Ogi-apurra
Argitalpenak
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 332, de 10/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 332
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMANN
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. (Número
de expediente 121/000047) . . . (Página 10456)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2002. (Número
de expediente 121/000047)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, TERRITORIAL Y
COMUNITARIA (BETETA BARRERA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000775)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a reanudar la
sesión de la Comisión de Presupuestos dándole la bienvenida a don
Antonio Beteta, secretario general de política fiscal, territorial y
comunitaria, del Ministerio de Hacienda, que comparece por primera
vez en esta Comisión.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Popular, sin perjuicio de lo cual, como la costumbre es darle la
palabra primero al Grupo Socialista, intervendrá el señor Rodríguez
Bolaños, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
Posteriormente tendrá la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Bienvenido, señor secretario de Estado.
Su presencia aquí es importante porque para los grupos parlamentarios
es fundamental que quien es el responsable del Gobierno en las
distintas materias pueda ser el interlocutor válido. En esta ocasión
el Grupo Socialista quería dejar explícita ante la Comisión cuál es
su posición en relación con la financiación de los entes
territoriales. Es evidente que hay un campo en el que ha habido un
acuerdo entre el Gobierno y Partido Socialista. El Grupo Socialista
quiere fijar su posición en relación con determinado acuerdo en
materia de financiación de las comunidades autónomas. Ese acuerdo se
da por muchas razones, entre otras por lo que el Partido Socialista
venía denunciando reiteradamente y es que en España no había
propiamente un sistema de financiación de las comunidades autónomas,
sino varios. Existía un sistema que definía la financiación de las
competencias generales de las comunidades autónomas, un sistema de
financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
transferida, los servicios sociales evolucionaban de acuerdo con el
IPC cada año y el Fondo de Compensación Interterritorial de acuerdo
con los incrementos que determinaba el Gobierno y que modificaban la
base de
cálculo de fondo. En segundo lugar, el Gobierno había discriminado a
las comunidades autónomas que rechazaron el sistema vigente, haciendo
crecer sus entregas a cuenta por debajo de las que lo aceptaron, en
función entre otras variables de la modificación unilateral y con
efectos retroactivos de los fondos de garantías, para que las
comunidades autónomas no vieran disminuidos sus ingresos por la
negativa evolución del IRPF, fruto de las decisiones del Gobierno. En
tercer lugar, el sistema basado principalmente en el IRPF no había
incrementado de forma sustantiva la corresponsabilidad fiscal de las
comunidades autónomas ni su suficiencia financiera. Por otra parte,
el Gobierno se había comportado con deslealtad fiscal con las
comunidades autónomas, imponiéndoles unilateralmente incrementos de
gasto (ley del menor, inmigración) o reduciéndoles sus ingresos con
modificaciones normativas sobre los tributos cedidos. La cooperación
tributaria entre comunidades autónomas y Estado no había progresado y
las asignaciones de nivelación no se habían llevado a la práctica. Y,
en cuarto lugar, con una importancia decisiva, el sistema de
financiación de las comunidades autónomas no suponía simplemente un
reparto de fondos entre distintas administraciones, sino
esencialmente la forma en que España iba a financiar aspectos tan
decisivos del Estado del bienestar como la sanidad, la educación y
los servicios sociales. No estábamos discutiendo cuánto dinero iba a
gastar una administración u otra, sino cuánto dinero iba a aplicarse
a las políticas definitorias del Estado del bienestar.
En función de esta realidad el PSOE avanzó en su momento un conjunto
de propuestas que perseguían un acuerdo político que integrara a
todas las comunidades autónomas y que permitiera el trazado de un
sistema estable, indefinido en el tiempo y con una actualización
permanente, que atendiera de manera suficiente las necesidades de
todas las comunidades autónomas, las que ganaban población y las que
veían incrementarse sus costes por la dispersión o la menor densidad.
Estas eran básicamente las propuestas del PSOE y del Gobierno. El
PSOE proponía que el sistema se basara en una cesta de impuestos con
las siguientes características: no incremento de la cesión en IRPF,
asignación del impuesto entre comunidades con un tipo único sobre la
base liquidable, incremento de las competencias normativas de las
comunidades autónomas sobre algunas deducciones y cesión a las
comunidades autónomas del mismo porcentaje de las retenciones que los
contribuyentes no declarantes, no contempladas en el sistema vigente.
El Gobierno a su vez planteaba un aumento de la cesión del IRPF en un
primer momento hasta el 40 por ciento y el mantenimiento del actual
sistema, que incrementaba la cesión en los últimos tramos de la
escala, beneficiando a las comunidades autónomas con mayor número de
grandes contribuyentes, sin incrementar las competencias, sus
deducciones. El PSOE defendía
también la cesión de algunos impuestos especiales (electricidad,
medios de transporte, etcétera) con competencias normativas a las
comunidades autónomas, la participación del resto en un porcentaje
significativo y la participación en un porcentaje importante del IVA
-un impuesto que crece por encima de la media-, con el estudio de la
atribución a las comunidades de potestades normativas sobre los
tramos no armonizados de estos impuestos, así como el incremento de
potestades de las comunidades autónomas sobre los impuestos cedidos.
El Gobierno en este punto partía de la participación en un tramo
menor del IVA, entre el 25 y el 30 por ciento, y la participación en
todos los impuestos especiales en un porcentaje similar, sin
potestades normativas, aunque incrementando las capacidades en los
impuestos cedidos. En cuanto a cuestiones distintas al diseño
tributario, el PSOE defendía la asignación a las comunidades de una
cantidad de partida, restricción financiera inicial incrementada en
unos 500.000 millones de pesetas, de tal forma que todas las
comunidades autónomas obtuvieran beneficios sin necesidad de fijar
techos ni suelos y que la financiación de las comunidades reconociera
la población real y su actualización periódica, aunque el coste de
esta fijación se dilatara en varios ejercicios presupuestarios.
Asimismo para los socialistas era fundamental que en la base de
partida se corrigiera la discriminación que habían sufrido en los
últimos años las comunidades autónomas que no firmaron el sistema
vigente, que en las variables en que se repartía la financiación
figurara la pobreza relativa y que se tuviera en cuenta los mayores
costes de la prestación de los servicios de las comunidades autónomas
más despobladas. El Gobierno partía de la restricción financiera
inicial del nuevo sistema que debía ser el último ejercicio liquidado
del anterior, aceptando algún tipo de corrección para las comunidades
autónomas no firmantes. Había otras posiciones diferentes o distantes
entre el Gobierno y el PSOE, que no voy a relatarlas, pero sí voy a
hablar un poco del sistema resultante.
El sistema aprobado supone un punto de consenso importante en su
definición tributaria, subsistiendo importantes desacuerdos en la
financiación de los servicios públicos del Estado del bienestar que
hacían imposible un acuerdo global PSOE-Gobierno, pero que permitían
acuerdos concretos de las comunidades autónomas gobernadas por el
PSOE que garantizaran una financiación aceptable en cada territorio.
Estas son sus bases fundamentales. El sistema se configura a partir
de la cesión a las comunidades autónomas de un 33 por ciento del
impuesto sobre la renta (tramo básicamente similar al anterior, si
incluimos en el mismo los fondos de garantía que desaparecen en el
nuevo modelo) y de los impuestos especiales sobre medios de
transporte, matriculación, electricidad y de la participación de las
comunidades autónomas en un 40 por ciento del resto de los impuestos
especiales y del IVA. La cesión del
IRPF mantiene la proporción en relación con las cuotas, pero
suprimiendo el mayor porcentaje en los tramos más altos de la escala
y amplía las competencias normativas de las comunidades autónomas en
las deducciones por vivienda, así como incorpora la cesión del mismo
porcentaje en las retenciones de los contribuyentes que no hagan
declaraciones. Las capacidades normativas de las comunidades
autónomas crecen en los tributos cedidos, suprimiéndose buena parte
de los límites existentes y aceptando un tipo único en el impuesto
sobre el patrimonio; se reconocen para matriculación y electricidad,
pero no así para el IVA y el resto de los impuestos especiales
participados. El sistema incorpora en pie de igualdad a todas las
comunidades autónomas suprimiendo las discriminaciones de las que no
aceptaron el modelo actual. La restricción financiera inicial se
incrementa en una cantidad de dinero cercana a los 300.000 millones
de pesetas sobre el gasto aplicado en el periodo anterior,
aplicándose variables de reparto que ponderan especialmente la
población, que se actualiza hasta el último indicador conocido, que
se revisará periódicamente, así como los indicadores de consumo que
determinan la participación en IVA y en impuestos especiales.
Se crean dos fondos adicionales, solicitados por el Partido
Socialista, uno de unos 25.000 millones de pesetas para las
comunidades autónomas con menor renta relativa, antes denominadas de
pobreza relativa, del que se benefician las comunidades autónomas que
reciben ingresos del Fondo de Cooperación Internacional; y otro para
las comunidades autónomas con menor densidad de población, del que se
benefician Aragón y Extremadura, ya que no pueden recibir fondos por
ese concepto, y las comunidades autónomas con superficie mayor de
50.000 kilómetros cuadrados, como Castilla y León y Castilla-La
Mancha. Como los recursos adicionales incorporados al sistema son
menores que los necesarios, se hace imprescindible fijar modulaciones
a las comunidades autónomas más beneficiadas por el reparto de
variables (Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Asturias,
Cataluña y Castilla-La Mancha), a las que se fija un tope del 5 por
ciento y un suelo para las perjudicadas por ser inferior su
financiación resultante a la que tenían con anterioridad, que se les
respeta, caso de Castilla y León y Galicia. Fruto de la negociación
con las comunidades autónomas se han introducido excepciones a estas
modulaciones que incrementan los ingresos de Baleares, Asturias,
Extremadura, Andalucía y Canarias. El resultado final, es
satisfactorio para las comunidades autónomas que, fruto de la
eliminación de anteriores discriminaciones de las variables, las
modulaciones y las excepciones, ven crecer su financiación, pero es
poco reconocible en término objetivos. La obstinación del Gobierno en
no incrementar la base de partida, aun dilatando el horizonte
temporal de su repercusión, es en este momento el principal inte
rrogante
sobre la estabilidad del sistema. Los criterios no han sido generales
sino específicos y no han afectado a todas las comunidades autónomas
sino a las que han negociado mejor. A mayor abundamiento el coste
final, no obstante, no se separará mucho del demandado por los
socialistas, eso sí, fruto de la aplicación de un conjunto de reglas
particulares en vez de una regla general aceptada por todos.
En cuanto a los servicios sociales su incorporación al sistema
garantiza una mejor financiación. La asignación de una cantidad
adicional de unos 9.000 millones, vinculada a la determinación del
coste del servicio en función de mayores de 65 años, supone algo
menos de 9.000 millones de pesetas, de los que Cataluña, Andalucía
y la Comunidad Valenciana ven incrementados sus recursos en más de
2.000 millones y Madrid, Canarias y Asturias en cantidades menores.
La sanidad recibe una aportación suplementaria de 73.000 millones que
en función de las variables de insularidad y población mayor de 65
años benefician a Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Galicia, fundamentalmente en cantidades similares. El
sistema introduce la obligación legal de destinar a la financiación
de estos servicios la cantidad definida en el año base, evolucionada
en cada ejercicio en una aplicación puramente retórica, ya que en la
práctica las comunidades autónomas ya destinaban recursos adicionales
a los transferidos para la financiación, quedando sin resolver esas
mayores necesidades en otros territorios sin nuevos fondos.
En cuanto a las asignaciones de nivelación, aunque la formulación del
sistema supone un cierto avance a partir de un indicador reconocido,
superar en tres puntos la media nacional en población escolar o
sanitaria, su aplicación sigue estando al albur de la negociación. El
Fondo de Cooperación Interterritorial tampoco ha permitido un acuerdo
de incremento de su evolución, flexibilizándose únicamente el destino
de los fondos. Tampoco hay, prácticamente, avance alguno en la
participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. En cuanto a la lealtad institucional el
sistema introducido puede ser útil para detectar los conflictos antes
de que se planteen, pero no progresa demasiado en la clave federal
necesaria: Definir un procedimiento real de acuerdo y otorgar un
papel arbitral efectivo al Senado o al Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
En conclusión, el balance final del sistema es el de un claroscuro,
en el que predominan las luces pero siguen estando presentes las
sombras. La aportación de recursos adicionales es satisfactoria para
muchas comunidades autónomas, pero no para todas. La base fiscal de
las comunidades autónomas se amplía, pero su corresponsabilidad
fiscal escasamente. El sistema progresa en autonomía y suficiencia,
pero también incrementa los riesgos de las comunidades autónomas por
la desaparición de garantías. La estabilidad encuentra
nuevos cimientos, pero lo errático en la distribución de fondos
nos anuncia que el proceso de reivindicación continuara. Por tanto,
es labor del Partido Socialista, de los socialistas, progresar sobre
lo obtenido para acabar de formalizar con las propuestas no
incorporadas un auténtico sistema equitativo y estable de
financiación de las comunidades autónomas y del resto de las
administraciones territoriales. Hablo del resto y enlazo con lo que a
juicio del Partido Socialista supone la otra administración.
De la misma manera que en esto he hecho una relación de diferencias,
de acuerdos, de un camino emprendido, ahí sí que no tengo más remedio
que decir que las corporaciones locales son la cenicienta del Estado.
Con las políticas del Gobierno Popular lo son cada vez más, porque en
el año 1985, es decir hace 16 años, se aprueba una ley de
financiación para las corporaciones locales con el consenso de todas
las fuerzas políticas, por lo menos con el consenso dentro de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto es una ley
en la que el Gobierno y la Federación Española de Municipios y
Provincias llegan a un acuerdo y todas las fuerzas políticas la
aceptan. De entonces acá ha pasado mucho tiempo y sobre todo muchas
cosas. El Estado ha producido un efecto descentralizador tremendo; en
aquel momento la situación de participación o de distribución en el
gasto público de cada una de las administraciones estaba
aproximadamente en el 70 por ciento: por encima del 70 por ciento la
Administración central del Estado y las corporaciones locales estaban
alrededor del 14 por ciento en la participación del gasto público.
Hoy, año 2001, las corporaciones locales están en torno al 13 por
ciento. La cifra que me daban ayer era exactamente el 13,5 por
ciento, pero podemos hablar de que estamos en torno al 13,5 por
ciento de la participación en el gasto público del Estado. Somos el
sector local de menor participación de los países de la Unión
Europea, como corporaciones o administraciones locales en el conjunto
del Estado, tanto si buscamos el referente de un país fuertemente
descentralizado, como es Alemania, como si buscamos el perfil de otro
país nada descentralizado como es Francia, me es igual el modelo que
pongamos para llegar a la conclusión de que las corporaciones locales
en España no han participado en ese proceso de descentralización.
Con los presupuestos se incrementa o agudiza esta situación. Por
retomar esta última legislatura del Partido Popular, hablábamos el
año pasado de una congelación, cuando no de un decrecimiento de las
transferencias de los recursos que el Gobierno destinaba al sector
local. En el año 2002 tenemos que reiterar lo mismo: No hay un
incremento, hay una congelación en los principales recursos, como son
el fondo de cooperación y el fondo de transportes, y hay un
decrecimiento en la participación en otros fondos, que son para
corregir desequilibrios financieros, para compensaciones a los
municipios, etcétera. Sistemáticamente
se desatienden todas las reclamaciones de los ayuntamientos, en las
escasas veces en que en el Parlamento se debate sobre el tema del
sector local. Recientemente una proposición de ley en relación con el
IBI de las autopistas de peaje no ha sido tenida en cuenta por parte
del Gobierno. Se ha solicitado reiteradamente por parte de los
ayuntamientos que se incrementen los fondos destinados a la
financiación del transporte colectivo, cuyo aumento ha repercutido
mucho en este sector, teniendo la callada por respuesta. Por otra
parte, los ayuntamientos quiérase o no siguen asumiendo competencias,
a veces porque les son propias y a veces porque es la administración
que está donde está, la más pegada al terreno, la más próxima y no
tiene otro remedio más que acudir porque no hay otras
administraciones que acudan a ella. Me refiero concretamente -ustedes
lo saben muy bien, todos lo sabemos- al propio contingente o
situación específica que se ha producido con los problemas de la
inmigración. La primera administración que ha tenido que dar la cara
han sido los ayuntamientos, sin embargo, para ellos no se contempla
nada. Sí se contempla alguna cosa que al menos me parece un poco
chocante. Se ha puesto en marcha un plan, llamado Plan Greco, para
contemplar las contingencias de la emigración dotado con 30.000
millones de pesetas aproximadamente. Hay una partida destinada a las
corporaciones locales que es de 45 millones de pesetas. Eso es no
tener en cuenta el papel de las corporaciones locales. En definitiva,
las corporaciones locales están cada vez más ahogadas, y
reiteradamente se viene diciendo que se está pendiente de un nuevo
pacto local; sin embargo, hace dos años se hizo un documento al que
el Gobierno inmediatamente tildó de pacto local. Yo digo que no se
trata de pacto local porque un pacto que no contempla ni incremento
de la financiación ni incremento de las competencias que es la
reivindicación real de las corporaciones locales es difícil que se
pueda denominar como tal. Es necesario, en España que se produzca ese
pacto local, pero que se produzca ese pacto Local real. Soy
consciente que la mayor parte de las competencias ya no residen en el
Gobierno sino en las comunidades autónomas. Sí se ha solicitado y se
vuelve a solicitar formalmente al Gobierno que impulse ese pacto
local que haga sentar a las administraciones autonómicas, a las
administraciones locales y a la Administración central para ver cuál
es el lugar razonable de residenciar las competencias, teniendo en
cuenta los compromisos adquiridos por el Gobierno en la Carta Europea
de Autonomía Local, donde se habla con criterios claros del principio
de subsidiariedad, cosa que en nuestro país no se produce.
No sólo eso, sino que determinadas del Gobierno avanzan en dirección
contraria. Ustedes aprueban o ponen en marcha la Ley del suelo que es
una ley que tiene un objetivo. Ustedes dicen vamos a hacer que la
vivienda baje de precio. ¿Cómo? Intentando también que los
ayuntamientos sean un poco paganos de la situación, pese a que ese
suelo público que está en manos de los ayuntamientos les pudiera
servir de elemento regulador del mercado. Enamorados como están del
mercado, dicen: No, aquí lo que vale de verdad es el mercado; se
ponen en manos del amante, le dan todo al amante, le quitan el suelo
a los ayuntamientos con una consecuencia concreta: que el precio de
la vivienda suba el 40 por ciento. Eso es lo que han hecho con Ley
del suelo.
Ponen en marcha una Ley de estabilidad presupuestaria que tuvimos la
ocasión de contemplar en un debate y que digan lo que digan es un
atentado claro contra la autonomía local, también contra la autonomía
de las comunidades autónomas, y tiene visos de inconstitucionalidad;
veremos a ver el recorrido que tiene. En todo caso lo que hace es un
ejercicio tutelador de la Administración central, cuando en España
hay tres administraciones, pero las tres en pie de igualdad, porque
las tres administraciones son autónomas y no hay ninguna que esté por
encima de la otra. El principio de autonomía local debe preservarse
para todos los servicios de su competencia; si no, cuando se incumple
hay otros mecanismos, pero no la tutela por parte de otra
administración.
En relación con la financiación de los entes territoriales -con esto
termino-, se ha perdido una buena ocasión de producir una
financiación de los entes territoriales y ustedes no han tenido a
bien encajar dentro de ella a las corporaciones locales. Se ha
producido un acuerdo con las comunidades autónomas razonable, con
claros y oscuros. No hay absolutamente nada en relación con las
corporaciones locales. Le pido que tengan en cuenta que la
Administración local es una administración muy sensible, que está muy
preparada en nuestro país, que atiende y gestiona perfectamente como
cualquiera del resto de las administraciones públicas. No es
razonable que no hayan avanzado ni un solo paso en dirección a darle
más peso específico a la Administración local en España, porque lo
que han hecho es retrasarla un poco más, ponerla un poco más a la
cola y reitero lo que decía al principio: dentro de un acuerdo
razonable en las comunidades autónomas la cenienta es las
corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Cuando oía al portavoz socialista,
sin conocer su historia política y estando seguro de no equivocarme
he sabido que ha tenido una historia en las administraciones locales,
porque el discurso que ha hecho en su segunda parte bien podía ser un
discurso que también algún miembro de mi grupo político suscribiera
si hubiera
tenido también una historia en la Administración local. Incluso un
miembro de la mesa le miraba sonriente, no precisamente de su
partido. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Que no conste en acta su nombre. (Risas.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Mi grupo ha pedido la comparecencia
del señor Beteta, porque este es un año especial porque junto a la
ley de presupuestos y a la ley de acompañamiento se tramitan tres
leyes: una para modificar la LOFCA, otra para modificar el Fondo de
Compensación Interterritorial y otra para diseñar lo que es el nuevo
sistema de financiación autonómica; tres leyes que van a configurar
un nuevo modelo de financiación autonómica que profundiza en el
Estado de las autonomías que marca y fija la Constitución. En muchas
de las cosas que ha dicho el portavoz socialista estaría plenamente
de acuerdo; si le quitáramos algunos spots publicitarios intermedios
sobre la bonanza del Partido Socialista en este acuerdo y alguna
matización sobre los claro oscuros estaría de acuerdo, porque el
modelo que se trae a esta Cámara ha sido fruto de muchas horas de
reunión a nivel político y fruto de muchas horas de reunión con las
administraciones territoriales. Por eso se ha podido aprobar por
unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiero cuando hay
comunidades autónomas de distintos signo político, algunas aquí
representadas y otras no. Decía que era un año especial porque se da
un paso decisivo. En el presupuesto para el año 2002 las
transferencias a las administraciones autonómicas decrecen un 28 por
ciento y los ingresos no financieros del Estado decrecen también un
18 por ciento, como producto de que las administraciones autonómicas
van a ser menos dependientes de las transferencias estatales y van a
participar más en los ingresos no financieros del Estado.
El Estado de las autonomías que se ha ido construyendo paso a paso
-sobre todo se ha ido construyendo basándose en ceder competencias a
las comunidades autónomas, y el presidente de la Comisión lo conoce
muy bien porque ha participado en muchos de sus pasos- ha tardado
algunos años en ir configurándose y mientras tanto se han ido
aprobando modelos de financiación, que aunque se llamaban definitivos
tenían carácter provisional y carácter quinquenal, cada cinco años se
abría un debate completo sobre el modelo de financiación autonómica.
Una vez casi concluido el proceso de transferencias había que ir a un
modelo definitivo, a un modelo que no necesite que cada cinco años
abramos en canal una negociación hablando de todo, sino un modelo que
configure una estructura básica que permita que las comunidades
autónomas participen en los ingresos del Estado, de acuerdo con las
competencias que tienen asumidas. El Partido Socialista hizo algunas
propuesta y el presidente Zaplana también
hizo una propuesta importante, que se llamó el modelo Zaplana. No voy
hacer publicidad por ser mi circunscripción electoral, pero es
evidente que a lo largo de estos años se ha hablado de cómo debía ser
ese modelo de financiación. Es un modelo que mi grupo siempre ha
entendido que tiene que tener, aparte de la virtud de ser un buen
modelo de financiación, un añadido especial: que se debe hacer con
consenso. Si queremos construir un modelo de futuro, tiene que ser un
modelo de consenso. No puede ser un modelo de un determinado grupo
político cuando está en el gobierno y que rompamos ese sistema de
financiación cuando otro grupo político alcance el gobierno, aunque
sea dentro de muchos años. Lo que estamos definiendo es cómo tiene
que ser la distribución territorial en España, cómo tiene que ser la
distribución de competencias y qué ingresos se tienen que acompañar a
esa distribución de competencias para la financiación autonómica. Por
eso mi grupo valora positivamente el modelo en sí mismo -y coincido
en gran parte con lo que ha dicho el portavoz socialista- y que tenga
una guinda muy especial que es el consenso. Eso nos parece que le
pone la guinda necesaria al pastel para decir: Tenemos un modelo para
años. Lo podrá retocar un grupo político u otro, como se está
hablando de retoques en el modelo de financiación de los länder
alemanes o menos en los estados americanos; se podrá retocar. Lo que
sí es verdad es que tenemos un armazón que puede servir para muchas
décadas.
Es un modelo basado en la solidaridad, en la suficiencia, en la
autonomía y en la corresponsabilidad fiscal. Decía el portavoz
socialista -me parece importante- que es un modelo que hace que las
comunidades autónomas tengan más riesgos. Sí, las administraciones
compartimos riesgos; la Administración central y la administración
autonómica comparten riesgos, esa es la corresponsabilidad fiscal. Si
estableciéramos un modelo sólo en base a garantías y que los riesgos
los corriera sólo una parte, no estaríamos haciendo un modelo que
profundizara en la corresponsabilidad fiscal. Sí, existen más riesgos
para las comunidades autónomas, pero tienen más recursos; vamos a ver
si entre todos ponemos el barco a funcionar y entre todos llevamos el
barco a buen puerto; los riesgos serán menores y las ventajas las
compartiremos. Es un modelo que, lejos de beneficiar a unas
comunidades respecto a otras, beneficia a todas las comunidades, por
eso todas las comunidades han firmado el modelo, porque no daña a las
comunidades con mayor tendencia al crecimiento económico o con mayor
dinamismo económico. No sólo beneficia a esas comunidades, que las
beneficia, sino que para las comunidades que están más alejadas de la
media española establece mecanismos de solidaridad para que se
incorporen a la media española. Es un modelo que hace que todos los
ciudadanos españoles vivan donde vivan puedan tener un nivel de
servicios públicos de calidad y equivalente, sobre todo en lo que
se refiere a la sanidad y a la educación; mejora la suficiencia. Es
un modelo que, en contra de lo que ha pasado en acuerdos anteriores,
añade un plus de financiación, hay un salto cualitativo. No sólo hay
tendencias de que se va a incrementar, sino que en el primer año hay
un salto cualitativo. Da mayor autonomía a las comunidades autónomas.
Podemos hablar de más o menos autonomía, y seguro que discutiremos a
lo largo del trámite parlamentario si determinados impuestos con
menos capacidad normativa habría que cederlos dentro del marco
comunitario. Podemos hablar, por ejemplo, de un impuesto que no
tendría problemas en el marco comunitario, como el impuesto de
matriculación si les diéramos más o menos competencias a las
comunidades autónomas. Lo que pasa es que las comunidades autónomas a
la vez dicen: Tengamos cuidado, no vaya a ser que, si nos dan más
competencias en este impuesto a todas las comunidades autónomas,
alguna que tiene ingresos más garantizados pueda producir una rebaja
del impuesto y se deslocalicen flotas enteras de automóviles y
salgamos perdiendo todos. Se puede hablar de mayor o menor
corresponsabilidad, pero lo que se hace es profundizar. Se mejora, se
les da más competencia. Algunas comunidades autónomas están
anunciando sus presupuestos para el año que viene y ya avanzan más
capacidad normativa en sus propios impuestos, y eso es bueno.
También se les da mayores competencias o mayor participación a las
comunidades autónomas, tanto en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como una nueva vía, que me parece muy interesante, y es la
participación de las comunidades autónomas en los tribunales
económicos administrativos. Me parece muy importante, porque si los
tribunales económicos administrativos, que es una vía administrativa
y no judicial, tienen que decidir sobre impuestos que son competencia
de comunidades autónomas, es lógico que estas tengan alguna
participación en esa vía administrativa. Es una buena medida la que
se adopta en este modelo.
Esa instrumentación de esos principios con la cesión del IRPF, con la
participación en casi todos los impuestos especiales, dejando casi
sólo el impuesto sobre sociedades como única figura tributaria
exclusiva de la Administración central, y que las comunidades
autónomas participen en nueve de las quince figuras tributarias, en
una parte muy importante de las figuras tributarias, me parece
básico. Además las comunidades autónomas van a participar en algunas
figuras tributarias que van a determinar que los ingresos de las
comunidades autónomas dependan de su capacidad de dinamismo económico
y de su población real. Cuando se cede una participación en el IVA,
una participación en impuestos especiales como la gasolina se hace
que los ingresos de las comunidades autónomas dependan de su
población real. Cuando se hace participar a las comunidades autónomas
en impuestos relacionados
con la actividad económica, se está haciendo que las comunidades
autónomas tengan ingresos dependientes de su capacidad de dinamismo.
Además me parece muy importante que hayamos podido construir en el
conjunto de leyes que se han traído a esta Cámara dos fondos de
solidaridad que van a ayudar a ese doble objetivo: por una parte, a
que todos los ciudadanos vivan donde vivan tengan los mismos
servicios básicos de calidad y, por otra parte, a dotar a las
comunidades autónomas con menor capacidad económica en el momento
actual para que los mejoren, los incrementen y los sitúen en la misma
línea que los demás. Mi grupo cree que son tres leyes que construyen
un modelo de financiación muy positivo, que se han hecho con consenso
muy amplio y que van a ayudar a la vertebración de España. Estaba en
nuestro programa electoral y hemos dado el primer paso en el primer
año de legislatura. Hace un año y pocos meses que llegamos al
Gobierno en esta legislatura. Ahora hay que dar un segundo paso, que
es la financiación local. Hubiera sido poner más dificultades a los
acuerdos haber mezclado la financiación autonómica con la
financiación local.
Indudablemente hay que abordar también un nuevo modelo de
financiación local. Sin haber estado en ninguna administración local
-y por tanto sin tener la carga del que sí ha estado, del que ha
tenido responsabilidades en gobiernos locales más cerca de los
ciudadanos, donde hay mayor presión para establecer nuevos servicios-
soy consciente, y mi grupo también, de que hay que abordar un nuevo
modelo de financiación local, que tiene que venir muy unido a lo que
mi grupo político ha prometido, que es la eliminación del IAE para el
90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, así como un nuevo
modelo de financiación del suelo, de tal manera que podamos
contribuir en la medida de lo posible al abaratamiento de la
vivienda, sin perjudicar los ingresos de las corporaciones locales.
Por tanto a lo largo del año 2002 tendremos que avanzar en un nuevo
modelo de financiación local. Tendremos que ver de qué manera podemos
hacer participar también a las administraciones locales en las
grandes figuras tributarias españolas y abordar ese interesante
debate. Al final en España la Constitución marca un Estado con tres
administraciones: la Administración local, la Administración
autonómica y la Administración central. Cada administración tiene que
tener un marco de competencias claro y de ingresos que le permitan
financiar las competencias que tienen asumidas. En ese sentido, es
muy importante que abordemos a lo largo del año 2002 un nuevo modelo
de financiación local. Ese era nuestro compromiso electoral: abordar
primero un nuevo modelo de financiación autonómica y luego hablar del
modelo de financiación local. Ese modelo de financiación local tiene
que ser un buen modelo para los ayuntamientos. Es muy importante que
sea un buen modelo para los ayuntamientos; que él mismo construya un
sistema
que permita que los ayuntamientos financien las competencias que
tienen asumidas, pero además sería muy positivo que ese modelo de
financiación local también se pudiera consensuar a dos niveles: por
una parte, con las fuerzas políticas y, por otra, con las
administraciones locales. Es un buen camino el que el Gobierno haya
empezado negociando con la Federación Española de Municipios y
Provincias y mi grupo -como lo ha hecho con el modelo de financiación
autonómica- se sentará con los responsables del resto de los grupos
políticos, fundamentalmente con el principal grupo de la oposición,
para que al año siguiente podamos también venir a esta Cámara y
darnos besos con un nuevo modelo de financiación local.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene usted la
palabra. No es que le hayan dirigido muchas preguntas concretas sobre
los presupuestos del año que viene, pero tiene usted la palabra a
todos los efectos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, TERRITORIAL Y
COMUNITARIA (Beteta Barrera): Gracias, señores diputados por su
intervención.
Es una situación especialmente significativa para una persona como
yo, que ha servido durante largos años en la Asamblea de Madrid como
diputado, comparecer por primera vez ante las Cortes Generales en el
año largo que llevo desempeñando estas funciones y en un trámite en
el cual observo un grado de conocimiento significativo de las
materias que se están tratando en esta sesión y que, por tanto, puede
producir importantes consecuencias de carácter político y técnico que
van a incidir de modo claro en una mejor financiación de los entes
territoriales, que son tan importantes para el buen funcionamiento de
los servicios públicos en nuestro país.
En relación con las palabras del señor Rodríguez Bolaños del Grupo
Parlamentario Socialista el acuerdo que se llevó a cabo entre el
Gobierno y las comunidades autónomas fue fruto de una postura muy
seria por parte de todos: partidos políticos -tanto los que apoyan al
Gobierno, como Convergencia i Unió y Coalición Canaria, como los que
están en la oposición, como el Partido Socialista Obrero Español- y
comunidades autónomas, que están gobernadas por todos los partidos
políticos. Todos asumieron con fuerza la defensa de ir a un modelo
estable, perdurable en el tiempo, que integrara todos los servicios,
y todos empezamos a trabajar en esta línea huyendo de la búsqueda de
particularismos y buscando algo que sirviera a todos. En
consecuencia, asumimos tesis significativas, como que hubiera que
usar los datos reales de las variables; tesis importantes, como que
había que asumir que todas las comunidades deberían estar en pie de
igualdad a la hora de fijar cuál es la restricción inicial; temas
significativos
como saber que la población es el índice fundamental mediante el
cual se ven las necesidades de gasto de los servicios públicos, pero
sabiendo que hay distintas circunstancias que matizan de modo claro
esta cuestión, como la extensión del territorio, la dispersión o la
insularidad, que son hechos claros que hacen que haya unos costes
diferentes para la prestación de esos servicios públicos, y de ello
deben dimanar algunos matices en cuanto al principio de que debe
repartirse toda la financiación sobre el criterio de la población. De
ahí se derivan diferentes capacidades para las correspondientes
comunidades autónomas. Asumimos principios importantes como saber que
en materia sanitaria no sólo debe regir el criterio de población
protegida -que es absolutamente fundamental-, sino que los mayores de
65 años son los que generan mayor gasto sanitario. A aquellas
comunidades en las que por su estructura de edad se producen esos
mayores incrementos de coste se les reconoce esa financiación
adicional. Igualmente sucede con el tema de la insularidad porque
efectivamente en islas pequeñas tienen derecho a tener un médico y un
anestesista, lo que en una isla de 8.000 habitantes puede suponer
unos gastos muy superiores a los de un ambulatorio en Madrid. Eso se
reconoce también en el modelo de financiación y ha sido fruto del
acuerdo de todas las comunidades y de todos los partidos políticos.
Yo quiero reconocer aquí el modo mediante el que se ha abordado con
rigor, con trabajo y con esfuerzo la financiación autonómica, que
afortunadamente se llevó a cabo con un acuerdo generalizado de todas
las comunidades autónomas.
Decía el señor Rodríguez Bolaños que es un claroscuro. Ciertamente;
si hablamos de las tesis que defendía el Partido Popular también se
han quedado a la mitad del camino, como ha sucedido con algunas del
Partido Socialista, los acuerdos son así. Si uno se hubiera llevado
el cien por cien de sus tesis difícilmente la otra parte podría estar
de acuerdo, sobre todo hablando de las propias comunidades autónomas.
Qué decir de las necesidades que puede tener una comunidad con menos
de 200.000 habitantes con una de 7 millones de habitantes y que, sin
embargo, les rige el mismo sistema de financiación y que además estén
las dos de acuerdo. Evidentemente hay que hacer encaje de bolillos
porque son situaciones, tanto en términos de renta como en términos
de población y en datos físicos, sumamente dispersas y diferentes;
sin embargo, la buena fe negociadora que ha presidido el tema es lo
que ha hecho que se haya podido llegar a este acuerdo que tiene esas
connotaciones que antes se han dicho y que después resaltaré, pero
implica una mayor asunción de riesgos por las comunidades autónomas.
Efectivamente asumen más riesgos porque son mayores de edad las
comunidades autónomas y cuando se es mayor de edad se tienen que
asumir riesgos. Esa capacidad nueva que se les da en materia de
corresponsabilidad fiscal es laque hace que una comunidad autónoma
que requiera
recursos adicionales para la prestación de servicios adicionales
a los vecinos de dicha comunidad autónoma, les requiera para pedir esa
financiación adicional y no tener que recurrir a la Administración
general del Estado como hasta ahora. Ese pacto de lealtad
institucional a través del cual se analizarán las medidas que lleva a
cabo el Estado legislador para ver, tanto en materia de gastos como
de ingresos, cómo se ha incidido en la financiación de las
comunidades autónomas y se lleguen a las correspondientes
consecuencias porque, efectivamente, puede haber medidas que incidan
de modo negativo porque pueden incrementar los gastos o disminuir
ingresos, pero habrá otras que también les incrementen los ingresos.
Por tanto habrá que hacer un estudio como prevé el acuerdo y sacar un
saldo del que se tomen las adecuadas competencias en este orden de
cosas.
En relación con lo que planteaba el señor Rodríguez Bolaños mi
discrepancia es mayor por su valoración sobre la financiación de las
corporaciones locales al definirlas como las cenicientas del Estado.
Con efectos del año 1999 hubo un acuerdo en el que se rehicieron los
tributos, excepto el IAE que es el tema fundamental que ahora mismo
está en cuestión a través de los estudios que se están llevando a
cabo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Se
firmaron ya unos pactos locales en el año 1999 en los que se les
cedió importantes competencias por parte del Estado, competencias de
carácter político e institucional. Bien es cierto -y tiene razón el
señor diputado- que se habla de que las mayores competencias que
deben tener las corporaciones locales ya no pueden partir de la
Administración general del Estado, sino de las propias comunidades
autónomas. Por ello está prevista la fijación de los pactos locales
autonómicos, y ciertamente se está impulsando desde el Gobierno de la
nación, desde el Ministerio de Administraciones Públicas de modo
claro la transferencia, por un lado de competencias y, por otro, como
no puede ser de otra manera, de la financiación adecuada y suficiente
de dichas competencias. Esto debe culminar en un gran pacto
financiero que debe aprobarse el año que viene. Como ustedes saben,
hay funcionando ya una comisión de expertos, tanto de las haciendas
locales como del Ministerio de Hacienda, que tiene como fin, antes de
terminar este año, presumiblemente a finales del próximo mes de
noviembre, emitir un informe donde estén las recomendaciones que
deben llevarse a cabo en cuanto a las modificaciones de la
financiación local. Nosotros esperamos que ese informe, puesto que ya
están los grandes partícipes del mismo presentes, posteriormente sea
analizado, igual que se ha hecho con las comunidades autónomas, tanto
con partidos políticos como con la Federación Española de Municipios
y Provincias, y poder alcanzar ese pacto y ese acuerdo, atendiendo a
incrementar siempre las capacidades de las corporaciones locales
porque, aunque ya tienen un importante
grado de autonomía financiera, se puede avanzar más en esta línea de
trabajo.
En cuanto a su referencia a la ley de estabilidad presupuestaria, no
puedo compartir sus palabras en cuanto a que sea un atentado a la
autonomía local. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente en
diversas sentencias que autonomía no es soberanía; la soberanía
radica en esta casa, que es la casa donde están todos los españoles
representados, y los distintos niveles de Gobierno que existen,
aparte del Gobierno central, desde luego no disponen de soberanía, en
absoluto. Tampoco hay una postura de tutela, porque sería claramente
inconstitucional; lo que hay es un ejercicio de competencia por parte
del Estado en cuanto a la ordenación general de la economía y, en
utilización de esas competencias que dimanan de la propia
Constitución española, se actúa, con el debido respeto de las
competencias que tienen tanto las corporaciones locales como también
las comunidades autónomas. Ya hemos visto cómo en los trámites que se
han llevado a cabo en esta casa se han introducido importantes
enmiendas que creo que han mejorado y enriquecido el texto. Todavía
queda más tramitación parlamentaria en el Senado y luego volverá
a esta casa. En consecuencia, ya se verá qué es lo que se puede
incorporar o no, según decidan los distintos grupos parlamentarios.
Por lo que a mí respecta, entiendo claramente que no se produce en
ningún caso un atentado contra principios constitucionales en lo que
es la ley de estabilidad presupuestaria.
Tampoco comparto su tesis referida a la Ley del Suelo. Es un
principio esencial que tenemos que buscar todos, controlar el precio
de la vivienda. El precio de la vivienda ha ido subiendo a lo largo
de los años de modo muy significativo y uno de los aspectos que está
claro que incide en el precio de la vivienda es el precio del suelo.
Entre todas las fuerzas políticas tenemos que diseñar un sistema
para, junto con el Gobierno, hacer una legislación precisa y
pertinente para que sea una realidad poder abaratar la vivienda. ¿Que
eso se debe hacer a costa de la financiación local? Por supuesto que
no. El objetivo que tiene la financiación local, a través de la
reforma que se está llevando a cabo, es buscar el marco financiero de
modo que se garantice una financiación adecuada y suficiente para que
las importantes competencias que ahora, con la normativa vigente, se
dan a las corporaciones locales las puedan llevar a cabo con
financiación adecuada. Sin embargo, no tiene por qué seguirse los
mismos métodos de financiación que se tienen ahora. Es una tesis que
ya ha asumido incluso el Congreso de los Diputados al solicitar la
supresión del IAE para los pequeños negocios. La supresión del IAE
para los pequeños negocios en ningún caso puede traer como
consecuencia un empeoramiento en la financiación local, porque
entonces los servicios que se prestan serían malos e insuficientes;
lo que hay que buscar es una financiación adecuada y suficiente.
Bien es cierto que también hay dos hechos esenciales en cuanto a la
financiación local, que son los que me hacen a mí decir que nunca es
la cenicienta del Estado. Señor diputado, los últimos cinco años las
corporaciones locales, como subsector, han liquidado sus presupuestos
con superávit; no se puede decir que es un subsector mal financiado,
cuando en cinco años consecutivos liquida sus presupuestos con
superávit. Si analizamos las bandas en las que pueden moverse los
distintos tributos locales en las corporaciones, podemos observar
cómo hay billones de pesetas, no centenares de miles de millones, que
se pueden recaudar adicionalmente; por tanto, tienen capacidad,
dentro de los tributos que ya tienen cedidos las corporaciones
locales, para si quieren prestar servicios adicionales a los
ciudadanos exigirlo a sus bases fiscales. Eso no quiere decir que no
haya que buscar un marco general de la financiación local, pero todos
debemos saber que el IBI tiene una capacidad de crecimiento superior
a la que supondría la desaparición del impuesto de actividades
económicas. Eso es una realidad financiera. La discusión política es
otra. No estoy en absoluto de acuerdo en que la supresión del
impuesto de actividades económicas no tenga una consecuencia; estamos
proponiendo una reordenación general de la financiación local y para
eso hay un grupo de expertos que está trabajando en este orden de
cosas para, como decía el portavoz del Grupo Popular, poder dar
entrada a las corporaciones locales en otras figuras tributarias
generales que ya están siendo compartidas entre la Administración
general del Estado y las comunidades autónomas. Puede parecer
positivo, de hecho hay distintos miembros significativos de la
Federación Española de Municipios y Provincias que están proponiendo
participar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en
el impuesto de hidrocarburos. Esas tesis pueden ser recogidas
y asumidas, y habrá que valorarlas conjuntamente. Desde el punto de
vista de la Administración general del Estado, no puede decirse que
el subsector de las corporaciones locales sea la cenicienta del
Estado. Con cinco años liquidando los presupuestos con superávit, no
se puede calificar a este subsector como cenicienta, ni mucho menos.
En cuanto a las palabras del señor Martínez-Pujalte, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco la
valoración que hace del modelo y del consenso como la guinda que
tiene el modelo. Para nosotros era fundamental pensar que un modelo
que tiene que ser estable en el tiempo tiene que tener como requisito
el consenso porque, si no, ya tendría dentro el propio cáncer de su
caducidad. El consenso es lo que garantiza su estabilidad en el
tiempo y para nosotros es esencial; consenso tanto con las fuerzas
políticas parlamentarias, a pesar de los claroscuros que el portavoz
socialista nos ha anunciado en su intervención, que espero que sean
de verdad más claros que oscuros, como con las comunidades autónomas,
donde, ante la
pluralidad de situaciones, se ha buscado ese mínimo común denominador
que ha hecho que todas ganen y tengan la financiación adecuada y
suficiente para la prestación de los recursos, compartiendo riesgos
con el Estado. Ahora mismo las comunidades autónomas tienen muchas
más figuras que gestionan ellas solas, sin compartir recursos, que
las que tiene la Administración general del Estado, que sólo se ha
reservado dos, que son el impuesto de sociedades y el impuesto sobre
primas de seguros; el resto de las cuestiones están siendo
compartidas. Sin embargo, las comunidades autónomas disponen en su
totalidad de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos
documentados, de sucesiones, etcétera, es decir, los llamados
tributos cedidos clásicos. Ahora han visto incrementadas notablemente
sus capacidades en términos de responsabilidad fiscal, que a su vez
ya habían sido incrementadas en el año 1996 en el anterior modelo de
financiación de las corporaciones locales.
Aparte de ello, está todavía en discusión, tendrá que opinar el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su caso también las
Cortes Generales, qué va a ocurrir con los impuestos de electricidad
y matriculación, como muy bien decía el señor diputado. Al final,
pedirán competencias en gestión, en capacidad normativa, porque esa
decisión, si tienen ya competencias en gestión, altera el fondo de
suficiencia que está ya fijado, porque recaudarían ellas directamente
a los ciudadanos las correspondientes cantidades. Por lo tanto, las
cifras previstas en el fondo de suficiencia tendrían una alteración.
Si tienen capacidad sobre los tipos se pude producir el fenómeno que
indicaba el señor diputado, que alguna comunidad que tuviera un
sistema de financiación diferente al de las comunidades autónomas de
régimen común podría optar por una bajada en los tipos y en
consecuencia producir un determinado fenómeno de deslocalización. La
posibilidad puede ser dar capacidad sólo para subir y no para bajar.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de que los trámites
lleguen al Senado, tendrá que reunirse y decidir, y después, esas
recomendaciones políticas que haga el Consejo de Política Fiscal y
Financiera se trasladarían, en su caso, a los grupos parlamentarios,
al objeto de que hicieran las correspondientes modificaciones, si así
lo entienden oportuno, en los textos de las tres leyes que están
tramitándose en estos momentos.
Hay asuntos muy significativos, como que se ha incrementado
sustancialmente la presencia en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Hay que decir que la agencia trabaja, en
una parte muy importante, para las comunidades autónomas. Cómo no iba
a participar en el órgano de dirección de la agencia cuando hablamos
ya del 33 por ciento del IRPF, del 35 por ciento del IVA y del 40 por
ciento de los impuestos especiales. Está trabajando la agencia para
las comunidades autónomas y por lo tanto tienen que participar en la
toma de decisiones de la misma. Como bien decía el
señor diputado, esa participación en los tribunales económico-
administrativos es lo que hace que se acerque la realidad regional a
dichos órganos.
En lo referente a la financiación local, quiero decirle que la
voluntad del Gobierno es llegar a esos acuerdos, como antes indiqué
en mi contestación al señor diputado socialista, tanto con los grupo
parlamentarios como con la Federación Española de Municipios y
Provincias. Efectivamente, tenemos la idea clara de que hay que
eliminar el IAE para el 90 por ciento de los pequeños negocios, que
es un compromiso electoral y una decisión de esta Cámara. Tenemos la
obligación, también, de ir al abaratamiento del suelo sin perjudicar
la financiación local, y tenemos la tesis de que puedan participar
las corporaciones locales en las grandes figuras tributarias.
Yo creo que el mejor modelo para los ayuntamientos es el que sea
fruto de un acuerdo general con la FEMP y con los partidos políticos,
que adecue su nivel de financiación a las competencias que tengan
asumidas y que les pueda seguir permitiendo el liquidar sus
presupuestos con superávit por sexto, séptimo, octavo, noveno
o décimo año consecutivo. Antes de los últimos cinco años si que
liquidaban sus presupuestos con déficit, pero cinco años seguidos
después de la última reforma no ha sucedido así, y yo creo que es una
buena sensación. Aparte de las cuestiones que estamos llevando
a cabo, tenemos otros retos importantes como la renovación del
concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco que,
como saben ustedes, vence el 31 de diciembre de este año -las
conversaciones ya están avanzadas y esperamos llegar a un texto que
pueda tramitarse como proyecto de ley ante las Cortes Generales- y,
al mismo tiempo, la actualización del convenio con Navarra que,
aunque no tiene fecha de caducidad, también se están llevando a cabo
los trabajos técnicos previos para poderlo someter ante sus señorías.
Termino simplemente agradeciendo la comparecencia y pasando al tema
más importante, que es el de las comunidades autónomas. Pasar del 26
por ciento al 49 por ciento en el actual modelo de financiación de
comunidades autónomas y pasar ahora del 49 por ciento al 69 por
ciento en los recursos autónomos que tienen las comunidades
autónomas, quiere decir que en un período de cinco años se ha
multiplicado por tres el grado de recursos autónomos que tienen las
comunidades autónomas. Esa es quizá la mayor fuerza, la
corresponsabilidad fiscal, que junto con los otros principios
esenciales de solidaridad, suficiencia, integración de todos los
servicios y estabilidad puede producir esa reforma, que yo sé que a
ustedes les está complicando la tramitación de los presupuestos de
este año, porque es difícil comparar los presupuestos del año 2002
con los de 2001 por el diferente método de contabilización, porque
desaparecen transferencias por un lado y al mismo tiempo se dan de
baja ingresos. El año que
viene me temo que también va a ser complicado, porque hay 10
comunidades autónomas que previsiblemente recibirán la transferencia
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y por lo tanto se
volverá a producir otra vez el fenómeno de nuevas bajas en ingresos,
nuevas minoraciones de transferencias en la sección del Ministerio de
Sanidad. Pasado ya este período, entraremos en una fase de normalidad
donde se pueda verificar por todos cómo, producida la primera
liquidación del sistema que nacerá en el año 2002, ha sido un éxito
que ha redundado, como decía el señor diputado del grupo socialista y
que el Gobierno nunca ha olvidado, en que detrás de la financiación
de las administraciones territoriales está la financiación de los
servicios del Estado del bienestar, en especial la educación, la
sanidad y los servicios sociales que demandan nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: En un breve turno de réplica, tiene la palabra
el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Sólo quiero hacer un par de precisiones
que me parecen importantes, porque usted decía que los ayuntamientos
españoles no están tan mal, que tienen una capacidad de crecimiento,
etcétera. Es verdad, el panorama del municipalismo español es muy
amplio, hay quien tiene capacidad de crecimiento, hay quien lo ha
agotado. Debería estar conmigo en que la situación de los
ayuntamientos españoles no es nada buena. Le voy a poner un ejemplo:
en el año 1979, nuestro país era centralista. La participación en el
gasto público de las corporaciones locales en este país centralista
era del 11 por ciento. ¿ Sabe en cuanto estamos hoy? Han pasado
muchas cosas, somos un país muy descentralizado, pero han crecido del
11 al 13 por ciento. Esa es la descentralización que se ha producido
a favor de las comunidades autónomas. ¿Recuerda el objetivo aquel de
descentralización del 50 al 25, 25? Pues ahora se ha producido al 50,
37,13. No me parece que sea razonable. ¿ Por qué era una buena
oportunidad hacerlo cuando se aborda la financiación de las
comunidades autónomas? Yo sé, señor Martínez-Pujalte que esto es
mucho más complicado, pero usted estará conmigo en que al final hay
una bolsa a repartir entre tres; si empiezan dos a discutir y llegan
a un acuerdo es que han tenido que soltar y cuando llega el tercero
ya no queda. ¿ Me entiende? Esas cosas no están bien porque el
tercero siempre está el último y al último le queda menos que a los
demás.
En cuanto al impuesto de actividades económicas al que usted ha hecho
referencia, me hace gracia que lo haga seis años después de su
anuncio, porque no ha sido al principio de esta legislatura, señor
MartínezPujalte, fue al principio de la anterior legislatura cuando
el señor Aznar, en campaña electoral, dijo: suprimiremos el impuesto
de actividades económicas. No
hablaba de compensar, decía suprimir. Todos nos quedamos asustados al
hablar de suprimir. No se ha producido en la anterior legislatura y
ustedes ahora anuncian que lo van a hacer. Nosotros hemos puesto en
marcha una proposición de ley para que, hasta que se produzca ese
acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, al menos surta
el efecto que ustedes dicen, que es que no perjudique a la pequeña y
mediana empresa. Veremos si nos acompañan en la propuesta y si tendrá
efectos inmediatos.
Termino comentándole lo de los pactos. A mí me parece que los pactos
deben ser pactos. Usted hacía referencia al acuerdo de 1999; este es
un acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y
Provincias, y solamente el Partido Popular está de acuerdo con ese
acuerdo, valga la redundancia. Es decir, el acuerdo de 1999 es un
acuerdo del PP con el PP. No me diga usted que ese es un buen
acuerdo, porque cuando en el seno de la Federación Española de
Municipios y Provincias están todos en desacuerdo menos el PP, hacen
un acuerdo del PP con el PP. No me parece un buen acuerdo y ese no es
el camino. No echemos balones fuera diciendo que las competencias
están en manos de las comunidades autónomas. Muchas sí, no todas,
todavía tiene el Estado capacidad no sólo en competencias sino en
financiación. Vamos a ver si somos capaces, cuando se esté negociando
la financiación de las corporaciones locales, de ver qué ha pasado en
el período de legislatura del PP, en este y en el anterior. Ha habido
un crecimiento importante, el Estado ha crecido mucho y ha habido
muchos ingresos hasta el punto de que el Estado ha podido permitirse
el lujo de rebajar sus impuestos, cosa que los ayuntamientos no han
podido hacer. En estas negociaciones las comunidades autónomas han
crecido mucho, supongo que habrá algo que recoger de todo este
período de bonanza económica a favor de las corporaciones locales. No
nos digan que esto es cosa de las comunidades autónomas y que el
Estado ya ha dado todo lo que tenía que dar, porque eso es, una vez
más, una trampa para las corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me ha parecido muy bien la
intervención del señor Beteta. Me parece que estamos ante un buen
modelo de financiación autonómica, que es un modelo que va a permitir
dar estabilidad al Estado de las autonomías con el tiempo. Decía yo
anteriormente que había 15 grandes impuestos y que de estos 15
grandes impuestos del Estado, las comunidades autónomas tenían, hasta
el 1 de enero de 2002, atribuidos cuatro y en uno participaban;
tenían sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, el juego, patrimonio, y participaban en el
IRPF. A partir del año 2002, van a tener en exclusiva para ellos
matriculación
y electricidad, que ya he mencionado, y además van a
participar en el 40 por ciento en hidrocarburos, bebidas y tabaco, en
el 35 por ciento del IVA y en el 33 por ciento del IRPF. Se da un
avance espectacular en la no dependencia de las comunidades autónomas
en las transferencias del Estado, y eso me parece muy positivo.
Decía el señor Rodríguez Bolaños que entonces el tercero en
discordia, que tiene dos impuestos ahora mismo, el IAE y el IBI,
entra en un momento posterior de la negociación, cuando ya todo está
repartido. No se trata, en nuestra opinión, de repartir nada; se
trata de construir un modelo de Estado con tres administraciones,
y si hacemos las cosas paso a paso, con consenso y con capacidad de
diálogo, yo creo que vamos a construir un modelo positivo.
Indudablemente, el Estado, la Administración central y el Gobierno de
España tendrán mucho que hacer en la negociación con las
corporaciones locales, pero las comunidades autónomas también tendrán
algo que decir, porque si no, podemos construir un modelo según el
cual las comunidades autónomas asuman competencias que por el
principio de subsidiariedad podrían asumir las corporaciones locales;
por eso algo tienen también que decir las comunidades autónomas. Por
tanto, yo creo que es una negociación que tiene un calendario
posterior.
Yo quiero anunciar hoy aquí que mi grupo va a aprobar, cuando se
acabe la tramitación de los presupuestos, un modelo de financiación
que esperamos que concluya con un gran consenso y desde luego vamos a
abordar el nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales
con voluntad de consenso, como hemos venido haciéndolo en el actual,
porque nos parece -y creo que el señor Beteta tenía mucha razón en
esto- que cuando se pretende que un modelo sea estable en el tiempo,
hay que hacerlo con el mayor grado de consenso posible, y nuestro
grupo va a abordarlo en ese sentido. Creo que las corporaciones
locales no es el tercero en discordia. Las corporaciones locales dan
servicios muy importantes, tienen competencias muy importantes y hay
que hacerlas participar de los 15 grandes tributos del Estado y
también de esas fuentes de financiación. Como decía el señor Beteta,
las comunidades autónomas han alcanzado la mayoría de edad. Las
corporaciones locales hace tiempo que tienen menos dependencia de las
transferencias del Estado que las comunidades autónomas. Desde
siempre han tenido mayor corresponsabilidad en el IBI y en el IAE; de
hecho, algunos ayuntamientos han tenido problemas en el uso de esa
corresponsabilidad con cuestiones como catastrazos. Yo creo que lo
que hay que hacer es seguir avanzando en un modelo lógico, haciendo
participar a las corporaciones locales en algunas de estas grandes
figuras tributarias, y en la distribución de competencias las
comunidades autónomas también tendrán algo que decir, porque por el
principio de subsidiariedadno podemos bajar de la Administración
central a la
autonómica y quedarnos ahí, sino que tenemos que seguir descendiendo
en algunas competencias hacia las administraciones locales, que es lo
más cercano a los ciudadanos, y desde luego mi grupo lo va a abordar
en ese sentido.
Creo que es muy positivo, señor Beteta, que este año tengamos estas
tres leyes en el Parlamento y que se hayan traído con un voto unánime
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Me parece
importantísimo y me parece que a partir de aquí vamos a trabajar
también en el modelo de corporaciones locales suprimiendo el IAE.
Nuestro grupo político ya sabe, señor Rodríguez Bolaños, que tiene un
lema que es bajar impuestos, y vamos a seguir bajando impuestos, todo
por su orden y paso a paso.
El señor PRESIDENTE: Señor Beteta, para concluir su comparecencia,
tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, TERRITORIAL Y
COMUNITARIA (Beteta Barrera): En respuesta a las preguntas del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, he de decirle que,
efectivamente, en el período 1989-1990 hacia acá, las corporaciones
locales han aumentado poco su nivel de competencia y donde ha habido
un esfuerzo de traspasos ha sido desde la Administración del Estado
a las comunidades autónomas. Yo creo que ha llegado el momento en el
cual sean las comunidades autónomas las que tengan, aplicando el
principio de subsidiariedad, que pasar competencias a las
corporaciones locales. ¿Por qué no estaban pasando competencias las
comunidades autónomas a las corporaciones locales? Precisamente
porque desconocían cuál era su sistema de financiación, y cuando una
comunidad autónoma va a traspasar una competencia a una corporación
local quiere saber cuáles son sus recursos estables en el tiempo para
poder financiar esa competencia que va a ceder a la corporación
local. Por eso yo creo que ahora es el momento, una vez que las
comunidades autónomas ya conocen cuál es su sistema estable de
financiación, de plantear, cada una sectorialmente en su Parlamento
regional, el paquete de competencias que se tiene que ceder desde la
comunidad autónoma a la corporación local y el método de financiación
que tiene que seguir para garantizar la suficiencia financiera de la
corporación local cuando reciba la citada competencia, con un índice
de evolución también razonable de los citados recursos para que no
sólo sea financiable en el momento inicial la transferencia que se
haga, sino también a lo largo del tiempo. Yo creo que ese es el reto:
tiene que haber un impulso político por parte del Gobierno de la
nación, del Ministerio de Administraciones Públicas y, por supuesto,
de esta Cámara y de los partidos políticos, porque a fin de cuentas
son los partidos políticos los que están configurando los órganos de
gobierno de
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y por lo
tanto, puestos todos de acuerdo, no debería haber mayor cuestión.
Además, en este proceso podremos evitar duplicidades de gasto que
ahora se están produciendo, porque ahora mismo, como muy bien decía
el señor diputado, las comunidades autónomas a lo mejor no prestan un
servicio público suficiente a juicio de un municipio, y ese municipio
lo complementa, aunque no tenga una obligación legal establecida de
prestar ese servicio público. Cuando ya sea competencia de esa
administración local, se suprime esa duplicidad y habrá una mayor
eficacia en el gasto público.
Por eso -y con esto termino- yo creo que el objetivo que debería
fijarse el Gobierno, y sobre el que está trabajando en la comisión de
expertos, es la búsqueda de una financiación adecuada y suficiente
para la prestación de los servicios públicos que tienen las
corporaciones locales, sabiendo que ahora las comunidades autónomas
ya lo tienen y que por lo tanto aquellos servicios que vayan a
traspasar van a poder ir suficientemente financiados.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Beteta. Queda, con sus
palabras, finalizada esta su primera comparecencia como secretario
general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria ante la
Comisión de Presupuestos. Le damos la bienvenida y le esperamos en
sucesivas ocasiones.
Suspendemos la sesión por unos segundos para dar comienzo a la
comparecencia del presidente del CIS.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
(CIS) (MONTORO ROMERO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA (Número de expediente 212/000666)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número de
expediente 212/000792)
- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA PRESIDENCIA
ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR (Número de expediente 212/000793)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión de la Comisión de
Presupuestos.
Antes de iniciar la comparecencia del presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas, señor Montoro, les quiero informar que
el Grupo Parlamentario Popular, que había solicitado la comparecencia
del presidente del consejo de administración del Patrimonio Nacional
y del director del Comité Organizador de la
Presidencia Española de la Unión Europea, ha presentado esta mañana,
a primera hora, en el Registro, un escrito solicitando la retirada de
ambas solicitudes. Por lo tanto, con la comparecencia del señor
Montoro quedará concluida la sesión de la mañana, y pendiente para
esta tarde, a las cuatro y media, la comparecencia del secretario de
Estado de Seguridad Social.
El señor Montoro ya estuvo aquí el año anterior en un trámite similar
al que va a dar comienzo ahora mismo, por lo tanto conoce el
procedimiento que seguimos. En primer lugar, daré la palabra a los
portavoces de los grupos, a continuación, el señor Montoro responderá
a las preguntas o a las peticiones de aclaración que le sean
dirigidas.
Tiene la palabra, en nombre Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Buenos días, señor Montoro, y bienvenido
nuevamente a este Congreso de los Diputados en esta su tercera
comparecencia si contamos la comparecencia que tuvo en la Comisión
Constitucional.
Voy a hacer un intento de análisis de alguno de los elementos de los
presupuestos en una primera parte de mi intervención, unas
reflexiones a la luz del proyecto de presupuestos, y alguna pregunta,
para en un segundo momento hacer algunas reflexiones, algunas
menciones a cuestiones que van más allá del proyecto presupuestario,
pero que en su caso podrían condicionar el presupuesto del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Como recordaba ahora mismo el
presidente de la Comisión, señor Montoro, esta es su segunda
comparecencia en esta Comisión de Presupuestos, es su segundo
presupuesto, que aparentemente es idéntico al presupuesto de 2001,
salvo esta pequeña complicación que hemos tenido todos este año,
sobre todo los que no somos muy dados en la materia de los números,
de ir multiplicando por 166,380, para poder comparar el 2002 con el
2001...
El señor PRESIDENTE: Dividiendo.
El señor MARCET I MORERA: Depende de si se multiplican los euros de
este año o dividimos las pesetas del año pasado, señor presidente.
Aparentemente, decía, es idéntico, aunque hay algunas pequeñas
diferencias a las que ahora me referiré, pero la memoria del programa
542.B, del presupuesto de 2002, esta sí es idéntica a la del
presupuesto de 2001, yo casi diría que se repiten las palabras, los
puntos y las comas. Señor Montoro, le pediría que en próximos
ejercicios se esforzaran un poquito más en la literatura
presupuestaria, donde deberíamos enterarnos del porqué de las
diversas partidas y de los cambios que se introducen, y se
introdujera alguna variación.
Si nos atenemos a esta parte literaria de la memoria, la que
justifica de alguna forma los gastos que se presupuestan,
las únicas diferencias están en el apartado de objetivos e
indicadores de seguimiento, y aquí estaría alguna de mis primeras
cuestiones. Cuando se compara el apartado de encuestas y sondeos
realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas con red de
campo propio, se nota y se ve que entre el presupuestado y el
ejecutado hay algunas diferencias, pero me gustaría saber por qué
esta previsión, en el año 2002, de 36 encuestas, en qué se basa la
previsión, siendo conscientes, como luego me volveré a referir a
ello, de que el año 2002, en principio, no es un año electoral. Quizá
la diferencia más importante, la que más me ha llamado la atención,
es la diferencia que se observa en los indicadores referidos a las
publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas. Vemos que
aparecen unas nuevas publicaciones, luego no justificadas. Sería
bueno que nos lo explicara. A mí me parece bien que haya nuevas
publicaciones. Esta nueva publicación, el Spanish journal of
sociology, tiene previstos dos números para el año 2002, pero
desaparecen o descienden algunas otras publicaciones. ¿Por qué
desaparece el boletín de datos de opinión, o las publicaciones fuera
de colección, o por qué desciende la adquisición de derechos de
edición?
En cualquier caso, señor Montoro, al hilo de este tema de las
publicaciones, quiero resaltar que me sorprende que aparentemente, a
no ser que usted me desmienta, el CIS continúa sin responsable de
publicaciones. Aquí tenemos un problema, señor Montoro, se lo dije en
la comparecencia que tuvimos en la Comisión Constitucional, porque
usted nombró un responsable de publicaciones, un prestigioso
catedrático, don Rafael del Águila, que dimitió a los pocos meses por
discrepancias aparentemente con la línea seguida. Cuando acudimos a
la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas, aparecen
todos los directores de los diversos departamentos, pero el
departamento de publicaciones y fomento a la investigación, un
departamento nada despreciable, continúa sin director. Usted me dirá
qué es lo que ocurre en este departamento, porque aparecen nuevas
publicaciones, y, como digo, me parece bien, desaparecen otras, no sé
por qué, no nos viene indicado en la literatura de la memoria, a la
que, insisto, deberíamos atenernos un poco más para saber dónde nos
movemos, y aquí aparece un pequeño problema. De pasada, le recuerdo,
señor Montoro, lo que le dije en la Comisión Constitucional, no sé si
antes o después de la sesión de la Comisión, y es que sería bueno que
los miembros de la Comisión Constitucional tuviéramos noticia física,
es decir, nos hicieran llegar las principales publicaciones del
centro, porque así tendríamos también un mayor conocimiento de los
trabajos que se realizan.
En cuanto al proyecto de presupuestos propiamente dicho, yo creo que
las variaciones porcentuales en el ejercicio de 2002 respecto a 2001
no son muy relevantes,excepto en el capítulo 6, de inversiones
reales,
donde se duplica el concepto 620, inversiones nuevas asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios. Me gustaría que explicara
también a qué es debido este incremento. Insisto en que si la memoria
fuese más explícita nos ahorraríamos la pregunta, porque este
incremento prácticamente duplica esta inversión. Me imagino que debe
tratarse de reposición de material informático, pero ya me explicará
usted a qué se refiere. Esto en cuanto al presupuestos de gastos, en
el que prácticamente no hay variaciones y no tenemos mucho que decir,
salvo lo que en la segunda parte de mi intervención podamos
reflexionar.
En cuanto al presupuesto de ingresos, hay un incremento de un 20 por
ciento en el capítulo de ingresos procedentes de prestación de
servicios. Quería que nos explicara este incremento, puesto que se
pasa -ya empezamos con el lío de las pesetas y los euros- de una
previsión de ingresos que había en el año 2001...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado, ¿puede repetir el
capítulo al que se refiere?
El señor MARCET I MORERA: Me refiero al capítulo de ingresos,
procedentes de prestación de servicios, que es el capítulo 3,
artículo 2, el primer elemento que hay dentro del presupuesto de
ingresos. Digo que se pasa de una previsión de 57 millones de
pesetas, en el año 2001, a 71 millones de pesetas, 428.000 euros. Me
disculparán si alguna denominación no es correcta, porque ya no sé
dónde estoy cuando estoy hablando de miles de euros o de millones de
pesetas, pero el señor Montoro entenderá perfectamente cuál es el
objeto de mi pregunta, que es este incremento de aproximadamente un
20 por ciento en este capítulo.
En segundo lugar, y también relativo al presupuesto de ingresos,
volvemos al remanente de tesorería. Estamos en el mismo sitio que en
el presupuesto del año 2001. El importe del remanente de tesorería
continúa siendo igual al que se aportó del año 2000 al 2001: 919.000
euros, es decir, 153 millones de pesetas. El año pasado, en una
prolija exposición -me he leído su comparecencia del año pasado para
informarme qué dijo sobre este particular-, justificó este recurso al
remanente de tesorería por tratarse de un año electoral.
Efectivamente, el año 2001 era un año electoral, había elecciones a
la vista -efectivamente ha habido elecciones vascas, va a haber
elecciones gallegas- pero el 2002 no lo es y se repite el recurso
exactamente en la misma cantidad a dicho remanente. ¿Cómo explica,
señor Montoro, este hecho?
Más allá del proyecto de presupuesto concreto, pero no al margen de
este, quisiera exponer algunos extremos que en su caso condicionarían
en buena parte el presente o futuros presupuestos del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Quisiera exponer ante la Comisión de
Presupuestos, y aprovechando la comparencia
del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que el
criterio del Grupo Socialista es que el Centro de Investigaciones
Sociológicas debería tener una mayor vinculación al Parlamento, que
este organismo autónomo debería convertirse en un organismo público
mucho más vinculado al Parlamento. Esto debería implicar una nueva y
mejor relación y conocimiento por parte de las Cortes Generales de
las actividades de todos y cada uno de los trabajos que realiza y que
desarrolla el CIS, y adecuar también el conocimiento que diputados y
senadores tienen de los trabajos realizados por el centro a una nueva
realidad tecnológica. El hecho de que nos vayan llegando, cuando
llegan -y luego haré alguna referencia-, en soporte papel las
demandas que se les realizan o los barómetros que periódicamente
presentan está bien como primera aportación, pero ya podrían hacernos
llegar muchos más datos, en otros soportes, que nos serían mucho más
útiles. ¿Cuál es el objetivo que queremos conseguir con una mayor
vinculación al Parlamento en muchos aspectos, con una nueva y mejor
relación por parte de las Cortes Generales con las actividades del
centro, que la tenemos plasmada en una proposición de ley que han
firmado diversos grupos parlamentarios, que algún día entrará en el
orden del día del Pleno y podremos discutir entre todos? El primer y
principal objetivo es desvincular al CIS del Gobierno y, en
consecuencia, impedir su manipulación, como venimos denunciando, por
parte del Gobierno, que es soportada por parte de la dirección del
centro. Esperemos, señor Montoro, que en los próximos días no se
reproduzcan los desgraciados episodios de las encuestas
preelectorales del País Vasco con referencia a las elecciones
gallegas y esperemos que antes del domingo tengamos algún
conocimiento. Me parece que hoy mismo o mañana tendremos noticia de
alguna encuesta y sería bueno.
Nuestro objetivo es incrementar la dependencia parlamentaria,
desvincular políticamente al CIS del Gobierno e implementar una mayor
y mejor aportación de datos de los trabajos realizados por el CIS.
Esto implicaría revisar los planteamientos presupuestarios que
estamos analizando en esta comparecencia, porque necesitaríamos una
dotación algo mayor en algunos aspectos, para que se pudiera hacer
frente a esta mayor demanda de datos por parte de las Cortes
Generales, pero sería muy bueno que esto se produjera de esta forma.
Sirva esta reflexión para poner de manifiesto nuevamente la
preocupación del Grupo Socialista no sobre el funcionamiento técnico
y profesional del CIS, que, como sabe, nos merece todo nuestro
respeto y nos parece más que correcto, sino sobre el funcionamiento
de su estructura de dirección, sobre lo que algunas veces debemos
calificar como burdas manipulaciones que realiza el Gobierno sobre
sus trabajos.
Le voy a poner un ejemplo reciente, señor Montoro. Cuando estaba
preparando estos datos el viernes pasado
en Barcelona, leo con absoluta perplejidad una noticia en La
Vanguardia, del día 5 de octubre de 2001: Aval al control estatal.
Según el CIS -dice la noticia firmada por una periodista que tiene su
actividad en este Congreso de los Diputados-, la mayoría de españoles
quiere que el Gobierno actúe en caso de que las autonomías se
endeuden, pero, en cambio, están a favor de que las comunidades
gasten más en detrimento de la Administración del Estado. Estas son
las principales conclusiones de una encuesta realizada por el Centro
de Investigaciones Sociológicas. ¿Se trata de que el Gobierno le ha
pedido que avale su ley de estabilidad presupuestaria, señor Montoro?
Como esta es una ley controvertida y hay confrontación entre el
Gobierno y la oposición, entre el Gobierno y sus propios socios de
mayoría parlamentaria de algún grupo nacionalista, ¿le ha pedido el
Gobierno que haga una encuesta sobre cómo ven los españoles la ley de
estabilidad presupuestaria? ¿Pueden opinar los españoles en una
encuesta sobre la ley de estabilidad presupuestaria sin conocer el
alcance de la misma? Señor Montoro, da toda la impresión de que
estamos nuevamente ante un episodio de intromisión del Gobierno en
los buenos trabajos que habitualmente realiza el CIS y sobre los que,
repito, que desde el punto de vista profesional y técnico, no tenemos
la más mínima queja. Son estos aspectos los que nos han llevado a
realizar esta reflexión sobre cuál es el alcance que, a nuestro
entender, debería tener la relación entre el CIS y estas Cortes
Generales, Congreso y Senado. Sin duda esto tendría una trascendencia
presupuestaria más allá de lo que hoy le he planteado respecto a los
presupuestos que su organismo autónomo ha presentado a este Congreso
de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Montoro su presencia en esta Comisión. A mi grupo parlamentario no le
importa en absoluto que repita usted la literatura de introducciones
y objetivos de un organismo si ello responde a una política
coherente, como es el caso.
Efectivamente, entrando en lo que es materia presupuestaria, creo que
es un buen presupuesto. Es un presupuesto netamente inversor, sobre
todo pensando en lo que implica el capítulo 6, que se incrementa un
57 por ciento; aunque en todo caso estamos hablando de cifras
menores, de cifras reducidas, sí es verdad que ese incremento ya
denota algo. Ahí iría mi primera pregunta: ¿cuál es el detalle de
incrementar tanto el capítulo 6? Lógicamente, en todo presupuesto
parece obvio que siempre es más interesante que se incremente mucho
el capítulo 6 y no se incremente tanto el capítulo 1 o el capítulo 2.
Por tanto, el hecho de que se haya incrementado tanto el capítulo 6
denota una política
determinada que me gustaría conocer. Desde mi grupo queremos que
usted nos conteste a qué responde ese fuerte incremento este año.
Debo añadir, al hilo de lo que se ha manifestado sobre todo por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, algunas reflexiones
desde nuestro grupo que queremos dejarle patente. Nosotros tenemos
una magnífica opinión del trabajo que realiza el CIS, y cuando nos
referimos al trabajo estamos hablando de todo el trabajo, de todos
los objetivos que se van cumpliendo cada año por parte del CIS, no de
una parte o de otra, tampoco de lo que habitualmente sale al exterior
cuando se dice que se manipulan los datos, cuando se dicen que se dan
datos falseados. Ustedes dan los datos tal y como salen y luego, a
partir de ahí, cada uno hacemos nuestras interpretaciones, incluidos
los propios medios de comunicación. Por tanto, en este tipo de cosas
es muy fácil descalificar el trabajo de un organismo y de paso
descalificar la labor del Gobierno del que depende ese organismo. Lo
que pasa es que me sorprende que ahora, precisamente en este momento,
en este año, se pretenda que el CIS pase a tener mayor dependencia
del Parlamento para que no se manipule ahora por el Gobierno. La
verdad es que podríamos haber hecho esa misma afirmación, en esta
Comisión o en otra, respecto del CIS en los años 1982, 1984, 1988 o
en 1990. Pero no, en esos años no había ningún tipo de manipulación,
los datos no se falseaban y es ahora cuando el CIS tiene que pasar a
depender más del Parlamento y menos del Gobierno, que es el que, al
final, parece que falsea esos datos. Creo que en estas cuestiones
debemos ser bastantes serios. Después de 14 años, pretender que
ahora, precisamente, pase a depender más del Parlamento y menos del
Gobierno, me parece un poco sorprendente, salvo que en todos aquellos
años nunca se hubieran manipulado los datos, nunca se hubiera
falseado nada, nunca se hubiera hecho una política subjetiva del
tratamiento de los datos del CIS. Desde el año 1996, esos datos se
falsean, se favorece al Gobierno con los datos, se hace manipulación,
falseamientos, etcétera. En este tema hay que ser objetivos. (El
señor vicepresidente, Sanz Palacios, ocupa la presidencia.)
Debemos decir que el CIS tiene unos profesionales serios, los tenía
antes y los tiene ahora. En mi opinión, antes realizaba un buen
trabajo y también ahora. Otra cuestión es la interpretación que
queramos dar a los datos que cocina y elabora el CIS, cuyas encuestas
se realizan de forma objetiva, de forma generalizada. En ese sentido
sí me gustaría felicitarles a ustedes porque realizan un buen
trabajo, porque los datos que dan son unos datos objetivos que sirven
a la sociedad, y, el dinero que cuesta el CIS -que es un dinero
realmente escaso - creo que está bien empleado. En ese sentido, el
trabajo que antes realizaba y que ahora realiza el CIS es un buen
trabajo, muy profesional, y por tanto desde nuestro grupo debemos
decirle que siga por ese
camino porque se está realizando un servicio a los ciudadanos en
muchas materias, porque aquí estamos tratando siempre de acercarnos a
la cuestión política. El CIS no hace sólo encuestas políticas, hace
muchas más cosas, hace muchos más estudios, muchas más encuestas,
hace conferencias, realiza reuniones de expertos, hace estudios,
trabajos, libros, documentación en suma, que son buenos para la
sociedad para la que trabaja. Por tanto nosotros tenemos que estar
satisfechos en ese sentido, sin entrar tanto en las cifras del
presupuesto que, como he dicho antes, son una cifras reducidas
y cualquier incremento puede parecer en porcentaje muy alto, pero al
final estamos hablando de poco dinero.
Me gustaría conocer del señor presidente del CIS la cuestión que le
he planteado, y sobre todo los objetivos fundamentales de su política
para el año 2002. ¿Qué objetivos tiene el CIS, fundamentalmente en la
tarea que pretende realizar para el próximo año?
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacios): Para contestar, tiene la
palabra el presidente del CIS, señor Montoro.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
(Montoro Romero): Buenos días. Es un auténtico placer estar aquí con
ustedes, en el Parlamento, por tercera vez, y siempre que me lo
pidan, ofreciéndoles nuestro trabajo, explicándoles todo lo que
podamos de nuestro trabajo. No hay nada que ocultar de nuestro
trabajo porque el centro está para servirles a ustedes y para servir
a la sociedad española. Por tanto vaya por adelantado mi
agradecimiento por estar aquí hablando de lo que ustedes deseen.
Quiero recordarles lo que ya ustedes saben. El CIS es lo que es, es
un organismo autónomo que tiene una función muy específica, que está
señalada en la ley, que es estudiar científicamente a la sociedad
española. No tenemos el monopolio del estudio científico en absoluto,
¡faltaría más! No tenemos el monopolio de las encuestas de opinión,
¡faltaría más! Eso el CIS lo hace muy bien. Tiene una historia que
está dentro de la historia reciente de España. Ha servido
extraordinariamente a la modernización de las ciencias sociales en
España. Sirve menos porque están más maduras las ciencias sociales en
España en este momento y hay que buscarle constantemente su nueva
situación, su nuevo papel de servicio, y sobre este constante desafío
de la nueva situación del CIS se sitúan los trabajos de presupuestos
que estamos haciendo dentro de los límites que ustedes conocen. Ante
todo les quiero decir, ya lo he dicho otras veces y lo digo
constantemente, que no debe haber ninguna duda sobre el CIS. Esto no
son palabras de su presidente, como es natural, no son bonhomías que
de nada sirven, sino la lectura de una ley, que creo que es buena una
vez que uno se acostumbra a
ella. Es una ley muy estricta, especifica exactamente lo que hay que
hacer, supongo que es mejorable como todo en la vida, pero es una ley
extraña para un organismo autónomo como este, porque hay otros
organismos autónomos que no tienen estas leyes tan precisas. Se
especifica paso a paso lo que se puede hacer y lo que no se puede
hacer, etcétera. Eso es lo que hay y así funciona el CIS. A nadie del
CIS se le puede ocurrir hacer otra cosa que no esté contemplada en la
ley. Por tanto tenga la tranquilidad, con el soporte legal y el aval
de nuestro trabajo permanente, de que eso se hace así para interés
público, que es el único que nos mueve, como no puede ser de otra
manera.
Paso a intentar responder a las cuestiones que se me han planteado,
quizá por ir despejando un asunto más técnico, que no lo es, y es el
incremento del capítulo 6 en un porcentaje muy elevado pero sobre
cantidades muy pequeñas. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
¿A qué se debe esto? El CIS hay que modernizarlo, pero esto no es
ninguna novedad tampoco. Sin embargo, la llegada de las nuevas
tecnologías de alguna forma a cogido al CIS en muy poco tiempo con el
paso cambiado, y hay muchas cosas que hacer al respecto. Estoy
hablando no sólo de ideas, sino de soportes físicos. Si no recuerdo
mal, la página web del CIS apareció en el año 1997, y cuando
examinamos con detalle el instrumental -no hablo de ordenadores, que
eso ya está obsoleto también, esos son instrumentos que tenemos y que
renovamos normalmente, no hay ningún problema en eso-, dónde están
los soportes físicos de nuevas tecnologías de comunicación, que
evidentemente afectan al CIS no más que otros, pero a nosotros nos
afecta muchísimo, al examinar eso vimos que estábamos en una
situación bastante reducida. Con los presupuestos ajustados que
tenemos de hace un montón de años, se había hecho un trabajo de
parcheado con el poco dinero que hay. Entonces iniciamos esta
operación, que se trata de un proyecto de modernización, que me
atrevería a decir que es ambicioso dentro de lo que son estas cosas,
pero si funciona creo que va a ser una auténtica revolución. Vamos a
cambiar todos los soportes, hablo de los cableados, etcétera -fíjese
cómo andamos-, que están en el CIS, pero como un plan integral en
tres años. A principios del año que viene puede estar cambiado lo
básico. Tenemos que cambiar el soporte físico de la casa para poder
acceder a la red de Internet, que es nuestro objetivo, y poder crear
otro CIS distinto utilizando la red de Internet. Le pongo un ejemplo
que todo el mundo entiende. No puede ser que en el año 2001 la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, que es la revista
más importante de sociología probablemente del mundo, tenga este
soporte de papel y a alguien que esté en Santiago de Chile tengamos
que mandárselo por avión. ¿Y por qué no lo saca de la página web del
CIS? Pero no podemos hacerlo con nuestra actual página web, ni
tampoco tenemos los dispositivos internos. De ahí
que decidiésemos hacer una inversión extraordinaria -ésta es la
explicación- en un plan a tres años para cambiar esto. Yo confío en
que si conseguimos cambiar los soportes físicos vamos a poder tomar
realmente decisiones importantes que van a afectar al banco de datos
y a publicaciones. En ese momento veremos cómo lo hacemos, porque el
banco de datos está funcionando muy bien también y no se debe
desmantelar, ni mucho menos, ya veremos cómo lo hacemos. En
publicaciones es quizá donde yo sueño más, porque se debe poder leer
desde Hong Kong un artículo que está en la red o un libro. Todo eso
también trae otros problemas de derechos de autor, etcétera, que son
complicados, que todos ustedes conocen y que afectan a editoriales
privadas. Ya veremos cómo avanzamos. Creemos los soportes para dar
ese paso adelante. Cuando llegué al CIS lo que me pareció
absolutamente inevitable era dar ese paso. Por tanto, poniendo una
cosa detrás de la otra, cambiemos los soportes físicos y, luego
cuando los tengamos y veamos que podemos hacerlo, tomemos las
decisiones pertinentes, que yo en este momento ignoro cuáles van a
ser. Serán, como siempre, medidas prudentes. El objetivo es servir a
la sociedad internacional. No se me quita de la cabeza el gran
mercado intelectual de Hispanoamérica, que tenemos que atenderlo y en
estos momentos no lo estamos atendiendo como a mi me gusta. Esto
quiere decir que el plan de inversiones del capítulo 6 va de 2001 a
2003. En pesetas son: 5 millones, 2001; 2002, que es el que nos
concierne aquí, 15 millones; 2003, 20 millones. Son 30.120 euros un
año, 90.150 euros el segundo año y 120.481 euros el tercer año. Son
cantidades muy pequeñas, pero como la inversión es muy reducida el
porcentaje es muy elevado. Yo creo que es una de las cosas más
importantes que tiene el CIS ahora mismo, y en eso estamos
trabajando. No es porque sea idea mía, pero había que hacerlo. Esto
es un tema importante, las aplicaciones específicas que se están
haciendo, afecta tanto a hardware como a software. Vamos a ver cómo
funciona. Como funcionario que soy de la universidad hay que ser
prudente. Creo que va a funcionar y vamos a revolucionar el CIS.
Los objetivos del CIS están marcados por la ley, señoría: servir a la
sociedad española, estudiarla cada vez mejor, no hacer ningún
ejercicio de monopolio de conocimiento de la opinión pública. Esos
tiempos ya pasaron. Ahora tenemos situaciones en las que se hacen
estudios de opinión pública de universidades, de centros privados, de
mil sitios. Es cierto que el CIS tiene una legitimidad y una calidad
extraordinaria que debemos luchar por mantener, no me cabe la menor
duda, y quisiera también transmitirles que ya que tenemos el CIS
debemos mantenerlo. A otros países les gustaría crear el CIS. Es muy
difícil crear el CIS por las cuestiones que algunos de ustedes ya han
señalado: las posibles connotaciones políticas. La tradición del CIS
en este plano de credibilidad es extraordinaria y
yo creo que el presidente del CIS lo único que puede hacer es decir
lo mismo y el que venga después, sea nombrado por el Gobierno que
sea, tendrá que decir lo mismo, porque es un bien público barato, que
tiene unos rendimientos extraordinarios en cuanto a lo que es la
configuración de la opinión pública, con todos los problemas y todas
las pegas que pueda haber. Por tanto, los objetivos son empujar al
CIS cada vez más, constante mejora de los estudios de opinión
pública, mejorar el capítulo de publicaciones, empujar absolutamente
el banco de datos, aunque está funcionando muy bien, y ahora me
referiré también a esto, y empujar una pequeña casa, como es ésta, y
hacerla cada día mejor.
Estoy de acuerdo con S.S. en que la presentación literaria de la
memoria debo mejorarla y me comprometo a ello, pero eso no evitará el
que el año que viene me pregunte, y yo le responderé todo lo que
pueda. Pero efectivamente, yo creo que se puede mejorar y me
comprometo a mejorarla. Hacer la programación del CIS, que es el
presupuesto del CIS, no es nada fácil. No se puede programar el CIS
en su investigación ni en sus publicaciones tampoco a 14 meses vista,
es materialmente imposible. Puede uno sacar líneas generales y aquí
lo que más importa es conocer las tendencias anteriores. Por poner un
ejemplo, variables importantes para poder planificar los estudios del
CIS son las convocatorias electorales. Por tanto, hay que utilizar un
poco de tradición y confiar en la institución. La estabilización
presupuestaria que estamos experimentando desde hace muchísimos años
ya, hace que no estemos nunca afrontando un desafío de una lista de
reyes magos, es decir, un incremento del 200 por ciento en
investigación, y eso sí que exigiría una planificación. Hace ya
muchos años que estamos prácticamente en lo mismo, en los 300 y pico
millones de pesetas para hacer investigación; son habas contadas; 36
encuestas es lo que hemos estimado que podemos realizar
razonablemente por parte del CIS poniendo la red de campo a buen
rendimiento y con el dinero que tenemos. No hay elecciones -y ya le
respondo a otra cuestión, al capítulo 3.2.2.99, de otros ingresos-,
pero se lo comentaré el año que viene en la comparecencia y con
respecto a 2003, que es un año electoral. El año electoral se tiene
el compromiso ante la sociedad española de estudios preelectorales y
postelectorales que financia el CIS, que lo hace motu proprio. Es una
encuesta típica del CIS y, por tanto, compromete la red de campo y no
pude prestar otros servicios al listado tan grande de demanda de
administraciones públicas que tenemos a través de convenio, que nos
pagan por hacer esas encuestas. Hemos estimado que podemos trabajar
más para convenios el año que viene, que surgirán en ese momento,
porque es enormemente fluido, van surgiendo de un mes para otro, de
un día para otro. Estimamos que nuestra capacidad será ésa y
reduciendo la demanda social de estudio de contenido electoral y de
comportamiento
político. El cálculo que hemos hecho aproximadamente es: once
barómetros mensuales, aproximadamente diez convenios. Para que vean
en la incertidumbre en la que nos movemos siempre, decir convenio no
quiere decir nada. Estamos hablando de un convenio de 2.000 encuestas
que puede tener un presupuesto de 5 millones, y otro de 20.000 que
puede tener un presupuesto de 70 millones y que paraliza la red de
campo durante tres meses. Esto es absolutamente constante. A medida
que van llegando las demandas, la iniciativa, vamos estudiando caso a
caso y vamos encajando, pero ninguna encuesta es igual que otra,
excepto los barómetros. Lo que hace el CIS sí es estándar, trabajamos
los 2.500, 3.000 aproximadamente. Los convenios son una cosa
absolutamente disparatada. Hay estudios muy complicados que paralizan
la red de campo. La red de campo no es un chicle, no es una goma y
hay que ajustar. Podemos hacer unas 108.000 entrevistas, poniendo la
maquinaria de la red de campo al máximo. Tampoco he conseguido
despejar la duda de qué es el máximo en la red de campo, es muy
difícil, porque una encuesta no se parece a la otra, hay encuestas
muy complicadas y hay encuestas que los encuestadores hacen muy
rápidamente. Esto es lo que impide el detalle en la programación del
CIS, sacar a líneas generales.
Sabemos que nos toca hacer dos estudios internacionales, uno es el
vínculo con el ISSP; de ese sabemos hasta el contenido que será
familia y género, que es una encuesta internacional que se hace, de
tamaño pequeño; otro, es el compromiso que hemos adquirido -creo que
era bueno hacerlo- con el latinobarómetro, que es un instrumento muy
precioso, que se está haciendo por toda Latinoamérica y en lo que
está incluida España. Hemos eliminado los problemas que había, ya
hemos hecho la encuesta de este año y creo que ese es un proyecto
interesante; se puede discutir mucho sobre él y puede haber dudas
razonables, pero la esencia es participar con otros países en
estudiar comportamientos sociales con una misma encuesta en un montón
de países de Latinoamérica. Creo que eso es bueno en sí mismo. Repito
que hemos despejado los problemas de quién tiene los datos
internacionales, el CD-ROM, y el CIS lo hace. Este es el segundo
compromiso que tenemos. Hemos calculado hacer -creo que el CIS debe
hacerlo- dos estudios de contenido electoral y de comportamiento
político que se harían sobre dos comunidades autónomas, pero no hemos
determinado todavía cuáles serán. Haremos un estudio detallado de los
antecedentes y tomaremos decisiones dentro de lo que es el organismo
autónomo. Calculamos hacer unas once encuestas sin contenido político
electoral, sobre Unión Europea, opinión pública en cuestión fiscal,
Constitución e instituciones, expectativas 2003, comportamiento
religioso, etcétera. Son listados muy provisionales, tenemos que ir
cerrándolos constantemente. Ustedes van recibiendo trimestralmente lo
que es el
rendimiento del CIS y lo pueden ir viendo. De cualquier forma, en la
medida en que vayamos avanzando y cerrando temas, el CIS está
dispuesto a responder a las preguntas que ustedes quieran. Ustedes me
preguntan mi opinión sobre los próximos dos o tres meses, que es algo
que seguramente sabré, y se lo digo. No hay nada que ocultar. Es el
ejercicio de la confianza y de la libertad del organismo autónomo.
El señor Marcet ha señalado la cuestión de las publicaciones, que
tiene muchísimo interés. La revista Spanish Journal of Sociology creo
que es otra cosa que le debemos a la sociedad española; hacerla tiene
más dificultad de la que yo pensaba, porque Spanish Journal of
Sociology tiene que ser una revista de ultracalidad y eso es difícil.
Nos hemos puesto a trabajar pero en un empeño de estas
características vamos demasiado retrasados para mi gusto. Lo hemos
dejado ahí porque creo que no debemos descartarlo. Insisto en que no
puede ser de calidad discutible, este es el gran problema que tengo,
aunque quizá estoy siendo un poco exagerado, pero las personas que
trabajamos en esto, con las que hablamos en la Academia están de
acuerdo. La Spanish Journal no se puede criticar porque es la bandera
de enganche; piensen que esa revista si al final nace -que tiene que
nacer- va a tener autores españoles en lengua inglesa para un mercado
de lengua inglesa. Ahí los estándares de calidad son absolutamente
extraordinarios, como todo el mundo sabe. El desafío es importante
y creo que debemos seguir trabajando. Quisiera sacar adelante esa
revista el próximo año.
El boletín de datos de opinión es una duda que tengo y que voy y
vengo, como la polca. Al final creo que ahí vamos a tener una demanda
no sólo por parte de parlamentarios sino que incluso hay colegas
universitarios que la han pedido. Yo tengo mis dudas sobre ese
boletín de datos de opinión, porque he notado que confunde. Es un
esfuerzo que hace el CIS y creo que lo hace bien, coge las últimas
encuestas, explica muy bien de qué encuesta procede, que son años
distintos, siempre en dos o tres años y lo ofrece, pero yo he notado
que hay confusión: se dice esta es la última encuesta del CIS y
cuando se difunde aquello parece que nos hemos inventado algo y lleva
en el banco de datos dos años. Es un poco molesto porque no se acaba
de entender bien. Quizá hay demanda suficiente como para que yo
elimine mis temores y volvamos a relanzarla. No cuesta nada. De hecho
ya estamos trabajando en un número de instrucciones. Quizá no hay
modo de mejorarla, bueno pues arrostrémoslo. Está siendo útil y quizá
es lo importante. Dejemos las dudas en otro lado y saquémosla. Por
tanto, mi propósito es volver a sacarla.
En el departamento de publicaciones, señor Marcet, no pasa nada.
Rafael del Águila es un gran amigo mío, como usted sabe muy bien, y
le invité, porque hemos soñado muchas veces juntos, a sumarse a esta
aventura. El profesor del Águila es un universitario de tomo y lomo y
a pesar de que le dije: Rafa, vas a dejar de ser
universitario para convertirte en subdirector general, es difícil, yo
lo entiendo. La gran confianza que hay entre él y yo hizo que
charlásemos de las cosas. Entiendo el choque porque yo mismo lo he
sufrido. Por tanto, no hubo ninguna pelea, porque Rafael y yo nunca
nos hemos peleado, llevamos 30 años juntos, llevamos vidas distintas
y pensamos cosas muy distintas; pero convinimos en que para qué
íbamos a seguir avanzando juntos si no íbamos a entendernos, tan
sencillo como eso. Cuando hay amistad se ponen los temas encima de la
mesa, se pasa mal rato, pasamos el disgusto mutuo, rompimos el sueño
y ya está; pero no hubo nada más. A continuación, lo que hay es una
búsqueda de otro procedimiento. Son decisiones que uno va tomando y
la decisión que tomé es que quizá al departamento le vendría bien no
un universitario sino un funcionario de carrera. Esto ha llevado a un
procedimiento largo a través del BOE, etcétera, que en este momento
está a punto de resolverse. Ya ha acabado el período de firmas y
calculo que a final de octubre o principios de noviembre tendremos un
nuevo director de publicaciones que será funcionario de carrera, pero
de carrera no universitaria; para quien no conozca el procedimiento
diré que también fue largo traer a Rafael del Águila, se hizo a
través de una comisión de servicios, se pide al Rectorado, fue una
cuestión distinta. Por esta otra vía se tarda unos meses; es cuestión
de tiempo. Ha creado problemas porque se han ralentizando muchas
cosas, como el cuaderno metodológico que está ralentizado y vamos a
reimpulsarlo, pero creo que en uno o dos meses se va a normalizar y
no pasa nada. Es un departamento pequeño; como ven las tareas son muy
precisas. Las personas que lo están llevando lo hacen desde hace
muchos años y lo hacen divinamente bien; no se ha perdido en ningún
momento el tono, quizá lo que hemos perdido -creo yo- ha sido hacer
cosas nuevas. Por ejemplo, la Spanish Journal sería un encargo, así
como alguno más, pero todo lo que se ha venido haciendo, que es de
buena calidad y de gran nivel, se sigue haciendo porque las personas
que lo hacen están colaborando normalmente, llevan haciéndolo 25
años. No hay más. Entiendo que es un poco llamativo, pero no hay más;
por dentro no hay absolutamente nada más que una gran amistad. Si no
hubiese amistad hubiésemos tardado más meses en pelearnos y habríamos
dañado la institución. Como Rafael y yo somos buenos amigos enseguida
lo vimos. Estos choques son complicados, lo entiendo perfectamente
porque lo he vivido.
Efectivamente, como le señalaba, señor Marcet, mi propósito es -es
una idea muy buena que creí que se estaba haciendo, pero que no se
había hecho- que la Comisión Constitucional del Parlamento reciba
todas las publicaciones del CIS. Esto ya está en marcha, con esta
duda del listado, pero ya está en marcha.
El remate de tesorería es un mecanismo de los organismos autónomos.
El CIS tiene en el Banco de España
cuenta de organismo y se explica a través del tiempo. Lo que ocurre
es que cuando se produce un ahorro sobre los presupuestos de un año
va a remanente y cuando se producen mayores ingresos, por esto que
acabo de comentarles de que de pronto entra un convenio, de que lleva
mucho dinero o este tipo de cosas que ocurren todos los días en el
CIS, va también a remanente. Esto ha permitido que el CIS pueda
funcionar gastando menos de las arcas del Tesoro público y utilizando
más sus recursos. Creo que es una muy buena fórmula, nos permite,
además, enorme libertad en años complicados, financieramente
hablando, en el capítulo de estudios, los años electorales, cuando
hacemos trabajo electoral que financiamos nosotros directamente. Por
tanto, es un mecanismo que no es de hoy, que es de hace muchos años y
que ha demostrado su versatilidad y su buen funcionamiento. Por
tanto, se mantiene la misma cantidad. Esta es su filosofía, no tiene
otra.
En cuestiones de mayor calado, es perfectamente sostenible la mayor
vinculación con el Parlamento. Yo quisiera simplemente volver a
reflexionar o invitar a la reflexión sobre las garantías que en la
Ley actual del CIS existen sobre el contacto entre el CIS y el
Parlamento. Son garantías. Como ustedes saben, toda encuesta que
lleve intención de voto, valoración de líderes o de partidos -dice la
ley- en el plazo de 15 días, que es un plazo muy breve en términos
técnicos, tiene que elevarse al Parlamento. Eso es lo que dice la ley
y es una garantía magnífica para las encuestas que tienen un impacto
político de esta envergadura. Ustedes saben mejor que yo que ese
capítulo se redactó después de muchos años, imagino, de mucha tensión
y mucha negociación precisamente para que el CIS se vinculase al
Parlamento. Es una garantía de vinculación realmente importante.
Entiendo cualquier otra lectura del fenómeno -lo vivo todos los días
por muchas razones- sobre el uso del banco de datos; sin embargo aquí
cabe también hacer una reflexión que muchas veces se olvida. Tenemos
un organismo autónomo que hace esas encuestas, que tiene una
maravilla que se llama banco de datos, que, por cierto, da mucho
trabajo. El trabajo consiste en informatizar toda la información que
tenemos, es muy difícil hacerlo -imagínese, pregunta a pregunta-,
para que en un momento determinado ahí nos dirigimos, se toque un
botón y se saque todo lo que hay sobre líderes políticos en La Rioja
desde que existe el primer dato en el CIS, por ejemplo. Si tenemos un
organismo de estas características, con un banco de datos que nos
cuesta un dinero público extraordinario -y creo que estamos haciendo
un buen trabajo-, úsese el banco de datos esto es lo que pediría a la
sociedad española y también al Parlamento. Hay un cauce que no es el
CIS sino el parlamentario, pero es que está para eso, lo tenemos en
España para eso, utilícese. No se trata de que se les den las
encuestas, se las doy, pero pídanos cosas. Utilicemos el banco de
datos. Hay una
lectura de esto que yo no acabo de entender muy bien, sinceramente,
desde el punto de vista de utilidad. No se trata de despojar o no al
CIS de su banco de datos, de su maravillosa información, es que esa
información está disponible, está ahí esperando. Simplemente que
cualquier ciudadano -imagínense parlamentarios, que son los
representantes del pueblo español- nos diga que le demos el cruce de
lo que él quiera, se lo hacemos inmediatamente, es que está para eso.
Igual que se utilizan otros servicios públicos, el banco de datos
está para utilizarlo. Utilícenlo simplemente. No es algo que se hace
de favor o no; no, es que está para eso. Ustedes, señores
parlamentarios, lo que ustedes nos pidan, exactamente eso, no tengan
ningún resquemor. Es un procedimiento muy bien establecido, porque lo
dice la ley además -se hace una encuesta en un plazo determinado, se
mete en el banco de datos, los funcionarios la manipulan, la
preparan, la empaquetan, alguien la pide, se le da, si es un
particular se le cobra unas tasas que están aprobadas, que son muy
pequeñas, son simbólicas y ya está, no tiene más truco. Entonces, yo
creo que esto debe decirse de esa manera. Muchas veces no se explica
bien. El banco de datos está ahí para que todos lo utilicemos,
incluyendo al presidente del CIS, para que todos los españoles lo
puedan utilizar. Utilícenlo simplemente. Como se pueden imaginar, no
se puede poner cortapisa alguna porque lo prohibiría la ley entre
otras cosas. Es un servicio más dentro de las cuestiones públicas que
sirven.
No hay vínculo entre el CIS y el Gobierno más allá de lo que ustedes
saben que está marcado por la ley -el nombramiento del presidente del
CIS y lo que es un organismo autónomo-. La presidencia del CIS no
soporta al Gobierno, señor Marcet, ni lo ha soportado nunca. Yo creo
que la ley permitió que se resituase, por decirlo de alguna manera.
Son situaciones completamente distintas cuando el CIS no era
organismo autónomo, cuando era organismo autónomo y no tenía una ley
de este tipo. Con la ley actual no tiene mucho sentido esto.
La noticia de La Vanguardia se refiere a una encuesta de opinión
pública en política fiscal y no es ninguna novedad, señor Marcet.
Esta encuesta de opinión pública en política fiscal se hace desde
hace muchísimos años. Son de estas cosas que uno se encuentra, muy
típico del CIS -algún presidente, algún equipo decide hacer una
encuesta-. Esta estaba referida a la lógica con la que nació, que fue
de hacer una encuesta después de la declaración de la renta. La idea
es preciosa. ¿Que a alguien se le ocurrió y no sé a quién? Este es el
típico trabajo que tenemos que hacer nosotros -tienes que inventar
cosas, mantener otras- y es una idea muy bonita. Se hace desde el año
ochenta y tantos todas las primaveras. Cuando uno llega, tiene que
revisarlo todo, porque para eso está uno, no para decir que ahí hay
algo que no quiere ni ver, sino para asumir responsabilidades.
Observé que la encuesta tenía algunas partes que
se sostenían -porque el concepto de declaración de renta se mantiene,
si se pagan muchos impuestos o no, el fraude, ese tipo de
cuestiones-, temas que siguen vigentes, y otros que no eran vigentes,
y había otros temas de fiscalidad que no estaban contemplados antes
simplemente porque no existían. Entonces el CIS hizo un gran esfuerzo
el año pasado, no éste, por lo que sería modernizar la encuesta, todo
había que hacerlo así, e introdujimos las cuestiones que estaban aquí
-la financiación autonómica, etcétera. Insisto, en que esto se hizo
en la primavera del año pasado. Esta encuesta a la que usted hace
referencia es exactamente la misma que la del año pasado, sólo que se
daba ese tratamiento de medios, donde ni entro ni salgo. Le adelanto
también, y si quiere se los puedo mandar, que los resultados son
exactamente los mismos. Yo cuando los vi, eran exactamente clavados;
son los mismos resultados los del año pasado y los de éste, en líneas
generales, pero, sobre todo, en estos aspectos de la financiación
autonómica, etcétera. Por tanto, lo que se dice aquí el 5 de octubre
se podía haber dicho el año pasado, que no lo sé porque yo no me fijo
en estas cosas. Esta es la historia de esa encuesta, está en el banco
de datos y creo que ha funcionado bien. Nuestra obligación en temas
de fiscalidad como en cualquier otro es siempre coger lo que tenemos
en nuestro banco de datos de encuestas, tomar decisiones, examinar
con detalle la actualidad del tratamiento temático y tomar la
decisión. Esto es lo que hicieron en el pasado los presidentes del
CIS y lo que cualquier presidente del CIS y su equipo debe hacer
porque son sus responsabilidades para ir pasando la antorcha a los
siguientes.
Yo comprendo que en este tema puede haber susceptibilidades porque
estamos hablando de la opinión de los ciudadanos sobre una situación
social que está cambiando constantemente. No son matemáticas, uno
tiene que tirar de profesionalidad y de su buen sentido común, que,
al fin de cuentas, no es más que eso, y tomar decisiones -este tema
entra, este tema no entra y este tema se trata así o no-. Así lo
hicieron en el pasado los que estuvieron sentados en ese sillón, más
supongo los que iniciaron esta gran aventura en el IOP -tomaron
decisiones muy importantes sobre qué empezamos a estudiar y cómo lo
preguntamos-. Esto es así y no puede dejar de ser así. Son decisiones
de carácter científico necesariamente -y no quiero magnificar este
carácter porque científico quiere decir racionales y, según dice la
ley, neutrales, es decir, lo más neutral posible-. Es imposible que
sea neutral porque la sociedad es así, extensa, es conflictual en sí
misma, pero le puedo asegurar que la intención y la motivación,
porque no pueden ser otras, es que intente reflejar el núcleo central
de una cuestión social que ha surgido; por ponerle un ejemplo, las
vacas locas. Por tanto, no trabaja el CIS para el Gobierno, señoría,
no hay conspiración al respecto -se lo dije en anterior
comparecencia, no de presupuestos-, y le pongo el
contra ejemplo que usted me señalaba. Me ponía el ejemplo de qué bien
le viene al ministro de Hacienda la encuesta del año pasado, pero
supongo que al Gobierno no le viene bien que el CIS esté valorando al
señor Rodríguez Zapatero como el máximo líder desde octubre del año
pasado y supongo que tampoco habrá conspiración en que el CIS esté
valorando en el problema de las vacas locas a la ministra de Sanidad
en la última con un tres y algo. Supongo que no pensará usted que yo
estoy en connivencia con parte del Gobierno para provocar ese
fenómeno. Los datos son los que salen y no otra cosa; como decía el
señor Merino, es así, no intentamos más que hacer ese trabajo.
Creo que he contestado a todo. En definitiva vuelvo a decirles lo
mismo: estén tranquilos, señorías, estamos haciendo el trabajo lo
mejor que podemos con la mayor neutralidad posible, se lo dije en la
Comisión Constitucional. No hay ninguna intencionalidad política. El
CIS tiene que entrar en terrenos políticos de comportamiento y de
actitudes políticas electorales -creo que estamos todos de acuerdo en
eso-, no hay más camino. En el momento en que entre como organismo
autónomo van a surgir susceptibilidades. Yo me remito a la prueba del
9, que es la que profesionalmente siempre me aplico. Una encuesta no
tiene nunca una sola lectura, imposible; una encuesta, jamás, nadie
lo puede hacer, sería una encuesta sesgada en su propio nacimiento.
Si hay un mínimo espíritu de captar lo que realmente está ocurriendo,
en la encuesta va a haber contradicciones, opiniones contradictorias,
siempre, porque todos, personalmente y como colectivo, tenemos
opiniones contradictorias sobre los mismos temas. Es un gran clásico
en los estudios de comportamiento social. Nunca hay una lectura del
CIS de una encuesta unilateral. Jamás. La encuesta ofrece múltiples
lecturas, que es una de las virtudes de la encuesta. Es uno de los
motivos por los que el CIS no ofrece su lectura, para no molestar a
nadie. Esto es así, porque lo único que nos preocupa es estudiar lo
que está ocurriendo en una selección de temas que han de cumplir una
condición y es que tengamos garantías de que la gente tiene
información básica para responder a ello. Las encuestas no se hacen
sobre expertos, ni muchísimo menos, sino justo lo contrario, sobre
personas a las que no podemos atribuir ninguna información
privilegiada al respecto. Esta es la perspectiva. Por tanto, tienen
que ser siempre lecturas superficiales, genéricas, y los temas han de
ser muy troncales, que todo el mundo pueda entender y que uno tenga
garantías de que no va a recoger imágenes mediáticas o tabardillos,
en definitiva, en esa opinión que tienen los ciudadanos. Es un
trabajo bastante complicado y en eso estamos, pero les puedo asegurar
que el CIS está trabajando con neutralidad y con un único interés,
que es conocer científicamente la sociedad española, tal como se
entiende eso.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor
Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Con brevedad, en esta segunda intervención,
para expresar, en primer lugar, que me parece una buena aportación
ese intento de incremento de los soportes físicos del CIS. La
velocidad con que avanzan las tecnologías a las que debe acudir un
centro de estas características hace que resulte importante tenerlo
al día. Incluso creo que el programa se va a quedar corto. Un
programa 2001-2003 me parece corto ya que debe ser un programa casi
permanente de recambio de esos soportes físicos para que el banco de
datos y las publicaciones puedan estar en la línea de los cambios que
se van produciendo en esta materia.
En cuanto a los objetivos, usted, señor Montoro, lo ha mezclado todo.
Ha mezclado los 11 barómetros con los 10 convenios con organismos de
la Administración, las dos contratadas... Ha mezclado todo para no
acabar de especificarme por qué la previsión de las 36 encuestas.
Fíjese. Año 2000, año de elecciones generales nada menos, había una
previsión de 40 encuestas y al final se realizaron 28. Año 2001, año
de elecciones autonómicas en dos comunidades importantes como son
Euskadi y Galicia, previsión de encuestas, 45; no sé las que se han
realizado hasta el momento, espero que nos diga cuántas han sido
porque desconozco el dato. Año 2002, año no electoral salvo sorpresas
catalanas, que son las únicas que pueden aparecer en el horizonte,
previsión de 36 encuestas con red de campo propio, las que realiza el
CIS por propia iniciativa, al margen del porqué. Lo ha mezclado todo.
Ha mezclado las 108.000 entrevistas con las encuestas contratadas,
con los convenios... Pero no me dice por qué esta previsión. Ya sé que
es difícil establecer un número exacto porque esto es movible, pero
dé algún dato más.
Publicaciones. Creo que el departamento de publicaciones necesita un
nuevo impulso. Yo reconozco la profesionalidad de los trabajadores
del CIS también en el ámbito de las publicaciones; al fin y al cabo,
quien más quien menos alguna publicación tiene en aquella casa y
sabemos que se trabaja bien, por tanto el hecho de que no exista un
director de este departamento y en cambio las publicaciones sigan
saliendo de forma inercial, manteniendo una buena calidad, me parece
lógico. Qué menos, conociendo la calidad de los profesionales de la
casa, pero sin duda se necesita un nuevo director, que nos ha
costado, señor Montoro. Se necesita un director para establecernos en
ese nuevo horizonte del tratamiento de estas publicaciones, como
usted señalaba.
A mí me da la impresión, señor Montoro, que el recurso al remanente
es una inercia presupuestaria, una inercia de la burocracia de la
casa, que la hay; es decir, recurrimos a esto porque inercialmente
hay ese recurso al remanente del año anterior.
Conozco el régimen jurídico del CIS, la ley que le da soporte, cosa
que dudo que el señor Merino conozca con tanta precisión como yo, o
así me lo ha dado a entender, porque su manido recurso a los 14 años
sobre qué no se hizo o se dejó de hacer pone de manifiesto que
desconoce la historia del CIS y cómo se ha llegado a su régimen
jurídico actual.
Mi reflexión en la segunda parte de mi primera intervención era que
se debía incrementar la relación del CIS y el Parlamento en muchas
cosas, lo discutiremos en su momento, no tanto en su relación
política, que también, sino sobre todo en su relación práctica. El
hecho de que el Congreso y el Senado tengan conocimiento de todas las
encuestas, no sólo de los barómetros a los que está obligado por ley
a entregar, a lo mejor evitaría estas suspicacias a las que nos hemos
referido. Es que es muy casual, señor Montoro, que el día en que el
ministro de Hacienda aprueba en sede parlamentaria del Congreso la
Ley de estabilidad presupuestaria se dé a conocer un sondeo del CIS
que dice que recoge la opinión de los ciudadanos sobre las líneas de
la nueva Ley de estabilidad presupuestaria. Es que es muy casual. No
me diga que no levanta suspicacias el hecho de que coincida esto en
el tiempo. Ahora usted nos dice que esta es una encuesta antigua que
se venía haciendo sobre la ejecución de los ingresos a los que
estamos obligados todos los españoles por nuestra renta y que, de
paso, seguramente introdujeron algunas preguntillas sobre la Ley de
estabilidad presupuestaria. Porque estas preguntas no estarían en el
año 2000, las han introducido ahora en el año 2001, digo yo. ¿O las
introdujeron ya en el año 2000? Ya me contestará usted. Vuelvo a mi
argumento principal. Si conociéramos todas las encuestas, sin duda,
muchos de estos aspectos se obviarían, sobre todo si conociéramos un
poco el conjunto de los trabajos en sus reales dimensiones. Yo no sé
si es lógico que un parlamentario tenga que esperar los seis meses
que marca el reglamento de aplicación de la ley de incorporación de
datos al banco de datos, valga la redundancia. Me referiré a mi caso
concreto puesto que lo ha citado usted, no yo. Cuando este diputado
le pide unos datos sobre la famosa encuesta de Cataluña, de la que ya
discutiremos su oportunidad política, en una amable respuesta
personal suya me dice que debo esperar a que esto sea susceptible de
ser entregado también a un parlamentario. ¿Debemos o no debemos
cambiar la ley en este extremo, para que un parlamentario no tenga
que esperar seis meses para conocer los datos a través del mecanismo
ordinario que cualquier ciudadano puede realizar acudiendo al banco
de datos? Respecto a los soportes físicos que se nos dan, esto lo he
recibido ayer, señor Montoro. Ya sé que tardan un poco. De ustedes a
presidencia, de presidencia a esta casa y de esta casa a nuestros
despachos ha pasado un mes, pero lo recibí el día 8, anteayer. Está
fechado un poco antes y usted seguramente lo entregó un poco antes,
porque
los seis meses de la encuesta pasaron antes del mes de septiembre,
pero lo recibo en soporte papel, que está muy bien para quien sabe
leer en soporte papel, pero si recibiéramos muchas de las peticiones
en otros soportes, soportes magnéticos, podríamos trabajar también
sobre estos mismos datos. Todo este buen trabajo que realiza el CIS
-nunca lo he puesto en duda- como institución y sus profesionales
sería útil para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de las
fuerzas políticas que, al fin y al cabo, representamos a esta
sociedad. Esta es mi reflexión con la pretensión de que tenga su
traducción presupuestariamente también, una mayor vinculación, una
mayor relación entre el CIS y el Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: En primer lugar, quiero decirle al señor
Montoro que me satisface, respecto a los datos que nos ha dado, que
el incremento de ese capítulo 6 vaya dirigido, sobre todo, a nuevas
tecnologías, a nuevos soportes informáticos, es decir, a modernizar
el propio centro. Es muy importante esa apreciación que nos ha hecho
de potenciar el banco de datos del CIS porque estoy seguro de que
para los ciudadanos va a servir de memoria histórica y de uso
habitual al que nos ha invitado con vehemencia, porque es algo muy
importante que utilizamos posiblemente poco. El dato que nos ha
ofrecido respecto al número de encuestas que van a realizar es
relevante porque la mayoría -y él lo ha dicho- son temas que
interesan a los ciudadanos y no sólo -son las menos- las encuestas de
contenido meramente político. No conozco tan bien como el portavoz
socialista la regulación del CIS ni conozco los métodos y la forma de
trabajar del CIS. Posiblemente él tenga más hábito de estudiar este
asunto y haber tratado en el Parlamento este tema del CIS. Sin
embargo, yo he criticado lo que el portavoz del Grupo Socialista ha
dicho respecto a la manipulación de los datos del CIS por el
Gobierno, y para eso no hace falta conocer la legislación del CIS ni
la ley de 1995 ni el decreto de 1997, es decir, si se está acusando
al Gobierno, en este caso del Partido Popular, de que desde 1996 las
encuestas son falseadas o interpretadas de una manera tergiversada,
eso es lo que tengo que criticar porque parece que en los 14 años
anteriores el trabajo del CIS se hacía de manera distinta. Entonces
no se falseaban, no se utilizaban los datos mal, se interpretaban
todos correctamente y muy bien, de acuerdo con la ley y la normativa
de entonces. Lo que también he criticado es que toda esa materia
podía haberse regulado en aquellos 14 años porque si la ley es de
1995 y supongo que habría una normativa anterior y, después, en 1997
se regulan determinadas materias correspondientes a lo que decía la
ley de 1995, también podría haberse hecho antes, pero parece que hay
dos momentos, dos formas de trabajar en el
CIS. Una, de 1982 a 1996 y, otra, de 1996 a 2001. Eso es lo que he
criticado en mi intervención, porque es absolutamente falso o, por
decirlo de una manera más suave, es erróneo. El CIS está haciendo en
este sentido un buen trabajo. Nosotros lo hemos reconocido así y, por
otro lado, la ley que regula en este momento los trabajos que hace el
CIS es suficiente garantía para proteger el trabajo de cualquier
interpretación. Y respecto a su sometimiento al Parlamento, es
evidente que va a seguir, y están -lo ha dicho el presidente en este
momento, como lo ha estado antes- en condiciones de aportarnos el
trabajo importante que se está realizando. Que tarde más o menos
dependerá de la forma, del procedimiento, de los métodos de conexión
con el Parlamento.
Finalmente, usted ha dado la conclusión. Una encuesta no puede tener
una sola lectura. Es así y eso viene al hilo de lo que también
criticaba anteriormente en mi intervención. Sí debe decirnos lo que
está ocurriendo en la calle, pero lo que está claro es que no puede
tener una sola lectura. De hecho, desde el momento en que se pretende
que tenga una sola lectura, cuando luego es interpretada de forma
diferente en ámbitos de medios de comunicación, en ámbitos de los
grupos políticos, etcétera, está claro que se le va a dar una
interpretación diferenciada muchas veces de lo que el propio trabajo
sociológico ha hecho. Por tanto, eso es normal, eso va a seguir
ocurriendo, va a pasar siempre y eso no significa ni que un gobierno
falsee ni que el anterior no lo haga ni que se utilice de una forma o
de otra, sino simplemente que unos datos objetivos realizados
seriamente y con rigor por un organismo, aunque pertenezca a un
gobierno en un momento dado, se pueden interpretar de varias formas.
Por tanto, éste aunque sea un organismo autónomo está haciendo un
buen trabajo y aunque sea un organismo dependiente de un gobierno
está haciendo un buen trabajo. Nosotros, desde nuestro grupo, así lo
manifestamos y lo queremos dejar bien claro. El Centro de
Investigaciones Sociológicas está haciendo un trabajo riguroso, serio
y útil a la sociedad, que es lo que pretendemos desde cualquier
actividad pública.
El señor PRESIDENTE: Para concluir, señor Montoro, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
(Montoro Romero): Muchas gracias, señor Merino, por las palabras de
apoyo. En eso estamos y eso es lo que pretendemos y a eso dedicamos
nuestro mayor empeño.
Señor Marcet, vuelvo a repetírselo, la de opinión pública de política
fiscal de este año es exactamente igual que la del año pasado, la
misma, y no tiene ninguna relación con ninguna ley de estabilidad
presupuestaria. Tiene relación con un tema, con el del gasto público,
que es un tema novedoso, de hace dos años,
tres años para acá, no más y eso ha cambiado. El concepto de gasto
público, el concepto de endeudamiento y el de Unión Europea con
déficit público limitado, etcétera, ese es el tema novedoso y el CIS
no lo estaba contemplando. Esa es la decisión que tomé como
presidente del CIS, que el equipo tomó como responsable del CIS, de
actualizar una encuesta sobre la cuestión del gasto público y el
gasto público en el panorama de las comunidades autónomas y, además,
el panorama de los ayuntamientos. Son tres cascadas de una situación
nueva a las que el CIS no estaba contemplando hasta ese momento. A
partir de entonces sí lo está contemplando. Por tanto, imagínese que
intencionalidad tenía, que no sea el conocimiento de lo que piensan
los españoles sobre una cuestión tan novedosa como esa. Es
exactamente igual. No son seis meses, señor Marcet, son tres meses lo
que dice la ley. De facto, y le puedo traer la relación, intentamos
que los tres meses no se cumplan, bajan lo más rápidamente posible,
pero son cuestiones técnicas de la casa. Cuando se hizo esto en la
ley, cuando uno lo ve desde dentro y ve como funciona el CIS, es una
medida muy razonable, dejar tres meses para que llegue al banco de
datos ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que garantizar que los datos
que se difunden a cualquier ciudadano, a partir del momento en que
está en el banco de datos, no contengan errores. Si trabajan pensando
en una sola encuesta, no lo entienden, pero cuando uno trabaja desde
dentro y contempla 40 encuestas, a veces complicadas, enrevesadas, lo
entiende perfectamente, que es lo que hizo quien hizo, introducir
este criterio técnico de tres meses. Es un plazo razonable para que
se cumpla ese propósito. Lo que ocurre con algunas encuestas, las que
llevan intención de voto, es que se ofrece la garantía de que se
adelante un avance de resultados en lo que dice la ley, en el plazo
de 15 días a los parlamentos concernientes. Es un avance de
resultados y lo he dicho un millón de veces. Lo vuelvo a decir y
debemos ser muy conscientes de que es un avance de resultados y,
señoría, puede contener errores. Lo que pasa es que como la ley
obliga a hacer ese avance de resultados, tenemos que hacerlo, pero
puede contener errores. Profesionalmente, se lo digo muy en serio,
puede ocurrir que algún día tenga errores sustanciales y en ese
momento quisiera recurrir al «Diario de Sesiones» para que se lea lo
que estoy diciendo en este momento: puede contener errores. No va a
contener errores cuando haya pasado toda la maquinaria de limpieza de
datos y se ofrece en el banco de datos. Debemos de ser muy
escrupulosos porque estamos trabajando sobre cuestiones delicadas
para la opinión pública, temas que son importantes y tienen
transcendencia e impactan sobre legislaciones y la garantía me parece
absolutamente razonable -yo la volvería a poner-, incluso la pondría
de cinco meses, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Si
usted tiene un avance de resultados espere un tiempo para que el
CIS pueda certificar que no contiene errores. Esto es bastante más
serio de lo que parece. Cuando se presenta un barómetro con la
intención de voto o una encuesta preelectoral, aparece en los medios
de comunicación: esto es lo que dice el CIS, pero realmente es un
avance de resultados. Lo siento pero no podemos ofrecer nada más, es
que hay poco tiempo y es lo que sale al manipular el dato y
procesarlo: un avance de resultados. Puede que haya errores dentro de
la grabación de datos -fíjese lo que le digo- y que alguna intención
de voto pueda alterarse en tres puntos. Es un tema muy serio. Me
gustaría transmitir a los medios de comunicación que pusiesen sólo:
Avance de resultados CIS. Este avance se ofrece porque la ley obliga.
Esta fue una decisión arriesgada -técnicamente, muy arriesgada- que
se tomó y de la que todos debemos de ser conscientes y
corresponsables. Es un tema mucho más serio de lo que parece.
Con respecto a la petición que me realizó, creo que la recibió dos
veces, porque yo se la mandé antes del verano. La recibió
directamente del CIS y luego el ministerio me pidió que utilizase el
canal habitual, incluso me dijo su secretaria que ya la tenía, pero
le dije que no importaba que la tuviera dos veces y así todos
cumplimos perfectamente nuestra obligación. Por lo tanto, usted la ha
recibido dos veces. La segunda habrá sido un poco más lenta, pero la
primera le aseguro que fue en el momento en que se dispuso de ella.
Cuando le respondí de esa manera, me estaba refiriendo a que todavía
no estaban anonimizados los datos, porque el CIS trabaja en muchas
encuestas y todavía no había llegado al banco de datos. Ahora no
recuerdo la fecha, pero estoy seguro, porque nunca ocurre -o casi
nunca-, sobre todo en encuestas un poco delicadas como esta, porque
ya estamos pendientes de que no se agoten los tres meses y siempre se
procura que salga antes. Por tanto, le pido disculpas si ha habido
algún problema en el envío, pero no ha sido a propósito. Además le
puedo asegurar que cuando llega una petición parlamentaria es
prioritaria -no quiero ofender a ningún ciudadano, porque la ley es
para cualquier ciudadano-, pero obviamente es prioritaria, quizás los
canales que usted y yo tenemos que recorrer desde el Ministerio de la
Presidencia supone que haya mucha burocracia, pero le aseguro que es
prioritaria. Cuando cualquiera de ustedes, como representante del
pueblo español, nos pide cualquier cosa a nosotros es prioritario por
definición y estamos a su servicio, ya que ustedes tienen que hacer
una tarea importantísima y todo lo que nosotros podamos aportar para
realizarla, tengan la confianza absoluta en que lo haremos.
Con respecto al soporte, señor Marcet, lo enviaremos en el que usted
quiera, como usted me lo solicite en su petición por escrito, si pide
el disquete le mandaremos el disquete, lo que usted quiera. Nosotros
interpretamos que hemos respondido a lo que usted nos pedía. Le
daremos lo que usted nos pida exactamente.
Si cualquier ciudadano ahora mismo nos pide la matriz de datos de una
encuesta -sea cuál sea- se le da el disquete, conque imagínese a
usted. A lo que me refería anteriormente -y este es un tema que como
presidente del CIS me preocupa- es que utilicemos el CIS, no vaciemos
su matriz de datos. Una matriz de datos la requiere un especialista
que quiere hacer algún tipo de estudio y se le facilita, pero
normalmente la matriz de datos no se utiliza; pidámosle al CIS lo que
queramos, si quieren un cruce, le facilitaremos los cruces que usted
quiera, por poner un ejemplo, nos puede pedir que le crucemos el
recuento de votos con la valoración de líderes, se le hace
inmediatamente y se le da en el soporte que usted desee. Cuando
avancemos en esta línea, lo que haremos será que se lo enviaremos por
correo electrónico -que es mi sueño-, pero seguro que habrá algún
procedimiento que impedirá que ocurra eso, porque necesitará alguna
certificación o algún sello, pero nuestro objetivo sería poder
enviarlo por correo electrónico.
Para terminar, señorías, todas las encuestas que hace el CIS se
publicitan, es decir, que pasan al banco de datos. No podemos hacer
ninguna encuesta que no siga el procedimiento de bajar al banco de
datos. No se puede ocultar ni una sola encuesta, ni se nos ocurre.
Esto no existe desde que se aprobó la ley -señor Marcet, existió en
su momento, porque no había esa disposición legal y tampoco quiero
criticar a mis colegas que son amigos- y ahora no se puede hacer. En
contra de lo que hace algunos meses se ha dicho -incluso, creo
recordar que su grupo parlamentario lo dijo- no se oculta ninguna
encuesta, porque no se puede. Todas siguen el mismo procedimiento que
está marcado por la ley que todos conocen. Se puede criticar al CIS
por la flexibilidad en su difusión o no, pero no se oculta ninguna
encuesta. Todas las encuestas tienen el mismo rigor técnico, no hay
ninguna variación, se utilice la red de campo del CIS o no, como en
la última encuesta que hemos hecho para Telefónica sobre los
atentados acontecidos en Nueva York. La técnica está controlada por
el CIS, siempre es la misma. Cada uno puede decir lo que quiera pero
las encuestas del CIS nunca se hacen en la sede de ningún partido.
Hay que ser cuidadosos con un organismo autónomo como éste que está
haciendo todos los esfuerzos para ser neutrales y las estimaciones de
voto, señorías, son siempre las mismas, mes a mes, en este caso,
trimestralmente a trimestralmente, salga lo que salga. Comprueben las
estimaciones de voto, que son públicas, desde el año 1996 hasta la
actualidad y comparen las estimaciones de voto de los dos grandes
partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, y verán que
siempre es la misma fórmula, porque es la única que tenemos en el CIS
para calcular una cosa de este tipo y para sacar la serie, que es lo
que científicamente nos concierne y lo que se nos pide. Si me
perdonan, porque como se podrán imaginar, no quiero ofender a nadie,
solemos ser cuidadosos
con estas cosas porque si cuando sale un barómetro del CIS, que en
alguna cuestión no gusta, se dice que está mal hecho y se le dice a
la opinión pública y a los ciudadanos que se ha hecho en una sede de
un partido, no es que a mí me duela, es que es incorrecto y no hay
derecho a que ocurran estas cosas. Les puedo permitir que digan otras
cosas pero esto no, porque técnicamente esto no se hace, porque no se
puede hacer, tan sencillo como esto. La parte menos visible de las
estimaciones, si usted lo comprueba, es la misma, porque necesitamos
hacerla siempre de la misma manera para saber como evolucionan las
cosas y contárselo no sólo al presidente del Gobierno sino a la
sociedad española, y a ustedes los primeros. Necesitamos hacer lo
mismo siempre, guste o no guste. En este asunto a uno se le
desarrolla una mirada muy fría, casi de médico, donde hay una herida
y se cura, y de pronto uno descubre que hay un ser humano detrás de
la herida, pero uno se acostumbra a esto. Esto es así, porque no
puede dejar de ser así, y si quieren comprueben las estimaciones
históricas desde 1996 y verán como no ha habido en el CIS -me consta
por lo menos en mi mandato y en el anterior tampoco, como se podrán
imaginar- ningún tipo de tergiversación de nada en absoluto, porque
por definición no puede haberla, porque no somos un instrumento de
propaganda política, porque no existe esa figura y no existe, no
porque lo diga yo, sino porque hay una ley que impide que exista.
Esto, junto con la tradición técnica y científica del CIS y la
capacidad profesional y técnica que podamos tener, es la mejor
garantía de que las cosas están funcionando. Yo le pido al CIS, como
se pueden imaginar, el máximo rigor y el máximo esfuerzo y pediría
cierta prudencia en los comentarios que se hagan, porque dañan una
institución de este tipo que, en definitiva, nos beneficia a todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Damos por concluida su comparecencia y con ella la sesión de la
mañana de la Comisión. Reanudamos esta tarde la sesión a las cuatro y
media de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las doce del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (CAMPS DEVESA),
A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO
(número de expediente 212/000797) Y SOCIALISTA (número de expediente
212/000713).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, en este trámite de
comparecencias de representantes de los diferentes ministerios para
aclaraciones sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002, con la presencia del secretario de Estado para la
Seguridad Social, don Gerardo Camps, al que agradecemos su presencia
aquí.
El señor Camps conoce de sobra el procedimiento que seguimos en esta
trámite, porque ha participado ya como secretario de Estado y
anteriormente como diputado. En primer lugar, daré la palabra al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; a continuación, al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular y después, si mientras tanto
no ha venido ningún otro representante, tendrá la palabra el señor
secretario de Estado para dar respuesta a todas las preguntas.
Posteriormente, habrá un turno de réplica.
Tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Muchas gracias por su comparecencia, señor
secretario de Estado.
No voy a insistir en la credibilidad mayor o menor de las previsiones
macroeconómicas, cosa que ya se ha hecho a lo largo de las sesiones
de ayer y anteayer, sí quiero añadir que, como usted puede
comprender, en un escenario en el que no creo que estemos creciendo
más allá del 2 por ciento, crecer el año que viene el 2,9 por ciento
va a suponer que terminemos el año 2002 creciendo el 4 por ciento.
Por tanto, hay una previsión excesivamente optimista o bastante
increíble. En todo caso, no quiero referirme a eso, aunque,
claramente, esa previsión va a tener consecuencias en los ingresos y
en los gastos de la Seguridad Social.
Empezaré por hacer una mención al déficit cero; también la hice el
año pasado. Resulta paradójico que el Congreso de los Diputados acabe
de dar su visto bueno a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,
justo unos días después de que el Gobierno presentara en las Cámaras
el proyecto de presupuestos para el año 2002; concretamente, una
semana después. Resulta ciertamente curioso que, mientras el Gobierno
se empeñaba en colocar en el Boletín Oficial del Estado esa especie
de discurso ideológico que es la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, por lo demás un discurso bastante voluntarista y
rígido, el mismo Gobierno que se empeñaba en aprobar esta ley trajera
a la Cámara, al mismo tiempo, un presupuesto que, con una previsión
de crecimiento económico superior a lo que es la tasa natural de
crecimiento de la economía española, contempla un cierre de ejercicio
con un déficit del 0,55 por ciento del PIB, es decir, incluso
superior al que había previsto para los presupuestos de este año sin
Ley de Estabilidad Presupuestaria. La paradoja no termina ahí, sino
que anteayer, el secretario de Estado de Economía, y creo que también
el gobernador del Banco de España, decían aquí, en esta misma
Comisión, que el Estado renunciaría al objetivo del déficit
cero si la economía creciera el año que viene menos del 2,9 por
ciento. Por tanto, hemos mandado una Ley de Estabilidad
Presupuestaria que, como dijo nuestro portavoz en el debate de este
proyecto de ley, señor Fernández Marugán, el Gobierno va a incumplir
desde el momento en que aparezca en el Boletín Oficial del Estado.
¿Qué resulta de todo esto? Algo que a mí me parece bastante sencillo,
que, si creciendo la economía española por encima de la tasa natural
de crecimiento, el 2,9, se tiene un déficit, si creciera en esa tasa
natural, que podemos estimar entre el 2,5 ó 2,6 por ciento,
tendríamos un déficit de cerca de 1 punto del PIB. Luego, ese déficit
se maquilla con un maquillaje pesado que es el que, año tras año, le
viene proporcionando la Seguridad Social; es decir, una vez más el
Estado nos presenta unas cuentas en las que se prevé un déficit de
algo más de medio punto del PIB que será compensado por un superávit
de la Seguridad Social equivalente a esa misma cantidad. Con eso se
llega al déficit cero. Por tanto, la primera conclusión parece obvia:
el año que viene, la Seguridad Social volverá, presupuestariamente
hablando, como lo ha hecho en este ejercicio, a compensar el déficit
del Estado. Éste es un debate que no se ha producido con la
intensidad suficiente, con el rigor necesario en esta Cámara y, sin
embargo, en Estados Unidos ha dado lugar en las últimas semanas a
innumerables comentarios, artículos, estudios de analistas, sobre ese
superávit de la Seguridad Social, que en ese país es de 157.000
millones de dólares, aproximadamente 30 billones de pesetas, y
respecto al cual había un consenso para no tocarlo, para no abordar
el déficit del Estado con esos recursos. Ese compromiso se ha venido
al traste; se vino al traste ya con la bajada de impuestos del
presidente actual, el señor Bush, pero, sobre todo, se ha venido
absolutamente al traste después del 11 de septiembre.
Un debate que está en muchos sitios y que es importante reproducirlo
aquí es cómo utilizar el superávit de la Seguridad Social y si
procede o no enjugar el déficit del Estado con el superávit de la
Seguridad Social. Según el avance de actuación presupuestaria del
Estado de la Intervención General de la Administración del Estado, el
último de que disponemos, en 1999 la administración de la Seguridad
Social cerró con un superávit de 130.000 millones aproximadamente y,
en el año 2000, con un superávit neto de aproximadamente medio billón
de pesetas. Posiblemente, según nos dijo en esta misma Comisión la
secretaria de Estado de Presupuestos, en el 2001, vamos a cerrar con
un superávit de aproximadamente medio punto del PIB, es decir, unos
540.000 millones de pesetas. En los tres últimos años, el excedente
neto de la Seguridad Social va a ser de aproximadamente 1 billón
169.000 millones de pesetas y, según todas las previsiones, a menos
que este año se incremente en más, el fondo de reserva estará a
final de ejercicio en 250.000 millones de pesetas. El otro día se nos
dijo por la secretaria de Estado de Presupuestos que posiblemente
pueda haber una aportación adicional de 110.000 millones de pesetas.
En ese caso, estaríamos en 360.000 millones de pesetas a final de
este ejercicio. Dicho de otra manera, con esos 110.000 millones,
solamente el 31 por ciento de los excedentes netos de la Seguridad
Social va al fondo de reserva. Obviamente, la primera pregunta es
dónde va el resto. Además de compensar el déficit del Estado, esa
cantidad restante, que puede ser de cerca del 70 por ciento, ¿a qué
fines se destina, dónde está, qué asientos contables son los que se
hacen una vez obtenido el excedente neto financiero y, por tanto,
dónde se sitúan presupuestaria y patrimonialmente hablando?
Ciñéndonos ya al ejercicio 2002, déjeme hacerle dos preguntas
bastante sencillas. La primera se la hice el año pasado, pero se la
vuelvo a hacer éste: ¿Son definitivas las cuentas que nos ha traído a
esta Cámara? ¿Son definitivos los presupuestos de 2002 o están
sometidos a modificaciones inmediatas que se puedan hacer en el
futuro? Porque, si usted se fija, ninguna de las previsiones
contenidas en los acuerdos suscritos con Comisiones Obreras y la CEOE
en abril de este mismo año está incorporada a los presupuestos, ni la
mejora de las pensiones mínimas, ni un avance significativo en el
proceso de separación de fuentes, ni la reducción de cotizaciones
para mayores de 60 años. Por tanto, mi pregunta es muy simple: ¿Este
es un presupuesto definitivo o nos van a traer una modificación del
presupuesto cuando se incorporen, si se van a incorporar, esas
modificaciones acordadas?
Segunda pregunta. ¿Tienen ustedes una previsión de liquidación del
año 2001? Porque nos vuelve a ocurrir como el año pasado, que casi
todos los cuadros, los que constan en los distintos libros,
amarillos, rojos o verdes, están comparando presupuestos iniciales
del 2002 con presupuestos iniciales del 2001. Yo sé que en la casa se
trabaja con mucho más rigor y los presupuestos de un año se hacen
sobre previsión de liquidación y de cierre a ejercicio del año que
estamos terminando ahora. Por tanto, me gustaría conocer ese dato
¿Por qué? Vamos a entrar en los ingresos y verá por qué se lo digo.
Decimos: Cotizaciones sociales, 2002, se van a incrementar en el 8,38
por ciento, presupuesto 2002 sobre presupuesto 2001. Pues bien,
después de decirnos eso se afirma que la presión contributiva de las
cotizaciones sociales sobre el PIB el año 2002 va a pasar del 9,9 al
9,8. Me pregunto: Si las cotizaciones sociales crecen un 8,38 por
ciento y el PIB, en términos monetarios, a precios corrientes, sube
un 5,9 por ciento, ¿cómo se va a reducir la presión contributiva?
Lógicamente, si se suben las cuotas por encima de lo que va a crecer
el PIB, aumentará la presión contributiva. Hace falta bucear un
poquito en los presupuestos, sobre todo en la memoria o en el informe
económicofinanciero, y hay un cuadro, el único por cierto, que es el
de relación
entre cotizaciones y PIB, donde se nos hace una previsión de cómo se
van a liquidar las cotizaciones sociales este año, el único. Ahí, ya
sí se puede hacer una comparación. Se nos dice: La liquidación de
este año de cuotas no va a ser, como estaba en el presupuesto
inicial, de 62.020 millones de euros, sino de 64.700 millones de
euros. Es decir, vamos a liquidar por cotizaciones sociales, según
ese cuadro, unos 446.000 millones de pesetas más. Dicho de otra
manera, vamos a liquidar 2.680 millones de euros más de los que
estaban presupuestados. Si es así en el año 2001, en éste, la presión
fiscal de las cuotas va a ser el 9,9, pero ahora tendremos que saber
cuál va a ser la efectiva liquidación de cuotas en el año 2002 porque
poniendo la que ustedes han pintado en los presupuestos, es decir,
67.215 millones de euros, daría como resultado que las cotizaciones
sociales van a crecer en el año 2002 un 3,89 por ciento respecto de
lo que se va a liquidar en el 2001, solamente un 3,89 por ciento. La
pregunta es: ¿Dónde estamos? Si mantenemos que los datos que se
suministran de previsiones macroeconómicas son ciertos, si mantenemos
los tipos de cotización, si el PIB crece al 2,9 por ciento en
términos reales, si el empleo crece el 1,8 por ciento, como ustedes
han previsto, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y
si las bases medias varían en función del crecimiento previsto para
las remuneraciones de los asalariados, si todo eso ocurre, que es lo
que ustedes nos ponen como previsión, yo le digo que las cotizaciones
sociales crecerán el 5,3 por ciento o el 5,2 por ciento. Por tanto,
el año que viene no liquidaremos 67.215 millones, sino 900 ó 1.000
millones de euros por encima de lo presupuestado. Si eso es así, le
pregunto: ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué han puesto esos 1.000
millones de euros menos en ingresos de cotizaciones sociales?
Solamente puede haber tres contestaciones. La primera, significaría
una desconfianza hacia lo que son los datos y las previsiones que ha
hecho el Gobierno, que yo la entendería, pero la segunda y la
tercera, que no voy a comentar, supondrían una desconfianza hacia el
Parlamento, y me parecería más grave.
La primera es: ¿Ustedes ponen menos ingresos de los que se deducen
del crecimiento del empleo que dicen que se va a producir porque no
creen que sea verdad que se va a producir ese crecimiento? ¿Creen
ustedes que el PIB va a crecer menos, el empleo va a crecer menos,
los afiliados van a crecer menos y, por tanto, las cotizaciones
sociales van a crecer sólo el 3,89 por ciento o creen ustedes que las
cotizaciones según las previsiones crecerán por encima del 5 por
ciento y, por tanto, la recaudación será mayor? No haber pintado eso
sería simplemente una desconfianza hacia las previsiones del
Gobierno, pero le añado que las otras dos son más graves porque
supondría lo siguiente. Primero, ¿creen ustedes que el Estado, como
ha ocurrido en el 2001, va a tener al final del 2002 un déficit mayor
del previsto y, por tanto, utilizan las cotizaciones sociales como
colchón
como han hecho este año? Este año decían que iba a ser de tres
décimas; se va a desviar en más de 5 décimas, pero la Seguridad
Social lo va a compensar ¿Piensan ustedes que el Estado al año que
viene se va a desviar más de 5 décimas y que, por tanto, se reservan
un colchón financiero en las cotizaciones sociales para afrontar ese
exceso de déficit del Estado? En tercer lugar, ¿van a aplicar a
partir del año que viene esas reducciones de cuotas para los mayores
de 60 años que no están pintadas en los presupuestos y que supondría
una merma en los ingresos lógicos derivados del crecimiento
económico? Una de esas tres cosas tiene que ser porque no es lógico
pensar que, si ustedes creen que se va a liquidar este año 64.700
millones de euros, aplicándoles el crecimiento que se deduce de sus
cuadros, darían 1.000 millones más de pesetas de ingresos. Estamos
hablando, como usted bien sabe, de unos 170.000 millones de pesetas.
Por tanto, explíqueme usted por qué no los ponen, por qué no
aparecen.
Vayamos a las aportaciones del Estado. Aquí, he un lenguaje
homogéneo, añado a las aportaciones del Estado de este año los 18.343
millones de euros, que no figuran pero que van a asistencia
sanitaria, y los 1.037 que tampoco figuran y van a servicios
sociales. Sumando todo esto y haciendo presupuestos homogéneos, la
aportación del Estado en el 2002 sería como la del 2001 en términos
de financiación del gasto, es decir, tanto este año, en presupuesto
inicial, como el año que viene, las aportaciones del Estado se harían
cargo del 32,5 por ciento de los recursos de que dispone la Seguridad
Social. Esto me va a permitir también un breve comentario. Con las
aportaciones del Estado se ha producido normalmente una paradoja
desde que se aprobó el Pacto de Toledo y es que, tanto en términos de
su relación con el PIB como de su participación en los ingresos de la
Seguridad Social, las aportaciones del Estado han crecido menos en
los últimos cinco años, es decir, desde el Pacto de Toledo, de lo que
habían crecido en los años inmediatamente anteriores al Pacto de
Toledo, lo cual es realmente una paradoja. Entre 1996 y el 2002, la
participación de las cuotas en los ingresos de la Seguridad Social,
dicho y visto desde otra perspectiva, ha crecido en 1,5 puntos. Es
decir, las cotizaciones sociales en el año 1996 eran del 64 por
ciento de los ingresos de la Seguridad Social y hoy están en el 65,5.
Sin embargo, en los seis años inmediatamente anteriores se había
reducido del 72,5 al 64 por ciento. Quiere decirse que el ritmo de
crecimiento en el que están funcionando las aportaciones del Estado
ha sido menor en estos últimos años que en años inmediatamente
anteriores. Esto tiene una transcendencia doble, por un lado, las
cotizaciones sociales, como usted bien sabe, se han convertido en
estos últimos años en la principal fuente de financiación del Estado,
por encima de lo que son los impuestos directos e indirectos. Es
decir, hoy día las cotizacionessociales en el presupuesto consolidado
del Estado son
ya el 41,3 por ciento de los ingresos. Hace diez años eran el 27 por
ciento, es decir, muy por encima de los impuestos directos que están
en el 24,7 o de los indirectos que están en el 22,5. Por tanto, ahí
tenemos ya un dato que me parece ciertamente relevante. Además, por
otro lado, se ha producido un mantenimiento de los tipos de
cotización en un nivel superior al del equilibrio presupuestario sin
que todos los excedentes que se han generado hayan ido a parar al
fondo de reserva. Para que se haga usted una idea, entre 1982 y 1996,
los tipos bajaron a razón de un punto cada cuatro año, empezaron
siendo el 32, 1 por ciento y terminaron siendo el 28,3; cada cuatro
años se bajaba un punto de cotización. En los últimos años no se ha
movido el tipo de cotización, pero todos esos excedentes que estaban
por encima del equilibrio presupuestario, porque era un tipo por
encima de lo que fuera posible obtener o prever que se iba a recaudar
para pagar los gastos, todo eso, sin embargo, no ha ido al fondo de
reserva, como antes le decía. Por tanto, tenemos aquí esa misma
incertidumbre que yo le planteaba al principio de que se están
produciendo unos excedentes en la Seguridad Social que no figuran
luego en las cuentas del fondo de reserva. En el año 2002 el Estado
va a aportar a la Seguridad Social el 32 por ciento de sus ingresos
en términos homogéneos. Sin embargo, la aportación del Estado lo
único que hace es aumentar un poco la financiación en complementos a
mínimos y volver a reiterarnos algo que nos dijeron el año pasado,
que está financiando también gastos no contributivos del Instituto
Social de la Marina, pero eso ya estaba en el presupuesto del año
anterior.
Con esto entramos en los complementos a mínimos. En el año 2002, la
factura de los complementos a mínimos va a ser aproximadamente, según
dicen ustedes, de 685.000 millones de pesetas. De estos 685.000
millones de pesetas, el Estado va a aportar, si no me equivoco, una
cantidad que no supera los 50.000 millones. Dicho en términos de
euros, de 4.112,3 millones de euros que va a sumar la factura de los
complementos a mínimos, el Estado va a aportar para su financiación
en el año que viene 306 millones de euros. El acuerdo de abril -usted
lo recordará- decía que la financiación total de los complementos a
mínimos con cargo a las aportaciones del Estado se hará en un plazo
que no superará los 12 años. Es decir, que en 12 años el Estado se
habrá hecho cargo ya totalmente de la financiación de los
complementos a mínimos. Este es el primer ejercicio de ese plazo
máximo -insisto, máximo- de 12 años, y el Estado va a aportar sobre
lo que ya ponía anteriormente, 208,5 millones de euros, más de lo que
puso en el año 2001. Con este ritmo de crecimiento en las
aportaciones del Estado para los complementos a mínimos se va a
tardar, manteniendo sin crecimiento los complementos a mínimos, algo
más de 18 años a contar desde el 2003, para financiar los
complementos a mínimos. Quiere decirse que, con este ritmo,
los complementos serían absorbidos por el Estado en el año 2020, un
poco después, o un bastante después, de lo que estaba acordado en
abril con Comisiones Obreras y con la CEOE. Esta es una primera
bofetada que recibe el acuerdo de abril. Esto es consecuencia, como
decía antes, de que las aportaciones del Estado están creciendo en
los últimos años a menor ritmo de lo que habían crecido históricamente.
Quiero ponerle de manifiesto una paradoja, que se está produciendo en
estos momentos y además es curioso. La Seguridad Social, con
superávit en sus cuentas, ha aumentado la presión contributiva de las
cotizaciones sociales en los últimos 5 años, pasando del 9,5 al 9,9
por ciento del PIB. Sin embargo, el Estado, con déficit en sus
cuentas, ha reducido la presión fiscal de la imposición directa. ¿No
le parece paradójico que, en un sitio donde hay superávit, se aumente
la presión fiscal y, en otro donde hay déficit, se reduzca la presión
fiscal? ¿Cuál es la causa de esto? Que el dinero de la Seguridad
Social financia o enjuga el déficit del Estado; que se mantienen
innecesariamente altas las cotizaciones sociales, para bajar los
impuestos, el IRPF. Hemos utilizado los complementos a mínimos, las
cotizaciones sociales para producir una rebaja fiscal, ya que a pesar
de leyes de estabilidad presupuestaria, llegamos al año 2002 con un
crecimiento de cerca del 3 por ciento y nos traen unas cuentas en las
que el Estado tiene un déficit de medio punto del PIB. Ese mismo
Gobierno exigirá luego a las administraciones locales, que no
disponen del colchón de la Seguridad Social, que traigan un déficit
cero. Lo primero que tiene que hacer es aplicarse el cuento, que él
haga su déficit cero sin utilizar la Seguridad Social, porque las
administraciones locales no pueden utilizar la Seguridad Social para
enjugar su déficit.
También he oído decir -ustedes lo han dicho muchas veces, lo dice
también el Ministro de Hacienda- que ni un solo euro de la Seguridad
Social va a financiar gastos del Estado, y lo enfatizan, lo subrayan,
multiplican por mil esas palabras. Yo les digo que, en los
presupuestos de 2002, 540.000 millones de pesetas de ingresos de
cotizaciones sociales en el INEM van a financiar gastos del Estado y
635.000 millones de cuotas de la Seguridad Social van a financiar
complementos de mínimos. Por tanto, en el presupuesto del año 2002
tenemos un billón 175.000 millones de pesetas que financian gastos
del Estado con cotizaciones sociales. Hay más, en la cuenta
financiera del año 2002, el excedente bruto previsto es de 4.171,47
millones de euros, es decir 694.000 millones de pesetas, si deducimos
lo que serían el excedente de las mutuas de accidentes y la
amortización del principal del crédito del Banco de España, nos
quedaría un excedente neto de 3.356,4 millones de euros, es decir,
558.454 millones de pesetas, que presupuestariamente hablando será el
excedente neto que ustedes traen enlas cuentas públicas para el año
2002. En el informe
económico-financiero nos dicen que esta diferencia de 3.356,4
millones de euros, 558.454 millones de pesetas, son las dotaciones
entre las que se encuentra el fondo de reserva, por un importe de
1.051,77 millones de euros, es decir, 175.000 millones de pesetas, y
otros fondos de posibles aplicaciones; le pido al secretario de
Estado que nos diga ahora cuáles son esos otros fondos de posibles
aplicaciones y que nos lo detalle uno por uno hasta llegar a esa
cantidad de la que hemos hablado anteriormente. En los últimos cuatro
ejercicios, tendremos un 70 por ciento de los excedentes de Seguridad
Social que es menester conocer dónde se van a depositar. Esto por lo
que se refiere a los ingresos, tanto de cotizaciones sociales como de
aportaciones del Estado.
Vayamos al presupuesto de gastos. Como usted sabe, y con más motivo
después de las modificaciones presupuestarias de este año, el 78 por
ciento del gasto de la Seguridad Social, es en prestaciones
económicas, y casi el 70 por ciento en pensiones. Estamos gozando de
una coyuntura demográfica -y usted lo sabe- muy favorable que es
menester aprovechar. Si entre el año 1977 y el año 1992, el número
medio anual de pensiones aumentaba en 180.000 personas, nuevos
pensionistas, en los cuatro últimos años, ese incremento medio anual
ha sido de 88.000 -fíjese usted en la diferencia, son 100.000 menos
cada año- y, según los presupuestos, en el año 2002 será de 72.000.
El número de pensiones que aumentan en el año 2002 respecto del año
2001 van a ser de 72.400. Por tanto, es una coyuntura enormemente
favorable que hay que aprovechar, y por eso pongo un enorme énfasis
en que todo vaya al fondo de reserva. Voy a darle otro dato, hoy
entre 50 y 59 años, es decir, los inmediatos pensionistas, hay
2.400.000 personas afiliadas a la Seguridad Social; en el 2.010,
entre 50 y 59 años serán ya 3.600.000 y en el año 2020 serán
4.500.000. Lo que significa que en los próximos 20 años el número de
personas entre 50 y 59 años que van a ingresar inmediatamente en el
sistema de pensiones pasará de 2,4 millones a 4,5 millones, por
tanto, esta es una coyuntura que hay que atender, para afrontarla
desde lo que es darse cuenta de que este es un momento
coyunturalmente favorable, pero no sacar consecuencias y pensar que
todos los problemas serán resueltos, de ahí la importancia que le
damos al fondo de reserva.
Como usted sabe perfectamente ya hemos dicho que el número de
pensiones va a crecer muy poco, 72.400. Por cierto, una curiosidad,
todas las pensiones crecen menos, las de jubilación, las de
incapacidad, las de supervivencia, pero hay una que me resulta muy
significativa, el incremento medio de las pensiones de viudedad anual
en los últimos 20 años ha sido aproximadamente de 50.000 pesetas y el
año que viene va a subir solamente 33.000. (Una señora diputada
pronuncia: ¡Así van a poder vivir!.) Me gustaría saber qué cálculos
se hacen para saber que el incremento de las pensiones
de viudedad se va a reducir a 33.000 pesetas; hay muchas
explicaciones pero me gustaría saber cuál es la que usted tiene. Por
tanto, el número de pensiones va a crecer menos del 1 por ciento el
año que viene y -aquí estamos otra vez en un enigma-, ¿cuánto va a
aumentar la cuantía media? Nos dicen ustedes que el efecto
sustitución, es decir, el incremento de la pensión media por la
sustituida de los fallecidos va a ser del 1,6; la revalorización que
han puesto ustedes es el 2 por ciento -tenemos ya esa suma- y, luego,
0,35 por esos desajustes que se producen siempre. Con esos datos,
estamos prácticamente en un incremento del 5 por ciento; sin embargo,
ustedes han puesto el 6 por ciento. Si el número de pensiones crece
menos del 1 por ciento -0,90 y tantos-, si la revalorización es del 2
por ciento y si el efecto sustitución más el complementario no llega
al 2 por ciento, estamos en el 5 por ciento de incremento y ustedes
han pintado el 6 por ciento.
Las preguntas son obvias. Primera: ¿Cuánto han calculado ustedes como
gasto atribuible al 2001 y cuánto al 2002 de la desviación de
inflación que se va a producir en noviembre? ¿En cuánto va a estar la
inflación en noviembre? Ahora estamos, si no me equivoco, en el 1,7
de desviación. ¿Qué va a ser en noviembre, el 1,5, el 1,4, el 1,3, el
1,2? ¿Qué han previsto ustedes? Segunda: ¿Van a cumplir el acuerdo de
abril? Si es así, dice: Se incrementará la cuantía de las pensiones
mínimas siguientes: de jubilación para beneficiarios menores de 65
años, de viudedad para beneficiarios menores de 65 años y las no
concurrentes del SOVI. ¿Cuánto van a aumentar esas pensiones que
están en el acuerdo y cuánto repercutirá esto en el aumento del
gasto? ¿Tenemos con ese punto para absorber esas dos cosas? Primero,
la desviación de inflación, suponiendo que parte de la desviación de
inflación la cargarán ustedes al ejercicio 2001 y parte al 2002, con
lo cual ya estaríamos hablando de una cantidad mayor en el año 2001,
de partida, para producir el incremento. Por lo tanto, la pregunta es
si ese punto es suficiente para lo que yo le he dicho, cuánto prevén
ustedes que se va a desviar y cuánto prevén ustedes que van a subir
esas pensiones mínimas.
Incapacidad temporal. En el año 2001 previeron ustedes un incremento
del 12,64; en 2002 han previsto ustedes un incremento del 13,20, y
llevamos años con programas de contención de la IT. A mí me preocupa
y me gustaría que me explicara usted esto, sobre todo cuando me
entero de que la transferencia que hace el INSS al Insalud para
mejorar el control de la IT se está dedicando a farmacia. Se está
dedicando por el Insalud no a mejorar, como es lógico, los medios con
los que tendría que realizar el control de la IT, sino que se está
dedicando a aumentar el crédito en farmacia. No sé si será que el
mejor sistema es coger a una persona que está en incapacidad temporal
y atiborrarlo de medicinas para que vuelva al trabajo cuanto antes.
(Risas.)Me gustaría que me explicara por qué esto es así.
Por cierto, en maternidad tienen ustedes un euro devaluado. Calculan
ustedes un gasto para el año 2002 de 129.099 millones de pesetas, que
traducen a 793 millones de euros, con lo cual nos está dando un valor
del euro de 162,74 pesetas. Dígame lo que es el incremento, porque
será más o menos según sean 793 euros equivalentes a 132.000 millones
o 129.000 millones equivalentes a 776 euros.
En el gasto no contributivo también tengo una duda. Se prevé que se
va a incrementar el número de pensiones no contributivas en el 2,37
sobre la media de 2001, y luego la suben el 2 por ciento. Esto nos da
un 4,4; sin embargo, ustedes han puesto un 5,78 por ciento de
incremento. ¿A qué se debe? La de familiar es igual. En los últimos
años el número de beneficiarios se ha venido reduciendo y, sin
embargo, ustedes han puesto un incremento del 5,17. ¿Cuál es la
razón?
Otras preguntas ya menores. La Gerencia de informática, en el
programa de mejora de la informática, tiene un incremento del gasto
del 44,5 por ciento. A mí me parece bien, pero si nos puede explicar
a qué se debe, se lo agradeceré.
Para terminar, tres cuestiones más. En primer lugar, una general. En
su opinión, ¿a qué se debe el hecho de que los ingresos medios por
afiliado en alta cotizante de la Seguridad Social estén creciendo en
los dos últimos años por debajo del crecimiento del IPC? ¿Cuál es la
razón? Estamos viendo que aumenta el número de afiliados, pero luego
el ingreso medio por afiliado, dividiendo la recaudación efectiva de
las cuotas por la media de afiliados al año, crece menos que el IPC.
La segunda. Le formulo esta pregunta porque el día que usted
compareció en la Comisión del Pacto de Toledo no nos dijo nada a los
diputados y, ese mismo día, en la prensa se dijo que a partir del año
2003 se va a empezar a computar un periodo superior a los 15 años,
hasta alcanzar toda la vida laboral, para calcular la pensión de
jubilación. ¿Se va a hacer, no se va a hacer? Por lo menos, ya que se
ha dicho en la prensa, aclárelo a los diputados y díganos cómo se va
a hacer. Por último, la tercera. Ya le he preguntado adónde va el 70
por ciento de los excedentes netos que no van al fondo de reserva.
Ahora dígame dónde está el 30 por ciento que va al fondo de reserva.
Es decir, dígame cuáles son los ingresos, en qué cuenta, cuáles son
las inversiones efectuadas, qué valores, qué títulos y qué
rentabilidades se han obtenido, porque ya es una cantidad importante
y a todos nosotros nos gustaría conocerlo.
Termino como empecé. Muchas veces, las previsiones macroeconómicas se
eternizan en debates que pueden ser estériles, algunos dicen que son
más o menos optimistas, pero permítame decirle, señor Camps, que el
optimismo, que es una virtud para las personas, acostumbra a ser un
defecto para los que hacen presupuestos. Ojalá el año que viene
vuelva a crecer en 400.000 afiliados, como dijo -no sé si fue ayer o
anteayer- el ministro, que el número de afiliados pueda crecer, por
lo tanto, por encima del 2 por ciento, y ojalá que eso se traduzca en
mayores ingresos, pero, por favor, señor secretario de Estado,
píntelo todo, póngalo todo en el presupuesto porque la verdad es que
a los diputados nos somete a tortura cuando tenemos que analizar el
presupuesto sobre lo que está en él puesto y lo que realmente luego
ocurre. Fíjese en las desviaciones de los últimos años, que todas
estaban cantadas y podían haber venido perfectamente en los
presupuestos que ustedes traen a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes. Bienvenido, señor Camps.
Quiero agradecerle su presencia en esta Comisión de Presupuestos.
Indudablemente, yo no tengo ni la capacidad ni el rigor del portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra para diseccionar tan bien
el presupuesto como lo ha hecho (además, yo creo que su última
alegación no es cierta, no le hace falta un mejor presupuesto porque
realmente profundiza con enorme detalle y conocimiento en la
materia), pero sí quiero hacer una reflexión de carácter general en
relación con las cuentas que nos plantea su departamento, la
Seguridad Social. Es una valoración obvia, pero hasta el momento no
escuchada, en el sentido de que nosotros nos alegramos de que, por
cuarto año consecutivo, se nos presente un presupuesto en el cual va
a haber un superávit de la Seguridad Social. Nosotros nos alegramos
del cambio que se ha producido en las cuentas de la Seguridad Social
en los últimos años, de forma que hemos pasado de una situación de
incertidumbre en relación con la viabilidad del sistema, con su
futuro y, en definitiva, con los derechos de los pensionistas y de
los hoy trabajadores, futuros pensionistas, por una situación en la
cual obviamente habrá que estar vigilantes en el futuro, pero estamos
hablando de importantes cuantías de dotaciones, de superávit o, como
le gusta decir al secretario de Estado de la Seguridad Social, de un
equilibrio financiero, en este caso con excedentes, sean para el
fondo de reserva o sean para las cuestiones que el presupuesto
plantea.
Tampoco voy a profundizar en las cifras macroeconómicas porque otros
portavoces previamente lo han hecho en la Comisión, aunque sin duda
nos encontramos con un presupuesto peculiar. No sólo es un
presupuesto en euros, es un presupuesto que busca y pretende como
objetivo el equilibrio de las cuentas públicas, como elemento de
incentivación de la riqueza, la actividad económica y el empleo. Es
un presupuesto en el cual también hay determinadas partidas de
difícil comparación, que hay que homogeneizar, como consecuencia de
diversas transferencias de competencias, que también afectan a su
departamento, y de la financiación autonómica correlativa a dichas
transferencias. En fin,
es un presupuesto que se presenta en un momento de incertidumbre
mundial, que naturalmente afecta a España y, por lo tanto, al
conjunto del presupuesto. Esperemos que las actuaciones de lucha
contra el terrorismo no acaben incidiendo de una forma muy negativa.
No voy a entrar a valorar si la cifra dada por el Ministerio de
Economía del 2,9 de crecimiento del PIB es una cosa exacta, porque
creo que no lo es, pero sí es un objetivo razonable que obedece a la
banda baja del pacto de estabilidad y que entra dentro de lo que es
previsiblemente conseguible por nuestras cuentas públicas y por el
crecimiento de la nación en términos de riqueza. Si baja, bajarán las
cuotas y, si sube, mejorarán los planteamientos del presupuesto, en
este caso el de la Seguridad Social .
Quiero preguntarle, y lo hago con menos tecnicismo pero con igual
claridad que lo ha hecho el señor Griñán, no sólo en relación a la
dotación prevista para el año 2002 de 175.000 millones de reserva,
sino también qué va a pasar, qué se espera (todavía no está cerrado
el ejercicio 2001), qué previsión de ejecución de liquidación final
va a haber de las cuentas públicas y en qué se va a traducir en este
caso en cuanto al fondo de reserva se refiere. Le agradeceríamos una
extensión en la explicación de su presupuesto en relación al fondo de
reserva del 2002 y también del actual.
Creo que el presupuesto que nos presenta es prudente, lo es dentro
del contexto. Es un presupuesto que plantea un 2 por ciento de
incremento del número de cotizantes al sistema de la Seguridad
Social. Estos últimos años creo que también se ha practicado este
tipo de previsiones con una cierta cautela, y, posteriormente, nos
hemos visto en la situación deseable de mejorar los parámetros de las
cuentas públicas que se presentan. Lo malo, en mi opinión, es
plantear objetivos que luego no se alcanza, con lo que significa de
desequilibrio y lo que significa de desesperanza o de incumplimiento
de las previsiones de un presupuesto. En un supuesto previo, como son
las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso,
de la Seguridad Social, prefiero la cautela y que al final nos puedan
plantear que hay recursos financieros que van a contribuir a mejorar
prestaciones de Seguridad Social o el fondo de reserva o la
viabilidad futura del sistema, que no encontrarnos en la situación
adversa justamente, valga la redundancia, en la contraria.
En complementos a mínimos observamos que ya este año han dotado con
una doceava parte de lo que es el conjunto de los complementos a
mínimos. Nuestra reflexión, salvo que estemos errados, es que, si
cada año se aporta la doceava parte, en los doce años, que como
máximo es el período al que se comprometía el acuerdo de 9 de abril,
se habrá cumplido. Esa es la interpretación que le damos nosotros al
cálculo y a la dotación presupuestaria que figura en su presupuesto.
Sí nos gustaría un desarrollo en relación con lo pactado, y que
obviamente va a ser susceptible de desarrollo,
con relación al acuerdo de mejora del sistema de la Seguridad
Social, el 9 de abril, entre la patronal, Comisiones Obreras y el
Gobierno. Sí nos gustaría que nos ampliara lo que pueda en este
sentido ya que nos parece de interés social importante. Ya se hizo el
año pasado la pregunta a la hora de repasar las intervenciones
respectivas en esta comisión, pero yo la hago con más claridad,
porque en definitiva es lo que nos pregunta el señor de la calle. El
señor Griñán lo ha planteado de forma mucho más técnica, pero yo se
lo pregunto de forma más lisa y llana. ¿Es verdad que, con el
superávit de la Seguridad Social no afecto al fondo de reserva, van
ustedes a destinar esos recursos a carreteras, a escuelas, a defensa,
o es verdad que todo esto se va a quedar dentro del sistema de la
Seguridad Social? Lo pregunto en términos vulgares porque creo que es
la pregunta que se formula mucha gente y es la afirmación que algunos
están haciendo. No ya que vaya a existir un equilibrio contable entre
el déficit de lo que es la cuenta del Estado compensado con el
superávit de la cuenta de la Seguridad Social, sino que se está
diciendo, y corríjame o avale esa posición, que los recursos de los
trabajadores que cotizan se están gastando en otras cosas. Es una
aclaración hecha en el ejercicio pasado, pero no es ocioso que la
repita, a la vista de lo que se está escuchando a diversas personas.
Por último, le quiero preguntar, en relación a la evolución de la
protección social en términos de cuantías y también en términos de lo
que eso significa en la participación del Producto Interior Bruto, es
decir, su evolución en este sentido.
Quiero reiterarle nuestro apoyo al presupuesto que nos plantea. La
satisfacción de la mejora progresiva y constante del sistema de la
Seguridad Social nos parece que es una alegría para todos los
ciudadanos, ya que no estamos teniendo que recurrir a crédito
externo, no estamos en un presupuesto de Seguridad Social con
déficit, sino con unas proyecciones razonablemente buenas de
crecimiento de afiliación, de cotización y de incremento de fondo de
reserva que es, entre otros, uno de los elementos que puede dotar de
credibilidad y estabilidad al futuro del sistema de la Seguridad
Social que, como expuso usted en el Pacto de Toledo, previsiblemente
por razones demográficas, entre los años 2020 y 2030 puede tener un
punto delicado. Debemos ahondar en esta previsión para superarlo en
su día con razonable tranquilidad para todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las dos intervenciones habidas,
tiene la palabra el señor secretario de Estado de la Seguridad
Social.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
En primer lugar, quiero dar las gracias también a los portavoces de
los dos grupos que han intervenido en la tarde hoy, alos efectos de
que por parte de este secretario de Estado
se pueda, en su caso, clarificar o responder a las dudas que sobre el
presupuesto presentado en esta Cámara, y cuyo debate se inicia en
estas fechas en la misma, pudieran haber surgido a los distintos
grupos parlamentarios.
Por una parte, tengo que hacer una serie de consideraciones previas
ante la intervención del señor Griñán. Comparto la cuestión de forma.
Ya se ha debatido bastante la credibilidad o no credibilidad de las
previsiones macro. Estoy seguro que lo que no compartimos en este
caso el señor Griñán y yo, es justamente esa credibilidad sobre las
citadas previsiones que son muy distintas, pero tal vez sí coincida
el señor Griñán conmigo en que la credibilidad sobre las previsiones
de macro que tienen los Presupuestos Generales del Estado pueden
venir refrendadas o no por los anteriores Presupuestos Generales del
Estado que se han presentado en esta Cámara por este Gobierno y su
ejecución. La fiabilidad de los presupuesto que presenta, en este
caso de la Seguridad Social, pero también el conjunto de los
Presupuestos Generales del Estado, viene claramente determinada por
los anteriores presupuestos de este Gobierno y por la ejecución de
los mismos, por lo tanto, lo acertado o no en las previsiones que en
los mismos realizaba y en la ejecución que de los mismos
posteriormente ejecutaba o realizaba.
Ha iniciado su exposición el señor Griñán, porque ha sido en gran
parte exposición más que preguntas relativas al presupuesto general
de la Seguridad Social, hablando, como el año pasado, del déficit
cero y la solidaridad o no del mismo, si me permite la expresión, en
relación con las cuentas del Estado y el propio presupuesto de la
Seguridad Social. Sin ánimo de reproducir debates, porque no es aquí
donde tenemos que tener un debate sobre la Ley de estabilidad
presupuestaria, aunque está el portavoz de su grupo aquí, que fue el
que lo llevó en la Cámara, la Ley de estabilidad presupuestaria, en
este caso y respecto a la Seguridad Social, determina claramente lo
que ahora es aspiración de todos los grupos y va a convertirse en una
realidad presupuestaria, y es que los excedentes de la Seguridad
Social se van a dedicar de forma prioritaria a la dotación del fondo
de reserva. Es así, señor Griñán, porque creo que compartimos que
estamos en un momento para ahorrar y, si tenemos excedentes, debemos
destinarlos justamente a esa hucha que es el fondo de reserva para
asegurar también el pago de las pensiones en ciclos económicos no tan
expansivos o no tan buenos como el presente, pero también hemos de
ser conscientes que hasta ahora, no sólo el acuerdo político, sino
también el acuerdo social, determina que el fondo de reserva debe
tener una cuantía determinada, y esa cuantía determinada, una vez
alcanzada, tendrá que decidirse si se supera en virtud de las
circunstancias financieras y, por lo tanto, de superávit o no de la
Seguridad Social, o si dotado el fondo de reserva hasta una cuantía
determinada, los excedentes que pudieran existir de la Seguridad
Social tendrían que ser dedicados a otras cuestiones dentro de lo
que son las políticas de la Seguridad Social, pero no ya a dotar el
fondo de reserva. De ahí que en este caso las dotaciones preferentes
del fondo de reserva ya cumplen con esa Ley de estabilidad
presupuestaria, pero que tenemos que dejar abierto el camino también
para que, una vez dotado ese fondo, pueda existir otro tipo de
políticas que puedan realizarse con los excedentes, si los hubiere,
de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social.
Entenderá el señor Griñán que en este caso mantenga las previsiones,
que también ha reproducido hace poco el vicepresidente segundo del
Gobierno, en cuanto a crecimiento económico, creación de empleo y por
tanto creación de la afiliación.
Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que el déficit
del Estado se maquilla con el de la Seguridad Social, que la
Seguridad Social, presupuestariamente hablando -esto lo comparto más
que lo primero-, compensa el déficit del Estado y que tal vez no
hayamos tenido tiempo suficiente para realizar este debate. Tiempo
sí, llevamos cuatro años con superávit en la Seguridad Social. El
próximo año, de cumplirse la previsión presupuestaria, será el cuarto
año con superávit en las cuentas de la Seguridad Social. No es un
debate nuevo, afortunadamente, sino que, en todo caso, podría
convertirse en un debate viejo el de tener una Seguridad Social con
superávit en sus cuentas o, como me gusta expresarme, como ha dicho
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, equilibrio
presupuestario con superávit financiero, que es mucho más ajustado.
Hemos tenido tiempo suficiente para estudiar qué hacemos con ese
superávit de la Seguridad Social, llevamos cuatro años con superávit,
habrá superávit en los años siguientes si creemos también en las
propias proyecciones actuariales que el señor Griñán conoció, traídas
por el Gobierno en la Comisión de renovación del Pacto de Toledo y
tendremos que determinar claramente qué es lo que estamos haciendo o
lo que vamos a hacer con esos excedentes presupuestarios. Ambos
portavoces se han referido al fondo de reserva, indicando: Ya sabemos
lo que hay, queremos también saber dónde va o dónde está el resto.
Aquí hay que hacer una serie de consideraciones, a mi juicio,
enormemente importantes.
En primer lugar, cuál ha sido la actuación respecto al fondo de
reserva que el Gobierno del Partido Popular ha venido realizando de
unos años a esta parte. Como saben muy bien los señores portavoces de
los grupos que han intervenido, la Seguridad Social contempla desde
hace tres presupuestos una dotación hacia el fondo de reserva
inexistente hasta ese momento en nuestro sistema de Seguridad Social.
También es una buena noticia -y permítanme el inciso- que tengamos
una Seguridad Social con un fondo de reserva no sólo creado, sino
también dotado. Esas dotaciones alfondo de reserva, la primera fue de
60.000 millones de
pesetas, se vio gratamente en este caso superada -al menos pensamos
así desde el Gobierno- por la realidad y se tuvo que ampliar
alcanzando la cuantía de 100.000 millones de pesetas, que ya está
totalmente materializada en ese fondo. Las previsiones para este año
del fondo son de 90.000 millones de pesetas, dotación inicial
presupuestaria del fondo, aunque con la liquidación que se va
produciendo de los ejercicios anteriores y tal como nos mandata la
ley de estabilidad presupuestaria es la liquidación de los ejercicios
presupuestarios la que nos facilita, en este caso faculta, la
dotación y materialización del fondo de reserva. Lo que no queremos
es que el fondo de reserva se convierta en un mero apunte contable
vacío de contenido donde pudiéramos pintar cada año la cuantía que
podría resultar más agradable para el debate parlamentario o para
tranquilizar en este caso a los pensionistas de hoy o a los que
aspiran a serlo el día de mañana, sino que su previsión
presupuestaria tiene que materializarse en la ejecución del
presupuesto de ese año. Pues bien, ese fondo de reserva de 90.000
millones previstos para la ejecución del año que estamos, ya
manifestó el Gobierno que parece claramente superado por la realidad.
Hoy conocemos ya la liquidación del ejercicio presupuestario de 2000
y hoy se puede decir que esa dotación inicial de 90.000 millones del
fondo de reserva previsto para este año se ve superada y es intención
del Gobierno llevar a acuerdo del Consejo de Ministros, en el plazo
más breve posible, que esa dotación para el año 2001 no alcance la
establecida presupuestariamente de 90.000 millones de pesetas, sino
de 300.000 millones de pesetas en este año, lo que sumado a lo ya
materializado en años anteriores traería consigo que, a final de este
año, la dotación del fondo de reserva alcanzara la cuantía de 400.000
millones de pesetas, que, si le sumamos la previsión como dotación
inicial que hay para el presupuesto del año que viene, estaríamos
rondando los 600.000 millones de pesetas, exactamente 575.000, que es
prácticamente ya lo que sería el pago de una mensualidad ordinaria de
las pensiones en nuestro país.
Me parece que la Seguridad Social ha hecho un esfuerzo
importantísimo, de donde no había fondo de reserva, donde no había
nada, estamos ya prácticamente, cuando ejecutemos el presupuesto del
año 2002, garantizando el pago de una mensualidad ordinaria de
pensiones. Esto explica en parte las preguntas que hacían SS.SS.:
¿Dónde está? Está en el fondo de reserva y se convierte en una
materialización exacta -luego le diré al señor portavoz del Grupo
Socialista en qué activos financieros invertimos- cuando liquidamos
ejercicios presupuestarios. Sabemos que eso no se va a quedar como el
antiguo fondo de nivelación o estabilización, que está aún en nuestra
Ley General de Seguridad Social, que nunca pasó de un apunte en el
balance patrimonial de la Seguridad Social, sino que es realidad
constante peseta a peseta, porque los apuntes contables
no dan intereses y las pesetas que hay en nuestro fondo de reserva,
como le explicaré posteriormente al señor Griñán, sí que nos dan
buenos réditos intereses, que, por cierto, se reinvierten y a su vez
nos vuelven a dar intereses, lo que trae que el fondo de reserva se
vaya autoalimentando a sí mismo.
Podría decir el señor Griñán: Y aún quedan restos, no solamente lo
que ustedes materializan por encima de las dotaciones iniciales, de
sus previsiones iniciales presupuestarias, sino que quedan restos. En
efecto, siempre quedan algunos restos de efectivos, que en este caso,
si quiere el señor Griñán saber dónde están, le diré que en la cuenta
del Banco de España de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Todo lo que no está en el fondo de reserva, ha sido excedente
presupuestario de un ejercicio y es efectivo está en la cuenta de la
Tesorería General en el Banco de España. Como sabe muy bien el señor
Griñán, hay algunos derechos reconocidos que quedan pendientes de
cobro. Como consta en el presupuesto, no son pesetas hasta que no se
ejecutan, en su caso no van a ser pesetas nunca porque son declarados
fallidos y, por tanto, no todo lo que es excedente presupuestario en
la previsión inicial acaba siendo líquido efectivo al final de la
ejecución del ejercicio.
Pregunta el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista si son
definitivos o no los presupuestos de la Seguridad Social o si van a
estar sometidos a modificaciones inmediatas. Me trae recuerdos del
debate sostenido el año pasado sobre estas mismas fechas en esta
misma sala en el que el respeto que el Gobierno tenía al acuerdo
social que en esos momentos se mantenía en vigor hacía que pudiéramos
estar abiertos -así lo entendíamos- a que tuvieran cobertura
presupuestaria acuerdos que se podían producir a la vez que se
estaban discutiendo los Presupuestos Generales del Estado en esta
Cámara. No fue así, el acuerdo fue posterior, ha sido en este año y
ese acuerdo contempla medidas que claramente tienen que tener
trascendencia presupuestaria en el momento en que se adopten. Ha
nombrado algunas el señor Griñán, habría algunas más, pero me
gustaría hacer una referencia sobre los mismos.
El Gobierno entendía que, dado que estos presupuestos tienen que
tener el rigor suficiente para su debate en esta Cámara, alguna de
las cuestiones, aunque no estuvieran acordadas por la comisión de
seguimiento del acuerdo porque aún no ha determinado los tiempos ni
el grado de cumplimiento de las materias objeto del mismo tenían que
tener trascendencia presupuestaria. Me estoy refiriendo en concreto
-haré una referencia posteriormente más extensa- a la financiación de
los complementos a mínimos, que el acuerdo dice claramente que no
superará el plazo de doce años, y también a la culminación del
proceso de separación de fuentes en lo referente a los complementos a
mínimos, asistencia sanitaria y servicios sociales, del Instituto
Social de la Marina, que se contemplan en estos presupuestos, pero no
así a las materias en las que podíamos estar al desarrollo que se
produzca en esa comisión de seguimiento, como puede ser la mejora de
prestaciones que se contiene en el citado acuerdo o algunas otras que
tienen que ver no tanto con incremento de gastos, sino con
racionalización del mismo, como la lucha contra el fraude, la
responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de la
Seguridad Social, o también -y es intención del Gobierno que esas
medidas tengan un cuerpo normativo propio- aquellas que van a servir
de base para el nuevo sistema de jubilación, gradual y flexible en
nuestro país, que tiene suficiente importancia como para que sea una
reforma que tenga identidad propia y queremos que esté vigente el año
que viene en nuestro país, aunque no va a tener trascendencia a los
efectos de modificación legislativa en la Ley de acompañamiento o en
la Ley de presupuestos del Estado, a lo que luego también haré alguna
referencia.
Preguntaba el señor Griñán si teníamos una previsión de liquidación
del año 2001. Evidentemente, señor Griñán, la tenemos y usted ha
visto algunos ejemplos en la documentación que le hemos facilitado, a
la que ha hecho usted referencia. Hay una previsión de liquidación
del año 2001 y en este debate que mantuvimos usted y yo el año
pasado, creo que coincidimos: hay dos maneras de comparar el
presupuesto para el año 2002 sobe el presupuesto del año 2001,
presupuesto inicial sobre presupuesto inicial o presupuesto inicial
2002 sobre previsión de liquidación del año 2001. A mí me parece más
acertado hacerlo sobre la previsión de liquidación del año 2001, del
año inmediatamente anterior, porque, presupuesto sobre presupuesto,
podría llevarnos al error de que no tuviéramos en cuenta las
desviaciones presupuestarias que en algunos conceptos de gastos o de
ingresos se han podido producir y no son tenidas en cuenta
posteriormente para la conformación del nuevo presupuesto.
Con esa previsión de liquidación -el señor Griñán ha hecho una
referencia a los ingresos de la Seguridad Social-, me va a permitir
que le dé mis números, porque el señor Griñán -que está capacitado
para ello y además lo ha hecho durante mucho tiempo- no sólo
preguntaba sino que daba también las cifras. De coincidir con todas
ellas, me habría ahorrado gran parte de mi intervención porque me
hubiera limitado a decirle que tiene razón, pero, en muchos casos,
las cifras que maneja el Gobierno no coinciden con las que el señor
Griñán ha manifestado esta tarde en la sala.
Pasaré a la previsión de liquidación del presupuesto para el año
2002. En cuanto los recursos del sistema, cotizaciones sociales, el
crecimiento exactamente, sobre la previsión de liquidación, es de un
4,23 por ciento. Se lo digo en términos relativos, pero lo podemos
decir en euros y en pesetas: son 2.726 millones más de euros, es
decir, 453.570 millones de pesetas; el total son 67.215 millones de
euros, 11.183.632 millones
de pesetas. Se incrementan estos recursos, por tanto, en 2.726
millones de euros sobre previsión de liquidación, que es un 4,23 por
ciento. Para el ejercicio 2002 -esta pregunta ya la tenía preparada
porque el año pasado se hizo-, las cotizaciones de trabajadores
ocupados en empresas se incrementan un 4,22 sobre dicha previsión de
liquidación, es decir, un poco inferior al incremento que se produce
sobre la previsión de liquidación del total de las cotizaciones
sociales que no sólo incluye éstas, -como muy bien sabe el señor
Griñán-, sino también las de los desempleados.
Tengo que coincidir con las últimas palabras del señor Griñán. La
estimación que hace el Gobierno no quiere ser optimista, sino
prudente y llevamos unos cuantos años haciendo estimaciones prudentes
en ingresos y gastos dentro del presupuesto de la Seguridad Social.
En este presupuesto no es que evitemos colocar ingresos, no es que
presupuestemos por debajo de los ingresos del sistema, ni que tampoco
presupuestemos por debajo en los gastos del sistema, lo que sí que
hacemos es presupuestar de una manera muy prudente porque creemos que
siempre son mucho mejores las sorpresas positivas, como las que se
han dado en los últimos en cuanto a los ingresos por cotizaciones
sociales -que siempre se han desviado al alza- que tener sorpresas
negativas, como las producidas en algún otro momento de la historia
de la Seguridad Social que intranquilizaban bastante el ánimo, no
sólo de los poderes públicos, sino también de los pensionistas y los
trabajadores de este país.
Ha dicho el señor Griñán que no cree que se produzca ese crecimiento.
Nosotros calculamos el crecimiento en virtud de las previsiones que
existen del crecimiento del empleo y de la afiliación. El 1,8 por
ciento de crecimiento de empleo y el 2 por ciento de crecimiento de
afiliación. Podría haberse preguntado por qué sólo el 2 por ciento de
crecimiento de la afiliación. Porque cada día -y nos lo está
demostrando la estadística que conocemos- el crecimiento de la
afiliación se va acercando más al crecimiento del empleo. En nuestro
país, durante mucho tiempo, el crecimiento de la afiliación ha estado
muy por encima del crecimiento económico y del crecimiento del
empleo, pero, cada día, el crecimiento de la afiliación -porque
desaparecen aquellas circunstancias que hacían que creciera por
encima del crecimiento económico y del empleo- se va a acercando más.
Hemos entendido que lo prudente era que, si el crecimiento del empleo
previsto para el año que viene era del 1,8 por ciento, el crecimiento
de la afiliación estuviera algo por encima, el 2 por ciento, de ese
crecimiento del empleo. Evidentemente es ese crecimiento de la
afiliación la principal causa del incremento de ingresos por
cotizaciones sociales que se produce y que, reitero, es del 2 por
ciento.
Podemos desterrar las otras dos desconfianzas a las que había hecho
referencia el señor portavoz delGrupo Parlamentario Socialista en
cuanto a si creíamos
que iba a haber un déficit mayor que el previsto. No, el déficit es
el que creemos que va a haber en el subsector Estado. Usted ha
utilizado el término reducción de las cotizaciones sociales, pero no
hay ninguna reducción de las cotizaciones sociales prevista en el
presupuesto. En todo caso, lo que está previsto son bonificaciones de
las cotizaciones sociales en el presupuesto del Instituto Nacional de
Empleo, como políticas activas que alcanzan a los mayores de 60 años
que se mantengan en la actividad laboral. Esas bonificaciones también
podrían traer consigo una reducción de ingresos, pero son
bonificaciones, no reducciones. En todo caso -quiero ir más allá de
la pregunta que ha realizado el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-, de haber alguna exención serán las
cotizaciones que vayan unidas al nuevo modelo de jubilación gradual y
flexible y que tengan que ver con aquellas personas mayores de 65
años que voluntariamente se mantengan en su puesto de trabajo, para
los que está previsto en el acuerdo una exención total menos las
cotizaciones de incapacidad temporal y accidente de trabajo, tanto
las propias como las del empresario. Esas exenciones, de producirse
-y esperemos que así sean- el año que viene tampoco suponen ninguna
merma de ingresos a la Seguridad Social porque son personas que van a
continuar su vida laboral más allá de los 65 años, y de no hacerlo,
estarían jubiladas. No estamos reduciendo cotizaciones a aquellas
personas que se mantengan en activo, tengan un puesto de trabajo o lo
adquieran (eso son bonificaciones), sino reduciendo cotizaciones a
aquellas personas que, de no continuar en activo, estarían jubiladas
y supondría, por lo tanto, un mayor gasto para el sistema porque
estarían percibiendo una prestación económica, en este caso, una
pensión.
En cuanto a las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, el
proceso que se ha producido en los últimos años ha sido muy
importante. Estamos hablando de que, desde 1996 al 2001, las
aportaciones del Estado han supuesto una cuantía superior al billón
600.000 millones de pesetas, en términos absolutos. De 3 billones
452.000 millones, 821, que eran las aportaciones del Estado al
presupuesto de la Seguridad Social en el año 1996, en el año 2001
estamos hablando de 5 billones, 114.000 millones 304 porque ya la
totalidad, desde el año 1999, de la asistencia sanitaria del Insalud
o transferida está ya soportada por aportaciones del Estado al
presupuesto de la Seguridad Social, y desde el año 2000 todos los
servicios sociales del IMSERSO también son soportados por
aportaciones del Estado a la Seguridad Social. Eso entra este año en
su última fase, que es que la asistencia sanitaria y social del
Instituto Social de la Marina que, como sabe muy bien S.S., aún se
financiaba con cotizaciones sociales, pero ahora lo va a ser, por una
cuantía de algo más de 20.000 millones de pesetas, por aportaciones
del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, e iniciamos
-y quiero hacer una referencia a ella- la culminación del
proceso de separación de fuentes, que entra en su fase final, que es
la financiación de lo que denominamos complementos a mínimos de
pensiones. En este caso está prevista una cantidad de 51.000 millones
de pesetas -para ser más exactos, 50.972 millones de pesetas -, que
vienen a responder linealmente a una duodécima parte de la cuantía de
estos complementos a mínimos a financiar en ese plazo, que no
superaría los 12 años.
Ahí el Gobierno ha tenido que ser tremendamente respetuoso con el
acuerdo porque no había un mandato de la comisión de seguimiento
diciendo cuál tenía que ser la cuantía, se debía iniciar en estos
presupuestos y, por lo tanto, la manera de ser más respetuosos con
Comisiones Obreras y con CEOE-CEPYME era poner una cuantía que se
aproximara a la división entre doce. No absolutamente lineal, es una
cuantía que se aproxima; ni al hacer la división ni diciendo que, de
hacerlo así, nos iríamos al año 2018. Señor Griñán, hemos querido ser
respetuosos con los gobiernos que puedan venir después de éste, por
eso hemos dicho que no superará el plazo de 12 años, porque el
compromiso de este Gobierno puede llegar hasta los presupuestos de
2004 en la financiación de los complementos a mínimos; compromiso que
se irá plasmando en los presupuestos generales del Estado para cada
año y porque yo estoy seguro de que si S.S. cree lo que manifiesta el
secretario general de su partido, que este va a ser el último
gobierno del Partido Popular y que ustedes gobernarán a partir del
año 2004 y cree también lo que usted ha dicho en esta sala, que son
capaces de hacer en un solo ejercicio presupuestario, lo que a
nosotros nos piden no pasaremos del año 2008 para que el Estado ya
haya asumido la totalidad de la cuantía de los complementos
a mínimos. No le preocupe tanto al señor Griñán la fecha de 2018 y haga
evoluciones lineales de lo que hoy está en los presupuestos como
financiación a mínimos y hasta dónde podía llegar en un caso
determinado.
En este caso son responsabilidades políticas de los gobiernos que en
cada momento, en virtud de cuál haya sido la decisión de la soberanía
nacional del pueblo español, tenga que tomar estas medidas. En este
caso, lo que hace el Gobierno del Partido Popular es cumplir no sólo
con respaldo de las urnas, sino también con acuerdo social, lo que se
determinó por parte de los agentes sociales y el propio Gobierno que
podía ser un plazo adecuado para no poner en riesgo el principio de
estabilidad presupuestaria, que, como sabe muy bien el señor Griñán,
para el Gobierno del Partido Popular -permítanme la expresión- va a
misa. En este caso lo conseguimos también por ese superávit
financiero de la Seguridad Social que equilibra las cuentas del
Estado. No podemos olvidar que la Seguridad Social es Estado y que,
como lo es, también contribuye a alcanzarese déficit cero o
equilibrio presupuestario -técnicamente,
hablar de déficit cero tiene poco rigor, aunque es, al final, la
expresión que se ha acuñado- aportando ese superávit que, en este
caso, compensa el déficit que el subsector Estado presenta. No
podemos equivocar los términos. Es bueno que todos, Gobierno y
partidos políticos, hagamos el ejercicio de explicar claramente lo
que significa que el superávit de la Seguridad Social esté
equilibrando los Presupuestos Generales del Estado frente al déficit
del subsector Estado. Estamos hablando de saldos presupuestarios y
contables; el saldo presupuestario de la Seguridad Social es de
superávit y ni una sola peseta que ingresa la Seguridad Social va a
función distinta que la de pagar las prestaciones que tiene a su
cargo, la gestión en el pago de esas prestaciones, ahorrar en el
fondo de reserva o quedarse en esa cuenta del Banco de España a la
que antes me refería. Cuestión distinta es que, en términos de
contabilidad nacional, un subsector se compense con otro subsector y
den equilibrio presupuestario, que yo creo que es bueno. El principio
del equilibrio presupuestario lo debemos mantener a rajatabla -cambio
en este caso la expresión- para seguir creciendo económicamente, que
esos crecimientos económicos se trasladen a importantes crecimientos
del empleo y éstos, a la vez, a crecimiento de la filiación, que es
la mejor garantía de pervivencia de un sistema de protección social
de reparto, como es el nuestro.
A mí no me parece una paradoja, señor Griñán, me parece muy bien
bajar los impuestos. No sé lo que le parecerá a usted, pero al
Gobierno del Partido Popular le parece tan bien bajar los impuestos
que los va a volver a bajar en esta legislatura. En cuanto a lo que
son cotizaciones sociales, sabe S.S. que la política que siempre ha
seguido el Gobierno del Partido Popular es la de la bonificación de
cotizaciones sociales, bonificación selectiva, porque con ello
ayudamos a los sectores que tienen más dificultad de inserción en el
mercado laboral. A partir de este año no sólo van a ir dirigidas a
aquellos sectores que tienen mayor dificultad de inserción en el
mercado laboral, sino también a aquellos sectores que tienen mayor
dificultad de permanencia en el mercado laboral: los mayores de 60
años y aquellas mujeres que por el hecho de ser madres pueden tener
complicaciones para mantenerse en el mercado laboral. Es importante
atender no sólo a los desempleados, sino también a aquellos grupos de
riesgo de expulsión del mercado laboral. Esa política de
bonificaciones de cotizaciones sociales ha dado muy buen resultado en
los últimos años y la vamos a seguir manteniendo. ¿Por qué no tiene
que haber una solidaridad de empresarios y trabajadores en este caso
con aquellos trabajadores que tienen la desgracia de estar en el paro
o que están en situación de casi perder su puesto de trabajo? Es
bueno que haya solidaridad de los poderes públicos y también
solidaridad de empresarios y trabajadores con aquellos que no tienen
la suerte de tener un
trabajo, que lo tienen en precario o que están en riesgo de perderlo.
El señor Griñán ha hecho una serie de preguntas concretas sobre el
presupuesto de gasto y el presupuesto de ingresos. Observo que al
señor Griñán le ha dado tiempo a leer la proyección que presentó el
Gobierno en la Comisión del Pacto de Toledo y coincide en el número
de pensionistas que vamos a tener en los próximos años y, por tanto,
en los retos que tenemos que afrontar en el futuro. Ha empezado
hablando del incremento de pensionistas para el año que viene, del
incremento de la cuantía media y ha dicho que no acaban de cuadrarle
los números. A mí no me cuadran los míos con los suyos, pero por
poco. Si me permite, le digo los míos. Tal vez su cálculo ha sido más
grosso modo y el mío más de ajuste fino. Las pensiones contributivas
tienen un incremento del 6 por ciento. Usted lo ha cuantificado; yo
prefiero referirme a ello en términos relativos. Usted ha dicho
exactamente el número de pensionistas que vamos a tener el año que
viene, yo le digo que supone un incremento del 1,05 del número de
pensiones. Ese incremento es, efectivamente, más bajo que los que
teníamos en otras épocas; está ocurriendo así año tras año,
coincidiendo con las generaciones posteriores a la guerra civil. Son
generaciones demográficas inferiores, con lo cual en este momento
llega menor número de pensionistas a la edad de jubilación. Estamos
ante una situación coyuntural, que, como bien ha dicho el señor
Griñán, posteriormente será distinta, pero eso no es cuestión del
debate de hoy, sino de otra Comisión. Sí tenemos que hacer la
oportuna reflexión respecto a que luego, cuando lleguen las
generaciones provenientes de lo que se denominó baby boom, el número
de pensionistas crecerá muy por encima de lo que está creciendo en
estos momentos y tendremos que tener un sistema preparado para hacer
frente a ese reto y al del envejecimiento de la población. Vuelvo a
los números. El 1,05 de incremento en el número de pensionistas. La
revalorización, el 2 por ciento. Y el resto, donde hay un 1,6 de
efecto sustitución, nosotros lo hemos denominado otros efectos en el
presupuesto de este año. El señor Griñán decía que había un punto; es
algo más. En ese algo más, el Gobierno tiene una previsión de
desviación de inflación que se va a producir este año, que no hay que
ocultar. Todos sabemos que la inflación real va a estar por encima de
la inflación prevista; la secretaria de Estado de Presupuestos ya ha
dicho que la previsión que tiene el Gobierno es justamente que esa
desviación sea alrededor de un punto y exactamente nos costará, si no
me falla la memoria, 168.000 millones de pesetas, que
corresponderían, 80.000 a la revalorización de las pensiones para el
año que viene y 88.000 al pago único. El señor Griñán también sabe
que desde el año pasado el pago único lo soporta el presupuesto del
año en curso y la revalorización se carga al presupuesto del año
siguiente, con lo cual estaríamos hablando de que, a efectos del
presupuesto
del 2002, la desviación de un punto traería consigo un gasto en
pensiones superior en alrededor de 80.000 millones de pesetas y el
resto serían soportados por el presupuesto que estamos ejecutando en
el presente año. La diferencia que queda es una previsión que ya hay,
una cobertura presupuestaria que tenemos para las mejoras de
prestaciones que se puedan acordar en la comisión de seguimiento del
acuerdo de desarrollo y mejora de nuestro sistema de protección
social. Creíamos que era importante que, de producirse estas mejoras
que el Gobierno ya ha propuesto y que estamos a expensas de que los
agentes sociales, en este caso Comisiones Obreras y CEOE-CEPYME, den
su visto bueno o acuerden con el Gobierno, hubiera una subida de las
pensiones mínimas y de las pensiones de viudedad y de orfandad para
el año que viene. Aquí hay cobertura presupuestaria para contemplar
esa subida de pensiones, que evidentemente va a suponer mayores
ingresos. De ahí que tengamos ese punto y algo de diferencia con lo
que sería de haber calculado el incremento en el número de
pensionistas, la revalorización del 2 por ciento y el efecto
sustitución, que eran los tres parámetros típicos que anteriormente
se tenían en cuenta para calcular el incremento en cuanto al gasto en
pensiones contributivas.
Ha hablado el señor Griñán de la incapacidad temporal que tiene una
subida del 13,20 por ciento, y se ha referido a dos cuestiones: a la
subida y a los convenios que tiene suscritos la Seguridad Social con
el Insalud y con las comunidades autónomas que tienen transferencias
sanitarias. El crecimiento del 13,20 por ciento es sobre presupuesto
inicial, pero aquí estamos igual que con el crecimiento de las
cotizaciones sociales. Si tenemos en cuenta las previsiones de
liquidación e incluso la liquidación del ejercicio del 2000, veremos
claramente que lo que parece un crecimiento grande de presupuesto
sobre presupuesto, se queda en algo más del 3 por ciento si tenemos
en cuenta cuál ha sido la liquidación del año 2000 y, por tanto, el
crecimiento interanual de la incapacidad temporal. Esa desviación que
se está produciendo en los últimos años de la incapacidad temporal
tiene su principal causa en el aumento del número afiliados. Los
afiliados están creciendo por encima de las previsiones
presupuestarias, lo que conlleva, por un lado, unos mayores ingresos
en cotizaciones sociales, y por otro lado, un mayor gasto en algunas
prestaciones como la incapacidad temporal, toda vez que, al tener más
afiliados y más trabajadores, es lógico que se pongan más enfermos,
que haya más procesos de incapacidad temporal y que, además, esos
procesos de incapacidad temporal tengan bases mayores de las del año
anterior. Esta es la causa principal de esa desviación al alza del
gasto de IT, que presupuesto sobre presupuesto parece un gran
incremento, pero que sobre liquidación y previsiones de liquidación,
supera en poco el 3 por ciento.
El señor Griñán se ha referido a que se está utilizando el dinero que
la Seguridad Social destina al control de la incapacidad temporal en
los convenios que tiene suscritos con el Insalud, pero se ha olvidado
de las comunidades autónomas que tienen la asistencia sanitaria
transferida; también con ellas, no sólo el Insalud. No sé si quería
evitar esa acusación que ha hecho -por cierto infundada- de que se
está pagando la farmacia con esos fondos; no sé si quería evitar que
lo pudiera hacer extensivo a las comunidades autónomas o si piensa
que las comunidades autónomas no lo hacen y sólo lo hace el Insalud.
Para tranquilidad del señor portavoz del Grupo Socialista, le puedo
decir que estos convenios tienen claramente fijados los objetivos y
el cumplimiento de los mismos. En este caso se tiene tanto rigor en
el cumplimiento que la pena -entre comillas- es para el que no
cumple, se le retira de la dotación del año siguiente; cuestión que
ya ha ocurrido con algunas comunidades autónomas, no así con el
Insalud porque hasta ahora ha cumplido con los objetivos de
disminución que tenía que tener de incapacidad temporal y con la
puesta en marcha de mecanismos de control, como la mayor parte de las
comunidades autónomas, que no todas. Al que incumple le retiramos, en
función de la proporción de lo no cumplido, las aportaciones que al
año siguiente se le tendrían que dar en virtud de los convenios. Es
difícil, por no decir imposible, que se está destinando a la
financiación de la farmacia lo que son aportaciones desde el
presupuesto de la Seguridad Social a los presupuestos de las
comunidades autónomas y del Insalud. Por cierto, se mantiene la
previsión para el año que viene, alrededor de 50.000 millones. Los
convenios se suscribirán de aquí a final de año. Tal vez sería bueno
conocer si el Grupo Socialista está de acuerdo en que este mecanismo
se siga manteniendo en el tiempo o desaparezca. Lo digo a los efectos
de la negociación con las comunidades autónomas que tienen un
gobierno en este caso del mismo color que su señoría.
Ha hecho una referencia a la maternidad. Perdone, señor Griñán, si
hemos cometido algún error al pasar de euros a pesetas o de pesetas a
euros. El gasto por maternidad y riesgo durante el embarazo es de 893
millones de euros, que si no me ha fallado el técnico que me ha hecho
el papel, son 148.590 millones de pesetas, con un incremento del
12,58 que, en este caso, está bastante por encima, presupuesto sobre
presupuesto. Ese gasto está desviado al alza este año porque hay más
mujeres trabajando en nuestro país y no les vamos a recortar el
derecho que tienen a ser madres, con lo cual es lógico que aumenten
esas prestaciones. La explicación es bastante sencilla.
Ha hecho una referencia al gasto no contributivo. Si se refería a las
pensiones no contributivas, el crédito para el año 2002 es 1.755
millones de euros, excluidos el País Vasco y Navarra, con un aumento
de 96 millones sobre el del 2001 destinado a dar cobertura. El cre
cimiento
del 5,78 al que hacía referencia S.S., viene determinado por el
crecimiento de beneficiarios y de la política de revalorización de
estas pensiones que, como sabe S.S., ha sido importante en los
últimos años. El gasto en lo que denominamos protección familiar es
un aumento de 47 millones de euros, un 5,87, que se debe al
incremento de los beneficiarios y a la revalorización de prestaciones
por minusvalía de más del 65 por ciento de grado, en términos
absolutos. Las prestaciones familiares por hijo a cargo o afectado
por una minusvalía, alcanzan un volumen de 842 millones de euros.
¿Por qué crece tanto el presupuesto de la gerencia de informática?
Por la apuesta clara por las nuevas tecnologías de la Seguridad
Social. La administración de la Seguridad Social llevamos a gala ser
dentro de la Administración del Estado la que más se está adaptando
a esa que se llama la sociedad del nuevo conocimiento. La Tesorería
General de la Seguridad Social, en concreto, junto con la Agencia
Tributaria es la parte de la Administración del Estado que más uso
hace de las nuevas tecnologías, pero no es suficiente. El incremento
de presupuesto se debe a que vamos a aportar claros proyectos para
que esas nuevas tecnologías sean una realidad más constatable dentro
de la Seguridad Social. El proyecto que nosotros denominamos Internet
es una oficina virtual de la Seguridad Social aprovechando la red,
para que desde allí se puedan hacer prácticamente todas las
actuaciones que exigen un desplazamiento presencial ante la Tesorería
General de la Seguridad Social o ante un centro de atención de
información del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Si pasamos al capítulo de los ingresos, me ha preguntado algunas
cuestiones, a la primera de las cuales no estoy seguro de poder
responder. Pregunta por qué el ingreso medio por afiliado crece menos
que el IPC. No soy consciente de que crezca menos que el IPC. No
conozco tampoco los números que maneja el señor Griñán, pero no estoy
seguro de que el ingreso medio por afiliado crezca menos que el IPC.
Tal vez en la réplica y en la dúplica podamos concretar la cuestión.
Tengo que agradecerle que me haya hecho una pregunta, aunque sea el
portavoz de la oposición. Ya saben ustedes el latiguillo de cómo me
alegra que me haga usted esta pregunta, señor diputado. En este caso
es a usted, señor Griñán, porque dice que nada más salir de la
Comisión de la renovación del Pacto de Toledo apareció algo de lo
dicho en ella en los medios de comunicación respecto al cómputo de
toda la vida laboral. Yo me puedo hacer dueño de mis propias
palabras, no de informaciones de prensa que pueden ser muy legítimas
pero que muchas veces no recogen lo que uno ha manifestado. Mis
palabras, que no lo fueron en ese momento sino que lo vienen siendo
desde la firma del acuerdo de mejora y de desarrollo de nuestro
sistema de protección social, están contenidas en el texto escrito,
con lo cual hay poco sentido para el error. El acuerdo dice
claramente que de aquí al año 2003 se continuará con el
desarrollo de lo que era una medida del anterior acuerdo, que es
llegar hasta 15 años para el cálculo de las bases reguladoras para el
cálculo de las pensiones. A partir del 2003, las partes firmantes del
acuerdo revisarán la fórmula de cálculo teniendo como principio
inspirador del mismo todo el esfuerzo contributivo que se hace a lo
largo de una vida laboral. Ese es el texto del acuerdo y a ese me
remití en el momento de la firma, posteriormente y ahora. Si ha sido
bueno para el sistema que hayamos pasado de 8 a 15 años, que se hizo
con consenso político y con consenso social, también es bueno que,
cuando lleguemos a esos 15 años para hacer el cálculo de las
pensiones en cuanto a la base reguladora, revisemos esa fórmula tal y
como determinan la mayor parte de los organismos internacionales del
tipo que quieran y, que puestos de acuerdo, el principio inspirador
tiene que ser el del esfuerzo contributivo a lo largo de toda una
vida, no por una cuestión de racionalidad en el crecimiento del
gasto, sino por equidad. Las carreras de cotización ahora son muy
distintas a las de antes, no se empieza a trabajar ahora a los 16
años y no hace más que mejorarse hasta los 65 años. Para muchos
trabajadores actualmente los peores años de su vida laboral son
justamente los últimos, porque se han visto afectados por procesos de
crisis o de reconversión y los trabajadores jóvenes tienen lagunas de
cotización en muchos casos por la elevada rotación y temporalidad de
nuestro mercado de trabajo, que trae consigo que a lo mejor el
siguiente trabajo no sea mejor que el anterior. Lo más justo es tener
en cuenta todo el esfuerzo que uno hace de contribución a lo largo de
una vida para el cálculo de la pensión que tiene que percibir
posteriormente. Ahora bien, la forma en cómo se ha de realizar lo
determinarán los firmantes del acuerdo en el año 2003, que es cuando
vence el proceso que se deriva del anterior acuerdo que, por cierto,
también contó en este caso con refrendo político en esta Cámara por
parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Me ha preguntado el señor Griñán en qué invertimos el fondo de
reserva. En estos momentos lo que tenemos materializado en el fondo
de reserva, 144.686 millones de pesetas, están invertidos en bonos a
tres años, en bonos a cinco años, en obligaciones a diez años y en
letras del Tesoro a 18 meses. Le puedo decir por años el total de la
inversión en cada uno de los conceptos. Se lo puedo facilitar por
escrito y creo que así haremos gracias a quienes están siguiendo el
debate. Es importante -lo reitero y es el momento de decirlo- que la
materialización del fondo de reserva hasta estos momentos ha sido de
140.000 millones de pesetas y ya hay 4.686 millones que ese propio
fondo ha generado por las inversiones que se han producido, que a su
vez están dando nuevamente nuevos intereses. Todo ello va en
beneficio de ese fondo de reserva en garantía de las pensiones del
futuro, de los pensionistas de hoy y de los que queremos serlo en el
futuro. Con esto he contestado a la mayor parte de las preguntas que
ha realizado
el señor Griñán. Si alguna hubiera dejado en el tintero tiene ahora
la ocasión de recordármelo. Si en alguna de ellas tengo el dato
concreto se lo daría, si no, se le remitirá por escrito de forma
inmediata.
Al señor Azpiroz, a parte de que muchas consideraciones ya las he
hecho a lo largo de la intervención inicial, quiero decirle que, si
su intervención tenía que ser más breve que la del señor Griñán en
este caso, me voy a permitir enmendar sus palabras no tanto por falta
de rigor, que lo tiene tanto o más que el Grupo Parlamentario
Popular, sino por la coincidencia con las políticas del Gobierno, la
intervención del secretario de Estado de la Seguridad Social también
tiene que ser breve en la respuesta, por la coincidencia con las
expresiones vertidas por S.S., que en parte han sido contestadas. Me
parece enormemente importante que el presupuesto de la Seguridad
Social esté no sólo al servicio de la mejora de la protección social
en nuestro país, sino que también coadyuve a seguir creando empleo y
afiliación y, por tanto, a mantener elevados índices de crecimiento
económico. Los que creemos -y el tiempo nos está dando la razón- que
la estabilidad presupuestaria, el equilibrio presupuestario es la
base de ese crecimiento económico y, por tanto, creación de empleo y
de afiliación, lo que algunos denominan círculo virtuoso, tendremos
que defender a rajatabla el mantenimiento de ese principio y si es la
Seguridad Social la que con su superávit coadyuva a que ese principio
de equilibrio presupuestario sea una realidad en nuestro país, no nos
tenemos que preocupar, sino sentirnos orgullosos de colaborar a ese
crecimiento económico, creación de empleo y crecimiento de la
filiación a la Seguridad Social.
Ha hecho S.S. una referencia un poco más extensa en cuanto al acuerdo
firmado de mejora y desarrollo de la Seguridad Social. Haré una
contestación un poco más extensa de la que ya he hecho con
anterioridad. La previsión del Gobierno en cuanto al cumplimiento del
citado acuerdo, que tiene partes muy diferenciadas, algunas ya han
tenido transcendencia presupuestaria; otras, si es posible y a lo
largo del propio debate presupuestario, serían trasladadas por el
Gobierno a los grupos parlamentarios, de haber acuerdo en la comisión
de seguimiento del pacto, todas aquellas que puedan tener relación
con la realidad presupuestaria. Me estoy refiriendo al aumento de la
cuantía de las prestaciones mínimas, a medidas de control del fraude,
a medidas en la responsabilidad del pago de las prestaciones. Hay
algunas otras medidas del acuerdo, principalmente el nuevo sistema de
jubilación gradual y flexible, que tiene que tener una identidad
propia en una norma y que el Gobierno quiere traer al Parlamento
antes de finalizar el año para que pueda ser una realidad el año que
viene en nuestro país. Por lo demás, coincidencias que a nadie
deberían extrañar y que estoy seguro de que no extrañan, que en este
caso colocan al presupuesto de la Seguridad Social, que tiene un
billón más de pesetas
de lo que tenía el año anterior para protección social, porque si
bien no se pueden comparar por el nuevo modelo de financiación
sanitaria y la pérdida tanto de recursos como de gastos del
presupuesto de la Seguridad Social, en conjunto el presupuesto
general del Estado de este año con el anterior, en Seguridad Social
sí se puede hacer una comparación homogénea porque basta con sacar lo
que hoy ya es parte de la sanidad y de los servicios sociales que las
comunidades autónomas financiarán con sus impuestos. Comparado con el
presupuesto de este año, el crecimiento en presupuesto financiero es
de algo más de un billón 100.000 millones de pesetas, con lo cual
estamos ante un crecimiento muy importante para protección social.
Eso nos lleva a decir claramente que los Presupuestos Generales del
Estado con el de la Seguridad Social, que es bastante más del 40 por
cien de esos Presupuestos Generales del Estado, es claramente social.
Un presupuesto que sigue incidiendo en la líneas de saneamiento
financiero del sistema, que continúa avanzando en la dotación del
fondo de reserva, que tiene en cuenta la realidad de nuestro país y,
por tanto, la desaceleración económica y lo que puede llevar consigo
en cuanto a creación de empleo y de afiliación, pero que continúa
apostando por esos niveles de creación de empleo y de afiliación que
en nuestro país han de seguir permitiéndonos durante algún tiempo
mantener a esta Seguridad Social con superávit, garantizando no sólo
el presente de nuestro sistema, sino también la continuidad o
sostenibilidad en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Corresponde a los dos portavoces que han
intervenido anteriormente intervenir de nuevo en su turno de réplica.
Les pido, por favor, que sean breves en este segundo turno y que si
desean obtener respuestas por escrito del secretario de Estado de la
Seguridad Social no sólo lo formulen oralmente, sino que pasen sus
peticiones a la Mesa para que las tramiten cuanto antes.
El señor Griñán tiene la palabra.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
porque ha contestado básicamente a casi todo lo que le preguntaba. No
insistiré más en la credibilidad de las previsiones. Decía usted que
depende de los resultados obtenidos en los años pasados, pero en este
mismo ejercicio el Estado va a tener un déficit superior al que
previó y la Seguridad Social lo va a tener inferior. Dicen ustedes
que presupuestan prudentemente y yo le podría decir que presupuestan
prudentemente para que el Estado pueda hacerlo imprudentemente, según
su propia argumentación. Acertar en las previsiones es prácticamente
desviarse. Sobre el déficit cero y la ley general de estabilidad
presupuestaria, es verdad que la citada ley de estabilidad
presupuestaria dice una cosa muy importante: que los excedentes, los
superávit de la Seguridad Social, se
aplicarán prioritariamente al fondo de reserva. En castellano puro
prioritariamente significa que si no van al fondo de reserva tiene
que haber algo más prioritario que el fondo de reserva. No todo ha
ido al fondo de reserva. ¿Cuál es esa mayor prioridad que el fondo de
reserva? Dice usted que están en el Banco de España. Ahí pueden
estar. ¿Qué hacen en el Banco de España? ¿Por qué en el Banco de
España y no en el fondo de reserva? ¿Es más prioritario que estén en
el Banco de España que en el fondo de reserva? Es una cuestión que
convendría aclarar, más cuando el año que viene, que ya estará en
vigor la Ley General Presupuestaria, van a ir al fondo de reserva
175.000 millones de pesetas y el excedente neto va a ser de unos
560.000 millones. ¿Qué es lo más prioritario? ¿Esos trescientos y
pico mil millones de pesetas son más prioritarios? ¿A qué destino
van? No creo que sea la diferencia entre contabilidad y caja, porque
serían muchos millones. En el informe económico financiero hay un
punto en donde hablan de que la diferencia puede estar en ciento y
pico mil millones por ejercicio, pero no trescientos y pico mil.
Prioritariamente exige algo que haya más prioritario y no me parece
que una cuenta del Banco de España lo sea.
Sobre el carácter definitivo de los presupuestos, ya lo hemos hablado
durante muchos años. El año pasado lo vimos, lo hemos visto este año
también. El carácter definitivo dependerá de que se cumpla, de que
haya algo distinto de lo que han traído a las Cortes Generales en el
presupuesto del Estado, que luego pueden acordar en una pretendida
comisión de seguimiento. El acuerdo del que estamos hablando es de
abril y los presupuestos se han presentado el 30 de septiembre. Han
tenido ustedes un buen tiempo para negociar con los agentes sociales
y saber definitivamente qué es aquello que puede modificar lo que
usted nos ha traído aquí, fundamentalmente cuánto van a subir las
pensiones mínimas, qué pensiones mínimas van a subir por encima del
IPC. Sería bueno que los diputados tuviéramos esa información antes
de que se reúnan en la comisión de seguimiento, porque no han tenido
tiempo entre abril y septiembre para hacerlo, y puedan modificar los
presupuestos, después de que nosotros estemos debatiendo aquí y,
sobre todo, después de que tengamos que presentar unas enmiendas a
unos presupuestos que no sabemos si van a ser definitivos, si son
provisionales, si los complementos a mínimos van a ser de una manera
u otra y, si las pensiones mínimas van a subir el 2 por ciento, el
2,1, el 2,7 ó el 3 por ciento. Eso sí se lo pido. Me parece una
exigencia, que usted que ha sido diputado en varias legislaturas,
entenderá perfectamente. Creo que la soberanía popular está aquí y
tenemos pleno derecho a que se nos traigan unos presupuestos
definitivos, y más cuando han tenido ustedes todo ese tiempo para
acordar con los agentes sociales lo que haya de ser la modificación
que quieren introducir en el futuro.
En cuanto a la previsión de liquidación -esto ya es capítulo de
ingresos-, seguimos sin aclararnos, porque ha dicho usted exactamente
lo que yo le he dicho: la previsión de liquidación va a ser 2.726
millones de euros más de lo que se había presupuestado. Si suma S.S.
62.020, que era lo presupuestado, da 64.746, que es lo que yo le
dicho. 2.726 más 62.020, 64.746. Si preven unos ingresos, en el año
2002, de 67.215 es que preven que el crecimiento de los ingresos por
cotizaciones va a ser el 3,8 sobre el presupuesto liquidado. ¿O no
son 67.215? Me refiero a lo que usted me acaba de decir y por lo que
yo le había preguntado. Si crece la afiliación el 2 por ciento y la
base media, aproximadamente el tres y pico, estamos en el cinco y
pico de crecimiento, no en el 3,8. Quiero saber exactamente qué es lo
que se va a recaudar en el 2001, cuánto se va a incrementar y cuánto
se va a recaudar en el 2002. Vamos a ver si esas 64.000 se convierten
en 67.000, en 68.000 ó en 69.000.
Cuando hablaba de que también en el acuerdo puede haber reducciones
de cotizaciones, me refería a reducciones de cotizaciones, no a
bonificaciones de cuotas. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? El acuerdo
habla de reducciones y de bonificaciones en la cotización. Le
preguntaba por lo primero. Ya sé que las bonificaciones las pagan con
cotizaciones sociales, por tanto, son neutras; me da lo mismo.
Financian las bonificaciones con cotizaciones sociales, me refiero a
reducciones. ¿Va a haber reducciones o no? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Porque el acuerdo de abril es indeterminado en casi todo, salvo en
una cosa, y es que a partir de enero del 2002 los mayores de 60 años
van a tener reducción en su cotización social, en la cuota
empresarial. Lo dice textualmente. Quiero saber si esa reducción se
va a aplicar desde enero, cuánto va a ser, a cuántos se les va
aplicar y qué coste tiene desde el punto de vista de la merma de
ingresos, del déficit o superávit previsto, etcétera. Usted decía que
esta bonificación sí es selectiva -no es bonificación, aquí hablan de
reducción-, pero dígame usted qué grupo, qué colectivo social hay en
España que pueda hacer un contrato indefinido sin bonificación. Le
aseguro que todas las personas que se contraten pueden tener una
bonificación, por tanto, no son tan selectivas. Esta es una reducción
selectiva, el resto no son bonificaciones selectivas sino generales a
la contratación estable. No discriminan, porque incluso entre los 30
años les hacen un contrato temporal y después lo convierten en
indefinido y tienen bonificación. No me diga usted que no. Eso es así
y usted lo sabe. Por tanto también esos.
En cuanto a las aportaciones del Estado, vamos a entendernos en dos
cosas: superávit y aportaciones de gastos. Un sistema de Seguridad
Social debe manifestar siempre, por su propia naturaleza al ser
reparto, las cuentas equilibradas. Sin embargo, a partir del Pacto de
Toledo asumimos el que podía generarse un superávit para crear un
fondo de reserva. Históricamente lo que
se ha hecho ha sido elaborar presupuestos más o menos ajustados. El
presidente de la Comisión lo sabe perfectamente porque en los
primeros años, cuando fue ministro de Trabajo, los tipos se bajaron
3,3 puntos y los presupuestos estaban equilibrados. Se saldaban
equilibradamente. Entre 1982 y 1987 se bajaron 3,3 puntos las
cotizaciones a la Seguridad Social y luego la recaudación era de
acuerdo ingresos con gastos. ¿Qué es lo que sucede? Que el superávit
en aquel momento iba a tratar de aflojar la presión fiscal para, en
un momento difícil para la economía española, incentivar la creación
de empleo, pero también era un superávit. Es más, históricamente no
ha habido ni un solo presupuesto en donde las cotizaciones sociales
no hayan sido suficientes para financiar las prestaciones
contributivas. Estructuralmente, lo que es el gasto contributivo,
tiene un superávit siempre; que luego aflore o no en la contabilidad
de, al final, cuando en el Pacto de Toledo consideramos la necesidad
de crear ese fondo de reserva porque los fondos de estabilización
eran sencillamente para un cálculo que se pudiera pensar que era
inexacto; pero era distinto, no era como el fondo de reserva que lo
que están diciendo es que, aún cuando consideren que van a gastar
equis, mantengan las cotizaciones de forma que puedan ingresar algo
más para nutrir un fondo de reserva por las dificultades que pueda
haber en el futuro. Esta es la historia de la Seguridad Social y así
hay que aceptarla. Hablemos de superávit coyunturales. Le diré una
cosa el gasto en pensiones absorbía hace 10 años, sin ir más lejos,
más parte de las cotizaciones sociales de las que está asumiendo
ahora, es decir, hoy en día se necesitan más cotizaciones sociales
para financiar el gasto en pensiones que hace 10 años. Se produce
periódicamente un crecimiento de las pensiones por encima del PIB,
que repercute en una necesidad de financiación que asumimos con unos
sobretipos de cotización que generan un superávit. Esta es la
realidad. Veámosla tal y como es. Es verdad que las aportaciones del
Estado en los últimos cinco años han crecido menos de lo que han
crecido históricamente desde 1980 hasta ahora. Entre 1982 y 1995 la
aportación del Estado cada 5 años crecía un punto del PIB -lo tiene
usted en los datos del informe económico-financiero- y, sin embargo,
en estos seis últimos años las aportaciones del Estado,
homogeneizadas las del último, suponen menos de medio punto del PIB.
Por tanto han crecido a un ritmo menor. Hablo de que el ritmo de
crecimiento de las aportaciones del Estado ha sido, en términos
reales de PIB, menor en los últimos años. Por eso en complementos a
mínimos no le voy a pedir 4 ó 6 años, pero sí me gustaría saber por
qué no hemos incrementado la dotación de complementos a mínimos en
una duodécima parte de lo que falta por financiar. Es una
dieciochoava parte, no es una doceava parte; si son doce años, divida
usted lo que queda por doce y haga esa aportación. ¿Estamos de
acuerdo? ¿Aceptaría una enmienda socialista en el sentido
de que la aportación a complementos mínimos fuera una doceava
parte de lo que queda de financiar? Por lo menos sería más coherente
con el pacto que le habíamos dicho.
En cuanto al incremento de las pensiones, yo habré hecho grosso modo
y usted ajuste fino, pero hemos dicho lo mismo. Primero, el número de
pensiones dice usted que crece el 1,05, pero en el libro pone que
crece en 72.400. Siendo así que el número de pensiones es bastante
mayor de 7.240.000, es menos del 1 por ciento. ¿Sí o no? El número de
pensiones está ahora en más de 7.400.000 y sin embargo va a aumentar
el número de pensiones en 72.400. Luego estará un poquito menos del 1
por ciento; pero dejémoslo en el 1 por ciento. En el efecto
sustitución yo le he hablado del 1,9 por ciento, no del 1, y 2 por
ciento la revalorización; en total eso me da el 5 por ciento, luego
me falta un punto para el 6 por ciento. ¿Qué me dice usted? Que ese
punto es para lo que yo le preguntaba. Si es que me ha contestado.
Dice: un punto de desviación. Porque si no me equivoco ahora mismo,
en septiembre estamos en 7 décimas; es decir ahora mismo tendríamos
que bajar de septiembre -es el último dato que prácticamente vamos a
conocer dentro de unos días- a noviembre 7 décimas, porque la
desviación ahora mismo es del 1,7. Me parece difícil, pero ustedes
han previsto un punto.
En cuanto al convenio para la incapacidad temporal yo he hablado del
Insalud, no he hablado de comunidades transferidas. Pero es que yo no
sé dónde lo llevan las comunidades transferidas. Sí sé dónde lo lleva
el Insalud, a la cuenta de farmacia. Las comunidades autónomas no lo
sé. El Insalud le aseguro que lo lleva a la cuenta de farmacia,
porque aquí tengo el estado de ejecución del presupuesto por
capítulos económicos del Insalud, y en gastos de farmacia figura con
una ejecución del 73,16, aunque están pendientes de incorporar a su
presupuesto los créditos correspondientes al control de IT. Por tanto
el porcentaje de ejecución sobre el presupuesto actual tiene que
diferir del teórico previsto 66,51, o sea es el propio Insalud el que
dice que aplica esa prima a gastos de farmacia. Yo no lo digo, lo
dice el Insalud en su estado de ejecución. En cuanto a las
comunidades autónomas, si lo hacen me parece también mal; pero yo
hablaba de lo que conocía, que era lo que estaba haciendo el Insalud,
y efectivamente es un convenio para reducir el gasto en IT. Me dice
usted que la IT va a crecer el 13,2 hecho presupuesto sobre
presupuesto, pero en realidad solamente va a crecer el 3 por ciento.
Lo que me está diciendo usted es que este año se ha desviado el 10
por ciento el gasto en IT, con el programa éste tan maravilloso se ha
desviado el 10 por ciento. Lo achaca usted al aumento de afiliados.
Bueno, esto solamente es posible si todos los afiliados nuevos son o
están enfermos, porque si no es imposible. No me diga usted que un
aumento de afiliadosdel tres y pico por ciento produce un aumento del
12 por ciento en el gasto de IT. Tiene que ser que se están afiliando
todos los enfermos de España.
Sobre las PNC no me ha dicho usted por qué si crecen el 2,37 y se
revalorizan al 2 por ciento van a crecer el 5,78; 2,37 y 2 por ciento
de revalorización da menos del 5, y ustedes dicen que el gasto va a
aumentar el 5,78. Alguna razón tiene que haber en esas cerca de 80
centésimas que le faltan. De acuerdo hay que informatizar, hay que
mejorar la gestión informática, pero es el 44,51. A mi me gustaría
que me enviara ese programa tan maravilloso, porque si además se
convierte en una oficina virtual, normalmente estas cosas terminan
siempre ahorrando gastos de personal, y usted lo sabe. Dígame usted
si las gestiones se pueden hacer por Internet en vez de ir
directamente a que le reciba el funcionario, algo se ahorraran. ¿Sí o
no? Y si no puede ser que aumenten ustedes este gasto no para una
mejora de la gestión, pero manteniendo unos gastos generales
incompatibles con la eficiencia en el gasto. Pero en fin, dígame
usted por que el 44,51 por ciento.
Por lo que se refiere al ingreso por afiliados, se lo decía porque
los datos que yo tengo de ejecución es que en 1998 los ingresos por
cotizaciones sociales según la intervención de la Seguridad Social
divididos por el número de afiliados ocupados promedio del año, dan
un incremento respecto a 1997 del 1,10, en 1999 del 1,12, y tanto el
1,1 y el 1,12 son inferiores al IPC de los respectivos años; por
tanto, lo que estamos obteniendo por cada afiliado es menos de lo que
crece el IPC cada año. Esto se lo comenté el último día que estuvo en
la Comisión del Pacto de Toledo. Yo creo que deberíamos empezar a
valorar ya no el número de afiliados, sino el número de afiliados
equivalentes a tiempo completo. No es lo mismo una filiado que cotiza
12 días, que un afiliado que cotiza todo el mes.
Por último, lo que dijo en la Comisión y lo que dijo en la prensa,
Usted no lo ha rectificado en la prensa; o sea lo que vino en la
prensa ha quedado ahí sin que usted rectificara, pero además
coincidía bastante la prensa salmón del día siguiente en decirnos que
usted había hablado de que se iba a computar toda la vida laboral. Yo
no estoy negando esa posibilidad, ni siquiera diciendo que ese es un
debate que haya o no haya que hacer. Creo que hay que hacerlo, pero
la pregunta es cómo, qué se ahorra, beneficia o perjudica. Daba la
impresión oyéndole a usted de que aumentar de 15 años a toda la vida
laboral era un beneficio para los trabajadores. Si es un beneficio
para los trabajadores, será un perjuicio para les finanzas de la
Seguridad Social; entonces habrá que ver cómo conciliamos una cosa
con otra. Además, ¿toda la vida laboral significa que se va a
computar también como período cotizado en la base para luego tratarlo
así los períodos de percepción del subsidio de desempleo? Eso sería
injusto. Sería injusto que si una persona a lo largo de 35 ó 40 años
de vida laboral ha estado cinco años percibiendo el subsidio por
desempleo, que es el 75 por ciento del salario mínimo
y se cotiza el salario mínimo, se le computara también en la base.
Me alegro mucho que me haya podido decir en qué están invertido los
recursos, los recursos que se invierten; en qué se han materializado
las reservas. Insisto que falta dinero que está en el Banco de
España, pero no me ha dicho cuánto le paga el Banco de España por
tener ese dinero que no ha metido en reservas, si le paga más o menos
que los bonos a tres años, que los bonos a cinco años y que las
letras del Tesoro. Está bien, hemos comprobado que en los últimos
años la Seguridad Social enjuga el déficit del Estado y también el
endeudamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero agradecer las explicaciones del señor
secretario de Estado y también agradecer las naturales coincidencias
que en el diagnóstico h an efectuado.
Simplemente quiero hacer alguna pequeña apostilla y agradecemos la
información que se nos ha proporcionado en relación también al
interés de lo depositado, al anatocismo que continúe también
generando y que siga produciendo capital en ese sentido.
Aquí ha habido dos tipos de políticas. Ha habido una política, y ha
aludido a ello el señor Griñán hace un momento, que a nosotros nos
parece que resultó ineficaz porque al final llevó al sistema a una
situación de déficit y a una situación de real preocupación
financiera de futuro y de pago de las prestaciones y pensiones a que
está obligada la Seguridad Social. Por eso, la política correcta es
la suya, una política en la cual en el conjunto del presupuesto hay
un equilibrio financiero, hay una situación de no déficit, está
traduciéndose y lo está demostrando en un crecimiento de la actividad
económica, en un crecimiento del PIB, en un crecimiento del empleo y
en un crecimiento de la filiación, y esto se está traduciendo en un
crecimiento de la recaudación de la cotización y en un crecimiento de
recaudaciones impositivas. Por tanto, nos parece que eso es
importante, porque además produce superavit en la Seguridad Social, y
el superavit de la Seguridad Social, por mucho que ahora hablemos de
la coyunturalidad de dicho superavit, que ojalá siempre lo hubiera en
algún grado, lo que está haciendo es poner sobre el tapete de la
sociedad española la credibilidad en el sistema, porque le está
dotando de viabilidad, y el marco para el ciudadano español hoy no es
el marco de hace seis años de inseguridad, de preocupación. Hoy es un
marco de crédito, es un marco de confianza en el Gobierno, en las
instituciones, que sabe que también, junto con los interlocutores
sociales, va a proveer de mecanismo para subsanar y rectificar las
cuestiones demográficas de envejecimiento y los planteamientos que en
un par de décadas se nos pueden plantear. Portanto, nosotros le
animamos a que continúe con este
presupuesto, a que continúe con el cumplimiento del Pacto de Toledo
que significa este presupuesto y a que continúe también con el
cumplimiento de los acuerdos sociales suscritos. Nosotros creemos que
esto es lo que realmente importa a la sociedad española, que la
política económica sea correcta, eficaz y que lo puedan comprobar
diariamente en sus pensiones.
El señor PRESIDENTE: Para concluir su comparecencia, tiene la palabra
el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa): Voy
a intentar hacerlo con brevedad, aunque el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista prácticamente ha hecho otra vez un repaso de
todos los temas de su primera intervención, y la ha iniciado diciendo
que había contestado a gran parte de sus preguntas. Menos mal, porque
si no lo hubiera hecho así probablemente los señores diputados
tendrían un problema para coger los medios de locomoción que estoy
seguro pretenden tomar en la tarde-noche de hoy. Voy a intentar
ayudar con mi brevedad para que no haya ningún riesgo, en el caso de
que así sea, en la pérdida de dichos transportes.
Señor Griñán, creo que el presupuesto general del Estado desde hace
mucho tiempo se viene realizando de forma prudente, y si me permite
la expresión el presupuesto de la Seguridad Social se realiza de
forma más prudente; no uno imprudentemente y el otro prudente, sino
uno prudentemente y el otro aún más prudentemente si cabe, en este
caso el de la Seguridad Social. Creo que es bueno que sea justamente
el presupuesto social el que se haga de forma más prudente para no
alimentar expectativas que pueden llevar a situaciones de desencanto
a gran parte de la población, y porque además es bueno que cuando
estamos hablando de sistemas de protección social, como es el
nuestro, demos claramente muestras de esa garantía que queremos tenga
para el futuro.
En cuanto a Ley de estabilidad presupuestaria, coincido con S.S. en
cuanto a la concepción y el significado del adverbio
prioritariamente; lo que pasa es que nosotros prioritariamente lo
interpretamos igual pero luego lo ejecutamos tal vez de manera
distinta a la que S.S. pudiera entender como aceptable. Aquí puede
haber un cambio de concepción en la aplicación, porque nosotros
esperamos a tener el dinero, las pesetas constantes, a partir del año
que viene los euros constantes en la cuenta del Banco de España, para
de ahí pasar al fondo de reserva; cuando tenemos la seguridad de que
los tenemos ahí, de que además no vamos a tener ninguna tensión en el
gasto que nos haga que de repente vayamos a mirar en nuestra cuenta
del Banco de España y no encontráramos, tuviéramos problemas, y
volver a recurrir a algo ya olvidado en nuestra Seguridad Social como
son los préstamos equilibradores y los préstamos de desfase de
tesorería. Preferimos hacer en este caso
-si me lo permite- como la familia al uso: cuando vemos la peseta,
cuando ya la tenemos ahí es cuando la pasamos de esa cuenta al Banco
de España al fondo de reserva; pero prioritariamente y en su gran
parte, mientras estemos dotando, tenga la completa seguridad de que
esas pesetas van a pasar en su mayor parte si no en su totalidad a la
dotación del fondo de reserva.
Los presupuestos de la Seguridad Social tienen un carácter
prácticamente definitivo. Su señoría ha hecho algunas manifestaciones
respecto al nivel o la intensidad de los trabajos en la Comisión de
seguimiento del pacto de acuerdo y mejora de salarios y de protección
social. Yo le pediría que al menos fuera respetuoso con los
firmantes; puede tener una legítima opinión sobre si se va muy
deprisa o muy despacio, pero en este caso los que determinan los
tiempos son el Gobierno y los firmantes de ese acuerdo con el
Gobierno y hasta este momento le puedo trasladar que no hemos llegado
a un acuerdo de desarrollo aunque trabajamos intensamente para ello.
Ya le digo cuáles son las previsiones para el año que viene, las he
expuesto anteriormente y hacen referencia a todo lo que es mejora de
prestaciones, medidas de lucha contra el fraude, responsabilidad del
pago de las prestaciones y nueva jubilación gradual y flexible, junto
con otras muchas medidas que podrían llamarse de carácter menor que
también verán la luz antes de que acabe el presente año. Pero yo sí
quiero ser respetuoso con los grupos parlamentarios. El señor Griñán
ha hecho referencia a mi condición de diputado durante mucho tiempo y
desde luego no será el Gobierno el que pretenda determinar cuáles son
las enmiendas que tiene que presentar el Grupo Parlamentario
Socialista ni el contenido de las mismas; es absolutamente libre de
determinar sus enmiendas sobre cuáles creen que deben ser las subidas
de pensiones mínimas para el año que viene. De todas maneras, me
gustaría que de ser posible el Grupo Parlamentario Socialista
coincidiera también con la subida de prestaciones que este Gobierno,
refrendada por el propio acuerdo y por los agentes sociales, traerá a
esta Cámara, y ya que conoce cuál es nuestra previsión a lo largo de
la presente legislatura, porque está plasmada en el acuerdo, y si no
es antes será después cuando el Gobierno, juntamente con los
firmantes del acuerdo, cumpla esas previsiones de subida de
prestaciones mínimas de viudas, de huérfanos o de lo que conocemos
como perceptores de prestaciones SOVI.
En cuanto a la previsión de liquidación voy a ser muy literal para
que así a lo mejor tengamos ocasión de entendernos perfectamente. El
importe de cotizaciones sociales para el año que viene es de 67.215
millones de euros. Se incrementan 2.700 sobre la previsión de
liquidación de este año; es decir los 2.726 millones de euros son el
incremento sobre la previsión de liquidación de este año, el 4,23 por
ciento, claramente el 4,23 por ciento, que por cierto respecto a
algunas manifestaciones que ha hecho permite financiar el 80,62 por
ciento
del presupuesto total de gasto, y las cotizaciones de los
trabajadores desocupados el 4,22. Los 2.726 millones son el
incremento sobre previsión de liquidación. De todas maneras, revisaré
nuevamente los números. Estoy dispuesto, señor presidente, a
fotocopiar la página.
En cuanto a la reducción de cotizaciones, tengo que dar la razón al
señor Griñán. Tal vez no me haya explicado claramente en mi
intervención. La parte del acuerdo que habla sobre bonificaciones o
reducciones de mayores de 55 años utiliza ambas expresiones, puede
ser reducción o bonificaciones. Claramente el acuerdo dice que a
partir de 65 años únicamente serán exenciones y que entre 55 y 65
años pueden ser bonificaciones o reducciones de cuotas. Pero a una
pregunta clara una respuesta clara. ¿tiene el Gobierno previsto
reducir cotizaciones de mayores de 60 años, que es la única previsión
temporal que pone en el acuerdo? No. El Gobierno tiene previsto
bonificar cotizaciones de mayores de 60 años, que también cabe en la
propia dicción literal del acuerdo porque se habla en ambos casos de
reducciones o de bonificación de cotizaciones sociales, que sí siguen
siendo selectivas, aunque no sólo sea para encontrar empleo sino
también para mantenernos estables en el empleo. Habría casos, señor
Griñán, de trabajadores varones entre 30 y 45 años que tendrían
límites a la obtención bonificaciones a la cotización o al empleo
evidentemente si aplicamos la norma en todo su conjunto, porque
también limita que se puedan realizar contratos temporales que luego
se puedan convertir en indefinidos, porque en ese caso estaríamos en
un fraude de la norma, lo que conocemos como fraude de ley o abuso de
derecho.
El tema siguiente es respecto a la bajada de tipos de cotización y
bajada o no subida de impuestos. Nosotros no somos partidarios de
bajar los tipos de cotización, que es lo mismo que bajar los ingresos
del sistema; pero yo sí puedo hacer una reflexión. Las políticas de
bajada de tipo de cotización y de subida de impuestos, que las ha
conocido este país en otras épocas, nos llevaron a una Seguridad
Social inestable financieramente y a un Estado con el mayor déficit
público que se ha conocido en la moderna historia de España. Por
tanto, me parece que optar por políticas de no bajadas de tipos de
cotización y disminución de los impuestos nos van a llevar a
conclusiones bastante diferentes de las que todos queremos que no se
repitan. No sé si el señor Griñán proponía reducir tipos o bajar
ingresos, porque no acabo de entender la reflexión; la reflexión sí
la he entendido pero no sé si la conclusión al final es que debemos
reducir también los tipos de cotización o tal vez la conclusión final
sea que reduzcamos tipos de cotización y no bajemos los impuestos.
Creo que en mi primera intervención ya he contestado claramente a esa
manifestación.
Las aportaciones del Estado, la clarificación de las fuentes de
financiación, creo que en la primera parte ya hemos hecho bastante
referencia a las mismas y al proceso.
Hay que tener en cuenta en este caso que es un proceso que se
viene realizando desde el año 1989 hasta aquí, si no me falla la
memoria, y que evidentemente en las fases iniciales las aportaciones
del Estado en la separación de fuentes de financiación tienen que ser
mayores que cuando estamos en esa fase final donde ahora mismo sólo
nos queda ya la financiación de los complementos a mínimos. Reitero,
un billón 600.000 millones de pesetas me parece una cuantía
importante desde el año 1996 hasta el año 2001 como de más
aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, y creo
que no debemos entrar en un debate sobre si 50.900 millones de
pesetas son o no son exactamente la doceava parte o dejan de serlo.
Si no son la doceava parte será un poco menos, y a lo mejor en el
presupuesto del año que viene se pone algo más que una doceava parte
y entonces ya tenemos resuelta la cuestión matemática que parece ser
tanto preocupa al señor Griñán. De todas maneras hay una cosa que he
recibido con satisfacción de su última intervención. Lanza un guante
al Gobierno, si nosotros fuésemos capaces de apoyar una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista que fuera una doceava exacta de la
financiación de los complementos a mínimos. Yo le reitero que estaría
encantado de hacerlo desde el momento en que el Grupo Parlamentario
Socialista entendiera que ese plazo de 12 años es el adecuado, que
hasta ahora no se lo he oído a ninguno de sus representantes, sino
que han pedido algunas bastante menores. Esa parte sí creo que la
podemos concordar.
El efecto sustitución que nosotros calculamos para el año que viene
no es el 1,9, sino el 1,6. Entonces, 1,05 ó 1 prácticamente más 2 de
revalorización más 1,6 nos deja algo más de un punto para lo que
tiene que ser la cobertura presupuestaria, algo más de un punto en la
diferencia entre el 1,6 y 1,9 para la desviación del IPC y para tener
cobertura presupuestaria en el caso de que se adopte esa subida, que
esperamos que sí, de pensiones mínimas o de viudedad o de orfandad,
que inmediatamente serán traídas a este Parlamento, que siempre es
soberano, y se pronunciará sobre las mismas.
Al final ha hecho nuevamente una referencia a la incapacidad
temporal. La incapacidad laboral se viene desviando en los últimos
ejercicios, no sólo en el último. La desviación es del 7,6 por ciento
desde el año 1996 a esta parte. En la previsión de liquidación del
año 2000 que conocemos ya se había desviado. Si tenemos en cuenta el
interanual respecto de la previsión que se contiene en los
presupuestos del año que viene estaríamos ante un crecimiento
interanual del 3,2 por ciento. Es matemático. Estamos en 6,4, lo
dividimos por la mitad, 3,2 en dos años. La matemática es una ciencia
absolutamente exacta y desde luego se explica esa subida por el
incremento de afiliación, de las bases de cotización y,
evidentemente, por cierto incremento, que aquí también hay, en el
coste medio por afiliado en incapacidadtemporal. Las primeras medidas
que se pusieron
en marcha fueron las de control de la incapacidad temporal y se
produjo una disminución que no se puede mantener, porque
evidentemente la bolsa de fraude que pudiera haber ahí se ha visto
muy reducida y ahora no es cuestión de bajar el gasto de incapacidad
temporal, sino únicamente de perseguir aquellas situaciones que
puedan resultar abusivas respecto al gasto de incapacidad temporal
que en estos momentos se produce.
El gasto en informática. Yo estoy seguro que desde la Tesorería
General de la Seguridad Social se nos va a facilitar la información
de todos los proyectos que justifican ese incremento del 45 por
ciento, pero quiero desvelar una duda que además se puede ver hasta
en el capítulo de gasto de personal, y es que no pone en peligro
ninguno de los puestos de la Seguridad Social ni tampoco la previsión
de incremento. Si me permite el señor presidente, que estoy seguro
que me lo permite, diría que la Seguridad Social va a necesitar mucha
más gente trabajando en su seno para todos los retos que tiene que
afrontar en un futuro que son muy importantes y no sólo la adaptación
a las nuevas tecnologías nos va a permitir hacerlo mucho mejor, sino
seguir formando capital humano de la forma y manera que lo estamos
haciendo en estos momentos y que va a ser muy necesario en el futuro.
Hoy son tres millones y medio de afiliados más que en el año 1996.
Sólo esto ya da sentido a la carga de trabajo que se tiene que estar
produciendo sobre la Administración de la Seguridad Social.
Puedo compartir muchas reflexiones que ha hecho el señor Griñán sobre
toda la vida laboral, pero creo que ese debate se tiene que producir
en el año 2003, cuando acabemos el proceso que tenemos abierto, y ahí
decidiremos a nivel político entre todos y socialmente también con
los firmantes del acuerdo, cómo tenemos que revisar la fórmula de
cálculo de nuestra base reguladora. Yo creo que el principio
inspirador -y podemos estar de acuerdo- es tener en cuenta todo el
esfuerzo contributivo. Es una cuestión de proporcionalidad y de
equidad, pero el Gobierno no ha barajado sistemas en concreto ni
baraja, y tampoco los agentes sociales que han firmado con el
Gobierno, y de lo que yo tengo constancia, en la Comisión no
permanente de renovación del Pacto de Toledo tampoco se está
barajando ninguna medida de ese tipo. Yo creo que hablar del esfuerzo
contributivo a lo largo de toda la vida responde a las
recomendaciones del Pacto de Toledo, a los principios que todos
teníamos en cuanto a la reforma de gastos en el sistema de protección
social y es más proporcional y más justo de lo que puede ser no
hacerlo en estos momentos, aunque habrá consideraciones que tengamos
que hacer en tono ya más particular, que sin lugar a dudas nos
llevarán a que esa revisión del cálculo de la base reguladora no
traiga consigo perjuicios para los que hoy son trabajadores o lo
serán entonces y vayan a ser pensionistas en el día de mañana.
Al señor Azpiroz, y en este caso la brevedad es absoluta porque la
coincidencia es completa con todo lo
manifestado; de todas maneras, como se dice siempre, el tiempo dará y
quitará razones. La ejecución de este presupuesto al finalizar el año
que viene, y tendremos ocasión de debatirlo durante un año más, dirá
quiénes estuvimos acertados en la confección del mismo o si nos
equivocamos en su caso, cuestión que no tendremos ningún problema en
reconocer si es así. Hasta ahora creo que siempre hemos acertado y
cuando no lo hemos hecho, ha sido en beneficio del sistema de
protección social. Esperamos que las cuestiones sigan así en un
momento de desaceleración económica mundial como es al que nos
enfrentamos con este presupuesto de la Seguridad Social y en el
conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. (El señor Griñán
Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Griñán, ya tiene que ser medio telegrama
que está usted autorizado a emitir.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Es medio telegrama. Simplemente conciliar
las cifras. Previsión de liquidación de este de ingresos por
cotizaciones: 64.700...
El señor PRESIDENTE: ¿No será más fácil que lo pida por escrito y se
lo envíe el secretario de Estado?
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: No. Lo que resulta de lo que me ha dicho
64.700 más 2.723 de incremento dan una cifra superior a la que está
en los presupuestos de ingresos por cotizaciones; 64.700 de previsión
de liquidación más 2.723 que me dice va a ser lo que van a crecer las
cotizaciones, aparte de que es muy poco el 4 por ciento, dan 67.423 y
ustedes han pintado 67.215, y es a lo que me refiero.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
La previsión de liquidación es 64.488.971.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Entonces, aplicándole ... 64.700.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
64.488.971.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Pero en el informe pone 64.700.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Que se concilien, igual que se concilian nuestras opiniones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Buenas tardes, se levanta la
sesión.
Eran las siete de la tarde.