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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 262, de 13/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 262
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4291 a la 4326. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 13 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la concesión de becas para estudios universitarios.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000618) . . . (Página 7892)
- Para el aumento de la cuantía de las becas y de los umbrales para
obtenerlas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000619) . . . (Página 7892)
- Sobre modificación de la Orden de 15 de junio de 1998 para no
discriminar al estudiantado gallego de extracción rural en la
solicitud de becas y ayudas al estudio. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000048) . . .
(Página 7892)
- Relativa a la mejora de la financiación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED). Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000315) . . . (Página 7899)
- Relativa a la preparación y presencia del deporte femenino en el
ámbito español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000396) . . . (Página 7903)
- Por la que se condenan los sucesos ocurridos durante la celebración
de la Copa Davis en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 161/000424) . . . (Página 7911)
- Sobre la gratuidad de materiales didácticos en la educación
obligatoria. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000636) . . . (Página 7916)
- Relativa al título de Ingeniero Técnico Naval. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000755) . . .
(Página 7921)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA CONCESIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000618)
- PARA EL AUMENTO DE LA CUANTÍA DE LAS BECAS Y DE LOS UMBRALES PARA
OBTENERLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000619)
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 15 DE JUNIO DE 1998 PARA NO
DISCRIMINAR AL ESTUDIANTADO GALLEGO DE EXTRACCIÓN RURAL EN LA
SOLICITUD DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000048)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señoras y
señores diputados. Vamos a proceder al debate y votación de las
proposiciones no de ley que se contienen en el orden del día de la
presente sesión. Voy a proponer una modificación del orden del día en
los términos siguientes. Las proposiciones no de ley números 3, 4 y 5
pasarán a ser las números 1, 2 y 3, si están de acuerdo SS.SS.
(Asentimiento.) Se adopta este acuerdo. Acumularemos las votaciones,
que se producirán no antes de las doce y media de la mañana de hoy.
Sin más preámbulo, pasamos a la proposición no de ley número 3, que
pasa a ser la número 1 del actual orden del día, sobre la concesión
de becas para estudios universitarios, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra su portavoz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, recientemente aparecía en los medios
de comunicación una noticia en donde el Ministerio de Educación
exigía el reintegro de las becas y ayudas a los alumnos del curso
1998-1999 que no se hubiesen examinado al menos de un tercio de las
asignaturas matriculadas. Los socialistas no entendemos esta
exigencia, pero aún menos el hecho de que en el folleto informativo
que se incluía en el sobre de beca no se especificara dicho
requisito, algo que ha sido denunciado por los alumnos. Tampoco se
comprende muy bien que con el fin de exigir la devolución del importe
de las becas, que van desde las 30.000 a las 300.000 pesetas, el
Ministerio de Educación se sirva de las universidades para recabar
los datos referidos a expedientes académicos de becarios. A todo esto
hay que añadir que el artículo 41, de la orden ministerial que regula
la concesión de becas, parece que no está demasiado bien redactado,
puesto que en su apartado c), se dice que una de las razones para
devolver la beca es no haber concurrido a examen al menos de un
tercio de las asignaturas matriculadas en convocatorias ordinarias ni
extraordinarias y puede desprenderse de dicha redacción que se exige
examinarse de los otros dos tercios de las asignaturas.
Evidentemente, este apartado del artículo 41 de la orden ministerial
no está pensado para alumnos universitarios, ya que no se exige
aprobar, sino únicamente presentarse a examen. Pero además dentro del
mismo artículo 41, en su apartado b), se señala que
para ser beneficiario de beca es necesario haber asistido a un 50 por
ciento o más de las horas lectivas. Hay que señalar que la asistencia
a clase es voluntaria en estudios universitarios, salvo criterio del
profesor, y no parece razonable que la universidad desempeñe labores
policiales, puesto que no se puede obligar a ningún profesor a pasar
lista en clase. Asimismo, en el citado artículo se habla de
asignatura y no de créditos que, como ustedes muy bien saben, señores
del grupo Popular, es como se halla estructurada la educación
universitaria. Esto es una muestra más de que esta orden ministerial
se ha hecho pensando en las enseñanzas medias. En este contexto los
socialistas demandamos al Ministerio de Educación que se replantee
que los alumnos universitarios tengan que devolver dichas becas,
puesto que hubiese bastado haber presentado un papel en blanco en el
examen para no tener que devolverla. Por todo ello, instamos al
Gobierno a que se replantee la posibilidad de exigir a los alumnos
universitarios que no cumplan los dos citados requisitos que
devuelvan la beca y en todo caso que sean flexibles a la hora de
aplicarlos. Además consideramos que sería conveniente publicar dos
convocatorias distintas de becas: una, para la enseñanza
universitaria y, otra, para la no universitaria, con el fin de ser
bastante más precisos en el articulado de la convocatoria.
Con relación a la proposición no de ley, que figuraba en el punto 4
del orden del día, referida al incremento de la cuantía de las becas,
comienzo recordando a un poeta latino que decía que la mejor obra que
el Estado puede hacer es enseñar y educar a los jóvenes. El anterior
Gobierno, el Gobierno socialista hizo un enorme esfuerzo para que
cualquier joven, independientemente de su clase social y económica,
pudiese estudiar en igualdad de oportunidades con los que siempre
habían podido estudiar en nuestro país, que eran los hijos de las
familias acomodadas, para lo cual se impulsó una amplia política de
becas. Durante el Gobierno socialista se incrementaron
sustancialmente las inversiones en becas y aumentó considerablemente
el número de becarios. Sin embargo, con la llegada del Partido
Popular al Gobierno se ha truncado esa política, ya que, a pesar de
lo que ustedes anuncian en los medios de comunicación un día sí y
otro también, la realidad es bien distinta. De hecho el informe
Bricall califica la política de becas del Gobierno del Partido
Popular de regresiva. Este informe sobre la situación de la
universidad española dice que en nuestro entorno, en los países de la
Unión Europea, de cada 100 estudiantes universitarios 40 tienen una
beca o ayuda al estudio, y en España sólo 17 de cada 100 estudiantes
tienen beca o ayuda al estudio, es decir, menos de la mitad. Además,
hay que señalar que en el último informe del Consejo Escolar del
Estado (en su página 329) se dice literalmente que un curso más se
constata la congelación de las plantillas de las becas con lo que año
tras año pierden poder adquisitivo y (más grave, según se señala) de
ese presupuesto
sólo se ejecuta el 63 por ciento. Señores del Partido Popular,
si esto no les preocupa a ustedes, sí nos preocupa a los socialistas.
Nuestro partido considera fundamental y necesario potenciar la
política de becas en general y la de los universitarios en
particular, algo que el Partido Popular no está haciendo. Un dato
más, el número de becarios universitarios ha disminuido en 75.550
durante los años de gobierno del Partido Popular, mientras que el
número de estudiantes universitarios se ha incrementado en 83.548
durante este mismo periodo, lo que significa una bajada de casi 6
puntos en el porcentaje. Del 20 por ciento en el curso 1995-1996 se
pasó al 14,2 por ciento en el curso 1999-2000, lo que nos coloca en
la misma situación de hace quince años. Señores del Grupo Popular,
dejen de hacer demagogia y tómense en serio el tema de las becas.
Durante el año 2000 el IPC subió un 4 por ciento en nuestro país. Por
este motivo los socialistas consideramos que para la próxima
convocatoria de becas el estudio de los umbrales de renta familiar
para que un alumno pueda acceder a la universidad tiene que subir
como mínimo ese mismo porcentaje, un 4 por ciento. Pero además los
socialistas demandamos al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno
de Aznar, que todas las cuantías de las ayudas -material didáctico,
compensatoria, residencia o transporte- para ese mismo curso se
aumenten lo mismo, como mínimo un 4 por ciento.
Ustedes han presentado una enmienda a esta proposición no de ley en
donde dice que se adopten las medidas legislativas necesarias para
que los umbrales de renta familiar que posibilitan la concesión de
una beca y ayuda al estudio se incrementen de tal forma que aumenten
el número de becarios por cumplir el requisito en renta. Nosotros les
preguntamos, señores del Partido Popular, ¿cuánto pretenden subir los
umbrales? Si pretenden subirlos un 4 por ciento, estaremos de acuerdo
con ustedes, pero no podemos permitir que ese incremento sea menor a
la inflación del pasado año, es decir, a un 4 por ciento. En el
segundo punto de esa enmienda se dice que se proceda a un incremento
gradual de la cuantía de las becas. Señores del Partido Popular, eso
mismo llevan diciendo cinco años y no han hecho prácticamente nada.
Los anuncios y las promesas ya los conocemos perfectamente, queremos
realidades y por eso solicitamos en nuestra iniciativa parlamentaria
que ustedes se comprometan en la próxima convocatoria de becas a
subir la cuantía de las ayudas ese 4 por ciento. Eso es lo que le
demandamos y esperamos y deseamos que apoyen esta iniciativa
parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Al acumularse los puntos números 3, 4 y 5,
corresponde al Grupo Parlamentario Mixto la defensa de su proposición
no de ley. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente,se pueden unir la 3 y la
4, pero la número 5 no
trata exactamente de lo mismo. No sé si habrá inconveniente en tratar
juntas la 3 y la 4, sin la 5. Solicitamos que por lo menos se nos
admitan dos turnos: uno para la 3 y la 4 y otro para la 5.
El señor PRESIDENTE: Se puede admitir dos turnos: uno para la 3 y la
4 y otro para la 5, si están de acuerdo los portavoces.
(Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Todos sabemos que en la Ley Orgánica 1/
1990, denominada Logse, se recordó que era importante la igualdad de
todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la educación; de
forma particular en su artículo 66 se hablaba de las condiciones
económicas, de la capacidad y del rendimiento escolar a la hora de
tener derecho a una beca o ayuda de estudio. El planteamiento general
de la Logse fue concretado, con la finalidad de la otorgación de
becas y ayudas al estudio, por el Real Decreto de 1983, que empezó a
ser modificado en el año 1998 porque se trataba de un nuevo marco de
carácter competencial, en todo caso de una nueva situación política,
que hacía posible que la gestión de las becas, sin perder la
coordinación y la centralización, fuese un hecho atendiendo a las
competencias de las comunidades autónomas.
De todas maneras, este tipo de adaptación realizada en las órdenes
que vinieron a sustituir el Real Decreto de 1983 -la Orden de 15 de
junio de 1998 y, posteriormente, la 17 de junio de 1999- mantuvieron
en su artículo 25 una serie de condicionantes a la hora de poder
acceder a las becas, que establecían taxativamente que se denegará la
solicitud de beca o ayuda al estudio por razón del patrimonio del
conjunto de miembros computables en la familia, cualquiera que sea la
renta familiar disponible que pudiese resultar al computar los
ingresos anuales de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en las
siguientes reglas. Las reglas hacían alusión, en los apartados b) y
c), a dos cuestiones que afectan gravísimamente a los territorios que
tienen una estructura socioeconómica fundamentalmente agraria, como
es el caso de Galicia. En concreto, entre estos condicionantes que
conllevan la negación del acceso a la beca se encuentra que la suma
de los valores catastrales de las fincas rústicas que pertenezcan a
la unidad familiar no podrán superar los 990.370 pesetas por cada
miembro computable de la unidad familiar, según la orden de 1998, y
1.990.370 pesetas, según la orden de 1999, por cada miembro
computable de la unidad familiar. Al mismo tiempo, se hablaba de que
el capital mobiliario perteneciente a la unidad familiar no podrá
superar los cinco millones de pesetas; los intereses, rendimientos o
plusvalías percibidos no podrán superar las 350.000 pesetas. Además
se establecía que los depósitos en cuenta corriente, de ahorro, a la
vista o a plazo, se computarán por el saldo que arrojen a 31 de
diciembre de 1997 -en el caso de la orden de 1998-, salvo que aquel
resultado sea inferior al saldo medio correspondiente al último
trimestre del año, en cuyo caso se aplicará este último.
Con este tipo de condicionantes negativos, una familia rural de
Galicia que tenga unas propiedades rústicas de 10 hectáreas, que son
la base de la explotación agropecuaria, no tiene acceso a la beca,
sea cual sea la renta familiar disponible que se pudiese computar de
los ingresos anuales de la familia. Esta situación distorsiona
gravemente la imagen y la capacidad de muchos alumnos hijos de
campesinos en Galicia, que efectivamente se ven impedidos para tener
acceso a las becas no por el rendimiento escolar ni por su capacidad
sino por las condiciones económicas de la familia, confundiendo lo
que es la base agraria, que da capacidad para trabajar y para tener
unos ingresos, es decir, el medio de trabajo, con la renta familiar
o, si quieren, con la capacidad capitalista de la familia. Por esto,
a la hora de indagar qué becas se deniegan en Galicia, uno observa
que el justificante de más de la mitad de las becas que se deniegan
es por motivos económicos. Además si es cierto, como ya indicó el
portavoz socialista, que en el caso del Estado español en el curso
1997-1998 solamente el 17,3 por ciento tenía acceso a una beca o
ayuda, el porcentaje en Galicia es ligeramente inferior. Por esto,
nosotros planteamos una proposición no de ley, referida a la orden de
1998 pero válida para la vigente de 1999 porque, a pesar de haber
aumentado el valor catastral que -vuelvo a repetir- significaría una
finca de 10 hectáreas, base de la explotación agropecuaria, no cambió
para nada su artículo 25, que intenta modificar los elementos
patrimoniales a los que se refiere el artículo 25, tanto de la orden
de 1998 como de la de 1999, que es la vigente, con medidas
correctoras que tengan en cuenta la peculiaridad de las actividades
económicas y de las explotaciones agropecuarias en las familias
rurales gallegas, así como establecer un tope máximo de dinero en las
cuentas bancarias, con el fin de evitar la injusta discriminación que
sufre el estudiantado gallego de extracción rural a la hora de
acceder a becas y ayudas al estudio.
Acabo volviendo a recordar, señorías, que aún hoy es Galicia el
territorio del Estado que tiene un sector de la población incardinado
en el campo y viviendo precisamente de las rentas extraídas de la
explotación agraria. Prácticamente aún ronda el 20 por ciento la
población trabajadora que corresponde a campesinos en nuestro país.
Por tanto, se trataría no de adaptar las órdenes específicamente a la
realidad de Galicia sino de modificar los puntos del artículo 25 que
mencioné, de forma que se aumente la referencia a las fincas rústicas
y sus valores catastrales, que también se modifique lo referido al
capital mobiliario y que se especifique en concreto los depósitos en
cuentas corrientes o de ahorro con una cantidad, para que no pueda
prestarse a actuaciones de carácter discrecional.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda al punto 4 del orden del día, que ha pasado a ser 2 en este
trámite acumulado. Su representante tiene la palabra.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Dado que se han agrupado los puntos 3 y
4, respecto al primero, referido a la concesión de becas para
estudios universitarios, el Grupo Parlamentario Popular quisiera
subrayar las siguientes consideraciones. El problema que se plantea
con la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista
afecta al sentido de las subvenciones públicas en materia educativa
en tema tan sensible sin duda alguna como el de las becas. En él,
como en todos, no podemos estar sólo en el ámbito legítimo de las
opiniones sino en el de la legalidad. Pasaré a subrayar
detalladamente el sentido de mi intervención sobre este punto.
El artículo 81.4 de la Ley general presupuestaria, aprobada por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, ennumera las
obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones públicas,
figurando en primer lugar la siguiente, que leo textualmente:
Realizar la actividad a adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención. No cabe duda, pues, de que las becas y
ayudas al estudio constituyen subvenciones de carácter público.
Tampoco se puede dudar de que la finalidad para la que se conceden
las becas es que los estudiantes pertenecientes a familias con
menores recursos económicos puedan acceder o continuar los referidos
estudios universitarios, resultando evidente de lo anterior que la
actividad o el comportamiento que fundamenta la concesión de la beca
es el estudio, que comporta como no puede ser de otro modo la
presentación a examen de las materias para las que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha concedido la mencionada beca y pagado
los precios públicos por su servicio académico, es decir, las tasas
de matrícula. El mismo artículo 81 del mencionado texto legal
prescribe el reintegro de las cantidades percibidas en el caso
concreto -apartado c) de la misma ley- de incumplimiento de la
finalidad para que la subvención fue concedida. Como consecuencia de
lo anterior proponer que estos alumnos no tengan que devolver la beca
es tanto como proponer, por activa o por pasiva, el incumplimiento de
la legislación vigente en materia de subvenciones públicas, con lo
cual podemos concluir con cierta claridad dos cosas: la primera, que,
no obstante lo dicho, cada caso será estudiado individualmente,
puesto que los expedientes de modificación o revocación de las becas
concedidas son siempre individuales, y en cada uno de ellos -que se
tramitan con el mayor respeto a las garantías del administrado,
incluyendo evidentemente el trámite de audiencia- se atienden y
valoran las circunstancias concurrentes en cada estudiante. No
parece, por ello, justificado, en conclusión, aprobar, como solicita
la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, dos convocatorias de becas separadas para la enseñanza
universitaria y la no universitaria por este motivo. Fruto de las
razones a las que justificadamente aludo indico, señor presidente, el
voto en contra del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista.
Insisto, señor presidente, en que, ya que se han agrupado ambas
cuestiones, voy a entrar brevemente en la segunda de ellas, que hace
referencia a la proposición no de ley sobre el aumento de la cuantía
de las becas y de los umbrales para obtenerlas. Estamos, señor
presidente, señoras y señores diputados, ante una proposición no de
ley que tiene en la Cámara una larga historia. Es bueno a veces
(sobre todo en materias -insisto- tan importantes y sensibles, que lo
son, para la opinión pública española como la planteada) recordar que
no es la primera vez que se alude a esta materia en esta casa y
recordar, siquiera muy brevemente, cuántas veces se ha hecho y en qué
sentido, para justificar la enmienda de modificación que mi grupo va
a presentarles a ustedes, esperando que la iniciativa tenga el
beneplácito de su grupo parlamentario. En la VI Legislatura el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en la que
se aludía justamente a la misma materia que estamos debatiendo en
este preciso momento, felizmente se llegó a un texto aprobado por
unanimidad en aquella Comisión de 20 de mayo de 1998 que, por razones
de tiempo, de brevedad y de cortesía parlamentaria, no voy a leer.
Del mismo modo, hubo diversas comparecencias de los entonces ministro
de Educación y secretario de Estado al respecto.
En la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del 11 de mayo de
1999 se debaten igualmente proposiciones no de ley, tanto del Grupo
Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista, en
idéntico sentido a la planteada por ustedes hoy, en donde de nuevo y
afortunadamente se aprueban por unanimidad enmiendas referidas a la
misma. De igual modo se aprueba una enmienda presentada a una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista el 19 de
octubre de 1999. Por último, he de subrayar que en esta legislatura
hemos tenido oportunidad, bien a través de preguntas que ustedes han
formulado en el Pleno o bien en proposiciones que ustedes han traído
a la Comisión, de escuchar a la ministra, doña Pilar del Castillo,
confirmar datos que quisiera recordar antes de entrar en la enmienda
concreta que les vamos a plantear. Concretamente quiero recordar al
Grupo Parlamentario Socialista y a todos los miembros de la Comisión
que, en palabras de la ministra de Educación, el importe de las becas
había pasado de los 80.000 millones del año 1996 a 105.429 para el
año 2001, lo que significa que el presupuesto en becas había crecido
en ese período exactamente un 32 por ciento en pesetas corrientes y
un 20 por ciento en términos de presupuesto deflactado.
Junto a ello habría que añadir el importe -subrayaba la ministra- de
las becas Erasmus y las Séneca, cifrándose el total en 107.000
millones de pesetas. En concreto, señorías, 5.500.000 familias, es
decir, el 43,65 por ciento del total de las familias españolas,
pueden solicitar una beca en nuestro país en los términos que la ley
establece. Yo quisiera también señalarles alguna brevísima
consideración, contando con la generosidad de la Presidencia,
respecto a las cifras que he dicho. Las cifras siempre parecen frías,
pero no lo son, porque cumplen proyectos políticos o impiden que se
realicen. Yo supongo que no sería muy extraño que ustedes y nosotros
pudiéramos concordar en que pasar de 55.000 millones de pesetas del
año 1989 -y yo ya sé, como es natural, que los 55.000 millones de
1989 no son los 55.000 millones de este año; y usted también lo sabe-
a 105.000 millones de pesetas en los presupuestos del año 2000 es
sufrir un aumento muy importante.
Debo subrayar, y quisiera hacerlo con total claridad, que aquí nadie
está defendiendo que no se pueda ni se deba incrementar
porcentualmente el nivel de las becas en España, claro que no, y no
será desde luego el Grupo Parlamentario Popular quien lo diga. Lo que
sí decimos es que el momento procesal oportuno para hablar de ese
asunto porcentualmente es el debate de presupuestos y que en ellos no
estamos todavía. Hemos aprobado los presupuestos del año 2001; habrá
que esperar, como es lógico en cualquier Gobierno responsable, a los
presupuestos del año siguiente, 2002, para que allí se estudien las
propuestas concretas que el Ministerio correspondiente tenga a bien
plantear en ese momento. Pero insisto, señorías, en que no es poco
ese aumento que se ha producido, siendo consciente este portavoz que
habla de que indudablemente en materia socialmente tan sensible e
importante como las becas en este país siempre será escaso el
presupuesto con respecto a las necesidades de todo tipo que las
familias españolas y los propios becarios puedan tener. Esto no lo
puede dudar razonablemente nadie. Debo añadir también que ningún
alumno ni alumna en España se ha quedado sin su correspondiente
dotación de beca si lo ha solicitado en los términos legalmente
previstos y en los plazos previstos. La ventanilla ha sido abierta,
si ustedes me permiten, en términos relativamente castizos -lo digo
por lo de la ventanilla-. Hay que tener en cuenta que en nuestro
país, como ustedes saben muy bien, los alumnos y alumnas de 15 y 16
años, es decir, los pertenecientes a los últimos dos cursos de la
Logse, no pueden solicitar becas, no porque no puedan o no deban,
sino porque legalmente dicha enseñanza es obligatoria, por tanto,
gratuita, tanto en los colegios de carácter público como en los
concertados. Consecuentemente hay que tener en cuenta este dato
importante cuando hablamos de solicitar un incremento mayor o menor
del número de becas y de becarios en España.
Por último, señorías -no quiero cansar a nadie y mucho menos a la
Presidencia de la Comisión-, paso, aunque ustedes ya la tienen, a
comentar el sentido de la enmienda de modificación que les
presentamos, que concretamente dice que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a que adopte las medidas legislativas necesarias
para que los umbrales de renta familiar que posibilitan la concesión
de una beca y ayuda al estudio se incrementen, de tal forma que
aumente el número de beneficiarios por cumplir el requisito en renta
y, segundo, proceda a un incremento gradual de las cuantías de las
becas. Quiero añadir -me parece un dato de importancia- que la
redacción que se propone fue aprobada por consenso de todos los
grupos parlamentarios -insisto- en la sesión de 19 de octubre de 1999
como texto entonces de una proposición no de ley formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Me parece de cierto interés político
recordarlo en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, reconozco un poco de
desconcierto ante la ordenación de este debate. Hay tres puntos que
están acumulados pero que de hecho no lo están, y no sé muy bien si
voy a hablar del 3, 4 y 5, de todo a la vez, o si ahora sólo toca
hablar de las becas y después del problema en Galicia. No lo tengo
nada claro, señor presidente. Le agradecería que me lo pudiera
aclarar.
El señor PRESIDENTE: Se han acumulado los tres puntos en uno solo,
pero, a petición de algunos grupos parlamentarios, esta Presidencia
concede que las intervenciones de los grupos parlamentarios que lo
han solicitado puedan ser realizadas por distintos diputados en
relación con los tres, coincidiendo con el momento procesal que
corresponde a cada grupo. Por lo tanto, señor Guardans, a usted le
corresponde la toma de posición en relación con los tres puntos.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Es complejo el mecanismo, pero no lo
replantearé en este momento. De todos modos seré muy breve, señor
presidente, incluso sobre esos tres puntos.
En primer lugar sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista relativa a la concesión de becas para
estudios universitarios no compartimos su fundamento. Podemos
entender en términos humanos el problema de unos cuantos estudiantes,
pero en términos políticos y desde la frialdad que se tiene que tener
cuando se toman decisiones políticas nosotros defendemos y sostenemos
que cualquier política de becas al estudio evidentemente debe
vincularse de forma muy directa con indicadores socioeconómicos de
los becarios -eso está claro-, pero también con
los de rendimiento académico mantenidos por los beneficiarios, sin
negar que es posible que existan defectos de redacción en la
normativa que puedan dar lugar a confusión respecto de las
expectativas que tienen esos alumnos -y quizá sea la parte más
justificable y donde podemos sintonizar más con lo que plantea el
Grupo Socialista-; no es tanto el fondo del asunto, sino que
realmente es posible. Lo dejo simplemente así, para que el Gobierno
-se lo puede transmitir a lo mejor el grupo mayoritario- haga una
reflexión sobre si la redacción que tiene la normativa aplicable
puede haber generado una expectativa incorrecta. En cuanto al fondo
del asunto nosotros no compartimos que eso se tenga que revisar, por
tanto, no somos partidarios de la revocación de la decisión que
adoptó el Gobierno sobre la devolución de esas becas por no haber
concurrido los becarios a la proporción correspondiente de los
exámenes. Por tanto, mi grupo parlamentario no apoyará esa
iniciativa.
Yo comparto bastante la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular sobre el aumento de las cuantías en las becas y
de los umbrales para obtenerlas, dejando muy claro -lo tenemos
suficientemente acreditado- que compartimos la necesidad de
incrementar la cuantía dedicada a becas porque en este momento en
España no está en los niveles que tendría que estar. Es cierto que
corresponderá modificar los umbrales de renta para que pueda ser
accesible a mucha más gente. Pasar de ahí, en estas fechas y de
golpe, a una especie de indicación precisa sobre cuáles tienen que
ser exactamente los proporciones, cómo se tiene que articular en
relación con la inflación, etcétera, no nos parece oportuno. Nos
parece mejor sentar un principio político -que es por donde va la
enmienda de modificación que presenta el Grupo Parlamentario Popular-
y remitir al debate presupuestario la fijación concreta con una
cuantía determinada y una modificación de la normativa en su caso,
quizá por la vía de Ley de acompañamiento de los Presupuestos. Por
tanto, no apoyaremos esa iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista.
Finalmente, de forma muy breve, entendiendo la problemática que
plantea el Bloque Nacionalista Galego en su iniciativa, yo estoy a la
espera -y por eso he dudado en mi intervención inicial- de ver qué
tipo de compromisos asume sobre ese tema el Grupo Parlamentario
Popular, porque entendemos el fondo de la cuestión, la problemática
que plantea; no comunico lo que va a ser mi voto ante esa iniciativa
a la espera de ver realmente si el Grupo Parlamentario Popular es
capaz de transmitir que, con independencia de asumir o no un
compromiso por vía de votación, entienden lo que está detrás de esa
iniciativa.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la
palabra para fijar su posición, puesto que no lo había hecho en su
intervención anterior,
en relación con los dos puntos citadas del orden del día.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente.
Queremos mostrar nuestro apoyo a las dos proposiciones no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en especial a aquella que
pide el aumento de la cuantía destinada a las becas y a la
posibilidad de que se acceda desde un umbral de renta mayor. Quisiera
dar también una pequeña información, que fue un lapsus que cometí,
porque puede inducir a error derivado de la transcripción de las
órdenes de 1998 y 1999 que tengo delante y que no las había leído con
atención. No ha cambiado para nada de 1998 a 1999 la suma de los
valores catastrales -que es lo esencial- de las fincas rústicas que
pertenezcan a la unidad; siguen siendo 990.370 pesetas y yo lo tenía
hecho con el equivalente a 10 hectáreas. Hay una errata en la
transcripción de la orden, tal como aparece aquí; figuraba 1.980.000
pesetas y es falso, siguen siendo 990.370 pesetas, cantidad que, como
ustedes pueden ver, para la base de tierra que tiene una familia de
explotación agraria, impide acceder a las becas. Esto es sintomático
de que los hijos de una familia con 10 hectáreas, unas vacas y unos
tractores no pueden acceder a las becas en Galicia.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra para fijar posición en relación al punto 3.
El señor HEREDIA DÍAZ: El Grupo Parlamentario Socialista en primer
lugar no puede aceptar la enmienda que plantea el Grupo Popular por
dos razones: la primera de ellas, porque, aunque esté empeñado en que
la inflación para el año 2000 iba a ser de un 2 por ciento, se ha
duplicado. Por tanto, hay que tener en cuenta que sería razonable
incrementar, como digo, tanto los umbrales como las cuantías de
becas. Los estudiantes universitarios no son responsables de que al
Gobierno de Aznar se le haya disparado la inflación y prácticamente
duplicado. Por otra parte, el problema no es el incremento en los
presupuestos de becas, que también lo es; el hecho es que ustedes
únicamente invierten el 63 por ciento de la cantidad que figura en
los presupuestos. Estos datos no los decimos los socialistas, lo dice
el propio informe del Consejo Escolar del Estado. Por tanto, el
problema no es el incremento, sino que ustedes invierten únicamente
una pequeña parte de la cantidad que aparece en los presupuestos. Ese
es el problema y donde radica la cuestión. Por tanto, no podemos
aceptar la enmienda que presenta el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: El representante del GrupoParlamentario Popular
tiene la palabra para defender el
tercer punto del orden del día. (El señor Hernández Cerviño pide la
palabra.)
La señora VALCARCE GARCÍA: Falta por parte del Grupo Parlamentario
Socialista fijar la posición en el punto 3 del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Para defender el punto 3 del orden del
día, el representante del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Señorías, quería empezar denunciando la
situación económica y educativa, fundamentalmente, que tenemos en
Galicia. Estamos en una situación de más publicidad, pero de menos
calidad y con los peores indicadores educativos. La situación de
dependencia de la población infantil y juvenil es de un 30 por ciento
aproximadamente; si sumamos la proporción de dependencia de la
mayoría de la población, nos encontramos con unos indicadores
superiores a los que existen en el resto de España. Esta razón
simplemente nos llevaría a presentar proposiciones para que se abunde
en las medidas que favorezcan la cohesión con el resto de España y
con el resto de Europa. Podríamos añadir que el 11 por ciento de la
población vive en municipios rurales y el 13 por ciento en municipios
semiurbanos, lo cual quiere decir que de alguna manera hay que
favorecer la incorporación a los medios educativos y las
posibilidades educativas de toda la población. Sin embargo quiero
manifestar nuestra extrañeza y la sorpresa por la motivación que
aparece en la proposición por parte del Bloque.
El sistema de ayudas, de becas tiene por finalidad la inclusión y
cohesión social y mantener el principio de igualdad de oportunidades
fundamentalmente. Es cierto que la consecución de esta igualdad de
oportunidades absoluta es difícil; por eso, este grupo ha presentado
proposiciones no de ley para que las becas y ayudas se acerquen
precisamente a este principio señalado. El modelo es francamente
mejorable y si vemos el entorno europeo el acompañamiento de otras
medidas de carácter social ayudaría a conseguir la posibilidad de que
nadie que lo necesite y quiera se quede sin ayudas. Es cierto que en
este terreno queda mucho por hacer, no solamente en Galicia sino en
España y lo vemos diariamente en los indicadores de calidad de la
educación. Sin embargo, querría aprovechar para llamar la atención
del representante del Bloque Nacionalista Galego acerca de que las
motivaciones deben acompañar la argumentación que se emplea luego en
la Cámara. Es decir, tal como está redactada la proposición no de ley
(al margen de algún error de transcripción como por ejemplo señalar
el 22 de julio de 1998 como fecha de publicación en el Boletín
Oficial cuando es el día 2 y algún otro que él mismo se ha encargado
de señalar) hay claramente un matiz demagógico en la presentación de
la motivación. No se puede transmitir la idea de
que por tener una vaca, un animal doméstico, una docena de gallinas u
otro animal mítico en Galicia, como es por ejemplo el cerdo, se quede
excluido de percibir ayudas. Y mucho menos que por tener una cuenta
corriente con 1.000 pesetas se vaya a excluir a nadie de tener una
beca. Es evidente que no podemos admitirlo aunque quizás sea producto
de un mal asesoramiento, ya hemos señalado antes que las condiciones
socioeconómicas en Galicia no son las mejores, y por esa razón no
podemos presentar motivaciones de este tipo. Tampoco encontramos en
el artículo 25 de la citada orden ninguno de los elementos a los que
se refería esta motivación, ni en la de 1999 ni en la Orden
ministerial de 15 de junio de 2000, pero no queremos caer en la
contradicción. Efectivamente, Galicia necesita un tratamiento
específico que la acerque a esos niveles que señalábamos
anteriormente. Hemos oído hoy aquí nuestra posición sobre las becas y
nuestro empuje, nuestro impulso precisamente a este elemento de
cohesión; por esa razón vamos a votar a favor de esta proposición no
de ley para que se incluya en nuestro modelo educativo de ayuda a
toda la gente que lo necesite realmente, matizando que el voto es
fundamentalmente por la instancia que se hace al Gobierno, no por la
motivación. El Grupo Socialista quiere más becas, más ayudas, más
investigación, más desarrollo de los medios educativos, y el problema
-como se ha visto aquí- se podría arreglar si el Gobierno cumpliese
los presupuestos que le marcan una tarea social importante y si el
Gobierno tuviera una mayor vocación social.
El señor PRESIDENTE: Para expresar la posición del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Comenzaré por decir que, aunque algunos
portavoces no estamos de acuerdo en general, todos queremos más. Este
es un principio que como declaración de intenciones está muy bien: no
estamos de acuerdo, pero vamos a votar a favor; no estamos de acuerdo
con casi nada de lo que pone ahí pero vamos a votar a favor. Con tal
de llevar la contraria todo es válido. Yo creí sinceramente que esta
proposición no de ley iba a retirarse del orden del día, aunque el
Ministerio de Educación (toda la población escolar ha constatado que
el artículo 25 viene marcado en sus pautas por el apartado 3 del
artículo 4 de la orden ministerial que se cita) quizás ha suscitado
alguna duda en su aplicación a la hora de conceder las becas por
parte de los órganos colegiados. Su publicación ha dado lugar a
diferentes interpretaciones dependiendo de la ubicación geográfica de
que estuviésemos hablando, y se han producido efectos que no son
deseados ni por el Ministerio ni por la propia comunidad afectada.
Pero se ha reaccionado, y eso no se lo he escuchado a ninguno de los
portavoces intervinientes en este tema. De hecho, se ha eliminado
dicho apartado; no es discutible, porque se puede argumentar ahora
que cierta
parte de la población rural escolar gallega puede quedar marginada,
pero no me vale que suelten aquí cosas con las que estoy francamente
en desacuerdo. Porque no veo reflejada la realidad del rural gallego
cuando se habla de 10 hectáreas. Yo no sé quién tiene 10 hectáreas en
el rural gallego. Esto en los oídos de un extremeño o de un
castellano-manchego es posible que suene a muy poquito, pero en
Galicia con tantas explotaciones agrícolas y ganaderas como tenemos
es difícil encontrar una explotación pequeña, de familias de bajos
recursos, con 10 hectáreas; es francamente difícil.
La realidad del campo -que yo conozco muy bien porque toda mi familia
es agricultora, ganadera o tiene explotaciones lácteas- hace que sea
francamente difícil que una familia con bajos recursos alcance las 10
hectáreas cuando la media está en tres hectáreas y media; es
francamente difícil alcanzar las 10 hectáreas. Si los estudiantes
gallegos que disponen de esas 10 hectáreas no acceden a las becas,
¿qué vamos a decir de los extremeños, cuya media sí está bastante por
encima de esas 10 hectáreas que supuestamente tiene la población
gallega? Hablar aquí de una vaca, una docena de gallinas y algún
cerdo... ¡Hombre! Es algo más que todo eso, el fondo de la cuestión es
algo más que una docena de gallinas y un cerdo. No es esta la
realidad del problema. Si SS.SS. quieren, vayamos a las cuantías
económicas, vayamos a la cuantía de las becas y al número de becas
que se están repartiendo. Como ha dicho el portavoz del Grupo
Popular, señor Calomarde, en la anterior intervención quizás por ahí
vayamos aproximando posturas. Pero con un reflejo irreal de la
realidad no vamos a conseguirlo.
Insisto en que esta proposición carece de contenido por cuanto el
requisito cuya eliminación se solicita, -exposición con la que no
estoy de acuerdo- quedó derogado y ni siquiera aparece en la orden
ministerial. Tampoco aparece en la del 17 de junio de 1999, en la que
se aprueba la convocatoria de becas correspondientes al curso 1999-
2000, y tampoco figura en el proyecto de orden que se aprobará para
el próximo curso 2000-2001. Sencillamente creí que se iba a retirar
esta proposición, porque no encuentro los motivos por los que tenga
que ser debatida en esta Comisión, dado que no figura ya en ningún
sitio. Además, para las poblaciones rurales hay becas específicas, no
sé si en el resto de las comunidades autónomas pero sí en la mía: las
becas compensatorias por estudios, que están reguladas. Y las
corporaciones locales, aquellas que sienten que deben ser solidarias
con sus propios convecinos, también tienen sus propias becas para
compensar las posibles deficiencias que los estudiantes tengan en sus
ingresos económicos.
Por tanto, señorías, coincidiendo en que ha habido un error inicial
en la publicación de la orden y que se ha conseguido un efecto
distinto del que en principio estaba previsto, también tengo que
señalar que se ha modificado y que esos baremos ya no figuran ni en
las
órdenes posteriores ni en la que será de aplicación para el curso
2000-2001. Por tanto, en la seguridad de que el estudiantado gallego
no va a quedar marginado en la adjudicación de becas respecto del
resto de los españoles, anunciamos nuestro voto en contra con la
seguridad de SS.SS. de que efectivamente está modificado. Señalo algo
que se me olvidaba, que los aperos de labranza y maquinarias menores
tampoco aparecen en esta disposición.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate acumulado de las tres
proposiciones no de ley, si algún portavoz de algún grupo
parlamentario quiere hacer una ulterior aclaración o toma de postura,
la palabra. (Pausa.) Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, solamente quiero
señalar que hice mucho hincapié en que sigue permaneciendo en las
órdenes vigentes hasta ahora el valor catastral de 990.370 pesetas
como impedimento para acceder a una beca. Repito: 990.370 pesetas de
valor catastral de una finca rústica que es en la que se asienta la
explotación agraria. Si les parece bien que con una finca rústica con
un valor catastral de 990.370 pesetas no se pueda acceder a una beca,
doy por bueno que estamos en el más justo de los sistemas, y que
Galicia es beatífica, prudente y está en el paraíso.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Entendemos que se ha reabierto el debate,
por lo que pedimos que nuestro portavoz haga uso de la palabra
brevemente.
El señor PRESIDENTE: Sólo una última intervención.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Sólo voy a hacer un matiz. No estamos
hablando de una finca con un valor catastral de 990.000 pesetas. Esa
es la aplicación que se hace a cada uno de los miembros de la unidad
familiar. Nada más que eso.
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000315)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto primero del orden del día que,
de acuerdo con la modificación efectuada, es el punto cuarto,
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la
mejora de la financiación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Corres, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
La señora CORRES VAQUERO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para proceder a la defensa de la proposición no
de ley que tiene como objeto instar al Gobierno a que continúe
mejorando la financiación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para la incorporación a ésta de los oportunos avances
tecnológicos.
En primer lugar, quisiera hacer una breve referencia histórica sobre
la UNED para poder entender la filosofía de nuestra proposición. La
UNED nació pobre y distinta hace ya casi treinta años, y surgió con
una finalidad específica, que no era otra que la de ofrecer una
segunda oportunidad a aquellas personas que, por una u otra razón, no
podían cursar estudios superiores en ningún otro centro
universitario. De ahí, su naturaleza fundamentalmente social. La UNED
se creó para cumplir esta función y hoy día sigue cumpliéndola,
aunque cada vez son más las personas que eligen estudiar en sus aulas
voluntariamente y no por razones de necesidad. Gracias a la UNED,
muchos trabajadores y funcionarios que, por razones socioeconómicas
tuvieron que abandonar sus estudios e incorporarse al mercado laboral
antes de lo previsto, han podido ver realizado el sueño de continuar
sus estudios en la universidad. La educación universitaria a
distancia ha hecho posible también que un buen número de amas de casa
que disponían de poco tiempo para desplazarse a un centro
universitario con asiduidad debido a las obligaciones familiares de
cuidar de sus hijos, etcétera, hayan podido obtener también un título
universitario.
Asimismo, muchos han sido, por qué no decirlo, los reclusos que han
podido disfrutar de una reinserción social más fácil, una vez
cumplido el tiempo de sus condenas, por el hecho de tener unos
estudios superiores, y eso ha sido posible gracias a la UNED. Por
tanto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha
contribuido sin duda alguna a formar a mucha gente con verdaderas
ganas de aprender. Funcionarios, trabajadores, amas de casa,
reclusos, discapacitados con dificultades importantes para acceder a
la universidad y personas en general que por vivir distantes de un
centro universitario o carecer de recursos suficientes para sufragar
los gastos de su desplazamiento, han sido durante muchos años los
principales beneficiarios de la existencia de la UNED.
En 1973, la Universidad Nacional de Educación a Distancia se puso en
marcha en tan sólo ocho meses de tiempo. Su única infraestructura era
un edificio prestado, dos carreras universitarias y cerca de 6.000
alumnos. Como se puede comprobar, la UNED nació apenas sin recursos,
sin Internet y sin casi profesorado; sin embargo, desde hace ya cerca
de 30 años se mantiene viva y en plena modernización.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia es y ha sido siempre
una universidad distinta a las demás. Es distinta por su naturaleza,
es distinta por su método y lo es también incluso por su filosofía de
actuación, pero lo que caracteriza sobre todo a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el secreto de su éxito es, por
encima de todo, su alumnado. Casi un 76 por ciento de los alumnos de
la UNED trabajan y estudian a la vez, roban horas al sueño, al ocio,
a la familia; sus horas de estudio suponen casi el esfuerzo de una
oposición continua, son corredores de fondo, saben lo que es
enfrentarse a una carrera en soledad y luchan como nadie para lograr
finalizarla.
Al día de hoy, en pleno año 2001, la UNED cuenta ya con 1.200
profesores, 4.000 tutores, 17 titulaciones y otras tres en previsión
para el próximo curso. Tiene 50.000 licenciados en sus aulas y
135.000 esperando conseguirlo. Por tanto, la UNED que tenemos hoy
sigue cumpliendo con una importante función social, pero hay que
resaltar claramente que los casi 150.000 alumnos que tiene en su
haber, la implantación nacional de que goza y el dominio de la red
hacen de ella una universidad que mira el futuro con afán de
superación.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia no es ya una
universidad virtual, la UNED existe, está hecha de sueños cumplidos y
representa la libertad que propociona el conocimiento. La UNED del
siglo XXI es tecnología, Internet y videoconferencia, pero sigue
manteniendo lo más trascendental de su ser, que son personas con
ganas de saber. En sus inicios, la UNED no tenía ni espacio físico ni
dinero para la investigación, hoy podemos decir que se invierte en
esta materia gran parte de su presupuesto. En el año 2001 la cantidad
destinada a investigación representa nada más y nada menos que unos
1.000 millones de pesetas.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que en el comienzo del tercer
milenio estamos en disposición de poder afirmar que la universidad
española ha cambiado y la UNED lo ha hecho también. Estamos ante una
realidad diferente, ha llegado el momento de marcarse un futuro
distinto, un futuro de calidad, de investigación, de tecnología, en
definitiva, un nuevo concepto de educación para la universidad a
distancia. El programa electoral del Partido Popular hacía referencia
a la UNED estableciendo tres principales compromisos: en primer
lugar, impulsar su presencia en América, en segundo lugar otorgarle
de dotación suficiente, y, en tercer lugar, mejorar las
infraestructuras de sus centros asociados. Además de ello, el
Gobierno del Partido Popular, en su iniciativa estratégica para la
sociedad de la información Info 21, recogió expresamente a la UNED
con una especial referencia a la creación del campus virtual
iberoamericano para que sea la ventana fundamental de la universidad
española en todo el mundo de habla hispana. Dicha iniciativa
contempla multiplicar por cuatro o cinco la capacidad del servicio
actual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en los
próximos años.
La ministra de Educación, en su primera comparecencia ante el
Congreso de los Diputados hace ya un año, el pasado 14 de junio,
destacó la importancia de la
UNED en la estrategia educativa del Ministerio, comprometiéndose
a mejorar sustancialmente su financiación. Se refirió además a que la
UNED viene arrastrando desde siempre importantes carencias de medios
y recursos. Hoy podemos afirmar incluso que en algunos años de la
década de los noventa, concretamente entre los años 1992 y 1996, la
dotación presupuestaria asignada a la UNED se vio reducida
considerablemente. Todos los presentes, espero, podemos
congratularnos de que tal tendencia reduccionista en cuanto a los
presupuestos de la UNED se haya invertido considerablemente, pero hay
que resaltar que el alto coste de las nuevas tecnologías de la
comunicación, esenciales hoy en la prestación de un servicio
educativo de calidad, sigue necesitando más fondos para su
mantenimiento.
La ministra de Educación destacó también que el Ministerio de
Educación velaría porque la UNED contase con una poderosa red
telemática y pudiera seguir ofreciendo enseñanzas regladas, educación
permanente y cursos plenamente virtualizados. También la ministra
dijo en su intervención que había que resaltar la presencia de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Iberoamérica, y dijo
que el Ministerio la potenciaría como elemento esencial de
colaboración universitaria y de formación profesional.
Hoy en día podemos decir que desde la UNED no se renuncia a las
nuevas tecnologías sino todo lo contrario, se apuesta muy
decididamente por ellas, son su futuro y suponen un nuevo concepto de
la educación, la educación sin fronteras. Por ello, se puede decir
que Internet es el canal idóneo para que un gran número de títulos,
miles de horas de radio, o cientos de vídeos lleguen en tiempo real
al alumno en cualquier parte del mundo. En estos momentos, la UNED
tiene un claro objetivo desde el punto de vista de su implantación,
ya que, tanto desde el Ministerio de Educación como desde la propia
UNED, el objetivo está en Latinoamérica: 400 millones de personas con
una sola lengua, que es la nuestra, el español, pueden realizar una
estupenda labor de difusión, no sólo de la información sino de la
cultura, la historia y el patrimonio social de España.
En resumen, en casi treinta años hemos pasado de la falta de diseño y
la improvisación de 1973 a una universidad diferente, situada a mitad
de camino entre la universidad presencial y la telemática, una
universidad dotada de la flexibilidad suficiente para situarla en la
mejor posición de cara a la adaptación a los nuevos retos del futuro,
pero para lograr todos estos objetivos no bastan las buenas palabras
y los compromisos sino que hay que poner en práctica tanto una como
otros.
Hasta el momento se han ido dando pasos importantes, la inclusión de
la UNED en la iniciativa Info 21 y lo que ello supone de dotación
presupuestaria es un ejemplo de ello, y sobre todo algo muy
importante, el incremento de los fondos de financiación. Si hace un
año la ministra se comprometió a mejorar la financiación de la UNED a
lo largo de la presente legislatura,
hoy podemos reconocer que ha cumplido con buena parte de tal
compromiso, ya que la consignación de crédito más importante del
presupuesto de la Secretaría de Estado de Universidades es la
subvención nominativa de la UNED. Concretamente, la aportación
consignada para la enseñanza universitaria a distancia en nuestro
país, en los presupuestos del 2001, representa un incremento del 16,9
por ciento respecto de la del año 2000. De 6.540 millones de pesetas,
de presupuesto transferido el pasado año a 7.190 en el presente, y de
278 millones de inversión en infraestructuras a 778 en el año 2001.
Sin duda alguna, esta cantidad es sustancial.
Espero, como espera mi grupo, por todo lo expuesto que el resto de
los grupos apoyen esta proposición no de ley con su voto afirmativo,
ya que de todo lo que se mejore la financiación de la UNED dependerá
la posibilidad de mantener e incrementar su actividad, la actividad
que tiene encomendada desde su fundación, y sobre todo la renovación
de su metodología para adecuarla a los nuevos retos de la sociedad
del conocimiento, consiguiendo con ello liderar la enseñanza
universitaria virtual en todos sus ámbitos, tanto en los estudios
para la obtención de títulos oficiales como en los que viene
impartiendo para la consecución de los títulos propios y de los de
postgrado.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la
palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: En primer lugar, fijaré la posición de mi
grupo sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en la que propone a esta Comisión de Educación y Cultura instar al
Gobierno a la mejora de la financiación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para la incorporación de avances tecnológicos.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte el objetivo de la
proposición no de ley, sobre todo teniendo en cuenta que,
transcurridos 27 años de la creación de la UNED, miles de españoles
se han titulado en educación superior gracias a la UNED. En este
momento, la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene
156.000 alumnos, 67 centros asociados, 79 extensiones e imparte 18
titulaciones. Mejorar la financiación de esta universidad es un
objetivo compartido. Al Grupo Parlamentario Socialista también les
preocupa mejorar la financiación de la educación superior en su
conjunto en España. Queremos reconocer aquí que en la VI Legislatura,
tanto el 13 de mayo de 1998, como el 21 de diciembre de 1999, en las
respectivas comparecencias ante esta Comisión de Educación del rector
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los grupos
parlamentarios coincidieron en la necesidad de hacer un esfuerzo
añadido en lo que se refiere a la mejora de la financiación de esta
universidad. Sin
embargo, hemos presentado una enmienda de sustitución porque
entendemos que conviene precisar más en qué sentido exigimos la
mejora de la financiación de la UNED. Recogiendo el sentir de estas
dos comparecencias del rector de la UNED, pero también lo allí
expresado por los distintos grupos parlamentarios, entendemos que
mejorar la financiación de la UNED debe partir fundamentalmente de la
base de la financiación por alumno, a fin de conseguir, entre otros
objetivos, no sólo la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, porque este objetivo es verdad que
es común a todas las universidades españolas, pero también es cierto
que es un objetivo especialmente sentido en el caso de la UNED.
Los otros objetivos por los que es imprescindible mejorar la
financiación de esta universidad han de ser reforzar la calidad de la
enseñanza de esta universidad, reforzar la calidad de la
investigación de esta universidad y contribuir a ampliar, mejorar y
profundizar los convenios con los diferentes centros asociados que
mantiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todo ello,
señorías, porque entendemos que la enseñanza universitaria a
distancia debe ser una enseñanza de excelencia. Por ello, pedimos al
Grupo Parlamentario Popular que admita esta enmienda que creemos que
completa y refuerza la proposición de su grupo, que recoge las
demandas justificadas por parte de la UNED y es, además, compatible
con los objetivos aquí expresados, sobre todo si se tiene en cuenta
que todos los expertos coinciden en la necesidad de que la
financiación por alumno, en el caso de la enseñanza a distancia, esté
en torno al 50 por ciento del coste de la enseñanza superior de
carácter presencial. Hay que decir que en España la financiación
pública de las universidades, por término medio, es de 300.000
pesetas por alumno. Esta cantidad, sin embargo, se ve notoriamente
incrementada en el caso de las universidades politécnicas, donde la
inversión media por alumno es de 500.000 pesetas. Si tenemos en
cuenta que en el caso de la UNED algunas escuelas e instituciones son
también encuadrables en ese carácter de servicio público, pero de
centros politécnicos, veremos mucho más justificado el incremento de
la mejora de la financiación porque la subvención que recibe la UNED
por alumno es de 40.000 pesetas.
Entendemos y compartimos los objetivos que se señalan en la
exposición realizada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
compartimos también la parte propositiva de la proposición no de ley,
pero entendemos que debe ser profundizada en aras a conseguir que esa
mejora en la financiación vaya en la dirección de buscar un mayor
acercamiento a la financiación por alumno y que si bien compartimos
que los objetivos de financiación deben dedicarse a las mejoras
tecnológicas imprescindibles para incorporarse a la sociedad de la
información y de la comunicación, no deben obviarse otras cuestiones
como la calidad de la educación,
la calidad de la investigación y la mejora de los convenios que
la UNED tiene suscritos con sus centros asociados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Esta es una de esas iniciativas que,
aunque se den en otros parlamentos y no sea la primera vez que ocurre
en éste, forman parte de eso que se llama la gimnasia política, es
decir, el autoestímulo, donde el gobierno se insta a sí mismo o el
grupo mayoritario insta al gobierno a hacer algo que tiene que hacer.
Sin embargo, no deja de ser una ocasión para que el Grupo
Parlamentario Popular haga público su compromiso con una determinada
institución que nos merece el máximo respeto, que tiene todo nuestro
apoyo y nos permite ponerlo en el escaparate, para que todos podamos
mostrar nuestro apoyo en este caso a la UNED.
Es cierto cuanto se ha dicho hasta aquí; es cierta la función social
que viene desarrollando la UNED desde su fundación; es absolutamente
cierto que puede llegar a correr el riesgo de una cierta
obsolescencia si no se invierte en ella. Porque, efectivamente, la
enseñanza no presencial en el momento en que la UNED se puso en
marcha con programas radiofónicos y materiales enviados por correo,
está muy lejos de lo que hoy es la enseñanza no presencial, ya que,
estamos en el mundo de las universidades virtuales, del campus
virtual, según la terminología que utiliza, por ejemplo, la
Universitat Oberta de Catalunya y donde la competencia a la UNED, a
medio plazo, le puede venir de mucho más lejos, porque en el mundo
virtual la competencia no tiene nada que ver con la geografía. Uno
quiere creer que los responsables de la UNED lo saben y que si
miramos las cosas en un plazo prudencial y suponemos un desarrollo
real de las redes informáticas a lo largo de toda España y de
Iberoamérica y la posibilidad real de la alta velocidad en Internet
en el ámbito doméstico, con quien competirá la UNED será con
cualquier universidad no presencial en lengua castellana de cualquier
lugar del mundo. Si eso se mezcla con una cierta homologación de
títulos o incluso con la realidad de que los títulos, homologados o
no, acaban valiendo lo que el mercado les reconoce por sí solos, la
UNED puede competir con un título en castellano emitido por el MIT,
por Harvard, Massachusetts o quien corresponda, siempre que puedan
conocerlo sus universitarios. Por tanto, es cierto que la UNED
necesita recursos y necesita ponerse un poco al día. Y digo esto sin
que se entienda como el más mínimo comentario negativo hacia la gente
que trabaja en la UNED. Me refiero básicamente a su profesorado, que
tiene la misma categoría, la misma seriedad, el mismo rigor y la
mismaimplicación docente que el resto del profesorado universitario
en España. Pero por la función concreta que pretende desarrollar,
necesita una cierta puesta al día financiera. En Cataluña estamos muy
satisfechos del crecimiento exponencial que está teniendo la
Universitat Oberta de Catalunya que, como saben SS.SS., y si no les
animo a conocerlo porque no deja de ser una realidad muy estimulante,
está teniendo un gran crecimiento en la enseñanza a través de
Internet. Como ustedes saben, en el ámbito de la enseñanza en lengua
catalana es una institución pública, pero en lo que se refiere a la
enseñanza en lengua castellana, que es competencia de la UNED,
evidentemente con unas dimensiones distintas, es una institución de
derecho privado financiada estrictamente por recursos privados, con
acuerdos con empresas privadas y con una posibilidad de crecimiento
enorme. Por tanto, es evidente que hay demanda y que la UNED tiene
ahí su papel y ha de seguir desarrollando con recursos públicos su
clara función social.
Por tanto, vamos a prestar, lógicamente, nuestro apoyo a esta
proposición no de ley y tampoco tendríamos ningún inconveniente en
que el Grupo Parlamentario Popular aceptara la enmienda del Grupo
Socialista que precisa un poco más aquello que se pide. Si,
finalmente, no la acepta, evidentemente votaremos la proposición no
de ley, pero hacer hincapié en el incremento de la financiación por
alumno como criterio concreto para marcar cómo debe medirse esa mayor
financiación y especificar más todavía esa necesidad de financiación
en el ámbito informático, no sólo no nos parece mal, sino que creo
que va en la dirección correcta. Si no es así, votaremos
favorablemente la iniciativa del Partido Popular en sus términos
originales.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por parte del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: En primer lugar, quiero agradecer las
intervenciones de los distintos grupos y agradecer también al Grupo
Socialista la presentación de esta enmienda de sustitución, pero al
mismo tiempo desde mi grupo parlamentario debemos decir que no
podemos aceptar tal enmienda porque entendemos que el criterio de la
asignación por alumno no es un criterio válido para la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, ya que, como he dicho a la largo
de mi intervención, creemos que la Universidad Nacional de Educación
a Distancia es distinta a las demás, y lo es por su naturaleza, por
su función e incluso por su propia filosofía. Añadido a todo esto el
carácter no presencial de la UNED hace que los gastos de
funcionamiento de la misma sean cualitativa y cuantitativamente
diferentes al resto de universidades españolas, con lo cual
mantenemos el texto de nuestra proposición tal y no podemos aceptar
tal enmienda de sustitución.
- RELATIVA A LA PREPARACIÓN Y PRESENCIA DEL DEPORTE FEMENINO EN EL
ÁMBITO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000396)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al punto segundo del orden del
día, convertido en quinto, que es la proposición no de ley relativa a
la preparación y presencia del deporte femenino en el ámbito español,
que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que defiende la señora
Montelongo, que tiene la palabra.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Señorías, nadie discute la
trascendencia y la ubicuidad del deporte no sólo en los últimos años
sino en todo el siglo XX: la educación deportiva, los equipamientos
deportivos, la arquitectura deportiva, el periodismo y los
espectáculos deportivos ocupan un lugar prominente en la vida de las
naciones más modernas.
He de manifestar que esta importancia que tiene el deporte en nuestra
sociedad se ha visto reforzada por este Gobierno incorporando su
denominación oficial al Ministerio, otorgándole un reconocimiento
institucional que lo sitúa a un nivel similar al de la educación y al
de la cultura como aspecto esencial, que lo es, en el desarrollo y la
formación integral del ciudadano.
Como consideraciones preliminares actuales en torno al deporte como
hecho social, es necesario asumir que el reto actual de la sociedad
es conseguir una práctica generalizada, una práctica de actividad
física para todos, fomentar el paso de una sociedad de espectadores
a una sociedad de practicantes deportivos. En nuestros días, es
necesario en el ámbito del deporte, a través de las instituciones
públicas, regular, organizar, planificar y administrar el deporte. Ya
no se puede improvisar, hay que adelantarse a los acontecimientos
y no actuar a partir del surgimiento imprevisto de los problemas. La
práctica de la actividad física y deportiva, por poseer unos valores
propios que contribuyen a la formación integral y socialización de
las personas y además fomentar estilos de vida saludables, debe
ocupar un espacio de atención especial en las sociedades
contemporáneas. El modelo de deporte competitivo excesivamente
jerarquizado y que selecciona a los participantes ha quedado un poco
relegado. Es necesario extender la práctica de la actividad física y
del deporte a la mayor parte de la población, permitir que todos los
ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la actividad, a los deportes.
Son muchos los especialistas en educación física, en pedagogía
social, en sicología, en medicina y en sociología que coinciden en
que la gran revolución cultural del siglo XXI va a ser el deporte y
la actividad física para todos, en general. Las razones de este auge
no se nos escapan, porque de todos son conocidas las ventajas que el
deporte reporta a nivel personal y social. El
deporte, como saben, es un elemento socializador e integrador, genera
autoestima y ayuda a desarrollar y valorar nuestras propias
posibilidades. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que
podemos hacer y tampoco somos conscientes de nuestras propias
limitaciones. El deporte es un elemento importante para llegar a ese
límite y a ese control de la autoestima. Llevar a cabo una labor de
difusión y mentalización en la cultura del deporte y la salud es la
mejor de las inversiones para el logro de una población activa
físicamente y, por tanto, más sana y con mayor calidad de vida.
Desde nuestro punto de vista, lo que más condiciona la práctica
deportiva no es la posibilidad de contar con unas infraestructuras
espectaculares, es la motivación intrínseca de la población, que
deriva de la adecuada concienciación sobre la utilidad del deporte.
Por todo ello es necesario establecer planes intensivos de promoción
del deporte, basados en el conocimiento por parte de la población de
lo que la práctica y la actividad física deportiva significa y los
beneficios que esa actividad física les reporta.
Los resultados de distintas encuestas realizadas sobre la práctica
deportiva de los españoles demuestran que existe un incremento
progresivo de esta práctica. Los últimos datos establecían en un 39
por ciento la tasa global de práctica deportiva. Sin embargo, si nos
fijamos en el género, todavía son pocas las mujeres que realizan
práctica deportiva. Los datos antes mencionados hacen referencia
también a que los hombres practican uno o más deportes en un 48 por
ciento y sólo un 38 por ciento de las mujeres hace prácticas
deportivas. Por supuesto, somos conscientes de que existe una razón
fundamental: el retraso de la incorporación de la mujer al mundo del
deporte ha ocasionado históricamente una falta de participación de la
mujer tanto en competiciones nacionales como internacionales. Y
aunque esta situación, afortunadamente, hoy en día ha cambiado y los
éxitos de nuestras deportistas han incrementado y en muchos casos han
superado los resultados obtenidos por los hombres, todavía existen
grandes diferencias.
Las características en cuanto al tipo y nivel de implicación de las
mujeres en la actividad físico-deportiva se puede sintetizar de la
siguiente manera. La práctica deportiva de la mujer continúa siendo
escasa y en relación con la práctica masculina menor en todos y cada
uno de los grupos de edad analizados. La media de práctica nacional
en las mujeres se cifra en torno al 38 por ciento, mientras que el
porcentaje de los hombres se cifra en un 48 por ciento, como antes
comentábamos. Estos porcentajes de práctica femenina varían según las
diferentes comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas, como
es el caso del País Vasco, con un 51 por ciento, o La Rioja y
Navarra, con un 47 por ciento superan la media nacional. Sin embargo,
existen comunidades autónomas, como es el caso de Extremadura y
Castilla-La Mancha, con un 22 y un
23 por ciento de práctica femenina respectivamente, que quedan
bastante lejos de esa media general. En una posición intermedia
quedan Aragón, con un 40 por ciento, seguida de Murcia y Baleares,
con un 38 por ciento, Galicia con un 37 por ciento y la Comunidad
Autónoma de Canarias con un 33 por ciento de práctica femenina. Por
otro lado, la participación de las mujeres en actividades físico-
deportivas se observa que desciende progresivamente a partir de la
adolescencia. En general, la vinculación de las mujeres con la
práctica del ejercicio físico no llega a constituir hábitos estables
incorporados en sus estilos de vida. Se produce, además, una clara
diferenciación de las actividades que son practicadas por las mujeres
y por los hombres, diferenciación que es más acusada según avanza la
edad. Sin embargo, hay que dejar patente aquí el esfuerzo realizado
por muchas mujeres para acceder a aquellas actividades que estaban
tipificadas única y exclusivamente para los hombres, por poner un
ejemplo el caso del fútbol, donde muchas mujeres han conseguido
llevar a cabo esas competiciones federadas cuando hasta hace muy poco
tiempo parecía algo escandaloso plantearlo en la propia federación.
El espectro de actividades en el que se desenvuelve la práctica
femenina es mucho más limitado que el conjunto de actividades
masculinas, como comentaba, ciñéndose los deportes más practicados
por las mujeres a la natación, la gimnasia y la danza, y por parte de
los hombres los deportes de equipo, los deportes de fuerza, como
pueden ser fútbol, baloncesto o balonmano. En estos últimos tiempos
ha existido un avance importante en la inclusión de mujeres en
aquellas actividades que durante mucho tiempo estuvieron relegadas y
en uso exclusivo para los hombres.
También tenemos que analizar las etapas. En la etapa escolar, tanto
primaria como secundaria, la actividad físicodeportiva de las chicas
presentan índices escasos, tanto en la frecuencia de la práctica como
en la intensidad del esfuerzo. El informe no arroja datos más
optimistas sobre el deporte en las universidades españolas. Recoge
datos de 48 universidades y cifra entre un 25 y un 33 por ciento la
participación de las universitarias frente a un 65 ó un 67 por ciento
de práctica universitaria masculina. Y si este análisis se lleva a
las competiciones internas universitarias, los índices se reducen al
12 por ciento en las mujeres frente al 88 por ciento de los hombres.
Además, se puede destacar que las actividades competitivas todavía
mueven a mucha más gente en las universidades que las actividades de
promoción y recreación, pero representan el sector donde la mujer
tiene menos participación. A su vez, la incorporación masiva que ha
desarrollado la mujer en la universidad no ha tenido un reflejo igual
en la inclusión de la práctica deportiva universitaria, tres veces
superior en el hombre que en las mujeres. Asimismo, la evolución de
la participación femenina en las edades posteriores a la universidad
continúa decreciendo, estimándose en un
27 por ciento la de las mujeres de 30 a 40 años y sólo en un 15 por
ciento la de las mujeres de 50 a 64 años. Hago referencia a las
etapas educativas de primaria, secundaria y universitaria porque
consideramos que el interés que puede tener una práctica de actividad
física continuada desde la escuela, pasando por la etapa de la
universidad y mantenida en la edad adulta es la de configurarse como
un hábito estable incorporado en el estilo de vida de las mujeres, ya
que así se estaría en el camino de incorporar los posibles beneficios
que el ejercicio físico comporta a la persona no sólo en términos de
competitividad, sino también en términos de la salud, de integración
y de socialización.
Haciendo referencia a la evolución de la mujer en los juegos
olímpicos, observamos con agrado que la participación ha aumentado
con respecto a las olimpíadas de Atlanta, donde participaron un total
de 97 mujeres, comparándolo con Sydney 2000, donde existió un total
de 107 mujeres, consiguiendo además pasar de 15 finalistas en el año
1996 a 23 finalistas en el año 2000. Si nos centramos en los datos
correspondientes a las licencias federativas, la evolución de 1996 al
año 2000 ha experimentado también datos positivos, un notable
incremento. En el año 1996 se contabilizaba un total de 356.788
licencias federativas; en el año 2000 se contabilizaron un total de
423.647 licencias federativas, lo que supone un aumento del 18,7 por
ciento en el número de mujeres federadas, lo que supone 66.859 nuevas
licencias. Sin embargo, aunque existe este incremento en el número de
mujeres federadas, no ocurre lo mismo con los puestos de dirección
deportiva en las federaciones. En España solamente hay tres
presidentas nacionales de federaciones, que las cito: la presidenta
de la federación de golf, la presidenta de la federación de petanca y
la presidenta de parálisis cerebral. Nosotros consideramos que la
pretensión de acrecentar el número de mujeres que practican deporte
tiene que ir directamente aparejada con el número de mujeres que
participen en la toma de decisiones y en poner en práctica
estrategias técnicas concretas. De lo contrario, sería un fracaso
anticipado, porque de nada sirve aumentar el número de mujeres que
participan en la actividad directa y en el deporte sin que exista la
misma equiparación de mujeres que a su vez tengan la posibilidad de
tomar decisiones, de implicarse en las federaciones y en los clubes
deportivos para llevar estas estrategias deportivas a la práctica.
El Grupo Parlamentario Popular con esta proposición no de ley quiere
reforzar, desde esta Cámara, políticas encaminadas a potenciar al
máximo la preparación y la presencia del deporte femenino en el
ámbito español. Consideramos muy acertadas la potenciación de
estrategias políticas tendentes a dotar de mayor importancia a la
actividad físicodeportiva en el currículum escolar, de primaria y
secundaria, fomentando imágenes positivas, mediante actividades
lúdicas y competitivas. De la misma manera, en ciclos posteriores
universitarios es necesario hacer esfuerzos para atraer a la
población femenina, facilitando la organización de actividades
deportivas. En este sentido, he de decir que en esta Comisión, el 21
de noviembre, el propio secretario de Estado anunciaba el incremento
de dotación presupuestaria al deporte universitario femenino, tomando
como objetivo el fomento y la promoción del deporte y la actividad
física femenina en el deporte universitario, algo que consideramos de
mayor importancia, como comentaba antes, porque esa práctica
continuada y esa asunción como hábito de vida del deporte desde
edades tempranas influirá en la futura realización y ejecución de
prácticas deportivas. De la misma manera, he de decir que el Consejo
Superior de Deportes está prestando especial interés en potenciar, a
través de las respectivas federaciones deportivas españolas, la
preparación y participación de la mujer en los programas técnicos de
preparación olímpica, ya que se observa que la mujer está
consiguiendo progresivamente más y mejores resultados como
consecuencia de su potencial competitivo, que en ocasiones supera al
del hombre. En este aspecto, quiero citar que se ha creado un grupo
de entrenamiento en la modalidad deportiva de water polo femenino en
el centro de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona.
Asimismo, en las competiciones, ayudas y subvenciones y actividades
que el Consejo Superior de Deportes organiza en el ámbito del deporte
no profesional -campeonato de España de la juventud, campeonato de
España escolar, programa de detección de talentos deportivos,
campeonato de España universitario, que son sin duda un incentivo
importante para el logro del fin último de nuestra proposición no de
ley-, hay que decir que hay las mismas oportunidades, condiciones y
número para hombres y mujeres, y no se establece ningún tipo de
discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito de sus
competencias, siendo dentro de estos programas un fin último el
objetivo de integración de la mujer en el ámbito deportivo. También
hemos de ver con gran agrado y acierto la coordinación de convenios
entre el Consejo Superior de Deportes y el Instituto de la Mujer,
como el que se aprobó en el Consejo de Ministros del 7 de marzo de
1997, que sirve para difundir los beneficios que se derivan de la
práctica deportiva y desarrollar criterios que fomenten y aseguren la
participación femenina en toda la futura normativa deportiva cuya
elaboración sea competencia del Estado. También es fundamental llevar
a cabo iniciativas para potenciar la presencia de la mujer, como
decía antes, en los puestos técnicos y directivos de las federaciones
y asociaciones deportivas de carácter nacional, ya que, como mencionó
en esta Comisión la propia ministra, no solamente es importante
incluir mujeres en la práctica deportiva, sino también en la toma de
decisiones del ámbito y del mundo deportivo. También es cierto, y
quiero dejarlo patente, que se ha de fomentar la creación de comités
demujeres dentro de las diferentes organizaciones deportivas
con disponibilidad presupuestaria concreta, como forma de conocer la
situación de las mujeres en el deporte y potenciar específicamente su
participación deportiva. Actualmente sólo hay nueve comités femeninos
en las federaciones, siendo 52 las federaciones existentes en España.
No quiero dejar de mencionar en mi intervención el papel fundamental
que tienen los medios de comunicación en la consecución de los logros
que se intentan inspirar en esta proposición no de ley, ya que hemos
de mantener y potenciar la denuncia de los propios medios de
comunicación, tanto cuando transmitan estereotipos sexistas y
vejatorios de la mujer como cuando infravaloren las realizaciones
deportivas de las mujeres. Por ello, sería muy importante contar con
los medios informativos para que propaguen imágenes positivas de
mujeres deportistas con mayor profusión con la que habitualmente se
hace. También es interesante fomentar la investigación sobre la
práctica deportiva de las mujeres a través de becas de estudio, becas
doctorales, para profundizar y ampliar en los conocimientos sobre
este tema en los que puedan aplicarse medidas concretas de actuación,
sobre todo porque si echamos un vistazo a la bibliografía que sobre
el deporte y la mujer o sobre la problemática del mundo del deporte
ligado a la mujer existen, vemos que es escasa.
Por todo ello, señorías, el Grupo Popular, sin perjuicio de los más
recientes éxitos obtenidos por nuestras deportistas, constata que el
deporte femenino, tanto de base como de alto nivel, como actividades
físicas destinadas a la mejora de la salud, requiere todavía una
mayor dedicación, adoptando iniciativas que den como resultado una
mayor participación y presencia del deporte femenino en el ámbito
español.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
somete a su consideración la siguiente proposición no de ley: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se potencie la
preparación y presencia del deporte femenino en el ámbito español.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una enmienda. Tiene la palabra su portavoz.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: En nuestro turno vamos a fijar la posición
del Grupo Socialista, así como a defender nuestra enmienda. Debo
empezar diciendo que nos ha sorprendido la lectura de la exposición
de motivos de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Popular, pero aún más la intervención de su portavoz. Debo
felicitarla por su entusiasmo, pero su intervención ha sido meramente
una ponencia genérica y nada real de la situación del deporte de las
mujeres en nuestro país. Su Gobierno y el Grupo Popular que lo
sostiene tienen una gran parte de responsabilidad en que esos
problemas, que nos ha contado la portavoz del Grupo Popular, estén
por resolver y haya que adecuar
una serie de actividades y actuaciones desde las instituciones
públicas para conseguir que el deporte femenino mejore o al menos que
se iguale a la situación del resto de Europa.
La incorporación de la mujer al mundo del deporte moderno, no
remontándonos muy atrás, nunca ha sido fácil. Si miramos un poco
hacia atrás, lo primero que nos encontramos es que no hace tanto
tiempo había quien aún mantenía que las mujeres no teníamos capacidad
para determinadas actividades deportivas. Posteriormente, se ha
podido comprobar que las mujeres estamos capacitadas para hacer
cualquier tipo de deporte, siempre y cuando lo deseen y les apetezca.
Es verdad que la incorporación de las mujeres al mundo del deporte ha
sido tardía, como ha ocurrido en miles de actividades sociales y
culturales, pero en esa incorporación influye el tiempo libre, los
espacios públicos, la vida social, el mundo laboral y el mundo
familiar. No podemos concluir, como decía la portavoz del Grupo
Popular, que la incorporación de la mujer ha sido tardía. Es verdad
que ha sido tardía, pero no olvidemos que hay una serie de elementos
que nos han llevado a constatar esa realidad. No es que sea un
problema, es la constatación de una realidad.
En el año 1968, el 6,8 por ciento de las mujeres practicaban deporte
y en la actualidad es un 38 por ciento. Eso significa que, como en
otras actividades, hemos ido saltando obstáculos -nunca mejor dicho-
en la práctica deportiva. La práctica deportiva desciende en
determinados tramos de edad y también cuando las mujeres van teniendo
otra serie de obligaciones que les dejan bastante menos tiempo libre.
Por tanto, la práctica deportiva está condicionada a otra serie de
circunstancias que no sólo hay que tenerlas en cuenta, sino que hay
que buscarles solución y hay que tratar que esos problemas no
obstaculicen que la mujer pueda seguir incorporándose a la práctica
deportiva.
Nos decía antes la portavoz del Partido Popular que no hay estudios
sociológicos y que no se conoce con demasiada profundidad cuál es la
situación de las mujeres en el mundo del deporte. Esto no es cierto;
además, el propio Ministerio está teniendo información quinquenal de
cada una de las evoluciones sociológicas que produce la incorporación
de las mujeres en las actividades deportivas. No obstante,
posteriormente haremos referencia a algunos estudios sociológicos,
que ya inició hace muchos años el Instituto de la Mujer, y entre
otras personas una ponente que ha escrito mucho sobre el mundo del
deporte de las mujeres, como es Ángeles Durán, una gran socióloga, y
el profesor García Ferrando.
Como les decía al principio de mi intervención, nos sorprende la
lectura de la exposición de motivos fundamentalmente porque única y
exclusivamente hace referencia -quizás porque esa pueda ser su única
preocupación- a la situación del medallero español. Pues bien,
tenemos que llamar la atención del Partido Popular
desde un punto de vista que a nosotros nos parece básico, y es que si
no se construye desde los cimientos, si no se promocionan las
actividades deportivas desde los cimientos, difícilmente nos podemos
encontrar con un medallero cargado de medallas y con la incorporación
de mujeres a esa actividad deportiva, que ya de por sí es muy cerrada
y muy elitista.
Las causas que actualmente nos arrojan luz sobre la participación de
la mujer en el deporte no debemos buscarlas solo en ese medallero,
sino en la información que el propio Ministerio ya tiene y que por
ello debería estar tratando de poner los medios necesarios para que
esa incorporación de las mujeres fuera más fácil. Si comparamos los
datos de los hábitos, es evidente que las mujeres practican menos
deporte que los hombres, pese a ser el 52 por ciento de nuestra
población. Por todo ello, junto con los motivos de abandono de la
práctica deportiva y cuestiones que no sólo son un problema de
medallero, sino de inercias culturales y problemas sociales claros,
requiere un tratamiento serio esta cuestión.
Es evidente que no se trata de un problema sencillo, pero hay que
solucionarlo, hay que aplicar medidas tendentes a reforzar la
representación de las mujeres en competiciones oficiales
internacionales. El problema pasa sin más remedio por abordar las
condiciones objetivas reales que permitan que las administraciones
públicas puedan posibilitar que esa efectiva igualdad de
oportunidades entre los hombres y las mujeres en el caso del acceso a
la práctica deportiva se lleve a cabo. Hay que poner en marcha toda
una serie de medidas de discriminación positiva para que se compensen
los desequilibrios existentes en la actualidad y que están resididas
en el Consejo Superior de Deportes. Pero, además de tener esas
competencias, el Consejo Superior de Deportes ha de ser muy serio
cuando realiza este tipo de compromisos, por la sencilla razón de que
tiene la competencia, pero también tiene la obligación de hacer
políticas de discriminación con el Instituto de la Mujer y hacer
políticas horizontales con otros ministerios y respecto a otras
actividades, como aquellas a las que hemos hecho referencia
anteriormente.
No nos vale decir que no hay una incorporación definitiva
y contundente de la mujer a la práctica deportiva si antes no estamos
aplicando medidas en educación, en actividades sociales, en
actividades culturales, en el mundo de la incorporación de las
mujeres al trabajo, en el mundo del reparto de obligaciones
familiares y en cómo se reparte el mundo del ocio de las mujeres. No
es la primera vez que se sacan conclusiones en este aspecto y es
evidente que la desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo del
ocio, que es donde se puede hacer deporte, se debe, como se ha
constatado, a que el 29,5 por ciento de las amas de casa trabaja más
de 12 horas al día. De esas 12 horas, sólo disponen de unas cuatro
horas libres, siendo este tiempo absolutamente
disperso, unos ratos por la mañana, por la tarde y a última hora,
casi rozando con la noche.
Como decía anteriormente, no se trata sólo de constatar que la mujer
no se incorpora a la actividad deportiva, sino que hay que hacer que
la mujer pueda incorporarse a esa práctica deportiva. El problema es
la falta de refuerzo social a la incorporación masiva de la mujer
a la práctica deportiva. Es evidente que la responsabilidad familiar se
le atribuye fundamentalmente a la mujer y no se reparten las cargas
de toda la unidad familiar. Hay un estudio de la universidad de
Granada, sobre la actividad física y el deporte, que pone de
manifiesto que el 30 por ciento de las mujeres, frente al 8 por
ciento de los hombres, abandona la práctica deportiva, por este
orden, al dejar la escuela, al casarse, al tener hijos, es decir, al
aumentar las responsabilidades familiares.
Otro aspecto preocupante es la falta de recursos. No podemos
generalizar, como ha hecho la portavoz del Partido Popular, y decir
que la práctica deportiva es lineal. No es verdad. Hay que tener en
cuenta que hay un sector de la población que tiene muchas menos
posibilidades de acceder a la práctica deportiva, sencillamente,
porque tiene muy pocos recursos económicos. Hay que hacer políticas
de discriminación positiva respecto a ciertos sectores de la
población, en este caso el de las mujeres, para que puedan acceder a
la práctica deportiva. Para ello, hay que tener instalaciones
deportivas dentro de lo que son las instituciones públicas, hay que
subvencionar parte del pago por el ejercicio de esa actividad
deportiva y, también, por el uso de las instalaciones.
La visión que nos ha planteado esta mañana el Partido Popular es muy
simplista y no ha profundizado, en absoluto, en cuáles son las causas
de que haya una población femenina del 52 por ciento en este país y
no haya una incorporación masiva a la práctica deportiva. Es
necesario empezar a poner en marcha toda una serie de medidas
respecto a la incorporación de las mujeres a la práctica deportiva,
haciendo uso de esa discriminación positiva para favorecer la puesta
en marcha de programas que promocionen la actividad deportiva por
parte de sectores específicos. Además, así se recoge en el articulado
de las leyes del deporte, tanto en la nacional como en las de las
comunidades autónomas. En definitiva, hay que fomentar la
incorporación de las mujeres a la práctica deportiva.
Hay que hacer una segunda reflexión. La participación de las mujeres
en los puestos de dirección en la Administración y en la organización
de la actividad deportiva es mínima. Por tanto, hay que iniciar toda
una serie de actuaciones para corregir esta situación. Habría que
decirle al Partido Popular que en el Consejo Superior de Deportes (en
el que también deberían encontrarse representadas las mujeres) la
presencia de la mujer ni siquiera es testimonial. Me gustaría decirle
al Partido Popular, que es el que presenta la proposición no de
ley, que el grupo de mujeres y deporte de la Conferencia europea (en
el que nuestro país también participaba) se constituyó en el año 1989
y su primera conclusión fue que el deporte es un derecho humano y que
todos los grupos de las comunidades deben compartir la oportunidad de
practicarlo, organizarlo y administrarlo, y que, en la nueva Europa,
un mejor deporte para las mujeres es un mejor deporte para todos.
Con esto quiero decirle al Partido Popular que muy difícilmente se
podría rechazar la proposición no de ley que esta mañana nos ha
presentado, fundamentalmente, porque nos parece obvia. Anteriormente,
al defender su proposición no de ley, el señor Guardans decía que el
Partido Popular estaba hoy haciendo gimnasia, y nunca mejor dicho,
porque hoy lo está haciendo doblemente. Instar al Gobierno a que
potencie la preparación y la presencia del deporte femenino en el
ámbito español nos parece una obviedad. Lo que hay que hacer es
vincularse más, esforzarse en dar unos pasos más adelante
y comprometerse un poco más con esa declaración de principios. No es
cierto que el Partido Popular y el Gobierno estén haciendo lo
suficiente por el deporte. No es verdad. Voy a utilizar el mismo
término que utilizábamos en el colegio cuando éramos pequeños. Para
el Partido Popular es una auténtica maría y así lo demuestra la
actitud que ha tenido el Consejo Superior de Deportes durante estos
últimos cinco años, en los que ha estado bajo la única y exclusiva
responsabilidad del Partido Popular.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, yo animo al Partido
Popular a que dé unos cuantos pasitos más, a que se comprometa un
poquito más para conseguir la incorporación de las mujeres a la
práctica deportiva.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha presentado una enmienda.
Tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Ha habido dos ponencias muy interesantes de
signo contrario, muy apasionadas las dos, pero este portavoz no va a
hacer una tercera ponencia. Mi grupo parlamentario ha presentado una
enmienda muy concreta, en la línea de apoyar esta proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y avanzo ya
nuestra posición de darle nuestro apoyo, como no puede ser de otro
modo. ¿Por qué razón? Porque estamos totalmente de acuerdo con el
planteamiento general y con los objetivos que subyacen en el texto
que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, ampliados con
la exposición exhaustiva de su portavoz en materia de deportes. De
todas maneras, creemos que la aprobación de esta iniciativa
parlamentaria no será por sí misma ninguna garantía de que la
situación de la mujer en el ámbito deportivo mejore sustancialmente
en los próximos años. Yo creo
que la responsabilidad de que la situación de la mujer en el ámbito
deportivo mejore es más una responsabilidad compartida por muchas
personas, por muchas entidades, por las administraciones públicas
competentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y en el
local, por las instancias federativas y por la misma familia (más de
una portavoz se ha referido a ello anteriormente), que debe promover
en su seno la práctica deportiva de sus miembros, especialmente de
las mujeres. Por tanto, creo que es un trabajo de todos y que no
vamos a provocar un cambio sustancial con la aprobación de esta
proposición no de ley. Sin embargo, como decía antes, vamos a
apoyarla porque creemos, como se dice en esta sede parlamentaria muy
frecuentemente, que lo que abunda no daña; frase que hago mía.
La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán responde
a una situación muy concreta y es que, no diré muy frecuentemente
pero sí a veces, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo
Parlamentario Socialista, en la presentación de algunas iniciativas
parlamentarias se olvidan o no caen en la cuenta de que hay
determinadas competencias que están transferidas a las comunidades
autónomas. Yo no voy a hacer un repaso de las comunidades autónomas
que tienen transferida la materia del deporte, pero sé que en
Cataluña, por su estatuto de autonomía, es una competencia exclusiva
de la Generalitat de Cataluña. Mi grupo parlamentario ha presentado
esta enmienda con el fin de que forzosamente se incorpore esta
previsión competencial y, para ello, proponemos que el Congreso de
los Diputados inste al Gobierno a que, en colaboración con las
comunidades y atendiendo a las competencias asumidas por éstas en
materia de fomento y promoción del deporte, potencie la preparación y
presencia del deporte femenino. Por tanto, la intención es muy clara;
es poner el punto sobre las íes para que quede claro que las
competencias en materia de deporte en muchas autonomías, en concreto
la que yo represento en este Parlamento, es una competencia
transferida hace muchos años y creemos oportuno puntualizar esta
cuestión para que no haya dudas al respecto.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar posición
en relación con esta proposición no de ley? Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Quiero felicitar a la ponente del Grupo
Popular por dos razones. En primer lugar, por ese interés por que las
mujeres nos incorporemos a la universalidad del mundo y, en segundo
lugar, por su inteligencia política, porque nos trae una proposición
absolutamente genérica que yo no sé si habla de deporte como derecho,
si habla de deporte como actividad recreativa o si habla de deporte
competitivo. Es decir, es una cosa con la que, al igual que han dicho
todos los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, no se puede estar en contra pero es bastante
difícil concretar en qué estamos a favor. Es una buena manera de
recoger las opiniones de la oposición, lo digo con total sinceridad,
y me parece estupendo. Pero, señora diputada del Grupo Popular, el
deporte es un derecho y el deporte no es ni masculino ni femenino; el
deporte es el deporte y pueden hacer deporte los hombres y las
mujeres.
Ustedes están obsesionados con presentar una imagen en Europa que es
absolutamente imprescindible porque, como ya he dicho muchas veces,
el patriarcado ya no se lleva ni en Carabanchel y desde luego mucho
menos en Europa, pero, claro, hay que venir aquí con propuestas.
Ustedes son Gobierno, ustedes no pueden venir aquí a decir que el
deporte es bueno y necesario y que las mujeres tenemos que
incorporarnos al mismo. A mí, sinceramente, con todo el respeto que
me merece el trabajo de cada diputada y diputado de esta Cámara, todo
esto me parece una tomadura de pelo y, en definitiva, como diría mi
abuela, obras son amores y no buenas razones. Es decir, no se puede
oponer nada a su exposición de motivos ni a su propia intervención
pero yo le voy a hacer algunas reflexiones, y si el Partido Popular
realmente está por tenerlas en cuenta, a lo mejor es que de verdad
está por incorporar a las mujeres al deporte o por potenciar el
deporte para las mujeres.
Usted sabe que el tiempo libre es la clave para el deporte y las
mujeres, por desgracia, tenemos poco. Yo creo que si hoy a las
mujeres nos preguntaran cuál es el principal valor, para nosotras no
sería el suelo ni sería la Bolsa; para nosotras sería el tiempo libre
porque realmente es de lo que carecemos fundamentalmente. Por tanto,
cuando usted habla de la incorporación de las mujeres al deporte,
como diputada y como mujer, tiene la obligación de saber que para que
las mujeres nos podamos incorporar al deporte masivamente tiene que
existir un potente Estado de bienestar que haga posible conciliar la
vida laboral y familiar. Más aún, para que las mujeres nos podamos
incorporar al deporte la escuela tiene que sentar las bases de una
educación no sexista y de igualdad de oportunidades para los niños y
las niñas. Estamos bastante lejos de lo uno y de lo otro. Estamos
lejos de ese modelo de escuela y estamos lejos de ese Estado de
bienestar que nos permita a las mujeres disfrutar de nuestro tiempo
libre como nos parezca conveniente, también, por qué no, desde la
práctica del deporte. Pero todo esto no va a ser posible porque a mí
me preocupa, señora diputada, que esa apertura de puertas sea sincera
y sea una apertura que nos permita permanecer. Se abren puertas en
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se han abierto muchas
puertas, gracias sobre todo a la lucha del movimiento feminista, pero
¿se abren de verdad, hacemos un seguimiento de las mujeres que
permanecen en la política, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, en todos los sitios donde hay más dificultades objetivas para
que podamos estar relajadas y a gusto?
Ese es el problema, señora diputada; en mi opinión, ese es el
problema.
Si ustedes apuestan por el deporte tienen que apostar por el deporte
de base, y si apuestan por el deporte de base, ¿por qué no han
aceptado las enmiendas presupuestarias en tiempo y forma que
presentamos los grupos de la oposición? Porque a mí, antes de hablar
del deporte olímpico y del deporte competitivo, me apetece hablar del
deporte como derecho, del deporte como ocio o como espacio
recreativo. Y el deporte para todos y para todas pasa por eso, por
que se financie y se potencie el deporte de base, y yo creo que el
Partido Popular no está por esa labor.
Yo encuentro tres obstáculos fundamentales que espero que podamos
superar y ojalá que el Partido Popular tenga la generosidad política
como para al menos reconocer que estos son obstáculos objetivos y que
no es posible cambiar nada si no los removemos. Repito:
reconocimiento de la maternidad como bien social, que ya va siendo
hora, porque estamos todo el día hablando de las políticas natalistas
pero no se reconoce que la maternidad es un bien social y que eso
tiene unas consecuencias para el Estado. El otro obstáculo objetivo
es la escuela, donde no hay igualdad de oportunidades educativas en
muchísimas cuestiones que habría que matizar, aunque no pienso perder
demasiado tiempo en ello ni hacérselo perder a ustedes puesto que
creo que todos conocen sobradamente cuál es nuestra posición al
respecto. Y el tercer obstáculo gravísimo, sin el cual las mujeres no
nos vamos a incorporar masivamente al deporte jamás, es el tema de la
conciliación de la vida familiar y laboral, que solamente será
posible si hay un potente Estado de bienestar y si se ponen en marcha
políticas tendentes a ello. Yo creo que la discriminación positiva
que planteaba la compañera del Grupo Socialista debería ir por ahí
porque, o cambiamos el modelo de sociedad, o vemos el problema de las
mujeres de un modo global, de un modo integral, o lo que estamos
haciendo, no solamente en esta cuestión sino también en otras muchas
en las que de alguna manera todos alguna vez contribuimos, son
políticas parche que realmente quedan muy bien, que son guiños
cómplices al colectivo de las mujeres pero que, sinceramente, van a
encontrar poca complicidad porque las mujeres españolas no leen el
periódico, no escuchan los noticiarios de la radio, como bien sabe la
señora diputada, e incluso tienen escasas posibilidades de enterarse
de su guiño cómplice y de cualquier otro guiño cómplice que se
produzca en esta Cámara.
Por supuesto, yo voy a votar a favor de la proposición no de ley pero
lo que le pediría al Partido Popular es concreción. No sé cuál es la
apuesta. ¿La apuesta genérica por las mujeres? Últimamente se han
unificado los discursos y parece que todos decimos lo mismo, pero yo
creo que no. Yo creo que apostar por el deporte para las mujeres es
apostar por cambiar este modelo de sociedad en el que las mujeres
seguimos sometidas al
tercer grado, sin disponer de tiempo libre ni para disfrutar de
nuestros hijos ni para compartir con nuestra familia lo cotidiano,
luego difícilmente vamos a poder incorporarnos de manera masiva al
deporte.
Estas reflexiones me parecen de obligado cumplimiento, más allá de
que algunas de ellas hayan sido puestas encima de la mesa por los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Por tanto, cuenta usted con nuestro beneplácito, para entusiasmar al
Gobierno del Partido Popular, para que las mujeres podamos
incorporarnos al deporte, pero recuerde que si queremos avanzar en
este tema tenemos que avanzar integralmente. No se pueden hacer
brindis al sol. Por muchas proposiciones no de ley que aprobemos en
esta Cámara, por muchas leyes que hagamos, todo ello será papel
mojado si realmente no hay esa voluntad política de atajar los
verdaderos obstáculos que nos impiden a las mujeres permanecer. Creo
que daba datos la diputada socialista. Es que las mujeres entramos en
muchos sitios, entre otras cosas porque nos lo hemos ganado a pulso,
a veces empujando puertas, pero el problema no es entrar, el problema
es permanecer. Y las mujeres no permanecemos en ninguno de los
ámbitos en los que entramos. Ésta es la gran preocupación que
deberíamos de tener todas las diputadas y todos los diputados de la
Cámara. Y esto tiene que ver con el deporte y tiene que ver con
cualquier otra actividad de nuevo cuño que nos ha estado vetada
tradicionalmente a las mujeres.
El deporte, tal como yo lo he percibido desde la política, siempre ha
sido como una receta. Cuando yo era joven el deporte era como una
receta para evitar pecar sexualmente. En todos los centros sociales
donde bailábamos las chicas con los chicos había unos grandes
carteles con el lema: Mens sana in corpore sano, receta que no
recuerdo cómo llamábamos entonces, pero que puede calificarse de
antirroces sexuales. (Risas.) Ahora el deporte se utiliza por la
ministra de Educación del Gobierno del Partido Popular, señora
diputada del Partido Popular -por mucha gracia que le haga, es así,
pues la historia se puede contar de muchas maneras, pero cuando se ha
vivido se cuenta como se ha vivido-, como receta ¿sabe para qué?:
para no drogarse. El deporte para ustedes es receta o es competición,
y no señor, el deporte es una aportación más al crecimiento integral
de un ser humano, y por tanto, si de verdad están ustedes por el
deporte, demuéstrenlo priorizando en los presupuestos el deporte de
base, prioricen un modelo de escuela potenciador de valores no
sexistas, y poténcienlo haciendo posible que la ley que votamos todos
de conciliación de la vida laboral y familiar no sea un papel mojado
porque se remueven realmente los obstáculos que nos impiden a las
mujeres ser sujetos de nuestra propia vida.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la señora Montelongo, para fijar
exclusivamente la posición del
Grupo Popular en relación con las enmiendas presentadas y sin reabrir
el debate, porque los grupos parlamentarios han expresado ya sus
posiciones debidamente.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Voy a empezar por la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
anuncio que la vamos a aceptar, quedando el texto redactado de la
siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, en colaboración con las comunidades autónomas y entes locales,
en el ámbito de sus competencias, se potencie la preparación y
presencia del deporte femenino en el ámbito español.
Siguiendo con los diferentes grupos que han presentado enmiendas, no
voy a poder hacer referencia a Izquierda Unida, pero sí quiero
decirle, señora Castro, que seguro que todas las mujeres de este país
reconocerán y agradecerán la defensa que usted hace de las mujeres,
aunque creo que no se puede hablar de tomadura de pelo cuando las
personas utilizan los principios de esta Cámara respetando el diálogo
y la palabra. Se puede estar o no de acuerdo, pero creo que sí es una
tomadura de pelo no estar presente en una comparecencia o en una
intervención y hacer alusión a ella como tal. Todas estamos
orgullosas de la defensa que hace de las mujeres, como le decía, pero
creo que debería tener conexión y contacto con las nuevas
generaciones y las nuevas jóvenes, porque si bien es cierto que
tenemos que seguir avanzando en la defensa de las mujeres, el
panorama que presenta no se corresponde con la realidad.
La señora PRESIDENTA: Señora Montelongo, es que la señora Castro no
había presentado ninguna enmienda.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Precisamente, aunque no ha presentado
enmiendas, sí quería hacer referencia...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que se atenga a las enmiendas
presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente, pero es
importante que se conozcan todos los puntos de vista de las mujeres
de hoy en día. (La señora Chacón Piqueras: ¡Un poco de respeto!)
Continúo. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista, yo iba a empezar agradeciendo a este grupo la
presentación de estas enmiendas, porque leyéndolas veo que coinciden
no solamente con la política...
El señor PRESIDENTE: Señora Montelongo, le ruego que se limite a
decir las que acepta, en su caso, o no acepta, a los efectos de la
votación.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Señor presidente, es que son tan
amplias, que me estoy ciñendo a ellas manifestando simplemente mi
postura de aceptarlas o no.
El señor PRESIDENTE: Pues haga eso, por favor, con el mayor
esquematismo posible.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Bien.
No vamos a aceptar ninguna de las enmiendas de adición precisamente
porque se refieren no solamente a esta proposición no de ley, sino
también a la política del Gobierno. Por lo tanto, aceptamos la
enmienda de CIU en los términos en que se redactaba la proposición no
de ley.
- POR LA QUE SE CONDENAN LOS SUCESOS OCURRIDOS DURANTE LA CELEBRACIÓN
DE LA COPA DAVIS EN EL PALAU SANT JORDI DE BARCELONA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 161/000424)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6º del orden del día, que es la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor
Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Antes de empezar, quisiera hacer una breve
referencia a la enmienda aceptada como transaccional con respecto al
texto íntegro de la enmienda presentada por nosotros. Aceptamos la
transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular. Y ahora
empezaré con la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Mi grupo parlamentario trae hoy a esta
Cámara una iniciativa parlamentaria, y tengo que decir antes de
diseccionarla que hubiéramos preferido no presentarla y hubiéramos
deseado que el episodio al que se refiere no hubiera llegado a esta
Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de los
Diputados. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro grupo parlamentario no ha
pretendido en ningún momento, desde que sucedieron los hechos, buscar
culpables concretos ni responsabilidades concretas. ¿Por qué lo digo?
Porque creo que el hecho de que hoy estemos discutiendo un tema como
el que refleja este punto del orden del día supone para este diputado
un claro fracaso colectivo, un fracaso de la sociedad española en su
conjunto y también, por qué no, de la sociedad catalana
particularmente. Decía que no es nuestra voluntad perseguir a nadie
ni promover ningún desgaste
político a ninguna instancia, en absoluto. De todas maneras, tengo
que decir que creemos que los hechos que ahora voy a relatar y que ya
están más o menos descritos en la exposición de motivos de la
proposición no de ley no pueden ser comparables -lo avanzo a título
preventivo-, desde nuestro punto de vista, con cualquier otro tipo de
desórdenes o problemas de orden público que puedan darse y que se dan
frecuentemente en diversos escenarios e instalaciones deportivas,
especialmente en estadios de fútbol pero también en canchas
deportivas de otros deportes. Creemos que lo que aquí vamos a debatir
ahora no tiene nada que ver con otro tipo de violencias verbales e
incluso físicas que se dan en otros escenarios deportivos por razones
que no vienen al caso y que no tienen nada que ver con
comportamientos como los que aquí vamos a diseccionar y a intentar
conocer. ¿A qué viene esta proposición? Pues esta proposición tiene
su origen en unos acontecimientos tristes, desde mi punto de vista
como ciudadano del Estado español, como catalán y como amante del
deporte, unos incidentes tristísimos producidos los días 8, 9 y 10,
en concreto el 10 de diciembre, durante la celebración de la final de
la Copa Davis de tenis en el Palau Sant Jordi de Barcelona entre las
selecciones de Australia y España, cuestión deportiva cuyos éxitos ya
se han discutido aquí y que está al margen aunque se ha analizado de
manera colateral. Todos sabemos lo que pasó porque el escándalo fue
mayúsculo y la repercusión en los medios de comunicación fue muy
importante. Pasó, en concreto, que cientos de espectadores, cuya
procedencia no voy a analizar, abuchearon de manera grandilocuente
y yo diría que hasta insultante cuando la megafonía del Palau Sant
Jordi utilizó la lengua catalana, que era la lengua oficial del
torneo, juntamente con el castellano y el inglés. ¿Y por qué hubo
estos gritos? Pues la verdad es que fueron una demostración de
desprecio hacia la lengua propia de Cataluña, cooficial junto con el
castellano, y creemos que los gritos que se dieron de ¡España,
España! y otras expresiones de desprecio al catalán son criticables y
deleznables. Insisto en que hubo una gran polémica política, social y
deportiva en toda Cataluña y también en el resto del Estado español
alrededor de estos hechos que denunciamos desde nuestro grupo
parlamentario. ¿Qué hicimos nosotros ante esta situación? La verdad
es que estuvimos expectantes los días siguientes de producirse los
hechos a los que acabo de referirme, esperando que alguna instancia
deportiva, federativa, política o gubernamental hiciese alusión a los
mismos y hubiese un pronunciamiento claro respecto a lo que allí se
había producido.
Los hechos demuestran esta justificación porque los hechos
sucedieron, como decía, el 10 de diciembre y mi grupo parlamentario
no presentó un conjunto de iniciativas parlamentarias hasta el 21 de
diciembre. Portanto, estuvimos diez días esperando cautelosamente a
que hubiera algún tipo de reacción oficial que nos ahorrase la
presentación de una iniciativa parlamentaria al respecto. Una vez
presentadas estas iniciativas, un conjunto de preguntas por escrito,
y esta misma proposición no de ley ante esta Comisión, el Gobierno
respondió a las preguntas, según nuestro criterio, de forma evasiva y
no del todo satisfactoria. Repito, no buscábamos en ello desgaste ni
crítica destructiva a nadie, a ninguna instancia política ni
parlamentaria. Ante estas respuestas un tanto evasivas, debería
llevarse a cabo algún tipo de acción pedagógica (palabra que en
política se utiliza mucho pero debería utilizarse más) para que este
tipo de sucesos no se repitan en el futuro. Eso no se ha dado o al
menos no se ha dado en los niveles que deseamos.
Por tanto, este portavoz y su grupo parlamentario queremos lamentar
los hechos desde cuatro perspectivas diferentes. En primer lugar,
lamentamos que se produzcan este tipo de situaciones en mi país,
después de 23 años de democracia y de convivencia, especialmente en
Cataluña donde la convivencia ha sido la prioridad política del
Gobierno, de la sociedad catalana y de todos los partidos políticos
presentes en el Parlamento de Cataluña; una convivencia que no tiene
precio, especialmente en Cataluña, donde el bilingüismo, como todas
SS.SS. saben, es un hecho de gran valor, un valor en alza que vamos a
defender en el futuro cueste lo que cueste.
El segundo lamento es porque, como decía antes, no se produjera una
reacción oficial determinada que esperábamos. No me refiero a ninguna
instancia en concreto, lo repito. Permítanme un paréntesis, cuando
hablamos de lenguas en general, sean las que sean, de cualquier
sociedad, de cualquier país, en el caso de Cataluña, lo saben
perfectamente, es un tema que toca la sensibilidad de todas las
personas, hablen la lengua que hablen. El tema del catalán es muy
sensible y sólo basta visitar Cataluña, conocer a catalanes para que
eso se pueda contrastar más allá de cualquier tipo de ideología o de
planteamiento político, y no quiero recordar recientes polémicas
sobre la presunta ausencia de persecución de la lengua catalana en
estos últimos años.
El tercer lamento que quería manifestar en esta Comisión es sobre el
contenido un tanto evasivo de las respuestas a las preguntas
parlamentarias, ya que si hubieran tenido otra orientación mucho más
clara y mucho más valiente, estoy seguro, como portavoz de deportes
de mi grupo parlamentario, que esta proposición no de ley no se
hubiera sustanciado. La hubiéramos retirado porque estaríamos de
acuerdo con que hubiera habido algún tipo de planteamiento en el
sentido que ahora anunciaba.
El cuarto lamento ya no es atribuible a nadie en concreto, pero tiene
por origen que estemos en estos momentos, seis meses después de que
sucedieran los hechos, debatiendo en esta Comisión esta proposición
no de ley y, aunque ya haya perdido una cierta actualidad,
el problema de fondo sigue subsistiendo y se mantiene intacto.
Nos encontramos ante unos hechos que nuestro grupo parlamentario
considera graves. Puede ser que legítimamente alguna persona, incluso
fuera de esta sede parlamentari, caiga en la tentación de minimizar
este problema y diga que eso es equiparable a otro tipo de
acontecimientos que se producen en muchos estadios y no hay para
tanto. Respeto todas las opiniones, pero es un grave error para el
futuro ¿Por qué lo digo? Porque el presente es el presente y no
recuerdo que se produjera un hecho similar en los últimos años en
cualquier cancha deportiva de Cataluña, no recuerdo que se pprodujera
un espectáculo tan denigrante como el que presenciaron, aunque yo no
estaba, los que tuvieron la suerte de vivir esa magnifica final
deportiva. De todos es conocido que Barcelona ciudad y Cataluña son
líderes en práctica deportiva en el Estado, especialmente Barcelona
es una gran ciudad que ha albergado y albergará en el futuro
acontecimientos deportivos internacionales de primer nivel. Sólo cabe
recordar la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año
1992, que fueron una excelente prueba de convivencia y expresión
cultural del deporte.
Este precedente es peligroso y alguna medida debería tomar en este
caso el Parlamento. Por eso hemos traído aquí esta iniciativa
parlamentaria. Esta ausencia de crítica en el sentido positivo de las
instituciones afectadas, sean políticas o federativas, podría
contribuir -esperemos que no y estoy en contra de ello, porque más de
una voz hemos oído al respecto- a que en el futuro ciertas instancias
deportivas en Cataluña dejasen de tener un interés en acoger ciertos
acontecimientos deportivos de carácter internacional, porque a nadie
se le escapa que la repetición de un hecho como éste sería mucho más
grave que los hechos a los que estamos aludiendo ahora.
A título anecdótico, si me permiten romper un poco esa tensión con la
que no puedo evitar hacer referencia a esta cuestión, voy a recordar
que la Selección Española de la Copa Davis está formada por cuatro
participantes, tres catalanes y uno valenciano; recordemos que la
sede de la Federación Española de Tenis está ubicada en Barcelona;
que el presidente de la Federación Española de Tenis es un catalán;
que la final de la Copa Davis se celebrará en Barcelona; que Cataluña
es la comunidad autónoma líder en licencias federativas en este
deporte y que el torneo internacional de tenis más prestigioso del
Estado, si me lo permiten, es el Conde de Godó, que se celebra en el
Real Club de Tenis de Barcelona y se hace en Cataluña. Sin embargo,
tuvimos que asistir a esa verdadera humillación, si me permiten el
término, a la lengua catalana y a un acto de intolerancia grave y de
desprecio a la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado.
No hay que buscar culpables, como decía anteriormente, ni queremos
polemizar gratuitamente, simplementeperseguimos que este Parlamento,
esta Comisión
se manifieste claramente, que condene estos hechos porque, como decía
antes, la pedagogía es importantísima, sobre todo cuando a veces,
frecuentemente con acierto, se ha planteado que los nacionalismos
periféricos no han sido suficientemente pedagógicos respecto al resto
del Estado para explicar determinadas realidades nacionales,
realidades culturales y realidades lingüísticas. Por tanto, desde
aquí y asumiendo esa parte de razón, queremos que sea el Parlamento
español el que asuma esa vocación pedagógica y que repruebe, que
condene los incidentes a los que me he referido y que son de suma
gravedad, desde todos los puntos de vista.
La proposición no de ley presentada tiene dos puntos -acabo mi
intervención con esta alusión a la parte dispositiva de la
proposición no de ley-, uno es de una simple y llana lamentación y
condena de la actitud mantenida por ese colectivo importante de
espectadores que agredieron verbalmente al catalán, que expresaron un
claro menosprecio a la lengua propia de Cataluña y a la libertad de
expresión y al pueblo en general de Cataluña. Y en el segundo punto
pretendemos que este Congreso inste al Gobierno, a través del Consejo
Superior de Deportes, a pedir a las diferentes federaciones
deportivas -que son, al fin y al cabo, las principales organizadoras
y promotoras de este tipo de certámenes deportivos- un respeto
escrupuloso a esa realidad autonómica a la que me he referido y que
está consagrada en la Constitución española en todos y cada uno de
los eventos deportivos que tengan lugar en comunidades autónomas que
dispongan de lengua propia diferente al castellano.
Para acabar, pediría a todos los grupos parlamentarios el apoyo a
esta proposición no de ley de mi grupo parlamentario, con los matices
que se quiera, asumiendo todos la parte de culpa que nos corresponde
ante hechos como los que he relatado, por esa higiene democrática,
por esa pedagogía que pido que todos tengamos en este tema concreto
para evitar en el futuro la reproducción de este tipo de sucesos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
El señor Rodríguez, por el Grupo Mixto, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Intervengo en nombre del Bloque
Nacionalista Galego para expresar nuestro apoyo a la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, y lo hacemos
desde la profunda convicción de que existe el derecho, no solamente
el derecho legítimo desde el punto de vista de un derecho colectivo
fundamental, sino también desde el punto de vista del derecho
constitucional, a que en todo tipo de actividades y de intervenciones
públicas y privadas en territorios con lengua propia, como es el caso
catalán, se emplee la propia lengua del país. Cuando
desde los altavoces del Palau Sant Jordi se empleó el catalán no se
estaba haciendo más que este uso legítimo de la lengua de la propia
sociedad y, por tanto, ejerciendo un derecho que bajo nuestro punto
de vista es inalienable.
No tiene explicación de ningún tipo, a no ser una profunda reacción
emocional basada en estereotipos, en una falta de respeto total por
los derechos humanos básicos, que una parte del público reaccionase
de esta manera tan intolerante, inquisitorial y, lo que es peor,
contraria al mínimo espíritu democrático y a la mínima convivencia.
Pensamos que estas reacciones deben ser condenadas desde las
instituciones de representación democrática plural donde estamos
representados los partidos políticos de todo el Estado español, en la
medida en que nos hacemos valedores de un marco legal que decimos
todos compartir.
En segundo lugar, queremos expresar que es importante que, a través
del Consejo Superior de Deportes, se haga llegar a todas las
federaciones deportivas que no son de recibo estas reacciones
emocionales y que, en todo caso, cabe un exquisito respeto al Estado
de derecho que todos nos hemos dado, que pasa por ser un Estado de
carácter plurilingüe, y esta realidad plurilingüe hay que aceptarla
con total naturalidad, guste o no guste, porque, vuelvo a repetir, es
un derecho humano fundamental básico desde el punto de vista
colectivo y también un derecho constitucional que es nuestro deber
como partidos políticos respetar, proteger e impulsar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Mi grupo no va a poder hacer otra cosa,
por supuesto, que votar a favor de esta proposición no de ley, por
cuanto que no es más que un lamento por una actitud sin duda poco
tolerante, que además quiere hacer visible una falta de convivencia
inexistente en Cataluña respecto a las diversas lenguas y culturas,
una actitud poco acorde con lo que es la realidad de nuestro Estado
de las autonomías consagrado en la Constitución española. Esto es así
y, por tanto, votaremos a favor, y lo haremos también respecto a la
segunda parte de la disposición en que se insta al Gobierno a exigir
el respeto a la realidad autonómica estatal.
No obstante, querría hacer algún que otro comentario más de fondo que
creo preceptivo dada la iniciativa que nos presenta hoy el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, y me voy a ir, en primer
término, a la parte de los antecedentes cuando nos dice que debe de
hacerse todo lo posible para que hechos como éste no se den, y como
el señor portavoz de Convergència i Unió ha querido recordarnos
algunas de las cuestiones que había sobre la mesa, por ejemplo, la
procedencia de los propios tenistas que integraban el equipo español,
quiero decirle que deberíamos, si acaso, hacer
alguna enmienda in voce; no la voy a hacer, pero sería importante
hacerla en este caso. Lamenta y condena la actitud mantenida por una
parte de los espectadores, y habría que añadir también que por una
parte de las autoridades, porque el día 10, el día de la final, nos
desayunamos con unas declaraciones de don Artur Mas, una autoridad
que también debería de respetar las diversas lenguas y culturas y, en
definitiva, la voluntad de cada uno de los integrantes del propio
equipo español de pertenecer en uno u otro sentido a cualquiera de
estas realidades, en las que decía: 'Son los países catalanes quienes
hoy van a ganar una Copa Davis'. Yo le aseguro que nosotros creemos
que son muy poco acertadas unas declaraciones de este tipo para
después tener que pedir que no se manifiesten actitudes de
intolerancia como las que se manifestaron, porque a veces una no sabe
si son acción o reacción, o simplemente se iba a reaccionar de igual
manera. Por tanto, querría recordarle que hubiera ayudado mucho que
algunas de las autoridades de la Generalitat hubieran estado calladas
el día anterior para que esa mañana los espectadores no se hubieran
desayunado con una afirmación de ese tipo. En consecuencia, si nos
ponemos a recordar, recordemos también quién habló y quién dejó de
hablar de manera previa a aquellos actos lamentables, que no deben
repetirse, y reitero el apoyo de mi grupo parlamentario a esta
iniciativa. No obstante, ya le digo que la voluntad de crispar
dudamos de quién fue exactamente. A veces probablemente la
responsabilidad es de todos, y cuando digo de todos me refiero a
autoridades, a la ciudadanía, porque hay que respetar las opciones
políticas de cada uno, pero deberíamos todos de ayudar
responsablemente a que hechos de este tipo no sucedan, sobre todo
quienes ostentamos cargos públicos.
En segundo lugar, quisiera también decir que es cierto -y de alguna
manera en el punto 2 se pone de manifiesto- que estamos viviendo en
esta legislatura un momento de regresión autonómica, desde que el
Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara, y me voy a
remitir a los hechos. Hemos visto cómo diversas proposiciones de ley
que trataban de desarrollar el artículo 3 de la Constitución, sobre
protección y reconocimiento de las diversas lenguas y culturas del
Estado español, viniendo votadas por la práctica unanimidad, algunas
de ellas por total unanimidad, de las Cámaras autonómicas -en algunos
de los casos del propio Parlamento de Cataluña-, han sido rechazadas
por el Partido Popular, y me refiero, por ejemplo, al euro
plurilingüe, a las matrículas con distintivo autonómico, a la
inclusión de diversas lenguas propias de las comunidades autónomas en
los documentos oficiales, que son medidas sin ninguna duda de
carácter no sólo simbólico, aunque también, y en ese carácter
simbólico se hace mucha pedagogía por cuanto nos decimos a nosotros
mismos y decimos fuera del Estado cómo nos sentimos, quiénes queremos
ser y cuál es la realidad de este Estado. Todo ello, como digo, ha
sido votado en
contra por el Partido Popular en una legislatura de clara regresión
autonómica en este sentido, pero déjeme que le diga que a veces
también hay que ser coautor necesario de algunas regresiones, y ahí
me voy al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por cuanto que
se encuentra supeditado día sí y día también en sus políticas hacia
Cataluña a las decisiones del Gobierno del Partido Popular. Tal vez
deberían de empezar por sacarse la viga del propio ojo antes de
elevar proposiciones de ley para sacar las pajas de los ojos ajenos.
Finalmente, y en tercer lugar, porque no querría extenderme más,
quisiera denunciar que este tipo de proposiciones me parecen una
cortina de humo de Convergència i Unió para lavarse la cara respecto
a un pacto con otro nacionalismo español conservador. (Rumores.) Esto
sí que en muchos casos me parece un partido de tenis entre unos y
otros, y como llevan muy mal esto de ser la federación más fiel del
Partido Popular, como llevan muy mal en algunos casos más de una y de
dos humillaciones por la falta de mayoría parlamentaria que tienen en
Cataluña, resulta que hay que ser más papistas que el Papa y habrá
que pelearse en algunos casos para demostrar quién va a ser más
catalán que nadie, o para demostrarle a Cataluña cuán catalanes
somos, a pesar de pactar con quien hace política muchas veces contra
el Estado de las autonomías, contra el desarrollo, el reconocimiento
y la protección de las diversas lenguas y culturas oficiales del
Estado.
Por tanto, le reitero que votaremos favorablemente. No obstante,
quería hacer estas consideraciones de fondo, que muchas veces ayudan
poco, por lo que le comento, al propio desarrollo de la diversidad
como riqueza, al desarrollo del artículo 3 de la Constitución.
Y déjeme acabar con un consejo, y es que antes de montar en cólera, muy
legítimamente, por cuanto que fueron muy desafortunadas las palabras
del señor Aznar respecto a la inmadurez de la sociedad vasca cuando
no votó lo que hubieran querido que votara en las últimas elecciones,
le quiero recordar a Convergència i Unió que miren a ver a quién
están llamando inmaduro cuando ponen sobre la mesa estas
proposiciones de ley utilizando exactamente los mismos términos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Podría empezar mi intervención con un
término que se utiliza en las pistas de tenis y que dice el juez de
silla: out! Creo que aquí ha habido alguna bola fuera de la pista,
pero no voy a entrar en ello.
Comenzaré diciendo que no vamos a apoyar esta proposición no de ley
y, a continuación, diré que reprobamos sin ningún género de dudas
-para que no quepa matiz alguno- cualquier manifestación que impida
la libre expresión en cualquier lengua que se utilice en el Estado
español, que sea cooficial y, por ende, de España.
Quiero dejarlo absolutamente claro porque es la posición del Grupo
Parlamentario Popular, la posición del Partido Popular, y, en este
caso, en la persona que les habla se aúnan las condiciones de
portavoz en este momento y de máximo responsable del Partido Popular
en el ámbito deportivo como presidente de la Comisión Nacional de
Deportes; por si sirve lo que esta humilde persona pueda aportar
desde la responsabilidad que le confiere su formación política.
Decir que sí a la proposición no de ley tiene, desde mi punto de
vista, un efecto negativo; no por el contenido en sí, sino por lo que
se desprende de los dos puntos. El primero pretende que se ejerza
sobre la sociedad una tutela que no creo que sea necesaria en una
sociedad adulta como la nuestra, y decir que sí al segundo supondría
el reconocimiento de que se está incumpliendo la Carta Magna -en este
caso en el desarrollo estatutario- junto con el Estatuto de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, cosa que entendemos que no está
sucediendo.
Les recuerdo, como lo ha hecho el señor portavoz de Convergència i
Unió en una intervención que me ha parecido sentida -y es normal que
la haga así en algo que afecta tan directamente a su grupo, un grupo
nacionalista-, que la Federación Española de Tenis tiene su sede
social en Barcelona y que su presidente es un catalán de pro; creo
que no debemos buscar responsables. Yo creo que no ha habido
responsables; ha habido una parte del público en concreto que
reaccionó de una forma absolutamente inadecuada y, como he dicho,
reprobable.
He observado, no obstante, que se ha producido aquí un debate que
está fuera del contexto de la Comisión del Parlamento español; un
debate que podría haber tenido lugar perfectamente en el Parlamento
catalán. Hemos asistido a la defensa de una proposición no de ley por
parte de Convergència i Unió y a la respuesta del Partido Socialista
de Cataluña, del PSC, que no del Partido Socialista Obrero Español.
El debate ha tenido una doble función: por un lado, se aprueba la
proposición no de ley, y es muy loable que así se haga, y por otro
lado, se pretende pasar por encima del nacionalismo en algunos
aspectos. No vamos a entrar en ese debate.
Nos centraremos en la proposición no de ley: la reprobación por parte
del Grupo Parlamentario Popular de los acontecimientos que sucedieron
allí, sin buscar responsables -insisto- y sin que nadie tenga que
hacer una llamada al cumplimiento de la ley, porque ésta se cumple
sin ningún género de dudas. En todo caso, que la sociedad, que tiene
los instrumentos educativos con que se la dota desde esta Cámara, se
tutele a sí misma; una tutela desde el Parlamento, desde el Congreso
de los Diputados, no es la medida más adecuada. (El señor Martí i
Galbis pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por dos minutos, señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Quiero hacer una puntualización muy concreta
a dos de las afirmaciones que, con muy mal estilo a mi entender, ha
hecho la señora Chacón. (La señora Valcarce García: Eso no puede
ser.) Es mi opinión; si me dejan utilizar la expresión con muy mal
estilo, es una opinión que personalmente asumo.
Quiero puntualizar un hecho concreto, señor presidente. El señor
Artur Mas, al que la señora Chacón tiene tanto aprecio según se
desprende de sus afirmaciones -no sé por qué será-, no dijo lo que la
señora Chacón le atribuye ni en el momento en que se lo atribuye. El
señor Artur Mas, después de la final de la Copa Davis, hizo una
afirmación expresando su felicidad porque la Copa Davis había sido
ganada por un conjunto de representantes de los países de habla
catalana o Paísos Catalans, dígalo como quiera. En todo caso, la hizo
en la tarde de ese 10 de diciembre, no el día anterior, como ha dicho
la señora Chacón. Si no, podría parecer que la expresión del señor
Artur Mas, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, habría
provocado la actuación posterior de un conjunto de ciudadanos. Esta
puntualización tenía que hacerse muy claramente.
En segundo lugar, quiero decirle a la señora Chacón que la expresión
sociedad inmadura, que este portavoz escribió de su puño y letra en
la exposición de motivos de esta proposición no de ley, se
corresponde justamente con la actuación de un grupo de personas ese
día 10 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En todo
caso, es una expresión utilizada por este portavoz, que asume
plenamente su responsabilidad, el día 21 de diciembre de 2000. Usted
establece un paralelismo de la misma con otra del presidente del
Gobierno español referida a una situación absolutamente diferente,
cuando el señor Aznar dijo que la sociedad vasca era inmadura porque
no había votado al PP; creo que es inadecuado, permítame que lo diga
así. Mi expresión es acorde con un hecho concreto y data del 21 de
diciembre de 2000; y no me mezcle peras con manzanas, por favor.
El señor PRESIDENTE: La señora Chacón puede responder.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Cuando hablo de una autoridad que creo que
calentó de alguna manera los ánimos (El señor Guardans i Carabó: ¡Es
mentira!), le aseguro que no tengo ningún problema con el señor Artur
Mas.
Por supuesto, sé que el adjetivo inmadura respecto a la sociedad se
ha utilizado antes. Lo único que digo es que me parece que la
expresión no es oportuna. Está
ahí y no se le ha hecho ninguna enmienda, únicamente doy mi opinión.
Lo que he querido expresar, además de nuestro voto favorable, es que
estas proposiciones de cortina de humo de catalanismo, de
nacionalismo catalán, no me parecen acertadas ni adecuadas por
algunas de las expresiones y antecedentes de los dos puntos
dispositivos. (El señor Martí i Galbis: Pues vote en contra.)
Y reitero mi voluntad de votar a favor por cuanto simplemente lamentan
unos hechos y reprueban una situación. No obstante, creo que son
necesarias las consideraciones de fondo que, por cierto, hago como
portavoz del Partido Socialista Obrero Español.
- SOBRE LA GRATUIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000636)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.o del orden del día, que se
refiere a la proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la gratuidad de
materiales didácticos en la educación obligatoria.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para plantear de nuevo en
esta Comisión lo que establece la Logse en su artículo 5: el carácter
obligatorio y gratuito de la enseñanza básica, que comprende, como
todos ustedes saben, 10 años de escolarización y se organiza en dos
etapas: educación primaria y educación secundaria obligatoria.
Entendemos que la gratuidad de la enseñanza obligatoria no debe
ceñirse exclusivamente a la plaza escolar, sino que tiene que
ampliarse a los materiales didácticos que son absolutamente
imprescindibles para que el alumnado pueda desarrollar adecuadamente
sus capacidades o las capacidades establecidas por el currículum. Con
este fin, presentamos hoy aquí esta proposición. Además, nos consta
que hay una gran sensibilidad social al respecto como quedó patente
en la iniciativa legislativa popular presentada y promovida por Ceapa
con un inmenso apoyo social.
Dado que el proceso de transferencias educativas a las comunidades
autónomas se ha culminado sin que éstas hayan sido dotadas de un
marco presupuestario adecuado para dar respuesta a sus necesidades,
pensamos que no será posible llevar a cabo en todas ellas las
actuaciones tendentes a alcanzar la gratuidad total de la educación
obligatoria. Por tanto, entendemos que es preciso arbitrar mecanismos
que aseguren hacerlo en el conjunto del Estado español.
Nosotros pensamos que enseñanza gratuita en la etapa obligatoria no
es sólo pupitre y profesorado,
señorías, sino que el desarrollo del currículo en todos los niveles
de primaria y secundaria exige que las alumnas y los alumnos utilicen
un material escolar, libros de texto, de consulta, diccionarios,
material de escritura y dibujo, que supone, como todo el mundo sabe,
un notable desembolso, especialmente al principio de curso, que hace
hablar a las familias de la llamada cuesta de septiembre. Señorías,
este material debería ser facilitado gratuitamente al alumno de todos
los centros sostenidos con fondos públicos. Hasta ahora solamente una
parte del alumnado ha podido acceder a este derecho a través de becas
y ayudas convocadas desde diferentes administraciones.
El plan que propone Izquierda Unida es compatible con la necesidad de
ir ampliando progresivamente el colectivo de beneficiados, que a
nuestro entender debe ser por imperativo legal todo el alumnado de
centros sostenidos con fondos públicos. Se trata pues, señorías, de
establecer convenios entre el Ministerio de Educación y las
comunidades autónomas para cofinanciar bibliotecas de aula en cada
centro; cada aula estaría dotada de un conjunto de recursos
educativos puestos a disposición de los alumnos y las alumnas y del
profesorado respectivo. Naturalmente estamos hablando de recursos que
tienen que ver con las nuevas tecnologías, con enciclopedias de
consulta, con diccionarios, con juegos de prelectura o preescritura,
con textos recomendados, con libros de lectura obligatoria,
calculadoras científicas, juegos de rotring, etcétera; es decir, un
sinfín de recursos que son imprescindibles para ese crecimiento
integral de los niños y las niñas. Sería algo parecido al almacén
donde todos los niños y los profesores tendrían a mano lo que en
cualquier momento podrían necesitar o ser susceptible de ser prestado
cuando las circunstancias así lo aconsejaran. Debe ser cada centro en
particular el que, en uso de su autonomía, perfile el diseño concreto
de este banco de recursos. Los convenios que se establezcan entre el
MECD y las comunidades sólo deben fijar presupuestos y líneas
maestras de puesta en marcha de prácticas y evaluaciones de este
programa. Nosotros apostamos por esto históricamente, lo vamos a
seguir haciendo, y con este objetivo presentamos una enmienda
presupuestaria, como Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
a los presupuestos del año 2000 en la que pedíamos dinero para esta
actuación. En aquel momento hablábamos de 5.000 pesetas por alumna o
alumno, es decir, una dotación aproximada de 100.000 a 150.000
pesetas por cada biblioteca de aula. Pensamos que este es un reto
asumible, que no estamos planteando nada imposible y que estamos
recogiendo la opinión de la mayoría de la sociedad, que espera que
entendamos la gratuidad de la enseñanza con la misma naturalidad que
entendemos que si a un señor se le da un puesto de trabajo de
fresador, a renglón seguido no se le dice que para poder trabajar
tiene que traer la fresadora de su casa. Es lo mismo, por eso creo
que es fácil entender
que nuestra propuesta es sensata, es posible, es respetuosa con el
ordenamiento jurídico y con el Estado de las autonomías y es
perfectamente asumible desde el punto de vista presupuestario, pero
absolutamente ineludible desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar
posición? Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No hay duda de que la iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
representado por su ilustre portavoz en esta Comisión, está cargada
de buena intención, y no lo digo en un tono sarcástico, querría
quitarle esa posible apariencia, pero no sabría encontrar otra
expresión que suprimiera la apariencia de que uno está siendo
condescendiente. Está muy bien intencionada pero la realidad
presupuestaria no parece que vaya exactamente por ahí. Es decir,
pedir la plena y absoluta gratuidad de todos los materiales
didácticos durante todo el período de escolarización obligatoria no
deja de ser una propuesta interesante, una propuesta que muchos
desearían que fuese posible pero, hoy por hoy, nos parece
difícilmente viable, por más que en su intervención la portavoz haya
dicho alegremente que presupuestariamente esto no tiene ninguna
dificultad. También ha dicho que legalmente es posible, en esto tiene
razón, es conforme al ordenamiento jurídico, porque se puede repartir
lo que se quiera y el Estado puede financiar aquello que estime
oportuno dentro del marco legal. Pero una propuesta como la que aquí
se plantea ya la querríamos en abstracto, nos gustaría tener un
Estado en condiciones de convertir en gratuito el conjunto, sin
excepción, de todos los materiales didácticos de todos los ciudadanos
españoles durante todo el período de escolarización obligatoria; sin
embargo, hoy por hoy, en el reparto y en el equilibrio de prioridades
que representa cualquier ejercicio presupuestario no es una propuesta
asumible. Por tanto, desde el respeto profundo a la iniciativa, mi
grupo parlamentario no va a apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto a
esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Mediante la misma se pretende instar al
Gobierno para que, a través del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, establezca los convenios necesarios con las comunidades
autónomas con el fin de asegurar la gratuidad de los materiales
didácticos que han de usar los alumnos y alumnas en el período de
escolarización obligatoria. Nosotros observamos en una serie de
antecedentes cómo, por ejemplo, la Constitución Española, en su
artículo 27.4, recoge literalmente que la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita; también la Ley orgánica del derecho a la
educación, LODE, en su artículo 1, señala este aspecto y, asimismo,
la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo, Logse,
en su artículo 5, abunda en que la educación primaria y la secundaria
obligatoria constituyen la enseñanza básica y que ésta será
obligatoria y gratuita.
Entendemos que esta proposición no de ley tiene como objetivo
alcanzar, con las fórmulas que finalmente se adopten -y, entre otros
aspectos, se han señalado las bibliotecas de aula-, la gratuidad de
la enseñanza básica, de acuerdo con el mandato constitucional y con
leyes como la LODE y la Logse que lo desarrollan, removiendo así
cuantos obstáculos dificultan o impiden que la gratuidad sea un hecho
real y material y no sólo un enunciado jurídico, y para lo cual
deberán tener su reflejo presupuestario en los Presupuestos Generales
del Estado. En este sentido, hemos de recordar cómo ya en su informe
del año 1996 la institución del Defensor del Pueblo avanzaba
notablemente en la interpretación constitucional del derecho a la
educación obligatoria y gratuita al mencionar que entre los problemas
que limitaban ese derecho a la educación obligatoria y gratuita,
estaban los libros de texto destinados a enseñanzas de carácter
obligatorio, dejando claro que la gratuidad en los niveles básicos
está dirigida a garantizar el acceso de todos a tales estudios.
Por otra parte, en la iniciativa legislativa popular, avalada por
600.000 firmas, presentada en la Junta Electoral Central el 21 de
enero de 1998 y luego debatida aquí en el Congreso de los Diputados,
se plasmaba lo que era una preocupación ciudadana y una clara demanda
social: la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza
obligatoria. Entre sus argumentos se advertía que los libros de texto
y otros materiales curriculares no pueden tener el mismo tratamiento
que el resto de los libros, toda vez, remarcaba, que los libros de
texto tienen el carácter de material imprescindible para el
cumplimiento del derecho a la educación. Su uso es obligatorio para
todos los alumnos y las autoridades educativas tienen la capacidad de
reglamentar sus contenidos así como la supervisión, la modificación
de contenidos y, en su caso, la declaración de falta de idoneidad.
Por otro lado, la elección de los libros de texto corresponde al
órgano específicamente didáctico que determine el reglamento orgánico
de cada centro y el Consejo Escolar podrá, en el ámbito de sus
atribuciones, formular las observaciones que considere oportunas. Por
todo ello -concluía-, la adquisición y el uso de los libros de texto
no puede articularse a partir de leyes del mercado. Así lo entendemos
desde el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que pensamos que el
derecho a la gratuidad de los libros de texto debe limitarse
a los niveles básicos como obligación de los poderes públicos hacia
aquellos que solicitan una plaza en un centro sostenido por fondos
públicos. Lo creemos así porque los libros de texto y los materiales
curriculares son elementos esenciales de la enseñanza, y los
problemas de la familia a la hora de adquirir los manuales se hacen
claramente palpable con el inicio de cada curso académico. Y lo hemos
puesto de manifiesto a través de diferentes iniciativas
parlamentarias, tanto en ésta como en la anterior legislatura,
culminada con la presentación de la correspondiente enmienda que
habilite la partida presupuestaria que lo haga posible en los
Presupuestos Generales del Estado. La presentación de aquella
proposición de ley de iniciativa popular respecto a la gratuidad de
los libros de texto tuvo como consecuencia la creación de una
Subcomisión al efecto, cuyo informe fue respaldado por los grupos
Popular y de Convergència i Unió en la sesión de la Comisión de
Cultura de 25 de noviembre de 1999, concluyéndose entre otras
consideraciones que la gratuidad de los libros de texto en los
niveles de enseñanza obligatoria es un objetivo al que debe tenderse
de manera gradual, de acuerdo con las correspondientes
disponibilidades presupuestarias y garantizando en todo caso el
principio de equidad.
Resulta obvio que en el mundo de la enseñanza el libro sigue siendo
la herramienta más importante para una educación de calidad, tal como
parecen haber entendido la mayoría de los países de Europa, puesto
que únicamente nuestro país, junto a Grecia y Portugal, no tienen
todavía implantada la gratuidad en los libros de texto. Lo
importante, no obstante, era pasar de las musas al teatro, como así
han hecho dos comunidades autónomas con Gobierno socialista, como son
Aragón y Castilla-La Mancha, una vez asumidas sus competencias
y servicios educativos. En esta última comunidad, más de 48.000 alumnos
que estudian el primer ciclo de educación secundaria obligatoria en
centros públicos y concertados disponen ya de libros de texto y
materiales curriculares gratuitos, dentro de un proceso gradual que
pretende implantar en los tres próximos años la gratuidad en toda la
educación obligatoria. El interés de dicho programa estriba en que no
pretende únicamente lograr que la educación sea verdaderamente
gratuita en las etapas obligatorias, liberando a miles de familias de
realizar ese desembolso económico de cada inicio de curso en torno a
las 25.000 pesetas por alumno, respecto al primer ciclo de la ESO,
sino que atiende también a otro objetivo fundamental, ya que lo que
se persigue con ello es educar a estos alumnos en una serie de
valores tan importantes como es el de la solidaridad, aprendiendo
a compartir y cuidar un material que es de todos y que será reutilizado
por otros compañeros a lo largo de cuatro años consecutivos.
Concluiré refiriéndome al informe sobre el estado de la situación del
sistema educativo del Consejo Escolar del Estado para el curso 1998-
99, que no tiene el menor
desperdicio, al tratar de los libros de texto y demás materiales
curriculares en su apartado 1.13. Como resolución, el Consejo Escolar
del Estado cree que la cuantía que recibe cada alumno beneficiado de
una ayuda relacionada con los libros es muy pequeña, teniendo en
cuenta el precio de los libros y de los materiales curriculares. Por
ello, este organismo insta a las autoridades educativas a que revisen
dicha cantidad y aumenten la partida global de estas ayudas, para que
los alumnos reciban una cantidad mayor para poder hacer frente a la
compra de los materiales y libros mencionados. Aún hay más, ya que el
voto particular número 38 dice lo siguiente: La Constitución española
es taxativa. La educación básica es obligatoria y gratuita. El libro
de texto o material didáctico que sea preciso para impartir la
educación básica y, por lo tanto, para garantizar el derecho
fundamental de la educación ha de ser gratuito. El Consejo Escolar
del Estado insta a las administraciones educativas para que arbitren
las medidas necesarias en la forma que consideren más efectiva, a fin
de garantizar este derecho en todos los centros sostenidos con fondos
públicos.
En consonancia con lo que son nuestras propuestas y actuaciones el
Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente esta proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Fariñas tiene la palabra.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Empezaré diciendo que para mí, como
representante del Grupo Parlamentario Popular, es motivo de especial
satisfacción el poder participar en el debate de esta proposición no
de ley porque es una de estas ocasiones en las que uno tiene la
oportunidad de ejercer en plenitud la defensa de la acción del
Gobierno al que sustenta su grupo parlamentario y especialmente los
miembros del Partido Popular en esta Comisión de Educación.
Estamos en el buen camino, exactamente en el mejor camino que nunca
haya dibujado un Gobierno en este país con respecto a la gratuidad de
los libros de enseñanza, cumpliendo además fielmente con el mandato
de alguna de las Comisiones que aquí se han citado, concretamente a
la que se referían es la del 25 de noviembre de 1999, que en su parte
final dice que la gratuidad de los libros de texto debe entenderse
también de forma gradual, como con algunas otras del Senado. Lo que
está ocurriendo es exactamente eso, con meta y concreción final y
total en el horizonte próximo del año 2004. Así está previsto,
además, en el programa de estabilidad. En realidad, con esta
proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Federal de
Izquierda Unida se pide lo que ya se está haciendo de esa forma
gradual de la que antes hablaba. La mejor constatación no es más que
una mera consulta a los Presupuestos Generales del Estado en lo
concerniente al programa de becas y ayudas a los estudiantes, para
ver lo que se ha hecho en los últimos años con respecto a la
gratuidad final de los libros de texto. En el año 1999 ha habido casi
300.000 becas, con una cuantía de 10.000 pesetas cada una; en el año
2000, 325.000, con 12.0000 pesetas de cuantía; en el año 2001,
625.000 becas, con una cuantía de 12.000 pesetas cada una y para el
año 2002 está previsto que sean 800.000 becas con una cuantía de
12.500 pesetas. Esto es caminar en la dirección adecuada. La memoria
de objetivos del año 2001 cifra en 1.550.000 las ayudas necesarias
para alumnos cuyo núcleo familiar es de renta baja, con lo cual nos
estamos aproximando al 50 por ciento de la evaluación que se hace de
necesidades de becas. Por otra parte, la dotación de bibliotecas de
aula, como SS.SS. saben -no me cabe la menor duda-, no es una
competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; de hecho
figura en los presupuestos que las dotaciones de aula se contemplan
en la partida de gastos de funcionamiento, pero no es una competencia
exclusiva del Ministerio, y menos si hablamos de las becas referidas
a aulas de comunidades autónomas que tienen competencia plena en
materia de educación.
Por otro lado, me alegro de que el Grupo Socialista haya cambiado su
discurso, me alegro de que ahora crea que los libros de texto tienen
que ser gratuitos, pero la única política rigurosa y seria que ha
habido en este país para caminar hacia la gratuidad de los libros de
enseñanza es la que hay hoy en España gracias a los gobiernos del
Partido Popular. Y me voy a explicar, porque una cosa es predicar y
otra dar trigo, como luego vamos a exponer. (Rumores.) Ha sido el
Gobierno del Partido Popular el primero -lo recalco y con letras
mayúsculas- bajo cuya acción se contempla de forma específica y
concreta -no con otros epígrafes ni diluyendo las ayudas económicas-
la gratuidad de los libros de texto y material didáctico en la
partida de becas y ayudas al estudio. Pueden ustedes consultar todos
los archivos y anales que quieran. Encuéntreme uno solo que tenga
referencia específica al concepto de gratuidad de los libros de
texto.
Decía la señora Castro en su intervención, en referencia a su querida
abuela, que hechos son amores y no buenas razones. En esa dirección
es en la que hay que caminar, en la de los hechos, no en la de los
grandes discursos que al final no conducen a nada. Sorprende la
postura, pero también agrada ese cambio y que haya un apoyo decidido
a las políticas del Gobierno del Partido Popular para que la
gratuidad de los libros sea finalmente un hecho. Esta es una de las
ocasiones en que la expresión una cosa es predicar y otra dar trigo
nos viene pintiparada, nos viene al pelo, porque en el año 1996,
cuando llegamos al Gobierno, no había ni una cucharadita de trigo en
los Presupuestos Generales del Estado para este concepto. Es más, los
gobiernos socialistas no sólo se habían llevado todo el trigo sino
que se habían cargado literalmente el granero de almacenamiento de
ese trigo. Entre los objetivos
de la Logse, citada aquí hoy, no aparece para nada la gratuidad de
los libros de texto. Abundando en la trayectoria de principio a fin,
tenemos que decir que apunta en sentido contrario la que han llevado
los gobiernos del Partido Socialista. Recuerdo al ministro Maravall,
que coincidía con nosotros inicialmente en los planteamientos
respecto a que la gratuidad de los libros de enseñanza debería de ser
gradual, progresiva y no para todos; son sus palabras, no las mías.
La realidad es que liquidó los créditos para libros por la famosa
razón de que los niños -lo recordarán todos ustedes- a final de curso
se llevan los libros a casa. Esa fue la razón que se adujo en aquel
momento para liquidar los créditos para ayuda a la compra de libros.
Esos créditos los dedicaron en aquel momento a la creación de
bibliotecas de aula en ayuntamientos de menos de 4.500 habitantes
-esta es la realidad-, pero en el año 1993 también desaparece esa
partida de los presupuestos generales; finalmente, en el curso 1995-
1996 ya no aparece absolutamente nada tendente a conseguir la
gratuidad de los libros de enseñanza. Esto demuestra que no tienen
una idea clara -a ver si ahora empezamos a aclararnos con ellos
también en ese sentido- de lo que hacer para conseguir la gratuidad
de los libros de enseñanza. Lamento que anden a trompicones, de
contradicción en contradicción, pero es así. No hay más que recurrir
a los archivos del Congreso de los Diputados, de esta Comisión, para
ver la posición del Grupo Socialista cuando el Grupo Federal de
Izquierda Unida presentaba mociones en este sentido con gobiernos
socialistas, siendo el voto en contra. ¿A qué conclusión se llega? A
que cuando han gobernado no han hecho absolutamente nada, más bien al
revés. Me gusta que ahora, en la oposición, abanderen la gratuidad,
pero hay que ver cómo. Es curioso observar su proceder. Cuando el
Gobierno adopta medidas fiscales para abaratar los libros, se
enfadan, organizan ruedas de prensa; si se ponen topes al precio de
los libros, también se enfadan; si se permiten en el comercio los
descuentos aplicables, también se enfadan; si se aprueba que los
libros perduren cuatro cursos, tampoco está bien; si se aumentan las
becas y la cuantía de las mismas, también se enfadan. A cada medida
(El señor Leguina Herrán: Un enfado.) que el Gobierno aplica para la
gratuidad, un enfado, como dice el señor Leguina. (Risas) En resumen,
en lugar de estar de acuerdo, ponen a funcionar la maquinaria de
contraataque, como es habitual. Y a ver qué cerros aplicamos en este
caso, pues los de Úbeda, como siempre, y por el mismo camino: o
perjudicamos a los pobres o favorecemos a los ricos. Estamos siempre
con el eterno discurso y se tiene que acabar de una vez.
En resumen, señorías, estamos caminando en el buen sentido y hacia la
gratuidad de los libros de enseñanza, que tiene un horizonte final
para los alumnos de familias con renta que no les permita estar en
los niveles
medios de la renta española; la gratuidad de libros para los alumnos
de educación obligatoria.
En el año 1997 con la ministra Esperanza Aguirre se empezó a
reconstruir aquel granero que nos habían tirado, con 200.000 becas.
Eso es comprobable, no estamos hablando de lo etéreo; estamos
hablando de lo real y de lo tangible. Se aprobaron 200.000 becas ese
año 1997; se puede decir que no, pero está ahí. Ese año empezamos a
llenar el granero, y en los tres años siguientes hemos conseguido
medio llenar -ese 50 por ciento del que hablábamos antes- el granero
y pasar de 3.000 millones de pesetas anuales en becas a 10.000
millones de pesetas previstos para el próximo curso. Señorías,
nuestra obligación es hacerlo, pero no sólo por devoción, sino
también por justicia. Por eso, vamos a seguir dando trigo y llenando
ese granero que, por desgracia, ni existía cuando llegamos al poder.
El señor PRESIDENTE: Me han pedido la palabra la señora Castro y el
señor Martínez Laseca. Tiene dos minutos como máximo, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Cedo gustosamente la palabra al señor
Martínez Laseca, portavoz del Grupo Socialista, porque tal vez
introduzca algún elemento nuevo y, siendo la ponente, me gustaría
considerarlo en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Con mucha brevedad quiero recordar al
portavoz del Grupo Popular -no sé si ha escuchado mi intervención-
que he abundado en algunos casos de comunidades autónomas,
concretamente Aragón y Castilla-La Mancha, en las que no estamos
predicando precisamente, sino dando trigo. Además, no hay para nada
un problema de enfado, sino que es una aspiración. Espero que, desde
un punto de vista positivo, respalden la proposición no de ley. Hable
con los de su grupo en sendas comunidades y con los de la Comunidad
de La Rioja, gobernada por el Partido Popular; han dicho que van a
respaldar esta iniciativa de gratuidad de los libros de texto para el
año 2003, que curiosamente es un año electoral.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: En primer lugar, quiero decir al portavoz
de CiU que esta diputada no hace aquí una propuesta alegremente. Me
parece necesario dejarlo bien claro. Cada uno tiene su punto de vista
sobre cómo debe funcionar la sociedad, sobre su modelo de sociedad.
Nosotros tenemos el nuestro, señor Guardans, y da la casualidad de
que cuando traemos esta propuesta sabemos perfectamente que es
viable. Es muy fácil descalificar siempre diciendo que es imposible y
hablar de la utopía de Izquierda Unida. En
mi intervención dije claramente que el plan que propone el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida es absolutamente compatible
con la necesidad de ir ampliando el colectivo beneficiado que debe
ser todo el alumnado de colegios sostenidos con fondos públicos. En
lo que se distingue un gobierno progresista de otro que no lo es,
señor Guardans, es en el presupuesto. Izquierda Unida pondría el
acento presupuestario en las políticas de igualdad de oportunidades
educativas porque son la clave y la esencia de la democracia.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, su intervención es para hacer
algún tipo de aclaración o puntualización, pero no puede reabrir el
debate. Le ruego que lo tenga en cuenta y finalice.
La señora CASTRO FONSECA: Lo tengo en cuenta, pero me voy a aprender
el Reglamento para ver por qué artículo se puede contestar a
intervenciones que no se ajustan a lo que debe ser la dinámica de
respeto parlamentario. Yo nunca he acusado a ningún grupo de venir
aquí a traer propuestas alegremente.
Al portavoz del Grupo Popular le recomiendo que se lea El Quijote (El
señor Fariñas Sobrino: ¿Otra vez?) Otra vez porque veo que no se lo
ha leído. Izquierda Unida presenta una iniciativa en esta Cámara y
usted se pasa todo el tiempo contestando al Grupo Socialista; no
tenemos protagonismo ni cuando trabajamos... Si se lee El Quijote, a
lo mejor entiende la maravillosa dialéctica de El Quijote, que hace
posible que la gente cambie de opinión y acerque posiciones. Es
decir, ese argumento es muy manido. Yo vengo de una institución donde
ustedes llevan gobernando doce años y siguen con las mismas
respuestas. No es serio responder a esta propuesta (que es rigurosa,
que responde a una demanda social, que está en línea con una
iniciativa legislativa popular que ha desarrollado la Ceapa, que ha
costado muchos esfuerzos y que ha supuesto 600.000 firmas que se han
aportado a esta Cámara para que todos tengamos claro que es una
demanda social) diciendo que ustedes son maravillosos y son los
mejores. Porque, ¿sabe lo que le digo? Que de éxito también se muere;
y yo espero que ustedes se mueran de éxito. Creo que en esta
legislatura lo vamos a conseguir. (El señor Fariñas Sobrino pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fariñas, sólo un
minuto.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Todas las comunidades autónomas avanzan en
este sentido, señor Martínez Lasca, no sólo las del Partido
Socialista. Pero ya que nos ha puesto usted ejemplos concretos,
pónganos el de Andalucía, porque a lo mejor descubrimos alguna cosa
nueva relativa a la eliminación de becas por este motivo.
Siento que a la señora Castro le haya parecido mal mi intervención,
pero como he dado datos lo único que
puedo hacer es rebatirlos. Respecto a si he leído o no El Quijote,
aplíquese usted la misma cortesía parlamentaria que le pedía usted al
portavoz de CiU y no diga cosas que no sabe y ni siquiera puede
comprobar. Por lo tanto, respete usted también a los compañeros que
hablan, que exponen sus argumentos con educación o por lo menos lo
pretenden y no dude de lo que le dicen respecto a lecturas más o
menos recomendadas. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, no voy a entrar en el
fondo del asunto de nuevo, tendría muchos argumentos para hacerlo.
Sé que cualquier cosa que diga ofenderá a la portavoz de Izquierda
Unida, porque empiezo a acostumbrarme en esta Comisión a que diga lo
que diga la portavoz de Izquierda Unida resulta ofendida y, por
tanto, lo lamento. No sé si voy a tener que hablar en francés en esta
Comisión para conseguir que la portavoz de Izquierda Unida no se
ofenda con mis palabras porque no sé cómo hacerlo. Constato que he
intentado expresar con respeto mi posición, la posición de este grupo
parlamentario, si a partir de ahí hay alguien que considera que se
han excedido no sé muy bien qué usos parlamentarios, lo lamento, pero
no puedo ser más versallesco.
- RELATIVA AL TÍTULO DE INGENIERO TÉCNICO NAVAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000755.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8 y último del orden del día,
que es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto relativa al título de ingeniero técnico naval.
Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a tratar un tema que tiene sin duda
importancia desde el punto de vista del sistema educativo pero
también lo tiene, imbricado con el problema del sistema educativo,
con la seguridad administrativa y jurídica que los títulos prometen
cuando uno estudia determinado tipo de carreras y, por lo tanto,
piensa que va a tener determinado tipo de salidas profesionales.
Además es un tema que está vinculado con la homologación de títulos
de la Unión Europea y también a los procedimientos legales
y administrativos que utiliza el Gobierno muchas veces para clarificar
situaciones, es decir, si estos procedimientos legales y
administrativos actúan conforme a la equidad, la justicia y los
antecedentes. Dicho esto, debo hacer observar que los ingenieros
técnicos navales desempeñaron actividades que muchas veces tenían que
ver con la redacción y la firma de proyectos completos de barcos y
también con la dirección de obras
para su construcción. Esta situación, más o menos contradictoria,
pero sin duda evidente, se mantuvo hasta el año 1966 y en concreto la
legislación anterior a 1964, toleró, amparó incluso que se firmase la
redacción, los proyectos completos y la dirección de obras al menos
en casos de barcos que llegasen hasta 20 toneladas de arqueo o bien
de 10 toneladas si se trataba de buques de pasaje.
En el año 1966 cuando el Gobierno se decide a regular claramente las
atribuciones profesionales de los arquitectos y de los ingenieros
técnicos, los ingenieros técnicos y en general todo tipo de
ingenieros, no solamente los navales, vieron el cielo abierto porque
se clarificaba una situación que, aunque desde el punto de vista de
hecho tenía unas consecuencias prácticas aceptables, desde el punto
de vista del derecho no estaba clarificado y provocaba controversias
de carácter legal e incluso presiones de parte de unos titulados
contra otros. Pues bien, la Ley 12/1966 reguló claramente las
atribuciones, y conviene recordarlo porque en el artículo 2
establecía claramente que corresponde a los ingenieros técnicos,
dentro de su respectiva especialidad, las siguientes atribuciones
profesionales: La redacción y firma de proyectos que tengan por
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes
muebles o inmuebles en sus respectivos casos, tanto con carácter
principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su
naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se
refiere el apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren
sido elaborados por un tercero y la realización de mediciones,
cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planes de labores y otros trabajos análogos, así como se les
reconocía también el ejercicio de la docencia en sus diversos grados
en los términos previstos por la normativa correspondiente y en
concreto por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma
universitaria.
Desde 1986 hubo una clarificación de lo que hasta entonces era una
nebulosa, pero de consecuencias prácticas positivas para los
arquitectos, los ingenieros técnicos. Adquirió rango de ley y así fue
reconocido y valorado por el sector de los ingenieros en general y en
particular de los ingenieros técnicos navales. Es verdad que desde
1986 -muchas veces derivado de que no era bien aceptado por algunos
sectores de los ingenieros superiores ese tipo de marco legal- hubo
contradicciones, incluso dictámenes legales contradictorios por parte
de los tribunales, que unas veces daban la razón a las propuestas de
los ingenieros técnicos navales y otras a los ingenieros superiores.
Pero no es menos cierto que se fue abriendo paso un camino conforme
al cual todo tipo de ingenierías técnicas llegaron a hacer valer el
artículo que he leído (el 2), y así es hoy en día
para los ingenieros industriales, los ingenieros de
telecomunicaciones o los ingenieros agrónomos.
Este fenómeno fue aún más avalado por la Administración pública
cuando el Ministerio de Transportes admitía, en una resolución de 10
de mayo de 1989, que en todo caso tenía que tener claro que los
barcos de 20 toneladas de arqueo total y los de pasajes hasta 10
toneladas sí podían ser una competencia clara de los ingenieros
técnicos navales en cuanto a la redacción y firma de proyectos
completos y a la dirección de las obras de construcción de este tipo
de buques. Es, por tanto, una sorpresa la que lleva el sector, en
particular de los ingenieros técnicos navales, cuando el actual
Gobierno promulga el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, que,
sin embargo, a propósito de que era necesaria la elaboración de un
nuevo reglamento de inspección de buques y certificación de buques
civiles, aprovecha para excluir a los ingenieros técnicos navales de
la redacción y la firma de proyectos completos de buques y a la
dirección de las obras de los mismos, incluidos los de 20 y 10
toneladas a los que antes me referí. Así, aprovechando la edición de
un reglamento de inspección de buques, se descuelga con una
disposición adicional segunda que dice que, a los efectos de los
dispuesto en los artículos 22 y 38 del reglamento aprobado por ese
real decreto, se entenderá por técnicos titulados competentes para la
redacción y firma de proyectos completos de construcción a los
ingenieros navales y también, a efectos de lo dispuesto en los
artículos citados en el artículo anterior, se entenderá por técnicos
titulados competentes para la redacción y firma de proyectos
parciales de construcción, así como de proyectos de transformación,
reforma y restauración de buques, a los ingenieros navales y a los
ingenieros técnicos navales, estos últimos en el ámbito de su
especialidad. Por tanto, veían constreñidas sus capacidades, sus
competencias, por lo menos ejercidas hasta ese momento, los
ingenieros técnicos navales exclusivamente porque -vuelvo a repetir-
el resto de las ingenierías gozan de un abanico de posibilidades de
las que se priva a los ingenieros técnicos navales.
No cabe duda.
Pues bien, llama la atención que a través de una disposición de rango
inferior, como es un real-decreto reglamentario se modifique una
disposición de rango superior, la Ley 12/1986, de atribuciones a
ingenieros técnicos. También llama la atención que se utilice este
real-decreto del Ministerio de Fomento no para aprobar un reglamento
de inspección y certificación de buques civiles, sino para regular
atribuciones profesionales de titulados. Y en tercer lugar, parece
normal que sean las Cortes, a través de leyes, las que establezcan
las distintas titulaciones universitarias. Es más grave esta
situación porque todo el mundo sabe, por Bolonia y por todas las
reuniones universitarias que ha habido últimamente, que está
pendiente una homologación de títulos con la Unión Europea que va a
homologar las ingenierías
técnicas españolas con las de la Unión Europea. Permítaseme
decir que se actúa de una manera subrepticia, excesivamente
torticera, aprovechando determinadas necesidades técnicas evidentes
para reglamentar cuestiones que merecerían mayor detenimiento y rigor
sobre todo, aprovechar el contexto para dar satisfacción a la
experiencia anterior, a la cobertura legal que se gozaba y que sigue
vigente con la Ley de 1986.
Deben saber SS.SS. que no se consultó con la debida antelación a los
colegios profesionales ya que, a pesar de que el Gobierno dice que
fueron consultados los ingenieros técnicos navales, se hizo con fecha
de enero y mayo de 1998. Se formularon entonces ciertas observaciones
que no fueron contestadas y después, a fines de 2000, se aprueba este
real-decreto que, vuelvo a repetir, no es la fórmula adecuada para
arreglar las competencias de las titulaciones profesionales porque
afecta principalmente a un determinado tipo de ingeniería.
En este momento son exclusivamente los ingenieros técnicos navales
quienes se ven abiertamente discriminados, así como los estudiantes
de escuelas universitarias como las de Ferrol, Cádiz, Cartagena, Las
Palmas, Barcelona y Madrid, quienes pensaban que iban a tener unas
salidas profesionales y se encuentran ahora sin ellas, no gracias a
un debate en el Congreso de los Diputados y en el Senado, mediante la
reformulación de las titulaciones, sino a través de un real-decreto
que tiene que ver con un reglamento de inspección técnica de buques.
Uno de los pocos argumentos que tiene la Dirección General de la
Marina Mercante es que los ingenieros técnicos navales no estudian
algunas asignaturas que se consideran fundamentales para después
firmar los proyectos de buques o asistir a la construcción de los
mismos, cuestión que, además de discutible, es responsabilidad
exclusiva de la autoridad académica. En este sentido, el Ministerio
de Educación debiera abogar por una homologación de estos títulos en
todas las escuelas, para que no haya diferencias notorias que
conlleven que en algunas de ellas se pueda pasar del ciclo de
ingeniería técnica al cuarto curso con entera tranquilidad, mientras
que en otras se les obliga a hacer cursos puente de gran densidad o
incluso repetir asignaturas que formalmente se dieron en el primer
ciclo. Habría que clarificar esta cuestión para homologar con la
Unión Europea los dos ciclos de los estudios de ingeniería. Todo
parece indicar que se camina en esa dirección. Si se quiere tener los
mismos criterios que Alemania o Francia, donde los ingenieros tienen
que andar a pie de obra, sin duda habrá una homologación tendente a
reconocer el título de ingeniero técnico naval como tal y no las
titulaciones superiores que tendrían una equivalencia al máster o al
doctorado.
Señorías, por estos motivos pedimos se derogue la disposición
adicional segunda del Real Decreto 1837/2000,por el que se aprobó el
Reglamento de inspección y
certificación de buques, que se utilizó para acabar con salidas
profesionales de los ingenieros técnicos navales. En segundo lugar,
pedimos que exista un diálogo previo y clarificador con los colegios
de ingenieros técnicos navales para alcanzar un acuerdo global. Hasta
ahora, a pesar de las disputas, siempre parciales y no generales ante
los tribunales de justicia hubo una especie de consenso en cuanto al
tipo de barcos y el tonelaje que podían ser asumidos en por los
ingenieros técnicos navales. En tercer lugar y mientras no se alcance
este acuerdo, pedimos que el Gobierno adopte las medidas oportunas
para que se restablezcan las atribuciones y facultades que fueron
dadas por la Ley de 1986 y, en concreto, por las resoluciones del
Ministerio de Transporte del 3 de mayo de 1989. Sería fundamental que
se clarificase el contenido académico de las ingenierías técnicas
navales para complementar el segundo ciclo.
Por lo demás, es una responsabilidad no atribuible al Bloque
Nacionalista Galego que esta proposición no de ley venga a esta
Comisión. Estaría totalmente justificado por el punto cuarto, si bien
sería más lógico que los puntos primero, segundo y tercero que fuesen
debatidos en la Comisión de Infraestructuras. Una cuestión
procedimental nunca puede ser un argumento para negarse a un debate o
a una toma de decisión respecto de lo que se pide.
Espero que este sea un primer paso para sacar la situación de este
impasse que está centrado exclusivamente en una correlación de
fuerzas corporativista que no puede dirimir lo que, en todo caso, es
un problema académico y de titulaciones a clarificar, un problema de
trabajo y de salidas profesionales que tiene que partir del supuesto
de que todos tienen que tener por lo menos unas salidas profesionales
adecuadas a la titulación universitaria que se les prometió y para la
que están estudiando la carrera de ingenieros técnicos navales.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista va a apoyar la proposición no de ley que hoy debatimos,
relativa a las competencias profesionales de los ingenieros técnicos
navales y cuyo posicionamiento político ha quedado bien claro, en el
caso de la diputada que les habla, en manifestaciones de apoyo a los
colectivos implicados, tanto en el Colegio de Ingenieros Técnicos
Navales como con los alumnos de la Escuela de Ingeniería Técnica
Naval de Ferrol con los que hemos mantenido reuniones que hacemos
extensible también a Madrid, Cartagena, Barcelona, Cádiz y Las
Palmas, lugares donde existe la posibilidad de estudiar la carrera de
ingeniería técnica naval.
Quiero dejar constancia, como cuestión previa, de una queja por no
recibir contestación a una pregunta escrita relativa a este tema,
donde le pedíamos al Gobierno explicaciones concretas del Real
Decreto 1837/2000, que entró en vigor el pasado 28 de febrero;
pregunta en la que, como es habitual, ha transcurrido con exceso el
plazo de respuesta y que nos obliga a presentar un recurso ante esta
Cámara, ya que es necesario muchas veces para hacer un trabajo
concienzudo y evitar iniciativas que de otra manera se podían obviar.
Es a todas luces incomprensible la entrada en vigor de un real
decreto muy contestado que deja a los ingenieros técnicos navales en
una situación de vaciado total de competencias. Tiene un articulado
muy confuso y lo centramos principalmente en las reivindicaciones que
hace este colectivo: imposibilidad de firmar proyectos de ningún
buque, imposibilidad de desempeñar dirección de obra de ningún buque
de nueva construcción, imposibilidad de efectuar inspección global de
ningún buque. Tenían reconocidas con anterioridad estas competencias
en la Ley 12/1986, ley del Gobierno Socialista, en la que se
regulaban unas atribuciones que venían dadas pero que no estaban
delimitadas, dando paso a una situación que venía siendo tolerada de
facto. Hasta la aprobación de este decreto al que hacemos referencia,
esas competencias eran compartidas con los ingenieros titulados
superiores con los que había una excelente convivencia. Quiero
resaltar que hay un tremendo fraude, primero, con los ingenieros
técnicos navales, que estaban ejerciendo y que ahora ven mermadas sus
competencias y, segundo, con los estudiantes que optan a una carrera
con unas expectativas que cuando la terminen no tendrá nada que ver
con la que habían elegido. Esto es tremendo y así lo manifiestan los
colectivos implicados con los que hemos tenido reiteradas
conversaciones.
Por otra parte quiero resaltar, que este real decreto se ha hecho,
como ya se ha dicho también aquí, de espaldas a los colegios
oficiales, a las representaciones de estudiantes y sin ningún
diálogo. Es cierto que el Gobierno envió hace algún tiempo un
borrador de real decreto, pero no tiene nada que ver con el Real
Decreto 1837/2000, puesto que se ha jugado, con las toneladas de
registro bruto de diez, de cinco y hasta cero, y tuvieron
conocimiento de él cuando ya era un hecho consumado. Este numeroso
colectivo ve mermadas sus competencias de una manera totalmente
arbitraria, ya que ambos cuerpos, los ingenieros técnicos y los
titulados superiores, compartían competencias. Hay que decir que en
la situación actual los titulados superiores tienen que tener el don
de la ubicuidad, tarea a todas luces imposible de cumplir, lo cual
entra en contradicción con el buen ejercicio de la profesión. ¿Qué se
pretende con ello? ¿Cómo va a resolver el Gobierno esta incoherente
situación? Son respuestas que nos gustaría conocer. Sería deseable, y
es mi propuesta, que desde el consenso al que está dispuesto mi
grupo y pese a que el único culpable de la situación es el Gobierno
del Partido Popular alcanzaramos una transaccional que permita dar
salida a la grave situación creada con la publicación del real
decreto, resolviendo lo antes posible un problema que tiene
consecuencias muy negativas.
Quiero resaltar también las dificultades añadidas que viven los
ingenieros técnicos navales a la hora de acceder al segundo ciclo de
carrera para alcanzar la titulación superior. Se les obliga a iniciar
el segundo curso sin una compatibilidad de estudios razonable con el
argumento que les faltan créditos. Habrá que buscar fórmulas que
faciliten a estos ingenieros técnicos navales acceder a este segundo
ciclo en condiciones normales. La situación que viven los estudiantes
y los titulados en ingeniería técnica naval va en contra de la
homologación de títulos con la Unión Europea. Existe la contradicción
de que nuestros ingenieros técnicos navales pueden trabajar como
antes lo hacían en Portugal, Noruega y Francia mientras que en España
se les veta. Díganme cómo resolver esa contradicción y no crear más
problemas a este colectivo.
Reiteramos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la
proposición no de ley. Somos conscientes de las dificultades de
algunos de sus apartados específicos, ya que lo más deseable es que
de aquí salga una transaccional que abra puertas, que abra vías de
negociación, que abra diálogo con los colectivos afectados que
permita a corto plazo modificar esta situación injusta creada con la
publicación del real decreto que recorta competencia y frustra
expectativas a un importante colectivo como son los ingenieros
técnicos navales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
voy a exponer nuestra posición respecto a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre títulos de
ingeniería técnica naval. Ante la introducción de criterios
restrictivos en el ámbito de la actuación profesional de los
ingenieros técnicos navales, operada por el Real Decreto 1837/2000,
la iniciativa que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto en esta Comisión propone, en primer lugar, derogar la
disposición adicional segunda del Real Decreto 1837/2000, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y
certificación de buques civiles. En segundo lugar, buscar un acuerdo
con los colegios profesionales de ingenieros navales y de ingenieros
técnicos navales para delimitar facultades y atribuciones de unos
y otros. En tercer lugar, restablecer las atribuciones y facultades
reconocidas a los ingenieros técnicos navales en la resolución del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 10 de mayo de
1989. Y,
por último impulsar las medidas necesarias para que los estudios de
ingeniero técnico naval se consideren como primer ciclo de los
estudios de ingeniero naval o ingeniero naval y oceánico.
De los cuatro puntos de que costa la proposición no de ley sólo el
último afecta a las competencias del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, el que hace referencia a instar al Gobierno para que, en
colaboración con las comunidades autónomas, impulse esas medidas a
las que antes hacía referencia. No obstante, y como el portavoz no ha
hecho mucho hincapié en los antecedentes de la posición del Gobierno,
quisiera hacer una escueta referencia a la contestación de Gobierno a
una pregunta del portavoz en esta proposición no de ley sobre las
razones por las que no se tuvo en cuenta la Ley 12/1986, de 1 de
abril, de atribuciones de arquitectos e ingenieros técnicos en lo
relativo a los ingenieros técnicos navales, a la hora de elaborar el
Reglamento de inspección y certificación de buques civiles. El
Gobierno contesta que el Real decreto 1837/2000, de 10 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de
buques civiles, se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la ley a la
que antes, hacía referencia de 1986, sobre regulación de las
atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos,
así como a la doctrina del Consejo de Estado y a la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo, en virtud del principio de Jerarquía normativa
y del mandato constitucional por el que la Administración pública,
actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Garantía de ello
es que la tramitación del citado real decreto se efectuó de acuerdo
con el procedimiento legalmente establecido, habiendo dado doble
trámite de audiencia al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Navales: inicialmente el 8 de enero de 1998 y después el 11
de mayo del mismo año, tras formularse ciertas observaciones por los
interesados. Finalmente, fue sometido a los preceptivos informes de
la Secretaría General Técnica del Consejo de Estado. El dictamen del
Consejo de Estado mantuvo, en cuanto a las atribuciones profesionales
de los ingenieros técnicos navales, el criterio ya manifestado en
1988 cuyos fundamentos jurídicos fueron asumidos posteriormente por
sendas sentencias de la Audiencia Nacional de fechas 15 y 18 de
octubre de 1992.
El Gobierno consideró que, precisamente para mejorar y garantizar los
estándares de seguridad marítima, era necesario actualizar la
normativa sobre esta materia, que databa de 1971; y estableció un
plazo de tres meses de vacatio legis, que finalizó el 28 de febrero
pasado, en el transcurso del cual se celebraron reuniones de trabajo
sobre el nuevo reglamento.
En consecuencia, señorías, el Gobierno no cree que deba establecerse
ninguna moratoria en la entrada en vigor y aplicación del citado
Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, que, por
otra parte, entró en vigor el pasado 28 de febrero.
En cuanto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el último de
los apartados de la petición que hace el portavoz del Grupo Mixto
dice textualmente: El Congreso insta al Gobierno a que, en
colaboración con las comunidades autónomas, impulsen medidas
necesarias para que en las universidades del Estado español se
consideren los estudios de ingeniero técnico naval como primer ciclo
de licenciatura de ingeniero naval o ingeniero naval oceánico,
dotando a los planes de estudio de la debida coherencia y
complementariedad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28,
apartado uno, de la Ley de Reforma Universitaria, es el Consejo de
Universidades quien debe efectuar la correspondiente propuesta, cosa
que no ha ocurrido hasta el momento. Por todo ello, este grupo
parlamentario va a votar negativamente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las ocho proposiciones no de ley
en el orden en que han sido debatidas, con arreglo al orden del día
modificado al comienzo de esta sesión.
Empezamos por la proposición no de ley sobre la concesión de becas
para estudios universitarios, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición relativa al aumento de la cuantía de
las becas y de los umbrales para obtenerlas, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 23
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre modificación de la Orden de 15 de junio
de 1998, para no discriminar al estudiantado gallego de extracción
rural en la solicitud de becas y ayudas al estudio, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En cuarto lugar, proposición no de ley relativa a la mejora de la
financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 5, relativa a la preparación y presencia
del deporte femenino en el ámbito español. Se vota en los términos
resultantes de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y aceptada por la señora Montelongo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley por la que se
condenan los sucesos ocurridos durante la celebración de la Copa
Davis en el Palau San Jordi de Barcelona, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la gratuidad de materiales didácticos en
la educación obligatoria, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, proposición no de ley relativa al título de ingeniero
técnico naval, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ruego a los miembros de la Mesa y a los portavoces que permanezcan en
su sitio, porque tenemos reunión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.
Corrección de error.- En el 'Diario de Sesiones' núm. 241,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el martes, 29
de mayo de 2001, se omite en la portada, por error, la comparecencia
de la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, para explicar
el proyecto de reforma que va a llevar a cabo en la Ley de
Universidades, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/000378).