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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 293, de 19/09/2001
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 293



NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS



Sesión núm. 22



celebrada el miércoles, 19 de septiembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor Secretario de Estado de la Seguridad Social
(Camps Devesa) para informar sobre la evolución prevista de las
pensiones y de las cotizaciones al sistema y sobre la actualización
del estudio financiero elaborado por el Gobierno en el año 1995. A
petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000582.) . . .

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se
abre la sesión, haciéndoles notar, como habrán constatado
perfectamente SS.SS., que la modernidad ha invadido esta Casa.

Vamos a celebrar hoy la comparecencia del señor secretario de Estado
de la Seguridad Social, don Gerardo Camps, a efectos de que informe
sobre la evolución prevista de las pensiones y de las cotizaciones al
sistema de Seguridad Social y sobre la actualización del estudio
financiero elaborado por el Gobierno en el año 1995, a petición del
propio señor secretario de Estado. Con esta comparecencia,
lógicamente, acumulamos otras comparecencias solicitadas, de este
mismo señor, así como también damos por acogida la documentación que
se solicitó a la Seguridad Social en orden a la evolución de los
parámetros que la Seguridad Social ya elaboró en cuanto a su futuro
en 1995.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Señor presidente, señorías, me parece que venir a hablar de la
Seguridad Social del siglo XXI con unos medios técnicos que no fueran
los que están a la vista de todos en todo caso hubiera sentado un
precedente paradójico pero a la inversa de lo que SS.SS. pueden
esperar de quien representa en estos momentos a la Administración de
la Seguridad Social.

Como tiene que ser -además lo es y lo conocen SS.SS.-, para este
secretario de Estado siempre resulta tremendamente grato volver a
comparecer en el Congreso de los Diputados y hacerlo en esta Comisión
no permanente de la que formó parte la pasada legislatura; casi al
principio de esta también tuve ocasión de hacerlo. Desde que ocupo la
secretaría de Estado de la Seguridad Social, constituye esta mi
tercera comparecencia en este foro. La primera de ellas, allá por
junio del año pasado, tuvo como objeto la exposición de la postura
del Gobierno sobre las actuaciones a desarrollar en relación con el
Pacto de Toledo; la segunda, celebrada en abril de este mismo año,
informar a SS.SS. sobre el acuerdo para mejora y desarrollo del
sistema de protección social firmado apenas unos días antes por el
presidente del Gobierno y los máximos representantes de la
organización sindical Comisiones Obreras y de la organización
empresarial CEOE-CEPYME y, cumpliendo con el mandato parlamentario
expresado por esta Comisión, comparezco hoy para informarles sobre la
evolución prevista de las pensiones y de las cotizaciones de nuestro
sistema de Seguridad Social, lo que a su vez constituye la esencia o
la columna vertebral de la actualización del estudio financiero
elaborado por el Gobierno en el año 1995. Esta comparecencia pone de
manifiesto una vez más el compromiso de total transparencia
y colaboración que mantiene el Gobierno del Partido Popular
con el Parlamento. Les presento por tanto un estudio sobre la
evolución prevista de las pensiones y de las cotizaciones, con la
finalidad de que sea objeto de análisis y reflexión por parte de los
miembros de esta Comisión. Me ha parecido oportuno comparecer
personalmente para informarles sobre el mismo y no remitirlo a SS.SS.


sin más, en el entendimiento de que podré volver a comparecer ante
esta Comisión las veces que SS.SS. estimen conveniente para seguir
informando sobre este estudio, aunque también entiendo que el estudio
que hoy presentamos es más un documento objeto de reflexión que de
debate.

En el estudio económico actuarial elaborado en el año 1995 se
efectuaba una serie de proyecciones que tenían como base todas las
medidas que se habían tomado en materia de Seguridad Social hasta esa
fecha. Así como en el citado estudio se contemplaban las medidas
adoptadas hasta 1995, la lógica impone que en el que ahora les
presento se contemplen las medidas adoptadas no sólo hasta 1995, sino
también las que se han llevado a efecto desde entonces y, desde el
año citado 1995, han sido muchas y variadas las modificaciones que ha
experimentado nuestro sistema de Seguridad Social. Porque si alguna
conclusión podemos sacar desde entonces es que nuestro sistema de
Seguridad Social, los sistemas de Seguridad Social en su conjunto
necesitan ser suficientemente flexibles y precisan de los necesarios
procesos de reforma, a fin de que puedan adaptarse en cada momento a
las cambiantes circunstancias de la sociedad que le rodea. En este
sentido, en la anterior legislatura, el Gobierno abordó una serie de
reformas orientadas a la consolidación y racionalización de nuestro
sistema de Seguridad Social, desde una doble perspectiva: tanto
financiera, mediante la corrección de los desequilibrios existentes,
como prestacional, a través del reforzamiento de los principios de
contributividad y equidad y de la adecuada extensión de la
solidaridad con los colectivos más necesitados. Estas medidas se
adoptaron en el marco de la Ley 24/1997, que todos ustedes conocen, y
además se desarrollaron con el primer acuerdo social de 1996 en la
materia, entre el Gobierno y las organizaciones Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras. Ese gran acuerdo social de 1996 no
cerró un proceso gradual de reformas sino que constituyó un primer
paso, en la medida en que la Seguridad Social, como anteriormente he
dicho, tiene la obligación de ser algo dinámico y de adaptarse
constantemente a las circunstancias sociales y económicas de cada
momento, como reitero y ya he puesto de manifiesto con anterioridad.

Ya en la presente legislatura ha tenido lugar, como ustedes también
saben, la firma de otro importante acuerdo en materia de Seguridad
Social, llamado acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de
protección social, sobrecuyo contenido y alcance ya he tenido ocasión
de informar



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a SS.SS. en mi pasada comparecencia ante esta Comisión.

En definitiva, y entrando ya en la materia que nos ocupa, podemos
decir sin miedo a equivocarnos que, gracias a las reformas sobre las
que acabo de hacer una somera referencia, se han podido eliminar los
desequilibrios entre ingresos y gastos y garantizar la estabilidad
financiera de la Seguridad Social, dentro de un contexto que favorece
el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, se ha
asegurado la viabilidad del sistema de pensiones y el mantenimiento y
la mejora de los niveles de protección social, con especial atención
a los colectivos más necesitados, más desfavorecidos.




La Seguridad Social, señorías, atraviesa su mejor momento. Los casi
16 millones de afiliados revelan además que se sigue por el buen
camino y que hay que seguir perseverando en las mismas políticas que
se han venido desarrollando hasta ahora. Asimismo, las medidas
adoptadas en la pasada legislatura se han materializado por primera
vez en la consecución de superávit en el sistema. Este superávit va a
permitir seguir aumentando las dotaciones al fondo de reserva, hasta
alcanzar la cuantía prevista en el acuerdo para la mejora y el
desarrollo del sistema de protección social. Y en lo que se refiere a
la evolución prevista de las pensiones y de las cotizaciones al
sistema de Seguridad Social, objeto de esta comparecencia, el lugar
en que nos encontramos es sin duda el foro más adecuado para exponer
este tema y ello debido al papel fundamental que tiene atribuida esta
Comisión en orden a la renovación de los contenidos del Pacto de
Toledo. En el propio pacto ya se fue consciente de ello, del
predominante papel que tiene que tener el Parlamento en ese sentido,
cuando en su recomendación decimoquinta se proponía la creación cada
cinco años de una ponencia que estudie el presente y el futuro del
sistema de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo.

Corresponde por tanto a esta Comisión, señoría, a través de sus
trabajos y conclusiones, prefijar las directrices básicas que han de
seguir el Gobierno y los agentes sociales a la hora de acometer
reformas concretas en el ámbito de nuestro sistema de protección
social. Por otra parte, es obvio que ninguna política de bienestar
que se desarrolle tendría posibilidades de éxito si no se
desenvolviese en un entorno económico-financiero saneado y estable.

Ello hace necesario especial atención a la viabilidad de nuestro
sistema a fin de que las iniciativas que se desarrollen partan
siempre de una supervisión permanente de las variables financieras
que evite cualquier riesgo de desequilibrio entre ingresos y gastos.

Ha de realizarse, en consecuencia, un análisis riguroso que garantice
una adecuada asignación de recursos mediante la clara separación de
las esferas contributiva y no contributiva y de sus instrumentos de
financiación. Esta circunstancia no solo redundará a favor de la
consolidación de las cuentas de la Seguridad Social, sino que también
creará
nuevos márgenes de confianza que repercutirán favorablemente en el
incremento de la riqueza productiva y en la creación de empleo que
constituyen, como bien saben SS.SS., los dos apoyos esenciales de
nuestro sistema protector. También hay que tener presente que
cualquier proyección futura que se realice no es sino consecuencia de
las actuaciones pasadas. Somos nosotros mismos, a través de las
medidas y reformas que acometemos en materia de Seguridad Social, los
que determinamos los resultados de las proyecciones y no a la
inversa. Por eso, las proyecciones que hoy se efectúan no son
inmutables, sino que simplemente proyectan lo que va a pasar en
función de lo ya hecho, siendo susceptibles de variar por lo que a su
vez seamos capaces de hacer en el futuro.

El avance del estudio económico actuarial que hoy les presento
realiza una proyección de los ingresos del sistema hasta el año 2015
y de los gastos hasta el año 2040. El estudio efectuado en 1995 se
proyectaba en el apartado de los ingresos hasta el año 2010 y hasta
el año 2030 en el de los gastos. Como ya se puso de manifiesto
entonces en ese estudio elaborado en 1995, sería muy aventurado e
incluso temerario hacer proyecciones de ingresos a muy largo plazo a
riesgo de que perdiera valor la precisión de esas evaluaciones. El
comportamiento de los ingresos, altamente condicionado por la
situación del mercado de trabajo, conlleva que cualquier proyección
que se pretenda efectuar más allá del año 2015 no sea más que una
mera hipótesis o vaticinio sin una base suficientemente sólida en la
que apoyarse. Por lo expuesto, la proyección sobre las cotizaciones
se extiende hasta el 2015, cinco años más que la proyección efectuada
en el estudio de 1995, mientras que la proyección sobre los gastos se
extiende hasta el año 2040, diez años más que en el citado estudio.

El contenido de la actualización del estudio financiero será mucho
más extenso, pero la proyección de gastos e ingresos que hoy les
avanzo en esta comparecencia constituirá sin lugar a dudas la médula
espinal del citado estudio, proyección que nos desvela que contamos
con un amplio margen para seguir anticipándonos a los retos del
futuro y afrontarlos de la forma más conveniente. Es un margen
temporal con el que contamos, gracias a las medidas puestas en marcha
en los últimos años dentro del marco de ese acuerdo de todos que es
el Pacto de Toledo. Pero no se puede bajar la guardia, señorías. Es
necesario que la viabilidad del sistema esté garantizada con carácter
-permítanme la expresión- cuasi permanente. Es hoy el momento de
seguir adoptando medidas tendentes a ese fin. Prueba de que la
voluntad del Gobierno es trabajar ahora con vistas al futuro la
constituye sin duda el desarrollo del acuerdo de pensiones suscrito
este mismo año, el cual contiene ya muchas de las medidas que nos
permitirán seguir consolidando nuestro sistema de Seguridad Social.

Esa es una labor conjunta del Gobierno, de los agentes sociales y del
Parlamento. Es imprescindible la participación



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de los representantes de la soberanía popular. Como ya he tenido
ocasión de manifestar prácticamente en todas las ocasiones en las que
he comparecido en esta Comisión, la misión de esta Comisión es
absolutamente prioritaria en cuanto a la fijación de las grandes
líneas que han de seguirse en cualquier reforma que se pretenda
acometer en el sistema de Seguridad Social. Por ello estoy plenamente
convencido de que en esa importantísima labor conjunta constituirá un
eje fundamental la aportación que hagan SS.SS. a través de los
trabajos de esta Comisión.

Paso ya a exponer en concreto los rasgos fundamentales del documento
que se entrega a SS.SS. y que contiene el estudio elaborado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la evolución
demográfica, las proyecciones económicas de los gastos en pensiones
contributivas y los ingresos por cotizaciones del sistema de
Seguridad Social. Lo primero que he de señalar es que todo estudio
que se precie de serlo sobre la evolución del sistema de Seguridad
Social debe tener en cuenta hechos fundamentales que afectan al
mismo, cual es la proyección demográfica del país. Llegados a este
punto, he de hacer una puntualización, la base estadística del
estudio, en lo que respecta a la demografía, es el informe que
realiza el órgano correspondiente para ello, el Instituto Nacional de
Estadística, que fue enviado oficialmente al Congreso hace algunos
meses. Como saben SS.SS., el Instituto Nacional de Estadística desde
entonces está revisando sus datos con los de los censos de los
últimos años y, dado que no son todavía definitivos y que en nuestro
caso afectaban exclusivamente a la variante de ingresos en un sentido
favorable, hemos preferido prudentemente mantener los datos oficiales
conocidos, siguiendo en todo caso las proyecciones presentadas y su
virtualidad. Sus señorías son conscientes, y es una hipótesis que
también se ha analizado por el Ministerio de Trabajo, de que, de
aumentar las previsiones que tenemos en cuanto a nuestra población,
tendríamos una situación o una coyuntura mucho más favorable en orden
al mantenimiento de la viabilidad de nuestro sistema de protección
social. Conocen SS.SS. que los fenómenos demográficos que condicionan
la evolución de la población son la fecundidad, la mortalidad y las
migraciones. Evidentemente, la intensidad del envejecimiento se ve
afectada en mayor medida por la proporción del número de nacimientos
y el de fallecimientos, aunque también es cierto y es muy importante
también en estos momentos en nuestro país, que cada vez más el factor
de la inmigración incide de forma importante en la estructura de la
población.

Por lo que se refiere al primer condicionante, la fecundidad, hay que
tener en cuenta que este factor está relacionado con algo que a todos
nos resulta evidente, el número de mujeres que se encuentran en edad
de tener hijos y con la tasa de natalidad. El número de mujeres en
edad fértil será numeroso en los próximos años, ya que va a
corresponder a las generaciones nacidas
durante el período ya conocido del baby-boom, que tuvo lugar en
los años sesenta y setenta. No indican los estudios el mismo
pronóstico para la tasa de natalidad, que, aunque vemos que está en
crecimiento, desde los años sesenta viene teniendo un comportamiento
negativo, según se puede apreciar en este primer gráfico. Como pueden
comprobar, la tasa de natalidad en 1965 se situaba en un 21,13 por
ciento, mientras que alcanzado el año 2000 se ha situado en el 9,91
por ciento. Sin embargo, se ha observado en los últimos años que la
tendencia está cambiando ligeramente, experimentándose un cierto
repunte al alza. La causa fundamental de este descenso de la
natalidad la encontramos en el hecho de que los hijos se tienen cada
vez a una edad más avanzada. En España la edad media de la maternidad
es, según los últimos datos que tenemos, 31,21 años, lo cual se debe
a que paulatinamente ha ido aumentando, afortunadamente también, el
número de mujeres que prolongan su formación y acceden al mundo
laboral más tarde, retrasando la edad en la que tienen su primer
hijo.

El segundo factor condicionante de la población, como ya hemos dicho,
es la mortalidad. En este factor la mayor implicación la ha tenido el
importante descenso de la mortalidad infantil, que ha supuesto el
cambio demográfico más importante en los últimos años en nuestro
país, pasando de un 34,5 por mil, en 1960, al 5 por mil únicamente en
1999. La consecuencia de ello es que la esperanza de vida al nacer se
ha venido incrementando de manera constante en los últimos años. En
1980 se situaba en 72,5 años para los hombres y 78,6 años para las
mujeres y en el año 2005 alcanzará el 74,8 años en los hombres y 82,5
años en las mujeres, siendo la esperanza de de vida prácticamente más
alta de toda la Unión Europea. Del estudio se deduce claramente un
incremento paulatino del número de personas mayores de 65 años y es
que uno de los rasgos definitorios que nos ha tocado vivir es el
importante aumento del número de personas mayores, que constituyen un
segmento de la población con un peso específico cada vez más grande
en la pirámide demográfica de las sociedades modernas. Ello es
consecuencia por un lado de las importantes transformaciones
sociales, económicas y culturales que se han venido sucediendo, sobre
todo en la segunda mitad del siglo XX, que han afectado a la
evolución de la natalidad, y por otro lado de los grandes avances
habidos en el campo de la medicina y de la salud pública y su
repercusión en el incremento de la esperanza de vida. España, a este
respecto, no es ninguna excepción al resto de los países de la Unión
Europea, si bien en nuestro caso el fenómeno se está produciendo con
un cierto retraso en relación con otros países de nuestro entorno,
como pueden ser Alemania, Francia o Italia. La situación representada
en el gráfico nos debe llevar sin duda a hacer una reflexión que
tiene que determinar un cambio conceptual de nuestro sistema de
previsión social.




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El último factor que incide en la evolución demográfica es el saldo
migratorio, que cada vez más es una variable a tener en cuenta en el
aumento de la población. Si bien es cierto, como saben SS.SS., que
los movimientos migratorios en España presentaban un saldo inferior
con respecto al resto de países de la Unión Europea, ha empezado a
ser positivo en el último quinquenio, 1990/1995, y por los últimos
datos de los que tenemos conocimiento empieza a ser un dato a tener
muy en cuenta en orden a ese aumento de la población al que antes
hacía referencia. El análisis de la población como elemento del que
se nutre necesariamente cualquier sistema de Seguridad Social
conlleva efectuar un profundo análisis tanto de sus características
como de su evolución. Por ello y al objeto de determinar los
beneficiarios del sistema de Seguridad Social, bien como sujetos
activos o como sujetos pasivos, se ha dividido al conjunto de la
población en tres grandes grupos de edad relacionados con la
actividad laboral: un grupo de cero a 19 años, en el que se incluyen
las personas que no se encuentran realizando una actividad laboral;
un grupo de 20 a 64 años, donde se encuadrarían las personas que
efectúan alguna actividad laboral y, por último, el grupo de 65 o más
años, correspondiendo al colectivo de pasivos. Si bien estos grupos
de edad no se pueden considerar cerrados -todos sabemos que hay quien
trabaja antes de la edad de 19 años y también quien trabaja después
de la edad de 65 años-, constituyen, sí, por segmentos de edad de la
población, aquellos grupos más homogéneos a la hora de realizar
cualquier proyección como la que estoy presentando en este momento.

En el gráfico que a continuación les expongo se puede observar
claramente cómo esa población, ese segmento entre cero y 19 años de
edad, en 1991 suponía casi 11 millones de personas, en el año 2020 va
a suponer alrededor de 8,2 millones y 6,5 millones en el año 2040. O
lo que es lo mismo, en 1991, el 28 por ciento de la población tenía
entre cero y 19 años, mientras que en el año 2040 representará un
porcentaje alrededor del 16,3 del total de la población. Es decir,
habrá un descenso alrededor del 11 por ciento de personas con esta
edad. El tramo donde se encuentra el grueso de la población, esto es,
los que se encuentran en edad de trabajar, en 1991 eran 22,6 millones
y en el año 2020 serán alrededor de 25,1 millones, para bajar en el
año 2040 a 21,7 millones de habitantes, lo que implica una
disminución de alrededor del 4,4 por ciento de la población en ese
tramo de edad. Por último, en lo que respecta a los mayores de 65
años, en 1991 había 5,4 millones de personas con esa edad, mientras
que en el año 2040 habrá 12,1 millones. Esto representa un incremento
de casi el 16,1 por ciento.

De la evolución experimentada en la pirámide de la población se
desprende que actualmente las generaciones en edades próximas a la
jubilación son menos numerosas, ya que corresponden a las
generaciones nacidas inmediatamente después de la guerra civil. Sin
embargo, a partir del año 2030 alcanzarán la edad de jubilación las
generaciones más numerosas, correspondientes a los nacidos a finales
de los años sesenta y setenta, en los que la tasa de natalidad se
situaba, como hemos visto anteriormente, en el 21,13 por ciento, más
del doble de las tasas de natalidad actuales. Esta situación va a
cristalizar en un futuro muy próximo en el nacimiento, sin lugar a
dudas, de un nuevo tipo de sociedad en el que muchos de los valores
actualmente imperantes dejarán de tener virtualidad y donde podremos
beneficiarnos del rico caudal de experiencias que proporcionan las
personas de edad, cuyo mayor protagonismo coadyuvará al surgimiento
de una perspectiva más humana, generosa y vital en nuestra manera de
entender la vida en comunidad.

Una vez analizada esta evolución demográfica, el siguiente paso es
determinar las variables económicofinancieras tenidas en cuenta en el
estudio económico actuarial y que hacen referencia a comportamientos
futuros de variables, como el producto interior bruto, el índice de
precios al consumo y la evolución del salario mínimo
interprofesional. En la hipótesis de trabajo utilizada hemos tomado
un IPC constante hasta el año 2040 del 2 por ciento y, en cuanto al
producto interior bruto, se ha considerado una evolución que puedo
calificar de prudente, con crecimientos nominales cada vez menores,
de manera que en el período 2002/2004 crece un 5,78 y en el intervalo
2005/2009 un 4,75, hasta situar el incremento en el año 2040 en el
2,41. Estos crecimientos medios se consideran moderados, de forma que
reflejan los efectos de los posibles ciclos económicos.

Evidentemente, si se hubiese tomado un escenario con un crecimiento
real del PIB fijo del 2,5 por ciento o del 2 por ciento, la
participación del gasto, como veremos más adelante, hubiese sido
menor que la obtenida.

Junto a las magnitudes macroeconómicas ya comentadas, se han
establecido para el estudio algunas variables que determinan la
evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. El
marco de referencia a la hora de determinar la evolución de las bases
mínimas de cotización ha sido el escenario presupuestario anual,
estableciendo por tanto un incremento para el régimen general igual
al del salario mínimo y para el resto de regímenes un aumento igual
al del IPC. Las bases máximas de cotización se incrementan igual que
el IPC. En último término, la hipótesis de trabajo para la
revalorización de pensiones ha sido la del 2 por ciento anual. Tengo
en este punto que advertir, señorías, que he explicado las grandes
líneas de la metodología y las variables de trabajo utilizadas, en el
entendimiento de que no procedería cansar más aún si cabe a SS.SS.

con las fórmulas matemáticas empleadas, que además tienen a su
alcance en el propio estudio, que es mucho más amplio que la
intervención que yo pueda realizar aquí esta mañana.




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El horizonte temporal de que se ha servido el estudio para determinar
la proyección del gasto en pensiones contributivas del sistema de
Seguridad Social ha sido, como he comentado al comienzo de la
exposición, del año 2000 al año 2040. Asimismo se ha partido también
del análisis detallado de la composición actual del colectivo de
pensionistas en lo que se refiere a la estructura por edades, tipos
de pensión e importe de las prestaciones, con el fin de proyectar su
evolución en el horizonte temporal establecido. En la distribución de
las pensiones por sexo, se desprende que los varones predominan en
las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y orfandad,
mientras que las mujeres lo hacen en las pensiones de viudedad y
favor de familiares. Esto es debido al hecho ya comentado de que las
generaciones de pensionistas actuales se corresponden con las
generaciones nacidas tras la guerra civil y se trata de un colectivo
marcado por la escasa participación de la mujer en el mundo laboral,
percibiendo por tanto, y así se pone de manifiesto, prestaciones
derivadas. En cuando al número de pensiones, así como su cuantía, se
refleja que las más elevadas se corresponden con los intervalos de
edad en los que se concentra el mayor número de altas iniciales de
pensión.

De modo escueto voy a pasar a comentar los rasgos más importantes de
los datos tenidos en cuenta para obtener la proyección del gasto en
pensiones. Por lo que se refiere a la proyección de la pensión de
jubilación, las altas en pensiones se obtienen a partir de la
evolución del colectivo de activos, aplicando las probabilidades
calculadas de jubilarse a cada edad. Las proyecciones del número de
pensiones de jubilación a lo largo del período considerado se
muestran en el cuadro siguiente, donde se refleja la distribución de
la pensión por edades. Como se puede apreciar, la edad media de los
pensionistas de jubilación se incrementará en aproximadamente dos
años y medio, pasando de 73,78 años en el año 2000 a 74,93 en el año
2040, ello como consecuencia del aumento de la esperanza de vida. Las
pensiones de jubilación tendrán un reducido incremento hasta el año
2005, pasando a ser moderado hasta el año 2020. Los mayores
incrementos se producirán en el período 2020/2030, comenzando a
reducirse de nuevo en períodos posteriores. Por lo que se refiere a
la proyección de la pensión de incapacidad permanente, aunque la
probabilidad de incapacitarse debería ser creciente con la edad y con
el ritmo de crecimiento y debería ser mayor en los tramos de edad más
avanzada, según se puede observar en este cuadro, la mayor tasa de
incapacidad permanente se presenta a los 60 años, descendiendo
posteriormente entre 61 y 64 años. El descenso más acusado es en los
casos de incapacidad en grado de total para la profesión habitual,
debido probablemente a que al trabajador puede serle más ventajoso el
acceso en este caso a una pensión de jubilación.

Una vez analizadas las estimaciones efectuadas de las pensiones de
jubilación y de incapacidad permanente
así como las de muerte y supervivencia, de las que tienen el
estudio y sobre las que no voy a hacer más comentarios para intentar
no extenderme demasiado, podemos determinar la evolución del gasto en
pensiones en el horizonte temporal 2000/2040. Como se puede observar,
la pensión con más peso sobre el total del gasto es la pensión de
jubilación. No obstante, como ya he comentado, la estructura
demográfica actual de la población incide de forma positiva en el
sistema de Seguridad Social por la llegada a la edad de jubilación de
generaciones menos numerosas, lo que implicará, y así se aprecia, un
crecimiento sostenido del número de pensiones. Tengo que añadir que
el volumen de gasto en pensiones sobre el PIB presenta un crecimiento
moderado hasta el año 2020, que alcanzaría alrededor del 8,56 por
ciento, frente al 8,43 por ciento del año 2000. Podemos concluir que
la proyección del gasto en pensiones y su participación en el PIB,
habida cuenta que en los años 2020-2040 pasará del 8,56 al 12,06 por
ciento respectivamente, todo parece indicar que se trata, y visto el
horizonte temporal tan extenso al que se refiere, de porcentajes
asumibles en un país económicamente saneado y en continuo cambio y
adaptación ante los hechos que acontecen.

Entrando en el apartado de los ingresos por cotizaciones, y como ya
he señalado al comienzo de mi intervención, los mismos se han
calculado hasta el año 2015, no siendo aconsejable ir más allá toda
vez que su variación está influida directamente por el empleo y esta
variable presenta un comportamiento mucho más errático y menos
estable en el tiempo que el número de pensionistas, lo que aconseja
que la metodología utilizada en orden a una mayor fiabilidad de los
resultados no sobrepase el citado año 2015.

En este cuadro se observan las cuotas que se obtendrán hasta el año
2015 derivadas de las cotizaciones de los ocupados, de los
perceptores de prestaciones por desempleo y de las correspondientes a
contingencias profesionales. Se observa que los ingresos por
cotizaciones van a ser superiores a las previsiones de gasto en
pensiones. En concreto, la previsión de ingresos por cuotas en el año
2015 supera en más de medio billón de pesetas la previsión de gastos
prevista para ese mismo año. De lo anterior se extrae que, hasta la
fecha en que podemos realizar proyecciones de ingresos y gastos,
nuestro sistema de protección social es perfectamente viable, lo cual
no quiere decir que vaya a dejar de serlo a partir de esa fecha. Es
más, todo apunta al hecho de que la viabilidad estará plenamente
garantizada en períodos posteriores.

Con el ánimo de no cansarles más, si así lo he hecho, y de hacer
gracia a los datos y consideraciones que puedan encontrar en el
documento que hoy les ha sido entregado por la Seguridad Social, sí
me van a permitir que realice una serie de conclusiones sobre el
estudioque he presentado en esta misma mañana.




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La primera de ellas y más importante es que me parece que el efecto
conjunto y combinado de la aplicación de las recomendaciones del
Pacto de Toledo, junto al crecimiento económico y del empleo, han
contribuido a la creación de una base adecuada en orden a la
consolidación del sistema de Seguridad Social a medio y a largo
plazo. Esta favorable situación, que se mantendrá en los próximos
años, no puede hacernos olvidar que el efecto del envejecimiento
afectará a nuestro sistema de pensiones y hay por tanto que seguir
llevando a cabo las actuaciones necesarias que permitan enfrentarse a
dicha situación desde una perspectiva de equilibrio presupuestario.

Dicho proceso de envejecimiento se plasmará en nuestro país con más
retraso que en el resto de los países de la Unión Europea,
produciendo sus efectos a partir del año 2020 con una incidencia más
alta a partir del año 2030, lo que nos permite conocer de antemano
las experiencias puestas en práctica en otros países en este sentido,
algunas de las cuales ya se han plasmado en el reciente acuerdo de
pensiones. Esto significa disponer de un amplio período de garantía
que nos permitirá articular los procesos de reforma necesarios para
conseguir la viabilidad de nuestro sistema de pensiones aún a más
largo plazo.

Estos procesos de reforma se han de continuar basando tanto en la
participación de las organizaciones sociales, a través del consenso
con los interlocutores sociales, como en el propio trabajo de la
Comisión no Permanente, cuyas conclusiones finales, sin lugar a
dudas, abrirán nuevas posibilidades de análisis y de actuación que
amparen el equilibrio futuro. Estas actuaciones de futuro, junto con
una coordinación de las políticas económicas y de empleo, permitirán
seguir garantizando la referida sostenibilidad de nuestro sistema de
pensiones. En este entorno, la proyección de pensiones y cuotas que
presenta hoy la Seguridad Social permite concluir que los resultados
positivos del sistema se mantendrán más allá del año 2015. Pero este
amplio período no nos debe llevar ni a la autocomplacencia ni a una
irresponsable confianza. Es preciso ahora seguir adoptando las
medidas que sean precisas para garantizar la viabilidad del sistema
con posterioridad al citado período temporal.

Hay que tener presente que los resultados favorables de los que ahora
disfrutamos se verán prolongados y potenciados a través de las
medidas de desarrollo normativo del acuerdo firmado el pasado mes de
abril, entre las que cabe citar: la dotación final del fondo de
reserva, que tiene que alcanzar un importe de un billón de pesetas,
según las propias orientaciones contenidas en el Plan de Estabilidad;
la culminación definitiva del proceso de separación de fuentes; la
implantación de un nuevo sistema de jubilación gradual y flexible que
favorecerá la permanencia en activo más allá de lo que hoy es la edad
legal de jubilación; la adopción de medidas de lucha contra el
fraude; o todo el conjunto de bonificaciones dirigidas no sólo a la
inserción laboral
de los parados, sino también a mantener a aquellos trabajadores en
activo que tienen riesgo de verse excluidos de nuestro mercado
laboral.

Una garantía clara adicional de confianza en el sistema la
proporciona también el hecho de la preocupación que existe en el
entorno europeo por el problema del envejecimiento así como por la
nueva forma de trabajo de cooperación e intercambio de experiencias
entre los países ante los retos comunes a los que se tienen que
enfrentar todos y cada uno de los sistemas de protección social, lo
que se está materializando también en los trabajos que a tal efecto
se llevan a cabo en el seno del comité de Protección Social. Por otro
lado, la participación de los interlocutores sociales en el proceso,
junto con el consenso político, posibilita y posibilitará la adopción
de medidas cuyo cumplimiento se sitúa al margen de una posible
discrecionalidad de actuaciones y permite reforzar la confianza de
los ciudadanos en nuestro sistema de protección social.

En definitiva, y concluyo, señorías, siempre se ha dicho -y
permítanme que haga mía la frase de un clásico- que el arte de vencer
se aprende ante los retos más difíciles. La Seguridad Social no ha
sido una excepción. Fue una situación de inestabilidad
económicofinanciera del sistema la que nos llevó a adoptar con
consenso político y social medidas para consolidar y racionalizar
nuestro sistema de protección social, y el Pacto de Toledo, donde se
plasmaron estas recomendaciones, ha resultado, y hoy lo podemos
afirmar así sin ningún tipo de ambage, un verdadero éxito y un
instrumento de gran utilidad. Por eso, con ese mismo afán, la mejor
garantía para la pervivencia futura de nuestra Seguridad Social
consiste en renovar las voluntades políticas, en desarrollar los
acuerdos sociales y en seguir diseñando y adoptando las medidas
necesarias para mantener la viabilidad del sistema más allá de las
proyecciones elaboradas. No debemos por tanto esperar a que las cosas
vuelvan a ir mal para reaccionar y tomar medidas. Es ahora el momento
de continuar haciendo un camino que fue difícil en sus primeros pasos
pero que no podemos dejar de andar si queremos seguir desarrollando
y mejorando un sistema de protección social que nos defina como una
sociedad avanzada. Y esa responsabilidad recae sobre el Parlamento,
recae sobre el Gobierno y recae sobre los agentes sociales.

Como ya he dicho anteriormente -y quiero acabar con ello-, a esta
Comisión le corresponde la más importante de las tareas: la de fijar
las grandes directrices, las reglas de juego de cualquier reforma que
se pretenda acometer en materia de Seguridad Social, la definición,
en suma, de lo que deba ser nuestra Seguridad Social del futuro,
porque no hay mejor lugar que en sede parlamentaria para llevar a
cabo esta labor ni tampoco mejor momento que el actual, con un
sistema saneado y estable, fruto del consenso político y social
alcanzado en materia de protección social. Debemos y podemos mirar al
futuro con confianza. Las proyecciones



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así lo demuestran, pero no debemos tener dudas en seguir poniendo en
marcha las reformas que sean necesarias para mantener viable, estable
y seguro nuestro sistema. Señorías, no hay varias mágicas. Se trata
de seguir trabajando como hasta ahora por un sistema que, no lo
olvidemos, hemos construido entre todos y para todos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Griñán.




GRIÑÁN El señor MARTÍNEZ: Gracias, secretario de Estado, por su
comparecencia y por los datos que ha aportado. Únicamente lamento que
nos hayan llegado segundos antes de empezar a hablar usted.

Deberíamos haber podido leerlos, estudiado y analizado, para extraer
una serie de conclusiones. Sí le pediría, señor secretario de Estado,
que los técnicos que han estado detrás de estos trabajos pudieran
estar a disposición de esta Comisión para cualquier aclaración que
necesite o incluso ampliación de datos.

Dice usted que es muy complicado saber lo que va a ocurrir en el
futuro y más en estos tiempos que corren. El análisis de futuro que
nos ha traído es un esfuerzo que le agradecemos, porque de ahí sí se
deducen algunas consecuencias, aunque también algunas incertidumbres.


Nos gustaría hacer algunas observaciones. Sobre este estudio. Lleva
usted razón en que es muy arriesgado hacer una previsión de ingresos.


Yo añadiría más, cuando se contempla el futuro es más fácil hacer un
análisis demográfico que un análisis económico. Conocer cómo van a
evolucionar en el futuro variables como el PIB, el IPC o el salario
mínimo es complicadísimo, prácticamente imposible y tiene unos
márgenes de error muy superiores a aquellos que tenemos cuando lo que
hacemos es trazar una hipótesis de futuro de cómo va a evolucionar la
demografía. La demografía es más sencilla, por lo menos de aquí a
2030 porque tenemos ya las personas nacidas y las madres de los que
han de nacer más adelante, tenemos ya un escenario bastante adecuado
para calcular cuál es la evolución de la demografía. Sin embargo, eso
también tiene sus problemas porque lo podemos hacer, como usted ha
hecho y como hacer el INE, calculando la natalidad, calculando la
mortalidad, pero también tenemos que calcular los flujos migratorios,
y eso ya es mucho más complicado. Es más sencilla la natalidad y más
complicada la mortalidad porque, afortunadamente, creo que aumentarán
las esperanzas de vida sobre las hipótesis clásicas que se nos vienen
anunciando. Desde luego es mucho más complicado saber cómo van a
evolucionar los flujos migratorios, sobre todo si tenemos en cuenta
que los países europeos que estamos en el norte del Mediterráneo
(España, Francia, Italia, etcétera), tenemos una evolución
demográfica que en los próximos veintitantos años, según dice la ONU,
no vamos a aumentar la población y, sin embargo,
al sur del Mediterráneo, los países que están en el norte de
África, van a aumentar su población por lo menos en 80 ó 100 millones
de habitantes de aquí al 2025. Si los flujos migratorios hoy no se
producen como consecuencia de que tenemos una capacidad de oferta
para asumir a esos trabajadores sino por la pobreza de esos mismos
países que les hacen abandonar su tierra, si los movimientos
migratorios se están produciendo en oleadas incontrolables, mucho me
temo que o se pone pie en pared y se solucionan estos problemas con
una política internacional adecuada o lo que se va a producir son
unos flujos migratorios muy difíciles de predecir y controlar en el
futuro. Eso en lo que incide en la demografía, pero nos ha dado un
cuadro, que es el de INE y que comparto -existe alguna diferencia con
el que nos trajo en la memoria económica financiera de los
presupuestos-, por el que conocemos lo que llaman la tasa de
dependencia demográfica. Es decir, aquellas personas que tienen más
de 65 años en relación con las que tienen entre 16 y 65 años van a ir
aumentando cada vez más.Por ejemplo, los estudios que nos presentó el
Ministerio en el presupuesto de este año nos decían que ya en el año
2030 las personas de más de 65 años iban a ser más de una cuarta
parte de la población. Es un dato que sí que hay que retener porque,
al mismo tiempo que aumenta la población de más de 65 años, se reduce
la potencialmente activa, es decir la que tiene entre 16 y 65 años, o
como ustedes han hecho aquí (yo creo que con más rigor como está
haciendo ahora la Comisión Europea) la que está comprendida entre 20
y 65 años, que es de verdad la potencialmente activa, la que de hecho
puede y tiene oportunidad de trabajar y trabaja.

Cuando hablamos de las cifras macroeconómicas, es prácticamente
imposible conocerlas. Incluso respecto a este esfuerzo que se hace de
decir cómo va a evolucionar el PIB en estos próximos diez años, luego
en los siguientes y en los siguientes, yo preferiría hacer un cálculo
del PIB como el de la inflación. Si la inflación va aumentar de
promedio el dos por ciento, calcular también un promedio del PIB.

Como los ciclos económicos van a seguir existiendo -lo que sube baja,
y afortunadamente también ocurre lo contrario-, es posible que
podamos calcular en periodos largos de tiempo cómo va a evolucionar
el promedio del PIB. Sabemos, por ejemplo, que entre 1980 y 2000 el
PIB creció en términos reales, no monetarios, un promedio del 2,3 por
ciento anual. Podemos hacer una hipótesis parecida, con lo cual
podríamos saber cuál va a ser el PIB real dentro de 30 años, porque
eso sí es más correcto. No sé si los que hacen esos análisis
macroeconómicos prefieren hacerlo por períodos más cortos de tiempo,
de esta manera que usted lo ha traído. En todo caso, me parece
correcto un método u otro. Todos son falibles, pero todos son útiles
para lo que nosotros pretendemoshacer ahora que es analizar el futuro
de las pensiones.




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Si analizamos cuál va a ser el número de pensiones en el 2030, por
ejemplo, si no me equivoco, nos dicen ustedes que van a ser
11.155.000. Es decir, dentro de 30 años vamos a tener que hacernos
cargo de una factura de 11.155.000 pensiones. Eso supone un aumento
respecto de las que hay ahora de tres millones y medio; para mantener
la proporción entre cotizantes y pasivos, tendríamos que aumentar en
siete millones los cotizantes. Si va a haber tres millones y medio
más de pensiones en el 2030, para mantener el dos a uno que ahora
tenemos necesitaríamos siete millones más de cotizantes. Desde el
punto de vista del empleo, tendríamos que llegar a 23 millones de
cotizantes, pero se da la circunstancia de que según la hipótesis que
nos han traído, las personas entre 16 y 64 años van a ser 27
millones. Vamos a necesitar 23 millones de cotizantes, siendo así que
las personas entre 16 y 64 años, según estos datos, serán
aproximadamente 27 millones. Es decir, casi un 90 por ciento de la
gente entre 16 y 65 años va a tener que trabajar, lo cual es
imposible. La hipótesis del Instituto Nacional de Estadística está
jugando habitualmente a un escenario muy conservador, de
aproximadamente unos 30.000 inmigrantes anuales, y con eso llegamos a
los 27 millones de personas entre 16 y 65 años; si llegáramos al 70
por ciento de tasa de ocupación, que es lo que dice la Unión Europea,
todavía nos faltarían cerca de tres o cuatro millones de personas
para completar esta ratio dos a uno entre cotizantes y pensiones. Se
lo voy a decir de una manera más sencilla, si en el año 2030 tenemos
once millones y pico de pensiones y necesitamos veintidós millones y
pico de cotizantes, vamos a necesitar aproximadamente seis millones
de inmigrantes. Dicho de otra manera, en el año 2030, una de cada
cuatro personas empleadas sería inmigrante según el escenario que
hemos puesto sobre la mesa. Esto significa que lo más importante que
hemos de afrontar, desde el punto de vista de los escenarios de
pensiones, aparte de la demografía, es una de las variables de la
demografía, la de los movimientos migratorios y la de la inmigración.


Es un dato simple que requerirá matizaciones, pero nos dice que vamos
a tener una base potencialmente activa muy cortita para los activos
reales que necesitamos, de acuerdo con el número de pensionistas que
vamos a tener. Por lo tanto, será la inmigración en un número muy
alto la que tendrá que cubrir la diferencia entre las personas que
pueden trabajar de la población autóctona y las que necesitamos que
trabajen para cubrir los once millones y pico de pensionistas que
habrá en 2030, no quiero llegar a 3040 ó a 2050. Cuando hablamos de
cómo van a evolucionar las pensiones, decimos: que los gastos van a
ser el resultado de multiplicar el número de pensiones por la pensión
media y los ingresos serán el número de cotizantes por los ingresos
medios obtenidos por cada cotizante, no por la cotización media. En
todos los cálculos que hacemos siempre, consideramos que, como los
ingresos medios por cotizante van a ser luego la pensión media (en un
sistema contributivo debe ser
así), lo que debemos mantener siempre es el equilibrio, la ratio
dependencia entre cotizantes y pensiones. Eso es así siempre y cuando
mantengamos también unos equilibrios en relación con lo que son las
rentas de activo y las rentas de pasivo, unos equilibrios que,
desgraciadamente, no se están manteniendo, porque es verdad que en
los últimos años ha crecido más la pensión media de lo que han
crecido los ingresos medios por cotizante. ¿Esto por qué ocurre? Por
muchas causas, entre otras cosas porque cuando hablamos de lo que es
la pensión media no es una especie de consecuencia de lo que se ha
cotizado a lo largo de toda la vida, sino solamente de lo que se ha
cotizado desde los últimos 14 ó 15 años hasta ahora. En segundo
lugar, porque existen unas pensiones mínimas, por tanto no hay ya esa
contributividad plena. En tercer lugar, porque hay revalorizaciones
anuales que si superan lo que crecen los salarios, también se rompe.

Puede ocurrir lo mismo desde el lado de los ingresos, porque los
cotizantes no lleguen a cotizar 365 días al año, porque los
cotizantes tengan una cotización inferior, porque se depriman las
bases de cotización, porque los cotizantes de los niveles superiores,
tipos 1, 2, 3, sean cada vez menos y sean más los de los niveles 8,
9, 10, etcétera. Todo eso es lo que hay que mirar. En definitiva, lo
lógico, insisto -y esto es lo que tendríamos que hacer para mantener
la contributividad-, es que la pensión media vaya de la mano de los
ingresos medios por cotizante, es decir, que haya una
correspondencia. Por tanto, lo que hay que mantener es la
correspondencia entre cotizantes y pensionistas. Esta es la única
reflexión que se me ocurre, porque es quizás la más seria. Cuando
miro el futuro de las pensiones, siempre creo que el mayor problema
es la demografía. Insisto en que la demografía no es la determinante
futura del sistema de pensiones, pero sí es un elemento muy
importante. En todo este análisis me gustaría también introducir el
tema de la inmigración, que es fundamental, porque es el que puede
hacer que la evolución de la población y su distinta distribución
entre pasivos y potencialmente activos -es decir, de 0 a 14 más 65 en
adelante serían los pasivos, y entre 16 a 64 los potencialmente
activos- mantenga un equilibrio porque, en la medida en que esto se
descompense y se reduzca la base de cotización en función de las
bases pasivas futuras, vamos a tener serios problemas.




Como esto es lo que estamos analizando aquí, en la Comisión del Pacto
de Toledo, y es lo que tenemos que seguir analizando, me gustaría,
una vez que hayamos analizado todos los datos que aporta el
Ministerio, que esto formara parte también de las reflexiones del
Ministerio de cara al futuro. Es muy difícil, muy complicado, saber
cómo van a evolucionar las cotizaciones, pero sí podemos saber cómo
va a influir la demografía sobre la previsible evolución de las
cotizaciones y cómo ha de influir la inmigración sobre esa misma evo
lución.




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En ese sentido, sí me gustaría que eso acompañara más a este trabajo.


Para terminar, quiero agradecerle el trabajo. Sigo pensando que es
muy complicado analizar el futuro, pero precisamente aquí estamos
convocados para hacerlo. Por tanto, le agradezco muchísimo su
intervención de hoy.




PRESIDENTE:
El señor Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene el señor Grau.




El señor GRAU BULDÚ: Yo me sumo al agradecimiento de mi predecesor
por la comparecencia del señor secretario de Estado y también por la
presentación de este estudio que lógicamente tiene que ser un
elemento que cualifique las conclusiones a las que esta Comisión
pueda llegar en su momento sobre la prolongación de los Pactos de
Toledo y la estabilidad de la política de pensiones.

En primer lugar, una proyección demográfica al año 2040 marca un
escenario que puede tener una validez muy limitada; realmente sobre
el año 2040, pensado en cifras de 2001, lo único que se puede
asegurar con certeza es la población que tendrá más de 65 años en
aquel momento, pero poco podemos decir de las variables demográficas
o de la proyección de las mismas hasta aquella fecha. El estudio
puede marcar realmente el signo, y esperemos que sea ésta su
intención. En este momento, no puedo dar una opinión más ajustada, y
pido disculpas por si esta intervención no cuadra con el interés del
estudio o si no se ha entendido la explicación del señor secretario
de Estado por la premura con que hemos manejado estos datos. Decía
que este estudio puede marcar un signo, en el sentido de que hay unas
tendencias sobre las que hay que hacer ciertas consideraciones;
supongo que variables como esperanza de vida o saldos migratorios
expresadas en cifras de 2000-2001 van a necesitar lógicamente una
actualización continuada para que los datos sean realmente fiables.

El estudio tendría que permitir a esta Comisión conocer los
mecanismos de las nuevas aportaciones que podríamos ofrecer al
mercado laboral; por ejemplo, las nuevas contrataciones que han
aparecido en las altas de la Seguridad Social en términos de
contratos temporales o de contratos a tiempo parcial, para que la
capitalización que se hace en el sistema contributivo tenga una
valorización, o al menos tenga un sentido, que posiblemente no será
el sentido clásico del trabajo a tiempo completo o del trabajo
estable, porque esto ha cambiado.

Me gustaría tener una mejor información, si es posible, sobre las
políticas de prejubilación en el futuro, que posiblemente no deberían
ser estimulantes. Ya sale en la prensa de hoy que a determinadas
personas que han cotizado hasta 35 años no les interesa mantener el
estatuto laboral, aunque no hayan cumplido la edad de
jubilación; sin embargo, el estudio viene a demostrar -como decía el
señor Griñán- que hay que mantener los cotizantes para que el sistema
siga vivo, para mantener los 2,1 y no llegar al 1,2 de cotizantes
-son cifras aproximadas- que tendríamos en 2040. Estas políticas de
prejubilación no deberían ser estimulantes, para que la gente siga
trabajando de modo que el sistema no tuviera determinadas pérdidas.

En resumen, hay que mantener estos cotizantes.

En segundo lugar, parece que es un signo fatalista, o una tendencia
de los estudios que se han presentado en esta Comisión, el hecho de
que la incorporación al mercado laboral es cada vez más tardía,
quizás porque el período de formación es más alargado, pues el ciclo
formativo tiene más años, y se llega a incorporaciones superiores a
los 19 años; de hecho se llega a los 25, 26 ó 27 años con mucha
facilidad. Esto, sumado a la edad media de jubilación, que se sitúa
en este momento en los 62 años -como se ha dicho varias veces en esta
Comisión-, nos lleva a pensar en la posibilidad de establecer un
estímulo desde la Seguridad Social para llevar la edad de jubilación
a los 65 años.

Quiero preguntarle al señor secretario de Estado su opinión sobre las
políticas complementarias. He revisado el acuerdo europeo de
intercambio de experiencias y uno de los signos de futuro que aparece
en él es la posibilidad de tener planes de jubilación del sistema de
capitalización, puesto que el sistema contributivo no puede ser
absolutamente efectivo en planes particulares. En algún país, como
Alemania, se pretende que se generalice esta modalidad ofreciendo a
los empresarios de empresas pequeñas -con menos de 50 trabajadores-
la posibilidad de acudir a sistemas complementarios; a las empresas
de mayor nivel les resulta más fácil que a las empresas pequeñas la
creación de un fondo o la obtención de beneficios laborales o
fiscales en los convenios a través de la creación de un plan de
pensiones de empresa. El sistema alemán de permitir que las
participaciones en planes complementarios tengan un beneficio
empresarial ha dado como resultado que en determinadas empresas
pequeñas se puedan dar pensiones complementarias. Esto puede incidir
también en los ingresos del Estado, que el sistema contributivo y los
complementos de base no se vean perjudicados por una recaudación
inferior, propiciando que los sistemas complementarios tengan
incidencia en el futuro.

Finalmente, quisiera pedirle su opinión sobre el fondo de reserva,
que actualmente se sitúa en aproximadamente un billón de pesetas. ¿Es
un fondo suficiente, en su opinión? ¿Debe actualizarse o
incrementarse esta cantidad como objetivo, de cara al futuro? ¿Cuál
sería la cobertura técnica que el fondo de reserva debería dar al
sistema para garantizar su funcionamiento en el futuro?



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El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario de Estado, gracias
por su exposición, que yo diría que es un tanto optimista. No podría
ser de otra manera, puesto que usted representa al Gobierno y, por
qué no decirlo, el sistema ha superado una fase crítica; una vez
superada esa fase crítica, es lógico tener cierto optimismo.

En la Comisión, cuando debatimos sobre la situación del sistema
actual, valoramos también la salida de la fase crítica y nos
felicitamos, pero vemos con preocupación algunos aspectos del futuro,
que ya se han planteado aquí y que no voy a repetir. En Izquierda
Unida nos preocupa también que a veces se hable con alegría cuando
hay superávit y, en círculos cercanos al Gobierno, se plantee incluso
la posibilidad de reducir cuotas a la Seguridad Social. Creemos que
esto entrañaría un riesgo que no se puede correr. Así, me gustaría
saber si está en el ánimo del Gobierno la posibilidad de reducir las
cuotas a la vista del superávit.

Hoy me limitaré a realizar una serie de preguntas sobre dudas que
tenemos. Quizás algunas de las respuestas estén en este informe que
se nos acaba de entregar. Si así fuera, le pido disculpas, pero ya se
ha dicho que no hemos tenido mucho tiempo para revisar el informe. Si
el señor secretario de Estado considera que las preguntas son muchas
o que no hay datos, le rogaría que nos hiciera llegar las respuestas
a través de los servicios técnicos, o como mejor pueda. Mi grupo las
considera necesarias para tener un conocimiento mejor a la hora de
hacer planteamientos de cara al futuro.

En primer lugar, la ecuación básica de un sistema contributivo y de
reparto, como el que tenemos, es, como usted sabe, número de
cotizantes por cotización media igual o mayor a número de
pensionistas por pensión media. Dicho esto, el primer bloque de
preguntas sería el siguiente: ¿Cuál es la evolución de la cotización
media de 1995 a 2000? ¿cuál es la evolución de la pensión media de
1995 a 2000? ¿Cuál es el efecto sustitución en la presión y cuál el
efecto sustitución de los nuevos contratos temporales en la
cotización media?
El segundo bloque de preguntas pretende ver la evolución real de la
separación de fuentes dentro de la Seguridad Social, y por tanto del
déficit o superávit real, y debe tener en cuenta el complemento de
mínimos y su financiación. ¿Cuál es la evolución del complemento de
mínimos de 1995 a 2000, especificando qué parte aporta el Estado
desde los impuesto y cuál desde las cotizaciones, en cada año?
Tercero: ¿Cuál es la deuda hipotética de la Seguridad Social para con
el Estado por los préstamos de éste a la Seguridad Social? Recordará
usted que esos préstamos se hicieron efectivamente, y no sabemos en
qué situación se encuentran.




En cuarto lugar, en caso de superávit -como en este momento-, ¿a qué
se ha destinado ese superávit entre lo recaudado por cotizaciones y
lo gastado por pago de pensiones?
En quinto lugar, en la falsa diatriba entre el criterio de caja o
devengo, está en juego contabilizar como ingresos posibles todo el
papel de deudas a la Seguridad Social, no cobrada, real o nula por
caduca legalmente. La pregunta sería, ¿cuál es el volumen de deuda
a la Seguridad Social de 1995 a 2001, precisando cuál es cobrable y
cuál incobrable, así como cuál es de empresas privadas y cuál de las
administraciones públicas y sus organismos y empresas?
Sexto: ¿Cuáles son los resultados reales de la lucha contra el fraude
a la Seguridad Social y la economía irregular, y cuál su evolución
concreta desde 1995?
Decía usted, y es cierto, que una de las cuestiones más relevantes,
en relación especialmente con los próximos presupuestos del Estado,
es si se ha realizado una evaluación de la incidencia presupuestaria
del acuerdo sobre pensiones suscrito con CEOE y Comisiones Obreras, y
qué valor tendrá esta influencia en los presupuestos. La pregunta
tiene por objeto saber en qué medida materializará el Gobierno el
acuerdo alcanzado. En esta misma dirección, merece la pena conocer si
existe ya una evaluación global del mismo y las incidencias y el
calendario que seguirá su desarrollo.

Es de interés también conocer si la ralentización de la actividad
económica tendrá algún impacto sobre las previsiones del Gobierno en
materia de Seguridad Social y, en esta medida, los períodos y
volúmenes de garantías de que dispone hoy el sistema. Algo ha dicho
ya usted, pero, previendo una recesión, sería bueno saber de qué
garantías dispone el sistema.

Voluntad y perspectivas de incorporar al acuerdo de pensiones
suscrito a los trabajadores del régimen especial agrario por cuenta
ajena. Sé que es un aspecto que no se ha recogido en el acuerdo
actual pero, como usted sabrá, es una reivindicación importante que
se plantea cada vez con más argumentos. Nos gustaría saber cuáles son
las posibilidades de incorporación al acuerdo del régimen especial
agrario por cuenta ajena.

Con respecto al acuerdo, nos gustaría saber también qué programación
piensa desarrollarse para aplicar la jubilación flexible puesto que
en el acuerdo está recogido, pero no hay ninguna previsión de cómo se
va a aplicar esa jubilación.

Por último y para no cansarle más, la voluntad de desarrollar un
programa de atención a personas dependientes es uno de los
compromisos que también se recoge en el último acuerdo firmado pero
tampoco se plantea cómo se va a desarrollar .




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Txueka, por el Grupo
Parlamentario Vasco.




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El señor TXUEKA ISASTI: Señor Secretario de Estado, quiero
agradecerle su comparecencia a petición propia y, cómo no, la
claridad de su exposición -que además suele ser habitual- y, sobre
todo, su plena disposición a próximas comparecencias.

Muchos de los análisis y de las preguntas han sido formuladas por los
grupos anteriormente yo quisiera solamente recalcar que he observado
en los análisis de la evolución un optimismo comprobable en los
datos. He creído entender, de acuerdo con el último gráfico que nos
ha expuesto, que hasta el año 2015, se pueden mantener unas
expectativas optimistas sobre la relación entre la evolución del
gasto y la evolución de los ingresos, que entiendo que se
equilibrarían, más o menos, hacia esa fecha y que se plantea en un
entorno de los 17 billones y medio de pesetas.

En su exposición -quizá no sea ese el objeto exacto de la misma- he
echado de menos un aspecto que ha recalcado mi compañero de Izquierda
Unida una escenificación de la cuantificación y de la evolución entre
el año 2000 y el 2015 de una serie de factores que se me ocurre
enunciar y que en su conjunto suponen, en primer lugar, una
cuantificación importante, tanto en lo referente al gasto como a su
destino. Ya se ha comentado el tema de los complementos a mínimos,
que entiendo que este año suponen ya una cuantificación de alrededor
de los 600.000 millones de pesetas. El otro aspecto podría ser el de
las bonificaciones, las cotizaciones sociales, que también entiendo
que rondan los 300.000 millones de pesetas, y sobre todo la evolución
y expectativas de cuantificación del fondo de reserva. Ha planteado
también el compañero de Izquierda Unida la consideración y la
contabilización, en su caso, de los préstamos Estado-Seguridad
Social; sin que ello signifique que sean aspectos separados, sí que
habría que hablar de la separación y la clarificación de esa
situación.

Todo ello nos marcaría el aspecto fundamental que creo que interesa
al ciudadano, el margen real que quedaría con el fin de mantener la
estabilidad y las expectativas del sistema para las posibles y
distintas mejoras de las diferentes clases de pensiones de los
distintos colectivos y de las prestaciones y posibles homologaciones
de los diferentes regímenes. Algo tan elemental, porque, vuelvo a
repetir, creo que es lo que le interesa al ciudadano, además de la
consistencia futura del propio sistema. Por tanto, entiendo -no sé si
es el objeto de su comparecencia exactamente- que la cuantificación
real de las expectativas del Gobierno respecto a todas estas
cuestiones marcaría a esta Comisión un panorama mucho más claro a la
hora de afrontar esas directrices generales que entiendo que tiene
que desarrollar esta Comisión del Pacto de Toledo.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Núñez Castain.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias señor Secretario de Estado por su
intervención.

Me parece, señor Secretario de Estado -y creo que estaremos de
acuerdo-, que el trabajo realizado más que optimista es un trabajo
lineal, a lo mejor necesariamente, es decir, basado en unas hipótesis
que se llevan hasta los tiempos razonables; nosotros vemos que expone
un tiempo distinto para el cálculo de ingresos que para el cálculo de
gastos. Estamos hablando, por tanto, de qué va a pasar de aquí al
2015 y al 2040 en esas dos variables. Me parece que en la situación
en que vivimos de cambios tan profundos en nuestra sociedad, en el
mundo, en la economía, en todo, es muy difícil aceptar una visión
lineal del futuro. El mero hecho de que estos números que aparecen
aquí tan lineales, del 2000 al 2015, estén escritos junto a los de
los últimos quince años; el mero hecho de haber puesto 1985-2000 y
2000-2015 nos demostraría que, si no es lineal lo que ha pasado de
1985 a 2000, no tiene por qué ser lineal lo que vaya a pasar de 2000
a 2015. Estamos ante un conjunto de variables, algunas más
controladas y más inerciales, algunas demográficas o de
envejecimiento o de esperanza de vida, y otras mucho más
imprevisibles como las propias migraciones, los ingresos, la tasa de
actividad, etcétera. Me habría gustado -y sería útil para la
Comisión- tener un informe abanico, más que un informe lineal;
entiendo el objetivo del informe y los presupuestos, pero me habría
gustado tener unos escenarios. Comprendo que manejando todas las
variables a la vez y todas las posibilidades a lo mejor saldrían
combinaciones de 6 ó 7 elementos y nos darían muchas hipótesis pero,
al menos, las clásicas de desfavorable, media y favorable, es decir,
hacer una ponderación de las variables que se contienen en el estudio
y definir, por lo menos a corto plazo -me da lo mismo que sea lineal
hasta el 2040, de eso no sabemos nada-, hasta el 2010, por
quinquenios, abrir el abanico y poner escenarios óptimos, menos
óptimos y no tan inerciales. ¿Estamos tan satisfechos del
funcionamiento actual que la cierta autocomplacencia por haber
superado otros momentos que parecieron de incertidumbre nos permite
decir que vamos a proyectar la situación actual al futuro o
tendríamos que hacer también escenarios sobre cómo tendríamos que
intervenir sobre el sistema si quisiéramos mejorar la situación
actual? Hablo desde la propia cuantía de las pensiones hasta los
fondos de reserva, de por qué tiene que haber siempre ese equilibrio
que hay en estas bolsas entre los que contribuyen y los que cobran,
donde nadie está cobrando lo que ha contribuido, sino que todo el que
contribuye le paga a quien se va. Entonces, ¿hasta qué punto no hay
que ir creando un fondo donde, al final de un escenario, la
incertidumbre no existiría porque cada uno cobraría lo que ha
aportado? Creo que habría que decir que subir un n tanto por ciento
implicaría un esfuerzo de tal tanto por ciento, aumentar
cotizaciones, nuevas



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fórmulas laborales, etcétera. Hay muchas incógnitas -se ha dicho
varias veces en esta Comisión; yo por lo menos lo pienso así- no sólo
respecto de las migraciones sino de la fuerte movilidad del
trabajador, sobre todo del europeo. ¿Qué va a pasar con las personas
que pasen dos años en Francia, tres en Alemania, cuatro aquí? ¿Cómo
se cotiza, cómo se obliga, qué flujos va a haber entre unos fondos y
otros dentro de la Unión Europea? En definitiva, me tendré que
estudiar estos números porque son interesantes; no hemos tenido
tiempo, pero no tengo duda de que las matemáticas funcionan y si uno
aplica el dos por dos sale cuatro, pero me gustaría convertir este
informe lineal en un informe abanico dudando de todos los
presupuestos que tenemos y poniendo unos escenarios razonables, no
mil sino mínimos, medios, máximos, que permitieran a la Comisión
decir qué indicaciones hay que dar para que el sistema se comporte
inercialmente -y esto da la tranquilidad de que, si no cambian mucho
las cosas, cuadra hasta el 2015- y qué habría que hacer en el sistema
para que en el 2016 tengamos la máxima reserva con el fin de que, si
van cambiando las cosas, lo podamos corregir.

Hay que hablar de muchas cosas, de movilidad dentro de Europa, de
tiempo parcial, de incremento de cuantía de estas pensiones, y
cuantificarlas. Igual que se pregunta aquí -y es razonable- por dónde
va la cuantía de mínimos, en un escenario como el que estamos si
bajasen las tasas de actividad, si hubiera recesión económica, habría
que preguntar qué pasaría, cuánta gente prevemos que se sale, cuánta
gente queda dentro, por cuánto tiempo, cuándo se podría alcanzar la
pensión en función de todo lo aportado y cuándo no. En fin,
escenarios. Si este documento tiene una virtualidad es que al leerlo
no hay, en principio, una intranquilidad tremenda sobre lo que va a
pasar a corto plazo, pero como nuestra obligación es hablar de
futuro, para ello y para que las nuevas previsiones del Pacto de
Toledo sean eficaces, necesitamos construir incertidumbres, un
abanico de incertidumbres sobre el que nosotros avancemos en la
medida de lo posible y que, cada cuatro o cinco años, tenga una
bombilla roja para volver a reciclar el futuro. No nos preocupe tanto
equivocarnos en 2040; sí nos preocupe equivocarnos en las tendencias
de 2010, 2012 ó 2015.

Por último, le agradecemos muchísimo la información que nos ha
facilitado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Merino, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor MERINO DELGADO: En primer lugar, quiero agradecer al
secretario de Estado su presencia en este Parlamento en el día de
hoy, para informar sobre el trabajo que veníamos pidiéndole desde
hace algún tiempo y que hoy nos ha presentado con todo detalle sobre
la evolución prevista de las pensiones y
cotizaciones del sistema de la Seguridad Social. El secretario de
Estado está cumpliendo con su obligación de comparecer y, sobre todo,
de colaborar con el Parlamento en un tema en el que desde hace ya
mucho tiempo venimos colaborando el Ministerio de Trabajo y la
Comisión, con la transparencia que denota este estudio. Aunque
todavía no hemos tenido tiempo suficiente para analizarlo en
profundidad, es cierto que es un estudio muy amplio, con mucho
detalle, que entra en unas perspectivas de futuro a largo plazo pero
que también a corto plazo hace algunas reflexiones que merece la pena
considerar.

Como usted ha dicho, nuestro sistema de Seguridad Social ha cambiado
mucho en los últimos años. Desde aquel informe de 1995, esos cambios
denotan la flexibilidad necesaria de la reforma. Las medidas que se
han introducido para reformar desde entonces hasta hoy una serie de
cuestiones importantes dentro del propio sistema denotan una de las
características que en el Pacto de Toledo se contemplaban, que era la
flexibilidad. En la anterior legislatura las reformas tuvieron un
objetivo: consolidar y racionalizar el sistema. Desde ese punto de
vista, tanto en lo financiero, donde se ha hecho un esfuerzo
corrigiendo desequilibrios importantes existentes hasta ahora, como
en lo prestacional, dando más contributividad, más equidad, al final
lo que se estaba haciendo era aportar solidaridad al sistema. La Ley
24/1997, que fue la que desarrolló el acuerdo social de octubre de
1996, el famoso acuerdo suscrito por el Gobierno con los agentes
sociales, que sin duda fue un elemento importantísimo para lo que
iban a suponer después esas reformas introducidas en la citada Ley de
1997, supuso el parámetro a partir del cual se cumplen algunas de las
reformas importantes que han aportado el equilibrio necesario entre
ingresos y gastos al sistema, que nos ha dado esa estabilidad
financiera necesaria y que, sobre todo, ha conseguido el objetivo
final, que era lograr el superávit actual. Por primera vez, ese
superávit que tantas veces preconizábamos como objetivo, al final se
ha cumplido y la dotación del fondo de reserva no viene a ser más que
la consecuencia de ese superávit. Mientras mantengamos el éxito que
su departamento está teniendo en su política de conseguir subir por
encima de los 15 millones de cotizantes (algo nunca visto
anteriormente), sostendremos que de aquellos números de 1995/1996 a
éstos se ha producido una transformación muy importante. Son
correctas las proyecciones que utiliza este trabajo sobre las
cotizaciones hasta el 2015 y sobre los gastos hasta el año 2040.

También me parece un escenario prudente los datos económicos que se
han dado en lo relativo al crecimiento del PIB y de la inflación,
pero la actuación en estos últimos cinco años de la política
económica del Gobierno ha dado resultados. No cabe duda de que el que
haya habido un crecimiento importante del empleo, de que hayan
crecido el PIB y la productividad de forma notable, unido a las
recomendaciones de Toledo,



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nos va a dar el objetivo final de consolidar el sistema, que en este
momento ya aparece claramente consolidado.




Todos los expertos que han pasado por esta Comisión han coincidido en
una serie de factores y análisis, que no son más que consideraciones
que hay que tener en cuenta para el futuro inmediato. ¿Cuáles son
esos factores? Los han expuesto aquí los portavoces y los expertos:
el envejecimiento de la población, es decir la demografía; el
equilibrio presupuestario; el consenso social; la política económica
adecuada y la inmigración. En este momento estamos considerando el
factor inmigración como algo importante pero no trascendental para el
sistema. Está claro que cuando nos estamos acercando en muchas
regiones al pleno empleo, la inmigración es importantísima puesto que
viene a cubrir muchos puestos de trabajo, pero también hay que
considerar épocas de recesión futuras. Y cuando hay una época de
recesión, de crisis económica, ¿qué ocurre con la alta tasa de empleo
que existe actualmente en la inmigración? ¿Quién va a ocupar esos
puestos de trabajo que ahora no quieren los españoles? Ahora los
están ocupando los extranjeros, pero ¿qué ocurrirá si viene una
situación de crisis económica? Porque las altas en cotización de los
inmigrantes puede que se vean cortadas por esa situación si tenemos
en cuenta que se van a producir muchas altas en esos puestos por
españoles que ahora no los quieren. Cuando se encuentren en desempleo
los trabajadores españoles puede ocurrir que tengan que ocupar esos
puestos que ahora tienen los trabajadores extranjeros y entonces es
posible que no haya esa alta tasa de cotizaciones, esa alta tasa de
empleo de trabajadores extranjeros. Hay que tener en cuenta ese
factor en situaciones de crisis, en las que ahora no nos encontramos,
afortunadamente.

El acuerdo firmado el pasado mes de abril fue un instrumento positivo
para avanzar más allá de esa fecha de 2015. Las garantías hasta 2015
se nos dan si se cumple el acuerdo que firmaron los agentes sociales
y el Gobierno hace bien pocos meses. El progresivo incremento del
fondo de reserva, la separación de fuentes, la jubilación gradual y
flexible, la lucha contra el fraude o la bonificación en las
cotizaciones, que facilitan el empleo a la mujer y sobre todo a los
mayores de 55 años, son cuestiones que ese acuerdo contempla a
desarrollar en los próximos años y que suponen la garantía de futuro
para que hasta 2015 esté ciertamente clarificado el panorama.

Lo que se ha expuesto aquí supone un esfuerzo necesario que sólo
puede hacerse desde el consenso social. En este caso, el Gobierno
está practicando el consenso social porque sólo así se va a producir
la confianza en el sistema. Sin consenso social no va a haber
confianza en el sistema y la confianza es fundamental para garantizar
el futuro del sistema. Desde ese consenso se puede llegar a tener una
confianza por parte de todos en el sistema. Y el Gobierno debe seguir
ese camino. Su departamento
está acertando en las políticas que está practicando. Está
ejecutando una política que está dando resultados positivos para la
economía española y estamos seguros de que en los próximos años el
Gobierno va a seguir por ese camino para garantizar ese futuro.

Para terminar, querría hacerle algunas preguntas ya que me gustaría
conocer su opinión al respecto. ¿Cómo incidirá la mayor incorporación
de la mujer al trabajo con esa alta esperanza de vida? Hemos visto
que mientras que la esperanza de vida en el hombre ha crecido pero se
ha ido estancando (es un crecimiento más breve), en cambio se produce
un incremento mayor en la esperanza de vida de la mujer. ¿Esa
esperanza de vida se puede mantener en ese alto porcentaje si se
incorpora de forma masiva la mujer al trabajo? ¿Se puede hacer una
estimación de la incidencia de la alta tasa de natalidad de los
inmigrantes? Sabemos que la población inmigrante cada vez es mayor y
sabemos que su alta tasa de natalidad es importante para el futuro.

¿Se conoce la incidencia que puede tener esa alta tasa de natalidad,
que supone un ingreso pero que también supone un gasto para la
Seguridad Social? No olvidemos que la alta tasa de empleo de los
inmigrantes supone ingresos importantes pero, repito, su alta tasa de
natalidad va a producir un mayor gasto a la Seguridad Social. ¿Se
puede hacer alguna estimación de esa incidencia? Por último, ¿qué
incidencia tendría en las previsiones de trabajo que nos ha dado un
estancamiento en el crecimiento por debajo del 2 por ciento? Estamos
en una situación de bonanza económica, aunque ciertamente estamos
empezando a no crecer tanto como en los años anteriores. Le pregunto
si usted estima que un crecimiento por debajo del 2 por ciento puede
tener una incidencia en los años sucesivos en los datos que el
sistema prevé, en el crecimiento y en la estabilidad del sistema.

Estas son las tres preguntas que le hago. De nuevo le agradezco su
presencia hoy entre nosotros. Esperamos, como usted bien ha dicho,
que podamos aclarar estas cuestiones en el futuro y conocer algunos
datos complementarios que aporta este importante trabajo y sobre los
que con su presencia en esta Cámara tendremos mayor clarificación.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Observo -en este caso con agrado- que SS.SS. hablan de la Seguridad
Social con la misma pasión con que lo suele hacer este secretario de
Estado y que incluso la presentación de un estudio económico
actuarial lleva a suscitar innumerables cuestiones que tienen
relación pero que no son objeto de la reflexión que nos ha llevado
hoy aquí. He dicho al principio de mi intervención que me pareció
oportuno no remitir únicamentede una manera más fría el estudio, sino
presentarlo



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ante este foro, que para mí es el más importante en orden al
desarrollo que tienen que tener las recomendaciones del pacto o las
reformas que se quieran introducir en un futuro, y que, desde luego,
mi presencia aquí no veta en modo alguno que, a partir del estudio
del informe que se entrega hoy a SS.SS., hagamos los análisis y las
reflexiones que hagan falta -recojo en este caso el guante del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, con las reuniones que
tenga que haber, con el intercambio de conocimientos o el método
aplicado con los técnicos que han efectuado el presente estudio, que
son los mismos que realizaron el del año 1995.

Si me permiten que haga un análisis global sobre algunas de las
cuestiones que han suscitado SS.SS. en sus intervenciones, puedo
decir que estamos ante un análisis que parte del realizado en el año
1995, que es, si no el único, casi el único que acertó entonces cuál
iba a ser la evolución de los ingresos y las cotizaciones de nuestro
sistema de Seguridad Social y que se sitúa en la banda de mayor
prudencia y moderación que podamos realizar en un análisis de este
tipo. Evidentemente, los técnicos, los funcionarios y los actuarios
de la Seguridad Social han realizado diversas hipótesis - y ya
contesto con esto a algunas de SS.SS.-, y esta es la hipótesis más
prudente y moderada. Me parecía que lo que tenía que hacer el
secretario de Estado era plantear hoy a SS.SS. en ese informe el
desarrollo de la hipótesis más prudente y moderada que en estos
momentos podemos hacer. Se han realizado hipótesis con mayor
población y con mayor creación de empleo, incluso con mayores
crecimientos económicos, y SS.SS. pueden concluir rápidamente que
todas ellas nos colocarían en una situación de mayores ingresos por
cotizaciones y mayor estabilidad futura de nuestro sistema de
Seguridad Social. Pero el Gobierno se ha querido colocar en la banda
más baja, ha cogido el estudio más prudente y puede ser optimista en
cuanto a los resultados pero desde luego no en cuanto a su
confección, pues ha sido la prudencia y la moderación la que ha
llevado a que presentemos el estudio que hoy debatimos. No hay que
olvidar, señorías, que el estudio se produce a legislación constante
y que estas proyecciones no tienen en cuenta ni siquiera las medidas
del acuerdo social porque no sería técnicamente riguroso que algo que
aún no se ha puesto en marcha, que no se ha desarrollado, estuviera
presente en un desarrollo económico actuarial que sí tiene en cuenta
las reformas que se han venido realizando desde el año 1995 hasta
aquí, fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los
acuerdos sociales posteriores, pero no las que ya se han acordado
entre el Gobierno y los agentes sociales, que también son fruto de
las recomendaciones del Pacto de Toledo pero que aún no tienen una
realidad en textos normativos y por lo tanto no son realidad -valga
la redundancia- en la práctica diaria en nuestro sistema de Seguridad
Social.

El Gobierno está completamente seguro de que las medidas -cuando se
desarrollen- del último acuerdo social así como las que surjan del
análisis, de las reflexiones y de las nuevas recomendaciones que se
hagan en el seno de esta Comisión harán que estas previsiones
prudentes y moderadas se vean superadas también, como se vieron las
que se hicieron en el año 1990, por la realidad que se deriva de
nuestras actuaciones. Me parece importantísimo resaltar, señorías,
que aquí no estamos realizando proyecciones para ver hacia dónde
vamos, con un carácter más o menos cierto, sino que lo que estamos
poniendo en evidencia es que lo que hemos sido capaces de hacer de
1990 a 1995 ya es una realidad constatable en la evolución de nuestro
sistema de protección social, y lo que seamos capaces de hacer desde
el año 2000, en el que estamos, al 2005 sin lugar a dudas tendrá su
proyección en los estudios económicos actuariales que se presentarán
a esta Cámara por quien corresponda cuando nuevamente se produzca una
revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, como SS.SS.


no lo cambien, dice en su recomendación decimoquinta que se efectuará
cada cinco años. Hay que ser conscientes de que las transformaciones
que vamos realizando son las que posteriormente nos van colocando en
el camino -y para eso valen los estudios económicos actuariales-
correcto o incorrecto. ¿Qué nos dijeron una gran parte de estudios en
el año 1995? Que nuestro sistema de Seguridad Social se encontraría
en una situación de crisis, que algunos determinaban más o menos
irreversible, en el año 2000 y que tendríamos serios problemas para
poder pagar con los ingresos por cotizaciones nuestras cotizaciones
sociales. Pues bien, se equivocaron. Fuimos capaces de saber dónde
estábamos, de llegar a consensos políticos y sociales, y lo que
ocurre en el año 2000 no es sólo que seamos capaces de pagar nuestras
prestaciones con nuestros propios ingresos, no sólo que estemos
culminando el proceso de separación de fuentes que ya se acordó
entonces, sino que somos capaces hasta de ahorrar en un fondo de
reserva para momentos que no sean tan buenos como los que ahora
vivimos. Ese es el camino por el que hay que continuar, difícil
entonces y ahora tal vez más amable, pero hay que seguir avanzando en
las constantes reformas que necesita nuestro sistema de protección
social para adaptarse a la cambiante realidad que nos rodea. En pocas
palabras y en una expresión mucho más castiza, les diría, si me lo
permiten, señorías, que no nos podemos dormir en los laureles. Es
cierto que la Seguridad Social española está ahora como no había
estado nunca, que tenemos más afiliados que nunca y un superávit que
no habíamos tenido nunca, pero eso nos tiene que hacer seguir
perseverando en un proceso de reformas constante para que no se
vuelvan a dar situaciones que todos queremos que estén únicamente en
nuestro recuerdo, en nuestro pasado y nunca en nuestro futuro.




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Tengo que coincidir con el análisis que ha hecho el portavoz
parlamentario del Grupo Socialista, además -tengo que decirlo-
siempre muy acertado en estas cuestiones. Comparto que es mucho más
fácil hacer proyecciones de carácter demográfico para el futuro que
proyecciones económicas actuariales, en las que uno tiene más riesgo
de equivocarse, pero también es cierto que este estudio económico
actuarial no es fruto de una pitonisa que ha mirado la bola, sino que
es el trabajo de muchos y buenos técnicos, buenos actuarios, buenos
funcionarios de la Seguridad Social que, en razón de la metodología
propia de estos estudios, nos llevan a una serie de conclusiones que
son muy importantes para que seamos capaces de realizar el análisis y
la reflexión que nos deben llevar a ver cuáles son las medidas que
tenemos que seguir acometiendo en el futuro. Hay algo evidente que
comparto plenamente en la intervención del señor Griñán: hasta donde
podemos, los ingresos por cotizaciones los conocemos; normalmente
siempre conoceremos mucho más lo que puede ser el gasto en pensiones,
como ocurrió en el anterior estudio y ocurre en éste o en todos los
que SS.SS. pueden contemplar de los que determinadas instituciones
lanzan al mercado -utilizo la expresión lanzan porque parece que
algunas veces tengan más interés en lanzar un best seller que un
estudio serio y riguroso sobre nuestro sistema de protección social-,
pero a partir de ahí, cercanos ya a años en los que va a haber
mayores dificultades por la evolución demográfica de nuestra
sociedad, tendremos que saber cuáles son las medidas necesarias para
que se siga manteniendo un principio poco dado al debate: la ratio.

La proporcionalidad entre afiliados y pensionistas en un sistema de
reparto como el nuestro se tiene que mantener alrededor del 2,1 para
que sea un sistema estable. En estos momentos estamos alrededor del
2,3, que es una muy buena ratio, y lo que tenemos que hacer es
mantenerla en el futuro sabiendo que vamos a tener que hacer frente
al reto del envejecimiento de la población, especialmente a partir
del año 2020, con mayor virulencia hasta el año 2030, y que a partir
de ahí entraremos en una situación de mayor estabilidad. Se nos
plantea, pues, un reto que es común a todos los países de nuestro
entorno y para el que ya estamos estableciendo medidas, muchas de
ellas contempladas en el último acuerdo entre el Gobierno y los
agentes sociales.

Como he dicho, señorías, no tenemos varitas mágicas. Y, si vamos a
saber cuál es nuestra población de pasivos en un momento determinado,
demográficamente hablando, y cuál va a ser nuestra población activa,
tendremos que hacer esfuerzos para mantener esa ratio, que hay que
dirigir hacia tres frentes. En primer lugar, hay que aprovechar todas
las potencialidades de nuestro mercado de trabajo y eso hoy en día
significa hablar de la mujer, de la incorporación plena de la mujer
al mercado de trabajo. En segundo lugar, hay que adoptar una serie de
medidas muy importantes sobre las que
luego me detendré, como la prolongación de nuestra vida activa. No es
una verdad inmutable que se tenga que trabajar hasta una determinada
edad y que a partir de ahí se le considere a una persona inútil
laboral, algo que muchas veces conlleva la consideración de inútil
social. Hoy en día, justamente por esa mayor esperanza de vida que
tenemos, se llega en mejores condiciones físicas y mentales a los 65
años, que sigue siendo nuestra edad legal de jubilación, pero a
partir de la cual podemos seguir trabajando. Nuestra edad de
jubilación está en este momento en 62,8 años, ni siquiera es la edad
legal de jubilación. Tendremos que seguir adoptando medidas -el
acuerdo incide en ello, pero debemos seguir insistiendo y ahí SS.SS.

tienen una importante labor- para que esa edad real se vaya elevando
y, si puede ser, sobrepase incluso a la edad legal de jubilación.

También tenemos que ser conscientes de que no vale solamente llevar
las potencialidades de nuestro mercado de trabajo hasta su extremo de
rentabilidad más positiva, de que la entrada de personas provenientes
de terceros países nos ayuda a crear riqueza y a mantener viable y
estable nuestro sistema de protección social, personas procedentes de
terceros países que deben trabajar en igualdad de condiciones que los
nacionales, cotizando y generando los mismos derechos para cuando les
llegue el momento de ser receptores de las prestaciones del propio
sistema. En la corrección de sus números que el Instituto Nacional de
Estadística está haciendo nos damos cuenta de que la población
inmigrante de nuestro país está creciendo muchísimo en los últimos
años, de que empieza a presentar un salto, en este caso positivo, en
el quinquenio 1990-1995. Según los últimos datos de los que yo tengo
conocimiento, se está revisando tan al alza que prácticamente está ya
triplicando las previsiones que en su momento se hicieron de entrada
de personas provenientes de terceros países, lo cual incide no sólo
en esa mano de obra que cotiza -nunca lo olvidemos- en nuestro
sistema de protección social, sino que normalmente esas personas -se
está viendo ya en algunas zonas de nuestro territorio- aumentan la
tasa de natalidad, porque tienen más hijos que los nacionales, en
este caso, los españoles. Personas que ya son españolas y que se van
a integrar en un mercado laboral y en un sistema de protección social
exactamente igual que lo haría cualquier hijo de los que podemos
denominar nacionales. Coincido con el señor Griñán en que estamos
ante un debate muy importante: el de la inmigración y la relación de
la inmigración con nuestro sistema de protección social. Quede claro
señorías, que es absolutamente indispensable, si queremos afrontar
con éxito el reto del envejecimiento de la población que se va a
plantear principalmente entre los años 2020 y 2030, que existan
trabajadores provenientes de terceros países que nos ayuden no sólo a
crear riqueza, sino también a mantener estable nuestro sistema de
protección social, en un hecho que ya constata la Seguridad



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Social día a día. Los últimos datos de afiliación al sistema ponen de
manifiesto que, de las nuevas afiliaciones, prácticamente uno de cada
cuatro es un trabajador proveniente de un tercer país. Aún no
llegamos a tener uno de cada cuatro de los que trabajan proveniente
de un tercer país, pero hoy ya uno de cada cuatro de los que entran
en el mercado de trabajo -tenemos constancia de ello por la
afiliación a la Seguridad Social- proviene de un tercer país. Sirva
esto de reflexión, señorías. Me van a permitir que el secretario de
Estado les lance un guante para llevar a cabo ese importantísimo
trabajo de reflexión y de análisis y también para fijar las reglas
del juego que cualquier Gobierno y los agentes sociales tendrán que
desarrollar en un futuro.

El señor Grau ha hecho hincapié, y tiene razón, en que está cambiando
el concepto de trabajo y que tenemos que ser conscientes de ello.

Pues bien, yo creo que lo somos y que incidimos en la cuestión. En
muchas ocasiones SS.SS. me habrán oído hacer una reflexión no sólo
general de adaptación a la constante y cambiante sociedad que nos
rodea, sino también que ésta se ha de producir de manera que no nos
coloque en una situación de incertidumbre en cuanto al futuro de
nuestra Seguridad Social. Ya no estamos ante carreras laborales en
las que una persona empezaba a trabajar a los 16 años y no hacía más
que mejorar con un contrato estable hasta los 65 años, edad en la que
se jubilaba. Esa ya no es una realidad en nuestro país. Es más, fruto
de la crisis de los años ochenta, de los procesos de reconversión
e incluso de algunas prejubilaciones que han tenido lugar en ciertos
sectores, los últimos años de la vida laboral de muchos trabajadores
son los peores a efectos de cotización. Como les ocurre a muchos de
nuestros jóvenes por la alta tasa de temporalidad y rotación de
nuestro mercado de trabajo, ya no es tan fácil tener carreras en las
que no existan lagunas de cotización. Muchos tienen un trabajo que
pierden durante un tiempo, aunque luego lo vuelven a recuperar y a
veces el siguiente es peor que el anterior. Hemos de ser conscientes
de que hemos de adaptar nuestras normas de la Seguridad Social. Yo
siempre hago la siguiente reflexión: es más justo tener en cuenta
cada segundo, cada hora, cada semana que uno ha cotizado para saber
cuál tiene que ser la prestación que ha de percibir en un futuro.

Estoy completamente convencido no sólo de que es lo más racional para
cualquier sistema, sino de que es también lo más justo, ya que se
tiene en cuenta todo el esfuerzo que uno realiza a lo largo de su
vida laboral para luego poder cobrar una pensión en el futuro. Se
acercaría también a la reflexión que ha hecho el señor Griñán, que
acabo de recordar ahora, en cuanto que tenemos que igualar en la
medida de lo posible, porque también es un signo de estabilidad, los
ingresos medios por cotizantes a las pensiones medias que en un
momento determinado se pagan. A estos efectos estamos bien en estos
momentos. La pensión media está bastante por debajo en su crecimiento
que los ingresos
por cotizaciones. La pensión media está creciendo algo más del 5 por
ciento y los ingresos por cotizaciones están creciendo por encima del
9 por ciento. Esta situación no siempre va a ser así, tendremos que
mantenerla en la medida de lo posible en un futuro.

El señor Grau ha hecho referencia también a la política de
prejubilaciones. El acuerdo a que llegó el Gobierno con los agentes
sociales determina claramente cuál es la intención del Gobierno y de
los propios agentes sociales firmantes dentro de las recomendaciones
del Pacto de Toledo. Vamos hacia un sistema nuevo de jubilación
gradual y flexible, que tenga en cuenta que es importantísimo
prolongar la vida laboral de las personas. Para eso hay que fijar
estímulos y el estímulo que entienden todos los empresarios y los
trabajadores de este país es que si uno trabaja más allá de los 65
años el empresario tendrá beneficios en cuanto a que se le reducirán
los costes no salariales y el trabajador tendrá el beneficio de que
mejorará la pensión que deberá percibir en un momento determinado. En
ese sentido va el propio acuerdo que tenemos que desarrollar ahora
mismo en la Comisión de seguimiento. Pero no podemos olvidar que
tiene que haber siempre un sistema de jubilación anticipada, como
ocurre en todos los países de nuestro entorno. No podemos ser la
excepción porque en una empresa o un sector productivo concreto, para
preservar su propia competitividad sin lugar a dudas va a tener que
ir a expedientes de regulación de empleo, que, si bien no queremos
que afecten siempre a los trabajadores mayores, a algún trabajador
mayor tendrá que afectar, por lo que tendremos que determinar
claramente cuáles son las reglas del juego. Queremos evitar que esas
reglas del juego supongan siempre, como hasta ahora, un coste para el
Estado y para el sistema de protección pública. Por eso, entre otras
cosas, en el propio acuerdo se introduce una medida por la que los
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en
empresas no sujetas a procedimientos de crisis tendrán la obligación
de tener convenios individuales de cotización hasta el momento en que
cumplan los 65 años, para preservar sus derechos, para que no pierdan
la pensión y a la vez para preservar la estabilidad económico-
financiera de nuestro sistema de Seguridad Social.

Ha mencionado S.S. las políticas complementarias, los sistemas
privados complementarios. Sabe S.S. que durante los últimos años en
nuestro país ha tenido un crecimiento que podríamos calificar de muy
positivo todo lo que tiene relación con los sistemas privados
complementarios individuales, los que cada uno de nosotros podemos
suscribir en base a la parte de renta que queramos ahorrar e
invertir. Falta claramente un desarrollo de lo que sería la previsión
social complementaria colectiva. Los planes de empleo no tienen el
desarrollo que tienen que tener en una sociedad y en un sistema
productivo avanzado como el nuestro y las preocupaciones del
Gobierno, resueltas en parte en el propio



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acuerdo firmado con los agentes sociales, el último fue el firmado
con Comisiones Obreras y la CEOE, iban en el camino de potenciar esos
planes de empleo y de empresa para que su uso sea mucho más abundante
de lo que lo es en la actualidad, porque no hemos de olvidar que esos
planes colectivos abren justamente la posibilidad a aquellos
trabajadores con menores salarios, con menor capacidad de ahorro, que
es difícil que con esas rentas puedan acudir individualmente a
cualquier entidad financiera y suscribir un plan de previsiones
individual, pero que a través de los planes colectivos tendrían
acceso a esa previsión social complementaria. Considero que tenemos
un buen sistema establecido en la Constitución. Un sistema público de
reparto tiene que garantizar una pensión adecuada y suficiente en el
momento de la jubilación y, además, complementarse con sistemas de
previsión social complementaria privados, tanto individuales como
colectivos, que necesitan de un mayor desarrollo en nuestro país.

Su señoría ha comentado como tienen que ser las reformas, pero en
línea con lo que anteriormente he dicho, me va a permitir añadir que
corresponde a esta Comisión marcar las directrices de esas reformas.

El Gobierno no quiere, en modo alguno, que el Parlamento, esta
Comisión, pierda ni la responsabilidad -estoy seguro de que SS.SS. la
tienen- ni el protagonismo. El Pacto de Toledo es un pacto político
aprobado en sede parlamentaria, a partir del cual el Gobierno y los
agentes sociales, sean del signo que sean los gobiernos o sean
quienes sean los que lideren las organizaciones sociales, tienen que
desarrollarlo con acuerdos sociales. Esperemos que siga siendo el
sistema utilizado porque hasta ahora se ha demostrado muy efectivo,
muy bueno para nuestra sociedad y para nuestro sistema de protección
social.

Acababa su intervención interrogando respecto a la suficiencia del
fondo de reserva. Sabe S.S. que en ese mismo acuerdo hemos dotado a
ese fondo de una cuantía que estará entre los 800.000 y un millón de
pesetas, que es el máximo, alrededor del año 2004. A todos los
firmantes nos pareció que era una cuantía normal o habitual porque
viene a corresponder con lo que sería una mensualidad, evidentemente
del año 2004 ó 2005, no actual que está por encima de los 600.000
millones de pesetas, que es lo que han hecho la mayor parte de los
países de nuestro entorno desarrollado europeo. Hay que tener
consciencia de que mientras no se utilice ese fondo va a ir
incrementándose en función de los intereses que va a generar. Con un
cálculo aproximado podríamos pensar que en el año 2040 ese fondo
estará cercano a los dos billones de pesetas, duplicando incluso la
cuantía que en estos momentos tiene, en tanto en cuanto no se haya
tenido que utilizar, lo que esperamos que así suceda.

El señor Ruiz López ha hecho una larga exposición, no tanto sobre el
contenido de la presentación del estudio económico actuarial, con una
serie de preguntas
sobre prácticamente todas las materias que constituyen el núcleo de
nuestro sistema de protección social. No me cansaré de reiterarle que
el contenido del estudio no es optimista. Es mucho más prudente y
moderado que optimista. El resultado es el que es, pero debemos
trasladarlo a SS.SS. y al conjunto de la sociedad. No es más que la
presentación de un proyecto económico actuarial realizado por
técnicos, por los mismos técnicos que lo elaboraron en el año 1995.

Si me permiten nuevamente la expresión, nos hemos colocado en la baja
banda más prudente, menos optimista. Mi exposición no ha querido ser
en modo alguno optimista, aunque evidentemente represento a un
Gobierno que cree que los datos que ha presentado hoy este secretario
de Estado no nos llevan a la autocomplacencia ni a la confianza
irresponsable sino, en todo caso, al estímulo para seguir trabajando
en esta misma línea.

Puedo contestar a las innumerables preguntas que me ha hecho S.S.,
aunque tengo que decirle que la mayor parte la tiene ya contestada,
sobre todo la que se refiere a la evolución de las pensiones, con la
innumerable información que la Seguridad Social remite a esta Cámara
no sólo anual sino trimestral y semestralmente -no sé si hay algún
mes que no mandamos información a esta Cámara- en cuanto a las
evoluciones de las pensiones medias, cotizaciones medias, etcétera.

Como consideración general, tenga S.S. el convencimiento de que todo
sube en los últimos años. Si la memoria no me falla, la pensión media
de jubilación; en estos últimos cinco años a los que hacía referencia
S.S. ha subido alrededor de un 27 por ciento. Como S.S. ha formulado
las preguntas oralmente, se ha evitado realizar un montón por
escrito. Las tenemos formalizadas como tales por lo que le
remitiremos la información que al efecto pueda proporcionar la
Seguridad Social.

Contesto a algunas de las incertidumbres que ha expresado S.S., que
tienen un carácter más político que puramente técnico. Pregunta S.S.

si el Gobierno piensa reducir cuotas. No piensa reducir más cuotas
que las que obran en el acuerdo firmado con Comisiones Obreras
y CEOE-CEPYME. Me imagino que S.S. lo conoce, pero por si en estos
momentos no lo recuerda son aquellas que van a afectar a los
trabajadores mayores de 65 años que siguen desarrollando una
actividad laboral, para los que se prevé una exención de todas las
cotizaciones, exceptuando las de accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y contingencias comunes, porque evidentemente si sigue
trabajando puede accidentarse o caer enfermo y tiene derecho a que
esta protección esté cubierta. La política del Gobierno desde hace
muchos años es la bonificación selectiva de cotizaciones sociales, no
la reducción de cotizaciones sociales, porque creemos que nuestro
sistema de protección social no puede permitirse disminuir sus
ingresos en el momento en que estamos, tenemos que seguir cumpliendo
con nuestros compromisos y lo que no gastemos en pensiones o en
gastos de gestión lo ahorramos,



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que para eso está el fondo de reserva. Eso da mucha estabilidad no
sólo al sistema de protección social sino a la confianza que la
sociedad deposita en ese sistema.

Su señoría ha hablado también de los efectos que los contratos
temporales tienen sobre la cotización. Aquí hay que hacer una
consideración, a mi juicio, enormemente importante y que seguramente
SS.SS. me la habrán escuchado en alguna ocasión. El Gobierno ha
puesto de manifiesto que, debido a la elevada temporalidad y rotación
de nuestro mercado de trabajo, se están produciendo ciertas práctica
que no son ilegales pero sí abusivas, que hacen que la afiliación a
la Seguridad Social descienda en los últimos días de mes, los viernes
de cada una de las semanas y, sobre todo, esos descensos se ven
acentuados ante un período vacacional. Es lo que denominamos la
socialización de las vacaciones: en lugar de que los trabajadores
estén de vacaciones cobrando su salario, se apuntan al desempleo y
son las cotizaciones al desempleo las que se hacen cargo de dicho
salario. Esto explica que estemos ante lo que podría resultar una
paradoja -ahora me estoy metiendo en otras materias pero que vienen
muy al caso-: que cada día haya menos parados en nuestro país pero
que, en cambio, se esté elevando el gasto por desempleo. Esto trae
consigo que nos preguntemos -así lo hemos hecho en la Seguridad
Social, como hace S.S.- el efecto que pueda tener esa elevada
rotación y temporalidad en nuestro propio mercado de trabajo. Esto
tiene poca incidencia en los ingresos porque lo que cae un viernes se
recupera un lunes o porque lo que cae un día 31 se recupera el día 2
ó 3 del mes siguiente. La rotación trae consigo que tengamos
consecuencias en nuestro sistema de protección al desempleo, pero, en
cuanto a nuestro sistema de protección social, los ingresos no se
resienten tanto porque sólo hay uno o dos días en los que no se
producen, exceptuando - reitero- los meses en los que sí hay gasto de
desempleo. Tampoco hay tanta disminución de ingresos por cotizaciones
sociales porque cuando el desempleado está percibiendo la prestación
contributiva también cotiza a la Seguridad Social, aunque en este
caso lo hace el INEM.

Ha hablado S.S. de la evolución real de los complementos a mínimos y
de su financiación ya sea por el Estado o por el propio sistema con
sus ingresos de Seguridad Social. Estoy seguro de que S.S. conoce el
dato de que en el último presupuesto de financiación del Estado los
complementos a mínimos están por encima de los 16.000 millones de
pesetas y el propio acuerdo al que antes hacía referencia recoge
claramente que se tiene que culminar lo que se pactó en los años 1996
y 1997, que se tiene que proceder a la separación definitiva de los
complementos a mínimos; se ha estipulado un plazo que no superará los
12 años y le puedo adelantar que, en virtud del acuerdo que salga de
la comisión de seguimiento del acuerdo, estos presupuestos tendrán
una cuantía muy superior a los 16.000 millones que
hasta estos momentos constaban en los Presupuestos Generales del
Estado como financiación del Estado a los complementos a mínimos, en
cumplimiento -reitero- de lo que ya era un pacto político y sigue
siendo un acuerdo social. Algunos diputados han hecho referencia
a los préstamos entre el Estado y la Seguridad Social. Voy a hacer una
consideración al respecto que me parece importante: la Seguridad
Social es Estado y el Estado es Seguridad Social. En todo caso no
debemos mezclar los balances patrimoniales, donde se ve claramente
esto, con la evolución de ingresos y cotizaciones y de gastos en
pensiones de nuestro sistema, que poco tienen que ver. Hoy tenemos un
sistema en superávit, tenemos un sistema que puede garantizar hasta
los plazos que hemos dicho, sin ningún tipo de riesgos, las
prestaciones que se van a ir generando a lo largo de los años.

También tenemos unas relaciones EstadoSeguridad Social que vienen de
lejos, desde los tiempos en que la sanidad y la asistencia sanitaria
eran Seguridad Social y se pagaban desde ella, no se financiaban como
ahora desde el Estado o incluso, desde el próximo año, con los
impuestos traspasados a las comunidades autónomas. Reitero que es una
relación de balance patrimonial, que tendrá que tener su solución,
pero que en nada influye para los balances económicos actuariales que
estamos realizando o para -por decirlo de una manera mucho más
gráfica- pagar las pensiones cada inicio de mes.

Su señoría también ha preguntado qué hacemos con el superávit. Ya lo
he dicho, pero lo vuelvo a repetir: ahorrarlo. No podemos hacer otra
cosa. Lo que nos sobra, lo que no gastamos, lo ahorramos. Estamos
ante una novedad, porque antes no podíamos ahorrar, pero ahora sí. Si
S.S. ha pensando por un momento que el superávit de la Seguridad
Social desaparece de ella, ahora le despejo completamente esa posible
incertidumbre. De la Seguridad Social no sale una sola peseta que se
haya ingresado a la misma por cotizaciones sociales o por otras de
las transferencias que realiza el Estado, todo se dedica a lo que es
la Seguridad Social, que es pagar las prestaciones y los gastos de
gestión que conlleva, y lo que sobra lo ahorramos en el fondo de
reserva. Es decir, ni un duro para carreteras, y que me perdone en
este caso el señor ministro de Fomento si entiende que la expresión
no es la más adecuada. Todas y cada una de las pesetas que entran en
la Seguridad Social se quedan en ella.

Su señoría ha hecho una amplia referencia a materias propias del
acuerdo social y a su materialización. Le voy a dar una respuesta
global. Vamos a ser prudentes y pacientes y vamos a esperar a que el
Gobierno presente su proyecto de ley de presupuestos, que aún ni
siquiera ha aprobado, y las leyes que van a acompañarlos en esta
Cámara y, por respeto a los agentes sociales, que el Gobierno lo
tiene y mucho, vamos a esperar también a lo que se decida en la
comisión de seguimiento, en la que están presentes los firmantes del
acuerdo, que



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es a quienes corresponde determinar el grado de desarrollo de las
medidas que en el mismo se contienen.

Alguna de las afirmaciones que ha realizado S.S. no son del todo
correctas. El régimen especial agrario por cuenta ajena está
contemplado en parte en el acuerdo, igual que otros regímenes a los
que ha hecho referencia, como pueden ser el de autónomos o
trabajadores por cuenta propia, tanto de los regímenes especiales
como del general, que sería el que conocemos normalmente por RETA.

Estoy seguro que en breves fechas S.S. tendrá respuesta a las
preguntas que ha hecho sobre la materialización, que vendrá
determinada no sólo por la propia comisión de seguimiento, que es la
que determina el grado de desarrollo del acuerdo, sino también por el
proyecto de ley de presupuestos que se presentará a esta Cámara y las
leyes que lo van a acompañar.

Tengo que acabar con una última reflexión, lo digo por si no contesto
a todas las referencias que usted ha hecho. Respecto a la jubilación
flexible, ya he hecho un comentario anterior. Respecto a la
dependencia, en los términos en los que está determinado en el propio
acuerdo, ya existen relaciones con las comunidades autónomas y con la
Administración local, porque el fenómeno de la dependencia, que va
ligado intrínsecamente al fenómeno del envejecimiento de la población
en nuestro país, tiene que ser tratado nuevamente no sólo desde la
perspectiva de esta Comisión o del propio Gobierno con los agentes
sociales, sino también desde la perspectiva de la realidad. Nosotros
somos un Estado de las autonomías, hay competencias que están en
manos de esas autonomías y para llegar a conclusiones que puedan
servirnos para afrontar problemas de futuro, como el de la
dependencia, tendremos que estar todos de acuerdo, no sólo el
Gobierno y los agentes sociales, sino también el resto de las
administraciones que tienen competencia en la materia, ya sean
autonómicas, ya sean locales. De todas maneras, estoy seguro,
señorías, que después de la lectura y el estudio que hagan ustedes
del documento que hoy se les ha trasladado, tendrán respuesta a
muchísimas de las cuestiones que han planteado, no sólo por las
palabras de este secretario de Estado, sino por lo escrito negro
sobre blanco en la proyección económico- actuarial y cómo se ha
conseguido la misma.

El señor Txueka ha hecho alguna referencia a evoluciones y, sobre
todo y más importante, a la homologación de regímenes. Seguimos
caminando en la senda del Pacto de Toledo. Creemos que la
convergencia de regímenes es buena. Se da un paso más en el acuerdo
al que estoy haciendo constantemente referencia. Su señoría va a
encontrar muchos más datos cuando tenga tiempo de leer el informe y
de realizar un análisis sobre el mismo, dando por sentado, señorías,
que el objeto de mi presencia hoy era la presentación, y que todas y
cuantas veces quieran que debatamos sobre el informe o que realicemos
análisis conjuntos este secretario está
dispuesto a hacerlo, tanto sobre el conjunto del informe como sobre
cualquiera de las materias.

Señor Núñez, tengo que reiterar que estamos ante una proyección. Los
actuarios realizan las proyecciones de la forma que consideran que
más se acercan a aquello que queremos evaluar. No seré yo quien lo
ponga en duda. Pongo en su conocimiento que hay otras hipótesis de
mayor empleo y de mayor población, que no tenemos ningún
inconveniente en dar a conocer a esta Cámara, reiterando que la que
hoy traemos es la hipótesis que nos coloca en la banda baja más
moderada y más prudente. No haber realizado más hipótesis que la que
SS.SS. conocen al día de hoy diría muy poco de los actuarios, a los
que tanto estoy defendiendo en esta comparecencia. Reitero que estas
hipótesis las pongo a disposición tanto del señor Núñez como del
resto de los parlamentarios de esta Comisión. Debemos ser muy
conscientes de que tenemos que hacer las cosas sin esperar a estar en
situaciones que puedan ser peores o de crisis, como las que ya hemos
vivido, en cuanto al mantenimiento y a la viabilidad de nuestro
sistema de protección social. Por tanto, tenemos que tener datos de
análisis suficientes para poder anticiparnos a esos retos o a esas
coyunturas no tan favorables que puedan venir y que no deseamos.

Flaco favor haríamos a esa finalidad si barajáramos tal número de
hipótesis posibles que hiciera que cada uno de nosotros tuviera una
hipótesis que avalara su discurso. Lo serio, lo riguroso, lo prudente
y lo moderado es que convengamos cuáles tienen que ser las hipótesis,
que pueden obtenerse situándose en la banda baja y en la banda alta y
una división nos da inmediatamente la banda media. A partir de ahí
sabremos a qué riesgos o a qué retos nos vamos a enfrentar, para
poder poner las bases, como hemos hecho hasta ahora, para
solucionarlos.

Ha hablado S.S. de temas enormemente importantes y que trascienden
esta comparecencia y esta Comisión. En estos momentos en Europa está
abierto un debate sobre lo que se denomina la portabilidad de la
pensión. Si estamos ante una Europa en la que no hay ningún tipo de
limitación para la libertad de movimientos de los trabajadores
tendremos que ser conscientes de que debemos adecuar nuestros
distintos sistemas de protección social, para que no pueda darse en
ningún momento una situación de perjuicio para un trabajador por el
hecho de dejar de trabajar en un país y empezar a trabajar en otro.

Hoy en día ya existe en el cómputo de la pensión un acuerdo entre
todos, incluso tenemos convenios con terceros países para que no se
produzca la doble cotización para tener derecho, y ya valen las
cotizaciones efectuadas en uno o en otro país para el cálculo de la
pensión posterior. Pero aún nos falta resolver, en el ámbito de la
Unión Europea, cómo se va a producir esa plena movilidad. No debe
haber limitación a la plena movilidad de los trabajadores en función
de que puedan perder derechos de jubilación en un momento
determinado, teniendo en cuenta los sistemas de protección



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social tan dispares que tenemos, que van desde sistemas como el
nuestro, el francés o el italiano, de reparto puro, a sistemas como
los anglosajones, en los que el segundo pilar, el pilar privado, es
mucho mayor que el que tienen otros países de nuestro entorno. De
todas maneras, la mayor garantía para todas estas reformas -y
permítame que acabe con una reflexión general respecto a su
intervención- es la que tenemos: proceder cada cinco años a una nueva
reflexión sobre lo que hemos hecho, para ver si vamos bien o si vamos
mal, y decidir qué tenemos que hacer para continuar por el buen
camino.

Quiero agradecer al señor Merino su intervención. A nadie le tiene
que extrañar que coincida con lo que ha expuesto el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Ha realizado una serie de
consideraciones más concretas sobre la incorporación de la mujer al
trabajo, la alta tasa de natalidad y su incidencia o lo que pasaría
si creciéramos por debajo del 2 por ciento, que son las previsiones
mínimas que se contemplan en la propia proyección económico-
actuarial. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no sólo
es deseable por el propio desarrollo de la mujer, personal y
profesional, sino también por acabar, que aún no hemos acabado del
todo en nuestro país, con esa situación de discriminación hacia el
colectivo de las mujeres. Tenemos que seguir introduciendo medidas de
discriminación positiva para esa plena incorporación no sólo
profesional y social, sino que va a traer consigo algo que ya hemos
puesto de manifiesto cuando he presentado el estudio, y es que afecta
a nuestras tasas de natalidad. La incorporación de la mujer al
mercado laboral lo que ha traído hasta ahora es una disminución de
nuestras tasas de natalidad, y que las mujeres empiezan a tener hijos
más tarde que de lo que lo hacían con anterioridad. También debemos
tener en cuenta que ese inconveniente de la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo se suple con ese mayor número de cotizantes,
que es absolutamente indispensable para el mantenimiento de nuestro
sistema de protección social estable para el futuro. Lo que tendremos
que conseguir, de la forma en que se está haciendo, es que esa
incorporación de la mujer al mercado laboral no vaya a vedar a la
mujer la posibilidad de ser madre. La Ley de conciliación de vida
familiar y profesional aprobada la pasada legislatura, o el
reglamento que va a ver la luz dentro de pocos meses en nuestro país,
harán que cada vez más sea posible compaginar esa función familiar,
que incidirá también en un mayor aumento de la natalidad, con la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Ya estamos
observando que la alta tasa de natalidad de las personas que
provienen de terceros países está incidiendo, pero nunca olvidemos
que la natalidad es la natalidad española, que la persona que nace
aquí ya es española, aunque sus padres hayan venido de terceros
países, y que todo aumento de la tasa de natalidad
siempre será positivo para un sistema de protección social como es el
nuestro.

El Gobierno no ha barajado ninguna hipótesis de crecimiento por
debajo del 2 por ciento y en el propio estudio de la proyección se
puede contemplar. Me pregunta S.S. qué pasaría si nos colocáramos en
tasas de crecimiento por debajo del 2 por ciento. En ese sentido yo
le digo que no la contemplamos, pero que si nos colocáramos en tasas
de crecimiento no contempladas por el Gobierno en los próximos 15
años, lo que tendría que producirse inmediatamente es la puesta en
marcha de los mecanismos de revisión y adecuación a la realidad
constante y cambiante para que supiéramos cuál tendría que ser
nuestra actitud. Si se dieran esas previsiones no contempladas, estoy
seguro de que tendrían la respuesta adecuada, no sólo del Gobierno y
de los agentes sociales sino también del propio Parlamento que,
reitero, es el que tiene en este caso el protagonismo, la
responsabilidad primigenia, que compartimos el Gobierno y los agentes
sociales, y tiene que marcar claramente las directrices en las que
nos tendremos que mover en las reformas que tengamos que realizar en
los próximos años.

Señorías, estoy seguro de que tenemos -me van a permitir la
expresión- Seguridad Social para rato. Pero si queremos seguir
teniendo Seguridad Social para rato, y estoy seguro de que es el
convencimiento de todas SS.SS. (Rumores.), no podemos cejar en el
esfuerzo de reformas constantes por más que nuestras propias
proyecciones económicas actuariales nos digan que estamos bien y que
vamos a continuar bien, porque lo que creo que queremos todos es que
continuemos estando igual de bien en cuanto a nuestro sistema de
proyección social, o mejor de lo que estamos ahora.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Tomo
la palabra rato en el significado de siempre. (Rumores.)
Señor Griñán.




El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Quería hacer una simple observación. Cuando
yo le decía que debe coincidir la evolución de la pensión media, no
me refería a la evolución de los ingresos por cotizaciones, sino a la
evolución de los ingresos medios por cotizante, que no es lo mismo.

Es verdad que la evolución de los ingresos por cotizaciones ha
crecido bastante más que la de la pensión media, pero es por el
número de cotizantes, no por los ingresos medios por cotizante. Lo
que le ponía de manifiesto es que, en los últimos años, lo que se ha
producido es un ingreso mayor de la pensión media que de los ingresos
medios por cotizante. Dicho de otra manera, en los últimos diez años
la pensión media ha pasado, si no me equivoco, de 753.000 pesetas a
un millón doscientas y pico mil anuales, es decir, un 67,5 por
ciento, mientras que los ingresos medios por cada cotizante,
anualmente considerado, han aumentado en



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un 52 por ciento. Por lo tanto cada año los ingresos medios por
cotizante son menos sustanciosos que los que se tenían en el
ejercicio inmediatamente anterior. Para que se haga una idea, en el
año 1999, que es un ejercicio ya liquidado, los incrementos de
recaudación por cotizante fueron del 2,1 por ciento, mientras que la
inflación fue del 2,3 por ciento, es decir, por debajo de la
inflación -ni siquiera crecieron lo que crecieron los salarios-, y en
el año 1998 crecieron el 2,3, con una inflación del 1,8, es decir,
medio punto por encima de la inflación. Y le añadía que eso es
consecuencia de que los equilibrios que se tienen que producir entre
los ingresos y los gastos, es decir, los ingresos medios por
cotizante y el gasto que supone la pensión media, se alteran como
consecuencia de determinadas cosas; por ejemplo, que la
revalorización de las pensiones crezca más de lo que crece el salario
medio. Si eso se produce en un año, va a tener los efectos
consabidos, o que se produzca un menor tiempo de cotización a lo
largo del año del cotizante medio. Por eso, lo que sugeriría es que
cuando nos den las cifras de afiliados en alta en la Seguridad
Social, utilizáramos lo que utiliza la contabilidad nacional cuando
habla de empleo, que son los cotizantes equivalentes a tiempo
completo. Es decir, que podamos comparar los cotizantes equivalentes
a tiempo completo de los años 2000, 1999, 1998, 1997, porque eso sí
nos permitiría hacer esa identidad que es necesaria: pensión media
igual a ingreso medio por cotizante. Con lo cual solamente nos
tendremos que preocupar de que el número de afiliados guarde la
correspondencia que tiene que guardar con el número de pensiones. Es
verdad que como consecuencia de esa mayor rotación en el mercado de
trabajo, se ha producido un ingreso medio más bajo porque a lo mejor
no cotizan los trescientos y pico días al año, sino que cotizan
menos. (La señora López i Chamosa: Cada vez menos.-Rumores.) En
realidad, eso es lo que yo le quise decir cuando le hacía esa
observación. Solamente quería aclarar este punto en relación con lo
que le había advertido anteriormente.

Por último, le pedimos que el próximo cuadro que nos traiga sea en
euros porque, si hablamos de futuro, la peseta ya no existirá.




El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz López.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Quería decirle al señor secretario
que en esta Comisión normalmente, por lógica, nos solemos llevar
bastante bien, pero tenemos diferencias políticas en algunos temas,
puesto que los que estamos aquí pertenecemos a distintas
organizaciones políticas. Por eso, si en mi intervención o en mis
preguntas ha apreciado alguna intención política creo que puede ser
lógico porque en algunos temas no coincidimos. Por ejemplo, respecto
al asunto de la reducción de cuotas, en el reciente debate que ha
habido sobre la reforma laboral ha aparecido este tema y yo
me he quedado muy tranquilo con la respuesta que usted me ha dado.

Nosotros apuntamos por que el déficit no se aplique a la reducción de
cuotas ya que supondría no pensar en el futuro y tomar decisiones con
demasiada alegría. Yo sé que el superávit no se emplea para
carreteras, está claro; pero, por ejemplo, sí se emplea para pagar
los complementos a mínimos y demás. Cuando yo le he hecho esa
pregunta es porque quería saber con exactitud dónde va el superávit.

Si va todo al fondo de reserva, mejor, miel sobre hojuelas, porque
nuestra posición política es que todo tiene que ir al fondo de
reserva y no a otras cuestiones. Yo sé que la cuestión de los
complementos a mínimos es otra de las diferencias políticas que
podemos tener en cuanto a dejar de alguna forma zanjado este tema, lo
mismo que ocurre con la separación de fuentes, que ya está en marcha.


En fin, hay muchos aspectos, pero mi pregunta iba dirigida a ese
aspecto concreto.

Aunque sé que hay un acuerdo que no se ha desarrollado todavía, le he
formulado una serie de preguntas por la inquietud que todos sentimos.


Ya sé que hay una comisión de seguimiento -nosotros tenemos relación
con los sindicatos y nos reunimos-, pero esta mañana teníamos aquí
nada más y nada menos que al secretario de Estado de la Seguridad
Social y, por lo tanto, era lógico que le hiciéramos algunas
preguntas para ver si se nos daba alguna información sobre aspectos
que el acuerdo no precisa, como es el tema de la jubilación flexible
y la dependencia, a lo que me parece que en el acuerdo se le dedica
un renglón, pero no se desarrolla nada. En los tiempos que estamos y
sabiendo que esto se desarrollará en el debate de presupuestos,
quería conocer si se perfilaba ya algún aspecto en cuanto a
desarrollar estos temas.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Voy a intervenir con absoluta brevedad. En primer lugar, quiero
manifestar mi coincidencia con el señor Griñán. He hablado de
ingresos medios por cotización, que no es lo mismo que cotización
media, y con la pensión media he manifestado la coincidencia. Me
refería al hecho relevante de cómo está subiendo el conjunto de los
ingresos por cotizaciones en relación con la pensión media, pero con
ello no quiero decir que estuviera comparándolo o igualándolo a los
ingresos medios por cotizaciones que no han crecido tanto, pero entre
otras cosas -y el señor Griñán lo ha dicho también y me parece muy
importante resaltarlo- por el crecimiento que ha habido en nuestro
país de las pensiones mínimas. Estamos regularizando pensiones por
encima del IPC y, en este caso, las pensiones mínimas, que traen
consigo que se produzcan esas distorsiones, aunque tiene muchas más
causas, como también - y he hecho alguna referencia- que la elevada
temporalidad o rotación en



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nuestro mercado de trabajo puede conllevar que se produzcan
decrementos en las cotizaciones donde antes teníamos largas carreras
estables y laborales con unas cotizaciones que se mantenían a lo
largo de todo el año. Ahora puede existir contratación temporal donde
hay menos cotización porque no se produce ésta en los momentos en los
que uno no está trabajando o percibiendo la prestación contributiva
del desempleo.

Quiero decirle al señor Ruiz López que este es un foro político. Los
diputados que conocen bien a este Secretario de Estado saben que no
voy a evitar ningún debate político, por naturaleza. No lo he hecho
nunca y no estoy dispuesto a cambiar. Normalmente existen, aunque en
esta Comisión nos llevemos bien, diferencias políticas que se tienen
que mantener en cada uno de los discursos que realizamos, aunque sea
también en orden al sistema de protección social. Lo que me
preocuparía sería coincidir en todo con S.S. y como no coincidimos,
me voy de esta Cámara más tranquilo. De todas maneras, me va a
permitir que resalte que lo importante en esta Comisión, y es lo que
pretende el Gobierno con su presencia, con la aportación de cualquier
estudio y con lo que estimen SS.SS. que puede el Gobierno aportar en
un momento determinado, es que se produzca la coincidencia que se
produjo en 1995 y que seamos capaces de volver a coincidir, dejando
de lado lo que nos pueda separar y coincidiendo en todo aquello que
nos pueda unir en la revisión de las recomendaciones del Pacto de
Toledo. La sociedad española en su conjunto, los pensionistas de hoy
y los que quieren serlo mañana, los que a lo mejor lo ven muy lejano,
están esperando del Gobierno, de los agentes sociales y
principalmente del Parlamento, que sean capaces ustedes de fijar
claramente cuáles son las directrices que tenemos que desarrollar
posteriormente, sea quien sea, pero que dan confianza al conjunto de
la población en su sistema de protección social y, por ende, en
aquellos que han sido capaces de fijar esas directrices que son los
representantes de la soberanía popular.

No voy a entrar ahora en debates cortos, pero ha hecho S.S. una serie
de apreciaciones que quiero contestar en la medida de lo posible. Los
complementos a mínimos no se pagan con el superávit de la Seguridad
Social; ya pagábamos complementos a mínimos y no teníamos superávit
en la Seguridad Social. Los complementos a mínimos se pagan con los
ingresos de la Seguridad Social. La discusión que tuvimos en su
momento era qué parte debían ser transferencias del Estado y qué
parte debían ser ingresos que provenían de las cotizaciones, debate
ya resuelto porque decidimos que todo se debía financiar a través de
las aportaciones del Estado, y como vimos que no era posible
hacerlo de hoy para mañana, ya se pactó política y socialmente que
tendría que haber un desarrollo paulatino para no poner en riesgo
otros tipos de políticas, pero que no tienen nada que ver con las
expresiones que ha utilizado su señoría.

Permítame que aquí la coincidencia me alegre, porque ya he visto lo
que va a ser, al menos en la parte que afecta a la Seguridad Social,
el apoyo de su grupo a la ley de estabilidad presupuestaria, porque
esta ley que ha sido presentada por el Gobierno dice que el superávit
de la Seguridad Social, los excedentes de la Seguridad Social, se
deben dedicar preferentemente al fondo de reserva. Veo que
coincidimos y doy por sentado el apoyo de su grupo al menos a ese
aspecto de la ley de estabilidad presupuestaria. Permítame que
después de citar una coincidencia me refiera a una no coincidencia.

Permítame que no tenga la misma opinión que S.S en cuanto a que los
acuerdos crean incertidumbre. Los acuerdos, en todo caso, siempre
tranquilizan a la sociedad que es a la que se le manda el mensaje de
que hay acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales y, además, si
son acuerdos tan completos como el último acuerdo al que llegó el
Gobierno con los agentes sociales, tranquilizan aún más porque ya
llevan en sí mismos el acuerdo prácticamente: cuáles tienen que ser
no la gradualidad de su desarrollo, sino las medidas y el contenido
a desarrollar. De la dependencia, no son dos líneas, son dos caras de
folio, pero no vamos a discutir aquí sobre cuánto llenamos en negro
sobre blanco y la importancia que le damos porque hubiéramos hecho
más o menos. El fenómeno de la independencia tiene una enorme
importancia y estoy seguro de que así va a ser tratado por esta
Comisión, por el Gobierno y los agentes sociales.

Sin embargo, permítame, señoría, que acabe como anteriormente, que
resalte mucho más las posibles coincidencias, que son mucho más
importantes para la sociedad española. El Gobierno está completamente
seguro de la responsabilidad de los grupos parlamentarios y no sólo
de la responsabilidad de los grupos parlamentarios, sino en su bien
hacer de aquí a cuando estimen SS.SS. que tienen que acabar sus
trabajos en beneficio no del Gobierno, sino de la sociedad en su
conjunto y, sobre todo, de quien hoy trabajadores son y aspiran
también a ser pensionistas en algún momento determinado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y treinta minutos del mediodía.