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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 269, de 20/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 269
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4525 a la 4564. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 20 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Decisión sobre la celebración de las siguientes comparecencias:
- Del ministro de Justicia para informar de todo lo relativo a la
tramitación de la solicitud de suplicatorio, pedido por los
tribunales españoles, de don Silvio Berlusconi. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000422.) . . .
(Página 8126)
- Del delegado del Gobierno en Madrid para informar de los criterios
de actuación impartidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado bajo su dependencia en materia de control de las
manifestaciones, así como de las razones del incremento desmesurado
de las actuaciones represivas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000429.). .
. . (Página 8134)
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para facilitar permiso de trabajo, de acuerdo con las
comunidades autónomas, a los menores extranjeros escolarizados en
garantía social. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000786.) . . . (Página 8137)
- Por la que se insta al Gobierno a constituir en el Cuerpo Nacional
de Policía una mesa de negociación. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000103.) . . .
(Página 8139)
- Para que, por la Dirección General de Tráfico, se respete la
denominación oficial de los topónimos de Galicia. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000491.) . . .
(Página 8139)
- Por la que se insta al Gobierno a convocar el Consejo de Política
de Seguridad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000581.) . . . (Página 8141)
- Sobre creación de una comisaría de Policía en la ciudad de Puerto
Real (Cádiz) Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000597.) . . . (Página 8145)
- Sobre creación de una comisaría en la ciudad de Puerto Real
(Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000624.) . . . (Página 8145)
- Sobre creación de una subdelegación de tráfico en la ciudad de
Vigo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000741.) . . . (Página 8148)
- Sobre creación de una comisaría local de Policía en el municipio de
San Andrés de Rabanedo (León). Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000649.) . . . (Página 8150)
- Sobre creación de una base de helicópteros en Fuerteventura.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/000827.) . . . (Página 8152)
- Para aumentar la capacidad del Centro de Inserción Social de
Málaga. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000638.) . . . (Página 8155)
- Sobre creación de un puesto principal de la Guardia Civil en Álora
(Málaga). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000656.) . . . (Página 8156)
- Sobre sustitución policial en el área metropolitana de Barcelona.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000614.) . . . (Página 8158)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DEL MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR DE TODO LO RELATIVO A LA
TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUPLICATORIO, PEDIDO POR LOS
TRIBUNALES ESPAÑOLES, DE DON SILVIO BERLUSCONI. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000422.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a dar comienzo a la sesión. Anuncio que las votaciones, que se
harán conjuntamente, no serán antes de las 13,45 y lo que no hayamos
podido ver hasta ese momento lo dejaríamos para la sesión siguiente.
Damos comienzo al orden del día viendo en primer lugar el asunto que
figura con el número 2, que se refiere a la decisión sobre
comparecencia del ministro de Justicia para informar de todo lo
relativo a la tramitación del suplicatorio de don Silvio Berlusconi,
pedido por los tribunales. Si les parece, organizamos el debate de
forma que el grupo autor de la iniciativa intervenga en primer lugar
y a continuación los demás de menor a mayor.
Para exponer su posición sobre este punto, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: El Grupo Parlamentario Socialista adoptó una
iniciativa sobre un asunto que consideramos de interés, de interés
público y de interés nacional, porque hay intereses nacionales
involucrados, a pesar de que aparentemente el objeto de la
comparecencia concierne a una personalidad extranjera. No es la
primera vez que el Grupo Socialista ha puesto en marcha una
iniciativa parlamentaria en relación con este asunto, pero
evidentemente en las dos o tres ocasiones anteriores la iniciativa
parlamentaria consistía en una pregunta oral en Pleno que por su
propia naturaleza parlamentaria no da mucho de sí: apenas cinco
minutos de debate, en los que resulta imposible dilucidar los
términos de una cuestión que merecen ser considerados e incluso
debatidos con mayor profundidad, y de serlo, además, en interlocución
directa con un miembro del Gobierno. Efectivamente hay una secuencia
muy oscura que necesita clarificación en varios de sus extremos, que
está siendo debatida incluso en sus supuestos fácticos, tanto en
España como en otros países europeos e incluso en el espacio político
supranacional europeo, es decir, no en otros espacios políticos
extranjeros o terceros en el marco europeo, sino en el Parlamento
Europeo. Hay toda una serie de puntos oscuros en esa cadena de
hechos, en esa secuencia fáctica, que deben ser clarificados. Esos
puntos oscuros conciernen al comportamiento de las instituciones
españolas en este asunto, a la responsabilidad política de las
instituciones españolas y del Gobierno. Estamos hablando de que en
función de las inversiones que promovió en España en la década de los
noventa existen investigaciones de naturaleza penal, dirigidas desde
un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional y desde la
Fiscalía anticorrupción, por las cuales existen indicios razonables
para formular imputación contra Silvio Berlusconi y algunos de sus
más directos colaboradores en esas inversiones en España, como
Marcello Dell'Utri, por las que se les imputarían diversos delitos:
falsedad en documento mercantil y fundamentalmente delitos de
naturaleza fiscal, y esos delitos de Naturaleza fiscal importan miles
de millones de pesetas. En total la suma se aproxima a los 13.000
millones de pesetas. Por tanto, estamos hablando de asuntos muy
serios, en cuyo esclarecimiento el Gobierno debiera tener un interés
muy prioritario.
Nos encontramos con que a pesar de las actuaciones desde la Audiencia
Nacional por parte de un juzgado de instrucción y desde la Fiscalía
anticorrupción, dirigidas a recabar la mayor información posible
para, en su caso, poder formular esa imputación y proceder contra
Berlusconi, no ha existido colaboración por parte del Gobierno de
España en lo que resultaba procedimentalmente necesario. Por el
contrario, ha habido todo un encadenamiento de entorpecimientos,
obstaculizaciones y dilaciones que hasta el momento no han recibido
explicación satisfactoria alguna. Aún peor, cuando se la han
solicitado se ha facilitado una información
muy contradictoria con los hechos que están siendo conocidos y
que han sido puestos de manifiesto de forma insistente y reiterada en
sus actuaciones, tanto por el juzgado de instrucción de la Audiencia
Nacional como por la Fiscalía anticorrupción competente en la materia
e incluso por quienes ventilan debates políticos sobre los mismos
objetos en otras instituciones, notablemente en el Parlamento
Europeo. Efectivamente nos encontramos con que se solicitó nada menos
que el levantamiento de la inmunidad que protege sobrevenidamente,
con respecto de los hechos que se están investigando en el Parlamento
Europeo y ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tanto
a Silvio Berlusconi como a su colaborador Marcello Dell'Utri, ambos
sujetos a investigaciones por asociación mafiosa ante diversas
jurisdicciones penales de países terceros. Esa solicitud de
levantamiento de inmunidad parlamentaria se promueve desde España
ante el Parlamento Europeo por el conducto que marcan los
precedentes, de los que tiene memoria institucional el Parlamento
Europeo, que es el necesario conducto de la máxima autoridad judicial
del país desde el que se está desenvolviendo esa investigación penal,
es decir la Presidencia del Tribunal Supremo de nuestro país. Esa
solicitud de levantamiento de inmunidad, es decir de suplicatorio,
desde España, se traslada a la Presidencia del Parlamento Europeo con
la intención de que se repita una secuencia institucional que
naturalmente no es inédita en el Parlamento Europeo, que cuenta ya,
como no puede ser de otra forma, con algunos precedentes, y el
trámite que se podía esperar inmediatamente después, como sabemos, es
la remisión de esa solicitud de levantamiento de inmunidad, de
suplicatorio, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que sería el
equivalente de nuestra Comisión de Estatuto del Diputado, para su
evaluación, discusión y votación. Sin embargo, la presidenta del
Parlamento Europeo no hace eso, la presidenta del Parlamento Europeo
bajo su responsabilidad -y esa responsabilidad ha sido objeto de
discusión en el seno del Parlamento Europeo, pero es evidente que no
vamos a reproducir aquí ese debate- lo que hace es remitir una
solicitud de aclaración de la autoridad competente para intermediar
en la tramitación del suplicatorio, porque le llega a través de la
Presidencia del Tribunal Supremo. Existía ya un precedente de exacta
tramitación a través de ese conducto, y otros análogos en otras
jurisdicciones penales de otros países terceros pertenecientes
también a la Unión Europea, pero bajo su responsabilidad, y sin que
tengamos nosotros que discutir qué es lo que ha pasado ahí y por qué
la presidenta del Parlamento Europeo hace eso. Lo cierto es que esa
solicitud de aclaración se tramita a través de la Reper, de la
Representación permanente de España ante la Unión Europea, y ésta, a
su vez, la remite al Gobierno de España. Esto sucede en julio o
agosto del año 2000 y hasta bien avanzado el año 2001, hasta elmes de
marzo, no tenemos noticia alguna de a dónde
ha ido ese papel; nadie responde de dónde ha ido ese papel; nadie
responde de dónde está ese papel. Tiene que producirse una
combinación, como tantas otras veces, de agitación política y de
medios de comunicación denunciando el problema para que el Gobierno
empiece a darse por enterado de que hace ocho meses que le ha sido
solicitada la tramitación de una aclaración jurídica que no ha tenido
ningún destino, que sencillamente ha desaparecido. Se trata, por
tanto, de un caso de suplicatorio desaparecido.
El Gobierno empieza entonces a alegar dificultades y oscuridades
jurídicas que, desde el punto de vista del Grupo Socialista, que pone
en marcha esta iniciativa, son inexistentes, porque es evidente que
esas dificultades jurídicas resultan muy fáciles de dilucidar. Es
evidente que el Tribunal Supremo -lo quiere la Constitución- es el
órgano superior en todos los órdenes de la jurisdicción y es, por
tanto, la máxima autoridad judicial para tramitar un suplicatorio
ante las instituciones europeas, ante el Parlamento Europeo. Pero más
allá de eso es evidente que se trata de intermediar en la tramitación
de una solicitud judicial de levantamiento de inmunidad, por lo que
la primera actitud del Gobierno debiera ser colaborar con la mayor
diligencia en esa función de cooperación jurídica internacional que
tanto interesa en asuntos de relevancia, de interés nacional, ante
las instituciones europeas, como en tantas otras ocasiones. Y si
España solicita con gran diligencia y vehemencia, porque está cargada
de razón, cooperación judicial para perseguir una criminalidad
organizada de nuestros socios europeos, allí donde nos va en juego el
interés nacional, exactamente ésa debiera ser la actitud definitoria
de España cuando desde la misma Audiencia Nacional, desde la que se
incoan tantos asuntos de interés nacional que necesitan cooperación
jurídica internacional, se está intentando dilucidar un asunto en el
que la Hacienda española se juega la aclaración, la averiguación del
destino de los más de 10.000 millones de pesetas, sobre los que pesa
la sospecha de que, pura y sencillamente, han sido objeto de un
delito fiscal, de un delito contra la Hacienda pública española.
Sin embargo, repito, lo que sucede a partir de ahí supone una falta
de explicación total de dónde está el papel, de cuál ha sido el
destino de esa solicitud de Nicole Fontaine, procedente de la
Presidencia del Parlamento Europeo, de por qué se ha producido esa
dilación, que naturalmente abunda en la frontera de riesgo de la
prescripción de los delitos, porque esos trámites dilatorios nunca
son inocentes, nunca son inocuos, siempre tienen una proyección, una
incidencia sobre la eficacia de la investigación penal y sobre la
realización de la justicia. A partir de ahí lo que se produce es la
solicitud al Consejo de Estado de un dictamen consultivo por su
propia naturaleza, no preceptivo, no vinculante, para que aclare cuál
es el órgano competente para mediar en la tramitación del
suplicatorio. El dictamen
se produce y el Consejo de Estado -y una vez más tenemos derecho a
imaginar, a la luz de la experiencia, las condiciones bajo las cuáles
el Consejo de Estado ha dictaminado en ese sentido- dictamina que el
órgano competente es el Ministerio de Justicia. Esto va contra muchos
precedentes que han tenido lugar en el Parlamento Europeo, pero es el
Ministerio de Justicia el competente. Sucede que el Ministerio de
Justicia tampoco ha adoptado decisión alguna, ni siquiera de
intermediación, en la tramitación del suplicatorio, que sigue estando
incoada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, le quedan dos minutos.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Por tanto, a estas horas y a estas alturas,
en que va para un año la solicitud de levantamiento de inmunidad
contra Silvio Berlusconi y Marcello Dell'Utri desde la Audiencia
Nacional y la Fiscalía anticorrupción, no ha tenido destino alguno
esa solicitud. El ministro de Justicia, preguntado en más de una
ocasión al respecto en el Pleno de control parlamentario, alega que
el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha sucedido
pero, por lo menos, que venga y lo explique, que venga y explique
dónde está el suplicatorio; que venga y explique en función de qué
criterios ha solicitado un dictamen al Consejo de Estado, en
contradicción con una resolución del Juzgado de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional; dos que señalan la competencia del Tribunal
Supremo para mediar en la tramitación del suplicatorio de la Sala
Penal de la Audiencia Nacional; cuatro de la Sala Penal del Tribunal
Supremo, que es de nuevo el superior en todos los órganos de la
jurisdicción, y desde luego lo es su Sala 2, su Sala de lo Penal, en
la interpretación y aplicación de la Ley penal, y una del Tribunal
Constitucional, un auto del 9 de octubre del Tribunal Constitucional,
que señala que efectivamente el procedimiento que estaba siendo
seguido desde la Audiencia Nacional era el correcto y que el
suplicatorio, por tanto, estaba correctamente tramitado. Y esta es la
hora en que el suplicatorio no ha tenido destino alguno, en que no se
ha dilucidado, en absoluto el asunto. Entre medias ha tenido lugar
una elección importante en la República Italiana, a resultas de la
cual don señor Silvio Berlusconi es ahora primer ministro de Italia.
El cálculo estaba perfectamente hecho y es, como puede deducirse de
la secuencia fáctica, sobrevenida esta circunstancia un año con
respecto de la incoación de las diligencias que debieron haber
llegado a algún punto de destino hace ya muchos meses, y, en todo
caso, no precluye las actuaciones que, anudadas con las primeras, van
dirigidas contra Marcello Dell'Utri, todavía ahora parlamentario
europeo.
Por lo tanto, pensamos que es absolutamente pertinente que, como
mínimo, venga el ministro de Justicia
y explique esta secuencia fáctica oscura, explique dónde estuvo el
papel, dónde se entretuvo, por qué vericuetos se perdió, por qué
hemos podido hablar de un suplicatorio perdido y por qué esa
diligencia en la cooperación jurídica internacional para dilucidar
asuntos en los que está en juego el interés nacional de España,
y creo que un asunto que importa más de 10.000 millones de pesetas en
concepto de delito fiscal debiera interesar muy mucho al Gobierno. En
esta ocasión han tenido un trato desigualitario, dilatorio,
obstaculizador, y en definitiva resulta que a estas alturas, un año
después del comienzo de esta secuencia fáctica que he descrito
apretadamente, el procedimiento no ha avanzado en absoluto. Hemos
dado un verdadero espectáculo en Europa, desairando naturalmente a la
Presidencia del Tribunal Supremo, que ha quedado desdibujada como
autoridad competente para tramitar un suplicatorio instado desde
órganos judiciales de lo Penal que están dentro del sistema judicial
penal español, como país miembro de la Unión Europea, aparte de haber
dado un muy poco edificante ejemplo de no cooperación judicial
internacional cuando se trata de ventilar causas penales muy
importantes contra alguien que resulta ser, como pusimos de
manifiesto en el control parlamentario, amigo del señor Aznar,
correligionario del señor Aznar en el Partido Popular europeo y
actualmente sobrevenidamente aliado suyo estratégico en la mesa del
Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero mucho más allá de
esto, sujeto investigado por causas penales enormemente relevantes no
sólo en España sino en otros países de la Unión Europea por asuntos
que no son menores.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: No vamos a hablar aquí de la asociación
mafiosa que se le imputa en otras jurisdicciones pero sí del delito
fiscal de amplia cuantía que ha quedado sin esclarecer como
consecuencia de esta no cooperación por parte del Gobierno de España.
Por eso pensamos que es absolutamente pertinente que acuda el
ministro de Justicia y nos ofrezca la explicación cumplida que no ha
podido ofrecerse en los escasos minutos que dura el turno de control
de la tarde de los miércoles. (El señor Ollero Tassara pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Con su permiso, mi grupo pediría un turno en
contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: La verdad es que estoy un poco confundido
después de esta prolija intervención, que quizás tenga como finalidad
demostrar el escaso interés del Grupo Socialista en que algunas de
las iniciativas de hoy lleguen a ser debatidas, porque, si no, no se
entiende que se consuma tanto tiempo en una intervención tan curiosa.
Quizás, fruto de mi confusión, después de esta exposición tan
absolutamente heterogénea y abigarrada, no sé por qué se me viene a
la cabeza una figura taurina, que es lo que se llama tomar el olivo,
que suele darse cuando alguien que está en el ruedo, que suele ser
casi siempre un peón, pierde la cara del toro, el toro le hace hilo,
y entonces, un poco a la desesperada, acaba saltando al callejón,
bien grácilmente, si es joven y atleta, apoyándose en una mano, o
bien tirándose de cabeza, si el físico no da para más. No sé por qué
me he acordado de esto, pero a lo mejor antes de terminar mi
intervención me acordaré.
Mi grupo ante todo quiere dejar claro que está a favor de cualquier
iniciativa de control parlamentario del Gobierno, como no puede ser
de otra manera, pero de control parlamentario del Gobierno, porque
otras instituciones son otras instituciones. Aquí no nos dedicamos
a controlar parlamentariamente a la presidenta del Parlamento Europeo.
Para eso hay diputados en el Parlamento Europeo, algunos de ellos
socialistas, que no parece que sean menores de edad ni necesiten la
tutela del señor López Aguilar, que podrán allí hacer lo que estimen
reglamentariamente oportuno. Desde luego no es nuestra función aquí
ocuparnos de lo que hace o dejar de hacer el Tribunal Supremo, ni
esta Cámara, que yo sepa, es una oficina de suplicatorios perdidos, o
sea, aquí venimos a controlar lo que el Gobierno hace o deja de
hacer. (El señor López Aguilar: Exacto.) Como da la casualidad de que
en este asunto, como lo ha dicho el señor ministro dos veces -porque
para decirlo sobran con dos minutos y medio-, el Gobierno no ha
recibido la menor petición a estas alturas, ni siquiera hoy, no ya
cuando se hizo la última pregunta hace un mes, ni siquiera hoy ha
recibido petición alguna, difícilmente podemos controlar un acto del
Gobierno que no existe ni por acción ni por omisión, puesto que no se
puede considerar que sea omisión no responder a lo que no se
pregunta, o no atender lo que no se presenta, a no ser que alguien
defienda la idea de que el ministro de Justicia tiene, entre sus
responsabilidades, buscar suplicatorios perdidos, lo cual es un
asunto que puede dar para una novela y sería muy interesante, pero no
nos parece que en los anales del control parlamentario universal
figure ese tipo de iniciativas. Por tanto, nosotros no nos vamos a
prestar a esa cuestión. (Rumores.)
Se ha dicho aquí claramente que el Parlamento Europeo, la presidenta,
con la cual parece que no simpatiza mucho el señor López Aguilar, se
ha dirigido al Tribunal Supremo (Rumores.); allá ellos, el Ministerio
no tiene noticias de esa cuestión.
En un momento determinado, cuando se ha planteado por otra vía, por
vía diplomática, quién es el responsable en España de atender una
petición de ese tipo, se ha solicitado un informe del Consejo de
Estado. En ese
sentido, en primer lugar, no porque el señor presidente sea quien es,
yo quiero protestar por cómo se ha hablado aquí del Consejo de
Estado, porque ya está bien que desde la oposición cada vez que una
institución del Estado español realiza una tarea que se entiende por
la oposición que puede favorecer al Gobierno, se la ponga como un
trapo. O sea, el Consejo de Estado es el Consejo de Estado y merece
el máximo respeto por parte de todos y no hay derecho a que se
envilezca la situación sugiriendo aquí que ya sabemos cómo actúa el
Consejo de Estado. (Rumores.) Pues sí que lo sabemos, actúa con
arreglo a derecho y con un prestigio ganado a pesar de las
intervenciones que haya podido tener el Partido Socialista durante 14
años (Rumores.), eso es así. Por tanto, a nosotros nos merece el
máximo respeto lo que ha hecho el Consejo de Estado. El haber pedido
un dictamen al Consejo de Estado, por parte del Gobierno en modo
alguno se puede entender como falta de colaboración, más bien, por lo
que dice el portavoz socialista, sería un exceso de colaboración
(Rumores.), precisamente porque están en juego, como muy bien ha
dicho el portavoz socialista, intereses nacionales, y no parece que
sea pasarse de prudente en un momento en que nadie se aclara, porque
los señores del Parlamento Europeo, incluso los socialistas, saben
leer, y resulta que no se aclaran sobre a quién hay que pedirle esta
cuestión. Se pide un dictamen, que en efecto no es vinculante ni es
preceptivo, pero para eso está el Consejo de Estado, para hacer
informes que no son ni preceptivos ni vinculantes, se pide un
dictamen, repito, y el resultado de ese dictamen es que es al
Ministerio de Justicia a quien hay que dirigirse para solicitar ese
suplicatorio, y nadie se ha dirigido a él. Si el señor López Aguilar
tiene tanto interés, que mueva sus múltiples teclas y que consiga que
alguien se dirija al Ministerio de Justicia pidiendo ese
suplicatorio, salvo que lo que quiera sea montar un numerito aquí a
costa de no se sabe qué.
Si el PSOE quiere actuar como acusación particular porque entiende
que se han dilapidado 10.000 millones, que por cierto, señor López
Aguilar, en su última pregunta ante el Pleno hace sólo un mes eran
dos mil y pico millones. No sé si son los intereses de mora lo que
hace que hoy ya sean 10.000 millones. (El señor López Aguilar:
Berlusconi, 2.500.) La próxima vez serán 20.000 millones (Rumores.),
los que usted quiera (Rumores.), por favor, déjeme hablar. (Rumores.)
Si son 10.000 millones actúe usted como acusación particular, pero
donde procede porque tampoco procede aquí. Entonces, vaya usted a
donde entienda oportuno y constitúyase en acusación particular.
Ahora empiezo a acordarme de por qué he hablado de tomar el olivo,
porque son cosas que le vienen a uno a la cabeza. Tuve la oportunidad
de estar en Roma, lo cual siempre es bueno -creo que la Comisión va a
hacer un viaje a Roma, incluso- y estuve en Roma justo en la semana
posterior a esas elecciones, y tuve
ocasión de leer los comentarios de la prensa italiana sobre esas
elecciones, por cierto elecciones donde el señor Berlusconi, por esas
cosas de la vida, ha sacado más escaños de los que podía cubrir. Como
es sabido, por los que han seguido el asunto de cerca y desde luego
por la prensa italiana, resulta que el señor Berlusconi ha sacado más
escaños de los que ha podido cubrir, por cuestiones que pertenecen al
modo de actuar de la política italiana, donde no entraré porque si no
no acabamos esta mañana. No he leído el mínimo comentario en toda la
prensa italiana que diga que esto ha sido gracias al Ministerio de
Justicia español, que ha parado un papel, gracias al cual este señor
ha sacado tantos votos que no ha tenido escaños para cubrir.
(Rumores.) No, no he leído eso, por falta de imaginación sin duda de
los analistas italianos que no tienen la profundidad del señor López
Aguilar, pero a nadie se le ha ocurrido. Sí he leído un artículo de
Angelo Panebianco, al que conocerá el señor López Aguilar,
catedrático de ciencia política en Bolonia, publicado en el Corriere
della Sera, titulado Las dos Italias, donde criticaba la absoluta
falta de sentido común de una determinada intelectualidad italiana de
izquierdas, al comportarse despectivamente con los electores del
señor Berlusconi, recordándoles que la democracia consiste en
reconocer la igualdad moral de todos los ciudadanos, y que ir
perdonando la vida a determinados ciudadanos porque votan al señor
Berlusconi, o perdonando la vida al Consejo de Estado porque lo que
dice no le gusta al PSOE, eso es negar las bases de la democracia que
exige una igualdad moral en los ciudadanos. El ciudadano es digno de
respeto vote a quien vote. Y al ciudadano italiano le ha dado la gana
votar al señor Berlusconi. Lo que hacen hoy aquí es solidarizarse con
sus compañeros del olivo que, por cierto, en esa semana ya se habían
olvidado del asunto y estaban intentando ganar, como ganaron, las
alcaldías de Roma y de Nápoles, y no se dedicaban a hablar de las
tonterías que se han dicho aquí. Ustedes quieren dejar bien claro que
consideran que se han caído con todo el olivo en esas elecciones.
Ustedes se solidarizan con las derrotas ajenas. No tienen suficiente
con las propias. No les basta con perder dos elecciones en España -y
las que les quedan-, quieren perder elecciones en Italia. Pues,
piérdanlas. Hagan lo que quieran, pero déjennos en paz.
En resumen, mi grupo va a votar en contra y les dice a ustedes: dime
con quien andas y te diré por cuanto pierdes. Porque su intervención
no tiene otro sentido. Ustedes se han caído con todo el olivo, ¡qué
le vamos a hacer! Iremos a lo nuestro. (El señor López Aguilar pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Muy brevemente para replicar, intentando
atenerme a la cuestión, porque
siempre que habla el señor Ollero uno acaba escuchando muchas
consideraciones que no se atienen a la cuestión como, por ejemplo,
discusiones acerca de la calidad moral de todos los votos. En nuestro
entorno, la única deslegitimación de la calidad moral de nuestros
votos que alcanza mi memoria nunca han provenido de la izquierda ni
de la intelectualidad, provienen de una derecha muy familiar en
España que ha hablado de voto cautivo durante muchísimos años, que ha
intentado deslegitimar votos por su procedencia social, por sus
estratos, por sus orientaciones. No es esa la cuestión que estamos
discutiendo. Aquí estamos hablando de la responsabilidad política del
Gobierno, usted lo ha dicho, estamos hablando de la acción y la
inacción del Ministerio de Justicia. Resulta que la señora Fontaine
le ha solicitado al Gobierno la tramitación del suplicatorio, le ha
solicitado al Gobierno que la ayude a vehicularlo. Yo podría hablar
aquí, y tampoco es la cuestión, de cómo calificar ese comportamiento
institucional de la señora Fontaine en contradicción con sus
precedentes. Pero precisamente porque mis compañeros del Grupo
Socialista del Parlamento Europeo no necesitan mi asesoramiento, esa
función la desempeñan ellos, y esas discusiones han tenido lugar una,
dos y media docena de veces en el Parlamento Europeo, porque es el
lugar institucional oportuno para intentar dilucidar por qué, en
contradicción con sus precedentes, intentando ayudar a qué causa. Ese
trámite dilatorio también tuvo lugar por parte de la Presidencia del
Parlamento Europeo. Pero resulta que la señora Fontaine se dirigió al
Gobierno de España y transmitió la solicitud de que el suplicatorio
se tramitara a través del Gobierno de España. Por tanto, cuando se
dice que nadie le ha pedido al Gobierno de España que intervenga en
la materia, lo ha hecho la señora Fontaine, que ha señalado con el
dedo al Gobierno de España y le ha dicho: tramíteme usted el
suplicatorio porque me ha venido a través del conducto de la
Presidencia del Tribunal Supremo, queriendo cargarse de razón -y es
el comportamiento del Gobierno lo que yo califiqué, no el Consejo de
Estado- en un comportamiento que también yo podría comentar
largamente si tuviéramos tiempo. Lo que hace el Gobierno de España es
meter de nuevo la cuestión en un trámite consultivo, no vinculante,
no preceptivo, ante el Consejo de Estado. Bien. Lo ha hecho. Pero es
que el Consejo de Estado le ha dicho que es el Ministerio de
Justicia. Por tanto, la pregunta de Nicole Fontaine está respondida.
Hay un responsable. Lo que no puede ser es que el suplicatorio no sea
tramitado, porque eso no es cooperar con la justicia, eso es obstruir
la justicia, es nada menos que un comportamiento obstaculizador de la
Administración de justicia y de la función jurisdiccional,
investigando hechos con relevancia penal por parte de tribunales
penales que tienen su incardinación en la estructura judicial
española. Eso que estoy sugiriendo es grave y quien tiene que
responder por qué se ha hecho es el ministro de Justicia
compareciendo aquí. El ministro de
Justicia es doblemente competente en la medida en que, además,
evacuado el trámite consultivo ante el Consejo de Estado, éste dice:
Efectivamente, usted es competente. El Consejo de Estado tiene todos
mis respetos, como no podía ser de otra manera.
Le invito a repasar mis palabras para ver dónde encuentra usted la
percha que sólo en su prejuicio con respecto de lo que siempre quiere
oír en los turnos de palabra de la oposición tiene lugar, y no en las
palabras que yo utilicé. Lo que estoy calificando es el trámite
dilatorio que, claramente innecesario, el Gobierno introduce en este
laberinto para intentar, de nuevo, ganar tiempo y coadyuvar así a la
oscurización, a la obstaculización y, eventualmente en el horizonte
final, a la prescripción de los delitos de que se trata. Eso es lo
que merece una respuesta política en esta Cámara, el porqué del
comportamiento del ministro de Justicia.
Nicole Fontaine, presidenta del Parlamento Europeo, ha dicho al
Gobierno de España: Tramite usted este suplicatorio. No ha dicho, no
lo tramite, no ha dicho, esta actuación judicial es inválida, es nula
de pleno derecho, no tiene lugar, dudo de su legitimidad. Hay unas
causas penales por hechos aparentemente relevantes, desde el punto de
vista penal, que deben ser investigados. Pero una vez finalizado el
propio vericueto en el que el Gobierno y el ministro de Justicia se
han metido, que actúe ahora el ministro de Justicia, que tramite el
suplicatorio, que diga dónde ha estado todos estos meses. ¿Dónde
estuvo esos ocho meses? ¿Por qué no hay ninguna respuesta? ¿Por qué
fue necesaria una presión política? ¿Por qué fue necesaria una
denuncia en medios de comunicación? ¿Cómo es posible que un
suplicatorio contra alguien con el que están obrando en España no se
tramite? Vamos a dejar al margen todas las acusaciones de
organización mafiosa que tiene lugar en Luxemburgo, en el Reino
Unido, en Alemania, en Francia contra Berlusconi y sus adláteres.
Estamos hablando de España. Ahora que en España se ha dilucidado
quién es el órgano competente ¿por qué no se tramita el suplicatorio?
¿Es necesario que ahora Garzón le haga un requerimiento directamente
al ministro de Justicia y le diga: Póngase usted las pilas, lleve el
suplicatorio en mano, como sea, llévelo en un sobre lacrado, por
valija diplomática ante la Reper, pero vehicúlelo y que se tramite?
Pero de lo que ahora estamos hablando es de si hay una sobrevenida
protección diplomática a favor de Berlusconi porque ha accedido a la
condición de primer ministro de Italia, contra los adláteres de
Berlusconi implicados en la misma causa, también beneficiados por la
inmunidad parlamentaria como parlamentarios europeos. Por tanto, le
invito a repasar mi declaración.
Quiero que quede constancia de que me he producido con absoluto
respeto al papel institucional, que lo he calificado propiamente
consultivo, no vinculante, no preceptivo, que se ha evacuado ante el
Consejo de Estado, pero que cumpla el Gobierno con su responsabilidad.
Tramite el suplicatorio y, sobre todo, ofrezca una explicación
plausible de por qué han pasado ocho meses sin que el suplicatorio
haya ido a ninguna parte. Y le diré, finalmente, que el respeto a los
electores italianos está asegurado, como el respeto a los electores
de Marbella, que se han pronunciado varias veces por mayorías
bastante sonoras por colocar en la alcaldía de Marbella a una persona
sobre la que obra una miríada de causas penales de forma simultánea,
que no le quita el sueño. Pero son dos planos completamente
distintos. Pienso que como demócratas y hombres de derecho estamos
absolutamente obligados a discernirlos. Respeto a los electores,
respeto la igualdad moral de cada voto en la urna y, al mismo tiempo,
curso legal para los procedimientos penales contra las personas sobre
las que obren indicios racionales de haber cometido delitos. Ambas
cosas tienen que dilucidarse en planos completamente distintos. Aquí
no venimos a que nos diga el ministro de Justicia si el señor
Berlusconi le parece culpable o inocente, sino pura y sencillamente a
saber cuál es su papel y por qué ha estado ocho meses en paradero
desconocido en la tramitación de un suplicatorio que intenta cumplir
una función en el esclarecimiento de hechos aparentemente delictivos,
en los que se ventila el esclarecimiento del destino total de una
deuda fiscal contra la Hacienda pública española de más de 10.000
millones de pesetas, de los cuales 2.500 millones le son directamente
imputables a don Silvio Berlusconi.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Seré muy breve porque cuando no se quieren
enredar los hechos no hace falta ser prolijo. Insisto en que al
Ministerio de Justicia nadie le ha solicitado que tramite ese
suplicatorio. La presidenta del Parlamento Europeo preguntó en su
momento quién era la autoridad competente en España para esa
cuestión, y ya tiene respuesta gracias al Consejo de Estado, entre
otras cosas. Es el ministro de Justicia. A partir de ahí, si el señor
López Aguilar, el Partido Socialista o quien sea, porque tampoco
vamos a adentrarnos en los trasfondos, quiere dedicarse
proustianamente a la búsqueda del suplicatorio perdido, que se
dedique. Cada cual dedica su tiempo a lo que estima oportuno.
En cuanto a las referencias al Consejo de Estado, me remito al
'Diario de Sesiones'. Ahí se verá qué es lo que ha dicho el señor
López Aguilar y si ha dicho o no: todos sabemos en que en qué
condiciones actúa el Consejo de Estado. Ahí se leerá o no se leerá.
No hay mucho más que decir. Y como no me considero contradicho en
ninguno de mis restantes argumentos, con esto es suficiente.
El señor PRESIDENTE: ¿Resto de los grupos que quieran tomar posición?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a intervenir tratando de expresar la
posición de mi grupo que tiene que ser de pleno respeto a las
distintas instancias que en un problema de este tipo, como el que ha
planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se tienen
que hacer dentro del estricto campo de las instituciones. En primer
lugar para nosotros está claro que no es el señor ministro de
Justicia quien tiene que venir a esta Comisión a informar de un tema
que está fuera del control del Gobierno, porque a nuestro entender no
existe esa responsabilidad ante la evolución del procedimiento
seguido en el caso del señor Berlusconi, hoy presidente del Gobierno
de la República Italiana en cuanto a las denuncias sobre presuntos
delitos de fraude fiscal y otros con connotaciones en esta materia.
Por otro lado, ratifico la información que facilitó en su día el
señor ministro de Justicia de que este suplicatorio no ha entrado en
el Ministerio de Justicia español.
En segundo lugar, que el Gobierno, a nuestro entender, vía Ministerio
de Justicia adopta la situación procedimental adecuada que es la
consulta al Consejo de Estado. Aquí quiero decir también que no soy
quién, ni como diputado ni como miembro de esta Comisión, para hacer
un juicio de valor sobre una institución del Estado democrático como
es el Consejo de Estado, en cuanto a las garantías que ofrece como
figura institucional y en cuanto a las garantías personales, digamos,
de distinguidos miembros del Consejo -porque fue un dictamen emitido
en estas circunstancias por dichos miembros- de un reconocido
prestigio en responsabilidades administrativas como, por ejemplo, su
presidente, don Íñigo Cavero, que fue ministro de Justicia; don
Landelino Lavilla, que fue ministro de Justicia y fue presidente de
esta Cámara y de don Fernando Ledesma, ministro de Justicia también
en el primer gobierno socialista de don Felipe González. Supongo que
tendrían sus razones fundadas en derecho y en responsabilidad
institucional para emitir el dictamen. Quede, por tanto, claro mi
respeto a la institución, a los componentes que he citado dentro de
la misma que me dan las garantías que como diputado y como ciudadano
puedo exigir en el análisis imparcial de un dictamen del Consejo de
Estado.
En tercer lugar, si no ha habido esta responsabilidad en el
tratamiento de los suplicatorios, que se indague y se exijan
aclaraciones por quienes tienen capacidad de actuación en ley y en
derecho. Lo que no quisiera - dado que se ha pronunciado en la
segunda intervención por el portavoz del Grupo Socialista el nombre
del juez don Baltasar Garzón- es que empezáramos a trasladar aquí los
síndromes de protagonismos, ya que cuando estamos de acuerdo todas
las fuerzas políticas
en el pacto de Estado por la justicia de ir a quitarle los escenarios
a los jueces estrella no deberíamos brindarnos -no sé si a un juez
estrella o a nosotros mismos- para que recuperaran el estrellato
perdido. De esa notoriedad estelar este diputado no participa y desde
luego traer a las comisiones parlamentarias esta notoriedad -por la
notoriedad política y personal del hoy día presidente del Gobierno de
la República Italiana- provocaría que el campanazo en Europa fuera de
cuidado.
Hay unos intereses de Estado que tienen que ser respetados también en
paralelo con los intereses del principio de defensa de la justicia.
Pues bien, si hay que hacer un principio de defensa de la justicia,
también las instancias políticas parlamentarias en el Parlamento
Europeo podían exigirle que las causas que el ciudadano italiano
señor Berlusconi tenga -se han citado aquí- con administraciones
británicas, belgas, alemanas o francesas se sustancien, pero vamos a
ver qué dicen los respectivos gobiernos de estos países. Desde luego
no está en el ánimo de mi grupo entorpecer ninguna posibilidad de las
actuaciones que trascienden el puro hecho jurisdiccional de los
suplicatorios con lo que es el recto entender de una política de
Estado, porque formamos parte tanto el Reino de España como la
República Italiana de la Unión Europea y tenemos una serie de
problemas donde el sentido común y la inteligencia del buen gobierno
de los asuntos nacionales son esenciales. Porque se ha hablado aquí
-y yo lo comparto, lo decía al principio el portavoz socialista- que
es un tema de interés público. Bien, no traigamos estrellato, pero es
de interés nacional y tenemos que colocarlo los políticos en su justa
escala de valores y de actuaciones en cuanto a la responsabilidad de
los gobiernos. Yo sí exigiría al Gobierno español en una sesión de
control que respondiera de cualquier situación que pusiera en duda,
en peligro y menoscabara los intereses de Estado que tiene España
dentro de la Unión Europea.
Dicho esto, termino mi intervención, señor presidente, diciendo que
mi grupo se opone a la comparecencia del señor ministro de Justicia
del Gobierno español para entrar en un caso de este calibre respecto
a un supuesto suplicatorio sobre el que tendría que pronunciarse,
cosa inédita, el propio Gobierno español. Como miembro en
representación de mi grupo de la Comisión del Estatuto del Diputado
tengo la experiencia de cómo se tienen que solicitar los
suplicatorios, porque esta Cámara, en puro uso de la soberanía
constitucional, ante cualquier suplicatorio interno puede concederlo
o puede negarse y los dictámenes precisamente están hechos dentro del
respeto constitucional y a la ley que impera en nuestras comisiones.
(El señor Barrero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, ¿para qué pide la palabra?
El señor BARRERO LÓPEZ: Señoría es que no estamos muy acostumbrados
en la Comisión a que haya debates de este tenor y da toda la
impresión de que se está viendo por la vía de la originalidad una
especie de transformación de la Comisión en algo que no es. Es decir,
que la fijación de posiciones de un grupo, como es el canario, con un
portavoz ilustre y veterano en esta Cámara, se aproveche para hacer
críticas al autor de la iniciativa parlamentaria...(Rumores.) Señor
presidente, es una situación inaudita que debe mover a la presidencia
por supuesto a conceder un turno por alusiones al autor de la
iniciativa. Señor presidente el autor de la iniciativa parlamentaria
es el Grupo Socialista, y por tanto... (El señor Gil Lázaro: Los demás
grupos toman posición y dicen lo que quieren.)
Señor presidente, en todo caso, al margen de que lo que está en juego
es el control parlamentario y esta es una mala vía para que eso se
siga promocionando en esta Comisión, en la que tenemos mucha
experiencia, hay una alusión directa en todo caso de un grupo
parlamentario en su fijación de posiciones y lo que le rogaría es que
en atención al artículo 71, creo recordar, del Reglamento, permitiera
los tres minutos de intervención por alusiones al autor de la
iniciativa, el señor López Aguilar.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, tiene la palabra por un
minuto para contestar a esa alusión.
El señor LÓPEZ AGUILAR: El control parlamentario es una función
esencial del Parlamento en pleno o en comisión y tiene que
desempeñarla en pleno o en comisión. El control parlamentario no
depura responsabilidades...
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, cíñase a la alusión.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Es que el control parlamentario significa el
derecho de los grupos parlamentarios, de los diputados a poder
solicitar que los miembros del Gobierno rindan cuentas ante esta
Cámara de los asuntos de su competencia y resulta que ni siquiera eso
se está haciendo posible aquí, ni siquiera la explicación tiene
lugar. Ese el asunto del debate. Aquí no estamos discutiendo la
responsabilidades penales de Berlusconi.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, ha tenido oportunidad de
decir todo lo que tenía que decir en relación con este asunto. Ese es
el tema del debate y cada uno de los grupos expresa su opinión en los
turnos correspondientes.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Entonces simplemente tengo que decir que creo
que es un triste precedente.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, si no hay alusión no hay
más que hablar porque el objeto del debate ha sido entendido por cada
grupo.
El señor OLLERO TASSARA: Está prohibido votar en contra por lo visto.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Se está cerrando el paso a la comparecencia
de un ministro para informar de un asunto de su competencia.
El señor PRESIDENTE: Eso es volver sobre la cuestión.
Señor Silva, tiene la palabra para fijar la posición de su grupo.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Con mucha brevedad después de estos
sobresaltos.
El Grupo Parlamentario de Convergència y Unió no pretende efectuar
juicios de intenciones ni respecto del comportamiento del señor
ministro de Justicia, en tanto que miembro del Gobierno del Partido
Popular y por tanto con relaciones políticas obvias con el partido
del señor Berlusconi, ni en relación al señor ministro de Justicia
como miembro de un Gobierno de un Estado que puede tener intereses en
mantener unas u otras relaciones con el presidente del Gobierno de
otro Estado que además está en la Unión Europea. Es decir, que si
efectuásemos un juicio de intenciones nosotros presumiríamos en este
caso la buena intención del señor ministro de Justicia.
Ciertamente si en la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista se
hubiese concretado una fecha de llegada de la solicitud de
suplicatorio para tramitarse al Ministerio de Justicia, si nos
hubiese acreditado precisamente esa dejación, desidia, abandono
culpable o doloso por parte del Ministerio mi grupo votaría
favorablemente a la comparecencia del señor ministro de Justicia para
explicar las causa, los motivos o la justificación de esa omisión. En
la medida en que no se nos han puesto encima de la mesa elementos
objetivos de esa naturaleza, procederemos a votar en contra.
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID PARA INFORMAR DE LOS CRITERIOS
DE ACTUACIÓN IMPARTIDOS A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO BAJO SU DEPENDENCIA EN MATERIA DE CONTROL DE LAS
MANIFESTACIONES, ASÍ COMO DE LAS RAZONES DEL INCREMENTO DESMESURADO
DE LAS ACTUACIONES REPRESIVAS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000429.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que figura como número uno en el que se nos ha repartido, que se
refiere a la decisión sobre la comparecencia del delegado del
Gobierno en Madrid para informar de los criterios de actuación
impartidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Como en la ocasión
anterior, intervendrá en primer lugar el grupo solicitante, que es el
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, traemos hoy la
solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunidad
de Madrid ante esta Comisión y creemos que existen razones, tanto de
legalidad como de oportunidad, para que esta comparecencia se
produzca. Quiero aludir a razones de legalidad porque quizá
convendría despejar una cierta imagen derivada de ciertos precedentes
que sin duda serán utilizados por parte del Partido Popular para
amparar la no comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid. Y
por eso es conveniente ver si la categoría, el carácter de autoridad
pública que tiene el delegado del Gobierno de Madrid le coloca en una
situación homologable a la del resto de las autoridades que
comparecen habitualmente en esta Cámara.
En primer lugar hay que decir que desde el punto de vista legal, como
estoy tratando de explicar, hay un deber de comparecer y este deber
de comparecer arranca del artículo 109 de la Constitución, según el
cual las comisiones podrán recabar información al Gobierno y de
cualquier autoridad del Estado. Por otra parte, el artículo 44 del
Reglamento de la Cámara establece que las comisiones podrán recabar
la presencia no solamente de los miembros del Gobierno, sino también
de autoridades y funcionarios públicos por razón de la materia,
y quiero subrayar ambos términos: autoridades y funcionarios y razón de
la materia. Pienso que la razón de la materia por la cual nosotros
queremos esta comparecencia no es algo que esté al margen de los
intereses y de los aspectos de control que corresponde realizar
a esta Cámara. Por otra parte, también es conveniente recordar, desde
el punto de vista legal, que el cargo de delegado del Gobierno en el
territorio de cada comunidad autónoma está creado por el artículo 154
de la Constitución, que es nombrado por decreto en Consejo de
Ministros y que, según la ley que regula este cargo, la Ley 17/1983,
ostenta la representación del Gobierno en el territorio de la
comunidad autónoma y, por lo tanto, ostenta la política y realiza la
política del Gobierno en el marco de las comunidades autónomas. En
conclusión, debe comparecer desde nuestro punto de vista y no debe
existir ningún obstáculo para esta comparecencia, al menos desde la
perspectiva legal, por la misma razón que comparecen aquí otras
autoridades, nombradas también por decreto en Consejo de Ministros,
ya sea el cargo de directores generales, subsecretarios, y por razón
de la materia objeto del
debate. La materia objeto del debate es el derecho de reunión y
manifestación en su desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Madrid y contar también con el hecho de que se trata, repito, de
un representante territorial del máximo nivel del Gobierno. Por
consiguiente, entendemos que las Cortes, esta Comisión puede pedir la
presencia de este cargo como la de cualquier otra autoridad del
Estado cuya competencia sea sectorial y en este caso de carácter
territorial pero, repito, en función de una materia que está dentro
del ámbito competencial de esta Cámara.
En segundo lugar, teniendo en cuenta con qué claridad se establece el
deber que a este cargo impone la Constitución y el Reglamento de
informar y comparecer ante el Congreso, creo que usos, costumbres y
precedentes no deben operar como impedimento de ningún tipo a la
realización de esta comparecencia.
Finalmente, las razones de oportunidad. El señor Ansuátegui puede y
debe comparecer legalmente, como hemos dicho, pero además existen
razones de oportunidad, y voy a mencionar alguna de ellas. Es justo
que sea escuchado en esta Cámara alguien que ha sido objeto de un
número importante de actuaciones de crítica y de control. Es justo
que comparezca para que podamos valorar personalmente, conociendo sus
razones, si se adecua su conducta o no a la ley y al espíritu de la
Constitución. Además es preciso tener en cuenta que se trata de un
caso especial, muy controvertido y de gran notoriedad a escala
nacional. Estamos hablando de un espectro amplio de quejas
ciudadanas, que se han catalizado como consecuencia de la actuación
de este alto cargo del Gobierno del señor Aznar. Conviene, por otra
parte, que la Cámara conozca alguna de sus propuestas, porque yo creo
que afectan al ejercicio de un derecho fundamental y constitucional.
Así la propuesta que ha hecho sobre la creación de manifestódromos
para el ejercicio del derecho de manifestación. Conviene que la
Cámara conozca las ideas y los planes del señor Ansuátegui sobre este
punto y así podamos saber lo siguiente: a) si es un inventor o
investigador sobre nuevas realizaciones o maneras de realizarse el
derecho fundamental de manifestación; b) si se trata de un técnico en
manifestaciones y, c) si se trata de un reaccionario a quien no le
gustan las manifestaciones. Hay que despejar, elegir y poner la cruz
en alguno de estos tres elementos, tres posibilidades, tres hipótesis
que podemos encontrar sobre la conducta del señor Ansuátegui. Yo
animo al Partido Popular a que nos ayude a encontrar el auténtico
sentir, los auténticos objetivos, las razones de la actuación del
señor Ansuátegui, que venga a la Cámara y nos explique realmente
cuáles son las directrices que imparte, por qué las imparte y por qué
tiene la conducta que tiene en lo que se refiere a su actuación
respecto al ejercicio de la libertad de reunión y manifestación de
los ciudadanos.
Mucho lamentaría que el Partido Popular no quisiera facilitar a esta
Cámara su trabajo de control. En este
sentido, animo al representante y portavoz del Partido Popular a que
reconsidere la hipotética postura que intuyo en su posicionamiento
inmediato, recapacite y deje que el señor Ansuátegui venga y nos
explique cuáles son sus motivos, porque creo que no es justo que
sigamos juzgándole en esta Cámara sin que el señor Ansuátegui
comparezca ante ella.
El señor PRESIDENTE: Turno en contra. Señor Gil.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, porque sobre este asunto poco
más hay que rascar, y creo que la propia intervención ahora del
portavoz del Grupo Socialista así lo acredita. Que se establezcan
argumentos tan débiles como tratar de justificar esta solicitud de
comparecencia para que esta Cámara juzgue si la conducta del señor
Ansuátegui se adecua, se ha dicho así literalmente, a la ley y al
espíritu de la Constitución o pretender establecer una especie de
sesión de encuesta en la cual el señor Ansuátegui sea aprobado o
rechazado parece que es por completo ajeno a una cuestión que, por
otra parte, ha sido sobradamente debatida en esta Cámara, tanto en
pleno como en comisión. El Grupo Parlamentario Popular así se viene
caracterizando en esta Comisión, en el conjunto de las comisiones de
la Cámara y en el propio Pleno de la Cámara y va a facilitar siempre
a la Cámara y a los grupos parlamentarios que la integran su labor de
control al Gobierno, como no puede ser de otra forma, pero el Grupo
Parlamentario Popular en lo que no se va a convertir es en entusiasta
colaborador de ciertas iniciativas que no pretenden más que tener un
carácter de puro número escenográfico. Nosotros decimos que nos
sorprende monumentalmente, pero hay cosas que ya dejan de
sorprendernos por la reiteración, esta especie de camino de Damasco a
contrario sensu del que hoy ha vuelto a hacer gala el Grupo
Parlamentario Socialista. Es lógico que por parte del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista se haya dicho como uno de los grandes
argumentos para justificar su comparecencia que esta Cámara no debe
reafirmarse en los usos y costumbres precedentes.
Por tanto, señor presidente, nosotros nos quedamos ahí, invocando los
numerosos precedentes afirmados en esta Cámara y promovidos por el
Grupo Parlamentario Socialista desde 1982. Subrayo lo dicho,
invocando los numerosos precedentes afirmados en esta Cámara
y promovidos por el Grupo Parlamentario Socialista desde 1982 en cuanto
a las no comparecencias del delegado del Gobierno, de los delegados
del Gobierno, y teniendo en cuenta además que el fondo de este asunto
ha sido ampliamente debatido tanto en el Pleno de esta Cámara como en
esta misma Comisión, el Grupo Parlamentario Popular se opone a la
sustanciación de esta comparecencia, insistiendo en que esa labor de
control del Gobierno se ha hecho en el pleno y ha contestado a
preguntas al respecto el señor ministro del Interior, se ha hecho en
esta Comisión y ha contestado a preguntas al respecto tanto el señor
ministro del Interior como el señor secretario de Estado y, por
consiguiente, nos parece que esto es una cuestión puramente agotada.
Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular no ha tenido nunca duda
de que los delegados del Gobierno de anteriores gobiernos socialistas
y, por tanto, también de este Gobierno, se adecuan en su conducta a
la ley y al espíritu de la Constitución, porque si no, no nos cabe la
menor duda de que anteriores gobiernos socialistas hubieran procedido
al cese de los delegados del Gobierno que no se hubieran adecuado en
su conducta a la ley y al espíritu de la Constitución y el Grupo
Parlamentario Popular hubiera apoyado al Gobierno en el cese de
aquellos delegados que no se ajustaran al espíritu de la Constitución
y al mandato de la ley. Facilitaremos la labor de control del
Gobierno siempre en la materia que hoy nos ocupa, y las iniciativas
inmediatas que he recordado que se han substanciado ante esta
Comisión y ante el Pleno de la Cámara así lo acreditan, y desde luego
para colaborar con números escenográficos que no aportan nada, no se
nos encontrará.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, es lamentable que el señor
portavoz del Grupo Popular considere que es un número de circo o una
escenografía carente de contenido la defensa de derechos
constitucionales del hombre y del ciudadano. Es realmente lamentable.
Esto pone en evidencia la doctrina que se tiene asumida en relación
con temas tan cruciales y tan importantes.
Señor Gil Lázaro, yo hice la invocación de los usos y costumbres que
no deberían ser predeterminantes de la posición del Partido Popular y
del Gobierno de la nación para la presencia o no del señor Ansuátegui
y para no cubrirse con determinados argumentos porque habíamos
entendido que cuando llegó el Partido Popular al Gobierno había
cambiado algo y que estábamos en un nuevo mundo que significaba que
el Parlamento se iba a convertir en el eje de la política nacional.
Pero desgraciadamente vemos que esto no está siendo así, que el
Parlamento sigue siendo un ámbito de segundo rango, al cual no se le
permite la posibilidad de que comparezcan ante él, por voluntad de
los diputados que representamos a la soberanía nacional, determinadas
autoridades, unas sí y otras no.
En el ejercicio y en la aplicación de esta ley hay una cuestión que
desde mi punto de vista tiene una argumentación legal fortísima que,
desde luego, no ha sido rebatida, ni mucho menos, en la intervención
del señor Gil Lázaro. No se puede considerar que es un argumento
débil hacer una alusión a elementos literales de la Constitución, del
Reglamento de la Cámara y de la ley que regula esta figura, porque en
ninguna parte de ese
bloque de constitucionalidad se dice que un determinado alto cargo de
la Administración no pueda comparecer ante esta Cámara. En ningún
lugar se dice; más bien todo lo contrario. Repito, la figura del
delegado del Gobierno en Madrid está regulada constitucionalmente,
igual que está regulada legalmente la facilidad que se tiene que dar
a la Cámara la información y comparecencia de autoridades, ministros
y otros responsables, incluidos funcionarios, que tendrán el deber de
comparecer cuando sean llamados a esta Cámara. Es un misterio
-hablando en plata- por qué el delegado del Gobierno, que representa
al Gobierno y está nombrado por decreto en Consejo de Ministros,
máximo nivel por lo tanto, no puede o no debe comparecer ante esta
Cámara para substanciar una información acerca de hechos que son
relevantes no respecto a un expediente o a una actuación cualquiera
del Gobierno, sino al ejercicio y el desarrollo de un derecho
constitucional básico. Porque ese es el tema. No estamos pidiendo al
señor Ansuátegui que venga aquí para explicarnos si se conceden
licencias o se dan permisos de conducir o cualquier otra cuestión a
particulares o no, lo cual también tendría su importancia y si se
planteara el caso, debería producirse; estamos hablando del ejercicio
del derecho de reunión y manifestación, y eso es lo que queremos
saber del señor Ansuátegui. Efectivamente, es un asunto que ha sido
muy tratado en esta Cámara porque lo ha traído la conducta del señor
Ansuátegui, con su interpretación restrictiva, con su interpretación
en términos de acoso y limitativos del desarrollo de un derecho
fundamental según nuestra Constitución. Estamos hablando de un
derecho que no está sometido a autorización; está sometido a
regularización en lo que se refiere a itinerarios y lugares, pero no
a autorización, cuando permanentemente se ha hablado aquí de
autorización y el señor Ansuátegui utiliza esta terminología y este
concepto. Esto es preocupante, y por eso esta Cámara tiene derecho
también a que venga aquí el señor Ansuátegui y explique cuáles son
sus criterios y sus opiniones. Si finalmente el Grupo Popular no está
por la labor, no quiere facilitar la presencia del señor Ansuátegui
en esta Cámara porque ya ha habido otras comparecencias, yo le digo
al Grupo Popular que en el futuro consideraremos que la conducta, los
criterios y las consecuencias que se deriven de la actuación del
señor Ansuátegui como delegado del Gobierno en relación con este tema
y otros son directamente atribuibles al Gobierno, y que no
estableceremos en el futuro ninguna diferenciación entre la actuación
del señor Ansuátegui y la del señor ministro del Interior.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Sólo voy a exponer tres ideas fundamentales. En
primer lugar, insisto en que es una lástima que el Grupo
Parlamentario Socialista haya tardado catorce años en descubrir la
tesis que hoy nos
expone o, en todo caso, en madurarla para poder verbalizarla. En
segundo lugar, yo no he hablado ni hablaré nunca de números
escenográficos en la defensa de los derechos constitucionales y
fundamentales; naturalmente que no. Lo que sí he dicho, y me reafirmo
en ello, es que esta iniciativa que hoy pretende llevar adelante el
Grupo Parlamentario Socialista no tiene más condición ni objetivo que
la de montar un puro número escenográfico. Y en tercer lugar,
efectivamente, tiene razón el señor Mayoral cuando dice que con la
llegada del Gobierno popular se ha producido un cierto cambio de
edad; al menos ha habido un cambio de edad en el fin de los
escándalos, un cambio de edad al convertir al Parlamento en el eje de
la política nacional y un cambio de edad en la creación de empleo y,
por tanto, en la definición de políticas mucho más sociales y
progresistas. Nosotros nos reafirmamos en lo que hemos venido
diciendo a lo largo de todos estos debates, no del de hoy, sino de
todos los debates a propósito de lo que el Grupo Parlamentario
Socialista llama las actuaciones del delegado del Gobierno en Madrid.
Basta ver los números que se han esgrimido ante esta Comisión en
cuanto a celebración de manifestaciones en Madrid y las pocas en las
que ha sido necesaria la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Tratar de repetir una realidad falsa, acomodada
a los intereses políticos de un determinado grupo, para convertir esa
realidad en la auténtica es ciertamente un ejercicio inútil y, por
tanto, conduce a la melancolía. Nosotros no estamos dispuestos a
contribuir a la melancolía del Grupo Parlamentario Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR PERMISO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, A LOS MENORES EXTRANJEROS ESCOLARIZADOS EN
GARANTÍA SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000786.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día, que va a
ser el 13 en realidad, de acuerdo con lo que han convenido los
portavoces y la Mesa, y que se refiere a una proposición no de ley
sobre medidas para facilitar permiso de trabajo, de acuerdo con las
comunidades autónomas, a los menores extranjeros escolarizados en
garantía social.
La proposición no de ley se tramita a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la
diputada doña María José López.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, solicito que, si es
posible, ajustemos el orden porque la diputada socialista ha tenido
que ausentarse.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Doña Amparo Marzal me ha dado la
proposición no de ley porque no podía esperar más, pero si no hay
inconveniente, pediríamos que se aplazara. Prefiero que la defienda
ella, pero si la Mesa considera que no, la presento yo.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, no tenemos ningún
inconveniente en ninguna fórmula que pueda convenir al grupo
proponente. Simplemente expongo que nosotros también tenemos el
problema de que nuestra propia ponente en este asunto tiene dobles
actuaciones en otros escenarios parlamentarios. Se trataría de ver en
un minuto cómo lo solventamos, siempre y cuando sea, naturalmente, de
la forma que mejor convenga al grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos, pues, la sesión un minuto para que
se pongan de acuerdo los grupos. (Pausa.)
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la
diputada doña María José López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, siento la interrupción
que ha habido por el cambio del orden del día.
El progresivo aumento de los inmigrantes en España es una realidad
que es preciso abordar, favoreciendo la integración de aquéllos que
suponen una parte importante de la mano de obra necesaria en muchos
de los sectores económicos. La presencia de los inmigrantes plantea
nuevas necesidades referidas a la sanidad, a la vivienda, a los
servicios sociales y también a la educación. Se exige a las
administraciones públicas un esfuerzo importante para que los
servicios que, hasta hace poco, se dirigían sólo a los ciudadanos
españoles, sean capaces de atender también a los inmigrantes, cuya
presencia ya es importante en alguna de las regiones de nuestro país.
Así está sucediendo con la educación. Las comunidades autónomas y los
ayuntamientos están haciendo un serio esfuerzo, acogiendo a niños y a
jóvenes que acuden a colegios y a institutos, en ocasiones sin
conocer prácticamente la lengua castellana, en cumplimiento de las
leyes vigentes que les reconocen el derecho a la educación en
igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos españoles. De
los 96.000 alumnos inmigrantes que actualmente, en el curso 2000/
2001, están escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos,
el mayor porcentaje -en torno al 50 por ciento- cursan la educación
primaria. En la educación secundaria obligatoria está matriculado un
30 por ciento del total, si bien en este sector el alumnado tiende a
aumentar por el lógico desplazamiento de los alumnos que cursan
primaria y porque algunos familiares traen consigo a jóvenes de entre
14 y 18 años, muchos de los cuales acuden a los centros escolares
después de una escolarización deficiente en su país
y, prácticamente, sin conocimientos de la lengua castellana.
Todavía es bajo el número de alumnos inmigrantes que consiguen el
graduado en educación secundaria por las dificultades de su
integración cultural y muy pocos de ellos prosiguen sus estudios,
tanto en secundaria como en obligatoria; sin embargo, existe una vía
que en muchas ocasiones utilizan, que son los programas de garantía
social. Estos programas, en sus distintas modalidades de iniciación
profesional, formación, empleo y talleres profesionales, les permiten
continuar su formación y, al tiempo, aprender los conocimientos
básicos de un oficio y adquirir ciertas competencias profesionales
que más tarde les pueden conducir a un empleo. Por otra parte, en
estas enseñanzas con un fuerte componente práctico, organizados en
grupos pequeños y con una atención preferente de un personal
especializado, sus resultados académicos mejoran. En las regiones con
un alto componente de inmigrantes escolarizados, los grupos de
garantía social se nutren en gran parte de ellos. No obstante, existe
una clara dificultad, que es la modalidad de formación y empleo,
gestionada mayoritariamente por los ayuntamientos y organizada en dos
fases, de seis meses cada una. En la primera se sigue un proceso
intensivo de formación y en la segunda el aprendizaje lo realizan los
alumnos en una empresa que los contrata al efecto durante esos seis
meses. Allí surge el problema. El alumno inmigrante, con todos sus
papeles en regla, no tiene permiso de trabajo y el empresario no
puede, por ello, contratarlo para realizar las prácticas en su
empresa. Cuando el profesorado de garantía social tramita la
solicitud de este permiso, el joven alumno ya no tiene ninguna
prioridad, por lo que, tras una larga espera, en muchas ocasiones ha
de renunciar a su escolarización, ya que ni siquiera durante el
período formativo de seis meses anteriores a las prácticas en la
empresa hay suficiente tiempo para superar la lentitud del
procedimiento y conseguir ese tan ansiado permiso de trabajo. De este
modo vemos frustrada una posibilidad de formación de un joven, con la
consiguiente clausura de una vía de integración laboral y social. De
algún modo estamos consintiendo que no se admitan extranjeros, puesto
que no es posible culminar sus estudios de garantía social en esas
modalidades a las que hemos hecho referencia. Consideramos que el
cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 8/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, supone que las
administraciones que hacen una oferta educativa que conlleva un
período de prácticas han de garantizar a sus futuros alumnos que
puedan realizarse tales prácticas.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
eleva a la Comisión de Justicia, para su discusión y posterior
aprobación, si procede, la siguiente proposición no de ley: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se reserve, de
acuerdo con cada una de las comunidades autónomas, una
parte del contingente anual de trabajadores extranjeros para los
menores inmigrantes escolarizados en garantía social, en la modalidad
de formación y empleo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: En primer lugar, quiero agradecer -y que así
se lo hagan llegar- a la autora de la iniciativa, la diputada Amparo
Marzal, la presentación de la misma y, por supuesto, a la señora
López, que ha actuado como portavoz en esta Comisión en un tema que a
todos nos preocupa, como es la integración de los inmigrantes, en
este caso de los menores inmigrantes. Si me lo permiten y para
centrarnos en lo que hoy aquí debatimos, quisiera hacer una breve
introducción para mostrar cuál es la realidad con la que nos
encontramos.
Es cierto que los menores que se hallan en España cursando estudios
de enseñanzas regladas deben estar en posesión de la documentación
que les permita residir o permanecer en España, es decir, han de ser
titulares de permisos de residencia o de tarjetas de estudiantes.
Efectivamente, en el caso de menores extranjeros que cursan estudios
en la modalidad de formación y empleo, esa segunda fase implica la
realización de prácticas laborales en empresas mediante contratos de
trabajo y que, por lo tanto, para la realización de tales actividades
la normativa vigente impone la necesidad de obtener la
correspondiente autorización para trabajar. Ahora bien, la normativa
vigente contempla la posibilidad de conceder autorización para
trabajar sin necesidad de tramitar formalmente las solicitudes de
permiso de trabajo, al objeto de facilitar la prestación de servicios
en aquellos casos en los que ésta no requiera continuidad o cuando
las circunstancias así lo aconsejen. Lo que se pretende con esta
normativa es introducir una mayor flexibilidad para estas
situaciones. Esta modalidad de autorización se instrumenta mediante
la correspondiente resolución, evitando así el procedimiento señalado
para la obtención de un permiso de trabajo.
Si me lo permiten, señora López y señora Marzal, quisiera hacer una
observación al segundo punto de la proposición no de ley que ustedes
han presentado en esta Cámara, el que hace referencia a que las
autorizaciones de trabajo emitidas para menores extranjeros
escolarizados en garantía social se tramiten por un procedimiento
preferente. Nosotros consideramos que el que se haga mediante una
resolución es un procedimiento ágil que hace mucho más fácil el
conseguir ese permiso de trabajo. En el caso concreto de los
extranjeros documentados con tarjeta de estudiante, menores de 18
años o mayores de edad, que pretendan desarrollar actividades
laborales por cuenta ajena, en la Orden
de 5 de febrero de 1998 ya se fijan los requisitos y se regula ese
procedimiento. A nuestro juicio, y diciendo de antemano que su
iniciativa nos parece muy positiva, en la actualidad ya existe un
procedimiento ágil para la concesión de autorizaciones laborales para
estudiantes que pretendan desarrollar actividades por cuenta ajena,
ya sea compatibilizando estas actividades con sus estudios o para los
casos en los que la prestación laboral constituya parte de la
formación académica.
Nos parece importante señalar que el propio Grupo Parlamentario
Popular, al inicio de esta legislatura, ya presentó una proposición
no de ley en la Comisión de Política Social y Empleo, que fue
aprobada unánimemente por todos los grupos, en la cual se instaba al
Gobierno a facilitar el acceso de los inmigrantes a los módulos de
formación profesional en los programas de garantía social -tal como
hoy pretende el Grupo Parlamentario Socialista- y, además, a promover
los programas de integración socioprofesional, a través de medidas de
formación en el empleo y conocimiento del idioma, que permitan la
inserción laboral y social de los inmigrantes. Este es el motivo de
no admitir hoy la proposición no de ley que ustedes nos presentan,
dejando abierta, por supuesto, la posibilidad de seguir alcanzando
acuerdos a lo largo de toda la legislatura. Creemos que el utilizado
en la actualidad es un procedimiento ágil y diferente al resto de los
utilizados para conseguir ese permiso de trabajo, y que la iniciativa
aprobada por todos los grupos a instancias del propio Grupo Popular
recoge lo que ustedes plantean en esta proposición no de ley.
Felicitándoles una vez más por la presentación de esta iniciativa y
agradeciendo el tono de la misma, tenemos que decir que nos vemos
obligados a rechazarla por las cuestiones que hemos planteado.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONSTITUIR EN EL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA UNA MESA DE NEGOCIACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000103.)
El señor PRESIDENTE: El punto correspondiente al número 3 del orden
del día, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
constituir en el Cuerpo Nacional de Policía una mesa de negociación,
ha sido retirado por el grupo proponente.
- PARA QUE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO SE RESPETE LA
DENOMINACIÓN OFICIAL DE LOS TOPÓNIMOS DE GALICIA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000491.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día,
proposición no de ley para que por la
Dirección General de Tráfico se respete la denominación oficial de
los topónimos en Galicia. El grupo proponente es el Grupo Mixto, y
para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En repetidas ocasiones el Bloque
Nacionalista Galego tuvo que llamar la atención sobre la violación
continua de la legalidad vigente en materia de uso de los topónimos,
de los nombres de lugares, en concreto por parte de organismos
e instituciones del Estado, en particular, sobre todo hace años -no
ahora, que ya hay un comportamiento mucho más correcto-, por parte de
la Dirección General de Carreteras y los organismos dependientes del
Ministerio de Fomento, y en particular también por parte de Correos,
donde últimamente se está haciendo un esfuerzo por que todos los
topónimos de Galicia figuren debidamente usados, desde los tampones o
cuños hasta los listados que el propio ente ofrece al público.
Pueden ustedes observar cómo cuando tenemos que debatir los
Presupuestos Generales del Estado es normal que muchas de las hojas
vengan desde los ministerios con la toponimia totalmente incorrecta y
violando la legalidad que nos hemos dado por unanimidad en este
Congreso de los Diputados. No les voy a hablar en particular de Radio
Nacional de España, que sobre todo el último año hizo un uso
desconsiderado, abiertamente anticonstitucional, sino de la Dirección
General de Tráfico, que es lo que ahora nos ocupa. En concreto,
cuando emite directamente, desde la propia Dirección General de
Tráfico, los partes sobre el estado de las carreteras de Galicia, y
también durante períodos,de forma irregular -no es siempre constante
este comportamiento-, pero hubo un período en concreto, que abarca
todo el año 2000, y especialmente el segundo semestre, donde el
incumplimiento de la legalidad vigente era la norma y no la
excepción, hasta el extremo de que el Gobierno respondió, a preguntas
de este diputado, el 21 de septiembre del año 2000 que efectivamente
se daba esta práctica y que procurarían corregirla, por cierto,
indicando que la corrección se tenía que hacer sobre las
denominaciones en castellano. Nosotros siempre hemos defendido que
cuando se utiliza mal la toponimia de Galicia, no se nombra una
alternativa en castellano o en español, sino que se dan con híbridos,
con deturpaciones, con malformaciones que nada significan en
castellano y que son prácticamente violencias fonéticas establecidas
a partir de la fonética en español, pero en absoluto una alternativa
formal coherente por su contenido o porque tenga algún sentido en la
lengua española. Es muy importante comprender esto para que se sepa
la importancia que damos a este tema.
Por lo demás, cuando nosotros registramos esta proposición no de ley
pudimos comprobar, veinte días más tarde, que la Dirección General de
Tráfico hacía un uso
correcto, y era lo normal y no la excepción, los casos de
deturpaciones eran las excepciones y no lo normal, pero curiosamente
volvieron otra vez a reproducir durante días un comportamiento
totalmente irregular, lo cual nos animó a mantener esta proposición
no de ley viva.
En concreto es frecuentísimo que se escuche el uso del topónimo La
Estrada, que no es difícil que los castellanoparlantes puedan
comprender que es un híbrido, que no es un topónimo en español, sino
que lo que se hace es colocar un artículo en español delante de una
palabra netamente gallega y que tiene un sentido, un significado.
Igual pasa con La Gudiña o Sangenjo, que continuamente se puede
escuchar por la Dirección General de Tráfico, cuando en todo caso
ustedes saben que esto no tiene sentido ninguno en español, o el caso
de La Rúa, otra forma muy utilizada continuamente por la Dirección
General de Tráfico; formas híbridas o adaptaciones a la fonética del
español que son auténticas violencias desde el punto de vista
semántico y fonético. Esta manera de proceder es indicativa de una
mentalidad que pensamos que debe superarse, no solamente por la
legalidad, que es prescriptiva en este aspecto, sino también por el
sentido común y por la concepción que debe asumir la realidad
plurinacional y plurilingüe del Estado español con naturalidad, sobre
todo en este aspecto básico que es la toponimia. Los topónimos tienen
que ver con nombres de personas, con las características de los
lugares a los que se refieren o la función que cumplen, y en un
Estado como el español lo que tiene que hacer el Estado -de hecho lo
hizo desde el punto de vista constitucional y legal, desde el punto
de vista teórico, ahora lo que hace falta es que se asuma en la
práctica- es considerar que en el terreno de los topónimos, en el
caso de Galicia y de Cataluña, hay que asumir que las formas
administrativamente oficiales y correctas, por tanto, desde un punto
de vista oficial son las originarias, no deturpadas, no violentadas
por esta mentalidad colonizadora que ni siquiera en muchos aspectos
se llevó a cabo en el sur de Estados Unidos. A ustedes no les es
difícil de entender que dejaran el nombre de San Francisco, otra cosa
es que lo pronuncien de forma rara, así como nosotros consideramos
que allá quien hablando oralmente emplee los topónimos de Galicia
como quiera, pero la Administración pública tiene que tener una
forma, y la forma oficial, por ley, es la originaria y la gallega. No
se trata, por tanto, de que se pueda rebautizar contra la coherencia
y el sentido dado originariamente por los habitantes de un lugar del
Estado español, que en este caso es Galicia.
Por otra parte, sería interesante que nos fuésemos habituando a que
en un Estado de Derecho las leyes están para ser respetadas y que no
hay leyes de primera, de segunda y de tercera. Quiero acabar
refiriéndome a dos leyes taxativas y prescriptivas. En primer lugar,
la Ley de 15 de junio de 1983, de la comunidad autónoma, que es
valedera para la Administración del Estado,
porque es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Galicia, indica que la denominación oficial a todos los efectos es la
denominación originaria gallega, y ahí hubo acuerdo por parte de todo
el mundo porque todo el mundo entendió, al margen de estar o no de
acuerdo con el uso del gallego de una forma más o menos relevante,
que había que acabar con esta confusión, esta deformación y esta
esperpentización del país. Después, en consonancia con esto, como
quedaba solamente el problema de las provincias, que era una
competencia estatal, ustedes recordarán que aprobamos la Ley de 3 de
marzo de 1998 en este Congreso de los Diputados que conllevó el
cambio de denominación de las provincias de A Coruña y Ourense para
ponernos de acuerdo con sus capitales. Después de transcurridos
diecisiete años desde la primera ley y de tres años desde la segunda,
que pidamos que los organismos del Estado, y en este caso particular
la Dirección General de Tráfico, actúen con legalidad constitucional
y con estos mínimos de conciencia, de asunción de la variedad
cultural y lingüística del Estado español es poco pedir, y yo creo
que sería bueno que superásemos esta forma de conducirnos tan
contradictoria de una vez por todas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Simplemente para mostrar nuestro apoyo a
esta proposición no de ley que señala algunos problemas, por ejemplo,
en principio, el grado de cumplimiento de las leyes y órdenes que
emanan de las instituciones, que muchas veces se cumplen a medias o
se ignoran, y esto no puede ser; en segundo lugar, el grado de
credibilidad de muchas iniciativas que tienen por objeto el
reconocimiento del concepto de la autonomía en el nuevo modelo de
Estado plurinacional, y para esto no hay otra cosa como llegar a ese
reconocimiento natural de la situación y, en tercer lugar, el grado
cultural de muchos responsables de la denominación, que desconocen
las toponimias originarias y producen situaciones curiosas. No vamos
a repetir aquí las argumentaciones que se han empleado por parte del
proponente, pero hay algunas cosas curiosas. Por ejemplo, yo
personalmente he oído hablar de un topónimo como Viana del Bollo,
aludiendo prácticamente al pan, cuando en realidad se refiere a Viana
del Bolo, que quiere decir piedra. Es cierto que la toponimia siempre
estará inacabada, pero yo creo que hay elementos constantes que, por
ejemplo, entre los gallegos suenan mal y no tienen entidad ni
consistencia científica.
Por esa razón añadiría simplemente que habría que hacer un esfuerzo
para que la naturalidad lingüística se impusiese en las
comunicaciones oficiales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Costas.
La señora COSTAS MANZANARES: Voy a intervenir en nombre del Grupo
Popular con el fin de fijar nuestra posición en relación con esta
iniciativa del Bloque Nacionalista Galego relativa a una temática
que, como la misma exposición de motivos indica y él mismo ha
manifestado, es repetitiva por no decir recurrente. Se nos solicita
que se impartan las instrucciones oportunas para que por la Dirección
General de Tráfico se respete la denominación oficial de los
topónimos de Galicia y para justificar tal petición se nos da una
versión de la existencia generalizada de una infracción sistemática
por parte de dicha Dirección de la Ley de normalización lingüística,
hasta el punto de decir textualmente en su exposición de motivos que
el Gobierno reconoció que la violación de la ley era la práctica
normal. Pues bien, esto dicho así, con semejante alegría y en unos
términos tan descalificadores, tan negativos y tan carentes de
contenido, no permite entrar en debate. Si se hubiera fundamentado en
una actuación concreta, podríamos discutir y decir si se trata de la
excepción o de la regla, pero en los términos planteados no cabe el
debate.
Se nos dice que el Gobierno reconoce que es una práctica apabullante
por el simple hecho de que el mismo manifestó en algún momento en el
año 2000 que la Dirección General de Tráfico había impartido
instrucciones para que tanto el servicio de atención a las emisoras
de radio como los responsables que intervienen en los medios
utilizasen la actual denominación oficial y no la denominación en
castellano. Esto no sólo es descontextualizar una manifestación del
Gobierno, sino que indica el rigor con que se pretende el
cumplimiento de esta normativa. Nos han querido recordar aquí el
contenido de algún artículo de la Ley 3/1983, de 15 junio, de
normalización lingüística, lo cual agradezco, pero hay que recordar
también que esta ley lleva la firma de Gerardo Fernández-Albor,
gobernando entonces el Partido Popular en Galicia. Así pues, nadie
con más interés que el Grupo Popular para que se cumpla esta
normativa en nuestra condición de principal impulsor de la misma,
conscientes de la necesidad de la recuperación de la lengua gallega
como señal vital de identidad. Por otra parte, se nos ha recordado la
Ley de 1998, por la que se establece el cambio de la denominación de
las provincias de A Coruña y Ourense. Yo le quiero decir que esta ley
es fruto de una iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma de
Galicia bajo el Gobierno de Fraga, liderada por el Partido Popular,
que entonces ya contaba con mayoría absoluta, y que continúa
teniéndola.
El Ministerio de Administraciones Públicas viene realizando desde
hace muchos años una actividad informativa sobre las denominaciones
oficiales de los municipios de España con el objetivo de que se
cumpla
la normativa vigente, pero no porque considere que se viola
reiteradamente dicha normativa, sino porque es su obligación. Prueba
de la voluntad ministerial de que se conozcan por todos las
denominaciones oficiales y de que se respete y se cumpla la normativa
reguladora de las mismas tanto en la Comunidad Autónoma de Galicia
como en el resto del país son las constantes comunicaciones de los
nombres oficiales por los entes municipales a la Administración
general del Estado y a la de las comunidades autónomas, así como la
publicación cada cinco años del libro sobre entidades locales en
España que recoja la denominación oficial de las mismas y la
inclusión de los datos del registro nacional de entidades locales en
la página web del citado Ministerio.
Nuestro grupo no puede apoyar esta iniciativa, puesto que entendemos
que la Dirección General de Tráfico ha respetado, respeta y respetará
la denominación oficial de los topónimos de la Comunidad Autónoma
gallega, tanto su servicio de radio como las intervenciones antes los
medios. Con este fin va a reiterar las instrucciones en este sentido,
pero no porque considere que se infringe la normativa, sino porque
cree que es coherente esta insistencia y empeño en mantener su labor
informativa para que esta ley se cumpla con rigor, como cualquier
otra. (El señor Rodríguez Sánchez: Eso no es reiterar nada.-El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, quisiera hacer una consulta al
Grupo Parlamentario Socialista, puesto que es el autor de las
iniciativas que voy a mencionar. Me han comunicado que tanto al señor
Atencia, que va a ser nuestro ponente en relación con las mismas,
como al señor Centella, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, que también por lo visto va a intervenir sobre ellas, sus
turnos les coinciden con sus intervenciones en la Comisión de
Infraestructuras. Quisiera saber si el Grupo Socialista tiene
inconveniente en que los puntos que figuran con los números 9 y 11 en
el orden del día se vean no en su orden, sino al final de la sesión a
partir del punto número 14.
El señor MAYORAL CORTÉS: No tengo inconveniente.
El señor GIL LÁZARO: Agradezco la gentileza del Grupo Parlamentario
Socialista.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONVOCAR EL CONSEJO DE POLÍTICA
DE SEGURIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000581.)
El señor PRESIDENTE: Acordada la modificación del orden del día en
estos términos, pasamos al punto que corresponde en este momento, el
5, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a convocar
el Consejo de Política de Seguridad, presentada por el Grupo
Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, el propósito del Grupo
Parlamentario Socialista al plantear esta proposición no de ley es
que se dé contenido y realización a una previsión que figura en la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley 2/1986, en
cuyo preámbulo se alude a la indivisibilidad de la seguridad pública.
Una vez realizada la distribución competencial, a reserva de las
competencias exclusivas que corresponden al Estado y las de ejecución
que se transfieren a las comunidades autónomas, se produce una
situación en la cual hay que partir de este concepto previo y
fundamental de la indivisibilidad de la seguridad pública, pese a la
distribución competencial que menciono y al carácter concurrente del
ejercicio de la competencia sobre la seguridad pública. (El señor
vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.) Esta
concurrencia de agentes, de administraciones y de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado introduce obviamente una necesidad de
reforzar los instrumentos de intercomunicación, de cooperación y de
coordinación. En tal sentido, la propia ley genera la aparición de
una serie de mecanismos orgánicos de coordinación, como el Consejo de
Política de Seguridad, cuyo contenido es de carácter fundamentalmente
político, de composición paritaria, presidido por el ministro del
Interior e integrado por los consejeros de Interior o de gobernación
de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, tenemos aquí el
primer órgano de mayor trascendencia de efecto coordinador, que es el
Consejo de Política de Seguridad, cuya dimensión es importante
resaltar por lo que se refiere a la ordenación constitucional del
Estado de las autonomías en nuestro país. Este consejo a su vez está
asistido por otro de carácter puramente técnico llamado comité de
expertos. Pues bien, este órgano tiene competencias de indudable
trascendencia política. Es el encargado de la elaboración de fórmulas
de coordinación, acuerdos, programas de formación, programas de
información, intercambio de actuaciones y realización de actuaciones
conjuntas. También le corresponde una misión de carácter consultivo,
muy importante, en relación con la elaboración de disposiciones
legales que afectan a los cuerpos de policía. La trascendencia de
esta función no quiero dejar de resaltarla, puesto que estamos ante
el desarrollo de la ordenación normativa, que es siempre una de las
actuaciones más importantes que pueda corresponder a las
instituciones públicas, particularmente al Estado y a las comunidades
autónomas que tengan transferidas competencias en este terreno.
Como dice la ley, no se trata de una coordinación coercitiva ni de
carácter jerárquico, sino de una coordinación de carácter
fundamentalmente informativo. Por lo tanto, es un ámbito de
colaboración flexible, amplio, que no debe venir determinado por
ningún carrusel, que en ningún caso existe, lo cual, evidentemente,
debe facilitar el funcionamiento de este tipo de órganos de
coordinación. Existen además otros mecanismos complementarios de
coordinación ejecutiva situados tanto a nivel autonómico como a nivel
municipal, como son las juntas de seguridad de comunidades autónomas
y de municipios, obviamente de aquellos municipios que tengan policía
propia.
Si ponemos encima de la mesa esta cuestión no se debe un afán
puramente teórico, ni mucho menos, a pesar de que alguien pueda
entenderlo así, se trata de crear dificultades al Gobierno ni a
ninguna institución. Se trata de dar cumplimiento a previsiones
legales y advierto, una vez más, que el hecho de que la previsión
legal se cumpla este año, el año que viene o se hubiera cumplido hace
18 años no es algo que determine condiciones, ni subordine ni
deteriore la bondad y la necesidad de poner en marcha este tipo de
órganos de coordinación, en lo que se refiere a la actuación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; de la seguridad del Estado
y de la seguridad de las comunidades autónomas y municipios.
No olvidemos que, con independencia de las competencias atribuidas a
las distintas instituciones públicas, a las administraciones públicas
mencionadas, en nuestro país existen cuatro cuerpos de seguridad; dos
del Estado -cuyo esfuerzo coordinador nunca será suficientemente
ponderado y que todavía está pendiente, desde nuestro punto de vista,
de algunos tramos en lo que se refiere a completar su coordinación,
que en este momento consideramos que no es muy efectiva- y también
tenemos aquellos cuerpos que han creado las comunidades autónomas,
las policías autonómicas, así como los cuerpos de policía local
creados por muchos municipios.
Si esta situación la ponemos en relación con otra, que es la que se
deriva de la situación de seguridad o inseguridad ciudadana en
nuestro país, particularmente preocupante en muchos ámbitos por el
elevado número de delitos que quedan impunes, con el incremento de
criminalidad en los últimos años, con la situación de inseguridad que
subjetivamente ponen de manifiesto muchos ciudadanos y con la
necesidad de rentabilizar recursos, si conjugamos todos estos
elementos, es evidente que cada día resulta más urgente poner en
marcha los mecanismos de seguridad. No sé si en otras épocas de la
reciente historia de nuestro país ha habido tanta urgencia y tanta
necesidad de rentabilizar esfuerzos, de rentabilizar plantillas,
muchas de ellas insuficientes, particularmente las de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la conveniencia de
completar actuaciones de unas fuerzas con otras. Esta
es una necesidad ampliamente sentida por la mayor parte de las
autoridades que tienen competencia en materia de seguridad -así lo
ponen de manifiesto- y creo que la ley, este Parlamento y el
Gobierno, particularmente, le tienen que dar solución. Y una de las
soluciones es, evidentemente, el esfuerzo coordinador.
Además y de paso, hay que acabar con algunos espectáculos -y hoy
estamos hablando mucho de espectáculos, sin duda porque el señor Gil
Lázaro mencionó inicialmente este término y nos ha arrastrado a todos
a esta dinámica de espectacularidades- (El señor Gil Lázaro: He dicho
escenográficas.) que derivan, fundamentalmente, de actuaciones como
las que se han visto recientemente en la propia Comunidad de Madrid.
En un momento en el cual el Ministerio del Interior hacía un
despliegue a bombo y platillo, en una campaña informativa y de
propaganda absolutamente espectacular, para poner en funcionamiento
el Plan policía 2000 y hablar de los grandes logros y los grandes
éxitos derivados de esta pieza clave de planificación en materia de
lucha contra la inseguridad ciudadana, en ese mismo momento, en el
que se hablaba de policía de proximidad y de su despliegue en Madrid,
hemos visto cómo el propio Ayuntamiento de Madrid -sobre el mismo
territorio y los mismos barrios, con no menos despliegue de
información- hacía propaganda, daba grandes llamadas a la atención
propagandística y ponía en marcha un programa propio de policía de
proximidad; repito, en el mismo territorio y en los mismos barrios en
los que estaba actuando el Ministerio del Interior, la Dirección
General de Policía. Esto es un dispendio de esfuerzos, es algo que no
debiera producirse y que deriva fundamentalmente de la ausencia de
una planificación coordinada de recursos y, sobre todo, de una falta
de coordinación. Como esto a su vez redunda en utilizar más
esfuerzos, más recursos, pero con una rentabilidad escasa, lo cual,
por otra parte, va en contra del principio de economía y de eficacia
que las propias leyes siempre asignan a la actuación administrativa,
a la actuación de los poderes públicos, pedimos que se pongan en
marcha estos mecanismos coordinadores, estos órganos previstos en la
ley, al objeto de rentabilizar recursos y favorecer el incremento de
la seguridad ciudadana, tanto subjetiva como objetiva, para todos los
ciudadanos españoles, en todos los territorios y en todos los
municipios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A esta iniciativa ha
presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Ciertamente, sobre el asunto que nos ocupa, se
habló y se trabajó muy bien, a juicio de este grupo parlamentario,
contando con la colaboración de todos los grupos parlamentarios y, de
manera destacada, con la del Grupo Parlamentario
Socialista, proponente hoy de esta iniciativa. Se trabajó, repito,
muy bien e intensamente, en el ámbito de la subcomisión del modelo
policial, que durante los cuatro años anteriores tuvo su sede en esta
Cámara. Allí se hizo un análisis muy ponderado, muy realista, muy
alejado, afortunadamente, de cualquier tentación partidista, siendo
conscientes de las ventajas -subrayo lo dicho, de las ventajas-, pero
al mismo tiempo de las dificultades que pudiera conllevar un sistema
público de seguridad interior de las características del nuestro,
constitucionalmente divido en tres estadios: el estatal, el
autonómico y el municipal, en los que necesariamente los principios
de coordinación y de cooperación tienen que ser el engranaje
vertebral del sistema. Me remito, para no hacer excesivamente prolija
esta intervención, a las consideraciones que en aquel momento se
plantearon y a las propias conclusiones que, con el voto a favor de
la mayoría de los grupos de esta Cámara, y desde luego del Partido
Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, definieron el punto
final de los trabajos de aquella subcomisión.
No voy a hacer ninguna referencia, porque la ha hecho el señor
Mayoral, al análisis jurídico que el propio portavoz socialista ha
hecho esta mañana sobre la vertebración jurídica, en la Ley 2/1986,
de los órganos de coordinación y cooperación previstos en la propia
norma. Ciertamente nos parece positivo que por parte del Grupo
Parlamentario Socialista se proponga esta mañana que se formule una
nueva reflexión al respecto, que debe situarse -insisto, porque me
parecen suficientemente valiosos los trabajos de aquella subcomisión-
en el contexto de lo que fueron las resoluciones de aquélla.
En los últimos años -y extiendo esa consideración al momento mismo de
la promulgación de la Ley 2/1986, y por tanto en el haber positivo
tanto del anterior Gobierno socialista como del actual Gobierno
popular- se ha hecho un esfuerzo importante por avanzar en esos
principios de coordinación y de cooperación que han de ser, repito,
el engranaje esencial de nuestro sistema público de seguridad
interior. Sí quiero decir, en el mismo tono que ha empleado el señor
Mayoral, tono que desde luego agradezco, que no compartimos
evidentemente -y valga el paréntesis, simplemente el paréntesis-
algunas referencias que en su fundamentación ha hecho hoy a una
especie de sensación de incremento de inseguridad y de delitos o a
una cierta sensación de inseguridad ciudadana. Por eso hemos debatido
mucho esa apreciación y, en todo caso, ahí están las cifras, pasando
del segundo lugar que ocupó durante muchos años al sexto que ocupa
hoy en las preocupaciones de los españoles todo lo que afecta a la
seguridad ciudadana, y la propia valoración que en esas encuestas se
hace de la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de algunos
programas específicos como el Programa de policía 2000 y policía de
proximidad. Cierro el paréntesis porque esta no es la cuestión que
nos ocupa.
Esa reflexión que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista en la
mañana de hoy y que, vuelvo a insistir, nos parece interesante, se
concreta en un texto de proposición no de ley vertebrado sobre dos
consideraciones. En una primera se nos dice que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a desarrollar todo lo relativo a los
órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas
en materia de políticas de seguridad públicas. Conviene recordar en
este sentido que la Secretaría de Estado de Seguridad viene dedicando
la máxima atención al buen funcionamiento de los órganos de
coordinación, juntas de seguridad en aquellas comunidades autónomas
donde están constituidas y cuentan con cuerpos de policía propia.
Igualmente esa colaboración se hace extensiva a aquellos órganos,
comisiones, grupos de trabajo, etcétera, que las citadas juntas crean
como instrumentos adecuados para el desarrollo de los acuerdos por
ellas adoptados. Conviene también recordar que cuando se refiere a
comunidades autónomas que cuentan con unidades adscritas del Cuerpo
Nacional de Policía, en los convenios firmados al respecto entre el
Ministerio del Interior y las correspondientes comunidades autónomas
se crean órganos o comisiones mixtas de coordinación que están en su
actuación continua demostrando hasta la fecha ser instrumentos
eficaces -siempre hay que pedir algo más naturalmente, pero por el
momento ser básicamente instrumentos eficaces- que permitan el
desarrollo adecuado de aquellos fines y un mejor cumplimiento
a través de esas unidades de las competencias propias de las
comunidades autónomas respectivas en materia de seguridad.
En relación con la cuestión que se nos plantea en esta proposición no
de ley, como punto 2: Se insta al Gobierno a convocar al Consejo de
Política de Seguridad en el plazo más breve posible, debiendo
reunirse como mínimo con una periodicidad semestral, conviene
referirnos básicamente, y simplemente hago la cita y no entraré en el
análisis de los textos, a lo mucho y bien que se debatió y estudió
por parte de todos los grupos políticos en aquella subcomisión sobre
el modelo policial y en el texto de conclusiones finales del mismo,
donde específicamente se hacía referencia a este órgano. Un órgano
sobre el que conviene simplemente apuntar que su convocatoria
requiere necesariamente, y así se explicitó por parte de la
subcomisión, el entendimiento al respecto de las diversas
administraciones y no sólo depende de la voluntad exclusiva del
Gobierno. Por eso en este debate jamás se nos escuchará utilizar el
argumento del tiempo transcurrido desde el año 1986 hasta el año 1996
y sucesivamente después hasta el año presente, en cuanto a la no
constitución de este consejo, porque nos parece esencial el
requerimiento que acabamos de hacer. Incluso tendríamos que añadir
que nos parece básica y tremendamente positiva la prudencia de la que
hicieron gala el anterior Gobierno Socialista y el actual Gobierno
Popular al tratar esta cuestión,
por cuanto que por su importancia requiere esencialmente haber
podido definir antes ese clima de consumo entre las diversas
administraciones presentadas.
Nos parece positiva la reflexión que hoy ha planteado el Grupo
Parlamentario Socialista, al decir que seguramente estamos en la
misma posición de partida y prácticamente casi sin matices
diferenciales, por lo menos así se acreditó en el texto de conclusión
que al respecto aprobó en su momento la subcomisión sobre el modelo
policial. Hemos querido plantear una enmienda de sustitución que
recoge el espíritu de lo aprobado en aquella subcomisión sobre el
modelo policial y el espíritu de lo que en este momento nos plantea
el texto del Grupo Parlamentario Socialista, pero que, a nuestro
juicio, probablemente tiene un compromiso más realista y dota de
mayores posibilidades operativas de futuro, desde lo que afecta al
Consejo de Política de Seguridad Nacional, hasta lo que afecta al
desarrollo y complementación de todos los otros órganos ya existentes
en materia de coordinación. En ese sentido proponemos un texto que
señalaría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el
ámbito de sus competencias, y de acuerdo con las demás
administraciones, impulse las iniciativa oportunas, a fin de
completar la estructura de coordinación política y operativa definida
en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, procediendo,
en su caso, a la puesta en funcionamiento de la totalidad de los
órganos previstos en la misma.
Insisto, y concluyo, en que nos parece positiva la reflexión que hoy
plantea el Grupo Parlamentario Socialista y nos parecería también muy
positivo que siguiéramos todos hablando, los grupos parlamentarios
entre nosotros y el Gobierno con las diversas administraciones
implicadas de manera protagonista y directa, yo diría que de manera
sustancial e imprescindible, sobre este asunto, pero que el espíritu
del texto que hoy nos propone el Grupo Parlamentario Socialista, se
instala quizá mejor en el espíritu y la letra del texto que en su
momento aprobó la subcomisión sobre el modelo policial.
Vuelvo agradecer el tono que nos parece positivo de esta iniciativa y
que hayamos podido hacer hoy, siquiera, esta somera reflexión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): ¿Algún otro grupo quiere
intervenir sobre este asunto? ¿El Grupo Socialista acepta la
enmienda?
El señor MAYORAL CORTÉS: Quiero hacer unas precisiones. En primer
lugar, mejor dicho está en nuestra iniciativa. Lo decimos más claro,
más rotundo y más evidente. Creemos que la aceptación por parte del
Grupo Popular de elementos de nuestra reflexión y de nuestro
propósito aporta algo muy importante. Aporta que el Gobierno se sitúa
en un marco de ejecución delos acuerdos que se adopten en esta
Cámara, por tanto
es una aportación importante. Finalmente porque, tratándose de un
compromiso serio, como evidentemente adquiere el Grupo Popular aquí y
transmitiremos como acuerdo de esta Comisión al Gobierno, también
tenemos la garantía de que habrá una ejecución inmediata en un tiempo
razonable de lo que nosotros planteamos en nuestra proposición no de
ley. En esta perspectiva de compromiso serio nosotros aceptamos el
texto que nos ha aportado el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente para agradecer la aceptación del
texto por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el contexto de
lo que yo acabo de señalar, que estamos hablando de una cuestión que
no depende estrictamente de la voluntad del Gobierno, como no
dependió en su momento estrictamente de la voluntad del anterior
Gobierno Socialista y creo que, como el anterior Gobierno Socialista
tuvo, tendrá también este Gobierno el apoyo de la gran mayoría de los
grupos de la Cámara para poder conseguir el diálogo y el consenso con
todas las administraciones implicadas y dar fórmula a esto.
Hay una cuestión que es fundamental, quizá por eso desde el año 1986
este órgano, al que hace referencia el Grupo parlamentario
Socialista, el Consejo de Política de Seguridad no se ha podido
constituir. No se puede constituir ese órgano si todas las
administraciones que configuran los tres estadios del sistema público
de seguridad interior no asumen el impulso común de llevarlo
adelante. Por eso nunca nosotros reprochamos al anterior Gobierno que
no se hubiera puesto en funcionamiento, incluso, me atrevo a decir
que nos pareció ciertamente responsable el que como no había acuerdo
pleno entre todas las administraciones, se prefiriera preservar este
órgano para tiempos mejores de diálogo. En todo caso, es de agradecer
la actitud del Grupo Parlamentario Socialista y no nos cabe la menor
duda que el Gobierno se sentirá respaldado hoy por la decisión de
esta Cámara para poder seguir haciendo lo mismo que anteriores
gobiernos: dialogar con todos los agentes implicados en la
composición del Consejo de Política de Seguridad Nacional para que
finalmente pueda ver la luz.
- SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE PUERTO
REAL (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/0000597.)
- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA EN LA CIUDAD DE PUERTO REAL.
(CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000624.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a debatir
conjuntamente los puntos del orden del día relativos a la creación de
una comisaría de Policía en la ciudad de Puerto Real. Acumulamos así
las dos iniciativas que tienen el mismo objeto.
Para la defensa de la primera, tal cual aparece en el orden del día,
tiene la palabra el señor Núñez, en nombre del Grupo Mixto.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Efectivamente nos encontramos ante una
petición que tiene ya historia. Esta comisaría en Puerto Real se pide
para una localidad que alcanza los 30.000 habitantes, además con una
distribución dispersa y con una distancia entre unos núcleos y otros
de siete kilómetros. La atención sobre seguridad que la Policía da a
esta localidad se realiza desde la comisaría del Puerto de Santa
María, que está a 11 kilómetros de distancia. La dotación policial
-no sólo por la escasa dotación de plantillas, sino porque además no
está cubierta- más determinadas circunstancias hacen que de facto
esta ciudad haya estado atendida prácticamente por un vehículo
policial con su dotación.
El asunto no es nuevo, por lo menos yo tengo datos desde 1996 que
indican la necesidad de que se cree esta comisaría. Se llegó a un
acuerdo por el que el subdelegado del Gobierno, señor Osuna, la Junta
Local de Seguridad y el Ayuntamiento decidieron la instalación de la
misma. La instalación había de hacerse en un edificio municipal,
concretamente en el colegio La Jarcha, y el Ayuntamiento sufragaba
los costes de adaptación del edificio -pintura, instalaciones,
tabiquería, etcétera- con el auxilio de técnicos del Ministerio del
Interior, que eran los que debían definir el programa concreto para
la comisaría. Mientras tanto, se suponía que la solución parcial era
un módulo de proximidad, cuya dotación se acordaba y que en el
momento del concierto entre el Ayuntamiento y el Gobierno se fijaba
junto con la dotación final de la comisaría; 40 personas, en
concreto. La comisaría atendería la expedición de pasaportes
y denuncias y sería sede del parque móvil y apoyo o incremento de otro
módulo para el hospital próximo, en el que se necesitaban 15 personas
más. ¿Qué pasó desde finales de 1999 a principios de 2000?
Sorpresivamente, cuando el Gobierno envió el borrador de protocolo o
acuerdo al Ayuntamiento, ya no hablaba de creación de una comisaría,
de la que había hablado el señor Osuna incluyendo los plazos: una vez
terminadas las obras, se instalaba la comisaría. El borrador de
protocolo del Gobierno hablaba de la instalación definitiva del
módulo de proximidad y de que en el futuro -no se sabe cuándo- se
instalaría una comisaría.
Lo dicho rompió el diálogo entre el Ayuntamiento y Gobierno
-Ministerio del Interior- y ahora nos encontramos con una frustración
ante la ruptura de la realidad. Este cambio de actitud se produjo en
tres
meses y los datos que tenía el subdelegado del Gobierno en noviembre
de 1999 eran los mismos que los de enero de 2000; sin embargo, en un
momento dado hubo un giro del Gobierno desistiendo de la instalación
de la comisaría. Los andalucistas y todos los grupos municipales de
la corporación, incluidos algunos dirigentes del Partido Popular en
la provincia, han sostenido durante todos estos años la necesidad de
implantar esta comisaría. Por nuestra parte, con la proposición
pretendemos que, en el menor plazo posible, se recupere el acuerdo de
dotación que ya se alcanzó. Una vez que el Ayuntamiento cumpla su
parte del compromiso de terminar las obras, se puede instalar la
comisaría. La solución no es dejar aparcado el problema, sino
resolverlo.
Esperamos el apoyo de los grupos tal como lo manifiestan allí.
Esperamos que en el Congreso de los Diputados vean la misma necesidad
que ponen de manifiesto allí: que una población de 30.000 habitantes
de las características de Puerto Real no puede estar atendida
definitivamente, no puede tener cubierto el derecho a la seguridad de
sus ciudadanos y la comodidad de la atención de la comisaría, con la
mera instalación de este módulo de proximidad.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la iniciativa, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Defiendo en nombre de mi grupo una
proposición no de ley que contribuirá a solucionar los problemas de
seguridad ciudadana que tienen dos ciudades de la provincial de
Cádiz, concretamente El Puerto de Santa María y Puerto Real. De las
siete comisarías de Policía que existen en la provincia de Cádiz, una
es compartida: la de las dos ciudades que he mencionado. Pero esta
comisaría no sólo tiene que atender a dos ciudades que tienen un
amplio término municipal, sino que, además, cuentan con dos centros
penitenciarios y un módulo penitenciario en el hospital.
La comisaría está totalmente abandonada por el Ministerio del
Interior. Desde que gobierna el PP, ha perdido 28 agentes.
Actualmente cuenta con 222 funcionarios, de los cuales 50 están
destinados a las prisiones -por tanto, 172-; 10 no prestan servicio
en la comisaría, sino que están adscritos a la UIP de Sevilla o a la
unidad de administración andaluza -nos quedan 162-; 15 están en el
módulo general operativo del hospital -147, y seguimos restando-;
nueve van a pasar a segunda actividad este año, y uno se va a jubilar
-137-; por fin, en estos días han salido cuatro policías destinados a
otras comisarías, con lo que nos quedan 133. A todo esto, las nuevas
vacantes sólo son siete. En total nos quedamos con 140 funcionarios
reales, de los cuales 21 están en escalas superiores. Si a esto le
quitamos días de permiso o bajas por enfermedad, nos vamos quedando
con menos para el servicio directo de los ciudadanos. Además, en la
patrulla permanente, la
de 24 horas, hay un zeta con dos policías para Puerto Real y dos
zetas con dos policías cada uno para El Puerto, algo totalmente
insuficiente.
Todo ello se traduce en menos personas para combatir la delincuencia
callejera, garantizar la seguridad ciudadana y alcanzar los demás
objetivos marcados desde el Ministerio. Estamos hablando de ciudades
costeras donde seguro que la delincuencia habrá bajado según las
estadísticas del Ministerio, pero cuyos ciudadanos vienen sufriendo
desde el pasado invierno una situación que sólo ellos conocen, y no
les hace falta conocer las estadísticas. Partidos políticos,
asociaciones de vecinos y comerciantes han manifestado en los medios
de comunicación la situación de inseguridad que están viviendo y han
pedido solución al Gobierno. Nosotros, con esta proposición no de
ley, pedimos dos cosas: me centraré en primer lugar en el debate de
la creación de la comisaría de Puerto Real con el número necesario de
efectivos policiales y con medios materiales suficientes para que se
pueda llevar a cabo el plan Policía 2000.
En una respuesta parlamentaria que da el Gobierno a esta diputada,
dice que la creación de una nueva comisaría exige un mayor número de
recursos humanos y medios técnicos para prestar el mismo servicio. Yo
le propondría al Gobierno que fuera más sensato con las respuestas
que dan. ¡Pues claro que necesitamos efectivos humanos! La comisaría
vacía no la queremos, desde luego; que yo sepa, la seguridad
ciudadana la siguen garantizando personas, no ordenadores ni otras
cosas. En cuanto a que no es necesaria una comisaría separada porque
se van a prestar los mismos servicios, no es cierto. En la ciudad de
Puerto Real no se está cumpliendo ni lo que en enero de 2000 se había
dispuesto para esta ciudad: un módulo integral de proximidad con 25
funcionarios, entre ellos 12 policías para coches zeta, siete agentes
de paisano, cuatro policías en moto, un subinspector y un inspector
jefe. Todo ello se ha quedado en un servicio permanente de un coche
zeta con dos policías, que tienen que salir y volver a El Puerto de
Santa María; ya hemos dicho que hay 11 kilómetros entre ambas
ciudades. Si el plan Policía 2000 incluye la Policía de proximidad y
de especialización, los ciudadanos de Puerto Real -alrededor de
35.000 personas- tienen la comisaría situada a 11 kilómetros.
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Puerto Real han
solicitado la comisaría y el Gobierno municipal, de Izquierda Unida,
ofrece el local donde se pueda instalar. Además, albergamos
esperanzas porque la senadora del Partido Popular, señora González,
portavoz además en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidenta de su
partido en la misma ciudad, ha manifestado públicamente que los
trámites para la creación de la comisaría siguen adelante y que ella
ha mantenido reuniones con responsables de la Policía Nacional. De
hecho, el 17 de diciembre de 2000 advertía de que daría buenas
noticias sobre la comisaría en pocos días. En el
mes de marzo nos dio otra noticia diciendo: Digan lo que digan, la
comisaría se instalará en la ciudad con el Gobierno de José María
Aznar. Espero que no agotéis los tres años que os quedan porque desde
la oposición ya no podréis llevar a cabo la instalación de la
comisaría.
En la misma proposición pedimos que se resuelva en el menor tiempo
posible la deficiencia de efectivos del cuerpo nacional de Policía
que tiene la ciudad de El Puerto. Si se acepta la creación de la
comisaría de Puerto Real, El Puerto asumiría el personal adscrito a
la comisaría y se incrementarían los efectivos humanos. En el caso de
que no se acepte la creación de la comisaría de Puerto Real,
solicitamos que se incremente el número de efectivos para la
comisaría compartida. Ya he comentado antes los datos numéricos sobre
la necesidad de efectivos. La falta de policías es reconocida por el
mismo comisario que el día 10 de enero de este año manifestó que,
ante la falta de agentes, no le quedaba otra alternativa que la de
usar el ingenio a la hora de administrar los recursos existentes.
El Gobierno del Partido Popular se caracteriza por no reconocer los
problemas, simplemente para no tener que solucionarlos. En este caso,
el problema es reconocido hasta por el diputado popular don Aurelio
Sánchez, concejal de la ciudad, que ha solicitado al Ministerio del
Interior un plan de choque para la ciudad de El Puerto. Por tanto,
hay reconocimiento; sólo hace falta la voluntad política para
solucionarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Turno en contra? (Pausa.)
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar la posición del mismo en ambas proposiciones no de
ley.
En primer lugar, he de resaltar que en ambas iniciativas se vierten
una serie de inexactitudes que pueden provocar alarma entre los
ciudadanos de Puerto Real. En efecto, se hace una descripción de la
situación que en nada coincide con la realidad. Pero, además, ello
conlleva provocar el desánimo entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que tan magnífica labor están realizando no
sólo en Puerto Real sino en toda la provincia de Cádiz. Que todos los
días en los medios de comunicación aparezcan noticias, emanadas
principalmente del Grupo Socialista, poniendo en entredicho la labor
que estas Fuerzas de Seguridad realizan en la provincia de Cádiz, no
les quepa la menor duda que provocan malestar entre los profesionales
que día a día ponen su mejor empeño en las tareas que tienen
encomendadas. Además están dando su fruto, y me remito a las
estadísticas que al efecto hay publicadas.
La iniciativa del Grupo Socialista en su exposición de motivos viene
a manifestar que en los últimos cuatro años se ha venido disminuyendo
el número de efectivos
policiales en la ciudad de Puerto Real, llegándose en la
iniciativa del Grupo Andalucista a manifestar que sólo dos agentes es
el número de efectivos que prestan sus servicios en esta ciudad. La
realidad es bien distinta y, a continuación, trataré de explicarla.
En Puerto Real, desde la implantación del programa Policía 2000,
viene operando un módulo integral de proximidad, un MIP, con un
inspector jefe, un subinspector y 23 policías, con lo que se ha
incrementado considerablemente la presencia policial en la localidad.
Es verdad que se han celebrado distintas reuniones entre el
Ayuntamiento de Puerto Real y la Subdelegación del Gobierno en Cádiz,
con el objeto de ir dando los pasos necesarios hasta crear la
comisaría de Policía. Incluso por parte de la Subdelegación se
preparó un borrador de convenio entre el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento, mediante el cual el Ayuntamiento cedería y
acondicionaría las instalaciones de un antiguo colegio para albergar
el MIP y, en un futuro, la comisaría. Dicho convenio no fue aceptado
por el Ayuntamiento porque en el mismo no se especificaba la fecha
exacta de creación de la comisaría.
Desde nuestro punto de vista, y con el debido respecto a la autonomía
del Ayuntamiento, estimamos que ello es un error, pues con la cesión
de este edificio se podía instalar en el mismo no sólo el MIP sino
además una oficina de atención al ciudadano y una oficina de
expedición de documentos nacionales de identidad y de pasaportes.
Este sería un primer paso para que en un futuro inmediato, una vez se
incremente la plantilla de personal de la Policía Nacional -y todas
SS.SS. conocen perfectamente la oferta pública de empleo realizada
últimamente-, se pudiera ubicar en Puerto Real la deseada comisaría
de Policía, a la que el Grupo Popular nunca se ha opuesto ni se
opone. Por tanto, cuando la senadora señora González hace esas
manifestaciones, está diciendo la verdad. Es decir, el Partido
Popular ni se ha opuesto ni se opone a la creación de la comisaría de
Policía en la ciudad de Puerto Real. Negarse a facilitar estas
instalaciones exigiendo una fecha concreta inmediata para la creación
de la comisaría es dificultar la labor del Gobierno que, al parecer,
es lo que buscan los grupos proponentes para mañana conseguir un
titular de prensa. Nosotros no vamos a engañar a los ciudadanos de
Puerto Real. Decimos que la comisaría se instalará en un futuro, pero
que su seguridad está garantizada con la magnífica labor que vienen
realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque
eventualmente tenga su base a escasos kilómetros de la ciudad. En
cuanto a la comisaría de Policía de El Puerto de Santa María, tengo
que decirle, señora Sánchez, que tiene un nivel de ocupación del
85,86 por ciento, lo que supone que sea muy superior al que existe a
nivel nacional en otras comisarías, que es del 83,47 por ciento.
Termino, señor presidente, diciendo que el GrupoPopular está
comprometido y se creará la comisaría de
Puerto Real, pero una vez se incremente la dotación de plantilla a
nivel nacional, y es posible que se haga con la oferta pública de
empleo que últimamente ha realizado el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Algún grupo quiere
intervenir? (Pausa.)
Para fijar posición, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Yo le diría al portavoz del Grupo Popular que
soplar y sorber a la vez no es posible, que estar en los dos lados de
la pancarta no es posible, o se pide o se da, y que estar en el
Gobierno y en la oposición no es posible, o se está en el Gobierno
o se está en la oposición. Por tanto, decir: El Gobierno Popular no se
opone, pero el Gobierno Popular no lo hace, no digo la diferencia
entre no oponerse y no hacerlo, digo que la responsabilidad es
hacerlo. Que repase el 'Diario de Sesiones' de lo que él acaba de
decir, porque ha metido así de bóbilis una palabra que no está en el
papel, que es la palabra inmediata. Es decir, el borrador de
protocolo que envía el Ministerio del Interior al Ayuntamiento...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Núñez, no abra el
debate otra vez porque se trata simplemente de fijar la posición
sobre algún punto que no le haya quedado claro.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: De acuerdo, señor presidente, es fijar que
quede claro que la posición del Gobierno es no hacer con ninguna
fecha la comisaría y, al parecer, no se opone a la creación de la
comisaría. Si no se opone y él no la hace, no sé quién la va a hacer,
por suscripción popular no se hacen las comisarías.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Tengo que insistir en lo que he dicho
anteriormente. Es decir, el Gobierno y el Partido Popular están
comprometidos en ubicar la comisaría de Policía en Puerto Real. Se
están dando los pasos necesarios para ello. Actualmente la seguridad
en Puerto Real está garantizada por la instalación de un MIP y, si
realmente el Ayuntamiento de Puerto Real hubiera aceptado la
instalación en ese colegio público que querían poner a su disposición
se hubieran podido establecer otros servicios aparte del MIP, como
una oficina para atención a los ciudadanos y una oficina de
expedición de documentos nacionales de identidad y de pasaportes. Y
nuestro compromiso es que en un futuro inmediato, una vez que se
resuelvan los problemas de personal que hay creados a nivel nacional,
se creará la comisaría de Policía en Puerto Real, a la que nos
comprometemos y efectivamente se llevará a cabo. Lo que no puede
decirse es en una fecha inmediata. Lo que pretenden los grupos
proponentes es decir mañana
en un titular de prensa: El Grupo Popular se opone a la creación de
una comisaría de Policía. Eso no es verdad, el Grupo Popular acepta
que se va a crear una comisaría de Policía en Puerto Real en un
futuro inmediato. (El señor Núñez Castain pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Núñez, el asunto
está suficientemente debatido. Cada cual ha expuesto su posición y la
última forma de exponer la posición es el voto. No podemos estar
permanentemente en este debate.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, discúlpeme que haga una
aclaración, porque acaba de decir que el Partido Popular está de
acuerdo en la creación de una comisaría en el menor tiempo posible y
que no quiere fijar fecha. Entiendo que apoya la proposición del
Partido Andalucista, porque dice que se cree la comisaría en el menor
tiempo posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Núñez, el tema está
suficientemente debatido y no hay más que hablar sobre este asunto.
(La señora Sánchez Díaz pide la palabra.)
Señora Sánchez, un minuto.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Simplemente quería decir que nuestra enmienda
propone la creación de una comisaría de Policía y no dice nada del
tiempo; por tanto, entiendo que se puede unir a nuestra proposición
no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Los grupos parlamentarios
se han puesto de acuerdo en que el punto del orden del día que
correspondía debatir a continuación, que es el número 7, se debata en
último lugar del orden del día de hoy, así como ha ocurrido con el
señalado con el número 9. Por otra parte, al no estar presente la
diputada doña Amparo Valcarce, que tiene que defender la siguiente
proposición no de ley, puesto que tiene otra intervención en otra
Comisión, pasamos a la proposición no de ley relativa a Vigo, si
están de acuerdo el resto de los grupos. (Asentimiento.)
- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA SUBDELEGACIÓN DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE
VIGO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000741.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Debate de la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación de una
subdelegación de Tráfico en la ciudad de Vigo.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Esta proposición no de ley estaría
retirada si se hubieran cumplido
todos los plazos, todos los proyectos y el Gobierno hubiera llevado a
cabo lo que en su día prometió. Efectivamente, hasta hoy existen
dudas respecto a que la oficina de Tráfico esté en marcha.
La ciudad de Vigo viene demandando desde hace años una aproximación
de las delegaciones administrativas, tanto del Gobierno central como
del autonómico, y la razón es bien simple: es la ciudad más populosa
de Galicia y la de mayor actividad industrial. Sin embargo, el hecho
de no ser capital de provincia le acarrea ciertos problemas de
proximidad a la Administración del Estado, que se solventan con el
desplazamiento a Pontevedra y el consiguiente gasto económico y de
tiempo. Este es un problema que no atañe sólo a la ciudad de Vigo,
sino a toda la mitad sur de la provincia. Por esa razón, desde hace
mucho tiempo se viene demandando la implantación de una oficina de
Tráfico en la ciudad de Vigo.
A finales del año 2000, y en respuesta parlamentaria a este diputado,
se afirmaba por parte del Gobierno que se iba a crear la
subdelegación de Tráfico en la ciudad de Vigo en cuanto las
condiciones económicas lo permitiesen, lo cual me lleva a pensar que
estamos en la misma situación que en la proposición no de ley
discutida anteriormente, cuando se hablaba de que el futuro es el
futuro. Es decir, no queremos que Puerto Real sea un referente para
Vigo; queremos que la oficina se instale en Vigo.
En el mes de diciembre se afirmó por activa y por pasiva en toda la
prensa y los medios de Galicia, en concreto de Vigo, por parte de
destacados miembros del Partido Popular, que la dotación de la
subdelegación de Tráfico estaría en tres meses y que, de esta manera,
se acabaría con el peregrinaje a Pontevedra y las molestias que
significaba para los ciudadanos del sur de la provincia de
Pontevedra. Es evidente que han transcurrido los tres meses
anunciados y que no se ha vuelto a tener noticias de la citada
oficina en Vigo, lo cual empaña la veracidad del Gobierno y
contradice el principio de proximidad de la Administración al
ciudadano. Es decir, en Galicia nos acercamos a una especie de
electoralismo intermitente; de vez en cuando se anuncia una cosa, en
cuanto baja la presión se vuelve a anunciar. El último anuncio fue
hecho por el señor Rajoy el pasado viernes en una cena de una
asociación de lucha contra la droga, donde él mismo volvió a reclamar
la necesidad de implantar esta oficina de Tráfico.
Quiero decir que hay muchos problemas para desplazarse a otras
ciudades; en concreto, el problema, reiterado socialmente, de los
peajes en el puente de Rande, etcétera. Piénsese que en poblaciones
de este tramo geográfico del que hablamos, que abarcaría Vigo,
Redondela, Cangas, O Porriño, Moaña, Tui, Nigrán, Ponteareas,
Gondomar, Tomiño, Baiona, A Guarda, Salvaterra, Mos, A Cañiza,
Salceda de Caselas, O Rosal, Mondariz, As Neves, hay más de 500.000
habitantes y más de 270.000 vehículos, lo cual quiere
decir que requiere una atención. En consecuencia, reclamamos
nuevamente la urgencia de crear esta subdelegación de Tráfico en la
ciudad de Vigo que atienda las necesidades del sur de la provincia de
Pontevedra, que la doten urgentemente y con medios suficientes para
que desarrolle su función.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda cordialidad, tengo que tomar como
principio y eje de mi intervención las propias palabras del señor
Hernández. Cierto es que el futuro es el futuro, pero, respecto al
asunto que nos ocupa, el futuro es ya presente. Y, desde luego, el
interrogante del que habla el señor Hernández en relación con la
creación de esta subdelegación de Tráfico en la ciudad de Vigo no se
corresponde con los datos constatables de la realidad, que yo voy a
recordar en este momento. La orden del Ministerio de la Presidencia
de 4 de diciembre de 2000, publicada en el 'BOE' del día 8 de
diciembre de 2000, crea las oficinas locales de Tráfico de Santiago
de Compostela y de Vigo. A partir de este momento, por técnicos de la
Dirección General de Tráfico, se inició la búsqueda de local para
ubicar la oficina de Vigo. Se han visitado diversos locales
ofertados, de los que cuatro reunían en principio las condiciones
para la instalación de las oficinas. La Dirección General de Tráfico
se ha decantado, dentro de estas cuatro ofertas, por un local situado
en la calle Inés Pérez, de 1.200 metros cuadrados, cuyo importe de
adquisición es de 353 millones de pesetas. A partir de este momento
se iniciarán los trámites administrativos para la compra del local y
posteriormente se iniciarán las obras de adaptación de la superficie,
de acuerdo con las necesidades de plantilla de la oficina local y de
atención al público. En las memorias justificativas y económicas
presentadas por la Dirección General de Tráfico para la creación de
la citada oficina local de Vigo se reflejaba la dotación mínima de
plantilla que se proponía y la estimación de gastos e ingresos que
gestionaría la misma, independientemente de que, en función del gran
volumen de actividad que pueda llegar a tener, reciba, por
desconcentración, puestos de trabajo procedentes de la Jefatura
Provincial de Pontevedra.
Por tanto, está prevista su dotación económica y de medios humanos en
lo que es el proyecto de presupuestos del organismo para el año 2002.
En definitiva, tratar de presentar como realidad el que la prometida
oficina de la subdelegación de Tráfico en la ciudad de Vigo sigue
siendo una entelequia situada en el puro desiderátum no se
corresponde con la auténtica realidad. Otra cosa es que todos los
grupos deben saber que el arte de magia, el birlibirloque, el
chasquido y la ejecución instantánea no rigen los procedimientos de
la Administración, que, como es natural, en la medida en que gestiona
los intereses públicos -ésta o cualquier otra administración de
cualquier naturaleza- tiene que seguir una serie de trámites, como se
han seguido en este caso. Lo cierto y verdad es que la promesa de
creación de esa subdelegación de Tráfico en la ciudad de Vigo es ya
una realidad iniciada que tendrá su culminación en los presupuestos
del año 2002, una vez cubiertas todas la situaciones anteriores.
Por tanto, nos parece que el sentido de esta proposición no de ley no
se adecua a las condiciones y exigencias de la realidad. El Gobierno
hizo una promesa y la está cumpliendo. En ese sentido lamentamos
tener que votar en contra de la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista.
- DE CREACIÓN DE UNA COMISARÍA LOCAL DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE
SAN ANDRÉS DE RABANEDO (LEÓN).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000649.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Proposición no de ley
relativa a la creación de una comisaría local de Policía en el
municipio de San Andrés de Rabanedo, en León.
Para la defensa de la iniciativa, que es del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista somete a
la consideración de esta Comisión de Justicia e Interior del Congreso
de los Diputados una petición ampliamente sentida por los ciudadanos
y ciudadanas del municipio de San Andrés de Rabanedo. Lo que se pide
es que, a la mayor brevedad posible, se apruebe la creación y puesta
en funcionamiento de una comisaría de Policía en San Andrés de
Rabanedo, en la provincia de León, dotándola de los medios materiales
y humanos necesarios para su normal funcionamiento.
Esta petición viene siendo reiterada desde hace mucho tiempo, es
ampliamente sentida por todos los ciudadanos y, el pasado 27 de enero
de 2000 el pleno del Ayuntamiento de este municipio se pronunció a
favor de solicitar al Ministerio del Interior la apertura de una
comisaría de Policía en el municipio. Debe tenerse en cuenta, además,
que en este municipio no se cuenta con cuartel de la Guardia Civil.
Por tanto, le corresponde casi en exclusiva a la Policía Local,
dependiente de la Administración municipal, la asunción de todas las
funciones que antes venían desempeñando los Cuerpos de Seguridad del
Estado fundamentalmente en materia de tráfico y seguridad ciudadana.
Nosotros entendemos que cuando el Gobierno ha puesto en marcha un
plan ambicioso, como es el Plan Policía 2000, que establece la
denominada Policía de
proximidad, ni el Grupo Parlamentario Socialista, ni los grupos
representados en el Pleno del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo,
ni en general los ciudadanos entienden que este municipio quede al
margen de este importante proyecto, porque, señorías, la seguridad
ciudadana es un bien fundamental y al mismo tiempo es al que nosotros
nos referimos, y lo hacemos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1.29 y 104 de la Constitución, porque en ellos se dice
que corresponde al Gobierno, a través de las autoridades y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, crear y mantener las condiciones adecuadas a estos efectos
y remover los obstáculos que lo impidan, sin perjuicio de las
facultades y deberes de otros poderes públicos que, como aquí se ha
señalado, en este momento ejerce casi en exclusiva la Policía Local
del Ayuntamiento de San Andrés.
Además, nosotros entendemos que esta competencia comprende el
ejercicio de potestades administrativas previstas en la ley con la
finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos,
así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas.
Señorías, el municipio de San Andrés de Rabanedo reúne todos los
requisitos para poder contar con una comisaría de Policía, puesto que
sobre todo en los últimos tiempos ha experimentado un notable
crecimiento demográfico. Los datos de población más recientes fijan
el número de habitantes en algo más de 26.000, y con este incremento
de población también se han desarrollado competencias municipales en
materia de seguridad ciudadana. Parece, por tanto, razonable que
exijamos que ese mismo desarrollo de competencias en materia de
prevención de los delitos y de seguridad ciudadana lo acometan otras
administraciones y en concreto el Ministerio del Interior. Por todo
ello, señorías, pedimos el voto favorable a esta proposición no de
ley.
A continuación, me referiré a la enmienda de sustitución que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Valcarce, es mejor
que primero la defienda el Grupo Parlamentario Popular y después tome
usted la palabra y se manifieste sobre ella, por una razón de
procedimiento.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Agradezco de antemano el tono y el fondo del
discurso que ha planteado la señora Valcarce, y nos parece además
singularmente importante y destacable que haya reconocido como
ambicioso e importante el proyecto de Policía 2000, Policía de
proximidad, que el Gobierno está llevando a cabo, lo que evidencia
que no es, como algunas voces han señalado,
un mero programa de propaganda. Insisto en que agradezco el tono y el
análisis formulado por la señora Valcarce aunque, por lo que luego
diré, algunas de las manifestaciones que ha hecho no terminan de
ajustarse a la realidad, y estoy seguro de que no ha querido en modo
alguno distorsionar esa realidad, quizá haya habido una falta de
información, pero desde luego León y el municipio de San Andrés de
Rabanedo, por lo que ahora señalaré, no están al margen de ese plan
de Policía 2000, Policía de proximidad.
Como SS.SS. saben, y desde luego la señora Valcarce mejor que yo, el
término municipal de San Andrés de Rabanedo, colindante con el de
León capital, abarca una superficie de 65 kilómetros cuadrados, tiene
una población aproximada de 25.400 habitantes, que se halla repartida
en cinco entidades o núcleos urbanos menores perfectamente
diferenciados y separados entre sí. Estos núcleos, con sus
respectivas poblaciones, son: el propio pueblo de San Andrés de
Rabanedo, con unos 2.900 habitantes, que es el núcleo urbano donde se
encuentra la sede del Ayuntamiento; Villabalter, con 860 habitantes,
que se halla separado del anterior por varios kilómetros de campo;
Ferral de Bernesga, con 595 habitantes, separado también por varios
kilómetros de los anteriores; Trobajo del Camino, situado entre el
pueblo de San Andrés de Rabanedo y León capital, con 7.395
habitantes; y los barrios denominados Paraíso, Cantinas, Pinillas y
La Sal, limítrofes con el casco urbano de León, y con una población
de 13.300 habitantes.
Efectivamente, desde el año 1991 el Ayuntamiento de San Andrés de
Rabanedo ha venido instando en diversas ocasiones la creación de una
comisaría en el propio municipio que ejerciera las competencias en
materia de seguridad ciudadana, ignorando que estas competencias, en
lo que afecta al municipio de San Andrés de Rabanedo, lo son por la
distribución territorial consignada en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, del Cuerpo de la Guardia Civil. Evidentemente
ese factor de distribución de competencias territoriales establecido
en la Ley 2/1986 es, en todo caso, un factor determinante a la hora
de analizar la cuestión propuesta.
En el año 1992 en la junta local de Seguridad se acordó ampliar las
competencias de la comisaría provincial de Policía de León a los
barrios de Paraíso, Cantinas, Pinillas y la Sal, limítrofes con la
capital, las cuales continúan desarrollándose al día de la fecha, y
en estos barrios, por lo que yo antes señalaba a partir de una
afirmación hecha por la señora Valcarce, el cuerpo nacional de
Policía implantó el programa Policía 2000, lo que supone que gran
parte de la población cuente ya con servicios de dicho cuerpo.
En cuanto a otras circunstancias que concurren en dicho municipio,
cabe señalar que en el núcleo urbano de Trobajo del Camino se están
ubicando diversas naves industriales que configuran una especie de
polígono
industrial, en él desarrollan su actividad una serie de empresas
que no voy a citar ahora, y en dicha zona la vigilancia corresponde,
en función de la distribución territorial antes señalada prefijada en
la Ley 2/1986, a la Guardia Civil, reforzada por el cuerpo de Policía
Local del Ayuntamiento de referencia. La sensación de inseguridad que
advierten algunos ciudadanos en el municipio, a la que ha hecho
mención la señora Valcarce, está relacionada principalmente con la
actuación de personas que se dedican al consumo y al pequeño tráfico
de drogas, ya que la actividad delincuencial desde el punto de vista
estadístico no es desmesurada, teniendo en cuenta que actualmente se
viene formulando una media de dos denuncias diarias. Puede señalarse
también que dentro del ayuntamiento, en la localidad de Trobajo,
actualmente se está configurando un nuevo polígono con una superficie
de 536.220 metros cuadrados distribuidos en 220 parcelas para
actividades industriales, en el cual ya se han instalado 48 empresas.
De manera que todos somos sensibles, tanto el grupo parlamentario
proponente como este grupo parlamentario, a unas necesidades
determinadas de mejora de las dotaciones y medios de la seguridad
pública en el municipio de referencia, a partir de una situación que
no es, a juicio de nuestro grupo parlamentario, alarmante, pero donde
confluyen, en función de la distribución competencial establecida en
la Ley 2/1986, la acción del cuerpo nacional de Policía en lo que
afecta al territorio urbano, valga la expresión, proveniente de la
ciudad de León, y la actuación de la Guardia Civil en lo que afecta a
esas partes del municipio del que estamos hablando que tienen una
caracterización como territorio rural, por lo que esa competencia
reside en la Guardia Civil. Todo ello, además, contando con la
estimable colaboración, como es natural, del cuerpo de Policía Local.
Por tanto, desde esa consideración de lo que es la distribución
competencial entre cuerpos establecida en la Ley 2/1986, en función
de ese criterio territorial y teniendo en cuenta que hay esa
confluencia en la acción de tres cuerpos, básicamente de dos de
naturaleza estatal (el cuerpo nacional de Policía y la Guardia
Civil), nosotros hemos presentado una enmienda, cuya aceptación
rogamos, que nos parece que se acomoda mucho más tanto a las
realidades materiales en el ámbito de las exigencias o demandas de
seguridad que pueda tener el municipio, como sobre todo a la
estructura jurídica vigente que determina el carácter competencial de
uno y otro cuerpo estatal, en este caso de uno y otro cuerpo que
conjuntamente actúan en función de las diferencias de calificación
del territorio urbano y rural sobre este municipio. El texto, por
tanto, de nuestra enmienda creemos que supone una visión realista y
un compromiso posible en relación con el asunto del que estamos
hablando, y diría así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que con ocasión de los próximosconcursos de vacantes adopte las
medidas pertinentes
en lo que concierne a la distribución general de efectivos
disponibles, a fin de reforzar las dotaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en el municipio
de San Andrés de Rabanedo (León). Es decir, de aquella parte de
efectivos que dependen y son miembros del cuerpo nacional de Policía
por actuar sobre parte del territorio caracterizado como territorio
urbano, de aquellas plantillas y efectivos que pertenecen y están
adscritos al cuerpo de la Guardia Civil y que actúan sobre esa otra
parte del territorio que tiene caracterización de zona de demarcación
rural y, por tanto, corresponde al ámbito competencial de la Guardia
Civil.
Pretendemos con esta enmienda conjugar esos factores competenciales
y, al mismo tiempo, mejorar la disponibilidad de los efectivos de
ambos cuerpos para prestar un mejor servicio a los habitantes de este
municipio, partiendo de la consideración de que el esfuerzo que se
viene haciendo desde hace mucho tiempo, tanto por el anterior
Gobierno como por éste, para garantizar en las mejores condiciones
posibles la situación de seguridad de este municipio debe ser
apreciado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para expresar la posición
del Grupo Socialista sobre la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Agradezco al portavoz del Grupo Popular su
esfuerzo al presentar una enmienda de sustitución, pero debo
señalarle que es inaceptable para el Grupo Socialista. Es inaceptable
por tres razones. Primera, porque evidencia un desconocimiento de la
realidad social y económica del municipio de San Andrés de Rabanedo.
En segundo lugar, porque evidencia también el fracaso y el papel
mojado que supone el programa Policía 2000. La sensación de
inseguridad que hay en el municipio de San Andrés de Rabanedo no
coincide con lo que aquí se ha dicho de que allí está funcionando, y
bien, la policía de proximidad. No puede ser así de ninguna de las
maneras. En tercer lugar, porque evidencia que no hay voluntad
política de resolver un problema que afecta a un elemento fundamental
en el bienestar de los ciudadanos que es la seguridad ciudadana. Hay
una cosa muy clara. No hay voluntad política de resolver que un
municipio de más de 26.000 habitantes no tenga ni comisaría de
Policía ni cuartel de la Guardia Civil. Ese es el problema y el
Partido Popular no tiene voluntad política de resolverlo. Esta
enmienda es inaceptable y mantenemos en los términos en los que
ustedes conocen nuestra proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, tiene la
palabra.
El señor GIL LÁZARO: Es de lamentar, señor presidente, que no se haya
podido aceptar nuestra enmienda,
que respondía precisamente a lo contrario que señalaba la señora
Valcarce, a la voluntad política del Grupo Popular y del Gobierno por
seguir coadyuvando a la mejora de estas condiciones de seguridad, por
seguir haciéndolo en el marco de la legislación vigente, que
determina una conjunción de fuerzas en función de la definición del
territorio, territorio urbano territorio rural, que coexiste en ese
municipio. Hay que señalar que esa sensación de inseguridad
generalizada que describía la señora Valcarce no se corresponde con
el número de denuncias que según nuestras referencias estadísticas se
están presentando en este municipio y tampoco con la naturaleza de
los delitos que se puedan cometer, pero tengan la seguridad los
habitantes del municipio de San Andrés de Rabanedo que se está
haciendo y se seguirá haciendo todo lo posible, dentro del marco de
los recursos disponibles y de la legislación vigente, para mejorar
sus condiciones de seguridad y es una lástima que no se haya
interpretado así por el grupo proponente a la hora de valorar nuestra
enmienda.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA BASE DE HELICÓPTEROS EN FUERTEVENTURA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número
de expediente 161/000827.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Proposición no de ley
sobre la creación de una base de helicópteros en Fuerteventura. Para
la defensa de la iniciativa, que es el Grupo Popular, tiene la
palabra la señora Montelongo. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Señoras y señores diputados, desde el
Grupo Popular nos gustaría destacar, en primer lugar, que España,
debido a su situación socioeconómica, se ha convertido en uno de los
países de destino de las personas inmigrantes para mejorar sus
condiciones de vida. Si partimos de esta premisa, hemos de destacar
que para el Grupo Popular esto es causa de orgullo y optimismo y,
desde luego, de aumento del espacio de solidaridad. El fenómeno de la
inmigración es deseable para el Grupo Popular, pero regulado y
controlado para evitar la explotación y marginación de todas las
personas que desean encontrar una vida mejor y son engañadas por las
mafias. Por todo ello, presentamos esta proposición no de ley, que
busca que el Gobierno siga trabajando en la puesta en marcha de
mecanismos oportunos y eficaces para el control y vigilancia de la
entrada de flujos migratorios, como es el caso de Canarias con las ya
conocidas pateras. Asimismo, quiero aclarar que, cuando hablamos de
vigilancia y control de una isla, hemos de tener presente la
dificultad añadida que conlleva elpropio hecho insular, ya que
resultaría imposible colocar
una verja en todo el perímetro de la isla, algo que convierte el mar
en nuestra frontera de entrada.
Una de las islas que mayor flujo migratorio regular recibe a través
de las conocidas pateras es la de Fuerteventura, debido a su
proximidad al continente africano. Si comparamos los datos
disponibles en la Delegación del Gobierno de Canarias podemos
observar que en 1999 se detectaron un total de 31 pateras y 651
detenidos, frente a los datos del año 2000 que recogen un total de 68
pateras y 1.858 detenidos. Si comparamos además los datos actuales
hasta el 31 de marzo de 2001 con el número de pateras identificadas,
así como con el número de detenidos en igual período del año 2000,
podemos llegar a la conclusión evidente de que el flujo migratorio
desde el continente africano hacia la isla de Fuerteventura va en
aumento. No obstante, conocemos y queremos destacar que el Gobierno
creó en 1998, a través de la Orden número 33, el Servicio Marítimo
Provincial de Las Palmas, ubicado en la isla de Fuerteventura, un
logro importante del Gobierno que nos ha posibilitado potenciar la
vigilancia y la seguridad en nuestras costas a través de dos
embarcaciones patrulleras. Desde el Gobierno también se han ido
aumentando paulatinamente los medios de la Guardia Civil con
actuaciones para atender la problemática de la inmigración irregular,
entre la que podemos destacar el proyecto del Servicio Integral de
Vigilancia Exterior (SIVE), con el que se ha tratado de atender una
serie de necesidades prioritarias existentes en las islas. De esta
manera, se han elaborado las prescripciones técnicas para la
adquisición de un radar móvil de vigilancia costera y cámaras de
visión nocturna, lo que posibilita la detección temprana de la
llegada de pateras o embarcaciones que trafican con personas. El
Servicio Marítimo Provincial para la vigilancia y control de nuestras
costas está apoyado por la unidad de helicópteros número 11, que
tiene dos aparatos disponibles y su base está en Santa Cruz de
Tenerife. Presta un servicio no permanente en Fuerteventura y debido
a la distancia importante que existe entre ambas islas no resulta
operativo en la rapidez de respuesta a los problemas que surjan en la
isla de Fuerteventura. Por ello, consideramos la necesidad de contar
con una base de helicópteros permanente en la isla de Fuerteventura
que complementará las tareas de vigilancia y control también a la
isla hermana de Lanzarote.
Hay que aclarar que con este nuevo helicóptero no perseguimos una
vigilancia represiva, sino todo lo contrario, una vigilancia de
control y prevención de los verdaderos dramas humanos que se están
viviendo cada día en las costas de Fuerteventura por aquellas
personas que intentan arribar a nuestras costas majoreras en busca de
un camino mejor para sus vidas. Perseguimos también que las mafias
conozcan que no pueden comercializar con personas y que cuando
intenten llegar a las costas majoreras se les estará esperando ya
gracias a esa vigilancia marítima y también a esa futura
vigilancia aérea que perseguimos con esta proposición no de ley.
Además, este nuevo helicóptero prestaría servicios de seguridad
marítima general para toda la población de la isla de Fuerteventura.
Por todo lo expuesto, debido a que Fuerteventura recibe casi a diario
un gran número de pateras, consideramos prioritaria la potenciación
de la vigilancia aérea a través de la creación de una base de
helicópteros en Fuerteventura, dotada con un helicóptero que
garantice una mejor vigilancia de nuestra costa y la seguridad de
aquellos que intentan llegar a las costas de Fuerteventura y también
de Lanzarote. Nos basamos en el criterio de proximidad y rapidez de
respuesta para conseguir que cualquier necesidad de apoyo sea
atendida en un plazo inferior a treinta minutos, para lo que habrá
que dotar al helicóptero del equipamiento tecnológico para realizar
vuelo instrumental y vuelo sobre el mar.
Señorías, para terminar, me gustaría manifestar que desde el Grupo
Popular estamos convencidos de que nos encontramos ante una
iniciativa importante, ya que estos mecanismos de control y seguridad
servirán para incrementar el sentimiento de seguridad subjetiva de
los ciudadanos, ciudadanas y visitantes de la isla de Fuerteventura.
Dicho sea de paso, ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura que han
dado en todo momento muestras de hospitalidad y solidaridad con la
problemática surgida de la inmigración irregular. Por ello, me
gustaría contar con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara a
esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en el
Congreso en los términos siguientes: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que analice la posibilidad de creación de una
base de helicóptero en la isla de Fuerteventura, a la que se dotará
de un helicóptero equipado con la tecnología de vuelo instrumental y
vuelo sobre el mar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Quería exponer la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre esta iniciativa del Grupo Popular
diciendo, en primer lugar, que estamos ante otro espectáculo de
trompetería, tambores y propaganda habitual en el Gobierno del
Partido Popular. Una trompetería que trata de generar una imagen de
brillantez a partir de causas pequeñitas, porque tampoco es una
trompetería que se monte sobre grandes acontecimientos. En segundo
lugar, yo creo que estamos ante una manera de hacer parlamentarismo
en el cual el Poder Ejecutivo presume ante el Legislativo de cosas
que habitualmente tendría que hacer sin necesidad de pasarlas por la
Cámara. Yo creo que es una manera de presumir como otra cualquiera
diciendo: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo traemos
aquí a la Cámara para que la Cámara le diga al Gobierno algo que el
Gobierno puede y debe hacer habitualmente sin necesidad de que se lo
diga nadie, porque es
el poder Ejecutivo y estamos ante actuaciones del Poder Ejecutivo que
posiblemente, para más inri, tengan su previsión presupuestaria y
hasta esta Cámara lo haya aprobado en los presupuestos generales para
el año 2001. Ya lo aprobó el Gobierno en los Presupuestos Generales
del Estado. ¿A qué viene ahora pasar por aquí una decisión del
Ejecutivo? Simplemente con pasarnos un boletín de información sería
suficiente. Yo creo que se trata de una metodología por la cual,
repito, el Poder Ejecutivo presume y se pavonea delante del
Legislativo. Se le pide que le aplauda y que le apruebe cosas que,
repito, el Ejecutivo tiene que hacer por sí mismo.
Por otra parte, hay aquí un elemento filosófico que me gustaría
resaltar. Digo filosófico porque voy a hacer una especie de
adecuación al tiempo presente y al caso presente de un principio de
teología medieval, y pido perdón por hacer esta incursión un tanto
aventurada. Aquí hay una serie de facultades de máximo o de mínimo
poder que es la siguiente. El Gobierno tiene un poder, el Gobierno
quiere hacer una cosa, que es por donde empieza el silogismo
medieval, el Gobierno quiere hacer una base de helicópteros en
Fuerteventura. Pues bien, el Gobierno tiene poder para hacer esa base
de helicópteros, tiene las facultades y los recursos suficientes para
hacerlo, luego, hágalo. Hágalo y déjenos tranquilos y no nos
distraiga con cuestiones de este género puesto que se dan todos los
requisitos y todos los elementos para que el Poder Ejecutivo actúe.
Otra cosa es que la oposición controle al Poder Ejecutivo en relación
con el desarrollo de esas actividades, que creo que es lo normal que
debe ocurrir en esta Cámara.
El siguiente contrasentido que encontramos es el que en definitiva va
a determinar la posición de mi grupo, y es que nosotros traemos aquí
también una serie de iniciativas que son muy necesarias, tan
necesarias como la que ha traído el Grupo Popular, para resolver
problemas similares y a partir incluso de las mismas preocupaciones.
Nosotros hemos traído aquí una iniciativa que espero que a partir de
la filosofía que ha expresado la portavoz del Grupo Popular sea
aprobada, que es aumentar la capacidad del centro de inserción de
Málaga que afecta al tema de los inmigrantes, un tema en el que la
portavoz del Grupo Popular ha abundado, creo que con acierto y
profundidad, que tiene que ser resuelto y tiene que ser abordado.
Pues aquí tenemos la necesidad de resolver también un problema en
Málaga tan importante como el de contar con un helicóptero o una base
de helicópteros en Fuerteventura. ¿Por qué va a ser menos importante
este tema de acción social que la compra de una tecnología y la
realización de la base de un helicóptero? Y naturalmente no quiero
mencionar temas sobre creación de comisarías en Puerto Real, que creo
que está en un lugar donde las oleadas de inmigración ilegal y
desgraciadamente las pateras llegan también o pueden llegar. Por
tanto, creo que el Grupo Popular, en este sentido, debería ser
sensible.
De todas formas, nosotros no vamos a llegar a la posición que
habitualmente adopta el Grupo Popular frente a estas iniciativas, que
es decir que no. Nosotros vamos a dar un pasito más: nos vamos a
abstener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, en la medida en que sobre la
cuestión de fondo ha sido muy clara la señora Montelongo y no hay
nada que añadir, a propósito del discurso en términos mucho más
generales y nada anclados con la cuestión de fondo, salvo esa
manifestación de voto final que estoy absolutamente convencido que
entusiasmará a la sociedad de la isla que representa la señora
Montelongo, porque la abstención es un voto que ante una necesidad
determinada que nosotros planteamos estoy convencido que va a
entusiasmar a la sociedad isleña, simplemente tenemos que decir lo
siguiente.
Yo no sé si el señor Mayoral responde quizá por alguna vieja herida
interna. Yo no sé qué capacidad de iniciativa tenía el Grupo
Socialista cuando el gobierno socialista regía los destinos de este
país. Lo que sí que le quiero decir al señor Mayoral es que el Grupo
Parlamentario Popular tiene un margen de iniciativas, de sugerencias
y de autonomía importante frente al Gobierno de la nación en su tarea
de apoyo al Gobierno. Al Grupo Parlamentario Popular se le ocurren
ideas e iniciativas probablemente porque ejerce una política muy
próxima al ciudadano, muy a pie de obra y las plantea en esta Cámara.
En ese sentido, nos aburre un poco el que reiteradamente se nos diga,
como se nos acaba de decir en el discurso del señor Mayoral, lo que
tenemos que hacer o dejar de hacer. Sería bueno que el señor Mayoral
tuviera en cuenta una consideración. Cuando nosotros planteamos aquí
determinadas iniciativas, las planteamos porque son necesidades
sociales concretas y así se lo sugerimos al Gobierno. Otras
iniciativas que el señor Mayoral pretende situar en términos de
comparación con las que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista vienen teniendo
últimamente la condición de ser iniciativas que lo único que
pretenden es que esta Cámara apruebe lo que el Gobierno ya está
haciendo. Ésa es la diferencia entre un seguidismo que no sabemos a
qué conduce y la capacidad de iniciativa de este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: No sé a quién debo contestar en esta
intervención (El señor Gil Lázaro: A mí.) Se ha producido un fenómeno
parlamentario inusual por el cual no sé si la voz de la portavoz del
Grupo Popular se ha transmutado en la voz del señor Gil Lázaro y no
sé si contestarle a ella o contestarle al señor Gil
Lázaro. (El señor Gil Lázaro: Es más bonita la voz de ella que la
mía.)
Aparte de tomar nota de este acontecimiento inusual e inusitado de
transmutación de voces, imagínese la alegría que se van a llevar, con
la posición del Grupo Popular, en Málaga, en Puerto Real, en San
Andrés de Rabanedo, en Álora y en Vigo, siguiendo las consecuencias
que se derivan de las decisiones que aquí se adoptan expresadas por
el señor Gil Lázaro. Vamos a ganar cinco a cero. (El señor Gil
Lázaro: En Vigo sí porque ya se está haciendo.)
- PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE
MÁLAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000638.)
El señor PRESIDENTE: Punto 9 del orden del día: Proposición no de ley
para aumentar la capacidad del centro de inserción social de Málaga,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, el Consejo de Ministros aprobó el 30
de abril de 1998 la creación en Málaga capital de un centro de
inserción social que el Partido Popular vendió en los medios de
comunicación como el mayor de Andalucía y uno de los mayores de
España, puesto que su previsión era que iba a tener una capacidad de
100 plazas. Sin embargo, tres años después de que se realizara este
anuncio en el Consejo de Ministros -ya ha llovido desde entonces-, y
después de los numerosos anuncios realizados por parte del Partido
Popular en Málaga, continúa sin conocerse la fecha de inicio de este
centro, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno del
señor Aznar en la provincia de Málaga.
La preocupación de los socialistas no es sólo por el retraso en el
inicio del centro, absolutamente necesario dado el deterioro que
tiene la vieja cárcel, sino también por el tema de la capacidad
prevista, 100 plazas, que hay que señalar que al día de hoy es
totalmente insuficiente. En efecto, como consecuencia del incremento
de la inseguridad ciudadana en la provincia de Málaga y de la
aplicación del nuevo Código Penal con el establecimiento de las penas
de fin de semana que se cumplen en la vieja prisión, en este momento
cumplen pena en el régimen abierto en torno a 150 reclusos, lo cual
supera claramente la capacidad prevista para dicho centro de
inserción social. Los socialistas consideramos que sería conveniente
que antes de que se iniciaran las obras se aumentase la capacidad del
centro y se proyectara para un mínimo de 200 plazas, pues no parece
razonable construir un centro de estas características que antes de
iniciarse se va a quedar pequeño. Por tanto, los socialistas instamos
al Gobierno, en primer
lugar, a que se comprometa a iniciar con la mayor brevedad las obras
del centro de inserción social de Málaga y, en segundo lugar, a que
se comprometa a incrementar la capacidad del centro como mínimo en
200 plazas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Intervengo para fijar la posición de
nuestro grupo en relación con la iniciativa que acaba de defender el
señor Heredia. Es cierto y conocido -como ha dicho el señor Heredia-
que el Consejo de Ministros del día 30 de abril de 1998 acordó la
construcción de un centro de inserción social en Málaga con 100
plazas. Como sin duda conoce el autor de la iniciativa, el
Ayuntamiento de Málaga trasladó al Ministerio del Interior su
disposición a ceder suelo para la construcción del centro de
inserción social y, concretamente, ha ofrecido una parcela en el
polígono de Guadalhorce, junto al apeadero de Renfe, que tiene un
suelo de uso dotacional, así como la posible permuta con la antigua
prisión provincial de Málaga, como ya tuvimos oportunidad de discutir
en otra sesión de esta Comisión. ¿En qué trámite se está en este
momento? Al margen de las valoraciones sobre el importe del valor del
inmueble de la prisión provincial y del suelo ofrecido por el
Ayuntamiento para poder llevar a cabo la correspondiente permuta (en
todo caso, las valoraciones a efectos de la permuta con bienes del
Estado solo puede hacerlas la Dirección General de Patrimonio del
Estado de la que se está pendiente) en este momento hay otra cuestión
que hay que resolver. Una vez que la sociedad estatal dedicada a la
construcción de infraestructuras penitenciarias ha considerado que es
adecuada la parcela, tanto por ubicación, superficie, cercanía, medio
de transporte, hay que resolver determinadas cuestiones. Algunas
cuestiones son vistas desde el punto de vista urbanístico -sin duda
S.S. debiera conocer- porque el modelo de centro de inserción social
que tiene diseñado el organismo específico del Ministerio del
Interior tiene cuatro plantas y en principio la normativa urbanística
que afecta a esta zona establece un límite de altura de dos plantas.
Frente a esto, la propia sociedad estatal se plantea dos
alternativas, que han sido tratadas con el Ayuntamiento de Málaga:
una, la posibilidad de producir esa modificación como consecuencia de
una menor utilización de la parcela correspondiente y, por tanto,
poder construir más altura respetando otra parte de la parcela y,
otra, modificar el propio modelo adaptándolo a la normativa vigente
en este momento. Esa es una cuestión que se está resolviendo
y mientras no se resuelva no se puede llevar a cabo lo demás. Es
previsión del Gobierno, como S.S. conoce. Hay respuestas
parlamentarias debidas a iniciativa
de S.S. y de su grupo parlamentario en las que se nota la voluntad de
resolver este asunto para que el próximo año pueda iniciarse la
construcción definitiva de este proyecto. Eso respecto a la primera
cuestión que usted plantea: voluntad clara de llevarlo a cabo, pero
de acuerdo con las propias necesidades de llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Málaga, porque autónomamente no puede actuar en este
caso el Ministerio del Interior o el Gobierno en sentido amplio.
Segunda cuestión, ampliación de la previsión de 100 plazas. Como S.S.
conocerá está previsto que haya 100 plazas en este centro de
inserción social de la ciudad de Málaga, de acuerdo con lo que en su
momento estimó oportuno el Consejo de Ministros en el año 1998. Pero
el concepto de plaza es un espacio físico, suficientemente amplio
para permitir su ocupación por más de una persona, siempre con
garantía de la propia intimidad. En este sentido, el centro de
inserción social de Málaga tiene 100 plazas pero permite según los
flujos su utilización por más personas. En este momento por los datos
de que dispongo hay 111 internos -por utilizar un término
penitenciario, aunque estén en otro grado de cumplimiento de las
penas- y 15 personas que lo utilizan durante el fin de semana,
atendiendo a lo que son arrestos de fin de semana. Por tanto, dentro
de lo que está previsto y era el compromiso del Gobierno se puede
llevar a cabo este centro de inserción social. En todo caso, la
propia dinámica de los acontecimientos permitirá ir adaptando el
desarrollo del proyecto. Su señoría plantea una preocupación sobre un
asunto que también le preocupa al Gobierno, y la voluntad del
Gobierno y del Grupo Popular es resolverlo lo antes posible, y es
tener un edificio nuevo, en condiciones, adecuado para la inserción
social que se pretende y en la ciudad de Málaga, con las plazas que
están previstas y con las dotaciones modernas que ello requiere. En
la medida que se resuelvan todas las circunstancias que afectan a la
relación bilateral entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de Málaga para poner en marcha el centro será posible ponerlo en
marcha el próximo año, y las plazas están perfectamente justificadas,
sin perjuicio de que en cualquier caso siempre puede haber
circunstancias cambiantes que permitan actuar con flexibilidad. En
este momento lo que está acordado permite atender a las
circunstancias actuales y las de futuro habrá que dejarlas previstas.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo brevemente. Hay dos elementos que
coinciden -como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular- en este
tema. Uno de ellos es la necesidad de que se devuelva la cárcel vieja
de Málaga al Ayuntamiento de Málaga de manera que se desbloquee la
situación que ya lleva demasiados años causando serios problemas a la
ciudad y otro es el nuevo centro que se pretende construir.
Respecto al primero nos parece muy bien lo que ha dicho el portavoz
del Grupo Popular, pero lo que ocurre es que los días, los meses y
los años pasan y el problema no se ve solucionado. Estamos hablando
de un Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y de un Gobierno
del Partido Popular. No se puede pasar más de este año sin que el
tema se resuelva.
En todo caso, tendríamos que volver a repetir que el Partido Popular
lo único que está intentando es especular con los edificios de la
cárcel de Málaga, como con otras instalaciones que tiene en Málaga.
Pero ese no es el motivo de este debate, sino que era el nuevo centro
y ahí voy a incluir un argumento, por si hubiese posibilidad de
convencer al Grupo Popular, porque no es casual que se plantee que se
amplíe el número de plazas. Hay una cosa que nos parece grave, porque
luego vemos las consecuencias que suceden y que se pueden dar también
en la cárcel de Málaga. El portavoz del Grupo Popular nos dice que el
concepto de plaza es amplio; nosotros creemos que hay que ligarlo al
de persona, para que luego no ocurra lo que sucede en las cárceles
que cuando se habla de plaza después en ella se meten dos o tres
personas y así tenemos saturada la cárcel de Málaga. Si ya el Grupo
Popular cuando habla de plaza -como ha dicho aquí su portavoz- piensa
que esa plaza la va a ocupar más de una persona, ha sido un poco de
ligereza, pero una ligereza muy preocupante. Aquí hay una cuestión y
es que el centro, si pasa de un determinado número de plazas
-utilizando la misma terminología- tiene otras características y ya
no dependería de la cárcel de Alhaurín; tendría autonomía, tendría
independencia de una gestión propia, que es de lo que se trataría.
Parte de los problemas que existen en el actual centro de la cárcel
vieja de Málaga, con situaciones que han dado lugar hasta a un
procedimiento judicial (quiero aprovechar la ocasión para señalar que
hay un funcionario sufriendo las graves consecuencias por un problema
del cual no es responsable y que esperemos que se resuelva
favorablemente, si no habrá que pedir el indulto porque es una
tremenda injusticia), se deben a que dependen de la cárcel de
Alhaurín que está a bastantes kilómetros de Málaga. El Gobierno
pretende fijar un número de plazas inferior al que marca la normativa
para que siga dependiendo de Alhaurín y ese truco administrativo es
el que se pretende resolver con esta proposición, para que
efectivamente el número de plazas coincida con el de reclusos. Lo
otro nos parece una barbaridad. Es una proposición justa, importante
y, por eso, nuestro grupo la va a apoyar.
- SOBRE CREACIÓN DE UN PUESTO PRINCIPAL DE LA GUARDIA CIVIL EN ÁLORA
(MÁLAGA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000656.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 11 del orden del día,
que se refiere a la creación de un puesto principal de la Guardia
Civil en Álora (Málaga), a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista. Para defenderla, tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, el Gobierno del Partido Popular
reconoció durante la pasada legislatura a través de diversas
respuestas parlamentarias que la comarca malagueña donde más se había
incrementado la inseguridad ciudadana fue la comarca del Valle del
Guadalhorce. En el caso concreto de Álora (según una reciente
respuesta parlamentaria, señor Atencia, que tiene fecha de salida 15
de junio) en el primer cuatrimestre del presente año se ha
incrementado el número de delito en Álora. Desde enero hasta abril de
2001 se registraron en este municipio un total de 33 delitos, el
doble de los registrados en el mismo período del año 2000. Esto
demuestra que la inseguridad ciudadana, lejos de reducirse en Álora
se está incrementando. Es obvio, o a los socialistas nos lo parece,
que para reducir la inseguridad ciudadana en esta comarca y en el
municipio de Álora se requiere incrementar el número de agentes de la
Guardia Civil y no reducirlo, que es lo que está haciendo el Partido
Popular desde que llegó al Gobierno. Los socialistas apostamos por
una labor preventiva de la delincuencia, no se trata únicamente de
perseguir el delito, se trata de evitar que se produzca, pero para
ello nos parece necesario aumentar el número de agentes. Sin embargo,
señor Atencia, parece que el Partido Popular no comparte este punto
de vista puesto que en los últimos años de manera paulatina se ha ido
reduciendo el número de efectivos del puesto de la Guardia Civil de
Álora, del que también dependen los municipios de Carratraca y de
Ardales. De hecho, de la treintena de agentes con los que contaba el
cuartel de Álora hace algunos meses, ahora se contabilizan doce y un
sargento, incluso en ocasiones el número de agentes se ve reducido a
tan sólo seis guardias y un sargento.
Hace poco tiempo los ayuntamientos de Álora, Carratraca y Ardales
solicitaron que se dotase al puesto de la Guardia Civil de Álora de
personal suficiente para garantizar la seguridad de las personas y
del patrimonio del municipio, algo que hasta la fecha el Partido
Popular no ha hecho. También hay que resaltar que, además de las
dificultades que puede tener cualquier puesto, al de Álora se añaden
otras anejas que llevan consigo, como es el control de un territorio
donde existen centrales y subestaciones eléctricas, los pantanos de
Ardales, el paraje natural del desfiladero de Los Gaitanes, los
túneles del ferrocarril, la zona de El Chorro, campings municipales,
las ruinas de Bobastro y diferentes instalaciones turísticas, todo lo
cual requiere una mayor vigilancia. Además de todo esto, existe una
preocupación de los ciudadanos de Álora por la inseguridad ciudadana,
como han manifestado reiteradamente
los empresarios, partidos políticos e incluso los sindicatos de
Policía; una preocupación que se ha visto incrementada en los últimos
meses, fruto del aumento de los hechos delictivos. En este sentido,
parece un insulto a la inteligencia la última respuesta que da el
Gobierno del señor Aznar al respecto, diciendo que con la plantilla
actual de agentes de la Guardia Civil es suficiente para garantizar
la seguridad ciudadana. Estos datos de la última respuesta demuestran
todo lo contrario. Por todo ello, los socialistas instamos al
Gobierno central a que se comprometa a crear un puesto de la Guardia
Civil en Álora que es lo que están demandando los responsables
políticos del municipio, pero además le demandamos al Gobierno del
Partido Popular que se comprometa a incrementar el número de agentes
en dicho puesto.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Si me lo permite, también manifestaré
nuestra posición sobre la proposición no de ley que se presenta junto
con la defensa de nuestra enmienda.
Nos parece una proposición acertada (nosotros la compartimos) la que
se nos hizo llegar tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida
por el propio Ayuntamiento para afrontar esa necesidad. Es una
realidad de lo que es la situación del municipio de Álora y, en
general de toda la zona que puede englobar bajo su jurisdicción, pues
es una zona complicada desde el punto de vista de seguridad
ciudadana; es una realidad que, como aquí se ha dicho, abarca parte
de lo que pueden ser los núcleos urbanos por una serie de elementos
que hacen difícil la actuación. Todo ello nos recuerda que el año
pasado fue de una desgraciada actualidad el desfiladero de Los
Gaitanes, también conocido por una obra que se conoce desde hace
mucho tiempo como Caminito del Rey, donde murieron tres jóvenes que
cayeron desde 125 metros de altura, al intentar hacer alpinismo. Esto
puso de actualidad que era muy complicada la vigilancia, porque no
era un hecho aislado sino que se vienen produciendo constantes
problemas en esta zona. Otro hecho anecdótico pero significativo fue
una avería ferroviaria en uno de los túneles que obligó a andar a
oscuras a ciento y pico viajeros para salir del túnel. Todo esto es
lo que nos ha llevado no solamente a apoyar la iniciativa sino a
pedir que se haga un plan específico de seguridad ciudadana en
aquella zona que englobe todas las actuaciones que aquí se señalan. A
raíz de este desgraciado accidente en el que murieron estos tres
jóvenes, se vio que había sólo una cuerda que impedía el acceso, que
el cable por donde se habían deslizado estaba en unas condiciones
pésimas y no se reparaba, y solamente hay carteles que
prohíben el paso, pero nadie piensa que un simple cartel de que se
prohíbe el paso va a dar resultado.
Es importante este plan de seguridad ciudadana, pero también lo es,
como aquí se ha dicho, que se amplíe el número de agentes de la
Guardia Civil porque no solamente lleva a cabo una actividad de
mejora de seguridad ciudadana de la previsión del delito, sino que la
Guardia Civil en esta zona también realiza otras actuaciones que son
relevantes de control y de una serie de mejora de actuaciones en unos
parajes que son de especial importancia desde el punto de vista
turístico y medioambiental para la sociedad malagueña. Por tanto,
sería importante que se aprobase esta iniciativa, que además se ha
trasladado directamente por parte del alcalde y de este diputado al
director general de la Guardia Civil, quien en un principio lo ha
recibido bien, pero no sabemos los motivos por los cuales no está en
estos momentos desarrollándose. Además sería muy interesante que se
impulsase el otro aspecto en el que no solamente intervendría el
Gobierno central sino también la Junta de Andalucía y los propios
ayuntamientos, porque todos debían estar involucrados en la seguridad
de la zona.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición? (Pausa.) Por
el Grupo Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente, el Grupo
Parlamentario Popular no va a respaldar la iniciativa presentada por
el Grupo Socialista por dos razones muy claras. Por una parte,
porque, respecto al primer punto donde se pide que se convierta el
puesto de la Guardia Civil del municipio de Álora en puesto
principal, las previsiones que la Guardia Civil tiene establecidas en
la Dirección General de la Guardia Civil no contempla esta
conversión, por cuanto la localidad de Álora, que tiene unas
características demográficas, socioeconómicas y de seguridad
ciudadana, no responde a los parámetros objetivos para los que se ha
previsto la conversión en puesto principal.
El municipio de Álora tiene un puesto de la Guardia Civil que cuenta
con un catálogo de puestos de trabajo de trece efectivos, como ha
dicho el señor Heredia, pero que además cuenta en su demarcación con
un puesto auxiliar (que aquí no se ha dicho) en Ardales, que depende
del primero, con un catálogo de tres efectivos. Eso representa una
plantilla de dieciséis personas. Las previsiones las tienen que hacer
los que tienen competencia en la materia y hacen los estudios
objetivos en el conjunto de España, para atender las propias
necesidades, las circunstancias de seguridad ciudadana, etcétera. Esa
se considera que es una dotación suficiente para atender los propios
servicios y circunstancias que se dan en esta zona. A todos nos
gustaría que las condiciones de seguridad se ampliasen, pero tiene
que ser en función de parámetros objetivos y globales.
No se pueden plantear situaciones singulares que todos queremos
arreglar. Yo voy al municipio de Álora y soy diputado por la
provincia de Málaga. Nos parece que hay que buscar para cualquier
sitio los parámetros de carácter general que se establecen, en este
caso al ser demarcación de la Guardia Civil, por la Guardia Civil.
Por lo tanto, el municipio de Álora y su demarcación, que afecta a
otros tres municipios, están atendidos correctamente con la categoría
de puestos y con la dotación de personal acordes con otros lugares de
España de las misma características. Por todo ello, desde el punto de
vista del rigor y de una concepción global de lo que ha de ser una
política de seguridad y lo que ha de ser una política de partido
responsable, no podemos compartir los planteamientos que hace el
Grupo Socialista, que sin duda jamás habría realizado cuando estaba
gobernando, cuando precisamente planteó desmantelamientos
injustificados de la propia Guardia Civil. Además, el concepto
moderno de seguridad, con otros mecanismos y otras nuevas
tecnologías, permite que coopere el número de personas con los medios
que se utilicen. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular
no podemos respaldar la iniciativa que plantea y votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Socialista acepta la
enmienda?
El señor HEREDIA DÍAZ: Sí, señor presidente, aceptamos la enmienda
presentada por Izquierda Unida.
- SOBRE SUSTITUCIÓN POLICIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000614.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día que
figura con el número 7. Proposición no de ley sobre sustitución
policial en el área metropolitana de Barcelona, también a iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra
el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchos gracias al conjunto de la Comisión
por la cortesía parlamentaria que han tenido con este portavoz, por
haber modificado ligeramente el orden del día para que pudiera
intervenir, dado que tenía que estar en el mismo momento en otra
Comisión de esta Cámara.
La circunstancia de sustitución policial en el área metropolitana de
Barcelona se produce en este momento y tiene un horizonte temporal
que se inició hace poco y que va a culminar en los próximos años. Es
evidente que ni el Grupo Parlamentario Socialista ni ningún gobierno
socialista han podido adoptar jamás ninguna medida al respecto, ni
hacer ninguna petición anterior.
Lo manifiesto en este momento para evitar la réplica normal por parte
de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular respecto a la
inactividad del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a los temas
que se plantean. Como es un tema nuevo, vamos a plantear con absoluta
y total lealtad una situación extraordinaria, porque es una
sustitución policial que se produce ahora en un área metropolitana
que sólo existe en Barcelona por las características de Barcelona. Es
el hecho de las difíciles circunstancias de seguridad ciudadana que
se producen por el mero anuncio de la sustitución de cuerpos
policiales.
La perspectiva de no poder consolidar una residencia de forma
permanente en el área metropolitana de Barcelona ha provocado una
clara disminución de las peticiones voluntarias de adscripción a
puestos en aquella área metropolitana, tanto por parte de los
funcionarios del Cuerpo de Policía como de la Guardia Civil. Lo
cierto es que la perspectiva de la transferencia absoluta, total y
completa (excepto en lo referente a las funciones de fronteras y
criminalidad organizada y alguna otra especificidad que va a
continuar siendo siempre competencia del Cuerpo Nacional de Policía)
provoca unas tentaciones perfectamente comprensibles por parte de la
Administración actualmente competente de no continuar manteniendo en
las magníficas condiciones de funcionalidad que debían mantenerse las
dotaciones, tanto inmobiliarias como de vehículos, que están
adscritas a la seguridad ciudadana en el área metropolitana. Algo de
esto hemos visto en esta Comisión en los últimos tiempos cuando se
defendió una proposición no de ley (y no por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, sino del Grupo Parlamentario Mixto) sobre
las lamentables circunstancias en que se encuentra físicamente la
comisaría de Can Antúnez, y que como es práctica habitual fue
desatendida por el grupo mayoritario, alegando que las condiciones
eran magníficas. He estado en la comisaria en mi condición de abogado
asistiendo a detenidos. Decir que tiene condiciones extraordinarias
que permiten atender la seguridad ciudadana de un amplio territorio y
a una población en grave riesgo es un concepto con el que mi grupo no
puede estar de acuerdo.
Además de estas circunstancias que se producen en este momento de
falta de atractivo por parte de los funcionarios y de tentación de no
realizar la inversión en algo que va a ser transferido
inmediatamente, existe una situación preocupante porque es un efecto
no previsto y no querido por parte de los que pactaron la
sustitución. Hablo del abandono por aquellos funcionarios que tienen
un mayor enraizamiento en el lugar y un mayor conocimiento de un área
tan absolutamente compleja como es la metropolitana de Barcelona, en
la que los municipios están imbricados y la separación entre ellos es
simplemente la anchura de la calzada de una calle, lo que supone en
cambio competencias de policías locales diferentes y dependencia de
comisarías
o puestos de Guardia Civil distintos. Por eso en el tercer y último
extremo de nuestra proposición no de ley pedimos al Congreso que
inste al Gobierno a ponerse de acuerdo, en los términos que crea
convenientes, sin delimitar en absoluto cuáles deban ser éstos sino a
favor únicamente de la seguridad de los habitantes del área
metropolitana, para que en el despliegue futuro del cuerpo de los
Mossos d'esquadra puedan incorporarse a él los agentes conocedores
del territorio -elemento muy importante para la seguridad ciudadana-
en cantidad suficiente para continuar asegurando la misma calidad que
había en cuanto a seguridad ciudadana; no la que hay, porque se ha
degradado de una forma notable. Tal incorporación podría llevarse a
cabo al estilo de lo que se hizo, por ejemplo, en la Agrupación de
Tráfico de los Mossos d'esquadra respecto a la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil; se produjo un trasvase de funcionarios que,
aunque lo consideramos demasiado pequeño en porcentaje, podría ser
superior y no desmerecería el concepto político respetable de la
sustitución policial y la creación de un cuerpo propio, favoreciendo
a la vez la seguridad de los ciudadanos.
Nos preocupa esto, señorías -y por eso insistimos en ello aunque
estemos a estas alturas de la Comisión, aunque les aseguro que lo
haremos brevemente-, porque nos basamos en datos objetivos. La
victimización es algo que los ciudadanos sienten; no se trasluce en
número de delitos o en número de detenciones, es una sensación
subjetiva importantísima desde el punto de vista político de la
tranquilidad pública de los ciudadanos. Pues la victimización ha
aumentado en Barcelona y en su área metropolitana en los últimos
tiempos. Esta sensación subjetiva tiene un cierto fundamento. Nos
encontramos con la respuesta publicada en el 'Boletín Oficial de las
Cortes Generales' de 17 de abril de 2001, serie D, número 164
-respuesta por escrito a pregunta formulada por un diputado de otro
grupo parlamentario-, y en ella se nos indica que en el área
metropolitana de Barcelona ha descendido el conjunto de los efectivos
de la Policía Nacional de 3.949 a 3.068 desde 1991 a 2000,
prácticamente en una cuarta parte. Desde luego, la población no ha
descendido en una cuarta parte ni los índices de delincuencia
tampoco. Supongo que debemos dar validez y autenticidad a esta
repuesta del Gobierno, aunque curiosamente en ella se dan dos cifras
distintas: 3.208 efectivos y 3.068. Aunque fueran 3.208, que es el
resultado de una suma realizada por este diputado, y por tanto
posiblemente errónea - puesto que en su condición de hombre de letras
ha podido equivocarse en el álgebra, aunque ha repasado la suma un
par de veces-, en cualquier caso la presencia policial en el área
metropolitana de Barcelona ha disminuido extraordinariamente.
La situación psicológica de traspaso -el abandono por parte de unos
cuerpos y la no presencia de los otros- nos preocupa y preocupa a la
población. También ha preocupado a los alcaldes metropolitanos, que
han realizado reuniones y han aprobado un manifiesto sobre la
seguridad ciudadana en el área metropolitana de Barcelona. Les ahorro
su contenido porque estoy convencido de que todos ustedes,
intensamente interesados en la seguridad ciudadana, lo conocen ya.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, le ruego concluya.
El señor PEDRET I GRENZNER: Esto nos lleva, señorías, a solicitar
-concluyendo según la indicación del presidente- el voto favorable de
los grupos presentes en la Comisión, de cuya obtención no dudamos
dado que el único interés de la proposición no de ley es asegurar en
lo posible la sensación de paz y libertad que es necesario dar a los
ciudadanos para cumplir con nuestra Constitución.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Creo que en las últimas palabras del portavoz
socialista puede estar la clave de la cuestión. Si esta iniciativa se
nos plantea como una legítima, absolutamente legítima -y nada hay que
decir al respecto- correa de transmisión de la visión política,
necesariamente partidista y partidaria que los alcaldes del PSC
sostienen, nada hay que decir, parece lógico que se produzca esa
iniciativa en esos términos establecidos por el guión como pura
correa de transmisión.
Ahora, si esta iniciativa pretende sustanciar una realidad de fondo,
nosotros ciertamente hubiéramos deseado que esa inactividad a la que
hacía referencia el señor Pedret, en relación con gobiernos
anteriores respecto de esta cuestión, se hubiera traducido también en
la inactividad de no presentar esa iniciativa, porque ciertamente
creemos que no aporta nada nuevo. Desde luego, esa situación que él
calificaba literalmente de abandono y de consustancialidad en lo que
es el anuncio de un proceso de sustitución con el aumento de la
delincuencia, por nuestra parte ciertamente no la apreciamos así. Lo
que sí apreciamos es que existe un proceso ejemplar -quiero subrayar
el calificativo ejemplar- de sentido común, sentido de la
responsabilidad, coordinación, diálogo y cooperación entre el
Ministerio de Interior y la Generalitat de Catalunya, la Generalitat
de Catalunya y el Ministerio de Interior, tanto monta monta tanto, en
lo que concierne al desarrollo de este proceso en los términos
debidos, precisamente para que este proceso finalmente pueda ser
culminado felizmente en aras de lo que al final pretende el proceso
mismo, que es mejorar el servicio público de la seguridad.
Por tanto, quiero citar eso como expresión fundamental de la posición
que vamos a mantener. Existe un proceso abierto en el que la nota de
diálogo, de trabajo
en común, de cooperación, de coordinación, de pleno sentido de
responsabilidad por parte de ambas administraciones es ejemplar.
Tratar a estas alturas de ponerle alguna comilla o algún acento, en
cuanto a la realidad de fondo nos parece innecesario y hubiéramos
celebrado que esta iniciativa no se planteara; si esta iniciativa,
vuelvo a repetir, se plantea en un ejercicio de correlación
partidista o partidaria, legítimo, sin lugar a duda, entre unos y
otros escalones del Partido Socialista de Cataluña, el Partido
Socialista Obrero Español, ahí está probablemente el guión de las
cosas y no hay nada que decir.
Pero sí quiero exponer cuatro ideas fundamentales en relación con el
fondo del asunto y a partir de esa condición de ejemplaridad a la que
me he referido, de la que nos sentimos plenamente orgullosos en la
parte que nos corresponde y desde luego aplaudimos el mismo sentido
que acabo de señalar está poniendo sobre la mesa cotidianamente la
Generalidad de Cataluña.
En primer lugar, la asunción de competencias en materia de seguridad
en Cataluña por parte de los Mossos d'esquadra se viene realizando de
conformidad con las previsiones acordadas en la Junta de Seguridad de
esta comunidad autónoma, de acuerdo con la política de pleno
entendimiento y cooperación -subrayo lo dicho, acabo de señalarlo en
el frontispicio de mi intervención, de pleno entendimiento y
cooperación- diseñada conjuntamente por el Gobierno central y por la
Generalitat de Catalunya, por la Generalitat de Cataluña y por el
Gobierno central.
En segundo lugar, el Ministerio de Interior tiene previsto en materia
de personal mantener el ritmo de incorporaciones necesarias de
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y miembros de la Guardia
Civil para cubrir las vacantes que se vayan produciendo. Dichas
actuaciones se irán adaptando durante el período de sustitución al
plan de despliegue de los Mossos d'esquadra, asegurando la
disponibilidad de los recursos necesarios para garantizar en todo
momento la seguridad ciudadana y de acuerdo con la Generalitat de
Catalunya en el ejercicio simultáneo de estas incorporaciones con el
propio despliegue de los mossos.
En tercer lugar -se ha citado aquí y lo cita el texto de la
proposición no de ley- en lo que respecta al mantenimiento de las
infraestructuras inmobiliarias, así como de los medios materiales y
tecnológicos, el Ministerio de Interior continuará realizando como
hasta ahora las actuaciones necesarias para garantizar el correcto y
efectivo funcionamiento de todos los medios asignados, actuaciones
cuyo coste está contemplado en el correspondiente presupuesto.
En cuarto lugar, la posible incorporación de miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en el cuerpo de Mossos d´esquadra
es uno de los temas que en este marco es objeto de estudio,
valoración y en su caso acuerdo de la Junta de Seguridad. No
obstante,
toda actuación llevada a cabo por el mencionado organismo de
coordinación será desarrollada como lo está siendo hasta la fecha,
previo diálogo, común acuerdo y pleno entendimiento y cooperación
entre ambas administraciones y partiendo de la iniciativa que al
respecto pueda tener la Generalitat de Cataluña.
En consecuencia y en razón de cuanto sucintamente hemos señalado, nos
parece que la política desarrollada por el Gobierno en la materia que
nos ocupa está siendo adecuadamente coordinada con la Generalitat,
con los resultados, como es natural siempre mejorables, y ambas
administraciones hacen permanentemente un ejercicio de autoexigencia,
pero en todo caso con resultados satisfactorios para poder
desarrollar ese plan de sustitución, de depliegue de los Mossos
d´esquadra en los términos de responsabilidad y en los términos
razonables que exige la propia cuestión de fondo que nos ocupa.
Concluyo en los mismos términos que señalé. El trabajo en común que
se está desarrollando desde el Ministerio del Interior y la
Generalitat de Cataluña es un trabajo encomiable y lo que corresponde
es que todos desde nuestra perspectiva ideológica o incluso desde los
intereses legítimos partidistas de cada cual, pero todos lo
reconozcamos y contribuyamos a que siga manteniéndose en los mismos
términos. De lo que no cabe la menor al Grupo Parlamentario Popular
es de que por parte nuestra, y estamos convencidos de que por parte
de la Generalitat de Cataluña, el esfuerzo va a ser permanente para
que este clima ejemplar de cooperación y de entendimiento se siga
reforzando y desarrollando en el futuro. Por estas razones votaremos
en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, por la consideración de que creemos que no
aporta nada nuevo a una situación que funciona bien.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, mi grupo parlamentario,
Convergència i Unió, comparte la necesidad, y lo ha afirmado en
diversos debates en materia de seguridad ciudadana, de avanzar de
forma coordinada en lo que es el despliegue y repliegue en el ámbito
de Cataluña y en el ámbito de la seguridad ciudadana muy en concreto.
Debemos hacerlo bien y tenemos un órgano que debe tutelar ese
despliegue y ese repliegue, que es la Junta de Seguretat de Cataluña.
Tenemos hoy aquí a un ponente de la Constitución y conocerá bien que
la Junta de Seguretat es un ejemplo, no hay muchos, de lo que se
llamó órganos mixtos de cooperación. Es un órgano decisorio, en el
cual están ambas administraciones, están las administraciones
competentes en materia de seguridad ciudadana en Cataluña. Es un
órgano que debemos respetar y es un órgano en cuyo seno deben
adoptarse decisiones que hoy a nosotros nos sorprende que el Grupo
Socialista quiera trasladar al Congreso de los Diputados. No es aquí
y ocasión ha habido de debatir estos temas en el Parlament de
Cataluña e incluso algunos aspectos de la proposición que hoy nos
trae el Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña ha votado
distinto de lo que hoy propone en el Congreso de los Diputados. Con
independencia o no de la coincidencia en la argumentación, nosotros
tenemos esa preocupación. Yo comparto casi todos los aspectos que ha
mencionado hoy el portavoz Jordi Pedret al defender que es necesario
ver de qué forma aseguramos esa transición, en la que hay un
repliegue de unos cuerpos y un despliegue de los Mossos d´esquadra;
es un modelo de sustitución y no de absorción, así se dice también en
el Parlament de Cataluña por parte de todos los grupos. Debemos
vigilar muchísimo que en ese repliegue no queden ámbitos de mayor
inseguridad ciudadana y de ahí el manifiesto de muchos alcaldes de la
demarcación de Barcelona y de ahí la buena colaboración que existe
entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio del Interior, que
han acordado que a partir del mes de julio haya mayores dotaciones en
municipios concretos de la circunscripción de Barcelona porque es
necesario, pues debemos asegurar esa buena coordinación. Pero,
repito, nosotros creemos que eso debe hacerlo la Junta de Seguretat
de Cataluña, que es un órgano paritario, un órgano mixto de
cooperación, un modelo constitucional de adopción de decisiones en el
que participan ambas administraciones y debe ser ahí donde se decida.
Hacerlo aquí sería una injerencia. No es el Congreso de los
Diputados, no es la Comisión de Justicia e Interior de este
Parlamento la que debe decidir hoy esto. Aunque coincidimos en esa
preocupación éste no es el foro adecuado, y por tanto nuestro grupo
no votará a favor de esta proposición no de ley, entendiendo que si
lo hiciéramos estaríamos interfiriendo una decisión que debe tomarse
en el ámbito de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, muy brevemente, por favor.
El señor PEDRET I GRENZNER: Me congratulo de los argumentos a favor
de la proposición, aunque luego la intención de voto sea contraria,
que han vertido los dos portavoces que han hablado anteriormente y
quiero decirle al señor Gil Lázaro, que aparte de la loa de la
colaboración entre los aliados políticos en Cataluña, en el
Parlamento de Cataluña y en el Parlamento español, que me parece
perfecta, no ha aportado más que razones a favor de la proposición.
En cuanto al interviniente por parte de Convergència i Unió,
sintiéndolo mucho no puedo estar de acuerdo con la inadecuación del
lugar, puesto que si hubiera leído más atentamente la proposición no
de ley vería que sólo se insta al Gobierno de España, es decir a una
de las partes de la Comisión, y que es perfectamente
legítimo, posible, política, jurídica y constitucionalmente -aparte
de las curiosas teorías constitucionales que antes nos ha avanzado el
señor Gil Lázaro- que el Parlamento español inste al Gobierno español
a realizar algo en cualquier órgano, sea éste la Junta de Seguretat,
sean las Naciones Unidas o sea lo que sea, porque ésta es la Cámara
que representa la soberanía y la Cámara que ejercita el control y la
iniciativa legislativa respecto al Gobierno español en cualquier
ámbito. Por ello, no hay injerencia alguna en un órgano
constitucional y estatutario, sino el ejercicio legítimo y
constitucional de nuestras facultades, de nuestras potestades en
representación del pueblo en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, brevemente también, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Quiero señalar cuál ha sido mi posición de
fondo, que el señor Pedret no ha querido entender. Yo me he limitado
a decir (conectando con mi intervención anterior en relación con el
asunto de que estábamos hablando y en los términos en los que planteó
su intervención anteriormente el otro portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista) que ésta es una iniciativa en la que, en
esencia, se dice al Gobierno que haga lo que ya está haciendo y
básicamente el Gobierno está haciendo dos cosas: una, asegurar en la
medida de sus competencias y en pleno consenso y trabajo en común con
la Generalitat de Cataluña, los índices de seguridad actuales en esa
zona; y, dos, avanzar en cooperación y en diálogo permanente con la
Generalitat de Cataluña en todos los términos que afectan al
despliegue futuro de los Mossos d'esquadra. Por tanto, las cosas se
están haciendo bien entre ambas administraciones y simplemente
decimos que, en función de todo eso, la iniciativa no aporta nada
nuevo y quizá esté de más.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, también con brevedad.
El señor JANÉ I GUASCH: La réplica del portavoz del Grupo Socialista
provoca que por parte de Convergència i Unió reiteremos lo que es un
argumento esencial en nuestra intervención. Creemos que no debemos
instar al Gobierno. No es un tema que deba decidir el Gobierno
central, es un tema que debe decidirse de forma conjunta en el ámbito
de la Junta de Seguretat de Cataluña. Ése es el motivo de
discrepancia y de nuestro voto negativo a esta proposición no de ley.
Esto debe decidirse en Cataluña, en el ámbito de la Junta de
Seguretat y no el Gobierno de Madrid, de forma aislada.
El señor PRESIDENTE: Concluidos los debates, vamos a suspender unos
minutos la Comisión, para, enseguida, proceder a las votaciones.
Ruego a los señores diputados que no se ausenten porque, como digo,
vamos a votar en breves minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Votamos en primer lugar la
decisión a la que se refiere el punto primero del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la decisión a que se refiere el punto segundo
del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposiciones no de ley. Proposición no de ley que figura con el
número 4 del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 5 del orden del día, en los términos
resultantes del debate toda vez que se ha aceptado una enmienda.
El señor GIL LÁZARO: Perdón, señor presidente, ¿enmienda de
sustitución del texto?
El señor PRESIDENTE: Sí, en los términos resultantes del debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición número 6 del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 7 del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley que figura con el número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición de ley que figura con el número 9 del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición de ley número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición undécima del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición que figura con el número duodécimo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición que figura con el número decimotercero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, proposición que figura con el número decimocuarto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, entendemos que mañana la
Comisión, como no tiene fijada hora, se reunirá inmediatamente
finalice el Pleno, y que en función de esa hora y al propio inicio de
la sesión se estimará la hora fijada de votaciones. ¿No es eso?
El señor PRESIDENTE: Así lo entendemos todos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.