y con todas las correcciones que se puedan establecer,
de lo que no cabe duda es de que es una situación que está bastante
alejada de lo que nuestro desarrollo económico y social exigiría. Por
tanto, es una situación inadecuada desde el punto de vista de lo que
en estos momentos podríamos exigirnos a nosotros mismos. El informe
hace un análisis de las diversas explicaciones que se han venido
aportando y, sobre todo, se centra en el de algunas de ellas. Yo me
voy a referir básicamente a dos. El crecimiento económico es una
explicación que se usa con mucha frecuencia para quitarle hierro al
asunto. Es la misma explicación que se suele usar en ocasiones en el
tema de los accidentes de tráfico. No hay que preocuparse
exageradamente por la siniestralidad vial porque hay más coches, hay
más desplazamientos, hay más actividad económica, es decir, hay más
ocasiones de riesgo, por tanto, hasta cierto punto es normal que haya
más accidentes. Esa misma explicación se utiliza para explicar la
siniestralidad laboral. Hay más actividad económica, hay más
crecimiento económico, hay más empleo, hay más actividad en las
empresas, por tanto, es normal que haya más accidentes de trabajo. Es
una explicación, insisto, que trata de quitarle hierro al asunto, una
explicación tranquilizadora. El mayor inconveniente que tiene es que
es falsa. Alanalizar la evolución estadística de las curvas del creci
miento
económico y de la siniestralidad, si el crecimiento económico fuese
la explicación de la siniestralidad, serían curvas de evolución
paralela y, sin embargo, no lo son, se entrecruzan en varias
ocasiones. Hay años en los que hay una recesión económica y aumenta
la siniestralidad y, sin embargo, hay años en los que un crecimiento
económico importante no provoca un aumento similar de la
siniestralidad. No hay, pues, ninguna evidencia empírica ni
estadística, sino todo lo contrario, de que el crecimiento económico
sea la causa del aumento de la siniestralidad.
La otra explicación, frecuente y tradicional a la que me quiero
referir es la de la temporalidad o la precariedad. Se dice que la
causa del incremento de la siniestralidad proviene de las
características de nuestro mercado de trabajo. Es un mercado de
trabajo con un elevado nivel de temporalidad de los contratos, con un
elevado nivel de precariedad en la contratación y eso es lo que está
provocando el aumento de los accidentes de trabajo, y se recurre a la
apariencia estadística, que, como he dicho antes, pone de manifiesto
que, considerado fríamente desde el punto de vista estadístico, un
trabajador con un contrato temporal tiene dos veces y media más
posibilidades de tener un accidente que un trabajador con un contrato
de trabajo fijo. Sucede aquí algo parecido a lo que sucede con el
crecimiento económico. Cuando se analiza más detenidamente la
información estadística de que disponemos se comprueba que el tema no
es tan simple. Hay sectores de actividad en los que no hay
diferencias significativas en los niveles de siniestralidad según el
tipo de contrato de que dispone el trabajador, es decir, no hay
diferencias significativas entre los accidentes que sufre un
trabajador con contrato temporal y los que sufre un trabajador con
contrato indefinido; incluso, hay algún sector de actividad, aunque
sea a título anecdótico, en el que ha habido una mayor incidencia de
la siniestralidad en los trabajadores fijos que en los trabajadores
temporales. Lo que sucede es que esa apariencia estadística se forma
porque hay una gran concentración de siniestralidad en sectores que,
al mismo tiempo y por sus propias características, son usuarios de
mano de obra temporal en niveles muy elevados. Esa concentración de
la siniestralidad y de la contratación temporal en determinados
sectores, básicamente en el de la construcción, es la que provoca la
visión estadística de conjunto, pero no hay necesariamente una
asociación clara entre temporalidad y siniestralidad. Con esto quiero
decir, obviamente, que no se trata de que el problema de la
temporalidad o de la precariedad laboral no sea un problema
importante. Lógicamente, habrá que luchar contra él, tener relaciones
laborales más estables y conseguir un empleo de mayor calidad, pero
sería ilusorio pensar que la simple disminución de la temporalidad va
a provocar una disminución de los niveles de siniestralidad. No hay
que confiar en que una mayor estabilidad en la contratación
procuraría por sí misma la mejora de los
niveles de siniestralidad que en estos momentos tenemos.
Probablemente, las causas son más profundas, que se refieren a
características de nuestro sistema productivo que están todavía
insuficientemente estudiadas o insuficientemente exploradas. Hay una
segmentación creciente del mercado de trabajo. Las consecuencias de
la globalización económica y de las nuevas circunstancias en las que
nos encontramos están provocando en todos los países y no sólo en el
nuestro una división del mercado de trabajo cada vez más acentuada
entre el trabajo cualificado, el trabajo de las personas con
formación, con capacidad de adaptación a lo largo de su vida
profesional, y el trabajo no cualificado, y en todos los países hay
una presión creciente en el deterioro de las condiciones de trabajo
del trabajador no cualificado. En algunos países donde hay menos
frenos legales y sindicales, como sucede en los Estados Unidos, eso
se manifiesta directamente en la pérdida de condiciones de trabajo de
los trabajadores no cualificados. En los últimos años, las ganancias
retributivas en los Estados Unidos se centran todas en el personal de
mayor cualificación, el personal que ya venía siendo mejor
retribuido, con lo cual el abanico salarial se está abriendo
drásticamente y está empezando a crear problemas en el seno de una
sociedad que tiene que plantearse, lógicamente, hasta qué punto puede
admitir situaciones de divergencia creciente en su seno entre
personas que están en el mercado de trabajo. En otros países donde
existen mayores limitaciones legales y sindicales para el deterioro
de las condiciones de trabajo del personal no cualificado, hay una
presión creciente sobre las condiciones en las que se desarrolla ese
trabajo, por las nuevas circunstancias de la competencia
internacional. Ese probablemente es uno de los factores que está
influenciando el desarrollo de la siniestralidad, al que se une el de
una segmentación del tejido productivo, que cada vez se hace más
complejo. Los procesos de descentralización de actividades
productivas, de externalización, etcétera, están provocando una
realidad bastante más compleja de la que estamos acostumbrados
a considerar. En muchas ocasiones todavía seguimos pensando que la gran
empresa industrial es esa en la que hay equis miles de trabajadores
que trabajan bajo unos mismos mandos directivos a las órdenes de una
empresa, pero normalmente en cualquier gran empresa trabajan
trabajadores de veinte o de treinta empresas distintas, y eso plantea
un tejido productivo mucho más fragmentado, plantea exigencias de
coordinación empresarial que son nuevas y problemas que pueden
incidir en el terreno que estamos analizando. Son las características
de nuestro sistema productivo, que no son específicas sino que son
comunes a otros países, y también son algunas características del
crecimiento económico -al parecer el crecimiento económico en un
primer momento provoca un aumento de la carga de trabajo y sólo
posteriormente genera el incremento de puestos de trabajo, y ese
aumento de la carga de trabajo
es el que puede presionar en determinadas ocasiones sobre la
siniestralidad-, en definitiva, toda una serie de factores del
sistema productivo, insuficientemente estudiados e insuficientemente
conocidos, que son los que pueden estar provocando esta situación.
En el tercer orden de consideraciones, ¿cuáles son las medidas que en
el informe se proponen para tratar de mejorar la situación con la que
nos enfrentamos? Como he dicho antes, sea cual sea la situación y se
hagan las correcciones estadísticas que se hagan, lo que está claro
es que queda lejos de lo que los niveles de desarrollo económico y
social que actualmente tenemos exigirían. Entre las medidas
propuestas, ustedes me van a permitir que señale algunas de ellas,
destacando ante todo una propuesta en sentido negativo, la que se
refiere al marco legislativo. Consideramos que el marco legislativo
que tenemos es suficiente. En España, en muchas ocasiones tenemos la
tendencia, todavía por la vieja idea romana, de considerar que con
leyes o con normas se arregla todo. En la sede de la soberanía
popular y en la Cámara de creación legislativa puede ser delicado
decir esto, pero las leyes tienen un poder de incidencia limitado
sobre la realidad. Muchas veces los juristas tendemos a sobrevalorar
el efecto que pueden tener las normas jurídicas y pensar que con
normas se cambia la realidad, y ante cualquier problema la respuesta
inmediata es pensar que hace falta una nueva norma, una nueva ley, un
nuevo decreto, una nueva regulación de cualquier tipo. No creemos que
sea un problema del marco normativo. Creemos que este es suficiente
que, si acaso, necesita ser simplificado y más accesible a aquellos
que tienen que aplicarlo. La normativa en esta materia es muy
compleja, difícil de entender y de explicar en muchas ocasiones por
el especialista; pensemos no ya en el especialista sino en el pequeño
empresario que tiene que realizar actividades de prevención en el
seno de su empresa o en el delegado de prevención que tiene que
afrontar algunas cuestiones en este sentido. Por tanto, sería
interesante realizar un esfuerzo de simplificación y aclaración de la
normativa antes que producir nuevas normativas. En este sentido se
propone la sistematización y la unificación en un código de salud
laboral o en algún cuerpo normativo que facilite el acceso y la
consulta de la normativa correspondiente. Por otra parte, el cuerpo
normativo del que disponemos actualmente, si algún defecto se le
puede achacar será probablemente el de la generalidad. La Ley de
prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo, salvo
la que se refiere específicamente a algunos sectores, considera el
tejido productivo como un todo y establece una normativa a aplicar
indiferenciadamente al conjunto del tejido productivo y, obviamente,
eso no es así. El tejido productivo es muy diferenciado, los sectores
de actividad son diferentes, los niveles de siniestralidad son muy
distintos en unos y en otros y, por tanto, la normativa probablemente
tendría que adaptarse a las características de
aquellos sectores e incluso de las empresas en las que se tiene que
aplicar. No centrándonos en el aspecto normativo, se hacen solamente
unas propuestas menores al objeto de aclarar el sistema de
responsabilidades. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en estos
momentos tenemos cuatro órdenes de exigencia de responsabilidades: el
civil, el penal, el contencioso-administrativo y el laboral. Ello
provoca situaciones de inseguridad jurídica, en las que nos
encontramos con auténticos galimatías, y eso haría necesaria una
simplificación y una unificación respecto a la exigencia de
responsabilidades. Junto a eso, las propuestas se centran
fundamentalmente en otros terrenos.
En el terreno de la actuación de la Administración en estas materias
hay varias propuestas. En primer lugar, la actuación de inspección y
control es muy importante. El cumplimiento de las normas tiene que
ser controlado y el incumplimiento tiene que llevar a las
correspondientes propuestas de sanción en el ámbito administrativo.
Ahí la Inspección de Trabajo desarrolla un papel esencial. En este
sentido se propone potenciar la especialización de la Inspección de
Trabajo, que hasta ahora ha estado poco especializada en estas
materias, y potenciar también algunas actividades que han quedado en
segundo plano. La Inspección, según su ley reguladora, tiene
funciones de control y de propuesta de sanción, pero tiene también
funciones de asesoramiento, de planificación y de promoción. Creemos
que estas funciones deben incentivarse, que no todo consiste, siendo
importante, en el control de la aplicación la normativa y en la
propuesta de sanción, sino que también es necesario planificar,
asesorar, promover, desde un punto de vista positivo, el cumplimiento
de la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales. En ese
sentido, no ya la Inspección sino la propia Administración también
tiene que diversificar algo más su actuación, yendo a unas políticas
de promoción, en el sentido positivo, de las actividades preventivas,
teniendo en cuenta que la prevención se consigue también -no
exclusivamente- con medidas de estímulo económico. Por tanto es
importante que mediante esas medidas la Administración establezca
determinados mecanismos como, por ejemplo, favorecer la
comercialización de productos de aquellas empresas que tengan
resultados positivos en materia de siniestralidad que hayan destacado
en dicha materia; establecer los criterios correspondientes cuando se
trate de la contratación con las administraciones públicas; abordar
bonificaciones fiscales para las innovaciones del proceso productivo,
organizativas o de introducción de nuevos instrumentos de producción,
que redunden en un resultado positivo en materia de siniestralidad,
etcétera.
En materia de contratación de obras públicas hay un gran campo de
actuación. La experiencia demuestra que hay actividades en las que
las consecuencias, desde el punto de vista de la siniestralidad
laboral, son muy distintas, según se afronten con unos medios
productivos
o con otros. Si me permiten ustedes descenderé a algunas anécdotas.
En el desarrollo de los trabajos para la elaboración del informe
hemos podido comprobar algunas circunstancias significativas. Una de
las labores tradicionalmente considerada de mayor peligrosidad es la
perforación de túneles en la construcción, en la que tradicionalmente
se consideraba que conllevaba aproximadamente un muerto por kilómetro
y se sabía cuántos muertos iba a haber antes de empezar la
perforación en función del número de kilómetros. Pues bien, ahora
existen instrumentos productivos y tecnologías nuevas que permiten
proceder a la perforación de túneles -y actualmente esto se está
produciendo en Madrid- con una siniestralidad prácticamente cero.
Esos sistemas productivos son más caros, obviamente. A la hora de
contratar la obra pública, si se prima exclusivamente la contratación
a la baja y el abaratamiento económico, se tiende a incentivar la
utilización de los medios productivos menos eficaces desde el punto
de vista de las actividades preventivas. Por tanto, creemos que esa
política de estímulo, la propia bonificación fiscal -la experiencia
demuestra que la introducción de innovaciones productivas en las
empresas en muchas ocasiones tiene unos resultados
extraordinariamente positivos en la reducción de la siniestralidad-,
así como la comercialización de productos, etcétera, puede tener
consecuencias positivas a medio y largo plazo para el establecimiento
de una cultura de la prevención que aquellas medidas que derivan
exclusivamente de una política represora y sancionadora o de control,
que, por supuesto, hay que mantener, insisto, porque las normas hay
que cumplirlas.
Junto a la modificación de las actuaciones administrativas, otra de
las líneas que se proponen es el cambio del sistema de seguro. En
principio, el sistema de seguridad social no tiene nada que ver con
el sistema preventivo. La seguridad social está para reparar las
consecuencias del accidente o para reparar otras consecuencias que
pueda sufrir el trabajador, en el sentido de pérdida de su capacidad
de trabajo y, por tanto, pérdida de su capacidad de ganancia, y no
está prevista para evitar la producción de esa circunstancia, pero no
cabe duda que la seguridad social está también interesada en una
buena política preventiva por el ahorro de costes que implica. En
todo caso, el sistema de aseguramiento puede ser un sistema que
incentive la prevención o puede ser un sistema neutro, incluso puede
ser un sistema que desincentive la prevención. En cuanto al sistema
de aseguramiento, se establece una serie de propuestas concretas, las
más importante de ellas la voy a describir brevemente. Se ha hablado
mucho del establecimiento en España de un sistema bonus-malus; en la
medida en que seguimos con la técnica del seguro en materia de
accidentes de trabajo, se trata de ir a la técnica del seguro con
todas sus consecuencia e igual que se produce para otros tipos de
seguros, se establecerían unas bonificaciones por no siniestralidad y
unas penalizaciones
por siniestralidad, un sistema bonus-malus en el que se
pagaría en función de los resultados en materia de siniestralidad. Lo
que sucede es que el tejido productivo, el tejido empresarial español
difícilmente admite la aplicación de este sistema sin mayores
matices. Hay todo un tejido empresarial de pequeñas empresas, incluso
de micro-empresas, con uno o dos trabajadores, en las que la
aplicación del criterio, si la empresa tiene la mala suerte de que el
trabajador o los dos trabajadores que tiene se accidenten más de una
vez en le año, evidentemente lleva a la práctica desaparición de la
empresa. Es difícil de aplicar. Por tanto, proponemos un sistema que
puede conducir a las mismas consecuencias pero de una manera más
fácil, más automática de aplicar y con mejores condiciones. El
sistema consiste en lo siguiente. Como todos ustedes saben, en estos
momentos cuando el trabajador se encuentra de baja por una enfermedad
común o por un accidente no laboral, los tres primeros días de baja
no cobra, a partir del cuarto día cobra a cargo de la empresa el 60
por ciento de la base reguladora y sólo a partir del decimosexto día
cobra de las instituciones de seguridad social el 75 por ciento de la
base reguladora. En el caso de accidente de trabajo, el trabajador
cobra desde el primer día, el 75 por ciento de la base reguladora,
y cobra de las instituciones de Seguridad Social y no de la empresa, lo
cual provoca, obviamente, que la situación es mucho más favorable
para la empresa y para el trabajador en el caso de accidente de
trabajo que en el caso de enfermedad común o accidente no laboral. Si
un trabajador tiene un cólico nefrítico, la empresa le tiene que
pagar de su bolsillo, por así decirlo, los primeros días de la baja,
mientras que si el trabajador se accidenta en la empresa, con culpa o
sin culpa pero en circunstancias bajo control del empresario, no le
tiene que abonar nada de su bolsillo, sino que lo abonan las
instituciones de seguridad social. Parece que no tiene mucho sentido
ese sistema y que en todo caso tendría que ser al contrario. El
informe no entra en que sea al contrario, porque no se nos pidió
opinión acerca de la eventual reforma del sistema de seguridad social
o de algunos aspectos de dicho sistema, pero sí propone que se
unifiquen en alguna medida las situaciones y que el empresario tenga
que hacer frente al pago de las indemnizaciones económicas percibidas
por el trabajador en los primeros días de baja, en el caso de
accidente de trabajo. Eso se propone en los siguientes términos. El
empresario tendría que asumir el coste de la baja de los
trabajadores, en concreto de los siete primeros días después del
accidente. ¿Por qué siete días? Porque la información estadística que
se nos ha suministrado nos indica que esos siete días son los que
concentran el grueso de la duración de las bajas; a partir del octavo
día disminuye considerablemente y por tanto el costo se concentra en
esos siete primeros días. El empresario tendría que asumir a su costa
la indemnización,el subsidio por la baja del trabajador en los siete
primeros días después del accidente de trabajo. Para evitar que eso
suponga una penalización económica de las empresas, lo que se propone
es que las cotizaciones empresariales a la seguridad social en el
seguro de accidentes de trabajo disminuyan en la cuantía económica
equivalente. El cálculo es relativamente fácil de hacer: si siete
días de baja de los trabajadores por accidente laboral cuestan 30.000
millones de pesetas, las empresas tendrían que abonar esos 30.000
millones de pesetas, pero dejarían de abonar en las cotizaciones a la
seguridad social 30.000 millones de pesetas, lo cual, desde el punto
de vista de las empresas, hace que el efecto sea neutro: a partir de
ahora, el conjunto de las empresas abona una cantidad que antes no
abonaba, pero deja de abonarla por otro concepto. Desde el punto de
vista del sistema de la seguridad social el efecto es neutro también:
la seguridad social deja de percibir 30.000 millones de pesetas pero
deja de pagar la misma cantidad. ¿Dónde está la ventaja? En la
empresa individualmente considerada. La empresa que invierta o que
gaste en prevención o que tenga una situación positiva en ese sentido
tendrá un ahorro neto, porque ahorrará en cuotas y no tendrá que
pagar las bajas de los trabajadores. La empresa que tenga una
situación negativa desde el punto de vista de la siniestralidad,
tendrá una penalización porque tendrá que pagar más por las bajas de
los trabajadores de lo que pagaba antes en concepto de cuota. Este es
un bonusmalus más automático, más fácil de aplicar y creemos que más
útil para nuestro sistema productivo que el que tratara de aplicarse
directamente sobre la tarifa del seguro. Esta propuesta va unida,
obviamente, a otras como son la del establecimiento de un concepto de
accidente de trabajo desde el punto de vista de la prevención y no
sólo desde el punto de vista de la reparación, del derecho que tiene
el trabajador, al mismo tiempo que la modificación de algunas otras
consideraciones que existen en la legislación actual. Por ejemplo,
proponemos la supresión del recargo de prestaciones, que creemos que
es disfuncional. ¿En qué consiste el recargo de prestaciones? En que
cuando el accidente de trabajo se produce como consecuencia de falta
de medidas de seguridad en la empresa el empresario tiene que abonar
de su bolsillo al trabajador, y no es asegurable, un recargo en la
prestación que el trabajador recibe, que va de un 30 a un 50 por
ciento. En la práctica hay ocasiones en las que el trabajador no ha
sufrido un perjuicio equivalente y sin embargo recibe ese recargo
y en alguna medida hay un enriquecimiento injusto. En otras ocasiones,
el perjuicio que ha sufrido el trabajador es muy superior al que se
indemniza con el recargo de prestaciones, que por otra parte plantea
problemas de si tiene una naturaleza sancionadora o indemnizatoria.
Si tiene una naturaleza sancionadora puede provocar problemas con el
non bis in idem; si tiene una naturaleza indemnizatoria no se ve muy
bien la tasa y, sobre todo, no se ve muy bien que a veces indemnice
un daño
que no se ha producido. Proponemos la supresión del recargo de
prestaciones y que el empresario tenga que hacer frente a la
indemnización de todo el perjuicio sufrido por el trabajador cuando
el accidente se debe a una culpa del empresario, con infracción de
norma, o a una actuación que incluso pueda ser delictiva, la
indemnización de todo el perjuicio sufrido por el trabajador y que
esa indemnización sea asegurable, porque si aplicamos la técnica del
seguro, por qué el empresario no va a poder asegurar la eventual
indemnización a la que tenga que hacer frente en ese sentido. Creemos
que esa medida contiene estímulos desde el punto de vista de la
aplicación de las medidas preventivas más eficaces que los que
derivan de la situación actual.
Por último, hay una serie de propuestas, aparte de otras en las que
no me voy a detener. Las medidas de formación consideramos que son
muy importantes. Hay que conseguir una cultura de la prevención que
impregne a toda la población. Hasta ahora lo que básicamente se ha
hecho han sido campañas de información muy generales en los medios de
difusión públicos que han tenido una efectividad limitada -es difícil
de medir, pero en todo caso parece que es limitada-; sin embargo la
formación específica creemos que es enormemente importante, la
investigación creemos que es muy importante en esta materia. En estos
momentos en España, en el último plan de I+D +I, no hay una sola
línea de investigación prioritaria en materia de seguridad en el
trabajo, en materia de prevención de riesgos profesionales. No
tenemos un centro público de referencia de investigación en estas
materias. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
debería ser reformado para hacerlo menos administrativo y más un
centro de investigación, porque en muchas ocasiones los resultados
positivos en materia de prevención provienen de la aplicación de
medidas consecuencia del progreso y de la investigación en el
desarrollo del sistema productivo y de técnicas y de medios de
producción, pero con independencia de esas cuestiones, el último
punto en el que nos centramos es en el de la modificación de algunos
aspectos que se refieren a la actuación de los agentes que
intervienen en la prevención.
El diseño de la Ley de prevención de riesgos laborales prevé la
intervención de una serie de agentes para mejorar la situación de la
prevención laboral en España. En ese sentido, se obliga a las
empresas a tener unos servicios de prevención propios, según los
casos, o a recurrir a unos servicios de prevención ajenos. El recurso
a los servicios de prevención ajenos ha provocado la creación de un
mercado en el que se han instalado empresas que han hecho unos
esfuerzos de inversión importantes. Lo que sucede es que nos
encontramos con un mercado distorsionado. Las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales compiten en una situación de una
cierta desigualdad con los servicios de prevención ajenos, porque no
hay una distinción en estos momentos en su actuación como entidades
gestoras de la seguridad social que manejan recursos públicos y
entidades que prestan servicios de prevención ajenos. Por tanto, no
hay una competencia adecuada en el mercado y eso provoca la tendencia
a la competencia a la baja. Esa competencia a la baja lleva a un
fenómeno que hemos detectado, que es el del cumplimiento
preferentemente formal o documental de las exigencias legales. No es
tanto que la ley no se cumpla, como se dice en muchas ocasiones, la
ley se suele cumplir, pero se cumple documentalmente. ¿Qué pide la
ley? ¿Un estudio de evaluación de riesgos? Pues se tiene el estudio
de evaluación de riesgos, se tienen los informes correspondientes,
pero eso muchas veces no se traduce en modificación ninguna en las
prácticas productivas en el seno de la empresa. Hemos podido
comprobar cómo hay estudios de evaluación de riesgos que están
fotocopiados de empresas a otras, con independencia de que
pertenezcan a sectores o a territorios muy distintos. En algunos
territorios en los que no hay un solo río en muchos kilómetros a la
redonda el estudio de evaluación de riesgos hace referencia a la
evacuación de la empresa en caso de desbordamiento del río. Eso pone
de manifiesto ese cumplimiento formal o documental que se está
produciendo, esa competencia a la baja como consecuencia de la
alteración del mercado que actualmente existe. Por tanto, creemos que
el mercado se debe clarificar, que las mutuas tienen un importante
papel que jugar al respecto, pero que hay que deslindar su actuación
como servicios de prevención ajenos de la actuación de las mutuas
como entidades colaboradoras de la seguridad social. Eso potenciará
sin duda alguna el mercado de la prevención.
Pensamos también que es necesario introducir algunos criterios de
flexibilidad sobre todo en relación con las pequeñas y medianas
empresas para el cumplimiento de la normativa de prevención. El
sistema diseñado por la Ley de prevención de riesgos laborales es que
se afronta la prevención con medios propios o se recurre a un
servicio de prevención ajeno. En muchas ocasiones habría que
permitir, por ejemplo, el recurso a un especialista con conocimientos
en la materia, que no sea un servicio de prevención ajeno, para hacer
un estudio de la situación y basándose en ese estudio decidir si se
contrata un servicio de prevención ajeno, ya con los costos
correspondientes lógicamente, o si se organiza la prevención con
medios propios. Se pueden establecer mecanismos algo más flexibles
para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, concentradas en
un polígono de suministradores o en un polígono industrial, de tal
manera que puedan llevar adelante, con un costo razonable, una
adecuada política preventiva.
Por último, un mecanismo importante que se creó en la Ley de
prevención de riesgos laborales es el de las auditorías de
prevención. También se establecen algunas sugerencias de modificación
en tal sentido. Se establece la obligación de someterse a una
auditoría de prevención cuando se organiza la prevención con medios
propios y no cuando se recurre a medios ajenos. El sentido de la
auditoría tiene que ser el mismo, tanto si se organiza la prevención
con medios propios como si se organiza con medios ajenos, pero
probablemente será necesario potenciar algunas cuestiones. No está
bien definida la formación que tienen que tener los auditores; el
plazo de realización de las auditorías es excesivamente largo; no se
establecen las consecuencias de que las empresas no se acomoden a las
observaciones de la auditoría en un plazo determinado y no corrijan
las deficiencias que a ese respecto se puedan establecer. Creemos que
el sistema de las auditorías de prevención puede tener efectos
positivos, pero que para su eficaz desarrollo necesita algunas
modificaciones que permitan una mayor efectividad en su uso.
En definitiva, esto completa un panorama de propuestas. Hay más de 70
propuestas que se contienen en el informe. No todas, lógicamente,
tienen la misma importancia. Hay algunas que tienen una cierta
trascendencia, hay otras que son cuestiones de detalle, pero pensamos
que una política de aplicación de las mismas debidamente secuenciada
en el tiempo conduciría, en un plazo relativamente corto, a una
mejora de la situación de la seguridad y de la salud en el trabajo en
España, con otro capítulo al que no me he referido, pero que también
es importante, que es el de las enfermedades profesionales, donde
seguimos con un sistema enormemente anticuado, con una lista tasada
de enfermedades profesionales y de actividades en las que se pueden
contraer, situación muy superada desde el punto de vista de la
evolución de las patologías actuales, donde se observa la aparición
de una serie de patologías que sin duda alguna están relacionadas con
el trabajo y que sin embargo no tienen la consideración oportuna, por
lo que habría que ir a un sistema más flexible, a una lista abierta,
y sobre todo más adecuado a las circunstancias que en este momento se
están dando en el mundo productivo. Insisto, son una serie de medidas
que en todo caso pueden permitir mejorar una situación que con
independencia de las dificultades para su conocimiento, como he
repetido en más de una ocasión, está lejos de lo que todos aspiramos
que sea la situación económica, la situación social y su reflejo en
estas cuestiones en nuestro país. No interpreten ustedes de mis
palabras y de la necesidad de corregir las informaciones estadísticas
un intento de minusvalorar el problema. El problema existe, es real y
sobre todo tiene una vertiente callada, a la que no acceden tanto los
medios de comunicación, en los que aparece la espectacularidad del
accidente, que se traduce en muchas ocasiones en pérdida de vidas
humanas, pero en ellos se reflejan poco los daños que a la salud se
están produciendo en muchas ocasiones en el ambiente de trabajo;
daños mucho más difíciles de captar y mucho más difíciles de luchar
contra ellos y que exigen, sin embargo, también medidas eficaces en
ese sentido, porque a medio y a largo plazo tienen bastante más
importancia
que los accidentes que se recogen periódicamente en los medios de
comunicación.
Termino mi intervención y quedo lógicamente a disposición de todos
ustedes.
La señora VICEPRESIDENTA (Monstseny Masyp): En primer lugar, tiene la
palabra el señor Antero Ruiz por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Quiero agradecer la comparecencia
hoy en esta Comisión del señor Durán y la información que ha dado,
que viene a ser complementaria del informe sobre siniestralidad que
hoy vamos a debatir aquí. El documento se estructura alrededor de
cuatro grandes temas: las estadísticas en salud laboral, las
características del mercado de trabajo, el marco normativo y, por
último, la política de prevención. (La señora vicepresidenta López i
Chamosa ocupa la presidencia.) Sobre cada uno de estos puntos se
aportan datos, se emiten puntos de vista valorativos y se realizan
propuestas que podrían contribuir a mejorar la seguridad y la salud
en el trabajo en España.
En la intervención que voy a hacer a continuación seguiré un esquema
similar. En primer lugar, sobre la mejora del conocimiento sobre los
daños a la salud en el trabajo, a pesar del notable esfuerzo de
explotación de los datos existentes sobre accidentes de trabajo, el
informe reconoce las limitaciones de las estadísticas disponibles,
tanto en cobertura -un 20 por ciento al menos de afiliados a la
seguridad social están excluidos- como respecto a la subestimación de
la gravedad y de la mortalidad, cifradas en un 28,7 por ciento y en
un 13,6 por ciento respectivamente. Se estima en un 4 por ciento la
sobredeclaración, es decir, la notificación como accidentes de
trabajo de daños con otro origen. Se reconoce el flagrante
subregistro de las enfermedades profesionales, como ya ha informado
en su intervención. Los expertos ven necesaria una modificación del
sistema de declaración desde el mismo parte de accidentes hasta la
actualización del cuadro de enfermedades profesionales, pasando por
la mejora de la calidad de las estadísticas y la agilidad en su
difusión. Hay que destacar entre las propuestas las de notificación
inmediata del parte de accidente del delegado de prevención y la de
definir con criterios objetivos y precisos el pronóstico de la
lesión. En este sentido la insuficiencia estadística se tropieza
igualmente con la dificultad de caracterizar o no como accidente
laboral algunas de las circunstancias conexas, por ejemplo el
accidente in itinere.
En segundo lugar, sobre la profundización en el impacto de las
condiciones de trabajo sobre la salud, el informe señala el
crecimiento del empleo, el aumento del sector de servicios, el
importante peso de la temporalidad y de la subcontratación, el
predominio de las
pymes y la presencia considerable de la economía sumergida como
características del panorama actual de nuestro mercado de trabajo.
Las conclusiones que extraemos es que el aparato legislativo y las
prácticas actuales han sido superadas por la realidad del mercado de
trabajo. Son dos las consecuencias que caben extraer: por un lado,
intervenir sobre el mercado de trabajo, especialmente en los factores
de temporalidad, subcontratación y economía sumergida; y, por otro,
diseñar nuevos instrumentos de intervención. Ambas cuestiones han
venido negándose reiteradamente por el Gobierno. En este contexto,
según el informe, las condiciones de trabajo vienen marcadas de forma
creciente por riesgos de tipo organizativo -ritmos de trabajo, turnos
y carga ambiental-, lo que remite a la regulación de la jornada de
trabajo, especialmente en algunos sectores, y a una mayor percepción
del riesgo de accidente por parte de los trabajadores. Proponen un
estudio exhaustivo sobre temporalidad y accidentes de trabajo con el
fin de identificar los factores concretos que condicionan esta
relación. No somos contrarios a la investigación, pero somos de la
opinión de que esta identificación es ya bastante evidente. También
aluden a los planes sectoriales para la reducción de la
siniestralidad y a prestar atención especial a la actual regulación
de las subcontrataciones y a la de las ETT. En este sentido espero
que el Gobierno haya sido en su respuesta a los autores del informe
menos grosero de lo que suele ser cuando Izquierda Unida dice
prácticamente lo mismo.
En tercer lugar, sobre la adecuación y mejora del marco legal, la
contrastada necesidad de cambiar el marco legal ha venido siendo algo
reiterado en esta Cámara, a través de proposiciones de ley de todos
los grupos, excepto del Grupo Popular. Ustedes califican el actual
panorama normativo como prolijo, disperso y complejo. Su mero
cumplimiento, al margen de una verdadera cultura preventiva y de una
decidida implicación de los agentes sociales a través de la
negociación colectiva, no bastaría para asegurar una adecuada
política de prevención. Han propuesto diversas modificaciones
legales; por ejemplo: garantizar la protección del trabajador en caso
de incapacidad sobrevenida por riesgo laboral, clarificar el derecho
a la paralización de actividades por riesgo grave e inminente,
homogeneizar el deber de coordinación y el régimen de
responsabilidades entre ETT y empresa usuaria. También proponen la
publicidad de las sanciones por infracciones muy graves. Echamos en
falta algunas más relativas a los asuntos relacionados con la
subcontratación, con la posibilidad de garantizar los delegados de
prevención en sectores muy atomizados empresarialmente. En
definitiva, empezamos a creer que tras cinco años debería procederse
a un cambio de legislación en esta materia.
Respecto al sistema de inspección y control se hace necesaria una
mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas y mejorar la dotación
de inspección de trabajo, incrementando las partidas presupuestarias
en el campo de la salud laboral y potenciar la especialización
preventiva de los inspectores. Se es partidario de atribuir más
competencias a los juzgados de lo social, de forma que se concentre
en un único orden jurisdiccional la totalidad de la pretensiones y el
conocimiento de cuantas responsabilidades se deriven de la eventual
infracción de las normas preventivas. Como ustedes saben, estas
propuestas han sido rechazadas por el Grupo Popular, y todas ellas
han estado contenidas en propuestas de Izquierda Unida, por lo que
sólo podemos estar en este caso de acuerdo con ustedes. Aunque el
informe reconoce una diferenciación entre seguridad social y
prevención, afirma que el sistema de seguridad social sí está
interesado en que exista una adecuada política de prevención. Desde
esta consideración, se realizan una serie de propuestas entre las que
tal vez se encuentren las que han levantado mayor polémica, por
ejemplo: la de que el empresario abone la prestación económica por
incapacidad temporal durante los primeros siete días de baja, con
independencia de que ésta sea por contingencias comunes o por
patología de origen laboral, y la de reducir la cuota patronal por
accidente de trabajo, estimada según declaraciones del propio informe
Durán en unos 40.000 millones de pesetas, revisando las actuales
tarifas por actividades económicas. Se apunta además la posibilidad
de devolución de parte de las cantidades cotizadas por las empresas
en caso de no siniestralidad y la supresión del actual recargo de
prestaciones que se sustituiría por la posibilidad de reclamación de
la íntegra reparación del daño sufrido por el trabajador accidentado
en caso de culpa del empresario.
El informe consideraba que las mutuas están forzando una competencia
a la baja que favorece la burocratización de la prevención. Proponen
deslindar nítidamente su papel como entidades colaboradoras de la
seguridad social de su actividad en cuanto a servicios de prevención,
garantizando un plano de igualdad en el mercado con el resto de
entidades. En este sentido, se urge a la prohibición de que las
mutuas utilicen recursos de la seguridad social para financiar
actividades preventivas y se propugna un mayor control del destino de
dichos fondos mientras tanto; también se aboga por la democratización
de la gestión de las mutuas.
Puesto que han pasado un papel donde el ministro adelanta su
comparecencia, terminaría hablando sobre las mejoras de prevención y
formación. En este sentido, recogiendo la experiencia del reciente
plan de acción contra la siniestralidad, el informe propone políticas
de concentración de actuaciones sobre actividades económicas de alta
siniestralidad, así como la introducción de medidas de estímulo a las
empresas para la aplicación de políticas preventivas.
En el campo de la formación se aboga por integrar la prevención en la
educación secundaria obligatoria (ESO), y por dotar
presupuestariamente un plan nacional
de formación de trabajadores y empresarios. También se propone
regular las titulaciones oficiales de prevención, tanto en el nivel
de formación profesional como universitaria, así como impulsar
programas y líneas de apoyo a la investigación sobre prevención de
riesgos laborales. En definitiva, es posible que el informe tenga
diversas lecturas, pero es evidente que una de ellas viene a
legitimar las propuestas de los grupos de esta Cámara y las
propuestas que han venido realizando los sindicatos y que han sido
rechazadas en el Congreso.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): A continuación, tiene la
palabra el señor Carlos Campuzano de Convergència i Unió. Vamos muy
justos de tiempo porque, aunque el ministro no ha adelantado su hora,
la comparecencia estaba prevista a las doce. Les ruego que se ajusten
al tiempo, aunque puedan decir lo que necesiten.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En nombre de Convergència i Unió
agradezco la comparecencia del señor Durán. El Grupo Parlamentario
Catalán ya solicitó esta comparecencia en junio de este mismo año,
justo cuando se redactó el informe, mientras el señor Durán era
presidente del Consejo Económico y Social. Supongo que por una
interpretación quizá rígida del Reglamento de la Cámara por parte de
sus servicios no figura esa petición expresa de comparecencia de
nuestro grupo. Para Convergència i Unió es importante esta sesión. En
su momento nos pareció que la opción del Gobierno de encargar a una
persona de prestigio la elaboración de un informe de estas
características como autoridad independiente marcaba una línea de
trabajo que ojalá en muchos aspectos de la Función pública española
se pudiesen realizar, precisamente a la hora de analizar lo que son
las políticas que se deben desarrollar. Posteriormente, la lectura
que nuestro grupo ha podido hacer de este informe confirma el acierto
de la decisión tomada. Estamos ante un buen documento de análisis de
la problemática que suscita la atención del conjunto de los grupos de
la Cámara y mucha preocupación. Estamos ante un conjunto de
propuestas que en diversos ámbitos podrían orientar de manera muy
interesante las acciones, tanto del Gobierno del Estado como del
resto de las administraciones públicas implicadas en esta cuestión y
de los propios agentes sociales.
Nos parecía que esta comparecencia en la Comisión se debía producir
porque, como muy bien recordaba el señor Ruiz, los grupos
parlamentarios hemos tenido diversas iniciativas orientadas a
impulsar la política del Gobierno en esa materia. Desde la
perspectiva de CiU nos parecía que antes de avanzar en nuevas
propuestas de impulso de la acción del Gobierno era bueno conocer de
la propia autoridad que así lo había redactado el contenido de este
informe. En términos generales compartimoslos planteamientos que se
abordan en el informe,
especialmente aquellas cuestiones que el señor Durán ha destacado en
su intervención, las que hacen referencia a esta adecuada gestión de
los sistemas de información estadística y su necesaria modificación,
para situar en el ámbito de las cifras esta problemática en su punto
adecuado. También queremos destacar la importancia de los factores
estructurales del mercado de trabajo. La afirmación que se hace en la
página 208 del informe la encuentro especialmente clarividente y
contundente. Se dice que el conjunto de evidencias recogidas en la
descripción estadística tiene tres claros vectores cuya
identificación responde al que podría denominarse perfil del
accidentado. Quienes con más frecuencia han padecido daños han sido
varones jóvenes, y/o con poca experiencia en el trabajo y en tareas
de baja cualificación y con empleos de tiempo temporal y/o en algunas
entidades productivas. Ello apunta a un tipo de trabajo que en
estudios de otra índole se ha denominado precario, cuya irrupción en
el panorama laboral español corresponde a los efectos indeseados de
las grandes reformas laborales de 1984 y, aunque en menor medida, de
1994. Ahí el informe sitúa a esta Comisión en esa visión amplia del
fenómeno y debería obligar al conjunto de los grupos de la Cámara y
al propio Gobierno a reflexionar sobre esta descripción, que va mucho
más allá de la cuestión de los accidentes de trabajo y se sitúa en
ese terreno importante de nuestro mercado de trabajo, el de la
precariedad.
Compartimos mucho el planteamiento que se hace en el informe de
orientar nuestra política hacia el estímulo en el terreno de la
prevención. Es evidente que ahí la sensación y la realidad es que el
conjunto de las administraciones públicas, y muy especialmente el
Gobierno del Estado, no están siendo suficientemente ambiciosos para
desarrollar una política que estimule este compromiso de las empresas
en esta política de prevención. Esa referencia que se hace en el
informe de estimular todos los procesos de inversiones por parte de
las empresas en el ámbito de la prevención a través de deducciones
fiscales nos parece muy importante. He de recordar que en el último
debate de política general en julio de este mismo año se aprobó una
propuesta de resolución de Convergència i Unió, que en su sentido
literal decía: Promover en la futura reforma del impuesto sobre
sociedades una deducción para las inversiones que efectúen las
empresas destinadas al fomento de la prevención de riesgos laborales
y la mejora de la salud laboral. Nos parece que es importante, así
como avanzar en esa modificación del sistema asegurador. Nosotros en
su tiempo habíamos defendido el bonus-malus, pero nos parece que la
propuesta que se efectúa en el informe del señor Durán podría ser más
adecuada a la realidad de nuestro tejido productivo. Nos preocupa
-nos ha parecido más contundente su expresión hoy en la Comisión que
en el propio texto del informe- esa necesidad de que en el fomento de
la investigación en España se incorporen también esfuerzos en ese
ámbito. También
se hace referencia en el informe a esa mayor incardinación de los
aspectos educativos en el sistema general educativo para fomentar esa
cultura de prevención. Existe un paquete de propuestas que nos
parecen muy razonables y que sería importante que el Gobierno pudiese
desarrollar.
En la parte final de su informe creo recordar que se hace referencia
a la negociación colectiva. Me gustaría que el señor Durán
profundizase. Me parece entender del informe que se hace una cierta
crítica al conjunto de agentes sociales por no haber incorporado en
el ámbito de la discusión de la negociación colectiva los aspectos
referidos a la prevención de riesgos. En esta política que nos parece
de cumplimiento de la legalidad pero también de estímulo de la
responsabilidad de las empresas y de los trabajadores es evidente que
la negociación colectiva es el ámbito ideal para concretar esa
responsabilidad. Incluso hace referencia al conjunto de recursos que
destinamos en la formación ocupacional y en la formación continua a
este tipo de actuaciones. Me gustaría que el señor Durán también
profundizase en esto. Espero que el Gobierno avance y desarrolle los
contenidos del informe Durán. Nuestra sensación es que hasta ahora el
Gobierno ha sido muy poco ambicioso y que está perdiendo una buena
oportunidad. Es un buen informe que apunta buenas soluciones y quizás
el riesgo que tenemos es que pase esta legislatura y que este informe
sirva para estimular la actividad parlamentaria de los grupos -yo le
puedo asegurar que mi Grupo el próximo año intentará que algunas de
sus sugerencias se puedan plasmar en políticas concretas y en cambios
legales-, sin que lidere su implementación quién debería hacerlo, que
es lógicamente el propio Gobierno. Nuestra sensación hasta ahora es
-insisto- que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de concretar
estas previsiones. Yo espero que la sesión de hoy nos sirva a todos
para estimularnos en la puesta en marcha de algunas de estas
iniciativas.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el señor
González Vigil por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: En primer lugar, quiero agradecerle en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista su comparecencia y, en
segundo lugar, felicitarle por el trabajo que ha hecho.
No voy a ser yo quién juzgue su trabajo porque seguramente sería
demasiado pretencioso, máxime cuando aún todavía no lo han hecho ni
los empresarios ni los agentes sociales. Además, dado que no tiene
responsabilidades de gobierno, tampoco sería muy significativo
hacerle, aunque fuese pecando de atrevimiento, sugerencias
o insinuaciones sobre el trabajo. Reitero la felicitación. Es un buen
trabajo y esperemos que, fundamentalmente por el bien de los
trabajadores, den resultado esas posibles medidas -como dice el señor
Aznar en la presentación del libro- que se pueden poner en marcha.
Para ser breve quisiera hacerle cuatro preguntas. La primera es si
tiene usted conocimiento de si el Gobierno ha puesto ya en marcha
alguna de las medidas propuestas en el informe. Creo recordar que el
informe se acabó en el mes de febrero y se presentó al presidente del
Gobierno -quién lo había encargado- en el mes de marzo. La segunda
pregunta se refiere a -aparte de las mayores o menores imperfecciones
que pueda tener el sistema estadístico en la recogida de datos en la
actualidad y teniendo en cuenta algo que me ha preocupado
fundamentalmente cuando leí el libro y hoy cuando usted lo ha dicho-
que se subregistran los accidentes graves y mortales, pero hay dos
realidades -independientemente de las estadísticas-, en primer lugar,
que en los cinco años de vigencia de la ley los accidentes con baja
han aumentado un 51,7 por ciento y, en segundo lugar, que según la
encuesta Eurostat - que conocimos pocos días después de que usted
entregase el informe al señor Aznar- España tiene el índice de
accidentes laborales con tres día de baja en jornada de trabajo más
alto de la Unión Europea. Este dato es muy significativo. Duplica,
casi triplica la media de la Unión Europea y quintuplica la de los
países con menos índice de siniestralidad como puedan ser el Reino
Unido, Irlanda o Suecia. Si esos datos están ahí y se reconoce la
altísima siniestralidad que hay en el país -la reconoce usted en el
informe y el señor Aznar encargándoselo-, la pregunta que desde mi
Grupo le queremos hacer -y se la hacemos como persona independiente,
tal y como usted se define en el prólogo del libro y como ha hecho en
el informe- es la siguiente: ¿qué opinión le merecen las actuaciones
del Gobierno como responsable último del cumplimiento de la ley por
todos los sectores afectados? No tengo que recordarle que la entrada
en vigor de la ley coincide con la llegada al Gobierno del Partido
Popular. La tercera pregunta se relaciona con lo siguiente. Usted
propone -creo haber catalogado- 73 medidas. Nosotros sabemos que es
imposible que las 73 medidas se pongan en marcha al mismo tiempo,
pero también somos conscientes de que hay que adoptar alguna, la que
sea, que al menos frene el continuo crecimiento de accidentes
laborales en nuestro país. ¿Cuáles serían a su juicio las primeras
medidas que, bien por su facilidad, bien por su bajo coste económico
o bien fundamentalmente por sus resultados inmediatos para la
reducción de la siniestralidad, deberían ponerse en marcha? La cuarta
y última pregunta hace alusión a que vemos que en algunas partes del
informe se habla de la posibilidad de devolución de parte de las
cantidades cotizadas por las empresas en caso de no siniestralidad.
En otro apartado se habla de introducir diversas medidas de estímulo.
Nosotros entendemos que son dos cosas totalmente diferentes. Estamos
totalmente de acuerdo en que es necesario introducir medidas
de estímulo, pero en diversos debates de esta Cámara ha surgido
la duda cuando se haba del bonusmalus, si es bueno premiar por
hacerlo bien, si es bueno premiar a las empresas por que cumplan la
ley. ¿Cree usted que es bueno premiar por hacerlo bien y por cumplir
la ley? Espero que no tenga inconveniente -repito- como persona
experta e independiente en su criterio de contestar a estas cuatro
preguntas.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Damos la bienvenida al
señor ministro a esta Comisión. Como estamos hablando de los
accidentes laborales, que nos inquietan y preocupan al ministro y a
todos nosotros, le rogamos que nos disculpe si le hacemos esperar un
poco.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): En
este caso, agradezco la atención amable de la presidencia. Dada mi
doble condición de ministro y diputado, estaré en la segunda
escuchando gustosamente.
La señora PRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra la señora
Montseny. Usted misma se regulará el tiempo con su buen juicio.
La señora MONTSENY MASIP: Voy a intentar ser muy breve para no hacer
esperar en demasía al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quien,
como él dice, está aquí escuchándonos en su calidad de diputado de
esta Cámara y que además vendrá a ilustrarnos sobre el mismo carácter
de la celebración de esta Comisión.
Muchas gracias, señor Durán, por el informe que ha presentado a esta
Cámara. Si no hubiéramos tenido la ocasión de leer el ya conocido
informe Durán, que tanto hemos debatido, incluso en el Pleno de esta
Cámara, hoy con el análisis que usted nos ha hecho entenderíamos
perfectamente cuáles son las causas de la siniestralidad laboral en
nuestro país. Usted ha incidido mucho en las razones por las que se
da este aumento de la siniestralidad. En el informe propone una serie
de medidas para intentar solucionar un problema tan grave que tanto
nos afecta y nos inquieta a todos. Buena muestra de ello no es sólo
la inquietud de la sociedad por la siniestralidad laboral, sino
también la de todos los grupos que conforman esta Cámara. No quiero
pasar por alto que el propio presidente del Gobierno, ya en el debate
de investidura en el que fue votado por esta Cámara, incidió en que
se atendería esta problemática y le encargó ese informe, que todos
conocemos ya como el informe Durán.
El Gobierno ha hecho muchas cosas, ha tenido diversas iniciativas en
el año 1996 -como la mesa tripartita para solucionar los problemas de
la siniestralidad, la constitución de la Comisión nacional de
seguridad y salud, el reglamento de servicios de prevención-, en 1998
se puso en marcha el Plan de acción sobre siniestralidad y en 1999 se
creo la Fundación para la prevención
de riesgos laborales. Nuestro grupo, como no podía ser de otra forma,
debe estudiar en profundidad las medidas que usted nos propone en su
informe para solucionar la siniestralidad laboral. En uno de los
puntos me gustaría poner un poco de énfasis. Usted ha dado como una
de las causas posibles, no sólo la única, la temporalidad y, por
tanto, la precariedad laboral dentro del ámbito del mercado de
trabajo, pero sin duda en el aumento de esa siniestralidad laboral,
sin que por ello queramos hacer una especial ostentación, ha habido
un incremento amplio de empleo y de afiliados a la Seguridad Social
en esos cinco últimos años. En términos globales es evidente que no
es lo mismo hablar de la prevención de riesgos laborales en un
colectivo de 12 millones de afiliados a la seguridad social, que
estar hablando en los términos en que hoy hablamos. Según la última
cifra que ha dado a conocer el ministerio y en general todos los que
se ocupan del mercado laboral, estamos casi en los 16 millones,
15.800.000, de afiliados a la seguridad social. También tengo que
poner de manifiesto que las últimas cifras inciden en que si bien ha
habido ese aumento de la siniestralidad laboral, también ha habido
una disminución en los accidentes de trabajo graves y en los
mortales. Eso es muy importante, por cuanto el aumento de una
siniestralidad laboral no se puede enjuiciar nunca desde el mismo
punto de vista en cuanto a los accidentes que tienen carácter leve
que a veces son, como diríamos de forma vulgar y coloquial, gajes del
oficio, que no el incidir realmente en que haya una verdadera
disminución de los mortales.
Usted nos ha puesto de manifiesto que hay que incidir en las medidas
de formación, puesto que las de información quizá no hayan sido
suficientes. Estoy totalmente de acuerdo con usted, aunque a título
personal creo mucho en la información en la sociedad en todos los
ámbitos, no sólo en el de la siniestralidad. La información supone
muchas veces una educación en la sociedad para que todos vayamos
siendo conscientes de aquellos problemas que podemos ir solucionando
como ciudadanos, desde el ámbito parlamentario y desde el Poder
Ejecutivo. Por tanto, en el Grupo Parlamentario Popular estudiaremos
todas esas medidas de formación a las que usted hacía alusión;
también tendremos especial cuidado en seguir facilitando las labores
de información, que deberían darse en otros muchos sectores aparte de
en el ámbito parlamentario, para que nuestra sociedad pueda
solucionar problemas.
Para terminar, me gustaría decir -muchas de las preguntas que yo le
podría hacer se las han formulado ya otros grupos parlamentarios, y
además usted ha hecho una exposición muy amplia de las medidas de su
informe, que nuestro grupo parlamentario con todo gusto estudiará, y
no me cabe duda que el Gobierno también las quiere llevar a cabo- que
también puede que sea difícil en esa labor evitar los accidentes de
trabajo. Si no recuerdo mal entre el 60 y 70 por ciento de los
trabajadores españoles trabajan en empresas de
menos de cinco trabajadores y en esas empresas tan pequeñas
establecer todas esas medidas -nos ha dicho de los bonus-malus, de
los incentivos, de las bonificaciones que evidentemente siempre son
satisfactorios- no sé si es posible. Antes se decía que si premiar el
cumplimiento de la ley puede ser satisfactorio. El Gobierno ha dado
muchos incentivos que han fomentado el empleo cumpliendo la ley, pero
premiando también con bonificaciones, desgravando, no aumentando
módulos para que haya incremento del empleo; y no han sido malos, a
la vista de los resultados obtenidos. De haber sido llevado a cabo en
otras épocas con otros gobiernos hoy estaríamos oyendo lo que se ha
hecho de positivo en el ámbito socio-laboral, con incremento incluso
de prestaciones sociales. Por lo tanto, en esas empresas tan
pequeñitas, de cinco trabajadores, quizá sea muy difícil poder llevar
a cabo esa prevención que hay que fomentar, seguir facilitando,
seguir informando y contribuir a esas medidas de formación. Por lo
tanto, atenderemos con mucho gusto a su respuesta a las preguntas que
le han sido formuladas. Le vuelvo a agradecer, señor Durán, ese
informe especial, ese análisis en profundidad y esa tarea tan difícil
que nos ha ofrecido el conocimiento con mayor detalle en cuanto a la
siniestralidad laboral y a las formas que se puedan llevar a cabo
para disminuirla.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Gracias, señora Montseny.
Tiene la palabra el señor Durán.
El señor EX PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Durán López):
Yo voy a tratar de responder a los contenidos de las diferentes
intervenciones que conllevan alguna interpelación. En primer lugar,
agradezco las palabras del señor Ruíz y su coincidencia con algunos
aspectos de lo que se contiene en el informe. Igualmente agradezco
las palabras del señor Campuzano. Respecto a lo que me plantea sobre
la negociación colectiva, efectivamente yo no he insistido en ello en
mi intervención, pero una de las cuestiones a las que hace referencia
el informe es la pobreza de los contenidos de la negociación
colectiva en España sobre este tema. Con la lectura de una muestra
suficientemente amplia de convenios el análisis de los convenios
colectivos es desilusionador; no hay una asunción de la importancia
que puedan tener estas materias y del papel que puede tener la
negociación colectiva; papel autónomo, pero muchas veces requerido
por la propia legislación y no cumplido por los agentes sociales. Eso
probablemente trae otros problemas que nos llevarían muy lejos y que
derivan de las características de nuestro sistema de negociación
colectiva -me da vergüenza hablar de estos temas delante del señor
ministro- que son los que actualmente justifican su proceso de
reforma. En este momento estamos ante una negociación colectiva muy
pobre en sus contenidos,
salvo alguna excepción sectorial y de empresa con medidas muy
significativas e interesantes en estas materias preventivas.
Generalmente la pobreza de los contenidos es llamativa, y no es tanto
una cuestión de pereza de los interlocutores sociales como el propio
sistema negociador actualmente vigente el que propicia esa situación;
por eso la urgencia de su reforma se pone de manifiesto una vez más.
Hay que insistir en la necesidad de las formación en esas materias, y
dentro de ellas en la formación continua. En ésta habría que tener un
renglón importante para la formación de aquellos trabajadores
dedicados a cuestiones preventivas en el seno de la empresa, del
conjunto de trabajadores en una formación básica y de los empresarios
que asumen las tareas propias en su empresa. Algo se ha avanzado en
ese sentido, pero todavía hay que hacer mucho más. Coincido con él en
el papel impulsor que el Gobierno debe tener en estas materias. Me
alegra esta iniciativa parlamentaria de mi comparecencia como autor
del informe y de las iniciativas que ya se han producido y que se
puedan producir en el futuro, porque el Gobierno tiene una
responsabilidad de impulsar el debate y la discusión de medidas
concretas a este respecto, sin olvidar el diálogo social. En estas
materias es difícil asumir la responsabilidad de presentar propuestas
concretas sin contar previamente con un proceso de diálogo social;
eso probablemente explique - no trato de justificarlo- el cierto
retraso que se haya podido producir al afrontar determinadas
propuestas o planteamientos de los contenidos de los hechos en el
informe. Existe la necesidad de someterlo a un proceso de diálogo
social, que actualmente está en marcha, y se han constituido las
mesas correspondientes que han empezado a discutir estas cuestiones.
Enlazo con las preguntas concretas del representante del Grupo
Socialista. La primera se refiere a si tengo conocimiento de que el
Gobierno haya puesto en marcha algunas medidas relacionadas con el
contenido del informe. Yo quiero aclarar mi papel. Yo hice el informe
no en mi condición de presidente del Consejo Económico y Social,
condición que además ya no ostento, sino llamado por el presidente
del Gobierno, quien me insistió en la plena independencia y la
absoluta libertad para desarrollar y exponer las conclusiones
oportunas. Ahora ya no soy presidente del Consejo Económico y Social,
sino que soy un ciudadano privado. Supongo que el Gobierno tiene
cosas más interesantes que hacer que decirme a mí si ya ha puesto las
medidas en marcha o no. Tengo conocimiento por los agentes sociales
de que algunas medidas están en discusión en el contexto del diálogo
social en la mesa constituida al efecto, pero no tengo, obviamente,
ni tendría por qué, información directa y oficial sobre este tema. Es
prudente también que el Gobierno antes de afrontar la discusión
inmediata de una medida o de una propuesta la someta al planteamiento
de los agentes sociales en las mesas
establecidas al respecto, que es lo que se está haciendo en estos
momentos.
En relación con la segunda pregunta y con el subregistro al que yo
hacía referencia sobre los accidentes graves y los mortales, coincido
en que es un problema que existe y que hay defectos de calificación
inicial del accidente, y por eso una de las propuestas, a la que
hacía referencia el representante de Izquierda Unida, que se
contienen en nuestro informe es precisamente la de establecer unos
criterios objetivos de categoría del pronóstico del accidente en
leve, grave y muy grave que eviten situaciones de discrecionalidad e
imponer la notificación inmediata a los delegados de prevención para
evitar también que puedan calificarse como accidentes leves, como en
algunas ocasiones ocurre, aquellos que está claro desde el primer
momento que no son leves. Ese subregistro existe, lo que provoca una
cierta compensación con el otro fenómeno del sobrerregistro al que yo
me refería.
En cuanto a la comparación con las estadísticas europeas, como he
dicho anteriormente y ratifico ahora, hay que tener una cierta
cautela. Del ejemplo que usted me pone del Reino Unido, Irlanda y
Suecia, el caso de Suecia no lo tengo ahora en la cabeza y tendría
que consultarlo, pero Reino Unido e Irlanda son dos de los países en
los que no hay obligación de notificación oficial de accidentes de
trabajo. Por lo tanto, con el Reino Unido es muy difícil establecer
una comparación, pues no existe una fuente de información estadística
directa sino que se trata de apreciaciones, por lo que hay que tener
cautela con estas comparaciones internacionales. Respecto de qué
medida concreta inmediata sería eficaz aclararé que unas medidas
tienen más importancia a corto plazo y otras más a medio y largo
plazo. En ese sentido hay medidas que están dando resultados muy
positivos; son los planes de actuación establecidos en algunas
comunidades autónomas para concentrar actividades en determinadas
empresas y sectores que tienen un mayor índice de siniestralidad. Uno
de ellos es el famoso Plan Aragón, que luego se ha aplicado en otras
comunidades; en Valencia el Plan 2000 ó 2001 -no recuerdo exactamente
como se llama-, sobre las mismas bases de ese plan de actuación, ha
tenido consecuencias inmediatas muy positivas. Aragón es
probablemente la comunidad autónoma que en estos momentos, si no me
equivoco, tiene los mejores registros absolutos de evolución de la
siniestralidad y en términos de incidencia. La aplicación en las
comunidades autónomas de medidas de actuación no copiadas, sino sobre
la base en la que se inspira la actuación pionera del Plan Aragón,
que existe ya en otras comunidades, potenciando la labor de
coordinación con la Inspección de Trabajo -ya hay convenios, si no me
equivoco, que se han suscrito con todas las comunidades autónomas,
excepto con el País Vasco y Castilla-La Mancha-, es una medida
inmediata que se traduce en una disminución significativa
de la siniestralidad, como se ha producido en Aragón, que yo sepa, en
la Comunidad Valenciana y en alguna otra comunidad.
Me pregunta también mi opinión sobre si es bueno premiar,
simplificando, por el cumplimiento de la ley y si la política de
estímulo que se establece no consiste en el fondo en premiar por
hacer bien las cosas. Sí es bueno, y entre las políticas públicas
están las represoras y sancionadoras, pero están también las
políticas premiables, que muchas veces tienen una importancia
fundamental. Comprendo que puede ser mucho más claro decir: Las leyes
están para cumplirlas y no hay que premiar al que las cumpla, pero la
prevención de riesgos laborales es bastante más complicada que eso.
No se trata simplemente del cumplimiento de la ley, sino también de
estimular un compromiso efectivo con la prevención, de estimular la
inversión y el gasto empresarial en formación y de crear una cultura
general en todos los implicados en la misma. Las medidas de estímulo
económico pueden ser significativas para eso, y no se deben
interpretar de una forma excesivamente simplista -perdóneme la
expresión- como que es premiar el cumplimiento de lo que
obligatoriamente hay que hacer. Aparte del cumplimiento de la ley,
que muchas veces es puramente formal, hay que estimular la adopción
de políticas preventivas y de una cultura de la prevención en la
empresa. Sin incumplir la ley, se pueden usar unos medios productivos
u otros y se puede tener un determinado tipo de organización del
trabajo o se puede tener otro. Favorecer la adopción de medidas
organizativas y la utilización de instrumentos productivos más
beneficiosos desde el punto de vista de la siniestralidad es a largo
plazo beneficioso para el conjunto de la sociedad e incluso, si se
quiere, en términos económicos, porque lo que se puede ahorrar en
disminución de la siniestralidad compensa de sobra lo que se puede
invertir en estas políticas.
Por último, en relación con la intervención de la representante del
Grupo Parlamentario Popular, le agradezco como a los otros
intervinientes sus palabras. Quiero aclararle algunas cuestiones de
mi intervención que han podido dar lugar a sus planteamientos.
Obviamente el informe no ignora el crecimiento de la actividad
económica, que es lógicamente un factor de riesgo. Lo que yo he
querido decir es que no se debe acudir sólo a esa explicación y
centrar todo en la consecuencia inevitable de dicho factor. No
debemos resignarnos, sino que habrá que afrontar las condiciones de
esa mayor actividad y por tanto habrá que establecer políticas
específicas para ello. Respecto a la formación, no es que el informe
minusvalore los esfuerzos de las campañas informativas. Sabemos que
son difíciles de medir, pero debe producirse un esfuerzo formativo
tanto en la enseñanza obligatoria como en la universitaria,
terminando con las situaciones de provisionalidad que permitía la
normativa con la acreditación, que además ha seguido criterios muy
distintos en determinadas
comunidades autónomas. Hay sistemas formativos que realmente dan una
formación y una titulación adecuada, pero hay otros que
lamentablemente no tienen los niveles de calidad requeridos, y por
eso probablemente haya que organizar la formación sobre otras bases.
La formación tanto en el ámbito universitario como en el profesional
y en el de la enseñanza obligatoria exigiría unas medidas positivas
para terminar con la situación de provisionalidad a la que me he
referido. El tejido productivo existente lógicamente condiciona las
medidas que se puedan adoptar. Lo que pasa es que las empresas muy
pequeñas son las que tienen mayor número de accidentes, pero no mayor
incidencia. La mayor incidencia en siniestralidad se da en las
empresas de tamaño medio, y por tanto tampoco hay que considerar que
el tejido productivo impide la aplicación de medidas eficaces desde
el punto de vista de la prevención. Aparte de eso, una de las
cuestiones más debatidas del informe en comparecencias públicas (en
conferencias, etcétera, es sobre lo que más me preguntan y lo que
procuran rebatirme los afectados lógicamente desde el punto de vista
de sus intereses) es la medida para establecer mecanismos que
permitan flexibilizar el cumplimiento de las exigencias para esas
pequeñas empresas y facilitarles el cumplimiento de la normativa,
porque como he dicho anteriormente uno de los defectos que tiene la
normativa reguladora de estas cuestiones es su generalidad, es decir,
que actúa como si todo el tejido productivo fuera el mismo y como si
todas las empresas fueran iguales, las de cinco y las de quinientos.
En ese sentido, adoptar una normativa específica, que permitiera a
través de los recursos a los que me he referido en mi intervención
facilitar el cumplimiento por las pequeñas empresas, podría tener
resultados positivos.
Finalmente, quiero agradecer de nuevo todas las intervenciones,
reiterarles el honor que para mí representa esta comparecencia e
insistir en lo modesto de mi papel. Cuando hice el informe tenía unas
responsabilidades públicas que ahora no tengo, pero cuando lo hice
y ahora no era ni soy más que un modesto estudioso de las cuestiones
sociales al que se le ha requerido su opinión y la ha dado, y por
supuesto el resto de las cuestiones escapan de mis limitadas
competencias.
Muchas gracias de nuevo a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Muchas gracias, señor
Durán, por su comparecencia y por lo que nos ha dicho.
Vamos a suspender dos minutos la sesión para despedir al señor Durán
como se merece y para dar la bienvenida al ministro con la alegría
que nos produce verlo en esta Comisión. (La señora vicepresidenta
Montseny Masip ocupa la presidencia.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(APARICIO PÉREZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA EVALUACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACCIÓN SOBRE LA SINIESTRALIDAD LABORAL DE 29/10/98. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000258.)
- EL PLAN 2001 DE ACTUACIÓN PREFERENTE CONTRA LA SINIESTRALIDAD. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 213/000478.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a acumular las dos comparecencias del señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, al que damos la bienvenida en su doble
condición de miembro de esta Cámara, como he dicho antes cuando
estaba en el uso de la palabra, y de responsable del departamento de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Para informarnos acerca del Plan de acción sobre la siniestralidad
laboral y sobre el Plan 2001 de actuación preferente contra la
siniestralidad tiene la palabra el ministro de Trabajo, don Juan
Carlos Aparicio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Mis
primeras palabras naturalmente tienen que ser de agradecimiento por
haberme brindado la oportunidad de venir a esta Comisión a informar
sobre la evaluación y el grado de cumplimiento del Plan de acción
sobre la siniestralidad laboral de 29 de octubre de 1998 y sobre el
Plan 2001 de actuación preferente sobre siniestralidad, dos planes de
enorme importancia para la seguridad y para la salud de los
trabajadores. Comparto plenamente con SS.SS. la preocupación por la
siniestralidad laboral. Es un sentimiento unánime dentro de esta
Cámara y de esta Comisión. De lo que se trata es de abordar un
problema grave ante el que no podemos volver la espalda y que
requiere, como tantas veces se ha dicho, una respuesta coordinada de
todos los actores implicados: administraciones públicas (naturalmente
también el Ministerio de Trabajo), administraciones autonómicas,
empresarios y trabajadores y sus representantes. A lo largo de esta
legislatura y en la anterior se han formulado distintas preguntas e
interpelaciones que contienen los criterios básicos con los cuales ha
deseado actuar el Gobierno. También en este momento existe en el
Senado una Comisión parlamentaria que estudia causas y posibles
medios de actuación, siendo una prueba asimismo del interés de la
Cámara Alta sobre la misma cuestión. Sus conclusiones, las de la
Comisión del Senado, también serán objeto de especial atención por el
Gobierno.
Hace poco más de un mes también tuve ocasión de informar ante el
Pleno del Congreso sobre las diversas actuaciones que se han venido
desarrollando por parte del Gobierno en torno a los tres grandes
objetivos que constituyen la estrategia de actuación para la mejora
de la seguridad y la salud del trabajo en nuestro país. Estos serían,
en primer lugar, la modernización del marco legislativo a partir del
desarrollo normativo de la Ley de prevención de riesgos laborales del
año 1995; en segundo lugar, el desarrollo de un tejido preventivo en
el Estado y la empresa, dotándolos de nuevas estructuras para la
formulación y promoción de políticas preventivas; y, en tercer lugar,
el desarrollo de una cultura preventiva en la sociedad española a
través de las campañas de sensibilización que se vienen realizando y
de los planes de actuación, con participación del Instituto de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las comunidades autónomas, que
desarrollan el Plan de acción sobre siniestralidad laboral de 1998,
objeto de esta comparecencia, y al que por tanto me referiré con
detenimiento más adelante, incluyéndose también dentro de esa
creación de una atmósfera más favorable para el abordaje de esta
cuestión la mejora de la acción formativa en todos sus planos y
niveles. Se trata de una cuestión que debe estar presente en la
conciencia social, pero también en todos los planos formativos;
nuevamente aquí cabe invocar la cooperación de todos cuantos tienen
responsabilidad en esta materia.
Si me permiten, como punto de partida de esta comparecencia me
gustaría analizar cuál ha sido la evolución de los indicadores de
siniestralidad en el periodo enero-septiembre de este año. Se trata
de los últimos datos cerrados, ya que como tuve ocasión de expresar
hace poco ante el Pleno de la Cámara su remisión por parte de las
comunidades autónomas y su elaboración sobre datos de afiliación a la
seguridad social supone una cierta dilación en el tiempo. Lógicamente
nos movemos al ritmo que las propias comunidades nos marcan. Saben
SS.SS. que los índices de incidencia miden la relación entre el
número de accidentes y la población laboral dada de alta en la
seguridad social. Pues bien, para este periodo reflejan una
disminución de la siniestralidad laboral global, sin hacer
distinciones por la gravedad de los accidentes, de un 1,17 por
ciento. Los descensos más acusados se producen en los sectores de la
agricultura, un 6,35, industria un 3,13; y construcción un 1,91,
siendo servicios el único sector que en el periodo considerado ha
sufrido un ligero aumento, el 0,57 por ciento. Este descenso es
especialmente importante por lo que se refiere a los accidentes
mortales. Insisto en que la reducción en el periodo comprendido entre
los meses de enero y septiembre ha sido superior al 10 por ciento, un
10,3 por ciento, registrándose las mayores reducciones en servicios
con el 17,17 por ciento y en construcción con el 8,49 por ciento. Son
sin duda resultados positivos que reflejan el esfuerzo que se ha
realizado por el conjunto de los
actores implicados; si bien no los podemos considerar satisfactorios
porque nunca lo son, la existencia de accidentes laborales nos
permiten mostrarnos algo más esperanzados sobre las vías de solución
de este grave problema.
Entrando en el contenido estricto de esta comparecencia, me gustaría
referirme en primer lugar al desarrollo del Plan de acción sobre
siniestralidad laboral de octubre de 1998, concretamente a las
actuaciones de sensibilización para una cultura de la prevención.
Saben SS.SS. que el plan se articulaba en torno a ocho áreas de
actuación, la primera de las cuales se refería a la realización de
campañas de sensibilización y para promover la difusión de una
cultura preventiva. En este sentido, me gustaría destacar que, de
acuerdo con lo previsto en el plan, se han llevado a cabo dos amplias
campañas publicitarias, la primera en 1999 y una segunda que está
teniendo lugar en este momento bajo el lema Trabaja para ganarte la
vida, no para perderla, siendo financiada por la Asociación de Mutuas
de Accidentes del Trabajo en base al acuerdo marco 2001 firmado con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Evidentemente, las
características de esta campaña son fundamentalmente informativas y
motivadoras de actuaciones preventivas. También mediante Orden
ministerial de 30 de marzo de 1999 se declaró el día 28 de abril como
Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a
otra de las propuestas contenidas en el plan, lo que se viene
traduciendo anualmente en una serie de actos que mantienen viva en la
sociedad la conciencia sobre este importante tema. Tanto en el año
2000 como en el 2001 se celebró en todo el ámbito comunitario la
Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que fue
apoyado en cada país por las instituciones nacionales con competencia
en la materia. La del año 2000 se centró en la problemática de los
trastornos musculoesqueléticos y su prevención, tema de creciente
importancia. Por su parte, la correspondiente al año 2001 ha tenido
lugar el pasado mes de octubre y se ha centrado en la prevención de
accidentes bajo el lema Si quieres el éxito, evita los accidentes.
Por otro lado, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, que tiene su sede en España, en concreto en Bilbao, cuenta
este año con un presupuesto de 4.500.000 euros para la cofinanciación
de proyectos nacionales o trasnacionales para la prevención de
accidentes en las pequeñas y medianas empresas, cuya convocatoria ha
tenido un gran éxito en nuestro país, ya que de las 278 solicitudes
presentadas en el conjunto de la Unión 107 corresponden a España.
También dentro de esta área cabe destacar la reciente celebración en
Valencia entre los días 20 y 23 de noviembre del XII Congreso
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por el
Instituto de Seguridad e Higiene. Este congreso ha retomado una buena
tradición y ha reunido a cerca de 2.000 congresistas, procedentes de
todos los sectores implicados, lo
que le confiere de nuevo el papel de congreso de referencia en el
mundo de la prevención. A lo largo del mismo se ha repasado la
principal problemática existente en este campo, relacionada con la
aplicación de la nueva normativa en lo que tiene que ver con los
nuevos agentes, sobre todo con los servicios de prevención, técnicos
de prevención, auditorías de prevención y las nuevas actividades
-ergonomía, evaluación de riesgos, planificación de la prevención,
etcétera- que aparecen en la Ley de prevención de riesgos laborales,
habiéndose puesto de relieve la necesaria interdependencia entre
ambos y la necesidad de mejorar la coordinación y formación.
La promoción y apoyo de la actividad preventiva en el trabajo
constituye este segundo área de actuación propuesta en el plan. Se
proponía la constitución de la fundación de prevención de riesgos
laborales -prevista en la Ley de prevención de riesgos-, potenciar
las acciones preventivas de las mutuas e impulsar las actuaciones de
asesoramiento a las empresas y mejorar la actuación preventiva en el
ámbito de las administraciones públicas. Todas estas propuestas han
venido recibiendo respuesta por parte del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales con el siguiente itinerario cronológico: El 27 de
abril de 1999 se firmó la constitución de la Fundación para la
prevención de riesgos laborales, cuyo patronato quedó constituido el
8 de septiembre como un organismo sin ánimo de lucro, que tiene por
objetivo promover las condiciones de seguridad y salud, especialmente
en las pequeñas empresas, a través de acciones de información,
formación, asistencia técnica y del cumplimiento de la normativa. En
lo relativo a la potenciación de la actividad de las mutuas, en 1999
se firmó el primer plan marco de prevención, en aplicación del
acuerdo de bases que se había alcanzado entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Asociación de mutuas en 1997 y
posteriormente se constituyó la comisión mixta para el seguimiento
del plan marco, a la que se incorporaron las organizaciones
empresariales y sindicales. Este plan marco ha tenido su continuidad
este año mediante la aprobación, por resolución de la Secretaría de
Estado de la seguridad social, en abril, del Plan general de
actividades preventivas de la seguridad social, a desarrollar por las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En el ámbito de actuaciones de asesoramiento e información a empresas
por parte de las administraciones públicas, se ha revisado el diseño
y la organización del Instituto de Seguridad e Higiene, lo que se ha
recogido en un plan estratégico, aprobado en octubre del año 2000. El
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo está
ampliando e intensificando la puesta a disposición de toda
información útil sobre prevención de riesgos laborales, a través de
su página web y a través de la red española de seguridad y salud en
el trabajo, que gestiona también el instituto. Respecto a dicha red
se ha procedido al rediseño y adaptación de la
misma al nuevo sistema organizativo que ha adoptado la Agencia
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, como punto focal de
toda la red europea. La experiencia desarrollada en la comunidad
autónoma de Aragón -que recientemente citaba el profesor Durán-, de
visita selectiva a empresas de mayor siniestralidad, se hizo llegar
en su día a todas las comunidades autónomas, a través del comité
técnico mixto Ministerio de Trabajo-comunidades autónomas. También
subrayo la importancia y valor que sin duda ninguna tiene este órgano
de carácter técnico y estable, que ha permitido en muchas ocasiones
centrar en su dimensión técnica las cuestiones objeto de polémica. A
partir de ahí se han venido desarrollando experiencias de este tipo
en todas las comunidades autónomas, mediante un plan de choque al que
más adelante me referiré con mayor detalle.
La formación para la prevención era el tercer área estratégica y
constituye un punto clave para el desarrollo de una cultura
preventiva. Por ello el plan de acción de 1998 hacía hincapié en este
punto, señalando la conveniencia de establecer un convenio marco de
colaboración entre las administraciones laborales y educativas,
establecer y desarrollar acuerdos con el Consejo de Universidades
para integrar los contenidos preventivos en los currícula de
determinados títulos universitarios y desarrollar con las
organizaciones empresariales y sindicales y con la participación de
las comunidades autónomas un plan nacional de formación en prevención
específicamente. En cumplimiento del punto primero de este bloque, se
ha elaborado un proyecto de convenio de colaboración entre los
ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Educación y Cultura, en
el que se incluyen propuestas de actuación para el desarrollo de
acciones de educación en materia de prevención de riesgos laborales
en los programas de enseñanza primaria y secundaria, así como,
naturalmente, en los programas de formación profesional. Por el
momento se ha avanzado ya en el desarrollo de algunas acciones como
la creación de un nuevo título específico de técnico de prevención de
riesgos laborales en la formación profesional reglada de nivel
superior.
En el ámbito de colaboración con el Consejo de Universidades, se han
firmado ya convenios entre el Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, tres universidades -Universidad de Barcelona, Universidad
Politécnica de Cataluña y Universidad Pompeu Fabra- y la Fundación
Mutua Universal para la expedición conjunta de un título propio de
graduado superior de prevención de riesgos laborales, habiendo
comenzado ya la segunda promoción. También se han firmado convenios
por parte del instituto con un importante número de universidades
españolas con las que colabora activamente en la formación de
postgrado. Evidentemente, nos gustaría superar la fase de que sean en
muchos casos titulaciones de carácter propio y lograr que se
conviertan en titulaciones de carácter
general, aunque, como bien saben, estas decisiones están también
vinculadas a las decisiones que adopte el propio ámbito universitario
en el ejercicio de su autonomía. En cuanto a la propuesta de
establecimiento, en colaboración con las organizaciones empresariales
y sindicales y las comunidades autónomas, de un plan nacional de
formación en prevención de riesgos laborales, se ha elaborado una
propuesta por parte del Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, que ha sido ya presentada a las organizaciones empresariales
y sindicales y a las comunidades autónomas y que se encuentra en vía
de estudio para su financiación, dado que atribuía responsabilidades
y acciones a los distintos actores.
El cuarto capítulo es el referido a acciones de fomento
e incentivación de la actuación preventiva y en él se comprenden
diversas acciones, como el establecimiento de una nueva tarifa para
el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así
como el estudio de medidas para el fomento de inversiones destinadas
a promover la mejora de las condiciones del medio de trabajo. Tales
medidas se encuentran presentadas ya ante la mesa de diálogo, por lo
que su aplicación estará supeditada a los acuerdos que se alcancen en
la misma. Indudablemente -antes lo decía también el profesor Durán-
se ha querido seguir una línea no solo de propuestas o de
iniciativas, sino también de diálogo social, tal vez en detrimento de
una mayor celeridad, pero sin duda ninguna buscando que las medidas
sean llamadas a ser aplicadas desde la convicción de los actores
básicos, como son los empresarios y los sindicatos. El quinto área
sería el refuerzo de las actividades de investigación, de análisis y
estudio, que quedó recogida en el plan, con las propuestas para
establecer un plan de mejora del análisis y estudio de la situación,
que comprendiese entre otras la mejora en los partes de accidentes.
Dado que la actuación en este terreno viene condicionada en buena
medida por los planteamientos de Eurostat, existe un grupo específico
dentro de dicho organismo -que, como saben SS.SS., es el responsable
de la elaboración y coordinación de estadísticas europeas- para el
estudio y unificación de la estadística de siniestralidad, en el que
participan representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. La posición española -también conocida de cara a la propia
presidencia europea- es que haya una cierta armonía entre los datos
-señalaba también el profesor Durán la ausencia de estadísticas en
algunos Estados miembros- y ciertamente, dado que este parámetro
puede ser utilizado como parámetro de la calidad en el empleo, el
deseo de España es que, con carácter previo, seamos capaces de
establecer estos indicadores armónicos comparables que nos permitan
evolucionar y observar las mejoras que cada país realice. Con
independencia de ello, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo creó en 1999 un grupo de trabajo para estudiar los
sistemas de recogida y tratamiento de
la información, que ha llegado ya a un acuerdo sobre el parte de
accidente en el que se recojan las nuevas variables contempladas por
Eurostat. Por otra parte, el Ministerio también ha desarrollado el
proyecto Delta, que integra un sistema de notificación de los
accidentes de trabajo a través de Internet, que está permitiendo una
mayor inmediatez en los datos y en la fiabilidad de los mismos.
Afortunadamente, algunos de los errores clásicos y de las
incompatibilidades que reflejaban los partes también han sido
eliminadas.
En paralelo al desarrollo de los análisis estadísticos, se continúan
los trabajos para implantar una metodología unificada de
investigación de accidentes. La metodología simplificada que se ha
desarrollado para su aplicación a pymes será distribuida a empresas
de menos de 25 trabajadores, con acceso libre a través de la web del
instituto. Además, el instituto y las comunidades autónomas están
colaborando en el estudio de nuevas metodologías, habiendo iniciado
el desarrollo de un proyecto de investigación para mejorar la
información de los accidentes mortales. También se ha llevado a cabo
la cuarta encuesta nacional de condiciones de trabajo, diseñada por
el instituto y aplicada por el Centro de Investigaciones
Sociológicas, con el objetivo de consolidar la información recogida
por la anterior encuesta. Además, se está preparando la quinta
encuesta, que se llevará a cabo a partir de septiembre de 2002 y en
la que se recogerán entre otras las sugerencias realizadas en el
propio informe Durán respecto a la recogida o recolecta de datos
estadísticos de siniestralidad y de datos de encuestas de
siniestralidad. También dentro de este quinto bloque se están
desarrollando las actuaciones necesarias para la formulación de un
plan nacional de investigación en seguridad y salud en el trabajo que
vertebre la acción investigadora del país en esta materia y la
inserte dentro del Plan nacional de I+D+I 2000-2003. Una de las
carencias señaladas por el profesor Durán era que el área de
investigación en seguridad y salud en el trabajo aparecía como un
área ajena al I+D+I, e insisto en que se están desarrollando las
actuaciones necesarias, y con una excelente efectividad, por parte
del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que puedan tener cabida
en el mismo. El diseño del Plan estratégico del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el trabajo le confiere un cometido muy
relevante en esta acción investigadora, asumiendo el papel de órgano
estatal para I+D en este campo y como órgano de referencia en las
iniciativas europeas de seguridad y salud laboral.
El sexto área es el de la actividad legislativa, otra de las
importantes áreas contempladas por el plan de 1998. Ha supuesto un
esfuerzo que yo me atrevo a calificar de importante por parte del
Ministerio. Se han elaborado más de 20 disposiciones para regular
tanto aspectos específicos de la prevención -sirvan como ejemplo la
exposición a riesgos biológicos, agentes cancerígenos y equipos de
trabajo- como aspectos más generalistas,
servicios de prevención, seguridad y salud en obras de
construcción, etcétera. Fruto de este esfuerzo comenzamos el siglo
XXI con una normativa preventiva comparable con la de cualquier país
de nuestro entorno europeo y que incluye, lo subrayo, la trasposición
de todas las directivas europeas en la materia. Junto a ello se han
publicado una serie de guías técnicas orientativas para la aplicación
de la normativa que se encuentran disponibles en la página web del
instituto y por tanto en el conjunto de la red española. En lo
relativo al establecimiento de guías de vigilancia de la salud, el
Sistema Nacional de Salud ha elaborado una serie de protocolos sobre
los efectos de diferentes agentes en la salud humana y las patologías
más frecuentes, labor que continúa desarrollando mediante la
incorporación de nuevos protocolos. En cuanto al establecimiento de
valores límite de referencia nacional a la exposición de agentes
químicos en el trabajo, en 1999 se publicó la primera lista nacional,
elaborada por el Instituto de Seguridad e Higiene y aprobada por la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Posteriormente
se publicó la lista correspondiente al año 2000 y en julio de este
año la Comisión Nacional, nuevamente por consenso, aprobó el
documento Límites de exposición profesional para agentes químicos en
España para el 2001.
En el capítulo de actuaciones de vigilancia, control y sanción, la
Inspección de Trabajo y seguridad social ha venido desarrollando los
últimos años un plan nacional en materia de prevención de riesgos
laborales pudiendo destacarse, en primer lugar, el importante
incremento de las visitas y expedientes sancionadores por
incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tras
una fase inicial en la que la Inspección de Trabajo ha hecho un
esfuerzo de divulgación y asesoramiento, las previsiones apuntan a
una intensificación del control en este campo. Como también me consta
que señalaba el profesor Durán en su informe y he tenido ocasión de
decir a los miembros de esta Cámara, ojalá hubiese una proporción
directa, inmediata y automática entre el número de actuaciones
inspectoras y la reducción de los accidentes. Especial interés merece
en este ámbito la colaboración de la Inspección de Trabajo con la
Fiscalía General del Estado y las autoridades laborales de las
comunidades autónomas, al objeto de coordinar su actuación en materia
de prevención. Después de varios años de falta de actualización de
algunas de las normas emanadas por la propia Fiscalía General del
Estado se han celebrado reuniones de coordinación que han dado lugar
a este tipo de nuevas pautas y nuevas normas. Los últimos datos
relativos a la actividad de la Inspección de Trabajo y de seguridad
social correspondientes al año 2000 y al período de enero a octubre
de 2001 dan prueba de la efectividad de las medidas, aunque, insisto,
no pueden ser las únicas medidas. El pasado año el número de actas de
infracción en este área se elevó a 25.339, lo que supusoun incremento
del 10 por ciento frente al año 1999,
crecimiento claramente superior a la población ocupada y claramente
superior a los indicadores de ejercicios previos. El importe de las
actas ha ascendido a más de 14.000 millones de pesetas con un
incremento respecto al año anterior del 21,9 por ciento y el número
de trabajadores afectados por las infracciones se aproximó al medio
millón, para ser exactos, 484.156, con un incremento próximo al 47,3
por ciento respecto a 1999. Destaco así que se trata no solamente de
elevar -que es importante- el número de visitas, sino la efectividad
y la intensidad de las mismas. Creo que todos los parámetros señalan
que se han cumplido los objetivos. En el período en el que se dispone
de datos del presente año, enero-octubre, ya que, como antes se
señalaba, también estamos actuando en la mayor parte sobre planes
coordinados entre el Estado y las comunidades autónomas, el número de
actas de infracción se ha elevado ya a 20.949. Les recuerdo que el
conjunto del año pasado fueron 25.339, con un número de infracciones
que asciende a 31.038. El número de trabajadores afectados es ya de
más de 400.000, 409.000, y todos los datos, como verán, están en
línea y guardan una razonable proporción con los correspondientes al
mismo período del año anterior.
Por último, el plan de acción sobre siniestralidad de 1998 reclamaba
la mejora de la cooperación interinstitucional y entre las
administraciones públicas del Estado y las de las comunidades
autónomas. En ese sentido me gustaría destacar las diferentes
iniciativas de coordinación y cooperación interinstitucional
establecidas fundamentalmente con los departamentos de Educación y
Cultura, Sanidad y Consumo y con Industria y Energía, hoy Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Hay que destacar también la constitución en
1999 de ese comité técnico mixto Ministerio de Trabajo-comunidades
autónomas, sobre seguridad social y salud en el Trabajo como órgano
encargado de promover, analizar y canalizar las acciones a
desarrollar conjuntamente entre distintas administraciones. En el
seno de este comité se ha creado un grupo de trabajo en el que hasta
el momento se han tratado y acordado cuestiones relativas a las
auditorías, seguimiento y control de los servicios de prevención
ajenos, seguimiento del plan de choque sobre las empresas de mayor
siniestralidad y coordinación en materia de información estadística
sobre accidentes de trabajo.
Concluyendo esta primera parte, creo que de la extensa relación de
acciones llevadas a cabo puede deducirse un alto grado de
cumplimiento, tal como están las cuestiones planteadas, del plan de
acción de 1998 y que la mejora que comenzamos a percibir en los
índices de siniestralidad guarda sin duda relación con este amplio
paquete de medidas llevadas a cabo, si bien cabe esperar que los
efectos de algunas de estas medidas vayan dando frutos de una forma
paulatina, lo que nos hace ser moderadamente optimistas sobre el
desarrollo futuro de las cifras de accidentes laborales en
nuestro país. No quiero acabar sin recordar que el plan de acción de
1998 no incumbe sólo a la Administración general del Estado, de cuya
actuación he dado extensa cuenta, sino también a las comunidades
autónomas en el marco de sus competencias. También desde éstas se ha
realizado una extensa labor que sin duda ha contribuido de manera
importante a estos resultados. Quiero recalcar únicamente, como hice
al principio, mi convencimiento de que esta es una tarea que nos
incumbe a todos, lo que hace especialmente necesaria esa
coordinación.
Con la mayor brevedad posible pasaré a continuación a dar respuesta a
la segunda de las cuestiones que constituyen el objeto de esta
comparecencia como es informar sobre el Plan 2001 de actuación
preferente contra la siniestralidad.
Como he expuesto anteriormente, el Plan de acción sobre
siniestralidad laboral, de 29 de octubre de 1998, comprende entre sus
áreas de actuación la cooperación interinstitucional y entre las
administraciones públicas. En este marco, la Comisión Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo analizó una experiencia emprendida
por el servicio de seguridad e higiene y condiciones de trabajo de la
Diputación General de Aragón. La evolución positiva de este proyecto
puso de manifiesto el interés de desarrollar esta iniciativa en el
conjunto del país por lo que se formuló un plan nacional de actuación
preferente contra la siniestralidad que se ha desarrollado en el año
2000 y se está volviendo a ejecutar también en el 2001. Constituye
una actuación diseñada en colaboración entre la Administración
general del Estado y la de las comunidades autónomas para ejercer una
acción más intensa sobre un conjunto reducido de empresas que
acumulan un número muy elevado de los accidentes. Sobre esta premisa
y en función de determinados parámetros, más de cuatro accidentes en
el último año y que se sobrepase el 150 por ciento del índice de
incidencia media del sector al que pertenezca la empresa, se
consideró conveniente realizar determinadas actuaciones con un
objetivo múltiple entre el que cabe destacar conocer las causas
últimas de esa elevada siniestralidad, actuar preventivamente con la
finalidad de evitarla y, llegado el caso, sancionar posibles
conductas que la favorecen. Quiero resaltar que la ejecución del plan
se lleva a cabo por las administraciones competentes en la materia,
en este caso por las administraciones autonómicas, las cuales tienen
transferida la ejecución de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Para el año 2001, manteniendo los principios de colaboración
interadministrativos la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la que están representados tanto la Administración
general del Estado y autonómicas como los agentes sociales, decidió
-y entiendo que con buen criterio- la continuidad del plan
desarrollado en el año 2000. No obstante, las administraciones
autonómicas, a la luz de la experiencia
del año pasado, han modulado el segmento de empresas en las que
actuar preferentemente, en función ya de sus propios tejidos
industriales o de la mayor o menor presencia de determinadas
actividades peligrosas en sus respectivos territorios. De esta forma,
la homogeneidad casi plena que existió en el año 2000, en cuanto al
método de actuación, no se mantiene ya en el año 2001, dado que las
distintas comunidades autónomas han emprendido un mayor peso en las
áreas de investigación, conocimiento y sanción en función de los
distintos parámetros, que en unos casos son sectores de actividad, en
otros tamaño de empresa, en otros aumento del número de accidentes o
de los índices de incidencia del año anterior u otras causas. Por
tanto, más que hablar de un plan de actuación homogénea en todo el
territorio nacional, cabe hablar de un plan que se adapta a las
realidades de cada comunidad autónoma. Ello hace necesario un
tratamiento previo de los resultados con el fin de poder
sistematizarlos de forma homogénea en todo el territorio nacional.
Por el momento, dado que son las comunidades autónomas las que
remiten al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo los
resultados que se van obteniendo, estos son todavía parciales, por lo
que no se puede hacer un balance de este año. Estamos a disposición
de las comunidades autónomas para ir recibiendo y procesando los
datos con los criterios antes señalados, pero ciertamente no existe
un calendario imperativo al que se vean obligadas las comunidades
autónomas, sino que actúan según su propio criterio.
Sí disponemos de datos cerrados del año 2000, que se pueden calificar
como alentadores, habiéndose producido notables descensos en los
índices de siniestralidad de las empresas sometidas a actuación
preferente. Para la aplicación del plan en el año 2000 se
seleccionaron alrededor de 36.000 empresas de toda España. La
aplicación del plan comenzó en el primer trimestre del 2000 por parte
de las comunidades autónomas. La metodología comprendía la
notificación a las empresas seleccionadas, la realización de visitas
para informar sobre el cumplimiento de la normativa en prevención de
riesgos laborales, la emisión de un informe para cada empresa,
estableciendo plazos de cumplimientos y mejoras a realizar y, por
último, el seguimiento del proyecto, elaborando un registro mensual
de evolución de la siniestralidad. Según los datos facilitados por
las comunidades autónomas, el número de accidentes tras la aplicación
del plan se redujo en su conjunto en más de 31.000, lo que, en
términos porcentuales, equivale a un 18 por ciento. Si tenemos en
cuenta el índice de incidencia -sin duda más expresivo porque corrige
las oscilaciones de la población laboral afectada-, esta reducción
fue algo superior; esto es, del 20 por ciento. Todas las comunidades
autónomas experimentaron una reducción en el índice de incidencia
para el conjunto de empresas a las que se aplicó el plan, llegando a
alcanzar
reducciones del 46 por ciento en Extremadura y del 50 por ciento
en Melilla.
Además del objetivo de reducción de los índices de siniestralidad, la
aplicación del plan tenía por objetivo un mejor conocimiento de la
organización y de las actividades preventivas aplicadas en las
empresas de cara a establecer futuras medidas para la correcta
aplicación de las medidas previstas en la Ley de prevención de
riesgos laborales. El análisis de dichas actividades preventivas en
las empresas indica, en términos generales, que aún queda mucho
camino por recorrer. Así, la figura del delegado de prevención sólo
está presente en un tercio de las empresas de seis o más trabajadores
analizadas y la Ley de prevención de riesgos laborales establece para
éstas la obligatoriedad de dicha figura. Por otra parte, los comités
de seguridad y salud están constituidos en menos de la mitad de las
empresas con 50 ó más trabajadores. Respecto a la organización
preventiva, casi un tercio de las empresas visitadas no dispone de
ningún recurso, ni propio ni concertado, pero el que sí cuenta con la
modalidad preventiva mayoritariamente elegida es el servicio de
prevención ajeno. Entre las actividades preventivas realizadas por
las empresas, la vigilancia de la salud es la actividad más
frecuentemente realizada, seguida de la adopción de medidas
específicas para trabajadores especialmente sensibles y la evaluación
de riesgos.
Como conclusión, los datos de la aplicación del plan arrojan un
balance positivo en términos de mejora de los índices de
siniestralidad, al tiempo que han suministrado una información
valiosísima respecto a la realidad de las medidas aportadas, lo que
revela el interés de seguir desarrollando este tipo de acciones de
promoción y apoyo a las empresas, bien de forma conjunta y coordinada
entre la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas, bien de forma independiente por cada comunidad autónoma.
En cuanto a los datos correspondientes a la aplicación del plan en el
año 2001, ya he dicho que sólo se dispone de los datos facilitados
por siete comunidades autónomas, que abarcan sólo el 69,2 por ciento
del total de empresas incluidas en este plan, aproximadamente 5.500
sobre un total de 8.000, por lo que es prematuro hacer un balance de
la aplicación del plan en el presente ejercicio. No obstante, el
análisis de la información disponible pone de manifiesto la eficacia
de dicha intervención, en línea con los resultados del año anterior,
ya que los resultados apuntan a una disminución, tanto del número
total de accidentes registrados como de los índices de incidencia en
dichas empresas. Aunque tengan carácter provisional, de los datos
agregados de las comunidades autónomas que han suministrado
información relativa a la variación de sus índices de incidencia se
desprende una reducción del mismo del 24,6 por ciento, lo que supone
un mantenimiento de los resultados positivos de la aplicación del
plan del orden de los obtenidos enel ejercicio anterior. En
definitiva, estos datos positivos
-provisionales, pero en línea con los del año 2000- nos hacen ser
moderadamente optimistas, pero sobre todo ponen de relieve el éxito
de la puesta en común de buenas prácticas y del emprendimiento de
acciones conjuntas y coordinadas entre las administraciones públicas
y los demás actores implicados, conscientes de que ésta es una tarea
de la máxima importancia que a todos nos incumbe.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Muchas gracias, señor
ministro.
La primera de las dos comparecencias ha sido a petición del Grupo
Parlamentario Socialista y, para alegar lo que estime conveniente,
tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Le agradezco su comparecencia, señor
ministro; desde luego, da alegría oírle.
El motivo de haber pedido esta comparecencia era informarnos, más que
para juzgarla. Desde octubre de 1998 los grupos políticos no sabíamos
prácticamente nada del grado de cumplimiento de este plan de acción
e igual les ocurría a los sindicatos. No sé si el Gobierno lo sabía. Si
era así, nunca se nos ha dado información exhaustiva. Ha empezado
diciendo que comparte la preocupación por el tema de la
siniestralidad laboral. Es un tema que nos preocupa a todos y de
hecho esta sesión monográfica es una prueba de ello.
He dicho antes que da alegría oírle y es que usted ha empezado su
información diciendo que ha habido una disminución global en el
período enero-septiembre de un 1,17 por ciento en los accidentes
laborales. Nosotros tenemos otros datos: un aumento del 3,3 por
ciento. Según nuestros datos, de enero a septiembre ha habido
1.400.000 accidentes -lo que supone 200.000 más que en el mismo
período del año anterior-, de los que aproximadamente 9.000 han
causado baja y cerca de 800 han sido accidentes mortales. Y conste
que a mí me encantaría, supongo que a todos, que efectivamente se
hubiese producido esa disminución global.
Respecto al grado de cumplimiento del plan de acción, según su
información prácticamente se ha cumplido todo; todo lo que se puede
cumplir. A mí me viene una reflexión a la cabeza: si hacemos tantas
cosas y sigue esta altísima tasa de siniestralidad, algo ocurre: no
las hacemos todo lo bien que deberíamos o lo que hacemos no sirve
para mucho y a lo mejor hay que hacer otras cosas. En la introducción
del plan de acción se dice que el crecimiento continuo del número de
accidentes laborales no obedece sólo a una mayor actividad económica
y a un mayor nivel de ocupación -algo que el profesor Federico Durán
ha confirmado esta mañana- sino que obedece, entre otras cosas, a la
falta de una verdadera cultura de la prevención generalizada en todos
los ámbitos de la sociedad, al insatisfactorio cumplimiento de la
nueva normativa de prevención de
riesgos laborales y al desconocimiento de las ventajas que aporta una
adecuada prevención de estos riesgos laborales. Estamos totalmente de
acuerdo con ese diagnóstico y creemos que prácticamente no se ha
avanzado nada o casi nada en ninguno de estos tres aspectos.
En el área de actuación referida a la sensibilización para una
cultura de la prevención, usted ha hablado de la campaña que se hizo
en 1999 y de la que se está haciendo ahora: Trabaja para ganarte la
vida. Respecto a la campaña de 1999, si usted pregunta a la opinión
pública -a la opinión pública, no a los trabajadores en las empresas-
verá que el grado de desconocimiento de que se realizó esa campaña es
casi del cien por cien. Respecto a la que se está haciendo ahora,
nosotros le felicitamos. Sabe que desde el principio de esta
legislatura era una de las propuestas que reiteradamente ha hecho mi
grupo en diversas ocasiones, pero creemos que se está haciendo de
manera insuficiente y es algo que nos extraña. Si hay una televisión
pública, si hay unos medios de comunicación públicos, si sabemos el
papel de los mismos en la concienciación general de toda la sociedad.
Y de los trabajadores y empresarios, ¿por qué no se hace mejor este
tipo de campañas? El plan de acción dice: promover la difusión de la
entidad de estos problemas y de una cultura de la prevención en los
medios de comunicación a través de intervenciones y espacios
específicos y afines; también dice: establecer convenios marco de
colaboración entre las administraciones laborales y los medios de
comunicación de radio y televisión para el desarrollo y difusión de
programas de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué no se cumple
esto?
Le aseguro que desde que se emite en televisión el anuncio de trabaja
para ganarte la vida, hace un mes, hay ya un montón de españoles que
saben que, al igual que ponerse al volante de un coche es peligroso,
ir a trabajar puede ser peligroso y van a tomar sus precauciones. Por
tanto, insistimos en que se cumplan estos dos apartados del plan de
acción. Disponemos de medios, en la televisión pública e incluso en
las privadas, se pueden hacer programas mensuales, quincenales, donde
se analicen los accidentes graves y mortales, donde se especifiquen
las causas que los producen, donde se analicen las consecuencias para
ayudar a crear esa cultura de la sensibilización.
En cuanto a la segunda área de actuación, reconocemos que se ha
constituido la fundación, aunque con retraso; según el calendario del
plan, debería de haberse constituido en el último trimestre de 1998 y
se ha hecho en el segundo trimestre de 1999, pero está constituida.
Respecto a las mutuas, el plan marco que se firmó entre el Ministerio
y la Asociación de Mutuas se hizo sin tener en cuenta la opinión de
los sindicatos. Nosotros seguimos dudando de la eficacia del papel de
las mutuas en sus actuaciones como entidades especializadas que
puedan prestar servicios de prevención. Usted
no lo ha dicho pero, si analiza el informe sobre el plan nacional de
seguimiento de empresas con alta siniestralidad, prácticamente el 50
por ciento de las mismas se acoge al servicio de prevención ajeno,
prácticamente son las mutuas las que hacen este servicio. Por tanto,
creemos muy importante que el servicio de la mutua sea eficaz. Si
realmente queremos potenciar las actuaciones preventivas de las
mutuas, hay que garantizar la participación de los representantes de
los trabajadores en la elección de la mutua interviniendo en dicho
proceso y además garantizar su participación en la planificación y el
control de los servicios de prevención que presten. El señor Durán
esta mañana ha vuelto a insistir en que se deslinden las dos
vertientes de las mutuas y en que se garantice la presencia de los
trabajadores en su vertiente de entidades de prevención.
En cuanto a la tercera área de actuación, los programas de formación
para la prevención, ha dicho que hay un proyecto de convenio entre el
Ministerio de Trabajo y el de Educación. Nosotros no lo conocemos,
los sindicatos tampoco.
Respecto al plan nacional de formación me ha extrañado su afirmación
porque los datos que tenemos nosotros es que se consensuó hace más de
un año entre los empresarios, los agentes sociales y las comunidades
autónomas y sólo falta su dotación presupuestaria. Si es así (lo
hemos dicho en varias intervenciones en el Pleno de la Cámara y no se
nos ha dicho lo contrario en ningún momento), indica que el Gobierno
tiene buenas intenciones, que planifica, pero que a la hora de la
verdad no lleva a la práctica ninguna medida concreta.
En cuanto a las acciones legislativas y complementarias en el área de
actuación número 6, no creemos que se hayan establecido aún criterios
eficaces sobre exigencias preventivas acreditadas en los casos de
centralización empresarial y en las cadenas de subcontratación. Usted
me va a decir que en la reforma laboral ya se habla de esto, pero yo
creo que en un país en el siglo XXI no se puede admitir esta noticia
que aparecía hace un mes en un medio de comunicación nacional: la
familia de Alejandro Salas ignora, tres meses después de su muerte,
qué empresa le contrató. Este no es el único caso, sabe usted que
respecto a la subcontratación seguimos sin avanzar absolutamente
nada, a pesar de las modificaciones introducidas en la reforma
laboral.
Tampoco tenemos conocimiento de que se haya fomentado, el
establecimiento de garantías en relación con el cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales en la ejecución de
obras y servicios contratadas por las administraciones públicas. No
costaría ningún trabajo que la Administración Pública exigiese a
aquellas empresas que contrata el cumplimiento de toda la normativa
sobre la prevención.
Tampoco se han establecido criterios sobre exigencias preventivas
acreditadas para la contratación con las administraciones públicas en
cuanto a los trabajadores
de las administraciones públicas. En un informe de una central
sindical, sacado a la luz hace pocos días, se dice que en la mayoría
de los organismos dependientes de las administraciones públicas,
todavía no están constituidos los comités de seguridad de salud, por
tanto no hay representación que los trabajadores como dice la Ley de
Prevención.
Respecto al área del reforzamiento de la eficacia de las actuaciones
en materia de vigilancia y control y en materia sancionadora, creemos
que la Inspección nacional de Trabajo y seguridad social sigue
adoleciendo de falta de medios humanos y materiales.
Usted, y el señor subsecretario de Estado, con motivo de los
Presupuestos Generales del Estado en su intervención de hace dos
meses, han dado cifras dispares. En respuesta a una pregunta al
Gobierno, se nos dice que en 1996 existían en España 713 inspectores,
y en octubre de 2001 existen 743, es decir, en seis años solamente ha
crecido el número de inspectores en 30. Aunque reconozco que esto
pueda ser un atrevimiento por mi parte, no sabemos realmente cuáles
están en activo; por ejemplo en esta Comisión hay un inspector de
trabajo que no está en activo. No se me respondió a ese dato en la
respuesta a la pregunta formulada, y por los datos que tenemos de
algunas provincias -le vuelvo a repetir que posiblemente sea un
atrevimiento por mi parte-, nos consta que aproximadamente el 50 por
ciento de los inspectores no salen a la calle, están dedicados
a tareas burocráticas. Por eso, entre otras cosas, no comparto lo que
dice usted acerca de un incremento notable de visitas. En 1996 se
hicieron 107.912 visitas y en el año 2000 se han hecho 111.309. Si en
cinco años un aumento de 4.000 visitas le parece un incremento
notable, habría que hacer un repaso de los datos, tanto absolutos
como relativos.
Por último, creemos que es necesario mejorar la coordinación entre
las diferentes administraciones que tienen competencia inspectora en
la materia para que el plan de inspección dé los frutos deseados. Es
un buen plan de inspección y, si no da los frutos deseados, puede ser
por falta de esa coordinación que deberían tener.
Respecto al Plan nacional de seguimiento de empresas con alta
siniestralidad, ha dado usted los resultados reales y saca la
conclusión de que el balance es positivo. Nosotros también creemos
que el balance es positivo, pero hay que tener en cuenta dos datos:
uno, que la incidencia de los accidentes con baja en jornada de
trabajo en estas empresas visitadas ha disminuido en torno a un 20
por ciento; dos, que la siniestralidad laboral en nuestro país siguen
aumentando. ¿Por qué ocurre esto? De los datos que usted ha dado y de
los que vienen en el informe, sacamos la conclusión de que hay un
incumplimiento generalizado de la ley. Sólo existe delegado de
prevención en el 33,4 por ciento de las empresas -el 76 por ciento de
las empresas del sectorde la construcción no dispone de delegado de
prevención
y tampoco el 62 por ciento de las empresas del sector servicios-;
prácticamente el 50 por ciento de las empresas que, legalmente,
deberían tener constituido el comité de seguridad y salud no lo
tienen constituido; el 70 por ciento de las empresas no ha adoptado
ninguna modalidad preventiva; el 50 por ciento de las empresas no ha
realizado evaluación de los riesgos; el 70 por ciento de las empresas
no ha facilitado ningún tipo de formación a sus trabajadores y el 88
por ciento no tiene elaborado el plan de emergencia. Todo ello
significa, señor ministro, que, cinco años después de la entrada en
vigor de la ley, sigue habiendo incumplimiento generalizado de la
misma.
Les felicitamos por todas las medidas relativas a estudios y análisis
y por la idea de encargar un informe como el que nos ha presentado el
señor Durán, pero su primera obligación como Gobierno es hacer que se
cumpla la ley. Para que se cumplan la ley es necesario algo
fundamental, que se conozca. Según diversas encuestas del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las mutuas,
aproximadamente el 75 de los empresarios desconocen la ley. El
Gobierno debe hacer un esfuerzo de divulgación de la ley porque
difícilmente se puede cumplir lo que no se conoce. Aparte de eso,
tiene que reforzar el control mediante la inspección para velar por
el cumplimiento de esa norma y, por supuesto, asesorar en tareas de
prevención.
Quiero acabar como usted, la conclusión es positiva. Esta idea de un
plan de choque -este que se nos presenta aquí- para las empresas de
mayor siniestralidad laboral ha dado resultado y también han dado
resultado los que se han hecho en Aragón, en Valencia y en diversas
comunidades autónomas. Hay que seguir por ese camino, pero fíjese en
que lo que estamos haciendo es obligar a esas empresas a que cumplan
la ley. Cuando las visitan técnicos o inspectores, estos hacen dos
labores: asesoran e informan. El señor Durán ha dicho esta mañana que
la ley es muy generalista, pero hay que empezar por lo general; el
cumplimiento de lo general incidirá en la disminución del número de
accidentes o, al menos, frenará su aumento. Supongo que la
Inspección, aunque no se dice en el informe, habrá hecho un
seguimiento de esas empresas para ver si siguen cumpliendo la
normativa vigente. Por tanto, aunque es cierto que se trata de una
responsabilidad de las comunidades autónomas, le animamos a que, como
Gobierno, siga instando a las comunidades autónomas a hacer planes de
este tipo y a plantear incluso lo que se hizo el año pasado con el
plan Aragón, el denominado objetivo cero en accidentes de trabajo;
que los trabajadores y los empresarios se comprometan día a día,
mediante diversas actividades, a estudiar todos los riesgos que haya
en su lugar de trabajo y a poner las medidas para evitarlos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): La segunda comparecencia
ha sido solicita por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradecemos la comparecencia del señor
ministro y el contenido de la misma que, como se ha dicho, permite a
la Cámara conocer con más detalle las políticas del Gobierno en este
ámbito.
En la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Política Social
y Empleo de hace aproximadamente una semana, nuestro grupo sugirió
esta doble comparecencia porque le parecía que podría permitir a la
Cámara entrar a fondo en una cuestión que es objeto de preocupación
para toda la sociedad y que ha motivado diversas iniciativas
parlamentarias. En términos de información y en cuanto al intento de
concretar algunas cuestiones, el balance de esta sesión es
interesante.
De la doble comparecencia del señor Durán y del señor ministro,
nuestro grupo apunta una primera conclusión: es evidente que el
conjunto de medidas que el Gobierno ha ido desarrollando en base a
estos planes va en la buena dirección. Supongo que el ministro dará
cumplida respuesta a la contradicción que ha apuntado el portavoz del
Grupo Socialista pues sería bueno que determinara este punto, pero
las cifras indican una tendencia a la disminución de ese elemento
negativo de nuestro mercado de trabajo. Hay experiencias en ámbitos
territoriales concretos que demuestran que es posible reducir aún más
la alta siniestralidad laboral y es evidente que el papel de los
agentes sociales en todo este proceso es fundamental.
También tenemos que ser conscientes -y ahí me parece que reside la
virtud del informe Durán- de que determinadas medidas van más allá de
los planteamientos hasta ahora desarrollados e inciden sobre
cuestiones más de fondo y de modelo, desde las relacionadas con la
definición de accidente de trabajo o con la homologación a nivel
europeo de esta cuestión, hasta las que tienen que ver con aspectos
más culturales en el sentido amplio del término cultura, lo
relacionado con los valores, creencias y actitudes de la ciudadanía.
A nosotros nos gustaría centrarnos hoy en estos aspectos.
Hablamos de dos ámbitos. Hubo un compromiso que asumió el Gobierno en
el último debate de política general, en julio del año pasado, a
propuesta de Convergència i Unió, relacionado con una orientación de
la política del Gobierno centrada en el estímulo del compromiso de
las empresas de inversión en prevención. Una de las resoluciones que
se aprobó en ese debate de julio de 2001 pretendía promover, en la
futura reforma del impuesto sobre sociedades, una deducción para las
inversiones que hicieran las empresas para fomentar la prevención de
riesgos laborales y la mejora de la salud laboral. Nos gustaría
conocer las previsiones de desarrollo de este compromiso que asumió
el Gobierno en el debate parlamentario.
En el mismo debate de julio se acordó avanzar en la implementación de
incentivos o recargos en las cotizaciones empresariales por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en función del
índice de siniestralidad. Estas dos medidas, que se aprobaron creo
recordar que por unanimidad, en el Pleno del Congreso forman parten
del planteamiento del informe Durán de estímulo del compromiso de los
actores sociales en esta materia. Nos gustaría que esta comparecencia
sirviera para que el Gobierno avanzara en el cumplimiento de estos
mandatos parlamentarios.
En este mismo sentido, en el informe Durán se formulan quejas y
críticas -y en la comparecencia de hoy ha sido incluso más explícito-
sobre la vinculación de la investigación y el desarrollo en España en
el ámbito de la salud laboral. Me ha parecido entender al señor
ministro que se está avanzando en las concreciones en esa materia. Me
gustaría poder conocer en esta segunda intervención, si es posible
con mayor concreción, esta previsión del I+D+I español respecto a
estas cuestiones, porque nos parece que inciden sobre esta cuestión
de fondo.
También sería importante que el señor ministro facilitase a la Cámara
más información sobre ese borrador de convenio entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y, al mismo tiempo, el nivel de conocimiento que sobre esa
materia tengan los diversos gobiernos autónomos. He de recordar que
las competencias en educación son exclusivas de las comunidades
autónomas y desconozco si los gobiernos autonómicos participan de ese
proceso de incorporación de estas cuestiones en el ámbito de
educación obligatoria.
Segunda cuestión, en esa misma reflexión de cuestiones más de fondo.
Creo recordar que en el informe Durán se demanda la elaboración de un
análisis que profundice en las vinculaciones entre temporalidad,
precariedad y accidentes de trabajo. El informe dice que no podemos
atribuir efectos directos entre la temporalidad y la siniestralidad,
pero es cierto que el perfil del accidentado típico tiene esas
características de joven, varón, poco formado, en trabajo poco
calificado, en trabajo temporal y en determinados sectores
productivos. La pregunta sería: ¿Tiene previsto el Gobierno
profundizar en la observación de aspectos estructurales en nuestro
mercado de trabajo relacionados con los procesos de externalización
del sistema productivo, con la precariedad de sectores como el de la
construcción? ¿Piensa el Gobierno profundizar en esa variable?
Tercera cuestión. Poco o mucho, en la intervención del señor ministro
estaba presente ese elemento: ¿Piensa el Gobierno, en el marco del
proceso abierto de discusión en la actual negociación colectiva,
estimular un mayor compromiso de los agentes sociales en esa materia?
El señor Durán, en su comparecencia y en su informe, se ha mostrado
crítico sobre ese nivel de la negociación colectiva y también se
apuntaba en alguna de
las informaciones que el señor ministro nos ha dado. Junto con esas
medidas de choque, de actuación de la Inspección de trabajo, que
seguramente debería de tener más medios, etcétera, me parece que
también sería conveniente estimular las inversiones del sector
privado en prevención. En esa necesidad de vinculación de aspectos de
investigación y desarrollo en el ámbito de la prevención de riesgos,
en esa vinculación más importante de los agentes sociales y en su
compromiso a nivel de empresas y a nivel de sectores económicos, es
donde podemos ir más allá de las políticas que hasta ahora se han
desarrollado. He oído decir al señor Durán que notábamos al Gobierno
quizás falto de ambición, en el sentido de que muchas de esas
propuestas que están aquí, deben de ser desarrolladas. Su
comparecencia de hoy nos indica que sobre algunas cuestiones se está
empezando a trabajar, y nos alegramos, pero el señor ministro
entenderá que el Parlamento le debe exigir un ritmo más acelerado, un
compromiso más firme, para que se puedan aplicar buenas medidas que
inciden en el fondo de esta cuestión. Nuestro grupo, hará un activo
seguimiento del contenido de estas propuestas, y nos gustaría que
dentro de unos meses, algunas de ellas estuviesen ya concretándose en
nuestro panorama legislativo y en nuestras políticas públicas.
Sólo me queda decir que yo no podré escuchar su respuesta porque
tenemos Mesa y Portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, pero mi
colega, amigo y compañero, el señor Grau, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) estará atento a su respuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, quiero
agradecer, en primer lugar, la comparecencia del señor ministro aquí
hoy y la explicación que nos ha dado, porque aunque, como luego
explicaré, no coincidamos en algunos aspectos, seguramente del debate
y de los planteamientos que hagamos seremos capaces entre todos de
sacar conclusiones sobre el principal objetivo, al margen de los
planteamientos que tengamos, que es reducir la siniestralidad laboral
en nuestro país.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumplió cinco años el
pasado 10 de febrero, y nosotros creemos que desde su entrada en
vigor esa Ley no se cumple. Los empresarios siguen alegando que la
desconocen y el Gobierno continúa tratando la siniestralidad como un
asunto de segundo orden, aunque públicamente, como es natural, y en
esta Cámara, usted manifieste lo contrario. El resultado es que el
aumento de la siniestralidad laboral ha sido escandaloso e
insostenible, por encima del 45 por ciento durante el período de
vigencia
de dicha ley. Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la siniestralidad laboral, en lugar de descender,
se ha incrementado. España sigue siendo el país de la Unión Europea
con mayor siniestralidad. Ello se debe, sobre todo, a dos factores en
los que hemos venido insistiendo en esta Cámara reiteradamente: el
Gobierno no considera la siniestralidad un tema prioritario y muchos
empresarios siguen incumpliendo la ley. En este sentido, solo puede
denunciarse el incumplimiento del plan de acción nacional sobre la
siniestralidad laboral, con una vigencia entre 1999 y 2000 y que se
ha prolongado a este año, y la ralentización de la mesa específica en
esta materia dentro del proceso de diálogo social.
Le voy a dar unos datos, señor ministro, que, sintiéndolo mucho, no
coinciden con los que usted ha dado. En la última ocasión que tuvimos
oportunidad de debatir, como consecuencia de una interpelación
urgente que presentó el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, se enfadó usted mucho conmigo cuando le planteé algo sobre
manipulación de datos. Yo me refería entonces a que se manipulaban
los períodos que se planteaban, que muchas veces se podía coger un
período que interesaba, pero al final del año, desgraciadamente,
volvían a salir los datos reales. En este caso, estamos hablando del
mismo período, de los nueve primeros meses del año, y habrá que ver
las fuentes de cada uno. Nuestras fuentes son los agentes sociales,
los sindicatos, que creemos que tienen datos bastantes rigurosos. La
siniestralidad laboral en los nueve primeros meses del año, con baja
y en jornada laboral, ha experimentado un aumento de un 3,3 por
ciento -como ya decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-
más respecto al mismo período del año anterior. En este período,
cerca de 9.000 trabajadores han sufrido un accidente grave, lo que
supone un 3,82 por ciento más que en el mismo período del año
anterior, muchos de los cuales quedarán marcados con minusvalías
invalidantes. Al mismo tiempo, 784 trabajadores han perdido la vida
mientras realizaban su trabajo. Esta situación es tan sólo la punta
del iceberg de las consecuencias, por un lado, del incumplimiento
impune por parte de los empresarios de las obligaciones preventivas
que les impone la legislación en vigor desde hace más de cinco años y
medio y, por otro, de la obsesiva y continua degradación y
precarización del mercado laboral, acentuada con la reforma laboral
aprobada por el Gobierno en el pasado mes de marzo. Durante los nueve
primeros meses del año, se han producido cerca de 1.400.000
accidentes -repito, datos que parece ser que no concuerdan con los
que usted da-, casi 200.000 más que en el mismo período del año
anterior; más de la mitad, 725.856, fueron con baja durante la
jornada laboral, es decir, un 3,3 por ciento más que en el mismo
período del año anterior, como ya he dicho antes.
Respecto a los sectores de actividad, se mantiene de manera
preocupante la tendencia alcista de la siniestralidad en los sectores
de servicios, con 305.713 accidentes con baja durante la jornada
laboral, lo que supone un 6,3 por ciento más que en el mismo período
del año anterior. En el sector de la construcción se dan 185.132
accidentes con baja en jornada laboral, un 5,7 por ciento más que
durante los primeros nueve meses del año 2000. Es en estos dos
sectores donde la desregulación de la reforma del mes de marzo tiene
una incidencia más negativa, por ser los sectores que soportan el
mayor grado de temporalidad -en la construcción el 80 por ciento de
los contratos son temporales- y en donde la precarización es más
acusada. El uso abusivo y fraudulento en la construcción de la
subcontratación de actividades y la autorización mayoritaria de los
trabajadores autónomos e inmigrantes ilegales está produciendo un
subregistro importante de la siniestralidad en este sector. Sin
embargo, el Gobierno se retrasa sistemáticamente en la regulación de
estas situaciones. Es evidente que uno de los factores que inciden en
la alta siniestralidad es la temporalidad, que afecta sobre todo
a los jóvenes. Así, en 1999, los trabajadores más afectados por
accidentes de trabajo fueron jóvenes de menos de 24 años y con
contrato temporal; constituyeron el 83,1 por ciento de todos los
accidentes en este tramo de edad y el 23,3 por ciento del total de
los accidentes con esta modalidad de contrato.
Las reformas legales introducidas por el Gobierno a través del
Decreto del pasado 2 de marzo, cuya finalidad es introducir elementos
en el mercado laboral para incrementar la producción, debilitando los
derechos de los trabajadores e introduciendo más flexibilidad en las
empresas y, por lo tanto, precarizando las condiciones de trabajo,
están dando como resultado que la siniestralidad siga en aumento y
está permitiendo una descentralización productiva, que necesariamente
conlleva un traslado de los riesgos más peligrosos hacia empresas
cuya fragilidad es la organización preventiva. Los propios datos de
la Administración ponen en evidencia esta situación. La
subcontratación como forma de organización del trabajo se ha
convertido en una práctica cada vez más generalizada, como
consecuencia de lo cual en la mayoría de empresas conviven
trabajadores pertenecientes a diferentes empresas sin que exista una
regulación normativa que ordene esta situación. Entre las opciones
flexibilizadoras con que cuentan las empresas españolas están la
contratación temporal, las contratas y subcontratas, las empresas de
trabajo temporal, los trabajadores autónomos y, muchas veces, todas
estas modalidades flexibilizadoras coinciden en el mismo centro de
trabajo. Esta situación hace más compleja la organización de la
actividad en la empresa, pues una parte de los trabajadores
desconocen los riesgos del centro de trabajo y aparecen
descoordinaciones en la secuencia entre tareas. Todo ello provoca que
los
trabajadores externos tengan más probabilidades de sufrir un
accidente.
Respecto a las comunidades autónomas, la toma de conciencia y la
acción decidida por algunos gobiernos autónomos junto con los agentes
sociales ha servido para frenar la siniestralidad, produciéndose un
mantenimiento o disminución de los valores absolutos de
siniestralidad en algunos de ellos. Esto es positivo y nosotros
queremos incidir en que estos acuerdos están demostrando de alguna
manera el valor que ya le planteamos en la última moción que
presentamos. Citaré Murcia, con una disminución del 8,1 por ciento;
Aragón, con una disminución de un 3,9 por ciento; País Valenciano,
con un 3,1 por ciento, y la Rioja, con un 2,6 por ciento. De
Baleares, aunque no tengo aquí los datos, tenemos informaciones de
que los acuerdos suscitados allí están produciendo una reducción en
los accidentes laborales, por supuesto, todas respecto al mismo
período del año anterior. Sin embargo, existen comunidades autónomas
donde esa falta de sensibilidad ha puesto de manifiesto el escaso
interés para paliar la lacra que supone para estas comunidades
autónomas la siniestralidad laboral, como es el caso de la Comunidad
de Madrid, donde las cifras de siniestralidad respecto del mismo
período del año anterior, con baja y durante la jornada laboral, han
supuesto un incremento de casi un 9 por ciento. Otras comunidades
a mencionar serían Cantabria, con un incremento del 6,3 por ciento;
Galicia, con un 6,1 por ciento, y País Vasco, con un 5,3 por ciento.
Los accidentes mortales en jornada laboral han aumentado en la
Comunidad de Madrid un 23 por ciento; en Cataluña, un 15 por ciento,
y en Castilla y León, un 12,1 por ciento más, todos ellos respecto al
mismo período del año anterior. No es casualidad que en las
comunidades autónomas que se han desarrollado acciones decididas con
la participación activa de los sindicatos para atajar el problema de
la siniestralidad se estén obteniendo resultados de bajada de la
siniestralidad o tendencia al mantenimiento, como ya le apuntaba
anteriormente. Es manifiesta la injustificada situación de la
siniestralidad laboral, que sigue en aumento después de cinco años y
medio de la entrada en vigor de la Ley de prevención de riesgos
laborales y ante la parsimonia del Gobierno para establecer políticas
preventivas eficaces; al contrario, modifica unilateralmente el
mercado laboral introduciendo elementos que lo flexibiliza y
precariza, con las negativas consecuencias sobre la siniestralidad
laboral.
Para terminar, las razones que explican esta siniestralidad son, a
nuestro entender, y se las volvemos a repetir una vez más, los
incumplimientos legales, la flexibilización organizativa de las
empresas, la precarización laboral, la privatización de la seguridad,
la débil participación de los trabajadores y la estructura
empresarial española. En diversas ocasiones hemos propuesto distintas
alternativas y hemos afirmado la falta de sensibilidad y voluntad
política para atajar este problema,
planteando medidas concretas para cambiar esta dramática
situación, entre ellas la puesta en marcha del plan de formación
nacional, el desarrollo del artículo 24 de la Ley de prevención de
riesgos laborales sobre coordinación de actividades preventivas en
empresas que comparten el mismo centro de trabajo, la regulación de
la subcontratación, intensificar y coordinar las actuaciones en las
empresas que acumulan mayor siniestralidad con la participación real
de los agentes sociales, denunciar la prórroga injustificada de los
reconocimientos médicos generalizados y priorizar la vigilancia de la
salud de los trabajadores; medidas que los sindicatos se están
planteando en proceso de diálogo social.
El Gobierno, en su afán de esconder sus responsabilidades y las de
los empresarios, nos decía en el año 2000 que el camino no era el
traslado de responsabilidades, sino la cooperación interinstitucional
y el diálogo. Pues bien, les preguntamos qué cooperación
interinstitucional ha emprendido o qué diálogo se ha impulsado. Esta
es la pregunta que les hemos trasladado en varias ocasiones, y hay
que decirle, señor ministro, que sin haber obtenido ninguna
respuesta. Hace un momento he apuntado iniciativas que deben tomarse
si se desea afrontar el problema de fondo, pero hay un hecho evidente
en el campo de su responsabilidad que deseo resaltar: las
invocaciones a la ley son inútiles, porque es imposible aplicar la
ley en estos momentos. Por ejemplo, el sector de la construcción es
la actividad productiva que presenta mayores índices de
siniestralidad laboral. ¿ Qué puede hacer la ley en este campo, en
empresas donde prácticamente se carece de representación sindical
debido a la subcontratación y con tasas de temporalidad del 80 por
ciento?
Señor ministro, para acabar, lo que se le exige son medidas concretas
ceñidas al terreno específico de los sectores más relevantes en este
campo de las siniestralidad, lo que se exige es impulsar un nuevo
diálogo social en este terreno y lo que se debe hacer es dar
respuesta a las cuestiones de fondo que explican estos accidentes y
que hoy hemos señalado una vez más, en su comparecencia ante esta
Comisión.
Sólo me resta decirle, al igual que el portavoz de Iniciativa per
Cataluña, que no me voy a poder quedar a escuchar su respuesta, pero
que la seguiremos a través del «Diario de Sesiones», ya que tenemos
acumulado trabajo y debemos atender otra tarea importante en la Mesa
del Pacto de Toledo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Gracias, señor Ruiz López.
Esta presidencia quiere aclarar, para que no se pueda decir que ha
habido transfugismo en la Cámara, que el señor Campuzano pertenece al
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor RUIZ LÓPEZ: Son catalanes también.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Eso no tiene nada que ver,
señor Ruiz. Yo también soy catalana y soy miembro del Grupo
Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez
Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor ministro, muchas gracias por su
comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado sobre el plan
de acción sobre siniestralidad laboral 1998 y el plan 2001 de
actuación preferente sobre siniestralidad.
Yo quiero comenzar diciendo que hemos celebrado una sesión de la
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados
monográfica sobre la siniestralidad laboral; ha comparecido el
profesor doctor don Federico Durán para explicarnos las conclusiones
del informe que en su día le encargó el presidente del Gobierno y
comparece S.S. también. Yo creo que todo lo que llevamos hablado en
la presente legislatura, en esta comparecencia, la creación de la
Comisión Especial sobre Prevención de Riesgos Laborales en el Senado
y el encargo que el presidente del Gobierno hace al profesor Durán
ponen de manifiesto la sensibilidad del Partido Popular, del Grupo
Parlamentario Popular y del Gobierno del Partido Popular acerca del
problema de la siniestralidad laboral. Por lo tanto, no son
aceptables para el Grupo Parlamentario Popular manifestaciones como
que la siniestralidad laboral es para el Partido Popular un problema
de segundo orden. Yo creo que es un problema de primer orden que se
debe al asentamiento de una nueva cultura, de un nuevo modelo que
tiene un proceso relativamente lento en el tiempo; un proceso que
podría haber sido mucho más rápido en España, donde podríamos estar
al mismo nivel de otros países europeos si hubiéramos tenido la misma
sensibilidad que tiene el partido que ahora gobierna en la
transposición de las directivas comunitarias. Yo no puedo olvidar hoy
que España recibió tres amonestaciones de la Unión Europea por no
transponer a tiempo la directiva correspondiente. Efectivamente, se
han cumplido ya cinco años desde la publicación de la ley, pero no es
menos cierto que las empresas han tenido que esperar al desarrollo
normativo y a la existencia de medios. Esto es algo que hay que
difundir y hay que conseguir que no solamente los trabajadores y los
empresarios, sino también la sociedad en general asuman que la
prevención de riesgos laborales no es un problema sólo de expertos
sino que compete a toda la sociedad. Sin embargo, y a pesar de las
críticas que hemos podido escuchar, ha habido una conclusión final
interesante en el sentido de que tanto con el plan de acción como con
el plan de actuación preferente estamos asistiendo a la recogida de
unos resultados positivos. Las cifras que ha dado usted, y que yo
comparto plenamente -ya veremos de dónde salen otras que se han
dado-, de una bajada de la siniestralidad laboral
del 1,17 por ciento y de una bajada muy importante de los accidentes
mortales, del 10,3 por ciento, son el paradigma y el ejemplo de lo
que una buena política puede ir consiguiendo.
También habría que destacar de la comparecencia del profesor Durán
que no hay recetas mágicas y que muchas de las medidas que se
contienen en el informe figuraban ya en el plan de acción 1998. Yo
creo que poco a poco se va conociendo más la ley y hay más interés en
formarse en prevención de riesgos laborales, cada vez las empresas
demandan más especialistas en la materia, y el hecho de que la
prevención de riesgos laborales pueda formar parte de los programas
de I+D+I del Gobierno de España es algo para tener muy en cuenta y de
lo que hay que felicitarle.
No quiero decirle nada más, señor ministro. Espero su respuesta a los
diferentes grupos y le felicito por la acción llevada a cabo hasta el
momento. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Para dar respuesta a las
cuestiones que le han sido planteadas, tiene de nuevo la palabra el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señorías, gracias por su interés y por la oportunidad que he tenido
de hablar hoy de siniestralidad y de la evolución que está teniendo
en España.
Voy a hacer una consideración de carácter general: España está mejor
hoy que lo estaba antes de tener aprobada una Ley de prevención de
riesgos laborales, una ley, por otra parte, homologable con la
normativa europea. Se produjo un retraso, pero también conviene
señalar que se produjo un consenso razonable en torno a aquella ley,
aunque, naturalmente, la existencia de una ley no cambia por sí misma
el curso de la sociedad. Se ha indicado, y yo lo comparto plenamente,
la necesidad de divulgar, es decir, de dar a conocer la ley. Por la
simple aprobación de la ley no podían aparecer todas las personas con
la suficiente cualificación en todos los niveles profesionales, desde
los menos especializados hasta los máximos niveles universitarios y
académicos. Hoy sí que disponemos, como se decía hace unos instantes,
no solamente de titulados superiores capaces de actuar de una manera
técnica y correcta en esta materia, sino que también estamos logrando
que los distintos programas formativos incluyan la seguridad como
materia transversal y que nos podamos plantear que estas materias
transversales de seguridad alcancen a la enseñanza obligatoria
primaria y secundaria. Pero como la mayoría de las discusiones,
evidentemente no es banal; en esta misma sesión dos diputados han
hecho uso de la palabra para decir que las competencias educativas
son plenas y exclusivas de las comunidades autónomas. Yo lo comparto.
Lo que espero que se
entienda es que, como a continuación alguien ha dicho, había una
cuestión que parecía ser intrascendente, que era la financiación de
esas competencias, pero esa cuestión no es baladí. Evidentemente, si
se reivindica con energía una competencia, supongo que también se
quiere asumir con decisión la financiación correspondiente,
especialmente después de los últimos acuerdos alcanzados. Lo que no
parece lógico es que a los efectos de ejecución competencial sólo
figure la comunidad autónoma y a los efectos de financiación sólo
figure el Estado, como no sería aceptable el esquema simétrico y
contrario. Espero que esto se entienda y que dé contestación a una de
las cuestiones que se me han suscitado respecto a que parece que
había alguna diferencia de tono menor. No son diferencias de tono
menor. Quien pide y avoca para sí el ejercicio de una competencia y
se sabe dotado de la financiación suficiente tiene que hacer también
el ejercicio de responsabilidad consecuente. Y lo digo porque lo
contrario también sería profundamente injusto.
Repito que no me gusta entrar en batallas de cifras porque entiendo
que las cifras no deben servir para hacer reproches cruzados, sino
que deben servir para trabajar y mejorar la situación. He afirmado y
mantengo que se ha reducido el índice de incidencia total de
accidentes de trabajo en España en el primer período del año. Utilizo
el índice de incidencia y no utilizo alternativamente o
aleatoriamente cifras globales o parciales, y siento haber escuchado
esta mañana mezclar accidentes con baja y sin baja, accidentes leves
con graves, en un totum revolutum que supongo que es prueba de la
absoluta transparencia que, por otra parte, tiene el Gobierno en esta
materia. Yo no he utilizado la palabra manipulación, pero ha habido
quien ha dicho, con claridad que le honra, que elabora los resultados
y en su mano está seleccionar los que entienda más negativos o peores
a los efectos de su propia lectura o interpretación política. Yo
sostengo que, afortunada y felizmente, esa tasa de incidencia empieza
a retroceder, algo que no había ocurrido en los últimos años, y
tampoco he tenido ningún inconveniente en reconocer que es un
esfuerzo de colaboración y coordinación entre administraciones
y agentes sociales. Me parece especialmente bueno que la incidencia se
reduzca aún más cuando hablamos de accidentes mortales, que no tienen
reparación posible, y accidentes graves, que tienen más difícil
reparación. Y las mezclas aleatorias de accidentes leves con el resto
de accidentes, como bien explicaba también el profesor Durán, vienen
a veces inducidas por las diferencias de protección social que se
dispensa según el origen a una misma situación. He citado también en
mi intervención situaciones de origen, por ejemplo,
musculoesquelético, que tienen distinta protección social según la
calificación que tengan, y sin malicia alguna, pero parece que con
harta reiteración estadística, este es uno de los elementos de
distorsión de las cifras.
En la realización de campañas se puede tener mayor o menor fortuna,
pero si no las llevásemos a cabo, también estaríamos recibiendo el
reproche porque estaban incluidas en el plan nacional consensuado que
en su día se elaboró. Yo comprendo que serán más o menos eficaces
o gratas, pero prefiero, si se me da la oportunidad, hacer mayor
hincapié en las acciones persistentes, y acciones persistentes para
mí son aquellas que involucran la formación de los trabajadores,
tanto la inicial como la continua o aquella formación específica de
personas en orden a mejorar la prevención en España. Vuelvo a
insistir en que en el año 1995, con la aprobación de una ley
importante, no se resolvieron todos los problemas que tenía ante sí
la sociedad española en materia de siniestralidad. También sería muy
negativo pensar que hoy estamos peor que antes de que se aprobase la
ley. Vuelvo a insistir en que tanto en términos de comparación legal
con otros países como en términos de cifras absolutas y relativas
estamos mejor y es algo por lo que debemos felicitarnos, por el
esfuerzo que cada cual ha hecho en su momento, supongo también que
desde la buena fe.
Otra batalla en la que no me parece lógico entrar, entre otras cosas
porque tengo cierto rechazo a ese tipo de reproches en cuanto a las
cifras, es en el número de inspecciones. Tan significativo como el
número de inspecciones es la calidad e intensidad de las mismas, el
número de trabajadores afectados, la cantidad de obras detenidas o
las sanciones a las que da lugar, porque no todo se resuelve hablando
de una cifra absoluta de visitas. Entiendo que si se producen muchas
visitas y pocos resultados estaremos en aquella situación que Ortega
definía bien como el esfuerzo inútil tendente a la melancolía, y
supongo que eso no lo pretende ninguna de SS.SS. Una adecuada
preselección acorde con los planes que antes se han citado está dando
a igual o mayor cantidad mejor calidad e intensidad a las
inspecciones, y eso me parece bastante más lógico. También me alegra
que se reconozca que se ha hecho un esfuerzo de plantillas, en el que
persistimos y vamos a seguir persistiendo. Ya les anuncio que dentro
de una política de crecimiento muy moderado de la Función pública
sigue figurando la inspección del trabajo como materia prioritaria,
igual que sigue figurando como materia prioritaria el hecho de
concertar nuestros planes de inspección con las comunidades
autónomas, labor felizmente resuelta con 15 de las comunidades
autónomas, de muy difícil solución con la número 16 y espero que
factible con la número 17.
Se ha reconocido que en la reforma laboral última también se abordó
esta cuestión, algo que era necesario y lógico, aunque todavía me
parece pronto para abordar los efectos de la reforma. Lo digo porque
entre otras cosas lo que ha cambiado básicamente es el contexto
económico internacional, pero no tengo ninguna duda de que se han
introducido reglas de transparencia en lo que concierne a prevención
y seguridad que antes
no existían en nuestro ordenamiento legal. Eso me parece que siempre
es positivo.
Coincido en la necesidad de que no sería muy lógico iniciar el camino
por la simple sanción, especialmente por la sanción, cuando la nota
dominante del tejido empresarial español es la microempresa. Primero
hace falta un esfuerzo divulgativo de conocimiento de las normas,
posteriormente las sugerencias de corrección de todo aquello que sea
indebido y finalmente la sanción. En eso creo que hemos coincidido,
pero admitirán algunas de SS.SS. que llevar a cabo esa labor
divulgativa no puede ser algo exclusivo de nuestros inspectores de
trabajo y de nuestros subinspectores, que de hecho lo hacen. Y es que
otra de las grandes carencias que en paralelo se está intentando
suplir, espero que con la colaboración de todas las administraciones,
es la de las titulaciones y las personas adecuadas. Difícilmente
alguien va a poder gestionar esta cuestión si la desconoce en sus
fundamentos técnicos.
Entrando en un segundo bloque, vuelvo a insistir en que a mí las
cifras lo que me dan es ánimo y no me dicen que estamos al final de
ningún camino, como supongo que tampoco lo sintió así el Gobierno, el
cual tuvo la ocasión y el honor de ver aprobar la Ley de prevención
de riesgos laborales. Eso, evidentemente, no es un punto de llegada,
sino de partida, pero me parece que tiene más sentido y mejor ánimo
la acción de coordinación que estamos llevando a cabo si también se
producen esos resultados en reducción de la incidencia. Hablar de
incidencia es más correcto que hacerlo de cifras absolutas cuando
hablamos de accidentes, ya que así corregimos los crecimientos de
población laboral y supongo que a nadie le importa que el empleo siga
creciendo en España. Lo que tenemos que hacer es intentar que el
empleo crezca más que la siniestralidad y eso es lo que reflejan los
índices de incidencia. Hoy, afortunadamente, asistimos a cambios de
tendencia. Los grandes cambios estadísticos o numéricos, y eso
también lo ha sugerido el profesor Durán en su informe y yo lo
reitero, vendrán cuando se produzca esa equiparación de protección
social en situaciones clínicamente idénticas, para evitar la
tendencia a que por mor de una mejor protección o un mejor
tratamiento figure inadecuadamente y en los dos sentidos. También
hago mías las palabras del profesor Durán cuando decía que pueden
producirse trasvases o no detecciones de situaciones. Son palabras
que hago mías, siendo el pensamiento que pretendo expresar dar
calidad a nuestras cifras en vez de arrojárnoslas. Y, como muy bien
se ha dicho esta mañana, se puede decir que somos el país con peores
estadísticas de siniestralidad, pero también hay que recordar que
existen países que no tienen dichas estadísticas, con lo cual me
parece profundamente injusto que se censure a los que son más
exigentes porque consideren, como hemos tenido ocasión de comprobar
esta mañana, a aquellos que producen baja y a aquellos que no, con
independencia de su duración y de la gravedad,
siendo a veces la gravedad apreciada de manera muy subjetiva. Que un
país que cuenta como accidentes laborales prácticamente todas las
situaciones clínicas y que amplía además el campo de aplicación
mediante una jurisprudencia que evidentemente ha sido expansiva sea
penalizado y se diga que es el peor país del mundo de Europa no me
parece bien. Me permito recordarles que países paradigmáticos para
algunos de los pensamientos ideológicos, como Suecia o el Reino
Unido, carecen de este elemento estadístico. Lo digo desde el
absoluto respeto con el que debemos tratarnos unos a otros en la
Unión Europea. Por eso España también ha pedido que haya unos
criterios de armonización a la hora de comprender nuestras cifras y
con el ánimo de que los parámetros o los indicadores que nos demos
sirvan antes que nada para ver nuestra propia evolución y no entrar
en esas comparaciones que todos y cada uno de los países deseamos
evitar, porque así no se construye Europa. Lo digo con toda claridad.
Estoy de acuerdo en que la estimulación de inversiones es buena,
pero, lógicamente, entenderán que decline en favor del ministro de
Hacienda las sugerencias y aclaraciones que se formulen en torno al
impuesto sobre sociedades. Lo que sí quiero decir es que cuanto antes
debemos dotarnos de un sistema menos injusto y obsoleto que nuestro
actual sistema de tarifas de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional. En cuanto a la pregunta que se ha hecho antes relativa a
si a veces con cumplir la ley uno merece premios, conviene recordar
que estamos hablando de seguridad social y, con las debidas
distancias, aquí voy a hacer muchos matices y un ruego especial a los
medios de comunicación, que estoy seguro que van a saber interpretar
mis palabras. En cualquier sistema de aseguramiento privado se
reconoce la normalidad y la inexistencia de accidentes mediante
primas, no exigiéndoseles además un comportamiento heroico, que
enseñen a conducir a los demás o que auxilien en todas las
circunstancias. En el aseguramiento privado el cumplimiento de la ley
ya genera unos beneficios y me estoy refiriendo al caso más
elemental, al del seguro de los vehículos. Cuando un conductor no
tiene incidentes o accidentes notables dentro de sus límites de
franquicia durante equis años suele recibir un mejor trato que aquel
que los tiene, y vuelvo a insistir en que no es que el primero haya
hecho cosas distintas a las previstas por la ley. Desde las analogías
o diferencias que existan entre el aseguramiento privado y el
público, entiendo que no se puede ser neutral a la hora de fijarse en
quién hace esfuerzos de prevención y en quién no los hace. Eso es
importante; de ahí que también crea que en la nueva tarifa esta deba
ser una de las líneas de trabajo. Esa diferencia de trato tan
importante, esa relevante diferencia de protección social, según se
trate de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo,
hace que a veces en lo que sí pueden actuar las empresas, que es en
la evitación de la siniestralidad, algunas no hagan los esfuerzos
debidos
y que sin embargo en lo que les es sobrevenido, como una enfermedad
común, tengan que soportar cargas pesadas. La tendencia al equilibrio
que señalaba el profesor Durán es absolutamente correcta y no es de
sencilla implementación, puesto que afecta a equilibrios también
importantes, como son los ingresos de esas mutuas que antes se han
citado o el reparto final y sectorial de cargas.
El Gobierno está dispuesto a hacer frente a dos cuestiones que se nos
han planteado: a investigar cuanto sea necesario en la etiología de
los accidentes y de la siniestralidad laboral, incluso en los mismos
campos que caracterizan también a otros tipos de siniestralidades.
Creemos que es una de las grandes carencias que tenemos ante
nosotros, la falta de estudios etiológicos de causas que aparecen en
otros tipos de siniestralidad. Y respecto a su vinculación a la
temporalidad -lo expresa muy bien el informe Durán-, hay sectores
acerca de los cuales se puede pensar que son intrínsecamente
peligrosos o que son peligrosos por su utilización intensa de
contratos temporales. Por eso decía que a veces no es tan directa o
tan sencilla la correlación entre temporalidad y siniestralidad. Sí
que parece que en algunos casos coincide un sector de alto riesgo con
una alta utilización de contratos temporales, pero no se puede
imputar directamente, como regla de tres simple: a mayor
temporalidad, mayor siniestralidad. Igual que es profundamente
injusto decir que la mayor parte de los accidentes sucede en las
empresas pequeñas, porque eso sólo reflejaría que hay más pequeñas
empresas que medianas o que grandes. El índice de incidencia, al que
antes hacía mención, es más expresivo y nos dice que donde había que
concentrar actuaciones es en las de tamaño intermedio.
Comparto la reflexión que he podido escuchar esta mañana de que uno
de los elementos que pueden y deben enriquecer la negociación
colectiva es la prevención de riesgos laborales. Yo no haré
calificativos, porque saben que una de las obligaciones que tiene el
Ministerio de Trabajo es facilitar los acuerdos entre los agentes
sociales, evitando las adjetivaciones, especialmente las gratuitas,
pero puede ser una materia en la que también haya contenidos
importantes.
Vuelvo a reiterar que sería imposible la manipulación de los datos,
máxime cuando la transparencia ha quedado probada. Los datos de
siniestralidad están en las páginas web y son accesibles para los
agentes sociales y para el resto de comunidades autónomas, lo que no
hemos hecho hasta la fecha es presentar resultados fraccionados e
incompletos. Están en su legítimo derecho de hacerlo quien quiera,
pero por seriedad o por corrección deberá advertir que son datos
inconcretos o imperfectos. Sé que se está haciendo y en ese juego no
va a entrar el Ministerio de Trabajo, que los dará cuando la última
de las comunidades autónomas haya dado todos los datos
correspondientes a cada mes.
Las comparaciones territoriales son profundamente odiosas no sólo
para este ministro, sino para todas y cada una de las comunidades
autónomas. Aquí se ha podido ver a lo largo de la mañana que esta no
es una cuestión que entienda de gobiernos y de ideologías y no me
parece que ese sea un camino adecuado. No seré yo tampoco el que haga
nuevas incursiones en el terreno de las comparaciones territoriales.
Finalmente, en relación con una idea que lanzaba el señor Pérez
Corgos y a la que yo me acojo, cambiar el curso de las cosas lleva a
veces tiempo y la maduración no es tan acelerada como a todos nos
gustaría. Lo decía hace unos instantes, son ocho áreas las que
contempla el plan, en todas ellas se está actuando, pero sería muy
presuntuoso pensar que se van a lograr resultados de carácter casi
inmediato o automático. Lo importante es que las tendencias sigan
cambiando y sigan cambiando no en favor del Ministerio de Trabajo,
sino en favor de la sociedad española y de los trabajadores
españoles. Eso es lo que me parece importante por encima de cualquier
otra consideración de carácter ideológico o de carácter partidario.
(El señor González Vigil pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Sí, señor González.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Es para una aclaración. Llevamos desde el
año 1998 debatiendo lo mismo y decimos lo mismo el Gobierno por su
lado y los grupos por el suyo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor González, intervenga
muy brevemente, porque abriríamos otro turno de debate.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Tanto el señor ministro como el portavoz del
Grupo Popular al Plan nacional de seguimiento de empresas con alta
siniestralidad le han denominado Plan 2001. Este plan se desarrolló
en el año 2000. Tengo el informe del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene y le puedo leer textualmente: Desarrollo del plan. Dentro
del primer trimestre de 2000 y de forma escalonada comenzó el
desarrollo del plan hasta finales de 2000. Las conclusiones se nos
dieron en mayo de 2001. Digo esto porque espero que en el año 2002
podamos evaluar lo que durante el presente año están realizando
diversas comunidades autónomas. Esta era la aclaración.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor ministro, tiene la
palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): La
ejecución de los planes que configuran por agregación el llamado Plan
2001 corresponde a las comunidades autónomas. Los datos que le he
dado son los que no he querido
mencionar ni siquiera qué comunidades autónomas los habían facilitado
a esta fecha. La responsabilidad de la ejecución de las competencias
de las comunidades autónomas puede sustanciarse en distintas cámaras,
pero su sede natural son los parlamentos autonómicos, se lo digo
también porque he pertenecido a los mismos. La gran diferencia que
existe entre el llamado Plan 2000 y el Plan 2001 es que este año ya
están introduciendo, y lo he intentado explicar, criterios y
parámetros propios, no ateniéndose simplemente a los que
caracterizaron el 2000 (150 de superioridad de su tasa de incidencia,
la tasa media del sector, o alta siniestralidad en los cuatro últimos
años), sino que están actuando todas y cada una con los criterios que
libremente se han querido dotar. Si desea que sea el ministro de
Trabajo quien le explique los datos, con mucho gusto lo haré cuando
de ellos disponga, pero esa disponibilidad viene dada por la
voluntariedad y la cooperación de las comunidades autónomas.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR GONZÁLEZ VIGIL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA DE LAS PROPUESTAS EN EL «INFORME DURÁN»
PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 181/
001136.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Damos por terminada la
celebración de las comparecencias y pasamos al siguiente punto del
orden del día: Preguntas.
Para formularla tiene de nuevo la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Seguimos con este monográfico. En parte la
pregunta ha sido contestada esta mañana, pero me gustaría que lo
hiciera el ministro.
Como usted sabe, señor ministro, en julio de 2000 el señor Aznar,
indudablemente preocupado por la cifra de siniestralidad, encargó un
informe al que entonces era presidente del Consejo Económico y
Social, pero lo hizo en calidad de experto independiente. En la
presentación de este informe el señor Aznar reconoce que la
siniestralidad laboral es un problema de fondo, que no está
satisfactoriamente resuelto y que exige una decidida actuación para
que los puestos de trabajo sean seguros y de calidad. El señor Aznar
garantiza que el Gobierno adoptará las medidas oportunas, a la luz de
las recomendaciones de dicho informe.
Desde el mes de marzo han pasado 10 meses y nos gustaría saber qué
medidas de las propuestas en este informe, el informe Durán, para
reducir la siniestralidad laboral han sido ya puestas en marcha.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor
ministro, para dar respuesta a la pregunta.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Lamento que no se sienta -aunque esto siempre es muy subjetivo-
satisfecho por las amplias y precisas explicaciones que no sólo yo he
dado en mi anterior intervención, sino por las que ha dado el propio
profesor Durán, cuando hablaba de que, ciertamente, la implementación
de algunas medidas, si se desea hacer mediante el diálogo social, va
a suponer un inevitable, pero entiendo que positivo, retraso.
En cualquier caso, se están tratando estas iniciativas en la mesa de
diálogo social, en la que ya se ha presentado un cuadro de las
acciones previstas en el informe Durán, una vez hecha la primera
valoración de los distintos órganos de la Administración general del
Estado: Seguridad social, Inspección de Trabajo, Dirección General de
Trabajo e Instituto de Seguridad e Higiene. Además, en dicha mesa se
han presentado ya los acuerdos inicialmente alcanzados por el grupo
de salud laboral (que es una pieza que podría entenderse más afecta
al Ministerio de Sanidad, pero que también se integra), constituido,
en este caso, por la propia mesa y coordinado por el Ministerio de
Sanidad, relativo a enfermedades profesionales, profesionales
sanitarios, vigilancia de la salud y protocolos específicos, sistema
de información sanitaria y salud laboral.
Respecto al conjunto de las propuestas contenidas en el informe
Durán, que se encuentran ya en ejecución, o para las que existen
proyectos concretos de desarrollo, cabe destacar las siguientes, al
menos en opinión del ministerio, según los siguientes bloques: En el
ámbito de mejora de la información estadística ya se ha iniciado la
modificación del modelo del parte de accidentes, a fin de incluir
nuevas variables que resulten relevantes para conocer las causas del
accidente y para diseñar nuevas políticas de prevención, así como
para homogeneizarlo con la Unión Europea y la OIT. Se ha modificado
el circuito alta-fallecimiento, incluyendo en el mismo a la autoridad
laboral, a fin de mejorar y valorar sistemáticamente la calidad de
los datos. Se ha implicado a las entidades gestoras en la
cumplimentación de los partes de accidentes, a la vez que se está
implantando el sistema Delta, que exigirá la cumplimentación completa
del parte. Debo decir que, tristemente, muchos de los partes de
accidente carecen de la información que cualquiera de nosotros
entendería sustancial. Se ha producido la revisión del cuadro de
enfermedades profesionales, necesitado de una profunda actualización.
Esta actividad ya ha sido iniciada por la Unión Europea y dará lugar
a una recomendación que será tenida en cuenta en la revisión del
cuadro español.
En cuanto al mejor conocimiento -segundo bloque- y actuación sobre
las condiciones en que se
desarrollan las siguientes actividades, el Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo tiene previsto revisar el diseño de la encuesta
nacional de condiciones de trabajo, para mejorar su representatividad
y fiabilidad. Se elaboran y se aplican ya planes preventivos en las
actividades de mayor riesgo, que se llevan a cabo por parte de las
administraciones públicas, y actuaciones específicas sobre empresas
de alta siniestralidad.
En materia formativa y de investigación -lo recordábamos hace un
momento- ya existe el título oficial de formación profesional en
prevención de riesgos laborales y los ministerios de Educación y
Cultura y Trabajo y Asuntos Sociales han acordado la constitución de
un grupo de expertos para definir los contenidos preventivos de la
enseñanza secundaria obligatoria.
En algunas universidades, dentro de su ejercicio de autonomía y
libertad, se han introducido contenidos preventivos en estudios de
ingeniería y arquitectura. Se están impulsando programas de formación
continua en patología laboral. Se ha iniciado ya un proceso con
vistas a identificar las necesidades de investigación y se están
convocando becas desde el Instituto de Seguridad e Higiene para
personal investigador en esta misma materia.
En lo referente al nuevo modelo de gestión en la programación de la
empresa, se han iniciado los trabajos de armonización del sistema de
autorización de los servicios de prevención, así como de los
criterios de acreditación de auditorías. Y S.S. sabe, como yo, que el
principal problema es de dispersión normativa, incluso entre
comunidades autónomas , lo cual dificulta esa razonable movilidad que
todos creemos necesaria. Y ya se ha entregado un primer borrador, de
establecimiento de la nueva tarifa de primas de accidentes de
trabajo, a los agentes sociales. Por tanto, creemos que se trata de
un primer bloque de medidas. Sin duda, algunas de las más relevantes
conllevan dificultades objetivas, como he informado en la parte
anterior de mi comparecencia, pero insisto en que ya se están
sentando bases y fundamentos de ejecución.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor
González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Voy a terminar como empecé. Fíjese, señor
ministro, diez meses después, lo único que estamos haciendo, y por
supuesto que no lo minusvaloro, son más estudios, más análisis,
cuestiones estadísticas, pero todavía no se ha tomado ninguna medida
práctica, máxime cuando un porcentaje muy elevado de las 73 medidas
que se proponen en el informe Durán coinciden exactamente con las que
se propusieron en la moción que el 24 de febrero de 1998 se debatió
en el Pleno de la Cámara y que fue apoyada con 303 votos a favor, uno
en contra y una abstención. Posiblemente no estemos haciendo cosas
que deberíamos hacer, como decía al inicio de mi intervención,
pero además aquí hay algo que a nosotros nos hace dudar -permítame
que se lo diga así- de la auténtica intención de llevar esas medidas
a la práctica por parte del Gobierno. Como he dicho, el 24 de febrero
de 1998 se aprobó una moción por mayoría de la Cámara, en la que se
inspira en parte el plan de acción sobre la siniestralidad laboral
sobre el que usted ha informado aquí esta mañana. Pues bien, en junio
del año 2000, a propuesta de un grupo parlamentario de la Cámara, se
presentó otra moción instando al Gobierno a cumplir la moción que se
había aprobado en 1998.
Sin entrar en la guerra de las cifras, si absolutas o relativas,
quiero indicar que mi grupo obtiene las cifras de su ministerio, bien
en las páginas web o bien en la información que regularmente nos
envía, pero parece que tenemos diferentes criterios de
interpretación. Nosotros creemos que es hora de que el Gobierno,
estudiando las propuestas que los grupos parlamentarios estamos
haciendo desde el año 1998, las que vienen en el informe Durán, las
reivindicaciones de las centrales sindicales y analizando las
conclusiones de ese plan de seguimiento sobre las 36.000 empresas con
mayor índice de siniestralidad, tome medidas prácticas. Por ejemplo.
¿No hay delegados de prevención? ¿No hay constituidos comités de
seguridad y salud? El Gobierno tiene que exigir que se cumplan las
normas, es función del Gobierno hacer que se cumpla la ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): No
seré yo el que recuerde cuáles son las competencias de ejecución de
legislación estatal y quién las tiene. Me parece que es de tal
obviedad que lo único que haría sería, quizás, enervar el debate y no
es tampoco mi intención. Vuelvo a insistir en que con la misma
energía con la que uno debe avocar las competencias que le son
propias, también debe asumir la responsabilidad de ejercitarlas y de
financiarlas. Si me permite, señor González Vigil, la duda es libre y
la insatisfacción libérrima.
Lo que yo le puedo decir es que, en los últimos diez meses, no sólo
estamos realizando ya el primer plan de choque, el llamado Plan 2000,
sino que estamos ejecutando el segundo, en el que además se ha
demostrado que había márgenes disponibles y de flexibilidad para que
cada comunidad autónoma atendiese sus verdaderas particularidades.
Cito un ejemplo pacífico. Se ha hablado de Aragón para bien y para
muy bien. Yo soy el primero en reconocer que ha sido una gran
referencia en los últimos años. Pero la concentración de tejido
industrial y económico que tiene Aragón no lo tienen otras
comunidades autónomas. Le puedo asegurar que no es lo mismo actuar
desde una inspección en un terreno disperso que con las altísimas
concentraciones industriales y de servicios que se producen en otras
comunidades autónomas. Por eso estamos en esa segunda fase.
Tenemos mayor número de inspectores y de subinspectores y sin duda
ninguna las actuaciones de inspección han ganado en calidad. Hemos
editado 20 normas de las que estaban contempladas y previstas. Hemos
llevado a la mesa de los agentes sociales distintas iniciativas de
coordinación y de difusión. Hemos logrado que la cooperación se
extienda a otros departamentos. Simplemente creo que estamos mejor;
usted no me habrá oído decir que estamos bien, pero admítame que
estamos mejor que hace 10 meses. Desde luego, como antes le señalaba
-y cuantas veces fuera menester-, en cuanto a los ritmos, debe
recordarse que estamos intentando cambiar algunas de las grandes y
malas tendencias de nuestro mercado laboral.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Agradeciendo de nuevo la
presencia del señor ministro y habiéndose tratado todos los puntos
del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.