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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 223, de 24/04/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 223
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3101 a la 3108. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DE LA EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMMÁN
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 24 de abril de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes
iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender al pago de
obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades
públicas por la reducción o exención en los precios públicos por
servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes
a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. (Número de expediente 121/
000028.) . . . (Página 6702)
- Proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios,
por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para
el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los
titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de
Doñana. (Número de expediente 121/000035.) . . . (Página 6702)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia,
sobre:
- Proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el pago de
obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades
públicas por la reduccción o exención de los precios públicos por
servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes
a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. (Número de expediente 121/000028.)
. . . (Página 6702)
- Proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios, por
importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el
pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, alos
titulares de varias fincas expropiadas en el parque Nacional de
Doñana. (Número de expediente 121/000035.) . . . (Página 6703)
Proposiciones no de ley:
- Sobre seguro de cambio de autopistas. Presenteda por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000651.) . . .
(Página 6704)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER EL PAGO DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACIÓN A LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS POR LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR
SERVICIOS ACADÉMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CORRESPONDIENTES
A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998. (Número de expediente 121/
000028.)
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE DOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE TOTAL DE 4.246.984.705 PESETAS (25.524.892 EUROS), PARA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998, A LOS
TITULARES DE VARIAS FINCAS EXPROPIADAS EN EL PARQUE NACIONAL DE
DOÑANA. (Número de expediente 121/000035.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de
la Comisión. Tenemos que debatir dos dictámenes de créditos
extraordinarios y, posteriormente, una proposición no de ley. A
efectos de reunir el quórum establecido por el Reglamento, las
votaciones sobre los dos dictámenes se celebrarán a partir de las
doce.
En primer lugar, cabe ratificar la ponencia designada para informar
las dos iniciativas legislativas que vamos a debatir a continuación,
el proyecto de ley sobre crédito extraordinario para atender el pago
de obligaciones derivadas de la compensación a las universidades
públicas y el proyecto de ley sobre concesión de dos créditos
extraordinarios para el pago de las cantidades derivadas de una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación
con varias fincas expropiadas en Doñana.
Entiendo que no hay ninguna oposición a aprobar la ratificación de la
ponencia.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER EL PAGO DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACIÓN A LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS POR LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR
SERVICIOS ACADÉMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CORRESPONDIENTES
A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998. (Número de expediente 121/000028)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen sobre el proyecto
de ley de crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas
para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación
a las universidades públicas. Había una enmienda que ha sido
incorporada al texto del dictamen. Abro un turno de palabra para que
los grupos parlamentarios que lo deseen fijen posición al respecto.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista la señora Valcarce tiene
la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, los socialistas vamos a
aprobar este proyecto de ley sobre la concesión de un crédito
extraordinario por valor de casi 8.300 millones de pesetas, destinado
a satisfacer el pago de las obligaciones procedentes de ejercicios
anteriores derivadas de la compensación a las universidades públicas
por la reducción o la exención en los precios públicos por servicios
académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los
cursos 1996/1997 y 1997/1998. No obstante, deseamos hacer una serie
de puntualizaciones. La primera de ellas es que no se entiende que se
vayan a pagar 331 millones de pesetas del curso 1996/1997 con cuatro
años de retraso y una cantidad aún más importante, 7.898 millones,
procedente del curso 1997/1998, con tres años de retraso. En este
sentido, queremos recordar que existen dos iniciativas parlamentarias
aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados que el
Gobierno del Partido Popular no ha aplicado. Concretamente, hay una
enmienda transaccional al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1997, del Grupo Parlamentario Catalán, a los efectos
de añadir una nueva disposición adicional que decía: El Gobierno,
durante el ejercicio de 1997, estudiará las fórmulas para compensar a
las universidades la disminución de los ingresos producidos por la
aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1994 de 30
de diciembre. Además, existe una proposición no de ley aprobada en la
Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, del 17
de septiembre de 1997, en la que se insta al Gobierno a que en el
plazo de un mes concluya el estudio que le encomienda la Ley de
Presupuestos Generales del Estado e inmediatamente haga efectiva, a
través de las comunidades autónomas, la compensación de ingresos a
las universidades públicas. Los socialistas vamos a apoyar este
proyecto de ley, como no podría ser de otra forma, aunque
consideramos que dicho crédito debería haberse dispuesto hace
bastante tiempo, puesto que las universidades públicas españolas
tienen los suficientes problemas de financiación como para no poder
soportar además este tipo de carga.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegación.)
Por parte de Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Como bien ha indicado el señor
presidente, la única enmienda que
había, que era meramente una enmienda técnica, ha sido incorporada
por la ponencia sin ninguna posición en contra.
La realidad es que había que recibir por parte de todas las
universidades españolas la relación de aquellos alumnos que eran de
familias numerosas y, por eso, las universidades han tardado
alrededor de más de dos años en transmitir dicha relación. Esa es la
razón, pero quiero decir que se debería haber incorporado al
presupuesto de 1996, que no hizo el Grupo Popular, porque realmente,
por parte de Convergència i Unió se presentó una iniciativa, aprobada
por unanimidad por toda la Cámara, para que las familias con tres
hijos tuvieran la calidad de familias numerosas. Sentimos que no se
incorporara en el presupuesto de 1996 este crédito extraordinario con
la cifra correspondiente. Quiero manifestar que hasta que todas las
universidades no remitieron al Ministerio de Educación, y
posteriormente éste al de Economía y Hacienda en su momento, la
relación de alumnos que gozaban de la calidad de familia numerosa no
se podía saber exactamente a cuánto tendría que ascender este crédito
extraordinario. Creo que con la debida celeridad, una vez que las
universidades remitieron la relación, el Gobierno aprobó este crédito
extraordinario; tiene los correspondientes dictámenes del Consejo de
Estado, etcétera, y por eso viene a la Cámara y espero que tenga el
apoyo por unanimidad de todos los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate sobre este
proyecto de ley, que someteremos a votación a partir de la hora
indicada al comienzo de esta sesión.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE DOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE TOTAL DE 4.246.984.705 PESETAS (25.524.892 EUROS), PARA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998, A LOS
TITULARES DE VARIAS FINCAS EXPROPIADAS EN EL PARQUE NACIONAL DE
DOÑANA. (Número de expediente 121/000035.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el segundo de los proyectos de
ley sometidos a la consideración de la Comisión, sobre concesión de
dos créditos extraordinarios por importe de 4.246 millones de pesetas
para el pago de cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en relación con el parque nacional
de Doñana.
Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor García
Breva.
El señor GARCÍA BREVA: El Grupo Socialista va a votar a favor de
estos dos créditos extraordinarios derivados de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de 28 de diciembre de 1998. El jurado de expropiación de
la provincia de Huelva dictó su resolución fijando un justiprecio en
el año 1994. La verdad es que cuatro años y medio largos es la
diferencia de tiempo que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía tarda en dictar la sentencia, que las dos partes recurren,
desistiendo la Administración en 1999, y es a partir de junio de 2000
cuando los propietarios piden la ejecución de la sentencia y cuando
se pone en marcha el expediente de los dos créditos extraordinarios
que figuran en este proyecto de ley. La diferencia de justiprecio que
dicta la sentencia es de 2.373 millones y los intereses por el
retraso de pago son 1.873 millones, que son los dos créditos
extraordinarios. Se ha esperado la sentencia firme del Tribunal
Superior de Andalucía, que estima parcialmente el recurso cuatro años
y medio después; en 1999 es cuando recurren las dos partes y desiste
la Administración, a nuestro modo de ver correctamente, porque se
hubiera incrementado la diferencia a pagar. Esa diferencia es siempre
la norma, y el resultado de todos los recursos que han ido al Supremo
es que se han incrementado por sentencia. Por lo tanto, consideramos
correcto el expediente y el Grupo Parlamentario Socialista votará a
favor.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: El Grupo Parlamentario Popular también
apoyará este proyecto de ley porque entiende que es justo pagar la
expropiación que se llevó a cabo en su momento en las fincas que se
incluyeron en el parque nacional de Doñana. Creemos que los
procedimientos de expropiación que está efectuando el Gobierno del
Partido Popular son más adecuados, dado que es mucho mejor ponerse de
acuerdo con los propietarios y que estos no tengan que esperar tantos
años a que haya una sentencia firme y que se les pague aquello a lo
que tienen derecho. El procedimiento en marcha en este momento para
el tema de parques nacionales cuando hace falta comprar una finca o
expropiar algún terreno, de llegar a un acuerdo con los propietarios,
es mucho mejor y así se evitan los perjuicios que se han ocasionado.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del dictamen, ambos
proyectos de ley se votarán posteriormente.
PROPOSIONES NO DE LEY:
- SOBRE SEGURO DE CAMBIO DE AUTOPISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000651.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el último punto del orden del
día, proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre seguro de cambio de autopistas.
Tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, recientemente discutimos en
la Cámara un proyecto de ley del Gobierno de concesión de un crédito
extraordinario para seguro de cambio de autopistas de peaje y a raíz
de la aprobación de este crédito extraordinario, que se refería al
ejercicio de 1999, todos los españoles, a través de los impuestos,
respecto a 1999, pagamos 33.510 millones de pesetas en concepto de
subvención por seguro de cambio. Algún día llegará a la Cámara un
proyecto de ley, eventualmente, para la concesión de un crédito
extraordinario para ampliar el seguro de cambio de 2000 y el año que
viene nos llegará otro proyecto de ley para crédito extraordinario
por seguro de cambio de 2001. Tuvimos ocasión de decir en ese momento
que consideramos que han acaecido circunstancias en los últimos años
que hacen necesario que haya una reflexión y una revisión sobre el
funcionamiento de este mecanismo. El problema nos preocupa porque a
estas alturas de la película, desde finales de los sesenta hasta
1999, el erario público ha abonado ya 565.811 millones de pesetas en
concepto de seguro de cambio. Esta cantidad que acabo de mencionar,
en pesetas corrientes, si la pusiéramos en pesetas constantes de
1999, último año ejecutado, superaría el billón de pesetas, sería
exactamente de 1 billón 26.741 millones de pesetas, y aumentará con
la cifra correspondiente a 2000. Es, por tanto, un cumplimiento
gravoso para los contribuyentes, que son quienes con sus impuestos
pagan los presupuestos, una situación que se arrastra desde hace
mucho tiempo, desde finales de los sesenta y a partir sobre todo de
su implementación legal en la ley de 1972, en unas circunstancias de
viabilidad económica y financiera de las autopistas de peaje
concedidas al sector privado muy diferentes a las actuales. El
equilibrio económico y financiero de las autopistas de peaje hoy no
sólo está garantizado, sino que tiene un desbordamiento al alza que
hace de ellas probablemente el sector privado con mayor rentabilidad
financiera de la economía española.
En las circunstancias económicas del negocio se han producido también
otros cambios. Ha habido operaciones de renegociación de deuda
contraída en los momentos iniciales de la concesión por las
concesionarias; operaciones de renegociación de deuda realizadas
después de la mitad de la duración de la concesión, cuando en algunos
casos las cláusulas concesionales prohibían explícitamente contraer
créditos una vez transcurrida la mitad de la concesión. Incluso el
Tribunal de Cuentas, en su informe para 1995, estableció en su
recomendación tercera la prescripción de no tener en consideración el
seguro de cambio para las operaciones de refinanciación de deudas
emprendidas por las concesionarias, en la medida en que esta
refinanciación había sido dirigida sobre todo a beneficiar sus
intereses en detrimento de los intereses del Estado, de los intereses
por tanto de los contribuyentes. Todavía quiero mencionar otro cambio
que se ha producido en la situación de las concesiones de peaje y es
que para algunas de las concesiones que habían contraído créditos
sujetos a la garantía por seguro de cambio, como, por ejemplo, la de
Aumar, ahora Aurea, ha vencido ya el plazo inicial de la concesión.
En este caso particular el plazo inicial de la concesión venció en el
bienio 1998/1999. Estos plazos han sido alargados por sucesivas
prórrogas, pero no es nada obvio -a mi juicio particular es más bien
dudoso- que la prórroga de una concesión, que en ausencia de aquélla
se habría agotado ya, pueda mantener el derecho de subvención por
seguro de cambio, toda vez que este mecanismo fue eliminado para el
futuro por ley en 1988 y las prórrogas de concesión han sido
generalmente concedidas con posterioridad a esa fecha.
Por todos estos motivos el Grupo Socialista considera que es
necesario revisar estos elementos y, a partir de esta revisión,
entablar un diálogo entre el Gobierno y el grupo que le apoya y los
grupos de la oposición para ver si conseguimos mejorar el
funcionamiento del sistema del seguro de cambio, mejorar en lo que se
puede porque estructuralmente es imposible; mejorar en lo que se
puede es garantizar que los compromisos a que hace frente el Estado y
que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos sean estrictamente
aquellos a que nos obliga la ley, tenidas en cuenta las
circunstancias sobrevenidas, y es precisamente por eso por lo que en
esta iniciativa proponemos que los servicios jurídicos del Estado
elaboren informes precisamente para dictaminar cómo han podido
afectar a las obligaciones legales del Estado los cambios y
alteraciones de circunstancias acaecidos en el tiempo, a los que me
he referido con anterioridad, y con carácter particular estos
informes jurídicos deberían hacer referencia a la recomendación
tercera del Tribunal de Cuentas en su informe para 1995, a la
existencia de cláusulas de pliegos concesionales que prohibían el
endeudamiento una vez transcurrida la mitad del periodo de concesión
inicial, al vencimiento de plazos iniciales de concesión y al
mantenimiento del seguro de cambio en prórrogas concedidas con
posterioridad a la ley de 1988, que las eliminó. Creemos que es una
proposición cuya redacción manifiesta buena voluntad; se comprometió
desde el grupo que avala la mayoría ya en 1999 entablar negociación y
conversación con la oposición respecto a esto. Creemos que la
dilucidación de las circunstancias jurídicas actuales del seguro de
cambio sería una magnífica base sobre la cual emprender este diálogo,
que sin duda alguna repercutiría en beneficio de los españoles
y españolas que pagan sus impuestos, y cada año, a través de los
mismos, elevadas cantidades en concepto de subvención por seguro de
cambio.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de fijación de
posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Deseo manifestar nuestro apoyo a este
estudio, porque parece importante el costo que está teniendo para los
ciudadanos esta financiación de las variaciones en el mercado del
seguro de cambio. Aunque no está en la proposición -no se me alcanza
cuál es la influencia, porque parece que cuando se habla de lo que ha
pasado hasta 1999 las consecuencias del seguro de cambio son bastante
lineales-, a mi juicio habría que tener en cuenta qué ha pasado con
estos costos del seguro de cambio a partir de la moneda única, a
partir de Eurolandia. Supongo que aquellos conciertos que se hayan
hecho en el mercado de capitales con monedas dentro del euro no
tendrán costos -era una de las ventajas- por el seguro de cambio,
pero a lo mejor en la mayoría se ha tomado como patrón el dólar, el
yen o monedas que siguen variando de forma importante con respecto al
euro. Quizás debería incorporarse a este estudio, que parece
razonable para disminuir al máximo el costo de esta variación, esa
incidencia de Eurolandia en la no variación de los cambios entre las
monedas europeas.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ PALACIO: La iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista que hoy tratamos debe encuadrarse dentro del debate que
los diferentes grupos de la Cámara han realizado en repetidas
ocasiones sobre el modelo de infraestructuras que ha de protagonizar
el futuro desarrollo del Estado Español, debate que desde hace años
tiene un marcado carácter asimétrico. La oposición, en este caso el
Grupo Socialista, no ha presentado hasta la fecha un modelo
alternativo al actual, ha manifestado de forma tímida y en solitario
su negativa a la existencia de peajes en las autopistas españolas sin
proponer fórmulas alternativas y su iniciativa, hasta ahora, se ha
dirigido hacia actuaciones puntuales y aisladas como ésta.
El Gobierno Popular siempre ha mantenido la idea original de cómo
debe gestionarse el crecimiento de las infraestructuras básicas. Ha
sido consciente de que la participación de las empresas privadas es
fundamental y de que es primordial la búsqueda de nuevas fórmulas que
sean capaces de incentivar la colaboración empresa privada-Estado.
Resultado de la diferente inspiración que mueve al Gobierno y al
Partido Socialista es la línea que sigue las actuaciones de uno y
otro grupo. Tal como anunció en la comparecencia que el pasado mes de
junio hizo el ministro de Fomento, señor ÁlvarezCascos, en la
Comisión de Infraestructuras, el Gobierno está trabajando actualmente
en elaborar un nuevo proyecto de ley que regule la financiación de
las infraestructuras.
Esta medida buscará el interés general permitiendo adaptar las
necesidades actuales de comunicación de todas nuestras poblaciones e
industrias a la realidad económica europea. Es en el marco de esta
nueva ley donde se deben solucionar las deficiencias que pueda
presentar la financiación de las autopistas y la que deberá poner las
nuevas reglas, no sólo de los seguros de cambio sino también de la
promoción e incentivación de la participación de capital privado en
la red de carreteras españolas.
El contenido de la iniciativa creemos que es innecesario, ignora el
pasado y el presente de las carreteras españolas y en particular de
los seguros de cambio de las autopistas concesionarias y de las
actuaciones que han tenido lugar en el seno de esta Cámara. A pesar
de que el propio Gobierno socialista aprobó en 1988 una ley que
eliminaba en el futuro la posibilidad de que el Estado pudiese
renovar la financiación del seguro de cambio que se estableció en la
ley de 1972, nunca intentaron estudiar, revisar y mucho menos
eliminar el sistema que hoy sigue vigente. Esta iniciativa, además,
no tiene en cuenta el procedimiento que sigue la dotación
presupuestaria a la financiación del seguro de cambio. Antes de pasar
por las Cortes, el Consejo de Estado, la Dirección General de
Presupuestos y la Intervención General del Estado deben emitir
informes sobre la misma. El propio Tribunal de Cuentas, en el mismo
documento que contiene la resolución a la que hace referencia la
iniciativa, hizo un informe riguroso sobre este aspecto, informe que
ha sido aprobado por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas
instando al Gobierno al cumplimiento riguroso de la ley y de las
recomendaciones del Tribunal. En este aspecto he de manifestar que el
Grupo Popular apoya totalmente los ocho puntos que contiene la
resolución aprobada el 14 de diciembre de 1999 en la Comisión Mixta
del Tribunal de Cuentas, y no sólo los apoya, sino que además cree
fundamental su cumplimiento. Por tanto, el Gobierno debe adoptar, en
su caso, las medidas que sean necesarias para impedir operaciones de
refinanciación más allá del periodo máximo establecido en cada
concesión y debe velar por el cumplimiento de los porcentajes legales
entre financiación ajena externa e interna.
Habría que recordar también que el mencionado informe se refiere a
las cuentas del año 1995 y en él se hace referencia a la aprobación
de operaciones de refinanciación por parte del Ministerio que por
aquel entonces regía un miembro del Partido Socialista. En sus
conclusiones el documento hace referencia -y cito textualmente- a los
bajos niveles de coste financiero que han venido teniendo estas
empresas, determinados por las decisiones adoptadas por el Ministerio
de Economía y Hacienda de autorizar la refinanciación de esas
sociedades en monedas con bajos tipos de interés y, correlativamente,
con altos niveles de riesgo en variación del tipo de cambio. De
acuerdo con esta afirmación,
una parte importante de la cantidad que según el señor Bel paga
anualmente cada español a las empresas concesionarias se debería a la
gestión que en su día hizo la Administración socialista. El Ejecutivo
popular se ha ajustado siempre a la normativa, ha dotado las
aportaciones al sistema de seguros mediante normas con rango de ley
que han sido debatidas y aprobadas en las Cortes. Por otra parte, las
prórrogas otorgadas a las concesionarias no incluyen el seguro de
cambio. Podría suceder que dicha prórroga difiera la duración de los
vencimientos incrementando sus plazos. No obstante, este supuesto no
perjudica en absoluto a las arcas del Estado, ya que diferir la
duración no supone aumento de los importes a pagar.
Los esfuerzos del Ejecutivo y también del Legislativo deben dirigirse
hacia el estricto cumplimiento de la ley y a la adopción de medidas
constructivas. En el Grupo Popular no creemos en medidas parciales
sino en un modelo que permita mejorar de manera notable las
comunicaciones. Por eso el Gobierno complementará la ley antes
mencionada con la eliminación de los peajes que tengan carácter
urbano ofreciendo vías alternativas válidas a las autopistas de peaje
e incrementando la participación de la empresa privada en la
construcción de la red viaria. Las dotaciones futuras de nuestras
carreteras, su seguridad vial o las comunicaciones con el resto de
Europa requieren el esfuerzo de todos y no pueden quedar postergadas
a acciones innecesarias que responden a otro tipo de necesidades. Por
todo ello, señor presidente, nuestro grupo votará en contra de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, agradece y
espera sus aportaciones y no tenga duda de que habrá un diálogo
abierto en el marco de la ley que venga por parte del Ministerio de
Fomento. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, en este trámite no hay turno de
réplica, como vemos todas las semanas en el Pleno, donde este
presidente lo ha aprendido. Por otra parte, en el Reglamento tampoco
figura el turno de réplica.
Votación del dictamen del proyecto de ley sobre concesión de crédito
extraordinario por importe de 8.229 millones de pesetas para atender
el pago de obligaciones derivadas de la compensación a universidades
públicas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación del dictamen sobre el proyecto de ley de concesión de dos
créditos extraordinarios por importe de 4.246 millones de pesetas
para el pago de cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a titulares de fincas expropiadasen
el parque nacional de Doñana.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
sobre el seguro de cambio de autopistas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cinco minutos del mediodía.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de
Presupuestos, martes, 24 de abril de 2001, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
'Diarios de Sesiones' ya elaborados.
'Diarios de Sesiones' ya elaborados.
'Diarios de Sesiones' ya elaborados.