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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 254, de 05/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 254
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3995 a la 4080. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 5 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor delegado del gobierno para la Extranjería y
la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana) para informar sobre:
- Fórmulas para regularizar a los inmigrantes que tienen una oferta
de trabajo y que están irregularmente en España. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000374.) .
. . (Página 7597)
- El programa de retorno voluntario de ciudadanos de la República del
Ecuador puesto en marcha por el Gobierno. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
212/000405.) . . . (Página 7613)
- A qué partida de los Presupuestos Generales del Estado se han
imputado los gastosde retorno de los ciudadanos ecuatorianos que
están en España, qué autoridad, órgano o dependencia ha
aprobado el mencionado gasto, en base a qué resolución o norma se ha
realizado el mismo, a qué empresas y mediante qué procedimientos se
ha adjudicado el servicio y cuáles son los motivos que justifican las
cantidades desembolsadas. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000456.) . . . (Página 7618)
- Criterios sobre cultura, religión y lengua en la priorización del
cupo para inmigrantes. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000419.) . . . (Página 7623)
- La financiación del Plan Greco. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000466.) . . . (Página 7628)
Preguntas:
- Del señor López Aguilar (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la
opinión del Gobierno acerca de la expulsión de cuatro menores que se
alojaban en el centro de acogida de menores de la isla de
Fuerteventura. (Número de expediente 181/000787.) . . . (Página 7636)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés
Eulate) para informar sobre:
- La actuación desmesurada de las Fuerzas del Orden Público en contra
de los miembros de la Unió de Pagesos-COAG, que el día 29 de
septiembre de 2000 protestaban en Barcelona, Girona y Tarragona
contra los precios del carburante. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000173.) . . .
(Página 7639)
- Medidas para combatir el aumento de la violencia y la inseguridad
ciudadana en Barbate (Cádiz) tras el secuestro de jóvenes
narcotraficantes. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/000204.) . . . (Página 7639)
- La actuación de la Guardia Civil en las Cortes de Castilla y León
el día 13 de noviembre de 2000. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000222.) . . (Página 7646)
- La represión y la violencia extrema a la que fueron sometidos por
parte de las Fuerzas de Seguridad los miembros de la 'Xarxa Ciutadana
per A L'Abolició del Deute Extern' (Xcade), que el día 26 de
noviembre de 2000 se manifestaban ante el Congreso para denunciar la
postura del Gobierno español. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/000240.) . . . (Página 7651)
- Las instrucciones que haya podido dar el delegado del Gobierno en
la Comunidad de Madrid en relación a la celebración de
manifestaciones, así como las razones que justifican el hecho de no
cesar de forma inmediata a un delegado del Gobierno que se destaca
únicamente por su obsesión represiva de todo tipo de manifestaciones,
siendo el último ejemplo de estas prácticas represivas los hechos
acaecidos el pasado día 22 de marzo con motivo de una manifestación
de médicos en la ciudad de Madrid. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000369.) . . . (Página 7652)
- La actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las
concentraciones pacíficas realizadas en el Centro de Internamiento de
Capuchinos, de Málaga, los días 12 y 14 de mayo de 2001. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 213/000426.) . . . (Página 7658)
Preguntas:
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
agentes de la Guardia Civil de Tráfico fallecidos en acto de servicio
durante los últimos cinco años, así como causas que han ocasionado
tales muertes. (Número de expediente 181/000494.) . . . (Página 7665)
- De la señora Torme Pardo (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre el balance de la actuación del Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) durante el año 2000. (Número de
expediente 181/000544.) . . . (Página 7668)
- Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre medidas de prevención y protección contra la enfermedad de la
encefalopatía espongiforme bovina (EBB) llevadas a cabo por el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). (Número de
expediente 181/000836.) . . . (Página 7668)
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas a adoptar para que agentes de la Guardia Civil que están
dedicados de hecho a oficios diferentes a su profesión sean adscritos
a funciones propias de su condición de Guardias Civiles. (Número de
expediente 181/000616.) . . . (Página 7669)
- Del mismo señor diputado, sobre justificación de la restricción de
las cantidades de consumo de gasolina para los vehículos de la
Guardia Civil. (Número de expediente 181/000666.) . . . (Página 7673)
- Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre previsiones acerca del desarrollo normativo de la Ley de
Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. (Número de
expediente 181/000837.) . . . (Página 7676)
- Del mismo señor diputado, sobre los avances producidos en materia
de ayudas y becas para los miembros de la Guardia Civil durante los
últimos dos años. (Número de expediente 181/000838.) . . .
(Página 7677)
- Del mismo señor diputado, sobre evolución de los créditos de
productividad para la Guardia Civil durante los años 1996 a 2001.
(Número de expediente 181/000839.) . . . (Página 7678)
- Del mismo señor diputado, sobre evolución de las cuantías de las
dietas para la Guardia Civil en los años 1997 a 2000. (Número de
expediente 181/000840.) . . . (Página 7678)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y
LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA) PARA INFORMAR SOBRE:
- FÓRMULAS PARA REGULARIZAR A LOS INMIGRANTES QUE TIENEN UNA OFERTA
DE TRABAJO Y QUE ESTÁN IRREGULARMENTE EN ESPAÑA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000374.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señoras y señores diputados,
señor delegado del Gobierno. Vamos a dar comienzo a la sesión, que
tiene por objeto la celebración de la comparecencia del señor
delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración para
informar sobre los diferentes asuntos que figuran en el orden del
día. El primero de ellos se refiere a las fórmulas para regularizar a
los inmigrantes que tienen una oferta de trabajo y que están
irregularmente en España. Para exponer sus puntos de vista sobre la
materia, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor presidente, señorías, la
normativa vigente sobre extranjería establece los
diferentes procedimientos para la tramitación de las solicitudes de
permiso de trabajo y residencia para trabajadores extranjeros que se
hallen fuera de nuestro país y dispongan de ofertas de empleo
suscritas por empresas o empleadores radicados en España. Estos
procedimientos señalan los requisitos necesarios para la obtención
del preceptivo visado y de la correspondiente autorización para
trabajar. No obstante, dicha normativa también permite, como bien
saben SS.SS., regularizar la situación de personas extranjeras que
estén irregularmente en España y acrediten determinadas condiciones.
En este sentido, el artículo 31.4 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, establece la posibilidad de conceder permisos de
residencia temporal a extranjeros cuando concurran en ellos razones
humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite su
grado de arraigo en la sociedad española. Sobre este último supuesto,
que podría conectarse con la solicitud de comparecencia que hace el
Grupo Parlamentario Socialista, cabe señalar como una contribución
a la valoración positiva del arraigo que pudiera acreditar la persona
extranjera la existencia de una oferta de empleo en relación con la
posibilidad de acceder al mercado de trabajo, puesto que obviamente
estamos hablando de inmigración laboral.
Para la obtención de un permiso de residencia está prevista a su vez
la posibilidad de concesión de exenciónde visado, figura regulada en
la Orden ministerial de 11 de abril de 1996, igualmente contemplada
en el artículo 31.7 de la antes mencionada Ley orgánica de
extranjería, que determina los supuestos en los que cabe conceder
tales exenciones para la posterior autorización del permiso de
residencia y que recoge las situaciones de motivos de interés
público, humanitarios, la existencia de conflictos bélicos en los
países de origen de las personas extranjeras o por razones
individuales de los inmigrantes cuyas circunstancias personales,
sociales o políticas así lo aconsejen, entrando por lo tanto, como
consecuencia de la aplicación de todos estos criterios, en la
inmigración por razones de asilo o de refugio como dos realidades
perfectamente diferenciadas y que el Gobierno cree que debe seguir
distinguiendo a todos los efectos.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra el
señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor delegado, nos ha informado usted de
lo que está en el BOE. Nos parece bien, pero el BOE es una
publicación que algunos de los que estamos aquí acostumbramos a leer,
y sabemos lo que dice el artículo 31.4, por ejemplo, de la Ley 8/2000
y conocemos la normativa vigente. Como no estamos en clase en la
Facultad de Derecho, lo que mi grupo considera necesario que el
Gobierno realice por su boca es una explicación de cuál es la
realidad de los distintos procesos de regularización que de forma
anárquica e incontrolada se han ido realizando en este país desde que
ustedes consiguieron la Ley 8/2000. Lo que usted nos ha dicho es
verdad, porque es una simple descripción de la normativa legal, pero
no tiene nada que ver, señor delegado, con el país real, con lo que
realmente está ocurriendo. ¿O no son procesos de regularización los
que acaban de culminar después de los acuerdos con los encerrados en
la iglesia de Santa María del Pi de Barcelona? ¿O no son procesos de
regularización, que no están incluidos en la exposición jurídica que
nos ha hecho usted, los que se contienen en el acuerdo con Colombia o
en el acuerdo con Ecuador, y luego tendremos ocasión de hablar más
extensamente del caso del Ecuador? ¿O no lo son los acuerdos de
Murcia? ¿O no lo son los que pretenden, como consecuencia de esta
errática trayectoria de su Gobierno, con la regularización de los
ahora encerrados en Huelva?
Señor delegado, nos encontramos con un panorama en el que el famoso
efecto llamada se produce sencillamente por la ausencia total de
política de regularización por parte de ustedes. Lo cierto es que
existe una desorientación total y completa en el Gobierno, a nuestro
entender, y también en la opinión pública, sobre cuáles son las
normas realmente vigentes al respecto; no las del BOE, sino aquellas
que aplican ustedes, porque las del BOE las conocemos, repito. Este
efecto llamada realmente existente hace que vengan inmigrantes que ya
se encontraban en Europa, por ejemplo de Italia y Francia, como los
2.000 que llegaron hace 15 días a
Barcelona. Cualquier rumor, por descabellado que pueda parecer,
resulta creíble, dados los antecedentes, y cuando corre el rumor de
que en Barcelona va a ser legalizado todo el mundo, como no se sabe
cuáles son los criterios, como cada vez se han aplicado de forma
distinta, como ustedes han actuado a bandazos y como simple reacción
a las peticiones, sin una política claramente detectable, se lo
creen, vienen a través de las redes organizadas para eso, se da más
trabajo a las mafias, no se previene la existencia de las mafias de
redes de inmigrantes, sino que se favorece su negocio, y al final nos
encontramos con una situación en la que resulta absolutamente
imposible definir un marco general de cuál es la política de
regularización en el país. Ello es malo, señor delegado, para la
dignidad de las personas; es malo porque introduce en el mercado de
trabajo la posibilidad de explotación, más allá de cualquier
posibilidad de soportarlo, porque lleva a situaciones de
enfrentamiento entre los propios inmigrantes, porque crea situaciones
de desigualdad de acuerdo con el punto geográfico en que se aplique
la no política del Gobierno sobre la regularización y porque llega a
extremos de provocar incluso apuñalamientos en las colas en
Barcelona, al mismo tiempo que llegan 2.000 inmigrantes atraídos por
el rumor que ustedes hacen creíble con su ausencia de política y se
terminan 49 contratos de funcionarios de la Subdelegación del
Gobierno en la oficina de extranjería, sin que se sustituyan por
nuevo personal.
Señor delegado, no existe, por desgracia -y por eso nos ha explicado
usted sencillamente lo que dice el BOE y que ya sabemos-, una
política general de regularización, que es absolutamente necesaria
para aquello que usted siempre nos dice cuando comparece en esta
Comisión, y específicamente el 27 de febrero de este año: que una de
las prioridades absolutas es la de luchar a favor de la dignidad del
ser humano y en contra del tráfico de personas organizado por las
mafias y que hay que evitar las tragedias que se producen con eso. Es
contradictorio no tener política, porque este es el auténtico efecto
llamada.
Señor delegado, se publica hoy en la prensa que ustedes han llegado
al convencimiento de que teníamos razón los que les aconsejábamos
respecto a una modificación o a no poner en la Ley 8/2000 lo que
ustedes recogieron respecto a la regularización. Así, aparece la
noticia de que en el reglamento van a establecer un concepto nuevo de
regularización con el arraigo de tres años y que se considerará como
tal la incardinación real o potencial en el mercado de trabajo, lo
cual, si se interpreta adecuadamente, supone regularizar a todas las
personas que estén aquí, porque todo el mundo puede estar
potencialmente incardinado en el mercado de trabajo. Nosotros
pretendíamos convencerles de que era necesaria una regularización
global que liquidara hasta el límite posible -porque sabemos que el
límite cero es una utopía imposible de conseguir por la misma
esencia de las cosas- el número de irregulares en España y que a
partir de aquí pudiéramos empezar a hacer algo que tampoco hacen
ustedes, que es una política de inmigración, no sólo de
regularización sino de control de flujos, de establecimiento de
contingentes, etcétera, porque si no los contingentes van a continuar
sirviendo, como por desgracia hasta ahora, para regularizaciones
encubiertas y no para una política real nueva de flujos de
inmigración. Por una parte, nos congratulamos de que ustedes
rectifiquen, que intenten poner orden en el desorden que han creado y
que a través del reglamento se establezca un concepto único de
arraigo y una posibilidad única de regularización. Sin embargo, nos
preocupa, porque no tenemos más noticia que la aparecida en los
medios de comunicación, el hecho de que esta rectificación que
realizan ustedes en el reglamento, y de la que nos alegramos, no
tenga una fecha. Si a lo que vamos es a un proceso amplio de
regularización permanente, difícilmente vamos a poder llegar también
a establecer políticas de prevención del tráfico de los seres
humanos.
El país, los inmigrantes, todos los sectores sociales y económicos
necesitan que haya una política clara de regularización. Nosotros se
lo solicitamos. Pedimos explicaciones y nos contestan ustedes con el
BOE. Vamos a continuar pidiendo explicaciones e intentando que haya
una política de regularización sensata, unificada y clara que no dé
lugar a la explotación por parte de las mafias, que no dé lugar a las
desigualdades a las discriminaciones entre los inmigrantes. Le
aseguro, señor delegado, que el diputado que le habla quiere ser
convencido por usted de que existe esta política, de que van a
llevarla a cabo y de que, a partir de ahora, podemos dedicarnos no ya
a ver cómo arreglamos lo que se ha hecho mal hasta ahora, sino a
hacer conjuntamente las cosas bien en el futuro.
El señor PRESIDENTE: ¿Resto de los grupos que quieran intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Reciba, señor delegado, la bienvenida,
como siempre en esta Cámara, en nombre de la formación política a la
que represento, cuya presencia hoy aquí quizá le produzca cierta
sorpresa, puesto que usted me reconocerá que nos ha tenido
absolutamente desaparecidos u ocultados durante la tramitación del
reglamento. La última vez que tuve ocasión de hablar con la
Delegación, con usted mismo por cierto, fue antes de Semana Santa. Se
me dijo que después de las fiestas hablábamos y hasta hoy ha
transcurrido un cierto tiempo y mi formación política no ha tenido
ocasión de dejar constancia de cuál es su postura en relación con el
reglamento, posibilidad que aprovecharé hoy porque vienen al hilo de
las peticiones de comparecencia, singularmente de la primera, las
noticias
que hoy se incluyen en un notable medio de comunicación,
haciéndole la advertencia al presidente, para que no se tema lo peor
en cuanto a duración de la intervención, que será esta la única que
haga en toda la mañana, puesto que debo ausentarme para estar
presente en la recepción que el presidente de Chile efectúa dentro de
un momento en el Senado.
En primer lugar, querría manifestar, puesto que viene al hilo,
repito, del contenido de la primera petición de comparecencia, con
qué condicionantes puede intervenir la formación política a la que
represento, puesto que ignoro cuál ha sido el devenir de los
sucesivos textos o acuerdos entre grupos. Tenemos una oportunidad
restringida de intervención eficaz -puedo así manifestarlo- y resulta
muy difícil valorar un reglamento de ejecución de una ley respecto de
la cual mi formación política tuvo serios reparos en cuanto a la
restricción de derechos que plantea. Nuestra objeción principal -y
creo que también se ha manifestado y tiene que ver con la pregunta
sobre las posibilidades de regularización- es que el reglamento
plantea un esquema de actuaciones tan extraordinariamente
burocrático, y a veces hasta arbitrario, si me permite manifestarlo,
que sinceramente creemos que no puede proporcionar un mínimo orden
eficaz en la tramitación y gestión de asuntos tan perentorios como
los que se contienen en la Ley de extranjería como sería el caso más
inminente de las regularizaciones. Desde luego en el texto hay
grandes oportunidades para la reforma, en el sentido de hacer la
actuación pública, como suele decirse, más eficiente y eficaz, pero
se ha hecho con un carácter cuasi represivo, más que en el sentido
propiamente administrativo del servicio. Hay que enfrentarse al
problema de fondo de las entradas masivas, por supuesto, y en esto sí
tiene razón el reglamento al intentar hacerlo, pero creemos que el
control y el rigor deben emanar de unos servicios públicos eficaces y
de un régimen de actuaciones ordenadas, con procedimientos sencillos
y claros, que no es lo que contiene el reglamento. Se establece un
modelo de actuación administrativa con demasiadas actuaciones e
instancias, incluso con instancias de decisión distintas y con
excesivos informes colaterales, que lo que van a posibilitar en el
fondo son interpretaciones arbitrarias en ocasiones. Asimismo en
algunos casos se dan verdaderas cabriolas para conseguir que a uno le
estampen su sello definitivo los ministerios de Asuntos Exteriores,
Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, incluso con viajes de ida y
vuelta, si bien parece que esta es una tendencia a restringir. El
esfuerzo debiera tender a concentrar todas las actuaciones en la
correspondiente oficina de extranjería, que debiera radicar en las
subdelegaciones del Gobierno. Además, a quienes entran, y esto viene
a cuento de las regularizaciones, se les exige un estado de
excelencia en sus papeles que es difícil que se pueda predicar para
una persona que pretende la entrada enlas circunstancias en que
suelen pretenderla. Quizá el
reglamento debiera ser más firme en estos requisitos de excelencia y
de calidad cuando se trate de terceras personas que obtengan un lucro
hasta de la estancia de los extranjeros, como es el claro ejemplo de
los empleadores, debiendo ser más laxo con los propios interesados,
que, repito, en muchas ocasiones tienen una imposibilidad absoluta de
poder tener esta excelencia en sus papeles.
Se echa en falta una cierta creatividad para dar un mayor papel en el
reglamento -quizá ya lo tienen pero mi formación política ha estado
ausente de las negociaciones- a las organizaciones humanitarias y a
las propias ONG reconociéndolas en las múltiples facetas de amparo,
interlocución y representación de los colectivos de extranjeros. Ya
conoce el señor delegado y también la Comisión las quejas que existen
respecto de la posibilidad de interponer recursos y de la carencia de
legitimación que en la ley se contiene y, sin embargo, mi formación
política sostiene que la legislación vigente, la aplicable, es la Ley
de la jurisdicción contenciosa. Tampoco hay medida alternativa alguna
conectada a las consecuencias que para los extranjeros en situación
ilegal tiene el no reconocimiento de determinados derechos, cuando es
público y notorio que se está llegando a acuerdos con ellos, en unos
sitios sí y en otros no, pero se da una validez a las negociaciones
que se hacen con ilegales y alguna traslación debiera tener esto en
el reglamento. Sobre todo echamos en falta, hablando también de la
regularización, un capítulo de mayor calado que aborde el esquema de
comportamiento y de medidas activas respecto de la cuestión
fundamental, que es la de la integración social.
La tercera y última cuestión general es el nulo papel que se da en el
reglamento a administraciones distintas de lo que es la
Administración general del Estado. El texto que conocemos es
completamente endogámico, como si al redactor le hubieran pedido
hacer un esfuerzo extra para que no aparezcan ni en pintura poderes
públicos distintos de los del Estado. Cierto es que la competencia
del Estado, por el artículo 149.1.2.ª, existe, y así está, en materia
de inmigración, extranjería y derecho de asilo, pero la
transversalidad de las políticas inmigratorias es ya un dato con el
que se cuenta en todos los sectores. Creemos que la clave no debiera
ser la creación de servicios paralelos con un despliegue territorial
pero dependientes exclusivamente del Estado, sino fomentar la
cooperación y la colaboración con las oficinas de extranjería desde
las propias comunidades autónomas.
Para no extenderme más diré que somos perfectamente conscientes de
que existen distintas dificultades en las diferentes comunidades
autónomas. Ciertamente, lo que de problema pueda tener la inmigración
-aunque odio referirme a ella en términos de problema- es muy
distinto en la comunidad andaluza, la madrileña, la catalana, la
valenciana o la de Murcia que lo que pueda ser todavía en las
comunidades del norte, pero también
debe tenerse en cuenta la disposición de todas estas comunidades para
participar en las políticas de recepción y de integración social de
los inmigrantes en las mejores condiciones posibles. Aunque mi
partido sólo tiene presencia en la Comunidad Autónoma vasca, le
interesa cómo se produzca la integración de los inmigrantes en
cualquier parte del territorio del Estado, en cuanto estamos hablando
de tutela y garantía de derechos, y en la media en la que, como bien
sabe el señor delegado, el mandato representativo no existe; todos
los temas de interés general preocupan a cualquiera de los diputados
de mi formación política. Creemos que debiera hacerse algún caso a
las comunidades autónomas que todavía no podemos tener encendidas
esas luces de alarma permitiendo, repito, la cooperación y
colaboración en forma distinta a la que se está dando, con la
asunción de actividad prestacional sociosanitaria y de servicios
sociales a los extranjeros, permitida para las comunidades autónomas
y no creando redes paralelas, con la definición autónoma de los
propios contingentes de necesidades de trabajadores y con la gestión
institucional de estos asuntos de índole laboral.
Concluyo manifestándole una vez más que no atribuya a grosería mi
ausencia de la Comisión tras esta intervención que puede tener algún
toque de airada, porque debo de estar en el Senado en breves
momentos. Leeré con entusiasmo su contestación y desde luego mi
formación política acudirá a cuantas reuniones se convoquen sobre
esta materia y cuantas veces sea llamada. Es más, le agradecería que
nos facilitase lo que se considera texto último, tal y como anuncia
hoy un conocido medio de comunicación, que piensa cerrar con las
formaciones políticas, distintas de la mía por lo que se ve, y espero
no tener que enterarme del contenido del reglamento por el Boletín
Oficial del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias por su comparecencia en esta
Comisión, señor FernándezMiranda. Dados los conflictos existentes
hoy, fundamentalmente en Almería y Huelva, quisiera aterrizar.
Nosotros, que participamos en la plataforma de Huelva junto a
asociaciones y ONG que están negociando esta situación, pensamos que
hay una solución a cortísimo plazo simplemente con la aplicación de
normas que ustedes han enunciado, con la aplicación creo recordar que
del artículo 31.4 de la Ley 8/2000. Hay una situación muy concreta en
Huelva y Almería que se puede solucionar de inmediato, junto a otros
temas que vamos a plantear en otro momento. Me parece que esa
situación requiere de ustedes una especial atención que, a nuestro
juicio, no está siendo suficientemente coordinada. Sé que les faltan
muchas veces interlocutores a nivel estatal; no se ha logrado esa
plataforma estatal, pero sí existen las plataformas provinciales,
están funcionando
y, concretamente en Huelva, están en contacto con el señor
subdelegado; los sindicatos, que también participan, van a tener una
relación directa con el delegado del Gobierno. ¿En qué situación
estamos? En la de que los inmigrantes hacen falta a la sociedad y a
la economía españolas y a la sociedad y a la economía de Huelva y
Almería; hacen falta como trabajadores a corto plazo en el caso de
Almería, y también en Huelva, y es necesario fijarlos en estas
provincias como trabajadores porque, si no, la cosecha no se
recogería. Lo vienen planteando no sólo los sindicatos sino también
los empresarios y la sociedad en general. Ustedes han visto que esto
es así e intentan dar una salida a este problema a partir de las
razones humanitarias que recoge esta nueva ley concediendo permisos
de residencia temporales y promoviendo la idea del arraigo.
En Almería, el subdelegado del Gobierno, señor Hermoso, dice que no
estamos ante un nuevo proceso de regularización. Por desgracia, no lo
estamos y nosotros seguimos pidiendo que todos los que están deben
ser regularizados, con independencia de cómo normalicen u ordenen
ustedes después los flujos y las nuevas entradas. Usted me va a
contestar que no es posible y nosotros seguiremos insistiendo hasta
el infinito. El señor Hermoso plantea que se trata simplemente de
proporcionar lo que él llama visado temporal sólo a los que residen
ya en la provincia, para que puedan trabajar acogiéndose al artículo
31.4 de la Ley de extranjería, por razones humanitarias. A partir de
ahí, se ha formado una serie de colas con gente que intenta demostrar
que vivían en Almería, que llevaban allí un tiempo; es cierto que a
Almería y a Huelva también ha venido gente de otras provincias, y
después veremos cómo se solucionaría este tema, separando las dos
circunstancias. En Almería la gente intenta probar su arraigo en la
provincia mediante los documentos correspondientes demostrando
también que disponen de trabajo mediante la presentación de contratos
o de precontratos en los términos establecidos. Yo creo que se puede
conseguir con facilidad que mucha gente quede satisfecha en función
de este permiso temporal, separando las dos situaciones: la gente que
vive en la provincia de Almería de la gente que viene de otras
provincias, a los que (ahora pasaré al tema de Huelva) habrá que
decirles que en su provincia de origen tienen ese mismo derecho. Es
el despiste de muchos de ellos, que se trasladan rápidamente allí
donde saben que existe esa posibilidad, sin saber -porque no hay
información suficiente, hay una cierta falta de coordinación, si no
llega al caos- que en su provincia de origen tienen esa misma
posibilidad.
Señor Fernández-Miranda, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora y por
qué ha estallado el problema en Huelva? En Huelva, el 80 por ciento
de los trabajadores que han estado este año en la campaña de la fresa
han sido inmigrantes sin ningún tipo de papel. Algunos ya llevaban
trabajando en España un cierto tiempo -bastantes llevaban hasta
seis años- y muchos de ellos habían ido a la Subdelegación del
Gobierno, incluso con un precontrato de trabajo, demostraban que
estaban en España antes del 23 de enero o del 31 de enero y
solicitaban legalizar su situación al nivel que pudiera ser: si era
regularización total, por descontado era lo mejor, pero en todo caso,
con la nueva ley (estamos hablando de antes del 23 de enero), para
obtener ese permiso temporal del que ustedes hablan. Pues bien, todas
esas solicitudes han sido sistemáticamente denegadas, hasta cinco
veces. A partir de ahí, se encierran y viene gente de otras
provincias. Señor Fernández-Miranda, cuando parecía que poco a poco
algo se iba ablandando, ustedes ponen una condición que nos lleva a
una aporía, a un camino sin salida, y le quiero decir que esta gente
no tiene nada que perder, pueden aguantar meses en los encierros. La
aporía es que el subdelegado del Gobierno dice que no se reúnen con
nadie -hay interlocutores organizados, la plataforma, por ejemplo-
mientras no se acaben los encierrros. Yo creo que hay que hacerlo
todo simultáneamente. Ya se han presentado unas 135 peticiones, con
toda la documentación, de cara a la consecución de este permiso
temporal, y se seguirán presentando hasta cerca de 400 peticiones. Si
por una parte hacemos esta negociación y, por otra, se van
produciendo las regularizaciones correspondientes a la provincia de
Huelva o antes a la de Almería -estoy hablando del arraigo
provincial-, de cara al trabajo que se necesita que realicen estas
personas en esas provincias, y al mismo tiempo se habla con los que
proceden de otras -por cierto, en la provincia de Huelva pueden ser
muy pocos- para hacerles saber que tienen ese mismo derecho en la
provincia de la que han partido, yo creo que se puede solucionar el
problema a corto plazo, señor Fernández-Miranda. Muchos de ellos
pueden acogerse a las razones humanitarias de la Ley 8/2000, en
función del trabajo que han realizado y de los documentos que tienen
-cuentas bancarias o cosas por el estilo-, que les pueden permitir
conseguir ese permiso temporal del que ustedes han hablado
explícitamente y que en Almería anuncia diariamente el señor
subdelegado del Gobierno. No es que haya un efecto llamada abstracto;
es que se les ha dicho que se trata de los que han trabajado en
Almería o Huelva, sin aclarar demasiado que en el resto de las
provincias de España tienen el mismo derecho. Ese es el error, esa es
la confusión que están sufriendo, señor Fernández-Miranda. Hay gente
que pensará: si me lo dan aquí en lugar de en Teruel, voy a aguantar
en el encierro, pero si se les explica que en Teruel, si reúnen los
requisitos necesarios, tienen el mismo derecho, la situación entrará
en un proceso de racionalidad y de solución. En Almería el problema
tiene visos de una solución más directa y más conforme con lo que
está predicando -ojalá se cumpla- el señor subdelegado del Gobierno.
En elcaso de Huelva, con encierros por medio, la situación
parece más dificultosa, pero tiene solución. Hay interlocutor, hay
mucha gente que ha trabajado en Huelva antes del 23 de enero, hay
muchísima gente que puede demostrarlo -ya se están presentando los
expedientes a través de la plataforma- y hay otra minoría con la que
se puede hablar tranquilamente para decirles que en su provincia de
origen tienen el mismo derecho. Hay solución, señor Fernández-
Miranda. No entro ahora -puesto que este es un tema mucho más
concreto que otros que vendrán después- en lo que supone la falta de
coordinación de su política en general. Creo que existe esta salida y
les ruego que la tomen aterrizando en el sitio y consiguiendo la
información correspondiente al día, a la hora y al minuto de lo que
está ocurriendo en Huelva y Almería, porque a veces se parte de
abstracciones, de formulaciones genéricas y eso bloquea totalmente la
situación e impide una salida que en este momento sería bastante
racional y bastante fácil de conseguir, si ustedes quieren aplicar de
verdad el artículo 31.4 de la Ley 8/2000 y, por razones humanitarias,
conceder ese permiso temporal a trabajadores que hacen muchísima
falta en Almería y en Huelva.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Esta comparecencia que plantea el Grupo
Socialista esta mañana nos da la oportunidad de abordar con cierta
profundidad en la Comisión de Justicia e Interior el proceso de
regularización que vive España en materia de inmigración.
La primera cuestión que preocupa a nuestro grupo es que desde el
segundo semestre de 1999, a finales de la pasada legislatura, cuando
estábamos a punto de cerrar los trabajos de reforma de la Ley del año
1985, los medios de comunicación españoles se han venido llenando de
informaciones anunciando regularizaciones. Desde finales de 1999
hemos generado una expectativa sobre las posibilidades de obtener
documentación en España. Prácticamente desde principios del año 2000,
cuando entró en vigor la nueva Ley de extranjería, 4/2000, hasta
ahora estamos viviendo un permanente proceso de regularización.
Nunca, desde el año 1985 hasta ahora, un trámite de documentación ha
durado tanto tiempo. Este es un hecho negativo. La comparación con
otros países de Europa nos indica que estos procesos largos, más que
resolver cuestiones, tienden a complicarlas, dificultando la gestión
por parte de las administraciones y manteniendo la expectativa
durante un largo tiempo.
Usted mismo afirmaba ayer, en una entrevista en La Vanguardia, que en
los últimos doce meses se han regularizado 225.000 personas. El hecho
de haber obtenido papeles es positivo para esas personas, pero es
evidente que no es bueno que ese proceso haya durado doce meses, ni
de cara a la seriedad de la Administración, ni para la situación de
indefensión en la que se
encuentran muchas de esas personas. La primera cuestión que nos
preocupa es esa excesiva duración del proceso de documentación, no ya
los doce meses que van desde el principio del año 2000, sino como
mínimo desde agosto del año 1999; al durar demasiado tiempo, ha
generado multitud de expectativas y, lo que es más grave, que hoy no
estemos en condiciones de cerrar esas expectativas, porque, día sí,
día también, aparecen informaciones contradictorias sobre la
posibilidad de nuevos procesos de documentación a finales de año,
sobre posibles acuerdos en una provincia o en otra. Son demasiadas
expectativas en este lapso de tiempo tan largo. Este trámite tan
largo de documentación no ha venido acompañado de un acuerdo
político, que se hubiese podido alcanzar en la Cámara hace unos meses
cuando diversos grupos parlamentarios solicitamos a través de
diversas proposiciones no de ley que se buscasen soluciones de
acuerdo con la legislación vigente que permitieran reducir al máximo
la bolsa de ciudadanos inmigrantes en situación irregular. Es un
proceso que dura demasiado, que genera falsas expectativas y que no
viene acompañado de un acuerdo político amplio, a pesar de que
tuvimos oportunidad de gestarlo en esta Cámara. Además, como cuarto
elemento definitorio, se caracteriza por una excesiva dispersión de
criterios por parte de la Administración general del Estado a la hora
de abordar los conflictos que se plantean ¿Por qué en Barcelona, en
Valencia o en Murcia se alcanzan acuerdos similares que parece ser
que aún no se pueden conseguir en Huelva o en Madrid? A esa crítica
de la duración excesiva, desde agosto de 1999, a las falsas
expectativas que hemos generado y a la falta de acuerdo político le
añadiríamos también esa diferencia de criterios a la hora de abordar
los conflictos que se plantean en diversas ciudades del Estado.
La valoración positiva que nuestro grupo puede hacer sobre este
proceso es doble: por un lado, se evidencia que la ley, en su
artículo 31.4, prevé mecanismos que gestionados de manera inteligente
por parte del Gobierno pueden evitarnos plantear regularizaciones
periódicas, y ahí nuestro grupo se siente especialmente satisfecho de
su intervención en el trámite parlamentario; por otro, los contenidos
materiales de los acuerdos a los que se han llegado, al menos los de
Barcelona y los de Valencia, que son los que he podido estudiar con
más detenimiento, más allá del debate sobre su validez jurídica
-sería bueno también que hoy nos lo aclarase el secretario de
Estado-, son especialmente positivos en la medida en que en esos
ámbitos territoriales pueden permitir reducir al máximo la bolsa de
inmigrantes en situación irregular. Más allá de estos dos elementos,
del marco de la ley y del contenido material de esos acuerdos, nos ha
preocupado la gestión que se ha producido de todo este proceso. La
duda que nos queda ahora, a principios de junio del año 2001, muy
lejos de agosto de 1999, es si el Gobierno pretende de aquí a final
de año reducir al máximo la
bolsa de inmigrantes en situación irregular, qué fórmulas o qué
mecanismos piensa introducir para generar una información clara y
precisa que no genere falsas expectativas, si está en condiciones de
articular un acuerdo político en relación a esta cuestión de amplio
calado y si piensa encontrar en los procesos que se deban realizar,
de aquí a finales de año, el apoyo o la complicidad del conjunto de
las organizaciones sociales. Son cuestiones sobre las que dudamos en
este momento.
Hoy querría añadirle, señor presidente, si me permiten, una
consideración específica con relación a la situación en la
Subdelegación de Barcelona. En una reunión que hubo el 8 de marzo de
este año, el secretario general de la Delegación del Gobierno en
Cataluña informó de que los 49 contratos temporales que se
suscribieron para el proceso de documentación se renovaban hasta el 3
de julio de este año. Nos gustaría saber qué va a suceder con estos
49 contratos temporales a partir del 3 de julio, si estas personas
dejan ya de trabajar en la Delegación del Gobierno o si se piensa
renovar estos 49 contratos, porque continuamos con la sensación de
que el estado de la gestión de los asuntos de extranjería en
Barcelona sigue sin funcionar más allá de los problemas de las dos
mil personas o de las que lleguen de otros puntos de Europa; lo que
es cierto es que las colas continúan siendo de escándalo. En aquella
misma reunión del 8 de marzo del secretario general de la Delegación
hablaba de que en la próxima modificación de la plantilla de la
oficina de extranjería va a haber un aumento de personal, y nos
gustaría conocer qué previsiones tiene de modificación de la oficina
de extranjería en Barcelona. Hablaba también de la expedición
descentralizada de las tarjetas en tres puntos diferentes de la
ciudad, fuera de la oficina de extranjería, y nos gustaría conocer si
tiene previsto ampliar el número de puntos en Barcelona donde se
puedan gestionar las tarjetas de extranjería.
Finalmente, se hablaba también del estado de la tramitación del
proyecto de una nueva oficina de extranjería en Barcelona, por lo que
también sería interesante que hoy nos informase sobre esa previsión.
Lo digo porque, más allá de esa duración excesiva en el tiempo, de
esas expectativas que se han generado, de esa falta de acuerdo
político sobre este proceso, sobre los criterios diferentes en cada
una de las provincias, nos continúa preocupando, al menos en
Barcelona, la falta de organización, de medios y de diligencia por
parte de la Administración general del Estado a la hora de gestionar
el día a día de los asuntos de emigración. Es bueno que más del 90
por ciento de los emigrantes que participaron del encierro de las
iglesias del Pi y demás hayan obtenido papeles, pero nos parece de
escándalo que hoy en Barcelona continúe habiendo las colas que hay.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: En primer lugar, he de agradecer al secretario
de Estado su comparecencia hoy ante esta Comisión, y felicitarlo por
lo claro que ha sido en su primera exposición, porque, cuando por
parte del Grupo Socialista se plantea su comparecencia para que
explique las fórmulas, nada mejor que usted diga que lo que se está
haciendo es aplicar la ley, una ley impulsada por el Gobierno del
Partido Popular, porque si hubiéramos tenido al ley que tuvo el
Partido Socialista en los últimos quince años no se hubiera podido
aplicar ninguna de las medidas que hoy favorece la normalización de
un número muy importante de inmigrantes. Además es muy importante
resaltar que se está llevando a cabo una auténtica planificación de
los flujos migratorios, y eso, señor secretario de Estado, se está
haciendo con las medidas que se han propuesto por parte del Gobierno
y que nuestro grupo quiere felicitar.
Sabíamos, creo que es importante, que el marcado laboral se está
moviendo; también sabíamos que la inmigración considera ahora a
España un país de destino, por lo datos sobre todo que estamos viendo
en nuestro mercado laboral, y sabíamos además que ahora era el
momento, ya que no se había hecho en años anteriores, de hacer esa
adecuada planificación, con lo cual llevan el tono, el acierto y el
rumbo necesario. Tal como opina la gran mayoría de los españoles, es
cierto que cuando un inmigrante viene a trabajar a nuestro país, lo
debe hacer con una oferta de trabajo, y ustedes están impulsando esas
medidas.
Hay que recordar que estamos en un período transitorio, ha habido una
ley y un proceso de regularización, que finalizó en julio de 2000.
También tenemos que ser conscientes que la disposición transitoria de
la Ley 8/2000 abrió la posibilidad de revisar algunos de los
expedientes que se habían denegado en ese proceso de regularización,
y que en ese período transitorio hay situaciones que deben llevar
aparejadas algunas consideraciones especiales y específicas.
Precisamente por eso, porque vamos en el buen camino, porque además
creo que no es aconsejable oír solamente una parte de lo que nos
quieren hacer ver los señores del Grupo Socialista, que son los que
hoy piden esta comparecencia, es necesario que hoy sobre todo, que
además se conocen esos buenísimos datos de empleo que nos retrotraen
a hace veintidós años, hay que hablar de datos tan positivos en la
gestión de este Gobierno como que se hayan multiplicado por tres las
altas en la Seguridad Social en tan sólo los dos últimos años. Decir
-y esto es importante resaltarlo- que en el año 1998 teníamos 131.000
personas, al año siguiente 311.000 y a fecha de abril del año 2001
más de 370.000 demuestra que es una buena medida, es un buen dato que
marca cuál es la política que se está haciendo por parte de su
departamento. Es importante que este dato lo conozcan todos los
españoles, porque son precisamente ustedes los que están
haciendo posible que hoy el triple de los inmigrantes puedan cotizar
y tengan los mismo derechos y las mismas obligaciones que cualquier
otro español. Por tanto, si esa es la política que ustedes están
llevando a cabo y estos son los resultados, bienvenida sea.
Hay que reconocer que lo que se pretende en inmigración no es que
haya 400 afiliados a la Seguridad Social en el área agraria como hace
dos años, porque el portavoz de Izquierda Unida, señor Alcaraz,
estará de acuerdo conmigo en que hace dos años había más de 400
empleados en el sector agrario, sobre todo en nuestra tierra, en
Andalucía, con total seguridad, y si nos retrotraemos a años
anteriores las cifras todavía son peores; que hoy estemos hablando de
más de 60.000 es una fantástica noticia, y eso es posible gracias a
una auténtica política de inmigración.
Cuando en temas tan importantes para nuestro país en un futuro como
es la inmigración se dan esos vaivenes que están dando algunos
partidos, y en este caso el partido mayoritario de la oposición,
resulta lamentable que se traiga a comparecer a un secretario de
Estado y que se le expongan los argumentos que desde aquí hemos
tenido que oír; que por parte del portavoz del Grupo Socialista se
diga lo que hoy aquí se ha dicho sin que en ningún momento hayamos
visto cuál hubiera sido la política que habría llevado el Partido
Socialista nos parece lamentable. Porque, si es en legislación,
ustedes tuvieron durante quince años una ley en la que no se
contemplaba ningún derecho. Intentamos consensuar con ustedes la ley
actual y al final, no sabemos por qué, si fue por decisión política
o por qué -porque evidentemente, leyendo el 'Diario de Sesiones', no se
traduce; ahora, como hay otro portavoz, no sabemos si tendrá otro
criterio diferente-, pero sabiendo lo que dicen algunos portavoces a
los que nos tiene acostumbrados el Grupo Socialista, no sabemos muy
bien qué es lo que querían hacer con la nueva ley.
Cuando hablamos de política de acuerdos con otros países en materia
de inmigración, señor FernándezMiranda, le tengo que decir que su
trabajo es excelente, se está haciendo por parte de este Gobierno un
trabajo en el área de convenios de colaboración con otros países que
es el camino, importantísimo y necesario, que España hubiera tenido
que recorrer muchos años atrás. Desde aquí le quiero decir que si nos
tiene acostumbrados el Partido Socialista a vaivenes en legislación;
en política de acuerdos con otros países no nos tenía acostumbrados a
nada, porque se limitó a firmar un acuerdo en el año 1992 con
Marruecos para readmisión de nacionales de terceros países que
desgraciadamente, además, no funciona.
La labor de su departamento en esta legislatura, habiendo firmado y
ratificado el acuerdo España-Ecuador, habiendo negociado y firmado,
pendiente simplemente de ratificación parlamentaria, el de Colombia,
negociados pendientes de firma los de Polonia y Marruecos, teniendo
en cartera el de República Dominicana, el de Rumanía y Túnez,
teniendo a sus espaldas, de la anterior legislatura, los de Rumanía,
Bulgaria,
Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia y Marruecos para algo tan
importante como los trabajadores de temporada, es para que usted esté
sumamente orgulloso de lo que se está haciendo en esta materia,
porque estamos sembrando ahora los pilares de ese futuro, futuro que
estoy convencida de que también va a pasar por esos contratos de
temporada.
Le quiero decir aquí al señor Alcaraz, porque ha sido uno de los
portavoces que más empeño ha puesto en este tema, que los datos de
los temporeros son muy satisfactorios, sobre todo si tenemos en
cuenta que en el año 1999 simplemente se habían firmado 35 contratos
de temporada, lo que significa que una comisión en el país de origen
valora los contratos, los ve, ve si de verdad son contratos que
llevan aparejados un sueldo digno y un alojamiento, en las mismas
condiciones que cualquier español, y hace posible que esas personas
vengan, trabajen, desarrollen su labor y luego puedan volver a sus
países de origen. Le tengo que decir, señor Alcaraz, que en 1999
fueron 35; en 2000, 600, y en el primer trimestre de 2001 llevamos
más de 3.000 contratos de temporada, por cierto, en Huelva, 600.
Querría pedir, tanto a los sindicatos como a los empresarios, que
planifiquen los flujos migratorios y se impliquen de antemano. Porque
eso es lo que hay que hacer, implicar a sindicatos y empresarios,
como lo está haciendo el Gobierno, con las mesas donde se decide cuál
es el número de trabajadores temporeros que debe venir a cubrir el
número de plazas que no son cubiertas por los nacionales. Ahí es
donde tienen que estar.
Le quiero recordar algunas declaraciones que hizo el responsable de
Comisiones en Andalucía que me sorprendieron gratamente por lo
sincero que fue, cuando afirmaba a un medio de comunicación que había
muchos españoles en paro en el área agraria -y ahí están los datos de
la EPSA para confirmarlos- y que lo que tenemos que hacer es un
auténtica planificación porque había lugares donde hacía falta mano
de obra y otros lugares donde había un exceso de mano de obra que
incluso hacía que muchos de ellos tuvieran que emigrar a otros países
de la Unión Europea para recogida puntual de alguna fruta u
hortaliza. Si nosotros queremos seguir la misma política que el resto
de los países de la Unión Europea en el tema de temporeros, la
solución es continuar impulsando la firma de esos acuerdos, como está
haciendo actualmente el Gobierno.
Termino, señor presidente, diciendo que esas son las fórmulas que
funcionan y que esas son las fórmulas que desde el Gobierno y desde
su Secretaría se están impulsando. Nosotros creemos en ese impulso,
que hay que favorecer que el que venga lo haga con una oferta de
trabajo acorde con esa situación del mercado laboral; hay que
favorecer la integración de la inmigración, asegurándose esas
condiciones laborales; hay que favorecer que se imponga la
regularización, que una persona venga con un contrato debajo del
brazo; hay que favorecerque empresarios y sindicatos se impliquen y
eso
es lo que está haciendo el Gobierno. Como eso es favorecer una
auténtica política de inmigración, espero que el resto de los grupos
aquí también nos apoye.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): En primer lugar, señora Muñoz, muchas
gracias por su intervención. Le agradezco los datos en los que ha
abundado, más allá del motivo inicial de la comparecencia, para
demostrar cuál es la política del Gobierno. Una política que está
respondiendo a una nueva realidad que se dibuja en los últimos años,
que tenemos la ley adecuada como un instrumento que necesitaba la
sociedad española precisamente para cumplir ese objetivo básico, que
es la regulación de flujos migratorios, que se completa -como usted
ha expuesto- con los convenios internacionales firmados con una serie
de países que vienen a constituir prácticamente el 90 por ciento de
los flujos espontáneos de emigrantes desde terceros países a España.
Y todo ello -insisto, en coincidencia con sus afirmaciones- en una
situación económica y, por lo tanto, del mercado laboral español que
está mejorando y por ello podemos estar hablando en este momento de
inmigración laboral. Hace pocos años hablábamos de emigración y de
desempleo en España y hoy, afortunadamente, hablamos de inmigración y
de un mercado laboral creciente. Quiero destacar también que el 79
por ciento de las personas encuestadas afirmaron que las personas que
venían a trabajar a España tenían que hacerlo con un contrato de
trabajo debajo del brazo. Y, por último, quiero agradecerle el
recuerdo de los datos de afiliación a la Seguridad Social porque
todas estas personas, nada más y nada menos, tienen un seguro para no
ser explotadas. Ese es uno de los objetivos fundamentales de este
Gobierno.
Señor Campuzano, en línea también con estas afirmaciones realizadas
por mí en esta intervención, coincido absolutamente con usted en lo
que tienen de preocupante los procesos extraordinarios de
regularización. Lo ha planteado S.S. de forma impecable. Cada vez que
se decide en cualquier país miembro de la Unión Europea hacer un
proceso extraordinario de regularización hay un efecto llamada masivo
hacia ese país, porque todas las personas irregulares de todos los
países miembros de la Unión van a ese país a encontrar una
documentación o unos permisos que no poseen.
Afirma usted que a lo largo del último año, prácticamente de julio a
julio y antes en la fase de presentación de solicitudes, estamos en
un proceso continuo de regularización que usted lo califica de
profundamente negativo. Estoy completamente de acuerdo con usted
porque más allá de esa llegada y por tanto de la sobrecarga
administrativa de los servicios, con la formación de
colas que en su momento fueron muy importantes (las de antes, no las
de ahora que después comentaremos), ni siquiera estamos respondiendo
a nuestra realidad sociológica de personas inmigrantes en situación
irregular; respondemos nosotros o cualquier otro país a todas las que
se encuentran dentro de la Unión Europea. Sin embargo, parte de ese
proceso continuo, que usted define desde el mes de junio, está
constituido porla relectura de 55.000 expedientes, que fue parte del
acuerdo que usted y yo tanto echamos de menos con otros grupos
políticos, además a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, que
votó afirmativamente, como votó afirmativamente el 90 por ciento de
la ley. Nos preocupa por la extensión en el tiempo y porque si antes
hablábamos de efecto llamada por la primera proclamación de ese
proceso extraordinario de regularización, si lo mantenemos abierto
con las relecturas o con las situaciones que se den, obviamente es
una situación más preocupante.
Además de esto, ustedes lo recordarán, el ministro Rajoy,
prácticamente en el momento de su toma de posesión, dijo que íbamos a
abrir un periodo transitorio para seguir ahondando en ese proceso
hecho a favor de los inmigrantes, intentando conseguir regularizar al
mayor número de personas que eran víctimas de los traficantes -de los
explotadores españoles, porque los explotadores están en España y si
no hubiese explotadores probablemente no habría explotados- y de la
sensación de falta de rigor y de desbarajuste a que dio lugar la Ley
4/2000. Sumamos al proceso de relectura la operación humanitaria de
Ecuador, de la que después tendré ocasión de hablar, y abrimos una
serie de procesos que respondían a situaciones de crispación, de
confrontación y de dureza bien concretos en Barcelona, en Valencia,
en Murcia, en Huelva y en Almería. Fuimos respondiendo mediante el
diálogo, no con las personas encerradas, con las que nos negamos a
hablar desde un principio y continuamos negándonos porque están en
una actitud de coacción hacia el Gobierno, sino con otros
interlocutores, -en ocasiones el Sindic de Greuges en Cataluña, en
ocasiones con organizaciones no gubernamentales o sindicatos en la
Comunidad Valenciana, o en Murcia, o en las provincias andaluzas de
las que hemos hablado-, en un proceso que de dispersión no tiene
absolutamente nada en cuanto a sus criterios y que ha dado lugar -y
no es cuestión nuestra, por tanto ni siquiera voy a discutir lo que
usted dice- a informaciones contradictorias que, insisto, no dependen
del Gobierno. En todas y cada una de las provincias en las cuales se
han alcanzado acuerdos que han permitido que abandonen los encierros,
que abandonen las huelgas de hambre, que se abandone la sensación de
crispación y de preocupación para la propia sociedad española se han
aplicado los mismos criterios, y esos criterios son los que están en
la Ley 8/2000.
Estoy de acuerdo en que el objetivo último, no solamente en este
periodo transitorio (tendremos vigente el
reglamento a finales de este semestre, cumpliendo con el mandato que
la propia ley nos hace), es reducir al máximo la bolsa de personas en
situación irregular porque con ello conseguiremos reducir al máximo
la bolsa de personas que son simple y llanamente explotadas. Por
tanto, es un objetivo que compartimos. Y efectivamente puede ser que
a finales del año, de julio a julio, cuando contemplemos el proceso
ordinario, la relectura, la operación humanitaria de Ecuador, las
operaciones humanitarias de encierros y huelgas de hambre, superemos
las 200.000/225.000 personas regularizadas, aproximadamente, contando
con que hasta julio se habían solicitado 245.000 permisos. Se trata
de un esfuerzo importantísimo que evidencia el hecho de que habrá
personas a las que por distintas razones -por tener antecedentes, por
estar en listados Schengen o por haber sido expulsados de terceros
países- no se las podrá regularizar en España. Por tanto, estamos
satisfechos de la actuación, que responde además a compromisos
previos anunciados, lo cual quita dispersión, contradicción y
desbarajuste. Algunas de SS.SS. han empleado términos más gruesos en
su intervención, conceptos que voy a utilizar cuando ahora les
conteste.
En cuanto a la intervención del señor Alcaraz, S.S. ha empezado por
recordar que en Huelva y en Almería se mantienen vivos conflictos,
pero lo que no ha dicho es que hace menos de un mes en ambos lugares
se firmaron acuerdos con otras personas, los cuales dieron lugar a
otros conflictos, pensando que era la forma de hacer extensivos, como
se hace en todas las provincias o comunidades autónomas de este país,
los acuerdos que allí se alcanzaban para cualquier persona que
quisiese acogerse a ellos. Me da la sensación de que esa plataforma
de la que usted habla, que no sé si es provincial, regional,
nacional, antiglobalización o antitodo, constituye una gran ceremonia
de la confusión dibujada desde distintos interlocutores, algunos de
los cuales participaron de forma activa en los encierros de
Barcelona, cerrando cuando éstos finalizaron la oficina en la cual
habían prometido atender a los inmigrantes. Eso pueden preguntárselo
a los sindicatos que ahora están haciéndose cargo de esas
solicitudes. Pues bien, dentro de todos esos conflictos que usted
enumera como tal quiero volver a insistir en que hace un mes los
subdelegados de Almería y de Huelva firmaron dos acuerdos en la misma
línea, como no podía ser de otra forma. En Barcelona ya han
protagonizado encierros al aire libre. A pesar de estar a día 3, y
aunque el plazo de resolución se acababa el día 5, no sé si para
animar a los funcionarios, han hecho concentraciones al aire libre.
Así pues, señoría, se lo decía antes al señor Campuzano, no falta
coordinación, no hay dispersión, no hay informaciones contradictorias
y mucho menos hay caos, que es el concepto que usted ha utilizado.
Entiendo que en ocasiones sería preferible poder dibujar una realidad
virtual según de los intereses de
cada uno para poder criticar más o menos al Gobierno, pero entonces
nos alejaríamos de la realidad y hablaríamos de eso, de una sociedad
virtual en la que no se refleja ni caos ni dispersión ni
contradicciones. Lo que efectivamente no hacemos es un proceso
extraordinario de regularización, señor Alcaraz, puesto que estamos
convencidos de que sería la peor solución posible en este momento, ya
que, entre otras cosas, constituiría el quinto proceso de
regularización hecho en España: en 1986, en 1989, en 1991, en el 2000
y en el 2001. Usted me dice que regularicemos a todos los que están
aquí, unas veces me dice que hagamos un proceso extraordinario de
regularización y otras me dice que apliquemos el artículo 31.4. (El
señor Alcaraz Masats: Son dos cosas.) Existe la posibilidad de
acogerse a este artículo siempre y cuando, efectivamente, por razones
humanitarias de forma excepcional se pueda valorar el concepto de
arraigo. Pedir que a una persona se la regularice por el artículo
31.4 no quiere decir que automáticamente vaya a conseguir esa
regularización. (El señor Alcaraz Masats: Un permiso temporal.) Y con
los procesos extraordinarios de regularización no vamos a conseguir
regularizar a todos los que están aquí, que es su petición, sino que
vamos a intentar regularizar a todos los que están en la Unión
Europea. Por lo tanto, será ese eterno proceso siempre abierto en lo
extraordinario que debería ser en sí mismo en cuanto a las
convocatorias extraordinarias. Pero usted, señor Alcaraz, suma una
nueva variable, por no llamarla otra cosa: que hagamos procesos de
regularización para las provincias, que provincialicemos el mercado
laboral, que fijemos la población laboral a cada una de las
provincias de España, que vayamos a ver cuántos trabajadores hacen
falta para la campaña fresera, en la que dice usted -y no es cierto-
que ha trabajado en situación irregular un 80 por ciento de personas.
Habrá que hacer lo que se va a hacer conforme a ley, una vez que
concluyamos este semestre, en el que tenemos que saber el contingente
a través de la relectura de los expedientes de operaciones
humanitarias, porque queremos regularizar al mayor número de personas
víctimas de las situaciones que antes les definí y no voy a reiterar;
queremos saber el contingente de personas que estén fuera de España,
señor Alcaraz -no me cansaré de reiterarlo, porque creo que es
fundamental y básico-, tanto para las personas extranjeras como para
las españolas, porque estamos hablando de inmigración laboral, de
personas que nos piden un puesto de trabajo. No estamos hablando de
refugiados o de desplazados, de víctimas de conflictos o de grandes
desastres naturales; no estamos hablando de asilados políticos como
luchadores por la libertad en sus países; no estamos hablando de
asilados por persecución religiosa o por razones de género. Por lo
tanto, si hablamos de inmigración laboral, debemos hacerlo de puestos
de trabajo.
Lo siento, señor Alcaraz, y volveré a reiterárselo, porque ha dicho,
además, que hay contactos con los
subdelegados. No hay contactos más allá de lo que la buena educación
recomienda; no hay abiertos contactos ni negociaciones porque no
negociamos con personas encerradas, porque no es la forma de
entendernos, y lo hemos demostrado por activa y por pasiva. No hay un
interlocutor ni en la fecha ni en el tiempo ni en el lugar ni en las
aspiraciones, ni hay un interlocutor único. Al final, señor Alcaraz,
y a base de seguir utilizando las 48 horas, han llegado a encerrarse
en Almería personas que acababan de firmar el convenio en la sede de
Almería acoge. Compruebe la viabilidad o la fiabilidad que tienen
esas interlocuciones que podemos establecer.
A la señora Uría, ausente, y para que me lea en el 'Diario de
Sesiones', debo decirle simplemente que lamentablemente hoy no
hablamos de reglamento, ocasión tendremos en futuras comparecencias,
si así lo solicitan sus señorías.
Por último, en cuanto a la intervención del señor Pedret, que ha
empezado por afearme que le lea el BOE, le intento contestar con toda
cortesía lo que usted me pregunta. Si quiere que hablemos de otras
cosas distintas al BOE, me pregunta y encantando hablamos de lo que
más le interese. Pero usted me pide que le explique una serie de
fórmulas para regularizar a los inmigrantes que tienen una oferta de
trabajo y que están irregularmente en España y yo le tengo que leer,
como es lógico, la legislación vigente, que creo que es lo más
correcto y lo más considerado con usted.
Su argumentación es idéntica a la de alguna de sus señorías. En vez
de caos, habla de anarquía, en cuanto al proceso de regularización.
He de volver a reiterarle que no son procesos de regularización los
que se están abriendo, ni siquiera la relectura de los 55.000
expedientes, que son consecuencia del anterior proceso extraordinario
de regularización, que, como bien sabe, se acaba en el mes de julio
en cuanto a la fecha de presentación de solicitudes. Son acuerdos
ante situaciones, ya mencionadas por mí, de crispación, de dureza, de
confrontación, de inquietud en la sociedad de cada una de las
provincias; son operaciones humanitarias como las de Ecuador, que
ahora tendremos ocasión de hablar con todo detalle de ellas; es, en
definitiva, insisto, y quizás sea esa la crítica que se está
haciendo, un intento para regularizar a la mayor cantidad posible de
personas en situación irregular en España, como consecuencia de ser
víctimas, insisto, de traficantes, de explotadores y de la propia Ley
4/2000.
Nos acusa también de erráticos. Las conclusiones, las directrices,
las normas, la ley en la que nos amparamos para actuar es la misma. A
usted puede gustarle más el proceso extraordinario de regularización,
que es su alternativa, y podrá no gustarle este, y es usted muy libre
de criticarlo, pero de errático y de desorientado, absolutamente
nada. Los que sí están contribuyendo a esa sensación son aquellos que
propalan los rumores, aquellos que en la realidad a la que son
sometidos en
cuanto al tráfico y a la explotación de seres humanos, los llevan de
aquí para allá en grupos de 2.000, de 3.000, al aire de rumores que
son lanzados, en donde más de uno se está enriqueciendo con esos
desplazamientos. Las víctimas son las de siempre, las personas en
situación irregular que tienen que hacer colas, en ocasiones en
número superior a 2.000 y que vienen - perdone señor Campuzano que no
le contesté a una parte de su pregunta- a complicar de forma
importante, no podemos olvidarnos de ello, las deficiencias que
puedan tener en condiciones habituales algunas oficinas de
extranjería o subdelegaciones.
Cuando hablamos de cómo respondemos a las necesidades y a las
situaciones personales de cada una de estas personas, estamos
hablando de operaciones humanitarias con las personas ecuatorianas en
Barcelona, en Valencia, en Murcia y en Almería, a medida que se van
produciendo como hechos ciertos, a los que tenemos la obligación de
responder con rasgos de flexibilidad, que es como se afronta
cualquier tipo de negociación o se quiere alcanzar un acuerdo. Afirma
después rotundamente que todo esto es una mala situación para la
dignidad de la persona. Estoy de acuerdo. Pero esa dignidad de la
persona no se recupera con los procesos extraordinarios de
regularización que, por cierto, tienen una filosofía perversa en sí
mismo. Se les dice: ir para allá, allí hay trabajo, hay
oportunidades. Vais a estar unos cuantos meses, quizá año y medio,
convenientemente explotados, pero después habrá algún proceso
extraordinario de regularización para que el Estado ponga de
manifiesto su generosidad y su magnanimidad y podáis ser ciudadanos
de primera. No podemos plantearlo en aras de esa excepcionalidad que
periódicamente iría sacando a estas personas de la explotación. Es la
mejor forma de que sigan llegando irregularmente, porque nosotros
estaríamos abriendo esa expectativa de futuro que es
contraproducente. No es el instrumento adecuado. Lo venimos
demostrando. Ahí están los años 1986, 1989, 1991, 2000 y 2001 y,
tantas como hagamos, habrá un número idéntico de personas pidiéndonos
al día siguiente, desde el mismo planteamiento, su regularización
extraordinaria.
Dice S.S. que no existe una política de regularización. Yo le añado:
extraordinaria. No volveremos a hacer procesos extraordinarios de
regularización, porque no son útiles como instrumento, porque no
solucionan ni siquiera los problemas de las personas que estén en
nuestro país, sino que vienen del resto de la Unión Europea, y porque
a través del artículo 31.4, hemos abierto la posibilidad de resolver
aquello que tenemos obligación de resolver: los problemas con poso,
con transfondo, con realidad humanitaria, que pueden ser apreciados
en su justa medida valorando el concepto de arraigo de esa persona o
de esa familia entre nosotros. Por lo tanto, no hay procesos
extraordinarios de regularización porque con nuestra ley tenemos
mecanismos de regularización conformes a criterios humanitarios.
No rectificamos, señor Pedret. Lamento que con tanta frecuencia hagan
oposición leyendo sólo los periódicos. El concepto de arraigo viene
en la ley a instancia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), lo he dicho en alguna comparecencia, y aparece literalmente en
la ley. ¿Qué se hace en el reglamento? Lo que se hace con todas las
leyes: desarrollar algunos de los conceptos que no vienen
desarrollados literalmente en la ley. Ni rectificamos, ni producimos
giros, ni nada parecido. La ley hay que recordarla. Me imagino que en
su día se la leería, pero, sobre todo, hay que nutrirse en fuentes de
información más abundantes.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, le ruego concluya.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernádez- Miranda y Lozana): Termino, señor presidente.
Estamos concluyendo este período transitorio que arranca, porque la
realidad sociológica de las personas inmigrantes así lo recomienda,
aplicando con flexibilidad, interés y prontitud todos aquellos
mecanismos que nos están llevan a que podamos alcanzar una cifra
superior a las 200.000 regularizaciones, cuando teóricamente se nos
habían solicitado 245.000, como he dicho antes. En definitiva, se
trata de querer contar y contar con todos aquellos grupos políticos o
sociales que quieran contribuir y trabajar codo con codo con
nosotros, y lo estamos haciendo, con independencia, señor Pedret, de
que, de momento, desde su grupo parlamentario hayan planteado mucha
crítica, puesto que han decidido, y legítimamente pueden hacerlo,
estar en la confrontación, y señalaría que han contribuido con mucha
poesía pero sin ninguna alternativa. Por tanto, cuando conozcamos las
alternativas que se nos planteen desde el Partido Socialista
estaremos encantados, si suponen alguna novedad con respecto a su
política desde 1985, ante una realidad distinta, de aceptarlas como
tantas hemos aceptado, porque ustedes nutrieron con más del 50 por
ciento de sus enmiendas la actual Ley 8/2000. (Los señores Pedret i
Graznet, Campuzano i Canadès y Alcaraz Masats piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a consumir un muy breve turno porque, si
no, se prolongaría excesivamente la sesión.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRAZNET: Señor presidente, voy a hacer caso de su
incitación a la brevedad, porque nos queda mucho orden del día por
delante.
A pesar de ello, quisiera que no se tomara, ni mucho menos, el señor
delegado del Gobierno como una descortesía que, en primer lugar, haga
una mención de agradecimiento al desvelo que ha demostrado durante
su intervención la señora Muñoz para controlar a la oposición.
Estamos muy contentos de que nos siga tan atentamente y creo que este
ejercicio de control de la oposición que ha realizado le va a servir
como un magnífico entrenamiento para cuando tenga que controlarnos
ella en la oposición y nosotros en el Gobierno, que va a ser pronto.
Se lo agradezco y me gusta que pueda utilizarme como método
entrenamiento, porque después va a ser más duro, cuando tengamos
todos los datos que ahora no podemos tener.
Por ello, señor delegado del Gobierno, agradeciendo su incitación a
que mis fuentes de información sean más amplias, tengo que decirle
que son las que son porque en el periódico en el que hoy aparece la
noticia respecto a lo que usted llama desarrollo de la ley, que en
este caso tendríamos que discutir desde el ámbito jurídico si es
desarrollo o algo más que desarrollo, en ese mismo periódico y en la
misma información se dice que mañanalo pondrán ustedes en
conocimiento de mi grupo parlamentario, por lo que difícilmente puedo
hacer otra cosa más que enterarme a través de los señores que lo
conocen, que son los de la redacción de un periódico. Desde luego, me
gustaría más haberme enterado directamente a través de S.S. y de mi
grupo parlamentario, que es como correspondería en una situación de
este tipo, dado que hemos tenido conversaciones respecto al contenido
del reglamento al que, aunque es responsabilidad exclusiva del
Gobierno, no lo podemos olvidar, hemos intentado aportar cuestiones
que consideramos importantes en cuanto al desarrollo de la ley para
solucionar los problemas con que nos encontramos.
Hace tiempo que no me presento a ningún certamen poético y cuando lo
hice tuve poca fortuna, aunque es cierto que fue hace muchos años. No
intento hacer poesía, simplemente procuro hacer lo que manda el
Reglamento para estos casos, el control del Gobierno, aunque algunos
entienden que a quien hay que controlar es a quien controla. Lo que
intento hacer es el control del Gobierno, y las proposiciones, tanto
de ley como no de ley las presentamos de acuerdo con el Reglamento.
Vengo aquí a informarme de aquello que creo que es conveniente para
el control y a opinar respecto de la actuación del Gobierno, que es
lo que configura el mecanismo de control del Gobierno en cualquier
Parlamento.
Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, no
sé -y cuando digo que no sé es porque creo que hay razones profundas
a favor de una cosa u otra- si un proceso extraordinario de
regularización puede o no tener un efecto llamada. De lo que sí estoy
convencido, no por una cuestión intelectual sino por la comprobación
de la realidad que aparece cada día en nuestro país, es de que la
situación actual sí crea un efecto llamada. (El señor vicepresidente,
Souvirón García, ocupa la Presidencia.)
Yo he sido elegido diputado por la circunscripción de Barcelona. En
la circunscripción de Barcelona hay
una oficina de extranjería que estos últimos días ha estado asediada
por una cola de 2.000 inmigrantes, que venían atraídos por un rumor
respecto a la posible regularización inmediata en Barcelona. Es
cierto lo que usted dice, no se lo voy a negar, sobre que los rumores
son responsabilidad de quien los propala, que se propalan
interesadamente, que se obtiene beneficio de ello a través del
tráfico de personas y que ello -y no es simplementepoesía- afecta
gravemente la dignidad de las personas, pero también tiene parte de
responsabilidad, señor delegado del Gobierno, aquel que realiza, o
deja de realizar, un tipo de actuaciones que hacen creíbles los
rumores porque, aunque niegue la existencia de acuerdos variados, los
acuerdos existen geográficamente dispersos, porque ha habido
procedimientos completamente distintos de regularización en un caso y
en otro. Dice usted que aplican una única ley, faltaría más, tienen
que aplicar la ley actualmente vigente, pero ¿cómo se aplica? ¿Está
en condiciones de decirnos que hay exactamente el mismo tratamiento
en Barcelona que en Valencia, que en Huelva, que en Almería, que en
Guipúzcoa? Señor delegado del Gobierno, sabemos perfectamente que
ello no es así. Me parece bien que se regularice a todos los que
podamos regularizar -no utilice mis palabras para decir que pretendo
que quede alguien en la marginalidad con la posibilidad de la
explotación-, pero resulta estadísticamente poco creíble que el 94
por ciento de los encerrados sean regularizables y los no encerrados
no lo sean. Esto crea, señor delegado, un efecto de llamada al país y
de llamada al encierro, de llamada a la coacción al Gobierno, como
dice usted, de llamada a ponerse a veces en manos de algunos que
organizan esto para su propio beneficio. No me estoy refiriendo a los
interlocutores con los que ustedes hablan, sino a aquellos que
organizan los viajes, organizan las concentraciones; la explotación
llega a puntos tales como lo ocurrido en las últimas colas de
Barcelona, que sin duda usted conoce, la subasta del ticket para
conseguir entrar en la oficina de extranjería.
Señoría, sintiéndolo mucho, no puedo entender esto como una política
general coherente y clara, que provoque la desaparición de los
rumores, la prevención de la explotación por parte de los que están
aquí y por parte de las redes que los traen. Sintiéndolo mucho,
porque, como le he dicho anteriormente, quisiera quedar convencido de
que lo están haciendo es lo mejor posible y que tiene efectos
beneficiosos, debo continuar pensando que lo que están haciendo, o
quizá lo que están dejando de hacer, provoca que vengan inmigrantes
que están en mala situación, sin posibilidad de regularización, lo
cual aumenta absolutamente la bolsa de irregulares, al contrario de
lo que pretendemos tanto usted como yo, que es reducir a la mínima
expresión posible el número de irregulares en España para que los
contingentes, como he dicho anteriormente, puedan realizar su función
propia de regulación de los flujos migratorios, de la nueva migración
económica y laboral,
que es lo que en estos momentos difícilmente pueden hacer como
efecto de su política.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor Pedret, no es la política del
Gobierno la que aumenta la llegada de irregulares. Fue la Ley 4/2000,
entre otras razones, la que dibujó que este país era como Jauja, que
era el lugar donde con mayores facilidades se podía no solamente
acceder al trabajo, que sobraba a raudales, sino además a la
legalización, todo lo cual aparecía en el texto que ustedes hicieron
posible al final de la anterior legislatura. Esa cultura de 'vete
para España que tarde o temprano se te arreglan los papeles' es suya,
señor Pedret. (El señor Pedret i Grenzner: Es del PP.) Es suya, señor
Pedret. Lo que nosotros estamos haciendo es un inmenso esfuerzo para
reconducir ese hábito, esa cultura en la que todo valía en la ley más
permisiva y laxa de toda la Unión Europea, hacia un ordenamiento, no
sólo en cuanto a nuestras leyes sino en cuanto a nuestra normas,
a nuestras relaciones internacionales y a nuestras garantías, que
produzca justo lo contrario: Ven a España con tu contrato debajo del
brazo, firmado en tu país de origen, con todas las garantías para
poder traer al cabo de poco tiempo a tu familia, si así lo quieres.
Ésa es la realidad que nosotros queremos dibujar, teniendo que pelear
contra la que ustedes dibujaron. A ver si vamos a estar aquí en un
ejercicio de travestismo político tan genial que ustedes son los
responsables de la Ley 8/2000 y nosotros los que tenemos la culpa de
la Ley 4/2000. O sea, estamos heredando a costa de nuestro propio
esfuerzo.
Esa política que usted tanto denosta ha tenido recientemente buenos
resultados (en eso que usted dice que es control hecho desde el Grupo
Parlamentario Popular) y lo que ha hecho la señora diputada ha sido
leer unas cifras, pero usted, como no le interesan, las guarda debajo
de la mesa y no se lo cuenta a nadie. El incremento de afiliaciones
de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social es la mejor
demostración de que estamos en el buen camino -seguro- para que no
sean explotados. Eso es lo que supone afiliarse a la Seguridad Social
y el número se ha incrementado de forma auténticamente espectacular.
¿A usted eso le molesta? Yo lo lamento, porque usted debería
encontrarse satisfecho de que haya personas a las que no se las puede
explotar, que previamente no van a ser víctimas de los traficantes y
que son personas que saben a qué atenerse desde el momento en el que
llegan a este país a buscar trabajo, que es lo que no tienen en sus
países de origen.
Ha hecho usted una serie de manifestaciones y por eso hablaba yo de
poesía, porque la poesía en sí mismaes imaginativa. Que diga usted
que el 94 por ciento de
los encerrados están legalizados es una falsedad como la copa de un
pino. No sé cómo puede decir eso cuando, entre otras cosas, es un
proceso que no está finalizado. Por lo tanto, no sé de dónde saca esa
cifra del 94 por ciento porque, en este caso, ni siquiera leyendo los
periódicos, ni por esa vía. Ha mezclado también el anterior proceso
de regularización (que ya dio lugar a una comparecencia mía en la que
ya lo expliqué) diciendo que los tratamientos en las distintas
provincias de España fueron diferentes, y tampoco es cierto. Lo
expliqué ya una vez, pero se lo reiteraré tantas veces como usted
quiera. Al final, plantea usted el deseo de hablar sobre el
reglamento. Yo estaría encantado de hablar sobre el reglamento, pero
pregúntenme por él. De momento no me han preguntado y creo que sería
mezclar comparecencias.
Señor Pedret, la política del Gobierno está bien clara. La política
del Gobierno (probablemente mucho más despacio de lo que todos
quisiésemos y lamentablemente sin el efecto varita mágica, porque
ninguna ley, ningún programa, ninguna decisión, ningún organismo está
dotado de ese efecto varita mágica) nos está conduciendo a una
realidad del fenómeno de la inmigración laboral menos escandalosa de
la que padecíamos todos, inmigrantes y ciudadanos españoles, en este
país hace bien poco tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): El señor Alcaraz, el señor
Campuzano y la señora Muñoz Uriol desean intervenir y les ruego una
intervención telegráfica. A la vista de la hora que es y que estamos
todavía en el primer punto del orden del día, por todos nosotros, yo
espero que se ciñan estrictamente a expresar alguna idea y poco más.
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, cálmese, éste es el único
punto en el que voy a intervenir. Por lo tanto, ya tiene usted ahí un
remanente de tiempo que puede ser utilizado de ahora en adelante.
Con independencia del debate sobre la poesía (yo creo que lo que le
falta a este Parlamento es poesía y de la buena, no poesía en
general, porque depende de cómo sea), señor Fernández-Miranda, con
independencia de ese debate, porque no es éste el momento ni el
sitio, yo quiero distinguir dos niveles: la regularización nueva y lo
que está pasando ahora mismo en Almería y en Huelva, que se regula ya
por el artículo 31.4 de la Ley 8/2000. Nosotros vamos a insistir en
la necesidad de una nueva regularización. ¿Sabe usted por qué?
¿Cuántos quedan por regularizar, señor FernándezMiranda? Un 10 por
ciento del total de los regulares, quitando los 400.000 ó 500.000
comunitarios. Pues bien, mientras ustedes no regularicen a todas las
personas que están dentro, no podrán actuar de manera rigurosa con
cupos o contingentes. Ese es un problema de fondo, señor Fernández-
Miranda. No pueden generar
procesos de contingente y, al mismo tiempo, mantener una bolsa del 10
por ciento del total, porque no es lógico ni correcto. Por eso le he
dicho: Pongamos el cuentakilómetros a cero -perdone la expresión, es
para ir acortando a través de la metáfora y no alargarme mucho
tiempo- y empecemos con los cupos y contingentes, todos juntos y en
buena armonía. No se aferren ustedes a una regularización férrea,
cuando se puede y se debe hacer una regulación extraordinaria; esto
por lo que se refiere al primer nivel.
Segundo nivel: Señor Fernández-Miranda, me ha hablado usted de
regularización provincial y otras cosas por el estilo. Le leo las
declaraciones de ayer del señor don Fernando Hermoso, subdelegado del
Gobierno en Almería. Dice: No se trata de un nuevo proceso de
regularización, sino para proporcionar un visado temporal sólo a los
que residen ya en la provincia, para que puedan trabajar acogiéndose
al artículo 31.4 de la Ley de extranjería por razones humanitarias.
Los inmigrantes que quieran solicitar dicho visado, deberán acreditar
su estancia en Almería antes del 31 de enero de 2001. Esto lo dice el
subdelegado del Gobierno. Es decir, está aterrizando en una
provincia, no me lo he inventado yo, señor Fernández-Miranda. Y en
Huelva dicen: ¿Y por qué no en Huelva también? Eso respecto al
artículo 31.4. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que solicitan en Almería
y lo están obteniendo en cuanto presentan los papeles, porque hay
largas colas, pero no hay mayor conflicto, aunque no sé si lo habrá
en adelante si no se responde de manera adecuada? Están pidiendo este
permiso temporal. ¿Por qué? Porque si no se da este permiso temporal,
no se podrá realizar el trabajo de septiembre y octubre en los
invernaderos y en la cosecha en general, o si se hace, se hará como
hasta ahora, por inmigrantes ilegales -como usted los llama-
totalmente explotados. Ese es el problema, señor Fernández-Miranda.
¿Y en Huelva? Exactamente igual. Usted ya me ha dicho que no acepta
como interlocutora a esa plataforma. En esa plataforma está Izquierda
Unida; somos reconocibles en Barcelona y en Huelva, pero ustedes no
aceptan esa interlocución. ¿Qué es lo que se está pidiendo en Huelva?
Esto mismo. Hay una inmensa mayoría de gente que ya ha trabajado en
Huelva, a veces durante muchos años, y que está pidiendo esto mismo.
Ya se han presentado 135 expedientes completos, es decir, gente que
demuestra que ha estado trabajando allí antes del 23 de enero, fecha
en la que entra en vigor la ley, y que por tanto puede acogerse, si
la subdelegación o ustedes lo aceptan, al artículo 31.4. ¿Por qué se
han encerrado? Porque esto ya lo habían hecho varias veces, desde el
23 de enero hasta ahora, y se lo habían denegado.
Otro problema -y seré muy breve, no se preocupe, señor presidente- es
que efectivamente tanto a Almería como a Huelva han acudido gentes de
otras provincias. Allí se les está diciendo que es para gente de
Almería y gente de Huelva, pero hace falta decirles
algo más: que en su provincia de origen tienen el mismo derecho -que
les concede el artículo 31.4- que en Almería y en Huelva. Todo va
enlazando, señor Fernández-Miranda. Si hay buena voluntad, hay
solución. No vale lo que ha dicho la señora portavoz del Partido
Popular, porque era una aseveración abstracta. Ha dicho: Hasta un
miembro de Comisiones Obreras ha dicho que hay gentes nacionales que
no tienen trabajo. Eso es genérico y abstracto y le voy a explicar
por qué, aunque usted debe saberlo, porque vive en Andalucía.
Primero, si usted lo dice de forma genérica, es verdad que puede
haber gente en Cazorla, en Lopera o en Torredonjimeno que está en
paro o en demanda de empleo en las listas del Inem, pero esa gente no
va a ir nunca ni a la fresa, ni a los invernaderos. Por tanto, esa es
una aseveración genérica. En segundo lugar, usted conoce la
estructura de la EPSA, del subsidio del empleo agrario, y sabe que es
una estructura paradójica, pues pasando ciertos jornales, perjudica
la percepción del subsidio. Usted lo sabe como yo, por tanto no haga
aseveraciones genéricas, cuando todos podemos aterrizar en lo
concreto para entendernos.
Señor Fernández-Miranda, hay solución en Almería y en Huelva, porque
se necesita a estos inmigrantes. No me diga usted que estamos
buscando una plataforma provincial, porque esa plataforma provincial
la ha situado el Gobierno en Almería y, consecuentemente, en Huelva;
la han situado ellos. Ahora, habrá que situar en su provincia a gente
de otra provincia, y es posible arreglarlo en todas la provincias
empezando por las que hay conflicto. No se queden ustedes en la idea
de que se han encerrado, que es genérico y que hay gente que no tiene
derecho. No, la inmensa mayoría tiene el derecho de acogerse al
artículo 31.4. Aterrice usted, coordínese con el subdelegado del
Gobierno de Huelva y de Almería y verá como no le estoy mintiendo. No
pueden dar una seña de ejemplaridad allí porque estos inmigrantes
o se legalizan o se regularizan -estoy hablando otra vez del permiso
temporal- o van a ir de nuevo a trabajar a la cosecha, a los
invernaderos, a la fresa, siendo ilegales. Esta misma plataforma
-termino de inmediato- es la que va a presentar, también los
sindicatos lo están haciendo, las denuncias a la Inspección de
Trabajo a todas las empresas freseras en la provincia de Huelva, y en
el resto también, que han estado contratando a inmigrantes ilegales y
a las que señalan como responsables de la explotación ¿Quieren que
esto siga así? No den el permiso temporal. Piden la regularización
extraordinaria. No es posible, ustedes se niegan en redondo, pero
vayamos al artículo 31.4 ¿Eso tampoco es posible? El subdelegado de
Almería ha dicho que se lo están pidiendo y que para septiembre, que
es cuando se recogen los productos, tiene que regularizar en Almería.
Le he leído sus declaraciones. Sucede lo mismo en Huelva, en Teruel y
en Valencia. Es posible que ustedes a esos compañeros y compañeras
que están encerrados en Huelva y en Almería, que están en una
cola, puedan darles el permiso temporal al 80 por ciento. Usted lo
sabe y se le va a dar a muchos de ellos, porque hace falta; si no,
les hacen carne de cañón de la explotación en la próxima campaña.
Tienen papeles suficientes para acogerse al 31.4. Señor
FernándezMiranda, infórmese que le estoy dando una salida concreta
a esta situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Campuzano, le ruego
la misma brevedad que le pedí al señor Alcaraz en la administración
de su tiempo.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Intuyo que le haré más caso que el
señor Alcaraz.
Quiero hacer tres consideraciones con mucha brevedad. En cuanto a la
primera, existe un debate de fondo muy interesante, y quizá podamos
profundizar en él en algún seminario este verano, sobre la diferencia
de fondo entre al artículo 29.3 de la Ley 4/2000 y el artículo 31.4
de la Ley 8/2000. Al entender de nuestro grupo, los dos artículos
plantean en el fondo una misma estrategia para intentar acabar con
las bolsas de inmigrantes en situación irregular.
La segunda consideración trata sobre el acuerdo firmado en la
Comunidad Valenciana que manifiesta lo siguiente, en la misma línea
del acuerdo de Barcelona: los inmigrantes que no hayan presentado
solicitud, siempre que cuenten con una oferta de trabajo firme y,
asimismo, acrediten la estancia continuada en la Comunidad Valenciana
antes del 23 de enero de 2001, mediante certificado de
empadronamiento en cualquier municipio de la comunidad o certificado
de convivencia expedido por el ayuntamiento correspondiente o
cualquier otro medio público de prueba admisible en derecho vinculado
a la Comunidad Valenciana, podrán solicitar el correspondiente
permiso de trabajo y residencia. La cuestión es si esta previsión que
está en el acuerdo del País Valenciano y que está también en el
acuerdo firmado en Cataluña es extensible a todos los inmigrantes del
Estado español. Enlazando con esta misma cuestión, conviene que en
las oficinas de extranjería se dé la máxima información sobre los
contenidos de los acuerdos y sobre los contenidos previstos en el
artículo 31.4 de la Ley. Hoy cuando hablamos de falta de criterio
uniforme, queremos decir que en las delegaciones del Gobierno se dan
informaciones contradictorias sobre el contenido del artículo 31.4.
Tercera consideración, y termino, le he preguntado al señor delegado
si se van a renovar los 49 contratos temporales de la Delegación de
Barcelona más allá del 3 de junio y qué previsiones hay en la
cuantificación de la plantilla de la Oficina de Extranjería para
aumentar su personal, previsiones sobre la descentralización de los
procesos de expedición de tarjetas de extranjería y estado de
acreditación del proyecto de la nueva oficina. Me gustaría conocer si
hoy el delegado nos puede dar
mayor información sobre estas cuestiones que he planteado en mi
primera intervención
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A efectos de sus
estadísticas personales, doy fe de que usted ha conseguido ser más
breve que el señor Alcaraz.
Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Voy a seguir el mismo camino, a ver si
conseguimos el récord, sobre todo para dar la posibilidad al
secretario de Estado de que conteste, que sé que tiene datos
suficientes para hacerlo, a algunos de los planteamos que aquí se han
hecho.
Simplemente, me voy a referir a los señores Alcaraz y Pedret, que han
hecho alusión a mi intervención. He de decirle al señor Alcaraz que,
independientemente de lo que le conteste el secretario de Estado, no
hay nada más concreto ni una aseveración más cierta y más ajustada
a la realidad que el hecho de que en los dos últimos años, en Andalucía
y en aquellos sitios donde se dan campañas de temporada, como en
nuestra tierra, se ha pasado de haber 35 contratos temporales en el
año 1999 a que en el 2000 haya 3.000. Mejor política que ésa y con
unos datos más concretos creo que es difícil.
Al señor Pedret quiero decirle que en ningún caso se me ocurriría
controlarle ni por supuesto a su grupo parlamentario. Ahora, me debe
permitir que ponga en evidencia - me dirijo a usted porque es el
portavoz que está aquí, pero me refiero, por supuesto, a su grupo
parlamentario- la falta de coherencia que están teniendo en el tema
de la inmigración. Lo siento y de verdad que siento dirigirme a
usted, como antes he sentido hacerlo con los numerosos portavoces que
hablan de este tema, pero es que es una realidad tan cierta como
decirle que si su programa, si su política, si lo que ustedes piensan
hacer como alternativa al Gobierno de España va en la misma línea que
lo que están haciendo en el tema de la inmigración, usted y yo
estaremos sentados en los mismos bancos durante mucho tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias también, señora
Muñoz, por su brevedad.
Para terminar por fin el debate de este primer punto del orden del
día, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, se lo reitero, en
Huelva y en Almería -fundamentalmente en Huelva, porque es en donde
en este momento hay un número de personas encerradas en una serie de
edificios-, lo que usted me está pidiendo que hagamos ahora se hizo
hace exactamente un mes, en el mismo tenor que los acuerdos
alcanzados en Murcia, en Valencia y en Barcelona.
Cuando yo hablo de una interlocución difícil, hablo precisamente de
eso. ¿Cómo podemos alcanzar acuerdos con una serie de grupos de
personas que, al cabo de un mes, hacen desaparecer por arte de magia
esos acuerdos para volver teóricamente a estar legitimados a volver a
encerrarse para volver a presionar al Gobierno? ¿Es que hay alguien
que está pretendiendo crear esa sensación de inquietud, de
desasosiego, de tensión social, como estrategia hacia no se sabe
dónde? No tiene ningún sentido. Está hecho, eso ya está hecho. Es lo
mismo que si una iniciativa que se aprueba, la vuelve a presentar a
los quince días para volver a aprobarla. Si está hecho. ¿Cuál es la
interlocución, cuáles son las conversaciones que nosotros tenemos que
tener con una personas que teóricamente tienen la posibilidad de
acogerse al mismo proceso definido en el resto de los acuerdos,
incluso en los acuerdos de esas dos provincias? Es absolutamente
imposible.
Usted vuelve a insistir en que regularicemos todas las situaciones
que estén en este país, porque aquí no se nota nada. Usted me dice
que, después de regularizar a prácticamente 225.000 personas, no hay
ninguna diferencia entre julio del año pasado, a efectos de la
campaña fresera, por ejemplo -por lo tanto, hablaba de Huelva-, y
este año. Si a eso, sumamos que hay 25.000 personas extranjeras
cobrando el subsidio de desempleo, tampoco supone ninguna posibilidad
de acceso a esos puestos de trabajo, y no hablemos ya del mercado
nacional. No tiene sentido, esos empresarios que usted dice no pueden
estar tan agobiados a no ser que lo que quieran es la mayor cantidad
posible de trabajadores irregulares para no cotizar a la Seguridad
Social, para hacerles trabajar a destajo y para no darles ninguna
condición de seguridad. A esos empresarios y a usted mismo les
recuerdo que al año hay más de 200.000 personas con permiso de
trabajo para que puedan ir precisamente a esos sitios donde se
necesitan.
Planteaba también el señor Campuzano que tenemos que intentar acabar
con las bolsas. El concepto de bolsa de personas irregulares no
debemos manejarlo ni siquiera a efectos verbales, porque en sí mismo
es un concepto perverso. Serán excepcionales las personas que estén
aquí en esas condiciones, pero ni deben ser consideradas como una
bolsa, como una realidad, ni tienen en este país ninguna expectativa
de futuro. No se puede residir ni trabajar en España ilegalmente, y
eso queda meridianamente claro con la Ley 8/2000, y si después del
esfuerzo que se está haciendo de regularizaciónde la mayor cantidad
posible en este período transitorio, incluso recibiendo en ocasiones
las críticas que esta mañana hemos recibido por esto o por aquello,
sigue quedando gente que es imposible regularizar desde el punto de
vista de la ley, tendrá que dejarnos, no podrán seguir viviendo en
España. Esa es una realidad que está ahí planteada y que empezaremos
a aplicar, como es lógico, con la misma flexibilidad con la que lo
hemos venido haciendo hasta ahora, porque
tenemos ese artículo 31.4, cuando el reglamento estévigente, que
espero que sea a finales de 2005.
Señor Campuzano, el concepto de arraigo del artículo 31, conectando
un poco con lo que acabo de decir, tiene como objeto precisamente que
no se generenbolsas en función de irregularidad previa, de
marginalidad y de pobreza, que es a lo que dan lugar las situaciones
de irregularidad, y el artículo 31.4 pretende precisamente poder, con
la agilidad y con la inmediatez necesarias -y tendremos probablemente
mucho que mejorar en ello-, ir resolviendo cada una de esas
situaciones para que nunca se generen esas bolsas de marginalidad por
no ser capaces nosotros de responder a esas condiciones que
marcábamos.
Se aceptan todas las solicitudes que se presentan en cualquier
oficina de extranjería en donde la persona interesada invoca el
artículo 31.4, como cualquier otra solicitud, a lo cual estamos
obligados en la Administración pública, todas sin excepción, sin
preguntar si estuvieron encerrados o no, sin preguntar si están en
esta provincia, en aquella o en la de más allá, lo cual no quiere
decir que se resuelvan todas automáticamente. El 31.4 es un mecanismo
humanitario de flexibilidad, pero no es la puerta falsa de la Ley 8/
2000, y por tanto en unas ocasiones se contestará afirmativamente y
en otras negativamente.
En cuanto a lo que me pregunta sobre la oficina de Barcelona, va a
permitirme que le reitere que no hay cambios sustanciales con
respecto a la información que le di hace quizá mes o mes y medio
sobre el incremento de plantilla de nuevas sedes, etcétera, y estamos
pendientes de ver si coincide el final del período de contrato de las
personas contratadas con la finalización de la relectura de
expedientes como prolongación del anterior proceso extraordinario de
regularización y, si fuese necesario, como ya se ha hecho en este
primer semestre, se prorrogaría, pero es una decisión que aún no se
ha tomado en Administraciones Públicas y que se tomará en función de
la necesidad real de trabajo.
En cuanto a las otras, si quiere se lo reitero por escrito, porque he
de decirle que no me acuerdo literalmente de la contestación en
cuanto a números, plazos, fechas, etcétera, que le di en la otra
ocasión, pero se mantienen en los mismos cauces que yo le informé a
su señoría.
-EL PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO DE CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR PUESTO EN MARCHA POR EL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
212/000405.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al segundo punto
del orden del día, a iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), relativo al retorno de ciudadanos de la República del Ecuador.
Tiene la palabra el delegado del Gobierno, señor Fernández- Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Empezaré por la comparecencia
solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
para informar en relación con el programa de retorno voluntario de
ciudadanos de la República del Ecuador puesto en marcha por el
Gobierno.
Como recordará S.S., señor Campuzano, el día 3 de febrero de este
año, del año 2001, a las ocho de la mañana fue arrollada por un tren,
en un paso a nivel sin barreras próximo a la ciudad de Lorca, una
camioneta ocupada por catorce personas, accidente en el que perdieron
la vida doce de ellas. El delegado del Gobierno en Murcia acudió de
forma inmediata al lugar del accidente, de donde habían sido
evacuados los dos supervivientes e ingresados, si no recuerdo mal, en
el hospital Virgen de la Arreixaca, de Murcia capital, resultando ser
una persona adulta y una niña de 12 años, ambos de nacionalidad
ecuatoriana, y posteriormente se supo que ambos en situación
irregular en España. Los doce cadáveres, que fueron trasladados a
partir de ese momento, primeras horas de la mañana, al Instituto
Anatómico Forense de Murcia, todos ellos fallecidos en el acto,
algunos con muy importantes mutilaciones, fueron identificados
inicialmente como trabajadores que se dirigían a una explotación
agraria que no se concretó en primera instancia y horas más tarde,
con la participación y con la ayuda de algunos familiares y de
algunos amigos, fueron identificados como ciudadanos ecuatorianos y
posteriormente como personas en situación irregular en España.
Ese mismo día, a lo largo de las últimas horas de la mañana yo me
desplacé a la ciudad de Murcia para entrevistarme personalmente,
tanto con el delegado del Gobierno como con Guardia Civil, Policía
Nacional y los médicos forenses del Instituto Anatómico Forense, así
como con los familiares y con los amigos de los fallecidos que se
encontraban en el mencionado Instituto en un número aproximado de
entre sesenta y setenta personas. En aquel momento tuve ocasión de
comentar con ellos lo que había sucedido, las condiciones en las
cuales se había producido y su situación de regularidad
o irregularidad, pues la inmensa mayoría de ellos se encontraba en esta
segunda situación. Tuve ocasión de comentar la situación de
explotación en la que se encontraban, manifestada espontáneamente por
ellos, así como sus pésimas condiciones de vida. Reconozco que la
situación fue humanamente impactante.
En aquel momento nació mi primer ofrecimiento de ayuda a aquel grupo
concreto de personas para que dejasen de ser explotadas, para que
mejorasen sus condiciones de vida y consiguiesen regularizar, desde
el punto de vista administrativo, su situación como sinónimo de única
alternativa a la situación que estaban
padeciendo. De ahí nació lo que después vino en llamarse la operación
de legalización y de retorno voluntario al Ecuador de aquellas
personas que habían sido víctimas de traficantes nacionales
ecuatorianos, que allí los llaman coyoteros, de los explotadores que
-insisto- son españoles y de la realidad que, lamentablemente, dibujó
y estaba dibujando la Ley 4/2000.
El programa diseñado y ejecutado por el Gobierno, el programa de
oferta humanitaria de legalización y de retorno voluntario de
ciudadanos ecuatorianos, persiguió dos fines en sí mismos
complementarios, dos fines que hemos alcanzado y de lo cual estamos
satisfechos. Era una operación estrictamente humanitaria, como puede
imaginarse. Se trataba de rescatar al mayor número de ciudadanos
ecuatorianos posible de la marginalidad, de la explotación, como
sinónimo de su situación de ilegalidad; sacar de ese ámbito a un
grupo especialmente vulnerable de personas, al grupo más numeroso de
una misma nacionalidad en España en situación irregular, los más
vulnerables, a su vez, en su propia sociedad de origen, que también
tuve ocasión de visitar.
A la vez se pretendía poner en marcha una operación informativa. Se
querían poner de manifiesto los cambios que en la sociedad española
se estaban introduciendo a través de acciones legislativas, a través
de convenios, a través de programas, como el programa Greco, para que
se difundiese, no solamente en España sino en el Ecuador, que era
quizás lo más importante, la exigencia de ordenar esos flujos
migratorios dentro de la legalidad porque era la única forma de
garantizar el disfrute de sus derechos fundamentales y de sus
derechos sociales. Es decir, se pretendía transmitir la idea
fundamental de que la integración social, la integración laboral, la
reunificación familiar era imposible alcanzarla desde la
irregularidad o la ilegalidad. Por tanto, yo creo que este programa
estaba definido con razones más que sobradas, dada la realidad de que
estábamos hablando, como oferta humanitaria de legalización y de
retorno voluntario a Ecuador.
El día 31 de enero finalizamos las negociaciones con las autoridades
ecuatorianas, y el anterior ministro del Interior, don Jaime Mayor
Oreja, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador,
rubrican en Quito el acuerdo entre España y Ecuador sobre regulación
y ordenación de flujos migratorios y, como bien saben, el 4 de mayo,
el Consejo de Ministros aprueba definitivamente el acuerdo,
habiéndose realizado y notificado todos los procedimientos
administrativos en ambos países para su entrada en vigor. Dicho
acuerdo contiene el compromiso de ambos Estados de propiciar que
cualquier ciudadano ecuatoriano que se encontrase irregularmente en
España y que por sus circunstancias no tuviese ante sí otra
alternativa que la expulsión administrativa, si así lo solicitaba,
dentro de ese programa general de ayuda para la legalización de las
personas de nacionalidad ecuatoriana, podría volver voluntariamente
a su país, en donde ya el 90 por ciento de ellos había iniciado
los trámites de solicitud de visado, de permiso de trabajo y de
permiso de residencia, con el fin de regularizar su situación para
poder respetar la legislación vigente. Asimismo, las autoridades
españolas asumíamos el compromiso de ofrecer ayudas económicas a los
inmigrantes acogidos al programa, incluso para pagar los gastos de
transporte y una tramitación preferente del visado, acortando los
plazos administrativos ordinarios tras el estudio personalizado de
todas y cada una de las solicitudes que se pudiesen producir.
Se puso en marcha el programa y se abrió la fase de petición de ayuda
a lo largo del mes de febrero (el plazo de solicitud era durante todo
el mes de febrero) para que se acogiesen al mismo los ecuatorianos
que estaban en España antes del 23 de enero, antes de la entrada en
vigor de la nueva ley. En ese momento se iniciaron las negociaciones
con una serie de compañías aéreas (en la siguiente comparecencia
entraremos en este tema con más detalle) y, en función de las
condiciones más favorables, es la compañía Iberia la que se muestra
capaz de asumir el desplazamiento de una serie de personas cuya única
alternativa, insisto, era la expulsión administrativa de España.
Las provincias en las que se recibieron más solicitudes, además de
forma especialmente intensa a lo largo de los cuatro últimos días de
plazo, fueron Murcia, 8.919; Madrid, 5.790; Almería, 1.795; Alicante,
1.700; Valencia, 997 y Barcelona, 936. En función del criterio que
antes se manejaba, al no existir ninguna otra alternativa para estas
personas, se elaboraron las listas de vuelo y se realizaron las
reservas de las plazas necesarias para transportar a los inmigrantes.
Los viajes de ida se realizaron en el período comprendido entre el 19
de febrero y el 23 de abril, tiempo durante el cual se produjo el
desplazamiento de 3.134 personas ecuatorianas en 35 vuelos
diferentes.
Para la tramitación preferente del programa, parte del compromiso
adquirido, el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la colaboración
de las autoridades ecuatorianas -colaboración que es de agradecer, ya
que proporcionaron una serie de instalaciones ajenas al propio
consulado-, habilitó una oficina auxiliar de visados dotada tanto de
medios humanos, reforzados con seis personas desplazadas a tal efecto
desde España y procedentes de los ministerios del Interior, de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores, como de
materiales necesarios para proceder a la tramitación de las
solicitudes.
La vuelta de las personas ecuatorianas que viajaron se ha producido
de forma escalonada, lo mismo que la ida. Desde el 6 de marzo, día en
el que se iniciaron los vuelos de retorno, hasta la fecha de hoy han
regresado 2.431 personas en un total de 28 vuelos, estando previstos
en los próximos días los dos últimos, cada uno de los cuales
albergará a 150 personas. El último vuelose realizará el día 15 de
junio y con él se dará por concluida
la operación, habiendo vuelto 2.731 personas. La mayoría de las
dificultades que ha habido en relación con la vuelta de estas
personas se han debido fundamentalmente a dos causas. Una, a que
prácticamente el 90 por ciento de las ofertas de empleo que
presentaron los interesados resultaron fallidas. No hubo forma de
concretarlas en función de su origen y hubo que buscar ofertas de
empleo nuevas. Y dos, a que los interesados debían aportar una serie
de documentos expedidos por las autoridades ecuatorianas para
tramitarles el visado, lo cual en buena medida ralentizó el trámite.
Y se ha dado el caso de que 403 personas, a pesar de la publicidad
que se le ha dado al tema y de las ayudas concedidas, han renunciado
regresar a España, no sé si recordando las condiciones en las cuales
estuvieron muchos de ellos, condiciones, como antes les he dicho,
auténticamente lamentables.
Tras el estudio individualizado de las solicitudes y una vez que se
ha constatado el avance del objetivo informativo del programa de
legalización y retorno a Ecuador, el resto de los ciudadanos
ecuatorianos acogidos al programa se han beneficiado de una serie de
motivos humanitarios contemplados en la legislación vigente en
nuestro país y, en concreto, de la concesión de exenciones de visado
por motivos humanitarios. En estos casos no se ha producido -no tenía
que producirse- su desplazamiento a Ecuador y su regularización se ha
realizado en España. La exención de visado durante el proceso de
obtención de los permisos de trabajo y de residencia, se ha concedido
a todos aquellos que, habiéndose apuntado a la oferta de ayuda para
la regularización, lo hicieron en el plazo fijado con los siguientes
requisitos. Primero, acreditar ser ascendientes directos o
representantes legales de uno o varios menores o incapaces que se
encontrasen en España a sus expensas. Segundo, estar trabajando en el
sector de servicios en España cuidando a personas dependientes,
mayores, enfermos o niños. Y tercero, encontrase pendientes del
examen previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 8/
2000. Toda la operación humanitaria, que como tal ha sido planteada
desde el inicio, por razones obvias, por el Gobierno, ha dado lugar a
la legalización de 24.884 personas. Se trata de una de las
operaciones humanitarias más importantes dedicadas a un grupo
perfectamente identificado por razones que ya les he mencionado y que
sobre todo nos ha permitido sacar de la explotación, y en muchos
casos de auténticos niveles de marginalidad y pobreza, a todas estas
personas y que constituye, desde nuestro punto de vista, un auténtico
éxito.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la información del
señor Fernández-Miranda y decir que toda la historia que rodea la
operación que
el Gobierno denomina humanitaria de retorno de los ciudadanos de
Ecuador puede merecer, y va a merecer, importantes críticas de los
grupos de la oposición. Entre las afirmaciones que se realizaron a
principios de enero del 2001 por parte del Gobierno, con la previsión
de que fuese una oferta generalizada para el conjunto de ciudadanos
ecuatorianos en España, incluso de que se pudiese extender a
ciudadanos de Colombia, Marruecos y Rumanía, en afirmaciones que
publicó la prensa española el día 12 de enero de 2001, hasta esa
realidad de 3.134 personas que retornaron a Ecuador y 2.731 que luego
volvieron a España, hasta las 24.800 que se han podido beneficiar de
esta discrecionalidad del Gobierno a la hora de tratar la situación,
es evidente que puede ser objeto de muchas críticas. Yo no creo que
el Gobierno haya gestionado bien, ni mucho menos, aquello que se
afirmó en un primer momento y lo que finalmente se ha realizado. Pero
como estoy seguro de que los restantes grupos parlamentarios van a
abundar en estas críticas, simplemente voy a plantearle cuatro
consideraciones.
Podemos estar todos de acuerdo en la necesidad de acabar con esas
bolsas de ciudadanos en situación irregular y que, por tanto, hay que
arbitrar los mecanismos que las leyes prevén, así como en los
mecanismos de información que puedan permitir a los ciudadanos
extranjeros conocer cuáles son las vías legales para venir a España.
Lógicamente, hay que arbitrar las medidas que hagan posible que esa
inmigración regular se produzca en las debidas condiciones. Ese sería
un debate.
Lo que le preocupa a nuestro grupo de la operación humanitaria de
Ecuador son dos cosas: que sea una operación resultado de un
accidente, que una vez más, el Gobierno, en materia de inmigración,
tenga una política reactiva. Si ahora sucede un accidente con
ciudadanos de Rumanía, de Marruecos o de Colombia en situación
irregular ¿también vamos a tener que organizar una operación retorno?
¿El hecho de que se haya producido ese triste accidente es lo que
motiva al Gobierno la organización de esa operación? ¿El Gobierno
entiende que si se produce, por desgracia -y ojalá no se produzca
nunca-, un nuevo accidente de inmigrantes en situación irregular hay
que organizar una operación de estas características? ¿Qué es lo que
define la situación de vulnerabilidad que ha justificado esta
operación? ¿Los ciudadanos de Marruecos, de Rumanía o de Colombia
están en situación de menor vulnerabilidad que los ciudadanos de
Ecuador? Esta es una primera consideración que sería bueno que el
señor Fernández-Miranda aclarase hoy.
Segunda consideración. Organizamos este dispositivo de Ecuador con
estas previsiones de exenciones de visados, en el marco de una
operación que parece excepcional y en la que utilizamos estas
previsiones para no tener que organizar el retorno de estas 24.000
personas, pero nos olvidamos de que en los acuerdos que se están
firmando en las comunidades autónomas
-y vuelvo al firmado en el País Valenciano- se afirma que cualquier
persona que no haya presentado solicitud, pero que pueda demostrar
que reside en la Comunidad Valenciana antes del 23 de enero del 2001
y pueda presentar una oferta de trabajo firme, podrá solicitar un
permiso de trabajo y de residencia. Prevemos también que podrán
solicitarse exenciones de visados, interpretando de manera amplia los
criterios humanitarios o excepcionales, contando entre ellos -dice el
acuerdo valenciano- los desastres naturales, situaciones de grave
conflicto, pobreza, países lejanos, difícil relación y circunstancias
personales, mujeres maltratadas, menores y colaboración con la
justicia en los términos previstos en la Ley 8/2000.
La segunda cuestión es: ¿hacía falta organizar también la operación
de retorno de Ecuador? ¿Hacía falta toda la expectativa que se ha
generado si, al mismotiempo, el Gobierno estaba firmando estos
acuerdos como los del País Valenciano, muy similares a los que se han
producido en Cataluña y en Murcia? Se nos escapa el porqué. ¿No
hubiese tenido más sentido evitarnos el bochorno que ha supuesto que
el Gobierno haya generado la expectativa de este retorno de 24.800
personas y, ante la evidencia de los costes económicos de esta
operación, optar por crear una fórmula expresamente pensada para los
ciudadanos de Ecuador? Estas son las dudas que tiene nuestro grupo.
Supongo que el señor delegado del Gobierno me contestará ahora o
cuando responda a la petición del Grupo Parlamentario Socialista,
pero sería bueno conocer el coste que han tenido esos 3.134 viajes de
ciudadanos de Ecuador de España hacia su país y el coste de esos
2.731 viajes de retorno. Habría que hacer números también sobre lo
que nos habría costado esa previsión inicial del Gobierno de 24.800
viajes de ida y vuelta de ciudadanos de Ecuador, como consecuencia de
las afirmaciones que se produjeron a principios de enero de 2001.
No es bueno que la operación de Ecuador se repita. Creemos que el
Gobierno ha errado en las fórmulas que ha planteado y que esas
situaciones de excepcionalidad, derivadas de la vulnerabilidad de los
ciudadanos ecuatorianos, podrían ser perfectamente aplicables a la
mayoría de los ciudadanos extranjeros en situación irregular en
España. En ningún caso el lamentable accidente como el que se produjo
en Murcia puede justificar este tipo de operaciones, no tan sólo por
el coste económico que tienen, que es elevado e importante, según las
cifras que S.S. que nos dará, sino porque rompen con esa necesidad
que le planteábamos en nuestra primera intervención de que el
Gobierno en esta materia mantenga criterios uniformes aplicables en
todo el Estado y al conjunto de ciudadanos extranjeros en función de
una misma situación. No nos parece que la operación Ecuador sea
ejemplar en el tratamiento de la situación de la inmigración
irregular en España. Estimamos que el Gobierno se ha equivocado, que
ha podido rectificar a última hora, pero que ese mensaje de
seriedad que es bueno que se produzca en esas situaciones, no se ha
producido.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: He consultado con la Mesa sobre si se
habían acumulado las comparecencias, puesto que no he oído respuesta
alguna a la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Si es así, quisiera que se aclarara porque la
intervención entonces es muy distinta. O pedirle al señor Alvarez-
Miranda que me diga algo de lo que le pregunto, o escucharle y luego
poder intervenir.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Efectivamente, no he contestado a la
comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PEDRET I GRENZNER: Entonces, señor presidente, no sé qué
trámite debo llevar. Fijo posición sobre la pedida por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y luego tramitamos
separadamente la nuestra. La Presidencia decidirá.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Si le parece oportuno,
señor Pedret, fije posición sobre la iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) .
El señor PEDRET I GRENZNER: Le aseguro que voy a ser breve, señor
Fernández-Miranda, porque supongo que luego hablaremos de temas
parecidos en la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
No le sorprenderá que diga que básicamente estoy de acuerdo con lo
manifestado por el señor Campuzano en representación de su grupo
parlamentario. Nosotros entendemos que la operación Ecuador -el largo
nombre del programa que no he conseguido retener que ha mencionado el
señor compareciente- no es el ejemplo a seguir en el conjunto de las
regularizaciones, no es un buen método.
Comprendemos perfectamente -incluso nos solidarizamos con él- el
impacto anímico que debió sufrir el señor delegado del Gobierno en el
momento de entrevistarse con los ecuatorianos, junto después del
terrible accidente de la furgoneta de personal esclavo, pero creemos
que este impacto emocional, que le honra, no debiera haber llevado a
la articulación de unas medidas tan extraordinarias como las que se
tomaron para la regularización de los ecuatorianos. Estamos
convencidos de que el encomiable objetivo humanitario podía haberse
llevado a cabo de formas distintas y de que para el necesario efecto
informativo -y compartimos
también la posición del señor delegado del Gobierno- no era preciso
organizar en este caso el puente aéreo. Era posible dedicar otros
medios, seguramente más reducidos desde el punto de vista de coste
económico, con la misma eficacia que el organizar este traslado
masivo de inmigrantes a un lugar tan lejano como Ecuador.
Para fijar nuestra posición, estamos de acuerdo, compartimos las
finalidades, creemos que el resultado final de 24.874 personas
regularizadas es un buen resultado, pero discrepamos de los medios
empleados para alcanzarlo. Consideramos que se creó mayor confusión,
que el efecto informativo hubiera sido mejor explicando con palabras
y no con un ejemplo interpretable de formas muy distintas. Esperamos
que en el futuro, cuando por desgracia podamos encontrarnos -cosa que
no deseamos- con una situación igual, con colectivos de otra
nacionalidad, no sea éste el método que se utilice sino que haya
aprendido también el Gobierno de los errores cometidos y se realice
la actuación por métodos distintos.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora
Muñoz Uriol, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MUÑOZ URIOL: Tal como reconocía el portavoz de Convergència
i Unió, el señor Campuzano, hay que agradecer al Gobierno que se
fomenten las medidas que eviten esa inmigración irregular. Que se
fomenten y se arbitren las que se impliquen en la planificación de
esa inmigración regular. Que un inmigrante, sea de la nacionalidad
que sea, sepa que cuando viene a trabajar a nuestro país lo puede
hacer con una oferta de trabajo, y eso es lo que está impulsando el
Gobierno en todas las medidas que está adoptando. También es cierto,
y hay que reconocerlo, que en el tema de Ecuador la situación era
diferente de aquélla en la que se encontraban los nacionales de otros
países. En efecto, en los últimos años había habido un incrementomuy
importante de ecuatorianos que estaban residiendo en nuestro país de
manera irregular. Todos los presentes, sobre todo el portavoz del
Grupo Socialista, deben conocer las razones que motivaban que esa
aparición de ecuatorianos en nuestro país de manera irregular se
hubiera incrementado de manera tan importante en los últimos años. La
firma del convenio en 1995, para lo cual se modifica el convenio que
se había suscrito entre España y Ecuador en los años sesenta, que
termina con las preferencias que sostenía España hacia los nacionales
de Ecuador es, como hemos visto en los medios de comunicación de
Ecuador, un elemento muy a tener en cuenta. Muchos ecuatorianos
pensaban que era el momento de venir a España donde, como todos
sabemos, no se necesita visado de turista y donde, antes de la firma
de ese convenio, tampoco se tenía en cuenta la situación nacional de
empleo.
No me voy a extender más en esta comparecencia, pero quiero hacer
aquí una mención específica respecto a que era necesaria esa firma de
convenio, suscrito justo cuando Ecuador termina la tramitación y
entra en vigor la modificación de convenio que se firmó en 1995.
Justo en el verano del año 2000 entra en vigor ese convenio y,
precisamente porque se estaba negociando desde entonces con las
autoridades de Ecuador, desgraciadamente algunas semanas después de
ese trágico accidente, se pone en marcha un convenio que, a nuestro
juicio, es el modelo que se debe seguir en todos los que se firmen
con países emisores de emigrantes. Creemos que ha sido un acierto, la
garantía a la que hacía referencia el secretario de Estado, que
certifica que se está haciendo una adecuada planificación y que se
está instando a la regularidad.
La propuesta del plan humanitario del Gobierno ha sido la excepción
necesaria para invertir la situación de irregularidad en la que
estaban muchos inmigrantes ecuatorianos que llevaba a esa
explotación, que -estoy segura- todos queremos evitar. Esa era la
realidad. Cualquiera que no esté al corriente de la situación es
porque no está bien informado. Nosotros estamos plenamente de acuerdo
con la actuación llevada a cabo por el Ministerio del Interior, su
Secretaría de Estado, y le felicitamos por los datos a los que se ha
referido anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A continuación, el señor
delegado del Gobierno contestará a las cuestiones que se han
planteado sobre la iniciativa de Convergència i Unió y, si no les
parece mal a los grupos parlamentarios, pasará a sustanciar
inmediatamente la iniciativa del PSOE. De esa forma, quizá atendemos
el interés de los grupos por acumular las dos iniciativas.
Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): En primer lugar, quiero darle las
gracias a la señora Muñoz, que no es la primera vez que lo dice pero
ha expresado claramente que la operación de ayuda para la
regularización o retorno voluntario -no se le quedaba el nombre al
señor Pedret, lo que no me extraña- la plantea destacando que es una
operación humanitaria. También agradezco que tanto el señor Campuzano
como el señor Pedret hayan dicho, porque es la primera vez que yo se
lo oigo -no querría afirmar que es la primera vez que lo dicen-, que
entienden la operación montada en torno a estas personas como una
operación humanitaria.
Señor Campuzano y señor Pedret, efectivamente la situación me impactó
personalmente; no les vi por allí, pero les habría impactado, lo
mismo que me impactó a mí, la situación que aquellas personas
padecían, obviamente las fallecidas y sus familiares. No le quepa la
menor duda de que la actitud general del Gobierno -y yo les agradezco
esa recomendación de que aprendamos- es la de aprender rápidamente de
los errores cuando los cometemos, pero no en este caso, respecto del
cual, más allá de detalles meramente operativos, no pensamos habernos
equivocado en el espíritu, en la concepción de esta operación de
ayuda especial a ciudadanos ecuatorianos. Pensamos que no nos
equivocamos porque consiste en una respuesta humanitaria, a la cual
también estamos obligados desde las sociedades desarrolladas ante un
desastre añadido al propio dramatismo de su situación.
Salva la vida en este accidente, creo que milagrosamente, una niña de
doce años junto con el conductor. ¿Qué hacía esa niña de doce años
yendo a trabajar a las ocho de la mañana a una explotación agraria?
Teóricamente, sustituir a su madre, que ese día tenía que hacer una
gestión. Doce personas, que pagaban entre 500 y 600 pesetas a otra
persona de nacionalidad ecuatoriana, en la misma situación de
irregularidad, para ser transportadas por carreteras secundarias a
una explotación agraria, donde trabajaban a destajo, siendo pagados
en función de los kilos que eran capaces de recoger. Es la respuesta
humanitaria del Gobierno ante un desastre añadido a su situación de
explotación y de miseria. No voy a arrepentirme ni a avergonzarme de
esa realidad y el Gobierno no va a arrepentirse ni a avergonzarse de
esa realidad. Como consecuencia de esa operación, casi 25.000
personas dejan de ser explotadas en este país, con lo cual podemos
estar un poco menos colorados de lo que tenemos que estar en función
de la existencia de explotadores que cierran el circuito del tráfico
de seres humanos.
Fue una oferta hecha, desde el principio, a ciudadanos ecuatorianos
para su legalización, sabiendo que, dentro de la gran excepción que
estábamos haciendo por razones obvias, tendríamos que establecer otra
serie de excepciones. ¿O era razonable que hiciésemos viajar también
a los niños? ¿O era razonable que hiciésemos viajar también a las
mujeres que estuviesen embarazadas? ¿O era razonable que hiciésemos
viajar (y ya se hizo, en su momento, en la regularización
extraordinaria de 1999) a aquellas personas que estaban cuidando a
personas dependientes españolas aquí, en España? ¿O era razonable no
establecer excepciones a una oferta que nunca se planteó (por mucho
que se empeñen SS.SS.) para que fuesen a viajar 25.000 personas? Eso
forma parte de esa realidad virtual que ustedes se quieren dibujar
para poder darle la mayor cantidad de leña posible al Gobierno. Pues
no, nunca se dijo a nadie que iban a viajar todos aquellos que
pidiesen ayuda al Gobierno y lo han hecho aquellos cuya única
alternativa legal era la expulsión administrativa. A no ser que
ustedes también me estén diciendo (ahora hablaremos de los costos y
me dirán ustedes en dónde sitúan el concepto de despilfarro) que
teníamos que saltarnos la ley para no hacer viajar a personas cuya
única
posibilidad era ir a recoger, a su país, un permiso con el que tenían
que haber venido y que tenían que haber solicitado. A no ser, señor
Pedret, que tuviésemos que haber hecho caso a esa genial ocurrencia
de su secretario general de que fuesen las embajadas de Ecuador las
que les diesen aquí el permiso. El permiso tiene que darlo el Estado
español, a no ser que la alternativa fuese que abriésemos también
(una patada al derecho internacional como la patada a un bote)
embajadas de España en España para dar permisos a personas que, en
función de la legislación vigente, tenían que abandonar España para
recoger esos permisos y que nuestro compromiso con ellos, dada su
situación personal, su grado de vulnerabilidad, su grado de pobreza,
es que si no podían pagárselo -y muchos de ellos no podían-,
asumiríamos ese costo; lo mismo que la compañía Iberia asumió el
costo del traslado de los 12 fallecidos -un costo aproximado de
600.000 pesetas cada una de las cajas mortuorias- porque no podían
asumirlo ni ellos ni sus familias ni el Gobierno ecuatoriano. ¿O es
que no tenemos que hacer esos esfuerzos desde el punto de vista de
gasto público en este tipo de operaciones? ¿O es que me están
diciendo ustedes que, para que no nos cueste dinero (y ahora
hablaremos de dinero público), había que haberlos expulsado con
prohibición de volver a cualquier país de la Unión Europea, entre
cinco y diez años.
Nosotros pensamos justo lo contrario de lo que se puede deducir de
los reproches que nos están haciendo. Nosotros creemos que no nos
equivocamos en nuestra reacción, pero consideramos con el máximo
interés, insisto, cada una de las afirmaciones hechas porque todos
debemos aprender algo nuevo cada día de cualquiera de nuestras
actuaciones.
- A QUÉ PARTIDA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SE HAN
IMPUTADO LOS GASTOS DEL PROGRAMA DE RETORNO DE LOS CIUDADANOS
ECUATORIANOS QUE ESTÁN EN ESPAÑA, QUÉ AUTORIDAD, ÓRGANO O DEPENDENCIA
HA APROBADO EL MENCIONADO GASTO, EN BASE A QUÉ RESOLUCIÓN O NORMA SE
HA REALIZADO EL MISMO, A QUÉ EMPRESAS Y MEDIANTE QUÉ PROCEDIMIENTOS
SE HA ADJUDICADO EL SERVICIO Y CUÁLES SON LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN
LAS CANTIDADES DESEMBOLSADAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000456.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente
comparecencia.
Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Entro, señor presidente, en la
exposición de la comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista,
que tiene el siguiente enunciado: A qué partida de los Presupuestos
Generales del Estado se han imputado los gastos del programa de
retorno de los ciudadanos ecuatorianos que están en España, qué
autoridad, órgano o dependencia ha aprobado el mencionado gasto, en
base a qué resolución o norma se ha realizado el mismo, a qué
empresas y mediante qué procedimiento se ha adjudicado el servicio y
cuáles son los motivos que justifican las cantidades desembolsadas.
Respecto a qué resolución o norma ha servido de base para desarrollar
el programa y el gasto a él implícito tengo que decir que la base
legal que ampara la operación humanitaria que les he comentado en la
anterior comparecencia, relativa a la ayuda a la legalización
y retorno voluntario de ciudadanos ecuatorianos, es el Acuerdo sobre
regulación y ordenación de flujos migratorios entre la República de
Ecuador y el Reino de España, rubricado en Quito el 31 de enero de
2001 y autorizado por Consejo de Ministros. Este acuerdo establece,
en sus artículos 14 y 17, que los ciudadanos ecuatorianos en
situación irregular en España podrían, si así lo solicitaban,
acogerse a la oferta humanitaria del Gobierno para legalizar su
situación. Esta oferta incluía que aquellas personas para las que,
dada su situación, la única alternativa era la expulsión tuvieran la
posibilidad de realizar un retorno voluntario a su país para tramitar
sus visados, beneficiándose de las ayudas económicas dispuestas por
la Administración española para financiar los gastos del viaje de ida
y vuelta. Estas ayudas se concederían, una vez realizado el estudio
individualizado de los solicitantes, en solicitudes presentadas antes
del 1 de marzo de 2001.
En cuanto a la partida presupuestaria, la financiación del programa
humanitario de retorno y legalización, como es obvio, no estaba
prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2001, como no lo
está ninguna de las actuaciones excepcionales ante catástrofes, y por
tanto, inicialmente, no había en ellos ninguna partida presupuestaria
a la que pudiese ser imputado. Una vez rubricado y autorizado por el
Consejo de Ministros el acuerdo de Ecuador, se ha procedido a dar
cobertura presupuestaria a las obligaciones contraídas mediante la
tramitación de un expediente de modificación presupuestaria y de
transferencia de crédito desde el Ministerio de Hacienda, según lo
previsto en el artículo 68.2 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, al servicio 07, programa 222.G del Ministerio del
Interior -que fue el programa que invoqué inicialmente ante las
primeras preguntas que me formuló algún medio de comunicación-,
gestionado por la Delegación del Gobierno para la Extranjería e
Inmigración. Por tanto, el concepto presupuestario es el 16.07.222.G.
480. La cantidad transferida será de 387.656.496 pesetas y se
integrará, como antes les decía, en el capítulo IV: Transferencias
corrientes, en la partida 480 de dicho programa presupuestario, bajo
el epígrafe: Para atender a las ayudas previstas en los artículos 14
y 17 del Acuerdo suscrito con la República de Ecuador sobre
regulación de flujos migratorios. Las ayudas a los ciudadanos
ecuatorianos acogidos a la oferta humanitaria de legalización
o retorno voluntario toman, por tanto, la forma de subvenciones no
nominativas a particulares, es decir, se pueden otorgar a todos los
particulares que cumplen los requisitos que establece una norma sin
necesidad de convocatoria pública, amparadas por una norma legal, en
este caso el acuerdo que tiene rango de ley, y como tal han sido
tramitadas.
En cuanto a la autoridad, órgano o dependencia que aprueba el gasto,
puesto que los fondos económicos destinados a financiar el programa
humanitario se integrarán en el programa 222.G, que corresponde a la
unidad administrativa Delegación del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración, la autoridad a la que compete autorizar dicho gasto
es el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
Por lo que se refiere a las empresas a las que se ha adjudicado el
servicio y el procedimiento de adjudicación, para seleccionar a la
empresa que ofreciera en condiciones más favorables el servicio de
transporte Madrid-Quito-Madrid de los ciudadanos ecuatorianos
acogidos al programa, la Delegación del Gobierno para la Extranjería
y la Inmigración solicitó oferta y entabló negociaciones con cuatro
compañías aéreas. Tras analizar las características técnicas y
económicas de las cuatro ofertas, atendiendo a factores como
presupuesto global, seguridad de los vuelos, racionalidad de los
itinerarios propuestos, trato a los pasajeros, garantía de reserva de
plazas y versatilidad y flexibilidad del propio programa ejecutado
por la compañía aérea, se consideró que la formulada por la compañía
Iberia era la que reunía el mayor número de condiciones positivas y
la que mejor se adecuaba a los objetos del programa humanitario. La
compañía Iberia ofertó plazas en vuelos directos Madrid-Quito-Madrid,
en vuelo regular, en aviones Airbus, que es uno de los modelos que
puede aterrizar y despegar en el aeropuerto de Quito, donde SS.SS.
saben que no pueden hacerlo todos los aviones. Esta oferta conjugaba
ventajas operativas y económicas que determinaron su selección, como
les decía antes: el vuelo directo; la mayor oferta de plazas en
vuelos regulares con cinco vuelos por semana, con 249 posibilidades
de asientos disponibles por avión -los vuelos regulares aseguraban a
las personas acogidas al programa reserva de plaza en las mismas
condiciones que cualquier otro viajero-; vuelos operativos tanto a
Quito como a Guayaquil, alguno de ellos allí acabó; la modernidad del
aparato que antes les comentaba, el Airbus A-340, permitía la
combinación de los vuelos regulares con alguna contratación
excepcional de vuelos especiales si era necesario, proporcionaba un
soporte
logístico específico añadido tanto en el aeropuerto de salida como en
el de llegada, de personal especializado de la propia compañía, de
los chaquetas rojas, con desplazamiento incluso de un empleado desde
Madrid para reforzar la operación y apoyar a la oficina de
extranjería abierta en las labores de acoplamiento y reserva de
viajes de vuelta, luego la propia compañía suministraba personal para
el apoyo de la operación.
Se pactó un precio base aproximado por pasajero, con ventajas
importantes sobre las tarifas medias del mercado, pero sin las
restricciones y limitaciones usuales ante este tipo de
contrataciones, habilitando un número importante de asientos no
disponibles normalmente ni con estas características ni a estos
precios. Se realizarán, mediante pacto con la compañía, reducciones
en la facturación final sobre la base de utilizaciones reales de los
billetes e incluso será posible el reembolso del costo de los
billetes no utilizados totalmente en ida y vuelta y de los fallidos a
última hora en los instantes inmediatos al embarque. En resumen, la
principal ventaja de la oferta de Iberia era su gran flexibilidad
y su gran capacidad de adaptación a lo peculiar que en sí tenía las
necesidades del programa humanitario.
En cuanto a los motivos que justificaron las cantidades
desembolsadas, en buena medida se lo he explicado. Desde el punto de
vista operativo, daremos por cerrada la operación el día 15 de junio,
día en el que se efectuará el último vuelo, con uno previo de 150
personas. En este momento, a la espera de tener la cifra definitiva,
en función de tantos cuantos vuelvan y quieran estos dos viajes, como
les comentaba, se puede decir, en función del crédito generado, que
el costo final de la operación no superará los 388 millones por
redondear la cifra. El coste final corresponderá a la facturación de
la compañía Iberia, del traslado de 3.134 personas Madrid-Quito y del
regreso previsto, contando estos dos últimos viajes, de 2.731
personas.
Respecto a los motivos de fondo para este desembolso, el Gobierno al
organizar este programa de legalización y retorno perseguía -ya se lo
he dicho antes- objetivos a la vez humanitarios y de información
hemos conseguido con creces, además de contemplarlo sin que pueda ser
una ficha independiente aislada o una peonza loca dentro de toda la
operación, la legalización, el retorno a la legalidad, a la
normalidad de esas 24.884 personas que fueron todas las que lo
solicitaron, arrancándolos de la explotación, de la marginalidad y de
la pobreza y considerándolo desde el punto de vista del Gobierno como
todo un éxito.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor Fernández-Miranda, porque
pretendíamos lo que hemos conseguido y me había asustado no haberlo
logrado antes por haber interpretado mal el trámite de
acumulación o no de las comparecencias. Créalo usted, queríamos saber
lo que usted nos ha dicho. No se trataba de poner ninguna trampa al
Gobierno, sino de provocar, a través de una actividad reglamentaria
en el Parlamento, aquello que posiblemente -es un reproche que le voy
a hacer- hubiera sido bueno que se manifestara ya voluntariamente por
parte del Gobierno. No nos quejamos de que hayan atendido ustedes a
nuestra petición, ni mucho menos. Simplemente creemos que quizá
hubieran podido decirlo anteriormente, porque una de las
características que hasta este momento al menos ha tenido la
operación de los ecuatorianos ha sido la de la nebulosa respecto al
coste, al método, etcétera. Hemos escuchado su información con toda
la atención que se merece; por si acaso no nos hemos enterado
exactamente en el momento de la intervención oral, vamos a leer con
toda la atención el 'Diario de Sesiones' para tener exactamente todos
los datos que habíamos solicitado. Vamos a analizarlos y a
estudiarlos y tras ese estudio y análisis vamos a ver si quedamos
convencidos o no de algo en lo que de momento no lo estamos, que es
la necesidad de este gasto.
No estamos aquí criticando la austeridad o no austeridad, la
aplicación correcta o incorrecta de la partida presupuestaria. Tenía
usted -le felicito- una enorme confianza en que se alcanzara el
acuerdo de 31 de enero cuando hizo la oferta con anterioridad; por
tanto, demostró una confianza que es digna de elogio, que tendría una
cobertura legal posterior al gasto que no existía, si he entendido
bien la cronología, en el momento que realizó la oferta de traslado,
pero creemos que el conjunto del gasto, los 386 millones redondeados
a que se ha referido usted, quizá no fuera necesario. No puedo estar
más de acuerdo con lo que usted manifestó en esta Comisión en 27 de
febrero, cuando, citando textualmente el 'Diario de Sesiones', decía:
'Es muy importante haber sacado a una sola persona de la explotación
a la cual estaba sometida, aparte de la consideración del coste
económico y de si había otras formas más baratas que simplemente
mirar a otro lado...' etcétera. Aquí ya no puedo estar de acuerdo en lo
que sigue, pero sí en que es muy importante sacar a una persona de la
explotación, cueste lo que cueste, absolutamente de acuerdo. Pero
ocurre que el Gobierno como una de sus primeras obligaciones, tiene
la de administrar el dinero público, y lograr la finalidad de sacar
de la explotación a esas personas estoy convencido yo y está
convencido mi grupo que hubiera podido realizarse de forma menos
costosa que la de la organización del puente aéreo Madrid-Quito,
Quito-Madrid, con la excepción de Guayaquil, de algunos vuelos a los
que se ha referido usted. El efecto buscado de sacar de la
explotación, el efecto de regularizar, el efecto de informar en
Ecuador y en el universo orbe -y me parece bien que sea así- que hay
que cumplir unas determinadas normas para poder ser regularizado en
España podía haberse logrado -estoy absolutamente convencido-
sin necesidad de los 5.905 viajes que, sumados los de ida y los de
vuelta, nos dan sus cifras. Señor delegado del Gobierno, ¿no había
otra forma de informar que no fueran los 5.905 viajes? ¿No había otra
forma de informar sobre la necesidad de cumplir determinados
requisitos que no fuera la de dar la sensación al menos de variación?
Usted ha dicho que jamás se había ofrecido a todos, pero la impresión
que se llevó absolutamente todo el mundo que oyó su oferta fue que
aquí se ofrecía a todos los ecuatorianos volver a Quito y regresar
luego legalizados a España, para luego tener que modificar esta
oferta en un sentido que a nosotros nos parece razonable; es decir,
la solución que se ha tenido para los más de 20.000 que no se
movieron de España nos parece absolutamente razonable. Lo que no nos
parece razonable son los 5.905 viajes para 3.174 idas y sólo 2.731
regularizaciones por este medio. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Insisto, por tanto, para que quede clara la postura.
Estamos absolutamente de acuerdo con las 24.786 regularizaciones
finales y en que fue absolutamente desproporcionado el medio y el
gasto público realizado para las 2.731 que han vuelto o que volverán
hasta el día 15 de junio, si lo he entendido bien, porque había otros
medios igualmente eficaces e igualmente ejemplares y conducentes a la
misma finalidad que hubieran supuesto la posibilidad de dedicar el
dinero, sin necesidad de este crédito, a la finalidad de atender a
una o más personas en situaciones trágicas de explotación como la que
nos ha descrito su señoría.
Me queda una única cuestión para el 'Diario de Sesiones', señor
delegado del Gobierno. Le aseguro que me hubiera gustado acompañarle
en la visita con los ecuatorianos en aquellos momentos trágicos, pero
resultaba absolutamente fuera de mis posibilidades e incluso
inoportuno, porque en aquellos momentos el diputado que le habla era
un ciudadano particular, no formaba parte de este Parlamento y creo
que hubiera resultado inadecuado acompañarle a usted en aquel
momento. Tenga por seguro que si entonces hubiera ya formado parte de
esta casa, le habría acompañado gustoso para intentar colaborar con
ustedes en la solución de los problemas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Con mucha brevedad, señor presidente,
yo me reafirmo en mi primera intervención en el sentido de lo poco
adecuado de esta operación. Le voy a hacer un comentario tan sólo,
señor Fernández-Miranda. Yo respeto la sensación que a usted le
pudiese producir el encuentro con los familiares y los amigos de los
doce muertos en el accidente de Murcia y no creo que nadie le pueda
objetar sus sensaciones y sentimientos, pero le puedo asegurar que si
usted organizase e impulsase la política de inmigración
sobre la base de los sentimientos que le provocasen las situaciones
personales que en muchos lugares de la geografía de España se
producen en el mundo de la inmigración, seguramente deberíamos estar
en una permanente operación de ayuda humanitaria, porque hoy la
realidad de la explotación laboral, y del hacinamiento en las
viviendas de sectores importantes de la inmigración urgiría a que el
Gobierno organizase permanentemente operaciones de este calado con
ciudadanos de Marruecos o de Rumania y yo no creo que esa sea la
fórmula con la que debamos responder; debemos hacerlo seguramente con
la que nos permita de una vez por todas acabar con esas situaciones
de irregularidad que durante tantos años en España se han
consolidado. ¿La fórmula para acabar con ello es la operación que se
ha planteado con los ciudadanos de Ecuador? Estoy seguro de que no y
estoy seguro de que en los próximos tres años que nos quedan de esta
legislatura, aunque suceda un accidente con ciudadanos de Colombia,
Marruecos o Rumania, el Gobierno no repetirá esta operación, porque
el Gobierno sabe que se ha equivocado, y el tiempo seguramente nos
terminará dando la razón, eso sí, respetando los sentimientos que el
señor Fernández-Miranda tenga ante la tragedia humana, que creo que
todos compartimos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Simplemente deseo agradecer al secretario de
Estado los datos y las cifras que nos ha dado, así como la claridad
con la que los ha expuesto, y decirle que para nuestro grupo ha sido
un acierto incluir este plan humanitario dentro del convenio suscrito
con Ecuador, como así ha resultado, con lo cual para nuestro grupo
queda completamente clara esta comparecencia. Yo estoy convencida, y
me imagino que así se lo hará llegar al portavoz del Partido
Socialista, de que cualquiera de nosotros, cualquiera de los grupos
de la Cámara sabemos que por parte del Gobierno no hay intención de
oscurecer ninguno de los datos que usted ha puesto aquí de
manifiesto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno
para cerrar el debate.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Gracias, señora Muñoz, gracias, señor
Campuzano, y, lo lamento, señoría, pero no voy a meter en una caja
fuerte mis sentimientos, no los he metido en el último año y no los
voy a meter en el tiempo en que me corresponda la responsabilidad de
seguir siendo secretario de Estado de Extranjería e Inmigración. En
todas mis actuaciones, desde la primera hasta la última, estarán
presentes mis sentimientos, porque creo que en el ámbito de
responsabilidad en el que estamos moviéndonos son también
imprescindibles
y no están reñidos ni con la eficiencia ni con la eficacia ni con el
rigor en ninguna de nuestras acciones. Insisto, se lo agradezco y
sobre todo le agradezco el tono, que es el habitual en S.S. Por
supuesto que estamos dispuestos siempre a aprender y ojalá no nos
veamos nunca más en la tesitura de tener que decidir si se hacen
estas operaciones humanitarias o no. En este momento no sería capaz
de anticiparle cuál sería la decisión.
Señor Pedret, lamento que no fuese usted diputado en aquel entonces,
porque estoy seguro de que habría ido, pero al no serlo usted, algún
miembro de su grupo parlamentario podría haber ido a interesarse, lo
mismo que si vamos más allá, también lamento que, como S.S. tiene una
larga tradición política, nadie se acordase de S.S. para formar parte
de algún gobierno de su partido a lo largo de trece años, porque
estoy seguro que el rigor en el gasto hubiese sido tan exquisito como
el que nos está demandando usted a nosotros y nos hubiese venido muy
bien a todos. Por otro lado, yo estoy encantado, como se pude
imaginar, como miembro del Gobierno, en que desde la oposición se nos
pida aquello que estamos haciendo desde el primer día. Por lo tanto,
ante su petición -cosa hecha- y pudiendo incluso contarla a
posteriori, rigor, transparencia y honradez en la ejecución del gasto
es lo que viene presidiendo sin duda alguna nuestros quehaceres
cotidianos.
Me afea usted también mi actitud de no haber venido voluntariamente a
explicar toda esta operación humanitaria. (El señor Pedret Grenzner
hace signos negativos.) Bueno, lo echa usted de menos, para ser más
correcto en el concepto. Es que no nos ha dado tiempo, no hemos
terminado, nos quedan 300 personas. En cuanto a esa nebulosa, esa
falta de claridad de métodos, ese oscurantismo, habiendo movido a más
de 3.000 personas de ida y más de 2.000 de vuelta y haber
regularizado a 24.000 de marzo a junio, no está mal, señor Pedret, yo
creo que hemos sido bastante diligentes contando con las dificultades
que hemos encontrado tanto aquí como allá.
Volvemos de nuevo a hablar de la necesidad de este gasto. Yo lamento
que tengamos que estar viendo si en una operación humanitaria debemos
o no gastar dinero.Yo jamás me hubiese atrevido -usted no lo ha
hecho, señoría; sin embargo, una distinguida compañera de su grupo
parlamentario sí se atrevió- a calificar esta operación de
derrochadora. A mí me gustaría saber en cuánto tasan ustedes el
precio de una persona viva o de una persona no explotada. ¿Hasta
cuánto sería admisible en millones? ¿Hasta dónde podemos llegar por
aquello de sacar a una serie de personas de la explotación y, si lo
hubiésemos hecho antes, evitar que doce de ellas muriesen mutiladas
por un tren? Tienen que decirlo ustedes. Esa tasación deberían
hacerla ustedes más allá de los calificativos lamentables que se
llegan a utilizar y que están registrados en el 'Diario de Sesiones'
de alguna sesión de control en el Pleno. A continuación, afirma
usted rotundamente que el método no es bueno. ¿Con respecto a qué? ¿A
que es extraordinario o excepcional? Porque hace media hora usted me
estaba pidiendo un proceso extraordinario de regularización por
enésima vez. (El señor Pedret Grenzner hace signos negativos.) No es
por lo excepcional. Entonces, ¿por qué no es el método, porque no
podemos atender a las sugerencias u ocurrencias de su secretario
general, que dice que le den los permisos directamente desde el
Embajada de Ecuador? ¿Esa es la alternativa a una realidad que nos
marca nuestra ley, que es que hay un número determinado de personas
cuya única alternativa legal era la expulsión? ¿O es que el método
bueno sería haberles expulsado directamente?
Ya sé que antes le ha molestado -y lo lamento muchísimo- que yo
confundiese poesía con falta de alternativa y que usted ha afirmado
que cuando controlan no dibujan alternativas, pero sería bueno,
aunque fuese fuera de este ámbito, que, más allá de las críticas que
ustedes han lanzado y de la exigencia y de la conminación a dar
explicaciones de una operación humanitaria, nos dijesen qué hubiesen
hecho ustedes con ellos. ¿Un nuevo proceso extraordinario de
regularización? Señor Pedret, yo creo que ya hemos hablado suficiente
a lo largo de la mañana. Ojalá tuviésemos esa capacidad de
comunicación de la que tan necesitados estamos unos y otros tantas
veces, pero de ahí a afirmar que nadie entendió la operación es un
poco radical. Efectivamente, ustedes, por ejemplo, no la entendieron
y están en su derecho de criticarla y mi obligación es venir aquí a
explicarla con el mayor interés del mundo para que acaben
entendiéndola, pero sí se entendió. ¿Y sabe dónde también se entendió
estupendamente? En el grupo de 25.000 ecuatorianos que dejaron de ser
explotados, en las familias de esos 25.000 ecuatorianos, muchas de
las cuales estaban en Ecuador.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, le ruego vaya concluyendo.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Concluyo inmediatamente, señor
presidente.
En la propia sociedad ecuatoriana, en ese grupo, como ellos mismos se
denominan, de indígenas, que constituyen un movimiento político muy
activo y muy potente en la sociedad ecuatoriana, a la que
pertenecían, dicho por ellos mismos, prácticamente el 90 por ciento
de los familiares y amigos que estaban en el Instituto Anatómico
Forense, lo entendieron estupendamente, señor Pedret, y yo estoy muy
orgulloso de haber contribuido a que esas personas en este momento no
estén explotadas y a la demostración de que con una operación de este
tipo, que suponía un grado de confianza notable, por aquello de las
primeras acusaciones
que surgieron de esas personas que siempre están dispuestas a ayudar
a cualquiera y que les dijeron: ustedes se van a ir pero no vuelven,
seguro, les van a engañar -confiaron 25.000-, fueran y vinieran los
que a efectos legales no les quedaba más remedio que hacerlo y estén
todos ellos regularizados y conviviendo entre nosotros, nutriendo ese
1.200.000 extranjeros que conviven impecablemente con nosotros y
nosotros con ellos y de los que nadie habla jamás en ningún periódico
ni en ningún medio de comunicación. (El señor Mayoral Cortés pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, me gustaría que por parte
del señor delegado del Gobierno para la Extranjería se reconsiderase
la expresión de ocurrencia, que ha atribuido al secretario general de
mi partido, señor Rodríguez Zapatero, en relación con el episodio que
está relatando, porque estimo que no es una persona que esté en el
debate y creo que la alusión que ha realizado no es pertinente, sobre
todo teniendo en cuenta que lo que dijo el secretario general de mi
partido ha debido tener tanto sentido común ytanto eco como para que
el señor Rajoy, que es un ministro que se precia siempre de
expresarse y actuar en términos de sentido común, hiciera caso a esas
indicaciones y cesara inmediatamente esa operación que el señor
Fernández-Miranda había iniciado con el anterior equipo ministerial y
que yo consideraría que es una especie de remedo épico de lo que fue
el famoso puente aéreo con ocasión de la guerra fría en Berlín. Algo
así quizá ha pretendido poner en marcha el señor Fernández- Miranda
en relación con los viajes a Ecuador.
El señor PRESIDENTE: El señor delegado del Gobierno tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Si el concepto ocurrencia le resulta
ofensivo yo lo retiro inmediatamente. ¿Genialidad es ofensivo?
¿Sugerencia? Elijan ustedes el concepto porque no quiero ser ofensivo
ni con su secretario general ni con nadie. Señoría, el único que
aplaudió entusiasta la sugerencia del señor Zapatero fue el señor
Felipe González, nadie más y desde luego no el señor Rajoy. (El señor
Mayoral Cortés: No, no.) No se empeñe. Eso forma parte de esa
realidad virtual que ustedes se inventan, con esa técnica de que
repiten muchas veces una falsedad para que se convierta en algo
cierto, pero que sigue siendo tan falso al principio como al final de
la operación. Es que no es así. Además, no hay peor entendedor que el
que no quiere escuchar. Hasta se lo he dicho, porque sabía que en un
momento de brillantez parlamentaria acabarían afirmándolo. No se ha
cortado la operación que ha beneficiado a 25.000 personas. Insisto,
el único que lo aplaudió
fue don Felipe González, que lo consideró una genialidad. Incluso
utilizó ese concepto de que los permisos de trabajo para venir desde
Ecuador a España los diera la Embajada de Ecuador en España, con la
alternativa, no dicha, de abrir embajadas de España en España para
que no tengan que viajar aquellas personas que no tienen permiso de
residencia. En cuanto a si los conceptos resultan ofensivos, por
supuesto los retiro -los conceptos en sí, no la idea- inmediatamente.
- CRITERIOS SOBRE CULTURA, RELIGIÓN Y LENGUA EN LA PRIORIZACIÓN DEL
CUPO PARA INMIGRANTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000419.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día,
comparecencia del delegado del Gobierno para explicar los criterios
sobre cultura, religión y lengua en la priorización del cupo para
inmigrantes. Señor delegado del Gobierno, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernádez- Miranda y Lozana): No existe ningún criterio, ni
priorizado ni sin priorizar, como la cultura, la religión o la lengua
para la determinación de ningún grupo, cupo o contingente, como
queramos llamarlo. No forma parte de la política de extranjería e
inmigración del Gobierno y la mejor demostración quizá sea el
esfuerzo que estamos haciendo por llegar a tener convenios para la
regulación de los flujos migratorios, hasta este momento firmadoscon
Ecuador y con Colombia, a punto de firmar con Polonia y con Marruecos
y en buena marcha los de la República Dominicana, Rumania y Túnez. La
diversidad de los países con los cuales estas negociaciones están
prácticamente cerradas, seleccionados ya que suponen el punto de
origen del 90 por ciento de los flujos migratorios espontáneos,
demuestra que efectivamenteno consideramos en ninguna de nuestras
decisiones ninguno de los criterios que se esbozan en la solicitud de
comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia,
tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, de lo que ha
dicho el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración se desprende una indudable operación de amnesia en
relación con algunas cosas que manifestó ante los medios de
comunicación y que hoy aquí no ha desmentido. Estoy hablando de unas
declaraciones suyas en las que podía intuirse si el Gobierno tiene o
no -eso tendrá que aclararlo usted- una política diseñada en orden a
cupos a los países de procedencia y teniendo en cuenta tambiénla
religión y la cultura de determinados inmigrantes.
Señor Fernández-Miranda, en el mes de marzo conocimos unas
declaraciones suyas realmente preocupantes; de su actuación hay
muchas cosas preocupantes, no solamente el puente aéreo, sino también
estas declaraciones no desmentidas. Manifestó usted a un medio de
comunicación catalán que además de la lengua y cultura común,
practicar la religión católica es un elemento que facilita la
integración de los extranjeros en España. Ya nos dirá usted si lo
dijo o no, aunque probablemente ahora dirá que no, pero está
reflejado en medios de comunicación y no fue desmentido en su
momento. Abundaba usted en este planteamiento diciendo que el hecho
de practicar la religión mayoritaria que se practica en el país de
destino es un rasgo que facilita la integración. Repito que esta
afirmación está recogida en medios de comunicación. Se puede
considerar que esto tiene también su efecto llamada. Después le
comentaré un caso en el que hemos detectado un supuesto efecto
llamada en esta perspectiva que maneja usted. Por eso le digo, señor
delegado del Gobierno para la Extranjería que conviene que aclare en
esta Cámara lo que quiso decir. ¿Fue una afirmación de por dónde
deben ir las cosas, como si hubiera criterios en esta perspectiva, en
la exigencia, en la recomendación o conveniencia de que la gente
proceda de determinadas áreas religiosas o culturales o se trató de
una pura constatación fáctica, sociológica o científica? Usted nos lo
dirá.
De todas maneras, con relación a este asunto, quisiera indicarle que
existe una serie de hechos concomitantes a sus declaraciones, que son
los que nos llevan a elevar en grado máximo nuestra preocupación. Ha
habido sectores conservadores en este país que han expresado un
cierto grado de temor respecto a la aparición de un cierto pluralismo
religioso. Algunos han expresado temores, y lo han dicho de una
manera quizás apresurada, respecto a que en un momento determinado
pueda haber más mezquitas que iglesias románicas o catedrales
góticas, me da igual, pero ha habido sectores conservadores que han
reflejado ese temor. Por otra parte, recientemente supimos que la
mayoría de los nigerianos internados en el centro de estancia
temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta, que esperaban el 2 de junio
su repatriación detenidos en dos centros de Valencia y Murcia, se han
convertido al catolicismo. Aparece una foto que es realmente
ilustrativa de las cosas que no debieran aparecer reflejadas.
¿Vuelven los conversos, señor Fernández-Miranda? En relación con este
grupo de inmigrantes nigerianos, del que incluso en la prensa de hoy
se sigue informando, aparecen expresiones de temor -incluso parece
que se lo han dicho a S.S. en una carta, que no sé si le habrá
llegado-, se habla de taquicardias, de lesiones y hasta de
conversiones, todo antes -parece- que volver a Nigeria. Esto es
preocupante y conviene que lo aclare -yo no quiero hacer un
prejuicio- y si nos los aclara, señor Fernández-Miranda, tan amigos.
En la política que S.S. parece que va gestionando o dirigiendo, como
tal coordinador de la política de inmigración en nuestro país,
también se sabe de la discrecionalidad y la arbitrariedad para tomar
decisiones de regularización de unos colectivos sí y otros no o de
unas facilidades para unos colectivos y no para otros. Parece, por
ejemplo, que los ecuatorianos, los colombianos, los polacos, que
mayoritariamente pudieran ser católicos, tienen más facilidades. Sin
embargo, los subsharianos, que quizá inicialmente no lo sean, están
siendo objeto de un mayor número de rechazos. Clarifíquenos esto,
señor delegado del Gobierno, y le garantizo que en la medida en que
nos asegure que no hay ningún elemento que está interfiriendo estas
cuestiones desde el punto de vista de la confesionalidad, nos
quedaremos tranquilos, satisfechos y hasta me gustaría darle la
enhorabuena porque se practique en este país una política de
inmigración en la que el elemento religioso o cultural no sea un
factor determinante para nada, porque no sé si sabrá S.S. que estamos
en un Estado aconfesional y laico, en el cual, obviamente, el factor
fundamental que determina los derechos de las personas es la
ciudadanía. Creo que sería conveniente que estos elementos que han
aparecido recientemente con la presencia de inmigrantes en nuestro
país, que para unos provocan cierto grado de temor y para otros de
subordinación -para aquellos que están en la posición débil de la
relación, es decir, para aquellos que quieren entrar en nuestro
país-, desaparecieran. Nos tiene que aclarar, por lo tanto, señor
delegado del Gobierno, si otra vez en España el factor religioso
genera discriminación o no, y si la genera, qué es lo que está
haciendo S.S. para evitarla. Una autoridad pública no puede
contribuir a que esto ocurra. Tampoco debe actuar como si fuese
autoridad de un Estado confesional. De ahí la preocupación y la
pregunta que le hacemos en este momento: cómo podemos entender esas
declaraciones. Hacerlas, las hizo. Debe clarificar si el delegado del
Gobierno estaba haciendo alguna indicación que vaya más allá de su
responsabilidad como autoridad de un Estado aconfesional.
Hay algunos elementos que no le favorecen a S.S. con relación al
juicio que pudiéramos hacer sobre su manera de conducirse en estas
cuestiones. Por ejemplo, lo que nosotros hemos entendido de su
percepción de lo que es el conjunto de derechos fundamentales de las
personas, lo que proclamó la Revolución Francesa como derechos del
hombre y del ciudadano o lo que después ha sido la proclamación de
los derechos fundamentales de las personas recogidos en nuestra
Constitución, sobre todo habiéndole oído en anteriores debates su
consideración de derechos como los de reunión, expresión,
manifestación o huelga, eso que, por otra parte, no fue recogido en
la Ley de extranjería como propusimos los socialistas y que S.S.
despachaba en términos cuasi despectivos diciendo: esos son derechos
sociales, como si fuera el mismo derecho que utilizar
un ambulatorio de la Seguridad Social o cualquier otro derecho de
carácter secundario. Derechos sociales sí, pero fundamentales. Estos
derechos fundamentales le vimos manejarlos con un cierto desmaño, por
decir algo un poco más afable. Pero si seguimos en la misma onda,
ahora nos preocuparía que este desmaño existiera también con relación
al manejo, desde su perspectiva y desde su cargo, de otro derecho
fundamental como es el derecho a la libertad religiosa. Me ha llamado
la atención que no haya utilizado siquiera ese capote para manejarlo
esta mañana, y es que, efectivamente, en el plan Greco hablan ustedes
de que una de las cuestiones que hay que garantizar a los inmigrantes
es este conjunto de derechos religiosos: la libertad religiosa, la
libertad de culto, etcétera. Incluso aterrizan ustedes en el plan
Greco hablando de unos mecanismos, misteriosos hasta la fecha, que
nadie ha definido en qué consisten, para garantizar en el ámbito
educativo los derechos de los inmigrantes en materia de libertad
religiosa. Me tendrá que decir de qué mecanismos se trata, si estamos
hablando de artilugios mecánicos, de algo metálico, o de métodos, de
programas, de actuaciones que permitan el desarrollo del principio de
la libertad religiosa de los inmigrantes en el sistema educativo
español, cosa inédita todavía, como sabe su señoría. Porque todavía
hay inmigrantes de origen magrebí que se están escolarizando en aulas
donde los símbolos que las presiden no son precisamente los de la
religión de los magrebíes. Más bien es la otra. En este caso habría
que tomar algún tipo de medida. Podríamos empezar por Ceuta y Melilla
y ver qué programas escolares están siguiendo los magrebíes que se
escolarizan en las escuelas españolas, si están estudiando, por
ejemplo, una historia donde se incorpore a los Reyes Católicos o la
expulsión de los moriscos y cosas por el estilo. Es un asunto sobre
el que no se ha hecho ninguna reflexión por parte de un segmento de
un ministerio, sobre el cual S.S. como coordinador del plan Greco
debería estudiar algún tipo de condición que permita que esa
pluralidad y ese respeto a la conciencia individual de las personas,
con independencia de su religión, sean aceptadas, establecidas
y garantizadas a todos los escolares que allí se escolaricen. En la
práctica del pluralismo de los inmigrantes en el sistema educativo
tenemos una asignatura pendiente. Nos gustaría saber el criterio del
señor delegado del Gobierno con relación al desarrollo de esa parte
fundamental de los derechos de los individuos.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: La verdad es que estaba esperando escuchar al
señor Mayoral antes de empezar a hacer un planteamiento de esta
comparecencia, porque lo primero que surge cuando se lee esta
petición de comparecencia es la sorpresa.
Señor secretario de Estado, con esto no le hacen más que un gran
favor, reconocer que está haciendo una
auténtica política de inmigración y que tienen que recurrir a pedirle
estas comparecencias porque no tienen otra cosa a que agarrarse. Hay
algo que sorprende, señor Mayoral, y que es necesario dejarlo claro
aquí. No se puede hacer oposición, no se puede hacer política por lo
que diga algún medio de comunicación. Sabe perfectamente lo que se
pone en una entrevista del señor secretario de Estado y cómo se saca
un titular, y usted pide una comparecencia para que se explique ese
titular que le ha permitido hacer esa disertación de 15 minutos.
Señor Mayoral, usted tiene que conocer, cuando se habla de esa
identidad y de esos factores que favorecen la integración de esos
nacionales en España, el convenio que se firmó -lo tengo aquí-, en el
año 1995, con Ecuador; año 1995, Gobierno del PSOE. Y hay algo que es
tan obvio como que en la exposición de motivos se diga: Teniendo en
cuenta y considerando que los españoles y los ecuatorianos forman
parte de una comunidad caracterizada por la identidad de tradiciones,
cultura y lengua..., a continuación se firme un convenio de doble
nacionalidad, en el que hay unas preferencias, con una actuación
determinada para esos nacionales. Perdone que me haya acalorado algo,
pero es que cuando se hacen estos planteamientos y en un tema tan
importante como la inmigración, me pregunto cómo seremos capaces de
hacer aquí aseveraciones como las que se están haciendo. La verdad es
que preocupa; la preocupada en este caso soy yo. Usted decía que se
había elevado en grado máximo su preocupación, pero tal vez también
se ha elevado en grado máximo su preocupación cuando le acabo de leer
esto, porque esta es la afirmación que han hecho en ésta y en
numerosas ocasiones el secretario de Estado y cualquier persona que
conozca el ámbito de la inmigración. ¿De verdad piensan ustedes que
estos factores no favorecen la integración? ¿De verdad no tienen la
suficiente visión para darse cuenta de esto? Porque es tan obvio como
que dentro de unas declaraciones el propio secretario de Estado dice
algo que nos parece que queda completamente claro. No se debe seguir
el juego por esos derroteros y, además, no les beneficia ni en el
ámbito personal -estoy convencido de ello, porque a usted hoy no le
ha debido parecer un buen papel el que ha desempeñado, no sé si usted
pidió esta comparecencia, pero, desde luego, es un papelón llevar a
cabo una comparecencia en estos términos- y tampoco beneficia a su
grupo, a su formación. Cuando usted decía que teníamos que fijarnos y
hacer memoria respecto a Ceuta y Melilla ¿no ha ido usted a Ceuta y
Melilla, hace seis o siete años para ver cómo estaban viviendo los
habitantes de Ceuta y Melilla, para ver dónde dormían? No se trata ya
de las cruces o los símbolos que puedan tener en una escuela los
niños sino simplemente de dónde estaban durmiendo en Ceuta y Melilla.
Por ejemplo, en Calamocarro en coches y debajo de las murallas, en
Ceuta. Hoy tienen dos CETI, y aunque que
estoy convencida de que no tendrán ningún signo en la pared, les
aseguro que tienen camas para poder dormir, tienen instalaciones
adecuadas y tienen un servicio médico que le ha costado a este
Gobierno más de 700 millones ponerlo en marcha.
Y les recuerdo algo más. Cuando ustedes hablan de esos derechos, a
los que el secretario de Estado hacía referencia como de derechos
sociales, les recuerdo que son derechos sociales, no son derechos
fundamentales, y en la Ley de 1985 ni eran derechos sociales, ni
derechos fundamentales, ni derechos de nada, porque no recogieron
nada, ni el derecho de asociación, ni el de sindicación y huelga,
ninguno de esos. No recogieron ni el derecho a la educación, ni el
derecho a la sanidad, no recogieron ninguno, y ahora ustedes le dicen
al secretario de Estado que el Gobierno no tiene sensibilidad y que
habla de cierta manera, no sé cómo la ha llamado, de esos derechos.
Memoria la tiene que tener usted. Además, le quiero decir algo.
Cuando en el plan Greco, un plan impulsado y puesto en marcha por
este Gobierno, por la Secretaría de Estado, se garantiza la libertad
de culto es porque efectivamente está garantizada en este país la
libertad de culto. Siento que el tono haya sido diferente del que
quería al principio de esta comparecencia. A nadie beneficia en
absoluto hacer afirmaciones como las que ha hecho porque sabe
perfectamente el sentido de las palabras del señor Fernández-
Miranda, que nosotros compartimos plenamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana) Señor Mayoral, como cláusula de estilo,
voy a empezar por una afirmación suya que quiero aclararle. Sé
perfectamente en qué país estoy, conozco perfectamente la
Constitución que nos rige y no hace falta que me la enseñe ni me la
insinúe, la conozco tan bien como usted.
Su señoria sigue empeñándose en hacer oposición dibujando una
realidad hecha a su medida; en torno a esa realidad hecha a su
medida, usted desarrolla la oposición. Además, para hacer esa
oposición, sigue basándose en afirmaciones que lee en periódicos; es
peor, que lee en un periódico. En definitiva, no sé si usted
pertenecía o no a los renovadores de la nada, pero se ha montado la
intervención sobre la nada. Ha dicho: Después de haber leído lo que
dijo, no lo ha desmentido. Es el primer detalle. Yo sé perfectamente
que lo he dicho y, para que quede constancia de lo que dije, lo voy a
leer en su literalidad. Fueron declaraciones hechas a Cataluña Radio
el domingo 11 de marzo de 2001, a las diez horas. La pregunta
realizada por la periodista señora Poblet decía: ¿Nos convienen más
unos inmigrantes que otros? Contestación: No, no nos convienen. No,
nos convienen aquellos que nos permitan,
por ejemplo, seguir creciendo económicamente como lo estamos
haciendo. El hecho de hablar el mismo idioma que se habla en el país
de destino es una forma más fácil de integración; el hecho de
coincidir en costumbres, en historia, en cultura desde el país de
origen y en el país de destino es otra facilidad para la integración;
el hecho de practicar, por ejemplo, la religión mayoritaria que se
practique en el país de destino igual que en el país de origen son
rasgos que facilitan la integración sin duda alguna.
Son rasgos que facilitan la integración sin duda alguna, señor
Mayoral -mal que a usted le pese y después de haberse basado en algo
que dijo que había dicho y leído en no sé qué medios de
comunicación-, a no ser que crea que una persona iberoamericana que
hable castellano, con raíces culturales e históricas comunes, que
viniendo a España practique la religión católica que es, hasta donde
yo sé, la que se practica mayoritariamente en este país -yo no sé si
en sus libros de estilo hay que obviar las palabras Iglesia católica
o religión católica; en el nuestro, no porque no lo tenemos- va a
tener más dificultades que una persona de nacionalidad japonesa que
sólo habla japonés, a la que sólo le gusta el pescado crudo y además
es sintoísta. Si cree eso, dígame en qué bases científicas puede
sustentar sus afirmaciones.
De ahí en adelante, todo lo demás es demagogia, pues hacer toda la
suerte de afirmaciones, aseveraciones, riñas y combinaciones que
usted ha hecho sobre algo que no es cierto, se nos va de las manos
como el agua de un cesto, señor Mayoral. Si esa es la oposición que
ustedes están dispuestos a hacer, son muy libres de hacerlo; desde mi
punto de vista, pueden hacerla tantotiempo como quieran porque sin
duda alguna la percepción por la sociedad española, de S. S. y de su
partido como alternativa está bien lejos.
Voy a centrarme exclusivamente -por concluir- en esa afirmación tan
rotunda que usted ha hecho de con qué desmayo -casi con desprecio-,
con qué poca importancia, con qué desgana trataba aquello de los
derechos sociales. Pues bien, lo hacíamos basándonos en las
afirmaciones hechas en sus informes por el Consejo General del Poder
Judicial y por el Consejo de Estado, que distinguían entre derechos
fundamentales y derechos sociales o de configuración legal, y en la
ley, después de reconocer la posibilidad de acceder a esos derechos
para todas aquellas personas que se encuentren en España, invocando
el artículo 13.1 de la Constitución, entrábamos en la regulación de
su ejercicio. Ustedes eso lo han considerado inconstitucional, pero
mire la solvencia de su oposición, señor Mayoral. Eso, hecho por
nosotros, ustedes lo consideran inconstitucional. Ustedes, hace tres
o cuatro semanas, presentaron en esta Cámara una proposición de ley
de asociaciones en la que SS.SS. trocean el derecho de asociación,
según sus propios intereses, y deciden quepara asociarse -eso sí-,
cualquiera; pero constituir
una asociación -que no deja de ser parte del derecho de asociación-,
ustedes lo limitan a los extranjeros que se encuentren legalmente en
España ¿Lo mismoque hacíamos nosotros para las personas que querían
ejercer el derecho de asociación? Señor Mayoral, eso se llama -por
hablar dentro de las normas de cortesía parlamentaria- no la ley de
asociaciones, la ley del embudo. Estoy esperando el entusiasmo de su
grupo parlamentario, de todos los grupos parlamentarios de
parlamentos autonómicos, de todos los gobiernos autonómicos
sustentados por su partido en toda España presentando un recurso de
inconstitucionalidad ante cómo conciben el derecho social o de
configuración legal de asociación, porque lo conciben, por lo que se
ve, de forma idéntica a como lo hacíamos nosotros, porque imagino que
también se habrán basado en el artículo 13.1 de la Constitución. Pero
-eso sí- si lo hacen ustedes, vale; si lo hacemos nosotros, es
inconstitucional.
De ahí para adelante, después de basar sus intervenciones sobre la
nada, no escuchar ni siquiera cuando se le demuestra con hechos que
no estamos discriminando a nadie porque somos perfectos conocedores
de nuestra Constitución, y habiéndoles dado el ejemplo que yo mismo
les di sobre con qué países estamos haciendo la regulación de flujos
migratorios, he de decirle, como otro dato más (después usted
interpreta la partitura como quiera), que el grupo más numeroso, por
naciones, en España es el de los marroquíes, con 200.396 personas en
situación legal; a continuación está el de los ciudadanos de Ecuador,
con 32.620 personas; luego está el de los ciudadanos de nacionalidad
china, con 31.907, y un largo etcétera que pone de manifiesto que,
efectivamente, estamos haciendo una política de discriminación
realmente impresentable.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Mayoral. Muy brevemente,
por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muy brevemente, señor presidente, para
elevar a definitivas mis conclusiones en este acto parlamentario.
Señor Fernández-Miranda, usted ha confirmado que dijo lo que dijo, y
eso no lo puede decir por la sencilla razón de que usted es una
autoridad de un Estado que es aconfesional, de un Estado en el que la
Constitución establece garantías para evitar, precisamente, las
discriminaciones que puedan derivar del idioma, de las costumbres
y de la religión que se practica. Aquí usted realizó, no sé si
voluntaria o involuntariamente -no quiero entrar en eso-, una especie
de efecto llamada. La prueba es que algunos de los nigerianos que le
han escrito la carta se han convertido. Ahí lo tiene. Dice usted que
eso es demagogia; esos son hechos. ¿O es que determinados hechos por
sí mismos, por su mera existencia, son demagógicos? Esa es otra
cuestión. Hay hechos escandalosos y a eso es a lo que llama usted
demagogia, al escándalo que resulta de hechos que resaltan por sí
mismos y que son inasumibles para la mente de un demócrata. Esa es la
cuestión, señor Fernández- Miranda. Por tanto, nuestra propuesta es
que cambie usted de tónica y oriente sus declaraciones con mayor
prudencia respecto a lo que significa el Estado pluralista que
establece nuestra Constitución. Reléase el artículo 16 de nuestra
Constitución, en el que se dice que se garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las
comunidades y que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su
ideología, religión o creencias. Hay muchas maneras de declarar. Dice
usted que el hecho de que practiquen la religión de la mayoría de
este país facilita que se integren en el mismo. Aquí no estamos
viendo las cosas de esa manera, señor Fernández-Miranda. Nadie
entiende en este país que se integre uno mejor o peor según la
religión que practica. Afortunadamente en España esto ya corresponde
al pasado, a un pasado no muy lejano, pero pasado. Nadie entiende que
en este país la religión sea una divisoria o un factor que facilite o
perjudique, salvo que usted, en sus descubrimientos, haya determinado
que efectivamente eso está siendo así. Los españoles ya no lo viven
así, de ahí lo descontextualizado o lo extraviado de estas
declaraciones, señor Fernández-Miranda. En la realidad española esto
ya no funciona así, y por eso usted no debió decirlo, porque no
funciona en términos sociológicos, pero tampoco debe funcionar en
términos de aplicación de nuestra Constitución. Así que, por mucho
que usted trate de rebatir, de tirar balones fuera, la realidad es la
que es, y yo le aconsejaría que retirase esas declaraciones y, desde
luego, que no vuelva a hacer otras similares.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego que termine.
El señor MAYORAL CORTÉS: Ya termino.
Ya está bien de hacer oposición desde el Gobierno; contesten ustedes.
Aprovechar que están en uso de la palabra para atacar por los flancos
no es una manera correcta de gobernar.
Finalmente, me ha preocupado la manera en la que ha hablado la
portavoz del Grupo Popular. Cuando yo me estaba refiriendo a cómo se
está practicando la libertad religiosa y de culto en Melilla o en
Ceuta, usted me ha salido por los cerros de Úbeda. Me dice usted: Es
que les hemos hecho casas, es que el Gobierno del Partido Popular ha
hecho un hospital que ha costado 700 millones. ¿Y eso qué tiene que
ver? Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de
la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, y yo estaba
tratando de explorar en qué medida la política de inmigración del
Gobierno del Partido Popular la garantiza o no la garantiza. Si me
dicen ustedes que la garantizan porque toman tales y tales medidas,
yo me
callo, pero no he sido contestado, nadie me ha clarificado estas
cuestiones.
Finalmente -y con esto acabo ya, señor presidente-, S.S. me ha dicho
que la libertad religiosa y de culto está garantizada en todo caso.
Pues voy a aludir a un supuesto, que además fue objeto de una
enmienda de Grupo Socialista con ocasión del debate presupuestario.
En el presupuesto del Estado, en materia de prisiones, aparece una
dotación para el sostenimiento de los capellanes de una determinada
confesión, la mayoritaria en nuestro país, únicamente. Nosotros
propusimos a sus colegas del Grupo Popular que incorporasen también
una dotación para otros ministros de otras confesiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, concluya, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Estamos hablando de presos que no pueden
salir a la calle a elegir el lugar de culto. Resultado: La enmienda
no fue admitida. Esa es una manera de entender la libertad de culto.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Simplemente quiero hacer una puntualización
brevísima. Quiero reiterar al señor Mayoral que la libertad religiosa
está plenamente garantizada, lo diga él o no. Además, en el tema
concreto de la inmigración, en el plan Greco se adoptan las medidas
necesarias para que eso pueda llevarse a cabo. Quiero decirle al
señor Mayoral que este Gobierno no solamente garantiza esa libertad
religiosa, sino que además garantiza -y precisamente por eso se lo
recordaba- unas condiciones de vida dignas, que desgraciadamente con
su Gobierno no tenían.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, tiene la palabra para cerrar el
debate, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor Mayoral, puede usted ponerse
como quiera, no le digo ni cómo, pero dije lo que dije, no lo que
usted dice que yo dije y no va a decirme usted lo que tengo que decir
o no. Ha sido usted contumaz en esta intervención y si no lo
entiende, lo mira después en el Diccionario de la Lengua. Por tanto,
como tengo derecho a ejercer mi libertad de expresión, le repito que
dije que el hecho de hablar el mismo idioma que se habla en el país
de destino es una forma más fácil de integración. El hecho de
coincidir en costumbres, en historia y en cultura desde el país de
origen al país de destino, es otra facilidad para la integración. El
hecho de practicar, por ejemplo, la religión mayoritaria que se
practique en el país de destino igual que en el país de origen, son
rasgos que facilitan la integración sin duda.
Como no puedo tomarle en serio -perdóneme-, cuando usted me dice que
cambie de tónica, he de decirle que me gusta mucho la marca que bebo.
- LA FINANCIACIÓN DEL PLAN GRECO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000466.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto del orden del
día, pasamos al siguiente que es el 5º y se refiere a la
comparecencia del delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración para informar sobre la finalización del Plan Greco.
Señor delegado del Gobierno, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): El programa Greco es, como bien saben
SS.SS. y la señora Muñoz, puesto que esta casa tuvo mucho que ver en
su confección a través de una subcomisión que se creó específicamente
y que ratificó con fecha 29 de diciembre, si no recuerdo mal, la
primera iniciativa diseñada y ejecutada en nuestro país para tratar
el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva global e
integradora. Además, como bien saben, tiene una vigencia temporal de
cuatro años, es decir, a lo largo de esta legislatura 2000-2004.
Desde el punto de vista político y administrativo, el programa Greco
supone un esfuerzo de dirección unificada y de coordinación y es el
resultado directo, una de las primeras consecuencias, una de las
primeras obligaciones que se suscita tras la creación de la
Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración como
órgano precisamente encargado de formular la política del Gobierno en
relación con la extranjería, la inmigración, el asilo y el refugio.
Desde el punto de vista económico y financiero, el programa Greco se
configura como la suma de una serie de recursos públicos destinados
de manera específica a afrontar, encauzar e integrar el fenómeno de
la inmigración en todas sus vertientes considerándolo el Gobierno,
como lo considera, un fenómeno positivo y deseable. Esta es la
primera aclaración importante. El programa Greco es
presupuestariamente un añadido, un plus económico que el Gobierno, la
Administración del Estado dedica a un tema de importancia creciente
en nuestro país como es la regulación, la recepción, el fenómeno de
los flujos migratorios en su conjunto. El dinero público destinado a
la ejecución del Greco es adicional y complementario del que en
nuestros presupuestos se destina a otras prestaciones a las personas
extranjeras como ciudadanos de primera.
El Greco es, por ello, el resultado de una especial y nueva
sensibilidad política hacia este tema. Es la conciencia de que
estamos abordando una cuestión delicada, compleja, multidisciplinar y
de que su correcto tratamiento
hoy depende de que en el futuro la inmigración siga siendo un
fenómeno positivo o llegue -no lo deseamos y no sucederá- a
constituir un problema para la sociedad española. He de decirles
también que el programa Greco no es gestionado de forma centralizada
y exclusiva por la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración que es, fundamentalmente, un órgano político, como antes
les destacaba. El plan Greco es un programa global, y por ello está
gestionado por los departamentos y las unidades con competencias
concretas en el amplio espectro de materias relacionadas con el
tratamiento del fenómeno de la inmigración: En el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones, la de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la de
Acción Social, del Menor y de la Familia, el Imserso y el INSS; en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección General de Asuntos
Consulares, la de Servicio Exterior, la Agencia Española de
Cooperación Internacional; en Justicia, en Educación y en Sanidad. No
quiero aburrirles con una serie de direcciones generales que aparecen
perfectamente identificadas en el texto, tanto en el que aquí se
presentó como en el que ya está aprobado y publicado en el Boletín
Oficial del Estado, tras el acuerdo del Consejo de Ministro.
La financiación del programa Greco, como les dijimos desde el
principio del debate hasta que cuajó como documento de compromiso por
parte del Gobierno, se realiza a través de los programas que aparecen
en los Presupuestos Generales del Estado, gestionados por las
unidades responsables y con las partidas correspondientes a cada una
de las medidas previstas. Ya se ha informado, lo hizo el
vicepresidente Rajoy en su comparecencia posterior al Consejo de
Ministros, que en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, el primer año de los cuatro en los cuales está vigente el
programa Greco, la cantidad destinada al mismo es de 37.766 millones
de pesetas.
Voy a plantearles a continuación a SS.SS., a modo de ejemplo, por no
extenderme excesivamente, una serie de medidas y de cantidades
desagregadas de esa cantidad global. Así, por ejemplo, a la promoción
de un fondo social para la concesión de microcréditos destinados
a proyectos de desarrollo en los países de origen, siendo el centro
directivo responsable la Agencia Española de Cooperación
Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores, se dedican 6.000
millones de pesetas; a la asistencia técnica a los países de
procedencia de los inmigrantes, de nuevo siendo el centro directivo
responsable la Agencia Española de Cooperación Internacional, del
Ministerio de Asuntos Exteriores, 2.056 millones de pesetas; para la
creación de plazas de acogida, en colaboración con organizaciones no
gubernamentales, siendo el centro directivo responsable la Dirección
General del Imserso dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1.034 millones de pesetas; para la continuación del proceso
de adaptación de centros
de internamiento de extranjeros de la Dirección General de
Policía, y por lo tanto del Ministerio del Interior, 2.458 millones
de pesetas; para el desarrollo de convenios con comunidades autónomas
y ayuntamientos para medidas de integración, dependiendo, dentro del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Dirección General del
Imserso, como impulsor de estos convenios, 1.050 millones de pesetas;
para la potenciación de las oficinas de extranjería, dependientes de
la Dirección General de la Administración periférica del Estado, del
Ministerio de Administraciones Públicas, 1.344 millones de pesetas;
para el incremento de los recursos humanos y puesta a punto de las
instalaciones de consulados españoles, dependiendo de la dirección
general de Asuntos Consulares y de la Dirección General del Servicio
Exterior, ambas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1.360 millones
de pesetas; (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
Presidencia); para la entrada en funcionamiento del sistema integrado
de vigilancia exterior, dependiendo de la Guardia Civil, y por lo
tanto del Ministerio del Interior, 3.590 millones de pesetas; para la
cogida de solicitantes de asilo, dependiendo de la Dirección General
del Imserso, y por lo tanto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1.658 millones de pesetas; para apoyo a ONG, dependiendo
del Imserso, y por tanto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1.103 millones de pesetas, y así podría seguir, pero no
pienso aburrirles a no ser que SS.SS. me lo soliciten, y lo haré
encantado, hasta completar cada una de las 72 medidas que, tal como
dijimos al comienzo del debate en el mes de junio, cuando el ministro
Jaime Mayor Oreja se comprometió a presentar en sede parlamentaria
este programa global de regulación y coordinación de la extranjería y
la inmigración en España, tenían perfecto soporte presupuestario, y
así consta en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: El señor Fernández- Miranda nos ha hecho un
ejercicio contable; finalmente, se ha hecho este ejercicio contable.
Yo ya se lo sugerí en una comparecencia que tuvo anteriormente, pero
creo que se ha hecho de forma que aparenta lo que realmente no es.
Me explicaré. Yo tengo que afirmar -y lo hago plena y
conscientemente, sabiendo lo que digo- que estamos ante una operación
de apariencia, de marketing, por no utilizar otro término que no
quisiera emplear a estas horas, señor Fernández-Miranda, porque son
horas en las que se produce una cierta debilidad física y sé que está
haciendo S.S. un gran esfuerzo (El señor Delegado del Gobierno para
la Extranjería yla Inmigración, Fernández-Miranda y Lozana: Yo
estoy hecho un roble, así que puede S. S. decir lo que quiera.), pero
a lo mejor se lo digo.
Yo solamente quiero relatarle los hechos, porque espero que los
hechos arrojen por sí mismos la luz que pretendía que aflorara en la
comparecencia anterior. No pretendo hacer extrapolaciones, quiero
reflejar los hechos. Con relación a la financiación del plan Greco,
primer hecho, el Grupo Parlamentario Socialista solicita que el
Gobierno dedique 30.000 millones de pesetas más de lo presupuestado
para financiar un plan integral de políticas de inmigración. Esto dio
lugar a una enmienda de mi grupo a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado del año 2001.
Segundo hecho, el Gobierno -el Grupo Parlamentario Popular- se niega
a dotar al plan Greco de una partida presupuestaria específica en la
Ley de Presupuestos. Ahora parece que ya está, pero en aquel momento
hay una negativa. Además, el texto conocido del plan Greco no
contiene ninguna previsión económica, eso también lo sabe su señoría.
A nosotros siempre nos pareció sorprendente que se llamara plan a
algo que no tiene desarrollo de programas ni previsión financiera
para ejecutarse. Llamar plan a eso es devaluar la palabra plan.
Tercer hecho, el Partido Popular llega a afirmar que el plan Greco no
debía recoger medidas concretas ni, por tanto, financiación, ya que
se trata -según decía entonces la portavoz, que me parece que se
acaba de marchar, del Partido Popular- de un programa global -vamos a
poner entre comillas el término global como sinónimo de globo-
presentado por el Ejecutivo, y es éste quien tiene responsabilidad de
ejecutarlo. Eso se decía y se dijo por la portavoz del Partido
Popular. Es más, la portavoz del Partido Popular entonces lo dejó muy
claro: el Partido Popular no quiere que el programa Greco se
convierta en otra ley de extranjería, porque se trata de un plan de
Gobierno y no vamos a marcar las actuaciones concretas que el
Ejecutivo tiene que desarrollar. El plan no debe recoger de antemano
acciones concretas, ya que no sería operativo.
Por otra parte, referido a la petición que habíamos hecho los
socialistas de 30.000 millones de pesetas para el plan Greco, dijo la
portavoz en ese momento: Los 30.000 millones de pesetas que dicen los
socialistas es fruto de una arriesgada valoración a priori. ¿Qué
pensar entonces del carácter de riesgo que tiene la valoración que
han hecho finalmente el Partido Popular y el Gobierno de que son
37.000 y no 30.000, como decíamos nosotros? Evidentemente, estamos
ante una operación en la cual lo importante era generar un cierto
grado de oscurantismo e impedir que otros participaran en la toma de
decisiones. Finalmente, en el Consejo de Ministros del día 31 de
marzo de 2000 aparece ya la noticia de que el Gobierno aprueba el
programa Greco, al que destina 37.000 millones. Para este año, se
diceallí, están presupuestados más de 37.000 millones para el plan.
¿Cuándo se debatió en los Presupuestos Generales
del Estado semejante previsión de 37.000 millones de pesetas?
Esa es la cuestión, ese es un misterio importante en todo este
asunto.
A esta cantidad, se dice, se unen distintas dotaciones que también
están presupuestadas pero en otro tipo de actuaciones, como son las
prestaciones por desempleo, la política de vivienda, gastos que las
comunidades autónomas y ayuntamientos realizan en sanidad, en
educación o en atención social. Es decir, empezamos a sumar lo que no
es del Gobierno, lo que es de las comunidades autónomas y, además,
gastos que en principio no tienen nada que ver con el factor que
aborda el plan Greco, que, si yo entiendo bien, es un programa
fundamentalmente de integración y, por tanto, las medidas puntuales
de integración nada tienen que ver con el hecho de que luego un
inmigrante vaya al colegio; esa sería otra cuestión.
Sin embargo, el 17 de marzo de 2001 compareció el señor ministro del
Interior en esta casa y se terminó de revelar el misterio de este
asunto, de redondear, en definitiva, la manipulación de este asunto
por parte del Gobierno. En cierta medida también ha sido objeto de
una sustracción -puesto que la falta de información provoca eso- en
lo que se refiere al control parlamentario del Ejecutivo, y
particularmente en el momento fundamental en que esto debería haber
sido controlado, en el momento del debate presupuestario.
El ministro dice en su comparecencia, ante las preguntas que yo tuve
a bien hacerle, que en este momento, como medidas específicamente
destinadas a la inmigración, los Presupuestos Generales del Estado de
este año contemplan una partida para el plan Greco de 37.000 millones
de pesetas, lo mismo que usted nos ha dicho. ¿Qué partida es esa?
¿Cómo se identifica? ¿Dónde está en los Presupuestos Generales del
Estado? Porque se está hablando de una partida. A lo mejor usted
tendría que decir que no, que el ministro se equivocó, que debería
haber hablado de muchas partidas. Pero aquí se dice que el plan
Greco, los 37.000 millones de pesetas, están contemplados en los
Presupuestos Generales del Estado. Estarán difusos en los
Presupuestos Generales del Estado y luego, con una operación de
maquillaje y de ingeniería contable, podemos hacer aparecer 37.000,
137.000 ó 337.000 millones, los que ustedes quieran. Pero aquí lo que
se discutía era una enmienda que mi grupo propuso para que se
adicionaran 30.000 millones de pesetas, y esa enmienda fue rechazada
por el Partido Popular. Posteriormente, el Gobierno dice que esa
cantidad estaba aprobada porque figuraba una partida en los
Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, nunca el Partido
Popular contraatacó a nuestra propuesta de enmienda diciéndole a mi
partido que no presentara la enmienda de los 30.000 millones de
pesetas porque ya había presupuestado 37.000 millones. ¿Cuándo se nos
dijo eso, señor Fernández- Miranda, en el debate presupuestario? En
ningúnmomento se dijo tal cosa. Por lo tanto, nunca
vimos semejante cifra. Si existía tal partida, señor Fernández-
Miranda, la ocultaron y si no existía, mintieron. Así que elija usted
cuál de estas dos actitudes se compadece con lo que debe ser el
control que un Parlamento tiene que desarrollar en este tipo de
materias, particularmente en las presupuestarias.
Para completar todo lo anterior, haré una argumentación que no es de
recibo, y no quiero utilizar términos gruesos. El vicepresidente y
ministro del Interior nos daba unas cuentas que carecen de rigor
argumental, y a los que en ese momento le formulábamos la pregunta
nos decía: Además, no me digan que sólo nos gastamos 37.000 millones
de pesetas en inmigrantes. Vean ustedes lo que nos cuestan los
inmigrantes y lo generosos que vamos a ser con ellos. El ministro en
aquella comparecencia dijo textualmente lo siguiente. Por tanto, no
digamos que se dedican a las políticas de inmigración solo esos
37.000 millones del plan Greco, no. Nos cuestan más. Hay que contar
también todos los derechos fundamentales que tienen esos ciudadanos,
como son la sanidad, la educación, los cuantiosísimos gastos que
tienen las comunidades autónomas en servicios sociales, el seguro de
desempleo y las ayudas a la vivienda. Para que vean ustedes, para que
vea el universo mundo hasta dónde llega la generosidad del Gobierno
del Partido Popular hacia esos pobres desgraciados a los que damos
cobijo en nuestro paraíso terrenal.
Estamos, desde mi punto de vista, ante una visión absolutamente
extraviada. Hacer esta contabilidad es un auténtico despropósito,
señor Fernández-Miranda. ¿O es que los inmigrantes están aquí de
becarios? ¿Considera S.S. que están de becarios? ¿O es que se trata
de refugiados a los que acogemos y les damos asistencia gratis? ¿Es
esa la idea que tienen ustedes de esta situación? ¿Se trata de
regalos que hacemos a los inmigrantes cuando van a nuestras escuelas,
a nuestros hospitales? Que deben ser también suyos porque ellos
también los pagan. Los inmigrantes en nuestro país, ¿no producen, no
pagan impuestos, no cotizan a la Seguridad Social, no son, además,
frecuentemente explotados? Entonces, ¿a qué viene decir que no
solamente nos gastamos 37.000 millones de pesetas en ellos, sino
muchísimo más? Ellos, en la medida en que participan en nuestro país,
se configuran como una parte más de nuestra ciudadanía, si no, no
estaríamos haciendo una política correcta, estaríamos haciendo una
política realmente peligrosa.
Definitivamente, esta política de inmigración es una política,
repito, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los
socialistas, absolutamente extraviada. Y desde luego, el plan Greco,
tal como se está gestionando, añade más error por su falta de
contenido y por su falta de fiabilidad.
No se me ocurre más que decirle porque, repito, creo que el
planteamiento es bastante serio y creo que usted
nos debiera clarificar tantos y tantos embrollos como finalmente
vemos aparecer en toda esta política.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Trataré de ser breve porque después de lo que
hemos escuchado esta mañana al señor delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración y de las valoraciones igualmente
brillantes que ha realizado la señora Muñoz Uriol probablemente muy
pocas cosas quedarían por decir. Sin embargo, después de haber podido
escuchar también, como contraposición a ese discurso del Gobierno y a
ese discurso de mi grupo parlamentario, las valoraciones de una
oposición extraviada, sin contenido y carente de fiabilidad,
conviene, desde nuestro punto de vista, dejar bien claras algunas
cosas.
Señor delegado del Gobierno, señores portavoces de los grupos
parlamentarios, no es casualidad el hecho de que mi grupo
parlamentario haya querido que yo cerrara esta sesión como miembro de
la dirección de mi grupo parlamentario y como portavoz de Interior.
Hemos querido adoptar ese gesto para dejar bien claras al Gobierno,
dejar bien claras a los demás grupos parlamentarios y dejar bien
claras a la sociedad española algunas ideas, que son las que han
venido determinando nuestra política de inmigración y de extranjería
y que son las que determinan sobre todo la consciencia de la
valoración que nosotros hacemos de la política de extranjería y de
inmigración que viene realizando el Gobierno.
Permítanme tan sólo cinco ideas. En primer lugar, el Gobierno, desde
nuestro punto de vista, está realizando una política de inmigración
sin trampa ni cartón, aunque tanto se haya hablado hoy aquí de
ocultamiento, de mentiras o de sustracción al control del Parlamento
o de la sociedad. El Gobierno está realizando una política de
inmigración sin trampa ni cartón precisamente porque durante la
última campaña electoral, es decir, antes de la cita definitiva que
tienen los ciudadanos para controlar el ejercicio de las políticas
futuras de Estado, orientarlas y decidir sobre ellas libre y
secretamente a través del voto, el acto más sagrado en el fondo y en
la ceremonia democrática, explicamos con detalle al conjunto de la
sociedad española qué es lo que creíamos que se debía hacer, cómo se
debía hacer y por qué se debía hacer. En segundo lugar, el Gobierno
está realizando, por tanto, una política de inmigración coherente con
el mandato de las urnas, es decir, una política de inmigración acorde
con la voluntad mayoritaria de la sociedad española y, por ello,
plenamente legitimada por ésta. En tercer lugar, el Gobierno está
realizando una política de inmigración que sin duda, señor Mayoral,
es la más avanzada de la Unión Europea y por ende la de mayor
sensibilidad y compromiso en términos de
acogida al inmigrante, garantía de sus derechos y definición de
mecanismos para su más plena integración en nuestra sociedad. En
cuarto lugar, el Gobierno está realizando una política de inmigración
realista, subrayo este término, en consonancia con las posibilidades
auténticas de la estructura socioeconómica española y, como no puede
ser de otra forma, consecuente con nuestros compromisos
internacionales. Es, por tanto, una política útil, esencialmente útil
para los intereses de España y útil, esencialmente útil para los
intereses legítimos de las personas que buscan en nuestro país una
nueva oportunidad. Y en quinto lugar, el Gobierno está realizando una
política de inmigración comprometida y eficaz en la aplicación de los
recursos presupuestarios y organizativos para no dejar las cosas en
términos meramente discursivos sino, por el contrario, para
garantizar el cumplimiento material de los objetivos previstos. Pues
bien, en esta quinta idea esencial se engarza sin lugar a dudas el
motivo concreto de esta comparecencia.
Voy a hacer gracia de repetir, porque me parece que estaría de más,
las cifras e informaciones que ha dado el señor delegado del
Gobierno. Lo que sí digo es que lo que no se puede obviar es lo que
no se puede obviar y que lo que no se puede hacer, como ha señalado
también el señor delegado del Gobierno y como venimos apreciando
reiteradamente en el discurso de fondo o en la apariencia de discurso
de fondo del principal partido de la oposición, es una especie de
apunte de una realidad que no es tal realidad, pero que es la
realidad que me conviene para sobre ella intentar construir ese
discurso. Y lo cierto es que el plan Greco está ahí como primera gran
iniciativa de conjunto impulsada por el Gobierno de este país para
atender unos fines específicos. Pero amén de todo eso, hay una serie
de políticas sectoriales que dan forma, cuerpo, contenido y garantía
a derechos fundamentales de las personas de las que estamos hablando,
que suponen también, como no podía ser de otra forma, un esfuerzo
presupuestario muy importante para que, como acabo de señalar, esta
política de emigración en sus objetivos sea una política realmente
comprometida con esos fines por estar comprometida de manera directa
y eficaz con la aplicación de los recursos materiales y
presupuestarios para poderles dar debido cumplimiento. Podrá gustar o
no gustar -yo comprendo que pueda no gustar- que desde la perspectiva
de la oposición éste haya sido el primer Gobierno que haya querido
establecer una figura tan importante en términos políticos,
administrativos y de representación, como es la Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, que supone la
expresión clarísima, con la innovación de la presencia política en el
sentido más amplio de conjunto de esa nueva figura, de un compromiso
global del Gobierno con estas políticas y con la voluntad de
cohesionar mucho mejor su ejercicio a través de una relevante figura
que les está dando forma concreta en el tiempo.
Por último, no tengo más remedio que recordar el hecho de que se
intenten meter debajo de la alfombra datos tales como que durante el
año 2000 se invirtieron 19.433 millones de pesetas y 20.406 millones
durante el 2001en materia de percepciones por desempleo percibidas
por inmigrantes. Podríamos dar datos como esos, tal y como ha
señalado el señor delegado del Gobierno, en materia de sanidad, de
educación o de vivienda, lo que conforma sin lugar a dudas la mejor
expresión del compromiso de este Gobierno con unas políticas que no
quiere que sean meramente retóricas, sino prácticas reales, sentidas
y apreciadas, como es natural, por el conjunto de la sociedad
española, pero también por quienes han de ser los beneficiarios
principales de estas políticas, esto es, la población de inmigrantes.
Intentar disfrazar y distorsionar todo esto, decir que ello no existe
y que poco menos que se está intentando realizar meras operaciones de
marketing, al final, solamente nos puede permitir llegar a una
conclusión: que va usted por buen camino, señor delegado del
Gobierno. Mire usted, en el discurso político de la oposición en esta
Comisión, en el ámbito del Ministerio del Interior, todo lo que la
sociedad española tiene la percepción de que funciona bien se traduce
siempre en una operación de marketing. Si funciona bien el cuerpo
nacional de Policía y el programa de Policía de proximidad, y así lo
aprecian los ciudadanos españoles a través de las encuestas, el
discurso y la valoración de la oposición es el siguiente: eso no es
más que una operación de marketing. Si funcionan bien las políticas
de inmigración en términos realistas, equilibrados y solidarios
y funciona bien la disposición de innovaciones realizadas por este
Gobierno, así como la creación de su propia Delegación, como el
impulso del plan Greco o como el impulso de innumerables políticas
sectoriales en este sentido, eso es una operación de marketing, y así
suma y sigue. Por tanto, quizás el mejor sentido de la realidad de
que usted lo está haciendo bien, señor delegado del Gobierno, que es
decir que el Gobierno lo está haciendo bien en el conjunto de su
política de extranjería y de inmigración, es pensar que frente a eso
no estamos encontrando alternativas concretas, sino un discurso
instalado probablemente en la propia vaciedad y en la desorientación.
Conviene hoy reafirmar algo que ha sido una consideración de
principio, y conviene que algunos lo vuelvan a oír: el Gobierno está
realizando, ha realizado, ha querido realizar siempre y querrá
realizar y realizará siempre una política de inmigración ajena a
cualquier consideración excluyente. Reiteradamente el Gobierno ha
expresado su voluntad de diálogo y de consenso con todas las fuerzas
políticas para hacer de la política de inmigración y de extranjería
una política auténticamente de Estado no sujeta a dialécticas
partidistas. Desde luego, ni es el Gobierno ni es el Partido Popular
quien ha vuelto reiteradamente la espalda a esa posibilidad de
consenso, a esa posibilidad de diálogo. Yo creo, señor
delegado del Gobierno, que nosotros hoy tenemos que volver a decir,
desde este grupo parlamentario, desde las consideraciones de este
grupo parlamentario, que no creemos en políticas alternativas en
materia de inmigración y de extranjería que pretendan construirse
sobre la presión o sobre la amenaza o sobre la utilización de
determinados recursos jurídico-constitucionales en el supuesto de que
usted no pase por el aro que yo intento poner para que usted pase.
Creemos que la política de inmigración y de extranjería tiene que ser
una política de Estado, una política de todos. Esa ha sido, es y será
la disposición del Gobierno. No se puede pretender decir, como
recordaba muy acertadamentehace unos días en esta misma Comisión el
señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior:
ustedes son Gobierno, pero van a hacer la política de inmigración que
yo les diga. Eso, evidentemente, no es tener una voluntad ni de
consenso ni de diálogo. Desde luego, las políticas de inmigración,
ese sentido de Estado que nosotros tenemos como naturaleza de esas
políticas de inmigración, no se construyen con demagogias, con
discursos rancios, con ausencias de alternativas o con tremendismos
como hemos escuchado en algún discurso de esta mañana.
Yo concluyo, señor delegado de Gobierno, diciéndole que desde la
perspectiva de este grupo parlamentario se está haciendo la política
de inmigración más adecuada, más progresista posible en el conjunto
de lo que es la realidad española y de sus compromisos
internacionales, y que se está haciendo una política de inmigración
desde la perspectiva de los dos considerandos que acabo de resaltar,
como no podía ser de otra forma, profundamente solidaria. Por ello,
yo le felicito en nombre de este grupo parlamentario; le felicito a
usted personalmente, señor Fernández-Miranda; felicito al equipo que
trabaja con usted; felicito, quede dicho con toda claridad, al
conjunto de las políticas que viene desarrollando el Gobierno y al
Gobierno en los términos en que ha decidido ejecutar estas políticas
de inmigración y de extranjería. Lo hacemos, además, sin ningún
género de autocomplacencia, naturalmente, sabiendo que hay muchas
cosas por hacer y queriendo hacer esas cosas, pero como lo decimos
sin ningún género de autocomplacencia, señor delegado del Gobierno,
lo decimos también sin ningún complejo. Aquí no hay una política
bendita de inmigración, inmaculada y altruista que representa el
discurso de la oposición, que, por cierto, tiempo tuvo de poder
aplicar en su momento ese discurso que ahora esgrime, y una política
maldita, estrecha, opaca, oscurantista del Gobierno; no. Aquí hay una
política que nosotros, en nombre de esta mayoría parlamentaria, y
estamos convencidos que en nombre de la mayoría de la sociedad
española, valoramos como una política útil, adecuada, progresista y
solidaria, que es la política que está realizando el Gobierno.
Concluyo, por tanto, reclamando de todos los que quieran oír y de
todos los que quieran participar el retorno
a la responsabilidad, a la visión de Estado, a la voluntad de
diálogo y de generosidad por el interés de España y por el interés
mismo de quienes pueden encontrar legalmente en nuestro país un nuevo
horizonte personal. Confiamos que algunos que parece que hace meses
se han salido de ese camino sepan volver a él.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gil Lázaro, por
el apoyo explícito que ha hecho del Grupo Parlamentario Popular
respecto a la política de extranjería e inmigración del Gobierno.
Señor Mayoral, las comparecencias ómnibus, donde se va mucho más allá
del enunciado que aparece por escrito en el orden del día, son
complicadas. Si en ocasiones usted las adorna de afirmaciones un
tanto gruesas, lo complica un poco más. Comienza S. S. por afirmar
que finalmente se ha hecho este ejercicio contable porque hasta ahora
ustedes ocultaron o mintieron. Señor Mayoral, este ejercicio contable
podían haberlo hecho simplemente leyendo en este momento los
Presupuestos Generales del Estado que están publicados en el Boletín
Oficial del Estado -por lo tanto, ¡menudo oscurantismo!- o
enterándose de las distintas partidas presupuestarias cuando se
discutieron los Presupuestos Generales del Estado en el último
trimestre de 2000. Qué quiere que le diga, a mí me sorprendió y aquí
estoy, como es mi obligación, para volver a reeditar lo que parece
que es el debate de los Presupuestos Generales del Estado del año
pasado.
En la línea que marcaba el señor Gil Lázaro, algunas veces parece que
lo que les molesta es que gobernemos nosotros y no ustedes, y eso
consiste simplemente en ganar las elecciones. Es facilísimo, es algo
que los dos partidos ya sabemos cómo se hace. Les ha irritado
profundamente que en vez de 30.000 fuesen 37.000. Si lo llegamos a
saber pongo 30.000. Hacemos el esfuerzo de coincidir con ustedes, no
vaya a ser que me digan lo mismo que ya me dijo el senador Breva en
mi última comparecencia en el Senado: Le hemos puesto un recurso de
inconstitucionalidad porque no hace caso a las sugerencias que les
hacemos. Con esas amenazas, si llego a saberlo ponemos 30.000 y ya
hubiésemos visto de dónde rascábamos esos 7.000 para no irritarles,
porque hubiese sido mucho mejor.
Todas y cada una de las partidas presupuestarias están contempladas.
Ha terminado diciendo S.S. que no se le ocurre decir nada más.
Estamos en lo que estamos, en ocurrencias y así nos luce el pelo. Yo
me esfuerzo por darle solvencia a esta comparecencia a ver si con mi
intervención lo conseguimos, porque con lasuya, señor Mayoral... Tengo
aquí las 72 medidas, aunque
no querría aburrirle. Por ejemplo, promoción de un fondo social para
la concesión de microcréditos destinados a proyectos de desarrollo en
los países de origen, 6.000 millones, programa 134.A, concepto 871.
¿Qué queremos hablar de asistencia técnica a los países de
procedencia de los inmigrantes, al referirnos a la Agencia Española
de Cooperación Internacional? Nos vamos al programa 134.A,
cooperación para el desarrollo, conceptos 496 y 796. ¿Que queremos
hablar de continuación del proceso de adaptación de centros e
internamiento de extranjeros? Dentro del capítulo de seguridad
ciudadana, vamos al programa 222.A, concepto 620. ¿Que queremos
hablar del incremento de los recursos humanos y puesta a punto de las
instalaciones de los consulados españoles? En el programa 132.A,
acción del Estado en el exterior, dentro de los conceptos 120,121,
123, 130, 131, 218, 620 y 630 aparecen recogidos hasta ese total de
1.360 millones de pesetas. ¿Que queremos hacerlo sobre la entrada en
funcionamiento del sistema integrado de vigilancia exterior? Nos
vamos al programa 221.A, concepto 620, inversión nueva sociedad del
funcionamiento operativo de los servicios. ¿Que queremos hablar de
acogida de solicitantes de asilo? El programa 222.G, coordinación en
materia de extranjería e inmigración y el concepto 620. Así podríamos
seguir porque aparecen todas y cada una de las cantidades. ¿Que a
usted no le gusta porque no se lo dijimos antes cuando estábamos
debatiendo los Presupuestos Generales del Estado? Yo pensé que se
leían los Presupuestos Generales del Estado, que los desmenuzaban,
los trabajaban y sabían a qué se debía la denominación de cada
concepto.
Yo, que he estado muchos años en la oposición, recuerdo que era un
trabajo importante. Al final, nosotros mismos nos poníamos la
condecoración, porque era encomiable y sumamente difícil, pero lo
hacíamos.
Usted puede haberse enterado o no -hablo de usted ni siquiera de su
grupo parlamentario, porque estoy seguro de que muchas otras personas
implicadas en el debate presupuestario sí se enteraron-, pero ahí
están las partidas, con ese montante último de 37.000 millones de
pesetas. Que son 7.766 millones más, lo lamentamos muchísimo, la
próxima vez les haremos caso y asignaremos la cantidad que consideren
ustedes apropiada, por aquello de no discutir. Van a equivocarse,
como en este caso, pero en aras de huir de la confrontación, lo
haremos. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muy brevemente, para hacer algún apunte o
coletilla a lo que acaba de decir el señor delegado del Gobierno para
la Extranjería y la Inmigración.
Será usted buen médico, pero en estas cuestiones de manejo de los
presupuestos creo que no ha aprovechado mucho su paso por la
oposición. Es difícil tragarse lo que acaba usted de señalar, señor
delegado del Gobierno, y hasta me produce una cierta hilaridad. Usted
ahora puede decir que lo que se comprende en el programa 134.A, 134.
B, o cualquier término que se utilice, corresponde al programa Greco
o a cualquier otro programa que se invente sobre la marcha, que es lo
que han hecho. Nosotros les dijimos en el mes de octubre, cuando
estábamos debatiendo el presupuesto, que presentábamos una enmienda y
que queríamos que figurase una partida -incluso dialogamos esta
cuestión con el partido del Gobierno- para dotar al plan Greco, en
vez de hacer ese ejercicio permanente de utilizar el gasto global y
luego, de manera circunstancial y oportunista, atribuirlo a una
finalidad o a otra, a un programa u otro.
Si se toma la cuestión desde la perspectiva más global que planteaba
el señor Rajoy y que ahora también ha manejado usted, de alguna
manera, ¿por qué me habla usted de 37.000 millones de pesetas, si
tenemos ahí cientos de miles de millones de pesetas que dedicamos
a los inmigrantes? ¿Es que no cuentan el gasto sanitario o el gasto
educativo? Esa es la reflexión absolutamente impresentable, el engaño
absolutamente inasumible, donde se sitúa el primer punto de la
posición del Gobierno y que una oposición que sepa por dónde van los
tiros no puede aceptar. Por tanto, primera reflexión que debe ser
descartada.
La segunda reflexión. Nosotros hacemos figurar 37.000 millones de
pesetas. Dice S. S. que, si queremos, le pone, le quita o le añade
ese complemento, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que
nosotros, ante la posición de ustedes de que querían que hubiera un
plan Greco para el año 2001, les dijimos: eso hay que dotarlo
económicamente. Se puede hacer de dos maneras con una cantidad
complementaria y adicional, algo extraordinario, que es lo que
sugerimos inicialmente, o expresándolo de manera cuantificada, dentro
del documento del plan, que no figura en él, cuando se debatió en
esta Cámara. Ni figuran en el presupuesto del Estado, referenciado a
ningún plan Greco, esas cantidades que ha dicho S.S., cuando las
aprobó esta Cámara. Ahora dice usted que sí, pero porque ha hecho una
atribución absolutamente arbitraria de cuáles son los contenidos
económicos del plan Greco, a posteriori. Sin embargo, cuando hubo que
debatirlo, cuando hubo que enmendarlo y nosotros lo enmendamos, no
había ni plan Greco ni cosa parecida y, además, los portavoces del
Partido Popular insistían en que no debía figurar y que lo que
nosotros hacíamos era una previsión arriesgada. No se quería
articular en los Presupuestos Generales del Estado ninguna referencia
al plan Greco, eso está claro, lo han dicho sus portavoces. Esa es la
historia de esta cuestión, la historia de un engaño -de un importante
engaño- a la opinión pública española.
Y lamento tener que emplear esta frase, de un profundo engaño. Porque
de decir que esto no debería figurar ni cuantificarse se pasó a
aparecer un buen día cuantificado. Eso ha sido lo que realmente ha
pasado, y se puede seguir el rastro.
Ha mencionado el plan SIVE, que ustedes atribuyen como gasto
adicional o extraordinario en materia de inmigración. Es un gasto
ordinario previsto para el desarrollo de un sistema que la Guardia
Civil viene implantando y tendrá que implantarlo en varios ejercicios
económicos. Es verdad que es necesario establecerlo, pero ni mucho
menos se le ha ocurrido este plan como consecuencia de la política de
inmigración que hacen figurar en el plan Greco. La previsión
presupuestaria del plan SIVE no tiene nada que ver con el plan Greco
porque ya estaba antes del Plan Greco. Señor Fernández-Miranda, creo
que están cometiendo profundos errores. Quizá la opinión pública
pueda tragar éste más fácilmente, pero le digo una cosa, que nosotros
estamos aquí precisamente para advertir a la opinión pública de que
estas cosas no se deben tragar.
Finalmente, en cuanto a la intervención del señor Gil Lázaro, no
quiero abundar más, creo que ha hecho la encendida defensa que le
corresponde como partido que apoya al Gobierno. Solamente quiero
decirle, señor Gil Lázaro, que entre sus felicitaciones no ha
incluido a ninguna organización de inmigrantes. Puestos a felicitar,
podríamos haber felicitado a todos porque quedaría el cuadro más
completo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón Garcia): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, con toda brevedad.
Quizá, al señor Mayoral le acabe de traicionar el subconsciente.
Nosotros no hemos felicitado a ninguna organización de inmigrantes
porque estamos hablando de un acto de control democrático, donde se
establece la dialéctica de control de la oposición al Gobierno. Que
yo sepa, las organizaciones de inmigrantes no están sometidas al
control ni a la manipulación de nadie.
Por otra parte, echo de más un lenguaje tremendista, unos acentos
realmente alarmistas, un construir una especie de dialéctica oscura y
torva sobre lo que este Gobierno viene haciendo. Echo de más eso y
echo de menos el que determinada valoración no se haga empezando por
aquello de la viga y la paja, el ojo propio y el ojo ajeno, porque no
es la sociedad española la que está advirtiendo al Gobierno de que no
vayan por ahí. A la vista de cómo van las cosas en términos de urnas,
es la sociedad española la que está advirtiendo al Grupo
Parlamentario Socialista de que modifique algunos de sus discursos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del
Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor Mayoral, nos conocemos desde
hace mucho tiempo y no querría que se irritase tan profundamente como
se irrita con cualquier contestación que le dé, sea explícita o no,
sea ambigua o no; si bajo a mucho detalle porque bajo a mucho
detalle, si soy genérico porque soy genérico; no hay forma de acertar
con usted, y mire que me gustaría pues hace mucho tiempo que nos
conocemos de esta vida parlamentaria, lamentablemente yo ausente de
ella en este momento salvo como compareciente.
Le he hablado exclusivamente -y tendremos ocasión de leer el 'Diario
de Sesiones'- de lo que usted me ha pedido -que informe sobre la
financiación del programa Greco; por cierto, no es plan, es
programa-, de ninguna otra cosa, y ha introducido usted otros
elementos que ni siquiera he querido comentar. Usted insiste en que
no figura como una única partida presupuestaria en los Presupuestos
Generales del Estado. Dijimos todos desde el principio que no iba a
figurar como programa. Si quiere se lo reitero: es un programa hecho
por siete ministerios, Ministerio de Administraciones Públicas,
Exteriores, Interior, Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Educación
y Sanidad y con el visto bueno de Economía y Hacienda, como no podía
ser de otra forma. Le dijimos que, cuando se confeccionó a partir del
mes de junio -fue el primer compromiso del anterior ministro Jaime
Mayor Oreja-, se hizo de forma simultánea desde los mismos
ministerios que han ido conformando los Presupuestos Generales del
Estado. Parece que su irritación radica en que cada una de las 72
medidas que tiene este programa no solamente tiene identificado el
organismo responsable de su puesta en práctica sino que además tiene
la partida presupuestaria correspondiente, entre ellos, el SIVE como
control de fronteras.
Yo llego a la conclusión, de que usted no se ha leído el programa
Greco (El señor Mayoral Cortés: Está subrayado.) Usted puede tenerlo
ahí, pero yo digo leerlo, no tenerlo. Usted puede tenerlo, pero no
habérselo leído. Decir que meter la segunda ejecución del SIVE (por
mucho que, efectivamente, sea cuatrienal y hasta un montante superior
a los 20.000 millones de pesetas, si no me falla la memoria) en el
año 2001 no tiene nada que ver con un plan global de regulación y de
coordinación de la extranjería en España, demuestra que usted no se
ha leído el programa Greco. Desde la dirección de su grupo
parlamentario le han encargado que lo critique y usted, hasta donde
se le ocurrieran las cosas (usted mismo decía que no se le ocurría
más que decirme), lo ha hecho.
Por lo demás, quiero agradecerle el recuerdo que ha tenido de cuando
era médico. Lamentablemente, he
olvidado mucho de lo que aprendí pero creí que lo había aprendido
bien.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXPULSIÓN DE CUATRO MENORES QUE SE
ALOJABAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES DE LA ISLA DE
FUERTEVENTURA. (Número de expediente 181/000787.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al último punto
del orden del día, que es la pregunta del señor López Aguilar, sobre
un asunto en la isla de Fuerteventura.
Señor López Aguilar, tiene la palabra.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señor delegado del Gobierno, por su
comparecencia para responder a la pregunta parlamentaria formulada en
su momento. Se lo agradezco tanto que no voy a desperdiciar la
ocasión de hacerlo aun cuando ha pasado tiempo desde que tuvieron
lugar los sucesos de los cuales trae causa la pregunta que formulo.
No es ésta una rareza en la actividad parlamentaria, antes al
contrario. La pasada semana -todavía no hace siete días- ya tuve
ocasión de traer aquí un asunto concerniente a la isla de
Fuerteventura, que también competía al Ministerio del Interior.
Formulo la pregunta a los responsables del Ministerio del Interior en
mi calidad de diputado por la provincia de Las Palmas.
Sé perfectamente que es un hecho acotado, pero,precisamente porque
soy diputado por Las Palmas -que tiene tres islas, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote-, estoy en la obligación de traer hechos
acotados en la medida en que esos sucesos los tratamos la semana
pasada en una comparecencia similar a ésta y trataremos dentro de
poco el hundimiento de una patera en las costas de Fuerteventura con
la trágica muerte de nada menos que 15 inmigrantes que intentaban
arribar a las playas canarias, un suceso muy impactante, todavía
oscuro y por esclarecer, en el que está implicada una dotación de
guardacostas de la Guardia Civil. El episodio concreto que vamos a
considerar en este trámite parlamentario concierne a la aplicación de
la Ley extranjería y seguramente no es un buen ejemplo de su
aplicación, porque pone en conexión un episodio local con defectos en
las formas de aplicación. Procede que este acto parlamentario tenga
lugar, puesto que se trata de una ley general aprobada en esta
legislatura por estas Cortes Generales, y que dialoguemos un momento
sobre ello.
El señor delegado del Gobierno conoce los hechos a los que me estoy
refiriendo. El 20 de marzo de este año 2001, al final de la mañana,
se personan dos vehículos con seis agentes de la Policía Nacional en
un centro de
acogida inmediata de menores de Puerto del Rosario, la Montañeta, con
la intención de proceder a su repatriación, con tan mala fortuna que
se producen intentos de fuga y pánico generalizado por parte de los
menores que eran objeto de ese procedimiento de repatriación. Todo
ello redundó, primero, en que los deportados a través de este
procedimiento, bajo la cobertura teórica del reagrupamiento familiar
(después hablaremos de ello), son devueltos a Marruecos, pero
inmediatamente después, por diversas vías, se pusieron en contacto de
nuevo con España, con el centro de la Cruz Roja de Fuerteventura,
para denunciar que no habían sido nunca entregados a sus familiares
sino, simplemente, abandonados a su suerte en el país de procedencia.
En segundo lugar, provocó, como acabo de decir, una situación de
pánico generalizado por la que se dieron a la fuga otros 27 menores
del centro de acogida, de la residencia juvenil de Puerto del
Rosario, en Fuerteventura, muchos de los cuales permanecen todavía
hoy en paradero desconocido y algunos han sido recuperados por la
Policía Nacional después de todo tipo de rocambolescas pesquisas e
investigaciones, que ponen de manifiesto hasta qué punto se condujo
con torpeza la operación a la que me refiero. ¿Considera el Gobierno
que esa expulsión de los cuatro menores, protagonistas del suceso que
acabo de describir en la isla de Fuerteventura, constituye un buen
ejemplo de aplicación de la Ley de extranjería?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del
Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): El señor presidente lo enunció
correctamente al principio, se trata de un asunto de la isla de
Fuerteventura. No es un hecho acotado sino un hecho comunicado de tal
forma que no he podido saber exactamente a qué se refería S. S. La
pregunta es sobre de la expulsión de cuatro menores que se alojaban
en el centro de acogida de menores de la isla de Fuerteventura, sin
ningún otro detalle. A lo largo del año 2001 se repatriaron doce
menores desde la provincia de Las Palmas, once de ellos de
nacionalidad marroquí y uno de nacionalidad rusa. Difícilmente puedo
responder en este momento al ejemplo de los cuatro menores a los que
usted hace referencia. Como es mi obligación, después de la lectura
del 'Diario de Sesiones', le enviaré por escrito la respuesta a la
pregunta que S. S. me hace, sabiendo exactamente a qué tengo que
contestar. Me comprometo a hacerlo sin dilación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor delegado del Gobierno, haber recabado
la información para documentarse
sobre este suceso estaba perfectamente al alcance de su mano. Incluso
si lo hubiera descrito con pelos y señales, como está al alcance de
cualquiera, por el seguimiento que hicieron del suceso los medios de
información locales y por la información que pueden suministrar las
delegaciones del Gobierno -en este caso la de Canarias, que es la
responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
dependientes del Ministerio del Interior en Fuerteventura- el relato
podía haber sido completo. El relato es bastante dramático, porque
concierne a una operación mal diseñada y mal conducida, en ejecución
de una legislación que los socialistas estamos en disposición de
discutir en algunos de sus aspectos, siendo perfectamente legítimo
que así lo hagamos, sobre todo si estamos representando los intereses
de una opinión pública, en este caso la del entorno inmediato de ese
centro de internamiento de menores de la isla de Fuerteventura, que
tiene derecho a ver con enorme alarma cómo se pretende aplicar la Ley
de extranjería en determinados casos.
Los hechos son los siguientes: Llegan dos vehículos de la Policía
Nacional a un centro de acogida inmediata de menores y, con extremada
torpeza, proceden directamente a esposar a cuatro menores de edad, de
nacionalidad marroquí, de los cuales uno tiene problemas de
integración, de alcohol y drogas, y de comportamiento, pero los otros
tres se encuentran en perfecto proceso de integración, según el
seguimiento que vienen haciendo todos los equipos de asesoramiento,
en particular, los que gestionan el centro de acogida de menores de
una organización no gubernamental, la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, que actúa en este ámbito en la isla de Fuerteventura. Uno
de ellos es el menor Isam Karam, del que todos los equipos de
asesoramiento certifican un alto grado de integración, que había
sufrido muy recientemente un acto de agresión por parte de unos
encapuchados al que no había respondido con ninguna violencia y del
que todos los informes de los equipos de tutoría mostraban un alto
grado de satisfacción por su proceso de integración. El tercero, Isam
Yhadiri, que también se encontraba en perfecto proceso de
integración, es esposado con violencia en el momento en el que iba a
recibir la comida y conducido al vehículo que supuestamente le iba a
trasladar a esa operación de repatriación. El cuarto, alarmado por el
bullicio, intenta huir, y naturalmente se le reduce con violencia y
con una actitud agresiva por parte de los agentes de la Policía
Nacional, que están interpelando en vivo y en directo a los demás
menores que se encuentran en ese momento en el centro de acogida
inmediata. Esas frases desafiantes provocan el pánico y son 27 los
que se dan a la fuga y permanecen más de un mes en paradero
desconocido.
27 menores en paradero desconocido de los que, a fecha de hoy, según
los últimos informes que he podido recabar teniendo en cuenta el
momento en el que tramita esta pregunta parlamentaria en Comisión
-debido a los
tempos parlamentarios, siempre muy retrasados con respecto al momento
en que los hechos se producen-, sólo 12 han sido localizados de
nuevo. Lo cierto es que hay todo tipo de testimonios de los jóvenes
que estaban en ese momento en el centro, que se dieron a la fuga y
que posteriormente han sido aprehendidos, que explican muy bien por
qué esa situación de pánico. La situación de pánico se debe, en
primer lugar, al hecho de que ellos no estaban allí por casualidad,
pues han sido inducidos a inmigrar, a llegar a España, a Canarias,
poniendo en riesgo sus vidas, por su entorno familiar; no con la
resistencia o desaconsejados por su entorno familiar, sino
directamente incitados por un entorno familiar absolutamente
desestructurado que es el que les ha lanzado al mar y les ha puesto
en España, en la isla de Fuerteventura. Por tanto, repatriarlos no
les va a hacer ningún bien, no les ofrece ninguna perspectiva de
salvación personal. Para ellos no es ningún estímulo vital ser
recuperado supuestamente para ese entorno familiar que se camufla con
una aplicación ejecutiva de las disposiciones de la Ley orgánica 8/
2000, relativas al reagrupamiento familiar. El reagrupamiento
familiar, tal y como está descrito en la Ley de extranjería,
artículos 17 y siguientes, no tiene ese sentido. No es reagrupar
familiarmente a un menor que se encuentra en España, lo quiera o no
él, lo quiera o no su familia, es permitir el reagrupamiento familiar
de la persona que se encuentra y está en disposición de ser integrada
socialmente en España. Es ayudar al extranjero que se encuentra en
nuestro país a rehacerse familiarmente en España y no repratriar al
extranjero que se encuentra en España, lo quiera él o no, lo quiera o
no su entorno familiar, a la fuerza, so pretexto de que le estamos
reagrupando familiarmente en una familia de la que supuestamente
procede, pero de la que en realidad ha hecho todo lo posible por
huir, porque el resultado no podrá ser otra cosa que el que esa
persona se encuentre en la calle inmediatamente después de ser
deportado a Marruecos, como es el caso certificado, exactamente, de
los cuatro que fueron objeto de esa operación de repatriación
torpemente conducida. Independientemente del episodio local por el
que nos pueda faltar más detallada información y de cómo haya
evolucionado el asunto específico que surge esa mañana del 20 de
marzo en Fuerteventura, pero que en realidad es representativo de un
mal diseño, de una mala operación de repatriación forzada de menores
cuyos derechos están obligados a observar la Administración española
y los poderes públicos con especial vigilancia, con especial cuidado,
con especial respeto y con especial garantía, lo que pone de
manifiesto esa operación es criticable al menos por dos fundamentos.
El primero, por las formas. Se está esposando a menores, se les está
introduciendo por la fuerza en un vehículo del grupo de operaciones
especiales de la Policía Nacional en la isla de Fuerteventura, se
está haciendo de manera extremadamente torpe y contraproducente. En
segundo lugar, porque no se produce ninguna reagrupación familiar,
simplemente se deporta a
Marruecos a cuatro menores a los que, a pesar de su pronóstico muy
favorable de integración, a pesar de la certificación positiva de
seguimiento, de conducta y de integración de que estaban siendo
objeto, se les coloca de nuevo en una situación vitalmente
desesperada, a personas que ya estaban en España. Este segundo frente
de crítica se conecta con el tercero. Eso produce, además, en una
situación de alarma, de ansiedad generalizada, agresividad,
desasosiego o pánico directamente sobre el centro de acogida de
menores que, puesta en conexión con la descoordinación
interadministrativa de las distintas administraciones que tienen
responsabilidades sobre lo que está pasando en este momento en
Fuerteventura, por un lado, Policía Nacional dependiente de la
Delegación del Gobierno y, por tanto, Ministerio del Interior y, por
otro lado, un centro de internamiento de acogida de menores
dependiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, gestionado por una
organización no gubernamental y, en tercer lugar, una orden de
repatriación que ha sido incoada por la Administración autonómica, la
Dirección General de Menores, está produciendo un episodio de
descoordinación administrativa cuyo resultado es que, al final, 27
jóvenes permanecen un mes en paradero desconocido en una isla que
tiene 90 kilómetros de largo. Es esta una ocasión para poner de
manifiesto que lo que hay es un diseño equivocado de una política
equivocada que puede producir efectos profundamente perniciosos y,
además, absolutamente irrespetuosos con los derechos que se trata de
garantizar. Entre estos derechos está en primer lugar el de los
menores que han sido víctimas de esta situación, que con toda
probabilidad no serán los últimos, porque seguro que sabe el señor
secretario de Estado que con posterioridad se han puesto en marcha
otras órdenes de repatriación que pueden seguir el mismo curso
desastroso y conducir a la misma ablación, permítame decirlo así, de
derechos fundamentales de menores, ante los cuales la Administración
española debiera de ser especialmente respetuosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del
Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Tal como le dije al principio de mi
intervención, señoría, le daré puntual contestación por escrito a los
hechos concretos que S.S. relata, que no aparecían en la solicitud de
comparecencia previa para contestar a la pregunta, pero, más allá de
ello, querría entrar brevísimamente en algunos comentarios respecto a
un discurso que S.S. ha iniciado, apasionante sin duda e importante,
aunque solamente sea porque estamos hablando de personas menores de
edad y de sus derechos.
Ahí empezaría por pedir que se respetase el derecho a la intimidad,
en el sentido de no manejar públicamente los nombres y los apellidos
de estos menores. Creo
que deberíamos ser cuidadosos, con el manejo simplemente de las
iniciales de los nombres de estas personas y a efectos prácticos yo
le hubiese agradecido que de forma no pública me hubiese transmitido
los nombres y los apellidos para yo darle la información a la que
estoy obligado, pero creo que debemos manejar iniciales -insisto- y
no los nombres completos de los menores.
En segundo lugar, lo que ha dicho S.S. sin duda nos daría para toda
una mañana de debate, por ser interesantísimo, quizá el meollo de la
cuestión de la que estamos hablando inducida por S.S., pero no
perdamos de vista una cosa. Los menores se devuelven a las familias,
que son las que ostentan la patria potestad según justicia, según
derecho de estos niños, cuando estas familias obviamente son
identificadas, o a los servicios de protección de menores del Estado
del que es nacional ese menor, que, ante la ausencia de la familia
identificable, ostenta en primer lugar la patria potestad del menor.
Yo no me voy a extender en si entramos o en si discutimos la
influencia para bien o para mal de las familias o de los entornos,
porque caemos en el mismo debate que abrieron los grupos
anticastristas con el niño Elián hace bien pocos meses, y ahí sí que
creo que debemos seguir el derecho internacional, obviamente en
ocasiones con sensación de vértigo ante la falta de confianza quizá
de aquellas instituciones o incluso de aquellas familias en las
cuales se pueda depositar a estos niños, que nos debe llenar de
preocupación, pero yo creo que ni siquiera en aras de esa buena
voluntad o de esos sentimientos, identificada la familia o recibido
por el Estado del cual es nacional el menor, podemos discutir que la
patria potestad debe ser ejercida tal y como lo confirman no
solamente las leyes nacionales sino el derecho internacional. Yo no
querría ir más allá. Me comprometo con S.S., como no puede ser de
otra forma, a darle puntual contestación a los requerimientos que me
hace en el caso concreto sobre el que S.S. me preguntaba, por lo que
entenderá, y le ruego me disculpe que no haya sido capaz de
vislumbrarlo, que planteado tal cual estaba, me resultaba imposible
llegar a ello. (El señor López Aguilar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar, el
trámite es el de preguntas, en el que el tiempo está
reglamentariamente tasado, y esta Presidencia reconoce haber sido
hasta laxa en la administración de los tiempos. Ha consumido usted
más del doble de lo que establece el Reglamento; por tanto, al ser
una pregunta, no puedo darle la palabra.
Agradeciendo al señor Fernández-Miranda su comparecencia, suspendemos
la sesión hasta las cuatro y media de la tarde, en que la
reiniciaremos con la presencia del secretario de Estado para la
Seguridad.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS
EULATE), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA ACTUACIÓN DESMESURADA DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO EN CONTRA
DE LOS MIEMBROS DE UNIÓ DE PAGESOS-COAC, QUE EL DÍA 29/09/2000
PROTESTABAN EN BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA CONTRA LOS PRECIOS DEL
CARBURANTE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 213/000173.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Reanudamos la sesión con
la presencia del secretario de Estado para la Seguridad, al objeto de
sustanciar las comparecencias previstas en el orden del día.
La primera comparecencia, la señalada como número 7, es a iniciativa
del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
No habiendo ningún diputado de esta formación, entendemos decaída la
iniciativa.
- LAS MEDIDAS PARA COMBATIR EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA Y LA
INSEGURIDAD CIUDADANA EN BARBATE (CÁDIZ), TRAS EL SECUESTRO DE
JÓVENES NARCOTRAFICANTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000204.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la segunda de
las comparecencias, que formula el Grupo Parlamentario Socialista y
que hace referencia a la ciudad de Barbate.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Ante
esta misma Comisión el 19 de diciembre pasado, contestando a una
pregunta formulada por el Grupo Socialista, ya di cuenta de la
situación de Barbate y de los problemas de seguridad ciudadana que
existían derivados de una trayectoria histórica de la zona y, sobre
todo, de unos problemas puntuales que estaban existiendo derivados de
algunos aspectos de actividades penitenciales como el narcotráfico.
Antes de entrar en el contenido concreto de la cuestión, creo que es
conveniente, aunque se haga un poco largo, efectuar una aproximación
a las características geográficas y sociales que confluyen en Barbate
con el fin de tener un marco de referencia que nos permita
conocer la problemática que se vive en la citada localidad.
Posteriormente, voy a referirme a las actuaciones más importantes de
la lucha contra el tráfico ilegal, contra el tráfico de droga y, por
último, informaré sobre las medidas de mejora que se han establecido
y aquellas otras que se encuentran en fase de estudio y aprobación.
Como conocen SS.SS., Barbate tiene una extensión de 142 kilómetros
cuadrados en una zona especialmente vulnerable al tráfico de drogas y
una población estable de unos 24.850 habitantes, que se incrementan
en las épocas estivales a 250.000. Dentro de su término municipal se
encuentra la pedanía de Zahara y otros pequeños núcleos de población
como Caños de Meca. La mayor fuente de ingresos de la población
estable de la citada localidad ha venido siendo la pesca, si bien
esta fuente natural de riqueza sufre un deterioro paulatino debido
esencialmente a la política pesquera que desarrolla en estos momentos
el Reino de Marruecos, que tiende a restringir la actividad de
nuestra flota en sus aguas. A la situación anterior hay que unir la
práctica inexistencia de industrias alternativas en la localidad y el
descenso notable que se ha experimentado en otras actividades, todo
lo cual ha desembocado en una población sumergida en un alto índice
de paro que ha llegado a crear focos de marginalidad y delincuencia.
Existe un alto nivel de absentismo escolar y laboral. Tampoco se debe
olvidar la existencia de tres factores geográficos determinantes,
como son la longitud de sus costas, que tienen 25 kilómetros, la
proximidad con las costas africanas y la situación de sus playas y
calas. Estos factores favorecen la comisión de ciertos hechos
delictivos, como son la inmigración ilegal y los alijos de sustancias
estupefacientes.
Paralelamente ha tenido lugar la aparición de un grupo de personas
que se conocen allí, y permítanme la expresión, como busquimanos,
cuya actividad principal consiste en vigilar las costas en busca de
restos de alijos de drogas, embarcaciones abandonadas, motores
abandonados y otro tipo de restos. Tal grupo de personas se desplaza
en ciclomotores, que constituyen uno de los elementos más
determinantes de la inseguridad ciudadana, al hacer patente una
ostentación arrogante de su actividad. El resto de la ciudadanía debe
soportar los constantes ruidos producidos por sus máquinas, la
utilización peligrosa de éstas, la insolencia de sus conductores y el
consumo de drogas en algunos puntos de la población, lo que provoca,
por otra parte, constantes enfrentamientos con la policía local.
Barbate es en la actualidad una de las localidades de España con el
índice más alto de ciclomotores por habitante. Más recientemente, y
quizá como señal de progreso, se está observando la paulatina
sustitución de este tipo de vehículos por otros vehículos de cuatro
ruedas. Al día de hoy se están potenciando las actuaciones
coordinadas de Guardia Civil y Policía local
en un intento de recuperar el principio de autoridad de los agentes,
el cual se encontraba bastante deteriorado en toda la población. En
estos últimos años apenas se instruían expedientes sancionadores ni
se hacían efectivas las denuncias ni las agresiones sufridas por los
menores quedaban satisfactoriamente sancionadas, por lo que este
intento de recuperación se establece como un objetivo prioritario
para incrementar la percepción de la seguridad ciudadana de la
población.
Los delitos conocidos en el año 2000 fueron 679, con 391 detenidos,
de los cuales 250 lo fueron por inmigración ilegal. La droga
aprehendida, hachís, por la unidad de Barbate ascendió a 4,8 millones
de kilogramos. Se efectuaron 48 detenciones y se formularon 924
denuncias, de acuerdo con la ley 1/1992.
Algunas de las operaciones más conocidas fueron la operación Espejo,
la operación Naranja y la operación Mosca. La operación Espejo
desarticuló el clan de los Antón; se detuvo a cuatro cabecillas de
las redes existentes en la localidad y a seis de sus principales
colaboradores, interviniéndose más de 2.000 kilogramos de hachís y 10
vehículos, turismos, motocicletas, armas y dinero en metálico. La
operación Naranja se cerró con 14 detenidos, 17 vehículos
intervenidos y un total de 3.573 kilogramos de hachís. La operación
Mosca, relativa al secuestro de tres personas relacionadas con el
narcotráfico, se saldó con 19 detenidos, 11 en Málaga, 2 en
Algeciras, 6 en Barbate y Vejer y 1.825 kilos de hachís.
En lo que va del año 2001, el número de delitos conocidos ha sido de
175 y el de detenidos 231, 184 por inmigración ilegal. La droga
aprehendida, hachis, por la unidad de Barbate asciende a un total de
1.676 kilogramos. Se han efectuado tres detenciones y se han
formulado 105 denuncias. Los resultados que estamos obteniendo hacen
patente el acierto de las medidas que se han venido tomando en
relación con una situación que es altamente preocupante.
Con fecha de 21 de octubre de 2000, la Subdirección general de
operaciones, ante la situación planteada de la Guardia Civil de
Barbate, decidió la intervención de un módulo de intervención rápida
de la Agrupación rural de seguridad, compuesta por 18 hombres, que
continúa en dicha localidad con misiones exclusivas de seguridad
ciudadana. El despliegue de recursos humanos en Barbate, localidad
que se ha transformado en el puesto principal de la Guardia Civil,
tiene la siguiente plantilla: 32 personas en el puesto de Barbate, 2
en la patrulla fiscal y 3 pertenecientes al equipo de la Policía
judicial. La plantilla de la patrulla fiscal se ha ampliado hasta 6
guardias, pendientes aún de cubrir las vacantes. Por lo que respecta
a los medios materiales, su parque móvil cuenta con 10 vehículos, de
los cuales 5 son turismos y otros 5 todoterrenos bicolores del
cuerpo. Para la visión nocturna se dispone de 1 cámara térmica sobre
vehículo y
2 visores portátiles que facilitan enormemente el trabajo. En
infraestructuras se cuenta con un calabozo existente en el
acuartelamiento del cuerpo.
A efectos de seguridad ciudadana, la situación actual de Barbate
puede resumirse en los siguientes puntos. Intervención del grupo
rural de seguridad. La medida adoptada de agregar con misiones de
seguridad ciudadana un módulo de intervención rápida de la Agrupación
rural de seguridad número 2 de Sevilla en la localidad de Barbate, ha
producido efectos muy importantes, tales como crear una sensación
real y psicológica de seguridad, sensación real por la existencia
permanente de una fuerza dispuesta a intervenir de forma inmediata
con mayor número de efectivos, si es necesario, y sensación
psicológica, la que siempre produce la presencia de una unidad
especial (entiéndase que la UAR es una unidad de intervención y en
este caso altamente especializada en la materia que preocupa a la
ciudadanía de Barbate en estos momentos). El segundo efecto que se
aprecia es que el grupo de los denominados busquimanos, que he
comentado antes, tras unos primeros pulsos con los componentes del
grupo rural optaron por esperar a tiempos mejores. En la actualidad
obedecen las indicaciones de los agentes y circulan con normalidad en
sus ciclomotores y en sus vehículos de cuatro ruedas, a excepción de
un pequeño reducto que es el causante de los últimos incidentes: 3
intentos de evasión de controles con atropello de miembros de la
Agrupación rural de seguridad y lanzamiento de una piedra cuando se
intervenía en la zona de movimiento nocturno.
La población en general apoya la intervención de la Guardia Civil y
marca con entusiasmo la diferencia entre el antes de y el después de
la intervención y la presencia de esta fuerza. Evidencia muy
significativa de esta diferencia es que, por informaciones recogidas
del personal educativo en la localidad, hace escasos meses el
prototipo a seguir por los jóvenes eran los narcotraficantes que se
pavoneaban por la localidad en sus espectaculares vehículos y, en la
actualidad, el modelo lo constituyen estos guardias de seguridad que
hacen frente permanentemente a las actuaciones ilegales y procuran la
estabilidad y el bienestar, que desde hace tiempo vienen solicitando
las autoridades y la ciudadanía de Barbate. En reuniones mantenidas
con las autoridades locales se manifiesta igualmente dicho
sentimiento y se solicita la permanencia de esta unidad, cosa que se
hará hasta que se aumente la plantilla efectiva del puesto de la
Guardia Civil.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, que es el solicitante de esta
comparecencia, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias por su comparecencia, señor
secretario de Estado. Esperaba algo más, sobre todo en la segunda
parte a la que ha hecho referencia a las medidas distintas a las
puramente represivas y de carácter policial. Como sabe muy bien, la
actividad delictiva organizada en la provincia de Cádiz está
íntimamente ligada al narcotráfico, pero muy especialmente, como
acaba de indicar, en la localidad de Barbate, cuyo súmmum de los
hechos delictivos tuvo lugar en el mes de octubre, cuando un policía
local murió tras perseguir a unos jóvenes y estos intimidar a este
policía local, y días más tarde llevarse a cabo una operación de
secuestro de tres jóvenes por banda de narcotraficantes, que hizo que
al final la situación fuera tan tremenda que se tuviera que
intervenir.
Quisiera centrarme en esta comparecencia en el ámbito de Barbate,
pero, aprovechando su presencia, no quisiera dejar de recordarle que
el problema del narcotráfico desgraciadamente no es algo de Barbate.
Se da en el estrecho de Gibraltar, que se ha convertido en uno de los
lugares clave para la entrada de las drogas de los narcotraficantes,
que además utilizan la vía española del estrecho de Gibraltar para
introducir la mayor parte del hachis y de la cocaína en la Unión
Europea. Lo que estoy diciendo queda claramente recogido en el
informe anual que la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, da año tras año. Este es un hecho que nos preocupa a
los gaditanos. Quisiera aprovechar, independientemente de que ahora
entre en Barbate, para pedirle, en el ámbito del estrecho de
Gibraltar, una mayor presencia policial, un aumento de los medios
materiales como una de las pocas formas que hay para luchar contra el
narcotráfico. Porque, señor Morenés, tiene que saber que en el
estrecho de Gibraltar mientras que los narcotraficantes están
utilizando medios y métodos del siglo XXI, nuestros cuerpos de
seguridad todavía tienen medios del siglo XX. Medios que hacen que
las patrulleras, tanto del Servicio de Vigilancia Aduanera como de la
Guardia Civil, se vean impotentes ante la potencia de estas
embarcaciones que utilizan estos narcotraficantes. Además, unido al
fenómeno creciente de la inmigración, se está haciendo que se
descuiden muchos flancos y que todo lo que era la entrada del
narcotráfico hacia el campo de Gibraltar, se esté derivando hacia
Barbate, como acaba de poner de manifiesto en su intervención,
incluso en los últimos meses hacia la costa noroeste y la sierra de
Cádiz de una manera muy alarmante y muy preocupante.
Dicho esto y centrándome en el ámbito de su comparecencia de Barbate,
entendemos que se ha actuado, como usted mismo ha reconocido, durante
los últimos años, por tanto durante el Gobierno del Partido Popular,
con una cierta impunidad y que ahora la reacción del Gobierno ha sido
tarde y mal. Tarde porque se han tenido que producir muertes y
secuestros para que, como usted también reconoce, se tenga que
restablecer la normalidad que se había perdido y para que los ciudadanos
tengan la sensación de que existe un gobierno que les protege
ante la impunidad de los delincuentes. Y mal porque faltan todavía
muchos medios para abordar la situación. Las patrulleras del Servicio
de Vigilancia Aduanera no operan desde Barbate sino desde Algeciras.
Estas son todavía insuficientes y escasas para hacer frente a un
fenómeno especial, porque en el estrecho de Gibraltar el problema de
la inmigración yo lo comparo siempre con el problema del terrorismo
en el País Vasco, salvando las distancias. Allí hay una circunstancia
especial, no porque los ciudadanos sean mejores o peores, sino por la
cercanía. Estamos a ocho kilómetros de la costa de Marruecos y las
formas de actuar de las mafias han cambiado. Ya no son los españoles
los que operan, son mafias compuestas fundamentalmente por
marroquíes, que han visto una vía de entrada y flanco favorable ante
la pasividad que se ha demostrado en los últimos años. Eso ha sido lo
que ha provocado que en una población que adolece, como usted mismo
indica, de infraestructuras hoteleras, industriales, en definitiva de
actividad económica, sea caldo de cultivo propicio para generar el
clima que se dio a finales de año, que Barbate era, como alguien
tituló, una ciudad sin ley.
Ante la falta de alternativas distintas a las represivas
o policiales, que siguen siendo necesarias, a pesar de restablecer en
cierta manera la normalidad, se tienen que aumentar esos medios. En
primer lugar, señor Morenés, y le agradecería que tomara nota,
cumplan ustedes con el compromiso que contrajo el ministro de
Hacienda, señor Rato, en la campaña electoral de dotar
específicamente a Barbate de una base del Servicio de Vigilancia
Aduanera. Barbate debe contar con ese Servicio de Vigilancia
Aduanera, que además se le prometió por el actual Gobierno. Lo
curioso de esto es que existe una resolución de 28 de julio de 1998
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que crea la
base marítima, a través de la delegación especial de la Agencia en
Andalucía, pero que no la ha dotado de personal. En una respuesta
parlamentaria hace pocos días, ante esta petición que hacíamos por
enésima vez, el propio Gobierno reconocía que se creó el 28 de julio
de 1998 esa base, pero textualmente decía que se está a la espera de
contar con el personal necesario y adecuado para su puesta en
funcionamiento. ¿A qué se está esperando? ¿Han tenido que suceder
estos hechos para darse cuenta de que hay un compromiso ahí y no
cumplen? ¿Cuándo van a dotar a Barbate de una base del Servicio de
Vigilancia Aduanera que haga que los narcotraficantes se sientan
permanentemente intimidados?
Señor secretario de Estado, le insto a que tome nota de este
compromiso porque es una necesidad para Barbate. Es necesaria una
mayor presencia de los cuerpos de seguridad. Usted ha indicado que
actualmente hay 18 miembros de la Guardia Civil permanentemente. Se
ha restablecido la normalidad, pero todavía es necesarioincrementar
aún más los medios porque hay personas
sin escrúpulos que todavía se mueven impunemente. Se lo digo yo, que
vivo muy cerca y paseo por allí contínuamente y se lo dirá cualquier
ciudadano.
Le podría decir mucho más en el ámbito policial. Usted comparece hoy
como secretario de Estado, y yo esperaba que estuviera el ministro
del Interior, que a la vez es vicepresidente del Gobierno, para
decirle que además de estas medidas de Interior no será posible el
restablecimiento en Barbate de la normalidad ciudadana si no se
acompañan medidas de carácter social, económico, formativo,
educativo, y no sé si usted ahora en la contestación las dirá, pero
no las ha dicho. Yo quiero no sólo hacer una crítica sino presentar
alternativas. Le voy a dar varias alternativas que están esperando
los ciudadanos de Barbate, que son necesarias y yo diría que
fundamentales para no tener permanentemente una ciudad tomada por los
cuerpos de seguridad del Estado, como en parte está ahora Barbate.
Una de ellas: aprueben ustedes el plan de dinamización turística
Trafalgar. Este plan para dinamizar el turismo en una zona que tiene
un potencial turístico extraordinario ha sido recientemente rechazado
por la Secretaría de Estado de Turismo. Lo curioso es que ese plan lo
ha pactado el Ayuntamiento de Barbate, que gobierna el Partido
Popular, con la Junta de Andalucía, y de once proyectos que había
presentado Andalucía uno, el primero, el que con más ahínco se
presentaba, era este proyecto que puede hacer de aquella zona, con un
potencial turístico muy importante, un destino futuro, pero en el que
previamente hay que poner las bases aprobando este plan que inyecte
dinero en forma de hoteles, restaurantes, en definitiva, turismo a la
zona. Pues bien, este plan recientemente se acaba de desestimar por
la Secretaría de Estado de Turismo. El propio ayuntamiento, gobernado
por el Partido Popular, va a aprobar en los próximos días una moción
instando a algo que le pido yo aquí hoy también, que recapaciten
sobre esa desestimación, que recapitulen y trasladen al ámbito
municipal la necesidad de aprobar ese plan de dinamización turística
para Barbate y su zona.
En segundo lugar, yo le diría que se plantee, y usted ha sido además
secretario de Estado anteriormente en el ámbito de lo militar,
secretario de Estado de Defensa, que se replantee la desafectación
del suelo del polígono de tiro de El Retín, que yo creo que usted
conoce. Sabe usted que ese polígono de tiro es el segundo mayor de la
OTAN en todo el entorno mediterráneo. Son 4.000 hectáreas de terreno
propiedad del Ministerio de Defensa. ¿Sabe usted que no provoca
ningún tipo de riqueza en el municipio, que está colmatado por
servidumbres militares? Yo planteo, si a las Bardenas, en Navarra,
por el polígono de tiro de El Real, se compensa con 700 millones de
pesetas a la mancomunidad de la zona, ¿por qué, ante una situación de
crisis y de falta de perspectiva futura, no se hace lo propio con el
polígono de tiro de Barbate?
Tercera alternativa. La situación se ha agravado en el ámbito social
en Barbate tras el fracaso pesquero con Marruecos. Sabe usted que
Barbate es un municipio con 22.000 habitantes, que llega a los
150.000 en verano, pero que de esos 22.000 habitantes el 80 por
ciento viven directa o indirectamente de la pesca. La falta de
acuerdo ha provocado una situación tremendamente preocupante. El
ministro del ramo, señor Arias Cañete, viene prometiendo desde hace
un año que va a aprobar un plan para diversificar la economía de la
zona, pero el tiempo pasa, el desempleo crece y muchos ciudadanos de
Barbate, como la misma subdelegada del Gobierno hace unos días tuvo
que reconocer públicamente, yo creo que en un lapsus, se ven abocados
al ámbito del menudeo, por no decir del narcotráfico, ante la falta
de perspectivas económicas que tienen. ¿A qué están esperando para
aprobar el plan de reactivación económica para Barbate?
Así podría estar dándole cuatro o cinco medidas urgentes y
necesarias, distintas a las de carácter policial, que tienen que
seguir para poder sacar a Barbate de la situación en la que se
encuentra. Por tanto, si es tan amable, le ruego que ahora en la
contestación me diga si se tiene prevista alguna de estas medidas u
otras que no ha dicho para sacar de la situación a este municipio.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Grupos que quieren
expresar su posición.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, por el Grupo Parlamentario
Popular .
El señor GIL LÁZARO: Del asunto que hoy nos ocupa hemos hablado mucho
en esta Cámara, tanto en Pleno como en Comisión, y nosotros no
tenemos sino que agradecer la prolija intervención descriptiva que ha
realizado el señor secretario de Estado en términos de continuidad,
vuelvo a repetir, de otros debates que ya hemos tenido.
Señor secretario de Estado, de la intervención del señor De la Encina
se desprende que las cosas están yendo de manera razonablemente bien
en el ámbito de competencias propio de la autoridad que hoy está
sometida a control de esta Comisión, que es estrictamente en el
ámbito policial, porque el señor De la Encina nos ha hablado de
muchas posibles dimensiones del problema, de muchas posibles salidas
del problema, todas de naturaleza social y económica, pero realmente
poco nos ha dicho en el ámbito de lo que corresponde a este debate,
que es en el ámbito estrictamente de la responsabilidad de la
autoridad compareciente, que es el policial.
Por tanto, creo que el debate, y no me atrevería a tratar de dirigir
la intervención de nadie, mucho menos de la autoridad compareciente,
tiene que ser estrictamente en lo que corresponde al ámbito de esta
Comisión y a la naturaleza propia de la solicitud de comparecencia
que ha formulado el Grupo Socialista, es decir, en el ámbito
policial, que otros foros hay en esta Cámara, y otros foros
institucionales hay, entre ellos, y muy importante, el Parlamento de
Andalucía, y las responsabilidades que en materias sociales y
económicas tiene prioritariamente en este asunto la Junta de
Andalucía, para hablar de todas esas otras dimensiones de la cuestión
que nos ha planteado el señor De la Encina.
Centrándome en lo que es objeto de este debate, tengo que decir que
se aprecia sin lugar a dudas el esfuerzo que ha realizado el Gobierno
en términos de seguridad y en términos de dotaciones y de despliegue
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar esa
situación de inseguridad que se venía produciendo. Por cierto, que el
señor De la Encima plantea en su intervención una requisitoria que es
muy interesante, lo que ocurre es que no la completa. Decía el señor
De la Encima ¿qué es lo que está pasado con el despliegue policial en
el Estrecho? Citaba una referencia que es válida como referencia de
pasado, pero ya no de presente y de futuro, una situación que se daba
y que estaba ahí, es decir, el hecho de que los narcotraficantes
y las grandes redes de crimen organizado que en tráfico de personas o
en narcotráfico operaban sobre esa zona del Estrecho estaban actuando
con medios del siglo XXI, frente a medios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del siglo XX.
Probablemente tiene toda la razón el señor De la Encina si hace esa
referencia como término y elemento valorativo y descriptivo en
situación de pasado, pero no de presente y de futuro, porque lo que
ha obviado el señor De la Encina es comentar precisamente que este
Gobierno, consciente de esa situación, ha instrumentado un ambicioso
plan en todos los terrenos, pero especialmente en el terreno
tecnológico, el llamado plan SIVE, de la Guardia Civil, que va a
suponer una importante acomodación, un ir por delante de los propios
medios tecnológicos que utiliza esa delincuencia desde el momento en
que se prevén despliegues navales, se prevé una detección por
satélite de este tipo de embarcaciones acompañado, como es natural,
de los correspondientes despliegues en tierra por parte, en este
caso, de la Guardia Civil en lo que sea territorio no urbano y, en un
segundo escalón, el Cuerpo Nacional de Policía en territorio urbano.
Por tanto, esa tampoco es una situación que en términos taxativos
sirva como valoración y referencia de presente, puesto que fruto de
la iniciativa de este Gobierno ahí está ese plan con las dotaciones
presupuestarias importantísimas de carácter plurianual que se han
puesto ya en los presupuestos para poderlo completar en los términos
previstos en el tiempo.
Desde luego, creo que decir, como se ha dicho, que durante los años
de Gobierno popular se ha dejado crecer la impunidad es, permítanme
que lo diga, una simplificación demagógica y una inexactitud
impropia, absolutamente impropia, del estilo habitualmente riguroso
y serio, así reconocido, del señor De la Encina. Creo que además
los propios ciudadanos de la localidad pudieron tener en un momento
determinado la percepción de que existía un problema, un problema que
venía de tiempo y al que una determinación administración no daba
solución; por eso también, probablemente, los ciudadanos de esta
localidad decidieron libremente operar un cambio de administración
municipal.
En definitiva creo, señor presidente, señor secretario de Estado, que
en un asuntos como este -o en muchos otros asuntos similares a este-
no es cuestión de andar con atribuciones sectarias, demagógicas o
puramente instaladas en la dialéctica partidista, con atribuciones de
culpa. Lo importante es que todos, con sentido común, con sentido de
la responsabilidad, con visión de conjunto seamos capaces de
instrumentar los mejores medios, los mejores acuerdos, los mejores
proyectos compartidos para dar solución a lo que nos demandan
a todos, sin lugar a dudas, a unos desde la responsabilidad de
Gobierno, que en este caso es responsabilidad de Gobierno compartida,
porque aquí comparece hoy una autoridad que tiene responsabilidad en
el Gobierno de la nación, pero nos habla un grupo parlamentario que
tiene la responsabilidad de ser el que gobierna en Andalucía. Por
tanto, entre todos debemos buscar, desde el clima del común acuerdo y
no desde la dialéctica partidista, pequeña, chata, estrecha, esas
mejores soluciones posibles.
Nada más, señor presidente. Nada más, señor secretario de Estado.
Vuelvo a repetir que de este asunto hemos hablado muchas veces y
desde luego lo que no sirve es plantear en el ámbito de la Comisión
de Justicia e Interior, bajo un rótulo puramente policial, la
apertura de otros debates. Probablemente esa es la mejor demostración
de que en el terreno de lo policial las cosas se están haciendo
suficientemente bien, razonablemente bien, siempre, desde luego, con
ese plus de autoexigencia continua que es norma de la casa, que es
norma de este Gobierno y que es norma del Ministerio del Interior, al
que hoy representa aquí el señor secretario de Estado de Seguridad.
(Varios señores diputados del Grupo Socialista: Muy bien.) Claro que
muy bien. diputado Excelente. (Un señor del Grupo Socialista: Eso es
autoalabanza, pero estás muy poco acompañado, estás muy solito.-
Rumores.- Risas.)
Perdón, señor presidente, quisiera hacer una precisión. El Grupo
Parlamentario Socialista decía que uno se sentía poco acompañado. En
absoluto, me siento muy acompañado, amén de por la razón porque uno
en este caso creo que se basta y se sobra para poder lidiar con tan
distinguida concurrencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):Hecho el paréntesis, tiene
la palabra el señor Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Gracias,
señorías, por sus intervenciones.
De la intervención del señor De la Encina quisiera destacar dos áreas
que así han sido destacadas por quien ostenta la portavocía del Grupo
Popular. Efectivamente el problema de Barbate no es sólo policial, es
de área, de desarrollo de la zona, desarrollo que compete desde hace
mucho tiempo, no sólo desde que el Partido Popular gobierna, sino
desde muchísimo antes, a administraciones de distinto signo político.
En ese sentido sólo estoy señalando que entre todos deberemos abordar
programas para que tratemos de evitar las causas que provocan la
delincuencia, que ahora solamente se puede combatir o se combate de
manera policial, aunque siempre en un principio y mientras se vaya
dando habrá que hacerlo. Estamos totalmente de acuerdo. Hace algunas
sugerencias a este secretario de Estado, secretario de Estado que lo
que puede hacer es entenderlas como propicias para que el
cumplimiento de la obligación que yo tengo de que la seguridad
ciudadana esté asegurada en la zona sea más leve que la que ahora
tienen las fuerzas de seguridad del Estado.
También reconoce S.S. -y se lo agradezco- que, en expresión suya, se
ha restablecido la normalidad. Efectivamente, se ha restablecido la
normalidad; es evidente que esto requiere un coste policial
importante y es evidente que nos gustaría que la zona fuese más
estable, desde el punto de vista de la seguridad del Estado. Mientras
no sea así, señoría, tendremos que tener -y así lo quiere la
población de Barbate- presencia suficiente de fuerzas.
Su señoría me decía que la fuerza que tenemos allí es suficiente, que
se ha restablecido la normalidad y sin embargo también decía que
incrementemos esa fuerza. Creo que en estos momentos estamos en una
situación de equilibrio, aunque S.S. en sus paseos por Barbate note
que no; creo que hay una sensación de equilibrio, de normalidad en
Barbate en comparación con otras partes de España que sufren también
las situaciones de inseguridad ciudadana que tenemos que atender.
Dicho esto, quisiera pasar a hablar de determinadas inversiones,
aunque ya lo ha comentado el portavoz del Grupo Popular, como es la
inversión del SIVE. Su señoría conoce perfectamente que los tráficos
se han trasladado hacia zonas más lejanas de lo que es el Campo de
Gibraltar precisamente porque los esfuerzos que se han hecho en la
zona del Campo de Gibraltar en la lucha contra el narcotráfico y el
tráfico ilegal de personas han obligado a que ese tipo de tráficos se
abran en lo que es la zona del estrecho y han llegado a Barbate y más
allá. El SIVE, que es el servicio que vamos a montar para vigilar,
para controlar esos tráficos en el estrecho, va a prestar su servicio
en la zona de Barbate y más al oeste de la zona de Barbate, en la
zona del Campo y más al este de la zona del Campo. Vamos a tratar de
tener controlado todo lo que es el estrecho de
Gibraltar para poder hacer más eficaz una acción que ya de por sí es
suficientemente eficiente. Ese plan SIVE por el que se me ha
preguntado aquí en algunas ocasiones, tiene una renovación de los
buques que van a prestar su servicio a la hora de interferir los
tráficos que S.S. señalaba como del siglo XXI, y tiene un sistema de
control previo de esos tráficos; yo creo, y la Guardia Civil así lo
entiende también, que puede ser el elemento que de alguna manera nos
permita controlar, atajar algo que de por sí es, como S.S. decía,
masivo por una circunstancia geográfica de imposible impedimento, que
es la cercanía que tenemos de la zona que es mayor productora de
hachís y de la zona de inmigración probablemente más intensa que
existe hoy en la Unión Europea.
Dicho esto, señoría, le diré que se han tomado otras medidas.
Nosotros estamos en permanente contacto con el ayuntamiento, ya se lo
he dicho, estamos en permanente contacto con la demarcación de costas
y capitanía marítima, vamos a cerrar el río Barbate, la obra está
empezada y creo que sobre mediados de julio, quizá antes, podría
estar finalizada. El control del puerto tendrá que ser por un control
móvil, por ahora sólo en los grandes puertos podemos hacer un control
fijo, y será un tema que llevará la Guardia Civil en los aspectos
fiscales de droga y pesca. La torre de vigilancia, también de la
Guardia Civil, está presupuestada, pero en estos momentos no le puedo
decir cuándo la podremos comenzar. En cuanto a las acciones de la
Comandancia de la Guardia Civil, la Subdirección general de
operaciones ha adscrito de manera inmediata el módulo de intervención
rápida de la agrupación rural de Sevilla y ha declarado puesto
principal a Barbate. No quiero reiterarme pero me parecen medidas
suficientes, como reconoce S.S.
En lo que se refiere a otros aspectos que me ha señalado S.S.,
incluso algunos de ellos relacionados con mi anterior obligación como
secretario de Estado de Defensa, entenderá que yo ahí no pueda
entrar. Simplemente le diré, en el ámbito general de la declaración
de Gobierno, que es indudable que hay determinadas áreas en España
que son necesarias para hacer algo tan esencial como es la defensa
nacional. En estos momentos dice S.S. que la zona del Retín no tiene
las mismas condiciones que la zona de las Bardenas, pero también es
verdad que jurídicamente no es lo mismo. La situación jurídica de las
Bardenas es una situación derivada de una utilización en alquiler y
la zona del Retín fue vendida por el Ayuntamiento de Barbate a las
Fuerzas Armadas en su día. Esto es así. Entiendo su preocupación por
el asunto, pero le quiero decir que es una política de Estado que
influye en la política local y autonómica la que se representa en la
política de defensa, y la solidaridad general de todo el ámbito
estatal con la política del Estado tiene que derivar no solamente de
una condición jurídica, sino moral de participación, y a ella apelo
sin entrar más en el fondo del asunto. A otros
representantes del Gobierno les competirá si acaso tomar decisiones
en ese asunto.
Me doy por enterado de la parte que no me compete como secretario de
Estado, que no le compete al Ministerio del Interior, ni siquiera al
Ministerio del Interior como tal. A mí se me ha citado para
comparecer, comparezco pero no lo hago como vicepresidente primero
del Gobierno, sino como secretario de Estado. Lo único que puedo
hacer es transmitir al Gobierno la preocupación no sólo porque S.S.
me la transmita, sino porque entiendo que hay que hacer una política
conjunta de desarrollo en la zona, política conjunta en la que espero
que participen las autoridades autonómicas, las locales y del Estado.
Quiero agradecer al señor Gil Lázaro su intervención. Es evidente que
la ha centrado en lo que tenía que haber sido centrada desde mi punto
de vista. Quiero agradecerle también el conocimiento que tiene de la
acción que está desarrollando el Gobierno en la zona. Plantear poca
seguridad, que no hay medios -luego resalta que los hay- y que lo que
se viene a pedir aquí no está relacionado con la seguridad y con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino con otras áreas que no
competen es precisamente centrar el debate y por eso le agradezco que
lo haya hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Ya que se ha planteado en
el debate, quiero dejar constancia de que el hecho de que esta
comparecencia esté siendo contestada por el secretario de Estado se
debe a un acuerdo unánime de Mesa y Portavoces de la Comisión.
Señor de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, parto de un
hecho que yo creo que se imaginaba, y es que ahora que estamos con
los pactos de justicia, con los pactos antiterroristas, en la lucha
contra el narcotráfico no sólo el Partido Socialista, sino todos los
partidos estamos unidos. No hay separación de ningún tipo ya que
estamos hablando de muertes derivadas del tráfico de drogas. Por
tanto, cuando yo digo que este hecho se produce en Barbate a finales
de los años noventa con un Gobierno del Partido Popular, no estoy
culpando al Partido Popular, estoy diciendo algo que es real, que ha
coincidido que Barbate se convierta en una ciudad sin ley con un
Gobierno nacional del Partido Popular y con un Gobierno municipal del
Partido Popular. No quiero decir que tenga la responsabilidad, pero
ha coincidido. El problema es mucho más profundo y sería muy
simplista, de ahí que lamente que el señor Gil Lázaro lo haya
entendido como un reproche, una imputación de culpabilidad hacia el
Partido Popular. Yo pienso que culpa tendremos todos en la alícuota
parte que nos corresponda. Lo que he intentado es plantear el tema en
un ámbito mayor al puramente policial, en primer lugar, porque era
obligada la intervención.
La situación era tan crítica y tan negativa que se hacía
necesaria la intervención policial. Desde que yo solicité la
comparecencia hasta ahora han pasado cuatro o cinco meses. Era
obligado que hiciera aquí alegato de otra serie de medidas que ya
sabía yo que no son de su competencia, pero me parece que en un
debate parlamentario no lo podemos obviar, señor Gil Lázaro. Por
tanto, no es que esté descentrado el problema, sino que no se puede
ser miope en el planteamiento de un tema de este tipo y plantearlo
solamente en el ámbito policial. Supongo que usted, aunque tenga esta
responsabilidad, como representante del Gobierno la deberá trasladar.
Tampoco es necesario que yo hable aquí de la Junta de Andalucía. Sé
que ustedes tienen que hacer oposición permanentemente a la Junta de
Andalucía, pero lo mismo que he planteado aquí lo he planteado en la
Junta de Andalucía, y tengo que decir que la Junta de Andalucía está
adoptando medidas. Analicen ustedes el presupuesto que se está
destinando a esa localidad y a toda aquella zona, medidas de carácter
específico y especial, pero yo no voy a venir aquí a decir lo que
está haciendo o está dejando de hacer la Junta de Andalucía, vengo a
plantear a un representante del Gobierno lo que el Partido Socialista
entiende que se debe hacer. Ha estado de más la referencia a la Junta
de Andalucía.
Yo sé que usted personalmente se está tomando en serio este tema. La
semana pasada ha estado en la zona, ha estado en contacto con todos
los cuerpos de seguridad, con los representantes del Gobierno y se
está haciendo un esfuerzo. Cuando yo le digo que hace falta aumentar
los medios, no me estoy refiriendo a Barbate. Ya he dicho que en
Barbate hay 19 miembros de la Guardia Civil, que se ha restablecido
en parte la normalidad. Yo me estoy refiriendo no a Barbate, sino al
ámbito del estrecho de Gibraltar. Señor secretario de Estado, hace
falta incrementar los medios en el estrecho de Gibraltar, medios
materiales y humanos. No es una contradicción que en Barbate se haya
restablecido algo que era obligado. Se ha restablecido la ley, porque
se había perdido el respeto a la ley. Lo que planteaba, y aclaro
ahora, para que no ocurra en Barbate lo que ya ocurrió en La Línea y
desgraciadamente puede ocurrir en otros puntos del estrecho de
Gibraltar, es que no hay que bajar la guardia y hay que aumentar los
medios materiales con mayores embarcaciones, más helicópteros, más
medios humanos, etcétera. Ese es el mensaje que he querido trasladar
dentro de un planteamiento no de confrontación, sino de ayuda y apoyo
para combatir un fenómeno contra el cual todos tenemos que estar
unidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, yo prefieroquedarme, sin lugar
a dudas, con esas últimas
palabras del señor de la Encina, y me quedo con ellas en la necesidad
de avanzar, como señalaba en mi intervención, en posturas en común,
en orden a solucionar de la mejor manera posible un problema. Lo que
ocurre es que una parte del problema, que es el problema
estrictamente policial, el señor de la Encina, en una expresión que
sin lugar a dudas le honra y que acredita ese estilo personal al que
yo hacía referencia en mi anterior intervención, ha reconocido que ya
está resuelta. ¿Cuál es la cuestión? Si quiere, es una cuestión
puramente reglamentaria, lo que pasa es que esas cuestiones
reglamentarias determinan el desarrollo y el contenido de los
debates. La cuestión es que la solicitud de comparecencia que formula
y mantiene el Grupo Parlamentario Socialista lo es para informar
sobre las medidas para combatir el aumento de la violencia y la
inseguridad ciudadana en Barbate, Cádiz, tras el secuestro de jóvenes
por los narcotraficantes. Si el señor de la Encina nos reconoce, y
vuelvo a repetir que en expresión que le honra, que ese problema de
restablecimiento del imperio de la ley en la ciudad se ha conseguido
y que ahora él habla en términos mucho más generales, probablemente
si se hubiera retirado esta solicitud de comparecencia y se hubiera
formulado otra en términos más generales el debate lo hubiéramos
conducido por ahí. Lo que quiero señalar -y retomo sus palabras- es
que aquí hay una responsabilidad compartida de todas las
instituciones y como todos tenemos una parte principalísima y
protagonista en el gobierno de esas instituciones, lo que conviene es
que todos aportemos esas notas de sentido común y de responsabilidad
para poder avanzar. Pero además quiero decir -y con esto concluyo-,
acogiéndome a esas razones de reglamento o de fórmula, que desde que
se formuló esta comparecencia a hoy que se sustancia se ha visto y se
ha hablado en ese tiempo intermedio de este asunto en esta Comisión
por vía de preguntas orales y de proposiciones no de ley. En todo
caso, cuando se formuló esta solicitud lo era al ministro del
Interior, que en ese momento era ministro del Interior y no ministro
del Interior y al mismo tiempo vicepresidente primero. Pero yo creo
que en los términos en que el señor de la Encina ha situado esta
segunda intervención y en los términos en los que yo, modestamente,
quiero seguir la estela dejada por el señor de la Encina, al menos
sentamos las bases de un buen clima de diálogo para poder seguir
avanzando conjuntamente en la resolución de este asunto en todas sus
manifestaciones. Lo que ocurre es que en el terreno estrictamente
policial, que es lo que compete al día de hoy, parece que, como el
señor de la Encina ha reconocido, en gesto que le honra, las cosas
van bien encauzadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar este debate,
tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Voy a
intervenir muy brevemente porque yo creo que el señor de la Encina ha
centrado en un aspecto de recursos su última intervención. Puedo
decirle que en cuanto a la zona del Estrecho, y ya saliéndonos del
ámbito de Barbate, es una prioridad de la Guardia Civil
fundamentalmente, y también del cuerpo nacional de Policía, aunque
llegará un poco más tarde en el tiempo, reforzar los medios
materiales a través de SIVE, que ya digo que tiene embarcaciones y
que es un sistema de control del Estrecho, y a través de la
aprobación de la oferta pública de empleo de la Guardia Civil, que,
como usted sabe, es un proceso cuatrienial que permitirá a la Guardia
Civil tener 72.456 -creo que es la cifra exacta- guardias civiles,
con lo que se completaría el catálogo que ahora está incompleto. Irán
destinados a esa zona, por lo demás muy sensible, los medios
materiales de SIVE y los medios humanos, es decir, los recursos
humanos del plan cuatrienial de oferta pública de empleo de la
Guardia Civil, que creo que es un esfuerzo suficiente, riguroso
y sobre todo cierto del Estado para hacer frente a un problema que no
le oculto a S.S. que tiene una enorme trascendencia y cuya
virulencia, lejos de remitir, está en una fase realmente seria, no
tanto por la zona española del Estrecho como por la zona marroquí.
Así pues, yo le agradezco desde aquí que entendamos que el problema
es de todos, un problema de Estado en definitiva, y que el Partido
Popular y sobre todo el Gobierno del Partido Popular, que es el que
tiene la responsabilidad de administrar la acción del Estado en este
asunto, están encantados de trabajar en este asunto en la línea que
S.S. y el portavoz del Partido Popular, el señor Gil Lázaro,
interpretaban, es decir, entre todos, teniendo en cuenta que con esto
hay que hacer una política de Estado, y también estando abiertos a
las sugerencias que se hagan y que yo creo sinceramente que en la
parte policial están coyunturalmente centradas y estructuralmente
orientadas.
- LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000222.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto
del orden del día, que es la comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista y relativa a la actuación de la Guardia
Civil en las Cortes de Castilla y León el día 13 de noviembre del año
2000.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO (Morenés Eulate): La Comandancia de la
Guardia Civil de Valladolid tuvo conocimiento previo de una
concentración
de representantes de los sindicatos de funcionarios de las diferentes
provincias de Castilla y León ante la sede del edificio de las Cortes
de la comunidad autónoma, sito en Fuensaldaña, Valladolid, con motivo
de la celebración de la asamblea plenaria en la mañana del día 13 de
noviembre. Ante la posibilidad de que los concentrados pudieran
cortar las tres carreteras que dan acceso a la localidad de
Fuensaldaña, previa comunicación con la Delegación del Gobierno por
parte del jefe de la Comandancia, se solicitó el apoyo de una unidad
básica de actuación de la agrupación rural de seguridad, con sede en
León, en apoyo de la sección de intervención rápida de la Comandancia
en dicho evento.
La unidad básica de actuación se desplegó con el fin de controlar
cada una de las tres carreteras de acceso a la localidad, mientras
que la sección de intervención rápida se situó frente a las Cortes de
Fuensaldaña, con objeto de que los manifestantes no pudieran
interrumpir el acceso de personalidades al edificio de las Cortes de
Castilla y León. Sobre las diez y media de la mañana, y ante la sede
de las Cortes de Castilla y León, confluyeron las tres
manifestaciones, que, junto con las personas que se habían desplazado
por medios propios, conformaban una concentración de aproximadamente
2.000 personas. A las once y cuarto se autorizó el acceso a la
tribuna del hemiciclo a ocho representantes del sindicato UGT
invitados por el Grupo Parlamentario Socialista. En ese momento, el
resto de los concentrados, utilizando una actitud violenta,
intentaron acceder en masa al interior del edificio, motivo por el
cual las fuerzas de la sección de intervención rápida y la unidad
básica de actuación colocaron sendas barreras en las escaleras de
acceso y zonas de aparcamientos, evitando el asalto o la entrada por
la fuerza en dichas Cortes. El paso fue impedido mediante cadenas
humanas que hicieron estos grupos policiales y por la misma presencia
física de la fuerza, que tuvo un efecto disuasorio. En ningún momento
se utilizaron medios antidisturbios, a pesar de la belicosidad con la
que se empleaban los concentrados. Sobre las once y media los
representantes sindicales de la UGT que habían sido autorizados
a entrar en la tribuna de invitados desplegaron la pancarta
reivindicativa y profirieron gritos e insultos a viva voz, por lo que
el señor presidente de las Cortes pidió que depusieran su actitud o
abandonaran la tribuna y el edificio, negándose ellos a hacerlo ante
la presencia de los ujieres. Ante tal actitud, la citada autoridad
dispuso la interrupción del Pleno, recabando la presencia de las
fuerzas de seguridad para el desalojo de los alborotadores. El
presidente de las Cortes dijo textualmente: Por favor, que entren las
fuerzas de seguridad; por favor, que entren las fuerzas de seguridad,
según la transcripción textual del 'Diario de Sesiones'. La orden se
recibió a través del teléfono de la centralita, manejada por un ujier
de las Cortes. Miembros del grupo rural de seguridad de la Guardia
Civil, que en ese momento se encontraban de servicio en las Cortes
de Fuensaldaña como consecuencia de la concentración anunciada por
los sindicatos de funcionarios, accedieron a la tribuna y, sin
ejercer ningún medio coercitivo ni violencia, invitaron a los
alborotadores a desalojar la misma, cosa que éstos hicieron sin
oponer resistencia. Hay que hacer notar que la fuerza pública no
entró en el interior del hemiciclo en ningún momento, sino únicamente
por un acceso directo a la tribuna del público donde se producían los
desórdenes citados. Una vez desalojados los representantes de la UGT,
el presidente de las Cortes autorizó la continuación del Pleno hasta
su finalización, que tuvo lugar hacia las doce horas. Paulatinamente
se fue normalizando la situación dentro y fuera del edificio de las
Cortes, comenzando los concentrados a desalojar el lugar no sin antes
proceder a la quema de varios neumáticos, que fueron apagados por
personal de la Guardia Civil, quedando completamente restablecida la
normalidad hacia las trece horas. Como consecuencia de estos hechos,
se abrieron cuatro expedientes administrativos por cortes de
carretera, que están aún pendientes de resolución.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del grupo
proponente, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Agradecemos al señor secretario de
Estado las explicaciones que ha dado en esta corta intervención. Lo
que le tengo que decir en primer lugar es que las explicaciones son
tardías porque estamos hablando de unos hechos especialmente graves
que se han producido el siglo pasado, en concreto el 13 de noviembre.
Esta es una forma de obstruir la labor de control al Gobierno, al no
comparecer hasta el día de hoy, 5 de junio. De alguna forma, casi
carece de sentido la comparecencia con algunas informaciones que
hemos recibido, pero en todo caso queríamos ratificar algunos
aspectos que usted ha ido poniendo de manifiesto en su intervención.
Sería bueno, por lo tanto, que se sometieran a esta obligación
constitucional de responder ante el Parlamento en tiempo y forma al
menos razonables, y no burlando, insisto, el control del Parlamento
al Gobierno compareciendo, repito, siete meses después de acaecidos
los hechos. (El señor Gil Lázaro: ¡Es inaceptable!) Sería bueno,
señor presidente, que respetara las intervenciones el señor Gil
Lázaro, que luego tendrá su turno para recriminar y hacer de
oposición, pero de momento le agradecería, señor presidente, que
respetara mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Siga, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor secretario de Estado,
quisiéramos que nos aclarase una cuestión importante, como es por qué
entraron los antidisturbios
en el hemiciclo de un Parlamento -usted lo ha suavizado diciendo que
accedieron a él a través de las tribunas-, hecho que al menos en esta
región no tiene precedentes. A nosotros nos preocupa si fue por orden
de la Delegación del Gobierno o a petición del presidente de la
Cámara. A esto ya se ha contestado en el Senado, manifestándose
-usted lo ha ratificado y, dentro del problema, nos alivia un poco-
que fue el presidente y no la Delegación del Gobierno motu proprio
quien llevó a cabo esta extrema actuación, pero, cuando el Grupo
Parlamentario Socialista solicitó esta comparecencia, había negado
públicamente -usted lo ha manifestado hoy e incluso está recogido en
las actas- que pidiera por favor que entrasen las fuerzas de
seguridad. Fíjese usted la situación de riesgo que ha descrito: ocho
sindicalistas que abren una pancarta y profieren algunas voces. Pues
bien, tendrá que explicar un poco más no ya usted, sino el presidente
de la Cámara, por qué pidió que, ante esa emergencia tan grave, por
favor entrasen los antidisturbios en el Parlamento. Parece ser que
abrieron una pancarta y que gritaron que les subieran los salarios
más del 2 por ciento, ya que en ese momento se estaban debatiendo los
Presupuestos de Castilla y León para el año 2001 y el Gobierno del
señor Lucas, hoy ministro de la Presidencia, entonces presidente de
Castilla y León, había anunciado un incremento del 48 por ciento de
los emolumentos de los consejeros de su Gobierno, cosa que se aprobó,
lo que debió motivar ese enfado de los sindicalistas. En todo caso,
señor secretario de Estado, nos parece una actuación absolutamente
desproporcionada y poco democrática, aunque se ajuste entre comillas
a la legalidad, porque en estos casos no estamos sólo ante una
cuestión de mera legalidad entre comillas, sino de proporcionalidad,
de sensibilidad democrática, de sentido común, le diría yo, de más
necesidad de diálogo y de menos uso de la fuerza, de más persuasión y
menos autoritarismo, a veces rayano en la represión. En definitiva,
hay que entrar en la cultura de los modos democráticos de actuación
en todos los ámbitos y también, por supuesto, porque es especialmente
sensible, en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que no son las responsables en absoluto de determinadas
situaciones que se producen, sino quien les manda. Esta falta de
proporcionalidad, insisto, se ve hoy mismo en el orden del día, en
que usted comparece por varios asuntos, así como lo hizo la semana
pasada y no hace mucho tiempo también. Yo creo que deberían
reflexionar, tender más a estos modos democráticos y tan solo en
situaciones extremas, cuando no haya más remedio, proceder al uso
legal y legítimo, por supuesto, porque solamente está en manos del
Estado, de la fuerza. Supongo que no lo reconocerá, señor secretario
de Estado, pero que ocho sindicalistas abran una pancarta en un
Parlamento y entren los antidisturbios, además de carecer de
precedente, carece de cualquier tipo de justificación, máxime si,
como usted bien sabe, el propio
artículo 106 del Reglamento de la Cámara de las Cortes de
Castilla y León establece que, en el caso de que se produzca una
alteración del orden, corresponde a los servicios de seguridad de las
Cortes restablecerlo. ¿Por qué se acudió en primera instancia a los
antidisturbios que se encontraban fuera a causa de otro motivo, un
posible corte de carreteras o mucha gente manifestándose, y no se
utilizaron otros medios? Usted ha dicho que en cuanto se les sugirió
no por el presidente, sino por los antidisturbios, que abandonaran el
lugar lo hicieron sin oponer resistencia ¿Por qué no se llevó a cabo
esa primera actuación, que parece más razonable?
Termino con un par de cuestiones acerca de las cuales nos gustaría
que nos ampliase la información de que disponemos. Nos gustaría saber
en qué situación se encuentran los expedientes sancionadores
instruidos por la Subdelegación del Gobierno. Y también nos consta, a
petición exclusiva del Partido Popular -aunque se dirige como Mesa de
las Cortes, fue con el voto positivo de forma exclusiva de los
miembros del Partido Popular-, la remisión al ministerio fiscal para
que instruyera diligencias penales, que parece ser que fueron
remitidas por la tipología concreta a la Audiencia Nacional. Si tiene
alguna información, nos gustaría que nos comentara en qué estado se
encuentran tanto los expedientes sancionadores como, en la medida en
que lo conozca, las diligencias penales inicialmente instruidas
a petición del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, quizá lo más llamativo de este
debate sea que acabamos de descubrir que para el Grupo Parlamentario
Socialista el Senado no es Parlamento, así como que no existe el
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, ni siquiera una ilustre
senadora con nombres y apellidos concretos. Cuando se es capaz de
decir falsedades en un discurso conscientemente, como que se ha
tardado siete meses en hablar de este asunto en el Parlamento, y
cuando uno coge un 'Diario de Sesiones' y lee al final que en el
Senado ya se habló de este asunto pero aquí no, conviene precisar las
cosas. Estos hechos se produjeron el día 13 de noviembre del año 2000
y el 29 de noviembre, a requerimiento del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor ministro del Interior dio cumplida respuesta en
el Senado. ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso no
tuvo la misma agilidad -digo yo- que sus compañeros inexistentes
-digo yo también- en el Senado, en virtud del discurso que ha hecho
el señor Villarrubia, para plantear esta misma cuestión? No es seria
la referencia que aquí se ha hecho y no lo es porque vuelve a encajar
en el mismo tono deun discurso demagógico y generalista, un discurso
que
no se creen ni los propios autores del mismo. Yo tengo en altísima
estima la inteligencia de los señores autores del discurso y sé que
están interpretando el guión preestablecido, pero ni ellos mismos se
creen que esta tarde les haya tocado representar un buen papel en la
obra de referencia. Esto no es serio.
Señor Villarrubia, uno no se atiene o deja de atenerse a la legalidad
entre comillas. Usted ha dicho literalmente que posiblemente la
actuación en conjunto de los órganos de gobierno de la Cámara y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajuste entre
comillas a la legalidad. Pues bien, eso no es así, ya que no hay
ajustes entre comillas a la legalidad. Se actúa conforme a lo que la
ley determina o no y, si el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista nos dice en su discurso que hubo un ajuste entre comillas
a la legalidad, lo que probablemente nos está queriendo decir es que
reconoce que el guión de esta obra es malo y que, efectivamente,
aquel hecho se produjo con ajuste a la legalidad. Lo acaba de
recordar el señor secretario de Estado. La actuación de las fuerzas
de seguridad fuera del hemiciclo se llevó a cabo en los términos más
escrupulosos y respetuosos para el cumplimiento de su misión, pero
también en términos de la mayor proporcionalidad posible, no
utilizándose ningún medio antidisturbios. Y dentro del hemiciclo,
señor portavoz del Grupo Socialista, lo que se produjo fue un
desalojo conforme a las previsiones del Reglamento, por cierto en
términos idénticos a lo establecido en los reglamentos de cualquier
Cámara autonómica o nacional. Tras haber desplegado esas personas la
pancarta, hecho por cierto contrario a lo que previene el imperativo
parlamentario que rige la presencia de público en esa o en cualquier
otra Cámara, y advertidos de esa situación, se negaron a corregir su
actitud y a abandonar la tribuna del público. Así ha sido señalado.
En definitiva, señor secretario de Estado, señor presidente, señor
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se pueden seguir
utilizando todos los recursos dialécticos que se quieran para
construir ese discurso que no se cree nadie, sobre todo quien no se
lo tiene que creer que es la ciudadanía, de la represión, de la falta
de sensibilidad democrática, del autoritarismo, etcétera. Lo que
sucede es que ese discurso es ya tan increíble y tan aburrido que ni
siquiera, como se ha podido apreciar esta tarde, ustedes son capaces
ya de defenderlo con una mínima convicción.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las
cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Señorías, gracias por sus intervenciones.
Voy a empezar por el final de la intervención del señor Villarrubia.
Voy a enterarme de cómo están en
estos momentos los expedientes de resolución, porque no sé en qué
estadio administrativo están, y se lo haré llegar por escrito a la
Cámara. Con el resto de su intervención, señoría, no puedo estar de
acuerdo. No puedo estar de acuerdo con que la legalidad se ejerza
entre comillas, no sé lo qué es la legalidad entre comillas, S.S. a
lo mejor tiene alguna sensibilidad en relación con eso, pero yo no
tengo ninguna. La legalidad es la aplicación rigurosa, consciente y
equitativa de las leyes, del derecho, y eso es lo que pasó allí.
Ahora voy a hablar de la acción policial. La acción policial se
deriva de la presencia de determinadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que -como usted reconoce- están haciendo otras tareas y
son las que están allí. Tras una llamada del presidente, como
consecuencia de una intervención de la seguridad del Parlamento que
se ejerce entre comillas -eso sí- por los ujieres, y como es evidente
que no se les hace ni caso a los ujieres, a la fuerza de orden -por
decirlo de alguna manera- del Parlamento, tiene que entrar la fuerza
que está fuera, que es la que en esos momentos puede intervenir. No
ejerce con su capacidad represiva -como S.S. dice-, como una fuerza
antidisturbios. Una cosa es la misión de la fuerza y otra cosa es
cómo se ejerció la misión allí. No se quede usted con el uniforme
o con los elementos que tiene que llevar determinada fuerza, sino cómo
actuaron. Y actuaron razonablemente, rogando a las personas que
abandonaran la sala, que lo hicieron, y desde luego si allí se
produjo -como manifestó el anterior ministro del Interior- alguna
situación que afectara al desarrollo democrático que se establece en
una Cámara, lugar donde las esencias democráticas deben estar más
protegidas, fue la actuación de quienes impidieron el normal
desarrollo de la sesión. Así lo dijo el ministro Mayor Oreja,
manifestando que las personas que bloquearon e impidieron la sesión o
quienes las defienden son las que deberían estar dando aquí una
explicación democrática de por qué lo hicieron.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Intervengo con suma brevedad. Es
evidente que es preciso, a la vista de que el propio señor presidente
ha permitido y permite con carácter habitual al portavoz del Grupo
Popular que ejerza funciones de oposición de la oposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia, la
ordenación de los debates corresponde al presidente.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Es lo que pretendía decirle al señor
Gil Lázaro, porque es lo que lleva haciendo esta tarde sin impedirlo
el presidente. Esa era la observación que quería hacer. La ordenación
del debate corresponde al presidente. Como el presidente, en su
legítimo derecho a ordenar el debate, permite al portavoz del Grupo
Popular que ejerza las funciones de control al propio Gobierno
haciendo de oposición de la oposición, hay que hacer una pequeña
referencia y así se la voy a hacer al señor Gil Lázaro, que nos viene
dando un lamentable espectáculo esta tarde y que no escucha, al
parecer ensaya y se escucha a sí mismo, porque no dice lo que este
portavoz ha dicho. En la anterior intervención ocurrió lo mismo.
Hemos reconocido que este tema se vio en otro momento en una
respuesta oral, de dos minutos y medio, en el Senado y cuando dije
que no había comparecido en el Parlamento hasta siete meses después
de que se había pedido la comparecencia, cualquier persona con
sentido común ha entendido que se trata de la comparecencia que el
Grupo Socialista solicitó en el mes de noviembre y que siete meses
después estamos viendo. Yo creo que es de sentido común y si hay
buena fe se entiende y no se construyen discursos demagógicos
utilizando la propia terminología, no de forma aislada, sino
habitual. Es bueno flagelarse a sí mismo, nosotros lo respetamos,
pero flagelar al prójimo no entrará dentro de la filosofía del señor
Gil Lázaro.
Dicho esto en ánimo distendido, agradezco sinceramente las
explicaciones del señor secretario de Estado y la información que nos
va a dar. Una cuestión importante es que no se trata de legalidad
entre comillas. Yo creo que el señor secretario de Estado me ha
entendido mal y no hay por qué coger la muletilla. Me he intentado
explicar. Un acto puede ser legal si el presidente de la Cámara, como
usted ha reconocido y el señor ministro con anterioridad, solicita
que entre la Guardia Civil; el acto de entrada de la Guardia Civil es
legal y yo he dicho legal entre comillas. ¿Por qué? Porque, ¿se había
podido evitar?, ¿era proporcional?, ¿era de extrema gravedad, para
que en un Parlamento entren, aunque no ejercieran luego tirando botes
de humo? Naturalmente que no se llegó a eso, pero, ¿no le parece,
señor secretario de Estado, especialmente grave que entren en el
hemiciclo de las Cortes regionales los antidisturbios? ¿No le parece
de verdad especialmente grave? Por eso decía entre comillas y hablaba
de diálogo, de persuasión, de modos de cultura democrática, que es
aplicable también a la intervención anterior sobre respeto a la
discrepancia. Son modos. Es legal, porque si hay una solicitud
previa, que era el primer dato que nos interesaba, no es ilegal la
actuación de las fuerzas de seguridad en este caso, ni mucho menos,
pero lo desproporcionado es esa solicitud cuando la situación no era
extrema y estamos hablando de la soberanía popular, estamos hablando
del hemiciclo, de las Cortes de una autonomía, en este caso la de
Castilla y León. En ese sentido hablaba de legalidad entre comillas,
porque se tendrían que haber agotado todas las posibilidades,
cuestión que no ocurrió, para haber evitado este lamentable suceso,
que ojalá no vuelva a ocurrir.
Esta es la única observación que le hago, señor secretario de Estado,
y en el resto agradezco la información y le agradeceré también ese
compromiso de remitir por escrito sendos expedientes, tanto el
administrativo como el de las diligencias penales, a efectos de
información.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Yo no sé si estaré dando un lamentable
espectáculo o no, pero a lo que no estoy dispuesto, nunca lo he
estado, no lo estoy ahora ni lo estaré en el futuro, es a que nadie
pretenda cortapisar la libre expresión de juicios de este grupo
parlamentario. Es muy sencillo, y es una expresión clarísima de
impotencia dialéctica y discursiva, construir unos discursos
demagógicos orillando la realidad o intentando transformar la
realidad y, a continuación, decir: pero, que los demás no opinen. Yo
hago este discurso, pero que el Grupo Parlamentario Popular, o
cualquier otro grupo parlamentario, no diga lo que le parece mi
discurso. Hagan ustedes el favor de ser serios. No hay mayor cultura
democrática -no se equivoquen y no intenten tergiversar la cuestión-
que el respeto a la ley. Dicho con toda rotundidad y con toda
claridad. Quienes tenemos una responsabilidad pública, quienes
tenemos una responsabilidad política tenemos el deber de ejercer una
tarea de didáctica social y ustedes, igual que nosotros, tienen el
deber de decirle a cualquier tipo de colectivo, a cualquier tipo de
entidad, mucho más a las que teóricamente eran históricamente
próximas a ustedes (ahora ya no sé en qué términos están), que en un
Estado de derecho y en un régimen democrático la mejor expresión de
libertad y la mejor expresión de cultura y compromiso democrático es
precisamente cumplir la ley. La ley dice que en una tribuna de
público de una Cámara el público no puede proferir expresiones de
apoyo o de desaprobación en relación con las intervenciones y no
puede adoptar ninguna actitud activa frente a lo que está
discurriendo en la Cámara, y estas personas hicieron exactamente lo
contrario a lo que determinaba la norma reglamentaria. No solamente
eso sino, que además cuando fueron invitadas a abandonar la tribuna
del público, se negaron a ello. ¿Me quiere decir, señor Villarrubia,
cuál es la alternativa del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso frente a una actitud semejante? ¿Me quiere decir cuál es la
alternativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso? Pues muy
sencillo, se lo voy a decir. Decir que la ley se tiene que cumplir
porque la ley es el único elemento de convergencia, el único espacio
común de libertad en una sociedad democrática porque es expresión de
la voluntad popular. Todo lo demás, señor Villarrubia, es demagogia
pura y dura, y todo lo demás, señor demagogia (Risas.), es intentar
arrimar el ascua a su sardina. Por cierto, lo que esta tarde ha ocu
rrido
vuelve a ser la expresión de las profundas contradicciones internas
del Partido Socialista Obrero Español, como pensaba decir, pero me
tendré que corregir y decir de los partidos socialistas obreros
españoles, pues hay varios. Fíjese, señor Villarrubia, el discurso
que acaba de hacer es exactamente el contrario del que el Partido
Socialista del País Valenciano realiza en la Cámara valenciana ante
unos hechos similares a los de Fuensaldaña, cuando firma una
declaración de apoyo a la presidenta condenando precisamente esos
hechos.
El señor MAYORAL CORTÉS: Tengo que decirle, muy a pesar mío, que las
intervenciones del señor Gil Lázaro desvirtúan totalmente el debate
parlamentario no por el contenido, cuestión en la que ya no quiero
entrar, pero sí desde el punto de vista del procedimiento. El Partido
Socialista ha pedido la comparecencia del secretario de Estado de
Seguridad y queremos debatir con él, pero es absolutamente imposible
clarificar las cosas con el señor secretario de Estado, que es quien
posee los datos, si tenemos estos daños colaterales que derivan de
intervenciones que impiden centrar realmente la cuestión y tener un
debate auténticamente clarificador. Aquí no hemos venido a molestar
al señor secretario de Estado para perder la tarde. Desde ese punto
de vista, le rogaría, señor presidente, que utilizara su facultad de
llamar a la cuestión porque no hemos venido a debatir con el señor
Gil Lázaro, ni el señor Gil Lázaro con nosotros, sino con el
secretario de Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En cualquier caso, el
señor Villarrubia ha tenido todo el tiempo que ha considerado
necesario para exponer su posición, a la que ahora responderá el
señor secretario de Estado, que tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, pido la palabra para una
cuestión de orden.
Me parece que la cosa pasa de castaña a oscura -y permítame la
expresión- cuando sistemáticamente, se hable de lo que se hable e
intervenga quien intervenga en representación de este grupo -el señor
Gil Lázaro, la señora Muñoz Uriol, la señora Torme, el señor González
Pérez- la cantinela del Grupo Parlamentario Socialista es siempre la
misma, la oposición de la oposición. No me haga caso, no pretendo que
me escuche ni mucho menos causarles daños colaterales. Lamento que
reconozca que mi intervención le causa daños colaterales; simplemente
voy a expresar, siempre en el legítimo uso de los derechos
reglamentarios que asisten a este grupo, la posición de mi grupo y
nada más. Ustedes se olvidan de mí, ustedes se olvidan de lo que dice
este grupo parlamentario y ustedes debaten con quien quieran y como
quieran, pero este grupo parlamentario seguirá diciendo lo que
piensa.
Por cierto, señor Mayoral, he echado de menos esa apelación a la
Presidencia para llamar a la cuestión
cuando el señor De la Encina nos ha obsequiado con un debate de
naturaleza socioeconómica en su anterior intervención que no se
ajustaba al debate policial que era objeto de la comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): Señor Gil Lázaro, creo que
cada uno de los grupos ha expuesto claramente lo que opina sobre este
tema y está en el 'Diario de Sesiones'. Vamos ahora a lo que nos
ocupa, que es la intervención del señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): El señor
Villarrubia me preguntaba primero si era legal. Creo que en el ámbito
de la legalidad no vamos a entrar, nos hemos entendido. El
cumplimiento de la ley es el elemento que da garantía suficiente de
que lo que se está haciendo es plenamente democrático teniendo en
cuenta el origen de la ley, como bien se ha dicho aquí. Segundo si
era razonable. Pues mire usted, razonable sí porque
independientemente de que determinada fuerza estuviese allí por otras
razones, era la única que había. Habiendo intervenido la fuerza
interna, es decir los ujieres, pidiendo el desalojo y no
consiguiéndolo, intervino la única fuerza que había; que si bien
tiene otras tareas, que ejerce cuando las tiene que ejercer con
determinada aplicación de la fuerza, en ese momento lo hizo
razonabilísimamente porque no ejerció la fuerza que tiene encomendada
a veces sino que su sola presencia y el ruego de que abandonasen
sirvió para que abandonaran. Sinceramente, creo que es una manera
razonable. ¿Tendría que haber habido otra fuerza si no hubiesen
existido esos problemas exteriores? Pues probablemente, pero en ese
momento, con esa intervención, con el fallo de los ujieres y ante una
circunstancia considerada por el presidente de la Cámara como la
paralización de una actividad democrática como es una reunión
parlamentaria, se ejerció sin ningún tipo de daño. Señoría, esto lo
considero razonable.
- LA REPRESIÓN Y LA VIOLENCIA EXTREMA A LA QUE FUERON SOMETIDOS POR
PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD LOS MIEMBROS DE LA 'XARXA CIUTADANA
PER A L´ABOLICIÓ DEL DEUTE EXTERN' (XCADE), QUE EL DÍA 26 DE
NOVIEMBRE DE 2000 SE MANIFESTABAN ANTE EL CONGRESO PARA DENUNCIAR LA
POSTURA DEL GOBIERNO ESPAÑOL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000240.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García). El siguiente punto del
orden del día es una iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto
referida a XCADE. Al no estar presente su representante, con arreglo
al reglamento, queda decaída.
- LAS INSTRUCCIONES QUE HAYA PODIDO DAR EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN
LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE
MANIFESTACIONES, ASÍ COMO LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL HECHO DE NO
CESAR DE FORMA INMEDIATA A UN DELEGADO DEL GOBIERNO QUE SE DESTACA
ÚNICAMENTE POR SU OBSESIÓN REPRESIVA DE TODO TIPO DE MANIFESTACIONES,
SIENDO EL ÚLTIMO EJEMPLO DE ESTAS PRÁCTICAS REPRESIVAS LOS HECHOS
ACAECIDOS EL PASADO DÍA 22 DE MARZO DE 2001 CON MOTIVO DE UNA
MANIFESTACIÓN DE MÉDICOS EN LA CIUDAD DE MADRID. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000369.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al punto número
11: comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, referida al delegado del Gobierno en la Comunidad de
Madrid.
Para exposición, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Tendré
que reiterarme algo en la exposición porque sobre este asunto ya se
me ha solicitado contestación.
A lo largo del año 2000 se produjeron 1.200 manifestaciones en
Madrid. La obligación del delegado del Gobierno es exigir el
cumplimiento de la normativa vigente en esta materia. Su
responsabilidad es que se lleven a cabo con absoluto respeto a dicha
normativa; esto viene dado por el artículo 21.1 de la Constitución,
la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, modificada en parte por la
Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril, considerando asimismo los
límites implícitos que pueden derivarse de la concurrencia de otros
derechos y bienes constitucionalmente protegidos, según doctrina del
Tribunal Constitucional. Es por tanto obligación del delegado del
Gobierno adoptar las medidas necesarias para proteger la celebración
de reuniones y manifestaciones, tal y como se recoge en el artículo
16.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, procurando que no
se perturbe la seguridad ciudadana.
Por lo que se refiere concretamente a la manifestación de estudiantes
del pasado 22 de marzo, el Consejo estatal de estudiantes de medicina
propuso una manifestación con inicio a las 18 horas, que partiendo de
la plaza de Cibeles bajaría por el paseo de la Castellana hasta la
plaza de Neptuno, continuando por el paseo del Prado hasta el
Ministerio de Sanidad y Consumo, donde finalizaría tras una
concentración en el mismo
lugar. El Consejo estatal de estudiantes de medicina comunicó también
que al día siguiente, 23 de marzo, llevaría a cabo otra concentración
frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con inicio a
las 12,30 horas y una duración de dos horas.
Ante dicha doble comunicación, la Delegación del Gobierno, tal y como
está previsto en la normativa de aplicación, solicitó informe
preceptivo al Ayuntamiento de Madrid, que no vio inconveniente en
acceder a lo solicitado siempre y cuando -textual- el inicio y
cabecera de la manifestación del día 22 no corte la circulación en la
plaza de Cibeles, dejando libres dos carriles en el paseo del Prado
para los vehículos de transporte público y de emergencia, sin cortar
el tráfico rodado en el inicio y en su finalización, atendiendo las
indicaciones de los agentes encargados de la regulación del tráfico.
En este sentido fue comunicada la aprobación de los actos propuestos,
señalando expresamente por la Delegación del Gobierno que deberán ser
atendidas por parte de los organizadores y participantes en dicha
manifestación las indicaciones de los responsables de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad dirigidas a ordenar el normal desarrollo de la
misma, con el fin de no perturbar el libre ejercicio por los demás
ciudadanos de sus derechos y libertades y para hacer posible la
prestación de servicios públicos esenciales a favor de la seguridad
ciudadana.
A dicha manifestación del día 22, asistieron aproximadamente 2.000
personas, de las que 500 llegaron en autocares desde otras provincias
españolas. Pese al compromiso y la prohibición expresa, los
manifestantes cortaron la circulación en el paseo del Prado en
dirección a Atocha, y hacia las 21 horas se dispersaron sin promover
otros incidentes dignos de mención, a excepción del corte de
circulación expresamente desautorizado. En ningún momento se produjo
actuación policial alguna. Con posterioridad a lo relatado, un grupo
de estudiantes de medicina, procedentes de ámbitos de fuera de
Madrid, procedió a instalar en el paseo del Prado, frente al
Ministerio de Sanidad y Consumo, aproximadamente 100 tiendas de
campaña sin ninguna autorización por lo que la Delegación del
Gobierno ordenó el inmediato levantamiento de dicho campamento. Los
acampados fueron requeridos por la Policía municipal a desmantelar la
acampada. La mayoría de los estudiantes atendieron el requerimiento
policial y el terreno quedó despejado a las cinco horas y quince
minutos de la mañana, pese a la actitud provocadora de dos personas
no estudiantes, con antecedentes por daños, usurpación y atentado a
los agentes de la autoridad. Tal y como estaba previsto, a la mañana
siguiente, el día 23 de marzo, tuvo lugar a las 12,30 horas la
concentración comunicada ante el Ministerio de Educación en la calle
Alcalá. La convocatoria era para protestar por la escasez de plazas
convocadas para los médicos internos residentes. El dispositivo
policial estuvo presente en todo momento para evitar alteraciones
de orden y eventuales cortes de tráfico en la calle Alcalá. La
protesta se produjo sin desórdenes dignos de reseñar.
Hay que separar, por tanto, tres cuestiones: Primera, la
manifestación del 22 de marzo ante el Ministerio de Sanidad y
Consumo. En ella los manifestantes no atendieron las recomendaciones
de la Delegación del Gobierno y cortaron la circulación, pese a lo
cual la Policía no intervino. Segunda, la acampada en el paseo del
Prado del 22 al 23 sin ningún tipo de autorización, que se levantó
por indicación de la Policía Nacional, cumpliendo órdenes de la
Delegación del Gobierno. No se produjeron más incidentes que la
actitud provocadora de dos personas no estudiantes que he mencionado
antes, y alguna tensión entre un agente de la Policía Nacional y un
estudiante que se opuso a levantar su tienda, circunstancia que fue
grabada por una cámara de televisión, sin que el incidente tuviera
mayor importancia, a pesar de su gran difusión. Tercera, la
concentración ante el Ministerio de Educación en la mañana del día
23. La Policía, con su simple presencia, evitó eventuales cortes de
tráfico y no se produjo incidencia alguna. La concentración finalizó
a primeras horas de la tarde por decisión de los propios estudiantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: El objeto central de esta comparecencia es
saber si el delegado del Gobierno en Madrid tiene alguna instrucción
especial por parte del Gobierno en relación a la celebración de
manifestaciones. No ha contestado a esta pregunta, pero de su
intervención puedo decir algunas cosas, aunque me gustaría que luego
usted me concretara más el tema.
Nosotros planteamos la manifestación de médicos en Madrid no como un
hecho aislado, no como el objeto central de su comparecencia, sino
como el último ejemplo de una larga y triste trayectoria a la que no
nos acostumbra, porque no puede acostumbrarnos, el señor Ansuátegui
en Madrid. Es una realidad que más allá del cumplimiento de la
normativa lo que ha venido ocurriendo en Madrid ha sido una actuación
autoritaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en situaciones que
en ningún modo eran conflictivas, perturbaban la seguridad y deberían
haber propiciado esa actuación. Por poner algún ejemplo podemos
hablar de cuando en noviembre del año 2000 se disolvió violentamente
una manifestación de activistas a favor de la condonación de la deuda
externa, nada sospechosos de ser violentos ni de perturbar nada, que
intentaban concentrarse en las escalinatas del Congreso un sábado o
domingo, no había Pleno, y es un lugar donde los parlamentarios y los
trabajadores de esta casa tenemos por costumbre concentrarnos cuando
hay un acto terrorista, y que se ha podido convertir en un símbolo de
referencia para
actuaciones en defensa de la paz, que es lo que pretendían estos
ciudadanos cuando se concentraban en el Congreso para pedir, ni más
ni menos, la condonación de la deuda externa. También podemos
recordar cuando se reprimió violentamente una manifestación de
funcionarios en la Puerta del Sol o cuando se lanzó a la Policía
contra la Plataforma de inmigración que intentaba entrar al Congreso
para hacer entrega de un escrito a los grupos parlamentarios en lo
que se entendía era un derecho ciudadano y también un derecho de los
propios grupos parlamentarios de recibir lo que en aquel momento se
quería trasladar por estos colectivos sociales en un momento que se
estaba tramitando la ley de inmigración. Usted que también se ha
referido a esa carga policial contra los médicos, no ha hecho alusión
a cuando se impidió que una cámara grabase lo que estaba ocurriendo.
Creemos que fue una carga desproporcionada y un eslabón más de un
comportamiento autoritario de un señor que nosotros queríamos saber
si es su modelo de delegado del Gobierno (conozco su trayectoria
desde que fue gobernador civil en Córdoba y tuve la desgracia de
sufrir personalmente su comportamiento nada democrático y muy
autoritario) que por todo lo que usted ha dicho tiene que estar para
que no se perturbe la seguridad ciudadana; pero es que las
actuaciones de este señor lo que hacen es provocar conflictos en
lugar de resolverlos.
Nosotros consideramos que se sigue confundiendo lo que es un delegado
del Gobierno con lo que es un gobernador civil y por eso Izquierda
Unida ha censurado sus métodos, por desgracia reiterados, y se ha
llegado, y no es solamente una percepción de Izquierda Unida, a
plantearse en Madrid una manifestación pidiendo la dimisión de este
delegado, en función de lo que supone la utilización de métodos
autoritarios y algo que para nosotros sigue significando un modelo
preconstitucional de lo que debe ser el comportamiento de las fuerzas
de seguridad ciudadana.
Desde Izquierda Unida reiteráramos nuestra petición de dimisión del
señor Ansuátegui. Creemos que manteniéndolo, el Gobierno hace un
triste favor a la democracia y a su propia credibilidad. Pensamos que
comportamientos predemocráticos y anticonstitucionales no deben
seguir siendo representantes de cualquier Administración; por tanto,
creemos que desde este momento se debería proceder al relevo
inmediato de quien de esta manera ataca el derecho de manifestación,
la libertad de expresión, la libertad de prensa y todo lo que puedan
ser los pilares de lo que es la democracia que disfrutamos. Aquí se
trata de saber si el señor Ansuátegui actúa con respaldo del Gobierno
y si es así nosotros por elevación pediríamos responsabilidades
a instancias superiores porque, repito, lo que está ocurriendo en
Madrid, que no es una ciudad cualquiera y usted lo ha dicho (hay un
importante número de manifestaciones, cosa lógica y normal, es una de
las servidumbres de ser capital y sede del Gobierno)
requiere un comportamiento especial y un talante negociador y de
diálogo que no solamente no existen en el caso del delegado del
Gobierno en Madrid, sino todo lo contrario, lo que existe es un
talante provocador donde parece que se quiere crear conflictos en
lugar de resolverlos. Si el Gobierno respalda este comportamiento el
Gobierno será responsable, y a partir de ahora dejaremos de pedir la
dimisión del señor delegado porque entenderemos que la
responsabilidad no será suya sino de más altas instancias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para fijar la posición del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SANCHEZ GARRIDO: No voy a hacer una referencia expresa a las
manifestaciones de los médicos, puesto que el representante del Grupo
Federal de Izquierda Unida ya ha hecho una referencia pormenorizada,
pero sí quisiera hacer, y desgraciadamente mi intervención va en ese
sentido, una referencia a lo que es el proceder y el comportamiento
del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el señor
Ansuátegui.
En la última comparecencia de S.S., señor secretario de Estado, se
puso de manifiesto por el portavoz socialista nuestra disconformidad
y parecer con la forma de actuar del señor delegado del Gobierno y
nos satisface, constatar, aunque no debiera ser así, que coincidimos
básica y sustancialmente con el Grupo Federal de Izquierda Unida en
la calificación negativa que nos merece el señor delegado del
Gobierno.
El señor delegado del Gobierno e incluso el señor alcalde califican
en algunas ocasiones como molestas las manifestaciones que se
celebran en la ciudad de Madrid. En este defecto incurren con
frecuencia, olvidando que el derecho de manifestación es un derecho
fundamental recogido en nuestra Constitución y aunque -y siento
decirlo- pensándolo detenidamente no puede extrañarnos esa actitud de
estos importantes representantes del Partido Popular y del Gobierno,
pues ya en la Ley de extranjería no se recoge este derecho
fundamental. Llama la atención que en un Estado de derecho
consolidado como el nuestro, uno de sus cualificados representantes,
nada menos que el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
quiera circunscribir el ámbito de este derecho fundamental, el
derecho de manifestación, a un espacio físico predeterminado, a lo
que él ha denominado o lo que dicen en la prensa, un manifestódromo,
como si las libertades tuvieran un espacio físico acotado para poder
ejercitarse. El pensamiento de este alto cargo no sólo es retrógrado
sino que es preocupante y digno de otras épocas. A tenor de sus
manifestaciones, la gran preocupación de este señor es que los
manifestantes no molesten y si son poco vistos, mejor. Lo que
reivindiquen estas personas pasa a un segundo plano; bajo la falsa
premisa de
que las manifestaciones molestan a los conductores y viandantes, lo
mejor es desplazarlos a un lugar apartado de la ciudad donde no
molesten. No tiene importancia lo que se reivindica, ni la falta de
medios para subsistir, ni la falta de trabajo, ni solicitar cualquier
causa justa; lo importante en este caso es la apariencia de que todo
va bien, y qué mejor idea que recluir a los manifestantes en un
recinto, en un manifestódromo, y con el tiempo incluso podría
pensarse en cobrar la entrada.
Señor secretario de Estado, tiene usted nuestra total colaboración en
todos los temas de seguridad. Quiero que le conste que confiamos
plenamente en usted, y sin ningún afán demagógico le volvemos a
solicitar la sustitución, la destitución, el cese o como quiera que
se llame, del señor delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Usted nos ha oído aquí, no a mí sino a otros muchos representantes
del Partido Socialista, dirigir palabras elogiosas al anterior
delegado del Gobierno de esta comunidad porque lo hizo bien, porque
trabajó bien, porque cumplía a satisfacción de todos y porque todo el
mundo le recuerda con afecto y con cariño. La decisión última la toma
el Gobierno, que para eso lo tiene y lo sustituye. De esa misma
manera, quisiéramos hablar del delegado del Gobierno de la Comunidad
de Madrid y desgraciadamente esto no es posible. De todas formas,
esas palabras elogiosas que hemos dirigido al anterior delegado del
Gobierno, indican nuestra predisposición a reconocer lo que es bueno,
y en esta línea de colaboración nos tiene usted. Pero, por favor,
tome usted o quien corresponda la medida de destitución que
solicitamos pues todos saldremos ganando, sobre todo los que como
usted defendemos la inviolabilidad de nuestro derecho fundamental de
manifestación. Vuelvo a reiterar que confiamos plenamente en usted.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En este caso sí que con toda brevedad, porque
señor presidente, señor secretario de Estado, señores portavoces de
los grupos parlamentarios, confieso en este acto mi incapacidad para
tratar de situarme en un plano estrictamente racional a propósito de
lo que he escuchado. No puedo tratar de racionalizar argumentos tan
vacuos como que hay un caballero que tiene un pensamiento retrógrado,
que hace uso de métodos autoritarios y represivos, que propugna un
modelo preconstitucional en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (por cierto, como si nuestra Constitución y
nuestro ordenamiento jurídico constitucional fuera tan débil como que
puede quedar al arbitrio o al capricho de este o aquel personaje),
que ataca la libertad de expresión, de prensa y los pilares de la
democracia. Vuelvo a repetirlo por si alguna de SS.SS. no lo han
entendido bien, que ataca la libertad de expresión, de prensa y los
pilares de la
democracia, nos ha dicho textualmente el señor Centella, y que tiene
un talante provocador, o sea manifiestamente provocador, buscando el
conflicto. Es decir, el señor Ansuátegui todos los días se levanta
pensando: voy a ver cómo puedo provocar y puedo generar el conflicto.
En esos términos, señor presidente, señor secretario de Estado,
queridos colegas, es muy difícil tratar de situar una valoración
racional de lo que se ha escuchado, sobre todo cuando, además, el
rótulo sobre el cual se fundamenta esta solicitud de comparecencia es
ya suficientemente expresivo. Es decir, por qué se va a cesar o no de
forma inmediata a un delegado del Gobierno que se destaca únicamente
por su obsesión represiva de todo tipo de manifestaciones. El señor
Ansuátegui es un señor que sólo destaca por su obsesión represiva de
todo tipo de manifestaciones. Cuando uno escucha todas estas cosas y
cuando uno cree que el ejercicio de una responsabilidad pública como
la que ostenta el señor Ansuátegui es siempre un ejercicio muy
difícil pero que nunca puede quedar sometido, afortunadamente gracias
a nuestro Estado de derecho y a nuestro Estado democrático, al
capricho, a la tentación o a las obsesiones de la autoridad de turno,
por atenerme a la literalidad de la solicitud de comparecencia, sino
que hay un imperio de la ley, hay un Estado de derecho, hay unas
normas jurídicas que marcan el campo de acción de las autoridades
públicas, cuando uno escucha todas estas cosas y sigue pensando lo
que sigue pensando, que es difícilmente discutible en la medida que
ese pensamiento positivo la ley, nuestra ley, la ley democrática está
por encima del capricho de la tentación de cualquier autoridad,
vuelvo a insistir, es muy difícil tratar de situar una posición
racional frente a algunos argumentos poco racionales que se han dado.
En definitiva, nosotros seguimos diciendo lo mismo. En esta Comisión
se ha hablado en infinidad de ocasiones de la obsesión que algunos
grupos parlamentarios tienen en relación con el señor Ansuátegui. En
esa infinidad de ocasiones, el Gobierno ha ofrecido datos taxativos
muy claros en relación con lo que es el volumen de manifestaciones
anualmente autorizadas en la ciudad de Madrid, el volumen mínimo
prácticamente inexistente, de manifestaciones que se deniegan, el
volumen prácticamente mínimo, de manifestaciones en donde en
preservación, como es natural, del imperio de la ley y de la
seguridad pública se ha tenido que intervenir, nunca porque haya
habido una actuación a priori provocativa o represiva, autoritaria y
buscando el conflicto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ni de las autoridades que las mandan, sino porque siempre ha
habido situaciones que trascendían de lo que es el cumplimiento
estricto de la ley. Lo he dicho en infinidad de ocasiones en esta
Comisión y lo vuelvo a repetir hoy. Afortunadamente, en democracia
hay suficientes instrumentos para que nadie tenga que ejercer su
legítima reivindicación o la expresión legítima, clara y, si me
permiten incluso contundente de su opinión,
sin tener que hacer uso de ningún género de violencia y sin
tener que trascender la ley. Convendría que sobre eso reflexionáramos
todos, en vez de tratar de construir la imagen de un fantasma
retrógrado, imbuido de métodos autoritarios y represivos, con un
pensamiento preconstitucional, con un talante provocador y
caracterizado únicamente por su obsesión represiva, porque toda esa
suma de argumentos casada con la realidad, no le parecen serios a
este grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Gracias,
señorías, por sus intervenciones. Poco queda por añadir. Lo único que
puedo decir es que esta cuestión en formulación de pregunta, incluso
de comparecencia, ya ha sido contestada por este compareciente y por
el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno en el
sentido de que el señor Ansuátegui, es evidente, goza de la confianza
del Gobierno porque está en su puesto. Pero dejando esa obviedad, le
quiero decir en la misma línea, que no le voy a relatar por no
cansar, todo el ámbito cuantitativo de los hechos de las
manifestaciones en Madrid. Es un escenario que tiene el valor que
tiene, tiene un valor estadístico y la estadística tiene una
condición indiciaria. Estoy de acuerdo con que no es un término
absoluto; pero lo que sí le garantizo es que el señor Ansuátegui toma
todas las medidas previas necesarias para entender las
manifestaciones, para tratar de que esas manifestaciones no influyan
en los derechos y libertades de los ciudadanos que no se están
manifestando y que no es asunto fácil. Gobernar la situación en
Madrid, desde el punto de vista del tráfico, regular la organización
de Madrid desde el punto de vista del derecho de todos a estar en una
ciudad habitable, no es fácil. Por eso se pregunta a los responsables
municipales, por eso se reúne con las organizaciones sindicales,
y una vez que eso está establecido así, por eso se señalan unas líneas
de manifestación, siempre primero el derecho a manifestación y luego
las otras libertades y derechos de los ciudadanos, entre los cuales
la comodidad no es un derecho, es una actitud solidaria entre quien
se manifiesta y quien no se manifiesta.
Le puedo asegurar, señoría, que la ciudadanía, si no hay
manifestaciones reguladas, sí se siente de alguna manera molesta, no
diré agredida jurídicamente pero sí molesta. Usted habrá estado por
el paseo de la Castellana, sujeto por unas inmensas colas, cuando la
gente no circula por donde tiene que circular en el ejercicio de su
derecho de manifestación, que no empece para nada la comunicación que
ese derecho a manifestación pretende hacer, y yo he visto protestas,
aunque sólo sea por el sonido de las bocinas de los coches a la hora
demanifestarse también ante una situación que podría de
alguna regularse sin perjuicio de los derechos de unos y de las
libertades y derechos de los otros.
Sí le digo es una cosa, si el Gobierno en algún momento tuviese la
más mínima duda de actuaciones del señor Ansuátegui que no se
compadecieran en derecho en el ejercicio de las responsabilidades que
tiene encomendadas, le aseguro a usted que no tendría ninguna duda en
proponer o establecer inmediatamente su cese, pero no las tiene,
señoría, y como no las tiene y como no se juzga actitudes sino
hechos, y como no se juzgan ni siquiera pensamientos que con esas
actitudes y esos pensamientos ustedes manifiestan que este señor, el
delegado del Gobierno tiene, como no se juzgan porque no se ven,
entendemos que a las personas hay que juzgarlas por los hechos.
El señor Ansuátegui está aplicando la ley, tratando de aplicarla en
equidad, tratando de aplicarla razonablemente para que se pueda
producir en Madrid, que como usted bien dice es el escaparate de
España, sin perjuicio de los derechos de los otros madrileños y de
las otras personas que están en Madrid, un derecho a la
manifestación, que tiene toda la garantía constitucional, toda la
esencia jurídica primigenia de una Constitución, pero que debe
ejercerse como todos dentro de un ámbito de concurrencia con otros
derechos, quizá en la línea, en la gradación de la importancia de los
derechos no tan importantes, pero que tiene que convivir con ellos.
Esa matización es la que pretendemos y la que pretende el señor
Ansuátegui hacer permanentemente en Madrid con el derecho de
manifestación.
Además, quería agradecer al representante del Grupo Socialista la
confianza que ha prestado a este secretario de Estado en este asunto.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muy brevemente, para tratar de explicar al
señor Gil Lázaro alguno de los términos que no ha entendido, y
después de la comparecencia queda claro que el señor Ansuátegui es la
expresión del concepto que tiene el Partido Popular de lo que son
derechos cívicos y su expresión; a partir de ahora, queda claro para
la ciudadanía que es un poco el referente, y también los ciudadanos
sabrán cómo juzgar cada uno.
Sobre la libertad de expresión de prensa, cuando se impide que
algunos periodistas hagan su labor, se está coartando la libertad de
expresión, y eso ha ocurrido en Madrid; cuando a un ciudadano se
impide hacer lo que hacemos los diputados, que es situarnos en la
escalinata del Congreso para manifestar nuestra opinión, se está
coartando la libertad de expresión. ¿Qué hacemos los diputados ante
un hecho? Manifestarnos en la escalinata, que se ha convertido en una
referencia de forma afortunada de lo que puede ser la expresión, y
estamos
hablando de una manifestación con niños, sin violencia, sin provocar
en la escalinata del Congreso ningún altercado para la seguridad
ciudadana, ni para el buen funcionamiento de esta capital.
Esta es la realidad. A partir de ahí, hay dos modelos, el que
defienden ustedes, que consideramos autoritario, y en el caso del
señor Ansuátegui de cuyo talante sabemos muy bien los que lo sufrimos
en Córdoba como gobernador civil otros años, también es
predemocrático en cuando al concepto de orden público que debe tener
un delegado del Gobierno en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señor secretario de Estado, a los cargos
públicos los aciertos se les presuponen, porque es así, va incluido
en el sueldo, pero los fallos reiterados todos tenemos la obligación
de ponerlos de manifiesto. Es una desgraciada coincidencia que todos
los grupos parlamentarios que componen esta Comisión hayan hecho una
crítica, por hache o por be al señor delegado del Gobierno de la
Comunidad de Madrid. A nosotros tampoco nos tiene por qué satisfacer
esto, en absoluto, puesto que queremos que las cosas funcionen bien,
que la comunidad de Madrid y en Madrid las cosas se desarrollen bien,
pero es una feliz y una fatal coincidencia.
Usted decía que hay que juzgarle por los hechos. Yo comprendo su
posición, señor secretario de Estado, pero los hechos realmente no le
son favorables al delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
prueba de ello es que la crítica se ceba por nuestra parte, lo
reconozco y así es una vez tras otra. A nosotros estas reiteraciones
no nos gusta que se produzcan, no es un plato de buen gusto estar
reiterando aquí a un delegado del Gobierno nada menos que de una
comunidad como la de la capital de España, ni estar haciendo esta
crítica, pero es una realidad. Le digo una cosa, señor secretario de
Estado, ojalá que no le estalle en las manos el comportamiento de
este señor en alguna de estas manifestaciones y en alguna de estas
circunstancias que se producen en Madrid, y que se van a seguir
produciendo siempre porque Madrid es la capital de España y es el
referente, para bien o para mal, de todo tipo de manifestaciones.
Por nuestra parte, nuestro ofrecimiento de colaboración y al mismo
tiempo, repito, que ojalá no le estalle en las manos el
comportamiento del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con mucha brevedad, porque esa era una forma de
interrogación que se planteaba el señor Centella, que el modelo de
defensa de la expresión y derechos cívicos que sostiene el Partido
Popular es muy sencillo, es la defensa de la ley, que es la mejor
forma de defender la libertad y los derechos de todos, y hacerlo con
objetividad y con proporcionalidad.
En segundo lugar, agradeciendo la valoración y el tono que hace de
esta intervención de este grupo parlamentario el señor Sánchez
Garrido, simplemente apuntar que las actuaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado nunca vienen predeterminadas por un
deseo de hacer uso de la fuerza. Todo lo contrario, primero porque lo
impone nuestro ordenamiento vigente y en segundo lugar porque lo
impone el sentido común, en Madrid y en cualquier otro punto de
España, pero en Madrid porque estamos hablando de Madrid, siempre la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha
caracterizado por el uso de la proporcionalidad y en todo caso por
agotar todos los recursos de diálogo y de mediación a su alcance para
tener que evitar el uso final de la fuerza; fuerza por otra parte
legítima en defensa de la ley, de la libertad y del derecho de todos.
Pero no se confunda la cuestión, ese punto de referencia es esencial
porque viene determinado por imperativo legal, por imperativo del
sentido común y por convicciones profundas, política de este Gobierno
y de los responsables políticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en este Gobierno, que es agotar siempre todo tipo de
recursos de diálogo y de mediación para no tener que hacer uso de la
fuerza.
También reconocerán conmigo que en algunos momentos, en algunas
manifestaciones, en algunos actos y algún grupo parlamentario en
gesto que le honra en anteriores sesiones, hablando de estos asuntos,
ha hecho referencia a ello, se ha detectado la presencia de grupos
organizados que pretendían exclusivamente alterar la normalidad del
acto, que es lo mismo que impedir a los ciudadanos que pacíficamente
querían expresarse, poder ejercer su derecho. Señor Centella, tenemos
pocas ocasiones de vernos honrados con su presencia en esta Comisión,
pero vuelvo a repetir que algún grupo parlamentario, en gesto que le
honra, en referencia a alguno de esos sucesos que se ha mencionado,
reconoció en esta Comisión que en alguno de esos sucesos se detectó
la presencia de grupos organizados ajenos a los convocantes, pero que
se habían introducido en esas manifestaciones exclusivamente para
provocar actos de violencia frente a los cuales, legítimamente y en
defensa de la libertad y del derecho de todos, incluido el de los
propios manifestantes, tuvieron que actuar las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar este debate,
tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Una vez
más podría entrar
en el aspecto cuantitativo. Solamente quiero decir que Madrid es el
lugar de España donde tenemos más manifestaciones al año. Le voy a
dar unos datos, señoría. Desde la toma de posesión del actual
delegado del Gobierno se han celebrado 754, de las cuales sólo 441
habían sido previamente comunicadas; 45 no fueron autorizadas por ser
comunicadas fuera de plazo, si bien en su mayoría se celebraron
posteriormente por la simple vía de retrasarlas el número de horas
suficientes para ajustarse a la normativa; 10 fueron prohibidas, de
las cuales una lo fue por prevención de alteración del orden público
y ocho por pretender celebrarse ante las cámaras legislativas. De
paso diré que si lo que queremos hacer de las escalinatas del
Congreso es ese famoso manifestódromo que se acusa al señor
Ansuategui que quiere hacer, me parece que en principio es ilegal,
como conoce S.S. perfectamente, porque ante las cámaras legislativas
no pueden celebrarse manifestaciones. Finalmente, una fue prohibida
por coincidencia de fecha, horario e itinerario con otra
manifestación. Contra estas prohibiciones se presentaron ocho
recursos y ha sido estimado únicamente uno.
Por si la voluntad de defensa de los principios constitucionales no
estuviera ya suficientemente clara desde el punto de vista
cuantitativo de la situación anterior, le diré que durante el período
de mayo de 2000, mes en que el actual delegado del Gobierno en Madrid
tomó posesión, hasta marzo de 2001, se celebraron 150 reuniones de
trabajo en la Delegación del Gobierno con anterioridad a las
manifestaciones, como ya enuncié antes, con objeto de consensuar o
modificar en su caso, y siempre de acuerdo con la normativa vigente,
el recorrido de las manifestaciones. En ese mismo período la policía
tuvo que intervenir utilizando los medios de fuerza legalmente
establecidos tan sólo en cuatro ocasiones. Fíjese usted, se trata del
mismo número de ocasiones que en toda una ciudad, por poner un
ejemplo, como Berlín a lo largo de todo el año 2000, si bien en esa
ciudad el número de manifestaciones fue marcadamente inferior y el
número de prohibiciones superior, y así ocurre en otras ciudades de
Europa.
Quisiera agradecer al señor Garrido una vez más el tono y la
confianza que presta y sobre todo el deseo de que no me estalle en
las manos una actuación del señor Ansuátegui. Tengo la confianza de
que no va a ser así, pero sabe usted que los asuntos de que trata el
Ministerio del Interior siempre son complicados. Esperemos, no por el
bien del compareciente sino de toda la ciudadanía de Madrid, que no
haya ningún tipo de actuación que de alguna manera pueda afectar a
los derechos y libertades de la sociedad. Cualquier otra cosa que no
afectase a esos derechos la tendré por bien recibida.
Quiero agradecer al señor Gil Lázaro su intervención, su apoyo
permanente y también, en nombre del señor Ansuátegui, el apoyo a la
línea que mantenemos, que en lo que es la seguridad del Estado y la
seguridad
ciudadana en Madrid se ejerce vía Delegación del Gobierno.
- LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LAS
CONCENTRACIONES PACÍFICAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE
CAPUCHINOS DE MÁLAGA LOS DÍA 12 Y 14 DE MAYO DE 2001. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000426.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente
punto, última de las comparecencias que corresponde sustanciar al
secretario de Estado de Seguridad y que hace referencia a la
actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la concentración
pacífica realizada en el centro de internamiento de Capuchinos, de
Málaga, los días 12 y 14 de mayo del presente año 2001. Tiene la
palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Señorías, el día 12 de mayo de 2001, a las 12,30 horas, acudieron a
la plaza de Capuchinos en Málaga, lugar en el que se encuentra el
centro de internamiento de extranjeros, unas 40 personas que portaban
distintas pancartas reivindicativas a favor de los inmigrantes.
Durante la concentración corearon consignas para la derogación de la
Ley de extranjería y la demolición del centro de internamiento. La
pretensión de este grupo de personas era la de colgar en dicho centro
globos y pancartas, así como golpear con martillos de plástico
simbólicamente su fachada. Los policías de servicio no se lo
permitieron por tratarse de un centro oficial en el que se encuentran
personas internadas para su expulsión y por temor a que el tumulto
pudiese penetrar dentro del recinto y pudiera poner en peligro tanto
la seguridad del centro como finalmente la de los internos.
Con anterioridad a la concentración se habían distribuido unas
octavillas con el título demolición del centro de internamiento de
inmigrantes de Capuchinos, en las que se afirmaba textualmente que un
comando no violento destruiría la cárcel de inmigrantes de Málaga
para impedir que volviera a ser escenario de la violación de derechos
humanos de personas que vienen de otros Estados. Esto explica la
presencia de este símbolo, del martillo de plástico, y que muchos
manifestantes se vistieran con monos azules y cascos de seguridad, en
un acto simbólico de derribo de un local que tiene el Estado
precisamente para atender a los que los que se manifestaban
pretendían proteger.
La fuerza actuante, compuesta por un equipo de la unidad de
intervención policial, ocho funcionarios, protegió el citado recinto
frente a las pretensiones de los
concentrados. En estas circunstancias se personó el diputado de
Izquierda Unida señor Centella, quien fue invitado por el comisario
jefe provincial a entrar en el centro, donde se le informó de que la
solicitud de colgar pancartas, globos y pegatinas y golpear las
paredes con martillos de plástico no podía llevarse a cabo por las
razones que acabo de exponer. Esta concentración finalizó a las 14.30
horas sin incidente alguno y sin que en ningún momento la fuerza
actuante se viera obligada a intervenir.
Dos días más tarde, el lunes 14 de mayo, a las 22.30 horas, cuando se
cumplimentaba la resolución judicial de expulsión de 36 personas de
nacionalidad nigeriana, inesperadamente unos 80 jóvenes de diversos
colectivos y movimientos okupas se lanzaron contra el vehículo
celular y contra el furgón policial de la quinta unidad de
intervención policial, tratando de forzar la puerta del primer
vehículo, al tiempo que golpeaban con piedras y otros objetos el
furgón policial. Simultáneamente, otra parte de este grupo cruzó en
la calzada contenedores de basura y tablones de madera con la
intención de impedir la circulación de los vehículos policiales e
interceptar el paso de la fuerza, que se vio obligada a repeler la
agresión para poder continuar con la conducción del grupo de
nigerianos. Debo recordar a S.S. que los 36 ciudadanos nigerianos
procedían del centro de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y
que se encontraban en el centro de extranjeros de Capuchinos por
orden del Juzgado de instrucción número 3 de Ceuta, con deportación
prevista para el día 14 de mayo. Un grupo de incontrolados, como he
dicho, pretendió con violencia impedir el cumplimiento de esta orden.
Por su acción resultaron heridos tres funcionarios de la unidad de
intervención, tramitándose la diligencia 10.836 en el Juzgado de
guardia. En esta ocasión tampoco se produjo ninguna carga policial.
La actuación de dicha fuerza se limitó a repeler la agresión de la
que estaba siendo objeto y proteger la conducción ordenada por la
resolución judicial de Ceuta. Por estos hechos se instruyó la
diligencia número 10.876, de fecha 15 de mayo, que fue remitida al
Juzgado de instrucción número 7 en funciones de guardia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella, en nombre
del grupo proponente, Izquierda Unida.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Como usted ha dicho, el día 12 de mayo nos
encontrábamos unas 40 personas frente al centro de internamiento de
Capuchinos para manifestar nuestra repulsa a la intención del
Gobierno de proceder a la expulsión colectiva de inmigrantes
subsaharianos. Lo queríamos hacer, en el marco de otras actuaciones
en el conjunto del Estado, protestando contra la propia existencia de
estos centros de internamiento, que para nosotros son centros de
reclusión, a los que luego me referiré. El acto era totalmente
lúdico, participaban niños y consistía, aparte de lo que usted ha
dicho, en pintar unos murales. Era claramente pacífico y se pretendía
escenificar la demolición de ese centro. Para tan peligrosa
actuación, para la que usted ha dicho que había puesto en prevención
a las fuerzas de seguridad, íbamos armados con globos y con
martilllos, a los que usted se ha referido. Yo he traído uno de esos
martillos para que se vea el peligro que podían significar para las
fuerzas de seguridad. Los murales se iban pintando allí mismo. ¿Usted
cree que armados con estos martillos podíamos representar un peligro
como para ni siquiera dejar que nos acercáramos al centro? Usted ha
hablado del temor a que se pudiese penetrar dentro del centro.
Repito, realmente, armados con este martillo difícilmente podíamos
derribar, si usted lo conoce, unas puertas metálicas, que estaban
completamente cerradas, y todo lo que es una fachada. Por tanto, no
había ningún peligro de que se penetrase ni de que se pudiese causar
ningún daño.
La verdad es que fue una sorpresa cuando la policía trató de
impedirnos que realizásemos este acto lúdico y festivo y nos
ofrecimos tanto un representante de los allí congregados como yo
mismo para negociar, para ver cómo se podía resolver esa situación,
que podía resultar conflictiva en la medida en que la tensión podía
aumentar. Tuvimos, como usted bien ha dicho, una reunión con los que
eran los responsables policiales y se nos dijo que de ninguna manera
se nos iba a permitir desarrollar lo que allí había previsto -colocar
los globos y derribar a 'martillazos' el centro de Capuchinos-.
Fueron unos momentos de tensión y la responsabilidad de los allí
congregados evitó un posible conflicto. Es a lo que me refería antes
cuando hablaba de provocación. Si 40 ciudadanos van a hacer un acto
lúdico y pacífico y se encuentran rodeados de policías, para nosotros
es un acto de provocación. Era desproporcionado y, repito, sólo con
la responsabilidad de los allí congregados al final se terminó el
acto, como usted bien ha dicho, sin ninguna actuación de las fuerzas
policiales. Se intentaba provocar un incidente policial que
justificase lo que ocurrió luego dos días después. Nosotros creemos
que no fue un acto casual y que lo que allí se pretendía era
efectivamente que, por impaciencia o por algún otro acto, se pudiese
provocar un incidente policial que justificase desalojar la plaza y
blindarla, porque aquí lo que de verdad se quería era que no hubiese
testigos de la salida vergonzosa de los inmigrantes subsaharianos,
que es lo que a nosotros realmente nos duele. Los incidentes
policiales tienen su importancia, entendemos que estamos aquí para
defender el Estado de derecho -y allí se nos impidió ejercitar
nuestro derecho a la manifestación-, pero realmente lo vergonzoso
para este país y para cualquier demócrata es que se produzcan
expulsiones colectivas como las que su Gobierno ha realizado en esos
días. Entendemos que ahí lo que hubo, repito, fue un intento de
provocarnos para ver si se podía actuar policialmente
e intentar decir que eran cuatro vándalos y evitar lo que luego
ocurrió.
Dos noches después, efectivamente, se produjeron los hechos que usted
ha relatado, pero se le ha olvidado decir que hubo heridos cuyos
partes médicos están aquí y que usted creo que debe de conocer; eso
se le ha debido olvidar a usted decirlo. Por tanto, si no hubo carga
policial, dígame qué hubo, porque realmente no se cayeron al suelo, y
los manifestantes, que estaban sentados con los martillos no se
produjeron las lesiones. Seguro que se podía haber resuelto el tema
de otra manera, porque lo que dos días antes se resolvió
pacíficamente, esa noche también se podía haber conseguido. Para
nosotros la realidad es que lo que ocurrió no vino ni más ni menos
que a cubrir de más vergüenza un acto que de por sí para nosotros lo
es y es lo que a mí más preocupa. Repito, lo otro, incluso las
heridas, afortunadamente ninguna grave, no tienen tanta importancia.
Nosotros participamos en ese acto porque seguimos considerando
lamentable que haya centros de internamiento de inmigrantes,
vigilados por policía, en condiciones difíciles y quiero dejar una
cosa clara en esta comparecencia y es la buena voluntad de los
funcionarios que trabajan en estos centros, que muchas veces, vienen
a mejorar las condiciones ya de por sí difíciles.
Nosotros creemos que cuando hay que fomentar la integración de los
inmigrantes ustedes lo que fomentan es el internamiento; cuando lo
que hace falta es normalizar la situación de los inmigrantes ustedes
lo que crean son centros especiales de internamiento. Para nosotros
realmente esto es lo vergonzoso y es lo que realmente nos duele, que
lo que se llama mundo democrático, lo que se llama mundo libre, lo
que se llama mundo desarrollado construya un muro de vergüenza, como
el que ustedes están haciendo en el Estrecho, para aislarnos de las
miserias de otros continentes, para que no venga nadie a perturbar
nuestro orden, para que no venga nadie a perturbar nuestra forma de
vivir y, al final, nos dediquemos a recoger y a contar los muertos en
el Estrecho, que es realmente lo triste, más allá de la anécdota que
aquí antes hemos relatado. Lo triste es que seguimos contando los
muertos en el Estrecho, que seguimos contando los inmigrantes que
expulsamos simplemente porque han querido venir a un mundo que les
hemos enseñado, que es el mundo libre, que es el mundo ideal para
vivir, y que seguimos defendiendo nuestra forma de vivir a costa de
la miseria y, repito, de la muerte de otros muchos seres humanos.
Nosotros seguimos considerando que ningún ser humano es ilegal. Ya sé
que a usted y a su Gobierno esto no les importa mucho y al final,
como usted decía anteriormente, los hechos son los que los juzgan.
Nosotros creemos que ningún ser humano debe ser expulsado de este
país ni de ningún otro, porque, repito, vienen simplemente buscando
sobrevivir y malvivir con untrabajo. Por eso, repito, consideramos
que los hechos
denunciados son graves, que tiene que haber responsables, que es
censurable que se nos prohibiese efectuar un acto lúdico y por eso le
pedimos que se asuman las responsabilidades políticas que
correspondan y que se tomen desde el Gobierno las medidas para
depurar la responsabilidad política, que la hubo cuando se impidió el
normal ejercicio del derecho de manifestación y concentración.
También quiero dejar constancia en esta intervención de que vamos a
seguir luchando por derribar pacíficamente -ya lo ve usted- (El señor
diputado muestra un martillo de plástico.) los muros de los centros
de internamiento, porque creemos que hay que hacerlo, y cuando lo
hacíamos de una forma lúdica era porque queríamos ligar ese acto con
una actitud también pacifista de derribo, porque creemos que hay que
acabar con los centros de internamiento, que tiene que haber centros
de integración social que permitan a los inmigrantes incorporarse en
nuestra sociedad y que los policías tienen que ser sustituidos por
colectivos, que ya de hecho están trabajando en la integración
social. En definitiva, hay que acabar con la hipocresía de ir a la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a alardear de países
-porque no es solamente España, sino toda la Unión Europea- valedores
de los derechos humanos, cuando luego nos dedicamos, le repito, a
recoger los cadáveres que nuestro muro de la vergüenza provoca en el
Estrecho. Hay que acabar con esa hipocresía y si realmente queremos
construir un mundo mejor, hagámoslo de verdad y no sobre la muerte de
cientos de personas.
Vamos a seguir trabajando por derribar estos muros. Esperemos que la
próxima vez al menos se nos deje ejercitar nuestro derecho de
concentración y le repito que de lo allí ocurrido deben derivarse
responsabilidades políticas. Creemos que el subdelegado de Málaga
debe asumir esa responsabilidad política y en la medida en que no sea
así, trasladaremos de otra manera nuestra exigencia de
responsabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor Centella,
por su intervención, ilustrada con ese instrumento, producto sin duda
de las nuevas tecnologías, con el que se ha acompañado.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Voy a fijar la posición de mi grupo en
relación con esta cuestión, que es la quinta que trata sobre hechos
parecidos, es decir, sobre actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, que desde la oposición consideramos que no se
ajustan a lo que debe ser una correcta actuación. Pienso, señor
secretario de Estado, que debería llamarles la atención que en esta
Comisión tengamos que hacer continuamente llamamientos o presentar
preguntas y peticiones de comparecencia en relación con
actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que
consideramos que no son correctas.
Respecto a la cuestión que nos ocupa, Izquierda Unida pide al
ministro del Interior que explique la actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad en las concentraciones pacíficas realizadas en
dos fechas distintas, los días 12 y 14 de mayo. Yo he oído con
interés no sólo la intervención del portavoz de Izquierda Unida sino
también su primera intervención, señor secretario de Estado, y en
ella ha dicho que el día 12 no se permitió hacer lo que querían
porque no se consideraba adecuado, pero no pasó nada; sencillamente,
se explicó por qué no se podía hacer y la actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, por consiguiente, fue totalmente correcta. Por
contra, el día 14 sí tenemos una actuación que desde la perspectiva
del compareciente y desde la de quien le habla carece de la
sensibilidad y de la proporcionalidad adecuada. Comienza a ser algo
habitual una cierta sensación de prepotencia y autoritarismo en la
utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con un poco de
sensibilidad, con la proporcionalidad adecuada, en definitiva, con
talante democrático y con actuaciones equilibradas, como la que tuvo
lugar el día 12, no ocurren los hechos del día 14, donde al final hay
personas heridas, confrontación y enfrentamientos, cuando el tema se
puede resolver sencillamente hablando, en vez de salir los coches a
toda velocidad, como se me ha explicado que ocurrió: se abren las
puertas, sale la fuerza actuante, como usted la ha denominado,
empieza a repartir golpes con sus defensas a las personas que se
encontraban en una actuación tan simbólica como es sentarse en mitad
de una carretera que no es tal; es la entrada y la salida del propio
centro; es decir, es un sitio absolutamente cerrado, no se estaba
interrumpiendo el tráfico. Únicamente, salvo que los fueran
a atropellar con los coches o con las furgonetas, impedirían que
pudieran salir las furgonetas del sitio para dirigirse a la
carretera. Como digo, con un poco de sensibilidad y de
proporcionalidad, se habría visto que con el hecho simbólico de
sentarse estaban haciendo lo mismo que el día anterior con esos
martillos de plástico: miren ustedes, sentándonos en este momento
queremos impedir que ustedes hagan lo que están autorizados a hacer
-porque, por más que nos pueda desagradar, estaban autorizados a
trasladar a esas personas hasta un avión para llevarlas a Nigeria- y
querían demostrar que eso no les parecía bien. Si se hubiera hablado
con ellas se habrían levantado, porque ya habían exteriorizado lo que
querían decir y lo que querían hacer, estaban allí los medios de
comunicación y ya habían sacado referencia de lo que realmente
querían. Esto es lo que yo tengo que reprochar: la falta de talante
democrático, la falta de actuación equilibrada del subdelegado del
Gobierno en Málaga. No actuó de manera equilibrada. Dio orden
inmediatamente de que se cargara y naturalmente de que se levantaran
y se quitaran de en medio las 40, 50 ó 60 personas jóvenes de
diferentes ONG que se encontraban allí sentadas. No eran okupas, no
nos creamos todo lo que nos dicen; a lo mejor había algún okupa, yo
no digo que no lo hubiera; pero no les demos a todos la denominación
de okupas. Había miembros de ONG, de Atime, de Cear, etcétera, que
están involucradas en todos los temas que tienen relación con el
hecho de la inmigración, que Vargas Llosa llama el hecho gozoso y
resulta que desde la perspectiva de algunos no sólo no se convierte
en un hecho gozoso que debería ser deseable para cualquier país y
para cualquier pueblo sino, en un hecho doloroso en definitiva, como
en este supuesto.
Señor secretario de Estado, tengo que insistir en que es necesaria
mayor sensibilidad, mayor proporcionalidad en la utilización de la
fuerza en todos estos casos y que no sigamos cayendo en un camino de
autoritarismo que al final nos lleva a lugares muy poco adecuados y
que a todos nos gustan bastante poco, porque terminan menoscabando o
desmereciendo la legitimidad que las urnas dan a quienes gobiernan.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Si la conclusión última de este debate es que no
sigamos andando por el camino del autoritarismo, probablemente dicho
debate sobraba, ya que desde luego ni este grupo parlamentario ni la
inmensa mayoría de la sociedad española tiene la percepción de que en
el ejercicio y en la protección de los derechos y libertades
individuales y colectivas de los ciudadanos españoles, del conjunto
de la sociedad española, de los sectores sociales que configuran la
estructura socioeconómica, cultural, de pensamiento, de asociación de
este país exista ninguna forma de represión, de autoritarismo o de
regreso al pasado. Vuelvo a repetir que se quiere poner de relieve la
vieja estrategia de una realidad virtual para tratar de convertirla
en una realidad intelectualmente justificativa de unos discursos que
al final, señor presidente, señorías, no son más que el suma y sigue
de conceptos vacíos.
Lo que ocurrió el día 14, lo ha dicho con toda claridad el señor
secretario de Estado, es que a lo mejor quienes legítimamente tenían,
tienen y tendrán siempre todo el derecho a expresar una posición
personal o colectiva o una opinión frente a un determinado hecho
tenían también que haber entendido que no es que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieran autorizadas y que no es
que se le hubiese ocurrido a un subdelegado del Gobierno hacer esto o
aquello, sino que había un mandato expreso de un juzgado en virtud
del cual y en cumplimiento de la legislación vigente, democrática
porque nos la hemos dado todos, había que cumplir un determinado
trámite ciertamente doloroso, y en la protesta por parte de unos
ciudadanos como rechazo a dicho trámite, ciertamente doloroso pero en
cumplimiento de una resolución judicial atenida
a la estricta observancia de la legislación vigente, democrática
porque nos la hemos dado todos, perfectamente se podían articular
otros mecanismos que no fueran el de la fuerza. Vuelvo a reiterar que
ni por parte de ninguna autoridad ni por parte de los mandos
profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni
mucho menos por parte de quienes integran sus plantillas existe esa
obsesión represiva y autoritaria a la que reiteradamente insisten en
hacer alusión determinados portavoces. Yo creo que si a lo mejor
falta talante democrático, como se ha dicho, no es desde luego en la
dirección política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
ni en la orientación global de su política por parte del Gobierno ni,
naturalmente, en los mandos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. A lo mejor nos falta un compromiso democrático
y lo repetiré hasta la saciedad. Tenemos la obligación de expresar
con claridad a aquellos colectivos sociales sobre los que tenemos
ascendencia que el ejercicio de cualquier reivindicación y derecho en
una sociedad democrática tiene que estar atenido escrupulosamente
a lo que determina la ley y que la violencia o la medida de fuerza o de
presión en un régimen democrático no solamente no es consustancial,
sino inconsustancial a lo que significa la plena efectividad de esos
derechos. Yo creo que es bueno insistir en esa idea, puesto que hacer
una película o mantener una posición maniquea en virtud de la cual
siempre son los buenos unos y los malos otros al final no conduce a
ninguna parte.
El señor Centella ha hecho la valoración legítima que le ha parecido
oportuna, pero yo creo que aun tratándose de una institución dolorosa
por las situaciones que acoge, evidentemente todas ellas de drama
humano, este país ha dado un salto hacia delante cuando hace algunos
años sustituyó, y sigue trabajando en esa dirección, el mero
internamiento en prisión de las personas en situación de ser
expulsadas de España por haber entrado de manera ilegal e irregular
por un internamiento en un centro en el que la Administración, los
funcionarios, las entidades cívicas y sociales y las ONG hacen un
esfuerzo para que, dentro de esa situación dolorosa y de esa
coyuntura ciertamente dramática en la mayoría de los casos, estén
atendidos con las máximas condiciones de dignidad. A mí no se me
ocurriría nunca tratar de combatir esa institución, sino de colaborar
para tratar de mejorarla, teniendo en cuenta que la alternativa
anterior a esa institución era algo que yo creo que repugna a la más
elemental sensibilidad democrática, era pura y simplemente la cárcel.
Me gustaría que todos pudiéramos hacer un ejercicio -lo he repetido a
lo largo de esta tarde reiteradas veces- de responsabilidad a la hora
de abordar estas cuestiones; responsabilidad ejerciendo una didáctica
social sobre aquellos colectivos sobre los que tenemos ascendencia
para decirles con claridad que el ejerciciode un derecho, con toda su
intensidad, con todo su rigor
y con toda su contundencia intelectual no tiene por qué venir
aparejado de ciertas formas de contundencia física o material,
permítaseme el circunloquio, porque eso no tiene sentido en el ámbito
de una sociedad democrática. Me gustaría además que todos siguiéramos
haciendo un ejercicio de responsabilidad para pensar que los grandes
discursos probablemente están muy bien en el ámbito de un mitin o
para quedar consagrados para la historia en el 'Diario de Sesiones',
pero que esos grandes discursos, sobre todo cuando tienen un poso
ciertamente demagógico, muy poco ayudan a esas personas que en un
momento determinado están sufriendo y están viviendo un drama humano
como es el de los inmigrantes que entran de manera irregular en
nuestro país. Por tanto, lo único que tengo que recordar, y con esto
concluyo, es que nadie montó una operación a su libre albedrío, sino
respondiendo estrictamente al mandato de un órgano jurisdiccional, en
cumplimiento de una legislación vigente, que podrá gustar o no
gustar, pero que es una legislación profundamente democrática en los
términos en que ha sido debatida, generada y sancionada por las
correspondientes instituciones parlamentarias democráticas de este
país. Desde luego, nunca es un buen camino tratar, por la fuerza o
por la presión física, de crear determinadas situaciones de hecho,
que nunca terminan bien. Vuelvo con ello a reiterar lo que dije en mi
anterior intervención, con ocasión del punto precedente del orden del
día: no son nunca las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no
son nunca las autoridades políticas que dirigen esas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado las que de manera premeditada buscan
generar emboscadas para provocar conflictos, y quien pueda sostener
eso, cuando menos, se equivoca radicalmente y desde luego también
mantiene una valoración intelectual, iba a decir poco honesta, pero
prefiero decir poco acorde con la realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor
Centella, yo soy el que ha dicho también, antes de que usted sacara
el martillo, que eran martillos de plástico y estaba seguro de que
debían de ser así. No ha sido ninguna sorpresa el hecho de que sacara
el martillo ni nadie ha pretendido decir aquí que con ningún martillo
iban ustedes a derribar el centro. Otro tema muy distinto es que en
los edificios públicos hay cosas que se pueden hacer y cosas que no.
Entiende usted que las escalinatas del Congreso son sitios de
manifestación y entiende usted que se pueden pegar papeles y cosas
muy legítimas y muy respetables en los edificios públicos, y yo creo
que no es así. Eso es lo que se les dijo. Usted entró, lo comprendió
(El señor Centella Gómez hace signos negativos.)
o no lo comprendió y se marcharon pacíficamente de allí sin
intervención.
En cuanto al siguiente día, lo que pasó no es que salieran unos
coches y hubiera unos señores sentados hablando de todo un poco o
tratando de impedir la circulación de un coche, sino que hubo una
auténtica agresión a los coches que salían, a policías que estaban de
paisano. Lo único que se hizo fue abrir paso para el cumplimiento de
una orden judicial a la que venía obligada la fuerza pública.
Tercero, y hablando ya del aspecto de los inmigrantes, que le
preocupaba también a usted. Los centros de internamiento están
precisamente -y así lo ha dicho el representante del Partido Popular-
para facilitar unas mejores condiciones dentro de un ámbito legal,
del que democráticamente se ha dotado este país, para el tratamiento
de un problema que usted explica desde unas razones profundísimas de
geoestrategia y de geoeconomía y que tienen que tener un tratamiento
realista, desde el punto de vista de que el Gobierno considera que
debe darse el mejor trato posible a cuantos más inmigrantes mejor, y
para eso hay que racionalizar. Las situaciones no son como uno quiere
que sean, son como son y hay que gestionarlas en función de las
capacidades que cada país tiene de hacerlo. España no es contraria a
los inmigrantes, España necesita inmigrantes, pero quiere que aquí
tengan los mismos derechos y libertades que el resto de los
españoles, una vez incorporados al escenario del trabajo y al
escenario social. Ese es exactamente el planteamiento y en ese
sentido el centro de internamiento de Málaga precisamente es un
centro modélico para el tratamiento de estas personas. Ha sido
reformado en marzo, está al 50 por ciento de su ocupación, hay 60
internos para una capacidad de 120, no hay hacinamiento, tienen
módulos de hombres, mujeres y familiares y otro tipo de
instalaciones, de ocio, etcétera. Señoría, me gustaría que nos
ciñésemos exactamente a lo que este Gobierno hace en función,
primero, del cumplimiento de la ley, segundo, del tratamiento también
en otro aspecto de la inmigración y, tercero, en cuanto a cómo se
cumple esa ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo brevemente para decir que la
versión que nos da aquí el señor secretario de Estado referida al día
14 no se corresponde con la información que tiene nuestro grupo, que
ese día no estaba presente; por tanto, hablamos de que tenemos
versiones diferentes. Nuestra versión no es que se produjera un
ataque incontrolado y una respuesta policial, sino que, al contrario,
hubo una carga policial y a partir de ahí tuvieron lugar los
incidentes que ocurrieron después. Eso es importante porque cambiaría
todo lo que usted ha dicho. No hubo una defensa,sino que hubo una
salida del interior del centro de los
antidisturbios y a partir de ahí la carga y todo lo demás que pasó.
Le voy a decir una cosa que a lo mejor no le ha quedado clara de mi
intervención. Si no pasó nada el día 12 no fue un éxito policial; fue
exclusivamente por la responsabilidad de los allí congregados, que se
tragaron su propia dignidad democrática antes de provocar otro
incidente, porque comprendieron la provocación que había detrás de lo
que allí se nos decía, que no nos convenció. Tengo que decirle que de
ningún modo la actitud de los responsables policiales fue dialogante.
Les explicamos lo que queríamos hacer y les dijimos -como luego
hicimos- que íbamos a barrer el sitio. No se trataba de manchar ni de
pintar; se trataba simplemente de colocar globos, de colocar estos
martillos, que luego se pusieron en la plaza y hasta recogimos los
papeles de las pancartas. Se les explicó claramente lo que se iba a
hacer y nos comprometíamos a que en ningún caso se causase ningún
daño ni ningún perjuicio a un edificio que, por otra parte, no es un
edificio histórico. A pesar de eso se dijo que no, que de ninguna
manera. Incluso se nos dijo que si pasaba algo, la responsabilidad
era nuestra. Por tanto, si no pasó nada, fue por la responsabilidad
de los allí congregados. A partir de ahí, exigimos responsabilidades
políticas, porque entendemos que allí se vulneró un derecho
democrático de los ciudadanos a realizar esa actividad. Exigimos
responsabilidades políticas al máximo responsable, que es el
subdelegado del Gobierno, con el que no tuve ni siquiera la suerte de
que se pusiera al teléfono ese día simplemente para intentar evitar
un conflicto que se podía haber originado si los nervios se perdían,
porque -repito- la actitud era tan provocadora que se podían haber
perdido los nervios. Afortunadamente, no se produjeron incidentes,
que sí los hubo a los dos días después, porque ahí sí entendemos que
había intención de provocar incidentes, porque si no, se hubiese
hecho de otra manera. Le reitero nuestra exigencia de
responsabilidades, y si usted no la asume hoy, la trasladaremos
formalmente de otra manera, porque no se puede decir que había temor
a que se penetrase dentro del edificio. Quien le haya dicho a usted
eso le ha engañado. No había ninguna posibilidad de que las 40 ó 50
personas que estábamos allí concentradas pudiésemos penetrar en el
centro de internamiento, de ninguna manera, no había ninguna
posibilidad, y así se lo dijimos al máximo responsable policial. No
le voy a relatar otras cosas que se nos dijeron allí dentro, que eran
todavía más absurdas, por no descubrir una conversación que tenía
cierto grado de privacidad.
No alardeemos de los centros de internamiento, daría lugar para un
debate más amplio, pero hay elementos en ellos que son peores que los
de la propia cárcel.
No entendemos por qué en la cárcel las personas condenadas son
custodiadas por funcionarios totalmente habilitados para ello y los
centros de internamiento están custodiados por policías. Pensamos que
no es
para estar orgullosos de eso. De las carencias del centro de
Capuchinos podemos hablar en otro momento, pero no es ése el objeto
de la comparecencia. Repito, consideramos que no es para estar
orgullosos de esos centros y no entendemos por qué son policías los
que los custodian.
Para terminar, como se ha hablado de demagogia, señalaré que para mí
hablar de demagogia es hablar de derechos humanos y no mantener la
Ley de extranjería que ustedes mantienen. Eso es para nosotros hacer
demagogia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Intervendré con mucha brevedad y sin
querer provocar más debate.
Quiero insistirle, señor secretario de Estado, en que si hubiera
habido un poco más de sensibilidad el día 14 se podía haber
solucionado el tema sin necesidad de que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado intervinieran en la forma en que lo hicieron.
Soy de Málaga y he recogido toda la información posible, incluso he
hablado con policías, tengo la información contrastada. Estaban
fuera, sentados, dispuestos a hacer el gesto que al señor Gil Lázaro
le parece absolutamente horroroso, porque va contra la ley y la ley y
el orden son intocables. Le quisiera decir al señor Gil Lázaro que
pocas veces he oído un discurso más auténticamente de derechas, sin
ningún sentido peyorativo, en cuanto a lo que significa la defensa de
la ley y el orden absolutamente por encima de todo y sin ninguna
sensibilidad. La ley es la ley y como tengo la ley en mi mano paso
por encima de todo. Nunca se ha actuado así, nunca se debe actuar
así, y creo que si en este caso se actuó de esta manera
-afortunadamente el señor Gil Lázaro no es delegado del Gobierno en
ninguna comunidad autónoma, porque si no esto sería un desastre-,
desde esa perspectiva, actuando con sensibilidad podía haberse
evitado este suceso. Sencillamente, con la sensibilidad de haberse
reunido, haber salido un policía o dos, haber llamado a los
responsables de la pequeña concentración que allí había y haberles
explicado que había que salir ya, que las furgonetas estaban ya
preparadas con los nigerianos, con los pobres inmigrantes que iban a
ser repatriados, y que no se podía esperar mucho tiempo, en vez de
decir: vamos a salir ya y salir como salieron. Y cuando se sale de
esa manera se provocan confrontaciones y enfrentamientos, pero no hay
ningún policía herido, porque usted nos lo habría dicho, y sí hubo
heridos o lesionados entre los manifestantes o concentrados que
estaban en la puerta del centro de internamiento. Por otro lado, a
los pocos días estuve visitándolo y, efectivamente, en estos momentos
está en las condiciones que ha señalado el señor secretario de
Estado, es un centro de internamiento que está en muy buenas
condiciones. Tiene que
llevar a cabo la penosa labor que tiene que realizar, pero está en
las condiciones que ha señalado S.S.
Dicho esto, únicamente quiero solicitarle que hable con el delegado
del Gobierno en Málaga, porque da la sensación de que se trata de una
cierta constante, de que no es un hombre con el talante dialogante
que hay que tener en estos temas y que desde la Secretaría de Estado
se debe imbuir, aunque sólo sea para evitar tener que comparecer ante
la Comisión, ya que, aun cuando intentemos ser amables, nunca resulta
agradable tener que hacerlo para dar explicaciones sobre estos
hechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor Centella, portavoz del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, ya he dicho que los centros de internamiento son
un mal menor. No son el edén, no son el paraíso, y no lo son en
función de las historias y los dramas humanos que albergan,
evidentemente no. Lo que sí he dicho es que son un avance y una
alternativa mejor que la prisión. Por cierto, el centro de Capuchinos
al menos mantiene una dualidad de percepciones en cuanto a su estado
y a la atención que reciben las personas allí internadas, no
solamente una dualidad de percepciones entre oposición y Gobierno
sino entre oposición y oposición. ¿Se podía haber evitado lo
sucedido? Pues claro que sí se podía haber evitado, en la medida en
que probablemente quienes estaban dispuestos -y así lo he dicho en mi
primera intervención- a hacer un uso legítimo de su derecho de
expresión y de manifestación hubieran entendido también que había una
tarea que tenían que cumplir, por imperativo legal, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado conforme a un determinado mandamiento
judicial con base en la legislación democrática vigente. Es
perfectamente compatible hacer uso de ese derecho a la expresión, a
la protesta y a la concentración con dejar que otros trabajadores
cumplan con la función que les viene impuesta por el ordenamiento
jurídico vigente.
Por lo demás, señor presidente, uno es muy consciente de cuál es su
trayectoria personal, de cuáles son sus convicciones, de cuáles son
los pasos que ha dado en un momento determinado de su vida, a lo
mejor de lo que esos pasos le han costado, así que no tengo el más
mínimo inconveniente en que el señor Sanjuán, portavoz del Grupo
Socialista, me atribuya todo lo que quiera. Desde luego, mi discurso
no ha sido, ni es ni será nunca el de la ley y el orden, es el
discurso de la ley como expresión legítima de la soberanía
democrática, de la decisión popular, por tanto la ley como punto de
encuentro y de convergencia de las libertades y de los derechos de
todos. Señor Sanjuán, esté enormemente tranquilo. Yo tengo una
profunda vocación parlamentaria, no tengo otras vocaciones ni
aspiraciones, desde luego no aspiro a ser delegado del Gobierno, pero
permítame
que, al menos dialécticamente, me sitúe donde usted me ha
situado, delegado del Gobierno. Pues mire usted, a mí al menos me
asistiría el beneficio de la duda; a otros, que en otro momento
ejercitaron determinadas responsabilidades, en virtud de sus
actuaciones, no les puede asistir el beneficio de la duda. Llámeme
impertinente, como en otra ocasión, pero esa es la diferencia entre
usted y yo, señor Sanjuán.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado para terminar esta comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Señor Centella, usted estuvo allí el día 12 y quiere hacer un
discurso de la provocación. Yo creo que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no provocan. Se habrá producido un diálogo (El
señor Centella Gómez hace signos negativos). Sí, sí, se produjo un
diálogo porque usted mismo ha dicho que ustedes querían hacer una
cosa que ellos entendían que no se podía hacer. Hubo un ejercicio de
razonamiento por su parte, según usted mismo dice, con dejación de
determinados derechos. Creo, señoría, que lo que no se podía era
hacer lo que ustedes querían hacer en un edificio oficial. Respecto a
la dejación de determinados derechos, tendrán que establecerse de
alguna manera, habrá que saber qué derechos les asistían a ustedes
para poder pintar, poner globos, ridiculizar un edificio público.
Otra cosa como la de la escalinata del Congreso, señoría.
Voy al discurso del señor Sanjuán. Si hubo una determinada
sensibilidad en lo que es una faceta de entrar, dialogar, explicar y
a lo mejor ceder -¿por qué no?- probablemente cedieron porque
consideraban que no tenían razón. Señoría, quiero que quede muy claro
que ustedes entienden -y en su discurso está- que fue un proceso
razonable de abordar una situación que se entendía ilegal por quien
en ese momento podía entender que era ilegal lo que ustedes
pretendían hacer y que paladinamente declararon que iban a hacer.
Esta es la situación. Ya sé que luego están el martillo, los globos y
todas esas cosas, pero esto es lo que paladinamente declararon que
iban a hacer allí. Dijeron: Queremos hacer esto, y les contestaron:
Eso no se puede hacer. Y se solucionó de esa manera. Al día siguiente
usted no estuvo. Yo tengo una versión y el señor Sanjuán dice que
tiene otra. Señor Sanjuán, le agradezco el tono de su exposición y le
aseguro que voy a profundizar en ella, pero yo tengo la versión de
que hubo una agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
cuando intentaban salir de allí. He dicho en mi comparecencia que
hubo heridos, hubo tres heridos entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y por eso hubo que intervenir, pero la
intervención selimitó a permitir el paso, no a reprimir ningún tipo
de
manifestación consecuente u otra actividad que se pudiera derivar de
la misma.
En cuanto a la sensibilidad democrática, señoría, creo que ya se
predica de todo español que se considere un hombre de su tiempo; se
lo digo de corazón, porque creo que es así. Me consta que las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme a derecho, que
actúan con equidad, que actúan conforme a razonabilidad, lo mismo que
sus mandos y los mandos políticos de un Ministerio como el del
Interior. Usted sabe que las situaciones que tenemos que administrar
son realmente graves en el orden de los derechos que se pueden ver
amenazados por la utilización, a veces necesaria, a veces
obligatoria, de la fuerza. Por tanto, en este Ministerio esta
sensibilidad está exacerbada por la consciencia de la responsabilidad
que se tiene al ejercer la fuerza pública en determinados casos.
Y le quiero decir una cosa, señoría, con todos mis respetos. Lo que
hace la Guardia Civil en el Estrecho es salvar a los inmigrantes que
pasan en pateras y rescatar a los que están a punto de ahogarse, y
así lo lleva haciendo mucho tiempo. Quiero decir que no es cierto que
se ahoguen en esa barrera, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
impiden su llegada, sino todo lo contrario. Otra cosa es que luego se
pongan a disposición de la Policía para que ésta los traslade a los
centros de internamiento, pero la Guardia Civil se juega la vida para
salvar las vidas de los inmigrantes, señoría, y eso lo he visto yo
con mis propios ojos. Así que, en ese sentido, señoría, le pediría
que se informase bien sobre la misión que está desarrollando la
Guardia Civil en el Estrecho en relación con los inmigrantes que
vienen ilegalmente a España y cuyo derecho a la vida, que es un
derecho fundamental, tratamos que sea respetado, cuidado y atendido
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que es la primera
obligación que tienen.
Señor Gil Lázaro, en este tramo final de mi exposición le quiero
agradecer la defensa que ha hecho usted de la actuación del Gobierno
a lo largo de todas las comparecencias de esta tarde, en el buen
entendimiento de que el Gobierno, como usted bien ha dicho, participa
plenamente, primero, de las convicciones democráticas a la hora de
ejercitar su acción, y segundo, de que los discursos, cuando se trata
de juzgar la actuación del Ministerio del Interior y muy
particularmente la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
de quienes las mandan, deben estar siempre basados en hechos y en
convicciones que estoy seguro que son compartidas por todos los
miembros de esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Después de agradecer una
vez más al señor secretario de Estado su comparecencia en esta
Comisión, suspendemos la sesión el tiempo justo para despedirle y
para recibir al señor director de la Guardia Civil, don Santiago
López Valdivieso. (Pausa.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO
DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ASÍ COMO CAUSAS QUE HAN OCASIONADO
TALES MUERTES. (Número de expediente 181/000494.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Reanudamos la sesión con
la primera de las preguntas previstas para su contestación por el
señor director general de la Guardia Civil, que es la relativa a
agentes de la Guardia Civil de Trafico y que formalizará don
Victorino Mayoral, para la cual tiene la palabra.
El señor MAYORAL CORTÉS: La pregunta se circunscribe a los agentes de
tráfico fallecidos en acto de servicio durante los últimos cinco
años, así como causas que han ocasionado tales muertes. Cuando hablo
de causas no me refiero solamente al factor inmediato determinante de
fallecimiento, sino causas que pueden estar en la raíz del
acontecimiento, como pudiera ser, por ejemplo, un exceso de horas de
servicio, o de un estrés derivado de una cuestión similar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
director general de la Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Primero les voy a dar los datos a S.S.. Durante los últimos cinco
años, con ocasión de 26 accidentes de tráfico, fallecieron en acto de
servicio 27 guardias civiles. En el año 1996 fallecieron cuatro; en
1997, once; en 1998, cuatro; en 1999, seis; y en el año 2000, dos.
Las causas materiales a las que en principio usted se refería son
diversas, pero podríamos agruparlas en tres categorías: salidas de la
vía y/o vuelco del vehículo oficial; colisión o alcance con otro
vehículo y atropello.
En el año 1996, que hubo cuatro accidentes, dos fallecidos fueron por
accidente por salida de vía; un fallecido por accidente por colisión
y un fallecido por atropello. En 1997, de las once víctimas mortales,
siete lo fueron por salida de vía o vuelco del vehículo; tres por
accidente por colisión y uno por atropello. En 1998 de los cuatro
fallecidos uno fue por salida de vía, uno por accidente por colisión
y dos por atropello. En 1999 de las seis víctimas mortales dos fueron
por accidente con salida de vía; dos por accidente por colisión y dos
por atropello. En el año 2000, hubo dos fallecidos, uno por accidente
por colisión y otro por atropello. Tengo que decirle que en el año
2001 tenemos ya dos fallecidos en la Agrupación de Tráfico, el último
el viernes día 1 en la provincia de Guadalajara.
Como habrán visto, a partir de 1997 se produce una disminución; de
once muertos que hubo en 1997, a dos en el 2000. Este año tenemos ya
los mismos que el año pasado, y la verdad es que es una cuestión que
nos preocupa. Pusimos en marcha una serie de políticas desde el punto
de vista de la formación, de recomendación a nuestros agentes de que
se extremen las precauciones. Estamos viendo cómo el número de
accidentes disminuye: en el año 1996 tuvimos 525 accidentes, y en el
2000, 483; el número de heridos graves disminuye; el número de
heridos leves también, pero no estamos ni mucho menos satisfechos.
Con que hubiese una sola víctima ya sería suficiente para que
estuviésemos preocupados.
La Agrupación de Tráfico hace más de 150 millones de kilómetros al
año, hace un número muy importante de servicios. Sabemos que el estar
en la carretera lleva consigo una serie de riesgos. En cuanto a otras
posibles causas, no puedo hablar de exceso de horas de servicio. Como
ustedes saben en el año 1997 regulamos el horario de servicios de los
guardias civiles que antes no estaba regulado, y precisamente en la
Agrupación de Tráfico se cumplen casi estrictamente las 37,5 horas.
Hay excepciones, pero muy pocas, es la unidad de la guardia civil
donde mejor se puede cumplir el horario de servicio que está fijado y
establecido. ¿Estado del material? Precisamente el estado del
material de la Agrupación de Tráfico es también el mejor de la
Guardia Civil. Somos conscientes del riesgo que entraña la carretera,
un Nixan Patrol de rural anda por caminos rurales, por carreteras de
segundo orden. No quiere decir con esto que el Patrol de la patrulla
rural esté en malas condiciones, sino que los vehículos de la
Agrupación de Tráfico son los que menos antigüedad tienen y los que
con menos kilómetros se renuevan dentro de la flota total de la
Guardia Civil. Por tanto, lo que usted planteaba de exceso de horas
de servicio o estado del material, que lo he planteado yo como una
posible causa, porque es algo que se analiza, la verdad es que no.
Además vemos que un porcentaje alto de los accidentes mortales son
por atropello, es decir, que el guardia civil está fuera del vehículo
regulando la circulación o asistiendo a las víctimas de otro
accidente que se ha producido con anterioridad.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de conciliación de los guardias
civiles, de la necesidad de respetar todos los procedimientos, todas
las medidas de seguridad en sus actuaciones, y tenemos la realidad de
que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es la unidad que más
víctimas mortales ha tenido en toda su historia. Cuando vemos los
fallecidos en acto de servicio en toda la Guardia Civil es la
Agrupación de Tráfico la que más muertos ha tenido, 285 desde su
creación en el año 1959.
No asumimos el que esto tenga que ser así, pero hay que entender el
riesgo que el guardia civil de tráfico corre en las carreteras.
Estamos ahora con un plan de
modernización de nuestra Agrupación de Tráfico, que precisamente
expusimos el otro día en una convención de todos los mandos de la
Agrupación que celebramos en la Escuela de Tráfico de Mérida, y
esperamos que, aparte de otros objetivos, podamos conseguir también
una reducción del número de fallecidos que, por otra parte, si vemos
la estadística a la que antes me he referido, es muy lineal: en el
año 1959 hubo 2, y en los años siguientes 4, 3, 7, 4, 6 y 8; los
últimos cinco años ya se lo he dicho, 2, 6, 4; es decir, el año que
más ha habido han sido 11 y el que menos 2, y ahí estamos desde el
momento de la fundación de la Agrupación de Tráfico.
Insisto, máxima preocupación por parte de los mandos de la Agrupación
y de esta Dirección General, y esperamos que este ambicioso plan de
modernización de las actuaciones de la Agrupación de Tráfico tenga la
consecuencia de la posibilidad de reducir el número de muertos por
accidente de los miembros de la Agrupación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muchas gracias, señor director general, por
sus datos y explicaciones. Es evidente que se trata, según las cifras
que nos acaba de exponer S.S., de una cifra baja en lo que se refiere
al número de fallecidos. No era intención de nuestro grupo, a la hora
de plantear esta pregunta, ni mucho menos el tratar de que pareciera
que había una situación de más gravedad, en absoluto. Nos preocupa si
determinados factores pueden incidir de manera negativa en lo que se
refiere a situaciones de sobreexceso de trabajo, estrés o cuestiones
similares, debido a que hay un factor que consideramos que está ahí,
y es la dialéctica establecida entre la plantilla que está como está
desde 1996 y los cambios que se han producido en el tráfico en
nuestro país. Me explicaré más detenidamente.
Según algunos, nuestro sistema de tráfico y lo que determina el
incremento de la mortalidad o la situación de gran mortalidad y gran
incidencia de siniestralidad que en él existe tiene una serie de
puntos débiles. Uno de esos puntos es la ausencia o determinadas
carencias en lo que se refiere al número de guardias civiles, de
agentes que se dedican a tareas de ordenación, auxilio o supervisión
del tráfico. En definitiva, una debilidad del sistema serían las
carencias o limitaciones en lo que se refiere a la tarea de
supervisión del tráfico. Esta debilidad tendría su origen, a su vez,
en una plantilla que está estancada desde 1996 y, sin embargo,
enfrentada a una situación en la que el número de vehículos se ha
incrementado enormemente desde esa fecha. Es algo que viene
ocurriendo desde hace años, el número de conductores, el número de
kilómetros en carreteras y autovías y el incremento de la propia
siniestralidad en el tráfico -no olvidemos las cifras que tienen las
carreteras españolas y las vías urbanas- y el número
de delitos más graves, como el caso de la conducción bajo efectos del
alcohol, que según el informe de la Fiscalía General del Estado de un
año para otro ha tenido un incremento del once por ciento. La
cuestión es si las condiciones de realización de los servicios
determinan una incidencia sobre la siniestralidad que afecta a la
Guardia Civil. Y no me voy a referir exclusivamente a la que ha
aludido S.S., que es el número de fallecidos, sino al número
apreciable de accidentes, aunque también habría que relativizarlo. No
quiero yo agravar las cosas más allá de lo que deben estar.
En consecuencia, creemos que si existen estos desfases entre
plantilla y demanda de servicios crecientes, que es como podríamos
plantearlo, puede ser que los agentes de la Guardia Civil estén en
determinadas circunstancias sometidos a una presión laboral que puede
implicar un mayor riesgo con relación al ejercicio de sus
actividades. El señor ministro dijo que se iba a producir un
incremento de 2.000 agentes. No especificó los años. En su
comparecencia dijo que en los próximos años. Nosotros hemos
especificado que deberían crearse 2.500 plazas nuevas en los próximos
tres años en lo que se refiere a Guardia Civil de Tráfico, porque
consideramos que el desfase ha sido muy agudo y la siniestralidad en
las carreteras españolas muy alta. Esta es una tarea encomendada casi
en su plenitud a la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. Es
desde esta perspectiva desde donde nos gustaría que el Gobierno
considerase las mejoras que se pueden introducir, no sólo desde el
punto de vista cuantitativo, sino de la formación y el reciclaje de
los agentes.
Hay una cuestión que me gustaría que nos aclarase, señor director
general. Se habla de una cifra muy importante de guardias civiles de
Tráfico que están en dedicaciones no policiales, en destinos
burocráticos. He llegado a oír la cifra de mil. Para una plantilla de
8.000 me parece muy elevada. Señor director general, clarifíquenos
también esta última cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Ya
he dicho que un solo muerto ya es motivo de preocupación, pero le
repito que el año 2000 ha sido el mejor de los últimos cinco años en
cuanto al número de accidentes, de muertos y de heridos graves, que
fueron 53 en 1997 y 25 en el 2000, y eso también quiere decir que los
accidentes son menos graves, puesto que hay menos heridos graves.
Insiste S.S. en el exceso de horas, y le puedo garantizar que, como
somos conscientes de la especial tensión y riesgo que corre un
guardia civil regulando el tráfico, los miembros de la Agrupación no
exceden normalmente el número de horas de servicio establecidas.
En cuanto a la plantilla, está estancada no desde 1996, sino desde
1985. Es una precisión que quería
hacerle. Efectivamente, sí que hay un plan -venía en el programa
electoral del Gobierno- para elevar el número de miembros de la
Agrupación de Tráfico a 10.000. Empezamos este año y estos 2.000 se
incrementarán en los próximos tres años, es decir, en los ejercicios
2001, 2002 y 2003. Pero ya se ha hecho algo, porque si hablamos de
los últimos doce meses, en estos momentos hay 1.000 guardias civiles
de tráfico que estaban destinados en Cataluña y que ahora están
redistribuidos por el resto de las provincias españolas. Aunque sigue
habiendo 8.000 guardias civiles, al haber salido 1.000 de Cataluña,
en las carreteras que siguen siendo de nuestra demarcación hay 1.000
guardias más que hace un año, más 300 nuevos puestos de trabajo de
catálogo que se han creado también en el año 2000; o sea, que hoy
tenemos al completo la plantilla de la Agrupación de Tráfico, y
teniendo en cuenta que no tenemos ya las responsabilidades sobre el
territorio de Cataluña, el saldo es que hay más guardias civiles en
las carreteras que son de nuestra demarcación. Usted plantea que
harían falta 2.500 más. Realmente, partiendo del año 1996, a finales
del 2003 sí que tendremos 2.500 guardias civiles de Tráfico más en
términos absolutos, porque aunque la plantilla era de 8,000, no
estaba completa. La hemos completado. Hoy tenemos al cien por cien
los 8.000 y además se incorporan 2.000 más, y se ha reducido el
número de kilómetros que son de nuestra competencia.
En cuanto a las personas que están dedicadas a las tareas
burocráticas, administrativas, en la Agrupación de Tráfico hay que
distinguir qué entendemos por tareas burocráticas. ¿Redactar un
atestado es una tarea burocrática? ¿Hacer un informe es una tarea
burocrática? Yo creo que en general en la Guardia Civil y en especial
en la Agrupación de Tráfico el porcentaje -no se lo puedo dar ahora,
se lo adelanto- de guardias destinados a tareas puramente
burocráticas es mínimo.
Por lo que se refiere al Plan de potenciación, muy rápidamente,
porque tampoco es el motivo de la comparecencia, le digo que tiene
tres grandes apartados: un programa de recursos humanos, que prevé
llegar al fin de la legislatura con 10.000 efectivos; un programa de
recursos materiales, con la modernización de los elementos
y materiales y la decidida apuesta por la implantación de nuevas
tecnologías en la unidad; y un programa de renovación de
procedimientos, con un importante esfuerzo precisamente en la
formación y en la variación de las condiciones de prestación de
servicio. Objetivos a conseguir: incrementar la capacidad operativa y
de respuesta de la agrupación; mejorar la calidad, las condiciones
y la seguridad de la prestación del servicio por parte de los guardias;
y aprovechar el impulso y uso generalizado de las nuevas tecnologías.
Me parece que no tengo capacidad para pedir comparecencias a petición
propia, eso está reservado a los ministros, pero con mucho gusto
vendría a explicarles este Plan de potenciación y modernización, ya
que no puedo hacerlo a
petición propia, si ustedes me lo piden. Es un plan muy ambicioso y
merecería la pena que lo conociesen.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Sin ninguna duda, los
grupos parlamentarios han tomado buena nota de su sugerencia.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE EL BALANCE DE LA ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA) DURANTE EL AÑO 2000. (Número de
expediente 181/000544.)
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO),
SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD DE LA
ENCELALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) LLEVADAS A CABO POR EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA). (Número de
expediente 181/000836.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto
del orden del día. El Grupo Parlamentario Popular solicita la
acumulación de las dos preguntas relativas al Seprona.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Le tomamos la palabra, señor director general, y
arbitraremos, de consuno con los demás grupos parlamentarios y en
todo caso por nuestra iniciativa, que venga S.S. en el próximo
período de sesiones a explicar ese plan.
Todos coincidimos, probablemente está fuera del debate, en la
importante tarea social que desempeña el Servicio de Protección de la
Naturaleza, Seprona, cuya tarea es policial, pero que la calificaba
de social en la medida en que las propias finalidades del Servicio
cumplen desde nuestro punto de vista una dedicación esencialísima en
lo que es el contexto de una sociedad moderna, avanzada, de una
sociedad progresista, en la que la cultura de protección del medio
ambiente tiene que ser un pilar esencial de las más importantes
políticas de Estado.
Por eso nos parecía interesante para la información del conjunto de
los grupos parlamentarios, para que así quede constancia en el
'Diario de Sesiones', que S.S. pudiera hacer hoy aquí un balance
evidentemente somero, pero un balance general de lo que han sido las
actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona,
durante el año 2000, y, en la medida en que al Servicio durante la
llamada crisis de las vacas locas, la enfermedad de la encefalopatía
espongiforme bovina, se le han encomendado determinadas tareas de
protección y prevención igualmente importantes en el
contexto de las medidas de naturaleza multidisciplinar que el
Gobierno ha venido coordinando y poniendo en práctica para hacer
frente a esta enfermedad, nos parece igualmente interesante que quede
constancia en el 'Diario de Sesiones' de cuáles han sido, en el
contexto de las actuaciones generales del Seprona, las llevadas a
cabo por el Servicio dentro de las misiones que se le han atribuido
para hacer frente a esta enfermedad de nuestra cabaña.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Las actividades del Seprona son tantas que es difícil hacer un
balance pormenorizado, pero, dando un balance numérico, por decirlo
de alguna forma, lo primero que le diría a S.S. es que durante el año
2000 el Seprona ha llevado a cabo 187.176 actuaciones, de las que
171.618 son intervenciones propias del Servicio de Protección a la
Naturaleza, y el resto 7.505, relacionadas con los cometidos
asignados a la Guardia Civil, y derivadas de estas actuaciones, como
son detenciones, diligencias, informes, etcétera; o sea, 187.176
actuaciones, teniendo en cuenta que el Seprona tiene 1.500 efectivos,
la verdad es que es una actuación muy importante.
Desde otro punto de vista podríamos distinguir dentro del día a día
del Seprona, por un lado, los servicios habituales que hacen las
patrullas del Seprona cuando salen cada mañana y, por otro, las
operaciones especiales, y, dentro de las operaciones especiales, las
que llevamos a cabo con carácter permanente, y aquellas que tienen un
carácter periódico. Se lo explico con toda brevedad. Como operaciones
de carácter permanente tenemos, por ejemplo, una que desarrollamos
durante todo el año, que es el control del transporte de pescado
inmaduro dentro de un plan integrado de actividades pesqueras en
determinadas comunidades autónomas, o la de cebos envenenados, el
llamado Programa antídoto, que se lleva a cabo en todo el territorio
nacional y se ejecutan durante los doce meses del año, ya digo,
incardinadas ambas dentro del desarrollo diario de las funciones del
Seprona.
Por lo que se refiere al control del transporte de pescado inmaduro,
esto es una operación especial que se pone en marcha como
consecuencia de un acuerdo que se firmó entre los Ministerios del
Interior y de Agricultura, Pesca y Alimentación y se establecieron
una serie de directrices para una actuación coordinada sobre el
control, inspección y vigilancia pesquera. Eso se traduce en acciones
concretas mediante actuaciones relativas a la inspección y vigilancia
en el mar y mediante actuaciones a desarrollar también en tierra
sobre el transporte, operación en la que no solamente participa el
Seprona sino también, por ejemplo, la Agrupación de Tráfico en los
controles en carretera. Durante el pasado año, esta operación se
desarrolló en Andalucía, Murcia,
Valencia, Castilla y León -ahí no intervino el Servicio Marítimo,
sólo la Agrupación de Tráfico- y Canarias, con unos datos
importantes. Se hicieron 1.896 controles, se tramitaron 680 denuncias
y se incautaron 111.000 kilos de mercancía de pescado inmaduro.
El otro programa al que me he referido, el de cebos envenenados, el
Programa antídoto, se puso en marcha como consecuencia del incremento
en la aparición de especies animales intoxicadas, principalmente en
cotos de caza menor, y el aumento de los cebos envenenados hallados
impulsó a varias organizaciones ecologistas a proponer una actuación
conjunta contra este fenómeno en 1997. La Administración, por un
lado, aportando medios económicos, el apoyo, por otro, de estas
organizaciones ecologistas y la actuación del Seprona ha hecho que se
haya realizado un número muy importante de actuaciones, 630,con ocho
detenidos.
Me había referido antes a operaciones limitadas en el tiempo y en el
espacio. Están SS.SS. muy familiarizados con ellas: la de incendios
forestales, que se pone en marcha cada año; una de furtivismo en la
sierra de Gredos, que es sin duda uno de los enclaves con mayor grado
de conflictividad en relación con el furtivismo; ahí está la cabra
montés, la cabra pirenaica, trofeos muy codiciados por los cazadores,
los legales y los furtivos, y el año pasado desde abril hasta últimos
de junio, que parece ser que es la temporada en la que más codiciados
son esos trofeos, se llevó a cabo una operación muy importante en la
que hicimos 318 registros, 940 identificaciones y 11 infracciones
denunciadas.
Otra operación muy importante que hicimos durante el año 2000 fue el
control y empleo de sustancias y productos prohibidos. Del 15 de
febrero al 31 de marzo de 2000 se desarrolló una operación a nivel
nacional dirigida al control de sustancias y productos prohibidos en
alimentación humana, sanidad animal y sanidad vegetal. Les doy
solamente los datos: se hicieron 17.452 inspecciones, de las que
resultaron 12.819 infracciones administrativas; es decir, de 17.000
inspecciones hubo 13.000 infracciones administrativas, con 48
infracciones penales y 28 detenidos. Después vino la famosa operación
especial en relación con la encefalopatía espongiforme bovina, las
vacas locas, y también son conocidos sus resultados por esta Cámara y
por SS.SS. porque su objetivo fue contribuir, dentro del marco propio
de funciones que tiene por ley encomendadas el Seprona, el
cumplimiento de todas las acciones que permitieran hacer efectivo el
derecho a la protección de la salud en relación con este asunto, en
el que como saben también hubo un número muy importante de
inspecciones, 17.000 relacionadas con establecimientos del sector y
16.600 controles en los transportes, de los que salieron 89
infracciones penales y 15.167 infracciones administrativas.
Esto es lo que podríamos reseñar de las actuaciones del Seprona
durante el año 2000. Vuelvo a repetir la cifra inicial que he dado de
187.176, realmente muy
importante si tenemos en cuenta el número, la entidad y las
capacidades del Seprona. Es un servicio que está siendo potenciado,
de hecho en la nueva reestructuración de la Dirección General ha
pasado de ser un servicio a ser una jefatura, eso quiere decir en
términos de mando que antes lo mandaba un coronel y ahora lo manda un
general, con lo que se da idea de la importancia que damos al
servicio, y también pasaremos de los 1.500 efectivos actuales -hace
cinco años eran aproximadamente la mitad- a 2.000 al final de la
legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, simplemente quiero señalar
que esas casi 200.000 actuaciones ordinarias junto con las 32.000
casi añadidas en relación con la enfermedad de la encefalopatías
espongiforme bovina, teniendo en cuenta como bien señalaba el señor
director general que el Servicio dispone de 1.500 miembros, demuestra
su grado de compromiso con las tareas que le son propias y desde
luego la altísima dedicación de todos los miembros que lo integran.
En ese sentido, por tanto, le ruego que en nombre de este grupo
parlamentario transmita nuesta felicitación a ese Servicio y le
expreso también el criterio absolutamente coincidente de este grupo
parlamentario con las disposiciones emanadas de la Dirección General
en orden a la potenciación del mismo en todos sus extremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Simplemente, porque quizá no lo haya citado, para decir que en estas
operaciones especiales a los miembros del Seprona les apoya también
el resto de las unidades territoriales. Por ejemplo, en lo de las
vacas locas las unidades del Seprona eran las que llevaban la
dirección de las operaciones, pero todas las unidades de rural de los
puestos donde había granjas, mataderos, fábricas de piensos actuaban
también en apoyo a las unidades del Seprona.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS A ADOPTAR PARA QUE AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL QUE ESTÁN
DEDICADOS DE HECHO A OFICIOS DIFERENTES A SU PROFESIÓN SEAN ADSCRITOS
A FUNCIONES PROPIAS DE SU CONDICIÓN DE GUARDIAS CIVILES. (Número de
expediente 181/000616.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular la pregunta
referida al desempeño por
agentes de la Guardia Civil de diferentes oficios, tiene la palabra
su autor el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: ¿Qué medidas se han adoptado para que
agentes de la Guardia Civil que están dedicados de hecho a oficios
diferentes a su profesión sean adscritos a funciones propias de su
condición de guardias civiles?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Como cuestión previa me gustaría hacer constar que la actividad que
desarrollan los miembros de la Guardia Civil en cumplimiento de sus
misiones y para garantizar la seguridad ciudadana es muy difícil de
parcelar, toda vez que el esfuerzo que éstos realizan no permite
hacer delimitaciones con la precisión admisible y posible en otros
campos de la Administración. Esto es así porque la Guardia Civil
divide la actividad profesional de sus miembros en dos categorías
básicas: la operativa, destinada a cumplir directamente las funciones
que el cuerpo tiene asignadas, y la de apoyo, que está dirigida a
facilitar la prestación del servicio operativo, siendo ambas
necesarias y radicando el éxito y la eficacia de la Guardia Civil
precisamente en la conjunción, en la coordinación de unas y otras.
Sin duda, lo importante es lo operativo. Está claro que a la Guardia
Civil, como a cualquier cuerpo de seguridad, se le mide por los
delitos que esclarece, por las actuaciones que hace en defensa de los
derechos y libertades de los ciudadanos, pero para el cumplimiento de
esas tareas operativas es imprescindible que funcionen las
estructuras de apoyo. ¿Qué entendemos por apoyo? También es muy
amplio. Apoyo, sin ir más lejos, es la actividad docente o la de
gestión del personal. Primera pregunta que yo me haría, ¿deberían los
guardias civiles desarrollar las estructuras docente y de personal?
Ahí entramos en un debate. ¿Los profesores de las academias han de
ser guardias civiles o pueden no serlo? Los técnicos, los
administrativos, ¿deberían ser guardias civiles o no? Ya sé que no se
refiere a esto S.S., pero lo digo como introducción y para señalar
a SS.SS. que todo tiene muchos matices y las soluciones no pueden ser
definitivas ni radicales, diría incluso, en ese sentido. Insisto en
que tan importante como la docencia es el apoyo logístico para el
funcionamiento de las unidades. De hecho, usted habla más
especialmente de apoyo logístico. No podemos negar -y eso lo
entenderá S.S.- que estas operaciones de apoyo logístico son
fundamentales y necesarias. Cada vez se manejan sistemas más
complicados, más sofisticados, las redes de transmisiones, intranet,
vehículos especiales, etcétera, y eso necesita determinados grupos,
una estructura mínima de apoyo. Por eso, señor Mayoral,
no es exacto afirmar que exista en la Guardia Civil personal dedicado
a oficios diferentes a su profesión, porque las funciones de apoyo
logístico a la estructura operativa están plenamente integradas en la
actividad profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Por tanto, es más correcto hablar de que dentro de las
estructuras de apoyo logístico de la Guardia Civil se precisa que
ciertos equipos, ciertos sistemas, ciertas instalaciones, estén
permanentemente atendidas, convenientemente mantenidas y que a ello
se dedican miembros de la Guardia Civil, guardias civiles.
Me voy a centrar en su pregunta. Oficios: albañiles, fontaneros,
electricistas, etcétera. Le explico. Dentro de la plana mayor de
todas las comandancias existen unas unidades denominadas núcleos.
Está el núcleo de servicios, que es el que se dedica a la seguridad y
vigilancia de las instalaciones, del acuartelamiento. Luego, hay otro
núcleo que es el de destinos, cuyos componentes tienen asignadas
tareas de mantenimiento, de conservación, de pequeñas reparaciones,
por ejemplo, son los que se ocupan también de las centralitas de
teléfono; es decir, no son guardias civiles destinados en otras
unidades y a los que se saca de sus misiones habituales para hacer
estas operaciones, no, es que están destinados en esas unidades de
apoyo, en esos núcleos de destino que están en la estructura de la
Guardia Civil precisamente para eso.
Todo el mundo conoce la comandancia de su capital de provincia, una
gran instalación donde trabajan y viven un número elevado de
personas; en los pabellones tienen equipos eléctricos, informáticos,
instalaciones complejas, en fin, lo que es una gran instalación. En
todas las comandancias, como en todas las instalaciones, como en
todas las empresas, hay un equipo para ocuparse de esas pequeñas
tareas de reparación y de mantenimiento. Le voy a dar unos datos. La
Guardia Civil, como saben, lo dije ya en esta Comisión, tiene 2.300
acuartelamientos, 35.000 pabellones, 35.000 viviendas, 20.000
vehículos, todos esos equipos a los que antes me he referido, y todo
eso hay que mantenerlo. Para eso, en los núcleos de servicios hay
destinados 865 guardias civiles en toda España. En el País Vasco y
Navarra los núcleos de destinos son más numerosos por razones que
ustedes comprenderán -porque en Soria se pueden encargar cosas a una
empresa exterior que no se pueden encargar en Guipúzcoa o en
Navarra-, y sólo allí, en las cuatro comandancias, hay 170 adscritos
en estos núcleos de destino. Hay 695 en toda España. Si además
quitamos a los que se ocupan de las centralitas de teléfono, que
también están incluidos en esta unidad, estamos hablando de 600
personas máximo que se dedican en esas grandes instalaciones que
tiene la Guardia Civil a tareas de mantenimiento, de entretenimiento
inmediato, para reparar lo que se avería ocasionalmente y tener un
buen funcionamiento de la Guardia Civil. Le voy a poner dos ejemplos.
El primero de ellos, una comandancia pequeña, Palencia, que tiene 600
guardias civiles
en plantilla, en el núcleo de destinos tiene siete guardias para
ocuparse de la centralita de teléfonos, además de todas esas pequeñas
tareas de mantenimiento que usted se puede imaginar. El segundo de
ellos, la comandancia de Madrid, que tiene 3.000 efectivos y hay un
cabo y doce guardias para lo mismo, para las centralitas y para las
pequeñas tareas de mantenimiento. Insisto, menos de 600 efectivos
para el mantenimiento de 2.300 instalaciones de cuatro millones de
metros cuadrados. Insisto en que no son guardias que se quiten de
hacer patrullas o de investigar delitos, son guardias que están
destinados en esos núcleos de servicio y son profesionales de esas
tareas que realizan; del mismo modo tenemos mecánicos de motores
marinos, conductores de camión o herradores en el escuadrón de
caballería. Por ejemplo, el escuadrón de caballería sale a hacer una
misión y vuelven tres caballos que han perdido sus herraduras. ¿Qué
hacemos, llamamos a un herrador exterior para que venga a poner las
herraduras a los caballos? En el escuadrón hay unos herradores que
están en el núcleo de destinos de esa unidad para poner herraduras a
los caballos. ¿Eso es una actividad propia de un guardia civil? De un
guardia civil que está destinado en el escuadrón de caballería, sí.
Me dice que la fórmula era la externalización, y estoy totalmente de
acuerdo con usted, de hecho estamos externalizando muchas cosas.
¿Pero cómo se externaliza una avería eléctrica en el COS de la
comandancia, el Centro Operativo de Servicios, o en el COTA, de
Tráfico, que es donde se están recibiendo durante 24 horas todas las
novedades de las patrullas, todas las incidencias, desde donde se dan
las instrucciones a las patrullas, tanto rurales como de tráfico, a
las cuatro de la mañana porque han saltado los plomos en el COS?
Tiene que haber en esa comandancia un guardia civil electricista, que
además vive ahí, y en cinco minutos resuelve la avería. Sería
imposible una reacción tan rápida y, además, ¿a qué coste? Insisto,
creo que es imprescindible que una estructura como la Guardia Civil
tenga un mínimo número de guardias civiles dedicados a esas tareas.
Repito que no se quita a los guardias civiles de hacer otras tareas,
es que esa es su misión, ese es su destino en esa unidad o en esos
núcleos de destinos.
Señor Mayoral, sé que S.S. es una persona muy solvente, no se deje
influenciar por estas informaciones que creo que tienen cierta carga
de demagogia al preguntar por qué hay guardias civiles fontaneros.
Porque en esa organización puede haber una gotera, se rompe una
tubería y, o se repara de inmediato a la hora que sea, o se causan
daños mucho mayores. No conozco ninguna organización pública o
privada que no tenga un pequeño número de personal dedicado a esas
averías. Decimos: vamos a externalizar todo el mantenimiento de los
vehículos, pero seguirá siendo necesario que haya una mecánico en
cada comandancia. ¿Qué hacemos a las cuatro de la mañana, cuando va a
salir un Patrol y no arranca? ¿Esperamos a que abran los talleres
al día siguiente? Tendrá que haber un especialista que sepa cómo
arrancar ese Patrol para que pueda salir a hacer la patrulla.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor director
general.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Le agradezco mucho, señor director general,
el esfuerzo que realiza con el objeto de convencerme. Tiene parte de
razón y, qué duda cabe, desde luego más conocimiento que yo con
relación al tema que está hablando. En todo caso, subsisten una serie
de dudas importantes y posiblemente la conveniencia de tomar algún
tipo de medidas. No le voy a discutir las funciones de apoyo
logístico, que están más claras que cualquier cosa. Por lo tanto, no
es esa la cuestión, ni que haya guardias civiles que realizan
funciones docentes. Pues estupendo, claro que tienen que realizar
funciones docentes para la formación dentro del cuerpo.
El problema empieza a ser menos claro en lo que en el argot se
denomina el núcleo de destinos, porque primero habría que ver cómo se
atribuyen los destinos. Hay una especie de vox populi de que los
destinos se atribuyen con cierto grado de discrecionalidad y se
considera que el que está en uno de estos destinos es una persona que
ha resultado agraciada de alguna manera, lo cual empieza a generar
algún tipo de duda en relación con la cuestión. Luego está el tema
que yo creo que es el nuclear de toda esta historia, señor
Valdivielso. De acuerdo que puede haber un núcleo de destinos, pero
nunca al margen de lo que es la función que tiene la Guardia Civil.
Entiendo que puede haber un determinado número de personas que
realizan una función técnica en razón al tipo de instrumentos, de
técnicas que se manejen de comunicación. ¡Faltaría más! Son
especialistas para el manejo de cierto instrumental necesario para el
funcionamiento y la operatividad de la Guardia Civil. Sin embargo,
luego hay otro tipo de destino que está al margen totalmente de lo
que es la función policial, de manera directa y hasta indirecta.
Yo no voy a hacerle a usted la enumeración de las funciones básicas y
comunes que la Guardia Civil tiene como cuerpo policial conjuntamente
con el Cuerpo Nacional de Policía: proteger el libre ejercicio de los
derechos, fomentar la seguridad ciudadana, etcétera; lo dice la Ley
de cuepos y fuerzas de seguridad. Y luego están las competencias
específicas de la Guardia Civil,las que asume de una manera más
singular: armas, explosivos, tráfico, etcétera. Son tareas policiales
que dotan a los agentes de la condición de autoridad pública, lo cual
es una atribución bastante importante en relación con el resto de los
funcionarios del Estado, porque hay muchos funcionarios del Estado,
como sabeS.S., que no son autoridad pública, pero un agente de la
Guardia Civil o de la Policía Nacional es autoridad pública por el
mero hecho de ser agente de la policía. La cuestión es que hay
agentes de la autoridad pública -S.S. ha dicho 500 ó 600 personas
aproximadamente, no se lo discuto- que están dedicadas a funciones
que nada tienen que ver con esa función policial ni de manera directa
ni indirecta. Se trata de oficios propios de servicios, como
alimentación, hostelería, peluquería, camareros, más aquellos otros
que están dedicados a funciones sustancialmente burocráticas, que
también -en lo que es el planteamiento de su departamento, señor
López Valdivielso- se ha considerado, y era una de las funciones que
me parece que tenía atribuida una de las direcciones generales de su
Ministerio, procurar que personas que están en destinos burocráticos
pasaran a destinos propiamente profesionales, precisamente para
aliviar las carencias que en las plantillas se han manifestado estos
últimos años. Se trata todos ellos de oficios absolutamente
respetables, pero no propios de la profesión de Guardia Civil. Desde
nuestro punto de vista detraen un contingente importante. No sé de
esos 500 cuáles son los justificados por razón, repito, de
especialización en determinadas tecnologías o cuáles son aquellos que
están dedicados a funciones que no tendrían ninguna justificación
desde el punto de vista de la profesión a la que pertenecen estos
agentes.
Hay tres circunstancias que desde mi punto de vista deberían hacer
aconsejable una clarificación y una reclasificación, por decirlo así,
de este conjunto de destinos a los que aludían SS.SS. En primer
lugar, porque todos sabemos que la plantilla de la Guardia Civil no
está cubierta, no tiene el número de agentes que teóricamente debería
tener. Hay un número importante de puestos de Guardia Civil necesario
para acciones de carácter puramente operativas, Es decir, hay un
número insuficiente de Guardias Civiles para cubrir todos los
servicios. En segundo lugar, tenemos el dato más fáctico y es que la
criminalidad en el ámbito espacial de actuación de la Guardia Civil
se ha incrementado estos últimos años. Aquí dijo el señor Morenés, en
una comparecencia celebrada no hace muchos meses, que en el año 2000
la delincuencia subió en el área de la Guardia Civil un 11,7 por
ciento y, más particularmente, refiriéndose a la tipología de los
delitos, que los homicidios habían crecido en zonas de la Guardia
Civil del orden del 17,59 por ciento -483 víctimas- y un 7 por ciento
los delitos sexuales -1.600 víctimas-. Parece que la estadística
marca un incremento de la criminalidad en este ámbito.
Por otra parte nos parece que se derrocha la preparación y el gasto
público en personal de la Guardia Civil dedicándoles a actividades
que no requieren tal preparación. A lo mejor es más barato tener otro
tipo de profesional que formar un especialista para determinadas
funciones, incluso las que dice usted, que podrían ser consideradas
como conectadas más directamente a determinados servicios. Esto me
sirve para la enlazar
con lo que está ocurriendo -y es un clamor estos días en la prensa-
en las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de la profesionalización de
las Fuerzas Armadas ha aparecido la necesidad de externalizar
servicios. Algunos dicen que hasta la Academia General Militar de
Zaragoza ya está vigilada por guardas jurados. Parece que no es toda
la academia, sino determinados servicios de la misma. Yo no voy a
entrar en ese debate, pero sí quiero recordarle una cosa que decía el
jefe del Estado Mayor de la Defensa recientemente en la prensa. Decía
que la tropa profesional es un bien escaso y no podemos
desperdiciarla en determinadas cuestiones. Pues yo le digo, señor
director general de la Guardia Civil, mutatis mutandi: también la
Guardia Civil es un bien escaso que no debemos desperdiciar en
determinadas tareas, y si hay tareas que se siguen realizando por
guardias civiles en materia de peluquería -que alguno hay-, de
hostelería -que alguno hay-, jardinería -que alguno hay-, fontanería,
electricidad, etcétera, vayamos haciendo un examen de esas
actividades que no son profesionalmente específicas de guardias
civiles y procuremos no sé si externalizarlas. A lo mejor habría que
hacer un planteamiento yo no digo igual que el de las Fuerzas
Armadas, pero hay un principio que, indudablemente, sí se puede
mantener, es decir, el coste de la preparación de un guardia civil,
su dimensión de autoridad pública, desde luego hace aconsejable que
se actúe igual que en el ejército, donde ahora se trate de resaltar
la dimensión profesional delsoldado. Hagamos aquí algo que está
pendiente desde nuestro punto de vista, con eso tendremos un servicio
público de seguridad más eficaz y lo habremos modernizado. Yo no sé
si todavía queda ese factor de asistente propio de otras etapas en el
ejército ya desaparecido, obviamente, yo no sé si a veces una función
de este tipo también se cuela aún en el ámbito de funcionamiento de
la Guardia Civil. Por eso sacamos este tema a debate. Si usted
considera que tenemos una parte de razón en el planteamiento que
estamos haciendo -posiblemente nos falten datos y posiblemente no lo
hayamos identificado totalmente bien porque son cosas a veces
difíciles de saber-, estamos convencidos que hay algo que hacer con
los profesionales de la Guardia Civil que están destinados a tareas
que de ninguna manera son propias de su profesión u oficio, que
debería hacerse una reforma para que resalte la dimensión profesional
de una persona que está preparada para realizar funciones como
preservar la libertad y la seguridad de todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Usted habla de funciones al margen de la función policial. Ahí
podemos llevar el debate hasta donde queramos. En nuestras
patrulleras va un mecánico marino, entonces, qué hacemos: ¿de los
siete miembros de la tripulación van cinco guardias y un mecánico
civil o el patrón, el que conduce, debe ser un guardia civil o puede
ser un patrón de yate? Hay determinadas funciones que, no siendo
estrictamente policiales, tienen mucho que ver con la función
policial porque quien hace la función policial es la patrullera están
controlando, cumpliendo las misiones de la Guardia Civil en el mar
territorial. Los pilotos de helicóptero podrían ser pilotos civiles.
Por eso digo que podemos llevar el debate adonde queramos.
Yo le he dicho que tenemos una política muy clara de externalización.
En estos momentos estamos estudiando reducir a la mitad el número de
mecánicos. Vamos a externalizar toda la reparación de vehículos. Le
puse antes el ejemplo del especialista que tenía que arrancar un
vehículo. Ya hemos reducido las tareas burocráticas, como he dicho en
esta misma Comisión, y hemos pasado a 1.000 guardias civiles que
estaban haciendo tareas burocráticas a tareas operativas. Pero,
señoría, piense que siempre tendrá que haber un número reducido de
guardias civiles, incluso fontaneros o pintores o jardineros, aunque
lo de jardineros a lo mejor no es tan claro. (El señor Mayoral
Cortés: Peluqueros.) Pues peluqueros más que jardineros. No olvide
que en las normas de uniformidad, como sabe el señor Sanjuán, que fue
en su tiempo militar, el pelo tiene que tener un determinado corte,
por muchas razones. ¿Sí o no? Pues en las unidades acuarteladas, como
en el GAR de Logroño, tienen un peluquero, que puede ser civil o no
civil, pero tendrá que haber un peluquero dentro del apoyo logístico.
No entro en si tiene que ser un guardia civil, pero tendrá que haber
un peluquero. Es decir, hay determinadas tareas que, por mucho que
externalicemos, siempre tendrán que llevarse a cabo. ¿Que cuantos
menos guardias civiles haya dedicados a esas tareas, mejor? Sin
ninguna duda, yo coincido con S.S., como coincido respecto a que
todos tenemos parte de razón, y no sólo parte, sino incluso mucha
razón. Me dice que algo hay que hacer, y yo le digo que lo estamos
haciendo. Hemos externalizado muchos aspectos. Hemos externalizado la
hostelería; quitando las tres provincias vascas y Navarra, todo lo
demás lo hemos externalizado. ¿Que tenemos que seguir en esa línea?
Sin duda. ¿Que hay que compatibilizar? Pues poco a poco, según las
posibilidades presupuestarias, ya que, no nos engañemos, manejamos
recursos escasos; también los recursos humanos lo son, pero estamos
haciendo cosas. Por ejemplo, saben que acabamos de aprobar un plan
cuatrienial para cubrir al cien por cien nuestras plantillas. Sabe,
porque ya lo dije hace un par de meses en esta Comisión, que los
presupuestos de la Guardia Civil han crecido de manera muy importante
tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 6. Es decir, que estamos
efectivamente en la línea de externalizar, pero yo insisto en que
seguirá siendo imprescindible que determinados guardias civiles se
ocupen de tareas de mantenimiento en las instalaciones, de nuestro
parque de vehículos, etcétera.
He dicho de pasada que es cierto que la delincuencia ha crecido en la
demarcación de la Guardia Civil. Lo dijo el secretario de Estado y lo
dije yo la última vez que vine aquí, pero también hay que decir que
se está incrementando la eficacia y que el porcentaje de delitos que
esclarecemos con respecto a los conocidos está aumentando. También me
he referido a cuáles eran, a nuestro juicio, las causas del
crecimiento de la delincuencia. O sea que al final, efectivamente,
todos tenemos parte de razón o mucha razón; estamos administrando
recursos escasos -siempre lo son-, pero sinceramente, como he dicho
también en esta Cámara, no por mérito del director general, sino por
mérito de los guardias civiles, creo que en este momento la Guardia
Civil está cumpliendo con sus funciones. ¿Que podían ser cien menos
los 285 efectivos destinados en los núcleos de destino? No se lo voy
a discutir a S.S. porque yo coincido en que tiene que haber cada vez
menos, pero siempre tendrá que haber guardias civiles que hagan su
función policial manteniendo los equipos de transmisiones o
manteniendo el parque de vehículos.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
JUSTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN DE LAS CANTIDADES DE CONSUMO DE
GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de
expediente 181/000666.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular su pregunta
relativa a la justificación de la restricción de las cantidades de
consumo de gasolina para los vehículos de la Guardia Civil, tiene la
palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señorías, efectivamente, queremos saber cuál
es la justificación de la restricción de las cantidades de consumo de
gasolina para los vehículos de la Guardia Civil.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Es
injustificable, pero ¿sabe por qué? Porque es que no ha habido
restricciones de combustible en la Guardia Civil. Muy al contrario,
en el año 1997, primer ejercicio presupuestario del que somos
responsables, se produjo un incremento del crédito inicial de un 20,8
por ciento en relación con el existente en 1996.
Si comparamos el gasto de combustible realizado en 1996 y el gasto de
combustible realizado en el año 2000, nos encontramos con un
incremento de 2.151 millones, lo que supone un aumento superior al
cien por cien. Luego, mal se puede hablar de restricciones de
combustible si en el año 2000 respecto a 1996 hay un incremento del
cien por cien del consumo de combustible: el doble. Además, no sólo
se ha producido un aumento espectacular en nuestros presupuestos,
sino que debo recordarle que cuando nos hicimos cargo de esta
Dirección General no sólo tuvimos que incrementar sustancialmente
unos créditos para combustible que habían estado congelados por la
Administración anterior desde el año 1994 y que resultaban
absolutamente insuficientes, sino que tuvimos que hacernos cargo de
un impago acumulado en materia de combustible de más de 1.000
millones de pesetas, exactamente 1.064 millones. O sea, que el
incremento de combustible de 1996 a 2000 fue el doble. No sé de dónde
saca usted que ha habido restricciones, es que no ha habido
restricciones. Y el incremento de la partida dedicada a comprar
combustible ha sido especialmente significativo en el año 2000. Así,
hemos adaptado las previsiones a las exigencias resultantes de la
prestación del servicio y de los cambios en los precios, lo que nos
ha permitido contar con un crédito inicial de 3.700 millones: nada
más y nada menos que un 68 por ciento más de lo que teníamos en el
año 2000. Por otra parte, ya tenemos hechas las previsiones para el
año 2002. Hemos previsto para el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado un total de 4.500 millones de pesetas, un 21,7 por ciento
respecto al de 2001; y le recuerdo que el de 2001 respecto al de 2000
fue de un 68 por ciento. Por tanto, podemos concluir que los créditos
iniciales han sido crecientes desde 1996, que se corresponden con las
necesidades para un nivel de servicio en circunstancias normales, que
las circunstancias sobrevenidas o no previsibles que han generado
consumos extraordinarios han sido financiadas mediante modificaciones
presupuestarias y, por tanto, insisto, no han existido restricciones
sino incrementos muy importantes en las partidas para dotar de
combustible al parque de vehículos de la Guardia Civil.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sabe usted, señor Valdivielso, que en mi
tierra somos muy directos y a veces decimos frases que resultan muy
contundentes. Como comentario a lo que acaba de decir le contesto con
eso que dicen en mi tierra: menos lobos. (Risas.) Menos lobos porque
no me salen las cuentas en relación a la exposición que ha hecho S.S.
en materia de diferencias de un año para otro. Me voy a referir a la
diferencia más inmediata, la que va del año 2000 al 2001, que es
cuando yo he ejercido cierta responsabilidad como portavoz en materia
de Interior de mi partido.
Señor Valdivielso, que de 1996 al año 2000 se produzca un incremento
tan importante me parece muy razonable, es lógico y no creo que sea
ninguna hazaña, habría que ver el incremento que se produjo del año
1990 a 1996 porque a lo mejor era del 300 por ciento. Pero esa no es
la cuestión. La cuestión es que aquí al parecer subyace la idea -y lo
sé por distintas fuentes, vías y caminos- de que existen determinadas
limitaciones de servicios policiales de la Guardia Civil como
consecuencia de la insuficiencia de la disponibilidad de combustible.
Quizás esto no se puede plantear en términos generales. A lo mejor,
vista la cosa en su globalidad, es una manera de enjuiciarla y, vista
en relación a determinados servicios, incluso es al revés, que hay
más. Pero en determinadas actuaciones y en determinados momentos y
servicios resulta que sí hay limitaciones en lo que se refiere al
combustible disponible para ciertos servicios de la Guardia Civil.
Cuando se debatió el presupuesto general del año 2001 dijimos que nos
parecía insuficiente el incremento que se preveía; y era un
incremento significativo, se pasaba en lo que se refiere a créditos
iniciales de 2.134 a 3.645, lo cual no es exactamente el 68 por
ciento. (El señor director general de la Guardia Civil, López
Valdivielso: Haga la regla de tres.) Lo que le quiero decir es que ya
manifestamos que era dudoso que con esa cantidad se pudiese afrontar
el crecimiento del precio del carburante, el cual ha subido bastante
y sigue subiendo. También pusimos de manifiesto el atraso existente
durante años en relación con este crédito, aparte de que hay
necesidades nuevas derivadas del propio despliegue territorial y
costero de la Guardia Civil. Nosotros ya advertimos en aquel momento,
en el momento del debate presupuestario, que considerábamos que con
respecto a la operatividad cotidiana de los dos cuerpos de seguridad
del Estado pasaba algo parecido, más grave en el caso del cuerpo
nacional de Policía: carencia de medios, los cuales, efectivamente,
garantizan la operatividad. Pero las enmiendas que presentamos
obviamente fueron rechazadas. Pues bien, una vez más, desde nuestro
punto de vista, se ha reproducido una situación que destruye
determinados segmentos de la eficacia del servicio público de
seguridad por falta de medios imprescindibles para actuar -hoy en
día, si no tienes gasolina, no te mueves- y, como dicen algunos,
mientras que los cuerpos de seguridad en este sentido tienen ciertas
limitaciones, a veces sangrantes, los delincuentes no; al revés,
tienen disponibilidad suficiente tanto de potencia de vehículo como
de carburante. En algunos sitios existen indicios de que determinados
servicios tienen dificultades en este terreno. Concretamente en
Galicia se señalaba la existencia de recortes que afectaban al
Seprona, a los antidrogas y a la Policía judicial e información. En
Galicia hay patrullas
que no pueden recorrer más de 10 kilómetros de ida y vuelta, lo cual
significa una limitación importante. Un gran número de puestos tienen
asignados mensualmente 20.000 pesetas para combustible, lo que arroja
una cifra por vehículo/día del orden de 666 pesetas, una limitación
importante. En determinados lugares los últimos días de cada mes los
vehículos de algunos puestos no pueden patrullar por falta de
combustible. Esto ocurre. A mí me consta por conversaciones que he
mantenido, aunque no voy a nombrar a la persona, que esto ocurre de
vez en cuando en determinados períodos del año o del mes, y no voy a
hablar de una prueba más contundente que pudiera tener como
consecuencia de la función que realicé cuando consejero de la
Presidencia en la Junta de Extremadura, algo que me dejó realmente
preocupado cuando observé del hecho que se me explicó.
Así pues, el Partido Popular no quiso atender nuestras iniciativas
con ocasión del debate presupuestario para dotar mejor el crédito
para gastos de gasolina, y por eso en este momento nosotros
quisiéramos decir que todo este tipo de actuaciones parlamentarias
tienen sentido, sobre todo cuando hablamos de circunstancias
y situaciones como las que afectan a un cuerpo de seguridad, si de
verdad hacemos alguna propuesta o tenemos esperanzas en relación con
problemas que son entendidos por parte de los responsables, en este
caso por parte del director general, y si se busca algún tipo de
solución.
Reconocemos que la criminalidad se ha incrementado en el medio rural
y que existen limitaciones presupuestarias para que los servicios
estén dotados. Antes hablábamos de un problema de insuficiencia de
plantillas y ahora hablamos de un problema de insuficiencia de
dotación presupuestaria para gasto de combustible y para hacer
funcionar por lo tanto determinados vehículos de la Guardia Civil. Lo
que le decimos, señor Valdivielso, es que aquí nos tiene y que
estamos dispuestos a apoyar esta faceta. Tomen las medidas necesarias
y, si alguna se plantea aquí en términos parlamentarios, sepan
ustedes que van a tener la comprensión del Partido Socialista si es
que se necesita algún crédito extraordinario o un suplemento de
crédito. En esto del combustible, quizás como en el tema anterior,
podríamos decir, parafraseando la famosa frase gallega, que no
existen las meigas pero haberlas haylas. Efectivamente, no hay
problema de combustible, pero hay problema de combustible. Con esto
acabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Yo
agradezco cualquier iniciativa que puedan tener SS.SS. para
incrementar los presupuestos de la Guardia Civil. Cuantos más medios
tengamos, más eficaces seremos. Dicho
eso, mi responsabilidad como director general de la Guardia Civil es
administrar los recursos que se ponen en nuestras manos para obtener
de ellos la mayor eficacia. Eso como principio general. ¿Que hay
limitaciones? Limitaciones hay en todos los sitios. Las necesidades
siempre van por delante de las posibilidades de cubrirlas. ¿Hay
insuficiencias? Creo que no. Insisto, la Guardia Civil no deja de
prestar ningún servicio por falta de combustible. ¿Que hay
instrucciones a los puestos? Por supuesto. En una organización con
2.300 puestos y 20.000 vehículos lo que no podemos es no poner
limitaciones al consumo, sería imposible de administrar una
organización como la Guardia Civil o como cualquier otra. Luego por
tanto hay unos cupos. Me dice que en un puesto tienen 20.000 pesetas.
Depende de las misiones que tenga ese puesto, porque la función de la
Guardia Civil no es hacer kilómetros. Si vamos a la casuística de que
en tal puesto el día 25 se les había acabado el dinero para
combustible, puede ser. ¿Yo de qué le hablo? De grandes cifras. ¿Y
cuáles son para mí las grandes cifras? Ese incremento del cien por
cien en cinco años de los créditos destinados a combustible, de
servicios realizados. Me dice que como no hay combustible se hacen
menos servicios. En el año 1997, quitando Tráfico, que hace esos 160
millones de kilómetros a los que antes me refería, la Guardia Civil
hizo 3.322.000 servicios; en el año 2000, 3.706.000 servicios. Hay
casi 400.000 servicios más. Kilómetros recorridos. Los vehículos de
la Guardia Civil recorrieron 277 millones de kilómetros en el año
1997, quitando Tráfico; en el año 1998, 290 millones de kilómetros;
en el año 1999, 309 millones de kilómetros; en el año 2000, 323
millones de kilómetros. Si no tuviésemos combustible, si no
hubiésemos tomado las medidas necesarias para que los vehículos de la
Guardia Civil tuviesen combustible no hubiésemos pasado de los 277
millones de kilómetros a 323 millones. Insisto en que en la Guardia
Civil puede haber muchos problemas, pero en estos momentos la falta
de combustible no es un problema. Las cifras objetivas así lo
demuestran. Y son cifras objetivas el incremento de las partidas
presupuestarias, el número de servicios que realizamos, el número de
kilómetros que realizan los vehículos. Las cifras objetivas muestran
que estamos haciendo un esfuerzo notable para garantizar la máxima
operatividad de nuestras fuerzas de seguridad en este aspecto.
También voy a decir algo que va más allá de las cifras y de lo que he
dicho hasta ahora. No se puede asociar la idea de que un desmesurado
consumo de combustible, que una incontinencia en el uso del vehículo
suponga hacer un mejor servicio. La Guardia Civil no funciona mejor
porque haga más o menos kilómetros. Nosotros no tenemos que hacer
kilómetros; tenemos que garantizar la seguridad ciudadana.
He dicho que no se han disminuido las cantidades destinadas a
combustible, sino todo lo contrario; que hacemos más kilómetros y más
servicios. Pero además,
es cierto, hemos transmitido directrices para optimizar el
combustible del que disponemos aplicando medidas de coordinación y
racionalizando los movimientos de las patrullas de unos puestos con
otros, implantando servicios a pie, que también se hicieron chistes
con los servicios a pie, pero un guardia civil percibe mejor lo que
está pasando si va andando por las calles del pueblo que desde la
ventanilla del vehículo oficial. Estamos poniendo en marcha medidas
desde ese punto de vista. También hemos tomado medidas desde otro
punto de vista, por ejemplo, hemos redistribuido nuestras plantillas.
Antes prácticamente todos los vehículos de la Guardia Civil eran
cuatro por cuatro y nos hemos dado cuenta de que no tienen por qué
ser vehículos todoterreno, porque un porcentaje altísimo de los
vehículos todoterreno de la Guardia Civil pasaban a la reserva, eran
dados de baja sin que nunca hubieran conectado las cuatro ruedas
motrices. Ahora vamos a que un 40 por ciento sólo sea de cuatro
ruedas motrices y el resto sean turismos, porque son más baratos de
entrada y, además, consumen menos combustible. Eso está en marcha y
estamos transformando la flota. Otra medida que tomamos es
transformar toda la flota de gasolina a gasoil. Ahora todas las
renovaciones que estamos haciendo son de gasoil para compensar
también el precio del aumento del combustible. Es decir, por un lado,
racionalización de los servicios y, por otro lado, acciones
importantes sobre la composición de nuestra flota para que nuestros
vehículos consuman menos, pero -insisto- además de todo eso,
incrementos muy importantes de las partidas destinadas a combustible.
Yo me atrevo a decir pocas cosas con rotundidad, pero aquí, señor
presidente, señorías, me atrevo a decir con rotundidad que no hay
falta de combustible en estos momentos en la Guardia Civil. ¿Que hay
limitaciones, que hay normas para un adecuado consumo, para una
utilización adecuada de las partidas presupuestarias? Sin duda, pero
es que es imprescindible para el funcionamiento de esta organización
y de cualquier otra.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY
DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de
expediente 181/000837.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta del señor Gil
Lázaro relativa a las previsiones acerca del desarrollo normativo de
la Ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Sin lugar a duda, la Ley de régimen del personal
del cuerpo de la Guardia Civil ha
supuesto, ha sido, es, un instrumento muy importante para la
vertebración de esa Guardia Civil moderna, acorde con las
características y las necesidades de los servicios que tiene que
prestar en el siglo XXI. Igualmente es de destacar en el ámbito
estrictamente parlamentario el importante grado de consenso y de
acuerdo que arrojó el trámite de esta ley, principalmente entre el
Grupo Popular, el partido del Gobierno, y el principal partido de la
oposición, el Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido, la Ley
de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil ha de ser
desarrollada a través de un conjunto normativo y quisiéramos saber en
qué términos, en qué previsiones se mueve el desarrollo normativo de
la citada ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Intervengo con toda brevedad dando números, que a mi juicio es una
manera muy fácil y muy clara de objetivar las cosas. La ley va a
exigir un importante desarrollo reglamentario y va a precisar al
menos 22 reales decretos y 24 órdenes ministeriales, que traen causa
directa de la misma, a los que habrá que añadir las órdenes
ministeriales necesarias para la ejecución de algunos de esos reales
decretos. Alrededor de un centenar de normas serán necesarias para
desarrollar la ley de personal.
El plazo para llevar a cabo este desarrollo se ha fijado
aproximadamente en cuatro años y en estos momentos, como primera
prioridad, hemos considerado que hay que elaborar 12 reales decretos
y 10 órdenes ministeriales. De estos ya han sido publicados el Real
Decreto 35/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las
retribuciones de los alumnos de los centros docentes de formación; el
Real Decreto 141/2001, de 16 de febrero, por el que se crean los
centros docentes de formación de la Guardia Civil, con el fin de que
sea la Academia de Oficiales la que imparta la enseñanza de formación
que faculta para la incorporación a las escalas facultativas; la
Orden del Ministerio de Defensa 273/1999, de 3 de diciembre, que
determina el calendario progresivo de adaptación de las edades de
pase a la situación de reserva; la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 16 de mayo de 2000, que fija el cupo de pase a la
situación de reserva a petición propia; la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 25 de julio de 2000, por la que se establecen las
normas reguladoras del empleo y funciones del suboficial mayor, y la
Orden del Ministerio de Defensa 300/2000, de 11 de septiembre, que
aprueba los modelos de documentos de incorporación a la Guardia
Civil. Es decir, ya están en el Boletín Oficial del Estado dos reales
decretos y cuatro órdenes ministeriales.
Entre las normas que la Guardia Civil ya ha remitido a tramitación
orgánica tenemos -voy a mencionar las
más importantes- el real decreto que aprueba el reglamento de
provisión de destinos, el real decreto por el que se fija la
plantilla del cuerpo de la Guardia Civil para un período de cinco
años, el real decreto por el que se determina la composición,
funcionamiento y procedimiento de elección de los miembros del
consejo asesor de personal y el proyecto de real decreto que aprueba
el reglamento general de ingreso en los centros docentes de
formación. Estos cuatro reales decretos ya han salido de la Guardia
Civil y en estos momentos están en tramitación orgánica en las
secretarías generales técnicas y subsecretarías de los ministerios de
Defensa e Interior porque, como saben, nuestra normativa tiene que ir
por las dos vías.
De las disposiciones que están en muy avanzado estado de desarrollo
dentro de la Dirección General, pero que todavía no han ido a
tramitación orgánica, cabría destacar el proyecto de reglamento
general de evaluaciones y ascensos, el proyecto de reglamento general
de permisos y licencias y algún otro, que dentro de muy poco tiempo
irán a tramitación orgánica.
En resumen, hasta la fecha se han publicado siete normas de distinto
rango, están remitidas para la regulación orgánica y aprobación y
publicación otras cuatro, y están en un avanzado estado de
elaboración diez proyectos normativos. Creo que vamos a buen ritmo y
que en los cuatro años que nos fijamos desde la entrada en vigor de
la ley podremos cumplir todo este complejo desarrollo normativo que,
insisto, supondrá la publicación de más de 100 normas de distinto
rango.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quiero señalar que apreciamos que el desarrollo
normativo, que es complejo, se está llevando a un ritmo adecuado. Por
otra parte, es obvio que de la complejidad de este desarrollo
normativo se deduce con claridad la importancia de la ley y el
acierto que supuso impulsarla, tanto por parte de la Guardia Civil y
de los ministerios implicados como por parte de los grupos
parlamentarios, al ser capaces de establecer un altísimo grado de
acuerdo y de consenso en su elaboración para el cumplimiento de ese
objetivo final que antes señalaba, que es la mejor y más moderna
vertebración de lo que ha de ser el régimen de personal interno de la
Guardia Civil en el siglo XXI.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Gracias por su intervención, señor Gil Lázaro.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE LOS AVANCES PRODUCIDOS
EN MATERIA DE AYUDAS Y BECAS PARA LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA
CIVIL DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. (Número de expediente 181/
000838.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente
pregunta, también del señor Gil Lázaro, relativa a los avances
producidos en materia de ayudas y becas para los miembros del cuerpo
de la Guardia Civil durante los últimos dos años.
El señor GIL LÁZARO: Tan solo quiero apuntar, señor presidente, que
nos parece que desde la Dirección General de la Guardia Civil, en los
últimos años, se está desarrollando un compromiso muy serio en
materia social y en materia formativa, por lo que creemos que eso que
es un compromiso con la institución, pero también, sin lugar a dudas,
un compromiso de la Dirección General con los miembros que integran
el Cuerpo, debe ser suficientemente conocido por los grupos
parlamentarios e incorporado al 'Diario de Sesiones'. Por eso
queremos saber qué avances se han producido en materia de ayudas y
becas para los miembros del cuerpo de la Guardia Civil durante los
últimos dos años.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para responder tiene la
palabra el señor director general de la Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Considerando que la formación es fundamental para la Guardia Civil,
he dicho muchas veces que el capital más importante de que dispone es
el humano. Por tanto, cuanto más formados estén los hombres y mujeres
de la Guardia Civil mejor podrán cumplir con sus misiones. Además, se
producen dos fenómenos: por un lado la necesidad de aplicar al día a
día de la Guardia Civil las nuevas tecnologías, lo que exige una
importante actividad formativa, y por otro la necesidad de que cada
día haya un mayor número de guardias civiles con conocimientos de
idiomas dada la importancia que están teniendo nuestras misiones
internacionales, tanto de colaboración con policías de otros países
como de participación en instituciones internacionales de seguridad y
en operaciones de paz. Desde ese punto de vista, nuestra política de
becas ha ido fundamentalmente dirigida a la mejora del conocimiento
de idiomas y al conocimiento de las nuevas tecnologías.
Por concretar un poco más, las ayudas y las becas han ido dirigidas a
cuatro áreas fundamentales: idiomas, como le he dicho, en dos
modalidades, la primera para cursos en escuelas oficiales de idiomas
y la segunda para la obtención de los distintos niveles oficiales, lo
que se conoce con las siglas SLP. De estas ayudas en el año 2000 se
han beneficiado 394 miembros del cuerpo.Para materializar y regular
esta iniciativa de mejora
del conocimiento de idiomas se diseñó y aprobó un plan para la
enseñanza y conocimiento de idiomas en la Guardia Civil que, con una
vigencia de siete años, se articula en dos fases: una primera en
1999/2000, ya superada, que pretendía cubrir las necesidades más
inminentes de cara a participaciones internacionales de la
institución, y una segunda, 2001/2005, para alcanzar una número
suficiente de personal cualificado al objeto de hacer frente a las
futuras necesidades que se plantean en el cuerpo. Estos objetivos
están cuantificados en niveles de acreditación SLP, como decía antes,
y con ellos pretendemos disponer al finalizar el plan de un 5 por
ciento de la plantilla con conocimientos básicos de algún idioma, en
los valores 2.2.2, preferentemente inglés o francés, otro 1,5 por
ciento con conocimientos medios, 3.3.3, y un 0,25 por ciento de nivel
superior con los baremos de 4.4.4. El segundo bloque de ayudas está
orientado a la enseñanza media, reglada o no. Así, en el año 2000, se
beneficiaron de éstas 244 componentes del cuerpo. El tercer bloque es
la enseñanza universitaria homologada de primer o segundo ciclo. En
esta modalidad se concedieron 92 ayudas principalmente para
diplomaturas. Por último, unas ayudas para trabajos de investigación
y tesis doctorales, como cursos de postgrado y cursos superiores de
enseñanza no reglada. Paralelamente a todo ello se han suscrito
varios instrumentos de colaboración con universidades, organismos,
fundaciones, muchos de ellos a través del Instituto Duque de Ahumada
que, como saben, es un instituto creado por la Guardia Civil en
colaboración con la Universidad Carlos III, al objeto de potenciar
las investigaciones y los proyectos mixtos de interés para la Guardia
Civil.
Esta es, señor presidente, la política de becas y ayudas llevada a
cabo en los últimos tiempos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero anotar que se ha hecho un
esfuerzo importante y animamos al señor director general a que
continúe en esa dirección.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE PRODUCTIVIDAD PARA LA
GUARDIA CIVIL DURANTE LOS AÑOS 1996 A 2001. (Número de expediente
181/000839.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente
pregunta, evolución de los créditos de productividad para la Guardia
Civil durante los años 1996 a 2001. Para su formulación tiene la
palabra su autor.
El señor GIL LÁZARO: Si no tuviera inconveniente el señor presidente
y tampoco el señor compareciente, formularía agrupadamente las
preguntas números 20 y 21.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Ningún problema, señor Gil
Lázaro.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE EVOLUCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE LAS DIETAS PARA LA
GUARDIA CIVIL EN LOS AÑOS 1997 A 2000. (Número de expediente 181/
000840.)
El señor GIL LÁZARO: Evidentemente, en los últimos años, desde la
Dirección General de la Guardia Civil se ha desarrollado un esfuerzo,
que creemos importante, por mejorar dentro de los márgenes
disponibles los elementos de retribución, de compensación y los
incentivos para el conjunto de los miembros del Cuerpo. En este
sentido, nos parecería oportuno conocer tanto la evolución de los
créditos de productividad para la Guardia Civil durante los años 1996
a 2001 como la evolución de las cuantías de las dietas en idéntico
período.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Como saben SS. SS., el objeto de la productividad es incentivar
mediante una retribución económica a los componentes de la
institución que hayan demostrado una dedicación o un rendimiento
especiales o bien desarrollen una actividad extraordinaria o pongan
de manifiesto en el desempeño de su servicio un interés o iniciativa
dignos de compensación. En el año 1996 los créditos para
productividad fueron 4.101 millones de pesetas y para este ejercicio
2001 son 11.747, es decir, que de 1996 a 2001 los créditos se han
incrementado en 7.646 millones de pesetas, lo que supone un
crecimiento del 186 por ciento. Con esto queda patente que las
cuantías de productividad se han incrementado sustancialmente,
poniéndose con ello de manifiesto el reconocimiento expreso del
esfuerzo y especial rendimiento que realiza la Guardia Civil. De
estas cantidades -hablamos de reparto de la productividad- se
beneficia cada mes aproximadamente la mitad de los oficiales y
suboficiales y casi el 85 por ciento de los cabos y de los guardias.
En cuanto a las cantidades totales, se puede afirmar que las escalas
de suboficiales y de cabos y guardias perciben por encima del 92 por
ciento de los créditos totales destinados a productividad. En el año
2001 se dispondrá aproximadamente de 1.700 millones de pesetas más
que en el ejercicio 2000, lo que nos va a permitir, al cambiar el
sistema de la aplicación de la productividad,
mejorar, incentivar más, premiar mejor el especial esfuerzo que hacen
los guardias civiles. En esta línea tenemos que seguir avanzando para
que el exceso de horas, las horas festivas y nocturnas tengan cada
día una mejor compensación. Quiero recalcar el esfuerzo importante
que se ha hecho pasando de 4.100 millones a 11.800, lo que supone un
aumento del 186 por ciento.
Por lo que se refiere a las cuantías de las indemnizaciones por
razones de servicio, coloquialmente conocidas como dietas, es uno de
los aspectos que más interés despiertan en los miembros de la Guardia
Civil debido a su relación directa con las condiciones de prestación
de los servicios. Ya saben que uno de los objetivos que se fijó esta
Dirección fue mejorar las condiciones de prestación de servicios de
los guardias civiles. Las dietas están reguladas por un decreto del
año 1988, y desde 1998 hasta estos momentos sólo se han revisado en
tres ocasiones. La primera revisión se produjo en 1993, la segunda se
produjo en junio de 1998 -en esta ocasión sólo se revisó el importe
de las dietas en el extranjero- y la tercera ha sido el pasado 29 de
diciembre del año 2000. A estas revisiones propiamente dichas habría
que añadir una cuarta que se produjo por vía de hecho, por un decreto
de julio de 1996 en el que se establecía que los suboficiales pasaban
a percibir las cuantías de los oficiales al incorporarse al grupo 2,
y los cabos y guardias empezaban a cobrar las que anteriormente
percibían los suboficiales al pasar al grupo 3. Es decir, se trata de
tres subidas reales y una subida que no siendo tal produce el mismo
efecto que si lo fuera al cambiar los grupos. Es decir, que desde el
año 1998 hasta el año 2001 ha habido cuatro revisiones y de ellas
tres han sido llevadas a cabo por este Gobierno. Desde el año 1996 se
han incrementado las cuantías de las dietas de la escala de cabos y
guardias en un 66 por ciento. Lo que se ha hecho ha sido no producir
un aumento lineal sino subir las dietas que estaban más bajas, que
eran las de los cabos y los guardias. En el año 1998 la cuantía de la
dieta para un guardia era de 5.000 pesetas y en este momento es de
12.000, lo que supone un aumento del 140 por ciento. Quiero resaltar
que mientras que para el grupo 1 -oficiales generales- las dietas han
subido el 7,93, para el grupo 2 -oficiales y suboficiales- ha subido
el 22,31 y para el grupo 3 el 27,6; esto en la última subida que se
ha producido en diciembre del año 2000. Se trataba de una cuestión de
justicia. La dieta se había quedado muy corta, de tal forma que
quienes cobraban dietas prácticamente con ese importe no tenían
suficiente para pagarse la manutención y alojamiento cuando salían de
su municipio de destino para llevar a cabo sus servicios en otros
sitios. Ha sido un avance importante que además se ha conseguido
aplicando un criterio justo, y es que subieran más las dietas más
bajas, que eran las de los cabos y los guardias, y menos las de los
oficiales, que eran más altas.
Es importante resaltar, además del incremento de la dieta unitaria,
el incremento de la partida presupuestaria destinada a dietas. Si en
el año 1997 en la Guardia Civil teníamos 4.674 millones para pagar
dietas, en el año 2000 hemos tenido 6.272 millones, lo que supone un
incremento del 39,8 por ciento. O sea, por un lado ha habido un
incremento de la dieta, que naturalmente no sólo afecta a la Guardia
Civil sino a toda la Función pública, pero que ha sido muy importante
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son grandes consumidores
de dietas porque tanto los miembros de la Policía como los de la
Guardia Civil cumplen muchas misiones fuera del municipio de destino
que tienen derecho al devengo de dieta y por otro lado ha habido un
incremento de la partida presupuestaria para poder cubrir esta
necesidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero agradecer los datos ofrecidos
por el señor director general. Cuando a veces se oyen algunos
discursos como los que hemos podido escuchar en sesiones de esta
Comisión respecto a cierto malestar que existía en el seno de la
Guardia Civil por cuestiones afectas a lo que hoy nos ha informado el
señor director general, se ve que esos datos provienen muchas veces
de voces muy focalizadas, porque lo cierto es lo que los números
dicen. Desde luego, nos parece espectacular que en materia de
productividad se haya producido un aumento del 186 por ciento. Además
ese aumento, considerado en sí mismo, tiene una mayor sentido cuando
-como nos ha señalado el señor director general de la Guardia Civil-
esa distribución de la productividad se hace en términos muy amplios
entre los miembros del cuerpo y no concentrada en una determinada
escala. Que en materia de dietas desde 1998 a este año se hayan
producido tres subidas reales y que para el grupo más bajo, el de
guardias, se haya producido un incremento en términos porcentuales
del 140 por ciento de las dietas, subiendo como principio más las más
bajas, nos parece en conjunto que es un buen enfoque, que es, como
decía el señor director general, y sigue siendo una expresión y un
imperativo de justicia. Creo que los datos que hoy el señor director
general, con su intervención, permite que queden incorporados al
'Diario de Sesiones' pueden hacer reflexionar muchas valoraciones de
futuro, a tenor de lo que han sido recientes valoraciones de pasado
por parte de algún grupo parlamentario ausente en este momento de la
sala.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): En
relación con la intervención que ha hecho el señor Gil Lázaro quiero
decir que tengo la experiencia, no sé si pasará con otras cosas, de
que muchas veces cuando se habla de la Guardia Civil -y lo he dicho
en esta Comisión- se hace un poco de oído. A mí me sorprenden a veces
comentarios, declaraciones e informaciones que nada tienen que ver
con la realidad presupuestaria, que al final es lo que vale. Aquí
podemos hablar de políticas y hacer discursos, pero tienen que ir
avalados por los presupuestos que hay para poder cubrir las
necesidades del funcionamiento de la Guardia Civil. Como digo, se
toca de oído porque sacamos conclusiones de informaciones parciales
que nada tienen que ver con la realidad global. Hablamos de
combustible, de dietas, de productividad y tengo que decir que en
estos últimos cuatro años se ha hecho un esfuerzo muy importante en
mejorar los presupuestos de la Guardia Civil, y quiero que
conste porque aquí a veces -repito- se eleva la anécdota a nivel de
categoría. Creo que esta Cámara debe estar informada, pero no por
comentarios que se puedan producir en relación con problemas
concretos y puntuales que se puedan presentar en alguno de nuestros
muchos puestos repartidos por toda la geografía nacional. Aquí la
realidad son los presupuestos y estos son los que son.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Agradeciendo al señor
director general de la Guardia civil su comparecencia y las
informaciones que ha ofrecido a la Comisión, sin más asuntos que
tratar, se levanta la sesión.
Eran las nueve de la noche.