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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 237, de 24/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 237
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3517 a la 3538. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 11
celebrada el jueves, 24 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas para facilitar y promover la
utilización de las bonificaciones a la contratación de personas en
situación de exclusión social. (Número de expediente 181/000600.) . .
. (Página 7118)
- Del mismo señor Diputado, sobre valoración del número de contratos
producidos al amparo del Plan de fomento del empleo correspondiente
para la contratación de personas en situación de exclusión social.
(Número de expediente 181/000726.) . . . (Página 7118)
- De la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre paga única a pensionistas de la Seguridad Social
correspondiente a la compensación por desviación de precios durante
el año 2000. (Número de expediente 181/000632.) . . . (Página 7121)
- De la misma señora Diputada, sobre incremento previsto para los
pensionistas de la Seguridad Social en el año 2001. (Número de
expediente 181/000633.) . . . (Página 7121)
- De la misma señora Diputada, sobre incidencia en el presupuesto de
la Seguridad Social de los compromisos económicos hechos realidad en
el año 2001 que afectan a los pensionistas. (Número de expediente
181/000634.) . . . (Página 7121)
- Del señor Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre respuesta del ministro de Trabajo a la sucesión de prácticas
fraudulentas que se están produciendo en la utilización de los fondos
para la formación profesional en varias Comunidades Autónomas.
(Número de expediente 181/000637.) . . . (Página 7123)
Comparecencia del señor secretario general de Empleo (Chozas Pedrero)
para informar sobre las transferencias de las políticas activas de
empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000469.) . . .
(Página 7128)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Comenzamos la sesión. Siendo la primera ocasión en esta VII
Legislatura que don Juan Chozas, secretario general de Empleo,
comparece ante esta Comisión legislativa, le agradecemos su presencia
a requerimiento efectuado por la Cámara y le damos una muy cortés
calurosa bienvenida, en la seguridad de que su aportación y el debate
parlamentario que se origine ha de enriquecer tanto la información
que la Cámara reciba por parte del Ejecutivo, por su conducto, como
la que él pueda recibir de sus señorías.
Hace pocos minutos, nuevamente otro ciudadano, Santiago Oleaga
Elejabarrieta, director financiero de El Diario Vasco, ha sido
víctima del terrorismo asesino. Creo que todo puede quedar resumido
en tres palabras, en las que entiendo poder interpretar el sentir de
la Comisión, que no son otras que si alguien ha dicho que la política
es la historia que se está haciendo o se está deshaciendo, nosotros
estaremos siempre al servicio de los ciudadanos con el valor, la
constancia y la decisión de hacer todos los días una pequeña parte de
la historia que se construye. Haremos todo lo posible para que
aquellos que dedican su actividad a destruir la historia dejen de
hacerlo y a impedir que lo hagan.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR Y PROMOVER LA
UTILIZACIÓN DE LAS BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 181/000600.)
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE VALORACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS
PRODUCIDOS AL AMPARO DEL PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
(Número de expediente 181/000726.)
El señor PRESIDENTE: Entrando en el orden del día, comenzamos a
tramitar las preguntas orales en Comisión, cuyo desarrollo conocen
perfectamente. En primer lugar, dada la íntima conexión de ambas, y
que permiten, a juicio de la Presidencia, su exposición y desarrollo
en una sola intervención, y siendo además el mismo señor diputado el
autor de ambas, rogaría al señor Campuzano que formulara, en la forma
y con la distribución del tiempo que estime, teniendo en cuenta que
son dos preguntas, la primera del orden del día: Medidas para
facilitar y promover la utilización de las bonificaciones a la
contratación de personas en situación de exclusión social y, en
segundo término, la pregunta sexta: Valoración del número de
contratos producidos al amparo del Plan de fomento del empleo,
correspondiente para la contratación de personas en situación de
exclusión social.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Antes de tramitar estas dos preguntas,
quería mostrar la plena coincidencia, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con lo manifestado por
el presidente de la Comisión sobre este último atentado de ETA. Sus
palabras responden al sentimiento del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Queríamos acumular estas dos preguntas porque van orientadas hacia la
misma cuestión. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la
Presidencia.)
Agradezco la presencia del señor Chozas y lamento que este martes la
mayoría del Partido Popular no permitiese la toma en consideración de
la proposición de ley de empresas de inserción, que, entre otros
objetivos, permitía facilitar y promover la actividad de inserción en
el mercado de trabajo de esas personas excluidas que hoy sí se pueden
beneficiar de las bonificaciones que la Ley de acompañamiento de 1999
introdujo en el programa de fomento del empleo. Creemos que esta
semana hemos perdido una buena oportunidad para articular una eficaz
política que consolide e impulse las actividades de estas empresas,
pero nosotros vamos a continuar teniendo la esperanza en esta
legislatura, a poder ser cuanto más pronto mejor, para dotar a estas
empresas de un marco legal estable, que potencie sus actividades.
Dicho esto, nosotros hoy, aparte de efectuar esta valoración al señor
Chozas, nos gustaría conocer cuáles han sido las medidas que desde la
Secretaría General de Empleo se han puesto en marcha para facilitar y
promover la utilización de estas bonificaciones y qué valoración hace
del número de contratos que se han podido beneficiar de estas
actuaciones hasta el momento. En una respuesta parlamentaria fechada
el 1 de febrero de 2001 se nos dice que a lo largo del año 2000
fueron 1.412 personas las que se pudieron beneficiar de estas
contrataciones. Yo no sé si hoy el señor Chozas tiene más cifras a
añadir a esas que hasta ahora conoce la Cámara. También nos gustaría
conocer qué valoración hace de estas 1.412 personas contratadas bajo
esa fórmula.
La señor VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el señor
Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): En primer
lugar, quiero agradecer las palabras del señor presidente de la
Comisión de Política Social y Empleo, brindar toda mi disponibilidad
y toda mi colaboración a lo largo de esta legislatura para cuantas
comparecencias, preguntas o colaboración con la Comisión me sea
requerida y, por supuesto, sumarme al pesar y condena por el atentado
citado.
Entrando en la contestación a las preguntas formuladas por el señor
Campuzano, acumularé las respuestas. Una mínima situación de las
medidas que favorecen la contratación de personas en riesgo de
exclusión social nos llevaría a contemplar que de manera específica
los programas de fomento del empleo de estos colectivos son una
novedad en nuestra legislación, o no se había contemplado de manera
específica su acceso al empleo hasta la promulgación de la ley de
presupuestos correspondiente al año 2000. Ahí es quizá donde aparece
la regulación más concreta o se busca que tenga una vocación de
extensión mayor.
Como se sabe, el esquema legislativo de incentivación consiste en
reducir los costes de contratación,
tanto indefinida como temporal, de las personas en riesgo de
exclusión, y ello significa probablemente el esquema de bonificación
más amplio de los que se contemplan para la contratación laboral, que
genéricamente se restringe a la contratación indefinida y es
únicamente en casos muy concretos, como son los trabajadores
discapacitados, las sustituciones por procesos de maternidad y los
trabajadores con riesgo de exclusión en los que, además de la
bonificación de la contratación indefinida, se contempla la
bonificación de la contratación temporal, con lo cual estarían en el
grupo de mayor extensión del apoyo a la contratación. Esta
bonificación alcanza al 65 por ciento de la cuota empresarial a la
Seguridad Social durante 24 meses. Además de ello, la aprobación
inicial del Real Decretoley 5/2001, que actualmente, como saben SS.
SS., se está tramitando como proyecto de ley, ha incluido la
posibilidad de efectuar contratos formativos con las personas en
riesgo de exclusión, ha prorrogado también para el presente año la
posibilidad de bonificar los contratos con el porcentaje antes
indicado, y a efectos de dar mayor seguridad en la contratación de
los colectivos ha identificado de manera más clara en una disposición
adicional cuáles son los colectivos y cómo se identifican los que se
benefician tanto de las bonificaciones como de la posibilidad de
suscribir contratos formativos. No entro en más detalles porque
entiendo que la normativa es suficientemente explícita y conocida.
A ella, aparte de lo que es normativa específicamente laboral, habría
que añadir la denominada cláusula social en la contratación de las
administraciones públicas, esto es la posibilidad de valorar que las
empresas que acudan a concursos públicos o que pretendan
contrataciones públicas sea valorada la contratación de personas en
riesgo de exclusión como un elemento favorable, con lo que se
completaría la regulación. Además de ello, como la normativa es
bastante novedosa en lo que al tiempo se refiere -está en vigor desde
el 1 de enero de 2000-, la labor del Ministerio de Trabajo se ha
centrado en la divulgación de una norma nueva y las posibilidades que
se abren ahora a las empresas. Para ello se han tenido en cuenta
todos los medios, desde la utilización de nuevas tecnologías, la
página web de información del Instituto Nacional de Empleo, la guía
laboral, la propia página web del Ministerio de Trabajo.
En cuanto al número de contratos -información que se me requiere-, en
el ejercicio del año pasado rondaron los 1.500. Sí puedo añadir una
información nueva, correspondiente al primer trimestre del presente
año, en el cual se han superado los 635 contratos de personas en
riesgo de exclusión. Eso implicaría que, de mantenerse el ritmo en la
contratación a lo largo del presente año, andaríamos próximos al
doble del número de contratos con respecto al año anterior. Vemos,
por tanto, que hay un incremento significativo durante el período de
tiempo del que disponemos ya información.
Las cifras tienen cierta entidad si consideramos que se trata de un
colectivo que objetivamente tiene muchas dificultades de inserción y
que probablemente todavía estamos arrastrando un poco la novedad de
la legislación. Esperemos (ese es el deseo y esa es un poco la razón
por la que se ha mejorado técnicamente el concepto y alguna de las
medidas aplicables al colectivo) que con las modificaciones que se
están incluyendo en la tramitación parlamentaria de la reforma
laboral se pueda lograr una extensión mayor. A ello habría que añadir
también que estamos hablando de una estadística concreta, de un tipo
de contrato concreto, pero que hay otras actuaciones,
significativamente las realizadas por los servicios públicos de
empleo, alrededor de programas concretos, sujetos a convenios con
entidades sin ánimo de lucro, que, amparadas en otras normativas
generales de integración de desempleados, están beneficiando
a colectivos de personas que si no exactamente están utilizando el
esquema de la contratación de personas en riesgo de exclusión,
sociológicamente participan mucho de ello, aunque asumo que esto no
podría dar una identificación concreta del número de beneficiados. Sí
conocemos algunos programas, sobre todo los que atienden a parados de
larga o muy larga duración, a personas mayores en situación de
desempleo, a mujeres maltratadas, como es un programa que se realiza
en colaboración con la Secretaría General de Asuntos Sociales, que
están afectando a estos colectivos. El esquema, como he señalado,
incluye bonificación, inclusión en contratos formativos y cláusula
social de manera resumida.
Hago ahora una referencia a la posible regulación de las empresas de
inserción. Es cierto que en esta semana se ha rechazado una
proposición de ley sobre la materia. Sí querría señalar que en ningún
caso esto implica la disminución de la intensidad en el beneficio de
las posibles medidas al colectivo de personas en riesgo de exclusión.
De hecho, lo que creo que de manera común se admite es que
probablemente la única cuestión que falta por regular es aquella que
dé una mayor seguridad jurídica para las empresas que están
efectuando este tipo de contrataciones, pero, en ningún caso, se está
limitando el acceso a la contratación de las personas con riesgo de
exclusión. Si me apuran, hasta el escenario actual es más amplio a
efectos prácticos. Cualquier empresa puede hacer actuaciones que
ayuden o fomenten la inclusión de personas en riesgo de exclusión sin
ninguna limitación, sin ningún requisito adicional. Efectivamente,
hay unas empresas que lo harán con más intensidad (comparto que a lo
largo de la presente legislatura sería deseable tener un estatuto que
dé mayor garantía y mayor seguridad jurídica a las empresas que
mayoritariamente se dediquen a la inclusión de personas en riesgo de
exclusión), con lo cual la regulación no debe significar en ningún
caso que dichas actuaciones, contrataciones, etcétera se restrinjan a
un determinado tipo de empresas, que, por definición, va a
ser más reducido que la regulación actual, que permite la realización
de los contratos por cualquier empresa que lo desee.
Son estas quizá las cuestiones que habría que compaginar, pero abundo
en el deseo y en la opinión de S.S. de que es una materia para dar
apoyo y fomento no tanto a los contratos y a las medidas, insisto, de
lucha contra la exclusión -que creo que ya tienen una manera para
resolverse prácticamente-, sino a un sector que está naciendo y que
entiendo que puede colaborar de manera muy significativa a que estas
medidas se extiendan a los volúmenes que todos desearíamos.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Creo que es bueno recordar siempre que
en la pasada legislatura esta Cámara en tres ocasiones se pronunció
sobre la necesidad de ir hacia ese marco regulador de las empresas de
inserción. Entre otras cosas, se defendía entonces, y se defiende
ahora, que no tan sólo las empresas ordinarias quizá no sean las más
eficaces para efectuar los procesos de contratación de las personas
excluidas, sino que, incluso, se requiere empresas que apuesten no
tan sólo para dar trabajo, sino para asumir responsabilidades de
formación a esas personas con tantas dificultades de inserción en el
mercado de trabajo. Por tanto, si se defiende ese marco regulador es
para dar una mayor estabilidad, para dar una mayor seguridad
jurídica, para dar un mayor impulso a las políticas en esa materia,
porque además creemos -y ahí yo creo que coincidimos con el señor
Chozas-, que las empresas de inserción tienen características que les
permiten ser especialmente eficaces en ese objetivo de inserción en
el mercado de trabajo. Nosotros tomamos nota del compromiso del señor
Chozas de avanzar en esta legislatura en esa regulación de las
empresas de inserción.
Coincido con usted en dos consideraciones: una, que hoy en nuestra
legislación existen ya medidas que poco o mucho ayudan a facilitar
esos procesos de inserción en el mercado de trabajo de las
denominadas personas excluidas. Dos de estas medidas fueron
impulsadas en la pasada legislatura por su Gobierno y, además, las
dos fueron resultado de acuerdos políticos entre Convergència i Unió
y el Grupo Popular, de manera muy específica la incorporación a la
política de fomento de empleo de las bonificaciones para las personas
excluidas, surgidas de la imposibilidad en la pasada legislatura de
avanzar hacia la tramitación de una ley de empresas de inserción. Yo
creo que ahí dimos entre el Gobierno y el Grupo de CiU un paso
adelante hacia esa regulación después de una discusión, que fue larga
y compleja, en la tramitación de la Ley de contratos del Estado para
la inclusión de la cláusula social en esa normativa. También hay una
enmienda nuestra ampliamente debatida con el Gobierno y finalmente
aceptada,
que se refiere a la ampliación de los sujetos susceptibles de ser
contratados bajo la fórmula de la contratación en formación. Pero
continúa faltándonos ese marco general, ese marco regulador que lo
impulse. Yo creo que esa asignatura está pendiente.
Por lo que hace referencia a las bonificaciones de empleo, quiero
decirle que nosotros entendemos que en colaboración con el sector y
en colaboración con las comunidades autónomas deberían incrementarse
las medidas de información y divulgación de estas posibilidades. A lo
largo de estos últimos 12 ó 13 meses, en relación muchas veces con
iniciativas de carácter social de Cataluña, hemos percibido un
desconocimiento importante de estas bonificaciones que, aunque no
directamente vinculados al sector, sí efectúan actividades de
inserción. Todo el esfuerzo que haga la Secretaria General de Empleo,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con los
sectores sociales representativos y en colaboración con las
comunidades autónomas no va a ser en balde. Precisamente el hecho de
que estas cifras apunten en el primer trimestre del año 2001 hacia el
horizonte de duplicar las contrataciones a realizar bajo la fórmula
de inserción, nos indican que hemos encontrado una fórmula que nos
puede permitir crear empleo en sectores donde es muy difícil y,
además, introducimos mecanismos que pueden permitir crear condiciones
para la empleabilidad de estas personas. Yo creo que continúa siendo
absolutamente necesaria en esta materia esa mayor información,
siempre pensando, lógicamente, que quizá la mejor fórmula para
divulgar estas posibilidades es tener un buen marco regulador de las
empresas de inserción.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Simplemente
intervengo para manifestar mi acuerdo con la conveniencia de
incrementar las medidas de difusión. En el ámbito de los trabajos de
la conferencia sectorial, en la que, como saben, se reúne el
Ministerio de Trabajo con las consejerías de Empleo encargadas de la
ejecución de las políticas laborales y de empleo, está previsto que
una de las próximas reuniones analice de manera muy específica las
posibles actuaciones de los servicios públicos de empleo en relación
con la mayor explotación de los nuevos yacimientos de empleo.
Entiendo que una de las vías para conseguir una mayor extensión de la
explotación de las posibilidades de empleo no sólo normales, sino
especiales, alrededor de colectivos con significadas dificultades,
podrá ser plantear en ese momento un programa específico de
colaboración con las comunidades autónomas, a fin de que una mejor
difusión de la normativa nos permita un incremento más rápido del
número de contratos.
- DE LA SEÑORA MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE PAGA ÚNICA A PENSIONISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACIÓN POR DESVIACIÓN DE PRECIOS DURANTE
EL AÑO 2000. (Número de expediente 181/000632.)
- DE LA SEÑORA MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE INCREMENTO PREVISTO PARA LOS PENSIONISTAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/000633.)
- DE LA SEÑORA MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS HECHOS REALIDAD EN EL AÑO 2001 QUE
AFECTAN A LOS PENSIONISTAS. (Número de expediente 181/000634.)
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Para formular sus
preguntas, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Antes de iniciar las preguntas, aunque se
haya hecho por parte del representante del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y por la máxima representación de esta
Cámara en esta Comisión, por el presidente de la Comisión de Política
Social y Empleo, yo quiero, en nombre de mi grupo, hacer una condena
exhaustiva, muy firme y muy sentida del atentado que ha tenido lugar
esta mañana en San Sebastián, que, desgraciadamente, también afecta a
la libertad de expresión de la palabra, de las ideas escritas, a un
colectivo al que todos deberíamos agradecer esa libertad en nuestra
sociedad, que es el sector perteneciente a los medios de información.
Nuestro más sentido pésame a todo este colectivo y un cariñoso
recuerdo para la persona que se ha visto hoy afectada y que ha
perdido la vida en ese atentado. Lamentamos tener que reiterar de
nuevo hechos como estos, pero creo que todos agradecerán cuantas más
expresiones mejor de condena de esta barbarie, de estos atentados
terroristas.
Dicho esto, yo quería formular unas preguntas, para las que pido su
acumulación porque creo que van en un sentido orientativo muy
similar, todo ello se deriva para las previsiones marcadas para el
año 2001.
Creo que tampoco está de más repetir que en los últimos cinco años se
han hecho muchas cosas en el ámbito de la Seguridad Social, desde que
en el año 1994 se empezó a debatir la necesidad de crear una comisión
no permanente que estudiara los problemas que se
podían derivar de la Seguridad Social y que, además, se constituiría
una ponencia para resolver la problemática y las reformas que se
deberían acometer en ese sentido. Desde los últimos cinco años,
repito, en que se han hecho no pocas cosas en el ámbito de la
Seguridad Social, tendría que recordar la Ley de consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social, modificaciones en
la Ley General de Presupuestos de revalorización automática de las
pensiones en cuanto al incremento del IPC, el último acuerdo que han
suscrito los agentes sociales y que tendrá su incidencia,
importantísima, en los próximos años y también una especial
referencia a la reforma de medidas urgentes del contrato laboral
porque creo que va a tener, de una forma u otra, su repercusión para
el fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social.
Me gustaría hacer mención a los importantes avances realizados en
estos cinco años: La mejora de las pensiones mínimas de la Seguridad
Social, incluido el extinguido seguro obligatorio de vejez e
invalidez, que en muchos años no se había visto revalorizado;
pensiones de viudedad para las perceptoras o perceptores más jóvenes
y que además ahora, fruto del acuerdo que acabo de mencionar, verán
en tres años incrementado en siete puntos el porcentaje de su
pensión; una prolongación en la percepción de las prestaciones de
orfandad y su revalorización por ley. Creo que es muy importante
y por todo ello, señor secretario general de Empleo, nos gustaría
conocer las previsiones para el año 2001 que a continuación le voy a
detallar. ¿Podría conocer, señor secretario general, esta Comisión
los detalles sobre la paga única a los pensionistas de la Seguridad
Social correspondiente a la compensación por desviación de precios
durante el pasado ejercicio, es decir, el año 2000? ¿Cuál es el
incremento para el año 2001 previsto para los pensionistas del
sistema único de la Seguridad Social? ¿Qué repercusión tienen para el
presupuesto de la Seguridad Social los compromisos económicos hechos
realidad en el año 2001 que afectan a los pensionistas de la
Seguridad Social?
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el señor
Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Acumularé las
tres preguntas en la contestación por la íntima relación que entre
ellas existe.
Como saben SS.SS., la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del Sistema de la Seguridad Social estableció la
revalorización automática de las pensiones en función del índice de
variación de los precios al consumo incorporándola con carácter
estable a la Ley general de la Seguridad Social, concretamente en su
artículo 48.1 que modificó su redacción. Asimismo, con el fin de
garantizar el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones, en la citada normativa se
establece que si dicho índice resultase superior al previsto y en
función del cual se calculó la revalorización, se procederá a la
correspondiente actualización a través de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, de modo que los pensionistas cuyas pensiones
hubieran sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior,
recibirán la diferencia de un pago único antes del 1 de abril del
ejercicio posterior. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa
la Presidencia.)
Pues bien, el incremento de las pensiones contributivas del sistema
de la Seguridad Social establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 se fijó en el 2 por ciento,
mientras que la variación interanual experimentada por el índice de
precios al consumo se situó en el mes de noviembre, mes de
referencia, de dicho año en el 4,1 por ciento. Consecuentemente, la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001 en su disposición
adicional vigesimocuarta establece el pago a los pensionistas del
sistema de Seguridad Social con pensiones causadas con anterioridad
al 1 de enero de 2000 y objeto de revalorización en dicho ejercicio,
de una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión
percibida en 2000 y la que les hubiera correspondido de haberse
aplicado el importe de la pensión vigente a 31 de diciembre de 1999,
con el incremento del 4,1 por ciento. Y establece también el ajuste
al alza, conforme a la pauta anterior, del límite de pensión pública
durante 2000.
La paga única afectó a cerca de siete millones y medio de pensiones y
el importe ascendió a 164.419 millones de pesetas. Debe destacarse
que la actualización mediante la paga única se ha aplicado en su
integridad a las pensiones mínimas y a las pensiones del extinguido
seguro obrero de vejez e invalidez, no concurrentes, con
independencia de que la Ley de presupuestos de 2000 fijase para ellas
cuantías superiores a las que hubiesen resultado de aplicar el
incremento del 2 por ciento, establecido con carácter general como
consecuencia del acuerdo de pensiones entre Gobierno y organizaciones
sociales, de septiembre de 1999.
Por otra parte, es importante resaltar la garantía del poder
adquisitivo de las pensiones por los ejercicios 1996, 1997 y 1998,
que supuso una mejora adicional de las mismas del 1,6 por ciento por
encima del mantenimiento ya garantizado por la ley, puesto que la
previsión de índice de precios al consumo para dichos ejercicios fue
inferior a la inicialmente prevista. Esta ganancia adicional en el
poder adquisitivo de las pensiones ha supuesto que el conjunto de los
pensionistas de la Seguridad Social hayan percibido por encima de la
evolución de los precios por los citados ejercicios más de 300.000
millones de pesetas.
Asimismo, parece oportuno recordar la mejora operada en las cuantías
mínimas de las pensiones a partir del 1 de enero de 2000, en virtud
del citado acuerdo
alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras y
Unión General de Trabajadores, en septiembre de 1999, en virtud del
cual las pensiones mínimas y no contributivas de la Seguridad Social
se revalorizaron en dicho ejercicio y respecto de las cuantías de
1999 en porcentajes situados entre el 5,37 y el 15,95 por ciento,
según las distintas clases de pensión mínima. Esta mejora de las
pensiones mínimas ha representado para los perceptores de pensiones
menos elevadas y con menores ingresos no sólo el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones, sino también el incremento del
poder de compra de las mismas, siendo así beneficiarios de la mejora
económica que el conjunto de la sociedad está alcanzando y objeto de
un importante esfuerzo de solidaridad social.
Por último, debe destacarse también el esfuerzo de gestión realizado
por las entidades gestoras de la Seguridad Social que han logrado
realizar el abono de pago único dos meses antes de lo previsto en la
Ley, de tal modo que se ha enviado a todos los pensionistas la
notificación de la revalorización y de pago único que ha sido
ingresada en las cuentas de los mismos el día 20 de enero, antes de
la nómina general que ya incluía la pensión actualizada,
consiguiéndose de ese modo alcanzar el objetivo de garantizar el
poder adquisitivo de todas las pensiones con margen dentro del plazo
marcado por la ley.
En relación con la revalorización para el año 2001, cuestión a que se
refiere otra de las preguntas formuladas, debe informarse que
siguiendo las previsiones también contenidas en la Ley General de la
Seguridad Social, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
este año 2001 contiene la previsión de revalorización de pensiones,
fijando un incremento del 2 por ciento, que coincide con la previsión
de inflación para el año 2001, previa consolidación en dichas
pensiones de los incrementos y de los importes revalorizados en el
ejercicio anterior conforme al IPC real de dicho ejercicio, tal como
he expuesto. La revalorización de la pensión para el año 2001 la han
percibido los pensionistas ya incluida en la mensualidad de enero,
abonable el día 1 de febrero, y ha afectado a un total de 539.145
pensiones contributivas, con un coste de 157.351 millones de pesetas.
Ahora bien, la aplicación de los criterios de revalorización de
pensiones a que se viene haciendo referencia a lo largo de esta
exposición representa realmente los siguientes incrementos para el
presupuesto de la Seguridad Social para el año 2001. Por un lado, hay
que considerar un incremento del 1,1 por ciento en función del
crecimiento vegetativo presupuestario; de un incremento del 2 por
ciento para la revalorización de las pensiones y de un incremento
estimado de 2,71 por ciento, principalmente destinado a soportar el
efecto sustitución y la consolidación de la desviación del IPC en el
año 2000. Ello se traduce en una asignación presupuestaria para el
año 2000 para el total de las pensiones, que supera los 8 billones y
medio de pesetas, lo que representa un crecimiento económico respecto
del año 2000, del 5,81 por ciento.
- DEL SEÑOR JÁUREGUI ATONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE RESPUESTA DEL MINISTRO DE TRABAJO A LA SUCESIÓN DE PRÁCTICAS
FRAUDULENTAS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(Número de expediente 181/000637.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Para formular la quinta
pregunta, tiene la palabra don Ramón Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Antes de formular la pregunta, y siendo
ésta la primera oportunidad que tiene nuestro grupo de intervenir en
la sesión, también quiero expresar el dolor que nos ha producido la
noticia de esta mañana y sumarnos a la expresión de condena y de
solidaridad con la víctima y con todos sus compañeros.
No es la primera vez que hacemos esta pregunta. Se la hicimos en un
pleno al señor ministro, pero todavía no hemos obtenido una respuesta
satisfactoria. En la utilización de los fondos públicos para la
formación profesional en general se está dando en nuestro país no
solamente una falta de eficiencia, de eficacia en el uso de esos
fondos, sino una peligrosísima tendencia al fraude generalizado.
Les voy a leer, señorías, algunos titulares que hacen referencia a
este problema y que frecuentemente aparecen en nuestros medios de
comunicación. Farreres dimite finalmente como presidente de UDG por
las anomalías en los fondos europeos. La Unión Europea eleva a 9.650
millones los fondos congelados para Cataluña. Bruselas pide al
Gobierno español datos del fraude en cursos a parados en Madrid. Un
perito descubre una falsificación sistemática de firmas de alumnos
del Imefe. El Imefe empleo 40 millones del fondo para parados en
diseñar un logotipo de Madrid. La Xunta de Galicia revela un fraude
de 93 millones en cursos de patronal para parados. La patronal
gallega desvió fondos de formación de parados para pagarse congresos
y publicidad. La Unión Europea solicita al Gobierno español que
investigue el uso indebido de fondos para formación en Galicia. El
Tribunal de Cuentas investiga el uso de fondos públicos para formar
parados. El Tribunal de Cuentas exige a la Forcem la devolución de
450 millones. El Gobierno balear detecta irregularidades en la
gestión de los fondos europeos. Un juzgado investigará indicios de
criminalidad en cursos de formación en siete academias valencianas.
Detenido un empresario en Las Palmas por inflar listas de cursos para
parados.
He tenido que seleccionar unos pocos, pero se refieren a Cataluña,
Madrid, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana. Señor secretario
general, esto es una vergüenza; lo que está pasando es verdaderamente
inadmisible. No ocurre sólo en estas seis comunidades autónomas que
ha citado, sino que es vox populi que esto ocurre en casi todas las
comunidades autónomas y no ocurre sólo con los fondos de la formación
continua, sino también con los de la formación ocupacional, que
dirige directamente el Inem; con la formación de los aprendices, que
está gestionada directamente por el Inem, y con los fondos de muchas
comunidades autónomas. Y quiero recordar que todos éstos son fondos
públicos; es decir, que son bien dinero de cuotas, bien presupuestos
del Gobierno central, de los ayuntamientos, de las comunidades
autónomas o de la Unión Europea.
Ha habido tres fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, porque el
Tribunal de Cuentas, con toda la lógica y toda la legitimación,
puesto que se trata de fondos públicos, ha intervenido -lo ha hecho
para examinar las subvenciones otorgadas, las liquidaciones de los
ejercicios anteriores o los contratos de asistencia, consultoría
y servicios externos que han acompañado al Forcem-, y todas ellas han
puesto de manifiesto irregularidades muy graves. El ministro ha dicho
en distintas ocasiones que ésta es una cuestión que escapa de su
control y yo creo que no. Y esta es la pregunta y esta es la
cuestión: ¿qué hace el Gobierno para poner orden en este escándalo?
Porque yo, sinceramente, señor Chozas, creo que, íntimamente, ustedes
comparten con nosotros y con todo el país que los fondos de
formación, el dinero que gasta España, que gasta bastante dinero en
formar a nuestros parados, a nuestros aprendices, a nuestros
trabajadores en activo para que se reciclen y se adapten a las nuevas
tecnologías, en la formación continua, que todo este gran esfuerzo
por la formación profesional, que es una clave de la modernidad de un
país, no funciona bien, y no solamente no funciona bien desde el
punto de vista de que no hay eficacia en el uso de estos fondos, sino
que hay fraude, hay corrupción, han aflorado una serie de academias y
centros educativos que han encontrado el gran negocio en los últimos
años en nuestros país y no hacen bien el trabajo. Creo que es hora de
poner orden en esto y de que el Gobierno, con las facultades que
tiene -también las comunidades autónomas, desde luego, pero aquí
estamos en las Cortes-, intervenga y ponga orden. Yo se lo exijo al
Gobierno español.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor
Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Los fondos
públicos destinados a formación son objeto, de manera creciente, de
controles en los distintos ámbitos -intentaré ordenarlo
un poco-, tanto por parte de las administraciones españolas como en
lo que toca por actuar en representación de las autoridades de la
Unión Europea o de los mecanismos de control de la propia Unión
Europea de controles, porque son, como bien ha señalado S.S., fondos
que nacen de los presupuestos públicos y, en muchos casos, que
dependen de los fondos estructurales europeos. Así, en primer lugar,
las propias entidades promotoras de los programas realizan
comprobaciones sobre las ayudas que aprueban. Significativamente, en
el ámbito de la formación ocupacional para desempleados, es el
Instituto Nacional de Empleo el que lleva a cabo actuaciones de
comprobación y verificación directamente de este programa, además de
la ordenación legal general. Es cierto que actualmente el Instituto
Nacional de Empleo ya sólo gestiona el Instituto Nacional de la
formación profesional ocupacional en los territorios del País Vasco,
Ceuta y Melilla; en el resto de las comunidades autónomas, al haberse
transferido la gestión, son sus propios órganos competentes los que
llevan a cabo la mayoría de l as tareas de control.
Respecto a los planes de formación continua, con independencia de las
verificaciones que pueda hacer en su ámbito de competencias la
Fundación para la formación continua, Forcem, en su período de
existencia, el Instituto Nacional de Empleo está desarrollando un
plan de control y seguimiento de las ayudas que está suponiendo la
revisión en profundidad de un número significativo de expedientes,
luego señalaré algunas cifras, hasta ahora referidas hasta los
segundos acuerdos nacionales sobre formación continua.
En un segundo nivel, tiene lugar el control de la Intervención
General, sea del Estado o de cada una de las comunidades autónomas si
la gestión ha sido transferida a la misma. De acuerdo con lo
establecido en los reglamentos comunitarios, y en coordinación con
los responsables de control de la Comisión Europea, las respectivas
intervenciones generales llevan a cabo planes anuales de control de
todas las formas de intervención cofinanciadas por el Fondo social
europeo, en los que se debe alcanzar un examen detallado de al menos
el 5 por ciento del total de los expedientes de ayuda. Así, durante
los años 1998, 1999 y 2000, los planes de la Intervención General de
la Administración del Estado han incluido 189 actuaciones de control
sobre diversos proyectos y formas de intervención cofinanciadas por
el Fondo social europeo y gestionados por organismos y entidades
tanto del ámbito de la Administración general del Estado como de las
administraciones autonómicas o locales. Las irregularidades
detectadas en las actuaciones de control por la Intervención General
de la Administración del Estado, ya definitivamente concluidas,
alcanzan la cifra de 671 millones de pesetas.
Respecto al ámbito específico de actuación del Inem, y fruto de ese
proceso de transferencias al que me referí anteriormente, en 1998 las
recuperaciones en
materia de expedientes por exigencia de responsabilidad en formación
ocupacional ascendieron a 1.227 millones de pesetas; en 1999, año en
el que se produce el mayor desarrollo de las transferencias, las
cantidades descienden hasta los 302 millones de pesetas recuperados,
y en el pasado año 2000 se recuperan 452 millones de pesetas.
Por lo que respecta a la formación continua, las recuperaciones
llevadas a cabo por las actuaciones directamente desarrolladas por el
Instituto Nacional de Empleo suponen 1.416 millones de pesetas en
1998; 3.953 millones de pesetas en 1999 y 1.486 millones de pesetas
en el año 2000, aunque es cierto que las acciones de control
correspondientes al ejercicio 2000 e inmediatamente anteriores están
todavía abiertas de cara a su firmeza definitiva. Así, en los años
correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000 están todavía abiertos
434 expedientes, que pueden suponer recuperaciones de aproximadamente
10.000 millones de pesetas, fondos todos ellos que en el caso del
Instituto Nacional de Empleo vuelven a integrarse en los presupuestos
de la institución como remanente de tesorería que en los ejercicios
sucesivos puede volver a utilizarse para los fines propios de la
formación profesional.
En este mismo período de los últimos tres años, los planes de control
de las intervenciones de las comunidades autónomas han previsto en
relación con los presupuestos del Estado, 573 actuaciones sobre
formas de intervención y proyectos gestionados, como digo, con cargo
a Presupuestos Generales del Estado, pero en el ámbito de
competencias de las comunidades autónomas. Las irregularidades
detectadas hasta el momento han sido de 678 millones de pesetas.
En tercer lugar, y de forma paralela a los controles señalados hasta
ahora, la unidad administradora del Fondo social europeo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dispone de una unidad
auditora y de control que verifica sobre el terreno la regularidad de
las solicitudes de pago presentadas por los promotores de las
actuaciones cofinanciadas por el Fondo social europeo. En 37
actuaciones de control realizadas en los últimos tres años, la Uafse,
la unidad administradora, ha detectado irregularidades por importe de
543 millones de pesetas. Todas estas irregularidades han sido
comunicadas a la Oficina europea de lucha contra el fraude, la OLAF.
España es uno de los países que mejor cumple esta obligación de
notificación a la OLAF de los expedientes abiertos, con 558
comunicaciones desde 1994 hasta junio de 2000.
En cuarto lugar, la Comisión y el Tribunal de Cuentas, tanto
nacionales como europeo, proceden a realizar controles in situ
similares. En el mismo período de referencia, la Dirección General de
Empleo y Asuntos Sociales europea ha actuado en España controlando 20
formas de intervención y/o proyectos cofinanciados; la Dirección
General de Control Financiero, 27, y el Tribunal de Cuentas Europeo,
16 actuaciones. Todas las
irregularidades de naturaleza financiera detectadas han dado lugar a
que bien por parte de la unidad administradora del Fondo social
europeo se hayan iniciado procedimientos de reintegros de ayudas
indebidamente percibidas, que son reembolsadas a la Comisión, o bien
a que por las comunidades autónomas o por los diferentes entes
titulares de los programas cofinanciados hayan sido deducidos en las
declaraciones de saldo que periódicamente son presentadas a la unidad
administradora para su posterior tramitación y certificación ante la
Comisión Europea. Por tanto, yo creo que habría que recalcar que las
administraciones públicas españolas, tanto la central como las
autonómicas, pero en lo que específicamente a mí me corresponde la
central y las instituciones comunitarias disponen de mecanismos
permanentes, que están utilizando, de verificación y auditoría de las
cuentas que por los respectivos receptores de ayudas son presentadas
tanto a la justificación de los fondos que provienen de los
Presupuestos Generales del Estado como del Fondo social europeo. Los
casos que surgen, que han surgido y que tienen un reflejo en la
información periodística y que se hayan en trámite de información son
porcentualmente una pequeña parte de la multitud de casos que se han
iniciado de oficio. Realmente, la mayoría de las actuaciones
corresponden al impulso del equipo profesional de las
administraciones públicas y que no son recogidas de manera tan
significativa por los medios de comunicación y se realizan después de
haberse detectado, cumpliendo todos los requisitos de los controles
efectuados por las diferentes administraciones.
Específicamente, las irregularidades detectadas en subvenciones del
Fondo social europeo en los 862 controles realizados en los últimos
tres años se elevan en las actuaciones cerradas hasta la fecha a
1.892 millones de pesetas, lo que supone un porcentaje escaso sobre
el importe de las ayudas concedidas, aproximadamente 1,5 billones de
pesetas en el período 1994-1998. Es cierto que es necesario mejorar
los mecanismos de control y la eficacia de las medidas de la lucha
contra el fraude y que a medida que se consigue un mejor nivel de
gestión de los fondos nacionales y europeos, esto se debe incrementar
y desarrollar. En este sentido, se está produciendo en estos momentos
una reorganización de la unidad administradora del Fondo Social
Europeo para acomodarla, por un lado, a los requisitos de la nueva
normativa sobre fondos estructurales y, por otro, para dotarle de una
unidad de control con más elementos personales y medios materiales
para su actuación. Entre esos mecanismos previstos en el ámbito del
Ministerio, se está preparando y esperamos que esté en funcionamiento
de manera inmediata un convenio de colaboración entre la unidad
administradora del Fondo social europeo y la Inspección de Trabajo
con la finalidad, por un lado, de perfeccionar la formación
especializada de los inspectores de trabajo en materia de control de
fondos estructurales y, por otro, de encargar
comprobaciones específicas a grupos de inspectores así especializados
en el seguimiento de los fondos. De manera similar, en el caso del
Instituto Nacional de Empleo son aproximadamente 300.000 millones de
pesetas lo que se está gastando en estos momentos en formación año
con año en nuestro país, dependiendo de los presupuestos del
Instituto Nacional de Empleo. Aunque son muy significativas las
recuperaciones y es muy significativo el número de controles, yo no
sacaría una conclusión tan tremendista como la que ha señalado S.S.,
sino que entiendo que la mayor detección de situaciones de
incumplimiento se debe también al mejor funcionamiento de los
mecanismos de control e inspección que se ejercitan sobre estos
fondos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor
Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: En primer lugar, agradezco, señor Chozas,
su respuesta. Entiendo, sin embargo, que de la profusión de datos que
nos da sobre las intervenciones y las actuaciones y la detección de
irregularidades, se aprecia el fondo de mi denuncia, en el sentido de
que si consideráramos cualquier política pública y analizáramos
cualquier política de subvenciones en cualquier sector, cualquier
ministerio, etcétera, no descubriríamos tanto fraude, tanta
irregularidad, si usted prefiere este término. Es evidente, pues, que
tenemos un problema serio, y aunque usted no ha eludido la
responsabilidad del Gobierno, a pesar de que en su primera parte la
ha trasladado a otras administraciones, quiero recordarle lo que creo
que son argumentos a favor de una intervención del Gobierno en esta
materia. En primer lugar, porque algunos de los fraudes son de su
competencia; es decir, usted ha señalado cómo en algunas comunidades
autónomas todavía hay responsabilidad en formación ocupacional, pero,
por ejemplo, en el tema del aprendizaje la tienen toda. Y yo puedo
decirle que en el aprendizaje, es decir, en la formación que las
empresas tienen que hacer a los chavales que contratan bajo la
fórmula del aprendizaje, hay un fraude generalizado. Muy pocas
empresas cumplen la obligación de formar a sus alumnos. Tienen un
sistema de control con los centros educativos que es una chapuza
generalizada, y luego es el Inem el que paga con las bonificaciones
de las cuotas de la Seguridad Social. Este es un problema que sí se
puede corregir desde el Gobierno central. Puedo decirle también que
ante la Unión Europea es el Gobierno español quien responde, y por
eso tienen ustedes creada, como usted bien ha dicho, la unidad
administrativa del Fondo social europeo, con el Real Decreto 1992/
1987. ¿Qué han hecho 37 auditorías? Pues no me parecen tantas, y en
todo caso con 37 auditorías han descubierto casi mil millones de
fraude. Luego está el Tribunal de Cuentas, que exige intervenciones y
que ha establecido una serie de recomendaciones que el Gobierno tiene
que hacer
cumplir. Yo le voy a sugerir tres actuaciones que creo que el
Gobierno debe emprender -y con esto termino, señora presidenta.
Primero. Creo que hay que cambiar el sistema de pago en algunos casos
para que el Gobierno tenga un mayor control sobre las actuaciones
formativas. Pienso que esta es una cuestión que ustedes debieran
pensarse en el caso del aprendizaje, como ya he dicho, porque,
insisto, casi ninguna empresa realiza las obligaciones de formación a
sus chavales y sabemos que hay centros educativos homologados por el
Ministerio que están cobrando, a través de una formulación
burocrática, cursos que no dan y que, sin embargo, el Inem, a través
de la tesorería, paga prácticamente sin control. Segundo. Yo creo que
hay que homologar los centros, señor Chozas. En España, los centros
educativos por excelencia para la formación profesional son las
escuelas de formación profesional; sin embargo, aquí se ha generado
un negocio, que no quiero generalizar, en los aledaños de
organizaciones sindicales, empresariales, de organizaciones digamos
educativas ad hoc para esos 500.000 millones de pesetas que están en
juego todos los años en España, que es un dinero público
sustancialmente que no se utiliza bien; ni con eficacia, ni con
eficiencia y en muchos casos con fraude. Por último, le sugiero que,
siendo como es verdad que las comunidades autónomas tienen mucha
responsabilidad en la gestión de esta materia, incluyan en una
conferencia sectorial esta cuestión para que el Ministerio, que es el
Ministerio de España, en el órgano donde tiene capacidad de
coordinación con las comunidades autónomas establezca políticas
comunes para un mayor control y una mayor eficiencia en este gasto.
Esta es la política constructiva que le ofrezco, que creo que el
Gobierno tiene que hacer y que no hace.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene de nuevo la palabra
el señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Quizá no he
sido lo suficientemente claro que hubiera deseado. Yo no he intentado
en ningún caso eludir la responsabilidad del Gobierno, de la
Administración general del Estado. Si he intentado agrupar toda la
información de que disponemos sobre las actuaciones de lucha contra
el fraude o de investigación y control en materia formativa es porque
el contenido de la pregunta es bastante genérico. Sin embargo, cuando
he expresado los datos, los correspondientes al Instituto Nacional de
Empleo evidentemente están afectados por el proceso de transferencias
que implica que la ejecución de la formación profesional ocupacional
pasa a ser gestionada por las comunidades autónomas, y dentro de esa
gestión están las acciones de control. Eso es así. Es el desarrollo
de nuestro modelo competencial consagrado en la Constitución. Lo que
es evidente es que ahí se pierde una
parte de gestión inmediata por parte del Instituto Nacional de
Empleo, pero en los demás supuestos he asumido con absoluta y total
integridad las cifras que se presentan, porque desde luego en materia
de formación continua la competencia es exclusivamente estatal y en
lo que se refiere a los controles de fondos estructurales, aunque es
cierto, y luego volveré sobre ello, que hay algunas dificultades en
la gestión por nuestra propia organización legislativa y por nuestro
reparto competencial, sin ninguna duda es responsabilidad del
Ministerio de Trabajo mayoritariamente. De hecho -en esa información
que se me demanda sobre contratos no ya de aprendizaje sino
formativos-, al menos a partir de la modificación legislativa de
1997, una de las cuestiones que se modificaron fue precisamente un
esquema que no permitía eficazmente la lucha contra el fraude cuando
había que dar subvenciones directamente a empresas para que a su vez
las dieran o no las dieran o generasen un cúmulo de reclamaciones
a academias o a quien hubiera desarrollado la formación. Se ha
establecido un mecanismo más sencillo de gestión, como son las
bonificaciones, pero también más sencillo de control porque
inmediatamente se tiene conocimiento de todo el gasto en materia de
formación y se puede efectuar un control in situ sobre las empresas.
Eso está contenido en los datos sobre formación continua que yo he
señalado porque son los fondos de formación continua los que nutren
los pagos que se hacen a la Tesorería General de la Seguridad Social
con motivo de las bonificaciones por este tipo de actuaciones.
Efectivamente, si el Tribunal de Cuentas, que por supuesto es un
órgano independiente de la Administración general del Estado, efectúa
acciones de control es en desarrollo de su propia competencia, y que
las efectúe con toda la profundidad, con toda la seriedad y con toda
la especialidad que merecen yo creo que es un elemento que hay que
valorar positivamente.
En cuanto a sus tres propuestas, le agradezco el sentido constructivo
con el que se presentan. Se señala, en primer lugar, cambiar el
sistema de pago para mayor control. Se refería mayoritariamente a los
contratos para la formación. Yo no voy a tirar ninguna pelota fuera
de mi tejado, pero en todas aquellas comunidades autónomas que
podamos seguir profundizando en que el esquema legal favorezca lo más
posible una gestión sencilla y un control más eficaz, luego, la
ejecución de ese control, al ser materia transferida, corresponde a
las comunidades autónomas. Evidentemente, trabajaremos con ellas para
ver qué mecanismos legales o qué medios pueden permitir un mayor
control.
En segundo lugar, respecto de la homologación de los centros,
efectivamente, nuestro mecanismo de financiación de la formación
profesional, similar al de prácticamente todos los países europeos
que han optado por un mecanismo de subvención y no por un mecanismo
de desgravación fiscal, subvenciona a las entidades,
y se nos señala la conveniencia de homologar los centros. En el
ámbito de la formación ocupacional se habla técnicamente de centros
reconocidos, pero al final es una autorización administrativa sobre
los centros. Tienen que ser centros reconocidos quienes perciben las
subvenciones. Esos centros reconocidos pueden ser empresas
ordinarias, fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones sindicales
u organizaciones empresariales, pero previamente tienen que ser
centros reconocidos; y una vez más, en aquellas comunidades autónomas
en las que esté transferida la gestión, el reconocimiento corresponde
desde el momento de la transferencia a esas comunidades autónomas.
Por último, se nos señala la utilidad que podría suponer presentar en
conferencia sectorial mecanismos que puedan perfeccionar la
colaboración. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa propuesta y
realmente la estamos desarrollando. Y ahora vuelvo a lo que señalaba
anteriormente sobre la complejidad de nuestro sistema jurídico. Como
sabe, la regulación de las ayudas a la formación, el reparto de
competencias y cómo se desarrollan tiene el último enganche legal en
la Ley básica de empleo de 1980, que ha quedado claramente desfasada
con lo que es la realidad de gestión y de actuación en nuestro
mercado de trabajo y de la gestión de políticas activas. Uno de los
ejemplos más claros de ese desfase es que en la Ley básica de empleo
no se cita en ningún momento la palabra comunidad autónoma. Se dice
que la gestión de las políticas activas es monopolio del Instituto
Nacional de Empleo. La realidad es bien distinta. Tampoco se habla de
cuestiones tan absolutamente esenciales para el desarrollo de las
políticas activas como son los fondos estructurales o el Fondo social
europeo; son palabras que no aparecen en la Ley básica de empleo,
entre otras cosas, porque no éramos miembros de la Comunidad Europea
en el año 1980.
Es evidente que necesitamos una redefinición con soporte legal
suficiente que nos permita establecer las responsabilidades respecto
de la justificación de los flujos financieros de los fondos
estructurales y la corresponsabilización en la lucha por unos
intereses generales que nacen de los Presupuestos Generales del
Estado y que hoy en día son muy débiles. Hoy en día están basados
únicamente en los decretos de transferencia. Pues bien, la
conferencia sectorial, ya desde el año 1998 está desarrollando
trabajos para la organización del servicio público de empleo nacional
y los necesarios mecanismos de colaboración entre las
administraciones, entre otras cuestiones, para la lucha contra el
fraude. Yo espero que en esta legislatura e incluso, si pudiera ser
ello realidad, dentro de este mismo año se pueda presentar un
proyecto de modificación sustancial de la Ley básica de empleo que
incorpore, a ser posible, la experiencia que nos trasladen las
comunidades autónomas en la conferencia sectorial y los
interlocutores sociales, que también son parte fundamentalen esta
gestión.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Se suspende durante cinco
minutos la celebración de esta sesión. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO)
PARA INFORMAR SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000469.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Se reanuda la sesión.
Punto 7 del orden del día, celebración de la comparecencia del
secretario general de Empleo para informar sobre las transferencias
de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Se pide mi
comparecencia para informar sobre las transferencias de las políticas
activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como SS.SS.
conocen, son las exigencias de legalidad derivadas de la Constitución
y de los diferentes estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas, a las que además se ha añadido la ruptura del monopolio
del Instituto Nacional de Empleo en la intermediación laboral, los
elementos que obligan a modificar, como venía señalando en el final
de mi intervención anterior, el modelo de servicio público de empleo,
y quizá la manifestación más clara de ello es la transferencia de la
ejecución de las políticas activas a las distintas comunidades
autónomas. Ello, por un lado, es respetuoso y es el adecuado
cumplimiento de lo establecido en nuestro marco constitucional y, por
otro, viene a cumplir las recomendaciones que la OCDE o la Unión
Europea desarrolla para acercar el gestor de las políticas de empleo
a los receptores de las mismas. Por su parte, dadas las
especialidades de nuestra organización competencial, las comunidades
autónomas están participando en este proceso de diseño -lo he
señalado antes-, tanto en la concreción de los planes nacionales de
acción para el empleo y en la ejecución de las distintas políticas
activas, como en su gestión, por el proceso de transferencias a las
mismas. El modelo que se intenta extender a nuestro país es común
para todas las comunidades autónomas y supone la transferencia plena
de la ejecución de las políticas activas de empleo y la no
transferencia de aquellas que se denominan políticas de protección
por desempleo o políticas pasivas por tratarse de recursos de la
Seguridad Social y,
por tanto, pertenecientes a un sistema con normativa y mandatos
constitucionales específicos lógicos en un sistema de solidaridad
interterritorial presidido por lo que se viene denominando el
principio de caja única, con lo cual no está afectado por el proceso
de traspasos.
La implantación del modelo de transferencias se ha acelerado en los
últimos años. Inicialmente fue la gestión de la política de formación
ocupacional de desempleados la que fue objeto de traspaso a cinco
comunidades autónomas -Cataluña, Valencia, Galicia, Andalucía y
Canarias-, entre los años 1992 y 1994, y desde 1998 la ha asumido el
resto de las comunidades autónomas, de tal manera que a fecha de hoy
está transferida salvo en los supuestos del País Vasco, Ceuta y
Melilla. El resto de las políticas activas de empleo, además de la
formación, si exceptuamos el traspaso de algunos programas puntuales
como los de ayuda a minusválidos, autónomos y economía social, que ya
se habían concluido en la década de los ochenta, ha empezado a ser
gestionado por las comunidades autónomas a partir del año 1998. El
traspaso de estas políticas lo tienen ya en la actualidad siete
comunidades autónomas: Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Madrid,
Navarra y Asturias y con el resto de las comunidades se encuentra en
proceso de negociación. Desde luego, sería nuestro deseo que, antes
de un año y específicamente con efectos de enero de 2002, se viera
culminado. Ello no depende solamente de la posición de la
Administración general del Estado o del Gobierno, puesto que se trata
de una negociación que debe finalizar con un acuerdo entre dos
partes: la Administración general del Estado y la comunidad autónoma
correspondiente. Esta etapa de los últimos años de impulso en materia
de transferencias se está llevando a cabo utilizando criterios
homogéneos y aplicando los aprobados por el pleno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas en el
acuerdo 1/1995, de 15 de marzo, en cuanto a la definición,
identificación y valoración de los recursos humanos y materiales a
transferir, esto es, con la aplicación de unas reglas comunes
aprobadas por el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera y con
la participación de las comunidades autónomas.
De manera resumida, el procedimiento que se utiliza siempre es el
siguiente. Se parte de la solicitud de la comunidad autónoma en
cuestión y se constituye lo que se denomina una ponencia técnica, en
la que participan por parte de la Administración del Estado el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por afectarle la
transferencia, y los ministerios de Hacienda y de Administraciones
Públicas por ser los garantes de la aplicación de la normativa tanto
en materia de recursos públicos como de gestión de recursos humanos.
Este último, el Ministerio de Administraciones Públicas, y
normalmente las consejerías de Presidencia de cada una de las
comunidades autónomas, son las dos unidades que
lideran todos los procesos de transferencias y es en el seno de la
ponencia técnica donde se produce la negociación a través de
sucesivas reuniones en las que se van acordando los términos del
traspaso. Con posterioridad, la Comisión Mixta, órgano supremo para
acordar las transferencias, es quien finalmente concluye el acuerdo
de las mismas, con ello se elabora un real decreto en el que se
aprueba la transferencia. En cada comunidad autónoma un real decreto
determina las normas y el procedimiento al que han de ajustarse los
traspasos de funciones y servicios, así como el funcionamiento de la
Comisión Mixta que, como digo, es quien finalmente acuerda la
transferencia. La normativa reguladora de la elaboración de estos
decretos es la Ley del proceso autonómico. No me voy a extender más
sólo voy a añadir que lo que se aplica es un procedimiento común a
todas las comunidades autónomas.
Centrándome ya en el caso de Andalucía, me voy a referir al proceso
que ha tenido lugar hasta ahora sobre transferencias de políticas
activas de empleo -como hemos señalado, la de formación profesional
ocupacional hace tiempo que se concluyó-, concebidas éstas como el
último bloque cuya negociación para el traspaso se ha iniciado en
1998. Constituye, además, el de mayor envergadura tanto en medios
humanos como en recursos a gestionar por la cantidad de programas que
incluye y su dotación económica. Es el que está pendiente ya que la
comunidad autónoma, como digo, ha recibido el resto, no sólo lo
relativo a formación profesional, sino también minusválidos,
autónomos y economía social.
El proceso de negociación de este último bloque, del bloque de
políticas activas de empleo, se inició el 2 de abril de 1998 tras la
correspondiente solicitud de la comunidad autónoma. El planteamiento
de la negociación incluía la intermediación laboral y la gestión de
todos los programas que suponen subvenciones, exceptuando los ligados
al acuerdo para el empleo y protección social agraria, el Aepsa, el
antiguo programa de empleo rural, el antiguo PER, sistema este último
que, como se sabe, es específico y exclusivo de aplicación en las
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Tampoco se
contemplaba, igual que no se hizo con ninguna comunidad autónoma, el
traspaso de la formación de ocupados o de la formación continua,
puesto que este régimen sigue la dinámica propia derivada de los
acuerdos nacionales sobre la materia suscritos con los interlocutores
sociales.
Volviendo al proceso de negociación con Andalucía, desde que se
constituyó la ponencia técnica en abril de 1998, el Ministerio de
Trabajo y la Junta de Andalucía han mantenido al menos 15 reuniones
de trabajo que han permitido ir acercando posiciones en un proceso
que ha sido siempre complicado, como en cualquier comunidad autónoma,
aunque con el añadido de la inclusión o no de los fondos del
denominado Aepsa. He de decir que, a pesar de las discrepancias que,
como
es lógico, se han producido, me consta que siempre ha habido por las
dos partes la intención de llegar a un acuerdo razonable que pudiera
ser asumido por todos. En estos últimos meses se está llegando a un
acercamiento de posiciones en la mayoría de los temas, siendo los
términos de este acercamiento, de manera genérica, la transferencia
de las políticas activas de intermediación y gestión de las
subvenciones, sin incluir el programa de fomento de empleo agrario
por su absoluta conexión con el subsidio agrario, con la parte de
protección para los trabajadores eventuales agrarios. Se ha avanzado
también hasta cerrar los porcentajes sobre el personal afectado y su
reparto en las distintas oficinas de empleo en función del tamaño de
las mismas. Se han cerrado prácticamente los capítulos 2 y 6, costes
de personal y costes de inversiones, y se ha llegado también a
acuerdos sobre la organización del Centro nacional de formación
profesional de Marbella. Las dotaciones económicas extraordinarias
están también en un avanzado nivel de consenso. Sin embargo, quedan
pendientes de concretar algunas cuestiones, como son las listas del
personal afectado, los convenios de colaboración para la gestión de
políticas activas y políticas pasivas por su necesaria imbricación
para cuestiones tan significativas como la lucha contra el fraude o
los convenios que articulan la transmisión de datos estadísticos al
Inem para, sin perjuicio de avanzar en la gestión territorializada o
transferida de la intermediación, que se mantengan los mecanismos que
exige la unidad de nuestro mercado de trabajo, y la integridad de la
información del Instituto Nacional de empleo. Por otra parte, queda
también por resolver el problema relativo a la definición del año
base sobre el que se debe realizar la transferencia de fondos. Es una
cuestión que tiene una complejidad específica en el caso de
Andalucía, al tener dicha comunidad recurrido todo el sistema de
financiación autonómica. Por último, una vez que todas estas
cuestiones pudieran ser resueltas, quedaría por establecer la fecha
de efectividad de las transferencias de mutuo acuerdo entre las dos
administraciones.
Como resumen, sin perjuicio de entrar en cualquier detalle o de
ampliar la información hasta ahora dada a petición de SS.SS., el
proceso está abierto. La intención del Gobierno es que se cierre en
un plazo breve. Hasta donde yo sé, la intención de la Junta de
Andalucía coincide con lo mismo. El proceso se seguirá desarrollando
en los próximos meses y, en cualquiera caso, esperamos poder llegar a
un acuerdo de manera inmediata.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Quiero agradecer al señor Chozas su
comparecencia porque si esta vez los
representantes del Gobierno popular son serios -ahora entenderá por
qué lo digo-, en enero del 2002, vamos a tener en Andalucía de una
vez por todas, definitivamente, las transferencias de las políticas
activas de empleo. Es lo que me ha parecido deducir de sus palabras.
Tampoco veo ningún inconveniente en que se produzcan esas
transferencias.
El motivo de pedir la comparecencia, señor Chozas, era saber
exactamente cuándo se van a transferir las políticas activas de
empleo a Andalucía y cuáles son las razones que impiden su traspaso.
Como usted sabe por declaraciones de diversos representantes de la
Junta de Andalucía, nosotros estábamos convencidos de que el día 1 de
marzo se había llegado a un acuerdo y se había cerrado el tema de las
transferencias, quedando sólo pendiente la firma de la Comisión
Mixta. En Andalucía -y usted lo va a entender ahora- estamos ya
cansados de continuas promesas e incumplimientos sobre este tema.
Como usted sabe, la Junta de Andalucía lleva pidiendo estas
transferencias desde 1997, y desde ese año se han ido produciendo una
serie de promesas que han creado unas expectativas de compromisos que
luego nunca se cumplieron. Espero que el que usted ha dicho con
efectos de enero del 2002 sí se cumpla. Para su orgullo le podemos
decir que los andaluces sí creemos en su palabra.
Permítame que haga un repaso muy sucintamente sobre lo ocurrido al
respecto para que SS.SS. entiendan por qué la preocupación de la
Junta de Andalucía o de los andaluces en este tema. El 6 de junio de
1997 el ministro Arenas declara en Sevilla que está dispuesto a
negociar las transferencias del Inem y -cito textualmente- a empezar
mañana mismo las conversaciones. El 5 de octubre de 1997 el señor
ministro Arenas asegura -también cito textualmente- que Andalucía y
Valencia serán las comunidades que seguirán a Cataluña y a Galicia en
el traspaso de las competencias del Inem. El 4 de enero de 1998
Arenas afirma que Andalucía tendrá este año, 1998, las competencias
de empleo y anuncia que en primavera comenzarán las negociaciones
para su traspaso. El 10 de enero de 1998, el secretario general de
Empleo, Manuel Pimentel, declara que el Gobierno prevé que en torno
al próximo verano esté publicado el decreto de transferencia y
asimismo prevé que éstas entren en vigor el día 1 de enero de 1999.
El 6 de agosto de 1998 el portavoz de trabajo del Grupo Popular en el
Parlamento andaluz aseguró -cito textualmente- que el titular del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, es un
ministro de palabra, por lo que las políticas activas de empleo serán
transferidas a Andalucía a principios de 1999. Como comprenderá, S.
S., estamos en el 2001 y no es necesario hacer ningún comentario
sobre esas afirmaciones del portavoz del Grupo Popular. El 10 de
abril de 1999, el señor Pimentel, ministro ya de Trabajo, asegura que
las transferencias quedarán ultimadas a lo largo del año. Y el 5 de
septiembre de 1999, el secretario
de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco
Camps, declara que el traspaso de las políticas activas de empleo no
se realizará hasta el año 2000, hasta la siguiente legislatura.
Estos datos, señor Chozas, son suficientes para demostrar que en la
anterior legislatura, con el señor Arenas al frente del Ministerio de
Trabajo, jamás existió una clara voluntad política de ceder a
Andalucía las políticas de empleo. Hubo una falta de voluntad
política que se debe, en nuestra opinión, a la continua actitud
hostil que mantiene el señor Arenas con Andalucía, con su tierra,
debido probablemente a sus fracasos o descalabros electorales y al
uso partidario que se está haciendo con las escuelas taller y las
casas de oficios. En Andalucía prácticamente siete de cada diez
escuelas taller son para ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular. En esta nueva legislatura, con el señor Aparicio como
titular del Ministerio de Trabajo y con usted como secretario general
de Empleo, se retoman las negociaciones, como usted ha señalado en su
intervención, y tras una serie de reuniones celebradas en los últimos
seis meses, finalmente, según el consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía, el día 1 de marzo se cierra un
acuerdo en Madrid, en el que estaban presentes el secretario general
de Empleo; usted, señor Chozas; la directora general del Inem, como
representante del Ministerio de Trabajo; el consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico; el secretario general de Empleo y el director
general de Empleo e Inserción representando a la Junta de Andalucía.
Pero sorprendentemente, el día 16 de ese mes, quince días después del
acuerdo alcanzado, el ministro de Trabajo declara en Córdoba a la
prensa que no existe ningún acuerdo sobre las transferencias de las
políticas activas de empleo entre su Ministerio y la Consejería de
Empleo de la Junta y que ve difícil -lo recalco, que ve difícil-
llegar a ese acuerdo. A partir de aquí se suceden una serie de
declaraciones de diversos representantes del Gobierno, en algunos
casos contradictorias, que sólo han contribuido a crear una gran
confusión y una honda preocupación entre los representantes de la
Junta de Andalucía y entre los andaluces en general, ya que no
sabemos si se trata de nuevo de otra maniobra dilatoria, como ha
venido ocurriendo desde 1997, o si de verdad existen todavía
elementos que imposibiliten llegar a ese acuerdo. Si yo he
comprendido bien su intervención, no hay ningún elemento que lo
imposibilite excepto, como ha señalado usted, el del año base,
aunque, según nuestros datos, el ministro de Hacienda tampoco cree
que sea un gran inconveniente en esta negociación.
El consejero de Empleo de la Junta, respondiendo a una pregunta oral
en el Pleno del Parlamento de Andalucía, celebrado el 19 de abril,
asegura que el día 1 de marzo, a las cinco de la tarde -hay andaluces
que le dan un significado a esta hora en el mal sentido de lapalabra,
diciendo que el Gobierno del Partido Popular
vuelve a torear a los andaluces-, se cerró el acuerdo en Madrid por
el cual se contemplaba la transferencia de 1.627 trabajadores, 189
oficinas de empleo, 1.400 millones de pesetas de gastos corrientes
anuales, 710 millones para inversiones anuales, un pago único de
1.000 millones de pesetas para remodelar inmuebles y actualizar los
equipamientos de las oficinas del Inem. Aparte de ello -sigue
informando el consejero-, el acuerdo incluía también el traspaso de
la gestión del programa de escuelas taller, casas de oficios,
orientación profesional y otras medidas de empleo valoradas en 41.000
millones de pesetas, incluidos los recursos para 1.500 agentes de
desarrollo local y la cogestión del Aepsa, del antiguo PER, con una
inversión media en Andalucía en torno a los 25.000 millones de
pesetas. Sigue diciendo el consejero, y leo textualmente el 'Diario
de Sesiones': Para que conste en el acta de la sesión, tiene la
palabra de honor de este consejero de que todos los datos
relacionados en mi intervención se corresponden absolutamente con la
realidad. Son testigos de ello la directora general del Inem, el
secretario general de empleo y los directores generales que me han
acompañado en estos numerosos encuentros que hemos tenido en Madrid y
Sevilla. ¿Qué ha pasado entonces, señor Chozas? Por supuesto, yo creo
en las palabras del consejero y no quiero ponerle a usted en una
situación delicada preguntándole si estaría dispuesto a dar su
palabra de honor en esta Cámara, al igual que el consejero, de que
efectivamente, como dice el ministro, no se llegó a ningún acuerdo.
No lo voy a hacer; voy a admitir, señor Chozas, que hayan podido
surgir nuevas dificultades o que haya habido algún malentendido, pero
sí le quiero pedir que nos diga otra vez, aquí en el Congreso, cuáles
son las dificultades y cuándo se van a intentar solventar para que,
de una vez por todas, se transfieran estas competencias a la Junta de
Andalucía, porque en este último mes hemos vuelto a asistir a una
ceremonia de confusión.
Usted, señor Chozas, dice al consejero en conversación telefónica
-tengo la autorización del consejero para utilizar esta conversación
privada-, celebrada el día 12 de abril, que las transferencias
tendrían que demorarse hasta primeros de enero de 2002, argumentando
para ello que deberían producirse junto con otras comunidades
autónomas. Es algo que nosotros no entendemos, ya que Andalucía es la
única comunidad del artículo 151 que aún no disfruta de las citadas
transferencias y no creemos que tengamos que esperar un año más para
que sean englobadas en un paquete con el resto de las del 143.
El señor ministro, el día 16 de abril, dice que el acuerdo se plantea
difícil porque ello obligaría a reabrir el diálogo con todas las
comunidades autónomas que tienen transferidas dichas competencias. El
día 18 de abril, la señora Martínez, presidenta del Partido Popular
en Andalucía, viene a decir que no nos pueden conceder
las transferencias porque las vamos a utilizar sectariamente
a favor de las mancomunidades. Hay que felicitarla porque parece ser
que al menos tiene visión de futuro. El día 21 de abril, el delegado
del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, nos informa de que el
inconveniente es otro. Advierte que es inamovible la decisión del
Ministerio de Trabajo de no incluir en el Aepsa las políticas activas
de empleo y que la Junta no lo acepta, por lo que no se ha llegado a
un acuerdo. El día 16 de mayo, el ministro de Administraciones
Públicas, Jesús Posada, anuncia en el Senado que el Gobierno
culminará en breve las transferencias de empleo. En cuanto al caso
concreto de Andalucía, dice que, aunque existe un acuerdo casi
completo en cuanto a medios materiales y humanos, hay una
discrepancia, sólo una discrepancia, que es el año base. Añade que,
mientras el Ministerio de Hacienda quiere que la valoración
provisional se haga en pesetas del año 1995, la Junta quiere que se
haga en pesetas del año base 1990. Un día después de que el ministro
de Administraciones Públicas diga que se van a realizar las
transferencias en un tiempo breve, el señor ministro de Trabajo
reitera en Sevilla que no está dispuesto, por el momento, a que la
Junta gestione las políticas activas de empleo, argumentando que no
hay prisa ni es necesario para Andalucía. Por último, usted, también
un día después, el 18 de mayo, tras una reunión con el consejero en
Sevilla, asegura que las intenciones del Gobierno son cerrar el
proceso de negociación cuanto antes.
Señor Chozas, supongo que convendrá conmigo en que estamos asistiendo
a una auténtica ceremonia de la confusión y le pedimos, como alto
cargo del Ministerio, como responsable de esta materia y como
protagonista en las reuniones más importantes de la negociación, que
nos aclare cuál es la situación actual de las transferencias y cuándo
se van a transferir las competencias definitivamente. No le pedimos
que nos haga una promesa del tipo de las que nos hacía el señor
Arenas, le pedimos que nos diga la realidad, la verdad. Además, no
queremos que este tema se convierta en una confrontación entre el
Ejecutivo central y el andaluz. Los andaluces aplicamos el dicho de
que con las cosas de comer no se juega. En una comunidad donde hay
620.000 parados, la comunidad de España que tiene más paro, no vamos
a utilizar un tema tan serio como arma política, sólo queremos
conseguir lo que en derecho nos corresponde y lo que tiene el resto
de las comunidades históricas de nuestro país. Nosotros no
entendemos, y sabemos que prácticamente nadie lo entiende, por qué
somos la única comunidad que aún no posee estas competencias. Al
ritmo que vamos -lo comentaba hace un momento con el diputado
representante del Partido Andalucista-, vamos a quedar solamente
Murcia y Andalucía. No es que menospreciemos a la Comunidad Autónoma
de Murcia, pero es que, desde 1997, estamos reivindicando que se nos
dé en las mismas condiciones que a las otrascomunidades históricas.
Como he dicho, es algo que estamos reclamando desde 1997, no sólo los
representantes de la Junta de Andalucía sino los agentes sociales,
los sindicatos UGT y Comisiones y la Confederación de Empresarios de
Andalucía, la CEA, quienes, como usted sabrá, han solicitado una
reunión urgente con el ministro para pedirle el pronto traspaso de
estas competencias en las mismas condiciones que otras comunidades.
Señor Chozas, si se sigue dando largas, si se sigue dilatando en el
tiempo dicho traspaso -y le vuelvo a asegurar que los andaluces sí
creemos en su palabra, en la del señor Chozas-, no tendremos más
remedio que pensar que los continuos retrasos se deben a cuestiones
partidarias y que son el Partido Popular de Andalucía y la larga mano
del señor Arenas, por las razones que he mencionado anteriormente,
los que siguen castigando a Andalucía, como ya lo han hecho en otras
cuestiones como el no reconocimiento del censo. Son el Partido
Popular y el Gobierno del señor Aznar, que es lo mismo, los que no
tienen ningún interés por luchar contra el paro en esta comunidad
autónoma, no tienen ningún interés en seguir las recomendaciones, que
usted ha mencionado, de la CEOE y de la Unión Europea, de acercar las
gestiones de estas políticas de empleo a los gestores que tienen más
cercanos a sus ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor Chozas, como portavoz andalucista estoy
absolutamente convencido de que la solución a este problema no está
en sus manos, no estamos ante un problema técnico. Me parece
razonable y coherente con un sistema político democrático que los
distintos gobiernos, las diferentes fuerzas políticas, discrepen
continuamente sobre modelos, es consustancial al sistema. Lo que no
me parece legítimo es que, por diseño de estrategias partidarias, se
utilicen determinados instrumentos exclusivamente para -en términos
coloquiales- ahogar, dañar, deteriorar al adversario, como si el
juego político democrático consistiese en que no hay mejor manera
para tomar el poder en algún lugar que deteriorar al que lo tiene. Lo
que está pasando con el traspaso de políticas activas de empleo en
Andalucía no tiene ninguna lógica. Estamos ante un auténtico
escándalo, un escándalo de utilización política, ya que no se
traspasa una competencia exclusivamente como estrategia de desgaste y
de mantenimiento de un poder administrativo central, el del Gobierno
del Partido Popular, frente un poder autonómico andaluz en el que no
está presente.
Las continuas declaraciones de unos y otros, el continuo rifirrafe de
pimpampum sobre por qué se ceden o por qué no se ceden las
competencias tienen demasiadas líneas dedicadas a ceder o no ceder y
demasiadas pocas líneas dedicadas a las razones por las que se cede
o no se cede. Y los periódicos se hacen viejos, duran un día, por eso
se llaman diarios, pero el 'Diario de Sesiones', aunque se llame
diario, no se hace viejo y deja palabras escritas de voluntades
políticas. La primera pregunta que hizo este portavoz al llegar a
este Parlamento fue sobre el traspaso de competencias de políticas
activas de empleo. En mi debate con el ministro, ambos afirmamos que
no estábamos ante un problema de fuero -que lo es-, ni ante un
problema competencial -que lo es-, sino que estábamos ante un
problema de eficacia en la lucha contra el paro en una comunidad que
lleva más de veinte años con más del 25 por ciento de paro, en una
comunidad que ve que cuanto más tiempo pasa más se separa en tanto
por ciento del resto de las comunidades. Estamos hablando de la
comunidad que tiene la bombilla roja más fuerte del desempleo, en la
que es fundamental unir las políticas de desarrollo económico que
sostiene el Gobierno andaluz con las políticas activas de empleo en
sus manos.
El señor ministro estuvo de acuerdo conmigo y reconoció que este
desacuerdo venía de la legislatura anterior, que fue una legislatura
de enfrentamiento absoluto entre los dos gobiernos, que produjo un
daño clarísimo a Andalucía. El señor ministro dijo que iba a intentar
transferir cuanto antes, que había tenido una reunión con la Junta y
que la voluntad de ambas partes fue que a finales de año -estamos
hablando de junio de 2000, por tanto nos referimos a diciembre de
2000- estuvieran traspasadas, para que -en palabras del ministro- el
1 de enero de 2001 -enero pasado- la Junta pudiera tener esas
competencias; dijo que se iban a volcar, porque había voluntad por
ambas partes. Por tanto, el ministro dijo que no había problemas
especialmente complicados, que lo iba a hacer y que entendía que los
problemas eran fruto del desencuentro. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Cuando el Gobierno dice, en el mes de junio, que va a
terminar en ese año el traspaso, que no hay ningún problema y que va
a haber una voluntad de diálogo que no hubo en la legislatura
anterior, de pronto, empieza el rifirrafe y empezamos a leer en los
periódicos que de nuevo hay desencuentros.
Desde luego, política es lo que es, pero política es sobre todo lo
que parece. Intentar transmitir al ciudadano que Andalucía no puede
tener las políticas activas de empleo porque hay problemas técnicos,
sencillamente no cuela. No cuela que no haya problemas técnicos en
ninguna comunidad española y los haya en Andalucía. Es absolutamente
inadmisible. Porque si hubiera habido problemas técnicos y ambas
partes tuvieran esa voluntad a la que se refieren las palabras del
ministro, ambas partes hubieran explicado de mutuo acuerdo cuál era
el problema técnico y ambas partes hubieran dicho: no podemos hasta
abril o hasta marzo, porque hay tal problema del año base. Sin
embargo, ambas partes se cruzan acusaciones mutuas de decisión
política. Estamos ante una voluntad política
cambiada estratégicamente. El Gobierno del Partido Popular comienza
esta legislatura en Andalucía diciendo: haya paz. Y es verdad que han
disminuido los cruces de acusaciones, que son muy lamentables, pero
no los hechos. Hay paz en descalificarse unos a otros, pero no hay
paz en cederse lealmente unas competencias que recoge nuestra
Constitución. No quiero caer en la trampa de excusar al Gobierno o a
ambas partes por el hecho de que este compromiso del 1 de enero de
2000 haya pasado al 1de enero de 2001 por no sé qué historias
técnicas. Puede haber una discrepancia, ¿por qué no la va a haber?
Pero si hay voluntad política, ¿cómo es posible que ambos gobiernos
se atrasen en acordar una cosa un año, porque hay una discrepancia en
una cifra? ¿Es que nosotros somos chinos? ¿No hay discrepancia con
ninguna comunidad autónoma y la hay con Andalucía? ¿Estos problemas
para dimensionar el personal, los activos, las oficinas, el dinero,
no los ha habido con ninguna comunidad? ¿Todo el mundo lo tiene claro
menos Andalucía?
Insisto, señor Chozas, en que estamos ante la utilización partidaria
de un instrumento y lo lamento muchísimo, porque supongo que usted
estará de acuerdo conmigo en que ese instrumento es más eficaz
traspasándolo. No estoy defendiendo solamente el derecho político de
Andalucía a tener esta competencia -que lo tiene-, el fuero, sino que
estoy defendiendo la eficacia de este traspaso, que permitiría
disminuir más rápidamente esa lacra que tiene Andalucía, que es el
paro.
No sé si usted puede dar más explicaciones que las que nos ha dado,
pero no ha citado en su exposición, ni tampoco lo ha hecho el
portavoz socialista -al parecer no se habían consultado las actas-,
el compromiso del ministro en el Pleno de esta Cámara, en junio del
año pasado, respecto a un proceso que de pronto, en unos meses, se ha
encontrado con unos obstáculos insalvables y, de momento, se ha
atrasado un año. Si se incumplieron las palabras del ministro en el
Pleno, que se referían a enero de 2000, no sé por qué ahora vamos a
tener fe en que lo que se ha dicho en los periódicos - enero de 2001-
se va a cumplir.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante diez minutos para
participar en la concentración que se va a celebrar de inmediato en
la puerta del edificio del Palacio.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el diputado don Rafael
Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Sean nuestras primeras palabras para agradecer
al secretario general de
Empleo, desde el Grupo Parlamentario Popular, su intervención, su
aclaración y sus explicaciones.
Hemos asistido en esta sesión a una doble comparecencia, la que desde
los escaños de la derecha que ocupa la izquierda han querido oír y la
de los escaños de la izquierda que ocupamos el centro hemos escuchado
y que se ha ajustado a las palabras del señor secretario general de
Empleo. Quien quiere oír escucha las palabras que el señor secretario
general de Empleo ha dicho, y creo que ha sido muy claro en cuanto al
proceso, las explicaciones los motivos y la situación actual de cómo
está el traspaso de competencias de políticas activas de empleo a la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha dado la situación real al día de
hoy y ha dado las explicaciones de los puntos que quedan para llegar
a ese acuerdo definitivo que permita el traspaso de competencias.
Ha quedado claro que el señor González, portavoz del Grupo
Socialista, venía aquí con un discurso escrito dirigido a los medios
de comunicación para que se lo trasladen a los andaluces y, por mucho
que explicara y por muchas realidades que planteara el señor Chozas,
el señor González iba a lo suyo, iba a lanzar su mensaje de queja y
de victimismo permanente del Partido Socialista frente al Gobierno de
España, cuando la memoria histórica es la que es y no tiene
posibilidad de tergiversarse. Hay que recordar al Partido Socialista
que el Gobierno de España, el Gobierno del presidente Aznar, en la
legislatura pasada ha sido el Gobierno que más traspaso de
competencias ha hecho y, sumando el traspaso de competencias de la
última legislatura, es más que todos los que se habían hecho en las
anteriores. Esa es una realidad y un hecho incuestionable. Otro hecho
incuestionable es que el apoyo del Gobierno del Partido Popular, la
política del Gobierno del Partido Popular, en todas sus vertientes,
empezando por la económica, ha favorecido siempre a los andaluces, a
Andalucía, cosa que no ha pasado con la política que ha seguido el
Partido Socialista desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y que,
como andaluces, nos ha perjudicado considerablemente en muchos
aspectos. Porque, qué casualidad, cuando el Partido Socialista tenía
mayoría absoluta en el Gobierno de España y en el Gobierno de la
Junta de Andalucía en Andalucía solamente se creaba paro, y cuando el
Gobierno de la Junta de Andalucía es del Partido Socialista y el
Gobierno de España es del Partido Popular, en Andalucía se crea
empleo. Esas son cifras y realidades de los andaluces que están ahí y
que todos los andaluces conocen bien. Pero no sólo eso, el Partido
Popular desde el Gobierno de España ha seguido apostando por las
políticas activas de empleo en Andalucía.
Hay que recordar al Partido Socialista que en el año 2000 también
hubo unas elecciones generales y unas elecciones autonómicas que
provocaron cambios en la Consejería y una reorganización de las
consejerías de la Junta de Andalucía que son también elementos
que influyen a la hora de las negociaciones con el Gobierno de
España. Pero si a eso le añadimos la actitud de hostilidad permanente
que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido con el Gobierno de
España, casualmente desde que este es asumido en el año 1996 por el
Partido Popular, llegamos a la situación que hoy tenemos.
El portavoz del Grupo Socialista ha incurrido en errores que pretendo
aclarar a efectos del 'Diario de Sesiones' y para que no le puedan
provocar a él algún conflicto dentro de su propio partido. Le
recuerdo que el señor Torres Hurtado es delegado del Gobierno de
España y no es delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía,
cuestión que considero importante y que le podría traer alguna
implicación dentro de su propio partido y, desde luego, no creo que
el señor Torres Hurtado estuviera en disposición de asumir el cargo
de delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía. (El señor González
Vigil: He dicho delegado del Gobierno en Andalucía.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, no está en el uso de la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: En ese relato histórico de datos y de palabras
y en ese ataque visceral, al que ya nos tiene acostumbrados el
Partido Socialista con respecto al señor Arenas, decía el señor
González que el señor Arenas el 6 de junio de 1997 promete que se van
a iniciar las conversaciones, y dice el señor González que el Partido
Socialista está pidiendo el traspaso de competencias desde el año
1997. Señor González, eso es absolutamente erróneo y no se ajusta a
la realidad, porque el propio secretario general de Empleo - al que
usted no se ha dignado escuchar- ha dicho que la petición formal, que
es la que origina el inicio de todo el proceso de traspaso de
competencias, la hace la Junta de Andalucía el 2 de abril de 1998. Y
yo le preguntaría al señor González: ¿Qué es lo que hizo el señor
Chávez desde el 6 de junio de 1997 al 2 de abril de 1998, que lo
único que tenía que hacer era rellenar un papel solicitando
formalmente al Gobierno de España el inicio del traspaso de
competencias? ¿Por qué el Partido Socialista pretende cargar
permanentemente las tintas y las culpas al Gobierno de España y no
asume su culpa y sus responsabilidades? ¿Es que tanto trabajo tenía
el señor Chávez que necesita casi un año para pedir en un papel, en
un documento el traspaso de competencias? ¿Es que el señor Chávez no
estaba dedicado permanentemente a recurrir todas las actuaciones del
Gobierno de España ante todos los tribunales que había, a una
política de confrontación institucional desde el gobierno de la Junta
de Andalucía, que él pensaba que le iba a dar muy buenos resultados
en las siguientes elecciones autonómicas y que ya se comprobó que no
le produjo ningún efecto partidista? ¿Por qué están ustedes
permanentemente diciendo que es el
Gobierno de España el que ataca a Andalucía y no asumen sus
responsabilidades desde el Gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Por
qué no facilitan ustedes el diálogo y la conversación con el Gobierno
de España para llegar a acuerdos? ¿Por qué falta usted a la verdad
cuando dice que siete de cada 10 escuelas taller se están dando a
ayuntamientos del PP, cuando eso, señor González, es técnicamente
imposible porque de los 800 gobiernos municipales en Andalucía, del
Partido Popular son 150? Le emplazo a usted aquí a que saque la
relación del año 2000 o del año 1999 de todas las escuelas taller y
casas de oficios concedidas a los ayuntamientos para demostrarle a
usted que lo que usted ha dicho en esta Comisión no se ajusta en
absoluto a la realidad y que usted está hablándole a la prensa, no
está hablando de resolver un problema de los andaluces. Yo le emplazo
a que usted saque la lista de todas las escuelas taller y casas de
oficio, una por una, y vamos a ver si es verdad eso que usted ha
dicho de que siete de cada 10 eran para ayuntamientos del Partido
Popular. Ojalá -y se lo digo ahora, y lo veremos con el paso del
tiempo y se verá en el Parlamento andaluz- cuando estén transferidas
las competencias, mantengan ustedes la misma equidad con que el
Partido Popular y el Gobierno de España han llevado a cabo en el
reparto de las escuelas taller y casas de oficio a los ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Partido Popular desde el Gobierno ha apoyado y está apoyando desde
sus competencias las políticas activas de empleo. El gasto, por
ejemplo, del año 1999 en nuestra comunidad, Andalucía, fue de 21.226
millones de pesetas y el gasto real liquidado en el año 2000 ha sido
de 23.821 millones de pesetas. Afortunadamente hoy estamos hablando
de políticas activas porque el Partido Popular y la política global
del Partido Popular en el Gobierno de España ha permitido que se
creen más de dos millones y medio de empleos. Hoy no estamos hablando
ya tanto de políticas pasivas, sino de políticas activas. Deseamos
que esa sea la línea que se mantenga y estamos convencidos que en los
próximos años esa es la línea que se va a mantener. Reiteramos el
agradecimiento por la intervención del señor Chozas porque
evidentemente, -lo ha dicho el portavoz del Partido Andalucista, si
bien ha pasado de puntillas- para que se llegue a un acuerdo tiene
que haber voluntad por ambas partes. Desde luego, afirmamos que la
voluntad del Gobierno es llevar a cabo el traspaso de las políticas
activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero
demandamos también del Gobierno de la Junta de Andalucía que, en una
lealtad institucional, sea capaz de olvidar actitudes partidistas,
que piense de una vez por todas en los andaluces y sea capaz de
sentarse en una mesa con el Gobierno y resolver. Porque uno de los
problemas que tenemos, que es el año base, está generado por el
Gobierno de la Junta de Andalucía en toda la cuestión de financiación
autonómica y es uno de los obstáculos que hoy hay, que
habrá que resolver y que confiamos en que se resuelva. Confiamos en
que sea verdad esa buena voluntad y buenas maneras que pretende,
aunque, desde luego, en lo que ha hecho hasta ahora poco le han
acompañado al gobierno del Partido Socialista en la Junta de
Andalucía. (El señor González Vigil pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Chozas.
Sí, señor González.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Me ha aludido en varias ocasiones el señor
Merino.
El señor PRESIDENTE: Sabe S.S. que todo debate implica todo. Todos
los que estamos en la dirección de órganos parlamentarios somos
miembros de la Cámara, algunos lo hemos sido durante muchas
legislaturas y hemos participado en muchos debates. Efectivamente, la
línea divisoria del acierto seguro es un ideal. En todo caso, la
percepción que la Presidencia tiene es que no ha habido, más allá
realmente de la contradicción de los propios argumentos de S.S.,
ninguna otra incursión subjetiva sobre S.S. en la intervención del
señor Merino. Vuelvo a decir que siempre la seguridad en el acierto
no deja de ser más que una aspiración, pero la Presidencia, que sabe
S.S. que lo quiere hacer con la posibilidad de estar lo más cerca de
esa garantía de equilibrio, entiende que sería abrir un portillo
permanente a algo que realmente se sitúa en otra parte externa del
debate, que es la contestación subjetiva y la invasión del ámbito
subjetivo del diputado interviniente o que estuviera ausente de la
sesión. Entonces, incluso en la sesión siguiente puede solicitar el
uso de la palabra por esas alusiones y lo que son refutación de
argumentos, que naturalmente son suyos, son de S.S., porque los ha
vertido antes en su intervención, no son en ese punto una cuestión de
alusiones. Acaso, si le parece, señor González Vigil, cuando el
secretario general de Empleo termine y a la vista de cómo queda
cerrado el debate, yo le concederé una eventual intervención en ese
momento.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Retiro lo de las alusiones.
Quisiera rectificar un dato que creo que S.S. lo tiene mal y que es
muy importante, clave en el debate. Sólo un dato.
El señor PRESIDENTE: Pero la aportación de datos en los debates o la
petición de aclaración de datos o de lectura de algún documento, que
es otra posibilidad, no es de la que tiene el diputado interviniente,
sino de la que constara a disposición de la Cámara. Entonces, de
alguna manera que S.S. ahora intervenga de nuevo sobre el dato en sí
mismo lo que haría sería reabrir el debate sobre el dato, porque es
el dato de S.S. frente al dato del otro diputado y el otro grupo
interviniente. Si le parece, señor González Vigil, y con la
mejor voluntad justamente de conciliar posiciones, en este momento lo
más acertado es que ya intervenga el secretario general y le aseguro
que consideraré, con el mayor esfuerzo también de acercarme a esa
situación de equilibrio en la dirección de la sesión, la posibilidad
final de que acaso hubiese un brevísimo turno por parte de los que
han intervenido.
Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): No voy a
ampliar excesivamente la información que se me ha solicitado en la
comparecencia porque ahora, en este segundo turno, no se me pide una
gran ampliación de la misma. Tampoco quisiera entrar en una discusión
que entiendo interminable sobre declaraciones de una parte o de otras
e intentaré especificar esto un poco.
No creo que tenga ningún elemento positivo para avanzar en el proceso
de negociación de las transferencias utilizar como mecanismos de
interlocución los titulares de prensa. Efectivamente, conozco
perfectamente o bastante bien, y soy consciente, las declaraciones
del señor ministro de Trabajo y, evidentemente, las comparto, las
asumo y las apoyo en lo que me toca. Cuestión distinta es que yo abra
aquí, insisto, un debate interminable sobre la interpretación que un
determinado medio de comunicación pueda hacer de ellas y así se
entendería que algunas cuestiones como las que ha utilizado S.S.
sobre la supuesta necesidad del traspaso que se ponía en duda, según
esos medios de comunicación en una intervención del ministro de
Trabajo, habría que relacionarla con una declaración pública previa,
también recogida en medios de comunicación, según la cual la no
transferencia de las políticas activas a Andalucía significaría la
pérdida de 70.000 millones de pesetas. Nada más lejos de la realidad.
Podremos estar intentando resolver un problema de qué autoridad o de
qué administración gestiona unos determinados recursos, pero no de la
cuantía de los fondos que se distribuyen o se destinan en Andalucía.
En ese sentido, y planteada esa cuestión, no es fundamental qué
Administración los gestione, porque en ningún caso está en peligro la
utilización de fondos destinados a la lucha contra el desempleo en
una determinada región. Por ello, no voy a entrar ahora en qué
argumentos del otro lado han recogido los medios de comunicación.
Usted ha hecho una selección en su favor, en su interés, de lo que
han recogido los medios de comunicación, pero no ha recogido otras
cuestiones que también han sido utilizadas por los medios de
comunicación; son conocidas públicamente las declaraciones de
golfería política, la pérdida de los fondos, la no posibilidad de
luchar contra el paro. No voy a entrar ahí, no quiero abrir un
anecdotario interminable; no es mi estilo ni mi interés.
Respecto a algunas de las cuestiones que se han señalado que tienen
la seriedad y la trascendencia que tienen, diré que no he dado, en
ningún caso, una fecha;
no he señalado que una transferencia se vaya a producir en enero de
2002, he dicho que espero que se produzcan a la mayor brevedad. No
puedo dar una fecha porque no me corresponde a mí, porque no soy
competente. Esto tiene que ser fruto del acuerdo entre dos
administraciones soberanas, que forman su voluntad en los términos,
procedimientos y requisitos que marca su normativa. Es un acuerdo
entre dos partes, que, en el caso de la Administración General del
Estado, del Gobierno, tiene que suscribir el Consejo de Ministros y,
mientras ese acuerdo de voluntades no se produzca, no hay fecha de
transferencias.
Efectivamente, las reuniones se vienen realizando desde 1998, pero
espero no desalentar a SS.SS. cuando les diga que, al menos en las
responsabilidades que a mí me ha tocado ejercer -ahora como
secretario general de Empleo y anteriormente como director general
del Instituto Nacional de Empleo-, no es la única comunidad autónoma
que tiene abiertos procesos de negociación para culminar el proceso
de traspasos. Desde luego, existe una complejidad técnica detrás de
muchos de los problemas que surgen, que, en el caso de Andalucía, al
ser la comunidad autónoma con mayores problemas en el mercado de
trabajo y la de mayor dimensión -mayor número de personas afectadas
por los traspasos, mayor número de inmuebles, mayor dotación
presupuestaria en todas sus partidas y, además, concurriendo unos
programas específicos como son los ya referidos de la Aepsa, que
tienen una imbricación muy compleja con las políticas activas,
porque, aunque efectivamente son políticas activas, tienen una parte
muy importante de políticas de protección-, supone mayor complejidad,
lo que puede significar mayor tiempo para la negociación.
Por otro lado, aquí se han hecho muchas alusiones a las
intervenciones del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía
señalando que el 1 de marzo teníamos un acuerdo, que después ese
acuerdo se ha echado para atrás, que si el acuerdo existe, que si no
existe. Efectivamente, como he intentado explicar en mi primera
intervención, hemos avanzado muchísimo, los bloques que yo he
señalado coinciden con los referidos por el consejero andaluz en el
Parlamento de dicha comunidad autónoma, pero no es menos cierto que,
aunque esos acuerdos son requisito previo para lograr el acuerdo
final, no son el acuerdo final. Se habla aquí de cuestiones menores o
de cuestiones mayores. Serán menores o mayores en función de que
permitan suscribir un acuerdo completo y me refiero, por ejemplo, al
ya citado problema del año base de financiación. Esto podrá
calificarse de mayor o menor, pero mientras no haya un acuerdo no se
puede hablar de que se haya cerrado el proceso de negociación de las
transferencias. Si me permiten la comparación, esto es como lo de la
chica embarazada o no; está embarazada o no está embarazada, pero no
está un poquito embarazada. Aquí, hasta que el acuerdo del Consejo de
Ministros y de la Junta
de Andalucía no se cierre en comisión mixta, no hay acuerdo;
formalmente no hay acuerdo. Hasta que las dos administraciones, en
sus órganos soberanos, no lo aprueben, no existe acuerdo.
Respecto a otras cuestiones que se han señalado, diré que, realmente,
una colaboración en la gestión de la Aepsa ya existe con la normativa
actual. Este es un proceso al que no deben afectar los cambios; al
menos, en lo que es un desarrollo puro del mandato constitucional no
le deberían afectar los cambios de legislatura, ni incluso los
cambios de Gobierno. Y es verdad que es un proceso que se podría
haber empezado desde la promulgación de la Constitución y el Estatuto
de Autonomía de Andalucía y, sin embargo, no se ha empezado hasta
1998, momento en el que el Gobierno de la nación ha decidido impulsar
el proceso.
Desde luego, discrepo absolutamente, no acepto, y además es que me
parece incorrecta la alusión porque no se corresponde con la
realidad, que se hable del uso partidario de las escuelas taller por
el Instituto Nacional de Empleo y, desde luego, sí le puedo decir que
no es real el dato de que el 60 ó 70 por ciento de los recursos o de
las aprobaciones se destina a ayuntamientos del Partido Popular. Eso
no es cierto.
Respecto a la supuesta agrupación de las transferencias con otras
comunidades autónomas, me temo que es uno más de este cúmulo de
desencuentros o malentendidos. En ningún caso esto es así; las
transferencias se van cerrando comunidad autónoma a comunidad
autónoma y en ningún caso estamos pensando realizar bloques.
Como resumen, insistiría en que no deberíamos abrir aquí un
anecdotario sobre las cuestiones que se han dicho o dejado de decir.
En mi experiencia en materia de transferencias le puedo citar por lo
menos tres ejemplos -no voy a dar los datos concretos ni los nombres
de los afectados por no abrir esta cesta del anecdotario, pero sí le
puedo decir que, llegada la reunión final del acuerdo de
transferencias con una comunidad autónoma, el día en que se celebraba
la comisión mixta, esto es, el día en que finalmente se firmaba la
transferencia, con el ministro de Administraciones Públicas
presidiendo la delegación del Gobierno de la nación desplazada a tal
afecto a la capital de dicha comunidad autónoma, el presidente de
dicha comunidad autónoma, cinco minutos antes de empezar la reunión,
consideró que el acuerdo era insuficiente, con lo cual toda la
delegación de la Administración general del Estado volvió a Madrid y
volvió a reabrirse el proceso de transferencias cuando estaba
realmente finalizado por los dos gobiernos. En otra comunidad
autónoma, siendo yo director general del Inem, el presidente de la
comunidad autónoma tuvo que pedir que la delegación del Instituto
Nacional de Empleo no se ausentase de la sala por la virulencia, por
la tensión, por las palabras que todavía se estaban vertiendo sobre
la corrección o incorrección del acuerdo. Por último, y como caso más
claro, y no es ajeno a la formación política a la que usted
representa aquí, cerrado un acuerdo de transferencias con una firma a
nivel de quien está hablando de las materias que se trataban, al cabo
de equis meses, por el cambio de un consejero de una comunidad
autónoma, se vuelve a abrir y se vuelve a pedir a la Administración
general del Estado que renegocie alguna de las cuestiones concretas
que se habían firmado por parte de la propia comunidad autónoma. Todo
eso se ha hecho y todo se ha resuelto, y se ha resuelto sin acudir
a los medios de comunicación, sin poner en muchos casos las
dificultades que efectivamente pueden existir en una situación que
pueda magnificarlas.
Dicho eso, como resumen, entiendo que procedería, trabajar lo más
discreta y seriamente posible para resolver todos los problemas que
quedan, que no son grandes ni pequeños, que son problemas que hay que
resolver técnica y políticamente. Airear las diferencias que
efectivamente pueden existir y que, hay que decirlo claramente, cada
vez son menores, tampoco ayuda al desarrollo del proceso.
Por último, dos precisiones terminológicas, o dos precisiones a su
intervención. Primera, no sé por qué deja fuera del proceso de
transferencias o incluye en las complicaciones al Gobierno de Murcia.
Que yo sepa no tenemos ninguna dificultad en la negociación de las
posibles transferencias a dicha comunidad autónoma. Segunda, las
recomendaciones que se hacen de aproximar el gestor de las políticas
activas de empleo son recomendaciones de la OCDE, no de la CEOE; de
la CEOE no hay recomendaciones en materia de gestión de políticas
activas de empleo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a acudir a la previsión contenida en el
artículo 73 del Reglamento, en una interpretación que corresponde a
la Presidencia pero que yo quisiera que fuera entendida por todos los
intervinientes. Les concedo a SS.SS. un brevísimo turno de tres
minutos, bien entendido que después, si el señor secretario general
de Empleo desea hacer uso de la palabra, también lo podrá hacer.
Entiendo que el debate está concluido, por ello ruego a SS.SS. que no
reabramos un debate que obligaría prácticamente a repetirlo. Creo que
los planteamientos motivadores de la solicitud de comparecencia han
sido expuestos suficientemente; naturalmente las posturas de los
grupos son las que son, con sus propias contradicciones, y yo les
invitaría a que no abramos un debate de contradicciones entre grupos,
que no aporta nada al objetivo de la comparecencia y que en
definitiva significaría no otra cosa que el que la Presidencia se
habría equivocado al dar esta oportunidad, que concede con la
voluntad de que todas las señoras y señores diputados de esta
Comisión tengan constancia, como creo que la tienen, de la voluntad
de esta Presidencia de no coartar en ningún caso las posibilidades de
expresión de todos sus miembros y de aquellas otras señoras y señores
diputados
que en alguna ocasión concurran a sus sesiones con ocasión de
intervenir en las mismas.
El señor González Vigil tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señor presidente, siguiendo su sugerencia,
no voy a entrar en la contestación a las alusiones. Cualquier persona
que lea el 'Diario de Sesiones' sabrá sacar sus conclusiones. Sólo
quería dar un dato al representante del Grupo Popular, que
prácticamente ha iniciado su intervención diciendo que era falso que
desde 1997 estemos pidiendo las transferencias de las competencias a
Andalucía porque parece ser que el primer acto formal al respecto,
según él, se produjo en 1998. Solamente le quería decir que la
primera solicitud formal por la Consejería de Trabajo e Industria de
iniciar la negociación de las transferencias se hizo el día 2 de
octubre de 1996. Como los documentos oficiales suelen tener registro
de entrada y registro de salida, no creo que sea muy difícil su
comprobación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: También muy brevemente para reafirmarme,
después de lo escuchado, en que los problemas técnicos se utilizan
políticamente para atrasar y adelantar, y una breve observación a la
intervención del portavoz del Grupo Popular, que ha dicho: cuando
ustedes obtengan la transferencia o la demos. Yo no soy el Gobierno
andaluz ni creo que el portavoz del Grupo Popular sea el Gobierno de
España. Confundimos los partidos con los gobiernos. Cuando la Junta
de Andalucía obtenga del Gobierno central algo, lo obtendrá. Está
bien que aquí nos manifestemos todos, como parlamentarios de España
que somos, sobre posiciones políticas, si deben obtenerse o no deben
obtenerse, pero que aquí asumamos roles dirigiéndose a estos lados de
los bancos, sentados no sé dónde y estando en no sé donde, diciendo:
cuando ustedes obtengan o cuando yo le dé... No, aquí estamos hablando
políticamente si estamos de acuerdo en que deben obtenerse esas
transferencias o no y por qué están atascadas, no si el Partido
Popular le va a dar las transferencias al Partido Socialista, en este
caso en coalición con el Partido Andalucista. No, ésa no es la
cuestión. Como continuamente se reproduce ese enfrentamiento
partidario tan desgraciado para nuestra tierra, Andalucía, dejo una
reflexión: por encima de nuestras visiones partidarias están los
intereses. Aquí es difícil escuchar a un parlamentario andaluz, sea
del color que sea, defender que no son urgentes las transferencias.
Y una matización al señor Costa. Estoy de acuerdo con él en no
debatir sobre los periódicos y lo he dicho. Cuando yo he dado citas
no lo he hecho de diarios sino del 'Diario de Sesiones' y del Pleno
del Congreso, donde el ministro sí ha dado fechas. Comprendo que
usted no puede darlas, pero el ministro sí las ha dado. Ha dicho el 1
de enero de 2001. Y usted dice que no es capaz de garantizar el 1 de
enero de 2002. Esa es la diferencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Ya puestos con los tecnicismos, recordarle al
señor portavoz del Partido Andalucista, en este caso del Grupo Mixto,
que el compareciente es el señor Chozas y no el señor Costa, ya
puestos a coger con alfileres las intervenciones de cada uno de los
diputados.
Con respecto al señor González, solamente decirle que la fecha que yo
he dado es la fecha que ha facilitado el señor secretario general de
Empleo, que es el 2 de abril de 1998, que es cuando se produce la
petición formal por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Él
habla de octubre de 1996. Es curioso que todo esto no lo hubieran
hecho en la época en que ustedes gobernaban con mayoría absoluta en
la comunidad autónoma y en el Gobierno de España.
Pero a pesar de todo eso ha quedado muy clara la voluntad del
Gobierno de España de llevar a cabo ese proceso de transferencias de
las políticas activas de empleo, que hay voluntad del Gobierno de
España, como ha manifestado el señor secretario general de Empleo y
que nosotros lo que deseamos es que esa voluntad exista también por
parte de la Junta de Andalucía y se manifieste en las mesas de
negociación con discreción, como ha dicho el secretario general de
Empleo, que es como se resuelven las cuestiones y no pensando en los
titulares de prensa, que es lo que plantea el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Concluida la comparecencia, damos por finalizado
el orden del día, agradeciendo de nuevo la presencia de don Juan
Chozas y esperando que en futuras y sucesivas ocasiones vuelva de
nuevo a esta Comisión y nos traiga siempre noticias buenas en
relación con su importante responsabilidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.