CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 383



AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN



Sesión núm. 27



celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor ministro de la Presidencia (Lucas Jiménez),
coordinador de la Comisión de seguimiento de la encefalopatía
espongiforme bovina, para informar de la situación actual de control
de la EEB y del laboratorio nacional de referencia. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000562.) .

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Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta sesión número 27 de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la celebración de la
comparecencia del ministro de la Presidencia y coordinador de la
Comisión de seguimiento de la encefalopatía espongiforme bovina, para
que informe sobre al situación actual de control de la EEB y del
laboratorio nacional de referencia.

Antes de darle la palabra al señor ministro, quiero agradecerle su
presencia en esta comisión de Agricultura. Tener aquí a un ministro
ajeno a la agricultura es un motivo de satisfacción. En ese sentido,
la Mesa y todos los portavoces nos sentimos enormemente gratificados.

También quiero agredecerle su predisposición a comparecer en esta
Comisión, ya que, cuando le llamamos, enseguida buscó la fecha más
próxima a la que nosotros le solicitamos. Además, en esta última
semana hemos adelantado la hora de esta comparecencia y el señor
ministro también atendió estos requerimientos.

Le damos la bienvenida a esta Comisión de Agricultura, y sin más
preámbulos, agradeciendo no sólo su presencia sino también la de
todos los colaboradores de su ministerio y del Ministerio de
Agricultura, le damos la palabra para que nos pueda informar.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Jiménez): Señorías, mi
primer sentimiento es de gratitud por tener la oportunidad de
conectar con la Cámara Baja en la Comisión de Agricultura y hacerles
partícipes de la labor que viene desarrollando con periodicidad el
ministro de la Presidencia. Se trata de una labor de coordinación,
que no es sectorial, como decía el presidente de la Comisión, por lo
que tengo que empezar matizando la intervención del ministro de la
Presidencia. El ministro de la Presidencia no viene a sustituir ni al
ministro de Agricultura, ni a la ministra de Sanidad, ni al ministro
de Medio Ambiente, por eso mi primera afirmación es de solidaridad y
para remitirme a las comparecencias sectoriales en esta Cámara de los
tres ministros, con los cuales me siento plenamente identificado. Las
políticas sectoriales de los distintos ministerios son
responsabilidad de los mismos y no vengo con afán de matizar, ni de
complementar las comparecencias de los distintos responsables de
estos ministerios, comparecencia aquí obedece fundamentalmente al
afán de informar a SS.SS. sobre la situación actual del control de la
EEB. Con mucho gusto acudo a esta Cámara como coordinador de la
Administración general del Estado sobre este asunto.

Cuando el 16 de enero pasado -todavía no era ministro- se constituyó
el comité especial de seguimiento de la encefalopatía espongiforme
transmisible, mediante la Orden ministerial del 16 de enero, del
Ministerio de la Presidencia, se manifestó que los objetivos
que el Gobierno se proponía, desde el más profundo respeto
-aspecto importante éste- de las competencias de las comunidades
autónomas y en ejercicio de la capacidad de coordinación, eran los
siguientes: El primer objetivo y el fundamental era preservar la
salud de los ciudadanos, garantizando que ningún animal afectado por
la EEB pasara a la cadena alimentaria. El segundo objetivo era poner
en marcha todas aquellas medidas necesarias o convenientes para
erradicar de la manera más rápida y fiable esta enfermedad de nuestra
cabaña bovina. El tercer objetivo era cooperar en la medida de lo
posible, dentro de un marco presupuestario dado, con los sectores
productivos afectados por la crisis, que sin duda iban a experimentar
daños económicos; estoy hablando fundamentalmente de la protección de
nuestra cabaña ganadera. El cuarto objetivo era garantizar que no se
produjeran efectos colaterales que pudieran perjudicar la calidad de
nuestro medio ambiente, es decir, todo lo que hace referencia a la
política medioambiental y a la destrucción de los MER. Para la
consecución de los objetivos no se adoptaron medidas coyunturales con
resultados a corto plazo, sino que se desarrolló, cumpliendo con los
requisitos normativos de la Unión Europea, un programa integral
coordinado de actuaciones para vigilancia y control de la enfermedad,
regulado en el Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, que se
sometió a consulta de las comunidades y de los sectores afectados.

Estos objetivos recogen los principios de actuación que han
inspirado, inspiran y han de seguir presidiendo la actuación del
Gobierno.

El comité especial está integrado por los subsecretarios del
Ministerio de la Presidencia, Agricultura, Pesca y Alimentación,
Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, acompañados por el director
general de Ganadería y la directora general de Salud Pública y
Consumo. A este comité se han incorporado tres expertos,
pertenecientes a diversas ramas del conocimiento relacionadas con la
veterinaria, la neuropatología y la medicina. Tengo que manifestar el
grado de satisfacción y de apoyatura científica que supone para el
Gobierno contar de manera periódica con la colaboración de estos
profesores, que vienen dando también un tono de confianza a la hora
de tomar medidas que entran dentro del campo específico de la
veterinaria o de la sanidad. Quiero comenzar pues agradeciendo el
esfuerzo y la profesionalidad de los miembros de este comité, que se
ha reunido 25 veces desde su constitución y que ha sido un modelo de
trabajo en equipo y del espíritu de colaboración imprescindible para
arbitrar medidas meditadas, sustentadas en conocimientos científicos
y eficaces.

Mi propósito es informar a SS.SS. sobre el grado de cumplimiento de
estos objetivos, comenzando precisamente por el primero. Sin duda la
sanidad es y sigue siendo el objetivo fundamental. Desde un punto de
vista de salud pública -se lo recordaba a los mediosantes de entrar a
la Comisión-, me satisface afirmar



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que afortunadamente hoy podemos decir que no se ha producido ningún
caso en humanos de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldd-
Jacob en España. No quiero que de estas palabras pueda deducirse que
el Gobierno haya relajado lo más mínimo su vigilancia, ni que nos
hayamos instalado en posiciones triunfalistas, dando por supuesto que
se trata de un problema ya resuelto, sino todo lo contrario. El
Gobierno tomará todas las medidas preventivas para que no aparezca ni
un solo caso. Comparto la opinión de algunos expertos, entre los que
citaré a los profesores Badiola y Rábano, en el sentido de que hay
que ser moderadamente optimistas, pero sólo moderadamente. Si
consideramos como un dato cierto que la manifestación de la
enfermedad se produce cinco años después de la ingesta por el animal
de las harinas cárnicas contaminadas y que las harinas cárnicas
fueron prohibidas por decisión comunitaria en el año 1994, cabría
esperar que a partir del año 2000 se hubieran detectado el mayor
número de casos. Aún sin contar con el número total de casos en el
año 2001, porque no hemos acabado, cabe aventurar, apoyándonos
siempre en la opinión de los expertos, que será el presente año o
quizás el año 2002 cuando se produzca el punto álgido en cuanto al
número de casos detectados, ya que desgraciadamente la utilización de
harinas cárnicas para rumiantes no ha dejado de ser un hecho hasta
bien entrado el año 1996; en este aspecto es importante retener las
fechas 1994 y 1996. En todo caso, aún nos movemos en el terreno de
las hipótesis de trabajo, sobre las que los científicos nacionales
e internacionales siguen aún deliberando.

Sin entrar en más detalles y quedando a disposición de SS.SS. para
aclarar algunos de estos aspectos y, sobre todo, su incidencia en la
salud humana, pasaré a referirme a los avances científicos y a las
decisiones administrativas en los ámbitos europeo y español en
relación con la infectividad de los materiales específicos de riesgo
y su capacidad para contaminar tejidos adyacentes. Como recordarán,
durante los últimos meses, la principal polémica se centró en la
columna vertebral, que contiene la médula espinal, y en los ganglios
nerviosos situados en la zona dorsal del animal. También recordarán
que por recomendación de los científicos se tomó la decisión de hacer
obligatoria la extracción de la médula espinal sin seccionar el canal
vertebral. Esta decisión, que se impuso a nivel comunitario por el
Reglamento 999/2001 del Parlamento Europeo, reflejada en nuestra
normativa en la Orden del Ministerio de la Presidencia del 26 de
julio de 2001, implicó la retirada de la columna vertebral completa,
lo que provocó ciertos problemas en el faenado y en el corte de las
canales.

Más recientemente, se ha estudiado la posibilidad de utilizar métodos
de succión que permiten extraer la médula espinal sin tener que
retirar el canal vertebral. Estos métodos pretenden facilitar el
faenado de las canales a las que, en caso de que tales métodos muestren
su fiabilidad, no habría que separar los huesos de la columna
vertebral. Insisto en que el objetivo es ir introduciendo elementos
de normalidad según se vayan disponiendo de certezas científicas y de
métodos de producción, faenado y transporte de carne de vacuno que en
ningún caso -permítanme que lo subraye- puedan producir la más mínima
sospecha de riesgo para la salud de los consumidores.

Al principio de mi intervención me refería a los cuatro objetivos que
el Gobierno tiene marcados con respecto a la crisis de las vacas
locas. El segundo era poner en marcha un conjunto de medidas que, en
el marco definido por la normativa comunitaria, actuaran eficazmente
en la erradicación de esta enfermedad. Como es evidente, la primera
medida al respecto fue disponer del número suficiente de test de
detección de priones que permitiera llevar a cabo los preceptivos
análisis sobre las reses sacrificadas destinadas al consumo. Esta
previsión fue inmediatamente atendida y cabe afirmar que, desde los
primeros días de la aparición del primer caso en España, los
laboratorios de referencia así como todos los laboratorios
dependientes de las comunidades autónomas han dispuesto del material
necesario para realizar cuantos análisis les han sido requeridos por
los correspondientes mataderos. Es más, a este respecto cabe afirmar
que el número de test de detección de priones realizados es una
variable que experimenta un crecimiento constante.

Superados los primeros momentos en los que se produjo una
importantísima disminución en el número de sacrificios, derivada
lógicamente de la caída de la demanda, el número de test realizados
en cada una de las semanas en las que se analizan los datos derivados
de la crisis ha pasado de una media de algo más de 6.000 test en las
primeras semanas del año a una media de 13.000 test en las últimas
semanas. El mayor incremento se produce a partir del mes de julio
debido a la entrada en vigor de las nuevas medidas de control
recogidas en la Orden del Ministerio de Agricultura de 26 de julio de
2001 que obliga a la realización de los test a todos los bovinos de
más de 24 meses, tanto si van destinados al consumo humano como si
han muerto o han sido sacrificados por otras causas. Hasta esa fecha,
como SS.SS. conocen, únicamente era obligatoria la realización del
test a los bovinos mayores de 30 meses destinados al consumo humano.

Parece un dato cierto que la enfermedad ha sido causada por la
utilización de harinas cárnicas contaminadas en la alimentación de
los bovinos y, hasta el momento, parece incontestable que la
capacidad de transmisión de la misma a los humanos es diferente según
el tipo de tejido o productos del animal de los que estemos hablando.

Sus señorías recordarán algunas informaciones alarmantes en cuanto a
la capacidad infectiva de la leche, que no se ha confirmado, o de las
grasas subcutáneas y de los hemoderivados, que fueronobjeto de
estudio por los expertos de diversos países



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afectados por la enfermedad, confirmándose la inocuidad de todos
estos elementos. En este y en otros temas se ha procurado una
información fiable y fehaciente al consumidor. En diversas campañas
informativas al respecto los ciudadanos han tenido ocasión de conocer
los elementos básicos para poder consumir carne de ganado vacuno en
condiciones de total fiabilidad. Campañas en medios de comunicación,
distribución de folletos informativos en puntos de venta, etiquetados
de los productos cárnicos que permitan conocer la trazabilidad de la
carne, la creación de una página web de consulta sobre los
principales aspectos relacionados con la crisis, son sólo algunos de
los aspectos de la transparencia que ha presidido la acción del
Gobierno.

La situación española en estos momentos no es comparable con la de
otros países de la Unión Europea, sobre todo con países como Gran
Bretaña, Portugal e Irlanda, teniendo en cuenta el número de poscasos
positivos en relación con el censo de animales. En cuanto a la
prevalencia por raza y por edad, cabe afirmar que los casos
detectados vienen a confirmar que, en su mayoría, se trata de
animales de edad comprendida entre 4 y 7 años y que la incidencia de
la enfermedad tiene poco o nada que ver con su aptitud cárnica o
lechera, dejando ahora al margen la circunstancia de que en el
segundo tipo de animales ha sido tradicionalmente más frecuente la
utilización de las harinas cárnicas en su alimentación. Estoy
hablando de las vacas dedicadas a leche, lógicamente en la búsqueda
de proteínas más baratas de carácter animal que es donde, sin duda,
se centró gran parte de la atención de los profesionales en su día.

Es destacable la excepcionalidad -aunque también se ha producido- de
casos en animales de razas autóctonas que suelen pertenecer a
explotaciones de carácter extensivo y que, por lo tanto, han tenido
menos ocasión de ser alimentadas con piensos.

Otro dato epidemiológico interesante es la existencia de ciertas
zonas geográficas con un número proporcionalmente mayor al que
correspondería en relación con el tamaño de su cabaña bovina. Estoy
hablando, fundamentalmente, de Menorca, de Navarra o de algunas zonas
de Castilla y León que son ejemplos de este fenómeno que, en opinión
de los expertos, puede ser interpretado en el sentido de que los
focos de enfermedad se corresponden con la distribución
y comercialización de harinas contaminadas. Una de las decisiones más
duras que se tomaron a principios del pasado año fue la del
sacrificio total de la explotación donde aparecía un caso de EEB.

Esta decisión de sacrificar toda la explotación está apoyada en la
recomendación de un dictamen del comité científico director de 14-15
de septiembre de 2000 que iba dirigida a erradicar lo más rápidamente
posible cualquier foco de la enfermedad entendiendo que, si la causa
de la enfermedad era el consumo de harinas cárnicas contaminadas, era
más que probable que el conjunto de la explotación, es decir,
los compañeros de pesebre, hubieran estado en situación de alto
riesgo de contaminación. A este respecto cabe señalar que, tras el
análisis correspondiente y realizados los estudios precisos, el
Reglamento comunitario 999/2001 ha permitido a los países miembros de
la Unión Europea optar por protocolos de sacrificios no tan drásticos
como los de la destrucción de toda la ganadería. Me estoy refiriendo
a la utilización del protocolo de sacrificios circunscrito a lo que
se llama la cohorte de edad, es decir, el sacrificio de los
ascendientes y descendientes del animal enfermo, así como de los
nacidos en el mismo rebaño en el año anterior y posterior
correspondiente al animal enfermo. Este criterio permite, sin duda,
equilibrar el objetivo de la erradicación rápida de la enfermedad con
la minoración máxima posible de los desfavorables efectos económicos
que se producen para los propietarios de explotaciones en las que se
encuentra un solo caso positivo de la enfermedad.

Precisamente relacionado con el objetivo de erradicación de la EEB,
evitando la pervivencia de reservorios de la enfermedad, quisiera
tratar ahora el asunto de la incidencia de la enfermedad y los
efectos de la misma en cabañas de raza en peligro de extinción o en
ganaderías de alto valor genético, como es el caso de los toros de
lidia. Respecto a estos últimos, como SS.SS. recordarán, se
produjeron diversos contactos con los representantes de los ganaderos
de las reses bravas -que llevó con especial talento el Ministerio de
Agricultura- con objeto de implantar las medidas más oportunas para
preservar lo que, sin duda, es un patrimonio cultural y zoológico
español. La posibilidad de que se encontrara un caso positivo en una
ganadería de bravos, teniendo en cuenta la implantación del protocolo
de sacrificio de toda la explotación, conllevaba el riesgo de perder
de manera irrecuperable el patrimonio genético representado por
algunos encastes. Se optó en aquel momento por dejar a criterio del
ganadero la decisión de realizar o no el test priónico a los animales
lidiados, estableciéndose que sólo los debidamente analizados podrían
entrar a formar parte de la cadena alimentaria. A este respecto,
lamento no poder dar una información que, por rotunda, podría pecar
de inconsistente, ya que aún el grado de incidencia de la EEB en la
cabaña brava no es un dato contrastado. No se dispone aún de una masa
crítica de análisis realizados suficientemente amplia como para ir
más allá de hipótesis de trabajo.

Transcurrido el período de vigencia establecido por el programa
integral coordinado de vigilancia y control de la enfermedad,
aprobado por Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, se planteó
la necesidad de establecer un nuevo escenario en el cual se
contemplara la obligación de someter, con carácter general, al test
de detección de priones a los toros de lidia, entendiendo que la
implantación del protocolo del sacrificio de corte de edad alejaba el
temor de la desaparición de



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los encastes a los que acabo de referirme; efecto también favorable
con respecto a las ganaderías selectas y a las que representan un
patrimonio zoológico en peligro de extinción. El problema se planteó
entonces en términos de faenado de la carne del toro de lidia. Como
todos ustedes saben la aparición de la encefalitis en los bovinos ha
generado la obligatoriedad de la retirada de los materiales
específicos de riesgo de todos los animales destinados a formar
parte, de manera directa o indirecta, en la cadena alimentaria. Es
conocido que los desolladeros de muchas de nuestras plazas de toros
no disponen de los sistemas adecuados que permitan tal proceso en
condiciones adaptadas a la nueva situación. Precisamente por ello se
optó en el mes de junio de este año, de manera cautelas y temporal,
hasta el 31 de diciembre de 2001, es decir, hasta dentro de treinta y
dos días, por la prohibición de comercializar la carne de toro
mediante de la orden de 29 de junio, del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Si me permiten SS.SS. diré que la situación vino a complicarse aún
más cuando tuvimos conocimiento, hace tan solo unas semanas, de la
existencia de un informe preliminar del Comité científico director de
la Unión Europea en el que, sin hacer referencia directa a los toros
de lidia, se manifestaba el criterio científico en las que
intervienen determinados sistemas de aturdimiento, es decir, aquellos
que producen un batido de la masa craneoencefálica pueden conllevar
riesgos de embolias sanguíneas de tejido neuronal que contaminen otro
tipo de tejidos, especialmente en los pulmones, sistema circulatorio
y corazón. Estoy hablando, fundamentalmente, de los efectos de la
puntilla. Tal hipótesis viene siendo objeto de estudio por parte de
los expertos españoles, por encargo del comité especial; informe en
el que se está trabajando y espero, de manera lo más rápida posible,
tener información sobre este trabajo. En el mes de julio se encomendó
a los profesores Rábano y Badiola la elaboración de un informe en el
que se analizaran de manera pormenorizada muestras de los tejidos
tomados a los toros de lidia. Tengo que manifestar que, según una
información verbal de los mismos, han tomado muestras en
cuatrocientos toros de lidia, en no menos de ocho partes del toro,
del corazón, de los tejidos más sensibles, sin que, por fortuna hasta
ahora, haya aparecido un solo caso en los mismos de la enfermedad.

Este informe se presentará al comité teniendo como objeto la
constatación científica de la existencia de dichas embolias de tejido
neuronal y de la posibilidad de que se produzca contaminación
priónica derivada de la lidia, especialmente de los procesos que se
producen durante el sacrifico final del animal, por puntilla o por
descabello.

Respecto al control de la evolución de la enfermedad en la cabaña
bovina española, puedo afirmar que en los últimos meses se han dado
algunos pasos bien significativos. En un principio, por Real Decreto
3452/2000, de 22 de diciembre, se estableció de manera inmediata
la obligatoriedad de realizar el test prionic a todos los animales
mayores de 30 meses que se destinasen al consumo, ajustándose a la
normativa comunitaria y la práctica de la mayoría de los países
comunitarios. Posteriormente el reglamento 999/2001 del Parlamento
Europeo, estableció la posibilidad de rebajar la edad obligatoria a
partir de la cual es preciso analizar los animales destinados al
consumo y la obligatoriedad de realizar el test prionic a todos los
bovinos acreditados para su destrucción o muertos. La Orden de 26 de
julio, a la que antes hice referencia, trató de ajustar la normativa
española a lo dispuesto en el reglamento comunitario, al que acabo de
hacer referencia, optando por reducir a 24 meses, siguiendo el
parámetro francés y alemán, la edad obligatoria, tanto para los
animales destinados al consumo como a todos los animales muertos,
aunque los mismos no estén destinados a incorporarse a la cadena
alimentaria.

Es evidente, que esta decisión de la reducción a los 24 meses puede
producir el incremento del número de casos detectados puesto que con
anterioridad no se analizaban los animales destinados a su
destrucción, aumento que, evidentemente, no ha de relacionarse con un
incremento de las contaminaciones de animales y responde a otras
razones epidemiológicas. La decisión de extender la realización del
test prionic incrementando obsesivamente el número de análisis es
posible, ya que actualmente existen 26 laboratorios utilizados, de
los cuales cuatro pertenecen al ámbito de la Administración general
del Estado, dos en Madrid, uno en Zaragoza, uno en Granada y
veintidós son laboratorios de las distintas comunidades autónomas
repartidos por toda la geografía española.

Quisiera llamar la atención sobre la dimensión europea de la
enfermedad. Es evidente que las autoridades de la Unión Europea
competentes en la materia han marcado líneas de actuación que, no en
pocos casos, han dejado un escaso margen de decisión a los Estados.

Esta afirmación es especialmente evidente en cuanto a lo relativo al
marco normativo. Por hacer solo algunas referencias, me gustaría
señalar que las principales normas que han decidido las actuaciones
en el ámbito español no han sido sino la traslación a nuestro
ordenamiento jurídico de lo dispuesto por reglamentos y directivas
comunitarias, que estamos obligados a acatar, dada la normativa
interna de los mandatos comunitarios. Debo señalar que esta labor ya
ha comenzado con las órdenes de 26 de julio de 2001 del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Presidencia, que adaptan la
normativa vigente a lo establecido en el citado reglamento
comunitario, que quedará definitivamente adaptado con un real decreto
que actualmente se encuentra en fase de elaboración, el cual
sustituirá al hasta ahora ya en vigor, el Real Decreto 3454/2000.

Haciendo referencia a los datos de carácter cuantitativo, hay que
señalar que hasta el momento, señor presidente,



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se han realizado 329.818 test prionic -insisto en la cifra porque
supone un esfuerzo de las comunidades autónomas y del Gobierno muy
importante-, de los cuales 74 han sido confirmados como positivos. La
Administración general del Estado ha destinado 21.471 millones de
pesetas a las denominadas medidas de sostenimiento del sector.

Asimismo ha financiado con 45.222 millones las actuaciones de
intervención del mercado realizada a través del FEGA y las medidas de
apoyo al toro de lidia. Por último, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2001 y con un importe de 85.930 millones
se ha financiado un conjunto de medidas adicionales. El conjunto de
todas estas actuaciones ha supuesto una inversión global de la
Administración general del Estado -e incluyo también los créditos- de
152.623 millones de pesetas desde la detección de la enfermedad,
cantidad que incluye esa línea de crédito, a la que antes he aludido,
de 50.000 millones de pesetas.

Además de tratar sobre las actuaciones que se están llevando a cabo
durante el año 2001, considero especialmente importante informar a
SS.SS. sobre las actuaciones previstas para el próximo ejercicio. A
estos efectos señalaré que el próximo año 2002 el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación tiene previsto en su presupuesto
una partida de 10.000 millones destinados a la financiación de
medidas relacionadas con la EEB. Ahora bien, a dicha cantidad debe
sumarse la destinada a la intervención del mercado de la carne, que
se producirá solo en el caso de que los precios se sitúen por debajo
de la cifra marcada por la Unión Europea. Además, el Ministerio de
Agricultura va a seguir apoyando económicamente la retirada de
cadáveres y los efectos de la aparición de un caso en una explotación
mediante una nueva línea de seguros agrarios en la que las
administraciones públicas financiarán un 80 por ciento de la prima de
aseguramiento.

Pasando a las consecuencias medioambientales de la crisis de las
vacas locas, tema este difícil y donde la intervención de las
comunidades autónomas es vital, el tratamiento de los residuos MER
para su transformación en harinas y la posterior destrucción de
dichas harinas, se seguirá haciendo con los mismos procesos ya
establecidos. Es decir, las plantas que tradicionalmente venían
ocupándose de la producción de harinas cárnicas han pasado a
desempeñar una función intermedia de transformación de los residuos,
incluidos los puntos MER en harinas inactivas. Dichas harinas, como
ustedes ya conocen, pueden tener distintos destinos; la
revalorización energética, el primero, en el marco de los convenios
con las cementeras, es, sin duda, la que está dando en otros países
europeos mejores resultados. Sin embargo y sin argumentos científicos
sólidos que provocan reticencias poco justificables, algunas veces
ayudadas por la insensibilidad de otras autoridades, dicha opción
está siendo escasamente utilizada en nuestro país. Otras opciones,
como el almacenamiento
temporal o los vertederos autorizados, están siendo el
destino mayoritario de dichas harinas al que hay que añadir el uso y
exportación de las mismas para piensos destinados a animales de
compañía. En estos momentos existen 33 vertederos controlados
repartidos en once comunidades autónomas. Por otra parte, y aunque la
revalorización energética no es la práctica más habitual en la
actualidad, señalaré que ya se han firmado catorce convenios entre
seis comunidades autónomas y cementeras aunque de momento el proceso
sólo se está llevando a la práctica en las plantas del País Vasco y
Valencia de manera especial.

Por último, y en el marco del Programa Nacional de Eliminación de
MER, el Ministerio de Medio Ambiente ha ofrecido a todas las
comunidades autónomas cofinanciar incineradoras para la eliminación
de los MER y otros residuos animales. En la actualidad se han firmado
convenios con tres comunidades autónomas -Asturias, Cantabria y
Ceuta- y se encuentran en tramitación convenios con Canarias,
Castilla-La Mancha y Extremadura estando prevista la construcción de
16 instalaciones de incineración.

Finalizo, señor presidente. Creo que he hecho una referencia
suficientemente extensa sobre todos los aspectos relacionados con la
crisis de la EEB y en todo caso, y en la medida que me lo permita mi
condición de lego en esta materia, estoy a disposición de SS.SS. para
tratar cualquier cuestión que como titular del Ministerio de la
Presidencia y no de un ministerio sectorial pueda ser planteada por
sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Pasamos a continuación al turno de portavoces, en primer lugar del
grupo solicitante de la comparecencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz
señor Cuadrado.




El señor CUADRADO BAUSELA: Señor ministro, efectivamente el Grupo
Parlamentario Socialista solicitó hace aproximadamente un mes esta
comparecencia porque tenía cierta preocupación con algún aspecto
concreto -al que luego me referiré- sobre cómo van las cosas de la
zoonosis de EEB en España y también en relación con el Laboratorio
Nacional de Referencia según se cita en la propia petición de
comparecencia.

Señor ministro, ha dado usted unos datos que obligan a tener cautela
por el tiempo que vamos a tener que mantener en España una situación
de control, de vigilancia, de prevención y es que este dato a veces
parece olvidarse, sobre todo respecto de alguna decisión del Gobierno
bien reciente. Usted ha leído y hecho uso en parte de un informe del
mes de marzo de la Subdirección General de Ganadería Extensiva donde
se plantean algunas hipótesis sobre el origen de la enfermedad y
también previsiones sobre la evolución de la misma. Serefería usted,
porque lo dice el informe, a los años 1994



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y 1996, pero como recordará, porque en aquel momento ya hicimos algún
comentario respecto de esos datos, aparecían elementos preocupantes
en cuanto a la previsión de futuro y cuanto tiempo vamos a tener que
convivir con este problema en nuestro país. Por ejemplo, se decía en
la página 3 de ese informe que en 1998 se detectó un 1,5 por ciento
de muestras positivas con harinas de origen cárnico y de hueso, que
en el año 1999 esos análisis proporcionaban un 1,6 por ciento de
muestras positivas y, lo que quizás sea más grave, que en el año 2000
esas muestras daban un 2,7 por ciento en la composición de los
piensos. Por lo tanto, cautela desde todos los puntos de vista
respecto de este problema, aunque en cualquier caso tenemos la
experiencia de otros países. Además, es lo que se espera de la
responsabilidad de quien ante un problema de Estado como éste tiene
que enfrentarse a él a la hora de tomar medidas y de mantener alta la
guardia. Señor ministro, nosotros como país llegamos tarde. Recordará
que en los años 1997 y 1998 había insistencia en los consejos de
ministros de Agricultura para que a un aspecto fundamental
relacionado con este problema, como es la retirada de los MER, se
incorporaran países como España. Recordará que el Gobierno español, a
través de sus ministros de Agricultura, mantuvo entonces una posición
opuesta -radicalmente opuesta- a tomar esas medidas. Por tanto
llegamos tarde, pero lo que sería mucho peor es que nos saliéramos de
esas medidas y de esa guardia alta demasiado pronto.

En relación con este problema en todos sus componentes y en todas sus
variantes -usted se ha referido a algunas pero hay más- mi grupo
plantea que hay que mantener algunos principios, siendo uno de ellos
el de transparencia. Se han cometido errores en el pasado
precisamente por no hablar de estas cosas, por no transmitir la
información de una manera completa: cómo estamos, tenemos
incineradoras, no las tenemos, tenemos respuestas para el problema de
las harinas. Es decir, problemas concretos que al final tienen
efectos multiplicadores: eso es mucho más negativo.

El principio de precaución. Usted ha hecho referencia a como se va
incorporando en España una normativa comunitaria que ya era
obligatoria para todos los Estados, pero siempre hemos ido por
detrás, es decir nos hemos incorporado a medida que ha sido
obligatorio. El Grupo Parlamentario Socialista ya planteaba
propuestas el año pasado por ejemplo en relación con los tests a
reses de más de 24 meses u otras medidas que no voy a recordar porque
pertenecen ya a otra parte de la historia. Pues bien, teniendo en
cuenta este escenario y desde esa preocupación que le manifiesto, voy
a plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, por ser muy
concreto, el Laboratorio Nacional de Referencia de Zaragoza. No es
sólo que empieza siendo el laboratorio nacional de referencia sino
que lo es en todos los sentidos, también para la Unión Europea. Señor
ministro, nosotros denunciamos hace ya un
año, porque creíamos que era un escándalo, la situación de este
laboratorio: 20 metros cuadrados, sin recursos humanos, sin recursos
para reactivos ni para comunicaciones, etcétera, y en la que ante la
necesidad de seguridad biológica del espacio PTB-3 había que hacer
obras y acondicionamientos importantes. La verdad es que en el mismo
mes de enero pensamos que el Gobierno se había dado por enterado y
que iba a actuar. Hemos asistido a una serie de decisiones, pero se
termina en el mes de junio con una convocatoria de una orden pero no
sé, porque no lo entendí entonces y sigo sin entenderlo, por qué
solamente podía concurrir el Laboratorio Nacional de Referencia de
Zaragoza, y a fecha de hoy la situación es exactamente la misma. Se
han dado explicaciones de carácter presupuestario, administrativo,
etcétera. Bien, yo no voy a entrar en ellas, pero no puede ser que
después de un año la situación siga siendo exactamente la misma: 20
metros cuadrados, falta de personal, etcétera. Eso no puede ser y por
lo tanto la primera cuestión que planteo es qué piensan hacer al
mismo tiempo con el ruego de que se actúe con la máxima rapidez.

Siguiendo en el terreno de la vigilancia, se toma una decisión que me
gustaría que me explicara, el cambio en el tipo de tests. Se quiere
pasar del test Prionic al Biorap. Quisiera que me explicara por qué
no se utiliza cualquier otro. Le voy a aclarar por qué. Es posible
que usted me conteste que este test tiene efectos más rápidos y
además un coste menor, pero esa misma argumentación se podría haber
empleado hace un año: exactamente la misma. ¿Tiene importancia? Ya lo
creo que la tiene. Por ejemplo, esos laboratorios regionales a los
que usted se ha referido van a tener que cambiar el material clínico
por tener que utilizar este nuevo test. Por tanto, como no lo
entiendo lo pregunto porque quisiera que lo aclarara.

En tercer lugar, usted se ha referido al final -yo lo voy a hacer al
principio aunque luego haré alguna consideración- a unos datos que
hace poco presentaba el Gobierno como el balance de un año de gestión
de esta cuestión y había una de esas cifras que se convierten en
casi, casi míticas: algo más de 152.000 millones. El Gobierno se ha
gastado -así se anuncia y así se ha presentado- 152.000 millones de
pesetas en todas las medidas relacionadas con las EET en España.

Usted ha hecho una pequeña aclaración diciendo que en los 152.000
millones están incluidos los créditos, es decir lo que tendrán que
pagar los agricultores si se quieren acoger a esa línea de crédito. A
mí me parece que incluir esa suma como lo que le ha costado al
Gobierno, que así lo ha presentado, es excesivo. También están
incluidos prácticamente 40.000 millones, del FEOGA, algo más, es
decir de la Unión Europea, que, al igual que en el resto de los
países ha financiado determinado tipo de intervención, o compra para
destrucción, o las intervenciones de menos 24 meses o de más de 30
meses, por tanto 50.000 millones, 40.000



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millones, y habrá que se incluyen también, usted se ha referido a
ellas, posibles convenios en el futuro para hacer 16 incineradoras
con 15.000 millones de pesetas. Cuando eso se haga será buen momento
para hacer un buen balance de lo que se ha hecho, cuando se haga. Sin
embargo, justamente las carencias, luego me referiré a esa cuestión,
son en este momento bastante evidentes como para incluirlo como una
inversión que se ha hecho o como un esfuerzo económico que se ha
hecho para decir que esto es lo que tenemos desde el punto de vista
público y desde el punto de vista de esfuerzo del Gobierno. Por
ejemplo, se habla de 14.000 millones de pesetas de ayudas al sector,
que es posible que alguna vez el sector las vea, pero le diré que en
este momento la Unión Europea todavía no ha aprobado esta ayuda a la
renta. Sí es verdad que ha aprobado la ayuda a la renta de España, el
último balance que hizo el 20 de este mismo mes el Consejo de
Ministros es bastante contundente; sí que, por ejemplo, ha aprobado
la ayuda de algo más de 900 millones de Cantabria, o algo más de
1.000 millones de Asturias, pero cuando tengamos el oso ya en su
sitio nos podremos repartir la piel, es decir, podremos decir cuál es
el esfuerzo que hemos hecho en esta materia. Hay más, por ejemplo,
3.000 millones de costes en tests que no los financia el Gobierno,
que los financia la Unión Europea, etcétera. Por lo tanto, pongamos
las cosas en su sitio, porque si no es posible que queramos dar una
impresión sobre cuál es la realidad en esta cuestión, que desde el
punto de vista de la necesidad de transparencia no es precisamente la
mejor forma de actuar.

Es más, le diré que en el pasado Consejo de Ministros, con respecto a
ese esfuerzo para un sector que lo está pasando muy mal, España
aparece en último lugar. Por ejemplo, Alemania ha tenido una
aportación de 44 millones de euros, Bélgica ha tenido 59, Francia ha
tenido 259, Italia ha tenido 88. España aparece con 22 millones de
euros. Esta es la realidad, y, repito, en un sector que compite en
los mercados exteriores con otros países que acabo de citar, esto
conviene tenerlo en cuenta.

Siguiendo con la situación actual de balance si quiere con respecto
al control de la situación, señor ministro, yo no puedo más que
alarmarme, y por tanto esa alarma tiene que ver con la necesidad de
rectificación que yo propongo cuando en la pasada conferencia
sectorial el señor ministro de Agricultura en la contabilidad de las
harinas y del programa de retirada de las harinas les dice a los
consejeros de agricultura que no sabe dónde están 200.000 toneladas
de harinas. En algunos casos la situación no es de recibo. Como soy
diputado por Zamora, sólo recordaré un ejemplo. En el vertedero de
Zamora, que está en la capital, aparecen toneladas y toneladas de
harinas en una situación no soportable. En el Plan coordinado se
decía, señor ministro, que se iba a movilizar al Ejército, a Seprona,
etcétera, que se iban a buscar lógicamente para una ubicación
provisional de esas harinas lugares estancos, lugares
protegidos, porque eso lo había hecho Francia, lo habían hecho otros
países, teníamos la experiencia y sabíamos que eso es lo que había
que hacer. Es evidente que aquí no se ha hecho, y, repito, que esto
debe ser rectificado radicalmente en la situación actual.

Con respecto a lo que es en este momento la financiación de medidas
que no sólo deben ser mantenidas, estará de acuerdo conmigo, señor
ministro, en que durante bastante tiempo no sólo deben ser mantenidas
sino que deben ser mejoradas. Ahí a mi grupo le surge una
preocupación más y es qué ocurre con estas medidas a partir del 1 de
enero de 2002, cuando ustedes, yo creo que de una manera incompleta,
porque en una situación como ésta los sistemas públicos para
garantizar la seguridad alimentaria eran fundamentales, intentar que
podamos tener una ayuda, un seguro, una tasa, tantas cosas como las
que se han hablado para retirar los MER o los cadáveres de las
explotaciones. Sin embargo, no se trata tanto de la forma, como, en
primer lugar, de garantizar que esto se hace, porque si no no estamos
controlando la situación. Teniendo en cuenta este dato, señor
ministro, ayer mismo se celebra una reunión entre todos los sectores
implicados que han firmado un documento, que conocerá, y el señor
subsecretario del Ministerio de Agricultura, y un motivo más de
alarma, señor ministro. Ante el nuevo escenario que ustedes proponen
a partir del 1 de enero, se le hace una propuesta al sector que
consiste en que incorporen de una manera concertada un sobreprecio,
mejor dicho, en la carne de vacuno, entre tres y cinco pesetas. Se
les dice que lo estudien, que se forme una mesa de trabajo, que
incluso se va a estudiar la forma legal para que los mataderos, en
vez de cargárselo, por ejemplo, a los ganaderos, lo incorporen en la
distribución en el precio de la carne, pero como comprenderá a las
fechas en que estamos plantear esta cuestión como alternativa a un
problema que efectivamente se expone en esa reunión porque no está
resuelto, me parece que no es la forma de abordar cuestiones como
ésta ¿La respuesta cuál es? La respuesta es que, tal y como ustedes
quieren dejar los costes importantísimos para ser asumidos de la
retirada de los mataderos de los MER, de los despojos, de las
harinas, de los cadáveres animales de las fincas, cuestión central en
el control de esta situación no es para resolverlo de ese modo. Si no
se hiciera nada, ¿qué es lo que ocurriría? Lo que el propio sector ha
dicho, lo pagaría el ganadero, porque el matadero incorporaría el
coste al ganadero, en un sector que justamente todos coincidiremos
que después de la crisis que ha vivido y que sigue viviendo en el
momento actual no está precisamente para incorporarle un coste como
éste. Por tanto, no está resuelto el problema.

Ustedes han dudado demasiado, han hablado de todo, han hablado de
tasas, y, al final, lo que nos encontramos es que cada comunidad
autónoma, en el supuestode que el Gobierno no cambie de actitud, hará
cosas



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diferentes. Es el peor escenario posible, señor ministro. Aquí hay
mataderos que tienen despojos que van a parar a otra comunidad
autónoma diferente a aquélla en la que está ubicada el matadero, hay
movimientos de harinas, no está resuelto el tema de los convenios con
las cementeras. Tenemos demasiados problemas como para que ahora sea
a propia voluntad del mercado como queramos que se produzca la
respuesta al problema por parte del sector. Esto no es de recibo y
por tanto le llamo la atención sobre ese asunto.

Señor ministro, el Gobierno no puede desentenderse de este problema
desde el punto de vista de la financiación como lo ha hecho en el
proyecto de presupuestos del 2002, no es este el momento. No hay
ningún gobierno en Europa que después de un año desde que aparece el
primer caso se tire del tranvía en marcha y lo abandona a su suerte.

Desde el punto de vista de la financiación no es posible en este
momento, con los seguros a los que usted se ha referido, garantizar
una cuestión de salud pública. Estamos hablando de materiales
específicos de riesgo como éste. Por lo tanto, lo hemos venido
haciendo durante este año y lo mantenemos ahora. Cuando ustedes
firman los convenios con las comunidades autónomas a raíz del Plan
coordinado, dan unos argumentos para formar parte de ese Plan
coordinado. Esos argumentos siguen siendo válidos. Es más, creo que
deberían incorporarse más recursos a un problema que no está
resuelto.

Algunas veces algún miembro del Gobierno ha hecho declaraciones en
este sentido, diciendo que tenemos el problema resuelto. El problema
no está resuelto, vamos a tener que convivir con él durante varios
años y por lo tanto bajar la guardia, como ustedes hacen ahora,
a partir del 1 de enero, es la peor actitud que se puede tomar en una
cuestión de esta naturaleza, porque, señor ministro, todavía no
tenemos resueltas cuestiones fundamentales. Usted ha citado algunas.

Si tenemos que hacer 16 incineradoras es porque no las tenemos, por
lo tanto hay que hacerlas. Estamos todavía muy lejos de tener las
infraestructuras necesarias para que no ocurran cosas que están
pasando en este momento, por lo tanto es vital que se lo considerara
una red pública que garantice que las cosas se hacen como se deben
hacer y no dejar a partir del 1 de enero las cosas a su aire, que es
como aparecen en el escenario que ustedes plantean a partir de esa
fecha.

Usted se ha referido a una cuestión, por ejemplo, de salud pública
entre los objetivos, que nadie duda que ese debe ser el principal, el
primer objetivo. Me gustaría que hubiera más transparencia en la
información sobre este tema. Cometimos errores en el pasado que se
han debatido en esta Cámara, pero creo que debería haber más
transparencia. Nosotros decíamos entonces -se lo recuerdo, señor
ministro- allá por el verano del año 2000: En España no habrá casos
de EEB, no habrá casos porque aquí no se dan las condiciones
etcétera. Esa resistencia a aplicar las medidas que ya proponía
la Comisión Europea en los consejos de ministros nos costó muy
cara después, se pagó en desconfianza del consumidor. Pues bien, en
materia de salud pública le insto, señor ministro, a una mayor
transparencia y hacerlo con la responsabilidad a la que se está
obligado ante el conjunto de la ciudadanía. En este momento hay
demasiadas preguntas sin respuesta. En segundo lugar, se ha referido
a las reses de lidia y a un estudio que se viene anunciando respecto
a este sector en concreto. También desde el punto de vista de la
transparencia, no es de recibo que la respuesta que se da a un sector
sea radicalmente diferente a la que se da a los demás sectores que
también están implicados, y aquí hay muchos sectores implicados.

Piense que el hecho de que los despojos del porcino, por ejemplo, no
se puedan utilizar como harinas desde la prohibición significa un 4
por ciento de incorporación de coste. Exactamente igual ocurre con
los demás sectores. Estamos hablando de pérdidas importantes de renta
y de pérdidas importantes de ingreso. Lo que llamó la atención en su
día, y la sigue llamando ahora, es el tratamiento diferencial. Me
gustaría que desde el punto de vista despejará las sombras que han
aparecido.

Por ultimo, señor ministro, voy a insistirle en algo. Creo que el
Gobierno se equivoca al abandonar un sistema coordinado para el
conjunto del territorio nacional en todos los elementos que tienen
que ver con este problema. El gobierno se equivoca al abandonar la
aportación de recursos. Si con el plan coordinado no se sabe donde
están 200.000 toneladas de harinas, imagínese sin plan coordinado, es
decir, sin recursos. Insisto, el Gobierno no debe abandonar su
aportación financiera a un problema que es un problema de Estado de
enorme magnitud, haya mayor o menor interés en un momento determinado
en la opinión pública. Es un problema grave que está ahí. Por tanto,
es fundamental la aportación pública. En relación con la aportación
pública, le diré, señor ministro, que lo hemos lamentado y lo
seguimos lamentando. No se pueden hacer las aportaciones que se han
hecho durante el año 2001 a costa de otros programas de gasto, del
sector agrario. Ha tardado mucho tiempo en contestar el Ministerio de
Agricultura, pero los recursos que se han empleado, los pocos
recursos, no la lista de los 152.000 millones, los recursos que se
han empleado de verdad han supuesto transferencias de crédito que
afectan a programas tan importantes como el Plan Nacional de Regadíos
de manera especial, pero no sólo a ese problema. Por ejemplo, un
porcentaje altísimo de lo previsto para el asociacionismo agrario,
algo fundamental desde el punto de vista de la modernización agraria,
se ha visto afectado en una minoración fundamental en ese crédito
para pagar los gastos derivados del plan coordinado. El Gobierno debe
entender que esto significa un esfuerzo en la financiación, es un
esfuerzo específico y no sepuede abandonar esta línea.




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Si se sigue la pauta de que, a partir del 1 de enero, se da por
terminado el plan coordinado y que cada comunidad autónoma, ganaderos
y sectores se entiendan como puedan, y de que, a partir de la misma
fecha, el Gobierno no tendrá que ver directamente con la financiación
de las infraestructuras y de las medidas necesarias, se estará
cometiendo un grave error, que pagaremos muy pronto, estoy seguro;
demasiado pronto, señor ministro.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Señorías, señor ministro, bienvenido a la
Comisión de Agricultura; será usted bien recibido tantas veces como
solicite acudir.

Quiero que conste, señor presidente, que es la primera vez que este
portavoz agradece a su amigo, el portavoz del Grupo Socialista, el
tono sosegado que ha empleado en un asunto importante. Hasta ahora -y
lo digo como desahogo personal-, habíamos tenido debates agrios y
fuertes; en la Diputación Permanente, por ejemplo, estuvimos en
permanente contradicción en un tono subido.

No obstante, lo que importa, señor ministro, son sus palabras, su
explicación rigurosa de cómo están las cosas; hay una palabra, sobre
todo, que he anotado repetidas veces: coordinación. Estamos ante el
problema de una zoonosis importante, como la encefalopatía
espongiforme bovina; la sanidad animal está transferida a las
comunidades autónomas, y el Gobierno central, las comunidades
autónomas y toda la sociedad en general tienen que hacer frente al
problema; a una normativa nueva enlazada con la normativa común
europea, que implica retirada de animales muertos y MER, prohibición
de harinas, retirada e incineración de las mismas, y tantas otras
medidas con intervención posterior de los mercados. En definitiva, lo
que desde el Gobierno se ha buscado, y se ha obtenido hasta ahora -y
no es triunfalismo-, es la preservación total de la salud del
consumidor. Eso es lo importante, y al Grupo Popular le llena de
satisfacción oírlo una vez más del ministro de la Presidencia,
coordinador -como él ha dicho- de todas las acciones de tipo
sanitario y económico que se vienen produciendo desde el Gobierno, a
través de Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad, Presidencia,
etcétera. En definitiva, ha habido una auténtica labor de Gobierno
que ha centrado el problema que, en estos momentos, está controlado.

Nadie ha dicho que el problema esté resuelto o erradicado -y eso nos
agrada-, sino que está controlado en su aspecto fundamental: la
preservación de la salud del consumidor.

Pues bien, si ha habido coordinación, colaboración y apoyo técnico y
financiero a las comunidades autónomas, ganaderos e industrias
cárnicas, es un buen momento para hacer el balance que el señor
ministro
ha presentado. La normativa de distinto rango que ha aparecido a lo
largo de estos meses se ha producido, asimismo, en coordinación y de
acuerdo con la de la Unión Europea. Así, podemos decir sin
triunfalismo que la situación está controlada, y nos apuntamos a esas
palabras, señor ministro; no hay ninguna persona afectada por la
variante humana del síndrome que produce la encefalopatía y,
afortunadamente, el consumo y el precio se han recuperado. Es decir,
que el problema subsiste, pero las autoridades nacionales, las
regionales y los técnicos siguen trabajando.

Mi grupo aprovecha esta ocasión para felicitar una vez más a los
altos cargos y a los técnicos de los distintos ministerios que han
hecho posible con esta coordinación que el problema se circunscriba a
sus verdaderas coordenadas. Afortunadamente, no estamos ya en
momentos en los que se predecían catástrofes apocalípticas de tipos
varios -ahí está el «Diario de Sesiones»- y ruinas económicas por
doquier. Afortunadamente, ni la actuación del Gobierno ha sido
caótica ni se ha producido con retraso, tampoco ha habido falta de
transparencia y nos encontramos con una situación, digamos,
controlada.

También nos agradan sus palabras, y las constatamos así, señor
ministro, cuando dice que no se baja la guardia, que no se relajan
las actuaciones, sino que coordinándose en presidencia con los
titulares de la sanidad animal, que son las comunidades autónomas, se
siguen adoptando medidas como, por ejemplo, el seguro, del que se
subvenciona prácticamente el ochenta por cien de la prima; seguro,
por cierto, que ha tenido una magnífica acogida en el sector y mi
grupo entiende que es un sistema moderno y eficaz de afrontar un
riesgo como es este.

Desde luego tenemos confianza plena -puesto que no se eliminan
medidas legales, no se elimina ninguna parte de la normativa vigente-
en que todas las comunidades autónomas seguirán trabajando en
colaboración y de forma homogénea y que no hará cada una lo que
quiera, como aquí antes se ha dicho. Entendemos que todas las
comunidades autónomas serán respetuosas con las leyes.

Si S.S. tiene a bien enviarnos información sobre los metros cuadrados
que más o menos necesita no sé qué laboratorio o sobre las probetas,
buretas, reactivos y demás elementos que componen un laboratorio, si
tiene a bien remitir esa información a esta Comisión será bien
recibida, pero nuestra preocupación es social y política y no
estrictamente técnica.

También quisiera dejar constancia, señor ministro, señor presidente,
de la satisfacción que al Grupo Popular le produce oír la cifra que
ha sido necesaria para atajar este problema, para paliar las
consecuencias de una zoonosis tan importante, 250.000 millones de
pesetas que indudablemente no estaban contemplados en los
presupuestos de ningún Ministerio en concreto para 2001; para el 2002
tampoco, pero existe esa coordinación,



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existe esa solidaridad y esos deseos y necesidad de atajar un
problema cuando se presenta y el Gobierno también financieramente ha
dado respuesta adecuada al asunto, ayudando incluso financieramente
a las comunidades autónomas en obligaciones que iban más allá de las de
la propia Administración central.

Quisiera, para tranquilidad del señor ministro de la Presidencia, del
señor presidente y de los señores diputados de la Comisión de
Agricultura, decir que desde luego para 2002 no se ha visto menguado
el Plan Nacional de Regadíos por la EEB, puesto que en el Plan
Nacional de Regadíos este año se constata una cifra muy superior a la
de cualquier otro ejercicio anterior. El sector reconoce esa
solidaridad y esa coordinación y entendemos que nuestra aportación no
es comparable a la de otros países -y así lo constatamos, señor
ministro- porque el problema no tiene la misma intensidad en un país
que en otro ni tampoco el tamaño de la cabaña ganadera o de bovino es
igual en un país que en otro. En Francia, con cuatro veces más
animales de vacuno que en España, lógicamente las cifras tienen que
ser distintas, a lo mejor no muy superiores, incluso a lo mejor
inferiores porque la intensidad del problema es menor, aunque no es
el caso, porque generalmente a un mayor censo ganadero mayores
aportaciones.

Finalmente, quisiera decir, señor ministro, que el Grupo Popular
acoge con satisfacción su información de que el Gobierno no se
desentiende, tampoco presupuestariamente, de esta materia, puesto que
sigue la colaboración y los convenios con las comunidades autónomas,
titulares de la sanidad animal; sigue la cooperación financiera y
económica en relación al seguro, que es importantísimo y un arma
eficaz y moderna para atajar, desde el punto de vista financiero, lo
que atañe a la renta y economía de los ganaderos y, por supuesto, el
FEGA no deja de existir, sigue funcionando y si es preciso intervenir
los mercados, igual que se ha hecho hasta ahora, estamos seguros de
que se hará en adelante.

Por tanto, señor ministro, nos complace saber que no se baja la
guardia, que se sigue esa coordinación, que se sigue y se seguirá con
la transparencia de información y nos apuntamos, como siempre, a la
esperanza de que si el problema está dominado finalmente pueda ser
resuelto y sobre todo nos apuntamos a la esperanza de que la
confianza que se ha generado esté presente en el mercado y nos
apuntamos a lo importante y esencial de la cuestión, como es que se
está y se ha estado preservando la salud del consumidor y hasta ahora
se ha conseguido, impidiendo, afortunadamente, que material
contaminado entre a la cadena alimentaria. Por tanto, señor ministro,
muchas gracias por su información y bienvenido a la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Para que pueda contestar a las preguntas que se
le han formulado, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Jiménez): Mis primeras
palabras tienen que ser de gratitud por el tono del portavoz
socialista, compañero de la política en la oposición y en el Gobierno
desde hace muchos años, señor Cuadrado, y por la exigencia de dación
de cuentas al Gobierno sobre los temas que le preocupan; asimismo, mi
gratitud también al portavoz del grupo Popular por sus palabras.

El portavoz socialista ha iniciado la intervención haciendo mención a
cuánto tiempo debe mantenerse esta situación; es verdad que es un
misterio, el que sea necesario. Estaremos en actividad de
coordinación de esta enfermedad con la certidumbre, con la convicción
de que el tema no está superado, ni mucho menos. He calificado mi
postura, en palabras de Badiola, de prudentemente optimista, pero
sólo eso; es decir, es un tema donde se pueden producir repuntes y
puede haber un motivo de inquietud para la sociedad española. Aúnque
es verdad que la última encuesta del CIS lo colocaba como un problema
del 1 y pico por ciento de atención por parte de la sociedad, lo
cierto es que en cualquier momento puede producirse un motivo de
alarma, y el Gobierno, mediante las medidas preventivas oportunas,
hará que el tema de salud esté plenamente garantizado. La pregunta de
cuánto tiempo debe mantenerse no tiene contestación. Se va a mantener
todo el tiempo que sea necesario, al igual que países que con mucho
más dramatismo están teniendo esta enfermedad, como Inglaterra, donde
las medidas se deberán mantener mucho más tiempo que en nuestro país.

El portavoz socialista me manifiesta que suben los casos positivos en
los test; muy bien, subirán más, y es preferible que suban todos los
casos que tengan que subir a que una vaca pase a la cadena
alimentaria, descubrir la enfermedad hasta el final. Si los test
producen un aumento sensible de casos positivos -ha hecho referencia
a un 2 y pico por ciento-, es una autoexigencia del Gobierno hasta el
final. Nosotros no queremos ocultar sino sacar a la luz la
enfermedad, sabiendo que existe, que los animales están enfermos y
que se tiene que hacer frente a esa situación con todas las
consecuencias, las sanitarias, las medioambientales y las ganaderas.

Respeto, pero no comparto, esa afirmación de que llegamos tarde a las
medidas; lo digo, señor Cuadrado, créame, con absoluta certidumbre de
que en este asunto el Gobierno ha estado por delante de la inquietud.

No voy a volver atrás. En el año 1994 -tome nota de esta fecha- es
cuando se produce la decisión de la Comunidad Europea, de 27 de junio
de ese mismo año, documento 381, donde se establece la prohibición de
utilización de proteínas derivadas de tejidos de mamíferos. La
enfermedad dura cinco años en salir a la luz, luego los que están
saliendo en 1999 han adquirido la enfermedad en 1994. No es momento
de volver la vista atrás. Créame, señor Cuadrado, yo no sonrío en
este



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asunto. Hay que saber lo que se dice cuando se afirma una cuestión de
este tipo. En el año 1994 se establece en Europa la prohibición de
utilización de proteínas derivadas de tejido de mamíferos; ese mismo
año las autoridades comunitarias toman decisiones sobre tratamientos
para la inactivación del agente patógeno de la EEB, todo ello desde
la perspectiva de considerar al Reino Unido como el único país
afectado por la enfermedad. Se prohibe en España el consumo para
bovinos de harinas de carne y hueso, aunque es sorprendente que no se
prohibiera su importación. Tome nota: no se prohibió la importación
de estos productos, sobre todo en países de riesgo. Portugal tenía 12
casos positivos en ese año y 14 en 1995, y Francia 4 y 3
respectivamente, por no citar al Reino Unido, que en el año 1994
tenía 24.000 casos detectados. Esta situación se mantiene durante el
año 1995; en este período, la postura española en los consejos de
agricultura de la Unión Europea se sitúa en una posición de
expectativa, manifestando su interés por el estricto control de las
medidas establecidas por la Comisión sobre la cabaña inglesa.

Precisamente en el año 1996 se diagnostica el primer caso en humano
de la variante de la enfermedad y se produce la prohibición más
general para el Reino Unido de exportación de animales y productos
relacionados con la EEB.

Desde mayo de ese año el Gobierno, ya no socialista, sino popular,
reacciona con prontitud y responsabilidad de forma coherente con la
situación sanitaria del país y las circunstancias de su cabaña
ganadera. En España se prohíbe la entrada de animales vivos del Reino
Unido, así como de harinas de carne de dicho país y de Portugal,
Irlanda, Suiza y Francia, comenzándose a retirar los MER de las reses
procedentes de países en los que se hubiera registrado algún caso de
EEB, orden ministerial de 10 de septiembre y resolución de la
Dirección General de la Salud Pública del 4 de julio de ese mismo
año. En 1997 España solicitó de nuevo a la Comisión la declaración
para nuestro país de libre de EBB. Ello no obstante, se adopta en
España una serie de medidas, como prohibir la entrada de animales
bovinos, puesta en marcha del Centro Nacional de Referencia de
Zaragoza, etcétera, puesto que no voy a hacer una relación de las
medidas. Lo que quiero decir es que en la dación de cuentas que se
hace en la Comisión se tiene muy en cuenta las fechas y de 1994 a
1996 - prohibición de importación de harinas cárnicas a España- se
producen situaciones que no viene a cuento mencionarlas en este
momento pero que sin duda ninguna generan unos efectos no deseados a
la cabaña ganadera.

Me ha preguntado usted sobre el laboratorio de referencia. Yo tengo
un informe amplísimo aquí -era uno de los temas que se iban a tratar-
que con mucho gusto entrego a la presidencia por si considera
oportuno repartirlo a los grupos. En primer lugar hay que decir que
el laboratorio nacional de referencia es muy
importante, pero no el único y que el plan coordinado no se va a
terminar el 1 de enero. El laboratorio nacional de referencia con ser
importante lo único que hace es confirmar los datos positivos. Con
mucho gusto, invito a SS.SS. a visitar los laboratorios, por ejemplo,
de Algete y de Valdeolmos, donde se trabaja de manera permanente en
este tema y donde se ve la estructura que la Administración ha dotado
a los mismos sobre un asunto que, insisto, ni va a finalizar de
manera inmediata, por desgracia, ni va a permanecer en los próximos
meses alejado de la inquietud del Gobierno.

El laboratorio nacional de referencia realiza las pruebas
histopatológicas que permiten la confirmación definitiva de los casos
positivos. Con motivo de la aparición de la crisis, el Gobierno,
reconociendo la importante función de este laboratorio, incluso antes
de la aparición del primer caso de la EEB en España, decide no sólo
continuar, contribuyendo económicamente al funcionamiento del mismo,
sino apoyar medidas para ampliar y mejorar las instalaciones y los
medios. ¿Qué contribuciones se hacen? Hay una aportación anual desde
el año 1996 -vuelvo al año 1996- y que actualmente es de ocho
millones, derivada de un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura y la Universidad de Zaragoza; hay una aportación de
300 millones para obras de ampliación y de mejora de las
instalaciones y estaba previsto que esta cuantía se repartiera a
partes iguales en los ejercicios 2001 y 2002, pero por motivo de
calendario de las obras -si tiene mucho interés le doy la
comunicación que nos hace el propio laboratorio el 28 de septiembre-
se solicita que la distribución fuera de 50 millones en el año 2001 y
250 millones en el 2002. Vamos a seguir colaborando porque no sólo
tenemos grandes profesionales en el laboratorio, sino porque es un
laboratorio dotado de recursos técnicos que nos tiene que ayudar y
nos está ayudando. Hay formas de colaboración, a través de un
convenio de colaboración, desde septiembre de 1996 entre el
Ministerio de Agricultura y la Universidad de Zaragoza para el
diagnóstico y el seguimiento de la EET; hay un protocolo de
colaboración firmado el 30 de marzo de 2001 entre el Ministerio de
Agricultura y la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de las
actuaciones de esta lucha; este protocolo recoge expresamente el
compromiso del Ministerio de Agricultura de contribuir a la
financiación de las actuaciones que realice el laboratorio, en
cumplimiento del plan integrado, coordinado y de vigilancia y control
de la EET; hay otra fórmula de colaboración, que es el plan integral,
coordinado y de vigilancia y control de las EET, cuyas medidas se
plasmaron en el decreto 3454/2000, que recogía expresamente el apoyo
financiero, por un importe de 150 millones de pesetas, cuantía que se
ha incrementado en otros 150 millones de pesetas. Haremos todo el
esfuerzo que sea preciso para dotar este laboratorio que sin ser el
único es muy importante y en el que contamos -insisto- con la
colaboración fundamental



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del profesor Badiola y otros profesores que para nosotros tienen el
máximo interés.

El señor portavoz socialista ha dedicado gran parte de su
intervención en hacer una crítica al Gobierno por la dotación de
medios. Percibo que verdaderamente ha estudiado el sistema de
financiación; menos mal que me he adelantado a decir que en los
150.000 millones estaban dentro los 150.000 millones de crédito, pero
150.000, 250.000, son cifras relativas. Sinceramente no participo de
la inquietud de decir que si se destina esto se hace una atención
excesiva o enorme y si se destina una cantidad inferior hay una falta
de atención política.

En el año 2001, nosotros diferenciamos tres medidas fundamentales en
el sistema de la financiación de las enfermedades. La primera, las
medidas de sostenimiento, en las que se incluyen las indemnizaciones
por sacrificio; la adecuación de los laboratorios para realizar
pruebas; la adquisición de tests rápidos; la retirada de animales
muertos en las explotaciones; la adquisición, retirada y eliminación
de harinas animales; y la campaña de información realizada. Es verdad
que esto ha supuesto la cantidad de 21.471 millones de pesetas.

Realmente, señor Cuadrado, no sé si es poco o es mucho, ha sido
simplemente la cantidad necesaria. En las medidas de intervención, se
incluyen todas las medidas de intervención realizadas por el FEGA,
así como las de apoyo a la fiesta nacional. El coste para la
administración ha sido de 45.222 millones. Usted me dice que no es un
coste para la administración porque viene de Europa y yo le respondo:
¿Y qué? ¿Qué más da? Por eso el Gobierno no se va a atribuir ningún
mérito, porque son recursos que obtenemos de Europa, ojalá obtengamos
más de Europa. El dinero no es propiedad del Gobierno, los recursos
presupuestarios los pone la sociedad en nuestras manos vengan de
Europa o de otras administraciones. En definitiva, la cantidad
invertida en medidas de intervención ha sido 45.000 millones. Medidas
adicionales ¿Qué comprenden estas medidas? Comprenden líneas de
préstamos vinculadas al plan de reconversión, bonificaciones de
intereses para ganaderos, el plan de incineradoras, las ayudas de
producción de carne novilla o el incremento de la prima nacional de
la vaca nodriza. El conjunto de estas medidas supone un gasto de
85.930 millones. ¿Es poco o es mucho? Depende, simplemente, el que ha
sido necesario.

Si quiere le puedo hacer una relación de todas las medidas de
financiación: por la adquisición de tests priones y la adecuación de
laboratorios, 3.030; inversión en laboratorios de Algete, 353; la
retirada de cadáveres la voy a omitir como elemento de resumen aunque
naturalmente está a disposición de SS.SS. en cuanto al año 2002, el
ministerio tiene previsto en su presupuesto una partida de 10.158
millones, lo que el Gobierno entiende necesario. Ustedes nos dicen
que el año pasado hicimos modificaciones de crédito. Naturalmente que
sí. Hemos hecho modificaciones de crédito
porque la voluntad política del Gobierno ha sido atender un
problema que existía, jerarquizando los recursos y dando cuentas al
Parlamento de lo que en esos momentos entendíamos que eran las
prioridades de atención por parte del ministerio respectivo. Esto es
un recurso no sólo legal sino necesario. ¿Cree usted que los recursos
que la Administración dota en el curso de un año presupuestario son
recursos que vienen por el aire? Proceden de las modificaciones de
crédito, de mayores ingresos, porque que yo sepa no hay más. Son
procedimientos absolutamente ortodoxos inmaculados y tenga usted la
certidumbre de que no sólo hacen uso de ellos todas las
administraciones sino que hacen un uso correcto de ese procedimiento
que la propia Administración y la sociedad ponen en nuestras manos.

Esto no es un motivo de acusación, lo importante es ver si los
objetivos políticos del Gobierno se están cumpliendo y, si no se
están cumpliendo, dar cuenta a las Cámaras. Este Gobierno, cuando
presenta un presupuesto como el que estamos presentando en estos
momentos en las Cámaras establecemos nuestros objetivos y destinamos
unos recursos a esos objetivos. Al finalizar el periodo de ejecución
del presupuesto, las Cámaras deben exigir una dación de cuentas al
Gobierno, cómo lo ejecuta, y en muchísimos casos se hacen
modificaciones de crédito, sobre todo -y vuelvo a repetir-, cuando
está en juego la salud de los ciudadanos que por encima de todo es lo
primero. ¿Qué ha destinado en el año 2002? Esos 10.950 millones en el
Ministerio de Agricultura. En dicha cuantía no está reflejada la
cantidad destinada a la intervención del mercado. ¿Cuánto se va a
destinar a la intervención del mercado? Y permítanme que me haga yo
la pregunta: ¿Y a qué precio va a estar la carne? Porque eso es
fundamental. La cantidad que se destine para la intervención
dependerá del precio que tenga la carne en el año 2002. No podemos
hacer un presupuesto escribiendo en el agua. No debemos establecer
una reserva de recursos que quizás no sea necesaria, dado el
relanzamiento que ha tenido el precio de la carne. Por fortuna, el
consumo de la carne de vaca está en una situación de cuasi normalidad
y en algunos momentos incluso ha superado la normalidad. Por
consiguiente, en esta cuantía no está reflejada la cantidad destinada
a la intervención del mercado de la carne, que se producirá en el
caso de que los precios se sitúen por debajo de la cifra marcada por
la Unión Europea. En el año 2001 se han destinado 45.000 millones. ¿Y
en el año 2002? Depende. Esperemos que no sea necesaria ni una peseta
-al menos es lo que yo deseo-, porque el precio de la carne no
descienda del límite que establece Europa. Para el año 2002 se ha
previsto una nueva modalidad para la financiación de la retirada de
cadáveres, que cubre el sacrificio obligatorio de las explotaciones
en las que se ha detectado algún caso positivo, que es la de seguros
agrarios, en la que se participa con un 80 por ciento. ¿Que el 80 por
ciento es poco? Ese es un juicio que respeto pero que



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no comparto. El 80 por ciento es una participación de las
administraciones públicas -fíjese usted que hablo de las
administraciones, porque incluyo las autonómicas- que me parece una
cantidad suficientemente provocadora para que se suscriba el seguro.

Esta línea de aseguramiento está funcionando ya en alguna comunidad
autónoma y se implantará con carácter general en el año 2002. El
Ministerio de Sanidad va a destinar también 41 millones de pesetas
para obras y 37 millones para equipamiento y para implantar mejoras
en las unidades de necropsia en los animales.

Están son las previsiones que hay. ¿Son pocas o muchas? Depende de lo
que entendamos, pero los antecedentes de las actuaciones que se han
venido desarrollando en el año 2001 hacen prever que este tema forme
parte de las inquietudes del Gobierno. ¿50.000 millones son pocos o
son muchos? Depende. La Unión Europea no ha aprobado las ayudas. ¿Qué
quiere usted que le diga? Este Gobierno es respetuoso con lo que hace
la Administración europea. Seguiremos trabajando en ello y trataremos
de que el problema se solucione lo antes posible.

A mi juicio, el problema fundamental, en el que ha incidido también
parte de su intervención, es la eliminación de los MER, los
materiales específicos de riesgo. No voy a escudarme en las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas, que como usted
sabe yo conozco bien. En el tema de la eliminación de los MER, el
Gobierno está en contacto constante con las propias administraciones
autonómicas. La eliminación de los MER es un imperativo comunitario
desde el 1de octubre del año 2000. El proceso legalmente establecido
es el siguiente: primero, retirada de los MER en mataderos y salas de
despiece o recogida en granja en caso de cadáveres; segundo,
transformación de los MER en harinas inactivas, mediante tratamiento
en industrias que se dediquen exclusivamente a la transformación de
este tipo de residuos en determinadas condiciones: temperatura mayor
de 133 grados, a una presión de 3 bares durante 20 minutos, o
destrucción directa de los MER por incineración a una temperatura no
inferior a los 850 grados durante más de dos segundos -esto sólo es
posible actualmente en instalaciones muy especiales, como los
crematorios hospitalarios-; tres, eliminación final de las harinas
inactivas por MER, incineración en instalaciones que cumplan ciertos
requisitos -proceso, revalorización enérgetica en cementeras,
centrales térmicas u otras instalaciones-, inhumación de las harinas
en vertederos autorizados y almacenamiento temporal de las harinas.

Está previsto que hasta diciembre de 2001, excepcionalmente, caso de
las islas o zonas de alta montaña, y con las debidas garantías,
puedan enterrarse los animales.

Han dicho ustedes que el ministro de Agricultura había manifestado
que no sabía dónde estaban las harinas. Yo, sinceramente, dudo de que
el ministro de Agricultura haya hecho una afirmación de ese tipo. En
todo
caso, las harinas no sólo tienen su refugio en las cementeras y en
las incineradoras, sino también en los almacenamientos, en el consumo
autorizado para animales domésticos e incluso en la exportación para
animales domésticos. Hay un abanico de posibilidades. ¿Control? Hasta
los límites que podamos. ¿Colaboración? Fundamental, de las
comunidades autónomas. Pero como usted fácilmente adivina, en unos
casos es posible y en otros es menos posible.

Para proceder a la eliminación de los MER se han adoptado varias
medidas. En el Plan de retirada de animales muertos en explotaciones,
durante el año 2000 se implanta un servicio de recogida y destrucción
de animales, que fue apoyado financieramente por la Administración
general del Estado y las comunidades autónomas; a partir de 2002,
esta medida se sostendrá, como he dicho antes, a través de la
cobertura del nuevo seguro agrario. Inicialmente y con carácter
inmediato -hablo con información pasada-, hasta el 31 de diciembre de
2000 se puso en marcha un plan de adquisición y posterior destrucción
de harinas animales, que se financió en su integridad por la
Administración central con 705 millones de pesetas; en la segunda
fase, para dar salida a los despojos de los mataderos y evitar el
bloqueo del sector, se estableció una medida para adquisición y
destrucción de harinas cofinanciada al 50 por ciento entre la
Administración y las comunidades autónomas. Para el almacenamiento
transitorio de las harinas y destrucción y eliminación de las mismas
se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la agrupación de fabricantes de cementeras, por el
cual las cementeras se comprometen, tras las pertinentes
modificaciones técnicas, a utilizar dichas harinas como combustibles
de sus hornos y, a cambio, a la percepción de 12 pesetas por kilo de
harina. Se ha negociado con la Federación Española de Municipios y
Provincias, las comunidades autónomas y las industrias de
transformación la puesta a disposición de almacenes y
establecimientos que puedan cubrir las necesidades de almacenamiento
de las harinas de carne, hasta su eliminación, con las necesarias
medidas de seguridad. Se ha previsto la eliminación de harinas en
vertederos controlados, de los que en la actualidad existen 33, y
esta medida se considera transitoria toda vez que los vertederos
tienen una capacidad física limitada.

Con ello, manifiesto la voluntad política del Gobierno de hacer
frente a este problema y de continuar el esfuerzo que los ministerios
sectoriales están haciendo durante el año 2001, pero siendo
consciente, insisto, de que no hay ningún motivo para lanzar las
campanas al vuelo, sino de preocupación, de inquietud y de prevención
en todos estos temas. Dice usted que ayer se ha producido una reunión
sectorial. En los aspectos puramente sectoriales me remito a los
ministerios respectivos y estoy seguro de que el Ministerio de
Agricultura, como todo el Gobierno, está a disposición de



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la Cámara para informar de los aspectos que considere oportuno. Me
habla S.S. de la transparencia informativa. Yo creo que la
transparencia informativa es absoluta, no sólo adelantándonos al
problema sino, en muchos casos, haciéndole frente mediante campañas
de información a los ciudadanos para generar algo que es vital en
estos asuntos, que es el clima de confianza oportuno en el consumo de
la carne. Ha hecho una mención especial a las reses de lidia. Sólo me
voy a referir a lo sucedido a partir de julio de 2001, no a lo
anterior. Es verdad que la obligatoriedad de practicar el test
prionic a todos los animales mayores de 24 meses, se destine o no al
consumo humano, es una medida que afecta a los toros bravos, como a
todos los bovinos; la prohibición del consumo de carne de toro de
lidia hasta el 31 de diciembre y la esperanza de que el estudio que
los científicos están haciendo en estos momentos nos puedan aportar
luz para tomar las medidas oportunas sobre este asunto; el
establecimiento de compensaciones económicas para el sector por la
pérdida que supone el valor de la carne tiene fundamentalmente su
justificación no en una atención especial a la carne del toro bravo,
sino al hecho cultural del encaste, de lo que es la raza, y también
-por qué no- al festejo en sí mismo, que forma parte de una parte de
la cultura española.

El portavoz socialista manifiesta la necesidad de que haya un sistema
coordinado para todo el territorio nacional. Me gustaría hacer una
matización en este punto. No sé si entiendo bien lo que quiere decir.

¿Quiere decir que la Administración central dé instrucciones con
carácter general en temas de competencia exclusiva de las comunidades
autónomas? ¿Qué significa plan coordinado cuando una comunidad
autónoma no quiere participar? Quiero decir con esto que estamos
hablando de un Estado pluricultural en el que las comunidades
autónomas tienen un protagonismo que no podemos omitir ni el Gobierno
va a omitir y que la responsabilidad y las competencias, por cierto,
en materias que en muchos casos son competencia exclusiva de las
comunidades autónomas, deben ser siempre tenidas en cuenta. Por
consiguiente, diálogo, colaboración, entendimiento, el que sea
preciso, pero la voluntad política del Gobierno es llegar a los
acuerdos precisos con todas las comunidades autónomas, incluido lo
que ha sido el nuevo sistema de la financiación de las comunidades
autónomas. Como sabe usted, es la primera vez en España que todas las
comunidades autónomas convienen que el Gobierno central ha
establecido un sistema de financiación infinitamente más correcto que
sistemas anteriores. No voy a decir que sea suficiente, porque los
dineros públicos son insuficientes siempre ya que las necesidades son
mayores, pero sí quiero decir que se ha dotado de un pulmón
financiero para las competencias que tienen las comunidades autónomas
que también hay que valorar a lo hora del entendimiento con las
mismas.

Permítame, señor portavoz del Grupo Popular, que manifieste mi
gratitud, mi esperanza de contar con su ayuda como grupo
parlamentario que apoya al Gobierno, sin la cual, estoy seguro, sería
imposible llevar a cabo lo que es objetivo fundamental -y finalizo-
de este Gobierno: uno, que ni una sola vaca infectada pase a la
cadena alimentaria; dos, protección a la cabaña ganadera; tres,
protección al medio ambiente. Tenga la seguridad de que en el año
2002 los objetivos no serán distintos de los del año 2001. (El señor
Cuadrado Bausela pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, ¿a qué efectos desea intervenir?



El señor CUADRADO BAUSELA: Debe ser un olvido, señor presidente. He
preguntado exactamente por el cambio del test prionic al test biorap.

Me gustaría que me contestara, si lo tiene a bien el señor ministro,
porque si no quedaría una duda.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra, si considera
oportuno contestar.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Jiménez): No digo que el
tema sobre si el test prionic es mejor o peor sea del presidente de
la Comisión, de coordinación, sino que es un tema sectorial. En
España se hace ahora el test prionic y es verdad que hace pocas
semanas se ha validado otro test, el biorap. Este método es más
barato y más rápido. Es la técnica conocida por todos los
laboratorios regionales. El Ministerio está haciendo reuniones con
los directores de todas las comunidades autónomas para tratar de
buscar un sistema fiable. También le adelanto que ha habido incluso
algunos investigadores con carácter particular que han remitido
información sobre la posibilidad de realizar test vivos. Quiero decir
que estamos ante un tema poco propenso a los dogmas. Cuando uno habla
con los científicos todas las semanas, como es mi caso, se encuentra
también con muchas inquietudes que ellos mismos están tratando de
solucionar mediante sus estudios. Naturalmente, la Administración, el
Ministerio de Agricultura y desde luego la Comisión adoptará, el tipo
de test que, teniendo plenas garantías, esté homologado por los
científicos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Le agradezco su
presencia en esta Comisión y también a sus colaboradores y a sus
colaboradoras. Quiero decirle que tiene esta Comisión abierta siempre
que el Gobierno considere oportuno comparecer, para éste y otros
temas.

Sin más asuntos que tratar, agradeciéndole su presencia, levantamos
la sesión.




Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.