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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 315, de 02/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 315
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 30
celebrada el martes, 2 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución:
- Informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al
año 1999. (Número de expediente 401/000001.) . . .
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para corregir los mecanismos restrictivos a la
liquidez de los ayuntamientos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000028.) . . . (Página
9882)
- Sobre reglamentación singular para las comunidades autónomas
insulares y ciudades extrapeninsulares con relación a la Ley del
sector eléctrico (54/97). Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000094.) . . .
- Relativa a medidas para impulsar el desarrollo de la biomasa como
fuente de energía renovable. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000707.) . . .
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR CORRESPONDIENTE AL
AÑO 1999. (Número de expediente 401/000001.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, se abre la sesión.
En nombre de la ponencia, tiene la palabra el diputado el señor Gómez
Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, con toda brevedad
quisiera manifestar el sentir de todos los grupos al afirmar el alto
grado de consenso que ha habido en la ponencia. Quería informar a la
Comisión de que de 45 propuestas de resolución, sólo tres van a
llegar a votación, lo que demuestra el esfuerzo que han hecho todos
los grupos para llegar a acuerdos. De las siete que había presentado
el Grupo Federal de Izquierda Unida, han sido incorporadas al informe
seis propuestas. El Grupo Socialista tenía 17 en total, de las que
han sido aceptadas 14, una fue retirada, otra modificada y aceptada
en ponencia y queda una para su defensa en Comisión. De Convergència
i Unió han sido incorporadas todas al informe. El Grupo Popular
presentaba 8 y, en total, se han incorporado 7 en ponencia y queda
una para la defensa en Comisión. De las 45, puesto que hubo el
acuerdo de refundir las propuestas concordantes, han quedado 30.
Insisto en el alto grado de satisfacción que tenemos por el consenso
conseguido en las propuestas de resolución presentadas al informe
anual del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al año 1999.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la exposición de las posiciones
de los distintos grupos.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Al no estar el titular, no voy
solamente a la defensa de una de las proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Quisiera recalcar, al igual que el portavoz
del Partido Popular, el elevado grado de acuerdo que ha habido en la
aceptación del número de resoluciones ya que más del 80 por ciento se
van a aprobar por unanimidad y las discrepancias han sido mínimas.
Este es el comportamiento que deben tener esta Comisión y los
trabajos de la ponencia con respecto a la seguridad nuclear. Es un
tema tan trascendente para la vida, la seguridad de los ciudadanos y
la tranquilidad de la opinión pública, como para que se transmita el
acuerdo máximo en estos asuntos. Esto contrasta -quiero recalcarlo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista- con la actitud que la
nueva presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear mantuvo en sus
primeras comparecencias públicas, actitud que espero y deseo que
cambie y se vuelva a la normalidad, a la prudencia y a la cautela que
en estos temas se deben tener.
No voy a hacer un repaso de las resoluciones que ha presentado mi
grupo, pero quisiera decirle a la mesa que en la número 19, en la
resolución del texto de la ponencia hay una palabra equivocada. Donde
dice: Instar al Consejo de Seguridad Nuclear a remitir a la Comisión
de Economía y Hacienda, antes del 31 de diciembre de 2001, un informe
sobre la oportunidad y posibilidades de incrementar las competencias
y la economía del propio consejo, debe decir: 'competencias y
autonomía del propio consejo'. Ruego tome nota de ello el señor
letrado.
Del Grupo Parlamentario Socialista no se ha aceptado una propuesta de
resolución en la que se instaba al Gobierno a que, antes de octubre
del 2002 y en colaboración con los titulares, decida la elaboración
de un plan de cierre de la central nuclear José Cabrera, que
pediremos que se vote aparte. No ha habido consenso, pero nos
ratificamos en esta posición basándonos exclusivamente en el último
informe del Consejo de Seguridad Nuclear que aprobaba el plan de
mejoras que a intervenir en
este punto. Mi presencia aquí obedece presentaron los titulares de la
central de Zorita. En ese
plan de mejora que aprueba el Consejo de Seguridad Nuclear se
establece una salvaguarda hasta el 2008; es decir, el Consejo ha
dicho que ese plan de mejoras solamente garantiza la viabilidad de la
central hasta entonces. Nosotros proponemos que el Gobierno, antes de
esa fecha acuerde con los titulares un plan de cierre ordenado para
la central de Zorita.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero pedir disculpas a la
Comisión por mi retraso, pero no podía dejar la reunión de la Mesa
del Congreso de los Diputados para llegar aquí a la hora en que
estaba convocada.
Señorías, es importante que en la ponencia hayamos sido capaces de
ponernos de acuerdo en la mayoría de las resoluciones para que el
Consejo de Seguridad Nuclear mantenga a esta Cámara informada sobre
la evolución de la seguridad de las centrales nucleares y de todas
aquellas instalaciones radiológicas cuya vigilancia compete al
Consejo de Seguridad Nuclear. Insisto en que es importante que ese
número de resoluciones se hayan alcanzado unánimemente en la ponencia
porque vienen a profundizar en la inquietud que podemos tener no sólo
en cuanto al funcionamiento del Consejo como garante de la seguridad,
sino también respecto de las instalaciones nucleares en nuestro país,
ya sean centrales de producción de energía eléctrica o cualquier otra
instalación médica o de otro tipo que pueda haber en nuestro país. A
mi grupo parlamentario en la ponencia no se le ha admitido una de las
resoluciones relativa a un asunto que nos parece inquietante y sobre
el que esta Comisión tendría que valorar, de ahí que la mantengamos y
la estemos defendiendo.
Señorías, todos ustedes saben que recientemente ha habido una
renovación de los consejeros y de la presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear. Este verano, en el mes de agosto, si no recuerdo
mal, en una entrevista en un diario de tirada nacional la presidenta
del Consejo de Seguridad Nuclear hizo unas declaraciones que, a
criterio de mi grupo parlamentario, no son las más afortunadas para
quien ostenta ese cargo y tiene la obligación de velar por la
seguridad de nuestras instalaciones nucleares. Señorías, a la
presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear no le compete valorar
las decisiones que adopte el Gobierno actual o que hayan adoptado
gobiernos anteriores. Es inasumible por parte de esta Comisión, que
es quien controla al Consejo de Seguridad Nuclear, que se puedan
hacer afirmaciones tales como que ha sido un error aprobar la
moratoria nuclear. Todas las personas tienen derecho a tener opinión
y a expresarla, pero no cuando se ostenta un cargo de la
responsabilidad y de las características
como el de la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, que se
supone que es un órgano independiente que vela por la seguridad de
las instalaciones nucleares y, por tanto, no tiene por qué valorar
las decisiones políticas que se adopten. En todo caso, lo que le
compete es informar de las consecuencias de esas actuaciones
políticas, pero no hacer valoraciones. Son improcedentes las
declaraciones efectuadas por la presidenta del Consejo de Seguridad
Nuclear y consideramos que sería oportuno el que esta Comisión
reclamara la prudencia que debe tener un órgano de estas
características y quien ostenta su máxima representación. Por eso
mantenemos esta resolución y queremos que se someta a votación en la
Comisión de Economía y Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Quiero hacer una defensa, en sus propios
términos, de una de las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Popular que no fue incorporada, que dice: Se insta a
las autoridades competentes, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de
Nerva, a que se establezcan los mecanismos necesarios para que se
proceda a la retirada de las sacas de residuos originados en la
fusión de una fuente de cesio 137 que aún permanece en la factoría de
Acerinox, en Los Barrios (Cádiz).
Aprovecho para fijar la posición de mi grupo con toda brevedad, señor
presidente, sobre las dos propuestas de resolución que han sido
defendidas por el Grupo Socialista y por el Grupo Federal de
Izquierda Unida. Respecto a la de Izquierda Unida entiendo lo que
dice su portavoz, pero si las declaraciones son procedentes
o improcedentes, se debería juzgar en otro foro ya que esta resolución
no guarda relación, a nuestro juicio, con el informe anual del CSN
correspondiente a 1999 y, por tanto, vamos a votar en contra.
En cuanto a la del Grupo Socialista, vamos a votar en contra también
porque por el momento no se prevé el cierre de la central nuclear
José Cabrera. Un eventual cierre debería venir determinado o bien por
razones de seguridad nuclear, lo cual compete al Consejo de Seguridad
Nuclear, o bien por razones de interés económico para el titular. Por
tanto vamos a votar a favor de nuestra propuesta y en contra de las
otras dos.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate sobre este primer punto,
quiero anunciar a SS.SS. que las votaciones, las de este punto y las
de los restantes, no se harán antes de las 12.30. Si terminásemos
antes haríamos una interrupción y votaríamos sobre las 12.30. Si no,
cuando termine la deliberación de los tres puntos que restan.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LOS MECANISMOS RESTRICTIVOS A LA
LIQUIDEZ DE LOS AYUNTAMIENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000028.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Debate y votación de
la siguiente proposición no de ley, sobre medidas para corregir los
mecanismos restrictivos a la liquidez de los ayuntamientos. El autor
es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señorías, la proposición de
Izquierda Unida pretende aliviar la liquidez municipal removiendo
algunos de los obstáculos que lesionan esa liquidez y dificultan la
gestión de sus servicios. Izquierda Unida ha venido planteando en
esta Cámara, singularmente desde la aprobación de la Ley de Haciendas
Locales, la cuestión de las empresas municipales como sujetos pasivos
del IVA. Esta situación produce, a nuestro entender, un triple
efecto. En primer lugar, penaliza a los ayuntamientos que mejoran la
eficacia de los servicios públicos, mediante la creación de este
instrumento de gestión. De hecho, se presiona más a los ayuntamientos
más activos y eficaces en la prestación de servicios que a los más
burocratizados. En segundo lugar, supone una interpretación
incorrecta del derecho público y los derechos del sector público
respecto a la Hacienda. Y en tercer lugar, perjudica seriamente la
tesorería municipal.
Como ustedes saben, esta cuestión camina por los tribunales, dado que
algunos ayuntamientos se niegan a ingresar cantidades por IVA de sus
empresas, pero esto no puede ser un pretexto para que el legislador
subsane un error hacendístico y político que las corporaciones
locales españoles arrastran durante todo el período democrático, como
reiteradamente han expuesto diversas federaciones de municipios y
provincias de todo el Estado. No deja de ser un contrasentido que una
parte de estas cantidades recorra el divertido camino de ir a las
arcas de Hacienda para volver en forma de participación en los
ingresos del Estado. En definitiva, razones de todo tipo aconsejan
resolver de una vez por todas esta situación.
Un segundo problema, también discutido por nuestro grupo en su
momento, en el sistema de liquidación de los ingresos del Estado a
las corporaciones locales es que el Estado liquida en doceavas partes
el 95 por ciento de las transferencias a que tienen derecho los
municipios, dejando el 5 por ciento restante para una liquidación
provisional. En diversas ocasiones y con motivo de los debates de los
Presupuestos Generales del Estado, hemos propuesto elevar al 98 por
ciento
esta liquidación provisional. Este 5 por ciento restante, 2 por
ciento según las propuestas de Izquierda Unida, podrían considerarse
como transferencias a cuenta que compensaran las entregas
trimestrales de IVA de las empresas municipales.
Por último, y como se dice en el texto presentado, está pendiente el
desarrollo de la disposición final cuarta de la Ley 1/1998, de
regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes, en
relación con la puesta en marcha de la denominada cuenta corriente
tributaria, como forma de conseguir una mayor eficacia en la
compensación de deudas y créditos tributarios. Estas propuestas
pretenden, como indica la denominación de la proposición, superar
mecanismos restrictivos de la liquidez de los ayuntamientos. Este es
un excelente momento para recordar a SS.SS. que tras el avance en la
corresponsabilidad fiscal que supone la financiación autonómica y el
acuerdo recientemente firmado, queda pendiente resolver serios
problemas en la financiación local; problemas que inicialmente fueron
abordados por la Ley de Haciendas Locales, pero no resueltos en la
medida en que la financiación local sigue presa de comportamientos
atávicos y tutelas de su autonomía financiera que les impide tanto la
suficiencia de sus recursos como la autonomía fiscal que les
corresponde. La vinculación de la financiación local a impuestos
personales potentes, conocer cómo resolverá el Gobierno la anunciada
y nunca cumplida desaparición del IAE y algunas otras cosas
relevantes están pendientes. No forma parte del orden del día de hoy,
pero ya les anuncio la voluntad de Izquierda Unida de introducir en
la Cámara reflexiones en esta dirección.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
El señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, nosotros hemos presentado
una enmienda a esta proposición no de ley en la que luego entraré. En
primer lugar, nos parece procedente en su conjunto la proposición,
porque persigue de una forma modesta mejorar la situación financiera
de las administraciones locales, que sin lugar a dudas han sido las
cenicientas del proceso de descentralización territorial en España.
El peso de las administraciones locales en términos de recursos
públicos, de gasto público, se ha mantenido prácticamente estancado,
a pesar de que han sido administraciones corresponsables, han usado
sus vías posibles para aumentar su recaudación de recursos y han
tenido en general una administración bastante virtuosa de esos
recursos. Sin necesidad de leyes de estabilidad presupuestaria, de
esa magnífica innovación de la economía constitucionalista española,
esas administraciones han sido virtuosas y han mantenido los
parámetros básicos del equilibrio presupuestario. Esto a pesar de que
en los últimos años la política financiera del Estado en
cuanto a las administraciones locales ha sido especialmente cicatera,
en momentos en que, a raíz de procesos de reforma de mercados, como
el del sector eléctrico o el de las telecomunicaciones, las
administraciones locales están dejando de percibir ingresos que en el
pasado percibían, básicamente por la deslocalización física de la
actividad económica en sí, y en momentos de incertidumbre en que ante
las prometidas eliminaciones de tributos como el IAE, no se sabe, no
se contesta sobre mecanismos de compensación a las administraciones
locales. Tiene sentido que hayan sido administraciones virtuosas en
general desde el punto de vista de equilibrio presupuestario, puesto
que las administraciones locales, como es sabido, no tienen los
recursos que tienen la autonómica, sobre todo la estatal, para
centrifugar el déficit. Lo que está pasando en la actualidad con los
900.000 millones de pesetas de deuda acumulada por Radiotelevisión
Española, que no será un problema porque está en la SEPI, así no
entra en las cuentas; o la posibilidad que ha tenido el Estado de
llevar al ingreso ordinario anual parte de los ingresos por
privatizaciones a través del pago de plusvalías de las sociedades
estatales, o del subsidio de empresas públicas que antes estaban
dentro del presupuesto.
Lo que necesitan las administraciones locales son mecanismos para
mejorar sus posibilidades financieras y no corsés como el que el
Gobierno pone en marcha con el grupo de la mayoría a través de la Ley
de estabilidad presupuestaria. En este contexto, nos parece
afortunada la proposición no de ley. Nosotros hemos presentado una
enmienda al punto 2, que trata de la exoneración del IVA por las
operaciones liquidables efectuadas por empresas municipales.
Queríamos añadir que esa exención del IVA se aplicará sólo en el caso
de que el ayuntamiento no repercuta el tributo a los contribuyentes.
La intención de la propuesta es reducir el pago por IVA desde el
ayuntamiento al Estado, no estamos en presencia de una reducción del
IVA a los contribuyentes. Esto puede tener sentido en el caso de
servicios como el mantenimiento del alumbrado público, pero puede no
tenerlo en el caso de servicios como el de agua.
Es una enmienda razonable, reduce el coste para la Hacienda pública
de este tipo de exoneración y puede ayudar a una dinámica que en los
últimos años se ha desarrollado en España, y estimamos positiva
respecto a la gestión municipal, como es el recurso cada vez mayor a
la contratación externa de servicios. La contratación externa de
servicios públicos tiene grandes potencialidades para la introducción
de competencia en ciertos servicios. He citado antes un caso, el
mantenimiento de alumbrados públicos, no es necesario que los
ayuntamientos de una forma directa, a través de su personal habitual,
realice este tipo de servicios, pero hay un problema y es que la
contratación externa del mantenimiento del alumbrado supone, de
entrada, por efecto del IVA un encarecimiento del 7 por ciento de la
factura para el ayuntamiento. Esta regulación, en lugar de dar
incentivos a la mejora de los sistemas de gestión en la
Administración local, está estableciendo incentivos al estancamiento,
al mantenimiento de viejas formas de gestión y por eso creemos que
esta proposición no de ley podría tener virtualidad.
Pendientes de escuchar qué opina el grupo proponente sobre nuestra
enmienda, nuestra idea inicial era dar apoyo a esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Popular comparte la
preocupación de todos los grupos políticos por las finanzas y las
haciendas locales. Se va a iniciar en breve ese debate entre todas
las formaciones políticas para buscar las nuevas fórmulas que
permitan una mejor financiación de los ayuntamientos, pero debemos
anunciar nuestro voto en contra de la propuesta que hoy trae el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por cuestiones técnicas.
La primera medida que propone, la cuenta corriente tributaria, ya se
contemplaba en la disposición final cuarta de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, donde se proponía la puesta en marcha de unas cuentas
corrientes tributarias para los ayuntamientos de manera similar a las
del resto de los contribuyentes, para que fuese más eficaz la
relación entre la participación de éstos en los ingresos del Estado y
sus obligaciones tributarias. Este sistema de cuenta corriente en
materia tributaria ya ha sido desarrollado mediante Real Decreto
1108/1999, de 25 de junio, BOE del 7 de julio, habiéndose dictado con
posterioridad la Orden del ministro de Economía y Hacienda de 30
septiembre de 1999, BOE de 1 de octubre, por la cual se aprobó el
modelo de cuenta corriente tributaria, de solicitud de inclusión en
el sistema ya citado, y se estableció el lugar de presentación de las
declaraciones liquidaciones tributarias que generasen deudas o
créditos susceptibles de anotación en dicha cuenta y se desarrollasen
determinados aspectos del sistema de la cuenta corriente tributaria.
Asimismo, mediante la Orden del ministro de Economía y Hacienda de 22
de diciembre de 1999, se ha establecido el procedimiento para la
presentación telemática de las declaraciones liquidaciones
tributarias que dan lugar a las deudas o créditos que deban ser
anotados en la cuenta corriente ya mencionada. Por todo ello, debemos
resaltar que el sistema de cuenta corriente en materia tributaria ya
ha sido desarrollado y se encuentra vigente y operativo desde el 1 de
enero del año 2000.
La cuenta corriente tributaria diseñada es de aplicación únicamente a
los sujetos pasivos, sean personas físicas o jurídicas, que realicen
actividades empresariales o profesionales y que cumplan determinados
requisitos, entre los cuales se resaltan el que el volumen de
créditos tributarios a favor del contribuyente alcance al
menos el 40 por ciento del volumen de los débitos tributarios que el
contribuyente haya tenido con la Hacienda pública durante el
ejercicio anterior a aquel en el que se solicite la aplicación del
sistema de cuenta corriente tributaria, el requisito de encontrarse
al corriente de sus obligaciones tributarias.
La segunda medida que se propone por parte del Grupo Federal de
Izquierda Unida es la de exonerar a ayuntamientos de pagar el IVA por
las operaciones liquidables correspondientes originadas por la
prestación de servicios realizados por sus respectivas empresas
públicas municipales. Quiero recordar que la Ley del IVA es del año
1992 y que fue planteada por el Gobierno socialista. Nos hubiera
gustado mucho que esta sensibilidad que hoy demuestra el Partido
Socialista respecto al IVA de los ayuntamientos y de la prestación de
servicios la hubiera tenido en cuenta en el momento en el que se
elaboró esta ley, que fue la que puso en marcha este pago del
impuesto para los ayuntamientos. Hay que recordar que la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del IVA, efectúa una regulación de los supuestos
de no sujeción, excepción y repercusión del impuesto que se ajustan
básicamente -y es un dato muy importante- a lo establecido en la
Directiva sexta del Consejo de las Comunidades Europeas, por lo que
la modificación de la regulación legal del impuesto podría exceder de
las competencias nacionales, como así se ha debatido en la Federación
Española de Municipios y Provincias y en otros ámbitos en donde los
ayuntamientos tienen participación. Esa modificación, que trasciende
nuestro ámbito normativo legal debido a nuestra presencia y
participación en la hoy Unión Europea, condiciona mucho esta
modificación legal y esta supresión que se propone. Asimismo, debemos
recordar que el artículo 7 de la citada Ley 37/1992, explícitamente
establece la no sujeción de las entregas de bienes y prestaciones de
servicios cuando las mismas se realicen directamente por entes
públicos, sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza
pública. El gravamen del IVA, por una parte, significativo de
actividades que podrían entenderse como propias del ámbito municipal,
lleva el tipo reducido del 7 por ciento, dato que debe ser tenido en
cuenta sobre todo en las actividades principales que llevan a cabo
los ayuntamientos.
Con respecto a la tercera medida, consistente en aumentar la liquidez
de los ayuntamientos, creemos, sinceramente, que ha habido un poco de
confusión en la normativa y en la capacidad de llevar a cabo
técnicamente esta propuesta. Lo que plantea el Grupo Federal de
Izquierda Unida es que pueda ser compensable el IVA de las empresas
municipales o que se pueda formar una cuenta única -por denominarla
de algún modo- entre el ayuntamiento y las empresas municipales, que
son sujetos pasivos con personalidad jurídica propia en la Hacienda
pública. Es una situación atípica que no encaja en la normativa legal
vigente y que hace inviable la propuesta del citado grupo. En este
momento tenemos un nuevo sistema de financiación de las haciendas
locales, que todos vamos a tener que analizar y debatir. El Grupo
Parlamentario Popular ofrecece su máxima disposición para que, lo
mismo que se ha alcanzado el acuerdo en la financiación autonómica,
nos permita lograr un acuerdo en la financiación local. Como he dicho
al principio de mi intervención, todos entendemos, y es un buen punto
de partida, que es necesario llegar a acuerdos en el nuevo sistema de
financiación local. Ese será el momento de analizar esta problemática
y de ver cuáles son las posibles soluciones dentro de los marcos
legales. Por los argumentos técnicos que hemos dado, debemos rechazar
la proposición. El esfuerzo que el Gobierno de España, del presidente
Aznar, está haciendo año tras año en los Presupuestos Generales del
Estado de incrementar su colaboración con las haciendas locales y con
las corporaciones locales es público y manifiesto y se comprueba en
las cifras del presupuesto de las corporaciones locales. La Ley de
estabilidad presupuestaria nos afecta a todos porque va en el interés
general y el hecho de que afecte también a las corporaciones locales
entra en ese conjunto de medidas económicas que están beneficiando
a los ciudadanos y fuera de las cuales las corporaciones locales
tampoco pueden quedarse.
Nos alegramos de las afirmaciones del portavoz del Grupo Socialista
respecto a que la contratación externa es buena y necesaria y que va
en beneficio de todos, y confiamos en que sigan manteniendo esa línea
que el Partido Popular siempre ha defendido en todas sus
argumentaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz López, ¿su grupo acepta la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista?
El señor RUIZ LÓPEZ: Sí, se acepta porque es razonable y coherente.
El punto 2.o pretende eso.
- SOBRE REGLAMENTACIÓN SINGULAR PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
INSULARES Y CIUDADES EXTRAPENINSULARES CON RELACIÓN A LA LEY DEL
SECTOR ELÉCTRICO (54/97). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000094.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día:
Proposición no de ley sobre reglamentación singular para las
comunidades autónomas insulares y ciudades extrapeninsulares con
relación a la Ley del Sector Eléctrico. Ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Esta proposición no de ley, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes
Generales el 19 de junio de 2000, está suscrita por cuatro
parlamentarios pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados (dos: María Teresa Riera y Alberto
Moragues, elegidos por la circunscripción de las Islas Baleares y
dos, Felipe Hernández y José Segura, elegidos por la circunscripción
de Santa Cruz de Tenerife). Es un hecho simbólico que cuatro
diputados de nuestro grupo parlamentario firmen una proposición no de
ley relativa a un tema que afecta a la vida económica, a la
producción eléctrica, a la comercialización, a la distribución y a la
supervivencia de las industrias radicadas no sólo en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y en la comunidad autónoma canaria,
sino también en las ciudades extrapeninsulares, en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Señorías, se trata tal como hemos
establecido en la exposición de motivos de que la Ley 54/1997,
relativa al ordenamiento del sector eléctrico español, establece
claramente en su artículo 12 que las comunidades insulares y
extrapeninsulares desde la perspectiva de sus singularidades
específicas -pequeña dimensión, carencia de interconexiones
eléctricas entre ellas o con el resto de las comunidades y la
imposibilidad práctica de la existencia de empresas de generación de
competencia en cada una de las islas- han de ser objeto de una
reglamentación singular y específica con el fin de poder equipararlas
lo máximo posible a los objetivos globales que la ley fijó para el
resto del Estado. Concretamente, señorías, la disposición transitoria
decimoquinta de esa ley estableció un periodo de transición a la
competencia de los sistemas insulares y extrapeninsulares que
finalizaba el 31 de diciembre del pasado año 2000.
También el Real Decreto 6/1999, de medidas urgentes de liberalización
e incremento de la competencia, establecía en su artículo 6 una
modificación del calendario para que los consumidores conectados a
media tensión pudieran tener la consideración de consumidores
cualificados a partir del 1 de julio del año 2000. Por ejemplo, en el
caso de las Islas Baleares el número de potenciales consumidores
cualificados en aquella fecha estaba fijado en unos 600, mientras que
en las islas Canarias, según datos estimativos, rebasaba el millar.
Señorías, la ausencia de regulación al respecto hasta el momento
presente, es decir, hasta el mes de octubre de 2001, ha impedido la
entrada de nuevos distribuidores de energía eléctrica, con el
consiguiente perjuicio en lo que a competitividad se refiere, en cada
una de estas comunidades a las que estamos haciendo referencia.
Asimismo, señorías, el consumidor cualificado, tal como establece la
Ley 54/1997, puede pactar libremente con las empresas
comercializadoras o con las productoras de compra de energía
eléctrica. En la práctica ha supuesto en algunos casos en el
territorio español peninsular, con todas las dificultades que aquí se
han expuesto por parte del Grupo Parlamentario Socialista en
reiteradas ocasiones, un descenso medio del coste
de un 20 por ciento aproximadamente; sin embargo, a ese beneficio no
han podido acogerse los consumidores cualificados de Ceuta, de
Melilla, de las Islas Baleares o de las islas Canarias. En
consecuencia, es evidente que las empresas eléctricas situadas en las
comunidades archipielágicas, como así hemos denominado a Baleares y a
las islas Canarias, no pueden ofrecer a los consumidores cualificados
de sus territorios respectivos unos precios competitivos con los que
se ofertan en la Península. Pongamos como ejemplo dos empresas que
adquieren sus materias primas en el mercado al mismo precio, una
radicada en la isla de Tenerife y la otra en una provincia
peninsular. La que está radicada en la isla de Tenerife tiene que
competir en un mercado único español, cuyos productos están gravados
por el coste del flete marítimo, derivado de la insularidad,
circunstancia geográfica inamovible y, consiguientemente, no
modificable por muy buena voluntad que puedan tener las Cortes
Generales o el grupo mayoritario que actualmente ejerce esa función.
Sin embargo, lo que sí es modificable es el sobrecoste que tiene el
producto generado por esa hipotética industria radicada en Tenerife
con respecto al precio de manufacturación o a la producción del
producto industrial que se genera en la Península. Esto hay que
eliminarlo y desde esa perspectiva, señorías, es desde la que el
texto que nosotros presentábamos como proyecto de resolución en el
mes de junio del año 2000 hoy sigue teniendo virtualidad.
Nosotros pedíamos que en el plazo de tres meses se desarrollase y
aprobase de acuerdo con los órganos de gobierno de las comunidades
autónomas afectadas la reglamentación singular para territorios
extrapeninsulares e insulares que está prevista en el artículo 12 de
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, puesto que la ausencia de
regulación actual está ocasionando sobrecostes perjudiciales para las
empresas ubicadas en los referidos territorios, lo que conlleva una
pérdida de competitividad con respecto a las equivalentes situadas en
territorio peninsular. Observen, señorías, esa propuesta de
resolución recogida en la proposición no de ley que se está
debatiendo ahora, que reitero que se presentó en el mes de junio de
2000, porque es curioso que en octubre de 2001 siga teniendo la misma
virtualidad. Es decir, pedimos que en el plazo de tres meses -antes,
si es posible- se adopten las decisiones que por imperativo legal
debían haberse adoptado por el Gobierno, por los respectivos
ministerios del anterior Gobierno y del actual, y que no se ha
llevado a cabo.
Permítanme, señorías, que a modo de curiosidad reproduzca algunos de
los párrafos de un escrito que ha circulado entre todos los grupos
parlamentarios, dirigido por la Asociación de Industriales Canarios
(ASINCA) al ministerio pertinente, y la contestación de dicho
ministerio en el mes de julio del año 2000. Decía ASINCA: La Ley 54/
1997 establece un nuevo ordenamiento del sector eléctrico español
basado en la liberalización de las actividades de generación y
comercialización. La propia ley establece en su artículo 12
textualmente que las actividades para el suministro de energía
eléctrica que se desarrollen en territorios insulares o
extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que
atenderá las especificidades derivadas de su ubicación territorial.
El Real Decretoley 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e
incremento de la competencia, establece en su artículo 6 una
modificación del calendario para que los consumidores conectados a
media tensión puedan tener la consideración de consumidores
cualificados a partir del 1 de julio de 2000. El consumidor
cualificado, según la Ley 54/1997, puede pactar libremente con las
empresas comercializadoras o con las productoras el precio de compra
de la energía eléctrica. Y continúa así: En suma, no sólo la
Asociación de Industriales Canarios, -igual ha ocurrido con otras
asociaciones industriales de Baleares y pequeños grupos industriales,
naturalmente derivados de la situación geográfica y de las
circunstancias singulares de Ceuta y de Melilla- se han dirigido con
los mismos términos, solicitando a mediados del año 2000 al Gobierno
que con carácter urgente se adoptasen las medidas oportunas a fin de
garantizar a los agentes económicos canarios el acceso a la política
comercial llevada a cabo por las empresas suministradoras de energía
eléctrica en la Península y por tanto que se desarrollase la
reglamentación singular en este territorio para poder equipararlo a
los objetivos de la ley del resto del Estado. A esa asociación le
contestó en aquel momento la responsable del Ministerio de Economía
con un escrito extenso que terminaba diciendo, dando la razón a la
Asociación de Industriales Canarios, lo siguiente: Ello no implica
que se olvide la elaboración del real decreto de regulación de los
sistemas extrapeninsulares, ya que uno de los próximos objetivos es
completar en el primer plazo el desarrollo normativo de la Ley del
Sector Eléctrico y, con carácter prioritario, la regulación de estos
sistemas, de forma que se posibilite en los mismos el proceso de
liberalización iniciado en el sector sin que se produzcan situaciones
discriminatorias que puedan afectar negativamente al precio de la
energía eléctrica en los diferentes mercados.
En suma, terminando, señor presidente, señoras y señores diputados,
la singularidad de una isla de la comunidad canaria o de la comunidad
balear lleva a que en cada isla exista prácticamente una única
instalación productora de energía eléctrica. No es posible el
trasvase energético de una isla a otra -en la comunidad canaria,
concretamente, de Tenerife a Gran Canaria-, como consecuencia de las
grandes fosas abisales que imposibilitan tecnológicamente dicho
trasvase. En la comunidad canaria sólo existe un caso singular de
conexión energética entre dos islas, Lanzarote y Fuerteventura, que
por razones de fondos marinos sí que están interconectadas. En cada
una de las islas es necesaria una industria termoenergética
productora de energía
eléctrica. No es posible la interconversión energética ni la
transferencia energética de una isla a otra y mucho menos la
recepción de la energía eléctrica del punto continental español más
próximo, que sería la provincia de Cádiz, como es obvio. Ello implica
una situación de monopolio en la producción de energía eléctrica, que
no debería implicar una situación de monopolio en la distribución y
comercialización, pero las circunstancias derivadas del desarrollo de
los últimos años ha traído consigo esta consecuencia. A ello se añade
que no se han desarrollado los contenidos de una ley del año 1997,
para posibilitar la libre competencia en esa zona singularizada, tal
como recogen todas las directivas, reglamentos comunitarios, el
propio libro verde y el Tratado de la Unión Europea, que califican a
Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea junto con
Azores, Madeira, Martinica y Guadalupe, requiriendo un tratamiento
excepcional. No logramos entender cómo es posible -porque es un hecho
conocido y publicitado- que entre la Administración general del
Estado y los responsables de la comunidad canaria, por un lado, entre
la Administración general del Estado y los responsables del Gobierno
balear, por otro lado, y en menor intensidad, con Ceuta y Melilla, se
hayan venido produciendo a lo largo de estos dos últimos años
sesiones de trabajo de naturaleza técnica que no han tenido una
continuidad, de tal forma que hoy, 3 de octubre de 2001, nos
encontramos debatiendo una proposición no de ley, en la que instamos
al Gobierno a que culmine unos trabajos en tres meses y planteamos la
misma resolución que planteábamos en junio de 2001. Consecuencias:
Incompetencia clara de la Administración general del Estado en lo que
a esta materia se refiere, falta de diálogo, falta de voluntad,
insensibilidad hacia los intereses de las regiones extrapeninsulares
en el mandato constitucional de acercar los intereses ciudadanos y
económicos a la Península y homogeneizar y conseguir la cohesión
económica en todo el Estado español. Fíjense que inocua propuesta de
resolución planteamos. Le decimos al Gobierno: Ya está bien, a ver si
esto se consigue en tres meses, antes de finalizar el año; redáctese
como se quiera; vamos a darle un tirón de orejas a la Administración
general del Estado; recuerde la existencia de estas zonas y
posibilite la libre competencia, que es un mandato de las Cortes
Generales y, desde luego, no siga coadyuvando al empobrecimiento del
sector industrial en Baleares, en Canarias, en Ceuta y en Melilla. La
lejanía, la falta de recursos energéticos, la falta de medios
naturales son motivadores de la calificación de Canarias como región
ultraperiférica por parte de la Unión Europea, lo que significa un
mandato al Gobierno español; en lo que a Baleares se refiere, no con
el carácter de región ultraperiférica, pero sí con la misma demanda
de trabajo administrativo.
En consecuencia, señoras y señores diputados, lespedimos que voten
esta resolución, que solamente propone
pedir al Gobierno del Estado español que recuerde la singularidad
específica de estas cuatro comunidades, que requieren con urgencia
que se desarrollen los contenidos de la ley de ordenación del sector
eléctrico nacional, para posibilitar la libre competencia de su
producción. Se trata de mandar al Gobierno que haga lo que tiene que
hacer.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Señoras y señores comisionados, intervengo
en nombre del Grupo Popular para explanar la fundamentación de dicha
enmienda, la posición que vamos a tener respecto a esta proposición
no de ley del Grupo Socialista y el sentido del voto.
Comienzo mi intervención con las penúltimas palabras del diputado
canario, señor Segura -que ha defendido con tanto ardor la
proposición no de ley- respecto a la problemática del sector
eléctrico en Canarias. Se trata de un problema grave, que se ha
venido arrastrando durante muchos años, pero no por la falta de
competencia, la falta de sensibilidad y la falta de diálogo del
Partido Popular gobernando a nivel nacional, como el señor diputado
ha alegado, sino por una situación de monopolio que se venía
arrastrando justamente durante muchos años de Gobierno socialista. El
Partido Popular, justo al año de su acceso al Gobierno en el año
1996, elaboró y aprobó la ley del sector eléctrico, la Ley 54/1997,
recogiendo la necesidad de una liberalización del sector. Sólo con la
liberalización y la separación de las diferentes fases del sector
eléctrico -estamos hablando, como bien ha dicho el señor Segura
Clavell, de la producción, de la distribución y de la
comercialización- se puede dar lugar a una libre competencia que
mejore, no sólo la calidad, sino también los precios. Esto es lo que
ha venido sucediendo en España desde que se aprobó esta ley, pues se
han conseguido mejores servicios, división de las funciones y mejores
precios. ¿Qué ha sucedido en los territorios extrapeninsulares
e insulares, Baleares y Canarias? Que debido a que algunas de sus
islas, como todos sabemos, son de unas dimensiones escasas y tienen
pocos habitantes, y que todos ellos -estamos hablando de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla y de las islas Baleares y Canarias-
tienen la gran dificultad de la lejanía del continente -Canarias,
desde luego, más que Baleares-, de la separación por el mar, no es
posible la comunicación que se puede llevar a cabo por un continente,
esa comunicación que pudiera dar lugar a instalaciones continuadas en
el sector eléctrico. Por tanto, el Gobierno del Partido Popular, aún
dándose cuenta de que esta Ley 54/1997 era beneficiosa para todos los
españoles y buena para conseguir unos precios mucho
más reducidos, gracias a la competitividad, se plantea en el artículo
12 -también nombrado por el señor Segura- la posibilidad de que esta
liberalización deje sin satisfacer las necesidades del sector
eléctrico en las islas Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. En
ese artículo recoge que pueda ser excluido el sistema de oferta y que
se retribuirá tomando como referencia la estructura de precios
prevista para el sistema peninsular. No obstante, el Gobierno podrá
determinar un concepto retributivo adicional para esta actividad, que
tendrá en consideración todos los costes específicos de estos
sistemas: combustibles, operación, mantenimiento, inversión y los de
la necesaria reserva de capacidad y de generación, recogiendo en el
punto 2 que las actividades de transporte y distribución serán
retribuidas como el sistema peninsular, porque ese apartado es
justamente un apartado reglado, y respecto a los costes de estas
actividades que no puedan ser sufragados con cargo a los ingresos
obtenidos en dichos ámbitos territoriales se integrarán como costes
permanentes. La proposición no de ley del Grupo Socialista hace
mención incluso al Real Decreto-ley 2066/1999, en el cual se fija la
tarifa eléctrica para el año 2000, en donde se recoge un recargo
sobre las tarifas eléctricas válidas en todo el territorio nacional,
para cubrir los extracostes de los sistemas eléctricos
extrapeninsulares e insulares. Es decir, el propio Gobierno del
Partido Popular, cuando elabora esta magnífica ley, se percata de que
es posible que este sistema de liberalización no pueda aplicarse
adecuadamente debido a la situación de monopolio producida durante
años, no sólo en la Península sino en todas estas partes del
territorio nacional y no permita que se produzca una liberalización
adecuada. Por esta razón recoge una serie de normativas e incluso una
disposición adicional decimoquinta para aplicar, con fecha de 31 de
diciembre de 2000, la liberalización del sector, pero con estas
garantías que se recogen en el artículo 12 e incluso en el real
decreto-ley que fija la tarifa eléctrica de 1999 a 2000.
La liberalización del sector en Canarias se produce en el año 2000,
han transcurrido ocho meses, según el cálculo. El señor Segura
Clavell al hablar parece indicar que han existido cinco años de
incumplimiento, cinco años de insensibilidad o de falta de diálogo;
todo lo contrario. Aquí lo que ha sucedido es que la propia Ley de
hidrocarburos posterior recoge una nueva disposición adicional en la
que le fija al Gobierno que para regular esta reglamentación
especial, basándose en la liberalización del sector eléctrico para
estos territorios insulares y extrapeninsulares, tendrá que ponerse
de acuerdo con las comunidades autónomas.
Pues bien, ya en el año 1999, antes de vencer ese plazo que recogía
esa disposición adicional de la propia Ley del sector eléctrico, el
extinto Ministerio de Industria y Energía comenzó la negociación con
los gobiernos de las comunidades autónomas y de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. El 8 de noviembre
de 1999, una comisión técnica recibía ya un texto aprobado por el
Gobierno nacional y se ponía a debate. En estos momentos en
septiembre de este año han devuelto las comunidades autónomas dicho
texto estudiado, al igual que empresas vinculadas al sector, en el
cual se recogen una serie de contrapropuestas que se espera que
puedan estar totalmente debatidas en este mes de octubre y que, por
tanto, para diciembre puedan estar en el Consejo de Estado. Por ello
esta proposición no de ley socialista de hace un año se debate ahora.
Hemos presentado esta enmienda en la cual lo único que se modifica es
que se reconozca que desde el año 1999 se está trabajando y
negociando con las diferentes comunidades autónomas y con las
empresas del sector y que, desde luego, se tiene que tramitar de
forma acelerada y con ese plazo de tres meses que el propio Grupo
Parlamentario Socialista previene, puesto que nos parece desde luego
que es necesario para la liberalización completa. Pero lo que también
es necesario decir es que sólo desde el Gobierno del Partido Popular
se ha conseguido liberalizar el sector en toda España. Las
dificultades de la lejanía, la insularidad y el monopolio han hecho
que nuestras islas -las peculiaridades de determinadas islas pequeñas
y de pocos habitantes o algunas peculiaridades que se están
produciendo en Ceuta y en Melilla- tengan estos problemas. Pero se
debe reconocer lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular
durante estos dos años, desde 1999 hasta el 2000, y se esté
negociando para dar la mejor regulación. Hay que reconocerlo porque
el Gobierno ha tenido en cuenta las singularidades y las
especificidades de cada área no sólo con la aprobación del total del
régimen económico y fiscal, sino con toda la regulación nacional que
se ha llevado a cabo, y siempre ha habido disposiciones adicionales
para tener en cuenta la insularidad y la lejanía de Canarias, además
de las características de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
territorios como todos saben extrapeninsulares, y de las Islas
Baleares.
Por tanto, espero que los representantes del Grupo Parlamentario
Socialista en esta Comisión de Economía, al igual que el resto de los
grupos, considere que esta pequeña modificación que se hace con la
aportación de la enmienda tiene la misma finalidad, que será tener
una regulación adecuada a las características e intereses de
Canarias, de Baleares y de las dos ciudades autónomas. Si bien se
fijó, como bien dice el señor Segura Clavell, en tres meses -en plan
profeta parece ser-, mucho antes de que se venciera el plazo, lo
cierto es que estamos convencidos de que no en tres meses; estamos
convencidos de que en muy poco tiempo esa regulación especial para
Canarias y otros territorios va a existir y va a mejorar sin lugar a
dudas la situación de los abonos que las empresas canarias están
llevando a cabo en Canarias, y que desde luego superan en estos
momentos más de un 18 por ciento el de las empresas peninsulares,
debido a que no ha existido al final una
liberalización total del sector por el monopolio arrastrado de toda
la época del Gobierno socialista para las peculiaridades propias de
nuestras islas y ciudades autónomas.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Socialista acepta la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, quiero. (Risas.)
- RELATIVA A MEDIDAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA BIOAMASA COMO
FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000707.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.o del orden del día:
proposición no de ley relativa a medidas para impulsar el desarrollo
de la biomasa como fuente de energía renovable.
Por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Para empezar a defender esta proposición no de
ley me voy a referir a los datos que el IDAE nos ha suministrado a la
vuelta del verano en el boletín número 2, correspondiente al mes de
abril. En ese boletín del Instituto de Diversificación y Ahorro
Energético se puede ver en su página 118, por ejemplo, cuáles son los
objetivos de la biomasa que se contemplan en el Plan de fomento de
energías renovables, aprobado por el Gobierno en el año 1999, para
conseguir en el año 2010 una potencia de 1.974 megavatios de biomasa
partiendo de 189 megavatios en el año 1998. Es decir, se plantean
unos objetivos francamente ambiciosos en el terreno de la biomasa,
tan ambiciosos que constituyen prácticamente el 66 por ciento del
plan, como se puede también ver en la página 83 de este boletín del
IDAE. Lo que también se contempla en ese boletín son los datos de
cómo en los dos últimos años, desde que se aprobó el Plan de fomento
de las energías renovables, se está cumpliendo esos objetivos
relativos a la biomasa, y así se puede ver en esa página 118 que en
el año 1999 había 202 megavatios de potencia de biomasa y 227 en el
año 2000. Es decir, ha habido un incremento mínimo y, si lo
relacionamos con el objetivo máximo de los 1.974 megavatios, el
incremento de la biomasa en los primeros años de funcionamiento del
Plan de fomento de las energías renovables prácticamente es muy
escaso, muy insuficiente, y desde luego en este momento cabría
afirmar que los objetivos de dicho Plan no se van a conseguir.
Quiero remitirme también, con respecto a la biomasa, a las medidas
que en ese Plan de fomento el Gobierno aprobó; son medidas de
carácter fiscal como la deducción del impuesto sobre sociedades, la
libertad
de amortización, exclusión para el cálculo de la prorrata de IVA de
las subvenciones dedicadas a proyectos de energías renovables,
exención fiscal de biocarburantes, medidas estructurales relativas a
la armonización de criterios medioambientales para los estudios de
impacto ambiental, la redistribución de las primas y otras medidas
financieras que venían a incentivar las inversiones en innovación
tecnológica fundamentalmente y a favorecer la financiación de
inversiones en biomasa.
Existían otras medidas también en el plan que se refieren a la
creación de centrales de distribución de biomasa y plantas fijas de
adecuación y transformación de cultivos energéticos. En estos
momentos las barreras para la biomasa siguen estando en las mismas
condiciones que hace dos años, cuando se aprobó el plan. Hay un
insuficiente marco económico. El sector está diciendo por activa y
por pasiva que la prima ahora mismo a la biomasa es insuficiente y
que más del 85 por ciento de la biomasa disponible no es rentable en
su utilización, por la falta de medidas con respecto a la
centralización del abastecimiento de biomasa y su tratamiento. Es
necesario introducir ya, de una vez por todas, las medidas
contempladas en el Plan de fomento de energías renovables o, si no,
se va a provocar un retraso francamente irrecuperable para conseguir
los objetivos de biomasa. Esto conlleva y hace necesario el
establecimiento de una cultura del uso de los residuos de origen
agrícola, ganadero y silvícola, y eso requieren medidas y acciones
normativas que regulen y fomente el destino de prácticas de limpiezas
de bosques, podas y labores agrícolas hacia usos energéticos,
capacitando a las cooperativas agrarias en recogida y transformación
de residuos agrícolas y primando la asistencia de centros de
aprovisionamiento de biomasa.
Son necesarias también acciones normativas fundamentalmente
dirigidas, como se contempla en el Plan de fomento de las energías
renovables, hacia un tratamiento mucho más flexible con respecto al
impacto ambiental en lo que se refiere a la biomasa. La biomasa
prácticamente es la mejor mina a cielo abierto con una contaminación
cero, sin embargo se le da el mismo tratamiento que a los residuos
peligrosos. El sector demanda otra tramitación ambiental que
favorezca el desarrollo de la biomasa. Precisamente el sector
económico de la biomasa demanda -y es algo que han dicho en sus
publicaciones y en sus manifestaciones- un incremento de la prima
para fomentar sobre todo las plantas de tamaño adecuado a la
disponibilidad local de los recursos de la biomasa; están demandando
también creación de canales de comercialización, dictando normas que
apoyen la disponibilidad de biomasa y un marco de apoyo a las
tecnologías de transformación así como -repito- la flexibilización en
la tramitación del impacto ambiental para la biomasa.
El Plan de fomento de energías renovables, en conclusión, no se está
cumpliendo, a pesar de que hay un acuerdo de Consejo de Ministros,
incluso un acuerdo
del Pleno del Congreso de los Diputados del pasado año, y en el caso
de la biomasa le afecta más todavía el barullo competencial que se
instaura a raíz de la desaparición del Ministerio de Industria. La
biomasa está afectando nada más y nada menos que a cinco ministerios:
al de Medio Ambiente, donde tiene el instrumento de política
energética; al de Economía, que es el que dicta la política
energética; al de Hacienda, que es el que tiene los recursos; y en
este caso al de Agricultura, que tiene mucho que decir sobre todo en
medidas normativas con respecto al desarrollo de la biomasa.
No se ha hecho nada en cuanto a las barreras normativas que deben
favorecer la recogida y el tratamiento de los cultivos de los
residuos de biomasa, ni se ha impulsado ni instalado en la PAC, en la
política agraria comunitaria, el impulso a los cultivos energéticos.
Con respecto a ese incremento de primas que es necesario, el Partido
Popular y el Gobierno de la nación prácticamente no han querido
reordenar esas primas, no estoy diciendo incrementarlas, pero sí
reordenarlas, incrementando la biomasa. Frente a las buenas
propuestas del Plan de fomento de las energías renovables falta una
voluntad política que ha hecho que estos dos años de vigencia del
Plan de fomento de las energías renovables, desde diciembre de 1999
hasta la actualidad, hayan sido dos años perdidos. Nosotros
consideramos que es necesario marcar objetivos vinculantes, como ya
empieza a plantearse en la última directiva europea aprobada
recientemente sobre el impulso a las energías renovables, ordenar la
política energética y de energías renovables y, finalmente, que el
Gobierno cumpla sus compromisos, que son los aprobados en ese Consejo
de Ministros y contenidos en el Plan de fomento de las energías
renovables. Cada vez que cojamos un boletín del IDAE y sigamos viendo
la lamentable evolución de los objetivos de la biomasa, tendremos que
venir aquí otra vez a decir al Gobierno que gobierne y que en el tema
de las energías renovables deje de practicar el contrasentido de que
el Grupo Popular venga al Parlamento a pedir que su propio Gobierno
cumpla los acuerdos del Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Discutimos hoy otra proposición de ley que de
esta forma o de otra, con preguntas, etcétera, parece que sobrevuelan
continuamente este Congreso sobre el tema de la biomasa. En este caso
la respuesta se podría reducir a unas breves ideas. La música de lo
que ha dicho -no las palabras- recordarían un poco aquello del Bolero
de Ravel. Quien utilizó la expresión del Bolero de Ravel en términos
políticos no ha sido este parlamentario sino uno socialista,
aplicándolo en su día a alguna política del Partido Popular. Pero hoy
le podemos devolver con sus propias palabras que el Bolero de Ravel,
aquella reiteración
continua de lo mismo, es aplicable a lo que ocurre cuando el Grupo
Parlamentario Socialista nos habla de biomasa.
Este es un asunto en el que estamos totalmente de acuerdo con muchas
de las cosas que se dicen, con la letra, quizá no en todo con la
música; pero tenemos una fuerte duda sobre si realmente, dadas las
medidas que proponen, el Grupo Parlamentario Socialista de verdad lo
está. El contenido de lo que aquí se propone de forma mucho más
amplia y mucho más ambiciosa fue aprobado por esta misma Comisión
nada menos que el 25 de abril de este año, además con una enmienda
transaccional que unía las voluntades de muy diversos grupos. Quizá
hubiera sido mejor que poco antes por el Grupo Parlamentario
Socialista se hubiera presentado una proposición no de ley y que por
razones de economía parlamentaria -y no de boleros de Ravel-
hubiéramos podido verlas todas de forma simultánea.
Insisto en el acuerdo sobre las ideas básicas que -repito- de manera
más ambiciosa se recogían en aquella proposición de 25 de abril, pero
no sobre la oportunidad de que esta Comisión cada muy pocos meses
vuelva una y otra vez a votar sobre lo mismo. Nos parece que este no
es el sistema lógico de reproducción de lo mismo en la propia
Comisión. En todo caso, se han tocado algunos temas de fondo que muy
brevemente mencionaré; digo muy brevemente porque se ha hecho mención
a ellos ya en tantas comisiones parlamentarias que no tengo más
remedio que sonar reiterativo al hablar de lo mismo. Nos encontramos
con que el día 18 de abril se presenta esta proposición no de ley por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, pero comprobamos que muy
poco antes, tres o cuatro meses antes, en noviembre de 2000, había
otra iniciativa parlamentaria del mismo grupo en la que se preguntaba
por las medidas fiscales. Las medidas fiscales, que afectan tanto a
los temas relacionados con el medio ambiente, con la tecnología, con
las pyme, etcétera, están explicadas en este Boletín de las Cortes.
Podría reiterarme y volver a leer todo lo que se ha dicho sobre
medidas fiscales y la biomasa, pero para que el Boletín de las Cortes
no sea una reiteración de sí mismo, me remito a que si se quiere,
quien pueda, consulte el Boletín de las Cortes de 20 de noviembre de
2000 sobre este punto concreto del que se ha hablado.
No se ha mencionado la creación en su día de una Comisión
interministerial de la biomasa precisamente por este programa de
competencias diversas que ya ha realizado su trabajo, que lo tiene la
comisión delegada de asuntos económicos del Gobierno, en la cual en
este momento se está discutiendo a propuesta precisamente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología que se cree una comisión
interministerial para toda la biomasa. Este problema de que haya
diversas competencias con respecto a la biomasa no es solamente
español, será mayor o menor según los países y su composición
ministerial, según que haya ministerio de Agricultura, de Medio
Ambiente, de Energía, de Hacienda, etcétera, pero ocurre también en
otros países; la diferencia es que en estos momentos está sobre la
mesa en la comisión delegada la creación de una comisión
interministerial que busque precisamente incentivar de manera
coordinada todos esos problemas de la biomasa.
Quiero recordar también que se trata de un plan para el año 2010 cuya
materia prima básica es la tecnología. Estoy seguro de que los
miembros del Grupo Parlamentario Socialista saben a lo que
técnicamente me refiero. Cuando se hace un planteamiento hasta el
2010 del que no hace falta que en periodos intermedios se rindan
cuentas, quiere decir que normalmente se va a producir una función
exponencial -y perdón por el tecnicismo de esta expresión-; si la
tecnología es lo básico la tecnología se va aplicando poco a poco y
sus efectos se notarán mucho más en los últimos que en los primeros
años. Esto es conocido en cualquier plan de desarrollo que utiliza la
tecnología como instrumento básico del mismo y también será aplicado
a éste. Luego, no se pueden extrapolar datos de cuatro meses a diez
años porque no tiene ninguna lógica económica en un plan cuya materia
básica son los avances tecnológicos y la innovación y su introducción
en el sistema productivo, como precisamente analizará la comisión
interministerial al respecto.
Permítaseme que acabe diciendo con el máximo respeto y sin ninguna
acritud a mi compañero parlamentario que está sentado detrás de mí, y
al que no puedo dirigirme de mirada porque no se oirían mis palabras,
que a veces en la política energética del Grupo Parlamentario
Socialista ocurre aquello del dicho popular de las dos manos: que a
veces con una mano no se quiere saber lo que hace la otra.
Con una mano -no sé bien con cuál- se proponen medidas de apoyo a la
biomasa y con otra mano en esta misma legislatura se han propuesto
que se bajen los impuestos de los hidrocarburos. Si se bajan los
impuestos de los hidrocarburos quiere decir que es una maravillosa
medida contra las energías renovables y contra la biomasa. ¿Por qué?
Porque la biomasa compite con el petróleo en la producción de la
energía, porque la biomasa compite con el gas en los usos domésticos.
Así el Partido Socialista Obrero Español -que se ha declarado
recientemente como un partido más liberal que el Partido Popular-,
que estoy seguro que cree en los precios relativos y en los efectos
de sustitución entre los precios relativos, sabe perfectamente que
una reducción de los impuestos de los hidrocarburos afecta muy
negativamente a las energías renovables y a la biomasa. Como tal no
puede, por un lado, defender la biomasa y, por otro, defender una
fuerte reducción de los impuestos de los hidrocarburos, porque eso es
no quererse enterar con una mano de lo que hace la otra. Pero ya
rizando el rizo, nos encontraríamos que en la teoría de las dos manos
en este caso -siempre en tono de broma y con el máximo respecto como
es lógico-
podríamos hablar incluso de la tercera mano del Grupo Parlamentario
Socialista, porque en la anterior intervención ante esta Comisión el
26 de abril nos encontramos con que defiende la fiscalidad energética
europea. La fiscalidad energética europea, aparte de lo que está
hablando de un impuesto especial de actividades energéticas
relacionadas con la contaminación, implica unos mínimos a los
impuestos en los hidrocarburos que llevarían a España a subirlos. Con
esa tercera mano se defiende y se acusa a España de ser poco
españolista por no defender la fiscalidad europea cuando con la otra
mano, la otra de las tres, se ha dicho que bajemos los impuestos de
los hidrocarburos. La verdad es que es un puzzle a tres manos de
prestidigitación realmente curioso.
Ya como frase final -y siempre en broma- añadiré que cuando uno tiene
un problema de tres manos que se contradicen entre sí, tiene una
solución: buscar una cuarta mano que arregle todas las
contradicciones anteriores. Para eso, como nota final, puramente de
humor, yo recomendaría al Grupo Parlamentario Socialista la lectura
de esta magnífica novela de John Irving, titulada La cuarta mano, que
plantea precisamente los problemas de que cuando tres manos son
relativamente incompatibles entre sí cómo se puede resolver y la
dificultad de resolverlo con la cuarta mano. John Irving es el autor
de novelas de la categoría de El mundo según Garp y de la categoría,
por ejemplo, de Una mujer difícil. Quizá ahí encontrarían, aunque es
una novela, guías muy interesantes para construir esa cuarta mano que
acabaría de acoplar en un conjunto único toda la política energética
el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión por cinco minutos.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Votamos, en primer lugar, en relación con el punto primero la
propuesta de resolución de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La siguiente votación es sobre la propuesta de resolución del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de resolución del
Grupo Parlamentario Popular.
Por último, votamos el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el informe de la
ponencia.
Procedemos a la votación del punto 2.o del orden del día, primera
proposición no de ley sobre mecanismos restrictivos a la liquidez de
los ayuntamientos con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Votamos a continuación el punto siguiente del orden del día, que es
la proposición relativa a las comunidades autónomas insulares y
ciudades extrapeninsulares, con la enmienda incorporada del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no
de ley con la enmienda.
Por último, votamos el punto 4.o , la proposición no de ley relativa a
medidas para impulsar el desarrollo de la biomasa como fuente de
energía renovable.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Señorías, la semana próxima no vamos a convocar la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.