CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 369



NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS



Sesión núm. 28



celebrada el lunes, 12 de noviembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia de la señora secretaria general de Asuntos Sociales
(Dancausa Treviño) para informar sobre temas relacionados con el
objeto de la Comisión. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista
(Número de expediente 212/000113), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 212/000129) y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) (Número de expediente
212/000133.) . . . (Página 12110)

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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodia.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos esta
sesión de la Comisión no permanente para la valoración de los
resultados obtenidos por el Pacto de Toledo, hoy con la comparecencia
de la señora secretaria general de Asuntos Sociales, doña Concepción
Dancausa Treviño, para informar a la Comisión del objeto de la misma,
en concreto, y en relación con el nivel de competencias que tiene
asignado su órgano, relación lógicamente con lo que estamos
estudiando en esta Comisión relativo al futuro y al desarrollo del
seguro de dependencia.

Señora Dancausa, tiene usted la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Muchas gracias, señor presidente, señorías, buenos días.

Voy a versar mi comparecencia con algunos datos bastante recientes,
puesto que, como saben ustedes, hemos publicado la encuesta sobre
discapacidades, que hemos elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística, la Fundación ONCE y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que nos da bastante luz sobre los mayores en nuestro país,
sobre todo los mayores con discapacidades si son mayores
dependientes, mayores y no mayores, con lo cual voy a versar sobre
todo ello mi comparecencia, y sobre cómo está la situación en nuestro
país desde el punto de vista de los servicios sociales.

Saben ustedes que en la última revisión padronal en España habla
6.503.768 personas mayores de 65 años, lo que supone el 16,2 por
ciento de la población, de los que 2.723.277 eran varones y 3.780.491
eran mujeres. España ocupa así el quinto lugar de la Unión Europea en
número de mayores, tras Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. El
envejecimiento de la población española, según los datos que tenemos,
va a seguir acentuándose durante el siglo XXI, después de que se haya
experimentado uno de los procesos más rápidos de Europa durante las
últimas décadas del siglo XX. Este fenómeno, que ha sido común en
todos los países de la Unión Europea, y que es un rasgo distintivo de
España y de Europa respecto a otros países del mundo, lo que tiene de
diferente es el calendario y la intensidad en las caídas de las tasas
de fecundidad y de mortalidad que introducen cierta variedad en el
proceso, diferentes grados, diferentes formas, pero lo que es
evidente es que las consecuencias son similares en campos como la
protección social, el mercado de trabajo, las relaciones
intergeneracionales, los sistemas sanitarios y los cuidados o la
asistencia a los dependientes. Esta población de edad ha crecido más
rápidamente en este siglo que en el resto de los grupos, lo que
implica que, aproximadamente cada año 36.000 personas sobrepasan el
umbral de los 65 años. Exactamente la cifra de mayores ha aumentado
siete veces desde principios de siglo, cuando solamente eran 967.000
individuos. Pero lo que es más importante, los octogenarios han visto
aumentar sus efectivos 13 veces, hasta situarse en 1,5 millones de
personas. Ello significa que la evolución futura del envejecimiento
apunta a una continuación de un fuerte crecimiento de efectivos. En
los primeros años del siglo XXI, llegarán al umbral de los 65 años lo
que se denomina las clases huecas o generaciones de la guerra,
cohortes que tienen menos tamaño, y durante unos años habrá un
proceso de ralentización de la velocidad de este proceso, para
continuar, posteriormente, y alcanzar valores del 20 por ciento en el
año 2020; esto significará, aproximadamente, 7,9 millones de
personas, y los octogenarios superarán los dos millones. En esta
fecha, además, se alcanzarán las edades de jubilación de la
generación del baby boom, y entre este año y el 2040, la mayoría de
sus cohortes habrán traspasado el umbral de la jubilación, teniendo
en cuenta que el umbral de la jubilación lo situamos a los 63 años.

Dado su tamaño, serán los responsables de que la pirámide de
población sea más pilar que pirámide e incluso presente una figura
invertida. Esta simetría en la estructura demográfica de los países
desarrollados constituye un importante desafío para los poderes
públicos y va a tener repercusiones no solamente en los sistemas de
protección social (pensiones, salud y cuidados), sino también en el
mundo económico, en las empresas, en las familias y en las
instituciones sociales.

Hay una cuestión que creo que es relevante: las diferencias que hay
entre los géneros. Una mayor mortalidad masculina ocasiona un
desequilibrio entre géneros, que aumenta en las edades adultas y que
se acentúa aún más a partir de los 65 años. De una relación de 106
niños por cada 100 niñas al nacer, en 1996, se va descendiendo hasta
alcanzar un equilibrio entre géneros en torno a los 35 y 40 años que,
a partir de esta edad, la mayoría son mujeres. Además, estos
desequilibrios se acentúan también según el estado civil. Entre las
personas de edad existen 2.390.400 varones casados y sólo 1.868.900
mujeres casadas. La diferencia de edad al contraer matrimonio explica
este desequilibrio. Por tanto, los varones suelen vivir en hogares de
dos o más personas y las mujeres son, principalmente, viudas, casi
tantas como casadas, es decir, hay 1.732.900 viudas frente a 362.300
viudos. A partir de los 70 años existe un viudo por cada cinco
viudas, y la viudez femenina es en buena medida consecuencia de la
supermortalidad laboral masculina y de un efecto cultural: la
costumbre social de separación de varios anos entre hombres y mujeres
al matrimoniar por lo que la mujer casada tiene garantizados de
alguna forma varios años de viudez resultado de la mayor longevidad
femenina y de la diferencia de la edad al casarse, lo que es
importante desde el punto de vista de la composición del hogar, de
los ingresos por viudedad y del riesgo a la soledad.




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También es importante señalar el desigual reparto territorial de los
mayores. Aunque el envejecimiento como medida relativa es superior en
las provincias del interior y mitad septentrional de España, en
cambio el mayor número de personas de edad se localiza en las
provincias de mayor tamaño demográfico. Las provincias de Madrid y
Barcelona contabilizan tantos mayores como los de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja. También
hay que decir que las personas de edad son ante todo urbanas, es
decir, que residen en municipios de más de 10.000 habitantes más de
4,2 millones. En los seis municipios de más de medio millón de
habitantes residen más personas mayores que en los 6.000 más pequeños
de España, por lo que las tareas de planificación y de oferta de
servicios se ven dificultadas por este fenómeno. En cuanto a la
esperanza de vida al nacer o vida media, saben ustedes que ha crecido
considerablemente durante el siglo XX, pasando de 33,9 y 35,7 años en
1900 para hombres y mujeres respectivamente, a 74,4 y a 81,5 en 1995.

Nunca en la historia de los pueblos había sido tan frecuente
encontrarse vivos a miembros de cuatro generaciones de la misma
familia, lo que se consigue gracias a la longevidad.

El análisis de la posición económica de los mayores nos lleva
indudablemente al de las pensiones, no solamente porque éstas son
protagonistas indiscutibles de los presupuestos, de ingresos de estas
personas, sino también porque el sistema de pensiones forma parte
ineludible de La experiencia de envejecer en las sociedades
desarrolladas. No es ajena a esta circunstancia una de las grandes
características que presenta el sistema de pensiones tal como está
configurado en la España actual. Me estoy refiriendo al alcance de su
cobertura. Por encima del cien por cien en el caso de los hombres,
y por debajo del 90 por ciento en el caso de las mujeres, están
cubiertos por el sistema de pensiones. A 1 de marzo del año 2001 el
importe medio de las pensiones de jubilación del sistema de Seguridad
Social era de unas 97.061 pesetas y las de viudedad de 58.595
pesetas. De los cerca de 3 millones de pensiones en favor de mujeres
con 65 o más años en el sistema de la Seguridad Social, la mitad son
pensiones de viudedad y la otra mitad de jubilación. Entre las
pensiones en favor de los hombres, el 95 por ciento es una pensión de
jubilación. Otro tanto sucede con las pensiones de clases pasivas,
mientras que las prestaciones de naturaleza no contributiva, por el
contrario, son percibidas especialmente por mujeres. En las pensiones
no contributivas, entre los beneficiarios de 65 y más años, el 85 por
ciento son mujeres. Si consideramos como objetivo primordial de un
sistema de pensiones maduro la extensión de su acción protectora a
quella población susceptible de beneficiarse de él, podemos decir que
en España está próximo a cumplirse. Ahora lo que nos queda es
trabajar en aspectos más sutiles, como por ejemplo las diferencias
internas en las formas y en la intensidad de la protección de los
distintos colectivos, particularmente
esas diferencias entre hombres y mujeres, y más aún las diferencias
con respecto a la edad. Parte de esas diferencias se deben
fundamentalmente a la historia laboral y a la propia historia también
de nuestro sistema de pensiones. Los más mayores están cubiertos en
una medida importante por instrumentos de protección heredados de
épocas pasadas, como por ejemplo el SOVI, mientras que en el caso de
las muJeres al estar nuestro sistema de pensiones vinculado a la
actividad laboral lo que reflejan esas diferencias son las bajas
tasas de actividad femenos, registradas por las generaciones de
mujeres que hoy ya han superado la edad de jubilación. No obstante,
habrá que seguir observando lo que ocurre en el futuro, puesto que
pese al aumento de las tasas de actividad, sólo registrado en años
recientes entre las mujeres españolas, también las remuneraciones
y las características de sus carreras laborales, particularmente su
duración, pueden incidir en la cuantía de las pensiones, tal y como
nuestro sistema está diseñado, contribuyendo a reforzar la presencia
del género en todas las explicaciones sobre las diferencias en la
experiencia de envejecer. En términos generales, como han afirmado
diversos estudiosos, hoy la barrera de los 65 años no supone
automáticamente una situación económica esencialmente mala,
confirmándose en España una situación que es verdad que en otros
países occidentales se inició en los años ochenta. Pero todavía los
mayores siguen siendo especialimente vulnerables y en especial las
mujeres y los de edad más avanzada.

Es importante también señalar cómo viven las personas mayores. En
contra de algunas ideas todavía muy extendidas en nuestro país, la
forma de vida más habitual entre los mayores los sitúa en familia y
en los hogares que ellos mismo fundaron. La mejora de las condiciones
de salud y de la situación financiera de los hogares permite que los
mayores mantengan su independencia residencial durante un período de
tiempo más dilatado. Según los datos del estudio del CIS y del
Inserso sobre la soledad de los mayores al menos siete de cada diez
viven en su propia vivienda, fundamentalmente en pareja, un 41 por
ciento, y algunas parejas viven todavía con hijos, un 13 por ciento,
y otros mayores viven sin pareja pero con hijos, un 12 por ciento.

Sólo el 11 por ciento vive en una residencia distinta a la propia,
fundamentalmente 1a de los hijos, y sobre todo cuando el mayor está
solo, puesto que apenas el 1,7 vive con su pareja en casa de algún
hijo. Por fin, entre el 14 y el 16 por ciento viven solos. Esto
supone que hay más de un millón de mayores viviendo solos. Desde
luego también la edad y el género introducen diferencias
sustanciales. Es conocido que la soledad es sobre todo un asunto
femenino: ocho de cada diez mayores que viven solos son mujeres, y la
frecuencia de esta forma de convivencia aumenta con la edad.

Aproximadamente el 85 por ciento de los mayores tiene algún hijo vivo
y el 64 por ciento de los mayores tiene algún hijo viviendo con él o
con ella en la misma



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localidad. Los contactos con los hijos, según señalan los propios
mayores, son frecuentes y satisfactorios, y también 1o son con los
nietos y con otros familiares de tal forma, que ocho de cada diez
mayores tienen algún nieto, suelen verlos varias veces a la semana y
suelen tener, por tanto, contacto con otros familiares como son
hermanos, primos, etcétera. Muy rara vez, como dicen ellos mismos,
los mayores se muestran insatisfechos con sus contactos familiares.

En definitiva, parece que se instala entre nosotros una idea de
respetuosa intimidad a distancia, donde el hecho de no convivir bajo
el mismo techo no impide que las relaciones entre los miembros de las
familias sean frecuentes y satisfactorias, y a pesar de ello hay que
señalar que los que viven solos lo hacen normalmente obligados por
las circunstancias. De eso también se deduce que la familia desempeña
un papel fundamental en la vida de los mayores, porque casi la mitad
de ellos frecuenta a diario contactos con otras personas ajenas a su
vivienda, particularmente vecinos, pero también con amigos que no son
vecinos.

En cuanto a los servicios sociales, la década de los noventa ha
supuesto la implantación de un sistema público de servicios sociales
que está en proceso de creación y desarrollo desde hace tan sólo 20 ó
25 años. De hecho, en tan corto espacio de tiempo se ha puesto en
marcha una amplia gama de servicios y programas que pretenden dar
respuesta a un conjunto heterogéneo de necesidades de este grupo de
población. Así yo creo que se ha producido un cambio radical en la
forma de entender y generar procesos de participación social y
cultural. La presencia de la personas mayores en la vida social y
cultural hoy va adquiriendo una condición de normalidad que era
necesaria, y eso ha supuesto que tengamos una identificación también
mayor y mucho más clara de la demandas de este grupo social que
quiere además participar activamente y que está en disposición de
disfrutar de esta época de la vida con toda su plenitud. Sin embargo,
a pesar de esta positiva evolución con la posición social de las
personas mayores, también se evidencian cada día con mayor fuerza las
necesidades de atención del grupo de los más frágiles, las personas
mayores dependientes que necesitan ayudas y cuidados en la vida
cotidiana. Así el análisis de los problemas derivados de las
situaciones de dependencia entre las personas mayores ocupa el debate
de política social en los países desarrollados. La revisión de los
diferentes sistemas de atención, modelos de financiación y
posibilidades de hacer frente a un futuro próximo en este nuevo
fenómeno con previsiones de crecimiento importante son objeto de
estudio en diversos foros internacionales, universidades, sociedades
científicas y las diversas instituciones.

Recientemente, como les decía al principio, han sido difundidos los
primeros resultados de la encuesta nacional de discapacidades,
deficiencias, estado de salud, realizada y financiada por el INE, el
Inserso y la
Fundación ONCE. Esta macroencuesta, a través de la cual han sido
entrevistadas unas 220.000 personas en 79.000 hogares, ofrece
información detallada sobre los fenómenos de la discapacidad, la
dependencia y el estado de salud de la población española. Las cifras
globales informan de la existencia de 3.528.221 personas con
discapacidades, de las cuales 821.890 son gravemente dependientes; de
ellas 227.000 personas menores de 65 años y 487.843 mayores de 64.

Debemos señalar que se entiende por discapacidad, a efectos de dicha
encuesta, toda limitación grave que afecte o se espere que vaya a
afectar durante más de un año a la actividad del que la padece y
tenga su origen en una deficiencia. En consecuencia, la cifra de
personas con discapacidades no se debe traducir directamente en una
tasa tan elevada de dependencia, es decir, no significa que los
3.528.000 personas que tienen una discapacidad sean todas
dependientes, porque dependencia se define como la situación en la
que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a
la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tienen
necesidad de ayuda y asistencia importante para realizar las
actividades de la vida diaria. En definitiva, la necesidad de ayuda
de otra persona constituye el elemento diferenciador entre ambos
conceptos. El número de personas, por tanto, en esta situación
desciende notablemente con respecto a los 3 millones antes aludidos.

Pues bien, de este total de 821.890 personas dependientes, podríamos
señalar que 178.604 son personas con una gran dependencia; 410.944
son personas con una dependencia grave y 232.342 personas tienen una
dependencia media. No obstante, el hecho de que 821.000 personas
tengan dificultades graves para la realización de las actividades de
la vida cotidiana supone un importante problema en el que desde todos
los ámbitos institucionales y sociales se pretende dar respuesta. Es
sobradamente conocido que la mayor parte de los cuidados que
necesitan las personas dependientes son prestados por el sistema de
apoyo informal, fundamentalmente las familias, las hijas y las
esposas en su mayoría. Se suele señalar que aproximadamente la oferta
de cuidados formales cubre alrededor del 30 por ciento y que la
oferta de la familia cubre el 70 por ciento, lo cual quiere decir que
la familia está asumiendo una ingente tarea de hacer frente a la
mayoría de las necesidades del cuidado de las personas mayores. Y es
evidente que esta situación de cuidado de las personas mayores por la
familia está cambiando, porque también es evidente que están
cambiando las tasas de incorporación de las muje eres al mercado
laboral, que hay una variedad de j modelos familiares, que las
viviendas también son diferentes, que el número de hijos también es
menor; es decir, que hay unos cambios profundos en la posición social
de las familias y de las mujeres que implica que haya una atención
diferente de lo que pueden ser las familias. De estos 821.890
dependientes estarían más o menos protegidas alrededor de 200.000
personas y quedarían unas 615.000 personas,



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de las cuales 177.000 son menores de 65 años y 437.000 son mayores de
65 años.

La situación actual de los servicios sociales se aplica de distintas
formas y eso tiene su razón de ser en que es evidente que hay unas
necesidades diferentes. Todas las planificaciones gerontológicas que
se han realizado hasta el momento reflejan que hay que fundamentarse
en criterios de diversificación de los servicios, que en su mayoria
tienen que ser de carácter comunitario y que darán respuesta a los
diferentes estados de necesidad de este grupo de población que no se
puede considerar de ninguna manera como un bloque homogéneo. Hay
también un elemento importante que ya se está teniendo en cuenta pero
que cada vez se tendrá que tener más, que es el criterio de
coordinación, o quizás mejor de complementariedad y que tiene que
estar también presente en la planificación y en el desarrollo de la
intervención de este colectivo en todos los niveles, es decir, entre
las diferentes administraciones, los profesionales, la iniciativa
privada y muy especialmente en el ámbito de lo social y de lo
sanitario, porque la línea divisoria de estos dos mundos se diluye
cuando hablamos de personas dependientes. Por tanto, la integración
de esfuerzos y coordinación de servicios no puede ser una opción,
sino que viene impuesta por la realidad de los hechos, si queremos
poner en práctica criterios como optimización y eficacia. Igualmente
también nos encontramos ante un gran reto si queremos abordar
dignamente la atención de las personas dependientes y es que es
necesario diversificar también al máximo las fuentes de financiación
y dar paso a nuevas fórmulas que en otros países se están implantando
para hacer frente a las situaciones de dependencia. Los avances
conseguidos en los últimos acuerdos del Pacto de Toledo son una
muestra significativa a tener en cuenta y que habrá que seguir
teniendo en cuenta también en el futuro.

En cuanto a la situación de los servicios sociales hoy en España, me
voy a referir a los distintos servicios que existen. En primer lugar,
las denominadas residencias en España, que abarcan un conjunto de
establecimientos, en unos casos sociales, en otros sanitarios, que
ofrecen cuidados de larga duración y que es el modelo de atención
predominante y generalizado para las personas que tienen un alto
grado de dependencia. A finales de 2000 se contabilizaban en España
alrededor de 200.000 plazas residenciales, de las cuales alrededor
del 40 por ciento pertenecen al sector público, entendiendo por éste
plazas propias pero también concertadas, y un 60 por ciento son
privadas, entendiendo por éstas las prestadas por organizaciones
religiosas, pero también por entidades mercantiles, aproximadamente
en un 50 por ciento entre una y otra. Este dato es un indicador
bastante significativo del esfuerzo que las personas dependientes y
sus familiares deben realizar cuando necesitan este recurso. Por otra
parte, aunque no tenemos todavía los datos más actualizados, el 50
por ciento del total que demandan este tipo de institución son
mayoritariamente dependientes y en un porcentaje muy elevado personas
con problemas importantes de deterioro cognitivo. Parece claro que
los próximos años tienen que suponer un reto en la mejora de nuestra
cobertura de los servicios sociosanitarlos que den respuesta a las
necesidades actuales.

En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, se define como un
programa individualizado de carácter preventivo y rehabilitador en el
que se articulan un conjunto de servicios y técnicas de intervención
profesional consistentes en la atención personal, doméstica, de apoyo
psicosocial y familiar prestados en el domicilio de una persona mayor
dependiente en algún grado, con un objetivo, que es el de favorecer
la autonomía personal en su medio habitual de vida. En esta fecha
también los datos que tenemos nos informan de que existen alrededor
de 115.000 usuarios de ayuda a domicilio. Hay que decir que la
dificultad de tener estos datos viene fundamentalmente motivada
porque es un recurso gestionado mayoritariamente por las
administraciones locales y, por tanto, no tenemos los datos de todos
los municipios. En este también hay una desigualdad interautonómica
y además es una realidad que es característica común de la mayoría de
los aspectos; es decir, que en las distintas comunidades autónomas
hay diferentes grados de implantación, distintos costes, distinto
soporte normativo, etcétera, dada la competencia exclusiva que las
comunidades autónomas tienen sobre este tipo de ayuda. El tiempo
dedicado a los dos grandes bloques de actividad que supone el
servicio de atención a domicilio es también distinto. Hay comunidades
autónomas que destinan un 90 por ciento a las tareas domésticas como,
por ejemplo, la Comunidad Valenciana, y hay otras comunidades
autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra, donde el 80 por ciento
de lo asignado a este servicio lo dedican a los cuidados personales.

También es diferente, como decía antes, la intensidad horaria de este
servicio. Hay corminidades autónornas que dedican alrededor de 10
horas mensuales y sin embargo hay otras que superan las 20 horas
mensuales. Por tanto, estarnos ante una oferta diferente tanto en
cantidad como en calidad de los recursos.

Otro de los servicios sociales importantes -bastante reciente en
nuestro país- lo constituyen los centros de día que son,
fundamentalmente, equipamientos de funcionamiento diurno en los que
se incluyen los hogares, los clubes de jubilados y los hospitales o
centros de día cuyo objetivo y actividades son bastante similares en
algunas facetas, pero no son coincidentes. Los datos de los que
disponernos actualmente nos informan de la existencia de cerca de
8.000 plazas, aunque sabemos que es un tipo de servicio que se va
incrementando cada día más pues tiene una gran utilidad, que es
mantener a las personas dentro de su ámbito familiar pero dar a las
familias lo que se llama respiro familiar y posibilidades de que las
personas puedan permanecer



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en su entorno habitual sin que las familias reciban una presión tal
que haga que muchas mujeres se disuadan de una actividad laboral.

En cuanto a otros servicios sociales, quizá los más innovadores son:
el servicio de teleasistencia que se ha implantado muy rápidamente en
nuestro país y actualmente tenemos alrededor de 70.000 usuarios
-siempre son datos muy aproximados, como digo, porque no son datos de
los que disponga la Administración de] Estado, sino que tienen que
ser recogidos de los distintos municipios y comunidades autónomas-;
este servicio constituye un importante elemento de seguridad y de
tranquilidad para las personas mayores que viven solas y que son
susceptibles de encontrarse en una situación de riesgo. La evolución
y el perfeccionamiento tecnológico de este programa ha abaratado
bastante los costes, lo que además facilita que se esté prestando no
sólo desde el sector público, sino desde el sector privado. Hay otro
tipo de servicio social que, como decía, también es muy incipiente,
que son las estancias temporales en residencias y que todavía es muy
escaso en el sistema público. Estamos hablando de alrededor de 2.000
plazas en todo el Estado y es, fundamentalmente ente, un servicio de
apoyo familiar cada día más demandado por las familias y que parece
indudable que va a experimentar tan importante desarrollo en los
próximos años. En lo que se refiere a los sistemas alternativos de
alojamiento, los datos que tenemos sobre las viviendas tuteladas nos
informan de la existencia de alrededor de 3.100 plazas públicas
-número que creemos significativo si tenemos en cuenta la corta
historia de estos servicios y que su implantación se ha producido
sobre todo en el medio rural para personas sin problemas de
dependencia-; la experiencia de otros países nos hace pensar que ese
recurso va a evolucionar hacia una situación de necesidad de vida de
muchos ocupantes, por lo que probablernente también será un recurso
que habrá que reformular, tanto en sus objetivos como en el diseño y
la planificación de la intervención profesional.

Por último -a pesar de que es evidente que todavía tenemos escasez y
cierta desigualdad en la oferta de servicios sociales- es obligado
señalar que ha habido un avance notable en este sector,
fundamentalmente desde los años noventa y que, sin duda, los próximos
años van a suponer la implantación definitiva de un sólido sistema de
atención que nos permita situarnos más a nivel de los países europeos
y que ofrezca también un mejor nivel de protección. Creo que el
acuerdo de 9 de abril para la mejora y desarrollo del sistema de la
Seguridad Social que contempla la necesidad de abrir un período de
análisis y de debate actual con el fin de elaborar las propuestas
básicas que garanticen la protección a la dependencia en nuestro
país, así como el marco jurídico en el que las mismas deben
incardinarse, supone ya un avance importante puesto que hoy ya todos
hablamos del fenómeno de la dependencia y
aunque no es un fenómeno nuevo -ya existía en los años noventa-, es
verdad que en este momento no sólo ha cobrado una actualidad
importante a nivel de los sectores de investigación, sino a nivel de
las propias instituciones como puede ser esta Comisión o, como decía,
el acuerdo de desarrollo. Debemos tener en cuenta que al estar
transferidos los servicios sociales a las comunidades autónomas y, en
algunas internas, a las corporaciones locales, la atención a la
dependencia debería ser compartida por las tres administraciones
públicas, sin perjuicio de que la Administración general del Estado
dé un impulso y tome un papel protagonista importante, debemos
contemplar este reparto de competencias no sólo mirando hacia el
futuro, sino también teniendo en cuenta la realidad de nuestro
presente en relación con esa asunción de competencias.

Nada más. Estoy a disposición de sus señorías para cuantas preguntas
quieran formnularme.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Dancausa.

A continuación, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Buenos días, señora secretaria
general. En primer lugar quisiera agradecer su comparecencia así como
el trabajo y el informe que nos ha presentado ante esta Comisión. La
verdad es que uno de los fines que nos hemos propuesto en esta
Comisión es tener gran cantidad de información para poder elaborar
una serie de propuestas de futuro que nos faciliten y favorezcan
trabajar con los escenarios que tenemos hoy día en nuestro país y que
son escenarios e hipótesis que realmente han cambiado muchísimo, que
se han modificado en épocas muy recientes, posibilitando la facilidad
de tener una previsión hacia el futuro; es decir, hacia una serie de
prognosis que nos faciliten idear el futuro.

En primer lugar, creo que los escenarios de figuro, tal y como usted
ha puesto de manifiesto en su intervención, pasan por ver los índices
de natalidad y mortalidad en nuestro país. El índice de natalidad en
España es el segundo más bajo del mundo, creemos que es importante
saber las causas por las cuales tenemos este índice que nos induce a
presentar una seria dificultad de cara al futuro del sistema público
de pensiones. En nuestro país las mujeres -nos congratulamos de ello-
nos hemos incorporado a la formación y también al empleo. Las mujeres
antes tenían hijos entre los 20 y los 30 años y en la actualidad la
previsión de edad para tener hijos es de 35 años en adelante. Esto
genera una menor fecundidad y, por tanto, las hipótesis de trabajo en
cuanto al posible resultado de nacimientos en nuestro país decae
bastante porque para una tasa de reposición nos haría falta el 2.1 y,
sin embargo, estamos en el 1.19. lo que nos hace tener un escenario
un poco incierto. Creo que no debemos culpabilizar de



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ello excesivamente a las mujeres -en algunas intervenciones se ha
oído este tipo de culpabilidades indirectas-; me parece que las
mujeres, como usted ha reconocido, llevan el 70 por ciento de los
cuidados informales de las personas dependientes, menores, etcétera,
que recaen en la familia y, por tanto, recaen mayoritariamente -tal y
como demostró el estudio del Inserso- en las mujeres, ya que el 85,2
por ciento de los cuidados informales los desempeñan las mujeres en
nuestro país. Por tanto, si tenemos una hipótesis de figuro de que
las mujeres se incorporan a la formación, a la universidad -obtienen
mejor calificaciones en estos ámbitos-, también es cierto que
demandan tina mayor dotación de ayudas sobre todo en servicios para
que el futuro no sea tan incierto. En este sentido tenemos muy cerca
una experiencia, que es la de Suecia, donde la tasa de natalidad era
la más baja de toda la Unión Europea y de las más bajas del mundo.

Con ayudas económicas y, sobre todo, con un programa que han
elaborado en el sistema educativo para incentivar por ley las
escuelas infantiles o los programas de 0 a 3 años, como guarderías,
se ha permitido que desde que nace un niño intervengan los poderes
públicos, auspiciados y avalados a veces por programas en
colaboración con entidades de carácter mercantil o filantrópicas.

Esto ha permitido que el número de nacimientos se incremente de una
forma considerable.

También hay otro aspecto, señora Dancausa, que ine preocupa. En el
año 1997 nosotros presentamos tina iniciativa que fue aprobada por
todos los grupos de la Cámara y que yo diría que duerme el sueño de
los justos. Se trataba de valorar toda la aportación económica y la
riqueza que generan las mujeres, las amas de casa mayoritaria ente, y
que no están en ningún asiento de la contabilidad nacional. En una
sociedad donde todo tiene un precio, nadie ha considerado nunca que
sea importante estudiar la aportación que a la riqueza nacional hacen
las amas de casa. Presentamos una iniciativa transcribiendo uno de
los acuerdos de la Conferencia de Pekín y sería importante retomar
ese estudio, esos indicadores y esos sistemas de medición para por lo
menos devolver a las amas de casa el valor de todo su empeño en los
cuidados formales o informales y en el desarrollo de las unidades de
convivencia. Si no fuera por el papel de las mujeres, sería muy
dificil que colectivos como los niños o los ancianos así como las
personas discapacitadas o los mayores dependientes pudieran ver
atendidas sus necesidades sociales.

En segundo lugar, ha mencionado usted los datos en relación con la
dependencia en nuestro país y cuáles serían las propuestas. En
España, en general, en todas las comunidades autónomas se es muy poco
incisivo a la hora de hacer programas y proyectos en materia de
servicios sociales. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de los
proyectos que se acometen tienen que ver con una determinada
planificación que conlleva mayoritariamente a pensar que todas las
ayudas a las personas
mayores consisten en la ayuda domiciliaria, los centros de día y
las residencias, o la teleasistencia, que empezó a funcionar en
nuestro país en 1985; la primera comunidad que lo puso fue la del
País Vasco y posteriormente, a través del 052, se estableció con
carácter general en toda España por medio de un convenio con la Cruz
Roja. Es importante innovar también determinados tipos de propuestas,
de prestaciones y de servicios que puedan mejorar la calidad de vida
de las personas dependientes, pero mucho nos tememos, señora
Dancausa, que la apuesta que está haciendo el actual Gobierno en
relación con el desarrollo de los servicios sociales es un tanto
cicatera puesto que no da respuesta a aquellos compromisos iniciales
que ya tenía establecidos. Me estoy refiriendo al desarrollo de la
ayuda domiciliaria; en el Plan gerontológico nos comprometimos
a llegar al 6 por ciento de la población mayor; llegarnos al 1,7 y
estamos llegando ahora al 1,9, por tanto hay una gran laguna. Las
administraciones locales no cuentan con una ayuda económica
complementaria, tal como establecía el acuerdo firmado el año 5.71
1987 por las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la
Administración central, donde, como usted me recordaba hace unos
días, se establecía el compromiso de la Administración central de
adscribir una partida económica igual a la entidad que menos dinero
pusiera. Todavía el ministerio mantiene una deuda contraída con las
comunidades autónomas y con los ayuntamientos para el desarrollo del
plan concertado, que mayoritariamente lo que hace es no establecer el
sistema de ayuda a domicilio. Por eso me parece importante recabar de
ustedes o de su Gobierno que se hagan esfuerzos en esta línea. Cada,
lustro o cada decenio, en el ámbito de las políticas sociales,
aparecen situaciones que nos hacen recordar una apuesta política por
determinados elementos. Recuerdo, por ejemplo, la universalización de
la Ley General de Sanidad, el desarrollo del plan concertado, en cuyo
primer año ya puso sobre la mesa 1.500 millones, con el compromiso de
duplicar esa cuantía, y la puesta en marcha de la Ley de pensiones no
contributivas. En el año 1984 la pobreza en nuestro país tenía cara
de persona mayor, sin embargo, en el año 1994 la pobreza tiene cara
de mujer y de joven. Esto nos da una relación muy directa entre las
políticas sociales que se acometen y los resultados que se obtienen.

Aquí tenemos un gran camino que recorrer para afianzar nuestras
propuestas de atención a las personas mayores.

La longevidad en nuestro país es un éxito, tanto de la asistencia
sanitaria como de las condiciones de vida y de las relaciones de
convivencia. No esgratuito ni casual que la mayor parte de los
europeos, cuando se jubilan, vengan a nuestro país o accedan a
Portugal, lo hacen porque reconocen que hay un buen nivel de
asistencia sanitaria, aparte del clima, que es algo que no puede
inventar nadie con ese sol magnífico que tenemos, así como por las
relaciones sociales o las formasde vida y de convivencia en nuestro
país, que resultan



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muy saludables para las personas mayores.Por tanto, en esta línea,
desde la óptica de la política social, nos tendremos que preocupar
por generar sistemas que permitan afianzar el desarrollo de
itinerarios de convivencia para las personas mayores. Se habla mucho,
señora Dancausa, de la discapacidad o de la dependencia. Las personas
que necesitan asistencia han existido siempre, lo que pasa es que con
el aumento de la esperanza de vida y con el incremento de la cuarta
edad -el envejecimiento del envejecimiento- que ya se sitúa en España
en 1.500.000 personas, se nos pueden plantear situaciones en las
cuales la atención a personas que necesitan cuidados se verán
incrementadas, y no nos sirve que se les preste una ayuda
domiciliaria, como usted ha dicho, de 10 horas al mes en algunas
comunidades porque eso no sirve realmente para atender a las personas
más gravemente afectadas. Me ha parecido interesante su planteamiento
y desde esta Comisión lo vamos a estudiar para ver cómo se puede ir
afianzando, de que la propuesta de atención a la dependencia pueda
pasar por hacer otro nuevo plan concertado, es decir, un nuevo
sistema que comprometa a las tres administraciones: autonómica, local
y central. Es una posibilidad que nosotros estudiaremos y sí le
pediría, si tienen ustedes elaborado algún documento o algún informe
que vaya acotando esta propuesta o este escenario que nos ha
presentado, que lo remitiesen.

Por último, en relación con el futuro del sistema de pensiones, es
muy importante no olvidar la posibilidad de la incorporación de las
mujeres al empleo porque, si la pirámide demográfica de nuestro país
es la que es, realmente tenemos cuatro millones de amas de casa y de
personas que están abandonando sus empleos a edad bastante temprana y
que, por carecer de una formación o de los servicios complementarios,
se les exige quedarse al cuidado de las personas que componen su
unidad de convivencia. Este futuro sería bastante cierto y tendremos
que establecer mecanismos para que el cuidado de los dependientes sea
una verdadera fuente de desarrollo del empleo femenino y poder
profesionalizar este tipo de empleo por la gran demanda que va a
exigir el cuidado de los dependientes y de los discapacitados y la
gran demanda de actuaciones o atenciones que tengan que ver con la
mejora de la calidad de vida de los colectivos a los que dirigimos
nuestra acción. Le vuelvo a repetir que nos gustaría conocer algo más
que el avance que nos ha hecho relativo a que el cuidado de la
dependencia pudiera tener un escenario de las tres administraciones
públicas con competencias en la materia, interviniendo o concertando
sus actuaciones y sus responsabilidades. Por último, no podemos pasar
por alto la necesidad en nuestro país de la incorporación de la mujer
al empleo remunerado. En la atención de las personas dependientes
tenemos una gran fuente de posibilidades para el empleo femenino que
nos puede ayudar a mejorar el futuro del sistema de la Seguridad
Social.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradeciendo también su comparecencia y
la información que nos ha facilitado la señora Dancausa, intentaré
ser sintético y le plantearé algunas preguntas concretas.

Nos parece sugerente el análisis de género que ha realizado sobre el
actual sistema de protección social, lo que nos lleva a plantearle
dos o tres cuestiones concretas. En primer lugar, la señora Dancausa
sabe que algunos aspectos muy concretos del sistema de protección
social se han tratado recientemente con motivo de algunas
comparecencias específicamente centradas en la problemática de las
personas viudas, fundamentalmente las mujeres. Usted ha hablado del
SOVI, conoce la incompatibilidad que continúa existiendo entre la
percepción del SOVI y la pensión correspondiente de viudedad, ha
hablado del 14 por ciento de personas mayores que viven solas, y ahí
seguramente continúa configurándose alguna de las bolsas de pobreza
que afectan a nuestra sociedad; usted misma ha reconocido que ocho de
cada 10 de estas personas son mujeres. Nos gustaría saber cómo aborda
la Secretaría General de Asuntos Sociales e1 debate sobre las
pensiones de viudedad. Para nuestro grupo, el acuerdo a que llegaron
Comisiones Obreras, CEOE y el Gobierno sobre esta materia es
importante, supone un avance, pero precisamente olvida la dimensión
de las personas mayores que viven solas y que perciben una pensión
realmente escasa.

En la lógica de género que insinuaba, es evidente que el acceso al
mercado de trabajo de las mujeres ha tenido una perspectiva informal.

Buena parte de las mujeres no ha podido trabajar en el mercado con
las correspondientes cotizaciones sociales, lo que configura un
determinado escenario en el terreno de la proteción social. Ahí se
configura otra cuestión compleja, dificil que es necesario abordar,
la regulación del servicio doméstico, actividad ejercida básicamente
por mujeres. ¿Qué propuestas se plantean desde la Secretaría General
de Asuntos Sociales para permitir unas mayores cuotas de protección
social para estas trabajadoras? Nos parece que es una cuestión
importante.

En esta misma línea, hemos de decir que somos conscientes de que en
los próximos años se va a incorporar a las cohortes de pensionistas
una parte de generación de mujeres que no han podido incorporarse al
ánibito del trabajo formal, que no ha podido cotizar y sobre las que
ha recaído buena parte de la educación de mi generación y continua
recayendo buena parte del apoyo a la gente de mi generación que tiene
hijos. Desde la perspectiva de la protección social es evidente que
hoy mismo se nos están planteando problemas y dentro de 10 años más
acusadamente. ¿Existen propuestas



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de la Secretaría General de Asuntos Sociales para este colectivo
específico?
También nos gustaría conocer, bien sea través de la señora Dancausa o
del ministro, el plan de apoyo a las familias aprobado recientemente
en el Consejo de Ministros. Nuestro grupo tan sólo tiene conocimiento
de este plan por lo que los medios de comunicación han expresado,
pero es evidente que en ese plan, por lo que hemos leído, se incluyen
medidas que van a permitir una mayor conciliación de la vida personal
y la vida laboral. Es evidente que, desde la perspectiva del sistema
público de pensiones, una de las claves de su sostenibilídad va a ser
la incorporación de más mujeres a la población activa y ocupada. En
ella se configura ya un problema evidente -y le hablo de Cataluña-,
ya que buena parte de las mujeres comprendidas entre los 25 y los 40
años se incorpora al mercado de trabajo con unas tasas prácticamente
iguales a las de los horribres. Ahi, nuestro déficit en políticas de
apoyo a la familia, y muy especialmente de servicios de guarderías o
similares es más que evidente. Nos gustaría que la señora Dancausa
nos explicara las medidas que incluye el plan de apoyo a la familia
en esta materia.

Dos cuestiones más antes de terminar. A lo largo de estas sesiones de
la Comisión del Pacto de Toledo se ha evidenciado que uno de los
elementos complementarios para la sostenibilidad del sistema es la
aportación de trabajadores de terceros países. Hasta ahora, nuestra
atención en el ámbito de las políticas de inmigración ha insistido
muchísimo en lo referente a la regulación del flujo migratorio de
carácter laboral, pero el sentido común nos indica que, en un corto
plazo, nuestras necesidades de política de inmigración se van a
centrar precisamente en aquellas políticas de servicios dirigidas a
las familias. Hoy tenemos una inmigración asentada que desarrolla
proyectos de vida en familia en nuestra sociedad y en los próximos
años va a haber un incremento de la reagrupación famillar, con el
consiguiente incremento de familias con hijos a cargo. Nosotros
estamos encontrando hasta el momento poca sensibilidad en el actual
Gobierno hacia el fortalecimiento de las políticas de integración
social, que precisamente van a ser más necesarias en este corto
plazo, para favorecer esta integración social de las personas
inmigrantes y de sus familias. En concreto, me estoy refiriendo a la
necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado incorporen un
fondo de recursos económicos que, por vía de convenio, permitiese a
las comunidades autónomas y a los ayuntamientos desarrollar políticas
más potentes de integración social. Las cifras que el Gobierno ha
destinado hasta ahora a esta materia son realmente escasas. Es
evidente que este esfuierzo público no puede encontrar solución
simplemente con el esfuerzo presupuestario que se realice desde los
ayuntamientos o desde las comunidades autónomas. Nos gustaría que el
Gobierno tuviese mayor sensibilidad hacia la importancia estratégica
que tiene fortalecer las políticas de integración social de la
inmigración.

Un último comentario. La señora Dancausa ha hablado al final de su
intervención de qtie la Administración central del Estado debería
jugar un papel importante y protagonista en la definición de este
sistema de dependencias. La pregunta sería si está en condiciones la
señora Dancausa de perfilar, de manera más precisa, qué papel
importante y protagonista cree que debe tener la Administración
central del Estado para configurar este sistema de dependencia que
efectivamente se configura como el principal gran reto colectivo de
la sociedad española en el ámbito de las políticas sociales, junto
con el que se derive de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Báñez.




La señora BÁÑEZ GARCÍA: Doy la bienvenida a la secretaria general de
Asuntos Sociales, señora Dancausa y, por supuesto, le agradezco el
informe que nos ha hecho llegar esta mañana, tan detallado y
exhaustivo. Nosotros creernos que la virtualidad fundamental del
sistenia de Seguridad Social es su flexibilidad, permitiendo procesos
de reforma que pueden adaptarse en cada momento a las cambiantes
circunstancias de la sociedad en que vivimos.

En la anterior legislatura, el Gobierno abordó una serie de reformas
que iban encarninadas a la consolidación y a la racionalización de
nuestro sistema de Seguridad Social, desde una doble vertiente. Creo
recordar la financiera, que era la que corregía los desequilibrios
econórnicos existentes, y la prestacional, que pretendía el
reforzamiento de los principios de contribuidad y equidad y la
adecuada extensión de la solidaridad con aquellos colectivos más
necesitados. Aquello fue un prirner paso y en esta legislatura se han
dado, entre otros, el acuerdo firmado para la mejora y desarrollo del
sisterna de protección social, que por supuesto ha continuado
avanzando en el desarrollo de las recomendaciones del Pacto de
Toledo, como todos conocemos, y que ha asegurado la reforma y la
viabilidad del sistema de pensiones y el mantemintento de los niveles
de protección social, con especial atención a los colectivos más
desfavorecidos.

Nuestro grupo tiene confianza en el futuro y en las reformas puestas
en marcha con el consenso social, como son la dotación final del
fondo de reserva, que alcanzará un billón de pesetas, según las
orientaciones del plan de estabilidad; la culminación definitiva del
proceso de separación de fuentes, al que se ha hecho referencia esta
mañana; la implantación de un nuevo sistema de jubilación gradual y
flexible, que favorecerápor supuesto la permanencia en activo más
allá de lo



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que es una edad legal de jubilación, las medidas contra el fraude o
todo el conjunto de bonificaciones dirigidas no sólo a la inserción
laboral de los parados, sino a rnantener a aquellos trabajadores en
activo que tienen riesgo de verse excluidos de nuestro mercado
laboral, cómo no, por supuesto, la participación de los
interlocutores sociales en el proceso, que, junto al consenso
político, posibilitan siempre la adopción de medidas que refuercen la
confianza de los ciudadanos en nuestro sistema de protección social.

Ahora bien, la realidad demográfica que tenemos es conocida. Es
verdad que existe una tasa de natalidad muy baja en nuestro país, tal
y como han manifestado reiteradamente los distintos grupos esta
mañana, así como un aumento de la esperanza de vida, del que todos
por supuesto nos alegramos. En este contexto surgen, pues, nuevas
situaciones que tenemos que analizar en esta Comisión. Se está
produciendo -siempre es una buena noticia- una incorporación masiva
de la mujer al mercado de trabajo, algo a lo que también se ha hecho
referencia, y nos gustaría saber cómo valora la, secretaría general
que usted dirige el efecto que está teniendo en el momento presente
esa nueva realidad y cómo incidirá en las pensiones del futuro. Todos
debemos congratularnos -el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia
i Unió) ha hecho referencia a ello- por el plan integral de apoyo a
la familia que en el último Consejo de Ministros se ha presentado a
nuestro país, ya que no se trata de un tema menor. Señorías, dada la
realidad demográfica que tenemos, con una tasa de natalidad entre las
más bajas de Europa, un país que quiere mirar al futuro con esperanza
tiene que arbitrar responsablemente todos los mecanismos para
favorecer el incremento de la natalidad, pero no hacerlo por decreto,
sino que aquellos que quieran tener hijos tengan todas las
facilidades para ello y sobre todo que las mujeres puedan compaginar
ser madres con su trabajo. Por ello nos parece que este foro es un
buen lugar para felicitar al Gobierno por esta iniciativa y nos
gustaría que la secretaria general nos avanzara en qué consistirá
fundamentalmente este plan integral de apoyo a la familia. Estamos
seguros de que contribuirá a los objetivos que todos queremos en esta
Comisión: el apoyo a la familia y a la mujer española y sobre todo el
fomento de la solidaridad intergeneracional, que también creemos que
es bastante importante. Pues bien, llegados a este punto, en relación
con la incidencia que iba a tener la incorporación masiva de la mujer
al mercado de trabajo, el Gobierno aprobó una ley de conciliación de
la vida laboral y familiar y nosotros creemos que la misma ha tenido
efectos muy beneficiosos y que su resultado ha sido muy positivo.

¿Puede usted hacernos un pequeno balance de lo que está siendo el
desarrollo de dicha ley?
Otro hecho fundamental que se está produciendo es el de la
inmigración, que ha superado en número las previsiones más
optimistas. Se trata siempre de una
buena noticia, ya que son muchas las personas que se incorporan al
mercado laboral, nuevos cotizantes que se incorporan al sistema, pero
¿se ha valorado qué influencia puede tener en nuestro sistema de
protección social? Yo sé que la secretaría que usted dirige hace un
gran esfuerzo todos los años para atender a estos inmigrantes que
llegan a nuestro país y quisiera saber -no sé si me podrá facilitar
algún dato- de qué manera incidirá esto en el conjunto del equilibrio
del sistema.

También se ha hablado mucho esta mañana, algo que se está teniendo en
cuenta en este momento, del fenómeno de la dependencia. Usted ha
hecho una descripción muy clarificadora, según la cual la realidad es
que en nuestro país unas 821.000 personas se encuentran en esa
situación, por lo que pensamos que el Estado precisa de importantes
recursos y que la sociedad debe dar una respuesta clara y contundente
a esta nueva situación. El último acuerdo que firmó el Gobierno con
los agentes sociales, en el mes de abril, establecía un plazo, a
finales de julio de 2002, para que existiese un documento previo al
estudio y al análisis de esta cuestión y el secretario de Estado nos
ha comentado con motivo de otras comparecencias en esta Comisión que
existen ya relaciones al respecto entre las distintas
administraciones, entre las comunidades autónomas y las corporaciones
locales, puesto que es un tema que atañe a todas las
administraciones. ¿Se está avanzando algo desde su ministerio en este
sentido? ¿Nos podría comentar algo al respecto?
Por último, quiero hacer referencia a algo que ha comentado el Grupo
Parlamentario Socialista: el plan concertado. El Grupo Parlamentario
Popular cree que el presupuesto para el año 2002, esto es, 15.108
millones de pesetas, es una cantidad razonable, existiendo además un
compromiso de financiación de las tres partes, la estatal, la
autonómica y la local. Lo que nosotros pedimos como grupo
parlamentario es que cumplan con ese compromiso, como hacen año tras
año, y que sigan incrementado esa cantidad, como asimismo hacen todos
los años. Desde el Gobierno se está cumpliendo el compromiso, pero en
lo que atañe al plan concertado entendemos que ese compromiso tiene
que venir siempre desde la negociación entre las distintas
administraciones, porque el plan está concebido de esta forma. Nos
parece que introducir otras medidas o acuerdos que no estén dentro de
la negociación sería algo demagógico. Les animamos a continuar con el
compromiso de abordar las reformas del plan dentro de esa negociación
que hay abierta entre las distintas administraciones, y que, en la
medida de lo posible, se sigan incrementando las cuantías, como ha
venido haciendo el Partido Popular desde que llegó al Gobierno.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: A continuación para contestar a las preguntas y
observaciones formuladas, tiene la palabra la señora Dancausa.




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La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Se han planteado cuestiones muy distintas de las que evidentemente no
tengo todos los datos, porque no me he traído el Plan de Familia.

Como más o menos me lo sé aunque no puedo dejar a la memoria todas
las cuestiones, por lo menos les aclararé las líneas y objetivos más
importantes de ese plan de familia, que va a tener incidencia en
todas estas cuestiones. Al final, la familia está compuesta por
miembros que son tanto mayores y niños, como mujeres; todos los
problemas o situaciones que aquí se han comentado tienen sin duda una
incidencia individual, pero también colectiva dentro del núcleo de la
convivencia, que es la familia.

Comparto plenamente con doña Elvira Cortajarena el análisis que ha
hecho de la situación en cuanto a los índices de natalidad y
mortalidad, aunque es dificil que dichos índices cambien de una
manera sustancial. En los dos últimos años ha habido un ascenso de la
natalidad, lo que nos hace percibir que probablemente pueda darse una
mejora de la natalidad si somos capaces de poner las condiciones
adecuadas para que los hijos nazcan. Evidentemente, no somos
partidarios de una política natalista, pero sí de apoyar a las
familias, que en distintas investigaciones han dicho que quieren
tener más hijos y que una de las causas por las que no los tienen es
la situación económica. Por tanto, está claro que las medidas
económicas influyen en la natalidad. Somos conscientes también de que
en un período corto de años no vamos a volver a tasas de natalidad
como las que teníamos antes, entre otras cosas porque la familia
española se va asemejando a la familia europea, que sin duda es mucho
más corta de lo que era anteriormente. La situación de la mujer tiene
una gran influencia en esta natalidad y aunque no me he traído el
plan de familia, porque no era el objeto de esta comparecencia, tengo
que decirles que es uno de los objetivos de ese plan. De hecho muchas
de las medidas que se contemplan, tanto con respecto a la fiscalidad
como en el apartado de la conciliación de la vida familiar y laboral,
van con la intención de propiciar que lasmujeres tengan hijos sin que
ello suponga una merma de su capacidad no solamente de acceso sino de
permanencia en el mercado laboral. Porque sabemos que hay muchas
mujeres que cuando tienen hijos salen del mercado de trabajo. Varias
de las medidas, tanto fiscales como otro tipo de medidas, van
dirigidas a que las mujeres permanezcan y accedan al mercado de
trabajo. a través de bonificaciones a los empresarios para que las
contraten en situaciones de maternidad -cuando han tenido el tercer
hijo o cuando están desempleadas y tienen hijos-, pero también a
través de la ayuda fiscal a las mujeres que tienen hijos,
contemplando la fiscalidad en función de los hijos.

Comparto su opinión respecto a que es fundamental incrementar los
servicios de atención a menores de tres años. Tengo que recordar que
en nuestro país los servicios
de atención a mayores de tres años tienen una cobertura
prácticamente del 100 por cien, pero donde tenemos un déficit mayor
es en los servicios de atención a menores de tres años que, al no
estar incardinados en la LOGSE, tienen una serie de características
que sinceramente dudo que promuevan esa conciliación. Lo primero que
tenemos que hacer para promover la conciliación es tener servicios
para menores de tres años que sean flexibles y con horarios amplios,
porque si no verdaderamente no van a apoyar la conciliación, podrán
apoyar el cuidado de niños durante determinadas horas, pero no la
conciliación. Esta es una de las cuestiones que nos proponemos
abordar a través de la flexibilidad de estos servicios y a través del
incremento de plazas, lógicamente con la colaboración de las
comunidades autónomas y ayuntamientos, porque no solamente son los
que tienen la competencia sino que de ellos depende la propia
regulación de estos servicios a menores de tres años.

También hablábamos aquí de la aportación de las mujeres a la riqueza
nacional, con lo que estoy totalmente de acuerdo, ya que es una
riqueza importantísima. Tengo que señalar que el año pasado se ha
hecho un estudio a través del Instituto de la Mujer, elaborado por
doña María Ángeles Durán, que ofrece datos sobre esta cuestión; otra
cosa sería la posibilidad de incorporarlo a los análisis de
contabilidad nacional, que hay que decir que no lo ha hecho ningún
país del mundo, y que en cuanto a su contabilización, desde el punto
de vista del Producto Interior Bruto, tiene importantes dificultades,
pero dicha aportación puede conocerse a través de ese estudio.

La representante del Grupo Parlamentario Socialista comentaba que las
comunidades autónomas son poco incisivas a la hora de realizar
servicios sociales. Sobre esta cuestión habría que apelar a las
comunidades autónomas. Es evidente que, si son competentes, todos los
programas concertados con ellas van en la dirección de dar un impulso
a los servicios sociales. Tengo que decirles que en el período que va
desde el año 1996 al año 2002 -en el que estamos-, el conjunto de
todos los planes que se llevan a cabo por la Secretaría General de
Asuntos Sociales se ha incrementado en un 63,7 por ciento, lo que es
bastante significativo de la apuesta que hemos hecho por apoyar que
las comunidades autónomas incrementen los servicios sociales en
general, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, sino a todos
los planes que llevamos, porque aunque solamente el plan concertado
lleva el nombre de concierto, realmente, tanto el Plan gerontológico
como el Plan de discapacidad son concertados, puesto que la
Administración general del Estado aporta una cantidad y se obliga a
las comunidades autónomas y ayuntamientos 4a poner por lo menos la
misma cantidad que aporta el Estado, lo que no significa que el
Estado se haya comprometido a aportar lo que ponen ellos, sino que
ellosponen como mínimo lo que aporta el Estado. Desde



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luego, le puedo garantizar que hemos dado cumplimiento a esto.

En lo que se refiere fundamentalmente al plan concertado, tengo que
decirle que si en el año 1998 -estos datos los tengo en euros,
discúlpeme porque todavía estoy manejando euros y pesetas- tenía un
presupuesto de 9.015 miles de euros, en este momento tiene 89.000
miles de euros, es decir, representa un incremento bastante
sustancial en esta materia. No solamente ha habido un incremento de
los planes, sino que también se han creado nuevos planes. El Plan de
Alzheimer no existía, se puso en marcha en el año 1998 y ha ido
incrementado su presupuesto. En conjunto, de todos los planes que en
estemomento se gestionan por la Secretaría General de Asuntos
Sociales, hay ocho planes nuevos, además del incremento de las
cuantías de todos los planes que ya estaban implantados.

Comentaba que hay que innovar en lo que se refiere a la prestación de
servicios, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que
hay nuevas necesidades, creadas por la actual realidad de la
sociedad, lo que implica nuevas cuestiones. Hay servicios que se han
ido creando en los últimos años, como por ejemplo los centros de día,
que han tenido un incremento mayor en estos años, o los programas de
apoyo a las familias temporalmente, etcétera, que son unos programas
novedosos. Tendremos que seguir implementándolos, pero hay que
hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas.

Quiero recordarle en relación con el propio plan concertado, que se
hizo una flexibilización del plan, pues en principio solamente tenía
cuatro prestaciones básicas, y que en este momento se ha
flexibilizado a petición de las propias comunidades autónomas y
porque desde el Ministerio entendíamos que tenía que ser así. Estoy
de acuerdo en que tendremos que ser capaces de optimizar los recursos
y de aportar innovaciones; le puedo asegurar que en eso estamos
trabajando en colaboración no solamente con las comunidades
autónomas, sino también con organismos científicos, como el CEAPAT, y
con las universidades.

En cuanto a las políticas de empleo, es evidente que si analizamos la
situación del año 1996 y contemplamos la situación que tenemos ahora,
podemos estar razonablemente satisfechos. No hemos erradicado la tasa
de paro, pero desde luego e ha producido un descenso significativo,
que en el caso de las mujeres me parece especialmente relevante, pues
ha descendido más de siete puntos, como también me parecere relevante
el importante incremento del número de mujeres que se han incorporado
al mercado de trabajo. La mayoría de las medidas que se están tomando
en este momento por parte del INEM, que son las que realmente tienen
peso en el cambio del mercado de trabajo, van dirigidas
propietariamente a las mujeres, no solamente en la priorización en
todos los programas de formación, sean de las comunidades autónomas o
sean
propios del INEM, como las casas de oficio, los talleres de empleo o
todala formación profesional, en los que las mujeres tienen prioridad
a la hora de acceder a estos cursos, sino también en todo el proceso
de bonificaciones. Todas las bonificaciones contempladas en la última
reforma del mercado laboral dirigidas a las mujeres son mayores que
las dirigidas a los hombres. El propio plan de familia contempla una
medida que es ampliar la bonificación del 100 por cien para la
contratación de mujeres, que antes solamente era para mujeres
desempleadas o paradas de larga duración, para extenderla a todas las
mujeres desempleadas. Es decir, a partir de la puesta en marcha de
esta medida todas las mujeres que estén desempleadas y que sean
contratadas van a tener una exención en la cotización de la Seguridad
Social del 100 por cien. También me parece relevante unir esto con el
proceso de maternidad, que sabemos que es una cuestión que incide no
solamente para que no accedan, sino además para que abandonen el
mercado de trabajo.

En cuanto a las propuestas concretas, es evidente que estamos
trabajando en la dependencia. En un principio quizás más a través de
los datos, porque es fundamental conocer la realidad que además
cambia rápidamente, sabemos que se produce un incremento de 36.000
personas mayores al año y un aumento de las personas mayores de 75 a
80 años, pero también es indudable que la atención de la dependencia
tiene un coste alto y no lo podemos olvidar. Lo complicado aquí,
desde mi punto de vista, es cómo se financia. Es importante que
además del concierto con las administraciones públicas tenemos que
comprometer a las familias. Sé que hay comunidades autónomas que ya
lo hacen, en las que el mayor que ingreso en una residencia aporta un
tanto por ciento de su pensión, y también la familia, como por
ejemplo Cataluña y el País Vasco. Esto me parece importante, en
primer lugar, porque es una obligación reconocida en nuestro Código
Civil y, en segundo lugar, porque de alguna forma no podemos dejar
que las familias se deshagan del mayor, como si pensaran que una vez
que están atendidas sus necesidades más vitales en una residencia no
necesitaran otra atención; el mismo compromiso económico conlleva de
alguna forma un compromiso afectivo. Por eso en este momento nos
estamos moviendo más en los datos y en las distintas posibilidades
que pueda tener el concierto. Por respeto al propio acuerdo del día 9
de abril y a los debates que se producirán en este grupo de trabajo
-que por lo menos ya está citado, aunque no se ha constituido
formalmente, está invitado a constituirse formalmente, según me ha
informado el secretario de Estado de la Seguridad Social-, tengo que
decirle que es aquí donde se tendrán que analizar las distintas
opciones y, como es lógico, cuando esas opciones ya estén mucho más
pergeñadas y tengan un mayor consenso tendrán su reflejo en esta
Comisión. En este momento no puedo darle más que los datos que he
puesto encima de la



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mesa, porque realmente es de lo que tenemos más conocimiento y
respecto a lo otro tendremos que hace un análisis más profundo.

Además, con la atención a la dependencia estamos redefiniendo el
modelo social que queremos, lo que tiene bastante importancia -y
ustedes que son más especialistas que yo sobre el conjunto de la
Seguridad Social y de los servicios sociales, porque al fin y al
cabo, yo me ocupo solamente de una de las áreas que es la de los
servicios sociales-, porque el significado de lo que se avance y se
haga con la atención a la dependencia implica un nuevo modelo social
en nuestro país. Indudablemente, no solamente habrá que hacer un
conocimiento de los datos y del ordenamiento jurídico, sino también
de los datos actuariales, es decir, del coste, que va en la línea de
ese acuerdo de mejora del desarrollo social. Afortunadamente, hoy,
con una situación de la Seguridad Social saneada y más consolidada,
con un fondo de reserva, podemos hablar de abordar estas cuestiones.

Hace unos años lo que nos preocupaba era la sostenibilidad del
sisterna y yo creo que eso nos tiene que seguir preocupando, porque
está claro que los datos con respecto al envejecimiento son los de
mayor coste en todas las administraciones.

Con respecto a lo que planteaba el representante de Convergéncia i
Unió sobre la incompatibilidad y las mejoras del SOVI y la viudedad,
yo creo que están claras. Precisamente ese acuerdo ya contempla una
serie de mejoras de las distintas prestaciones, tanto del SOVI como
de la viudedad como de la orfandad. Algunas ya se iniciaron en la
pasada legislatura con el anterior acuerdo, en éste ya hay unas
mejoras claras y yo espero que los agentes sociales y el ministerio
las pongan en marcha cuanto antes. Estoy segura de que así va a ser
puesto que esas son las noticias que yo tengo, que hay un compromiso
de que en los próximos meses se pueda llevar a cabo tanto la
actualización y mejora de las pensiones inínimas como del SOVI y de
la viudedad. Por tanto, esa es mi contestación a lo que usted
planteaba.

Hablaba del mercado de trabajo, y creo que le sirve la respuesta que
le he dado a la representante del Grupo Socialista. El acceso de las
mujeres al mercado de trabajo es para nosotros absolutamente
prioritario, no solamente porque es un deseo de las propias mujeres,
sino porque vemos unas posibilidades de aumento de la actividad
laboral. Hemos crecido casi cuatro puntos en en tasas de actividad y
tenemos que ser capaces de seguir creciendo. El Gobierno está tomando
medidas para conseguirlo, aunque es verdad que hay que hacer una
labor de concienciación importante en dos aspectos. En primer lugar,
en cuanto a la diversificación de las profesiones. Todavía estamos
teniendo relativarnente poco éxito en que las mujeres accedan a otras
profesiones distintas de las que habitualmente vienen desempeñando,
lo cual es un límite propio al acceso al mercado de trabajo, porque
no es ahí donde están fundamentalmente las necesidades de la demanda
del mercado de trabajo. En segundo lugar, tendremos que prestar
un mayor servicio para que las mujeres sepan dónde pueden dejar a
los niños cuando tengan que acceder al mercado de trabajo. Las
medidas que estamos tornando van en esa línea, en facilitar que las
mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo, pero la
diversificación profesional es algo que no podemos abordar solamente
desde el Estado, sino que tiene que venir también desde las
universidades y desde las empresas. Existe una responsabílidad muy
grande por parte de las empresas de utilizar formas mucho más
flexibles para las mujeres y también de promoción de las que ya están
trabajando hacia puestos de mayor responsabilidad.

Me planteaban el tema de las mujeres que no han cotizado. Sabe usted
que las pensiones no contributivas -lo he señalado anteriormente- son
la principal fuente de apoyo a las mujeres que no tienen cotizaciones
en el sistema de la Seguridad Social. El 85 por ciento de las
prestaciones no contributivas van a mujeres, luego, evidentemente,
todo lo que suponga la mejora de estas pensiones no contributivas va
a favorecer a las mujeres. Si las mujeres se incorporan al mercado de
trabajo y mantienen los años de cotización que en este momento parece
que están manteniendo, mejorarán sus pensiones. Por eso es tan
importante y tiene tanta relación el empleo con la situación a futuro
de las propias mujeres.

En cuanto al tema de la inmigración, he de decirle que la inmigración
es algo importante para nuestro país. Es evidente que los inmigrantes
quieren venir, pero también que nosotros necesitamos a los
ininigrantes. Me decía usted que no se ha incrementado el
presupuesto. Tengo que decirle que este año el presupuesto del Plan
de inmigración se ha incrementado un 37,3 por ciento. Adernás, yo
entiendo la inmigración desde dos puntos de vista. Aquellos
inmigrantes que están en nuestro país, trabajando y cotizando a la
Seguridad Social son espanoles, porque tienen los mismos derechos que
los españoles y, por tanto, tendrán que acudir a los mismos servicios
sociales y recibir la misma atención que los españoles. Cuestiones
distintas son que hagamos programas que faciliten la integración
desde un punto de vista más cultural o la integración de aquellos
inmigrantes que en este momento no tienen regularizada su situación
y que están en nuestro país. No creo que sea preciso establecer
servicios para los inmigrantes que ya tienen los mismos derechos que
los españoles y están en la misma situación que los españoles, sino
para aquellos que tienen unos derechos diferentes. En todo caso hay
que contemplarles como personas que están en nuestro país trabajando
y que, por tanto, hay que darles las mismas oportunidades y las
mismas ventajas que les damos a los españoles. Otra cosa son los que
no tienen esas inismas ventajas en razón de su situación o en razón
de otras cuestiones que podemos plantear, pero nosotros estamos
incrementando los presupuestos para la atencion social de los
inmigrantes y hemos incrementado elpresupuesto del Plan de atención a
la inmigración.




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Se ha preguntado también por el plan de familia. El plan de familia
-no lo tengo encima de la mesa- tiene cuatro grandes objetivos:
incrementar la calidad de las familias, apoyar la solidaridad
intergeneracional, apoyar a la familia como garante de la cohesión
social y apoyar a las familias que están en tina situación más
desfavorecida o en situación de riesgo. Tiene diez líneas
estratégicas que van dirigidas, entre otras, a política fiscal y de
rentas, política de Seguridad Social, política de vivienda,
conciliación de la vida familiar y laboral, revisión del derecho de
familia en algunos aspectos, la elaboración de una ley de familias
numerosas de acuerdo con los resultados de la subcomisión que está en
este momento trabajando en el Senado, un apartado dirigido al apoyo a
la mediación familiar y las nuevas tecnologías en relación con la
familia. Dentro de esas líneas estratégicas se plantean medidas
concretas que van a tener su efectividad dentro de las reformas que
ya se están presentando, por ejemplo, la mejora del IRPF. Son medidas
fiscales que suponen una ayuda a la madre cuando tenga el tercer hijo
compatible con cualquier nivel de renta y con las otras deducciones
que existen en este inomento dentro del IRPF. Hay otra ayuda para
aquellas familias que tengan gastos de guardería o gastos de personal
contratado para atención de niños menores de 3 años. Con ello no sólo
se está ayudando a las familias, sino a la mujer y a la vez se está
ayudando a crear empleo, porque sabemos que ese es un nicho de
empleo. Es cierto que los inmigrantes están muy presentes en la
atención a los servicios de proximidad o servicio doméstico. Por
tanto, hay una serie de medidas que van dirigidas a la familia pero
que tiene una incidencia fundamental en la mujer. En el tema de
Seguridad Social se plantea el incremento del umbral de renta para
las prestaciones de la Seguridad Social, que en este momento sabe
usted que está en 1.244.000 pesetas; se plantea también la
actualización de las prestaciones de Seguridad Social, que saben
ustedes que en el año 2000 se revalorizaron habiendo estado
congeladas desde el año 1991; se plantea también un incremento de
hasta un 50 por ciento de la prestación que se puso en marcha en la
anterior legislatura para el tercer hijo y para los partos múltiples,
así como la equiparación de las ayudas para los hijos que están en
adopción, acogimiento o preadopción permanente que en este momento no
pueden tener este tipo de ayudas. Me gustaría contarles el plan de
familia, pero sería interesante que el ministro o yo misma
comparezcamos para explicarlo con mucho más detalle. Tiene un perfil
de apoyo a la familia, pero sobre todo a la mujer, porque no nos
olvidemos que la atención a menores y la atención a mayores
dependientes sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres y, por
tanto, son las mujeres las que tenemos que hacer un mayor esfuerzo
para que esa atención sea compatible con el acceso y la permanencia
en el mercado de trabajo.




Me preguntaba si estamos avanzando en lo que es la dependencia. Por
la información que yo tengo del secretario de Estado de la Seguridad
Social, estamos avanzando en materia de dependencia, estamos
trabajando internamente en el ministerio, ya se ha citado a todos los
que van a formar parte de la comisión, lo que no le puedo decir es la
fecha exacta de la primera reunión, pero estoy segura de que como ya
se ha citado tendrá que ser de forma inmediata. Desde luego, esta
secretaria va a trabajar con mucho interés en un tema que es
realmente importante.

En cuanto a lo que planteaba la representante del Partido Popular, es
evidente que la ayuda a domicilio es un yacimiento de empleo, y creo
que también lo ha señalado la representante del Grupo Socialista. Si
hay algo que puede hacer crecer el empleo en un sector de mujeres con
una escasa cualificación, e incluso sin ningún límite de edad, es la
ayuda a domicilio. Además, es evidente que es algo que los mayores
valoran muy positivamente, porque les permite estar en su casa, estar
en su círculo concreto, les permite estar en una mejor situación y,
sobre todo, tener un apoyo a esa dependencia. Por tanto, creo que
está muy relacionada la atención a domicilio. Así como otros centros,
por ejemplo las residencias, contratan a mucho personal, también es
verdad que la ayuda a domicilio es probablemente la que más relación
tenga con el empleo. Será una de las cuestiones en la que tendremos
que incidir cada vez más porque tiene ese beneficio doble: mayor
empleo pero también mayor atención para un número mayor de personas.

Además, hay un objetivo fundamental e irrenunciable: atender a las
personas que están en la peor situación, que son los grandes
dependientes. Dentro de la dependencia he señalado que hay distintos
grados y los grandes dependientes, en este momento, son los que quizá
tengan un coste mayor, pero tenemos que ser capaces de darles una
respuesta, porque, por otra parte, hay que señalar que están en una
situación límite.

Por tanto, no se puede olvidar que en todas las cuestiones todos
tendremos que hacer un esftierzo importante. Como les decía, nos
estamos planteando el modelo social que vamos a tener, pero tenemos
una ventaja porque aunque las encuestas señalan que probablemente a
partir de 2020 seamos uno de los países con un mayor número de
personas mayores en el entorno europeo, sin embargo, tenemos la
ventaja de que esa situación no nos va a llegar de forma tan
imnediata como les ha llegado a otros países europeos. Luego tenemos
que aprovechar estos años de una cierta estabilidad de crecimiento,
pero no de un crecimiento excesivo, para pensar entre todos cuál es
el modelo social hacia el futuro. Creo que las medidas tomadas en
esta legislatura y en la anterior, los incrementos de presupuesto,
han tenido como consecuencia un incremento de los servicios y han
sido una apuesta muy clara de este Gobierno. Por tanto, debemos
seguir trabajando en esa comisión de



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la dependencia -que, repito, ya está citada-, en la que van a estar
presentes las administraciones públicas, las comunidades autónomas,
la Federación Española de Municipios y Provincias, los agentes
sociales, los sindicatos y la patronal. Tenemos que ser capaces de
diseñar ese modelo social porque realmente creo que nos jugamos
mucho, nos jugamos el presente de muchas personas pero también
nuestro propio futuro. Estoy segura de que con la colaboración de
todos seremos
capaces de reflexionar y de poner las piedras para construir ese
nuevo modelo social.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Dancausa.

Concluidas las intervenciones, se levanta la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.