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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 387, de 28/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 387
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA REYES MONTSENY MASIP,
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 28 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de Empleo (Chozas Pedrero)
para informar sobre:
- Previsiones del próximo contingente de trabajadores extranjeros,
previsto en el artículo 39 de la Ley de derechos y libertades de los
extranjeros en España, y su integración social. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000565) . . . (Página 12670)
- La evaluación de las políticas de emigración de los últimos años en
relación con la población desocupada y sobre las líneas estratégicas
que guiarán la elaboración del Plan nacional de empleo del Reino de
España para el año 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000828) . . . (Página 12682)
- Líneas estratégicas que guiarán el Plan de empleo de 2002 y la
evolución de los últimos planes de empleo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000829) . . .
(Página 12682)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO)
PARA INFORMAR SOBRE:
- PREVISIONES DEL PRÓXIMO CONTINGENTE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS,
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA, Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
213/000565.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Buenos días señorías. Se
abre la sesión de hoy de la Comisión de Política Social y Empleo.
Damos la bienvenida al secretario general de Empleo, don Juan Chozas,
y sin más preámbulos, le cedemos la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): En primer
lugar, manifestar mi satisfacción por la posibilidad de estar hoy,
aquí, en el Congreso de los Diputados, presentando la información que
se me solicita. Se refiere fundamentalmente a dos grandes bloques:
uno referido a las políticas de inmigración, y más específicamente a
la aprobación del contingente de trabajadores extranjeros para el año
2002, y otro referido a las previsiones que afectarán al Plan de
Empleo, también del próximo año, y relacionadas con ellos, algunas
líneas estratégicas que guiarán dicho Plan de Empleo. Si les parece,
haré dos bloques de información, uno referido a inmigración y
contingente y otro referido a Plan de Empleo para el próximo año.
En primer lugar, por lo que se refiere a la información que se me
solicita referida a la política de inmigración y a la aprobación del
contingente para el próximo año, señalar que los principios de la
política inmigratoria, como recientemente expuso ante el Senado el
vicepresidente primero y ministro del Interior, se basan en nuestro
país en tres grandes objetivos: en primer lugar,
ordenar y gestionar racionalmente los flujos migratorios fomentando
la inmigración legal en cooperación con los países de origen; en
segundo lugar, ejecutar una política de integración eficaz; y en
tercer lugar, luchar de forma implacable contra el aspecto negativo
de este fenómeno, que no es otro que la inmigración ilegal,
especialmente el tráfico de seres humanos. Como señalaba también el
vicepresidente, la política de emigración intenta basarse y
desarrollar la que se está llevando a cabo en el ámbito de la Unión
Europea y más específicamente en esta materia, las conclusiones de la
Cumbre de Tampere que señalan o que indican que el diseño de la
política de inmigración común, que es uno de los proyectos que a
corto plazo va a abordar la Unión Europea, deben basarse o poner el
acento en la gestión eficaz de los flujos migratorios, en el trato
justo a los nacionales de terceros países residentes legales, en la
cooperación con los países de emigración y en la lucha contra la
emigración irregular.
Por lo que se refiere al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
política de inmigración tiene algunas facetas o aspectos muy
concretos. Serían tres aspectos fundamentales, y una consecuencia de
este enfoque general al que aludía anteriormente. Los tres aspectos
fundamentales se refieren a la intermediación, esto es a la conexión
de ofertas y demandas de empleo, papel fundamental de los servicios
públicos de empleo y que deriva en un procedimiento específico como
es la aprobación anual de un contingente para trabajadores
extranjeros (luego volveré sobre ello, ya que es el tema central de
la comparecencia). El segundo gran bloque de actuación que
corresponde al Ministerio de Trabajo sería el control y la garantía
de la prestación de servicios laborales en condiciones de igualdad y
no discriminación con los nacionales, y esto tiene trascendencia de
manera muy específica en el acceso en condiciones de igualdad al
sistema de Seguridad Social. Y el tercer bloque serían las acciones o
actuaciones en materia de integración social de los inmigrantes
mediante programas específicos concretos que afectan a las políticas
activas, al soporte, a la movilidad geográfica, a la integración en
suma de estas personas en nuestra sociedad. Además de estos tres
aspectos fundamentales hay otro, consecuencia del enfoque general
pero coherente con ellos, que es la actuación también de control y
lucha
contra la inmigración irregular que se efectúa fundamentalmente por
medio de la Inspección de Trabajo.
Respecto a la cuestión concreta que hoy nos trae aquí, la fijación
del contingente para el próximo año, como señalaba también en su
comparecencia ante el Senado el vicepresidente primero, la política
de inmigración de estos últimos años ha venido caracterizada por la
promulgación de una nueva ley y, como consecuencia de ella, por los
procesos de regularización consecuentes con la nueva regulación. Esto
ha implicado un período transitorio en el que probablemente todavía
estamos incursos de una manera importante, como intentaré señalar, y
que sin duda afecta a la determinación del contingente para el
próximo año. En números esto está significando un esfuerzo realmente
significativo en nuestro mercado de trabajo y en nuestra sociedad,
que está suponiendo que desde mediados del año 2000 hasta la fecha
prevista de finalización de los procesos de regularización, mediados
del 2002, tengamos que incorporar a nuestro mercado de trabajo
aproximadamente 400.000 extranjeros no comunitarios en el mercado de
trabajo. Esto se divide en una autorización inicial de 150.426
expedientes de regularización, procedimiento que posteriormente se
amplió, lo que dio lugar a una revisión de expedientes y a la
autorización de 36.013 nuevos permisos de trabajo y residencia,
quedando pendientes de tramitación aproximadamente 300.000
solicitudes, las cuales, aplicando los porcentajes de autorización
que hasta ahora se vienen recogiendo, nos da una previsión de aquí a
mediados del año que viene de unos 240.000 nuevos expedientes, que
implican, como ya he señalado, la concesión de permisos de residencia
y trabajo. Ello es consecuente, porque todas estas solicitudes
cuentan, aparte de con los criterios de arraigo o de estancia o de
presencia en nuestro país, con oferta de empleo. Sin embargo, y aquí
es donde empiezan las cuestiones, probablemente para determinadas
autoridades el proceso de regularización acaba el día en que se
documenta al extranjero hasta entonces irregular y se le entrega el
permiso de residencia y trabajo, pero hablando gráficamente ese es el
momento en el que empieza el trabajo para los servicios de empleo o
para los competentes en materia laboral. ¿Por qué? Porque lógicamente
los ciudadanos extranjeros están afectados por las mismas
características que tiene nuestro mercado de trabajo respecto a los
trabajadores españoles y una de ellas son los importantes volúmenes
de rotación y una duración media de los contratos temporales que se
sitúa alrededor de los treinta días, con lo cual, en muchos casos, se
produce la documentación de estas personas y por causas ajenas a su
voluntad o por búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo
resulta que al cabo de un período relativamente corto de tiempo pasan
a engrosar las cifras de demandantes de empleo registrados en los
servicios públicos de empleo y a necesitar labores de intermediación
para acceder a puestos de trabajo.
Primera consecuencia, pues, del proceso de regularización: una
importantísima incorporación de nacionales no comunitarios a nuestro
mercado de trabajo. Insisto, 400.000 personas en prácticamente dos
años. Eso está dando una evolución de las cifras de los registros del
Ministerio de Trabajo muy significativa que podría parecer en un
primer análisis hasta un poco contradictoria, pero intentaré explicar
que no lo es. Se está produciendo por un lado una evolución muy
significativa del empleo en condiciones de legalidad, del empleo con
garantías de la integración de estas personas, que se recoge en los
incrementos de afiliación de los nacionales no comunitarios a la
Seguridad Social; el número de afiliados pasa de 311.000 personas en
diciembre de 2000, a 437.996 en octubre de 2001. O sea, tenemos
aproximadamente, en grandes números, más de 125.000 afiliados más en
el año y pico al que se refiere la información, pero por otro lado, y
precisamente por este proceso de rotación o de no inmovilidad del
mercado de trabajo, también las cifras de demandantes de empleo
registradas en los servicios públicos de empleo están teniendo un
incremento bastante notable; en diciembre de 1999 estábamos hablando
de aproximadamente 50.000 demandantes no comunitarios y ahora estamos
por encima de los 60.000, cifra que continúa creciendo. Empleo,
insisto, con las mismas garantías que pueden tener los nacionales
comunitarios o los nacionales españoles, lo que implica también el
incremento en los perceptores de prestaciones o subsidios por
desempleo. Aunque también es cierto que se trata, normalmente, de
personas que han accedido a la regularización hace poco y que por lo
tanto tienen cortos períodos de cotización a nuestro sistema de
Seguridad Social y de protección por desempleo, por lo que
normalmente tienen derecho a lo que llamamos el mini subsidio, que es
un subsidio por desempleo para aquellos que hayan cotizado no más de
seis meses.
Junto con ello, las acciones del Instituto Nacional de Empleo
respecto de las políticas activas o de los mecanismos de activación
para que estas personas superen las situaciones de carencia de empleo
se han incrementado lógicamente de manera muy notable y así, de
apenas 95.000 acciones de integración, fomento del empleo, escuelas
taller, formación profesional hemos pasado a más de 104.000 en el
2000 y a más de 313.000 en lo que va de año, de enero a octubre.
También la evolución del empleo de los nacionales no comunitarios se
refleja en la contratación. El número de contratos que se han
registrado en las oficinas de los servicios de empleo se ha
prácticamente triplicado de 1999 a lo que vamos de 2001; se
registraron 258.443 contratos en 1999, 448.888 en el 2000 y más de
600.000 de enero a octubre de este año. Lógicamente, en coherencia
con lo que ocurre en el mercado de trabajo en general o con los
registros que obedecen a la contratación de trabajadores nacionales
españoles o comunitarios, la gran mayoría de estos contratos son
temporales; aproximadamente el 90 por ciento. Curiosamente, en contra
de lo que podría parecer por una situación más desventajosa de los
trabajadores extranjeros que se incorporan por primera vez a nuestro
mercado de trabajo, los porcentajes de contratos indefinidos son muy
similares a los que mantiene la contratación general; esto es, están
cerca del 10 por ciento del total de los contratos y se registraron
algo más de 22.000 contratos indefinidos para este colectivo en 1999,
algo más de 33.000 en el 2000 y en lo que llevamos de año, de enero a
octubre, estamos por encima de los 50.000 contratos indefinidos de
nacionales no comunitarios.
En resumen, tenemos una gran incorporación de mano de obra extranjera
no comunitaria como consecuencia de los procesos de regularización
(es cierto que es un período transitorio pero nos encontramos de
lleno en él) y como consecuencia de ello una gran incorporación en
términos de legalidad de trabajadores extranjeros al sistema de
Seguridad Social y de acceso a la contratación con características
muy similares a las de los comunitarios y nacionales españoles, con
un incremento, lógicamente, del número de demandantes de empleo
inscritos en las oficinas del INEM y del resto de los servicios de
empleo transferidos a las comunidades autónomas.
Este es el escenario en el que tiene que discutirse o analizarse la
propuesta de contingente para el próximo año. Junto con ello tenemos
el procedimiento que la Ley de Derechos y Libertades de los
Trabajadores en España establece y más específicamente el
procedimiento que el reglamento de dicha ley determina para la
fijación del contingente anual. Según ese procedimiento, el mecanismo
que pone en marcha lo que finalmente derivará en la aprobación del
contingente son las estimaciones de empleo que en cada provincia
presentan las propias asociaciones empresariales. Esto es muy
importante porque lo que se intenta con el nuevo esquema legal no es
hacer una aproximación más o menos teórica o más o menos ideológica,
si se quiere, del número de extranjeros que deberían trabajar en
nuestro país en términos de legalidad (no se intenta dar un número
que, en mi opinión, siempre pecaría de artificial), sino que se
intenta que los propios empresarios le digan a la Administración
cuantos puestos de trabajo van a ofertar y consideran que no se van a
cubrir con la disponibilidad del mercado de trabajo nacional, con las
disponibilidades de nuestro mercado; disponibilidades que implican a
los desempleados demandantes de empleo españoles, comunitarios y
nacionales no comunitarios ya legalmente residentes en nuestro país y
que no tienen empleo en cada momento. Pues bien, este año hemos hecho
ese ejercicio por primera vez: son las organizaciones empresariales
las que provincia a provincia presentan sus estimaciones de
contratación que estiman que no van a ser cubiertas por la
disponibilidad actual de nuestro mercado de trabajo. Esto se produce
en las comisiones ejecutivas provinciales del INEM, en donde
participan organizaciones empresariales, organizaciones sindicales,
Administración autonómica en cada caso y Administración general del
Estado. Pues bien, poco más de 33.000 solicitudes o estimaciones, que
después, según lo establecido en el propio reglamento, derivarán en
ofertas de empleo, se presentaron en términos iniciales y han sido
remitidas por parte de las comisiones ejecutivas provinciales a los
servicios centrales de las direcciones generales de migraciones y del
Instituto Nacional de Empleo. Con estas estimaciones iniciales de
poco más de 33.000 futuras ofertas de empleo permanente (ahí hay que
añadir 21.195 de carácter temporal, pero me voy a referir
inicialmente a las de carácter permanente), el INEM, en aplicación de
lo establecido en el propio reglamento, organizó un trabajo mediante
procesos de movilidad geográfica o facilitando estas posibilidades de
empleo a todos los demandantes inscritos en el instituto que
consistía en analizar en cuáles de estas estimaciones, que por
supuesto vienen identificadas por ocupación profesional con el máximo
detalle, existía, en cada provincia, al menos diez demandantes de
empleo que encajaran en el perfil profesional y en la ocupación.
Cuando hubiera diez o más demandantes de empleo se consideraba que se
podían atender cabalmente estas necesidades.
A su vez se incorporaban criterios de fomento de la movilidad
geográfica utilizando un esquema derivado de los datos que nos ofrece
la Encuesta de Población Activa en esta materia y que nos viene
aportando que aproximadamente entre el 22 y el 23 por ciento de los
desempleados, de los demandantes de empleo, estarían dispuestos a
moverse geográficamente para ocupar un puesto de trabajo. Se hizo el
mismo análisis, se consideró el número de demandantes de empleo de
alguna de las ocupaciones que se estimaba que no se iban a cubrir en
las distintas provincias, se consideró el número de demandantes
general para cada ocupación profesional, se le aplicó ese 22 por
ciento, y donde seguían apareciendo más de diez demandantes de empleo
por cada una de estas estimaciones se consideró que podían ser
cubiertas por parte de las disponibilidades de nuestro mercado de
trabajo.
Finalmente, y esto lo analizó en primera instancia la Comisión
Interministerial de Extranjería, esto es, con representación de la
Administración del Estado en su conjunto, la semana pasada, se
concluyó que, a la vista de estos dos elementos a considerar (por un
lado, situación transitoria e incorporación a nuestro mercado de
trabajo de las personas que se están regularizando y por otro lado,
análisis de las estimaciones que nos han remitido las comisiones
provinciales), 10.905 sería el número de posibles necesidades que
nuestro mercado de trabajo no atendería de una manera fluida. El
resto se consideraba que podían ser atendidos por las
disponibilidades que hay en nuestro mercado de trabajo, máxime
teniendo en cuenta que apenas se han presentado
estimaciones que después derivarían en ofertas de empleo cualificado.
La gran mayoría (y hablo de memoria), más del 95 por ciento, se
refieren a peonaje en los sectores de construcción, hostelería y
agricultura y a servicio doméstico, lo cual ha de ponerse también en
relación doblemente con el colectivo que se está regularizando, por
dos razones: una, porque mayoritariamente el colectivo que se está
regularizando es no cualificado, las ofertas de empleo que maneja
atienden fundamentalmente a trabajos de peonaje en estos sectores
y está afectado por la rotación lógica a la que me refería
anteriormente; y, otra, porque lógicamente estas 400.000 personas que
se están regularizando, con toda probabilidad (es un caso difícil de
determinar a priori pero significativo) se reagruparán sin duda con
sus familias, con lo cual el número de personas que ahora se están
incorporando tendrá un coeficiente multiplicador, si se quiere decir
así. Sería absolutamente deseable que todas estas personas que se
reagruparán con los familiares que ahora obtienen su permiso de
trabajo y residencia tuvieran también posibilidades de trabajar, de
acceder al empleo en nuestro mercado de trabajo y no fueran
regularizadas sólo con permisos de residencia; o sea, que no fueran
calificadas inicialmente como pasivos, sino que se les pudiera
ofrecer, en los casos en que tengan interés, la posibilidad de
acceder también al mercado de trabajo. Una vez más, los perfiles
personales vuelven a coincidir con las estimaciones de empleo que nos
ocupan: peonajes, servicio doméstico, etcétera. Como ustedes saben,
porque probablemente le hayan echado un vistazo a la prensa de esta
mañana, ayer, el Consejo Superior de Política Migratoria, con la
participación de la Administración del Estado y de las
administraciones autonómicas analizó esta propuesta que había surgido
de la Comisión Interministerial de Extranjería y emitió informe
favorable sobre la fijación de una propuesta de contingente de 10.905
autorizaciones para trabajadores extranjeros estables y el resto,
21.195 ofertas, para trabajadores temporales hasta un total de
32.100.
Hasta aquí lo que hasta ahora sabemos. Probablemente, la contestación
cabal a lo que se pide en la comparecencia no se podrá dar hasta que
la Comisión Interministerial de Extranjería, en aplicación del
reglamento, vuelva a analizar la propuesta que ya de manera doble le
hagan tanto las comisiones provinciales como el Consejo Superior de
Política Migratoria y ella, a su vez, la presente al Consejo de
Ministros, que es finalmente a quien corresponde la determinación
final del contingente. Todo lo por mí dicho hasta ahora es el
trasunto de lo que ha venido ocurriendo. En este momento nos
encontramos con la propuesta del Consejo Superior de Política
Migratoria, que será analizada, si no estoy mal informado, antes del
día 10 de diciembre en la comisión interministerial correspondiente,
y remisión, en su caso, del acuerdo al Consejo de Ministros, sin
perjuicio de que, evidentemente, todas estas propuestas no son ni más
ni menos las que les he explicado
y son las que tiene que considerar el Consejo de Ministros para la
aprobación en su caso y la fijación concreta del contingente de
trabajadores extranjeros.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias al secretario general de Empleo que
nos ha informado acerca de las previsiones del contingente de
trabajadores extranjeros. Como ha solicitado la comparecencia el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Agradezco al señor Chozas la
información que nos facilita. El Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió entendió que era necesario, oportuno y positivo que, en
paralelo al proceso que ayer tenía un trámite importante en la
decisión que tomaba el Consejo Superior de Política Migratoria y ante
la perspectiva de la decisión que en las próximas semanas deberá
tomar el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, pudiésemos tener ocasión de debatir con el secretario
general de Empleo acerca de lo que va a ser el contingente del año
2002, existiendo razones a nuestro entender que justificaban esta
comparecencia. La primera es que, lógicamente, buena parte del éxito
de la gestión del flujo migratorio en el Estado español va a depender
de la capacidad que tengamos, de verdad, de hacer funcionar el
contingente como principal instrumento de regulación de los flujos
migratorios de carácter laboral y, al mismo tiempo, permitir que el
conjunto de instrumentos que rodean a las políticas relacionadas con
el empleo constituyan de verdad el principal instrumento de
integración, de incorporación, de acomodación de los nuevos migrantes
a nuestra sociedad. Si hoy en España las cosas no terminan de
funcionar bien en esta materia es porque históricamente no han
funcionado bien en el terreno del empleo. El señor Chozas lo sabe
porque es viejo en esta materia, sabe que éste no es ni mucho menos
el primer contingente que un gobierno va a aprobar, que el
contingente forma parte de la teórica gestión de los flujos
migratorios desde 1993, que prácticamente hasta el año 1997-1998 este
contingente estaba sirviendo fundamentalmente para regularizar la
situación de personas en situación irregular en España y que en los
debates parlamentarios de las dos leyes, tanto de la 4/2000 como de
la 8/2000, se insistió en la idea de que el contingente únicamente
debería ser un instrumento orientado a permitir el acceso al mercado
de trabajo de ciudadanos extranjeros residentes fuera del territorio
español, y en este sentido el artículo 65.7.5 del vigente reglamento
es muy explícito cuando dice que los contratos de trabajo que se
gestionen a través del contingente deberán ser firmados por
extranjeros que no se hallen ni sean residentes en territorio
español. Por tanto, esta comparecencia, a petición de nuestro grupo,
está muy relacionada con esta voluntaddel buen funcionamiento en esa
materia y, además,
hemos querido que sea el secretario general de Empleo o el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, en esta comisión, quienes informen
sobre el contingente y no el delegado del Gobierno para la
Inmigración en la Comisión de Justicia e Interior, porque entendemos
y así lo hemos manifestado en diversos debates, que esa visión
excesivamente vinculada a los aspectos de la seguridad pública en
materia de inmigración no les permite orientar una política de
inmigración en aquello que es fundamental para el correcto
funcionamiento de nuestra política en el ámbito social y en el ámbito
laboral. Por tanto, quiero significar el valor político que le
queremos dar a esta comparecencia.
Entrando ya en el fondo de la cuestión, nosotros tenemos una
sensación ambivalente respecto al proceso que ha descrito el
secretario general de Empleo. Tenemos la convicción de que en
determinados territorios este proceso a través de las comisiones
ejecutivas provinciales ha funcionado de manera correcta, podemos dar
fe de lo que conocemos a fondo que es cómo ha funcionado en Cataluña,
nos parece que ahí se ha producido un debate a fondo entre los
agentes sociales y las administraciones públicas competentes en la
materia, que llevó a que el Consell de Treball de Catalunya aprobase
una propuesta de cerca de 16.000 personas como contingente ideal para
mi país, para Cataluña. Sabemos que ahí, nos consta, que ha
funcionado, en términos globales, bien y que al menos tres de las
organizaciones sociales representativas aceptan este planteamiento de
16.000 -Foment del Treball se queda al margen-, pero también nos
llegan informaciones sobre otros procesos de características
similares como mínimo sorprendentes. Se nos dice, por ejemplo, que en
el ámbito de la Comunidad de Madrid la propuesta es de contingente
cero, hemos leído que en determinadas provincias de Andalucía, creo
recordar que incluso Murcia, la propuesta de contingente es cero. Y
se nos dice que este trabajo que se ha realizado a nivel de
comisiones ejecutivas provinciales no ha sido suficientemente
riguroso. Se nos dice eso desde los agentes sociales. Creo que sería
bueno que en la comparecencia del señor Chozas sobre ese proceso
específico se nos diese información más detallada del conjunto de
propuestas que se han promulgado en las diferentes comisiones
ejecutivas provinciales y sobre las propuestas que han realizado las
diversas comunidades autónomas. Y si esa información hoy no está
disponible rogaríamos que se nos hiciese llegar a los distintos
portavoces para saber exactamente, en esa cifra a la que llega el
Gobierno, sobre qué propuestas a nivel provincial y a nivel
autonómico parten.
En segundo lugar, la propia Ley de extranjería, en su artículo 39
prevé también un trámite de audiencia con las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas. Yo no sé, no ha
hablado en su comparecencia de este supuesto previsto en el artículo
39, si ya se ha producido ese trámite de audiencia o está previsto
que se produzca. En el caso de que se hubiese producido,
querríamos saber cuáles han sido las consideraciones que sindicatos y
patronales han hecho llegar al Gobierno en esta materia.
Tres cuestiones más puntuales. Nos gustaría saber hoy, con estas
informaciones, qué previsiones hace el Gobierno en relación a
sectores de actividades. Me ha parecido entender que vamos a orientar
fundamentalmente la propuesta del contingente a sectores que exigen
poca cualificación profesional. Yo he de decir que, desde la
perspectiva de Cataluña y hace escasas semanas tuvimos ocasión de
mantener un debate a fondo con parte del empresariado catalán,
aparecían propuestas de petición de trabajadores en sectores más
cualificados, en concreto en el ámbito del metal, en el ámbito de las
artes gráficas, en el ámbito quizás también del transporte. Por lo
tanto, nos preocuparía que el contingente no incorporase también
soluciones a sectores productivos que exigen trabajadores de un mayor
nivel de cualificación. Previsión de sectores en estas 10.000
personas. Segunda cuestión. El artículo 65 de la ley prevé que el
contingente incorpore también el ámbito del servicio doméstico y que
tendrá en cuenta las especiales condiciones de esa relación laboral.
Cifras que prevé el Gobierno con relación al servicio doméstico y
concreción de esa previsión del reglamento sobre las condiciones
específicas del servicio doméstico. Como usted sabe, buena parte de
la población inmigrante de origen femenino se incorpora a un mercado
de trabajo, ya sea formal, ya sea informal, a través de este sector
de actividad, con todas las consecuencias que eso tiene
y especialmente las negativas en el ámbito de la incorporación de
carácter informal. Nos gustaría saber qué perspectivas tiene el
Gobierno. También se nos dice y se nos da menos información que el
contingente va a incorporar una cifra de 21.000 personas en el sector
para contratos de carácter de temporada, supongo yo que desarrollando
las previsiones del reglamento y la ley específicas sobre esa
materia. ¿Estamos hablando exclusivamente del ámbito agrícola?
¿Estamos también hablando del ámbito de la hostelería y de la
restauración? Y en la misma cuestión ¿Qué previsiones de distribución
existen en esta materia? En los dos casos ¿Qué distribuciones de
carácter territorial sobre estas 10.000 y estas 21.000 propuestas que
se nos realizan? Me ha parecido leer unas afirmaciones de nuestro
Conseller de Treball que hablaba de 4.000 y pico personas en el caso
de Cataluña. Intuyo por tanto que ayer en el consejo se definió más
esa distribución territorial de estas 10.000 y 21.000 personas a
incorporar en el mercado de trabajo.
Cuatro últimas cuestiones para terminar. Coincidimos con la
afirmación del secretario general de que este proceso se enmarca en
ese general de ese largo, complicado, tortuoso, contradictorio,
polémico y reiterativo proceso de reorganización que venimos viviendo
desde hace prácticamente dos años. Está ahí y es imposible
gestionar el contingente de 2002 sin esa consideración. Esa filosofía
la compartimos. Le planteaba la necesidad de que el contingente sea
sinónimo de celeridad y de buena gestión administrativa de todos los
procesos de contratación. En las conversaciones que mi grupo ha
tenido estas últimas horas y días con representantes del mundo
empresarial se nos insiste en que menos significativo que la cifra
final del contingente va a ser la capacidad de que en un período
razonable de tiempo, alrededor de dos meses, las previsiones de la
propia ley, de la oferta de empleo de la empresa y la incorporación
de la persona a ese puesto de trabajo, el período sea razonable. Hoy
hay una irritación importantísima en nuestros sectores empresariales
sobre la lentitud y la ineficacia en la que se gestiona esa cuestión
y yo creo que los servicios públicos de empleo, los ministerios
implicados en esa cuestión, van a dar su capacidad de gestión en que
efectivamente el contingente funcione bien, que esas 10.000 y pico de
propuestas se resuelvan en los plazos razonables. Pero al mismo
tiempo (y también me ha parecido leer en la prensa de esta mañana
alguna consideración en este sentido) yo creo que cada vez todos
tenemos más claro que el contingente va a tener un valor de
referencia sobre unas cifras pero que la clave va a ser además que se
produzca una gestión a lo largo de todo el año del propio
contingente. Me gustaría saber qué previsión de la gestión tiene el
Gobierno con relación al contingente, ¿Se va a abrir un período
ilimitado de tiempo donde se puedan concretar estas propuestas o va a
ser a lo largo de todo el año 2002 cuando las ofertas se vayan
concretando? ¿Qué previsiones tiene el Gobierno? Yo creo que debemos
optar a un contingente de ejecución a lo largo del año 2002, no a un
contingente limitado de gestión durante los primeros meses del año
que viene. Y en este sentido deberíamos ser suficientemente
flexibles, para que las ofertas de trabajo, que se terminan
concretando a través de los mecanismos que la propia ley prevé,
considerando también esas ofertas que se podrían formular hacia
ciudadanos ya presentes, ciudadanos españoles o extranjeros en el
Estado español, encuentren solución. Esa cifra de 10.000 y pico
personas no debe ser una cifra cerrada. Porque, señor Chozas (y ésta
es una de las cuestiones, no en el ámbito español sino en el ámbito
europeo, que están ahí y va a ser una de las contradicciones que
deberíamos resolver), vamos a encontrarnos con ofertas laborales no
satisfechas en el mercado de trabajo español tanto por ciudadanos
españoles como por ciudadanos de origen extranjero y al mismo tiempo
peticiones de empleo por las empresas que no encuentran solución. Y
vamos a volver con determinadas tasas de paro y con esas peticiones
de trabajadores extranjeros. A corto plazo no vamos a encontrar
soluciones porque seguramente las soluciones que forman parte de la
mejor movilidad del mercado de trabajo español, un mejor
funcionamiento de las políticas activas de empleo, una mayor capacidad
de los sistemas de formación profesional sin dar respuestas no
los vamos a resolver de aquí al año 2004. Por lo tanto, señor Chozas,
flexibilidad en esa gestión de las 10.000 ofertas que se produzcan.
Tercer comentario: ¿Qué previsiones tiene de combinar la oferta del
contingente con los acuerdos que con terceros países en esta materia
se han firmado? ¿Se va a priorizar con relación a Colombia, Ecuador,
Marruecos, Polonia o Rumanía? ¿Qué previsible distribución va a
existir? ¿Va a existir una distribución de propuesta en función de
los diversos Estados? ¿Qué soluciones vamos a dar para la inmigración
de países terceros con los cuales no se hayan suscrito convenios con
relación a esta cuestión? Ahí está una de las claves del buen
funcionamiento en esta materia. Y, enlazado con estas primeras
cuestiones, ¿qué previsiones hay para el mejor funcionamiento en los
países de origen de todo el proceso burocrático que rodea a estas
cuestiones? He recibido una respuesta parlamentaria del Gobierno con
relación a un interés que tuve sobre las inversiones del Gobierno en
el ámbito consular y es indicativo de que no se ha priorizado una
mejora de la sección consular en los países orígenes de inmigración.
Por tanto, nos preocupa que el mal funcionamiento del sistema de la
Dirección General de Consulados continúe sin resolverse.
Y un último comentario. Vamos a ver si somos capaces de que el
contingente del año 2002 funcione. Si por estas fechas del año que
viene y con su comparecencia tenemos la sensación de que esto ha
funcionado, yo creo que el discurso que el Gobierno ha reiterado en
estos dos últimos años de primar la inmigración regular va a ser
creíble. Si el contingente vuelve a convertirse en un instrumento
para regularizar situaciones de ciudadanos extranjeros ya presentes
en España, si el contingente no es sinónimo de celeridad y eficacia
en la gestión de las propuestas de contratos el Gobierno habrá
fracasado en esta materia. La responsabilidad nos debe hacer esperar
que el Gobierno sea eficiente en esta gestión. Espero que sea así.
La señora VICEPRESIDENTA: Como la segunda comparecencia, que en parte
se acumula, la ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: En primer lugar, agradezco al señor Chozas
que haya comparecido en esta Comisión para explicar la situación en
la que se encuentra en estos momentos la previsión de contingente de
inmigrantes para el próximo año en nuestro país. Entendemos que ha
hecho una valoración general de la situación en la que se encuentra
nuestro mercado laboral y cómo puede influir esa situación a la hora
de establecer la necesidad de población de otros países para cubrir
una demanda de trabajo que en estos momentos se está necesitando. Ha
incidido en algunostemas en los cuales nosotros compartimos esa
realidad
y ya hemos venido denunciando por qué se han generado muchas de estas
cuestiones a las que se ha hecho referencia. Se ha hablado de la
excesiva rotación, de la excesiva temporalidad, de la aparición de un
subempleo importante en nuestro país y consideramos que es necesario
que desde los organismos públicos que tienen competencia en este
sentido se hagan las políticas efectivas para considerar esta
situación y para poder poner en marcha las soluciones posibles en
este tema.
Haremos una serie de preguntas y de puntualizaciones con referencia a
lo que el compareciente ha planteado y luego también nos gustaría
hacer alguna valoración como grupo parlamentario. Posiblemente muchas
de las apreciaciones y preguntas que vayamos a hacer sean parecidas o
idénticas a las apreciaciones que ya el Grupo de Convergència i Unió
ha hecho, pero consideramos que es importante incidir en ellas. En
primer lugar, se hace referencia a que desde el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales junto con el Ministerio de Interior se debe
participar en la aprobación de los criterios para la admisión de
inmigrantes y según se establece en la Ley de extranjería se refiere
a que el Gobierno, teniendo en cuenta la situación nacional de
empleo, las propuestas que elevan las comunidades autónomas y previa
audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración y de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
establecerá anualmente, siempre que exista mano de obra, un
contingente para este fin. Se ha hecho referencia a la proposición
que desde las distintas comisiones ejecutivas provinciales se ha
realizado pero también nos gustaría saber cuál es la apreciación de
las organizaciones sindicales en este sentido. Asimismo, si se nos
pudiera facilitar los datos, nos gustaría saber cuáles han sido
puntualmente los distintos datos de las comisiones ejecutivas
provinciales en cuanto a la necesidad de contingente que hacen
referencia.
Consideramos que es importante la cifra de inmigrantes que en estos
momentos tienen solicitada la regularización de su situación de este
año y que todavía no ha sido efectiva. Con independencia de la cifra
que se proponga para el año 2002, lo que sí que nos parece claro es
que el Gobierno no está siendo capaz de ordenar los flujos
migratorios procedentes del exterior pero tampoco está siendo capaz
de hacerlo en el interior. En cuanto a la regularización de flujo
migratorio interno, son varios y llamativos los casos en los que se
detecta una inadecuada ordenación. De todos son conocidas las
carencias de mano de obra en la anterior campaña de la fresa en
Huelva; las afluencias masivas a las campañas de ajo en La Mancha,
que produjeron un desbordamiento de servicios y previsiones; la
actual afluencia a la campaña de la aceituna en Jaén y en Córdoba.
Según los sindicatos, más de 12.000 inmigrantes participarán en esta
campaña y sin duda originará ciertas dificultades de previsión a la
hora de organizar todo este contingente. Entendemos que estas
situaciones
demuestran la inadecuada ordenación de los flujos migratorios en el
interior. También nos gustaría saber la previsión del origen del
contingente de los inmigrantes de los cuales estamos hablando, los
países de origen, y la situación en la que se encuentra la
negociación de nuestro Gobierno con los distintos países en cuanto a
los convenios que se tienen establecidos, porque eso seguramente
fundamente y prevea en qué situación se encontrará la agilidad para
tramitar y para normalizar la situación de los inmigrantes de los
cuales estamos hablando.
Otro de los temas al que también desde el Grupo de Convergència se ha
hecho referencia y que nosotros creemos importante es que se debe
prever cómo vamos a responder a esta necesidad de población
inmigrante para que cubra puestos de trabajo, no de los que hablamos
poco cualificados, de sectores de los cuales como puede ser por
ejemplo la hostelería o el hogar familiar, sino trabajos más
cualificados, que se están demandando por parte de algunos sectores y
por parte de muchas empresas. ¿De qué manera se va a abordar esta
situación? Y en cuanto al subempleo, al que el señor Chozas hacía
referencia, nosotros entendemos que se debe atajar esta situación con
otra serie de actuaciones. Si el contingente del que estamos hablando
en estos momentos establece 21.000 trabajadores temporales es porque
son sectores del mercado laboral que se encuentran en una situación
de trabajos temporales, de inmigrantes que vienen y luego se tienen
que volver a ir. Nosotros consideramos que se debe responder a esta
situación queremos saber de qué manera el Gobierno va a hacer frente
a esta situación.
Otro tema del cual se ha hablado con referencia a las políticas
activas de empleo es una preocupación que desde el Grupo
Parlamentario Socialista venimos ya desde hace tiempo reivindicando;
lo hemos hecho durante la tramitación de la reforma laboral.
Entendemos que el Gobierno ha sido uno de los causantes de la
creación de ese subempleo cuando posibilita que trabajadores
inmigrantes tengan que acogerse a contratos como pueden ser el de
formación, denuncia que ya el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho
y que seguimos manteniendo. Asimismo, durante el proceso de
presupuestos en el Congreso de los Diputados, hemos hecho referencia
a la necesidad de una mayor dotación presupuestaria para las
políticas activas de empleo, para la formación de los inmigrantes,
para favorecer que estas personas de las que estamos hablando puedan
formarse y puedan en definitiva afianzarse en el mercado laboral de
nuestro país. Y a estas propuestas el Gobierno ha hecho oídos sordos.
También nos gustaría saber cómo se va a hacer frente al problema de
movilidad de los inmigrantes. En estos momentos los sindicatos ya nos
han mostrado su preocupación con referencia a muchas ocasiones en las
que inmigrantes van a provincias, para regularizar su situación, sus
papeles, donde la demanda de trabajadores inmigrantes es
mayor de los inmigrantes que hay; una vez que consiguen la
regularización de su situación laboral van a otras comunidades
autónomas donde encuentran una respuesta al mercado laboral en
mejores condiciones. Con ese problema se están encontrando en muchos
lugares de nuestro país y nos gustaría saber qué medidas va a tomar
el Gobierno para poder solucionar este tema de la movilidad
geográfica de los inmigrantes.
Para finalizar, debo decir que consideramos insuficiente el
contingente que se establece para el año 2002 y consideramos que el
Gobierno ha sido ineficaz y ha sido poco ágil porque no es lógico que
en este momento nos encontremos con cerca de doscientos y pico mil
expedientes que todavía no han sido tramitados. El Gobierno pretende
que se terminen de tramitar ya para el año 2002, pero se le van a
juntar con el nuevo contingente que se ha establecido para este año.
Lo consideramos, vuelvo a repetir, insuficiente. Si no se amplía este
contingente, aparecerá y emergerá ese subempleo del que hemos estado
hablando, aparecerán los problemas que se están dando de inmigración
ilegal y, si no somos capaces de hacer frente a esto, vemos
preocupante la situación en la que nos podemos encontrar. Esperamos
que se pongan cartas sobre el asunto, se sea más ágil en la
tramitación de estos expedientes de los que estamos hablando y se
escuche en ciertos momentos las propuestas que desde otros grupos
realizamos porque entendemos que favorecerán en buena manera toda la
política laboral y la política en materia de inmigración.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez, y gracias por
la brevedad porque tenemos dos comparecencias y acabaremos un poquito
tarde.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Siendo la primera vez que puedo
dirigirme al Gobierno en materia de inmigración desde que se ha
nombrado el nuevo presidente del Foro para la integración social de
la inmigración, no podemos dejar de pasar la oportunidad de criticar
el método notablemente autoritario utilizado por el Gobierno para
proceder a este nombramiento y la falta de respeto, según nuestro
punto de vista, a los propios integrantes del foro.
Dicho esto debo referirme en primer término a la aprobación del
contingente de inmigración para el año 2002. Nuestra posición es que
este se ciña a las necesidades reales de puestos de trabajo,
desechando esas estimaciones genéricas que ustedes realizan y que
sólo tienen como efecto crear ejércitos de reserva de mano de obra
barata y sin derechos. Es evidente que estas necesidades de empleo se
pueden cubrir con inmigrantes que ya se encuentran en nuestro país,
resolver la situación de las 300.000 personas que se encuentran
viviendo y trabajando en España a la espera de regularización nos
parece un excelente contingente para este
año. Muchos de los problemas que se viven en las ciudades españolas:
encierros, viajes pagados en avión, etcétera, demuestran que
pretender resolver la inmigración simplemente con la concesión de
permisos, alejándose del ámbito laboral de la inmigración, sólo va a
suponer más confusión y menos respetos a los derechos de los propios
inmigrantes. Situaciones como las citadas son habituales en nuestro
país. Cuando se produce la sobreocupación de los centros de acogida
se envía a los indocumentados a otras ciudades. Ello es fruto de la
inexistencia de política inmigratoria, desde nuestro punto de vista,
centrada únicamente en la concesión de permisos y alejada de la
realidad más evidente. La inmigración en España es fundamentalmente
laboral. No afrontar esta realidad y culpabilizar a los inmigrantes
de los problemas coyunturales de nuestro mercado de trabajo es
totalmente irresponsable, creando graves problemas sociales y
económicos.
La Ley de extranjería está infiriendo negativamente en la actividad
laboral de los trabajadores extranjeros. Los procesos de contingentes
en los que no se determina de forma individualizada la necesidad de
trabajadores son parte de una política que dirige a los ciudadanos no
comunitarios a determinados sectores de actividad. Los resultados son
evidentes en el análisis de la afiliación al sistema de la Seguridad
Social y no podemos hablar de una incorporación normalizada al
mercado laboral español. En el último informe elaborado por la Unión
Europea se señala que las actividades de construcción, agricultura y
servicio doméstico son las de mayor índice de economía sumergida, y
precisamente a estas actividades están abocados los trabajadores
inmigrantes a través de los contingentes; actividades que se
caracterizan por su regulación laboral deficiente. Si a ello unimos
que la política de inmigración del Gobierno favorece la dependencia
del trabajador con respecto al empleador tendremos el camino abonado
para que aumente el número de inmigrantes en la economía sumergida.
En los primeros nueve meses de este año la inspección de trabajo ha
detectado un 23 por ciento más de trabajo sumergido que en el
ejercicio anterior; de éste, un 15 por ciento se refiere a
inmigrantes en esas circunstancias de dependencia, irregularidad y
ausencia de derechos, que ya he citado. España se sitúa a la cabeza
de la lista de países con más altos índices de economía sumergida y,
aunque los inmigrantes son una minoría, en este mercado se les
utiliza cada vez más debido a las condiciones de dependencia en que
se encuentra este colectivo propiciadas por la propia legislación en
extranjería Un caso muy representativo es el servicio doméstico,
sector al que están abocadas las trabajadoras extranjeras por la
regulación de los flujos a través del contingente. Las
características de este sector adscrito a un régimen especial de la
Seguridad Social totalmente discriminatorio, que no reconoce la
posibilidad de accidente laboral, niega el derecho al desempleo, con
unas condiciones laborales
que permiten el contrato verbal y de hecho con un salario mínimo
totalmente irrisorio, posibilidad de pago en especies, etcétera,
parecen estar realizadas para propiciar precisamente lo que
denunciamos: el abuso. El hecho de que esta actividad se desarrolle
en el ámbito familiar y el especial hincapié que se está realizando
a raíz de la incorporación de inmigrantes a este sector en la relación
personal y de confianza que supone el servicio doméstico posibilita
todavía más la explotación. Es evidente que en estos casos la
legislación, tanto la laboral como la de extranjería, están
favoreciendo el aumento de la economía sumergida y la explotación
laboral.
Es absurdo seguir culpando a los inmigrantes de los problemas de
fondo que afectan a nuestro país, como pensar que el aumento de la
economía sumergida en España se debe a la presencia de inmigrantes en
situación irregular. Esto supone criminalizar laboralmente a los
inmigrantes utilizándolos para desviar la atención de los verdaderos
responsables. El problema proviene de una regulación insuficiente de
determinados sectores y la falta de cumplimiento de la normativa
laboral. Una adecuada regulación que despoje a los sectores más
desprotegidos de los aspectos de servidumbre y los acerque a la
consideración laboral que merecen mejorará de forma evidente esta
situación que venimos denunciando. En ese sentido es preciso renovar
y mejorar el acuerdo social en materia de inmigración laboral. Deben
elaborarse unas bases que sirvan a empresarios, sindicatos y Gobierno
para diseñar la política inmigratoria laboral del país. Sugiero a
este respecto, y tómese lo que voy a decir como propuestas y
preguntas al mismo tiempo, que espero que de alguna forma sean
contestadas o asumidas en lo que puedan tener de positivo por el
señor secretario de empleo, las siguientes. Primera, la política
inmigratoria laboral debe nacer del consenso entre interlocutores
sociales y Gobierno. Segunda, la política inmigratoria laboral
consensuada debe abarcar todo lo referente al trabajo de los
ciudadanos no comunitarios; no se puede entender cumplida esta
propuesta con la introducción simplemente de la negociación
colectiva. Tercera, consecuencia del anterior punto, los acuerdos
bilaterales del contenido laboral y la intervención de las
organizaciones sindicales y empresariales son una materia que debe
estar contemplada en el acuerdo social y en la práctica legal
administrativa.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Ruiz, le agradecería que terminara.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Estoy acabando.
Cuarta, asegurar la contratación y las condiciones de trabajo de los
trabajadores no comunitarios. Quinta, regularizar el empleo. Si
hablamos de política inmigratoria laboral es fundamental referirnos a
los trabajadores en situación irregular y establecer un mecanismo
que permita regularizar trabajadores y empleos teniendo en cuenta el
mercado laboral español. Tanto respecto a este punto como al
anterior, el asesoramiento para luchar contra la explotación laboral
o el empleo de inmigrantes en situación irregular es importante pero
no suficiente. Sexta, diseñar una política inmigratoria laboral
adecuada a la realidad del mercado laboral español. Se insiste, como
hemos señalado, en una visión centrada en la extranjería y ajena al
mundo del trabajo. Séptima y octava, dotación adecuada de medios
materiales y humanos y crear procesos regulados que acaben con
políticas confusas. Si existiera una política laboral consensuada que
abarcase todas las decisiones con consecuencias en el ámbito del
trabajo nunca se hubiera llevado a la práctica un proceso de
regularización encubierto como el actual, sin norma que lo regule y
generando confusión entre inmigrantes, organizaciones y la propia
Administración.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señora presidenta, le aseguro de antemano la
brevedad por parte de mi grupo.
Agradezco la comparecencia al secretario general de Empleo por la
exposición que ha hecho, que ha sido suficientemente clarificadora.
Si hay algo que deberíamos resaltar y destacar en esta comparecencia
es precisamente lo que significa hoy por hoy el contingente. Decía
muy bien el portavoz de Convergència i Unió que ha sido objeto de
numerosos debates la figura del contingente, que permanentemente ha
estado en controversia porque demasiadas veces ha sido utilizada como
una vía de escape de regularización de personas que estaban en
nuestro país. Si queríamos una auténtica planificación y ordenación
de los flujos, siempre habíamos apostado por que el contingente tenía
que ser real, tal como está estipulado, sabiendo que tenían que
establecerse los cupos en origen. Ahora estamos en el punto en que
podemos contemplar el contingente con las medidas con que se diseñó.
Ese cambio de filosofía llevó al Gobierno a modificar la ley, a
impulsar las medidas y actuaciones en materia de extranjería y de
inmigración y el contingente va a ser lo que debería haber sido
durante todos estos años; no va a ser una vía de escape. Comparto lo
que se ha dicho por algún grupo, no así lo que ha dicho Izquierda
Unida y a lo que luego me referiré. Debe ser un mecanismo útil y ágil
de planificación. No compartimos la idea, como decía el portavoz de
Izquierda Unida, de que el contingente sirva para regularizar la
situación de muchos de los que están trabajando en situación de
irregularidad; eso no puede ser el contingente. Nosotros hemos hecho
todo lo posible para adecuar nuestra legislación a la del resto de la
Unión Europea. Si queremos tener una política de inmigración seria y
de futuro, no se puede pensar
que el contingente debe servir al Gobierno para ser una vía de escape
de esas personas en situación de irregularidad. Tenemos que poner
todas las medidas a nuestro alcance para que esa situación de
irregularidad no se produzca. Creo que hoy por hoy estamos en el buen
camino. Ese cambio de filosofía que se evidencia hoy, aquí, con la
figura del contingente es el primer paso de ese camino en el que a
España le queda mucho por avanzar. Las cifras que usted ha dado,
señor Chozas, son muy esperanzadoras, es lo que estábamos esperando
desde hace muchos años y a ello va a tender España en los próximos
años.
El incremento de los afiliados a la Seguridad Social -estamos
hablando de 125.000 personas en menos de un año- es un reflejo de lo
que está siendo el mercado laboral para los nacionales, incluso mucho
más, y eso es muy positivo. Siento no coincidir con esa visión
crítica que tenía la portavoz socialista -me imagino que fruto de sus
deseos-, pero con estos datos siento decirle que no es fruto de la
realidad. Hoy por hoy la inmigración está plenamente integrada en
nuestro mercado laboral, con sus pros y sus contras, y eso es lo
plenamente satisfactorio y a ello tenemos que tender. Los más de
400.000 permisos de trabajo y de residencia a lo largo del año 2002 y
desde que se inició el proceso de regularización son una noticia que
va a influir en nuestro mercado laboral de la manera que ha explicado
el secretario general y tendremos que ser conscientes de que dada la
situación nacional de empleo, dada la rotación que también existe
entre los nacionales, la inmigración se va a ver implicada -y
tendremos que adoptar las medidas necesarias- exactamente de la misma
manera que cualquier español. Precisamente por eso, por cuanto el
contingente se valora y se perfila teniendo en cuenta todos los
agentes sociales, nos parece irresponsable decir que el contingente
es mayor o menor. Cuando el Consejo Superior de Política de
Inmigración, donde están representadas todas las comunidades
autónomas y todos los agentes sociales, valora positivamente esa
oferta, nos parece que hablar de mayor o menor número en el
contingente no se sustenta, no tiene ningún fundamento, sobre todo
teniendo en cuenta que las propias organizaciones sindicales,
Comisiones Obreras y UGT, pidieron cautela a la hora de hacer esa
valoración. Es más, incluso recomendaron que no hubiera contingente
para el año 2002, que en este año 2001 no se determinara la
posibilidad de tener un contingente hasta que no se supiera cuáles
eran los resultados de ese proceso de regularización. No se puede
tener una política que vaya en contra de lo que los ayuntamientos,
comunidades autónomas, empresarios, sindicatos y la propia
Administración se comprometan a que pueda ser la cifra y el número
adecuado. Hay que resaltar que durante todos estos meses, desde que
se puso en marcha la Ley 8/2000, han ido encaminadas a lograr la
situación que tenemos hoy. Que por fin haya convenios de colaboración
con países de origen
como Colombia, República Dominicana, Ecuador, Polonia, Rumania e
incluso Marruecos va a facilitar muchísimo la tarea de este Gobierno,
la tarea de España, a la hora de planificar sus flujos y su política
de inmigración, porque también se va a requerir un compromiso por
parte de esos países.
Termino diciendo -y enlazo con la siguiente comparecencia en la que
hablaremos de formación y de cómo la inmigración va a estar también
presente en el Plan de Empleo para el 2.002- que esta es la mejor
noticia que hoy España puede ofrecer a la inmigración. Cuando se
habla del mercado laboral, de estrategias, de personas que están
cobrando el desempleo y el subsidio, a esas 60.000 personas que están
en las mismas condiciones que otros muchos españoles los hemos de
tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra política en materia de
empleo. Esa es la mejor garantía de que van a tener asegurada una
vida plenamente integrada en nuestra sociedad, es la mejor garantía
para los inmigrantes de que van a tener la posibilidad de una
auténtica reagrupación familiar y, en definitiva, es lo que queremos:
que nuestro mercado laboral se beneficie con sus aportaciones y que
ellos se beneficien de estar en nuestro mercado laboral.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene de nuevo la palabra el señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Gracias a
todas sus señorías por los comentarios y propuestas que efectúan. Voy
hacer algunas precisiones y consideraciones. No entraré en análisis
generales sobre opiniones o aproximaciones al fenómeno migratorio,
que es tremendamente complejo, sino que intentaré ceñirme a las
cuestiones más concretas que se me piden, que son unas cuantas.
Agradezco al señor Campuzano su referencia a mi veteranía en materia
inmigratoria. Efectivamente, el primer contingente se aprobó allá por
1993 siendo yo entonces subdirector de Inmigración y habiendo
propuesto en aquel momento en gran medida el contingente; también me
tocó la regularización de 1991. Les puedo asegurar que en un proceso
como el que ahora nos está ocupando implica un esfuerzo de trabajo
administrativo de presión en la gestión realmente extraordinario. Por
aquel entonces regularizamos entre 123.000 y 125.000 extranjeros en
un período de 12 meses. Por eso, cuando se crítica la actual supuesta
lentitud o inoperancia de los aparatos administrativos, pediría un
poco de comprensión con las personas que tienen que hacer un esfuerzo
que les aseguro que es extraordinario. Insisto en que en alrededor de
dos años se han tramitado 400.000 expedientes, lo cual no acaba con
el problema de la gestión de la inmigración o con la integración de
los inmigrantes en nuestro mercado de trabajo, pero no deja de ser un
esfuerzo extraordinario dequien le toca jugar esa papeleta.
Entrando en cuestiones concretas, presenta algunos antecedentes el
señor Campuzano, específicamente sobre el funcionamiento en las
distintas provincias, y me solicita información más detallada. Se la
haré llegar porque no he traído las propuestas que en su momento
remitieron cada una de las comisiones ejecutivas provinciales; no es
sólo Madrid y Murcia, hay bastantes que han propuesto un contingente
cero. En líneas generales, en aquellas provincias en que se propone
un contingente cero es porque están muy afectadas por bolsas
pendientes de regularización, que se estima que van a ser suficientes
para atender a las necesidades de trabajo que en ese momento pueden
presentar los propios empresarios. Hasta donde yo tengo de
información ha sido pacífica esa fijación en las provincias en que
así se ha detallado.
Hay varias preguntas comunes y las contestaré conjuntamente para no
gastar el tiempo en cuestiones gratuitas. El trámite de audiencia de
los interlocutores sociales está previsto en el reglamento. En mi
opinión está cubierto porque han participado en todo el proceso, pero
mentiría si le dijera que va a haber un trámite ya más centralizado o
a nivel estatal de la consulta final. Si es así se procederá. No lo
sé porque reconozco que como estamos en el primer año de la
tramitación del procedimiento no puedo dar una información tan pulida
como en otras áreas de actuación. Respecto de los detalles
o previsiones que me señala sobre Cataluña, las cifras, el servicio
doméstico, cómo se distribuyen las autorizaciones de temporada,
etcétera, no estuve ayer en la reunión del Consejo Superior de
Inmigración, no tengo las actas de lo que se aprobó, no sé cómo se
distribuyen las cuestiones aprobadas y en cualquier caso entiendo que
sería provisional hasta que tengamos el acuerdo del Consejo de
Ministros, con lo cual pediría un paréntesis o un plazo porque es una
información de la que no dispongo e insisto en que es provisional.
Señala algunas cuestiones en las que creo que hay que hacer alguna
aclaración. Hace poco -se me dice- hubo una reunión de empresarios en
Cataluña y se señaló la necesidad de un mayor número de mano de obra.
Encaja con otra de las cuestiones que se han analizado hasta ahora y
es un comportamiento relativamente habitual. Decía usted al final que
no es tan significativa la cifra del contingente de este año como que
el procedimiento funcione. Estoy absolutamente de acuerdo. Que se
apruebe un contingente de 10.000 ó 30.000 personas para el próximo
año en términos macro, con una población ocupada de aproximadamente
15 millones de trabajadores, ni quita ni pone, por hablar
gráficamente, pero sí sería importante -estamos en el primer año que
intentamos organizar un nuevo procedimiento- que las cifras que
finalmente se aprueben se correspondan con ofertas reales de empleo;
o sea, que no sean un invento administrativo, que no sean una
aproximación más o menos teórica de un gabinete de estudio de la
evolución del mercado de
trabajo o de una posición ideológica que nos llevarían a cerrar
fronteras o abrir las sin restricciones. Tenemos que huir de este
tipo de aproximaciones. Lo que buscamos con el establecimiento del
contingente es precisamente eso. Me han llegado noticias, no sólo de
la reunión a que se refería de Cataluña, sino de otras muchas
reuniones empresariales o de foros en los que personalmente
participo, por no citar ejemplos más lejanos, de que hay grandes
necesidades de trabajadores que no cubren nuestro mercado de trabajo.
Como inicio de una conversación más o menos informal es perfectamente
aceptable, incluso muchos de los estudios que hacen análisis a
larguísimo plazo de nuestra evolución demográfica nos pintan unos
escenarios un poco catastrofistas de falta de mano de obra porque no
hay personas en nuestro país. Las cosas no son tan claras, pero para
restringirnos a la cuestión de las ofertas de empleo a trabajadores
extranjeros lo que hacemos es poner un procedimiento para que se nos
diga cuántas ofertas de empleo hay. Los servicios públicos de empleo,
de inmigración, de exteriores, todos los implicados, garantizan que
se van a cubrir esos empleos, y se van a cubrir en tiempo y forma.
Ahora, lo que no pueden hacer los servicios públicos es
inventárselas. Si no hay oferta de empleo podríamos llegar por
reducción al absurdo de por una aproximación, ya digo, más idealista
o teórica a decir el año que viene una cifra caprichosa, 100.000
nuevos permisos de trabajo y de residencia. Iríamos a cualquier país
no comunitario y diríamos: A este país le tocan 20.000. Muy bien, que
entren en España. Lo primero que nos preguntaría el extranjero
autorizado es dónde está su trabajo. Y le diríamos: Ah! no sé, porque
no hay una oferta de empleo, ahora hay que buscarla. A eso
contestaría lo siguiente: No tiene mucho sentido el procedimiento o
en lógica me va a tener que pagar prestaciones o me va a tener que
permitir vivir de una manera digna y honesta. Si es así estaríamos
fabricando economía sumergida cuando menos, con lo cual el sistema
que recoge la ley y el reglamento es decir: Señores empresarios,
preséntennos sus ofertas y a partir de ahí, garantizando que se van a
cubrir, vamos a gestionarlas lo más rápido posible. Es cierto que
esto no encaja todavía demasiado bien. Estamos en el primer año de
puesta en funcionamiento de este sistema. En determinados foros o en
declaraciones a la prensa se nos dice que faltan decenas de miles de
trabajadores y además muy cualificados. Las estimaciones luego se
convertirán en ofertas de empleo concretas con lugar, con salario,
con dietas de desplazamiento, con alojamiento en su caso; se tendrán
que concretar. La experiencia nos enseña que sobre las estimaciones
el número de ofertas desciende notablemente. Pero insisto en que
estas estimaciones son para personas sin cualificación. Hablo de
memoria pero creo que el número de estimaciones para personal
cualificado en informática, electricidad y algunos aspectos del metal
no llega a las 600 en todo España; las estimaciones iniciales en
informática
creo que se quedan en doscientas y pico. Con ello entendemos, por
supuesto, que no vamos a limitar en ningún caso las necesidades de
los empresarios, son ellos los que las tienen que determinar y las
administraciones les tienen que garantizar que van a tener
trabajadores, eso sí, en condiciones de absoluta legalidad. Por tanto
hemos partido de un número real, no caprichoso: las estimaciones.
Insisto en que las ofertas serán menores. Desde luego, un elemento
clave es -como he señalado- la implicación de los empresarios; si no
hay ofertas de empleo no se pone en marcha el funcionamiento.
Consecuencia de ello es la celeridad y la atención en tiempo y de
manera adecuada de estas ofertas. En eso sí estamos este año en
período de prueba. Aquí va a estar la clave porque es una bomba que
se alimenta a sí misma. Si los empresarios que nos han presentado sus
estimaciones nos dan sus ofertas finalmente y se las atendemos
rápidamente, estoy seguro de que el año que viene va a ser el sistema
más creíble y vamos a tener más ofertas y así sucesivamente. Pero
nunca tenemos que olvidar que la máquina de tren que tira de todo
esto, que le da realidad al sistema, son las ofertas de empleo. Se
pide que no sea una cifra cerrada. El reglamento tiene mecanismos
suficientes para, en función de necesidades acreditadas, establecer
soluciones y atenderlas. De hecho, en el Ministerio de Trabajo
llevamos ya unos cuantos años atendiendo a convenios específicos,
sobre todo en el sector agrario. La COAG es la organización que ha
sido más activa; después se ha incorporado Asaja, y hay algunas
empresas singulares que están suscribiendo convenios con el
ministerio en los que se está garantizando la cobertura de las
ofertas de empleo en tiempo suficiente para una cuestión tan
coyuntural y tan urgente como las campañas agrícolas.
Respecto a si podemos vivir tasas de paro y necesidad de trabajadores
extranjeros, tengo que decir que sí. La complejidad del mundo en que
vivimos hace que estas contradicciones aparentes existan, y de hecho
existen en todos los países desarrollados tasas de paro mayores o
menores y existe la necesidad en muchos casos de incorporar
trabajadores extranjeros porque - se ha apuntado aquí- no cubren los
mismos sectores ni los mismos puestos de trabajo; puestos de trabajo
que -no me gusta utilizar la palabra- son rechazados. Los puestos de
trabajo no atendidos por los residentes en un determinado mercado de
trabajo son atractivos para personas que viven en unas condiciones
indudablemente peores que las que concurren en nuestro país y, por
tanto, son potencialmente cubiertos por estas personas. Esto ocurre,
insisto, en todo Europa y en todos los países desarrollados.
Respecto a cómo se combinará el contingente con los acuerdos de
inmigración y la celeridad por la complejidad de la gestión en los
consulados en el extranjero, lo que hacen los convenios en materia de
inmigración es, una vez determinadas las necesidades, que sería el
área de competencia dónde trabaja más el
Ministerio de Trabajo con los países con los que se tienen suscritos
convenios, se procede a establecer una comisión mixta en la que está
previsto que participen representantes de los empresarios españoles,
o sea, quienes van a contratar finalmente para organizar en el
consulado los procesos de selección. Pero este sería el paso
siguiente, y está previsto así una vez que se aprueben
definitivamente las cifras del contingente.
Vamos a ver si funciona el año que viene y el año que viene. Pues
bien, si estoy todavía en este puesto el próximo año (lo cual es un
buen deseo por su parte, cosa que le agradezco) estaré encantado de
comparecer para hablar de este asunto. Estoy convencido de que es un
año de prueba; un año en el que tenemos que sacar una información de
calidad y que es probablemente accesorio el número final que
determine el Consejo de Ministros. Estoy convencido que no debe
significar un proceso de regularización encubierta porque si no
estamos probablemente imposibilitando que funcione correctamente el
sistema de canalización de los flujos migratorios por el contingente.
Aunque está un poco por encima de todas las intervenciones que han
tenido SS.SS., no me resisto a hacer un análisis matemático sobre si
somos capaces de organizar un contingente y de canalizar los flujos
porque cuestiones como la economía sumergida o la inmigración
irregular se superarán. Yo sería un poco más no sé si escéptico o
realista. El proceso de inmigración irregular, de inmigración
clandestina de los países no desarrollados a los países desarrollados
es muchísimo más complejo que establecer una determinada y adecuada
canalización de flujos. Los países con más experiencia, como puede
ser el Reino Unido, Estados Unidos o Australia, son buenos ejemplos
sobre canalización de flujos migratorios, de participación y de
cobertura de las necesidades empresariales, pero conviven con
procesos de inmigración irregular de más o menos amplio volumen. No
son cuestiones que, químicamente puras, una repela a la otra.
La señora García Pérez hacía un análisis sobre la existencia de paro
y también sobre la necesidad de mano de obra, apuntando a
determinados conflictos que se han vivido en campañas agrícolas en
momentos concretos en los que concurre un número significativo de
trabajadores indocumentados o documentados que de manera
descontrolada quieren ocupar ciertos puestos de trabajo. Precisamente
esto es lo que intenta evitar esta canalización, esta ordenación de
los flujos migratorios, incorporando a los empresarios. Insisto que
esto es lo más importante del proceso. Si los empresarios entienden
que es creíble el mecanismo de solicitar a los servicios de empleo
sus necesidades de trabajadores, lo harán; y si los servicios de
empleo se los facilitan con tiempo suficiente no habrá atención
incontrolada de estos puestos de trabajo o no habrá estos desajustes
entre trabajo regular y trabajo irregular.
Necesidad de incorporar políticas activas para cualificar a los
trabajadores extranjeros. Sin ninguna duda,
yo suscribo eso al cien por cien. No tengo tampoco el dato exacto,
pero probablemente quien más se ha beneficiado de estas políticas
activas de empleo en los últimos años ha sido el colectivo de
inmigrantes. Se critica en el contenido de la reforma laboral de este
año la figura del contrato de formación y se da alguna información
sobre el mismo. Habría que dar toda. En mi opinión, el contrato de
formación tiene las mismas características para los españoles, con lo
cual si es bueno o es malo lo es para los españoles y lo es para los
extranjeros salvo, es cierto, el criterio de edad. ¿Y por qué el
criterio de edad? Porque el contrato de formación es una manera de
canalizar, de acceder, de introducir, de insertar en el mercado de
trabajo a personas que por primera vez se aproximan a él. Eso, en
nuestro caso, en el caso de los trabajadores españoles se produce en
las edades juveniles, normalmente entre los 16, 18 y 20 años. Hay que
recordar que las características generales del contrato para la
formación son las derivadas de los acuerdos interconfederales de
1997; o sea, que esas características generales para los españoles
y para todos, salvo la edad, están suscritas por las organizaciones
empresariales y sindicales. ¿Y por qué en el caso de los trabajadores
extranjeros se hace una excepción con la edad durante el primer
permiso de trabajo, durante el primer año de obtención de permiso de
trabajo? Porque en el caso de los extranjeros puede haber un
trabajador de mayor edad que por primera vez intenta trabajar en
nuestro país y hay que darle un esquema adecuado de inserción en el
mercado de trabajo y permitir que, junto con la prestación de
servicios, reciba acciones de formación teórica. Insisto en que el
resto de las características que se exigen para los nacionales, que
son falta de cualificación para empezar, falta de un nivel mínimo de
cualificación, se corresponden también para los trabajadores
extranjeros.
Estoy totalmente de acuerdo también en la necesidad de incorporar
programas que mejoren la movilidad geográfica no sólo de los
extranjeros no comunitarios residentes en nuestro país, sino también
de todos los trabajadores. Es una de las carencias de nuestro mercado
de trabajo.
Reconozco que no entiendo la última aseveración, después de todas
estas consideraciones, al señalar que el contingente es insuficiente,
ineficaz y poco ágil. No voy a extenderme mucho, simplemente no sé
por qué se dice eso, porque no hay ningún dato del resto de la
intervención que nos permita llegar a dicha conclusión.
En su intervención el señor Ruiz señala la necesidad de que no haya
estimaciones artificiales (no me resisto a repetir más o menos sus
palabras) para crear un ejército industrial de reserva. En ningún
caso esta es la intención del contingente. Prácticamente toda su
intervención se ha referido a una supuesta falta de características
laborales en la gestión de las políticas inmigratorias. Desde mi
punto de vista le puedo asegurar que, en la tramitación de los
expedientes que hasta ahora
estamos llevando a cabo para la determinación del contingente, las
conversaciones con las organizaciones empresariales y sindicales y
las reuniones de cada provincia han sido total y exclusivamente
dirigidas por las autoridades laborales, como entiendo que no puede
ser de otra manera.
Señala que la construcción, la hostelería, el servicio doméstico son
el caldo de cultivo del trabajo irregular y que los trabajadores
regularizados por eso están condenados -los del contingente también-
a ir a estas actividades. Aquí discrepo, no sé hasta qué punto es
correcta la utilización de esta condena o de esta preferencia. No
tenemos, a fecha de hoy, más que un número que consideraría marginal
de posibles ofertas de empleo cualificadas; lo que tenemos son
ofertas de empresarios que nos dicen que no encuentran cobertura para
trabajos sin cualificar. Eso es con lo que estamos trabajando. Si las
tuviéramos de trabajadores cualificados estaría yo aquí rindiendo
cuentas de las características de dichas ofertas. Se señala que una
de las causas de la economía sumergida es que el trabajo del servicio
doméstico se desarrolla en el ámbito familiar, pero esto realmente
creo que es inevitable.
Acuerdo social sobre inmigración laboral. En materia de contingente
lo hay, no hay grandes discrepancias sobre lo que hasta ahora se está
tramitando. Asegurar la contratación de quienes se regularizan. Una
vez más implicación de los empresarios. El Gobierno o las
administraciones difícilmente pueden obligar a nadie a contratar o
puede contratar por sí mismos.
Tampoco entiendo muy bien esa llamada a la regularización de
trabajadores y empleos, y menos a que se califique de encubierta. Si
algo tiene la regularización es que se produce a la luz del día,
incluso sus órdenes o desórdenes son de general conocimiento. Debo
insistir en que la participación del Ministerio de Trabajo en la
determinación del contingente es la fundamental protagonista.
- LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMIGRACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN
RELACIÓN CON LA POBLACIÓN DESOCUPADA Y SOBRE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
QUE GUIARÁN LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EMPLEO DEL REINO DE
ESPAÑA PARA EL AÑO 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000828.)
- LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE GUIARÁN EL PLAN DE EMPLEO DE 2002 Y LA
EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS PLANES DE EMPLEO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000829.)
La señora VICEPRESIDENTA: Concluida esta comparecencia, cedo otra vez
la palabra al señor Chozas para que informe acerca de la previsión en
el Plan de empleo para el año 2002 que tiene previsto efectuar el
Gobierno.
Tiene la palabra el señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Haciéndome
eco de las llamadas a la celeridad que la presidenta hace para SS.SS.
y no para el compareciente y sin desdoro y por supuesto...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Chozas, no puedo hacérselo
oficialmente al secretario general de Empleo como compareciente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Sin
menoscabo, por supuesto, de informar cabalmente de todo lo que se me
solicita, voy a hacer un análisis rápido de los antecedentes que nos
llevan a la determinación de los planes de empleo en nuestro país.
No voy a hacer referencia a cómo se establece la estrategia europea
de empleo en el Tratado de Amsterdam y se incorpora al Tratado de la
Unión Europea (lo doy por sabido sin perjuicio de que, si hay que
ampliar cualquier tipo de información, estaría encantado de ello),
cómo se ha ido consolidando este proceso desde 1997 hasta nuestros
días y cómo ha ido incorporando mandatos que, fundamentalmente, han
ido surgiendo de las distintas cumbres europeas. Son absolutamente
claves los mandatos de las de Lisboa, Niza, Estocolmo y Gotemburgo.
Desde que se establece en Luxemburgo la aplicación de la estrategia
europea de empleo, España, como el resto de los países europeos, ha
venido aplicando una estrategia coordinada en materia de políticas de
empleo, que se ha concretado en la aprobación de los planes de empleo
a partir de 1998, 1999, 2000 y 2001. Llevamos hasta ahora un
ejercicio de cuatro años de aprobación de planes nacionales de acción
para el empleo. Esto es importante porque 2002 será el último año del
plazo de la estrategia inicialmente aprobado en Luxemburgo. En
Luxemburgo se aprobó un plazo de cinco años para poner en marcha todo
este proceso, con lo cual, el año 2002 habrá que establecer un nuevo
plazo y una nueva definición de la estrategia para un período de
medio plazo a futuro.
La valoración inicial desde el punto de vista español de lo que ha
significado la estrategia europea de empleo, y específicamente su
puesta en marcha en España, creo que sin ánimo de ser grandilocuente
hay que calificarlo como histórico. Durante muchos años se había
achacado a la Comisión Europea una carencia en el desarrollo de las
libertades que correspondían al área social. Se hablaba
periodísticamente de la Europa de
los mercaderes, de que la libre circulación de capitales y productos
se producía a una velocidad y que la Europa de las personas estaba
olvidada.
La reforma del Tratado de la Unión Europea en Amsterdam viene a
suplir algunas de estas carencias históricas. Establece por primera
vez en un equilibrio complicado, pero equilibrio al fin y al cabo,
que el empleo y las políticas de empleo siguen siendo competencias
nacionales pero, a la vez, son una materia de interés común para la
Unión, con lo cual los países mantienen sus competencias nacionales;
y esto es importante porque, quizá, lo más diferente que hay hoy en
día en Europa son las regulaciones y los mercados de trabajo de cada
uno de los países; implican a la sociedad, implican a los
interlocutores sociales, tienen modelos muy diferentes y lo que se
hace es decir: Permitimos que estos modelos (que obedecen, como digo,
fundamentalmente, a grandes pactos sociales) sean característicos de
cada país y sean soberanía de cada país, pero todos ellos se tienen
que poner a trabajar en unos objetivos comunes. Esto en nuestro país,
cuando se inicia en 1998 la puesta en práctica de la estrategia,
tiene dos consecuencias fundamentales:
En primer lugar, el desafío que para España significaba, con unas
condiciones de paro, con un volumen de desempleados mayor en
porcentajes y en números absolutos que en el resto de los países, el
trabajo a realizar para llegar antes de los seis meses a dar a un
desempleado una acción de formación o antes de doce meses en función
de la edad; un desafío más fuerte y una carga de trabajo o una
dificultad mayor que en el resto de los países. Pero también, en
términos políticos, implicaba una complejidad propia o no común con
el resto de los países europeos, porque incluso los países federales
de la Unión Europea mantienen el empleo como una competencia nacional
o del Estado central o del Gobierno central a la hora de ejecutar las
políticas de empleo cosa que, como bien saben sus SS.SS., no es la
característica de nuestro país. Es competencia del Estado la
legislación laboral, pero la ejecución de las políticas de empleo
corresponden a las comunidades autónomas. Con lo cual, además de este
desafío de volumen muy superior al del resto de los países, en el
caso de nuestro país hubo que conseguir un acuerdo político, lo que
se denominó el acuerdo de gestión, para que todas y cada una de las
comunidades autónomas asumiesen también la estrategia europea y
asumiesen criterios de gestión comunes para el desarrollo de los
planes de empleo.
Esto se ha desarrollado a lo largo de estos años. Los recursos que se
han utilizado en los planes de empleo han sido claramente crecientes,
así como las dotaciones fundamentalmente dedicadas a políticas
activas, que es una de las líneas estratégicas que se definieron en
Luxemburgo. De 360.000 millones de pesetas previstos para 1997, plan
de 1998, a prácticamente 800.000 para el de este año. Aquí hay no
sólo una
mejora de los recursos que se destinan a políticas activas, sino
también una mejora cualitativa por la incorporación de manera más
creciente y paulatina de los recursos de las comunidades autónomas,
cada vez de manera más transparente, y que vienen a significar ya
prácticamente el 20 por ciento de los recursos que se utilizan en los
planes de empleo.
Estamos en la fase en que las grandes ciudades, los grandes
ayuntamientos también hacen aquí un esfuerzo considerable.
Probablemente para el Plan de empleo del próximo año, tengamos
información coherente del esfuerzo presupuestario y de las acciones
que efectúan directamente los ayuntamientos. El esfuerzo
presupuestario ha permitido realizar más de cuatro millones y medio
de acciones. Hay una media anual de un millón y medio de acciones en
el desarrollo de los planes de empleo.
La evolución del mercado de trabajo durante este período ha sido
especialmente favorable y no voy a detenerme muchísimo en datos que
entiendo que son conocidos sobradamente por SS.SS., pero que
resumiría diciendo que estamos consiguiendo la convergencia real con
Europa en términos de tasas de actividad, tasas de empleo, tasas de
desempleo, que fundamentalmente están favoreciendo a los jóvenes, a
los parados de larga duración y, sobre todo, a las mujeres.
Respecto del contenido concreto de la comparecencia, esto es las
líneas directrices o las previsiones para el Plan de empleo del año
2002, haré aquí también una referencia procedimental. Igual que
señalaba antes para el caso del contingente (que quizá estamos
debatiendo de manera un poco prematura porque no tendremos certeza en
la aplicación del contingente hasta que sea aprobado en los próximos
días por el Consejo de Ministros), esta reflexión es mucho más
importante en el caso del Plan de empleo del año 2002. Las
directrices para el empleo del año 2002, que serán las que tendrá que
desarrollar el Plan de empleo, no están todavía aprobadas en el
ámbito de la Unión Europea. Está previsto que las analice el Consejo
de Ministros del próximo lunes día 3 de diciembre y que, finalmente,
las dé a conocer el Consejo de Ministros Europeo de Empleo y Política
Social, que se reunirá en Bruselas el próximo 3 de diciembre. La
cumbre que se desarrolla en Laeken (también en Bruselas) los días 14
y 15 de diciembre será la que finalmente dé el visto bueno a las
directrices de empleo, con lo cual todo lo que yo diga a partir de
ahora es un poco provisional a la vista de lo que finalmente recojan
dichas directrices.
Puedo avanzar que con los borradores con los que se está trabajando,
y que analizará el próximo día 3 el Consejo de la Unión Europea, se
pretenderá hacer un ejercicio que sea de continuidad porque, como he
señalado, acaban los cinco años inicialmente previstos para la
estrategia de Luxemburgo y no tendría sentido hacer grandes
variaciones que dificultasen tanto la gestión de los distintos
Estados miembros en el plan del próximo
año como la evaluación final de todo un proceso que se ha querido y
que creo que ha sido coherente durante estos cinco años. Algunas
recomendaciones creemos que se incorporarán con casi toda seguridad.
Por ejemplo, se invita a los Estados miembros a que determinen tasas
de empleo para ver cómo colaboran en la consecución de los objetivos
de empleo fijados tanto en la cumbre de Lisboa para el año 2010 como
en la de Estocolmo para el año 2005. Esta invitación, con casi toda
seguridad, igual que el mandato de la cumbre de Niza, que se hizo
específicamente para las directrices del empleo de 2002, incorporará
indicadores que recojan cómo evoluciona la calidad del trabajo.
Estos indicadores podrían incluir, entre otros, tanto las
características del puesto de trabajo como la cualidad intrínseca del
mismo, como pueden ser las competencias, el aprendizaje permanente
del puesto de trabajo, el desarrollo de la carrera profesional, como
el marco más amplio del mercado de trabajo. Aquí se incluirían
indicadores sobre igualdad entre hombres y mujeres, salud y seguridad
en el trabajo, flexibilidad y seguridad, la no exclusión y acceso al
mercado de trabajo, organización del trabajo, equilibrio de la vida
laboral, diálogo social, participación de los trabajadores,
diversidad y no discriminación y eficacia y productividad general del
trabajo. También se incluirá, probablemente, un refuerzo de las
directrices relativas a la educación permanente y a la movilidad de
la mano de obra en los nuevos mercados de trabajo europeos. Por
último, con bastante probabilidad creo que se incluirán actuaciones
específicas para propiciar la igualdad de retribución para un mismo
trabajo o para un trabajo de igual valor: la no discriminación de
sexo o de género. ¿Qué contendrá finalmente el Plan de empleo del
2002? Sigo abundando en la provisionalidad, no sólo por los
contenidos de las directrices, sino también porque el proceso de
elaboración del Plan de empleo implica la participación, en primer
lugar y de forma muy significativa, de las autoridades autonómicas,
de las consejerías, fundamentalmente, de empleo de las comunidades
autónomas; implica la actuación de los interlocutores sociales, con
los cuales se analizan las distintas propuestas una vez que se
empiece a trabajar en ellas, y, aunque es cierto que con menor
intensidad o con menor trascendencia, implica también la actuación de
la Federación Española de Municipios y Provincias, organizaciones no
gubernamentales y asociaciones que tienen que ver con el desarrollo
de algunas de las directivas que tenemos que incorporar en los planes
de empleo.
Dicho eso, sí hay algunas cuestiones que, en la medida en que encajen
con el contenido de las directrices, probablemente se vayan
incorporando al plan. Esto donde más claramente se ve es en la
elaboración normativa que se ha producido desde la aprobación del
último Plan de empleo en el año 2001 hasta la presentación del
correspondiente al 2002. Aquí claramente la
primera cuestión que habría que señalar es la Ley 12/2001, de reforma
del mercado de trabajo, ya que busca resolver algunas de las
carencias importantes de nuestro mercado de trabajo: Creación de
empleo estable, disminución de la temporalidad, integración laboral
de las mujeres, extensión de la contratación a tiempo parcial como
alternativa a la temporalidad e integración de colectivos
especialmente desfavorecidos. También, probablemente, porque encaja
en el contenido que han tenido en los últimos años las directrices,
el decreto 1251/2001, del pasado 16 de noviembre, por el que se
desarrolla la Ley de conciliación de vida familiar y laboral, y muy
específicamente por la posibilidad de disfrute de los descansos por
maternidad a tiempo parcial. En coherencia con la convocatoria de las
ayudas y los acuerdos sobre pensiones del pasado 26 de noviembre, se
alcanzaron mecanismos que permitan prolongar la vida laboral mediante
la exclusión de la cotización a la Seguridad Social de los mayores de
65 años con 35 ó más años cotizados. El desarrollo del tercer acuerdo
nacional de formación continua, el decreto de renta activa de
inserción, la orden del Instituto Nacional de Empleo de 30 de octubre
de 2001, de desarrollo de programas experimentales en materia de
formación y empleo, o las últimas incorporaciones al programa INFO21
siguen apoyando programas que incorporan mecanismos en los que las
nuevas tecnologías permiten un acceso mayor a ellos. De hecho,
recientemente el INEM ha puesto en marcha un programa que incorpora
tres mil formadores para formación ocupacional. Luego harán la
formación en el Plan de formación e inserción profesional o en las
escuelas taller. De esta forma se hace una incorporación de los
procesos formativos a través de Internet.
Básicamente este sería el contenido que a fecha de hoy se puede
adelantar de lo que serán las características más importantes que se
incluirán en el Plan de empleo. Por supuesto, en la ley de
presupuestos y de acompañamiento se contiene el programa de empleo
estable, en el que se recogen las bonificaciones a la contratación
indefinida. Por último, pero no por ello menos significativo, espero
que se pueda incorporar un acuerdo social, un acuerdo interconfederal
de las organizaciones empresariales y sindicales, que en este momento
está en trámite de discusión por las mismas, pero del que ya se ha
hecho público por parte de ellas que pretenderá una incorporación
clara de la moderación salarial como un elemento de defensa del
empleo en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre.
Nada más hasta este momento.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el grupo que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Tengo que empezar por decirle que la
información que nos ha facilitado
aporta muy poco más a lo que ya habíamos en parte intuido del
presupuesto del Estado. Sinceramente, la comparecencia la habíamos
pedido con la intención de obtener alguna concreción de lo que es la
elaboración de un documento básico en la política de empleo de
España, que es el Plan de empleo del Reino de España.
Aparte de las recomendaciones y de las directrices que ya la Unión
Europea nos ha venido haciendo, y que son públicas porque ha sido
publicado el documento al respecto, honradamente no he visto más que
la reiteración de los epígrafes que caracterizan la política de
empleo del Gobierno de España en los últimos años, que tienen una
serie de objetivos más o menos genéricos. De esta comparecencia no
podemos extraer que el Gobierno esté tomando decisiones o vaya a
concretar el plan en torno a una serie de prioridades, etcétera.
Sinceramente le digo que en su exposición nos ha reiterado lo que yo
vengo calificando como una rutina en la política de empleo en nuestro
país. Ustedes se vienen protegiendo en el paraguas de que el
crecimiento económico en los últimos años ha permitido a España hacer
un avance en términos cuantitativos de empleo que es innegable -creo
que esto, afortunadamente, es bueno para todos-, pero probablemente
va a resultar insuficiente para un período, como ya tuve ocasión de
decirle, en el cual el crecimiento económico no va a continuar con
éxito en la política del empleo. Yo insisto en que la política de
empleo que el Gobierno viene practicando en los últimos años puede
quedar literalmente desnuda si los datos de crecimiento económico
resultan mucho menores que los que hemos tenido en estos últimos
años. El propio ministro de Economía ya está anunciando descensos en
sus previsiones iniciales, que pasan del 2,9 al 2,6, pero todos los
organismos privados están diciendo que España no crecerá por encima
del 2 por ciento. Aunque esté por encima de la media de los países
europeos, es muy probable que con unas cifras entre el 1 y el 2 por
ciento de crecimiento económico en el año 2002 no haya creación de
empleo. Por eso digo que hay que hacer algo más, que hay que hacer
más cosas. Yo me siento decepcionado fundamentalmente, señor Chozas,
porque, la Unión Europea ha dicho cosas muy claras y muy concretas
con relación a nuestro país. Al margen de valorar algunos datos
positivos, lo que nos viene a decir en el informe que debe guiar el
Plan del Reino de España, que tienen ustedes que presentar para el
año 2002, es que el desempleo sigue siendo muy elevado: 14,1 por
ciento.
Yo creo que ya es hora de que hablemos de tasas de actividad, porque
decir que estamos convergiendo en tasas de empleo y en tasas de paro
oculta gran parte de la verdad. En toda Europa se habla de tasas de
actividad y, desde luego, los compromisos que los países de la Unión
Europea han asumido para 2005 y para 2010 hablan de tasa de
actividad. La verdadera referencia estadística en Europa ya es la
actividad. No es el número de parados ni es la tasa de paro ni es la
tasa de
desempleo. No, de lo que hay que hablar es de qué parte de la
población en edad de trabajar es población activa. España tiene 15
puntos de diferencia en tasa de actividad global y casi 20 en tasa de
actividad femenina y estamos comprometidos a llegar al 70 por ciento
de tasa de actividad global, en el año 2010, y al 60 por ciento en
tasa de actividad femenina, cuando estamos en el 40 por ciento en
tasa de actividad femenina y en el 55 por ciento en tasa de actividad
global.
Lo que nos dice la Unión Europea es que, aunque se registran bajos
niveles educativos y de participación en actividades de formación
complementaria, aún no existe un planteamiento coherente y global de
aprendizaje permanente. Vuelve a insistir la Unión Europea en que la
formación permanente, verdadera clave de competitividad de los países
en todo el mundo occidental, no está funcionado bien. Hay que hablar
de calidad en el empleo, señor Chozas, porque no cabe hablar de
convergencia sólo en términos cuantitativos, sobre todo después de lo
que acabo de decir. Hay que hablar también de calidad, que es, por
cierto, uno de los cuatro pilares que la Unión Europea ha establecido
como grandes patas de la política de empleo en nuestros países. La
calidad está totalmente afectada porque en España, dice la Unión
Europea, están muy extendidos los contratos de duración determinada,
la mayoría de ellos de corta duración y suscritos predominantemente
por mujeres y por jóvenes. Nos dice la Unión Europea que las
diferencias regionales son importantes y la movilidad geográfica es
muy escasa, y nos señala cinco grandes líneas, que cuando usted las
define pueden parecer más o menos asumidas, pero, desde luego, no
todas ellas. En primer lugar, nos dice la Unión Europea que hay que
completar la modernización de los servicios públicos de empleo a fin
de aumentar su eficacia y mejorar la aplicación del enfoque
preventivo. Que nos diga esto nos tiene que parecer sonrojante como
país, porque usted sabe mejor que yo que España lleva retraso en la
modernización de sus servicios de empleo desde hace ya muchos años y
que son ustedes los que vienen prometiendo pública y formalmente en
esta Cámara que van a proceder a su reforma y a su modernización,
y el INEM sigue absolutamente anclado en su inoperancia y en su
desestructuración territorial y funcional. Ayer leí en la prensa
económica española que aproximadamente la mitad de nuestros parados
(nosotros tenemos 2,1 millones de parados aproximadamente) llevan más
de un año buscando empleo y que el 84,5 por ciento busca empleo a
través del INEM. Yo cuando leía este dato me compadecía de ellos,
porque sabemos que sólo el 5 por ciento encuentra en el INEM el
organismo de intermediación laboral. Yo creo que ya es hora de
definir lo que queremos que sea el INEM, si va o no a pagar las
prestaciones de desempleo o las vamos a llevar a la Seguridad Social,
cómo va a quedar organizado en función de sus repartos competenciales
a las comunidades autónomas, cuándo acabarán esos
traspasos, qué instituto evalúa las políticas públicas del INEM,
quién establece las directrices de las políticas de formación y de
inserción laboral, qué organismo, qué instituto, qué observatorio en
las políticas de empleo en España orienta y dirige la política del
INEM. No hay nada de todo esto. La primera recomendación de la Unión
Europea, con mucha razón (insisto en que es reiterada), es completar
la modernización de los servicios públicos. El señor Chozas nos dirá
que el Plan de Empleo del Reino de España incorporará esta directriz.
¿Y qué más da si luego no se hace nada?
En segundo lugar, nos dice la Unión Europea que hay que tomar medidas
eficaces y globales para incrementar la tasa global de empleo y para
reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en materia de
empleo. Yo creo que aumentar la tasa de empleo, sobre todo la
femenina, requiere políticas específicas y yo no las veo. Es decir,
yo no creo que exista en las políticas activas del INEM una
discriminación positiva para que se contraten más mujeres. Pongamos
dos ejemplos. Primero: ¿Se estimula la promoción de empleo, es decir,
las bonificaciones que tienen las empresas por contratación a las
mujeres? Respuesta: No. Se bonifica el contrato estable, pero no se
destina dinero de las políticas activas a estimular que las empresas
contraten más mujeres que hombres. Segundo: un nicho de empleo, como
se acostumbra a decir, aunque la expresión siempre me parece
horrenda, que puede desarrollar el empleo femenino es el servicio
domiciliario ¿Este Gobierno ha hecho algo por la regulación de la
dependencia, que es un problema que en la Unión Europea está bastante
tratado? En Alemania tienen un seguro y las personas que reciben la
pensión de dependencia contratan en el mercado personas para atender
domiciliariamente a los ancianos o a los dependientes. En España no
hay ni siquiera regulación del seguro privado, que es lo único que
seguramente hará este Gobierno. Pero es que tampoco hay una política
de servicios públicos que fomente este tipo de servicios y que
generen empleo fundamentalmente en el sector femenino. Es decir, que
ya está bien de titulares y de autobombo sobre objetivos que luego no
tienen unas políticas concretas que respalden esos objetivos.
En tercer lugar, nos dice la Unión Europea que hay que completar
adecuadamente las recientes reformas en materia de formación
profesional. No sé qué reformas. Yo no sé qué reformas aprecia la
Unión Europea en la política española, pero la formación profesional
(señor Chozas, usted lo sabe mejor que yo) está absolutamente
anquilosada, está pendiente de una gran reforma. Todavía no sabemos
si el proyecto de ley de formación profesional llegará pronto, si lo
hará cuando acaben los líos con la Ley Orgánica Universitaria, pero
seguramente, cuando llegue, va a ser una reforma insuficiente porque
no se trata solamente de reestructurar la inicial, sino de integrar
en un sólo sistema la ocupacional, la continua, de incorporar
transparencia y eficiencia
a la formación profesional. Yo diría que en España hay que hacer una
auténtica revolución cultural en esa materia.
En cuarto lugar, nos dice la Unión Europea que hay que seguir
modernizando el mercado de trabajo y la organización del trabajo con
la participación activa de los interlocutores sociales. Acabamos de
vivir un fracaso casi doble del diálogo social en nuestro país, y con
esto acabo, señora presidenta. Insisto en que la reforma laboral del
5 de marzo es una reforma fracasada. Me dicen y me dirán que hay que
esperar, que sólo llevamos diez meses de experiencia con esa reforma,
pero las grandes cifras, los grandes objetivos que se pretendieron
con esa reforma no han alterado ni la temporalidad ni el bajo uso del
tiempo parcial ni la siniestralidad ni el fraude en la
subcontratación ni el fraude en la contratación temporal. Señor
Chozas, ustedes publicaron ayer un dato muy revelador: el 43 por
ciento de la inspección sobre la contratación temporal ha demostrado
que había fraude; es decir, que en casi uno de cada dos contratos
inspeccionados se ha demostrado que se está vulnerando la normativa
en materia de contratación temporal porque los empresarios abusan de
la disposición legal y contratan temporalmente, lo que no debieran
hacer. Todo este capítulo de circunstancias requeriría otras medidas.
Antes he dicho que estas cuestiones se refieren a uno de los cuatro
pilares que señala la Unión Europea, que es el referente a la calidad
en el empleo, que sin duda en España es una de las grandes
asignaturas pendientes, porque usted me tiene que reconocer, señor
Chozas, que la calidad en el empleo en España, fundamentalmente por
la precariedad y la inmigración, está generando una bolsa grande de
subempleo en nuestro país.
Por último, nos dice la Unión Europea que hay que reducir las
disparidades regionales en materia de empleo y desempleo, facilitando
las condiciones que permitan crear empleo en las regiones con peores
tasas y eliminando los obstáculos de la movilidad laboral. Yo sé, -lo
he hablado mucho con el interlocutor del Grupo Popular-, que no es
fácil una política integral que produzca una mayor movilidad en
nuestro mercado laboral; yo sé que es difícil que, por ejemplo, a un
perceptor de rentas del PER (no me acuerdo del nombre actual) en
Extremadura o en Andalucía lo pueda contratar un bar de Madrid o una
obra de construcción de Barcelona o de Baleares, porque probablemente
le van a ofrecer ganar 110.000 pesetas sin vivienda y seguramente
para tres o cuatro meses. Es muy difícil que una persona de un pueblo
de Andalucía vaya a trabajar a Barcelona, ya que se tiene que
alquilar un piso en unas condiciones laborales como estas, pero
justamente esta dificultad es la que nos obliga a hacer unas
políticas de empleo diferentes y unas políticas de movilidad
integrales. Como también nos obliga cuando hemos hablado de
modernizar el servicio público de empleo a que algo tan elemental
como la conexión
informática se produzca, porque nos consta a todos, y a ustedes más
que a nadie, que en Barcelona están pidiendo informáticos o están
pidiendo soldadores porque no los hay en las listas de paro y estos
puestos no están cubiertos por las provincias limítrofes porque no se
enteran de que hay demanda de empleo de esa naturaleza en la
provincia vecina.
Señor Chozas, yo quiero terminar diciéndole que lo que se está
haciendo no es suficiente y para lo que viene va a ser menos
suficiente todavía. No tengo en absoluto la constancia, y me gustaría
que usted me dijera lo contrario, de que este dato elemental de las
políticas de empleo europeo que establecen que antes de seis meses un
joven tiene que recibir una oferta de empleo o de inserción laboral o
un curso de reciclaje, y antes de un año si es adulto, se esté
cumpliendo en nuestro país. Yo quiero recordar que de los 2,2
millones de parados en España, aproximadamente la mitad son jóvenes
entre 20 y 30 años, y no tengo en absoluto claro que ese 1.100.000
personas entre 20 y 30 años, de los cuales la mitad nunca ha
trabajado -aproximadamente 450.000- esté recibiendo una oferta de
empleo o una oferta de formación o una oferta de reinserción, tal
como la Unión Europea estableció hace mucho tiempo. Quiero que nos
diga que eso va a ser posible el año que viene, entre otras muchas
cosas.
Gracias señora presidenta y disculpe.
La señora PRESIDENTA: Señor Jáuregui, muchas gracias, pero el día que
me diga usted que no va a ser breve temblaré.
Le doy la palabra a la señora Muñoz, por el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora MUÑOZ URIOL: Nuestro grupo va a cumplir, con lo cual si
prometemos brevedad, de verdad va a ser así.
Señor Chozas, yo creo que su comparecencia hoy aquí la va a
calificar, y desde luego desde nuestro grupo lo hacemos, de
satisfactoria. Porque no hay nada mejor cuando se está en el Gobierno
y se viene a presentar algo que decir que se ha cumplido lo que
estaba previsto y que hoy aquí hayamos podido ver cómo la filosofía
del contingente por primera vez va a ser un hecho y una realidad y se
van a cumplir las expectativas. Seguro que usted ha tenido muchísimo
más fácil hablar hoy de empleo que muchos de los que han estado ahí
sentados, que han estado ocupando su mismo cargo con anteriores
gobiernos.
Es un hecho, que la evolución del empleo en los últimos años ha sido
espectacular y si el señor Jáuregui dice que este Gobierno tiene una
actitud rutinaria en el tema del empleo, yo le digo, señor Chozas,
que bienvenida sea esa rutina, porque la rutina a la que nos tenían
acostumbrados los señores del Partido Socialista era totalmente
opuesta a la que ahora tenemos. Lo avalan los datos, los más de
15.600.000 afiliados a la Seguridad
Social, y como es un hecho que está ahí y que tiene nombre y
apellidos, lo podemos constatar, y cuando se hacen críticas en ese
sentido -y no me voy a extender mucho en eso porque ya lo hará usted
en su réplica- tienen fácil contestación.
A nosotros nos parece muy importante que se siga apostando por la
formación. Es una línea que inició este Gobierno. Tomando como
ejemplo el tema de la inmigración, sobre todo porque en la
comparecencia anterior hemos estado hablando de ello, yo quiero
recordar cómo hasta el año 1997 no se consideraba la formación como
una política activa de inserción con vistas a la política laboral que
se estaba llevando en el ámbito migratorio. Fíjense ustedes que hasta
el año 1997, cuando se hacía una renovación del permiso de trabajo,
la única normativa, el único requisito que se exigía era el haber
cotizado más de seis meses a la Seguridad Social. Era una condición
indispensable. Evidentemente, una persona que no pudiera cotizar por
múltiples motivos, entre otros, por la situación del empleo, por la
rotación y porque en algunos casos podía ser habitual que un
empresario no cotizara esas cuotas a la Seguridad Social, caía
irremediablemente en la irregularidad porque no podía avalar, no
podía renovar su permiso de trabajo. Este Gobierno introdujo, como
una medida que yo creo que ha sido el primer escalón importante a la
hora de la planificación de las políticas en materia de inmigración,
la posibilidad de formación también para los inmigrantes. Usted ha
dado unas cifras que a mí me parecen espectaculares y que yo quiero
resaltar: que en el año 1999 se han firmado 2.000 contratos
indefinidos para inmigrantes; en el año 2000, 33.000; y en el año
2001, 50.000, lo que avala la política de formación llevada a cabo
por este Gobierno. A nosotros nos parece que exactamente igual que en
el ámbito de la inmigración se ha apostado por la formación, también
en el ámbito de la mujer y en el ámbito de la discapacidad se ha
hecho un gran esfuerzo en materia de formación, y las partidas
presupuestarias destinadas a políticas activas, fundamentalmente en
el área formativa, así lo indican. Pasar de 360.000 millones, en el
año 1997, a los casi 800.000 millones, en el año 2001, es un claro
ejemplo que avala lo que aquí se dice.
En cuanto a las tasas de empleo o tasas de actividad, como quería
denominarlas el señor Jáuregui, yo solamente le quiero hacer aquí una
reflexión o una puntualización. Efectivamente, hoy por hoy la tasa de
actividad de las mujeres está en el 40 por ciento, pero recuérdese
que hace diez años estaba en el 33 por ciento. En el plazo de diez
años se ha incrementado en un 33 por ciento esa tasa de actividad.
Por lo tanto, yo creo que es importante para saber dónde estamos,
saber también de dónde partimos. Es una realidad que no partimos de
la misma situación que otros países de la Unión Europea. Por eso
cuando hablamos de convergencia con Europa, yo creo que hoy estamos
mucho más cerca que hace algunos años, y como eso es real, creo que
es
importante reconocerlo y que a nadie se le diga que está avalando lo
que está haciendo el Gobierno por reconocer ese hecho. El no
reconocerlo es lo que deslegitima una opción o quita credibilidad a
un proyecto. A nosotros nos parece que hoy los discapacitados, las
mujeres, los inmigrantes, los parados de larga duración tienen
mejores perspectivas que hace algunos años. Con lo cual, a nuestro
juicio, hay que reconocer que lo que se está haciendo, y esa rutina
que decía el señor Jáuregui que mantenía este Gobierno se debe seguir
manteniendo, y aun cuando por parte del secretario general no pueda
avanzarse, como es obvio porque todavía no está aprobado
definitivamente, cuáles van a ser esas líneas directrices para el
próximo plan de empleo, si están basadas en las mismas que han hecho
posibles las cifras que hoy tenemos y con las que hoy contamos,
seguro que será un plan de empleo acorde con la realidad y con las
expectativas de nuestro país.
Para terminar, solamente queremos preguntarle de qué manera va a
incidir en nuestro mercado laboral esa ley de formación profesional,
que sabemos que está pendiente del informe del Consejo de Estado y,
por lo tanto, presumiblemente estará en vigor en el próximo año.
No vamos a hacer ninguna otra valoración. La intervención del señor
Jáuregui ha sido prácticamente un calco o una reproducción de lo que
fue el debate de presupuestos y, como mi compañero, el señor Azpiroz,
nuestro portavoz, le rebatió punto por punto cada una de las
intervenciones y de las afirmaciones que hoy se han hecho aquí, en
aras de la brevedad no entraremos en el mismo.
La señora PRESIDENTA: Tiene de nuevo la palabra el secretario general
de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Señor
Jáuregui, lamento muchísimo decepcionarle. Realmente, quien le oiga
hablar de la evolución del mercado de trabajo no sé si relacionaría
la comparación con las cifras y la evolución que está teniendo
nuestro mercado de trabajo en los últimos años. Quizá soy yo el
culpable de no haber insistido machaconamente en cifras que
consideraba que eran conocidas por todos. Luego se me acusa de
autobombo. No sé muy bien dónde está el límite. No quiero abundar en
cifras que pueden parecer demasiado positivas cuando las presenta un
representante del Gobierno, pero ya que me llama usted la atención
por un autobombo por silencio, me voy a referir a cifras que a lo
mejor quiere escuchar: 2 millones de nuevos puestos de trabajo
creados durante el período en el que se aplican los planes de empleo;
un descenso de más de 1 millón en el número de desempleados; el 75
por ciento de dichos puestos de trabajo indefinidos; la tasa de
empleo referida a la población entre 15 y 64 años ha crecido en
España en 6,5 puntos desde 1997 hasta 2000, del 48,5 por ciento al 55
por ciento, mientras que
la europea lo ha hecho en algo menos de 3 puntos, del 60,5 por ciento
al 63,3 por ciento, y de manera más acentuada en el empleo de la
mujer.
Tampoco voy a estar yo aquí dando autobombo porque ni es mi estilo ni
creo sinceramente que sea bueno tirarnos a la cara las cifras de paro
o de empleo entre responsables públicos, porque tenemos que ser todos
conscientes de que el empleo, al final, no lo crean los gobiernos, no
se puede ir al BOE y decir que a partir de mañana pleno empleo y
prohibido el paro. Eso pues no se puede hacer. Sería fenomenal que
alguien tuviera la capacidad de incorporar eso en la ley, pero no es
la realidad. El empleo lo crea la sociedad y lo que tienen que hacer
las leyes es crear márgenes y escenarios que permitan a las empresas
crecer y a los trabajadores tener empleos dignos y adecuados.
Le decepciona mi intervención porque no le cuento el plan de empleo
del año que viene. Se lo he intentado decir de una manera bastante
clara, pero es que no puedo ni debo. Primero, porque hay que esperar
que todas esas informaciones del ámbito europeo, que podemos
considerar que se aprobarán en los próximos días, se aprueben.
Y segundo, porque la propia normativa de la elaboración de los planes
de empleo implica, como he intentado señalar, a los interlocutores
sociales y a las administraciones públicas más concernidas, sobre
todo a las comunidades autónomas. Y es que yo creo en la
participación tanto de interlocutores sociales como de comunidades
autónomas en la elaboración de dicho plan y no tendré una idea clara
de por dónde va a ir el plan de empleo del año que viene en sus
detalles y en la concreción que sería deseable tener hasta que no me
haya reunido con ellos, cosa que ocurrirá después de que se aprueben,
insisto, las directrices para el año que viene.
Acusa usted al ejercicio de estos planes de empleo de rutina. Yo lo
he calificado, creo que más correctamente, de continuidad porque es
lo que nos pide la Unión Europea. Señala la necesidad de crecimiento
económico para que haya creación de empleo. Pues permítame que le
diga que si no hay crecimiento económico, es difícil la creación de
empleo, muy difícil. La relación entre crecimiento económico y la
flexibilidad a la hora de crear empleo nunca ha sido tan alta como lo
es ahora en nuestro país y eso se debe fundamentalmente a los pasos
que se dan en flexibilizar la normativa laboral de manera
relativamente influyente, pero sobre todo a la actividad económica en
general. Hay que hacer algo más. Hasta ahí probablemente estemos de
acuerdo. A partir de ahí no estoy tan seguro.
Hace una selección interesada y matizada de los informes, todavía,
insisto, provisionales, de la Unión Europea. Cambia algunas palabras.
Donde la Comisión dice: continuar la labor de modernización del
servicio público de empleo, o sea, se reconoce que estamos
modernizando el servicio público de empleo, usted utiliza la palabra
completar. Todo esto está bien, pero habría que hacer precisiones.
Por otro lado, si coge los
informes de la Unión Europea, verá que se recoge precisamente que la
evolución del empleo en España ha sido la más favorable de todos los
países de la Unión durante el año pasado. Si decimos una cosa,
digamos la otra; no hagamos una selección interesada que parezca que
es que ahora vivimos en el peor de los mundos. Tampoco lo hagamos en
términos que están todavía sometidos a un debate muy profundo, como
es el de la calidad en el empleo. No hay un concepto europeo de
calidad en el empleo, llevamos bastantes meses discutiendo sobre la
calidad en el empleo. Usted lo lleva directamente a la temporalidad.
Aparte de decir que hasta 1997 en este país no se recuperó la
estabilidad en el empleo, hay que decir que una cosa es la
organización jurídica de cada país y la calificación jurídica de cada
contrato y otra la duración efectiva de los contratos. El porcentaje
de contratos cuya duración real es mayor de dos años es superior en
España que en países que presentan, por otro lado, magníficas cifras
en términos de empleo, como pueden ser el Reino Unido, Holanda o
Dinamarca, y eso está publicado también por la Comisión Europea, ya
que parece que ese es el referente al que nos dirigimos.
Estaría encantado, se lo aseguro, de que hablásemos menos de paro
-aunque coincide que ahora está más bajo, pero cualquier momento es
bueno- y más de empleo, porque creo que ese es el debate más
importante y que el empleo es la cifra fundamental y el paro la
accesoria. En ese sentido intento, se lo aseguro, cuando cada mes me
toca hacer públicas las cifras de paro registrado, señalar que en
nuestro país se sigue creando empleo, que el empleo sigue creciendo y
que la tasa de afiliación a la Seguridad Social está creciendo en
términos superiores al 3 por ciento. Todo lo que sea insistir por ese
lado siempre me va a encontrar.
Respecto de las recomendaciones que hace la Comisión a España, y sin
perjuicio de esta provisionalidad, probablemente se aprueben el lunes
día 3. Efectivamente, estamos en una labor de profundización y
modernización de los servicios de empleo. Eso está implicando el
trabajo de las comunidades autónomas, eso está implicando el trabajo
de los interlocutores sociales. Hay un modelo que los propios
interlocutores sociales aprobaron allá por el año 1998; se aprobaron
unos principios básicos para la organización del servicio público de
empleo. Que luego las prestaciones las pague la Seguridad Social o el
propio INEM, cuando lo que está haciendo es pagar prestaciones del
sistema de Seguridad Social y cuando lo que me parece fundamental es
que se cumpla una competencia que corresponde al Estado, me parece,
si no gratuito, de escaso valor.
En cuanto al crecimiento de las tasas de empleo, que se me había
pasado anteriormente, sin ninguna duda es el reto probablemente más
importante que tiene nuestro mercado de trabajo, pero es cierto
también que nunca las tasas de empleo ni las tasas de actividad han
estado más cerca de las medias europeas que ahora, nunca en
la historia de la publicación de nuestra EPA y de cifras nuestro
mercado de trabajo. Cuando yo decía que estamos convergiendo en
términos reales en términos de empleo es porque las cifras, las
estadísticas públicas, nuestras y europeas, nos lo están indicando
así. A todos nos gustaría que de la noche a la mañana todo se
cumpliera, pero estas cosas tienen lugar poco a poco y en los últimos
años se están produciendo de manera continuada. Respecto al
incremento de las tasas de empleo generales y las actuaciones de las
administraciones el ejemplo de la regularización del que hemos
hablado antes no es malo como un mecanismo que puede incrementar las
tasas de actividad en nuestro país.
En cuanto al empleo femenino, también se dice que no se bonifica el
empleo de la mujer, sólo el empleo estable. Exacto, pero hasta este
año nunca había habido bonificación de los contratos indefinidos de
todas las mujeres, nunca lo había habido en este país. Bien, poco
a poco vamos haciendo cosas, parece. Nunca había habido una regulación
tan amplia y tan flexible a la vez de la conciliación de la vida
laboral y familiar, y si alguna partida está teniendo incremento en
los proyectos que se están financiando, es la de políticas activas de
empleo en programas de proximidad. ¿Las diferencias regionales?
También este lunes se repartieron los fondos a las comunidades
autónomas para la gestión de las políticas de empleo con criterios
objetivos y dando más recursos a aquellos que tienen más tasas de
empleo, por lo tanto intentando limar la capacidad de actuación en
los mercados de trabajo de quienes más lo necesitan. También la orden
de programas experimentales a la que me refería antes del Instituto
Nacional de Empleo permite la financiación de programas
experimentales en materia de movilidad geográfica.
Dice que pobres de aquellos -el 84,5 por ciento- que buscan empleo a
través del INEM. Como debe ser. Yo desde luego le aconsejaría a la
gente que lo siga haciendo. El 16 por ciento del total de las
contrataciones se hace por intermediación del INEM, pero no me mezcle
dos cosas que no son homogéneas, como tampoco de manera mucho más
clara, nos diga que el 43 por ciento de la contratación temporal
tiene fraude según la actuación de la Inspección de Trabajo sin
conocer un poco lo que hay debajo. Ese 43 por ciento obedece a una
información remitida por el INEM de empresas que habían tenido
contratos temporales, más de 16 contratos temporales, el mismo año,
la misma empresa, con el mismo trabajador. Lo que a usted le parece
mucho volumen de fraude a mí sinceramente me parece poco. Incluso le
he pedido a Inspección que se le dé una vuelta a esa actuación,
porque no era una actuación sobre contratos temporales: aquí hay un
ultramarino; entro a ver si hay algún contrato temporal, si hay
fraude o no. No, era sobre una investigación previa en la que,
insisto, había más de 16 contratos en
el mismo año, con la misma persona, en la misma empresa.
Lo de la calidad en el empleo ya lo he señalado. Respecto de la
primera directriz sobre la que señala que habría que ver cuántos
jóvenes llegan antes de seis meses o se les ofrece una actividad, si
expurga usted en esos informes de la Unión Europea de los que ha
sacado tanta y tan buena información y analiza los datos en el
informe conjunto, precisamente se señala que España es uno de los
países que en este plazo de cinco años está en disposición de cumplir
esta primera directriz tanto para los jóvenes como para los mayores,
y no son todos, ni mucho menos, se lo puedo asegurar.
En fin, espero señor Jáuregui que se equivoque en todos sus análisis
como se ha equivocado hasta ahora, y no por mí sino por los
desempleados y por el empleo de este país. Yo al fin y al cabo, aquí,
con dar la información lo mejor que pueda y sepa, creo que cumplo.
A la señora Muñoz le diré que, efectivamente, la tramitación de la
ley de formación profesional a la que alude una de las
recomendaciones de la Comisión Europea está muy avanzada. Le comunico
que el informe del Consejo de Estado ya está hecho, se produjo el
viernes pasado, con lo cual la presentación del proyecto de ley en el
Consejo de Ministros será probablemente inmediata y que, como yo creo
que se sabe ya, porque lo han analizado el Consejo General de la
Formación Profesional, el Consejo Económico y Social, etcétera, lo
que intentamos, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el señor
Jáuregui, es cambiar la mentalidad en el ámbito de la formación
profesional, lograr de verdad que haya una formación profesional
integrada, no trocitos: para los parados, para los estudiantes, para
los ocupados, sino para personas que un día son una cosa y otro son
otra y que puedan organizar carreras formativas a lo largo de toda su
vida con eficacia y sencillez, no con fárragos de convalidaciones
complicadas que nadie entiende, con equivalencias inasequibles,
y sobre todo que sea eficaz y atienda a lo que quieren en cada momento
las empresas y las necesidades de nuestro mercado de trabajo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): En nombre de todos los
miembros de la Comisión y en el mío propio evidentemente, quiero
agradecer la comparecencia de don Juan Chozas y se levanta la sesión
hasta la próxima reunión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
NOTA.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social y Empleo, del miércoles, 28 de noviembre de 2001, no guarda
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.