CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 220



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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3027 a la 3066. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.

(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS
Sesión núm. 17



celebrada el miércoles, 25 de abril de 2001



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Aparicio Pérez) para informar sobre los avances del diálogo en la
Mesa de protección social. A petición propia. (Número de expediente
214/000058.) . . . (Página 6628)



- Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social
(Camps Devesa) para informar sobre el acuerdo para la mejora y el
desarrollo del sistema de protección social. A petición propia.

(Número de expediente 212/000458.) . . . (Página 6651)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.




- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(APARICIO PÉREZ) PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL DIÁLOGO EN LA
MESA DE PROTECCIÓN SOCIAL. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente
214/000058)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Vamos a comenzar la sesión de la Comisión no permanente para la
valoración de los frutos obtenidos por el Pacto de Toledo. En primer
lugar, tendrá lugar la comparecencia del señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales para informar sobre los avances del diálogo en la
mesa de protección social. El orden de intervención será el habitual,
es decir, tras la intervención del señor ministro intervendrán los
grupos parlamentarios en función de la cuantía numérica de los
componentes de cada grupo, comenzando por el Grupo Socialista
y acabando por el Grupo Popular, a efecto de que formulen las preguntas
y dudas que tengan por conveniente. A continuación contestará el
señor ministro y, en último extremo, abriríamos un turno de dúplica
para aclaraciones, concluyendo el señor ministro contestando a las
cuestiones que pudieran haberse formulado.

Tiene la palabra don Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señorías, ciertamente en el día de hoy no es ningún tópico decir que
es una satisfacción comparecer ante esta Comisión, la Comisión que
entiende de los trabajos de renovación, del marco político que el
propio Parlamento se dio como base de trabajo de sus actuaciones en
materia de Seguridad Social y al que, lógicamente también, el
Gobierno quiere sujetarse. Y digo que es una satisfacción puesto que
hace unos meses, allá por el mes de junio, en la comparecencia que
desde mi departamento llevé a cabo para informar de las líneas
básicas de actuación del Gobierno en materia de protección social, sí
que se combino -y se combino como objetivo común de los grupos
parlamentarios- la búsqueda de un acuerdo social que fuese comparable
al que en 1996 también permitió un posterior trabajo de elaboración,
en este caso legislativa, que es la Ley que se aprueba a lo largo del
año 1997 y un acuerdo que también permitiese ahondar en los tres
grandes ejes que sin duda ninguna deben caracterizar la acción del
Gobierno. Creo que no se trataba solamente de conseguir, como se ha
conseguido, una buena posición financiera, sino de preservarla como
valor intergeneracional que representa, como valor de compromiso
entre generaciones. Se trataba, evidentemente, como también consiguió
el acuerdo de 1996, de ahondar en las líneas de solidaridad que
el sistema nos solicita y que quedaban perfectamente concretadas,
especialmente algunas de ellas, en las situaciones de orfandad y de
viudedad. Y se trataba también en ese tercer gran bloque, que fue
objeto ya de un razonable consenso inicial, de mejorar las fórmulas,
los métodos, en lo que se refiere a consistencia y a racionalidad.

Esto se engloba bajo el término de contributividad, pero yo creo que
es introducir una mayor consistencia, una mayor coherencia, en las
fórmulas, de tal manera que también haya un razonable reconocimiento
de los esfuerzos que los ciudadanos realizan a lo largo de su vida
laboral y en favor del sistema y, en consecuencia, que haya una
razonable proporción entre los esfuerzos de los ciudadanos a favor
del sistema y las expectativas que éste genere hacia ellos.

Creo que también hubo ocasión en el mes de junio del año 2000 de
comprobar que la gran mayoría de este Parlamento sigue entendiendo
que los acuerdos sociales no son limitativos de la acción política,
sino que son complementarios. Por decirlo de una manera muy
abreviada, yo creo que el Pacto de Toledo, el gran acuerdo
parlamentario alcanzado el 5 de abril del año 1995, sigue marcando de
manera inequívoca los conceptos básicos a los que debe atenerse el
comportamiento de este y de futuros gobiernos en relación a la
Seguridad Social, pero abre márgenes de carácter metodológico y de
carácter procedimental que, sin duda ninguna, han permitido, tanto en
el año 1996 como en esta ocasión, que los agentes sociales
manifiesten su opinión y -por qué no decirlo también- no solamente su
opinión, sino su propio compromiso con este valioso marco de
referencia que es el propio Pacto de Toledo.

Dado que en el día de hoy también está prevista la comparecencia del
secretario de Estado de Seguridad Social, don Gerardo Camps, mi
intervención será breve y entiendo que de naturaleza esencialmente
política. Haciendo ya una brevísima recopilación, estamos ante el
cuarto acuerdo. en el que al menos quien les habla ha participado de
manera activa, no solamente el acuerdo de referencia es el de octubre
del año 1996, sino que los acuerdos alcanzados en materia de
protección social a tiempo parcial o el alcanzado también, aún más
recientemente, en materia de pensiones mínimas al final de la
anterior legislatura, son referencias válidas para determinar la
importancia e incluso la necesidad de que nuestros agentes sociales
participen de este proceso de compromiso y de responsabilidad, que
son las dos grandes pautas que deben marcar su actitud frente al
sistema de Seguridad Social.

Es obvio que no producen satisfacción alguna de las ausencias que
puedan existir en este acuerdo. Lo digo con absoluta rotundidad.

Aunque no es menos cierto que, puestos a evaluar algo difícil, como
es el nivel de apoyo social, este acuerdo recientemente alcanzado el
día 30 de marzo presenta un perfil distinto. En el año 1996 solamente
fue posible la adhesión completa de las dos grandes centrales
sindicales y en esta ocasión sí



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que ha sido posible la participación de la mayor de las centrales
sindicales y de las organizaciones empresariales más representativas.

Insisto, sin entrar en ningún tipo de comparaciones, sí que cabe
hablar de que es enormemente positivo que quienes representan en
buena medida una parte significativa, por no decir determinante, de
las aportaciones e ingresos que tiene el sistema de protección
social, se hayan comprometido en esta ocasión y debe leerse como
estrictamente positivo. No es voluntad del Gobierno que no se haya
podido completar hasta su absoluta plenitud la presencia en este caso
de una de las grandes centrales sindicales, la otra gran central
sindical. Yo creo que esa explicación compete, fundamentalmente, a la
propia organización.

En más de una ocasión saben que quien les habla defiende la tesis de
que los acuerdos, al margen del valor que le den los ciudadanos, no
deben perseguir un interés ni partidario ni estrictamente político.

Los acuerdos son buenos o malos en la medida que puedan beneficiar el
interés general y que puedan beneficiar a la mayor parte posible de
la población. Y en este caso creo que se consigue, puesto que es un
acuerdo que no solamente afecta a más de seis millones de potenciales
beneficiarios, leídos como personas que ya están percibiendo
prestaciones y que pueden ver mejorada su cuantía o el tiempo de
duración de las mismas, sino que también abre nuevas expectativas a
futuras generaciones.




Tengan en cuenta como primera cifra de aproximación que más de 6
millones de personas pueden verse directamente beneficiadas por esta
acción; si lo hacen además en el ámbito de la solidaridad, tanto
mejor.

Creo que es oportuno recordar, aunque sea reiterativo, que el Pacto
de Toledo no es un documento político sujeto a caducidad; no se trata
en modo alguno de un producto perecedero. El análisis que se realizó
en su día, el recorrido por las distintas áreas de la protección
social, y las pautas o directrices que marca, siguen teniendo
vigencia. Además, el hecho de que incluya la recomendación de hacer
cada cinco año una reflexión tanto en el plano político -que es el
que tiene que ver fundamentalmente con el acuerdo parlamentario- como
en el plano social, debe leerse como una doble garantía: por un lado,
de la permanente atención que requiere nuestro sistema, de la
vigilancia constante de lo que funciona bien y de lo que funciona más
deficientemente; y, por otro lado, la reflexión que estoy seguro de
que llevarán a cabo dentro de cinco años quienes estén en esta Cámara
y los que tengan la responsabilidad de dirigir las organizaciones
sociales es un elemento de tranquilidad y de confianza, aunque por mi
parte les aseguro que no veo en el acuerdo recientemente alcanzado
ningún elemento negativo, sino todo lo contrario: me parece que se
han abordado de manera positiva todas sus necesidades.

Puestos a encontrar concordancias -que por supuesto existen, y no
solamente metodológicas, que también son muy importantes- entre el
acuerdo de 1996 y el actual, hay que decir que existe entre ambos una
diferencia de contexto. Gracias a la administración de un instrumento
útil de la política española como el Pacto de Toledo -que se ha
convertido, por cierto, en referencia para otros muchos países-, la
situación de nuestro sistema de protección social no sólo no es
calificable como de emergencia, sino que, por el contrario, nuestra
contabilidad evidencia una buena salud financiera capaz de atender
las necesidades de los pensionistas actuales o buena parte de ellas
y, además -y esto es muy importante-, de articular instrumentos
dirigidos a las futuras generaciones, como el fondo de reserva, o de
diseñar acciones que se proyectarán más allá de la vigencia de la
legislatura pensando precisamente en el mantenimiento de tal salud
financiera.

Esa es una de las grandes diferencias, y tal vez por ello las
conversaciones han sido más pausadas dentro del diálogo social y
político. No estábamos ante una situación con los ribetes de
gravedad, o incluso de dramatismo, de la de 1996. Así, el Gobierno
tuvo su primera comparecencia ante este Parlamento en el mes de junio
y, antes de un año, ha podido presentar resultados, y en este caso
resultados que se ajustan a los requisitos y demandas del Parlamento.

El nombre del acuerdo define con precisión sus objetivos: es un
acuerdo de mejora y de desarrollo del sistema de protección social.

Busca lo mismo que otros acuerdos adoptados por países de nuestro
entorno, y hemos tomado como referencia valiosa las 10
recomendaciones que el llamado grupo de expertos, hoy Comité de
protección social de la Unión Europea, marca como referencias comunes
a la hora de incidir en materia de protección social.

Se trata de una labor de modernización que hay que entender como
permanente adaptación a las nuevas circunstancias familiares,
sociales y productivas, y que preserva además los equilibrios
concordantes, desde el punto de vista financiero, con los grandes
equilibrios de los Estados miembro. A estas alturas del milenio que
arranca, no se entenderían en lo que consideramos Europa unos sistema
de seguridad social ajenos al Estado o Estados carentes de seguridad
social. Me han oído decir muchas veces que alguna de las fronteras
contables o conceptuales que se pretenden establecer entre Estado y
seguridad social carecen de esencia real en la moderna estructura
europea de protección social. Tal vez aquéllas fueron perceptibles
cuando se trataba de conglomerados de distinta naturaleza, en algunos
casos privada o semiprivada con elementos de perfil público; hoy,
cuando hablamos de la Seguridad Social española estamos hablando de
una pieza inequívocamente del Estado, exigida y avalada por nuestra
Constitución que obliga al Estado a mantenerla. Insisto, pues, en que
algunas de esas fronteras se han diluido; pero, qué duda cabe de que
también las políticas financieras que conciernen



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a la Seguridad Social tienen que estar bien encajadas o ensambladas
en el conjunto de políticas económicas que mantienen España y la
Unión Europea y, como nos decía el Pacto de Toledo, reforzando los
principios de contributividad, equidad y solidaridad.

Creo que ha sido posible alcanzar un buen acuerdo, aparte de las
valoraciones en cuanto a la mayor o menor prontitud de este proceso
de diálogo. Insisto en que parece razonable el tiempo transcurrido,
puesto que antes de un año ha sido posible materializar, por un lado,
el compromiso del Gobierno y, por otro, la petición del Parlamento.

Como ahora trataré de explicar, el acuerdo aborda los requisitos
básicos. Merecerá, sin duda ninguna, opiniones críticas, y yo sé que
en muchas ocasiones se pide simultáneamente la consecución de un
acuerdo y que éste responda, además, a las expectativas, preferencias
o inquietudes de alguno de los grupos.

Puedo decirles que éste es el acuerdo que ha sido posible. Como
cualquier otro, no conforma una única voluntad, lo cual sería una
fórmula poco deseable de plasmación de voluntad de parte; sino que
plasma ese razonable equilibrio o armonía entre las posturas que han
sostenido los agentes sociales y el Gobierno. Eso sí, con una
perfecta adaptación a ese marco de referencia política que es el
Pacto de Toledo. Afortunadamente, en lo que difícilmente podrán
incidir las críticas es en su falta de adecuación a la referencia
valiosa y vigente del Pacto de Toledo.

Abordando ya algunas de las cuestiones concretas que me parecen
importantes, no es novedad que se exceda el tiempo de una legislatura
o el período de mandato de los dirigentes de las organizaciones
sociales. Recordarán ustedes que se entendió deseable la gradualidad
de los períodos a tener en cuenta en la modificación de las fórmulas
de cálculo de las pensiones. En el año 1996 se optó también por
extenderlo más allá del tiempo de vigencia del acuerdo. ¿Por qué esa
opción? Por una razón sólida, creo yo: porque el principio de
gradualidad no puede ser aplicable a una de esas tres grandes áreas
que antes citaba; no puede aplicarse solamente a la solidaridad o a
la contributividad, sino que debe aplicarse también al funcionamiento
global del sistema, entendido desde el punto de vista financiero.




Por ello, en una materia como el proceso de separación de fuentes,
reconocida siempre como importante, yo destacaría dos aspectos: en
primer lugar, se marca un plazo razonable como límite para producir
esas adaptaciones -en este caso de 12 años-, aunque está naturalmente
en el ánimo de todos culminarlo antes, si fuera posible, y, en
definitiva, se introducen los criterios de gradualidad, prudencia y
coherencia de nuestras decisiones en materia de Seguridad Social en
el resto de decisiones en materia de política presupuestaria; y no
solamente interna, sino también en la que nos compromete con la Unión
Europea a través de los programas
de estabilidad. En segundo lugar, se fijan criterios en lo que se
refiere a la constitución del fondo de reserva. Aun a sabiendas de
que hubiese sido posible la materialización de un fondo de reserva
desde el año 1972, puesto que ya los viejos textos de Seguridad
Social recogían esta posibilidad, no es menos cierto que estos
últimos años se ha conseguido no solamente su materialización
efectiva -aunque parcial-, sino también el establecimiento de un
objetivo. En este caso, el objetivo se corresponde con una
mensualidad corregida a través de las correspondientes prorratas de
parte de las extraordinarias, e incluso con una referencia hasta el
billón de pesetas; todo ello en función de las disponibilidades
financieras y del razonable equilibrio del cumplimiento de los
compromisos globales adquiridos. Insisto en que la fijación de ese
suelo y la referencia de un billón de pesetas son un avance
importante y un buen símbolo de compromiso entre generaciones, en
este caso claramente material.

Se produce así, pues, el primer cumplimiento de la ubicación
definitiva del complemento a mínimos, se establece un calendario que,
como máximo, culminaría en el año 2013 y se establece -como les
decía- una dotación del fondo de reserva desde un mínimo deseable -la
mensualidad ordinaria prorrateada- hasta un billón de pesetas en los
supuestos en los que la evolución económica y del empleo lo permita.

En relación con una materia que puede ser objeto de polémica y
entendiendo que los grupos parlamentarios suscriben el criterio de
contributividad que antes citaba -que no resulte indiferente haber
cotizado durante mucho tiempo y cantidades importantes o haberlo
hecho durante perídos breves y con menor intensidad-, buscando
asimismo esa razonable proporcionalidad corregida y atemperada por
las bandas de solidaridad que existen -no olvidemos que también
existen diferencias importantes entre las bases máximas de cotización
y las pensiones máximas-, con esas correcciones, digo, pero buscando
en cualquier caso que las fórmulas reflejen lo mejor posible el
esfuerzo realizado por los trabajadores en el conjunto de su vida
laboral, se aplaza en este caso al año 2003 una nueva decisión en
cuanto a las fórmulas de cálculo. ¿Qué es lo que ya podemos afirmar?
Podemos afirmar con rotundidad que ninguna de las profecías de
recortes -además se hablaba de recortes severos y drásticos- se ha
producido. La pensión de referencia en este caso, que es la pensión
de jubilación media del sistema, ha crecido un 25 por ciento en el
plazo de vigencia de este acuerdo, con lo cual no cabe hablar,
afortunadamente, de ningún tipo de recorte ni de merma efectiva de
derechos; sí que cabe hablar de un crecimiento más armónico y que
inspira mucha más confianza a los actuales y futuros pensionistas.

Crecimientos, en cualquier caso, nítidamente superiores a los
crecimientos de IPC, pero que, insisto, persiguenaquel objetivo
tantas veces reiterado en el año 1997 de



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un crecimiento -siempre crecimiento- ordenado y armónico. Insisto en
que algunas afirmaciones que ya pueden hacerse hoy -no se ha
producido ninguna merma de derechos, no se ha producido ningún
recorte- sin duda se verán reforzadas al llegar al final de este
primer plazo.

Señalaba ya el Pacto de Toledo en el año 1995, lo recogió el acuerdo
del año 1996 y en consecuencia la Ley del año 1997, la necesidad de
establecer mecanismos distintos de protección hacia dos grandes
colectivos: viudedad y orfandad. Según los conceptos básicos, parece
que había situaciones de mayor necesidad en la viudedad, en la que la
pensión es la principal cuando no la única fuente de renta y además
existen cargas familiares, entendiendo también que, en lo que se
refiere a orfandad, los períodos habían quedado absolutamente
inadecuados a lo que hoy es la realidad de formación profesional o de
formación académica que demandan estos jóvenes con dificultades, sin
duda ninguna, objetivas, como es la carencia de uno o de los dos
progenitores. Pues bien, el acuerdo contempla una elevación en este
caso no solamente de las cuantías mínimas (que sin duda es un
elemento determinante cuando hablamos de pensiones de viudedad,
porque sigue habiendo un importantísimo porcentaje de pensiones
sujetas a esa cuantía mínima) sino también incluso de los porcentajes
que sirven de base, para evitar que a priori hubiese una exclusión de
un grupo de viudedad de las mejoras que se produzcan. Pues bien, con
ese doble juego, de mejora de los mínimos y también de mejora de los
porcentajes, el objetivo es pasar del 45 al 52 por ciento en el caso
general y alcanzar incluso el 70 por ciento en esa situación más
dramática que he citado, que es cuando existen cargas familiares y se
está en el tramo de menor cuantía.

En el caso de orfandad, tanto en la relativa como en la absoluta, se
ampliaría en un año lo que ya fue objeto de ampliación en el anterior
acuerdo, en el que recordarán que se pasó de 18 a 21 en el caso de
orfandad relativa, de 21 a 23 en el de orfandad absoluta y en este
caso sería un año más en ambas situaciones para poder atenderles de
una manera más correcta; ya sabemos que esto no va a resolver todos
los problemas de este tipo de personas, pero será paliativa la
ampliación en un año de la percepción de esta prestación. Nuevamente
también se busca que haya esa razonable compatibilidad entre este
tipo de prestaciones, sobre todo cuando hablamos de orfandad, y lo
que puede entenderse como conceptos de ayuda en casa o de pequeñas
cuantías que no alcancen un determinado porcentaje del propio salario
mínimo interprofesional.

También se desea fijar nuevas reglas de compatibilidad, especialmente
en lo que concierne a la pensión de viudedad, incluso también se
desea fijar nuevas reglas a las pensiones del SOVI, puesto que hay
que atender a las nuevas necesidades sociales. Sé que esta es una
materia que tal vez en términos económicos no tendrá
una trascendencia de tanta intensidad, pero que sin duda puede dar
respuesta a situaciones demandadas por ciudadanos y que hoy la propia
sociedad reconoce como razonables; se trataría de permitir en muchos
casos, bien es cierto que con unos requisitos que parecen razonables,
esa compatibilidad con el matrimonio o con un nuevo matrimonio.

Uno de los grandes apartados del acuerdo social es todo -y subrayo
todo- lo que concierne a la jubilación. Sin duda, para algunos de los
intervinientes en el acuerdo o para algunos de los intervinientes en
este mismo debate parlamentario habrá partes que les resultarán más
próximas en lo conceptual o en lo ideológico, pero yo creo que se
trataba fundamentalmente de seguir esa pauta que dice el propio Pacto
de Toledo de introducir la gradualidad, la flexibilidad y la
progresividad y, por qué no decirlo también, la voluntariedad, un
elemento que sin duda alguna se había desdibujado en estos últimos
años en el ordenamiento jurídico general, incluso en el ordenamiento
de Seguridad Social.

Es obvio recordar que los 65 años se mantienen como edad clave, como
edad de referencia en nuestro ordenamiento. Como tantas veces se ha
dicho, de lo que se trata es de conseguir que no sea una simple
referencia administrativa o legal sino que sea, si es posible, la
edad más frecuente, incluso la coincidente con lo que parece que
demandan también las nuevas tendencias de envejecimiento.

Desgraciadamente, aún no estamos en los 65 años como edad
estadística. Siguiendo también una directriz inequívocamente europea,
de las recogidas por ese comité de protección social que antes
citaba, eso debía llevar a mecanismos de estimulación, de
prolongación voluntaria de la vida laboral y creo que se ha
conseguido permitiendo por acuerdo que se puedan alcanzar más de 65
años en una situación activa, con carácter voluntario y lógicamente
sujeta a esa novación contractual que toda relación requiere.

También debo decir que se ha introducido esa coherencia o esa
racionalidad de la que tal vez carecía el acceso anticipado a los 65
años. Saben SS.SS. que había quedado como una situación de carácter
reducido, no era un derecho reconocible al conjunto de cotizantes
a la Seguridad Social sino a una parte relativamente minoritaria, era
para quienes estuviesen trabajando antes del 1 de enero de 1967 o
para quienes se les hubiese producido una equiparación legal, que fue
el instrumento clásico de los procesos de reconversión industrial de
los años ochenta, pero en cualquier caso era una situación de acceso
privilegiado, de acceso reducido que ahora se corrige, aunque
indudablemente se introducen requisitos objetivos, pero también se
generaliza esta opción, con criterios que entiendo que son
perfectamente comparables a las pautas que siguen otros países de
nuestro entorno. En este caso se trata, ustedes lo verán así, de
pasar de una situación minoritaria, para personas cuyos dos
requisitos básicos eran haber estado trabajando antes del 1 de enero
de



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1967 y tener quince años cotizados, a una situación que corresponda
más con el acervo común europeo o con ese reconocimiento más
proporcionado a la realidad de las vidas laborales. Se establece una
generalización, se les piden dos requisitos: a partir de los 61 años
como requisito de edad y 30 años de cotización, que parece que es
mucho más concordante con las normas existentes en el conjunto de la
Unión. Por cierto, éramos el único país que carecía de ese sistema
general. Bien es cierto que subsistía esta situación para un grupo
concreto y reducido de población, pero también era cierto que no se
trataba de una situación reconocible como derecho general.

También en la línea de lo que marcó el acuerdo del año 1997, que era
tratar mejor a quien mejor haya cotizado y haya contribuido durante
su vida laboral, se estableció un distinto porcentaje de aplicación
al cálculo de pensiones en función de la duración de las carreras. En
el año 1997 para carreras de más de 40 años de cotización el
coeficiente general del 8 por ciento se redujo al 7. En esta ocasión
lo que se hace es establecer una banda más fina, más selectiva, que
mide y distingue mejor los esfuerzos de cotización, entre el 6 y el 8
por ciento, en función de los años cotizados; el 6 por ciento queda
para las carreras de más de 40 años y el 8 por ciento, como límite
inferior, para esos mínimos de cotización que sean los 30 o menos.

Estos coeficientes también serán aplicables, por razonable equidad,
por ese doble juego de reconocer las carreras, a quienes se acojan al
derecho subsistente o al derecho reducido que podría tener de haber
estado trabajando el 1 de enero de 1967; repito que serían aplicables
a estos colectivos. Insisto, creo que es bueno que el sistema trate
de manera diferenciada, sobre todo con discriminación positiva,
a quienes hayan realizado mayores esfuerzos de cotización a lo largo de
su vida laboral. Supongo que en la tesis contraria habrá pocas
personas o pocos representantes parlamentarios que deseen instalarse,
en un tratamiento que haga indiferente el esfuerzo de cotización de
la cuantía de la misma.

Estas son las grandes líneas, porque ciertamente existen otras
decisiones, como puede ser desde la propia mejora de la integración
administrativa, del funcionamiento interno de la propia Seguridad
Social, hasta medidas que buscan, como decía, ir completando lo que
fue el gran esquema dibujado por el acuerdo del año 1996 y
posteriormente desarrollado durante estos años. Por cierto, también
me permito recordar que felizmente el acuerdo de 1996, trasladado a
la Ley de 1997, tuvo posteriores prolongaciones en su actuación sobre
materias que no fue posible cerrar en una primera instancia, pero que
luego sí que fue posible desarrollar a través de la llamada comisión
de seguimiento. Aquello permitió el abordaje de la mejora de la
protección social de los contratos a tiempo parcial y permitió
también, recuérdenlo, la mejora de las cuantías de las pensiones
mínimas en las categorías peor consideradas en
aquella ocasión. De esta manera, también se establece como un nuevo
instrumento, como un nuevo margen de seguimiento y de garantía, una
comisión de seguimiento que se constituirá antes del 9 de mayo y que
lógicamente permitirá no solamente ir haciendo la labor de vigilancia
y mantenimiento, de análisis y seguimiento, sino también de
propuesta, de igual manera que fue posible en el año 1996.

Insisto en que se han seguido no solamente los grandes conceptos
reflejados en el Pacto de Toledo, sino también lo que
metodológicamente se ha considerado bueno, incluso a la hora de
estimular, de propiciar la negociación. El orden, por decirlo de
alguna manera, ha sido exactamente el mismo: comparecencia ante esta
Comisión -en aquel caso fue ante la ponencia que había entendido en
la elaboración del propio Pacto de Toledo-; formación de una primera
voluntad política de búsqueda de acuerdo; ulterior búsqueda del mismo
desde las posiciones que libre y legítimamente cada una de las
organizaciones representadas ha mantenido, y traer hoy a este
Parlamento -motivo indudable de satisfacción- el acuerdo como base de
trabajo para aquellas materias en las que sea necesario el desarrollo
legislativo o la acción del propio Parlamento.

También metodológicamente se han buscado esos criterios de
gradualidad, que no puede ser leída como gradualidad solamente
aplicable a una de las piezas básicas. La gradualidad tiene que
alcanzar tanto a las áreas de preservación del equilibrio financiero
del sistema como a la solidaridad, contributividad, etcétera. Como
saben, una de las líneas básicas fue evitar que hubiese situaciones
de sorpresa o de desprotección de la sociedad frente a los cambios.

Sin duda, esas líneas de gradualidad han permitido implementar mejor,
poner en funcionamiento mejor las medidas y también es una buena
cautela frente a fluctuaciones, frente a variaciones de los marcos
económicos o financieros en los que hayamos de desenvolvernos.

Evidentemente, no se trata de dar por cerrado nada. No se trata de
caer en esa indeseable tentación de la autocomplacencia o de la
satisfacción. Lo que sí tienen ahora el Parlamento y la sociedad
española es un buen instrumento de desarrollo; en este caso, un buen
guión de desarrollo de las prioridades, de los conceptos que marca el
propio Pacto de Toledo y, además, creo que podemos hacer ese
desarrollo no solamente desde un razonable, y entiendo que
importantísimo, acuerdo político, sino también desde ese deseable
complemento que es el acuerdo social, en este caso también con la
participación de los empresarios. Ésa fue una de las ausencias
significativas en el año 1996 y en esta ocasión han sumado sus
esfuerzos de compromiso, de responsabilidad, al marco del acuerdo
político fundamental, que de alguna manera da nombre a esta Comisión
y que debe seguir guiando nuestros esfuerzos: el llamado Pacto de
Toledo. Su nombre último y final es el que tan acertadamente señalaba
el presidente de la Comisión,



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pero creo que nos podemos permitir ese tono coloquial.

El guión que ha seguido la negociación -no podía ser otro- ha sido el
de las propias recomendaciones. Se han retomado algunas que, sin
duda, tenían mayor contenido administrativo que político y que no se
abordaron por aquel marco de emergencia en el año 1997, y creo que se
ha dado, y eso siempre es positivo, cumplimiento a un mandato del
propio Parlamento: buscar, y en este caso conseguir, un acuerdo
social que validase las líneas de actuación del Gobierno en los
próximos años en materia de Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Griñán.




El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia para explicarnos ese acuerdo para la mejora y
desarrollo del sistema de protección social, como se titula lo que
han firmado el Gobierno, Comisiones Obreras y la CEOE-Cepyme, y
gracias por haber venido a esta Comisión. Sería bueno empezar
explicando -creo que incluso la opinión pública está un poco
confundida al respecto- lo que significa el diálogo social y el
trabajo de esta Comisión, qué persigue uno y qué persigue otro.

Teóricamente, el diálogo social negocia cómo se aplica el Pacto de
Toledo y esta Comisión está tratando de ver cómo se renueva ese
pacto, cómo se afronta el futuro a partir del Pacto de Toledo. Lo que
ocurre es que es verdad que, en la práctica, uno y otro diálogo se
interfieren y eso ha ocurrido ahora, ocurrió en 1996 y seguirá
ocurriendo, porque muchas de las decisiones de puesta en marcha del
Pacto de Toledo tienen efecto sobre el futuro.

El acuerdo, en sí mismo, contiene elementos positivos, elementos
menos positivos y elementos que a mí me gustan poco, y tan
censurable, tan alabable o tan respetable puede ser la postura de una
central sindical al firmarlo como la de otra no haciéndolo. En este
caso, la disidencia no tiene mayor problema, incluso les podría
decir, señor ministro, que hay algunos aspectos, algunos elementos
del acuerdo que han sido vistos como censurables por una central
sindical y que yo no los considero así y, sin embargo, ha habido
otros que han sido vistos como positivos y que a mí no me lo parecen
tanto. Por lo tanto, yo reclamo el derecho a la disidencia y
considero que, efectivamente, el acuerdo tiene puntos que pueden ser
censurables y puntos plausibles. De la discusión nace la luz y, de la
misma manera que en el año 1996 la CEOE no lo firmó, sin que en aquel
momento recuerde que se organizara ningún tipo de manifestaciones
contra la CEOE, en esta ocasión no lo ha firmado la UGT y no ocurre
absolutamente nada. De lo que se trata es de analizar el acuerdo con
ese derecho a la disidencia que reclamo para cualquier central
sindical, la patronal, el Gobierno o la oposición.

En el acuerdo hay un punto, el primero, que es el que quizá haga más
referencia a aquello que se está tratando aquí, en esta Comisión del
Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo tuvo como punto nuclear, como
punto fundamental la separación de las fuentes financieras. Era la
medida básica de aquel acuerdo y por ahí empezó también esta
prolongación del acuerdo de 1996, este acuerdo para la mejora y
desarrollo. Por tanto, es desde el punto de vista de la
sostenibilidad futura del sistema de protección social como me
gustaría analizar el acuerdo que ustedes han firmado.

Si usted se fija en la documentación que remitió el Gobierno al
Parlamento con ocasión de los presupuestos de la Seguridad Social del
año 2001, verá que por primera vez los señores diputados contamos con
una evaluación o evolución de la estructura de la población española
desde el año 1950 hasta el año 2050; es decir, en aquel documento se
contenía lo que se evaluaba por el Gobierno que iba a ser -a partir
de estimaciones del INE- la evolución de la población española en ese
contexto histórico. Allí verían que actualmente la población mayor de
65 años, que no tiene por qué coincidir con la pensionista, es
aproximadamente una cuarta parte de la población en edad de trabajar,
de la población potencialmente activa, es decir, la población entre
15 y 64 años. En ese mismo cuadro que mandaba el Gobierno, para el
año 2020 se preveía que iba a ser el 32,4 por ciento y en el 2030, el
41 por ciento; es decir, que la tasa de dependencia de los
pensionistas respecto de la población potencialmente activa cada vez
iba a ser mayor, iba a crecer. Éste es un dato con el que estamos
trabajando desde que se iniciaron las sesiones de esta Comisión y que
me parece muy importante tener presente en relación con el acuerdo
que se ha suscrito. Efectivamente, si nosotros hacemos una
prospectiva, veremos que en el año 2020 -podemos saber perfectamente
lo que va a pasar en el mercado de trabajo en el año 2020 porque las
personas potencialmente activas ya han nacido, ya están aquí; es
decir, no se trata de una estimación de futuro, sino que contamos ya
con las cohortes generacionales que van a integrar el mercado de
trabajo-, para mantener una relación de dependencia como la actual,
se necesitaría que la tasa de ocupación fuera del 73 por ciento; hoy
es del 56 por ciento. Y en el año 2030 se necesitaría que fuera del
87 por ciento, algo ciertamente inviable a menos que hubiera una tasa
adecuada de inmigración. Dicho de otra manera, según las estimaciones
aportadas por el Ministerio de Trabajo, para mantener la misma
relación de correspondencia entre activos y pasivos dentro de 30
años, la tasa de ocupación española debe ser del 70 por ciento y, de
ese 70 por ciento, una cuarta parte debe ser inmigración. Por tanto,
estamos hablando de un reto, de un desafío que yo no digo que sea
difícil de abordar ni difícil de conseguir, pero es el reto, el
desafío que tenemos por delante: saber que en el futuro más inmediato
vamos a tener que aumentar la tasa de ocupación y que,



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de cada 100 trabajadores que hay en España, 25 van a ser inmigrantes.

Por tanto, se trata de un problema que hay que afrontar y por eso
estamos trabajando aquí, intentando que no se produzca ningún
desfase.

En el acuerdo que ustedes nos proponen hay un primer punto que aborda
los riesgos futuros para la sostenibilidad del sistema financiero de
la Seguridad Social: los complementos a mínimos en la culminación de
fuentes. Sinceramente, a mí me parece que 12 años es un plazo muy
largo, en el sentido de que el proceso de separación de fuentes
financieras ha tenido una evolución histórica determinada. En la
primera mitad de la década pasada, entre 1991 y 1995, las
aportaciones del Estado aumentaron un punto del PIB mientras que en
la segunda mitad aumentaron medio punto. Teóricamente, lo que se nos
está ofreciendo ahora es que en los próximos 12 años las aportaciones
del Estado suban prácticamente lo que suba la Sanidad, es decir, no
mucho más, puesto que, si distribuimos los complementos a mínimos en
12 años, estaremos hablando de cifras bastante pequeñas. Nosotros
hemos propuesto que se hiciera a lo largo de esta legislatura. Para
que usted se haga cargo, la diferencia entre hacerlo en esta
legislatura y hacer la separación definitiva en 12 años es de
aproximadamente tres billones de pesetas, cantidad que financiaría la
Seguridad Social del Estado durante un período de tiempo de 12 años.

A nosotros nos parece que sería mejor que el Estado pudiera aportar
directamente esas cantidades y así consolidar en fondos de reserva la
situación financiera de futuro en la Seguridad Social.

Ayer se nos dijo que el cuadro macroeconómico del Gobierno iba a
modificarse a la hora de hacer las previsiones para este año. Pues
bien, todavía no sabemos si esas modificaciones van a alterar o no el
Plan de estabilidad de aquí al 2004. Digo esto porque, según el Plan
de estabilidad, que me imagino que no se ha modificado todavía -no sé
si se va a modificar, es una pregunta que le hago-, de aquí al 2004
el crecimiento acumulado del superávit sería del 1,2 por ciento del
PIB. En términos globales, estaríamos hablando en ese año de un
billón y medio de pesetas. Esta es la segunda observación que le
hago, es decir, si de verdad se cumpliera el Plan de estabilidad, el
superávit de la Seguridad Social en estos cuatro años, de aquí al
2004, sería de un billón y medio. Como la dotación del fondo de
reserva se ha comprometido en 800.000 millones aproximadamente
y luego sería deseable incrementarlo hasta -por cierto, no sé por qué
se utiliza la preposición hasta- un billón de pesetas, el resto hasta
un billón y medio, esto es, medio billón de pesetas, según el Plan de
estabilidad -no digo que eso vaya a ser así-, se tendría que
adscribir, conforme al acuerdo que ustedes han firmado, o a mejora de
las prestaciones o a reducción de cotizaciones. Esto es, si de aquí
al año 2004 se cumple el Plan de estabilidad y tenemos un billón de
pesetas de superávit, teniendo en cuenta que el fondo de reserva
solamente se va a dotar hasta un billón de pesetas, mi pregunta es
¿qué se va a hacer con ese medio billón de pesetas de diferencia:
bajar las cotizaciones, mejorar las prestaciones o las dos cosas?
Esta es una pregunta importante.

Voy a hablar a continuación de otras cuestiones que trata el acuerdo
relacionadas también con la sostenibilidad. Ya hemos comentado el
hecho de que, si la separación de fuentes se culminara en esta
legislatura, estaríamos hablando de tres billones de pesetas que
dejaría de aportar la Seguridad Social al Estado y que, si se
cumpliera el Plan de estabilidad, estaríamos hablando de medio billón
de pesetas más sobre lo previsto por ustedes en este acuerdo de
dotación de un fondo de reserva. Por lo tanto, estamos hablando de
tres billones y medio de pesetas. Pues bien, en el mismo acuerdo,
además de esto que le estoy comentando, se contienen otras medidas
referidas a la mejora de prestaciones y a la reducción de
cotizaciones sociales que quisiera que también me explicara el señor
ministro. En cuanto a la mejora de las prestaciones, proponen ampliar
las posibilidades legales que existen hoy de jubilarse antes de los
65 años, es decir, respecto al marco legal que hay ahora mismo
ustedes introducen una novedad, que es que se van a poder jubilar
también las personas menores de 65 años, siempre y cuando cumplan
unas determinadas condiciones. Esto contradice algunas declaraciones
que se han hecho en esta Cámara y que omito leerles a SS.SS. A mí no
me parece mal que se incluya en la jubilación a personas desempleadas
que llegan a una determinada edad y que tienen muy pocas, por no
decir nulas, posibilidades de trabajo, pero ello va a implicar que
otros sectores planteen problemas, sectores que ahora mismo tenían
cubierta la posibilidad de causar baja en la empresa porque no podían
jubilarse hasta los 65 años y que ahora, pudiendo jubilarse a los 61,
es posible que sean incursos en reducciones de plantillas de grandes
empresas y corporaciones privadas. Esto también va a afectar a los
costes de la Seguridad Social, por lo que la pregunta que le hago al
señor ministro es si esta ampliación legal de los supuestos de
jubilación antes de los 65 años tiene un coste para la Seguridad
Social y cuál es ese coste.

En relación con el aumento de las prestaciones, hay una serie de
cuestiones que me gustaría que el ministro nos aclarara ahora. A mí
siempre me ha intrigado por qué la CEOE no firmó el acuerdo de 1996
y, sin embargo, ha firmado el del año 2001. Esta es una buena
pregunta para la CEOE, pregunta que le formularemos cuando venga para
que nos lo explique; no pretendo que nos conteste usted, señor
ministro. No obstante, aquí tengo algunas pistas. No entiendo muy
bien la reducción de las cotizaciones sociales de las personas
mayores de 50 años que tienen trabajo. Es decir, entiendo que pueda
haber medidas de fomento del empleo y de reducción de cotizaciones
sociales de personas de más de 50 años cuando están desempleadas para
que



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les resulte más atractivo a las empresas hacerles contratos. Ahora
bien, no veo ninguna razón ni encuentro ninguna explicación para que
se les reduzcan las cotizaciones sociales a las personas que ya
tienen esa edad. ¿Usted me podría calcular, señor ministro, teniendo
en cuenta que en el año 2002, según el acuerdo, las personas con 60
años sufrirán una reducción del 50 por ciento de su cotización y los
mayores de 65 años el cien por cien, cuánto supone esto de coste para
la Seguridad Social? Le puedo decir que, con los datos proporcionados
por el Ministerio de Trabajo en los recientes Presupuestos Generales
del Estado, teniendo en cuenta que algo más de medio millón de
personas con edades comprendidas entre los 50 y los 59 años tienen un
empleo, así como algo más de un cuarto de millón de personas que
tienen entre 60 y 64 años y 44.000 con más de 65, y calculando la
antigüedad que tienen las personas de esa edad -entre el 75 y el 80
por ciento tienen la antigüedad exigida-, a mí me sale un coste
aproximado de 250.000 millones de pesetas anuales utilizando la
cotización media. Normalmente, esos segmentos de edad suelen cotizar
un poco más alto; no obstante, a mí me sale por un cuarto de billón
anual aproximadamente la medida consistente en la desgravación de
cotizaciones para los mayores de 50 años.

Por lo tanto, estamos hablando de que la Seguridad Social va a tener
unos ingresos menores, a menos, que tampoco se dice en ninguna parte
del acuerdo, que esas bonificaciones de cotización de los
trabajadores mayores de 50 años se compensen financieramente por
aportaciones del Estado. En todo caso, tenemos un coste que me
gustaría que se pudiera evaluar. Y esto me lleva a lo que le decía
antes. Si se fija usted, la reducción de las cotizaciones sociales es
prácticamente un hecho, puesto que hoy en día las personas menores de
30 años, las mujeres con una edad comprendida entre los 16 y los 45
años, las mujeres en ocupaciones con menor índice de empleo femenino,
las personas desempleadas durante seis meses o más, las personas
desempleadas con edades comprendidas entre los 45 y los 55 años y
entre los 55 y los 60 años, los perceptores de prestaciones
y subsidios que lleven más de un año, etcétera, más las personas
mayores de 50 años no cotizan por su cuota, sino bastante menos. Las
bonificaciones de fomento del empleo para aquellos que están en paro
son compensadas a razón de unos 300.000 millones de pesetas al año y
las de los mayores de 50 años no lo sé, pero ya he dicho que a mí me
parece que esto puede costar un cuarto de billón anual. Si es verdad
-insisto- que se cumple el Plan de estabilidad y tenemos un superávit
de un billón y medio, como no va ir más de un billón, también puede
haber reducción de cotizaciones sociales por esa parte. Eso me lleva
a ver que de facto se está produciendo una reducción de cotizaciones
sociales, porque a este paso va a ser muy difícil cotizar por el 28,3
por ciento, que es el tipo básico por contingencias comunes que tiene
que cotizarse por un
trabajador en este país. Son estas cuestiones las que me llevan a la
duda. Estamos hablando de sostenibilidad, vemos que se tarda 12 años
en absorber los complementos a mínimos, vemos, al mismo tiempo, que
va a haber medio billón de pesetas menos del superávit previsto en el
Plan de estabilidad para el fondo de reserva, vemos que se quitan las
cotizaciones de las personas que tienen más de 50 años, aunque tengan
empleo. Le digo -entre paréntesis- que tampoco entiendo muy bien por
qué una mujer, cuando ha tenido un hijo y exige su derecho a volver a
su puesto de trabajo, cuando tiene el permiso cotiza prácticamente
cero. ¿Por qué? No lo entiendo muy bien. Al hilo de esto, también me
gustaría saber cuántas personas se han beneficiado de la medida del
coste cero que se implantó hace aproximadamente un año por la
sustitución durante el embarazo. Es decir, se está utilizado en
exceso la reducción de cotizaciones sociales como vía para mejorar,
no digo ya colectivos, porque en este caso el de mayores de 50 años,
a los que se reduce la cotización, ya están trabajando, sino también
el empleo. A fin de cuentas esto me parece que es grave desde el
punto de vista de la estabilidad futura del sistema. También me
gustaría saber el coste de las jubilaciones anticipadas siempre
añadiéndole que, si hacemos caso a ese denostado por ustedes informe
del Consejo Económico y Social, el coste es cero. No hay coste. Pero
como ustedes no creían en ese informe, por eso le pregunto si las
jubilaciones anticipadas ahora sí tienen un coste y no lo tenían
cuando lo decía el CES. Si tienen un coste, quería saber cuál es.

Por otro lado, se añade el gasto, pero el gasto es pequeño, a menos
que se nos especifique en términos concretos algunas generalidades
del acuerdo como, por ejemplo, el aumento de la base reguladora de la
viudedad del 45 al 52 por ciento o en su caso el 70. ¿A cuántas
viudas -digo viudas, porque son mayoritarias- les afecta esta subida
del tipo? Tampoco yo he hecho unos cálculos muy profundos, pero sí le
puedo decir que si en España hay ahora mismo aproximadamente
2.030.000 pensionistas de viudedad, si el importe medio de la pensión
de viudedad es de 55.000 pesetas mensuales, si el importe medio de
las nuevas pensiones de viudedad que se generan es de 59.000 pesetas,
si la pensión mínima es de 62.190 pesetas, les va a afectar a muy
pocas. Si además sabemos que el 85 por ciento de las viudas o de los
viudos perciben la pensión por fallecimiento de un pensionista y la
pensión media de jubilación es bastante inferior a 136.000 pesetas,
que sería la que daría el mínimo, entendemos que esta decisión hoy no
va a afectar a un gran porcentaje de las viudas. No la criticamos,
nos parece justa, pero consideramos que el gasto va a ser muy
pequeño. Igual sucede con el de la orfandad. El gasto mayor puede ser
por las otras dos partidas, que sí me gustaría que el ministro nos
las pudiera explicar. Primero, pensiones mínimas, porque lo único que
nos dice el acuerdo es que se subirán tres



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tipos de pensiones mínimas, SOVI, pensiones mínimas de menores de 65
años y no recuerdo la otra, pero no dice ni cuándo ni cuánto. Por
tanto, no he podido hacer cálculos; lamento, señor ministro, que no
haya podido coger el lápiz y el papel y hacer cálculos, pero me
imagino que usted, al firmarlos, sí los habrá hecho. Por eso le
pregunto cuánto va a costar o cuánto supone este aumento de pensiones
mínimas, porque si ya estuvieran absorbidos los complementos a
mínimos por el Estado me preocuparía menos el coste, pero como van
a tardar 12 años en ser absorbidos se van a pagar con cotizaciones
sociales. Me gustaría saber cuándo se van a subir las pensiones
mínimas, cuánto se van a subir y cuánto le va a costar al sistema
contributivo de la Seguridad Social.

Por último, la prestación por dependencia. La prestación por
dependencia es fundamental; además, estoy convencido de que todos los
grupos políticos presentes en esta Comisión del Pacto de Toledo así
lo entendemos. Vamos a proponerla, vamos a propugnar un desarrollo
concreto. Cada uno de nosotros tendremos nuestras ideas sobre la
situación de dependencia, pero nos parece que es una prestación
fundamental dado el alto envejecimiento de la población española y,
sobre todo, por la manera en que incide sobre la mujer. Creemos que
es necesaria la prestación por dependencia, y me imagino que cuando
se firma un acuerdo se tiene presente qué es lo que se quiere hacer,
se sabe qué es lo que se quiere hacer y cuánto cuesta lo que se
quiere hacer. Nos gustaría que el ministro nos pudiera decir en qué
va a consistir esta prestación. Hay un período de un año para
estudiarla, pero me imagino que ese período de un año no estará en
blanco, que ya tendrá estudios el Ministerio, que tendrá propuestas
para discutir con los agentes sociales y, por tanto, también sabrá
cuánto podría costar.

Termino con el recuento final. Si tenemos en cuenta que vamos a
tardar 12 años en absorber los complementos de mínimos en los
Presupuestos Generales del Estado, -me imagino que eso nos servirá
para financiar también una reforma fiscal con cotizaciones sociales-,
si tenemos en cuenta lo que le comentaba antes del Plan de
estabilidad y del fondo de reserva, si tenemos en cuenta también que
se reducen las cotizaciones de ciertos colectivos de edad
determinada, si tenemos en cuenta el aumento de unas determinadas
prestaciones, vemos que nadie conoce los ingresos y los gastos, en
definitiva, nadie conoce los costes. Ya le digo yo de antemano que no
va a costar 100.000 millones de pesetas, sino bastante más. Eso sí
que me gustaría conocerlo, porque desde el punto de la sostenibilidad
es importante. ¿Qué otras medidas se contienen que pueden garantizar
el sistema? Por supuesto, la dotación del fondo de reserva es una
medida de sostenibilidad, el que definitivamente los complementos de
mínimos se absorban también es una medida de sostenibilidad.

No sé cuál es el fundamento más profundo de la polémica surgida por
el hecho de la mayor proporcionalidad y, por tanto, por el aumento o
no de los años de la base reguladora para calcular la pensión. Si
decimos que esto no solamente no ha perjudicado, sino que incluso las
pensiones que se vienen reconociendo después de esta medida son más
altas, ¿para qué hacerlo? ¿Por razones de equidad? No estoy tan
seguro. Quince años están bien. Si fuera a reducirse el gasto de la
Seguridad Social, se podría hacer, pero esto nos lleva a la cuestión
fundamental, que es conocer qué incidencia tendría esta medida en la
evolución futura de las pensiones, en los ingresos de la Seguridad
Social y cómo repercutiría también sobre los pensionistas futuros.

Este debate no podemos hacerlo situándonos unos a favor y otros en
contra de la medida, sino, conociendo profundamente lo que significa
esta medida; y a partir de su conocimiento, o nos parece que los
beneficios son mayores que los perjuicios o nos parece que los
perjuicios son mayores, por tanto, pronunciándonos a favor o en
contra.

Termino como empecé. Como usted puede ver, hay razones para el
acuerdo y hay razones para la disidencia. Este es un acuerdo que han
firmado unos, otros no y que tiene valores en sí mismo, pero todavía
tiene que ser puesto en literatura jurídica. Hay inconcreciones, como
la subida de las pensiones mínimas o la utilización, por ejemplo, de
la preposición hasta, que yo creo que es inadecuada, a lo mejor no
está bien medida. También hay inconcreciones en cuanto a si las
reducciones de cotizaciones que se proponen afectan a la cotización
del empresario o también a la cotización del trabajador. Hay
cuestiones que no las entiendo muy bien como, por ejemplo, que
después de los 65 años, si se sigue trabajando, solamente se pueda
subir el IPC más 2 puntos. ¿A todos? ¿A los que están en un convenio
colectivo no se les puede subir lo que dice el convenio colectivo? Es
decir, ¿se rompe el principio de que las cotizaciones se basan en los
salarios? ¿Por qué 2 puntos más del IPC, si las bases máximas se
suben solamente el IPC y nunca 2 puntos más?
Hay una serie de cuestiones que quedan pendientes de aclaración, que
todavía no han sido desarrolladas, que tendremos que verlas en
literatura jurídica cuando vengan al Parlamento. Habiendo buenas
razones para estar contentos con el acuerdo, las hay también para
estar preocupados, y eso es lo que nos pasa al Grupo Socialista, que
vemos algunas cosas bien y otras las vemos solamente regular, señor
ministro.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Federal de
Izquierda Unida porque el portavoz del Grupo Catalán intervendrá en
último lugar por razones de asistencia a otras comisiones, tiene la
palabra el señor Alcaraz.




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El señor ALCARAZ MASATS: Quiero darle las gracias por su asistencia a
esta comisión al señor ministro.




Esta comisión se desarrolla a la par que la comparecencia de los
agentes sociales en la ponencia de la reforma laboral, una ponencia
donde ahora se expresará el desacuerdo desde la unidad de acción, y
en esta otra se va a expresar un término medio de la unidad de
acción. En todo caso, hay que felicitarles por su astucia a la hora
de elegir los tiempos políticos; una de las pocas cosas que hacen
bien es elegir el tiempo mediático. Vamos a ver qué tira más, la
reforma laboral o el acuerdo de las pensiones.

Sobre la reforma laboral a la que usted ha aludido en principio, toda
la negociación se desarrolla bajo una tutela inaceptable, pero que
hasta cierto punto ha podido generar un principio de convergencia
para mantener la unidad de acción en este tema, el principio de que,
si en un tiempo no llegan a un acuerdo, el Gobierno, desde la mayoría
absoluta, apoyado en el Grupo Parlamentario Popular, tomará la
decisión oportuna. Así se ha hecho, se ha tomado la decisión oportuna
desde esa especie de turbo-capitalismo que están aplicando desde la
mayoría absoluta; van a una gran velocidad que puede tener
consecuencias distintas a las que buscan, porque el no acuerdo de la
reforma laboral posiblemente va a permitir el mantenimiento de la
unidad de acción, máxime si en el próximo periodo los convenios
suscitan un debate fuerte, que sin duda lo va a ser, cambiando la
naturaleza de los convenios colectivos y, consecuentemente,
intentando cambiar de naturaleza los propios sindicatos. Desde ese
punto de vista, usted verá que mi intervención se dirige
fundamentalmente a la necesidad de esa unidad de acción y al
optimismo -objetivo que no subjetivo, en función de los aspectos
políticos que estoy tocando- que puede fundamentar en el futuro esa
unidad de acción y que incluso puede hacer coincidir los tiempos
políticos y sociales en las propuestas tanto de UGT como de
Comisiones Obreras; me refiero a la huelga general. Es posible que la
UGT se haya adelantado y también es posible que Comisiones Obreras se
haya retrasado a la hora de calcular las consecuencias de esta
reforma laboral y del resto de los temas. Esos tiempos pueden empezar
a coincidir si la reforma de los convenios colectivos va tan a fondo
como se deduce de las palabras que hasta ahora han expresado
distintos portavoces del Partido Popular o del Gobierno.

A partir de ahí, pensamos, con relación a las pensiones, que se ha
utilizado otro método, quizá menos visible, pero absolutamente
aceptable desde el punto de vista del protagonismo de este
Parlamento. A partir del método que han podido concretar, este
Parlamento aparece como la imagen de un pie forzado respecto a los
acuerdos que hay que tomar. Si mantienen mecánicamente ese acuerdo,
perdería su autonomía, su protagonismo real; ustedes, con la mayoría
absoluta, sin necesidad
de dialogar con nadie, mantendrían de manera mecánica y
sistemática unos acuerdos y constantemente se escudarían en que están
firmados por la mayoría de los agentes sociales, Comisiones Obreras,
CEOE-Cepyme, con lo cual nos encontraríamos con un método rechazable
desde nuestro punto de vista, que en este caso ha supuesto un golpe,
y no pequeño -aunque no va a desestabilizar la unidad de acción en su
realidad estructural-, a la convergencia sindical en contra de una
política que en muchos aspectos no es aceptable para los sindicatos.

Aquí incluso se han hecho divagaciones, muchas de ellas metafísicas,
sobre quién es el responsable del impacto contra la unidad de acción,
quien ha firmado o quien no ha firmado. Nosotros no vamos a entrar en
esa metafísica sino que vamos a mantener la idea de que hay
condiciones objetivas, y se están creando las subjetivas de cara al 1
de mayo, para que esta unidad de acción se mantenga a pesar de todo.

Yo le preguntaría, señor ministro, cuál es el margen de esta Cámara,
cómo, dónde y cuándo se van a ejecutar esas medidas que piensan poner
sobre la mesa, que ya conocemos en sus aspectos fundamentales -no sé
qué margen de maniobra tenemos en esta Cámara-, y cómo, dónde y
cuándo van a formalizar esas medidas, cuáles a través de decretos y
cuáles en los Presupuestos Generales del Estado. Quisiéramos saberlo,
primero por los plazos, pero también por el protagonismo que vaya a
tener esta Cámara y por el margen de maniobra que tenga a partir de
este acuerdo. Nosotros -se lo digo directamente- vamos a tener una
estrategia clara; la estrategia de Izquierda Unida va a basarse
fundamentalmente en el intento de conseguir, a lo largo del debate
sobre el protagonismo de esta Cámara, el restablecimiento de la
unidad de acción en las pensiones. Si existe algún margen de
protagonismo de esta Cámara, de debate real en esta Cámara, ese
margen lo vamos a aprovechar en esa dirección.

Voy a concretar datos respecto al acuerdo que se ha adoptado y a la
posibilidad de reformas de mejora de ese acuerdo siguiendo los
bloques que usted ha tocado. En cuanto a la separación de fuentes
financieras, nos parece excesivo el plazo de doce años. Yo no creo
que a Comisiones Obreras le molestara que acortáramos ese plazo o que
se pudiera oponer aunque haya firmado un acuerdo previo; un acuerdo
parlamentario que mejora ese otro acuerdo no tiene por qué encontrar
la contradicción de Comisiones Obreras. Como verá S.S., no estoy
contra el acuerdo sino a favor de su mejora en este Congreso, mejora
que sin duda apoyaría también Comisiones Obreras.

Sobre el fondo de reserva, aparece en el acuerdo la probabilidad de
que se incremente hasta un billón de pesetas; sólo es una
probabilidad¸ depende de muchos condicionantes y usted ha expuesto
algunos de pasada. No aparece la posibilidad real, la concreción
efectiva de que se trate, a finales de 2004 por ejemplo, de una
mensualidad ordinaria proveniente del prorrateo de las



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pagas extraordinarias. También mejoraríamos el acuerdo en esa
dirección y no creo que se pudiera oponer Comisiones Obreras pues
mejoraríamos las condiciones de ese acuerdo que se ha suscrito entre
Comisiones y la CEOE-Cepyme.

Respecto a la contributividad, usted habla constantemente de este
tema y de la sostenibilidad, pero nunca lo pone en contacto con el
carácter redistributivo que tiene que tener la estructura de las
pensiones, de la protección social; nunca hace referencia a que hay
que introducir variantes, matices de todo tipo, que conduzcan también
a efectos redistributivos. Eso siempre se lo ahorra bajo el
sacrosanto dilema de la estabilidad y de la sostenibilidad, que, por
cierto, aparece muy horadado -y tocaré después ese tema- por las
reducciones y bonificaciones en la cotización.

Con respecto a las pensiones contributivas, me detengo un minuto,
señor ministro. Quiero preguntarle si piensan utilizar toda la vida
laboral para el cálculo de las pensiones a partir del año 2003. Si su
intervención supone una matización de la del señor Aznar en La
Moncloa cuando presentaron los acuerdos, hay que decirlo. El señor
Aznar dijo que efectivamente esa era la filosofía a partir del año
2003 y hay que decirlo. Usted, con un lenguaje perfectamente
calculado, no ha dicho nada aquí, lo mismo puede ser blanco que
negro. Yo le pregunto directamente: ¿se va a utilizar toda la vida
laboral? Porque eso supone una reducción general de las pensiones,
entre un 20 y un 25 por ciento, ¡claro que lo supone! Queremos saber
si se van a superar los quince años para el cálculo de las pensiones
a partir del año 2003. Queremos saberlo de su boca, señor Aparicio,
porque el señor Aznar sí lo dijo claramente, es más valiente que
usted; lo dijo directa, clara, contundentemente y sin traductor
posible, no necesitaba traductor. Sus palabras sí necesitan de una
traducción.

El tema de las pensiones de orfandad y viudedad se puede mejorar para
que afecte a un mayor número de posible perceptores, tal como se ha
dicho anteriormente. Comisiones Obreras estaría de acuerdo en que se
mejorara, en el trámite parlamentario, en este Congreso de los
Diputados. Respecto a la edad de jubilación, es un tema muy vistoso
pero es manifiestamente mejorable. Desde un punto de vista real,
habría que pensar en los pensionistas, en los parados de larga
duración a partir de los 51, 52, 53 ó 54 años; ahí es donde radica el
problema fundamental y aquí no aparece ningún indicador de solución.

A partir de esa idea habría que empezar a mejorar el acuerdo que se
acaba de suscribir, porque la ampliación del derecho a la jubilación
anticipada a partir de los 61 años a cuantos hayan cotizado 30 años
como mínimo, que deben llevar seis meses inscritos como demandantes
de empleo y cuya causa de extinción del contrato no sea imputable al
trabajador, no da derecho a la jubilación anticipada o voluntaria,
según parece deducirse de los términos exactos del
acuerdo, lo cual no nos parece un descubrimiento, señor Aparicio; se
debería mejorar y en esa dirección vamos a luchar nosotros, si
tenemos margen de maniobra. Espero que usted aclare aquí dónde y
cuándo se va a discutir este tema, teniendo en cuenta las
posibilidades formales para situar en este Congreso el terreno de
juego.

En cuanto a las reducciones y bonificaciones en la cotización,
aparece la contrapartida a la CEOE-Cepyme, que en principio, en las
primeras declaraciones que ustedes hicieron, no figuraba. No nos
explicábamos por qué CEOE-Cepyme iban a firmar ese acuerdo cuando se
anunciaba todo lo demás, excepto este tema. En los supuestos de
suspensión del contrato por maternidad, reducción del cien por cien
durante un año; en el 2002, reducción del 50 por ciento de la cuota
patronal respecto a los trabajadores de 60 años de edad, aumentando
gradualmente hasta los 65 años, en la que tal reducción alcanzaría el
cien por cien. Parece que estas reducciones se extenderán
paulatinamente hasta que sean de aplicación a los trabajadores con 55
o más años de edad. Nosotros también queremos saber la cuantía de
estas medidas. Usted ahora, con respecto a las propuestas de mejora
que yo le estoy haciendo, me va a hablar de sostenibilidad, de
contributividad y de que no son aceptables, muchas de las cuales, las
que estoy relatando aquí, son, por cierto, las propuestas que
defendieron unitariamente Comisiones Obreras y UGT. Es cierto que
después hay que llegar a un acuerdo de síntesis entre las distintas
posturas. En este Congreso habría que llegar al final de un acuerdo
de síntesis, si de verdad se quiere mantener el diálogo entre las
distintas posturas. A nuestro juicio, se debiera mejorar también el
capítulo correspondiente a las pensiones mínimas, en las cuantías de
jubilación de los que tengan menos de 65 años, las pensiones mínimas
de viudedad con menos de 65 años, y la no concurrentes del SOVI. Nos
parece una subida mínima teniendo en cuenta que no se da el
porcentaje, la cuantía real, aunque conocemos las intenciones y la
presión que ustedes ejercen con la sostenibilidad o contributividad,
conceptos que sin duda han afectado al incremento de las pensiones de
viudedad y orfandad.

Señor ministro, nosotros vamos a trabajar en esa dirección, en la
necesidad de un protagonismo real de este Congreso de los Diputados.

Una vez instalado el terreno de juego, nosotros vamos a intentar
partir del acuerdo que ustedes han suscrito con Comisiones Obreras y
CEOE-Cepyme, para mejorarlo. Entendemos que no se puede mantener de
manera mecánica, de manera sistemática, de manera contumaz ese
acuerdo. Esperemos que el protagonismo ante la reforma, la nueva
negociación del Pacto de Toledo, se tenga de nuevo aquí como se tuvo
en la etapa anterior, aunque hubo mestizaje, ante la necesidad de ir
sintetizando posiciones. Esta vez no pueden reducir a nuestro grupo



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a ser el convidado de piedra en este Congreso. Quiero que me aclare
qué tipo de decretos; qué formalizaciones legales; cuándo, si en los
presupuestos o hay que rectificar antes. Me parece de una enorme
importancia que S.S. concrete, con su amabilidad usual, en la
réplica.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor Txueka.




El señor TXUEKA ISASTI: Señor ministro, quiero agradecerle, su
comparecencia, como es habitual, y por parte del Grupo Vasco
manifestar que calificamos los contenidos de este acuerdo como un
avance en su conjunto, y que nuestro grupo ha trabajado y trabaja en
esa dirección en la Comisión del Pacto de Toledo. Respecto a la forma
de llevarlo a cabo, el Grupo Vasco mantiene, igual que han hecho los
grupos anteriores, que la no firma del acuerdo por sindicatos de
ámbito estatal y, sobre todo, la no presencia de sindicatos
representativos mayoritarios en los ámbitos autonómicos, constituyen
un déficit. Imagino que usted ya sabe a lo que me refiero.

Como portavoz del Grupo Vasco en la Comisión del Pacto de Toledo, y
haciendo hincapié en la apreciación que ha realizado el portavoz
anterior, quiero manifestar que tengo la sensación de ser una especie
de convidado de piedra en esta Comisión que entiende y debate estas
materias, en la consecución de estos acuerdos con lo que significa
para la renovación del Pacto de Toledo. No voy a extenderme ni voy a
repetir las argumentaciones utilizadas por los anteriores proponentes
dado que la mayoría de ellas coincide con las del Grupo Vasco, pero
si quiero felicitar al Gobierno que por una vez se aclare
definitivamente la naturaleza no contributiva de los complementos a
mínimos; no entiendo exactamente qué significa que se establecerá con
carácter definitivo su ubicación, pero espero que me lo aclare.

No acabo de entender tampoco el plazo de los doce años. Cuando habla
de las sucesivas aportaciones del Estado a la financiación total de
tales complementos, me imagino que es una aportación progresiva, pero
lo fía a muy largo plazo. Este acuerdo se podría haber concretado,
porque después coincide con que en el resto de los planteamientos que
se analizan de acuerdos en distintas materias, éstas se reducen a
plazos muchísimo más cortos por otros motivos que no coinciden con el
excesivo plazo contemplado en esta ocasión. Ligado a ello, en la
aplicación de excedentes del acuerdo -como segundo punto de su
intervención- hay una frase que nos preocupa mucho. Dice: dedícase
prioritariamente a la dotación del fondo de reserva y, en su caso, el
resto de los excedentes se hará de forma equilibrada a la mejora de
las prestaciones y a la revisión de las cotizaciones sociales. Uno
entiende que los excedentes de las cotizaciones se deberían destinar
exclusivamente a la mejora de las prestaciones y, en su
caso, el resto al fondo de reserva, porque la expresión: dedíquese
prioritariamente la dotación del fondo de reserva..., deja abierta la
cláusula de que la caja de la Seguridad Social siga financiando
-entre comillas- la caja del Estado. Esto recoge una serie de
cuestiones entre las cuales podemos destacar que el famoso déficit
cero del señor Montoro es válido en tanto en cuanto se tenga una caja
de la Seguridad Social a la cual -y permítame la expresión
entrecomillada- poder meterle mano para que sea una realidad. Ya sé
que no es cuestión de esta Comisión, pero para abordar ese déficit
cero el Estado juega con esa ventaja, mientras que las comunidades
autónomas y los ayuntamientos tienen que cumplirlo sin tener una caja
de la Seguridad Social al lado. Me gustaría que me aclarara que
significa la frase: dedíquese prioritariamente...

Sobre el fondo de reserva no habría dudas si se hiciera la reflexión
manifestada anteriormente. Todo el debate consistiría en estudiar los
ingresos y los gastos de la Seguridad Social, mirar los déficit,
decidir cuál sería la cuantía que fuera a las prestaciones y a la
reducción de las cotizaciones sociales y el resto compondría el
llamado fondo de reserva que tendría la cantidad que tuviera que
tener. Por ello, en el año 2004 podría tener 800.000, un billón o el
billón y medio del que se ha hablado anteriormente.

Desearía aplaudir el texto del articulado en donde se habla, por fin,
de un convergencia real y seria de regímenes especiales. La filosofía
que subyace coincide completamente con la nuestra de promover que a
igualdad de aportaciones en el futuro, igualdad de prestaciones. En
esta materia nos va a tener al cien por cien a su lado, señor
ministro, aunque echo de menos una cuestión. Ustedes no han firmado
ningún calendario respecto a esta materia. Como comprenderá S.S., los
distintos regímenes especiales -me estoy refiriendo al agrario del
que formo parte- estamos preocupados. Coincidimos con el Gobierno en
este planteamiento que analiza, pero nos gustaría que desarrollaran
un calendario real y práctico de cuándo se van a producir estas
convergencias.




Se ha hablado aquí, y creo que bastante bien, del coste que le puede
suponer a la caja de la Seguridad Social los descensos de las
cotizaciones a los trabajadores con edades menores de 50 años. Nos
gustaría saber cuál es la cuantificación de esta cantidad y qué es lo
que se busca cuando se está hablando del descenso de las cotizaciones
a los trabajadores en activo, fundamentalmente, mayores de 50 años,
que es lo que se busca realmente con esta materia, porque el descenso
sí lo vemos claro, pero el efecto beneficioso de esa medida no lo
acabamos de ver. Echamos de menos que, aprovechando esta ocasión, no
se haya actualizado el salario mínimo interprofesional que, como S.S.

sabe, está muy por debajo del IPC, no sólo del de este año, sino del
anterior. Y muchas de las pensiones mínimas y



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no contributivas están referenciadas a este salario mínimo
interprofesional.

A este cuerdo al que hemos calificado de beneficioso le falta la
segunda parte de la ecuación, decir cuál es su coste respecto a las
previsiones que existían de gasto a la Seguridad Social para el año
2001, cuál es la factura cuantitativa para la caja de la Seguridad
Social. Señor ministro, estas serían las cuestiones básicas que le
plantea el Grupo Vasco.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Núñez Castain.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, en esta Comisión del Pacto de
Toledo discutimos más cómo se renueva, como decía el primer
interviniente, que cómo se aplica la anterior. Después de escuchar su
intervención -que naturalmente agradezco- sobre el acuerdo de las
pensiones, me surge la duda de si reflexionar sobre lo que se puede
hacer ahora, que es lo que ha hecho el Gobierno, en definitiva un
compromiso de su mandato -porque aunque se hable de una cifra como
esta de los doce años, este es un acuerdo hasta el 2004, es decir,
para esta legislatura y será revisado-, o ver si este acuerdo tiene
la simiente, los peldaños o las piedras de toque para, siguiendo su
dirección, llegar inercialmente a una solución correcta de prestación
social.

Cuando se habla de mejora y desarrollo del sistema de protección
social, tenemos que partir del convencimiento político -y hoy el
ministro ha hecho una intervención política, como le cabe- de si el
sistema de protección social actual es correcto y de si vienen
escenarios de incertidumbre, que algunos vienen (demográfico, de
cambios, etcétera) y, por tanto, si caben o no actitudes inerciales.

Debemos movernos en un terreno intermedio sobre si transmitir al
ciudadano una sensación de futuro incierto, que puede llegar casi al
caos, de esto no cuadra como siga así, mensaje de hace seis u ocho
años de decir: como sigamos así el sistema no sirve, o el siguiente
mensaje que es decir: esto es correcto, va bien y hemos avanzado
cuatro años más.

Señor ministro, el sistema actual de protección social de nuestro
país no es el que deseamos ninguno -todos aspiramos a que sea mejor-
y, por tanto, no caben escenarios inerciales. Me parece que hay poca
ambición. Quizá sea exceso de realismo del acuerdo de tener que arar
con los bueyes que hay, de hacer los números con los dineros que hay
y, por tanto, de avanzar en lo que se puede. Pero veo poca ambición,
poca tensión. Si vamos a una situación social distinta dentro de 20,
30 ó 40 años, deberíamos de ser más ambiciosos en estos trabajos de
revisión del Pacto de Toledo. Pero si no cambiamos el enunciado del
sistema, es decir, si no van a cambiar básicamente las
contribuciones, no van a cambiar básicamente los datos
socioeconómicos
y no va a cambiar nada, sólo podemos subir el IPC; por decirlo en
términos económicos: actitudes inerciales.

Ha dicho usted, señor ministro, que los crecimientos armónicos
inspiran confianza. Me parece que sí, pero siempre que uno esté en
una posición armónica. Si uno está en una posición correcta y va a
crecer, quiere crecer armónicamente. Pero si uno está en una
situación mala, no le tranquiliza nada el crecimiento armónico. Al
revés, lo intranquiliza porque ve que armónicamente no va a
solucionar nunca su problema. Hasta que en este sistema no
convirtamos la palabra mínima en suficiente, y cuando hablamos de
pensión mínima o complementos a mínimos pudiéramos decir que son
suficientes, entonces cabrían los crecimientos armónicos. Si todavía
estamos lejos de lo que entre todos consideramos suficiente, hace
falta un cambio, un salto, liderar una ilusión, un sueño, una utopía,
es decir, cambiar las cosas. De cómo nos movemos entre el binomio de
cambiar las cosas en el futuro y de cuánto podemos modificar a corto
en el presente, que es el acuerdo, es lo que hoy estamos discutiendo.

Desde el punto de vista del acuerdo, lo recibo con alegría en tanto
en cuanto hay acuerdo en un tema vital entre agentes sociales y el
Gobierno y en tanto en cuanto contiene mejoras que son perfectamente
claras y que ha descrito el señor ministro. Pero, además de contener
mejoras y un avance de futuro, también contiene balones fuera. Hay
que ir viendo en el libro cuántos córner hemos tirado, cuántas veces
hemos echado la pelota fuera y a qué año la hemos llevado. Que yo
recuerde, se habla del año 2003 para avanzar sobre la
contributividad. En la convergencia de regímenes, hablamos de
constituir una mesa de análisis y debates para ver si logramos la
integración del régimen especial agrario por cuenta ajena dentro del
régimen general; hablamos del 30 de junio de 2002 para el tratamiento
de dependencia... A mí, señor ministro, más que los números, más que
las consecuencias de este acuerdo -doctores tiene la Santa Madre
Iglesia y yo no las voy a sacar, supongo que lo habrán hecho el
Gobierno y los agentes sociales-, me interesa saber cuántos asuntos
no se han abordado y cuántos están ya en la sociedad. El anterior
Pacto de Toledo ya hablaba de la convergencia de regímenes, pero
¿usted cree, señor ministro, que los señores que están en el régimen
especial agrario por cuenta ajena confían en el crecimiento armónico
de converger? Si dijimos que tenían que converger hace cuatro años y
repetimos ahora que convergerán dentro de cuatro, a lo mejor no están
tan tranquilos. Están preguntando cuándo, qué costo tiene y por qué.

A lo mejor hay que cambiar más teclas de contribuciones y de
aportaciones al sistema, pero, desde luego, tranquilos no están.

Yo incidiría en uno de los temas más claros de la sociedad actual,
que está citado pero no abordado ni resuelto, que es el relativo a la
dependencia; asunto que nos preocupa a todos porque es un problema
actual, que no se planteará en el año 2010, 2020 ó 2030. Como



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es un problema grave que tenemos ahora mismo, que afecta a un gran
número de personas y del que naturalmente si se hace algo a corto
plazo tendrá un costo importante, lo que se dice es que se abre un
periodo de análisis y debate, que tiene que ser antes del próximo
año, para adoptar acuerdos, lo que tampoco significa que se aclare
cómo van a alcanzarse esos acuerdos o qué dimensión tendrán. Yo me
muevo en la dualidad de felicitarle por el acuerdo a que se ha
llegado sobre las pensiones, sobre la orfandad, sobre las viudas,
etcétera; son mejoras, pero existe una cierta sensación de que no
sería bueno para la sociedad transmitir una imagen de absoluta
inercia y tranquilidad de que van las cosas bien, de que están
resueltas y que ya veremos en el año 2012. Hace falta atención, hace
falta decir en este documento, aunque usted algo ha comentado, hasta
aquí hemos podido llegar pero nos queda mucho por resolver. Movernos
entre el reforzamiento de la banda de solidaridad que ayude siempre a
los que están peor, que supongo que es lo que nos inspira a todos, y
la banda de la equidad, de la proporción entre lo que se contribuye
y lo que se obtiene, que también nos preocupa a todos, es hablar de
desarrollo del sistema de protección social.

No al triunfalismo, no a la inercia; sí a la atención y sí al
reconocimiento de que esto es un avance, que aquí hay acuerdos que
son positivos pero que quedan atrás otros. A mí me gustaría que usted
avanzase, si puede, su idea respecto de esas cuestiones que han
quedado aplazadas durante dos, tres o cuatro años, como son la
convergencia de regímenes en el régimen especial agrario, muy
importante para Andalucía, como SS.SS. comprenderán por el gran
número de trabajadores en ese campo, así como la dependencia (sé que
se va a constituir una mesa pero me gustaría conocer su opinión sobre
las medidas que habría que adoptar) y la contributividad.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán,
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En primer lugar, quiero agradecer la
benevolencia de la Presidencia en la administración de los turnos y
permitir que este diputado, que hoy tiene una mañana realmente
compleja, pueda intervenir en estos momentos; y disculparme ante el
señor ministro y ante los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra por no haber escuchado sus intervenciones. Antes de
empezar a hablar he procurado situarme en el debate y creo que en mi
intervención no notará demasiado mi ausencia en las discusiones
previas.

Entrando ya en la cuestión y entendiendo que seguramente vamos a
tener ocasión de debatir con el señor ministro y con el secretario de
Estado en posteriores ocasiones sobre el funcionamiento de los
trabajos de
esta Comisión, voy a centrarme en el acuerdo a que llegaron el
Gobierno, Comisiones Obreras y la CEOE en relación con el desarrollo
del sistema de Seguridad Social en España. En el preámbulo de ese
acuerdo se afirma que el crecimiento económico, la creación de
ocupación y el diálogo social han sido instrumentos básicos de las
políticas que los gobiernos españoles, especialmente desde el año
1996, han impulsado en este ámbito para mantener el sistema público
de pensiones en España. Yo añadiría a esos tres objetivos el diálogo
político. Precisamente el gran éxito de la sociedad española en las
pensiones fue la puesta en marcha del Pacto de Toledo.

Hace pocas semanas, miembros de esta Comisión tuvimos la oportunidad
de estar en Alemania analizando el debate abierto en aquel país sobre
la misma cuestión. Nos parece que hoy el Estado español puede aportar
al debate europeo sobre el sistema de pensiones la dimensión de un
acuerdo político profundo entre la mayor parte de las fuerzas
políticas sobre los grandes ejes de desarrollo de las reformas
necesarias de nuestro sistema de pensiones. Mi primera consideración
ante el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con parte de los
agentes sociales es la necesidad de que exista un amplio acuerdo
político, en un contexto en el que seguramente se han cernido sobre
nuestra economía algunos nubarrones. La aceptación de un menor
crecimiento del previsto, una menor intensidad en la creación de
ocupación seguramente nos va a obligar a todos, al Gobierno, a los
grupos políticos y a los agentes sociales, en un contexto en el que
quizá las cosas tiendan a una mayor complicación, a insistir más aún
en las virtudes del diálogo social y político. Nuestra primera
consideración al Gobierno, desde la felicitación por el acuerdo a que
se ha llegado con Comisiones Obreras y la CEOE (felicitación por el
acuerdo mismo y por su contenido), es la de que no debemos
instalarnos, incluidos nosotros, en una cierta autocomplacencia. Las
cosas son como son y el diálogo político y social continúan siendo
absolutamente necesarios. Desde nuestra posición intentaremos
contribuir a ese diálogo político que permita llegar a acuerdos en el
seno de esta Cámara sobre estas cuestiones.




Segunda cuestión. Hemos de procurar que el acuerdo a que ha llegado
el Gobierno no vacíe de contenido los trabajos de esta Comisión.

Todos somos conscientes del riesgo que existe porque el acuerdo es
amplio, afecta a cuestiones esenciales del sistema de pensiones
español y tiene una vigencia importante de cuatro años; no estamos
hablando tan sólo de un acuerdo de cara a los presupuestos del año
próximo. En primer lugar, no hay que vaciar de contenido a esta
Comisión por una razón de principio, porque la soberanía reside en
las Cortes Generales. En segundo lugar, no hay que vaciar de
contenido esta Comisión porque el acuerdo es necesario en términos
sociales, pero también es necesario en términos políticos y el
acuerdo político se deberá



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producir necesariamente en el seno del Congreso de los Diputados. Y
en tercer lugar, porque el acuerdo en diversos aspectos es mejorable.

Sería bueno que el Parlamento tuviese la capacidad de mejorarlo.

Nosotros compartimos la orientación básica del acuerdo porque
responde a la filosofía del Pacto de Toledo. Entendemos que no se
aleja, en su esencia, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni
de lo que fueron las modificaciones legislativas producidas en la
pasada legislatura. La orientación es buena y lo importante es que
los acuerdos no se alejen de aquellos objetivos que a medio o largo
plazo pretendemos, que no son otros que el mantenimiento de un
sistema público de pensiones, introducir posibilidades en el ámbito
de la complementariedad y garantizar que las personas puedan acceder
en su etapa de jubilación a unas prestaciones dignas que les puedan
permitir ejercer con dignidad los derechos que tienen como
ciudadanos. El acuerdo contribuye a esa senda que nos hemos marcado.

Quizá la discrepancia, esa capacidad de mejorar ese acuerdo, se pueda
producir en relación con la intensidad de los avances que sobre los
objetivos del Pacto de Toledo nos marca el acuerdo. Según nuestro
grupo ahí hay cuatro cuestiones. La intensidad podía haber sido
mayor. Nos gustaría ver en el ámbito parlamentario las posibilidades
que hay para modificar o matizar mayores compromisos que los que el
propio Gobierno ha asumido con Comisiones Obreras y la CEOE.

La primera reflexión que queremos hacer es sobre el período de 12
años para la separación definitiva de las fuentes. Nos parece que las
organizaciones sociales, Comisiones Obreras y la CEOE han sido muy
generosas con el Gobierno ya que ese período es muy largo. No sé si
cuando se alcanzó el acuerdo se preveía una transición tan larga,
pero ahora podemos plantearnos un objetivo más al alcance de nuestros
análisis a medio plazo. En el trabajo parlamentario vamos a ver qué
márgenes existen para reducir ese plazo de los 12 años. En segundo
lugar, existe un elemento positivo para nuestro grupo y es que, por
primera vez de manera significativa, se va a apostar por una
reducción de las cotizaciones sociales, en este caso a personas con
años de presencia efectiva en los puestos de trabajo y con una edad
laboral avanzada. Sabe el señor ministro que en la ponencia que ahora
está reunida analizando las enmiendas de la reforma laboral con los
agentes, hemos insistido en que se debe aprovechar la reforma laboral
para ir más allá en esa reducción de las cotizaciones sociales en los
contratos indefinidos, para que no afecten sólo a las personas
mayores de 52 a 55 años, discusión que está vinculada al debate sobre
la reducción del plazo de esos 12 años. En el acuerdo se esboza la
posibilidad de que la reducción de las cotizaciones sociales y del
incremento de las pensiones vaya ligada a ese proceso de separación
de las fuentes. Por tanto, nos parece que existe margen.

Hay una tercera cuestión, que es la que hace referencia
específicamente a las pensiones de viudedad. El señor ministro sabe
que los grupos de la Cámara -tanto el Popular, como el Socialista,
Izquierda Unida, el Vasco y los integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto- han sido sensibles a campañas ciudadanas que han llegado a
esta Cámara en las que se expresaba la preocupación por la situación
del colectivo de viudas que con pensiones de viudedad extremadamente
bajas. El acuerdo apuesta por pasar de ese 45 a un 52 por ciento y,
en el caso de las personas viudas con cargas familiares y sin otra
forma de ingreso, llegar hasta el 70 por ciento. La segunda parte del
acuerdo es extremadamente positiva, ya que existe un cambio de
orientación de la política de viudedad, que va a tener consecuencias
favorables, pero nos preocupa que no contemple la situación
específica de aquellas personas mayores que, viviendo solas, con
rentas de viudedad extremadamente bajas y sin cargas familiares, no
se puedan ver beneficiadas de manera sustancial con este acuerdo. Nos
parece que en esta materia deberíamos ser más sensibles. Existe una
cuestión puntual y concreta que nuestro grupo va a plantear, que es
la compatibilidad de las pensiones SOVI con las de viudedad. Estamos
hablando de un asunto que afecta a colectivo pequeño de personas
mayores y que no supondrá un costo demasiado elevado. Al menos en
Cataluña, hay un número significativo de personas que están en una
situación mala. Nos parece que existe un margen financiero y político
en el acuerdo para mejorar la propuesta a la que han llegado el
Gobierno, Comisiones Obreras y la CEOE. Hay que profundizar también
en las mejoras que se apuntan en el régimen de autónomos. Hay una
vieja cuestión reivindicada por Convergència i Unió que hace
referencia a las incapacidades y nos alegramos, al tiempo que
felicitamos al Gobierno, porque ya era hora de que fuese asumida por
éste. Habrá que avanzar hacia una mayor homogeneidad de los sistemas.

El viernes pasado nuestro grupo tuvo en Barcelona un interesante
seminario sobre la figura de los denominados autónomos dependientes,
que son aquellas personas -y no estamos hablando de autónomos falsos-
que efectúan una actividad laboral en la práctica vinculada a una
misma empresa con un régimen de autónomo. Ahí se plantea una cuestión
complicada que habrá que resolver, que es la prestación por
desocupación de estos trabajadores autónomos. El acuerdo quizá
debiera haber empezado a prever fórmulas. Estas cuatro cuestiones
mejoran el acuerdo.

Finalmente, el acuerdo incorpora otras dos cuestiones que a nuestro
grupo le son muy gratas. Por un lado, la incorporación, por primera
vez, en el ámbito de los acuerdos del Pacto de Toledo de todo lo que
hace referencia a las dependencias. Es uno de los debates sociales
importantes que debe activarse en la sociedad español, ya que hoy en
día una política en el ámbito de la protección social necesariamente
debe buscar la articulación



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de un sistema de dependencias. La filosofía que expresa el acuerdo es
compartida por Convergència i Unió, en el sentido de establecer las
bases de una política de dependencia amplia, potente, que vincule a
las administraciones territoriales, comunidades autónomas
y administraciones locales; al sector privado; al tercer sector, todo
lo cual exige un liderazgo muy potente del Gobierno. Espero que el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lidere ese debate sobre las
dependencias. Necesitamos al Ministerio para abordar, insisto, una de
las cuestiones pendientes y más complejas del sistema de protección
social. Finalmente, nos parece interesantísimo que ese acuerdo haya
apostado por una visión flexible de los procesos de jubilación que
permita esa prolongación de la vida laboral y que al mismo tiempo dé
respuesta a necesidades que hoy existen entre aquellas personas con
una presencia muy duradera en el mercado de trabajo y que seguramente
necesitan esas fórmulas de flexibilización en su jubilación sin verse
penalizadas. Nos parece que el acuerdo ha introducido ahí
planteamientos novedosos y, por tanto, interesantes.

En conclusión, señor ministro, señor presidente, acuerdo con buena
orientación, pero acuerdo en el que, a nuestro entender, es posible
una mayor intensidad. Nos gustaría que en el ámbito parlamentario
fuésemos capaces de mejorarlo, en la búsqueda de lo que nos parece
que es esencial, que en España el debate sobre el sistema de
protección social se continúe caracterizando no tan sólo por acuerdos
sociales sino por acuerdos políticos de amplio y profundo calado
entre la mayoría de las fuerzas con representación en este
Parlamento. Convergència i Unió piensa contribuir a ese equilibrio.




El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, esperamos un pronto
restablecimiento de su salud. Como ya sabe usted, los catarros se
curan con medicación en una semana y sin ella, en siete días.

Si les parece a ustedes, vamos a suspender la sesión durante el
tiempo que se tarda en recorrer 50 metros, 25 de ida y 25 de vuelta,
que es una pequeña distancia, es decir, un minuto aproximadamente.

(Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Merino.




El señor MERINO DELGADO: Señor ministro, le agradezco en nombre de mi
grupo su comparecencia en esta Comisión, en la que nos ha explicado
el acuerdo al que se ha llegado por los agentes sociales y económicos
con el Gobierno de la nación y que busca desarrollar muchas materias
que contempla el Pacto de Toledo; concretamente, 10 de las 15
recomendaciones del Pacto se han visto desarrolladas. Le agradezco y
también le felicito, y le felicito como haré con los demás firmantes
comparecientes próximamente en esta Comisión.

Como ciudadano tengo que felicitarle necesariamente, porque es
un acuerdo importante para más de seis millones de ciudadanos de este
país. Tengo que manifestar la satisfacción de mi grupo porque este es
uno de los temas en los que la sociedad española es más sensible.

Este acuerdo tiene dos características que lo definen claramente: por
un lado, el diálogo -lo ha dicho alguno de los portavoces de los
grupos anteriormente- y, por otro, el cumplimiento de los compromisos
aprobados en esta Cámara. Y eso creo que es bueno para la sociedad,
eso lo entiende bien la sociedad. Por otro lado, esas dos
características sin duda definen el talante de su Ministerio. El
diálogo es fundamental para acercar posiciones, pero también para
llegar a acuerdos, sorprendiendo incluso a muchos que nunca pensaron
que el Gobierno aceptaría lo que ha firmado. Después de que los
agentes sociales y económicos no pudieran culminar con éxito el
acuerdo social, había quien auguraba este mismo desencuentro en el
Pacto al que hoy nos estamos refiriendo. Algunos daban por muerto el
diálogo social, y este acuerdo es puro diálogo social. Ha sido
importante el talante de este Ministerio en culminar con éxito el
acuerdo.

Es un acuerdo trascendental para todos los ciudadanos -como he dicho
anteriormente, más de seis millones de ciudadanos de este país se van
a ver afectados directa o indirectamente por él-, y le animamos a
seguir en ese camino de diálogo en el futuro, porque el acuerdo -y
usted lo ha dicho claramente- abre la puerta a nuevos ámbitos para
seguir dialogando. De hecho, las comisiones y las mesas que prevé
constituir son buen ejemplo de ello. Como su título dice, es un
acuerdo que mejora y desarrolla el sistema de protección social, pero
también que garantiza el futuro del sistema, y en esta Comisión hemos
tenido ocasión de escuchar en el transcurso de los últimos meses a
numerosos expertos que nos han expuesto los diversos criterios
existentes para dar precisamente garantía al futuro del sistema. Y
hoy comprobamos, no sólo con teoría sino también en la práctica, con
propuestas concretas plasmadas en este acuerdo, que esa garantía es
cierta, que esa garantía existe. En esta Comisión hay mucha voluntad
de diálogo y de consenso para desarrollar este acuerdo que beneficia
a todos. Hoy no he visto -debo reconocerlo públicamente- un rechazo
frontal a este acuerdo y sí he visto aportaciones, ideas, crítica a
algún punto, preocupación por otros, pero no rechazo. Eso es bueno,
positivo, y estoy seguro de que nadie podrá rechazar su contenido.

Como todo acuerdo, podría mejorarse, seguro, pero ha dejado usted
clara su voluntad de mejorar en el futuro aspectos que pudiesen
considerarse mejorables. Todos los grupos vamos a trabajar, como se
ha dicho, para desarrollar lo que usted ha conseguido ya con los
agentes sociales y económicos, y en esa tarea va a tener a nuestro
grupo sin limitaciones.Porque entendemos que se trata de un acuerdo



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equilibrado, ambicioso, que se inspira sobre todo en la solidaridad y
que aporta tranquilidad al ciudadano, que es muy importante en estas
cuestiones. Hay que transmitir tranquilidad al ciudadano y eso se
hace desde estos acuerdos.

El acuerdo de 1996 fue suscrito por los sindicatos y por el Gobierno,
pero no por los empresarios; ahora, sin embargo, lo han firmado
también sindicatos importantes, como Comisiones Obreras. Por tanto,
se completa uno más de los acuerdos, cinco ya, que este Gobierno ha
negociado con agentes sociales y económicos. Nuestro grupo, por
supuesto, prefiere cinco acuerdos que cuatro huelgas generales, eso
está claro. ¿Podría haber sido mejor? Tal vez sí, pero también podría
haber sido peor, sobre todo si no se hubiera firmado ningún acuerdo.

¿Por qué no nos va a gustar este acuerdo si garantiza el equilibrio
económico-financiero del sistema y mantiene el principio de
contributividad? Eso es cumplir con las recomendaciones primera,
segunda y novena del Pacto de Toledo, así que ¿cómo no nos va a
gustar eso? ¿Por qué no nos va a gustar este acuerdo que pretende la
solidaridad con los colectivos más desfavorecidos si eso está en la
recomendación número doce del Pacto de Toledo y si además las
pensiones mínimas han subido en estos últimos cinco años un 27 por
ciento, siendo la mejora de la situación familiar evidente, puesto
que las pensiones de viudedad, las de orfandad y las pensiones
mínimas se han visto especialmente beneficiadas?
No quiero hacer una exposición detallada de cada uno de los puntos,
puesto que seguramente después será hecha por el Secretario de Estado
y por mi compañero de grupo, pero una cosa importante que hay que
decir es que nadie conoce mejor la problemática de la jubilación
anticipada que los empresarios y los sindicatos. Pues bien, la
jubilación gradual, la jubilación progresiva, la jubilación flexible
no sólo es positiva, sino que nosotros la consideramos también
novedosa, cumpliendo además con la recomendación décima del Pacto de
Toledo.

Así pues, sin entrar más en detalle, no he podido ver ningún apartado
del acuerdo que incumpla, aunque sólo sea mínimamente, el Pacto de
Toledo. Al contrario, creo firmemente que todo su contenido es
positivo y que beneficia a todos los colectivos a los que se dirige,
permitiendo además, aspecto fundamental de este acuerdo, un proceso
de reformas gradual que deja abierto el diálogo social para los
próximos cuatro años. En ese tiempo, esta Comisión tiene mucho que
hacer y mucho que decir al respecto, porque hay que ver de dónde
partíamos y cómo estábamos cuando se inició este proceso en 1996 y
cómo estamos ahora. Y por eso compartimos, señor ministro, su
planteamiento de entonces, ese planteamiento en el que usted hablaba
de esa doble vía de diálogo político y social. Hasta el momento
solamente ha habido diálogo social, pero ahora se va a iniciar
también el diálogo político, en el
que nosotros vamos a colaborar desde esta Comisión con ustedes, con
los que van a crear las comisiones de seguimiento, con los que han
elaborado este acuerdo y lo han firmado recientemente. Ahora hemos
visto el éxito de esa estrategia que algunos criticaron entonces
y que algunos critican todavía. ¿Se critica el método o el fondo?
Nosotros entendemos que se puede criticar tanto la forma como el
fondo, es legítimo, pero también a veces vemos que se critica por
criticar o tal vez por la sorpresa de la firma. Realmente a veces no
sabemos qué es lo que hay detrás de esa crítica.

Ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que está preocupado por el
gasto y, como me ha llamado la atención, quisiera resaltarlo. Me ha
parecido deducir de su intervención que tiene una preocupación
profunda por el gasto en determinados apartados del acuerdo. No he
entendido desde su posición política esa oposición a subvencionar
cotizaciones para crear empleo, puesto que él sabe de sobra por su
experiencia, tanto profesional como política, que el fomento del
empleo supone muchos más ingresos que el coste de la reducción de las
cotizaciones. Por tanto, si se fomenta el empleo y se apoya ese
fomento del empleo, está claro que el coste que suponga la reducción
de las cotizaciones siempre va a ser menor.

Desde luego, no comparto en absoluto lo que ha dicho el portavoz de
Izquierda Unida, porque hablar de que este es un acuerdo de mínimos
que parece que no sirve o sirve poco y que hay que cambiarlo aquí, me
parece excesivo. Hablar de que toda la negociación se desarrolla
desde la tutela y de que, si no se llega a un acuerdo, parece que el
Gobierno actúa desde la mayoría absoluta, hoy día es poco creíble,
sobre todo cuando vemos los firmantes de ese acuerdo.

Siento que el hecho de llegar a un acuerdo no le guste al señor
Alcaraz partidario del turbointervencionismo a tope. Cuando se
refiere a nosotros habla más del turbocapitalismo. Desde su posición
de turbointervencionista, entiendo que no esté de acuerdo con esta
posición. Comprendo que esté usted disgustado, por eso esta luchando
por la unidad de acción que debe llevar a la huelga general, en eso
comparte la tesis de don Marcelino Camacho. No sé cuántos disgustos
se van a producir si al final no hay huelga general, la verdad es que
parece que puede haber muchos. Ustedes que tanto defendieron que se
respetara el acuerdo sobre los funcionarios, me llama la atención
ahora que no vean con esa misma simpatía este tipo de acuerdos. De
hacer caso a Izquierda Unida, deberíamos empezar ya a cambiar todo lo
pactado para incrementarlo como fuera y no sé para qué servirían los
convenios colectivos. Si no se tienen en cuenta los períodos de
vigencia de los acuerdos, de poco va a servir cualquier acuerdo que
se adopte, sea por un año o sea por cuatro. Tal vez usted ha hablado
mucho en nombre de Comisiones Obreras en la mañana de hoy. No se
preocupe porque el próximo jueves viene Comisiones Obreras y va a
poder



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explicar libremente todas esas cuestiones sin que usted tenga que
representarle. El señor Alcaraz, como portavoz de Izquierda Unida,
nos ha planteado una posición que no es acorde con lo que esta
Comisión pretende, que es precisamente el diálogo. El acuerdo lo
contempla; usted no lo ha citado, pero el acuerdo contempla la
posibilidad de dialogar a lo largo de los próximos cuatro años para
introducir esas mejoras.

Señor ministro, cuente con nuestro grupo para desarrollar los
importantes apartados del acuerdo con las correspondientes normas que
tendrán que venir a esta Cámara. Nosotros, desde luego, nos alineamos
decididamente con los agentes sociales y económicos en este acuerdo.

El que quiera autoexcluirse que se lo explique a los ciudadanos,
sobre todo a los que se van a beneficiar del mismo. Le reiteramos
desde nuestro grupo esa felicitación porque contiene muchos aspectos
muy positivos, cumple sobradamente con lo que establece en sus
recomendaciones el Pacto de Toledo y abre la posibilidad de diálogo
en esta Cámara y en la propia Comisión con todas las partes. Desde
ese punto de vista, consideramos el acuerdo muy positivo, muy
favorable y, sin duda, esos 6 millones de ciudadanos que se van a ver
beneficiados por su contenido estarán con nosotros, si sabemos darle
el desarrollo adecuado.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, antes de nada quería dar las gracias a
todos no solamente por la forma de intervenir, acorde con ese
espíritu de acuerdo que siempre ha presidido los temas de Seguridad
Social, sino además desde el ejercicio de ese derecho a la
disidencia, legítimo en política y más aún en el Parlamento.

Tristemente, sólo hay una parte de nuestro territorio en el que ese
derecho a la disidencia conlleva riesgos, pero felizmente no es el
caso de esta Cámara. Les doy las gracias a quienes han reconocido
avances, a quienes han reconocido aportaciones positivas en este
texto. Yo creo que hay muchos avances en la dirección correcta, al
menos porque sigo tomando como referencia inequívoca el propio Pacto
de Toledo. Insisto en que son ustedes, es esta Comisión quien
administra la adecuación o inadecuación de las medidas del Gobierno a
lo que es ese espíritu de consenso, pero en cualquier caso se
reconocen avances positivos en todos los frentes e incluso ya
explícitos en 10 de las 15 recomendaciones.

De las 15 recomendaciones, hay una que no es preciso desarrollar,
sino simplemente aplicar, y es el gran elemento de tranquilidad que
yo añado a algunas de las que, si no, serían arduas e infructuosas
discusiones sobre las previsibles o imprevisibles evoluciones no sólo
demográficas sino también económicas de nuestra sociedad. No bastaría
solamente con hacer asertos de carácter demográfico, sino que también
deberíamos
saber de antemano -y bien que me gustaría- cuál va a ser la riqueza
disponible por parte de la sociedad española a la hora de asignar
recursos a unos u a otros segmentos de su población. Sin duda alguna
-vaya el dato-, uno de los elementos de satisfacción de este Gobierno
es haber visto cómo ha evolucionado de manera altamente positiva la
correlación entre cotizantes y pasivos que ostenta el propio sistema
de Seguridad Social, que en estos últimos cinco años ha tenido una
importantísima recuperación. Al igual que todos nos expresamos con
prudencia en los estudios previos del año 1995, yo sigo aconsejando
esa misma prudencia a la hora de predecir, sobre todo con ciertas
fiabilidades, cuál ha de ser exactamente la evolución de nuestra
economía. Yo me sigo manejando, como se maneja este Gobierno, en esos
crecimientos promediadamente comparables a los que ya ha sabido tener
la sociedad española en las últimas décadas, que era una de las bases
económicas del propio acuerdo.

Para mayor tranquilidad, como les decía, está felizmente vigente la
decimoquinta recomendación, que invita y anima a que se produzca esa
reflexión cada cinco años. A la pregunta sobre qué sucederá el año
2020, una de las contestaciones más sencillas que puedo dar a alguno
de los portavoces es que se habrá reunido al menos tres veces
-espero- esta misma Comisión y habrá tenido ocasión de valorar, con
infinita precisión, sin temores infundados y sin falsas profecías,
aquello que pueda estar sucediendo en ese instante, y no dudo de que
quienes ocupen estos asientos tendrán por lo menos la misma sensatez
que quienes hoy los ocupan.

Se ha hecho mucho hincapié en uno de los aspectos. Vuelvo a insistir
en que, al margen de la simpatía o antipatía que produzcan las tres
grandes áreas, una de las grandes áreas de la Seguridad Social que a
todos nos mueve y conmueve es la de la solidaridad. Creo que los
mismos tratamientos y formas hay que aplicar a las áreas de
contributividad y a las áreas de carácter o perfil financiero. Como
les decía hace unos instantes, no me parece lógico que se defienda
una extraordinaria gradualidad, cuando no una lentísima implantación,
de ciertas medidas asociadas a la progresividad, en este caso la
contributividad, y sin embargo se quiera ser extraordinariamente
cicatero a la hora de tomar decisiones de plazo financiero o de plazo
de solidaridad. Si me lo permiten, creo que tienen que ser parámetros
de gradualidad semejantes los que se apliquen en todos los ámbitos.

Por cierto, hay una precisión importante en lo conceptual que me
parece básica. Aunque esta Comisión entiende preferentemente, porque
así lo quiso el Parlamento español, del área contributiva de la
Seguridad Social, esto es, del área que mantiene, y debe mantener,
algo más que un equilibrio entre derechos y obligaciones, no es menos
cierto que Seguridad Social también es, según nuestro ordenamiento
jurídico, nuestra sanidad



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y son nuestros servicios sociales. Lo digo para que no entremos en la
confusión de que solamente es Seguridad Social aquello que se
financia con cotizaciones. Eso sería abrir la puerta a una
desvertebración efectiva de nuestro sistema de protección. Quien les
habla les dice con toda claridad que esto no es cierto y que tampoco
me parecen excesivamente rigurosos los análisis que solamente
reconocen y conocen las cotizaciones o que tratan de establecer, como
tantas veces he dicho, unas fronteras económicamente artificiales
entre los ingresos que la Seguridad Social percibe por cotizaciones
y los que percibe por otros impuestos o por otros ingresos del Estado.

Lo digo para que se comprenda así mejor cuál es la verdadera
dimensión de la separación de fuentes. Sin duda ninguna, decisiones
de calado y de trascendencia, positivas para la sociedad española,
como fue la universalización de la sanidad en el año 1990, deberían
haber estado acompañadas, desde el primer instante, de un marco de
financiación adecuado y acorde con lo que hoy planteamos, esto es con
una íntegra financiación por vía de impuestos. Eso no ha sido posible
hasta hace dos años. De igual modo, para los servicios sociales
tampoco ha sido posible hasta hace dos años.

No se lea en mis palabras ningún reproche, pero me parece que
cometería un gravísimo error quien debe de abordar la protección
social en España si se limita a buscar exclusivamente unas
artificiales fronteras entre las cotizaciones y las aportaciones
ordinarias de vía fiscal que realiza el Estado, y me parece aún menos
riguroso que, cuando se hace este tipo de planteamientos, no se diga
también con toda claridad a qué impuesto se va a apelar para
compensar los ingresos no percibidos por vía de cotización. Ya sé
que, en la reciente teoría ideológica y económica, bajar los
impuestos es de izquierdas -lo reconozco como una de las mayores
innovaciones que se han recibido-, pero me parece que lo que sin duda
ninguna aportará rigor a estos debates es que, cuando se señale un
importante decremento de los ingresos por cotización o se pretenda la
liberación de cantidades de cotizaciones, bien para los fines de
mejora de las prestaciones, bien para una racionalización de los
ingresos, también se indique con mayor precisión a qué impuesto se va
a apelar. No nos suceda como en el pasado -y bien reciente está- año
1994 cuando hubo un anuncio de compensación de una cuantía importante
de cotizaciones por la vía de compensación fiscal del IVA, y el
ingreso no llegó nunca. Cuando se hace uno de estos planteamientos,
creo que debe decirse también cuál va a ser la fuente alternativa de
ingresos. ¿Por qué? Porque en caso contrario, habrá que señalar
cuáles son las prestaciones que uno pretende reducir o cuáles son las
servidumbres a las que se verá obligada la sociedad para mantener
esas prestaciones.

Conste que en todo este debate me ha encantado ver la versatilidad de
algunos diputados. Igual que el otro día veía al señor Sevilla
hablando de derecho laboral,
hoy me ha encantado ver hablando de economía -y lo digo con toda
sinceridad- al señor Griñán, que, por cierto, es una de las personas
que en el ámbito del conocimiento financiero y, especialmente,
sanitario de la Seguridad Social goza de mi más pleno respeto. Pero
para entender mejor el debate de hoy, hay que ponerlo en conexión con
el debate producido el otro día, en el que también se habló de muy
importantes reducciones de ingresos de la Seguridad Social,
especialmente los afectos a los grupos de menor cualificación
profesional, que lógicamente, puestos a sembrar incertidumbres,
podrían ser incluso de mayor calado que los que hoy se perciben
también como elementos de crítica, que yo admito legítimos, pero no
de incertidumbre y menos aún de riesgo financiero del sistema. Al
menos en este aspecto nos avala la propia evolución de la Seguridad
Social en estos últimos cinco años. Si las preguntas deben ser
sencillas, cabe preguntarse si la Seguridad Social está hoy igual,
peor o mejor desde cualquiera de las dimensiones de salud financiera,
de solidaridad o de contributividad. Igual que se nos ha pedido mayor
intensidad en las medidas de solidaridad, también se ha recordado por
algunos de los intervinientes la petición de la expresión del
carácter redistributivo. Creo que el carácter redistributivo quedó
especialmente señalado tanto en el acuerdo sobre pensiones mínimas,
que permitió un crecimiento sensiblemente superior -y contesto a otro
de los intervinientes- al del IPC, como en el caso de la mejora de la
protección a tiempo parcial, que fue otro ejercicio de solidaridad
interna dentro del marco de protección social, que por otra parte
creo que son correctos.

También ha habido una pregunta clara: si el fondo de reserva va a ser
el único destino posible de los superávits. Al menos agradezco que se
reconozca la posibilidad de superávit en la Seguridad Social.

Evidentemente, no puede ser el único fin. Debe ser un fin prioritario
y preferente, como de hecho está establecido, pero naturalmente que,
de haber nuevos márgenes, deberían consumirse también, por pura
coherencia, bien en la mejora de la solidaridad interna del sistema o
bien en una racionalización de aquellos ingresos que permitan además
la activación del empleo. No en vano son el propio Pacto de Toledo,
el libro blanco de Delors o cualquier texto de los que suscitan
consenso en el marco europeo los que nos sugieren que también la
reducción de costes indirectos, de costes no salariales del empleo
puede ser, sin duda ninguna, una medida activadora del empleo. En esa
misma línea, me consta también que existen propuestas del principal
grupo de la oposición, por lo que creo que en este terreno no debería
haber una especial discrepancia en las posibilidades de utilizar las
modulaciones de cotización como elemento dinamizador del empleo.

No es por incurrir en el tópico ni por mover a la sonrisa, pero me
alegro de que me hayan hecho algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué
el apoyo explícito a



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las mujeres trabajadoras en situación de maternidad? Porque se trata
de que la sociedad española vea incluso como más atractiva la
posibilidad de contratar a una mujer en situación de posible
maternidad que a otra persona. Esto se hace para que se invierta la
tendencia actual, en la cual es evidente que existe disuasión, porque
sólo se aprecian las incomodidades de una pausa, la pausa producida
por el propio descanso biológico, o incluso los problemas de
sustitución. Se trata de invertir la situación. Coincido -y en esto
creo que el consenso va a ser unánime- en que sólo ha habido un
planteamiento plenamente extravagante, que fue aquel planteamiento
reciente que hacía ver que la maternidad era un problema exclusivo de
la mujer trabajadora. Al margen de semejantes extravagancias, todos
podemos coincidir en que estamos ante una cuestión de interés para
toda la sociedad y que debe ser atendida con medios de toda la
sociedad, y nada mejor que los propios instrumentos de protección
social.

También se me ha preguntado el porqué de ese apoyo explícito a otro
de los colectivos de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo de pérdida
del empleo, como es el grupo de personas entre 60 y 65 años. La razón
es que se trata de compensar lo que ya está estadísticamente
demostrado, que es la tendencia sistemática de cualquier movimiento
de adaptación de plantillas a que sean preferentemente estas personas
las que se vean obligadas a abandonar el mundo del trabajo. Pero es
que en la comparecencia no distante del 28 de junio del año 2000, era
el propio portavoz del Grupo Socialista quien nos solicitaba medidas
activas en el área de trabajo para mantener la actividad y el empleo
en las personas mayores de 50 años. Ya sé que nunca acertamos -no
acertamos en su opinión; parece ser que, felizmente, el conjunto de
la sociedad acepta mejor nuestros planteamientos-, pero aquí hemos
tratado de atender una de sus peticiones. Se trata de diseñar ese
doble mecanismo, porque sin duda alguna la alternativa contraria ya
la hemos visto. El primer esfuerzo debe ser para que una persona que
a partir de los 50 años está en situación de riesgo mantenga su
puesto de trabajo, entre otras cosas porque difícilmente vamos a
poder garantizar niveles de renta y de satisfacción social idénticos
en una situación de pasivo que en una situación de activo. Esto desde
el plano estrictamente humano y personal. Si me lo dice en términos
del sistema, naturalmente que trataré de que todas las personas que
puedan y quieran llegar activas hasta los 65 años, o incluso después
de esa edad, lo hagan.

Como le decía antes, los actuales mecanismos de atención a quienes se
ven expulsados me parecen insuficientes en algunos casos y
discriminatorios en otros, porque, por ejemplo, hasta la firma de
este acuerdo podíamos ver cómo una persona, si tenía la suerte, por
decirlo así, de haber estado trabajando antes del 1 de enero de 1967,
tenía al menos una opción de estabilidad
en sus rentas por prejubilación, y no la tenía si no cumplía
dicho requisito.

Vuelvo a insistir, puede ser correcta alguna de las lecturas de los
defectos y de los fallos que pueda tener, que los tendrá, sin duda,
como toda obra humana -se ha dicho que es mejorable, no lo dudo-,
pero corrige algunas de las situaciones, especialmente de
discriminación, que existían y vuelve a dar una visión algo más
panorámica que la de solamente los fenómenos de salida anticipada del
mundo del trabajo, que sin duda ninguna son significativos, pero no
son los únicos con los que debe contemplarse un hecho feliz, que es
la mayor prolongación de la vida laboral y de la vida física de los
ciudadanos; y los primeros tramos que creo que hay que recorrer son
los tramos de carácter voluntario, que encajan además perfectamente
en lo que en este momento está haciendo el conjunto de países de la
Unión.

Hay temas en los que si nos hemos expresado quienes hemos firmado el
acuerdo -y supongo que SS.SS. también- con cautela y prudencia es
porque no son temas de competencia exclusiva del Estado, temas en los
que habrá que ejercer esa dirección y ese liderazgo al que se hacía
mención, pero en los que el concurso de las comunidades autónomas e
incluso de otras administraciones es evidente. La atención a las
personas dependientes no es una cuestión de dimensión exclusiva en
términos económicos. Si algún concepto cobra ahí sentido es el
concepto sociosanitario, y estoy seguro de que habrá apelaciones
también muy celosas de las responsabilidades y de las competencias
que tiene cada administración. Tal vez por ese respeto es por lo que
se ha actuado con esa prudencia.

Despejo dudas. Yo nunca matizo al presidente del Gobierno. Me
preguntaba si yo tenía interés en matizarlo: ninguno, pero me parece
que lo que se ha realizado en estos últimos años es correcto, sobre
todo porque no hay dato que pueda avalar que sea incorrecto. Lamento
que algunas profecías de recorte de pensiones, de deterioro o de
degradación del sistema no se hayan cumplido. Yo me alegro muchísimo,
lo siento por quienes las formularon, pero estoy seguro de que cuando
acabe esta fase estaremos en condiciones de seguir avanzando en esa
misma dirección, y naturalmente que suscribo el impulso político que
el presidente del Gobierno ha hecho al respecto.

Por cierto, ha habido una frase que no sé cómo contestar, porque
literalmente me ha parecido entender, respecto a las mejoras de
algunas pensiones, que no sabía cuánto es, pero que le parecía poco.

Permítame que, ante planteamientos de una precisión tan reducida, me
resulte muy difícil saber incluso a qué se refería la pregunta.

Ha habido también alguna insinuación, que voy a entender como creo
que hay que entenderla, con clave de humor, de una especial astucia o
inteligencia a lahora de administrar el tiempo parlamentario. Ahí
tengo



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la conciencia muy tranquila, porque, después de muchos años de
experiencia parlamentaria, quien administra el tiempo del Parlamento
es el propio Parlamento, con lo cual, si ha coincidido
favorablemente, tanto mejor. Al final, eso también permitirá, sin
duda ninguna, que nuestro trabajo tenga esa coordinación entre dos
áreas tan íntimamente conexionadas como el empleo y la protección
social. Espero que no produzca efectos secundarios de confusión,
porque también en algún momento podría ser un factor de riesgo.

No he querido en la primera parte de mi intervención descender a
ciertos niveles que estoy seguro de que van a estar perfectamente
atendidos por la intervención, prevista también por esta Comisión,
del secretario de Estado, pero sí despejo algunas dudas. En cuanto a
las jubilaciones anticipadas, al menos en el período que podemos
conocer con mayor precisión -y voy a hacer observaciones que confío
en que se mantengan-, hoy -lo señalaban, y ahí coincidíamos también
con el portavoz del principal grupo de la oposición- estamos en un
mercado que demanda empleo, con estrangulamientos incluso, por qué no
decirlo, en algunas regiones o algunas áreas -no quisiera decir
regiones, porque incluso dentro de una región pueden convivir
situaciones de déficit y de superávit de oferta de mano de obra-,
luego la tensión es de retención del mayor número posible de
trabajadores. Estamos ante una estimación. Le puedo decir que el
conjunto de las peticiones de jubilaciones anticipadas se ha
decelerado felizmente en estos últimos años. No vivir una situación
de crisis y que haya necesidad de mano de obra cualificada atrae
favorablemente a estas personas. La estimación con la que hemos
trabajado serían: adicionales, unas 12.000 personas en el período de
2001 a 2004, y eso encaja perfectamente; si ese es el margen de mayor
aceleración por el nuevo sistema, le aseguro que es perfectamente
asumible. Me parece que, aunque sea obvio, es bueno recordar que las
bonificaciones son neutrales, en términos financieros, para el
sistema y que las bonificaciones que afectarían a los trabajadores
entre 60 y 65 años estarían compensadas, gastos frente a ingresos, en
el orden de unos 60.000 millones de pesetas. Si a eso le añade la
progresividad citada para que, como le señalaba, si hubiese alguna
desmesura con la aplicación de estas medidas, fuese rápidamente
corregida, tampoco me parece que sea ningún factor de riesgo. En
cuanto a si los contratos de sustitución han tenido eficacia, puedo
decirle que la han tenido, al menos para más de 37.000 personas del
conjunto de bajas por maternidad, que en el año 2000 también han
repuntado en 192.000. Para 37.000 sí ha sido posible mejorar su
situación, al menos desde la perspectiva del empleo. El número de
contratos generados desde la implantación ha sido superior a 80.000.

Ha habido un plano en el que me resulta muy difícil situarme. Ha
habido quien ha centrado su crítica en la inconcreción, por no decir,
en sus propias palabras, en
la ambigüedad del acuerdo y, a su vez, en la ausencia de márgenes, lo
cual me sitúa en una situación francamente compleja. Yo creo que el
acuerdo deja márgenes para que el diálogo político, para que la
acción administrativa normal pueda y sepa perfeccionarlos. No tengo
ninguna duda de que estamos ante una herramienta que, por otra parte,
fue solicitada por esta Comisión, porque fue la Comisión la que pidió
que se hiciese el máximo esfuerzo, y eso creo haber hecho, de
obtención de un acuerdo que sirviese de pauta de manera análoga a la
que se produjo ya en 1996 y que permitió que en 1997 surgiese un
mejor texto legal. También comprendo las dificultades de algunos
grupos que han mantenido un discurso de demanda de acuerdos y
posteriormente de crítica severa a los mismos, cuando no de rechazo
parlamentario. Pero como bien se ha dicho, es mejor que cada cual
explique su propia posición que, afortunadamente, no es la del grupo
al que me honro en pertenecer. Yo me he sentido identificado en los
acuerdos suscritos y también me he sentido identificado en los textos
legislativos que han sido objeto de atención por la Cámara. Con lo
cual ahí no ha habido ninguna tensión ni problema de conciencia.

Me veo obligado a hacer algunas precisiones. Cuando el acuerdo habla
de convergencia de regímenes, creo que se expresa con extraordinaria
prudencia. La primera aproximación -lamento que no coincida con
algunas de las interpretaciones que se han oído- sería dentro del
campo de los propios trabajadores autónomos y la aproximación entre
los trabajadores autónomos que hoy se sitúan en el régimen agrario y
el régimen más común de trabajadores autónomos. Esa es la primera
aproximación que, por otra parte, ha sido muy demandada por los
propios interesados. Junto a ese punto de arranque o esa primera
indicación, no hay ningún inconveniente. Y sí es buena noticia para
el mundo de los trabajadores autónomos el que dos reivindicaciones
clásicas, que es que alcanzados los 55 años las situaciones de
incapacidad no sean diferentes, según el régimen general o el régimen
de trabajadores autónomos, y también la posibilidad que ahora se
abre, una vez que culminemos el proceso de renovación de la tarifa de
accidentes de trabajo, al aseguramiento público del accidente de
trabajo la enfermedad profesional, que son dos peticiones razonables,
tendrían cabida en este contexto.




Se han pedido también explicaciones, y es lógico. Como decía antes,
no cabe interpretar este acuerdo de una manera aislada, ajena, no
digo ya a la sociedad española, sino incluso a las decisiones que el
Gobierno ha planteado, muchas de ellas vinculadas a la propia
estrategia de la Unión Europea en sus marcos presupuestarios, y esta
es una de las ideas clave. Se irá aplicando la progresividad, la
gradualidad y el respeto a los marcos. Ha habido quien ha expresado
una profunda preocupación por la variación de los marcos o de los
escenarios económicos. Yo creo que, felizmente, España



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va a seguir creciendo en cifras que le permiten cumplir sus objetivos
presupuestarios, que le van a permitir también atender los
compromisos en materia de protección social y que incluso, como toda
predicción, puede verse felizmente superada por los hechos. Yo creo
que la economía española también ha sabido, y esto es evidente,
crecer más y mejor sin tener precisamente un clima favorable en el
entorno. Esa es la situación que todos podemos comprobar que se
produjo entre los años 1997 y 1999, donde era difícil atribuir a
otras economías el empuje de la economía española. No había ninguna
locomotora alrededor y, sin embargo, se produjo un importantísimo
crecimiento, tanto en empleo como en protección social.

Voy concluyendo. Algunas de las afirmaciones son tan subjetivas que
son naturales dentro del ámbito político, pero de imposible medición
y apreciación. Se ha referido a la ambición. Yo me conformo con que
lo que hemos recibido esta generación y este Gobierno, una Seguridad
Social con incertidumbres, con dificultades financieras, al final de
este mandato y de este período esté en mejores condiciones, no sólo
desde la lectura de su salud financiera, incluso de la verosimilitud
de su contabilidad, sino que sea más solidaria y que sea más
contributiva.

En el terreno de la solidaridad sí me detengo unos instantes. Como se
ha dicho antes -y lo digo también para aclarar cuáles serían las
dudas sobre los criterios de actuación- en materia de viudedad hay un
criterio de carácter general, que sería la modificación de los
porcentajes aplicables, del 45 al 52, pero ya se ha hecho -y se
seguirá haciendo-, priorizando y atendiendo las situaciones de mayor
dificultad. Somos conscientes de que algunas -bastantes- no se verían
afectadas por la simple modificación de los coeficientes, pero creo
que sería injusto no recordar que han sido las más beneficiadas en
los acuerdos alcanzados sobre pensiones mínimas bien recientes. Desde
luego también se marca una atención especial -incluso en el trato de
coeficiente- para el caso de máxima dificultad, donde nuevamente el
coeficiente podrá llegar al 70 por ciento, si vuelve a estar en el
caso que hemos precisado antes de ser menor de 60 años y en este caso
con cargas familiares y con dificultad adicional de que esa pensión
sea su principal, cuando no su única fuente de renta. Igual ha
ocurrido cuando se ha hablado del carácter no redistributivo. No me
gustaría, y comprendo que no sea el hecho más destacable para alguno
de los intervinientes, la igualación de la pensión básica del
sistema, como es la pensión de jubilación para mayores de 65 años,
con el salario mínimo interprofesional, que ya se produjo felizmente
en el año 2000.

Se ha dicho que el acuerdo es mejorable, lo comparto; pero no podemos
olvidar que es un acuerdo en el que ha sido posible encontrar no
solamente la voluntad del Gobierno, sino también la voluntad de una
de las grandes centrales sindicales, la mayor en este caso, y de las
propias organizaciones empresariales. Yo creo que ha marcado ese
equilibrio razonable entre objetivos.

Se han pedido en algunas áreas -vuelvo a insistir en que a todos nos
mueve con mayor facilidad el área de la solidaridad- esfuerzos
complementarios que se tratarán de hacer, pero yo creo que tiene que
ser una discusión suficientemente equilibrada. ¿Por qué? Porque no se
trata solamente de detener el debate sobre gastos, creo que la
presencia de los empresarios también garantiza que estamos actuando
en esa otra dimensión que es un debate sobre racionalidad de ingresos
que nos es demandado, y que por otra parte es coincidente con muchas
de las posiciones que han planteado distintos grupos. No ha sido
solamente el Grupo Popular quien ha pedido que también se sigan
instrumentando fórmulas que permitan esa actuación sobre ingresos,
incluso dinamizadora del propio empleo. Sí se ha descartado -y eso
creo que es obvio- lo que nunca contuvo el Pacto de Toledo, que son
fórmulas de reducción general, no selectiva o indiscriminada. Eso no
ha estado nunca presente y hoy tampoco está. La atención a grupos de
mayor dificultad sí está presente y sin ninguna duda creo que puede
convertirse en un elemento de garantía.

Me veo obligado a realizar esas precisiones desde el punto de vista
político. Tengo la enorme tranquilidad de que la ulterior
comparecencia del secretario de Estado producirá también nuevas
explicaciones de tipo técnico o de mayor precisión incluso de alcance
político, al fin y al cabo creo que sería muy injusto no finalizar
esta intervención sin reconocer el importante esfuerzo de buena
dirección y de liderazgo que en el proceso de diálogo social ha
tenido el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, señor
Camps, que sin ninguna duda creo que ha sabido interpretar
perfectamente los deseos del Gobierno y también creo que interpreta -
no en vano él ha sido parlamentario- lo que ha sido ese espíritu de
consenso y preservación del mayor consenso posible. Insisto en que
cuando se produce un acuerdo todo el mundo al final en ese acuerdo ve
beneficios pero también ve sacrificios, al menos sacrificios de
parte.

Concluyo. En aquellos aspectos que hayan de tener tramitación
parlamentaria, por bien del discurso, por bien de la norma, pediría
que no sean simples reiteraciones de posiciones de parte, en las que
se sabe de antemano que no fue posible alcanzar un nivel de acuerdo
suficiente. Ha habido alguna afirmación que yo nunca suscribiré: que
su principal objetivo en una tramitación parlamentaria iba a ser de
una fuerza política un objetivo claramente sindical. Con toda
franqueza anuncio mi respeto a la autonomía de las partes, que es el
que expresa la Constitución que nos asigna a cada cual papeles muy
significativos e importantes, pero pienso que distintos a los agentes
sociales y a las fuerzas políticas, y no me mueve a ese ámbito. Por
ello debo decir -y con esto concluyo-, que el método del



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diálogo social se ha demostrado que ha sido útil para la propia
sociedad española, creo así lo ha entendido y valorado y sobre todo
que se pueden medir y se puede pesar el valor que ha tenido en una
mejora importante de la protección social. Confío -y con esto
concluyo definitivamente- que lo que sin ninguna duda ha sido un buen
método, sea también el método o la pauta que marque el futuro más
inmediato. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz



El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, me siento turbo-aludido y
me gustaría responder a alguna de las alusiones. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, turbo-rápidamente.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, usted sí puede conseguir la
división sindical, y yo no puedo intentar la unidad sindical a través
de medidas que mejoren el acuerdo como corresponde a este Parlamento.

Usted no ha aclarado cuál es el terreno de juego de este Parlamento.

Tiene que decirme decretos, reforma de leyes o presupuestos generales
del Estado y no me lo ha dicho.

No matiza al presidente del Gobierno, luego a partir del año 2003,
toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones. Es lo que
tengo que deducir inmediatamente. Si no matiza, eso queda
absolutamente firme.

Lo que más nos interesa, señor ministro, es el protagonismo de este
Parlamento. Si no es así, no tiene sentido una democracia
participativa y pluripartidista. Es lógico y necesario que participen
-seguiré hablando- los agentes sociales porque corresponde; sin
embargo, ustedes al hablar de la dependencia dicen que hay que buscar
la fórmula jurídica en esa comisión de seguimiento. Vamos a buscarla
donde corresponde buscar las salidas, las fórmulas jurídicas, que es
en este Congreso de los Diputados. Queremos saber cuál es el terreno
de juego y usted no lo ha advertido; no ha aclarado nada.

Termino, señor presidente, porque veo que hay excesivos nervios. Si
hay mejora del acuerdo -pregúntelo ustedes cuando comparezcan- no
creo que Comisiones Obreras se vaya a negar a esa mejora. No hablo en
nombre de Comisiones Obreras, hablo en nombre de la lógica ¿Cómo se
va a negar Comisiones Obreras a que en lugar de doce años sean ocho o
seis años para la separación de fuentes, o que las pensiones mínimas
se mejoren?
A las pensiones mínimas dedican un poco más de tres líneas, sin decir
el plazo ni la cuantía. Hablan de pensiones mínimas de jubilación con
beneficiarios de menos de 65 años, pensiones mínimas de viudedad...




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego no repita su discurso
anterior y se limite a las alusiones.

El señor ALCARAZ MASATS: Eso estoy haciendo. Ha aludido a que yo digo
que se sube, pero se sube poco y no estoy de acuerdo en que se suba
poco. (Risas.)
Decía que hablan de pensiones mínimas de viudedad para beneficiarios
con menos de 65 años y pensiones no concurrentes al extinguido seguro
obligatorio de vejez e invalidez del SOVI. Señor ministro, si no hay
plazo y no hay cuantía... No somos socios de la confianza vigente, por
tanto le digo que no ha respondido hoy aquí en esta comparecencia
a nada de lo concreto que hemos planteado.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Repito lo dicho. No es mío decir que el principal objetivo de una
fuerza política (y con mucho gusto se lo repito hasta veinte veces,
como usted también si hace falta; no tengo ningún inconveniente), sea
un objetivo de carácter sindical. Es una concepción legítima de la
política y tal vez un sentido de añoranza, no es mi previsión de la
política.

Finalmente, le diré que entiendo que el diálogo social se auspicia,
se facilita no desde la desautorización de aquellos acuerdos que
gustan y la legitimación de aquellos que no gustan, sino a través de
la verdadera aceptación de la voluntad de las partes. (El señor
Griñán Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Griñán



El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Entiendo que el señor presidente ha abierto
un turno de palabra, pero no lo voy a utilizar. Simplemente quiero
hacerme dueño de mis palabras y aclarar una cosa: no he llegado al
fondo del asunto porque tiempo tendremos de hacerlo cuando vengan las
medidas normativas a la Cámara. Solamente he hecho preguntas sobre
costes. He preguntado cuánto costaban las medidas en términos de
menos ingresos o de mayores gastos y en esa situación me quedo,
esperando que el secretario de Estado conteste a todas y cada una de
las preguntas.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro. (Pausa.)
Concluimos esta comparecencia y hacemos una breve suspensión.

(Pausa.)



- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(CAMPS DEVESA), PARA INFORMAR SOBRE EL ACUERDO PARA LA MEJORA Y EL
DESARROLLO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL. A PETICIÓN PROPIA.

(Número de expediente 212/000458)



El señor PRESIDENTE: Señores diputados, se reanuda la sesión.




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Continuamos con la comparecencia del señor secretario de Estado de la
Seguridad Social, a petición propia, para informar sobre el acuerdo
para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social.

El orden será el mismo al realizado con anterioridad con el señor
ministro de Trabajo. Me gustaría que entre todos nos propusiésemos
acabar a más tardar a las tres de la tarde, en la medida que los
discursos ya han sido suficientemente formulados y explicitados en
las anteriores intervenciones y estaríamos, por decirlo así, en un
segundo turno de la comparecencia anterior a efectos de puntualizar
aquellos aspectos numéricos y más técnicos en relación con el
reciente acuerdo sobre el desarrollo y protección del sistema de
Seguridad Social.

Tiene la palabra el señor Camps.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Conocen SS.SS. que para este Secretario de Estado siempre es una
satisfacción comparecer en cualquiera de las comisiones de esta
Cámara, pero especialmente en la Comisión de seguimiento del Pacto de
Toledo en la Comisión del Pacto de Toledo como se conoce, porque es
en la Seguridad Social donde la mayor parte de mi actividad como
parlamentario se fue sucediendo con los años y también donde ahora
tengo responsabilidades de Gobierno. Además, igual que el ministro no
era quién para matizar al presidente del Gobierno, tampoco esperen
SS.SS. que el secretario de Estado sea quien matice a su ministro.

Evidentemente me parece que las explicaciones dadas por el mismo han
sido suficientemente claras y convincentes para que no hayan quedado
muchas dudas en el ánimo de SS.SS. respecto al contenido o la
interpretación que quieran dar a los distintos apartados del presente
acuerdo. Por tanto, también ello va en beneficio, señor presidente,
de esa brevedad a la que ha aludido sin nombrarla al dar la palabra a
este secretario de Estado; pero no por ello quiero dejar de hacer una
consideración que me parece enormemente importante antes de entrar de
una manera más o menos pormenorizada a cuáles pueden ser los aspectos
más relevantes de cada una de las materias de las que consta este
acuerdo. Y esa consideración, señorías, es que todos creo que tenemos
que tener presentes las circunstancias que han rodeado nuestro
sistema de Seguridad Social desde el año 1995, año en el que se firmó
el Pacto de Toledo por todos aquellos grupos con representación
política en esta Cámara, y que desde entonces se ha venido
desarrollando por el Gobierno del Partido Popular hasta el momento
presente. Este acuerdo, el acuerdo que en este momento se presenta
ante esta Comisión es un acuerdo heredero del Pacto de Toledo; es un
acuerdo heredero de todos los acuerdos en materia de protección
social que ha habido hasta ahora. Este acuerdo, señorías, es Pacto de
Toledo y así hay que entenderlo.

Desde el Gobierno entendemos que el Pacto de Toledo fue y es uno de
los mayores activos de nuestra democracia, no sólo en el ámbito de la
Seguridad Social, señorías, y que las soluciones que se orientaban en
el mismo, desde el momento de sus suscripción en el año 1995, no sólo
están plenamente vigentes sino que han traído consigo que
siguiéndolas estemos en una situación de Seguridad Social, a la que
me referiré en breve posteriormente, que es la mejor conocida por
nuestro sistema desde la historia democrática en nuestro país. Fue
porque ese Pacto de Toledo no sólo era bueno sino porque todos los
que suscribieron aquel pacto entendieron que el único camino que
garantizaba el desarrollo adecuado de lo que fue un acuerdo político
era que contara en cada momento con el mayor consenso social. El
Gobierno del Partido Popular, que en el año 1996 hizo suyo ese pacto,
que lo refrendó ante la entonces comisión no permanente del Pacto de
Toledo, que lo desarrolló con acuerdo social suscrito en ese año con
las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras
y UGT, y que lo plasmó en la que hoy es la Ley de consolidación y
racionalización de nuestro sistema de Seguridad Social, manifiesta
hoy que las recomendaciones de aquel pacto siguen absoluta y
plenamente vigentes, que no tienen caducidad, que no hay limitación
temporal. Por tanto, nos encontramos ahora ante una situación
política y social que sin lugar a dudas ha favorecido que pueda haber
un nuevo acuerdo, en este caso un acuerdo entre el Gobierno,
Comisiones Obreras, CEOE y Cepyme, que se mueve, que nada si me
permiten la expresión, que es Pacto de Toledo y sólo es Pacto de
Toledo. El acuerdo de 1996 no cerró un proceso sino que constituyó un
primer paso de un proceso de reformas que tampoco cierra este acuerdo
del año 2001 sino que es un paso más en ese constante avanzar en lo
que tiene que ser la adaptación de nuestro sistema de Seguridad
Social a las necesidades sociales, a las necesidades de la realidad
tan profundamente cambiante en los últimos años.

Desde luego, lo que caracterizó el acuerdo de 1996 y lo que
caracteriza este acuerdo es que ni entonces ni ahora queríamos andar
ningún camino que no supiéramos a dónde nos iba a llevar. Si algo nos
demuestran aquel acuerdo y éste es que el mejor camino, el camino más
corto y más seguro hacia un desarrollo de un sistema de Seguridad
Social saneado y estable tiene un nombre que es Pacto de Toledo, y
ustedes, señorías, si me lo permiten, son los guardianes del Pacto de
Toledo. Por eso, la responsabilidad primigenia y el máximo
protagonismo tiene siempre que corresponder a esta Cámara, tiene que
corresponder en todo caso a esta Comisión, porque así, además, lo
establecía el propio Pacto de Toledo cuando decía -y se ha referido a
ello el señor ministro- que cada cinco años debería producirse esa
revisión, teniendo conocimiento de que ese sistema de Seguridad
Social tenía que adaptarse constantemente a la realidad cambiante que
lo rodeaba en



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un momento determinado. Sabemos que gracias a las reformas que se
acometieron desde entonces hoy tenemos una Seguridad Social -me van a
permitir la expresión- que atraviesa por su mejor momento; más de
tres millones de afiliados desde el año 1996, más de 700.000
afiliados en lo que va de legislatura revelan que las políticas
económicas, de empleo y en materia de Seguridad Social fueron y son
las adecuadas y por tanto hay que seguir perseverando en las mismas.

Sin embargo, hay que seguir adaptándose a esos cambios sociales, como
antes me refería, hay que seguir afrontando los nuevos retos que
pudieron ser apuntados en un momento determinado, pero cada vez se
nos van apareciendo como más cercanos y tenemos que ver cuáles son
las soluciones que hay que adoptar en cada momento para que esos
retos no se conviertan en problemas sin solución en un momento
determinado. Por eso era necesario este acuerdo, para garantizar la
modernización de nuestra Seguridad Social, para seguir mejorando y
desarrollando nuestro sistema de protección social; además
entendíamos que había que hacerlo exactamente igual que cuando las
cosas se hicieron bien, profundizando en las recomendaciones del
Pacto de Toledo y a través del diálogo, en este caso ya del acuerdo
social.

Con ese espíritu se ha conseguido ese acuerdo, un acuerdo que creemos
es bueno para todos, que beneficia a los trabajadores de este país,
que beneficia a los pensionistas, que beneficia también a los que hoy
no son pensionistas pero que algún día aspiran a serlo. Es un acuerdo
por y para la sociedad, pero también es un acuerdo por y para la
mejora de la Seguridad Social. Es un acuerdo equilibrado, porque
ahonda en todos y cada uno de los principios que están contenidos en
las recomendaciones del Pacto de Toledo y ya se ha hecho mención a
ello: la contributividad, la solidaridad, la equidad. Además,
ahondando en esos principios, ese acuerdo también es equilibrado
porque ha recogido en todo o en parte las distintas posiciones de las
partes negociadoras a lo largo de más de nueve meses de intenso
trabajo, de intenso diálogo, de intenso estudio, que han precedido a
la consecución de este acuerdo. Pero no sólo, señorías, es un acuerdo
equilibrado, también es un acuerdo ambicioso porque nos coloca a la
vanguardia de los países de la Unión Europea con el sistema de
jubilación gradual y flexible más avanzado de todos los países de
nuestro entorno. Es ambicioso también porque ya prevé el estudio de
problemas que hoy no lo son pero que sabemos con certeza que van a
ser retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro no
muy lejano. Es un acuerdo que beneficia a casi cuatro millones de
pensionistas, a más de 2.600.000 trabajadores autónomos, que fomenta
el mantenimiento de los puestos de trabajo de aquellos trabajadores
entre 55 y 65 años. Es un acuerdo que beneficia a las mujeres,
protegiendo especialmente al colectivo de las mujeres trabajadoras
que compaginan
ese trabajo con la maternidad, y ayuda también por tanto a fomentar
la natalidad. Supone un beneficio para aquellos trabajadores que por
circunstancias ajenas a su voluntad son expulsados prematuramente del
mercado de trabajo con escasas posibilidades de reinsertarse en el
mismo, a los que se va a permitir jubilarse anticipadamente y a los
que también -y no lo he oído esta mañana nombrar- se les bajan los
coeficientes reductores aplicables a dicha situación. Todos estos
beneficios se van a conseguir preservando lo que tiene que ser el
principio inspirador de cualquier reforma que se haga en nuestro
sistema de protección social, que es garantizar su estabilidad
económica y financiera, que es lo mismo que decir garantizar su
supervivencia futura. Finalmente, este acuerdo yo creo que demuestra,
señorías, que un Gobierno del Partido Popular sigue apostando por el
diálogo social, sigue haciendo piedra angular de sus políticas el
diálogo social y el acuerdo social, un diálogo que ha sido posible y
un acuerdo que ha sido posible, señorías, allá donde el Gobierno ha
estado presente. Es por tanto un acuerdo que consolida y casi hace ya
costumbre el diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.

Baste recordar, como ya se ha dicho, que es el cuarto acuerdo social
en materia de protección social que se consigue en los últimos cinco
años.

Estoy convencido, además, de que las medidas que hayan de adoptarse
dirigidas al desarrollo y la mejora de nuestro sistema se deben
llevar a cabo con este amplísimo consenso social puesto que una
aceptación mayoritaria facilita siempre la aplicación de cualquier
medida. La experiencia ha demostrado que la confluencia de todas las
fuerzas políticas concurrentes y la participación activa de los
interlocutores sociales en cuanto a reformas que se quieran
introducir contribuyen siempre decisivamente a la aceptación general
de las mismas aunque nunca, señorías -y eso lo hemos de lamentar pero
nunca se pueden evitar-, autoexclusiones o ausencias cuando
únicamente tienen como causa la decisión legítima sí, pero decisión
de una de las partes que pudiera estar en ese diálogo en un momento
determinado. Además, creemos que ese consenso social que ahora se ha
conseguido en gran parte, garantiza también la confianza de los
ciudadanos en la eficacia y en la perdurabilidad, en este caso de
nuestro sistema de protección social, que va destinado a buscar nada
menos que su bienestar tanto en el presente como en el futuro. Es por
tanto, señorías, un acuerdo equilibrado, un acuerdo ambicioso, un
acuerdo que garantiza la estabilidad económico-financiera de nuestro
sistema, por tanto un acuerdo que entendemos bueno para todos,
trabajadores y pensionistas, y un acuerdo que además -y me van a
permitir, que en sede parlamentaria lo diga así- no interfiere,
señorías, la labor de esta Cámara, de este Parlamento, de esta
Comisión porque se ha limitado a desarrollar las recomendaciones del
Pacto. Es más, sólo hay una materia que no estaba contemplada



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en el Pacto de Toledo y que sí tiene un apartado aquí, y es cuando se
estudia el fenómeno de la dependencia, que no estaba contemplado en
el Pacto de Toledo nada más que de una manera un poco general cuando
se hacía referencia al envejecimiento de la población, pero que aquí
expresamente se cita. Se cita además porque fue petición también de
los agentes sociales, en concreto -y lo tengo que decir así-,
principalmente de las organizaciones sindicales, el que un acuerdo en
materia de protección social debía contemplar también un apartado de
la dependencia y porque, además, entendimos todos los firmantes que
era necesario empezar a sentar una base, al menos de coordinación
entre las distintas administraciones que tienen ya competencias en la
materia, y va a ser necesario que establezcan cuáles tienen que ser
las fórmulas para que podamos acometer un fenómeno tan preocupante
dentro de algunos años en nuestro país como va a ser la situación de
muchas personas mayores dependientes, pero en el resto este acuerdo
no es más que Pacto de Toledo y este acuerdo, aunque el señor Alcaraz
en este caso se ha ausentado, va a tener su plasmación evidentemente
en las normas que así lo requieran. Habrá que modificar la Ley de
consolidación y racionalización de nuestro sistema de Seguridad
Social, porque en algunos aspectos tendrá que ser modificada; habrá
que tener una plasmación clara en la Ley de presupuestos, porque
muchas de estas materias tienen cuantificaciones económicas y por
tanto aplicación económica presupuestaria, y tenemos que empezar con
la Ley de presupuestos para el año 2002; habrá materias también que
se vean recogidas en la Ley de acompañamiento y alguna de esas
materias tal vez necesite de un desarrollo específico individual en
algún real decreto, pero en todas ellas quien tendrá la última
palabra será este Parlamento, porque será este Parlamento el que
tendrá que decidir -para eso reside en él la soberanía popular- de
esas propuestas que el Gobierno hará cuáles contarán con respaldo
parlamentario suficiente para que puedan seguir adelante.

Además este Parlamento tiene encomendada otra misión a mi juicio aun
de mayor importancia si cabe, que no sólo va a ser la plasmación
práctica del desarrollo de este acuerdo año a año, sino volver a
revisar las recomendaciones del Pacto de Toledo, que van mucho más
allá de lo que pueda suponer la plasmación real de estas medidas en
una Ley de presupuestos o en una Ley de consolidación o
racionalización de nuestro sistema de Seguridad Social. Es volver a
expresar el consentimiento de esta Cámara respecto a esas catorce
recomendaciones -la decimoquinta únicamente insta a que se produzca
una revisión cada cinco años-, volver a decir si la expresión de
voluntades se vuelve a mantener en este Parlamento y en su caso fijar
alguna nueva recomendación que deberá ser, como las que ya hay,
suficientemente amplia para que se pueda producir un desarrollo
posterior de la misma y esté vigente, nada
menos que como ha ocurrido con las que hay ahora, cinco años después
del momento en que se acordó por los que entonces eran representantes
de los distintos grupos políticos. Esa labor del Parlamento en modo
alguno se puede sentir interferida por un acuerdo de este tipo, que
no hace más que desarrollar, reitero -y me parece enormemente
importante-, las recomendaciones ya vigentes. Entendíamos que en modo
alguno se podía producir un parón o una suspensión en los trabajos
que correspondían al Gobierno, y el Gobierno ha querido que se hagan
además con diálogo y con acuerdo social, en desarrollo de esas
recomendaciones que ya estaban y siguen estando plenamente vigentes
en estos momentos.

Me van a permitir SS.SS. que haga referencia brevemente a las
distintas materias objeto del presente acuerdo, sobre todo a aquellas
que han sido a lo mejor menos tratadas en la comparecencia anterior
por los distintos intervinientes. Las primeras tres materias que el
acuerdo aborda son las que tienen relación con la estabilidad
económico financiera, con el proceso de separación de fuentes, la
aplicación de los posibles excedentes y la dotación del fondo de
reserva. Culmina el acuerdo el proceso de separación de fuentes de
financiación, y yo creo que además lo hace mediante una medida
prudente, gradual, modulable en el tiempo, que contribuye a
consolidar nuestro sistema de Seguridad Social, para que justamente
se puedan mantener sus logros en un futuro desde una perspectiva
saneada y estable. Pero también nos encontramos desde 1999, gracias a
las medidas del anterior acuerdo que han sido desarrolladas por este
Gobierno, con una situación novedosa en nuestro sistema de protección
social, que es la existencia de excedentes. Este acuerdo también
adopta que esos excedentes deben ir prioritariamente a constituir el
fondo de reserva, pero en el caso de que no vayan a constituir el
fondo de reserva porque no todos los excedentes -y ya ha sido
explicado suficientemente aquí- tienen por qué ir a constituir ese
fondo de reserva, deberá haber siempre un equilibrio entre la mejora
de las prestaciones y la reducción de las cotizaciones sociales,
medida que también otorga claramente estabilidad económica al
sistema; estabilidad que viene además refrendada con la dotación
final del fondo de reserva, que puede alcanzar hasta 1 billón de
pesetas en función de las previsiones que están en el Plan de
estabilidad, y que el Gobierno junto con los agentes sociales se
compromete a que al menos tendrá una cuantía de lo que sería una
mensualidad, 800.000 millones de pesetas, en el año 2004-2005, que es
cuando acaba el proceso de compromiso del presente acuerdo. En ese
momento tendremos ya un fondo de reserva con una cuantía que oscilará
entre 800.000 millones y 1 billón de pesetas, que creo es la mejor
garantía y la mejor representación de la solidaridad entre las
generaciones actuales y las futuras.




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Si les pido que me permitan hacer un especial hincapié en el tema que
viene a continuación, es porque este secretario de Estado se siente
especialmente orgulloso en lo político de que este acuerdo contemple
un sistema de jubilación gradual, progresiva y flexible como el que
se contiene en el mismo, porque nos coloca desde luego a la
vanguardia de cualquier país de nuestro entorno. El acuerdo creo que
resuelve muchos de los retos a los que nos teníamos que enfrentar con
anterioridad y que conocíamos perfectamente, como el envejecimiento
de la población, la evolución de la población activa, como ha
reseñado anteriormente el portavoz del principal grupo de la
oposición, en relación con la población pasiva y las tasas de
actividad que teníamos que mantener para que eso fuera posible, lo
que sólo cabía hacer uniéndolo a un nuevo sistema completamente
novedoso como es el que se establece en el presente acuerdo de
jubilación gradual, progresiva y flexible. Un sistema que va a
permitir a los trabajadores españoles que cumplan una serie de
requisitos jubilarse prácticamente en el momento que, a partir de los
61 años, decidan abandonar la actividad laboral, sea esta cual fuere.

Un sistema que tiene claros beneficios para ellos, porque para
aquellos trabajadores que en un momento determinado pierdan su puesto
de trabajo y no sea posible reinsertarlos en la actividad laboral y a
los que no podemos condenar a estar años y años percibiendo la
prestación o el subsidio de desempleo, habrá una posibilidad de
jubilación anticipada, además unida a la contributividad, unida al
esfuerzo que ya habrán hecho durante muchos años y que ha de ser
reconocido, en este caso 30 años, para que puedan acceder a la
jubilación anticipada. Jubilación anticipada que va acompañada
también de prolongación de la vida laboral por encima de los 65 años,
lo cual no es una novedad solamente en nuestro país; podemos afirmar
que es prácticamente una novedad en todos los países de nuestro
entorno, y en este caso España lo ha conseguido con un acuerdo social
que lo refrenda, que va a permitir prolongar la vida laboral de
muchos trabajadores españoles por encima de la edad legal de
jubilación, algo que no se toca en el presente acuerdo. Además, lo
hace dando posibilidades de mejora tanto a empresarios como a
trabajadores en virtud de la aplicación de dicho sistema. Ni el
empresario ni el trabajador tendrán que pagar a partir de esa edad,
si se sigue en activo, cotizaciones sociales; únicamente las de
incapacidad temporal y por accidente de trabajo, porque,
evidentemente, los trabajadores pueden caer enfermos o sufrir un
accidente y deben tener las debidas prestaciones del sistema a las
que han estado contribuyendo. A la vez, especialmente en el caso de
los trabajadores, va a permitir, por un lado, llegar a tener el
derecho al cien por cien de la pensión de jubilación si no se tenía
por no haber cotizado aún durante 35 años y, por otro, podrán mejorar
sus bases reguladoras. Por cierto, ha habido alguien que me ha pedido
una explicación de por qué sólo dos puntos por
encima de la base. Posteriormente responderé a esa pregunta. Además,
se establece un sistema que va a mejorar las pensiones, incluso en el
caso de seguir trabajando, y se va a estudiar el desarrollo del
mismo, según el cual los trabajadores podrán tener más del cien por
cien de su pensión por continuar en activo más allá de la edad de 65
años.

Por lo tanto, se trata de un sistema de jubilación gradual y flexible
al que podemos unir además la posibilidad de que la jubilación sea
también una jubilación parcial. En nuestro país solamente cabe
incluir el contrato de relevo entre los 60 y los 65 años y, a partir
de la plasmación de este acuerdo, cualquier trabajador, sin que vaya
unido al contrato de relevo, podrá jubilarse parcialmente o, lo que
es lo mismo, continuar trabajando con una jornada inferior a la que
hacía y percibir ya parte de la pensión a la que tenía derecho. Esto,
reitero, conforma uno de los sistemas de jubilación gradual, flexible
y parcial más avanzado de todos los países de nuestro entorno, lo
cual nos permitirá afrontar los retos que, sin lugar a dudas, en un
futuro tendremos que acometer.

Un sistema de Seguridad Social estaría cojo si no se acometieran
reformas que incidieran en los principios de contributividad y
equidad del sistema. A pesar de las manifestaciones que esta mañana
ha hecho algún portavoz, concretamente del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, aunque ahora no está presente, yo creo que avanzar
en el principio de contributividad es algo que queda meridianamente
claro en el propio texto del acuerdo, que dice que en el año 2003,
que es cuando vence el proceso de ampliación del cálculo de la base
reguladora que en estos momentos está vigente en función de la
aplicación práctica del anterior acuerdo de 1996, se deberá revisar
el modo de cálculo de esa base teniendo en cuenta el esfuerzo que se
realiza a lo largo de toda una vida laboral. En esto, señorías, no
hay novedad. Lo dice también la recomendación novena del Pacto de
Toledo, que yo creo que ya es un pacto de todos. Pero no se refuerza
sólo el principio de contributividad, sino también el de equidad,
haciendo que nuestro sistema sea más justo, un sistema que tanto
quienes somos responsables del mismo como quienes son sus garantes,
también ustedes, señorías, tenemos que adaptar constantemente a la
realidad. Hemos de saber que las carreras profesionales de ahora ya
no son las mismas que había hace 20 ó 30 años. Antes se empezaba a
trabajar con 14, con 16 o con 18 años y normalmente no hacía más que
mejorarse hasta la edad de 65 años, en que se estaba en las mejores
condiciones de salario y de cotización a la Seguridad Social. Pero
eso ya no es así, los últimos años de muchos de los trabajadores de
nuestro país son los peores, puesto que se han visto abocados a
expedientes de regulación de empleo o a situaciones de crisis en
determinados sectores. Y los jóvenes no mejoran, sino todo lo
contrario. En muchos casos, por la elevada temporalidad de nuestro
mercado



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de trabajo, pierden su puesto de trabajo, tienen lagunas de
cotización y a lo mejor encuentran un trabajo que no es mucho mejor
que el que tenían anteriormente. Eso tiene que tenerse presente por
quienes son los responsables y los garantes de un sistema de
protección social y, si verdaderamente creemos en un sistema
equitativo y que no refuerce sólo la contributividad, tendremos que
entender que hay que tener en cuenta esa cotización desde el primer
segundo, desde la primera hora, desde el primer día, desde la primera
semana o desde el primer mes hasta el último en que se trabaje,
puesto que es lo que verdaderamente hará más justo nuestro esfuerzo
en el trabajo, la cotización y posteriormente la pensión a la que uno
tenga derecho. Por tanto, este es un acuerdo que refuerza esos
aspectos de contributividad y que establece que el sistema se pondrá
en marcha, porque parece lo lógico, lo razonable y lo coherente, en
el momento en que acabemos de desarrollar el que nos dimos todos hace
unos años en virtud de las propias recomendaciones del Pacto de
Toledo.

Igual que se refuerza la contributividad y la equidad,
proporcionalmente también hay que reforzar la solidaridad del
sistema. Tengo que decir que en este caso (lo dice un secretario de
Estado de un Gobierno del Partido Popular), estoy también orgulloso
políticamente de que esos beneficios que se conforman en este acuerdo
coincidan con la propuesta que el Partido Popular llevó como
compromiso electoral a las urnas, obteniendo la respuesta que tuvo
por parte de los ciudadanos. Hoy esa subida de pensiones mínimas que
se recogía en nuestro compromiso electoral para viudas y para
huérfanos también se ve refrendada porque los agentes sociales han
entendido que debía hacerse ese esfuerzo de solidaridad para con
aquellos colectivos más desfavorecidos de nuestro sistema de
protección social.

Entrando en cuestiones que han pasado esta mañana más desapercibidas
o que han tenido un tono menor de debate, es importante centrarnos en
algunos otros aspectos del acuerdo, porque son la respuesta a
peticiones históricas de algunos colectivos o a situaciones que no se
habían desarrollado desde hace muchísimos años en nuestro país.

Empezando por las primeras, la convergencia de regímenes especiales,
este acuerdo plasma dos de las peticiones -me van a permitir-
históricas del colectivo de trabajadores autónomos. El hecho de que,
a partir de que se plasme este acuerdo, puedan acceder a la invalidez
permanente total cualificada en igualdad de condiciones que cualquier
trabajador del régimen general o que se les reconozca a los
trabajadores autónomos el hecho de que pueden accidentarse o tener
una enfermedad profesional, cosa que hasta estos momentos no ocurría,
son dos claros avances para conseguir lo que todos compartimos, que
es que no haya discriminaciones injustificadas entre el régimen
especial de trabajadores autónomos y el régimen general de
trabajadores por cuenta ajena. Esas dos cuestiones, así como la
igualación que se tiene que ir produciendo de
los trabajadores autónomos de los distintos regímenes especiales con
los que ya están en el régimen general de trabajadores autónomos, son
medidas que van a ayudar mucho en el proceso de convergencia de
regímenes y en ese proceso de clarificación, ya que son muchos los
españoles y españolas que nos piden que su esfuerzo de cotización se
corresponda lo más posible, proporcionalmente hablando, con esa
pensión que tienen que recibir en un momento determinado.

Como he dicho anteriormente, hay una parte de este acuerdo que tal
vez no fuera contemplada directamente por el Pacto de Toledo, pero ni
el Gobierno ni los agentes sociales podíamos dejar de plasmar el
fenómeno de la dependencia, aunque fuera con una reflexión inicial
y para sentar las bases del diálogo que se ha de producir en esta
Cámara, y también fuera de ella, a lo largo de la presente
legislatura. No les tengo que decir, señorías, que cada vez van a ser
más los mayores, más los pasivos, y además van a vivir durante más
tiempo. Eso no tiene que ser un motivo de preocupación, sino más bien
de alegría si somos capaces de afrontar esa situación de dependencia
que cada vez va a ser mayor, de manera que tiene que convertirse en
un reto y nunca en un problema. Y hay que hacerlo desde el propio
sistema que nos hemos querido dar. No hay que olvidar que la atención
a la dependencia no sólo es la prestación económica que se les pueda
otorgar en un momento determinado, sino también toda la atención
sociosanitaria, y tampoco hay que olvidar que los servicios sociales
están transferidos en gran parte a las comunidades autónomas o a las
corporaciones locales. Por eso lo único que se acuerda en esta
materia, aparte de abrir la reflexión, es crear una comisión de
trabajo que realice análisis y propuestas sobre el marco jurídico en
el que ha de incardinarse la cobertura de esta situación. Yo estoy
seguro que esta comisión tiene mucho que decir en los próximos
trabajos que aún tiene que realizar y también estoy seguro que podrá
alcanzarse un acuerdo de renovación del Pacto de Toledo.

Hay más medidas para desarrollar las recomendaciones de integración
de la gestión. No se ha hecho referencia a ello, pero este pacto
también contempla el compromiso del Partido Popular de crear la
agencia nacional de la Seguridad Social, que quiere tener un aparato
gestor adecuado, un sistema integrado de gestión, consolidar una
Administración que hoy funciona bien pero que quiere que sea aún más
moderna, más activa y que ofrezca -y ese es el principal objetivo- un
servicio de mayor calidad a nuestros ciudadanos.

Tampoco podíamos dejar de incidir en una de las políticas mejor
desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular en los últimos años
y es la lucha contra el fraude; el impedir que haya un uso abusivo de
las prestaciones de nuestro sistema, porque, si verdaderamente
queremos defender un sistema solidario como nuestro sistema de
protección social, no debemos consentir el uso indebido de aquellos
que pretenden abusar de esa



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solidaridad en beneficio propio y en perjuicio de muchos. Por eso,
hay nuevas medidas de lucha contra el fraude que atañen a la
concatenación de la incapacidad temporal con el desempleo y también a
otras cuestiones de falta de adscripción, falta de afiliación o
afiliación indebida en alguno de los regímenes de Seguridad Social
que tenemos en estos momentos. Se acomete, por primera vez una
materia que parecía espinosa y de la que se huía, que se plasma
claramente en este acuerdo, que no sólo viene, reitero, de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, sino que no ha sido modificada
en ningún momento desde el año 1996, que atañe a la responsabilidad
en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad
Social. Esa regulación está claramente desfasada y es necesario
abordarla, como bien se plasma en el citado acuerdo, pero siempre
manteniendo las garantías del trabajador para acceder a la
prestación, haciendo una adecuada combinación del alcance y de las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de afiliación o
cotización y preservando el equilibrio financiero de la Seguridad
Social.

Por último, el acuerdo contempla unas medidas que SS. SS. han tenido
ocasión de debatir esta mañana, las reducciones y bonificaciones en
la cotización. Al respecto tengo que decir que esto no fue planteado
especialmente por ninguna de las partes, sino que fue consensuado por
todos los firmantes del acuerdo, en primer lugar, porque se compartía
el espíritu que imbuía las medidas, el de la bonificación, o sea, sin
coste para el sistema de Seguridad Social; no tiene coste para el
sistema de Seguridad Social la bonificación de aquellos colectivos de
trabajadores cuyo mantenimiento o permanencia en el sistema de la
Seguridad Social podría tener un mayor riesgo. Saben de sobra SS. SS.

-se está debatiendo en esta Cámara- que el Real Decreto de reforma
laboral ya contemplaba los incentivos y bonificaciones para aquellos
trabajadores desempleados cuya inserción se busca. Este acuerdo va
dirigido a aquellos trabajadores que ya tienen un puesto de trabajo,
pero queremos que lo sigan manteniendo porque están en situación de
riesgo de pérdida del mismo, lo que puede conllevar posteriormente
riesgo de exclusión social. Esta mañana hemos tenido ocasión de
debatir sobre el colectivo de las mujeres y la posible maternidad,
que en muchos casos desincentiva, pero también dificulta la
permanencia en el mercado laboral, porque muchas mujeres en nuestro
país pierden su puesto de trabajo en numerosas ocasiones por el hecho
de ser madres, lo cual es una auténtica barbaridad -me van a permitir
la expresión-, y sobre el colectivo de trabajadores de más de 55
años, que son -lo sabemos y está constatado- los que se ven afectados
de forma mayoritaria por los expedientes de regulación de empleo, por
las situaciones de crisis en determinados sectores, cuya permanencia
en el mercado de trabajo debemos estimular. Flaco favor haríamos a un
sistema de Seguridad Social que persigue la prolongación de la vida
laboral si no fuéramos capaces de mantener en actividad laboral a
aquellos trabajadores que tienen justamente la edad de riesgo, entre
55 y 65 años. No olvidemos, señorías, que la edad legal de jubilación
está en 65 años, pero la edad real de jubilación en nuestro país está
en 62,8 años.

Finalmente, el acuerdo desarrolla también algo que nos parecía
enormemente importante, sin lo cual habría quedado cojo, una de las
recomendaciones del pacto en orden a la previsión social
complementaria. Reconoce el desarrollo que ha habido en nuestro país
en los últimos años, pero también considera que hay que seguir
favoreciendo esa evolución, sobre todo en cuanto a los planes de
pensiones de empleo, lo que se diría planes de empresa, que son los
menos desarrollados en los últimos años. Queremos tener
verdaderamente un sistema de Seguridad Social donde un sistema
público garantice una pensión adecuada y suficiente, pero también es
conveniente que demos capacidad de tener sistemas complementarios en
los que la decisión personal, o colectiva, permita mejorar esa
pensión que el sistema público ya garantiza, por lo que es necesario
desarrollar todo este aspecto de la previsión social complementaria.

Por último, señorías, se establece una comisión de seguimiento del
acuerdo y la duración del mismo, que tendrá vigencia, como no podía
ser de otra manera, hasta el momento en que el Gobierno firmante del
mismo tenga la responsabilidad pública, que no puede ir más allá del
año 2004, cuando finaliza la presente legislatura. En definitiva,
señorías, y con ello acabo, creo que estamos ante un acuerdo que es
bueno, porque un acuerdo -y hago mías las palabras de un portavoz que
lo ha dicho con anterioridad- siempre es bueno. En este caso, un
acuerdo en materia de protección social, a juicio del Gobierno, es
muy bueno. Y si además, como se ha puesto de manifiesto esta mañana
por parte de los distintos grupos parlamentarios, ese acuerdo en
materia de protección social, que es muy bueno, lleva aparejado el
máximo consenso posible, nos encontraremos ante un acuerdo
especialmente bueno, como creo que es éste que he tenido ocasión de
exponer, aunque haya sido con brevedad, a todas SS.SS.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora López i Chamosa, que espero que reiterará también
la solicitud de información numérica que formuló en su día el señor
Griñán.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, muchas gracias, señor
Camps. Quiero darle de nuevo la bienvenida a esta Comisión, pues
aunque ha pasado un año, su visita siempre es grata.

La verdad es que, escuchándole, he de reconocer que nos lo explica
usted tan bien que es difícil no comprar



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los acuerdos que vende. Si se llega usted a dedicar a vender coches,
los vendería hasta sin ruedas y se los comprarían.

En relación con el tema que nos trae hoy aquí, quisiera hacer de
entrada una pequeña manifestación. Es evidente que este acuerdo -como
decía el anterior portavoz socialista, el señor Griñán- tiene cosas
positivas y tiene cosas no tan positivas. Realmente, tan respetables
son aquellos que no han firmado como aquellos que han firmado. En una
democracia como la nuestra, cualquier posición es no sólo defendible
sino también respetable y comprensible. Pero me llama mucho la
atención que en 1996, cuando se firmó el anterior acuerdo, que
también es Pacto de Toledo - como bien decía usted-, la CEOE no
firmara, y en las comparecencias del secretario de Estado y del señor
ministro ni se le dedicaron dos frases a explicar por qué no había
firmado y si esto cuestionaba o no el acuerdo. Sin embargo, ahora es
un sindicato el que decide no firmar y parece que se tambalea parte
del acuerdo. Pues no. Las dos posiciones son respetables, tanto la de
mi sindicato, que ha decidido no firmar, como la del otro sindicato
hermano, que ha decidido firmar. Uno de los mejores valores que tiene
el acuerdo es que hasta ahora, ni en este Parlamento ni en esta
Comisión, se había hablado tanto de los sindicatos ni se había
valorado tanto su papel. Que hablemos, y además bien, de los agentes
sociales en sede parlamentaria ya es un efecto positivo; por tanto,
sea bienvenido.

Mi compañero, el señor Griñán, planteaba una pregunta que va a hacer
a la CEOE cuando comparezca, que es por qué firmó este acuerdo y no
lo hizo en 1996. Por lo poco que he podido estudiar este acuerdo,
creo que la CEOE no tenía ninguna razón para no firmar, porque da una
serie de beneficios a los empresarios más que cuantificable y, a
todas luces, la CEOE lo habrá tenido en cuenta. Bien es cierto que
-como me decía el viernes pasado una representante de la CEOE-
tampoco ellos compartían que los complementos a mínimos no se
compensen con impuestos y se tarde doce años. ¿Por qué? Por una
simple razón, porque lo que quieren ellos es rebaja de cotizaciones,
esa es su obsesión, y cualquier argumento que pueda reafirmar es
posición les vale. Pero en cuanto al contenido del acuerdo, la CEOE
no ha tenido nunca un acuerdo más ventajoso que éste: bonificamos,
bonificamos y seguimos bonificando. Es decir, llegará un momento que
la mitad de los trabajadores apenas pagarán contribuciones. Con esto
no quiero decir que esté en contra. Por ejemplo -como decía antes mi
compañero el señor Griñán-, no es que me parezca mal que se
bonifiquen las cuotas de la Seguridad Social durante un año cuando se
reincorpora una mujer al trabajo, pero tanto hablar de medidas para
que la mujer se incorpore al mundo del trabajo, para que pueda
compatibilizar el ser madre con el trabajo, y cada vez que hablamos
de tomar medidas para influir en eso, lo único que hacemos
es bonificar cuotas a los empresarios. Es decir, no sabemos
buscar ninguna otra medida, y yo creo que de verdad hay que buscar
otras alternativas. Se menciona el permiso de paternidad que hay en
estos momentos, que es cedido por parte de la mujer al hombre. Ha
sido un avance, sin ninguna duda, pero yo creo que ya llevamos el
tiempo suficiente como para crear otro permiso.

Para mí es fundamental el tema de la dependencia, porque creo que eso
sí va a incidir mucho en que la mujer se pueda incorporar al mundo
del trabajo, que se hagan más residencias de día donde se pueda
atender a las personas mayores, así como guarderías para críos con
horarios compatibles con la jornada laboral. Todo eso sí va a
incidir. Ahora, ¿bonificar las cotizaciones después de la maternidad?
No lo sé, porque esas mujeres ya están trabajando, ya están en
activo, y lo que hay que hacer es incorporar a las que no están en
activo.

Yo le oí el viernes pasado en una conferencia en el Hotel Palace y
hay algunas cosas que me cuesta entender, seguramente es una cuestión
de práctica. Usted ha realzado nuestro papel como parlamentarios en
esta Comisión del Pacto de Toledo. Yo no tengo ninguna duda de que lo
que dice lo siente, pero tengo mis dudas de que la firma de este
acuerdo, que, repito, está bien firmado, pudiera haberse retrasado
hasta que esta Comisión hubiera hecho algunos avances, porque yo no
sé qué recomendaciones, además de las que hay en estos momentos,
vamos a poder hacer después de este acuerdo. No sé qué vamos a poder
recomendar en el tema de jubilación anticipada, en la cuestión de
alargar la jubilación más allá de los 65 años; no lo sé. Por eso le
digo que tengo mis dudas de que esta Comisión no se nos haya vaciado
un poco de contenido. Sí, somos muy importantes y esta Comisión es el
símbolo del consenso, pero la realidad luego es muy dura y la
realidad es la que es. Llevamos aquí un año y lo único que estamos
haciendo -y supongo que aún tenemos para un tiempo más- es escuchar a
expertos, que está muy bien porque yo personalmente siempre aprendo
mucho, pero seguimos sin tomar medidas.

Dicho esto, yo le voy a hacer unas preguntas concretas porque me he
leído el acuerdo y creo que es muy inconcreto, muy genérico; lo mismo
puede decirse que se ha conseguido mucho o que se ha conseguido poco,
eso va a depender de los presupuestos para el año 2002, de la ley de
acompañamiento y si hay algún decreto-ley, ahí es cuando realmente
vamos a ver si el acuerdo era muy inconcreto o muy concreto y qué
márgenes permitía.

Hay algunas cosas que me preocupan. Empezaré por una que me
obsesiona, que es la pensión de viudedad. A mí, que llevo unos
cuantos meses dando vueltas a lo de las pensiones de viudedad, las
que me preocupan fundamentalmente son las de aquellas personas
mayores de 60 años, la inmensa mayoría de las cuales cobran
complementos a mínimos. ¿Está bien pasar al 52 por ciento?Sin ninguna
duda, cómo no, pero dicho esto he de aclarar



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que a la viuda o al viudo, fundamentalmente viuda, de más de 60 años
-que hay más de 1.500.000- no le va a suponer ni una peseta más en el
bolsillo, ni una, porque le va a subir la pensión pero le va a
rebajar el complemento a mínimos, y al final se va a llevar las
mismas pesetas al bolsillo. A mí me preocupa porque las pesetas son
las mismas, con una particularidad, que el día que el Estado tenga
que poner complementos a mínimos ya pondrá menos, porque los hemos
convertido en pensión. Ahora, como comparto lo que usted afirmaba el
otro día de que Seguridad Social es lo mismo que Estado y Estado lo
mismo que Seguridad Social, me alegraron mucho esas palabras. Creo
que la velada fue toda ella muy interesante, nada más que por
escuchar esas palabras merecía la pena, pero repito, a las viudas, en
su inmensa mayoría, no les va a suponer una peseta. ¿Es positivo que
avancen hasta el 70 por ciento para las viudas que tengan familiares?
Correcto. En las condiciones actuales va a afectar a pocas personas,
aunque es mejor que afecte a pocas que a ninguna. Pero la pensión de
viudedad que me preocupa es la de mayores de 60 años, incluso de más
de 65 años que viene del SOVI, sobre la que he presentado tres
iniciativas. Me ha encantado que el señor Campuzano diga que habría
que hacerla compatible, porque cuando lo propusimos en la Comisión de
Política Social y Empleo votaron en contra. Las que me preocupan son
esas mujeres que cobran el SOVI y que tienen que elegir entre el 52
por ciento ahora (da igual el 52 que el 45, porque pasan a la pensión
mínima), es decir, entre la pensión mínima o el SOVI. Y como bien
dicen ellas, mantener una casa en esos niveles, en un 95 por ciento
de los casos el coste es igual con una que con dos personas. Esas
personas sí me preocupan. En ese sentido, la pensión de viudedad no
está entre las mejoras que personalmente creo que debe de tener. Por
lo tanto, vaya por delante que me parece bien lo que se avanza, pero
continuaré diciendo que hay que seguir avanzando en ese contexto,
porque es totalmente insuficiente. También habría que afrontar de una
vez la reforma de la pensión de viudedad y ligarla, a lo mejor, a la
situación de la persona que se queda viuda. Porque tampoco tengo por
qué defender que a una persona que tiene un buen empleo y un buen
salario haya que pagarle pensión de viudedad. Lo que habrá que hacer
es recalificar la orfandad. ¿Que la mejoramos? Pues a lo mejor hay
que mejorar la orfandad, pero a lo mejor la pensión de viudedad hay
que reformarla también ligándola a las condiciones de cada situación.

¿El acuerdo va en esa dirección? Sí, pero que no vaya tan despacio
que todas las viudas que tienen más de 65 años no se beneficien
porque se nos mueran antes de tener una buena pensión, que se la han
ganado.

Me preocupa también cuando se habla de equiparar los distintos
regímenes. ¿Por qué? Porque cuando se habla del sector agrario, del
trabajador por cuenta propia en el sector agrario, y se le pretende
equiparar al sector autónomo, al trabajador por cuenta ajena, yo
pregunto:
¿en qué condiciones? Porque hay diferencias y puede haber
muchos perjuicios, según en qué condiciones se haga esa equiparación.

Me preocupa cómo se va a hacer esa equiparación, especialmente en el
sector agrario. En cuanto a la incapacidad, el régimen de los
autónomos tiene que afrontar un reforma en profundidad. La crítica
más fuerte que se puede hacer a este acuerdo es que no afronta los
temas con profundidad en un sentido y en otro, en las dos
direcciones.

Hay algo que yo no pondría en el acuerdo: la lucha contra el fraude.

Cuando en este país hablamos de lucha contra el fraude en la
incapacidad temporal siempre nos referimos al trabajador. No se nos
ocurre pensar por qué el médico le da la baja. Cuando hablamos de la
sanidad, del abuso y del coste de los medicamentos, nos referimos
siempre al que compra el medicamento en la farmacia, no pensamos
nunca que quien puede controlar que no se abuse de los medicamentos
es el médico que los receta, porque en definitiva, es el responsable
de la cuestión. Aquí consagramos lo que ustedes hicieron, si no
recuerdo mal por un decreto, dando participación a las mutuas en el
tema de las bajas. Una medida tan fundamental primero la metemos de
rondón y ahora la consagramos. Entró por debajo de la puerta, ya le
hemos subido a la mesa del despacho y ahora la tenemos consagrada.

Estas son las cosas del acuerdo que realmente me preocupan.

Hablemos de equidad. Yo no le voy a preguntar si lo que el señor
Aznar declaró es verdad o no. En estos momentos yo le pediría que
empezaran a hacer una proyección de lo que significa para los futuros
pensionistas pasar de los 15 años a toda su vida laboral. ¿Es cierto
que a un trabajador que lleve, por ejemplo, cuatro años en el mercado
laboral y que se va a jubilar dentro de 25 años le beneficiará? A lo
mejor, no lo sé. No tengo certeza en un sentido ni en otro, pero lo
que sí tengo claro es que a una persona que tenga ahora 60 años le
perjudicará, sin duda alguna, porque conozco el mundo del trabajo
-usted también-, las formas de cotizaciones en las empresas y porque
cuando hablamos de fraude no nos referimos a controlar las
cotizaciones como hacen las empresas. Y no sólo ahora que ya se ha
mejorado mucho en ese sentido, retrocedamos 15 ó 20 años. Yo recuerdo
muy bien que si se ha ido alargando en el tiempo es porque se
cotizaba por lo mínimo y en los últimos años las empresas cotizaban
por lo más alto. Eso no era algo que decidía el trabajador, sino que
lo hacía el empresario. Lógicamente me gustaría saber cuánto va a
incidir en las personas que se jubilen ahora o en los próximos cinco
años. En los que se jubilen dentro de 20 años seguramente la
incidencia será menor, pero en los que se jubilen en un plazo de
cinco años seguro que la rebaja de la pensión es muy importante. Esta
es una de las cosas que nos gustaría saber.

Cuando hablamos de firmar o no, quiero recordarque el anterior
acuerdo no lo firmó la CEOE; éste lo



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firma la CEOE, pero lo que habría que valorar es cuál es el mejor.

Usted se ha referido a cuatro acuerdos firmados -y es cierto-, pero
he de añadir que uno de los acuerdos que firmó todo el mundo sobre
los fijos-discontinuos, cuando se cambió en la Ley de acompañamiento
no tuvo el mismo respaldo. Esperemos que con el que hoy hemos firmado
no nos pase exactamente lo mismo, que hoy tiene un respaldo
determinado y cuando lo plasmemos en la Ley de acompañamiento o en
las medidas que correspondan, ese respaldo se ponga en cuestión;
esperemos que aumente en lugar de disminuir.

Para terminar le quiero hacer alguna pregunta sobre estas medidas.

Por ejemplo, ¿cómo se va a aplicar la subida y cuándo a las viudas?
¿Cuándo se va a aplicar a los que estén prejubilados? Usted sabe que
hay unos colectivos que vienen reivindicando esta cuestión desde
1995, porque se sienten discriminados por la jubilación anticipada y
que hay muchas asociaciones de prejubilados que están haciendo
reivindicaciones. ¿A estos colectivos se les van a aplicar los
coeficientes reductores que hay en este acuerdo y que mejorarían su
situación? Esta es una de las dudas que tenemos.

Termino como empecé, agradeciendo su comparecencia y su información.

Aunque mi sindicato no haya firmado el acuerdo -cosa que comparto,
como sindicalista no lo firmaría, como partido político evidentemente
mantenemos otra posición-, le felicito por el acuerdo como tal.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Núñez Castain.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Quiero darle las gracias, señor secretario de
Estado, por su comparecencia y su intervención.

No sé si ha matizado a su ministro, pero estoy seguro de que se ha
pasado seis pueblos en el triunfalismo del discurso respecto a él. Si
concebimos la política como cada uno en un rol, donde el Gobierno se
enroca y dice que todo está bien, que no hay problema y donde la
oposición se limita a decir que todo esta mal, que no se arregla nada
y la realidad es la media aritmética o lo que sea, quizá quepan estos
discursos. En este foro del Pacto de Toledo y en este tema de
protección social no caben triunfalismos, lo cual no significa -y no
estoy en el Gobierno- que no se reconozcan avances o que no se
valoren acuerdos, que naturalmente se valoran, pero no estamos de
acuerdo con que se deduzca de la valoración del acuerdo o de los
avances producidos que todos los problemas actuales están resueltos y
abordados y que hemos lanzado las líneas estratégicas para resolver
los problemas futuros. Hay una parte importante de los problemas
actuales que no han podido abordarse y no tiene por qué ser
responsabilidad del Gobierno. Estamos hablando de un acuerdo en el
que hay muchas partes, donde están los agentes sociales de un país
que tiene
una historia de la Seguridad Social que ha sido descrita de manera
triunfalista, un país en el que hay muchos foros donde todavía se
habla -quizá sea falta de conciencia de lo que significa el sistema
de la Seguridad Social y la contribución- de ahorrarnos los seguros
sociales; foros empresariales o laborales, personas que en un momento
dado de su vida laboral han creído que la contribución al sistema es
una especie de impuesto y si se logran vías mediante las cuales
cuesten menos esos impuestos, mejor. Estas personas no miran el
futuro, porque lo que estamos construyendo con esa contribución en
realidad es nuestro futuro.

Cabe una reflexión sobre lo avanzado -ha sido hecha hoy y no hay por
qué insistir en ella-, lo que supone de cambio con respecto a la
situación anterior. No me duelen prendas en dar la enhorabuena al
Gobierno por estar en ese acuerdo con los agentes sociales y lograr
esos avances siempre que quepa también una reflexión sobre lo que nos
hemos dejado en el camino. En el camino -se dice en el documento-
hemos dejado muchas cosas. Se ha hablado de problemas como el de la
dependencia y de que se abordarán los que surjan en el futuro. He
dicho antes, en la comparecencia del ministro, que no vendrán en el
futuro sino que existen ya en el presente y que conviene que no nos
dediquemos a echar incienso sobre lo resuelto, sino a reflexionar
sobre lo que nos queda por resolver. Le rogaría a S.S. que
concretara, no matizara -ha dicho que no está dispuesto a matizar y
me parece bien-, cuál es su visión respecto a dos problemas
concretos. Uno de ellos es la inclusión en el régimen general de los
trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario. Queremos
saber cuál es su opinión respecto al costo que tendría, en qué
cadencia habría que hacerlo, cómo se va a abordar en la mesa, si lo
ve viable a corto, medio o largo plazo, etcétera. El otro es el
relativo a la dependencia. Se puede tener una posición,
independientemente de que nos hayamos remitido a una mesa de análisis
y reflexión sobre cuáles pueden ser las políticas de ayudas
económicas compensatorias, salariales o de cualquier tipo para la
asistencia a personas dependientes, mayores o minusválidos. Son
problemas muy graves que tenemos aquí y ahora y que este acuerdo
todavía no ha logrado resolver, aunque apunta en la dirección de
buscar ese camino. Mientras lo buscamos o no, además de construir ese
futuro, es bueno que el Gobierno se posicione y que reconozcamos
nuestra capacidad de acción porque es evidente que a corto plazo no
es posible, si no, ya se hubiera resuelto. Es bueno ver qué está
pasando a medio plazo para transmitir a la sociedad qué significa
este acuerdo. ¿Dónde nos posicionamos para transmitir a la sociedad
estos acuerdos de mejora de la prestación social? En que esto es lo
posible hasta ahora y ya está, en que lo que hay es bueno pero que
nos queda mucho por hacer, en que es magnífico, en que esto no vale
para nada, es insuficiente y a ver si hacemos otro; dónde nos
posicionamos y



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cómo transmitimos a la sociedad que es necesario un esfuerzo
cualitativo importante si queremos dar un salto. No sé si dije en mi
anterior intervención que hasta que en prestación social no logremos
que la palabra mínima signifique suficiente, no cabe triunfalismo
alguno. Hoy día todos estaremos de acuerdo en que la palabra mínima
no significa suficiente; significa mínima, porque el sistema no da
más. Estamos todavía en una horquilla en la que como hagamos un
crecimiento de acercamiento inercial, del mínimo a lo suficiente, no
llegamos. El Parlamento, el Gobierno lo tendrán que ver. Aquí tenemos
que llegar y aquí estamos. No podemos ir avanzando a este velocidad
porque no llegamos nunca, ni en diez, ni en quince ni en veinte años.

¿Qué hacemos? ¿Qué cambios estructurales, no inerciales o
contundentes necesita este sistema para llegar a una aproximación
mucho más razonable de la palabra mínimo a la palabra suficiente?
Creo que hay que transmitir este esfuerzo. Si uno lee números -los
números como las palabras sirven para explicarse o para esconderse
detrás- uno puede decir que es espectacular ya que pasamos del 45 al
70. Pues sí, desde el punto de vista numérico, es espectacular; pero
desde el punto de vista real, con las cantidades objetivas de las que
estamos hablando, con las cuantificaciones reales, no estamos para
tirar cohetes. Por otra parte, tampoco nos vamos a engañar, porque
mañana no se puede subir todo porque no es posible y tenemos que
hacer números.

Espero que en el futuro, ya que es seguro que nos vamos a seguir
viendo con el secretario de Estado, pasemos también del discurso
político de a dónde vamos, al dimensionamiento de dónde vamos y a las
posibles políticas que nos puedan llevar de forma razonable a ese
futuro que es muy ambicioso respecto al presente. Insisto en que
valoro positivamente el acuerdo, aunque todavía hay muchas cosas en
el tintero. Me gustaría conocer su visión sobre la posibilidad de que
en este año y pico que se contempla en el Pacto se puedan solucionar
estos problemas expuestos: la integración del régimen especial
agrario y la dependencia.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Quiero darle las gracias, señor secretario
de Estado, por su comparecencia a petición propia, que entendemos
constituye una especial deferencia a esta Comisión que mi grupo
quiere reconocer especialmente. Queremos expresarle nuestra
satisfacción profunda por este acuerdo.

Después de nueve meses de difícil gestación, hemos asistido a un
feliz alumbramiento de una criatura con enormes posibilidades que, no
sé si trae un pan bajo el brazo, trae enormes mejoras de nuestro
sistema de protección social; una criatura a la que varias partes han
contribuido a gestar. Bien es verdad que algunos de
quienes han contribuido a gestarla han ejercido su paternidad
responsable y que otros, sin embargo, se han negado a reconocerla,
pero ello no implica, al menos desde el punto de vista de mi grupo,
que no sea un hijo de todos los que han participado, incluyendo
aquellos que no han querido suscribir finalmente el acuerdo. Es para
nosotros una muestra más de satisfacción respecto a la política de
este Gobierno porque constituye una expresión más de ese diálogo
social que este Gobierno impulsa siempre y que habitualmente produce
resultados muy fructíferos. Ya se ha dicho aquí que es el cuarto
acuerdo en cinco años que se firma en materia de Seguridad Social y
es importante recalcar que cuando el Gobierno se sienta en una mesa
normalmente hay acuerdo con los interlocutores sociales. Cuando no se
sienta, a veces, parece que se producen dificultades de
entendimiento. Por tanto, me gustaría instar a ejercer más
habitualmente ese, al parecer, efecto balsámico que tiene la
presencia del Gobierno de este país cuando se trata de proceder a
acuerdos de carácter social. Me gustaría que esa misma
responsabilidad con la que los agentes sociales están dando respuesta
a la necesidad de modernización de nuestro sistema se hiciera de
alguna manera extensiva siempre y en todo momento a los grupos
políticos presentes en esta Cámara. Nos felicitamos hoy especialmente
de que no se haya abundado en algunas insinuaciones que se habían
comentado últimamente en los medios de comunicación respecto a la no
renovación del acuerdo político que constituye el Pacto de Toledo,
precisamente por la firma de este acuerdo social que estoy convencido
de que constituyen un exceso verbal y que no responden, en absoluto,
a lo que ha sido el espíritu que ha presidido el trabajo de esta
Comisión a lo largo de estos últimos meses. Es evidente que a la hora
de respetar a las organizaciones que han firmado este acuerdo,
expresiones como cacería a la UGT o engaño a Comisiones Obreras no
son precisamente -así lo entendemos nosotros- aportaciones que
contribuyan a aproximarse a este acuerdo con una visión cuando menos
objetiva y respetuosa respecto a esas diferentes posiciones. Mi grupo
se muestra satisfecho de este acuerdo equilibrado y ambicioso, como
ha dicho el secretario de Estado; yo diría que además es un acuerdo
amplio y denso en su contenido que habrá que analizar muy en
profundidad, pero que es bueno para todos. En este acuerdo no hay
medidas que perjudiquen a nadie y mucho menos recortes de
prestaciones, como podía ocurrir en épocas anteriores. Justificar que
no se acepta porque no se avanza lo suficiente o porque no se
consigue todo lo que se quiere desde alguna de las partes, es
desconocer de alguna manera el espíritu mismo de estos acuerdos que
han de ser equilibrados para ser eficientes, que han de ser
posibilistas para ser creíbles y que han de ser económica y
financieramente sostenibles para no ser perturbadores. El hecho de
que recojan, en parte o en su totalidad, propuestas
y reivindicaciones expuestas por todos los



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agentes sociales, es precisamente uno de los aspectos más importantes
y más característicos de esa forma de negociar y de dialogar que está
demostrando este Gobierno, incluida la considerada por las fuerzas
sindicales como la piedra angular de la negociación: esa posible
jubilación con carácter anticipado para todos los ciudadanos que
pierdan involuntariamente su empleo, antes incluso de los 60 años,
sin ningún tipo de limitación.

A nuestro juicio, decir que la mayor discrepancia es que se haya
fijado un plazo máximo de 12 años para que el Estado asuma la
financiación de los complementos a mínimos de las pensiones y que
ello, como ha dicho en los últimos días algún locuaz portavoz
multiuso, puede suponer algún incumplimiento del Pacto de Toledo o
que pone en peligro la viabilidad del sistema, constituye más una
muestra de desorientación que un estudio en profundidad de lo que
este acuerdo significa, puesto que explicita realmente y por primera
vez la solución a esta cuestión y, en todo caso, deja abierta una
puerta. Si algún grupo considera que puede llegar al Gobierno antes
de los próximos 12 años, sin duda también va a tener la posibilidad
de reducir ese plazo establecido con carácter de máximo en el propio
acuerdo.

El Grupo Popular no pretende incidir más en este tipo de afirmaciones
y sí recalcar los avances que este acuerdo suponen en la seguridad,
en la confianza, en la estabilidad que le da a nuestro grupo
parlamentario que en el mes de marzo se batiera el récord de
afiliación a la Seguridad Social en toda nuestra historia, con más de
15.514.000 ocupados. Nos interesa recalcar que afecta positivamente a
esos más de cuatro millones de pensionistas, o a esos 2,6 millones de
autónomos; que avanza en la compatibilidad entre políticas de
saneamiento financiero y mejoras de las prestaciones, que han
presidido la acción de este Gobierno y de este Ministerio a lo largo
de estos últimos años; que moderniza, como se ha dicho, nuestro
sistema incorporando el método de jubilación gradual, flexible y
parcial más avanzado de nuestro entorno antes y después de la edad
legal de jubilación; que refuerza esos pilares esenciales en que ha
de seguir asentándose nuestro sistema: la contributividad, la
solidaridad o la equidad. Qué mejor efecto redistributivo que seguir
subiendo las pensiones mínimas en este país. Para quienes no están de
acuerdo con la subida de las pensiones de viudedad porque las
consideran insuficientes, habría que precisar lo que han crecido por
encima del IPC, desde 1996 a 2000, por ejemplo, las pensiones de
viudedad para los menores de 60 años, 9,6 puntos por encima del IPC
de media, o especialmente para aquellos con cargas familiares, 23,1
puntos por encima del IPC entre 1999 y 2000. Además de este esfuerzo,
este acuerdo incide todavía más en estas posiciones y nosotros
siempre vamos a apoyar que el Gobierno haga el mayor esfuerzo por
seguir avanzando en estas cuestiones, pero no podemos desconocer
también el enorme esfuerzo realizado por la
sociedad española, impulsado esencialmente por una forma de entender
la política social que mi grupo comparte.




Para el Grupo Parlamentario Popular es importante insistir en la
mejora de la gestión de nuestro propio sistema, en la eficacia, en la
eficiencia, en la lucha contra el fraude, apoyándonos en el
cumplimiento de las obligaciones exigibles para con la Seguridad
Social. Nada se hacía desde este punto de vista prácticamente desde
mediados de los años sesenta, y ello unido a la creación anunciada
por el acuerdo de la Agencia de Seguridad Social y a otras medidas,
son para nosotros avances muy singulares, como el hecho de que
contribuyamos con este acuerdo a superar una cierta percepción,
imperante muchos años en este país, de que la protección social es un
factor distorsionante o, al menos, limitador de un sistema económico
eficiente. Este acuerdo introduce aspectos que ayudan a que el
sistema de protección social contribuya también eficazmente por la
vía de las reducciones y de las bonificaciones en la cotización a la
creación de empleo y al mantenimiento de los colectivos especialmente
expuestos, ampliando y mejorando la situación de las mujeres
trabajadoras, ayudando al mantenimiento de puestos de trabajo para el
colectivo de mayores de 50 años o incentivando la prolongación en la
actividad de los trabajadores mayores de 65 años. Algunos no acaban
de entender esto. Habrá tiempo para discutir todas y cada una de las
aportaciones que puedan realizarse.

Para terminar, señor secretario de Estado, mi grupo le felicita
personalmente por este acuerdo, por la voluntad demostrada, por la
capacidad de entendimiento que usted personalmente ha protagonizado
en representación del Gobierno y, especialmente, porque se ha
realizado sin salirse un ápice del cumplimiento de los compromisos
electorales del Partido Popular, lo cual significa a juicio de este
portavoz y de este grupo parlamentario dos cosas: que estos
compromisos electorales del Partido Popular interpretan adecuadamente
los anhelos y las aspiraciones de la sociedad española respecto
a nuestro sistema de protección social y, segundo, que nosotros hacemos
honor a nuestro contrato con los ciudadanos impulsando medidas que
les benefician, que les protegen y que les asegura mejor el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Voy a intervenir con brevedad dada la hora, hecho que ha motivado
incluso que alguno de los portavoces haya tenido que ausentarse,
evidentemente por razones justificadas. No obstante, le contestaré
para que conste en el 'Diario de Sesiones' y lo pueda leer en los
próximos días.

Tengo que empezar diciéndole a la señora López i Chamosa que no sé
hasta qué punto llega mi capacidad



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de convencimiento. Le puedo asegurar que es absolutamente pareja y
proporcional a la firmeza en mis convicciones. Antes no he nombrado
ni ahora nombraré a la organización sindical que no ha querido firmar
el acuerdo. Hago mías las palabras de quien ha sido su portavoz en la
intervención anterior del señor ministro, el señor Griñán, que dijo
en el año 1996, calificando también el acuerdo que entonces se
produjo, que para el Grupo Parlamentario Socialista no era algo
imprescindible la unanimidad entre los agentes sociales, sino que
hubiera un acuerdo con los agentes sociales. Nosotros creemos que no
es imprescindible la unanimidad entre los agentes sociales, sino que
es bueno que haya un acuerdo del Gobierno con los agentes sociales,
como así se ha producido.

Reconozco, como he reconocido anteriormente, que cada organización es
libre y que es legítimo que adopte la posición que en cada momento
entienda que debe adoptar. Eso no es criticable por el Gobierno, pero
tampoco resta un ápice de credibilidad al acuerdo, que hay que
valorar por el contenido y no al final por la unanimidad o falta de
unanimidad que se haya producido en la firma. Y tendrá que convenir
conmigo, señora López i Chamosa, en que todo error normalmente es
humano, pero que es más fácil equivocarse solo que en multitud o en
compañía, y que en este caso sólo ha habido una organización que es
la que ha decidido autoexcluirse del Pacto cuando han firmado las
demás partes negociadoras. Sin querer incidir más en ello, voy a
entrar en las consideraciones a las que ha hecho referencia, ya más
puntualmente, con anterioridad.

Tanto el señor Griñán como usted mismo han dicho que les parece un
sinsentido bonificar a trabajadores que ya tenían un puesto de
trabajo y mantenían una relación laboral estable. Es un sinsentido
pero, si me permite la expresión, con ustedes mismos, porque su
portavoz, ya no sé si real o virtual, en muchas de estas materias
defendió hace bien poco la reducción de 4 puntos de cotizaciones
sociales para los trabajadores en activo de los grupos 6 a 11 en el
régimen de cotización de la Seguridad Social; trabajadores en activo,
con contratos indefinidos, sólo que en este caso diferenciaba por la
cualificación del trabajo y no por ser mujer o mayor de 55 años. Me
parece que tan legítimo es defender esas reducciones para unos como
para otros y que, desde luego, de existir algún sinsentido, ese es el
de pretender en este caso que no caben bonificaciones para
trabajadores en activo con contratos indefinidos y haber pretendido
hace apenas una semana en el Pleno del Congreso que sí cabían para
otro tipo de trabajadores indefinidos. Además, viene recogido en el
Pacto de Toledo y es hasta lo que hizo el portavoz que ustedes tienen
en alguna ocasión dentro y fuera de esta Cámara en esta materia,
porque hasta en el Pacto de Toledo se recoge que es buena la
reducción de cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que
tengan contratos indefinidos pero que puedan correr riesgo de
exclusión
del mercado de trabajo, que es la primera fase, como he dicho antes,
de la exclusión social. ¿Por qué mantenemos las bonificaciones a los
trabajadores y las extendemos incluso? Porque hasta ahora había
habido bonificaciones de inserción laboral para aquellos que estaban
desempleados y a quienes queríamos insertar en el marcado laboral, y
en cambio ahora las extendemos para aquellos que ya están presentes
en el mercado laboral. Primero, porque creemos en las recomendaciones
del Pacto de Toledo. Segundo, porque las bonificaciones han
funcionado bien, porque detrás de cada una de las bonificaciones,
política que este Gobierno ha venido practicando en los últimos años,
ha habido o un parado que ha encontrado un trabajo o una persona que
tenía un trabajo temporal y que ahora tiene un trabajo estable. No
nos podemos quedar simplemente en la cuantía, que, como bien sabe S.

S., está rondando los 300.000 millones de pesetas este año en
políticas activas de bonificación de cotizaciones, sino que hay que
pensar que detrás hay una persona que tiene un contrato estable que
antes no tenía o que tiene un trabajo que ni siquiera tenía
anteriormente.

Lo que pretendemos ahora al ampliar el colectivo de mujeres que sean
madres y vuelvan a su actividad laboral o el de mayores de 55
-especialmente, como dice el acuerdo, los mayores de 60 años- es
evitar la exclusión justamente de aquellos colectivos que, como las
mujeres, en función de su maternidad, o algunos trabajadores, hombres
y mujeres, porque no hay distinción, en función de su edad, puedan
verse abocados a la expulsión del mercado de trabajo. Queremos hacer
políticas que incentiven, como muy bien dijo hace pocos meses también
aquí el señor Griñán y ha tenido ocasión de leérselo el señor
ministro, su mantenimiento en la actividad laboral. Porque, desde
luego, no hay mejor política -y también lo ha dicho su portavoz en la
anterior intervención- que mantener el suficiente número de activos
que puedan equilibrar en cuanto al gasto las prestaciones de los
pasivos, que sabemos cuántas van a ser porque la variable más
conocida que tenemos es la de cuántas personas mayores y que van a
vivir durante más años -también conocemos la esperanza de vida- y lo
que ello va a suponer para el gasto de nuestro sistema de protección
social. Tal vez conozcamos también las variables de cómo tiene que
evolucionar el número de activos para poder mantener a ese número de
pasivos.

Ha hecho alguna referencia el señor Griñán respecto a las tasas de
ocupación necesarias para mantener la población pasiva que con
seguridad sabemos que tendremos dentro de unos años. Ha dicho que
tenía que subir mucho la tasa de actividad general y, sobre todo, la
de la mujer, porque si no sería imposible, yque tendría que haber una
incorporación de personas trabajadoras provenientes de terceros
países, porque ya sabemos cuánta gente ha nacido en nuestro país
ahora y por lo tanto estarán en edad laboral dentro de 18 ó 20 años,



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para poder mantener el número de activos necesarios para sufragar las
prestaciones pasivas del resto. Lo que ha olvidado el señor Griñán en
sus cálculos, también S.S. cuando ha hecho un comentario al respecto,
aunque no tan técnico, es que todas esas tasas de actividad están
contempladas justamente desde una situación que queremos cambiar con
este acuerdo. Esas tasas de actividad corresponden a los menores de
65 años y, si alguna virtualidad tiene este acuerdo, es que queremos
acabar con ese mito de que se trabaje hasta los 65 años. Porque, si
vamos a ser más y vamos a vivir más tiempo, eso quiere decir que
vamos a estar en mejores condiciones que antes, tanto físicas como
mentales, para seguir teniendo una actividad laboral a una edad que
antes prácticamente no se alcanzaba por muchas personas. Ahora ya no
sólo es normal llegar, sino que además se hace en unas condiciones
mucho mejores que nos permiten seguir realizando una actividad
laboral de cualquier tipo.

Si esto es así y abandonamos la tasa de actividad sobre personas
menores de 65 años, nos daremos cuenta de que de aquí a 20 años, para
conseguir una tasa suficiente de activos que puedan mantener a los
que seguro que van a ser pasivos de nuestro sistema, no solamente
vamos a tener que fomentar la natalidad, que lo tendremos que hacer,
pero pensando más allá, porque ya sabemos los que han nacido, o tener
en cuenta que las personas provenientes de terceros países van a
aumentar esa tasa de actividad, sino que habrá que prolongar la vida
laboral de los que pueden seguir siendo activos, que es justamente
una de las principales premisas de este acuerdo. Cuantas más personas
consigamos que sigan trabajando más allá de los 65 años, no sólo
estaremos propiciando un mejor desarrollo personal o profesional de
muchas personas, sino que además estaremos estabilizando de cara al
futuro nuestro sistema de protección social, sosteniéndolo en ese
momento determinado. Por eso yo creo que en esta medida el acuerdo es
tan importante. Por cierto, señora López i Chamosa, este acuerdo es
tan bueno para la CEOE como para Comisiones Obreras. Usted ha dicho
que era un acuerdo especialmente bueno para las organizaciones
empresariales y que por eso lo han firmado y yo le digo que es tan
bueno para la CEOE como para Comisiones Obreras. Me referiré
posteriormente a la dependencia cuando haga referencia a los
comentarios que ha hecho el señor Núñez.

La señora López i Chamosa ha hablado de cuál debe ser el papel de la
Comisión después de este acuerdo y con ello ha reconocido su
densidad, incluso hasta la complejidad de las propias materias
tratadas en el mismo. El papel de la Comisión tiene que ser
primigenio, relevante e importante. Yo pude trabajar en lo que fue el
Pacto de Toledo y tenemos que ser conscientes de que hay que
renovarlo más en la expresión de voluntad que en su contenido. El
Pacto de Toledo, que ha demostrado ser un gran acuerdo político, no
puede ser
renovado en su totalidad, ya que entonces estaríamos diciendo que no
es tan buen acuerdo político. Si sigue plenamente vigente y sus
recomendaciones siguen presentes es justamente porque fue un gran
acuerdo y, más que renovar sus contenidos, que tendremos que hacerlo
en partes y esta Comisión tendrá que hacerlo en partes, porque la
realidad está cambiando y eso hay que tenerlo en cuenta, el fenómeno
de la dependencia es claramente una cuestión que hay que tratar, hay
que renovarlo principalmente en esa expresión de voluntad, que es
donde se debe volver a conjugar esa unidad entre todos los grupos con
representación parlamentaria.

Y no me diga, señora López i Chamosa, que este acuerdo se puede
interpretar que puede ser mucho o poco, en función de la concreción.

El propio Pacto de Toledo es un acuerdo cuyas recomendaciones son muy
amplias y genéricas y todos interpretamos que es un acuerdo que vale
mucho y nunca poco. La validez de los acuerdos no viene por la
concreción de las medidas, sino por las medidas en sí mismas y este
acuerdo del Gobierno con la CEOE y con Comisiones Obreras contiene
tal número de medidas a desarrollar en los próximos años que hace que
sea un acuerdo que al menos nosotros consideramos que vale mucho.

Espero que S.S. tenga esa medida de valoración también cuando valore
por ejemplo el propio Pacto de Toledo.

Entrando en cuestiones más puntuales, ha hecho referencia S.S. a las
pensiones de viudedad y ha dicho una cosa que tengo que decirle con
rotundidad que no es cierta. No lo es. Su señoría ha hablado, en
primer lugar, del número de posibles viudas que son perceptoras o no
perceptoras de mínimos y por tanto que pueden tener o no una subida
real de su pensión, para entendernos. Perceptores de mínimos -viudos
y viudas, pero mayoritariamente viudas- tenemos alrededor de unos
900.000 en nuestro país, de un colectivo de algo más de dos millones.

No son tantos como usted ha dejado entrever, estamos hablando de algo
menos del 50 por ciento. Su señoría hace el siguiente razonamiento:
como lo que se sube es el tanto por ciento sobre el cálculo de la
base reguladora, del 45 al 52 por ciento, en unos casos llegando
hasta el 70, lo que hace es cambiar pensión contributiva por
complemento a mínimos, pero no hay una mejora de la pensión real de
las personas viudas. Eso sería cierto si no se subieran las pensiones
mínimas de viudedad, pero es que el acuerdo contempla subirlas, con
lo cual su argumento sencillamente es falso. Si no se subieran las
pensiones mínimas de viudedad, sí cabría ese cambio para las que
están percibiendo la pensión de viudedad mínima, con complementos a
mínimos, de pensión por complemento a mínimos, pero, como se suben
las pensiones mínimas de viudedad, lo que resulta es una pensión
subida efectivamente para todas las viudas y todos los viudos de este
país.

El señor Núñez ha hecho una referencia a la convergencia de regímenes
referido al sector agrario. Tendremos



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que realizarla en la forma y manera que iremos adecuando, pero ha
tenido un lapsus el señor Núñez, que consta en el 'Diario de
Sesiones'. No se producirá la convergencia de los trabajadores por
cuenta propia del régimen especial agrario o del régimen del mar en
el régimen general. No es así, será en el régimen especial de
trabajadores autónomos. Los trabajadores por cuenta propia de los dos
regímenes especiales a los que me he referido, pasarán al régimen
especial de trabajadores autónomos y lo tendrán que hacer en la misma
forma y condiciones que actualmente están en el régimen especial de
trabajadores autónomos. Y como somos conscientes de que va a suponer,
sin lugar a duda, mejora de prestaciones para ellos, tampoco se puede
hacer, en orden al esfuerzo de contribución, de hoy para mañana;
habrá que determinar un plazo gradual en esta legislatura, para que
esa incorporación se produzca sin perjuicio alguno para aquellos que
hoy son trabajadores por cuenta propia del régimen especial del mar o
trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario.

En cuanto a los autónomos, tengo que decirle a la señora portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista que este es un acuerdo de Seguridad
Social, sólo de Seguridad Social y que, dentro de la problemática del
trabajador autónomo en nuestro país, no podemos ir a más aspectos que
a los que son propios de Seguridad Social. Ahí se ha incidido en las
dos principales, no sólo pretensiones históricas, sino necesidades en
materia de Seguridad Social que ese colectivo ha demandado durante
mucho tiempo. Además -me lo va a permitir S.S.-, quiero ser
absolutamente respetuoso con esta Cámara, porque es en esta Cámara
donde hay una comisión de la microempresa, que está estudiando el
problema en su conjunto de todo lo que denominábamos trabajador
autónomo, emprendedor o trabajador por cuenta propia. Nosotros no
podíamos ir más allá de la Seguridad Social. Respetamos la
competencia de esta Cámara para la materia objeto de este acuerdo y
muchísimo más para lo que ni siquiera es materia objeto de este
acuerdo.

No puedo compartir con S.S., en un acuerdo de este tipo, hacer
alusión a medidas de lucha contra el fraude. Es fundamental y
equilibra un acuerdo que aparezca un apartado de lucha contra el
fraude, como ya aparecía en el acuerdo de 1996 y como nos recuerdan
también las propias recomendaciones del Pacto de Toledo. Al final,
estamos garantizando un mejor reparto para todos evitando que alguien
tenga una prestación que no le corresponde y hay que seguir
incidiendo constantemente en ello, porque es en garantía de aquellas
personas que pueden ver no mejorada su pensión, porque hay quien está
percibiendo una pensión que no le corresponde. Y no sólo ayuda a la
estabilidad económico- financiera del sistema, por lo que supone de
control, sino que sobre todo es una actuación de solidaridad y
equidad con todas aquellas personas que están percibiendo
las prestaciones más bajas del mismo y que no las pueden ver
mejoradas en un momento determinado por el uso y abuso que pueden
realizar otras personas del sistema. Le puedo asegurar que las
medidas contempladas, la concatenación con desempleo, no buscan
reducir ninguna prestación de ningún trabajador, únicamente buscan
evitar el abuso y el fraude que se puede realizar y que se ha
detectado ya. Sabe S.S. que en algunas circunstancias se han
concatenado ambas prestaciones no en función de la necesidad, sino en
función de eso que algunos llaman ingeniería social, que, conocida
cuál puede ser la mecánica, permite a alguien, concatenando estas
prestaciones, trasvasar con mucho períodos de 4, 5 y 6 años, sin
haber incorporación activa y percibiendo una prestación de pasivo por
parte del sistema. Por cierto, señoría, en el acuerdo no figura
absolutamente nada sobre las mutuas, ni se les nombra, ni hay una
línea; queremos ser consecuentes con nosotros mismos. En primer
lugar, porque la referencia que ha hecho S. S. ya la aprobó el
Gobierno y este Gobierno no aprueba las cosas dos veces, las aprueba
una. Además, respetaríamos poco al Parlamento, porque ese real
decreto fue convalidado, de forma muy mayoritaria, por el Pleno de
este Congreso; si lo volviéramos a reproducir en un acuerdo con los
agentes sociales, respetaríamos poco al Parlamento.

Habla S. S., en relación con la contributividad, de lo que pudiera
suponer una rebaja de las pensiones, sobre todo teniendo en cuenta a
aquellas personas que puedan tener mayor edad. Sobre eso, señoría, le
tengo que decir dos cuestiones. En primer lugar, es muy difícil que
podamos hacer un cálculo individual, de cada trabajador que se
jubile. Evidentemente, el aumento de los años en el cálculo de la
base reguladora podrá haber supuesto a algunos trabajadores una merma
en la expectativa de pensión como habrá trabajadores a quienes habrá
supuesto una mejora en la pensión que van a recibir. Tengo eso por
seguro S.S. Sí sabemos que, desde el año 1996 hasta el que nos
encontramos, los años para el cálculo de la base reguladora han
pasado de ocho a doce y la pensión media de jubilación de nuestro
país ha crecido 20.000 pesetas, casi un 27 por ciento. Ese dato sí lo
conocemos. Y es absolutamente falso -no digo que lo haya dicho S.S.,
porque seguro que convendrá conmigo sobre esto- que se ligue aumento
de años de la base de cálculo para las pensiones a rebaja de las
pensiones del sistema, absolutamente falso. Se ha demostrado
claramente que ese aumento de la base de años de cálculo supone
seguir creciendo en las percepciones que se reciben del sistema.

¿Cree S.S. que hubiera aprobado su grupo parlamentario, en el año
1997, la reforma de 1996 y cree S.S. que Gobierno y organizaciones
sindicales, cuando estaban acordando que se pasaría de ocho a quince
años, estaban rebajando las pensiones? Creo que ni el Grupo
Parlamentario Socialista, cuando lo apoyó en el año 1997,ni el
Gobierno cuando lo pactó con los agentes sociales,



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estaban teniendo como base la bajada de ningún tipo de prestación.

Puedo asegurar a S.S. que si de quince años en adelante supone bajar
prestaciones, también lo habría supuesto pasar de ocho a quince años;
sería exactamente lo mismo. Como estoy seguro de que S.S. entonces lo
apoyó porque no lo suponía y las organizaciones sindicales también lo
compartieron porque no lo suponían, por un ejercicio simple de
coherencia, es difícil afirmar, ni por parte de las organizaciones
sindicales ni por S.S., que no lo ha dicho, ni de forma general, que
aumentar los años en el cálculo de la base reguladora podría suponer
en un momento determinado rebaja de prestaciones, distinto de lo que
se hizo anteriormente o de lo que se está haciendo aún ahora, porque
de aquí al año 2003 llegaremos a los quince años.

Ha seguido hablando S.S. de que este Gobierno en algunos casos llega
a acuerdos en materia de protección social que luego no plasma
debidamente en el Parlamento o que cambia posteriormente. Dimos
protección social al trabajador a tiempo parcial, que no la tenía.

Hoy, el trabajador a tiempo parcial sigue teniendo esa protección
social, que antes no tenía y que le dio un Gobierno del Partido
Popular en la anterior legislatura y se sigue manteniendo en la
presente legislatura. No ha habido ninguna norma en materia de
Seguridad Social que se haya traído a este Parlamento que haya
supuesto una merma de derechos derivados de una norma aprobada en la
última legislatura o de los que existían con anterioridad, aprobados
por otros gobiernos.

Por último, señoría, respecto a las jubilaciones anticipadas y a las
prejubilaciones, tengo que decirle que una cosa son los prejubilados
y los actuales prejubilados tienen un beneficio claro, porque han
disminuido los coeficientes reductores, mientras que los que sean
jubilados anticipados -que lo serán en su mayoría- van a tener una
mejor pensión que la que iban a tener antes de que este acuerdo se
plasmara. Pero el acuerdo tiene también una expresión para aquellos
que hoy ya son jubilados -no prejubilados, jubilados anticipados-,
que con la aplicación de coeficientes reductores, tuvieron en su
momento una pensión más baja que la que les hubiera correspondido a
la edad de 65 años. Como tiene que ser, como sigue siendo y como es
compartido además por todos los países que tienen un sistema de
jubilación anticipada, siempre tiene que haber coeficientes
reductores, porque, si no, flaco favor haríamos al sistema de
protección social. Pero hay una reflexión para estudiar la situación
de ese colectivo, sobre todo de aquellos que salieron -me van a
permitir la expresión- peor parados de esas situaciones de
prejubilación y que hoy son jubilados anticipados, y que, al igual
que otros colectivos, pueden tener necesidad de que el principio de
solidaridad que seguimos desarrollando con este acuerdo pueda
alcanzarles también a ellos. Esa materia será desarrollada
posteriormente, y S.S. tendrá conocimiento de ello seguramente por
este secretario de Estado de la Seguridad Social, en
esta Comisión, en tanto en cuanto vayamos avanzando en la citada
materia.

Al señor Núñez tengo que decirle, a efectos de que lo pueda leer en
el 'Diario de Sesiones', que tal vez mis expresiones le hayan sonado
triunfalistas, como ha expresado, pero nada más lejos del
triunfalismo y de la autocomplacencia que la actitud de este
secretario de Estado. Lo que sí es este secretario de Estado es
realista, y ser realista es decir que tenemos 3.000.000 de afiliados
más que en 1996, que tenemos 700.000 afiliados más en lo que va de la
presente legislatura y que la Seguridad Social lleva tres ejercicios
presentando un excedente o superávit -llámenlo como quieran,
señorías- que antes no presentaba. Es realista, porque ha unido a eso
la necesidad constante de acuerdos, de adaptación, de modernización y
de afrontar retos del futuro. El señor Núñez ha dicho que cuando lo
mínimo sea suficiente podremos estar satisfechos con lo realizado. No
sé, porque eso es muy subjetivo, lo que cada uno puede entender por
suficiente. De lo que sí tengo constancia a partir de este acuerdo es
que lo mínimo es menos mínimo y cada vez estará más cerca de lo que
cada uno entienda por suficiente. Con muchos más acuerdos como éste
-llevamos algunos ya desde que gobierna el Partido Popular-, a lo
mejor hay un momento determinado en que lo mínimo llega a lo que el
señor Núñez considera suficiente. Desde luego, reitero que cada vez
lo mínimo es menos mínimo y está más cerca de lo que cada uno
entienda por suficiente. Ello sólo será posible, desde luego, con un
sistema saneado, estable, con superávit y que pueda garantizar su
viabilidad futura.

Al señor Burgos, que ha hecho una estupenda intervención, si me lo
permite, señor portavoz, le voy a decir, aunque haya quien se sonría,
que si era bastante comprensible que el ministro no matizara al
presidente del Gobierno ni el secretario de Estado matizara al
ministro, también lo es, y a nadie debe extrañar, aunque se sonrían,
que yo pueda suscribir de la A a la Z la estupenda intervención que
ha tenido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Sin más, presidente, me pongo a disposición de S.S. por si hay algún
turno más de réplica o hace falta alguna aclaración. (La señora López
i Chamosa pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.




La señora LÓPEZ Y CHAMOSA: Quiero intervenir respecto a una
contestación que me ha dado a una pregunta que yo no he hecho;
querría aclararle lo que he dicho textualmente.




El señor PRESIDENTE: Turborrápida y sin turborepetirse. (Risas.)



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Sin turborrepetirme. Dos cositas nada más.

Una, cuando he hablado



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de las bonificaciones de las cuotas, he dicho que no las cuestionaba,
pero he matizado -y es a lo que me he referido- que el hecho de que
se bonifiquen las cuotas de las personas que se reincorporan a
trabajar después de su maternidad no va a generar nuevos empleos para
la mujer, porque esas personas ya están trabajando. No lo cuestiono,
pero digo que no va a servir al objetivo de incorporar a la mujer al
mundo del trabajo. Usted venía a darme una contestación y me la ha
dado incluso en aquellos temas a los que no me he referido, pero no
voy a entrar en ellos, porque el presidente me asesinaría. (Risas.)
Verbalmente hablando, claro.

Sí quiero decirle una cosa, señor secretario, mi grupo no tiene
ningún portavoz virtual, todos son muy reales y muy concretos, y le
aseguro que eso lo dice porque ustedes, desde el Grupo Popular y
sobre todo desde el Gobierno, piensan que hay que ir contra todo
aquel que les lleva la contraria, que no firma los que ustedes
quieren o que realmente no está de acuerdo con sus posiciones,
y cuanto más duro, mejor, y valen todos los métodos. No comparto esas
formas, señor secretario de Estado, y lamento que usted las utilice,
pero le aseguro que tan legítima y respetable es una posición, como
otra. Y repito, mis portavoces son todos muy reales y muy concretos.




El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, lo que no sé es por qué
presume usted que yo solamente asesino de palabra. (Risas.)



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Porque todavía no me ha asesinado de otra
manera. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Señor presidente, contestaré con absoluta brevedad.

Señora López i Chamosa, yo no he pedido al principal grupo de la
oposición que no tenga tantos portavoces como pretenda y quiera. Yo
sólo les he pedido un esfuerzo de coordinación, para que esos
portavoces, los que actúan en esta Cámara o fuera de ella, digan lo
mismo en todas y cada una de las ocasiones, porque creo -voy a ser
muy sincero- que los pensionistas y los trabajadores de este país al
menos se merecen eso.

En segundo lugar y sobre la primera parte de su intervención, en
cuanto a las bonificaciones, sabe muy bien S.S. que para las mujeres
que están desempleadas y que han sido madres en los dos últimos años
ya hay bonificaciones en la cotización, que, por cierto, son
exactamente las mismas que las que hay ahora para las mujeres
empleadas y que también sean madres. O sea que, en este caso, están
cubiertas las necesidades tanto de unas como de otras. Lo reitero
porque el principio que inspiraba la reforma laboral en cuanto a la
inserción era distinto del principio que inspira este acuerdo, que es
el mantenimiento en sus puestos de trabajo. Me alegra que coincidamos
en ese punto; por un momento, señoría, he pensado que su lado
sindical estaba perdiendo fuerza respecto a su lado político. En todo
caso, me alegra coincidir en estas ocasiones.

Estoy seguro de que el principal grupo de la oposición de este país,
como ha hecho esta mañana en esta Comisión, valora positivamente, con
un tono crítico, como tiene que ser siempre, lo que puede ser un buen
acuerdo, no -si me permite- del Gobierno con los agentes sociales,
sino sobre todo un buen acuerdo para los trabajadores y los
pensionistas de este país.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.