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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 272, de 21/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 272
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4627 a la 4646. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 30
celebrada el jueves, 21 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
en el municipio de Águilas (Murcia). Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000726.) ...
(Página 8228)
- Relativa a la revisión de sentencias y restitución moral de los
españoles fusilados durante el franquismo por motivos políticos y de
conciencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000596.) ... (Página 8231)
- Relativa a la ampliación de la plantilla de la comisaría provincial
del Cuerpo Nacional de Policía de Guadalajara. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000814.) .
. . (Página 8235)
- Relativa a la inclusión de la creación del juzgado de Álora en la
próxima modificación de la ley de demarcación y de planta judicial.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000765.) . . . (Página 8237)
- Para limitar el consumo y el acceso de los menores de edad al
alcohol. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000316.) . . . (Página 8241)
- Sobre el incremento de las dotaciones policiales en los municipios
turísticos del Alt Maresme (Barcelona) durante los meses de verano.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000753.) . . . (Página 8244)
- Sobre restauración del antiguo edificio de Aduana y cesión del
inmueble que formaba parte de las dependencias de la aduana al
Ayuntamiento de Rosal de la Frontera (Huelva). Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000779.) .
. . (Página 8244)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a dar comienzo a la sesión. (El señor López Garrido pide la palabra.)
Señor López Garrido, ¿qué desea?
El señor LÓPEZ GARRIDO: Queríamos solicitar de la Presidencia de la
Comisión el aplazamiento para una ulterior reunión del punto número 2
del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre los derechos de los ciudadanos ante la justicia.
Desearíamos quedase como un asunto planteado ante la Comisión a
debatir posteriormente.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención sobre este asunto? (Pausa.)
Así se acuerda, señor diputado. Queda aplazado, por tanto, el punto
numero 2 del orden del día.
Informo también a SS.SS. de algunas variaciones en el orden del
debate. Vamos a debatir, en primer lugar, el punto que aparece en el
orden del día como número 4; en segundo lugar, el que aparece como
número 3; en tercer lugar, el que aparece como número 8 y, a
continuación, seguiremos el orden del día tal como está fijado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
EN EL MUNICIPIO DE ÁGUILAS (MURCIA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000726.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo con el punto que aparece en el
orden del día como 4 y que se
refiere a la creación de un juzgado de primera instancia
e instrucción en el Municipio de Águilas de Murcia. La iniciativa de
esta proposición no de ley es del Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, muchas gracias por la
hospitalidad de esta Comisión a la que acudo por primera vez para
defender una proposición no de ley que trae causa de una
reivindicación popular de un municipio de la Región de Murcia, que es
Águilas, de un sentimiento colectivo que no es solamente el de este
término municipal sino el de todos los grupos políticos de la
Asamblea Regional de la de Murcia, una demanda que además se ampara
en el buen juicio y sobre todo en principios que van estrictamente
unidos a la idea de una justicia con capacidad de proximidad, con
capacidad de inmediación, con rapidez en la resolución de los
asuntos.
Señorías, me gustaría decirles que soy desde el principio consciente
de que los problemas de la Administración de justicia, especialmente
los de la demarcación y la planta naturalmente se prestan a
precisiones varias y que sin duda alguna es necesario adecuar los
medios disponibles a las muchísimas demandas que hay para establecer
términos judiciales y simultáneamente juzgados. Sé que en muchísimos
lugares de España hay demandas similares a las que en este momento
traigo aquí. Sé que bien recientemente se ha suscrito un acuerdo
calificado como pacto de Estado por virtud del cual hay el compromiso
de elaboración de un mapa judicial en España para proceder, de
acuerdo con un plan, a una mejor y más amplia prestación de medios.
Sin embargo, me gustaría recordar desde el principio, especialmente a
los demás grupos parlamentarios, lo que es la naturaleza debida de
una proposición no de ley. Una proposición no de ley no es un cambio
legislativo, una proposición no de ley no es ni
siquiera un decreto, una proposición no de ley no es una decisión
administrativa, una proposición no de ley es sobre todo una expresión
de voluntad política, que naturalmente tiene la fuerza política
vinculante que tiene cualquier expresión que surge de una Cámara como
es el Congreso de los Diputados, pero que después, antes de ser
implementada, tiene que pasar por los adecuados filtros, incluso por
la discusión de oportunidad, especialmente cuando su cumplimiento
lleva consigo aparejado la modificación de leyes, como la Ley de
demarcación y planta. Me gustaría señalar desde el principio que lo
que quiero es buscar la complicidad de todos los grupos
parlamentarios presentes ante una reivindicación que tiene fundamento
y que naturalmente deberá ser posteriormente sometida a las
consideraciones oportunas derivadas de la nueva planificación en
torno al establecimiento de partidos y juzgados en España.
La reivindicación de un juzgado para Águilas trae su fundamento en
algunos preceptos legales. En la Ley de demarcación y planta del año
1981 se fijaban algunos criterios de carácter poblacional, así como
de dimensión adecuada de los términos judiciales, y posteriormente la
modificación que sufrió en 1998 establecía, a través del artículo
32.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que un partido judicial
se puede modificar teniendo en cuenta el número de asuntos, las
características de población, los medios de comunicación, las
comarcas naturales e incluso se tomaban en consideración cosas que ya
habían venido ocurriendo en municipios de la Comunidad Valenciana o
de Canarias, donde no se llegaba a los límites poblacionales
inicialmente establecidos y donde, no obstante, las características
turísticas de algunos de sus municipios podrían aconsejar que se
dotaran de juzgados especiales o de más juzgados o de juzgados
singulares.
Esto es algo que se aplica de una manera absoluta a un municipio como
el de Águilas. Si SS.SS. han tenido la inmensa fortuna de conocer un
municipio de tanta riqueza y de tanto dinamismo sabrán que hay una
población de derecho pero que la población de hecho tiene poco que
ver con ella. De hecho, la población de derecho en enero de 1998 era
de 26.179 habitantes, pero con los informes que obran en mi poder
derivados de las instancias municipales, de las autoridades
estadísticas de la Región de Murcia, de la Policía Municipal, de las
organizaciones empresariales, de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Murcia, etcétera, sin querer aburrirles con datos
estadísticos pormenorizados, que pongo a su disposición, es bastante
sencillo sacar la conclusión de que la población de hecho por término
medio, teniendo en cuenta además las variaciones estacionales que se
dan en este municipio, supera con mucho el límite de los 50.000
habitantes. De hecho, cualquiera que haya estado allí en época de
verano, que va desde junio sin duda alguna hasta quizás octubre, en
todo caso hasta septiembre, se dará
cuenta de que esa es una población que crece exponencialmente y que
nada tiene que ver con la población de derecho. Si uno analiza el
número de viviendas que pueden ser segundas viviendas pero que cada
vez son menos segundas viviendas para ser residencias de bastante
habitualidad para muchos ciudadanos que se desplazan fines de semana
o incluso días entre semana desde otras localidades colindantes o no
tan colindantes, sabrá que efectivamente el número de personas de
Águilas es muy distinto del de su población de derecho. Esto también
se pone de manifiesto cuando uno contempla el ritmo de la actividad
económica en Águilas, un municipio que tiene una base económica
fundamentalmente ligada a la agricultura, pero de la que se han
seguido también otro tipo de actividades económicas, industriales, de
exportación, comerciales, etcétera, de una enorme intensidad, hasta
el punto de que el ritmo de creación de empresas en el municipio de
Águilas en este momento es uno de los más intensos de la Región de
Murcia, de acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación.
En el municipio de Águilas históricamente hay la memoria colectiva de
un juzgado, ya que el antiguo juzgado municipal se convirtió en un
juzgado comarcal en el año 1947, que en el año 1977 pasó a ser un
juzgado de distrito y la Ley de demarcación y planta lo convirtió en
un juzgado de paz dependiente del partido judicial de Lorca. Los
datos que se pueden obtener a partir de la memoria de la
Administración de justicia ponen de manifiesto que un porcentaje nada
desdeñable de los diferentes asuntos, tanto civiles como penales
tramitados en los tres juzgados que hay en Lorca, tienen su origen o
han sido propiciados por hechos ocurridos o iniciados en Águilas; más
del 24 por ciento de las diligencias penales y no menos del 20 por
ciento de todos los procedimientos de carácter civil tienen su origen
en el municipio de Águilas. Por lo tanto, hay razones de población,
razones económicas, razones inmediatez, razones de proximidad,
razones incluso de alivio de la carga de los juzgados de Lorca como
para que, incluso sin considerar la posibilidad de crear un nuevo
partido judicial, pueda y deba crearse un nuevo juzgado en el
municipio de Águilas.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor presidente.
Déjenme añadirles algunas razones que tienen que ver con el acuerdo
general que en esta materia ha existido en la Región de Murcia y que
se remonta a una fecha tan lejana en el tiempo como en el año 1994.
No es ya solamente que el Pleno municipal lo acordara por unanimidad
de todas las fuerzas políticas, es que en el año 1995, en la Asamblea
Regional de Murcia se logró un acuerdo entre todas las fuerzas
políticas para que,
coincidiendo en lo fundamental, que era la necesidad de que la
justicia se proporcionara con una mayor rapidez y con una mayor
diligencia, los distintos grupos parlamentarios se expresaran en una
posición común. Podría leerles en este momento las enfáticas
posiciones que en aquel momento mostró cada uno de los portavoces de
los grupos parlamentarios, entre las cuales no fue la menos enfática
desde luego la del Partido Popular, que naturalmente quiso también
apoyar, como lo hizo Izquierda Unida, como lo hizo el Partido
Socialista, una posición favorable a la modificación de la Ley de
planta que hiciera posible precisamente la creación de este juzgado.
Por todas estas razones, señorías, les vuelvo a recordar lo que decía
al comienzo de mi intervención. Yo no les digo que hagamos aquí la
ley de planta, que no nos compete en este momento, ni que tomemos una
decisión que no esté relacionada con otras muchas que habrá que
tomar. Lo que sí les pido es que haya una declaración de voluntad
política por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, que no prejuzgue ninguno de los pasos ulteriores que haya
que dar para la modificación de la Ley de demarcación y planta, pero
que acepte algo que viene de muy lejos, que tiene una honda
raigambre, que tiene estudios que lo avalan, que tiene razones que lo
fundamentan como para dar la satisfacción a los ciudadanos de Águilas
y a las muchísimas personas que allí pasan su vida, su verano u otras
etapas de cada año, de que habrá también un juzgado que podrá ser
capaz de resolver sus asuntos con mayor inmediatez. De paso,
liberaremos a los juzgados de Lorca de buena parte de la carga que en
este momento tramitan y que tiene su origen en Águilas.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra el
señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Comparezco ante esta Comisión para exponer la
postura de mi grupo respecto a la proposición no de ley presentada
por el Partido Socialista, con relación a la creación de un juzgado
de primera instancia e instrucción en Águilas. Señor Eguiagaray, su
proposición no de ley no es que sea inadecuada, que no lo es, pero sí
inoportuna y no digo que no tenga razón, salvo alguna exageración
relativa a los datos poblacionales o al peso específico que pueda
tener Águilas, que en la región de Murcia es mucho, y podríamos
suscribirla íntegramente. Pero, como he señalado al principio,
creemos que es inoportuna en el tiempo.
Que se hayan producido tiempo atrás decisiones, tanto del
Ayuntamiento de Águilas como de la Asamblea Regional, en nada empece
que las circunstancias en las que haya de analizarse esta proposición
no de ley sean las actuales. Proposición de la que conocemos su
contenido y la vocación y voluntad de las decisiones
que en la misma se adoptan, pero que hay que analizar dentro del
marco general, dentro de todos los intereses generales que en este
momento concurren. Lo que sí sería oportuno es retirar esta
proposición no de ley, y se lo voy a fundamentar.
Cuando su partido y el mío han suscrito el pacto de Estado para la
reforma de la justicia, entre cuyos asuntos se encuentra la
realización de un nuevo mapa judicial, con cuestiones tan importantes
como la potenciación de la justicia de proximidad, la creación de un
nuevo tipo de órgano, el juzgado de lo civil, el desarrollo de los
juzgados de familia, por no señalar otras cuestiones como la creación
de los juzgados especializados en temas como los mercantiles y,
además, dicho pacto de Estado establece una comisión de seguimiento,
no parece lo más oportuno que cuando todavía está fresca la tinta con
la que se ha firmado empecemos a condicionar o, al menos, orientar el
cumplimiento de dicho pacto. Sabe S.S., y lo ha reconocido, que su
proposición no de ley obliga a alterar la demarcación para la
creación de un nuevo partido judicial, lo cual se debe hacer mediante
una ley. No parece lo más oportuno que empecemos a parchear y a
incorporar cuestiones a un pacto de Estado que hemos suscrito y que
sí es una gran declaración política que enmarca las voluntades de los
partidos mayoritarios que han tomado la decisión de caminar juntos en
ese reto que es la reforma de la justicia. Sería enturbiar la
limpieza, la credibilidad y la propia razón de ser de este pacto de
Estado, que tiene una vocación de globalidad.
Creo que en estos momentos la proposición no de ley no es de recibo e
insto a la sensibilidad de S.S. para que dejemos trabajar en el
cumplimiento global del pacto. Lo más probable, casi seguro, es que
cuando se estudie el nuevo mapa judicial, Águilas justificará
sobradamente disponer de uno o más órganos judiciales. Pero tiene que
entender que es absolutamente extemporáneo que dirijamos ya al
Gobierno hacia un juzgado de primera instancia e instrucción cuando
no sabemos cómo va a ser ordenado dicho mapa, ni cuál va a ser el
criterio de creación de nuevos partidos judiciales. Tampoco sabemos
cuáles van a ser los nuevos órganos y las funciones que se van a
crear como consecuencia de la ejecución del pacto de Estado. No
valdría de nada un pronunciamiento en este momento, que sería tildado
en todo caso de oportunista, pero nunca de oportuno.
Señor Eguiagaray, le vuelvo a invitar a que retire la proposición no
de ley y que dejemos que sea el desarrollo del pacto de Estado el
que, a través del mapa judicial, tome las medidas oportunas en
relación con las necesidades de Águilas, momento en el que estoy
seguro que Águilas dispondrá de órgano judicial, pero ahora le
insisto en que no es oportuno. Y por el solo hecho de quedar bien, mi
grupo no va a votar a favor. El Congreso debe ser serio y nuestra
responsabilidad nos obliga a profundizar en los temas y a no tomar
decisiones que pueden ser frívolas sólo porque sean cara a la
galería.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición? (Pausa.)
Concluido el debate, pasamos al punto siguiente. (El señor Gil Lázaro
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Si S.S. y el resto de los grupos no tuvieran
inconveniente, hemos hecho unas alteraciones del orden del día.
Pediríamos, si es posible, y los demás grupos no tienen
inconveniente, que a continuación del tercer punto real que vamos a
debatir, que es el que afecta a la proposición no de ley relativa al
Cuerpo Nacional de Policía de Guadalajara, pudiéramos incluir como
cuarto el número 6, relativo a la modificación de la Ley de
demarcación y planta judicial para la creación de un juzgado en
Álora.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún problema? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, si procede, me gustaría
hacer uso de la palabra para hacer alguna aclaración ante las
palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Eguiagaray. Hemos acordado que
el punto 6 para a ser número 4 en el orden del día.
Señor Eguiagaray, tiene la palabra para un segundo turno.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Quiero ser muy breve, pero quiero dejarle
claro al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que esta propuesta
me parece oportuna. En todo caso, el oportunismo no es un estilo que
el Grupo Parlamentario Socialista practique. Es una propuesta
planteada anteriormente a la existencia del pacto y dicho pacto no
empece a su aceptación. También me gustaría decirle que las
interpretaciones de los pactos no significan silencios. Los pactos
son precisamente para acercar la justicia a los ciudadanos. Cuando
los socialistas hemos suscrito, de buena fe y con todo el deseo de
contribuir a ello, un pacto a favor de la justicia, es para que cosas
como ésta, aunque ésta no es la más grande, puedan ser llevadas a
término. No creo que haya ninguna contradicción entre lo uno y lo
otro. Pero me parece muy mal, como forma de interpretación de
nuestras relaciones, que cuando alguien insiste en que se acerque la
justicia a los ciudadanos se le acuse de oportunista o de trabajar
para la galería.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Voy a contestar muy brevemente y de la forma
más cordial posible al señor Eguiagaray, significándole que la
proposición no de ley tiene entrada en la Secretaría General de este
Congreso el 26 de abril de 2001. Si siendo en dicha fecha, cuando ya
se estaba gestando desde febrero el pacto por la justicia, no se
puede decir que sea oportunista esta proposición no de ley, parece
que estamos lejos de los criterios temporales y de los instintos
políticos que demandan nuestras actuaciones en cada momento. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero pedir disculpas al señor
Eguiagaray. Interpretaba de las palabras del presidente que se había
dado por concluido el debate y por eso he intervenido para una
cuestión de orden.
- RELATIVA A LA REVISIÓN DE SENTENCIAS Y RESTITUCIÓN MORAL DE LOS
ESPAÑOLES FUSILADOS DURANTE EL FRANQUISMO POR MOTIVOS POLÍTICOS Y DE
CONCIENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000596.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el que figura
en el orden del día con el número 3: Proposición no de ley relativa a
la revisión de sentencias y restitución moral de los españoles
fusilados durante el franquismo por motivos políticos y de
conciencia. Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
GÓMEZ:
El señor CENTELLA Señorías, durante la dictadura franquista se
produjeron muchas ejecuciones por motivos políticos exclusivamente.
En muchos de estos casos fueron ejecuciones extra judiciales, pero
también en otros casos los fusilamientos se revistieron de algún tipo
de formalidad, por llamarla de alguna manera, jurídica. No es
necesario ponderar la sensibilidad de este tipo de crímenes cometidos
durante el franquismo, pues cualquier demócrata tiene que entender
que la eliminación física, el fusilamiento de un opositor político es
criticable y rechazable desde todos los puntos de vista.
Pues bien, señorías, los herederos de algunos de estos ciudadanos
españoles fusilados por sus ideas políticas durante la dictadura han
tratado de restablecer el buen nombre de sus familiares y en el curso
de los procesos de revisión de sentencias se han encontrado con la
desagradable sorpresa de que en los tribunales de este Estado, que
todos reconocemos como democrático, se les
niega esta restitución, en virtud de ajustarse al derecho de la época
de la sentencia de ejecución franquista.
Por poner un ejemplo, hay una sentencia del 3 de marzo de 1999, de la
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por la que se niega la
revisión de una sentencia de 1933 por la que se ejecuta a don Joaquín
Delgado y a don Francisco Granados -según la sentencia- de acuerdo
con la legalidad entonces vigente. No es intención de este grupo
parlamentario entrar a debatir estas decisiones judiciales que nos
parecen realmente criticables, pero sí consideramos importante, más
allá de los razonamientos jurídicos procesales, fortalecer la cultura
democrática que, en ningún modo, puede admitir que se den situaciones
de este tipo. No es de recibo, como decía, que los herederos de los
ejecutados por la dictadura tengan que recibir sentencias en las
cuales se plantee, desde un poder judicial democrático, que sus
familiares, que cualquier ciudadano de este país fue legalmente
fusilado en tiempo de la dictadura. Este tipo de resoluciones
judiciales no ayudan a conectar al pueblo con la justicia, a dar
credibilidad a la justicia y ni siquiera a dar credibilidad a la
democracia y lo, que es más importante, dañan seriamente la
legitimidad material del orden constitucional presente.
Creemos que es una situación que hay que cambiar. Se han dado pasos
en esta Cámara para reconocer que no eran fusilados legalmente y que
mucha gente contribuyó con su sangre a que en este país podamos
contar hoy con una democracia. Por tanto, es muy importante que este
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que se inicien los
trámites necesarios para que se reforme la legislación vigente en
materia de revisión de sentencias, de forma que los herederos de los
ejecutados por el franquismo por motivos políticos y de conciencia
tengan cauces procesales específicos y viables de revisión de los
procesos judiciales por los que se eliminaron físicamente a sus seres
queridos, para que cualquier demócrata de este país que fue fusilado
tenga el reconocimiento de que precisamente fue fusilado por ser
demócrata y no de una manera legal.
También tratamos de que el Congreso inste al Gobierno a que
establezca algún tipo de programa público de restitución moral de
todos los españoles que fueron fusilados durante el franquismo por
motivos políticos y de conciencia, de tal suerte que se pueda
reconocer y ponderar el sacrificio de estas personas a favor del
régimen de libertades del que hoy podemos disfrutar. Creemos que es
de justicia histórica reconocer esta situación. Por tanto, entendemos
que hoy, igual que semanas atrás se han dado pasos en ese sentido,
podíamos dar un paso más en este reconocimiento.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Algún Grupo quiere
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, en consecuencia con nuestra
postura de siempre, cuando se alude a la guerra civil, o, mejor, por
qué no decirlo, al Alzamiento y sus consecuencias, y también con el
lado en el que mi partido se situó entonces, por decirlo en palabras
de don Manuel de Irujo, con la democracia y con la república, mi
grupo va a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida.
El esfuerzo de superación del pasado, lo he dicho en otras ocasiones
en esta Cámara, no debe llevarnos al olvido de quienes pagaron con
sus vidas la defensa de sus ideas, la defensa de lo que entonces era
el Estado de derecho constituido. Es una actuación que, en modo
alguno, consideramos que es revancha, sino que es rescate del olvido.
Se aludirá, sin duda, porque desde luego problemas sí que los hay, a
los problemas técnicos que pueda suponer la adecuación de la
normativa que se pide. Siempre hemos sido rigurosos con las
cuestiones técnicas, pero en este caso, la verdad es que nos importan
menos que el contenido ético y, por qué no decirlo, también justo de
lo que desde Izquierda Unida se propone. Búsquese la fórmula, que
fórmulas hay, e incluso ofrecemos ya desde ahora la colaboración de
la aportación técnica que mi grupo puede hacer para conseguir lo que
la iniciativa propone.
Una última cuestión. Izquierda Unida en la justificación de lo que
propone hace referencia a dos personas concretas en la revisión de
cuyas causas no fue posible porque así lo ha considerado el Tribunal
Supremo, en sentencia del 3 de marzo de 1999. Me gustaría aprovechar
la ocasión para traer a esta Comisión, aunque sea como un primer paso
de rescate del olvido de personas concretas, el hallazgo -dicho sea
entre comillas- que la Comisión nacional de la mujer, de mi partido,
hizo en fecha reciente en relación con fusilados de la guerra.
Siempre habíamos sabido que muchos de nuestros militantes habían dado
su vida por su ideología en aquellos tiempos, pero hemos conocido con
sorpresa que también hubo mujeres fusiladas. Siendo yo mujer, y por
lo menos porque tengan este pequeño reconocimiento en el 'Diario de
Sesiones', me gustaría citar a dos fusiladas en la noche del 5 al 6
de noviembre del año 1937, Florencia Olazagoitia Zeziaga y Paula
Múgica, una de ellas por ser nada más o nada menos que espía, o de
eso se le acusaba, estando embarazada de su cuarto hijo, y la otra
por pertenecer al movimiento de mujeres de mi partido Emakume
Abertzale Batza. Entre tantas, me gustaría rescatarlas del olvido
porque merecen ser recordadas, lo merecen todos y, por tanto, como ya
he manifestado, por estas razones, mi grupo va a apoyar, sin ninguna
duda, esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Gracias, señor presidente por darme la
oportunidad de intervenir en esta Comisión de Justicia e Interior.
Vaya por delante que
no es la intervención que me gustaría hacer, porque, para cerrar una
página de la historia, conviene abrir antes el libro entero y
exponerlo a la luz, que es el modo que, sabiendo, podremos no
incurrir en repeticiones y restablecer la dignidad de miles de
personas que no pudieron ver la democracia de la que disfrutamos y de
miles y miles de familias que ni siquiera pudieron llorar a sus seres
más queridos.
Entrar en la iniquidad de un sistema legal establecido de modo
violento a través de una guerra civil, me parece ocioso, es sabido de
todos, pero entrar en las causas judiciales que llevaron a la muerte
a seres humanos, a algún diputado, por ejemplo, al doctor Peset
Aleixandre, rector de la Universidad de Valencia, médico prominente,
al que la Universidad de Valencia ha dedicado un homenaje en el 60
aniversario de su fusilamiento en Paterna, entrar en eso, digo,
merece la pena, puesto que fue condenado -era diputado de Izquierda
Republicana, insisto, y rector de la Universidad de Valencia- y
fusilado por una simple denuncia de Falange Española Tradicionalista
y de las JONS, además, inicialmente anónima. Es decir, sin entrar en
el fondo, este diputado entiende que va siendo hora de dejar el goteo
de iniciativas y que podría ser conveniente abrir un debate general,
como se ha hecho en otros países democráticos, a raíz de las
consideraciones de momentos trágicos de su historia, sea Italia, sea
Francia, sea Bélgica; merecería la pena ese debate general con el
sosiego que proporciona una democracia asentada, no sólo en sus
instituciones sino en el interior de las conciencias de las
ciudadanas y los ciudadanos de este país. Merecería la pena, puesto
que el olvido suele ser el peor de los remedios a que lleva una
enfermedad que es la amnesia, y la amnesia tiene cura, y tiene cura
si decimos, en público, alto y bien fuerte, que rechazamos esa
violencia que se instauró en nuestro país de 1936 hasta 1939, en
forma de guerra civil, pero que continuó durante años. El
fusilamiento del rector de la Universidad de Valencia fue en mayo de
1940, es decir, en pleno sosiego de una victoria, cuando ya la
depuración de responsabilidades podría haber dejado paso a aquella
proposición de don Manuel Azaña de paz, piedad y perdón. No solamente
no se produjo sino que vimos cómo se aceleraba la represión y se
extendía por todo el país.
Con independencia de que sigo pensando que se requeriría ese debate
de carácter general, porque un día son los guerrilleros, otro día son
los veteranos del ejército popular de la república, otro día son los
represaliados en las cárceles, etcétera, merecería la pena que el
Congreso de los Diputados reconociera la virtud ejemplar de miles de
conciudadanos que dieron su vida por defender un régimen que
entendieron, y el diputado que les habla entiende, que era el régimen
legal que se habían dado los españoles a partir de la Constitución de
1931.
Sigue habiendo en nuestras calles y plazas símbolos superados por la
Constitución de 1978, sigue cayendo el olvido sobre miles de
ciudadanos que dieron y entregaron su vida y que en el marco de la
Constitución de 1978 les consideraríamos héroes o al menos seres
ejemplares. Van a tener nuestro voto a la iniciativa de Izquierda
Unida y van a tener también, señor presidente, nuestra colaboración
tanto para revisar ese período siniestro de nuestra historia reciente
como para apoyar cualquier iniciativa de carácter legal. No entro en
el debate de cuál sería la vía más oportuna, creo que por encima de
todo está la restitución de la memoria, pero tendrán nuestra
colaboración también en el caso de que se inicien o se traigan
iniciativas de carácter legal que permitan esa revisión jurídica,
porque la moral, el reconocimiento, señorías, entiendo que debería
ser unánime. En ese sentido, y vuelvo al principio, conviene que
cerremos la página pero abriendo antes el libro, y nunca deseo ni
para mí ni para quienes nos sucedan ninguna desgracia y sonrojo como
la que proporciona la lectura del sumario contra el doctor Peset. ¿Un
caso único? No, en absoluto, era constante. Yo he tenido más tiempo
para defender la posición de mi grupo en este momento que la que tuvo
el diputado y rector de la Universidad de Valencia, Juan Bautista
Peset Aleixandre, para defenderse ante un consejo de guerra urgente y
sumarísimo, que le tuvo año y medio en espera de su ejecución en mayo
de 1940.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, agradezco esta alteración
del orden del día, puesto que soy responsable por haber llegado
tarde.
Ciertamente, no es la voluntad de mi grupo reabrir heridas y, por
tanto, tengo que mostrarme muy conforme con las palabras y con la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista respecto
a que quizá lo conveniente es abrir un debate de carácter general que
permita restituir los derechos jurídicos y morales de tantas personas
que dieron su vida luchando por la democracia. Quizá esto ponga fin a
lo que él denominaba goteo de resoluciones, de planteamientos de
rehabilitación de guerrilleros, de exiliados, a través de la Ley de
presupuestos de hace dos años; después pudimos votar esa subcomisión
para estudiar y homenajear el exilio y los exiliados, en otro caso
represaliados, voluntarios del ejército de la república, etcétera.
Mi coalición, y concretamente mi partido, Unión Democrática de
Cataluña, tiene algunas cosas que decir. Precisamente uno de sus
fundadores, Manuel Carrasco i Formiguera, fue fusilado en 1938,
después de un simulacro de proceso, por no hablar de lo sucedido con
el presidente Companys en 1940.
Por tanto, todo lo que conduzca a esa rehabilitación jurídica, porque
creo que la moral la tienen absolutamente y la tienen de todos los
españoles, merecerá nuestro voto favorable. La reforma fue un
instrumento político que permitió en un momento determinado en la
sociedad española ir hacia una transición pacífica, pero, como se ha
señalado también hace unos minutos, el sosiego, la serenidad, la
tranquilidad que nos dan ya estos 24 años de democracia debería
permitirnos intentar efectuar ese cierre, que en ningún caso
significa olvido, de esa página gris y triste del libro de la
historia de España y de la historia de Cataluña, y que podamos
afrontar el futuro con la tranquilidad de conciencia que nos dará
haber cumplido con justicia con el pasado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, voy a tratar de fijar la posición
del Grupo Parlamentario Popular en relación con la iniciativa que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre revisión
de sentencias y restitución moral de los españoles fusilados durante
el franquismo por motivos políticos.
En primer lugar, me gustaría hacer alguna afirmación que seguro que
todos podemos compartir. Nuestro país sufrió una terrible guerra
fraticida el pasado siglo y, como consecuencia de ello, un régimen
posterior que tuvo actitudes y decisiones propias de su naturaleza y
de su carácter autoritario, que no podemos compartir y que no lo
hacemos ninguno de los grupos de esta Cámara. Posteriormente a ello,
hubo un ejemplar proceso de transición política en el que se dieron
los pasos, se tomaron las decisiones políticas, de carácter legal,
para la superación de las consecuencias de esa guerra fraticida y de
las consecuencias posteriores del régimen que le continuó, y todo
ello dentro de un espíritu de reconciliación nacional que durante la
época franquista fue propuesto por algún grupo que forma parte de la
coalición que ha hecho la iniciativa y que fue asumido por el
conjunto de los españoles. Dentro de ese espíritu de reconciliación
nacional se tomaron decisiones desde el punto de vista político y
legal para cerrar las heridas, compensar situaciones discriminatorias
y restituir moralmente a todos los afectados por esa situación
superada.
Hace unas semanas, en la Comisión de Defensa, con motivo de la
rehabilitación que se proponía en términos jurídicos y políticos de
los guerrilleros, los llamados maquis, tuve oportunidad de repasar
toda la legislación que en esta materia se había adoptado. A ella me
remito, es una parte concreta del asunto. Posteriormente, tomamos una
decisión en el Pleno por la que se produjo una rehabilitación moral y
política de los guerrilleros, unánime de todos los grupos
parlamentarios, son decisiones que se han tomado entre todos. Pero
entendemos que la cuestión que se plantea aquí está cerrada
y bien cerrada entre todos y no entendemos que se deba reabrir. Lo
decimos desde un grupo parlamentario, desde un partido político joven
-el Partido Popular ha nacido en esta joven democracia, en la
transición- y, por tanto, hablamos con la libertad de poder afrontar
los procesos políticos desde la perspectiva del tiempo y sin ninguna
atadura con el pasado, con todo el respeto a los que sí tienen
pasado, que es muy honroso.
El Grupo de Izquierda Unida hace una serie de propuestas de carácter
legal. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, quería completar
las afirmaciones que hemos hecho. En España, desde la recuperación de
las libertades y la aprobación de la Constitución de la concordia de
1978, nadie puede se condenado ni por sus ideas ni por motivos
políticos o de conciencia, etcétera, y conviene recordarlo porque es
algo que a todos nos enorgullece. Nadie puede ser condenado en
nuestro país a la pena de muerte, abolida, afortunadamente, por
nuestra Carta Magna. También nuestra Constitución española de 1978
proclama a nuestro país como un Estado social, democrático y de
derecho, y se establece la primacía de la Constitución y de las
leyes. En este marco es en el que hay que analizar la propuesta
concreta y específica que ha realizado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que trae a debate a esta Comisión una iniciativa por
la que se solicita un cauce procesal específico para la revisión de
las sentencias de los españoles fusilados durante el franquismo por
motivos políticos y de conciencia, proponiendo se inicie la reforma
de la legislación vigente. Vamos a analizar en qué marco estamos.
Sin duda, SS.SS. saben que la revisión de sentencias firmes, en lo
que afecta al contenido de la presente iniciativa, se regula en la
Ley Orgánica Procesal Militar, de abril de 1989, en concreto en el
capítulo II, que habla del recurso de revisión, así como, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 336 del mismo texto legal, en lo
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a los
trámites que en la misma se regulan. En consonancia con la
legislación citada, tan sólo la concurrencia de algunos de los
motivos que se recogen en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para los casos sometidos a lo que podríamos llamar la
legislación civil y el artículo 328 de la Ley Procesal Militar para
este ámbito puede permitir que se proceda a la revisión de la
resolución judicial que en su caso se impugne por esta vía
extraordinaria.
Igualmente, la revisión de las sentencias firmes, al amparo de la
legislación vigente, queda sometida a la previa autorización o
denegación que posibilite o impida la interposición de la pretensión
de revisión, otorgándose a la sala competente la facultad de decidir
si la revisión se fundamenta en alguna de las causas que de forma
tasada se recogen en las normas mencionadas anteriormente. Todo ello,
señorías, en aras de la debida protección de la seguridad jurídica
que consagra el artículo 9. 3 de la Constitución española. La
aplicación
de los principios de eficacia de la cosa juzgada y de la protección
de la seguridad jurídica hace necesario que los hechos juzgados en
cualquier procedimiento sólo puedan ser objeto de una nueva
valoración cuando concurra alguna de las causas taxativamente
previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente y a través del
instrumento procesal adecuado, cual es el recurso extraordinario de
revisión previsto en los artículos 954 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y 328 y siguientes de la Ley Procesal
Militar, correspondiendo a las salas de nuestro más alto tribunal, el
Tribunal Supremo, la competencia para el conocimiento y decisión de
dicho recurso. Ese es el ámbito en el que nos encontramos.
Al Grupo Popular le parece que para promover una reforma de los
recursos extraordinarios de revisión, que es lo que propone el Grupo
de Izquierda Unida, deben darse sólidos argumentos jurídicos y no
simplemente unas valoraciones que respetamos mucho pero que no tienen
ningún fundamento desde el punto de vista jurídico. Para que se cree
un cauce procesal específico debe fundamentarse sobradamente. El
hecho de no compartir una decisión judicial no debe ser el mejor
argumento para plantear una reforma procesal de esta envergadura.
Desde el Grupo Parlamentario Popular no se aprecian circunstancias
que aconsejen la modificación de la relación de motivos que para la
interposición de los recursos de reposición se establece en los
referidos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley
Procesal Militar. Otro tema es la cuestión política, que está
cerrada.
La iniciativa, además de plantear la revisión del mecanismo del
recurso extraordinario de revisión, establecido en nuestras leyes
procesales y garantizado por los órganos jurisdiccionales, propone
una rehabilitación moral. Yo comparto lo que ha dicho el señor Silva.
La rehabilitación moral ya la tienen de todos los españoles las
personas a que se ha hecho referencia en las intervenciones
anteriores. Desde el respeto a lo que hemos hecho desde la
recuperación de las libertades, de la decisión política y en pura
coherencia con la actuación compartida entre todos los grupos
políticos entendemos que, con respeto a las personas y a las
situaciones que aquí se plantean, lo responsable, lo oportuno y lo
coherente es no respaldar la iniciativa que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida presenta.
- RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COMISARÍA PROVINCIAL
DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE GUADALAJARA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000814.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día:
Proposición no de ley relativa a la ampliación de la plantilla de la
comisaría provincial del
cuerpo nacional de Policía de Guadalajara. El proponente es el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: El año pasado por estas fechas formulé una
pregunta por escrito al Gobierno interesándome por las previsiones
acerca del incremento de la plantilla de funcionarios del cuerpo
nacional de Policía en la comisaría de Guadalajara. Un mes después
obtuve la respuesta del Gobierno, en la que se nos anunciaba que la
citada comisaría dispondría próximamente de seis nuevos funcionarios.
Un año después esos seis nuevos efectivos, en la práctica, se han
convertido solamente en tres ya que uno de ellos está realizando un
curso de inspector, otro ha sido destinado al grupo especial de
operaciones y un tercero ha tramitado el pase a segunda actividad,
con lo cual no se ha producido el mencionado incremento. Hay datos
que agravan la situación ya que el catálogo de puestos de trabajo del
cuerpo nacional de Policía del año 1995 establecía que la plantilla
de la comisaría provincial de Guadalajara era de 149 efectivos, que,
a fecha de mayo del año pasado, se reducían a 121 funcionarios, de
los cuales 21 estaban en comisión de servicio o baja prolongada, con
lo cual, al día de hoy, la plantilla efectiva no supera el centenar.
De acuerdo con los datos que maneja la Dirección General de la
Policía, la comisaría de Guadalajara es la peor dotada de la
Comunidad de Castilla-La Mancha de la escala básica de segunda
categoría, es decir, de agentes destinados en los distintos
servicios. Así, de una dotación de 104 efectivos, la ocupación final
es de tan sólo 64 funcionarios, es decir, apenas se cubre un 59,6 por
ciento del total de la plantilla. En el último concurso general de
méritos se han solicitado 15 agentes para incrementar la plantilla
actual, pero hay que señalar que en los dos últimos años han cambiado
de destino o causado baja una veintena de efectivos, por lo cual es
prácticamente mayor el número de funcionarios que causan baja que los
que podrían incorporarse. A ello hay que añadir la expectativa de que
está previsto que unos 29 efectivos pasen a segunda actividad en los
próximos años.
Frente a este panorama de la plantilla, hay que resaltar el
incremento que ha sufrido la comisaría provincial de Guadalajara
respecto a las infracciones penales. El año pasado se cometieron 441
infracciones por delitos, lo que representa un incremento de un 46,5
por ciento sobre el año 1999, y 567 faltas, lo que supone un
incremento de un 10,7 por ciento sobre el año anterior. En el número
de detenciones ha pasado exactamente igual. Se pasó de 375
detenciones en el año 1998, a 420 en el año 1999 y a 493 en el año
2000; un incremento que denota la específica situación de la ciudad
de Guadalajara en el corredor del Henares, que hace que tenga un
elevado número de población transeúnte que se desplaza a la ciudad.
Además, se ha constatado que bandas organizadas de delincuentes
habituales que operan en
localidades del área metropolitana de Madrid han ampliado su radio de
acción hasta la capital. Esto hace que el número disponible de
efectivos de la comisaría de Guadalajara sea insuficiente para
prestar los servicios que requiere esta problemática e incluso
existen problemas para cubrir los servicios fijos imprescindibles. El
caso más llamativo y que pongo de manifiesto en esta Comisión son las
llamadas producidas al 091 que no pueden atenderse. Tengo aquí una
relación de más de 65 llamadas durante el año 2000 que no han podido
ser atendidas por la Policía Nacional por no disponer de vehículos de
servicio ni de personal suficiente. Muchas de esas llamadas se han
desviado a la Policía local, e incluso el módulo integral de
proximidad es un ejemplo que evidencia esta situación dado que, al
carecer de núcleo de respuesta, se ha visto reducido a la mínima
expresión ya que el personal que debe hacerse cargo de este servicio
tiene que desempeñar otras tareas que requieren la presencia
policial.
Así pues, el Grupo Socialista, en base a todos estos argumentos,
presenta esta proposición no de ley para que, en primer lugar, se
cubran las bajas que por traslado, enfermedad o pase a segunda
actividad se estén registrando en la comisaría provincial del cuerpo
nacional de Policía de Guadalajara y, en segundo lugar, para que se
refuerce la plantilla en no menos de 20 funcionarios de acuerdo con
la petición realizada por la comisaría a la división de personal.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Popular, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente.
A nosotros nos importa situar este asunto, como todos los que tienen
relación con el fondo de la cuestión, en términos de consenso y de
trabajo en común con los demás grupos parlamentarios para la búsqueda
de soluciones. No vamos a hacer de ello un debate agrio, como tampoco
lo ha hecho el señor García Breva, lo que sin duda le agradecemos. Lo
cierto es que la comisaría provincial de Guadalajara, al igual que la
mayoría de las plantillas, no tiene cubiertos todos los puestos
debido a que el catálogo fue aprobado en 1995 y desde entonces se ha
experimentado un notable descenso en los efectivos disponibles, ya
que el número de bajas y jubilaciones ha venido superando el de
funcionarios de nuevo ingreso. La solución a la problemática de este
déficit de personal, que no lo es en términos estrictos y exclusivos
de la comisaría provincial de Guadalajara, sino que, como se ha
puesto de manifiesto en esta Comisión a lo largo de las
comparecencias de las autoridades correspondientes, es una situación
que afecta al global de los efectivos del cuerpo nacional de Policía,
pasa necesariamente por el aumento del número
total de efectivos para así poder atender las necesidades de las
diferentes comisarías.
Conviene recordar que para este incremento se han aprobado ya las
correspondientes ofertas públicas de empleo, habiéndose pasado de
2.150 funcionarios en el año 2000 a 3.150 en el 2001, lo cual supone
-todos estamos en situación de poderlo reconocer- un evidente
esfuerzo de la Administración a partir de la conciencia de la
necesidad de corregir el envejecimiento vegetativo de la plantilla
del cuerpo nacional de Policía, así como de situar a dicha plantilla
en las mejores condiciones posibles para atender los requerimientos
globales de seguridad exigibles a nuestro sistema público de
seguridad interior y en concreto a las misiones que debe desarrollar
el cuerpo nacional de Policía.
Por otro lado, hasta que dicho aumento esté disponible, hay que hacer
la distribución de los recursos existentes racionalmente conforme a
las necesidades de las distintas plantillas, situación ésta que todos
podemos fácilmente comprender. Quiero señalar, sin embargo, que la
situación que puede vivir en términos de seguridad ciudadana la
ciudad de Guadalajara, con ser algo que requiere por parte de todos
los grupos políticos y de las administraciones correspondientes el
esfuerzo necesario para incrementar esos niveles de seguridad...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Señores diputados, por favor, guarden silencio para que se pueda
desarrollar el debate.
El señor GIL LÁZARO: Decía que la situación específica que está
viviendo la ciudad de Guadalajara afortunadamente no supera los
términos medios en el ámbito nacional. Téngase en cuenta, por
ejemplo, que las tasas delictivas referidas al último año siguen
siendo inferiores a la media nacional. En el ámbito correspondiente
al cuerpo nacional de Policía el pasado año 2000 supusieron un 53,29
por ciento, mientras que en la ciudad de Guadalajara fueron del 42,84
por ciento. Por otra parte, el señor García Breva ha dado el dato de
que 65 llamadas al 091 no pudieron ser atendidas durante el año 2000.
Estaremos todos de acuerdo en que, efectivamente, la situación ideal
es que todas las llamadas a dicho número, ya se hagan en Guadalajara
o en cualquier otro punto de España, puedan ser inmediatamente
contestadas, pero esas 65 llamadas, con ser un dato que nos mueve
permanentemente a la autoexigencia, no puede ser considerado como
manifiestamente alarmante de que las cosas van radicalmente mal.
Señor presidente, la Dirección General de la Policía ha tratado de
cubrir durante este año el máximo número de puestos -un total de 19-
en la mencionada comisaría con ocasión de diferentes concursos de
vacantes y, en cuanto a próximas previsiones, este añopasarán a la
situación de segunda actividad cinco funcionarios
y, a partir del 1 de septiembre, se reforzarán los servicios de la
comisaría con cinco policías en prácticas.
Nosotros compartimos la cuestión que nos plantea el señor García
Breva y por ello hemos presentado una enmienda de sustitución a su
proposición no de ley en los términos de, compartiendo esa
preocupación fundamental, arbitrar una redacción mejor y un
procedimiento más adecuado no solamente a las condiciones de la
realidad, sino a los propios procedimientos técnicos a seguir para
poder culminar el deseo de fondo que ambos grupos políticos
compartimos y sin duda también todos los grupos de la Cámara.
En la medida en que, siguiendo los procedimientos administrativos
correspondientes, esa expresión de forma pueda resultar técnicamente
no acomodada a la realidad, nosotros hemos redactado un posible texto
de sustitución que en este momento ofertamos al señor García Breva,
al Grupo Parlamentario Socialista, para dar forma a este consenso y
al compromiso compartido por unos y otros de atender las necesidades
en materia de plantilla que tiene el cuerpo nacional de Policía en la
provincia de Guadalajara. El texto dice lo siguiente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que por parte de la Dirección
General de la Policía, con ocasión de los próximos concursos de
vacantes, es decir, el procedimiento administrativo oportuno, y en lo
que concierne a la distribución general de los efectivos disponibles,
se apliquen las medidas pertinentes a fin de cubrir las necesidades
de personal que pueda presentar la comisaría provincial del cuerpo
nacional de Policía de Guadalajara.
Insisto en que no hay ninguna diferencia de fondo entre la propuesta
del señor García Breva y la que nosotros estamos ofertando en este
momento, sino que de una y de otra lo que nace es una misma identidad
en el compromiso. Probablemente con esta enmienda nosotros nos
estamos ajustando más a los tiempos y formas que impone tanto el
realismo, es decir, la distribución de los efectivos disponibles,
como el procedimiento administrativo establecido. Y como expresión de
este compromiso que nosotros tenemos con las necesidades del cuerpo
nacional de Policía de Guadalajara, quiero terminar con el
recordatorio de ese dato general que antes señalaba que va a afectar
positivamente a Guadalajara y al conjunto de las plantillas en
demarcación del cuerpo nacional de Policía: 2.150 plazas convocadas
el año pasado y 3.150 en este año. Este es el esfuerzo que ha
realizado la Administración para dotar de los medios humanos
necesarios al cuerpo nacional de Policía en función de la importante
misión que desarrolla en la ejecución de los fines de nuestro sistema
público de seguridad interior.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda el Grupo Socialista?
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, vamos a aceptar la enmienda.
No obstante, quisiera hacer dos comentarios.
El señor PRESIDENTE: Señor García, sólo tiene la palabra para
manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor GARCÍA BREVA: Voy a ser muy breve. Nuestra proposición no de
ley tiene dos partes. Una, cubrir las bajas por traslado, enfermedad
y pase a segunda actividad y dos, que se refuerce la plantilla a
través del concurso general de méritos. Pues bien, la enmienda del
Grupo Popular recoge una parte del planteamiento del Grupo Socialista
y en ese sentido vamos a aceptarla, puesto que supone constatar el
problema, en lo que estamos de acuerdo, y darle una solución. Ahora
bien, quiero dejar constancia de que la otra parte de nuestra
propuesta no se recoge completamente por la enmienda del Partido
Popular. No obstante, la vamos a aceptar. (El señor Gil Lázaro pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Sólo quiero agradecer al señor García Breva que
haya aceptado nuestra enmienda. Tenga por seguro que en el espíritu
general del texto que vamos a aprobar nosotros entendemos
incorporadas tanto las soluciones posibles a corto o inmediato plazo
como las soluciones posibles y deseables a plazo mucho más mediato.
Vuelvo a agradecer la posición del Grupo Parlamentario Socialista y
del señor García Breva.
- RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA CREACIÓN DEL JUZGADO DE ÁLORA EN LA
PRÓXIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000765.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al
siguiente, que figura con el número VI del orden del día, y que se
refiere también a una proposición no de ley relativa a la inclusión
de la creación del Juzgado de Álora en la próxima modificación de la
Ley de demarcación y de planta judicial.
El grupo proponente es el de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: En una reciente respuesta parlamentaria el
Ministerio de Justicia ha reconocido a este diputado que valora
favorablemente la creación de un partido judicial en Álora, en la
comarca del Guadalhorce. Esta valoración positiva se hace en función
tanto del número de habitantes como de los casos habidos en los
juzgados malagueños que afectarían
a esta comarca. De esta manera, el Gobierno reconoce en su respuesta
que, antes de la entrada en vigor de la Ley de demarcación y de
planta judicial, la provincia malagueña contaba con una juzgado de
distrito ubicado en Álora, juzgado que se perdió en cumplimiento de
lo que se dispuso en la disposición transitoria tercera de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Álora fue convertido,
desgraciadamente, en un juzgado de paz mediante Orden del 22 de
diciembre de 1989. Es a partir del año 1995 cuando se empieza a
trabajar desde el ayuntamiento para recuperar el citado juzgado
mediante la creación de un juzgado de primera instancia e
instrucción, nuevo juzgado que implicaría la creación de un nuevo
partido judicial que incluiría los municipios de Álora, Alozaina,
Cártama, Casabermeja y Pizarra, ayuntamientos todos ellos que ya han
manifestado su disposición a favor de esta iniciativa del
ayuntamiento de Álora.
También señalaba el propio Gobierno que las cargas medias de trabajo
de los juzgados de Málaga están muy por encima de los módulos fijados
en el Libro Blanco de la justicia, ya que suponen 599,4 asuntos
civiles contenciosos y 10.356 asuntos penales registrados, de manera
que la creación de este nuevo juzgado supondría descongestionar el
trabajo de los actualmente existentes. Por todo ello, el ministro de
Justicia señalaba que el principio de eficacia de la justicia, así
como el derecho a la tutela por los jueces y tribunales de los
derechos e intereses de los ciudadanos, consagrado en el artículo 24
de nuestra Constitución, hacían valorar favorablemente la creación
del nuevo partido judicial.
Izquierda Unida valora muy positivamente esta iniciativa, porque
supone un avance en el trabajo que viene realizando el ayuntamiento
para recuperar ese juzgado que nunca se debió perder. A raíz de esa
respuesta parlamentaria nos dispusimos a presentar la iniciativa que
hoy aquí tramitamos, que cuenta con un nuevo procedimiento favorable
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el cual hay una
diligencia que acuerda informar favorablemente la memoria y solicitud
de creación del partido judicial en Álora y elevarla al Consejo del
Poder Judicial a efectos que se determinan en los artículos 35.3 y
108.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con estos avales difícilmente hoy aquí podíamos encontrar otra cosa
que apoyo, porque además había que sumarle los procedimientos
favorables del Partido Popular en la provincia malagueña. Pero, como
hemos tenido ocasión de escuchar en puntos anteriores argumentaciones
por las que se rechazaba una iniciativa similar a la aquí presentada
para el municipio de Águilas, en la provincia de Murcia, no puedo
evitar adelantarme a posibles argumentos contrarios a esta
iniciativa. Se ha dicho anteriormente que no valdría de nada un
procedimiento de esta Cámara en este momento. Señorías, esto no sólo
es acertado, sino que es bastante desafortunado. Un procedimiento de
esta Cámara tendría,
en primer lugar, el valor de reconocer una demanda de toda una
comarca que viene avalada por su ayuntamiento, pero también valdría
para indicar al Gobierno que en el momento que se realicen las
modificaciones legislativas oportunas -hoy no proponemos que se cree
el juzgado, sino que se incluya cuando se modifique la ley- se
incluya la creación de un juzgado en Álora.
Señorías, no vale de nada decir una cosa en Málaga y luego votar aquí
otra muy diferente. No vale jugar con doble lenguaje, no vale -como
ya se hizo en la pasada legislatura- jugar con los intereses de toda
una comarca. Esperábamos, y todavía esperamos, que en esta ocasión el
Partido Popular cambie de opinión. Hasta ahora se nos tenía
acostumbrados a estar de acuerdo con esta propuesta, a defenderla en
los medios de comunicación, a defenderla en instituciones malagueñas,
pero a que luego se terminase votando en contra en esta Cámara.
Repito que hay precedentes ya en la pasada legislatura.
Ya lo dijimos, y lo volvemos a repetir hoy, en una democracia
parlamentaria la única vara de medir son los procedimientos formales
mediante el voto. Hoy aquí todos los grupos podemos votar
favorablemente la creación de un juzgado en Álora, como así lo
esperamos desde Izquierda Unida. Si no se hace así, nuestro grupo
tiene que decir a quien no vote favorablemente que no juegue más con
los intereses de una comarca, que se diga que una vez más se
anteponen criterios de partido, órdenes dictadas desde Madrid o desde
otras zonas del Estado a los intereses de la comarca del Guadalhorce.
Señorías, aunque hoy consigamos que se apruebe esta iniciativa,
sabemos que no está todo conseguido, que hay que seguir trabajando
para reparar una injusticia que se cometió en su día. Nos gustaría
que trabajásemos todos juntos, no nos importa que sea el diputado
Atencia u otra persona del Grupo Popular quien encabece esta
reivindicación, lo importante es que al final se consiga. Si hoy los
votos del Grupo Popular, que cuenta con mayoría suficiente en esta
Cámara, derrotan esta iniciativa, sepan SS.SS. que no nos van a
cansar, como no nos cansaron en la anterior legislatura, que vamos a
seguir trabajando para que Álora cuente con un juzgado y para que se
repare una injusticia cometida. Eso sí, vamos a exigir con toda
contundencia responsabilidades por no votar aquí lo que ya han votado
en otras instituciones, por no defender aquí lo que ya han defendido
en otros lugares.
Señorías, no vamos a aceptar hoy ninguna otra posibilidad que no sea
un pronunciamiento claro y rotundo de esta Comisión a favor de la
creación de un juzgado en la comarca del Guadalhorce con sede en
Álora, porque eso es lo que dice la razón, porque eso es lo que dice
el Gobierno, porque eso es lo que dice el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, porque eso es lo que dicen los ayuntamientos
afectados y parece ser quesolamente la voz del Partido Popular puede
desentonar.
Espero que no sea así, porque es muy triste que solamente el Grupo
Parlamentario Popular se sitúe en contra de lo que dice su Gobierno,
de lo que dice la Junta de Andalucía y de lo que dice la razón. Sería
un triste destino para el Partido Popular, fundamentalmente para los
diputados malagueños del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? ¿Grupos que quieren fijar
posición? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señoras y señores diputados, intervengo
para fijar posición respecto a esta proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Obviamente, el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta proposición
no de ley. Todos los argumentos que ha ofrecido el portavoz del Grupo
de Izquierda Unida son totalmente válidos para la nueva situación que
atraviesa el valle del Guadalhorce. Málaga es una provincia que está
teniendo un gran crecimiento demográfico y ello se manifiesta también
en la zona del valle del Guadalhorce. Por consiguiente, los
municipios de Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela y Pizarra están
siendo un foco de atracción de población que conlleva la creación en
estos momentos de un juzgado de primera instancia e instrucción.
Por otro lado, la provincia de Málaga, en ese mismo crecimiento
demográfico y económico, tiene un gran número de asuntos judiciales
registrados, tanto civiles como contenciosos como penales, tal y como
figura en la exposición de motivos de la proposición no de ley.
Obviamente, la presencia de un juzgado que atendería a una población
de alrededor de 40.000 personas significaría un alivio para los
sobrecargados juzgados de Málaga.
No me parece que pueda ser diferente la posición del Grupo Popular de
la del Gobierno. Aun cuando el Ministerio de Justicia parece que ha
reconocido la necesidad de crear dicho juzgado, si hoy el Grupo
Popular pone excusas formales para no votar a favor de la aceptación
de esta proposición no de ley, esas excusas formales no son válidas.
Aquí se trata de instar al Gobierno por parte de esta Cámara para que
se solucione el problema que tiene el valle del Guadalhorce con
relación a los temas judiciales. No se pide que esos problemas se
solucionen mañana ni pasado, se está diciendo única y exclusivamente
que se solucionen cuando se modifique la Ley de demarcación y de
planta judicial y que en ese momento se incluya la creación del
juzgado de Álora.
Por consiguiente, apoyamos esta proposición no de ley y
consideraríamos absolutamente inadecuada cualquier excusa formal que
desde el Partido Popular se esgrimiera para no aprobar la proposición
que defendemos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor presidente, señorías, al Grupo
Parlamentario Popular le encanta afrontar esta cuestión, porque es un
asunto por el que ha mostrado mucho interés, igual que otros grupos
de esta Cámara, pero conviene situar las cosas en su contexto.
El señor Centella hacía referencia a los antecedentes en relación con
el juzgado de Álora y no me importaría reiterar algunos de ellos.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de demarcación y planta
judicial del año 1988, dentro del partido judicial de Málaga, entre
los nueve juzgados de distrito de Málaga, existía uno en el municipio
de Álora. En cumplimiento de lo establecido en la disposición
transitoria tercera de la Ley orgánica del Poder Judicial, el juzgado
de distrito de Álora se transformó en un juzgado de paz mediante una
orden de diciembre de 1989. Esa es la relación de hechos hasta ese
momento. Es decir, por decisiones legales, existiendo una mayoría en
esta Cámara, Álora perdió su juzgado de distrito. ¿Qué ocurre a
partir del año 1995? Que desde distintas instancias, como se recoge
en una respuesta -a la que ha hecho referencia parcialmente el señor
Centella en la exposición de motivos de su iniciativa- del Gobierno,
entre ellas el propio Ayuntamiento de Álora -dentro de ese
Ayuntamiento de Álora el Grupo Popular- y otros ayuntamientos de la
comarca, se procede a hacer los planteamientos oportunos para la
creación de un juzgado de primera instancia e instrucción en Álora
alegando el aumento de población y la distancia de 40 kilómetros a la
ciudad de Málaga. Efectivamente, en la propuesta de creación de ese
juzgado, los parámetros de población y de superficie se acercan a los
que se considera como modelo general de partido por la propia Ley de
demarcación y planta judicial, que habla de 50.000 habitantes -aquí
estaríamos cerca de los 40.000- y una superficie de 700 a 1.000
kilómetros cuadrados, en este caso 615 kilómetros cuadrados. Es
decir, en términos formales, nos encontraríamos cerca de la
posibilidad de crear un juzgado. Pero si no hay juzgado es porque, en
su momento, el grupo que acaba de intervenir, por decisiones
legítimas, con su mayoría impulsó en esta Cámara una reforma de
carácter procesal y de la planta judicial que significó la
desaparición de este juzgado. Por tanto, vamos a poner las cosas en
su sitio.
A partir de ahí, conviene hacer algunas afirmaciones importantes para
este debate. Primero, el Partido Popular es partidario de la creación
del Juzgado de Álora para que atienda a los municipios que
configuraban el antiguo distrito, es decir, Álora, Alozaina, Cártama,
Casarabonela y Pizarra. Así lo ha entendido el Partido Popular de
Málaga y ha trabajado por ello especialmente -me gustaría destacarlo
porque se ha hecho una referencia indirecta a ella sin mencionarla-
la presidenta
del Partido Popular de Álora, portavoz del Grupo Popular en aquella
institución y senadora, doña Pilar Jurado, habiendo colaborado
algunos un poco en el estudio razonado de esa propuesta, igual que
han podido hacer otros, y planteándola ante instancias que no son
exclusivamente el Ministerio de Justicia; hay otros ámbitos, como el
Poder Judicial, a través de su Consejo General, que tienen algo que
decir, y la propia Junta de Andalucía que, al final, al transferirse
las competencias a la comunidad autónoma, es la que tiene que hacer
frente al gasto de dotación de nuevos juzgados.
En segundo lugar, el Ministerio de Justicia ha valorado
favorablemente, en principio, la creación del partido judicial de
Álora, y lo ha hecho por escrito. Ahora bien, estamos en un momento
concreto -mes de junio del año 2001- y, según entendemos, esta
cuestión no se puede resolver ahora mismo, hay que situarla en el
contexto de las reformas de carácter procesal, de planta y de todo
tipo que están dentro del anuncio que a principios de la legislatura
efectuó el ministro de Justicia en esta Comisión, con la voluntad,
entre otras cosas, de elaborar un nuevo mapa judicial. Así se ha
acordado expresamente en el pacto de Estado para la reforma de la
justicia que han suscrito recientemente el Gobierno, el Partido
Popular y el Partido Socialista. En el punto 4 de dicho pacto se dice
textualmente que se aprobará un nuevo mapa judicial que permita
agilizar y acercar la justicia al ciudadano. El nuevo mapa judicial
se establecerá con criterios que permitan ajustar la organización
a la carga del trabajo existente en cada parte del territorio nacional.
Se potenciará la justicia de proximidad, de manera que haya juzgados
más cercanos al ciudadano, etcétera.
Es decir, de la revisión que se va a realizar saldrán los criterios
de la demarcación y de la planta judicial de nuestro país y, a partir
de ahí, habrán de determinarse los nuevos partidos judiciales o
juzgados que se considere oportuno modificar o crear en toda España,
entre ellos el de Álora. Nos parece que es en ese ámbito donde hay
que plantear este asunto, después de hacer afirmaciones claras de
respaldo a la voluntad que inspira esta iniciativa.
Por todo ello, señorías, señor Centella, entendemos que lo mejor que
puede hacer el grupo parlamentario proponente es retirar la
iniciativa y que esperemos todos a que se establezcan los criterios
en que se sustente la revisión del mapa judicial, que el Gobierno, de
momento con el respaldo de los dos grupos más importantes de las
Cortes Generales, por tanto de esta Cámara, someterá a la aprobación
de las Cortes mediante las reformas legales precisas.
Si, como intuyo -ya lo ha dicho el señor Centella-, el Grupo de
Izquierda Unida se empeña en mantener su iniciativa, no podremos
respaldarla. Usted señor Centella se empeñará en mantener su
iniciativa simplemente por un mero gesto político, pero
no por la voluntad de dotar a Álora de un juzgado o de un partido
judicial. Sin embargo, quiero justificar el no respaldo del Grupo
Popular a la iniciativa que se propone; las interpretaciones que
usted haga son muy libres, señor Centella, pero cada cual responde a
lo que representa, usted representa lo que representa y el diputado
que humildemente interviene también representa lo que representa: 46
por ciento de los malagueños, cinco diputados en las Cortes Generales
y una posición política coherente. Nuestro voto sería un sí a favor
del juzgado de Álora, pero a partir de la revisión del mapa judicial,
que ha de efectuarse, como he dicho, desde un estudio general para
todo el conjunto de España, en el que se tengan en cuenta las
distintas circunstancias, con el objetivo puesto en un mejor
funcionamiento de la justicia de cara al ciudadano, también el de
Álora.
Por eso, no podemos compartir en modo alguno las afirmaciones que
hacía el señor Centella al final de su intervención cuando decía que
no juguemos con los intereses de no sé quién. Mire usted, señor
Centella, aquí nadie juega con los intereses de nadie, sólo el que
trae una iniciativa aquí con la virtualidad de que salga aprobada
para quedar muy bien, pero no con la voluntad de resolver los
problemas. El Partido Popular está trabajando honrada y seriamente
para que Álora tenga un juzgado, pero hay que hacerlo en un contexto
global. Ayer hemos analizado otra situación similar, con concepto
global, con carácter objetivo. Se va a afrontar no una mera revisión
o modificación de la Ley de planta y demarcación que estaba prevista,
sino una revisión del mapa judicial que va a representar nuevos
juzgados, el desarrollo de la justicia de proximidad, que es una
novedad. Es en ese contexto donde hay que hacer todas las reformas,
no vayamos a plantear partidos judiciales cuando, en el futuro, habrá
que crearlos o no. Esperemos a ese escenario. El Gobierno ya ha dicho
que su voluntad inicial es favorable a la posibilidad de que haya un
juzgado en Álora, las fuerzas políticas lo respaldan y hay informes
favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero
esperemos a todo el proceso. Declaraciones voluntaristas en este
momento no tienen más valor que la que podemos hacer los grupos
diciendo que sí al juzgado de Álora. Señor Centella, si cuando vuelva
a Málaga esta tarde cuenta que el PP dice que no al juzgado de Álora,
estará faltando a la verdad porque el juzgado de Álora será una
realidad con el respaldo de todos. En cualquier caso -le digo una
última cosa si ofenderle-, los malagueños entienden que quien mejor
defiende sus intereses es el Partido Popular, y eso se ha demostrado
con el respaldo que, día a día y elección tras elección, nos hemos
ido ganando en los últimos años en Málaga. A los resultados de esta
legislatura me remito.
- PARA LIMITAR EL CONSUMO Y EL ACCESO DE LOS MENORES DE EDAD AL
ALCOHOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000316.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al
siguiente, que es el que figura con el número 1 en el orden del día.
Proposición no de ley para limitar el consumo y el acceso de los
menores de edad al alcohol. Es una proposición no de ley del Grupo
Popular y, para su defensa, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado
esta proposición no de ley consciente de que el alcohol es sin duda
la sustancia tóxica más consumida por los españoles. Aunque, según
los datos disponibles más recientes, este consumo no parece estar
aumentando, las cifras actuales son lo bastante importantes como para
que merezcan nuestra preocupación. Así, de acuerdo con la encuesta de
población general de 15 a 65 años, realizada en 1999, un 87 por
ciento de esta población había tomado alcohol alguna vez en la vida,
un 62,7 por ciento lo había hecho en el mes previo a ser encuestados
y un 13,7 por ciento lo tomaba a diario. La mayor proporción de
personas que refirieron consumos en el mes previo a ser preguntadas
se produjo precisamente en la franja de edad entre los 19 y los 28
años. Por su parte, el consumo de alcohol entre la población más
joven posee unas características peculiares, que se centran en la
precocidad en el inicio en dicho consumo, en la concentración del
mismo mayoritariamente durante los fines de semana y festivos, con
ingesta de cantidades relativamente importantes, consumo en ámbitos
públicos o lugares de diversión. También hay que señalar que los
episodios de intoxicación aguda por el alcohol son relativamente
frecuentes. Según la encuesta de la población escolar entre 14 y 18
años, realizada en el año 2000, el 20,6 por ciento había sufrido
algún episodio de este tipo en el mes previo a ser preguntados.
Actualmente el alcohol, que tradicionalmente ha sido una droga
socialmente aceptada, respecto a la que sigue habiendo una gran
tolerancia, ha pasado a ser la principal sustancia consumida por los
jóvenes españoles y el principal desencadenante de gran parte de los
problemas sobrevenidos en esta etapa de la vida, como son el fracaso
escolar, la violencia juvenil, el deterioro de las relaciones
familiares, accidentes de tráfico, sin olvidar que en muchos casos el
consumo del alcohol es el primer paso para adentrarse en otras
drogas.
Para luchar contra este problema que nos preocupa a todos, hay que
continuar impulsando medidas que incidan en las causas sociales,
culturales o familiares que han originado tan importante aumento en
la adicción al alcohol de nuestros jóvenes. En ese sentido, desde su
nombramiento en 1996, los nuevos responsables de la Delegación del
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas han adoptado la
prevención del consumo de drogas, tanto sean legales como ilegales,
como la medida prioritaria dentro de la política a desarrollar en
esta materia. Dentro de este ámbito se contemplan los programas en
torno a la prevención del consumo del alcohol, que se han
desarrollado fundamentalmente a través de los ámbitos escolar,
familiar y comunitario mediante acciones de información y formación,
tanto a los jóvenes como a sus familias o a sus profesores, mediante
programas específicos de prevención para hijos de padres alcohólicos
o promoción de actividades de ocio alternativas. Pero además de las
actuaciones adoptadas en el marco del plan de medidas para luchar
contra las drogas, aprobado por el Gobierno en enero de 1997, hay que
señalar como el marco de actuación más importante la aprobación por
el Gobierno mediante Real decreto de 17 de diciembre de 1999 de la
estrategia nacional sobre drogas. Responde a la nueva situación
existente en estos momentos y a los desafíos que la misma puede
plantear en el futuro. La estrategia ha sido elaborada con la
colaboración y el consenso de todos los planes autonómicos sobre
drogas existentes en las comunidades autónomas y en las ciudades de
Ceuta y Melilla, así como del resto de instituciones públicas y
privadas que forman parte del plan nacional. En la estrategia se
aborda el fenómeno de la drogas desde una perspectiva global, lo que
supone incorporar todas las sustancias que puedan ser objeto de uso y
abuso, con especial atención al alcohol y al tabaco. Esta atención
tiene su reflejo de forma destacada en los objetivos a alcanzar en
las áreas de prevención del consumo de alcohol, así como en la
atención sanitaria y social a los afectados por el mismo.
En el marco de esta estrategia se establece como un objetivo en el
ámbito normativo el de impulsar la redacción y promulgación de normas
estatales y autonómicas sobre drogas y drogodependencias destinadas
a la organización, coordinación y mejora de las medidas de carácter
preventivo y asistencial. De acuerdo con este objetivo, en el año
2003 todas las comunidades autónomas, así como las ciudades de Ceuta
y Melilla, deberán contar con una norma donde se ordene el conjunto
de actuaciones dirigidas a la prevención de drogodependencias, así
como a la asistencia e integración social de los drogodependientes.
Son ya 11 las comunidades autónomas que han promulgado en el ámbito
de sus territorios y de sus competencias leyes en esta materia,
contemplando aspectos fundamentales como toda la regulación de la
publicidad, con una especial cautela sobre la publicidad dirigida a
jóvenes, las limitaciones en la venta y en el consumo de bebidas
alcohólicas y tabaco, así como estableciendo criterios para
coordinación con entidades e instituciones, tanto públicas como
privadas, y unificando criterios
también en cuanto a la edad y graduación para el consumo de bebidas
alcohólicas y su publicidad.
Nos parece que este marco es fundamental. Se ha fijado la fecha del
2003 en la que ha de completarse y será la forma adecuada de actuar
todos -porque aquí las competencias están compartidas por distintos
niveles- cuando ese marco normativo esté completado por parte de
todas las comunidades autónomas. Pero este marco, a su vez, se
completa también con normas estatales y, en lo que se refiere a las
medidas restrictivas sobre el consumo de alcohol, hay que mencionar
la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, que sanciona
la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los menores en
establecimientos públicos o en locales de espectáculos públicos, así
como el Reglamento general de policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas, que prohíbe también despachar bebidas
alcohólicas a los menores de 16 años que accedan a determinados
establecimientos y espectáculos de carácter recreativo.
El velar por el cumplimiento de esta normativa es una tarea que
corresponde tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
como a las policías autonómicas y a las policías locales, que reciben
instrucciones de las autoridades correspondientes, y cuya
coordinación es una de las funciones que competen al delegado de
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas.
Teniendo en cuenta todos los aspectos que se han mencionado a la hora
de exponer esta proposición no de ley, así como que en el Grupo
Parlamentario Popular consideramos que la prevención frente al
consumo indebido del alcohol debe ser el objetivo prioritario de la
intervención pública, pero que también es importante el control de la
venta del alcohol a menores, hemos presentado esta proposición no de
ley en el convencimiento de que todos los grupos parlamentarios aquí
representados compartimos una misma preocupación ante el consumo de
alcohol por una parte de nuestra población juvenil.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, contra la universalidad del dicho de que lo que no mata
engorda, nos encontramos ante una sustancia que produce los dos
perniciosos efectos -naturalmente el primero es mucho más importante
que el segundo-. (Risas.)
El principal problema que plantea el alcohol en relación con la
juventud es que es un elemento identitario, podríamos decir, que
funciona como un requisito de admisibilidad de los jóvenes en la
colectividad juvenil. Desgraciadamente no estoy de acuerdo, ya me
gustaría, con lo dicho por la diputada que me ha precedido en el
uso de la palabra sobre que es un fenómeno que tiende a disminuir y
no a aumentar. No voy a entrar en una discusión estadística, me
parece que no es el instante para ello, pero da la sensación de que
la movida está cada vez más incrementada y, por consiguiente, que el
consumo de esta sustancia es casi equivalente -sé que hay jóvenes no
alcohólicos que participan también de la movida, pero estos son
excepcionales-; el crecimiento de la movida nos induce a pensar que
está creciendo el consumo de alcohol.
Es verdad que tanto por los gobiernos socialistas como por el
Gobierno popular se han adoptado una pluralidad de medidas que
estaban dirigidas a combatir este fenómeno en sus diferentes
vertientes, pero no han provocado el efecto deseable, de manera que
nos encontramos hoy con que el alcoholismo juvenil es una causa de
trastorno escolar, de fracaso escolar, que es una de las causas
etiológicas que más influyen en el estado de la salud, en la
enfermedad, en los accidentes laborales, de tráfico, en los de
carácter doméstico y que, efectivamente, hay una perversa correlación
entre delito, droga y tabaco. Por consiguiente, si después de tantas
medidas como se han adoptado el fenómeno está in crescendo, podríamos
decir como aquella señora que retrataba en una viñeta ese insigne
humorista que antes se llamaba Ops y que hoy se llama el Roto, que al
final de su vida miraba al mundo y decía: No entiendo nada, no sé si
es el Alzheimer o es lucidez. Esto le puede ocurrir a quien examina
el magro resultado de las medidas que se han adoptado para evitar el
consumo del alcohol, medidas que yo trataría genéricamente de
clasificar: de orden preventivo, y aquí entran las de difusión e
información, educación para la salud, hábitos de vida saludable y
medidas en relación con la movida y el ocio; de recuperación, que
serían medidas de policía, restrictivas al acceso al alcohol y de
prohibición para los menores; medidas de carácter fiscal, la
existencia de centros de rehabilitación con los medios y el personal
correspondiente y, por qué no, un registro, como existe en relación a
la ludopatía, de carácter voluntario, autoprohibitivo, y quizá
posible de ampliar a prohibiciones de orden facultativo o sanitario;
por último, medidas de carácter personal y medidas de carácter
material.
Dicho lo anterior, quiero hacer una reflexión sobre la política, que
a veces está muy obsesionada con ese elemento importante en la vida
política para que cada formación tenga la posibilidad de ganar las
elecciones, pero que no puede suponer la minusvaloración de la otra
dimensión de la política -la política con mayúscula-, que consiste en
transformar la vida. La correlación juventud-alcoholismo nos plantea
un reto a los que hoy por hoy tenemos una responsabilidad política, y
debemos dejar en un segundo término el intento de sacar réditos del
problema del alcoholismo juvenil. El ideal de la eliminación del
alcoholismo en la juventud o en cualquier otra época de la vida no es
posible lograrlo,
pero lo que sí es posible, desde el punto de vista político, es
establecer un catálogo de medidas que periódicamente se revise, con
el fin de comprobar cuáles tienen un impacto beneficioso en la
reducción del consumo de alcohol, cuáles no lo tienen o es mínimo y,
por consiguiente, deben ser sustituidas por otro tipo de medidas
alternativas.
En este sentido, nosotros hemos presentado una enmienda transaccional
que trata de salir del ámbito platónico en el que está redactada la
parte dispositiva de la proposición no de ley que nos plantea el
Grupo Popular. Nuestra enmienda dice: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que, en el marco de lo establecido en el
artículo 103 de la Constitución española, se adopten las medidas que
correspondan para corregir los hábitos alcohólicos que afectan a una
parte de la población juvenil, contribuyendo a ello con la dotación
económica pertinente, provisión de plazas especializadas en centros
educativos, asistenciales o de ocio, realización de estudios
estadísticos y de seguimiento, reducción de los estímulos al consumo
de dichas sustancias y de otras análogas, de todas las cuales se dará
cuenta a esta Comisión en el plazo de seis meses.
Por conversaciones previas, sé que el Grupo Popular va a plantear una
enmienda transaccional, aunque todavía no conozco su redacción
definitiva. Si la redacción fuera satisfactoria para lo que
globalmente pretendemos -tampoco deseamos que sea una reproducción
mimética de lo que proponemos en nuestra enmienda-, nosotros
estaríamos dispuestos a votar favorablemente la proposición no de
ley.
Queremos hacer una última llamada de atención que, generalmente, los
poderes públicos olvidan. En los artículos 3 a 10 de la vigente Ley
de régimen jurídico y procedimiento administrativo común se establece
un catálogo de medidas presididas por la idea de que las
administraciones públicas, incluida la europea, tienen una obligación
de lealtad institucional, de colaboración, de auxilio, que, según los
casos, se desarrolla mediante órganos multilaterales, órganos
bilaterales, conferencias sectoriales, planes, consorcios, etcétera.
Quizá una de las causas del fracaso, relativo, de la lucha contra el
alcoholismo estriba en que aquí no ha habido la coordinación y la
colaboración indispensables, en las que hay que incluir también a las
corporaciones locales. Nosotros hacíamos la apelación al artículo 103
de la Constitución española, que ha sido desarrollado por los
artículos que he citado de la Ley de procedimiento administrativo y,
por tanto, a la fuerza política que en estos momentos tiene la
responsabilidad del gobierno en la Administración central también le
importa meditar, con celeridad y con profundidad, sobre cuáles de las
medidas establecidas en los artículos 3 a 10 es más conveniente
aplicar en estos casos, incluidas las que hacen referencia a la
Administración europea, que también está preocupada por el tema del
alcoholismo juvenil.
Si la enmienda transaccional se pronunciara en el sentido de que esta
Comisión pudiera ser el órgano parlamentario que revisara
periódicamente -en el plazo de seis meses o, incluso, en uno
superior- el impacto de las medidas y propusiera la sustitución de
las medidas que deban ser sustituidas de manera que fuera posible ir
haciendo retroceder -nunca hasta cero, pero sí hasta donde sea
razonablemente deseable- el fenómeno del alcoholismo juvenil,
nosotros estaríamos dispuestos, como ya indicaba antes, a votar
favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular. En el caso
de que estas exigencias mínimas no se cubrieran, votaríamos en contra
de la proposición no de ley, puesto que tenemos otra presentada en la
Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, a los efectos de
manifestar si se acepta la enmienda o no, tiene la palabra la señora
Torme.
La señora TORME PARDO: La verdad es que hemos estudiado con atención
su enmienda (que, si no es platónica, no sé si será aristotélica o
cómo definirla) y, como había anunciado antes verbalmente, teníamos
pensado ofrecer al Grupo Parlamentario Socialista una transacción,
que vendría a ser una adición al texto recogido en la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular. Esta adición tendría el
siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta también al
Gobierno para que realice un estudio de cuantos factores deben
coadyuvar a la corrección de hábitos alcohólicos que afectan a una
parte de la población juvenil y a la reducción de los estímulos al
consumo de dichas sustancias y de otras análogas, dando cuenta del
mismo a esta Comisión en el plazo de seis meses e informando,
asimismo, sobre el seguimiento de las medidas aplicadas.
Entendemos que con esta propuesta transaccional que hacemos en este
momento se recoge parte del contenido de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y, también, parte del contenido de la
intervención de su portavoz. No sé si considerará que hemos bajado
del mundo platónico de las ideas al mundo de las cosas o de los
hechos concretos y nuestra propuesta podrá ser aceptada por el grupo
proponente de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete, ¿acepta la transacción?
El señor NAVARRETE MERINO: Considero que esta enmienda no es que sea
parcialmente satisfactoria, es plenamente satisfactoria y va a
permitir que los grupos parlamentarios salgamos de las cavernas.
(Risas.)
- SOBRE EL INCREMENTO DE LAS DOTACIONES POLICIALES EN LOS MUNICIPIOS
TURÍSTICOS DEL ALT MARESME (BARCELONA) DURANTE LOS MESES DE VERANO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000753.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si salimos pronto del orden del día.
Para ello, pasamos al punto siguiente, que es el que figura con el
número 5.
En vista de que no está en la sala ningún representante del Grupo
Parlamentario Mixto, esta proposición no de ley decae, con lo cual
parece que ese objetivo lo vamos a ir alcanzando rápidamente.
- SOBRE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE ADUANA Y CESIÓN DEL
INMUEBLE QUE FORMABA PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADUANA AL
AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA (HUELVA). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000779.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos al último punto del
orden del día, que es el que figura con el número 7. Por primera vez,
coincide el orden en que lo vamos a debatir con el que figura en el
orden del día; no está mal.
Para la defensa de esta proposición no de ley, que se refiere al
antiguo edificio de Aduana y cesión del inmueble que formaba parte de
las dependencias de la Aduana al Ayuntamiento de Rosal de la
Frontera, de Huelva, que ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada señora
Camacho.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Señor presidente, señorías, Rosal de la
Frontera es, tal y como indica su nombre, un pueblo transfronterizo
ubicado en la sierra de Huelva. Por este motivo, y al ser frontera
con Portugal, existen unas dependencias que fueron utilizadas en su
momento como oficina de aduanas. Cuando estas dejaron de funcionar
para estos fines, el edificio quedó adscrito al Ministerio del
Interior, ocupando en estos momentos un despacho la Guardia Civil
-que lo utiliza solamente durante el día- y permaneciendo el resto
del edificio abandonado y en un estado francamente lamentable, lo que
supone una situación de riesgo permanente, puesto que las cornisas y
tejas están rotas, las cabinas sirven de contenedores para las
basuras, las arquetas están sin tapa, la visibilidad durante la noche
es nula, ya que las pocas farolas que existen no tienen bombillas,
las paredes están cubiertas por la hierba y gran parte del recinto
sirve como cementerio de coches. Esto supone un verdadero peligro
para las personas y vehículos que por allí transitan
y una imagen deplorable para todos aquellos que entran a nuestro
país con fines turísticos. Además, no guarda ninguna relación con el
entorno, ya que Rosal es un bonito pueblo serrano y no se merece, en
absoluto, ese primer impacto negativo que tiene el turista que visita
España.
Existe un informe de los servicios técnicos municipales, remitido por
el señor alcalde de Rosal de la Frontera al subdelegado del Gobierno
en Huelva, en el que se solicita que se tomen las oportunas medidas
de seguridad en la zona y se acometan con la mayor brevedad posible
las reparaciones de las instalaciones y de la organización. A dicho
informe se acompañan una serie de fotografías que muestran el estado
lamentable de las citadas instalaciones. Antes de la adscripción del
edificio al Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Rosal de la
Frontera adquirió a la Agencia Tributaria una báscula de pesaje de
mercancías para pesar madera, ganado, etcétera, que estaba instalada
en el recinto sin que se le comunicase al Ayuntamiento que, tras la
adquisición, ésta tendría que ser desmontada y retirada de las
instalaciones, que reitero no se utilizan para nada. Esto supone un
verdadero trastorno al Ayuntamiento. Primero, porque la báscula se
usa a diario y, segundo, porque carece de recinto para su ubicación.
Como comprenderán, dadas las dimensiones de la báscula, ésta no puede
ir de un lado para otro y ya que el edificio no se utiliza, bien
podrían dejar que se quedara la báscula donde está en estos momentos.
Por otro lado, y ante la falta de locales que tiene el Ayuntamiento
de Rosal de la Frontera, se ha solicitado en múltiples ocasiones a la
Administración, a través de acuerdos plenarios, la reversión de dicho
edificio a fin de utilizarlo para usos múltiples, donde puedan
reunirse las diferentes asociaciones existentes en el pueblo, para la
escuela-taller, como lugar de reunión para los numerosos encuentros
transfronterizos que se llevan a cabo con municipios del país vecino,
ya que Rosal de la Frontera forma parte de una asociación integrada
por cuatro municipios españoles y cuatro portugueses para tratar
temas comunes en cuanto a colaboración, desarrollo, etcétera y,
también, para reunirse con pueblos de la misma comarca.
En ningún caso el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera pide que la
Guardia Civil deje el despacho que utiliza en estos momentos. Lo que
solicitan es el resto de las dependencias que constituían la antigua
aduana, sin que esto suponga perjuicio alguno para la Guardia Civil.
Por todo lo expuesto, señorías, el Grupo Socialista presenta esta
proposición no de ley al objeto de que esta Comisión inste al
Gobierno a que proceda a la restauración del edificio, dado el
deterioro que el mismo ha sufrido por abandono y falta de
utilización, y que ceda el inmueble que formaba parte de las
dependencias de aduanas, así como los terrenos que están afectados a
dicho inmueble, al Ayuntamiento de Rosal
de la Frontera para beneficio del conjunto de la comunidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Romero Girón para expresar su posición.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Popular para
fijar nuestra posición en esta iniciativa. Lo hago con absoluta
brevedad. Tengo que decir, con los debidos respetos y desde mi punto
de vista, que el único objetivo que persigue esta proposición no de
ley es provocar que el Grupo Popular tenga que votar que no y que el
grupo proponente, una vez que termine esta Comisión, salga corriendo
hacia Rosal de la Frontera para decir que el Partido Socialista es
muy bueno porque están pidiendo unos terrenos y unas instalaciones
para su Ayuntamiento y qué malos son el Partido Popular y el Gobierno
que no acceden a esta solicitud. No tiene otra explicación.
El grupo proponente conoce que estas instalaciones estaban adscritas
a la Agencia Tributaria hasta el año 1993, y en esa fecha -recordarán
quién gobernaba en este país entonces- se ubicó en esas instalaciones
la Guardia Civil, que viene prestando sus servicios en estas
instalaciones. Por tanto, para acceder a la solicitud que hace el
Grupo Socialista había que desahuciar a la Guardia Civil de estas
instalaciones y, posteriormente, tal como expresa la iniciativa,
restaurarlas y cederlas al Ayuntamiento para que las mismas sirvan a
la comunidad. Desde nuestro punto de vista, estas instalaciones ya
están prestando un servicio a la comunidad, puesto que allí está
instalada la Guardia Civil y viene prestando sus servicios.
En cuanto a la báscula a la que se hace mención también en esta
iniciativa, fue vendida como bien mueble al Ayuntamiento, pero no
fueron cedidos ni vendidos los terrenos en los que está instalada.
Estoy seguro de que no habría inconveniente en estudiar la
posibilidad de segregar los terrenos donde esta báscula está
instalada para que después pueda ser utilizada por el Ayuntamiento.
Por todo ello, señor presidente, el Grupo Popular, dado que estas
instalaciones están siendo utilizadas ya y que desde las mismas se
viene prestando un servicio a la comunidad, pues allí está instalada
la Guardia Civil, va a votar que no a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de todos los puntos del
orden del día y faltando cinco minutos para la hora prevista para la
votación, suspendemos la sesión. (Pausa.)
Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Se van a desarrollar en el mismo orden que figuran en el orden del
día.
En primer lugar, votamos la proposición número 1, en los términos
resultantes del debate, que incluye una transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición número 3, toda vez que la número 2 queda
aplazada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición que figura con el número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 6, ya que la número 5 ha decaído.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la última, la que figura con el número 8, en los términos
resultantes del debate, con la enmienda que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Concluido el debate, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.