CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 343



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 36



celebrada el miércoles, 17 de octubre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua) para
informar sobre:



- Los avances en la creación de un espacio europeo común de justicia,
libertad y seguridad. A petición propia. (Número de expediente 214/
000078.) . . . (Página 10962)



- Las actuaciones del ministerio fiscal para evitar la dilación en
los procedimientos que acaban en la fuga de narcotraficantes y
mafiosos. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000214.) . . . (Página 10962)



- Las negociaciones que viene llevando a cabo con otros Estados al
efecto de evitar el procedimiento de extradición en la entrega de
personas acusadas o condenadas por delitos de terrorismo u otros que
puedan dar lugar a la extradición. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000313.) . . .

(Página 10963)

Página 10962



- Las medidas que ha adoptado el Ministerio de Justicia respecto de
la actuación de los secretarios judiciales que prestan sus servicios
en los juzgados de Marbella (Málaga), de los que han sido sustraídos
varios expedientes judiciales. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000536.) . . . (Página 10987)



- La pérdida de expedientes judiciales en los juzgados de Marbella
(Málaga). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000502.) . . . 10987



- Las razones por las que ha sido denegada al fiscal jefe de la
Fiscalía anticorrupción la autorización para asistir a la reunión del
Consejo de Europa y las actuaciones que viene realizando el Gobierno
para la lucha contra la corrupción. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000445.) . . .

(Página 10998)



- Las presiones que ha realizado sobre la Fiscalía especial
anticorrupción a los efectos de dificultar la labor de ésta. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 213/000442.) . . . (Página 10998)



- El funcionamiento del ministerio fiscal en los casos que conciernen
a aforados, a la luz del pacto por la justicia. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000447.) . . . (Página 10998)



- La actuación de su Ministerio antes y después del traslado forzoso
del fiscal del Tribunal Supremo señor Vargas. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000525.) . . . (Página 10998)



- La intervención de la Fiscalía General del Estado en el traslado de
fiscales en las Salas del Tribunal Supremo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000510.) . 10998



- La posición del Gobierno ante la actitud y actuación del Fiscal
General del Estado, señor Cardenal, en el proceso de relevo del
fiscal don Bartolomé Vargas y por la posible actitud obstruccionista
en el caso Ercros. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000003.) . . .

(Página 10998)



- La problemática y las deficiencias detectadas en la puesta en
marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A solicitud del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000303.)
. . . (Página 11012)



- Las razones por las cuales fueron indultados, el 1 de diciembre de
2000, y de acuerdo a las informaciones publicadas en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), durante las primeras semanas de enero de
2001, los señores Emilio Mariño Martín, Isidro Martínez Villota, Abel
Alberto Núñez Álvarez, Carlos Prieto Bragado, Juan Pedro Zapata
Saldaña, Juan José Fernández Laguinilla, José Luis Fraila Ayuso,
Luciano García Gómez, Pedro Laíz González, Paulino Navarro González-
Lafont, José María Rodríguez Rodríguez y Damián Vinayo Gutiérrez,
condenados todos ellos por delitos de tortura. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000287.) . . .

(Página 11012)



Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (ACEBES PANIAGUA) PARA
INFORMAR SOBRE:



- LOS AVANCES EN LA CREACIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO COMÚN DE JUSTICIA,
LIBERTAD Y SEGURIDAD. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/
000078.)



- LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO FISCAL PARA EVITAR LA DILACIÓN EN
LOS PROCEDIMIENTOS QUE ACABAN EN LA FUGA DE NARCOTRAFICANTES Y
MAFIOSOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000214.)



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- LAS NEGOCIACIONES QUE VIENE LLEVANDO A CABO CON OTROS ESTADOS AL
EFECTO DE EVITAR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN EN LA ENTREGA DE
PERSONAS ACUSADAS O CONDENADAS POR DELITOS DE TERRORISMO U OTROS QUE
PUEDAN DAR LUGAR A LA EXTRADICIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000313.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar
comienzo a la sesión de la Comisión convocada para hoy. Empezamos
dando las gracias al ministro de Justicia por su presencia y le damos
la palabra para que intervenga en relación con la comparecencia
pedida por él mismo y con las dos que figuran a continuación en el
orden del día, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión de
Justicia e Interior, tanto a petición propia como a instancia de
alguno de los grupos parlamentarios, para explicar los avances en la
creación de un espacio de justicia, de libertad y de seguridad común,
que está experimentando un desarrollo importante y no es exagerado
afirmar que sin precedentes en el tercer pilar de la Unión Europea.

La existencia de una comunidad jurídica internacional, en la que las
relaciones jurídicas, económicas y personales se han intensificado,
es aprovechada en muchas ocasiones por el crimen organizado en
cualquiera de sus formas y desde luego por el terrorismo, como en
España conocemos bien, no sólo para actuar sino para buscar áreas de
posible impunidad surgidas de las diferencias existentes entre los
ordenamientos jurídicos. Entre estados y ordenamientos que se basan
en el principio de confianza recíproca y que comparten los mismos
derechos y libertades fundamentales resulta necesario establecer
instrumentos que sean una muestra de esa confianza en nuestros
respectivos sistemas. La lucha contra el crimen organizado no puede
verse entorpecida por fronteras procesales, judiciales, policiales o
diferencias entre los ordenamientos jurídicos. Estoy convencido,
señorías, de que debemos abandonar las viejas fórmulas y mecanismos
de auxilio judicial, que fueron muy eficaces en otros tiempos pero
que ahora deben dar paso a nuevas soluciones, más eficaces, frente a
esas nuevas formas de delincuencia, acorde con las demandas de los
ciudadanos y con el respeto a los derechos y libertades
fundamentales.

En el ámbito de la Unión Europea, donde la libertad de circulación de
personas y capitales es una realidad, la necesidad de la creación de
un espacio judicial
común, como proclamaron las conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere, es una prioridad. Desde este consejo hemos trabajado en
España en un doble sentido. En el bilateral, adoptando acuerdos con
aquellos países que por distintas circunstancias nos han permitido
encontrar fórmulas de colaboración más rápidamente. Ello ha supuesto,
como SS.SS. conocen, avances significativos importantes con Italia,
Francia, Bélgica y Reino Unido. En concreto con Italia se firmó el
pasado 28 de noviembre un tratado para superar el procedimiento
clásico de extradición, que ha supuesto un hito, un acontecimiento,
un cambio trascendental en la colaboración judicial entre Estados.

Entendimos, y así quedó reflejado en el tratado, que un paso
importante era suprimir el procedimiento de extradición y
reemplazarlo por un procedimiento más acorde con las necesidades
actuales, un procedimiento que fuese ágil y simplificado de entrega
rápida de delincuentes. Con Francia podemos afirmar que tras el
seminario hispano- francés, celebrado el 12 de julio en Toulouse, y
el trabajo desarrollado por el grupo de expertos que se constituyó,
que se creó tras la declaración conjunta del pasado mes de febrero,
se han sentado lo que podríamos denominar las bases de un nuevo
modelo de cooperación judicial basado en la confianza recíproca entre
nuestros sistemas y en la búsqueda de soluciones concretas
a problemas concretos y prácticas que evitasen retrasos, dilaciones o
dificultades que hemos conocido y que han surgido en el pasado. El
pasado jueves, en la cumbre hispano-francesa que celebramos en
Perpiñan, se ha dado un paso trascendental. Hemos puesto en marcha
cuatro mecanismos que, unidos a los avances que se están produciendo
en el seno de la Unión Europea, a los que luego me referiré, van a
permitir un marco de cooperación más ágil, más eficaz y sin
precedentes en el seno de la Unión Europea.

En primer lugar, se acordó la entrega temporal a España de los
delincuentes que tengan procesos o condenas pendientes en Francia,
con el fin de permitir que en España se lleven a cabo las actuaciones
judiciales precisas (mesa de interrogatorio, reconocimientos) para
que se puedan impulsar los procedimientos y sobre todo para que estos
delincuentes puedan ser juzgados. Con este acuerdo se van a evitar
retrasos, se va a facilitar el enjuiciamiento, la práctica de pruebas
y en consecuencia la persecución del terrorismo en aquellos casos
que, evitando, a pesar de tener concedida la extradición, los
retrasos producidos por la necesidad de esperar a que en Francia se
juzgue primero, se cumpla la condena, con los perjuicios graves que
todo eso provoca como dificultades en la prueba testifical, ya que
incluso en los propios testigos se han dado casos en los que han
cambiado de residencia, de país, o incluso han fallecido y, por
tanto, la celebración del juicio, la aportación de las pruebas y la
consiguiente condena adquiere una mayor dificultad. Con esta entrega
temporal se producirá el enjuiciamiento cuando esté en condiciones,



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se celebrará el juicio y de nuevo se volverá a entregar a Francia
para que siga cumpliendo la condena o el juicio, si allí le tiene
pendiente.

El segundo de los instrumentos ha sido lo que hemos denominado las
denuncias oficiales a través de las cuales el país en que se haya
producido un delito menor o de escasa gravedad entregará al
delincuente al otro Estado donde ha cometido delitos muy graves y
este se compromete a juzgar y en su caso a condenar por ambos
delitos. Es frecuente y conocido de todos el caso de que un
terrorista no pueda ser entregado a España, a pesar de que se haya
concedido la extradición, porque lleva un arma en el momento de la
detención y por tanto tiene que ser juzgado en Francia por el delito
de tenencia ilícita de armas y cumplir allí la condena. En este caso,
lo que ocurrirá es que Francia denunciará este delito ante España,
ante las autoridades españolas y se le juzgará por las causas
pendientes en España y por esta causa de delito menor en Francia, y
cumplirá en España la condena por los dos delitos, en el caso
lógicamente de ser condenado. En tercer lugar, y con el fin de
cooperar en la investigación criminal desde el primer momento, se ha
acordado la creación de un equipo de investigación conjunto hispano-
francés en materia de terrorismo. La creación de este equipo de
investigación tiene su base en la decisión marco sobre equipos
conjuntos de investigación, que está siendo impulsada por la Unión
Europea y que deberá adoptarse en el Consejo de Ministros de Justicia
e Interior en su reunión del 6 y 7 de diciembre de este año. Se prevé
que en esa reunión tengamos ya la configuración y composición de
estos equipos conjuntos y, anticipándose a esta decisión marco,
España y Francia han acordado que el primer equipo de investigación
conjunta que se constituya en la Unión Europea será el hispano-
francés. Quiero llamar la atención sobre el espectacular avance que
esto supone en la lucha contra la delincuencia y en especial en la
lucha contra el terrorismo porque la información que se puede
intercambiar y la cooperación entre los fiscales, investigadores
y jueces, pueden facilitar la persecución de los delitos de terrorismo
con una enorme intensidad.

Por último, el cuarto de los acuerdos permite el acceso inmediato a
la información; en particular, la obtención de copias de la
documentación. De nuevo, este es un elemento muy importante en la
lucha contra el terrorismo. Para su puesta en práctica se ha
encargado al grupo de trabajo hispano-francés que en el plazo de tres
meses elabore un protocolo en el que se recoja el procedimiento y las
reglas de actuación y confidencialidad necesarias para la efectiva
implantación del sistema, que nos permita el acceso a toda la
información así como obtener copias de la documentación y de los
elementos de prueba relativos a operaciones terroristas o criminales
desde el mismo momento en que se obtienen. La información obtenida
inmediatamente es mucho más importante en la persecución de los
delitos y a través de este protocolo se determinará a qué autoridades
hay que entregar dicha copia y cómo se garantiza la
confidencialidad de la misma, porque en cualquiera de los países
puede estar decretado el secreto del sumario y hay que garantizar que
se mantiene la confidencialidad y el secreto en el otro país con la
entrega de la documentación. Este es el protocolo que tiene que
establecerse en el plazo de tres meses para que podamos acceder
directamente a la información y a la documentación -tanto en soporte
papel como informático- que se incaute en la lucha contra el
terrorismo.

He querido detenerme en los aspectos más importantes del ámbito
bilateral de cooperación judicial. Ahora voy a referirme al ámbito
multilateral en el seno de la Unión Europea. Como saben, el impulso
de España en esta materia ha sido muy importante. Antes me refería a
que, cuando el pasado 30 de noviembre tuvimos la ocasión de presentar
el tratado hispano-italiano en el Consejo de Ministros de Justicia e
Interior, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Antonio
Vitorino, hizo suya la iniciativa y anunció la elaboración de la
orden europea de detención y entrega por los servicios de la
Comisión. España ha colaborado directa y decididamente en estos
trabajos y es el único país que ha destacado un experto nacional en
la Comisión, a requerimiento de la misma. Al mismo tiempo, la
Comisión ha estado trabajando en otra iniciativa, a la que me
referiré, que es la definición común del delito de terrorismo, con el
fin de que lo adopten los ordenamientos de los Estados miembros. El
Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de ambas iniciativas por
mayorías muy amplias.

El terrible atentado terrorista del pasado 11 de septiembre ha
acelerado sin duda los progresos de los trabajos que estábamos
llevando a cabo en la Unión Europea. Así, la presidencia belga
convocó el pasado 20 de septiembre un Consejo de Ministros
extraordinario en el que la Comisión presentó dos iniciativas: una,
la decisión marco, a la que me acabo de referir y en la que veníamos
trabajando, sobre la orden europea de detención y entrega; el texto
de la decisión marco; y otra, sobre la definición del delito de
terrorismo. Al día siguiente, como recordarán, el Consejo Europeo,
reunido en sesión extraordinaria, acordó reforzar la cooperación en
todos los ámbitos, y muy especialmente en el judicial, y todo un plan
por el que se crea esa orden europea y se adopta la definición común
de terrorismo. El objetivo de este plan es conseguir un acuerdo sobre
estas decisiones en el Consejo de Ministros que se tiene que celebrar
los días 6 y 7 de diciembre y que su trasposición a los ordenamientos
jurídicos internos se produzca en un plazo muy breve de tiempo que
quedará fijado en la decisión que se adopte los citados días 6 y 7 de
diciembre. La presidencia belga está trabajando en este sentido con
el apoyo firme y decidido de España. Ayer mismo, el Consejo de
Ministros de Justicia e Interior nos volvimos a reunir por tercera
vez en cuatrosemanas para debatir la propuesta de la Comisión y



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aclarar los extremos que nos permitan avanzar sobre todo, a los
grupos de expertos, aquellos que tienen que ser objeto de un impulso
político, lo que demuestra el interés de la presidencia belga en el
impulso de estas dos decisiones marco para aprobarlas en el plazo más
breve posible. Para ello es necesario que continuemos trabajando
intensamente, dada la enorme complejidad jurídica que tiene, como
ustedes comprenderán, dotarse de estos instrumentos en el seno de la
Unión Europea, entre ordenamientos jurídicos diversos e incluso
estructuras jurídicas distintas.

Esta decisión marco sobre la orden europea de detención y entrega
representará sin lugar a dudas un importantísimo avance. La Comisión
nos ha presentado un instrumento de naturaleza procesal que,
inspirado en nuestro tratado con Italia, suprime la fase política del
procedimiento clásico de extradición y agiliza enormemente la fase
judicial. Ustedes saben que el procedimiento de extradición tiene dos
fases hasta este momento: una administrativa, que en el caso de
España se realiza en su fase inicial ante el Ministerio de Justicia,
en la que se valora el cumplimiento de los trámites procesales y la
procedencia de la extradición por un acuerdo del Consejo de
Ministros. Existe además una fase judicial, en la que se examina la
compatibilidad de la solicitud de extradición con nuestro sistema
español, tanto procesal como sustantivo. Pues bien, este nuevo
instrumento suprime completamente la fase administrativa y utiliza el
mecanismo del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Se
integra en un único documento, un formulario que será homologado para
todos los países de la Unión Europea, que comprenderá la solicitud de
detención y la de entrega; lo que en otros casos se producía en
varias solicitudes, se integrará en un único documento que
comprenderá -repito- la solicitud de detención y la de entrega, con
la información necesaria y suficiente para que se pueda producir una
rápida toma de decisión. Prácticamente es la identificación del
presunto delincuente sobre el que se solicita la detención y la
entrega, una copia de la resolución judicial en la que se basa y el
delito por el que se persigue; unos datos muy sencillos, muy simples
para identificar delincuente y delito por el que se solicita la
entrega y la base legal que lo sustenta. Prevé un sistema de entrega
judicial inmediata, con presencia del reclamado ante un juez y por
supuesto con derecho a audiencia. Se trata de un proceso rápido,
sencillo, de juez a juez, y con motivos de denegación y de oposición
tasados y con un plazo de tiempo limitado para que se produzca la
entrega. Es más, quiero destacar que en la propia orden europea
cuando no haya oposición por parte del ya detenido -y sólo puede
hacerlo por motivos limitados y de naturaleza formal-, la entrega de
la persona buscada puede verificarse en un plazo inferior a diez
días, según la propuesta que ha realizado la Comisión, y en caso de
oposición el plazo máximo que también se va a establecer está siendo
estudiado en los debates a los que me
refería anteriormente en el Consejo de Justicia e Interior, también
con la finalidad de que sea el más breve posible. En otras palabras,
señorías, la adopción de la orden europea de detención y entrega hace
desaparecer el procedimiento de extradición entre los Estados
miembros de la Unión y este es sin duda el paso más significativo
para lograr un espacio común de justicia que nos hemos fijado como
objetivo.

A pesar de ser muy importante la orden europea de detención y
entrega, no es el único ámbito en el que estamos trabajando en el
importante conjunto de decisiones que se están adoptando para lograr
ese espacio común de justicia. Entre ellas voy a destacar en primer
lugar la propuesta de la Comisión, que antes solamente he citado, que
es la decisión marco para una definición común entre todos los países
miembros del delito de terrorismo. Esta propuesta tiene una doble
importancia: por un lado, la de provocar la inclusión del mismo en
los ordenamientos de todos los países y Estados miembros que hoy
todavía no tienen definido el delito de terrorismo; por otro lado,
esta aproximación es muy importante no sólo por el hecho de que
facilita cualquier clase de cooperación judicial al haber un delito
recogido en todos los ordenamientos, sino también como símbolo de que
todos los miembros de la Unión Europea percibimos la amenaza
terrorista como lo que es: un delito con sustantividad propia, que
atenta contra los principios esenciales de nuestra convivencia, la
democracia, la libertad, la protección de los derechos fundamentales,
y que afecta en consecuencia a la comunidad internacional y que
cuando en esa comunidad internacional se produce un atentado
terrorista se está produciendo contra todos los miembros que definen
un modelo de convivencia común.

Somos conscientes de que la lucha contra el terrorismo y contra el
crimen organizado exige también una serie de medidas complementarias
que hagan que esta lucha sea más eficaz. Ayer en el Consejo conjunto
de ministros de Economía y Justicia e Interior analizamos la decisión
marco sobre ejecución de resoluciones de embargo preventivo de
bienes. Se trata una vez más de un procedimiento basado en el
reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, lo cual va a
permitir ejecutar la resolución de embargo dictada por un juez
español en cualquier Estado de la Unión Europea. Si se detecta una
cuenta de una determinada organización terrorista en Francia, la
orden de embargo de un juez español sobre esa cuenta será
inmediatamente ejecutada en ese país de la Unión Europea, sin ningún
trámite adicional.

Aprobamos y firmamos un protocolo muy importante al convenio de
asistencia judicial en materia penal. Como ustedes se habrán dado
cuenta inmediatamente, estamos trabajando en materias que afectan
directamente a intentar cortar la financiación de las organizaciones
criminales y de las organizaciones terroristas. Pues bien, este
protocolo que ayer firmamos todos los países que asistían al Consejo
de Ministros obliga a los Estados



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miembros a estar en disposición de, a solicitud de otro Estado
miembro, poder suministrar las cuentas bancarias, todas las cuentas
bancarias de una persona u organización investigada. Esto es lo que
establece en su artículo primero. No sólo suministrar las cuentas,
sino que también establece en su artículo segundo suministrar la
información sobre todos los movimientos efectuados en esa cuenta que
haya sido previamente identificada y la petición de control de los
movimientos futuros de una cuenta. Dicha información se suministrará
siempre que la solicitud se refiera a determinados delitos
especialmente graves y desde luego hemos incluido en el protocolo el
terrorismo entre ellos. Queda consagrada en este protocolo la
inoponibilidad del secreto bancario como causa para denegar la
ejecución de la solicitud de asistencia. Ya saben ustedes que este
era uno de los obstáculos esenciales para obtener una información tan
valiosa en la lucha contra el terrorismo y esencialmente contra los
medios de financiación del mismo, ya que se oponía de manera
reiterada el secreto bancario y por tanto no se podía acceder ni a la
cuenta, ni a los movimientos, ni al control de la misma. A partir de
la entrada en vigor de este protocolo, ya entre los países de la
Unión Europea firmantes del mismo no se podrá oponer ese secreto
bancario; como tampoco se podrá oponer la denominada excepción
fiscal; y tampoco, en tercer lugar, el carácter político del delito.

Sabían que también era esta otra de las causas de oposición. Pues
bien, expresamente recoge el protocolo que ninguna de estas tres
causas se podrá oponer en el futuro ante la solicitud de un Estado
miembro para tener toda la información sobre las cuentas bancarias
que se encuentren en otro de esos Estados.

Esta decisión se une a los trabajos en marcha relativos al bloqueo de
cuentas, al control para detectar la circulación transfronteriza de
fondos. Esta también es una de las materias en las que continuamos
con los trabajos en el Consejo conjunto con los ministros de
Economía, porque evidentemente en esta delincuencia que se produce en
varios Estados, en varios países a la vez, en la que las operaciones
logísticas o el mando se encuentra en un país, los comandos
operativos en otro, el trasvase de fondos existe y además es muy
importante poder conocerle, poder controlarle y trabajaremos sobre
esa materia para controlar y detectar esa circulación transfronteriza
de fondos. También, como conocen, estamos trabajando para la
incorporación en la directiva del blanqueo de delitos como el
terrorismo. Todo ello permitirá, como decía antes, cortar las fuentes
de financiación con que cuentan las organizaciones criminales
nacionales e internacionales. También quiero destacar que el pasado
jueves día 27 se adoptó un acuerdo político en el seno de la Unión
Europea sobre la creación de la unidad definitiva de cooperación
Eurojust. A partir de ahora, señorías, sin duda alguna vamos a hablar
mucho de este nuevo organismo internacional que se denomina Eurojust,
que se constituye
como un nuevo y original mecanismo de cooperación que va a permitir
coordinar todas las acciones, llevar a cabo investigaciones conjuntas
y compartir información sobre organizaciones criminales y terrorismo.

Eurojust va a comenzar su funcionamiento el día 1 de enero de 2002 y
contará en su sede central con dos miembros de cada uno de los
Estados que trabajarán en su sede permanente. Además de los dos
miembros que trabajarán en la sede permanente habrá un corresponsal
de Eurojust en materia de terrorismo y sólo para materia de
terrorismo, que trabajará en cada uno de los Estados para facilitar y
aumentar la eficacia de Eurojust en materia de terrorismo. Esta fue
una propuesta, en el último momento, francesa que fue incorporada por
acuerdo de todos los Estados. Tiene una enorme importancia pues un
corresponsal va a centralizar y va a disponer de toda la información
que en materia de terrorismo exista en cada uno de los países
miembros de la Unión Europea y la facilitará y la aportará a ese
Eurojust central, facilitando y por tanto -valga la redundancia- de
manera muy importante las investigaciones que va a llevar a cabo la
propia Eurojust.

Son muchos e importantes los avances. La creación de un espacio común
de justicia, por el que apostamos decididamente desde un primer
momento y en el que hemos sido pioneros desde las primeras medidas,
se siente en la actualidad como una necesidad por todos los Estados
miembros de la Unión Europea. Sin embargo es importante no detenernos
y seguir avanzando en la misma dirección, tenemos que seguir buscando
mecanismos que nos permitan luchar contra el terrorismo y la
criminalidad organizada de forma más ágil y eficaz. Estamos
trabajando para acabar con el terrorismo desde el ámbito o la
estrategia más eficaz y seguramente la única posible, que es desde
una perspectiva global, cooperación internacional, supresión de las
redes y de los sistemas de financiación, desaparición de cualquier
refugio y procedimientos ágiles y rápidos para la entrega de los
mismos. Hemos visto que esto, unido a la cooperación y a la
colaboración entre policía y a la propia eficacia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, es el modo para poder acabar con el
terrorismo, como además estamos viendo hoy mismo.

Señorías, estamos asistiendo a un acontecimiento muy importante, que
es la desaparición de las fronteras en la lucha contra el terrorismo
y el resto del crimen organizado, pero nos queda mucho trabajo por
hacer por la empresa que, como ustedes compartirán, es muy ambiciosa.

El nacimiento al que estamos asistiendo de la Europa del derecho
inaugura un nuevo marco de relaciones jurídicas, de aplicación del
derecho, en el que España debe continuar no sólo estando presente
sino aportando iniciativas que tanto esta Comisión de Justicia como
la de seguimiento del pacto para la reforma de la justicia deben
tener y debemos fijarnos como una constante prioridad y como objetivo
de nuestros



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trabajos y reflexiones, pues realmente estamos en una nueva etapa
histórica para el derecho y para la justicia.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señor ministro, en primer lugar, en nombre
del Grupo Socialista, le agradecemos su presencia en esta Comisión.

Es una presencia para un debate de enorme trascendencia y nos
gustaría que fuera más habitual -le invitamos a ello-, porque el
Parlamento puede hacer mucho a la hora de definir políticas que
impidan que el espacio europeo, lejos de ser un espacio de seguridad
y libertad pudiera ser un espacio de impunidad para delincuentes o
para terroristas. Nuestra participación en ese apoyo al Gobierno nos
parece fundamental. Insisto en que el Parlamento debe ser el lugar
donde se transfiera la información y donde se busquen los apoyos
decididos para que entre todos hagamos posible una vieja aspiración
europea que es que nuestro espacio europeo sea, como usted ha dicho
al final de su intervención, un espacio de derecho, de tolerancia, de
libertad y de seguridad.

Es verdad, como usted dice, que los últimos acontecimientos
terroristas de carácter internacional, el acto terrorista terrible de
las Torres Gemelas ha estimulado y excitado a las autoridades
comunitarias de la Unión Europea para hacer en la práctica lo que en
teoría era algo aceptado por todos. Es verdad y es triste, porque
bien sabe usted que desde el año 1970 por lo menos hay iniciativas
parlamentarias, protocolos, convenios, etcétera, que buscaban
reconocimiento mutuo de sentencias, la oportunidad de que el espacio
europeo fuera realmente un espacio de libertades y de derecho, de
coordinación, de normativa jurídica, etcétera. Recordar la
importancia de Tampere, como ha dicho usted, sin duda viene a cuento
así como del Consejo Europeo de Cardiff del año 1998 o reuniones que
han tenido lugar con mucha anterioridad y que sin embargo no
significaban lo que en este momento está significando el apoyo a la
normativa común europea para luchar contra la delincuencia en general
y el terrorismo en particular. Insisto en que ya en el año 1970 un
convenio entre los Estados miembros de la Comunidad Europea nos
hablaba de la posibilidad de ejecutar condenas penales extranjeras y
todavía hoy estamos en los inicios, como usted bien decía en su
intervención, de hacer posible esa ejecución. Bienvenido sea este
estímulo de las autoridades de la Comunidad Europea porque
compartimos la lacra del terrorismo internacional con la Unión
Europea sin duda, pero tenemos una lacra especial de carácter
terrorista que se va a ver contra la pared, marginada, separada,
aislada, con la apoyatura no sólo del mundo del derecho en toda
Europa sino del momento práctico de la información
policial, de la creación de nuevos colectivos de carácter
policial, etcétera. Mi grupo parlamentario agradece que nos haya
informado sobre la reunión que tuvieron ustedes ayer en Luxemburgo,
aunque quizás necesitemos más tiempo para ser informados de manera
más detallada. Le invito no sólo a que comparezca en esta Comisión
sino incluso en la Comisión de relaciones con la Unión Europea, con
el fin de que el mayor número de parlamentarios pueda hacer un
seguimiento de la actuación de nuestro Gobierno en ese marco.

Hay un momento fundamental para el apoyo y el fomento de este tipo de
actuaciones que deberían tener una conclusión muy favorable como
consecuencia de la presidencia española de la Unión Europea, del
Consejo, que se inicia en enero y, puesto que somos especialmente
sensibles a estos temas de terrorismo, es posible que podamos
adelantar actuaciones de enorme interés y con conclusiones muy
positivas. El Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre
marca ya unas conclusiones y un plan de actuación -usted ha hecho
alusión a ello- que notamos que se van cumpliendo con celeridad y dos
objetivos en los que estamos de acuerdo, los dos de enorme
importancia y que debíamos visualizarlos en el mismo nivel. La Unión
Europea es consciente de que es un verdadero reto para el mundo y
para ella misma y por tanto la decisión política firme de su
erradicación y de su lucha conforma, por primera vez de manera tan
destacada, un objetivo prioritario de la Unión Europea. Este es el
primer pilar indispensable para hacer posible el marco de actuación
de la libertad y seguridad en la Unión Europea y otro, tan importante
como éste, que desde el Parlamento queremos subrayar, señor ministro,
porque además estamos en una Comisión de Justicia muy sensible a los
temas de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. El
segundo objetivo es que la erradicación del terrorismo, insisto, como
objetivo prioritario de la Unión Europea, no debe lesionar para nada
el máximo respeto a las libertades fundamentales de nuestra
civilización europea, de nuestro marco europeo. Nosotros somos
Europa, la Europa actual, señor ministro, y podemos ser la vanguardia
en el mundo del derecho porque hemos hecho posible un espacio de
libertades fundamentales de los individuos. Europa es vanguardia ya
en el hecho de que un ciudadano europeo que accede a nuestro espacio
territorial, a cualquiera de los 15 países de la Unión Europea, se
sabe garantizado en sus derechos fundamentales, en sus libertades
públicas. Por lo tanto, en ningún momento -y yo sé que esto tiene que
ser y es objetivo del Gobierno y así debe plantearse en todos los
foros-, la erradicación del terrorismo debe herir ni lesionar en la
forma más mínima el respeto a la libertades que nos hemos dado en
Europa. Porque si no fuera así, señor ministro, no seríamos la Europa
que soñaron los fundadores que desde el Tratado de Roma la quisieron
hacer posible. Es decir, Europa es lo que es porque ha sabido
garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos



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que viven en ella, que residen en ella, que nacen ella o que
transcurren por su territorio.

La Unión Europea está intensificando -lo decía el Consejo Europeo del
21 de septiembre- esta lucha contra el terrorismo a través de un
enfoque multidisciplinar -usted ha hablado de una parte de él- que es
indispensable para hacerla posible. Este enfoque coordinado
e interdisciplinar es indispensable, pero tiene que haber un enfoque
político y social. Nosotros debemos luchar contra el nuevo terrorismo
internacional en un mundo de globalización haciendo política, señor
ministro, no sólo haciendo posible la erradicación por vía de la
norma, sino también ayudando, apoyando, dialogando políticamente y
buscando consenso en aquellos lugares donde el terrorismo se afianza,
de manera tal que nuestra complicidad máxima en el mundo del derecho
sea también el de las naciones que tienen en su seno la lacra del
terrorismo. Es decir, no debemos aparecer como los gendarmes del
mundo, ni siquiera en el territorio europeo, sino como los políticos
capacitados para crear normativa que erradique el terrorismo y ayudar
social y políticamente a aquellos países donde ese terrorismo está
afincado. Creo que es un elemento indispensable que debería formar
parte de la trayectoria de la Unión Europea cada vez que tome alguna
decisión en este tema.

La política europea en la lucha contra el terrorismo y el plan de
acción que se enmarca en el Consejo de Europa de 21 de septiembre
-usted ha hablado de ello- tiene un inicio de conclusiones -lo tenía
ayer en Luxemburgo- en temas tan importantes -usted lo ha dicho aquí-
como la firma del protocolo del convenio de asistencia judicial, que
permite un control y, como usted muy bien dice, también un bloqueo de
las cuentas corrientes de aquellas asociaciones terroristas o de
quienes les asisten. Además, un impulso a dos cuestiones
importantísimas que son el proyecto de embargo preventivo y el
proyecto de blanqueo de capitales, que se agrava en el supuesto de
blanqueo de capitales que busca financiación para el mundo
terrorista. Sin duda, son avances importantísimos.

Parece que los días 6 y 7 de diciembre en el Consejo Europeo se
quieren ahormar dos o tres asuntos de enorme interés que usted ha
comentado y que además tienen en nuestra limitada geografía, en
España, una especial relevancia. El primero de ellos es la orden de
detención europea, que no excluye la extradición pero la reduce a sus
justos términos. Como usted muy bien dice, se habla más de la orden
de detención europea desde el punto de vista judicial que desde el
punto de vista administrativo, hasta el punto que se reduce mucho la
actuación administrativa. Este es un tema importantísimo que creo que
tiene que ser objeto de conformación definitiva, en la medida de lo
posible, el 6 y 7 de diciembre.

En cuanto a la definición del terrorismo, me gustaría saber si hemos
avanzado en esta materia, porque la
definición del terrorismo tiene que ver con muchas cuestiones, no
sólo con saber cómo tipificamos desde el punto de vista penal la
acción terrorista en los quince países de la Unión Europea más
aquellos que puedan formar parte de ella en su momento, sino también
con qué tipo de penas mínimas deben conformar la acción los Estados
frente al terrorismo. Es decir, hay que conocer el tipo de represión
penal, no sólo la tipificación del hecho o de la conducta, sino la
sanción penal que debe reprimir al terrorismo y qué mínimo de penas
deben conformar los Estados a la hora de luchar contra el terrorismo.

Creo que ese tema también se está discutiendo porque todo ello va a
hacer posible algo que el Consejo Europeo de septiembre de este mismo
año les ponía como tarea a los ministros de Justicia e Interior: ir
conformando la lista de las organizaciones terroristas. (El señor
vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Señor
ministro, en este apartado me gustaría que nos comentara si hay algún
avance, si se ilumina sólo un listado de asociaciones o colectivos de
terrorismo internacional o se impone el sentido común, que sería la
lógica de incluir en ese listado terrorismos ubicados en territorios
europeos concretos.

Los avances en el mundo del derecho son muy complicados -usted lo ha
dicho y es cierto-, tenemos unas fuentes del derecho muy distintas de
unos países a otros y unos desarrollos muy diferentes. Por tanto,
combinar el mundo del derecho y hacer una normativa común en temas de
libertades y seguridad no es fácil, pero me gustaría preguntarle
hasta qué punto se está avanzando en cuestiones que yo confío que la
presidencia europea española lleve a buen término. Por ejemplo, en el
reconocimiento real mutuo de las resoluciones judiciales en general,
no sólo de las sentencias judiciales, sino de las resoluciones
judiciales previas a las sentencias judiciales. Usted ha dicho que
esto conforma una confianza entre gobiernos -es evidente- y también
una confianza entre los sistemas penales de los distintos Estados,
pero yo no sé si se ha avanzado en esta cuestión y me gustaría que
usted nos comentara algo, porque las dificultades jurídicas son
elevadas, sin embargo, el reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales en general -insisto, no sólo de sentencias, sino de
resoluciones judiciales que tengan incidencia en otro Estado- creo
que precisa de un nivel de avance importante.

La aceptación de resoluciones judiciales pronunciadas por un juez de
otro Estado miembro, el llamada principio non bis in idem, plantea
dificultades por el principio de exclusión de algunos países. No sé
si estamos en situación de avanzar en este tema, de manera que la
resolución de un Estado impida cualquier investigación en otro por el
mismo crimen. El Reino Unido hasta hace muy poco tenía algunas
dificultades en esta cuestión y no sé si está avanzando porque se
quería limitar a determinadas infracciones el principio de non bis in
idem. Parece que todavía hay países que están



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analizando si mantener o suprimir la exigencia de la doble tipicidad,
es decir, obligar a que haya una doble tipicidad para que no haya una
persecución del crimen en otro país, así como los mecanismos de
protección de terceros y de las víctimas para los supuestos de
consideración de resoluciones judiciales en otro país, la validación
del procedimiento, etcétera.

Hay otros temas que nos parecen importantes, y me imagino que se está
trabajando en ellos, de forma que si usted considera que la
aportación parlamentaria puede ser oportuna, nos brindamos a ello
como grupo más importante de la oposición. El tema de la ejecución de
las resoluciones previas a las sentencias que hace posible que haya
ejecución mutua de sentencias es un elemento fundamental, es decir,
la protección de pruebas entre países para hacer posible la
persecución de un crimen con una protección de pruebas en un país
distinto y el embargo de determinadas medidas de control, pues veo
que han llegado a acuerdos importantes en Luxemburgo en el día de
ayer.

Creemos además -y no sé si habrá una maduración suficiente en este
nivel- que la presidencia española puede hacer mucho para incidir
sobre el traslado de personas condenadas que favorezca su
reinserción. Es decir, favorecer el traslado a su país de origen de
personas que hayan sido condenadas en otro país, de manera que haya
una posibilidad de reinserción mayor. Sé que está contemplado entre
las medidas que están ustedes estudiando, pero no sé si es una
cuestión en la que se está profundizando mucho o si se quiere limitar
la última reunión del Consejo Europeo y la terminación del mandato
belga del 6 y 7 de diciembre fundamentalmente a la orden de detención
y a la tipificación del terrorismo. Estos son otros temas que yo le
planteo y que deberían ser objeto de estudio y de trabajo muy sólido
en la presidencia española, como lo están siendo, y ojalá dé
conclusiones apoyadas y aceptadas por todos. Sin hacer una
enumeración excesiva, también sería el caso del tema de la privación
de derechos por sentencia judicial y su ejecución de un país a otro,
la imposibilidad de participar en licitaciones públicas, en subastas,
el supuesto de condena en un país distinto, etcétera.

Quiero que le quede claro, señor ministro, que nos agrada
profundamente su presencia para informarnos de estos temas. La
presencia de un ministro que se somete a control parlamentario no
debe limitarse, ni mucho menos, al debate en el que hay una
disparidad clara de políticas -que ya tendremos ocasión de ponerla de
manifiesto a lo largo de esta tarde-, sino que debe servir para aunar
esfuerzos entre todos los grupos parlamentarios. El nuestro ya se lo
he ofrecido e insisto en ello.

Nosotros confiamos mucho en que el 6 y el 7 de diciembre sean
posibles acuerdos importantes en esta materia, de manera que el
espacio común de libertades y seguridad europeo sea una realidad
aceptada no sólo por los países sino por la opinión pública europea.

Yo
quería pedirle información sobre si la Unión Europea está haciendo
ese tipo de pedagogía política con los residentes en Europa para que
sean conscientes de la importancia de tener un derecho común, un
espacio de seguridad y libertades como el que tenemos, de su
protección y de su garantía. Digo esto porque es posible que ese tipo
de pedagogía venga mucho a cuento en este momento. Estamos observando
a través de los medios de comunicación acciones bélicas importantes
de lucha contra el terrorismo, sin duda acompañadas por la voluntad
política de muchos países en el mundo, pero son acciones agresivas
-seguro que indispensables- captadas previsiblemente de forma
negativa por la opinión pública. En el fondo la persecución del
terrorismo es una acción en negativo. Quizá sea indispensable
comenzar a hacer acciones en positivo que pongan de manifiesto ante
la opinión pública europea que estamos intentando garantizar su
libertad y seguridad por las dos vías: represión del terrorismo y
garantía de los derechos y libertades que nos hemos dado y que
definen el espacio europeo. No sé si se está calibrando la
importancia de la información para la opinión pública desde la Unión
Europea y me gustaría que nos comentara algo sobre este tema.

Termino insistiéndole en que va a encontrar nuestro apoyo en la lucha
para la erradicación del terrorismo, en términos generales y
nacionales. Recuerde bien nuestras palabras que vienen de un partido
unido al progreso a través del apoyo al derecho y a las libertades:
seamos conscientes de que Europa es Europa porque ha sabido
garantizar las libertades públicas y que ninguna medida que quiera ir
contra el crimen, indispensable para nuestra seguridad, y menos en el
mundo del derecho, erosione lo más mínimo las libertades individuales
que nos hemos dado los europeos porque definen nuestro espacio
y nuestra condición. De manera que ese es el último mensaje que
queremos darle, señor ministro, agradeciéndole, insisto una vez más,
su presencia en el Parlamento español para hablarnos de temas tan
fundamentales en el día de hoy y tan de actualidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia. Yo empezaría diciendo que es la primera vez que se ha
realizado una comparecencia sobre este tema de manera monográfica. En
otras ocasiones hemos hablado de la cuestión pero siempre dentro del
marco de lo que el ministerio iba a hacer, pero como cuestión
monográfica me parece que es la primera vez. Por tanto, antes de
entrar en temas más concretos, quisiera hacer dos reflexiones que me
parecen fundamentales dado que vamos a hablar mucho de ello.




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Primera reflexión. A priori, yo creo que cuando a alguien se le
pregunta: ¿está a favor o en contra de que haya un espacio de
libertad, seguridad y justicia? Es evidente que todos, y creo no
equivocarme, que cualquier formación política entiende que es bueno
que haya un espacio a nivel europeo de libertad, seguridad
y justicia. Primera respuesta evidente. Segunda reflexión: ¿ les parece
bien que haya una serie de medidas que permitan agilizar los procesos
judiciales, coordinar y colaborar en materia de seguridad y, en
definitiva, otorgar un nivel igualitario a todos los ciudadanos
europeos en materia de libertad? Respuesta obvia, creo yo, sí. Por
tanto, el problema no es el enunciado de quién está a favor o quien
está en contra. No creo que en ese aspecto haya ningún problema y en
ese sentido yo creo que está todo claro.

La cuestión más difícil se plantea a la hora de determinar los
detalles y aquí hay dos elementos que creo que es necesario reseñar.

La primera consideración se centra en un problema estructural de la
propia Unión y se debe, en primer lugar, a que estas cuestiones
forman parte del tercer pilar. Y el tercer pilar, a pesar de que con
los últimos avances ha habido una pasarela para permitir la
comunitarización de determinadas materias del tercer pilar al primer
pilar -que yo me permitiría señalar que sería bueno que se utilizara
en muchos de los temas que ahora estamos tratando-, a nivel
comunitario no tiene el mejor control, por decirlo eufemísticamente,
ni judicial ni parlamentario. Primera cuestión estructural de
importancia grave en materias tan sensibles como la justicia, la
seguridad y la libertad. Nos encontramos con materias que están fuera
de control judicial y parlamentario a nivel europeo: tercer pilar.

Por tanto, la primera consideración es: ¿ podemos permitirnos avanzar
en unas cuestiones tan sensibles sin que se hayan delimitado los
controles judiciales y parlamentarios a nivel europeo? Yo lo dejo
encima de la mesa porque creo que es objeto de reflexión.

Segunda cuestión estructural importante que creo que es un déficit de
la Unión achacable a todos, más si cabe a los responsables políticos
de los ejecutivos. Cuando el Consejo aborda tareas legislativas como
las que está haciendo ahora hay una ausencia total de conocimiento
detallado de lo que está deliberando. Este es un problema grave
porque a nadie se le oculta, excepto a los que son terroristas, que
el terrorismo es un problema, que hay que solucionar temas y
solventar cuestiones respecto a cómo perseguir a los terroristas,
cómo aplicar una justicia con todas las garantías, etcétera. Pero el
problema está a la hora de determinar cómo sabemos lo que está
legislando el Consejo. Porque, señor ministro (si los demás
portavoces tienen más elementos de información y conocimiento de
causa, por favor, que me lo digan para que pueda acceder a ello), yo
tengo sólo tres formas de conocerlo con detalle, y no me refiero a
las líneas generales sobre las que agradecemos que nos informe. El
problema está en cuál
es la definición de terrorismo, problema que nos hemos planteado en
esta Cámara a la hora de determinar y tipificar conductas penales, y
desde luego hay que ser muy exigente y exquisito, sobre todo en
materia penal, a la hora de delimitar las conductas punibles. No
tenemos acceso a lo que están ustedes debatiendo y discutiendo, ni
probablemente nadie más que los ejecutivos, a los detalles de lo que
estamos hablando. Por ejemplo, podemos encontrarnos que haya
conductas que nosotros entendamos que son conceptos jurídicos
indeterminados, que es uno de los temas constantes a la hora de tener
un debate, una discusión respecto a qué nos parece bien o qué no nos
parece bien a unos y otros. Ustedes, en el Consejo, están legislando
sin que ninguno de los parlamentos de los Estados miembros, al menos
que yo sepa, tenga el detalle del papel, por decirlo de alguna
manera, que es fundamental. Yo tengo tres únicas fuentes de
información. Yo agradezco lo que usted me dice, pero no me dice: en
el artículo tal, la definición es ésta. Entonces, yo no sé si es un
concepto jurídico determinado o indeterminado, si me parece bien o
no, si estamos hablando de una extensión del concepto terrorismo más
allá de lo que desde mi punto de vista es admisible. No le puedo
decir nada porque no sé nada. La segunda fuente son los periódicos,
pero, lógicamente, tampoco tienen acceso a detalles, salvo que
alguien se los dé. A mí no me llega más que lo que leo y les
agradezco la información a los medios de comunicación, pero tampoco
puedo pretender que ésa sea la información exhaustiva y total.

Tercera fuente: entrar a los documentos.com y a las bases de datos de
la Unión Europea, pero las deliberaciones del Consejo siguen siendo
secretas.

Todo esto constituye el segundo fallo estructural que en esta materia
me parece digno de mencionar: cuando el Consejo actúa como
Legislativo, que lo hace, no existe control suficiente a priori ni a
posteriori y, sobre todo, no podemos dar la información que nosotros
entendamos necesaria ni tener una posición. Usted me dice: vamos a
definir terrorismo. Por lo que usted me ha contestado sé que tienen
de plazo hasta el 6 de diciembre para definir qué es terrorismo y qué
no es terrorismo y yo tengo que decirle que muy bien, pero que no
tengo posición; dependerá de lo que ustedes planteen allí y no sólo
ustedes, sino el Gobierno francés, el Gobierno finlandés y el
Gobierno de Reino Unido. Creo que hay que tener en cuenta estas
consideraciones a la hora de hablar de un espacio de libertad,
seguridad y justicia y por eso creo que hay que subsanar este
problema. Probablemente no lo podamos hacer aquí y ahora, pero
debemos ser conscientes de que tenemos una falla a la hora de
realizar aportaciones, de dar información y especialmente de
manifestar nuestra posición. Se me ocurre alguna manera de subsanar
esto a nivel del Estado: que usted nos haga llegar, por la vía que
considere más oportuna -privada, bilateral, multilateral, en la
Comisión, como usted quiera-, conceptos



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concretos, detalles concretos de qué es lo que estamos discutiendo.

En relación a qué tenemos encima de la mesa, de lo que he oído y
leído en los medios de comunicación, porque no tengo más
documentación, tengo que hacerle varias consideraciones. Primero, una
consideración general: me ha sorprendido siempre que en Tampere y en
el calendario que surge de Tampere no haya ninguna medida -y si la
hay, me alegraría conocerla- que haga referencia a, no diré
uniformizar porque es una palabra nos gustosa a nivel europeo, pero
sí coordinar, establecer una serie de elementos comunes a la hora de
hablar, por ejemplo, de una cuestión sustancial, del derecho de
defensa como una de las garantías que tiene que existir en cualquier
procedimiento judicial, como otras garantías procesales. Y aquí
tenemos que abstraernos un poco de dónde estamos, quiénes somos, qué
defendemos, porque el derecho de defensa no es el mismo en todos los
Estados miembros de la Unión Europea y nos podemos encontrar con que
a través de mecanismos que agilicen el establecimiento de la
justicia, o la investigación, o la aplicación, por ejemplo, de la
llamada euro orden -orden de detención y entrega-, a lo mejor,
estamos enviando fuera de manera correcta, porque cumplen los
requisitos que se establezcan definitivamente respecto a esta
cuestión, a personas que no van a tener el mismo acceso a un derecho
de defensa que pudieran tener si se les juzga aquí, porque no tienen
asistencia gratuita, porque no tienen el mismo nivel de acceso a
abogados que podemos tener nosotros. A lo mejor, otros Estados
miembros no tienen tan avanzada esa cuestión. Me parece muy relevante
y me sorprende que no haya habido -y si la hay retiro lo dicho-
ninguna medida que establezca cuáles son los derechos de defensa como
una de las garantías procesales -hay otras muchas de las que
podríamos hablar-, para que cuando hablemos de agilizar la justicia,
de agilizar los elementos de acusación, por decirlo de manera
genérica, también tengamos en cuenta que tendremos que colaborar, que
tendremos que coordinar esto para que un ciudadano europeo tenga las
mismas obligaciones, pero también los mismos derechos.

Una segunda consideración: la definición de terrorismo. Que yo
recuerde, de los 15 Estados miembros sólo seis tienen una definición
de terrorismo en sus ordenamientos jurídicos, con lo cual estamos
hablando de un elemento muy difícil. La mayor parte de los Estados
miembros no tienen este concepto definido como tal, sin perjuicio de
que tengan jurisprudencia, dado que cada uno tiene distintas
tradiciones y orígenes judiciales y jurídicos diferentes. Sé que el
primer ministro belga les ha instado hasta límites insospechados para
que el 6 de diciembre haya una definición de terrorismo y, si no, no
se sale de allí, más o menos es lo que el señor Verhofstadt nos
comunicó a los parlamentarios en Bruselas
la semana pasada. Me parece que sería muy necesario conocer cuáles
son las definiciones, qué es lo que se va a legislar en esta materia
y cuáles son los problemas que se están planteando por parte de los
distintos Estados miembros, y lo digo porque la experiencia nos ha
demostrado, por ejemplo, que en los últimos debates en materia de
modificación del Código Penal donde mayores discusiones hemos tenido,
al menos desde mi formación política, ha sido sobre determinados
conceptos jurídicos que nos han parecido indeterminados y que hacían
una definición de terrorismo demasiado amplia y, desde luego, no muy
concreta, algo que no debiera ser admisible en materia penal. Veo
esto difícil y nos gustaría que nos tuviera perfectamente informados
de esas deliberaciones, y lo digo porque en Naciones Unidas -que
todavía es mucho más complicado- llevan, no desde la última
Resolución 1368 del Consejo de Seguridad, sino años tratando de
ponerse de acuerdo respecto a qué se considera terrorismo. Ya sé que
Naciones Unidas tiene un plantel de tradiciones jurídicas y
judiciales muy diferentes que las de la Unión Europea, pero,
ciertamente, las propias Naciones Unidas han dicho que es difícil
definir el terrorismo.

Otra consideración, que va también en la misma línea, es que el 6 de
noviembre el Consejo de Ministros de Justicia tiene que tener ya un
debate en relación a la lista de organizaciones terroristas. Además
de las 27 ó 22 que ha señalado Estados Unidos y que al parecer nadie
ha cuestionado, me parece curioso que no haya habido algún debate al
respecto, que no se haya debatido si automáticamente son ésas o la
Unión Europea considera que pueden ser ésas, menos o más. En todo
caso me gustaría saber cuál va a ser el procedimiento para que el
Gobierno aporte nuevos elementos a esa lista, y lo digo porque no es
una cuestión baladí. Si el Gobierno hace nuevas aportaciones a esa
lista, me gustaría saber previamente cuáles son y las razones por las
que considera que X, Y ó Z tienen que estar en esa lista. Me parece
que eso forma parte de la cuestión no ejecutiva, sino legislativa y,
sobre todo, judicial. En definitiva, ¿es el Ejecutivo el que va a
decidir quién es ilegal, quién actúa en contra del ordenamiento
jurídico? Y ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, no voy a
poner nombre y apellidos. Pero, para no poner nombre y apellidos,
imagínese usted que decido hacer una asociación pro adhesión interna.

Usted me dirá: a la Unión Europea. ¿De qué está hablando usted? Algo
tan simple, por ejemplo, como decir que aquellas naciones con
competencias estamos pidiendo que la Unión Europea establezca un
procedimiento para que los que están dentro de la Unión Europea que
no son Estado puedan ser Estado y establezca un cauce, o llamémosle
pro independencia naciones sin Estado dentro de la Unión Europea. Lo
llamo de otra manera para que sea más difícil. Y alguno puede pensar
(a lo mejor otro Estado miembro puede pensar que eso es algo ilegal,
por ejemplo, imaginémonos que no es el Gobierno de España,



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que es otro gobierno) que eso es algo ilegal y deciden que esa
asociación también entrará dentro de la lista. ¿Qué defensa hay? ¿Qué
derechos hay? ¿Qué capacidad tienen los parlamentos y los
movimientos, las asociaciones, las personas físicas, a defenderse, en
dónde, y cómo? Que yo sepa, no existe ningún cauce. ¿A qué tribunal
se dirigen para decir que ellos no han hecho ninguna actuación
contraria a ningún ordenamiento jurídico? Esto son cosas que están
encima de la mesa y son cuestiones que entran dentro de ese espacio
de seguridad, pero también de libertad y de justicia.

Tercera consideración. Hablan ustedes del protocolo de asistencia
judicial en materia penal, lo que se da en llamar el blanqueo de
dinero y levantar el secreto bancario en determinadas materias. Ahí
sí que se han publicado determinados borradores, pero yo aquí sí he
puesto encima de la mesa una cuestión que han planteado los abogados,
no por corporativismo, sino que es una reflexión que me parece al
menos necesario tener en cuenta. Difícilmente se puede pedir a los
abogados que denuncien a las personas que acuden a un abogado para
que les defienda. Me parece cuando menos discutible. Yo creo que esto
hay que plantearlo, no sé si la propia normativa ya establece algún
elemento que salve está problemática, pero me gustaría que el
ministro nos informara al respecto.

En relación al tema de la euro orden o la orden de detención y
entrega, me gustaría que nos explicara un poquito más cuáles son los
problemas que en este momento se están suscitando al respecto. De lo
que yo he leído parece que se querría hacer una lista, que todo
entrara más o menos y que hubiera una lista negativa de cuestiones
que no son objeto de esa orden europea de detención y entrega. Hay
otros Estados miembros que hablan de hacer una lista positiva, es
decir, que cada Estado miembro (creo que eso lo ha sugerido la
ministra de Justicia francesa), estableciera una lista positiva de
cuáles son los delitos que entiende serían susceptibles de ser objeto
de aplicación de esta euro orden de entrega y detención y que de la
conjunción de todas ellas se podría hacer una lista positiva. A mí me
gustaría que nos explicara cuáles son las distintas posiciones de los
Estados miembros, si finalmente se tiende en la dirección de una
lista positiva o de una lista negativa. En todo caso, veo que puede
haber problemas, lo digo abstrayéndonos de dónde estamos y de
nosotros mismos porque, por ejemplo, si en Holanda no están penadas
determinadas medidas de distribución, de consumo o de tráfico de
drogas, puede ser que en Suecia o en otro país sí. Entonces, cómo se
articularían elementos en este caso muy sensibles para determinados
Estados miembros y determinada ciudadanía que se puede encontrar que
conductas que en su propio Estado no son punibles, curiosamente en
otros Estados miembros sí lo son. Es una cuestión muy complicada,
porque los ordenamientos jurídicos no se van a cambiar en tres meses
ni se van a modificar las tradiciones jurídicas,
como decía antes. Por lo tanto, yo creo que hay una dificultad
sustancial.

En definitiva, señor ministro, tengo más dudas y creo que tengo pocos
elementos para darle ahora mismo una opinión fundada y razonada
porque no sé exactamente el detalle de lo que se está discutiendo, y
creo que en estas materias conocer el detalle es lo que te dice si
uno está de acuerdo o no está de acuerdo.

Extendiéndome un poco más en la parte más judicial, hay veces que no
sé si yo confundo o se confunde o hay tendencia a confundir
cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de equipos de investigación
conjuntos, no sé a qué se está refiriendo, si estamos hablando
solamente en materia judicial, si lo hacemos unido con elementos que
tienen su dedicación a interior, a seguridad. ¿De qué estamos
hablando? Lo digo porque a lo mejor todo el mundo lo tiene muy claro
y la única que no lo tiene claro soy yo. Pero a mí a veces me cuesta
saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a conceptos como
éste. ¿Qué significa equipo de investigación conjunta? Primera
consideración. En ese sentido, yo sí tendría que decir (aunque no le
corresponda a usted esa competencia, pero como está todo
entremezclado, incluso la misma denominación de la comparecencia
habla de las tres cuestiones) que un tema muy sensible no sólo
político o de competencias sino de eficacia es la incorporación de la
Ertzaintza a estas cuestiones. Ya sé que no es directamente su
cometido, pero en la medida en que estas cuestiones no están del todo
delimitadas a los efectos de investigación y equipos conjuntos de
investigación, sí quiero reseñar -lo haré el próximo lunes al
ministro del Interior- que es necesario por razones de eficacia que
aquellos cuerpos de seguridad, en este caso la Ertzaintza, que tienen
destinado el cometido de proteger a las personas y los bienes en
determinado territorio puedan tener acceso también a esa serie de
foros, a esa serie de lugares o a esa serie de equipos en los que se
establece un intercambio de información que está siendo la base, como
señala todo el mundo, para agilizar y para realizar los cometidos de
la seguridad de manera más eficaz. Lo dejo encima de la mesa en lo
que corresponda a los debates en que usted pueda intervenir.

Creo que por el momento es todo. Vuelvo a señalar lo que decía al
principio: dos fallos estructurales de la propia Unión que hacen que
en esta materia tengamos un déficit de información, un déficit de
control y una dificultad para que desde el punto de vista
parlamentario podamos dar nuestra opinión, nuestras aportaciones
y nuestra posición en materia tan sensible como la que hoy estamos
tratando.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario del PNV, tiene la palabra la señora Uría.




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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, llevo tiempo en esta
legislatura intentando callarme respecto de cómo se nos denomina en
la sala. Me va a permitir el presidente, no quiero parecerle pedante,
pero el nombre de mi formación política, de mi grupo parlamentario,
es Grupo Vasco del PNV. En tal nombre intervengo.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Lleva razón, señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Se lo digo porque existe también esta
tendencia en el propio Pleno.

Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones, como siempre,
muy bien expuestas -sus discursos son siempre claros y magnífico-,
pero debo manifestarle también que el contenido concreto me ha
parecido más bien etéreo. Es poco más de lo que ya conocíamos por los
periódicos o por otros medios. Nos gustaría poder disponer de textos
concretos respecto de los cuales poder posicionarnos con mayores
certezas.

Ha aludido usted exclusivamente a medidas antiterroristas, cuando la
comparecencia estaba pedida para hablar en general del tercer pilar.

Cierto es que lo comprendo, puesto que, tras los sucesos del 11 de
septiembre, existe un refuerzo en el interés internacional con estas
cuestiones y que incluso en el propio discurso de apertura del año
judicial fue la idea mantenida como principal por el propio Rey.

La más eficaz persecución del delito es desde luego una tendencia que
siempre ha existido dentro de la idea del tercer pilar y que
tropieza, seguirá tropezando, señor ministro, con las inercias de los
Estados miembros siempre reacios a perder o a ceder soberanía en
materia de justicia. Los Estados se aferran a que lo suyo es bueno y
que, además, tiene tradición -su tradición jurídica no hay que
ponerla en duda- y así está ocurriendo con algunas cuestiones a las
que usted se ha referido. Ha hablado de los acuerdos bilaterales con
Italia en relación con los procesos en ausencia o en contumacia; que
sepamos, corríjame el señor ministro si me equivoco, todavía el
Gobierno italiano no ha llevado a la Cámara ninguna iniciativa
legislativa que permita una modificación en su ley procesal para
lograr corregir lo que el convenio o el acuerdo pretendía. Así pues,
en la situación actual, pese a lo acordado entre los Estados, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional español podía seguir
siendo la misma. Conozco que ha habido algún viraje importante en las
sentencias de 28 y 29 de enero del año 2001, pero con todo, en ambas
dos, se seguía otorgando el amparo. Y aprovecho para decirle, señor
ministro, que lo que se relacionaba en estos asuntos era un asunto de
extradición, que es lo que estaba en entredicho en aquel momento,
pero siempre vinculado a la prisión provisional, otra de las
asignaturas que está todavía por ahí pendiente y cuya regución tiene,
creo yo, extraordinaria importancia también
en lo que hace referencia a las medidas que se quieran acordar dentro
del ámbito europeo y aún del internacional.




Lo expuesto es la pretensión que existe en el ámbito europeo de
derribar blindajes amparados bien en el secreto, como ocurre con las
medidas económicas, secretos casi sacralizados en algunas cosas,
sobre todo cuando rozan lo económico, o bien amparados en la
territorialidad. Esta tendencia, señor ministro, no es de ahora, la
actuación española está siendo constante en tiempos recientes, pero
la idea de espacio común y propuestas parecidas a las actuales,
recuerdo habérselas oído en tiempos pretéritos, por ejemplo, a mi
buena amiga Margarita Robles, cuando fuera secretaria de Estado y,
desde entonces, ha llovido sin que los avances, ni en lo bilateral ni
en lo propiamente europeo, hayan sido tan espectaculares. Le quiero
decir con esto que hay que huir, quizá, de cierta jactancia o de
creerse extraordinariamente pioneros o conseguidores de determinadas
cuestiones cuando la lucha contras las inercias estatales viene
siendo, desde tiempo ha y con resultados que están ahí a la vista de
todos. Efectivamente, los sucesos terroristas de los últimos tiempos
podrán ayudar a que existan avances en esta materia.

Es sabido, y probablemente se me dirá, que la formación política a la
que pertenezco no iguala todo tipo de terrorismo, pero de lo que sí
estamos seguros es de que el rearme actual para combatirlo nos parece
bien porque, no siendo iguales, sí deben ser igualmente perseguido
y castigadas sus acciones delictivas. Si de estas medidas, repito, se
derivan consecuencias positivas para poder combatir los hechos
delictivos del terrorismo, de cualquier terrorismo, nos parecerán
eficaces cuántas medidas se acuerden, siempre, por supuesto, dentro
de unas pautas, aunque estén amparadas, o en este momento urgidas,
por la llamada nueva conciencia internacional sobre la amenaza
terrorista.

Le he anunciado que me parecía etéreo su discurso y se lo voy a
decir. Encuentro problemas a las medidas que se establecen y no tengo
tan claro qué hay de concreto y, sobre todo, para cuándo. Si uno lee
los periódicos le parecerá que hay determinadas cuestiones que ya
están en vigor desde hoy mismo y la verdad es que no; le he hablado
de las inercias de los Estados con su propia normativa. Por ejemplo,
le diré por qué hablo de estas dificultades que tengo en saber el qué
concreto y el para cuándo. En los acuerdos de Perpiñán se habla,
tanto de la definición común de terrorismo, como de la supresión
posible de los avances hacia la supresión de la extradición,
hablándose de las denuncias oficiales o de las entregas temporales
que usted ha mencionado. Éstas se presentan como gran novedad; sin
embargo, desde mi perspectiva, no suponen nada que no estuviese ya
previsto en el Convenio de asistencia judicial del año 1959 y que
hasta ahora ha venido avanzando muy a trompicones. Funcionará bien la
idea de las denuncias oficiales cuando estemos hablando de delitos
muy dispares,



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por ejemplo, tenencia de armas y asesinatos; más complicado resulta
si la acusación, en un caso concreto, frente al asesinato, es la
asociación para delinquir, que también es delito de pena grave en el
ordenamiento francés.

Fuentes de la fiscalía española señalan, en privado, eso sí, que el
mayor escollo con el que se encuentran en la colaboración, sobre
todo, con Francia, es el de la dificultad de acceder a la
documentación incautada desde el principio. Se me dirá que esto es
colaboración o cooperación policial y en este caso podría aprovechar
para que mencione que existen policías distintas de la Policía
Nacional o de la Guardia Civil y decirle que es un Estado compuesto y
que existen otras policías calificadas de integrales, pero no es esta
la cuestión en este momento. La mayor suspicacia que existe, parece
ser que no es por deficiente regulación, porque regulación tenemos,
sino por el inexistente respeto en España al secreto sumarial. Todos
conocemos que, a pesar de lo que diga la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, cualquier documentación incautada en acciones de este
estilo que pase a un juzgado, inmediatamente está en poder de los
medios de comunicación, y a este deterioro no me pregunte el señor
ministro como se ha llegado, pero se ha ido llegando poco a poco y
parece que de forma bastante tolerada. Cuando yo estudiaba, se decía
que lo que no está en el sumario, no está en el mundo y con ello
hacíamos referencia a la congruencia. Ahora se podría decir la frase
en positivo, lo que esté en cualquier sumario muy pronto estará en El
Mundo o en cualquier otro medio porque para qué vamos a singularizar
en un único periódico. En este momento, y le pongo otro ejemplo,
formo parte, si bien como suplente, de la Comisión de Gescartera; se
puede tener una dificultad para acceder a documentación
administrativa -los ministerios o los entes administrativos te la
mandan o no-; desde luego, en cuanto está incorporada a las
diligencias de la Audiencia Nacional no hay problema porque se
publica, ya no hace falta que nadie te lo mande porque el día
anterior a que tengamos noticia de que existe ya estará en los
medios. Es, por tanto, una obligación de regulación que también está
pendiente. Ante los gestos del señor ministro, le quiero decir que es
de cara a la eficacia concreta de las medidas que se anuncian si no
es urgente también el que, de cara a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal, o quizá con carácter previo, puesto que este proyecto de
ley puede avanzar de manera más lenta, nos planteemos -para que vea
que no escurro responsabilidades- el que exista alguna regulación que
permita que se pueda creer que las actuaciones que están en poder de
los juzgados van a ser respetadas, de tal forma que los países con
los que queremos compartir documentación, importantísima para
perseguir delincuencia organizada, van a tener confianza en nuestra
propia práctica. A eso me refería, señor ministro, y no a otra cosa.

Otros tropiezos. Las propias medidas antiterroristas que se han
empezado a poner en marcha ya en Estados vecinos tropiezan con
problemas. La prensa, nuestra mayor fuente de información....




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Perdón, señora Uría. No se
oye. Espere un momento a ver si se puede solucionar. (Pausa.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Reanudamos la sesión.

Tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, aunque no me es imputable
el fallo de la megafonía, le pido perdón, y me gustaría que así
conste, puesto que me sabe mal el haberle tenido a usted entretenido
esperando cuando su tiempo es valiosisimo. Me sabe mal además, tengo
que decírselo, haberle dado tiempo para rearmarse y para ir apuntando
cosas respecto de lo que ya le he dicho. Seguiré, señor ministro, con
la intervención.




Estaba aludiendo en ese momento a las dificultades que el plasmar lo
acordado en foros bilaterales o internacionales puede tener por la
inercia de cada uno de los Estados miembros al mantenimiento de sus
propios institutos jurídicos o por los impedimentos que
constitucionalmente tenga cada uno de ellos. Le decía cómo ya en
Francia se van abriendo camino las críticas a lo que se está
acordando, considerando las medidas de excepción, y le preguntaba si
de lo que en España se piensa hacer o de lo que de europeo nos vaya a
ser aplicable, se está teniendo en cuenta el contenido del apartado
segundo del artículo 55 constitucional, que tiene ya abundante
literatura consolidada y también jurisprudencia. Llegaba con esto a
lo que sea la definición de terrorismo. No sé, quizá esté equivocada,
pero quizá habrá que modificar la convención de 1977 en cuanto a qué
concepto de acto terrorista se dé, y a lo mejor hasta estaba bien
volver a la de 1937, que contenía ese elemento que es tan claro y que
no tiene la definición actual de que es terrorismo aquello que
suscita terror. En todo caso, la definición española -sabe que mi
formación política no estuvo de acuerdo con la modificación que se
efectuó respecto de ello- creo que será de las más reforzadas en
cuanto a elementos estructurales y teleológicos, que en algunos
casos, en cuanto a la colaboración, mi grupo ha sostenido que podían
llegar a invadir aspectos de libertad ideológica. Sí me gustaría
saber si se ha hablado con otros Estados, si están de acuerdo en
establecer una fórmula parecida a la nuestra; por dónde, si se ha
avanzado algo en las conversaciones, se está yendo en cuanto a cuál
vaya a ser la definición y, sobre todo, si los Estados que no tienen
definición ninguna, no contemplan esto en sus ordenamientos, han
manifestado positivamente su deseo de que exista alguna regulación al
respecto.




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El otro bloque de medidas, además de las que tenían que ver con los
supuestos de extradición o con la definición y la persecución del
terrorismo, son las económicas en relación con la congelación de
bienes. Me parece importantisimo el avance que se hace al respecto,
pero al igual que han dicho intervinientes anteriores, nuevamente nos
tropezaremos con el cómo se haga, si se tiene en cuenta que ya hay
colectivos de profesionales, como abogados y notarios, que están
insistiendo en que eso les obligará a romper el secreto profesional.

Repito, a mí en algunos casos no me parecería mal que se rompa; habrá
que ponderar, como siempre, cuáles son los bienes y valores en juego,
pero sí sería bueno saber exactamente de qué estamos hablando para
poder posicionarnos concretamente ante las regulaciones que se
pretenden, más allá de lo que sea el texto de la nueva directiva.

Se ha aludido también al listado famoso de organismos, aprobado por
el Parlamento Europeo el 25 de septiembre de 2001. En lo que está
ahora aprobado, las 27 organizaciones terroristas que se citan son
copia mimética de las que se habían recibido desde Estados Unidos, no
se incluye ninguna más. Incluso se hace una advertencia -creo que se
aprobó en tales términos en el Parlamento, o así lo contiene el texto
que yo tengo-, que se modifique el anexo para incluir datos
suficientes que permitan la identificación efectiva de las que allí
figuran. Para un europeo medio, entre los que quizá me pudiera
encontrar, de las 27 organizaciones, algunas me suenan ahora por
haberlas oído después del atentado terrible del 11 de septiembre,
pero respecto de otras, antes de dar un voto favorable a que se
incluyan todas ellas, sí sería bueno que por lo menos los
eurodiputados tengan la conciencia de qué se está hablando. Igual
precisión creo que debería hacerse si se piensa en incluir añadidos.

Se ha hablado de incluir a organizaciones terroristas de ámbito
europeo, y no le digo de entrada que me parezca ni bien ni mal, pero
sí creo que, en todo caso, deberá ser valorándose en qué forma se
hable de quién. Por ejemplo, la inclusión de ETA directamente me
parecería perfectamente correcta, pero no creo que tenga cuentas a su
nombre, y eso es más complicado. Nos adentramos ya entonces en lo que
sean los entornos, y ahí sí que creo, puesto que se ha dicho por el
propio presidente del Gobierno, que es posible hablar de que la
inclusión de partidos, hoy por hoy no ilegalizados (y a lo que parece
ilegalizables, puesto que ni siquiera se ha intentado) o de medios de
comunicación, sí parece que debiera requerir cuando menos alguna
intervención judicial al respecto, o es por lo menos esa la
percepción de mi formación política, hasta que no se acredite
suficientemente la participación en hechos delictivos, que entonces
contarán con nuestro beneplácito.

No me extenderé más, a la espera de su respuesta, señor ministro,
pero sí quería hacerle una última referencia, en relación con un
asunto extraterrorista que ha
sido actualidad en este mismo Congreso en fechas recientes. Puesto
que su comparecencia estaba anunciada respecto del tercer pilar en su
conjunto, sí me gustaría referirme a que, en el Consejo del 27 y 28
de septiembre, entre otras cuestiones abordadas, se habló del
reagrupamiento familiar, y hubo un escollo, por lo menos así se hace
notar, en cuanto a qué hubiera de entenderse por familia, puesto que
había Estados, singularmente España, que ponían la pega en cómo
habría de contemplarse el reagrupamiento respecto a las parejas no
casadas. Puesto que se quiere ser europeo en todas las cuestiones,
bien está que, en las instancias del Gobierno se «echara una pensada»
a cómo avanzar en la posible modificación de la realidad legal de hoy
en España -y no de la realidad social- y presenten alguna regulación
al respecto.

Concluyo, ya señor ministro. El resumen de la postura de mi formación
política es que estaremos con ustedes y que nos parece muy bien todo
lo que sea lucha eficaz contra el delito organizado y contra el
delito terrorista. Le he expuesto esas cautelas porque nos
encontraremos nuevamente, como siempre, con el manido binomio
seguridad/libertad y nos gustaría que, a la hora de conseguir los
fines de persecución eficaz del delito terrorista, padeciera lo menos
posible el equilibrio tan manido, y tan difícil de sostener, entre
estas dos variables. A la hora de leer los comentarios de la
Constitución que nos facilita la Casa, me ha hecho gracia leer el
comentario a pie de página del artículo 55.2 -que he citado antes-,
que ponen en boca de quien era ministro del Interior el 4 de
diciembre de 1978 -yo diría que era Martín Villa, pero quizá me
equivoque-, quien manifestó en estas mismas Cortes, cuando se hablaba
de la Ley 56/1978: toda suspensión de garantías adoptada en virtud de
una acción terrorista constituye un triunfo del terrorismo que, las
más de las veces, tiene como principal objetivo precisamente el que
se declare esta excepción como componente muy importante de su propia
acción desestabilizadora. Sin que sirva de precedente, si las
palabras son de don Rodolfo Martín Villa, en este momento las haría
mías, y me gustaría que se tuviesen en cuenta en lo que se acuerde y
en los desarrollos normativos que se prevén para tiempos futuros de
consolidación del tercer pilar y medidas antiterroristas en general.

Muchas gracias, señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, muchas gracias,
señor ministro de Justicia.

En un libro magnífico de Juan Iturralde, que le recomiendo a S.S. y
al ministro, Días de llamas, el personaje central es un juez de
instrucción, perteneciente a una familia de clase media con raíces
militares, que se mueve en un dilema el 18 de julio de 1936: por un
lado,



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su lealtad republicana y, por otro, sus escrúpulos morales frente a
los excesos de los revolucionarios. En ese libro magnífico hay una
cita de Victor Hugo, al principio: las revoluciones, como los
volcanes, tienen sus días de llamas y sus años de humo. En nombre de
mi grupo, yo quisiera que los desgraciados días de llamas -y también
de humo- del pasado 11 de septiembre no tuvieran años de humo que nos
impidieran a todas y a todos ver las medidas adecuadas a tomar.

Su comparecencia es sobre el espacio europeo de justicia, libertad y
seguridad, uno de los proyectos estratégicos más queridos. Comparto
las intervenciones anteriores de algunos compañeros y compañeras;
como decía la señora Lasagabaster, ¿quién se va a negar cuando le
pregunten por algo tan sencillo? Es uno de los grandes proyectos de
la Unión Europea, una vez superado -no tan bien como nos hubiera
gustado- el horizonte económico y dentro de la construcción del
segundo y del tercer pilar.

Como usted ha dicho antes, los esfuerzos en materia de Interior y
Justicia se han visto desgraciada y súbitamente acelerados por los
hechos del pasado día 11 de septiembre en Estados Unidos, de forma
que la lucha contra el terrorismo se va a convertir en uno de los
temas estrella de los próximos meses en la Unión Europea y en sus
Estados miembros. Izquierda Unida va a respaldar -quiero dejarlo muy
claro- los esfuerzos por incrementar la cooperación entre los
ministerios de Justicia e Interior de todos los Estados miembros. Es
evidente que el terrorismo es una amenaza para la seguridad y para
los derechos de los europeos, que no puede frenarse de forma
individual y, por tanto, todos los Estados miembros de la Unión
Europea deben poner sus recursos, inteligencia y esfuerzo en común
para luchar contra una plaga que en España conocemos bastante bien,
por desgracia. Sin embargo, desde mi fuerza política y parlamentaria,
expresamos nuestra profunda preocupación por la tentación que podrían
tener algunos mandatarios europeos de utilizar la excusa de la lucha
contra el terrorismo para atacar las libertades y los derechos de los
ciudadanos europeos. La sangre inocente no puede servir para colgar
en esa percha todo lo que uno quiera, y no estoy diciendo, señor
ministro, que tenga usted la tentación de hacerlo.

Algunas noticias surgidas en la Unión Europea y en España durante
estas últimas semanas nos hacen temer lo peor. Por un lado, la
noticia de la potenciación de los servicios de inteligencia contra
los derechos de los ciudadanos; entre otras, las muy preocupantes
noticias sobre el futuro centro nacional de inteligencia, escuchas
judiciales y registros domiciliarios sin permiso judicial ordinario y
con el solo permiso de un magistrado especial del Tribunal Supremo
nombrado a tal efecto por el ministro de Justicia, sin Consejo del
Poder Judicial ni nadie que vele la cuna; además, las legislaciones
especiales en materia antiterrorista; por ejemplo, la preparación de
una nueva ley antiterrorista británica;
los intentos de censura y ataque al derecho de libre expresión
y al de libre recepción y emisión de información, por parte de
personas influyentes como la secretaria de Estado americana, señora
Rice, que pidió a las principales cadenas de televisión y periódicos
más patriotismo en su información; por no hablar de las declaraciones
de un líder de la Liga Norte, aliado de Berlusconi y aliado por
extensión del señor Aznar, sobre que hay que cerrar Italia a los
musulmanes.

Sepa, señor ministro de Justicia, que, a pesar de estas noticias
preocupantes, tiene todo el apoyo de este grupo parlamentario para
trabajar en sede comunitaria por la mancomunación de los esfuerzos de
los gobiernos europeos contra el terrorismo; pero sepa también que
este grupo parlamentario no tolerará ningún ataque a las libertades y
derechos de los ciudadanos españoles, como consecuencia de una
presunta lucha contra el terrorismo a escala europea o internacional.

Ya lo hemos mantenido con ocasión de la lucha contra ETA y lo
reiteramos en este caso: los Estados de derecho deben luchar contra
el terror mediante los instrumentos que proporciona el Estado de
derecho -inteligencia, policía, ley y judicatura-, con el respeto a
las debidas garantías de los derechos de los ciudadanos. Aquí no hay
atajo o camino corto; ni la guerra sucia tipo GAL, ni el
reforzamiento del aparato de inteligencia e interior en detrimento de
los derechos de los ciudadanos, son concebibles en esta batalla
contra el terrorismo internacional.

En este orden de cosas, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene interés por que el ministro nos aclare a todos y a todas,
en la medida de lo posible, los extremos que paso a exponer.

Este grupo parlamentario apoya la idea de la orden europea de
detención y entrega inmediata como instrumento ágil de lucha contra
el terrorismo, pero queremos saber qué medidas de garantía de los
derechos de los ciudadanos se van a adoptar para evitar que la
celeridad y la eficacia vayan en contra de las libertades ciudadanas
y de las garantías jurídicas y jurisdiccionales de las mismas; algo
ha apuntado el ministro, pero quisiera que se extendiera más. En
segundo lugar, queremos conocer la postura del Gobierno español sobre
cuál debe ser el marco más adecuado de la penalidad contra el
terrorismo en sede Europea. En tercer lugar, tenemos interés en
conocer qué medidas va a promover el Gobierno español en la Unión
Europea contra el lavado de dinero negro y en pro del bloqueo de los
fondos de apoyo financiero al terrorismo. Ni qué decir tiene que
Izquierda Unida apoya cualquier esfuerzo tendente a cortar estos
flujos financieros delictivos y evasores de impuestos, pero no
acabamos de imaginarnos cómo el Gobierno del PP, tan poco beligerante
con el dinero negro que circula por España en manos de las entidades
y chiringuitos financieros tipo Gescartera, va a ser capaz de luchar
contra la trama financiera del



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terrorismo, tal y como le van a exigir sus socios comunitarios en
estos momentos.

Respecto al listado de organizaciones terroristas a perseguir de
forma conjunta por todos los Estados miembros de la Unión Europea, la
posición de Izquierda Unida es clara. En esa lista europea deben
estar aquellas organizaciones que se dediquen a promover el
terrorismo en España y que, por tanto, hayan sido declaradas ilegales
a través de un procedimiento judicial con las debidas garantías
jurídicas y jurisdiccionales. Toda organización que cumpla esos
requisitos debe ser incluida en la lista europea de organizaciones
terroristas, sin duda; pero no puede incluirse en ella ninguna
organización legal que no haya sido clausurada por una decisión
judicial firme en España. No es de recibo democrático, señorías, que
una organización sea legal en España y esté perseguida como ilegal en
el resto de la Unión Europea, o al contrario.

En cuanto a las declaraciones de su compañero de gabinete, señor
Rajoy, y a las del presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida quiere dejar claro que en España, en tanto
que Estado de derecho, no corresponde al Gobierno decidir qué
asociaciones, organizaciones o empresas están al margen de la ley;
ese es un trabajo que corresponde al Poder Judicial. No confundan ni
se confundan ustedes, el pueblo español les ha dado la mayoría
absoluta para gobernar, pero no para ningunear e instrumentalizar a
la justicia española. La tarea jurisdiccional está reservada en
exclusiva por nuestra Constitución a los jueces y sólo ellos pueden
decidir qué es legal y qué es ilegal en cada caso concreto. Así que
le recomendamos templanza, no a usted, desde luego, leer de nuevo la
Constitución, que sé que se la sabe, y respetar la división de
poderes.

Respecto al último asunto, la agenda de los ministros europeos de
justicia, la unidad especial antiterrorista, mi fuerza política no
tiene nada en contra de la idea de una unidad especial
antiterrorista, integrada por las policías y la inteligencia de todos
los Estados miembros en el seno de la Interpol, pero queremos conocer
cuál va a ser la participación tanto de las fuerzas centrales de
seguridad como de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra en dicha
unidad y qué medidas específicas de salvaguarda de los derechos de
los ciudadanos se van a tomar en relación al trabajo de dicha unidad
especial.

Termino, señor ministro, salvando indiscutiblemente todas las
diferencias. Hace unos años en Italia, en la Asamblea, un
parlamentario italiano, Mateo Mateotti, se levantaba para oponerse,
no en nombre de su grupo, que no supo estar a la altura de las
circunstancias, desde mi punto de vista, a una serie de medidas que
el Gobierno italiano -digo que salvando las diferencias, por
supuesto-, de corte fascista, estaba planteando de recortar las
libertades para luchar contra la mafia. Mateotti, en una intervención
magnífica, dijo aquello
de que la libertad y los derechos no son como el salami, no se puede
cortar en rodajas, o es íntegra o no íntegra. Evidentemente, al poco
tiempo Mateotti moría asesinado y él advertía y decía: Es que estas
medidas al final no son aplicables a la mafia, serán aplicables a
todos los ciudadanos. Evidentemente llevó razón, a los pocos años,
con el endurecimiento de los grupos fascistas, aquellas medidas se
utilizaron para perseguir a socialistas, cristianos, comunistas y a
la Biblia en pasta. He dicho que salvando las diferencias, pero
cogiendo esa idea de: Ojo a aquel debate entre la seguridad y la
libertad.

Concluyo, señor ministro, mi grupo parlamentario quiere que sepa que
nos tiene detrás de usted en los esfuerzos que se realicen en la
Unión Europea contra el terrorismo internacional, incluido el de ETA,
pero también debe saber que no aceptaremos ni un solo retroceso en
materia de libertad y derechos. Nuestra posición es de tolerancia
cero respecto a una posible relativización de los derechos de los
ciudadanos españoles; de la misma manera debe saber que no
aceptaremos episodios al margen del Estado de derecho y que,
aceptando la necesidad de medidas policiales y judiciales, como
siempre hemos mantenido, entendemos que al terrorismo se le vence con
una mezcla inteligente de medidas policiales, judiciales, pero
también políticas y económicas; siendo necesario luchar contra los
efectos del terror, también deben ser atacadas las causas profundas
del mismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor
Rejón, por su intervención y por la recomendación literaria, que
nunca viene mal.

En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia.

Creo que en los últimos dos años -y hace dos años el 15 ó 16 de
octubre, creo recordar, de 1999 se celebró precisamente la cumbre de
Tampere-, se ha avanzado mucho y desde luego ha sido un movimiento,
que podría denominarse, conforme a las leyes de la física, de
progresivamente acelerado, en la construcción de este espacio de
libertad, de seguridad y de justicia, y creo que nos debemos todos
felicitar por ello porque, en la medida en que se construye este
espacio de libertad, justicia y seguridad, en la medida en que se
potencien y se establezcan mecanismos de cooperación entre los
Estados, en la medida en que se homogeneice en los códigos penales la
definición y la lucha contra el terrorismo, estoy seguro de que se
nos plantearán algunos problemas, pero creo que el problema ahora es
que no hay nada de eso. Quiero decir que el problema estructural que
nos encontramos en estos momentos es que muchas veces la lucha contra
el terrorismo acaba en las fronteras de los Estados; ciertamente
hemos



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avanzado en la construcción de esa Europa de los mercaderes, en la
construcción de esa Europa de los consumidores, algo quizá en la
Europa de los ciudadanos, pero no hemos avanzado casi nada en la
Europa eufemísticamente llamada de las regiones, y, por tanto,
aquellos que estamos convencidos de que la construcción europea tiene
un sustrato cultural, jurídico e histórico común, pensamos que hay
que avanzar en esa construcción de la Europa de los ciudadanos. No se
puede avanzar en la construcción de esa Europa de los ciudadanos, no
se pueden lograr adhesiones ciudadanas a la construcción europea, si
el ciudadano de un Estado miembro no encuentra una respuesta debida,
una respuesta de solidaridad por parte de otros Estados miembros
respecto de las agresiones que sufre por el delito en su propio
Estado, fundamentalmente por el delito organizado y en algunos casos,
lamentablemente, por el delito organizado terrorista.

Por tanto, creo que (de eso nos debemos congratular) estamos
avanzando muy decididamente en la solución a un problema, sin
perjuicio de que obviamente la implantación de estos mecanismos de
cooperación multilateral, bilateral, la homogeneización o la
armonización de las legislaciones puede dar lugar a otros problemas,
pero desde mi punto de vista, tengo que decir que preveo que son
problemas menores que en su caso deberemos ir abordando. No me
gustaría confundir el problema, que es la falta de esa cooperación
internacional, con los problemas que se nos puedan plantear, a
medida, ya digo, que lo vayamos implantando. Si contemplamos, decía,
la situación en que nos encontrábamos después de la cumbre de
Tampere, después de ese 15, 16 de octubre, si pensamos en los
problemas que se nos produjeron el año pasado a través de estas
sentencias del Tribunal Constitucional que determinaron la denegación
de extradiciones respecto de determinados mafiosos italianos y que
dieron lugar después a esa IX Cumbre hispano-italiana de Nápoles, en
junio del año 2000, creo que hemos avanzado mucho en el aspecto
bilateral y hemos avanzado mucho también en los aspectos
multilaterales.




Creo que el ministro ha situado el tema fundamentalmente en las
relaciones con Francia, por motivos más que obvios; en cuanto a las
relaciones multilaterales las ha situado también mucho, casi
exclusivamente, en la Unión Europea. Tengo que decir que no hace un
mes tuvo entrada en el Congreso de los Diputados para su autorización
el convenio internacional para la represión de la financiación del
terrorismo, hecho en Nueva York bajo los auspicios de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1999, que quizás podíamos haber
ratificado un poco antes, donde también hay aspectos bilaterales con
otros Estados que tienen una gran y especial importancia. Por tanto,
avanzar en esta línea multilateral dentro de la Unión Europea y
también fuera de ella, y bilateral, no sólo con países miembros de la
Unión Europea, sino también con terceros países, es algo fundamental
para la lucha contra la delincuencia organizada, cada vez
más global, y algo fundamental también para la lucha contra el
terrorismo.

Si querría que el ministro nos pudiese aclarar en estos momentos, o
si no informar en algún momento posterior, respecto de alguna
situación o al menos algún estado de opinión y es si el impulso
multilateral a esta lucha contra el terrorismo, contra la
delincuencia organizada, al establecimiento de determinados
procedimientos, se aprecia con carácter general en todos los países
miembros de la Unión o es algo en lo que existen también dos
velocidades y los países miembros de Schengen lo ven de una manera y
el resto de países lo ven de otra; más concretamente, hablando sobre
todo de intentar congelar los fondos de las organizaciones
terroristas o la lucha contra estas tramas financieras organizadas
que apoyan a la delincuencia y al terrorismo, querría saber cuál es
la situación o la posición de Gran Bretaña respecto de algunos
regímenes especiales que tiene, como es el supuesto de las islas del
Canal y de algún otro aspecto. Quiero decir, respecto de esos
paraísos fiscales que se encuentran en Europa sobre los que ejerce la
soberanía o la jurisdicción, como queramos ver, alguno de los Estados
miembros de la Unión, si se nos ofrecen garantías para que
efectivamente también se pueda luchar contra esas tramas de
delincuencia organizada y de terrorismo, pudiendo levantar secretos
bancarios en las islas del Canal o lo que nos ocurre también con
bastante asiduidad con el caso de Gibraltar. En última instancia, lo
que le quiero preguntar es si aprecia que, en el ámbito de la Unión
Europea, la posición de todos los Estados miembros es coherente,
homogénea y además, ya digo, si están dispuestos a llegar en estos
ámbitos, que les tendríamos que pedir en más ámbitos, pero al menos
en estos de la delincuencia organizada y el terrorismo, llegar hasta
las últimas consecuencias y, por tanto, establecer excepciones en
algunos regímenes locales con los que cuentan.

Habiendo tratado de forma relativamente extensa la relación bilateral
que tenemos con Francia, también nos gustaría que nos ofreciera
algunos datos o al menos alguna reflexión de cómo se encuentran otro
tipo de relaciones bilaterales. Estos días la prensa, coincidiendo
con la visita del presidente Fox de Méjico, está también haciendo
explícito el avance en las relaciones bilaterales en la lucha contra
el terrorismo en relación con los Estados Unidos Mejicanos y nos
gustaría que nos informara algo, si puede, de este tema.

Ya que estamos en la Comisión de Justicia, quería manifestar la
sensibilidad respecto del avance de la directiva en materia de
blanqueo de capitales o la conexión que existe entre el derecho de
defensa y determinadas obligaciones que tiene el letrado en el
ejercicio de ese derecho de defensa, no en el de asesoramiento y no
desde luego si además se involucra en la comisión del delito. Habría
que ver en qué medida la posiciónespañola pretende salvaguardar la
posición del abogado



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en ejercicio como elemento sustancial del derecho de defensa ante la
normativa europea en materia de blanqueo de capitales. Que quede muy
clara la distinción que establezco entre la función de defensa que se
produce respecto de un imputado penalmente y la función que puede
tener de asesoramiento, más allá incluso de la función que
lamentablemente algunos miembros de nuestra honrada corporación a
veces realizan involucrándose en delitos de los propios clientes. Es
importante salvaguardar esa posición del abogado porque es la única
vía de salvaguardar también el derecho pleno de defensa, como
ocurriría en otros delitos. El abogado no está precisamente obligado
a denunciar al cliente que acude ante él para asumir su defensa,
tampoco creo que esté obligado a denunciarlo en este otro ámbito más
concreto del blanqueo de capitales o de los delitos económicos.

Para acabar, porque la agenda del señor ministro hoy en la Comisión
es muy densa, quiero manifestar nuestra satisfacción por ir avanzando
en esta materia, porque es un puntal fundamental en este momento de
la lucha contra el terrorismo en el que España no sólo ocupa una
posición activa sino que reivindica de otros Estados esa cooperación.

Precisamente los hechos de 1999 respecto de mafiosos italianos en
España nos pusieron de manifiesto que España también ocupaba una
posición pasiva y que, por tanto, tenía obligaciones con otros
Estados. Por eso digo que quiero mostrar nuestra satisfacción. A
través de éste y otros instrumentos estamos en vías de solucionar un
gran problema y estoy seguro de que los problemas que nos podamos ir
encontrando en la implantación de todas estas medidas los iremos
resolviendo. Tengo una gran confianza en el Estado de derecho que
existe en España, pero no tengo ningún motivo para dudar de la
existencia de ese Estado de derecho en otros países con una tradición
democrática muchísimo más larga y más asentada que la nuestra.

Precisamente a través de una de las últimas reformas del Código Penal
en materia de lucha contra el terrorismo introdujimos, en el artículo
577, curiosamente muy tarde, el elemento esencial de la definición de
terrorismo. Creo recordar que fue el año pasado o en 1999 cuando
realmente pudimos establecer en el Código Penal que la esencia del
terrorismo es alcanzar determinados fines atemorizando a los
habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social,
político o profesional. Mi grupo parlamentario siempre ha entendido
lo que entendería un niño de siete años si se le preguntase qué es
terrorismo y de dónde viene esa expresión: que sin aterrorizar, sin
atemorizar, no hay terrorismo. Habrá otra cosa al margen del Código
Penal, una opción política que será más o menos discutible, pero si
no se pretende infundir el terror como fin o como medio, desde luego,
estaremos al margen del terrorismo. Nosotros lo tenemos muy claro,
pero quizás haya otros Estados que lo tengan más claro que nosotros.

Señor ministro, le reitero la satisfacción de mi grupo parlamentario.

Creo que hay que seguir impulsando muy decididamente estas políticas
multilaterales que permitan construir ese tercer pilar, porque no
creo que pueda existir Europa sin el mismo y, por tanto, solicito que
sigamos avanzando por esta línea.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular le
doy nuestra cordial bienvenida al señor ministro, cuya agenda se ve
particularmente recargada no sólo por todos los compromisos derivados
del pacto de Estado por la justicia, que va avanzando con eficacia,
sino afortunada y gozosamente por esta incesante actividad en Europa
para ir consolidando un ámbito judicial europeo, así como por su
continuo sometimiento, como es lógico, al control parlamentario
habitual en las sesiones de los miércoles en el Pleno, que hoy tiene
un claro exponente en esta maratoniana sesión cuando a penas se
cumple un mes del comienzo de este período de sesiones.

Para mi grupo es sin duda una satisfacción la información que hemos
recibido sobre estos avances tan elocuentes en una larga lucha en la
que a España, probablemente muy a su pesar, le ha correspondido un
particular protagonismo; esta lucha contra la impunidad del crimen
organizado y muy especialmente de esos crímenes rechazables que
derivan de la lacra del terrorismo. Para nuestro grupo es una buena
noticia que el terrorismo, que hasta ahora era un azote que nuestra
sociedad venía sufriendo, se convierta en objeto de debate
terminológico. Creemos que es un avance pasar de sufrir el terrorismo
a discutir sobre qué debemos entender, sobre todo en el ámbito
europeo, por terrorismo en términos jurídicos, porque es señal de que
algo estamos haciendo ya y que se ha avanzado bastante. Antes no
tenía mucho sentido ese tipo de debates terminológicos. Por otra
parte, me llama la atención que en ocasiones se pueda acentuar en
exceso que las medidas contra el terrorismo puedan llevar consigo
-evidentemente así puede ser si se hacen mal- algún tipo de amenaza o
lesión de derechos. Nuestro grupo tiene muy claro que cualquier
medida contra el terrorismo es siempre en defensa de los derechos de
los ciudadanos, y no nos parece superfluo el recordarlo porque si hay
algo que sufre con el terrorismo son los derechos de los ciudadanos,
derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad
de expresión, a la libertad en el ejercicio del voto y derechos
democráticos básicos, aunque esto no quita para que esas medidas se
tomen con particular cuidado para no lesionar, por hacerlas mal,
otros derechos. Recuerdo que hace poco, con motivo de un programa
radiofónico en que se hizo algún comentario crítico, no de nadie
vinculado al



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Grupo Popular, respecto a algunas manifestaciones de asociaciones
judiciales en relación con uno de los proyectos a los que hoy se ha
aludido aquí a lo largo de esta sesión, tuve ocasión -expresando lo
que es sin duda el modo de pensar de mi grupo parlamentario- de
afirmar que cualquier tipo de advertencia de ese tenor será siempre
bien recibida y que mejor que sobren a que falten, porque el cuidado
por las libertades debe ser siempre particularmente escrupuloso, pero
debemos andar con cuidado para no convertir a las víctimas del
terrorismo en la amenaza.

Afortunadamente el Gobierno, tanto el actual como el de la
legislatura anterior, ha dejado bien clara la posibilidad de luchar
con eficacia contra el terrorismo con el máximo respeto al Estado de
derecho. En ese aspecto nos congratulamos también de las afirmaciones
que se han repetido a lo largo de esta sesión, los mensajes que en
ese sentido se han dirigido, alguno de ellos no exentos de algún
matiz de autocrítica muy saludable. Indudablemente, la dura lucha
contra el terrorismo, en la que todos los grupos políticos
democráticos españoles venimos empeñados, a veces ha sido ingrata y
difícil -sigue siéndolo- y dio lugar, como es bien sabido,
a tentaciones de buscar atajos al margen del Estado de derecho, en lo
que los gobiernos populares nunca han incurrido. Además, el mero
hecho -al que ya se ha aludido- de que en Europa haya diversas
culturas, desde el punto de vista jurídico, a la hora de abordar este
tipo de cuestiones, sin duda condicionado también por la mayor o
menor incidencia del fenómeno en su vida social, es una garantía más
de que esas medidas en las que los países europeos van a intervenir
serán particularmente cuidadosas a la hora de defender con eficacia
los derechos de los ciudadanos sin lesionar, en modo alguno, otros
derechos. En ese sentido, mi grupo se siente orgulloso de la tarea
que se ha venido realizando desde el Gobierno, a través de esos
acuerdos bilaterales que han sido una avanzadilla y que han servido
incluso de ejemplo a lo que luego se está consiguiendo en un ámbito
multilateral. Me refiero a los acuerdos con Italia y muy
particularmente a los que hoy ha hecho referencia el señor ministro,
los acuerdos con Francia, un país que tanto condiciona la eficacia de
nuestra lucha contra el terrorismo y que durante años fue uno de
nuestros motivos de preocupación al no encontrar una acogida similar
a la que ahora ha quedado reflejada con esta serie de informaciones
sobre reuniones que arrancan de la declaración común de Madrid, del 2
de febrero de este mismo año, que continúan en la reunión en Toulouse
del 12 de julio y que se ilustran también con la de Perpignan del 11
de octubre. Este es un recorrido que muestra la eficacia de las
soluciones a las que se va dando paso, como son la posible entrega
temporal de los delincuentes para ser juzgados en España aunque
también tengan causas en otro país, la posibilidad de una denuncia
oficial que permita incluso que ese delito menor por el que podría
ser procesado
-y hasta ahora ha ocurrido que suponía un bloqueo de lo que
era realmente lucha contra el terrorismo- pueda juzgarse en nuestro
país, con arreglo al derecho del país de que se trate, y el paso
progresivo a las medidas de ámbito multinatural, sobre todo con esa
propuesta de decisión marco en el ámbito europeo sobre la orden
europea de detención. Todo esto marca un panorama realmente
reconfortante, con la entrada en juego además del Eurojust y sus
medidas sobre el terrorismo. Esto ha sido fruto, entre otras cosas,
de una lucha llena de tesón, de muchas horas de trabajo de altos
cargos del ministerio, del ministro y de sus colaboradores, quienes
poco a poco han ido creando una nueva mentalidad en el ámbito europeo
y que ahora se ve favorecida, sin duda, por una nueva sensibilidad en
ámbitos que desbordan incluso el contexto de la Unión Europea y que
van a favorecer todos estos esfuerzos. Como es lógico, dentro de ese
ámbito que desborda al de la Unión Europea, la actitud del Gobierno
del Partido Popular será la que ha sido siempre, es decir, la de
reclamar la máxima eficacia en la lucha contra el terrorismo, y nunca
la de aconsejar lo contrario a ningún presidente de ningún otro país.

Nuestro grupo encuentra especialmente satisfactoria esta
comparecencia de hoy. Simplemente alentamos al ministro y a sus
colaboradores inmediatos a que continúen en esta lucha difícil,
complicada, llena de exigencias de esfuerzo técnico para lograr el
máximo respeto de todos los derechos, pero que va a acercándonos a un
comienzo de solución a través de las vías adecuadas en un Estado de
derecho en el que cada poder tiene su juego. Para nadie es un
descubrimiento que el Poder Ejecutivo aplica la ley y que la
interpreta al aplicarla. El Estado de derecho significa, simplemente,
que cualquier decisión del Poder Ejecutivo se ve luego sometida
a control jurisdiccional. Por cierto, control jurisdiccional en el que
el Consejo General del Poder Judicial no pinta nada, porque no tiene
función jurisdiccional conocida. Son elementos básicos de nuestro
Estado de derecho que sin duda garantizan una eficacia en todo esto.

Por tanto, le damos nuestra enhorabuena al señor ministro y nuestros
ánimos para que prosiga en este esfuerzo tan digno de agradecimiento.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para responder a las
intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Quiero agradecer a
todos los grupos parlamentarios sus intervenciones y sus
aportaciones. Voy a intentar contestar, de la manera más breve
posible que sea capaz, a las cuestiones esenciales que me han
planteado, sin perjuicio de que podamos en este y en otros foros
seguir pormenorizando algunas incluso en detallesque algunos han
mostrado interés en conocer.




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Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su intervención y
su predisposición a colaborar y cooperar en esta materia, como por
otra parte no podía ser de otra manera porque lo ha reiterado en
otros foros. Es verdad lo que planteaba su portavoz en cuanto a la
necesidad del protagonismo de los grupos parlamentarios en una
materia de tanta importancia como ésta y que él conoce porque he
tenido ocasión de comentarlo con él y lo he puesto en marcha. Creo
que los grupos parlamentarios en este intercambio de opiniones, de
trabajos y de esfuerzos, cuando son en una misma dirección, deben
tener un protagonismo importante y estamos preparándolo.

Decía su portavoz en una segunda afirmación -que también comparto-
que a partir del 11 de septiembre se han estimulado los esfuerzos y
los trabajos en la lucha contra el terrorismo, pero que antes ya
había habido esfuerzos en esta dirección en nuestro país. Es
absolutamente cierto que, desde hace mucho tiempo, España,
lógicamente con una sensibilidad especial en esta materia, ha venido
trabajando en la idea de que la cooperación -y la cooperación
internacional- era indispensable en la lucha contra el terrorismo, a
través de distintos instrumentos de modificación de nuestro
ordenamiento jurídico pero también a través de instrumentos de
cooperación internacional. Tan es así que en estos momentos se puede
avanzar en propuestas como la orden de detención y entrega, gracias a
los trabajos que se habían iniciado mucho antes del día 11 de
septiembre; el acuerdo con Italia y la decisión de la Comisión de
presentar la orden de detención y entrega son previos al 11 de
septiembre. Por tener no sólo la decisión sino el trabajo preparado
es por lo que la Comisión y el comisario de Justicia e Interior,
señor Vitorino, el mismo día 21 de septiembre ha tenido la
posibilidad de presentar a debate una propuesta en el seno del
Consejo de Ministros de Justicia e Interior.

Con toda firmeza y con toda intensidad, quiero alejar cualquier
preocupación de los grupos parlamentarios respecto a las medidas que
se están debatiendo en el seno de la Unión Europea y, desde luego, en
el Consejo de Ministros de Justicia e Interior. Pretendemos que sean
medidas eficaces para la lucha contra el terrorismo, como prioridad
de todos los países de la Unión Europea. Cuanto más eficaces sean más
habremos acertado en las decisiones que tenemos que adoptar. Ahora
bien, todas esas decisiones se toman y se tomarán con un absoluto y
escrupuloso respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos en
todos los ámbitos de la Unión Europea. Esto es así porque la base
esencial del principio sobre el que estamos construyendo la Europa
del derecho, ese principio de reconocimiento mutuo y de confianza en
nuestros ordenamientos jurídicos, que es el pilar -insisto- de la
construcción de la Europa del derecho, sólo tiene sentido desde la
confianza en que todos y cada uno de nuestros países son democráticos
y respetuosos con los derechos y libertades de los ciudadanos. Si
esto no fuese así y hubiese desconfianza
por parte de España hacia otros países o de otros países hacia
España, estaríamos quebrando el principio básico sobre el que
queremos construir la Unión Europea, que es que se respeten los
derechos y libertades y luchar juntos contra quienes precisamente lo
que pretenden es acabar con un modelo de convivencia como el que
tenemos basado en la democracia, en la libertad y en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales. Por tanto, yo creo que es muy
importante; y no lo digo por la intervención del Grupo Socialista, sí
por alguna otra intervención como la de la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV). No debemos cambiar el objetivo ni las
prioridades. Quienes pretenden acabar con los principios de
convivencia en paz y en libertad y los derechos y garantías de los
que disfrutamos en los países de la Unión Europea son los terroristas
y sus organizaciones, quienes colaboran más o menos directamente,
quienes ayudan a su financiación, quienes tienen cuentas corrientes
con las que financian sus actividades logísticas, propagandísticas y
operativas. Todo ello atenta contra las libertades y los derechos
fundamentales y en contra tenemos que trabajar de manera intensa para
acabar decididamente con ello. ¿Desde el respeto a los derechos y
libertades? Pues claro, eso es lo que se pretende definir con
mayúsculas y defender. Por tanto, yo creo que no debemos perder el
objetivo y sí garantizar que los debates en el seno de todas las
instituciones europeas -luego contestaré al Grupo Mixto sobre los
sistemas de control- se hagan con el máximo y escrupuloso respeto a
los derechos y libertades de los ciudadanos.

Cuando se realiza esta comparecencia el día 21 de septiembre es
cuando los jefes de Estado y de Gobierno diseñan en el Consejo
Europeo el plan de actividades para la lucha contra el terrorismo.

Han pasado semanas y es cuando comparezco manifestando lo que hay
hasta este momento, es decir, una orden de detención y entrega, todas
las medidas para luchar contra el terrorismo y cortar su financiación
y la búsqueda de una definición de terrorismo. Desde entonces lo que
se hace es trabajar a través de los organismos de especialistas que
tienen las instituciones europeas -según he reflejado en mi primera
intervención- y cuando se necesita un impulso político convocando,
como ayer se hizo, a los miembros del Consejo de Ministros para que
tomen una decisión cuando ha llegado el momento. Efectivamente, entre
las propuestas está la definición del delito de terrorismo. La
dirección que ha propuesto la Comisión para esta definición es que se
considerarán delitos terroristas cuando el fin - muy semejante a la
definición de nuestro Código Penal, según ha dicho el portavoz de
CIU- es alterar gravemente y en particular intimidando o
aterrorizando a la población para destruir las estructuras políticas,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Esta es la primera propuesta de la Comisión sobre la que ahora
estamos trabajando. Respecto a la pregunta del portavoz del Grupo
Socialista y de algún otro, la Comisión establece un catálogo de
penas mínimas armonizadas



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para todos los delitos que consideremos que son terroristas. En el
debate que se está produciendo ayer mismo hubo otras aportaciones en
las que se decía que posiblemente fuese más sencillo, dada la
estructura de los códigos penales de algunos países miembros,
establecer los tipos básicos - o sea, el delito básico, el asesinato-
en cada uno de los países y que estuviese especialmente agravado, en
cualquier caso como delito de terrorismo; en unos casos sin catálogo
y en otros el delito que tiene cada uno de los países pero
especialmente agravado. Se está estudiando cuál es la mejor fórmula
técnica para que nos sirva a todos los países de la Unión Europea.

Respecto a su duración la presidencia proponía que, cuando la
colaboración fuese en labores de pertenencia a banda armada y
dirección de la misma, la pena mínima fuese de 20 años y en el caso
de colaboraciones indirectas la pena mínima fuese de 8 años. Esto es
sobre lo que se estuvo discutiendo ayer y sobre lo que se irá
avanzando en los próximos días.

Me preguntan también por el listado de organizaciones terroristas. No
debemos confundir dos listados (alguna de sus señorías se ha
confundido) que proceden de sitios distintos. Hay un listado de
Estados Unidos respecto a unas determinadas organizaciones
terroristas que se circunscriben específicamente al terrorismo
relacionado con el régimen talibán. Esta es una lista sólo relativa a
esa circunstancia concreta y a la que se han ido incorporando los
distintos países, incluso España, según anunció ayer el
vicepresidente segundo, con la congelación de sus cuentas. Esa es una
lista a esos únicos efectos. Hay otra lista que es la que proviene
del plan que aprobaron el día 21 de septiembre en el Consejo Europeo.

Esta es una lista que no está elaborada sino que se han iniciado los
pasos para su composición y elaboración y en la que hemos manifestado
que debe estar ETA y todas las asociaciones, agrupaciones,
organizaciones, colectivos -llámenlo ustedes como quieran- que
cooperan, colaboran y ayudan a la organización terrorista y a la
organización criminal. Este es el punto de vista del Gobierno que va
a defender. Ya habrá ocasión de debatir acerca de los extremos del
mismo, pero esta es la posición que debe mantenerse. Ayer mismo una
de las reflexiones que hacíamos en el Consejo de Ministros es que la
colaboración y la cooperación son indispensables para la acción
terrorista y tan responsable de dicha acción terrorista -y por tanto
deben estar incluidos en la lista- es quien facilita la posible
realización de un atentado, consigue la financiación de los comandos
y consigue la información, como quien directamente aprieta el
dispositivo que hace estallar el coche bomba. Esa es una lista a
iniciativa del Consejo Europeo del día 21 de septiembre y que en
estos momentos está en el comienzo de su elaboración.

Respecto al reconocimiento mutuo sirve la primera reflexión que
hacía. Coincido en que el reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales en todos los ámbitos es esencial y es la base del espacio
judicial común.

Siempre he creído que el proceso deseable de armonización de
legislaciones será largo, complejo y difícil en muchísimas ocasiones
y que tendremos que ir avanzando en el tiempo poco a poco. Lo que nos
va a permitir avanzar más rápidamente en la creación de ese espacio
judicial y de libertad común -en eso que llaman la Europa del
derecho- es el reconocimiento mutuo y la confianza en nuestros
respectivos ordenamientos jurídicos. Esto es lo que en definitiva
hacía el procedimiento de extradición, que es un examen de los
ordenamientos jurídicos de los otros países de la Unión Europea. Por
eso se van consiguiendo avances no sólo en el ámbito penal, como su
señoría decía, sino también en el ámbito civil y en la superación del
exequatur. Ya ha habido acuerdos en esta materia en el ámbito de la
Unión Europea que se están poniendo en marcha. Hoy he dado cuenta de
uno. El embargo preventivo es directo y eso sólo se basa en el
principio de reconocimiento mutuo. El reconocimiento de una orden de
un juez español que decreta el embargo de una cuenta corriente, de
unos medios de prueba, de unos fondos que existen en otro país de la
Unión Europea, y que se ejecuta sin examen ninguno es una buena
prueba del reconocimiento mutuo y de la confianza en cada uno de los
países.

Me preguntaba también por un asunto que es verdad que está muy
debatido, el principio de non bis in idem y que no se solapen
instrucciones, investigaciones o procesos judiciales entre los
distintos países. Viene muy a cuento esa pregunta porque otro de los
asuntos que estuvimos debatiendo ayer fue precisamente el ámbito
judicial que para determinados delitos, como estos de los que estamos
tratando, como los de terrorismo, se va a definir, si es un ámbito
judicial europeo y, por tanto, cualquiera de los jueces de un país,
cuando se haya producido uno de los delitos en varios países, como se
da en muchos de los casos de organizaciones criminales o de
organizaciones terroristas, puede llevar a cabo la instrucción. Tengo
que decir que la mayoría de los países que ayer se pronunciaron lo
hicieron precisamente por un ámbito judicial común en Europa para
determinados delitos, como es el de terrorismo, y que cuando se
produzcan dos iniciativas de jueces de países distintos sea
precisamente Eurojust la que resuelva quién debe llevar a cabo la
instrucción, la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento.

Estamos hablando del caso de que tengan jurisdicción dos jueces de
países distintos. Este es el procedimiento por el que ayer se
pronunciaban los países respecto a esa cuestión que S.S. ha
planteado.

Es también muy importante, porque vamos a encontrarla permanentemente
en la creación del espacio judicial común, la exigencia de la doble
tipicidad o la doble incriminación. Hay varias fórmulas que se irán
tratando. En primer lugar, en cuanto se produzca armonización de
legislaciones y, por tanto, la armonización en algunos delitos, como
ya se ha producido en materia de inmigración o -lo estamos tratando
ahora- en materia de



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terrorismo, lógicamente pierde sentido la necesidad de la doble
tipicidad o de la doble incriminación, pero, en cualquier caso, en
delitos graves, como son los que recoge el artículo 29 del Tratado de
la Unión Europea de Tampere, en ese principio del reconocimiento
mutuo y de la confianza en los ordenamientos jurídicos no debe ser
obstáculo la doble incriminación para ir avanzando en la creación de
ese espacio judicial y de seguridad. Desde luego cuento con S.S. y
con su grupo en ese intento de hacer pedagogía y de transmitir algo
evidente: que cuando estamos asistiendo a la creación de la Europa
del derecho o del tercer pilar -que, es verdad, lo ha dicho también
alguna de SS.SS., ha estado retrasado respecto al avance en la
construcción europea del primero y segundo pilares-, a la creación de
la Europa de la justicia, de la que garantiza las libertades, la
seguridad y el derecho, es esencial que transmitamos permanentemente
el mensaje de su trascendencia, de su importancia y de los esfuerzos
que conjuntamente estamos haciendo para que también esa Europa salga
adelante.

Paso a responder las cuestiones -las que no haya contestado, porque
algunas se repiten- planteadas por la portavoz del Grupo Mixto. En
relación con el tercer pilar de la Unión Europea, usted ha venido a
afirmar que existe una falla respecto a los sistemas de control, bien
sean parlamentarios o judiciales. No estoy de acuerdo en absoluto y
en estos instrumentos y en estos mecanismos lo hemos visto y lo
estamos viendo diariamente en los demás, en primer lugar, en los
controles europeos y no sólo de los tribunales europeos, sino también
del propio Parlamento Europeo. Como usted conoce, la orden de
detención y entrega ha sido objeto no sólo de debate sino también de
control y de votación. El comisario Vitorino ha comparecido en el
Parlamento Europeo para explicar qué propuesta iba a trasladar al
Consejo de Ministros de Justicia e Interior, ha habido un debate, una
sesión de control y después una votación. No sólo existe el control
de las instituciones europeas; además existe el control de los
parlamentos nacionales. Como usted bien conoce, cuando se alcancen
los acuerdos, para que tengan vigencia en nuestro ordenamiento
jurídico, hay que traspornerlos y, por tanto, tienen que venir al
Parlamento y ser objeto de debate y de control, y no sólo de control
parlamentario, sino también, en su caso, de control judicial si
alguien estuviese legitimado para interponerlo.

Otra de las preocupaciones que ha manifestado S.S. son las garantías
procesales y el derecho a la defensa. Créame que también son objeto
de reflexión y preocupación permanente en cada una de las decisiones
que se producen en las instituciones europeas y desde luego en estos
trabajos. Lo conectaba usted con la directiva sobre el blanqueo y la
incorporación del terrorismo en la aplicación de esta directiva y
hacía una pregunta: cuándo un abogado que está defendiendo a su
cliente va a denunciarle por el delito por el que le está
defendiendo. Es que no es esto, señoría, lo que la directiva
establece, en la que el abogado o los distintos profesionales tienen
la obligación de contarlo.

Lo que realmente se recoge es el caso de una persona que va a un
abogado para decirle que quiere cometer un delito de blanqueo, que
quiere blanquear dinero, que ese blanqueo lo quiere hacer para
financiar a una organización terrorista y quiere saber cómo lo hace.

Ese es el supuesto que estamos tratando, no el de que se haya
cometido un delito y se va a buscar asesoramiento y derecho a la
defensa, caso en el que el secreto profesional está absolutamente
salvaguardado. El supuesto recogido es aquel en que alguien intente
colaborar con un abogado para perpetrar un delito de blanqueo. Se ha
buscado una fórmula que, desde mi punto de vista, ha conseguido
compaginar el derecho a la defensa y, por tanto, el secreto
profesional - que desde mi punto de vista está íntimamente ligado al
derecho a la defensa- con la persecución del delito de blanqueo y
sobre todo relacionado con delitos tan graves como el de terrorismo,
que, como S.S. conoce, están tantas veces íntimamente ligados.

Otra de las cuestiones planteadas respecto a la orden de detención y
entrega es el debate sobre lista negativa o lista positiva, que va
íntimamente unido a esos tipos delictivos que usted ha manifestado,
que es cierto que no tienen una misma tipificación o, en algunos
casos, ni siquiera están tipificados en los distintos países de la
Unión Europea. Ese es el origen del debate entre lista positiva y
lista negativa. Es decir, ¿se recogen todos los delitos que están
tipificados en todos los países, todos los delitos del artículo 29
del Tratado de la Unión Europea, todos los delitos graves, o es más
fácil hacer una lista negativa donde la orden de detención y entrega
pueda tener una serie de requisitos especiales en aquellos países en
los que no tengan recogido como delito algún tipo penal? Es el caso
del aborto, es el caso de algunos delitos relacionados con la droga o
de la eutanasia con país que recientemente la ha despenalizado. Esa
es la lista negativa, que va a suponer tres o cuatro delitos, porque
seguramente sea más fácil establecer un régimen especial para esos
delitos, que seguramente vaya vinculado a la territorialidad, es
decir, que la orden de detención y entrega no opere si ese delito se
ha producido por nacional y en territorio donde no esté penalizado,
pero no afectará en ningún caso a los delitos graves, es decir, no
afectará a los delitos del artículo 29 del Tratado de la Unión
Europea de Tampere, entre los que está la trata de seres humanos,
tráfico de armas, por supuesto terrorismo; en ninguno de esos se ha
planteado, sino que la lista negativa es para aquellos supuestos
excepcionales que, como es el caso de uno de los países donde se ha
despenalizado la eutanasia, supondrían no entregar a un nacional de
ese país que además haya cometido esa acción en su territorio, porque
no es delito; es decir, el principio de territorialidad va vinculado
a una lista negativa de esos casos y no son -insisto- los graves del
artículo 29 de Tampere.

Quedaba otra pregunta de S.S. sobre los equipos de investigación
conjunta. Será entre el 6 y 7 de diciembre cuando se establezca la
estructura y composición de



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esos equipos de investigación. Cuando esté definitivamente acordada
con todo gusto le daré la información a S.S., pero de lo que se trata
es de que todos los que participan en una investigación puedan
hacerlo de manera conjunta y coordinada, sean fiscales, sea Policía
judicial, sean jueces en aquellos países donde la investigación la
llevan los jueces; entonces se trata de formar unos equipos
conjuntos, en estos momentos el hispanofrancés, en el que pueden
colaborar fiscales españoles y franceses especializados en la lucha
contra el terrorismo, Policía judicial de ellos dependiente, es
decir, formar un equipo en el que se intercambien información, en el
que actúen de manera coordinada en la persecución de esos delitos que
además tienen sus efectos y su organización de manera transnacional.

Le informaré con todo gusto, insisto, a su señoría de la composición
exacta en el número y en el peso de cada uno de ellos en cuanto esto
esté decidido el día 6 y 7 de diciembre.

La portavoz del Grupo Vasco del PNV ha hecho un discurso en el que
comparto poca cosa respecto a donde ha puesto usted el acento, que es
en buscar todas las pegas. Usted ha decidido venir esta mañana aquí a
poner pegas y mientras todos los países de la Unión Europea están
buscando instrumentos dentro del Estado de derecho y con el máximo
respeto a los derechos y libertades, usted ha venido a buscar una
organización francesa que critica a su Gobierno porque está
colaborando y está tomando medidas legislativas positivas para acabar
con los crímenes horrendos que la banda terrorista ETA ha producido
durante tantos años y del resto de las organizaciones terroristas y
criminales. Usted ha venido aquí a ponernos de relevancia que hay no
sé qué organización que critica a Francia por este motivo. Esa
perspectiva y esa estrategia suya tengo decirle desde el primer
momento que no la comparto y debo afirmar una vez más que todos los
instrumentos de los que nos dotemos serán absolutamente respetuosos
con los derechos y libertades de los ciudadanos y además tendrá la
oportunidad de comprobarlo S.S., porque, para que tengan eficacia y
se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico, tienen que pasar por
este Parlamento.

Decía que le preocupaba la entrega de documentos. La entrega y el
acceso de documentos, sean en soporte papel, sean informáticos, en la
investigación de la lucha contra el terrorismo es un instrumento de
primer orden. Conocer desde el primer momento los documentos que se
pueden incautar a la organización terrorista sobre -valga la
redundancia- su propia organización, su estructura, sus contactos,
incluso las acciones criminales inmediatas que tienen previsto hacer,
como usted comprenderá, es un instrumento de primer orden y tenemos
que hacer todo lo posible para que los distintos Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, la Policía judicial, los fiscales tengan de manera
conjunta, bajo dirección judicial y fiscal, y por tanto con todas las
garantías, acceso inmediato a esa información y para ello es para lo
que he dicho que en tres meses se va a elaborar un protocolo. También
para el tema que a usted le preocupa que es
garantizar la confidencialidad de esa documentación. Es verdad que
esas investigaciones judiciales en Francia en todos los casos las
tienen clasificadas como secreto sumarial, es verdad, todas, y por
tanto en este protocolo nosotros tenemos que establecer el mecanismo
para que en España haya reciprocidad, y viceversa, es decir, que
aquello sobre lo que esté decretado el secreto en Francia sea también
secreto de los documentos que nos entreguen en España y, al
contrario, cuando se trate de documentación incautada en España que
pueda interesar, como ya ha ocurrido en algunos casos con otras
organizaciones terroristas, a Francia. Ese es el protocolo sobre el
que en tres meses vamos a trabajar y a aprobar para que no haya
problemas de este tipo; es decir, se puede solucionar, pero hay que
tener la voluntad para hacerlo.

Respecto a la lista, que era la segunda de las preocupaciones, creo
que en una respuesta anterior ya he hecho referencia a ello. Dice que
está muy segura que ETA debe estar. A mí me parece que faltaría más
que ETA no estuviese. No le he entendido muy bien respecto a las
demás, que ya habría que ver. Yo insisto en cuál va a ser mi posición
y la posición del Gobierno, que todos los que cooperen y colaboren
con la acción criminal de ETA también deben estar en esa lista porque
también son terroristas y atacan los derechos y las libertades de
todos los ciudadanos no sólo españoles sino también europeos y deben
estar en la lista europea. Cuando ETA, quienes colaboran o quienes
cooperan con ella están cometiendo un atentado en España están
cometiendo también un atentado contra todos los europeos.

En cuanto a Izquierda Unida, hay una cosa que no es objeto de esta
comparecencia. Ha hecho una referencia a la ley orgánica sobre los
servicios de inteligencia. No quiero hacerle más que una
puntualización. Dice que el magistrado, el que iba a tomar las
decisiones, era elegido por el presidente, sin intervención del
Consejo. No, es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial,
a propuesta de su presidente. Eso es lo que en el anteproyecto viene
recogido, pero este no es el objeto del debate y sólo era por aclarar
ese extremo, para que no quedase como una afirmación consentida.

Me preguntaba sobre las garantías de la orden de detención y entrega.

La primera de las garantías y sobre la que no debe haber ninguna duda
es que la orden de detención y entrega es de juez a juez, es decir,
no es de Ejecutivo a Ejecutivo o de Gobierno a Gobierno, sino que se
produce desde la autoridad judicial competente en uno de los países a
la autoridad judicial competente de otro país, con un procedimiento
que garantiza los derechos del detenido, desde la intervención
judicial en la detención hasta la comprobación de los elementos y de
los requisitos formales, es verdad que tasados, que establece la
orden de detención y entrega que debe de reunir la petición, y la
entrega a otro juez de otro país, que también protege y garantiza los
derechos y las libertades del ciudadano que ha sido entregado, lo
que,



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insisto una vez más, se encuentra en la base de la propia
construcción de la Unión Europea del derecho.

Finalmente, quiero agradecer también a Convergència i Unió sus
reflexiones y decirle que coincido prácticamente en todas las que ha
formulado. Me preguntaba cómo se encuentran en estos momentos los
distintos países. Creo que existe una alta sensibilidad en esta
materia, en la persecución del delito, en avanzar en la creación del
espacio judicial de seguridad y de libertad común y en la necesidad
de dotarnos de esos instrumentos para luchar contra delitos de crimen
organizado, terroristas, pero también contra todos los demás. Alguien
decía que hablábamos especialmente de terrorismo. Claro, de qué
quieren que hablemos en España, pero la orden de detención y entrega
no viene referida sólo al terrorismo sino al resto del crimen
organizado; es decir, hay una alta sensibilización ahora a causa del
terrorismo y también de cara a que los ciudadanos puedan moverse en
el ámbito de la Unión Europea, para transferir fondos, capitales,
mercados. Eso está creando una nueva realidad respecto a las grandes
organizaciones del crimen que cada vez preocupan más a los gobiernos
y a los ciudadanos de nuestros países. Los instrumentos que ahora
tenemos no sirven para dar respuesta a esa nueva realidad de delitos
tan graves y rechazables y necesitamos hacer todos los esfuerzos para
perseguir esos delitos y poner a disposición de la justicia a los
delincuentes. Creo que esta concepción y sensibilidad existe en todos
los países de la Unión Europea. Es verdad lo que usted decía de que
no sólo se trata de hacerlo con la Unión Europea sino también de
hacerlo con otros países, como México, y estos días hemos visto buena
prueba de los avances que se están produciendo en esta materia,
porque es también cierto, como usted decía, que estas organizaciones
criminales no sólo actúan en el ámbito nacional y en un ámbito
europeo, sino que en muchos casos lo hacen en un ámbito internacional
y, por tanto, sólo desde la colaboración y cooperación entre todos
los países podremos darles una respuesta y perseguirles
adecuadamente. En un ámbito de la Unión Europea en que las
facilidades para moverse son mayores estamos obligados a reforzar los
instrumentos de persecución de este tipo de delitos.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Algún grupo parlamentario
desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Antes de dar la palabra a los grupos que quieren hacerlo quiero
recordarles que después del presente debate tenemos el compromiso de
reanudar la sesión a las cuatro y media de la tarde, con un orden del
día amplio y denso. Por tanto les invito a que sean lo más breves
posible.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor ministro, en primer lugar,
quiero decir que los fallos estructurales
de la Unión es un debate a nivel Unión Europea más claro que
el agua. Decir que no existe es irreal. Qué el primer pilar no es lo
mismo que el tercer pilar a estos efectos es una cuestión de manual.

Otra cosa es cómo lo solventemos, pero que ese tema está ahí es
evidente y por eso se crea una pasarela, que es la antigua K-14, para
pasar determinadas cosas del tercer pilar al primer pilar, pero no
voy a discutir sobre esto que es evidente.

En segundo lugar el problema es que ustedes, ejecutivos, actúan como
legislativos. No es el control a posteriori, es el problema de que
ustedes están actuando como Ejecutivo y, a la vez, como Legislativo.

Ni le ceden el puesto al Parlamento Europeo ni nos ceden el puesto a
los demás, que no estoy diciendo a quién había que cederlo, ya que
evidentemente es al Parlamento Europeo desde el punto de vista de
integración europea. El problema no es que tenga control a
posteriori, sino que ustedes están legislando y para legislar hay que
conocer los detalles y las deliberaciones que no deben ser secretas.

Esta es otra de las cuestiones que está encima de la mesa para la
reforma de la Unión Europea para el próximo 2004. No estoy hablando
de quimeras.

En tercer lugar, controlaremos la trasposición, siempre y cuando no
lo hagan por reglamento, señor ministro. Si lo hacen por reglamento,
directamente aplicable, no vamos a tener que decir nada. Por tanto
las cuestiones que estoy poniendo encima de la mesa son de mucho
calado y muy profundas que afectan en todos los niveles a temas
relativos al tercer pilar y a otra serie de cuestiones. Hablo de
cosas concretas.

He hablado también del tema de listas y quiero dejar sobre la mesa
desde el punto de vista de Eusko Alkartasuna que me parece que ningún
Gobierno que esté en el Consejo de Ministros, en relación a ninguna
consideración ni a ninguna asociación, podrá poner en esa lista a
organismos, asociaciones, partidos políticos, colectivos o personas
individuales que no tengan ninguna condena, que sean legales y actúen
de conformidad con el ordenamiento jurídico. Me parecería una
cuestión grave si algún Ejecutivo pretendiera habilitarse el papel
del Poder Judicial y decidir cuál es conforme al ordenamiento
jurídico, cuando no hay ningún procedimiento judicial y no ha habido
ninguna condena ni resolución judicial. A mí me parece un principio
bastante evidente que se debe poner encima de la mesa. Si no es así y
si están ustedes pensando en hacer otra serie de consideraciones, a
la vista, con todo cariño, señor ministro, de las declaraciones que
han estado ustedes haciendo en los dos últimos años y en lo que a
nosotros respecta que hayan dicho por ejemplo, que Eusko Alkartasuna,
con los postulados que defiende, lo que hace es apoyar, impulsar y
respaldar al terrorismo -no usted, pero en general, en los dos
últimos años es lo que se ha oído y lo que nos ha caído encima-,
según esas declaraciones cualquier Ejecutivo de la Unión Europea
podrá decir: pues a estos señores les vamos a meter aquí en la lista,
¿por qué no? ¿Qué basejurídica van a determinar ustedes para decidir
que éste sí



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y que éste no? Eso es lo que estamos planteando y no solamente
cuestiones sobre organizaciones concretas, sino que tiene que haber
principios certeros, claros y transparentes para que todos los
ciudadanos sepan cuáles son los criterios por los cuales se entra o
no en esa lista. Es evidente que todos queremos combatir el
terrorismo, pero queremos hacerlo con principios claros, siendo
transparentes y acordes a derecho porque, al final, si no, no sirven
estas cosas; al final es peor el remedio que la enfermedad. Cuando se
cometen injusticias no se solventan las cosas. Se terminan creando
más elementos de incertidumbre y teniendo más problemas que los que
se pretenden resolver. Esto es de lo que estamos hablando: qué
principios determinan ustedes para que alguien, asociaciones,
colectivos o demás, estén o no en la lista. Yo entiendo que, por lo
menos, tienen que tener la consideración de ilegales, actuaciones
ilegales, condenas o ser contrarios al ordenamiento jurídico y
deduzco que no son los ejecutivos los que tienen que decirlo.

La última consideración que no la haré es la referente a las
autorizaciones judiciales en el tema de escuchas, que es un bonito
tema para solventarlo dentro del plan de autorización judicial, no
solamente a efectos de la ley del centro nacional de inteligencia
sino por ejemplo en relación al tema Echelon. Sería conveniente para
todos leer el informe del Parlamento Europeo, cosa bastante curiosa y
que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo aquí, ya que
parece que no existe ni autorización judicial para múltiples
interceptaciones que se están produciendo en este momento.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, me parece que no nos hemos
entendido. Se me acusa, y me jacto también de ello, de ser, como
dicen ahora los cursis, positiva siempre. Por tanto, con tal talante
positivo he acudido a la Comisión, como siempre, y había valorado lo
que conocía de las medidas por lo que se publicaba y le he escuchado
a usted. Creo que mi labor como diputada es o debe ser decirle lo que
no alcanzo a entender. Por eso le he pedido concreciones. Hay medidas
respecto de las cuales se viene hablando largo tiempo y nunca acaban
de ser efectivas y reales en la puesta en práctica ya. Ya le he dicho
que hay cosas de las que se viene hablando mucho tiempo. Le he puesto
las pegas que veo, que, por cierto, me ha parecido que las
ridiculizaba en alguna medida hablando de no se qué asociación
francesa que sí he citado, pero creo que me he movido más en el
terreno de la jurisprudencia constitucional y en la cita del artículo
55.2 del mismo texto, que suele ser por donde deambulo.

Pertenezco a una formación política, señor ministro, que es
europeísta y que está encantada de todos los avances en el tercer
pilar y así se ha manifestado siempre. Mi intención de defender a ETA
es inexistente
antes, ahora, y siempre. Le he dicho que contará con el apoyo de mi
grupo siempre en la adecuada persecución del delito, en lo que he
intentado manifestarle que debe hacerse esta persecución sin que
perezcan las garantías.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Algún grupo parlamentario
más desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra para cerrar la comparecencia, el señor ministro de
Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Con muchísima
brevedad, señor presidente. Todas las modificaciones que afecten a
leyes en vigor en nuestro país tienen que venir al Parlamento. No se
pueden resolver por reglamento. Si alguna de estas disposiciones o de
estos acuerdos tienen que modificar la Ley Orgánica del Poder
Judicial o el Código Penal, tienen que venir a este Parlamento. Todos
los tratados internacionales, como usted bien sabe -los vota cada
semana-, vienen al Pleno de este Parlamento.

Por lo tanto, todos los instrumentos normativos europeos tienen que
ser traspuestos y todos los importantes vienen a este Parlamento. Ese
era mi desacuerdo con usted. Cuando dice: no hay ningún control
parlamentario ni ninguna posibilidad de intervención parlamentaria,
no es cierto. La mayoría de los mecanismos y desde luego todos los
importantes pasan por el Parlamento, no sólo por el Parlamento
Europeo, sino por los parlamentos nacionales. No le he dicho si hay
trasvase entre el uno y el tercer pilar, que en algunos casos
podíamos estar de acuerdo en que los instrumentos se van forjando,
pero que no hay control parlamentario ni control judicial, no es
verdad. Lo que no quiero es que quede la duda de si la orden de
detención y entrega está exenta de control parlamentario, porque esa
afirmación no se ajustaría a la realidad. Ya lo ha tenido en el
Parlamento Europeo, lo está teniendo hoy en el Parlamento español,
cuando el día 21 de septiembre se dice que se empiece a impulsar;
estamos a mitad de camino o en la primera semana y ya estoy
compareciendo en el Parlamento, y lo podremos seguir discutiendo en
el futuro. Ese es mi ámbito de desacuerdo con usted. Dice usted: Es
que eso no tiene control parlamentario. No es verdad, ni europeo, ni
español. No se preocupe ni de las listas ni de ningún otro
instrumento. Se harán conforme a derecho. No vamos a hacer nada
contrario a derecho. Si usted lo que me pide es que se hagan conforme
a derecho, tiene usted toda la razón y además estamos completamente
de acuerdo, pierda cuidado. Se harán las listas y el resto de los
instrumentos conforme a derecho, conforme a nuestro ordenamiento
jurídico. ¡Estaría bueno!
Respecto a la intervención de la portavoz del PNV, es la apreciación
de lo que a mí me ha parecido, al hilo de su intervención, y donde ha
puesto usted el acento. Lo ha puesto en las pegas, no en la
valoración de los instrumentos ni aportaciones positivas en cómo
podemos mejorar en la lucha contra ETA y quiénes colaboran



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y cooperan con ella, sino en la crítica y en los aspectos negativos.

Le he citado lo que ha dicho usted, y no es ridiculizando nada, que
una asociación ha criticado al Gobierno francés porque ahora está
tomando medidas legislativas en la lucha contra el terrorismo.

Respecto a que unas medidas van más rápidas y otras menos, tiene
usted razón. Son muy complejas. Ya ha visto la de pegas que usted
misma ha puesto desde el punto de vista de los ordenamientos de otros
países. Se va avanzando y todos debemos impulsar esos trabajos. ¿Qué
ahora se está avanzando de manera decidida y decisiva? Es verdad.

¿Cuándo entran en vigor algunas, como me preguntaba sobre las
francesas? Alguna, ya. Las denuncias oficiales, las entregas
temporales, esas, a partir del día en que se acordó con el Gobierno
francés se ponen en marcha y los mecanismos van a empezar a funcionar
de manera inmediata. En otras, como para la entrega de documentos nos
hemos dado un plazo de tres meses para elaborar el protocolo, son
datos concretos. Y respecto de los equipos conjuntos de investigación
también le he dado la fecha al comienzo de mi intervención, los días
6 y 7 de diciembre se tiene que aprobar cómo están configurados.




El señor VICEPRESIDENTE( Souvirón García): Gracias, señor ministro.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.




Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.




- LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL MINISTERIO DE JUSTICIA RESPECTO DE
LA ACTUACIÓN DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS
EN LOS JUZGADOS DE MARBELLA (MÁLAGA), DE LOS QUE HAN SIDO SUSTRAÍDOS
VARIOS EXPEDIENTES JUDICIALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000536.)



- LA PÉRDIDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN LOS JUZGADOS DE MARBELLA
(MÁLAGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000502.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Reanudamos la sesión para dar trámite a la comparecencia del señor
ministro de Justicia, a que se refiere al punto 4.º del orden del
día, en relación con el que hay otra de similar contenido, la primera
pedida
por el Grupo Parlamentario Socialista y otra solicitado por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ya calificada por la
Cámara y que se tramitarán conjuntamente. Está en vías de tramitación
otra solicitud análoga del Grupo Parlamentario Mixto que no ha sido
calificada todavía, por lo que no procede darle curso, además de que
no esta presente el solicitante.

Para cumplimentar los indicados dos puntos del orden del día, tiene
la palabra el señor ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Buenas tardes.

Señor presidente, señorías, comparezco de nuevo ante la Comisión de
Justicia e Interior, en este caso para explicar las medidas que se
han adoptado respecto a la actuación de los secretarios judiciales
que prestan sus servicios en los juzgados de Marbella, de los que han
sido sustraídos varios expedientes judiciales.

Este verano hemos sido testigos de unos lamentables acontecimientos
que han puesto de manifiesto claras irregularidades en el
funcionamiento de los juzgados de Marbella. Sin embargo, a la hora de
determinar actuaciones y de exigir responsabilidades por estos
hechos, conviene distinguir las que desde el ámbito de sus
respectivas competencias tienen que asumir las distintas
administraciones y el Poder Judicial, no sólo con los órganos sino en
concreto en relación con el personal que presta sus servicios en los
juzgados.

Lo primero que tenemos que valorar al introducirnos en este asunto es
que nos encontramos ante un presunto delito que tiene carácter
excepcional y que si bien exige la apertura del correspondiente
proceso penal y la adopción de medidas tendentes a evitar que se
vuelvan a producir acontecimientos de estas características, no puede
entenderse de ninguna manera -esta afirmación creo que es compartida
por todo el mundo- como regla general de la actuación de los juzgados
en España, ni del comportamiento de ninguno de los colectivos que
sirven a la justicia.

Como consecuencia de la desaparición de los sumarios y por lo que
decía en la primera afirmación que estamos ante un presunto delito,
digo presunto porque no hay una sentencia firme, hay abierta una
investigación con su correspondiente proceso penal en los juzgados de
Marbella, que es preferente a cualquier otra medida, y cuyo resultado
determinará a quién puede imputarse un delito y la pena que al mismo
corresponda, siendo los tribunales los que tienen que decidir sobre
esta cuestión.

En cuanto a las medidas tendentes a prevenir que estos sucesos puedan
repetirse, hay que destacar que la inspección y vigilancia de los
juzgados son competencia del Consejo General del Poder Judicial y de
la Junta de Andalucía, esta última en virtud del traspaso de
competencias efectuadas según los Reales decretos 141/1997 y142/1997,
de 31 de enero. El artículo 171 de la Ley orgánica



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del Poder Judicial establece que corresponde al Consejo General del
Poder Judicial, que ejerce la superior inspección y vigilancia de los
juzgados y tribunales, supervisar el correcto funcionamiento de la
Administración de justicia; por tanto, la primera responsabilidad en
el control de la actuación de los órganos judiciales corresponde al
Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las facultades
de inspección ordinaria de los presidentes de los tribunales
superiores de justicia. El Consejo General del Poder Judicial, a
través del servicio de inspección, como ustedes conocen, ha llevado a
cabo una investigación para determinar las posibles
responsabilidades, en su ámbito, en la desaparición de los sumarios.

El resultado del informe se trasladó a la comisión disciplinaria, que
tras recabar a su vez un informe de los propios jueces afectados y de
practicar las diligencias que tuvieron por conveniente, por
resolución de 10 de septiembre de 2001 dictaminó que no se
encontraban indicios de responsabilidad disciplinaria en los
titulares de los juzgados afectados por la desaparición de los
sumarios y disponía el archivo del expediente. Por otra parte, la
comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión de 17 de agosto de 2001, respecto a los sucesos de los que
nos estamos ocupando, instó al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía a que depurase las posibles responsabilidades
disciplinarias en que hubieran podido incurrir los secretarios y
funcionarios titulares de dichos juzgados, con respeto en todo caso
al procedimiento penal inicial. Además de esta conclusión, la
comisión permanente expresaba su inquietud por la falta de medidas de
seguridad y solicitaba de la Junta de Andalucía su refuerzo, tanto
desde el punto de vista de los edificios como de las aplicaciones
informáticas, es decir de la seguridad interior.

En virtud del real decreto de traspaso de competencias a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, las eventuales responsabilidades que puedan
corresponder a oficiales, auxiliares y agentes judiciales o al resto
del personal auxiliar de los juzgados de Marbella en materia
disciplinaria deben afrontarse desde la Administración autonómica
andaluza, tal y como se establece en el artículo 94.3 del Reglamento
de oficiales, auxiliares y agentes, aparte lógicamente del real
decreto de traspaso de competencias. De igual modo, corresponde a
dicha Administración autonómica articular las medidas oportunas de
vigilancia interior y de seguridad periférica del edificio.

Llegados a este punto, quedan por determinar cuáles son las medidas
que puede adoptar el Ministerio de Justicia respecto a las
responsabilidades en que puedan haber incurrido los secretarios
judiciales cuya gestión no ha sido transferida a la Junta de
Andalucía. A estos efectos cabe destacar que, en primer lugar, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por indicación del
Consejo General del Poder Judicial, tiene en curso una investigación
para determinar las responsabilidades disciplinarias en que puede
haber incurrido todo el personal perteneciente a los juzgados
afectados. En segundo lugar, según el propio contenido del Reglamento
orgánico del Cuerpo
de secretarios judiciales aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29
de abril -y es muy importante esta resolución a los efectos de la
petición de comparecencia-, no es posible actuar disciplinariamente
contra un secretario judicial si los hechos por los que hubiera de
incoarse el expediente estuvieren sujetos a una causa penal. El
artículo 92.3 del citado reglamento orgánico lo prohibe expresamente,
al disponer textualmente: No se podrá incoar expediente de
responsabilidad disciplinario en relación con hechos objeto de causa
penal en tanto ésta no se haya concluido por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. Es evidente que aquí existe una causa penal
abierta y que todavía no hay una decisión de archivo, o en su caso
sentencia. Este régimen, el de los secretarios, difiere de lo que
fija el artículo 83.2, del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de los funcionarios de los
cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes, que sí permite la
incoación de expediente disciplinario, aunque exista causa penal
abierta. Como antes indicaba, señorías, por la desaparición hay
abiertas unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número
dos de Marbella, que tienen el número 1628/2001, y que en función del
reglamento orgánico que acabo de leer impiden que se pudiera incoar,
si hubiera lugar, cualquier expediente para depurar una eventual
responsabilidad disciplinaria contra los secretarios judiciales
destinados en los juzgados de esta localidad.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, es importante que hechos como los
ocurridos en Marbella no se produzcan, con el fin de garantizar los
derechos de los ciudadanos y la eficacia de la Administración de
justicia. Conscientes de ello, el Ministerio de Justicia ya ha venido
trabajando en numerosas medidas, que tienden tanto a garantizar la
seguridad como a facilitar la función de los secretarios judiciales
como encargados de la custodia de los documentos. Así se ha hecho un
importante esfuerzo presupuestario para reforzar la seguridad en los
órganos judiciales en las comunidades no transferidas, que son
lógicamente aquellas en las que tiene competencia el Ministerio de
Justicia, tanto en la seguridad interior como periférica; las que en
Andalucía tiene la Junta de Andalucía, en las comunidades no
transferidas son competencia del Ministerio de Justicia. En el
ejercicio 2001 hubo un incremento presupuestario nada menos que del
40 por ciento respecto al ejercicio anterior, en el que se
invirtieron más de 600 millones, mientras que en el 2001 se
invirtieron cerca de 1.000 millones de pesetas en esta materia.

Además, vamos a plantear al Consejo nacional del secretariado, que
como saben también hemos constituido el pasado año, el problema de la
seguridad en los órganos judiciales, con el fin de que se puedan
proponer medidas, y en su caso posibles reformas legislativas, entre
las que cabe destacar la posibilidad de archivar en soporte
informático y digitalizar toda la información, ya que así es mucho
más fácil mantener las medidas de custodia y de seguridad, duplicando
por tanto toda la información necesaria y haciendo posible que se
pueda validar. Además hay



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que tener presente -y esto lo conocen SS.SS.- que el pacto de Estado
para la reforma de la justicia, en cuya comisión están presentes
todos los grupos, prevé importantes medidas en relación con la
organización de la oficina judicial, que era otra de las
recomendaciones que se hacía por el Consejo General del Poder
Judicial y que ha de redundar en una mejora de las condiciones de
trabajo, y por tanto de seguridad. En este sentido cabe destacar que
está elaborado y en fase de tramitación el real decreto de ordenación
de archivos judiciales, que regulará su régimen de funcionamiento, el
expurgo de documentos por las juntas creadas al efecto, y finalmente
su destino. Ello ha de facilitar sin duda la conservación y seguridad
de los documentos y supondrá una ayuda muy importante para el
desarrollo de la labor de los secretarios judiciales.

Por tanto, señorías, es cierto que en Marbella ha existido un
problema concreto grave, que está pendiente de resolución por los
tribunales y que han de determinar las correspondientes
responsabilidades penales. Están abiertas las investigaciones
administrativas y de otra índole a las que ya he hecho referencia.

Sin embargo -insisto, para terminar-, ello no puede empañar la
importante labor desarrollada por el personal que presta sus
servicios en la Administración de justicia, y en particular por los
secretarios judiciales. El Ministerio de Justicia está decidido a
continuar apoyando la labor de los secretarios judiciales, aportando
los medios materiales y personales, realizando las reformas
legislativas necesarias en beneficio de todos los ciudadanos, y
exigiendo en su caso las responsabilidades que correspondan, pero en
el momento procesal oportuno y conforme al procedimiento legalmente
previsto, como estoy seguro que comparten SS.SS.




El señor PRESIDENTE: Grupos solicitantes de la comparecencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor ministro, por la información
que nos ha dado. Nos gustaría que cuanto mayor sea el nivel de
información que vaya adquiriendo, nos traslade el conocimiento de los
hechos reales que están ocurriendo en los juzgados de Marbella, de
manera que como parlamentarios que representamos al pueblo, podamos
llevar al ánimo de los ciudadanos de Marbella que no están en el más
absoluto desamparo y que somos muchos (el Gobierno, los grupos
parlamentarios, los partidos políticos y movimientos ciudadanos y
profesionales que se han constituido allí) los que estamos dispuestos
a garantizar el Estado de derecho en esa ciudad. Estamos ante un
problema gravísimo -usted lo ha comentado y a mí me gustaría
subrayarlo de manera especial-, en el que este grupo parlamentario no
va a caer en la estupidez de responsabilizar a ninguna de las
administraciones, sino a los culpables cuando se les conozca, como es
obvio. Qué más quisieran quienes han cometido este crimen, con ánimo
sin duda de evitar pruebas que parece imputan claramente al señor
Gil, alcalde de Marbella, que las administraciones públicas, que sí
creemos en el Estado de derecho o en un poder del Estado como es el
Consejo General del Poder Judicial, estuviéramos tirándonos los
trastos a la cabeza o imputándonos culpas que no tenemos; eso parece
evidente.

Alguna responsabilidad me imagino que puede haber en cuanto a la
acción vigilante de posibles administraciones, no lo sé; alguna labor
no hecha por parte del consejo de tranquilizar, de garantizar una
asistencia correcta, de manera que por ejemplo los jueces no
soliciten inmediatamente el traslado cuando son asignados a esos
juzgados. Es posible que todos pudiéramos haber hecho mucho más, pero
lo cierto es que hay un clima - yo diría que de desamparo en la
población- absolutamente agresivo de que la delincuencia campa por
sus reales en esa ciudad, fundamentalmente como bien sabe usted desde
que el señor Gil, imputado por cierto en 13 sumarios desaparecidos,
campa por sus reales en aquella zona, yo confío seriamente por el
bien de la democracia y por su calidad que no por mucho tiempo.

Lo cierto es que esto, señor ministro, venía siendo conocido desde
hace años. El Consejo General del Poder Judicial en el año 1987,
siendo inspector entre otros el juez señor Garzón, habló de la
situación escandalosa y desastrosa, esa es la palabra exacta que
usaba, en los juzgados de Marbella. Y una persona que parece inició
una campaña anticorrupción en aquella zona que era la juez señora
Díez, y que alertó a partir del año 1993 sobre esa situación
realmente escandalosa y lamentable, extraordinaria con referencia a
cualquier otro juzgado de España, tuvo en sus pesquisas, en su
trabajo y en su obsesión por conseguir la verdad y la transparencia
un recorrido corto desgraciadamente. Es conocido por la opinión
pública que los juzgados de Marbella no por muchos de sus
funcionarios sino por alguno de ellos es un foco de corrupción clara.

Hay que estar ciego para no ver eso -no digo que usted lo esté, por
supuesto- y así lo han manifestado, insisto, sindicatos, partidos
políticos, profesionales, movimientos ciudadanos, etcétera. ¿Qué es
lo que a nosotros nos preocupa? Desde luego nos preocupa algo que
vimos que se iniciaba y espero que eso pare rápidamente a través de
alguna formación política que no siempre y no durante todo el tiempo
tiene una actitud responsable ante la vida política, esperemos que se
investigue de verdad y de manera definitiva los responsables de esto
para que no aparezcamos ante la opinión pública -esta mañana hemos
hablado de un espacio europeo de libertad y seguridad- como un
reducto bananero en alguna zona de nuestro territorio nacional.

Segundo, porque se persiga de verdad a los responsables. Tercero,
porque tenemos la obligación, creo que moral, las dos
administraciones de justicia que tienen competencia en esta materia y
el Consejo General del Poder Judicial, de llevar al ánimo de la
opinión



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pública a los ciudadanos de Marbella de que esto es la última vez que
ocurre, que no va a ocurrir más, que les garantizamos que al menos
por responsabilidad y por esfuerzo de los representantes del pueblo,
del Gobierno de la nación, del Gobierno de la Junta de Andalucía, del
Consejo General del Poder Judicial, esto no va a volver a pasar. No
es posible, señor ministro, que alrededor de 50.000 folios -aunque
hay teorías que bajan un poco esta cantidad-, 58 tomos, 13 sumarios
desaparezcan, por supuesto sin ningún tipo de fuerza en las puertas
ni en el edificio, en tres juzgados de Marbella, el 1, el 5 y el 7 y
ocurra poco o prácticamente nada. En la prensa se decía, no sé si
usted tiene conocimiento de esto, que la investigación policial había
concluido y no había ningún sospechoso o por lo menos ningún acusado
o ningún imputado para ser más correcto. No es ninguna broma,
insisto, 13 sumarios, 58 tomos, miles de folios desaparecidos, ha
habido una investigación judicial del Consejo General del Poder
Judicial a través de su inspección y se han archivado las
actuaciones. Nosotros hemos querido además que se informa en esta
comisión y la votación del grupo mayoritario nos lo ha impedido, lo
cual es también democrático, pero nos hubiera gustado y creo que es
bueno que se informe. Sin embargo, como usted sabe hace unos días se
ha vuelto a iniciar una inspección del Consejo General del Poder
Judicial en los juzgados, por tanto parecía que o bien el archivo era
un archivo algo precipitado o alguno de los sucesos posteriores, el
fallecimiento de un agente judicial, el hecho de que reclamáramos la
presencia del consejo en esta Cámara para ser informados y colaborar
desde el Parlamento a la erradicación de ese tipo de corrupción en la
zona, les puede haber movido a esta actitud que les lleva a una nueva
inspección en estos juzgados.

Señor ministro, en Andalucía, en Málaga, en Marbella -y hay
portavoces que también su circunscripción electoral es la andaluza-,
los ciudadanos están realmente escandalizados y preocupados. Los
jueces, insisto, se marchan de ese destino como quien les lleva el
diablo, porque no sólo parece que pueden tener dificultades de
presión externa que no garantice su objetividad y su independencia,
sino que puede sentirse inculpados o imputados en un momento dado
como consecuencia de cualquier situación tan anómala y extraordinaria
como la que se está viviendo.

Creo que se puede hacer algo más, y seguramente este sea el momento
para analizar qué podemos hacer entre todos porque, insisto, todos
somos conscientes de la situación que atraviesan estos juzgados. No
tengo que recordar, por ejemplo, que no en vano sospecho pues hace
unos días fallece, parece que por suicidio, uno de los funcionarios
agente judicial que parece también que pudiera estar muy involucrado
en la desaparición de los sumarios. Es decir no es una actitud normal
que un ciudadano se suicide desde la azotea de unos juzgados en
nuestro país. Por tanto, sabiendo que hay una profunda enfermedad en
esta zona de nuestra geografía que yo creo hay que imputar en gran
medida
a la actitud antidemocrática, extorsionadora, etcétera, de un
ciudadano de las características del señor Gil, pero que tiene esas
consecuencias, si conocemos todos que esa es una enfermedad, creo que
la terapia tiene que ser fundamentalmente a mi entender, señor
ministro y eso es lo que le pido, la colaboración entre
administraciones y con el Consejo General del Poder Judicial. Si son
dos las administraciones con competencias, y es cierto y usted lo ha
dicho, y el Consejo General del Poder Judicial también la tiene como
es lógico como tercer poder del Estado, creo que es indispensable una
colaboración que se visualice de alguna forma en la ciudad de
Marbella, en sus juzgados, de alguna manera y de forma que se sepa
que hay una voluntad real de todos por frenar esta situación de
corrupción tan alarmante, y que insisto tiene su fuente pienso yo
fuera de los juzgados de aquellos o aquel que extorsiona de manera
tan lamentable, tan inaudita, tan insólita en una democracia como es,
parece el señor Gil. Por tanto, colaboración absoluta entre
administraciones, y si hubiera que hacer gestos externos que
motivaran, insisto, que tranquilizaran a los ciudadanos para que no
se sientan desamparados y como usted ha dicho aquí de alguna manera
con el esfuerzo de todos pudiéramos decirles que allí también están
garantizadas las libertades públicas y la justicia, hagámoslo. No sé
si hay otras acciones que desde el ministerio puedan hacerse, yo le
brindo dos más. Una, quizás sea bueno, por eso hemos hablado de los
secretarios judiciales que por otra parte bien nos consta (le puedo
decir que mi padre lo era y como comprenderá por familia sé de la
importante labor de estas personas) la mejor forma de que un
secretario judicial no se sienta extorsionado es que le garanticemos
su objetividad y su independencia con un apoyo absoluto. Es decir, lo
que usted ha comentado también, me ha parecido entender de apoyo a
estas personas que sabemos todos que a través del pacto va a tener
una función más importante todavía dentro de todo el proceso de la
Administración de justicia de los procesos penales, civiles y
administrativos, garantizarles esto es una labor importantísima
porque creo que algunos de ellos tienen inseguridad a sabiendas de
que los niveles de extorsión son de tal calibre que actitudes de
heroicidad en muchas ocasiones son las únicas capaces de frenar esa
especie de lobby, de extorsionadores que rodean a estos juzgados de
Marbella como consecuencia de aquellos que están imputados en muchos
de sus sumarios hoy desaparecidos.

Por tanto, quizá sea bueno en aplicación del artículo 101 del
reglamento orgánico, que está pensado para la posibilidad de iniciar
un procedimiento disciplinario pero no es ése el caso. Ha dicho usted
que el presidente del tribunal está investigando el tema, eso irá por
su vía; pero este artículo permite también que el Ministerio de
Justicia pueda solicitar información sobre los hechos tanto al juez
como al presidente del tribunal. Quizás si el ministerio hiciera esa
acción llevaría la seguridad plena a los ciudadanos, a la oficina
judicial, a los secretarios, de que el ministerio garantiza de alguna
manera el correcto procedimiento de investigación, la correcta



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información y por supuesto que esto no vuelva a ocurrir. Lo digo
porque pocas acciones puede realizar seguramente el Ministerio de
Justicia para apoyar esta tesis, que yo considero puede ser la
terapia para evitar más actos de corrupción, porque no está en
disposición de hacer lo que ha hecho la Junta de Andalucía, que es
personarse en la causa penal; en las diligencias abiertas la Junta de
Andalucía sencillamente se ha personado en la materia. Sí puede
hacerlo de alguna forma el ministerio, insisto, bien por esta vía,
solicitando información, o bien por la vía -y eso también le invito a
que lo haga- del artículo 8 del Estatuto del ministerio fiscal, que
permite al Gobierno -voy a ser exacto en la lectura- solicitar de los
tribunales, del fiscal las actuaciones que considere pertinentes para
la defensa del interés público, pero además y de manera expresa,
interesar al fiscal general del Estado, y por tanto al fiscal
correspondiente, para que conozca de manera jurídica como no puede
ser de otra forma, el asunto específico de que tratamos. Es decir, no
se trata sólo de que un fiscal conozca del procedimiento sobre el que
se ha abierto diligencias y sin duda con su experiencia y con su
capacidad de trabajo busque la verdad, investigue y vaya contra
aquellos a los que se pueda incriminar en este asunto, sino que el
propio fiscal del Estado, a través de la comunicación del Gobierno,
se interese por esta materia, no tanto porque el fiscal que aparece
en las diligencias no esté capacitado para llevarlas a cabo
correctamente, sino para dar esa sensación de fuerza, de
colaboración, de interés que a mi entender el Ministerio y el
Gobierno a través del Ministerio de Justicia debe tener en esta
materia.

Le recuerdo los tres asuntos, los tres temas o las tres tareas en las
que deberíamos ponernos a trabajar de la forma más inmediata: en
cuanto al Gobierno, quizás buscar la aplicación del artículo 101 del
reglamento de secretarios, que permite la solicitud de información
sobre estos hechos al juez o Tribunal que conozcan la materia, en lo
que no sea obviamente objeto de sumario y de secreto sumarial. Dos,
instar del fiscal general de la causa que informe sobre el asunto y
conozca del interés del Gobierno para investigar sobre este tema en
profundidad. Y por último, niveles de colaboración entre
administraciones y el Consejo General del Poder Judicial que
manifiesten ante la opinión pública que les garantizamos entre todos
el Estado de derecho que nunca debió desaparecer de esa ciudad y que
estamos dispuestos a que este escándalo de que 13 sumarios, en los
que está imputado el señor Gil, desaparezcan de los tribunales de
justicia de Marbella, no vuelva a ocurrir. Ha transcurrido mucho
tiempo desde 1987 en que el inspector señor Garzón advirtió de lo
escandaloso de la situación, y debemos estar dispuestos a dar esto
por cerrado, a perseguir el crimen de verdad,y a garantizar el Estado
de derecho con la colaboración de todos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.

El señor REJÓN GIEB: Señor ministro, estoy seguro de que al final de
la intervención se tomarán algunas decisiones, no es que se tengan
que tomar aquí indiscutiblemente, pero estoy seguro de que el
ministro nos informará de algunas decisiones que se toman en este
caso que, como decía antes el portavoz socialista, está llevando el
desasosiego no solamente a un municipio, a una zona y algunos
colectivos importantes de la comunidad autónoma, sino me imagino que
de otros sitios. Quisiera que al final no fuera aquello de Lorca de
aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco
cartagineses y punto. La desaparición en agosto y de nuevo en octubre
del sumario de los juzgados malagueños relacionados con causas que
indiscutiblemente implicaban o acusaban al señor Gil, a gente de su
entorno y con notables elementos mafiosos de la Costa del Sol, es
algo que demanda una respuesta de los poderes públicos. En un momento
determinado el Consejo General del Poder Judicial no tiene a bien
informar a esta Cámara de nada o de casi nada; el ministro se tomó
tres meses de reflexión antes de aparecer por esta Cámara; el fiscal
general del Estado no considera que este asunto le afecte. Por otra
parte, nadie parece ser responsable directo o indirecto de esta
sustracción de sumarios judiciales. Todos los implicados, sin duda
además con razones, unos cogidos con puntillas y otros con alfileres,
se amparan en la fragmentación competencial, entienden que la
responsabilidad en modo alguno es suya. Ni el Consejo General del
Poder Judicial, ni la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, ni el Gobierno de la Comunidad Autónoma
andaluza, ni el Ministerio de Justicia, ni el fiscal general del
Estado parece que tienen responsabilidad en este asunto. No entiendo
responsabilidad en el sentido de vamos a pedir responsabilidades,
sino vamos a pedir a alguien que se actúe y solucione la situación.

Hay órganos del Estado pertenecientes a dos poderes del Estado,
Ejecutivo y Judicial, a dos niveles de Gobierno, general y
autonómico, que están involucrados en el asunto y nadie quiere saber
nada. Al final, si son ciertos los datos que aparecen en algunos
medios de comunicación, enviar un juez o una jueza a Marbella debe
llevar plus de peligrosidad incluido y blindaje de cabina, como el de
los aviones. Marbella es un sitio difícil, bastante más difícil de lo
que son zonas del litoral. La judicatura tiene una media, que en
otros sitios pudiera ser aplaudible pero que aquí tiene otras causas,
de unos 40 años de edad. Nadie lleva en Marbella más de diez años.

Este año parece que cinco juezas han dicho que hasta aquí han
llegado. Y con todo esto, señor ministro, ganan como es evidente las
poderosas mafias afincadas en Málaga y pierde la ya de por sí muy
mermada credibilidad de la justicia española en aquella zona. El
ciudadano medio no puede entender que se roben por dos veces sumarios
judiciales y se suicide -lo del suicidio vamos a ponerlo entre
comillas- un funcionario de justicia sin que pase nada. El desgaste
del ya de por sí muy mermado prestigio de la justicia se está
volviendo incalculable en aquella zona. Ningún juez, fiscal,
secretario y funcionario de justicia parece estar involucrado.

Incluso hemos asistido a ciertos intentos



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por parte de cierta prensa, por ejemplo el ABC del 11 de septiembre,
de entender que es la legislación vigente la que tiene agujeros que
permiten la actual impunidad de los culpables. Y antes, durante el
verano, algunos medios de comunicación próximos al Gobierno
entendieron que la culpa podía ser del personal de vigilancia y
limpieza subcontratados, lo cual como usted comprenderá ya roza el
esperpento y el sainete. A quien sí se le ha abierto un expediente
sancionador es al fiscal sustituto que destapó el asunto, lo cual
también tiene su ironía, pues una fiscalía tan problemática como la
de Marbella está atendida en el apogeo del verano malagueño por un
fiscal sustituto, al que además se le acaba persiguiendo por destapar
el escándalo. Las preguntas son obvias: ¿cómo se organiza la fiscalía
de Marbella? ¿Quién es el responsable de tal desatino en el terreno
fiscal? ¿Cuántos fiscales titulares hay en Marbella en estos
momentos? ¿Dónde estaban el pasado mes de agosto? ¿Cuándo fue la
última vez que se hizo una inspección fiscal de los sumarios y qué
resultado dio? En fin, preguntarnos cómo es posible que se produzca
este caos fiscal sin que el fiscal general del Estado -que por otro
lado es muy activo en otros temas- tenga nada que decir algo al
respecto.

Dejando de lado el problema de la fiscalía de Marbella, lo que le
pedimos al ministro de Justicia, desde este Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, es lo siguiente. Seis órganos del Estado
tienen competencias parciales en este asunto y no será posible
encontrar una solución a los robos allí ocurridos, e impedir nuevos
robos en el futuro si todos ellos no cooperan de forma leal e
intensa; colaboración, me parece que le llamaba el portavoz del Grupo
Socialista. El Ministerio de Justicia, señor ministro, también tiene
alguna responsabilidad sobre este tema. En primer lugar, por ser el
responsable de la potestad disciplinaria respecto de los secretarios
judiciales, cuerpo que tiene entre sus misiones la guardia y custodia
de la documentación judicial. En segundo lugar, por poder interesar
del fiscal general del Estado actuaciones que considere oportunas en
virtud del artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Pero más
allá de la normativa vigente, que es importante, el Ministerio de
Justicia debe ser capaz de dinamizar las relaciones entre el Consejo
General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, el Ministerio Fiscal y la propia Junta de
Andalucía. A nuestro entender no debe utilizarse el derecho a la
autonomía o la independencia judicial para que este asunto no sea
acometido, los responsables sancionados y evitados nuevos casos de
robo de sumario y otros. En esta labor de mancomunar esfuerzos las
diferentes administraciones públicas y los distintos poderes del
Estado, entendemos que el ministro de Justicia debe jugar un papel
fundamental.

Acabo. No comparto del todo la intervención y el análisis de la
situación de Marbella, aunque quizá lo conozca un poco mejor que el
portavoz del Partido Socialista. De las pocas cosas que cuando yo
hacía política
en Andalucía compartí con Rodríguez de la Borbolla fue cuando
decía que los máximos responsables de la situación a la que se había
llegado en Marbella éramos todos los partidos democráticos por
nuestra, vamos a llamarle, mala actuación previa a la llegada de Gil.

Acabo con una mención a la gravedad de la amenaza mafiosa sobre las
instituciones democráticas de Málaga. Los robos de los que hablamos
son sólo un síntoma, pero debemos atender a la verdadera enfermedad,
que no es otra que la penetración de la estructura mafiosa en la
Administración local y de justicia de determinadas zonas de la costa
malagueña. Durante mucho tiempo -y antes de ser Defensor del Pueblo
andaluz- Pepe Chamizo ya lo advertía en distintas reuniones con las
cúpulas de los partidos democráticos de Andalucía. Este es un
problema de Estado que excede, señorías, el marco competencial del
ministro de Justicia y que requiere colaboración entre poderes y
administraciones, pero en el que el Ministerio de Justicia debe jugar
un papel importante -que reclamamos desde Izquierda Unida-, que sea
activo en pos de la novación democrática de esta zona de España.




El señor PRESIDENTE: ¿Resto de grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió) tiene la palabra el señor
Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Con mucha brevedad. Mi grupo no solicitó la
comparecencia del ministro de Justicia para que nos hablara de este
tema, pero sí es cierto que unos hechos de las características del
que nos ocupa -con pérdida o sustracción de expedientes, borrado de
ordenadores y suicidio de un funcionario al servicio de la
Administración de Justicia- ponen de manifiesto o constituyen
síntomas de una situación grave en la que inciden competencias de
diversas administraciones, puntos de conexión que aquí han sido
citados; desde los secretarios judiciales respecto de la
Administración del Estado, al resto del personal respecto de la
Administración de la comunidad autónoma, posiblemente el Ministerio
Fiscal y, en cualquier caso, el Consejo General del Poder Judicial.

La posición de mi grupo -y agradecemos su comparecencia- es que el
Congreso de los Diputados no puede permanecer al margen de esta
situación, de la misma manera que queremos manifestar también que si
para saber lo que ha pasado tenemos que esperar a que haya una
sentencia, nos da la impresión de que hay algo que no funciona aquí.

No pretende mi grupo discutir la resolución que adopte, al final de
un expediente o de unas diligencias informativas o preliminares, el
Consejo General del Poder Judicial, ni pretende tampoco mi grupo
inmiscuirse en la tramitación de un hipotético expediente
disciplinario por la Junta de Andalucía o lo que en su día pueda
acordar la Administración del Estado, incluso por la actuación del
Ministerio Fiscal. Lo que sí tenemos claro -y lo decimos muy
intuitivamente- esque en una situación de estas características
alguna información



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deberíamos tener y, la verdad, es que por a o por be no tenemos
ninguna formal y oficialmente transmitida y alguna cosa podría
sugerirse. Si mi grupo no fuese contrario a las comisiones de
investigación le podría decir que quizá ya habríamos solicitado que
se constituyese una en esta materia, por lo menos para saber qué es
lo que ha ocurrido. Mi grupo no tiene esa filosofía, no es partidario
de comisiones de investigación -lo tiene acreditado en Cataluña
y aquí mismo- y, por tanto, ahí no voy a incidir. Sí es cierto que -no
digo que sea usted quien nos tenga que suministrar esa información,
lo mismo es el fiscal general del Estado en una próxima
comparecencia-, es el presidente del Consejo General del Poder
Judicial -y ahí votamos a favor con escaso éxito-, el que debería,
antes de que pasen cuatro o cinco años, decirnos qué es lo que ha
fallado en todo este tema para que haya ocurrido no ya pura y
simplemente la pérdida o el borrado de algunos archivos, sino unos
hechos de una gravedad que han determinado que un funcionario se haya
suicidado u otros elementos que se están comentando: que los jueces
no adquieren antigüedad en Marbella por diversos motivos que podemos
intuir, pero que tampoco se nos ponen de manifiesto claramente o que
tampoco es una plaza especialmente deseada por los fiscales. Supongo
que el ministro de Justicia no nos puede decir, de acuerdo con la
normativa que ha citado, más de lo que nos ha dicho pero yo ruego al
señor presidente y al resto de los portavoces que permitan que haya
aprovechado esta situación para poner de manifiesto que mientras no
nos diga alguien qué es lo que está pasando, aquí hay algún aspecto
de nuestras competencias como parlamentarios que no está funcionando.

Posiblemente sea un defecto en el procedimiento, pero también habrá
que ver qué es lo que falla.

En cualquier caso, quiero agradecer la comparecencia del señor
ministro y su intervención. La información que en una comparecencia
de estas características y por la normativa que ha citado no podamos
obtener, supongo que la podremos lograr en alguna otra comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Rompiendo con la tradición, mi grupo más que
alegrarse de la presencia aquí del ministro -ya nos hemos alegrado de
ello esta mañana-, va a alegrarse de que el Grupo Socialista haya
solicitado esta comparecencia, cuyo resultado ya es bastante
elocuente a estas alturas y podría parecer un poco absurda, puesto
que las competencias del Ministerio en relación con los hechos bien
conocidos producidos en Marbella ya se vé que es mínima y sólo tiene
como punto de referencia los secretarios judiciales, de cuya labor ya
ha habido suficiente testimonio, al margen de parentescos
ocasionales. Sin embargo, a contrario, emergen una serie de elementos
muy positivos a nuestro modo de ver. Aparte de aclarar frente a
determinadas tenaces desinformaciones que el Partido Socialista está
difundiendo en Marbella sobre este particular, que el ministerio
tiene poco que ver sobre esto, nos suscita la curiosidad de qué puede
entender el Grupo Socialista por colaboración entre administraciones
y nos surge la duda sobre el recorrido fantasmagórico que han
protagonizado por Marbella altos cargos socialistas como don José
Blanco o don Álvaro Cuesta, por el cual, quizá poniendo como ejemplo
de colaboración entre administraciones, sugerían que lo que había era
un complot entre el Partido Popular y el GIL por el cual el Partido
Popular se iba a quedar con el GIL a cambio de indultar luego a Gil,
suponiendo, por lo visto, de manera muy optimista a juzgar por cómo
se van desarrollando los hechos, que algún día podría ser condenado.

Por lo visto ese es el modelo de colaboración entre administraciones
que vende el Partido Socialista en Marbella. Es una versión
indocumentada que vende allí, muy distinta de la documentadísima que
el portavoz socialista ha vendido aquí. Por tanto, no vendrá mal
dejar constancia de que si hay alguna afinidad de algún partido con
el señor Gil es del Partido Socialista en Marbella, donde recurre al
método Gil -o sea, al todo vale- con tal de confundir al personal.

Eso es tirarse los trastos a la cabeza y, desde luego, no tiene nada
que ver con colaboración alguna.

Nuestro grupo, por utilizar una palabra que ha empleado el portavoz
socialista, no va a cometer la estupidez de ocultar que hay una
administración pública que es responsable, entre otras cosas, de la
seguridad de los juzgados de Marbella, y es responsable además, como
se ha dicho aquí, de una manera enormemente oportuna, de esa
seguridad cuando desde 1987, gracias al señor Garzón, todo el mundo
sabe al parecer, menos la Administración responsable, que Marbella es
un foco de corrupción. En un lugar que es un foco de corrupción se
decía aquí ahora que quizás sería bueno que nos enteráramos de qué
pasa. Entonces, el que se haya leído el informe del Consejo General
del Poder Judicial, y nuestro Reglamento pone a cualquier
parlamentario en condiciones de leerlo con bastante facilidad, habrá
descubierto qué es lo que ocurre en Marbella.

Se ha dicho aquí: no podemos echarle la culpa al personal. En efecto,
no, porque el personal es uno, según dice el informe del Consejo
General del Poder Judicial, o sea toda la seguridad de uno de los
juzgados afectados en Marbella es un señor, es decir, hablar del
personal sería en plural mayestático, difícilmente le podemos echar
la culpa al personal.

Se dice que es que los magistrados no duran mucho en Marbella. Si uno
lee el informe del Consejo General del Poder Judicial se entera de
que hay magistrados que han comprado de su bolsillo un cerrojo para
poder cerrar el armario y se lo han descerrajado luego.

Evidentemente, que se vaya de Marbella el tal magistrado anadie le
puede parecer una fuga sino más bien un dato



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acto razonable, dentro de las pautas de racionalidad del mundo
occidental, en general; o, por ejemplo, si un magistrado resulta que
está en unas condiciones en las que las causas sobre las que hay
secreto de sumario él las tiene que guardar en su armario porque es
el único que tiene llave dentre del juzgado y no le caben, el que se
vaya a otro juzgado cuanto antes parece que es muestra de su vocación
judicial y de que él quiere dedicarse a aplicar la ley y no a jugar a
la ruleta rusa, que es una afición que tienen otros pero que él no
tiene por qué tener. Esta es la realidad. Entonces, intentar ocultar,
pidiendo una comparecencia de un ministro, lo que es responsabilidad
desde hace bastantes años de una consejería de una comunidad autónoma
y lo que por cierto ha sido responsabilidad de un Gobierno central
desde 1987 a 1996, la verdad es que son ademanes un poco infantiles
para intentar distraer la atención del vecindario.

En efecto, es para estar escandalizado que en un conocido foco de
corrupción el sistema de seguridad sea ése. Es para estar
escandalizado que en un conocido foco de corrupción el sistema
informático, en el que ha gastado el Gobierno andaluz ingentes
cantidades de dinero, sea del calibre de que los aparatos no tengan
salvapantallas, con lo cual cualquiera que pase por cualquier
monitor, y hay uno en un hall instalado para que cualquiera pueda
contemplarlo, tiene acceso a cualquier documento, o algo que pretende
ser la última versión más sofisticada de la informática, permita
burlar documentos sin introducir la clave personal del funcionario
habilitado al efecto. Al igual que si se nos dice que una de las
diligencias sustraídas estaba encomendada a una funcionaria de
permiso que no había sido sustituida, hay que preguntarse quien tenía
que sustituir a la funcionaria de permiso, y todo el mundo sabe quién
es, la señora Hermosín, consejera de la Junta de Andalucía.

Entonces, ante este cúmulo de despropósitos, si fuera juez yo duraría
en Marbella lo justo. Nuestro grupo, lo siento mucho, no está en
condiciones de decirle a nadie de Marbella que esto es la última vez
que ocurre. No me consta. Mientras que los juzgados de Marbella sigan
como están, esto puede ocurrir cualquier día a cualquier hora. Ya nos
imaginamos que la señora Hermosín habrá tomado alguna medida, habrá
puesto salvapantallas a los ordenadores, habrá hecho introducir algo
tan elemental como que para guardar un documento haya que introducir
una clave, algo haya hecho, pero de eso aquí no se nos informa porque
es lógico, porque eso sí que no es competencia ni del presidente del
Consejo General del Poder Judicial que ha hecho un informe, que está
disponible para el que quiera leerlo, ni desde luego del ministerio.

Por último, he de agradecer también el alarde de sinceridad del Grupo
Socialista, que ha dejado bien claro lo que él hubiera hecho: llamar
al fiscal general del Estado, para simular interés por la cuestión.

En efecto, sabíamos que al fiscal general del Estado lo solían tratar
en sus tiempos como alguien a quien se mandaba a por tabaco,
pero realmente el que lo reiteren de una manera tan elocuente en este
momento es también muy de agradecer.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Sí, gracias, señor
presidente, con toda brevedad, dadas las intervenciones, haré una con
carácter general, para la contestación de las mismas.

Estoy en absoluta disposición para colaborar en lo que sea necesario
allí donde se produzca un problema y podamos ser útiles para
resolverlo. Sin embargo, señorías, lo cierto es que no podemos
transmitir que ante un problema determinado hay una confusión de
responsabilidad, hasta el punto de que el modelo que tenemos de
organización territorial, de descentralización y de división de
poderes lleva a la conclusión de la impunidad penal o administrativa
respecto a algunas irregularidades, porque esto sería muy grave para
el propio modelo que hemos hecho de modelo de organización
territorial, de descentralización y de división de poderes, porque no
es así. Está claramente determinado, y antes he citado las
disposiciones legales, hasta dónde llega la responsabilidad de cada
institución, de cada administración, para prevenir y para exigir
responsabilidades en su caso cuando haya lugar. ¿Cuáles son las del
Consejo General del Poder Judicial respecto a la actuación de jueces
y magistrados? ¿Cuál es la responsabilidad de la Junta de Andalucía
en cuanto a la seguridad interior, exterior? En cuanto al personal
que trabaja en los juzgados, ya he dicho claramente cuál es la
responsabilidad del Ministerio de Justicia y hasta dónde llega, es
relativa a los secretarios judiciales y después de que exista o que
finalice la instrucción del proceso penal y concluya, o bien con el
archivo de las actuaciones o bien con una sentencia en la que
establezca y determine cuáles son las responsabilidades penales. Ahí
entra uno de los asuntos para el que me solicitaba que nos
dirigiéramos a los propios tribunales para pedir información. El
propio 101 está pensando en la solicitud de toda esa información
cuando exista un proceso de un expediente incoado. Cuando ha habido
diligencias judiciales previas, es cuando se debe solicitar toda esa
información para ser rigurosos y cumplir la normativa. La otra
solicitud, la de instar al fiscal general del Estado, el artículo 8.1
lo que establece es que el Gobierno podrá interesar del fiscal
general del Estado que promueva actuaciones ante los tribunales, y en
este caso ya hay actuaciones en los tribunales. Como he citado,
existen unas diligencias previas incoadas en las que el ministerio
fiscal, como además ha reconocido el propio portavoz socialista, está
personado y está actuando, y además creo que van a atener oportunidad
de pedir información al propio fiscal general sobre estas
actuaciones.

Insisto, brindo mi mejor disposición para poder colaborar allí donde
haya un problema, pero es muy importante, en este caso como en todos,
que no confundamos a la opinión



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y que nosotros mismos, a la hora de transmitir cuáles son los
mensajes, lo negamos con la mayor rigurosidad y establezcamos quién
es el responsable y de qué cosas, porque no se pueden hacer discursos
distintos dependiendo de donde nos encontremos. Efectivamente, en la
prensa de Andalucía, incluso desde la propia consejería del Gobierno
andaluz, con el que nosotros tenemos muy buenas relaciones, achacando
o pidiendo responsabilidades al Gobierno de la nación que no tiene,
según el propio decreto de transferencias que conocen perfectamente,
máxime cuando se tienen las competencias. Además, en este caso son
tan claras y tan poco dudosas que colaborar, sí, pero en el ámbito de
las responsabilidades que cada uno tenga, que debe asumir ante los
ciudadanos, ante el control parlamentario y allí donde sea preciso.

Desde luego, en las que son del Ministerio de Justicia, está
absolutamente dispuesto en lo relativo a los secretarios a llevarlas
adelante; de apoyo, claro que sí, a los secretarios judiciales.

Conoce muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que
este ha sido uno de los ejes esenciales dentro del diseño de la
oficina judicial y de la estructura de la oficina judicial, que hay
que reforzar el papel de estos profesionales, que hemos constituido
el consejo de secretarios judiciales, como he dicho anteriormente,
que se va a ocupar y que va a trabajar sobre la seguridad de los
documentos para perfeccionar lo más posible, y también a exigir
responsabilidades si las hubiese allí donde se establezcan, pero,
como dije al finalizar mi intervención pasada, en el momento procesal
oportuno y conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico. Esa
es la responsabilidad del Ministerio de Justicia y de esa es de la
que yo puedo responder ante ustedes.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Nosotros sí sospechamos de quién es la
responsabilidad, lo digo a efectos de que los mensajes se vaya
aclarando cada vez más, y si la posición del Gobierno y del Partido
Popular es la que ha manifestado en gran medida el portavoz de su
grupo, yo le voy a comentar quiénes son los responsables. El
responsable de la sustracción de los sumarios es quien ha cometido el
delito, esa es la responsabilidad. La responsabilidad in vigilando o
no, que debe ser lo que intenta achacar a la Junta de Andalucía el
portavoz del Grupo Popular, en todo caso será de quien dice la ley,
que es la que menos me preocupa, porque ningún discurso mejor para
aquella persona o personas que han cometido el delito, es decir, la
sustracción del sumario, etcétera, que el discurso del portavoz del
Grupo Popular, que no sé si hace suyo el Gobierno, que achaca la
responsabilidad de la sustracción, que en el fondo es eso, a
administraciones, en este caso la Junta de Andalucía por determinadas
fijaciones, imagino que si estuviéramos en otra comunidad, siempre
que fuera socialista, a otras. Sin duda la responsabilidad del
delincuente y su persecución es obligadamente de todos nosotros -lo
digo porque vayamos
conociendo la ley a la vista de que siempre terminamos en estas
comparecencias de la misma manera-, y el funcionario público o
autoridad es el que tiene que reprimir el delito cuando tiene
conocimiento de él. Yo me imagino que el artículo 109 del Código
Penal (no sé si es el 109 porque éste era artículo antiguo del Código
Penal), que nos obliga a todos a ese tipo de persecución del
delincuente, lo conoce bien el señor Ollero, estoy seguro que sí. A
eso me refería, yo en cuanto que todas las administraciones deben
ponerse a trabajar para enfrentarse y lograr incriminar al
delincuente. En ese sentido venía a cuento también, a nuestro
entender, el artículo 8, que dice que el Gobierno podrá interesar del
fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las
actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público, y
lo considerábamos como terapia, pero responsables, desde luego, los
delincuentes.

Segundo responsable. Si no hay problemas de seguridad exterior, a las
que se refiere el ministro cuando habla de las competencias de la
comunidad autónoma, puesto que ustedes insisten en que entremos en
eso, el responsable ya no es la comunidad andaluza o cualquier otra
comunidad, porque a eso se limitan sus problemas de seguridad según
las transferencias dadas y, por tanto, las normas competenciales que
nos hemos dado en la Junta de Andalucía u otras. No hay -y así lo
aceptó el portavoz del Partido Popular en la Comisión del Parlamento
andaluz, donde se habló de este tema- ningún signo externo ni interno
que dé lugar a pensar que haya habido alguna negligencia de quienes
son competentes para garantizar ese tipo de seguridad. Hasta tal
punto es así que en las inspecciones, lo que sabemos por las
diligencias policiales y por la investigación, se sabe ya, por
cierto, que quien sustrae los sumarios no usa ningún tipo de fuerza o
de violencia en ningún archivo, ni en ninguna puerta, ni en ningún
sitio, sino que parece ser que recoge los sumarios, baja al sótano
con ellos, se mete en un coche particular y desaparece.

Estos son los datos, y por eso yo no quería imputar ningún tipo de
responsabilidad para no ayudar a ensombrecer la culpabilidad de
quienes tenemos que perseguir, echándonos responsabilidad unos a
otros. Si de esa habláramos, puesto que de la seguridad exterior es
competente la Junta, pero parece que ahí no hubo ninguna acción,
aceptada por el portavoz del Partido Popular en Andalucía, que lleve
a que la Junta tenga ese tipo de responsabilidad, sí hay una
responsabilidad de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial,
según la cual quienes garantizan el archivo y conservación
(conservación con todos los medios, es decir, una persona que
garantiza la conservación de unos documentos no es quien la pone en
el pasillo, eso no es garantizar), por tanto, bajo llave o lo que
fuere, es sin duda alguna el secretario y, en su caso, a no ser que
una ley diga otra cosa, los jueces o presidentes de los tribunales,
(artículo 287 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). A mayor
abundamiento, el 473 recuerda otra vez



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en la misma ley que a los secretarios corresponde la guarda y
depósito de la documentación, su archivo y la conservación de los
bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales; es decir,
ellos deben garantizar que no hay facilidad para que nadie se lleve
el archivo, la documentación o lo que fuere. Por tanto, si es
necesario, en esa frivolidad de que algún juez tenga que comprarse
las llaves, es el secretario el que dirá a la Administración de
justicia que es competente deme usted una llave para que yo pueda
llevar bien la llevanza, conservación, documentación, archivos,
etcétera. Es él quien lo pide. Si no lo han hecho sencillamente es
porque no entendían que hubiera problemas de seguridad externa o
interna en esos términos. De hecho, como usted bien sabe, la
destrucción de las pruebas informáticas se hace en un ordenador, del
que tiene la entrada, como en todos los ordenadores, el funcionario
que es responsable del ordenador, no la comunidad autónoma, y quien
se lleva los tomos lo hace a través de una escalera que conduce,
insisto, a un sótano donde hay un coche particular, en el que se
introducen esos tomos y se desaparece con ellos.

Deberíamos cuidar, si no es difícil que los temas de justicia sean
temas de todos, que los problemas de este tipo que están ocurriendo
en Marbella no den lugar a ensombrecer siquiera, aunque hubiere
motivos, fíjese, las decisiones tanto de la Administración del Estado
competente (271, 473, etcétera) ni de la Administración periférica,
competente de acuerdo con las transferencias en los temas de
seguridad externa, ni el Consejo General del Poder Judicial, porque
aunque tuvieran algún tipo de responsabilidad en esto, la terapia no
es, señor ministro, achacar las responsabilidades a otros que no sean
los que realmente son autores de este asunto.

En el año 1987 se avisó, en 1993 una juez tuvo que desaparecer de las
actuaciones judiciales que había emprendido por razones que yo aquí
no quiero decir, entre otras cosas para que no agriemos este debate,
pero de las cuales algunos tenemos memoria, sin duda alguna, y en
aquella época el Consejo General del Poder Judicial y determinados
miembros del mismo por cierto, hicieron imposible la labor de la
transparencia en la lucha contra la corrupción en los juzgados de
Marbella; año 1993, recordemos a los miembros del Consejo, pero no
vamos a hablar de ese tema.

Señor ministro, lo que sí es importante es que los delincuentes
escuchen que somos capaces de cooperar, colaborar o lo que fuere en
esta materia, de manera que Marbella no se convierta en un sitio
mafioso, no se convierta en un sitio donde hay tramas de intereses
frente a las cuales la justicia no tiene absolutamente nada que
hacer, no se convierta en un sitio totalmente desagradable para
funcionarios, tanto oficiales, como secretarios, como jueces, que a
poco que pueden solicitan el traslado a otro lugar, y sobre todo que
no sea un lugar donde los ciudadanos están desamparados, y no lo
están porque falte una llave, por favor, en un archivo, sino porque
hay un problema de corrupción al que nosotros como representantes
del pueblo tenemos que dar solución, le guste al portavoz del Grupo
Popular o no.

En ese sentido, señor ministro, nosotros brindamos la colaboración al
ministro de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la
Junta de Andalucía, digan lo que digan otras personas, para hacer
posible que Marbella sea lugar en paz y donde se garantice el Estado
de derecho. No encontrará en nuestras palabras nada que pueda
desenmarcar realmente la investigación que tiene que producirse
frente a los criminales, a la gente que extorsiona, a la gente que ha
conseguido que Marbella sea un lugar de corrupción judicial, de
corrupción real de la Administración judicial, no sea que se entienda
por judicial corrupción de jueces. Hay fotos en los periódicos de la
gente que no entiende este tipo de política pequeña de golpearse en
los tobillos continuamente y que en las manifestaciones llevan
papeles pidiendo a todos nosotros que se haga justicia en Marbella,
que haya justicia en Marbella, que piden tener, como ciudadanos de
Marbella, garantizada la justicia. Eso es lo que pedimos y
consideramos que el artículo 8 del estatuto del ministerio fiscal es
correcto puesto que interesa del Gobierno la protección y la defensa
del interés público. ¿Que considera que está suficientemente
defendido el asunto con el fiscal ad hoc? De acuerdo. Yo creo también
en una pedagogía del fiscal general del Estado -puesto que hablamos
de la antipedagogía que en ocasiones hace- que permite que este tipo
de conocimientos y comunicaciones del Gobierno den garantías de
estabilidad jurídica a la zona. Puesto que los artículos 271 y 473
establecen que el secretario es obligado por ley a llevar la
documentación y la conservación de archivos, etcétera, decimos que
reclamen ustedes, en atención al 101, que es verdad que habla del
expediente disciplinario, si es bueno que tengan ustedes información
suficiente, y reclamamos además que nos la transfiera para que
nosotros podamos tranquilizar, como representantes del pueblo,
a aquellos ciudadanos.

Por último, le pedimos también colaboración, si esa es una fórmula
que puede ser válida. ¿No lo hemos hecho oposición y Gobierno en
temas concretos para hacer posible que la Administración de justicia
sea más eficaz? ¿Es competencia nuestra? No, señor ministro. Sabemos
cuáles son las competencias de cada uno, y la colaboración y la
cooperación -me parece que dice la Constitución, señor portavoz-
entre administraciones son actitudes constitucionales que también la
oposición tiene que tener. Lo hemos hecho sin competencia plena, sin
competencia ninguna, para que sea posible una administración más
eficaz. Estamos diciendo que el peor discurso que puede haber en
Marbella, a nuestro entender, es aquel en el que una administración
echa la responsabilidad a otra y los que no se la echan a otra
administración se la echan al Consejo General delPoder Judicial, y se
frotan las manos los auténticos



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delincuentes. Esa era la tesis del Partido Socialista, señor
ministro, y siento de verdad que una vez más, en un tema en el que
conocemos el diagnóstico, a la hora de la terapia tengamos que hacer
política pequeña de golpecito en la rodilla.




El señor PRESIDENTE: Señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Voy a ser muy breve.

En mi anterior intervención no me refería tanto al fenómeno del
gilismo, que, a Dios gracias -o a quien sea-, se está descomponiendo
como un azucarillo en aquella zona; el problema es que su sitio lo
están ocupando unas mafias organizadas, menos grotescas, menos
payasas, y por lo tanto más peligrosas, que se están entrometiendo en
la Administración local y en las estructuras judiciales de aquella
zona. Mi preocupación es esa. Yo no sé quién da la primera patada en
la espinilla o en la rodilla, me es indiferente, pero creo que hay
más actuaciones políticas a largo plazo que una actuación de un
ministerio en un momento dado. No obstante, también desde el
ministerio debería hacerse lo que se pudiera. Yo pediría a quien
corresponda que dejáramos las patadas en las espinillas, y aprovecho
para decir que yo sólo coincidía con Borbolla en dos cosas: una, en
decir que los arquitectos son una raza peligrosa y, otra, en que la
culpa de que hubiera llegado Gil la tenían todos los partidos
democráticos. Estoy de acuerdo en esto, unos con más y otros con
menos responsabilidades, pero han sido todos los partidos
democráticos. Al final Gil ganó con mayoría absoluta, no lo
olvidemos. Se dice en otros ámbitos que hay que hacer una política
muy fina en Euskadi porque hay un 12 por ciento que todavía respalda
a organizaciones cercanas a ETA, e imagínense ustedes la política
fina que hay que hacer en Marbella, donde más del 50 por ciento
respaldó al señor Gil en las últimas elecciones, y no todos son
mafias, porque si es más del 50 por ciento, no está censada la mafia
en Marbella. Veamos cómo nuestras pataditas, nuestras torpezas y el
dedo en el ojo están alimentando la bolsa de Gil o la situación
actual. Yo pediría la máxima colaboración posible y que dejáramos de
meternos el dedo en el ojo, que hay muchas más zonas en el Estado
español donde podemos meternos el dedo en el ojo sin recargar a las
mafias, y tengamos en esa zona una actitud de colaboración tanto en
el mundo judicial como en el político. No es grata la situación que
se está produciendo en Marbella en estos momentos incluso para muchos
de los votantes de Gil en un momento determinado.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Comprendo que al portavoz socialista le toca
en esta comparecencia una tarea prácticamente imposible y hace lo que
puede, y hace mucho -a mí me admira-, recurriendo a veces a figuras
fuera de contexto. Ya dijo hace unos días, en un
debate sobre este mismo asunto, que esta era una cuestión de
corrupción y no de seguridad, con lo cual estableció una teoría
genial según la cual la corrupción no tiene nada que ver con las
medidas de seguridad, o sea que las medidas de seguridad son una
variable absolutamente irrelevante respecto a la corrupción. Sería
bueno que subiera a la Comisión Gescartera y lo dijera, ya que a lo
mejor se ahorraban bastantes horas de debate, porque si realmente da
igual y la corrupción tiene más que ver con el ántrax o cosas de este
tipo, mejor saberlo cuanto antes para actuar en consecuencia.

Obviamente, que en un lugar que desde 1987 está declarado zona
catastrófica de corrupción, resulte que uno de los despachos de donde
se han robado documentos no hay llave, lo más que podrá hacer el
secretario judicial será lo que hizo el benemérito magistrado que la
compró de su bolsillo. No sé si es esa la visión del secretario
judicial que tiene el portavoz socialista. Parece que no, aunque sólo
sea por antecedentes familiares. No se puede obligar a los
secretarios judiciales a comprar las llaves. Parece que él,
intentando salvar a la consejera, sugiere que el secretario judicial
no ha dicho que no hay llave, juicio temerario en el que este
portavoz no va a entrar porque no me consta que así sea; si le consta
al portavoz socialista, a lo mejor debe ir al juzgado, pero a este
portavoz no le consta. En cuanto a utilizar la terminología in
vigilando, un jurista como él sabe lo que dicha responsabilidad
significa: aquella que se produce respecto a hechos que protagonizan
personas a las que uno está obligado a vigilar; pero en este caso es
la señora Hermosín la que está encargada de la seguridad. El problema
no es que no haya vigilado al encargado de la seguridad, sino que la
encargada de la seguridad es ella. Por tanto, aquí no hay
responsabilidad in vigilando, sino que hay responsabilidad en la
gestión. El problema que hay aquí es que hay que luchar contra el
delincuente, por supuesto, pero también contra el inepto. Este es el
problema, y aquí se nos plantea una figura que yo he estado tentado
de calificar como chantaje, pero temo que castiguen a los españoles
un mes más sin Tribunal Constitucional, y por lo tanto no voy a
utilizar esa palabra; una figura según la cual si yo digo que la
señora Hermosín no cuida de la seguridad, estoy defendiendo al
delincuente. O sea que aquí se invierte el conocido aforismo que
dice: odia al delito y compadece al delincuente por otro que dice:
odia al delincuente y compadece a la comunidad autónoma. Pues no, eso
no es así. Si la seguridad de Marbella es de risa, es de risa, y hay
que decirlo para que deje de serlo, porque así es como beneficiamos a
los ciudadanos de Marbella y así es como habrá magistrados que se
queden en Marbella y fiscales que no tengan ningún problema, cuando
además es una ciudad especialmente agradable desde muchos puntos de
vista. Ahora bien, el secretario judicial no puede garantizar nada
cuando no hay llaves; solamente hay llave en un archivo y está puesta
todo el día, según el informe del Consejo General



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del Poder Judicial. La diferencia entre seguridad interior y exterior
es otro juego retórico, sutil pero imposible porque el problema es la
seguridad interior, obviamente: si es que no hay llaves; si es que
los armarios no tienen llaves y no tienen puerta. Es un problema de
seguridad interior, obviamente, no de seguridad exterior. Se nos da
el argumento de que la prueba de que el problema es la seguridad
exterior está en que no ha habido que romper nada. ¡Pero cómo se va a
romper si no hay puerta! ¿Cómo voy a romper una puerta inexistente?
Y si no hay llave, ¿para qué voy a romper nada? Tendría que ser un
vándalo y hacer una operación de castigo, no de robo, y evidentemente
un armario abierto se roba sin fuerza.

En cuanto a la informática, yo insisto: si la señora consejera no
introduce en los modernísimos sistemas que ha instalado algo que
obligue a introducir la clave del usuario para borrar un documento,
de poco servirá que el señor ministro nos diga que sugiere que se
digitalicen los documentos de las partes que se han perdido y son
irrecuperables, porque no estaban en el ordenador, si luego se van a
poder borrar sin introducir clave alguna. Eso es absurdo, eso es un
problema de seguridad, una vez más; de seguridad especialmente
necesaria en un ambiente de probada corrupción. El intento de hacer
comulgar con ruedas de molino tiene un límite.

Por supuesto que nuestro grupo está encantado, y el Ministerio es
ejemplar al respecto, en favorecer al máximo, echándole mucha
paciencia al asunto con frecuencia, el diálogo con otras
administraciones. Lo que no vamos a hacer es a someternos a este
curioso sistema en el que lo que hay que hacer es dar por
inexistentes a los responsables de la seguridad en toda esta batalla
y limitarnos a llamar al fiscal terapeuta para que haga una terapia
de grupo para poner en marcha una actuación judicial que ya está en
marcha. Nosotros tenemos respeto a la Fiscalía. Ese es el problema



El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra para cerrar
el debate.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Cerraré el debate
sólo con una puntualización. No podrá usted esgrimir ningún documento
ni ninguna declaración del Gobierno en los que haya acusado a ninguna
administración en este asunto. Estoy seguro de que no todas pueden
decir lo mismo, incluido su propio grupo. Recuerdo que este verano,
el señor Blanco decía que el Ministerio de Justicia era el
responsable de todo, sin matices de ninguna clase. Que saliésemos a
la palestra y fuésemos a solucionar aquello, porque éramos los
responsables de todo. Es verdad que alguien le debió decir: mira,
esto es mejor que no lo volváis a repetir y sólo lo dijo una vez.

Pero otras administraciones no han actuado de igual manera que ha
hecho el Gobierno, que usted conoce que para resolver
problemas siempre estamos dispuestos a colaborar y a cooperar en
lo que sea necesario.

Como consecuencia de esta comparecencia queda claro cómo se delimitan
las responsabilidades -esto era algo muy importante- y el ánimo y el
espíritu de colaboración que reclama lo tendrá en toda ocasión.




- LAS RAZONES POR LAS QUE LE HA SIDO DENEGADA AL FISCAL JEFE DE LA
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE EUROPA Y LAS ACTUACIONES QUE VIENE REALIZANDO EL GOBIERNO
PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000445.)



- LAS PRESIONES QUE HA REALIZADO SOBRE LA FISCALÍA ESPECIAL
ANTICORRUPCIÓN A LOS EFECTOS DE DIFICULTAR LA LABOR DE ESTA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 213/000442.)



- EL FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS CASOS QUE CONCIERNEN
A AFORADOS, A LA LUZ DEL PACTO POR LA JUSTICIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000477.)



- LA ACTUACIÓN DE SU MINISTERIO ANTES Y DESPUÉS DEL TRASLADO FORZOSO
DEL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO, SEÑOR VARGAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000525.)



- LA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL TRASLADO DE
FISCALES EN LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000510.)



- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA ACTITUD Y ACTUACIÓN DEL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO, SEÑOR CARDENAL, EN EL PROCESO DE RELEVO DEL
FISCAL DON BARTOLOMÉ VARGAS Y POR LA POSIBLE ACTITUD OBSTRUCCIONISTA
EN EL CASO ERCROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente213/000003.)



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El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
que incluye agrupadamente los que figuran como 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del
orden del día. Son comparecencias también del señor ministro de
Justicia para informar de las razones por las que le ha sido denegada
al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción la autorización para
asistir a la reunión del Consejo de Europa y las actuaciones que
viene realizando el Gobierno para la lucha contra la corrupción. Hay
cuatro iniciativas en este sentido del Grupo Federal de Izquierda
Unida.

En primer lugar, tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Las seis peticiones
de comparecencia efectuadas por los grupos parlamentario Socialista,
Izquierda Unida y Mixto, que se han acumulado, tienen un denominador
común al referirse a la posición del Gobierno respecto al
funcionamiento del ministerio fiscal o, más exactamente, al pretender
vincular el funcionamiento del ministerio fiscal a concretas
decisiones del Gobierno.

Ya he tenido ocasión de explicar reiteradamente en esta Cámara, como
consecuencia de distintas preguntas de los señores diputados en el
Pleno del Congreso, que el ministerio fiscal, y lo reitero una vez
más, ejerce sus funciones con autonomía funcional mediante órganos
propios y con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad,
por lo que actúa con plena objetividad e independencia en defensa de
los interesesque le están encomendados. El Gobierno ha respetado,
respeta y respetará escrupulosamente, como no puede ser de otra
manera, estos principios que ordenan la adecuada actuación del
ministerio fiscal, establecido en la Constitución y en el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal. Es más: es el fiscal general del
Estado el que ostenta, según el artículo 22 del estatuto, la jefatura
superior del ministerio fiscal y es a él a quien corresponde impartir
las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden
interno de la institución. La atribución al fiscal general del Estado
de la decisión final en cuantas cuestiones se puedan plantear y la
intervención, cuando se estima oportuno, de los dos órganos
principales de apoyo técnico, como son el Consejo Fiscal y la Junta
de Fiscales de Sala, constituyen una garantía precisamente de
transparencia y objetividad en el proceso interno de toma de
decisiones, fruto del equilibrio entre los principios de unidad de
actuación y de imparcialidad.

Pues bien, señorías, estos principios generales son aplicables a
todos y cada uno de los supuestos que me plantean en sus solicitudes
de comparecencia. El traslado o el relevo de un fiscal de un
determinado procedimiento ha de disponerse por la autoridad que
hubiese acordado su nombramiento y ha de basarse en las causas que
establece el propio Estatuto orgánico del ministerio fiscal en sus
artículos 39 y 40, entre las que se
señalan las disidencias graves con el fiscal jefe respectivo por
causas a aquellos imputables o cuando asimismo, por causas imputables
a ellos, tuvieran enfrentamientos graves con el tribunal. El respeto
a las decisiones que legítimamente adopte el fiscal general del
Estado en este sentido no pueden ni deben ni van a ser objeto de
pronunciamiento por parte del Gobierno. Estos mismos principios y
criterios de actuación son los aplicables, lógicamente, a la
actuación de la fiscalía especial para la represión de los delitos
económicos relacionados con la corrupción.

El Gobierno jamás, insisto, jamás, ha interferido en su
funcionamiento, sino que por el contrario ha puesto a su disposición
todos los medios personales y materiales que le permitan la más
eficaz persecución del delito como parte de nuestro compromiso en la
lucha contra la corrupción. (El señor vicepresidente, Souvirón
García, ocupa la presidencia.) En la actualidad la Fiscalía
Anticorrupción cuenta, además del fiscal jefe, con 10 fiscales, 20
funcionarios como personal administrativo, tiene adscritos
funcionarios del cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Hacienda y
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que configuran en
su conjunto más de 70 funcionarios y que, según palabras, no del
ministro de Justicia, sino del propio fiscal jefe, no tiene parangón
con ninguna otra fiscalía especial. En general, el Ministerio de
Justicia hace un esfuerzo constante para que el ministerio fiscal
cuente con los medios personales precisos para el desarrollo de su
función. Sólo les voy a dar un dato: en el periodo 2000- 2002 ha
aumentado en un total de 214 plazas de fiscales sobre un total de
1.648 efectivos. Este apoyo no es sólo en cuanto a los medios
materiales. El apoyo a la Fiscalía Anticorrupción y en general a la
lucha contra la corrupción es constante. No me cabe sino una vez más
desmentir rotundamente, como creía que había quedado suficientemente
aclarado el pasado mes de junio, cuando se celebró la reunión en
Estrasburgo, que se haya denegado en algún momento al fiscal jefe la
autorización para asistir o que se haya producido algún tipo de veto
a su asistencia a la reunión del Consejo de Europa para evaluar la
política contra la corrupción. Ni se autorizó ni se denegó, porque en
el Ministerio de Justicia no se recibió nunca ninguna petición para
asistir. La representación del Gobierno español se designó en el
momento de la adhesión al grupo de países contra la corrupción,
Greco, el 16 de julio de 1998, recayendo en dos funcionarios del
Ministerio de Justicia, que es la consecuencia más lógica de ser un
organismo intergubernamental y por tanto constituido por
representantes de los gobiernos. Si la petición del fiscal
anticorrupción se hubiese producido, se hubiera autorizado su
asistencia, del propio fiscal jefe o de alguno de sus representantes,
siempre en calidad de asesor, de observador. Desde luego, no puede
ser como miembro, dado que es un organismo que tiene desde 1998
fijados sus representantes gubernamentales, que son los que tienen



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voz y voto e, insisto, designados desde 1998, pero si como observador
o como asesor tuviese en el futuro intención de asistir, podría
hacerlo.

Quiero destacar, aprovechando la ocasión que me brinda esta
comparecencia, que las relaciones del Ministerio de Justicia con la
Fiscalía Anticorrupción, al igual que con todo el ministerio fiscal,
son de mutuo respeto y colaboración. La propia Fiscalía
Anticorrupción participó en la elaboración del informe nacional
previo que se aportó al comité de la reunión origen de la
controversia y recientemente ha sido invitada a la VI conferencia
europea sobre la corrupción, celebrada en Eslovenia, los días 24 a 26
de septiembre, para lo que la Fiscalía Anticorrupción envió un fiscal
en su representación. La postura del Gobierno en la lucha contra la
corrupción ha sido siempre rotunda en cualquiera de sus
manifestaciones, en el plano internacional, del que estamos hablando
y, por poner un ejemplo, España fue uno de los primeros países que
integró el grupo Greco y uno de sus representantes forma parte del
bureau que dirige su trabajo. España firmó el 17 de diciembre de 1997
el Convenio de lucha contra la corrupción en las transacciones
comerciales internacionales de la OCDE y se ha modificado el código
penal para cumplir con las obligaciones recogidas en este tratado. Se
ha hecho con la Ley orgánica 3/2000, de 11 de enero, como todos
ustedes recordarán. Respecto a la convención penal sobre la
corrupción del Consejo de Europa del día 4 de noviembre de 1998 y a
la convención civil sobre la corrupción del día 9 de septiembre de
1999, el Ministerio de Justicia y el Gobierno siempre ha manifestado
que es favorable a la ratificación de ambos convenios en cuanto a su
contenido, sin perjuicio de adherirse al criterio del Ministerio de
Asuntos Exteriores, en lo relativo a la salvaguarda de la posición de
España en el contencioso sobre Gibraltar, como ya se puso de
manifiesto recientemente en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la
que, como SS.SS. conocen, se debatió una proposición no de ley sobre
esta cuestión de 20 de junio de 2001 y que fue aprobada por
unanimidad.

Una de las solicitudes de comparecencia se refiere al funcionamiento
del ministerio fiscal en los casos que conciernen a los aforados, a
la luz del pacto de Estado para la reforma de la Justicia. No creo
que sea necesario volver a reiterar cuales son los principios que
rigen el funcionamiento del ministerio fiscal y cómo estos no varían
por el hecho de que los procedimientos en que se desarrolla su
actuación se refieran a personas aforadas. Como bien saben y se lo he
puesto de manifiesto a lo largo de esta comparecencia, la
Constitución, el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, las leyes
procesales y la propia institución del ministerio fiscal que cumple
escrupulosamente con ellas, garantizan el funcionamiento de una
institución a la que nuestro sistema constitucional atribuye la
importante misión de defender la legalidad, los derechos de los
ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. A esto se
refiere el
pacto de Estado para la reforma de la Justicia, al diseño de un nuevo
modelo que, abarcando todos los elementos que la componen, sea capaz
de dar respuesta a las nuevas necesidades que plantea una sociedad
avanzada como la nuestra. Todas SS.SS. saben que el pacto contiene
las líneas generales de un nuevo modelo de justicia que incluye
ciertas reformas en la configuración del ministerio fiscal para
asegurar que ejerza sus funciones en las mejores condiciones. Se
adaptará su organización interna, revisándose las funciones de la
Secretaría Técnica y de la Inspección Fiscal, estableciéndose la
temporalidad en los cargos jerárquicos del ministerio fiscal con
criterios objetivos y se aumentarán sus recursos y medios materiales.

En el plano funcional se estará -sigue diciendo el pacto- a lo que
disponga una nueva ley de enjuiciamiento criminal y, en lo que se
refiere al propio estatuto personal de sus miembros, un nuevo régimen
incorporará cambios, tanto en el sistema de acceso, en la formación,
en la especialización, en el modelo de carrera o en el régimen
retributivo para que los criterios de mérito, especialización,
rendimiento y calidad de trabajo sean los que resulten determinantes,
junto a la antigüedad, para la promoción, la adjudicación de destinos
y el nivel retributivo.

Señorías, finalmente quisiera reiterar que el Gobierno respeta
escrupulosamente el funcionamiento del ministerio fiscal y sus
mecanismos de actuación, dotándole además de todos los medios
personales y materiales necesarios para que pueda desarrollar su
importante función en las mejores condiciones desde el máximo y
escrupuloso respeto a los principios constitucionales. Es cierto que
el nuevo modelo de justicia que deriva del pacto de Estado exigirá
introducir reformas en esta importante institución que afectarán a
los planos estructural, funcional y estatutario, pero que vendrán a
reforzar los principios básicos que ya tiene en su funcionamiento.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor ministro.

En primer lugar, en nombre de los grupos que han acumulado
iniciativas y como autor del mayor número de ellas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Saludando la técnica Stajánov de ordenación de
los debates, señorías, señor presidente, señor ministro, voy a
ampararme en su benevolencia me van ustedes a permitir que les lea un
poquito de La España del siglo XX, de Tuñón de Lara. Hablando de la
dictadura de Primo de Rivera, decía: A las clases conservadoras les
bastaba por el momento con saberse garantizadas. Hecho significativo
fue el que cuando quebró la entidad bancaria Unión Minera, de Bilbao,
el ingenuo juez Pedro Navarro, que tramitaba el asunto, decidió y
puso en práctica el procesamiento y prisión de dos miembros
importantes de la oligarquía, el marqués de Aldama y el conde de los
Gaitanes,



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miembro del Ejecutivo. Alfonso XIII en persona intercedió ante el
Tribunal Supremo para que se echase tierra al enojoso asunto y el
juez Navarro pagó con un traslado su creencia de que la norma de
derecho era igual y obligatoria para todos los españoles. De esta
manera intervenía mi amigo y coordinador de Izquierda Unida Gaspar
Llamazares, en una pregunta al presidente del Gobierno, señor Aznar.

Le dijo: ¿Usted no permitirá igual que el Borbón? Le contestó: ¡Por
Dios! Bueno, pues por Dios.

Estamos ante una situación que ustedes conocen. No voy a entrar más
en los hechos. A nosotros nos hubiera gustado que el que estuviera
ahí sentado, compareciendo y dándonos la razones, no fuera usted. (Un
señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Ya, ya. Ya los
sé. Exactamente. El encargado del caso, don Bartolomé Vargas, después
de investigar durante años entiende que debe llamarse a declarar al
ministro como imputado, en ese momento el fiscal general del Estado
remueve Roma con Santiago para impedirlo y, después de obtener un
pronunciamiento abrumador de los fiscales de lo penal de la sala
segunda del Tribunal Supremo a favor de procesar a Piqué -10, de 14
miembros-, reúne a todos los fiscales del Tribunal Supremo,
separándose del criterio tradicional de decidir cada asunto con los
fiscales de la jurisdicción afectada, y consigue que se le cite a
declarar sólo como testigo. Como decía, para acabar de cerrar el
círculo, traslada -sanción disciplinaria encubierta, sin duda- al
fiscal Vargas como consecuencia de su insistencia en procesar a
Piqué.

Nosotros, señorías, señor ministro, entendemos que el fiscal general
al trasladar al fiscal del caso -sanción encubierta, sin garantías-,
vulnera los artículos 24, 27, 48 y 64.2 del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal. Entendemos que el fiscal general comprende la
dependencia jerárquica de un modo autoritario y elitista pues se
vincula el principio de jerarquía del Estado social y democrático de
derecho que inspira ese estatuto orgánico. Permítame que se lo diga,
es una actuación franquista y arbitraria ya que sobre el principio de
jerarquía está el de legalidad e imparcialidad. El proceder de la
Fiscalía general se aparta de las conclusiones del grupo Greco, del
Consejo de Europa de 25 de junio de 2001, y de la Recomendación 2000/
19 del Consejo de Europa sobre la posición del ministerio fiscal en
la justicia penal en Europa. A nuestro entender, señor ministro, el
decreto de traslado es ilegal, porque el estatuto orgánico no prevé
la delegación de facultades del fiscal general del Estado al teniente
fiscal, que lo acuerda, artículo 17. Además no se dio audiencia a la
Junta de fiscalía del Tribunal Supremo, artículo 18.1.A. Asimismo, no
existe motivación ni fáctica ni jurídica, aludiendo sólo a
necesidades de servicio y a discrepancias con el jefe. Olvida que la
resolución presentada fue votada por otros diez fiscales de la
sección -que por tanto también discrepan- y que, por otra parte, las
discrepancias
jurídicas son habituales y no dan lugar a decisiones de
este tipo. En realidad fue el jefe el que discrepó de la mayoría de
la sección -diez a tres-, tanto el año pasado como éste. El decreto
es arbitrario, contra lo que establece el artículo 9 de la
Constitución, pues se aparta de los criterios antes aludidos y ni
siquiera da audiencia a la sección sobre la dificultad creada con
motivo de la discrepancia entre el fiscal y el fiscal de Sala jefe.

Se trata, eso sí, de una sanción encubierta, ya que así lo manifestó
a los medios la Fiscalía General, que censuró la actuación del fiscal
en la causa -me pregunto por qué, si contaba con el aval de diez
fiscales de la propia sección- y dijo que se había solicitado su
relevo definitivo. ¿Con qué criterios técnicos? ¿Con qué
discrepancias jurídicas? ¿Por qué sin la audiencia de la sección de
lo penal? Señorías, este reproche o sanción carece de las garantías
del artículo 68 del Estatuto orgánico y del artículo 24 de la
Constitución española.

Concluyo esta primera parte, señor ministro, diciendo que la decisión
de relevo está tomada simplemente porque las consecuencias jurídicas
a las que llegaba el informe, avalado por la mayoría de la sección,
no eran del gusto político del fiscal general del Estado. Esto es lo
que quería decir sobre el caso Vargas.

Sobre el caso de la actuación del Ministerio de Justicia en relación
con las presiones del fiscal general del Estado sobre la Fiscalía
especial Anticorrupción, en primer lugar, mi grupo entiende que la
actuación del ministro de Justicia es censurable ya sólo por el hecho
de que ha tardado más de cinco meses en acudir a esta Cámara a
explicar la política de su Ministerio en relación con las acusaciones
hechas públicas por la Fiscalía Especial Anticorrupción, relativas a
las actuaciones del fiscal general del Estado de obstrucción, de
acoso y derribo de la citada Fiscalía especial. En segundo lugar,
queremos censurar la actuación del ministro de Justicia al permitir
que el fiscal general del Estado se parapete detrás de su figura.

Hoy, a quien deberíamos tener delante -vuelvo a insistir una vez más-
sería al señor Cardenal y no a usted. No debe confundirse el hecho de
que el fiscal general del Estado sea independiente -del Gobierno, se
entiende- con que sea irresponsable. El PP ha conseguido que el
fiscal general del Estado sea el abogado defensor del Gobierno y sus
ministros, esté sometido al ordeno y mando del Gobierno y a la vez
sea una persona prácticamente desconocida en el Congreso, pues se
niega de forma sistemática a comparecer cuando es requerido por los
grupos parlamentarios. (El señor Ollero Tassara: Pues algunos creen
que es de plantilla.) Bueno, es que hay muchas formas de entender
esas comparecencias. El desprecio del Gobierno del PP por los
artículos 124 de nuestra Constitución y 8 del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal no tiene límites y hoy nos sentimos tentados a no
realizar preguntas ni interpelación alguna al señor ministro,pues es
a otra persona y a otro nivel a quien deberíamos



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estar haciéndolas. Ustedes, que siempre se han considerado tan
constitucionalistas, en este asunto como en otros muchos prefieren
cargarse la Constitución a respetarla.

Respecto al asunto concreto de la injerencia del fiscal general del
Estado en materia de lucha contra la corrupción y el papel del
Ministerio en este trance, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida quiere dejar bien claro que rechaza, por
antidemocráticas y deplorables, las presiones del señor Cardenal
sobre la Fiscalía especial Anticorrupción, tendentes a impedir la
investigación de casos de corrupción de personas tan cercanas al PP
que algunas hasta son ministros del gabinete Aznar. Ha dicho el
presidente del Gobierno que la corrupción es incompatible con el PP.

Por lo visto el señor Aznar debe olvidarse de todas las presiones que
el fiscal general del Estado o abogado defensor del Gobierno, realiza
sobre la Fiscalía especial Anticorrupción para impedir que se procese
a los señores Mata o Piqué por realizar operaciones mercantiles
ilegales y por comprar votos en el extranjero. Pero esta preocupación
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto a las
presiones sobre la Fiscalía especial Anticorrupción no es
exclusivamente suya, hasta el Consejo de Europa ha expresado su
preocupación ante la reducida capacidad de esta Fiscalía especial
para sustraerse a las fuertes y antidemocráticas presiones del señor
Cardenal. Es el Consejo de Europa, el más antiguo y respetado velador
por los derechos de los europeos, el que entiende que no es de recibo
que una Fiscalía, encargada específicamente de investigar la
corrupción, sea violentada por el fiscal general del Estado cuando
trata de investigar corrupciones de personas del entorno del Partido
Popular o del propio partido. Es el grupo Greco del Consejo de
Europa, especializado en la lucha contra la corrupción, el que está
preocupado por el ataque al Estado de derecho, pues recordemos que si
los gobernantes no son responsables ante los tribunales por sus
delitos, no estamos ante una democracia y un Estado de derecho
reales, sino ante meras y puras mascaradas.

En conclusión, señor ministro, le pedimos, le sugerimos, le instamos,
le exigimos -lo que usted quiera- que cesen de forma inmediata las
presiones sobre la Fiscalía especial Anticorrupción por parte del
fiscal general del Estado y que permita que sean investigadas hasta
sus últimas consecuencias todas las tramas de corrupción por parte de
la Fiscalía general Anticorrupción, citando de nuevo al señor Aznar,
cuando dice que sean investigadas dichas tramas de corrupción caiga
quien caiga, aunque en algunos momentos afecten a su Ministerio.Por
tanto, señor ministro, use el artículo 8 del Estatuto del ministerio
fiscal e interese de forma expresa y por escrito del fiscal general
del Estado el cese inmediato de las presiones sobre la Fiscalía
especial Anticorrupción.

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Se trata de tres iniciativas -en algunas de
las cuales el Grupo Parlamentario Socialista va a limitarse a hacer
una fijación de posiciones- que tienen que ver con la Fiscalía
Anticorrupción, la Fiscalía general y una, que nos gustaría que
partiera del Gobierno, que es que el fiscal general se inhiba en los
supuestos en que deba perseguir a aforados o al menos a miembros del
Gobierno. Seré bastante concreto y breve en mi exposición, máxime
teniendo en cuenta el nivel de información dado por el ministro y las
horas que lleva ya en el Parlamento. Además, el día 25, la próxima
semana, el propio fiscal general del Estado va a tener oportunidad,
en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del ministerio
fiscal, de comparecer ante esta Cámara, para informar de manera
detallada sobre las razones que le han llevado a remover de su puesto
al fiscal señor Vargas.

Respecto a este tema mi grupo y yo queríamos comentarle alguna cosa y
hacernos eco de alguna apreciación que ya hemos tenido ocasión de
manifestarle, concretamente en el Pleno de la Cámara y en alguna
Comisión. Señor Acebes, el Ministerio de Justicia y el Gobierno -de
manera especial el Ministerio de Justicia, a mi entender- tienen un
problema en el ministerio fiscal y, al tenerlo ellos, lo tenemos
todos, porque todos estamos intentando brindar a la opinión pública
un cambio de imagen en la Administración de justicia. Estoy seguro de
que usted no va a estar conforme con mis palabras, pero al menos
deben moverle a la reflexión. La actitud del fiscal general del
Estado y las decisiones que ha venido adoptando ayudan muy poco, más
bien lo contrario, a que se amplíe, se consolide y se aumente el
nivel de prestigio de la propia Fiscalía y en general la imagen que
transmite la Administración de justicia, sus niveles de eficacia, de
objetividad, de independencia, etcétera. Para nosotros el problema no
es que usted no diga la verdad cuando nos informa de que no ha dado
instrucciones al fiscal en temas concretos de carácter penal; estamos
dispuestos a aceptar que nos dice la verdad. Para nosotros el
problema es que es posible que el fiscal general del Estado no
precise ya ningún tipo de instrucción para hacerse valedor del
Gobierno, incluso al margen de que reciba consignas presumiendo qué
es aquello que mejor puede valer al futuro del Gobierno de nuestro
país, en este caso el Gobierno del Partido Popular. Creemos
sinceramente que este fiscal general del Estado no es bueno para la
imagen de la justicia. Es la primera vez que en nuestro país, en
democracia al menos, en medio de un procedimiento, se remueve a un
fiscal de una sección determinada, que conoce de un asunto penal y
que insta una imputación por dos posibles delitos -apropiación
indebida y estafa- de los que, según conocimiento del



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fiscal, es autor un miembro del Gobierno. Una vez cerrada la
calificación por la cual acusa o al menos considera que existen estos
motivos de imputación, no hay precedente alguno en democracia de que
un fiscal general del Estado haya removido del cargo a un fiscal.

Concluirá conmigo en que esto llena de sospecha al fiscal -lo cual es
malo, sin duda- y llena de sospecha al Ministerio de Justicia y al
Gobierno, lo cual -a mi entender- es peor.

No voy a insistir en los motivos o en los hechos por los cuales está
imputado o previsiblemente podría estar imputado el ministro. Por
cierto, permítame el paréntesis, su situación de testigo en el
procedimiento que conoce del asunto Ercros es una posición
seguramente de mayor indefensión que la de imputado. Cierro el
paréntesis. Usted también es jurista y el fiscal sabrá lo que hace.

En todo caso, da toda la impresión, y es difícil que la opinión
pública no piense así de que se trata no sólo de ámbitos de impunidad
cercanos a los poderosos, en este caso el Gobierno, sino, en el
supuesto además de que no sigan sus órdenes los fiscales
correspondientes que toman conocimiento de asuntos penales, actitudes
de represalia entre ellos o actitudes de agresión, agresión en
términos jurídicos y en términos del estatuto de personal, frente a
ellos. Da toda la impresión de que se quiere remitir al alto
funcionariado del ministerio fiscal el mensaje de que quien no
obedece, por decirlo de una forma cruda, quizás un poco burda, va a
ser trasladado, va a ser dirigido a otra función que sea incómoda.

A nuestro entender, y por eso la pregunta al ministro -sabemos que no
tiene competencias directas a efecto de instrucción penal- es qué hay
que hacer, qué piensa el ministro hacer para evitar el grave
deterioro del prestigio del fiscal general del Estado y de la
Fiscalía -créame que lo está teniendo y con mucha gravedad-, si tiene
alguna actitud tomada, algún pensamiento que pase por la remoción del
fiscal general del Estado, etcétera, para que la Fiscalía general no
reciba un golpe que creemos que es cuasi definitivo después de la
remoción del señor Vargas. Como consecuencia de ello, ¿qué piensa
hacer el ministro de Justicia, que por cierto es objeto de
tratamiento en el pacto por la reforma de la justicia, para recuperar
confianza ciudadana en la Administración de justicia después de estos
actos de atropello, algunos, no todos, de la Fiscalía general? Por
eso la fijación de posiciones con referencia al Ministerio.

Tendremos, insisto, ocasión de hablar con el fiscal general del
Estado en el caso concreto.

Por último, si no se está de acuerdo con alguna de las actuaciones
del ministerio fiscal -porque también se pudiera deducir de sus
palabras, señor ministro, que ante las críticas usted siempre aparece
con el paraguas de: nosotros no damos instrucciones, luego es muy
posible que no con todas las acciones del fiscal general del Estado
estén ustedes de acuerdo ¿tiene pensado el Gobierno, señor ministro,
remover al fiscal general del
Estado? Porque nosotros seguimos pensando que cuanto más tiempo pase,
más cooperador necesario de las actitudes del fiscal general del
Estado se hace el ministro de Justicia, el Gobierno de la nación y el
presidente Aznar. Si conscientes de este tipo de desprestigios, el
Ministerio, el presidente del Gobierno, el Gobierno, no remueven a
este fiscal, de alguna forma son cooperadores necesarios de las
decisiones del fiscal general del Estado.

El segundo tema se refiere al grupo Greco. Ha habido, como usted bien
ha dicho, señor ministro, un debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores y alguna pregunta parlamentaria en el Pleno de la Cámara.

Nosotros queremos insistir en una reflexión, al margen de que creemos
lo que usted ha dicho en esta Cámara y apuntamos, así habrá que
transmitirlo al fiscal anticorrupción, que tan pronto decida formar
parte de las reuniones de Greco en la calidad de asesor, etcétera, el
Ministerio de Justicia está dispuesto a apoyarle, a ayudarle, y a
mandarle a esta reunión. Lo he entendido en este sentido. Es posible
que la información que usted nos da sea la correcta, nosotros la
creemos, pero ¿qué esta ocurriendo, señor ministro de Justicia, para
que no hayamos firmado todavía la convención contra la corrupción del
Consejo de Europa? Convención, como usted sabe, tanto de carácter
civil como penal. Se nos ha venido diciendo en Asuntos Exteriores que
el tema Gibraltar impedía esta firma, cosa que era absolutamente
insólita. Damos la sensación, señor ministro, de que nosotros tenemos
alguna dificultad, como país, porque ustedes cuando van a estos
institutos internacionales, tema Greco del Consejo Europeo, etcétera,
nos representan a todos y se diría que tenemos alguna dificultad en
la represión de la corrupción y por eso tenemos alguna dificultad en
la aprobación y en la firma de la ratificación, en su caso, del
convenio o de la convención.

Es verdad que ya hay, después le preguntaré, un acuerdo en Exteriores
que le marca unas tareas, pero déjeme recordarle alguna cuestión.

Usted ha dicho que formaba parte del bureau de cinco miembros, es
cierto, de este grupo, pero, de los más de 20 países que han firmado
y ratificado el convenio nosotros somos uno de los pocos que no lo
han hecho. Le diré cuáles no lo han hecho, usted lo sabe bien, lo
diré a la Cámara. No lo han hecho junto con nosotros: Andorra,
Armenia, Azerbaiján, Liechtenstein, San Marino y Turquía. El resto de
los países europeos lo han hecho. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué
aparecemos con la complicidad y al lado de tan interesantísimos
países pero alejados de otros países que han signatado y ratificado
la convención? Porque esta convención es indispensable para resultar
creíbles, en términos de normativa interna también, en la lucha
contra la corrupción. Esta convención, como bien sabe usted, trata,
considera como motivos penales -la mayoría los tenemos en nuestro
Código Penal-, y subraya la importancia de considerar tipos penales



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específicos el cohecho activo y pasivo de los empleados públicos, el
cohecho activo y pasivo de parlamentarios nacionales y extranjeros,
de miembros de las asambleas parlamentarias, el cohecho activo y
pasivo en el sector privado, el cohecho activo y pasivo de
funcionarios civiles, internacionales, el cohecho activo y pasivo de
jueces y magistrados nacionales, extranjeros, personal al servicio de
tribunales internacionales, el tráfico de influencias activo y pasivo
-por cierto, que es un tema que deberíamos recogerlo de manera más
casuística en nuestro Código Penal actual- el blanqueo de dinero
procedente de la corrupción -hoy hemos hablado de la importancia de
este tema, esta mañana-, los delitos económicos, etcétera. Y no lo
hemos firmado. No es fácilmente entendible y yo confío en que esta
tarde, en poco tiempo, señor ministro, usted nos diga que va a
cumplir la tarea del Gobierno, de la Comisión de Asuntos de
Exteriores, que ha pedido que, con las reservas correspondientes por
el tema de Gibraltar, que seguimos sin entender -hemos firmado muchos
convenios de tipo penal sin hacer ningún tipo de reserva, porque es
además una reserva que aparece de manera general en el acuerdo
hispano-británico del año 2000; fue en abril del 2000-, solventada la
reserva, el 20 de junio pedíamos al Gobierno que firmara la
convención civil sobre corrupción y la convención penal sobre
corrupción que da motivo al tema Greco. Confío en que hoy nos lo
diga. Esto es en gran medida la segunda parte de mi intervención con
referencia a Greco, porque ya hay, insisto, una acción parlamentaria
que pone al Gobierno unas tareas.

Hay también una iniciativa de Izquierda Unida, que habla de la
inhibición de toda acción del fiscal general del Estado en el
supuestos de aforados o al menos de miembros del Gobierno. Es una
iniciativa que nosotros también presentamos, seguramente el ministro
lo recordará, con motivo del debate del estado de la nación y al ser
rechazada en ese momento ya anunciamos, lo repetimos ahora, que
nosotros haríamos una iniciativa articulando este supuesto. Lo
decimos porque, a pesar de las bondades del fiscal general del
Estado, éste o cualquier otro, del carácter objetivo de sus
actuaciones, de su defensa de la legalidad, hay lo que la
magistratura francesa en su consejo no hace mucho decía: no ya el
deber de legalidad del ministerio fiscal y de los jueces
y magistrados, sino también el deber de apariencia, es decir, la
presunción de todos de que las actitudes que adopta un juez, un
fiscal, un magistrado, en ningún momento pueden estar bajo sospecha o
presunción de ilegalidad, de tráfico de influencia, etcétera. Ese
deber de apariencia nos lleva a que sin imputar a un fiscal general
del Estado que no obre en términos de legalidad, impidamos la
sospecha de la opinión pública de que su actitud a la hora de imputar
a un miembro de un Gobierno, gracias a la cual es fiscal general del
Estado y, por tanto, le puede nombrar y remover, no tenga los
caracteres de absoluta objetividad o imparcialidad. Lo
que llama la magistratura francesa el deber de apariencia, le mueve
al Grupo Socialista -ojalá podamos estar juntos también en esta
iniciativa- a presentar una norma, algún artículo que impida la
actuación del fiscal general del Estado cuando se trata de aforados
o, al menos, de miembros del Gobierno gracias a los cuales, por
cierto, en una resolución de carácter colegiado, ha sido promovido a
esa condición.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora
Lasagabaster, en nombre del Grupo Mixto, que es autor de la última de
las iniciativas acumuladas en este punto del orden del día.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quiero clarificar que la iniciativa
es del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, que la habían
retirado porque por razones obvias no podían estar aquí al día de hoy
y por cortesía hacia el ministro no querían una comparecencia en la
que no pudieran estar presentes. En cualquier caso, habiendo sido
retirada y pidiendo participar, podría ser considerado que es mi
turno, porque no creo que esté menoscabando el derecho de nadie que
me preceda.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): No se preocupe, señora
Lasagabaster, que no veo ninguna protesta de momento.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Perfecto. Pues sigo hablando. Quería
dejar constancia de esa retirada de comparecencia por cortesía, dado
que se encuentran en campaña electoral.

No voy a entrar en los detalles que se han expuesto por activa y por
pasiva respecto de las tres comparecencias, cada una de ellas muy
diferenciadas, porque tendremos ocasión de hablar el día 25 con el
fiscal general, que es quien nos va a tener que explicar más datos
y detalles en relación con el fiscal, señor Vargas. La única reflexión,
muy breve, que me gustaría hacer en este momento al ministro de
Justicia se refiere a que el sistema establecido de nombramiento del
fiscal general lleva años dando problemas. Si hiciéramos una
recopilación de la cantidad de veces que se han solicitado
comparecencias por actuaciones de los fiscales generales sucesivos en
los últimos 15 años, nos encontraríamos con una recopilación amplia y
exhaustiva, que en muchos casos viene por el sistema de nombramiento
del fiscal general. No es bueno tal y como está establecido. Hemos
debatido sobre este tema en múltiples ocasiones, incluso hubo alguna
proposición en la anterior legislatura en la que, si no recuerdo mal,
llegamos a un consenso en algunos de los aspectos y, desde nuestro
punto de vista, el pacto de Estado de la justicia pudiera ser el
lugar adecuado para modificar el sistema de nombramiento del fiscal
general. Cuando hablo del sistema de nombramiento, es evidente que
habría otra serie de consideraciones a modificar. Desde nuestro punto
de



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vista -lo hemos dicho siempre y no lo hemos ocultado-, el fiscal
debiera tener más un carácter parlamentario, es decir, que las Cortes
pudieran intervenir en el nombramiento del fiscal general. Algunos
dirán que el artículo 124 no lo permite, pero nosotros creemos que se
pueden encontrar fórmulas para que las Cortes Generales articulen un
sistema para el nombramiento de la persona que juega un papel tan
fundamental en la defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y vela por la independencia de los tribunales. Ya hemos
discutido cómo puede ser. Para nosotros, ese carácter parlamentario
del fiscal general evitaría multitud de problemas, de ocasiones en
las que no está nada claro cuál ha sido su actuación. Si ha sido una
constante en los últimos quince años, estamos llegando a un nivel
inaudito, y el último caso lo subraya de manera clara. El asunto
Ercrós, con los protagonistas más evidentes, el fiscal general, el
fiscal Vargas y el señor Piqué, evidencian claramente que es una
cuestión en la que se ha rizado el rizo y y es hora de modificar este
sistema. Ya sé que algunos grupos parlamentarios o partidos políticos
tienden a alejar a las Cortes Generales del nombramiento de órganos
constitucionales. Lo estamos viendo con los órganos constitucionales,
en el caso del Consejo General del Poder Judicial y con otros.

Curiosamente las últimas modificaciones que hemos tenido que analizar
en esta Cámara iban en sentido contrario. Se ha hablado de evitar que
el Legislativo interfiriera en no sé qué nombramientos porque no era
bueno, porque daba más transparencia el que el sistema fuera
distinto, etcétera. Tengo apuntadas en alguna parte las
intervenciones de los portavoces hablando hace pocos meses de la
independencia del Poder Judicial respecto del Legislativo, del
prestigio de la justicia, de la mayor transparencia. Hay la tendencia
-en este caso el Gobierno también lo apoya, porque el partido que
apoya al Gobierno así lo señala de manera clara en sus
intervenciones- de alejar al Parlamento de la participación en el
nombramiento de estos órganos constitucionales, hecho que no se
admite ni por el Gobierno ni por el partido que le apoya, lo cual no
es correcto. La realidad nos demuestra, concretamente en la
renovación de órganos constitucionales, que ni mayor transparencia,
ni mayor prestigio de la justicia, ni mayor alejamiento de no sé qué
poderes; en definitiva, está siendo un fracaso. Vuelvo al punto de
partida, y es que nos gustaría que el Parlamento tuviera algo que
decir en el nombramiento y en las consecutivas regulaciones del
fiscal general. Nos evitaríamos muchas de las comparecencias que
hemos tenido en estos últimos años y permitiría también que hubiera
muchísimas menos sospechas sobre las funciones del fiscal general.

Alguno dirá, como afirma el ministro, que respeta el principio de
imparcialidad, de independencia y de legalidad, pero cuando el
Gobierno tiene la facultad de nombrar, oído al Consejo General del
Poder Judicial, y de destituir en cualquier momento al fiscal
general, es evidente que su
actuación va a ser bastante cercana a los criterios del Gobierno, por
pura definición. No hace falta que el Gobierno le diga nada. Un
fiscal general que no quiera ser destituido por decreto se atendrá a
lo que dice el Gobierno. Está siendo cada vez un problema mayor y hay
que intentar resolverlo desde el punto de vista estructural y del
sistema. Se pueden articular métodos para que esto ocurra con menos
frecuencia y es algo que tendremos que discutir y hablar. Respecto al
caso concreto, esperaremos a las explicaciones del fiscal general.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Debo decirle, señor ministro, que hoy le toca
hacer de aquella figura del Código Civil de la gestión de negocios
ajenos. Lo digo porque parece que estamos todos bastante conformes en
que -estimando en sumo grado su presencia- aquí deberían estar otras
personas, tanto en el trámite anterior de esta tarde como en éste.

Comentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que en pocos
días tendremos aquí al fiscal general del Estado. La posición que ha
sostenido mi grupo sobre la base del planteamiento constitucional del
ministerio fiscal, del artículo 2 del estatuto orgánico, será a él a
quien podremos preguntar y oír sus explicaciones sobre los tres temas
que nos ocupan en el día de hoy. Pero tampoco querría dejar pasar la
oportunidad de poner de manifiesto que se producen problemas que
requieren la iniciativa legislativa del Gobierno y, posiblemente,
después del pacto de Estado por la justicia, una iniciativa
legislativa más compartida. No deja de resultar sorprendente que
desde el primer incidente de la Fiscalía -recuerdo que en la
legislatura pasada y en ésta fue la remoción del fiscal jefe Aranda-
hasta este último incidente de la remoción o relevo del fiscal
Vargas, no es que se discuta el fondo, es que ni siquiera los grupos,
la opinión pública o los afectados se ponen de acuerdo sobre si los
instrumentos o los mecanismos que contempla el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal se han ejercido correctamente. Me pongo al margen
de la cuestión de fondo, de si son o no decisiones arbitrarias. La
discusión se centra en si esas decisiones, que se pueden calificar
como se desee, se han tomado utilizando los mecanismos que prevé el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, lo cual pone de manifiesto
que tenemos que entrar en ese estatuto para, haciendo uso de la
potestad legislativa, ver exactamente qué es lo que queremos que
puede hacer el fiscal general del Estado y a través de qué
mecanismos, con qué procedimientos, con qué audiencias, con qué
consensos, etcétera. En estos seis años, que yo recuerde, sin
perjuicio de problemas de fondo, hay discrepancias de procedimiento
absolutamente abrumadoras. Eso es trasladable también a la situación
de las fiscalías especiales. Las fiscalías



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especiales -Antidroga y Anticorrupción- realizan actuaciones
meritorias, rompen una cierta inercia que en materia de política
criminal tiene el ministerio fiscal que no se siente suficientemente
comprometido con los resultados, ni acaba de ser consciente de cuál
es su responsabilidad, de los mecanismos que tiene y del compromiso
que tiene con la sociedad de cara a la persecución del delito, pero
no dejan de ser unas instituciones complicadas de insertar dentro del
ministerio fiscal. La prueba es que en el Libro Blanco del ministerio
fiscal se desaconseja la creación de fiscalías especiales. Es algo
que posiblemente en una reforma del Estatuto orgánico del ministerio
fiscal debamos abordar, porque no son de recibo conflictos entre la
fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
o entre el fiscal general del Estado y la fiscalía Anticorrupción. Vaya
por anticipado, en cualquier caso, que mi grupo es un ferviente
defensor -lo ha sido siempre- de los principios de unidad de
actuación y de dependencia jerárquica. Tampoco creemos que nuestro
sistema dé para dos o tres fiscales generales -porque podríamos
incluir la fiscalía Antidroga- con una actuación autónoma unos de
otros. También lo podemos plantear haciendo uso de la iniciativa
legislativa. Entendemos que esos principios de unidad de actuación
y de dependencia jerárquica deben respetarse en cualquier caso y que es
posible evitar conflictos entre ambas fiscalías, pero es algo que
tenemos que contemplar -hemos tenido ejemplos en las salas de los
tribunales de Justicia- porque se producen a veces decisiones
apretadas en votaciones; el ciudadano no lo entiende,tampoco entiende
que el fiscal general del Estado diga una cosa y el fiscal
Anticorrupción diga otra. Son situaciones que tenemos que superar.

Tercer aspecto -y lo abordo desde la perspectiva de la iniciativa
legislativa-, el problema, desde diversos puntos de vista de los
aforados. Todos queremos garantizar esa doble instancia penal en los
supuestos de los aforados, pero también se pone de manifiesto la
insuficiencia de nuestro actual proceso penal. Comentaba el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, don Javier Barrero, que uno puede
defenderse mejor como imputado que como testigo. Yo prefiero que
nunca me llamen como imputado para nada. A cualquiera de ustedes les
deseo no la misma suerte sino la misma justicia y, desde luego, que
nos llamen como testigos y no como imputados para mejor defendernos.

Creo que S.S. está de acuerdo conmigo. No estoy entrando aquí en el
problema de fondo del caso Ercros y de la situación de un ministro
del Gobierno. Somos conscientes de que tenemos que reformar el
proceso penal, estamos de acuerdo en reformarlo y estudiaremos con
mucha atención la propuesta que ha anunciado el Grupo Parlamentario
Socialista. Pueden introducirse mecanismos que refuercen esa
imparcialidad. Estuvimos tratando este asunto en la pasada
legislatura, en la modificación que hicimos de la Ley Orgánica del
Poder Judicial,
aquello de que el juez no sólo sea imparcial, sino que además sea
contemplado por la sociedad como tal. Uno de los planteamientos del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) ante la reforma del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal es el de reforzar los órganos
colectivos del ministerio fiscal, la posición del Consejo Fiscal y de
la Junta de fiscales de sala, especialmente en aquellos supuestos
como el que ha citado el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida respecto de los aforados. Hay otro
tema que en su día acordamos en la legislatura pasada a través de una
moción, que es garantizar la estabilidad del mandato del fiscal
general del Estado sobre la base de una temporalidad en su cargo,
igual que de los fiscales jefes.

Tenemos muchas mejoras que debiéramos introducir, que no resolverán
problemas de fondo pero que permitirán que éstos estén mucho más
acotados y pasan, sin lugar a dudas, por esta reforma del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal y del proceso penal. Obviamente en la
próxima comparecencia del fiscal general del Estado podremos abordar,
desde una perspectiva de fondo, estas cuestiones que estaban
previstas para hoy.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: La tarde va avanzando y ponemos fin al turno
de grupos sobre esta comparecencia magazine que tenemos aquí, donde
entran las cosas más variadas fruto, sin duda, del famoso principio
de no dejes que un titular no se convierta en comparecencia. El Grupo
Socialista hace comparecer a un ministro del Gobierno porque, por lo
visto, un fiscal quería ir a una reunión internacional. No sé si en
el nuevo estatuto fiscal pondremos un artículo en el que diga que los
fiscales podrán interesar de los grupos parlamentarios, cuando se
consideren preteridos, algún tipo de actuación, aunque sólo sea
porque lo real se convierta en oficial. Aquí se nos ha anunciado que
el portavoz socialista va a trasladarle al fiscal el resultado de su
gestión. Eso sí que es gestionar asuntos ajenos sin ningún
fundamento, porque al ministerio no le ha llegado la petición y
además él allí no pintaba nada por lo menos en la condición en la
que, al parecer, aspiraba a participar. A eso se une el fiscal
Vargas, el caso Ercrós, el grupo de países GRECO... Se nos ha hecho una
sección de crítica literaria; ahora sólo falta que venga alguien y
cuente un chiste y ya tenemos el programa. (Risas.) Esto es lo que
hay y así prestigiamos al Parlamento; cada uno hace lo que puede.

Armándome de imaginación intentaré fijar posición, aunque aquí no hay
quien fije nada. Es un asunto más bien móvil, pero voy a intentar por
lo menos no caerme de la comparecencia en nombre de mi grupo.




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Al parecer, tenemos una Constitución franquista. Esto es una novedad;
hay que reconocer que no está mal como chiste. El artículo 124.2 de
nuestra Constitución dice que el ministerio fiscal ejerce sus
funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de
unidad de actuación y dependencia jerárquica. No creo que sea
franquista, está en la Constitución, evidentemente con sujeción a los
principios de legalidad e imparcialidad. Lo de la dependencia
jerárquica es algo esencial a nuestro sistema de ministerio fiscal.

Podríamos tener otro, se ha sugerido un cambio en la Constitución del
nombramiento de fiscal general. A nuestro grupo le parece bien, no en
sí sino accidentalmente, en la medida en que quien lo propone es un
grupo que no parece que otras veces se tome muy en serio la
Constitución, sino que va como las fases de la luna. Mejor es
modificar la Constitución, que es un modo de tomársela en serio, que
pasar de ella. Vamos a estudiar su modificación. Si con eso nos lo
tomamos en serio, bien vendrá.

Se ha hecho un relato inicial de los hechos relacionados con el
fiscal Vargas en el que se ha omitido, para evitar que fuera prolija
la enumeración, un pequeño detalle, que es que en la Junta de
fiscales, como todo el mundo sabe, formada precisamente por los
fiscales de mayor prestigio de la carrera, no es de carácter
representativo, porque sería un consejo fiscal, sino que es más bien
en razón de una probada autoridad y prestigio, el tanteo fue de
escándalo, y de eso no se ha hablado nada. Se ha insinuado que debía
ser otra persona y no el ministro quien compareciera, persona que es
una virtual ya en esta casa, hasta el punto de que algunos me
preguntan cuántas legislaturas lleva ya; de hecho lleva dos y creo
que es mucho más asiduo que algún diputado del Grupo Socialista cuyo
nombre no diré para no excitar demasiado los ánimos, pero está en la
mente de todos, que viene muchísimo menos. Por otra parte, hemos
tenido una sesión de la Diputación Permanente donde se ha hablado de
esto. Lo que pasa es que los grupos, sobre todo algunos, van
cambiando su portavoz. El portavoz que viene de Izquierda Unida habla
del asunto como si se fuera nuevo. El señor Llamazares habló de ello
en la Diputación Permanente hace prácticamente nada. Reiteramos las
comparecencias hablando siempre de lo mismo y uno se ve obligado
a repetir iguales argumentos porque, al fin y al cabo, es difícil
cambiar de posición. No existe la figura del fiscal natural; existe
la figura del juez natural, y hay que pedir explicaciones de por qué
un juez que tenía un asunto puede dejar de llevarlo. Es algo
inconcebible porque iría contra la figura del juez natural
preestablecido por la ley. No existe el fiscal natural, existe una
dependencia jerárquica que hace que cualquier fiscal deba sujetarse
al criterio de su superior, sobre todo del fiscal jefe; es más, por
eso el estatuto contempla en el artículo 27 qué se hace cuando un
fiscal discrepa de lo que dice el fiscal jefe. Yo me pregunto por qué
no lo ha hecho el señor Vargas. Es un asunto que me llama la
atención, y le preguntaré, porque tengo buena relación con él, por
qué no lo ha hecho, porque el estatuto facilita el asunto: está claro
que no estoy de acuerdo con el fiscal jefe en el modo de enfocar una
cuestión, el estatuto me ofrece una posibilidad de salvar esa
situación, relevándome de toda responsabilidad en la medida en que yo
entiendo que esa postura no es legal, y punto. Para eso está el
estatuto. Si lo que uno pretende es otra cosa, entonces no es
adecuado acudir al estatuto.

Por otra parte, no acabo de entender que se haya sugerido que el
fiscal jefe Anticorrupción se ve sometido a no sé qué presiones,
porque el propio fiscal jefe -esta vez no a través de ningún grupo
parlamentario, sino en comparecencias del Senado- fue bastante
explícito sobre el particular. El día 31 de octubre de 2000, hace
menos de un año, comparece ante el Senado y reconoce que la Fiscalía
especial dispone de recursos materiales y humanos suficientes, que ha
habido un incremento progresivo de dotación de miembros; que se han
creado en tres años consecutivos; que se ha doblado el número de
miembros de esa Fiscalía; que hay un apoyo progresivo y constante de
la Administración a la constitución de unidades de apoyo y de
unidades de expertos; que (se refería al año en que él estaba, el año
2000), cuenta con una dotación muy rica en recursos: dos unidades de
Policía judicial, una del Cuerpo de Policía Nacional y otra de la
Guardia Civil, una unidad de la Intervención General de la
Administración del Estado de gran eficacia, una unidad de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la colaboración muy activa del
Registro mercantil y del Registro de la propiedad. Y, termina
añadiendo qu no ha tenido dificultades para su funcionamiento sino
que ha dispuesto de una enorme autonomía en su funcionamiento. Dice
que es autónomo, no sé si es que a otro le dice otras cosas o que
otros se las inventan, pero yo no acabo de entender en qué consisten
unas presiones que el propio fiscal especial ignora.

Me sorprende que el Grupo Socialista siga insistiendo en su simpática
figura del fiscal particular de la oposición, asunto grandioso, que
no sé cómo se encaja por otra parte, en el diseño constitucional de
nuestra Fiscalía. Por lo visto, cuando el fiscal general se ocupe de
un asunto que la oposición juzgue que tiene que ver con el Gobierno
(porque si es el Gobierno el que tiene que juzgar, según el conocido
juicio de intenciones que formula el Grupo Socialista, ya se sabe lo
que va a juzgar el Gobierno, qué más da), entonces habrá un fiscal
particular para la oposición. Mi única curiosidad es si el Grupo
Socialista va a proponer al fiscal Vargas para ese puesto (Risas.),
porque después de sus sinsabores profesionales podría ser para él un
consuelo. La figura me parece absolutamente absurda.

Se nos dice aquí que el ministerio tiene un problema con la Fiscalía.

Aquí quien tiene un problema con la Fiscalía es el Grupo Socialista,
que es el más asiduo (Risas.) porque el de Izquierda Unida es
ocasional. El



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Grupo Socialista, que es el más asiduo, tiene un problema, que está
instalado en un discurso de deslegitimación de la Fiscalía que no es
creíble. No es creíble no lo dice este modesto portavoz, sino ellos.

Ya lo van repitiendo y lo han convertido en doctrina.

Al principio, con el señor Ortiz, Úrculo, decían que el fiscal
general era un señor que sólo hacía lo que el Gobierno decía. Como
eso ya no se lo cree nadie, ahora dicen que el Gobierno no le dice
nada, porque no hace falta. (Risas.) Es un mérito de este Gobierno,
porque yo le puedo asegurar que a los fiscales generales, como con el
PSOE, ¡vaya si hacía falta que se lo dijeran! A lo mejor porque le
proponían cosas tan insólitas y tan fuera de todo sentido común y
principio de legalidad, que tenían que decírselo muy claramente. Por
lo visto, las cosas que a este Gobierno le interesan son tan de
sentido común que no hace falta ni que se las diga nadie, entran por
sí solas. Para que un fiscal general actúe de intermediario entre un
ministro y un delincuente hace falta dar instrucciones. Eso no se
hace sin dar instrucciones, son situaciones insólitas que exigen
muchas instrucciones. Por tanto, muchas gracias por el discurso que
nos va muy bien.

Por otra parte, además de este intento de deslegitimar al fiscal
general, al que pronto volveremos a tener aquí una vez más para no
sentirnos solitarios y abandonados, se lo ponen fácil al señor
Cardenal, porque con los antecesores que ha tenido, parecer imparcial
no es muy difícil; el ímpetu con que el Grupo Socialista tira piedras
contra su propio tejado, demuestra una psicomotricidad envidiable,
algo grandiosa.

En cuanto a lo del grupo de países GRECO, tampoco entiendo mucho la
actitud del Grupo Socialista. El Gobierno español es de los primeros
que firma su integración en ese grupo, concretamente se crea el 5 de
mayo de 1998 y el 16 de julio ya ha firmado el Gobierno español. (El
señor presidente ocupa la presidencia.) Respecto a la convención
penal del Consejo de Europa, yo no sé por qué le parece insólito lo
de Gibraltar al portavoz socialista, cuando el Grupo Socialista votó
a favor, el 20 de junio de este mismo año, hace prácticamente nada
porque estaba acabando el período de sesiones anterior, en la
Comisión de Asuntos Exteriores una proposición no de ley en la que se
instaba al Gobierno a que no firmara siempre que quedara
salvaguardada la posición de España en el contencioso de Gibraltar;
de insólito nada, ustedes lo han votado. Nos extraña que les parezca
insólito. Por otra parte, antes incluso de esa convención, el
Gobierno popular había firmado el Convenio de la OCDE de la lucha
contra la corrupción, en 1997. Está claro que lo que preocupa no es
la corrupción, sino mantener clara la situación respecto a Gibraltar,
como se hace en otros foros, incluso deportivos. Es algo que parece
que a los españoles les interesa bastante, y, desde luego, al Grupo
Popular muchísimo. No sé si el Grupo Socialista tiene alguna veleidad
ahora que le lleve a otras posturas, pero no
entendemos mucho que califique de insólito en el ámbito internacional
una actitud que es uno de los elementos de nuestra política exterior
desde tiempo inmemorial.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Voy a intentar dar
una contestación global, con algún carácter específico a algunos de
los intervinientes. Quiero que conste, en primer lugar, que yo he
venido porque me han llamado ustedes, porque en todas las
intervenciones me han dicho que tenía que ser otro. Esta mañana he
comparecido a petición mía, pero esta tarde ha sido cosa de ustedes;
ese es el motivo por el que estoy aquí dando estas explicaciones.

El señor Rejón ha realizado en su intervención una visión parcial e
incompleta de los acontecimientos y de los hechos. Si no damos una
visión general de todo lo que ha ocurrido no podremos llegar a
ninguna conclusión objetiva y rigurosa. También ha hecho algunas
afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Una de las cosas que ha
obviado -lo ha recordado el portavoz del Grupo Popular, pero es
esencial- es que el órgano superior, es decir, la Junta de fiscales
de sala, que es el órgano superior, se ha quedado en los fiscales de
sección, por 11 votos a 2, si no recuerdo mal, da la razón al jefe de
la sección. Lo que se ha planteado, por dos veces consecutivas, es
una diferencia de criterio entre un fiscal y el superior jerárquico.

En un asunto de trascendencia, como lo demuestra una vez más el
interés de los grupos parlamentarios, esa discrepancia en un órgano
en el que tiene que haber unidad -que nadie ha puesto en duda- y
jerarquía, a lo que ha llevado es al traslado de sección, que sigue
en el Tribunal Supremo, sigue en la Sala segunda, y lo que cambia es
de sección ante la diferencia de criterios con el superior
jerárquico, a través del procedimiento establecido. Esto que estoy
contando no son valoraciones sino hechos que el señor Rejón ha
olvidado y que no le ha interesado contar, porque nos ha dicho muchas
veces el resultado de la votación en la sección pero no en el órgano
superior en el que están todos los fiscales de sala y que, por 11 a
2, dan la razón al superior jerárquico respecto del inferior
jerárquico.

Siendo estos los hechos, cuando menos es arriesgado, señor Rejón,
calificar de ilegal la resolución que adopta la Fiscalía General. Que
yo conozca, no hay ninguna resolución judicial. Esta mañana hemos
tenido muchas oportunidades de hablar y SS.SS. me han recordado que
nada es legal o ilegal mientras no exista una resolución judicial que
así lo determine. Esa afirmación categórica de S.S. de que la
resolución de la Fiscalía es ilegal, lo que puede ser ilegal a todas
luces -si me permite el juego de palabras- es la afirmación S.S.




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Pronuncia una frase que me parece que no es original suya porque la
han acuñado entre el Partido Socialista y ustedes. Me parece que en
este caso no me equivoco de abogado defensor del Gobierno. (El señor
Rejón Gieb: Es de Pablo Castellano.) No quiero discutir la paternidad
ni la autoría de la frase, pero, sea quien sea el autor, lo cierto es
que la han repetido en diversas ocasiones, al menos sus dos grupos
parlamentarios. Señor Rejón, por mucho que la repitan podrá tener la
repercusión periodística que quieran, pero es gratuita y falsa. En
este momento, como he hecho en tantos otros, lo único que puedo decir
es que si ustedes dicen verdad la acrediten y la prueben, que es lo
menos que se puede pedir cuando se hace una afirmación de estas
características. Para respaldar una afirmación tan gratuita apunta
que el Consejo de Europa dice que el fiscal general presiona al
fiscal Anticorrupción. Me parece que textualmente ha dicho eso. Yo he
leído el informe GRECO y, señor Rejón, en ningún sitio dice que el
fiscal general en España presione a la Fiscalía Anticorrupción. No
podemos hacer un debate sobre invenciones. Tal y como le han
recordado, no es ya que no lo contemple el citado informe, es que no
lo dice siquiera el fiscal Anticorrupción, quien manifiesta que en el
Parlamento no ha tenido dificultades en su funcionamiento, que ha
dispuesto de una enorme autonomía, perfectamente compatible con el
ejercicio de las facultades atribuidas por ley al fiscal general del
Estado a la hora de determinar los asuntos en los que la Fiscalía ha
de intervenir. ¿Dónde están las presiones? ¿Dónde están las
acusaciones? ¿Dónde está la abogacía? A continuación, me invocan y
piden que por el prestigio de la justicia haga no sé qué cosas con el
fiscal general del Estado. Lo que lleva a un desprestigio de las
instituciones es hacer acusaciones infundadas, manifestaciones
falsas, descalificaciones globales que no se respaldan en la
realidad, en la que ustedes no acreditan ninguna de las imputaciones
genéricas que realizan. Eso es lo que lleva al desprestigio de las
instituciones, a estar permanentemente reiterando algo sin aportar
prueba alguna sobre las acusaciones que mantienen.




Decía el señor Rejón que he tardado mucho en venir a esta Cámara para
dar cuenta de este asunto. No es verdad, ni siquiera el de la
Fiscalía Anticorrupción. Ya el diputado del Grupo Mixto, Joan Saura,
el día 29 de junio de 2001 me hizo comparecer en el Pleno del
Congreso para debatir sobre este asunto. ¿Cómo que es la primera vez
que vengo a la Cámara a tratarlo? Pues no, simplemente no es cierto.

Respecto al último tema -pretendo ir rápidamente-, a la ratificación
de España de la Convención sobre la corrupción del Consejo de Europa,
eso también puede ser recurrente, pero la afirmación que usted no es
verdad, porque S.S., sabe que ni España, ni el Ministerio de
Justicia, ni el Gobierno tienen problema alguno por el fondo de los
asuntos que recoge la Convención
de la corrupción S.S. conoce exactamente, porque lo ha votado,
como le han recordado, por qué no se ha suscrito; hemos dicho
públicamente y lo hemos comunicado a los miembros por qué España en
estos momentos no podía para firmarlo, por el contencioso de
Gibraltar. ¿El Grupo Socialista cree, a pesar de la disposición que
establece determinadas condiciones en Gibraltar, de reconocimiento de
determinada soberanía, que deberíamos aceptarla? Su portavoz no ha
dicho eso en la Comisión de Exteriores. Cuando se trata en serio,
ustedes han dicho que no, que primero resolvamos, como estos días se
está haciendo y está apareciendo en todos los medios. S.S. sabe que
hay discusiones con el Gobierno del Reino Unido sobre esta materia,
no sólo en ésta pues hay también otras convenciones internacionales
que no hemos firmado por ese contencioso. No tiene nada que ver con
la voluntad de lucha contra la corrupción del Gobierno de España que
está absolutamente acreditada, como ha recordado usted. Hay otras
convenciones que establecen elementos similares a éstos que se han
suscrito, incluso nuestro Código Penal ya recoge algunos de los
compromisos de esta convención. Estoy absolutamente convencido de que
S.S. lo sabe, pero como hay que aderezar la Fiscalía Anticorrupción
porque no había nada de fondo, nadie había vetado o impedido al
fiscal Anticorrupción acudir a esa reunión, había que adornarlo con
algo más. Si de paso se podía decir que el Gobierno no hace
suficiente en la lucha contra la corrupción, mejor, pero a sabiendas
de que no era verdad.

Finalmente y de forma muy breve porque no está la portavoz del Grupo
Mixto, en cuanto al nombramiento del fiscal, está en la Constitución
y, desde luego, el Gobierno no tiene previsto modificarla.




El señor PRESIDENTE: Un breve turno, señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Nunca me ha gustado contestar a los compañeros
porque en todo caso la comparecencia es del ministro, no del
representante del Grupo Popular o del Grupo Socialista o de Izquierda
Unida. No obstante, espero, por el respeto que me merece el señor
Ollero, que haber respondido todo al Grupo Socialista sin haberme
respondido nada a mí no sea similar a aquella vieja anécdota de esta
casa en la que Ríos Rosas se dirige a Romero Robledo y le dice: Oye,
¿por qué os metéis tanto con el ministro de Fomento, que es una
persona que trabaja, y no os metéis con el de Instrucción Pública,
que es tonto perdido? Y la contestación es: Es que cuando un tonto
tiene un ministerio parece que no existe. Espero que no haya sido esa
la causa por la cual usted no me ha respondido en ese aspecto.

Voy a ir por partes. El señor ministro ha tenido que responder a un
popurrí de cosas sobre el tema fiscal, nopor acumulación de Izquierda
Unida sino por un acuerdo



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razonable con la Mesa para acumular cuestiones. Por tanto, el popurrí
es compartido por un principio de racionalidad. Por otro lado, usted
está aquí, y yo le he felicitado y se lo he agradecido al principio
porque se lo hemos pedido, pero me hubiera gustado que dos días antes
-son los problemas de fechas- hubiera venido el señor Cardenal a
responder sobre el tema de Vargas. Nada más, muchas gracias por haber
venido aquí a tratar este tema.

Se ha dicho aquí que el señor Rejón no lo ha contado todo. Yo lo he
contado todo y he dicho que los hechos son conocidos, y recalco, pero
recalco por una cuestión. Usted sabe que el derecho no es mi carrera,
y desde mi ingenuidad yo le preguntaría: ¿Es habitual, señor
ministro, la intervención del fiscal general, de la Junta de fiscales
de sala, del fiscal de sala Jefe en asuntos que cuentan con la
resolución mayoritaria de la sección de la Fiscalía del Tribunal
Supremo, como en este caso? ¿Es habitual? Cuando hay discrepancias,
¿se cambia al fiscal que lleva el asunto? ¿Cuántas veces ha ocurrido
esto desde que ejerce el actual fiscal general del Estado? ¿Es verdad
que la Junta de fiscales de sala, que desautoriza el informe, no es
superior jerárquica de la Junta de fiscales del Supremo, que la avaló
por diez a tres? ¿Es verdad o no que no es superior jerárquica? ¿Qué
criterios técnicos se utilizaron en dicha Junta de fiscales? ¿Se va a
aportar el acta de la misma al Consejo Fiscal? Lo pregunto desde mi
desconocimiento sobre temas jurídicos. Por supuesto que yo le he
dicho, desde una valoración política que no tiene más repercusión que
la de la confrontación dialéctica, que el decreto de traslado es
ilegal. Claro que hay diferencia. Que ustedes declaren ilegal desde
el Ejecutivo a una organización es distinto, por la capacidad de
acción, de que un humilde portavoz, desde la calificación política
que sigo manteniendo, diga que algo es ilegal. No me argumente usted
que no ha habido sentencia, porque desde mi valoración política es
ilegal, permítame que se lo diga. Es una valoración, pero le digo que
es ilegal.

Antes de entrar en la cuestión del abogado defensor, digo que yo no
les he llamado franquistas, señor Ollero. (El señor Ollero Tassara:
Nosotros, no; la Constitución.) No he dicho que la Constitución sea
franquista, perdone. Yo le he dicho precisamente, y le leo: El fiscal
general, al trasladar al fiscal del caso, vulnera los artículos 24,
27, 48 y 64.2 del estatuto orgánico. Entiende el fiscal general la
dependencia jerárquica de un modo autoritario y elitista, pues
desvincula el principio de jerarquía del Estado social y democrático
de derecho que inspira el estatuto. Es una actuación franquista
y arbitraria, ya que sobre el principio de jerarquía están el de
legalidad y el de imparcialidad. Eso es lo que he dicho. Y me va
usted a permitir que le lea un texto sobre la subordinación y el
respeto al jefe, que dice: Este modo de entender el principio
organizativo, en parte procedente del derecho francés decimonónico,
en la actualidad por cierto revisado en el país vecino
tras el informe de la Comisión Trichet de 1997, se plasmó
normativamente en el estatuto de 21 de junio de 1926, en el que
además hubo una fuerte inspiración en el modelo militar de la época,
la dictadura de Primo de Rivera; se mantuvo con la reforma del
régimen franquista y en su reglamento de 1969, aún hoy formalmente
vigente en la disposición final segunda del estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal.




El señor PRESIDENTE: Señor Rejón, le ruego que abrevie lo más
posible, por favor.




El señor REJÓN GIEB: Voy terminando.

Pero hay otro modo de entender la dependencia jerárquica, que es la
Constitución española. Por eso decía que, a nuestro entender, la
actuación del señor Cardenal era franquista, puesto que no estaba en
el espíritu de la Constitución del año 1978.

Por último, en cuanto a lo de abogado defensor del Gobierno, ¿es
falso o no es falso? Hay una realidad: hay que ver todo lo que ha
movido y lo que está moviendo el señor Cardenal en cielos y tierra
cuando habla de aforados. Incluso ha llegado a algo tan poco
frecuente o tan infrecuente como es el traslado de un fiscal, como ha
sido el caso del señor Vargas. Me dice que no tengo pruebas, pero
desde luego hay elementos e indicios muy claros. Si no fuera porque
puedo pecar de machista, haría referencia a una magnífica
intervención del señor Fraga en la moción de censura que presentó
Felipe González a Adolfo Suárez en la que dijo aquello de mujer que
al andar culea, yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece. No
quiero ser tildado de machista porque además no estoy de acuerdo en
esta cuestión, pero hay cosas que son evidentes.

En estas cuestiones, señor ministro, no actúo con frivolidad, no
ataco ni digo cosas que me invento. Fue precisamente el señor Jiménez
Villarejo quien dijo en Málaga, el día 5 ó 6 de junio de 2001, ante
el congreso de la Unión Progresista de Fiscales, que se le habían
puesto pegas para que el señor Jiménez Villarejo asistiera a la
reunión de hoy en el comité de trabajo del Consejo de Europa. El
propio fiscal Anticorrupción así lo denunció el pasado sábado en
Málaga durante el congreso de la Unión Progresista de Fiscales, al
tiempo que recordaba los sucesivos incumplimientos del Gobierno de
José María Aznar de los compromisos internacionales contraídos en la
lucha contra la corrupción. He citado al señor Villarejo porque usted
me ha dicho aquí que el señor Villarejo había dicho que estaba muy
bien, y yo le cito porque ante la Unión Progresista de Fiscales en
Málaga ha dicho lo que ha dicho. Es eso simplemente; no significa que
lleve más o menos razón, pero al menos, con la humildad de cada uno,
procuramos traer bien las cosas.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.




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El señor BARRERO LÓPEZ: Señor ministro, voy a hacer dos o tres
apreciaciones al término ya de la sesión.

Nosotros pensamos que hay un problema de prestigio. Usted considera
que no; allá usted. Lo que me parece insólito es que nos achaque a
nosotros el posible desprestigio que pueda tener la fiscalía porque
nos hacemos eco -en el fondo es lo que estamos haciendo- de una serie
de situaciones que consideramos anómalas, y en esa actitud no estamos
solos. Mientras hablaba el portavoz de Izquierda Unida, estaba viendo
que en una serie de medios de comunicación magistrados del Tribunal
Supremo exponen, el 7 de septiembre de 2001, que consideran insólito
retirar a Vargas del caso Ercros y que entienden que ello va sin duda
contra el prestigio de la fiscalía. La Unión Progresista de Fiscales
decía algo similar, incluso llegaba a pedir la dimisión del señor
Cardenal, algo que nosotros no hemos hecho todavía al menos. No
tenemos ningún interés en desprestigiar la institución, pero sí en
hacernos eco de aquellos sectores de la ciudadanía que están
preocupados por este tema, entre los cuales obviamente está la
representación popular, que esa sí la ostentamos nosotros. Y no
parece que ayude al prestigio, entre otras cosas, que a una persona
se le remueva cuando está imputando a un ministro o a cualquier otra
persona, en este caso a un ministro.

Si considera que esto no es intentar ayudar a la institución y que lo
que vamos es a favor del desgaste de un ministro, está bastante
confundido. Permítame que le diga que resultará bastante chollo una
persona que tiene o que pudiera tener estos problemas con la justicia
o que no hace lo posible para que su conducta aparezca en los
juzgados o donde fuera de manera transparente. Por lo tanto, no crea
que este es un problema de desgaste político electoral, y si tiene
una parte no la achaque al porcentaje más importante. Nos importa la
institución, aunque usted no se lo crea; yo sé que se lo cree.

El desprestigio viene dado por las actuaciones del ministerio fiscal,
le advierten de ello determinadas asociaciones, miembros del Tribunal
Supremo y la conducta insólita, que aquí se ha comentado en más de
una ocasión, de una acción para incriminar o imputar a una persona
que mueve a una actitud favorable de 12 fiscales de sección, que por
cierto son los especialistas en lo penal -los fiscales de sala lo son
de otro tipo de especialidades, de contencioso-administrativo, civil,
penal, etcétera-, la junta a la que se puede reclamar la
especialización y, por tanto, quien conoce mejor de los temas penales
es la Junta de fiscales de Sección, ésa, por 10 a tres, considera que
la actuación del fiscal señor Vargas es la correcta. Eso mueve a una
actitud de sospecha que es mala para el prestigio de la fiscalía, y
eso es lo que estamos comentando. Desde luego, no creo que lo
desprestigie el hecho de que en este Parlamento reclamemos
información suficiente del ministro o del
fiscal general del Estado sobre una actuación que todo el mundo ha
calificado como sorprendente.

Sobre el tema de los países que han firmado la convención contra el
terrorismo, las razones serán las que fueren. Yo considero, entre
otras cosas por precedentes del Gobierno, que las razones que se
expusieron por su portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores
respecto a las limitaciones del asunto de Gibraltar, son escasas,
entre otras cosas porque ustedes han hecho una convención sobre
blanqueo que no precisó de esta cláusula de estilo, si no recuerdo
mal. En todo caso, aunque fuera necesaria, lo que no tiene sentido es
que se pueda llegar a un acuerdo hace escasos meses en Asuntos
Exteriores aplicando la cláusula y pidiéndoles que se firme el
convenio y se ratifique después por el Congreso y no se haya hecho
antes. Yo le estoy poniendo en su debe que este tipo de actuaciones
dilatorias crean un ánimo no brillante de actitudes favorables hacia
la lucha contra la corrupción. Si ustedes, que fueron de los
primeros, es verdad, en formar parte de Greco y del nivel ejecutivo
más nucleado de los cinco miembros, parece bastante lógico que fueran
también de los primeros en firmar el convenio, y en este momento no
lo tenemos firmado. El resto de países de la Unión Europea sí lo
tienen firmado. ¿Qué conclusión hay que sacar? ¿Le molesta que le
diga que el Gobierno no tuvo una actitud beligerante en los temas de
corrupción? Pues entonces explíquenos el porqué otros gobiernos han
sido más ágiles a la hora de firmar. El tema de Gibraltar no puede
ser nunca un argumento porque lo que hemos hecho, insisto, hace dos
meses en Asuntos Exteriores podía haberse hecho hace dos años, cuando
más países firmaron esta convención, entre el año 1999 y el año 2000.

En todo caso, porque no se trata de peleas de corto alcance, lo que
sí me gustaría que nos dijera hoy, señor ministro, es que en el
término más breve posible se va a cumplir la decisión parlamentaria
de firmar esta convención, como se quedó, insisto, el 20 de junio de
2001.

Siento que no haya hecho ningún comentario, al menos yo no lo he
escuchado, sobre la inhibición del fiscal general. Me gustaría que
nos comentara alguna cuestión. Nosotros, insisto, vamos a plantear
una proposición de ley en esta línea.

Por cierto, no se trata de incidir en un reproche hacia el Gobierno y
hacia su ministerio, pero quiero recordarle que en la primera
evaluación de Greco, el 15 de junio de 2001, en Estrasburgo, acerca
de la corrupción en España, hace una serie de recomendaciones; en
segundo lugar, insta al Gobierno a que firme el convenio y, por
último, algo que antes no le pregunté y aprovecho ahora para
decírselo: en el apartado 142 solicita del Gobierno que presente
antes del 31 de diciembre de 2002 una resolución sobre la
implantación de las recomendaciones que se mencionan en la resolución
con respecto a la lucha contra la corrupción por parte de nuestro
país. Mi pregunta ahora en esta réplica es si



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estamos en condiciones de presentar antes del 31 de diciembre la
solicitud de Greco en el sentido de las recomendaciones que el
rapport del 15 de junio del 2001 pide que se realicen por parte del
Gobierno con respecto a la normativa española de lucha contra la
corrupción.




El señor PRESIDENTE: El señor Ollero tiene la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Estoy de acuerdo con el señor Rejón en que
no tiene mucho sentido aquí el debate entre portavoces, sino con el
señor ministro, pero como por lo visto él prefiere la crítica al
silencio, seré muy breve. Para que la crítica obligada de la
oposición tenga un mínimo de eficacia debe de cuidar algo la mesura.

A mí no me parece que tenga nada de mesura, más bien me parece una
desmesura, calificar de franquista la actitud del fiscal general y
creo que no figurará entre las páginas más brillantes del señor Rejón
en esta casa, sin duda ninguna. Tampoco me parece que tenga nada de
mesura seguir insistiendo en hablar del abogado del Gobierno, a
propósito del fiscal general, en un caso en el que 11 de los 13
miembros de la Junta de fiscales están de acuerdo con él. Me parece
una falta total de sentido común. Desde luego, me consuela mucho
comprobar que el portavoz socialista, para salir de ese atolladero,
se limita -cosa que dentro del ministerio fiscal causa gran
sensación- a relativizar la autoridad de la citada Junta de fiscales,
que, por lo visto, vale menos su opinión que la de una sección. Lo
que él diga.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra para cerrar el
debate.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Me preguntaba el
señor Rejón si es habitual que se produzcan conductas de estas
características. Lo que es imprescindible es que en un cuerpo
jerarquizado, que tiene que mantener la unidad de criterio, cuando
existen discrepancias reiteradas y profundas entre el superior y el
inferior jerárquico y tiene que haber esa unidad, alguna forma de
resolverlo habrá que arbitrar. Ustedes podrán buscar varias
ocurrencias para cómo se tenía que haber resuelto, pero que había
discrepancias, que éstas eran reiteradas, notorias, graves y el punto
de vista era distinto entre el superior y el inferior jerárquico es
evidente. Lo que se ha hecho es resolverlas, dado que los fiscales de
Sala -todos los fiscales son especialistas en materia penal-, por 11
a dos, dijeron que el superior jerárquico tenía razón. Por lo tanto,
se estableció la unidad de criterio con respecto a ese acuerdo. No sé
exactamente dónde está la manifiesta ilegalidad, irregularidad, todos
esos adjetivos y calificativos que se han hecho.

Ha formulado una pregunta dos veces en su anterior intervención y en
ésta. En la anterior no la he contestado
porque era evidente y creía que lo evidente no hacía falta
contestar, pero en ésta sí. ¿Por qué el resto de los países han
firmado la convención de lucha contra la corrupción y España no? ¿Qué
tienen los otros -ha preguntado- que no tenga España. Lo que no
tienen es Gibraltar, nada más. Los demás lo que no tienen es el
problema de Gibraltar y por eso lo han firmado. Nosotros no lo hemos
firmado porque tenemos el problema de Gibraltar. Como usted, señor
Barrero, insiste en una materia que no tiene ninguna razón, le voy a
leer -aunque creí que no hacía falta-la resolución del 26 de junio de
2001, que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, salvaguardada adecuadamente la posición de España en el
contencioso sobre Gibraltar, de modo a como se hace en el contexto de
la Unión Europea, mediante el acuerdo hispanobritánico sobre la
autoridad... adopte las medidas necesarias para... En estos días es
cuando está tratándose un contencioso de esas características. ¿Cree
usted que eso se resuelve en una hora? Este es un asunto de muchísima
entidad y estos días, como usted sabe, el ministro de Asuntos
Exteriores está tratando de resolver esta cuestión para que en éste y
en los otros convenios podamos cumplir el mandato que realiza el
Congreso de los Diputados; entre otros, con su voto, ¿Por qué sigue
preguntándome? El problema es Gibraltar. La llave la han puesto
ustedes mismos, aprobada por unanimidad, que lo firmemos cuando esté
resuelto lo de Gibraltar. ¿Está resuelto lo de Gibraltar? No.

Entonces no lo podemos firmar.

Con esto respondo a las preguntas que se han formulado y quiero
insistir que el Gobierno siempre va a respetar el ordenamiento
jurídico, en lo que se refiere a la autonomía del ministerio fiscal.




- LA PROBLEMÁTICA Y LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA PUESTA EN
MARCHA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000303.)



El señor PRESIDENTE: Entiendo que el punto undécimo del orden del día
ha sido retirado, señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Sí.




- LAS RAZONES POR LAS CUALES FUERON INDULTADOS, EL DÍA 1 DE DICIEMBRE
DE 2000, Y DE ACUERDO A LAS INFORMACIONES PUBLICADAS POR EL BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO (BOE) DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE ENERO DE
2001, LOS SEÑORES EMILIO MARIÑO MARTÍN, ISIDRO MARTÍNEZ VILLOTA, ABEL
ALBERTONÚÑEZ ÁLVAREZ, CARLOS PRIETO



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BRAGADO, JUAN PEDRO ZAPATA SALDAÑA, JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ LAGUINILLA,
JOSÉ LUIS FRAILA AYUSO, LUCIANO GARCÍA GÓMEZ, PEDRO LAIZ GONZÁLEZ,
PAULINO NAVARRO GONZÁLEZ-LAFONT, JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y
DAMIÁN VINAYO GUTIÉRREZ, CONDENADOS TODOS ELLOS POR DELITOS DE
TORTURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 213/000287.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto duodécimo que se refiere a la
comparecencia del ministro de Justicia para informar sobre las
razones por las que fueron indultados, el día 1 de diciembre de 2000,
determinados señores que se citan y aparecen en el orden del día.

Para explicar lo que estime pertinente en relación con este asunto,
tiene la palabra el señor ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señorías, me han
solicitado que informe sobre las razones por las que fueron
indultadas, el día 1 de diciembre de 2000, doce personas condenadas
por delitos de tortura. Como todos ustedes saben, el pasado 1 de
diciembre se concedieron por el Consejo de Ministros un total de
1.443 indultos que cumplían una serie de requisitos generales que ya
tuve el honor de exponerles en mi comparecencia ante esta misma
Comisión de Justicia, en el Congreso de los Diputados, el pasado 13
de diciembre. En aquella comparecencia afirmé que los indultos que se
concedieron en esa fecha responden cada uno de ellos a un examen
específico de cada expediente, a partir de unos criterios comunes
para tratar igual a lo que igual tiene que ser tratado, que su
motivación obedece a un examen individualizado y que se ha otorgado,
total o parcialmente, en atención a las circunstancias concretas que
concurren en cada uno de los acontecimientos y de los casos.

En primer lugar, sólo se concedió el indulto a quienes teniéndolo
solicitado se encontraban formalmente en condiciones de obtenerlo, al
haber completado la tramitación de su expediente. En segundo lugar,
se exigió que el delito indultado se calificara en función de la pena
impuesta como leve o grave, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Código Penal, habiéndose indultado de forma completa,
es decir, por el resto de la pena que quedaba por cumplir en los
supuestos de delitos leves, como es el caso de los que hoy nos
ocupan.

A partir de estos criterios generales, en cada indulto se han tenido
en cuenta las circunstancias obrantes en el expediente Entre ellas
cabe destacar el hecho de que conste acreditado -por instancia
siempre que ofrezca las suficientes garantías- la rehabilitación o la
reinserción
del condenado. También se han tenido en cuenta las dilaciones
indebidas del procedimiento, la inexistencia de reincidencia, las
condiciones personales del afectado: edad, enfermedades,
responsabilidades familiares, etcétera. Todo ello sin olvidar que en
ocasiones, y era la cuarta de las características, los propios
jueces, haciendo uso de la facultad que les confiere -como conocen-
el artículo 4 del Código Penal, habían solicitado el indulto en la
propia sentencia. Estas son las características generales que informé
en esa comparecencia.

Estos indultos alcanzaron a la pena o a la parte de ella pendiente de
cumplimiento, a contar desde la fecha de publicación del real decreto
de concesión del indulto en el Boletín Oficial del Estado y su
eficacia se sometió a condición resolutoria, consistiendo ésta en la
exigencia de no reincidencia durante el tiempo del cumplimiento
normal de la condena.

Hasta aquí la información general que pude suministrar -y que era
necesario recordar a esta Comisión- con motivo de la concesión de los
indultos. De nuevo se ha solicitado mi comparecencia para que
explique las razones por las que fueron indultados doce casos
concretos de condena por delito de torturas. En realidad, los hechos
indultados serían constitutivos de falta señalados en el artículo 585
del Código Penal de 1973, es decir, los hechos encajarían en
supuestos no de delito, sino de falta, que pasan a tener la
consideración de delito como consecuencia de haber sido realizados
por autoridad o funcionario público y que, aun así, son castigados
con la pena de arresto mayor que, como saben, tiene una duración de
un mes y un día a seis meses.

En los doce casos por los que se me pregunta, las penas por los
delitos de tortura son de dos meses de arresto mayor, salvo dos casos
en los que la pena es de tres meses y dos casos en los que la pena
tan sólo es de un mes y un día, con las correspondientes suspensiones
de empleo o cargo público. Lo que nos lleva a una primera conclusión,
que es un claro reflejo de la escasa gravedad de los hechos objeto de
condena.

En el examen de las circunstancias que concurren en el expediente,
hay que señalar que en todos los casos se ha producido una única
condena, es decir, no eran reincidentes, todos los informes de
conducta son muy favorables y su participación, en la mayoría de los
casos, es circunstancial. Los hechos que motivan las causas pueden
calificarse de bastante leves. Algunos de los supuestos son porque
los condenados participaron como secretarios en un atestado en el que
en el interrogatorio se produjeron lesiones leves que sólo precisaron
una asistencia facultativa. Varios casos en que los condenados eran
instructores de atestados y, por tanto, se presume que tuvieron
conocimiento de interrogatorios practicados en los que hubo lesiones
que sólo necesitaron una única asistencia facultativa. Lesiones leves
en traslados o interrogatorios en que participaron los condenados,
pero que no necesitaron ni siquiera unaasistencia facultativa y
tardaron menos de 15 días en



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curar. En otro supuesto, el condenado era responsable del servicio,
cuando en un interrogatorio o detención se causaron lesiones que
tardaron en curar menos de 15 días, sin precisar, ni tan siquiera,
asistencia facultativa. El caso de la pena más grave es el intento de
un policía local de obligar a realizar un reconocimiento médico en un
presunto delito de inducción al aborto. Estos son los doce casos en
los que encajan todas estas conductas.




Me gustaría destacar, como hice el día de mi comparecencia, el pasado
13 de diciembre, que los indultos concedidos conforme a la Ley
reguladora del derecho de gracia, de 18 de julio de 1870, se han
concedido, a pesar de ser una potestad discrecional del Gobierno,
cuando se ha constatado la concurrencia de los presupuestos
y circunstancias anteriormente expresadas, siempre en aras de la
justicia, equidad o utilidad pública, fundamentos últimos del
ejercicio del derecho de gracia, de acuerdo con lo que establece la
Constitución y nuestras leyes.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra la
señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En primer lugar, quiero señalar que
esta comparecencia es a título informativo y le voy a exponer las
razones de nuestra solicitud. El día 13 de diciembre compareció el
ministro de Justicia para explicar -a consecuencia de determinadas
solicitudes- el decreto por el que se indultaban de diferentes tipos
de delito a 1.443 personas. En aquel momento sólo conocíamos unos
casos concretos, alrededor de 400 y pico -no recuerdo el número- de
insumisión, por razones de denegación de prestación del servicio
militar y el famoso caso -que no voy a volver a citar- que fue objeto
de la mayor parte de la comparecencia. En mi intervención señalé que,
a la vista del conocimiento de cada uno de los expedientes
individualizados -hubo mucha polémica sobre si era un indulto
general, y no voy a entrar en esas cuestiones que ya han quedado
zanjadas-, quizás convendría conocer las razones por las que cada una
de estas personas fueron beneficiadas por el indulto. Quedábamos a la
espera -estoy leyendo el acta- de esos expedientes, y especialmente
de las justificaciones individuales, para poder tener más datos y
hablar con conocimiento de causa de cada uno de los casos, si hubiere
que hacerlo.

Lo que no ha señalado el ministro en esta comparecencia es una
cuestión que para mí es muy importante, que es la siguiente. El señor
ministro dijo -leo literalmente-: Hemos excluido en todo caso las
acciones delictivas que plantean un particular rechazo social, como
son los delitos de terrorismo o de quienes tienen antecedentes
terroristas, crimen organizado, malos tratos, agresión o tráfico
sexual, violencia doméstica, torturas y tráfico de drogas graves y
los casos en los que
se ha apreciado y estaba acreditada reiteración significativa. Es
decir, a mí se me quedó en la mente que efectivamente no iba a haber
ningún indulto de delito de torturas. Pero como es mi obligación
cumplir con el deber de estar informada sobre un indulto tan amplio
en principio -1.443, a los que hay que quitar cuatrocientos y pico de
insumisión, el famoso caso de señor Gómez de Liaño y algunas cosas
más que sabíamos-, lo que hice fue hacer un seguimiento del BOE cada
uno de los días para ver qué había. Mi sorpresa fue que efectivamente
-no voy a ser exhaustiva, aunque lo tengo todo bastante bien
recogido-, el 1 de enero, me encontré con el primer delito de
torturas indultado: Emilio Mariño Martín; el mismo día 1 de enero,
también aparecía Isidro Martínez Villota; el día 2 de enero, Abel
Alberto Núñez Álvarez, autor de un delito de torturas; Carlos Prieto
Bragado, delito de torturas, y así sucesivamente. Hay dos más, que
son delitos de prevaricación, pero he podido saber que como
consecuencia de no haber impedido torturas. Es decir, me encontraba
con doce casos de delito de torturas, cuando el ministro había dicho
que no había habido ningún indulto por dicho delito. Esa es la
primera contradicción que me parece chocante.

Segunda cuestión: Dice el ministro que son penas leves, son delitos,
porque están cometidos por autoridad pública, pero no ha dicho que
las inhabilitaciones en algunos de los casos son elevadas -aunque lo
que se entiende por elevado es subjetivo-, ya que la suspensión de
sus cargos es bastante más amplia que las penas de arresto. Esta es
una constante que veo en todos los casos, que también me sorprende y
me parece curiosa. Si sólo se leen las penas de arresto, la primera
consideración que se hace es que un mes o dos meses es una pena muy
leve, pero si se lee la suspensión del cargo, estamos hablando de un
año y de tiempos más elevados. Esto también es necesario plantearlo a
la hora de conceder un indulto. En todo caso, yo recogí los nombres,
los delitos de torturas -tengo todos los datos para leérselos, pero
no les voy a aburrir ahora-, las penas y las suspensiones de cargo
que me chocaron, y no tenía ningún dato más. Me limité a plantear una
contradicción, sobre todo porque a nosotros el delito de torturas nos
parece bastante grave, como cualquier delito que conlleve haber sido
condenado por una actuación contraria a los derechos fundamentales,
cometiérelo quien lo cometiere; desde luego, si es por autoridad
pública, nos parece una agravante de la materia.

A lo largo de todo este tiempo he sabido algunas cosas de las
personas que han sido indultadas. Por ejemplo, me ha sorprendido -es
evidente que no he hecho una investigación exhaustiva de todas estas
personas- que algunas de las personas que han sido indultadas han
tenido implicaciones -no puedo determinar hasta qué punto- o han sido
afectados en algunos procedimientos judiciales. Por ejemplo, el
comisario Julio Hierro estuvo implicado en el secuestro de



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Segundo Marey y en este caso ha sido indultado por prevaricación,
pero fue condenado anteriormente por la Audiencia de Bilbao por otro
caso de torturas; por ejemplo, Aníbal Machín estuvo también implicado
en el caso GAL y su nombre se relacionó con alguno de estos
asesinatos, y creo que algún otro más también. Es evidente que yo no
soy la Policía y no tengo elementos para poder darle muchos más
detalles de toda esta serie de casos, pero sí que es cierto que esas
personas no eran desconocidas, desgraciadamente, en muchos de los
casos que ha habido de guerra sucia o llámele como quiera llamarle.

Es decir, se trata de personas que habían sido implicadas de una u
otra manera en casos similares, por conductas que afectan a derechos
fundamentales. Por tanto, mi preocupación está ahí, no por nada, sino
porque quizás no acierto a entender cuál es la razón de utilidad
pública, si la hay -que puede haberla en estos casos-, por
rehabilitación; pero tampoco me consta esa rehabilitación, cuando en
algún caso parece que ha habido reincidencia. En todo caso, me
gustaría saber si la razón ha sido de utilidad pública, de
conocimiento fehaciente por parte del ministerio de la rehabilitación
de estas personas de manera clara, rotunda; me gustaría conocer en
dónde están destinados, si no han tenido ningún problema más a partir
de toda esa serie de cuestiones.

En definitiva, vuelvo a una cuestión que planteábamos anteriormente.

Cuando nosotros hablábamos de utilidad pública, decíamos que nos
parecía muy importante la rehabilitación. Si personas que han sido
condenadas han demostrado la rehabilitación y la reinserción total,
que en definitiva es lo que pretende la pena y que pudiera ser la
razón final de una oportunidad política de un indulto, siempre es
bueno que conste. Lo digo en este caso, pero también lo diría en los
casos de otra serie de personas que han sido condenadas por delitos
de otra índole -y ustedes bien saben a qué me estoy refiriendo-, y
que pudieran estar perfectamente reinsertadas socialmente, por lo que
no entenderíamos por qué no se les concede el indulto. Lo dije en la
comparecencia anterior y lo vuelvo a decir aquí. Lo que sí vemos es
un nexo o una conducta que consiste en ir indultando a personas que
de una u otra manera han estado involucradas en esas cuestiones, que
no debieran haber existido nunca y quizás debiéramos olvidar. Lo
cierto es que nos vamos encontrando con indultos, por ejemplo, al
señor Barrionuevo o al señor Vera, personas que han intervenido o han
estado implicados o han estado inmersos desgraciadamente en asuntos
coloquialmente llamados guerra sucia. Esto me choca y me parece
necesario plantearlo aquí, en sede parlamentaria. Espero que no
tengamos que volver a pedir la comparecencia por algún otro indulto.

Hablo por ejemplo del general Rodríguez Galindo, sobre el que existe
el rumor de que puede ser objeto de otro indulto, con lo cual
volveríamos al nexo, a la conducta de que parece que los indultos
caen siempre en el mismo lugar, por
razones que se me escapan. A lo mejor tiene usted alguna
justificación de utilidad pública, pero nos parecería realmente grave
esta última consideración. Es un rumor, no tengo ningún dato, pero
está ahí.

Por último, en cuanto a las torturas, reitero otra vez que es un tema
preocupante y hablar de él es para nosotros desgraciado. Tenga claro,
señor ministro, que no nos gustaría tener que hablar del tema. Quizás
no le corresponda a usted en este momento, pero hay casos singulares.

Vuelvo a decir, no se trata de criticar la generalidad de las
prácticas que realiza cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, pero
cuando se realizan nos vemos en la obligación de tener que decirlo, a
pesar de que algún delegado del Gobierno por ello nos llame por
ejemplo, literalmente, malnacidos. Nosotros creemos que es nuestra
obligación como parlamentarios estar vigilantes a cualquier actuación
que vulnere los derechos fundamentales, sea de quien sea, sean unas
personas bajo cualquier tipo de consideración u otras, sean incluso
autoridades públicas o funcionarios que están realizando su deber.

Por tanto, en lo que se refiere a su cometido, pediría que exigiera,
sé que lo hará, la extremada diligencia a los jueces a los que
corresponderá determinar si ha existido, aunque en todo caso hay que
saber que probar un delito de torturas a veces no es fácil. Ojalá,
nunca tengamos que hablar de estos temas pero para nosotros son
graves porque, en definitiva, suponen una violación de derechos
fundamentales con la que siempre estaremos en contra.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)



El señor OLLERO TASSARA: Intervendré brevemente. Mi grupo considera
muy ilustrativo los datos que ha aportado el señor ministro.

Simplemente queríamos hacer dos preguntas. Por una parte, si algunos
de estos indultos se han concedido sin que conste un informe
favorable bien del órgano judicial o bien del fiscal y, por otra
parte, si algunas de las conductas que provocaron estas penas que
ahora se indultan han sido realizadas después de 1996.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Efectivamente, en mi
comparecencia en esta Comisión y en las declaraciones que hice tras
el acuerdo en el Consejo de Ministros de los indultos, establecíamos
unas excepciones de delitos graves que en ningún caso iban a ser
objeto de indulto. Entre ellos estaban el terrorismo y los delitos de
tortura, precisamente por esas dos características que usted acaba de
leer en la información, por su gravedad y por su especial rechazo
social. De ahí que la característica esencial de estos 12 delitos,
por los que usted me preguntaba, era la levedad de los mismos. Los
que estaban excluidos lo eran por su carácter grave, pero estos, tal
y como



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le he acreditado, son delitos menos graves, todos de un mes y un día
de arresto menor, también de un mes y un día, hay algunas excepciones
respecto a la suspensión para las funciones. En primer lugar, esos
son delitos leves y las participaciones circunstanciales, como les
decíamos antes, o en muchos casos indirectas, lo cual no quiere decir
que no todos los delitos sean rechazables, que por supuesto lo son,
pero a la hora de conceder un indulto o de excluirlo tenemos que
evaluar la gravedad de los mismos.

Efectivamente, tal como decía ahora el portavoz del Grupo Popular en
su pregunta, son además todos, si no me equivoco, de los años 1981,
1982, 1983 y 1984. Por lo tanto, han pasado 16, 17, 18 ó 19 años
desde que se cometieron estos hechos, sin que haya habido
reincidencia por parte de los autores, al menos conocida, hasta el
momento de la resolución del expediente, que es el momento que
tenemos que valorar para ver si existen antecedentes o si ha habido
reincidencias. Según los expedientes, salvo en un sólo caso, al que
he hecho antes referencia, el del policía municipal, que era de 1993,
en los demás han transcurrido prácticamente 20 años sin que haya
existido ninguna reincidencia, siendo delitos leves, y por supuesto,
cumpliendo todos los requisitos formales, como he dicho antes, en el
expediente, y uno de los requisitos formales es que consten los
preceptivos informes.

Hay algo que no la he entendido, porque ha citado usted, si no lo he
anotado mal, algunas personas que no se encontraban entre estos 12
indultados. Ha citado algunos nombres, como Julio Hierro o Anibal
Machín, que habían participado en otros actos delictivos pero, salvo
que mis datos estén equivocados, no se encuentran entre los 12 por
los que me preguntaba que habían sido indultados por los delitos de
tortura; puedo estar yo equivocado. Desde luego en la documentación
que
tengo y que me han preparado los servicios, entre estos 12 no se
encuentra ninguno de esos dos nombres.




El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí tiene razón. Es que Julio Hierro
ha sido indultado pero ha sido por prevaricación, lo que pasa es que
ésta proviene de un procedimiento judicial que se deriva de las
torturas. Es decir, efectivamente no está aquí pero está indultado.

No lo saqué por torturas; me leí todos, y luego, al volverlo a ver,
vi que había sido por prevaricación en un proceso judicial de
torturas. Es cierto lo que le estoy diciendo porque sí ha sido
indultado.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Era correcto. Habían
preguntado por estos 12 y no se encontraba entre ellos. Esa es la
explicación que ha dado la portavoz.




El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, le damos las gracias
al señor ministro por su larga comparecencia y levantamos la sesión.




Eran las ocho de la tarde.




Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 321,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Justicia e
Interior el jueves, 4 de octubre de 2001, figura en la portada, por
error, como número de la sesión el 33, cuando realmente se trata de
la sesión 34 de dicha Comisión.